Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Jose Bustos Ramirez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carolina Toha Morales
- Eduardo Saffirio Suarez
- Alberto Robles Pantoja
- Fulvio Rossi Ciocca
- Jorge Burgos Varela
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISOS CONSTITUCIONALES
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Pablo Lorenzini Basso
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, SEÑOR JORGE RODRÍGUEZ GROSSI.
- INTEGRACIÓN
- Eduardo Diaz Del Rio
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTEGRACIÓN
- PERMISOS CONSTITUCIONALES
- V. ORDEN DEL DÍA
- MONUMENTO EN HOMENAJE AL TRABAJADOR DEL PETRÓLEO, EN PUNTA ARENAS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- POSTERGACIÓN DE VIGENCIA DE REAVALÚO DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Fernando Meza Moncada
- Carlos Recondo Lavanderos
- Enrique Jaramillo Becker
- Exequiel Silva Ortiz
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTEGRACIÓN
- MONUMENTO EN HOMENAJE AL TRABAJADOR DEL PETRÓLEO, EN PUNTA ARENAS. Segundo trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ANÁLISIS DE NORMATIVA VIGENTE SOBRE PAVIMENTACIÓN COMUNAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Mario Varela Herrera
- Rosa Gonzalez Roman
- Manuel Rojas Molina
- Sergio Ojeda Uribe
- Patricio Melero Abaroa
- Jose Antonio Kast Rist
- Jorge Burgos Varela
- Fernando Meza Moncada
- Pedro Araya Guerrero
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- IGUALDAD EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Patricio Walker Prieto
- Carlos Olivares Zepeda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANÁLISIS DE NORMATIVA VIGENTE SOBRE PAVIMENTACIÓN COMUNAL.
- VII. INCIDENTES
- MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
- VÍCTIMAS INOCENTES DEL CONFLICTO BÉLICO ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRAK
- INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS DE PLANTACIONES DE EUCALIPTO EN CAUCES DE AGUA. Oficios.
- PREVENCIONES ECONÓMICAS ANTE GUERRA ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRAK. Oficios.
- REVISIÓN DEL PRECIO DE TERRENOS EXPLOTADOS POR OCUPANTES DE “CANTO DEL AGUA”, REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- ADHESION
- Pedro Araya Guerrero
- Enrique Jaramillo Becker
- Mario Escobar Urbina
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- HOMENAJE A LA CIUDAD DE CALAMA EN SU 124º ANIVERSARIO. Oficio.
- INFORMACIÓN ACERCA DE ESTUDIO DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN SOBRE FRIGORÍFICO DE MAGALLANES.
- ADHESION
- Mario Escobar Urbina
- Jose Ramon Barros Montero
- Jose Antonio Kast Rist
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Pedro Araya Guerrero
- Carlos Olivares Zepeda
- ADHESION
- REFLEXIONES SOBRE LA GUERRA DE ESTADOS UNIDOS E IRAK.
-
DEPENDENCIA DE COMUNA DE NAVIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE JUSTICIA DE LA QUINTA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Pedro Araya Guerrero
- ADHESION
- ESTADO DE AVANCE DE PROCESO DE CONCESIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE ANTOFAGASTA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE DOTACIÓN DE CARABINEROS E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN ANTOFAGASTA. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Guido Girardi Lavin
- Enrique Accorsi Opazo
- Jorge Burgos Varela
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- INSTALACIÓN DE SUCURSAL DEL BANCO DEL ESTADO EN SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CONSULTORIO DE SALUD EN CHIGUAYANTE. Oficio.
- ADHESION
- Pedro Araya Guerrero
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 60ª, en jueves 20 de marzo de 2003
(Ordinaria, de 10.40 a 13.03 horas)
Presidencia de Salas de la Fuente , don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Permisos constitucionales 13
- Integración de Comisión encargada de conocer la acusación constitucional en contra del ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Jorge Rodríguez Grossi 13
V. Orden del Día.
- Monumento en homenaje al trabajador del petróleo, en Punta Arenas. Segundo trámite constitucional 13
- Postergación de vigencia de reavalúo de bienes raíces agrícolas. Tercer trámite constitucional 19
Integración de Comisión Mixta 27
VI. Proyectos de acuerdo.
- Análisis de normativa vigente sobre pavimentación comunal 27
- Igualdad en materia de educación para estudiantes embarazadas 30
VII. Incidentes.
- Medidas preventivas de emergencias climáticas en la Región de La Araucanía. Oficios 32
- Víctimas inocentes del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irak 33
- Información sobre efectos de plantaciones de eucalipto en cauces de agua. Oficios 34
- Prevenciones económicas ante guerra entre Estados Unidos e Irak. Oficios 35
- Revisión del precio de terrenos explotados por ocupantes de "canto de agua", Región de Atacama. Oficios 36
- Homenaje a la ciudad de Calama en su 124º aniversario. Oficio 37
- Información acerca de estudio de la Corporación de Fomento de la Producción sobre frigorífico de Magallanes 38
- Reflexiones sobre la guerra entre Estados Unidos e Irak 39
- Dependencia de comuna de Navidad de la jurisdicción de justicia de la Quinta Región. Oficio 40
Pág.
- Estado de avance de proceso de concesión de Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta. Oficio 41
- Información sobre dotación de Carabineros e implementación de plan cuadrante en Antofagasta. Oficios 41
- Instalación de sucursal del Banco del Estado en San Pedro de La Paz. Oficio 42
- Construcción de nuevo consultorio de salud en Chiguayante. Oficio 42
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Acusación constitucional interpuesta en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Jorge Rodríguez Grossi, por los diputados señores Palma; Galilea, don Pablo; Martínez; García, don René Manuel; diputada señora Pérez, doña Lily; diputada señora Cubillos, doña Marcela; diputados Paya, Hernández, Barros y Salaberry, en virtud de lo dispuesto en los artículos 48, de la Constitución Política de la República y 37 y siguientes, de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional 45
2. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que establece mecanismos de protección y evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono (boletín N° 2725-12) (S) 53
3. Informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, recaído en las modificaciones al proyecto, iniciado en mensaje, que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica (boletín N° 2888-01) 55
4. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto, iniciado en moción del Senado, que autoriza la erección de un monumento en homenaje al trabajador del petróleo (boletín N° 1549-04) (S) 60
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-De los diputados señores Ceroni y Lorenzini quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 22 y 24 de marzo en curso, para dirigirse a Australia y España, respectivamente.
-Del Jefe de Bancada de diputados Socialistas y Radical Social Demócrata, mediante la cual informa que el diputado señor Bustos reemplazará en forma permanente a la diputada señora Allende, doña Isabel, en la Comisión de Familia.
2. Oficios:
-De las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación; de Economía, Fomento y Desarrollo; de Vivienda y Desarrollo Urbano; de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y Comisión Especial Investigadora encargada de analizar el actuar de los organismos del Estado en las irregularidades ocurridas con motivo de las actividades del Grupo Inverlink, por los cuales comunican que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligieron como Presidente a la diputada señora Tohá, doña Carolina, y a los diputados señores Saffirio, Robles, Rossi y Burgos, respectivamente.
-De la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar el actuar de los organismos del Estado en las irregularidades ocurridas con motivo de las actividades financieras del Grupo Inverlink, por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala, tanto en Valparaíso como en Santiago.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Monckeberg, condición de comuna turística de San Fabián.
-Del diputado señor Jarpa, condición de comuna turística de la comuna de Pinto.
-Del diputado señor Masferrer, conducta del alcalde de San Fernando , en relación a supuesta donación.
Ministerio de Economía, Fomento y reconstrucción
-Del diputado señor Quintana, metodología y procedimientos de la Encuesta Nacional del Empleo.
-Del diputado señor Sánchez, proceso de licitación de la concesionaria sanitaria de Aisén.
-Del diputado señor Navarro, atribuciones de Sernac para fiscalizar el proceso de cobro de facturación de servicios de suministro de servicio público de energía eléctrica y agua potable.
-Del diputado señor Lorenzini, proceso de licitación de la concesionaria sanitaria de Aisén-Emssa S.A.; ingresos provenientes de la privatización de la Empresa Sanitaria del Maule.
-Del diputado señor Hernández, motivos por los cuales se cobra por el consumo de agua potable en las localidades de Osorno y San Pablo.
-De la Corporación, antecedentes de la Empresa Administradora de Tarjetas de Crédito S.A.
Ministerio de Hacienda
-Del diputado señor Lorenzini, forma en que se distribuirán los ingresos provenientes de la concesión de Essam S.A.
-Del diputado señor Ortiz, instalación de agencia del Banco Estado en la comuna de San Pedro de La Paz.
-Del diputado señor Ramón Pérez, factibilidad de abrir oficina del Banco Estado en la comuna de Pica.
Ministerio de Educación
-De la Corporación, funcionamiento de jardín infantil durante el mes de febrero de cada año.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Navarro, biotecnología y organismos genéticamente modificados.
Ministerio de Bienes Nacionales
-Del diputado señor Pablo Galilea, regulación presentada por la señora María Cadagan Navarro en la Seremi de la Undécima Región.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Forni, posible perjuicio para las actividades agrícolas y frutícolas en el Valle del Aconcagua, por el uso de petcoke.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (99)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 55ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 56ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
La Comisión investigadora encargada de analizar el actuar de los organismos del Estado en las irregularidades ocurridas con motivo de las actividades financieras del grupo Inverlink, solicita el acuerdo de la Cámara para sesionar simultáneamente con la Sala, tanto en Valparaíso como en Santiago.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Hago presente que en dicha Comisión me opuse a que se sesionara en Santiago.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para que esa Comisión sesione simultáneamente con la Sala tanto en Valparaíso como en Santiago?
No hay acuerdo.
El señor TUMA.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , el acuerdo solicitado es para sesionar simultáneamente con la Sala, y no para que esa Comisión sesione indistintamente en Valparaíso o en Santiago. Eso ya está acordado.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aquí se entiende que el acuerdo solicitado es para sesionar simultáneamente con la Sala, tanto en Valparaíso como en Santiago.
El señor SILVA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , en uno de los puntos del proyecto de acuerdo aprobado por la Sala y que dio origen a la formación de dicha Comisión, se señala la posibilidad de que ésta sesione en un lugar distinto al de la sede del Congreso Nacional, que es Valparaíso. Eso ya fue sancionado por esta Sala.
Ahora, corresponde precisar si puede sesionar simultáneamente con la Sala.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El acuerdo que solicita la Comisión es para sesionar simultáneamente con la Sala, y para eso no se ha dado; pero entiendo que la Comisión podría sesionar en Santiago un día lunes. Ese es un problema de la Comisión.
A lo que el diputado Von Mühlenbronk se opone es a que las sesiones se realicen en otro lugar que no sea Valparaíso.
Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , me opongo a que la Comisión sesione fuera del lugar de residencia del Congreso, que es Valparaíso.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Eso no está en discusión, señor diputado . La discusión se ha suscitado porque en el punto N° 5 de la Cuenta se pide “sesionar simultáneamente con la Sala, tanto en Valparaíso como en Santiago”.
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , su Señoría ha enfocado el punto como corresponde, y lo explicó bien el diputado señor Silva .
En el proyecto de acuerdo ya se autorizó la posibilidad de sesionar fuera de Valparaíso. Lo que se pide ahora -en lo que el oficio se excede- es que se permita sesionar a la Comisión en forma simultánea con la Sala. Eso puede estar sujeto a rechazo. Pero si se quiere sesionar un día lunes en Santiago, por ejemplo, podría hacerlo, porque no coincide con el horario de sesión en Valparaíso. Para esto no se requiere autorización especial, porque ya está dada en el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Eso estaba explicando.
La solicitud del punto 5 de la Cuenta, en parte, es para que la Comisión pueda sesionar en forma simultánea con la Sala en Santiago, para lo cual no hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Hidalgo.
El señor HIDALGO .-
Señor Presidente , en beneficio del tiempo y debido a la importancia de la Comisión, pido a los colegas reconsiderar su determinación y permitir a esta Comisión sesionar en forma simultánea con la Sala.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, la Comisión puede sesionar perfectamente los días en que no hay sesión de Sala. Pero para funcionar en forma simultánea con ella, debe pedir autorización cada vez que desee hacerlo.
Parece que el oficio está mal redactado, porque pide autorización para sesionar simultáneamente con la Sala, tanto en Santiago como en Valparaíso, para lo cual no hay acuerdo. Si se accediera a la petición, la Comisión podría estar sesionando en Santiago al mismo tiempo que la Sala lo hiciera en Valparaíso, y para eso no hay acuerdo.
Cuando la Comisión quiera sesionar en Valparaíso, en forma simultánea con la Sala, puede pedir el acuerdo respectivo.
Queda rechazada la solicitud de la Cuenta.
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , hoy no es un día cualquiera para el mundo. Los hechos que se viven a miles de kilómetros golpean la conciencia de la humanidad.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señora diputada ? Esa materia la debe plantear en Incidentes.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , sólo quería pedir un minuto de silencio por las víctimas de la guerra en Irak.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud de la diputada señora Laura Soto?
No hay acuerdo.
PERMISOS CONSTITUCIONALES
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se concederán los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Ceroni y Lorenzini para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 22 y 24 de marzo en curso, para dirigirse a Australia y España, respectivamente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, SEÑOR JORGE RODRÍGUEZ GROSSI.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 38 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y 305 del Reglamento de la Corporación, corresponde designar, por sorteo, a los cinco diputados que integrarán la comisión encargada de conocer e informar sobre la procedencia de la acusación constitucional entablada por diez señores diputados y señoras diputadas en contra del ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, don Jorge Rodríguez Grossi.
El señor Secretario procederá a efectuar el sorteo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Con la venia de la Sala, me permito informar a las señoras diputadas y a los señores diputados que, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, se procederá a excluir del sorteo a los señores diputados que en cada caso se indica, por las razones que se señalarán.
Por ser patrocinantes del libelo acusatorio, los señores Barros, don José Ramón, Nº 9; la señora Cubillos, doña Marcela, Nº 22; los señores Galilea, don Pablo, Nº 33; García, don René Manuel, Nº 35; Hernández, don Javier, Nº 42; Martínez, don Rosauro, Nº 61; Palma, don Osvaldo, Nº 79; Paya, don Dario, Nº 82; la señora Pérez, doña Lily, Nº 86, y el señor Salaberry, don Felipe, Nº 98.
Por encontrarse en la situación contemplada en el inciso final del artículo 58 de la Constitución Política de la República, los diputados señores Jiménez, don Jaime, Nº 49; Lagos, don Eduardo, Nº 52; Letelier, don Juan Pablo, Nº 55; Pareto, don Cristián, Nº 81, y Rebolledo, don Víctor, Nº 90.
Por ser miembros de la Mesa de la Cámara de Diputados, la señora Allende, doña Isabel, Nº 6; y los señores Salas, don Edmundo, Nº 99, y Jarpa, don Carlos Abel, Nº 47.
-Efectuado el sorteo en la forma prescrita por el Reglamento, resultaron designados para integrar la Comisión de acusación los diputados señores Eduardo Díaz, Nº 24; Esteban Valenzuela, Nº 112; Gonzalo Uriarte, Nº 110; y las diputadas señoras María Antonieta Saa, Nº 96, y Alejandra Sepúlveda, Nº 102.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En consecuencia, la Comisión que conocerá de la acusación constitucional queda integrada por los diputados señores Eduardo Díaz, Esteban Valenzuela y Gonzalo Uriarte, y por las diputadas señoras María Antonieta Saa y Alejandra Sepúlveda.
V. ORDEN DEL DÍA
MONUMENTO EN HOMENAJE AL TRABAJADOR DEL PETRÓLEO, EN PUNTA ARENAS. Segundo trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto que autoriza la erección de un monumento en homenaje del trabajador del petróleo, en la ciudad de Punta Arenas.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Rosauro Martínez.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 1549-04, sesión 22ª, en 21 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 8.
-Informe de la Comisión de Educación. Documentos de la Cuenta Nº 4, de esta sesión.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley que autoriza la erección de un monumento en homenaje al trabajador del petróleo, en la ciudad de Punta Arenas iniciativa originada en una moción del honorable Senador José Ruiz de Giorgio , presentada el 31 de marzo de 1995.
Fundamentos del proyecto.
En los primeros años del siglo XX se iniciaron los trabajos de prospección en Magallanes, encaminados a ubicar la existencia de petróleo en suelo chileno, sin que se obtuvieran resultados positivos, fundamentalmente por la falta de recursos para tal efecto.
Más tarde, en 1926, se dictó la ley Nº 4.109, que declaró que los yacimientos petrolíferos quedan reservados con carácter exclusivo para el Estado, la que fue complementada con la ley Nº 4.217, que facultó al Presidente de la República para otorgar concesiones a particulares chilenos o extranjeros para denunciar y explotar dichos yacimientos.
Pero fue la ley Nº 4.281, de 15 de febrero de 1928, la que ordenó destinar 10 millones de pesos para financiar actividades exploratorias y definió una política de Estado en esta materia. Es, con algunas modificaciones, la que se aplica hasta nuestros días.
Incentivados por este impulso, que tuvo su expresión más significativa durante la administración del Presidente Juan Antonio Ríos , a los pioneros de las exploraciones se agregó un contingente más numeroso de trabajadores.
Los trabajos se hacían en las condiciones más duras y rudimentarias. Se utilizaban caballos para el transporte terrestre en los lugares en los cuales no era posible el uso de vehículos motorizados por la falta de caminos, mientras que los implementos para levantar torres de perforación y viviendas para el personal eran transportados por mar en débiles y precarias embarcaciones.
A este sacrificado esfuerzo le daría empuje la mencionada entrega de recursos impulsada por el gobierno del Presidente Juan Antonio Ríos en 1943.
El primer yacimiento petrolífero chileno afloró el 29 de diciembre de 1945 en Manantiales, lugar ubicado en Tierra del Fuego. El historiador magallánico Mateo Martinic , citado por el autor de la moción, se refiere a esta verdadera hazaña en los siguientes términos: “La tecnología moderna había hecho posible el descubrimiento, era cierto; pero también el hombre, esos hombres, habían puesto lo suyo en brío, esfuerzo, tenacidad, sacrificio, fe y confianza, laborando duro de ingeniero a peón”.
El senador que inicia esta propuesta legal, señor Ruiz de Giorgio , resalta que conoció a algunos de esos trabajadores, la mayoría de los cuales eran hombres rudos, capaces de responder a las exigencias de un trabajo excepcionalmente severo, desarrollado en un clima inhóspito. Asimismo, estaban dotados de una enorme generosidad y de gran calidad humana. Gracias a ellos el país ha podido contar con un recurso económico tan valioso.
El proyecto en informe se fundamenta, pues, en la importancia del rol insustituible que han jugado los trabajadores, tanto en los inicios de las exploraciones para encontrar petróleo como después de transcurridos cincuenta años del descubrimiento de esa sustancia en nuestro territorio y durante el desarrollo experimentado por la industria petrolera en nuestro país.
Texto del proyecto.
El proyecto consta de siete artículos.
El artículo 1º autoriza erigir un monumento, en la ciudad de Punta Arenas, en homenaje al trabajador del petróleo.
El artículo 2º establece que la obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados, y que las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que establece el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior.
El artículo 3º crea un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
El artículo 4º crea una comisión especial, integrada por ocho miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley. Ella estará constituida por: a) un senador y un diputado , designados por sus respectivas Cámaras; b) el intendente de la Duodécima Región; c) el alcalde de la municipalidad de Punta Arenas; d) un representante del ministro de Educación ; e) el vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales ; f) un representante de los trabajadores de Enap, y g) el gerente de Enap-Magallanes.
El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
El artículo 5° señala las funciones que tendrá la comisión que se crea, y que son las siguientes:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas contempladas en el artículo 2°, y realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Establecer el sitio en que se ubicará el monumento, en coordinación con el alcalde de Punta Arenas y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de la obra, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar dicho fondo.
El articulo 6° precisa que si una vez construido el monumento quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión determine.
Finalmente, el articulo 7° señala que el monumento deberá erigirse en el plazo de cinco años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Si vencido dicho plazo no se hubiere ejecutado la obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la comisión determine.
En mérito de los antecedentes citados, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, por la unanimidad de sus integrantes, acordó acoger la idea de legislar y propone a la Sala aprobar el proyecto remitido por el Senado en los términos en que fue despachado a esta Corporación.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , la historia y el desarrollo de Magallanes durante el siglo pasado están estrechamente ligados a la explotación petrolera. Desde la década de los años 20, cuando comienzan a adoptarse las medidas legales, administrativas y técnicas destinadas a encontrar yacimientos en la zona, esta actividad ha sido un pilar fundamental en su crecimiento y empleo y en las inversiones realizadas.
Sin duda, como ocurre con todas, son los trabajadores los que hacen posible esta tarea. Fue, entonces -como lo dijo el diputado informante-, el tesón y el esfuerzo de muchos hombres y mujeres lo que hizo posible encontrar en la región el preciado oro negro que es explotado hasta nuestros días.
La moción del senador José Ruiz de Giorgio que hoy debatimos tiene ese espíritu: reconocer el notable empeño, vocación de servicio, soberanía y profesionalismo de esos compatriotas y de la Empresa Nacional del Petróleo, y en ese afán, ciertamente, merece el apoyo de la Cámara.
Sin embargo, la iniciativa, originada en 1995, con motivo del cincuentenario de la puesta en operación del primer pozo, el 29 de diciembre de 1945, al parecer carece de actualidad, por lo menos en los térmi-nos propuestos por la Comisión de Educación.
Con motivo de tal conmemoración y con el objeto de erigir un monumento al trabajador del petróleo, se convocó a un concurso que tuvo por ganador al escultor Félix Maruenda . Se trata de una monumental obra, de doce metros de altura y más de veinte toneladas de material, que se encuentra emplazada en la avenida Bulnes de Punta Arenas y fue inaugurada el pasado 27 de diciembre de 2002, en el marco de la celebración del 57º aniversario del citado hallazgo, con participación de los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, de su plana directiva y de la comunidad.
Por cierto, no deseo que esta iniciativa sea desestimada, puesto que, en todo caso, representa un reconocimiento a la importancia del descubrimiento de petróleo en nuestro país y una valoración, por parte del Congreso Nacional, del esfuerzo que en dicha acción les ha cabido a los trabajadores. Sin embargo, considero que el proyecto debería volver a la Comisión de Educación con el objeto de buscar una nueva redacción en la cual sólo se entregue un reconocimiento legal a los trabajadores del petróleo, a través de dicho monumento, y se mantenga la creación de una comisión que se encargue de la mantención de la obra y declare el 29 de diciembre de cada año como "Día del Trabajador del Petróleo".
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , muchos de los diputados presentes han tenido la oportunidad de recorrer la geografía magallánica; incluso, alguno de ellos -como la diputada señora Laura Soto , hace algunos años- ha vivido en nuestras tierras.
De manera que todos pueden comprender la importancia que reviste el hecho de rendir un homenaje a los trabajadores del petróleo. Aquellos que han conocido el Estrecho de Magallanes podrán imaginarse lo que era, al iniciarse la explotación petrolera, cruzar en pequeñas barcazas esas aguas, que están entre las más peligrosas del mundo. Por su parte, durante muchos años los trabajadores tuvieron que someterse al sistema de turnos y debían pasar muchos días alejados de sus familias, debido a lo extensa que es nuestra región, y permanecer en Tierra del Fuego y en otros lugares. Hoy sigue ocurriendo lo mismo: los trabajadores deben permanecer en las plataformas, aportando con su trabajo y esfuerzo a obtener el conocido oro negro, que contribuye al desarrollo de nuestro país. No cabe la menor duda de que todos esos trabajadores de las maestranzas, de los equipos sísmicos, que durante decenas de años hicieron de la explotación petrolera la principal actividad económica de Magallanes, merecen un reconocimiento regional y, fundamentalmente, nacional, por el impulso que le han dado al país con su trabajo.
Por desgracia, ésta es la segunda ocasión -ya aconteció con el monumento al cardenal Samoré - en que ocurre que la obra ya está construida e incorporada a una de las avenidas principales de Punta Arenas. Lamentablemente, no tuve conocimiento de que el proyecto estaba hoy en tabla; de lo contrario, habría solicitado que no se discutiera y que volviera a Comisión.
Por eso, me parece muy adecuada la proposición del diputado Pedro Muñoz , en cuanto a buscar una fórmula para que el proyecto tenga cierto grado de ejecución y realidad. Tal vez, podría limitarse a fijar el "Día del Trabajador del Petróleo" y a crear una comisión encargada de la mantención del monumento, de manera que esa obra, emplazada en una de nuestras avenidas principales, se conserve por muchos años más, pues es un reconocimiento a la gran gesta de los trabajadores del petróleo.
Por eso, pido que el proyecto vuelva a Comisión, a fin de coordinar estas materias, y seguir con la discusión de proyectos que probablemente tienen más posibilidades de ser una realidad en el corto plazo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , efectivamente existe un monumento al trabajador del petróleo de Magallanes , y durante este año también se erigió uno a don Juan Pedrals .
Quiero agregar otro hito, ocurrido el 29 de diciembre de 1945, ocasión en la que dos personas fueron fundamentales para el desarrollo de esa actividad en Magallanes. Me refiero a don Eduardo Simián y a don Jorge Pacheco , quienes, por primera vez, hicieron brotar petróleo en Manantiales. Lógicamente, después hubo otros yacimientos y se desarrolló la futura empresa Nacional del Petróleo.
Cómo no recordar, también, a un gran hombre, cuyo rol fue fundamental en la Enap, en el sentido de elaborar nuevos proyectos, y quien posteriormente falleció en un viaje de avión. Me refiero a don Juan Pedrals , quien dedicó toda su vida al conocimiento y a la gestión relativa al petróleo. Nombrado presidente de la Enap durante el gobierno de don Patricio Aylwin, fue un gran gestor.
No era de Magallanes, pero vivió mucho tiempo en esa zona, al igual que Eduardo Jiménez y Jorge Pacheco , quienes tampoco nacieron allá, pero dedicaron sus vidas al desarrollo de la Enap, empresa que, por lo demás, no sólo significó un beneficio para Magallanes, sino para todo el país.
Por lo tanto, en nombre de la bancada Demócrata Cristiana, quiero manifestar nuestro beneplácito a la feliz idea de erigir un monumento en la ciudad de Punta Arenas al trabajador del petróleo.
El actual senador por Magallanes y autor de la moción, don José Luis De Giorgio , también fue un trabajador del petróleo y un gran dirigente.
Por último, pido disculpas por haber hablado más de los hombres que de lo que significó el petróleo como recurso natural para el desarrollo y el progreso de Chile.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El diputado señor Álvarez, jefe de la bancada de UDI , y el diputado señor Muñoz, solicitaron que el proyecto volviera a Comisión.
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , la moción parlamentaria se presentó el 31 de marzo de 1995, es decir, lleva casi ocho años de tramitación en el Congreso. Por eso, aunque no soy representante de Punta Arenas, no voy a dar la unanimidad para que el proyecto vuelva a la Comisión, de modo que, definitivamente, se vote y sea despachado por la Cámara. En general, las mociones parlamentarias tienen escasas posibilidades de convertirse en ley. Por lo demás, la Comisión de Educación -la instancia técnica- aprobó por unanimidad el proyecto.
Por eso, reitero que me opondré a lo solicitado.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , existe reconocimiento -varios diputados lo han hecho presente- de que se trata de una moción parlamentaria presentada por el senador José Ruiz de Giorgio , quien representa a la región de Magallanes y milita en el mismo partido que el diputado señor José Miguel Ortiz .
La intención del diputado señor Pedro Muñoz y de quien habla es que la moción tenga un grado de efectividad, se vote en la Sala y se convierta en ley. En consecuencia, el proyecto debe volver a la Comisión a fin de que se le efectúen pequeñas enmiendas para que el propósito perseguido por el senador Ruiz de Giorgio tenga éxito.
Nadie discute el hecho de que la moción es de su autoría y que debe transformarse en ley.
No veo impedimento para otorgar un nuevo plazo, de dos o tres semanas, a la Comisión de Educación, a fin de lograr en esta materia un resultado práctico. De lo contrario, se votará un proyecto para erigir un monumento que ya está construido.
Con la venia de su Señoría, concedo una interrupción al diputado señor Zarko Luksic .
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , el diputado señor Álvarez tiene razón. Existe un monumento al trabajador del petróleo y otro en memoria de Juan Pedrals , erigido a principios de este año. Sin embargo, aún no me queda clara la razón por la cual el proyecto debiera volver a la Comisión.
De la manera en que está planteado, tengo la impresión de que el sitio en que se emplazaría el monumento sería escogido por el alcalde de Punta Arenas en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales. Así las cosas, dejaría a ellos la resolución de los detalles de carácter administrativo.
En tal sentido, comparto lo señalado por el diputado señor Ortiz : siete años es mucho tiempo para resolver una materia, y quizá en esa instancia podríamos participar algunos diputados a fin de lograr una mejor resolución.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz
El señor MUÑOZ .-
Señor Presidente , cada día que transcurre justifica más el hecho de que el proyecto vuelva a la Comisión de Educación, y ello por varias razones.
Valoro el informe entregado por el diputado señor Rosauro Martínez , quien ha efectuado un gran reconocimiento al esfuerzo y tesón del trabajador del petróleo. Eso denota que existe un trabajo, el que no se puede despreciar. En tal sentido, propongo -en ello estamos de acuerdo con el diputado señor Álvarez - que el proyecto se reformule.
Efectivamente, se trata de una moción parlamentaria presentada en 1995 por el senador señor Ruiz de Giorgio . Como consecuencia de ello, la empresa Nacional del Petróleo, con recursos propios, erigió un monumento. La idea de la reformulación apunta, primero, a crear una comisión para conservar el proyecto, y segundo, a instituir el 29 de diciembre como el "Día del Trabajador del Petróleo".
Si ahora se aprobara el proyecto, no obtendríamos ningún efecto práctico, por cuanto el monumento ya se construyó, razón por la cual no se cumpliría el objetivo perseguido en la moción del senador señor Ruiz de Giorgio .
Por eso, reitero mi petición de que vuelva a la Comisión de Educación.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA, don René Manuel .-
Señor Presidente , la materia es más simple de lo que parece.
Entiendo que los diputados de la Democracia Cristiana deseen que quede establecido que la autoría de la moción pertenece al senador señor Ruiz de Giorgio . Sin embargo, los diputados de la zona de Magallanes y el futuro candidato a senador por la Democracia Cristiana, señor Luksic , reconocen que el monumento está construido.
En 20 ó 30 años más, el 20 de marzo de 2003 será recordado como el día de las contradicciones, porque se constatará que la Cámara de Diputados votó un proyecto presentado por el senador Ruiz de Giorgio a fin de erigir un monumento, el que jamás hubo de ser levantado pues ya lo había construido la Enap.
En consecuencia, los diputados de la zona y el próximo candidato a senador quieren que el proyecto vuelva a la Comisión para que no sea letra muerta. Se cambiaría la erección del monumento por la instauración del "Día del Trabajador del Petróleo". De lo contrario, se aprobaría un proyecto, pero se desconocería la autoría de la moción, ya que todo el mundo hablaría del monumento que hizo la Enap. Eso es lo que se quiere evitar. Es todo. No se va a hacer otro monumento.
Ahora, si la gente de Magallanes quiere tanto a los trabajadores del petróleo y construye otro, ¡fantástico! Pero que consiga los recursos.
Por lo tanto, en la Comisión de Educación debe dársele un sentido práctico al proyecto, en cuanto a instituir el "Día del Trabajador del Petróleo". Eso es lo que se está pidiendo. Ahora, si se aprobara hoy, como quiere el señor Ortiz , la futura ley sería letra muerta.
Por eso, pido que se vote la iniciativa o que se envíe a la Comisión de Educación, pero que no se discuta más.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, la Mesa, tomando en consideración las proposiciones de los diputados señores Álvarez y Ortiz, propone dar un plazo, hasta el 20 de abril, para que el proyecto vuelva a la Sala.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
POSTERGACIÓN DE VIGENCIA DE REAVALÚO DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS. Tercer trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto de ley que posterga la vigencia del reavalúo de bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado.
Diputado informante de las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura es el señor Fernando Meza.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2888-01, sesión 12ª, en 5 de marzo de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de las Comisiones unidas de Agricultura y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Las Comisiones unidas han solicitado rechazar las letras a) y b) del artículo 1º, pero algunos señores parlamentarios han planteado rechazar el proyecto para que vuelva a Comisión.
Tiene la palabra el diputado informante .
El señor MEZA .-
Señor Presidente , quiero explicar lo que ha sucedido en las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura en torno del proyecto, de origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República y en tercer trámite constitucional.
Como constancia previa, debo decir que sus disposiciones no requieren quórum especial para ser aprobadas.
Efectivamente, las modificaciones del Senado a las letras a) y b) del artículo 1° aprobado por la Cámara de Diputados, fueron rechazadas.
Los artículos 1°, 2° y 3° transitorios fueron aprobados por mayoría de votos.
Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, la señora Catalina Bau , coordinadora general del Ministerio de Hacienda, y los señores Ernesto Terán , subdirector de avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, y Eduardo Carrillo , abogado jefe del Ministerio de Agricultura.
La señora Catalina Bau hizo hincapié en la necesidad de efectuar el reavalúo de los bienes raíces agrícolas, que se encuentran determinados según las definiciones y precios unitarios establecidos para el reavalúo de 1980, con el objeto de terminar con la inequidad que existiría ahora, y que existe de hecho, al aplicar una base que no es representativa de la realidad del sector silvoagropecuario del país, el cual ha experimentado numerosas transformaciones durante los últimos 23 años.
Agregó que la Cámara de Diputados aprobó la postergación del reavalúo para el 1 de enero de 2003, otorgando una facultad para que el Presidente de la República rebajara la tasa anual del impuesto territorial y aumentara el monto de la exención agrícola, de modo que el incremento máximo del giro, a nivel nacional, por aplicación del reavalúo, no superara el 10 por ciento.
Diversos señores diputados expresaron su opinión en el sentido de que la situación económica por la que atraviesa el sector agrícola aún no mejora, en especial la de los pequeños agricultores dedicados a cultivos tradicionales y que desarrollan sus actividades en la zona sur del país, razón por la cual han aconsejado postergar el reavalúo hasta enero de 2005.
Se solicitó a los representantes del Ejecutivo mayor información sobre los efectos del proyecto, según los diferentes predios y su distribución regional.
Se entregaron cifras globales calculadas por el Servicio de Impuestos Internos para explicar las modificaciones propuestas.
Por ejemplo, se cita el caso de un predio actualmente afecto al pago de contribuciones, las cuales, sin los beneficios introducidos en la tramitación del proyecto en el Senado, aumentan de 10 mil pesos a 40 mil pesos por cuota. En este caso, por la gradualidad en el aumento de las contribuciones, de un 20 por ciento a un máximo del ciento por ciento, en el primer semestre de aplicación del reavalúo la cuota será de 12 mil pesos; en el segundo, de 13.200 pesos, hasta llegar al séptimo semestre a 20 mil pesos. Este monto se mantendrá hasta un nuevo reavalúo, con los reajustes semestrales por la variación del índice de precios al consumidor.
En el caso de un predio actualmente exento de contribuciones, y que, por aplicación del reavalúo, le correspondería una cuota de 20 mil pesos. En el primer semestre, la cuota será de 6 mil pesos; en el segundo, de 6.600 pesos, hasta llegar en el séptimo semestre a un valor máximo de 10 mil pesos.
El efecto del reavalúo en las contribuciones, considerando una tasa del 1 por ciento y un monto exento de 4 millones de pesos -debemos considerar que el señor Presidente ha extendido hasta 4 millones de pesos la tasación que exime de impuestos a los predios agrícolas-, sería el siguiente:
A nivel nacional, las contribuciones aumentarían hasta en 10 por ciento; es decir, 1.693 millones de pesos al séptimo semestre de aplicación del reavalúo, equivalente al giro anual de 3.386 millones de pesos.
El impuesto de un predio podría aumentar, como máximo, en 20 por ciento el primer semestre de aplicación del reavalúo, para alcanzar un incremento máximo de hasta el ciento por ciento en el séptimo semestre de su aplicación.
Un dato importante es que de 622.304 predios, 438.500 quedarían exentos del pago del impuesto territorial, lo que equivale al 70 por ciento, y sólo 183.804 predios, el 30 por ciento, quedarían afectos a este impuesto.
Es necesario destacar que 8.586 predios por los cuales en la actualidad se pagan contribuciones, quedarían exentos del ciento por ciento del impuesto, mientras que 25.881 predios pasarían de la condición de exentos a afectos, con una cuota media inferior a 4 mil pesos.
Finalmente, la Comisión adoptó algunos acuerdos en relación con las modificaciones propuestas por el Senado:
La letra a) del artículo 1° fue reemplazada con el objeto de cambiar la fecha de aplicación del reavalúo agrícola, del 1º de enero de 2003 al 1º de julio de 2003.
En caso de que la Cámara aprobase esta modificación del Senado en los mismos términos, la norma se aplicaría en menos de cuatro meses.
Los miembros de la Comisión, considerando el largo período de tramitación que ha tenido el proyecto y lo cercana que está su fecha de vigencia, y considerando también que hace más de 22 años que no se efectúa un reavalúo a los predios agrícolas, estimamos conveniente rechazar esta disposición por 2 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención.
Ha existido la voluntad política de buscar todas las fórmulas posibles para que se realice este proceso, postergado por tantos años, con atenuaciones en el pago a los contribuyentes, lo que ha quedado reflejado en los siguientes artículos introducidos por el Senado, que las Comisiones Unidas de Hacienda y de Agricultura recomiendan aprobar.
En el artículo 2º, proponen aprobar la modificación introducida por el Senado, relativa al inciso tercero de este artículo, que introduce la limitación del incremento de las contribuciones de cada predio en un máximo de un ciento por ciento.
En el análisis realizado en la Comisión se consideró que la modificación introducida por el Senado mejora el proyecto, dado que, por el largo período en que no se ha realizado el proceso de reavalúo, de no ponerse este límite, podrían presentarse situaciones en que el pago de contribuciones tuviese incrementos desproporcionados, lo que podría producir un efecto negativo en la actividad agrícola del país.
Por otra parte, también se estima favorable la disposición que establece el valor de la cuota en 5 mil pesos para aquellos predios que, de exentos, pasan a ser afectos. Esto permite que ningún contribuyente que no esté pagando contribuciones, pague, a partir del reavalúo, una cuota mayor a 10 mil pesos.
Por tanto, la Comisión le dio su votó favorable.
Los diputados de las Comisiones unidas también aprobaron los artículos 1º, 2º y 3º transitorios, por considerar que representan beneficios en los siguientes aspectos:
En primer lugar, gradualidad en el incremento de las contribuciones de cada predio cuando éstas aumenten en más de 20 por ciento por aplicación del reavaluó, caso en el cual el incremento por sobre dicho porcentaje se incorporará semestralmente, en razón de hasta 10 por ciento, calculado sobre el valor de la cuota girada en el semestre inmediatamente anterior.
Este procedimiento de incremento gradual del impuesto para los predios cuyas contribuciones aumentan en más de 20 por ciento significa que los predios con aumento del ciento por ciento alcanzan ese valor sólo al séptimo semestre de aplicación del reavalúo.
En segundo lugar, opción para que los contribuyentes que determinan su impuesto a la renta sobre la base de renta presunta, puedan decidir cambiarse a renta efectiva, en abril de 2004, caso en el cual podrán utilizar para los años comerciales 2003 y 2004 -que se declaran en abril de 2004 y de 2005, respectivamente- el avalúo vigente antes del reavalúo, debidamente reajustado en la variación del índice de precios al consumidor.
Es decir, los agricultores podrán decidir por esta opción después de nueve meses de la entrada en vigencia del reavalúo, y dispondrán de dos años, durante los cuales seguirán declarando sobre la base del avalúo anterior a este reajuste.
En tercer lugar, se establece un sistema de contabilidad agrícola simplificada, facultándose al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la ley, dicte el correspondiente decreto para ello. Esta medida facilitará la declaración por renta efectiva mediante un procedimiento simple, lo cual es importante para los pequeños agricultores que requieran llevar contabilidad, puesto que, en la medida en que sea más simple, evitará costos adicionales para ellos en materia de controles administrativos.
En consecuencia, se trata de avanzar hacia una agricultura más formal facilitando los controles de la actividad.
Las modificaciones del Senado a la letra b) del artículo 1º fueron rechazadas por 1 voto a favor, 18 votos en contra y 1 abstención.
El artículo 1º transitorio propuesto, como ya informé, fue aprobado por 13 votos a favor y 5 votos en contra.
El artículo 2º transitorio fue aprobado por 10 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones.
El artículo 3º transitorio fue aprobado por 13 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones.
En virtud de lo expuesto, las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recomiendan a la Sala proceder a rechazar las modificaciones del honorable Senado en los términos referidos anteriormente, de manera que se constituya una Comisión Mixta sobre el particular.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , con el fin de acortar el trámite de este proyecto, quiero recoger las últimas palabras del diputado informante de las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura , en el sentido de enviar a Comisión Mixta la proposición del Senado relativa a postergar la entrada en vigencia de los nuevos reavalúos, en conformidad con lo que dispone la letra a) del artículo 1º.
A su vez, me permito expresar la necesidad e importancia de aprobar el resto de las modificaciones del Senado, por cuanto, básicamente, apuntan a facilitar y gradualizar la entrada en vigencia de los nuevos reavalúos, en particular para el sector agrícola.
Como bien explicó el diputado informante, las proposiciones que se extienden al resto del proyecto, salvo la de la letra a), limitan el giro máximo de contribuciones, permiten gradualidad en su incremento cuando aumenten en más de 20 por ciento y crean un sistema de contabilidad simplificada.
Esta última idea es muy interesante, puesto que muchos agricultores tributan por renta presunta, aun con avalúos muy altos, y, en la práctica, no lleva contabilidad, porque les parece muy engorroso el sistema. El hecho de crear un sistema de contabilidad simplificada, como existe en otras partes, para un sector tan distinto -por llamarlo de alguna manera-, como la agricultura, parece una estupenda idea.
De igual modo, en el proyecto se establece un tratamiento especial para quienes estaban libres de pagar contribuciones por el monto de los avalúos. Ahora, como consecuencia de los reavalúos, van a tener que pagarlas, pero se les fija una cuota máxima que constituye un beneficio para los pequeños agricultores.
Asimismo, se crean incentivos para avanzar hacia un sistema de tributación sobre la base de establecer un sistema de contabilidad simplificado, que permita a los propietarios tener derecho de recla-mar de los montos de los avalúos, los cuales, en muchos casos, son absolutamente desproporcionados al valor real de sus tierras.
Señor Presidente , por su intermedio, sugiero a la Sala adoptar la misma resolución que las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura, en el sentido de rechazar la letra a) del artículo 1°, para enviarla a Comisión Mixta y poder discutir allí, con precisión, a lo mejor elaborando un buen acuerdo, la fecha de entrada en vigencia del nuevo reavalúo; y aprobar el resto del texto que nos propone el honorable Senado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para proceder de la manera solicitada?
Tiene la palabra el diputado Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , estamos de acuerdo en que el proyecto vaya a Comisión Mixta, porque no concordamos con la fecha de entrada en vigencia del reavalúo. En eso hubo pleno acuerdo en las Comisiones unidas, y es la principal motivación de una gran mayoría de diputados, en particular de quienes representamos a zonas agrícolas de agricultura tradicional, en las cuales, como sabemos, se vive una situación de crisis que aconseja no subir las contribuciones, como sería el efecto de aplicar el reavalúo.
Hay bastante coincidencia para modificar la fecha de entrada en vigencia de los reavalúos, razón por la cual estamos de acuerdo en rechazar la proposición del Senado, como lo hicieron las Comisiones unidas. Sin embargo, aunque en la práctica las Comisiones mixtas terminan revisando casi por completo el texto de la iniciativa, pues no sólo se refieren a las discrepancias entre la Cámara y el Senado, deberíamos ser más precisos en lo que queremos que se revise en dicha instancia.
Al respecto, es necesario que la Cámara rechace el artículo 2° transitorio, aprobado por las Comisiones unidas, porque tiene vinculación directa con las fechas de entrada en vigencia.
En otras palabras, aunque compartimos la finalidad de este artículo, porque considera un incentivo para que los agricultores que hoy pagan sus rentas, sobre la base de la renta presunta, reciban un beneficio transitorio siempre y cuando se traspasen al sistema de renta efectiva, con lo cual deben llevar una contabilidad completa, (los beneficios que recibirían los agricultores están acotados a los años 2002-2003). Si queremos que el proyecto cumpla sus objetivos, necesariamente debemos modificar la vigencia de los beneficios incorporados en la disposición transitoria, y como ambas normas están relacionadas, es conveniente que esta Sala la rechace, con el objeto de que la Comisión Mixta se pronuncie sobre estos dos aspectos. Es preciso abordar estos artículos en conjunto, porque tratan de fechas para la entrada en vigencia del reavalúo de bienes agrícolas.
Quiero recordar que esta idea se ha estudiado en forma reiterada en la Cámara, porque la proposición de modificar la fecha de entrada en vigencia de un reavalúo ha sido postergada muchas veces.
Valoramos la incorporación en este proyecto de aspectos distintos de los que tradicionalmente hemos aprobado. Uno es la facultad que se otorga al Presidente de la República para rebajar la tasa de contribuciones que se aplicará a los bienes raíces, para que ella no impacte en el valor de las contribuciones cuando entre en vigencia el reavalúo, lo cual nos parece que es una buena medida para morigerar el impacto que esto puede tener, especialmente sobre la agricultura; y el otro aspecto es la incorporación, en el artículo 1º transitorio, de un mecanismo de pago en parcialidades. De este modo, los agricultores podrán pagar en forma diferida el mayor gasto que deberán enfrentar por el alza en las contribuciones. Valoramos y estamos de acuerdo con esa norma.
Como nos preocupa que ahora vaya a entrar en vigencia el alza en las contribuciones, efecto que finalmente tiene el proyecto, es de nuestro mayor interés, dada la situación por que atraviesa la agricultura, postergar la fecha del reavalúo de los bienes agrícolas y, por lo tanto, es necesario que el proyecto pase a una Comisión Mixta, para lo cual la Cámara ha de rechazar tanto la fecha de entrada en vigencia como el artículo 2º transitorio, con el objeto de hacerlos concordantes con ese propósito.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿El señor diputado propone que de las modificaciones propuestas por el honorable Senado, además de las letras a) y b) del artículo 1º, se rechace el artículo 2º transitorio?
Tiene la palabra el diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , concretamente, las comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura han propuesto a la honorable Cámara rechazar la letra a) del artículo 1º, con el objeto de llevarla a Comisión Mixta, y aprobar íntegramente el resto de las modificaciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Las letras a) y b) del artículo 1º, señor diputado ?
El señor TUMA.-
Sólo la letra a), señor Presidente, porque la letra b) es de concordancia.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
¿Hay acuerdo de la Sala para rechazar las letras a) y b) y aprobar el resto de las modificaciones del Senado?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Como no hay acuerdo, se procederá a votar.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , entiendo que la preocupación de los colegas es respecto de las fechas establecidas en el resto del proyecto, para hacerlas concordantes con lo establecido en la letra a) del artículo 1º; pero no escapará al criterio de los señores diputados que si la Comisión Mixta fija una fecha de postergación distinta de la indicada en la letra a), automáticamente tendrán que modificarse las letras posteriores para cambiar la fecha de 2002 a 2003 y, por lo tanto, no es necesario rechazar el resto de los artículos, porque eso, posteriormente, pueden adecuarse por Secretaría.
He dicho.
El señor TUMA.-
Muy bien.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , comparto la proposición de las Comisiones unidas de postergar la vigencia del reavalúo de los bienes agrícolas. De hecho, el año pasado, cuando la Cámara debatió el proyecto, el representante del Servicio de Impuestos Internos señaló que la situación del sector agrícola del país no estaba como para efectuar dicho reavalúo, criterio con el cual concuerdo, por lo que su postergación sería bienvenida.
Propongo fijar la vigencia de los nuevos avalúos a contar del 1 de enero de 2005, tema que ha sido conversado con los representantes del Ejecutivo, quienes no se han pronunciado al respecto, pero creo que existe algún grado de voluntad en ese sentido.
Asimismo, quiero hacer presente que cuando las Comisiones unidas habían comenzado a discutir sobre los nuevos beneficios de los artículos transitorios, el presidente de la Comisión de Hacienda señaló que había que apurar la votación, por lo que no pudimos conocer las explicaciones del Ejecutivo sobre cuáles eran tales beneficios, los que, aparentemente, son varios.
Con posterioridad, los representantes del Ejecutivo me han señalado que los beneficios para la Décima Región son amplios, pero desconocemos en qué consisten; es decir, no contamos con antecedentes suficientes para votar en conciencia, pues no sabemos si las disposiciones perjudican o no a la agricultura. Por lo tanto, los perjuicios que eventualmente puedan generarse debido a la forma en que votemos serán de responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo, debemos acoger la postergación que proponen las Comisiones unidas y hacer fe respecto de lo que ha manifestado el Ejecutivo , en cuanto a que los beneficios que se establecen para la agricultura son amplios.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , el año pasado aprobamos la postergación de la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas basados en los antecedentes correspondientes. Sin embargo, la información que en esta ocasión recibimos de las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura, sobre todo la que entregó esta última, no fue suficiente, lamentablemente, para adoptar una decisión.
Quiero subrayar que al momento de efectuar el reavalúo no existe diferencia entre la agricultura del sur y la de la zona central, porque hablamos de más de 25 mil predios que pagarían sobre la base de un reavalúo distinto. Se trata de familias del norte, del centro y del sur, las cuales, en su mayoría, trabajan como pequeños agricultores.
Por eso, estimo que debemos aprobar lo que acordaron las Comisiones unidas, en cuanto a rechazar las modificaciones del Senado a la letra a) del artículo 1º, a fin de que pase a Comisión Mixta para su discusión. Sin embargo, el resto de las enmiendas y del articulado constituyen, sin duda alguna, beneficios para la pequeña agricultura.
Por eso, pido que votemos para aclarar esta situación de una vez por todas.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Los diputados que han hecho uso de la palabra han concordado con las proposiciones de las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura en cuanto a que pasen a Comisión Mixta las modificaciones del Senado recaídas en las letras a) y b) del artículo 1º del proyecto.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, propongo rechazar las letras a) y b) del artículo 1º y aprobar el resto de la iniciativa.
¿Habría acuerdo?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , hemos propuesto rechazar sólo la letra a) del artículo 1º.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para rechazar sólo la letra a) del artículo 1º?
No hay acuerdo.
En votación las modificaciones del Senado a la letra a) del artículo 1º del proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 63 votos. No hubo abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Rechazadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En votación las modificaciones a la letra b) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 8 votos. No hubo abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En votación los artículos 1º, 2º y 3º transitorios.
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados.
Aprobados.
Despachado el proyecto.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que posterga la vigencia del reavalúo de bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica, con los honorables diputados señores Fernando Meza, Carlos Recondo, Enrique Jaramillo, Exequiel Silva y José Antonio Galilea.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
ANÁLISIS DE NORMATIVA VIGENTE SOBRE PAVIMENTACIÓN COMUNAL.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 190.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 190, del diputado señor Varela, de la diputada señora González, doña Rosa; de los diputados señores Rojas, Ojeda, Melero, Kast, Burgos, Meza y Araya, y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
“Considerando:
Que la ley N° 8.946, por la cual se fijó el texto refundido de las leyes de pavimentación comunal, publicada en el Diario Oficial el 20 de octubre de 1949, le encomendó al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) el estudio y la elaboración de todos los proyectos de las nuevas obras de pavimentación y repavimentación de las calzadas y aceras, como, asimismo, los trabajos de su conservación y reparación.
Que, según esta normativa, no hay duda de que la responsabilidad -en cuanto a la pavimentación, repavimentación, conservación y reparación de las calzadas y aceras le corresponde al Serviu, a diferencia de lo que ocurre con las normas que regulan a las municipalidades, toda vez que su ley orgánica las faculta para realizar este tipo de trabajos a costa de sus propios recursos, pero de manera opcional y no obligatoria, como se establece para el Serviu.
Que la evidencia demuestra que el Serviu no logra satisfacer las necesidades -en materia de pavimentación- de todas las municipalidades del país, precisamente por la carencia de recursos, lo que origina en forma subsidiaria e indirecta desembolsos cuantiosos por parte de las municipalidades.
Que, actualmente, los municipios realizan denuncias por el mal estado de sus calles ante el Juzgado de Policía Local de su jurisdicción, de modo de precaver eventuales responsabilidades en lo futuro, configurándose en la práctica una especie de seguro ante imprevistas demandas, pero que en definitiva no soluciona el problema de fondo.
La Cámara de Diputados acuerda:
Requerir al ministro de Hacienda y Urbanismo que analice la normativa vigente en materia de pavimentación comunal; decida la derogación o modificación de la ley N° 8.946, con el propósito de radicar en los municipios, de manera definitiva, la responsabilidad por falta de servicio en la mantención, pavimentación, repavimentación y reparación de calzadas y aceras, otorgándoseles, al mismo tiempo, los recursos financieros y presupuestarios que en la actualidad se le dan al Serviu para estos fines, con el objetivo de lograr una mejor administración de los recursos y de solucionar los problemas que se presentan en la actualidad.”
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , la ley Nº 8.946, por la cual se fija el texto refundido de las leyes de pavimentación comunal, publicada en el Diario Oficial el 20 de octubre de 1949, es decir, hace 54 años, le otorgó al que ahora es el Serviu, el estudio y la elaboración de todos los proyectos de obras de pavimentación y de repavimentación de calzadas y aceras, como asimismo las obras de reparación y conservación de los mismos. Por lo tanto, hasta el día de hoy dicho servicio debe preocuparse de efectuar esas obras. A su vez, la ley orgánica de Municipalidades faculta a los municipios para realizar esas obras, con cargo a sus propios recursos y de manera opcional y no obligatoria, como se establece para el Serviu.
Desde 1949 a la fecha el país ha crecido, y en este momento el Serviu no logra satisfacer las necesidades de pavimentación de todas las comunas, precisamente, por la insuficiencia de recursos. El hecho de realizar algunas obras significaría grandes desembolsos de recursos municipales. Actualmente, los municipios denuncian el mal estado de sus calles ante el juzgado de policía local respectivo, a fin de precaver eventuales responsabilidades.
Este proyecto de acuerdo, firmado por todas las bancadas, es decir, compartido en forma transversal, pide al Ministerio de Vivienda que se modifique la ley, y que los recursos que hoy se entregan al Serviu sean traspasados a los municipios, de modo que estos queden a cargo de la pavimentación de las calles.
Solicito a la Sala la unanimidad para aprobar el proyecto de acuerdo, que es de absoluta necesidad para todas las comunas del país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-
Señor Presidente , anuncio mi respaldo al proyecto de acuerdo, en función de la necesidad de descentralizar la gestión de las municipalidades.
Este proyecto de acuerdo constituye una medida descentralizadora de primera importancia. En la mayoría de los países, las pavimentaciones de nivel comunal están en manos de los municipios. Este es un país tan centralizado que la pavimentación de cada pasaje, de cada comuna, de las soleras, así como la construcción de obras de características netamente comunales, están en manos de un servicio centralizado como es el Serviu.
Los recursos con que actualmente cuenta el Serviu serán mucho mejor invertidos si se traspasan a los municipios.
El costo promedio del metro de pavimentación por los municipios es mucho más bajo que el del Serviu, por lo que entregarle estos recursos constituye una medida de buena administración y permitirá focalizar mejor la inversión. Asimismo, habrá una mejor coordinación de las obras.
De manera que el proyecto de acuerdo no sólo tiene implicancias de carácter administrativo y económico, sino también es una medida descentralizadora de primera importancia.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , lamento tener que dar la nota negativa respecto del proyecto de acuerdo en debate, pero aun cuando entiendo el sentido profundo de la propuesta respecto de la descentralización de los servicios y la ejecución directa de las pavimentaciones por los municipios, al tenor de su texto no se logra ninguno de los objetivos que se pretende conseguir. Al contrario, porque traspasar hoy, tal como está, la ejecución material de los pavimentos; traspasar la responsabilidad -como dice el proyecto de acuerdo-, desde el Serviu a los municipios, junto con los recursos financieros que ahora se entregan al Serviu, es no traspasar nada, porque, desgraciadamente, los presupuestos para este rubro que ha aprobado esta Cámara -lo hemos visto consistentemente al menos en los últimos tres años-, se reducen cada vez más. Por tanto, el traspaso de esa responsabilidad a los municipios será inoperante.
Hay que buscar otras vías. Por ejemplo, en Curicó el municipio se encarga de las aceras, y el Serviu, del pavimento, con lo que se ha logrado paliar, en gran medida, el déficit de pavimento que sufre esa comuna, como la mayoría en el país.
Por tanto, aun cuando comparto el fondo de lo planteado, sugiero elaborar un proyecto concordante con la proposición efectiva de descentralización. Pero no sólo se le debe traspasar a los municipios la facultad para ejecutar dichas obras, sino, efectivamente, entregarle los recursos para que sea eficiente. Tal como está formulado, no conduce a ninguna parte.
Por eso, me voy a oponer al proyecto.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , proyectos de acuerdo similares han sido aprobados en dos o tres ocasiones, pero no han tenido éxito por una razón bien sencilla.
En primer lugar, si se revisa el presupuesto nacional para el 2003, se verá que la Inversión Sectorial de Asignación Regional, Isar se amplió y los recursos de pavimentación están a nivel de gobiernos regionales y no del Serviu, salvo los de vialidad intermedia, que son los ejes viales fundamentales de las ciudades.
A mi juicio, es muy importante que haya una instancia de supervisión técnica en los pavimentos. Ese es un rol que no se le puede quitar al Serviu, porque sería absurdo. Alguien tiene que vigilar la calidad; el Serviu lo hace mal, pero los municipios lo hacen pésimo. La primera instancia de revisión son los municipios; la segunda, el Serviu, y no funcionan bien ni una ni otra.
La otra razón, a diferencia de lo señalado por el diputado Rodrigo González , es que experiencia demuestra todo lo contrario. El municipio que quiera hacer un pavimento lo puede hacer. Nadie se opone a eso, siempre que exista acuerdo con los vecinos. El problema es que el costo sube en un 50 por ciento. No es lo mismo negociar paquetes grandes con gente que es experta en la materia que con aquella que no la tiene. Tanto es así que los gobiernos regionales y en general, las Isar, han negociado con el Serviu de vuelta, porque ellos dicen que éste tiene experiencia en eso.
Es bueno que los municipios tengan más flexibilidad, pero se necesitan instancias, como la del gobierno regional, que se preocupen de la pavimentación en las regiones. Nunca se habían pavimentado tantas calles en Chile y tantos metros cuadrados como en estos años. El programa de pavimentación participativa ha sido espectacular y ha permitido que se pavimenten muchas calles y pasajes a lo largo de todo Chile. Pero, básicamente, el problema ha estado en la supervisión, en el control de la calidad de los mismos. En esto, el Serviu ha llevado a cabo distintas fórmulas, y ninguna ha resultado. La primera instancia de revisión son los municipios, pero tampoco ha funcionado.
Por eso, en los términos en que está el proyecto de acuerdo no agrega ni aporta mucho. Se ha aprobado ya dos veces; ésta sería la tercera. No se avanza porque hay razones técnicas de fondo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
IGUALDAD EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 191, de los diputados señores Walker y Olivares.
“Considerando:
Que la ley N°19.688 modificó la ley orgánica constitucional de Enseñanza en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas, o que sean madres lactantes, de acceder a los establecimientos educacionales.
Que esta ley pretendió terminar con la discriminación de algunos establecimientos educacionales en contra de las estudiantes embarazadas, lo que se traducía en un aumento de abortos y en un perjuicio directo para las madres en etapa escolar, quienes se veían privadas de las herramientas necesarias para su futura vida laboral.
Que la ley N°19.688 determinó que los establecimientos educacionales deberán otorgar las facilidades "académicas del caso", las que no se encuentran definidas. En los hechos, se presentan situaciones en las que a las escolares embarazadas no se les permite presentar pruebas o exámenes adicionales con objeto de obtener las calificaciones exigidas, lo que se refleja en un aumento de la deserción escolar.
Que, no obstante los beneficios buscados por la ley N°19.688, la práctica ha demostrado la falta de un reglamento que comprenda sanciones y mecanismos de control para que las estudiantes embarazadas reciban una educación similar al resto de los estudiantes, garantizándoles que tanto las materias académicas como el horario de clases y los métodos de evaluación sean similares a los vigentes para el resto de los estudiantes.
Que a lo anterior se suma la necesidad de establecer un procedimiento de reclamación administrativo, ya que, de acuerdo con la legislación vigente, la única vía legal que pueden utilizar las estudiantes perjudicadas es el recurso de protección, mecanismo inadecuado y de larga tramitación.
Que, en razón de los antecedentes expuestos, es necesario dictar un reglamento que regule la aplicación de la ley 19.688 y contenga, como mínimo, un procedimiento de reclamación en contra de las medidas que adopten los establecimientos educacionales en perjuicio de las estudiantes embarazadas.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República y, por su intermedio, al Ministro de Educación , que se elabore un reglamento para la aplicación de la ley N° 19.688, que modificó la ley orgánica constitucional de Enseñanza en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas, o que sean madres lactantes, para acceder a los establecimientos educacionales.
Es menester que el reglamento señalado considere:
- Un procedimiento administrativo de reclamación en contra de los establecimientos educacionales que no den cumplimiento cabal a la ley N°19.688, y
- Mecanismos de control y reglamentación destinados a establecer criterios de igualdad y unidad entre el sistema educacional proporcionado a las estudiantes embarazadas y el correspondiente al resto de los estudiantes.”
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar en favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo apunta a hacerse cargo de una discriminación que hoy existe en muchos establecimientos educacionales en contra de las estudiantes embarazadas, práctica que facilita y promueve, muchas veces, acciones tan lamentables como el aborto, y que, por supuesto, produce la deserción escolar.
Si bien la ley Nº 19.688 determinó que los establecimientos educacionales deben otorgar las facilidades académicas del caso, las que, muchas veces, no están definidas, en la práctica existe un número importante de escolares embarazadas a las cuales no se les permite presentar pruebas o rendir exámenes para obtener una calificación.
En ese sentido, el problema fundamental es que no hay un reglamento, y existe claramente la necesidad de un procedimiento de reclamación administrativa. De acuerdo con la legislación vigente, la única forma de reclamar es a través de un recurso de protección, trámite que muchas veces resulta engorroso e inadecuado.
Por tanto, es preciso que se elabore un reglamento para la aplicación del cuerpo legal que modificó la ley orgánica constitucional de Enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes embarazadas o que sean madres lactantes de acceder a establecimientos educacionales, reglamento que, a su vez, debe considerar un procedimiento administrativo de reclamación en contra de los establecimientos que no den cumplimiento a la ley. Además, es preciso que se establezcan mecanismos de control y reglamentación destinados a establecer criterios de igualdad y unidad en el sistema educacional, tanto a las estudiantes embarazadas como para el resto de los alumnos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobaría por unanimidad.
Aprobado.
VII. INCIDENTES
MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo correspondiente al PPD, tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , la zona cordillerana y precordillerana de la Región de La Araucanía, año tras año, es objeto de fenómenos climáticos, especialmente en invierno, que afectan gravemente a sus esforzados habitantes, quienes sufren considerables pérdidas en sus cosechas, de las cuales obtienen el sustento básico para su alimentación, así como en sus animales, los cuales, debido a las bajas temperaturas, pierden peso y muchos mueren o son afectados en sus pariciones. Todo lo anterior, en definitiva, se traduce en una cada vez más deteriorada economía familiar campesina.
Esta situación, que se repite año tras año, afecta en particular a los habitantes de Lonquimay y Melipeuco -el diputado señor Meza me dice que ocurre lo mismo en Curarrehue-, sólo por nombrar a las comunas en las cuales ocurren los casos más críticos, a los cuales periódicamente los ministerios de Agricultura e Interior deben hacer frente con todo tipo de ayuda, tanto en alimentación para la población como en forraje para los animales. Por cierto, espero que ya se estén tomando los resguardos para atender este tipo de emergencias este año, que, por lo demás, no constituyen ninguna novedad.
También quiero referirme a otro tipo de emergencia tan grave como la anterior, a la cual tal vez no le hemos prestado atención suficiente y que tiene muy inquieto a sus habitantes, en especial a los de Melipeuco. Me refiero a los desbordes de sus ríos, los que arrasan con todo lo que encuentran a su paso e inundan un importante número de hectáreas.
El fenómeno que allí se produce no es menor, ya que los ríos, principalmente el Carén, el Allipén, el Tracura y el Llaima, antes de las crecidas propias de la temporada de invierno, descienden de los sectores más altos de la cordillera con abundante agua, prácticamente al mismo nivel de la superficie de la tierra, por lo que no se necesitan grandes precipitaciones para que desborden y provoquen lamentables consecuencias.
Lo que acabo de relatar ocurre todos los años en la comuna de Melipeuco, y los efectos más inmediatos del desborde de los ríos son el socavamiento de terrenos, inundaciones en bosques y siembras, embancamiento de arena en los cauces y corte de caminos vecinales. En definitiva, pérdida de patrimonio y de seguridad de esforzadas familias, cuya sola presencia en estos escarpados lugares debiera ser motivo de orgullo para todos los chilenos.
Solicito que se oficie de manera urgente al director de Obras Hidráulicas , a través del Ministerio de Obras Públicas, a fin de que elabore un estudio hidrogeológico, y, en caso de que existiera, lo ponga a nuestra disposición, de manera que en conjunto con la inquieta población rural de Melipeuco dispongamos de información respecto de la planificación que busca mitigar los efectos producidos por los señalados ríos.
En atención a las dramáticas experiencias que en ocasiones anteriores han debido soportar distintos sectores de la comuna de Melipeuco, cuyos habitantes, con alarma, han informado de ello al diputado que habla, mencionaré los siguientes: comunidad Tralol Alonso , afectada por el río Carén ; comunidad Manquilef , ubicada en el sector Cherquén Bajo, afectada por el río Llaima ; comunidades Hilario Lienlaf , Francisco Huenchumil y Mariano Melillán , todas ellas afectadas por el río Llipén. Tampoco escapan de esta realidad los sectores de Carén Alto y Carén Bajo.
A partir de los estudios y conclusiones a que se arribe, se deberá actuar con prontitud, en especial en los sectores más críticos. Para ello, en un primer momento habrá que disponer de maquinaria pesada, sin descartar la futura construcción de defensas ribereñas en los puntos donde el daño pueda resultar irreversible.
Por lo anterior, solicito que se oficie a los ministros de Agricultura, del Interior y de Obras Públicas , a fin de que se informen de esta situación; al director de Vialidad y al alcalde y concejales de la comuna de Melipeuco; al intendente de la Región de La Araucanía ; al gobernador de la Provincia de Cautín ; al seremi de Obras Públicas y, en especial, al director de Obras Hidráulicas , a fin de que dé una respuesta al fondo del planteamiento señalado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
VÍCTIMAS INOCENTES DEL CONFLICTO BÉLICO ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRAK
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO , doña Laura.-
Señor Presidente , hoy no es un día cualquiera para el mundo. Quienes somos madres quisimos impedir, bajo el lema de “no en mi nombre”, la muerte de un millón de niños por los efectos del hambre o de las balas; sin embargo, ese llamado fue desoído.
Hoy, a miles de kilómetros, esto golpea la conciencia de la humanidad, porque se ha bombardeado Irak. Y a pesar de que el Santo Padre imploró hasta el último minuto que no hubiera guerra, de todos modos se lo desoyó.
Todos los lamentos son inútiles. Con mucha fuerza buscamos que la Cámara tuviera un gesto y guardara un minuto de silencio por las víctimas inocentes de este conflicto: me refiero a niños y mujeres, muchas de las cuales, en estado de gravidez, esperaban un milagro, que, lamentablemente, no se ha producido.
La actitud de la Derecha me ha provocado mucho dolor, porque impidió que hablara cuando pretendía plantear la necesidad de hacer presente un gesto mínimo de sensibilidad frente al dolor que producen estos acontecimientos.
He querido dejar constancia de esta situación porque hoy me siento frustrada como chilena, pero aún más como mujer y madre.
He dicho.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , concuerdo con las palabras de esta distinguida parlamentaria por la Quinta Región. Chile entero está conmovido, y lamento que no se quieran conocer más a fondo las cosas por las cuales la humanidad está pasando hoy.
Gracias, Laura Soto , por representarnos tan bien con tus palabras.
INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS DE PLANTACIONES DE EUCALIPTO EN CAUCES DE AGUA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , quiero referirme a un tema que está complicando, una vez más, a la agricultura y al hábitat de los ciudadanos de la Décima Región de Los Lagos. Tiene que ver con las plantaciones de eucalipto. Seguramente, en la Novena Región está sucediendo lo mismo.
Si bien se hacen elogios por tener hoy miles de hectáreas plantadas, existe, como contrapartida, una consecuencia negativa para la calidad de los suelos y, sobre todo, para la disponibilidad de agua en la zona.
La actual demanda de agua, que complica la sobrevivencia en el mundo rural, nos ha hecho pedir a la Conama que intervenga, especialmente en lo relacionado con las plantaciones de eucalipto.
He podido constatar en mi distrito, y también en parte de la Décima Región, el daño que se está causando al realizar plantaciones de este tipo de árbol cerca de los ríos y de los esteros. En el mundo rural, esas aguas constituyen el vital elemento para la vida humana, ya que se las utiliza como potable, porque en esos lugares todavía no existe ese servicio.
Por eso, solicito que se oficie, en mi nombre, al ministro de Agricultura , para que a través de la Conaf se informe, de manera urgente, sobre los resguardos que esa entidad ha tomado para evitar estos daños en la Décima Región de Los Lagos y, en particular, en el distrito 54, que represento. Pido también que se me entreguen los antecedentes científicos de que disponga ese servicio sobre los efectos de las plantaciones de eucalipto y del pino radiata, sobre todo en la ribera de los pequeños cursos de agua, esteros, etcétera.
Asimismo, pido que se oficie al ministro Secretario General de la Presidencia para que, en su calidad de superior jerárquico de la Conama, instruya a ese servicio a fin de realizar una investigación en la Décima Región, con la finalidad de avanzar, en el ejercicio de su competencia normativa, en nuevas normas regulatorias o generar programas que eviten o mitiguen los daños, tanto a los recursos de agua y suelo como a las condiciones en que viven las comunidades humanas, asentadas, por supuesto, en las cercanías de estas plantaciones en la Décima Región.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PREVENCIONES ECONÓMICAS ANTE GUERRA ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRAK. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , en nuestra Cámara se ha condenado, una vez más, la guerra entre Estados Unidos e Irak, porque son muchas las personas inocentes que caen, porque son muchos los que nada tienen que ver con los intereses económicos y políticos que están en juego.
Por eso, me sumo a la condena de esta guerra atroz, que va a traer muchas secuelas para el mundo.
A quienes hemos manejado situaciones en sectores económicos como la minería, los periodistas nos han consultado sobre cuáles son los aspectos que podrían verse afectados.
Todos los productos de exportación de Chile, sobre todo los que llegan a los mercados internacionales, como Estados Unidos, podrían tener algunos efectos graves por los problemas aduaneros, por los seguros y por el aumento en el precio de los transportes.
El principal producto de exportación que tenemos en Chile es el cobre, el cual podría verse afectado por esta situación, tanto el producido por las empresas estatales como el generado por las empresas privadas.
Tengo información de que se han tomado algunas medidas de resguardo en Codelco Chile, empresa del Estado, pero quiero insistir en algunas de ellas que podrían tener efectos a corto plazo.
En primer lugar, debo reconocer los esfuerzos que ha hecho esta alianza estratégica entre ejecutivos y trabajadores de Codelco Chile para disminuir los costos de producción en cada una de las divisiones.
Al respecto, puedo informar que la división Radomiro Tomic tiene el cash cost o costo de producción más bajo de Codelco Chile, que asciende a 32,8 centavos de dólar la libra.
Es importante señalar esta cifra, porque es una referencia que puede ser utilizada en los estudios que se hagan en la pequeña y mediana minerías, en Enami o en otras empresas.
Para poder tener una referencia, daré a conocer los costos de producción de otras divisiones. Chuquicamata tiene un costo directo de producción de 39,6 centavos de dólar por libra de cobre; El Teniente, 40,3 centavos. La más cara de todas -en este punto me quiero detener- es la división El Salvador -que tiene una incidencia fundamental en nuestra región de Atacama, en la provincia de Chañaral y en todas las ciudades principales, como Copiapó, porque muchos trabajadores y familias viven en dicha ciudad y dependen del trabajo de esta división-, que, con mucho esfuerzo, ha llegado a un costo directo de producción de 69,4 centavos de dólar por libra en este año. Las causas de este alto costo directo de producción se deben fundamentalmente a la baja ley del recurso que se está explotando en El Salvador, que no supera el 0,7 ó 0,8 por ciento de cobre por tonelada extraída.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor ministro de Minería y a Codelco Chile, con el objeto de que se destinen recursos especiales para desarrollar un plan de reconocimiento de reservas, tanto en los actuales proyectos de La Damiana y San Antonio , que están próximos a la división El Salvador, como en un área mayor, porque se ha comprobado que existen interesantes yacimientos de cobre, oro y plata cerca del límite con Argentina. Ellos pueden ser explotados por la división El Salvador y beneficiados en esa localidad, que cuenta una gran planta de concentración, con equipos de trabajadores especializados y con una fundición en Potrerillos, que tiene los más bajos costos de operación del país en materia de fundición y refinación de cobre, lo que permitiría bajar los costos directos de producción de dicha división en un futuro cercano.
En definitiva, Codelco Chile está en condiciones de defenderse de los problemas que pueden presentarse por la guerra entre Irak y los Estados Unidos, pero también debemos tener una información oportuna para tomar los resguardos necesarios.
La situación económica nacional podría enfrentar algunos riesgos provocados por el aumento de la tasa de cambio, originada en una gran demanda de dólares. También deberían adoptarse mecanismos para defenderse de las alzas inusitadas que pudieran afectar a los commodities requeridos por Chile, como el petróleo crudo, que hoy tiene un precio normal, pero que podría elevarse a causa del conflicto, provocando una fuerte presión inflacionaria, como hemos visto en los últimos dos meses.
Reitero, Chile debe tomar medidas para enfrentar estas situaciones, pues, de lo contrario, podría ver afectada su economía, pues estos desequilibrios pueden provocar inflación y alzas de precio de insumos fundamentales, lo que, a su vez, deterioraría la economía doméstica de la gente más vulnerable del país.
Por ello, reitero que se oficie a los ministros de Minería y de Hacienda en los términos señalados.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría.
REVISIÓN DEL PRECIO DE TERRENOS EXPLOTADOS POR OCUPANTES DE “CANTO DEL AGUA”, REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES .-
Señor Presidente , una de las políticas de nuestro Estado es otorgar facilidades a las personas para ocupar territorios que son considerados inhóspitos para la vida del ser humano, la cual obedece a la necesidad de hacer patria en todo su vasto territorio.
En la Región de Atacama hay sectores en los que se hace difícil vivir, trabajar y producir.
Hace algunos años, un sector específico, Canto del Agua, estaba bastante despoblado y existían pocas posibilidades de introducir algunos cultivos. En los años ’90, el gobierno, a través de sus seremis, llevó a la práctica una política de incentivos con un grupo de ciudadanos chilenos, quienes se instalaron en Canto del Agua, invirtieron, perforaron pozos, produjeron distintos tipos de hortalizas y otros productos agrícolas, elevaron la calidad de vida de ese sector y aumentaron el valor de los terrenos.
En esa política, que el Ministerio de Bienes Nacionales implementó en la citada década, se les prometió a esas personas que una vez que se regularizaran los terrenos se les venderían a un precio que consideraría las condiciones que tenían cuando estaban inexplotados.
Con el paso del tiempo y el trabajo realizado en esos terrenos, su valor ha aumentado y la Comisión de Enajenación de Bienes Nacionales ha fijado un precio bastante mayor al que tenían cuando esas personas iniciaron su actividad productiva, con un gran esfuerzo e inversión.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales , a la señora subsecretaria de Bienes Nacionales , al seremi de Bienes Nacionales de la Tercera Región y a la señora Intendenta de Atacama para que la Comisión de Enajenación revise los precios fijados a los terrenos ocupados por este grupo de personas que, en forma esforzada, ha hecho patria en ese sector de Atacama.
Es de justicia que se respete el compromiso que los seremis de Bienes Nacionales del gobierno del entonces Presidente Aylwin asumieron con estas personas, en cuanto a fijar un precio adecuado a las condiciones que esos terrenos tenían cuando los recibieron, y que ellas, con su trabajo, han valorizado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Caraball y de los diputados señores Araya , Jaramillo , Escobar , Ortiz y Salas.
HOMENAJE A LA CIUDAD DE CALAMA EN SU 124º ANIVERSARIO. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Mario Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , el próximo domingo 23 de marzo la ciudad de Calama celebrará su 124º aniversario de soberanía chilena.
En esta oportunidad quiero enviar mis congratulaciones a esa querida ciudad, y, dada la imposibilidad de cantar porque no está la música de respaldo, me gustaría que quedara en el registro histórico de la Cámara de Diputados la bella letra de su himno, que leo a continuación:
“Junto al río que riega sus plantas
Se alza altiva esta bella ciudad
Y es el Loa que siempre nos canta
Nos mantiene en la prosperidad.
Calameños, juntémonos todos
Persiguiendo la misma ilusión
Y escuchemos nuestros corazones
Al compás de esta nueva canción.
Coro
Calama , ciudad heroica
Bastión de chilenidad
Su gente mantiene viva
La luz de la lealtad.
Calama de mis amores
Cuando lejos debo estar
Sólo sé que en el regreso
Está mi felicidad.
Minerales valiosos ofrecen
Las entrañas de nuestra región
Y las verdes campiñas florecen
Al conjuro del mágico don.
Prometemos unir intenciones
Al progreso de nuestra ciudad
Mientras se oye el clarín de la gloria
Reforzando nuestra voluntad.
Coro
Calama , ciudad heroica
Bastión de chilenidad
Su gente mantiene viva
La luz de la lealtad.
Calama de mis amores
Cuando lejos debo estar
Sólo sé que en el regreso
Está mi felicidad”.
Señor Presidente , solicito enviar, en nombre de la Cámara, y con copia de mi intervención, un oficio de congratulación al alcalde y a los concejales de Calama con motivo del aniversario de la ciudad.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Rojas, Ibáñez , Barros, Álvarez , Araya y Bayo.
INFORMACIÓN ACERCA DE ESTUDIO DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN SOBRE FRIGORÍFICO DE MAGALLANES.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , desde hace varios años una difícil situación económica afecta a Magallanes . Para superarla, una de las esperanzas sería el reimpulso de la actividad ganadera y de los mercados de la lana y de la carne. El de la carne fue señalado con mucha energía durante la discusión de la reciente aprobación del acuerdo con la Unión Europea. En esta misma Sala, la Canciller , Soledad Alvear , destacó como un elemento importante el aumento de la venta de toneladas de carne magallánica a Europa.
Al respecto, en Magallanes existe un frigorífico estatal que comercializa una cantidad importantísima de carne al año, algo desconocido por muchos chilenos. Resulta curioso, pero el Estado sigue vendiendo cerca de 120 mil corderos al año.
Hace cuatro años, como gran logro de la administración del Presidente Frei , se dijo que ese frigorífico sería mejorado. Para tal efecto, se invirtieron cerca de cuatro millones de dólares en modificaciones para acceder de mejor forma a los mercados europeos.
Desde hace dos, sabemos que el Gobierno del Presidente Lagos desea privatizar ese frigorífico, decisión pedida hace tiempo por mucha gente. Nos parece una decisión correcta. Lo habría sido mucho más si no se hubiera hecho la inversión que he mencionado durante el gobierno del Presidente Frei.
Podemos decir que la venta de cordero magallánico a Europa, Asia, Estados Unidos de América, México y al resto de Chile, a través de la isla Navarino, es un gran negocio, de mucha potencialidad. Pero ocurre que con una falta total de transparencia, el Gobierno de la Concertación del Presidente Lagos nos tiene a obscuras acerca de sus intenciones respecto de este frigorífico.
Hace diez días, el Presidente Lagos estuvo en Magallanes y nos dijo que no había ninguna intención de privatizarlo. Al día siguiente, fue contradicho por las propias autoridades del Sistema Administrador de Empresas (SAE), de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), al decir que estaba dispuesta la licitación.
Pero lo grave, por eso he querido intervenir en esta ocasión, es que nos han dicho que no hay y que no se ha entregado ninguna información, en circunstancias de que desde enero de este año existe un estudio, de más de setenta páginas, con todos los antecedentes de esta empresa: depreciación, amortización, costos, aplicación de las leyes de beneficio, etcétera. Ese estudio, que fue pagado por la Corfo y por el Sep, es decir, por todos los chilenos, se distribuyó a más de 120 inversionistas, la mayoría de ellos extranjeros.
Me consta, porque a pesar de que me negaban la existencia de ese informe, lo recibí de inversionistas españoles, ingleses, uruguayos, argentinos y de algunos chilenos. Lo grave es que ese informe se envió a 120 inversionistas y no a los más de 15 de la región de Magallanes y de otros lugares del país que públicamente han dicho que están interesados en el asunto.
Esto es inaceptable. Es la muestra de la falta de transparencia que tiene en no muy buen pie al gobierno del Presidente Lagos. Se niega que se va a privatizar una empresa, pero como todo el mundo lo sabe, termina reconociéndose. Se niega en qué fecha y, como todo el mundo sabe -de hace meses-, que se hará entre marzo y abril, ahora lo aceptan. Por último, lo más divertido: nos dicen que no hay ningún estudio sobre el particular, en circunstancias de que me consta que inversionistas españoles, ingleses, uruguayos y argentinos han hecho consultas sobre este informe ya enviado.
Si hoy se convocara a licitación, habría inversionistas, sobre todo extranjeros, con toda la información relacionada con la planta: depreciación, amortización, impuestos pagados, ley Navarino, etcétera, con la que cuentan desde hace más de cuarenta días. ¡Eso es inaceptable!
En esto ha habido abuso en el uso de información privilegiada y en el comportamiento del SAE, ( Sistema Administrador de Empresas de la Corfo (Corporación de Fomento de la Producción). Esta grave situación es un ejemplo más de cómo conduce el gobierno de la Concertación las materias económicas y, sobre todo, las materias empresariales: sin ninguna transparencia.
Por lo expresado, pido que se oficie al ministro de Economía , con el objeto de que el SEP y la Corfo informen cuando fue encargado el estudio, el monto que se pagó por él y a quien se le entregó copia entre el 1 de febrero y el 15 de marzo, principalmente, para demostrar la mentira y el desprecio por Magallanes al decirnos que tal estudio no existía o no había sido entregado y, por supuesto, que no hay información privilegiada.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por Señoría, con la adhesión de los diputados señores Escobar , Barros, Kast , Bayo, Araya y Olivares .
REFLEXIONES SOBRE LA GUERRA DE ESTADOS UNIDOS E IRAK.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , quizás éste no sea un buen día para polemizar, atendida la situación que vive el mundo, pero siempre es importante precisar algunos puntos, sobre todo en una Cámara política como lo es esta Corporación.
La diputada del PPD , doña Laura Soto -lamento que no esté presente- culpó a la Derecha por no haber podido, al inicio de la sesión, pronunciar un discurso político sobre la guerra de Estados Unidos con Irak.
Existe un Reglamento en la Cámara de Diputados que debe ser respetado. La guerra es un problema que conmueve a todos los chilenos, porque somos personas sensibles, y ni la sensibilidad ni la democracia son patrimonio de la Concertación y menos del Partido por la Democracia, sino de todos los chilenos. Orar o pedir un minuto de silencio por las muertes en Irak, se puede hacer en privado y no usar a la Cámara de Diputados para pronunciar encendidos discursos. Sin duda, se puede rechazar o apoyar la guerra. Eso es muy fácil cuando estamos tan lejos y no presenciamos cómo otros se matan.
Toda la sociedad chilena ha dado a conocer públicamente su rechazo a la guerra, porque afecta y afectará a millones y millones de personas, en especial niños y mujeres, que no hacen daño alguno. En política internacional, somos críticos del Gobierno por sus actitudes indecisas, declaraciones y manejos inoportunos que nuestra Cancillería ha tenido al interior del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Comparto las declaraciones del Presidente de la República emitidas anoche, una vez que comenzó el conflicto armado en Irak, en cuanto a que la guerra no llegará a Chile, debido a lo cual llamó a la calma. Si sus declaraciones hubiesen sido para condenar a los Estados Unidos por esta guerra habrían resultado totalmente precisas. No obstante, señaló que había que conservar la calma, porque la guerra no llegaría a Chile, lo cual todos sabemos.
Cuando hablamos de la guerra no sólo nos estremecemos, sino que compartimos el dolor de millones de personas que están combatiendo y que morirán. Por lo tanto, mientras dure ese conflicto quizás habrá muchos minutos de silencio y de oraciones, pero hay que hacerlas en privado, porque el país ya fue testigo de que el Gobierno nada pudo hacer para evitar la guerra.
Me importa mucho lo que está ocurriendo, pero quiero señalar, con mucho respeto, que eso no impedirá que la vida continúe su curso en el mundo. Chile es un país que debe seguir afrontando sus problemas. Cuando leo el diario y veo la televisión pareciera que temas muy importantes están guardados en el olvido. Espero que el Gobierno de la Concertación no abuse de su estrategia comunicacional y aproveche la guerra en Irak para tapar los graves hechos de corrupción ocurridos. Queremos a los culpables en los tribunales de justicia, pues son muchos los casos en que nombres de personas y partidos de la Concertación se repiten en esos escándalos.
A pesar del conflicto en Irak, los chilenos seguirán trabajando para que el país crezca y así bajar los actuales niveles de desocupación. Por lo tanto, estaremos alerta para seguir cumpliendo con la labor que nos compete como diputados: fiscalizar. Donde haya una irregularidad y un acto de corrupción estaremos allí para fiscalizar.
Por eso, el Gobierno no debe utilizar como pretexto una situación tan grave, sensible y delicada como la guerra en Irak para manejar comunicacionalmente al país y tratar de esconder la realidad que afecta a todos los chilenos.
He dicho.
DEPENDENCIA DE COMUNA DE NAVIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE JUSTICIA DE LA QUINTA REGIÓN. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente , en el trabajo distrital tenemos la oportunidad de recibir numerosas inquietudes. Quiero dar a conocer un problema que se está suscitando en la comuna de Navidad, Provincia Cardenal Caro, Sexta Región , producto de una realidad geográfica innegable.
La ubicación geográfica de esa comuna hace que su funcionamiento tenga una particularidad: pese a estar ubicada en la Sexta Región, sus habitantes acuden a atenderse en algunos servicios públicos de San Antonio Quinta Región y, por esa vía, con la capital. Debido a eso, hemos hecho numerosas gestiones para que también se puedan atender en el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y otras instituciones de San Antonio, porque la lógica indica que ésa debe ser la manera, gestiones en las que nos ha ido bien.
Sin embargo, los diputados que representamos distritos de la Sexta Región hemos sabido que la dependencia de los tribunales de justicia ha cambiado, por lo que los tiempos y las realidades se tornan dramáticas. Por ejemplo, el traslado del cuerpo de una persona fallecida vía Pichilemu, San Fernando y Rancagua , no tiene lógica versus el trayecto San Antonio-Santiago.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Justicia , a fin de que analice, en profundidad, la conveniencia de que la comuna de Navidad continúe dependiendo de los tribunales de justicia de San Antonio, Quinta Región, aun cuando está ubicada en la Sexta Región.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Pedro Araya .
ESTADO DE AVANCE DE PROCESO DE CONCESIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , quiero sumarme a las palabras vertidas sobre el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irak y condenarla, porque la vida humana sólo pertenece a Dios y ninguna persona puede disponer de ella. Ojalá esta guerra sea lo más breve posible y no cause tantas víctimas que lamentar.
Por otra parte, solicito que se oficie al director del Sistema Administrador de Empresas (SAE), organismo dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción, para que informe a la Cámara de Diputados sobre el estado de avance del proceso de concesión de la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta, porque existe mucha confusión en nuestra comunidad al respecto.
Asimismo, pido que el SAE informe, en el evento de que se decida concesionar o privatizar la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta, cuál será el destino de los recursos que se obtengan por esa concesión; si se estima que quedarán fondos para obras de desarrollo en la Segunda Región, o si una vez más Antofagasta generará recursos que luego se destinarán a nivel central.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE DOTACIÓN DE CARABINEROS E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN ANTOFAGASTA. Oficios.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , solicito se oficie al general director de Carabineros , a través de la Ministra de Defensa , con el objeto de que nos informe respecto de la cantidad de carabineros de la unidad policial de Antofagasta, especialmente de las comunas de Sierra Gorda, Mejillones y Taltal , y si ese número corresponde al nivel óptimo que debería mantenerse.
Asimismo, pido que se consulte del general director de Carabineros si se está estudiando la creación de nuevas unidades policiales en Antofagasta, ya que, según recientes informes del Ministerio del Interior, la delincuencia ha aumentado significativamente, superando el ciento por ciento de un año a otro. Antofagasta ha tenido un crecimiento bastante explosivo, pero se mantienen las mismas unidades policiales desde hace veinte años.
Por último, solicito que se oficie al ministro del Interior y a la ministra de Defensa Nacional , a fin de que el general director de Carabineros informe si el próximo año, o en el transcurso de éste, se considera la implementación del Plan Cuadrante en la comuna de Antofagasta, por las mismas razones señaladas: el alto índice delictual que presenta esa ciudad, el crecimiento poblacional y la gravedad de los delitos.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Girardi , Accorsi , Burgos y de quien habla.
INSTALACIÓN DE SUCURSAL DEL BANCO DEL ESTADO EN SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en estos trece años como representante popular de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, asumí el compromiso no sólo de legislar en los temas que interesan a la gente, sino también de estudiar en qué forma mi labor como diputado de la República puede ayudar a financiar las obras que necesitan las personas.
Así asumí el compromiso de gestionar la creación legal de las comunas de Chiguayante y de San Pedro de la Paz, lo cual es igual que tener un hijo: nace, se desarrolla, pero hay que ayudarlo en su desarrollo.
Por ejemplo, en Chiguayante logramos la creación de una oficina del Banco del Estado y en estos días se inaugura el edificio definitivo en esa comuna.
En San Pedro de la Paz sólo hemos logrado un punto de atención; pero he sido muy perseverante y he solicitado que se oficie al menos cuatro veces sobre el particular.
Tengo en mis manos la última respuesta del ministro de Hacienda , quien gentilmente -como siempre- me contesta oficialmente la solicitud que realicé en diciembre recién pasado sobre la instalación de una sucursal del Banco del Estado en San Pedro de la Paz. En su respuesta se adjunta -como corresponde- la nota oficial del subgerente de recursos y extensión de la red, señor Humberto Cipriano Zamorano , quien sólo repite lo planteado por mí en el oficio. Se nota que ni siquiera se tomó el tiempo de leer la intervención que le hice llegar, como representante popular de San Pedro de la Paz, en la cual le solicité el reemplazo del punto de atención del Banco del Estado, que funciona dos o tres veces a la semana, por una sucursal. Hoy se justifica plenamente, dada la población existente en ese lugar y el movimiento bancario que allí se ejecuta.
Por eso, solicito que se oficie nuevamente al ministro de Hacienda , para que, en lo posible, mi petición le llegue al presidente del Banco del Estado , mi gran amigo, ex colega y ex presidente de la Cámara , Jaime Estévez . Así como pude conseguir con don Andrés Sanfuentes , cuando fue presidente de esa entidad, la instalación de una sucursal y el edificio en Chiguayante y el punto de atención en San Pedro de la Paz, espero que ahora se acceda a esta solicitud que reiteraré personalmente en estos días.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decir a don Humberto Cipriano Zamorano , subgerente de recursos y extensión de la red del Banco del Estado, que San Pedro de la Paz es el polo de desarrollo más importante de la región. Basta analizar todas las construcciones, los proyectos inmobiliarios que hay desde Michahue hacia el camino a Coronel para darse cuenta de ello.
En caso de que no se haya considerado la instalación de una oficina del Banco del Estado para el presente año, que se contemple para el año 2004. De lo contrario, no tiene ningún sentido la propaganda de los pollitos, que dice que para el Banco del Estado siempre está presente lo que necesita la gente.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CONSULTORIO DE SALUD EN CHIGUAYANTE. Oficio.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en la comuna de Chiguayante existen dos consultorios de salud: el consultorio de La Leonera y el consultorio de la población Las Américas.
Ahora, los profesionales de la salud de la zona, en conjunto con su alcalde, plantearon la necesidad de construir un tercer consultorio.
Debo hacer presente que Chiguayante tiene 82 mil habitantes; la población que se beneficia con la atención de los consultorios de salud municipal asciende aproximadamente a 56 mil personas.
Un nuevo consultorio beneficiaría a más de 20 mil personas, y se podría construir en el sector de Chiguayante sur, en calle Pinares, entre Calle Dos y La Marina. Esos terrenos son de propiedad del Serviu y cuentan con una superficie de 2.279 metros cuadrados. Los trámites de comodato a 35 años comenzaron el 4 de junio de 2002, ante la Dirección Regional del Serviu.
El financiamiento del proyecto, por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, está dentro del convenio de programación de inversiones del sector salud para los años 2001 a 2006, y su fecha de ejecución está planificada para el presente año, por un monto de 500 millones de pesos, es decir, el financiamiento existe.
Es necesario construir este consultorio para 20 mil personas más.
Por eso, solicito, con mucha fuerza, que se oficie al ministro de la Vivienda y Bienes Nacionales , con el objeto de que instruya al seremi de Vivienda y Urbanismo, don Aldo Ramaciotti , y éste, a su vez, al director regional del Serviu, de la Octava Región , a fin de que se acceda definitivamente a entregar en comodato los terrenos señalados y se lleve a cabo la construcción del nuevo establecimiento de salud que beneficiará a 20 mil chiguayantinas y chiguayantinos.
Señor Presidente , sé que usted adherirá a mi petición porque sé que su Señoría vivió muchos años en Chiguayante, precisamente, cuando aún no era comuna.
De manera que el primer oficio está relacionado con la instalación de una sucursal del Banco del Estado en San Pedro de la Paz, petición que me formuló su alcalde , Jaime Soto , y el concejo municipal, y el segundo, con la entrega de terrenos en comodato para la construcción del tercer consultorio municipal de Chiguayante, que también me solicitó el sábado recién pasado su alcalde , Tomás Solís , y el concejo municipal.
El último oficio se relaciona con mi ciudad de Concepción. Desde 1990 que estábamos insistiendo en la pavimentación de la Avenida Los Carrera -está registrado en los boletines de la Cámara, y algunos colegas me dicen en forma no muy seria: ¡Otra vez la calle Los Carrera¡-, y ahí están los resultados: la calle pavimentada, porque nos preocupamos, año a año, de conseguir financiamiento.
Pero también hemos sido muy reiterativos sobre la pavimentación de la calle Paicaví de mi ciudad de Concepción. Estamos en marzo de 2003, y el ministro de Vivienda y Bienes Nacionales , don Jaime Ravinet , que siempre cumple, se ha comprometido a que, a más tardar, en agosto o septiembre de este año se haría el llamado a licitación para la pavimentación de la gran Avenida Paicaví, de Concepción, que aparte de generar desarrollo para la ciudad, tan necesario, vital e importante, también serviría de acceso a la comuna de Talcahuano.
Por eso, pido que se oficie al ministro Jaime Ravinet , a fin de que me informe cuándo se iniciará la pavimentación de la Avenida Paicaví. Debo reconocer que ya se cumplieron todas las otras etapas: expropiaciones y ampliación del estudio de ingeniería; pero los penquistas necesitamos saber cuándo se iniciará esa gran obra, tan importante para nuestra ciudad de Concepción.
Son los tres oficios que deseaba pedir en esta oportunidad.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Araya , de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.03 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Acusación constitucional contra el señor ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción señor Jorge Rodríguez Grossi .
"Honorable Cámara de Diputados:
Los diputados abajo firmantes vienen en presentar a esta honorable Cámara de Diputados, en virtud del artículo 48 N° 2 letra b) de la Constitución Política de la República, una acusación constitucional en contra del ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción don Jorge Rodríguez Grossi por infringir la Constitución y las leyes y por haber dejado éstas sin ejecución.
I. DE LOS HECHOS.
La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), creada en 1939, es el organismo estatal encargado de impulsar la actividad productiva nacional. Promueve el desarrollo económico de Chile, a través del fomento de la competitividad y la inversión para lo cual ofrece diversos instrumentos financieros, que incluyen créditos de largo plazo y cofinanciamientos a través de instituciones financieras.
Corfo, según el artículo primero del D. F. L. 211, de 1960 será "dirigida y administrada por un Consejo" este último presidido por el ministro de Economía , Fomento v Reconstrucción, cargo que al momento de los hechos que fundan esta acusación era desempeñado por don Jorge Rodríguez Grossi .
La institución, que maneja fondos equivalentes a $ 821 mil millones de pesos, se ha visto afectada por la sustracción y posterior comercialización de instrumentos financieros, retirados por uno de sus funcionarios de su bóveda y transados en el mercado secundario, provocando pérdidas equivalente a más de US$ 100 millones para Corfo, afectando seriamente a la confianza en el sistema financiero nacional, la imagen internacional de Chile, la calificación del riesgo país y la credibilidad en la probidad de las instituciones fiscales.
Según consta a la opinión pública, la Corfo tomó conocimiento de dicha sustracción el miércoles 5 de marzo, cuando el fiscal del Banco Santander, Gonzalo Romero , dio aviso acerca de la circulación en el mercado de sus papeles y del inminente vencimiento de algunos de ellos. Así, luego de realizar un arqueo, que no se efectuaba desde enero pasado, se verificó que el jefe de Tesorería del organismo, Javier Moya , entregó los documentos de la Corfo al mercado. Sin embargo, esta información, insólitamente, no se hizo pública ni se tomaron los resguardos necesarios, dando tiempo a los principales involucrados a retirar sus fondos, previendo la crisis que estallaría días más tarde. Esta tardanza irresponsable e inexplicable permitió que los documentos de Corfo se siguieran transando en el mercado.
Los hechos descritos han comprometido no sólo la estabilidad y la confianza en el sistema financiero chileno, sino también, y lo que es más grave, se ha defraudado la fe pública provocando un perjuicio a miles de chilenos y chilenas, usuarios del sistema, muchos de los cuales habían entregado sus depósitos y ahorros de toda una vida.
Es más, no se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 84 y 85 del Código de Procedimiento Penal, que obligan a todo funcionario público a denunciar "los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y especialmente los que noten en la conducta ministerial de sus subalternos", "dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tengan conocimiento del hecho criminal".
Dada esta inaceptable desidia e incumplimiento de la obligación legal antes señalada, durante la mañana del viernes 7 de marzo, el hasta entonces jefe de tesorería de Corfo , Javier Moya , retiró del Banco de Crédito e Inversiones $ 79 millones en fondos mutuos. Horas más tarde, Corfo informó al mercado que este señor había perdido sus facultades para operar en la mesa de dinero de la Corfo. Posteriormente, sólo en el anochecer de ese día Gonzalo Rivas , ex vicepresidente de Corfo , informó sobre un fraude por US$ 100 millones en el que estaban implicados Javier Moya y el grupo de empresas Inverlink .
En el intertanto, el presidente de dicho grupo económico, Eduardo Monasterio Lara , junto con ganar el tiempo suficiente para preparar su defensa, habría alcanzado a sacar del país US$ 140 millones, según afirman versiones de prensa.
La reacción legal de las autoridades de Corfo se hizo esperar hasta el sábado 8 de marzo, con la presentación de una querella criminal en contra de quienes resultaren responsables, sin solicitar orden de detención o arraigo en contra de quienes aparecían claramente implicados en los delitos denunciados, lo que les permitió a éstos presentarse voluntariamente ante la justicia para configurar una atenuante de responsabilidad penal.
Como si todos los hechos descritos no fueran lo suficientemente graves y reprochables, este último evento pone de manifiesto de modo inequívoco que se ha intentado por acción u omisión proteger o favorecer a quienes habían violado la ley, haciendo uso indebido del dinero de todos los chilenos, entregándoles las posibilidades de acogerse a atenuantes de responsabilidad penal. Circunstancia que era conocida o no podía ser menos que conocida por la autoridad fiscal y sus asesores jurídicos.
De este modo, el presidente del holding Inverlink, Eduardo Monasterio Lara y los operadores de la mesa de dinero del grupo, Patricio Collarte López y Eduardo Tapia Donoso proceden a autoinculparse en el 32º Juzgado del Crimen de la autoría de una estafa por US$ 100 millones a la Corfo, al igual que el ex funcionario de Corfo, Javier Moya.
En el texto de su autoinculpación, Moya señala que operó con la Corredora y la Consultora del Grupo Inverlink, durante el año 1993 y posteriormente desde 1999 a la fecha. Durante este año reconoce haber dejado en custodia del grupo Inverlink el equivalente a $ 35 mil millones. Luego relata que, a causa de los problemas de liquidez enfrentados por el grupo tras la crisis de desconfianza producida en el mercado por el escándalo de tráfico de información privilegiada desde el Banco Central hacia Inverlink , Monasterio y Tapia se reunieron con él para convencerlo de la necesidad de entregar liquidez al grupo, caso contrario éste debería utilizar los fondos de Corfo para cumplir sus compromisos. Así, en febrero de 2003 realizó un depósito a plazo por 10 mil millones de pesos a nombre de Corfo que entregó en custodia a la corredora Inverlink , y posteriormente otros depósitos sucesivos por aproximadamente $ 15 mil millones, $ 12 mil millones y $ 5 mil millones. Posteriormente informa, que el jueves 6 de marzo supo que la corredora Inverlink liquidó en el mercado secundario los depósitos a plazo y/o títulos de renta fija de Corfo, acusándola de haber cometido un ilícito tipificado en el artículo 470, Nº 1 del Código Penal. Por último, Moya reconoce haber recibido, desde 1999, una suma cercana a los $ 150 millones.
Finalmente, sólo el lunes 10 de marzo, el vicepresidente de Corfo, Gonzalo Rivas, renuncia a su cargo y los mercados comienzan a mostrar los efectos de la incertidumbre y la crisis de confianza en los depósitos a plazo.
II. DEL DERECHO APLICABLE.
1. Los ministros de Estado según la Constitución y 1a Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Según el artículo 33 de la Constitución Política de la República, "los ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado".
Esta disposición constitucional concibe a los ministros como autoridades públicas y no meros "secretarios privados" del Presidente de la República , considerándolos sus "colaboradores directos", de su exclusiva confianza, a los cuales se delega un ámbito preciso de las actividades del gobierno y la administración del Estado. De esta manera, son autoridades del Estado cuyas funciones, atribuciones y deberes están establecidos en la Constitución y las leyes, siéndoles plenamente aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental que consagran el principio de legalidad de los actos públicos y de la responsabilidad de las autoridades por los actos que cometan en el ejercicio de sus funciones.
Es decir, los ministros de Estado sólo pueden realizar aquello que la Constitución y las leyes indican y en la forma que en ellas lo establecen, siendo siempre responsables por sus acciones y omisiones.
Tan relevante es la concepción constitucional de los ministros en su rol de colaboradores directos del Presidente de la República en asuntos de la administración estatal, que el artículo 34 exige que deban "reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública". De esta manera, el constituyente se precave que la designación presidencial deba respetar principios básicos de capacidad e idoneidad en quienes descansará la dirección de importantes asuntos públicos.
Por su parte, La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado reitera y profundiza esta materia en diversos artículos, que citamos para destacar la responsabilidad que recae sobre tan altas autoridades del gobierno. Según el artículo 19 de esta ley, "los Ministerios son órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones." Agrega su inciso segundo que "para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector".
El inciso primero del artículo 20 del mismos cuerpo legal establece: "Los ministros de Estado , en su calidad de colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República , tendrán la responsabilidad de la conducción de sus respectivos Ministerios, en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél imparta"-
A su vez, el artículo 54 dispone que las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa, que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
Por último, el artículo 55 señala que el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas v acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.
2. La responsabilidad constitucional de los ministros de Estado
El artículo 48 N° 2 letra b) de la Constitución Política, establece que los ministros de Estado pueden ser acusados constitucionalmente, entre otras razones, cuando hubieren infringido la Constitución o las leyes o por haberlas dejado sin ejecución. Los ministros en definitiva son responsables constitucionalmente de las medidas que ejecuten o debieran ejecutar según la carta fundamental o las leyes, esto es, por acción y por omisión. Por su parte, el artículo 36 hace a los ministros personalmente responsables de los actos que firmaren y de los que suscribieren o acordaren con los otros ministros.
Si bien el ministro de Estado es de la exclusiva confianza del Presidente de la República y como tal no depende su cargo de la voluntad o confianza política del Congreso Nacional, la Constitución ha otorgado a la Cámara de Diputados y al Senado velar por que los ministros no incurran en ilícitos constitucionales, como lo es cuando infringen la Constitución o las leyes o las dejan sin ejecutar. De esta manera, lo que las dos corporaciones legislativas persiguen, es la responsabilidad ministerial por infracción a una norma constitucional, si bien la evaluación de los hechos está sometida a la sana crítica y la decisión final a una actuación como jurado.
La responsabilidad ministerial es un elemento central de un estado democrático, donde todas las autoridades deben cumplir lo que señala el ordenamiento jurídico. Sin embargo, y dado el carácter relevante de alguna de ellas, dicha responsabilidad, más allá de poder constituir un ilícito penal o conllevar una responsabilidad civil, corresponde ejercerla en casos precisos al Congreso Nacional.
Responsable es quien, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, "está obligado a responder de alguna cosa o de alguna persona" y responsabilidad es "cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado". Efectivamente, quienes tienen a su cargo la gestión del bien común en la administración de los negocios públicos deben responder, a la comunidad de los gobernados, de sus aciertos y desaciertos y esta responsabilidad se les hace exigible a través de los mecanismos constitucionales.
Los ministros de Estado pueden ser acusados constitucionalmente, entre otras, por las siguientes causales:
a) Infracción de la Constitución.- Esta causal se refiere a que el ministro transgreda o atente contra la Constitución, aun cuando no sea en forma flagrante o grotesca, sea por acción u omisión de normas materiales o formales.
b) Infracción de las leyes.- Al igual que la causal anterior, se trata en este caso de contravenir el mandato legal.
c) Por haber dejado la Constitución o las leyes sin ejecución. En este caso, el ministro de Estado no cumple lo que la Constitución o la ley ordena, violentando su mandato no mediante una acción, sino que inacción u omisión.
Interesante es destacar que una causal de acusación constitucional similar es aplicable al Presidente de la República , pero en dicho caso se requiere que la infracción sea "manifiesta". Respecto de los ministros de Estado , toda infracción, sea o no manifiesta, requiera de él un conocimiento experto o no, lo hace responsable y por una justa razón: los ministros de Estado son los colaboradores directos del Jefe de Estado en un ámbito restringido de los negocios públicos, por lo que la capacidad de resguardo y atención que puede exigírseles es mayor en este caso.
Dado que la Constitución presume que los ministros de Estado tienen un manejo cabal de los negocios confiados a su cargo, ellos deben desarrollar su acción pública con esmero, prudencia, en forma plena v responsable, como un buen padre de familia.
La responsabilidad ministerial es así amplia y conlleva la obligación de hacerse parte de los actos u omisiones que se desarrollen en el ámbito de los asuntos públicos que se le han confiado.
3. Normas Generales sobre Administración del Estado.
La ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece deberes específicos para las autoridades. Así es como dispone en el artículo 3°:
"La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, (..). ". A su vez, el inciso primero del artículo 5° establece: "Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública".
A mayor abundamiento, el artículo 10 agrega: "Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de tos organismos y de la actuación del personal de su dependencia." Y agrega el artículo que "este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones".
El artículo 11 agrega: "Las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o dictar normas, deberán velar permanentemente por el cumplimiento de aquellos y la aplicación de éstas, dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia". El artículo 11 bis prescribe que los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan y que la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.
El artículo 28, por su parte, dispone que los servicios públicos estarán a cargo de un jefe superior denominado Director, quien será el funcionario de más alta jerarquía dentro del respectivo organismo. Sin embargo, la ley podrá, en casos excepcionales, otorgar a los jefes superiores una denominación distinta. A los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que la ley les asigne. En circunstancias excepcionales la ley podrá establecer consejos u órganos colegiados en la estructura de los servicios públicos con las facultades que ésta señale, incluyendo la de dirección superior del servicio.
Como, resulta claro a la simple lectura de los artículos transcritos, las autoridades públicas, entre ellos los ministros de Estado , tienen claras obligaciones derivadas de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que se reducen no sólo a cumplir la Constitución y las leves, sino que actuar en forma eficiente y eficaz, debiendo los jefes de servicio controlar y los consejos u órganos colegiados velar por el cumplimiento de los objetivos, responder de su gestión.
4. El decreto con fuerza de ley N° 211, de 1960 (Ley Corfo).
El decreto con fuerza de ley N° 211, de 1960, que fija las normas por las cuales se regirá la Corfo, establece en su artículo 1° que la Corporación de Fomento de la Producción será dirigida y administrada por un Consejo, integrado en la siguiente forma:
1) El ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, que lo presidirá;
2) El ministro de Hacienda ;
3) El ministro de Agricultura ;
4) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación, quien, en caso de ausencia del titular, lo presidirá;
5) El ministro de Planificación y Cooperación;
6) El ministro de Relaciones Exteriores , y
7) Dos Consejeros designados por el Presidente de la República , uno de destacada trayectoria en el ámbito tecnológico y otro en el ámbito financiero. Al menos uno de ellos deberá tener además, reconocida experiencia en actividades productivas empresariales.
Agrega el artículo 6° del mismos DFL que corresponderá al Consejo de la Corporación, entre otras funciones, la de servir al Estado de organismo técnico asesor para promover y coordinar la inversión de los recursos fiscales, orientándolos hacia fines de fomento a la producción y para armonizar la acción del Estado con las inversiones de los particulares en igual sentido, tratando de dar a los recursos de que se puede disponer el destino más adecuado.
Al momento de verificarse los graves hechos señalados anteriormente se encontraba a la cabeza de Corfo y de su Consejo el señor Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Estado.
III. LA RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL MINISTRO DE ECONOMÍA SEÑOR JORGE RODRÍGUEZ GROSSI .
Los honorables firmantes consideramos que el señor ministro de economía Jorge Rodríguez Grossi tiene una doble responsabilidad en esta materia: como ministro de Economía en cuya área de influencia la Corfo desarrolla sus actividades, como al igual en su calidad de ministro de Estado que como tal ejerce la Presidencia del Consejo de Corfo . Esto es así, pues su comportamiento implica una actuación que no se aviene al mandato constitucional de ejecutar las leyes, al no haber adoptado los resguardos mínimos, correspondientes a un administrador medianamente competente, para impedir que un funcionario menor pudiere apropiarse de una cifra superior a los U$S 100.000.000.
La Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado establece que a los ministros les corresponde "campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones", debiendo "velar por el cumplimiento de las normas dictadas" (art. 19), teniendo igualmente la "responsabilidad de la conducción de sus respectivos Ministerios" (art. 20). Esta visión legal es clara: los ministros son responsables de lo que suceda en el ámbito de negocios que el Presidente de la República les ha confiado, debiendo consecuentemente responsabilizarse, en su ámbito, del cumplimiento de la Constitución y las leyes, tanto por las acciones u omisiones que se ejecuten.
De acuerdo al DFL 211 / 1960 de Corfo, el Consejo de este organismo tiene adjudicada la responsabilidad legal de dirigir y administrar Corfo . Si bien consideramos que todos sus integrantes detentan grados diversos de responsabilidad, es claro que el ministro de Economía don Jorge Rodríguez Grossi tiene una responsabilidad claramente mayor: él es el presidente del Consejo y ocupa dicho cargo en virtud de su calidad de ministro de Economía , pues dicha área de la gestión del Estado es parte relevante de su Ministerio, por lo que se presume un conocimiento acabado de la gestión de la Corfo.
Esta responsabilidad se incrementa por el hecho que el ministro señor Rodríguez al ser Presidente del Consejo de Corfo , es quien debe velar por que el Consejo cumpla su función, así como conducir, dirigir y administrar Corfo , dentro de las cuales cabe la supervigilancia de la operatividad de sus divisiones y el desempeño de sus funcionarios. En especial, en el resguardo del patrimonio de Corfo y en la debida observancia de la Constitución y las leyes. Esta es en esencia la función propia del Presidente de una institución como esta.
En efecto, el artículo l ° del DFL 211 / 1960 señala que la Corfo será dirigida y administrada por un Consejo, del cual el señor ministro Rodríguez es su presidente . "Presidir" ", según el Diccionario de la Real Académica de la Lengua Española en su Vigésima Primera Edición, es: "Tener el primer puesto o lugar más importante o de más autoridad en una asamblea, corporación, junta, tribunal........." ; "predominar, tener el principal influjo".
A partir de esta definición, tan clara e ilustrativa no podemos sino concluir que el ministro Rodríguez Grossi , en su calidad de Presidente no sólo tenía el primer puesto o el lugar más importante, sino que también la mayor obligación y se le exigía la mayor responsabilidad. Por tanto, hechos tan graves como los que fundan esta presentación, no podían sino ser conocidos o previstos por quien es la máxima autoridad.
El descalabro financiero que ha afectado a Corfo y que ha comprometido cuantiosos recursos fiscales demuestran que el señor ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi no adoptó las medidas necesarias y exigibles por la naturaleza de su cargo, para evitar esta desastrosa situación, no dirigió la Corfo en forma recta al cometido legalmente confiado ni le brindó regla alguna para evitar o prevenir este tipo de delitos. En efecto:
¿Es aceptable que, por más de tres años, un funcionario medio de Corfo, por sí solo, tuviera acceso a la bóveda en la cual se guardaban instrumentos mercantiles al portador o instrumentos endosables de elevados valores y pudiera disponer de ellos?
¿Es aceptable que no hubiera sistemas de control o auditoría efectivos para controlar la existencia diaria o, al menos semanal, de estos documentos?
¿Es aceptable que tratándose de valores tan significativos, una sola persona pudiera tener acceso a la bóveda y retirar los instrumentos mercantiles, sin control o supervigilancia alguna?
Claramente el ministro de Economía incumplió sus obligaciones legales de actuar dentro de la esfera de las materias confiadas, en contravención evidente con la obligación que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, tal es, actuar con responsabilidad, eficiencia y eficacia.
Del mismo modo es notable la infracción al inciso primero del artículo 5° de la misma ley, que establece: "Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de tos medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública."
No es comprensible que un organismo público que maneja dineros de los contribuyentes careciera de controles eficaces para evitar la sustracción de los documentos. Ello demuestra sencillamente una falta de preocupación de su Directorio, de su Presidente y del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación , en la manera como se manejaban dichos recursos, que no admite disculpa alguna.
Al interior de la Corporación debieron funcionar con normalidad y eficacia una serie de sistemas de control, auditorías y fiscalizaciones, para evitar lo ocurrido, lo que demuestra que las autoridades antes nombradas, y especialmente el Presidente del Consejo, no ejercieron sus funciones con responsabilidad, eficiencia y eficacia, tal como lo exige la Ley de Bases de la Administración del Estado.
Estamos seguros que, de tratarse de negocios propios, las autoridades habrían demostrado más preocupación por el funcionamiento de la mesa de dinero de la Corfo y no habrían celebrado reuniones y más reuniones de Consejo sin preocuparse realmente por su desempeño.
Si las diferentes autoridades u órganos llamados a fiscalizar o supervisar la gestión de Corfo, tanto interna como externamente, hubiesen cumplido a cabalidad sus respectivos roles, y ejercido las facultades legales de que se encuentran investidos -por perfectibles que ellas sean- el inmenso daño pudo ser evitado totalmente o en parte muy considerable. En el caso del ministro de Economía , precisamente por tener a su cargo el área de los negocios públicos y, por tal razón, tener la Presidencia del Consejo de Corfo , esta falta es muchísimo más grave, lo que obliga a perseguir su responsabilidad constitucional.
Igualmente tenemos la íntima convicción, que las autoridades de gobierno y el ministro de Economía en particular, fueron poco diligentes, ineficientes e incapaces en adoptar en forma pronta las medidas para evitar que las consecuencias financieras de esta situación contaminara el mercado de capitales, generara un manto de desconfianza nacional e internacional sobre el funcionamiento del mismo y evitara que los principales inculpados pudieran seguir retirando y administrando fondos mal habidos como preparando coartadas y autoinculpándose para aprovechar, de mala fe, atenuantes penales.
A lo anterior cabe agregar el incumplimiento a la obligación de denunciar dentro de las 24 horas de conocida la perpetración del delito, que le imponen los artículos 84 y 85 del Código de Procedimiento Penal. Tan grave es esta omisión o negligencia, que el propio Código la considera como falta penal y la sanciona con penas de prisión y multa, sin perjuicio de que se pueda llegar a considerar al infractor como cómplice.
Cien millones de dólares están hoy fuera de las arcas públicas y la ciudadanía se pregunta quién responderá en definitiva por dichos fondos. El Vicepresidente Ejecutivo de Corfo presentó su renuncia y asumió así su responsabilidad política, pero ello no lo exime de sus responsabilidades legales, ante una administración que debió haber adoptado los resguardos y controles para evitar tal descalabro. La renuncia al cargo, en todo caso, no implica una amnistía ante el reproche social.
Por eso, estamos convencidos que la presentación de esta acusación constitucional contra el ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, Jorge Rodríguez Grossi , es ineludible a fin de hacer efectiva la responsabilidad política de quien era el responsable último.
La Constitución ha delegado en la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar a las acusaciones que presenten no menos de diez ni más de veinte de sus honorables. Se ha confiado en nosotros, así, asumir una función pública de exigir el respeto a la Constitución y las leyes, acusando a quienes las violan por acción u omisión.
Corresponde a nuestra honorable Cámara de Diputados velar por la aplicación de la más enérgica sanción a autoridades incompetentes, por la negligencia grave y reprochable a la hora de conducir, normar y controlar de manera clara, concreta y eficaz las actividades financieras de Corfo.
IV. CONCLUSIONES.
La situación antes descrita configura una grave transgresión al principio de legalidad, por el cual la autoridad no sólo está sometida sino que también implica asegurar su cumplimiento, velando permanentemente, como lo dispone la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado por el funcionamiento del organismo y la actuación de su personal, control que se extiende tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos como a la oportunidad y legalidad de sus actuaciones. La omisión del titular de la cartera de Economía, Fomento y Reconstrucción en su carácter del Presidente del Consejo de la Corfo , de cumplir las obligaciones que le impone la ley, ameritan e imponen la necesidad de deducir esta acusación constitucional en su contra.
Los honorables que interponemos esta acusación constitucional, lo hacemos en el convencimiento pleno de la necesidad de cumplir con nuestra obligación constitucional de fiscalizar y, también, de establecer un claro precedente que impida en el futuro que ministros de Estado que, por expreso mandato legal deban integrar Directorios organismos públicos, lo hagan con negligencia y sin preocuparse de cumplir las obligaciones constitucionales y legales propias de sus cargos.
Por tanto,
En virtud de lo antes señalado, y en conformidad al artículo 48 N° 2 letra b) de la Constitución Política, y artículos 37 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, pedimos a la Cámara de Diputados que dé la tramitación correspondiente a la presente acusación constitucional en contra del ministro de Economía , señor Jorge Rodríguez Grossi , por infringir la Constitución y las leyes y por haber dejado las leyes sin ejecución, y la acoja en definitiva, declarando que ha lugar a ella".
2. Oficio del Senado a través del cual establece mecanismos de protección y evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono. (boletín N° 2725-12) (S)
Con motivo de la moción, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1°.- Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social deberán incluir antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y sus fracciones y de los riesgos asociados. Los organismos públicos y privados que midan radiación ultravioleta, lo harán de acuerdo a los estándares internacionales y entregarán la información necesaria a la Dirección Meteorológica de Chile para su difusión.
Estos informes deberán expresar el índice de radiación ultravioleta según la Tabla que establece para estos efectos la Organización Mundial de la Salud, e indicarán, además, los lugares geográficos en que se requiera de protección especial contra los rayos ultravioleta.
Artículo 2°.- Los productos que deterioren el ozono estratosférico, por contener sustancias controladas en virtud de tratados internacionales vigentes en la materia y ratificados por Chile, mientras se encuentren pendientes los plazos acordados para su eliminación total, para su comercialización o utilización industrial deberán llevar en su etiqueta y publicidad, un aviso destacado que señale: "Advertencia, este producto deteriora la capa de ozono.".
Transcurridos los plazos establecidos en dichos tratados para la eliminación total de las sustancias controladas, los productos que las contengan no podrán comercializarse ni utilizarse industrialmente.
Artículo 3°.- Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar, deberán llevar indicaciones que señalen el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta nociva sin protector, señalando su efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa de ozono.
Artículo 4°.- Los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta nociva. Para estos efectos, los contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas, según el caso, deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley N° 16.744.
Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los funcionarios regidos por las leyes N°s. 18.834 y 18.883, en lo que fuere pertinente.
Artículo 5°.- Los efectos que produzca la radiación ultravioleta nociva en los seres humanos, flora y fauna y en sus ecosistemas dependientes y relacionados, deberán ser evaluados periódicamente por el organismo que corresponda.
Artículo 6°.- Los instrumentos que emitan radiación ultravioleta nociva, tales como lámparas o ampolletas, deberán advertir que su uso puede producir riesgo a la salud.
Artículo 7°.- Cuando las leyes y reglamentos obliguen a exhibir carteles, avisos o anuncios en playas, balnearios y piscinas, relativos a su, aptitud para el baño o la natación, o acerca de su estado de contaminación o condiciones de seguridad, deberá incluirse en aquellos la siguiente advertencia: "La exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta puede producir daños a la salud.".
Artículo 8°.- La infracción de lo dispuesto en los artículos anteriores será sancionada con multa, a beneficio fiscal, de 1 hasta 50 unidades tributarias mensuales.
Será competente para conocer de dichas causas el juez de policía local correspondiente, sin perjuicio de la competencia que corresponda a los juzgados del trabajo, en su caso.".
Hago presente a Vuestra Excelencia que el inciso segundo del artículo 8° del proyecto, norma incorporada en el segundo informe, fue aprobado en particular, en el carácter de ley orgánica constitucional, con el voto conforme de 28 señores honorables de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.
-o-
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ".
3. Informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recaído en el proyecto de ley que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica. (boletín Nº 2888-01-3°t)
"Honorable Cámara:
Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural pasan a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes, y 228 del Reglamento de la Corporación.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
1. Origen y Tramitación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , encontrándose en su tercer trámite constitucional. En sesión de fecha 6 de marzo de 2003, la Sala de la honorable Cámara de Diputados acordó constituir la Comisión Unida de Agricultura y Hacienda para que informe acerca de las modificaciones introducidas por el honorable Senado al referido proyecto.
2. Disposiciones del proyecto que deben aprobarse con quórum especial.
Ninguna.
3. Disposiciones o indicaciones rechazadas.
Las modificaciones del honorable Senado a las letras a) y b) del artículo 1° del proyecto aprobado por la honorable Cámara de Diputados.
4. Artículos que no fueron aprobados por unanimidad.
Los artículos 1°, 2° y 3° transitorios.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora Catalina Bau , Coordinadora General del Ministerio de Hacienda; los señores Ernesto Terán , Subdirector de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos y Eduardo Carrillo , Abogado Jefe del Ministerio de Agricultura .
II. RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO POR LA honorable CÁMARA.
Consiste en postergar la entrada en vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas, prorrogando la vigencia de los avalúos que rigen al 31 de diciembre del 2001 hasta el 31 de diciembre del 2002 y fijando la vigencia de los nuevos avalúos a contar del 1 de enero del 2003. Se repone, asimismo, una facultad otorgada al Presidente de la República por la ley N° 19.629 que permite morigerar el impacto del proceso de reavalúo al permitir rebajar la tasa y aumentar el monto exento de pago de contribuciones, evitando que se produzca un incremento superior al 10% respecto del monto total girado a nivel nacional por dicho concepto.
Además, se faculta al Presidente de la República para que, dentro de un plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación del proyecto fije el texto refundido y actualizado de las normas que establecen las plantas del Servicio de Impuestos Internos y los requisitos de ingreso y promoción.
III. MODIFICACIONES DEL HONORABLE SENADO.
El texto aprobado por el honorable Senado es del tenor siguiente, destacándose en negrita las modificaciones.
La letra a) del artículo 1°, es sustituida por la siguiente:
“a) Reemplázanse, en el inciso primero del artículo 1°, las expresiones “31 de diciembre del año 2001”, “31 de diciembre del año 2000” y “1 de enero del año 2002”, por “30 de junio del año 2003”, “31 de diciembre del año 2001” y “1 de julio del año 2003”, respectivamente.”.
En la letra b), se modifica el inciso primero del artículo 2° propuesto, reemplazando la expresión “1 de julio del año 2002” por “1 de enero del año 2003”.
En el inciso tercero del artículo 2º que se propone por esta letra, se incorpora, entre la palabra “reavalúo” y el punto final (.) que le sigue, la siguiente frase “y que, además, las contribuciones de cada predio no aumenten en más de un 100%”.
Agrega como inciso final, nuevo, del artículo 2º propuesto por esta letra, el siguiente:
“En el caso de los predios que, por aplicación del reavalúo, pasen de la condición de exentos a afectos al pago de contribuciones, el aumento de hasta un 100% de las contribuciones se aplicará sobre la base de un valor por cuota de $ 5.000, en moneda al 1 de julio del año 2002.”.
Se incorporan como artículos 1º, 2º y 3º, transitorios, nuevos, los siguientes:
“Artículo 1º transitorio.- En el caso de los bienes raíces agrícolas cuyas contribuciones se incrementen en más de un 20% respecto del impuesto girado antes de la aplicación del reavalúo, reajustado en la forma indicada en el artículo 9° de la ley N° 17.235, el aumento en la parte que exceda dicho 20%, se incorporará semestralmente en razón de hasta un 10%, calculado sobre el valor de la cuota girada en el semestre inmediatamente anterior.
Para los efectos de aplicar la gradualidad establecida en el inciso anterior, a los bienes raíces agrícolas que, por aplicación del reavalúo, pasen de la condición de exentos a afectos al pago del impuesto territorial, se considerará como cuota anterior al reavalúo un monto de $ 5.000, en moneda al 1° de julio del año 2002.
Artículo 2º transitorio.- A contar de la vigencia del reavalúo a que se refiere la presente ley, los contribuyentes que determinen su impuesto a la renta a base de renta presunta, de acuerdo con las normas establecidas en la letra b) del número 1 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que opten por acogerse al régimen de renta efectiva, podrán continuar declarando su impuesto a la renta en la modalidad de renta presunta durante los años comerciales 2003 y 2004. Lo anterior, sobre la base del avalúo vigente con anterioridad al reavalúo practicado en conformidad a esta ley, debidamente reajustado en la forma indicada en el artículo 9° de la ley N° 17.235.
Esta opción deberá ser comunicada por el contribuyente al Servicio de Impuestos Internos hasta el día 30 de abril del año 2004, en la declaración anual de impuesto a la renta correspondiente.
Artículo 3º transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca un sistema de contabilidad agrícola simplificada, al cual podrán sujetarse los contribuyentes señalados en la letra b), del número 1, del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para declarar y pagar sus impuestos a base de renta efectiva, devengada en el año calendario respectivo. En virtud del ejercicio de esta facultad, podrá determinarse el resultado del ejercicio considerando las compras, ventas y servicios que deben registrarse para los efectos del Impuesto al Valor Agregado o de otra documentación suficiente en el caso que se trate de operaciones no afectas a este impuesto; de los gastos según la documentación respectiva o de otros registros ya existentes para el cumplimiento de otras disposiciones legales, que den las garantías suficientes, en reemplazo de los libros de contabilidad obligatorios o auxiliares, los que podrán sustituirse por una planilla que cumpla con los requisitos que establezca el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, en uso de esta facultad se podrá suprimir o sustituir por otros registros o métodos, el detalle de las utilidades tributarias y otros ingresos que se contabilizan en el Registro de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría y Utilidades Acumuladas, practicar inventarios, la corrección monetaria a que se refiere el artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las depreciaciones y la confección del balance general anual.
En ningún caso podrán acogerse al régimen especial que se establezca en virtud de la presente facultad, las sociedades anónimas, las sociedades de personas que tengan socios personas jurídicas y aquellos contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad completa para declarar su renta efectiva en aplicación de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.
IV. DEBATE DE LAS COMISIONES UNIDAS.
La señora Catalina Bau hizo hincapié en la necesidad de efectuar el reavalúo de los bienes raíces agrícolas que se encuentran determinados según las definiciones y precios unitarios establecidos para el reavalúo de 1980, con el objeto de terminar con la iniquidad de aplicar una base que no es representativa de la realidad del sector silvoagropecuario del país, el cual ha experimentado numerosas transformaciones durante los últimos 23 años.
De acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.575 y sus modificaciones, a contar del 1° de enero del 2002 debió entrar en vigencia el reavalúo de todos los bienes raíces agrícolas; sin embargo, en consideración a que el proceso de reactivación económica del país, en especial en el sector silvoagropecuario, no se encontraba consolidado, así como al hecho de que dicho sector se ha visto afectado por factores que inciden negativamente en su desarrollo, el Ejecutivo presentó un proyecto para postergar el reavalúo.
Continuó señalando la señora Bau que la Cámara de Diputados aprobó la postergación del reavalúo para el 1° de enero del 2003, otorgando una facultad para que el Presidente de la República rebaje la tasa anual del impuesto territorial y aumente el monto de la exención agrícola de modo que el incremento máximo del giro a nivel nacional, por aplicación del reavalúo, no supere el 10%. Posteriormente, en la tramitación del proyecto en el honorable Senado, el Ejecutivo presentó indicaciones que fueron aprobadas, que correspondían al espíritu inicial de hacer menos gravoso para los contribuyentes la aplicación de las nuevas tasaciones de los predios con aumentos muy significativos de las contribuciones.
Entre las modificaciones propuestas por el Senado destacó la postergación de la entrada en vigencia del reavalúo hasta el 1° de julio del 2003, en vez del 1° de enero del 2003, como lo había aprobado la Cámara de Diputados.
El incremento máximo del giro de contribuciones por predio de hasta un 100%. Esta medida significa que para los predios actualmente afectos al pago de contribuciones, el impuesto no podrá aumentar en más de un 100%.
Por otra parte, para los predios que pasen de la condición de exentos a afectos, por aplicación del reavalúo, se establece que el aumento máximo del giro se calculará sobre un valor de $ 5.000 por cuota, por lo que para estos predios el impuesto puede llegar a un valor máximo por cuota de $ 10.000.
La gradualidad en el incremento de las contribuciones de cada predio cuando éstas aumenten en más de un 20% por aplicación del reavalúo, caso en el cual el incremento por sobre dicho porcentaje se incorporará semestralmente en razón de hasta un 10% calculado sobre el valor de la cuota girada en el semestre inmediatamente anterior. Este procedimiento de incremento gradual del impuesto para los predios cuyas contribuciones aumentan en más de un 20%, significa que los predios con aumento del 100% alcanzan ese valor al semestre 7 de aplicación del reavalúo; es decir, a contar del 1° de julio del 2006 pagarán $ 10.000 de contribución aquéllos que a la fecha actual están exentos del pago de las contribuciones.
La opción para que los contribuyentes que determinen su impuesto a la renta sobre la base de renta presunta, puedan decidir en abril del 2004 cambiarse a renta efectiva, caso en el cual podrán utilizar para los años comerciales 2003 y 2004, que se declaran en abril del 2004 y 2005, respectivamente, el avalúo vigente antes del reavalúo debidamente reajustado en la variación del IPC. Esta opción por la cual podrán decidirse en abril del 2004, es decir después de 9 meses de la entrada en vigencia del reavalúo, les permitirá disponer de 2 años, durante los cuales seguirán declarando sobre la base del avalúo anterior al reavalúo, para prepararse para entrar al régimen de renta efectiva.
Para permitir un paso más gradual a este sistema para aquellos contribuyentes que sí obtienen rentas efectivas superiores a las presuntas, se agrega un beneficio adicional que es considerar los avalúos vigentes por los dos años siguientes a la entrada de vigencia de los nuevos reavalúos.
El establecimiento de un sistema de contabilidad agrícola simplificada, procura facilitar la declaración mediante renta efectiva.
Diversos señores honorables expresaron su opinión en el sentido que la situación económica del sector agrícola aún no mejora en el país, en especial la de aquellos agricultores dedicados a cultivos tradicionales y que desarrollan sus actividades en la zona sur, razón por la cual estimaron aconsejable postergar el reavalúo para enero de 2005.
Por otra parte, se solicitó a los representantes del Ejecutivo mayor información sobre los efectos del proyecto, según los diferentes predios y su distribución regional.
Se entregaron las cifras globales que se indican a continuación, calculadas por el Servicio de Impuestos Internos para explicar las modificaciones propuestas.
a) Caso de un predio actualmente afecto al pago de contribuciones las que sin los beneficios introducidos en la tramitación del proyecto en el Senado aumentan de $ 10.000 a $ 40.000 por cuota. En este caso por la gradualidad en el aumento de las contribuciones de un 20% a un máximo del 100%, se tiene que al primer semestre de aplicación del reavalúo la cuota será de $ 12.000, el segundo de $ 13.200, para llegar al semestre 7 a $ 20.000, monto que se mantendrá hasta un nuevo reavalúo, con los reajustes semestrales por la variación del IPC.
b) Caso de un predio actualmente exento de contribuciones que por aplicación del reavalúo le correspondería una cuota de $ 20.000. En este caso el primer semestre la cuota será de $ 6.000 (20% sobre un valor base de $ 5.000), el segundo de $ 6.600, para llegar al semestre 7 a un valor máximo de $ 10.000, monto que se mantendrá hasta el próximo reavalúo, más los reajustes por IPC. En este caso le permite al contribuyente bajar su pago en 100% y el monto a pagar distribuirlo en 7 semestres con aumentos graduales.
El efecto del reavalúo en las contribuciones (considerando una tasa del 1% y un monto exento de $ 4.000.000), se estima en:
a) A nivel nacional las contribuciones aumentarían hasta en un 10% ($ 1.693 millones al semestre 7 de aplicación del reavalúo, equivalente al giro anual de $ 3.386 millones).
b) El impuesto de un predio podría aumentar como máximo en un 20% el primer semestre de aplicación del reavalúo, para alcanzar un incremento máximo de hasta un 100% al semestre 7.
c) De 622.304 predios, 438.500 resultarían exentos del 100% del impuesto territorial (70%), mientras que 183.804 (30%) quedarían afectos al impuesto.
Es importante destacar que 8.586 predios por los cuales actualmente se pagan contribuciones quedarán exentos del 100% del impuesto, mientras que 25.881 predios pasarán de la condición de exentos a afectos, con una cuota media inferior a $ 4.000.
De los 25.881 predios que pasan de exentos a afectos, 19.088 tendrán cuotas de hasta $ 5.000, mientras que los otros 6.793 tendrán cuotas iniciales de hasta $ 6.000 para llegar a un máximo de $ 10.000 en el semestre 7.
V. PROPOSICIONES.
Finalmente, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos en relación con las modificaciones propuestas por el honorable Senado:
La referida a la letra a) del artículo 1° fue rechazada por 2 votos a favor, 18 votos en contra y una abstención.
Las referidas a la letra b) del artículo 1° fueron rechazadas por 1 voto a favor, 18 votos en contra y una abstención.
El artículo 1° transitorio propuesto fue aprobado por 13 votos a favor y 5 votos en contra.
El artículo 2° transitorio propuesto fue aprobado por 10 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones.
El artículo 3° transitorio propuesto fue aprobado por 13 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones.
VI. CONCLUSIÓN.
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor honorable Informante, las Comisiones Unidas de Hacienda y Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recomiendan a la Sala proceder a rechazar las modificaciones del honorable Senado en los términos que se consigna en el párrafo precedente, de manera que se constituya una Comisión Mixta sobre el particular.
Sala de la Comisión, a 19 de marzo de 2003.
Acordado en sesión de fecha 18 de marzo de 2003, con la asistencia de la Diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Claudio Alvarado , Pedro Álvarez-Salamanca , Rodrigo Álvarez , Ramón Barros , Julio Dittborn , Camilo Escalona, José Antonio Galilea , Javier Hernández , Carlos Hidalgo , Enrique Jaramillo , Felipe Letelier , Pablo Lorenzini ( Presidente ), Fernando Meza , Sergio Ojeda , José Miguel Ortiz , José Pérez , Jaime Quintana , Carlos Recondo , Exequiel Silva , Eugenio Tuma , Ignacio Urrutia y Gastón Von Mühlenbrock .
Se designó diputado informante al señor Meza, don Fernando .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ".
4. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto de ley de origen en el Senado, que autoriza la erección de un monumento en homenaje al trabajador del petróleo, en la ciudad de Punta Arenas. (boletín Nº 1549-04) (S)
"Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, pasa a informaros, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que autoriza la erección de un monumento en homenaje al trabajador del petróleo, en la ciudad de Punta Arenas.
Este proyecto tuvo su origen en una moción del honorable honorable don José Ruiz De Giorgio que fue presentada con fecha 31 de marzo de 1995.
1. FUNDAMENTOS E IDEA MATRIZ DEL PROYECTO.
En los primeros años del siglo XX se inician los trabajos de prospección en Magallanes, encaminados a ubicar la existencia de petróleo en suelo chileno, sin que se obtuvieran resultados positivos, fundamentalmente por la falta de recursos para el efecto.
Más tarde, en 1926 se dicta la ley N°. 4.109, que declara que los yacimientos petrolíferos quedan reservados con carácter exclusivo para el Estado, ley que se complementa con la N° 4.217 que facultó al Presidente de la República a otorgar concesiones a los particulares, ya sea a chilenos o extranjeros, para denunciar y explotar dichos yacimientos. Fue la ley N° 4.281, de 15 de febrero de 1928, que ordenó destinar $ 10.000.000 para financiar actividades exploratorias, la que definió una política de Estado en esta materia, y que, con algunas modificaciones se aplica hasta nuestros días.
Incentivados por este impulso, que tuvo su expresión más significativa en la administración del Presidente de la República , don Juan Antonio Ríos , a los pioneros de las exploraciones, se agregó un contingente más numeroso de trabajadores.
Los trabajos se hacían en las condiciones más duras, aparte de rudimentarias. Se utilizaban caballos para el transporte terrestre, allí donde no era posible el uso de vehículos motorizados por falta de caminos, mientras por mar se movían implementos para levantar torres de perforación y viviendas para el personal, en débiles y precarias embarcaciones.
A este sacrificado esfuerzo le daría empuje la mencionada entrega de recursos impulsada por el Gobierno del Presidente Ríos en el año 1943.
El primer yacimiento petrolífero chileno, afloró el 29 de diciembre de 1945, en Manantiales, lugar ubicado en Tierra del Fuego. El historiador magallánico Mateo Martinic , citado por el autor de la moción, se refiere a esta verdadera hazaña, en los siguientes términos: “La tecnología moderna había hecho posible el descubrimiento, era cierto; pero también el hombre -esos hombres- habían puesto lo suyo en brío, esfuerzo, tenacidad, sacrificio, fe y confianza, laborando duro de ingeniero a peón”.
El honorable honorable que inicia esta propuesta legal, el señor José Ruiz De Giorgio , resalta que ha conocido a algunos de esos trabajadores, y que en la mayoría de ellos se trata de hombres rudos, capaces de responder a las exigencias de un trabajo excepcionalmente severo, desarrollado en un clima inhóspito, de una enorme generosidad y gran calidad humana. Gracias a ellos el país ha podido contar con un recurso económico tan valioso.
El proyecto en informe se fundamenta pues, en la importancia y el rol insustituible que han jugado los trabajadores, tanto en los inicios de las exploraciones para encontrar petróleo, como después de cincuenta años del descubrimiento de esa sustancia en nuestro territorio y en el desarrollo de la industria petrolera en Chile.
2. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO.
En mérito de los antecedentes anteriores, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, por la unanimidad de sus integrantes, acordó acoger la idea de legislar, y propone a la honorable Cámara aprobar el proyecto remitido por el honorable Senado, en los mismos términos despachados por esa Corporación, que son los siguientes:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1°.- Autorízase erigir un monumento en la ciudad de Punta Arenas, en homenaje al Trabajador del Petróleo .
Artículo 2°.- La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que establece el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3°.- Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Créase una comisión especial, integrada por ocho miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, que estará constituida por:
a) Un honorable y un honorable, designados por sus respectivas Cámaras;
b) El Intendente de la XII Región;
c) El Alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas ;
d) Un representante del ministro de Educación;
e) El Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales ;
f) Un representante de los trabajadores de Enap, y
g) El Gerente de Enap-Magallanes.
El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5°.- La comisión a que se refiere el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas contempladas en el artículo 2°, y realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Establecer el sitio en que se ubicará el monumento, en coordinación con el Alcalde de Punta Arenas y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de la obra, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar dicho fondo.
Articulo 6°.- Si una vez construido el monumento quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión determine.
Articulo 7°.- El monumento deberá erigirse en el plazo de cinco años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Si vencido dicho plazo no se hubiere ejecutado la obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la comisión determine.".
Se designó diputado informante al honorable señor Rosauro Martínez Labbé .
Tratado y acordado en las sesiones de fechas 11 y 18 de marzo, con la asistencia de los honorables honorables Carlos Montes Cisternas ( Presidente ) y señora Carolina Tohá Morales ( Presidenta ), Eugenio Bauer Jouanne , Germán Becker Alvear , Sergio Correa de la Cerda, Fidel Espinoza Sandoval , Rodrigo González Torres , Rosauro Martínez Labbé , Carlos Olivares Zepeda, José Antonio Kast Rist , Manuel Rojas Molina y Eduardo Saffirio Suárez y de la señorita María Antonieta Saa Díaz , miembros titulares de la Comisión.
Sala de la Comisión, a 18 de marzo de 2003.
(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Abogado Secretario de la Comisión