Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Pablo Prieto Lorca
- INTEGRACIÓN
- Victor Perez Varela
- Eduardo Diaz Del Rio
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTO
- DESARCHIVO DE PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.962.
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jaime Quintana Leal
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN ARICA E IQUIQUE EN MEMORIA DE CARDENAL ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO MONSEÑOR RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- ERECCIÓN DE MONUMENTO EN VALPARAÍSO EN HOMENAJE A CARDENAL ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO MONSEÑOR RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- ERECCIÓN DE MONUMENTO EN COPIAPÓ EN MEMORIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DON SALVADOR ALLENDE GOSSENS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ERECCIÓN DE MONUMENTO, EN ISLA NEGRA, EN MEMORIA DE PABLO NERUDA. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- ERECCIÓN DE MONUMENTO, EN CHILLÁN VIEJO, EN MEMORIA DE DON BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA TABLA.
- MEDIDAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS QUE AFECTAN AL SECTOR LECHERO. Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- DEBATE
- ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN ARICA E IQUIQUE EN MEMORIA DE CARDENAL ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO MONSEÑOR RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. Segundo trámite constitucional.
- VII. INCIDENTES
- CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE SERVICIO Y DE OTRAS OBRAS VIALES ANEXAS EN SECTOR DE LA SÉPTIMA REGIÓN DE LA RUTA 5 SUR. Oficio.
- HOMENAJE A GANADORES DEL CHAMPION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE RODEO. Oficio.
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL COMPOSITOR MUSICAL ARIQUEÑO DON PEDRO ARIEL OLEA.
- ENVÍO DE PROYECTO EN BENEFICIO DE EXONERADOS. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Alberto Robles Pantoja
- Sergio Aguilo Melo
- Ivan Paredes Fierro
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ivan Norambuena Farias
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Pablo Prieto Lorca
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- ADHESIÓN A HOMENAJE RENDIDO POR DIPUTADA ROSA GONZÁLEZ.
- IRREGULARIDADES EN POSTA DE URGENCIA DE HOSPITAL DE ARICA. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Aguilo Melo
- Alejandro Navarro Brain
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ivan Paredes Fierro
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Pablo Prieto Lorca
- Ivan Norambuena Farias
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE CONDICIONES MÍNIMAS PARA URBANIZAR LA VILLA LOS AROMOS, EN LOTA. Oficios.
- ADHESION
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE REMUNERACIONES DE EJECUTIVOS DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. Oficios.
- ADHESION
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- Ivan Norambuena Farias
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- ADHESION
- HOMENAJE A CAMPEONES NACIONALES DE RODEO. Notas de felicitación.
- DIFICULTADES EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADERÍAS HACIA ARGENTINA. Oficios.
- DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA DE TELEFÓNICA CHILE. Oficio.
- ADHESION
- Pablo Lorenzini Basso
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- RESPALDO DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
- ESTABLECIMIENTO DE ROYALTY A LA MINERÍA PARA FINANCIAR LA REFORMA DE LA SALUD. Oficios.
- ADHESION
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 67ª, en martes 15 de abril de 2003
(Ordinaria, de 11.06 a 14.44 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel, y del señor Salas de la Fuente, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Archivo de proyecto 11
- Desarchivo de proyecto que modifica la ley Nº 18.962 11
- Permiso constitucional 11
V. Acuerdos de los Comités 11
VI. Orden del Día.
- Erección de monumentos en Arica e Iquique en memoria de Cardenal Arzobispo emérito de Santiago Monseñor Raúl Silva Henríquez. Segundo trámite constitucional 12
- Erección de monumento en Valparaíso en homenaje a Cardenal Arzobispo emérito de Santiago monseñor Raúl Silva Henríquez. Primer trámite constitucional 14
- Erección de monumento en Copiapó en memoria del Presidente de la República, don Salvador Allende Gossens. Segundo trámite constitucional 19
- Erección de monumento en Isla Negra en memoria del Pablo Neruda. Segundo trámite constitucional 22
- Erección de monumento en Chillán Viejo en memoria de don Bernardo O’Higgins Riquelme. Segundo trámite constitucional 24
- Medidas de solución a problemas que afectan al sector lechero. Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 28
VII. Incidentes.
- Construcción de calles de servicio y de otras obras viales anexas en sector de la Séptima Región de la ruta 5 Sur. Oficio 45
- Homenaje a ganadores del champion del campeonato nacional de rodeo. Oficio 46
- Homenaje en memoria del compositor musical ariqueño don Pedro Ariel Olea 47
- Envío de proyecto en beneficio de exonerados. Oficio 49
- Adhesión a homenaje rendido por diputada Rosa González 50
- Irregularidades en posta de urgencia de hospital de Arica. Oficio 50
Pág.
- Antecedentes sobre condiciones mínimas para urbanizar la Villa Los Aromos, en Lota. Oficios 51
- Reiteración de oficio sobre remuneraciones de ejecutivos de Empresa de Correos de Chile. Oficios 52
- Homenaje a campeones nacional de rodeo. Notas de felicitaciones 53
- Dificultades en el transporte terrestre en mercaderías hacia Argentina. Oficios 54
- Deficiencias en el servicio de larga distancia de Telefónica Chile. Oficio 55
- Respaldo del Partido Demócrata Cristiano al Presidente de la República 55
- Establecimiento de royalty a la minería para financiar la reforma de la salud. Oficios 56
VIII. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S. E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. Establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior (boletín N° 3223-04) 58
2. Establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior (boletín N° 3224-04) 74
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de "suma", para el despacho del proyecto que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales (boletín N° 2853-04) 95
4. Informe complementario de las Comisiones Unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y de Hacienda recaído en el proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (boletín N° 2361-23) 96
5. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto, iniciado en moción, que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Chillán Viejo, en memoria de don Bernardo O'Higgins Riquelme (boletín N° 2480-04) (S) 101
6. Oficio de la Excma. Corte de Apelaciones de Antofagasta por el cual comunica que por resolución ejecutoriada se hizo lugar al desafuero del diputado señor Mario Escobar Urbina 104
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa los siguientes cambio de carácter permanente:
a) el diputado señor García-Huidobro reemplazará al diputado señor Escobar, en la Comisión de Minería y Energía, y el diputado señor Prieto reemplazará al diputado señor Escobar, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social;
b) el diputado señor Pérez, don Víctor, reemplazará al diputado señor Díaz en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y el diputado señor Urrutia integrará en forma permanente la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.
-Del diputado señor Quintana quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 15 de abril en curso, para dirigirse a Cuba.
2. Oficios:
-De la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación por el cual solicita el asentimiento de la Sala para remitir al archivo el proyecto, originado en moción, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje al ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva, en la ciudad de Rancagua, por existir otro en la misma localidad (boletín N° 2411-04).
-De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el cual solicita el asentimiento de la Sala para proceder al desarchivo del proyecto que modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para promover la cultura de los derechos humanos, y cuyo archivo fue solicitado por el Senado por haber transcurrido mas de dos años sin que se emitiera un pronunciamiento (boletín N° 1238-04).
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Encina, casinos de juego dependientes de diversas Municipalidades del país.
-Del diputado señor Alvarado, procedencia de la interpretación y aplicación que efectúa el Alcalde , en su calidad de Presidente de la Corporación Municipal de Educación y Salud y Atención de Menores de la comuna de Castro.
-Del diputado señor Espinoza, cumplimiento de resolución por parte del Alcalde de Fresia en sumario a Director del Departamento Administrativo de Educación Municipal ; fiscalización efectuada en la Municipalidad de Llanquihue.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Kuschel, satisfacción por el operativo policial efectuado el presente mes.
-Del diputado señor Ojeda, extensión de tiempo de beneficio de ley que estableció beneficios previsionales para personas exoneradas.
-Del diputado señor Navarro, estado de avance de la investigación del homicidio de menor en las cercanías de la Población Ríos de Chile.
-Del diputado señor Araya, implementación de Plan Cuadrante en la comuna de Antofagasta.
-Del diputado señor Pablo Galilea, opinión relativa a la apertura del Istmo de Ofqui.
-De la Corporación, aplicación a Isla de Pascua de beneficios para zonas extremas.
Ministerio de Relaciones Exteriores
-Del diputado señora Rosa González, antecedentes relacionados con terreno adquirido por el Fisco.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del diputado señor Monckeberg, declaración de la comuna de San Fabián como comuna turística.
-Del diputado señor Navarro, rubro de extintores que se comercializan en el país.
-Del diputado señor Rossi, proceso de construcción de la Cuarta Etapa del Mall de la Zona Franca de Iquique.
Ministerio de Justicia
-De la diputada señora Ibáñez, factibilidad y conveniencia de declarar como turística la comuna de Juan Fernández.
-De los diputados señores Palma y Kuschel, opinión relativa a constituir a Bomberos de Chile como perito calificado, con validez en la formativa nacional.
-Del diputado señor Álvarez-Salamanca, instalación de fiscalía en la comuna de San Clemente.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del diputado señor Vilches, cursos para contrarrestar el uso de drogas y el alcoholismo en la Tercera Región de Atacama.
-De la diputada señora Vidal, estadística de personas siniestradas en accidentes de tránsito los años 2001 y 2002.
Ministerio de Obras Públicas
-Del diputado señor Kuschel, grado de avance de la construcción de la avenida Costanera, al este de Carelmapu, comuna de Maullín; grado de avance, fechas de ejecución y montos considerados en el proyecto de construcción de un puente sobre el Canal de Chacao.
Ministerio de Minería
-Del diputado señor Bertolino, daños ocasionados por los relaves mineros de Quebrada Marquesa en la Región de Coquimbo.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Kuschel, acciones Chile Barrio, provincia de Llanquihue.
-Del diputado señor Navarro, formativa legal, administrativa y reglamentaria que rigen la instalación, mantenimiento y uso de extintores en edificios públicos y privados.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del diputado señor Palma, detalles del contrato de la Empresa de Correos de Chile con la empresa TNT.
-Del diputado señor Ulloa, nómina de sueldos, bonos y privilegios respecto de los contratos de 150 ejecutivos de la Empresa de Correos de Chile.
-Del diputado señor Villouta, número de asesores contratados por la Empresa de Correos de Chile.
Ministerio de Planificación y Cooperación
-Del diputado señor Jarpa, objetivos y recursos asignados por la Ley de Presupuesto del año 2002 al Programa de Desarrollo Indígena.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Riveros, proyecto de la Sociedad Agrícola y Minera El Copihue.
-Del diputado señor Navarro, carta de intención suscrita por la Comisión Nacional del Medio Ambiente y Vivendi Environment.
Municipalidad de Providencia
-Del diputado señor Navarro, tala de árboles en la ribera sur del Río Mapocho.
Municipalidad de Coyhaique
-Del diputado señor Pablo Galilea, medidas adoptadas en el Cementerio Municipal para otorgarle una mayor vida útil a dicho recinto.
Municipalidades de Quemchi, Rancagua, San Esteban, Coihueco, Santa Bárbara, Melipilla, Puchuncaví, Los Lagos, San Miguel, Paredones, Tucapel, Cañete, Saavedra, Teodoro Schmidt, Collipulli, Los Andes, Zapallar, Pitrufquén, Concepción, Empedrado, Villa Alegre, Natales, Antuco, Coinco, Quillota, San Pedro de Atacama, Río Claro, Porvenir, Ñiquén, San Pablo, Castro, San Rosendo, Freirína, Pucón, Renca, Curicó, Monte Patria , Ancud, Lo Prado, Huechuraba, Puente Alto, Timaukel, Florida, La Cruz, Pelarco, San Fabián, Cerro Navia, Punitaqui, Lumaco, Romeral, Pozo Almonte, Maule, Chépica, Antofagasta, Rauco, Nacimiento, Cauquenes y Quilaco
-Del diputado señor Kuschel, inversiones en los mercados de capitales.
Director Ejecutivo del Sistema de Empresas
-Del diputado señor Lorenzini, proceso de licitación de Emssa S.A.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Jaime Quintana.
-Asistió, además, el ministro Secretario General de la Presidencia , señor Francisco Huenchumilla.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.06 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 62ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 63ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
ARCHIVO DE PROYECTO
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la proposición formulada por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación en el sentido de archivar el proyecto que autoriza la construcción de un monumento en homenaje al ex presidente de la República , don Eduardo Frei Montalva, en la ciudad de Rancagua, por existir otro en la misma localidad.
¿Habría acuerdo?
Acordado
Cito a reunión de Comités.
DESARCHIVO DE PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.962.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para proceder al desarchivo del proyecto que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, a fin de promover la cultura de los derechos humanos, cuyo archivo fue solicitado por el Senado por haber transcurrido más de dos años sin que se emitiera un pronunciamiento.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Jaime Quintana para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 15 de abril en curso, para dirigirse a Cuba.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia de la señora Allende, doña Isabel, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Otorgar hasta diez minutos para el debate de los proyectos de ley que figuran en la tabla de la presente sesión, dando preferencia en el uso de la palabra a los diputados de las zonas donde se construirán los monumentos.
2. En la discusión del informe de la Comisión de Agricultura, recaído en el estudio de las medidas que tiendan a dar solución definitiva al grave problema que afecta al sector lechero nacional, el señor diputado informante dispondrá de hasta 20 minutos, y los Comités parlamentarios de hasta 1 hora, distribuida proporcionalmente.
3. El informe de la Comisión investigadora encargada de analizar los incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente y de las facultades y recursos adicionales que requieren los organismos públicos para garantizar el cumplimiento de la ley y anexos, se considerará en la sesión del miércoles 30 del mes en curso, salvo que la tabla considere proyectos que se tengan que tratar con urgencia.
4. Remitir sólo a la Comisión especial de discapacitados el proyecto sobre pensiones asistenciales.
5. Considerar el martes 30 del presente el proyecto de ley de casinos. Para tal efecto, se entiende que el acuerdo anterior que remitió el proyecto a comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda facultaba para materializar el texto de los acuerdos adoptados en dichas comisiones unidas.
VI. ORDEN DEL DÍA
ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN ARICA E IQUIQUE EN MEMORIA DE CARDENAL ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO MONSEÑOR RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. Segundo trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto que autoriza erigir un monumento en las ciudades de Arica e Iquique en memoria del cardenal arzobispo emérito de Santiago, monseñor Raúl Silva Henríquez.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Rosauro Martínez.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2323-04 (S), sesión 22ª, en 21 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 7.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 61ª, en 1 de abril de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor VON MUHLENBROCK.-
Señor Presidente , ¿se va a votar proyecto por proyecto o todos al final del Orden del Día?
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para votar todos los proyectos al término del Orden del Día?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado informante .
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto en referencia.
Antecedentes.
El entonces senador don Sergio Bitar Chacra es autor de la moción que autoriza construir sendos monumentos en homenaje al cardenal arzobispo emérito de Santiago, monseñor Raúl Silva Henríquez , en las ciudades de Arica e Iquique.
No cabe de duda de que justificar un homenaje de la naturaleza del propuesto, en memoria del señor cardenal Raúl Silva Henríquez , excede con mucho a lo que se pueda escribir en un informe que, como el presente, tiene algunas limitaciones de orden reglamentario, ya que sólo se exige consignar en una minuta los fundamentos del proyecto y un resumen de su contenido, de acuerdo con el artículo 289 del Reglamento de esta la honorable Cámara.
Fundamentos del proyecto.
El cardenal Silva Henríquez ostenta una vida y trayectoria que en sus 92 años de existencia se desarrolló en todos los ámbitos de la vida nacional de Chile. Tanto su obra personal como las realidades por los organismos religiosos, educacionales, pastorales y de todo orden que tuvo que dirigir, no fueron obras de un día o de un período corto de tiempo.
Nació en 1907, en la ciudad de Talca. Estudió en el Liceo Blanco Encalada y en el Liceo Alemán de Santiago. Se recibió de bachiller en 1923 e ingresó a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose de abogado en diciembre de 1929.
En enero de 1930 ingresó a la Orden Salesiana y estudió teología y derecho canónico en el Estudiantado Internacional de Turín, Italia. Recibió la orden sacerdotal el 4 de julio de 1938, en Turín.
De regreso en Chile, trabajo como profesor de las cátedras de derecho canónico, de teología moral y de historia eclesiástica en el Teologado Salesiano de Santiago.
Desempeñó los cargos de rector del liceo Manuel Arriarán Barros y del Patrocinio San José . Fue fundador y presidente nacional de la Federación de Colegios Particulares Secundarios , Fide Secundaria. En 1950 fue designado director del Estudiantado Teológico Salesiano Internacional, en La Florida, Santiago , para estudiantes del cono sur de la Congregación Salesiana. Durante este período preparó y dirigió el Primer Congreso de Religiosos de Santiago, convocado por la Santa Sede. En 1956 presidió la delegación chilena al Congreso Internacional de Religiosos celebrado en Buenos Aires. En 1957 fue nombrado director de las Escuelas Profesionales Nacional y del Liceo San Juan Bosco .
Tuvo a su cargo la organización del Instituto Católico Chileno de Migraciones, Incamin , y de Cáritas Chile, de las que fue primer director y presidente nacional, respectivamente; de la Vicaría de la Solidaridad y de la Vicaría Pastoral Obrera, entre otras iniciativas.
El 24 de octubre de 1959, el Papa Juan XXIII lo nombró obispo de Valparaíso; el 25 de mayo de 1961, arzobispo de Santiago , y en febrero del año siguiente, cardenal, recibiendo el capelo cardenalicio de sus manos el 19 de marzo, siendo su lema episcopal “ Caritas Christi urget nos”.
En su calidad de arzobispo de Santiago , tuvo activa participación en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Entre 1962 y 1963 organizó la Gran Misión de Santiago y convocó al Sínodo de la Iglesia de Santiago, del cual surgieron las líneas fundamentales que han inspirado la acción de esta iglesia en los años posteriores. En 1965 fue legado papal al Congreso Mariano de Santo Domingo , y en 1967 participó en el Primer Sínodo de Obispos, convocado por el Papa Paulo VI.
Fue miembro de la Sagrada Congregación de la Educación Católica, la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Comisión para la reforma del Código de Derecho Canónico.
Recibió el doctorado honoris causa de las universidades Católica de Chile, Georgetown, Dale, Notre Dame y Williams College de Estados Unidos y Panamá.
Su labor en defensa de los derechos humanos le valió el reconocimiento del Congreso Judío-Latinoamericano, que le otorgó el premio Derechos Humanos en 1971, y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que le confirió el premio del mismo nombre en 1978. Por idéntica razón, en Viena, en 1979, recibió el premio Fundación Bruno Kreisky.
En varios períodos fue presidente de la Conferencia Episcopal de Chile y miembro del Comité Permanente, además de gran canciller de la Pontificia Universidad Católica, en su calidad de arzobispo de Santiago.
El 10 de junio de 1983, dejó la Arquidiócesis de Santiago, al cumplir 75 años de edad.
Falleció en esa ciudad el 9 de abril de 1999.
La iniciativa legal en informe persigue rendir un homenaje público en memoria del cardenal arzobispo, don Raúl Silva Henríquez , autorizando al efecto erigir un monumento en las ciudades de Arica e Iquique.
El proyecto consta de siete artículos.
El artículo 1º autoriza erigir un monumento en la ciudad de Arica y otro en la de Iquique, por suscripción popular, en memoria del cardenal arzobispo emérito de Santiago, monseñor Raúl Silva Henríquez .
El artículo 2° indica el modo de financiar las obras, a saber, mediante erogaciones populares, colectas públicas y otras donaciones y aportes, para cuyos efectos el artículo 3° crea un fondo que los recauda.
El artículo 4° crea una comisión para ejecutar la obra, que funcionará en Arica y estará constituida por un senador y un diputado , designados por sus respectivas Cámaras; por los alcaldes de las ilustres municipalidades de Arica e Iquique; por los rectores de las universidades de Tarapacá, Arica y Arturo Prat , de Iquique; por un representante de la Diócesis de Arica y uno de la de Iquique, y por el vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales .
El artículo 5° determina las funciones de dicha comisión:
-Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas contempladas en el artículo 2°, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
-Determinar la ubicación de los monumentos en coordinación con las respectivas municipalidades y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
-Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
-Administrar el fondo creado por el artículo 3°;
-Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
El artículo 6° define el destino de los fondos excedentes.
El artículo 7° fija un plazo de cinco años para construir la obra.
En mérito de los antecedentes expuestos, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, por la unanimidad de sus integrantes, acordó acoger la idea de legislar y proponer a la honorable Cámara aprobar, en los mismos términos, el proyecto remitido por el honorable Senado.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
-Posteriormente la Sala aprobó este proyecto por 78 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
ERECCIÓN DE MONUMENTO EN VALPARAÍSO EN HOMENAJE A CARDENAL ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO MONSEÑOR RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para dar por informado, con los mismos argumentos, el proyecto de ley, en primer trámite Constitucional y que corresponde conocer a continuación, por tratarse de la misma materia: autoriza la construcción de un monumento, en Valparaíso, en homenaje al Cardenal Arzobispo Emérito de Santiago , monseñor Raúl Silva Henríquez.
El diputado informante es, también, el señor Rosauro Martínez.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2457-04, sesión 24ª, en 19 de enero de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 66ª, en 9 de abril de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , los autores de esta moción son la diputada señora Laura Soto González y el ex diputado don Aldo Cornejo , quienes proponen autorizar la construcción de un monumento, en homenaje al Cardenal Arzobispo Emérito de Santiago , monseñor Raúl Silva Henríquez , en el lugar denominado “ Pórtico Raúl Silva Henríquez ”, ubicado en la rotonda de la variante Viña del Mar-Valparaíso, en la Ruta 68.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , la materialización de los símbolos, la caracterización visual de lo intangible, de lo abstracto, de lo cognitivo, ha sido una constante histórica en el devenir de los pueblos del mundo. Así, una pirámide levanta desde la base hasta el vértice de la cúspide el sentir comunitario de la singularidad del poder; así un niño o una niña, con esferas y palotes, representan al papá y a la mamá, grandes, poderosos, protectores.
Sin duda, los símbolos materiales son fundamentales en el devenir de la transmudación y de la conformación de las identidades de los pueblos y de las naciones. Por eso, henchimos nuestros corazones cuando le cantamos al blanco, azul y rojo, nuestro emblema patrio, porque nos trae al presente la historia y nos reencuentra con los más altos valores.
Por eso, es de primordial importancia seguir manteniendo esas actitudes, y más aún profundizarlas, con aquellos hombres y mujeres que, más allá de sus propias cosmogonías y particulares puntos de vista, se transformaron en agentes permanente de humanidad, patriotismo y solidaridad.
En esa perspectiva, la figura físicamente pequeña del Cardenal Raúl Siva Henríquez se agiganta en la dimensión histórica de nuestro devenir, transformándose en un ejemplo constante para nosotros y las generaciones futuras.
Ese gran hombre que rió y lloró con los campesinos, fue capaz de iniciar desde la Iglesia un proceso justo de redistribución de las riquezas agrarias de nuestro suelo; ese gran hombre que se reflejó en los ojos puros de la infancia chilena, impulsó con hechos concretos la igualdad y el derecho más amplio y absoluto a la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes; ese gran hombre, que hizo propio el dolor de los demás sin importar de qué lado de la calle estaba su prójimo, fue capaz de imponerse sobre los silencios cómplices y alzar su voz en defensa, inclaudicable de los derechos humanos en nuestra patria.
Ese hombre cálido, fuerte, dulce, solidario, chileno, personificación rotunda de los más altos valores que nos enorgullecen, debe tener la materialización que se merece para que su presencia constante nos retrotraiga su ejemplo y su consecuencia de vida.
A principios de los lejanos años 70 se comenzó a poblar un gran sector de Arica bajo el nombre de “Población Vencermos”, sector en el cual hoy vive con casi el 40 por ciento de los habitantes de la ciudad. Posteriormente, las autoridades militares que asumieron el gobierno la denominación “Población 11 de Septiembre”. Ya en democracia, cuando este diputado era alcalde de Arica , y con la aprobación del concejo, se la denominó con el nombre definitivo de “Población Cardenal Raúl Silva Henríquez”, símbolo real que superaba totalmente posiciones ideológicas antagónicas.
Continuando con este primer paso de acción concreta en búsqueda de la reconciliación, estamos convencidos de que en este sector poblacional de Arica, a escasos metros de la frontera con Perú, se debe erigir la materialización de los más altos conceptos de vida que encarnó el cardenal Raúl Silva Henríquez , transformado en una imagen visual, perenne, que lo recuerde y nos recuerde cuáles son los verdaderos caminos de la humildad, de la honestidad, de la consecuencia, de la solidaridad, del respeto, del amor y de la defensa de los más pobres.
Queremos al cardenal Raúl Silva Henríquez en nuestra tierra; queremos seguir sintiéndolo nuestro y exportarlo más allá de nuestras fronteras; queremos seguir sintiéndolo grande, poderoso, protector, para que continúe construyendo la paz y el bienestar del pueblo chileno.
Por último, saludamos la iniciativa del entonces senador y hoy ministro de Educación don Sergio Bitar Chacra, iniciativa que respaldaremos con nuestros votos, pues es un reconocimiento a la obra realizada por un hombre sencillo y que fue protagonista y figura señera de una etapa tan importante en la historia de Chile.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , “hay hombres que luchan un día y son buenos, pero hay quienes luchan toda la vida; esos son los imprescindibles”. Esta frase de Bertold Brecht refleja a cabalidad la vida y obra del Cardenal Raúl Silva Henríquez y explica por qué ocupó y debe seguir ocupando un sitial destacado en nuestro país.
La posibilidad de levantar en Arica, Iquique y Valparaíso un monumento a este hombre, nos demuestra que, a pesar de los años, su legado sigue más vigente que nunca, especialmente para quienes trabajamos por el bien de la comunidad. Incluso, a varios años de su partida, su figura sigue provocando admiración. No por nada fue considerado por el Presidente Eduardo Frei como “el mejor de los chilenos”, gran distinción con la cual, tal vez, no todos estarán de acuerdo necesariamente. Sin embargo, querámoslo o no, siempre tuvo la capacidad de responder a las necesidades más diversas de su amado pueblo, siendo el hombre justo en el momento preciso.
El cardenal Silva Henríquez sintió en vida el llamado de Dios a ponerse en acción, es decir, a hacer algo grande. Es así como no se conformó sólo con ejercer su labor sacerdotal, sino que también se comprometió con iniciativas concretas en busca de soluciones adecuadas a múltiples conflictos sociales. Tampoco se limitó a encogerse de hombros y a lamentarse por la situación de la gente que lo buscaba por alguna ayuda, sino que también tomó decisiones trascendentales. En otras palabras, actuó, convirtiéndose en un gran representante de la Iglesia Católica y de nuestra sociedad.
Durante la década de los años 70, el cardenal Raúl Silva Henríquez fue la voz de los sin voz, viviendo en carne propia el evangelio y convirtiéndose en el pastor defensor de su rebaño. Creó la Vicaría de la Solidaridad para defender a las mujeres y hombres que eran perseguidos por pensar distinto a las autoridades del régimen militar y para multiplicar en gran manera el apoyo que ya había comenzado a desarrollar por medio del Comité Pro Paz. No en vano recibió el reconocimiento de las Naciones Unidas en su lucha por los derechos humanos.
En esa época, Raúl Silva Henríquez vio al país, que tanto amaba, dividido por odios y violencia extrema, ante lo cual sabía que debía pronunciar su palabra, sufriendo, en más de una oportunidad, incomprensión y amenazas; sin embargo, nada lo hizo vacilar.
Como pastor de la Iglesia Católica, el cardenal Silva Henríquez siempre tuvo bien abiertos sus ojos y supo que no debía ser un cristiano pasivo ante la realidad que por esos años afectaba a muchos compatriotas. En otras palabras, cumplió con su vocación de servicio sin preguntar por la fe ni por las ideas políticas de quienes sufrían; le bastaba con notar su dolor y sentir que Dios sufría en ellos.
La memoria del cardenal Silva Henríquez , que hoy deseamos honrar a través de la eventual construcción de un monumento que todos queremos apoyar, nos insta a seguir trabajando por un país más justo y solidario, sin eludir la verdadera vocación que debe inspirarnos de servicio a la población: niños, jóvenes, hombres, mujeres y gente grande, para no decir los “viejitos”.
Si para don Raúl -así, a secas, como era conocido por sus más cercanos- no hubo sueños imposibles, para nosotros tampoco debería haberlos. Sólo basta con comprender, ojalá más temprano que tarde, que el mejor modo de que las cosas se materialicen es haciéndolas nosotros mismos, poniendo, por supuesto, todo nuestro espíritu y voluntad política en ellas.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , yo quiero abordar un aspecto distinto de la personalidad de quien fuera arzobispo de Santiago, don Raúl Silva Henríquez .
El 11 de agosto de 1967 él era arzobispo de Santiago y monseñor Alfredo Silva Santiago rector de la Universidad Católica de Chile. Ese día se produjo la toma de dicha universidad, encabezada por un estudiante de medicina: Miguel Ángel Solar. En esa ocasión, sólo dos centros de alumnos que se opusieron a la toma: los de las facultades de derecho y de agronomía, dirigidos por Jaime Guzmán y Gerardo Arteaga , respectivamente. El objetivo del movimiento estudiantil era sacar a monseñor Alfredo Silva Santiago de la rectoría de la Universidad Católica.
Quienes participaron en forma más activa en dicha toma recurrieron con frecuencia al apoyo de monseñor Raúl Silva Henríquez . Para nadie fue un misterio su participación en ese hecho, que culminó con la salida de monseñor Alfredo Silva Santiago de la rectoría de la Universidad Católica, asumiendo el cargo Fernando Castillo Velasco .
0 Pasaron los años y, de una u otra forma, siempre estuvimos en contacto con don Raúl Silva Henríquez . Recuerdo que la imagen que teníamos de él en ese instante, cuando se produjeron los hechos que he relatado y cuando con Jaime Guzmán buscábamos un lugar alternativo donde se pudieran impartir la carrera de derecho de la Universidad Católica, era completamente distinta de la que nos formamos con posterioridad.
Creo que al margen de que uno pudiera compartir o no los puntos de vista de don Raúl Silva Henríquez , nadie podrá discutir que se trataba de un hombre absolutamente consecuente con sus ideas y que siempre actuó de acuerdo con lo que pensó. Nunca fue, como decía Jaime respecto de otro sector, esclavo de su imagen, porque hay algunos que actúan para la galería, que no dicen lo que puede herir o afectar a otros. En ese sentido, don Raúl Silva Henríquez fue un hombre que siempre dijo lo que pensó y que se jugó por sus ideas. Tuvo admiradores y gente que lo siguió incondicionalmente, así como también hubo otros que no lo comprendieron. Como lo señala el refrán, quien nada hace, no tiene ni adversarios ni enemigos, ni tampoco amigos.
Don Raúl Silva Henríquez fue un hombre a quien siguió mucha gente y marcó un hito en la Iglesia Católica, la cual siempre ha tenido una profunda vinculación con lo social, porque Cristo fue un hombre que, mientras estuvo en la tierra, jamás despreció a nadie, incluso, a quienes pensaban distinto. ¿Cuántas veces dijo: “quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra”? En ese sentido, don Raúl Silva Henríquez fue un hombre extraordinariamente aterrizado y preocupado de los problemas sociales de la gente, lo que hizo que muchas veces su acción social estuviera al borde de lo político, porque la política bien entendida no es otra cosa que una actividad de carácter social.
Por eso, más allá de aprobar un proyecto de ley que autoriza la erección de un monumento en memoria de don Raúl Silva Henríquez , creo que ésta es una magnífica oportunidad que tiene el Congreso Nacional, concretamente la Cámara de Diputados, para recordar a este hombre y para dar a conocer a los jóvenes, a las nuevas generaciones, lo que hizo.
En la medida en que no sólo la Iglesia Católica, a través de sacerdotes y obispos, sino que todas las personas que ocupan algún cargo en el país o que desarrollan alguna actividad se preocupen del prójimo, de los más necesitados, de aquellos que tienen menos, se estará contribuyendo, en el caso de los sacerdotes y de los obispos, a aumentar el número de católicos y cristianos, y en el caso de quienes no tienen esa creencia, a formar una sociedad más justa, más solidaria y mejor.
Por eso, votaré a favor el proyecto de ley.
He dicho.
-Posteriormente, hubo la siguiente intervención:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En consideración a que la diputada señora Laura Soto es una de las autoras del proyecto que autoriza la construcción de un monumento en memoria del Cardenal Arzobispo Emérito de Santiago , monseñor Raúl Silva Henríquez y a que no pudo hacer uso de la palabra cuando se trató el proyecto en la Sala, pues se encontraba participando en la reunión de los Comités, solicito el acuerdo de la Sala para que pueda intervenir en este momento.
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta, agradezco a la Sala que me permita hacer uso de la palabra.
Es verdad que se han reiterado homenajes en memoria del cardenal señor Raúl Silva Henríquez , pero considero que son absolutamente merecidos. Por lo demás, nunca está de más decir lo que uno siente.
Monseñor Raúl Silva Henríquez estuvo ligado íntimamente a Valparaíso. En su momento, fue designado obispo de esa ciudad por el Papa Juan XXIII , estuvo vinculado con los salesianos y mantuvo una actitud de defensa de los estudiantes y de todo cuanto estuviera relacionado con lo social.
Por tal razón, para los habitantes de Valparaíso, es imprescindible que se erija un monumento en el lugar denominado “ Pórtico Raúl Silva Henríquez , que se encuentra emplazado en un lugar elevado de la ciudad. Con ello se ha querido señalar un punto especial para su construcción.
Para los porteños, en especial para quien habla, lo que significó monseñor Silva Henríquez en un período difícil del país, fueron sus valores humanistas su defensa para aquellos que no tenían defensa. Él mismo decía que era la voz de los sin voz. Hizo obras realmente extraordinarias y fue reconocido mundialmente. Hubo apoyo a su labor. Por lo tanto, este proyecto es absolutamente merecido y agradezco muchísimo que, al menos, se me haya dejado decir estas palabras.
He dicho.
-Posteriormente, la Sala aprobó este proyecto por 78 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
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-La presidenta, doña Isabel Allende, salud y da la bienvenida al ministro de Gobierno de Nueva Zelanda , en las carteras de Educación, de servicio de Estado y de Deportes, y al ministro asistente de Finanzas , señor Trevor Mallar, presentes en la tribuna de honor, quienes visitan el país para asistir a un encuentro sobre modernización del Estado, transparencia administrativa y probidad en el gasto público que se realiza en nuestra Corporación.
-Asimismo, saluda al Excelentísimo embajador de Nueva Zelanda , señor Richard Mann, quien los acompaña.
-Aplausos.
ERECCIÓN DE MONUMENTO EN COPIAPÓ EN MEMORIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DON SALVADOR ALLENDE GOSSENS. Segundo trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Copiapó, en memoria del ex Presidente de la República don Salvador Allende Gossens .
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Rosauro Martínez.
Antecedentes:
-Proyecto, boletín Nº 2549-04 (S), sesión 37ª, en 12 de septiembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 66ª, en 9 de abril de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto del Senado que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Copiapó, en memoria del ex Presidente de la República don Salvador Allende Gossens .
El proyecto, iniciado en moción del senador don Ricardo Núñez Muñoz , data de 18 julio de 2000.
El autor del proyecto en informe señala, como primera consideración para propiciar su iniciativa, el hecho de que el ex Presidente de la República dedicó toda su vida al servicio público, como lo demuestra su biografía. Agrega que la familia de don Salvador Allende había servido al país por varias generaciones. Su abuelo, don Ramón Allende Padín , participó en la guerra del Pacífico como organizador de los servicios médicos del ejército y, además, llegó a ser senador en representación del Partido Radical.
Nació en Valparaíso el 26 de junio de 1908; hijo de doña Laura Gossens Uribe y del abogado Salvador Allende Castro.
Su niñez transcurrió en Arica, Iquique, Valdivia y Valparaíso, ciudades donde realizó sus estudios primarios, lo que le permitió un primer contacto con la variada geografía del país.
Durante sus estudios secundarios fue reconocido como un líder juvenil y, a la vez, como un estudiante aventajado. Culminó sus estudios con excelentes calificaciones y, luego de graduarse de bachiller, ingresó a la universidad. Al mismo tiempo, su capacidad singular le permitió cumplir su servicio militar como voluntario en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar, donde se graduó como oficial de reserva del Ejército de Chile.
En 1926 ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Allí combinó sus estudios con tareas de dirigencia estudiantil; fue elegido presidente del centro de estudiantes de medicina y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile.
Se desempeñó también como profesor ayudante en anatomía patológica y profesor en escuelas nocturnas para obreros.
En 1933 participó en la fundación del Partido Socialista de Chile. Durante el primer gobierno del general Carlos Ibáñez es relegado a Caldera junto con otros líderes estudiantiles. Desde allí vuelve a Valparaíso para presidir el Frente Popular de esa ciudad, lo cual lo llevó al Congreso Nacional como diputado por Valparaíso y Aconcagua.
Durante el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda asume la cartera de Salubridad, Previsión y Asistencia Social.
La publicación de su autoría, titulada “Realidad Médico Social Chilena” aparecida en 1940, lo hace acreedor al Premio Van Buren , cuyo contenido viene a cambiar la visión acerca de la salud pública en el país. Como ministro de Salubridad , presenta el proyecto que establece el seguro obligatorio de accidentes del trabajo y el primer proyecto para la creación del Colegio Médico de Chile.
A la muerte del Presidente Aguirre Cerda , pasa a ocupar la vicepresidencia de la Caja del Seguro Obrero.
En 1942 asume el cargo de secretario general del Partido Socialista. En 1945, es elegido senador por Valdivia , Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes . Entre 1949 y 1953 presidió el Colegio Médico de Chile.
En 1952 enfrentó su primera postulación a la presidencia de la República por el Partido Socialista. Ese mismo año, presentó al Parlamento el proyecto de nacionalización del cobre, y en 1953, el proyecto de creación de la Corporación de Ventas del Cobre.
En 1953 es reelegido senador, esta vez en representación de Tarapacá y Antofagasta, volviendo, en 1961, como senador por Aconcagua y Valparaíso, período en que es elegido presidente del Senado , cargo desde el cual promueve activamente la integración latinoamericana. En 1969, nuevamente es elegido senador en representación de Chiloé, Aisén y Magallanes .
El 4 de septiembre de 1970, los partidos que componen la Unidad Popular lo nominan nuevamente candidato a la presidencia de la república. Obtiene la primera mayoría relativa, que es ratificada el 24 de octubre de 1970 en el Congreso Pleno por la mayoría de sus integrantes, que lo elige Presidente de la República , en conformidad con el sistema establecido en la Constitución Política de 1925.
Tras haber sido proclamado Presidente electo, asume el mando supremo de la Nación el 3 de noviembre de 1970, cargo que desempeña hasta el día de su muerte, el 11 de septiembre de 1973.
El autor de la moción destaca que, desde aquella fecha, en las más diversas latitudes se han rendido homenajes a su memoria, dándole su nombre a numerosas plazas y calles y levantándose monumentos en su honor.
En síntesis, el proyecto tiene por objeto rendir homenaje público al ex Presidente de la República don Salvador Allende Gossens , en la ciudad de Copiapó, donde se le recuerda en forma especial, toda vez que durante su gestión parlamentaria y presidencial se preocupó de la situación de la pequeña y mediana minería, actividad relevante en esa región.
El proyecto consta de siete artículos. Por el 1º se autoriza a erigir un monumento en memoria del ex Presidente de la República , don Salvador Allende Gossens; por el 2º se establece la forma de su financiamiento; por el 3º se crea un fondo para recibir los aportes; por el 4º se crea una comisión de ocho miembros, ad honorem, para ejecutar los objetivos de la iniciativa, integrada por dos senadores y dos diputados elegidos por sus respectivas Cámaras; un representante de la Fundación Salvador Allende Gossens, un representante de los sindicatos de trabajadores de la División El Salvador de Codelco Chile, un representante del intendente regional de la región de Atacama, y un representante de la ilustre municipalidad de Copiapó.
El artículo 5º señala las funciones de la comisión; el 6º el plazo de cinco años para ejecutar la obra, y disponer de los fondos si no se realiza en dicho plazo, y el 7º fija el destino de los excedentes, una vez construido el monumento.
En mérito de los antecedentes anteriores, la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, por la unanimidad de sus integrantes presentes, aprobó el proyecto en los mismos términos acordados por el Senado.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señora Presidenta , en primer lugar, hoy, en la Cámara de Diputados, de una u otra manera, se rinde un justo homenaje a grandes personajes de la historia de nuestro país. Recién se habló de monseñor Raúl Silva Henríquez , y ahora del ex Presidente Salvador Allende Gossens . Más adelante lo haremos respecto de connotados hombres, como Pablo Neruda y Bernardo O’Higgins .
No obstante, ahora tengo el honor de referirme al doctor Salvador Allende Gossens, cuyo recuerdo está en la memoria de miles de chilenos, lo que implica que en ciudades tan importantes como Copiapó, en este caso en particular, se tenga la posibilidad de erigirle un monumento para testimoniar la impronta en la historia política y social que dejó en nuestro país.
El honorable diputado Rosauro Martínez dio cuenta del vasto currículum político y social del Presidente Salvador Allende . Sin embargo, me quiero referir a su primera elección como senador de la República , en la década de los años 40, justamente por la región que hoy me honro en representar, la Décima, de Valdivia, Llanquihue y Chiloé.
Cuando uno recorre el campo y la ciudad es posible recoger cientos de testimonios fotográficos de aquella época. El doctor Allende, con un grupo de sus adherentes, recorría a caballo los más diversos y alejados sectores rurales. Me ha correspondido, y tengo el honor de decirlo, visitar muchos hogares en Fresia, Los Muermos , Puerto Varas y en tantos otros lugares donde es posible percibir cómo la gente aún guarda los entrañables recuerdos de su primera gran campaña política, que lo llevó a ser elegido senador por una zona a la cual llegó a hacer patria; una zona muy poco visitada y que en aquella década no contaba con los medios de comunicación que hoy permiten, a todos quienes estamos acá, realizar campañas políticas de una forma muy distinta y con ventajas claramente mayores, desde el punto de vista de la movilización.
En aquellos años, una campaña política era símbolo de sacrificio. Había que llegar con los ideales socialistas, muy respetados por la gente del sur, a cada rincón y conversar con el campesino, con la dueña de casa.
Por eso, para la Décima Región también es un orgullo que se erija un monumento a don Salvador Allende en el norte, donde su huella es muy profunda.
En función de lo que manifestó el colega Rosauro Martínez , está de más referirse a su trayectoria porque está registrada en la historia. Un gran profesional que llegó a ocupar la presidencia del Colegio Médico de Chile , un senador de la República , postulante en varias ocasiones a la presidencia, que logró con el voto popular de los chilenos el 4 de septiembre de 1970.
Quizás el orgullo nos haga soñar con un monumento que represente su imagen en cada ciudad de nuestro país, porque el doctor Salvador Allende no sólo representó al mundo campesino y de la ciudad, sino también a los pescadores, a los mineros, a los profesores; a los profesionales y técnicos que se volcaron a las calles en aquella época para celebrar el triunfo de un gobierno elegido democráticamente.
Por eso, como joven parlamentario de esta bancada, me siento orgulloso y satisfecho al percibir la alegría de mis colegas cuando han expresado que Copiapó tendrá su momento histórico al homenajear no sólo a uno de los suyos, sino que, independientemente de las controversias políticas, a una persona de una idoneidad y transparencia incuantificable y de un pluralismo y participación política que no tiene parangón en la historia nacional.
Por ello, señora Presidenta , me honra, más aún por ser usted hija de don Salvador Allende, rendir este breve homenaje a quien fuera un gran Presidente de la República .
He dicho.
-Posteriormente, la Sala aprobó este proyecto por 78 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
ERECCIÓN DE MONUMENTO, EN ISLA NEGRA, EN MEMORIA DE PABLO NERUDA. Segundo trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento, en la localidad de Isla Negra, en memoria de Pablo Neruda.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Rosauro Martínez.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2913-04 (S), sesión 24ª, en 6 de agosto de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 8.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 66ª, en 9 de abril de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 3.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MARTÍNEZ .-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley de la referencia.
Esta iniciativa legal, propuesta en mérito de lo que dispone el número 5) del artículo 60 de la Constitución Política de la República, se origina en una moción del senador don Andrés Zaldívar Larraín .
Su tramitación se inició en el Senado el 16 de abril de 2002. Su principal objetivo, como se indica en el epígrafe, es rendir un homenaje público a Pablo Neruda , figura de las letras nacionales y de la literatura universal, con motivo de cumplirse cien años de su nacimiento, propiciando la construcción de un monumento en su honor en la localidad de Isla Negra, lugar donde transcurrió parte importante de su vida.
La figura del poeta chileno Pablo Neruda es, al decir del autor de esta moción, la de un ciudadano ilustre que ha marcado parte de nuestra historia y cuyo nombre y prestigio ha trascendido nuestras fronteras, transformándose en un personaje de forzosa referencia entre los autores más importantes de las letras, especialmente en el género poemático. Fue dueño de una imaginación portentosa y de un dominio casi mágico de las palabras, que le valieron el Premio Nacional de Literatura y luego el Premio Nobel.
Pablo Neruda nació en Parral, en 1904, en el seno de una familia de origen modesto. Aunque dio muestras de su talento desde su niñez, se dio a conocer a los veinte años con las obras “Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada” y “Crepusculario”, las que le abrieron las puertas de la fama. Después, escribiría “Residencia en la tierra”, “España en el Corazón”, “Los Versos del Capitán”, “La Trilogía de las Odas Elementales” y “El Canto General”, entre otros, que dan cuenta de su prodigiosa y fértil creatividad.
Su existencia también se desarrolló en el mundo diplomático, representando a Chile en diversos países y en diferentes rangos, desde cónsul honorario en Rangún, Birmania, en 1927, hasta embajador plenipotenciario ante el gobierno de Francia, cargo al que renunció por razones de salud.
Su vida también estuvo marcada por sus inquietudes sociales y políticas.
El autor del proyecto dice sobre el particular: “Sea que discrepemos o coincidamos con las ideas que defendió, debemos reconocer su consecuencia política y la firmeza de sus convicciones”.
A su vocación solidaria se debe la iniciativa de traer a Chile, en el barco Winnipeg, a cientos de exiliados, con motivo de la guerra civil española, quienes encontraron su segunda patria en esta tierra.
Pablo Neruda ocupó un escaño en el honorable Senado, donde tuvo ocasión de exhibir su oratoria y versatilidad, al opinar sobre problemas sociales y política nacional e internacional.
Su muerte ocurrió el 23 de septiembre de 1973.
Su constante estancia en la referida localidad de Isla Negra, que fue testigo de su producción literaria, ameritan homenajear su memoria en ese lugar.
Como en anteriores ocasiones, se dijo en el informe de la Comisión técnica del Senado que la construcción de monumentos podría ser resuelta por las propias comunas, en el ejercicio de sus atribuciones. No obstante, esa Comisión estimó que dicha circunstancia no debía entorpecer el proceso de formación del proyecto como ley de la República, entre otras razones por la destacada y excepcional trayectoria del homenajeado, reconocida por todos los chilenos y por el mundo entero.
El proyecto consta de siete artículos.
Por el artículo 1° se autoriza erigir un monumento, en Isla Negra, en memoria de Pablo Neruda.
Por el artículo 2º se establece la forma de su financiamiento.
Por el artículo 3° se crea un fondo para recibir los aportes.
Por el artículo 4° se crea una comisión especial integrada por seis miembros, ad honorem, para ejecutar los objetivos de esta iniciativa, la que estará constituida por los senadores de la sexta circunscripción senatorial, los diputados del distrito 15, el alcalde de la ilustre municipalidad de El Quisco y el vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales .
Por el artículo 5° se señalan las funciones de la comisión, cuales serán: determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2º, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción; coordinar la ubicación del monumento con la respectiva municipalidad y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales; llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de la obra, fijar sus bases y resolverlo; administrar el fondo creado por el artículo 3º, y abrir un cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Por el artículo 6° se fija el destino de los excedentes de las erogaciones recibidas, una vez construido el monumento.
Por el artículo 7° se indica el plazo de cinco años para ejecutar la obra y el destino de los fondos si no se realiza en dicho plazo.
En atención a los antecedentes expuestos, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, por la unanimidad de sus miembros presentes, prestó su aprobación al proyecto en informe y acordó recomendar a la honorable Cámara que, a su vez, lo apruebe en los mismo términos despachados por el honorable Senado.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Posteriormente, la Sala aprobó este proyecto por 78 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
ERECCIÓN DE MONUMENTO, EN CHILLÁN VIEJO, EN MEMORIA DE DON BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME. Segundo trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento, en Chillán Viejo, en memoria de don Bernardo O’Higgins Riquelme.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Rosauro Martínez.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2480-04 (S), sesión 14ª, en 12 de julio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Educación. Documentos de la Cuenta Nº 5, de esta sesión.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MARTÍNEZ .-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento, en Chillán Viejo, en memoria de don Bernardo O’Higgins Riquelme .
La proposición de ley en informe fue presentada el 22 de marzo de 2000 por los honorables senadores Mario Ríos Santander y Mariano Ruiz-Esquide Jara . Fue informada favorablemente por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del honorable Senado, por la unanimidad de sus miembros, en sesión de 21 de junio de 2000.
La moción que dio origen a este proyecto de ley señala que el homenaje que se desea rendir en memoria de don Bernardo O’Higgins Riquelme tiene por finalidad dar proyección a la recientemente creada comuna de Chillán Viejo, lugar donde nació el Padre de la Patria , y, además, constituir a esa comuna como referente cultural e histórico.
Con ese propósito se propone la reconstrucción de la “Casa de O’Higgins” en el mismo lugar donde se encontraba emplazada la de su abuelo materno, don Simón Riquelme de la Barrera, que corresponde al actual “Parque Monumental Bernardo O’Higgins”, donde nuestro prócer vivió los primeros años de su niñez. Por eso, precisamente, fue destinado a honrar la memoria del Libertador. Este parque, de uso público, de gran interés turístico, fue construido y administrado por la ilustre municipalidad de Chillán, la que el 6 de diciembre de 1996, fecha de la instalación del primer concejo municipal de Chillán Viejo, se lo traspasó al recién creado municipio.
Los autores de esta idea legislativa expresan que la construcción que se propone levantar comprendería un museo y significaría remodelar el entorno del parque. Su proposición, agregan, cuenta con el respaldo del Ejército de Chile, como lo expresó el comandante en jefe de la época, el teniente general don Ricardo Izurieta Caffarena , lo relatara el alcalde de la comuna. Demás está dar otras explicaciones o explayarse en el significado de este homenaje.
Para la realización de esta obra se necesita el apoyo de todo el pueblo de Chile, para cuyo efecto se consulta en el proyecto su financiamiento sobre la base de erogaciones voluntarias, donaciones y otros aportes, los que se destinarán exclusivamente al propósito enunciado en el proyecto en informe.
Durante la discusión del proyecto en el Senado, la Comisión tuvo en cuenta que su articulado guarda concordancia con el de iniciativas anteriores de semejante naturaleza, razón por la cual le prestó su aprobación por unanimidad.
La observación del senador Hernán Larraín , en cuanto a la necesidad de que la construcción que se propone cuente con el acuerdo del municipio, fue obviada por la Comisión con el argumento de que, para resolver esta situación, el propio proyecto, en su artículo 5°, letra b), establece que la comisión especial que se crea para ejecutar esta obra debe coordinarse con el municipio respectivo y el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que supone recabar las autorizaciones y formalidades que sean indispensables.
La Comisión del honorable Senado dejó constancia en su informe de que la obra a que se refiere el proyecto debe entenderse como una reconstrucción en tamaño natural y real, y no como un modelo o maqueta a escala.
El proyecto consta de siete artículos.
Por el artículo 1° se autoriza la construcción de un monumento, en Chillán Viejo, que reproduzca la casa en que nació don Bernardo O’Higgins y cuyo objetivo es honrar la memoria del Padre de la Patria .
Por el artículo 2° se determina el financiamiento.
Por el artículo 3° se crea un fondo para recibir los aportes señalados en el artículo anterior.
Por el artículo 4º se crea una comisión especial integrada por cinco miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de la futura ley, que estará conformada por el alcalde de la municipalidad de Chillán Viejo, quien la presidirá y convocará a sesiones; un representante del Ministerio del Interior; un representante del Ministerio de Defensa; un representante del Ejército de Chile, y un representante del Consejo de Monumentos Nacionales.
Como es obvio, la comisión funcionará en Chillán Viejo.
En el artículo 5º se señalan las funciones de la comisión especial.
En el artículo 6º se dispone que la obra deberá ejecutarse en el plazo de cinco años y que, de no ser así, la comisión especial destinará los fondos recaudados a los objetivos que ella establezca.
En el artículo 7º se regula el destino de los excedentes que pudiere haber al concluirse la obra.
Votación del proyecto.
En atención a los antecedentes expuestos, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, por la unanimidad de sus miembros presentes, prestó su aprobación al proyecto en informe y acordó recomendar a la honorable Cámara que, a su vez, lo apruebe en los mismos términos despachados por el honorable Senado.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA .-
Señora Presidenta , me es muy grato anunciar nuestro voto favorable al proyecto, originado en moción de los senadores señores Manuel Ruiz Esquide y Mario Ríos , aprobado por la Comisión de Educación y Cultura del Senado y, posteriormente, por la Cámara de Diputados.
Nos satisface y alegra que se apruebe un proyecto que va a permitir la construcción de la “Casa de O´Higgins”. Es decir, no sólo se trata de un monumento, sino que, además, la iniciativa tiene por objeto reconstruir, en tamaño real y natural, la casa donde nació nuestro máximo prócer de la patria, lo cual significa no sólo un reconocimiento de Chile a su obra, sino que, además, se hace justicia a la recientemente creada comuna de Chillán Viejo.
El 6 de diciembre de 1996, fecha de instalación del Primer Congreso Municipal de Chillán Viejo, se traspasó al recién creado municipio el “Parque Monumental Bernardo O´Higgins”, construido en el lugar donde nuestro prócer vivió los primeros años de su niñez, recinto de uso público y de gran interés turístico. Los primeros objetivos fueron la recuperación del parque y el ansiado proyecto de construcción de la “Casa de O´Higgins”, para transformarla en un museo que posibilite recrear, una vez más, la figura de Bernardo O´ Higgins Riquelme , nacido en ese lugar el 20 de agosto de 1778, hijo de Ambrosio O´Higgins e Isabel Riquelme. Fue precisamente en esa casa donde Bernardo O´Higgns quedó imbuido de su amor por su familia, su tierra y su patria.
A los 12 años, después de estudiar en el colegio de los nobles, en Chillán, es enviado a Talca donde es bautizado en 1783. En 1790, su padre lo envía a estudiar en Lima y, en 1794, en plena juventud, llega a Inglaterra, donde comparte con Francisco Miranda y Simón Bolívar sus idearios de libertad y democracia. A la muerte de su padre, Ambrosio O´Higgins, hereda la hacienda Las Canteras, por lo que regresa a Chile en 1802. Don Bernardo O’Higgins se transformó en un agricultor moderno, pues trajo avances tecnológicos para la agricultura, pero no olvidó el servicio público, lo que lo llevó a participar en el Cabildo de Chillán como subdelegado de Laja. Con posterioridad, pudo observarse su total compromiso con dicho servicio en la Primera Junta de Gobierno y en su lucha por la independencia. El 4 de julio de 1811 formó parte del primer Congreso Nacional, en el que representó a la zona de Biobío.
Don Bernardo O’Higgins cumplió funciones como militar en importantes batallas, como la de El Roble, en la que pronunció su famosa frase: “¡Vivir con honor o morir con gloria!”. Con posterioridad a la gesta heroica del Sitio de Rancagua, se exilió en Argentina, donde contribuyó a la formación del Ejército Libertador, con el cual regresó para participar en las batallas de Chacabuco, en 1817, y declarar en la ciudad de Talca la independencia de Chile, la cual fue sellada definitivamente en la batalla de Maipú, en 1818.
En ese momento aparece la figura de Bernardo O’Higgins como gran estadista, pues fundó el Ejército y la Armada de Chile. También tuvo gran importancia en el campo civil, mediante la creación del Tribunal de Cuentas, órgano encargado de controlar la forma en que se gastaban y administraban las platas del fisco, el que con posterioridad dio lugar a la actual Contraloría General de la República .
La visión geopolítica de Bernardo O’Higgins le permitió entender que para obtener la independencia de Chile era necesario lograr la independencia de América, razón por la que, en 1820, envió la Escuadra Libertadora del Perú, que zarpó de Valparaíso, ocasión en que pronunció su célebre frase: “De estas cuatro tablas penden los destinos de América”. En esa época don Bernardo O’Higgins ya se daba cuenta de la importancia que el Océano Pacífico tenía en ese entonces.
Posteriormente, para lograr el ordenamiento de la Nación, dictó las Constituciones Políticas de 1818 y de 1822, respectivamente. Asimismo, para lograr la unión de nuestra naciente Patria, debió luchar contra insurrectos políticos y contra el pillaje de los hermanos Benavides , lo cual, probablemente, llevó a que durante su gobierno se cometieran algunos excesos, situación que quedó claramente establecida en 1823, cuando se le pidió cuentas como Director Supremo de la época. Don Bernardo O’Higgins, en un gesto digno y noble, decidió abdicar, con el objeto de evitar una guerra civil, luego de lo cual partió al exilio al Perú, donde murió en 1842, lo que le impidió emprender su regreso a Chile, cuando ya contaba con la autorización de don Manuel Bulnes para hacerlo.
Una de las cosas más importantes de nuestro prócer fue su aspecto humanitario, pues fue un hombre que siempre se caracterizó por el amor a su madre, doña Isabel Riquelme , y a su hermana, doña Rosa, así como por el amor que mostró por su tierra, ya que después de haber vivido en Inglaterra regresó a su país para luchar por su independencia y por dar democracia a todos los chilenos.
Eso es lo que queremos en la comuna de Chillán Viejo, que lo vio nacer; que la “Casa de O’Higgins” no sólo sea un monumento, sino un museo donde nuestros niños y jóvenes puedan conocer su figura emblemática; que reúna los grandes valores humanitarios, militares y civiles de nuestro máximo prócer, sin olvidar que la última palabra que dijo fue: “Magallanes”.
Por eso, con mi colega Rosauro Martínez , diputado informante , estamos muy satisfechos y contentos de que Chillán Viejo pueda contar con la “Casa de O’Higgins”.
El proyecto ley en tramitación dispone que la construcción de esta casa sea realizada en tamaño real y natural y encomienda su administración a una comisión, presidida por el alcalde de Chillán Viejo e integrada por un representante del Ministerio del Interior; por un representante del Ministerio de Defensa y por un representante del Ejército. Finalmente, también, por un representante de la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos.
He dicho.
-Posteriormente, la Sala aprobó este proyecto por 78 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA TABLA.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ha finalizado el Orden del Día, y corresponde votar los cinco proyectos que autorizan la construcción de diversos monumentos. De acuerdo con lo expresado por el diputado informante señor Rosauro Martínez, todos ellos fueron aprobados en forma unánime por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.
Por lo tanto, propongo votarlos en conjunto y darlos por aprobados también por unanimidad.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señora Presidenta , en nombre de la bancada de Renovación Nacional, pido votación separada.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , ya acordamos votarlos en conjunto.
En votación los cinco proyectos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
MEDIDAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS QUE AFECTAN AL SECTOR LECHERO. Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recaído en el estudio de las medidas que tiendan a dar solución definitiva al grave problema que afecta al sector lechero nacional.
Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor Javier Hernández.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Agricultura, sobre el grave problema que afecta al sector lechero, sesión 64ª, en 8 de abril de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 8.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Agricultura, paso a informar sobre el estudio relativo a la problemática que afecta al sector lechero nacional.
La Cámara de Diputados, en sesión 37ª de su legislatura ordinaria, celebrada el 4 de septiembre de 2002, aprobó, por mayoría de votos, el proyecto de acuerdo Nº 105, patrocinado por los diputados señores Von Mühlenbrock , Ojeda , Recondo , Galilea , Barros, Bauer , Meza; por la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra , y por los diputados señores Uriarte y quien habla, el que, además, contó con la adhesión de los diputados señores Urrutia, Jaramillo , Martínez y Bertolino , y en virtud del cual se acordó solicitar a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural abocarse al estudio de las medidas que tiendan a dar solución definitiva al grave problema que afecta hoy al sector lechero nacional.
Asimismo, solicitar a dicha Comisión que en el plazo de noventa días evacuara un informe que contuviera las propuestas que, a la luz de los antecedentes que obren en su poder, se estimen necesarias para mejorar la situación que afecta al sector lechero del país.
En cumplimiento de la labor que nos fue encomendada por la honorable Cámara, la Comisión celebró sus sesiones durante el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2002. Contó con la presencia y participación de las siguientes personas: en representación del Gobierno, el ministro de Agricultura y el subdirector de Odepa; representantes de la Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche ; de la Asociación de Centros de Acopio Lechero de la Décima Región, Acoleche; representantes de Aproleche Biobío ; de la Asociación de Productores de Quesos; de la empresa Colún; de la empresa Calán S.A.; de la empresa Surlat; del Centro de Gestión de Paillaco; del Centro de Gestión de Río Bueno y representantes de la empresa Soprole S.A.
El marco regulatorio del sistema de la agricultura de la leche, la ley Nº 18.525, normas sobre importación de mercancías al país, dispone que todas las mercancías procedentes del extranjero al ser ingresadas al país están afectas al pago de los derechos establecidos en el Arancel Aduanero o en otras disposiciones legales que los impongan, con la excepción de las exenciones totales o parciales que se establecen en el mismo Arancel, en leyes especiales o en tratados internacionales.
Decreto ley Nº 211, de 1973, sobre defensa de la libre competencia.
Sanciona como delito la ejecución o celebración, individual o colectivamente, de cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto en las de carácter interno como en las relativas al comercio exterior.
Decreto N° 297, de 1992, del Ministerio de Economía.
Reglamenta la rotulación de productos alimenticios envasados, destinados a consumo humano.
Finalmente, el decreto N° 977, de 1997, del Ministerio de Salud.
Legislación comparada.
Para colaborar con el estudio de medidas tendientes a dar solución a este grave problema, la Comisión tomó conocimiento de las experiencias extranjeras relacionadas con el sector lechero de Uruguay, Argentina, Nueva Zelanda, países miembros de la Unión Europea y Países Bajos.
De todas las personas escuchadas en el seno de la Comisión se concluyó que los requerimientos y problemática del sector productor lácteo son los siguientes:
-Establecimiento de un arancel que impida el ingreso de productos lácteos bajo un precio mínimo de competencia.
-Creación de un tribunal económico y modificaciones de la Fiscalía Nacional Económica y de la Comisión de Distorsiones.
-Modificaciones de la rotulación y normas de recombinación de leche en polvo -codex-.
-Desarrollo de las exportaciones.
-Sanidad animal acorde con las exigencias de los mercados.
-Estricta defensa del patrimonio zoosanitario nacional, especialmente respecto de la fiebre aftosa en Argentina.
-Incorporar a los ministerios de Salud y de Educación a Promolac, que propenda al incremento del consumo interno.
-Apoyar iniciativas para incrementar la integración vertical en la cadena.
-Legislación y regulación a supermercados.
-No firmar acuerdos comerciales perjudiciales para el sector y establecer cuotas altas en aquellos que presenten ventajas.
-En el nivel político, se propuso desahuciar el acuerdo con Mercosur, por cuanto permite el ingreso de lácteos desde países miembros con aranceles muy bajos -cercanos al uno por ciento-, lo cual facilita excesivamente las importaciones. por otra parte, como socios, son muy veleidosos, pues cuando les conviene, unilateralmente, cambian las reglas del juego.
-Asimismo, se consideró necesario conseguir para los lácteos el máximo arancel consolidado con la Organización Mundial de Comercio, del 31,5 por ciento.
Finalmente, se propuso una readecuación de los instrumentos de apoyo del Indap, para lo cual se sugirió adoptar las siguientes medidas:
-Definir claramente el objetivo del Indap hacia el ámbito del fomento productivo.
-Definir los segmentos de productores usuarios para focalizar, de acuerdo con ellos, los instrumentos de apoyo. En este mismo sentido, revisar el tamaño de las organizaciones de usuarios, hasta 3.500 unidades de fomento.
-Disponer de recursos económicos para estudios de factibilidad y de apoyo a la industrialización de la leche en sectores estratégicos, en los cuales la situación técnica y económica lo amerite, en particular en la zona de Panguipulli.
Se explicó que Argentina se ha constituido en una gran amenaza como país exportador, por cuanto el consumo interno y los precios eran tan bajos que se vio forzado a convertirse en exportador. Por ello, se considera indispensable revisar el acuerdo con Mercosur, ya que en virtud de él están ingresando productos con precios bajísimos, sin arancel.
Por otra parte, los supermercados están trayendo leche desde Argentina a precios muy bajos, con marca propia. Con ello se está sustituyendo la leche nacional.
Todas estas informaciones las proporcionaron las personas que concurrieron a la Comisión.
Antes de presentar las conclusiones y propuestas de la Comisión que se encargó de realizar un diagnóstico de la problemática de la leche en Chile, es necesario consignar algunas informaciones que facilitarán la comprensión de este informe.
Lo primero es afirmar que el sector lechero no sólo es viable desde el punto de vista económico, sino que, con la ayuda y la modernización que requiere, debería convertirse en otro de los protagonistas del desarrollo agrícola chileno, tal como antes ocurrió con la fruta y el vino.
Características e importancia del sector lechero en el campo chileno.
Del trabajo realizado por la Comisión se desprende que los productores lecheros nacionales presentan las siguientes características:
-En general, son altamente competitivos, lo que queda demostrado por el esfuerzo que realizan para incorporar tecnología, mejoras sanitarias y de gestión, lo que les ha permitido lograr rendimientos que se comparan con los más competitivos del mundo.
-Son eficientes, ya que logran altos índices de productividad por hectárea y, además, realizan, en la mayoría de los casos, un buen manejo de las praderas.
-Realizan una inversión sostenida en sus campos y en sus animales, por lo que cuentan con material genético que les asegura una alta productividad.
-Cuentan con personal calificado y generan una importante demanda de mano de obra y de empleo en las zonas rurales.
-Su espectro es muy amplio, ya que hay productores grandes, medianos y gran cantidad de pequeños, todos los cuales pueden convivir perfectamente.
-Ocupan territorios cuyas opciones de explotación son limitadas.
-No buscan ayuda para subsistir, sino condiciones equitativas para competir. No piden que se les dé protección o se les subsidie, como ocurre en otros países, sino que se les faciliten las condiciones mínimas de igualdad para competir en Chile y con los productos provenientes del extranjero.
Principales problemas que afectan al sector lechero.
No obstante las características antes descritas, el sector de los productores lácteos enfrenta las siguientes dificultades:
-Distorsión de los mercados, debido a los subsidios existentes en muchos países productores.
-Falta de mecanismos que neutralicen esos subsidios.
-Mercado interno poco transparente, tanto por las pautas y condiciones fijadas por las empresas compradoras como por la actitud de los supermercados.
-Está afectado por los problemas que aquejan a los países del Mercosur y por situaciones coyunturales, como la devaluación argentina, la cual incidió en el incremento de las importaciones a precios muy bajos desde ese país.
-Normas poco exigentes en la calidad de los productos lácteos, en la rotulación, recombinación y la información al consumidor.
-Falta de financiamiento para una integración vertical que signifique darle valor agregado a la leche, como podrían ser, por ejemplo, plantas elaboradoras de quesos.
-Alto endeudamiento del sector lechero debido a que ni siquiera están siendo cubiertos los costos de producción.
-Exigencias sanitarias para erradicar la brucelosis y la tuberculosis.
-Burocracia estatal que, muchas veces, impide el desarrollo y la inversión; por ejemplo, dualidades en la fiscalización que realizan los servicios de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
-Rigidez de las normas laborales, algunas de las cuales resultan incompatibles con la actividad lechera.
-Nuevos desafíos que imponen los acuerdos y tratados internacionales de libre comercio.
Como consecuencia de las opiniones vertidas en la Comisión por diversos especialistas, además del examen de los antecedentes recopilados, cuyos aspectos más importantes han sido consignados en este informe, nuestra Comisión ha arribado a las siguientes conclusiones:
Que la agricultura, en general, y en especial la producción láctea nacional, atraviesan, desde hace algunos años, por una crisis creciente, que ha tendido a agudizarse en el último tiempo.
Que, por esta razón, se hace necesario adoptar medidas urgentes para proporcionar a los productores los instrumentos y mecanismos necesarios para impedir su deterioro y procurar elaborar normativas que incentiven su desarrollo y mejoren la comercialización de sus productos. En esta materia, el Estado debe asumir su rol en orden a compatibilizar el impacto de los nuevos fenómenos de la economía mundial en la economía interna, con las exigencias de nuevas modalidades y normativas que así lo aseguren.
Que ha quedado de manifiesto que Chile representa una economía abierta a las importaciones de lácteos con bajos aranceles. Ello torna vulnerable nuestro mercado interno y distorsiona sus precios, dado que productos externos subsidiados se venden a menor precio, provocando una competencia absolutamente desleal.
Por otra parte, las empresas transnacionales, en vista de estos bajos aranceles, aprovechan para comprar en el exterior, con lo que fijan, en definitiva, los precios internos. La aplicación de salvaguardias tales como las que contemplan en nuestra legislación no ha sido una solución permanente, sino un paliativo para disminuir el daño o el menoscabo por un período breve.
La legislación vigente relativa a la importación de mercancías da facultades al Presidente de la República para aplicar sobretasas arancelarias ad valórem -previo informe de la Comisión de Distorsiones- a las mercancías cuyo ingreso al país origina grave daño, actual o inminente, a la producción nacional. La vigencia de la sobretasa no puede exceder de un año, prorrogable por un período similar y por una sola vez. En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, se puede adoptar una medida de salvaguardia provisional, en virtud de una determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar grave daño.
Que con fecha 17 de mayo de 2000, su Excelencia el Presidente de la República presentó un mensaje con el que inicia un proyecto que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuya discusión se encuentra pendiente en el honorable Senado. El eje central de esta iniciativa es el fortalecimiento del órgano jurisdiccional encargado de resolver los conflictos en esta materia.
En consecuencia, nuestra Comisión viene en proponer la adopción de las siguientes medidas:
1. Adoptar una política nacional, de largo plazo, en materia lechera, que cautele a la industria nacional de las distorsiones externas e impulse el desarrollo de la producción láctea nacional.
2. Establecer un arancel específico que impida el ingreso de productos lácteos por debajo de un precio mínimo de competencia.
3. Solicitar el pronto despacho del proyecto que crea el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, que actualmente se tramita en el Senado de la República.
4. Exigir el cumplimiento irrestricto de las normas sobre rotulación y recombinación, de manera de especificar que el producto que se vende es leche en polvo, mezclada, leche natural, recombinada o reconstituida.
5. Definir medidas consensuadas para el desarrollo de las exportaciones, generando los incentivos adecuados para fomentarlas a través de líneas de financiamiento apropiado y de estrategias impulsadas por organismos como la Corfo y ProChile.
6. Establecer un programa de sanidad animal acorde con la realidad del sector y las exigencias de los mercados, asignando mayores recursos al SAG, que le permitan intensificar programas de control y erradicación de la brucelosis y de la tuberculosis bovinas.
7. Mantener un estricta defensa del patrimonio zoosanitario nacional, especialmente respecto de la fiebre aftosa proveniente de Argentina.
8. Incrementar las compras institucionales de leche de los Servicios de Salud, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, a fin de paliar las necesidades nutricionales de la población de menores ingresos y de priorizar el consumo de la producción láctea nacional, a través de campañas como Promolac.
9. Apoyar iniciativas para incrementar la integración vertical en la cadena productiva láctea.
10. Impulsar medidas que apunten a mejorar la transparencia de la cadena de comercialización de los productos lácteos, en especial la relación entre productor, industria, supermercado y consumidor.
11. Flexibilizar la legislación laboral, ya que no se adapta al sistema de trabajo de los productores lecheros y de la industria quesera, que requieren de procesos continuos, las 24 horas del día, los 365 días del año.
12. Perfeccionar los instrumentos con que cuenta el Ministerio de Agricultura, que permitan mayor cobertura de usuarios y mayor inversión, tanto a nivel de empresas asociativas campesinas como de usuarios individuales. Asimismo, es menester simplificar el proceso de asignación, favoreciendo la asociatividad.
13. Solicitar la creación de un mecanismo por parte del Estado que permita a los agentes económicos dar cumplimiento a la normativa ambiental, exigible como consecuencia de la firma de tratados internacionales, especialmente con la Unión Europea y los Estados Unidos.
14. Revisar la continuidad de Chile en el acuerdo con el Mercado Común del Sur, por cuanto permite el ingreso de lácteos desde países miembros con precios por debajo de los costos de producción, lo que se acentúa, además, como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesan esos países.
15. Centralizar en un solo órgano fiscalizador la competencia para intervenir en el proceso exportador, que debería ser el Servicio Agrícola y Ganadero, por su experiencia en materia de sanidad.
-Sometidas a votación las proposiciones, fueron aprobadas por unanimidad.
Además, la comisión acordó enviar este informe a su Excelencia el Presidente de la República y al ministro de Agricultura .
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , quiero suscribir íntegramente tanto las proposiciones como las conclusiones del estudio realizado en la Comisión de Agricultura sobre el grave problema que afecta en la actualidad al sector lechero.
Como se sabe, no se trata de un problema nuevo, sino que forma parte de una larga lucha de los productores lecheros, sobre todo los del sur de Chile, en especial los de las regiones Novena y Décima. El conflicto afecta aproximadamente a 40 mil productores y 200 mil trabajadores. La leche -incluida la procesada en polvo-, el queso y la mantequilla, implican un intercambio comercial de aproximadamente 25 mil millones de dólares al año, lo que sin duda constituye una producción importante dentro del área productiva nacional.
Subrayo que se trata de una larga lucha, puesto que el 11 de septiembre de 2001 y pese al efecto que había producido la destrucción de las torres gemelas en Nueva York, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para tratar el tema. En esa oportunidad, se solicitaron medidas para que el Gobierno implementara mecanismos de estabilización del precio de la leche a fin de evaluar las distorsiones existentes. Muchas de las peticiones y conclusiones acogidas hoy por la Comisión ya habían sido adoptadas en la sesión especial ya mencionada.
El problema lechero y las causas que originan la crisis de producción nacional están llevando a la ruina y a la quiebra a muchos productores, algunos de los cuales mantienen empresas queseras en sus fundos. En la situación han influido diferentes elementos que provocan distorsión en el mercado interno, como los elevados subsidios a los productos que ingresan al país, en particular la leche, competencia desleal que produce desajustes en la producción y comercialización de los productos lácteos.
Otra de las causas que han originado esta crisis en la producción lechera -ya se han mencionado algunas- es la falta de mecanismos que neutralicen esos subsidios. Pese a que existe un sistema de salvaguardias, éstas no han sido eficaces para paliar el mecanismo de subsidio.
Por otra parte, el mercado interno es poco transparente, ello debido a las pautas y condiciones fijadas por las empresas compradoras y a la actitud adoptada por los supermercados. Existen grupos monopsónicos e industrias lecheras que en forma arbitraria y abusiva establecen y determinan pautas de precios, sin importar las condiciones, las exigencias o las necesidades de mercado de los productores. Éstos fijan precios mínimos, incluso bajo los costos de producción.
Quienes sufren en mayor medida los efectos de estas distorsiones no son sólo los grandes empresarios, sino también los medianos y pequeños campesinos.
También influye en la situación descrita los problemas que aquejan a los países integrantes del Mercosur, así como situaciones coyunturales, como la devaluación de la moneda argentina, lo que trajo como consecuencia el incremento de la importación de leche desde ese país a precios muy bajos. Sin duda, ha sido bastante nocivo y negativo el efecto de las importaciones desde el país vecino.
Tampoco el consumidor dispone de normas rigurosas para determinar la calidad de los productos lácteos.
No hay financiamiento para una integración vertical de los productores que les permita dar valor agregado a la leche, como podrían ser, por ejemplo, las plantas elaboradoras de queso. Hay proyectos de megaplantas en el sur de Chile que podrían explotar aproximadamente un millón de litros diarios. Para eso se requiere el apoyo del Estado.
Todo esto ha provocado un alto endeudamiento del sector lechero, porque los precios que cobran ni siquiera cubren los costos de producción. El endeudamiento entraba todo proyecto y toda normalidad en la producción y comercialización de estos productos.
Necesitamos nuevos desafíos que impongan los acuerdos y tratados internacionales de libre comercio. No se puede, en nombre de la globalización y de la internacionalización de la economía, sacrificar productos regionales y nacionales, como son la producción lechera o el área agropecuaria.
Todas estas situaciones provocan estos problemas, que no son nuevos y que se han prolongado a través del tiempo porque no hemos sido capaces de resolverlos.
Señor Presidente , me hago las siguientes preguntas: ¿Es indispensable desarrollar y mantener la producción lechera? ¿Interesa a la nación? Y si es importante, ¿por qué en las políticas macroeconómicas no se considera como área vital? Siempre se sacrifica el área agrícola en beneficio de otros sectores productivos, a lo mejor de mayor incidencia en el producto nacional. ¿Cuándo el país tendrá una política agrícola acorde con la importancia para su propio desarrollo, máxime si se considera que a través de la historia económica del país ha habido códigos y normas especiales, como el de Minería y las leyes del carbón, para regular y establecer pautas sobre las cuales desarrollar esas producciones? ¿Dejaremos que con la leche ocurra lo mismo que sucedió con el carbón, con el salitre, con la destrucción de Ferrocarriles o con nuestra industria manufacturera, hecha trizas por la apertura descontrolada de Chile a los mercados internacionales? ¿Cuándo se tomará una decisión seria, contundente y definitiva sobre la materia? ¿Esperaremos a que desaparezca la agricultura y que solamente de la producción lechera tengamos nostálgicos recuerdos? ¿Esperaremos la cesantía de más trabajadores o la ruina de los productores y mayor crisis económica en las regiones y ciudades del sur? ¿O es que acaso Chile termina en San Bernardo y lo que está de ahí hacia el sur no es Chile y todo lo que hay en esa parte no vale? Miles de millones de pesos se gastan para mejorar el Metro y en otras áreas de la Región Metropolitana; pero para la agricultura, ¡no!; para los lecheros, ¡no!; para los campesinos, ¡no!
El trabajo esforzado de pequeños y medianos campesinos y el aporte al desarrollo de los empresarios agrícolas no pueden ser absorbido de la manera brutal como sucede con las industrias lecheras.
Las verdaderas pautas de hambre que hoy se establecen sólo traerán pérdida al poder adquisitivo de los agricultores, cierre de explotaciones y lecherías, pérdida de la masa ganadera, despido del personal, incumplimiento de compromisos financieros y la depresión de la economía de cada una de las ciudades de la Décima Región.
Por eso, solicitamos y exigimos una política nacional en materia lechera que regule el mercado, que impulse el desarrollo de esta producción y la defienda de las distorsiones externas; que se establezca un arancel específico que impida el ingreso de productos bajo el precio mínimo de competencia; que se despache pronto el proyecto de ley que crea el tribunal de la libre competencia, que actualmente se tramita en el Senado de la República.
Exigimos dar cumplimiento irrestricto a las normas de rotulación y recombinación; incrementar las compras institucionales de leche por parte de los servicios de salud, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y otros servicios del Estado; apoyar iniciativas para incrementar la integración vertical en la cadena productiva; revisar la continuidad de Chile en el acuerdo con el Mercado Común del Sur, por cuanto permite el ingreso de lácteos desde países miembros con precios por debajo de los costos de producción, lo que se acentúa como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesan muchas de esas naciones.
En suma, señor Presidente , solicitamos la atención del Estado y la aplicación de todas las proposiciones y medidas que estamos exponiendo y hemos dado a conocer esta mañana, así como un tratamiento conforme a la importancia del problema lechero, que es de país y no netamente regional.
No queremos seguir eternamente con el tema de la leche. Queremos que se estabilicen los precios y que se cree una política nacional a fin de que, de una vez por todas, los productores del sur del país, al igual como los de otras localidades de Chile, trabajen normalmente y puedan entregar este líquido, al que llamamos “oro blanco”, para que, aparte de considerarlo un producto del trabajo y de la producción del sur de Chile, también se constituya en un derecho real para que nuestros niños puedan tenerla a su disposición.
Señor Presidente, eso queremos para el país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el honorable diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , en primer lugar, felicito al diputado señor Ojeda por haber hecho su intervención con un vaso de leche al lado.
También quiero felicitar al diputado Javier Hernández , porque, desde que asumió, en marzo del 2002, ha venido dando una lucha incansable por el sector lechero del país, hasta lograr sacar este informe, que se debe en gran parte a su trabajo. Espero que no quede en un simple papel, sino que lo acoja el Ejecutivo y defina alguna política por aplicar o adopte lo que se está proponiendo en él.
Cuando leo el informe, en cuya elaboración también participé, no puedo dejar de pensar en la agricultura, en general, porque lo que le sucede al sector lechero es lo que le ocurre a casi todas las ramas de nuestra agricultura.
Esta crisis partió entre 1995 y 1996, cuando se firmó el tratado del Mercosur. Desde ahí hemos venido de capa caída año tras año. Hoy estamos a las puertas de aprobar otro tratado comercial, como es el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos de América, que es muy importante para mucha gente, pero que es un verdadero desastre para la agricultura. Nuevamente vamos a terminar aprobando este tratado por el bien común del país, como sucede con todos estos tratados comerciales; pero ¿qué pasará con la agricultura? La agricultura paga el pato en todos los tratados comerciales que se aprueban, y no será la excepción cuasndo se apruebe el tratado con Estados Unidos, como tampoco lo fue en el del Mercosur.
Se habla de una política agraria. Al ministro Campos le hemos preguntado durante todo el año pasado qué pasa con esa política, ¿por qué no tenemos una política agraria en este país de una vez por todas? Se nos responde: “Pero cómo que no la tenemos, si con la mesa agrícola llegamos a un acuerdo respecto de una política agraria”. No se ha aprobado ni la cuarta parte de los acuerdos adoptados en esa mesa agrícola. ¿Dónde ésta la política agraria? No existe una política agraria en este país, por eso estamos viviendo este desastre.
Además, como bien se dice en el informe, gran parte de los agricultores, no sólo de los lecheros, están sumamente endeudados, con compromisos que se arrastran desde hace varios años. Hoy los agricultores no somos viables ni para financieras ni para bancos privados. Nos dan por quebrados; no nos permiten renegociar ninguna deuda, ni, aún menos, nos prestan plata.
No entiendo la política competitiva del Banco del Estado en los últimos. Se dice que es el banco de todos los chilenos, y por ello, tendría la obligación de ayudar a los agricultores, a la pequeña y mediana empresa, a todos quienes lo necesiten. Sin embargo, a pesar de que siempre debe estar dispuesto a socorrer a cada uno de los chilenos, una vez más nos da vuelta la espalda.
Por otro lado, está el problema de la competencia desleal, como bien se hace presente en el informe. Para los chilenos es imposible competir con grandes potencias y países que, como Estados Unidos, la Unión Europea y otros, como los asociados en el Mercosur, para no ir más lejos, subsidian fuertemente la agricultura.
Se señala que Argentina no da subsidios, que se trata de diferencia de dólar. Pero ello se contradice con el problema de sus camioneros -que, de pasada, afecta a sus similares chilenos-, que están parados y alegan porque el gobierno les quiere quitar el subsidio al petróleo y al peaje. Argentina subsidia a sus empresas y a los agricultores. Chile es el único que no lo hace. Conforme, no lo hagamos; pero para equilibrar, atajemos los productos subsidiados que vienen del exterior, que afectan sobre todo a nuestra agricultura.
No quiero alargarme; lo único que deseo agregar es que el problema lechero, al igual que el que afecta a otros productos agrícolas, es sumamente grave. Tratemos de ayudar a ese sector para que salga adelante. La lechería tiene gran futuro; sin embargo, en el último tiempo industrias del ramo han ido quebrando en forma sistemática.
Hace pocos años, la zona que represento en el Congreso -Parral y Cauquenes - era la más importante en el rubro. Hoy quedan dos o tres empresas; todas las demás han quebrado. ¿Cómo es posible que se haya llegado a ese extremo?
De una vez por todas, implementemos una política agraria que considere e incluya la producción de leche, de trigo, de remolacha, de aceite, de carne, en definitiva, de todo.
Cuando llega el invierno, el Gobierno se manifiesta muy preocupado por el desempleo, y cuando llegan los meses de noviembre y de diciembre, se ve muy feliz porque ese problema se comienza a descomprimir, debido a que la agricultura empieza a dar trabajo.
¡Démosle una oportunidad a la agricultura! Ojalá que este informe no quede sólo en el papel y sea acogido por el Ejecutivo a fin de contar con la ayuda necesaria para que la agricultura pueda salir adelante.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , la Comisión de Agricultura se abocó a realizar un estudio muy acabado sobre la situación que afecta al sector lechero nacional. No cabe duda de que ese sector viene viviendo momentos muy difíciles desde hace muchos años; no desde 1995, como se ha dicho aquí, sino de antes. Recuerdo, con gran tristeza, que en 1982 algunos agricultores y pequeños empresarios lecheros se quitaron la vida porque no pudieron soportar la crisis que se vivía en esos tiempos.
En esos años se botaba la leche en las plazas de ciudades del sur, en Puerto Montt y en Osorno, donde resido.
Hago estos recuerdos con mucha tristeza. Pero no debemos tener mala memoria. La difícil situación del sector agrícola, en especial del lechero, se arrastra desde la década de los ‘80.
Para el estudio de la Comisión fueron invitados representantes de los sectores productivos y empresariales, públicos y privados, del área agroindustrial, cuyas opiniones revisten especial relevancia.
Desde que me integré a la Cámara, he puesto énfasis en algo que considero esencial en mi trabajo político: representar los intereses de los pequeños y medianos campesinos del sur del país, de los cuales soy parte. Por ello, he pedido en este hemiciclo, casi semana a semana, durante seis años, una especial atención a los problemas del agro de esa zona. Se dice que no existe una política agraria. Sí, existe, pero quiero que sea mejor, con un poquito más de ánimo y fe de las autoridades económicas y del sector, coherente con lo que los productores, a veces en forma desordenada, reclaman, aunque, en ocasiones, las agroindustrias ponen cortapisas para minimizar y restar seriedad a esos reclamos.
La agricultura tradicional incide en los aspectos social y cultural del sur de Chile. Especialmente la Región de Los Lagos, zona que con tanto orgullo represento, tiene como pilar primordial la ganadería bovina y, en particular, la lechería.
En las comunas de La Unión, Río Bueno, Los Lagos, Lago Ranco , Paillaco , Panguipulli y Osorno , de la Décima Región, donde se produce parte importante de la leche que se consume en el país, felizmente se advierte, a pesar de la relación del diputado informante , un avance lento, pero avance al fin, en las exportaciones.
En esas praderas, cuidadas con esmero por los agricultores, donde pastan sus animales, único capital de las familias que viven en esa próspera región, la distribución de la riqueza es injusta, y el precio de la leche, producto esencial para la población, es bajo.
Desde el inicio del informe aparecen los permanentes reclamos de casi todos los actores del mercado lechero nacional por las anormalidades del comercio internacional del producto y sus derivados. Se habla de distorsión de precios, de la necesidad de establecer medidas de salvaguardia o de derechos compensatorios para controlar los efectos de la competencia desleal. Pero ¿qué se ha hecho al respecto? ¿Se ha determinado la injusticia permanente que se comete con los productores nacionales? Lo mismo puede preguntarse respecto de las prácticas de concierto que todos saben que existen en el sector o en cuanto a la posición dominante empleada de manera abusiva por algunos poderes compradores, que bajan artificialmente el valor de la leche con lo cual perjudican a los campesinos más modestos y a los productores del sector agrario.
¿Acaso la Fiscalía Nacional Económica ha tomado en verdad cartas en el asunto? En definitiva, de acuerdo con lo señalado en el informe, ¿nuestra institucionalidad de protección del mercado interno es adecuada para esos fines? La respuesta es que sí lo es, pero en ella no existe la transparencia necesaria, pues no hemos sido capaces de denunciar esos hechos a la Fiscalía Nacional, sino que sólo los hemos expresado en forma verbal, no en forma oficial.
El informe indica que desde hace diez años, los productores lecheros han visto disminuir el precio de su producto a tal punto, que hay casos en los que ni siquiera se satisfarían los costos mínimos de producción. A mi juicio, esos costos están cubiertos, y los productores obtienen algún grado mínimo de rentabilidad. De allí el desconcierto existente en el sector, pues, en términos comparativos, el precio de nuestro producto está dentro de los más bajos del mundo.
Ante esa disyuntiva, se ha citado el ejemplo de países que han tenido políticas exitosas en la materia. El diputado informante mencionó el caso de Nueva Zelanda, el cual conozco, porque en mi región lo hemos estudiado minuciosamente.
Al respecto, lo sucedido en ese país sobre la materia es mucho más de lo que se ha dicho. En 1944 dictó una ley de estímulo a la política agraria. Gracias a eso, hoy, felizmente, sus productores lecheros son autónomos; no necesitan el apoyo del Estado porque han logrado ser rentables, ya que exportan prácticamente toda su producción, la que representa aproximadamente el 3 por ciento de la producción mundial. Gracias al sector lechero, Nueva Zelanda goza de independencia económica.
El “milagro neozelandés” -como muchas veces lo han denominado quienes han escrito sobre el tema- comenzó con las mejores razas de animales. En cambio, nosotros recién en 1998 comenzamos a bonificar al sector, mediante la fertilización de las praderas degradadas, estímulo que el Estado hoy entrega a todos los agricultores, incluidos los grandes, para recuperar esos terrenos, a fin de lograr que sean de alta calidad, lo que permitirá mayor producción.
Quiero reiterar que me preocupan las tratativas y los acercamientos -los cuales, al contrario de lo que se ha dicho, han existido- entre nuestro Gobierno y el neozelandés para iniciar los estudios de un acuerdo de libre comercio. Al respecto, el ministro de Agricultura , no sé si de manera ingenua, ha dicho en esta Sala que ese acuerdo no sería para intercambiar productos, pues existe similitud entre la producción de Nueva Zelanda y la nuestra, sino para emprender negocios conjuntos. ¡Por favor, hay que tener más respeto por la inteligencia humana! Nadie suscribe acuerdos de libre comercio si no es para desgravar y comercializar bienes y servicios. En consecuencia, esa amenaza se mantiene latente.
Por tanto, desde ya, el sur de Chile se pone de pie para decir: ¡Cuidado con el acuerdo con Nueva Zelanda! ¿Los estudios para un tratado de libre comercio significan que vamos a comerciar libremente el producto de menor costo de nuestro país?
El tema es muy amplio, pero termino haciendo un llamado al Presidente de la República, a fin de que este informe sea estudiado, considerado y comentado, porque es la oportunidad que tiene el sector agrario para dar, de una vez por todas, mejores condiciones a la gran cantidad de familias que viven de nuestro campo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , mi intervención será bastante breve, por cuanto los diputados señores Ojeda y Jaramillo , que me antecedieron en el uso de la palabra, fueron bastante claros para graficar la situación del sector lechero de nuestra región.
Nuestra principal preocupación está enmarcada en los cientos y cientos de medianos y pequeños productores de leche, que viven una situación muy compleja.
Escuché a un colega de la Oposición hacer una similitud entre los problemas de la agricultura en general con los del sector lechero en particular. Sin desdramatizar su opinión, quiero ser muy enfático al señalar que, tal cual lo manifestó el colega Jaramillo , el problema de la leche, sector que da vida económica a la Décima Región, hoy reviste características bastante graves y complejas. Razones puede haber muchas. De hecho, el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural da cuenta de ello cuando señala que hay distorsión de los mercados, que faltan mecanismos que neutralicen los subsidios, que el mercado interno -tema muy importante- es poco transparente, que las normas son poco exigentes en cuanto a la calidad de los productos lácteos, en la rotulación, recombinación e información al consumidor; que falta financiamiento para la integración vertical; que hay un gran endeudamiento del sector lechero, debido a que ni siquiera están siendo cubiertos los costos de producción, en fin.
A esos elementos se suman otras problemáticas, como las exigencias sanitarias y la burocracia estatal. Tanto mi colega Hernández , de Osorno, como otros diputados presentes en la Sala y quien habla, recibimos a diario las inquietudes, las desesperanzas y las incertidumbres de cientos de centros de acopio que se han conformado con mucho sacrificio y que hoy viven situaciones muy complejas, porque el Estado ha burocratizado el apoyo que le estaba brindando para potenciar sus organizaciones. Además, hay rigidez en las normas laborales, se imponen nuevos desafíos por acuerdos y tratados internacionales que ponen en jaque la actividad, en fin, es un cúmulo de elementos que llevan a señalar que nuestra región, en particular en este ámbito, se encuentra ante una situación muy compleja.
Tal como lo planteaba el colega Jaramillo , no sólo falta una política agraria, sino que muchas de las comunas que él nombraba, al igual que otras que represento, como Los Muermos , Fresia , Purranque, Río Negro, Puerto Octay y Puyehue, esencialmente lecheras, están sufriendo graves dificultades que hacen necesario y urgente que el Congreso y el Gobierno adopten medidas efectivas en beneficio de los cientos y cientos de pequeños y medianos agricultores que allí viven, más aún si en la mayoría de los casos la entrega de leche diaria constituye, al final de mes, el único ingreso familiar para solventar las necesidades básicas de alimentación y de educación de sus hijos.
A veces es triste recorrer las comunas de los distritos que representamos. Estuve en Puerto Octay y conversé con algunos dirigentes de centros de acopio, quienes me señalaron que les estaban pagando entre 40 y 50 pesos el litro de leche. En efecto, el pago de un precio tan irrisorio como éste está muy por debajo de los costos de producción. Entonces, la situación se torna dramática, compleja y hace que sea urgente implementar medidas para paliarla, pues de lo contrario, a futuro se traducirá en la quiebra inminente de un sector fundamental para la economía, no sólo de la Décima Región -en eso quiero ser muy enfático-, sino también de todo el país.
Si bien el informe es importante, ojalá que las proposiciones en él contenidas lleguen a buen puerto y se materialicen, por el bien de los productores lecheros de nuestra zona.
Es necesario adoptar e implementar una política nacional de largo plazo, que no existe, para cautelar que la industria nacional no sea objeto de las distorsiones externas, que dificultan enormemente la subsistencia de un sector tan importante como el de la lechería.
Como se sostiene en el informe, es importante establecer aranceles específicos que impidan el ingreso de productos lácteos por debajo de un precio mínimo de competencia. De hecho, un grupo de parlamentarios había configurado, con mucha antelación -no es un problema de este año, sino que se arrastra desde hace bastante tiempo-, un sistema que protegiera efectivamente a los lecheros del ingreso de leche importada bajo los costos de producción nacional.
Las quince medidas enunciadas en el informe -no las repetiré, porque el diputado informante fue muy claro en su exposición- son tremendamente importantes y esperamos que, independientemente de que muchos señores diputados no tengan este problema en sus distritos, en conjunto, como Cámara, seamos solidarios con la idea de proteger a un sector que cobija a miles de personas que tienen en la producción de leche su medio de subsistencia.
Hemos sido capaces de aprobar iniciativas -sobre todo los diputados que llevan más tiempo ejerciendo sus cargos- que benefician a otros sectores importantes del país, como el minero, o a ciudades, como sucedió con la ley Arica, etcétera. En ese sentido, es posible que el proyecto beneficie con mayor fuerza a la gente de las regiones Novena y Décima; pero, sin duda, también protegerá a los lecheros de otras zonas, quienes se enfrentan a una situación muy compleja y de difícil solución.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , no tengo mucho más que agregar a lo señalado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra; pero me parece indispensable hacer un esfuerzo por graficar a la Cámara de Diputados que el sector lechero está atravesando uno de los peores momentos de que tengamos recuerdo. De tiempo en tiempo, sectores como el lechero y otros de la agricultura o de la industria pasan por momentos difíciles; pero la crisis del sector lechero hoy día pone en riesgo no sólo a esta actividad y al capital en ella involucrado, sino también el sustento de miles de familias de distintas zonas del país.
Para los productores lecheros, grandes, medianos y pequeños, es imposible continuar trabajando con precios bajo los costos, que, en definitiva, los han obligado a caer en un endeudamiento que cada día se va haciendo más difícil de cumplir.
A lo mejor, las palabras no son suficientes para convencer a quienes no conocen el sector; pero quiero invitarlos a que revisen la Revista del Campo del diario El Mercurio, que aparece cada lunes. Ahí podrán darse cuenta de la cantidad de remates de lecherías que están saliendo en las últimas semanas y meses. Esos anuncios de remates son síntoma de dos cosas: de agricultores que no pueden soportar por más tiempo la crisis que los afecta, porque terminará quitándoles sus propiedades, y también de otros que ya, lisa y llanamente, no pueden seguir soportando la carga de deuda que tienen con el sistema financiero, y, en esas circunstancias, el único camino que les queda para sobrevivir es rematar sus lecherías.
También es importante entender que cuando se liquida una lechería, en cualquier lugar del país, no se está rematando un negocio cualquiera, como un bien raíz, porque detrás de las lecherías hay muchos años de esfuerzo tecnológico, de selección de razas. Existe un esfuerzo intelectual y financiero de gran envergadura, lo que, finalmente, no se refleja en el aviso de remate que aparece en el diario.
Asimismo, hay que darse cuenta de que éste es otro sector afectado por el tristemente célebre Mercosur. En su oportunidad, cuando un grupo de colegas presentamos un proyecto de acuerdo para sugerir al gobierno estudiar la posibilidad de desligarnos de él, se generó una gran crítica entre quienes hasta hoy no son capaces de entender que el Mercosur, no sólo para el sector agrícola, sino también para el industrial y minero, ha sido una verdadera puñalada por la espalda.
Los invito a revisar las balanzas comerciales, no sólo del sector agrícola, sino de cualquier otro, para comprobar que las ventas chilenas al Mercosur son infinitamente inferiores a que efectúan los países que lo integran hacia Chile. Nuestra balanza comercial es negativa en más de 3.500 millones de dólares al año. Ese ha sido el “negocio” del Mercosur. Una de sus principales víctimas es el sector lechero, que hoy se ve obligado a “competir” con productos lácteos argentinos que vienen a costos artificialmente bajos, porque la crisis los obligó a hacer repuntar su agricultura, entre otros sectores, el lechero. Como su problema es de divisas, lo que hacen es aumentar sus exportaciones, aun a bajo costo, porque para salir de sus problemas necesitan dólares. Por eso, envían sus productos lácteos a Chile con precios bajo los costos de competencia, lo que hace insostenible no sólo la mantención de la gran lechería del país, sino también la de los pequeños propietarios que se dedican a la actividad.
También quiero decir algo respecto de lo cual tengo un total y completo convencimiento. Chile se ha estado convirtiendo, desde un tiempo a esta parte, en un verdadero paraíso para las transnacionales. Somos una especie de islas Caimanes para las transnacionales, y las razones están a la vista: bajos aranceles, con los que muchos podrán estar de acuerdo, incluso yo; pero, simultáneamente, no tenemos normas de rotulación ni mecanismos para neutralizar los subsidios. El Estado tampoco cumple su rol, el Gobierno no actúa, sino que más bien dedica su tiempo a contrarrestar el lamento de los afectados o a desvirtuar sus argumentos. Esto ocurre a diario en la Comisión de Agricultura. Cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar al ministro del ramo , en lugar de contar qué sucederá con la agricultura, hace un enorme esfuerzo intelectual por desvirtuar las denuncias de todos los sectores que lo están pasando mal, entre ellos, el de la lechería.
Además, algunos académicos se preocupan de teorizar respecto de la importancia de crear, involucrar e incorporar a los productores lecheros en la industria. Teoría. Si los productores lecheros están arruinados, ¿de dónde sacarán los recursos para la famosa integración vertical? ¿De dónde sacarán los recursos para establecer nuevas empresas lácteas, que les permitan competir, si están endeudados?
Además, el Banco del Estado -lo decía, si no me equivoco, el colega Urrutia- ha perdido su razón de ser, y así lo reconocen todos los sectores, pues tampoco está en condiciones de apoyar a esos agricultores para la llamada integración vertical. Aun cuando lograran el capital para incorporarse al sector industrial de la leche, les ocurriría lo que le sucede a cualquier chileno que quiere iniciar una actividad: enfrentarse a los colosos de la industria, a una actitud monopsónica permanente y, en muchos casos, a los monopolios que, por la vía de bajar los precios, terminan arruinando a cualquiera que se incorpore. Por ejemplo, fíjense qué ha pasado con las tradicionales farmacias de miles de pueblos y ciudades del país. Son negocios familiares terminados, porque el sector se ha atomizado a tal punto que es imposible generar competencia. La eliminación de los pequeños sólo favorece a los consumidores, porque se hace por la vía de bajar los precios. Pero cuando ello concluye, los precios de los productos vuelven a subir, y la competencia generada originalmente deja de ser una ventaja. Eso sucede en prácticamente todos los rubros, y la leche no hace la diferencia.
Por otra parte, el Estado no cumple su papel, porque hoy Argentina -quiero usar un calificativo acorde con la investidura de la Cámara- sólo nos manda desperdicios del sector lácteo. Desgraciadamente, ni el Ejecutivo ni el Congreso Nacional tienen voluntad de generar normas que signifiquen que los consumidores accedan a productos de buena calidad, y al final terminan comprando los peores productos. Me refiero a la leche en polvo reconstituida con agua, la cual se vende como leche fluida. La gente está convencida de que la leche pasa de la vaca a la caja, y de la caja a la taza, pero no es así.
Los consumidores son engañados permanentemente, porque el Estado no es capaz de crear -lleva años discutiéndose el tema- una normativa que obligue a rotular los productos para que la gente sepa qué está consumiendo.
Finalmente, Chile tampoco es capaz de generar neutralizaciones a los subsidios. Mientras eso no ocurra, no tendremos una economía de mercado; mientras no exista la opción de que la transparencia del mercado beneficie a los ciudadanos, nos estaremos autoengañando, y el sector lácteo, los productores lecheros y los consumidores serán víctimas de esa falta de transparencia, porque, junto con bajar los aranceles, política que muchos compartimos, simultáneamente no somos capaces de crear las neutralizaciones que permitan que el libre mercado funcione.
Si no generamos una libre competencia transparente para los productos y consumidores, ocurrirá que, así como hoy esta Sala debe analizar el problema del sector lácteo, mañana podrá ser cualquier otro tema, no necesariamente agrícola.
Ojalá este informe, cuya elaboración nos tomó muchas sesiones en la Comisión de Agricultura, sirva para que alguna vez el Gobierno atienda su contenido, sobre todo cuando ha sido trabajado con seriedad y esfuerzo.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señora Presidenta , esta iniciativa se originó en el proyecto de acuerdo Nº 105, patrocinado por el diputado Hernández y varios otros colegas, incluido quien habla, a fin de estudiar y buscar una solución definitiva al grave problema que afecta al sector lechero.
En nuestra economía, el sector lechero tiene características bastante peculiares. Los productores lecheros nacionales -como señala el informe-, en general, son altamente competitivos, eficientes y realizan una inversión sostenida en sus campos y animales, por lo que cuentan con un material genético muy importante para la pradera, hecho que les asegura una alta productividad. Cuentan, además, con personal calificado, y generan una importante demanda de mano de obra y empleo en las zonas rurales. Su espectro es muy amplio, ya que existen grandes, medianos y pequeños productores. No buscan ayuda para subsistir, sino condiciones equitativas para competir; no piden que se les dé protección o se les subsidie, como ocurre en otros países, sino que se les facilite las condiciones mínimas de igualdad para competir en Chile con los productos provenientes del extranjero.
Por otra parte, se encuentran afectados por problemas que aquejan a los países del famoso Mercosur y por situaciones coyunturales, como la devaluación de la moneda argentina, lo que ha incidido en el incremento de importaciones desde ese país a precios muy bajos.
Podría seguir extendiéndome y así confirmar que nos encontramos ante un sector extremadamente eficiente. Sin embargo, también estamos frente a una paradoja: no queremos que nos protejan artificialmente, pues nuestra intención es competir en igualdad de condiciones; pero ¿cómo se puede competir en desigualdad de condiciones? Muy simple: no se puede. Sólo pedimos competir en igualdad de condiciones. No le tenemos miedo a una buena competencia, pues somos eficientes en esa tarea. Lo que pedimos -reitero- es que esa competencia se lleve a cabo en igualdad de condiciones.
Por intermedio de su Señoría, quiero señalar al Presidente de la República que existe una crisis en el sector lechero. La agricultura tradicional va de mal en peor. Cuando en el sur la agricultura anda mal, todo camina mal: el comercio, la actividad económica, y se elevan las tasas de desempleo. Hay que vivirlo, hay que estar allá y conversar con los cientos de pequeños y medianos productores que ya no existen como tales.
¿De qué política de Estado me hablan? ¡No hay una política de Estado dirigida a la agricultura tradicional! ¿Qué está esperando el Gobierno?, ¿que desaparezca el sector lechero? Cuando las autoridades visitan el sur de Chile -dicho sea de paso, lo hacen muy rápido; algunos llegan en avión y regresan el mismo día- sólo entregan “aspirinas”. Estamos cansados de oír explicaciones. Señor ministro , queremos menos palabras y más acción.
Se ha puesto en primer lugar de la agenda la modernización del Estado, y ello gracias a una debacle, pues nos quedamos atrás y no supimos tomar las medidas a tiempo para conseguir ese objetivo. ¿Qué está esperando el Gobierno?, ¿que ocurra una nueva debacle en el sector lechero del sur de Chile? Espero que esta vez el Gobierno haya aprendido la lección y no tropiece dos veces con la misma piedra.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández por seis minutos y medio.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señora Presidenta , uno de los titulares del domingo pasado del Diario Austral de Osorno señalaba: “Nos están dando limosnas. Indignación de lecheros”. Y más abajo: “Cierre de lecherías, despido de trabajadores y una reestructuración completa de lo que es el manejo del campo, son algunas de las consecuencias que ven a corto plazo los proveedores de la empresas Nestlé en Osorno, a raíz de la recientemente publicada pauta de pago de invierno”. Otro indicaba: “Consorcio Agrícola del Sur. Declaración pública. Punto 1. El bajo precio que se pagará al productor durante el invierno se contradice con los precios a los cuales la industria láctea está importando su materia prima. Los valores de estas importaciones permitirían a la industria aumentar considerablemente el valor actualmente ofrecido”.
Este problema tiene muchas causas, pero hay tres fundamentales, a saber:
En primer lugar, el efecto de los tratados suscritos y de políticas de subsidio que benefician a la leche en muchas partes del mundo, influye directamente en los montos pagados por las grandes transnacionales que operan en Chile, que cada día pagan menos a nuestros productores.
En segundo lugar, la concentración en pocas manos del poder comprador, es decir, de las plantas lecheras, las cuales actúan casi monopólicamente y hoy ni siquiera pagan valores que permitan financiar los costos de producción.
Por último, la poca claridad que existe en la comercialización, adquisición y venta de los productos lácteos.
Estoy pesimista, porque no veo señales de voluntad política concreta para abordar una solución definitiva e integral al problema, cuyas causas fueron analizadas en la Comisión. ¿Por qué afirmo esto? Luego de escuchar a las autoridades del sector, no veo voluntad para abordar la unilateralidad con que las plantas fijan los precios, que ni siquiera logran cubrir los costos de la producción lechera; no veo que se vaya a abordar el manejo de precios, los sistemas de comercialización y de rotulación de las grandes cadenas de supermercados, y -como vamos a ver más adelante- no se toman medidas de contraprotección respecto de la leche subsidiada en otros países, lo que genera una competencia desleal y una fuerte distorsión del mercado nacional.
Pese a ello, estoy convencido de que desde esta Cámara, podremos presionar para salvar la actividad agrícola en Chile, en especial la producción lechera. Digo esto porque el Gobierno, a pocos días de que la Comisión de Agricultura de esta Cámara abordara el problema de la leche, convocó a un cónclave lechero, en el cual trabajaron numerosas comisiones, con la más diversa representatividad sectorial, y se dijo que en noviembre último se entregarían los resultados de dicho cónclave. Estamos en abril y nada ha pasado.
Muchos olvidan que Chile tiene grandes potencialidades como productor de lácteos; nuestros productores quieren y entienden la importancia de invertir en tecnología, pero ello tiene un costo, y con el sistema actual de comercialización es imposible abordar nuevos gastos, por lo que entramos en un círculo vicioso.
En los últimos días, nuevamente hemos visto que las empresas propietarias de las plantas han fijado sus precios para el invierno, los que no reflejan en absoluto ni la tendencia al alza en los mercados internacionales ni el aumento del consumo y de los precios de los productos lácteos registrados en nuestro país. Este mejor precio, por supuesto, no llega al productor.
Por ello es tan importante acoger lo propuesto por nuestra Comisión, en el sentido de que estas actitudes monopsónicas de la industria lechera requieren de una adecuada regulación. Si el país no afronta este problema, la producción de leche seguirá bajando año a año, y entraremos a depender, cada día más, del mercado externo, lo cual puede ser muy perjudicial para nuestra economía, y, en caso de querer revertir esta situación, se habrá perdido un valioso material genético.
No pretendemos obtener medidas de protección, sino de contraprotección, las cuales son urgentes, ya que, de lo contrario, a corto plazo, pese a lo que se haga, será demasiado tarde. No podemos comparar la detención de la producción de leche con la de una máquina, que puede ser tapada y esperar tiempos mejores. Debemos protegernos de las protecciones que otros entregan a la producción lechera. Aquí está en juego el patrimonio genético de los agricultores chilenos, los cuales han logrado excelentes niveles de productividad gracias a un paciente y exhaustivo trabajo de selección, de muchos años de inversiones y de dedicación, las que podrían multiplicarse si los precios pagados fueran los justos.
Por eso y porque nuestro país no debe depender de la producción extranjera para abastecer de un alimento tan vital a nuestra población y, en especial, a nuestros niños, las medidas propuestas por la Comisión se deben aplicar en forma urgente.
En el informe se proponen quince medidas que apuntan al fondo del problema de la leche, muchas de las cuales dependen tanto de nuestro trabajo legislativo como de las acciones que ejerzamos sobre nuestras autoridades. Si no actuamos pronto, la competencia externa y el casi monopólico poder comprador terminarán con la actividad lechera. Además, la Comisión Antimonopolios debe estudiar a fondo el manejo de las empresas compradoras, a fin de detectar si están infringiendo nuestra legislación.
¡Manos a la obra! ¡Asegurémosle a Chile una producción láctea acorde con sus necesidades y no dejemos a la deriva la actividad que miles de chilenos y chilenas realizan con tanto esfuerzo en nuestros campos! ¡Salvemos la producción de leche en Chile!
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde votar el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, encargada de estudiar medidas tendientes a dar solución definitiva al grave problema que afecta al sector lechero nacional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado
-Se abstuvo el diputado señor Montes.
VII. INCIDENTES
CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE SERVICIO Y DE OTRAS OBRAS VIALES ANEXAS EN SECTOR DE LA SÉPTIMA REGIÓN DE LA RUTA 5 SUR. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe) .-
Señor Presidente , nuevamente quiero llamar la atención de la Cámara sobre los problemas que deben enfrentar los vecinos que viven próximos a la ruta 5 Sur, que deben pagar peaje troncal y lateral, a pesar de que aún no disponen de caminos de servicio ni de cruces peatonales, como ocurre en San Carlos, Ñiquén , Bulnes , Cabrero y otras comunas.
Sin duda, la empresa concesionaria se preocupó de cumplir con la parte del contrato que más le convenía, dejando de lado lo que más le interesa a la gente: una pasarela por donde cruzar la vía dignamente. Durante el último tiempo hemos tenido que presionar para que se instalen pasarelas intermedias, porque las que existen están a cinco o seis kilómetros unas de otras.
Pero lo más grave es que hoy existen peajes laterales. Hace seis meses, alrededor de ochenta parlamentarios le solicitamos al ministro de Obras Públicas , a través de un proyecto de acuerdo, que estudiara la posibilidad de cerrar los peajes laterales de muchas comunas, desde La Serena al sur, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta.
Considero que hay muchos peajes que son ilegales, inconstitucionales. Por cierto, a los vecinos les da mucha rabia tener que pagar peajes laterales, en circunstancias de que no existen calles de servicio, pasarelas, cruces ni garitas o paraderos donde el bus pueda recoger y dejar pasajeros. De manera que la concesionaria sólo se preocupó de hacer lo que le interesaba: los peajes troncales y, de yapa, los laterales. Pero lo que interesa a los vecinos, todavía no tiene respuesta, y es necesario hacer mil trámites para conseguir que en algún lugar se construya un acceso o una salida a la carretera.
Quiero insistir, una vez más, en que la construcción de calles de servicio, pasarelas, paradas de buses, aparcaderos para camiones, etcétera, no puede seguir esperando. No podemos tener manga ancha sólo con el empresario para que le vaya bien -ojalá que sea así-; también debemos velar por quienes viven a orillas de la carretera.
Por eso, solicito el envío de un oficio al ministro de Obras Públicas -espero que los colegas me apoyen-, a fin de saber cuánto tiempo más deberemos esperar para la construcción de calles de servicio y por qué un vecino que quiera ingresar a la carretera debe pagar un peaje lateral si el proyecto de concesión siempre consideró la construcción de una calle de servicio.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas del Partido por la Democracia, democratacristiana y socialista.
HOMENAJE A GANADORES DEL CHAMPION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE RODEO. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , para mí es un honor referirme en esta oportunidad al homenaje que el concejo de Panguipulli, en sesión solemne celebrada el día sábado 12, rindió a tres grandes cultores del rodeo chileno, oportunidad en que se los nombró hijos ilustres de Panguipulli. Me refiero a Sebastián Walker y a Camilo Padilla , y al dueño del haras Vista Volcán, Ricardo Walker Arangua , todos ciudadanos de esa ilustre comuna. Los dos primeros lograron el primer lugar en el campeonato nacional de rodeo, efectuado, como es tradicional, en la medialuna de Rancagua.
Como parlamentario por el distrito Nº 54, que incluye a esa pujante comuna, no he podido permanecer al margen de las celebraciones que, con tanto brío, se realizaron el sábado recién pasado, cuando se otorgó la distinción de hijos ilustres a tan destacados cultores del rodeo chileno. Gracias a su esfuerzo, constancia y seriedad, lograron obtener tan importante marca deportiva, que honra, por supuesto, a los habitantes de la comuna de Panguipulli.
El sur de Chile es tierra de agricultura tradicional, tan venida a menos, como hoy se ha dicho aquí; pero es familiar y campesina, y las tradiciones recibidas de nuestros antepasados se cultivan allí con amor y respeto. Es tierra huasa, y cuando, además, se agrega pasión, no es de extrañar la obtención de semejantes títulos.
Ellos nos enorgullecen. Ayer, en Arica, una pareja de jóvenes unioninos obtenía el título de campeona nacional de cueca. Hay raíces autóctonas profundas en el sur, que represento. El rodeo, nuestro deporte nacional, y la cueca, nuestra danza nacional, también tienen cultores en nuestra tierra, y por eso nos sentimos orgullosos del mundo que representamos: el rural campesino, pieza esencial de nuestro desarrollo económico.
Cabe destacar, asimismo, el gesto espontáneo del alcalde de la comuna, don Alejandro Keller , y de su cuerpo edilicio, quienes, en sesión extraordinaria, acordaron otorgar el título de hijos ilustres a nuestros homenajeados. Éstos lo recibieron como una señal de reconocimiento a su trabajo y dedicación y como estímulo para mantener su desempeño en las riendas en las próximas justas deportivas que deberán afrontar. A la vez, esto servirá de ejemplo para las juventudes que están entusiasmadas con estos tremendos logros en el rodeo chileno.
Por otra parte, me hago un deber mencionar los méritos del criador de caballos corraleros, señor Ricardo Walker , hombre de una tierra amante del más noble animal de nuestros campos, quien con dedicación y cuidado ha logrado obtener ejemplares que harán historia en el deporte huaso nacional.
El sur es tierra de gente sencilla, trabajadora y esforzada. Los tres homenajeados, con ganas de hacer cosas, trascenderán en el tiempo y serán ejemplo para su comunidad, para esos jóvenes de los cuales hablaba. Ellos han demostrado que quien persigue hacer realidad sus sueños e insiste en su búsqueda, sin detenerse en el cansancio que puede provocar la empresa, obtiene frutos y, lo más importante, es capaz de dar una merecida alegría a su pueblo, a su familia y a sí mismo.
En este hemiciclo, me sumo a ese espíritu y a esos valores de trabajo, modestia y dedicación, que me congratulo de que estén presentes en esa querida ciudad de Panguipulli.
Señor Presidente , pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde de Panguipulli y a los señores Sebastián Walker , Camilo Padilla y Ricardo Walker .
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención.
HOMENAJE EN MEMORIA DEL COMPOSITOR MUSICAL ARIQUEÑO DON PEDRO ARIEL OLEA.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra la honorable diputada Rosa González.
La señora GONZÁLEZ, doña Rosa (de pie).-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo dar un especial agradecimiento a mis colegas de Renovación Nacional, por permitirme anticipar mi intervención.
Quiero rendir mi más sentido homenaje a quien fuera un destacado, un hijo ilustre de la ciudad de Arica: don Pedro Ariel Olea , que en paz descanse.
También quiero saludar a su distinguida esposa, señora Soledad Toro viuda de Olea, y a sus hijos, Pedro , Alejandro , Dania , Nayra , Irene y Ninoska , presentes en la tribuna de la Cámara de Diputados.
Muchos chilenos conocieron a este gran hombre, conocieron a un padre ejemplar, a un esposo leal, a un amigo y a un ariqueño de corazón, que brindó a nuestra ciudad y a muchas otras no sólo la enorme satisfacción y el orgullo de contar con su valiosa presencia en algún momento de su vida, sino el haberles entregado, para las futuras generaciones y para nuestra historia, las composiciones que reflejan los aspectos más íntimos de las comunidades, a través de los valiosos himnos que Pedro Olea compuso para diversas comunas del país.
Sin duda, el motivo que en estos momentos me llena de orgullo y de emoción es recordar a este gran hombre por lo que realizó por Arica, ya que su obra perdurará por siempre en nuestra ciudad a través del himno oficial de la comuna, el cual recoge toda la pasión, la emoción y los profundos valores que tenemos los ariqueños por nuestra tierra.
El himno de Arica se inspiró en algún lugar del otrora majestuoso hotel Pacífico -mirando el imponente morro de Arica, histórico peñón que está besado por el mar, que es símbolo de gloria, patria y lealtad, y que refleja los valores de paz, lealtad y patriotismo-. Don Pedro Olea conocía, más que cualesquiera de nosotros, la importancia geopolítica que tiene Arica, en cuanto a que, además de ser la puerta del norte del país, es una ciudad bifronteriza de enorme importancia territorial para Chile.
Arica jamás olvidará a Pedro Olea , quien siempre estará presente en cada lugar, acto y ceremonia que se realice en las tierras que tanto quiso. Él vivirá en las letras de sus composiciones y en las palabras que entregó a quien quisiera escucharlo. Por eso y por mucho más, Arica, en particular, y Chile, en general, le deben gratitud a este hombre, quien entregó su vida a la pasión de plasmar en letras el pensamiento de cada una de las ciudades que, según cuentan, se siente orgullosa de decir que Pedro Ariel Olea compuso su himno oficial.
Son muchos los chilenos que conocieron personalmente a este gran hombre a través de sus obras, y serán miles los que seguirán vibrando con sus composiciones y escrituras.
Este destacado chileno al que estamos despidiendo hoy entre nosotros -parte de cuyas cenizas fueron recientemente esparcidas en el morro de Arica, tal como fue su última voluntad-, nació en la localidad de Curarrehue, el 2 de noviembre de 1915, y dedicó gran parte de su vida a componer letras musicales.
Este gran hombre al cual hoy recordamos fue periodista, compositor y poeta, y contaba con una envidiable capacidad de entender y de comprender el sentir de las personas, lo que plasmó con su pluma en su obra.
Don Pedro Olea compuso no sólo el himno de Arica, sino que también los de las comunas de Iquique, Maipú , Talca -uno de cuyos distritos representa aquí mi colega Pablo Prieto - y Temuco. Del mismo modo, el himno del Colegio de Profesores también engrosa la lista de las grandes composiciones realizadas por él. Asimismo, no puedo dejar de mencionar que don Pedro Olea creo una marcha naval y una especial versión de la célebre composición del Ave María, con lo cual demostró su enorme patriotismo y su gran devoción religiosa.
Mucho podemos decir de don Pedro ; pero, para la historia de Arica, existe un antes y un después. Ese antes y ese después se refleja un 26 de marzo de 1955, cuando nace, para la posteridad de Arica, uno de los baluartes más importantes que tenemos los ariqueños: don Pedro Ariel Olea hace entrega del himno de Arica, que recoge, como lo indiqué, todo el sentimiento, valor, geografía y esperanza de los ariqueños. Nos sentimos orgullosos y nos llenamos de emoción cada vez que escuchamos nuestro himno, no sólo por la pasión que imprimió don Pedro en él, sino porque es y será siempre un vivo recuerdo de un hombre que lo entregó todo por su ciudad y también por Chile.
Sin embargo, don Pedro no sólo será recordado por su valiosa capacidad de componer hermosas poesías e himnos, sino también porque diversos medios de comunicación conocieron la enorme capacidad de este hombre, quien, con gran objetividad, siempre entregó un comentario u opinión veraz.
Señor Presidente , se encuentran en las tribunas en estos momentos muchos ariqueños que quisieron estar con esta diputada para rendir tributo a quien fuera un hijo ilustre de Arica. También se encuentran acá “Los hijos de Arica”, agrupación de ariqueños que vive fuera de su tierra, pero que la recuerdan día a día, ya que el norte chileno y Arica, especialmente, jamás se pueden olvidar.
En vida, don Pedro recibió innumerables muestras de afecto y de cariño, no sólo de parte de la gente que lo conoció personalmente o admiró su reconocida obra. Así, en 1955 se le concedió, por parte de las autoridades locales, el título de ciudadano honorario. En 1992, don Pedro recibió uno de los más valiosos reconocimientos, por el cual toda la comunidad de Arica, a través del alcalde don Hernán Lagos Zúñiga , lo nombra hijo ilustre de la ciudad, y le otorga, además, la condecoración de San Marcos de Arica, en el grado de Gran Cruz.
Recientemente, y luego de que este hombre insigne partiera hacia la que será su última morada, su esposa e hijos, la ciudadanía de Arica, su alcalde, don Carlos Valcarce Medina , y esta diputada , participamos, tal vez, del deseo más íntimo de don Pedro: ser cremado y que parte de sus cenizas fueran depositadas en el histórico Morro de Arica.
Señor Presidente : don Pedro Ariel Olea fue, sin duda, un gran hombre; hoy, cuando lloramos su muerte, sólo nos conformamos con que su voz jamás se olvidará, ya que ésta perdurará a través del hermoso himno de Arica y de todas sus composiciones. Tan insigne maestro entregó sus creaciones a la humanidad.
Finalmente, quiero mencionar la frase que don Pedro siempre quiso que jamás se olvidara: “Arica, siempre Arica . Siempre Arica, hasta morir”, porque esta expresión refleja el enorme amor que don Pedro tuvo por nuestra ciudad y que plasmó de diversas formas en todas las obras que nuestra comuna posee de este hijo de nuestra tierra. Y tal como él decía, con fe en el porvenir, todos sabemos que Arica es una gran ciudad, y que lo recordará por siempre con amor y cariño.
Descanse en paz, don Pedro Ariel Olea .
He dicho.
-Aplausos.
-La Sala y las tribunas interpretan el himno de Arica.
ENVÍO DE PROYECTO EN BENEFICIO DE EXONERADOS. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , quiero referirme a un proyecto pendiente en el Congreso, respecto del cual he conversado con su Excelencia el Presidente de la República en varias oportunidades, al igual como lo hemos hecho con los jefes de bancada de los partidos de la Concertación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, con los ministros del área, y respecto del cual el propio Jefe de Estado ha conversado con los interesados. Me refiero a los exonerados políticos.
Desde que asumió el Presidente de la República , estamos a la espera de que se envíe al Congreso el tercer cuerpo legal para que se acojan al beneficio concedido a los exonerados las personas que no lo hicieron cuando se promulgó la primera ley, porque fue una mala norma legal y a nadie le interesó. La segunda, dictada durante el gobierno del Presidente Frei, mejoró los incentivos, pero estableció un plazo muy breve para que las personas se acogieran a ella. Muchos no se inscribieron porque no se enteraron, y otros, por temor o por encontrarse fuera del país.
El proyecto beneficiará a gente de los más diversos sectores; no sólo favorecerá a la gente de la Concertación, sino a todos quienes hayan sido exonerados de empresas intervenidas por el Estado o vendidas en la época del régimen militar, como es el caso de Iansa y otras.
El Presidente de la República , hace algunas semanas, instruyó al ministro de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre , para que envíe el proyecto al Congreso, el que no amerita un profundo estudio, pues basta que una persona especializada en el tema, en cuestión de veinte minutos, redacte su texto y se le dé la tramitación que corresponde. De ese modo se daría satisfacción a esa gente, a esos trabajadores del pasado, muchos de los cuales están en edad muy avanzada -otros murieron sin alcanzar ese beneficio-. Los exonerados no pueden seguir esperando.
Por ello, solicito que se oficie al ministro del Interior para que se envíe con urgencia el proyecto señalado al Congreso, a fin de que sea tramitado y aprobado. Son muchos los chilenos de avanzada edad que lo necesitan. Al menos, se les entregaría una pensión, salud para el grupo familiar y una serie de otros beneficios.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo , Alberto Robles , Sergio Aguiló , Iván Paredes , Jorge Ulloa , Iván Norambuena , Gastón von Mühlenbrock , Pablo Prieto y el que habla.
ADHESIÓN A HOMENAJE RENDIDO POR DIPUTADA ROSA GONZÁLEZ.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , agradezco la oportunidad que me ha brindado la bancada del Partido Socialista para ocupar parte de su tiempo, que utilizaré, en primer lugar, para sumarme al homenaje rendido por la diputada señora Rosa González al autor del himno de Arica, don Pedro Ariel Olea , cuya pérdida ha sido irreparable para la comunidad ariqueña.
IRREGULARIDADES EN POSTA DE URGENCIA DE HOSPITAL DE ARICA. Oficio.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , por otra parte, quiero referirme a una denuncia que hice, al menos, hace dos meses y medio en la Sala, sobre un conjunto de irregularidades a propósito de un accidente de tránsito en Arica, en el que perdieron la vida un médico y su hija, y que hoy están investigando los tribunales de justicia.
En esa oportunidad hice notar una serie de irregularidades que se habrían producido en la posta de urgencia del hospital Juan Noé , relacionadas con muestras de sangre de alcoholemias, que tienen una importancia enorme a la hora de establecer responsabilidades en el hecho que provocó la pérdida de dos vidas humanas y dejó a varias heridas.
Quiero expresar mi más enérgica protesta contra el ministro de Salud , a quien, mediante oficio, hace más de dos meses y medio se le solicitó que instruyera un sumario en la posta de urgencia del hospital Juan Noé a fin de esclarecer esas situaciones, y, además, que informara a esta Cámara sobre los procedimientos y resguardos de las muestras y contramuestras de sangre de las alcoholemias practicadas regularmente en postas de urgencia de hospitales públicos. Anteayer me comuniqué por teléfono con el subdirector del servicio de salud de Arica, don Hernán Sudy , quien me confirmó que no ha recibido ninguna instrucción del Ministerio de Salud para hacer el sumario que se requiere con urgencia, de manera de determinar las responsabilidades funcionarias por las situaciones irregulares que se habrían producido y que podrían distorsionar absolutamente la verdad de los hechos que provocaron la muerte de esas dos personas.
Insisto en señalar que los servicios públicos tienen obligación legal de responder a los requerimientos de la Cámara de Diputados. No me parece serio que no se haya realizado dicho sumario y que, hasta hoy -según me expresó hace dos días el subdirector de salud de Arica-, el Ministerio de Salud no haya manifestado ninguna preocupación por responder a esta denuncia. Tengo antecedentes serios que respaldan lo que estoy diciendo y la inquietud que existe por este hecho.
La Cámara debiera oficiar en términos enérgicos al ministro de Salud para que se haga cargo de esta solicitud. No puede ser que cuando los parlamentarios piden oficios a los servicios públicos, en función de sus facultades fiscalizadoras, se haga la vista gorda y no se entregue ningún tipo de antecedente. Con esto hacemos fe de una situación que no sólo es consecuencia de esta denuncia. Muchos diputados que piden oficios a los servicios públicos no siempre reciben las respuestas, y estas cosas, en el tiempo, se van cubriendo con un manto de olvido.
Reitero mi petición de oficio, expresando mi molestia, y, además, pido que se instruya a la brevedad un sumario en la posta de urgencia del hospital de Arica para esclarecer los procedimientos que se usaron, que, de acuerdo con los antecedentes que manejo, fueron absolutamente irregulares.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados Sergio Aguiló , Alejandro Navarro , Jorge Ulloa, Iván Paredes , Gastón von Mühlenbrock , Pablo Prieto , Iván Norambuena y de quien habla.
ANTECEDENTES SOBRE CONDICIONES MÍNIMAS PARA URBANIZAR LA VILLA LOS AROMOS, EN LOTA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA .-
Señor Presidente , en la periferia de la zona urbana de la comuna de Lota, junto a la ruta que une esta ciudad con la comuna de Arauco, se emplaza la villa Los Aromos . Su población está instalada allí desde 1985, aproximadamente, y desde 1990 se la reconoce oficialmente como de la comuna. En ella existen 94 viviendas, en las cuales habitan las correspondiente familias. Pero las condiciones en que viven son, en varios aspectos, verdaderamente infrahumanas, pues, aunque poseen la dotación básica de agua y de energía eléctrica, no pueden urbanizar el sector con pavimentación ni alcantarillado debido a que en algún momento fue catalogado como de alto riesgo.
Con fecha 13 de febrero de 2002, se solicitó formalmente al municipio lotino el cambio de uso de suelo, a fin de dar inicio a la regularización de aquel problema. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta oficial a aquella solicitud.
Por su parte, como los pobladores han estado haciendo gestiones particulares -en una muestra de la larga data de la discusión en comento-, el lugar fue visitado el martes 26 de septiembre de 2001 por funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería, acompañados por el seremi de Minería de la Octava Región, quienes inspeccionaron el perímetro de emplazamiento de la población con el fin de emitir una opinión técnica que evaluara en terreno las características del sector y verificar, desde la perspectiva de ese organismo, si efectivamente representa un riesgo para la población.
Dentro de las conclusiones más trascendentes que arrojó este informe, encontramos las siguientes:
1. Los suelos, formados por arcilla con abundante material pétreo, presentan buena cohesión y no muestran signos de que existan fenómenos de remoción de terreno en proceso.
2. No hay presencia de actividad de pirquenes en el área, por lo que no existe riesgo de subsidencia asociado a actividad minera, es decir, de hundimiento de poblaciones enteras alzadas sobre lo que antes fueron pirquenes.
3. Existen, hacia el límite este de la población, establecidos en forma paralela a las viviendas, los tendidos de la red de alta tensión, distanciados, aproximadamente, a diez metros desde la vivienda más cercana. Se comprobó que dichas torres fueron construidas después de que la población se encontraba emplazada, por lo cual son falsos aquellos argumentos que dicen que en medio de la población existen torres de alta tensión.
4. Se debe realizar un buen drenaje de las aguas superficiales, ya que, si bien el sector presenta una topografía moderada, es necesario evitar procesos de erosión que deterioren la calidad del suelo.
5. Por último, de acuerdo con las características geomorfológicas del sector, la calidad de los suelos fundacionales, la densidad de las casas, así como la ausencia a simple vista de otros factores de riesgo, la opinión preliminar del servicio es que el lugar visitado no presenta niveles de riesgo preocupantes en relación con eventuales remociones de terrenos e inundaciones.
Pues bien, las denunciadas condiciones infrahumanas en que vive esta población no se pueden mejorar de momento por la calificación de alto riesgo que pesa sobre el sector, como por la estimación que hace la municipalidad de Lota respecto del uso del suelo. Dicho lugar no está catalogado como apto para la vivienda, en circunstancias de que, de acuerdo con lo dicho, que no nace de una mera intuición de este diputado , sino del estudio de una institución seria, aquello constituye una decisión técnicamente equivocada que debiera modificarse en favor de los pobladores.
Atendido lo expuesto, solicito que se despachen los siguientes oficios:
Al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales , a fin de que informe acerca de cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir una población para poder urbanizarla. Si posee algún grado de información acerca del caso particular de la población Villa los Aromos, de Lota, y cuáles son, en su concepto, los pasos a seguir para regularizar su situación.
Asimismo, que informe si dicha propiedad figura como perteneciente al Estado de Chile. Si así fuera, entendiendo la cantidad de años que los pobladores llevan viviendo en el lugar, que informe acerca de la factibilidad de efectuar un traspaso del dominio de las tierras en favor de los habitantes de la Villa los Aromos.
Asimismo, que se oficie a la Ilustre Municipalidad de Lota, para que explique las razones en virtud de las cuales no se han podido destinar los recursos necesarios para regularizar esta situación de manera que los habitantes de la Villa los Aromos puedan vivir en mejores condiciones.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jorge Ulloa , Gastón von Mühlenbrock y de quien habla.
REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE REMUNERACIONES DE EJECUTIVOS DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en Incidentes, el 7 de noviembre de 2002, junto a otros diputados que adhirieron, solicité al señor ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones que remitiera a esta Corporación una nómina y los sueldos, bonos y privilegios correspondientes a los contratos de 150 ejecutivos de la Empresa de Correos de Chile.
Hoy, recién, en la Cuenta se menciona una respuesta a esa petición. Está fechada el 27 de marzo de 2003. Desde luego, como es tradicional en este Gobierno, no se cumplieron los plazos que establece la normativa para emitir este tipo de respuestas. Pero, más allá de eso, no tengo claro si dicha respuesta es una mala broma del ministro Javier Etcheberry o si, definitivamente, él no leyó lo que firmó. Lo que pedí -reitero- fue una nómina que incluyera sueldos, bonos y privilegios de los contratos de 150 ejecutivos de la Empresa de Correos, pero el ministro me remitió un acuerdo de su directorio general.
Solicito que se oficie al señor ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de hacerle presente mi molestia por su incumplimiento en responder una pregunta muy clara y concreta. No le he pedido los acuerdos del directorio, sino la referida nómina y los otros antecedentes. Su obligación es proporcionarlos.
Ante la petición del ministro Etcheberry a la Empresa de Correos de Chile, su gerente general, el señor José Luis Mardones Santander , le replica que es el SEP -supongo que se trata del Sistema de Empresas Públicas- el que dispone de la información actualizada de las remuneraciones de los ejecutivos; que el directorio de la empresa ha tomado nota sobre la materia y envía dos acuerdos, y, por último, que la plana directiva asciende a ciento diez personas.
Solicito, también, que se oficie al director ejecutivo del Sistema de Empresas Públicas , para que, por favor, tenga a bien cumplir con los establecido en la Constitución y en las leyes, y dé respuesta a la información pedida en virtud de la función fiscalizadora que, de acuerdo con esos mismos cuerpos legales, estoy ejerciendo en esta sesión.
Por lo tanto, reitero mi petición de que el Gobierno, a través del ministro Etcheberry o del director ejecutivo del Sistema de Empresas Públicas , envíe la nómina completa, incluyendo sueldos, bonos y privilegios, de los ejecutivos de la Empresa de Correos de Chile.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Iván Norambuena , Gastón von Mühlenbrock y de quien habla.
¿Su Señoría está de acuerdo en remitir un oficio adicional al presidente del directorio de Correos de Chile?
El señor ULLOA.-
Sí, señor Presidente.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Así se procederá.
HOMENAJE A CAMPEONES NACIONALES DE RODEO. Notas de felicitación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , en esta oportunidad me llena de orgullo rendir homenaje a Sebastián Walker , Camilo Padilla y Ricardo Walker , grandes hombres del rodeo nacional.
El 6 de abril pasado, Sebastián Walker y Camilo Padilla obtuvieron, en Rancagua, el título de campeones nacionales de rodeo, montando a Lucero y a Destape. Años de trabajo para el criadero Vista Volcán, de Ricardo Walker, que se ha coronado con este triunfo. Los nombrados han sido declarados hijos ilustres de la comuna de Panguipulli, a la que represento con mucho orgullo.
Como ustedes saben, formo parte de la Comisión investigadora del caso Inverlink, por lo cual he estado trabajando en Valparaíso y en Santiago. En razón de ello, he preferido rendir un homenaje desde este hemiciclo a nuestros queridos Sebastián Walker y Camilo Padilla .
El año pasado, en La Unión, tuvimos a los campeones nacionales de cueca, Marcos Melo y Nancy Barriga . Hoy tenemos a los campeones nacionales de rodeo, hijos de Panguipulli.
Solemnemente, desde este hemiciclo, rindo homenaje a nuestros huasos sureños, que se impusieron por su coraje, maestría y perseverancia.
Gracias, queridos campeones, porque en el país se habló de Panguipulli y de la provincia de Valdivia; gracias, queridos campeones, porque aumentará el cariño y la participación en los rodeos, en el trabajo de los criaderos de caballos y en todo lo que significa la fiesta linda que es el rodeo; gracias, queridos campeones, porque cientos de miles de niños los van a imitar, porque hoy necesitamos, más que nunca, nuevos ídolos y grandes personas.
Muchas gracias, Sebastián Walker , Camilo Padilla y Ricardo Walker .
Señor Presidente, solicito que mi intervención se haga llegar a los homenajeados.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará la intervención de su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jorge Ulloa e Iván Norambuena , y del Vicepresidente que habla.
DIFICULTADES EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADERÍAS HACIA ARGENTINA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, estoy preocupado por informaciones de prensa que dan a conocer una protesta y el bloqueo del transporte chileno hacia Argentina, especialmente por el sector de Uspallata. Esta situación, lamentablemente, ha ocurrido en otras oportunidades.
Como parlamentario integrante del Grupo Chileno-Argentino, durante estos trece años me ha correspondido, muchas veces, asistir a reuniones para eliminar los obstáculos y facilitar un comercio expedito con la República hermana, a fin de evitar situaciones como ésta, que en este caso están perjudicando a los transportistas chilenos.
Quiero hacer presente que hace algunos años, con un pequeño camión, iba a buscar mercadería a Temuco, a Concepción y a Talcahuano -ciudad de mi colega que preside-, y me tocó conocer en detalle todas las dificultades que uno tiene como transportista.
Indudablemente, en estos momentos en que hay dificultades económicas, el gremio del transporte se ve obligado a tomar medidas de fuerza para tratar de regularizar una situación que ya el año pasado causó diversas molestias a nuestros transportistas, y que se relacionaba con robo de mercadería o de camiones y problemas en algunas aduanas. Pero en este momento lo que nos debe motivar es solucionar todos estos problemas para el libre tránsito y el expedito transporte de mercaderías, tanto chilenas como argentinas.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Transportes y a la ministra de Relaciones Exteriores , con el objeto de que conversen sobre la materia con el embajador de la República de Argentina , quien fue muchas veces presidente de las reuniones del Grupo Chileno-Argentino que señalé y tiene la voluntad de consolidar nuestros lazos de amistad, los que permitirán un mayor flujo de comercio de productos chilenos y argentinos.
Me dolió una observación de un dirigente chileno -a la cual deberá buscársele adecuada solución-, quien dijo que prácticamente no existe ningún órgano representativo del Estado que defienda los intereses de los transportistas de carga. De ser así, nuestras autoridades deberán buscar los medios para solucionar ese problema, porque no cabe la menor duda de que la situación que se produce en Argentina no deja de preocuparnos. Esperamos que estos problemas se solucionen a la brevedad.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA DE TELEFÓNICA CHILE. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , debido a la realización de la 108ª Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, tuve que quedarme en Santiago un sábado y un domingo, días en que aproveché de hacer algunas llamadas telefónicas a mi familia. No obstante, cuando marqué el número al que quería llamar, una voz de varón me dijo: “Este número de teléfono no existe. Revise la guía. Llame al 103”.
Esta situación que me pasó en Santiago también me sucede en Angol, cuando hago llamadas hacia otras ciudades. Los minutos de interconexión en que no se logra concretar el llamado suman mucho tiempo y deben significar un beneficio para la compañía, el cual no se justifica.
¿Por qué lo digo? Porque los teléfonos a los que llamé, el 711-966 y el 712-032, de Angol, son de mi casa y de mi oficina, donde sabía que había gente, a pesar de ser días festivos.
Tal vez Telefónica da un trato distinto a quienes ocupan un carrier que no es de esa compañía; no lo sé. Uno llega a dudar de estas situaciones. Pero el tiempo que se pierde, pero que se está cobrando por el uso del teléfono no se condice con la situación de una empresa seria y de mucho prestigio, como es Telefónica Chile.
Por lo tanto, solicito oficiar al subsecretario de Telecomunicaciones , con el fin de reclamar por estas situaciones y verificar a qué se deben.
He conversado con otras personas, quienes me han dicho que les ha pasado lo mismo.
Es diferente cuando el telefonista informa que el teléfono a que llama está fuera de servicio por no pago. Incluso, me han contestado eso cuando he llamado a los teléfonos de mi casa o de mi oficina, en circunstancias de que ambos estaban con sus pagos al día.
Considero que es una situación irregular, sobre la cual he conversado con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Novena Región, porque creo que se le debe buscar una solución.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado Pablo Lorenzini y de quien habla.
RESPALDO DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , entiendo que a estas horas el Presidente de la República está almorzando con la Comisión de Salud del Senado, por lo que queremos darle nuestro respaldo, como Democracia Cristiana, ya que se ha dicho que está solo. Algunos lo dejarán solo; pero la Democracia Cristiana es la viga maestra del Gobierno de la Concertación. Muchas veces podemos ser críticos -este parlamentario lo ha sido-, porque creemos que nuestra lealtad está justamente en decir lo malo o lo que hay que corregir; pero nunca hemos puesto en duda nuestro respaldo al Presidente de la República . Por lo tanto, no se puede decir que esté solo.
ESTABLECIMIENTO DE ROYALTY A LA MINERÍA PARA FINANCIAR LA REFORMA DE LA SALUD. Oficios.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , justamente aprovechando que el Presidente Lagos está con los senadores de la Comisión de Salud, quiero volver a insistir en el problema del financiamiento de la reforma de la salud, que se pretende llevar a cabo con un incremento del IVA, además de otros impuestos, lo que no nos parece adecuado, dadas las condiciones económicas del país.
Su Señoría también comprenderá la situación, porque en su zona están siendo afectados la hípica y los juegos. No estoy en contra del aumento mencionado, pero que se aplique cuando los negocios y las actividades permitan pagar impuestos, y que sean los empresarios quienes los cancelen, y no las familias de los trabajadores.
Por ello, hemos propuesto establecer un royalty a la minería, y no hemos tenido respuesta al respecto. Hoy, en la práctica, el sector minero no paga impuestos; Codelco aporta siete veces más que la empresa privada. Los minerales son de todos los chilenos. Así como concesionamos las sanitarias por un tiempo, a cambio de un valor, hoy se están concesionando los minerales del país, que son de todos nosotros, sin recibir nada a cambio.
Un royalty de un 2 por ciento -incluso ahora, en que el precio del cobre está deprimido, en las peores condiciones- aportaría al Estado 200 millones de dólares. Esa cifra es suficiente para financiar la reforma de la salud de por vida.
Esto es más permanente, porque es nuevo; no como la propuesta del senador Foxley y de otros, de privatizar la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, o alguna otra empresa, lo que sería pan para hoy y hambre para mañana.
Las empresas mineras multinacionales deben dejar algo de lo que sacan del país, más aun si queremos adicionar valor a nuestros minerales, pasar del concentrado al refinado. Este royalty podría ser discriminatorio, en términos de su mayor para el concentrado y menor para el refinado. Porque las exportaciones, además de cobre, llevan oro y una serie de otros elementos que se refinan fuera del país, lo que les da bastante más beneficios.
En ese sentido, sería bueno conocer la opinión de los ministros de Hacienda y de Minería . Sería bueno que nos dieran una opinión formal, con estudio y metodología, para saber por qué se oponen a un impuesto a la minería. ¿A quién están protegiendo?
Aquí no estamos en contra de la inversión del empresario privado, nacional o internacional. Queremos que vengan; pero que aporten al país, como lo viene sosteniendo el senador Jorge Lavandero desde hace muchos años en relación con la minería. Codelco aporta a las Fuerzas Armadas. Hay un piso de 200 millones de dólares. Es un tema que en algún minuto hemos de discutir de nuevo. Pero la ciudadanía tiene derecho a que parte de su mineral que hoy se extrae gratis, sea compensada.
Estamos hablando de un 2 por ciento, de la nada misma. Hoy son 200 millones de dólares. Con un precio de cobre en condiciones normales, estaríamos hablando de 400 millones o 500 millones de dólares. Esa cifra ¿en qué afectará a las multinacionales? Quizás algo en competitividad, pero ellas pueden mejorar su gestión y entregar ese aporte. No han pagado impuestos por el sistema de depreciación. (No estoy diciendo que hayan evadido impuestos, pero los han eludido, según las normativas vigentes que dictamos hace algunos meses: la ley de plataforma financiera I y II). Se corrigen situaciones, por las que no pagaban impuesto a través de las depreciaciones.
Ellas están sacando esta pertenencia a Chile, van a desgastar el mineral durante 30, 40 ó 50 años, y no quedará nada. Y no dejan nada a cambio de ello.
Esto es lo que estamos planteando. Ojalá los ministros de Hacienda y de Minería nos digan por qué no se oponen a que las empresas privadas se lleven la parte que es nuestro corazón, lo que fue el sueldo de
los chilenos. Así se llamó al cobre en su minuto. Por lo tanto, espero que hoy también podamos recuperar algo de lo que nos queda.
Creo que su Señoría estaría feliz de, por lo menos, tener esta contribución. Podemos aplicar otros impuestos para financiar la salud. Pero a mí no me llevan a financiarla con el IVA de todos los chilenos antes de que las empresas nos den de vuelta nuestra tierra, nuestros minerales, que son de todos los chilenos.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con mi adhesión.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.44 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República a través del cual establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior. (boletín N° 3223-04)
“Honorable Cámara:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración, en uso de mis facultades constitucionales, un proyecto de ley que tiene por objeto establecer los primeros componentes del financiamiento para estudiantes de la Educación Superior.
I. ANTECEDENTES.
En la última década, se ha producido en Chile una profunda transformación de la Educación Superior. Ello se refleja en el desarrollo de un conjunto complejo y diversificado de instituciones y una muy significativa expansión de la cobertura, duplicándose en los últimos diez años la matrícula en este segmento.
Este proceso ha traído consigo un justificado incremento en las demandas de la población por calidad y un aumento de las necesidades de financiamiento de los estudiantes.
El Gobierno ha hecho frente responsablemente a estos dos desafíos, poniendo su acento en la calidad de la Educación Superior y la equidad en el acceso a ésta.
Así, en lo que se refiere a la calidad, la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, ha elaborado una propuesta para el establecimiento de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que permitirá generar mecanismos efectivos de certificación de la calidad de las instituciones y programas y apoyar sistemas transparentes de información para los jóvenes y sus familias. El proyecto de ley sobre esta materia se presentará durante el presente año.
Por otro lado, en lo que se refiere a la equidad en el acceso, hemos hecho un compromiso de facilitar el ingreso a la Educación Superior a todos los jóvenes que, teniendo los méritos académicos, carecen de recursos para financiar sus estudios. Lograr este ambicioso objetivo implica actuar coordinadamente en distintas dimensiones y ofrecer a los estudiantes diversos instrumentos de financiamiento.
II. EL SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL.
En estos últimos años nos hemos abocado al diseño de una política de Educación Superior integral.
Un componente central de ese diseño, lo constituye la creación de un Sistema Nacional de Financiamiento Estudiantil, que permita asegurar que ningún joven talentoso quede excluido de la Educación Superior.
Este sistema se apoya en cuatro pilares:
1. Un Fondo Nacional de Becas que agrupe las múltiples ayudas no reembolsables que entrega el Estado para estudios superiores, fortaleciendo y mejorando su focalización;
2. Un subsistema sustentable de financiamiento para los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores;
3. Un subsistema de crédito sustentable para estudiantes de instituciones autónomas acreditadas, que permita a sus estudiantes obtener financiamiento a partir de sus posibilidades de pago futuro sin necesidad de recurrir a avales;
4. Un sistema de ahorro para el financiamiento de la Educación Superior que premie a las familias de escasos recursos y clase media que hacen un esfuerzo para este fin.
Respecto del primer tema, el Ministerio de Educación ya se encuentra trabajando en la constitución del Fondo Nacional de Becas.
En cuanto a lo segundo, el año 2002 se aprobó la Ley Nº 19.848 que mejoró el funcionamiento del Sistema de Crédito de las Universidades del Consejo de Rectores, considerando, entre otros elementos, la reprogramación de deudas vencidas, y el establecimiento de mecanismos para mejorar la recuperación de créditos.
De los dos últimos componentes se ocupa el presente proyecto de ley, pues sienta las bases institucionales para establecer un subsistema de crédito sustentable para estudiantes de instituciones autónomas y acreditadas, y un sistema de ahorro para el financiamiento de estudios de la Educación Superior.
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
1. Velar porque la falta de ingresos no sea un impedimento para acceder a la Educación Superior.
Como le consta al país, en los últimos años, el Gobierno ha realizado un gran esfuerzo para apoyar el financiamiento bancario de estudiantes que no tienen acceso al sistema de crédito de las Universidades del Consejo de Rectores.
La focalización de este esfuerzo en los estudiantes más necesitados, sin embargo, se ha visto dificultada por los requerimientos de aval del mercado financiero, lo que ha obstaculizado el acceso a este financiamiento.
Para resolver transitoriamente este problema, durante el año 2002 implementamos un Programa Experimental de 1.000 créditos sin aval. Sin embargo, se requieren soluciones de largo plazo para dar solución a la falla de mercado que genera este problema estructural.
Este proyecto busca, por tanto, generar la institucionalidad necesaria para apoyar de manera permanente y sustentable el acceso al financiamiento de estudiantes que, teniendo las condiciones académicas requeridas, no pueden obtener avales privados para financiar sus estudios.
Para estos efectos, se sientan las bases de un sistema que intermedie recursos desde el mercado de capitales hacia los estudiantes, en condiciones que permitan la devolución de estos fondos en concordancia con el incremento futuro de sus ingresos.
El éxito y sustentabilidad en el tiempo de este sistema dependerá de un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados.
En efecto, las instituciones educacionales participantes deberán garantizar el riesgo académico de sus estudiantes; el sector financiero deberá aportar los recursos; el Estado deberá aportar garantías que reduzcan el riesgo de los créditos; y los estudiantes deberán asumir responsablemente el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas.
2. Fomentar el ahorro familiar.
El acceso de los miembros de una familia a la Educación Superior, ya sea de carreras universitarias, profesionales o técnicas, es uno de sus proyectos colectivos más importantes.
Es así como un pilar fundamental del nuevo sistema de financiamiento para estudiantes de Educación Superior, es la existencia de una institucionalidad adecuada para que las familias puedan desarrollar un esfuerzo de ahorro para la educación de sus miembros, premiando especialmente a aquellas familias más modestas y de clase media que realicen un esfuerzo sostenido en este sentido.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.
1. Establecimiento de una garantía estatal.
Con el propósito de comenzar a operar este nuevo sistema, el Capítulo I del proyecto de ley, instituye la garantía estatal a los créditos para financiar estudios superiores; establece los criterios que se requerirán para acceder a esta garantía; define las condiciones que deberán asumir las instituciones de educación superior para que sus estudiantes puedan acceder a esta garantía; y establece condiciones para asegurar que los futuros profesionales realicen un esfuerzo, acorde con sus condiciones económicas futuras, para restituir los recursos que les permitieron financiar sus estudios superiores.
a. Alcance de la garantía estatal.
El Estado otorgará a los créditos las garantías necesarias para que éstos puedan ser titularizados y los bonos que se emitan, con respaldo en ellos, en el mercado de capitales, permitan efectivamente financiar nuevos créditos.
Lo anterior, sujeto al monto máximo de garantías que determine la Ley de Presupuestos, al monto anual que se determine por decreto supremo para cada carrera e institución, y al número máximo de aranceles por alumno que establece la ley.
b. Requisitos para que opere la garantía estatal.
La garantía estatal operará sólo para créditos otorgados para financiar estudios en instituciones de educación superior (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica) reconocidas oficialmente por el Estado y debidamente acreditadas en cuanto a su calidad.
Mientras no se encuentre vigente la ley de aseguramiento de calidad, las instituciones elegibles serán sólo aquellas autónomas que cumplan con los requisitos de calidad que establezca el Ministerio de Educación.
Adicionalmente, para que la garantía estatal opere, es imperativo que la institución de educación superior respectiva participe en la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, y garantice el riesgo de deserción del estudiante, garantizando para ello el 90% del crédito antes del egreso del estudiante de la carrera.
c. Beneficiarios de la garantía estatal.
Para ser sujetos de la garantía estatal, los estudiantes deben ser chilenos o extranjeros con residencia definitiva; estar matriculados en una carrera de educación superior de pregrado en una institución elegible según la ley; tener una condición socioeconómica familiar que amerite el apoyo estatal; tener un rendimiento académico de excelencia; haber obtenido su licencia de educación media dentro de los doce años anteriores a su ingreso a la educación superior; y otorgar un mandato especial para el cobro del crédito.
En todo caso, entre estudiantes que presenten condiciones similares, tendrán preferencia aquellos que sean titulares de un plan de ahorro de los que se señalan en el presente proyecto de ley, de modo de fomentar e incentivar tal ahorro.
2. Medidas para asegurar el pago del crédito.
Por otra parte, el proyecto establece dos mecanismos para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado.
Por un lado, se dispone que dicho estudiante deberá otorgar un mandato especial e irrevocable, que faculte la deducción de sus remuneraciones para el pago de las cuotas del crédito.
Por otro lado, la Tesorería General de la República quedará facultada para retener la devolución de impuestos a la renta en caso que hubiesen cuotas impagas.
Adicionalmente, se establece que el secreto tributario no será aplicable a la información relativa a los ingresos de los deudores de los créditos garantizados por el Estado.
3. Creación de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores.
El Capítulo II sienta las bases para que este sistema de crédito pueda comenzar a operar prontamente, creando para ello la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, definiendo sus funciones, su composición y sus mecanismos de administración, financiamiento y fiscalización.
Esta Comisión, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, entre otras funciones se abocará a definir y evaluar las políticas de créditos de estudios de educación superior con garantía estatal; generar, analizar y difundir información económica y académica relevante para el eficiente funcionamiento del sistema de crédito para estudios de educación superior; definir y organizar el proceso de postulación a los créditos con garantía estatal; velar por la sustentabilidad del sistema de créditos para estudios de educación superior a través de su financiamiento en el mercado de capitales; y celebrar convenios con otras entidades, públicas o privadas, para que éstas otorguen, administren, compren y vendan créditos de educación superior con garantía estatal.
La Comisión tendrá una composición mixta público-privada y será presidida por el Ministro de Educación .
Las instituciones de educación superior participantes en la Comisión, concurrirán al financiamiento de su Secretaría Administrativa , mediante aportes determinados a prorrata de los volúmenes de garantías estatales otorgadas a créditos de los cuales sean beneficiarios sus respectivos estudiantes.
De esta manera, se contempla una complementariedad de esfuerzo público y privado, lo que representa uno de los valores fundamentales del sistema que se está instaurando.
4. Los planes de ahorro para el financiamiento de estudios de la Educación Superior.
El Capítulo III del proyecto de ley, institucionaliza un sistema de ahorro para estudios superiores que, velando firmemente por la seguridad de los recursos comprometidos, entregue a las familias opciones efectivas para hacer crecer sus ahorros para este efecto en el tiempo.
Para tales efectos, se autoriza a los Bancos, Instituciones Financieras, Administradoras de Fondos Mutuos, Compañías de Seguros de Vida y Cajas de Compensación, para abrir y mantener planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior, los que serán autorizados y fiscalizados por las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, según corresponda.
5. El subsidio estatal para apoyar el ahorro.
El Capítulo IV, por otra parte, institucionaliza un mecanismo para que el resto de los chilenos premie solidariamente el esfuerzo realizado por las familias más modestas y de clase media, por ahorrar previsoramente para la educación de sus miembros.
Este premio se materializará en un subsidio estatal de hasta un 150% de los intereses devengados por sus ahorros para este efecto, complementando así efectivamente los ahorros que las familias hayan dedicado a la educación superior.
a. Requisitos para que opere el subsidio.
Para tener derecho al subsidio, los estudiantes titulares de planes de ahorro deberán contar con un plan de al menos veinticuatro meses de antigüedad; disponer de al menos 80 unidades de fomento acumuladas en el plan (40 unidades de fomento en el caso de estudios conducentes a un título técnico de nivel superior); tener una condición socioeconómica familiar que amerite el apoyo estatal; destinar efectivamente los fondos del plan de ahorro al financiamiento de estudios de educación superior; y estudiar en una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica autónomos y acreditados según la Ley.
b. Monto del subsidio.
Para aquellos estudiantes que, cumpliendo los requisitos que establece la ley, tengan un ingreso familiar per cápita promedio mensual inferior o igual a 12,6 unidades de fomento y un ingreso familiar promedio mensual inferior o igual a 63 unidades de fomento, el subsidio estatal será equivalente a un 150% del monto que por concepto de intereses reales se hayan obtenido mediante su plan de ahorro.
Por su parte, los estudiantes con un ingreso familiar per cápita mensual mayor a 12,6 unidades de fomento o un ingreso familiar mensual mayor a 63 unidades de fomento, accederán a un subsidio equivalente a un 100% del monto que por concepto de intereses reales se hayan obtenido mediante su plan de ahorro, siempre que acrediten un ingreso familiar per cápita promedio mensual inferior a 17 unidades de fomento y un ingreso familiar promedio mensual inferior a 93 unidades de fomento.
Los estudiantes con un ingreso familiar per cápita promedio mensual igual o mayor a 17 unidades de fomento, o con un ingreso familiar promedio mensual igual o mayor a 93 unidades de fomento, no tendrán derecho a subsidio.
Con todo, el subsidio estatal tendrá un tope de 50 unidades de fomento por estudiante.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración para ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria, el siguiente
PROYECTO DE LEY
"CAPÍTULO I
De la Garantía Estatal a los Créditos
para Estudios de Educación Superior.
TÍTULO I
Del Objeto de la Garantía Estatal
Artículo 1º.- El Estado, por intermedio del Fisco, garantizará los créditos destinados a financiar estudios de educación superior, siempre que éstos hayan sido concedidos en conformidad con las normas de la presente ley y su reglamento.
El monto total garantizado en cada año, no podrá exceder el máximo de recursos que determine la Ley de Presupuestos respectiva.
Los créditos objeto de garantía estatal no podrán ser otorgados por el Fisco.
Artículo 2º.- La garantía estatal de que trata esta ley, se sujetará a las siguientes reglas:
1. El Fisco podrá adquirir los créditos destinados al financiamiento de estudios de Educación Superior, cualquiera sea la institución que los haya otorgado, debiendo venderlos a terceros dentro del mismo ejercicio presupuestario en que hayan sido adquiridos.
2. El Fisco podrá adquirir estos créditos hasta por el monto máximo que anualmente determine la Ley de Presupuestos respectiva, en concordancia con el monto máximo de recursos que determine la misma ley para efectos de su garantía.
3. El Fisco otorgará las garantías requeridas para que los créditos, al ser titularizados, permitan que los bonos preferentes que se emitan respaldados en dichos créditos, presenten clasificación de riesgo de grado de inversión, la que deberá verificarse acorde al procedimiento que establezca el reglamento.
4. El Fisco podrá garantizar cada crédito sólo hasta el monto anual que se determine mediante decreto supremo, expedido por el Ministerio de Educación, el que deberá llevar además la firma del Ministro de Hacienda .
5. El decreto supremo, a que se refiere el numeral anterior, señalará un valor para cada carrera e institución de educación superior.
Los elementos que se utilizarán para determinar el referido valor, se establecerán en el reglamento, el cual deberá considerar, entre otras cosas, un arancel de referencia.
Dicho arancel será determinado por los ministerios de Educación y de Hacienda, en conformidad al procedimiento que fije el reglamento.
6. El referido decreto supremo señalará el monto total garantizado por alumno, el que no podrá exceder de un total de aranceles que sea igual al número de años de duración de la carrera respecto de la cual se otorgó el crédito.
Tratándose de estudiantes matriculados como alumnos regulares en carreras conducentes a grado de licenciado, el número de aranceles se aumentará en tres.
En el caso de estudiantes matriculados como alumnos regulares en carreras conducentes a título profesional, el número de aranceles se aumentará en dos.
En el caso de estudiantes matriculados como alumnos regulares en carreras conducentes a título técnico de nivel superior, el número de aranceles se aumentará en uno.
Para los efectos de este numeral, se considerará el valor del arancel indicado en número 5.
Artículo 3º.- La garantía estatal de que trata esta ley, se hará efectiva en los casos en que el beneficiario del crédito deje de cumplir con la obligación de pago del mismo, en la forma que determine el reglamento.
TÍTULO II
De los requisitos para que se otorgue la Garantía Estatal
Párrafo 1º
De los requisitos que deben cumplir las instituciones.
Artículo 4º.- La garantía estatal de que trata esta ley, operará sólo para créditos destinados a financiar total o parcialmente estudios de educación superior que se realicen en las instituciones que cumplan los siguientes requisitos:
1. Que se trate de alguna de las instituciones contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 29 de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza;
2. Que se encuentren reconocidas oficialmente por el Estado;
3. Que sean autónomas.
4. Que se encuentren acreditadas en conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad que establezca la ley;
5. Que cuenten con el respaldo financiero suficiente para el otorgamiento de las garantías por deserción académica establecidas en el Título III, de este Capítulo; y
6. Que participen en la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores indicada en el Capítulo II de esta ley, en la forma señalada en el artículo 19
Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 4º, la garantía también operará en el caso de instituciones que, cumpliendo los demás requisitos señalados en dicho artículo, se encuentren sujetas al proceso de verificación realizado por el Consejo Superior de Educación, en conformidad con la ley N°18.962, siempre y cuando éstas cumplan los siguientes requisitos:
1. Cuenten con al menos cuatro años de verificación del avance de su proyecto institucional; y
2. No hayan sido objeto de ninguna sanción por parte del referido Consejo.
Las circunstancias indicadas en el presente artículo, deberán ser certificadas en la forma y condiciones que establezca el reglamento.
Párrafo 2º
De los requisitos que deben cumplir los alumnos.
Artículo 6º.- Sólo podrá otorgarse la garantía estatal de que trata esta ley, a los créditos conferidos para financiar los estudios cursados por alumnos que reúnan los siguientes requisitos:
1. Que sean chilenos o extranjeros con residencia definitiva;
2. Que se encuentren matriculados como alumnos regulares en carreras de pregrado que imparta alguna de las instituciones indicadas en el Párrafo 1º, de este Título;
3. Que las condiciones socioeconómicas de su grupo familiar justifiquen el otorgamiento de un crédito para financiar sus estudios de educación superior;
4. Que posean un rendimiento académico meritorio;
5. Que hayan obtenido su licencia de educación media dentro de los doce años anteriores a su ingreso a una institución de educación superior de las señaladas en el Párrafo 1º, de este Título; y
6. Que hayan otorgado el mandato especial a que se refiere el artículo 11.
En todo caso, la garantía estatal no se otorgará a nuevos créditos de estudiantes que hayan incurrido en deserción académica más de una vez, sea en la misma carrera o en otra distinta.
Se entenderá que existe deserción académica cuando el alumno, por cualquier causa, abandona los estudios durante dos semestres académicos consecutivos.
El reglamento establecerá la forma, condiciones y procedimientos de acreditación de los requisitos a que se refiere este artículo.
Artículo 7º.- En el caso de estudiantes que presenten condiciones similares, tendrán preferencia para la obtención de la garantía estatal, aquellos que sean titulares de un plan de ahorro de los señalados en el Capítulo III de esta ley, siempre que dicho plan tenga una antigüedad de, a lo menos, 24 meses al momento de solicitar el crédito.
El reglamento señalará las modalidades, exigencias y demás normas necesarias para determinar dicha preferencia.
Párrafo 3º
De los requisitos que deben cumplir los créditos garantizados
Artículo 8º.- Los créditos objeto de garantía estatal deberán contar con seguros de desgravamen e invalidez, en la forma y condiciones determinadas por el reglamento. En todo caso, la Comisión a que se refiere el Capítulo II de esta ley, podrá exigir que dichos créditos cuenten, adicionalmente, con seguro de cesantía.
No será exigible a estos créditos la constitución de garantías adicionales a las que establece esta ley.
Artículo 9º.- Los créditos objeto de garantía estatal deberán ser exigibles no antes de trece meses contados desde la fecha referencial de término del plan de estudios correspondiente, la que se determinará de acuerdo al procedimiento que fije el reglamento.
La garantía estatal subsistirá cualesquiera sean los cambios de acreedor que se produzcan entre la fecha de su constitución y el momento en que se haga efectiva.
TÍTULO III
De la Garantía por Deserción Académica.
Artículo 10.- Para que opere la garantía estatal a que se refiere esta ley, las instituciones de educación superior, por sí o a través de terceros, deberán garantizar a favor de la entidad que otorgue el crédito, y a su sucesora, el riesgo de deserción académica del alumno, en conformidad con lo que se establezca en el reglamento.
Se entenderá por deserción académica, el abandono del alumno de sus estudios, en los términos del inciso tercero del artículo 6º.
La garantía por deserción académica deberá cubrir el noventa por ciento del capital del crédito, más intereses, los que se calcularán en la forma que determine el reglamento.
El evento de deserción académica hará exigible, desde ese momento, las obligaciones del estudiante y habilitará a la institución acreedora respectiva a hacer efectiva la garantía señalada en el inciso anterior. El reglamento establecerá la forma y condiciones de constitución y efectividad de la mencionada garantía.
TÍTULO IV
Del Pago de los Créditos Garantizados
Artículo 11.- La garantía estatal sólo podrá otorgarse a créditos cuyo deudor otorgue un mandato especial, delegable e irrevocable, facultando a la institución crediticia respectiva para que ésta requiera a su empleador, por escrito, efectuar la deducción de sus remuneraciones de las cuotas del crédito. Dichos descuentos deberán efectuarse en conformidad con los límites dispuestos en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo.
Si el empleador no efectuare el descuento correspondiente, habiendo sido requerido para ello en razón del inciso anterior, o habiéndolo efectuado no enterare los fondos a la institución acreedora correspondiente, deberá pagar a esta última, a título de multa, una suma equivalente a una unidad de fomento por cada mes en que no efectúe el descuento.
Asimismo, tratándose del caso que el empleador hiciere los descuentos ordenados y no enterare los fondos correspondientes a la institución acreedora respectiva, dichas cantidades se reajustarán considerando el período que va entre el último día del plazo en que debió efectuarse el pago y el día en que éste efectivamente se realice. Para estos efectos, se aumentarán considerando la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor del período comprendido entre el mes que antecede al anterior a aquél en que debió efectuarse el pago y el mes que antecede al mes anterior a aquél en que efectivamente se realice.
Por cada día de atraso, las sumas reajustadas devengarán un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la Ley N° 18.010, aumentado en un 20%. Con todo, a contar de los noventa días de atraso, la tasa antes referida se aumentará en un 50%.
Las cantidades que resulten de la aplicación de estas multas se imputarán al saldo del crédito adeudado por el trabajador.
Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones acreedoras deberán perseguir del empleador el pago de las retenciones que no se hubieren enterado, incluido los reajustes e intereses que correspondan, conforme con las normas sobre pago y cobro de cotizaciones previsionales contenidas en la ley Nº 17.322, gozando de igual preferencia que éstas.
Artículo 12.- La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.
Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito.
Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.
Con todo, tratándose de deudores a los cuales el empleador le haya retenido y no pagado, total o parcialmente, los montos impagos, podrán requerir de la Tesorería General de la República la liberalización de la retención efectuada por dicha Tesorería, en la forma que señale el reglamento, si probaren que su empleador les ha efectuado la retención y/o que existen juicios pendientes de cobro en contra del referido empleador.
La liberalización a que se refiere el inciso anterior alcanzará sólo hasta el monto de lo probado.
Artículo 13.- Lo dispuesto en el artículo 35, inciso segundo, del Código Tributario, no será aplicable a la información relativa a los ingresos de los deudores de los créditos garantizados por el Fisco de acuerdo a las normas de este cuerpo legal.
CAPÍTULO II
De la Comisión Administradora del Sistema de Créditos
para Estudios Superiores.
Artículo 14.- Créase la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, en adelante "la Comisión", con personalidad jurídica y patrimonio propio, formado mediante los aportes a que se refiere el artículo 18.
Artículo 15.- La Comisión estará integrada por:
1. El Ministro de Educación, quien la presidirá;
2. El Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda ;
3. El Tesorero General de la República ;
4. El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción; y
5. Tres representantes de las instituciones de educación superior indicadas en el Párrafo 2°, del Título II, del Capítulo I, que participen en esta Comisión, los que serán elegidos por éstas de acuerdo al procedimiento que determine el reglamento.
En caso de ausencia o impedimento de alguno de los miembros señalados en los números 1), 2), 3) o 4) precedentes, integrará la Comisión, en calidad de suplente, un funcionario del respectivo ministerio o servicio, designado para tal efecto por el titular correspondiente. La designación se realizará por un período de dos años, renovable.
Asimismo, los representantes de las instituciones de educación superior tendrán un suplente, elegido por éstas, quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia o impedimento de éste. Tanto los titulares como los suplentes durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.
Un reglamento fijará las normas con arreglo a las cuales la Comisión se constituirá, reunirá y adoptará sus acuerdos.
Artículo 16.- Corresponderá a la Comisión:
1. Definir y evaluar las políticas de créditos de estudios de educación superior con garantía estatal.
2. Generar, analizar y difundir información económica y académica relevante para el sistema de crédito para estudios de educación superior.
3. Definir y organizar el proceso de postulación a los créditos con garantía estatal para estudios de educación superior.
4. Certificar, en conformidad a lo dispuesto en esta ley y su reglamento, las condiciones de elegibilidad de los estudiantes para acceder a las garantías para créditos de educación superior.
5. Seleccionar y presentar a la Tesorería General de la República, los créditos para estudios de educación superior a ser garantizados por el Fisco.
6. Verificar, en conformidad a lo dispuesto en esta ley y su reglamento, el cumplimiento de los requisitos de las instituciones de educación superior, de los estudiantes y de los créditos, para efectos de acceder a la garantía estatal.
7. Verificar que las instituciones que otorguen garantías de deserción académica, cuenten con un patrimonio suficiente para su respaldo.
8. Velar por la sustentabilidad del sistema de créditos con garantía estatal para estudios de educación superior a través de su financiamiento en el mercado de capitales.
9. Celebrar convenios con otras entidades, públicas o privadas, para que éstas otorguen, administren y cobren los créditos de educación superior con garantía estatal.
10. Celebrar convenios con otras entidades, públicas o privadas, para que éstas compren y vendan créditos con garantía estatal para el financiamiento de estudios de educación superior.
11. Celebrar convenios con otras entidades, públicas o privadas, para la realización de estudios u otros afines necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
12. Supervisar el cumplimiento de los convenios suscritos con entidades públicas o privadas.
13. Realizar las demás funciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema de créditos con garantía estatal para estudios de educación superior.
La forma y condiciones en que se realizarán las funciones a que se refiere este artículo, serán establecidas en el reglamento.
Artículo 17.- La Comisión tendrá una Secretaría Administrativa, cuyas funciones serán las que le encomienda esta ley y aquellas específicas que le encargue la Comisión.
La Comisión designará una persona que actuará como Secretario Ejecutivo de la misma; tendrá la calidad de ministro de fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos de la Comisión; y representará judicialmente y extrajudicialmente a la Secretaría Administrativa.
La Comisión dictará, a propuesta del Secretario Ejecutivo , un reglamento que normará todo lo concerniente al funcionamiento y personal de la Secretaría Administrativa.
El personal de la Secretaría Administrativa de la Comisión , incluido su Secretario Ejecutivo , se regirá por el derecho laboral común.
Artículo 18.- El patrimonio de la Comisión, con cargo al cual se financiarán los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión y la Secretaría Administrativa, estará formado exclusivamente por los aportes que le hagan las instituciones de educación superior participantes en la Comisión.
Dichos aportes se determinarán según el procedimiento que establezca el reglamento, a prorrata de los volúmenes de garantías estatales otorgadas a créditos de los cuales sean beneficiarios los respectivos alumnos de las mencionadas instituciones.
Artículo 19.- Para que las instituciones de educación superior tengan derecho a participar en la Comisión y a elegir sus representantes en ella, deberán concurrir al financiamiento de la misma en conformidad a lo señalado en el artículo 18, y obligarse a proporcionar toda la información económica y académica que ésta le requiera para desempeñar las funciones que le encomienda la ley.
Artículo 20.-A solicitud de la Comisión, el Ministerio de Educación, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la Tesorería General de la República y la Corporación de Fomento de la Producción, deberán proporcionarle asesoría en los órdenes jurídico, financiero, contable y educacional, entre otros.
Artículo 21. Corresponderá a la Contraloría General de la República la fiscalización de las actividades de la Comisión a que se refiere este Capítulo.
CAPÍTULO III
De los Planes de Ahorro para el Financiamiento de Estudios
de Educación Superior.
Artículo 22.- Autorízase a los bancos, instituciones financieras, administradoras de fondos mutuos, compañías de seguros de vida y cajas de compensación, en adelante también "las instituciones", para abrir y mantener planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda, podrán autorizar a otras instituciones con el fin de abrir y mantener planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior, en la forma y condiciones que establezca el reglamento.
Artículo 23.- Para los efectos de esta ley, se entenderán por planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior, a todos aquellos instrumentos de captación que tengan por objeto expreso, recibir ahorro voluntario para financiar el pago de aranceles y matrículas que importen los estudios de educación superior, en la forma y condiciones que se establezca en el reglamento y las instrucciones que impartan los organismos fiscalizadores correspondientes.
Los referidos planes deberán ser autorizados y estarán bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda. Los titulares de estos planes sólo podrán ser personas naturales.
Artículo 24.- El interesado en ingresar a este sistema abrirá y mantendrá el plan de ahorro que desee en cualquiera de las instituciones a que se refiere el artículo 22.
El plan de ahorro se convendrá entre el interesado, o su representante legal, y la institución elegida por éste de entre las mencionadas en el artículo 22. Las regulaciones a las condiciones específicas del contrato de ahorro en lo referido a su liquidez, retiros de fondos, cambios de institución y demás necesarias para el funcionamiento del sistema, serán establecidas en el reglamento.
Asimismo, el reglamento establecerá la forma, condiciones y periodicidad con que las instituciones deberán informar al titular, o su representante legal, los movimientos registrados en sus respectivas cuentas y según corresponda, una estimación de los beneficios a que puedan acceder conforme a esta ley.
Artículo 25.- Los titulares de los planes de ahorro, así como cualquier persona natural que lo desee, podrán, en cualquier tiempo, efectuar depósitos voluntarios a favor de los planes de ahorro.
Tratándose de trabajadores dependientes que deseen efectuar depósitos en el plan de un titular, podrán hacerlo regularmente, mediante descuentos por planilla que efectúen sus empleadores a requerimiento escrito de aquellos, en conformidad con el límite dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo.
Si el empleador no efectuare el descuento correspondiente, habiendo sido requerido para ello, o habiéndolo efectuado no enterare los fondos en el plan de ahorro individualizado por el trabajador, deberá pagar al respectivo trabajador, a título de indemnización de perjuicios, una suma equivalente a 0,5 unidad de fomento por cada mes en que no efectúe el descuento. Las cantidades que resulten de la aplicación de esta norma deberán ser depositadas en el plan de ahorro que corresponda.
Asimismo, tratándose del caso que el empleador hiciere los descuentos ordenados y no depositare los fondos correspondientes en el plan de ahorro individualizado por el trabajador, dichas cantidades se reajustarán considerando el período que va entre el último día del plazo en que debió efectuarse el depósito y el día en que éste efectivamente se realice. Para estos efectos, se aumentarán considerando la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor del período comprendido entre el mes que antecede al anterior a aquél en que debió efectuarse el pago y el mes que antecede al mes anterior a aquél en que efectivamente se realice.
Por cada día de atraso, las sumas reajustadas devengarán un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la Ley N° 18.010, aumentado en un 20%. Con todo, a contar de los noventa días de atraso, la tasa antes referida se aumentará en un 50%.
En el caso de verificarse la situación a que se refiere el inciso cuarto, la institución que mantenga dicho plan deberá comunicar este hecho al titular del mismo, a fin de que éste haga los futuros aportes en forma directa a la entidad correspondiente y ordene a su empleador la suspensión de las retenciones.
Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones a que se refiere el artículo 21 deberán perseguir del empleador el pago de las retenciones que no se hubiere enterado en el plan, conforme con las normas sobre pago y cobro de cotizaciones previsionales contenidas en la ley Nº 17.322, gozando de igual preferencia que éstas.
Artículo 26.- En caso de quiebra o disolución de la institución que mantenga los planes de ahorro, sea esta última por revocación de su autorización de existencia o por cualquier otra causa, los titulares de los planes deberán incorporarse, dentro del plazo de 90 días, a otra institución de las señaladas en el artículo 22.
Si los titulares no se incorporan dentro del plazo indicado en el inciso anterior, el liquidador deberá transferir los saldos de los planes de ahorro a la entidad que se determine de acuerdo a lo que disponga el reglamento. El traspaso comprenderá la totalidad de los fondos correspondiente a cada uno de los planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior y los respectivos contratos de ahorro celebrados con dicha institución. Lo anterior será sin perjuicio de lo señalado a este respecto por las leyes que rigen a las instituciones indicadas en el artículo 22.
Dependiendo de la naturaleza del instrumento de captación, serán aplicables a los planes de ahorro de que trata este Capítulo, las garantías estatales que señale la ley, lo que será indicado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o la Superintendencia de Valores y Seguros, según corresponda, al momento de autorizar el respectivo plan.
Artículo 27.- Con cargo a los recursos aportados mensualmente en el plan de ahorro, las entidades a que se refiere el artículo 22 pagarán a las instituciones de educación superior contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 29 de la Ley N° 18.962, reconocidos oficialmente por el Estado y que se encuentren acreditados en conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad que establezca la ley, los aranceles y matrícula por las carreras que los beneficiarios de los respectivos planes estén cursando y mientras permanezcan en ellas.
Para efectos de que se verifique el pago a que se refiere el inciso anterior, el titular del plan de ahorro, o su representante legal, deberá otorgar al momento de su apertura, un mandato a la institución con quien se haya convenido el respectivo plan. Asimismo, las instituciones podrán celebrar los convenios que estimen pertinentes con las entidades a que se refiere el inciso anterior, para los efectos del pago a que se refiere este artículo.
Artículo 28.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, y desde la fecha en que se efectúe el primer pago de aranceles y matrícula, las instituciones señaladas en el artículo 22 podrán obtener una retribución consistente en el pago de una comisión de cargo de los titulares de los planes de ahorro, la que podrá ser establecida por depósito periódico o por saldo, o una combinación de ambos.
El reglamento establecerá el procedimiento de determinación de las comisiones, de su notificación y de los montos o porcentajes mínimos y máximos, así como las demás normas para su operación y pago.
Artículo 29.- Las instituciones no podrán cobrar a los titulares de los planes de ahorro comisiones por la transferencia de fondos a otra entidad de las señaladas en el artículo 22.
El reglamento establecerá los requerimientos de información que las instituciones deberán entregar a los titulares en caso de cobrar comisiones por la mantención de los planes.
Artículo 30.- Mientras se encuentre vigente el contrato de ahorro voluntario y los fondos permanezcan en ellas, los fondos existentes en los planes serán inembargables y no serán susceptibles de medida precautoria alguna.
CAPÍTULO IV
Del Subsidio Estatal para Apoyar el Ahorro Destinado a Financiar
Estudios de Educación Superior.
Artículo 31.- El titular del plan de ahorro que cumpla con los requisitos que se establecen en la presente ley y su reglamento, tendrá derecho a un subsidio fiscal. Dicho subsidio tendrá por objeto complementar el ahorro individual para el financiamiento de los aranceles y matrícula de estudio de educación superior de pregrado.
Artículo 32.- Para percibir el subsidio fiscal, el titular deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que el plan de ahorro tenga una antigüedad de al menos 24 meses anteriores a la fecha en que corresponda recibir el subsidio.
2. Que el plan de ahorro disponga de fondos por al menos 80 unidades de fomento al momento en que se efectúe el primer pago de aranceles y matrícula de estudio de educación superior de pregrado. Tratándose de estudios conducentes a un Título Técnico de Nivel Superior, los fondos acumulados en el plan deberán ser no menos de 40 unidades de fomento.
3. Tener un ingreso familiar per cápita promedio mensual inferior o igual a 12,6 unidades de fomento y un ingreso familiar promedio mensual inferior o igual a 63 unidades de fomento, en los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del pago de aranceles y matrícula de estudio de educación superior de pregrado.
En caso que el titular acredite un ingreso familiar per cápita mensual mayor a 12,6 unidades de fomento o un ingreso familiar mensual mayor a 63 unidades de fomento, podrá optar a un subsidio parcial según lo señalado en el inciso segundo del artículo 33, siempre que acredite un ingreso familiar per cápita promedio mensual inferior a 17 unidades de fomento y un ingreso familiar promedio mensual inferior a 93 unidades de fomento.
El reglamento determinará el concepto de ingreso familiar y establecerá el procedimiento para acreditar los ingresos a que se refiere esta letra.
4. Que los fondos del plan de ahorro hayan sido destinados íntegramente y se encuentren agotados por el pago de aranceles y matrícula de estudio de educación superior de pregrado.
5. Que la institución de educación superior a la cual se destinaron los fondos del plan de ahorro, sea de aquellas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 29 de la ley N° 18.962, reconocida oficialmente y acreditada en conformidad con el sistema de aseguramiento de calidad que establezca la ley.
La forma y condiciones en que deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, serán establecidos en el reglamento.
Artículo 33.- El subsidio fiscal a que se refieren los artículos anteriores será equivalente al 150% del monto que, por concepto de intereses reales, hayan obtenido los fondos, desde el momento de su depósito en un plan de ahorro a que se refiere el Capítulo III de esta ley, y hasta el momento en que los fondos del plan de ahorro se destinen por completo al pago de aranceles y matrículas a la institución de educación superior que curse el titular.
En caso que el titular acredite un ingreso familiar per cápita mensual entre 12,6 unidades de fomento y 17 unidades de fomento, y un ingreso familiar mensual entre 63 unidades de fomento y 93 unidades de fomento, el subsidio fiscal será equivalente a los dos tercios del subsidio señalado en el inciso anterior.
Artículo 34.- El subsidio fiscal se depositará en el plan de ahorro una vez que se encuentren agotados los recursos del respectivo plan, como consecuencia del pago de aranceles y matrícula de estudio de educación superior de pregrado.
Artículo 35.- En caso que el beneficiario ponga término a sus estudios de educación superior de pregrado, ya sea como consecuencia de su egreso o por abandono de la carrera que se encontrare cursando, el monto por concepto de subsidio fiscal que le correspondiere y que estuviere pendiente de pago, quedará sin efecto, debiendo reintegrase al Fisco el remanente en los casos que correspondiere, en la forma que determine el reglamento.
Artículo 36.- El subsidio fiscal tendrá un tope de 50 unidades de fomento por cada titular de plan de ahorro.
Artículo 37.- El procedimiento de concesión, pago, utilización y supervisión sobre el otorgamiento del subsidio fiscal a que se refieren los artículos anteriores, será determinado en conjunto por los ministerios de Educación y de Hacienda, de acuerdo a lo que establezca el reglamento.
Artículo 38.- El que percibiere indebidamente el subsidio fiscal, deberá reintegrar el monto correspondiente, reajustado en la forma que se disponga en el reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere corresponderle.
Artículo 39.- El gasto fiscal que importe la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los recursos que se consulten anualmente en la Ley de Presupuestos respectiva.
Disposiciones transitorias
Artículo primero.- El Fisco sólo podrá garantizar los créditos que se destinen al financiamiento de estudios de educación superior en las instituciones contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 29 de la Ley N°18.962, que cuenten con el respaldo financiero suficiente para el otorgamiento de las garantías por deserción académica establecidas en el artículo 10, que hayan alcanzado su autonomía, conforme a las normas legales pertinentes, y que cumplan los requisitos de calidad que defina el reglamento, hasta que exista un Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad de las Instituciones de Educación Superior , a que hace referencia el artículo 4º de la presente ley.
Asimismo, durante dicho período, el subsidio a que se refiere el Capítulo III de esta ley, será aplicable sólo para el financiamiento de estudios de educación superior que se efectúen en las instituciones señaladas en el inciso precedente.
Artículo segundo.- Los titulares de cuentas de ahorro a plazo para educación superior a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 19.287, que con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley mantengan recursos en estas cuentas, podrán acceder a sus beneficios, siempre que cumplan con los requisitos que ésta establece.
Sin perjuicio de lo anterior, sólo darán derecho al subsidio fiscal a que se refiere esta ley, los intereses que se devenguen a contar de la entrada en vigencia de ésta, por los recursos mantenidos en dichas cuentas.".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; SERGIO BITAR CHACRA , Ministro de Educación ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Mensaje N° 511-34
Esta iniciativa legal sienta las bases institucionales para establecer un Sistema de Crédito para estudiantes de instituciones de educación superior autónomas y acreditadas, complementado con un Sistema de Ahorro con apoyo focalizado a las familias de menores recursos que hacen un esfuerzo para el financiamiento de estudios superiores.
Para implementar el sistema de crédito, la presente ley genera la institucionalidad necesaria para apoyar de manera permanente y sustentable el acceso al financiamiento de estudiantes que, teniendo las condiciones académicas requeridas, no pueden obtener avales privados para financiar sus estudios. Un pilar del sistema es su financiamiento en el mercado de capitales, para lo cual se autoriza al Estado a otorgar su garantía a los créditos entregados por terceros que cumplan con las condiciones que señala la presente ley. Asimismo, se autoriza al Estado a comprar estos créditos, con la condición de venderlos a terceros, a través de su titularización, dentro del mismo ejercicio presupuestario en que hayan sido adquiridos, generando así recursos para el financiamiento de nuevos créditos.
Tanto las garantías a entregar anualmente por el Estado, como el volumen de créditos a adquirir a terceros, estarán sujetos a los montos máximos que determine la Ley de Presupuestos respectiva.
Para efectos de su operacionalización, la ley crea la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, la que tendrá una composición mixta público-privada y será presidida por el ministro de Educación . Las instituciones de educación superior participantes en la Comisión concurrirán al financiamiento de su Secretaría Administrativa , mediante aportes determinados a prorrata de los volúmenes de garantías estatales otorgadas a créditos de los cuales sean beneficiarios sus respectivos estudiantes. Así, el funcionamiento de esta Comisión no presenta costo fiscal.
Sin embargo, es posible realizar una simulación respecto al eventual impacto fiscal que tendrían las garantías estatales de estos créditos. Para el año 2004 y 2005 esta medida no tendrá costo fiscal, ya que durante el 2005 los alumnos que egresaron el 2004 tendrán derecho a 1 año de gracia. En estado de régimen, alrededor del año 2016, y suponiendo un escenario en que la cobertura de este sistema fuera de un 25% y la morosidad de los estudiantes respecto de sus créditos fuera de un 30%, el costo fiscal anual de honrar estas garantías sería de 13.017 millones de pesos de 2003. Por su parte, si la cobertura del sistema fuera de un 10% y la morosidad fuera de un 5%, entonces el costo fiscal anual en estado de régimen sería 1.472 millones de pesos de 2003.
La presente ley institucionaliza, además, el sistema de ahorro que autoriza a las instituciones financieras para abrir y mantener planes de ahorro para el financiamiento de estudios de educación superior. Como una forma de premiar solidariamente el esfuerzo realizado por las familias de menores recursos que ahorran para la educación de sus miembros, se instaura un subsidio focalizado que complementa el ahorro de las familias, el que podrá alcanzar un monto máximo de 50 unidades de fomento por estudiante. Para acceder al subsidio, entre otros requisitos, los estudiantes deberán contar con un plan de ahorro de al menos 24 meses de antigüedad, alcanzar una meta preestablecida de ahorro, y acreditar necesidad económica, acorde a los parámetros que indica la ley. Debido al requisito de la antigüedad mínima de 24 meses, este subsidio no representa costo fiscal para los años 2004 ni 2005.
En lo que se refiere al sistema en régimen, suponiendo un ahorro promedio mensual de 1 UF por alumno, una tasa de interés base de 4%, una antigüedad promedio de 6,8 años con la libreta y un crecimiento de la matrícula del 6% anual, el año 2016 el costo fiscal por concepto de este subsidio focalizado alcanzará los 9.252 millones de pesos de 2003.
Conforme a lo señalado, este proyecto de ley no presenta costo fiscal para los años 2004 ni 2005. Respecto a los años siguientes, su costo se especificará en la Ley de Presupuestos respectiva.
(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República a través del cual establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior. (boletín Nº 3224-04)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración, en uso de mis facultades constitucionales, un proyecto de ley que tiene por objeto establecer los componentes esenciales de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior.
I. ANTECEDENTES.
1. Cambios en la educación superior y la preocupación por la calidad.
En los últimos veinte años, la educación superior chilena ha cambiado sustancialmente. En la actualidad, se caracteriza por la existencia de un conjunto de instituciones diversas que ofrecen numerosas oportunidades de formación a un universo creciente de estudiantes.
En efecto, hoy en día existen 60 universidades, 43 institutos profesionales y 113 centros de formación técnica. Se trata de instituciones muy diferentes unas de otras, tanto en lo que se refiere a su misión institucional como a su tamaño, al tipo de programas que ofrecen o los recursos que movilizan. A su vez, atienden a cerca de 480.000 estudiantes de pre y postgrado, algunos de los cuales se dedican a estudiar en jornada completa, en tanto que otros comparten su tiempo entre el estudio y el trabajo.
Este crecimiento y diversificación institucional es la respuesta del sistema a una demanda creciente por educación superior, motivada, entre otros factores, por el aumento de cobertura y de retención de la educación media, por el reconocimiento de un número cada vez mayor de jóvenes y adultos acerca de las ventajas de contar con estudios postsecundarios y por los requerimientos provenientes del desarrollo tecnológico, que demanda cada vez mayores competencias en la fuerza de trabajo.
Hemos hecho un esfuerzo significativo por ampliar el acceso a la educación superior. Hoy, siguen estudios postsecundarios más de tres mil personas por cada cien mil habitantes, lo que ubica a Chile en un rango promedio superior a todas las regiones del mundo, excluyendo los países de más altos ingresos.
En la última década, la cobertura en educación superior ha crecido en un 7% anual. En la actualidad un 31,5% de los jóvenes chilenos entre 18 y 24 años cursan estudios en una institución postsecundaria. Queremos seguir ampliando las oportunidades de educación superior para todos los jóvenes con talento que quieran continuar con sus estudios.
No obstante, garantizar la acceso no es suficiente. Para lograr efectivamente una igualdad de oportunidades de desarrollo personal y profesional, es indispensable establecer los mecanismos que aseguren la calidad de la oferta educativa sobre la base de criterios de validez general.
La educación superior chilena ofrece hoy más oportunidades de estudio que nunca antes. Hay más y diversas instituciones, que ofrecen una gran diversidad de carreras con un número creciente de vacantes.
Sin embargo, precisamente por esto, no es fácil para los postulantes a la educación superior tomar decisiones acerca de las opciones que se les ofrecen. No es fácil comprender lo que está detrás de las distintas institucionales, o la diferencia entre un título y otro. Surgen múltiples preguntas acerca de la calidad de la educación superior, y de manera cada vez más clara, este concepto forma parte indiscutible de las preocupaciones de todos los actores relacionados directa o indirectamente con la educación superior y de las demandas crecientes por la existencia de mecanismos que den garantía de calidad de las instituciones y programas.
A las preguntas formuladas dentro de nuestro país, se agrega la necesidad de informar acerca de la calidad de la oferta educativa más allá de nuestras fronteras.
La movilidad de estudiantes y profesionales, así como la oferta internacional de bienes y servicios, nos obliga a disponer de mecanismos que permitan garantizar la calidad de la formación ofrecida en Chile a nacionales y extranjeros, con el fin de mejorar las condiciones en que los profesionales y técnicos formados en Chile compiten en el medio laboral nacional e internacional.
Por último, la necesidad de desarrollar una base sólida en el campo de la ciencia y la tecnología, que permita que Chile genere nuevos conocimientos, seleccione y aplique las tecnologías existentes y las adapte en forma eficaz a las circunstancias locales, exige también un análisis de la calidad de las funciones de investigación y la definición de planes de desarrollo construidos sobre procesos de evaluación sistemáticos y compartidos.
Estos cambios y los requerimientos que plantean no son exclusivos de Chile. Responden a procesos que de una u otra forma están presentes en países de todos los continentes, donde el desarrollo de mecanismos de aseguramiento de la calidad ha sido un proceso sistemático a lo largo de la década de los noventa.
Así, los países de Europa Oriental y Occidental, del Asia y de América Latina, de África y Norteamérica, han establecido sistemas de acreditación de la educación superior e, incluso, se está avanzando hacia sistemas regionales, como los de la Unión Europea, el Mercosur o la región centroamericana.
De modo similar, el desarrollo de políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad permitirá que Chile avance en la identificación de los problemas que es preciso solucionar y en la definición de las acciones que permitirán resolverlos.
El Estado no puede dejar de lado el rol que le corresponde con relación a la regulación de la calidad de la educación superior y la garantía de la fe pública depositada en las instituciones que la ofrecen. Pero el concepto moderno de regulación no es sólo supervisión y control, sino que incluye, como un componente esencial, estrategias destinadas a mejorar y promover la calidad.
El aseguramiento de la calidad, en consecuencia, debe ser el fruto de un esfuerzo compartido en el que participen activamente el Estado en su rol regulador y garante de la equidad, las instituciones de educación superior y, al interior de éstas, sus diversos estamentos.
2. Trabajo desarrollado por las Comisiones Nacionales de Acreditación de Pre y Postgrado.
Desde 1998, el Gobierno ha estado desarrollando un proyecto de mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación superior en el marco del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior (MECESUP), que contempla como uno de sus componentes el diseño de mecanismos de aseguramiento de la calidad .
Para ello, constituyó en el mes de marzo de 1999 dos comisiones asesoras del Ministro de Educación. Una, para la formación de pregrado y, otra, para la de postgrado.
A la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado (Conap), se le encomendó continuar el trabajo iniciado en Conicyt de acreditar programas de maestría y doctorado, con el fin de asignar recursos para becas.
La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (Cnap), por su parte, debía desarrollar procesos experimentales de acreditación y elaborar una propuesta para el establecimiento de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad.
La Conap ha desarrollado, desde su creación, dos ciclos de evaluación de programas de doctorado y uno de maestrías, revisando en el proceso los procedimientos y mecanismos aplicados. Como consecuencia de su labor, en la actualidad se encuentran acreditados 70 programas de doctorado y 76 maestrías.
La Cnap, a su vez, ha concentrado su trabajo en tres líneas fundamentales. La primera, apoyando la capacidad de autorregulación de las instituciones de educación superior. La segunda, diseñando y poniendo en práctica procedimientos experimentales de acreditación de carreras profesionales y técnicas. La tercera, recopilando estas experiencias en la elaboración de una propuesta sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad.
Múltiples instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas y de distinto tipo, han participado en proyectos, visitas de estudio, seminarios y talleres tendientes a desarrollar su capacidad de autorregulación.
El diseño de procesos experimentales de acreditación contó con el concurso de más de doscientos académicos y profesionales de diversas áreas del conocimiento y su aplicación ha permitido diseñar y probar criterios y procedimientos de evaluación.
Se han acreditado ya seis carreras de medicina y una de arquitectura. Durante el año 2002 se completó el proceso evaluativo de ocho carreras en las áreas de arquitectura, agronomía, medicina veterinaria, educación y tecnología de sonido, y se encuentran en proceso más de 150 carreras en, prácticamente, todas las áreas del conocimiento.
La favorable acogida del sistema de educación superior a participar en un proceso estrictamente voluntario y experimental, demuestra que se trata de una propuesta que se hace cargo de una preocupación fundamental e impostergable de los principales actores de la educación superior.
Finalmente, la propuesta que la CNAP elaboró para la creación de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, y que constituye la base para la preparación de este proyecto de ley, fue difundida ampliamente en una versión preliminar y revisada a partir de observaciones y comentarios formulados por autoridades, académicos y estudiantes, para luego ser entregada al Ministerio de Educación.
II. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY.
El presente proyecto de ley se enmarca en la consideración de la educación superior como el eslabón fundamental para el desarrollo social, no sólo por la centralidad del conocimiento en el paradigma productivo actual y en el conjunto de la vida cotidiana, sino por su capacidad para actuar de manera simultánea sobre los tres ejes que conforman un proceso de desarrollo social sostenible: competitividad, equidad y moderna ciudadanía.
En ese contexto, el aseguramiento de la calidad de la educación superior es un objetivo central, que no puede lograrse sin el concurso de los diversos organismos, públicos y privados, que forman parte del sistema de educación superior, y que se especifica en los siguientes objetivos:
1. Dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas que imparten.
La calidad de la educación superior es un aspecto central para que el país, en su conjunto, avance hacia niveles crecientes de desarrollo.
En efecto, como lo reconoce el informe de expertos preparado para el Banco Mundial, "la vitalidad de la educación superior es un elemento fundamental y cada vez más determinante, de la posición de los países en la economía mundial. Contribuye a desarrollar la productividad laboral, la energía empresarial y la calidad de vida; promueve la movilidad social y la participación política; fortalece la sociedad civil y estimula el gobierno democrático" (Idrb, Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad, La Educación Superior en los países en Desarrollo, CPU, 2000, pág. 106).
Para que esto sea posible, no basta con ampliar el acceso a la educación superior. Éste, siendo necesario, exige inevitablemente un compromiso creciente de todos con la calidad de la formación entregada. Por ello, el primer objetivo del proyecto es establecer los mecanismos que permiten dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas y carreras que ofrecen.
Asegurar la calidad de la educación superior es un asunto complejo, que involucra una diversidad de acciones y requiere de la participación activa de instituciones públicas y de propias instituciones de educación superior.
Así, el proyecto, en primer término, reconoce y reafirma, como un elemento central del aseguramiento de la calidad, el proceso de licenciamiento que actualmente realiza el Consejo Superior de Educación y que permite asegurar que las nuevas instituciones de educación superior alcancen su autonomía habiendo consolidado y desarrollado satisfactoriamente sus respectivos proyectos institucionales.
En segundo término, el proyecto refuerza las actividades de evaluación y acreditación de programas de pre y postgrado, que actualmente contribuyen a aumentar los fundamentos para las opciones de los postulantes a la educación superior y dar cuenta de su calidad tanto a nivel nacional como internacional.
En tercer lugar, el proyecto racionaliza y perfecciona los procesos de definición, recolección y procesamiento de información, con el fin de incrementar la validez y confiabilidad de los antecedentes disponibles acerca de la educación superior. En el contexto de una oferta de educación superior diversificada y masiva, la información es un elemento central para orientar las decisiones de los jóvenes, sus familias y el mercado laboral.
En cuarto lugar, el proyecto introduce una acreditación institucional, que permitirá a la sociedad en su conjunto reconocer a aquellas instituciones que cuentan con mecanismos de aseguramiento de la calidad, capaces de identificar a través de procesos internos, eficaces y eficientes, en que los diversos estamentos están debidamente involucrados, sus fortalezas y sus debilidades y los mecanismos que les permiten superar sus deficiencias.
De este modo, las decisiones que los ciudadanos adopten con relación a los servicios proporcionados por el sistema de educación superior, se verán apoyadas por antecedentes sólidos, provenientes de la propia comunidad técnica, profesional y académica, y refrendados y sustentados por el Estado.
2. Promover y apoyar el mejoramiento continuo y sistemático de las instituciones de educación superior y de los programas que ofrecen.
Por otro lado, el proyecto establece los mecanismos necesarios no sólo para dar pública garantía de la calidad de la educación superior, sino también para promover y apoyar el mejoramiento de las instituciones autónomas de educación superior y de los programas que ellas ofrecen.
Para hacerlo, trabaja con una definición de calidad que es al mismo tiempo rigurosa y flexible.
Es rigurosa, porque recoge la experiencia y las expectativas del medio académico y profesional, el que establece las exigencias que tanto instituciones como programas deben satisfacer en el contexto nacional.
Es flexible, porque esas exigencias deben ponerse en el marco de los respectivos proyectos institucionales, siendo fieles a las prioridades y principios establecidos por su misión y propósitos.
Así, cada institución y programa se evalúa en función de un doble conjunto de criterios: los provenientes de su grupo de referencia institucional, profesional o disciplinario, y los que surgen de los requerimientos planteados por su propia definición de misión institucional. Ello permite garantizar la calidad salvaguardando la autonomía y la diversidad.
De otra parte, el proyecto recoge y fortalece los mecanismos de evaluación que se están aplicando actualmente, poniendo en las propias instituciones de educación superior la responsabilidad inicial de identificar sus fortalezas y debilidades, y en la comunidad académica y profesional pertinente la tarea de validar y verificar los procesos de autoevaluación desarrollados internamente.
Al mismo tiempo, la acreditación institucional que introducimos en el proyecto está centrada en la evaluación de los mecanismos internos de autorregulación, con el fin de promover en las instituciones de educación superior la búsqueda de sistemas de gestión centrados en la calidad, que les permitan enfrentar con flexibilidad y eficacia los desafíos del nuevo contexto en que desarrollan su acción.
Asimismo, queremos fomentar la responsabilidad pública de las instituciones y contribuir al desarrollo de la capacidad institucional para mantener estándares de calidad, mejorar la docencia impartida y asegurar que la formación de los profesionales y técnicos se ajusta a los requerimientos de la sociedad actual.
3. Establecer una instancia de coordinación del conjunto de funciones y actividades que apuntan al desarrollo de la calidad de la educación superior.
Como señalamos más arriba, en el país existen diversas instituciones que ejercen funciones y actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Sin embargo, éstas realizan su labor de manera independiente, sin que existan instancias de coordinación.
El proyecto aborda este objetivo de dos maneras. Por una parte, establece una instancia de coordinación formal a través de la constitución de un Comité de Coordinación, integrado por autoridades de los tres principales organismos responsables del aseguramiento de la calidad, es decir, la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, el Consejo Superior de Educación y la nueva Comisión Nacional de Acreditación para la Educación Superior, que se crea por medio del presente proyecto.
Por otra parte, incorpora en dicha Comisión Nacional de Acreditación para la Educación Superior a integrantes provenientes de las instituciones de educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al sector productivo, al medio profesional y a los organismos ya señalados.
4. Mejorar las condiciones para el desarrollo de una educación superior capaz de responder a estándares de validez nacional e internacional.
El trabajo desarrollado por la CNAP, a que aludimos anteriormente, ha permitido incorporar en el diseño y definición de criterios y procedimientos de evaluación la perspectiva de académicos, profesionales y empleadores en las diversas áreas de formación.
Desde este punto de vista, contamos en la actualidad con un conjunto de criterios que dan cuenta adecuadamente de la calidad en una perspectiva nacional y que, por tanto, define un piso mínimo respecto del cual es preciso evaluar las carreras que se ofrecen en el país.
El proyecto amplía esta base al establecer la posibilidad de que la acreditación de carreras sea efectuada por agencias acreditadoras nacionales o internacionales, en la medida en que apliquen estándares a lo menos concordantes con los establecidos actualmente para las carreras.
La acreditación institucional, estará radicada directamente en la Comisión Nacional de Acreditación para la Educación Superior.
Para la acreditación de programas, se propone la participación de agencias acreditadoras diversas, lo que permitirá dar cabida a diversas orientaciones, garantizando sin embargo una base fundamental de requisitos que todas las carreras deberán satisfacer. Del mismo modo, permitirá introducir en el país de modo gradual niveles de exigencia, modalidades de enseñanza y estándares internacionales que contribuirán a mejorar las posibilidades de desempeño de los profesionales y técnicos egresados de las carreras acreditadas.
Para que esto sea posible, el proyecto establece criterios estrictos para la aprobación y supervisión de las agencias acreditadoras autorizadas, de modo que sea posible, simultáneamente, cautelar los elementos propios de la cultura y del sistema de educación superior nacional y ampliar la perspectiva a una mirada más amplia y diversa, que permitirá enriquecer la formación entregada a los jóvenes y adultos del país.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
1. El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
La sociedad chilena cuenta con diversos mecanismos para asegurar o promover la calidad de su educación superior, que es preciso fortalecer y complementar. El sistema de aseguramiento de la calidad que proponemos recoge y fortalece esos mecanismos, integrándolos de modo de incrementar su eficiencia y eficacia.
El sistema contempla cuatro funciones principales.
La primera es la de licenciamiento, que opera desde 1990 y que tiene por objeto asegurar la calidad de las nuevas instituciones privadas de educación superior. El Consejo Superior de Educación, y el Ministerio de Educación, por mandato de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, aprueban los proyectos institucionales de las nuevas universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica y supervisan su desarrollo por un plazo definido en la ley. Al cabo de ese período, certifican la autonomía de todas aquellas instituciones que han desarrollado satisfactoriamente sus respectivos proyectos. El proceso en su conjunto ha contribuido a la consolidación del sector privado y a su legitimación social, al reconocer públicamente que sólo aquellas instituciones que cumplen con ciertos requisitos esenciales están en condiciones de operar de manera autónoma.
La segunda se refiere a la acreditación de carreras profesionales y técnicas, y la acreditación de programas de postgrado, tendiente a dar garantía de la calidad de las carreras y programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función de los propósitos declarados por la institución que los imparte y los criterios definidos por la comunidad técnica, académica o disciplinaria, sobre la base de un proceso de autoevaluación y una evaluación externa.
La tercera dice relación con la acreditación de instituciones autónomas. Esta es una nueva función, cuya incorporación responde a solicitudes explícitas de las propias instituciones y de otros organismos públicos y privados. Tiene por objeto evaluar y dar garantía pública de la capacidad de autorregulación de las instituciones de educación superior. Apunta esencialmente a promover y apoyar el desarrollo de una gestión institucional moderna, que incorpore procesos de evaluación, análisis institucional y gestión de la calidad.
En cuarto lugar se contempla el desarrollo de un sistema de información para la educación superior, que permita apoyar la gestión de la educación superior en su conjunto, incluyendo la definición y evaluación de políticas para el sector y la gestión institucional, facilitando la toma de decisiones al interior de universidades, institutos y centros. Al mismo tiempo, este sistema permitirá contar con información válida y confiable sobre la educación superior, y facilitará las decisiones de los usuarios de la educación superior con relación a los servicios ofrecidos.
Cabe destacar que la función de licenciamiento se mantiene en manos de los organismos que actualmente la desempeñan. Por su parte, la información es una responsabilidad prioritaria del Ministerio de Educación, que sin embargo es compartida con otros actores, tales como las propias instituciones de educación superior y otros organismos públicos. Las demás funciones se ubican en el ámbito de acción de la Comisión de Acreditación para la Educación Superior.
El presente proyecto de ley se ocupa principalmente de la coordinación del sistema y de las funciones de acreditación de carreras, programas e instituciones, así como de la función de información.
2. Comisión Nacional de Acreditación para la Educación Superior.
a. Fundamentos para crear la Comisión.
El proyecto de ley que se presenta, crea la Comisión Nacional de Acreditación para la Educación Superior, con el fin de verificar y promover la calidad de las instituciones autónomas de educación superior y de las carreras y programas que ellas ofrecen.
Este organismo se hace necesario por cuanto, si bien el sistema de educación superior chileno cuenta desde 1990 con un mecanismo que permite verificar la calidad de las nuevas instituciones de educación superior, se trata de un proceso que concluye con la certificación de autonomía de dichas instituciones.
Las comisiones creadas en el marco del programa Mecesup han avanzado en la acreditación de programas de pre y postgrado, pero se hace indispensable dotar a esas iniciativas de la formalidad y estabilidad propias de una iniciativa legal, y completarlas con las otras actividades contempladas en el proyecto y a las cuales se ha hecho referencia anteriormente.
b. Composición de la Comisión.
La Comisión está integrada por trece miembros, cuatro de los cuales participan en ella en función de sus cargos.
La designación de los restantes miembros tiene por objeto asegurar dos aspectos esenciales. Por una parte, la participación en la Comisión de los principales actores involucrados en la educación superior, esto es, instituciones de educación superior de distintos tipos, sector productivo, asociaciones profesionales o disciplinarias y el sector público. Por otra parte, asegurar que en la propia conformación de la Comisión exista ya un mecanismo de coordinación de las decisiones del sector.
Ahora bien, con el fin de asegurar la autonomía de la Comisión, el proyecto ubica la secretaría técnica de la Comisión en el marco del Consejo Superior de Educación, organismo que le proveerá de los recursos necesarios para su funcionamiento. Con el fin de que esto resulte operativo, el proyecto establece que el financiamiento de las actividades de la Comisión provendrá esencialmente de los aranceles que ésta cobre, de los recursos que obtenga por prestación de servicios y de los recursos que se asignen anualmente para estos efectos en la ley de presupuestos.
c. Funciones de la Comisión.
Corresponderán a la Comisión las funciones de acreditación de instituciones de educación superior; de evaluación, aprobación y supervisión de agencias de acreditación para carreras y programas técnicos y profesionales; y de acreditación de programas de postgrado ofrecidos por instituciones autónomas.
Adicionalmente, se hará cargo de la acreditación de programas o carreras, en casos excepcionales, y servirá de órgano consultivo del Ministerio de Educación en materias relacionadas con el aseguramiento de la calidad.
La Comisión desarrollará sus funciones a través de la secretaría técnica y de comités ejecutivos establecidos para asesorarla en la implementación y desarrollo de los procesos de evaluación previstos en el proyecto.
A continuación se detallan las principales funciones que debe desempeñar la Comisión.
i. Proceso de acreditación institucional.
La Comisión desarrollará procesos de acreditación institucional de aquellas instituciones que voluntariamente lo soliciten.
Los criterios establecidos para estos procesos, se refieren a la existencia y operación eficaz de mecanismos institucionales de aseguramiento de la calidad, y deberán tomar en consideración, al menos, la formulación de planes de desarrollo, la verificación de los propósitos institucionales, los procesos de toma de decisión y su vinculación con información institucional válida y confiable y procedimientos para evaluar los resultados de las actividades desarrolladas.
Los procedimientos que se apliquen contemplan, al menos, las etapas de autoevaluación, evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión.
Mediante estos procesos será posible dar pública garantía acerca de la forma en que las instituciones cuentan con procesos de gestión modernos y eficaces para avanzar en forma sistemática y continua en el cumplimiento de sus propósitos. Por otra parte, constituyen una forma de promover el mejoramiento permanente de los procesos internos y de los sistemas de gestión en un contexto de aseguramiento de la calidad.
ii. Proceso de evaluación y autorización de agencias acreditadoras de carreras y programas de pregrado.
La acreditación de carreras profesionales y técnicas y de los programas de pregrado, podrá ser efectuada por instituciones nacionales, extranjeras o internacionales, autorizadas de acuerdo con las normas establecidas en el proyecto.
La acreditación de carreras y programas será voluntaria y su finalidad será dar garantía pública del cumplimiento de los criterios establecidos por la comunidad técnica, profesional o disciplinaria correspondiente y de los propósitos declarados por la institución que ofrece dichas carreras o programas.
La Comisión deberá autorizar a las instituciones que lo soliciten y supervisar su funcionamiento.
Para la autorización, deberá considerar al menos los siguientes criterios:
-La idoneidad de los integrantes de las agencias y de las entidades y personas que apoyarán sus procesos.
-La existencia y aplicación de mecanismos que aseguren la independencia y transparencia de las decisiones que ellas adopten.
-La existencia y aplicación de criterios de evaluación que sean equivalentes, en lo sustancial, a los que defina la Comisión.
-La existencia y aplicación de procedimientos que sean replicables y verificables, y que contemplen a lo menos una instancia de autoevaluación y otra de evaluación externa.
-La existencia y aplicación de adecuados mecanismos de difusión de sus decisiones.
La operación en el país de diversos organismos acreditadores permitirá, por una parte, cubrir de manera eficaz los más de tres mil programas que se ofrecen en la actualidad. Por otra, facilitará la aplicación de diversas perspectivas, asegurando sin embargo, el cumplimiento de un conjunto básico de criterios de calidad para las distintas carreras o programas. Asimismo, permitirá superar las limitaciones propias de un sistema de educación superior relativamente pequeño, abriendo los procesos de aseguramiento de la calidad a una base académica y profesional más amplia.
iii. Proceso de acreditación de programas de postgrado.
La acreditación de programas de postgrado se ajustará, en lo esencial, a los procedimientos y mecanismos debidamente probados por la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado (Conap).
Tendrá por objeto dar garantía pública de la calidad de los programas de maestría y doctorado que voluntariamente lo soliciten, en función de los criterios definidos por la comunidad científica y disciplinaria correspondiente y los propósitos establecidos por la institución que los ofrece.
Como dijimos, para el desempeño de todas estas funciones, la Comisión se apoyará en comités ejecutivos constituidos por grupos de expertos en los respectivos ámbitos de acción de la Comisión, quienes la asesorarán en la implementación y desarrollo de los procesos de evaluación que deba llevar a cabo, y sobre todo, en la definición y revisión periódica de criterios y procedimientos específicos con el fin de irlos adecuando a los requerimientos del desarrollo científico, tecnológico y social.
3. El sistema de información.
La posibilidad de contar con información oportuna, válida, confiable y comparable es un elemento esencial para el correcto funcionamiento de la educación superior. Esta función corresponde preferentemente al Ministerio de Educación, el que sin embargo, contará para su desarrollo con la contribución de las instituciones de educación superior y de otros organismos públicos y privados.
La División de Educación Superior del Ministerio de Educación estará encargada de establecer un conjunto básico de antecedentes referidos, al menos, a datos estadísticos relativos a alumnos, docentes, recursos, infraestructura y resultados del proceso académico Deberá, asimismo, recoger la información pertinente y necesaria para la gestión del sistema de educación superior, validarla y velar porque los usuarios del sistema de educación superior tengan acceso oportuno a información válida y confiable acerca de las principales variables relativas a la oferta de carreras y programas.
4. Otros aspectos.
Finalmente, el proyecto busca, también, aclarar y ordenar la conceptualización utilizada en los procesos de aseguramiento de la calidad.
Por ello, se propone modificar la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el fin de reservar, para el proceso desarrollado por el Consejo Superior de Educación con relación a universidades e institutos profesionales y el Ministerio de Educación con relación a centros de formación técnica, la denominación de "licenciamiento", y aplicar el concepto de acreditación a los procesos de evaluación aplicados a instituciones de carácter autónomo.
De este modo, el sistema de aseguramiento de la calidad chileno utilizará conceptos y denominaciones equivalentes a las que se usan en el ámbito internacional, y se evitará a los usuarios de la información correspondiente el riesgo de posibles confusiones.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
"CAPÍTULO I
Del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior
TÍTULO I
Del Sistema
Artículo 1º.- Establécese el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que comprenderá las siguientes funciones:
a) De información, que tendrá por objeto la identificación, recolección y difusión de los antecedentes necesarios para la gestión del sistema, la gestión institucional y la información pública.
b) De licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior, que corresponde al proceso de evaluación, aprobación y supervisión de las nuevas instituciones de educación superior.
c) De acreditación institucional, consistente en el proceso de análisis de los mecanismos existentes al interior de las instituciones autónomas de educación superior para asegurar su calidad, considerando tanto la existencia de dichos mecanismos, como su aplicación y resultados.
d) De acreditación de carreras o programas, referida al proceso de verificación de la calidad de las carreras o programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función de sus propósitos declarados y de los criterios establecidos por la comunidad académica y profesional correspondiente.
Artículo 2º.- La función de licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior, corresponde a los procesos de acreditación que desarrollan el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación, en conformidad con las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Las funciones de información, acreditación institucional, y acreditación de carreras o programas son reguladas en la presente ley.
TÍTULO II
Del Comité de Coordinación
Artículo 3º.- El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior será coordinado por un comité integrado por:
a) El Vicepresidente del Consejo Superior de Educación;
b) El Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, y
c) El Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.
Corresponderá al Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Educación actuar como secretario de este comité.
Artículo 4º.- Corresponderá al Comité Coordinador velar por la adecuada coordinación de las actividades de los distintos organismos que integran este sistema.
Artículo 5º.- El Comité Coordinador sesionará, a lo menos, tres veces en el año, pudiendo reunirse extraordinariamente a petición de cualquiera de sus integrantes.
Un Reglamento definirá la forma de funcionamiento del Comité Coordinador.
CAPÍTULO II
De las funciones de Acreditación Institucional y
de Acreditación de carreras y programas.
TÍTULO I
De la Comisión Nacional de Acreditación
Párrafo 1º: De la Comisión
Artículo 6º.- Créase la Comisión Nacional de Acreditación, en adelante, también, "la Comisión", cuya función será verificar y promover la calidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos, y de las carreras y programas que ellos ofrecen.
La Comisión Nacional de Acreditación gozará de amplia autonomía para el desarrollo de sus funciones y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.
Artículo 7º.- La Comisión Nacional de Acreditación estará integrada por trece miembros, designados de la siguiente forma:
a) Un miembro designado por el Presidente de la República, que presidirá la Comisión;
b) Dos académicos universitarios con amplia trayectoria en la formación de pregrado y/o postgrado, designados por el Presidente de la República a propuesta del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas;
c) Dos académicos universitarios con amplia trayectoria en la formación de pregrado y/o postgrado, designados por el Presidente de la República a propuesta de las universidades privadas autónomas que no reciben el aporte fiscal establecido en el artículo 1°, del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación, en reunión convocada por el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación;
d) Un docente con amplia trayectoria en formación profesional no universitaria, designado por el Presidente de la República a propuesta de los rectores de los institutos profesionales que gocen de plena autonomía, en reunión convocada por el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación;
e) Un docente con amplia trayectoria en formación técnica, designado por el Presidente de la República a propuesta de los rectores de los centros de formación técnica autónomos, en reunión convocada por el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación;
f) Dos figuras destacadas, una del sector productivo nacional y, la otra, miembro de una asociación profesional o disciplinaria del país, designados por el Presidente de la República;
g) El Vicepresidente del Consejo Superior de Educación;
h) El Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
i) El Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, y
j) El Secretario Ejecutivo , que tendrá sólo derecho a voz.
Los integrantes de la Comisión señalados en las letras a), b), c), d), e) y f); durarán cuatro años en sus cargos, y podrán ser designados nuevamente por una sola vez. La renovación de tales integrantes se realizará cada dos años, correspondiendo hacerlo en un periodo a los designados conforme a las letras b), d) y f) y en el siguiente a los designados de acuerdo con las letras a), c) y e).
Las vacantes que se produzcan serán llenadas dentro de los 30 días siguientes de producida la vacancia, siguiendo el mismo procedimiento indicado precedentemente. El reemplazante durará en funciones por el tiempo que reste para completar el período del miembro reemplazado.
Son inhábiles para integrar la Comisión aquellas personas que desempeñen funciones directivas superiores en alguna institución de educación superior.
La Comisión designará de entre los integrantes señalados en las letras b), c), d), e) y f) un Vicepresidente que subrogará al Presidente en caso de ausencia y que permanecerá dos años en esa calidad, pudiendo ser reelegido.
Para sesionar, la Comisión requerirá de la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los integrantes presentes.
Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a gozar de una dieta por sesión que asistan, que podrá ascender hasta 4 UTM con un máximo de 25 UTM por mes, conforme a las normas del reglamento interno de la Comisión. Esta asignación será incompatible con toda otra remuneración de carácter público para el personal regido por la ley N° 18.834.
Artículo 8º.- Corresponderán a la Comisión las siguientes funciones:
a) Pronunciarse sobre la acreditación institucional de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos;
b) Pronunciarse acerca de las solicitudes de autorización que le presenten las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado, y supervigilar su funcionamiento;
c) Pronunciarse sobre la acreditación de los programas de postgrado de las universidades autónomas;
d) Pronunciarse sobre la acreditación de los programas de pregrado de las instituciones autónomas, en el caso previsto en el artículo 23, y
e) Servir de órgano consultivo del Ministerio de Educación.
Artículo 9º.- Serán atribuciones de la Comisión:
a) Fijar criterios de evaluación para el desarrollo de los procesos regulados en este capítulo, y revisarlos periódicamente;
b) Aplicar las sanciones que establece la ley;
c) Conocer de las apelaciones que presenten las instituciones de educación superior respecto de los pronunciamientos de las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado;
d) Proponer al Consejo Superior de Educación la designación del Secretario Ejecutivo , el que permanecerá en su cargo mientras cuente con la confianza de la Comisión;
e) Disponer la creación de comités ejecutivos en todos aquellos casos en que sea necesaria la asesoría de expertos para el adecuado cumplimiento de sus funciones y designar sus integrantes, determinando su organización y condiciones de funcionamiento;
f) Aprobar el programa anual de actividades, a propuesta del Secretario Ejecutivo ;
g) Encomendar la ejecución de acciones o servicios a personas o instituciones públicas o privadas, para el debido cumplimiento de sus funciones;
h) Proponer anualmente al Consejo Superior de Educación los montos de los aranceles que se cobrarán en conformidad con el artículo 13;
i) Impartir instrucciones de carácter general a las instituciones de educación superior, sobre la forma y oportunidad en que deberán informar al público respecto de las distintas acreditaciones que le hayan sido otorgadas, que no detenten o que le hayan sido dejadas sin efecto;
j) Establecer su reglamento interno de funcionamiento, y
k) Desarrollar toda otra actividad que diga relación con sus objetivos.
Artículo 10.- El Secretario Ejecutivo será el ministro de fe de la Comisión. Le corresponderá cumplir los acuerdos que ésta adopte, dirigir la Secretaría Técnica y coordinar el trabajo de los comités ejecutivos.
Párrafo 2º: De la estructura interna y funcionamiento de la Comisión
Artículo 11.- La Comisión contará con una Secretaría Técnica cuya función será apoyar el desarrollo de los procesos que la ley encomienda a la Comisión. El Consejo Superior de Educación deberá proveer a la Comisión del personal necesario para el desarrollo de estas funciones.
Un reglamento establecerá las atribuciones, funciones y responsabilidades que corresponderán a la Secretaría Técnica.
Artículo 12.- La Comisión dispondrá la creación de comités ejecutivos que la asesorarán en la implementación y desarrollo de los procesos de evaluación previstos en esta ley y, especialmente, en la definición y revisión de criterios de evaluación y procedimientos específicos, así como en las demás materias en que ésta lo estime necesario.
Tales comités ejecutivos serán grupos de expertos a quienes les corresponderá analizar la información que se les proporcione en el ámbito de sus competencias y presentar a la Comisión propuestas fundadas para su pronunciamiento. Las proposiciones y recomendaciones que formulen los comités ejecutivos no serán vinculantes para la Comisión, aunque constituirán un antecedente importante que ésta considerará especialmente al tiempo de adoptar sus acuerdos.
Los integrantes de los comités ejecutivos tendrán derecho a gozar de una dieta por sesión que asistan, que podrá ascender hasta 2 UTM con un máximo de 16 UTM por mes. Esta asignación será incompatible con toda otra remuneración de carácter público para el personal regido por la Ley N° 18.834.
Corresponderá a la Comisión reglamentar la integración y la forma y condiciones de funcionamiento de cada comité ejecutivo.
En todo caso, los comités funcionarán sólo por el período que sea necesario para el adecuado cumplimiento de las tareas encomendadas por la Comisión.
Artículo 13.- Anualmente, el Consejo Superior de Educación fijará los montos de los aranceles que se cobrarán por el desarrollo de los procesos establecidos en esta ley. Dichos aranceles podrán pagarse hasta en diez mensualidades y constituirán ingresos propios del Consejo Superior de Educación, el que deberá destinarlos al desarrollo de las actividades y cumplimiento de los fines de la Comisión.
Artículo 14.- Asimismo, le corresponderá al Consejo Superior de Educación:
a) Proporcionar el apoyo administrativo y la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación;
b) Celebrar los contratos y convenios que sean necesarios para la ejecución de los acuerdos que la Comisión adopte, y
c) Pagar, cuando corresponda, las dietas a los miembros de la Comisión de Acreditación y de los comités ejecutivos que ésta constituya.
TÍTULO II
De la Acreditación Institucional
Artículo 15.- Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos podrán someterse a procesos de acreditación institucional ante la Comisión, los que tendrán por objeto evaluar y verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones de educación superior, y propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento continuo de su calidad.
La opción por el proceso de acreditación será voluntaria y, en su desarrollo, la Comisión deberá tener en especial consideración la autonomía de cada institución. En todo caso, las instituciones de educación superior deberán reconocer y respetar siempre los principios de pluralismo, tolerancia, libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y participación de sus miembros en la vida institucional, dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
Un reglamento de la Comisión establecerá la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional, los que, en todo caso, deberán considerar las etapas de autoevaluación institucional, evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión.
Artículo 16.- Corresponderá a la Comisión fijar y revisar periódicamente los criterios de evaluación para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional, a propuesta de un comité ejecutivo de acreditación institucional. Tales criterios de evaluación considerarán, a lo menos, la existencia y operación de mecanismos para formular planes de desarrollo y verificar el cumplimiento de los propósitos institucionales, de sistemas de información que apoyen efectivamente la toma de decisiones, de procesos estructurados de toma de decisiones, de sistemas de definición y control presupuestario, de mecanismos para entregar en forma completa y oportuna la información básica requerida, y de procedimientos para evaluar los resultados de las actividades desarrolladas.
Artículo 17.- La acreditación institucional se otorgará por un plazo de siete años a la institución de educación superior evaluada que, a juicio de la Comisión, cumpla íntegramente con los criterios de evaluación.
Si la institución evaluada no cumple íntegramente con dichos criterios, pero presenta un nivel de cumplimiento aceptable, la Comisión podrá acreditarla por un período inferior, de acuerdo al grado de adecuación a los criterios de evaluación que, a su juicio, ésta presente.
En los casos indicados en el inciso anterior, la Comisión formulará las observaciones derivadas del proceso de evaluación, las que deberán ser subsanadas por la institución de educación superior respectiva, antes del término del período de acreditación. El cumplimiento de lo dispuesto en este inciso será especialmente considerado por la Comisión en el siguiente proceso de acreditación.
Artículo 18.- Si el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación no es aceptable, la Comisión no otorgará la acreditación y formulará las observaciones pertinentes. El siguiente proceso de evaluación considerará especialmente dichas observaciones y las medidas adoptadas por la institución para subsanarlas.
En todo caso, la institución no podrá someterse a un nuevo proceso de acreditación antes del plazo de dos años, contado desde el pronunciamiento negativo de la Comisión.
Artículo 19.- Durante la vigencia de la acreditación, las instituciones deberán informar a la Comisión los cambios significativos que se produzcan en su estructura o funcionamiento, tales como apertura de carreras en nuevas áreas del conocimiento, establecimiento de nuevas sedes institucionales, desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, y cambios sustanciales en la propiedad, dirección o administración de una institución.
TÍTULO III
De la autorización y supervigilancia de las agencias de acreditación
de carreras y programas de pregrado
Párrafo 1º: Del objeto de la acreditación
Artículo 20.- La acreditación de carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado será realizada por instituciones nacionales, extranjeras o internacionales, que se denominarán agencias acreditadoras, autorizadas en conformidad con las normas del presente título.
Dicha acreditación tendrá por objeto dar garantía de calidad de las carreras y los programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función de los propósitos declarados por la institución que los imparte y los criterios definidos por la comunidad técnica, profesional o disciplinaria correspondiente.
La opción por los procesos de acreditación de carreras y programas de pregrado será voluntaria y, en el desarrollo de los mismos, las agencias autorizadas y la Comisión deberán cautelar la autonomía de cada institución.
Artículo 21.- Las instituciones de educación superior podrán apelar a la Comisión de las decisiones de acreditación que adopten las agencias autorizadas. Esta apelación deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de comunicación de la decisión de acreditación recurrida.
Artículo 22.- La Comisión, de oficio o a solicitud de terceros, podrá dejar sin efecto las decisiones de acreditación que adopten las agencias autorizadas, en caso de grave y manifiesto incumplimiento de los criterios y procedimientos de evaluación autorizados.
Artículo 23.- En los casos en que no exista ninguna agencia autorizada para acreditar carreras profesionales o técnicas o programas de pregrado en una determinada área del conocimiento, corresponderá a la Comisión desarrollar directamente tales procesos de acreditación, conforme al reglamento que dictará para ese efecto. El reglamento incluirá los respectivos criterios de evaluación.
Artículo 24.- En ningún caso la responsabilidad que pueda emanar de una acreditación efectuada por una agencia autorizada, comprometerá la responsabilidad de la Comisión.
Párrafo 2º: De la autorización y supervigilancia de las agencias de acreditación
Artículo 25.- Corresponderá a la Comisión autorizar y supervigilar el adecuado funcionamiento de las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado, sobre la base de los criterios de evaluación que fije, a propuesta de un comité ejecutivo de acreditación de pregrado. Tales criterios de evaluación considerarán, a lo menos:
a) La idoneidad de los integrantes de las agencias y de las entidades y personas que apoyarán sus procesos;
b) La existencia y aplicación de mecanismos que aseguren la independencia y transparencia de las decisiones que ellas adopten;
c) La existencia y aplicación de criterios de evaluación que sean equivalentes, en lo sustancial, a los que defina la Comisión;
d) La existencia y aplicación de procedimientos de evaluación que sean replicables y verificables, y que contemplen, a lo menos, una instancia de autoevaluación y otra de evaluación externa, y
e) La existencia y aplicación de adecuados mecanismos de difusión de sus decisiones.
Artículo 26.- El proceso de evaluación de solicitudes de autorización considerará una evaluación externa y un pronunciamiento de autorización. La evaluación considerará, además, el conjunto de observaciones, recomendaciones o indicaciones que la Comisión haya formulado a la agencia, en el marco de anteriores procesos de autorización o supervisión, si estos existieran.
Un reglamento de la Comisión establecerá la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de autorización de agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado.
Artículo 27.- La Comisión autorizará a la agencia de acreditación de carreras y programas de pregrado que cumpla íntegramente con los criterios de evaluación respectivos. La autorización se extenderá por un plazo de 7 años.
En los casos en que la agencia de acreditación no cumpla íntegramente con los criterios de evaluación, la Comisión formulará las observaciones que deberán ser subsanadas por la entidad de manera previa a su autorización.
Artículo 28.- La autorización que se otorgue a las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado se extenderá exclusivamente a aquellas áreas disciplinarias que la Comisión señale en cada caso, conforme al contenido de cada solicitud y los antecedentes de la evaluación.
Artículo 29.- Para efectos de la supervigilancia de las agencias acreditadoras, la Comisión realizará evaluaciones parciales y requerirá las informaciones pertinentes.
Las agencias acreditadoras deberán presentar a la Comisión una memoria anual acerca de sus actividades e informar de todos aquellos cambios significativos que se produzcan en su estructura y funcionamiento, los que serán evaluados conforme a los criterios de evaluación.
Párrafo 3º: De las sanciones.
Artículo 30.- Las infracciones a las normas del presente título y su reglamento, serán sancionadas por la Comisión con alguna de las siguientes medidas:
a) Amonestación por escrito;
b) Multa a beneficio fiscal por un monto equivalente en moneda de curso legal, al momento del pago efectivo, de hasta 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa o poner término anticipado a la autorización en los términos del numeral 3, de la letra c) siguiente;
c) Suspensión de la autorización por no haber cumplido la agencia con los criterios de evaluación a que se refiere el párrafo 2º del presente Título.
En este caso, la entidad afectada deberá adoptar las medidas que sean necesarias para dar adecuada solución a las observaciones dispuestas por la Comisión al momento de suspender la autorización, dentro de los plazos que ésta determine, y
d) Término anticipado de la autorización, en los siguientes casos:
1. Por no haber adoptado la agencia las medidas necesarias para solucionar las observaciones de la Comisión al momento de suspender la autorización, dentro de los plazos fijados; o cuando las medidas implementadas no sean conducentes a dicho fin o no produzcan los efectos perseguidos;
2. Por haberse dejado sin efecto las decisiones de acreditación que adopten las agencias, en caso de grave y manifiesto incumplimiento de los criterios y procedimientos de evaluación autorizados, y
3. Por haber sido la agencia objeto de la sanción de multa en dos oportunidades dentro de un mismo año calendario.
Artículo 31.- En forma previa a la aplicación de una sanción, se notificará al afectado de los cargos que se formulan en su contra, para que presente sus descargos a la Comisión dentro del plazo de diez días, contado desde la notificación de los cargos.
De la resolución que imponga una sanción, se podrá reclamar ante el ministro de Educación dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación de dicha resolución. El referido Ministro tendrá un plazo de 30 días para resolver. Contra dicha resolución no procederá recurso alguno.
Aplicada una multa ésta deberá ser pagada, en la Tesorería Regional del domicilio del sancionado, dentro del término de diez días contado desde la notificación de la resolución respectiva.
Artículo 32.- Las notificaciones que deban efectuarse se harán personalmente o por carta certificada enviada al domicilio que el notificado tenga registrado en la Comisión. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas al quinto día de aquel en que sean expedidas, lo que deberá constar en un libro que llevará la Comisión.
TÍTULO IV
De la acreditación de programas de postgrado
Artículo 33.- La acreditación de programas de postgrado tendrá por objeto dar garantía de calidad de los programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función de los propósitos declarados por la institución que los imparta y las normas establecidas para este fin por la comunidad científica o disciplinaria correspondiente.
La opción por la acreditación de programas de postgrado será voluntaria.
Un reglamento de la Comisión establecerá la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación de programas de postgrado.
Artículo 34.- Corresponderá a la Comisión fijar y revisar periódicamente los criterios de evaluación para la acreditación de programas de postgrado, a propuesta de un comité ejecutivo de acreditación de postgrado.
Artículo 35.- La Comisión acreditará los programas de postgrado que cumplan íntegramente con los criterios de evaluación.
En el caso en que un programa de postgrado no cumpla íntegramente con dichos criterios, pero presente, a juicio de la Comisión, un nivel de cumplimiento aceptable de los mismos, podrá acreditársele bajo condición de que dé cumplimiento a las observaciones que surjan del proceso, dentro de los plazos que la Comisión fije. Si el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación no es aceptable, la Comisión no acreditará el respectivo programa.
La acreditación de programas de postgrado se extenderá por un plazo de hasta 6 años, según el grado de cumplimiento de los criterios de evaluación.
TÍTULO V
De las medidas de publicidad de las decisiones
Artículo 36.- Corresponderá a la Comisión mantener un sistema de información pública que contenga las decisiones más relevantes que adopte en relación con la acreditación institucional de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos; la autorización y supervisión de las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado; y la acreditación de programas de postgrado.
Asimismo, deberá mantener un registro público con las carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado y postgrado acreditados en conformidad con esta ley.
CAPÍTULO III
Del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
Artículo 37.- Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de su División de Educación Superior o de la entidad que ésta determine, desarrollar y mantener un “Sistema Nacional de Información de la Educación Superior”, que contenga los antecedentes necesarios para la gestión del sistema de educación superior, para la gestión institucional y para la información pública.
Artículo 38.- Para estos efectos, las instituciones de educación superior deberán recoger y proporcionar a la División de Educación Superior el conjunto básico de información que ésta determine, la que considerará, a lo menos, datos estadísticos relativos a alumnos, docentes, recursos, infraestructura y resultados del proceso académico.
Un reglamento del Ministerio de Educación determinará la información específica que se requerirá, así como las especificaciones técnicas de la misma.
Artículo 39.- Corresponderá a la División de Educación Superior recoger la información proporcionada por las instituciones, validarla, procesarla cuando corresponda, y distribuirla a los distintos usuarios, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento.
Artículo 40.- La no entrega de la información requerida, la entrega incompleta de dicha información o la inexactitud de la misma, serán sancionadas por el Ministerio de Educación con alguna de las siguientes medidas:
a) Amonestación por escrito, y
b) Multa a beneficio fiscal por un monto equivalente en moneda de curso legal, al momento del pago efectivo, de hasta 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa.
Artículo 41.- En forma previa a la aplicación de una sanción, se notificará al afectado de los cargos que se formulan en su contra, para que presente sus descargos al Ministerio de Educación dentro del plazo de diez días, contado desde la notificación de los cargos.
Aplicada una multa ésta deberá ser pagada, en la Tesorería Regional del domicilio del sancionado, dentro del término de diez días contado desde la notificación de la resolución respectiva.
Artículo 42.- Las notificaciones que deban efectuarse se harán personalmente o por carta certificada enviada al domicilio legal de la respectiva institución de educación superior. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas al quinto día de aquel en que sean expedidas, lo que deberá constar en un libro que llevará el Ministerio de Educación.
CAPÍTULO FINAL
Artículo 43.- Modifíquese la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, del siguiente modo:
1. Reemplázase, en el epígrafe del Párrafo 2º, del Título III, la expresión "Sistema de Acreditación", por la frase "Sistema de Licenciamiento".
2. Sustitúyase la palabra "acreditación" por "licenciamiento", que se utiliza en los artículos 37, letras b), c) y d); 41, inciso tercero; 42, incisos primero y segundo; 43, inciso primero; 69, incisos segundo, tercero y cuarto; 82, incisos primero y segundo; 2º transitorio, inciso primero; y 3º transitorio, incisos primero y segundo.
3. Sustitúyase la expresión "la acreditación" por "el licenciamiento" que se utiliza en los artículos 38, inciso primero; 39, incisos primero y segundo; y 2º transitorio, inciso segundo.
4. Sustitúyase el inciso primero del artículo 35, por el siguiente:
"Artículo 35.- La Secretaría Técnica tendrá una planta de personal compuesta por el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Educación, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, cuatro profesionales, dos administrativos y un auxiliar.".
Artículo Final.- El mayor gasto que irrogue la aplicación del Capítulo II de la presente ley, será financiado con cargo a los dineros recaudados por la aplicación de los aranceles a que se refiere el artículo 13, aquellos ingresos que reporten otras actividades que la Comisión desarrolle y los recursos que se consulten anualmente en la Ley de Presupuesto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero.- La primera designación de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación indicados en las letras a), b), c), d), e) y f), del inciso primero del artículo 7º, deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 30 días contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.
La primera designación de los Consejeros señalados en las letras b), d) y f), del inciso primero del artículo 7º, se realizará para un período de dos años.
Artículo Segundo.- Corresponderá al Consejo Superior de Educación arbitrar las medidas conducentes para la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Acreditación.
Artículo Tercero.- Los pronunciamientos sobre la acreditación de carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado, y sobre la acreditación de programas de postgrado emitidos hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley, por la Comisión de Evaluación de Calidad de Programas de Pregrado de Instituciones Autónomas de Educación Superior, establecida por Decreto N° 55/99 del Ministerio de Educación, y la Comisión de Evaluación de Calidad de Programas de Postgrado de Universidades Autónomas, creada por Decreto N° 225/99 de la misma Secretaría de Estado, tendrán, para todos los efectos legales, el mismo valor y vigencia que los pronunciamientos de acreditación que adopten las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado o la Comisión, en su caso.
Artículo Cuarto.- Mientras la Comisión Nacional de Acreditación no defina los criterios de evaluación a que se refiere la letra a) del artículo 9º, en relación con el artículo 23, los criterios de evaluación para carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado serán aquellos definidos por la Comisión de Evaluación de Calidad de Programas de Pregrado de Instituciones Autónomas de Educación Superior.
Artículo Quinto.- Corresponderá a la Comisión Nacional de Acreditación desarrollar una propuesta para el establecimiento de un Sistema Nacional de Certificación y Habilitación Profesional, para lo cual deberá promover una amplia participación de los distintos actores involucrados. Dicha propuesta deberá ser presentada al Presidente de la República dentro del plazo de dos años contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; SERGIO BITAR CHACRA , Ministro de Educación ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN SISTEMA
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Mensaje Nº 512-348
Con relación al mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de este proyecto de ley, se puede señalar lo siguiente:
1. El proyecto de ley, en su Capítulo II contempla las funciones de Acreditación Institucional y Acreditación de carreras y programas de la Educación Superior.
2. Con tal objeto se crea la Comisión Nacional de Acreditación, cuyos integrantes tendrán derecho a gozar de una dieta por sesión a que asistan, la cual podrá ascender a 4 UTM, con un máximo de 25 UTM por mes. Dicha dieta es incompatible con toda otra remuneración de carácter público para el personal regido por la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo.
3. Asimismo el proyecto de ley, en su artículo 12, contempla la posibilidad de crear Comités de Ejecutivos de expertos los que tendrán derecho a una dieta por sesión a que asistan que podrá ascender a 2 UTM, con un máximo de 16 UTM por mes, con la misma incompatibilidad señalada en el párrafo anterior.
4. Se crea también una Secretaría Ejecutiva, que llevará a cabo las iniciativas que acuerde la Comisión, la cual funcionará en el Consejo Superior de Educación. Para ello en el artículo 43, numeral 4), se modifica el artículo 35 de la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, agregando a la planta de dicho Consejo el cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación .
5. El artículo 14 del Proyecto establece que el Consejo Superior de Educación proporcionará el apoyo administrativo y de infraestructura para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación.
6. El artículo final establece que el mayor gasto que signifique la aplicación del Capítulo II, será financiado con los recursos que se recauden de los cobros a las instituciones de educación superior, por los aranceles que establece el artículo 13 del proyecto de ley, y los recursos que se consulten anualmente en la ley de presupuestos.
7. La ley de presupuestos de cada año sólo tendrá que establecer, como aporte fiscal, aquellos recursos que permitan contratar al Secretario Ejecutivo , lo que representa un mayor gasto fiscal anual del orden de $ 18.697 miles.
El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, a que se refiere el Capítulo III del Proyecto, será una responsabilidad del Ministerio de Educación, cuyas actividades se financiarán con los recursos que le sean asignados cada año a la División de Educación Superior.
(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y otros cuerpos legales. (Boletín Nº 2853-04).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Informe complementario de las Comisiones unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, recaído en el proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo. (boletín Nº 2361-23-3)
“Honorable Cámara:
Las Comisiones Unidas de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, pasan a emitir un informe complementario sobre el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en un Mensaje y en primer trámite constitucional.
El mandato de las Comisiones Unidas en referencia deriva de un acuerdo adoptado por la Sala en sesión del 18 de marzo pasado, que no precisa -más allá de señalar que ha de evacuarse un informe complementario- el contenido específico de éste, toda vez que se trata de una situación no contemplada en el reglamento. De ahí que las Comisiones Unidas interpretarán tal mandato en orden a aproximar las posiciones sustentadas por Gobierno Interior y Turismo, por un lado, y Hacienda por el otro.
De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del reglamento, las Comisiones Unidas fueron presididas por la titular de la Comisión de Gobierno Interior, honorable diputada doña Eliana Caraball.
Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y participación de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, doña Adriana Delpiano , y de los asesores de esa repartición, señores Rodrigo Cabello y Eduardo Pérez .
I. ANTECEDENTES.
Se recordará que, en su segundo informe sobre el proyecto de ley enunciado, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Turismo introdujeron varias modificaciones al texto aprobado en el primer trámite reglamentario. Las principales fueron las siguientes: 1) Por una parte, se estipuló que el juego denominado “bingo” debía desarrollarse en los mismos locales habilitados como casinos, en circunstancia que con anterioridad se había establecido una modalidad de tratamiento especial para las salas de bingo, considerándolas como establecimientos apartes, destinados en forma exclusiva a esta última modalidad de juego; 2) La segunda enmienda consistió en limitar a dos el número de casinos que se pueden explotar en cada región, salvo en la Metropolitana, que fue excluida de la posibilidad de contar con este tipo de establecimientos; 3) Por último, se eliminaron todas aquellas disposiciones que regulaban las funciones de la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo, como asimismo su estructura y organización y patrimonio, creándose en su reemplazo la Superintendencia del ramo, organismo que, sin embargo, es meramente enunciado, pues no se le dota de organización ni atribuciones específicas, limitándose a señalar el proyecto que le corresponde supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnicas para la instalación, administración y explotación de los casinos. Lo anterior, junto con determinar que la institución fiscalizadora careciera de significación práctica, trasuntaba, más allá del evidente vacío regulatorio, la posición predominante en el seno de dichas Comisiones Unidas, en orden a que la actividad del juego se sometiera a las normas de control de carácter general que existen en el ordenamiento jurídico, y no a un ente específico, a saber, la Superintendencia.
Conociendo del informe evacuado por las aludidas Comisiones Unidas, la Comisión de Hacienda, por su parte, resolvió volver al criterio original respecto de los temas consignados (sin perjuicio de incorporarle otras adecuaciones al texto propuesto por Gobierno y Turismo), vale decir, regular los casinos y las salas de bingo como establecimientos separados, y dejar al arbitrio de los particulares la instalación tanto de aquéllos como de éstas en los lugares y en el número que estimen pertinentes, cumpliendo eso sí, como es lógico, con los requisitos que especifica el proyecto para el desarrollo de la actividad. Tocante a la regulación del ente rector en el rubro, se mantuvo la nomenclatura propuesta por las Comisiones Unidas, esto es, la denominación de Superintendencia (en vez de Comisión Nacional), subsanando por otra parte el vacío normativo a que se hizo mención más arriba, lo que se tradujo en la reposición, en términos similares, de los preceptos que regulaban primitivamente todo lo relacionado con la estructura y el quehacer del organismo en cuestión.
Respecto al punto de los tributos y a la distribución de las utilidades generadas por los casinos y salas de bingo, la Comisión de Hacienda compartió los criterios aprobados en la instancia técnica, no suscitándose controversia sobre el particular.
No obstante, y como queda dicho, la posición diametralmente opuesta adoptada por uno y otro organismo de la Corporación en torno a las cuestiones arriba enunciadas, dio pábulo a la Sala para solicitar un nuevo estudio -traducido en un informe complementario- acerca de tales materias, con el propósito de aproximar los puntos de vista. Es necesario señalar también que, sin perjuicio de los temas antes esbozados, en el seno de las Comisiones Unidas se suscitó controversia respecto al procedimiento que ha de seguirse para otorgar el permiso de operación de un casino de juego o sala de bingo. Sobre este particular, hubo quienes se manifestaron por radicar en la Superintendencia las atribuciones encaminadas a dicha finalidad, en tanto otros parlamentarios se inclinaron por el mecanismo de la licitación, argumentando que ofrece la gran ventaja de objetivizar y transparentar la decisión de la autoridad; y, por último, quienes expresaron que el sistema de concesión, por el cual se rigen los casinos que operan actualmente en el país, debería mantenerse porque -desde su punto de vista- ha demostrado ser exitoso, particularmente en cuanto a la generación de ingresos para las municipalidades que la otorgan.
II. COMETIDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO INTERIOR Y DE HACIENDA.
A la luz, pues, del mandato conferido por la Sala, las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Hacienda se abocaron (según se señaló) a debatir los puntos en que los informes emanados de las instancias mencionadas discrepan abiertamente, con el objeto de arribar a una postura común sobre aquéllos o, al menos, morigerar los planteamientos originales.
En tal cometido, la Subdere cumplió un papel muy destacado, presentando alternativas de solución que sirvieron de base para los acuerdos alcanzados, según se verá en su lugar.
A continuación se detalla la posición adoptada sobre cada uno de los temas antes esbozados:
1) Reposición de salas de bingo como establecimientos apartes (Indicaciones N° 1, 2, 3 y 4 de la Comisión de Hacienda).
En esta materia, por amplia mayoría se impuso la opinión de que, dada la distinta naturaleza de los juegos que se desarrollan en uno y otro tipo de local, es preferible su funcionamiento en forma separada.
2) Existencia de un organismo rector en la materia, con la denominación de Superintendencia, incluyendo su estructura, patrimonio y facultades, excepto las relativas al otorgamiento del permiso de operación (criterios y factores a considerar al efecto).
En cuanto a este punto, y con la salvedad expresada, cabe hacer presente que por abrumadora mayoría se concordó con el criterio aprobado en Hacienda (Indicaciones N° 11 y 12).
3) Criterios y factores que ha de considerar la Superintendencia para evaluar y resolver las solicitudes de operación de casinos de juego y salas de bingo (Indicación N° 7 de Hacienda).
En esta materia se produjo un largo debate en torno a la objetividad de los elementos considerados en la referida indicación. Ello motivó al Ejecutivo a presentar en el seno de las Comisiones Unidas, con fecha 8 de abril, una propuesta más acabada respecto al punto (que se adjunta en anexo) y que, en síntesis, recoge las observaciones de los parlamentarios, en la medida que recibió el apoyo mayoritario de ellos.
4) Límite de casinos en el país
Sobre el particular, también se produjo un extenso debate y, como en el caso anterior, el Ejecutivo , con fecha 31 de marzo, hizo llegar una proposición -que se acompaña como anexo-, aprobada mayoritariamente, que fija un tope de 25 casinos en el país, con un mínimo de uno y un máximo de tres por región, incluyendo a la Metropolitana. Sin embargo, es necesario señalar que, respecto a esta última, quedó pendiente precisar -tarea que se encomendó al Ejecutivo- la eventual exclusión de la provincia de Santiago de la posibilidad de contar con un casino de juegos.
5) Criterio de territorialidad para la instalación de salas de bingo.
Dentro de la proposición del Ejecutivo previamente aludida se contempla el funcionamiento de hasta dos salas de bingo por cada provincia. Junto con compartirse la idea de que es conveniente restringir la instalación de estas salas, prevaleció asimismo el principio de emplear un criterio de territorialidad en la materia. Empero, la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas no adhirió a la sugerencia del gobierno sobre el particular, esto es, autorizar dos salas por provincia como máximo, en la medida que, según se argumentó, no todas las provincias cuentan con análogo número de comunas. En efecto, se observa una gran disparidad en esta materia y, de aceptarse la propuesta del Ejecutivo , quedarían en una situación desmedrada las provincias que constan de muchas comunas. En tal virtud, y reconociendo la validez de este punto de vista, la señora subsecretaria se comprometió a elaborar una solución alternativa.
-o-
Por último, para una mejor inteligencia de las propuestas emanadas de estas Comisiones Unidas, se adjunta al informe el texto comparado de los proyectos aprobados en su segundo informe por la Comisión Técnica (Gobierno Interior y Turismo) y la de Hacienda, y, por otra parte, las sugerencias de modificaciones presentadas por el Ejecutivo tendientes a resolver los temas divergentes, como se adelantó en su oportunidad.
-o-
Se designó diputada informante a la señora Caraball, doña Eliana (Presidenta).
Tratado en sesiones de fechas 2 y 9 del mes en curso, con la asistencia de la señora Caraball , doña Eliana ( Presidenta ); señora Allende , doña Isabel ; señores Álvarez, don Rodrigo ; Alvarado, don Claudio ; Ascencio, don Gabriel ; Becker, don Germán ; Cardemil, don Alberto ; Dittborn, don Julio ; Egaña, don Andrés ; Escalona, don Camilo ; señora González, doña Rosa ; Hidalgo, don Carlos ; Ibáñez, don Gonzalo ; Jaramillo, don Enrique ; Longton, don Arturo ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos ; Muñoz, don Pedro ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José ; Quintana, don Jaime ; Silva, don Exequiel ; Tuma, don Eugenio ; Valenzuela, don Esteban ; Varela, don Mario ; y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Sala de la Comisión, a 10 de abril de 2003.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Formula indicaciones al proyecto de ley que establece bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo. (boletín Nº 2361-23)
“Honorable Cámara de Diputados:
En virtud de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo.
AL ARTÍCULO 20
Para reemplazar el artículo 20 del texto contenido en el informe de las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Turismo, por el siguiente:
“Artículo 20.- Podrán autorizarse y funcionar sólo hasta 25 casinos de juego en el país, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que establece la presente ley; uno en cada una de las regiones del país y el resto a ser distribuidos a nivel nacional. Con todo, no podrán autorizarse más de tres casinos de juego en una misma región.
Asimismo, podrán autorizarse y funcionar sólo hasta 2 salas de bingo por provincia.
Para los efectos de lo establecido en los incisos anteriores, la presentación de solicitudes de permisos de operación o de renovación de los mismos, sólo podrá efectuarse en los siguientes períodos:
a) Las nuevas solicitudes de permisos de operación, deberán formalizarse durante el primer semestre de cada año.
b) Las solicitudes de renovación de permisos de operación vigentes, deberán formalizarse entre los 270 y los 150 días anteriores al día de su vencimiento.
En todo caso, formalizada una nueva solicitud o solicitud de renovación ante la Superintendencia, ésta publicará en su diario de circulación nacional, dentro de los cinco días hábiles siguientes, un extracto de la solicitud, conteniendo a lo menos la individualización de la sociedad solicitante y el lugar propuesto para el funcionamiento del respectivo casino de juego o sala de bingo”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro del Interior ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.
Formula indicaciones al proyecto de ley que establece bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo. (boletín Nº 2361-23)
“Honorable Cámara de Diputados:
En virtud de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo.
ARTÍCULO 20, NUEVO
Para intercalar, a continuación del actual artículo 19, el siguiente artículo 20, nuevo, corrigiéndose según corresponda la numeración de los artículos siguientes:
“Artículo 20.- El cumplimiento íntegro de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para el otorgamiento de un permiso de operación, como asimismo el resultado de la precalificación de antecedentes de la sociedad solicitante y de sus accionistas, en los términos previstos en el artículo 18, constituyen condiciones previas y determinantes para dar inicio al proceso de evaluación y resolución de toda solicitud de operación de Casino de Juego o Sala de Bingo.
Verificado lo anterior, la Superintendencia procederá a evaluar la solicitud de operación, teniendo en consideración los siguientes criterios y factores, aplicando la ponderación que para cada uno de ellos establezca el reglamento.
a) La calidad de territorio turísticamente consolidado del lugar de emplazamiento del Casino de Juego o la Sala de Bingo cuyo permiso de operación se solicita, en virtud del informe que al efecto emita el Servicio Nacional de Turismo.
b) El informe emitido por el gobierno regional respectivo, especialmente con relación a la conveniencia del lugar de emplazamiento propuesto por la solicitante.
c) El informe emitido por la municipalidad respectiva, sobre el impacto y los efectos del proyecto en la comuna.
d) La distancia relativa entre el lugar de emplazamiento del Casino de Juego o la Sala de Bingo cuyo permiso de operación se solicita y el lugar de funcionamiento de otro establecimiento del mismo tipo.
e) Las consideraciones de seguridad y orden público que reúna el lugar de emplazamiento y su entorno inmediato, según el informe que al efecto emita el Ministerio del Interior.
f) Las cualidades del Proyecto o Plan de Operación, considerando al efecto los siguientes factores específicos:
-El incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento.
-La ubicación, diseño y calidad de las instalaciones.
-La relación armónica con el entorno.
-La conexión con los servicios y vías públicas.
-Los efectos económico-sociales que la instalación del establecimiento haya de crear o promover en la zona geográfica de su localización.
-El monto de la inversión total del proyecto a ejecutar por la solicitante.
No obstante, la sociedad operadora que solicite la renovación de un permiso de operación vigente, tendrá derecho preferente para la obtención del permiso, cuando al menos iguale el mejor puntaje ponderado que arroje el proceso de evaluación entre distintos solicitantes.
En todo caso, la Superintendencia no podrá autorizar un permiso de operación a ningún solicitante que no alcance al menos el 60% de la suma total de los puntajes ponderados establecidos en el reglamento. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia para denegar, por resolución fundada, el respectivo permiso de operación, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro del Interior ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.
5. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, sobre el proyecto del honorable Senado que autoriza la construcción de un monumento, en Chillán Viejo, en memoria de don Bernardo O’Higgins Riquelme . (boletín Nº 2480-04) (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, pasa a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley del epígrafe.
La proposición de ley en informe, fue presentada el 22 de marzo de 2000 por los honorables senadores Mario Ríos Santander y Mariano Ruiz-Esquide Jara . Fue informada favorablemente por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del honorable senado, por la unanimidad de sus miembros, en sesión de 21 de junio de 2000.
1. ANTECEDENTES.
La moción que dio origen a este proyecto de ley, señala que el homenaje que se desea rendir a la memoria de don Bernardo O’Higgins Riquelme , tiene por finalidad dar proyección a la recientemente creada comuna de Chillán Viejo, lugar donde nació este Padre de la Patria , y además constituir a esa comuna como referente cultural e histórico.
Con ese propósito se propone la reconstrucción de la “Casa de O’Higgins” en el mismo lugar donde se encontraba emplazada la de su abuelo materno don Simón Riquelme de la Barrera, que corresponde al actual “Parque Monumental Bernardo O’Higgins”, lugar donde nuestro prócer vivió los primeros años de su niñez. Por eso, precisamente, fue destinado a honrar la memoria del Libertador. Este parque, de uso público de gran interés turístico, fue construido y era administrado por la I. Municipalidad de Chillán, la que el 6 de diciembre de 1996, fecha de la instalación del Primer Consejo Municipal de Chillán Viejo, se lo traspasó al recién creado municipio.
Expresan los autores de esta idea legislativa, que la construcción que se propone levantar comprendería un museo y significaría remodelar el entorno del Parque. Su proposición, agregan, cuenta con el respaldo del Ejército de Chile, según lo manifestara al Alcalde de la comuna, su Comandante en Jefe de la época, el Teniente General don Ricardo Izurieta Caffarena . Demás está dar otras explicaciones o explayarse en el significado de este homenaje.
Para la realización de esta obra se necesita el apoyo de todo el pueblo de Chile, para cuyo efecto se consulta en el proyecto su financiamiento a base de erogaciones voluntarias, donaciones y otros aportes, los que se destinarán exclusivamente al propósito enunciado en el proyecto en informe.
2. DISCUSIÓN DEL PROYECTO EN EL SENADO
La Comisión tuvo en cuenta que el articulado del proyecto guarda concordancia con el de iniciativas anteriores de semejante naturaleza, razón por la cual le prestó su aprobación por unanimidad.
La observación del senador Hernán Larraín , sobre la necesidad de que la construcción que se propone cuente con el acuerdo del municipio, fue obviada por la Comisión con el argumento de que, para resolver esta situación, el propio proyecto, en su artículo 5°, literal b) establece que la Comisión Especial que se crea para ejecutar esta obra, debe coordinarse con el municipio respectivo y el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que supone recabar las autorizaciones y formalidades que sean necesarias.
La Comisión del honorable Senado dejó constancia en su informe que la obra a que se refiere el proyecto, debe entenderse como una reconstrucción en tamaño natural y real y no como un modelo o maqueta a escala.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto consta de siete artículos.
En el artículo 1° se autoriza la construcción de un monumento, en Chillán Viejo, que reproduzca la casa en que nació don Bernardo O’Higgins ; en el 2° se determina el financiamiento; en el 3° se crea un fondo para recibir los aportes señalados en el artículo anterior; en el 4° se crea una comisión especial integrada por 5 miembros ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley; en el 5° se señalan las funciones de la comisión especial: en el 6° se dispone que la obra deberá ejecutarse en el plazo de 5 años, disponiendo que si no se hace, los recursos recaudados los destinará la comisión especial a los fines que ella establezca, y en el 7° se regula el destino de los excedentes que pudiere haber al concluirse la obra.
4. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
Vistos los antecedentes anteriores, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó aprobar en los mismos términos despachados por el honorable Senado, el siguiente
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1°.- Autorízase la construcción en la ciudad de Chillán Viejo, de un monumento que reproduzca la casa de don Simón Riquelme de la Barrera, lugar en que nació y vivió sus primeros años de vida don Bernardo O'Higgins Riquelme , con el objeto de honrar la memoria del Padre de la Patria .
Artículo 2°.- La obra se financiará mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que establece el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3°.- Créase; un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Créase una comisión especial, integrada por cinco miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) El Alcalde de la I. Municipalidad de Chillán Viejo, quien la presidirá y convocará;
b) Un representante del Ministerio del Interior;
c) Un representante del Ministerio de Defensa;
d) Un representante del Ejército de Chile, y
e) Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales.
La Comisión funcionará en la ciudad de Chillán Viejo y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros. En caso de empate dirimirá su presidente.
Artículo 5°.- La comisión especial tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y forma en que se efectuarán las colectas públicas contempladas en el artículo 2°, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con la I. Municipalidad de Chillán Viejo y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en e¡ artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para el diseño y ejecución de la obra, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar e¡ referido fondo.
Articulo 6°.- El monumento deberá erigirse en el plazo de cinco años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Si vencido dicho plazo no se hubiere ejecutado la obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones se destinarán a los objetivos que la comisión especial establezca.
Artículo 7°.- Si al concluir la construcción del monumento resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión especial determine.".
Se designó diputado informante al honorable señor Rosauro Martínez Labbé .
Tratado y acordado en las sesiones de fechas 11 y 18 de marzo, con la asistencia de los honorables diputados Carlos Montes Cisternas ( Presidente ) y señora Carolina Tohá Morales ( Presidenta ), Eugenio Bauer Jouanne , Germán Becker Alvear , Sergio Correa de la Cerda, Fidel Espinoza Sandoval , Rodrigo González Torres , Rosauro Martínez Labbé , Carlos Olivares Zepeda, José Antonio Kast Rist , Manuel Rojas Molina y Eduardo Saffirio Suárez y de la señorita María Antonieta Saa Díaz , miembros titulares de la Comisión.
Sala de la Comisión, a 18 de marzo de 2003.
(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Abogado Secretario de la Comisión ”.
6. Oficio de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
“Ref. Comunica resolución en Ant. Adm.
Oficio Nº 1.220
Antofagasta, 2 de abril de 2003.
En antecedentes rol Nº 9.363-003, sobre solicitud de desafuero, se ha decretado oficiar a vuestra Excelencia, a fin de comunicar que por resolución ejecutoriada se hizo lugar al desafuero del honorable diputado señor Mario Escobar Urbina .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): PATRICIA ALMAZÁN SERRANO , Presidenta titular ; SERGIO MONTT RAMÍREZ , Secretario Subrogante .
A LA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA HONORABLE
CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO NACIONAL
VALPARAÌSO”.