Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Fulvio Rossi Ciocca
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Carlos Cantero Ojeda
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. FÁCIL DESPACHO
- NORMAS SOBRE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- DEBATE
- FACILIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES. Modificación de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Montes Cisternas
- Juan Jose Bustos Ramirez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- VI. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- NORMAS SOBRE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES. Segundo trámite constitucional.
- VII. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 18.933, SOBRE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Carlos Olivares Zepeda
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 18.933, SOBRE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Adriana Munoz D'albora
- Edmundo Salas De La Fuente
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alfonso Vargas Lyng
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Delmastro Naso
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 47ª, en miércoles 22 de enero de 2003
(Ordinaria, de 10.38 a 14 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Salas de la Fuente, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VII.- ORDEN DEL DÍA
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Fácil despacho.
- Normas sobre regularización de la posesión y ocupación de inmuebles. Segundo trámite constitucional 10
- Facilidades para la construcción de viviendas sociales. Modificación de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Primer trámite constitucional 17
VI. Acuerdos de los Comités 28
VII. Orden del Día.
Modificación de la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional. Primer trámite constitucional 28
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado por el cual comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados al proyecto que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada (boletín N° 370-07) (S) 59
2. Moción de la diputada señora Muñoz y del diputado señor Salas, que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de modernizar su estructura interna, dar mayor transparencia a los procedimientos administrativos y utilización de recursos públicos, además de permitir un mayor conocimiento en torno a las actuaciones de los parlamentarios (boletín N° 3194-16) 59
3. Moción de los diputados señores Vargas, Bertolino, Delmastro, García, Bayo e Hidalgo, que modifica el artículo 21 de la ley N° 18.883, que establece el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (boletín N° 3195-13) 70
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
- Del jefe de bancada de diputados del Partido Socialista y Radical Social Demócrata, por la cual informa que el diputado señor Rossi reemplazará en forma permanente al diputado señor Juan Pablo Letelier en la Comisión especial encargada de analizar la actual legislación que establece beneficios para los discapacitados.
2. Oficio:
- De las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala en el día de hoy, a partir de las 15.30 horas, para abocarse al estudio del proyecto que crea los Tribunales de Familia (boletín N° 2118-18).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Fernando Meza.
-Asistió, también, el senador señor Carlos Cantero.
-Concurrieron, además, los ministros de Salud , señor Osvaldo Artaza; de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Mario Fernández.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 42ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 43ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición de las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia para sesionar simultáneamente con la Sala.
No hay acuerdo.
Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición de la Comisión especial encargada de Analizar la Enajenación de los Derechos de Gratuidad de las Aguas de la Ilustre Municipalidad de Santiago para sesionar simultáneamente con la Sala.
No hay acuerdo.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Vilches.
El señor VILCHES.-
Señora Presidenta , respecto de las peticiones que figuran en el Nº 2) de la Cuenta, ayer, oficialmente, nos informaron que las sesiones de comisiones habían sido suspendidas, lo que nos obligó a dejar sin efecto las audiencias de muchas personas. Por tanto, sería injusto autorizar el funcionamiento de una Comisión simultáneamente con la Sala. No corresponde.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
No se ha autorizado, señor diputado .
Tiene la palabra la diputada Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señora Presidenta , en relación con lo expresado por el diputado señor Vilches, entiendo que sería injusto autorizar el funcionamiento simultáneo de una Comisión con la Sala si ayer se informó la suspensión de las sesiones de las comisiones. Sin embargo, quiero llamar la atención respecto de que las Comisiones unidas de Familia y de Constitución están tratando el proyecto sobre los tribunales de familia, iniciativa en la cual es muy importante que avancemos lo más rápido posible. Ésa era la razón por la que se pidió la autorización. Obviamente, se pierden casi tres horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Diputada, no se puede abrir debate sobre algo que está rechazado por la Sala.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Pero, por lo menos, que quede constancia de que estas solicitudes no son arbitrarias y se fundan en razones de contenido extremadamente importante.
Lamento que no se haya acogido la petición de funcionar la próxima semana y no haber suspendido las comisiones hoy.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Muy bien, diputada. Está rechazada la solicitud.
V. FÁCIL DESPACHO
NORMAS SOBRE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES. Segundo trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto que modifica normas sobre la regularización de la posesión y ocupación de inmuebles.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales es el señor Gabriel Ascencio.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 3101-12 (S), sesión 41ª, en 9 de enero de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Informe de la Comisión de Recursos Naturales, sesión 45ª, en 21 de enero de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 11.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ASCENCIO.-
Señora Presidenta, a pesar de no ser miembro de ella, agradezco a los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente que me permitan informar esta iniciativa.
En representación de ellos, informo sobre el proyecto que modifica normas sobre la regularización de la posesión y ocupación de inmuebles, impulsado por el Ministerio de Bienes Nacionales. La iniciativa modifica dos cuerpos legales: la ley Nº 19.776 y el decreto ley Nº 2.695, de 1979. La modificación a la ley Nº 19.776 -ley que se aprobó aproximadamente hace un año- obedece al trabajo en conjunto que realizaron parlamentarios de la Décima, Undécima y Duodécima regiones, y de otras zonas, junto con el ministro de Vivienda , señor Jaime Ravinet, y otras autoridades de su ministerio.
La otra modificación tiene que ver con el decreto ley Nº 2.695, de 1979, a fin de regularizar situaciones que no contempla la legislación vigente.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Recursos Naturales en los mismos términos en que fue despachada por el Senado.
El proyecto no contiene normas de rango orgánico constitucional ni de quórum calificado; ni tampoco disposiciones que deban ser analizadas por la Comisión de Hacienda y no se presentó ninguna indicación.
Por lo tanto, si se aprueba hoy en la Sala, el proyecto puede convertirse en ley en las próximas semanas, que es lo que se necesita.
La primera modificación se refiere a ampliar los plazos y beneficios establecidos en el título II de la ley Nº 19.776, que regula tres situaciones concretas:
En primer lugar, la situación de los inmuebles fiscales otorgados a título gratuito a personas naturales que no habían sido inscritos por sus beneficiarios, situación que se produce en la Primera, Segunda, Octava, Novena, Décima y Undécima regiones, y que se refieren a casos de beneficiarios de títulos gratuitos u otros modos de transferencias de inmuebles fiscales que, al no haber sido inscritos en el conservador de bienes raíces, nunca pudieron perfeccionar su calidad de propietarios de los bienes entregados por el Estado. La forma establecida en la ley para regularizar la propiedad está en plena vigencia. Con ella no hay mayor problema y se está actuando a través de las secretarías regionales ministeriales de bienes nacionales.
El segundo caso que prevé la ley Nº 19.776 tiene que ver con los antiguos propietarios de inmuebles afectados por la erupción del volcán Hudson, tema que se resolvió gracias a esa normativa.
Un tercer caso, tiene que ver con la situación de ocupantes de inmuebles fiscales ubicados en la Décima y Undécima regiones; en Chiloé, en Palena y en algunas comunas de la provincia de Llanquihue. Allí existían numerosas ocupaciones de terrenos fiscales, en su mayoría carentes de título. En algunos casos, los ocupantes habían solicitado adquirir los terrenos al Ministerio de Bienes Nacionales, compras que no se pudieron perfeccionar por el alto valor comercial. En otros, durante la ocupación las personas habían adquirido otros inmuebles por el sistema de subsidio, herencia u otros medios, circunstancia que les impedía acceder a estos bienes por haberse establecido una prohibición legal, que fue dejada sin efecto por el artículo 4º de la ley Nº 19.776. Al respecto, se señala que debe tratarse de solicitudes ingresadas dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la ley y que el avaluó fiscal de la propiedad o cuota sobre la que recaiga, no sea superior a 500 unidades de fomento.
Al revisar los efectos de la ley Nº 19.776, se concluyó que era necesario ampliar el plazo y alcance, de manera de incorporar situaciones que quedaron excluidas. En este tema, es importante señalar que un grupo de parlamentarios, entre los cuales se incluye el diputado Alvarado y entiendo que el diputado Recondo, presentaron un proyecto de ley con el fin de ampliar el plazo para esta forma de regularización, el que fue despachado por la Cámara y enviado al Senado. Pero con la aprobación de la iniciativa en discusión quedará como un proyecto importante, que es fundamento para despachar el que debatimos.
Entre estas modificaciones, hay tres importantes. La primera, es que el Ministerio de Bienes Nacionales estimó necesario incorporar el balneario fiscal llamado “Villa del Valle”, sector de Baños Morales, comuna San José de Maipo, provincia de Cordillera , Región Metropolitana. Allí hay casos especiales que pueden ser regularizados con esta ley, porque existen los mismos fundamentos y problemas de treinta, cuarenta o cincuenta personas que no tienen título de dominio.
La segunda situación que es necesario resolver dice relación con los ocupantes de un inmueble cuyo avalúo fiscal es superior al establecido por la ley: 500 unidades de fomento. En este caso, la iniciativa lo eleva a 700 unidades de fomento, con el objeto de incorporar a estos otros propietarios.
En el último caso, hay otras personas que no impetraron el beneficio dentro del plazo de noventa días. Por lo tanto, no pudieron regularizar. Para este caso, la iniciativa otorga otro plazo de noventa días, que comenzaría a regir desde la fecha de entrada en vigencia de la ley.
Un gran grupo de personas que ingresó sus solicitudes al Ministerio de Bienes Nacionales está esperando esta normativa para continuar el trámite de regularización. Un artículo transitorio contempla la situación.
El segundo grupo de modificaciones se plantea al decreto ley Nº 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz. Esto está referido a los inmuebles que no son ni de propiedad fiscal ni particular, sino de otros servicios del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; por ejemplo, los servicios de vivienda y urbanización, los municipios, etcétera.
Las propiedades del Serviu tienen prohibición legal de transferirse gratuitamente a los particulares o donarse a una persona jurídica distinta del Fisco. Se calcula que hay aproximadamente cuatro mil personas que están en una situación irregular porque no han podido sanear sus sitios. Para estos casos se establece que el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante resolución fundada, “podrá aplicar el procedimiento de regularización establecido en este decreto ley respecto de los inmuebles de propiedad de las municipalidades y de servicios públicos descentralizados, como los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización”.
Para efectuar dicha regularización, el Ministerio debe contar con la autorización previa y expresa de los representantes legales de las instituciones propietarias de los inmuebles de que se trata y se regirá, en todo lo demás, por las disposiciones generales de dicho cuerpo legal.
También se señala que el Ministerio, mediante una resolución fundada, “podrá aplicar el procedimiento de regularización establecido en este decreto ley a todos aquellos inmuebles donde no exista certeza de quién es su propietario, por encontrarse éstos ubicados en localidades del país donde los conservadores de bienes raíces competentes hayan sufrido algún siniestro -ocurrieron muchos incendios- y, como consecuencia de éste, no exista historia de la propiedad raíz, o ésta no se haya podido conservar, en uno y otro caso, por pérdida o destrucción de los registros respectivos”.
Por último, se señala que los gastos que demande la aplicación del procedimiento de regularización que establece esta iniciativa serán de cargo del solicitante. Con todo, quienes no contaren con recursos suficientes, calificados en la forma que se establezca en dicha resolución, podrán optar a su financiamiento parcial con cargo a los recursos que las instituciones propietarias, los gobiernos regionales u otras instituciones provean para estos fines, si se tratare de la situación indicada en el inciso tercero del artículo 8º del decreto ley Nº 2.695, o con cargo a los recursos previstos en la ley Nº 19.776, en el uso de la situación señalada en el inciso cuarto del referido artículo 8º.
En mérito de las consideraciones precedentes, es importante que el proyecto sea despachado hoy, a fin de que las oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales comience a operar de inmediato y así resolver los problemas de una gran cantidad de personas que está esperando el despacho de esta iniciativa para regularizar la posesión de su propiedad.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Como hay varios señores diputados inscritos para hacer uso de la palabra, advierto a la Sala que los proyectos de la Tabla de Fácil Despacho, reglamentariamente, deben discutirse en general y en particular a la vez, y la distribución para el uso de la palabra es de cinco minutos para un señor diputado que lo sostenga, y de cinco minutos para un señor diputado que lo impugne.
Por tanto, en la medida que los colegas respalden los proyectos, sugiero a la Sala aumentar el tiempo en dos o tres minutos adicionales, a fin de que pueda intervenir un mayor número de señores diputados.
¿Habría acuerdo para proceder en esa forma?
Acordado.
El señor SEGUEL.-
No, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Ya había tocado la campanilla, señor diputado .
El señor SEGUEL.-
En todo caso, señora Presidenta , quiero que quede constancia de que me opuse a la extensión del debate y su Señoría me vio.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señora Presidenta , valoro la disposición del Ejecutivo , especialmente la del ministro señor Ravinet, de recoger las inquietudes representadas por parlamentarios de Chiloé y Aisén, que dieron origen a este proyecto, como también a la ley Nº 19.776, promulgada hace casi un año.
Así como ayer critiqué la mala disposición del Gobierno en relación con la ley Austral, hoy tengo el deber de reconocer la buena disposición del ministerio en esta materia.
La ley Nº 19.776, que entregaba títulos de dominio gratuitos, regularizaba la propiedad de la tierra y abordaba un tema específico: la situación de los campesinos que fueron afectados por la erupción del volcán Hudson, hizo justicia a los colonos y pobladores de las regiones australes y de lugares muy apartados que hacen soberanía.
Las modificaciones que se le han introducido a la ley Nº 19.776 son básicamente tres.
En primer lugar, valoro el aumento de 500 a 700 unidades de fomento en el avalúo fiscal de la propiedad de aquellas personas que opten por el título de dominio gratuito. Ello permitirá que muchos pobladores puedan acogerse al beneficio.
En segundo lugar, el otorgamiento de un nuevo plazo de noventa días para acogerse al beneficio. Al respecto, los diputados señores Alvarado, Moreira y quien habla presentamos una iniciativa sobre la materia, pero hubo dudas de constitucionalidad en cuanto al otorgamiento de un nuevo plazo a través de una moción parlamentaria. Ese proyecto establecía un plazo de 365 días; en cambio, el que discutimos sólo concede un nuevo plazo de noventa días. Hubiese preferido que fuera más largo, ya que habría sido mejor para la solución del problema.
Por otro lado, la incorporación de la comuna de San José de Maipo ayudará a solucionar un problema en la zona central respecto de la propiedad de la tierra.
La modificación al decreto ley Nº 2.695, de 1979, que fija normas para la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, modifica la ley Nº 19.776 e incorpora un nuevo procedimiento para la regularización de propiedades de los serviu, municipios u otras instituciones del Estado.
Por lo expuesto, pido a los colegas votar favorablemente el proyecto a fin de que sea prontamente ley de la República, lo que permitirá a la gente de Aisén y Magallanes solucionar definitivamente su problema respecto de la propiedad raíz.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señora Presidenta , este proyecto permitirá regularizar los títulos de dominio de las propiedades de quienes, por distintas circunstancias, no pudieron acogerse a la ley Nº 19.776. Celebro el apoyo del Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales para solucionar una serie de situaciones, básicamente en las provincias de Aisén y Chiloé. Ahora se incorpora un caso bastante específico, como lo es el de la “Villa del Valle”, en el sector de Baños Morales, comuna de San José de Maipo. Es muy importante señalarlo, porque, a veces, se cometen injusticias. Hay familias que durante años no han tenido la posibilidad de regularizar su situación, debido a distintas circunstancias, lo que parece bastante kafkiano, sea porque los cónyuges tenían una propiedad o porque se trataba de un programa de radicación que se llevó a cabo en los años sesenta. Lo concreto es que, en este caso, existen 61 familias que no han podido regularizar su situación y que podrían acogerse a esta normativa.
Creo que para las familias del distrito Nº 29, que incluye a la comuna de San José de Maipo, se trata de una gran oportunidad para concluir este proceso que se arrastra desde los años sesenta.
Por lo tanto, celebro y destaco el apoyo del Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales para que por fin dichas familias puedan acceder a este beneficio, gracias a la iniciativa en debate.
Señora Presidenta , por su intermedio le concedo una interrupción al diputado señor Navarro.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta , las dificultades que se presentaron para incluir a las personas que no alcanzaron a presentar o dar curso a la solicitud se debió al plazo de noventa días. Al respecto, cabe señalar que el verdadero plazo no fue de noventa días, sino de cinco meses, por cuanto la ley comenzó a regir sesenta días después de su publicación.
El artículo 2º del proyecto establece un nuevo plazo de noventa días, aspecto que planteamos al ministro y a la Subsecretaría, pues ello obligará a realizar una campaña de difusión mucho más eficiente y fuerte, de modo que esta segunda ley beneficie a todos los que cumplan con los requisitos.
Uno de los objetos fundamentales del proyecto es que permitirá sanear más de cinco mil propiedades en distintas regiones, como la Octava, que hoy están en manos del Serviu o de los municipios y que no pueden ser traspasadas a título gratuito a sus actuales ocupantes. Algunos campamentos beneficiados con el programa Chile-Barrio u otros de larga data podrán obtener su título de propiedad.
Esta situación resulta extremadamente importante por cuanto existe el consentimiento de la entidad propietaria del terreno sobre el cual se encuentra ubicada la propiedad, es decir, no es sólo por iniciativa de los que están reclamando la tierra o el bien, sino por voluntad expresa de quienes lo poseen. Asimismo, el costo es de cargo de quien solicita el procedimiento, con algunas salvedades. Quiero aprovechar la presencia del señor ministro para señalar que en algunos casos esto tendrá que ser conversado directamente con los municipios, pues en muchas oportunidades han criticado fuertemente la gestión de la Cámara, debido a que se les imponen facultades que requieren incurrir en gastos sin que se les otorguen los recursos, vía presupuestaria. Por lo tanto, habrá que hacer un esfuerzo a fin de que los municipios, junto con otros organismos, como los gobiernos regionales o el programa Chile-Barrio, consigan los recursos para que en los casos de familias de escasos recursos el traspaso no sea de cargo del solicitante, sino de otra entidad, como lo establece la ley. Espero que ello así ocurra y se puedan sanear todos esos bienes.
Nuestra bancada apoyará el proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señora Presidenta , con mucha alegría y satisfacción quiero intervenir para anunciar mi voto favorable y solicitar la aprobación del proyecto en debate, que modifica la ley Nº 19.776, la que aprobamos hace algún tiempo en esta Cámara de Diputados.
Se llevó a cabo un largo debate, estudio y análisis para sacar adelante esta iniciativa, que originalmente contemplaba solucionar los problemas de la Décima y de la Undécima Región del general Carlos Ibáñez del Campo.
Por una indicación del Ejecutivo incluimos a la comuna de San Juan de la Costa, de la provincia de Osorno. Se trata de una zona costera donde hay pequeños propietarios cuyos títulos de dominio están en situación irregular. La actual ley solucionó en parte dichos problemas. Sin embargo, como los avalúos que se fijaron y los plazos que se dieron no fueron suficientes, este proyecto viene a solucionar y a satisfacer las necesidades de nuevas inscripciones y postulaciones.
Me alegro de que se otorgue un nuevo plazo, porque así lograremos que se inscriban aquellos que, por desconocimiento, no lo hicieron en su debido momento, y de que se eleve el avalúo del predio de 500 a 700 unidades de fomento. En verdad, hubiésemos querido que el avalúo fuese mayor, pero el Ministerio de Hacienda ha sido reacio para aceptar estas inquietudes y peticiones. Sin embargo, creemos que el aumento de 200 unidades de fomento será una solución para los propietarios de bienes inmuebles en situación precaria.
Se trata de una solución para los pequeños propietarios, que significará la regularización y el otorgamiento de sus títulos de dominio. La configuración de la propiedad como tal, se traducirá en una serie de consecuencias jurídicas, beneficios y seguridad. En dicho sector costero de una zona bastante pobre será beneficiada una gran cantidad de propietarios modestos, lo que implica progreso para la zona y tranquilidad para las familias.
Por las razones expuestas, solicito el apoyo de la Sala a esta iniciativa, por cuanto favorecerá y beneficiará a familias que se encuentran viviendo una compleja situación y que necesitan sus títulos de dominio, lo que también les significará progreso, desarrollo, seguridad, realización familiar y una serie de otras situaciones beneficiosas para ellas.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señora Presidenta , sin duda, el proyecto que estamos discutiendo es de gran impacto social. Tiene su origen en la recepción, por parte del ministerio, de las inquietudes planteadas fundamentalmente por parlamentarios de la zona sur-austral, en donde existía una realidad evidente. Por ejemplo, es el caso de familias que en la década del treinta recibieron un decreto que les asignaba una propiedad, los que por razones de aislamiento geográfico y falta de información nunca fueron inscritos en los conservadores de bienes raíces respectivos, sea porque en la zona no existían los conservadores o costaba mucho llegar a ellos. En consecuencia, con el paso del tiempo, esos terrenos fueron inscritos nuevamente en nombre del fisco. ¿Qué sucedió en el transcurso? Estas familias construyeron sus viviendas y desarrollaron su actividad económica productiva, sin el título de dominio de sus terrenos.
Con la primera fase, o sea, con la ley actual, se logró ese propósito y objetivo, por cuanto numerosas familias, en especial de la provincia de Chiloé, Palena y Aisén, tuvieron la tranquilidad de vivir en lo suyo, sobre todo porque el decreto ley Nº 2.695, de 1979, no permitía regularizar o sanear la propiedad de terrenos fiscales.
¿Qué hizo la actual ley? Dio la posibilidad de que las familias que estaban ocupando un terreno de propiedad fiscal por más de cinco años y que construyeron sus mejoras en el lugar pudieran regularizarlo definitivamente a título gratuito. Sin lugar a dudas, se trata de un beneficio social importante. ¿Existe algo más trascendente para una familia que vivir en lo propio y tener la tranquilidad de que el día de mañana, al fallecer los propietarios, los herederos seguirán gozando de un bien de su propiedad?
El proyecto amplía el plazo para que los ocupantes que no pudieron efectuar los trámites consignados en la primera legislación, debido a falta de información o aislamiento geográfico, ahora puedan hacerlo.
En segundo lugar, se incorpora una realidad nueva, vigente, latente, en especial en los sectores urbanos. Muchas viviendas se construyeron en terrenos de propiedad del Serviu, razón por la cual ese organismo no podía traspasarlos. La iniciativa entrega una solución a casi 4 mil familias a lo largo del país.
Por esa razón, en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente manifiesto que votaremos a favor el proyecto.
En la medida en que la autoridad es receptiva y capaz de convocar a un trabajo conjunto, es posible llegar a soluciones reales. El mérito es compartido tanto por parlamentarios como por quienes demostraron receptividad en el ministerio para dar solución a un problema que se arrastraba por décadas. Una vez que el proyecto se transforme en ley, otorgaremos tranquilidad, seguridad y certeza a la gente que desde ahora vivirá en lo propio.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. Por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado en general.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa, los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cubillos, Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Kuschel, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Mella (doña María Eugenia), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vidal (doña Ximena), Von Mühlenbrock y Walker.
-Votó por la negativa el diputado señor Hales.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el ministro .
El señor RAVINET ( Ministro de Vivienda y Bienes Nacionales).-
Señora Presidenta , por su intermedio, agradezco al diputado informante y a los honorables integrantes de la Corporación por haber aprobado en forma unánime el proyecto.
Quiero reconocer y destacar la importante contribución que hicieron los diputados de las regiones afectadas en la gestación del proyecto. Esta iniciativa se elaboró con visión de país y de región, superando cualquier tipo de división política.
Reitero mis agradecimientos por el aporte de las señoras diputadas y señores diputados y por el rápido despacho que la Corporación dio al proyecto, el que queda en condiciones de ser promulgado como ley de la República en un período en que los pobladores de la Décima y Undécima regiones podrán acercarse a las oficinas correspondientes, sin tener que soportar las inclemencias del tiempo, para impetrar este derecho.
Muchas gracias.
-Aplausos.
FACILIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES. Modificación de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto que modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones con el objeto de facilitar la construcción de viviendas sociales.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Francisco Encina.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 3172-14, sesión 32ª, en 11 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 11.
Informe de la Comisión de Vivienda, sesión 45ª, en 21 de enero de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 13.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ENCINA.-
Señora Presidenta , por encargo de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar sobre el proyecto, iniciado en moción de las diputadas señoras Eliana Caraball y Lily Pérez, y de los señores diputados Mario Bertolino, Rodrigo Álvarez, Carlos Abel Jarpa, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Aníbal Pérez, Víctor Pérez y quien habla, que modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones con el objeto de facilitar la construcción de viviendas sociales en el país.
El proyecto se abordó en dos sesiones de la Comisión, en las cuales se contó con la asistencia y colaboración de la señora Carla González Maier, jefa de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y de la asesora de la misma cartera, señora Jeannette Tapia Fuentes.
Cumplo con señalar a la Sala que, debido a la urgencia de la iniciativa y con el objeto de hacer más expedito su despacho, se acordó prescindir del trámite de audiencias públicas.
Además, quiero dejar consignado que el proyecto contó con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Como es de conocimiento de los señores diputados y de las señoras diputadas, nuestra legislación contempla diversas herramientas de planificación urbana, como los planes regionales de desarrollo urbano; los planes reguladores intercomunales, comunales y seccionales, los planes maestros y de límite urbano. Estos últimos, dividen territorialmente las áreas urbana y rural de los centros poblados, pudiendo coexistir o no con los planes reguladores antes citados, aunque ciertamente alcanza mayor justificación cuando ello ocurre. Si no es así, como sucede en muchas comunas y regiones, dicho límite es más bien un mínimo esbozo de planificación, ciertamente insuficiente, pero no por ello deja de producir efectos jurídicos y urbanísticos.
La noción de límite urbano se desarrolla en los artículos 52 y siguientes de la ley general de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975.
En lo que a esta moción interesa, resulta particularmente importante el artículo 55 de la citada ley general de Urbanismo y Construcciones, que precisa su principal efecto, cual es, en términos generales, impedir la construcción de poblaciones fuera del límite urbano. Los incisos tercero y cuarto se ocupan de detallar los estrictos postulados del inciso primero y la forma de ejercer la tutela a que se refiere el inciso segundo, precisando, respectivamente, que cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural o habilitar un balneario o un campamento turístico, se requerirá la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, la que deberá contar con un informe previo favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, y, cuando se trate de construcciones industriales, de equipamiento, de turismo y de poblaciones, deberá ser aprobado por la dirección de obras municipales pertinente, previa acreditación de informes de las dos secretarías regionales ministeriales aludidas.
En resumen, la construcción fuera del límite urbano está muy acotada en la ley y sujeta a condiciones muy especiales y a procedimientos estrictos. El problema radica en que esta norma ha ocasionado en los últimos años serios problemas a la construcción de viviendas sociales.
La Contraloría General de la República ha interpretado, sistemáticamente, en forma muy restrictiva el artículo 55, lo que ha paralizado diversos proyectos habitacionales en distintas comunas. Como ejemplo de este criterio, la Comisión tuvo a la vista los dictámenes Nº 14.871, de 2002; Nº 12.595, de 2001, y Nº 26.753, de 2001, que coinciden en la imposibilidad de interpretar el precepto citado en el sentido de permitir la construcción de viviendas sociales.
El 19 de abril de 2002, la Contraloría General de la República envió una comunicación a todas las reparticiones regionales dependientes de ella, mediante la cual se impide el cambio de uso de suelo para la construcción de viviendas. Lo paradójico de esta situación es que la interpretación que hace la Contraloría, que me parece ajustada a lo señalado por el artículo 55, impide y prohíbe el cambio de uso de suelo para viviendas sociales o de cualquier otro uso, pero lo acepta para fines industriales. Por ejemplo, se puede construir un galpón, y detrás de éste, las viviendas, para dotar de equipamiento algún sector rural, habilitar un balneario o un campamento turístico. O sea, se puede construir un complejo como Las Tacas, pero no levantar viviendas sociales o para sectores medios.
Muchos colegas deben haber sido testigos, en sus respectivos distritos, de casos de este tipo, es decir, de la imposibilidad de implementar subsidios rurales en la ubicación que los pobladores solicitan, como en el caso de viviendas urbanas, y de la detención de faenas y de la inexistencia de terrenos dentro del radio urbano para construir condominios de viviendas sociales.
La Cámara Chilena de la Construcción aportó a la Comisión un listado de más de 30 proyectos afectados por este problema a lo largo del país, los que suman un total de 10 mil viviendas. La nómina no es completa, por lo que puede ser aún mayor. A ello habría que agregar el problema que debe enfrentar el Ministerio de Vivienda para encontrar terrenos suficientes en muchas comunas. Se ha estimado que, de contar con ellos, se podrían construir otras 18.000 viviendas. La gran mayoría de esos proyectos no superan las mil UF. Por lo tanto, con esta norma estamos castigando a los sectores pobres y medios del país.
Por ello, la vía más expedita y rápida de solución es modificar el citado artículo 55 para establecer la posibilidad de que, excepcionalmente, se autorice la construcción de condominios de viviendas sociales fuera del límite urbano, siguiendo el respectivo procedimiento. Lo otro, por supuesto, es el cambio de las seccionales de los planes reguladores, pero ello puede tomar tres o cuatro años.
Entiendo que esta iniciativa legal tiene un carácter transitorio, mientras se envía a tramitación una ley que modifique y modernice definitivamente la ley general de Urbanismo y Construcciones; pero el problema es tan agudo, que hay alrededor de 30 mil viviendas que no pueden ser construidas, la gran mayoría con un costo inferior a mil UF, lo que implica no sólo un impacto desde el punto de vista de la vivienda, sino también de la generación de empleo en el país, que recién está saliendo de la crisis.
No ha escapado a los diputados patrocinantes ni a la Comisión que este punto pudiese argumentarse en contrario, por el crecimiento inorgánico de las ciudades y lo que la norma propuesta podría significar. Sin embargo, ello ha sido rebatido en lo fundamental por las siguientes razones:
En primer término, porque el procedimiento existente es suficientemente cuidadoso y precisa de la voluntad favorable de tres organismos públicos con capacidad técnica para decidir sobre la materia: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda y la municipalidad respectiva.
En segundo lugar, por cuanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ha manifestado de acuerdo con la iniciativa, pero ha agregado que ella se complementará con una disposición relativa a la ordenanza respectiva, que obligará a los urbanizadores a hacerse cargo de la conectividad y de los requerimientos referidos a la calidad de vida de los pobladores.
Por último, se trata de resolver un problema concreto y urgente. Hay miles de viviendas o proyectos habitacionales paralizados por esta norma. La Contraloría ha manifestado que no habrá excepciones sobre el punto. Además, la modificación de los planes reguladores respectivos es muy larga e incluso incierta, pues puede ocurrir que sean rechazados. Lo mismo puede decirse de una eventual modificación más general y comprensiva de la ley sobre esta materia.
Durante la discusión general del proyecto, se aprobó una indicación sustitutiva, fundamentalmente en términos formales, pero que respeta el contenido del proyecto. Su objeto es limitar el alcance de esta iniciativa a viviendas sociales.
Además, se presentaron indicaciones que apuntan fundamentalmente en dos sentidos. Por una parte, aumentar el valor tope de las viviendas. Para ello, se acogió una indicación de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Tapia, Jarpa y de quien habla, tendiente a aumentar dicho monto en hasta mil UF o que las viviendas cuenten con subsidios del Estado. Ello, con el fin de apuntar mejor al objetivo del proyecto, evitando que quede circunscrito a situaciones demasiado particulares. Se estimó que dicho monto se ajustaba en forma precisa a lo razonable.
La alternativa consistía en establecer un criterio sobre viviendas económicas, de hasta 140 metros cuadrados, pero ahí el criterio podría ser absolutamente inmanejable.
Debido a su urgencia y utilidad, la Comisión recomienda a la Sala la aprobación del proyecto, al que prestó su asentimiento unánime tanto en general como en particular. Asimismo, cabe consignar que rechazó las indicaciones referidas y estableció, para efectos reglamentarios, la inexistencia de normas de quórum especial o de artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Todos esperamos que el Ministerio de Vivienda presente una normativa que aborde este tema en su globalidad. El desarrollo urbano del territorio requiere de una mirada más de largo plazo. Sin embargo, el artículo 55 de las tantas veces citada ley general de Urbanismo y Construcciones impide que la gente más pobre del país pueda contar con terrenos para construir su casa. Ése es el tema de fondo.
Por lo tanto, las autoridades que tendrán que ver estos temas -los Ministerios de Vivienda y de Agricultura y la municipalidad respectiva- deberán tener el criterio suficiente para que esta norma no signifique un crecimiento inorgánico de las ciudades, pero que sí solucione el problema de los más pobres, de la clase media que opta por comprar una casa de hasta mil UF y que hoy no tienen terrenos para construirla.
El argumento de que esto sería restrictivo y que existiría la imposibilidad de que se construyese otro tipo de viviendas o desarrollo urbano está absolutamente acotado, porque siempre se puede hacer un plan maestro o una seccional, y quien quiera construir viviendas de mayor valor tendrá que financiar el costo de ese instrumento, que está siempre a disposición para construir viviendas en los márgenes de la ciudad.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta , en muy pocas y simples palabras explicaré a la gente que está viendo el canal de televisión lo que significa este proyecto, que da una luz de esperanza a muchas personas. El problema radica en que la Contraloría dice que todos los subsidios rurales son para la gente que trabaja en los fundos, con lo cual nos echa por tierra el tema de los villorrios, sobre el que trabajamos intensamente hace unos años, cuando fui presidente de la Comisión. En consecuencia, se autoriza construir dos, tres o cuatro casas, en circunstancias de que esperamos que se construyan villorrios de 50 ó 60 casas, porque abarata la urbanización, el agua potable, la electricidad, todo lo que conllevan los subsidios rurales.
Por otra parte, ¿qué sucede en zonas donde los terrenos son muy caros, como Villarrica, Pucón, Temuco o en grandes ciudades, como Viña del Mar, donde no hay terrenos urbanos. La gente compra fuera del límite urbano, donde los Serviu dicen que hay un buen terreno, que no tiene problemas. Pero, después de realizada la inversión, a alguien le pueden decir que compró un terreno rural en el cual no se puede construir. En consecuencia, todas las viviendas de un valor inferior a mil UF, que se destinan a miles de chilenos de la esforzada clase media, que juntan sus ahorros para adquirirlas, se verán entorpecidas por esta traba burocrática.
Sin embargo, con el proyecto en estudio vemos una luz de esperanza, porque serán los Ministerios de Agricultura y de Vivienda los que darán las autorizaciones y otorgarán las facilidades para que esas personas accedan a una vivienda digna, a lo mejor con un poco más de sitio, porque el terreno será más barato.
Quiero aprovechar la presencia del ministro del ramo en la Sala para plantear una duda. En regiones, la mayoría de las zonas turísticas -estamos analizando también un proyecto sobre casinos de juego que, felizmente, se postergó hasta marzo, para desarrollar algunas zonas turísticas- son incipientes. Así, por ejemplo, recién se están dando a conocer las zonas australes y muchas ciudades chicas que hoy tienen el boom de turismo. Pero, aunque parezca increíble, la mayoría no tiene su plan regulador ni plan intercomunal. Los límites urbanos están definidos a ojo de buen varón, sin los conocimientos técnicos que los avalen.
Entonces, como en la mayoría de las zonas turísticas se quieren construir villorrios rurales o condominios, ahora tendrán la facilidad de que los Ministerios de Vivienda y de Agricultura les autoricen sus obras.
Debo hacer notar que no solamente se pueden construir viviendas sociales, y recordar al señor ministro el problema, que felizmente se solucionó, que se produjo con un hotel cinco estrellas en Villarrica, que al final resultó grave, porque el caso se llevó a juicio y se ganó en la Corte Suprema. Es decir, se sentó un precedente, pues alguien puede decir que le importan un pepino los planes reguladores comunal, intercomunal o interprovincial, y que puede construir porque ya existe un precedente. A lo mejor, esto ocurrió por negligencia de alguien, pero hoy ya está solucionado.
Señora Presidenta , por su intermedio deseo consultar al ministro qué pasa cuando se quiere construir un condominio de viviendas de un costo inferior a mil UF en zonas rurales. Creo que en este caso también debería haber facilidades. De lo contrario, se entorpecerá el desarrollo de las zonas turísticas, pese a que todos los parlamentarios en esta Sala queremos que sean una realidad -lógicamente, con un ordenamiento-. A lo mejor, señor ministro , es un tema que en este momento puede ser contradictorio, pero que el día de mañana va a ser absolutamente válido.
Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto, porque creemos que significa un paso gigantesco en favor de los miles y miles de personas que hoy se ven obligadas a comprar terrenos rurales porque son mucho más baratos que los urbanos.
Creemos que esta iniciativa es de absoluta justicia, así como es de absoluta responsabilidad del ministerio del ramo lo relacionado con los terrenos, sean éstos urbanos o rurales.
Reitero que Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto, por las 30 mil o más viviendas que no se han podido construir por estar en las condiciones descritas.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señora Presidenta , estamos frente a un proyecto anhelado durante muchos años por el mundo rural chileno. Este famoso artículo 55, que nunca se ha actualizado, es, en gran medida, el responsable de que muchos chilenos del sector rural hayan perdido sus subsidios y que no tengan una vivienda digna. Considero que ésta es la mejor demostración de que, muchas veces, la burocracia es la responsable de la pobreza que aún tenemos en nuestro país.
Este proyecto, originado en moción de diversos parlamentarios, fue discutido en la Comisión de Vivienda, debido a que aún no ha ingresado al Congreso Nacional el proyecto que modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones. En realidad, en un momento éste fue enviado, pero después fue retirado. De manera que la Comisión consideró adecuado avanzar, al menos, en la modificación del artículo 55 de dicha norma para solucionar el problema creado por la restricción impuesta por la Contraloría, que ha impedido la construcción de conjuntos habitacionales que apuntan a resolver la falta de viviendas sociales. En este caso, la Comisión aprobó la construcción de viviendas hasta por un valor de mil unidades de fomento.
Es sobre estas materias que la gente espera que legislemos en el Congreso. Esta iniciativa no sólo permitirá resolver la situación de quienes están perdiendo sus subsidios habitacionales debido a que se rechaza la construcción de los conjuntos habitacionales y sociales fuera del límite urbano, sino que también permitirá abaratar el costo de las viviendas y mejorar su calidad. Así, con la construcción de villorrios agrícolas o conjuntos habitacionales fuera del límite urbano se dará solución habitacional y un alivio a los sectores más postergados que viven de allegados y a la gente del mundo rural.
En este momento no represento a sectores rurales en el Congreso, pero sí lo hice durante doce años, y creo que todos los parlamentarios que representamos a esos sectores hemos podido comprobar esa absurda y ridícula situación y la angustia de miles de familias que pasan años tratando de vencer la burocracia para acceder a una vivienda. Incluso, me tocó conocer el caso de algunos profesores de la comuna de Buin que construyeron un conjunto habitacional y no pudieron regularizar la situación durante muchos años, debido a la exigencia establecida en el mencionado artículo, situación que los hizo perder miles y miles de pesos.
De manera que es un proyecto importantísimo para la gente y que prestigia a nuestra Corporación. Serán miles los chilenos que se sentirán eufóricos con su despacho, puesto que ello les permitirá acceder a una vivienda digna, en forma rápida y, ojalá, a menor costo.
Por lo tanto, los diputados de la UDI vamos a votar favorablemente la iniciativa, y esperamos que el Ejecutivo le fije la urgencia necesaria para que se tramite a la brevedad, a fin de que se convierta pronto en ley de la República, y, con ello, las familias de más escasos recursos puedan acogerse a ella.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señora Presidenta , hace muchos años que está pendiente la tarea de legislar sobre los temas relacionados con urbanismo. En realidad, nunca se ha legislado; se inició un debate que se interrumpió en 2001. En ese momento se nos dijo que se iba a enviar al Congreso un proyecto sobre urbanismo en tres, cuatro o cinco meses; es decir, un conjunto de normas destinadas a establecer criterios y métodos modernos de ordenamiento territorial.
Realizamos muchas audiencias en la Comisión. Desgraciadamente, el proceso está interrumpido y el proyecto anunciado todavía no llega, a pesar de que han transcurrido casi dos años.
Frente a esto, se optó por legislar punto por punto, sin un marco que dé coherencia y modernidad a las decisiones que se van tomando. Ya legislamos sobre las propiedades congeladas dentro de las ciudades. Es cierto que el marco vigente está obsoleto, pero no se reemplaza por otro que sea consistente. También se dice que debemos captar recursos privados para proyectos urbanos; pero tampoco se asegura una lógica pública de ordenamiento territorial.
Ahora se nos propone ampliar la facultad establecida en el artículo 55 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, pero no en el sentido señalado por el diputado Longueira. Si leemos el artículo 55, podremos comprobar que los villorrios están autorizados, y el proyecto no tiene que ver con ellos.
Tampoco es algo tan anhelado, porque esto siempre existió. Lo que pasa es que, recientemente, la Contraloría General de la República interpretó esta norma en un sentido distinto, lo que nos obliga a legislar para buscar una manera de reponer lo que ésta había permitido hasta hace algún tiempo. El país está lleno de villorrios rurales, construidos en el marco del artículo 55, como los del distrito del diputado Jaramillo.
Ahora se nos propone ampliar esa facultad para autorizar la construcción de viviendas sociales de un valor de hasta mil uefes. Sin duda, esto responde a la necesidad de adquirir más terrenos a menores precios en las fronteras de las ciudades y pueblos del país. Está claro que éste es un mal menor. Nadie podría decir aquí que no lo hagamos; el problema es que esto debe hacerse con coherencia, con ordenamiento territorial, con lógica pública, combinando perspectivas.
Es urgente discutir -no lo hemos hecho- políticas de suelo. Miremos a América Latina: todo el mundo está discutiendo políticas de suelo; muchos países han experimentado avances y tienen una legislación sobre la materia. Nosotros no tenemos una legislación global sobre políticas de suelo. Está el fenómeno de las parcelas de agrado, que sabemos lo que son y los problemas que están provocando por todos lados.
En relación con la misma política de suelos, también debería existir, de una vez por todas, una manera distinta de evaluar los proyectos, porque no podemos ir lanzando a los más pobres a las fronteras de las ciudades, sin considerar que eso tiene un costo en vialidad, en transporte, en escuelas, en consultorios, en seguridad ciudadana, en policía, etcétera. Si consideráramos dichos costos, probablemente llegaríamos a la conclusión de que sería conveniente construir muchos conjuntos habitacionales para sectores populares dentro de las ciudades. El otro día hicimos un cálculo que nos indicó que era más conveniente construir conjuntos populares, conjuntos Serviu, incluso en un sector de Vitacura, si se consideraban todos estos factores.
Pero no veo norma ni legislación alguna sobre eso. En la discusión del Presupuesto se discutió la necesidad de incorporarlo, y esperábamos una indicación que cambiara el criterio existente para evaluar proyectos. Desgraciadamente, éstos se siguen evaluando sin considerar los factores mencionados. Seguir lanzando a los más pobres fuera de las ciudades es una política que segrega. Tenemos que reconsiderar esa situación, porque sabemos lo que está ocurriendo en San Bernardo, Puente Alto, Colina y parte de Quilicura, por nombrar las comunas que conozco. Tenemos que redefinir la manera de hacerlo; hay que rediscutir las políticas de suelo.
Los franceses tienen un enfoque, un marco más global, de solidaridad territorial; los ingleses están discutiendo todo lo relacionado con la coherencia urbana; en Estados Unidos, por su parte, existe otra manera de evaluar estos problemas. No digo que copiemos alguno de ellos, sino que exista un marco más amplio, en lugar de medidas aisladas. Considero muy importante hacer esta discusión de una vez por todas.
En relación con el texto del proyecto, habría preferido dejar claramente establecido que esto es excepcional y que debe hacerse fundadamente; así como está, no es para villorrios ni para personas.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Es para villorrios.
El señor MONTES.-
No es para villorrios, diputado señor García; eso está considerado en otras normas del artículo 55; sólo tiene que ver con los conjuntos habitacionales de viviendas sociales.
¿Qué queremos decir con las mil uefes? Lo de las mil uefes puede transformarse en algo muy diferente, ya que podría interpretarse que, en una primera etapa, podemos construir una casa por mil, y luego, agregarle 3 mil uefes más. ¿Eso es lo que queremos? Estamos hablando de un valor mayor al de una vivienda social, que no supera las 500 uefes.
Yo habría preferido otra forma de regular esta materia, y operar por la vía de facultar al ministro para que, mediante decreto, autorizara la construcción de estos conjuntos habitacionales de manera excepcional, y no como lo plantea el proyecto.
Por eso, hemos presentado indicación para eliminar, en los números 1) y 2) del artículo único, la conjunción “o”, de manera que sea hasta mil uefes, pero con programas de subsidio público.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señora Presidenta , en realidad, muchos diputados de la Comisión de Vivienda compartimos lo expresado por el diputado señor Montes.
Sin embargo, tenemos conciencia de que estamos legislando sobre una materia bastante compleja y de que existe gran presión por la cantidad de personas que, no obstante haberse adjudicado el subsidio, no pueden acceder a la solución habitacional porque no es posible construir viviendas para ellas. Entonces, cuando estas personas empiezan a presionar, optamos por una solución -debo reconocerlo- de parche.
El artículo 55 ha sido objeto de reiteradas modificaciones que no han apuntado precisamente a conformar una política de desarrollo territorial. Sin embargo, con esta modificación del artículo 55 tratamos de convertir en positivos todos sus efectos negativos. Por ejemplo, el hecho de autorizar la construcción de viviendas de hasta mil unidades de fomento tiene por finalidad evitar que existan viviendas de una sola categoría y, con ello, propender a una mayor integración social. Por supuesto, no es suficiente.
Otro tema pendiente -en este caso, será de cargo del Serviu, cuando se trate de viviendas subsidiadas- dice relación con los costos que generen los asentamientos humanos en cualquier zona. Por eso, propusimos que sean cercanos a las ciudades, de manera que las obras relacionadas con vialidad, calidad de vida, conectividad, etcétera, tengan el menor costo posible; porque si esos asentamientos se establecen a 50 kilómetros de ellas, ¿quién se hará cargo de los costos que significa la extensión de redes de los servicios básicos y la mantención de la vialidad? Ese tema está por resolverse.
Entiendo que el Ministerio de Vivienda está pronto a enviar el proyecto de ley que regula el desarrollo territorial, que está íntimamente relacionado con el desarrollo urbano. Es algo fundamental, y a todos nos gustaría que todo el territorio estuvie-ra regulado y que no fueran estas normas excepcionales las que lo fueran regulando. En general, me resisto un poco a este tipo de soluciones; pero entiendo que es necesario buscar una solución factible para las personas que han obtenido el subsidio habitacional rural y que no tienen la posibilidad de ejercer su derecho a optar a una vivienda.
Esto es igual a lo que ocurre en la salud. No es bueno que las personas esperen años para ser operadas; pero la solución no pasa por resolver sólo el problema de esas personas, por cuanto el problema seguirá existiendo debido a que es el sistema el que no funciona. Por eso es necesario reformarlo.
En este caso, la normativa que corresponde es la que hemos señalado, y confiamos en que el ministro enviará un proyecto de ley general de Urbanismo -lo relativo a la construcción se tratará en forma separada-, a fin de posibilitar la discusión y aprobación de esa iniciativa que, por primera vez, tratará el Congreso Nacional.
Como lo manifestó muy bien el diputado señor Montes, nunca se ha legislado sobre urbanismo y construcción; siempre se ha tratado de normas excepcionales que han entregado facultades al Presidente de la República . En este caso, el Ministerio de Vivienda ha ido modificando la normativa vigente de los aspectos en los cuales está facultado para hacerlo. Pero ha llegado el momento de hacer un estudio mucho más a fondo sobre la materia, porque en la mayoría de las ciudades se están produciendo problemas, por lo cual es necesario que exista algún tipo de normativa genérica.
Para terminar, deseo destacar que esta moción fue acogida por el Ejecutivo , quien le dio su patrocinio. Pese a ser una nueva solución de parche, será muy útil para solucionar el problema de todas las personas que esperan poder utilizar su subsidio.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señora Presidenta , seré muy breve porque, en cierta medida, me siento interpretada por las palabras del diputado señor Montes, que entiendo que son compartidas también por algunos miembros de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Está claro que necesitamos una política de desarrollo urbano mucho más integral, que abarque sus distintas facetas, y, por lo mismo, resulta complejo aprobar proyectos puntuales que, si bien pueden solucionar de manera inmediata algunos problemas, a veces la generalidad queda un tanto obstruida. Además, nos produce cierta incomodidad porque estamos conscientes de que no estamos solucionando el tema de fondo.
Como diputada por la Región Metropolitana, no puedo dejar de mencionar el grave problema que representa la escasez de suelo y su alto costo. Incluso, a veces no es posible llevar a cabo algunos proyectos, como la vivienda social dinámica sin deuda, que se enmarca dentro de las nuevas políticas habitacionales, porque no es posible conseguir terrenos adecuados.
Sólo quiero llamar la atención sobre dos aspectos que considero que, de alguna manera, son recogidos por el proyecto -y, en ese sentido, las observaciones del diputado Montes son correctas-.
En primer lugar, es necesario terminar con una política que está produciendo efectos negativos. En efecto, día a día, por necesidades de construcción, vemos cómo la ciudad se va “comiendo” terrenos de excelente calidad que deberían tener un uso silvoagrícola.
Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la comuna de Puente Alto, que se ha llenado de viviendas sociales básicas, debido a que el Serviu adquirió allí muchos terrenos a precios muy bajos. Ese hecho ha trastrocado la vida de una comuna que pasó a ser la más habitada de todo el país, con una población sobre los 550 mil habitantes, con todos los problemas que ello conlleva: crisis en los servicios básicos y deterioro en la calidad de vida, aparte de la segregación que significa para una persona ser trasladada a conjuntos habitacionales muy alejados no sólo del centro de Santiago, donde debe efectuar sus trámites, sino que de su propia comuna de origen. Cada día es más crítica la situación; las personas se tardan mucho y les resulta muy caro desplazarse al centro de Santiago para realizar sus trámites, porque sus comunas carecen de servicios que puedan absorber la demanda de los ciudadanos.
Me preocupa que tengamos que seguir sin una política territorial clara, sin un diseño urbano y con soluciones de parche. Además, me preocupa que con esta modificación al artículo 55 estemos dando pie a la construcción de viviendas sociales hasta por un valor de mil unidades de fomento, es decir, que van más allá del valor de una vivienda básica. Es imprescindible señalar que las personas beneficiadas deberán contar con el subsidio del Estado para garantizar que esta excepción -debe quedar claramente establecido que se trata de una excepción- sólo se aplicará a las viviendas sociales y no a cualquier conjunto inmobiliario.
Quiero llamar la atención de mis colegas sobre la necesidad de establecer una prevención, para lo cual es necesario aprobar la indicación presentada por el diputado señor Montes, en cuanto a eliminar la conjunción “o” de los números 1) y 2) del artículo único, de manera que queden redactados así: “para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de mil unidades de fomento que cuenten con subsidio del Estado”.
Debo destacar los problemas que sufren los habitantes que viven en estos conjuntos habitacionales al no disponer de servicios cercanos. Por eso, antes de permitir...
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
¿Me permite, señora diputada ? Ha terminado su tiempo.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
...que los habitantes accedan a estos conjuntos, debemos preocuparnos de que tengan los servicios pertinentes. De otra manera, en vez de ayudarlos, estaremos deteriorando su calidad de vida.
En beneficio del tiempo, llego hasta aquí con mi intervención, pero llamo la atención de los colegas en cuanto a que es necesario disponer de un instrumento de planificación urbana, que cada día nos está haciendo más falta.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Por último, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señora Presidenta , este proyecto viene a subsanar una situación originada en una interpretación de la Contraloría General de la República, en cuyo dictamen dice que no sienta jurisprudencia.
Hace 28 años que en nuestro país se llevan a cabo cambios de uso de suelo a fin de construir. Desgraciadamente, esto ocurre porque respecto de los planes reguladores no existe una ley que exija a las municipalidades realizar un estudio en un tiempo acotado, y se demoran años y años, con lo que se atenta contra el desarrollo, la inversión y las fuentes de trabajo. Por eso, es necesario permitir que continúe el sistema que autoriza los cambios de uso de suelo.
En principio, se puede pensar que al fijarse un valor de las viviendas en unidades de fomento se formarán verdaderos guetos alrededor de las ciudades, porque existirá un solo tipo de construcciones. En realidad, puede ocurrir, pero no es lo ideal. Sin embargo, todos concordamos en que se trata de superar un problema puntual.
Coincido en que esta futura ley será de parche, pero si no recurriéramos a esta posibilidad, estaríamos impidiendo la construcción de nueve mil viviendas -en este momento está detenida-, de las cuales un tercio corresponde a la Cuarta Región.
Aquí se ha dicho que esto podría afectar el crecimiento armónico de las ciudades, pero no es efectivo porque debe existir un proyecto aprobado por la municipalidad, por el SAG y por el Serviu. ¿En base a qué? A los planes de crecimiento de las municipalidades, que son los mismos que se transformarán en planes reguladores. Como la inversión privada va más rápido que la ley, es necesario subsanar esta situación. Es importante tener presente que esto se basa en los planes maestros de las municipalidades; por lo tanto, una vez incorporados al espacio urbano, estos terrenos cumplen automáticamente con todas las exigencias de la ley general de Urbanismo y Construcciones. De manera que no existe ninguna situación que lleve a equívocos.
Yo había presentado una indicación que hablaba de viviendas económicas y no de unidades de fomento. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos parlamentarios que representamos a la clase media. ¿Hay alguien que haya hecho un estudio sobre el verdadero tipo de casa que se necesita hoy día? Me parece que no. Por eso se establece una cifra arbitraria. Sin embargo, estoy dispuesto a aceptar el proyecto tal cual como venía redactado, porque cualquiera indicación que se presente producirá un retraso en su tramitación, en circunstancias de que lo que necesitamos es que ojalá sea aprobado hoy por la Cámara y mañana por el Senado, a fin de destrabar esta situación.
Personalmente, habría querido muchas cosas más. Por ejemplo, ¿por qué discriminar a su clase media pujante, que tiene poco acceso -por no decir nada- a los subsidios y que a lo único que puede aspirar es a una solución habitacional. Pues bien, aquí la dejamos afuera al fijar un tope de mil unidades de fomento. (Para la historia fidedigna de la ley, es muy importante dejar establecido que las mil unidades de fomento corresponden a la tasación municipal).
Asimismo, quiero solicitarle al colega Montes que ojalá retire la indicación que presentó, porque si se incluye en el proyecto sólo resultarían beneficiadas las personas que hagan uso del subsidio habitacional. Yo pregunto, ¿qué pasará con las personas de trabajo que jubilan y que, al recibir su desahucio, dispondrán de los recursos necesarios para cumplir con el sueño de la casa propia y pagarla de contado? Que no podrán comprarla, con lo que, además, les crearemos problema a la constructora y a la inmobiliaria, porque no podrán venderle a nadie que tenga recursos propios. Creo que es una medida discriminatoria que atenta contra las personas que hacen un gran esfuerzo de ahorro, que, por lo demás, también lo necesita el país. Se los deja afuera al establecerse una condición rígida que sólo permite comprar una vivienda a quienes tengan subsidio. Por eso, pido que se mantenga la redacción original, porque así se deja abierta la posibilidad de que se puedan comprar viviendas con subsidio o sin él.
Por lo tanto, a mi juicio debemos aprobar el proyecto, en lo posible, sin ninguna modificación. Ya manifesté que me habría gustado que fuera distinto y mejor; pero debemos llegar a acuerdos, recordar que la política es el arte de lo posible. Creo que estamos en esa línea, y espero que la Cámara haya recapacitado al respecto, que no se presenten indicaciones y que aprobemos el proyecto tal como está redactado.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa, los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Cubillos, Delmastro, Díaz, Dittborn, Encina, Escalona, Escobar, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Masferrer, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
-Se abstuvo el diputado señor Montes.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Secretario va a dar lectura a una indicación que se ha presentado.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
De los diputados señores Montes y Bustos, que tiene por finalidad sustituir en los numerales 1) y 2) del artículo único la frase, precedida por una coma, “o que cuenten con subsidio del Estado” por la siguiente: “que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 6 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada la indicación.
Aprobado en general y en particular el proyecto.
-Votaron por la afirmativa, los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Álvarez, Allende (doña Isabel), Ascencio, Bauer, Bayo, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Díaz, Encina, Escalona, Escobar, Forni, García (don René Manuel), González (doña Rosa), Hernández, Jaramillo, Jeame Barrueto, Leay, Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Masferrer, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Palma, Paredes, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Salaberry, Salas, Soto (doña Laura), Tarud, Tohá (doña Carolina), Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vidal (doña Ximena) y Von Mühlenbrock.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya, Becker, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Delmastro, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), Jarpa, Mora, Mulet, Ojeda, Olivares, Ortiz, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Tapia, Tuma, Vargas, Vilches y Walker.
-Se abstuvieron los diputado señores:
Bustos, Dittborn, Ibáñez (don Gonzalo), Leal, Muñoz (doña Adriana) y Rojas.
VI. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la Presidencia de la señora Muñoz, doña Adriana, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Debatir el proyecto de ley sobre instituciones de salud previsional durante 90 minutos, distribuidos proporcionalmente. Al término del debate se procederá a las votaciones respectivas.
2. Suspender la hora de Proyectos de Acuerdo e Incidentes de la presente sesión.
3. Otorgar, respecto de la sesión de la tarde, diez minutos a cada señor diputado informante y una hora para la discusión de cada proyecto.
VII. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 18.933, SOBRE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional.
Diputado informante de las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud es el señor Accorsi.
Antecedentes:
-Segundo informe de las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda, boletín Nº 2981-11, sesión 46ª, en 21 de enero de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 6.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señora Presidenta , el proyecto tiene por objeto modificar la ley de Isapres, instituciones de salud previsional, en respuesta a un anhelo de los beneficiarios del sistema de salud privado. En él se aborda y resuelve una serie de problemas que han hecho que dicho sistema sea poco confiable para las personas y poco útil desde el punto de vista sanitario.
Ciertamente, se beneficia a las personas que se encuentran afiliadas, que cada vez deben pagar más y ven cómo, por distintos motivos, se las expulsa de las isapres. Por lo tanto, el proyecto resguarda a los afiliados y, al mismo tiempo, hace más transparente el sistema.
Se trata de una iniciativa altamente técnica y compleja, frente a la cual se propone destacar algunos niveles de solución a los problemas que presenta actualmente el sistema de isapres.
En primer lugar, mejora la cobertura y aumenta la transparencia de la atención que la isapre entrega a sus afiliados. Así como el régimen de garantías de salud determina que estas instituciones otorguen, obligatoriamente, el Auge, en el proyecto se indica que las isapres deberán ofrecer siempre, en sus planes complementarios, la misma cobertura que ofrece el Fonasa, Fondo Nacional de Salud, a sus afiliados en la modalidad libre elección. En ese sentido, por ejemplo, de acuerdo con la letra a) del artículo 33, se acaban los planes sin cobertura del parto en el sistema de isapres.
También se establece un control sobre las variaciones de precios de los planes, tema tremendamente importante para los usuarios. El aumento de los mismos no podrá ser superior a 30 por ciento de un índice fijado por la Superintendencia de Isapres, según lo establece la letra l) del artículo 2º y el artículo 38 bis. Así, por ejemplo, si el índice basado en antecedentes técnicos promedio del país es 10 por ciento, las isapres no podrán variar los precios en más de 13 por ciento. De esta manera protegemos el bolsillo de los afiliados.
Mediante el artículo 34 bis se aumenta la transparencia del sistema, no sólo en las materias anteriores, como beneficios y precios, sino también en aspectos como los aranceles.
Además, hay algo muy importante: en la letra g) del artículo 33 se definen las enfermedades preexistentes, que en el sistema privado han representado un problema muy grave para muchas personas, y que esperamos que con las indicaciones quede absolutamente solucionado.
Se dispone que haya un arancel de referencia para el plan complementario elaborado por la Superintendencia de Isapres, de modo que las personas puedan comparar los beneficios que les ofrecen las distintas instituciones de salud previsional. A la vez, se define mejor la enfermedad preexistente, la que deberá quedar claramente consignada en una declaración de salud, que va a formar parte del contrato como medida de protección al afiliado frente al sistema privado. Creemos que eso marca una gran diferencia con la legislación actual.
Se eliminan las facultades unilaterales de las isapres para modificar los planes, situación que esperamos corregir pues es muy frecuente.
Se establece que las modificaciones de los beneficios y precios serán determinados por la autoridad sanitaria. Al indicarse que los planes complementarios sólo podrán ser modificados por la isapre en lo referente a precios y dentro de la banda determinada por el índice de la Superintendencia, protegemos al afiliado, al igual que al establecerse que cualquiera otra modificación del plan de salud deberá ser de común acuerdo de las partes y no en forma unilateral, como sucede hoy.
También se consignan disposiciones adicionales de protección al afiliado, tales como la igualdad de condiciones de apelación a las licencias médicas, que permitirá que los cotizantes del sistema tengan las mismas garantías que la gente del Fonasa.
Se considera una protección en lo referente a la continuidad del contrato. En los artículos 38 y 40 se deja claro que éste es indefinido y que sólo varían los planes de salud incorporados a él.
Por otro lado, para las cargas que cambian su condición a cotizante, en el artículo 41 se establece que la isapre en ningún caso podrá exigir nuevas declaraciones de salud ni imponer restricciones ni exclusiones de ningún tipo, considerando que se trata de beneficiarios antiguos que sólo han cambiado su condición.
Para el evento de que el cotizante fallezca, el artículo 41 bis dispone que la isapre quedará obligada a mantener, por el mínimo de un año, los beneficios del contrato de salud para sus cargas.
Se mantienen los derechos de los beneficiarios del sistema en caso de quiebra, al establecerse la obligación de que la Superintendencia efectúe un traspaso de la cartera de la isapre en cuestión al resto del sistema, con lo cual se protege al afiliado.
Se consagran mayores atribuciones a la autoridad de la Superintendencia, como las de supervigilancia y control de los derechos de los beneficiarios en materias tales como información a los beneficiarios en lo relativo a prestadores en convenios, precios y cobertura de planes, lo cual favorece las posibilidades de elección de planes de salud y la aceptación o rechazo de las modificaciones propuestas por las isapres.
Igualmente, se facilitará la tarea de la Superintendencia en relación con la resolución de los conflictos entre los asegurados y los aseguradores, aspecto muy importante, ya que, como se sabe, la Superintendencia de Isapres es juez arbitral.
Se regula de manera muy importante la actividad de los agentes de venta, por medio de la creación de un registro de los mismos; se fiscaliza el ejercicio de sus funciones y se cancela su inscripción como tales ante la Superintendencia cuando aquellos hayan incurrido en actos que estén fuera de la ley. Asimismo, se prohíbe su pertenencia a dos isapres distintas. En nuestra opinión, ésta es una señal muy clara de transparencia, porque en el rubro de los agentes de venta hay muchas irregularidades, sobre todo en la declaración de las enfermedades preexistentes.
El artículo 44 bis se ocupa del conocimiento de todo hecho esencial que afecte el patrimonio de una isapre, como la adquisición o enajenación de activos o la negociación de fusiones.
Además, el legislador ha querido aumentar las multas máximas al duplicar el límite a mil unidades de fomento, en vez de las 500 actuales. Además, en el caso de infracciones reiteradas de una misma naturaleza, se puede aplicar una multa de hasta cuatro veces dicho monto máximo.
Además, por el artículo 45 bis se establece un régimen especial de supervisión de las isapres en materia financiera, que permitirá vigilar las acciones de una isapre que, por incremento de deuda, siniestralidad u otro motivo, se convierta en riesgosa para sus afiliados. Incluso, se puede cancelar el registro si no mejora su posición en un lapso de seis meses. Eso permitirá a la Superintendencia llevar un control de la eficiencia de gestión de este sistema.
Se incrementan las garantías que las isapres deben mantener para casos de cierre de registro, el que pasa a estar asociado a las deudas que la isapre mantenga con sus afiliados por las bonificaciones, cuentas de excedentes y otras, y no a un mes de cotizaciones, como ocurre en la actualidad.
Por otra parte, debemos mencionar que la iniciativa es coherente y complementaria con el proyecto de ley del régimen de garantías en salud. De este modo, al igual que los beneficiarios del Fonasa, los chilenos y chilenas que pertenezcan al sistema de isapres tendrán garantizado tanto el tratamiento de problemas de salud, en conformidad con lo establecido en el sistema anteriormente señalado, como las condiciones en que deberá ser otorgado. El Auge no sólo contempla enfermedades relevantes de alto costo, sino que también otras, necesarias para la población, como, por ejemplo, la atención de parto.
Al mismo tiempo, es sabido que uno de los mayores problemas del sistema de isapres es que las personas que tienen más necesidad de salud deben pagar más, como es el caso de las mujeres y de las personas de la tercera edad. En el proyecto se ha establecido que el sistema de atención garantizada tendrá el mismo precio para todos los chilenos y chilenas, con lo cual se elimina, en lo referente al régimen de garantías, una gran discriminación para las mujeres y las personas de la tercera edad. Es decir, se ofrece protección para los chilenos sin discriminación por sexo ni edad.
Otras materias tienen que ver con el resguardo de los beneficiarios. Al respecto, en el proyecto se ha eliminado la integración vertical, materia que fue propuesta, por unanimidad, en la Comisión de Salud en 2000, ya que, por ejemplo, el hecho de que haya muchas clínicas que pertenezcan a isapres hace que la condición de la integración vertical, a la larga, perjudique, margine o discrimine a los beneficiarios.
La iniciativa establece transparencia absoluta en los contratos, y se da a los beneficiarios garantías que hoy no tienen.
Hay clara información sobre los deberes y derechos que en la actualidad tienen los beneficiarios en el sistema privado. Sin embargo, la Comisión hizo presente que todavía falta garantizar más la independencia y la imparcialidad del superintendente de Isapres , ya que las apelaciones no siempre están exentas de transparencia.
Hay otras cosas que son perfectibles en el proyecto, como las apelaciones de las licencias médicas. Por eso, la Comisión propuso que fuera la isapre la que apelara en relación con la licencia y no el paciente.
Creemos que es importante que, en el sistema privado, la licencia médica sea pagada desde el primer día, aspecto que se procurará introducir mediante indicaciones en el Senado, a fin de terminar con el vicio de entregar licencias médicas por once días debido a que no se paga desde el primero.
Es muy importante el control de la fiscalización. En ese sentido, creemos que debería establecerse la incompatibilidad de que personas que hayan ejercido algún cargo en la Superintendencia de Isapres puedan trabajar en instituciones de salud previsional. Por lo menos, debería haber una restricción de tres años. Sobran ejemplos de personas que han estado en alguna Superintendencia, por ejemplo, y que luego son incorporadas, dentro de seis meses o al año de término de su contrato, como presidentes de alguna isapre o AFP.
En consecuencia, el proyecto de ley, que es muy complejo, viene a consolidar una forma de transparencia muy grande en el sistema de isapres y a proteger a los beneficiarios del sistema privado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Antes de entrar al debate del proyecto de ley sobre instituciones de salud previsional, informo a la Sala que, según lo que establece el Reglamento, se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, el artículo 1º, Nº 1), letras a) y b); Nºs 2º), 4º), 5º), 6º), 9º), 10), 11), 12), 15), 18), 19), 24), 26 y 27); los artículos 2º y 3º permanentes, y 1º, 2º y 3º transitorios.
Por lo tanto, la discusión se circunscribirá a la letra c) del Nº 1) del artículo 1º y a sus numerales 3º), 7º), 8º), 13), 14), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 25), 28) y 29).
Habrá una hora y media de debate y luego procederemos a votar.
Tiene la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , quiero anunciar el voto favorable de la UDI. Sin embargo, haré reserva de constitucionalidad respecto de algunas normas que, en mi opinión, podrían vulnerar algunas garantías constitucionales.
Me refiero a las letras c) y l) del numeral 1) del artículo 1º, donde se establece la definición y el funcionamiento de índices de precios de planes de salud. Lo anterior, como su nombre lo indica, podría limitar la libertad económica de las isapres para fijar el precio de los planes de salud que ofrecen, lo cual, evidentemente, podría constituir una discriminación arbitraria en materia económica.
Lo mismo ocurre con el numeral 25) del artículo 1º, en el que se dispone la obligación de las isapres de afiliar a los cotizantes de una institución de salud previsional cuyo registro ha sido cancelado. En mi opinión, la obligación de afiliar que contiene esta disposición implica que se le impone a empresas privadas, como las isapres, la obligación de contratar con determinados cotizantes. De esa forma, también se afectaría el derecho de ejercer una actividad económica, lo que podría considerarse una carga arbitraria.
Aun cuando entiendo el objetivo del Ejecutivo y de los diputados que presentaron indicaciones sobre la materia, el cual comparto, creo que no es la mejor manera de regularla, ya que, como lo he señalado, podrían vulnerarse garantías constitucionales, específicamente las del artículo 19, en sus números 20º, que establece la igual repartición de los tributos; 21º, que establece el derecho a desarrollar cualquier actividad económica libremente; 22º, que establece la no discriminación arbitraria en materia económica, y 26º, que establece la seguridad de que los preceptos legales que, por mandato de la Constitución, regulen o complementen las garantías o que las limiten en casos en que las autoriza, no puedan afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.
La Unión Demócrata Independiente, no obstante estar de acuerdo con el proyecto, estima que es prudente esta reserva de constitucionalidad, toda vez que algunos artículos podrían, en nuestra opinión, vulnerar algunas garantías establecidas en la Carta Fundamental.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO.-
Señora Presidenta , como lo ha expresado el señor Marcelo Forni, los diputados de Renovación Nacional vamos a dar nuestra aprobación al proyecto, porque satisface el espíritu del mensaje, cuya finalidad es dar respuesta a los diagnósticos de salud compartidos a lo largo de varios años, en el sentido de que el subsistema de salud privado adolece de algunas deficiencias, de poca transparencia, y de que, en algunas materias, significa problemas con los usuarios.
Si consideramos que alrededor de 3 millones de personas son atendidas por el sistema privado, no podemos dejar de perfeccionarlo, así como con otros proyectos de ley hemos tratado de perfeccionar el subsistema público.
En la relación entre usuarios y prestadores o instituciones de salud previsional hay tres problemas permanentemente presentes: uno, el de los precios; otro, el de las licencias, y por último, el de las preexistencias. La mayor parte de los reclamos, que incluso llegan a tribunales, tienen que ver con uno de ellos.
Este proyecto de ley, en segundo informe, apunta a corregir tales problemas y a evitar que se produzcan en el futuro. En nuestra opinión, se solucionarán a cabalidad con la definición clara de preexistencia.
La incorporación en el contrato de salud de una declaración de salud debería terminar con uno de los tres problemas mencionados.
En esa declaración de salud se dejará establecida la realidad asumida por el usuario o candidato a usuario de la isapre, lo que será ratificado por un diagnóstico médico, de lo que se dejará constancia, reitero, en el documento que entra a formar parte del contrato.
De manera que es un gran avance en la solución de los problemas del subsistema privado, y lo compartimos plenamente.
En el segundo problema, que se refiere a las licencias médicas, no cabe duda que su complejidad no sólo es del subsistema privado, sino también del subsistema público, y ha significado que el Ministerio de Salud se haya comprometido a abordarlo en profundidad en el curso del presente año. El problema de las licencias no está claramente abordado en el proyecto.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Perdón, señor Bayo. El diputado señor Jaramillo le solicita una interrupción.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, con su venia, se la concedo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Con cargo al tiempo de su bancada, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, el proyecto satisface en gran medida el interés de las personas que ocupan las isapres.
Estaba un tanto distraído cuando el diputado señor Bayo inició su intervención y no escuché las tres complicaciones a las que se refirió. La de las licencias es una. Respecto de las otras dos, me faltó tomar nota.
Muchas gracias.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Bayo.
El señor BAYO.-
Señor Presidente , me alegra que el diputado señor Jaramillo, pese a haberse distraído un instante, esté pendiente.
Con mucho agrado le digo que los otros dos problemas tienen que ver con los precios y con lo que se denomina preexistencia, o, mejor aún, la clarificación de las preexistencias.
Dije que el problema de las preexistencias se ha abordado a plenitud, de lo cual estamos satisfechos. Con la declaración de salud que forma parte del contrato, debería terminarse. Hoy, incluso, se llega a los tribunales, debido al problema de preexistencias.
Respecto del problema de las licencias médicas, dije que no sólo tiene que ver con el subsistema privado, sino también con el subsistema público. Es más, hay un compromiso del Ministerio del Salud para enfrentarlo, pues, entre otros aspectos, conduce a un encarecimiento indebido de los actos médicos, planteamiento que seguramente va a ser conocido por la Cámara en los próximos meses.
En cuanto a los precios, comparto lo expresado por el diputado señor Forni, es decir, que no soy partidario de modificarlos en relación con un índice de precios fijados por el superintendente.
Asimismo, compartimos con el diputado señor Forni la necesidad de plantear un eventual vicio de inconstitucionalidad sobre algunos artículos.
Lamento que no se haya aprobado una indicación mediante la cual se daba otra redacción al artículo 38 bis, que dice relación con los precios.
Para no extenderme, porque hubo un gran debate respecto del primer informe, quiero enfatizar que el proyecto significa un avance, aunque queden problemas por solucionar. Confiamos en que en el Senado, en el segundo trámite constitucional, se perfeccionen algunos aspectos, y en que el Ministerio de Salud, a su vez, cumpla con su compromiso de plantear soluciones al grave problema de las licencias médicas.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , como se ha expresado, el proyecto significa un avance respecto de la transparencia y regulación del sistema de isapres, aspectos que en la actualidad son insuficientemente cautelados, a pesar de que el número de usuarios es cercano a los 3 millones. Éstos no pueden acceder a información clara y se les cambian las reglas del juego sin su conocimiento, al margen de que prácticamente se expulsa a los mayores de edad y de otros problemas, como las preexistencias, las licencias, los costos, etcétera.
Además, alzo mi voz, como lo he hecho siempre cuando se trata de defender determinadas causas, porque la discriminación de la mujer en edad reproductiva se ha hecho frecuente. Al respecto, por primera vez habrá una política equitativa, solidaria y no discriminatoria hacia la maternidad, gracias al plan Auge. Es decir, gracias a la solidaridad del fondo de compensación se va a promediar -por decirlo así- el costo que significa una persona en edad fértil. Es muy dramático que actualmente haya isapres que recargan los planes en un 300 por ciento a las mujeres sólo porque están en edad fértil.
También quiero destacar una importante indicación de los diputados señores Accorsi y Robles, en el sentido de que los derechos establecidos en el proyecto en favor de los cotizantes y beneficiarios son irrenunciables.
El aporte que hace el proyecto es muy positivo, porque la discriminación de las isapres hacia las mujeres ha llegado a tal punto que muchas de ellas, pese a estar en edad fértil, son capaces de renunciar a su derecho a la maternidad y optar por los programas conocido como “sin útero” para poder rebajar el costo de su contrato con en la isapre.
Reitero que me parece extraordinariamente positivo que el proyecto se haga cargo de esta situación y declare nulo cualquier acto de renuncia, porque los derechos de las personas en salud son irrenunciables. Esa indicación va en el sentido correcto y, gracias a ella y a la aplicación del Auge, por fin se va a terminar con la discriminación de que son objeto las mujeres en la actualidad por el solo hecho de estar en edad reproductiva.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, estamos en presencia de un acto legislativo extraordinariamente importante.
El 10 de noviembre de 1999, la Cámara de Diputados prestó su aprobación a un proyecto de acuerdo mediante el cual se le encargó a la Comisión de Salud que emitiera un informe respecto de la situación de las instituciones de salud previsional. Dicho informe arrojó las siguientes conclusiones:
La primera dice relación con la cobertura del sistema. En ella se establece una clara discriminación respecto de la mujer y del adulto mayor. Se hace un llamado a formular reformas muy precisas a la reglamentación y a la normativa de ley Nº 18.933 con el fin de reparar este problema.
La segunda conclusión se refiere a la transparencia, que constituye un importante punto respecto de los precios de los planes y de todo lo que regula el artículo 33 de la ley de Isapres en cuanto a los contratos.
La tercera conclusión, de extraordinaria importancia, es en el sentido de que las instituciones de salud previsional sólo sean aseguradoras y no prestadoras, es decir, terminar con la llamada integración vertical.
La cuarta conclusión apunta a las licencia médicas. El tema es bastante recurrente debido a las alegaciones de los afiliados en relación con los descansos que indican sus médicos tratantes, los que, en gran medida, son objetados por las isapres.
La quinta conclusión se refiere al seguro catastrófico, y la última, al aumento de facultades a la Superintendencia de Isapres.
En relación con la última de las conclusiones expuestas, el proyecto avanza sustantivamente, puesto que ahora la Superintendencia contará con nuevas facultades para fiscalizar a las isapres en relación con la elaboración de un arancel y un catálogo de prestaciones valorizadas y su aplicación; en cuanto a las normas sobre transparencia de los cotizantes; en el control sobre los agentes de ventas de los planes de las isapres; en el acceso a toda la información, tanto por parte de los prestadores individuales como institucionales, y en el control sobre las garantías del Auge. Son atribuciones extraordinariamente importantes que se entregan a la Superintendencia para que controle todo lo que dice relación con el acceso, la calidad, la oportunidad y la cobertura financiera.
Como lo señala el informe, las isapres serán sólo aseguradoras -la legislación que se tuvo a la vista permitió llevar a cabo el trabajo que la Cámara le encargó a la Comisión-. Se deberán contratar prestadores para que entreguen el Auge y también el plan complementario.
Las isapres deberán ser auditadas por auditores independientes, los que serán controlados por la Superintendencia.
Se regula mejor respecto de la garantía que deben mantener las isapres de acuerdo con la ley Nº 18.933.
Respecto de los contratos, se indica que serán indefinidos, lo cual es de gran importancia.
Quedan también definidas en el proyecto de ley las garantías explícitas que las isapres estarán obligadas a dar por las prestaciones que se han definido -proyecto que no hace mucho aprobamos y que está en el Senado-, y que será el consejo consultivo del Auge el que determine, cada tres años, el valor de la prima universal que deberán cobrar las isapres, tanto en el sector público como en el privado, por las prestaciones contempladas en el régimen de garantías de salud.
Respecto de aquellas prestaciones que no están consideradas, los afiliados podrán contratar con sus respectivas isapres un plan complementario, que será de libre pacto.
También se regulan mejor las enfermedades preexistentes. Es muy importante señalar que para que una enfermedad sea considerada preexistente deben concurrir dos situaciones copulativas: debe ser conocida previamente por el afiliado y diagnosticada médicamente con antecedentes a la vista; es decir, debe haber una ficha médica. Si dichas situaciones no concurren, no hay enfermedad preexistente. Además, deberán quedar consignadas en una declaración de salud para que sean parte del contrato.
La Superintendencia elaborará lo que se denomina “índices de precios de planes de salud”, considerando para ello, entre otros antecedentes, los cambios que experimente el costo de las prestaciones, la frecuencia de uso de éstas, el gasto derivado del pago de subsidios por incapacidad laboral y el ingreso operacional de las isapres.
Los planes no podrán aumentar de precio en más de un treinta por ciento de dicho IPPS, índice de precios de planes de salud. Ello significa que si hay diez por ciento de aumento del índice, las isapres no van a poder aumentar más del 13 por ciento los precios de sus planes.
Se mantiene por un año el derecho de las cargas o beneficiarios al momento del fallecimiento del cotizante o titular de la isapre, beneficio muy importante, porque en la actualidad quedan en la más absoluta indefensión. Terminado ese año, las isapres están obligadas a ofrecer a esas personas un plan semejante al que tenían, las que podrán aceptarlo o rechazarlo.
Se establece también la transferencia de cotizantes desde una isapre a otra, cuando la primera caiga en falencia o quiebre. Dicha transferencia deberá hacerse en las mismas condiciones que tenían en la isapre original.
Por último, las isapres estarán obligadas a dar el régimen de garantías de salud y a establecer un plan complementario.
Cuando aprobamos el régimen de garantías en salud del Auge, señalamos que éste debe ser revisado cada tres años, y que sus modificaciones incorporarán de manera progresiva los problemas priorizados, que deberán entrar en vigencia no antes de sesenta días contados desde la fecha de publicación del decreto respectivo. Esto significa que, en sus inicios, va a cubrir 56 patologías, que son las que ha definido la Comisión técnica respectiva; pero con el transcurso del tiempo, cada tres años, se irán agregando las nuevas prioridades sanitarias hasta cubrir -en un tiempo determinado, que podrá ser de diez, quince o veinte años- la totalidad de las patologías que más enferman y matan a los chilenos. Habrá una prima universal igual para todos, tanto del sector público como del privado.
Eso es lo que nos espera en el futuro; ése es el sentido de la reforma de salud, y las instituciones de salud previsional deberán adaptarse a ella.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Osvaldo Palma.
El señor PALMA.-
Señor Presidente, las modificaciones que el sistema de isapres debe realizar -a mi entender y al de muchos grupos de estudio expertos en el tema, en el lícito negocio garantizado por ley de aportar un servicio de salud a las personas- tienen que hacerse dentro de un marco regulatorio conveniente, tanto para los usuarios afiliados como para las isapres.
Debe considerar la libertad de elegir libremente el sistema por los usuarios; el que más convenga a sus intereses, sin limitaciones en la elección de convenios que las isapres puedan tener con prestadores profesionales o con establecimientos hospitalarios, esto es, portabilidad. Debe garantizarse, previamente, según convenios claros y transparentes, la estabilidad en la permanencia y en los costos, tanto en lo relacionado con la edad como en el sexo de los afiliados. En la actualidad, no es justa la inseguridad y el incremento de los planes en forma desmedida, lo que significa, en la práctica, una verdadera expulsión de las instituciones cuando varían condiciones estadísticamente previsibles, como el embarazo y la vejez.
Los prestadores funcionarios de las isapres pueden caer fácilmente en incentivos perversos. Por ejemplo, reducción o rechazo de licencias médicas, de exámenes y de tratamientos de alto costo para disminuir gastos y lograr mayores ganancias a costa de los pacientes. Esto debe regularse y fiscalizarse con la seguridad que garantice una adecuada atención.
Las licencias médicas no deben ser visadas por las isapres; éstas no pueden tener la objetividad e independencia necesarias para decidir libremente. Debe existir un organismo superior, fiscalizador, que decida, ajeno a las partes interesadas, por sobre las isapres y el Compin, y que evalúe eventuales modificaciones y rechazos de licencias médicas más allá de los intereses particulares de las partes. Las licencias médicas, siendo parte del tratamiento y un derecho de las personas, se han constituido en un verdadero negocio y vicio para algunos profesionales médicos que olvidan la ética y la moral, convirtiéndose en verdaderos vendedores de licencias. Los gastos de administración, actualmente en un 16 por ciento, deben reducirse. Dicha reducción puede ir en beneficio de los usuarios, por los mayores recursos que podrán liberarse.
Las enfermedades preexistentes no deben ser impedimento para afiliarse. Su mayor gasto debe ser financiado por un seguro adicional, cuando corresponda, según normas claras y previamente establecidas.
La infinidad de planes de salud debe limitarse. Además, éstos deben establecerse en términos fáciles de entender por los usuarios, para que elijan libremente lo más conveniente para ambas partes.
Debe haber normalización de estándares mínimos de calidad en las prestaciones, fijados y fiscalizados por una entidad superior que garantice una atención adecuada a los usuarios.
Debe existir una sola Superintendencia que regule y controle las relaciones paciente-prestador, con estándares de calidad que aseguren una buena atención basada en criterios médicos, éticos y técnicos, tanto públicos como privados, en igualdad de condiciones.
Se deben crear mecanismos que incentiven programas de medicina preventiva en el área privada, regulados por las políticas de salud del Estado. Éste es un gran vacío pendiente, que aumenta los riesgos de enfermarse, y constituye un deber del Estado en su totalidad.
Hay que establecer, también, un sistema que sancione a los afiliados que utilicen en forma dolosa sus beneficios de salud. Cualquier modificación a la ley de Isapres debe contemplar siempre estos puntos pendientes, de manera de lograr un sistema que funcione en forma más justa para ambas partes, que otorgue un buen servicio de salud y regule los límites del negocio dentro de marcos éticos y técnicos aceptables. Tratándose de la salud de las personas, este negocios es particularmente diferente de cualquier otro.
Renovación Nacional y yo, como médico y parlamentario, representamos principalmente los intereses de los usuarios, de las personas. Sin duda, es nuestra primera obligación, indelegable e ineludible, más en este proyecto de ley, que se refiere a un tema trascendente como el de la salud. En ese sentido ha sido nuestra participación en este proyecto.
Renovación Nacional apoya todo lo que considera bueno y trascendente -más allá de lo político y coyuntural, y de intereses particulares-, pensando siempre en los más débiles y en la clase media a la que representamos, en toda la gente.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero por 22 minutos.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, nos encontramos en la tramitación final de uno de los proyectos de la reforma a la salud, como es el que modifica la ley de Isapres.
Los objetivos principales que se persiguen con esta iniciativa ya se han anunciado; pero, en lo sustancial, buscan corregir situaciones de discriminación, especialmente en el sentido de limitar las alzas de precio de los contratos de salud y mantener los beneficios para las cargas de los cotizantes que fallecen; mantener, asimismo, algunas restricciones en relación con la protección de la salud del beneficiario; uniformar los aranceles; dar nuevas herramientas a la Superintendencia de Isapres para precaver situaciones riesgosas en los derechos de las personas, y otorgar a los cotizantes el derecho a permanecer en el sistema privado cuando su institución ha quebrado o ha dejado de pertenecer al sistema.
En la discusión en particular, hay avances positivos, pero otros, francamente negativos o inconvenientes para el sistema privado de salud, que beneficia hoy a más de tres millones de personas.
Especial preocupación nos genera la definición de cotizante cautivo en el proyecto. A nuestro juicio, el objetivo directo es establecer una categoría especial de cotizantes, y el objetivo indirecto, protegerlos de eventuales alzas excesivas en sus planes de salud. La definición del Gobierno para estos fines nos parece poco funcional, por cuanto se establece que son cautivos aquellos cotizantes que, por ciertas circunstancias, ven limitadas sus posibilidades de contratar con otra isapre y, por lo tanto, en la práctica sólo van a estar en dicha calidad una vez que hayan sido rechazados por alguna isapre. Por ello, la definición propuesta no va a ser operativa y, además, no parece adecuada por las razones que voy a dar en seguida.
El objetivo que se pretende al considerar cautivo a un cotizante es limitar las alzas de precio que puedan experimentar los distintos planes, sobre todo los de aquellos cotizantes a quienes, por la naturaleza de la enfermedad que padecen o la frecuencia de la misma, les resulte difícil acceder a otro plan o a otra isapre. En razón de lo mismo, establecer la definición legal de cotizante cautivo no sólo no solucionará las alzas desmedidas de precios de su plan de salud, sino que, además, hará más engorroso y complicado el procedimiento para protegerlo. A nuestro entender, es más simple establecer una banda de precios, en que se saque un promedio de las alzas de todos los planes y en que los más caros no superen un porcentaje determinado de ese promedio. En nuestras indicaciones, propusimos el límite de 30 por ciento. Esta fórmula permite proteger los derechos de los cotizantes cautivos. Además, la regulación de los precios se produce sobre la base de la fluctuación de precios generales de todos planes de salud y no en relación con un índice fijado arbitrariamente por la Superintendencia.
En materia de índices de precios de planes de salud, el proyecto de ley establece dos: uno, de aplicación general, y otro, para cotizantes cautivos. Como señalé, ésta no parece ser una solución óptima, principalmente porque la determinación de los índices de aplicación general y para los cautivos estará sujeta al arbitrio del superintendente, lo que, en nuestra opinión, rigidizará las alzas de precios.
Por otra parte, la fijación de precios a través de un índice que, para tales efectos, elaborará el superintendente, puede ser inconstitucional, puesto que vulneraría la libertad para desarrollar una iniciativa económica, en conformidad con lo que establece el numeral 21º del artículo 19 de la Constitución.
En cuanto al giro de las isapres, el inciso primero del artículo 22 que se propone, lo limita exclusivamente a la administración de las cotizaciones previsionales. Pareciera que el objeto de este artículo es tratar de evitar lo que se ha denominado “integración vertical” entre instituciones aseguradoras privadas y prestadoras de salud.
En la discusión general me referí a este tema. En mi opinión, la integración vertical del sistema de salud privado es considerada un elemento perverso que es necesario evitar al máximo. Desde los puntos de vista estrictamente del giro y jurídico, hoy, la gran mayoría de las isapres tienen giros distintos que los de los prestadores, como clínicas privadas, laboratorios y otros. Por consiguiente, el efecto del artículo 22 va a ser nulo en la realidad, salvo -como se reconoció en el seno de la Comisión- en lo que se refiere a dos isapres: la de los trabajadores del cobre y la de los profesores. Esas dos isapres, que apuntan a un sector importante de la población trabajadora del país, no van a poder tener beneficios de economía de escala, de menores costos, de planes cerrados, que permita, entre el propietario de la isapre y sus respectivos hospitales -por lo demás, muchos tienen centros que forman parte del sistema-, una integración vertical que vaya en beneficio de la gente.
Nos parece una solución inadecuada. Es un error que haya una intencionalidad ideológica que no va a tener efecto alguno, pero que va a perjudicar a mucha gente.
Además, se modificaron distintos preceptos del artículo 26 que regulan lo relativo a la garantía de las isapres equivalentes al monto de sus obligaciones con los cotizantes y beneficiarios.
En esta materia, nos preocupa que el monto de dicha garantía se mantenga en la Superintendencia o en alguna entidad especializada que ésta determine. Parece más apropiado que parte de ese monto pudiera tenerlo la isapre y la Superintendencia, respectivamente.
Asimismo, sería conveniente, para efectos de liquidez financiera y operacional de las isapres, que la actualización de la garantía fuera mensual y no trimestral, como se propone.
En relación con las modificaciones introducidas al artículo 33, que obliga a las isapres a suscribir con los beneficiarios contratos de plazo indefinido, es redundante con lo que establece el artículo 38 de la ley de Isapres. Además, desde la perspectiva legislativa, no es apropiado reiterar conceptos o preceptos sobre esta materia.
Asimismo, en el mismo artículo 33, una de las modificaciones establece “una especie de libertad de elección” sin consagrarse el concepto en todo el sentido que debe tener en el sistema de salud privado.
El inciso segundo de la letra a), dispone lo siguiente: “Las instituciones no podrán obligar a sus afiliados a aceptar contratos en que todas o algunas de las prestaciones o beneficios se brinden por prestadores determinados, debiendo siempre ofrecer contratos o planes de salud en la modalidad de libre elección del prestador por el afiliado”.
Los alcances de esta norma son confusos. No queda claro cómo debe interpretarse ni mucho menos cómo debe aplicarse. Pareciera que obliga a las isapres de dos maneras: por una parte, no podrán ofrecer algunas prestaciones sólo a través de determinados prestadores y, por otra, deberán ofrecer siempre planes en la modalidad de libre elección. Uno queda con la interrogante.
Dicha norma carece de sentido práctico, por cuanto las isapres deberán cumplirla, pero también tendrán que ajustar los precios de las prestaciones y planes en la modalidad de la libre elección.
En materia de enfermedades preexistentes, la norma, con la nueva definición, va en una dirección mucho más conveniente que la propuesta anteriormente, por cuanto la exclusión se basa en el conocimiento de la enfermedad por parte del beneficiario. Muchas veces puede ocurrir que un paciente con una enfermedad preexistente no sepa que la tiene y después se presente la exclusión. Por ejemplo, el paciente deberá tener conocimiento de que padece de un cáncer, de un tumor o de cualquier enfermedad para que ésta se entienda preexistente; de lo contrario, si no lo sabe, lo que ocurre muchas veces por faltas de control o porque hay enfermedades cuya sintomatología se manifiesta tardíamente y no es posible detectarla en el momento de la celebración del contrato, no podrá aplicarse la norma. La nueva indicación apunta en la dirección correcta.
Por el artículo 34, nuevo, que se agrega, se establece un arancel común para el financiamiento del régimen de garantías en salud y para el plan complementario, en su caso, para todas las isapres.
A nuestro juicio, no parece adecuado fijar un arancel común para todas las isapres. Con ello se desincentiva la competencia entre ellas, lo que se traduciría en menores beneficios para los afiliados.
El artículo 38 bis, nuevo, nos parece positivo en cuanto fija un sistema flotante para las alzas que experimentan los planes de salud. La medida va a permitir mayor libertad a las isapres para determinar los precios, lo que, a la vez, facilita la competencia.
Finalmente, respecto de la obligación de las isapres de afiliar a cotizantes y beneficiarios de otra institución de salud que quiebra, contenida en el artículo 47, nuevo, desde nuestro punto de vista, ello las obliga a aceptar cotizantes de otras isapres.
Sin perjuicio de la inconstitucionalidad evidente que aquí existe, puesto que se vulnera la libertad para desempeñar actividades económicas, podría verse afectado, inclusive, el derecho de propiedad -números 21º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política-. Pero, más allá de eso, el hecho de que otra isapre, con una estrategia, un perfil de cotizantes, objetivos, etcétera, en virtud de una ley esté obligada, a recibir a cotizantes de otra isapre que quiebra, sobre la cual la isapre que se obliga no tiene responsabilidad alguna, no tiene ningún sentido. Otra cosa es que los cotizantes de la isapre que quebró tengan todas las facilidades para poder escoger distintas isapres a fin de resolver su situación. El camino que se ha escogido en esta materia no va en la dirección correcta desde el punto de vista lógico, práctico ni tampoco constitucional.
Ésos son algunos comentarios fundamentales de esta discusión.
Debo reconocer -como dije al comienzo- que en muchos aspectos del proyecto ha habido un avance; en otros, un franco retroceso; pero en el segundo trámite en el Senado podrá perfeccionarse más.
Sin duda, la ley de isapres ha sido la más modificada en materia de salud, ya que desde 1981 a la fecha se le han introducido, al menos -si no estoy equivocado-, tres modificaciones sustanciales.
Señor Presidente , pedimos, en el artículo 1º, votación separada para el número 1), letra c), los números 3) y 7). En el número 7), dividir la votación por letras y la letra b) votarla por incisos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , me alegro mucho de que, fruto del trabajo mancomunado de la Concertación y de la Alianza por Chile, se pueda sacar un proyecto de ley que -estoy convencido- va a beneficiar a todos los afiliados al sistema privado de salud. En ese sentido, me voy a referir a tres artículos que, fundamentalmente, abordan los problemas más importantes que tienen los cotizantes de dicho sistema.
En primer término, la modificación al artículo 22 pone fin al trato arbitrario que sufren muchos profesionales de la salud al impedírseles su afiliación como prestadores de una institución de salud privada.
Dicho artículo establece, claramente, que podrán adscribirse libremente al sistema privado todos aquellos profesionales de la salud que cumplan con las exigencias que dictamine la autoridad sanitaria.
Ése es un avance sustantivo que, de alguna manera, da tranquilidad a los funcionarios de la salud y a los propios médicos, quienes, si cumplen con las exigencias mínimas básicas que exige la autoridad sanitaria, podrán trabajar en el sistema de salud privado. Hoy las isapres pueden, en forma arbitraria, impedir el ingreso a algún prestador en particular.
La modificación al artículo 33, que dice relación con la libre elección, fue objeto de mucho debate.
El inciso segundo de la letra a) establece que: “Las instituciones no podrán obligar a sus afiliados a aceptar contratos en que todas o algunas de las prestaciones o beneficios se brinden por prestadores determinados, debiendo siempre ofrecer contratos o planes de salud en la modalidad de libre elección del prestador por el afiliado”.
Este avance es muy importante, ya que las isapres nacieron en 1981 y su bandera fundamental de marketing, a nivel comunicacional, fue que los usuarios iban a tener un sistema de libre elección. De alguna manera, se trataba de dar un golpe poderoso a la salud administrada con planes cerrados, en los cuales, lamentablemente, los usuarios, los cotizantes, tienen muy pocas posibilidades de elegir.
Por otra parte, un tema fundamental para avanzar es el que dice relación con las enfermedades preexistentes. Todos sabemos cuántas personas han sido discriminadas o tratadas injustamente en la cobertura de patologías al señalárseles que éstas entraban la categoría de “preexistencia”. Sin embargo, hoy queda claramente establecido que al afiliarse una persona a una determinada institución de salud privada deberá declarar las patologías que sean conocidas por ella en ese minuto, o, de lo contrario, la isapre deberá examinarla para determinar qué patología tiene, previamente a ser aceptada para ingresar a dicha institución. Ahora bien, de no hacer la isapre este examen o diagnóstico, por llamarlo de alguna forma, se dará por entendido que ella cubrirá todas las patologías que posteriormente puedan aparecer en el transcurso de la vida de este afiliado. Ello, además, deberá quedar certificado claramente y en forma transparente en un documento por escrito.
Por lo tanto, se trata de un avance sustantivo en la solución de uno de los problemas más graves que existen en la salud privada, como lo es el tema de las preexistencias.
Finalmente, en lo que respecta al artículo 37 de la ley de Isapres, lamento que se haya rechazado una indicación que presentamos con los diputados señores Aguiló, Robles y Accorsi, y que decía relación con que las licencias médicas se entenderían autorizadas por la institución si ésta no interponía una reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de tres días hábiles desde que fuera presentada por el cotizante; es decir, partíamos de la base de que la licencia que el facultativo entregaba al paciente era fidedigna y acorde a la patología del paciente, o sea, el reposo necesario, y no a la inversa, caso en el cual se pensaba que la licencia era fraudulenta.
Todos los colegas aquí presentes rechazamos los fraudes y la utilización con malos fines que puedan tener las licencias médicas; pero también es cierto que ha habido muchos abusos de parte de las instituciones de salud privada en orden a modificar o acortar las licencias sin ningún examen o diagnóstico y sin tener a la vista los exámenes del médico tratante.
Hubiera preferido que esa indicación fuese declarada admisible. En todo caso, en el Senado tendremos oportunidad de ir mejorando el proyecto, de tal forma de garantizar a ese 20 por ciento de los chilenos que pertenecen a las isapres tener acceso a la salud de manera digna y de buena calidad, con copagos definidos, y en las cuales, además, se respeten sus derechos, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido de la mejor manera.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , me alegro de participar esta mañana en la discusión de este importante proyecto de ley. Sin duda, se trata de un avance para regular de mejor forma el sistema privado de salud.
Como se ha dicho, son alrededor de tres millones de chilenos los que están afiliados al sistema privado de salud; también habría que aclarar que la renta promedio de los usuarios de estas isapres es cercana a los 450 mil pesos. Sin embargo, una gran mayoría de chilenos ha compartido las enormes injusticias generadas por ese sistema privado de salud. Sin duda, se trata de un gran negocio que, por cierto, también es necesario. Tampoco estamos en contra de ellos, pero hay que regular y entregar una mínima seguridad en un aspecto tan esencial como lo es la salud de las personas.
Lo que pretende esta reforma es algo de lógica de país. ¿Cómo integrar a las isapres a las metas u objetivos nacionales de salud? ¿Cómo regular las coberturas para enfermedades de alto costo y de larga duración? ¿Cómo entregar transparencia al sistema de cobro de isapres, en el cual cada usuario pueda comprender efectivamente qué está pagando? Por cierto, y lo que también preocupa al país, es disminuir la discriminación al interior de las isapres, fijando los precios de las prestaciones, no sobre la base del riesgo de las personas, ya que de esa forma hoy se perjudica y discrimina claramente a dos sectores: el de los adultos mayores, quienes, por toda una vida, han estado cotizando en las isapres y en determinado momento, cuando las enfermedades y los costos aumentan, son eliminados de este sistema; y el de las mujeres, pues también se discrimina a la mujer que está en edad reproductiva. ¿Cómo no mencionar los llamados planes sin útero, que se crearon perversamente?
Por último, cabe recalcar la importancia de la creación del fondo de compensación solidaria, en el cual todos los chilenos serán beneficiados, sean de isapres o de Fonasa, a fin de que puedan satisfacer efectivamente sus necesidades de salud. Hoy, hemos hecho un esfuerzo innegable, en el sentido de cómo podemos ir mejorando la situación de la mujer trabajadora. Poco a poco hemos ido adoptando cambios culturales acontecidos en este siglo, toda vez que la inserción laboral de la mujer sobrepasa hoy el 35 por ciento; que los hijos disminuyen en las familias en comparación con los años 60; que esta función social distinta de la mujer ha hecho necesario regular en forma diversa las leyes desde esta Corporación para obtener así los derechos de las salas cunas, los prenatal y posnatal, materia en la cual recientemente también hicimos una modificación; asimismo, las licencias por enfermedades de niños menores de un año han sido un logro importante en lo que tiene que ver con la mujer trabajadora.
Por eso nos alegramos de votar favorablemente esta reforma, en especial por los adultos mayores y las mujeres trabajadoras. También nos alegra estar cumpliendo con nuestro Presidente, don Ricardo Lagos, al votar hoy esta reforma de salud y responder al país, en el sentido de que estamos regulando el sistema privado de salud, las isapres, y rechazando la discriminación a los adultos y a las mujeres trabajadoras.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , desde que se aprobó el sistema de salud privado se han recibido múltiples denuncias y constatado reiterados abusos. Comprendo que también se trata de buscar un beneficio propio, lo que no está mal; pero los abusos cometidos han sido bastante acentuados y en general, muchas veces, la Superintendencia de Isapres no los ha solucionado. Específicamente, me refiero a uno de los puntos reiterados constantemente: la exclusión de las mujeres en edad reproductiva. Los llamados contratos sin útero. No puede ser que en un país que trata de resguardar la maternidad se permitan este tipo de contratos con las mujeres para que no puedan tener hijos. Sin embargo, debemos alegrarnos, porque esta situación se está superando. Efectivamente, habrá una mayor transparencia para que las personas sepan de qué trata “la letra chica”, como se ha llamado. Incluso, si las isapres quieren, dejan al afiliado fuera, sin dar explicaciones. En ninguna parte ocurre esto, es decir, que le digan al afiliado que no lo desean más, sin darle una explicación satisfactoria al respecto. Por eso, estamos contentos, porque estamos superando etapas. Sin embargo, hay una situación que todavía me preocupa. Efectivamente, las mujeres están mejor y también existe solidaridad. Hemos avanzado en esa situación. Sin embargo -lo digo como abogada-, me preocupa lo dispuesto por el artículo 33 bis. Sobre el particular, he consultado a médicos -en la Sala, la materia ha sido debatida en forma consistente-, quienes han sido reiterativos en cuanto al tema de las enfermedades preexistentes. En esto nos topamos con la misma piedra. Si una mujer se encuentra en estado de gravidez y no lo sabe, sencillamente se queda sin cobertura y no la atienden. Estos casos, desgraciadamente, no han sido aislados, no obstante que se trata de la etapa de la mujer que resulta más importante de resguardar.
A mi juicio, la modificación al artículo 33 bis no ampara a la mujer, lo que me preocupa. El embarazo no es un estado anormal; por el contrario, la gravidez es un estado natural de la mujer. Por lo tanto, cualquier abogado se da cuenta de que el artículo 33 bis, tal como está redactado, no va a resguardar a la mujer en estado de gravidez. Pongo el acento en esto por cuanto aquí se ha reiterado que, respecto de las enfermedades preexistentes -incluso, la Superintendencia lo ha explicado muy bien-, si el afiliado no señala que tiene una enfermedad preexistente y la isapre no le pregunta, se entiende que la institución de salud previsional así lo dejó consignado. Sin embargo, la isapre perfectamente puede argüir a posteriori que la mujer no señaló que se encontraba en estado de gravidez. Con esto, se acaba la protección a la mujer embarazada. Eso me preocupa, no obstante que me alegro de que se haya avanzado bastante en este tema.
Sobre el particular, me gustaría que el señor ministro clarificara bien la situación, por cuanto este tema es algo así como la “letra chica” del proyecto.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el ministro señor Osvaldo Artaza.
El señor ARTAZA (Ministro de Salud).-
Señor Presidente, quiero agradecer las palabras de la diputada.
Por intermedio de su Señoría, me permitiré hacer una aclaración.
La maternidad está totalmente cautelada y resguardada por el régimen de garantías en salud. El proyecto de ley Auge hace obligatoria la solución de una serie de problemas de salud priorizados. Está claro -todos estamos de acuerdo en ello- que una de las prioridades establecidas en esta materia, con condiciones de calidad, oportunidad, flexibilidad y protección financiera de carácter obligatorio para todos los habitantes del país, es la maternidad. Por lo tanto, no puede haber preexistencia alguna en torno a la maternidad, ya que éste es un tema priorizado por el régimen de garantías en salud.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Olivares.
El señor OLIVARES.-
Señor Presidente , el proyecto, que tiene por objeto modificar la ley de Isapres, aborda temas tan importantes como la transparencia y protección al interior del subsistema de salud privado. Cuando vemos el apoyo al plan Auge desde diversos sectores de la comunidad nacional, por la importancia que éste tiene en términos de cobertura y protección financiera para aquellas personas de menores recursos, tenemos que agregar a los sectores de clase media en estos beneficios, ya que este proyecto de ley en tramitación también los protege. Esta situación está dada por el proyecto de régimen de garantías, Auge, que determina, como obligación para las isapres, entregar una cobertura adecuada a sus afiliados en todas las patologías comprendidas en dicho régimen. Sin embargo, lo que el actual proyecto asegura es, básicamente, transparencia y protección al interior de las instituciones de salud previsional.
De esta manera, se busca que la reforma de la salud llegue a todos los chilenos por igual, y que los beneficiarios de Fonasa, aquellos sin previsión y los afiliados al subsistema de isapres, tengan la misma cobertura del plan Auge. El objetivo del proyecto -lo señalé- es procurar transparencia y mejor protección. Esto se materializa al exigir a las isapres que en su planes complementarios incluyan siempre la misma cobertura que ofrece el Fonasa en su modalidad de libre elección. En esta misma línea, se establece un control a las variaciones de precios de los planes; aumenta la transparencia en el sistema en cuanto a aranceles y definición de enfermedades preexistentes. También se eliminan las facultades unilaterales que en la actualidad tienen las isapres para modificar los planes.
Por otra parte, se establecen normas adicionales de protección al afiliado en temas como igualdad de condiciones de apelación de licencias médicas, continuidad de contratos, mantención de los derechos del afiliado en caso de quiebra de la isapre; mayores atribuciones para supervigilar y controlar los derechos de los beneficiarios.
En resumen, el proyecto beneficia de manera notable a la clase media, la incorpora de manera plena a la reforma de la salud que está implementándose, asegura el plan Auge, mejora la cobertura y hace más transparente el subsistema de isapres. De esta manera, muchas personas de clase media, afiliadas a este subsistema, se verán beneficiadas, tanto en protección como en transparencia y cobertura.
Cabe hacer notar el arduo e importante trabajo legislativo desarrollado por las comisiones de Salud, presidida por el diputado señor Patricio Cornejo, y unidas de Hacienda y Salud, presidida por el diputado señor Pablo Lorenzini, para sacar adelante estos tres proyectos que son centrales en la reforma de la salud, a saber: proyecto sobre gestión pública y autoridad sanitaria, proyecto de ley sobre el Auge, y el proyecto sobre reforma de las isapres, en actual discusión.
Con esto, la Cámara de Diputados está cumpliendo un compromiso moral con nuestros conciudadanos y, también, con nuestro Gobierno, a fin de sacar adelante estos proyectos antes del receso parlamentario.
También es necesario hacer notar el esfuerzo hecho por el Ministerio de Salud. Todos quienes han estado involucrados en esta reforma han efectuado un trabajo arduo y profundo, a fin de llevar adelante de buena forma esta difícil tarea legislativa.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente , esta tarde, la Cámara de Diputados está debatiendo uno de los proyectos más sensibles para la sociedad: el que tiene que ver con la atención de salud y con el servicio de salud privado, el que se pretende perfeccionar.
Como no somos especialistas en el tema, a muchos no nos es fácil pronunciarnos sobre determinadas disposiciones. Tal como se ha expresado, el proyecto se relaciona fundamentalmente con los montos que el cotizante ha pactado, en un contrato, con una determinada isapre; con las licencias médicas y, por último, con las enfermedades preexistentes, este último punto incluido por iniciativa de diputados de Oposición.
Por la información entregada en la Sala, la Oposición ha solicitado, en primer lugar, que la Superintendencia de Salud sea una sola; en segundo lugar, que tenga que ver con la atención de salud privada, con Fonasa y con todo el sistema público, de tal manera de que haya una sola institución que supervigile toda la atención de salud, las modalidades y los detalles que estos contratos tienen con los usuarios.
Se ha dicho que se trata de transparentar los contratos que tienen los usuarios con las isapres. En ese sentido, quiero solicitar el ministro señor Osvaldo Artaza, presente en la Sala, que el listado de las enfermedades, las patologías que van a ser cubiertas por estos planes de salud, sean entendibles por todas las personas. Si hay una gran dificultad es porque la gente no tiene, a veces, el conocimiento de la terminología que se utiliza en salud o en medicina.
Muchas veces ella se encuentra con la gran sorpresa de que cotiza habitualmente como usuario, pero cuando llega el momento de hacer uso de una atención médica por alguna enfermedad compleja, se ve en la triste realidad de que el plan no la cubre y que tiene que pagar todo, y ahí endeuda a la familia, a los amigos, a la calle, a la población, a todos. Como ésa es la realidad que vivimos, quisiera, con todo respeto, que el señor ministro tuviese el máximo de acuciosidad para que este proyecto contenga aquello que sea entendible a todos los usuarios, porque el trabajador más modesto se ve en la obligación de elegir si ingresa a Fonasa o si escoge un plan de salud si su remuneración se lo permite.
Dado que eso es lo que estamos tratando de remediar en esta oportunidad, todos los parlamentarios debieran estar presentes, para debatir y discutir este proyecto; pero hoy nos vemos enfrentados a la realidad de que somos pocos los que nos interesamos en estos temas.
He escuchado con mucha atención a las personas técnicas en la materia, a los diputados que son médicos. Ellos han empleado terminologías muy técnicas para indicar algunas enfermedades, como, por ejemplo, las enfermedades preexistentes. Muchas veces la gente no sabe que padece una enfermedad -ésa es la verdad- y no tiene la obligación de saberlo, pero cuando después le aplican las normas vigentes le dicen: “usted tenía una enfermedad preexistente, y por eso no le vamos a cubrir los gastos que este tratamiento irroga”. Ésa es la realidad que vivimos en Chile.
Por lo tanto, señora Presidenta , llego a una conclusión: la atención de salud privada está lejos de la realidad de la familia chilena. Es tan alto el costo que implican las enfermedades o los tratamientos de las enfermedades de alta complejidad que, muchas veces, no se puede recibir atención. Y todos los parlamentarios, todas las semanas, recibimos solicitudes para cubrir los gastos de una intervención de tal o cual tipo en un menor de edad para que pueda ser atendido en algún centro asistencial de la gran capital, porque allí es donde se atienden patologías de esa naturaleza.
Entonces, este proyecto que perfecciona el sistema de salud privado no puede ignorar las dificultades que tienen los usuarios. Es ahí donde toco la sensibilidad porque creemos que hemos trabajado para perfeccionarlo.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Señor diputado , ocupó todo el tiempo correspondiente a su bancada.
¿Puede concluir su intervención?
El señor VILCHES.-
Señora Presidenta , los diputados de Oposición estamos dispuestos a aprobar todas las normas que vayan en la dirección de mejorar la calidad de atención de salud de los usuarios del país.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y medio, el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta , la verdad es que quiero formular una afirmación de tipo general y expresar unas opiniones de carácter particular.
En lo general, este esfuerzo concluye exitosamente, en la Cámara de Diputados, el trabajo legislativo tendiente a completar el primer trámite constitucional de los proyectos de la reforma de salud. Es un mérito enorme que en estos meses se hayan resuelto materias altamente complejas en diferentes proyectos de ley. En verdad, pocos pensábamos que era posible hacerlo. Me refiero al proyecto sobre la autoridad sanitaria, que tiene como propósito adecuar el dispositivo de los servicios públicos y privados para atender y soportar la carga de trabajo que va a significar la puesta en marcha del Auge y, en consecuencia, la ejecución de la reforma de salud, que establece la autogestión en red de los hospitales, que adecua los servicios; al proyecto sobre el Auge mismo, cuyo centro es el establecimiento del régimen de garantías de salud; a este proyecto de modificación de las isapres; al proyecto de los deberes y derechos de los pacientes; y en el mes de marzo iniciaremos una discusión que probablemente no será tan suave como la de este momento, pues tendrá algunas asperezas, como quiera que contiene las normas tendientes a aumentar el presupuesto con 155 mil millones para completar lo que se requiere para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto de reforma de salud, cuyo propósito, en el fondo, es garantizar el acceso de todos los chilenos y chilenas a una atención digna y eficiente.
En lo particular, propusimos, con los diputados señores Aguiló, Cornejo, Ortiz, Robles y la diputada señora Carolina Tohá, una indicación sobre un aspecto muy sensible: el cambio del plan y de su precio de manera unilateral por las isapres.
En ese sentido, se aprobó por la Comisión una indicación que establece lo siguiente: “Sin perjuicio de las adecuaciones que deban experimentar los planes de salud en virtud de las modificaciones que se introduzcan al Régimen de Garantías de Salud, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 bis, en la oportunidad en que se modifique, mediante decreto supremo el referido Régimen, las instituciones podrán revisar los contratos de salud pudiendo sólo modificar el precio del plan complementario con las limitaciones que establece el artículo 38 bis, a condiciones generales que no importen discriminación entre los afiliados de un mismo plan”.
Se establece aquí, entonces, que ya no hay modificación unilateral del plan complementario, y las modificaciones que se puedan producir al precio del plan complementario están regidas por dos disposiciones: el Régimen de Garantías en Salud, y, en consecuencia, cuando se modifique dicho Régimen se podrá, de acuerdo con esa enmienda, producir una modificación en el precio; y también por las disposiciones del artículo 38, que tiende a establecer un índice que impida los abusos, las discriminaciones y las arbitrariedades que actualmente los vacíos del ordenamiento legal permiten.
En consecuencia, el recoger las preocupaciones de las organizaciones sociales en la discusión, y, en particular, de los usuarios de las isapres, permitió incorporar esta indicación en el artículo respectivo, con un apoyo ampliamente mayoritario de la Comisión. Ella permite modificar el plan complementario sólo por acuerdo de las partes, termina con la decisión unilateral de las isapres y, además, regula la modificación del precio por el Régimen de Garantías y por las propias disposiciones de esta ley. Esto, en lo que se refiere a los derechos de los usuarios, y en consecuencia a los derechos individuales de las personas, constituye, sin duda alguna, un avance sustancial en esta materia.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señora Presidenta , el proyecto en discusión es de vital importancia para todos los chilenos. Me alegra mucho que el Ejecutivo haya acogido la moción que presentamos la diputada que habla, la diputada señora María Angélica Cristi y los diputados señores Correa, Dittborn, Egaña, Escobar, Pérez, Prieto y Vilches, para modificar el artículo 33 bis, relativo al tema de las enfermedades preexistentes, a pesar de que no está indicado en el informe. Queremos resaltar esto porque la mayor cantidad de reclamos que existen se relacionan precisamente con los problemas que tienen los usuarios cuando no han declarado la enfermedad preexistente.
Ahora, al estar incluidos en este programa, indudablemente que beneficiará a los usuarios, sobre todo a las personas de menores recursos que se encuentran en serios problemas, porque cuando les entregaron los contratos no les explicaron, claramente, que si ellos no declaraban enfermedades preexistentes, no tendrían cobertura en ninguno de los sectores. Al quedar establecido por ley que ésta debe ir claramente especificada, creemos que tanto el Ejecutivo como la Comisión de Salud y el ministro de Salud hemos dado un gran paso para solucionar los problemas más urgentes de la gente. Creo que éste era uno de los temas fundamentales.
Por lo tanto, señora Presidenta, por supuesto que votaremos a favor del proyecto, que, a nuestro juicio, soluciona en parte el problema de la salud de todos los chilenos.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Hidalgo, por 2 minutos y medio, que es el tiempo que le resta a Renovación Nacional.
El señor HIDALGO.-
Señora Presidenta , ¡qué duda cabe de que la institución isapre ha ayudado a la salud y bienestar de los chilenos en los últimos años! Dichas instituciones afiliaron al 28 por ciento de la población. Hoy han perdido 8 puntos, ya que tienen aproximadamente el 20 por ciento. Seguramente, existen algunas razones para explicarlo. Tal vez, han tenido responsabilidad por su propio proceder, un poco soberbio; el constante hostigamiento comunicacional de parte del Gobierno o quizás hay un problema de mercado.
El tema que estamos discutiendo hoy tiene tres grandes aristas.
La primera es la preexistencia, que con la modificación a la ley quedaría virtualmente solucionada; la segunda, es el tema precio, que no lo soluciona, y la tercera, que para mi modo de ver es una de las más importantes, son las licencias médicas. Es cierto que no es un tema popular.
Tal como decía el diputado Escalona, en marzo comienza la discusión más importante de este tema, que está relacionado con el financiamiento. De acuerdo con la información de Fonasa, se pierden 30 mil millones de pesos por licencias médicas indebidas. Los institutos privados hablan de una cifra mayor. Considerando sólo el tema de las licencias médicas, tenemos un tercio del financiamiento solucionado.
Desde ese punto de vista, es importante que el conjunto de las bancadas considere este tema, que sea transversal, para poder solucionar en parte el problema del financiamiento; pero, por ningún motivo, se deben subir los impuestos, porque lo considero malo para el país y es pésima imagen, según lo que hemos visto en los últimos cuatro o cinco años.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, hasta por 1 minuto y 8 segundos, el diputado Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señora Presidenta , quiero agradecer al colega José Miguel Ortiz, quien gentilmente me ha dado la posibilidad de hablar respecto del proyecto, por lo que espero que las cuatro o cinco afirmaciones generales que voy a hacer lo representen lo más plenamente posible.
El proyecto de ley es clave para solucionar varios problemas del sistema.
En primer lugar, la discriminación y las arbitrariedades de las isapres en relación con las mujeres y las personas de la tercera edad.
En segundo lugar, las arbitrariedades de las isapres para fijar precios y aranceles de los planes.
En tercer lugar, limita las facultades unilaterales de las isapres en relación con los contratos que tienen con los usuarios.
En cuarto lugar, limita las facultades unilaterales de las isapres en relación con los contratos que tienen con los usuarios.
En cuarto lugar, aborda el tema de la transparencia. Actualmente, el sistema es muy poco transparente en lo relativo a aranceles y a enfermedades preexistentes.
En quinto lugar, mejora la continuidad del contrato y protege debidamente a las cargas, para que no sea letra muerta el tema de la autonomía de la voluntad, debido a las asimetrías entre los usuarios, cotizantes y cargas, y las isapres.
En sexto lugar, mejora mucho el control, mediante la creación de la Superintendencia de Salud que, además, va a regular que las garantías del plan Auge se cumplan debidamente. Éste es un tema decisivo, porque a más de una década del establecimiento de la Superintendencia de Isapres y a casi veinte años de estos seguros privados de salud, la posibilidad de cumplir con un rol regulador y fiscalizador de la Superintendencia es, en los hechos, letra muerta, debido a la carencia de oficinas en las regiones.
Por eso, la bancada democratacristiana va a votar favorablemente el proyecto.
Reitero, he hablado tanto en mi nombre como en el de mi colega el diputado por Concepción José Miguel Ortiz.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, hasta por 2 minutos y medio, el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta , ayer comentábamos el acercamiento que se produjo respecto del proyecto “Chile Solidario”, que terminó siendo aprobado por unanimidad.
Hoy, también se ha logrado un acuerdo respecto de este trascendental proyecto de la salud, que ha sido discutido y tratado con aporte de instituciones, de profesionales, de los propios diputados y de los organismos reguladores. La mayoría de nuestros pares está hablando hoy con otras palabras, con otras frases. Estamos logrando acuerdos.
Sólo deseo hacer algunas referencias antes de la votación.
Sabemos que esta discusión tiene componentes difíciles de entender para algunos, que no han visto, que no han querido ver o que, lisa y llanamente, dejaron de conocer la famosa “letra chica”. Esa “letra chica” que hace tanto daño en la legislación, todavía no ha podido ser interpretada en los distintos ámbitos de la sociedad, por los distintos artífices de la economía de este país. Habrá que conversar de la “letra chica” en algún minuto, como bien dijo Laura Soto.
Alguien ha mencionado de soslayo los excesos que se cometen en el sistema privado, ya que la atención, la cobertura, no ha sido ideal. El diputado Girardi ha sido el gran denunciante de esta problemática. ¡Quién no ha sabido que él, en nombre del PPD, ha levantado la bandera de lucha en contra de los excesos de las isapres, con lo que se ha logrado concitar un alto interés dentro de la ciudadanía para lograr, en conjunto, que esto se regule de una vez por todas!
No detallaré la innumerable cantidad de modificaciones que se introducen. En lo personal pondría más atención aún en el control de las alzas desmesuradas. El diputado Bayo señaló que, para él, el problema eran los precios. Dijo que no compartía la fórmula, pero me atrevo a decir que con ese 30 por ciento, que no representa una variación de más del 3 por ciento de los planes de salud, vamos a llevar a cabo el control de esta transparencia. Por eso, creo que estamos en buen camino.
El otro problema...
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Se terminó su tiempo, diputado .
El señor JARAMILLO.-
En ese caso, hablaré en otra oportunidad sobre las licencias y las preexistencias.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana hasta por tres minutos.
El señor QUINTANA.-
Señora Presidenta , con el proyecto estamos logrando un notable avance en la reforma de la salud, de la cual es uno de sus pilares. No sacamos nada con tener una autoridad sanitaria fuerte y mecanismos de regulación para un sistema que, para muchos chilenos, ha sido poco amigable y discriminatorio por décadas. Tampoco tiene su efecto un plan Auge por sí solo, si un importante número de la población, por distintas razones, ha optado por el sistema privado.
Por lo tanto, el proyecto, que luego deberá ser complementado con los deberes y derechos de los pacientes, viene a cumplir con uno de los compromisos y objetivos más importantes del gobierno del Presidente Lagos, como es la calidad, la oportunidad y la transparencia en el sistema de salud.
Me quiero referir precisamente a la transparencia, que da sentido al proyecto.
Muchos afiliados del ámbito privado de la salud han sido excluidos y brutalmente marginados de muchos beneficios por razones de edad y sexo. ¿Quién de nosotros no ha sido testigo, en nuestro contacto con la ciudadanía, de los abusos cometidos por las isapres durante años en el rechazo de licencias, en el cambio de planes, en el aumento de los precios y, como recién decíamos, en discriminaciones por edad y por sexo? Nuestros adultos mayores y nuestras mujeres, especialmente cuando se trataba de prestaciones complejas, de enfermedades difíciles, muy particularmente en el parto, han conocido la exclusión. Lo que se persigue es que no les resulte más caro el plan a quienes más salud necesitan.
Por todo lo anterior, me sorprende que algunos sectores hayan guardado silencio respecto de una realidad muy dramática, que muchos chilenos viven a diario.
Quiero simplemente destacar algunos aspectos del proyecto. En transparencia, en el sistema se acaban los planes de cobertura sin parto. Se regula el aumento de precios de mejor manera bajo la tuición de la Superintendencia.
Eso es muy importante, porque el aumento de precios sólo podrá hacerse mediante bandas establecidas a través de este proyecto de ley por la Superintendencia.
Se definen y se regulan las enfermedades de preexistencia. Recién se decía que los contratos no se podrán modificar unilateralmente.
En cuanto a las apelaciones respecto de las licencias, quiero destacar que el afiliado podrá hacerlas a la Superintendencia. Ése es un avance realmente importante. En el caso de fallecimiento del imponente, los familiares que figuren como beneficiarios podrán mantener por un año el mismo plan que aquél tenía con la isapre.
Se regula el sistema de ventas de estos programas de salud privada. Creo que es importantísima la vinculación del Auge, porque permitirá equidad para sus beneficiarios y para el inmenso sector de clase media que ha optado por la salud privada.
Por último, junto con destacar el rol del Ministerio de Salud en esta secuencia de proyectos, que hoy alcanza su integralidad con la iniciativa en debate, para los diputados de la Concertación, en especial para los del PPD, esta reforma es emblemática, porque apunta a superar los niveles de discriminación, de pobreza y de marginalidad que afectan a muchos chilenos.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señora Presidenta, en este corto tiempo de que dispongo, sólo quiero precisar dos cosas.
Este proyecto separa el rol de la isapre respecto del de los prestadores. Es decir, las isapres se dedicarán a su función de financiamiento, y no a la de prestación, como se hizo en algún minuto.
Asimismo, se regula bastante, tal vez no como muchos quisieran, las preexistencias y el aumento unilateral del precio de los planes. De ahora en adelante, los afiliados tendrán transparencia y la posibilidad de comparar precios entre uno y otro plan de salud.
Quiero referirme a dos temas en especial. En primer lugar, hay un acuerdo con el Ejecutivo para incorporar en esta reforma un tema muy esencial, como es el de las licencias médicas, analizadas con una visión sanitaria y no económica. Considerando que ellas son parte de la prestación médica, de la prestación de salud, el reposo debe estar garantizado.
En segundo lugar, con este proyecto se indica que los prestadores acreditados por la autoridad sanitaria podrán dar atención privada y pública a toda la gente en Chile. Es decir, de ahora en adelante, las prestaciones pública y privada sólo podrán ser entregadas por personas que estén acreditadas ante la autoridad sanitaria. Los prestadores tendrán que demostrar que son capaces de atender a todas las personas del país.
Por lo tanto, los beneficiarios de la salud pública y los de la privada tendrán la seguridad de que quien los atenderá será un médico cirujano que cuente con los estudios y la especialización necesarios para entregar determinadas prestaciones.
De ahora en adelante, con esta futura ley, junto con la del Auge, incorporamos el concepto nuevo de la acreditación de autoridad sanitaria. Éste es un elemento muy importante para dar transparencia y seguridad a los beneficiarios públicos y privados, en cuanto a que contarán con una atención de salud digna y segura para ellos y su familia.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos con catorce segundos, el diputado señor Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señora Presidenta, creo que Chile estaba en deuda con la sociedad, con aquellas personas beneficiarias del sistema de salud.
Quiero recordar que este sistema de salud se creó en la década de los años 80, al amparo de la opacidad, en tiempos en que no había democracia, entre gallos y medianoche.
Sus creadores pasaron, luego, a ser los principales dueños de las isapres. Siempre dijimos que éste era un traje hecho a la medida. Por eso, durante muchos años el sistema fue entendido como un negocio cuyo objetivo central no era la salud de las personas, sino lucrar con su salud; era ganar dinero, con altos costos de administración, con abusos intolerables.
Todavía recuerdo situaciones dramáticas generadas por las isapres, como los cheques en garantía; de haber ido a clínicas, con otros parlamentarios, a pedir la liberación de personas que habían tenido su parto, porque no podían resolver el tema del cheque en garantía, condicionado por la isapre. Recuerdo muchos casos de personas que fueron expulsadas por isapres que adujeron condiciones de falsas preexistencias.
Todos sabemos que el costo de una mujer en edad fértil es cinco veces superior al de un hombre. Todos fuimos testigos y cómplices de haber aceptado irregularidades, como la existencia de “planes sin útero” -práctica que, además, era una brutal discriminación contra la mujer- o el aumento unilateral del costo de los planes. El año pasado fuimos a la Fiscalía Nacional Económica para dar a conocer que los planes de las isapres estaban concertados y que había un aumento de hasta un 20 por ciento.
Con dolor, hemos visto cómo muchas veces las isapres modificaban, de manera irregular o fraudulenta, las licencias médicas, que son un derecho, porque con ello ganaban más de doce mil millones de pesos al año. Denunciamos la modificación de las licencias por parte de funcionarios de segundo nivel, quienes falsificaban la firma de los médicos. Era uno de los negocios más rentables de estas instituciones.
Lo interesante es que a lo mejor ha habido un ánimo de dar más transparencia, de dar más información a la gente, de establecer derechos exigibles por parte de la ciudadanía y terminar con estos abusos, de los cuales todos, algunos más, otros menos, hemos sido cómplices.
Con esto, se termina la era de una de las instituciones más abusivas que han existido en el país, que han sido ejemplo en cuanto a anteponer sus intereses económicos.
Los cambios que propone el proyecto no son todos los que debiéramos tener. Nos habría gustado que los contratos con las isapres fueran de por vida, a fin de que éstas nunca pudieran discriminar. De esa manera, esas instituciones sólo tendrían que preocuparse de la prevención y del cuidado de sus afiliados.
¡Imagínense: estas instituciones, que se supone debían velar por la salud de las personas, no gastaban un solo peso en promoción y prevención! Es una paradoja, porque si lo hubiesen hecho, habrían resultado las más beneficiadas pues habrían tenido que reembolsar menos dinero. Pero era tan brutal el sistema, casi de extracción minera que hacían estas instituciones, que ni siquiera hacían promoción ni prevención.
Dejaremos para más adelante la posibilidad de introducir más modificaciones a fin de que estos planes existan de por vida. Creo que acá no se han resuelto temas fundamentales. Hoy la isapre tiene una facultad totalmente irregular, cual es modificar la licencia médica en forma unilateral; es juez y parte, y tiene un incentivo directo para generar tremendas utilidades a partir de una facultad privativa.
El ministro de Salud suscribió un compromiso con todos los diputados de la Comisión de Salud, en el sentido de enviar un proyecto para modificar todo el sistema de licencias médicas. Porque así como en el sistema público no hay control y tenemos gastos excesivos por licencias médicas no controladas, en el sistema de isapres ocurre todo lo contrario: ésta modifica la licencia médica no en función de criterios de salud, sino de su rentabilidad, y los pacientes deben apelar por esta situación de inequidad ante la Compin o la instancia regulatoria.
Quedan temas pendientes, pero la Cámara ha dado un gran paso al aprobar una regulación, en la que, a lo mejor, ha faltado participación ciudadana para abordar las modificaciones legales en relación con una de las instituciones más abusivas que han existido en el país.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Cerrado el debate.
En votación en particular el proyecto.
Se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, el artículo 1º, número 1), letras a) y b); números 2), 4), 5), 6), 9), 10), 11), 12), 15), 18), 19), 24), 26) y 27); los artículos 2º y 3º permanentes; y los artículos 1º, 2º y 3º transitorios.
El señor FORNI.-
Reglamento, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Existen artículos que son objeto de pronunciamiento, respecto de los cuales existe la siguiente propuesta. Votar por separado en el artículo 1º, número 1), letra c), los números 3) y 7). Dentro del número 7) dividir la votación por letras y la letra b) votarla por incisos. Desde el número 8) hasta el número 29) se votaría de una sola vez.
En votación la letra c) del número 1) del artículo 1º.
-Durante la votación:
El señor FORNI.-
Señora Presidenta, estamos pidiendo que dentro de la letra c) del número 1) se voten por separado las letras i), j), k) y l).
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Muy bien.
En votación la letra i) contenida en la letra c) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- Aprobada la letra i).
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación la letra j) contenida en la letra c) del artículo 1º
-Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 40 votos. No hubo abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
No se consignaron en el tablero los votos de algunos diputados.
Considerando que son muchos, repetiremos la votación de la letra j).
-Repetida la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada la letra j).
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Felipe), Luksic, Mella (doña María Eugenia), Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez-Salamanca, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Cardemil, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Escobar, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Kast, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Prieto, Recondo, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación la letra k) contenida en la letra c) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada la letra k).
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Riveros, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación la letra l) contenida en la letra c) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada la letra l) y, por tanto, la letra c) del número 1) del artículo 1º.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Felipe), Luksic, Mella (doña María Eugenia), Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez-Salamanca, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Cardemil, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Escobar, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Kast, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación el número 3) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 48 votos. No hubo abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado el número 3) del artículo 1º.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez-Salamanca, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Escobar, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Kast, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En el número 7) del artículo 1º se ha solicitado votación separada por letra, y dentro de la letra b) por incisos.
En primer lugar, votaremos la letra a) del número 7) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 44 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada la letra a) del número 7).
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
-Votó por la negativa el diputado señor Masferrer.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado, Álvarez-Salamanca, Barros, Bauer, Becker, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Escobar, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vilches y Von Mühlenbrock.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
La letra b) del número 7) reemplaza al inciso primero de la letra a) que consta de dos incisos.
En votación el inciso primero de la letra a).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa: 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Aprobado el inciso primero de la letra b).
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación el inciso segundo de la letra a) correspondiente a la letra b) del número 7).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 48 votos. No hubo abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Aprobado el inciso segundo de la letra a).
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Letelier (don Felipe), Luksic, Mella (doña María Eugenia), Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tuma, Venegas, Villouta y Walker.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bauer, Becker, Bertolino, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Escobar, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Kast, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación la letra c) del número 7).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada la letra c) y el número 7) del artículo 1º.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Molina, Monckeberg, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación los números 8), 13), 14), 16), 17, 20), 21), 22), 23), 25), 28) y 29).
El señor FORNI.-
Señora Presidenta , el número 29) no está dentro del acuerdo.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Sí, se informó al inicio de la votación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 38 votos. No hubo abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado en particular el articulado.
-Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, García (don René Manuel), Girardi, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Correa, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Escobar, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, Longueira, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.01 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
Valparaíso, 21 de enero de 2003.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia, que el Senado ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas, por esa honorable Cámara, al proyecto de ley que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, correspondiente al Boletín Nº 370-07:
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4033, de 3 de diciembre de 2002.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): CARLOS CANTERO OJEDA, Presidente (S) del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario del Senado .
Moción de la diputada señora Adriana Muñoz y del diputado señor Salas.
Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de modernizar su estructura interna, dar mayor transparencia a los procedimientos administrativos y utilización de recursos públicos, además de permitir un mayor conocimiento en torno a las actuaciones de los parlamentarios. (boletín N° 3194-16)
La honorable Cámara de Diputados se encuentra próxima a cumplir doce años desde su reinstalación en marzo de 1990. En dicho período el país ha registrado importantes avances en la consolidación de sus instituciones democráticas.
La Corporación, por su parte, ha procedido en el mismo lapso, a enmendar su normativa interna, de un modo general en dos ocasiones, ajustándola a los requerimientos de la ciudadanía y a las necesidades del quehacer parlamentario.
La primera, culminado el primer período legislativo, para actualizar su funcionamiento a las nuevas prácticas surgidas con su reapertura y concordar sus disposiciones con las de la Constitución Política de la República y la ley orgánica del Congreso Nacional.
La segunda, al finalizar el siguiente período legislativo para agilizar la tramitación de los proyectos y crear nuevos espacios de difusión y participación ciudadana en el proceso de formación de la ley.
Siendo los anteriores, en cada oportunidad, avances muy importantes, no resultan suficientes para conseguir hoy un óptimo funcionamiento de la Cámara de Diputados.
La creciente demanda de la opinión pública por una mayor transparencia y expedición en los procedimientos internos y por información oportuna y fidedigna respecto de la actuación de sus representantes obliga, nuevamente, a plantear enmiendas a su Reglamento.
Por una parte, la Corporación sustenta sus acciones y administración en un sistema organizativo rígido y anquilosado, que evidencia cada vez más sus falencias y donde la débil y lenta capacidad de respuesta de nuestro sistema institucional ha generado situaciones no siempre claras que, aún sin serlo, se proyectaron, en muchos casos, a la opinión pública como irregularidades.
Del mismo modo, constituye otro desafío pendiente de la máxima importancia conseguir que su funcionamiento sea cada día más eficiente y transparente, dando a la ciudadanía la plena confianza que requiere tanto de la institución como de los parlamentarios.
Tal objetivo orienta un ambicioso proceso de modernización interna, impulsado a partir de mayo de 2002 por la Presidencia de la Corporación , que contó con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en ella y que concluyó en un llamado a licitación pública para la elaboración de un completo y especializado estudio sobre el particular que se encuentra en pleno desarrollo.
Se avanza así, luego de largos años, en una política seria, profesional, transversal y multidisciplinaria, destinada a resolver en profundidad los problemas derivados de esquemas de trabajo que requieren modernizar la gestión y los procedimientos legislativos y administrativos.
En este proyecto de reforma reglamentaria vengo en proponer algunas de las enmiendas que han surgido como resultados preliminares de dicho análisis técnico y que resultarán indispensables para concretar sus conclusiones. A ello se han agregado otras innovaciones surgidas al recoger la experiencia práctica en la máxima responsabilidad institucional.
Tales modificaciones se orientan a los siguientes objetivos fundamentales y contemplan la medidas concretas que en cada caso se exponen:
1. Dar a la opinión pública la máxima transparencia posible, tanto del trámite de los proyectos de ley y de otras materias de competencia, sea de las Comisiones o de la Sala de la honorable Cámara de Diputados, como en la adopción de las más diversas decisiones relativas al quehacer administrativo de la Corporación y, particularmente, al uso de los recursos públicos vinculados al quehacer parlamentario.
Así, en el plano legislativo, se establece la obligación de las Comisiones de difundir el contenido de los proyectos en trámite, de un modo simple, para su mejor comprensión, como también el detalle de las votaciones públicas que en ellos recayere.
Del mismo modo, deberán darse a conocer, con antelación suficiente, las citaciones a las audiencias públicas que se realizaren a fin de garantizar el máximo acceso de instituciones y organismos interesados en exponer sus planteamientos y se impone a tales grupos de trabajo la obligación de concretar alguna forma de interacción con la comunidad aprovechando los medios existentes.
Se innova, también, sustantivamente, haciendo públicas las actas de Comisiones, acaso el único trámite que permanecía en reserva, a menos que se acuerde expresamente lo contrario, reemplazando la norma actual que establece un sistema inverso donde la publicidad es la excepcional.
Nada de lo ocurrido durante el proceso de formación de la ley en la Cámara de Diputados, será ajeno a la ciudadanía, la que podrá tomar conocimiento de cada uno de los pasos de una iniciativa en forma cabal y, en especial, de los planteamientos y posición de sus representantes.
En el ámbito administrativo, de acuerdo a la importancia que ha adquirido para la opinión pública la rigurosidad en el uso de recursos fiscales y la información precisa sobre su gasto y destino, se hace un esfuerzo muy significativo, otorgando, también, total transparencia al respecto.
Así, se establece, de un modo general, la publicidad del Presupuesto Anual de la Corporación y del avance en la ejecución de éste, obligación que queda entregada a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Asimismo, será deber de la Cámara de Diputados difundir, en forma escrita tradicional, audiovisual y a través de su sitio en internet, la cuantía y uso de los recursos vinculados al ejercicio de la función parlamentaria y que se ponen a disposición de las diputadas y diputados, tanto en cuanto al personal contratado como a la infraestructura, bienes y servicios.
Se obliga, también, a la Presidencia de la Cámara de Diputados a difundir del mismo modo la información que a ella corresponda, incluyendo entre ello, lo referido a los gastos de representación que se entregan a dicha autoridad.
Con el mismo objetivo, se impone la obligación de publicar un extracto de las actas de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
En concreto, las medidas anteriores posibilitarán a cada ciudadano conocer y controlar, en detalle, los gastos de la honorable Cámara de Diputados desde su asignación presupuestaria hasta su ejecución y, en particular, aquéllos vinculados al ejercicio del cargo de cada diputada y diputado , con la más absoluta transparencia respecto de su destino, distinguiendo, claramente, dichas asignaciones de su dieta, evitando así confusiones que en nada ayudan a la confianza de la opinión pública.
2. Paralelamente, con el fin de asegurar la mayor difusión de estos antecedentes, de optimizar recursos y de agilizar el proceso legislativo, se incrementa el uso de los medios electrónicos como forma de funcionamiento habitual de la Cámara de Diputados.
En ese sentido se incorporan normas destinadas a facilitar y difundir el uso de estas herramientas en diversos procedimientos, a saber:
a) En las citaciones a sesiones de Sala y Comisiones, permitiendo su notificación a direcciones electrónicas y, en forma general, a través de la incorporación en el sitio en internet de la Cámara;
b) En la publicidad de Boletines, Actas de Comisión y en la difusión de las sesiones éstas y de la Sala, consagrando y extendiendo, de este modo, prácticas vigentes, pero sin sustento reglamentario;
c) En la disposición de los informes, permitiendo su distribución en formato electrónico cuando ello sea más aconsejable, evitando así que la falta de escrituración y copia de los mismos sea motivo de suspensión del trámite;
d) En la información destinada a los ciudadanos respecto de la asistencia a Sala y Comisiones de los parlamentarios, y
e) En la publicidad de las votaciones en que éstos participen.
3. Se avanza, además, en la modernización institucional de la Cámara de Diputados, agregando a las mínimas normas existentes en el actual Reglamento, un título especial dedicado a establecer sus principales organismos técnicos internos y sus atribuciones y detallando, también, algunas obligaciones del Secretario y Secretarios de Comisiones , con el objeto de facilitar el funcionamiento de la Mesa en cuanto a la fijación de la tabla y archivo de proyectos. En torno a las oficinas que se regulan cabe destacar:
a. Secretaría Legislativa de Comisiones , encargada de ayudar técnicamente al proceso legislativo a través de la producción de conocimiento especializado para asesorar a las Comisiones parlamentarias.
b. Contraloría y Auditoría Interna, ente autónomo, adscrito a la máxima autoridad de la Cámara, destinada a velar por la transparencia en los procedimientos de gestión interna de la Corporación y a procurar una máxima eficiencia en la utilización de los recursos públicos administrados por ésta.
c. Dirección de Comunicaciones, encargada de coordinar la utilización de las herramientas técnicas de que dispone la Cámara de Diputados para la difusión de su labor.
d. Dirección de Fiscalización e Informaciones, encargada de mejorar el cumplimiento de esta función parlamentaria y de recabar antecedentes para su ejercicio. Para ello se consulta una completa reestructuración de las unidades vinculadas actualmente al tema y se priorizarán los convenios institucionales con los restantes organismos fiscalizadores del país, con el objeto último de avanzar en un Sistema Nacional de Fiscalización y apoyar la labor de las diputadas y diputados en este ámbito.
e. Dirección de Informática, encargada de administrar los sistemas computacionales de la Corporación, sus bases de datos y procedimientos, procurando la existencia de información actualizada y oportuna sobre las diversas funciones y actuaciones que se desarrollen tanto en el plano administrativo como legislativo.
f. Academia Parlamentaria, destinada a la capacitación y perfeccionamiento permanente, tanto del personal de la Corporación como de los propios parlamentarios, con el objeto de mejorar la labor que realizan y actualizar sus conocimientos y destrezas.
4. La opinión pública, junto con demandar una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, exige conocer de cerca la forma en que las diputadas y diputados cumplen sus obligaciones.
Para ello, se incorpora en el Reglamento la obligación de difundir informes semanales respecto de la asistencia de los parlamentarios a las Sesiones de Sala y Comisión. La ciudadanía podrá contar así con información actualizada y fidedigna.
Al mismo tiempo, con el objeto de evitar la distorsión en algunos de los datos contenidos en ella y de uniformar las prácticas sobre la materia, se precisa lo relativo al cómputo de ésta en el caso de los parlamentarios que integren delegaciones o misiones oficiales de la Corporación y se reglamentan las indicaciones que deberán contenerse en el caso de ausencias debidamente justificadas ante la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados.
No ha escapado al análisis de este proyecto de reforma reglamentaria la necesidad de modificar el proceso legislativo para hacerlo más expedito, profundizando las enmiendas culminadas en 1998.
Sin embargo, a ese respecto, existen otras iniciativas de algunos señores diputados, pendientes en su tramitación desde hace varios años, ante lo cual se ha optado por agilizar su trámite y formular, oportunamente, la indicaciones que parecieran aconsejables.
Por lo anterior, la diputada que suscribe viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA
AL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Artículo único: Modifíquese el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados del modo que sigue:
1. Agréguese, en el inciso tercero de su artículo 4°, entre las palabras “domicilios” y “en” la frase “postales o electrónicos”. Asimismo, en el inciso cuarto del mismo precepto, incorpórese a continuación de la expresión “diputados”, la siguiente frase final: “o a través de su difusión en el sitio en internet de la Corporación”.
2. Incorpórese, en su artículo 9°, entre las palabras “Sesiones” y “contendrá” la frase “constará en forma escrita, se difundirá a través del sitio en Internet de la Corporación y”.
3. Agréguese, en el inciso segundo de su artículo 17°, entre el punto seguido que sucede a “Sala” y la oración siguiente, la frase “Con este fin, los Secretarios de Comisiones deberán poner a disposición del Presidente una nómina mensual con los proyectos y asuntos que se encuentren en dicha situación”.
4. Incorpórese el siguiente artículo 31 bis:
“Artículo 31 bis La Cámara de Diputados dispondrá y administrará, en forma centralizada, la infraestructura, el personal y los servicios inherentes al ejercicio de la función parlamentaria, los que serán propuestos por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, en uso de las facultades establecidas en el artículo 219 de este texto. La Cámara de Diputados hará públicos, en forma permanente y actualizada, a través de su sitio en Internet, los contratos referidos al personal, infraestructura y servicios establecidos para el ejercicio del cargo. Con dicho objeto podrá utilizarse, además, a criterio de la citada Comisión ylo contemplarse su difusión mediante otros medios de comunicación”.
5. Agréguese la siguiente parte final al inciso cuarto del artículo 32°:
“La Cámara de Diputados difundirá a través de su sitio en internet, la asistencia a las sesiones de Sala de las diputadas y diputados. Con este objeto, además de los datos contenidos en el Boletín de Sesiones, emitirá informes semanales y relativos a cada legislatura, los que deberán ajustarse, en todo caso, a lo señalado en el inciso final del artículo 38°, precisando, además, las ausencias motivadas en enfermedad o impedimento grave, debidamente justificadas ante la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Corporación”.
6. Incorpórese el siguiente inciso final a su artículo 38°:
“Los diputados que integren una delegación o misión oficial de la Cámara de Diputados, se entenderán como asistentes en todas las Sesiones de Sala y de Comisiones que tengan lugar mientras aquélla se extienda, sin perjuicio de las normas aplicables respecto de quienes cuenten con permiso constitucional en materia de cómputo de votos”.
7. Incorpórese el siguiente nuevo numeral 22 a su artículo 53°:
“22° Publicar, en forma permanente y oportuna, a través de su sitio en internet, las citaciones a sesiones, la agenda legislativa de la Cámara de Diputados y de la Presidencia y los gastos de representación que le sean asignados para ejercer su cargo”.
8. Reemplazar el artículo 69 por el siguiente:
“Artículo 69 Cada semana se realizarán las sesiones ordinarias que se hubieran acordado. Éstas tendrán una duración no inferior a tres horas y terminarán, reglamentariamente, al cumplirse el plazo fijado en la citación para dicho efecto”.
9. Agréguese el siguiente inciso final al artículo 108°:
“Para cumplir con lo dispuesto en forma precedente, el Secretario deberá mantener, además, una nómina actualizada de los proyectos en trámite, que se encuentren o deban encontrarse en estado de tabla, clasificándolos según los numerales señalados, recabando oportunamente la información de las respectivas Comisiones y poniéndola a disposición de la Mesa, por escrito o por medios electrónicos”.
10. Reemplácese, en el inciso primero del artículo 114, la oración que comienza con “Tendrá” por “Tendrá una duración de una hora en cada sesión ordinaria, lo que podrá ser reducido o extendido, por unanimidad. Si por cualquier causa se ocupare tiempo que corresponda a Incidentes, se entenderá automáticamente aplazado su término por igual lapso”.
11. Agréguese el siguiente inciso cuarto nuevo a su artículo 143°:
“Las votaciones públicas deberán ser informadas y publicadas diariamente a través del sitio en Internet”.
12. Intercálese el siguiente inciso cuarto nuevo al artículo 211, modificándose la ordenación correlativa de los que le suceden:
“La Secretaría de la Comisión informará a través del sitio en Internet de la Corporación, de su canal de televisión y, en caso necesario, por otros medios de comunicación, a lo menos con dos semanas de anticipación, la realización de dichas audiencias y los principales alcances del proyecto de ley en trámite.”.
Asimismo, en el actual inciso cuarto, que pasa a ser quinto, agréguese, después de la expresión “autorizar la transmisión televisiva y radial” las palabras “y a través de Internet”, sustituyendo la primera conjunción “y” por una coma “,”.
En el inciso final, incorpórese, después de la palabra “radialmente” la expresión “y a través de internet,”, sustituyendo la conjunción “y” que precede a aquélla por una coma “,”.
13. Agréguese el siguiente nuevo artículo 213 bis:
“Artículo 213 bis. Cada Comisión contará con un equipo de asesores especializados en la respectiva área temática, que estará integrado por los funcionarios de Planta o a contrata asignados a ella y por los profesionales especializados en el área pertenecientes a la Biblioteca del Congreso Nacional.
Este equipo se denominará Unidad de Información y Conocimiento (UIC), siendo el Secretario de la Comisión el coordinador de ella”.
14. Agréguese el siguiente nuevo artículo 214 bis:
“Artículo 214 bis. Las Comisiones mantendrán a disposición de los ciudadanos, a través del sitio en Internet de la Corporación, en forma permanente y actualizada, información completa y en lenguaje simple, del trabajo legislativo que se realiza en sus sesiones.
Asimismo, destinarán una sesión o una parte de ella al mes, para interactuar con los ciudadanos a través de Internet utilizando para ello diversos mecanismos de participación como foros de discusión, videoconferencias, videochat o correo electrónico”.
15. Agréguese el siguiente inciso final a su artículo 218 bis:
“Las Jornadas Temáticas, sus contenidos y conclusiones, serán difundidas a través del canal de televisión y del sitio en internet de la Corporación”.
a) Intercálese el siguiente nuevo numeral 7°, pasando el actual a ser 8° y alterándose, también la ordenación correlativa de los que le suceden:
“7° Informar a través del sitio en Internet de la Cámara de Diputados el Presupuesto Anual de la Corporación.
b) Reemplácese el actual numeral 8°, que pasa a ser 9°, por el siguiente:
“8° Proponer a la Sala, la naturaleza, monto y administración de los gastos de representación y de los recursos destinados al ejercicio de la función parlamentaria a que tenga derecho cada diputado , lo que deberá ser acordado por la mayoría absoluta de sus miembros presentes. Para ello esta Comisión remitirá a cada diputado , a lo menos con 30 días de anticipación, el Informe donde consigne su proposición.”
c) Incorpórese el siguiente inciso final:
“Un extracto de sus actas se publicará, oportunamente, a través del sitio en internet de la Cámara de Diputados”.
17. Incorpórese el siguiente nuevo inciso final al artículo 249°:
“La Secretaría de la Comisión deberá informar semanalmente, a través del sitio en Internet de la Cámara de Diputados, la asistencia de los parlamentarios a las sesiones de la Comisión”.
18. Modifíquese el artículo 250° del modo que sigue:
a) Reemplácese su inciso cuarto por el siguiente:
“El acta y la eventual versión taquigráfica del debate serán públicas, pudiendo difundirse en soporte de papel o a través de medios electrónicos. Sólo con acuerdo de la Comisión podrá disponerse su carácter reservado.”
b) Sustitúyase, en su inciso quinto, la frase inicial “De las actas y de la versión taquigráfica” por “En este último caso”.
19.- Intercálese el siguiente inciso quinto nuevo a su artículo 281°, modificándose la ordenación correlativa de los incisos que le suceden:
“Las votaciones públicas serán informadas, en forma permanente y actualizada, a través del sitio en Internet de la Cámara de Diputados”.
20. Incorpórese a continuación del encabezado del Libro IV y antes del artículo 314, el siguiente epígrafe:
“TÍTULO PRIMERO
DEL SECRETARIO Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS”
21. Agréguese a continuación del artículo 321°, el siguiente Título Segundo, compuesto por los Párrafos y artículos 322° y posteriores que se detallan:
“TÍTULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
1° ORGANIZACIÓN
Artículo 322 La estructura administrativa de la Cámara de Diputados deberá considerar, además, a lo menos, los siguientes órganos internos:
1.- Secretaría Legislativa de Comisiones;
2.- Contraloría y Auditoría Interna;
3.- Dirección de Comunicaciones;
4.- Dirección de Fiscalización e Informaciones;
5.- Dirección de Informática, y
6.- Academia Legislativa y Parlamentaria.
2° DE LA SECRETARIA LEGISLATIVA DE COMISIONES
Artículo 323 La Secretaría Legislativa de Comisiones tendrá por finalidad asesorar y coadyuvar en el trabajo de los parlamentarios, siendo el centro de coordinación de la investigación, la información y el conocimiento especializado para la función legislativa.
Se coordinará directamente con la Mesa de la Corporación y será dirigida por el Secretario Jefe de Comisiones , cuyas funciones, serán, entre otras:
1. Velar por el adecuado funcionamiento de las Unidades de Información y Conocimiento y coordinar su labor.
2. Registrar, sistematizar y procesar la información derivada de ellas en un banco de datos legislativo.
3. Recomendar la adopción de convenios institucionales y requerir la contratación de asesorías profesionales externas, cuando fuera necesario.
3° DE LA CONTRALORÍA Y AUDITORÍA INTERNA
Artículo 324 La Contraloría y Auditoría Interna es una unidad autónoma, adscrita al máximo nivel jerárquico de la Cámara de Diputados y que tiene por función principal promover la transparencia en el uso de los recursos de la Corporación y velar por la excelencia de la gestión administrativa a través de medidas preventivas, de vigilancia, evaluación y seguimiento, garantizando la óptima utilización de los recursos fiscales asignados a ella.
Artículo 325 En el cumplimiento de sus objetivos deberá determinar los grados de economía, eficiencia y eficacia inherentes al logro de los objetivos de la Corporación, mediante la práctica de auditorías de tipo contable, financiero, legal, operacional y controles administrativos, en conformidad con las normas reglamentarias vigentes.
Sus funciones específicas serán, entre otras, las siguientes:
a. Planear y coordinar la elaboración del Programa Anual de Control y Auditoría, con base en los lineamientos emitidos por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Cámara.
b. Controlar y auditar los sistemas de registro contable y de ejecución presupuestaria de cada organismo administrativo interno, de acuerdo a los principios de la contabilidad gubernamental.
c. Diseñar los programas específicos de revisión y coordinar la supervisión de la ejecución y operación en las distintas áreas y departamentos de la administración de la Cámara.
d. Elaborar los informes relativos a las auditorías efectuadas.
e. Comprobar que el manejo y la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros se ajustan a criterios de racionalidad, austeridad y transparencia.
f. Diseñar y elaborar procedimientos en materia de control de auditorías.
g. Establecer y coordinar con la Contraloría General de la República, procedimientos de verificación y auditoría externa de las cuentas, con criterio de auditoría pública.
h. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia de sistemas de registro y contabilidad; contratación y remuneración del personal; contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios; conservación, uso, almacenamiento, destino y enajenación de bienes muebles, inmuebles y demás activos y recursos materiales.
i. Identificar e informar al secretario general las observaciones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los distintos funcionarios.
j. Verificar la observancia de los requisitos, normas y disposiciones vigentes, aplicadas a la Corporación en materias presupuestarias y financieras.
k. Implementar y administrar un sistema informático presupuestario y de gastos, que dé cuenta permanente, actualizada y transparente de la ejecución del presupuesto anual de la Cámara de Diputados.
I. Realizar el control y seguimiento de la planificación estratégica y de gestión de la Corporación, sobre la base de indicadores asociados a cada unidad de la Corporación.
m. Las que señalen las disposiciones legales y las que le sean encomendadas por las autoridades en la esfera de su competencia.
Artículo 326 La Contraloría y Auditoria Interna, será dirigida por el contralor interno, cuyas funciones son:
a. Dirigir y coordinar un grupo de profesionales especializado y multidiciplinario que se haga cargo de ejecutar las funciones de este organismo.
b. Velar por la correcta administración y uso de los recursos financieros materiales, humanos y técnicos administrados por la Corporación.
c. Verificar el cumplimiento de las instrucciones de la Comisión de Régimen Interno y de la administración superior de la corporación.
d. Informar a las autoridades de la Corporación acerca de la aplicación y resultados de las decisiones administrativas emanadas de la Comisión de Régimen Interno.
e. Colaborar con las autoridades políticas y administrativas en los procesos de toma de decisiones administrativas, de gestión, presupuesto y transparencia de la información.
4° DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Artículo 327 La Dirección de Comunicaciones es la unidad especializada destinada a la promoción y difusión institucional, tanto en su dimensión corporativa como en el apoyo a la gestión de cada uno de los diputados y diputadas.
Artículo 328 La Dirección de Comunicaciones tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a. Desarrollar un plan estratégico para promover e instalar en la opinión pública la labor legislativa, de representación y fiscalización de la Cámara de Diputados.
b. Fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y la Cámara de Diputados a través del uso de tecnologías de información y comunicación y la generación de espacios públicos de participación.
c. Desarrollar e integrar sistemas para potenciar los actuales medios de comunicación de la Corporación.
d. Establecer una línea editorial que permita transmitir un mensaje directo, claro y cercano a los ciudadanos en torno a los resultados del trabajo legislativo, de representación y fiscalización.
e. Crear y difundir programas que permitan transmitir a la ciudadanía labores específicas de las diputadas y diputados y las diversas funciones que realizan.
Artículo 329 El Director de Comunicaciones será responsable de coordinar el trabajo de sus diversas áreas y equipos y de la elaboración de planes y estrategias para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 330 La Dirección de Comunicaciones estará compuesta por tres áreas:
a) El área de Comunicación e Imagen Corporativa tendrá como objetivo crear, en la opinión pública, una percepción clara vinculada a la esencia del trabajo parlamentario. Para ello se deberán establecer objetivos comunicacionales y políticos precisos y se definirán lineamientos editoriales que permitan posicionar a la Cámara de Diputados en la opinión pública.
Deberá, además, generar vínculos estables y fluidos con los medios de comunicación, facilitar el trabajo periodístico y asesorar a la Mesa de la Corporación en sus estrategias comunicacionales.
b) El área de Comunicación Interna y Estudios estará encargada de proveer a la Mesa y a las diputadas y diputados de un seguimiento diario de los medios de comunicación y de análisis periódicos sobre la difusión de la labor de la Cámara de Diputados y la percepción que de ella tenga la ciudadanía.
c) El área de Relaciones Públicas y Protocolo tendrá la misión de organizar, producir y desarrollar actividades de extensión, asistir a los diputados y diputadas en reuniones y encuentros con delegaciones extranjeras y coordinar con la Oficina de Enlace del Ministerio de Relaciones Exteriores la agenda de misiones parlamentarias al exterior.
5° DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN E INFORMACIONES
Artículo 331 La Dirección de Fiscalización e Informaciones es el organismo encargado de coordinar, dirigir e integrar las acciones de fiscalización y control de los actos del Gobierno y la solicitud de todo tipo de información y antecedentes vinculados a la labor parlamentaria.
Serán funciones de la Dirección de Fiscalización e Informaciones, entre otras, las siguientes:
a. Sistematizar, analizar e integrar en una base informática de datos los actos de fiscalización realizados por la Cámara de Diputados.
b. Actualizar permanentemente el sistema de información de fiscalización con datos, seguimiento e informes sectoriales.
c. Habilitar en línea la información sistematizada de los actos de fiscalización, con distintos niveles de acceso, que permitan conocer en forma inmediata y actualizada los antecedentes registrados en la memoria institucional de fiscalización como procesos en curso.
d. Realizar un seguimiento, evaluación e informes periódicos de los actos de fiscalización llevados a cabo por la Cámara de Diputados.
e. Mantener en línea información actualizada, con distintos niveles de acceso, sobre las respuestas a los actos de fiscalización emanados del Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
f. Coordinar su trabajo con otros organismos fiscalizadores del Estado.
g. Coordinar con la Dirección de Comunicaciones de la Cámara de Diputados la difusión a la ciudadanía de la labor y los resultados del trabajo de fiscalización realizados por la Corporación.
h. Recopilar y publicar todo tipo de antecedentes necesarios para el ejercicio de la labor parlamentaria.
i. Realizar estudios tendientes a una evaluación, seguimiento e impacto de la aplicación de las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, como también de las políticas públicas a que ellas se vinculen.
Artículo 332 El Director de Fiscalización e Informaciones será responsable de coordinar las tareas de la Dirección y el equipo de profesionales especializados y multidisciplinario en materia de fiscalización y sistemas. Deberá, además:
a. Definir y proponer a la Comisión de Régimen Interno un plan de trabajo anual vinculado a los objetivos estratégicos, políticos, sociales y presupuestarios definidos por el Ejecutivo.
b. Coordinar un seguimiento de las labores de fiscalización, evaluarlas e identificar las dificultades que se presenten en dicho proceso, considerando los plazos y requerimientos establecidos en la Constitución y en la ley orgánica del Congreso Nacional.
c. Definir la información y los contenidos que, en relación a la Dirección a su cargo, serán difundidos a la ciudadanía a través de la Dirección de Comunicaciones.
6° DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Artículo 333 La Dirección de Informática es el organismo encargado de administrar y mantener el sistema informático integrado de la Cámara de Diputados y que sustenta todos los procesos internos de la Corporación.
Serán funciones de la Dirección de Informática, entre otras, las siguientes:
a. Definir y proponer anualmente a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento un plan informático para la Corporación.
b. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar planes de informática, de conformidad con los objetivos y políticas que establece la Corporación.
c. Administrar, integrar, estandarizar y actualizar las bases de datos.
d. Mantener en óptimas condiciones los sistemas de redes y la infraestructura informática de los usuarios internos.
e. Establecer mecanismos de seguridad de los datos.
f. Establecer en cada caso, niveles de acceso a las bases de datos.
g. Informar anualmente a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, del estado de situación de la infraestructura informática.
h. Definir y proponer a dicha Comisión un plan anual de mantención, actualización de hardware y software y capacitación funcionaria.
i. Mantener un sistema de asistencia permanente a los usuarios del sistema informático.
Artículo 334 El Director de Informática será responsable de coordinar las tareas de la Dirección y el equipo de profesionales especializados en sistemas. Deberá, además:
a. Diseñar y proponer anualmente a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento un plan informático para la Corporación.
b. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar planes de informática, de conformidad con los objetivos y políticas que establece la Corporación.
c. Informar anualmente a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, del estado de situación de la infraestructura informática y la necesidad de actualización de hardware y software, además de la capacitación funcionaria.
7° DE LA ACADEMIA LEGISLATIVA Y PARLAMENTARIA
Artículo 335 La Academia Legislativa y Parlamentaria es el organismo institucional dedicado a la formación y capacitación de los parlamentarios y funcionarios de la Cámara de Diputados, en torno a los conocimientos científicos y tecnológicos especializados necesarios para atender sus funciones.
Serán funciones de la Academia Legislativa y Parlamentaria, entre otras, las siguientes:
a. Definir y desarrollar programas de formación, especialización y perfeccionamiento para los parlamentarios y funcionarios de la Corporación.
b. Generar y establecer convenios con academias parlamentarias, diplomáticas, judiciales, universidades, institutos de investigación y organismos internacionales.
c. Difundir a través de Internet las actividades de la Academia y realizar capacitación a distancia.
d. Realizar actividades de extensión.
Artículo 336 El Director de la Academia Legislativa y Parlamentaria será designado por un Consejo integrado por la Mesa de la Corporación, los Presidentes de Comisiones, el Secretario General y el Director de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Serán sus funciones, entre otras, las siguientes:
a. Dirigir y coordinar al equipo académico docente para la ejecución de los programas de especialización, capacitación y perfeccionamiento.
b. Definir y proponer al Consejo el plan anual de docencia, convenios y actividades de extensión.
c. Entregar al Consejo una cuenta anual de las actividades de la Academia Parlamentaria.
d. Coordinar con la Dirección de Comunicaciones la difusión de las actividades de la Academia”.
Moción de los diputados señores Vargas, Bertolino, Delmastro, García, Bayo e Hidalgo.
Modifica el artículo 21 de la ley N° 18.833, que establece el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. (Boletín N° 3195-13)
CONSIDERANDO:
1. Que las Cajas de Compensación pueden otorgar diversas prestaciones a sus afiliados según lo dispone la ley N° 18.833 que establece el “Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar”.
2. Dentro de las prestaciones que pueden otorgar las Cajas de Compensación se incluyen los préstamos en dinero a sus afiliados, los cuales según lo establecido en el artículo 21 de la ley citada, estarían regidos por un reglamento especial.
3. Que hasta la fecha no se ha dictado el reglamento que la ley señala, por lo cual las Cajas de Compensación se siguen rigiendo por Reglamentos del año 1978. Éstos son el decreto supremo 91 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que Reglamenta el Régimen de Prestaciones de Crédito Social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar” y por el decreto supremo 94 del mismo Ministerio que Reglamenta el Régimen de Prestaciones Adicionales de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar”.
4. Que ninguno de estos decretos reglamenta lo referente a los préstamos en dineros, por lo cual, cada Caja de Compensación ha normado en su reglamento particular, la forma de otorgar estos préstamos.
5. En la práctica, las Cajas de Compensación prestan al trabajador hasta 5 veces su sueldo, exigiéndoles como avales a otros trabajadores de la misma empresa para garantizar el préstamo. En cuanto a su devolución es la misma empresa en la que laboran, la encargada de realizar el descuento por planilla.
6. E1 problema se suscita al término de la relación laboral del trabajador con la empresa, ya que en este caso, en primer lugar se descuenta el préstamo de la indemnización por años de servicios que le corresponde al trabajador, y si ésta no es suficiente, los avales deben asumir el resto insoluto.
7. Para remediar esta situación, que implica que se desvirtúe el fundamento de la indemnización por años de servicio y, por otra parte, evitar que otros empleados tengan que soportar la carga de pagar deudas, por haberse constituidos en avales, estimamos necesario regular estos créditos estableciendo límites a su otorgamiento.
Por lo cual venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agréguese en el artículo 21 de la ley N° 18.833 después del vocablo dinero una coma (,) e incorpórese la siguiente frase: “los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento de la indemnización por años de servicio del trabajador, disponible a la fecha de otorgamiento del préstamo”.