Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Victor Barrueto
- Carolina Toha Morales
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. TABLA
- SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- FLEXIBILIZACIÓN DEL USO DEL PERMISO MATERNAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Marcelo Forni Lobos
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Mario Bertolino Rendic
- Pablo Galilea Carrillo
- Pablo Longueira Montes
- Rosauro Martinez Labbe
- Patricio Melero Abaroa
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guido Girardi Lavin
- Enrique Accorsi Opazo
- Laura Soto Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Mario Bertolino Rendic
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 65ª, en martes 8 de abril de 2003
(Especial, de 16.05 a 18.58 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- TABLA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Tabla.
- Sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza. Primer trámite constitucional 9
- Flexibilización del uso del permiso maternal. Primer trámite constitucional 40
VI. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S.E. el presidente de la República mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. Suspende pago de pensiones asistenciales otorgadas en virtud del DL N° 869, de 1975, a inválidos y discapacitados mentales, en caso que el beneficiario adquiera la calidad de trabajador. (boletín N° 3217-13) 46
2. Aprueba el acuerdo que sustituyen los artículos 10 y 12 del Convenio sobre servicios aéreos entre los Gobiernos de Chile y Corea, suscrito el 14 de agosto de 1979. (boletín N° 3218-10) 49
3. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el hemisferio austral relativo al establecimiento de un nuevo centro de observación, Proyecto Alma, suscrito en Santiago el 21 de octubre de 2202. (boletín N° 3219-10) 53
4. Aprueba el nuevo texto revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, (Cipf), adoptado por la Conferencia de la FAO. (boletín N° 3220-10) 57
5. Moción de los diputados señores Monckeberg; Forni; Álvarez-Salamanca; Bertolino; Galilea, don Pablo; Longueira; Martínez; Melero; Uriarte y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que establece tratamiento legal de restos embrionarios y fetales. (boletín N° 3215-11) 58
6. Moción de los diputados señores Girardi; Accorsi y de la diputada señora Soto, doña Laura, que establece responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos. (boletín N° 3214-12) 60
7. Moción de los diputados señores Errázuriz y Bertolino que modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. 458, de 1976, en lo relativo a ventas de inmueble “en verde”. (boletín N° 3216-14) 62
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
-Del Jefe de Comité del Partido Por la Democracia por los cuales comunica el reemplazo permanente en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente del diputado señor Tuma por el diputado señor Barrueto, y en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo el reemplazo del diputado señor Barrueto por la diputada señora Tohá, doña Carolina.
-Del diputado señor Longton quien, en su calidad de Vicepresidente del Parlatino en Chile, remite el proyecto de cronograma de reuniones de Comisiones para el año 2003 del Parlamento Latinoamericano y agendas de actividades a realizarse en el mes de abril en curso.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.05 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 60ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 61ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. TABLA
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que establece un sistema de protección social para las familias en situación de extrema pobreza, denominado Sistema de Protección Chile Solidario.
Diputado informante de las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud es el señor Camilo Escalona.
Antecedentes:
-Segundo informe de las Comisiones unidas de Hacienda y Salud, boletín Nº 3098-06, sesión 64ª, en 8 de abril de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 5.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta , me corresponde dar a conocer el segundo informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud, relativo al proyecto de ley que establece un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza, denominado Sistema de Protección Chile Solidario , en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
Constancias previas.
1. No hay indicaciones rechazadas.
2. Indicaciones declaradas inadmisibles: las indicaciones de la diputada señora María Angélica Cristi y de los diputados señores Bayo, Hidalgo y Von Mühlenbrock al artículo 5º del proyecto.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del segundo informe, el señor Andrés Palma , ministro de Mideplan , y las señoras Verónica Silva , Julia Panez y Andrea Soto , subdirectora de Gestión de Programas de Fosis, jefa de la División Jurídica y abogada de Mideplan, respectivamente.
Las Comisiones unidas se abocaron al análisis y despacho de las indicaciones presentadas en la Sala, las cuales se consignan a continuación:
Al artículo 4º:
1. Del Ejecutivo, para intercalar, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser inciso cuarto:
“Para tal efecto, se considerará la información de que dispongan las Municipalidades, acerca de las familias de las comunas respectivas, a quienes se hayan aplicado los instrumentos señalados en el inciso anterior”.
Artículo nuevo:
2. Del Ejecutivo , para intercalar, a continuación del artículo 4º, el siguiente artículo nuevo, corrigiéndose, según corresponda, la numeración de los artículos restantes:
“Artículo 5º.- El Ministerio de Planificación y Cooperación mantendrá, en la forma que establezca el reglamento, un registro de las familias calificadas en situación de extrema pobreza y sus integrantes, de los beneficios que perciben conforme a este Sistema, y de los demás beneficios sociales que les otorguen otras entidades públicas, las que a requerimiento de dicho Ministerio entregarán tal información”.
Al artículo 5º (inciso cuarto):
3. De la señora Cristi y de los señores Bayo, Hidalgo y Von Mühlenbrock , para eliminar la expresión “pago del”.
4. De la señora Cristi y de los señores Bayo, Hidalgo y Von Mühlenbrock para agregar, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), lo siguiente:
“El pago del bono se realizará por los servicios públicos o municipalidades con los cuales se suscriba el respectivo convenio”.
El señor Andrés Palma , ministro de Mideplan , argumentó en favor de la redacción original, que entrega al Ministerio la responsabilidad por el pago del bono y no respecto al bono mismo, ya que éste emana de la propia ley, por una parte, y pudiera ocurrir que, en virtud de convenios que se celebren entre el INP y el Fosis para el pago del bono, sean entidades privadas las que lo efectúen.
Sometidas a votación las indicaciones números 1 y 2, fueron aprobadas por unanimidad. Las signadas con los números 3 y 4 fueron declaradas inadmisibles, por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En virtud de lo antes expuesto, las Comisiones unidas recomiendan la aprobación de este proyecto de ley.
Es todo cuanto puedo informar.
La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica ).-
Señora Presidenta , deseaba reponer una indicación, pero se me ha informado que no es posible hacerlo en el segundo informe.
El sistema de Protección Social Chile Solidario ha sido largamente discutido en las Comisiones, pero no así en la Sala. Pienso que, por su importancia, merecía una discusión más profunda, porque producirá cambios importantes en los programas sociales, especialmente en relación con las familias indigentes y más pobres de nuestro país.
El proyecto tiene un costo de 75 mil millones de pesos, cantidad que no es menor, especialmente si se considera que las políticas sociales aplicadas en el último tiempo no han rendido los frutos esperados y la pobreza no ha disminuido como hubiéramos querido. Por tanto, es un proyecto que no se puede pasar por alto como si se tratara de cualquier beneficio.
Nos preocupa el proyecto -así lo planteamos en ambas comisiones y en la Sala-, porque el que se hace responsable de atender a las familias indigentes mediante el Sistema de Protección Social Chile Solidario es el Mideplan, a través del Fosis.
La primera preocupación que nos asiste al respecto es que el rendimiento del Fosis tampoco ha sido el esperado. De hecho, en forma permanente hemos conocido denuncias de irregularidades en la aplicación de sus programas sociales. Todos sabemos que dispone de alrededor de 28 mil millones de pesos para atender a los sectores más pobres, y que, además, lo ha hecho en forma centralizada, puesto que la mayoría de las veces ha pasado por alto a los municipios, entregando recursos directamente a los beneficiarios. Nos consta que hay denuncias sobre programas de empleo, de capacitación y respecto de muchos otros que no han llegado a feliz término. Nos inquieta que las municipalidades no tengan un rol protagónico en la aplicación de los programas sociales a través del Sistema de Protección Social Chile Solidario, y que el gran coordinador y administrador sea el Fosis.
En todas nuestras indicaciones, que fueron declaradas inadmisibles, pedimos insistentemente que el Fosis fuera regulador y administrador, pero que los municipios atendieran a los beneficiarios.
El proyecto contempla la contratación de monitores -más de quinientos para atender, supuestamente, a 250 mil familias-, que no son elegidos por concurso público, sino de acuerdo a distintos criterios, que varían según la municipalidad de que se trate. Los monitores percibirán un ingreso de, aproximadamente, 250 mil pesos por media jornada, lo que, en muchos casos, es superior al sueldo que reciben los funcionarios municipales, que tienen experiencia en la materia, pues dedican su vida a trabajar con las familias más necesitadas.
Nos preocupa muchísimo que ningún artículo del proyecto haga referencia a la forma en que serán elegidos los monitores, quiénes los controlarán y los requisitos que deberán cumplir. Tampoco se mencionan concursos públicos. Reitero que nos inquieta muchísimo que este programa, que podría tener una tremenda trascendencia social, se vaya a usar con fines políticos, como ha ocurrido con otros programas de Gobierno. En el pasado existieron los monitores sociales, deportivos y culturales, y muchos diputados, incluso de la Concertación, denunciaron que habían llevado a cabo campañas políticas. Pues bien, pese a todos estos antecedentes, no se regula para evitar que se produzca esa situación.
Por otro lado, también nos preocupa que el Sistema de Protección Social Chile Solidario utilice la fórmula de entregar dinero en forma directa a las personas: durante los primeros seis meses, a cada familia se le entregará un bono de 10 mil 500 pesos, que después baja a 8 mil 500, a 6 mil 500, para terminar en 3 mil 500, lo que hace un total de 210 mil pesos por familia, de aquí al año 2005. No deja de llamar la atención que 250 mil familias, supuestamente, recibirán 210 mil pesos en ayuda directa del Estado en ese período.
En nuestras indicaciones pedimos que fueran los municipios los que pagaran esos bonos, los que eligieran a monitores y los que administraran el programa, pero no fueron acogidas. Lo más curioso es que el proyecto se originó en una experiencia social llamada Puente, que no es mencionada en ninguna parte. El proyecto, en general, sólo habla de reglamentos. Dice, por ejemplo, que el Fosis elegirá a los beneficiarios y determinará la forma en que entregará los beneficios, a través de su reglamento.
Durante la discusión del proyecto en la Comisión, alertamos a las autoridades del Mideplan, en cuanto a que el bono era incompatible con el subsidio familiar y con la pensión asistencial. Afortunadamente, se corrigió ese error. De hecho, las 20 indicaciones que presentamos sirvieron, de alguna forma, para establecer un mayor control respecto de quiénes se beneficiarán con el programa.
En cuanto a los aspectos positivos del Sistema de Protección Social Chile Solidario, si se ejecuta con absoluta eficiencia, honestidad y responsabilidad, será muy bueno. El problema es quién nos puede garantizar que los monitores, encargados de ejecutar la acción solidaria de atender a las familias, serán lo suficientemente capacitados para llevar a cabo esa labor.
También rescato el hecho de que es el primer proyecto de los gobiernos de la Concertación que trata de llevar a la práctica una política social integral; es decir, se preocupa de que los distintos subsidios que entrega el Estado lleguen efectivamente a los más pobres. Eso es parte de lo que tanto hemos pedido: la focalización de los recursos.
Debo decir honestamente que nos complica la forma en que debemos votar el proyecto, porque, por una parte, reconocemos que podría ser de gran beneficio; pero, por otra, nos preocupa que un proyecto de tan alto costo y que crea tantas esperanzas y expectativas, el día de mañana se politice. Por eso, les informo que en nuestros distritos estaremos preocupados de fiscalizar cómo y a quiénes llega el programa, y si los monitores que asisten a las familias están capacitados. Estaremos informando permanentemente a la autoridad correspondiente, a fin de que realice las correcciones necesarias. De todas maneras, consideramos que no era necesario recurrir a la contratación de personas ajenas al municipio para llevar a cabo el Sistema de Protección Chile Solidario.
Otro aspecto que también nos preocupa es que el Sistema de Protección Chile Solidario considera entregar a las familias indigentes, donde están supuestamente los más pobres entre los pobres, todos los beneficios de la red social: pensiones asistenciales; subsidios familiares, de agua potable, de escolaridad, de salud; atención jurídica, etcétera, en circunstancias de que sabemos que el sistema no está preparado para hacerlo.
Me gustaría preguntar al ministro de Mideplan , presente en la Sala, si sabe cuántas personas y familias adscritas al Sistema de Protección Chile Solidario reciben subsidio asistencial, familiar, etcétera, y cuánto costará entregar a las familias los subsidios que faltan. Todos sabemos que en las comunas donde hay más pobreza, la demanda de estos beneficios es cosa de todos los días. Si este programa no garantiza su entrega, la cuestión cambia; pero creo que eso no está calculado.
Pero lo más grave -se referirán a ello nuestros diputados de la Comisión de Hacienda- es que no se sabe cómo se financiará el Sistema de Protección Chile Solidario. Hasta aquí, tenemos un proyecto de ley no financiado, cuyo artículo 2º transitorio dispone que “la presente ley entrará en vigencia a contar de la fecha de publicación de la ley que establezca el financiamiento del gasto fiscal representado por el Plan Auge y el Sistema Chile Solidario”. Es decir, hay una evidente contradicción.
En todo caso, en el bienentendido de que el Gobierno está consciente de que ha llegado el momento de tomar en serio el buen uso de los recursos y la atención de los más pobres y que debe cuidarse mucho de no caer en situaciones que le han creado muchos problemas, esperamos que este proyecto se aplique, con nuestra fiscalización, de la mejor forma posible.
Por lo tanto, aprobaremos el articulado del proyecto, con excepción del artículo 2º transitorio, por parecernos contradictorio.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señora Presidenta , la palabra solidaridad nos acompaña desde nuestros primeros años de formación; algunos la practicamos, pero otros se han olvidado de ella.
Desde luego, hoy me asiste especial satisfacción al comprobar, con natural alegría, que todos los miembros de esta Sala estamos de acuerdo con un principio esencial: que los que tienen un poco más practiquen la solidaridad con aquellos que no tienen prácticamente nada. Y es meritorio que el Gobierno haya tomado cartas en este asunto.
Es muy importante para cada uno de nosotros ser actores y responsables, en este instante, de dar el vamos a este proyecto de ley del Presidente Ricardo Lagos, que cuenta con la anuencia de todos aquellos que hoy sufren postergaciones y que son víctimas de una verdadera masacre económica debido a esta economía desenfrenada, que azota, precisamente, a los más desposeídos.
Por eso, me congratulo de estar en esta tribuna en representación de mi distrito y de la región de La Araucanía, a la hora de decir, junto con la bancada radical, que sí; que estamos de acuerdo en impulsar este proyecto que establece el sistema denominado Chile Solidario, el cual, como lo señaló la diputada señora Cristi , beneficiará a un millón de chilenos, es decir, a 225 mil familias absolutamente postergadas -pobres entre las pobres-, de las cuales 27 mil de la Novena Región sufren esta lacra, de manera que en los próximos cinco años sean menos pobres. En estos momentos en la Novena Región ya se está atendiendo a alrededor de 5 mil familias que están recibiendo todos los beneficios que establece la ley, con especial afecto y satisfacción.
Yo no me preocuparía tanto de saber cuál será el vehículo que transmitirá mejores condiciones de vida al interior de los hogares, siempre y cuando se haga con la independencia y seriedad que corresponde; no me preocuparía tanto de saber si los monitores fueron elegidos por concurso público o -como me consta- después de dejar en las municipalidades sus currículos en las oficinas del Fosis. Nuestra tarea es vigilar que cada uno de los beneficios se entreguen en la forma adecuada y que la intromisión no sea ideológica, sino únicamente solidaria y afectiva.
Entre las condiciones esenciales que se deben exigir para que las familias sean incorporadas al Sistema de Protección Social Chile Solidario, quiero destacar que, en salud, cada persona indigente debe estar acreditada en el Fonasa; en educación, los niños deben estar insertos en todos los estamentos que el Estado pone a disposición de los más pobres, desde la fundación Integra hasta el sistema de jornada escolar completa. Además, las familias deben estar inscritas en el Servicio de Registro Civil e Identificación, porque muchos hemos comprobado que hay miles de chilenos que están marginados de la sociedad en todo, incluso en lo más elemental, como es el carné de identidad.
Como chilenos, como diputados y como rectores de los destinos de esta patria tan querida, tenemos la obligación moral de integrar a cada uno de sus hijos a la sociedad y de entregarles las armas para que la salud y la educación a que tanto aspiramos sean una realidad.
Tenemos la obligación en el Sistema de Protección Chile Solidario de que los discapacitados estén inscritos en el Fonadis, pero, ¡caramba!, hay muchos que no lo están.
Hay algo más: por la marginalidad, cada vez es más frecuente que algunas personas paguen con presidio por delitos cometidos. Tenemos la obligación de prestarles ayuda psicológica para que las familias no se desintegren. El Estado debe poner a su disposición todas las herramientas del caso en favor de su reinserción en la sociedad.
Las mujeres víctimas de abusos o maltratos también deben tener prioridad a la hora de ser atendidas en los organismos e instituciones del Estado.
Por último, tenemos la obligación de vigilar en nuestros distritos si la habitabilidad es aceptable, porque todos sabemos que la inmensa mayoría de esas familias vive en una pieza. Por mucho que se nos critique, debemos aprovechar la gestión parlamentaria para que los organismos encargados mejoren sus condiciones de vida.
Por último, felicito a la Sala, porque estoy seguro de que va a aprobar este proyecto. No hacerlo sería estar en contra del millón de chilenos que vive al margen de las condiciones mínimas para ser considerados seres humanos.
La Araucanía recibirá con alegría el Sistema de Protección Chile Solidario. Espero que el resto de las regiones administre con bondad y justicia los recursos que todos los chilenos pondrán a disposición de los más pobres.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Muhlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señora Presidenta , el proyecto de ley establece un sistema de protección social para familias de extrema pobreza denominado Sistema de Protección Chile Solidario, cuya tramitación ha sido bastante larga en las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud.
En términos generales, su objetivo es establecer un sistema integrado de protección para la familia en situación de extrema pobreza o indigencia, también llamada pobreza dura, con el fin de asegurar su acceso a las redes sociales. Se beneficiará a más de 225 mil familias mediante la asistencia y la promoción.
Se pretende brindar prestaciones sociales, que consisten en apoyo psicosocial, bono de protección familiar, acceso preferente al subsidio familiar, en fin.
La administración, coordinación y supervisión del Sistema de Protección Chile Solidario corresponderá al Ministerio de Planificación y Cooperación, el cual, mensualmente y previa acreditación del respectivo requisito de procedencia, elaborará las nóminas de las personas beneficiadas.
¿Cuál es el fundamento? Incorporar a las familias en situación de extrema pobreza a las redes sociales existentes, con el objeto de procurar un mejoramiento en sus condiciones de vida -luego, claro está, de los cambios legales mínimos que se requieren para que el sistema opere-.
Al respecto, en largas sesiones mi bancada ha analizado la materia, porque se sabe que el gasto fiscal no se ha hecho en forma eficiente. Queremos asegurarnos de que cada peso llegue a quienes más lo necesiten.
Escuchamos a distintas personas, de varios ámbitos, todas muy valiosas, que han utilizado programas muy parecidos al que vamos a aprobar en pocos momentos más. Me refiero a la gente que vino en representación del Hogar de Cristo.
Digamos las cosas por su nombre. Como dijo la diputada María Angélica Cristi , estaremos alertas y fiscalizaremos a cada uno de los promotores sociales que van a llevar a cabo el programa, porque no queremos que éste se politice ni que aquéllos se transformen en activistas políticos.
Algunos personeros del Hogar de Cristo nos dijeron que un programa muy parecido al del proyecto no había llegado a buen resultado, pero, lamentablemente, las indicaciones que presentamos para mejorar su texto fueron declaradas inadmisibles.
Se requiere de profesionales absolutamente capacitados para trabajar con la pobreza dura; de psicólogos y de gente que haya trabajado durante mucho tiempo con la extrema pobreza. No se puede capacitar a una persona en cuatro, cinco, seis o diez días para que se dedique a atender a quienes la sufren. Por eso manifestamos nuestras aprensiones en las Comisiones.
Otra duda apuntaba, precisamente, a la centralización del programa. Presentamos indicaciones con el objeto de descentralizarlo, de manera que no quedara todo en el Ministerio de Planificación y Cooperación. No se quiso traspasar el programa a los alcaldes, porque se dijo que las municipalidades no tenían la capacidad para llevarlo a cabo. Sin embargo, nos encontramos con programas paralelos, y no se considera que los organismos fundamentales para descentralizar el país son las municipalidades.
Hicimos presente nuestras apreciaciones en las Comisiones, pero, lamentablemente, no fueron acogidas por diputados de la Concertación.
Respecto de los costos de operación, originalmente tuvimos dudas acerca de la constitucionalidad del proyecto, dado que no tenía la asignación respectiva para su financiamiento.
La ley de Presupuestos de 2003 establece los gastos del primer año de aplicación del programa a través del Fosis. De un total de 8.100 millones de pesos, 5.828 millones, es decir, el 72 por ciento del presupuesto, está destinado al bono que se entregaría a 56 mil familias durante el año. El resto, 2.283 millones, es decir, el 28 por ciento del presupuesto, a gastos de operación. ¡Cómo nos gustaría que ese 28 por ciento llegara a la gente más pobre y no se quedara en gastos administrativos! Entre éstos, cabe destacar los gastos para contratación de monitores por el Fosis, que ascienden a 1.233 millones, es decir, 21 por ciento del presupuesto destinado al bono.
A todas luces, el 28 por ciento del costo de operación de este programa resulta elevado para una iniciativa de esta naturaleza. Especial duda merece el costo de contratación de cerca de 480 monitores por parte del Fosis, con sueldos que resultan bastante superiores a los que se pagan en los municipios.
Asimismo, se destinan cerca de 250 millones de pesos para vehículos, los que serían asignados a Mideplan, cuando los municipios deban localizar a las familias y supervisar el programa.
Si los recursos de operación se asignaran directamente a los municipios, probablemente una mayor proporción de los mismos iría en beneficio directo de las familias necesitadas.
Por esto, la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a aprobar el proyecto, pero estaremos extremadamente alertas y no claudicaremos en fiscalizar a los promotores sociales encargados de manejar el programa, porque estamos aburridos de que los recursos del Estado se desvíen para otros fines. En Chile no se juega con la pobreza.
He dicho.
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, una moción de orden.
Pese a que este es el segundo informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud, se está repitiendo la discusión en general. Lo lógico es que se discuta artículo por artículo.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Diputado Ortiz, usted tiene razón. Efectivamente, es el segundo informe y debiera discutirse artículo por artículo. Los diputados debieran atenerse a lo que corresponde según el Reglamento.
La Mesa no ha llamado la atención al respecto, pero, a raíz de la observación que formuló el diputado Ortiz, recomiendo a los colegas que se concentren en la discusión particular.
Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señora Presidenta, el proyecto del Ejecutivo para combatir la pobreza, que se denomina Sistema de Protección Chile Solidario, es loable y digno de ser aprobado. Sin embargo, debo hacer presente que el informe que se entregó en la Sala fue incompleto: no se refirió a las indicaciones rechazadas, que son más de veinte, presentadas por la Oposición para mejorarlo.
Voy a profundizar. La propuesta para combatir la pobreza utiliza beneficios de leyes vigentes: subsidio familiar, ley Nº 18.020; pensiones asistenciales, decreto ley Nº 869, de 1975; subsidio de agua potable y de alcantarillado y aguas servidas, otra normativa legal. Sin embargo, se deja todo a la reglamentación posterior. Se habla, en términos generales, de Sistema de Protección Chile Solidario; pero la forma de calificar a las familias más pobres, entre otras cosas, se deja a un reglamento, con lo que se posibilita que funcionarios públicos cometan reiterados errores en las distintas municipalidades.
Además, se considera que hasta el año 2005 el proyecto va a favorecer a 250 mil familias. Y, como dijo el diputado UDI que me antecedió en el uso de la palabra, este año sólo serán 56 mil las familias favorecidas con 10 mil 500 pesos cada una, bono modesto, pero que, sin embargo, ayuda.
Este proyecto podría entregar una solución más integral. Actualmente en el país, en empleos de emergencia de municipios y de servicios públicos, hay ciento sesenta mil personas, que representan a ciento sesenta mil familias. Pero esos empleos no están regulados por ley; no están aprobados en el presupuesto de la nación para poder sustentarlos, y por eso creo que estamos en el ojo del huracán. Precisamente, esos trabajadores pertenecen a familias que no han tenido oportunidades de estudio; no están capacitados; tienen algún grado de invalidez o, por edad, no tienen ninguna opción de ingresar al mundo laboral normal.
El proyecto es incompleto. Efectivamente, es un apoyo para combatir la pobreza; pero tiene muchas falencias. Por ejemplo, debería garantizar la gratuidad de la atención de los niños de esas familias, quienes, muchas veces, no pueden continuar en sus colegios debido a que ni siquiera tienen ropa para asistir a clases. Es un porcentaje importante de la población.
Tuve oportunidad de estar en Caldera cuando el Presidente Ricardo Lagos fue a inaugurar este programa, meses atrás, destinado a personas calificadas en situación de extrema pobreza. Pero, repito, debemos completarlo con financiamientos adecuados para asegurar empleos más o menos permanentes, que es la principal preocupación de esa gente. También hay serias dificultades en la atención de salud, porque ésta no es gratuita. Lo mismo ocurre en las escuelas, en las que se exigen cuotas para centros de padres y apoderados y otras, que estas personas no pueden pagar.
Este problema se repite en todas las comunas. Por eso, el proyecto requiere de una segunda discusión para poder complementarlo con las indicaciones que la Oposición presentó, pero que fueron rechazadas. Queremos tener mayor información sobre ellas a fin de hacer un proyecto mucho más integral.
Chile y el Presidente Lagos asumen que existe un segmento de la población muy pobre y que debemos ir en su ayuda; pero necesitamos mejores instrumentos que los que contiene este proyecto de ley.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor ministro y ex colega Andrés Palma.
El señor PALMA ( Ministro de Planificación y Cooperación).-
Señora Presidenta , muchas gracias.
No he tenido oportunidad de felicitarla por su elección en la Presidencia de la Cámara, lo que hago hoy.
Para un ex diputado es emotivo venir a hablar aquí como ministro de Estado , y es muy importante que mi primera intervención sea en relación con el Sistema de Protección Chile Solidario.
Me tocó participar en el debate del proyecto en las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda. En primer lugar, quiero agradecer a los integrantes de dichas Comisiones la unanimidad con que lo despacharon a la Sala, como asimismo las palabras que han dicho hasta ahora diputados de diversas bancadas políticas.
Quiero también recoger algunas inquietudes y, al mismo tiempo, entregar informaciones que puedan ilustrar sobre el estado de avance del proyecto en relación con las materias que hoy se están discutiendo.
Lo primero que quiero decir es que el Presidente de la República anunció este programa al país el 21 de mayo del año pasado. Se desarrolló a partir de una experiencia piloto que ya estaba en marcha y que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social consideraba en su presupuesto. La primera tarea de la anterior ministra de Planificación y Cooperación, señora Cecilia Pérez, fue establecer y precisar en qué iba a consistir esta red de protección social que hemos denominado Sistema de Protección Chile Solidario. Como dijo el diputado Von Mühlenbrock, con posterioridad el programa tuvo expresión legal en la ley de Presupuestos de 2003, y hoy tiene un grado de avance significativo. Hasta ayer, 8 de abril, 54 mil 690 familias han sido favorecidas con el programa a lo largo del país. De ellas, más de 34 mil recibieron, en marzo, el bono de protección social o aporte estatal ascendente a 10 mil 500 pesos, que -repito- está contemplado en la ley de Presupuestos.
Ahora bien, hay distintos grados de avance en cuanto al trabajo con esas familias. 7 mil 664 se encuentran en una fase inicial; es decir, recién se ha tomado contacto con ellas. Sin embargo, ya se está trabajando sobre 22 mil 652 familias, a las cuales se les está brindando apoyo sicosocial, que puede ser -es bueno aclararlo aquí- contratado tanto por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, como por los municipios. Poco más de la mitad de las personas que prestan apoyo familiar ha sido contratada por los municipios, y el resto, por el Fosis.
Los apoyos familiares son dirigidos por los jefes de las unidades de intervención social, todos los cuales son funcionarios municipales de exclusiva confianza del alcalde. Es bueno poner énfasis en este hecho. Es decir, es imposible que ocurra una descoordinación en el trabajo con los municipios o una operación en contravención a la orientación del municipio en el marco del Programa Puente y en el establecimiento de la red Sistema de Protección Chile Solidario.
Asimismo, desaparece la inquietud de que el conjunto de personas que trabajen en este programa tenga una sola orientación política o filosófica, por cuanto los municipios -todos lo sabemos- representan una amplia y variada gama de opciones.
Quiero destacar que en este momento estamos trabajando en 323 comunas y que existe un pequeño número de ellas en las cuales el trabajo se va a iniciar este mes. Acabo de llegar a Valparaíso proveniente de la Región de Aisén, una de las zonas donde el programa ha funcionado de mejor manera -si bien se ha aplicado sólo en las comunas de Aisén y de Coihaique, este mes se extenderá a las otras ocho comunas de esa región, para estar presente, a partir de mayo, en la totalidad de ellas-.
Quiero señalar, a propósito de esta situación y de algunos comentarios de los señores parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, que los alcaldes de Aisén y de Coihaique son de la Oposición, y que el programa aún no ha comenzado en las dos comunas de la región de Aisén en las cuales los alcaldes pertenecen a la Concertación. Es decir, no se considera el color político en la puesta en marcha del programa, sino la capacidad operativa.
Ayer en la mañana, el alcalde de Aisén , en el acto en que entregamos las credenciales del Sistema de Protección Chile Solidario a los beneficiarios que ya están contemplados en este programa, agradeció al Presidente Lagos por su creación, y expresó que, a su juicio, era la mejor iniciativa de atención social y de lucha contra la pobreza que había conocido.
El alcalde de la comuna de Aisén no sólo es de oposición al gobierno del Presidente Lagos -y por eso sus palabras tienen doble mérito-, sino que, además, es quien en la elección municipal pasada obtuvo sobre el 73 por ciento, la mayor votación porcentual de todo el país.
Estamos trabajando sin otro límite que nuestras propias capacidades; sin otro norte que atender a las familias más pobres del país; sin ninguna barrera ideológica ni geográfica.
Hoy podemos informar a esta Cámara que, este mes, 49 mil familias van a recibir el bono de protección familiar. Estamos avanzando aceleradamente en esta tarea; pero necesitamos que esta iniciativa se transforme en ley, como también aquella que le otorgará su financiamiento, que está en trámite en esta Cámara, para que el programa pueda continuar su curso exitosamente.
Hoy este programa está funcionando a través de las normas de la ley de Presupuestos. El diputado Bayo preguntaba en la Comisión por qué, si podemos funcionar con ellas, con las leyes que rigen el subsidio único familiar, la pensión asistencial, el subsidio de agua potable -como señaló el diputado Vilches-, necesitamos esta iniciativa legal. Le respondí, con la experiencia de haber sido integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara por doce años, que la ley de Presupuestos sólo tiene vigencia por un año, y si no se aprueba este proyecto de ley en trámite, el programa se acaba el 31 de diciembre próximo. La ley permanente nos permitirá darle continuidad. Insisto en que hoy la ley nos permite operar únicamente hasta el 31 de diciembre, pero con serias dificultades, porque el presupuesto que se le asignó supone su funcionamiento, al ritmo que llevamos, sólo hasta mediados de año. Por lo tanto, para financiar la segunda mitad del año necesitamos los recursos contemplados en otro proyecto, que contiene el presupuesto tanto para el Plan Auge como para Sistema de Protección Chile Solidario, que -reitero- está en tramitación en esta Cámara.
Hago un llamado a los parlamentarios que están estudiando estas iniciativas en las distintas Comisiones, para que, tal como nos han ayudado y dado su unanimidad para avanzar en este proyecto, hoy también le den su aprobación unánime y nos apoyen en la iniciativa que tratará acerca de su financiamiento.
La diputada Cristi y el diputado Von Mühlenbrock señalaban algo muy importante para el gobierno del Presidente Lagos. La diputada Cristi decía: “Nos ha complicado cómo votar el proyecto; pero vamos a fiscalizar enérgicamente el cumplimiento de sus objetivos, que no se politice”. Ella usó la palabra “politice”. Al respecto, creo que la política es buena de suyo; es la búsqueda del bien común y de acuerdos. Pienso que ella quería decir que no se partidice; que el proyecto no sea el instrumento de acción de un partido, lo que iría en directo perjuicio de los más pobres de Chile. Por lo tanto, la señora diputada anunció que iban a fiscalizar. La misma inquietud planteó el diputado Von Mühlenbrock: “Vamos a estar alertas para fiscalizar”.
Quiero agradecer a la diputada Cristi y al diputado Von Mühlenbrock este compromiso que manifiestan en la Cámara de Diputados. La lucha contra la pobreza no es fácil.
Tanto en el Sistema de Protección Chile Solidario como en el programa Puente están trabajando más de 2.400 personas. Queremos integrar a muchos voluntarios en el futuro para que nos cooperen en ayudar a estas familias, a tenderles la mano, a cruzar este puente de esperanzas, como señaló una familia cuando le entregábamos la credencial en la comuna de San Bernardo.
Vale la pena recordar aquí las palabras de los alcaldes de San Bernardo, de Calera de Tango y de Paine, en dicha entrega de credenciales: “Éste es el mejor programa social que se ha desarrollado en Chile.”
Destaco esto porque el alcalde de Calera de Tango es militante democratacristiano, pero dos de San Bernardo y de Paine son, uno militante, y el otro adherente, de la Unión Demócrata Independiente. Nuevamente estamos hablando de realidades concretas, que no tienen que ver con colores partidarios o con visiones ideológicas.
En ese sentido, pido no sólo a los parlamentarios de Oposición, sino también a los de Gobierno que estén alertas para ayudarnos a fiscalizar y a controlar el correcto sentido del proyecto.
El diputado Von Mühlenbrock señaló varias inquietudes en relación con las remuneraciones e, incluso, con los vehículos que se destinarían a Mideplan.
Ojalá tuviéramos vehículos para desarrollar esta tarea. Estamos recurriendo a la solidaridad, como lo hicimos el domingo para visitar la comuna de Puerto Cisnes, en la Región de Aisén. Recorrimos el domingo la localidad de Puerto Cisnes acompañados por el alcalde de esa comuna, oportunidad en la cual los programas Chile Barrio y Sistema de Protección Chile Solidario estaban entregando viviendas a esos habitantes. Por cierto, el alcalde de Puerto Cisnes no es de Gobierno; no obstante, entregamos viviendas junto a él.
A partir de este mes empieza a funcionar Sistema de Protección Chile Solidario en Puerto Gala y en otras localidades de Puerto Cisnes. La gran demanda de los alcaldes de la Región de Aisén no era la inquietud por la politización del programa, sino por el hecho de que necesitaban una extensión mucho mayor de él, porque las ocho familias beneficiarias de Sistema de Protección Chile Solidario y del programa Puente en la comuna de Río Verde, eran muy pocas según el alcalde de esa comuna, quien pertenece a la Concertación. A su vez, el alcalde de Puerto Cisnes consideraba que eran muy pocas las familias asignadas para empezar a trabajar el próximo mes, por lo que pedía más recursos para ese programa, con el fin de atender a un mayor número de familias de su comuna.
Fuimos a Puerto Gala en una nave de la Armada de Chile. Los apoyos familiares de la municipalidad o del Fosis se desplazan en naves de la Armada para visitar las provincias de Chaitén, de Palena y de Chiloé, así como las islas y las localidades más aisladas. También nos están apoyando el Ejército y Carabineros para que los apoyos familiares puedan llegar hasta los lugares más apartados del país.
Lamentablemente, en el presupuesto del programa no se cuenta con recursos para vehículos.
Las remuneraciones son equivalentes a las que pagan los municipios para la misma tarea. En promedio, los apoyos familiares reciben 220 mil pesos por media jornada.
Cabe destacar que éstos han sido seleccionados por concurso abierto, en conjunto con el Fondo de Solidaridad de Inversión Social y los municipios en las distintas comunas. Las remuneraciones que se les pagan corresponden a las que el municipio imputa a sus propios funcionarios contratados que, desde el municipio, realizan la misma tarea.
Sin duda, tenemos que avanzar hacia la descentralización de esta labor. Pero hoy es un quehacer nacional. Hoy queremos que el programa Puente y la red Sistema de Protección Chile Solidario funcionen por igual en cualquier localidad del país; porque los municipios tienen distintas realidades, diferentes capacidades y diversos intereses con respecto a este programa. Aún nos duele que un municipio del norte del país, cuyo alcalde es militante de mi propio partido, todavía no suscriba el compromiso para que allí este programa empiece a operar. Espero que antes del 21 de mayo se encuentre operativo en esa y en todas las comunas del país. Estamos trabajando intensamente para ello. En un futuro, con todo esto operativo, podremos transferirlo a los municipios igual como se ha hecho con la educación en general, con la atención preventiva y primaria de salud y con tantas otras tareas. Pero primero hay que desarrollar la función, constituir la red de protección social y juntar los recursos; porque no sacamos nada con asignar esta tarea a los municipios si no aprobamos una ley de financiamiento que, necesariamente, debe ser nacional, porque los municipios no cuentan con estos recursos en sus propios presupuestos para atender necesidades tan apremiantes como las que tienen tantas y tantas familias chilenas.
Quiero también informar a esta Sala de un compromiso personal, el cual di a conocer en las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud la semana pasada: realizar una evaluación cuatrimestral de todos los apoyos familiares. Ya hubo una evaluación a fines del año 2002 del desempeño de cada uno de los que en ese momento estaban trabajando como tales. Este año 2003 vamos a hacer una evaluación en el mes de abril, y así, cuatrimestralmente. ¿Por qué esto es tan importante? Porque no podemos, en una tarea tan relevante como la lucha contra la pobreza, donde está en juego la perspectiva de desarrollo de 225 mil familias del país, esperar una evaluación anual. Si ésta se va a realizar cada cuatro meses es justamente para corregir lo que no está funcionando correctamente en el programa, y donde haya un apoyo familiar que no esté desempeñando bien la tarea proceder a reemplazarlo. De esta forma no tenemos que esperar un año para hacer una evaluación del trabajo que estamos desarrollando. Esto es posible, porque el Fosis recibe información diaria del trabajo de cada uno de los apoyos familiares, y al recibirla estamos al día respecto del avance del trabajo con cada una de las familias que se están beneficiando con nuestra labor.
Me refiero a familias como la de Juan Pardo, de Vallenar. Hace siete meses, don Juan Pardo, de 32 años, era un cesante más. Hoy, a través del programa Puente , está integrado al programa especial de empleo, y gracias a estar incorporado al Sistema de Protección Chile Solidario, obtuvo un beneficio que otras familias no tienen; pudo renegociar su deuda de agua potable sin necesidad de pagar un 25, 30 ó 35 por ciento de interés. Restableció los servicios básicos; ingresó a un programa especial de empleo y, además, ha podido desempeñarse -con apoyo del municipio y de diversos programas- como vendedor de verduras en su tiempo libre, lo que le ha permitido sostenerse y nuevamente empezar a soñar con el progreso de su familia.
Es el caso también de la familia de doña Iris Valladares, viuda, y sus cuatro hijos. Camilo, uno de sus hijos, fue adoptado por ella después de haberse conocido que un tío había abusado sexualmente de él. Su padre biológico está preso por homicidio, y la madre lo abandonó. Hoy, Camilo cursa el primero básico; antes no iba a la escuela. Tiene una familia que lo acoge. Una de sus hermanas estudia en el liceo municipal, y se le ha otorgado la beca Presidente de la República. Viven en una casa de un solo ambiente; pero mediante el programa Puente, al igual que todas las familias incorporadas al Sistema de Protección Chile Solidario de la provincia de Cachapoal, de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, han obtenido camarotes y un equipamiento para la vivienda. Además, se les ha incorporado al programa para postular a vivienda y están percibiendo el aporte solidario y el subsidio familiar por tres cargas y alimentación, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para todos los niños.
El testimonio de la familia Paillamilla Rifo es muy importante. Tatiana Rifo dice: “Antes del programa Puente yo no era una madre para mis hijas. Era una mujer mala. Yo cambié, y si yo pude cambiar, todo ha cambiado para mi familia. Con el Puente permití que se me abrieran las puertas”.
Por su parte, Ernesto Paillamilla manifiesta: “Cuando yo llegaba tomado, mis hijas se escapaban para que no las golpeara. Ahora tengo cosas que antes no valoraba. Por ejemplo, la capacidad de conversar con ellas. Incluso, nos reímos y compartimos”.
Podría seguir señalando testimonios de cada una de las regiones; ejemplos concretos para demostrar cómo estamos trabajando con las familias más pobres del país. Sin duda, los honorables parlamentarios conocen el trabajo del programa Puente y del Sistema de Protección Social Chile Solidario. En el caso de que no sea así, les pido que se acerquen a mí para que, juntos, vayamos a ver cómo se está trabajando con las familias. Es una experiencia hermosa, gratificante, que está cambiando el rostro del país.
Con la iniciativa en debate, estamos dando un pequeño paso. Les diremos a estas familias que continuaremos trabajando con ellas más allá del 31 de diciembre, por un período de dos años, por el cual nos hemos comprometido, y más allá, a través de la red de protección social, que también estamos creando en este proyecto; porque, desde el Ministerio de Planificación y Cooperación, estamos coordinando el conjunto de las políticas sociales para que sean mejor focalizadas y beneficien a las familias que más lo necesitan.
Es un trabajo hermoso, a cuya ejecución invito no sólo a los parlamentarios presentes, pues considero que todo Chile debiera hacerse parte del Sistema de Protección Chile Solidario. Quienes hoy voten favorablemente, habrán sellado con su voto un compromiso muy importante para con los más pobres del país.
También espero que en los próximos días ese compromiso se selle con el financiamiento del programa, a fin de que no sólo tengamos presupuesto hasta mediado de año, sino que podamos continuar desarrollando esta actividad de manera permanente en beneficio de las familias.
Insisto: en un futuro próximo, no inmediatamente, no producto de esta ley, traspasaremos estas tareas a los municipios; pero hoy lo que más piden éstos es mayor cobertura de los programas.
La diputada señora Cristi decía que el sistema no está preparado para entregar todos estos beneficios. Eso es cierto. Esto se echó a andar el 21 de mayo del año pasado -todavía no lleva un año-; estamos recién en la etapa de puesta en marcha. Pero ya estamos atendiendo a 54.690 familias y trabajando con ellas, que esperan que este proyecto sea aprobado en la Sala.
Muchas gracias.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señora Presidenta, después de escuchar la exposición del ministro , es poco lo que se puede agregar. Es obvio que él hará una excelente gestión porque es hombre de calidad y tiene una gran escuela: pasó por el Congreso Nacional. Le deseamos el mayor de los éxitos.
No hay duda de que el proyecto en estudio nos interpreta muy profundamente. Es uno de aquellos por los cuales hemos luchado. Iniciativas como ésta justifican la razón del porqué estamos en política y somos parlamentarios, y eso hay que destacarlo. Es lo que queríamos cuando ingresamos a la política y al Congreso, y la razón por la cual dejamos de lado muchas de nuestras actividades personales: querer que Chile sea realmente más solidario; querer que exista una sociedad más justa; querer, en definitiva, que terminemos con la pobreza y que todos accedan a la oportunidad de la que tanto hablamos. Entonces, uno se alegra al concurrir con su voto para que un proyecto así se convierta en ley de la República.
Me preocupa, eso sí, la sombra de duda con que la Oposición encara el proyecto, porque es estigmatizarlo, tratar de cumplir profecías en forma anticipada, ver cómo, en el fondo, se convertirá en un instrumento de los políticos. Nuevamente se habla en la Camara de Diputados -en el seno de la democracia-, en una forma que demuestra la política, cómo si los municipios fueran instituciones sacrosantas que están en el limbo y como si los alcaldes no tuvieran nada que ver con política. ¡Ellos son políticos y en todos los municipios del país se hace política! Está bien, porque la política es fundamental en democracia.
Quiero, más que nada, referirme a lo positivo del proyecto. Pienso que la inquietud auténtica que puede existir, en cuanto a que se desvirtúe el sentido de la futura ley, no se justifica, porque en ella se establecen las disposiciones que lo impiden. Por ejemplo, el inciso segundo del artículo 4º dispone claramente que la calificación de las familias en situación de extrema pobreza se hará a través de instrumentos técnicos y de procedimientos que permitirán acreditarlo, y que se estudiará su ingreso familiar. En definitiva, se utilizarán instrumentos de que disponen los municipios, de manera que no veo cómo esto se nos puede escapar de las manos y ser utilizado para desvirtuar su sentido.
Pero, sea como fuere, mejor que cometamos errores a no tener una ley que vaya en ayuda de la gente en extrema pobreza. Los errores es posible corregirlos en el tiempo, pero lo que nunca podremos enmendar son los perjuicios y el daño que ocasiona la extrema pobreza a los hombres, mujeres y niños que la sufren. Son daños muchas veces irreparables. Entonces, más vale emprender esta tarea tan importante de combatir la extrema pobreza, aunque cometamos errores.
Un diputado de la Unión Demócrata Independiente dijo que en Chile no se juega con la pobreza. ¿Quién puede querer jugar con la pobreza? Creo que nadie, pero hubo gente que durante muchos años jugó con ella y produjo pobreza.
Quiero decir, en breves palabras -todos los otros aspectos han sido descritos por el ministro-, que esta iniciativa representa, en esencia, el espíritu de la Concertación y de los partidos que estamos junto al Gobierno, y que por eso vamos a apoyar el proyecto en su totalidad.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señora Presidenta y señor ministro , a quien es un agrado tenerlo de vuelta en esta Sala después de que se desempeñara durante tantos años como diputado :
Sin duda, el eje central del proyecto que establece el sistema Sistema de Protección Chile Solidario en buena parte busca resolver uno de los problemas más complejos de la ayuda social y de la entrega de ésta, como es la mala focalización que tenemos muchos de esos recursos, la que ha ido adquiriendo relevancia en el tiempo. Por eso, sinceramente esperamos que este nuevo sistema, definido como de protección social y destinado a las familias en extrema pobreza, permita ir mejorando la desfocalización o falta de llegada, a los sectores más pobres de la comunidad, de los recursos fiscales de programas sociales.
En esta materia las cifras son claras; algunas se han dado, otras no. Sin embargo, debemos concordar en que hoy -antes del Sistema de Protección Social Chile Solidario- alrededor del 35 por ciento de familias pertenecientes a los deciles de menores ingresos no tienen acceso a los subsidios monetarios, como el único familiar, el de Pensiones Asistenciales de Invalidez , Pasis , o el de Servicios de Atención al Paciente, SAP, destinados específicamente a ese grupo. Como contrapartida, cerca de 350 mil familias, pertenecientes al 40 por ciento más rico de la población, reciben algún tipo de beneficio monetario. Para qué decir lo que ocurre con los programas de asistencialidad escolar, tan importantes para los niños con mayores carencias socioeconómicas, cuyo objeto principal es atraer y evitar que los niños más pobres deserten de la escuela.
En educación, el 33 por ciento de los niños del decil más bajo no recibe alimentación escolar, y tampoco cuenta con ella el 43 por ciento del siguiente decil en la enseñanza básica.
Los problemas de mala cobertura también se expresan en programas de asistencialidad de los escolares, los cuales dicen relación con el aislamiento geográfico o social que afecta a estas familias, que muchas veces les dificulta acceder a las redes de prestaciones sociales. Por eso, muy sinceramente esperamos que, a través del Sistema de Protección Chile Solidario, las dificultades naturales o sociales vayan desapareciendo y podamos llegar con estos cuantiosos recursos a los sectores más pobres de la sociedad.
Sin embargo, se debe destacar que, a pesar del enorme aumento que ha habido en programas sociales -el Congreso Nacional sistemáticamente los ha aprobado en las leyes de Presupuestos de los últimos años-, no se ha puesto el mismo énfasis en afinar los instrumentos y las acciones de focalización para las familias más pobres. De hecho, se ha demostrado, a través de la encuesta Casen, que sólo el 40 por ciento del gasto social llega al 20 por ciento más pobre, lo cual corresponde a la evaluación de los principales programas sociales de salud, educación y subsidios monetarios, que abarcan el 60 por ciento del gasto social que el Congreso Nacional ha aprobado año tras año, sin considerar la previsión. El 40 por ciento restante no ha sido evaluado en cuanto a su focalización. Corresponde a una diversidad de programas sociales, destinados a aquellos definidos como los grupos más vulnerables.
En este contexto, los grupos con pobreza más dura, a los que les es difícil integrarse a las redes sociales y quienes debieran constituir la primera prioridad de la política social, por diversos problemas seguirán quedando afuera si no logramos revertir las tendencias que he ejemplificado con algunas de estas cifras. Por lo tanto, merece destacarse el hecho de que en el Sistema de Protección Chile Solidario se vuelva a poner el énfasis en la focalización, que se centra ahora en la familia, ya que de este modo se pueden abordar en forma más integral los problemas generados en los núcleos con pobreza más dura.
Allí hay un desafío muy importante tanto para los municipios del país como para Mideplan, a fin de que esta focalización constituya un avance sustancial en esta materia.
La segunda inquietud planteada por el señor ministro , así como por varios señores diputados, tiene que ver con la administración del programa, para lo cual basta leer los artículos del proyecto de ley. Sin ir más lejos, el artículo 3º de la iniciativa es muy claro al establecer: “La administración, coordinación y supervisión del Sistema de Protección Social Chile Solidario corresponderá al Ministerio de Planificación y Cooperación”. Ahí está centralizado el actuar de este programa.
Es cierto que el proyecto dice que el Ministerio podrá celebrar convenios o acuerdos con otros ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales y municipalidades, pero eso nos parece insuficiente.
El ministro señor Andrés Palma ha sido elocuente en señalar que, respecto de los monitores, hoy más o menos la mitad- ha sido contratado o determinado por los municipios, y la otra mitad, por Mideplan. Pero nos sigue pareciendo que las principales funciones que tienen relación con este programa -calificación de la pobreza, entregar los beneficios y ejecutar las demás acciones inherentes al programa- siguen demasiado centralizadas y se subestima la capacidad de los municipios.
En materia de descentralización y de administración del programa, no queremos quedarnos en la escala del gobierno central y de los municipios, sino bajar un peldaño más, a la participación de la sociedad civil, la gran ausente en el Sistema de Protección Chile Solidario. Las organizaciones intermedias, los centros de madres, los clubes deportivos, las organizaciones privadas y las empresas sin fines de lucro o filantrópicas, como el Hogar de Cristo y otras, tienen, sin duda, una experiencia y un conocimiento que, a nuestro juicio, debiera ser mejor aprovechado por la autoridad.
Todos somos parlamentarios y hemos visto participar a muchas de estas instituciones. Ahí hay una riqueza de conocimientos de la geografía humana, de la situación de la pobreza, de los énfasis y de las prioridades, que no siempre son debidamente recogidos por la municipalidad, sino muy indirectamente. Sería deseable otorgar una mayor participación a esta sociedad civil.
Si bien es cierto que el proyecto de ley deja abierta la posibilidad a fin de que Mideplan pueda celebrar convenios con estas otras organizaciones, eso no es suficiente, ya que este tipo de coordinación debiera darse en el nivel local, de acuerdo con las distintas realidades, y no ser necesariamente promovidos estos convenios desde el nivel central. Al revés, debiera generarse desde las organizaciones intermedias una acción hacia la búsqueda de estos programas, y no que el ente rector, Mideplan, sea el llamado a celebrar convenios o a participar. De manera que organizaciones como el Hogar de Cristo, por el conocimiento que tienen del mundo de la pobreza, son elementos sustanciales, y, a nuestro juicio, debieran ser mejor aprovechados.
Por lo tanto, consideramos que este proyecto va en la dirección correcta desde el punto de vista de mejorar la focalización y los problemas de un excesivo centralismo en la administración del programa. Creo que se desaprovecha la organización y la participación civil de las organizaciones intermedias, que debiera ser mayor.
También llamo a reflexionar sobre la necesidad de no sobreestimar este Sistema de Protección Chile Solidario, y a no quedarnos, quizás, con una suerte de autocomplacencia o de conformidad, al decir: “Tenemos el Sistema de Protección Chile Solidario, y, con esto, los problemas de los más pobres se irán solucionando”.
Quienes creemos en el rol subsidiario del Estado entendemos que éste debe beneficiar a los extremadamente pobres, es decir, a quienes, dada su condición de pobreza, son incapaces de salir por sí solos de ella sin su apoyo.
Concordemos en que el verdadero “Chile Solidario” no es este proyecto de ley, ni los 8 mil y tantos millones de pesos, ni el bono de 10 mil pesos, ni la mejor focalización, que nos permitirá, como sociedad y país, en conjunto, enfrentar en forma decidida, cuantitativa y cualitativamente importante, la superación de la pobreza en Chile. El censo último ha sido elocuente en este punto: el énfasis en materia de superación de la pobreza debe estar en el crecimiento y desarrollo económico del país.
El Centro de Estudios Públicos demostró hace ya diez años, en un magnífico estudio que invito a todos a leer, que empíricamente el 80 por ciento de la superación de la pobreza en Chile corresponde más al crecimiento y al desarrollo económico del país que a los programas asistenciales que se implementen a través de la red social.
Esta materia debe preocuparnos como país; al gobierno, al que le toca gobernar, y al Congreso Nacional al que le corresponde legislar. La pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿Cómo generamos elementos para que el crecimiento y desarrollo económico del país retome la senda de los guarismos del seis o del siete por ciento que nuestro país tuvo hasta 1996 y 1997? De esa manera se evita la abrupta caída que nos ha llevado a cifras de crecimiento en torno del dos por ciento actual.
Un país que, en promedio, crece el siete por ciento supera un 15 por ciento de la extrema pobreza en un año; un país que crece entre el uno y el dos por ciento sólo supera el uno por ciento de la extrema pobreza por año. Es ahí donde es importante poner el énfasis y no sobreestimar ni generar una autocomplacencia o conformidad, sino entender que el tema de la pobreza extrema va por otros caminos, por otros derroteros, que hoy no estamos tratando en la forma adecuada.
Sin duda, no apuntan al crecimiento y al desarrollo económico del país las inflexibilidades laborales aprobadas en la reciente legislación laboral; no apunta al crecimiento y al desarrollo económico del país el aumento de impuestos; no apunta al crecimiento y al desarrollo del país el que todavía se mantenga una enorme cantidad de empresas en manos del Estado; no apunta al crecimiento y al desarrollo económico del país el aumento del gasto público. Tampoco aumenta la inversión extranjera si no damos facilidades y nuestro país no cuenta con la confianza del mundo internacional, que ha tenido durante tanto tiempo, pero que hoy está en riesgo de perder.
El mundo del Sistema de Protección Chile Solidario es aquel que también debe buscar y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, que, ya se ha dicho hasta la saciedad, son las responsables del crecimiento del país y del empleo en un 80 por ciento de sus habitantes.
No cabe duda de que se debe custodiar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ello se logra si no sólo el jefe de hogar recibe un salario adecuado, sino varios más de sus integrantes, que están en la pequeña y mediana empresa. Si a ese sector se le dire un impulso, el país enfrentaría seriamente el problema de la extrema pobreza.
El verdadero Sistema de Protección Chile Solidario es aquel que también -ahí tenemos un desafío gigantesco que, en parte, está en la agenda de modernización del Estado, que hemos concordado llevar adelante con el Gobierno y cuyo primer proyecto de 49 hoy hemos aprobado: el que da carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos- busca eliminar la burocracia, que impide a tantas personas emprender un negocio, levantar un pequeño taller, una pequeña actividad económica. Ellas se encuentran con una burocracia de trámites, de dificultades, de impedimentos y de vallas que saltar que no les permiten generarse un ingreso económico que no sea bajo la vía de ser sólo trabajadores dependientes.
Es también Sistema de Protección Chile Solidario el de empresarios justos que les paguen a sus trabajadores remuneraciones justas; que les paguen sus imposiciones, que no exploten al trabajador; que hagan justicia respecto de lo que éste aporta a la sociedad.
El verdadero Sistema de Protección Chile Solidario es, también, el de empleados públicos probos, sin corrupción, para no generar los problemas de probidad que hemos visto en el último tiempo.
En fin, aquel que, en definitiva, también compromete a la clase política y a quienes debemos ejercerla, en la búsqueda del servicio público, del bien común y no de venir a servirse de él.
En definitiva, se requiere un proyecto bien encaminado, que tenga las características que hemos mencionado y que, ojalá, en el Senado se perfeccione. Se trata de lograr un avance para combatir la extrema pobreza en Chile.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señora Presidenta , la sesión especial que ahora se realiza va a otorgar la oportunidad, una vez aprobado el proyecto en debate, a casi un millón de chilenos, de contar con financiamiento para el Sistema de Protección Chile Solidario.
Hoy se cumple casi un año del anuncio y convocatoria que hiciera su Excelencia el Presidente de la República al país y, en particular, al Congreso Nacional, para aprobar un proyecto como el Chile Solidario, con sus características ya especificadas.
Es un momento sumamente importante, porque el Sistema de Protección Chile Solidario constituye un programa que combina lo asistencial y lo promocional para erradicar la indigencia y potenciar las capacidades de las personas.
En la Región de La Araucanía, a la cual represento, la indigencia alcanza el 11,1 por ciento y representa el 5,7 por ciento de la de todo el país. En ese sentido, cuando uno a diario se encuentra con realidades como la que hoy pretendemos revertir, sin duda que cuesta entender las prevenciones, temores y limitaciones que la Oposición plantea respecto de un proyecto que tiene como único objeto superar la precariedad de vida de cerca de 250 mil familias en Chile.
El ministro Andrés Palma tiene una gran responsabilidad, porque los indicadores objetivos de pobreza están estancados. El gran salto se dio a partir de 1990, cuando la pobreza pasó de 45 por ciento -cifra indesmentible- a 33,5 por ciento. Ese indicador hoy se ha mantenido más o menos constante.
Con un programa como éste, sin duda daremos un nuevo impulso en la superación de la pobreza, que no sólo tiene que ver con la falta de ingresos, sino también con el deterioro del capital humano.
A través del programa Puente se contacta a la familia indigente y se comienza el trabajo de apoyo psicosocial. Luego, se la incorpora a la red social para satisfacer sus demandas a través de todos los bonos establecidos en el artículo 6º del proyecto.
Tengo algunas preocupaciones en relación con esta materia, porque los bonos son importantes mientras se mantengan; pero si el proceso no va acompañado de herramientas, de condiciones que perduren en el tiempo, los recursos se acabarán y se correrá el riesgo de que estas familias puedan sufrir un revés, materia que el proyecto también debe cautelar.
El programa está siendo percibido por la ciudadanía positivamente, especialmente por las familias que cada día están conociendo sus beneficios. El apoyo brindado por los equipos del programa Puente cada día tiene mayor relevancia, ya que las familias necesitan un acompañamiento en el período inicial. Por eso es fundamental el capital humano del que se ha hablado.
A la fecha, el programa ha permitido que las familias incorporadas al sistema tengan a sus niños asistiendo a escuelas; familias, padres y madres preocupados de terminar su enseñanza básica o media; niños en control de salud, datos sumamente importantes para actualizar la información sanitaria del país; discapacitados que reciben beneficios; jefes de familia que trabajan, etcétera. Todo esto se logra en virtud de los bonos y subsidios a que hemos hecho mención.
Desde el inicio, las demandas prioritarias de las familias beneficiadas por el programa tienen que ver con dos elementos centrales: el trabajo, que es un problema todavía estructural en nuestra economía y relevante en las regiones como la que represento, y el tema habitacional.
Quiero manifestar al señor ministro que en el tema de la habitabilidad o mejoramiento de las condiciones de la vivienda no exis-
ten programas ni una oferta pública específica tan nítida como la que existe para el tema de los bonos, a través del INP, o para otros subsidios que van por la vía del Ministerio del Interior.
Es necesario que en las viviendas, a lo menos, existan dos piezas habitables, y camas suficientes para terminar con el hacinamiento. Es un paso sumamente necesario en esta convocatoria que hacemos al país.
Otro desafío importante del programa es que, a partir de 2003, ingresan las familias rurales, que representan un número bastante alto, lo que va a significar un esfuerzo operativo y técnico importante.
Como el Presidente Lagos ha señalado que las autoridades deben estar en terreno, por su intermedio, señora Presidenta , le diría al señor ministro que, ojalá, los secretarios ministeriales de su cartera y los directores regionales del Fosis -sin perjuicio del apoyo que reciben las familias de parte de los municipios coordinados con el Fosis en esta tarea- hagan una labor de pedagogía. Este es un programa muy potente, con tremendo impacto social; pero, como otros proyectos aprobados por la Cámara, que también son muy importantes, tiene un nivel de complejidad para la gente beneficiaria.
Aquí se ha preguntado con qué recursos humanos se cuenta, su dependencia, el monto de sus honorarios, que no son muchos. Francamente, no tengo una mayor preocupación sobre la materia, porque se está seleccionando a los mejores. Hay muchos asistentes sociales que están haciendo esfuerzos a nivel país, y, en la medida es que eso se mantenga, las dudas se van a ir disipando.
El ministro señor Palma ha explicado que se harán algunas modificaciones a la encuesta de caracterización socioeconómica, lo cual es importante para los efectos de dar tranquilidad a todos los que hoy puedan tener dudas. Hemos conocido casos de algunos municipios -y así lo estableció la Contraloría General de la República- donde las cosas no se han hecho bien. Son los menos, pero han ocurrido.
En la medida que tengamos una herramienta adecuada, como la ficha CAS, para determinar quienes serán seleccionados en el programa, también servirá para disipar las dudas. Por lo tanto, no dramatizaría más en el tema de los municipios.
Finalmente, un colega preguntó por el nombre del programa. Creo que no puede haber una mejor denominación, porque el puente permite atravesar el río de la frustración a la esperanza; tal vez, del desconocimiento de los derechos al pleno ejercicio de los mismos; de la marginalidad a la oportunidad con dignidad.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta, cuando hablamos de temas tan sensibles en beneficio de hermanos chilenos que, muchas veces, no tienen qué comer, no podemos estar en desacuerdo. Todo lo contrario, tenemos que apoyarlos con fuerza, con entusiasmo y con coraje.
El proyecto no tiene nada de emblemático, porque el sistema ya está funcionando. Hay que apoyarlo, porque así nos aseguraremos de que, año a año, los recursos estén considerados en el Presupuesto.
El ministro está muy agradecido de los parlamentarios que quieren fiscalizar el plan piloto que está haciendo el Gobierno con el Sistema de Protección Chile Solidario. Me gustaría entonces comprometerlo a que conteste los oficios de fiscalización, porque en este momento, de los seis mil que se han enviado al Gobierno sólo ha respondido mil. El amor tiene que ser compartido, de manera que junto con recibir sus felicitaciones, queremos comprometerlo a contestar los oficios de fiscalización que envíe la Cámara a su cartera.
Si el objetivo del programa es favorecer a la gente de extrema pobreza, ¿por qué se otorga el subsidio un año después? La pensión asistencial, el subsidio familiar, el subsidio para el agua potable debieran entregarse en forma inmediata. ¿Por qué vamos a esperar un año para que esta gente tenga derecho a percibir estos beneficios? Si estos subsidios comenzaran a regir en forma inmediata, serían de gran ayuda, porque de esa manera la gente dispondría de recursos para muchas otras cosas.
En la Novena Región -y usted lo sabe perfectamente- el Fosis está absolutamente cuestionado. Existen dos informes de la Contraloría que acusan a las personas de ese organismo de un mal manejo de dinero, situación que nos preocupa como parlamentarios de la región, ya que estamos hablando de la zona más pobre del país. Son alrededor de 27 mil familias que están siendo ayudadas por el Fosis. Y si no hay claridad y no tenemos a nuestra disposición los informes -que están más guardados que los resultados de la prueba del Simce- no sabremos si los programas van a ser ejecutados por las personas más idóneas.
Indudablemente, se necesita la ayuda y como parlamentarios de la zona estamos de acuerdo con el Sistema de Protección Chile Solidario. Pero si esto está funcionando y el objetivo del proyecto es justamente considerar, año a año, en el Presupuesto de la Nación los recursos para su financiamiento, no advierto la razón para que en algunos artículos del proyecto se someta su ejecución a las normas del reglamento. Por eso pregunto, ¿cómo está funcionando el programa en este momento al no estar vigente la ley y, por lo tanto, tampoco los reglamentos? En consecuencia, el Sistema de Protección Chile Solidario se debe estar rigiendo por algo para ser aplicado. Por eso, es interesante que el ministro nos explique cómo se está manejando.
Ahora, respecto de si se politiza o no el Sistema de Protección Chile Solidario, ello es prácticamente irrelevante, porque la Concertación tiene 200 alcaldes y la Alianza por Chile, 164. El propio ministro ha destacado que el programa está funcionando bien en las comunas dirigidas por este último conglomerado. Eso no es ninguna novedad, porque todos los pobres de Chile están con la Alianza por Chile, a la cual pertenecen los alcaldes de las comunas donde ellos viven. Para esa gente, contar con alcaldes y diputados de la Alianza que la ayuda, constituye una esperanza de salir de la pobreza. Esto no es ningún misterio. Nuestros alcaldes han hecho un gesto gigantesco: inscribieron a todas sus comunas para que sus habitantes salgan de la pobreza.
Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser compartido: el Gobierno debe entregar recursos y los privados deben hacer lo propio a través del pago de impuestos. En definitiva, esto debe ser llevado adelante de la manera más ecuánime posible. Las platas deben ir a parar a las familias más pobres y no distraerse en otras materias.
Por eso, con mucho entusiasmo y cariño, pensando en los pobres de nuestro país, en especial en los de mi distrito -en particular, los de Curarrehue, la comuna más pobre de mi región-, votaré favorablemente el proyecto. Espero que los recursos que se destinen a este proyecto se ocupen de la mejor forma posible, a fin de sacar a la gente de la pobreza, que es nuestra meta y lo que todos queremos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el ministro señor Andrés Palma.
El señor PALMA ( Ministro de Planificación y Cooperación).-
Señora Presidenta , sólo para efectuar tres aclaraciones a propósito de la intervención del diputado señor René Manuel García.
El proyecto señala que la pensión asistencial y el subsidio familiar serán asignados dentro de los doce meses siguientes de ingresado al sistema, no un año después de la incorporación. Es decir, existe un plazo de hasta un año para asignarlos, en función de la disponibilidad de recursos. En otras palabras, a lo más pasará un año, lo que no quiere decir que se deba esperar ese tiempo. Así las cosas, podría darse el caso de que al mes siguiente de ingresar al sistema se entreguen los recursos correspondientes.
Respecto del funcionamiento del Fosis en la Región de La Araucanía, estamos tanto o más preocupados que el señor diputado. Existen varias denuncias y el asunto está en manos de la Contraloría General de la República. La decisión del Gobierno en relación con esa situación es esperar el dictamen de ese organismo, que ha tomado demasiado tiempo. Conversé con el contralor para que acelere el procedimiento, por lo que esperamos tener una respuesta en los próximos días.
Por último y por intermedio de su Señoría, reitero al diputado señor García que el programa Puente y los beneficios que estamos entregando se rigen según el procedimiento contemplado en la ley de Presupuestos de 2003 para el Ministerio de Planificación y Cooperación y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Algunos de estos beneficios aún no están contemplados allí. Hoy, la única manera de entregar un subsidio único familiar o una pensión asistencial es que exista un cupo disponible. Sin embargo, cuando entre en vigencia la ley, las familias tendrán acceso directo a esos beneficios. Por eso y tal como lo señalé en una intervención anterior, este proyecto es tan importante como la ley de financiamiento.
Gracias.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Quiero recordar a la Sala que tratamos el segundo informe del proyecto, es decir, estamos en su discusión particular. Hasta el momento, nadie se ha referido a los artículos 4°, 5° y 6°, que es lo que correspondía.
Es posible que la sugerencia que voy a hacer resulte injusta para quienes no han intervenido, pero lo cierto es que deberíamos ser respetuosos del Reglamento. Hay cinco diputados inscritos. Ruego a sus Señorías que sean breves en sus intervenciones. Ello nos permitiría al menos iniciar la discusión del segundo proyecto de la tabla, que establece normas para flexibilizar el uso del permiso maternal. Además, contamos con la presencia del ministro del Trabajo , señor Ricardo Solari.
Tiene la palabra el diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señora Presidenta , la discusión del proyecto, como su Señoría señala, ha sido más bien en general. La exigencia de referirse a los artículos en discusión debió haberse hecho desde el principio. Yo voy a formular algunas observaciones que me interesan.
Represento a la comuna de Vallenar, que tiene la más alta cesantía del país, y varias otras que también registran altos niveles de desempleo.
Cuando el programa fue anunciado por el Presidente de la República tuve algunas objeciones; sin embargo, después de ver cómo se ha trabajado durante los últimos meses, me he transformado en un entusiasta partidario del proyecto.
En primer lugar, quiero despejar algunas dudas. Se ha señalado que se ha pretendido politizar la asistencia, la ayuda o la solidaridad a las personas más pobres de nuestro país.
Si hubiera existido esa intención, el Gobierno no habría implementado el Sistema de Protección Chile Solidario a través de los municipios, encabezados por alcaldes y concejales de todos los partidos políticos. Para quienes prejuzgan, ese hecho garantiza que no se va a utilizar indebidamente ni a politizar el programa, pero, sin duda, es un programa del Gobierno, es una acción política, es una política de Estado, es una buena política, y nosotros lo apoyamos porque creemos que apunta en el sentido correcto.
Hay quienes creen que el crecimiento es suficiente para atacar la extrema pobreza y llegar a las 225 mil familias de indigentes. En verdad, sobre la materia, hay una interesante discusión de fondo, porque nosotros creemos que no es suficiente el crecimiento y que el mercado actúe. Aunque logremos, y Dios lo quiera, cifras de crecimiento de 6 y 7 por ciento -indudablemente que ayuda mucho más, y en eso estamos todos de acuerdo-, no será suficiente para atacar la extrema pobreza. Cuando el país crecía al 6 y al 7 por ciento, no se transferían recursos hacia los sectores con menos ingresos si no había una intervención directa del Estado.
Tampoco veía a los empresarios, cuando tenían buenas utilidades, ir más allá de las exigencias mínimas que impone la ley o el mercado. No es obligación, por lo demás.
A nuestro juicio, para enfrentar el problema no es suficiente el aporte del mercado ni el mero crecimiento. Se requiere algo más. El mercado sólo capta recursos y la moviliza, pero los pobres que no tienen dinero no son capaces de movilizarlo. Por eso, hace falta y se necesita la intervención decidida y clara del Estado, como lo hace esta buena política generada por el Gobierno del Presidente Lagos.
Eso es lo importante. Sé que hoy todas las bancadas están apoyando el proyecto de ley en debate, pero hay diferencias o matices con algunas de las intervenciones que me han precedido.
Las cifras han sido tremendamente claras. Las 225 mil familias indigentes que hay en Chile corresponden al resultado de la encuesta Casen, la que nadie he puesto en duda. Es una cantidad objetiva. Las familias que se priorizan en este programa, que van in crescendo, son las que tienen el más bajo puntaje de la ficha CAS de las respectivas comunas. No se manipula.
Hay que terminar con estos mantos de dudas; aquí no hay politización, sino que una buena política de Estado que están llevando a cabo los ministerios, sus organismos dependientes y también las municipalidades. Creo que hay un gran esfuerzo conjunto.
En segundo lugar, quiero señalar cómo están trabajando los equipos humanos en esta materia. Existe compromiso de los buenos alcaldes y concejales del país, existe compromiso de los gestores familiares. Están viendo la pobreza no sólo en las estadísticas, sino que en los rostros de los integrantes de esas miles de familias. Están generando no solamente la solidaridad que implica la entrega de un subsidio, la atención en un consultorio o la matrícula en una escuela municipal, sino que también grupos humanos de personas comprometidas en superar la pobreza.
Deseo resaltar un par de casos. En este trabajo conjunto de profesionales, gestores sociales y familias, también hay iniciativas que van agregando nuevos elementos. Se pueden incorporar las corporaciones y las fundaciones, porque están las puertas abiertas; si hoy día lo hacen, indudablemente pueden tener una participación mayor.
Pero también hay iniciativas propias; por ejemplo -y lo conversé recién con el señor ministro -, la doctora Patricia Salinas , encargada de los servicios municipales de salud en Vallenar, está creando carpetas familiares para la implementación del Sistema de Protección Chile Solidario en esa comuna para la atención de salud, lo que es tremendamente importante, porque si una de esas personas enferma y va al consultorio, no sólo tiene la ficha personal, sino también la de todo su grupo familiar, lo que permite actuar en forma mucho más eficaz en materia de prevención y de protección de salud.
También quiero resaltar, y con esto termino, lo sucedido con una bisabuela de la comuna de Tierra Amarilla, cuestión que también conversé con el ministro Palma. Esta señora señaló que gracias a ese programa, hoy puede hacer su firma, leer y escribir, porque fue incorporada a programas de alfabetización, a pesar de tener más de 70 años de edad.
Señora Presidenta , este programa del Gobierno de la Concertación, que es una buena política pública y que, además, hoy está comprometiendo al Parlamento a través de la Cámara de Diputados, va en el sentido correcto y tiende un puente, como se señala, entre las distintas organizaciones, servicios públicos y los más pobres de nuestro país.
Por eso, apoyaremos el proyecto de ley.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta , cuando el 21 de mayo el Presidente Ricardo Lagos anunció el proyecto, abrió ventanas de esperanza, porque enfrenta la pobreza de manera distinta, en lugar de ser simplemente solidario. Lo dicen sus disposiciones. Como abogada, me podría referir a los artículos uno por uno; pero es necesario mencionarlos en términos generales, a pesar de repetir lo ya dicho.
Para enfrentar la pobreza más dura, que de acuerdo con la encuesta Casen ha aumentado al 5,6 por ciento, es decir, hay 176 mil familias en esa situación, no basta con otorgarles un subsidio -ya que una sola transferencia se vuelve insuficiente- sino que se les entregan herramientas para que peleen por sus derechos. Se les da la posibilidad de decir: “Me acojo a esto, a esto y a lo otro.” Lo señaló muy bien el diputado Meza. Es una cuestión completa, es como decir: “Mire, la Constitución Política nos hace iguales ante la ley en dignidad y derechos”. Pero la dignidad no es sólo expresar: “Mira, le vamos a dar una canasta suficiente para que coman dos o tres veces al día”, sino que le vamos a decir: “Mira, el niño puede estudiar” o “La niña puede acceder a la educación técnica”. Al pequeño que a los nueve años se volvió adicto a la droga, como sucedió en Santiago, lo podemos sacar de ahí. Ése es el peso tremendo de este proyecto.
Por lo tanto, referirse a los 8 mil o 10 mil 500 pesos mensuales que darán durante 10 meses no es importante aun cuando están en el proyecto, pues lo que importa es el fondo. Este fondo es lo que debemos tomar con mucha fuerza y decir que lo estamos apoyando. Las municipalidades, que son los mejores “ojos” para mirar la pobreza, son las indicadas para crear esta red, que será una muy rica, porque ahí las personas estarán realmente motivadas.
Como lo señaló el diputado Mulet , el crecimiento solo no sirve. Muchas veces el Pnud de la ONU nos ha dicho con mucha franqueza que estamos bien en lo macroeconómico, pero no en la repartición equitativa de la riqueza. Con esta iniciativa queremos mejorar ese aspecto, queremos dar dignidad a nuestra gente más pobre, queremos sacarla de donde están y decirles “estos son sus derechos, peleen por ellos, aprovéchenlos”. Ese es el sentido último del proyecto y por eso lo vamos a apoyar.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señora Presidenta , cuando nuestro país focaliza sus recursos para solucionar un problema, lo logra. Prueba de ello es el resultado de uno de los programas más exitosos que se ha llevado a cabo: la erradicación de la desnutrición. Hoy, prácticamente no hay niños desnutridos; por el contrario, están con problemas de obesidad. Eso se logró porque nuestro país, nuestro Estado, sus legisladores e instituciones decidieron focalizar recursos para alimentar a la gente de menores ingresos, sea a través de la entrega de leche en los consultorios o en un programa educacional de alimentación y de fomento para que las madres amamanten a sus hijos.
Hoy estamos focalizando a través de un proyecto que intenta -estoy absolutamente seguro que lo logrará- solucionar el problema de la extrema pobreza en Chile. Cuando se focaliza en familias en situación de extrema pobreza entregándoles un sistema de protección social, lo que se está haciendo es definir, como Estado, políticas que las ayuden a salir de esa situación, ya sea en salud, educación, capacitación para obtener empleo, capacitación para desenvolverse en una sociedad cada vez más competitiva. Si no focalizamos, hay pocas posibilidades de lograr erradicar la extrema pobreza. Por ejemplo, lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda en lo que respecta a subsidios habitacionales especiales con relación al subsidio habitacional sin deuda, permite que las familias más pobres de nuestro país tengan a su disposición una serie de elementos que tiendan a sacarlas de esa lacra que es la extrema pobreza.
Por eso, me parece muy importante apoyar este proyecto; pero no sólo eso, sino también discutir con altura de miras y entregar nuestra aprobación a otra iniciativa que va de la mano de ésta y que tiene que ver con el financiamiento del Sistema de Protección Chile Solidario y los recursos para el plan Auge, la que todavía se está discutiendo en las comisiones unidas de Salud y de Hacienda. El tono de la discusión apunta, más que a apoyar elementos que permitan que los recursos lleguen para financiar este proyecto, en otra dirección. Me parece muy importante que la Cámara también apruebe los recursos para que la ley funcione. De otra manera, será letra muerta.
Esta iniciativa no sólo apoya a las familias de extrema pobreza, sino que en su artículo 6º transitorio incorpora un elemento trascendente para las personas mayores de 65 años, específicamente 15 mil 675 personas que viven solas y que hoy no tienen apoyo alguno del Estado para subsistir. Cada vez nuestra población ha ido envejeciendo. Hoy son cada vez más las personas mayores de 65 años que viven solas, sin apoyo suficiente de organizaciones del Estado para solucionar sus problemas de salud y de vida. El proyecto permite asignar recursos presupuestarios para beneficiar a personas de la tercera edad.
Creo que nuestro Gobierno está haciendo bien las cosas, está planificando y buscando priorizar sus escasos recursos para solucionar problemas de verdad, sin demagogia.
Por eso, todos debiéramos apoyar y aprobar el proyecto en forma unánime.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señora Presidenta, en atención a su petición de apurar el debate, seré lo más breve posible. Pero no puedo perder la oportunidad de expresar algunas ideas respecto del proyecto, sobre todo en relación con intervenciones de algunos colegas.
Es obligación de la Cámara, y eso no significa poner cortapisas, resguardar que los proyectos aprobados cumplan las expectativas generadas tanto en los beneficiarios como en el Ejecutivo , que los impulsa. De modo que, a mi juicio, es una estrechez mental decir que cualquier preocupación o duda que uno tenga respecto del contenido de los proyectos implique una voluntad de ponerle cortapisas. Aquí la discusión tiene el sentido de reconocer los contenidos favorables pero también de resaltar las aprensiones respecto de una determinada iniciativa.
Detrás de la iniciativa en debate hay una muy buena idea, pero contenida en un mal proyecto. Ya se ha dicho que tiene ciertos visos de centralismo, con el enorme riesgo de caer en la burocracia y en la politización. Además, es una incógnita saber si se justifica una ley de la República o si el Ejecutivo tiene facultades suficientes, como de hecho lo ha demostrado con el proyecto Puente, para ponerlo en práctica sin necesidad de una ley.
Pero, lo más preocupante, es que el financiamiento del proyecto es una verdadera incógnita. Algunos colegas expresaron que, ojalá, mañana también se apruebe el financiamiento del Sistema de Protección Chile Solidario. Sin embargo, cuando uno ha tenido la oportunidad de participar un par de veces en las comisiones unidas de Salud y Hacienda se da cuenta que unos y otros, con mayor o menor énfasis, han expresado sus legítimas dudas respecto del financiamiento propuesto por el Ejecutivo para el plan Auge y, por lo tanto, también para el Sistema de Protección Chile Solidario.
Soy representante de la región más pobre del país, junto con otros diputados que hicieron uso de la palabra, como los colegas René Manuel García , Quintana y otros. Muchas de las comunas de los distritos que representamos se encuentran entre las más pobres de las pobres. Además, en la Región de La Araucanía hay una población mapuche muy importante, que arroja índices de mayor marginalidad y pobreza respecto de los demás chilenos de la misma región. Por lo tanto, para nosotros también es un deber precaver y cuidar que los escasos recursos públicos destinados al combate de la pobreza estén bien focalizados y se gasten e inviertan en buena forma.
Deseo hacerme eco de lo expresado por el diputado señor García respecto de la participación del Fosis en cada una de las regiones. En el último año, por una denuncia hecha a la Contraloría por el senador Lavandero , el Fosis de la Novena Región ha sido sujeto de una larga investigación, por numerosas irregularidades. Más que irregularidades, diría que por una inexcusable dilapidación de recursos destinados a los más pobres.
Entonces, es legítimo preocuparse de que parte de la administración del Sistema de Protección Chile Solidario quede en manos de autoridades regionales tremendamente cuestionadas.
Comparto con el ministro Andrés Palma el hecho de que, lamentablemente, la Contraloría ha dilatado demasiado su pronunciamiento respecto de lo ocurrido en el Fosis.
También me preocupa el tema de los monitores. Hay una experiencia que tiene que ver con los monitores que pusieron en práctica el programa Orígenes, financiado en parte por el Estado chileno, y en parte por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ha habido ahí un verdadero escándalo en las cifras, porque la cantidad de recursos que se destinan al pago de los monitores no dice relación con los que se utilizan en mejorar la situación de las familias más desposeídas. En este caso, de las comunidades mapuches. No vaya a ocurrir lo mismo con el Sistema de Protección Chile Solidario, es decir, que se gasten grandes cantidades de recursos en monitores y, en definitiva, una pequeña parte llegue a los beneficiarios.
En mi opinión, para votar a favor el proyecto con tranquilidad y cierta seguridad, es indispensable dejar suficientemente claro el verdadero rol que cumplirán los municipios en la aplicación y puesta en marcha del programa, más allá de lo que se establece en el proyecto, porque una cosa es lo que diga la ley, y otra, el rol que deben cumplir los municipios.
Me parece indispensable, también, aclarar qué va a ocurrir con el Sistema de Protección Chile Solidario si no prospera el financiamiento que el Ejecutivo está impulsando para el plan Auge. ¿Vamos a correr acaso el riesgo de tener el sistema de Protección Social Chile Solidario aprobado por ley sin, simultáneamente, contar con financiamiento para ponerlo en ejecución?
Del mismo modo, es indispensable esclarecer si este programa valida de alguna manera la experiencia de otros ejecutados por la vía de monitores. Recuerdo que en más de una oportunidad, en particular en las discusiones del proyecto de ley de Presupuestos, uno se encuentra con la sorpresa de que ciertos programas, como algunos de la Décima Región, que tenían financiamiento por 150 ó 200 millones de pesos, cerca del 80 por ciento de sus recursos eran gastados en la administración: secretarias, oficinas, camionetas, vehículos, computadores. Probablemente, eran necesarios para ponerlo en marcha pero, en definitiva, significaba que muy pocos de esos fondos llegaban a los más pobres.
Finalmente, quiero hacer hincapié en que las legítimas dudas que uno pueda tener respecto del Sistema de Protección Social Chile Solidario, no significa rechazar la idea, sino tratar de confrontar la buena idea que hay detrás de él con un adecuado proyecto, que asegure que los beneficios que el Ejecutivo pretende rescatar con una iniciativa de esta naturaleza se materialicen y no frustremos, una vez más, las expectativas de miles de familias chilenas pobres, que a diario nos ven discutir programas y proyectos en su beneficio pero que, en definitiva, no todos llegan a buen término.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señora Presidenta, su Señoría nos señaló que nos centráramos en determinados artículos. Entre ellos, el 4º que dice: “Para ingresar y participar en el sistema “Chile Solidario” las familias en extrema pobreza calificadas, deberán manifestar expresamente su voluntad en tal sentido, así como la de cumplir las condiciones a que se hayan comprometido por medio de una declaración.”
Tenemos claro, a lo largo del país, por la vía de los municipios, de la ficha CAS II y de los Didecos, quiénes realmente acreditan su derecho a ingresar al Sistema de Protección Chile Solidario.
Más allá de la cosa material, hay aquí un proceso cultural. Es cierto que en varios municipios, en especial los rurales, un porcentaje de gente aparece en la ficha CAS II como necesitados, en circunstancias de que no es así, pero son casos excepcionales. En muchas comunas rurales, de repente un alcalde, a lo compadre, entrega un subsidio rural a alguien que no lo necesita, pero no es algo generalizado, sino una situación excepcional. Estoy de acuerdo con los colegas que reclaman una mayor fiscalización, pero en conformidad con la Constitución Política, esta Cámara tiene las facultades para ello. Es preciso fiscalizar más, pero no le podemos echar la culpa a ese tipo de situaciones para dejar a 230 mil familias que más lo necesitan sin un instrumento que los resguarde, que los apoye y que los saque de la miseria y de la indigencia.
El país ha avanzado en esta materia. En el pasado se señalaba que a través del “chorreo” los pobres podían salir de la situación de indigencia y de pobreza en que vivían. Sin embargo, creo que hemos avanzado todos, tanto la Oposición como la Concertación, porque nos hemos dado cuenta de la necesidad de contar con un instrumento que garantice la posibilidad de que esos sectores salgan del estado en que se encuentran.
Por otra parte, estoy convencido de que este instrumento favorecerá en forma especial a las comunas rurales. En las cifras del último censo se puede observar que en los últimos diez o doce años en mi región se logró un gran cambio en el nivel socioeconómico de sus habitantes. Sin embargo, no es menos cierto que ocho de las trece comunas de la provincia de Ñuble presentan un decrecimiento poblacional, pues se ha producido la migración desde el campo a la ciudad. Con instrumentos como el que hoy aprobaremos sin duda vamos a ayudar a sacar del estado de pobreza e indigencia a los sectores señalados.
Por último, hay que poner énfasis en una situación sobre la cual me alegro que el ministro tenga absoluta claridad. En muchos sectores rurales hay una gran cantidad de niños y jóvenes que no pueden asistir a sus escuelas y liceos porque no cuentan con un medio de transporte, ya que sus padres no tienen las condiciones económicas para dárselo.
Por eso, estoy seguro de que la Sala, en forma unánime, o por mayoría, va a aprobar este proyecto, porque soluciona una situación tan crítica como la señalada. Tal como dijo el ministro de Educación , señor Sergio Bitar , la riqueza del país no está en los recursos renovables o no renovables, sino en la educación.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Señora Presidenta, éste es un proyecto que tiene un incuantificable significado para el país. Si bien 250 mil familias, es decir, aproximadamente un millón de habitantes, serán beneficiadas con el establecimiento de este sistema, la génesis del proyecto establece una visión de país que involucra la preocupación de todos los sectores sociales por quienes tienen menos.
Desde ese punto de vista, felicitémonos por la iniciativa, pues busca focalizar hacia las familias más carenciadas un monto monetario, el cual si bien en términos estadísticos puede ser bajo, implica un gran esfuerzo de integración, sobre todo si se trata de la entrega de apoyo psicosocial, de un bono de protección familiar, de educación y de capacitación.
He escuchado en mi región a diputados de la Oposición criticar con fuerza los montos en dinero que el proyecto establece entregar a la gente. De hecho, he escuchado a algunos parlamentarios decir en mi zona “¿quién vive con 10 mil 500 pesos al mes como apoyo, si un quintal de harina cuesta doce o trece mil pesos?”. Por tanto, dan a este proyecto una connotación política más que social, como efectivamente tiene, porque -insisto-, más allá del dinero que se entregará como aporte complementario, está inserto dentro del mismo sistema y del proyecto la incorporación de estas familias a ser partícipes de los subsidios únicos familiares, de los subsidios al agua potable rural y de las pensiones asistenciales, en los casos que lo ameriten. El viernes pasado, en la comuna de Fresia fui testigo, junto al director del Serviu de la Décima Región , señor Alejandro Gallardo , de la entrega directa de sus viviendas a veinte familias beneficiarias del programa Puente, las que hubieran sido inalcanzables si este programa no hubiera existido por no contar con la suficiente capacidad de ahorro para acceder a ellas. Como es sabido, el Fosis, a través de la ley de Presupuestos, fue abonándoles en su libreta de ahorro para las postulaciones correspondientes.
La despolitización en la incorporación de los promotores que técnica y socialmente trabajan con la gente ha sido una decisión correcta. En mi región, junto a alcaldes de la Concertación y de la Oposición, hemos sido testigos de un trabajo muy profesional y digno de destacar, en el cual ha habido un porcentaje muy alto de asistentes sociales, quienes han desarrollado un trabajo bastante fuerte y potente desde Arica a Magallanes y han dejado de lado muchos ribetes políticos que a veces dañan el trabajo focalizado.
Tenemos un desafío muy grande con la sociedad, sobre todo en las regiones con altos índices de ruralidad. Esto tiene que ver con uno de los mecanismos que miden los niveles de pobreza, como es la ficha CAS.
El ministro de Mideplan -aquí presente- ha dicho públicamente que los resultados del último censo demuestran que esto implica una revisión y profundización de un sistema que, desde todo punto de vista -esto es una visión particular, pero coincidente con la de otros parlamentarios-, es arcaico; un sistema en cuyas mediciones no están contempladas la modernización y la tecnificación que el país ha tenido en cada una de sus familias.
No es posible que todavía se discrimine, cuando el censo demuestra que nueve de cada diez familias poseen refrigerador. Cosas de ese tipo impiden que mucha gente no califique para obtener subsidios familiares, pensiones asistenciales y de otro tipo de beneficios. Ojalá se profundice en estos temas como es debido y se permita hacer un reestudio que permita mejorar esta situación.
El diputado señor René Manuel García señaló que los pobres tienen claramente una visión dirigida o potencializada con el sector político que él representa. Creo que fue una opinión desafortunada del colega diputado. Los pobres esperan de sus autoridades preocupación. En efecto, me responde del otro lado -gracias a Dios sin garabatos, como lo hizo el otro día- que han esperado trece años. Podría enumerar diez mil cosas que hemos hecho como Gobierno para mejorar la calidad de vida de la gente que menos tiene. Pero ése no es el tema.
Debo decir al colega García que ningún partido en particular puede abanderizarse con un segmento social tan carenciado como él lo ha hecho hoy, porque los más humildes que dice representar son los que generalmente visitan cada cuatro años, cuando le van a pagar la luz, el agua, o llegan con un saco de papas o con medio quintal de harina.
He dicho.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Pido la palabra porque he sido aludido, señora Presidenta.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Puede hacerlo al término de la sesión, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señora Presidenta , la mayoría de mis colegas se ha referido a las virtudes del proyecto, pero en esta última intervención quisiera poner las cosas en su lugar.
Nos cuesta mucho hablar de los avances y de las cosas positivas de los gobiernos de la Concertación y, en particular, de los avances notables en materia de superación de la pobreza y de mejoramiento de la calidad de vida durante el gobierno del Presidente Lagos. Es cosa de revisar las muchas portadas de los medios de comunicación y muchas veces los reiterados ataques de distintos personeros de la Oposición.
Hoy también quiero hablar de las cosas positivas, de los grandes avances que ha tenido el Gobierno del Presidente Lagos. No sólo se ha atrevido a encarar un tema tan complejo e importante para la gente como es la reforma de salud; no sólo está impulsando una reforma educacional -como aquí se ha dicho, la educación es la única herramienta que nos permitirá construir una sociedad mejor y, a la larga, un país en creciente desarrollo-: también hemos tenido grandes avances en otras materias, como por ejemplo, vivienda, alcantarillado, agua potable, tendido eléctrico; es cosa de ver las cifras del censo.
Sin duda alguna ha habido grandes avances para vencer la discriminación. El proyecto que hoy nos convoca pretende poner fin o disminuir la gran discriminación que existe en materia de pobreza; un país con elevados niveles de pobreza refleja injusticia y está destinado a crecer con mucha mayor dificultad. La desigualdad es profundamente regresiva para la economía de los países. Así lo establecen todas las cifras de los diversos estudios sobre la materia.
Quiero resaltar la importancia del proyecto en esa materia, ya que pone en el tapete el tema de la pobreza y, de alguna manera, la creación y la generación de una verdadera cultura de la solidaridad.
En un país marcado por fenómenos mundiales como la guerra, la violencia, la agresión, cobra gran importancia que los chilenos y los distintos parlamentarios y partidos políticos de nuestro país debatan acerca de la pobreza y de cómo superarla. Eso es muy importante.
El enfoque que se le ha dado a la iniciativa no es paternalista sino multidisciplinario. No basta con darle un bono a los pobres, no basta con darle diez o veinte mil pesos a 225 mil familias, sino que se trata de resolver los problemas integrando a los excluidos, incluyendo a los marginados de las redes sociales de apoyo, sea en vivienda, salud, educación, capacitación, trabajo o temas, por ejemplo, relacionados con la violencia intrafamiliar.
No me resta más que felicitar al Gobierno por esta iniciativa y resaltar la importancia de que los políticos sean honestos en momentos en que se vive una profunda crisis valórica, y que seamos capaces de reconocer los grandes avances del Gobierno del Presidente Lagos.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señora Presidenta , este proyecto nos llena de satisfacción; su nombre dice mucho: Sistema de Protección Chile Solidario, y creo que realmente es una expresión de solidaridad de la ciudadanía de Chile, del Gobierno de Chile, con los más pobres de nuestro país.
Las medidas son adecuadas y el hecho de que el programa se llame Programa Puente, es decir, un programa que lleve a través de un puente a familias que están marginadas de la sociedad es realmente algo muy significativo.
La aprobación que dimos en días pasados al proyecto de subvención educacional diferenciada, con el propósito de retener en el colegio a los niños de las familias más pobres del Sistema de Protección Chile Solidario, también constituye un avance significativo.
Pero en la discusión del proyecto hubo algunos conceptos que me preocuparon mucho.
Hubo una declaración de la jefa del Departamento de Desarrollo Social de la municipalidad de Huechuraba, quien habló de patologías sociales crónicas. Esto indica una mentalidad de ciertas personas y ciertos sectores que consideran que los pobres tienen patologías sociales crónicas, es decir, padecen una enfermedad social, por lo tanto, no son susceptibles de mejorar o son muy difíciles de ser mejorados.
Me preocupa esa mentalidad, sobre todo porque proviene de una municipalidad popular y significa condenar a los sectores más pobres a seguir siendo grupos patológicos sociales crónicos, es decir, personas que no tienen salvación alguna ni posibilidad de que la sociedad les ofrezca oportunidades. Hago presente este hecho, porque se trata de conceptos muy peligrosos y tremendamente deshumanizados.
Por el contrario, creo que el Sistema de Protección Chile Solidario apuesta a las personas y les da la oportunidad de salir adelante; hace una discriminación positiva con los sectores marginados de la sociedad y otorga oportunidades a las familias, sobre la base de la solidaridad manifestada a través de instrumentos muy concretos, a fin de que puedan salir adelante, cruzar el puente, se integren realmente a la sociedad y avancen en el desarrollo de sus vidas.
Por último, me felicito de vivir en un país que, no obstante tener problemas derivados de la crisis que está viviendo el mundo, es capaz de destinar parte de sus recursos a programas solidarios para avanzar en la erradicación de la pobreza.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el ministro , señor Andrés Palma.
El señor PALMA ( Ministro de Planificación y Cooperación).-
Señora Presidenta , sólo para responder dos consultas formuladas durante la última parte de la sesión.
El verdadero rol que cumplirán los municipios será el de articuladores del programa en terreno. Como lo señalé en mi primera intervención, todos los jefes de unidades de intervención social son nombrados por los municipios o son funcionarios de planta. En todo caso, son personas de confianza de los alcaldes y las encargadas de coordinar el trabajo en terreno del programa Puente, mediante el cual se desarrolla el contacto con las familias y el apoyo a la dinámica familiar. En ese sentido, independientemente de lo que establece el proyecto de ley y de si los recursos se entregan por una vía u otra, el rol de los municipios es determinante: identificar a las familias, a través de la ficha CAS, coordinar el programa Puente y designar al jefe de la unidad de intervención social. Está el caso de un municipio del norte con el cual no hemos podido trabajar, porque no ha querido firmar el convenio.
Respecto de su financiamiento, el Sistema de Protección Social Chile Solidario contempla siete ejes: dinámica familiar, ingresos, empleo, habitabilidad, salud, educación e identificación de las familias. El financiamiento del eje de dinámica familiar se realiza parcialmente por los propios municipios y con el presupuesto ordinario del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Ésa es la dinámica que puede desarrollarse, independientemente de si existe ley, en la medida en que se asignen los recursos en la ley de Presupuestos, lo que queremos que sea permanente.
Los ejes de empleo, habitabilidad, salud, educación e identificación se financian con recursos de los propios sectores, por lo que no requieren financiamiento especial. Sin embargo, el eje de ingresos, que otorga la pensión asistencial, el subsidio único familiar y el subsidio de agua potable será permanente, en la medida en que se apruebe el financiamiento del Sistema de Protección Chile Solidario, que está planteado en conjunto con el del plan Auge. Así lo establece el artículo 2º transitorio que se votará a continuación, y estas medidas no regirán, si dicho financiamiento no se aprueba.
Por eso hice un llamado -que reitero una vez más- a la honorable Cámara de Diputados para que despache prontamente el proyecto de ley sobre financiamiento del Sistema de Protección Chile Solidario y el plan Auge, a fin de que el programa sea permanente.
Para terminar, espero que la Cámara apruebe por unanimidad este proyecto tan importante para los más pobres de Chile.
Muchas gracias.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los artículos 1º, 2º, 3º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, permanentes, y los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, transitorios.
En votación el artículo 4º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el artículo 5º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señora Presidenta , agregue mi voto.
El señor JARPA.-
Y el mío, señora Presidenta.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Se va a repetir la votación, porque la Mesa tiene dudas sobre su resultado.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el artículo 6º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
Despachado el proyecto en su primer trámite constitucional.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
FLEXIBILIZACIÓN DEL USO DEL PERMISO MATERNAL. Primer trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que establece normas para flexibilizar el uso del permiso maternal.
Diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es la señora Ximena Vidal.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Trabajo, boletín Nº 1309-13, sesión 63ª, en 3 de abril de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor SALABERRY.-
¿Me permite, señora Presidenta ?
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor SALABERRY.-
Señora Presidenta , sólo para solicitar que el proyecto se trate en la sesión de mañana, puesto que sólo faltan veinte minutos para que involucre la sesión. La iniciativa, que interesa a todos los parlamentarios, ha sido objeto de nuevas indicaciones que, seguramente, generarán un intenso debate. Además, tengo entendido que para la sesión de mañana sólo hay un proyecto en Tabla.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado , la idea es empezar a tratarlo hoy, y como lo más probable es que no alcancemos a despacharlo, de todas maneras quedará para mañana. Por eso, propongo que escuchemos el informe de la diputada Ximena Vidal hasta el término de la hora de esta sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señora Presidenta , sólo para pedir que recabe el acuerdo unánime de la Sala para tratarlo hasta su total despacho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra la diputada informante, señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta , al parecer hay interés en retardar el despacho de algunos proyectos, pero yo considero que es importante avanzar en iniciativas que hemos estado discutiendo durante todo el año.
En nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar, sobre el proyecto de ley, en primer trámite y segundo reglamentario, que otorga a la trabajadora embarazada la opción de trasladar hasta tres semanas de su permiso prenatal al período posnatal, manteniendo la totalidad de garantías y protecciones contenidas en el Código del Trabajo, en el Capítulo relativo a protección de la maternidad, tema muy importante para las mujeres y las familias de nuestro país.
Antes de analizar en detalle la discusión particular de la iniciativa, quiero recordar el sentido y alcance del proyecto, originado en moción del honorable diputado Francisco Bayo , que fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo.
Durante la discusión, se escuchó la opinión de los representantes de los ministerios de Salud y del Trabajo.
La iniciativa en informe consiste concretamente en otorgar a la trabajadora embarazada una herramienta para optimizar la utilización de sus derechos, en este caso, el permiso maternal. En efecto, existen numerosas trabajadoras que mantienen condiciones de salud más que satisfactorias durante el embarazo para laborar algunos días más de los que legalmente se les permite, pudiendo acceder, de esta forma, a una extensión del permiso posnatal, con todos los beneficios que ello significa para la madre y el recién nacido.
Como sabemos, según nuestra legislación, el permiso maternal consiste en una licencia de seis semanas antes de la fecha probable de parto, y de doce semanas después del mismo. El mecanismo propuesto en el proyecto es muy simple: otorga a la trabajadora embarazada la opción de seguir prestando servicios durante un lapso tope de tres semanas -también puede ser una o dos-, extendiéndose de esa forma el permiso posnatal por el mismo período.
Asimismo, el período trasladado puede aumentarse al doble durante el permiso posnatal, si la madre elige prestar servicios a media jornada. Por ejemplo, si la trabajadora decide trasladar dos semanas del prenatal al posnatal, pueden transformarse en un beneficio de cuatro semanas, si trabaja a media jornada. Sin embargo, este procedimiento debe cumplir un requisito básico e ineludible: la autorización del médico ginecobstetra que asiste a la madre. Es muy importante recalcar este aspecto que fue muy discutido en la Comisión.
Finalmente, se contempla una regulación adicional para el caso de la madre que se encuentra prestando servicios durante el período prenatal trasladado y que vea empeorar las condiciones de su embarazo, caso en el cual deberá acogerse de inmediato al permiso puerperal.
En la discusión, el Ministerio del Trabajo perfeccionó los términos del proyecto, aclarando que el traslado de una porción de tiempo del permiso prenatal no afecta la aplicación de las normas sobre fuero maternal, es decir, el derecho que tiene la madre trabajadora a no ser despedida hasta un año después de expirar el permiso maternal.
Asimismo, la Comisión rechazó dos indicaciones presentadas. La primera apuntaba a autorizar a la trabajadora a trasladar parte de su permiso prenatal sólo con la autorización de una matrona o de un especialista en obstetricia. La indicación -reitero- fue rechazada por amplia mayoría, debido a que es necesario observar los mayores resguardos a la madre y a la criatura que está por nacer, los cuales deben ser garantizados por un médico especialista.
La segunda indicación rechazada perseguía posibilitar que la madre laborara la totalidad del posnatal a media jornada, previo acuerdo con su empleador. Sin embargo, la Comisión estimó que éste es el período en que la madre requiere estar más tiempo con su hijo, por lo que se debe garantizar una lactancia mínima de doce semanas. Así lo indica gran parte de los estudios médicos y de la Unicef consultados.
Finalmente, el Ejecutivo solicitó rechazar una indicación que trasladaba automáticamente al período posnatal los días del prenatal no utilizados por la madre en los partos prematuros, sobre la base de que, si bien la idea era atendible, la indicación implica mayor gasto fiscal, puesto que es el Estado el que financia la licencia de maternidad. No me extenderé sobre este tema, por cuanto es materia del informe que rendirá el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda a la Sala aprobar el proyecto, por cuanto considera que, de convertirse en ley, la madre trabajadora contará con una herramienta realmente eficaz, que le permitirá optar por mejorar sus condiciones de trabajo y su remuneración mediante un mecanismo simple: pactar directamente con su empleador la forma de usar los períodos prenatal y posnatal.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor Bayo, diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor BAYO.-
Señora Presidenta, en primer lugar, debo agradecer a los integrantes de la Comisión de Hacienda que me hayan designado diputado informante en esta oportunidad. Lo considero una deferencia para quien fue autor de esta moción parlamentaria, junto al diputado señor Rodolfo Seguel y a los ex diputados señores León y Elizalde y señora Marina Prochelle. No es frecuente que en la Cámara de Diputados se vean materias de esta naturaleza, originadas en moción parlamentaria.
La Comisión de Hacienda tomó conocimiento del proyecto a raíz de una disposición de la Comisión técnica y que decía relación con una indicación del diputado señor Navarro al artículo 1º, que tiene por objeto disponer que en caso de parto prematuro, los días restantes para completar el período de descanso prenatal se trasladarán íntegramente al período de descanso postnatal.
El Ejecutivo estimó que ello implicaría un evidente mayor gasto fiscal y la Comisión técnica determinó que deberían hacerse las consultas pertinentes a la Dirección de Presupuestos.
El ministro de Hacienda , a través del oficio ordinario Nº 1071, de 2 de diciembre, reiteró que la mencionada indicación es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que el costo fiscal estimado de la modificación ascendería a 1.232 millones de pesos.
En mérito de lo expuesto, el debate en particular habido en la Comisión respectiva, la indicación fue rechazada por unanimidad en consideración a los argumentos sobre admisibilidad antes mencionados.
Quiero reiterar lo dicho muchas veces, en el sentido de que la indicación del señor Navarro es tremendamente plausible y veríamos con mucho agrado que el Ejecutivo le diera su patrocinio en el próximo trámite reglamentario en el Senado de la República.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Ricardo Solari.
El señor SOLARI ( Ministro del Trabajo ).-
Señora Presidenta , en primer lugar, quiero señalar que hemos adherido con entusiasmo a esta moción parlamentaria, la que ha sido perfeccionada en el trámite legislativo. Adherimos a ella porque es una muy buena combinación de flexibilidad y de protección. Flexibilidad porque permite a las madres trabajadoras decidir, con autonomía, si quieren hacer su prenatal o trasladar semanas de ese prenatal al postnatal, con el objeto de cumplir, de modo más adecuado, funciones de lactancia y otros relacionados con el recién nacido. Protección porque esto requiere la autorización de un médico especialista, lo que a su vez mitiga, reduce o elimina cualquier posibilidad de riesgo para la salud de la madre y del bebé. Eso, a mi juicio, es una buena combinación para entender cómo deberíamos, en muchas áreas, hacer funcionar las normas laborales.
En segundo lugar, nada de lo que aquí se ha planteado -lo han dicho muy bien los diputados informantes de las comisiones de Trabajo y de Hacienda- se origina simplemente de la imaginación de los parlamentarios o del Ejecutivo , sino que todo está sustentado en abundantes investigaciones que demuestran los beneficios de la lactancia más prolongada. Otras investigaciones han demostrado que cada vez las condiciones de salud en el prenatal están mejorando en Chile, tanto en la cobertura de salud pública como privada. Por otro lado, el planteamiento realizado por muchas mujeres trabajadoras en el sentido de favorecer un postnatal más prolongado.
Apoyamos firmemente este proyecto que, por cierto, le impone a la sociedad chilena deberes y obligaciones.
La primera obligación y el primer deber es que no se convierta en un mecanismo que permita el abuso del ejercicio de libertad de la mujer trabajadora. Estamos impulsando esta norma para dar autonomía y no para coartar legítimas decisiones que tienen que ver, incluso, con el riesgo de salud que puedan tomar las trabajadoras.
El otro gran propósito es, también, una gran innovación respecto de las formas de ejercer derechos consignados en la ley, que tienen, inequívocamente, que aumentar la tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo. No podemos promover ni aprobar normas que, como resultado final, estanquen o hagan retroceder la participación de la mujer en la fuerza laboral de Chile, como lamentablemente ocurre.
A mi juicio, éste es un punto muy esencial. Muchas veces, con el objeto de proteger determinadas condiciones laborales de la mujer, se establecen normas que, por su rigidez, ponen a Chile en los últimos lugares de participación de la mujer en la fuerza de trabajo, con su consiguiente impacto en el empleo y en ingresos para la familia, particularmente para las más pobres.
Estos son los fundamentos del proyecto, respecto del cual, insisto, estamos muy comprometidos con su aprobación rápida.
Respecto de la indicación del diputado señor Navarro, quiero señalar que no la hemos apoyado por dos razones: una que es estrictamente formal, ya que es evidente que implicaba un mayor gasto fiscal, lo que requiere el patrocinio del Ejecutivo. Esto no fue considerado así en la Comisión y, desafortunadamente, entendemos que esta razón formal tiene un gran peso. Es decir, no podemos aceptar que se discuta algo que significa un gasto fiscal, sin que esté adecuadamente estudiado.
En segundo lugar, por una razón que los señores diputados conocen: el Parlamento está tratando el subsidio maternal, y en general el financiamiento fiscal de la maternidad en Chile. Obviamente, en ese contexto, cualquier nuevo efecto fiscal sobre financiamiento de maternidad tiene que discutirse y no vincularse a un proyecto puntual como el que está en discusión, que tiene esta gran importancia; pero, al mismo tiempo, la simpleza de hacer esta combinación de flexibilidad y protección.
Por eso, hemos señalado que no nos parece adecuado acoger la indicación del diputado señor Navarro, no sólo por las razones formales que señalé, que son muy importantes para nosotros, sino también por las de fondo, que se relacionan con los debates vinculados a la reforma de la salud.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta , el tiempo apremia, ya que quedan alrededor de siete minutos de sesión. No obstante, tendré que diferir de la opinión del ministro , porque creo que esto es una deuda del Gobierno. Han pasado cuatro ministros del Trabajo, con los cuales hemos venido discutiendo este tema, no sólo el del derecho que tiene las mujeres de amamantar a sus hijos. Hay varios tipos de mujeres en el país: las que tienen derecho a salas cunas, que pueden amamantar a sus hijos una hora al día, de acuerdo con el artículo 203, y las mujeres que no están contempladas en norma alguna.
A sabiendas de este tema, el proyecto lleva seis años en el Congreso, ya que estuvo tres años en la Cámara e igual lapso en el Senado, sin recibir el apoyo necesario para ser tramitado.
Tengo un informe del Ministerio de Salud que señala que el 5,5 por ciento de los nacidos vivos en Chile durante el año 2002 corresponde a partos prematuros. Mi propia secretaria, Johanna Venegas , ha tenido un parto prematuro tres días antes de comenzar su prenatal, por lo que perdió ese beneficio.
Hoy estamos tratando de flexibilizar un beneficio que las mujeres ya tienen, es decir, se trata de un derecho adquirido. Estamos aprobando normas para permitirles pasar parte de las semanas del prenatal al posnatal, en circunstancias de que existe una gran injusticia de fondo, que se produce cuando la mujer, a raíz de un accidente o de cualquier complicación, tiene a su hijo anticipadamente, incluso seis semanas antes, lo que le hace perder el prenatal, pues se activa inmediatamente el posnatal.
No comparto el tema financiero, toda vez que cuando hay notificación de la mujer trabajadora embarazada al empleador, como lo establece la ley, se tienen que proveer los fondos. Sé que éste es un problema del Ministerio de Hacienda. Parece que en Chile hay tres presidentes de la República: el Presidente de la República propiamente tal, el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda , porque, en definitiva, no se puede hacer prácticamente nada en contra de sus opiniones.
Por lo tanto, estamos discutiendo un proyecto de ley muy bueno, por lo que lo apoyaremos; pero estamos dejando de lado un debate de fondo, como lo es qué pasa con los nacimientos múltiples, ya que más del 1 por ciento de los partos en Chile corresponden a mellizos, trillizos o cuatrillizos. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Tienen las mismas semanas de prenatal y de posnatal?. ¿Es lo mismo criar a uno, dos, tres o cuatro niños? No es lo mismo. Es una situación que vale la pena revisar.
Considerando el aumento de la fuerza laboral femenina, que subió de un 28,06 por ciento, el año 1992, a un 35,57 por ciento -es decir, 7 puntos porcentuales-, en concreto, esa situación va in crescendo. Claramente, la fuerza laboral femenina en edad reproductiva cada vez es mayor, lo que hará que las cifras cambien y que el problema vuelva a presentarse con más fuerza. En consecuencia, es de justicia e ineludible mejorar la protección a la maternidad.
No comparto el criterio de la Comisión Hacienda. La Comisión de Trabajo aprobó la indicación y, por lo tanto, debe ser sometida a votación.
Hay todo un problema pendiente que se refiere a los contratos a honorarios o a contrata de miles y miles de mujeres.
Puedo informar a los colegas que en fallos recientes de los tribunales del trabajo las mujeres que tienen contratos a honorarios o a contrata, aun habiendo avisado a su empleador, pierden los juicios porque el derecho maternal no está protegido.
Por lo tanto, el punto está en que hay mujeres que tienen ciertos derechos sobre el niño que está por nacer y otras que no lo tienen. Hay diferencias significativas. Podría decir que hay discriminación en la legislación actual.
La iniciativa del diputado señor Bayo ha estado ocho años en el Congreso, y para que sea despachada la vamos apoyar, para decirlo en términos simples.
Por último, si no se fiscaliza la situación puede traer problemas. Y, al igual como decía la diputada Saa el año pasado, si no hay fiscalización la aparente autonomía se puede ver trastrocada.
Lamento el poco tiempo que tenemos para debatir el proyecto -hay múltiples argumentos-, pero la ausencia del ministro de Hacienda ha establecido una verdadera monarquía sobre estos derechos.
Quiero decirles a las mujeres que trabajan que sus derechos no están cautelados y este Gobierno -mi Gobierno- sigue estando en deuda con ellas. Particularmente, espero que esa deuda se pague porque las mujeres
trabajadoras están indefensas frente a una grave injusticia y doble castigo: primero, nace el niño anticipadamente y, en segundo lugar, le quitan un derecho adquirido. Es algo que debemos estudiar e ir a los tribunales, porque se les arrebata un derecho a sabiendas.
Sé que en su fuero interno el ministro del Trabajo está plenamente consciente del grave problema. También sé que no puede disponer dinero para terminar con el problema. Por eso la crítica al Congreso es tan cruel y la gente no solamente cree, sino que está convencida de que aquí no se hace nada y que hay puros burócratas.
Debieran sumarse nuevos beneficios y no flexibilizar los que ya están. En ese sentido, si bien el proyecto es una contribución y un avance, sin duda, hay una deuda enorme.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En verdad, como no hay más diputados inscritos y sólo restan tres minutos de sesión, lo más razonable sería continuar con la discusión el día de ma-ñana.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.58 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la Republica con el que inicia un proyecto de ley que suspende pago de pensiones asistenciales otorgadas en virtud del DL Nº 869, de 1975 a inválidos y discapacitados mentales, en caso que el beneficiario adquiera la calidad de trabajador. (boletín Nº 3217-13)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, someto a vuestra consideración el presente proyecto de ley mediante el cual se suspende el pago de la pensión asistencial otorgada a inválidos y discapacitados mentales de acuerdo a lo dispuesto en el DL. Nº 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a todos aquellos pensionados que ingresen al mercado laboral.
I. FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES.
El artículo 1º del DL. Nº 869, de 1975, que establece un régimen de pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos, prescribe, en sus dos primeros incisos, que "las personas inválidas y las mayores de sesenta y cinco años de edad, que carezcan de recursos, tienen derecho a acogerse a pensión asistencial, con arreglo a las disposiciones contenidas en el presente decreto ley, siempre que cuenten con una residencia continua mínima de tres años en el país.".
Se considera inválido de acuerdo a dicho precepto "al mayor de dieciocho años de edad que en forma presumiblemente permanente esté incapacitado para desempeñar un trabajo normal o que haya sufrido una disminución de su capacidad de trabajo, de manera que no esté en condiciones de procurarse lo necesario para su subsistencia, y que no tenga derecho a percibir una pensión derivada de accidente del trabajo o de otro sistema de seguridad social.".
A su vez, el art. 18 de la Ley Nº 18.600 señala, en lo pertinente, que las personas con discapacidad mental "por intermedio de la persona que lo tienen a su cargo, podrá postular al sistema de Pensiones Asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siempre que reúna los requisitos establecidos".
En este escenario, una de las grandes reivindicaciones del colectivo de personas que sufren discapacidad, consiste en que se puedan eliminar las trabas que se les presentan especialmente al momento de buscar una fuente laboral. Estas se traducen, básicamente, en una difícil inserción laboral, inestabilidad en el empleo, y por último, la circunstancia que en razón de dejar de cumplir el requisito de carencia de recursos, se extingue a su respecto la pensión asistencial que estuvieren percibiendo.
En este contexto, el presente proyecto tiene como objetivo incentivar, precisamente, la reinserción en el mundo laboral de las personas que son beneficiarias de pensiones asistenciales de invalidez o discapacidad mental, quienes aún pueden trabajar en actividades acordes con su capacidad residual de trabajo.
Además, se debe tener presente que la suspensión del pago de las pensiones asistenciales no requiere de mayores recursos a los utilizados actualmente, ya que no genera un mayor gasto fiscal. Por el contrario, el proyecto implica un importante ahorro de gasto, toda vez que mientras dure la suspensión, no habrá lugar al pago de la pensión, y, si el pensionado retoma el goce del beneficio, lo hará con cargo al mismo cupo que ya tenía, de modo que no se requerirá utilizar un nuevo cupo.
II. CONTENIDO.
El contenido del proyecto en comento discurre sobre las siguientes líneas fundamentales:
1. Suspensión de la pensión asistencial.
La iniciativa legislativa plantea la suspensión en el pago de las pensiones asistenciales otorgadas a inválidos y discapacitados mentales de acuerdo al D.L. Nº 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por haber adquirido aquellas personas minusválidas la calidad de trabajador dependiente o independiente, percibiendo ingresos mensuales por un monto superior al que permitió determinar el requisito de carencia de recursos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º del citado decreto ley.
También precisa que la referida suspensión o postergación del beneficio tendrá una duración de un máximo de dos años. A partir del tercer año, si los beneficiarios permanecen en el mundo laboral, se extinguirá la pensión y el cupo respectivo quedará disponible.
2. Obligación de comunicación.
El proyecto establece que el interesado tiene la obligación de comunicar a la Intendencia Regional respectiva, a través de la Municipalidad correspondiente a su domicilio, su incorporación al mundo laboral en las condiciones precedentemente especificadas, habiéndose producido, en consecuencia, la causal de suspensión del pago de la aludida pensión asistencial.
En el evento que el beneficiario no comunique oportunamente la existencia de la referida causal de interrupción del pago, éste pasa a extinguirse de conformidad a las normas generales.
Sin embargo, en el caso de los discapacitados mentales, la obligación de informar su contratación o la pérdida, en su caso, de la calidad de trabajador, corresponderá al empleador. Su incumplimiento será sancionado con multa, a beneficio fiscal, de 5 a 10 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las responsabilidades que se generen como resultado del pago u omisión indebida del beneficio previsional.
3. Recuperación del beneficio.
Si el beneficiario de la pensión asistencial pierde por cualquier circunstancia la calidad de trabajador en las condiciones que dieron lugar a la suspensión, podrá recuperar el goce de su pensión con cargo al mismo cupo que tenía anteriormente, siempre que lo hubiere informado oportunamente a la Intendencia respectiva a través de la Municipalidad que corresponde a su domicilio, y previa comprobación de que mantiene los requisitos habilitantes para ello, sin que sea necesario una nueva evaluación de la incapacidad. En este caso, además, la pensión que se reponga no podrá ser inferior a la que correspondería de no haber mediado la interrupción.
En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.- Agréganse al final del artículo 5º del Decreto Ley Nº 869, de 1975, los siguientes nuevos incisos:
"El goce de la pensión se suspenderá cuando el beneficiario que la haya obtenido por la causal de invalidez o discapacidad mental, adquiera la calidad de trabajador dependiente o independiente, percibiendo ingresos mensuales por un monto superior al que permitió determinar el requisito de carencia de recursos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º.
El interesado deberá, dentro de los 30 días siguientes, comunicar a la Intendencia Regional respectiva a través de la Municipalidad correspondiente a su domicilio, acompañando, cuando proceda, copia del contrato de trabajo, que ha ingresado al mercado laboral en las condiciones señaladas. La causal de suspensión comenzará a regir el día primero del mes subsiguiente al de dicho aviso. La municipalidad deberá enviar la referida comunicación al respectivo Intendente Regional dentro del mismo mes en que la reciba, para que este último dicte la resolución correspondiente a la suspensión del beneficio.
En el evento que el beneficiario no comunique la existencia de la causal de interrupción del pago del beneficio, éste se extinguirá de conformidad a las normas generales.
Si el beneficiario pierde la calidad de trabajador que hubiere dado lugar a la suspensión de la pensión, deberá comunicarlo a la Intendencia respectiva, a través de la Municipalidad que corresponde a su domicilio. Una vez comprobado que mantiene los requisitos habilitantes, el Intendente Regional, mediante resolución, deberá reponerlo en el goce de la pensión con cargo al mismo cupo, a contar del 1º del mes siguiente a aquel en que perdió la calidad de trabajador y sin que sea necesario una nueva evaluación de la incapacidad. En tal caso, el monto de la pensión no podrá ser inferior al que correspondería de no mediar la suspensión.
En el caso de los discapacitados mentales, la obligación de informar, dentro del plazo señalado, su contratación o la pérdida, en su caso, de la calidad de trabajador, corresponderá al empleador. Su incumplimiento será sancionado con multa, a beneficio fiscal, de 5 a 10 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las responsabilidades que se generen como resultado del pago u omisión indebida del beneficio previsional.
La suspensión de la pensión tendrá una duración máxima de 2 años, al término de los cuales la pensión se extinguirá si el beneficiario conserva la calidad de trabajador en los términos señalados.".".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; RICARDO SOLARI SAAVEDRA , Ministro del Trabajo y Previsión Social ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ; ANDRÉS PALMA IRARRAZAVAL , Ministro de Planificación y Cooperación”.
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo por el cual se sustituyen los artículos 10 y 12 del convenio sobre servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea, suscrito el 14 de agosto de 1979, en la forma consignada en los apéndices 2 y 3 del memorándum de entendimiento adoptado por ambos gobiernos el 11 de mayo de 2001, en Los Ángeles, Estados Unidos de América. (boletín Nº 3218-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Acuerdo por el cual se sustituyen los Artículos 10 y 12 del Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea, suscrito el 14 de agosto de 1979, en la forma consignada en los Apéndices 2 y 3 del Memorándum de Entendimiento adoptado por ambos Gobiernos el 11 de mayo de 2001, en Los Ángeles, Estados Unidos de América.
I. ANTECEDENTES.
El Convenio sobre Servicios Aéreos entre Chile y Corea, de 1979, fue uno de los primeros de corte liberal suscrito en dicho ámbito por nuestro país, que en ese entonces iniciaba, con tal carácter, su política aerocomercial. Ella ha continuado hasta nuestros días, para conseguir la mayor apertura posible de los cielos de los demás países y lograr, así, los objetivos que informan la política aérea chilena, esto es, el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria, y la intervención de la autoridad únicamente cuando esta es indispensable.
Sin perjuicio de lo anterior, el transcurso de los años, la globalización, y los cambios tanto en la industria como en el mercado del transporte aéreo, hicieron que dicho Convenio quedara un tanto atrasado, surgiendo así la necesidad de actualizarlo para introducir aquellas modalidades que hoy están vigentes en el sector, teniendo presente, además, la importancia que ha adquirido para Chile la región Asia-Pacífico.
II. MODIFICACIONES.
En razón de lo señalado, los días 10 y 11 de Mayo de 2001 se celebró, en Los Ángeles, Estados Unidos de América, una Reunión de Consulta entre las Autoridades Aeronáuticas de Chile y Corea, en la que además de modificar el Anexo de Rutas del Convenio, se reformaron los Artículos 10 y 12 del mismo, relativos, respectivamente, al trato tarifario y al intercambio de estadísticas.
1. Tarifas.
En el Artículo 10 del Convenio vigente, relativo a las Tarifas, se establece que éstas serán determinadas de acuerdo al procedimiento de cada Parte Contratante, norma frecuente en la década de 1980, cuando muchas autoridades aún fijaban o intervenían en la fijación de las tarifas aéreas.
En la actualidad, las tarifas son fijadas por las compañías aéreas de acuerdo a consideraciones de mercado, y las autoridades sólo intervienen para evitar prácticas de competencia desleal que atenten contra la libre competencia.
Por ello, se acordó un nuevo texto para el Artículo 10, que consagra estos principios y especialmente el de la libertad tarifaria, mediante el sistema de "doble desaprobación tarifaria", que por lo demás se incluye en todos los convenios de corte liberal que los países celebran entre sí, entre ellos Chile.
2. Intercambio de estadísticas.
Asimismo, las Partes decidieron modificar también el Artículo 12 del Convenio en vigor, relativo al Intercambio de Estadísticas, debido a que dicha disposición, tal como fue concebida, establece el intercambio de información con un propósito definitivo, cual es el de revisar la capacidad ofrecida en los mercados por las respectivas líneas aéreas.
En el presente, sin embargo, el intercambio y difusión de las estadísticas persigue otorgar transparencia a los mercados, y no que los Gobiernos intervengan en la determinación de la capacidad que pueden ofrecer las compañías aéreas, cuya oferta determinan ellas mismas conforme a consideraciones de mercado.
Por lo mismo, se acordó sustituir el texto actual del Artículo 10 por otro nuevo, que dispone el simple intercambio de estadísticas, eliminando el propósito que distorsionaba la norma.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del H. Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Acuerdo por el cual se sustituyen los Artículos 10 y 12 del Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea, suscrito el 14 de agosto de 1979, en la forma consignada en los Apéndices 2 y 3 del Memorándum de Entendimiento adoptado por ambos Gobiernos el 11 de mayo de 2001, en Los Ángeles, Estados Unidos de América.".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA , Ministra de Relaciones Exteriores ; JAVIER ETCHEBERRY CELHAY , Ministro de Transportes y Telecomunicaciones ”.
TRADUCCION AUTENTICA
I-924/01
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
1. Las delegaciones que representan al Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la República de Chile se reunieron en Los Ángeles, Estados Unidos de América, los días 10 y 11 de mayo de 2001 a objeto de discutir temas relacionados con el Acuerdo de Servicios Aéreos celebrado por los dos países suscrito el día 14 de agosto de 1979.
2. La delegación coreana fue presidida por el Dr. Chung, Il-Young , Director General de Asuntos Exteriores , Oficina de Aviación Civil, Ministerio de Obras y Transporte. La delegación chilena fue presidida por el Sr. Juan Pablo Langlois V., Secretario General , Comité de Aviación Civil, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La nómina de miembros de ambas delegaciones se adjunta como Apéndice 1.
3. Modificaciones al Acuerdo de Servicios Aéreos.
Ambas delegaciones acordaron reemplazar el Artículo 10 (Tarifas) y el Artículo 12 (Intercambio de Estadísticas) del Acuerdo de Servicios Aéreos por los textos que se incluyen en los Apéndices 2 y 3 de este Memorándum.
4. Modificaciones al Anexo.
Ambas delegaciones acordaron reemplazar el Anexo por el texto que se incluye en el Apéndice 4 de este Memorándum.
5. Ambas delegaciones estimaron que el transporte aéreo entre la República de Corea y la República de Chile ya se encuentra liberalizado por el marco legal vigente en materia de transporte aéreo y, por ende, resulta innecesario incluirlo en el Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Chile. Las delegaciones acordaron recomendar a las autoridades pertinentes de cada parte que se suprima el Capitulo 12 propuesto en el Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Chile.
6. La delegación coreana solicitó el valioso apoyo de la República de Chile para elegir a la República de Corea como Estado Miembro del Consejo de la Oaci en las elecciones que se realizarán durante el 33° periodo de sesiones de la Asamblea de la Oaci, que se celebrará en Montreal entre los días 25 de septiembre y 5 de octubre de 2001.
La delegación chilena respondió que consideraría el apoyo a la candidatura de Corea en las elecciones y tratarla de obtener el apoyo de otros países sudamericanos en la reunión del Lacac, la cual se celebrará en el mes de julio de este año.
7. Ambas delegaciones acordaron además que las modificaciones del Acuerdo de Servicios Aéreos y el Anexo entrarán provisionalmente en vigor en la fecha de este instrumento y que será confirmado mediante intercambio de notas diplomáticas.
Hecho en Los Ángeles, a 11 de mayo de 2001.
Por la delegación del Gobierno de la República de Corea. (firma ilegible). Chung, Il-Young.
Por la delegación del Gobierno de la República de Chile. (firma ilegible). Juan Pablo Langlois V.
TRADUCCION AUTENTICA
I-716/01
Apéndice 2
ARTICULO 10
Tarifas
1. Cada Parte Contratante podrá exigir la notificación o registro ante sus autoridades aeronáuticas de las tarifas que las líneas aéreas de la otra Parte Contratante se proponen cobrar desde o hacia su territorio. Podrá exigirse que la notificación o registro por parte de las líneas aéreas de ambas Partes Contratantes se efectúe con no más de treinta (30) días de anticipación a la fecha propuesta de entrada en vigor. En casos específicos, podrá autorizarse la notificación o registro con un plazo menor al habitualmente exigido.
2. Sin limitar la aplicación de las leyes generales de competencia y protección de los consumidores de cada Parte Contratante, la intervención de las Partes Contratantes se limitará a:
a. evitar tarifas o prácticas injustificadamente discriminatorias;
b. proteger a los consumidores de tarifas que sean injustificadamente elevadas o restrictivas, debido al abuso de una posición dominante o a prácticas concertadas de las empresas de transporte aéreo; y
c. proteger a las líneas aéreas contra tarifas que sean artificialmente bajas a causa de subvenciones o apoyos gubernamentales directos o indirectos.
3. Ninguna de las Partes Contratantes podrá actuar unilateralmente a fin de impedir la iniciación o continuación de cualquier tarifa que se proponga cobrar o que cobre (n) la o las líneas aéreas designadas de cualquiera de las Partes Contratantes por servicios de transporte aéreo internacional entre los territorios de las Partes Contratantes. Si cualquiera de las Partes Contratantes considerara que tal tarifa es incompatible con las consideraciones estipuladas en el presente Artículo, deberá solicitar la celebración de consultas y notificar a la otra Parte Contratante los motivos de su disconformidad dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo de la presentación. Estas consultas se celebrarán en un plazo no superior a catorce (14) días desde el recibo de la solicitud. Sin acuerdo mutuo, la tarifa entrará o continuará en vigor.
Apéndice 3
ARTÍCULO 12
Intercambio de Estadísticas
Las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contratantes se deberán proporcionar, a requerimiento de la otra Parte Contratante, estadísticas periódicas u otra información similar relacionada con el tráfico transportado en los servicios acordados.
Santiago , Chile, a 9 de julio de 2001.
La traductora oficial.
Conforme con su original.
(Fdo.): HERALDO MUÑOZ VALENZUELA , Secretario de Relaciones Exteriores.
Santiago , 9 de agosto de 2001?.
3. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la organización europea para la investigación astronómica en el hemisferio austral relativo al establecimiento de un nuevo centro de observación -Proyecto Alma-, suscrito en Santiago, el 21 de octubre de 2002. (boletín Nº 3219-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral Relativo al Establecimiento de un Nuevo Centro de Observación -Proyecto Alma-, suscrito en Santiago, el 21 de octubre de 2002.
I. ANTECEDENTES.
En esta materia, Chile ha celebrado otros dos importantes Acuerdos Internacionales con la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO): el Convenio para el Establecimiento de un Observatorio Astronómico en Chile, de 6 de noviembre de 1963, y el Acuerdo Interpretativo, Suplementario y Modificatorio del anterior, de 18 de abril de 1995.
Por el primero de estos instrumentos, referido específicamente al Observatorio construido en La Silla, IV Región, se reconoce a ESO los mismos privilegios, prerrogativas, inmunidades y facilidades que los concedidos a la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal).
El segundo, por su parte, confirma y regula la aplicación del Convenio de 1963, y lo acordado subsecuentemente, a las actividades de ESO en todo el territorio nacional y, especialmente, a la construcción, mantenimiento y operación de un nuevo centro de observación, en Cerro Paranal, en el marco del proyecto denominado VLT/VLTI, así como a las futuras actividades de dicha organización en Chile.
El presente Acuerdo, recientemente suscrito, importa un compromiso entre las Partes Contratantes para la instalación y operación de un nuevo centro de observación en terrenos del Llano de Chajnantor, II Región de Antofagasta, provincia de El Loa, Comuna de San Pedro de Atacama, en el marco del denominado proyecto Alma (" Atacama Large Millimetre Array "), que consiste en un conjunto de antenas de radio-astronomía destinado a la investigación del Universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas.
En consecuencia, el propósito fundamental de este nuevo Acuerdo es regular los derechos y obligaciones de las Partes en la construcción y operación del referido centro de observación, haciéndole aplicables las disposiciones de los ya citados Convenio de 1963 y Acuerdo de 1995, además de las propias normas que el presente instrumento considera.
En sus Considerandos, el Acuerdo describe los alcances del denominado Proyecto Alma, en cuyo marco se establece el nuevo centro de observación que operará en el Llano de Chajnantor. Al respecto, cabe destacar que este proyecto conformará uno de los más importantes instrumentos científicos diseñados actualmente en el mundo; producirá imágenes del Universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, con una sensibilidad y resolución angular sin precedentes; será un importante adelanto para la astronomía, que permitirá estudiar el origen de las galaxias, las estrellas y los planetas; y abrirá un nuevo horizonte en las ciencias, debido a su capacidad de observar galaxias donde se están formando estrellas a lo largo y ancho del Universo.
II. CONTENIDO.
El presente instrumento internacional consta de seis Artículos.
Así, en el Artículo Primero se detalla el alcance y finalidad precisos del Proyecto Alma, el que consiste en un conjunto de antenas de radio astronomía, destinado a la investigación del Universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas.
Enseguida, el Artículo Segundo señala el lugar preciso en que aquél se llevará a cabo, esto es, en terrenos del Llano de Chajnantor, II Región de Antofagasta, Provincia de El Loa, Comuna de San Pedro de Atacama.
El Artículo Tercero, luego, precisa que el Proyecto Alma constituirá un nuevo centro de observación, que estará sujeto a las disposiciones del Convenio de 1963 y del Acuerdo de 1995 celebrados entre el Gobierno de Chile y ESO, además de aquellas normas contenidas en el presente Acuerdo.
En el Artículo Cuarto se garantiza a la astronomía chilena un 10% del tiempo de observación que corresponde a ESO en este proyecto, estableciéndose que el mecanismo de administración de dicho tiempo será acordado entre esta última organización y la Comisión Nacional Científica y Tecnológica (Conicyt).
Por su parte, el Artículo Quinto vincula la vigencia del Acuerdo a aquella del Convenio de 1963 interpretado, suplementado y modificado por el Acuerdo de 1995.
Por último, y en lo que se refiere a la entrada en vigor del Acuerdo, el Artículo Sexto dispone que ella se producirá en la fecha de la última notificación en que una Parte notifique por escrito a la otra que ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para tal efecto en su respectivo ordenamiento jurídico.
En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
"ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral Relativo al Establecimiento de un Nuevo Centro de Observación -Proyecto Alma-, suscrito en Santiago, el 21 de octubre de 2002.".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA , Ministra de Relaciones Exteriores ”.
ACUERDO ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y
LA ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN
ASTRONÓMICA EN EL HEMISFERIO AUSTRAL RELATIVO AL
ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO CENTRO DE OBSERVACIÓN
-PROYECTO ALMA-
El Gobierno de la República de Chile (el “Gobierno”) y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral ("ESO"), en adelante las "Partes",
Considerando:
Que con fecha 6 de noviembre de 1963 se suscribió el Convenio entre la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral ("ESO") y el Gobierno de la República de Chile, el cual fue promulgado por Decreto Supremo Nº 18 de 4 de enero de 1964 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 4 de abril de 1964 (en adelante, el "Convenio de 1963") y que con fecha 18 de abril de 1995 se suscribió entre las mismas Partes el Acuerdo Interpretativo, Suplementario y Modificatorio del anterior, el cual fue promulgado por Decreto Supremo Nº 1766 de 3 de diciembre de 1996 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1997 (en adelante, el "Acuerdo de 1995");
Que el Artículo Primero del Acuerdo de 1995 establece que el mismo confirma y regula la aplicación del Convenio de 1963 y lo acordado subsecuentemente a las actividades de ESO en todo el territorio nacional y, especialmente, a la construcción, mantenimiento y operación de un nuevo centro de observación en el marco del proyecto denominado VLT/VLTI, así como a las futuras actividades de ESO en Chile;
Que el Artículo Duodécimo del Acuerdo de 1995 dispone que el establecimiento de un nuevo centro de observación requiere la celebración de un acuerdo previo entre el Supremo Gobierno y ESO;
Que la ESO, en conjunto con Associated Universities Inc. (AUI), que administra y opera el Observatorio Radioastrómico Nacional de Estados Unidos de América (Nrao), han resuelto llevar a cabo en Chile un proyecto para la construcción, mantenimiento y operación del radiotelescopio llamado " Atacama Large Millimetre Array " (Proyecto Alma) en la cordillera de la II Región de Antofagasta, en terrenos situados a 5.000 metros de altura en la Comuna de San Pedro de Atacama. Este proyecto conformará uno de los más importantes instrumentos científicos diseñados actualmente en el mundo; producirá imágenes del Universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, con una sensibilidad y resolución angular sin precedentes; será un importante adelanto para la astronomía, siendo posible estudiar el origen de las galaxias, las estrellas y los planetas, y abrirá un nuevo horizonte en las ciencias, debido a su capacidad de observar galaxias donde se están formando estrellas, a lo largo y ancho del Universo;
Que el Proyecto Alma, en lo que atañe a ESO, consistirá precisamente en la instalación de un nuevo centro de observación astronómica que debe ser objeto de un acuerdo entre las Partes, conforme a lo dispuesto en el Artículo Duodécimo del Acuerdo de 1995;
Que es deseo de las Partes extender la investigación astronómica del hemisferio austral a las actividades comprendidas en el Proyecto ALMA, que supone la incorporación de nuevos instrumentos que operarán en longitudes milimétricas y submilimétricas, así como profundizar y fortalecer la cooperación en materia científica y tecnológica entre ambas Partes;
Que la instalación y operación del nuevo centro de observación en que consistirá el Proyecto Alma reviste alto interés nacional, en particular para la ciencia en Chile.
Han convenido lo siguiente:
Artículo Primero:
Para los efectos del presente Acuerdo, el Proyecto “ Atacama Large Millimetre Array ” (en adelante, “Proyecto Alma”) consiste en un conjunto de antenas de radio astronomía y está destinado a la investigación del Universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas.
Artículo Segundo:
El proyecto Alma se llevará a cabo en terrenos del Llano de Chajnantor, II Región de Antofagasta, Provincia de El Loa, Comuna de San Pedro de Atacama.
Artículo Tercero:
El proyecto Alma constituirá un nuevo centro de observación. En concordancia con lo dispuesto en el Artículo Duodécimo del Acuerdo de 1995, la participación de ESO en la construcción y operación del Proyecto Alma se sujetará a las disposiciones del Convenio de 1963 y del Acuerdo de 1995 y a las del presente instrumento.
Artículo Cuarto:
Del tiempo de observación que corresponde a ESO en el proyecto Alma, un diez por ciento será apartado cada año para la astronomía chilena. El mecanismo de administración de ese tiempo será acordado entre ESO y la Comisión Nacional Científica y Tecnológica (Conicyt).
Artículo Quinto:
El presente Acuerdo permanecerá en vigencia mientras no se produzca la terminación del Convenio de 1963 interpretado, suplementado y modificado por el Acuerdo de 1995.
Artículo Sexto:
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación en que una Parte notifique por escrito a la otra Parte que ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para tal efecto en su respectivo ordenamiento jurídico.
Hecho en Santiago, República de Chile, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil dos, en los idiomas español, inglés y francés, en duplicado, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia entre ellos, prevalecerá el texto en español.
Por el Gobierno de la República de Chile.
Por la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral.
Conforme con su original.
(Fdo.): CRISTIÁN BARROS MELET, Subsecretario de Relaciones Exteriores.
Santiago , 3 de diciembre de 2002.
4. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el nuevo texto revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (Cipf), adoptado por la conferencia de la FAO mediante resolución Nº 12/97, de 17 de noviembre de 1997. (boletín Nº 3220-10)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el nuevo texto revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), adoptado mediante la Resolución Nº 12/97, de 17 de noviembre de 1997, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 29º Período de Sesiones.
I. ANTECEDENTES.
Cabe recordar que la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO, de 6 de diciembre de 1951, y sus modificaciones de 1979, fueron incorporadas al orden jurídico nacional por Decreto Supremo Nº 843 de 1986, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de enero de 1987.
II. MODIFICACIONES DE 1997.
1. Relación con las normas de la OMC.
Los cambios sustanciales introducidos a la Convención en 1997, se refieren en gran medida a la relación entre ésta y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias resultante de las negociaciones de la Ronda de Uruguay (OMC).
En el nuevo texto revisado se reconocen claramente la función y las actividades previstas para la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y en especial los conceptos de normas y medidas fitosanitarias armonizadas internacionalmente. Ello viene respaldado por las disposiciones relativas a la Secretaría y los mecanismos de fijación de normas, con inclusión del establecimiento de una Comisión de Medidas Fitosanitarias que dará orientación a la Secretaría y facilitará los procedimientos de adopción de normas.
2. El concepto de medida fitosanitaria.
De igual forma, otra modificación importante de la Convención consiste en la ampliación del concepto de medidas fitosanitarias, para abarcar las plagas no cuarentenarias regulables y vincular claramente la justificación técnica de las medidas con los análisis de los riesgos.
3. Otras disposiciones.
Por otra parte, el nuevo texto revisado prevé que la Comunidad Europea se convierta en Parte Contratante; mejora los procesos de solución de diferencias; actualiza los procedimientos y modelos de certificación fitosanitarios; y define mejor la relación de la Convención con las organizaciones regionales de protección fitosanitaria.
III. CONSIDERACIONES FINALES.
Este nuevo texto revisado es el resultado de dos años de trabajo por parte de la FAO y los miembros de la Convención para negociar un acuerdo modificado que refleje un planteamiento contemporáneo de la protección de los recursos vegetales en un contexto de comercio cada vez más mundializado.
Asimismo, las modificaciones establecen y consolidan claramente la función complementaria de la Convención con respecto al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitaria de la OMC.
En mérito de lo precedentemente expuesto, y teniendo presente que el Servicio Agrícola y Ganadero de nuestro país participó activamente en el proceso de revisión del texto en comento, someto a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del H. Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
"ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el nuevo texto revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (Cipf), adoptado mediante la Resolución Nº 12/97, de 17 de noviembre de 1997, por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su 29º Período de Sesiones.".
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA , Ministra de Relaciones Exteriores ; JAIME CAMPOS QUIROGA , Ministro de Agricultura ”.
Moción de los diputados señores Monckeberg , Forni , Álvarez-Salamanca , Bertolino , Pablo Galilea , Longueira , Martínez , Melero , Uriarte y de la diputada señora Marcela Cubillos.
Tratamiento legal de restos embrionarios y fetales. (boletín Nº 3215-11)
Establecer las modificaciones legales necesarias para que en nuestro sistema jurídico se tenga un criterio uniforme respecto del trato que deben recibir los restos embrionarios y fetales.
FUNDAMENTO
En Chile no existe una reglamentación clara y precisa respecto de qué debe hacerse con los restos embrionarios y fetales, cuando estos son reclamados para su sepultación. En efecto, nuestra legislación a través de algunas normas dispersas intenta una regulación que resulta ser más bien precaria al momento de conjugar y aplicar las distintas normas en juego.
Aún más, pese a que la Ley de Registro Civil establece que la muerte de una criatura en el vientre materno, o la que perece antes de estar completamente separada de su madre, o la que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, no procede inscribirlos en el Registro de Defunciones , sí regula la situación de la sepultación de los mortinatos, fijando que para el otorgamiento del pase respectivo se debe estar a las formalidades establecidas para los fallecidos que han nacido, en cuanto les fuera aplicable. En efecto, el articulo 143 del Código Sanitario señala que "Los fallecimientos deberán ser inscritos en el Registro Civil , de acuerdo con la clasificación Internacional de las causas de muerte". Esta norma tiene el mérito de ligar la legislación sanitaria y la relativa al Registro Civil con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, incorporando dicho clasificador a la legislación interna.
Este clasificador estadístico internacional de enfermedades, define la defunción fetal como la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo.
Relacionado con lo anterior, el Decreto N° 161 del Ministerio de Salud, Reglamento de Hospitales y Clínicas Privadas, dispone en su art. 39 letra e) la obligatoriedad de tener un registro de constancia de defunción de mortinatos. Precisamente el art. 40 de este mismo cuerpo reglamentario dispone que "Los fallecidos y mortinatos sólo se entregarán a requerimiento de los padres o representantes legales y si no fueren retirados, la Dirección procederá a disponer de ellos de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y requerirá las inscripciones correspondientes en el Registro Civil. Las inscripciones a que se refiere la precitada norma no son las normales de nacimiento o defunción, sino un registro especial de no nacido en virtud del cual se extiende el denominado certificado de nacido muerto y autorización de sepultación, que tienen su antecedente en el certificado médico de defunción y estadística de mortalidad fetal tardía que elabora el mismo Registro Civil y que es común para las defunciones de no nacidos y fallecidos menores de un año.
El problema se presenta cuando se coordinan las anteriores disposiciones con lo dispuesto por el art. 17 del Decreto N° 240 del Ministerio de Salud, Reglamento del Libro Noveno del Código Sanitario, que señala "Las disposiciones de este reglamento no se aplicarán a las donaciones de espermios, óvulos, sangre, médula ósea, huesos, piel, fanereos, así como todo producto de la concepción que no llegue a nacer vivo, todas las cuales se perfeccionarán por la sola voluntad del donante manifestada sin formalidad alguna".
Esta última disposición ha significado que, en la práctica, en los hospitales públicos y clínicas privadas sencillamente se omita cualquier manifestación de voluntad del donante para proceder a disponer de los restos embrionarios o fetales. De esta forma se produce la delicada situación, por ejemplo, de que una madre que quiera sepultar estos restos embrionarios o fetales, pese a que la ley le otorga ese derecho, se ve privada de hacerlo, dado que cuando viene a tomar conocimiento de lo que ha ocurrido estos restos han sido cremados, enviados a centros de investigación o simplemente eliminados. Aun más, muchas veces los médicos y matronas se niegan a emitir el certificado de defunción correspondiente alegando que sólo lo pueden hacer cuando el feto tiene más de veinte semanas de gestación y 500 gramos de peso, situación que no se encuentra contenida expresamente en nuestra legislación, y que se funda, erróneamente en un criterio de viabilidad del feto de la Organización Mundial de la Salud, con una finalidad, por tanto, muy distinta de la pretendida.
En suma, podemos afirmar que no existe norma legal expresa que prohiba recuperar los restos de embriones y fetos no nacidos, cualquiera sea su peso o semanas de gestación.
En consecuencia, pese a que no existe en nuestro ordenamiento norma legal expresa que restrinja o limite la recuperación de los restos embrionarios o fetos no nacidos, sin distinción alguna es imprescindible un reconocimiento legal de esta obligación para los facultativos médicos que aúne los criterios y así evitemos interpretaciones legales discrecionales.
CONCLUSIONES
1° Pese a que no existe prohibición expresa tampoco existe en nuestro ordenamiento una norma clara que asegure el derecho a sepultación de los restos embrionarios o fetales.
2° En la práctica esta falta de regulación clara y precisa produce una doble arbitrariedad: por parte de los médicos en cuanto a otorgar o no el certificado de defunción fetal, y por parte del Registro Civil que niega u otorga los respectivos pases de sepultación, aun cuando son requeridos con el certificado de defunción correspondiente.
3° Por lo mismo, se requiere uniformar y actualizar las normas sobre esta materia, de manera de asegurar el derecho a sepultación de los restos embrionarios y fetales, evitando toda discrecionalidad o arbitrariedad posible.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código Sanitario:
1. Intercálese al Artículo 137 las palabras "o restos fetales o embrionarios", después de la palabra "cadáver" y antes de la palabra "sin".
2. Intercálese al Artículo 141 las palabras "o restos fetales o embrionarios" después de la palabra "cadáveres" y antes de la palabra "si".
3. Agréguese el siguiente inciso segundo al Artículo 143: "Los médicos y matronas o cualquier otro facultativo, tendrán obligación de emitir el certificado de defunción fetal, cuando así sea requerido por los interesados en ello, no pudiendo excusarse para expedirlo en el peso, estatura o período de gestación del feto o embrión".
4. Agréguese el siguiente inciso 3° al Artículo 143: "Cuando el interesado junto al certificado de defunción fetal correspondiente requiera la entrega de los restos embrionarios o fetales para darle sepultura; el médico estará obligado a hacerlo, salvo que los restos de que se trate tengan un período de gestación. inferior al equivalente de doce semanas, y no sea posible diferenciar dichos restos de otros tejidos u órganos, caso en el cual dicho facultativo podrá eximirse de esta obligación, certificando fundadamente y por escrito las razones que imposibilitan la entrega".
5. Agréguese Articulo 147 el siguiente inciso 2°: "En el caso de los restos émbrionarios o fetales, la donación se perfeccionará mediante la voluntad libremente manifestada del donante, la que se formalizará mediante un documento escrito".
Moción de los diputados señores Girardi, Accorsi y de la diputada señora Laura Soto.
Responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos. (boletín Nº 3214-12)
Nuestro país no cuenta con una legislación sistemática sobre animales, ni menos con una legislación referida a daños generados por mascotas o animales potencialmente peligrosos.
Solamente existe en actual tramitación un proyecto de ley sobre protección a los animales que lleva varios años en el Congreso Nacional.
Por otra parte se han presentado algunas mociones que pretenden regular la tenencia de animales en el país que si bien representan un avance en el tema dejan fuera o regulan insuficientemente los aspectos relacionados con la responsabilidad jurídica generada por la acción de los animales potencialmente peligrosos.
De otra parte, nuestra legislación civil ha quedado desfasada y obsoleta sobre esta materia sin dar una respuesta clara y contundente a la responsabilidad jurídica que origina la actividad dañosa de un animal fiero.
Atendido ello es que la presente iniciativa pretende hacerse cargo precisamente del aspecto de la responsabilidad jurídica, más que a los aspectos institucionales y orgánicos a los que debería sujetarse la tenencia y actividad de animales considerados peligrosos, materia que siendo de gran relevancia, exige cambios estructurales y funcionales inexistentes hoy en el país.
La regulación propuesta, se advierte, debe tener un carácter general, por cuanto es un reglamento sobre tenencia de animales el que debe regular los aspectos relacionados con las condiciones sanitarias en que éstos deben ser mantenidos, las condiciones de funcionamiento de los establecimientos destinados a la crianza, venta y mantención de mascotas, normar sobre el registro de los canes y felinos, etc.
En consecuencia, la presente propuesta legislativa consiste en lo siguiente:
1. Establecimiento de la Responsabilidad Civil Objetiva por la actividad dañosa de animales.
-El dueño de un animal será siempre responsable por los daños que este genere a terceros, sin que sea admisible alegar caso fortuito o fuerza mayor.
-El tenedor del animal será asimismo responsable del daño en los mismos términos que el dueño.
-Ambos -dueño y tenedor- serán solidariamente responsables del daño ocasionado por el animal.
2. Responsabilidad del Estado-Municipio respecto a la actividad dañosa ocasionada por animales o perros vagos.
3. Establecimiento de la obligación de Registro Municipal de Mascotas.
-Quien adquiera un animal deberá registrarlo en la Municipalidad correspondiente a objeto de tener certeza de su existencia, propiedad y cualidades genéricas.
-La falta de inscripción deberá generar una infracción administrativa que llevará aparejada una sanción de multa a beneficio municipal.
4. Competencia del Servicio de Salud correspondiente sobre el destino del animal peligroso que ha generado daños a terceros, debiendo el Municipio proveer del lugar de destinación, por sí o a través de entidades protectoras de animales.
-En caso de daños o lesiones generados por un animal, el Servicio de Salud tendrá la competencia para
-Calificar la peligrosidad del animal.
-Ordenar su incautación y/o encierro provisional o definitivo.
-Ordenar su destinación definitiva.
5. En caso de lesiones a terceros, además de la responsabilidad civil, el afectado podrá perseguir la responsabilidad penal del tenedor del animal concurriendo ciertos presupuestos objetivos que permitan determinar la existencia de una negligencia inexcusable, tales como falta de registro municipal, aplicación de multas anteriores y otros generales que permitan acreditar un ánimo de causar daño o la negligencia en la generación de dicho efecto.
En virtud de estas consideraciones es que proponemos el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Art. lº.- Los efectos jurídicos que genere la acción de un animal potencialmente peligroso sujeto al control humano, tales como daños a la propiedad o a las personas, se sujetarán a las disposiciones de la presente ley y su reglamento.
Art. 2º.- La autoridad competente calificará, de acuerdo. a la información científica disponible y con la opinión de expertos la peligrosidad o riesgos asociados a la tenencia de animales.
Art. 3º.- Toda persona propietaria o tenedora de un animal potencialmente peligroso deberá comunicarlo a la Municipalidad de su domicilio a objeto de tener certeza sobre sus antecedentes y los de su dueño.
La infracción a esta obligación será castigada con multa a beneficio fiscal que ira de 1 a 5 UTM calificada por el Juzgado de Policía Local atendiendo a la condición de peligrosidad del animal.
Art. 4º.- Todo dueño, poseedor o tenedor de un animal potencialmente peligroso será responsable civilmente, de manera objetiva, de los daños que se causen por acción del animal. Esta responsabilidad se extiende incluso a la ocasionada por el animal si estaba en posesión, tenencia o bajo el cuidado de cualquier tercero al momento de ocasionarse el daño, sin perjuicio del derecho a repetir en contra de estos últimos por su culpa o dolo.
Art. 5º.- Por la acción dañosa de los animales vagos sujetos al control humano, y en particular de los perros, responderá el Municipio del lugar en el que se produjo el hecho.
Art. 6º.- Frente al daño ocasionado por cualquier animal el servicio de salud correspondiente adoptará las medidas sanitarias de su competencia en los términos establecidos en el reglamento y demás normativa aplicable.
Art. 7º.- Los que causen por negligencia inexcusable daños a las personas, a través de la acción de un animal potencialmente peligroso, que de mediar malicia constituiría un delito contra las personas serán sancionados con las penas asignadas al correspondiente delito rebajadas en un grado.
Artículo Transitorio. El Presidente de la República dictará, en el plazo de 1 año desde la vigencia de la presente ley, el reglamento correspondiente”.
Moción de los diputados señores Errázuriz y Bertolino.
Modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones, DFL Nº 458, de 1976, modificada por la ley N° 19.472, de 1996, en lo relativo a ventas de inmuebles “en verde”. (boletín Nº 3216-14)
1. Que hay empresas constructoras que venden inmuebles "en verde", esto es, antes de terminar su construcción e incluso, muchas veces antes de comenzarla;
2. Que los promitentes compradores no tienen protección alguna si la empresa no puede cumplir, pues resulta frecuente que las promesas de venta contengan una cláusula en virtud de la cual la obligación de extender la escritura definitiva nacerá, para el promitente vendedor, una vez que la Dirección de Obras de la respectiva municipalidad dé por recibida la obra;
3. Que solo en contados casos, cuando se trata de promitentes compradores con cierto grado de preparación, exigen a la empresa vendedora garantías para asegurar el cumplimiento de su obligación. En la mayoría de los casos, tratándose de personas de escasos recursos, si la empresa se hace insolvente, los bancos -que tienen garantía hipotecaria- recuperan parte de su crédito, pero no así los promitentes compradores, que pierden lo que hayan pagado;
4. Que resulta difícil pedir a compradores de escasos recursos asesoría jurídica para revisar el contrato de promesa de compraventa a fin de asegurarse en caso de incumplimiento de la empresa. En cambio ésta, fija plazos perentorios para pagar al promitente comprador, estableciendo multas en caso de incumplimiento, vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agrégase, como inciso séptimo -pasando a ser octavo el actual séptimo- al artículo 18.- del DFL Nº 458, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, modificado por la ley N° 19.472, de 1996 el siguiente inciso:
"En las ventas que se hagan en cualquier momento, antes de estar terminada la construcción, el promitente vendedor o vendedor deberá otorgar una boleta de garantía por un monto equivalente al anticipo o pago que haya recibido del comprador o promitente comprador. Dicha boleta quedará sin efecto a partir del momento en que la Dirección de Obras de la respectiva municipalidad dé su aprobación al inmueble construido".