Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Tarud Daccarett
- Laura Soto Gonzalez
- Ximena Vidal Lazaro
- Jorge Tarud Daccarett
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Hernan Larrain Fernandez
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL DE ZONAS EXTREMAS
- V. ORDEN DEL DÍA
- ACUERDO ENTRE CHILE Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE ESTA ORGANIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- DEBATE
- CONVENIO ENTRE CHILE Y COREA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- DEBATE
- CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y LA REPÚBLICA CHECA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- DEBATE
- PROCEDIMIENTO PARA MOCIONES DECLARADAS INADMISIBLES. Modificación de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- ACUERDO ENTRE CHILE Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE ESTA ORGANIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCLUSIÓN EN LA LEGISLATURA EXTRAORDINARIA DEL PROYECTO QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Marcelo Forni Lobos
- Pablo Prieto Lorca
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Javier Hernandez Hernandez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Rosa Gonzalez Roman
- Jose Antonio Kast Rist
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN EN LA LEGISLATURA EXTRAORDINARIA DEL PROYECTO QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL.
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PARA EDUCADORES. Aplicación del artículo 48, Nº 1, de la Constitución Política. Oficio.
- DEBATE
- ANTECEDENTES SOBRE ACCIONES VIOLENTISTAS OCURRIDAS EN EL SUR DE CHILE. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE LICITACIONES REALIZADAS EN LA NOVENA REGIÓN POR LOS MINISTERIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- REVOCACIÓN DE TRASLADO DE OFICINAS PÚBLICAS DESDE SAN ANTONIO A VALPARAÍSO. Oficios.
- CONSECUENCIAS DE LA EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. Oficios.
- CONTAMINACIÓN POR ACOPIO DE PLOMO EN LAS REGIONES PRIMERA Y SEGUNDA. Oficios.
- RECHAZO A CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO EN ZONA DE ALTO JAHUEL. Oficio.
- IRREGULARIDADES EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES EN SAN PEDRO DE LA PAZ.
- DEFICIENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
- ESTADO DE TRAMITACIÓN DE TRATADO QUE CREA CORTE PENAL INTERNACIONAL. Oficio
- CONSTRUCCIÓN DE COSTANERA SUR EN SECTOR DE SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficios.
- CONSERVACIÓN DE ESTACIONES DE FERROCARRILES. Oficios.
- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE AVENTURA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PARA EDUCADORES. Aplicación del artículo 48, Nº 1, de la Constitución Política. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 55ª, en miércoles 12 de marzo de 2003
(Ordinaria, de 10.37 a 13.51 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Jarpa Wevar, don Carlos Abel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
Ampliación de plazo a Comisión Especial de zonas extremas 11
V. Orden del Día.
- Acuerdo entre Chile y la Organización Internacional del Trabajo para el establecimiento de una oficina de la OIT en el territorio nacional. Primer trámite constitucional 11
- Convenio entre Chile y Corea para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Primer trámite constitucional 18
- Convenio sobre seguridad social entre Chile y la República Checa. Primer trámite constitucional 22
- Procedimiento para mociones declaradas inadmisibles. Modificación de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Primer trámite constitucional 25
VI. Proyectos de acuerdo.
Inclusión en la legislatura extraordinaria del proyecto que regula la instalación de antenas de telefonía móvil 36
VII. Incidentes.
- Información sobre programa internacional de becas para educadores. Aplicación del artículo 48, Nº 1, de la Constitución Política. Oficio 38
- Antecedentes sobre acciones violentistas ocurridas en el sur de Chile. Oficio 39
- Información sobre licitaciones realizadas en la Novena Región por los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda. Oficios 40
- Revocación de traslado de oficinas públicas desde San Antonio a Valparaíso. Oficios 40
- Consecuencias de la externalización de los servicios de correos. Oficios 41
- Contaminación por acopio de plomo en las Regiones Primera y Segunda. Oficio 42
- Rechazo a construcción de aeropuerto en zona de Alto Jahuel. Oficio 43
- Irregularidades en enajenación de terrenos municipales en San Pedro de La Paz 44
Pág.
- Deficiencias en construcción de establecimientos educacionales en la Novena Región. Oficio 46
- Estado de tramitación del tratado que crea Corte Penal Internacional. Oficio 47
- Construcción de costanera sur en sector de San Pedro de La Paz. Oficios 48
- Conservación de estaciones de ferrocarriles. Oficios 49
- Medidas de seguridad para práctica del deporte aventura.. Oficio 50
VIII. Documentos de la Cuenta.
- Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de acuerdo:
1. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y suscrito por la República de Chile el 15 de noviembre de 2001. (boletín N° 3071-10) 53
2. Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. (boletín N° 3030-10) 53
3. Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y Federativa del Brasil. (boletín N° 3035-10) 54
4. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud, adoptada en la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, suscrita en Buenos Aires el 1 de agosto de 1966. (boletín N° 3151-10) 54
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del Partido por la Democracia por la cual informa que han sido elegidos como nuevos comités titulares el diputado señor Tarud y la diputada señora Soto, doña Laura, y como primer comité suplente la diputada señora Vidal, doña Ximena, asimismo informa que el diputado señor Tarud ha sido designado nuevo Jefe de Bancada .
2. Oficios:
-De la Comisión Especial destinada a estudiar el cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y administrativas que se aplican en favor de las zonas extremas del país, por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para prorrogar hasta el término del periodo legislativo, el mandato otorgado para la realización de su cometido por cuanto está desarrollando un extenso calendario de actividades.
-De la señora Presidenta de la Comisión Especial encargada de analizar la enajenación de los derechos de gratuidad de agua del municipio de Santiago en favor de la Empresa de Aguas Andinas, por el cual solicita ampliar en una semana el plazo de funcionamiento de la Comisión con el objeto de permitir que se acuerden las conclusiones respectivas.
-Del diputado señor Mora quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Corporación, remite copia del informe y de los antecedentes relativos a la Segunda Reunión Plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas, realizado en Ciudad de Panamá los días 20 y 21 de febrero de 2003.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistieron, el senador señor Hernán Larraín, y además, el ministro Secretario General de la Presidencia , señor Francisco Huenchumilla.
-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 50ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 51ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señora Presidenta , me llama mucho la atención el punto N° 4 de la Cuenta, por medio del cual se solicita ampliar en una semana el plazo de funcionamiento de la Comisión especial encargada de analizar la enajenación de los derechos de agua del municipio de Santiago en favor de la empresa Aguas Andinas, por cuanto hoy no existe en la Cámara una comisión especial para ese efecto. Por lo tanto, si no existe esa comisión, es muy raro que haya una presidenta de la comisión y un oficio enviado por la misma.
En segundo lugar, la ampliación de plazo para su funcionamiento es una prerrogativa de una comisión vigente.
Por lo tanto, se requiere un pronunciamiento de la Mesa al respecto, porque, al no existir la comisión, no puede haber presidenta. Además, cuando funcionó, jamás hubo acuerdo para ampliar el plazo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señora Presidenta , en el oficio que se hizo llegar a la Mesa se explica la situación. Se dice que el 24 de enero, si no me equivoco, expiró el mandato de la comisión; que el 23 se reunió por última vez. No pudo votar las conclusiones porque no hubo unanimidad, no obstante que las proposiciones se hicieron antes del vencimiento del plazo. No se pudo hacer porque la sesión se suspendió por decisión de la Sala.
Presenté una solicitud a la Sala con el objeto de que la comisión sesione una semana, sólo para votar las conclusiones y así cumplir su mandato, como me imagino que es el interés de todos. Por algo se constituyó.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Secretario va a dar lectura al oficio señalado.
El señor ÁLVAREZ.-
Señora Presidenta, pido la palabra para referirme a un punto formal previo.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Señor diputado , le voy a dar la palabra después de la lectura del oficio.
El señor ÁLVAREZ.-
Insisto en pedir la palabra, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , el punto central es que no existe esa comisión, no existe una presidenta y, por ende, no puede enviarse un oficio. Tampoco hay acuerdo, de manera que el oficio no puede leerse. No damos la unanimidad para que se lea.
La diputada Tohá ha incurrido en varios errores de hecho. Esa comisión no funcionó ni votó sus conclusiones no por decisión de la Sala. No hay nada en esta materia y no fue citada ni siquiera horas después del funcionamiento de la misma.
Insisto, no hay unanimidad. Esa comisión no existe y, por lo tanto, no hay presidenta ni puede enviarse oficio para pedir ampliación de plazo.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
La solicitud de la diputada Tohá ha sido consignada en la Cuenta porque la Mesa consideró que es viable que sea tratada en la Sala. Si hay unanimidad, la hay; si no hay unanimidad, no la hay. Es la posibilidad de debatir. De manera que se va a leer el oficio y enseguida se tomará la decisión.
El señor ÁLVAREZ.-
Señora Presidenta, no hay unanimidad para que se lea el oficio.
El señor LEAY.-
Punto de Reglamento, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Como tenemos que votar, existe la posibilidad de no dar la unanimidad si así lo consideran los diputados.
El señor MONTES.-
Pido que se lea el oficio.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Secretario va a leer el oficio.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
El oficio dice así:
H. Diputada
Sra. Adriana Muñoz,
Presidenta
H. Cámara de Diputados
Presente:
Estimada Sra. Presidenta:
La Comisión Especial Encargada de Analizar la Enajenación de los Derechos de Gratuidad de Agua del Municipio de Santiago a favor de la Empresa Aguas Andinas concluyó su mandato el día viernes 24 de enero recién pasado.
El acuerdo de dicha Comisión era votar sus conclusiones en la sesión ordinaria de 22 de enero. Con ese objetivo se fijó como fecha de entrega de las propuestas de conclusiones el día 21 de enero.
Sin embargo, dada la suspensión de la sesión ordinaria del día 22, los miembros de la Comisión no hicieron entrega de sus conclusiones. Ello impidió que éstas se votaran cuando finalmente la Comisión se reunió el día 23, puesto que no se alcanzó la unanimidad necesaria para permitir un nuevo plazo de entrega de las conclusiones.
Dado que varios diputados integrantes de la Comisión han elaborado conclusiones, pienso que es fundamental que éstas se discutan, se voten y se cumpla así con el mandato que entregó la Sala de la Cámara de Diputados.
Es por este motivo que me dirijo a usted para solicitar, por su intermedio, a la Sala de nuestra Corporación que autorice ampliar en una semana el plazo de funcionamiento de la Comisión, para permitir que se acuerden las conclusiones respectivas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Carolina Tohá Morales.”
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Solicito que el señor Secretario precise la fecha de la carta.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La carta es de 11 de marzo de 2003.
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , la propia carta dice que la Comisión especial terminó su plazo de funcionamiento el 24 de enero; por lo tanto, ya no existe. Jamás acordó pedir ampliación de plazo a la Sala y, si se hiciera, incurriríamos en un vicio de legalidad.
Reitero, una Comisión que no existe no puede pedir ampliación de plazo.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
No hay unanimidad para la solicitud de la diputada Toha.
Rechazada.
AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL DE ZONAS EXTREMAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión especial destinada a estudiar el cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y administrativas que se aplican en favor de las zonas extremas, en el sentido de prorrogar, hasta el término del período legislativo, el mandato otorgado para la realización de su cometido.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
ACUERDO ENTRE CHILE Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE ESTA ORGANIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo entre la República de Chile y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativo al establecimiento de una oficina de dicha organización en territorio nacional, suscrito en Santiago, el 10 de enero de 2002.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Edgardo Riveros.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3122-10, sesión 18ª, en 12 de noviembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 45ª, en 21 de enero de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 6.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo entre la República de Chile y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativo al establecimiento de una oficina de esta organización en nuestro país, suscrito el 10 de enero de 2002, entre la ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear Valenzuela , y el director general de la Oficina Internacional del Trabajo, señor Juan Somavía .
El Tratado de Versailles, de 28 de junio de 1919, que puso término a la primera guerra mundial, creó la Organización Internacional del Trabajo, conjuntamente con la Liga de las Naciones y la Corte Permanente de Justicia Internacional, con el objetivo fundamental de promover la paz internacional a través de la justicia social, por medio de la celebración de convenios y de la formulación de recomendaciones en materias fundamentales para los trabajadores, tales como libertad sindical, prohibición del trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y de trato, pleno empleo, administración del trabajo, relaciones laborales, salarios mínimos, descanso semanal y vacaciones pagadas, seguridad e higiene en el trabajo, seguridad social, trabajo de las mujeres, trabajo de los menores, situación de los trabajadores migrantes y duración de la jornada de trabajo.
Cabe destacar que de los tres organismos señalados -la Liga de las Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Organización Internacional del Trabajo- el único que aún sigue vigente y se ha fortalecido es la OIT.
Sabemos que nadie decretó el término de la Liga de las Naciones; simplemente, expiró. Hoy existe la Organización de las Naciones Unidas.
La Corte Permanente de Justicia Internacional fue reemplazada por la Corte Internacional de Justicia, también con sede en La Haya.
La Organización Internacional del Trabajo, reitero, ha perdurado tal cual desde su creación, en el Tratado de Versailles, de junio de 1919.
Los cinco principios fundamentales que orientan la acción normativa de la OIT, consagrados por la Declaración de Filadelfia, adoptada en la 26ª Conferencia Internacional del Trabajo, el 19 de mayo de 1944, anexa a la constitución de la OIT, son los siguientes:
1º Que el trabajo no es una mercancía.
2º Que la libertad de expresión y de asociación es una condición indispensable para el progreso.
3º Que la pobreza, dondequiera que exista, constituye un peligro para la prosperidad de todos.
4º Que la lucha contra las necesidades debe ser llevada con la máxima energía en el seno de cada nación y por el esfuerzo internacional continuado y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y los empleadores, cooperando en pie de igualdad con los de los gobiernos, participen en libres discusiones y decisiones de carácter democrático en vista de promover el bien común, y
5º Que todos los seres humanos, cualquiera sea su raza, religión o sexo, tienen derecho de conseguir su progreso material y desarrollo espiritual en libertad y dignidad, en seguridad económica y común igualdad de oportunidades.
El cuarto principio señalado se concreta en la estructura de la OIT, mediante la representación tripartita de los gobiernos, empleadores y trabajadores de los estados miembros en el funcionamiento de sus órganos principales, cuales son la Conferencia General, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Ello da a esta organización internacional un rasgo característico que no se encuentra presente en ninguno de los otros organismos especializados de la familia de las Naciones Unidas.
En cuanto a la importancia de la labor normativa de la OIT, desde 1919 a la fecha, su Conferencia General ha aprobado 174 convenios, de los cuales Chile ha ratificado 49, entre otros, los siguientes:
-El número 42, sobre la indemnización por enfermedades profesionales;
-El número 103, relativo a la protección de la maternidad;
-El número 121, relativo a las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, adoptado el 8 de julio de 1964;
-El número 156, sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, y
-El número 159, que trata de la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.
La doctrina especializada sostiene que la evaluación de conjunto de la OIT es, por fuerza, necesariamente favorable, no sólo por su acción normativa y funciones de control, sino también por su actividad en la cooperación técnica, difusión de información y estudios e investigaciones en materias laborales. Por ello, se afirma que no fue un azar que, en 1969 -como lo consigna el destacado profesor español de derecho internacional público señor José Antonio Pastor Ridruejo -, recibiera un galardón tal honroso como el Premio Nobel de la Paz.
La OIT funciona en el país a través de su Oficina de enlace con la Cepal, establecida en Santiago desde 1961, y de su Equipo consultivo multidisciplinario para el cono sur americano, ECM, constituido en 1991, con competencia sobre Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay .
Para estos efectos, dichas oficinas se rigen por la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados de la ONU, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947 -y su anexo, de 10 de julio de 1948, relativo a la OIT- promulgada por el decreto supremo Nº 631, de 1951, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 12 de noviembre del mismo año.
El gobierno de Chile y la OIT han convenido en que la presencia de esta organización internacional en el país se ha visto considerablemente aumentada con el establecimiento del Equipo Consultivo multidisciplinario para el cono sur Americano, ECM, lo que justifica precisar su estatuto jurídico mediante el acuerdo sometido a la consideración de esta honorable Cámara.
Los acuerdos internacionales que autorizan el funcionamiento de oficinas de una organización internacional tienen el carácter de tratados internacionales -también denominados acuerdos de sede-, a través de los cuales se otorgan diversas franquicias, privilegios, inmunidades y facilidades para el cumplimiento de los propósitos de la respectiva organización, independientemente del gobierno del país en que se establecen; se halla comprendido el régimen de privilegios, inmunidades y facilidades para su personal directivo, profesional, técnico y administrativo, el que se entiende otorgado sólo para el ejercicio de sus funciones oficiales.
Nuestro país ha celebrado diversos tratados de este tipo, tales como los que favorecen el funcionamiento de las oficinas locales de la Unicef, de la Cepal y de la ESO, entre otros.
Este Acuerdo consta de 14 artículos, que, en lo esencial, disponen que la oficina de la OIT que será instalada en Santiago y que será la sede del ECM, gozará de personalidad jurídica en Chile, con capacidad para contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos, y entablar acciones judiciales (artículo II y Nº 1 del artículo III).
La oficina, sus bienes y haberes disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción, salvo en la medida en que en algún caso particular se haya renunciado expresamente a esta inmunidad. Se entenderá, sin embargo, que ninguna renuncia de inmunidad se extenderá a medida ejecutoria alguna. (artículo 14).
Además, se le otorgan facilidades de orden financiero, de las que podrá disfrutar sin hallarse sometida a fiscalizaciones, reglamentos o moratorias de ninguna clase, en virtud de las cuales podrá tener en Chile fondos, oro o divisas de toda clase y llevar cuentas en cualquier moneda, transferirlos libremente fuera del país y convertir a cualquier otra moneda las divisas que tenga en su poder, de acuerdo al Nº 1 del artículo V del tratado que hoy conocemos.
También se le otorgan liberaciones de impuestos y otras cargas; inviolabilidad de locales y archivos; facilidades en materia de comunicaciones; un tratamiento análogo al que se otorga a las representaciones diplomáticas en Chile en el suministro de servicios, facilidades de tránsito y permanencia para el personal de la oficina, de sus familiares y otras personas invitadas por la OIT, o por su oficina en Chile, a actividades oficiales, todas las cuales se otorgan ordinariamente a las organizaciones internacionales para su funcionamiento en el país. (Todo esto está establecido en los artículos VI al XI de este instrumento internacional).
Una precisión importante que se contempla en estos casos indica que los privilegios, inmunidades, exenciones y franquicias se conceden en interés de la OIT y no con el fin de otorgar a sus beneficiarios ventajas personales. En caso de abuso, el director general de la OIT tendrá la obligación de renunciar a la inmunidad correspondiente para garantizar la observancia de los reglamentos de policía y prevenir tales abusos si ello no perjudica los intereses de la OIT (artículo XII).
Para la solución de controversias que se originen en la interpretación o aplicación del acuerdo se contemplan las consultas entre las partes y, si así no fueren resueltas, se podrá recurrir, unilateralmente, al arbitraje, cuya decisión las partes se comprometen a aceptar como obligatoria (artículo XIII).
La vigencia de este instrumento se producirá después de haber sido aprobado en conformidad con los procedimientos constitucionales chilenos, y de haber notificado de ello al director general de la OIT (artículo XIV).
Al referirse a las normas constitucionales chilenas, merece especial mención el Nº 1º del artículo 50 de nuestra Carta Fundamental.
Antecedentes aportados por la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores precisan que el acuerdo en trámite no innova en cuanto a las prerrogativas e inmunidades que Chile reconoce actualmente en favor de la OIT y de su personal, en virtud de aplicarles el tratamiento establecido para los organismos especializados de las Naciones Unidas. En ellos se sostiene que el instrumento en informe está destinado a regular de una manera precisa y circunstanciada el funcionamiento de una sede permanente de la OIT en nuestro país.
La Comisión decidió aprobar el presente proyecto de acuerdo por la unanimidad de los diputados presentes, con modificaciones formales de menor entidad que se salvan en el texto sustitutivo que propone adoptar en su informe.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señora Presidenta , el diputado Riveros ha emitido un completísimo informe del proyecto de acuerdo relativo a la instalación de la oficina de la OIT en Chile.
Sólo quiero agregar dos cuestiones.
La primera, lamentar que el proyecto no haya sido visto por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, encargada de ver los temas que atañen a trabajadores y a empleadores, pues habríamos tenido oportunidad de entregar nuestra opinión respecto de esta materia, además de la expuesta por Comisión de Relaciones Exteriores. Pero el diputado Riveros lo ha hecho tan bien, que su informe puede considerarse expresada la opinión de la Comisión de Trabajo.
Quiero manifestar mi alegría -me imagino que también la de la bancada de la Democracia Cristiana- por la presentación de este proyecto, que era un gran anhelo desde muchos años, de los trabajadores chilenos. Obviamente, el hecho de tener una oficina de la OIT en nuestro país les va a dar a trabajadores, a empleadores y al propio Gobierno la oportunidad de estar más atentos al cumplimiento de estos convenios, de su fiscalización, de seguir sus normativas, de hacer las reclamaciones en su caso y de tener con más oportunidad la colaboración o la información del organismo internacional que requieren tanto empleadores como trabajadores y el Gobierno.
El Congreso Nacional, durante estos trece años, ha ratificado muchos convenios de la OIT. Creo no estar equivocado al afirmar que somos el país de Sudamérica que más convenios ha ratificado. Como es natural, lo deseable es que estos instrumentos tengan realmente eficacia, porque nada se saca con tener muchos convenios ratificados, si no se cumplen.
Me imagino que esta oficina no sólo va a atender a Chile, sino también a Perú, a Bolivia y a otros países de la región. Antes Chile era atendido por la oficina de Argentina. Me gustaría, sí, que el diputado Riveros abundara sobre el particular.
En definitiva, expreso nuestra alegría por el establecimiento de una oficina de la OIT en nuestro país lo que irá en beneficio de todos los trabajadores y empleadores.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta , independientemente de que haya pasado o no el proyecto de ley por la Comisión de Trabajo, lo importante -luego del excelente informe del diputado Riveros - es que de una u otra forma, el Estado chileno va abriéndose camino en el foro internacional.
El proyecto de acuerdo permite la oportunidad de establecer en el país una oficina de un organismo tan importante como es la OIT, paso tremendamente importante en materia de relaciones exteriores del Estado de Chile. En ese sentido, si bien el proyecto se aprobará en este hemiciclo, lo importante es el éxito de su puesta en práctica. Eso lo vamos a ver en el tiempo.
Constituye una apuesta importante aprobar el proyecto, que beneficia al país, a los trabajadores chilenos, y, en ese contexto de cosas, en la Comisión de Relaciones Exteriores contó con la unanimidad. Creemos que proyectos de esta naturaleza dan mayor integración y prestigio al Gobierno y al país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta , quiero comentar brevemente el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del establecimiento de una oficina de la OIT en Chile, que fue expuesto brillantemente por el diputado señor Riveros .
Quiero sumarme a la complacencia de contar en Chile con una oficina de la OIT.
Es lícito en esta oportunidad reiterar los principios fundamentales que orientan la acción de este organismo. Así, por ejemplo, que el trabajo no es una mercancía; que la libertad de expresión y de asociación es condición indispensable para el progreso; que la pobreza, dondequiera que exista, constituye un peligro para la prosperidad de todos; que la lucha contra las necesidades deber ser llevada con la máxima energía en el seno de cada nación y por el esfuerzo internacional continuado y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y empleadores, quienes, cooperando en pie de igualdad con los gobiernos, participen libremente en discusiones y decisiones de carácter democrático para promover el bien común; y que todos los seres humanos, cualquiera que sea su raza, religión o sexo, tienen derecho de conseguir su progreso material y desarrollo espiritual en libertad y dignidad, en seguridad económica y común igualdad de oportunidades.
La OIT considera una participación tripartita en el funcionamiento de sus órganos principales, esto es, representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores de los Estados miembros.
Señora Presidenta , estos principios guían nuestro trabajo.
Agradezco la labor realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores de torno a este proyecto, que nos ha dado la oportunidad, a todos los parlamentarios, de exponer nuestro pensamiento sobre la materia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señora Presidenta, los diputados de la UDI ratificaremos este proyecto de acuerdo por cuanto consideramos importante y transcendental para las buenas relaciones internacionales, sobre todo para los derechos de los trabajadores, el establecimiento de un oficina de la OIT en Chile.
La oficina de esta organización internacional en Santiago estará sujeta a un régimen jurídico similar al de otras oficinas de organismos multilaterales con sede en nuestro país.
Como muy bien señaló el diputado informante , la OIT funciona en Chile a través de una oficina de enlace con la Cepal. Sin embargo, debido a que en 1991 se creó un equipo consultivo para el Conosur, la importancia de su presencia en nuestro país ha aumentado considerablemente, lo que estaría justificando, a juicio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, el establecimiento de una oficina con sede en nuestra capital.
Por otra parte, la Cancillería nos hizo saber que establecer una oficina de esta naturaleza no significará mayor gasto, sino que funcionará con los recursos propios de los organismos de las Naciones Unidas.
Como dije anteriormente, valoramos esta iniciativa. Por tanto, nuestro partido, la Unión Demócrata Independiente, la votará favorablemente.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta , muchos nos preguntábamos si con la llegada de Juan Somavía a la OIT sería factible que nuestro país contara con una oficina estable de ese organismo. (De paso, debo decir si todo sigue bien y se ratifican los vaticinios, en marzo de 2003 el representante de Chile debiera ser reelegido para un nuevo período. Así lo esperamos, pues ha tenido una destacada y reconocida participación a nivel mundial en una de las instituciones internacionales que sí funcionan y tienen la capacidad de llegada directa a los gobiernos y de incidencia para que éstos acaten sus directrices).
Esta oficina en Santiago posibilitará el establecimiento de un diálogo social, no tanto en el ámbito del compromiso o de las múltiples declaraciones de objetivos, sino especialmente en la búsqueda de la aplicación plena de los convenios que Chile ha suscrito, y en la ejecución de la parte práctica, pues, ¿de qué sirven los convenios si no se aplican?
Sin duda, la metodología del diálogo social tendrá un relevante ámbito de debate, porque en los últimos años Chile ha ratificado importantes convenios; sin embargo, restan algunos, como, por ejemplo, el Nº 150, sobre inspección del trabajo, o garantías de fiscalización para que los convenios o las normativas nacionales se cumplan.
Hemos ratificado convenios muy importantes en los ámbitos de la proscripción del trabajo forzado, de la no discriminación en el trabajo, de la igualdad del empleo entre hombres y mujeres, sin que exista ningún tipo de diferenciación; en el ámbito de la estabilidad sindical -protección al sindicalismo, que fue la última reforma que hicimos-, y también sobre la proscripción y sanción del trabajo infantil, máxime cuando sabemos que hay menores que trabajan a vista y paciencia de las autoridades o por obligación de sus padres.
El trabajo directo que desarrollará esta oficina, con el Gobierno y las organizaciones sociales es razón más que suficiente para aprobar el proyecto. Existen oficinas de las OIT en Argentina, Paraguay , Uruguay y Brasil, y, en este sentido, Chile se pone al día con una oficina dotada de plenas facultades para la promoción de sus objetivos, acorde con las necesidades de un mundo globalizado, en este caso en el ámbito laboral.
Por eso, anuncio el voto favorable de la bancada socialista.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señora Presidenta , anuncio el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional a este proyecto de acuerdo, y esperamos que él contribuya a mejorar la situación laboral y de remuneraciones en nuestro país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela .
El señor VALENZUELA .-
Señora Presidenta , anuncio el voto favorable del PPD, pero cabe agregar que el Preal, Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y El Caribe, durante muchos años ha tenido un programa en Chile, y es de esperar que la oficina de la OIT nos ayude a obtener soluciones para temas complejos que siguen pendientes, como la precariedad del empleo, los trabajos temporales, las nuevas formas de sindicalismo que no afecten la competitividad de las empresas. Tenemos que plantear algunas interrogantes, y ojalá la oficina de la OIT sea vista como un foro para elaborar soluciones a las relaciones laborales en el siglo XXI. Es el deseo que tenemos, y brindamos todo nuestro apoyo a esta iniciativa.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solicito el acuerdo de la Sala para votar los proyectos en tabla al término del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de la siguiente manera:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación el proyecto que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la Organización Internacional del Trabajo relativo al establecimiento de una oficina de la OIT en Chile, suscrito en Santiago, el 10 de enero de 2002.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CONVENIO ENTRE CHILE Y COREA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre la República de Chile y la República de Corea para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio y su protocolo, suscritos en Seúl, Corea, el 18 de abril de 2002.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Iván Moreira.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3121-10, sesión 18ª, en 12 de noviembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 43ª, en 15 de enero de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 6.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, paso a informar acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre la República de Chile y la República de Corea para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio, y su protocolo, suscritos en Seúl, Corea , el 18 de abril de 2002, sometidos a la consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional, sin calificación de urgencia.
El mensaje del Presidente de la República señala que el instrumento en trámite es similar a los suscritos con Brasil, Canadá , Ecuador, México , Noruega, Perú y Polonia, los que se basan en el modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con diferencias específicas derivadas de la necesidad de cada país, de adecuarlos a su propia legislación y política impositiva.
En lo sustancial, los objetivos perseguidos por este tipo de convenio son los siguientes: reducir la carga tributaria total a la que estén afectos los contribuyentes que desarrollan actividades transnacionales entre los Estados contratantes; asignar los respectivos derechos de imposición entre los Estados contratantes; otorgar estabilidad y certeza a dichos contribuyentes respecto de su carga tributaria total y de la interpretación y aplicación de la legislación relacionada; establecer mecanismos que ayuden a prevenir la evasión fiscal por medio de la cooperación entre las administraciones tributarias de ambos Estados contratantes; establecer, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, la posibilidad de resolver las disputas tributarias que se produzcan en la aplicación de las disposiciones del Convenio, y proteger a los nacionales de un Estado contratante que invierten en el otro Estado contratante o desarrollen actividades en él, de discriminaciones tributarias.
En lo esencial, el mensaje destaca que la aplicación del Convenio debiera producir los siguientes efectos en la economía nacional: permitirá o facilitará un mayor flujo de capitales hacia nuestro país; facilitará que nuestro país se convierta en una gran plataforma de negocios para empresas extranjeras que quieran operar en otros países de la región, y constituirá claramente un estímulo al inversionista y prestador de servicios residente en Chile, quien verá incrementados los beneficios fiscales a que puede acceder, en caso de desarrollar actividades en el otro Estado Contratante.
Efectos que la aplicación de estos convenios producen en la recaudación fiscal.
Disminuye la recaudación fiscal respecto de determinadas rentas, pero el efecto final en el ámbito presupuestario es menor debido a que las inversiones extranjeras hacia Chile se concentran mayoritariamente en actividades extractivas, particularmente mineras, cuyo gravamen no se ve afectado por el Convenio; la menor carga tributaria que supone el Convenio incentiva el aumento de las actividades transnacionales susceptibles de ser gravadas con impuestos, con lo que se compensa la disminución inicial -a la cual me referí al comienzo de mi intervención-, y la salida de capitales chilenos al exterior y el mayor volumen de negocios que genera, hacen que aumente la base tributaria sobre la cual se cobran los impuestos a los residentes en Chile.
Este instrumento consta de 29 artículos, agrupados en siete capítulos, y de un protocolo adicional, cuyo contenido normativo general es el siguiente:
El capítulo I regula el ámbito personal y material de aplicación del Convenio.
Respecto de las personas, dispone que se aplicará a los residentes de uno o de ambos Estados.
En cuanto a los impuestos, indica que será aplicable a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. En Chile, serán los impuestos establecidos en la ley sobre Impuesto a la Renta, esto es, el decreto ley Nº 824, de 1974. No se aplicará a los impuestos indirectos o aranceles.
El capítulo II, relativo a las “Definiciones”, determina el alcance de diversos términos y expresiones de uso frecuente en las normas del Convenio.
De acuerdo con su artículo 3º, letra f), corresponderá al Ministerio de Hacienda, o al servicio que lo represente, velar por la aplicación del Convenio e, incluso, resolver las reclamaciones que por tal concepto formulen los beneficiarios de este instrumento.
El capítulo III regula la “Imposición de las rentas”, específicamente de las rentas de bienes inmuebles; de los beneficios empresariales; del transporte marítimo y aéreo; de las empresas asociadas; de los dividendos; de los intereses; de las regalías; de las ganancias de capital, y de otros.
El capítulo IV se refiere a la “Imposición del patrimonio”, constituido por bienes inmuebles, muebles, naves y aeronaves y, en general, todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado contratante.
El capítulo V trata de los “Métodos para eliminar la doble imposición”, tanto en Chile como en Corea.
El capítulo VI contempla las “Disposiciones especiales”, relativas al principio de la no discriminación entre nacionales de los Estados contratantes, de manera que un Estado aplique un tratamiento más favorable para sus nacionales, en perjuicio de los nacionales del otro Estado. Asimismo, se contempla el “Procedimiento de acuerdo mutuo” para resolver las dificultades o dudas que surjan en la aplicación e interpretación del Convenio; el intercambio de información entre las autoridades competentes para hacer posible la aplicación de este instrumento, y el tratamiento a los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares, el que no deberá afectar los privilegios fiscales de que gocen en virtud de los principios generales del derecho internacional o de acuerdos especiales.
El capítulo VII contiene las “Disposiciones finales”, que determinan el momento de entrada en vigor del Convenio, y su denuncia.
Al momento de la firma del Convenio, los Estados Contratantes celebran un protocolo adicional en el que se establecen diversas disposiciones que pasan a formar parte del Convenio. Mediante ellas se complementan y precisan los alcances de la imposición del transporte marítimo y aéreo, de los intereses y de las regalías, y de la aplicación del principio de no discriminación.
Entre las disposiciones generales del Protocolo se conviene, principalmente, que los fondos de inversión y cualquier otra clase de fondos constituidos para operar como tales en Chile y bajo la legislación chilena deberán, para los propósitos de este Convenio, ser tratados como un residente de Chile y sujeto a tributación en conformidad con la legislación chilena, respecto de los dividendos, intereses, ganancias de capital y otras rentas obtenidas por un bien o inversión en Chile.
Se agrega que nada en el Convenio afectará la aplicación de las disposiciones del decreto ley Nº 600, de 1974, estatuto de la inversión extranjera, conforme estén en vigor a la fecha de la firma del Convenio y aun cuando fueren eventualmente modificadas sin alterar su principio general.
Además, se declara que nada en el Convenio impedirá que Chile grave los beneficios atribuibles a un establecimiento permanente que un residente de Corea tenga en nuestro país, tanto respecto del impuesto de primera categoría como del impuesto adicional, en la medida en que el impuesto de primera categoría sea deducible contra el impuesto adicional.
La cláusula final, tanto del Convenio como del Anexo, señala que estos instrumentos se celebran en idiomas español, coreano e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos, y que, en caso de divergencia en su interpretación, el texto en inglés prevalecerá.
Sobre el tratamiento impositivo específico de las rentas, este instrumento establece normas que regulan la imposición a las rentas inmobiliarias que pueden gravarse en ambos Estados.
Con respecto a la imposición a los beneficios empresariales de un Estado contratante, solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, es decir, en aquel donde reside quien explota dicha empresa, a menos que la empresa realice actividades en el otro Estado por medio de un establecimiento permanente situado en él, caso en el cual los beneficios también podrán someterse a imposición en ese otro Estado sin límite alguno, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento.
En cuanto a la imposición al transporte marítimo y aéreo, esas actividades sólo pueden ser gravadas en el Estado donde resida la persona que explota la actividad.
Asimismo, se establecen otras normas que regulan la imposición a las empresas asociadas, a los dividendos, y a los intereses, regalías y ganancias de capital, los cuales pueden ser gravados en ambos Estados contratantes con las limitaciones y condiciones que señala el Convenio.
El Acuerdo también contiene normas que regulan la imposición de otro tipo de rentas, cuyo detalle obviaré por su naturaleza técnica. Entre ellos están los servicios personales independientes; los servicios personales dependientes; la participación de directores, artistas y deportistas, pensiones, funciones públicas y estudiantes.
La Comisión escuchó al subdirector normativo del Servicio de Impuestos Internos, señor René García , y a la jefa del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos , señora Liselotte Kana, quienes, en general, entregaron antecedentes análogos a los proporcionados por el mensaje para solicitar de la honorable Cámara la aprobación de este Convenio.
Entre estos antecedentes se reitera que estos convenios se conforman al modelo elaborado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, y a las adecuaciones que para estos efectos estableció la ley N° 19.506, que modificó el decreto ley N° 824, sobre impuesto a la renta; el decreto ley N° 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios, el Código Tributario, la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos y otras normas legales.
Cabe hacer presente, además, que muy recientemente la Comisión de Relaciones Exteriores ha informado favorablemente, a la honorable Cámara los Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y al patrimonio, celebrados con Ecuador, Noruega, Brasil , Polonia y Perú. En esa ocasión se escuchó al director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo , señor Axel Buchheister , y al asesor de la Sociedad de Fomento Fabril, señor Franco Brzovic , quienes, básicamente, coincidieron en manifestarse favorables a la celebración de este tipo de convenios, por considerar que permiten eliminar la superposición de potestades tributarias de los países, que, al sujetar una misma renta a doble tributación, produce un claro desincentivo a la circulación de capitales; por lo que se declararon partidarios de su pronta aprobación.
Por los antecedentes expuestos y teniendo presente que el Congreso Nacional ya ha sancionado análogos convenios celebrados con Venezuela, Singapur, Uruguay , Canadá , Panamá y México , la Comisión aprobó, por unanimidad, el proyecto de acuerdo. Por ello, invita a la Cámara a hacer lo mismo, por cuanto trae beneficios económicos, técnicos y tributarios, los cuales conllevan incentivos necesarios para la inversión que, de una u otra manera, conviene y beneficia en este caso a Chile y Corea.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA.-
Señora Presidenta , nadie tiene dudas respecto de los beneficios de este Convenio entre Chile y Corea, que, de alguna manera, viene a reforzar la firma del tratado que recién firmó Chile con Corea. Como es sabido, el Presidente de la República estuvo hace algunas semanas en Seúl, Corea del Sur, donde firmó un tratado de libre comercio que, en gran medida, incentivará el comercio bilateral entre ambas naciones, con la consiguiente reducción de la carga tributaria y protección de los nacionales de uno y otro Estado.
Este tratado, a diferencia de otros que se han firmado, es complementario; es decir, prácticamente no hay productos que resulten perjudicados, especialmente en lo que se refiere a la agricultura. En mi zona, ayudará enormemente a la venta de vino, que Corea ha estado importando en grandes cantidades en este último tiempo. Hoy, Chile está en condiciones de competir con los mejores vinos del mundo, en precio y en calidad.
Por ello, no cabe otra cosa que aprobar el convenio y, de esta manera, ayudar a que el tratado de libre comercio se aplique con normalidad.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señora Presidenta , sólo para anunciar el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional a este Acuerdo con la República de Corea.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de la siguiente forma:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre la República de Chile y la República de Corea para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio y su protocolo, suscritos en Seúl, Corea, el 18 de abril de 2002.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y LA REPÚBLICA CHECA. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de seguridad social entre la República de Chile y la República Checa, suscrito en Santiago el 7 de diciembre de 2000.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Waldo Mora.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín 3120-10, sesión 18ª, en 12 de noviembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 42ª, en 14 de enero de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 11.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros, quien entregará el informe en lugar del diputado señor Mora.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta , informo sobre el proyecto en representación del diputado Waldo Mora , a quien correspondía hacerlo, pero me ha solicitado que lo reemplace.
Se trata de un proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre seguridad social entre la República de Chile y la República Checa, suscrito en Santiago el 7 de diciembre de 2000.
El mensaje señala que el Gobierno de Chile, consciente de la situación que afecta a los trabajadores migrantes en el orden previsional, ha suscrito acuerdos de seguridad social con diferentes naciones europeas y americanas. Agrega que su finalidad primordial es que los nacionales de los Estados parte puedan beneficiarse de las cotizaciones efecutadas por ellos en ambos países, manteniendo así la continuidad de su historia previsional, fundamento básico que permitirá, en definitiva, el goce de los derechos de la seguridad social, que reflejen el desarrollo de una actividad laboral determinada en el territorio de cada uno de los Estados contratantes.
Como se ha informado en casos anteriores, todos estos convenios o tratados internacionales se estructuran sobre la base de principios jurídicos universalmente aceptados, que aseguran al trabajador nacional y extranjero la igualdad de trato en materia de beneficios de la seguridad social; el reconocimiento de su derecho a la totalización de los períodos de cotización; la exportación de los beneficios a que tengan derecho en virtud de sus cotizaciones, y la cooperación administrativa entre las instituciones de previsión social de los Estados contratantes para hacer efectivos dichos beneficios, independientemente del sistema previsional que exista en los países, sea éste de capitalización individual o de reparto.
Tales principios han sido codificados por la Organización Internacional del Trabajo en su Convenio Nº 157, denominado “Convenio sobre el establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de seguridad social”, y orientan los diversos convenios de este tipo ya sancionados por el honorable Congreso Nacional en el último tiempo, entre los cuales están los celebrados con Alemania, Argentina, Brasil , Bélgica, Canadá , Dinamarca , España , Finlandia, Noruega, Países Bajos y Suecia, todos ellos sustancialmente análogos al convenio sobre el cual informo en este momento y cuyo contenido normativo paso a reseñar.
Este instrumento consta de 22 artículos, agrupados en cinco partes, referidas a las disposiciones generales (I), a la legislación aplicable a los beneficios de salud para pensionados (II), a las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia (III), a la cooperación entre las autoridades administrativas para hacer posible la aplicación del Convenio (IV) y a disposiciones transitorias y finales comunes a estos tratados (V).
Entre las disposiciones generales se definen diversas expresiones y términos de uso frecuente en estos convenios; se determina su ámbito de aplicación material y personal; se consagra el principio de la igualdad de trato, y se determina el alcance de la exportación de beneficios.
Para los efectos del acuerdo, la autoridad chilena competente será el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La institución competente será la responsable de la aplicación de la legislación previsional y de salud correspondiente.
Las letras A) y B) de los Nºs 1 y 2 del artículo 2º del Convenio establecen la legislación que será aplicable. En el caso de Chile, se aplicará la que regula el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, basado en la capitalización individual; los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Normalización Previsional, INP, y los regímenes de prestaciones de salud, incluso las disposiciones legales y reglamentarias que modifiquen, enmienden, complementen o extiendan dicha normativa a nuevas categorías de personas. En la República Checa se aplicará su legislación sobre seguro de pensiones y seguro de salud público para los beneficiarios de pensiones.
Las personas beneficiadas serán los trabajadores chilenos y checos sujetos a dicha legislación, que residan o permanezcan en el territorio de una parte contratante, quienes tendrán los mismos derechos y obligaciones que los nacionales del país en que se invoque el Convenio, en conformidad con el principio de la igualdad de trato que orienta este tipo de convenios (artículos 3º y 4º).
El artículo 5º del Convenio dispone que cuando el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte, los beneficios serán pagados en el territorio de ésta sin reducción, suspensión ni supresión, a menos que en el acuerdo se dispusiere de otro modo, en conformidad con el principio de la exportación de las prestaciones.
Destaca el mensaje que no debe olvidarse, en esta materia, que Chile jamás ha sujetado al requisito de la residencia el goce de los derechos previsionales que conforme con su legislación, confiere, a diferencia de lo que acontece en la gran mayoría de los otros Estados, en que si bien el derecho se adquiere, su percepción resulta condicionada a la residencia en el territorio del ente otorgante del beneficio. Agrega que nuestro país tampoco reduce el monto de las pensiones por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de otro Estado, lo que también ocurre en numerosos países.
La regla general indica que la legislación aplicable es aquella del Estado en cuyo territorio se realiza la actividad laboral, lo cual queda claramente establecido en el artículo 6º del Convenio, con las siguientes excepciones:
El trabajador dependiente de una empresa que tuviere su sede en uno de los Estados contratantes y que sea enviado al otro Estado para desempeñar allí un trabajo temporal;
Los funcionarios públicos y el personal asimilado destinado a desempeñar funciones en el otro Estado;
Los representantes diplomáticos, los funcionarios consulares de carrera y las personas empleadas al servicio de las misiones diplomáticas;
El trabajador itinerante al servicio de empresas de transporte o cuyo domicilio social esté situado en el territorio de una parte contratante y que haya sido enviado al territorio de la otra, y,
Los miembros de la tripulación de una nave que enarbole bandera de uno de los Estados contratantes.
Las disposiciones relativas a prestaciones de salud para pensionados señalan que estas personas tendrán derecho a prestaciones no pecuniarias en caso de enfermedad, de acuerdo con la legislación de la parte contratante en que residan, en las mismas condiciones que las personas que perciben prestaciones similares conforme a la legislación de esa Parte, según lo establece el artículo 9º del Convenio.
Las disposiciones relativas a las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia regulan, en términos técnicos comunes a este tipo de tratados, los procedimientos para la totalización de períodos; la calificación de la invalidez para los efectos del otorgamiento de pensiones de invalidez; el financiamiento de los exámenes médicos que determinen la procedencia de las prestaciones y de las pensiones que los beneficiarios, con la aplicación del convenio, tengan derecho a obtener, según sea la legislación aplicable a las Administradoras de Fondos de Pensiones o al Instituto de Normalización Previsional, y otras materias análogas, según se establece en los artículos 14 a 19.
Las disposiciones transitorias tienen por objeto establecer que el acuerdo no otorgará derecho a prestación por acontecimiento anterior a la fecha de su entrada en vigor. Es decir, el primer día del cuarto calendario siguiente al intercambio de los instrumentos de ratificación, lo que se dispone en el artículo 20.
Finalmente, cabe señalar que el Convenio regirá indefinidamente, sin perjuicio de que pueda ser denunciado en cualquier momento, previo aviso, en la forma que indica el acuerdo en su artículo 22.
Durante el estudio del Convenio, la Comisión escuchó a la señora Carmen Alfonso , jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Previsión Social, quien, en lo sustancial, proporcionó antecedentes análogos a los señalados en el mensaje enviado para solicitar la aprobación del Convenio.
Una vez finalizado su estudio, la Comisión decidió aprobar el presente proyecto de acuerdo por la unanimidad de los diputados presentes.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de seguridad social entre la República de Chile y la República Checa, suscrito en Santiago, el 7 de diciembre de 2000.
Advierto que contiene disposiciones de quórum calificado. Por lo tanto, para su aprobación requiere de 58 votos por la afirmativa.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
PROCEDIMIENTO PARA MOCIONES DECLARADAS INADMISIBLES. Modificación de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de regular el procedimiento a que deben sujetarse las mociones declaradas inconstitucionales.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Burgos.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2893-07, sesión 4ª, en 20 de marzo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 1ª, en 1 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 29ª.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BURGOS .-
Señora Presidenta , la idea central del proyecto que paso a informar es modificar la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional para permitir que las mociones declaradas inadmisibles previamente por tratar materias que son de la competencia exclusiva del jefe de Estado u otras sean incluidas en la Cuenta de la sesión de Sala que corresponda, sin dar lugar a su tramitación, enviando luego copia al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Con ello se deja constancia de la causal de inadmisibilidad que las afecta.
El diputado patrocinante, señor Camilo Escalona , señaló que cuando un parlamentario patrocina un proyecto de ley que es declarado inadmisible, como no se da cuenta de aquello, se devuelve la iniciativa a su autor, sin que quede constancia alguna de la presentación, más allá de la causal de inadmisibilidad; es decir, como si la moción no sólo nunca hubiera existido jurídicamente, sino, incluso, materialmente.
Pero la queja -entiendo- va fundamentalmente en la falta de reconocimiento de autoría.
La discusión -para no repetir el informe- reconoce la intención positiva de los patrocinantes, en el sentido de que no hay una normativa clara en nuestra legislación que dé cuenta de las autorías de los proyectos que presentan los diputados. Y se vio ahí que hay otra moción -alguna de las personas que llevan más tiempo acá me pueden ratificar aquello- en trámite en el Congreso, que señala la necesidad de que el Ejecutivo haga mención, en el documento de promulgación de la ley, del nombre del o de los diputados que le dieron origen. Eso pareciera ser lo más lógico. Los proyectos que no son declarados inadmisibles, que se someten a tramitación y cuya autoría intelectual de uno o más diputados se reconoce desde su orígenes, deben tener un reconocimiento de esa naturaleza en el documento de promulgación y muy probablemente, como ha ocurrido en algunos casos, atendidas sus características, puedan ser, incluso, denominados por los nombres de los diputados que le dieron origen.
En la Comisión, todos reconocimos la legitimidad y el interés de esta petición, pero la mayoría consideró que no necesariamente éste era el mejor camino para obtener el objetivo señalado por el mocionante, porque estaríamos estableciendo un mecanismo para dar una verdadera cuenta permanente de las inadmisibilidades; en definitiva, se crearía un registro de las mociones declaradas inadmisibles.
Agregamos que si el diputado no está convencido de la inadmisibilidad de la moción y, no obstante ello, quiere patentar su autoría, hay una forma para hacerlo: objetar la declaración de inadmisibilidad y, a partir de ella, generar un debate, y, por lo tanto, una votación. De ese modo, en el acta correspondiente va a quedar registrada la autoría de la moción, la declaración de inadmisiblidad y las posiciones en contra y a favor.
En consecuencia, hay otro argumento más para no establecer un registro de mociones declaradas inadmisibles. No digo que ésta sea la intención de los mocionantes, pero podría ser la preterintención, atendido el camino que se ha ocupado.
Por todas estas razones y aunque reconozco la buena intención de los patrocinantes del proyecto, que da cuenta de su preocupación por la falta de reconocimiento en la autoría de sus mociones, creímos que el camino elegido no era el mejor.
En esas circunstancias la Comisión, por seis votos en contra, dos a favor y una abstención, propone rechazar este proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señora Presidenta , estimo del mayor interés el proyecto que analizamos.
Hay muchos casos en que los diputados son quienes presentan las mociones que luego son acogidas por el Ejecutivo , sin que nunca tengan el reconocimiento que merecen.
Sin ir más lejos, hace muy poco tiempo, cuando debatimos el Plan Auge, una moción presentada por diputados -relativa a incluir específicamente las enfermedades preexistentes en los contratos de salud, de modo que cuando los cotizantes se cambiaran de isapre no quedaran desprotegidos- fue incluida en el proyecto, pero, cuando llegó a la Sala, en ninguna parte se mencionó la autoría de los diputados; sólo se indicó que el Ejecutivo había recogido la propuesta. Esto ha ocurrido en una innumerable cantidad de proyectos. Vamos a aprobar esta iniciativa, que nos favorece a todos, porque guarda estricta relación con nuestro quehacer legislativo, uno de cuyos aspectos más relevantes es, precisamente, presentar mociones en beneficio de la gente.
Por lo tanto, votaré favorablemente.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señora Presidenta , cierto es que nuestra labor esencial es legislar, y entendemos que no siempre los proyectos que presentamos se ajustan a lo dispuesto por la Constitución. A mi juicio, eso busca la moción de los diputados señores Escalona y Muñoz . De acuerdo con la ley orgánica del Congreso, la Mesa -por supuesto que con el concurso de la Secretaría- es la encargada de determinar la admisibilidad de los proyectos.
No participé en la Comisión, pero he estudiado el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y he escuchado el comentario de algunos colegas, que rechazan la propuesta de los diputados patrocinantes. A lo mejor, podría estimular la presentación de proyectos inconstitucionales o dar lugar a una utilización abusiva o, incluso, engañosa de las atribuciones legales.
Los autores de la moción, muy bien inspirados, han entendido la necesidad de demostrar a nuestros representados y a la sociedad las iniciativas que proponemos, más allá de la actual distribución de las atribuciones legislativas. En un régimen presidencialista, como todos sabemos, el jefe de Estado tiene iniciativa exclusiva en casi todas las materias sensibles, por ejemplo, en aquellas que importan gastos para el erario o que modifiquen la competencia de los órganos de la administración pública.
En mi opinión, la discusión debe cambiar de eje, desde la imagen de los parlamentarios y su labor -como se ha hecho en la Comisión- hacia una profunda y permanente distribución de competencia legislativa, que es lo central. A mi juicio, mientras el Congreso Nacional no refuerce su poder jurídico no podrá aumentar sus facultades para iniciar proyectos de ley. Hoy, los parlamentarios y el Poder Legislativo son un apéndice o un mero colegislador del poder presidencial. Ahí está el punto. La discusión cobra actualidad en este momento, cuando se discuten dos iniciativas: una, la reforma constitucional -en el Senado- que tiene pretensiones de una reforma institucional profunda. Al respecto, se han formulado varias propuestas para fortalecer el rol del Congreso Nacional. La otra, la política legislativa, que es la agenda de modernización del Estado, de la cual el Congreso no puede permanecer ajeno.
Aun cuando la iniciativa es muy bien intencionada, puede llevarnos a olvidar lo principal. Por eso, estimo que, sin perjuicio de aprobarla y de estar de acuerdo, deberíamos, a través de una comisión especializada, como la de Constitución, Legislación y Justicia -muchas comisiones que se forman, pero sólo algunas tienen validez y cobran vigencia- generar propuestas en materia de distribución de competencias legislativas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sobre todo, porque urge una profunda reforma a los sistemas de control de constitucionalidad -lo que se evidenció al inicio de esta sesión- de los proyectos y de las indicaciones durante su tramitación legislativo. Esas iniciativas deberían ser el aporte de nuestra Corporación a la modernización del Estado, en la que todos los partidos representados en el Congreso estamos empeñados.
Me parece bien la iniciativa y apoyo a los colegas que la presentaron, pero queremos más. A lo mejor, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, pero por tratarse de una materia propia de la reforma constitucional que está tramitándose en el Senado, debería haber tenido algún estudio más acabado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señora Presidenta , respecto de este proyecto deseo decir dos cosas. Primero, que bueno que se reconozca la autoría de las iniciativas. En el caso de proyectos que versan sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , se puede pedir su patrocinio. Si éste lo otorga, el proyecto, que sería inconstitucional como moción pasa a ser constitucional. Aunque se corre el peligro de que el Ejecutivo , cuando un proyecto es demasiado bueno, no reconozca la autoría de los parlamentarios que le han pedido su patrocinio y se tire para sí todas las flores.
En segundo lugar, ¿a quién favorece este proyecto? Indudablemente, a los parlamentarios de Gobierno, y por una razón muy sencilla. Serán llamados por los secretarios, subsecretarios, seremis o ministros para decirles que presenten tal o cual proyecto, y cuando sean inconstitucionales, el Ejecutivo va a recoger la proposición y dirá que tales diputados son los autores del proyecto. En consecuencia, no habrá una transparencia absoluta en la materia.
Ahora bien, la intención es muy buena. Reconozco que el diputado Escalona nunca ha sido malintencionado, y quienes así lo dicen es porque tienen algo en su contra. Me parece un proyecto fantástico, y felicitamos al señor diputado por su presentación. Lo malo es que también podría relacionarse con el “jarrón”. Sabemos que él está preocupado de eso y lo ha dicho públicamente.
Reitero que si este proyecto es aprobado, podría ocurrir que el Ejecutivo le diga a los diputados de Gobierno que presenten determinada iniciativa, por ejemplo, para crear una comuna -sabemos que en este momento hay tres o cuatro que se quieren crear-. Evidentemente, tal moción sería inconstitucional, pero dejaría de serlo cuando el Ejecutivo la recogiera y le diera su patrocinio.
Hace pocos días tuvimos oportunidad de conocer las discusiones relacionadas con los bancos ganaderos. En la zona sur hemos tenido un respiro con los precios de los cereales, la madera y la carne. Podemos decir que la situación de la agricultura ha mejorado por el alza del dólar. Pero no podemos decir lo mismo de los lecheros. Al respecto, ¿qué sucede si uno tiene un “pituto” en el Ministerio de Agricultura y éste le dice que presente un proyecto para instalar un banco ganadero? Todos sabemos que lo hemos pedido desde hace años. En este caso, el diputado lo presenta, y después el Ejecutivo dice que gracias a tal diputado salió adelante esta iniciativa. Es decir, no habrá la transparencia que buscamos en el reconocimiento de las autorías.
Por lo tanto, será más transparente pedir el patrocinio al Ejecutivo y que éste reconozca o diga quienes presentaron la iniciativa, porque creo que la transparencia del Congreso y la convivencia entre los parlamentarios pasa por no pegarnos puñaladas ni zancadillas entre nosotros.
La idea de fondo del proyecto y lo que quiere el diputado -y yo también- es que se reconozcan las autorías. Pero, como están las cosas, en verdad me da miedo. Esto se debe al hecho de que en nuestra Constitución la facultad de los parlamentarios está muy menguada. A lo mejor, es bueno que así sea, porque si tuviéramos facultades para presentar todo tipo de iniciativas, el presupuesto de la Nación duraría dos meses, pues los proyectos que de verdad interesan a la gente son los que tienen que ver con dinero, como el aumento de pensiones, de sueldos, de subsidios para la salud y la vivienda. Eso es lo que me preocupa.
¡Cómo no va a ser bueno reconocer al autor intelectual de las iniciativas, la capacidad de los parlamentarios que presentan los proyectos!
Por eso, aun cuando la moción es factible y conveniente para que se reconozca nuestra labor, creo que habría que darle otra vuelta. Esto es lo mismo que ocurre cuando un parlamentario presenta un proyecto de acuerdo y llega al distrito diciendo: "Miren lo que conseguí para ustedes". Lo dice en todas las poblaciones y la gente queda feliz.
Al respecto, quiero preguntar, en honor a la verdad, cuántos de los proyectos de acuerdo aprobados en esta Sala -más de tres mil- han llegado a ser ley de la República. Garantizo que ninguno, y hemos creado con ellos falsas expectativas en todo el país. Hoy tenemos la oportunidad cierta de revertir esa situación. ¿Cómo hacerlo? Hoy hemos pasado a cuarto o quinto lugar en el interés de los medios de comunicación, porque están ocupados en otras cosas. Entonces, tenemos la oportunidad cierta de conversar tranquilos, de sentarnos y ver lo que la gente quiere de este Congreso Nacional.
Aquí hay cosas engañosas. ¿A qué conducen los proyectos de acuerdo? A nada. Igual los oficios se pueden mandar por la oficina de partes, y la respuesta llega más rápido que cuando se envían por la Sala.
A mi juicio -y en esto le pido disculpas a los colegas- ese trabajo es engañoso, porque no se concreta lo que se quiere. A lo mejor, uno queda con una tremenda satisfacción personal y, lo que es peor, se autoengaña al señalar que consiguió algo que nunca será realidad.
Por eso, creo que tanto los proyectos de acuerdo como la iniciativa que estamos analizando hoy tienen las mejores intenciones del mundo. Nadie lo duda, pero esto se puede prestar para que el Ejecutivo mande a sus parlamentarios más débiles a presentar proyectos, que luego acogerá, para que después puedan decir a la ciudadanía lo que hicieron por ella. Esas cosas no son buenas. La sana convivencia indica que todos debemos trabajar juntos, tirar para el mismo lado, como se hace en las comisiones -y como ha sucedido en la Comisión de Obras Públicas durante muchos años, en la cual generalmente los proyectos se aprueban por unanimidad y todos trabajamos con miras hacia el bien superior que es nuestra patria-.
No anunciaré mi voto a favor ni en contra, no porque sea ambiguo, sino porque creo que el proyecto debe volver a Comisión para que los parlamentarios podamos hacer algunas indicaciones y mejorarlo, porque en lo sustantivo me parece bien.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , si bien es cierto la finalidad de la moción es interesante, porque muchas veces los parlamentarios nos frustramos ante la imposibilidad de presentar proyectos, no es menos cierto que su redacción puede servir para que se forme un verdadero listado de proyectos declarados inadmisibles, y con eso el parlamentario llegue hasta sus electores, ante una posible reelección o entrega de cuenta de las actividades desarrolladas, a mostrar una serie de mociones que habrían sido rechazadas por inconstitucionales. Creo que está muy limitada la redacción del proyecto, falta complementarlo y darle un mayor peso moral y lógico.
Quiero comentar, sin ir más lejos, lo que sucede con los proyectos sobre exonerados. Desde hace más de dos años que se señala, incluso por miembros importantes del Gobierno, que se enviará un tercer proyecto para incorporar a la actual lista de exonerados políticos a quienes, por una u otra circunstancia, no postularon en su momento al programa que los beneficia. Sin embargo, sigue pasando el tiempo y se continúa expresando que habrá nuevas reuniones y que se establecerán nuevos plazos. El año pasado, en una conversación informal, un alto ejecutivo del Gobierno señaló el mes y el día en que se presentaría tal proyecto. Este año, en más de dos o tres oportunidades se ha dicho exactamente lo mismo: que el proyecto viene y que habrá una apertura para quienes no se inscribieron oportunamente.
A lo mejor, los parlamentarios podríamos haber presentado proyectos relacionados con ese tema, siempre tan candente, que tiene frustrados, en especial, a muchos pequeños campesinos, obreros y cesantes que, en su oportunidad, trabajaron en un asentamiento y no tuvieron ocasión de inscribirse para optar a los beneficios del mencionado proyecto. Incluso, algunos me confesaron que no lo hicieron por temor a ser marcados o fichados como integrantes o amigos de la Unidad Popular, coalición que provocó la situación.
Por las razones expuestas, votaré en contra la moción. No creo que tenga algún peso histórico válido para aprobarla.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , la moción que hemos presentado a trámite legislativo, junto con el diputado señor Camilo Escalona , pretende atenuar la conocida rigidez de nuestra Constitución en materia de iniciativa parlamentaria.
Todos conocemos el reducido ámbito de acción de los parlamentarios en materia de mociones y las dificultades que existen para atender, a través de ellas, las necesidades y requerimientos más urgentes de nuestros electores, quienes no siempre logran entender tales limitaciones.
La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional prevé, en su artículo 13, el mecanismo a que deben sujetarse las mociones inconstitucionales: ser declaradas inadmisibles, sin poder siquiera darse cuenta de ellas en la Sala.
El resultado práctico es que no queda registro alguno de su presentación, porque el proyecto, así declarado en la oficina de partes, en Secretaría o por la Mesa, es devuelto materialmente a sus autores.
Considero que lo anterior excede, como sanción, lo imprescindible para el correcto funcionamiento del marco constitucional. Basta con la imposibilidad de tramitar la iniciativa; pero la ausencia de un simple registro va aún más allá y escapa, incluso, a la lógica de todo procedimiento administrativo.
Ciertamente, se buscan soluciones alternativas; se redactan proyectos que no responden enteramente al sentido que quieren darle sus autores, sino a lo que permiten las facultades o, sencillamente, se excluyen algunas disposiciones y se los priva, muchas veces, del sentido que se les pretendió dar.
La solución que planteamos es muy simple: los proyectos seguirían sin tramitarse, de acuerdo con el marco constitucional. Sin embargo, se dará cuenta de ellos, con indicación de la causal que los afecta, para ser enviados posteriormente al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Ello permitiría dos cosas:
Por una parte, dejar constancia de su presentación y del hecho de haber sido declarado inadmisible, lo que ahora no sucede.
Por otra parte, se logra un cauce institucional para estas mociones al ser enviadas directamente al Ejecutivo, ya que podrían ser objeto de un eventual patrocinio.
Por desgracia, la mayoría de la Comisión de Constitución rechazó la iniciativa, con el argumento de que una proliferación de mociones inconstitucionales aumentaría el desprestigio de la actividad parlamentaria. Creo que ello no es efectivo y que la Comisión ha incurrido en un profundo error. Sería motivo de una larga discusión esclarecer qué motiva más desprestigio: la sensación de inacción ante la ciudadanía o la demagogia. Por una parte, la ciudadanía no siempre entiende las facultades del Congreso, menos aun cuando a ratos parece que ni siquiera se intenta dar soluciones.
Por otra parte, tampoco debemos sobredimensionar el efecto de lo que proponemos. Como ya lo expresaron diversos colegas en la Comisión, han ocurrido situaciones absurdas, como solicitar del Presidente de la República o de los ministros el patrocinio -y esto muchas veces profusamente publicitado en la prensa- sobre materias ya contenidas en leyes de la República o la aprobación de proyectos de acuerdo que sugieren legislar sobre tal o cual tema ya sancionado por el Parlamento.
No creo que dichas prácticas sean mejores o preferibles que la norma que proponemos. Algo indica que es preferible la honestidad de señalar las cosas como son.
En otro sentido, incorporarse a este registro, en muchos casos, no será motivo de orgullo, por lo que existe una limitación práctica que frenará el abuso. En último término, me parece más fácil explicar a la gente, con un registro en la mano que tal proyecto fue presentado. Pero escapa a nuestras posibilidades tratar de demostrar nuestro interés en una materia, sin respaldo alguno.
Este tema debe motivar una mayor reflexión, pues está en el centro de nuestra relación con la ciudadanía. Por ello, me parece muy importante aprobar el proyecto en general, con el objeto de mejorar su contenido en un segundo informe, sin cerrarnos a la posibilidad de debatir una materia tan significativa. Al respecto, quiero sumarme a lo planteado por el diputado señor René Manuel García , quien también, al igual como lo estoy solicitando, ha señalado que sería conveniente enviar el proyecto a la Comisión de Constitución para un segundo informe y así contar con más antecedentes y mejorar esta iniciativa parlamentaria.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señora Presidenta , estamos ante una materia que requiere de un debate bien profundo, porque dice relación con las potestades propias que la Constitución entrega tanto al Presidente de la República como al Congreso Nacional, en una labor que es compartida.
Cuando uno habla de la función legislativa, señala que el Presidente de la República colegisla y que nosotros también colegislamos. ¿Por qué colegislamos? En este sentido hay que ser bastante realista y reconocer que no tenemos la iniciativa exclusiva en la gran mayoría de las materias que son propias de la potestad legal. Por otra parte, el Ejecutivo determina la urgencia de la tramitación y también cuenta con el derecho a veto. Por tanto, nuestra facultad legislativa es muy limitada y por ello me atrevo a decir que colegislamos, aunque nos duela. Reitero que nuestro sistema se define como presidencialista exacerbado, cesarista, como dicen algunos, y doctrinario.
Me parece absolutamente loable la moción presentada por los colegas señores Escalona y Muñoz . Cuando se debatió en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, debo reconocer que tenía bastantes dudas. Por lo tanto, me abstuve, y así quedó constancia de mi decisión. Lo hice porque los artículos 12, 13, 14 y 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que regulan esta materia, son poco claros.
El inciso segundo del artículo 13 de nuestra ley orgánica constitucional establece claramente: “En ningún caso se dará cuenta de mociones que se refieran a materias que, de acuerdo con la Constitución Política, deben tener origen en la otra Cámara o iniciarse exclusivamente por mensaje del Presidente de la República ”. Por su parte, el inciso segundo del artículo 15 señala: “La correspondiente declaración de inadmisibilidad será efectuada por el presidente de la sala. No obstante, la sala podrá reconsiderar dicha declaración”.
Entonces, nos encontramos con que el artículo 13 no dice quien declara la inadmisibilidad de las mociones, por lo que deberíamos colegir que es el presidente o la Mesa. En la práctica, cuando uno presenta una moción, el Secretario nos señala: “ Diputado , la moción que usted está presentando es inconstitucional”. Entonces, uno responde: “¡Ah, ya! Si usted lo dice ...”. En otras ocasiones, el mismo Secretario nos indica la manera de enmendarla para que sea constitucional. Pero el Prosecretario me ha dicho también que el diputado puede solicitar que la declaración de inconstitucionalidad sea reconsiderada; para tal efecto se incluye en la Cuenta y es debatida por la Sala. Pero sucede que esa reconsideración no está considerada ni en el Reglamento, ni en la ley orgánica del Congreso Nacional, ni en la Constitución Política; de manera que es un instancia de hecho.
Ahora, como se trata de una atribución del Presidente de la Corporación -me gustaría que su Señoría ratificara o corrigiera lo que estoy diciendo, a fin de tener una mejor comprensión de lo que estamos tratando, porque puede ser que esté equivocado-, entraría a jugar el inciso segundo del artículo 15, que consigna: “La correspondiente declaración de inadmisibilidad será efectuada por el presidente de la sala. No obstante, la sala podrá reconsiderar dicha declaración”. Por lo tanto, la reconsideración se efectuaría en la medida en que el diputado lo pida. Si logramos darle mayor fuerza reglamentaria a esa reconsideración, creo que la moción en debate no sería necesaria, porque desde el momento en que se da cuenta de ella y se debate en la Sala -por cierto, a petición del diputado interesado- tal discusión quedará registrada en el boletín de sesiones; quedará consignado que la materia fue reconsiderada y declarada inadmisible por la Sala.
Mi consulta es si la reconsideración de inadmisibilidad a que se refiere el artículo 15 sólo se da respecto de los proyectos en tramitación, porque también podría interpretarse así. De hecho, cuando tramitamos un proyecto y se hace reserva de constitucionalidad por parte de cualquier colega, la Mesa debe resolver si es admisible o no y, eventualmente, la Sala reconsiderar dicha declaración.
Si fuera así, creo que la moción de los diputados Camilo Escalona y Pedro Muñoz es muy loable, puesto que las mociones de los diputados deben ser sometidas a debate, de manera que se den los argumentos que fundamenten la declaración de inadmisibilidad. Me parece de toda lógica y muy razonable que nos expliquen por qué la Mesa declara inadmisible una moción.
No sé si soy claro. Son dos figuras distintas que quiero reiterar. La primera tiene relación con el artículo 13, que dice claramente que no se dará cuenta de las mociones declaradas inconstitucionales. En mi opinión si no se debe dar cuenta de las mociones declaradas inconstitucionales por la Secretaría, estoy de acuerdo con lo que señalan los diputados que presentaron la moción. Seamos claro: si es a la Secretaría a la que le corresponde declarar la inconstitucionalidad de las mociones, los diputados deberíamos tener la posibilidad de pedir la reconsideración de esa declaración. ¿Cómo podría ser? Que el Presidente nos explicara por qué declaró inconstitucional la moción, y que los parlamentarios siempre tuviéramos la posibilidad de pedir que la declaración sea discutida por la Sala.
Ahora, si se aplica el artículo 15, que establece que la declaración de inconstitucionalidad podrá ser reconsiderada por la Sala, no sería necesaria la moción de los diputados Camilo Escalona y Pedro Muñoz .
Para mí es muy importante -creo que también para toda la Sala- que la Mesa se pronuncie sobre la materia y nos explique de qué manera funciona la declaración de inconstitucionalidad respecto de las mociones presentadas a la Secretaría.
Señora Presidenta, el diputado Burgos me ha solicitado una interrupción, y se la concedo con mucho gusto.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta .-
Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Burgos .
El señor BURGOS .-
Agradezco al diputado Luksic la interrupción que me ha concedido.
Señora Presidenta , por un lado, algunos de los diputados que nos abstuvimos mantenemos esa posición y algunas dudas; por otro, el diputado Luksic ha reconocido que de la abstención, ha pasado a defender con cierto entusiasmo una de las hipótesis de la moción.
Quiero proponer a la Mesa lo siguiente:
En primer lugar, aquí hay un problema que no había detectado, puesto que es necesario modificar otro artículo de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional que no contempla la moción. Su artículo 24 establece de manera clara: “En la tramitación de proyectos de ley los miembros del Congreso Nacional no podrán formular indicación que afecte en ninguna forma materias cuya iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República , ni siquiera para el merco efecto de ponerlas en su conocimiento”.
¿Cuál es la lógica de esta norma? El constituyente no ha querido que el Presidente de la República sea presionado para que patrocine proyectos o mociones inadmisibles. No es la intención de los mocionantes; pero, por ejemplo, un diputado -no creo que sea el caso de ninguno de los colegas presentes en la Sala- podría proponer un reajuste del 200 por ciento para el sector público y, después de lograr que el proyecto sea aceptado por la Secretaría y sea registrado, ir a su distrito y decir a sus electores que propuso ese reajuste.
Además, a mi juicio, el artículo 14 de Reglamento deja claras las cosas. Pero reconozco que hay algo que no señalé en mi informe: aquí cabe una mayor discusión de la que presumíamos quienes votamos en contra del proyecto.
Dada esta situación, no sé si será posible que el proyecto vuelva a la Comisión, para los efectos de analizar los extremos jurídicos señalados por los diputados señores Zarko Luksic , René Manuel García y Enrique Jaramillo , que, a mi juicio, amplían un poco el horizonte de la discusión, que en la Comisión fue más restringido.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Es necesario recabar el acuerdo de la Sala para aprobar la proposición del diputado señor Burgos. Por acuerdo unánime se puede enviar el proyecto a la Comisión para que sea objeto de mayor estudio.
Sin embargo, debo continuar otorgando el uso de la palabra, porque aún quedan diputados inscritos.
Recupera la palabra el diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señora Presidenta , creo que una buena salida es que el proyecto vuelva a Comisión. También es conveniente tener presente la experiencia del Congreso Nacional sobre la materia; pero no podemos renunciar a una prerrogativa fundamental: nuestra facultad de formular iniciativas.
Por eso, lo lógico sería que contáramos con un instrumento que nos permitiera consignar por qué una moción es declarada inadmisible. No creo que eso tenga que ver con el Ejecutivo , sino con nuestro funcionamiento. Con todo el respeto que me merece la Secretaría, no puede ser que de oficio, a ojo de buen cubero, declare si una moción es admisible o no.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Como su Señoría solicitó un pronunciamiento de la Mesa, debo recordar que el artículo 14 del Reglamento de la Corporación establece que cualquier diputado que no esté de acuerdo con la decisión del Presidente de la Cámara de declarar inadmisible un proyecto, puede solicitar la revisión de esa declaración de inadmisibilidad. Después de efectuado un debate sobre la materia, la Sala puede acordar la revocación de esa decisión.
De manera que los diputados cuentan con un instrumento para hacer valer sus puntos de vista sobre la materia y solicitar que una declaración de inadmisibilidad sea discutida por la Sala, a fin de corregir la decisión de la Mesa.
Por lo tanto, no puedo hacerme cargo de la afirmación de que hoy no existe un instrumento que nos permita resolver estos temas, sin perjuicio de poder mejorarlo.
El señor LUKSIC.-
Señora Presidenta , ¿puedo hacer una pregunta?
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LUKSIC.-
Entonces, ¿cómo entiende usted el inciso segundo del artículo 13 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional que establece: “En ningún caso se dará cuenta de mociones que se refieran a materias que, de acuerdo con la Constitución Política, deben tener origen en la otra Cámara o iniciarse exclusivamente por mensaje del Presidente de la República ”.
La expresión “en ningún caso” impide solicitar una reconsideración de la materia.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
De acuerdo con esa disposición, la Mesa declara inadmisible determinados proyectos. Sin embargo, el artículo 14 del Reglamento permite a los diputados pedir que esa decisión sea discutida por la Sala.
Recuerdo que, hace poco tiempo, una moción del diputado señor Navarro sobre juegos de azar fue declarada inadmisible por la Comisión; sin embargo, fue declarada admisible por la Sala, y el proyecto fue debatido y despachado.
De manera que en nuestro Reglamento existe una disposición que nos permite revocar una declaración de inadmisibilidad de la Mesa. Además, se puede recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las iniciativas.
Tiene la palabra el diputado señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta , me llama la atención que el diputado señor Burgos haya formulado esa objeción al proyecto, porque se trata de un parlamentario muy inteligente y de mente abierta, virtudes que demuestra en sus intervenciones.
El colega Burgos subrayó que el artículo 24 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional tiene la expresa intención de evitar que sobre el Presidente de la República , se ejerzan presiones con fines populistas u otras -no son suyas estas calificaciones, en todo caso-, que afecten el normal desempeño de sus funciones de jefe de Gobierno o jefe de Estado .
En el mundo de hoy, esas presiones ocurren a cada rato. Las que sufre el Presidente de la República son del diario vivir; antes y después de 1973, antes y después de la Constitución de 1980.
Es evidente que desde que una central obrera formula la petición de un reajuste que el Ejecutivo no comparte, está ejerciendo una presión. Y no falta que un parlamentario la haga presente en la Sala.
O sea, por la potencia y vigor que tienen hoy los medios de comunicación, todas las disposiciones que sancionó el constituyente, hace décadas, como dice el diputado Burgos , son arcaicas y están de más, porque la vida en la sociedad ha sido muy dinámica.
Por lo tanto, esta discusión es un contrasentido, ya que es absurdo que los parlamentarios nos privemos de algo tan elemental y simple como es dejar constancia de los proyectos inadmisibles. Por eso, con el diputado Pedro Muñoz sugerimos que se dejara expresa constancia de proyectos declarados inadmisibles por abarcar atribuciones exclusivas del Presidente de la República , con precisión de la causal, cuestión que hoy no ocurre.
Ese último agregado tiene que ver con normas básicas de la vida democrática. Si un parlamentario presenta una moción y es declarada inadmisible, lo elemental es que en cuatro o cinco líneas se indique el porqué.
No comprendo por qué una propuesta como la que presentamos con el diputado Muñoz , que es del interés de todos, cause tanta disquisición.
La diputada señora Pía Guzmán , en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, objetó el proyecto. Como lo señala el informe, argumentó que podría ser mal usado, en el sentido de que muchos parlamentarios podrían presentar propuestas desmedidas o inapropiadas. Pues bien, eso lo juzgará el electorado.
Si en una Corporación democrática de 120 personas, una presenta propuestas descabelladas, le corresponderá al electorado juzgarla. Pero esa no es razón para coartar o castigar al resto de los parlamentarios que presenten propuestas serias.
Hoy no queda registro de los proyectos declarados inadmisibles. Si alguien hace mal uso de sus facultades, el electorado lo castigará. Pero ¿qué culpa tienen los parlamentarios, sobre todo los que están en la Oposición, cuando se presentan proyectos que no coinciden con la opinión del Presidente ? El Presidente no los hace suyo y, por lo tanto, no van a ser tramitados nunca; ni siquiera quedará registro de ellos. No nos parece propio de la vida democrática que eso sea así.
En consecuencia, la modificación del artículo 13 de la ley orgánica constitucional nos parece tan de sentido común, que nos llama profundamente la atención que no tenga la acogida suficiente como para ser aprobada.
Ante esa disyuntiva, es preferible que el proyecto vuelva a la Comisión para un nuevo estudio.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Ha terminado el Orden del Día.
Han quedado inscritos para intervenir los diputados señores Forni y Navarro.
Recabo el asentimiento de la Sala para enviar de vuelta a Comisión el proyecto, a fin de que se elabore un nuevo informe, atendidas las observaciones hechas en el transcurso del debate.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INCLUSIÓN EN LA LEGISLATURA EXTRAORDINARIA DEL PROYECTO QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ALVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 185, de los señores Ibáñez, Forni, Prieto, de la señora Cristi, doña María Angélica; de los señores Hernández, Pérez, don Ramón; a la señora González, doña Rosa, y del señor Kast.
“Considerando:
Que en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de esta Corporación, desde julio de 2001, existe un proyecto de ley que regula la instalación de antenas de telefonía móvil.
Que esta Comisión acordó, con fecha 6 de agosto de 2002, remitirlo a la Sala para su estudio y votación, y que, por oficio N° 11-348, Su Excelencia el Presidente de la República lo retiró de la convocatoria a la legislatura extraordinaria 348a.
Que, por oficio N° 134/2002, de 3 de octubre de 2002, la Comisión solicitó a S.E. el Presidente de la República incluirlo en la convocatoria y el Ministro Secretario General de la Presidencia , por oficio N° 1009, de 11 de octubre de 2002, respondió que pidió informes a los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones.
Que han transcurrido exactamente cinco meses desde que la Comisión recibió tal respuesta, y aún desconoce la información proporcionada por los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones.
Que hay necesidad urgente de una legislación adecuada que regule esta materia, debido a la proliferación de instalaciones de antenas de telefonía móvil tanto en el nivel local como en el nacional, lo que se ha constituido en motivo de alarma pública.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S. E. el Presidente de la República que, en ejercicio de sus facultades constitucionales exclusivas, se sirva incluir en la actual convocatoria a legislatura extraordinaria, con carácter de suma urgencia, el proyecto de ley que regula la instalación de antenas de telefonía móvil.”
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo en comento es de máxima importancia que para los vecinos que enfrentan una constante proliferación de antenas de radiotelefonía y, en general, de telecomunicaciones, que, de alguna manera, han alterado los paisajes urbanos.
En la Cámara duerme un proyecto que regula su instalación. Llamo la atención sobre este punto porque, precisamente, frente a la indiscriminada instalación de antenas, no hay una regulación adecuada ni se sabe a qué organismo público le corresponde autorizarlas y controlar la materia.
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acordó, con fecha 6 de agosto de 2002, remitir el proyecto a la Sala para su estudio y votación. Sin embargo, el Presidente de la República lo retiró de la legislatura extraordinaria. La Comisión le pidió explicaciones y le solicitó que lo repusiera, a lo cual el ministro secretario general de la Presidencia respondió que para tomar una decisión definitiva había solicitado informes a los ministerios de Vivienda y de Transportes y Telecomunicaciones.
Hasta ahí se supo del proyecto, que sigue durmiendo una larga siesta, mientras que las antenas siguen proliferando y complicando y molestando a los vecinos.
Se necesita con urgencia una legislación adecuada al respecto. Es posible que ese proyecto, en cuya redacción intervinimos varias personas, sea mejorado. Pero, de alguna manera, se debe llegar a una conclusión.
Por eso, se pide al Presidente de la República que lo incluya en la legislatura extraordinaria.
Desde luego, nosotros votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , en esta materia se ha trabajado largamente en la Comisión de Obras Públicas y comparto el planteamiento que se ha hecho.
En primer término, soy uno de los autores del proyecto que regula la instalación de antenas, junto con la diputada Caraball . A no ser que el Gobierno haya tenido presiones de alguna empresa telefónica, no hay explicaciones para su retiro, ya que el daño patrimonial que se está haciendo es tremendo.
Por eso, esperamos que su Excelencia el Presidente de la República acoja la petición de la Sala y llamo a los colegas de todas las bancadas a que nos unamos para poder sacar adelante este proyecto, ojalá, el primer semestre de este año.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PARA EDUCADORES. Aplicación del artículo 48, Nº 1, de la Constitución Política. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo correspondiente al Comité del Partido de Renovación Nacional, tiene la palabra, por 4 minutos, el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO .-
Señor Presidente , en esta oportunidad me voy a referir a un problema muy especial y serio.
En estos días, nuestra sociedad está convulsionada por diferentes problemas que abarcan, prácticamente, todos sus estratos; no se escapa ninguno. Por otra parte, todos sabemos que el futuro del país depende de lo que logremos en desarrollo. Eso nadie lo discute. Tampoco nadie cuestiona que ese desarrollo está íntimamente ligado al nivel de nuestra educación; pero hoy muchos estamos muy inquietos por su calidad.
Es indudable que en los anteriores gobiernos de la Concertación se han hecho muchas cosas en educación y que apuntan en el sentido correcto. Por ejemplo, el proyecto Enlace, que favorece especialmente a las zonas rurales, y el financiamiento compartido, quizás una de las innovaciones de mayor trascendencia en educación de los últimos años. Asimismo, es muy importante el notorio incremento que ha experimentado el presupuesto en educación.
Pareciera ser que todo -reitero-, apuntando en el sentido correcto, debería dar resultados positivos. Pero la realidad es otra.
Chile, según un reciente estudio de la Unesco, gasta en educación el 7,2 por ciento de su producto interno bruto. A guisa de ejemplo, Jordania gasta un 7 por ciento; Malasia , un 5,1 por ciento e Indonesia sólo el 1.2 por ciento. Sin embargo, todos esos países, según ese organismo, de acuerdo con parámetros internacionales, tienen mejor rendimiento y exhiben una calidad muy superior en educación que la nuestra. Hoy, estudios nacionales demuestran que sólo el 15 por ciento de los niños que salen de octavo año básico cumplen con las exigencias programáticas en matemáticas en ese nivel.
A través de estos antecedentes se plantean serias dudas acerca de la forma en que se usan los recursos en el sector educacional. Y para buscar soluciones -porque nadie en Chile puede estar ajeno a la importancia de la educación-, deseo recordar que, desde 1996 a la fecha, se ha enviado al extranjero un número importante de profesionales de la educación.
Tengo en mis manos cifras oficiales: Entre los años 1996 y 2001, un total de 4 mil 600 profesores han utilizado ese programa de becas. Creemos que, frente a los resultados magros en lo que se refiere a calidad de la educación y al gasto que ello significa, hay necesidad de averiguar qué pasa.
Por eso, de acuerdo con el artículo 48, número 1), de nuestra Carta Fundamental, solicito que se oficie al señor Presidente de la República para que, a través del ministro correspondiente, nos informe de los siguientes antecedentes:
1. Listado de profesionales de la educación que han sido becados en el extranjero desde 1996 a la fecha.
2. Criterios con que se han seleccionado dichos profesionales.
3. Beneficios de esas pasantías -así llamadas- en relación con el sistema educacional, evaluados correctamente, en forma que sea creíble o acreditable.
Además, que nos informe acerca del gasto total que ello ha significado.
Solicito, asimismo, que se oficie al señor contralor general de la República para que se sirva informar sobre los gastos que ha significado el cumplimiento de este programa del sector educacional.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al contralor general de la República .
En votación el oficio dirigido al Presidente de la República.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al Presidente de la República .
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Se abstuvo el diputado señor
ANTECEDENTES SOBRE ACCIONES VIOLENTISTAS OCURRIDAS EN EL SUR DE CHILE. Oficio.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , en los últimos cinco años, nuestro país ha perdido la capacidad de asombro frente a los hechos de violencia que ocurren en los campos del sur.
Efectivamente, en las regiones Octava, Novena y Décima, hemos sido testigos de cómo, día a día, se incrementa la violencia a través de toma de fundos y de atentados contra la propiedad privada y las personas. Aparentemente, la violencia no se detiene sino que aumenta.
Por eso, solicito que se oficie el ministro del Interior para que informe a la Cámara sobre qué cantidad de denuncias ha habido en los tribunales desde 1998 a la fecha; cuántos de los casos denunciados han pasado a la justicia ordinaria; cuántos han sido sobreseídos -en el caso de haber pasado por los tribunales-; en cuántos ha habido condenas de los inculpados y qué medidas especiales ha tomado el Ministerio del Interior tanto al interior de las provincias como de las regiones mencionadas.
Es conveniente que la Cámara tome cartas en el asunto, porque la situación se está haciendo insostenible para mucha gente que se encuentra desprotegida, especialmente en los lugares más apartados del sur de Chile.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de Renovación Nacional y de la UDI.
INFORMACIÓN SOBRE LICITACIONES REALIZADAS EN LA NOVENA REGIÓN POR LOS MINISTERIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , en la Novena Región he escuchado una serie de rumores, probablemente malintencionados, y como no quiero vivir de rumores -me gusta la realidad y la transparencia- solicito que se manden dos oficios en el mismo sentido.
Pido que se oficie a los señores ministros de Obras Públicas y de Vivienda y Bienes Nacionales , con el fin de que me informen sobre lo siguiente: total de obras licitadas en la Novena Región desde 1998 la fecha; precio de oferta de cada licitación y precio con que se terminó pagando la obra.
Solicito esto con la mejor de las intenciones, porque mucha gente dice que se licita a un precio, pero se paga otro superior, el que a veces sobrepasa el 200 por ciento. Entonces, quiero saber si esos rumores son efectivos, si los valores pagados están perjudicando el presupuesto de la Nación y, en consecuencia, a la gente más pobre; porque si las asesorías son malas, lógicamente, perjudican a la gente. Como mi intención es que la gente esté bien protegida y las platas vayan a buen recaudo, espero tener respuesta lo antes posible para que estos rumores se acallen.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los partidos Renovación Nacional, UDI y Radical Social Demócrata.
REVOCACIÓN DE TRASLADO DE OFICINAS PÚBLICAS DESDE SAN ANTONIO A VALPARAÍSO. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista, Radical Social Demócrata, tiene la palabra, por 4 minutos, el honorable diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS .-
Señor Presidente , intervengo en esta oportunidad a raíz de las inquietudes que me han formulado, con mucha preocupación y con gran desaliento, las organizaciones sociales de San Antonio, debido a las medidas inconsultas y precipitadas que han tomado algunos ministerios de retirar de esa ciudad oficinas administrativas de servicios públicos, cuyos funcionarios orientan o solucionan múltiples problemas de la población.
Como la Sala sabe, la condición socioeconómica de gran parte de la población de San Antonio es precaria y el índice de cesantía es alto, uno de los más altos de Chile. Por eso, estas medidas afectan el ánimo de su gente y, a su vez, dificultan la solución de sus problemas.
Se ha determinado, con el propósito de centralizar -en circunstancias de que estamos abocados a una política de descentralización- el traslado de la oficina de Bienes Nacionales, a Valparaíso. En consecuencia, quienes aspiran, por ejemplo, a sanear el dominio de un pequeño sitio, de un inmueble modesto, deberán viajar a la capital regional para iniciar los trámites.
Esto es algo que afecta a la provincia, en ningún caso la beneficia, como debería ser el fin que tiene que guiar el actuar de nuestras máximas autoridades, en este caso, el ministro de Vivienda y Bienes Nacionales.
Lo mismo está ocurriendo con la oficina de la Dirección de Obras Portuarias del principal puerto de Chile: San Antonio . También se está estudiando trasladarla a Valparaíso con todo su personal, en circunstancias de que es un servicio que existe desde los mismos 100 años que tiene el puerto.
En estos momentos el puerto está creciendo, convirtiéndose en un puerto modelo. También hay una multiplicidad de caletas que están mejorando su infraestructura, por lo que la permanencia de esa oficina allí resulta necesaria e indispensable.
La medida impugnada afecta, incluso, emocionalmente a la población y retrasa su desarrollo.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro encargado de las carteras de Vivienda y de Bienes Nacionales pidiéndole la mantención en San Antonio -provincia decaída- de esas dos oficinas.
También que se oficie al ministro de Obras Públicas haciéndole presente la inconveniencia de designar a un funcionario de nivel intermedio, para que, en forma caprichosa, concrete el traslado de la oficina de San Antonio para concentrar en Valparaíso todo el movimiento portuario.
Considerando que estamos ante un atropello, indebido e intolerable, solicito que también se oficie al ministro del Interior para que revoque esas medidas, que no concuerdan con nuestro gran compromiso de mejorar la situación de vida de la gente de los pueblos con más carencia.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicita por su Señoría, con la adhesión de las bancadas democratacristiana, del PPD y socialista.
CONSECUENCIAS DE LA EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo correspondiente al Comité Socialista y Radical Socialdemócrata tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , en estos pocos minutos quiero dar a conocer una situación que nos tiene bastante preocupados y que se está dando en una buena parte de las comunas del país y, por cierto, en la Décima Región -que me honro en representar-: la externalización de los servicios postales de correos que se está llevando a cabo desde hace un par de meses.
Aunque hoy somos testigos de los primeros efectos de un sistema postal que no está funcionando, debo recordar a la Sala que cuando se anunció el despido de 1.600 funcionarios de Correos de todo el país y el consecuente cierre de oficinas postales en decenas de comunas de Chile, especialmente rurales, fuimos los primeros en señalar nuestra preocupación por cuanto ello se iba a traducir en dificultades de acceso al servicio para los pobladores de los sectores más pobres y apartados.
Lamentablemente, el tiempo nos está dando la razón, ya que en distintas reuniones que hemos sostenido con organizaciones sociales, dirigentes vecinales, ciudadanos de las diferentes comunas afectadas, nos han dado a conocer los problemas que han surgido debido a la externalización del servicio, tales como retrasos en los envíos de correspondencia postal, encomiendas, lo que inclusive en algunos casos se ha traducido en problemas de índole personal y familiar, como es el caso de la señora Esmerilda Carrillanca , de Los Muermos, quien sufrió un percance bastante complejo por la demora de entrega de su correspondencia.
Debo destacar que no estamos ante un problema menor, porque en el distrito 56, que represento, hay cuatro comunas afectadas por esta decisión: Los Muermos, Fresia, Puerto Octay y Puyehue.
En la comuna de Los Muermos, en los últimos tres meses, dos empresas se han hecho responsables del servicio, pero no podemos visualizar aún -por razones obvias- que se entregue un servicio óptimo a la ciudadanía, lo cual se traduce en un problema de incuantificable significado para la gente. Tampoco hay una cantidad de servicio público en esas empresas, lo que repercute muy negativamente en los usuarios.
Quiero agregar que pediremos al Gobierno priorizar el proyecto de ley presentado por los colegas Juan Bustos, Sergio Aguiló y toda la bancada del Partido Socialista en noviembre del año pasado, iniciativa que busca modificar el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, con el objeto de ampliar la participación de Correos de Chile a servicios a los que hasta hoy les está vedado intervenir, como lo son aquellos que desarrollan fuertemente su competencia en rubros tales como giros de dinero, comercio electrónico, recaudaciones, cobranzas de servicios, comunicaciones y otros similares. En el mundo globalizado en que vivimos, Correos de Chile debe estar a la par con esos avances. Desde ese punto de vista, es muy importante ser parte de la entrega de esos servicios, mediante una ley.
Por lo tanto, es vital que Correos de Chile recupere su importancia, no sólo por su papel insustituible como ministro de fe al transportar los votos de las elecciones, sino fundamentalmente para hacer cumplir los compromisos internacionales asumidos por el país, que obligan a proveer el acceso al servicio postal, es decir, lograr que toda la gente ejerza su derecho de enviar y recibir cartas, no importando el lugar donde vive.
Por ello, solicito enviar oficio al ministro secretario general de la Presidencia , don Francisco Huenchumilla , a fin de que tome cartas en el asunto, dé prioridad al proyecto, por el bien de Chile y, sobre todo, de los habitantes rurales.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, Partido Radical y Partido por la Democracia que así lo indican.
CONTAMINACIÓN POR ACOPIO DE PLOMO EN LAS REGIONES PRIMERA Y SEGUNDA. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , como es de conocimiento de la honorable Cámara, en reiteradas ocasiones he dado a conocer a la opinión pública, a través de esta tribuna, la grave situación que afecta a la población de las regiones Primera y Segunda, en lo relacionado con la contaminación por elementos altamente nocivos para la salud humana.
Si antes di a conocer la contaminación por boro, arsénico o cadmio, fue con la única finalidad de proteger a la población, ya que sin duda hoy no existe una legislación que asegure en forma convincente a la población el consumo normal del agua potable.
Con estas denuncias no he querido ser alarmista; pero, lamentablemente, la autoridad aún no ha hecho lo suficiente para revertir la grave contaminación que afecta a los habitantes de las regiones mencionadas, en especial a los niños.
Tomando en consideración los recursos de que dispone la Región Metropolitana, esta despreocupación demuestra que aún se sigue discriminando a la población de las regiones.
Hoy debo informar que, según el último informe del Sesma, Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, de 30 de enero de 2003, la situación en la Primera y la Segunda Regiones, en especial en Arica, sigue exactamente igual que hace cuatro o cinco años, es decir, que no se ha cumplido ninguna de las promesas de diferentes ministros de Salud , que se han comprometido a hacer análisis, a dar raciones alimenticias y a otorgar medicamentos.
Seguimos exactamente igual a pesar de que, desde 1997 a la fecha, se han realizado 24 seminarios abiertos de difusión, 11 conferencias, 6 seminarios de difusión del conocimiento técnico-científico, 14 cursos de capacitación; a contar de 1998, 6 proyectos de estudio, 9 evaluaciones de impacto ambiental de la Conama, 14 proyectos de residuos de industrias, 9 proyectos de calidad del agua, 11 proyectos de campaña de medición de contaminación del aire; 31 análisis de peligrosidad de residuos sólidos y acopio de mineral; 3 estudios del sistema de inventarios de emisiones; 33 laboratorios de análisis y modernización atmosférico. En total, en cuatro o cinco años, 167 proyectos, seminarios, conferencias y estudios y, sin embargo, seguimos exactamente igual.
La contaminación por plomo, que no existe sólo en las regiones Primera y Segunda, también está radicada, según el último informe del Sesma, también en Santiago y en otras regiones, aunque no con la misma fuerza que en Arica, donde el acopio de minerales de Bolivia y de residuos tóxicos que se han depositado allí la convierten en un gran foco de contaminación para sus habitantes
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud para que disponga las medidas y recursos necesarios: en primer lugar, para que se cumpla con la promesa de efectuar 5 mil exámenes, formulada por la ex ministra de Salud , señora Michelle Bachelet , y con los suplementos vitamínicos y medicinas comprometidos hace más de tres años.
Señora Presidenta , pido que se oficie, también al ministro de Salud , a fin de que instruya al seremi de Salud de la Primera Región responda los oficios enviados por la Cámara de Diputados en agosto de 1999, los cuales, a pesar de haber sido reiterados, no han tenido respuesta alguna.
Señora Presidenta , pido que un tercer oficio sea enviado a la Cancillería, con el objeto de que nos informe sobre el costo, valores y fecha de adquisición de los tres terrenos adquiridos para acopiar minerales de plomo en Arica, y las razones por las cuales, a pesar de haber invertido el Gobierno muchos recursos, hasta el momento la contaminación por plomo de nuestra gente sigue exactamente igual.
Finalmente, pido que se oficie al contralor general de la República con el objeto de que nos informe cuál fue el costo de los estudios sobre contaminación ya reseñados, porque tengo la plena seguridad de que si esos recursos se hubieran utilizado de otra forma, ya habríamos solucionado el problema de los niños contaminados por plomo en Arica.
Finalmente solicito que el oficio al contralor de la República sea acompañado por los estudios pertinentes para una mejor información.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.
Agradeceré a la señora diputada hacer llegar los antecedentes a la Mesa, a fin de enviarlos junto a los oficios.
RECHAZO A CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO EN ZONA DE ALTO JAHUEL. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor José Antonio Katz .
El señor KATZ.-
Señor Presidente , en las últimas semanas el país se ha visto remecido por escándalos político-financieros, para denominarlos de alguna manera.
En la zona del Maipo, que represento, está a punto de vivirse lo que podríamos llamar un “escándalo político-medioam-biental”.
Muchos de los diputados saben que el año pasado se presentó un proyecto para la construcción de un aeropuerto, en la zona de Alto Jahuel-Cruz del Sur.
Dicho proyecto es de la empresa que forman los señores Max Marambio , Francisco Posada -representante de Transex- y César Topali -ex general de la Fuerza Aérea de Chile-.
Este año la iniciativa fue rechazada por la Corema por 17 votos contra 0; además, fue impugnado por el 90 por ciento de la comunidad, por todos quienes conforman las viñas de la zona, por los alcaldes, por los diputados de la zona y por los cores.
A pesar de que el proyecto fue rechazado en forma unánime, la sociedad Los Silos de Nazareno, conformada por personas muy influyentes, apeló a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama , que es el ente político llamado a resolver controversias de este tipo.
¿Por qué señalé que en este caso vamos a vivir un escándalo político-medio-ambiental? Porque el proyecto no tiene viabilidad medioambiental. Por tanto, si la Conama aprueba la construcción de un aeropuerto en esa zona, estaría vulnerando todos los informes emitidos en forma responsable por los seremis para oponerse al proyecto de aeropuerto. Podríamos vivir algo como lo ocurrido en el caso de Inverlink, en el cual un ex ministro de Estado llamó por teléfono al alcalde de Viña del Mar y le “sugirió” no retirar los fondos. Aquí podría pasar lo mismo, ya que algún miembro del organismo consultivo de la Conama podría llamar a un ministro y sugerir que el proyecto es bueno, porque quizás su empresa representa los intereses de esas personas en la construcción del aeropuerto.
Por tanto, pido oficiar al ministro secretario general de la Presidencia , en su calidad de presidente de la Conama , a fin de que dé a conocer el nombre del representante del Presidente de la República en el consejo consultivo de la Conama, desde cuándo ejerce el cargo, en qué fecha cumple su período y si a dicho representante lo une alguna relación de parentesco, ya sea por afinidad o por consanguinidad, con el Primer Mandatario .
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
IRREGULARIDADES EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES EN SAN PEDRO DE LA PAZ.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , hace algunos días pedí oficiar al contralor regional de la Octava Región , a fin de investigar una venta efectuada por el municipio de San Pedro de la Paz, la cual, a juicio de un grupo de vecinos de esa comuna, habría dañado gravemente el patrimonio municipal.
En mi intervención no acusé a personas ni a instituciones, sino que mi inquietud, y la de los diputados señores Jorge Ulloa e Iván Norambuena , era aclarar una situación que ha causado mucha preocupación en la opinión pública de la región, hecho que ha sido comentado por los medios de comunicación social.
El jueves 7 de marzo de 2003, el diario “El Sur”, en un extenso y documentado artículo, denunció esa ilegalidad. ¿Cuál fue la respuesta que los diputados recibimos de parte del alcalde de esa comuna y que fue dada a conocer en una extensa intervención por nuestro colega José Miguel Ortiz ? Nos acusó de oscuras e injustas maniobras políticas.
Por esa práctica de los representantes del Gobierno, de descalificar a quienes deben fiscalizar a las autoridades, hoy vemos el deplorable espectáculo del Gobierno de la Concertación, el cual se encuentra sumido en un gran desprestigio, ya que cada día nos sorprende con un nuevo escándalo. De allí que la opinión pública no termina de asombrarse de este festival de corrupción y desaciertos.
He hecho mención a dichos antecedentes porque no es primera vez que, frente a denuncias responsables y documentadas, diputados de la UDI de la Octava Región hemos sido descalificados, acusándosenos de demagogos y politiqueros.
Sin embargo -para que nuestro colega Ortiz haga un poco de memoria-, ¿cuál fue el verdadero resultado de las denuncias? El escándalo de la gobernación provincial, donde está involucrada la alta dirigente democratacristiana, Cinthya Mitchell , fue el anticipo de la vorágine de corrupción y falta de transparencia a que el país se ha visto enfrentado y a lo que el Gobierno de la Concertación nos tiene acostumbrados.
Cabe mencionar la denuncia que presentamos sobre el proyecto de modernización administrativa y la investigación sobre el proyecto de electrificación rural, respecto de los cuales la contraloría ordenó un sumario y una investigación de las actuaciones, entre otras autoridades, del intendente regional. Las conclusiones de dicha investigación aún las estamos esperando. En todas esas denuncias, la contraloría le dio la razón a los diputados señores Ulloa , Norambuena y al que habla.
Hoy, nuevamente nos enfrentamos a la descalificación, al desprestigio, y a la búsqueda de una desfiguración política en el ejercicio fiscalizador que nos encomienda la Constitución.
Aquí se pretende levantar una cortina de humo sobre el real y verdadero problema de la venta del terreno a un sospechoso precio y condiciones.
Frente a estas dudas, la comuna y la región esperan que sus autoridades municipales les respondan ¿por qué el precio de ese terreno se vendió a sólo 0,79 unidades de fomento el metro cuadrado, cuando en la zona y en ese sector está sobre las cuatro unidades de fomento? No cabe duda de que el valor pagado es irrisorio. Así lo demuestran estudios documentados que obran en mi poder. ¿Por qué en los llamados a licitación -que fueron tres- se pedía que los inversionistas postularan a la compra de un terreno destinado a la construcción de tipo comunitario? ¿Por qué el texto y contenido de dichas licitaciones fueron distintas a lo que se estaba licitando?
Después de hacer la publicación en el diario “El Sur”, y sin descalificar al diario “Crónica”, lo hicieron, también, en ese diario.
Esos avisos obran en mi poder. En el primero, de 1998, se llama a licitación pública de terrenos de propiedad municipal. Se trata de un loteo -no se especifica para quién se licita- de 12 mil metros cuadrados. El segundo aviso hablaba de enajenación de terrenos municipales. Lugar privilegiado, en excelente zona residencial; apto para equipamiento deportivo, educacional, cultural, comercial, servicios y otros.
El tercer aviso es de abril de 2000. Decía: "Enajenación de terrenos de propiedad municipal; apto para equipamiento deportivo, educacional, cultural, comercial y turismo; ubicación: 12 mil metros cuadrados".
Por último, también se publicó un pequeño aviso cuestionado, que dice: "Enajenación de inmueble de propiedad municipal". No habla de terreno; no hablaba de condición; no hablaba de ubicación. No decía nada; sólo que la venta de las bases se realizaría el 1 de abril y, el cierre, el 3 del mismo mes. Y que los sobres con las propuestas se abrirían el 9 de abril, a las 12 horas, y que la adjudicación se informaría a 12.15 horas.
Jamás ha sido nuestro ánimo crear incertidumbre en el sector privado ni detener los proyectos inmobiliarios actualmente en estudio en la comuna de San Pedro de la Paz.
Pero no transaremos jamás, en esta situación o en cualquier otra, el que exista poca transparencia en la venta de un bien que, en definitiva, pertenece a toda la comunidad y, en este caso, a nuestra comuna de San Pedro de la Paz.
Siempre pediremos a las autoridades cuenta de sus actos. No es nuestro afán perjudicar al alcalde y a su familia, a la cual conozco desde hace muchos años. Nuestro interés y obligación no es otro que esperar que las autoridades, tanto del país como de la región y de nuestra comuna, jamás teman cuando la gente les pida conocer sus actos. Para eso fuimos elegidos a través del voto popular.
Por último, hago llegar nuestro apoyo solidario al concejal UDI, Mario Delannays , concejal de San Pedro de la Paz, quien, por tener una posición crítica respecto de la oscura venta de ese terreno, ha recibido todo tipo de presiones y descalificaciones.
El concejal Delannays lo sostuvo nuevamente ayer en una reunión extraordinaria del concejo municipal de San Pedro de la Paz: el concejo y él jamás conocieron el valor final en que se vendió el terreno ni tampoco el cambio de uso de suelo del terreno licitado. La mejor prueba de ello es la lectura, el conocimiento de los cuatro avisos publicados por el municipio de San Pedro.
Por eso, pido que se haga claridad en esto.
He dicho.
DEFICIENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero referirme a las graves deficiencias que presentan dos nuevos edificios de establecimientos educacionales de Angol y Collipulli, lo que me hace dudar de la calidad de las revisiones técnicas que efectúan los inspectores que normalmente se nombran cuando se ejecutan este tipo de obras.
Me refiero a los problemas de edificación que presentan en su estructura las escuelas Aragón F-8 , de Angol, y E-120, Víctor Durán , de Collipully, cuyos directores han hecho las denuncias respectivas sin recibir una respuesta satisfactoria.
Ayer me contacté, telefónicamente y por fax con el señor Raúl Vega Etcheverry , quien en una visita a la escuela E-120, Víctor Durán , detectó revestimiento mal pegado, grietas en estuco, pinturas dañadas, filtraciones de agua y grietas profundas en las ventanas.
También habría un informe de Bomberos señalando que daría cuenta de algunas deficiencias en el sistema de protección contra incendios.
El establecimiento fue entregado hace ocho meses, y no sé porqué, recién, el 6 de marzo la Dirección de Obras Municipales entregó el informe al alcalde y concejales de la comuna, cuestión que debió hacerse en su oportunidad.
Lamentablemente, cuando se inauguró el establecimiento hubo sesión, por lo tanto, no pude asistir a ella; tampoco lo visité después de su inauguración.
Todos nos alegramos cuando vemos establecimientos nuevos y de gran impacto arquitectónico en las comunas en donde se construyen, pero lamentamos que los alumnos no gocen de las comodidades que corresponden a una nueva edificación.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Educación , para que tanto la seremi de Educación como el departamento de Arquitectura de la Novena Región nos informen acerca de la situación planteada y sugiera qué se puede hacer para solucionarlo.
Todos sabemos que existen boletas de garantía y plazos establecidos para hacer los reclamos.
Me interesa saber cuándo fueron recepcionados los reclamos por la dirección de Educación, la seremi o el municipio, y verificar qué otras cosas han aparecido, aparte del informe de la Dirección de Obras ya mencionado, ya que, como digo, se habla de que habría fallas en el sistema eléctrico, las que no están señaladas taxativamente en el informe emitido por la Dirección de Obras Municipales del 6 de marzo recién pasado.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia y del Partido Radical que así lo indican.
ESTADO DE TRAMITACIÓN DE TRATADO QUE CREA CORTE PENAL INTERNACIONAL. Oficio
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente , quiero referirme a un tema que, fundamentalmente, tiene que ver con el ambiente prebélico, de guerra, que está viviendo el mundo, donde algunos países, poderes o autoridades creen que pueden hacer unilateralmente, lo que quieran sin la concurrencia de los organismos multilaterales que nos hemos dado para organizarnos como humanidad.
La Corte Penal Internacional se transformó en una realidad ayer, provocando una gran alegría en quienes creemos en el respeto de los derechos humanos en todo el mundo.
Es el primer organismo jurídico en su tipo, institución que tardó más de cincuenta años en convertirse en realidad. Once jueces y siete juezas juraron frente a la Reina Beatriz, en Holanda, y ante la presencia del Secretario General de Naciones Unidas . Este tribunal va a funcionar en La Haya, ciudad sede de la Corte Internacional de Justicia. Será la Corte Penal Internacional. Será independiente de las Naciones Unidas y juzgará disputas entre individuos y no entre Estados.
Ha sido inaugurado cuando el Estatuto de Roma, que le dio nacimiento, está pronto a cumplir cinco años.
Pese al boicot estadounidense, y con el juramento de los dieciocho jueces que lo conforma, ya es una realidad este tribunal penal de justicia, permanente, que va a juzgar delitos como el de genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad.
Es cierto que el trabajo no comenzará inmediatamente, sino hasta que se nombre al fiscal jefe del tribunal. Se han recibido más de 200 denuncias, muchas de ellas contra de dirigentes políticos africanos y de todo el mundo.
El tribunal trabajará de forma similar a los que se constituyeron para la antigua Yugoslavia y Ruanda, aunque, a diferencia de éstos, no será retroactivo, de manera que sólo podrá juzgar los crímenes cometidos tras la entrada en vigor del estatuto, lo que ocurrió el 1 de julio de 2002.
Hay países que están a favor y en contra. Estados Unidos, Rusia y China se han negado a ratificar el tratado que crea la Corte Penal Internacional, alegando que este tribunal podría ser utilizado para llevar a cabo procesos motivados políticamente. Pero, a su vez, existen otros países, defensores en materia de derechos humanos, que se han alegrado mucho y trabajado durante varios años por la creación de un tribunal de esa naturaleza. La sola existencia de ese tribunal puede evitar que se cometan crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y otras violaciones a los derechos humanos.
Lamentablemente, Chile no ha contribuido a ello. La Cámara de Diputados lo aprobó en su oportunidad, pero la tramitación del proyecto está detenida en el Senado. Se supone que se tendría que reformar la constitución para su aprobación.
Pido que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores, con el objeto de que nos informe cuál es el estado actual de tramitación del proyecto que permite aprobar el tratado que crea la Corte Penal Internacional.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de la bancadas del Partido Socialista, del Partido Radical y Partido Demócrata Cristiano que así lo indiquen.
CONSTRUCCIÓN DE COSTANERA SUR EN SECTOR DE SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficios.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, hace un rato escuchamos la intervención de mi colega de distrito.
Ayer fui claro y preciso. Di a conocer los antecedentes que tengo respecto al tema de San Pedro de la Paz. Ahora, como corresponde a las personas que juramos respetar la ley y la Constitución, esperaremos el resultado de la investigación de la contraloría regional de la Octava Región para saber quién tenía la razón.
También fui muy claro y preciso respecto de la campaña que había en contra del alcalde, don Jaime Soto , por su muy buena gestión. Debido a eso, y tratando -como siempre- de ser positivo, quiero exponer un tema que conversé el sábado recién pasado con el edil, y con un número importante de concejales de San Pedro de La Paz.
El camino de San Pedro de La Paz a Coronel, cuando asumió la Concertación en 1990, no tenía luz y contaba con una pista por sentido con un pavimento bastante deteriorado. Se le conocía como el “camino de la muerte”. En los gobiernos de la Concertación se construyó uno con dos pistas por sentido, con bandejón central e iluminación, con lo cual se logró mejorarlo absolutamente.
Alrededor de dos años y medio atrás se construyó el puente Llacolén, obra clave que mejoró una parte vial importante de mi ciudad de Concepción: el camino de San Pedro a Coronel y Santa Juana . Pero hace un tiempo planteamos la inquietud de realizar la construcción de la costanera sur en el sector de San Pedro de La Paz, al igual como se construyó la costanera en mi ciudad de Concepción.
Para tal efecto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , a fin de que se realice un estudio de ingeniería para analizar la factibilidad de construir un enlace entre el puente Llacolén y Juan Pablo II , de San Pedro de La Paz. La obra significaría dar una salida, desde el punto de vista vial, a todo el tráfico del sector de Villa Springhill, La Candelaria, Boca Sur y Michaihue.
Es una gran solución y justo premio a una comuna que ha sido muy bien dirigida por su alcalde, lo que quedó demostrado con la obtención de más del 50 por ciento de los votos en la elección pasada. Se trata de un compañero del Partido Socialista y me siento orgulloso de su calidad de líder, como también del cuerpo de concejales, entre los cuales hay dos distinguidos camaradas de partido, uno socialista, otro del PPD y un militante de la UDI. Cabe señalar que en la cosa macro, el concejo ha actuado como uno solo.
Solicito que se envíe copia del oficio, adjuntando el texto de mi intervención, al señor alcalde y al cuerpo de concejales, como también al señor intendente, a fin de buscar el financiamiento de la obra, que podría hacerse a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, junto con el texto de su intervención, con la adhesión de las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia, del Partido Socialista y Partido Radical.
CONSERVACIÓN DE ESTACIONES DE FERROCARRILES. Oficios.
El señor JARPA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , desde que asumí como parlamentario, en 1998, me comprometí a trabajar, de manera seria e incansable, en favor de la protección del patrimonio ferroviario y por la recuperación de la red ferroviaria de transporte, que trajo tanto bienestar y progreso al sur de Chile y, en general, al país entero.
Han sido varias decenas de veces que en esta Sala he hecho uso de la palabra para demandar la reposición del servicio de transporte de carga y pasajeros entre la capital y Puerto Montt. Desde que los sureños fuimos privados de ello, hecho ocurrido en años en que no vale la pena recordar, no se entendía, por decir lo menos, la importancia estratégica de lo que el ferrocarril significaba para el desarrollo económico de ese sur tan querido, tan nuestro y tan propio.
Hoy, una vez más, alzo mi voz y reclamo por lo que considero un grave incumplimiento, de parte de los actuales directivos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de los compromisos a los que ellos, en su momento, hace tan solo cuatro meses, se comprometieron en la Comisión Mixta de Presupuestos, como la realización de urgentes trabajos de reparación y conservación de las estaciones del ferrocarril que existen en varias ciudades del sur de nuestro país.
Es más, las autoridades del Ministerio de Transportes y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado se comprometieron a reparar, de inmediato, las abandonadas estaciones de Paillaco, Reumén , La Unión, Los Lagos, Trumao , por nombrar algunas, y disponer de ellas, mediante comodatos, para su utilización como infraestructura útil para instituciones de carácter cultural, satisfaciendo con ello, de paso, urgentes necesidades para el desarrollo de proyectos de bien, en este caso, en la provincia de Valdivia, y permitiendo la conservación de ese maravilloso patrimonio fiscal abandonado por tantos años.
Nada de eso ha ocurrido. Y estos otrora hermosos establecimientos ahora son verdaderos focos, antros de drogadicción y perdición para nuestra juventud, convirtiéndose en amenazas serias para la paz social de las comunidades en donde están situados. Cada día que pasa es mayor el costo de restauración debido al aumento del deterioro. Y son bienes de todos los chilenos, entre ellos algunos que no son malos chilenos, sino malos ejecutivos que permiten que allí no se haga patria y que no se resguarden los bienes públicos.
En vista de lo anterior, me he puesto en contacto, formalmente, mediante oficios y comunicaciones telefónicas, con la empresa. Ella ha hecho caso omiso de los reclamos que en innumerables veces he realizado sobre este tema. Los ejecutivos de la empresa no han cumplido con la palabra empeñada ante diputados y senadores.
En tiempos de la administración del señor Flaño se tomaron acuerdos y el nuevo directorio aún no toma nota de la importancia tremenda que tendrá en un futuro cercano la red ferroviaria en el sur de Chile.
Ayer leí en el diario "La Segunda" una declaración del gerente general de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, quien se sentía orgulloso del prestigio alcanzado hasta ahora por la empresa, porque en el extranjero era muy bien comentado el funcionamiento de la línea entre Santiago y Chillán: “Allí había limpieza e higiene”, decían algunos turistas argentinos en notas enviadas al diario "El Clarín", de Buenos Aires, respecto al servicio que ofrece el ferrocarril chileno.
¡Qué suerte que esos turistas no viajaron al sur de Chile, porque se hubieran sentido, a lo mejor, en la prehistoria! Es una vergüenza el servicio que hoy está ofreciendo la Empresa de Ferrocarriles en el sur de Chile. Eso lo denuncio en esta Sala una vez más, porque, nuevamente, ha colmado la paciencia de los fiscalizadores que integramos la Comisión de Presupuestos de la Nación, en la cual se ha acordado tantas veces, como ha quedado establecido en acta, que ello se corregiría. ¡Y eso no ha sido corregido por el nuevo directorio de la empresa!
Por tratarse, justamente, de bienes de todos nosotros, antes de hacer esta denuncia pública hice todo lo necesario como, por ejemplo, hablar con varias personas y buscar un entendimiento.
Me motiva para poner en el tapete de la discusión un hecho de administración legislativa ineludible y urgente, como es la pronta solución que debemos llevar a la reunión de la Comisión Mixta de Presupuestos. Allí este tema se planteará con fuerza, como hoy lo hago yo.
Por eso, solicito que se oficie, en forma urgente, adjuntando copia de mi intervención, al ministro de Obras Públicas y Transportes , al presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado -quien no contesta los oficios ni las llamadas telefónicas sobre el daño al patrimonio nacional-, y al señor Carlos Ominami , presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos , para que tomen cartas en este tan delicado y bochornoso tema, que compromete la imagen y la corrección de los procedimientos y el respeto, por cierto, que el Ejecutivo debe a los fueros y a la investidura de un Parlamento republicano y democrático.
Agrego, finalmente, que vivo a cuadras de una estación, hoy transformada en una pocilga. La ciudadanía, seguramente, comenta que allí vive un diputado que no es capaz de reclamar ante la opinión pública y al Ejecutivo por esta situación. ¡Qué tremendo deterioro de imagen nos provocan algunos funcionarios de este Gobierno, que no deberían ocupar esos cargos!
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de los Comités del Partido por la Democracia, Socialista y Radical Social Demócrata que así lo indican.
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE AVENTURA. Oficio.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , el deporte aventura ha alcanzado un importante desarrollo en los últimos tiempos, y es practicado no sólo en la temporada estival, sino que en distintas épocas del año.
Como su nombre lo indica, aventura implica riesgo, a veces peligros y en no pocas oportunidades, tragedia. Es practicado no sólo en ríos, sino también en lagos, montañas, proximidades de volcanes, etcétera. Lo cierto es que cada vez alcanza más adeptos y tiende a masificarse en ciertos lugares del país, donde sus condiciones geográficas se prestan para un desenfreno de la adrenalina.
Pero con ello también van quedando al descubierto vacíos legales e incumplimiento de determinada reglamentación por parte de algunas instituciones; en definitiva, desprotección para esas prácticas, lo que se traduce en un aumento de los riesgos.
Entre las especialidades más frecuentes del turismo aventura encontramos el rafting, el kayacks, el ducky, el hidrospeed, montaña, trecking y otros. Varias de estas prácticas, que a juzgar por sus nombres no parecen muy chilenas, constituyen un ambicioso objetivo turístico en no pocos lugares de Chile. Sólo por mencionar algunos: Petrohué, San José de Maipo , Pucón , San Pedro de Atacama, Futaleufú y otros.
En efecto, estos deportes, que son una gran atracción incluso para quienes no los practican, se convierten en un fuerte incentivo y complemento de la actividad turística en éstos y muchos otros lugares, donde, por cierto, arriban muchos turistas extranjeros. A la hora del balance no pueden desconocerse los significativos ingresos monetarios que por ese concepto perciben municipalidades, ciertos parques nacionales donde esto está permitido y, desde luego, la empresas que dirigen y controlan la práctica de estos deportes.
Sin embargo, dichas prácticas no pueden llevarse a cabo sólo por cuenta y riesgo del turista o aficionado. Quienes contratan estos servicios disponen de un guía que debe ser un experto en cada una de estas especialidades, con el fin de sortear con éxito los peligros que, como dije, resultan inherentes a la práctica; en definitiva, se trata de garantizar la seguridad que el usuario necesita.
No obstante lo anterior, no siempre la práctica de estos deportes resulta tan seguro, ya que en todas las temporadas ocurren accidentes, algunos de ellos fatales. Lo que sucede es que a veces no se conocen, especialmente cuando no se contrata el servicio de una empresa y sólo se arriendan los equipos, como sucede con la práctica del kayacks. El punto es que estas actividades a veces ni siquiera resultan tan segura para los guías, tal como ocurrió hace dos semanas en un práctica de montaña en Pucón, en la cual el guía Angelo Fuentes Sáez , de 27 años, con residencia en la ciudad de Lautaro, fue víctima de un grave accidente, luego de un derrumbe durante el cual una roca golpeó su cabeza y lo dejó inconsciente, con TEC abierto, fractura de cráneo y con un aún no superado riesgo de vida.
Creo que debemos avanzar en varios frentes para hacer más seguro el deporte aventura, toda vez que esta actividad sumará más adeptos año tras año. Sólo mencionaré algunos aspecto en que podemos avanzar:
1. Un más estricto control de la Conaf, especialmente en la entrada a parques nacionales, sobre todo en lo que se refiere a equipamiento de seguridad.
2. Fiscalización, por parte de la Dirección del Trabajo, del cumplimiento de la legislación laboral de esos trabajadores -que bien podrían ser considerados como temporeros para ciertos efectos-, quienes no cuentan en la actualidad con contratos de trabajo ni seguros en caso de accidentes, como el que ocurrió al joven Angelo Fuentes Sáez . Se da aquí la paradoja de que todos los usuarios que realizan estos deportes aventura cuentan con seguros, no así los guías.
3. Elaboración de un catastro por parte del Sernatur de los cursos y carreras que puedan impartirse, elementos curriculares que pudieran estar ausentes, con el objeto de hacer más segura esas actividades, y que cada guía tenga la acreditación que lo habilite para cumplir dichas funciones.
Solicito que se envíe copia de esta intervención al director nacional del Sernatur , Servicio Nacional de Turismo, don Oscar Santelices , con el objeto de que su Servicio lidere el monitoreo y supervisión a lo que debe ser un proceso de profesionalización y, especialmente, de mayor seguridad en el deporte aventura.
He dicho.
El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al Ministerio de Economía para que sea enviado al director del Servicio Nacional de Turismo , con la adhesión de los diputados del Partido Socialista, del PPD, de la Democracia Cristiana y del Radical que así lo solicitan.
Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 13,51 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Nº 21.739
Valparaíso, 11 de marzo de 2003.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo sobre aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución A/54/RES/263, de 16 de mayo de 2000, con su corrección al numeral 1, del artículo 3, notificada por el Depositario con fecha 16 de agosto de 2001, correspondiente al boletín Nº 3071-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3978, de 31 de octubre de 2002.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
2. Oficio del Senado.
“Nº 21.740
Valparaíso, 11 de marzo de 2003.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo sobre aprobación del “Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Boliviana de Venezuela”, suscrito en Santiago, el 20 de agosto de 2001, correspondiente al boletín Nº 3030-10.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y en particular, con el voto afirmativo de 34 señores senadores, de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3964, de 17 de octubre de 2002.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
3. Oficio del Senado.
“Nº 21.739
Valparaíso, 11 de marzo de 2003.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo sobre aprobación del Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y la República Federal del Brasil, suscrito el 20 de marzo de 2002, correspondiente al boletín Nº 3035-10.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y en particular, con el voto afirmativo de 31 señores senadores, de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3995, de 7 de noviembre de 2002.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
4. Informe de la Comisión de RR.EE., Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) (boletín Nº 3151-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud” (OIJ), adoptada en la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud y suscrita en Buenos Aires, el 1 de agosto de 1996, sometido a la consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional, sin urgencia.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
a) Orígenes de la OIJ.
De acuerdo con lo señalado en el preámbulo del instrumento en trámite, a partir del año 1985, declarado Año Internacional de la Juventud por la Organización de las Naciones Unidas, se generaron múltiples actividades de carácter mundial, regional y nacional en torno a las aspiraciones y dificultades de los jóvenes, una de las cuales fue la realización en Barcelona, España, del Congreso Mundial de la Juventud, y la celebración, en 1987, de la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Juventud, convocada por el Instituto de la Juventud de España. Desde entonces, las entidades responsables de asuntos de juventud se han reunido en diez oportunidades, en las cuales ha quedado de manifiesto el interés permanente de los gobiernos por las temáticas relacionadas con la cooperación internacional y el desarrollo de políticas comunes destinadas a favorecer a las nuevas generaciones de iberoamericanos.
En la VI Conferencia de 1992, celebrada en Sevilla, España , se inicia un proceso de institucionalización de un foro de diálogo, concertación y cooperación en materia de juventud, para lo cual el Presidente de la Conferencia suscribe un Acuerdo de Cooperación con el Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OIE), en virtud del cual se crea la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), como organismo internacional asociado a la OIE, dotado de autonomía orgánica, funcional y financiera.
En el curso de las actividades de la OIJ, llevadas a cabo con el apoyo institucional de la OEI, quedó de manifiesto que la nueva organización internacional carecía de los reconocimientos jurídicos suficientes, y que era procedente que los Estados Iberoamericanos que participaban en las decisiones de la OIJ formalizaran su existencia dotándola de personalidad jurídica de derecho internacional público de manera que pueda cumplir con mayor eficacia los fines para las cuales ha sido creada.
En este contexto, en 1996 se celebra en Buenos Aires la VIII Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Juventud, en la que se suscribe el Acta sometida a la consideración de la honorable Cámara, mediante la cual se le reconoce a la OIJ la calidad de organismo internacional autónomo con personalidad jurídica propia.
Su sede actual ha sido fijada en Madrid, España .
El Acta de Fundación de la OIJ, jurídicamente, es un tratado internacional, de manera que para que Chile se incorpore como Estado Parte es necesaria su aprobación parlamentaria, previa a su ratificación por el Presidente de la República , conforme lo ordena el Nº 17 del artículo 32 de la Constitución Política.
II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ACTA DE FUNDACIÓN DE LA OIJ.
A) Estructura del Acta de Fundación.
Este instrumento consta de una parte preambular, compuesta de dos párrafos; y otra parte dispositiva, que se divide en diez artículos.
En el párrafo primero del preámbulo, titulado “I.- Reunidos:”, se deja constancia de los 21 países miembros de la OIE reunidos en Buenos Aires, el 1 de agosto de 1996, para suscribir el tratado constitutivo de la OIJ, denominado “Acta de Fundación”: Argentina, Bolivia , Brasil , Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España , Guatemala, Honduras , Estados Unidos Mexicanos, Nicaragua, Panamá , Paraguay , Perú, Portugal , Uruguay y Venezuela.
El subrayado indica los 14 países que han suscrito este tratado, entre los que cuentan los tres países vecinos de Chile, más España y Portugal.
En el párrafo segundo se consignan los doce considerandos que tuvieron presentes los representantes plenipotenciarios de los citados 21 países para tomar la decisión de constituir la OIJ, entre ellos los que reseñan las diversas resoluciones adoptadas en el seno de la OIE para formalizar la existencia de esta nueva organización internacional, dotada de personalidad jurídica internacional de derecho internacional público y permitirle, de ese modo, cumplir con mayor eficacia los fines para los cuales ha sido creada.
B) El contenido de la parte dispositiva.
En los diez artículos de esta parte, además de los fines generales de la OIJ, enunciados con el compromiso de constitución, se determinan sus fines específicos; sus órganos, su financiamiento; su capacidad jurídica, y sus idiomas oficiales: castellano y portugués (artículos segundo a sexto).
También se contemplan las cláusulas finales propias de un tratado multilateral: el procedimiento de reforma del Acta; su ratificación; su firma por los Estados Miembros de la OIE, y su ratificación.
Entre los fines específicos se dispone que la OIJ:
a) Propiciará e impulsará los esfuerzos que realicen los Estados Miembros dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en la región;
b) Facilitará y promoverá la cooperación entre los Estados, así como con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones juveniles y todas aquellas entidades que incidan o trabajen en materias relacionadas con la juventud;
c) Promoverá el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales de juventud y la coordinación interinstitucional e intersectorial a favor de políticas integrales hacia la juventud, y
d) Formulará y ejecutará planes programas, proyectos y actividades de acuerdo a los requerimientos de los Estados Miembros, con el fin de contribuir al logro de los objetivos de sus políticas de desarrollo en favor de la juventud.
Los órganos de la OIJ serán la Conferencia Iberoamericana de Ministros Responsables de Juventud y el Consejo Directivo; sin perjuicio que la Conferencia establezca los órganos que estime necesarios (artículo tercero).
El financiamiento de la OIJ estará determinado por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros y otros aportes (artículo cuarto).
Esta organización internacional gozará de la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus fines (artículo quinto).
Entre los artículos sexto y décimo se contemplan las cláusulas finales propias de todo tratado multilateral. En ellas se dispone que los idiomas oficiales de la OIJ serán el castellano y el portugués; que las reformas del Acta serán aprobadas por la Conferencia Iberoamericana de Ministros Responsables de Juventud; que el Acta será ratificada por los Estados signatarios, debiendo ser depositado los instrumentos correspondientes ante el Secretario Ejecutivo de la Organización Iberoamericana de Juventud . La disposición final agrega que para la vigencia del Acta bastará la ratificación de dos países, trámite ya cumplido por Perú, México , España y Portugal, mientras tanto el Acta ha tenido aplicación provisional a partir de su firma.
Finalmente, cabría consignar que el Acta no contempla a favor de la OIJ franquicias, inmunidades y privilegios como los que ordinariamente se establecen en los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales.
III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
A) Personas escuchadas por la Comisión.
En representación del Instituto Nacional de la Juventud la Comisión recibió al señor Jaime Junyent Ruíz , Jefe del Departamento Jurídico del Injuv ; al señor Fernando Alvarado Cárdenas , Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales del Injuv , y al señor Aníbal Corrales Castillo , asesor jurídico del Injuv.
El señor Junyent expuso, en lo sustancial, que la OIJ es la instancia regional, internacional y multigubernamental que reúne a los organismos oficiales de juventud, apoyando las políticas públicas enfocadas hacia los jóvenes. Agregó que Chile ha tenido una participación activa en la OIJ, lo que le ha permitido asumir, en octubre de 2002, por decisión unánime de los 21 países miembros, la presidencia del Consejo Directivo de la OIJ, y el reconocimiento a su liderazgo a nivel iberoamericano en el plano de las políticas públicas de juventud.
Destacó que entre los objetivos primordiales de la OIJ para los próximos años, se contempla continuar con la elaboración y discusión de la “ Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud ”; elaborar el “ Primer Informe de Juventud Iberoamericano ”; participar activamente en el proyecto “Abrazo”, destinado a difundir entre los jóvenes las nuevas tecnologías
En cuanto al financiamiento de la OIJ informó que éste es aportado en un 50%, aproximadamente, por el Instituto de la Juventud de España; que México y Portugal le siguen en el monto de sus respectivas contribuciones, y que en el caso de Chile los aportes por el año 2003 ascenderán a $ 11.000.000 anuales, financiables con el presupuesto de Injuv.
B) Aprobación del proyecto de acuerdo.
Concluido el examen de este proyecto de acuerdo, la Comisión acordó, por unanimidad, recomendar a la honorable Cámara la aprobación del Acta de Fundación de la OIJ, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo con modificaciones formales de menor entidad que tienen por objeto, principal, precisar que dicha Acta fue adoptada en la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud celebrada en Buenos Aires, Argentina.
El texto del artículo único que la Comisión propone a la honorable Cámara es el siguiente:
“Artículo único.- Apruébase el “Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (O.I.J.)”, adoptada en la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud celebrada en Buenos Aires, Argentina, y suscrita por Chile el 1 de agosto de 1996.”.
Concurrieron a la unanimidad con que se aprueba este instrumento internacional, los votos de la señora Diputada Allende , doña Isabel ; y de los Diputados señores Jarpa, don Carlos Abel ; Leay, don Cristián ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Tarud, don Jorge ( Presidente de la Comisión), y Villouta, don Edmundo .
C) Designación de Diputado Informante .
Esta nominación recayó, por unanimidad, en la honorable diputada Allende , doña Isabel .
D) Constancias reglamentarias.
Para los efectos reglamentarios se hace constar que el instrumento internacional en informe no contiene disposiciones que incidan en las materias reguladas en los Nºs. 2 y 4 del artículo 287.
-o-
Discutido y despachado en la sesión celebrada por la Comisión el 4 de marzo de 2003, con asistencia de las señoras diputadas Allende, doña Isabel ; González, doña Rosa ; Ibáñez , doña Carmen , y Soto , doña Laura ; y los señores diputados Ibáñez, don Gonzalo ; Jarpa, don Carlos Abel ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Leay, don Cristián ; Mora, don Waldo ; Moreira, don Iván ; Riveros, don Edgardo ; Tarud, don Jorge ( Presidente de la Comisión), y Villouta, don Edmundo .
Sala de la Comisión, a 4 de marzo de 2003.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.