Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carmen Ibanez Soto
- Jorge Tarud Daccarett
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- REMUNERACIONES DE AUTORIDADES DE GOBIERNO Y DE CARGOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE GASTOS RESERVADOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Alfonso Vargas Lyng
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- CREACIÓN DE REGISTROS DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Alfonso Vargas Lyng
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- REMUNERACIONES DE AUTORIDADES DE GOBIERNO Y DE CARGOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE GASTOS RESERVADOS. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 42ª, en martes 14 de enero de 2003
(Ordinaria, de 11.07 a 16.15 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Salas de la Fuente, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Acuerdos de los Comités 11
VI. Orden del Día.
- Remuneraciones de autoridades de Gobierno y de cargos críticos de la Administración Pública, y establecimiento de normas sobre gastos reservados. Primer trámite constitucional 13
- Creación de registro de personas jurídicas y receptoras de fondos públicos. Primer trámite constitucional 44
VII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata” para el despacho del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1988, creando una subvención educacional pro-retención de alumnos y establece normas relativas a las remuneraciones de los profesionales de la Educación (boletín Nº 3190-04) 78
- Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata” para el despacho de los siguientes proyectos:
2. Establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos (boletín Nº 3176-05) 78
3. Remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, de los alcaldes y da normas sobre gastos reservados (boletín Nº 3171-05) 79
- Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple” para el despacho de los siguientes proyectos:
4. Modifica el DL. Nº 3500, de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias (boletín Nº 1148-05) (S) 79
5. Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (boletín Nº 2361-23) 80
Pág.
6. Establece el financiamiento del gasto fiscal representado por el plan Auge y Chile Solidario (boletín Nº 2982-11) 80
7. Establece un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza denominado Chile Solidario (boletín Nº 3098-06) 81
8. Modifica la ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional (boletín Nº 2981-11) 81
9. Sobre discriminación racial y étnica (boletín Nº 2142-17) 82
10. Crea los Tribunales de Familia (boletín Nº 2118-18) 82
11. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de seguridad social entre la República de Chile y la República Checa, suscrito en Santiago, el 7 de diciembre de 2000 (boletín Nº 3120-10) 83
- Informes de la Comisión de Hacienda recaídos en los siguientes proyectos:
12. Establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos (boletín Nº 3176-05). 87
13. Remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, de los alcaldes y da normas sobre gastos reservados (boletín Nº 3171-05) 96
- Certificados complementarios a informes de la Comisión de Hacienda recaídos en los siguientes proyectos:
14. Establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos (boletín Nº 3176-05) 115
15. Remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, de los alcaldes y da normas sobre gastos reservados (boletín Nº 3171-05) 117
VIII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-Del jefe de bancada del Partido por la Democracia por la cual informa que el diputado señor Rebolledo será reemplazado por la diputada señora Soto en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y por el diputado señor Tarud en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
-Del jefe de bancada del Partido por la Democracia por la cual se deja sin efecto la anterior e informa que el diputado señor Rebolledo será reemplazado por la diputada señora Soto en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y por el diputado señor Tarud en la Comisión de Defensa Nacional.
-Del diputado señor Lorenzini por la cual informa que por razones de salud se encontrará ausente de sus labores en la Corporación durante la presente semana.
2. Oficios:
-De la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano por el cual solicita aclarar situación suscitada en relación al debate en Sala del proyecto de ley sobre financiamiento compartido (boletín Nº 2651-14), el día 7 de enero del presente, en el sentido de comunicar a la Corporación que la Comisión estimó que la intervención del diputado informante , señor Patricio Hales Dib, correspondió adecuadamente a lo resuelto y encomendado por ésta.
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Vargas, sumario administrativo que instruye la Dirección Nacional del Indap.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Hidalgo, información relativa al Paso Las Leñas.
-Del diputado señor Ramón Pérez, apoyo a propuesta de vecinos de Iquique en torno a la seguridad ciudadana.
-Del diputado señor Ojeda, consecuencias sociales que tendría el remate del fundo La Barra o El Milagro.
Ministerio de Economía, Fomento y Desarrollo
-Del diputado señor Jaramillo, suspensión de la enajenación o entrega de la administración de la empresa sanitaria de la Décima Región.
-Del diputado señor Hidalgo, restricción al ingreso de carne bovina argentina.
-Del diputado señor Navarro, causas de mortandad debido a problemas en los sistemas de gas.
Ministerio de Hacienda
-Del diputado señor Valenzuela, anomalías en colocación de préstamos del Banco del Desarrollo de Rancagua.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Bayo, información relativa a Escuela F-8 Aragón y D-20 Carrera, de Angol.
-Del diputado señor Jaramillo, revisión construcción escuela Crucero de Río Bueno, Región de Los Lagos.
Ministerio de Justicia
-Del diputado señor Pedro Muñoz, custodia de dos niños encomendada al hospital de Puerto Natales.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del diputado señor Luksic, incremento de dotación de Carabineros en comunas del área norte de Santiago.
-Del diputado señor Espinoza, denuncias sobre contaminación del cuerpo de agua del lago Rupanco.
-Del diputado señor Ulloa, construcción de edificio para Prefectura de Carabineros en Talcahuano.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
-Del diputado señor Ojeda, Programa Pro-Empleo de la Región de Los Lagos.
-Del diputado señor Aníbal Pérez, problema laboral de 300 trabajadores agrícolas de las comunas de Peralillo y Marchigüe, despedidos por la empresa Infonac.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor Ramón Pérez, no pago a empresa publicitaria.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Pablo Galilea, gastos por concepto de publicidad y difusión.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del diputado señor Barros, modalidad de despacho de correspondencia en la localidad de Navidad.
-Del diputado señor Burgos, proceso de incorporación de la televisión digital en Chile.
Ministerio de Planificación y Cooperación
-Del diputado señor Quintana, irregularidades en comunas de la Novena Región.
Municipalidad de Los Lagos
-Del diputado señor Kuschel, implementación jornada escolar completa.
Municipalidad Padre Las Casas
-Solicita proyecto de ley relativo a deudores Serviu.
Municipalidad de Buin
-Remite observaciones a D.I.A. Preproyecto “Aeródromo San Gregorio”.
Consejo de Defensa del Estado
-Del diputado señor Masferrer, causa por fraude al Fisco.
-Del diputado señor Víctor Pérez, convenio para el manejo de aguas del lago Laja.
Consejo Nacional de Televisión
-Del diputado señor Burgos, proceso de información de la incorporación de la Televisión Digital en Chile.
Superintendencia de AFP
-Del diputado señor Navarro, información relativa a afiliados al sistema que desarrollan laborales calificadas como trabajos pesados.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (107)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Ramón Barros, Fernando Meza y Leopoldo Sánchez.
-Asistieron, además, los ministros del Interior , señor José Miguel Insulza; de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre; de Educación Pública, señora Mariana Aylwin; de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Mario Fernández.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.07 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 37ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 38ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
-o-
El señor CORREA.-
¿Me permite, señora Presidenta ?
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor CORREA.-
Señora Presidenta , la Comisión de Educación está citada a las 11.30 horas para tratar un proyecto cuya urgencia ha sido calificada de “suma”, por lo cual, de acuerdo con el Reglamento, puede sesionar simultáneamente con la Sala. En consideración a que los asuntos que va a tratar la Sala son de mucha importancia, me parece contraproducente que esa Comisión convoque a una sesión especial. Por eso, pido a su presidente que deje sin efecto la citación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Señor diputado , como usted ha dicho, la Comisión de Educación no requiere autorización para sesionar en forma simultánea con la Sala, porque va a tratar un proyecto cuya urgencia ha sido calificada de “suma”. En todo caso, dados los proyectos que figuran en la Tabla, he decidido citar a reunión de Comités sin suspender la sesión, con el fin de establecer el procedimiento para su despacho.
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia de la señora Muñoz, adoptaron los siguientes acuerdos:
1º Ocupar el Orden del Día de la presente sesión, que finaliza a las 13.10 horas, para la discusión de los proyectos sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
2º Continuar la discusión en sesión especial que se citará a partir de las 18.00 horas de hoy.
3º Votar ambos proyectos al término del debate de la segunda de las sesiones mencionadas.
-Posteriormente, la Sala aprobó modificar estos acuerdos en el siguiente sentido:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acoger la proposición que han hecho llegar a la Mesa los distintos jefes de bancadas en el sentido de redefinir el acuerdo de los Comités adoptado hace poco, en cuanto a citar a sesión a las 18.00 horas.
La propuesta alternativa es prolongar el Orden del Día hasta las 15.00 horas, eliminando Proyectos de acuerdo y Hora de Incidentes, y continuar el debate del proyecto sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno hasta las 14.00 horas; luego, tratar el proyecto relativo al registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos -conocido, también, como el de las ONG-, de 14.00 a 15.00 horas, para posteriormente proceder a la votación de ambos.
Tiene la palabra el diputado señor Vargas.
El señor VARGAS .-
Señora Presidenta , considero que su proposición tiene un inconveniente muy serio: hubo un acuerdo anterior según el cual a los dos proyectos se les iba a dar igual tratamiento.
Por lo tanto, en forma concreta, solicito que al proyecto de las ONG se le dé el mismo tiempo de discusión que al proyecto sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno. De lo contrario, no habría unanimidad.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señora Presidenta , pienso que lo planteado por el diputado señor Vargas se puede resolver. Si se prolonga en 20 minutos el debate del primer proyecto, y a partir de las 13.20 horas empieza la discusión del proyecto de las ONG, se votarían los dos a las 15.00 horas. De esa manera, se equipararían los tiempos.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Recojo la proposición del diputado señor Vargas , por cuanto me parece lógica y razonable, pero tenemos el problema de que hay nueve diputados inscritos para intervenir. Habría que solicitarles que acortaran su intervención a cinco minutos, con el fin de equiparar los tiempos.
Tiene la palabra el diputado señor Longueira.
El señor LONGUEIRA .-
Señora Presidenta , mi proposición es agregar media hora al tiempo que usted ha propuesto, de 15.00 a 15.30; informar sobre el proyecto de las ONG ahora, y destinar el tiempo que reste después de entregado el informe al debate de los dos proyectos, luego de lo cual se votarán en conjunto a las 15.30 horas.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Mi inquietud es que los diputados inscritos no estén dispuestos a perder el orden de intervención.
Tiene la palabra el diputado señor Vargas.
El señor VARGAS .-
Señora Presidenta , en el caso nuestro, los dos miembros de la Comisión de Hacienda todavía no hemos intervenido, y ambos proyectos fueron tratados por ella.
Insisto, el mismo tiempo que se destine al primer proyecto, debe tener el de las ONG.
Un señor DIPUTADO.-
Que se voten a las 17.00 horas los dos.
El señor VARGAS.-
Me da lo mismo la hora, pero el tiempo que se destine a su análisis debe ser el mismo. De lo contrario, no daríamos el acuerdo.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , voy a recurrir a la buena voluntad y disposición de mis colegas.
Tal como lo señalé en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Hacienda , el estudio de los dos proyectos tomó muchísimas horas. Finalmente, fueron mejorados y perfeccionados.
La proposición que ha mencionado la Presidenta tiene por objeto que puedan sesionar las comisiones que están citadas, pues tratarán proyectos importantes. Por lo tanto, sugiero algo más amplio todavía: votar a las 16.00, con lo que se cumpliría lo solicitado por el diputado señor Vargas de destinar el mismo tiempo a los dos proyectos. Es decir, continuar esta sesión hasta las 16.00 y votar los dos proyectos. De no lograrse el consenso, las Comisiones no podrían sesionar y habría serios problemas, porque no debemos olvidarnos de que para el trabajo legislativo, antes del receso, sólo quedan esta semana y la próxima.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
La intención de la Mesa es que ambos proyectos se debatan en igualdad de condiciones. Como hay premura para los dos, se había citado a sesión a las 18.00 horas.
Pero, a fin de que haya equiparidad en el tiempo destinado al debate, propongo prorrogar la sesión hasta las 16.00 horas; suspender a las 13.30 el debate ya iniciando y comenzar de inmediato el relativo al proyecto de las ONG. Así, se destinarían dos horas veinte minutos para el debate de cada proyecto y ambos se votarían a partir de las 16.00 horas.
¿Habría acuerdo?
El señor VARGAS .-
Estoy de acuerdo, con la condición de que se nos dé prioridad a los miembros de la Comisión de Hacienda que no hemos podido hacer uso de la palabra.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Ése es un problema de los Comités, señor diputado , y no de inscripción por parte de la Mesa.
Por tanto, hasta las 13.30 horas se debatirá el proyecto relativo a las remuneraciones de autoridades de Gobierno.
Dado que hemos dejado sin efecto la sesión de Sala de las 18.00 horas, solicito el acuerdo de los señores diputados para autorizar que las Comisiones citadas antes de las 16.00 horas, puedan sesionar a partir de las 16.15 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. ORDEN DEL DÍA
REMUNERACIONES DE AUTORIDADES DE GOBIERNO Y DE CARGOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE GASTOS RESERVADOS. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, de los alcaldes, y da normas sobre gastos reservados.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Pablo Lorenzini.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3171-05, sesión 32ª, en 11 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 13, de esta sesión.
-Certificado complementario de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 15, de esta sesión.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Para informar sobre el proyecto, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz, en reemplazo del diputado señor Lorenzini.
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , previamente aclaro que el señor Lorenzini , diputado informante designado por la Comisión, ayer tuvo un accidente casero, por lo cual fue intervenido en la clínica Las Condes y actualmente se encuentra en buenas condiciones.
Paso a informar acerca del proyecto de ley sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, de los alcaldes, y que establece normas sobre gastos reservados.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , con urgencia calificada de “discusión inmediata” para su tramitación legislativa.
Las ideas matrices o fundamentales del proyecto consisten en perfeccionar la regulación del sistema remuneratorio de las autoridades, directivos y profesionales, de forma que la totalidad de los ingresos que perciban por su desempeño sea expresión de los principios de responsabilidad, control, probidad, transparencia y publicidad de sus actos, y su monto sea compatible con el nivel de las responsabilidades que le son asignadas y con la calidad de su desempeño en la institución.
Además, se establecen nuevos criterios de mayor austeridad y transparencia en la administración de los gastos reservados que se fijan anualmente en la ley de Presupuestos del sector público.
La iniciativa tiene entre sus objetivos, por una parte, establecer una asignación de dirección superior, que podrán percibir el Presidente de la República y los ministros de Estado , subsecretarios, intendentes y jefes superiores de los servicios públicos regidos por el título II de la ley Nº 18.575, y, por la otra, otorgar una asignación especial al personal de directivos, profesionales y fiscalizadores que ejerzan funciones calificadas como críticas o estratégicas en la administración central.
Hago presente que este proyecto, tal como lo dieron a conocer los medios de comunicación, fue acordado en las sesiones de fechas 11, 12 y 18 de diciembre de 2002, y 7 y 8 de enero de 2003. Ello implicó no menos de 15 ó 16 horas de trabajo de la Comisión de Hacienda, a la que siempre concurrieron los señores Mario Fernández , ministro secretario general de la Presidencia ; José Miguel Insulza, ministro del Interior ; Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda ; Heraldo Muñoz , ministro secretario general de Gobierno ; Mario Marcel , director de Presupuestos ; Sergio Granados , director de Presupuestos subrogante ; Alberto Arenas, subdirector de Presupuestos subrogante; Julio Valladares , Carlos Pardo y Eduardo Azócar , asesores del Ministerio de Hacienda.
Antecedentes presupuestarios o financieros de la iniciativa.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuesto, de 7 de enero de 2003, considera los siguientes elementos:
1. En los artículos 1º permanente y 1º transitorio, se establece una asignación de dirección superior, a contar del 1 de enero de 2003 -es decir, con efecto retroactivo-, que podrán percibir el Presidente de la República , los ministros de Estado , subsecretarios, intendentes y jefes superiores de los servicios públicos.
La aplicación de esta iniciativa irroga un gasto fiscal estimado, en 2003, de 4.039 millones de pesos. Esta suma se financiará, en parte, con una disminución de 2.500 millones de pesos de gastos reservados, y el resto, con reasignaciones de otros gastos.
2. El gasto que representa la aplicación del artículo 1º respecto del Congreso Nacional, será financiado con cargo a los subtítulos 21 y 22 del presupuesto vigente de las corporaciones.
En este momento, y aprovechando que la sesión es vista a través de todo el país por el canal de la Cámara, es muy bueno aclarar que los 13 diputados titulares de la Comisión de Hacienda presentamos una indicación para que este proyecto signifique cero peso de aumento en las remuneraciones de los diputados y senadores, cero gasto para el Estado. El proyecto será financiado con fondos del presupuesto de este año. Me interesa dejar estipulado esto para que se sepa la verdad de la situación, el espíritu, la decisión y la voluntad política de los trece diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
3. En el artículo 2º transitorio, se establece, para el año 2003, una asignación por desempeño de funciones críticas, la que se financiará con reasignaciones entre los subtítulos de los respectivos presupuestos institucionales, y, por lo tanto, no implica un mayor gasto por sobre el consultado en la ley de Presupuestos vigente.
El mayor gasto fiscal que demande durante este año la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los presupuestos de las respectivas entidades, y en lo que faltare, respecto del artículo 1º, mediante reasignaciones de los aportes considerados en el programa 05 de la partida Tesoro Público de la ley de Presupuestos.
Al comenzar la discusión del proyecto, tuvimos una exposición del ministro del Interior , don José Miguel Insulza , quien enfatizó sus objetivos. Sostuvo que persigue regularizar un asunto que ha causado gran impacto en la opinión pública -que se arrastra de los años l930 ó l931-, por lo cual es necesario transparentar las remuneraciones de las autoridades de gobierno.
Recordó el ministro del Interior que, conjuntamente con la iniciativa en informe, se presentó el proyecto sobre transferencia de fondos a entidades privadas, que figura en el segundo lugar de la Tabla. Al respecto, existe la voluntad de despachar ambas iniciativas en esta sesión.
En relación con la indicación del Ejecutivo, destacó que se propone suprimir el título relativo a los alcaldes. Quiero explicitar de qué se trata, a fin de que haya absoluta claridad.
En cuanto al aumento de las remuneraciones de alcaldes y concejales, hubo dos proposiciones. Una, la indicación del Ejecutivo, que consideraba un aumento para los alcaldes, pero de cargo del presupuesto municipal, y la otra, de los colegas de la Unión Demócrata Independiente, quienes plantearon que el costo debía ser de cargo fiscal, lo cual significaba 3 mil millones de pesos para 2003. Esta indicación fue rechazada por amplia mayoría y, al final, se votó la indicación del Ejecutivo al proyecto original para suprimir el artículo 4º, la que fue aprobada por siete votos a favor y seis en contra. Vale decir, el proyecto no considera aumento alguno de remuneraciones para alcaldes, concejales ni gobernadores.
Por otro lado, el ministro del Interior expuso que se propone que los gastos reservados queden acotados a fines ligados con la seguridad interna y externa del país y a las instituciones con responsabilidades en dichas áreas, así como a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado . Añadió que corresponderá a la ley de Presupuestos fijar los montos a que ascenderán los gastos reservados de los ministerios y entidades que podrán contar con esta clase de recursos.
Afirmó que, mediante la citada indicación, se considera agregar, después de la expresión “la seguridad interna y externa”, la frase “y el orden público”, toda vez que existen diversas situaciones que no implican riesgo para la seguridad nacional, pero sí al orden público, por ejemplo, una huelga que afecte un suministro básico para la ciudadanía, cuestión que requiere de un tratamiento similar a los anteriores.
Manifestó que de los gastos reservados se rendirá cuenta, en forma global, al contralor general de la República , considerando una desagregación por rubros que sea ilustrativa del contenido de dichos gastos. Asimismo, que se establece un procedimiento que permite al contralor general expresar sus observaciones al Presidente de la República .
El ministro José Miguel Insulza hizo especial hincapié en que, dentro de las garantías de transparencia, se propone, entre otras medidas, que en las leyes anuales de presupuestos no se podrán fijar otros gastos reservados que los señalados en sus glosas; que las modificaciones que pudieren hacerse en los montos máximos de los gastos reservados deberán informarse a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados; que los gastos reservados sólo podrán usarse para los fines propios de las entidades respectivas, y que, por tanto, con cargo a éstos no podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos ni transferencias a partidos políticos ni a organizaciones gremiales.
Sostuvo que, a su juicio, la iniciativa en estudio resolvería el problema de transparencia, sin perjuicio de lo cual reconoce que se ha generado una cuestión compleja al producirse un efecto en las dietas parlamentarias, situación acerca de la cual yo hice especial hincapié con respecto a cómo fue planteado el tema en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Hizo presente, además, que, por disposición constitucional, al aumentar la remuneración de los ministros de Estado , automáticamente se aumentan las dietas parlamentarias. Postuló que es necesario transparentar los ítemes que sean necesarios, que, como todos saben, requieren tanto los ministros como los parlamentarios. Consideró adecuada la disposición constitucional en cuanto a que las dietas estén relacionadas con la remuneración de un ministro , porque si se aclara la renta de éste, deben transparentarse, también, las asignaciones de los parlamentarios. Planteó que podría considerarse una disposición que señale que el aumento de las dietas se financiará con una rebaja de las asignaciones de los parlamentarios.
El diputado señor Lorenzini , representando el sentir de la Comisión, señaló que respalda lo dicho por el ministro , expresado en las indicaciones de que ya di cuenta, que firmamos los trece diputados miembros titulares de la Comisión de Hacienda.
El artículo 1º del proyecto establece una asignación de dirección superior, cuyo monto será de los siguientes porcentajes:
a) Presidente de la República, 150 por ciento de las remuneraciones brutas de carácter permanente que le corresponda percibir de conformidad con el régimen vigente;
b) Ministros de Estado: 135 por ciento de dichas remuneraciones;
c) Subsecretarios: 120 por ciento de dichas remuneraciones;
d) Intendentes: 120 por ciento de dichas remuneraciones, y
e) Jefes superiores de servicio, hasta un 100 por ciento de dichas remuneraciones.
En el caso de los jefes superiores de servicio, como consecuencia de la concesión de esta asignación, no podrán percibir una remuneración bruta de carácter permanente superior a 3.986.100 pesos, valor que se reajustará en el mismo porcentaje y oportunidad en que lo sean las remuneraciones del sector público. Por tanto, quienes tengan una remuneración igual o superior a dicha cifra no tendrán derecho a la asignación. Del mismo modo, cuando el 50 por ciento de la asignación signifique a uno de estos funcionarios superar el monto máximo antes fijado, ésta se ajustará al porcentaje que corresponda para alcanzar dicho tope.
El inciso tercero precisa que las funciones de los cargos indicados en los incisos precedentes deberán ejercerse con dedicación exclusiva. Por tanto, y sin perjuicio de otras incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades que establezca la ley, su desempeño es incompatible con la realización de toda otra actividad laboral y profesional, remunerada o no, sea que se preste en el sector estatal o en el privado.
En el inciso cuarto se prohíbe, a quienes desempeñan estos cargos, la percepción de cualquier emolumento, pago o beneficio económico de origen público, distinto del que se concede en este artículo o de los que contemplan los respectivos regímenes de remuneraciones.
El inciso quinto exceptúa de las limitaciones anteriores, el ejercicio de los derechos que atañen personalmente a la autoridad o jefatura; la percepción de los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable; la administración de su patrimonio; el desempeño de la docencia prestada a instituciones educacionales, con un máximo de doce horas semanales, y la integración de directorios o consejos de empresas o entidades del Estado.
Con la discusión de este artículo se perfeccionó el proyecto. Además, se aprobaron, ad referéndum, las indicaciones contenidas en la página 9 del informe de la Comisión de Hacienda, las cuales ratifican los acuerdos unánimes de ésta en relación con la discusión sobre los topes máximos, las compatibilidades e incompatibilidades.
Con el objeto de precisar los montos líquidos de los ingresos por efecto de la asignación que se propone en la iniciativa para las autoridades superiores, se señaló en la Comisión que el Presidente de la República percibirá 3.854.715 pesos; los ministros, 3.615.750 pesos; los subsecretarios, 3.375.874 pesos, y los intendentes, 3.221.980 pesos. Por su parte, se señaló que los cargos de jefes superiores de servicios que tengan asignada una remuneración bruta de carácter permanente igual o superior a 4.365.000 pesos, no tendrán derecho a la asignación en cuestión.
En las muchas horas en las que discutimos el tema con los ministros que asistieron a la Comisión, se analizaron todos los casos que se podían dar en la administración pública, tanto en lo relativo a la integración de directorios como a las rentas, y se estableció que ningún funcionario de la administración pública puede percibir una remuneración bruta superior a 4.365.000 pesos.
Del mismo modo, la Comisión analizó la forma en que se regula la integración de los directorios de empresas por parte de dichas autoridades.
Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al artículo 1º fueron aprobadas por unanimidad.
El artículo 2º establece una asignación por desempeño de funciones críticas, que tendrá el carácter de renta para todo efecto legal, la que beneficiará a los funcionarios de planta y a contrata, pertenecientes o asimilados a las plantas de directivos, con excepción de los jefes superiores de servicio, de profesionales y de fiscalizadores de los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la ley Nº 18.575.
El aumento de remuneraciones para los gobernadores fue rechazado por mayoría de votos. En el debate de este artículo se hizo presente la conveniencia de legislar sobre esta materia a través de una norma transitoria, razón por la que se propuso un artículo segundo transitorio, en el cual se recoge dicho planteamiento.
Quiero hacer notar que la mayoría de los artículos fueron aprobados por unanimidad. Además, se expresó la voluntad y la decisión de mejorar todos los aspectos pertinentes, tal como consta en el informe.
Como conclusión, puedo señalar que la iniciativa transparenta, clarifica y establece por ley las remuneraciones del Presidente de la República , de ministros de Estado , de subsecretarios, de intendentes, de jefes superiores de servicios y de senadores y diputados de la República, lo cual constituye un gran avance.
En consecuencia, en nombre de la Comisión de Hacienda, solicito a la Sala aprobar en general y en particular el proyecto, porque está en el camino de lo que todos necesitamos: transparentar los poderes del Estado.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta , quiero sumarme a las expresiones del diputado informante de la Comisión de Hacienda , señor José Miguel Ortiz , y valorar el proyecto como un avance significativo en materias relacionadas con transparencia y probidad, las que en la actualidad están en el debate nacional y preocupan a amplios sectores de la opinión pública.
En efecto, la iniciativa establece para los funcionarios que tienen las responsabilidades y ejercen las funciones más importantes de Gobierno, comenzando por el Presidente de la República , los ministros, subsecretarios, intendentes y jefes superiores de servicio, una asignación de dirección superior, que, para todos los efectos legales, tiene carácter de renta, o sea, es tributable, la cual permitirá resolver el problema de los sueldos de dichas autoridades, con el objeto de que el sector público pueda recurrir a profesionales de alto nivel y de calidad, que cuenten con un ingreso adecuado, pero sin romper la necesaria austeridad inherente al servicio público.
En ese sentido, uno podría mirar este asunto de dos formas: si lo hace desde el punto de vista del ingreso del gerente de una gran empresa privada, sin lugar a dudas se trata de una remuneración baja; pero si lo mira desde un ángulo distinto, como el sueldo mínimo, es una remuneración alta.
Dada la larga y extensa estratificación de las remuneraciones, esto significa entregar a quienes ejercen tareas de servicio público una renta que, probablemente, no sería la que obtendría en el sector privado -es decir, son remuneraciones que están bajo el promedio del mercado, pero que permiten contar con personal idóneo para desempeñar las tareas de dirección de Gobierno y de altas funciones del Estado.
Ésa es una primera disposición que resuelve problemas de transparencia, situada en el centro del debate de las últimas semanas a raíz del tema de los sobresueldos.
Aparte de dicha disposición, se aprobó una modificación muy importante y significativa en lo que se refiere a gastos reservados.
Sobre este tema hay un cambio muy importante -tal vez, no suficientemente percibido por los medios de comunicación-, relacionado con la probidad y transparencia, porque se trata de un esfuerzo para garantizar el adecuado uso de los gastos reservados. En consecuencia, debió recibir mayor atención de los medios de comunicación.
Tal vez, razones de espectacularidad o de otro tipo hacen que éste sea un aspecto secundario o terciario desde el punto de vista de la preocupación de los medios. A veces, el trabajo silencioso del Congreso Nacional para resolver los problemas del país pasa totalmente inadvertido.
El tema de los gastos reservados es un ejemplo de ello. El artículo 2º del proyecto establece una nueva conceptualización, que apunta a limitar, precisar y acotar los gastos reservados, definiéndolos para tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y de orden público del país, así como para funciones inherentes a las jefaturas de Estado que, por su naturaleza, exijan reserva o secreto. Esto significa, incluso, reducir las reparticiones o entidades públicas que contarán con gastos reservados para su propio funcionamiento.
Se establece que los únicos que podrán contar con esta clase de recursos son: Presidencia de la República , Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Fronteras y Límites del Estado, Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra , Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, y las Fuerzas Armadas, según la indicación formalizada hoy en la reunión de la Comisión de Hacienda que se llevó a cabo antes del funcionamiento de la Sala.
Aún más, en el esfuerzo por garantizar que tanto el Congreso Nacional como el propio Gobierno recogen el impacto y la preocupación que existe por mejorar y fortalecer todas las disposiciones relativas a probidad, se establece una cuenta anual respecto de dichos gastos, esfuerzo que va en la dirección de asegurar la probidad.
En ese sentido, se rendirá una cuenta anual, genérica, secreta y personal al contralor general de la República , considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar a éste sobre el contenido fundamental de dichos gastos. Además, se debe agregar la respectiva declaración jurada de la autoridad pertinente.
Esto culmina con el hecho de que el contralor general de la República podrá expresar al Presidente de la República , de manera secreta, su opinión sobre el destino que se otorgue a estos gastos, en audiencia concedida por el Jefe del Estado para tal finalidad.
Es decir, en el tema de gastos reservados se está haciendo un esfuerzo para lograr una conceptualización y una rendición de cuentas que mejore la situación actual, que aumente la probidad y dé garantías al país del adecuado uso de estos recursos, que son públicos, por lo que, con justa razón, la opinión pública requiere saber si son bien empleados.
Estas dos materias se acompañan de otras disposiciones que también apuntan al adecuado uso de los recursos. En este sentido, se subraya que los gastos reservados sólo podrán emplearse en los fines propios de las actividades establecidas en esta iniciativa.
Además, el artículo 5º dispone, con el objeto de responder a la preocupación de la opinión pública, que el monto de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile se fijará anualmente en la ley de Presupuestos del Sector Público.
También se establecen los resguardos para evitar duplicidad de asignaciones y garantizar que la asignación de dirección superior constituirá un techo que no se podrá superar por ningún tipo de mecanismos. O sea, ésos serán los montos de remuneraciones que tendrán tales funciones del sector público.
La totalidad de los parlamentarios representantes de los diferentes partidos involucrados en esta discusión, por unanimidad, suscribimos una indicación, recogida en el texto propuesto, que establece que, respecto de los parlamentarios, no habrá un peso más ni en el presupuesto del Congreso Nacional ni en los montos individuales que ellos reciban. Me parece muy importante subrayar este aspecto, dada la preocupación que había en el propio Congreso Nacional respecto de una eventual -voluntaria o involuntaria- distorsión en esta materia, debido a la cláusula constitucional que establece que la dieta de los parlamentarios es igual a la remuneración que recibe un ministro de Estado , incluidas las asignaciones. Con esta indicación, que establece claramente que ni el presupuesto del Congreso Nacional ni los montos individuales que reciben los parlamentarios sufrirán aumentos, se resuelve esa preocupación.
En suma, es una mañana en la que los medios de comunicación están muy atentos a un fallo de la Corte Suprema, pero en la cual el Congreso Nacional, y, en particular la Sala de la Cámara de Diputados, está haciendo un trabajo serio y responsable para avanzar en los ámbitos de la probidad y de la transparencia.
Valoro que todo este esfuerzo, que nos ha demandado varias semanas de trabajo, se haya llevado a cabo con la aprobación unánime de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda.
Se hicieron múltiples consultas, formales e informales, a las diferentes fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, y durante todo el trámite del proyecto primó la responsabilidad, lo cual posibilitó que estas disposiciones se aprobaran por unanimidad. Incluso, hace pocos minutos, entre las 10.30 y 11.00 horas funcionó la Comisión de Hacienda para sancionar las indicaciones ad referéndum, las que también fueron aprobadas por unanimidad. Eso habla del sentido de país con que estamos tratando de resolver los desafíos que actualmente tiene nuestro desarrollo democrático.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS .-
Señora Presidenta , me uno a las expresiones del diputado informante y del señor Camilo Escalona , en el sentido de que los miembros de la Comisión de Hacienda, junto a los representantes del Ejecutivo que participaron en la tramitación del proyecto, han realizado un muy buen trabajo, lo que da cuenta de una iniciativa esclarecedora en dos temas centrales. Nadie puede ponerlo en duda.
Sin embargo, quiero referirme a dos cosas, una de las cuales, a mi juicio, es solucionable en el tiempo.
La iniciativa señala la posibilidad de que los funcionarios a que se refiere, ejerzan docencia universitaria por un máximo de doce horas semanales.
Ello mejora en parte la situación producida por la dictación de la ley de probidad y las interpretaciones bastante laxas de la Contraloría en relación con la docencia, pero la limita a los funcionarios a que se refiere el proyecto. En consecuencia, deja un vacío en lo relativo al resto de los funcionarios públicos a los cuales no se aplicarán estas normas. Por ende, la situación respecto de la docencia sigue siendo compleja.
Afortunadamente, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hay un proyecto del Ejecutivo , aprobado por el Senado, que soluciona en forma definitiva el problema. Creo que deberíamos comprometernos a despacharlo en el mes de enero, porque la situación de los funcionarios públicos en relación con la docencia es muy compleja desde el punto de vista de las interpretaciones de la Contraloría, y se limita una labor que no sólo es importante para los funcionarios en cuanto a las remuneraciones que puedan percibir, sino por la exigencia que importa estar al día en materias de trabajo y el beneficio que significa para un servicio el que un funcionario esté obligado a mantener actualizados sus conocimientos para hacer clases, pues se produce una retroalimentación muy rica.
Reitero que tenemos la oportunidad de avanzar rápidamente en el proyecto, que está en la Comisión de Constitución, para lo cual debemos asumir el compromiso de resolver esta compleja situación jurídica, que hoy se subsana en parte, sólo respecto de los funcionarios a quienes se aplicará esta normativa, al permitir el ejercicio de la docencia hasta por un máximo de doce horas. Es más, con las interpretaciones vigentes podemos concluir que esas doce horas sólo se refieren a las universidades del Estado, limitando la posibilidad de que los funcionarios, incluso ministros o subsecretarios, puedan impartir, dentro de la jornada, clases en universidades privadas, cuestión que me parece, por decir lo menos, bastante discriminatoria.
Como el proyecto necesita un tratamiento y aprobación urgente, no es el momento de presentar una indicación, pero sí de adquirir el compromiso de despachar el que se encuentra aprobado por el Senado antes del receso legislativo.
El segundo aspecto que me parece importante tener presente se refiere a los gastos reservados, materia respecto de la cual hay un aporte de transparencia muy significativo. No me refiero al artículo 5º, que la prensa ha señalado como el término de la ley del piso en materia de gastos reservados para las Fuerzas Armadas. Eso es efectivo, porque tales gastos seguían la misma suerte que los establecidos en la ley de Presupuestos.
En marzo de 1990, muchos vaticinaron que se avecinaba un caos económico. En esas circunstancias, en virtud de la ley orgánica dictada el 10 de marzo de 1990, se fijó como alza permanente de los gastos de las Fuerzas Armadas el índice de precios al consumidor, IPC. En definitiva, ésa fue una mala apuesta, porque si se hubiese fijado como base el crecimiento de la economía, hoy los gastos de las Fuerzas Armadas serían mucho mayores.
El artículo 5º del proyecto termina con la ley del piso y sigue la regla general de las partidas presupuestarias, es decir, se tramitan anualmente en el Congreso según el proyecto del Ejecutivo.
Pero hay otra norma, a la cual se refiere el artículo 8º. De la lectura del informe, tengo la impresión de que no hubo mucha discusión sobre el tema, salvo que haya sido secreta. Si así fuese, sería bueno que nos dieran cuenta de ella en una sesión, también secreta, en la Sala, porque el artículo 8º agrega un inciso segundo, nuevo, al artículo 71 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, orgánico de administración financiera del Estado. El artículo 71, que se modifica, se refiere a dos leyes: una, la de la Contraloría, y la otra, la Nº 13.196, ley reservada del cobre, cuyo artículo 3º se modifica por esta normativa.
En consecuencia, cuando votemos el artículo 8º nos estaremos pronunciando sobre una modificación a una ley secreta. Yo no la conozco. Más allá de nuestra limitada función legislativa, producto de razones históricas, en fin, me parece que lo mínimo que podemos pedir es conocer, a lo mejor en una sesión secreta, qué estamos modificando ¿El artículo 3º de la ley reservada del cobre, para los efectos de obligar a que haya una cuenta de ingresos y egresos al Ministerio de Hacienda?
La interrogante es por qué se modifica ese artículo. Hasta donde sé, la ley reservada del cobre se refiere a compras de material de guerra y no a gastos reservados. Como todos sabemos, los fondos de dicha ley provienen del diez por ciento de las ventas del cobre, que constituye un presupuesto paralelo al presupuesto ordinario de las Fuerzas Armadas.
Pues bien, estamos modificando el artículo 3º de esa ley secreta, en un proyecto que se refiere a remuneraciones y gastos reservados. ¿Por qué se incluyó en dicha ley? ¿Porque corresponde a gastos reservados? ¿Porque hay gastos reservados involucrados en dicha ley? Si es así, es bueno que sepamos en qué consiste la modificación. ¿Van a seguir la misma suerte de los demás gastos reservados de la ley orgánica, es decir, una cuenta general, en algunos casos?
Pido a la Mesa que tengamos a la vista la ley reservada del cobre. Que los diputados no podamos conocer una ley secreta en sesión secreta me parece la capitis diminutio definitiva de la función legislativa.
En consecuencia, solicito que conozcamos la ley secreta del cobre para saber a qué se refiere la modificación al artículo 3º. Es lo mínimo que podemos pedir. Lo contrario significa legislar a ciegas, y no estoy disponible para eso.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , a mi juicio, hubiese sido mejor haber hecho una muy breve y sintética reforma constitucional para resolver la necesidad de transparencia que se señala en el informe, y que es destacada en especial por el ministro del Interior , señor José Miguel Insulza , quien ha liderado el impulso para dar transparencia plena a las remuneraciones de las autoridades de Gobierno. Lo hemos escuchado en diferentes oportunidades insistir en esa línea y sostener diversos argumentos para hacer transparente una situación que se arrastra desde hace muchos años.
Ése es, precisamente, el propósito del proyecto: transparentar las diversas formas de remunerar a las autoridades de Gobierno, procedimiento que durante muchísimos años se ha realizado de una manera poco clara. Felizmente, la democracia nos da la oportunidad de hacer efectiva la transparencia.
Pero el artículo 59 de la Constitución Política trae encadenada la fijación de las remuneraciones de los ministros de Estado con la de los miembros del Congreso. Dicho artículo señala: “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan”. De manera que si en un momento determinado se toma la decisión de tramitar un proyecto para mejorar las remuneraciones de los ministros de Estado , de acuerdo con ese artículo de la Constitución, siempre quedarán modificadas las rentas de los diputados y de los senadores, porque su dieta está amarrada a las remuneraciones que se fijen a los ministros, incluidas sus asignaciones.
Por eso, me habría gustado que esto se hubiera hecho de otra manera y haber modificado definitivamente el artículo 59, a fin de que cuando varíe el sueldo de un ministro de Estado , no tenga que modificarse necesariamente el de senadores y diputados. Y ésta no es una opinión personal, puesto que nuestra bancada lo había resuelto así antes del acuerdo a que se llegó para aprobar el proyecto de ley. En efecto, la diputada Laura Soto , el diputado Eugenio Tuma y otros miembros de la bancada hicimos presente la necesidad de modificar la Constitución en tal sentido.
Ahora bien, ¿qué pretendió el constituyente al redactar así el artículo 59? Quienes no somos abogados tenemos la tendencia, por ignorancia, a investigar qué dio origen a estas disposiciones. Al revisar las actas constitucionales podemos ver que lo que se pretendió fue impedir que diputados y senadores tomaran la iniciativa de presentar un proyecto de ley para arreglarse sus propias remuneraciones, entregando tal decisión a otro poder del Estado. De esa manera, los parlamentarios no podrían subirse el sueldo mediante un proyecto de ley cada vez que tuvieran ganas. Entonces, el artículo 59 establece que eso sólo podrá ocurrir en la medida en que se aumenten las remuneraciones de los ministros. En realidad, esto está resuelto por otras vías, porque, si se revisan las atribuciones exclusivas del Presidente de la República y la Constitución Política respecto de las limitaciones del Congreso Nacional, se puede comprobar que, de acuerdo a ello, los parlamentarios tampoco se podrían arreglar sus remuneraciones.
Por lo tanto, la necesidad que originó el artículo 59 está cubierta por otras normas de la Constitución Política. Por eso, se podría haber modificado; incluso, la señora Presidenta había propuesto una fórmula muy sencilla: establecer en el artículo 59 que los parlamentarios percibirán como única renta la dieta que determina la ley, y modificar, por ejemplo, el artículo 4º de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, agregando un artículo que, por supuesto, no voy a entrar a detallar, puesto que estaría infringiendo las disposiciones reglamentarias relativas al uso de la palabra al apartarme de la idea matriz. Por eso, sólo lo menciono porque está relacionado con la idea matriz del proyecto. No estamos discutiendo una reforma de la Constitución -aunque me habría gustado- ni una modificación de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Como dije, habría bastado con modificar el 4º de ésta y con agregar un artículo 32, nuevo, al Reglamento, específicamente en lo que se refiera a las infraestructuras. Ésa sería una manera de clarificar mucho mejor la relación entre dieta y asignaciones, estableciéndose que tanto una como otras serán para determinados efectos, y que todo quedará claramente establecido en la ley orgánica y en el Reglamento.
Cuando se dice que esto se estableció en la Constitución para evitar que los parlamentarios se subieran los sueldos, en realidad, creo que resultó peor. Si hubiéramos modificado la Constitución, estableciendo que los diputados y los senadores percibirán como única renta una dieta determinada por ley, y hubiéramos modificado la ley orgánica y el Reglamento, hoy sólo habríamos tenido que establecer que deberán transparentarse los ingresos de las autoridades de Gobierno, como lo señaló el ministro del Interior , como lo quiere el Gobierno y como se dice en los fundamentos del proyecto. Por otra parte, habríamos fijado sus remuneraciones, pero no al nivel de los absurdos de que se habla hoy, sino con la seriedad que caracteriza a esta iniciativa que, si bien es rigurosa, termina con las rentas absurdas que recibían el Presidente de la República y los ministros, que no les permitían cumplir en forma adecuada las funciones propias de su cargo. Así, se habrían separado para siempre esas remuneraciones de las de los parlamentarios.
Es cierto que ningún parlamentario ha planteado un aumento de remuneraciones, a pesar de lo que establece el artículo 59 de la Constitución. Por eso, se ha acordado que no haya aumento alguno en los ingresos de los parlamentarios, sino que, simplemente, las asignaciones se traspasen a esta nueva manera de computarlos. Sin embargo, éste es un acuerdo de buena voluntad que no corresponde exactamente a la letra, porque nuestros sueldos siguen quedando encadenados a los de los ministros. Incluso, el espíritu que animó al constituyente al redactar el artículo 59 para evitar excesos, lleva consigo otros excesos, como, por ejemplo, la posibilidad de arreglo entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional para aumentarles las remuneraciones a los ministros y a los parlamentarios por una vía no muy santa.
Yo habría preferido que, atendida su naturaleza original tan distinta, estos dos Poderes del Estado estuvieran separados a la hora de fijarles sus remuneraciones. Si analizamos el fondo de las normas constitucionales relacionadas con los fueros, con las facultades, con la imposibilidad de que los parlamentarios sean acusados constitucionalmente, veremos que están marcando, precisamente, diferencias entre dos Poderes del Estado que no están encadenados. Menos podrían estarlo, entonces, desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, el principio de responsabilidad de los representantes populares radica esencialmente en su soberanía, que emana del hecho de ser delegados inmediatos del pueblo soberano, de ejercer el supremo poder que éste les entrega. Por eso, no pueden ser acusados constitucionalmente; en cambio, la Cámara sí puede acusar constitucionalmente al Presidente de la República , a los ministros y a los comandantes en jefe, porque la Constitución Política establece una clara separación de los poderes del Estado.
Entonces, si los separa en cuanto a sus facultades, ¿por qué los encadena tan estrechamente en el aspecto financiero, y los junta, desnaturalizando las causas de su separación? Fíjense que la Cámara -reitero- puede acusar al Presidente de la República , a los comandantes en jefe y a los ministros; sin embargo, ningún órgano del Estado puede acusar a un diputado o a un senador para destituirlo, salvo que transgreda la ley, caso en el cual puede ser desaforado por los tribunales de justicia. Pero no ocurre lo mismo respecto de las opiniones que emita en el cumplimiento de sus funciones o de la forma en que vote.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señor diputado ? Ha terminado su tiempo.
El señor HALES .-
¿Puedo ocupar el tiempo de mi segundo discurso?
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No, ya ocupó los dos tiempos, señor diputado .
El señor HALES .-
¿Podría utilizar parte del tiempo del diputado señor Tuma?
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor HALES .-
El diputado señor Tuma me dice que puede concederme dos minutos para que termine mi discurso. ¿Es posible?
El señor SALAS (Vicepresidente).-
No, señor diputado, porque los tiempos no han sido asignados a las bancadas, sino que a cada diputado.
El señor HALES .-
Señor Presidente , ¿podría solicitar el asentimiento de la Sala para que se me concedan dos minutos para terminar la idea?
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para conceder un minuto al diputado señor Hales?
Acordado.
Puede continuar su Señoría.
El señor HALES.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Entonces -como decía-, las cosas no se han hecho así. Incluso, durante la discusión del proyecto, alguien llegó al extremo de decir que, a diferencia de lo que se propone, los ministros y los parlamentarios no sólo deberían seguir encadenados por el artículo 59, sino que estos últimos deberían ser funcionarios públicos. Ése es el error más grande que podría cometerse. ¿Significaría que estarían sujetos al Estatuto Administrativo?, ¿que ya no existiría la potestad del pueblo soberano para decirles que, por sus opiniones y por sus votos, no pueden seguir en el Parlamento? No debemos olvidar que éste es el único lugar donde se reúnen moros y cristianos -por utilizar una metáfora que me viene muy de cerca-, donde se entregan todas las opiniones; no hay ninguna otra mesa redonda donde ocurra lo mismo.
Por eso los parlamentarios tienen fuero, y ninguno, de allá o de acá, puede ser sancionado ni suspendido de su cargo por el voto o las opiniones que emita. Si esa transparencia rige para estos principios, lo más aconsejable habría sido establecerla respecto de las platas, porque es allí donde podría producirse una suerte de colusión que me parece poco sana.
Agradezco a la Sala la oportunidad que me ha dado para hacer esta reflexión. Desgraciadamente, el acuerdo a que hemos llegado ha impedido separar en el artículo 59 lo relativo a las remuneraciones de ministros y parlamentarios.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , no ha sido por voluntad del Supremo Gobierno el envío de este proyecto sobre transparencia de los sueldos, sino por los últimos acontecimientos que ha vivido el país. Es una de las buenas consecuencias que éstos tendrán para los chilenos.
En todo caso, creo que todos los sueldos son transparentes, aunque a veces se ocultan algunas cosas. Por ejemplo, el proyecto establece un aumento del sueldo del Presidente de la República en 150 por ciento. Entonces, tal vez sea mejor negocio dejar el cargo, porque los ex presidentes reciben una remuneración de aproximadamente 10 millones de pesos, por ley aprobada por el Congreso Nacional. Es decir, hoy los señores Aylwin y Frei reciben esa suma.
El señor LEAL .-
Pinochet también los recibe.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Da lo mismo, señor diputado ; no se ponga nervioso. No se trata de saber quién recibe más, sino de transparentar las rentas, cuestión que no fueron capaces de hacer antes. Si no fuera por el escándalo de Tombolini, todavía estaríamos sumidos en algo que el país repudia.
En seguida, se aumenta el sueldo a los ministros de Estado en 135 por ciento; a los subsecretarios, en 120 por ciento. Da lo mismo; no hay que tener miedo cuando se habla de dinero. Hay que ver cuánto ganábamos antes de ser diputados y cuánto ganamos hoy. Hay que comparar porque, a lo mejor, muchos ganan menos que antes de asumir el cargo, y es ahí donde realmente se demuestra la vocación de servicio público. Entonces, no transformemos en tabú lo que realmente se desea aclarar y transparentar, a fin de que la gente sepa cuánto ganan sus autoridades.
En verdad, a mí me importa un pepino que un ministro de Estado gane 10 millones o 20 millones de pesos; me da lo mismo, porque cuanto más altos sean los sueldos de los funcionarios públicos, más transparencia habrá en el país, más seguridad tendremos de que serán incorruptibles porque, si están bien remunerados, sólo deberán preocuparse de realizar bien sus funciones. Pero cuando en un país se habla de corrupción, hay que ver las dos caras de la moneda: si hay personas corruptas es porque también hay gente que corrompe, que tiene la misma culpa de quienes hoy están en boca de todos. En realidad, deberíamos preocuparnos de temas mucho más importantes que los sueldos de los altos funcionarios públicos. Me importa poco lo que gane un ministro o un subsecretario; sólo me interesa que sean remunerados de acuerdo con las funciones que desarrollan. Hay personas que ganan 500 mil pesos, y es mucha plata porque no hacen nada; en cambio, hay otras que ganan 10 millones de pesos, que es muy poco para lo que hacen. Los ministros del Interior, de Hacienda , de Economía y de Obras Públicas tienen que ver con el manejo del país.
Quiero decirles a las personas que están escuchando algo relacionado con la transparencia. La Cámara de Diputados es un simple buzón de los proyectos que representan gastos y que apuntan al beneficio de todas las personas, puesto que todos ellos vienen del Ejecutivo. Aquí estamos frente a personas muy importantes; pero lo que no me gustaba era la forma en que se fijaban los sueldos de los ministros: era una caja negra que nadie conocía. Me importa muy poco lo que se diga en ese sentido, porque pienso que los funcionarios públicos deben estar bien remunerados. Aquí se ha dicho que los parlamentarios no se aumentan el sueldo, como signo de transparencia, como si eso limpiara su mala imagen. En realidad, muchos parlamentarios tienen una especie de complejo de ricos: dicen que no necesitan nada, que lo tienen todo y que está bien lo que reciben.
Mucha gente piensa que los parlamentarios pueden jubilar con dos períodos, lo que es una tremenda falsedad que se debe aclarar. Los parlamentarios no son personas de otro planeta, y para jubilar deben reunir los mismos requisitos que la ley les exige a todas las personas: estar imponiendo en una AFP y tener 65 años de edad. Aclaremos las cosas, seamos transparentes; pero digámosle a nuestra gente cuál es la realidad.
Aquí se ha hablado de dos cosas que me gustaría que me aclarara el diputado informante . El proyecto habla de jefes de servicio, pero la verdad es que hay dos clases de jefes: los de servicio y los jefes superiores de servicio. Por eso, me gustaría saber quiénes van a recibir un aumento en sus rentas: ¿el director regional de Vialidad , por nombrar a uno, o el director de Impuestos Internos , por citar a otro? Pero ¿en qué situación quedan, por ejemplo, los seremis, que también realizan funciones importantes, y ¡ojo!, con muy malos sueldos?
Entonces, queremos transparentar la cabeza; pero ¿qué pasa con los mandos medios? ¿Acaso ellos no tienen derecho a recibir una remuneración más digna? Lo digo en buena leche. Sin embargo, hay seremis que reciben hasta tres sueldos, y voy a dar un ejemplo. No se trata de “pelar” ni de dar nombres porque sí. La señora Jazmín Balboa , seremi de Obras Públicas de Temuco , gana un sueldo -supongamos- de un millón de pesos; pero también es presidenta de Essar -Empresa de Obras Sanitarias de La Araunía, de la Novena Región-, cargo por el cual recibe 1 millón 200 mil pesos. Pero hay más: gana otro sueldo -aparece en la lista dos del Gate- de 2 millones 880 mil pesos.
Cuando uno ve que algunos seremis tienen derecho a formar parte de ciertos directorios, llega a una conclusión muy fácil: hay seremis de primera y de segunda clase. Es decir, sólo algunos tienen derecho a ser presidentes de directorios, privilegio que a otros les está vedado y deben recibir la remuneración más baja posible. Cuando uno ve esto se pregunta: ¿qué pasa con la igualdad ante la ley? ¿Acaso hay seremis de primera y de segunda categoría?
Por el bien de las regiones, me gustaría saber qué va a ocurrir con el sueldo de los seremis, que deben estar preocupados de muchas cosas. El proyecto aumenta el sueldo de los intendentes en 120 por ciento; pero ¿quiénes ejecutan los trabajos en terreno y deben recorrer las regiones? Por cierto, los seremis. Entonces, ¿por qué no se los ha incluido en el proyecto?
Aquí no están en discusión las remuneraciones de los parlamentarios; eso está resuelto. Me preocupan las remuneraciones de los jefes de servicio y de los seremis. ¿Por qué ellos no van a recibir ese beneficio? También me alegra que se suba el sueldo de los ministros. Muchas personas han criticado las asignaciones que reciben; pero lo primero que debe tener un funcionario público de alta categoría es prestancia. Otros critican al Presidente de la República porque tiene un par de fondos reservados, y porque él y la Primera Dama se cambian de traje dos o tres veces al día. Lo digo en buena leche: me daría una “lata” tremenda ver a mi Presidente y a la ministra de Relaciones Exteriores toda una semana con el mismo traje negociando el tratado con la Unión Europea, puesto que eso significaría que nuestro país no tiene prestancia. No me importa que la plata se gaste para representar al país; lo que me preocupan son “las medias aguas” o las cosas oscuras.
Por eso, creo que este proyecto es un primer paso. Ojalá mañana tengamos un proyecto de ley para erigir un monumento a la única persona que ha logrado que haya transparencia, aunque a un alto costo: el señor Tombolini ; porque si él no hubiera caído preso, si no hubiera “destapado la olla”, todavía tendríamos sueldos encubiertos y una verdadera olla de grillos. Ojalá que la gente también se dé cuenta de que muchos periodistas sólo hablaban de los sueldos de los parlamentarios, que aparecían en internet y estaban a disposición de todo el mundo; sin embargo, nunca publicaron los sueldos de los ministros de Estado. Pero estas cajas negras se han ido destapando y la gente tendrá claridad absoluta sobre cuánto ganan sus autoridades.
Quiero agregar algo. Hay parlamentarios que gozan fiscalizándose entre sí. Pero si es lo más fácil: basta con ir a tesorería y a la Comisión de Régimen Interno. Sin embargo, cuando hace algunos años se hablaba de corrupción y de que se ocultaban las irregularidades, en alguna oportunidad dije -por eso peleé con muchos colegas- que el mayor signo de transparencia que tendrían los fiscalizadores llamados a estudiar las anomalías ocurridas en esta Corporación no estaría dado por los sueldos, sino por el hecho de que, por fin, se trabajaría con absoluta conciencia de que las personas que han metido las manos o que han actuado mal no pueden ocupar cargos públicos. Esas mismas personas se sintieron amparadas durante muchos años por las comisiones especiales e investigadoras en las cuales, invariablemente, los resultados de las votaciones las favorecieron.
En consecuencia, muchos parlamentarios tienen un grado de culpa por no transparentar determinadas conductas y por creer que había que proteger a personeros de Gobierno que habían metido las manos, que había que “taparlos”. Por suerte, los parlamentarios han tomado conciencia de que la fiscalización es deber de todos para forjar un Chile sano y grande y no convertirlo en un país tropical. Así, estaremos orgullosos de ser chilenos y conservaremos el legado de hace muchos siglos: el de una Patria soberana, limpia y no corrupta. Creo que hoy Chile está tomando ese rumbo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , sin duda, el proyecto en discusión reviste especial y particular interés.
Es necesario destacar que con posterioridad a una situación difícil, complicada, incómoda y molesta, conocida por la opinión pública, todos los sectores políticos trataron de llegar a acuerdos y de encontrar soluciones a un problema que, de una u otra forma, estaba afectando la imagen de quienes desempeñan funciones públicas. Pues bien, dicho consenso ha permitido llegar a este proyecto, que representa una solución integral a un problema que, como señalé, es incómodo y molesto.
El objetivo principal de esta iniciativa, tal como lo señala el informe, es posibilitar que los servidores públicos reciban remuneraciones acordes con su responsabilidad y capacidad y con los gastos en que deben incurrir para ejercer de mejor manera sus cargos, con la transparencia que el país requiere. Al mismo tiempo, el proyecto apunta a transparentar lo que dice relación con los gastos reservados.
Pero antes de hacer un comentario sobre este punto, quiero referirme a una situación que siempre ha sido cuestionada: que aparte de los cargos que desempeñaban los servidores públicos, también ocupaban cargos en directorios de empresas, como una manera de incrementar sus remuneraciones. El proyecto también acota y transparenta esa situación. Es así como cualquier servidor público podrá desempeñar cargos en directorios de empresas del Estado, pero con una dieta mensual acotada; sólo podrá percibirla en la primera empresa que lo designe miembro de su directorio, y no podrá percibir remuneraciones que excedan el límite establecido por la ley. Por cierto, la empresa tampoco estará obligada a pagarlas.
Con estas medidas se logra dejar en claro ante la opinión pública que la renta de los servidores públicos será acorde a sus niveles de responsabilidad, a sus gastos y al ejercicio de cargos de tan alta responsabilidad.
En cuanto al tema de los gastos reservados, es necesario destacar que, de una u otra forma, quedan circunscritos a las funciones que dicen relación con la seguridad externa e interna del país, como el orden público. Desde esa perspectiva, el proyecto de ley señala expresamente cuáles son los organismos del Estado y los ministerios que podrán hacer uso de gastos reservados, estableciendo que serán considerados en el proyecto de ley de Presupuestos, en la glosa correspondiente, lo que limita la opción de que posteriormente sean incrementados por la vía de los decretos, y, de esa forma, no burlar lo establecido por el legislador. Sin embargo, se contemplan casos de emergencia e imprevistos que ameriten incrementarlos. Para tal efecto, se establece un tope máximo de 30 por ciento, que deberá ser materializado vía decreto supremo, oportunamente informado al Senado y a la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, con este proyecto estamos dando solución a una serie de problemas generados a las autoridades de Gobierno en el último tiempo.
Por último, es necesario recalcar que el proyecto señala expresamente que la idea de transparentar y aumentar las remuneraciones de personeros que laboran en el Poder Ejecutivo no implica incrementar las remuneraciones de los parlamentarios.
Hay que dejarlo claramente establecido porque, generalmente, se tiende a interpretar mal este tipo de situaciones y a pensar que los parlamentarios también seríamos beneficiados con esta iniciativa. Eso no es así. Tal como señalé, el proyecto regula y transparenta los niveles de remuneraciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, acota y transparenta los gastos reservados, estableciendo claramente qué ministerios tendrán derecho a ellos, acotados a la seguridad externa, interna y al orden público, y señalando que cualquier modificación deberá ser por la vía de un decreto supremo, oportunamente informado a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado de la República.
Por lo tanto, en representación de la bancada de la UDI, anuncio nuestro apoyo a la iniciativa en debate.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señora Presidenta , creo que nuestro país está abordando, con un enorme retraso histórico, uno de los temas que tiene que ver con la modernización y con la transparencia del Estado: las remuneraciones de los altos funcionarios.
Si revisamos las actas del Congreso Nacional, podremos darnos cuenta de que el tema de los sobresueldos de los ministros, a través de asignaciones y de su presencia en empresas del Estado, existe desde 1932, desde el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. Posteriormente, se han buscado diversas formas, todas ellas encubiertas, de garantizar mayor remuneración a los altos funcionarios del aparato público, sin que hasta ahora hayamos llegado a establecer un sistema plenamente transparente que hubiera evitado el pago de sobresueldos, a través de vías indirectas, en particular, mediante la participación de los ministros en empresas del Estado -sanitarias o de otro tipo, como Enap, Codelco , Enami y otras-, simplemente para completar sus sueldos. Por eso, creo que estamos dando un importante paso adelante, en cuanto a sincerar y a hacer más transparente la Administración Pública, y recojo las palabras del diputado Alvarado , en el sentido de que es muy importante haber llegado a un consenso en ese sentido.
Sin embargo, quiero responder algunas opiniones expresadas con cierta “facciosidad” en el debate, relacionadas con la responsabilidad de los gobiernos de la Concertación.
El señor Büchi decía que no recibía sobresueldos y que sólo percibía 500 mil pesos. Pues bien, quiero recordar que esa suma representaba 27 sueldos vitales de la época, es decir, 3.040.000 mil pesos. Además, el señor Büchi era miembro de directorios y se le pagaba un sobresueldo con cargo a sus recursos. Lo mismo sucedía con Álvaro Bardón . Tengo en mi poder las actas de Codelco que demuestran que los ministros del régimen militar siempre recibieron recursos de las empresas del Estado para completar los sueldos. Sobre esto hay que ser honestos y transparentes y no actuar con “facciosidad” o, como lo han hecho otros parlamentarios, tratando de endosar responsabilidades a los gobiernos de la Concertación, en circunstancias de que se trata de un tema históricamente no resuelto. Basta con leer las actas del Banco del Estado, de Codelco y de otras empresas del Estado que funcionaron durante el régimen militar para saber que todos los ministros recibían sobresueldos provenientes de ellas.
En este sentido, Codelco no sólo pagaba a un señor que no era ministro , sino que, además, era jefe de la Dina-CNI: me refiero al señor Rojas Vender . De ese modo, se le pagaba por mantener la represión en contra del mundo laboral.
No actuemos para sacar dividendos pequeños; hagámoslo con transparencia y con la finalidad de modernizar el Estado. Es muy importante que avancemos en este proyecto que, como lo ha establecido el Presidente Lagos , fija un tope a los sueldos de los altos ejecutivos de confianza de las empresas públicas. Se garantizará que, al menos, 3.500 funcionarios postulen, vía concurso público, a cargos de confianza mantenidos durante muchos gobiernos. La idea es que quienes participen en esos concursos públicos sean profesionales que demuestren méritos para hacerse cargo de las responsabilidades que se les asignen.
También resultan importantes el proyecto que separa los negocios de la política y el que fija los límites de gasto en las campañas. Se trata de instrumentos que permitirán resolver una crisis que se arrastra por muchos años y durante gobiernos de distintos colores. De ese modo, transformaremos el vínculo entre política y negocios en una relación transparente, convirtiendo al Estado en un ente moderno donde la gente sepa cuánto ganan sus autoridades.
Es muy importante recalcar que aquí no hay un aumento en las remuneraciones de los parlamentarios. Es cierto que el artículo 59 de la Constitución establece que éstos deben recibir el mismo sueldo de los ministros. Sin embargo, existe un acuerdo. En lo personal, me habría gustado llevar adelante una reforma constitucional para separar ambas cosas, pero -reitero- en consideración a que se ha llegado a un acuerdo para trasladar asignaciones, no existe un aumento de la remuneración de los parlamentarios. Es muy importante garantizar este punto a la opinión pública.
En las altas funciones del Estado, la gente debe ganar lo que merece; pero es necesario evitar los sobres con dinero y repudiar las coimas y cualquier tipo de corrupción. Existe un consenso muy amplio en esta materia, lo que debe transformarse en una cultura y una ética del servicio público, traducida en servir y no servirse de los cargos.
Además de los ocho o nueve proyectos de ley que el Ejecutivo debe presentar al Congreso para transparentar la función pública, separar los negocios de la política, fijar límites a los gastos de campaña y procurar un financiamiento público de ellas y garantizar que las autoridades reciban sueldos a través de políticas completamente transparentes y conocidas por la opinión pública, es necesario reforzar los temas éticos, valóricos y culturales, por cuanto para legislar debe existir la firme voluntad de combatir la corrupción y garantizar la existencia de un Estado moderno y transparente en beneficio de todos los chilenos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señora Presidenta , se debate el proyecto de ley sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la administración pública y de los alcaldes, que, además, establece normas sobre gastos reservados, respecto del cual he escuchado con mucha atención a quienes me han antecedido en el uso de la palabra.
En primer lugar, es necesario señalar que estamos legislando como consecuencia de una denuncia efectuada por un ex ministro de la Concertación que hoy está tramitando su libertad provisional: me refiero al ex ministro del gobierno del Presidente Lagos , don Carlos Cruz , quien ha señalado que todos los ministros recibían un sobresueldo. Ante este hecho, que ha causado escándalo público, nos hemos visto enfrentados a corregir una mala administración, a fin de que las personas que reciban remuneración del Estado paguen los impuestos que corresponda.
Así las cosas, ¿con qué moral se puede exigir a los pequeños y grandes empresarios que cumplan con la ley que establece el pago de impuestos si al interior del Ejecutivo no se hace? Digámoslo claramente: los personeros involucrados recibían un sueldo como ministros de Estado , y un sobresueldo, en dinero efectivo, dentro de un sobre.
Sin embargo, en las intervenciones que se han escuchado no se ha vislumbrado arrepentimiento ni reconocimiento de que las cosas se han hecho mal. Y no hay mejor forma de justificar y “empatar” esta situación que diciendo que esto se hace desde hace muchos años y que estas prácticas también eran comunes durante el gobierno del ex Presidente Pinochet . En fin, que estos beneficios fueron recibidos por otros ministros en distintos gobiernos. Me parece que las cosas se están confundiendo.
Ayer, el ministro secretario general de Gobierno , señor Heraldo Muñoz , señaló que el outsourcing comenzó antes de que se conociera el caso Gate, es decir, en tiempos en que prestaba servicios la Universidad de Chile. Quiero decirle al señor Heraldo Muñoz -lo hago desde esta tribuna- que es necesario definir exactamente estos servicios externos. Tal como lo indica el vocablo, el outsourcing está orientado a pagar los servicios que no tienen relación con las plantas y remuneraciones de los funcionarios o, dicho de otro modo, a contratar transitoria o temporalmente a una persona para que cumpla una función específica. Una vez llevada a cabo, deja de cumplir la función encomendada. El outsourcing ha existido siempre, pero no para los funcionarios que se ubican en una planta autorizada por ley, a quienes, para mejorar su remuneración y a través de una planilla paralela, se les extendieron cheques entre gallos y medianoche, sin que nadie supiera quién recibía esos dineros. Ésa es la realidad y los antecedentes que originaron la preocupación del Ejecutivo.
El Presidente Lagos debe estar muy cansado de tener funcionarios que no han sabido responder a la responsabilidad que él les ha entregado. Es imposible que un Presidente de la República administre y, al mismo tiempo, conozca todos los antecedentes de cada una de las materias que conciernen a un gobierno. Por eso, comprendo el desgaste y malestar demostrado por el Presidente Lagos en los últimos días a raíz de la actuación de estos malos funcionarios que él colocó en distintos cargos. Esto es lo que se ha dado en llamar “cuoteo político”. Entregar, a través de este expediente, poder y responsabilidades funcionarias a personeros de distintos partidos políticos, ha dañado profundamente al país.
¿Hace cuántos meses se anunció que los cargos públicos se adjudicarían por concurso público? Todavía estamos esperando y lo seguiremos haciendo. El Estado no puede darse el lujo de entregar cargos a personas que no son profesionales o a gente que engaña entregando certificados falsos a fin de acceder a determinadas responsabilidades. En todas las regiones existen ejemplos de lo que señalo. Cuando criticamos la mala administración pública lo hacemos en forma seria y exhibiendo antecedentes.
Estamos de acuerdo en llevar adelante una política que transparente determinados actos y con el hecho de que un ministro no puede recibir una remuneración baja, sino un sueldo que esté de acuerdo con la responsabilidad de su cargo. Sin embargo, ¿por qué recién ahora se toma la iniciativa en esta materia? ¿Por qué recién ahora es necesario transparentar, en circunstancias de que se han cumplido 13 años desde que la Concertación llegó al Gobierno?
Nos pasan la cuenta y se dice que esto se hacía en los gobiernos anteriores; pero sólo se pretende “empatar” para justificar la mala administración de los recursos del Estado.
También habrá normas sobre los gastos reservados. Todos sabemos que las autoridades los han utilizado para proselitismo político, y lo digo con mucha responsabilidad, porque se han privilegiado acciones relacionadas con campañas.
Pido que me den un ejemplo de alguien que no pertenezca a la Concertación y que haya recibido algo de los gastos reservados. Eso sí, tengo una excepción. En una oportunidad, le pedí ayuda al señor José Miguel Insulza , ministro del Interior , para un paciente que tenía cáncer y que no podía financiar sus remedios. Reconozco públicamente que, de los gastos reservados del Ministerio del Interior, él pagó esos remedios; pero la excepción no hace la regla.
Hace un instante, hemos tenido noticias de que han sido desaforados los cinco parlamentarios acusados de coimas, cohecho y de otros delitos por lo que tendrán que enfrentar a la justicia.
Las indemnizaciones que se pagaron en los últimos dos años, que se taparon con tierra, también obedecen a responsabilidades administrativas, porque es imposible pensar que funcionarios de confianza cambiaran sus contratos y falsificaran firmas para, finalmente, recibir, por cortos períodos de trabajo, las fuertes sumas que todo el país conoció. Sin embargo, todavía no se sabe que alguien haya sido castigado o sancionado por esta situación.
Por eso, compartimos el hecho de transparentar, pero queremos que, de una vez por todas, se conozca la verdad; que se diga que se manejaron mal los dineros, que algunas personas metieron las manos, además de los pies. De esa manera se haría claridad.
El Congreso debe legislar sobre estas materias, pero tenemos serias reservas respecto de estos proyectos y de la velocidad con que se está legislando. Por eso, estamos estudiando la posibilidad de presentar algunas indicaciones, a pesar de que no nos vamos a pronunciar sobre cuál será nuestra votación hasta que haya terminado el debate, porque el país merece conocer exactamente lo que está ocurriendo. Una vez que se reconozca que se han hecho mal las cosas durante los tres gobiernos de la Concertación, entonces entenderemos que realmente estamos en una etapa distinta y que hay deseo de cambio en pro de la claridad, la transparencia y la honestidad.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO .-
Señora Presidenta , me complican las palabras de mi distinguido amigo, el honorable diputado señor Carlos Vilches . Creo que ha sido un poquito duro y no tan realista como yo quisiera. Lo conozco de otra manera, y por eso me atrevo a hacer este comentario. Pero lo estimo igual, porque es un gran diputado .
Se ha dicho que no son buenos tiempos para la República. Como nunca en los últimos doce años, vivimos momentos aciagos, llenos de dolor, a veces de desesperanza y, sobre todo, de frustración para quienes pretendemos hacer bien las cosas, como quienes intervenimos en la Sala. De todos modos, no debemos sentirnos culpables, sino sentirnos bien, porque vamos a mejorar las cosas que se han hecho mal.
El desafuero de varios colegas parlamentarios y el procesamiento de un ex ministro de Estado han revelado, aunque a partir de hechos diversos, una serie de anomalías que es necesario que la justicia aclare definitivamente.
Entonces, aunque no son buenos tiempos republicanos, todos estamos por la claridad y la transparencia.
Durante largos años, mientras Chile crecía al ritmo acelerado de más de un 7 por ciento y duplicaba su producto interno bruto, no comprendimos que el corazón del Estado jugaba un rol decisivo en ese proceso de crecimiento y de modernización, y que necesitaba ser mejor atendido, porque la competencia con el sector privado para conseguir profesionales idóneos es dura.
Entre otras cosas, atendiendo al grado de formación y de especialización que requiere el servicio público, ya no sólo es imprescindible la vocación de servicio a la patria, sobre todo en el caso de los núcleos más tecnocráticos. Sin embargo, en este sentido, la modernidad social y cultural no llegó a la administración pública. Ahí puede estar, a lo mejor, nuestro gran defecto y gran error.
El proyecto de ley es parte de una agenda nueva, que debió instalarse por la urgencia y gravedad de la crisis que vivimos. Por eso, no hay que oponerse a él, porque no es negativo. Lo que todos nosotros, Gobierno y Oposición, no fuimos capaces de hacer en doce años de democracia, se establecerá gracias a él y a la prudencia, sapiencia y habilidad de la Cámara de Diputados.
Queremos que se terminen los sobres con dinero y los sobresueldos en la administración pública, pero, al mismo tiempo, queremos que las altas magistraturas de la República sirvan sus cargos con dignidad y con el nivel de desarrollo de nuestro país, para lo cual se establecerán remuneraciones transparentes y reales, acordes con lo que el Estado puede y debe dar a sus servidores.
La asignación de dirección superior la percibirán el Presidente de la República , los ministros de Estado , los subsecretarios, los intendentes y los jefes superiores de servicios públicos regidos por la ley de Bases Generales de la Administración Pública.
Asimismo, la asignación por el desempeño de funciones críticas beneficiará al personal de planta y a contrata, perteneciente o asimilado a las plantas de directivos, de profesionales y de fiscalizadores de los órganos y servicios públicos regidos por la misma ley, la Nº 18.575. Es decir, además del esfuerzo económico del Estado, existe el deseo de implantar la probidad pública, algo que se logró luego de difíciles discusiones en el seno de la Comisión de Hacienda y después de ser consensuado por todas las bancadas parlamentarias, por lo que extraña el comentario que se vertió.
No es menor el punto que dice relación con los parlamentarios. El aumento de las remuneraciones a los ministros de Estado , como consecuencia del artículo 59 de la Constitución, comentada en forma tranquila y profunda por mi colega Patricio Hales , significará un cambio de los montos asignados por el Estado al pago de las dietas parlamentarias, que se compensará mediante la reducción de otras asignaciones.
Mañana, cuando se promulgue la futura ley, ningún parlamentario ganará un peso más. Así lo expresó el relator accidental de la Comisión de Hacienda, diputado José Miguel Ortiz . Lo dijo claramente: “ni un peso más”, y lo reiteró en varias oportunidades.
Lo único que variará, seguramente, es la forma en que el Estado asignará los recursos, que todos queremos que sea cada vez más transparente y también más digna. No nos coloquemos en el lado de los indignos, porque a veces nosotros mismos, al parecer, queremos colocarnos en ese lado: el de los indignos. ¡No puede ser!
En todo caso, quiero expresar mi tristeza porque no se haya ampliado la aplicación de estas normas a los alcaldes y a los gobernadores. En relación con los primeros -los alcaldes- hay que esperar que entre en vigencia la ley de Rentas Municipales II, esto es, en el año 2005; respecto de los gobernadores, habrá que esperar hasta 2004, cuestión que no se condice con los fundamentos mismos de la iniciativa.
Este es un proyecto que va en pro de la probidad pública y no de las mejoras de las remuneraciones en tanto beneficios pecuniarios para los funcionarios. En esa lógica, la probidad no puede diferirse en el tiempo.
Termino porque sé que son muchos los que quieren hacer uso de la palabra, de esta palabra que es la nuestra, la de honor y la que queremos hoy dignificar. ¡Cuidado con los comentarios que nosotros mismos a veces hacemos y que nos colocan en el lado oscuro de la función del servicio público!
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señora Presidenta , en atención a lo que se ha conversado, seré bastante breve.
En mi calidad de miembro titular de la Comisión de Hacienda, debo añadir que se trata de un proyecto que se debatió con la asistencia de las más altas autoridades de Gobierno. Hubo transparencia y contundencia.
Asistieron a la Comisión los señores José Miguel Insulza , ministro del Interior ; Mario Fernández , ministro secretario general de la Presidencia ; Heraldo Muñoz , ministro secretario general de Gobierno , y los asesores del Ministerio de Hacienda en representación del ministro Nicolás Eyzaguirre .
Con este proyecto se pretende perfeccionar la regulación del sistema remunerativo de autoridades, directivos y profesionales de Gobierno, a través de los principios de responsabilidad, de control, de probidad, de transparencia y de publicidad de sus actos, a fin de que la totalidad de los ingresos que perciban sean compatibles con el nivel de responsabilidad y calidad de su desempeño en la institución correspondiente.
Asimismo, la iniciativa regula en materia de gastos reservados. Al respecto, se suprimen los correspondientes a dos ministerios importantes y se redestinan, de manera que haya mayor austeridad y transparencia en la administración y manejo de dichos recursos. Se pretende dar una solución definitiva a este problema que dice relación con la dignidad de los cargos.
También se establece un leve mejoramiento a los incentivos de responsabilidad de los alcaldes.
Lo lamentable es que tuvieron que pasar 12 ó 13 años para poder hablar sobre modernización del Estado. ¡Y qué más importante que las personas que trabajan allí! Han transcurrido muchos años y se han visto muchas iniciativas en el sentido de dar más transparencia, pero hemos tenido que vivir una tremenda crisis para poder dar una solución digna a este problema y no seguir con esta práctica que se arrastra por mucho tiempo.
A mi juicio, las autoridades sectoriales más importantes de los ministerios, de las intendencias o los jefes superiores, deben ser las mejores, y su remuneración, aunque no sea del nivel del sector privado, debe ser compatible con la más alta calidad, con mayores estudios y grado de profesionalismo.
El Presidente de la República , mediante este proyecto, va a quedar con una asignación, de carácter permanente, de 150 por ciento de su remuneración bruta; los ministros de Estado van a aumentar en 135 por ciento su remuneración; los subsecretarios, en 120 por ciento; los intendentes, en 120 por ciento, y los jefes superiores de servicio, en un 100 por ciento.
Lo importante es que se pone término a algunos subterfugios o distintas formas para incrementar la remuneración. Se establece que los jefes superiores de servicio no tendrán derecho a la asignación por desempeño de funciones críticas que beneficiará a los funcionarios de planta y a contrata que se indica, que gocen de una remuneración bruta de carácter permanente igual o superior a 4 millones 365 mil pesos.
El hecho de que lamentablemente hayamos tenido que llevar a cabo estas modificaciones en forma demasiado rápida, nos debe llamar a una profunda y gran reflexión. Quizá hubiese sido mejor buscar otros mecanismos. Pero la Oposición, después de una larga discusión, llegó al acuerdo de transparentar los gastos del Estado y las remuneraciones de su personal, y no poner objeciones mayores al Gobierno. Se va a dar un paso importante, quizá no en la mejor forma. Tal vez habría sido mejor una reforma constitucional; pero dada la urgencia o el apremio de la situación que se está viviendo en el país, a través del debate de la Comisión de Hacienda y del sostenido con el Ejecutivo , decidimos que llegó la hora de empezar a modernizar el país y no avanzar en otras materias. Porque hay funcionarios que debe buscar diversos subterfugios para obtener una remuneración digna de servidores del Estado.
Estamos para servir al Estado y no para servirnos de él; pero es importante que no seamos miopes ni pacatos en el sentido de buscar lo que podemos hacer por ley, como corresponde a países civilizados que están entrando en el mundo desarrollado.
Es importante lo que acaba de ocurrir. Me hubiese gustado extenderme mucho más respecto de lo que pasó en la Comisión de Hacienda, pero quiero dar a otros colegas la oportunidad de intervenir.
Esta es una gran lección. Aquí no podemos dejar las tareas; debemos saber realizarlas en el momento adecuado y, de una vez por todas, modernizar y transparentar el Estado.
He dicho.
El señor MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Alfonso Vargas .
El señor VARGAS .-
Señora Presidenta , he escuchado con mucha atención los discursos pronunciados en esta Sala y, en verdad, ha reinado la prudencia, el buen criterio y las ganas de corregir una situación irregular. Pero, con prudencia y buen criterio, también hay que decir las cosas por su nombre.
En primer lugar, debo expresar que este proyecto nació porque al gobierno le explotaron en la cara una serie de bombas -hablo en el sentido figurado- de las cuales conoció la opinión pública a través de la prensa.
Aquí nadie puede esconder que este proyecto nació porque el “caso coimas”, por el cual hoy están desaforados cinco diputados y el que empezó a gatillar otra serie de situaciones. Nadie puede negar que el propio ex ministro Cruz -hoy detenido- denunció el tema de los sobresueldos. Por eso estamos legislando en esta materia.
Renovación Nacional ha contribuido -hemos puesto todo nuestro empeño- para hacer una legislación que permita que de aquí en adelante las cosas se hagan bien. Pero también hemos dicho que vamos a ser inflexibles en que se reconozcan todas las responsabilidades sobre las irregularidades que han ocurrido hacia atrás.
Estamos fijando, en términos muy generales, las remuneraciones de ministros y subsecretarios; pero nada se ha dicho acerca de que, después de muchos años, recién ahora estamos dando un tratamiento a los gastos reservados, lo que debió haberse hecho hace mucho rato. Con esta iniciativa, recién ahora se empiezan a recoger observaciones que nosotros formulamos todos los años con ocasión de la tramitación de la ley de Presupuestos. Como dijo un ministro , los gastos reservados no son para cualquier cosa, sino para los fines del ministerio.
También en este proyecto de ley se indica claramente que los gastos reservados sólo podrán emplearse en los fines propios de las actividades respectivas. Hay que decirlo con claridad: no son para financiar partidos políticos ni campañas políticas u organizaciones gremiales.
Pero si se trata de legislar con transparencia y de hacer las cosas bien, que así sea. Por ello, le hemos pedido en forma reiterada al Gobierno -lo hice personalmente en la Comisión de Hacienda, y también el presidente de nuestro partido- que sincere la información. Esperamos que este proyecto se apruebe.
Sin embargo, sería impresentable para todos si mañana, pasado mañana o en los próximos días conociéramos nuevas listas de sobresueldos, lo que nos produciría una vergüenza tremenda. El Gobierno, hasta la fecha, no nos ha contestado. Ojalá que el ministro secretario general de la Presidencia , aquí presente, nos diga con total claridad si hay más sobresueldos de los que ya se han conocido o si no lo sabe, porque, al parecer, el Gobierno no lo sabe. Queremos saber qué otros escándalos como el de Gate hay en los demás ministerios. Queremos que el ministro nos diga si ése es el único caso o si hay más. Si estamos legislando sobre la materia, debemos hacerlo con total seriedad.
Más rato veremos el proyecto relacionado con las ONG. También hemos recibido información de parte del Ejecutivo que no responde absolutamente a nada. Por ello, preferiríamos que se nos dijera que no hay más información, porque lo peor sería que mañana tuviéramos que hacerle presente que nos ha mentido.
Reitero nuestra mejor disposición a que se corrija esta situación, para lo cual hemos trabajado por largas horas en muchas reuniones. Queremos, por el interés superior del país, que estas cosas se hagan bien; pero también que se asuman las responsabilidades que pudiere existir hacia atrás y que el Gobierno no siga con esto de que son sólo responsabilidades particulares o errores administrativos. Aquí ha habido negligencia y un manejo poco cuidadoso de los fondos públicos. No hablo de los sueldos, porque su aumento me parece bien, sino de los gastos reservados. Ojalá que con este proyecto y de la manera como se ha abordado el tema, también podamos subsanar esa situación en el futuro.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta , el hecho de que hoy se haya aprobado el desafuero de cinco parlamentarios y se haya negado la libertad del ex ministro Carlos Cruz , con una votación de tres a cero, nos da en la cara.
Para nosotros esta situación es dolorosa, y la Derecha no puede esquivarla. Es una cuestión de Estado. Aquí no sólo estamos detrás de una solución para blanquear un lado, sino para blanquearlo todo, para hacerlo transparente y, sobre todo, para tener la posibilidad cierta de que, al final, tendremos un país mejor en todos los sentidos.
El diputado Hales nos interpretó fielmente con lo que dijo en la Sala, porque nuestro partido se formó para recuperar el respeto a la dignidad humana, para luchar por la probidad y una distribución equitativa de la riqueza, cuestiones, además, propias de la chilenidad. Es probable que el padre o un familiar de alguno de nosotros haya sido un servidor público de gran honradez y con sentido de servicio público intachable. Los chilenos hemos sido, ante el mundo, considerados como los más probos, y eso debemos rescatarlo y tener en claro que si bien esta situación nos duele hoy, debemos transparentarla por el bien común. Entonces, no saquemos cuentas alegres ni hagamos relucir cuestiones pequeñas, porque a nosotros también, de este lado, nos hubiera gustado que los juicios relacionados con derechos humanos hubiesen sido tremendamente ágiles y estuvieran comprendidos todos los que deberían estar. Pero no queremos plantearlo hoy, porque palabras sacan palabras.
En opinión de los parlamentarios del Partido por la Democracia, la solución a que se ha llegado para transparentar los sueldos de los ministros y subsecretarios es muy mala, porque, como dijo el diputado Hales , nuestro partido quería que se reformara la Constitución Política, de manera que nosotros no estuviéramos involucrados directamente como aparecemos hoy. Cualquiera que sea la situación, si aprobamos el proyecto, al estar amarrados por el artículo 59 de la Constitución Política, a la opinión pública le parecerá que los parlamentarios, además de tener a cinco desaforados por coima, frescamente se aumentaron el sueldo. Eso es francamente inaceptable y no lo podemos permitir. Desgraciadamente, con esta solución lo que estamos haciendo es declararnos inhabilitados, porque es inaceptable, como parlamentarios, que digamos que nos vamos a subir el sueldo, pues, aunque en el proyecto se diga que no es así, las cosas son por su naturaleza y no por lo que se diga que son.
Por lo tanto, queremos recuperar con mucha fuerza lo que hizo la Presidenta de la Cámara , quien recogió este debate y presentó un proyecto de ley de manera que nosotros pudiéramos decir, con la cabeza erguida, que se transparentan las remuneraciones sin que estemos involucrados.
Como partido, queremos reivindicar que hemos sido luchadores por la probidad y que lo vamos a seguir siendo, y por eso no nos gusta este proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira .
El señor LONGUEIRA .-
Señora Presidenta , hemos sido convocados para votar un proyecto que, en términos generales, apunta en el sentido correcto. Tal vez el momento no sea el más adecuado para tramitar una iniciativa de esta naturaleza, pero lo importante es avanzar buscando soluciones a los problemas que enfrenta el país. Si alguna crítica podemos hacer es que el proyecto es tardío.
Cuando aquí se trató, hace varios años, el proyecto sobre funciones críticas del Ministerio de Obras Públicas, públicamente, en su tramitación y votación, fui absolutamente partidario de aprobarlo, a pesar de que en mi sector hubo opiniones en el sentido contrario.
Lo peor es no reconocer la realidad, y ella nos muestra que los profesionales del país tienen niveles de remuneración no acordes con la escala única de remuneraciones de la administración pública. Si el Tribunal Constitucional, finalmente, por oficio, declaró inconstitucional esa iniciativa, fue porque no había igualdad ante la ley, puesto que las mismas funciones críticas del Ministerio de Obras Públicas existen, prácticamente, en todas las reparticiones públicas, y, por lo tanto, la iniciativa se debía hacer extensiva a todos los funcionarios de la administración pública que presentaran las mismas características.
Personalmente, creo que lo peor para un país es no reconocer la realidad. Evidentemente, los cargos que van a mejorar sus remuneraciones en este proyecto son los de ministro , subsecretario, intendente y jefes superiores de servicios, con lo cual se reconoce una realidad. Para que la administración pública pueda contar con la gente más preparada, más capaz y, de alguna forma, más privilegiada, que haya accedido a niveles educacionales mayores, es muy importante considerar las remuneraciones que hoy paga el sector privado en relación con esas responsabilidades.
Me alegro de que legislemos sobre esta materia para que el Gobierno, cualquiera que sea, pueda contar, de manera legítima, con la gente más adecuada, de manera que no tenga que restarse de la administración pública mucha gente capaz por no contar con remuneraciones adecuadas. Ello, finalmente, impide que gente de derecha, de izquierda o de centro -me da lo mismo- pueda incorporarse al servicio público del país.
Cuando fui presidente de la Comisión de Hacienda , hace doce años, en reiteradas ocasiones, cada vez que se tramitó un proyecto sobre municipios, planteé que era fundamental mejorar las remuneraciones de los alcaldes. A los municipios les hemos traspasado la educación y la salud; manejan presupuestos importantes, a veces más grandes que los de muchas empresas privadas. Sin embargo, los alcaldes, que trabajan 24 horas en el servicio público, no reciben remuneraciones acordes con su responsabilidad, como los ejecutivos de las empresas privadas, que las perciben de acuerdo con el mercado.
Hace doce años que no se hace nada al respecto; tampoco en el caso de los ministros, pues el tema siempre ha sido postergado. Por ello, es oportuno, positivo y serio tratarlo ahora. Tal vez el momento y las circunstancias no son los más adecuados; pero los países deben aprender de las crisis que enfrentan. Por eso, para el bien del país, estamos legislando correctamente al reconocer y mejorar las remuneraciones de cargos del servicio público, como los de ministros, subsecretarios, intendentes y jefes superiores de servicios, sin perjuicio de que queden pendientes las iniciativas, que esperamos se tramiten en el transcurso del año, para otros cargos de la administración pública. Es parte del acuerdo que existe.
Por lo tanto, el proyecto en discusión apunta en el sentido correcto, pues no sólo permite que haya más transparencia, sino también que la gente reciba remuneraciones de acuerdo con su responsabilidad, lo cual es sano para la administración pública.
Asimismo, conjuntamente con este proyecto se tramitará la iniciativa que crea el registro de organizaciones no gubernamentales del país que reciben recursos del Estado y colaboran en la administración del mismo. Es sano y bueno para el país que se cree dicho registro de organizaciones -con el tiempo se irá perfeccionando-, las que han llegado a administrar una cantidad de recursos muy importantes y prestan colaboración al Estado en relación con la red social. A la administración pública le hace bien la existencia de dicho registro, porque permitirá que esas entidades se autocontrolen, y que los recursos de todos los chilenos, que administra el Estado y que están siendo traspasados a dichas entidades, sean fiscalizados.
Antecedentes actuales indican que esas personas jurídicas manejan un presupuesto equivalente al de los municipios del país. Por ello, todo apunta a que es razonable crear dicho registro, como asimismo es importante corregir en el tiempo los errores o las distorsiones que se hayan producido. Reitero que es sano y bueno que Chile cuente con esta iniciativa que crea un registro de todas las organizaciones no gubernamentales que reciben recursos a través de la ley de Presupuestos, al igual como lo hacen todas las organizaciones del aparato público que son fiscalizadas por la Contraloría.
Por lo tanto, la UDI va a ratificar estos dos proyectos, porque son sanos para el país, permitirán una mejor administración del Estado y que todos los profesionales puedan aspirar a cargos relevantes de la administración pública. Lo peor que le puede pasar a un país es que sus gobiernos no puedan contar con el concurso de la gente más preparada porque los niveles de ingreso no se han reconocido ni ajustado. A pesar de que en los últimos veinte o treinta años el sector público ha tenido un crecimiento enorme, el sector privado paga remuneraciones a los profesionales cuatro, cinco o diez veces mayores que el servicio público. No podemos pretender contar con ese nivel de profesionales si no adecuamos el nivel de remuneraciones.
Estos proyectos, como todos, pueden ser perfectibles, pero su idea de legislar apunta en el sentido correcto, por lo cual debiéramos haberlos tratado hace bastante tiempo. Ojalá no dilatemos también otros proyectos en el sentido de generar mejorías en las remuneraciones de otros cargos de la administración pública, que son tan importantes como aquellos sobre los cuales legislamos hoy. Espero que el año 2003 no sólo lo dediquemos a legislar sobre iniciativas para que exista mayor transparencia, sino también para que la gente reciba remuneraciones de acuerdo con sus responsabilidades, mucho más aún cuando ocupa cargos en la administración pública.
Por cierto, tengo la íntima convicción de que cualesquiera que sean los ministros, de cualquier gobierno, muchos de ellos ganarían muchísimo más en el sector privado. Como por el solo hecho de ocupar esos cargos están sirviendo al país, es lógico que puedan tener remuneraciones de acuerdo con su nivel y capacidad. Este paso apunta en esa corrección, por lo que votaremos favorablemente las dos iniciativas.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta , es cierto que estamos legislando tardíamente; pero también tardíamente algunos diputados de Oposición señalan que hoy son partidarios de una legislación que regule el tema, tal como lo establecía aquella que se presentó oportunamente en el Congreso Nacional, pero que fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se aplicó otra legislación, que viene desde los años ochenta, del tiempo de Pinochet, razón por la cual hoy está siendo juzgado el ex ministro de Obras Públicas señor Cruz, de quien tengo la más absoluta convicción sobre su probidad y buena intención en el uso de los recursos del Estado, como lo han hecho la mayoría de quienes han cumplido funciones de servicio público.
El debate sobre este proyecto no se lleva a cabo en la mejor oportunidad, porque, como lo ha mencionado la diputada Laura Soto , estamos legislando para sincerar las rentas de los ministros, vinculadas también con las de los diputados, justamente hoy, cuando la Corte Suprema ha desaforado a cinco diputados, y en momentos en que el ex ministro señor Cruz está solicitando su libertad condicional. Tampoco lo hacemos en el mejor momento, porque hoy está cuestionado todo el servicio público; además, no estamos tratando esta iniciativa de la mejor manera.
El diputado Hales , en su exposición, señaló que el mejor camino era desvincular absolutamente, con independencia, la renta de los parlamentarios de la de los ministros. No es posible que el Congreso Nacional siga votando el reajuste de remuneraciones del sector público cuando éste también afecta a los parlamentarios. No es posible que hoy vote un incremento de las remuneraciones de los ministros cuando éste también afecta a los parlamentarios. No me agrada el modo como se está resolviendo este tema. Me habría gustado que se hubiese seguido el camino de una reforma constitucional, de manera de establecer absoluta independencia entre las remuneraciones de parlamentarios y de ministros.
La Constitución de 1925 permitía a los parlamentarios, por iniciativa propia, aumentar sus remuneraciones. Sin embargo, en la Constitución de 1980 se dispuso la imposibilidad de que los parlamentarios presentaran algún proyecto de ley que irrogue gasto para el Estado, y, desde esa fecha, el Ejecutivo ha mantenido la prerrogativa exclusiva de enviar cualquier proyecto en ese sentido. De manera que el aumento de remuneraciones de los parlamentarios sólo se puede hacer mediante iniciativa del Ejecutivo. Por eso, el artículo 59 de la Carta Fundamental es absolutamente innecesario e inútil, ya que cuando se vota un aumento de remuneraciones en favor de los ministros, se obliga a incrementar la de los parlamentarios, aunque se haya acordado que no sea así. Sin embargo, la opinión pública, después de que han sido desaforados cinco parlamentarios, puede entender que el Congreso está aprobando un proyecto de ley para incrementar no sólo las remuneraciones de los ministros, sino también las de los parlamentarios.
Los parlamentarios debemos inhibirnos en las votaciones sobre materias vinculantes. Como el proyecto es absolutamente vinculante con un incremento de nuestras remuneraciones, anuncio mi abstención.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo .
El señor HIDALGO .-
Señora Presidenta , es importante hacer una aclaración respecto del artículo 59 de la Constitución, referida a la analogía que existe en cuanto a que, al incrementar los sueldos de los ministros, automáticamente se aumentan los sueldos de los parlamentarios.
En este sentido, considero que hubiese sido impresentable para el país, especialmente para los más necesitados, haber modificado la Carta Fundamental con la sola intención de separar los sueldos de los ministros y de los parlamentarios.
El Senado discute modificaciones a la Carta Fundamental desde hace más de tres años. Considero que habría resultado impresentable que hubiésemos tenido la voluntad política de cambiar el artículo 59 con la sola intención de modificar un tema para los parlamentarios. Eso es impresentable.
Por lo tanto, lo que han manifestado la diputada señora Laura Soto y los diputados señores Patricio Hales y Eugenio Tuma no tiene asidero desde ese punto de vista. Creo que es digno de análisis. Deben reflexionar en ese sentido en el momento de votar.
Quiero aportar algo distinto a esta discusión.
De los dieciséis o diecisiete puntos que existen hoy en la agenda legislativa de probidad y transparencia, a lo menos catorce fueron entregados en noviembre del año pasado por nuestro partido al Gobierno. Ha habido muy buena predisposición para acogerlos porque apuntan a temas puntuales. Es decir, en un plazo de cinco o seis meses tendremos un nuevo marco legal en relación con la agenda de probidad y transparencia. Eso es consecuencia de la buena predisposición, de la aplicación, del estudio, de la transparencia y de la iniciativa de la derecha, especialmente de Renovación Nacional.
Quiero que quede claro, porque ése ha sido el espíritu que nos mueve al tratar de sacar adelante estas iniciativas, que tienen por objeto mantener y acrecentar la calificación de transparencia favorable que el país tiene en el exterior, a pesar de las lamentables noticias que hemos conocido hoy.
No deseo ahondar más en estas dieciséis o diecisiete iniciativas que hemos presentado en relación con la administración pública. Por ejemplo, se ha hablado de los 3 mil cargos que serán proveídos mediante concurso público. Esa es otra iniciativa presentada por nosotros.
Por lo tanto, se debe destacar que el aporte de la derecha respecto de este marco legal ha sido loable.
En relación con el tema de sueldos, debo señalar que los trece diputados de la Comisión de Hacienda presentamos una indicación al artículo 3º, con el objeto de establecer que este aumento de las remuneraciones de los ministros no significaba un aumento del líquido de los sueldos nuestros, con el propósito de que la opinión pública en general, especialmente la gente vinculada al mundo político, sepa que no estamos aumentando los sueldos de los parlamentarios.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Cerrado el debate.
La votación de la iniciativa en debate se efectuará a las 16.00 horas.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de la siguiente manera:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde votar, en general, el proyecto sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno, con excepción de los artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Los artículos 1º, inciso tercero; 3º, 4º y 5º, permanentes, y el inciso penúltimo del artículo 2º transitorio, requieren para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional, es decir, 67 votos por la afirmativa.
En votación general.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaran aprobados con el mismo quórum de la votación en general los artículos 1º, con excepción de su inciso tercero; 2º, 6º, 7º y 8º, permanentes, y los artículos 1º, 2º, salvo su inciso penúltimo; 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, transitorios.
El artículo 1º, inciso tercero, requiere para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional, es decir, 67 votos por la afirmativa.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
A continuación, el señor Secretario va a dar lectura a una indicación de Hacienda al artículo 3º, la cual también requiere quórum de ley orgánica constitucional.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La indicación tiene por finalidad agregar en el artículo 3º, a continuación de la expresión “Subsecretaría de Guerra”, la siguiente: “Fuerzas Armadas”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el resto de los artículos con la votación anterior.
Aprobados.
El artículo 4º requiere quórum de ley orgánica constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El artículo 5º requiere quórum de ley orgánica constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora PÉREZ ( doña Lily ).-
Señora Presidenta , le pido que por favor agregue mi voto.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Muy bien, señora diputada .
El artículo 2º transitorio, inciso penúltimo, requiere quórum de ley orgánica constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Aprobado en general y en particular el proyecto.
CREACIÓN DE REGISTROS DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Carlos Hidalgo.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3176-05, sesión 35ª, en 17 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 12, de esta sesión.
-Certificado complementario de la Comisión de Hacienda. Documentos de la cuenta Nº 14, de esta sesión.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor HIDALGO .-
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.818, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tuvo su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , calificada de “discusión inmediata” para su tramitación legislativa.
Esta iniciativa fue presentada por cinco diputados de Renovación Nacional, entre los cuales figura quien habla, y su Excelencia el Presidente de la República le dio el patrocinio.
Los artículos 1º, 3º y 4º deben aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional por incidir en materias de la ley orgánica de Municipalidades.
Entre las disposiciones o indicaciones rechazadas, puedo mencionar el párrafo segundo del artículo 2º de la indicación del Ejecutivo y la última parte del artículo 8º.
En cuanto a las disposiciones aprobadas por unanimidad, se puede citar todo el articulado que no fue objeto de rechazo.
Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, los señores Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda ; José Miguel Insulza , ministro del Interior ; Mario Fernández , ministro secretario general de la Presidencia ; Heraldo Muñoz , ministro secretario general de Gobierno ; Mario Marcel , director de Presupuestos ; Alberto Arenas , subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, y los asesores señores Julio Valladares y Eduardo Azócar .
Concurrieron también la señora Ana María de la Jara , presidenta de la Asociación Chilena de ONG, y el señor Francisco Estévez , coordinador del Fondo de la Sociedad Civil.
Las ideas matrices y fundamentales del proyecto consisten en crear un Registro Central de Colaboradores del Estado , a cargo de la Subsecretaría de Hacienda , y registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, a cargo de la entidad administrativa correspondiente, como requisito habilitante para acceder a dichos recursos, propósito que se enmarca dentro de la Agenda pro Transparencia.
Como antecedentes generales, según el mensaje, el proyecto recoge una moción de los diputados señores Alberto Cardemil , Alfonso Vargas , Carlos Hidalgo y las diputadas señoras María Pía Guzmán y Lily Pérez relacionada con la materia.
Esta regulación se sumaría a la que, en la actualidad, se aplica a los distintos organismos que postulan y reciben fondos públicos provenientes de la ley de Presupuestos de la Nación. Por ejemplo, en materia de ONG, la regulación de la percepción y uso de fondos públicos se viene estableciendo desde 1996 en la ley de Presupuestos de la Nación. Dicha regulación tiene los siguientes elementos.
En primer lugar, debe identificar el uso y destino de dichos fondos.
En segundo lugar, quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República respecto a rendición de cuentas.
Por su parte, el órgano de administración que apruebe la entrega del aporte debe identificar el objeto del mismo, señalando el destino final: inversiones, remuneraciones u otros gastos de operación.
En la ley de Presupuestos se establece que el órgano que entregue el aporte debe requerir el balance y los estados financieros de las ONG. También un informe de la ejecución de las actividades y la nómina de sus directivos, copia de los cuales deben remitirse por las respectivas instituciones públicas a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
Las agrupaciones que revisten la naturaleza de corporaciones fundaciones quedan sujetas a la fiscalización que ejerce el Ministerio de Justicia. Dicha regulación implica la entrega de una memoria y de un balance anual.
Como antecedentes presupuestarios o financieros, puedo citar el informe elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha 13 de diciembre de 2002, que señala que la aplicación de la iniciativa irrogará un mayor gasto fiscal de 100 millones de pesos para el año 2003 y de 50 millones de pesos para el año 2004, derivados de las necesidades de infraestructura, apoyo técnico y compra de servicios necesarios para su implementación. El financiamiento durante el año 2003 se hará con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Hacienda y, en lo que faltare, mediante reasignaciones con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público de la ley de Presupuestos para esa anualidad.
Respecto de la discusión y votación en general del proyecto, debo informar que en el debate habido en la Comisión, el señor José Miguel Insulza , ministro del Interior , recordó que, junto con presentarse la iniciativa sobre remuneraciones de las autoridades (boletín Nº 3.171-05), el Gobierno recibió la solicitud de varios diputados para que se presentara un proyecto de ley con el objeto de crear un registro nacional de organizaciones no gubernamentales que reciben recursos públicos.
Precisó que las transferencias de recursos tienen diversos mecanismos, como donaciones y franquicias tributarias.
Explicó que en el proyecto de ley se propone crear un Registro Central de Colaboradores del Estado , a cargo de la Subsecretaría de Hacienda y registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, a cargo de la entidad administrativa correspondiente, como requisito habilitante para acceder a dichos recursos.
Hizo notar que en el caso de las agrupaciones que revisten la naturaleza de corporaciones o fundaciones, quedan sujetas a la fiscalización que ejerce el Ministerio de Justicia.
Destacó que la creación de los registros servirá de requisito habilitante para postular y percibir fondos públicos.
En primer lugar, se define el concepto de transferencias, las que deben ser subvenciones, es decir, dineros entregados por el Estado con cargo a la ley de Presupuestos, a fondo perdido, o sea, sin la obligación de devolución.
En segundo lugar, debe tratarse de subvenciones a personas jurídicas. En consecuencia, quedan excluidas las personas naturales como receptoras de fondos.
Explicó que la inscripción de la persona jurídica receptora en el respectivo registro produce los siguientes efectos:
En primer lugar, la entidad queda habilitada para recibir recursos o franquicias. La persona que reciba fondos públicos y que no esté inscrita, debe devolverlos reajustados, más el interés máximo convencional.
En segundo lugar, la institución receptora de la transferencia debe mantener actualizada toda la información relativa a ella que se encuentre en el respectivo registro.
Señaló que, por su parte, el registro contendrá la información relativa a la individualización de la entidad respectiva, su área de especialización, su naturaleza jurídica y sus antecedentes financieros. También deben consignarse las actividades, trabajos o comisiones que se le encarguen por parte del Estado, los recursos públicos recibidos y el resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de la República, cuando corresponda.
Destacó que el principio de publicidad se hará efectivo, ya que cualquier persona podrá solicitar la información contenida en el registro al órgano encargado.
Detalló que las instituciones públicas que efectúan transferencias deberán establecer los registros correspondientes durante el curso del año 2003. Por su parte, el registro central que lleve la Subsecretaría de Hacienda deberá encontrarse consolidado al 1 de julio de 2004. Para tal efecto, los órganos de la administración y las entidades que recibieron fondos deberán enviar a la Subsecretaría de Hacienda , en el primer trimestre de 2004, las bases de datos con que cuenten respecto de la información histórica de los años 2001, 2002 y 2003, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de Hacienda para requerir información a los órganos públicos.
Por último, indicó que, durante el transcurso del año 2003, se aplicarán las normas actualmente vigentes para dicha anualidad, y sólo a contar del 1 de enero de 2004 se hará plenamente exigible la habilitación de la inscripción correspondiente en los registros.
El señor Francisco Estévez hizo presente que el término ONG fue incorporado explícitamente en el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas, quedando asociadas al orden internacional humanitario que surge en el mundo luego de concluida la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se dedicaron a contribuir al desarrollo humano de los países en materia de democracia, sustentabilidad ambiental, equidad social, defensa de los derechos humanos, entre otros. Este trabajo, por definición, no es gubernamental ni antigubernamental.
A partir de los años 90, todas las ONG en Chile tienen la personalidad jurídica de corporación o fundación. Las ONG están por la transparencia, apoyan el proyecto. La habilitación de los registros es un paso positivo.
Afirmó también estar dispuesto a contribuir a la creación de los registros públicos poniendo a disposición de la autoridad toda la información con que cuentan sus organizaciones.
La señora Ana María de la Jara sostuvo, en primer lugar, su disconformidad por la forma y oportunidad en que han aparecido las ONG en la agenda legislativa. Efectivamente, ha resultado equívoco y lesivo para el conjunto de las ONG chilenas, conformado principalmente por corporaciones y fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro y con finalidades de interés público, que se haya considerado legislar sobre ellas a propósito del debate sobre probidad y transparencia que ha afectado a instituciones gubernamentales.
En principio le parece pertinente y necesario crear un registro público de organizaciones privadas, por razones de transparencia y confiabilidad pública.
Con todo, cree importante que se establezca un registro especial de entidades asignatarias de donaciones asociadas a franquicias tributarias.
El proyecto en cuestión denomina a las entidades sujetas a registro como colaboradoras del Estado. Dicha denominación la consideramos restrictiva, ya que ubica implícitamente la misión de estas instituciones en función de la gestión estatal. Debido al carácter de ellas su misión está focalizada hacia el desarrollo social e iniciativa de interés público, emanen éstas del Estado o de la propia sociedad civil.
Puesto en votación general, el proyecto fue aprobado por unanimidad.
En relación con la discusión y votación en particular del proyecto, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 1º del proyecto se establece que los órganos y servicios públicos incluidos en la ley anual de Presupuestos de la Nación que efectúen transferencias deberán llevar un registro de las personas jurídicas receptoras de dichos fondos.
En el inciso segundo se señala que en el caso de las entidades que reciban fondos públicos con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, la obligación corresponderá a la institución que apruebe la transferencia o que sancione la asignación de los fondos correspondientes.
En el inciso tercero se precisa que igual obligación regirá respecto de las instituciones que autorizan donaciones o franquicias tributarias.
En el inciso cuarto se señala que, en todo caso, deberán registrarse las entidades susceptibles de recibir recursos públicos contemplados en la ley de Presupuestos de la Nación o aquellas con derecho a crédito fiscal reguladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.985, en el artículo 69 de la ley Nº 18.681, en el artículo 3º de la ley Nº 19.247 y en el párrafo 5º del Título IV de la ley Nº 19.712.
El Ejecutivo formuló dos indicaciones a este artículo: la primera para reemplazar, en su inciso primero, las palabras “personas jurídicas” por el vocablo “entidades”. La segunda para agregar el siguiente inciso quinto: “Asimismo, deberán registrarse las personas jurídicas o naturales que efectúen la donación correspondiente”.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar, en su primer inciso, encabezándolo, la frase “Los municipios y”, pasando la expresión “Los órganos” a ser “los órganos”.
Puesto en votación el artículo, con las indicaciones precedentes, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 2º se determina que, para los efectos del proyecto, se entenderá por transferencias las subvenciones a personas jurídicas, sin prestación recíproca en bienes o servicios y, en especial, subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos; sea que los recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales y otras de similar naturaleza, todo esto según se determine en el reglamento.
El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar este artículo por el siguiente:
“Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por transferencias las subvenciones a personas jurídicas, sin prestación recíproca en bienes o servicios y, en especial, subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos; sea que estos recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales, o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales, y otras de similar naturaleza, todo esto según se determine en el reglamento. También se entenderá por transferencias las subvenciones que se efectúen a entidades sin personalidad jurídica que, en todo caso, por prestar servicios importantes a la comunidad, estén habilitadas para percibir fondos públicos”.
Puesta en votación la indicación anterior, se solicitó votación separada de su último párrafo, siendo éste rechazado por unanimidad. El resto del artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 3º se contempla que quedan facultados y obligados a establecer registros, por el ministerio del proyecto, los órganos y servicios del Estado que asignen recursos de carácter público, en los que se clasificará, acreditará y proporcionará información pública sobre la existencia, antecedentes de constitución y funcionamiento de las entidades favorecidas, conforme al reglamento, que deberá dictarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la fecha de publicación de este cuerpo legal.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar, a continuación de la palabra “reglamento”, las expresiones “u ordenanza respectiva”, y reemplazar la palabra “deberá” por “deberán”.
Sometido a votación el artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 4º se preceptúa que en los registros se incorporará la información relativa a la individualización de las entidades mencionadas en el proyecto, su área de especialización, su naturaleza jurídica y sus antecedentes financieros.
En el inciso segundo se dispone que deberán consignarse también las actividades, trabajos o comisiones que se hayan encargado por parte del Estado; los recursos públicos recibidos y el resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de la República, cuando corresponda.
El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar en el inciso segundo las palabras “del Estado” por “de las entidades públicas y municipios”. Se acordó, asimismo, agregar, en el mismo inciso, a continuación de la palabra “República”, las expresiones “y otros órganos fiscalizadores”.
Sometido a votación el artículo con la modificación e indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 5º se previene que las instituciones receptoras de transferencias o donaciones deberán mantener actualizada la información a que se refiere el artículo anterior.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar la palabra “mensualmente”, a continuación de la palabra “actualizada”.
Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 6º se estipula que a las entidades a las que se refiere el proyecto sólo se les podrá entregar recursos fiscales o conseguir franquicias tributarias una vez que se encuentren inscritas en el registro correspondiente y, en todo caso, únicamente a partir de la vigencia señalada en el artículo 1º transitorio.
En el segundo inciso se señala que a los funcionarios públicos que otorgaren recursos públicos a entidades no inscritas en los registros que se establecen, se aplicará la sanción que corresponda, de acuerdo al estatuto administrativo que lo rija.
En el inciso tercero se dispone que las entidades no inscritas en el registro correspondiente que reciban recursos públicos, deberán devolverlos reajustados con el interés máximo convencional.
El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar, en el inciso primero, la expresión “recursos fiscales” por “recursos públicos”.
Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 7º se faculta al Ministerio de Hacienda para dictar las normas e instrucciones por las que deberán regirse los registros antes mencionados y establecer la forma en que deberán uniformarse los datos provenientes de las diversas entidades a que se refiere el proyecto, los que incorporará en su propia base de datos.
En el inciso segundo se preceptúa que dicha Secretaría de Estado estará facultada para requerir información de los órganos y servicios públicos antes citados, y para constituir un Registro Central de Colaboradores del Estado , que será llevado por la Subsecretaría del ministerio referido.
En el inciso tercero se contempla que un reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, establecerá lo relacionado con la organización, coordinación y gestión de los registros mencionados en el proyecto. En todo caso, el reglamento podrá establecer sistemas simplificados para instituciones de menor tamaño.
El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar su inciso final por el siguiente:
“El reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, establecerá lo relacionado con la organización, coordinación y gestión de los registros mencionados en el artículo 1º de esta ley. En todo caso, el reglamento podrá establecer sistemas simplificados para las entidades que anualmente perciban transferencias de la fuente correspondiente inferiores a su equivalente en pesos de 500 Unidades Tributarias Mensuales”.
A propósito de este artículo, el señor Alberto Arenas explicó que en él se establece el registro central de la información que proporcionarán los organismos y servicios públicos incluidos en la ley de Presupuestos que efectúen transferencias a personas jurídicas receptoras de dichos fondos.
Al respecto, añadió que, al incluirse a los municipios en esta disposición, habría que adecuar la normativa, puesto que no les sería aplicable. Hizo hincapié en que el registro será llevado por la Subsecretaría de Hacienda, por lo que no le correspondería manejar antecedentes que no dicen relación con los organismos que forman parte de la administración central. En este caso, se refería al municipio.
Luego de un variado intercambio de opiniones acerca de la mejor alternativa posible, se sugirió que el registro centralizado de la información de los municipios podría ser llevado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
El diputado Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión, propuso dejar pendiente el artículo en espera de que el Ejecutivo presentara una indicación que recogiera los planteamientos que sobre el particular se han efectuado.
Por su parte, el diputado Montes, don Carlos , sugirió que, sin perjuicio de la disposición genérica contenida en la ley orgánica de la Contraloría General de la República, podría contemplarse en este proyecto de ley una norma específica que facultara a dicho órgano para fiscalizar la información del registro central.
El señor Arenas argumentó que si se trata de agregar una función adicional a las actualmente contempladas en la ley orgánica de la Contraloría General de la República, habría que estudiar la factibilidad de ello, lo que no sería necesario en el caso de que se tratara de una simple reiteración de facultades que ya tiene.
El diputado Montes sostuvo que existen diversas “áreas grises” en que la Contraloría General de la República está impedida de fiscalizar. A su juicio, en el caso de los recursos de que trata esta iniciativa, debieran, sin lugar a dudas, ser sometidos a la fiscalización de dicho ente.
El señor Mario Fernández recordó que cuando se debatió el proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de la Contraloría General de la República, en la etapa correspondiente al Senado, hubo una extensa discusión en cuanto a si dicho ente podría o no inmiscuirse en cuestiones relativas a la gestión del Gobierno y cuándo se estaría en presencia de esa situación. En su opinión, no habría objeción en cuanto a que la Contraloría General de la República fiscalizara este tipo de información. El señor Fernández anunció una indicación sobre esta materia.
El diputado Lorenzini, don Pablo , propuso realizar una sesión especial el próximo día martes -hoy-, antes de la sesión de la Sala, a efectos de discutir las indicaciones pendientes. Eso fue llevado a cabo, por lo que informaré al final.
En consideración a que el tema debió ser consultado a nivel de Ejecutivo , se acordó dejar pendiente la votación del artículo 7º, por lo que se omite del texto aprobado por la Comisión.
En el artículo 8º se dispone que cualquier persona podrá solicitar, tanto a las entidades que lleven registros sectoriales como a la Subsecretaría de Hacienda , la información contenida en el respectivo registro, la que será pública en los términos establecidos en los artículos 13 y 14 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Puesto en votación este artículo, se solicitó votación separada respecto de la frase “en los términos establecidos en los artículos 13 y 14 de la ley Nº 18.575, orgáni-ca constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, la que fue rechazada por unanimidad. El resto de los artículos fue aprobado por unanimidad.
Conforme al artículo 1º transitorio, las instituciones y entidades a que se refiere el proyecto deberán establecer los registros correspondientes en el curso del año 2003.
En el inciso segundo se precisa que durante el transcurso de dicho año, se aplicarán las normas actualmente vigentes para dicha anualidad. En consecuencia, las instituciones estatales incluidas en la ley de Presupuestos sólo otorgarán fondos o franquicias a las entidades señaladas en el artículo 1º, que cuenten con la inscripción correspondiente, a contar del 1 de enero de 2004.
El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar este artículo por el siguiente:
“Artículo 1º transitorio.- Las instituciones a que se refiere esta ley, deberán establecer los registros correspondientes en el curso del año 2003, en base a las transferencias que se efectúen en dicho año”. “La información de dicho registro deberá estar disponible a través de los medios electrónicos.
“Sin embargo, el requisito establecido en el artículo 6º para entregar recursos públicos o conceder franquicias tributarias regirá sólo a contar del 1 de enero de 2004”.
Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad.
En el artículo 2º transitorio se dispone que el registro central que llevará la Subsecretaría de Hacienda deberá encontrarse consolidado el 1 de julio de 2004.
En el inciso segundo se precisa que, con tal objeto, las entidades a que se refiere esta iniciativa deberán enviar a la Subsecretaría de Hacienda las bases de datos con que cuenten, en que conste la información histórica de los años 2001, 2002 y 2003.
En el inciso tercero se estipula que los órganos y servicios públicos, cualquiera sea su naturaleza, que cuenten con la información respectiva, y las entidades particulares a que afecta el proyecto, serán responsables.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
El Ejecutivo formuló una indicación para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:
“Artículo 4º transitorio.- Sin perjuicio de las normas especiales de vigencia establecidas en este cuerpo legal, la presente ley entrará en vigor dentro de 90 días de publicada en el Diario Oficial.”.
Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
Conclusión.
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que daré a conocer oportunamente en mi calidad de diputado informante, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del proyecto.
“Proyecto de ley.
“Artículo 1º.- Los municipios y los órganos y servicios públicos incluidos en la ley anual de Presupuestos de la Nación y los municipios que efectúen transferencias, deberán llevar un registro de las entidades receptoras de dichos fondos.
“En el caso de las entidades que reciban fondos públicos con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, la obligación corresponderá a la institución que apruebe la transferencia o que sancione la asignación de los fondos correspondientes.
Igual obligación regirá respecto de las instituciones que autoricen donaciones o franquicias tributarias.
En todo caso, deberán registrarse las entidades que sean susceptibles de recibir recursos públicos contemplados en la ley de Presupuestos de la Nación o aquellas con derecho a crédito fiscal reguladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.985, en el artículo 69 de la ley Nº 18.681, en el artículo 3º de la ley Nº 19.247, y en el párrafo 5º del Título IV de la ley Nº 19.712.
Asimismo, deberán registrarse las personas jurídicas o naturales que efectúen la donación correspondiente.
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por transferencias las subvenciones a personas jurídicas, sin prestación recíproca en bienes o servicios, y en especial, subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos; sea que estos recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales, o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales, y otras de similar naturaleza, todo esto según se determine en el reglamento.
Artículo 3º.- Quedan facultados y obligados a establecer registros, por el ministerio de esta ley, los órganos y servicios del Estado que asignen recursos de carácter público, en los que se clasificará, acreditará y proporcionará información pública sobre la existencia, antecedentes de constitución y funcionamiento de las entidades favorecidas, conforme al reglamento u ordenanza respectiva, que deberán dictarse dentro del plazo de ciento veinte días contado desde la fecha de publicación de este cuerpo legal.
Artículo 4º.- En los registros se incorporará la información relativa a la individualización de las entidades mencionadas en esta ley, su área de especialización, su naturaleza jurídica, y sus antecedentes financieros.
Deberán consignarse también las actividades, trabajos o comisiones que se hayan encargado por parte de las entidades públicas y municipios; los recursos públicos recibidos y el resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de la República y otros órganos fiscalizadores, cuando corresponda.
Artículo 5º.- Las instituciones receptoras de las transferencias o donaciones deberán mantener actualizada mensualmente la información a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 6º.- A las entidades a las que se refiere esta ley sólo se les podrá entregar recursos públicos o conceder franquicias tributarias una vez que se encuentren inscritas en el registro correspondiente y, en todo caso, únicamente a partir de la vigencia señalada en el artículo transitorio primero.
Se aplicará a los funcionarios públicos que otorgaren recursos públicos a algunas de las entidades a que se refiere esta ley no inscrita en los Registros que se establecen, la sanción que corresponda de acuerdo al estatuto administrativo que lo rija.
Por su parte, las entidades no inscritas en el registro correspondiente que reciban recursos públicos, deberán devolverlos reajustados con más el interés máximo convencional”.
El artículo 7º está pendiente. Por tanto, le daré lectura a continuación del informe.
“Artículo 8º.- Cualquier persona podrá solicitar, tanto a las entidades que lleven registros sectoriales como a la Subsecretaría de Hacienda , la información contenida en el respectivo registro, la que será pública.
Artículo 1º transitorio.- Las instituciones a que se refiere esta ley, deberán establecer los registros correspondientes en el curso del año 2003, en base a las transferencias que se efectúen en dicho año. La información de dichos registros deberá estar disponible a través de medios electrónicos.
Sin embargo, el requisito establecido en el artículo 6º para entregar recursos públicos o conceder franquicias tributarias regirá sólo a contar del 1 de enero de 2004.
Artículo 2º transitorio.- El registro central que llevará la Subsecretaría de Hacienda deberá encontrarse consolidado al 1 de julio de 2004.
Los órganos y servicios públicos, cualquiera sea su naturaleza, que cuenten con la información respectiva, y las entidades particulares a que afecta esta ley, serán responsables de remitir a la Subsecretaría mencionada dicha información dentro del primer trimestre del año 2004.
Artículo 3º transitorio.- El financiamiento del mayor gasto que irrogue esta ley durante el año 2003 se hará con cargo al presupuesto de las reparticiones correspondientes, de la ley de Presupuestos para dicha anualidad.
Artículo 4º transitorio.- Sin perjuicio de las normas especiales de vigencia establecidas en este cuerpo legal, la presente ley entrará en vigor dentro de 90 días de publicada en el Diario Oficial.”.
Acordado en las sesiones de 18 de diciembre, 7, 8 y 9 de enero de 2003, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini , Alvarado , Álvarez , Cardemil , Guzmán , señora Pía ; Vargas , Dittborn , Escalona , Hidalgo , Jaramillo , Lagos, Ortiz , Silva , Tohá , señora Carolina , y Von Mühlenbrock .
A continuación, voy a dar lectura al artículo 7º, cuyo texto fue reemplazado por el siguiente:
“Artículo 7º.- El Ministerio de Hacienda deberá dictar las normas e instrucciones por las que deberán regirse los registros antes mencionados y establecerá la forma en que deberán uniformarse los datos provenientes de las diversas entidades a que se refiere esta ley, los que incorporará en su propia base de datos.
Dicha Secretaría de Estado estará facultada para requerir información de los órganos y servicios públicos antes citados, excluidas las municipalidades, para constituir un registro central de colaboradores del Estado, que será llevado por la Subsecretaría del Ministerio referido.
El reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, establecerá lo relacionado con la organización, coordinación y gestión de los registros mencionados en los incisos anteriores de este artículo. En todo caso, el reglamento podrá establecer sistemas simplificados para instituciones de menor tamaño.
Por su parte, con la información que proporcionen los municipios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dependiente del Ministerio del Interior, deberá establecer un régimen central de colaboradores de las municipalidades. Se aplicará a los funcionarios municipales que otorgaren recursos de esas corporaciones a entidades no inscritas en los registros municipales y el central de municipalidades, la sanción que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Además, las entidades no inscritas en el registro correspondiente que recibieren recursos municipales, deberán devolverlos reajustados más el interés máximo convencional.
“La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dictará el reglamento necesario para la adecuada organización y operación del registro a su cargo.”.
Indicación al artículo 8º.
“Para reemplazar este artículo de la siguiente forma:
Artículo 8º.- Cualquier persona podrá solicitar, tanto a las entidades que llevan registros sectoriales o municipales, como a la Subsecretaría de Hacienda o a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la información contenida en el respectivo registro, la que será pública”.
Artículos nuevos.
Artículo 9º.- Todos los registros a que se refiere la presente ley deberán encontrarse a disposición de la Contraloría General de la República, con el propósito de facilitar la fiscalización que le corresponde ejercer”.
“Artículo 10º, nuevo.- Los Ministerios de Hacienda y del Interior deberán celebrar convenios para que, a través de los medios electrónicos, se pueda intercambiar la información contenida en sus respectivos registros.”.
Indicación al artículo segundo transitorio:
Para reemplazar su texto por el siguiente:
“Artículo 2º transitorio.- Los registros centrales a que se refiere esta ley deberán encontrarse consolidados el 1 de julio de 2004.
Los órganos y servicios públicos cualquiera sea su naturaleza, que cuenten con la información respectiva, y las entidades particulares a que afecta esta ley, serán responsables de remitir a la Subsecretaría de Hacienda dicha información, dentro del primer trimestre del año 2004.
La misma obligación tendrán las municipalidades y entidades particulares, en su caso, de enviar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo la información correspondiente, en el plazo señalado en este inciso”.
La Comisión acordó que los artículos 7º, 8º y artículo 2º transitorio son normas de carácter orgánico constitucional.
Se acordó, además, que el informe se emitiera en forma verbal directamente en la Sala.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señora Presidenta, valoro la forma en que el proyecto ha sido despachado por la Comisión.
Anuncio mi voto favorable y el de toda mi bancada.
Este debate no es nuevo, ya que hace seis o siete años hubo uno similar sobre esta materia, el cual dio origen al artículo 17 de la ley de Presupuestos, vigente durante siete años y que en este último fue retocado. En lo fundamental establece: todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley -de Presupuestos- deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a las instrucciones impartidas por dicho organismo respecto a la rendición de cuentas.
Los órganos y servicios públicos, a través de cuyos presupuestos se efectúen transferencias a corporaciones y fundaciones, identificadas expresamente en el ítem o asignación respectiva de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance y los estados financieros del ejercicio de las respectivas entidades, un informe de la ejecución de las actividades o programas acordados, la nómina de su directorio, así como la de sus ejecutivos superiores y otros aspectos.
¿Qué es lo nuevo que viene en el proyecto? Primero, se crea un registro amplio que tiene que ver con todas aquellas transferencias que se realizan desde el sector público al privado y que, como dijo el ministro señor Insulza en el debate que se llevó a cabo en la Comisión, no sean parte de Chile-Compra, cuestión que pediría clarificar ahora al señor ministro .
El artículo 2º del proyecto dispone que “para los efectos de esta ley, se entenderá por transferencias las subvenciones a personas jurídicas, sin prestación recíproca en bienes y servicios”, concepto que es bastante genérico y amplio.
En la Comisión se concordó en que esto se refiere a que por transferencia se entiende todo aquello que no es propiamente parte de los registros de Chile-Compra que está llevando el Estado y que se está regulando en un proyecto que se discute en el Senado en segundo trámite constitucional.
Si es así, se trata de una ampliación muy grande a todo el conjunto de los recursos de lo que originalmente concebía en esta materia el artículo 17 de la ley de Presupuestos. Esto significa que están todas las corporaciones, fundaciones, consultoras y sociedades de responsabilidad limitada que prestan distintos servicios de esta naturaleza.
Del total de recursos del Fosis, durante el año 2002 fueron transferidos a sociedades de responsabilidad limitada el 43,7 por ciento y sólo el 28 por ciento a corporaciones y fundaciones; a las municipalidades el 10 por ciento y a las sociedades anónimas el 3,3. Ahora, si revisamos los antecedentes del Sence, fueron transferidos a sociedades de responsabilidad limitada el 54,1 por ciento, a sociedades anónimas el 18 por ciento y, en este marco, a las corporaciones y fundaciones fueron transferidos sólo el 9,9 por ciento.
Es importante también considerar todas aquellas entidades que reciben transferencias vía donaciones en virtud de cualquier iniciativa. Por ejemplo, según datos de 2002, las universidades e institutos profesionales recibieron 24 mil millones, que serán sujetas al registro y a los sistemas de control que contiene; 3 mil 945 millones de pesos fueron destinados a fundaciones y corporaciones culturales y 5 mil 132 millones a instituciones educacionales. Faltan las donaciones que ahora vienen para el deporte y que están recién implementándose.
En consecuencia, estamos hablando de treinta y tantos mil millones de pesos, vía donaciones, que quedarán dentro del registro y, por lo tanto, sujetos a todo el sistema que éste contiene. Esto lo queremos valorar, porque es importante considerar no sólo el proyecto directo, sino también un conjunto de otras transferencias que realiza el Estado.
Rechazo la intención original del proyecto, que partía considerando a las ONG como un demonio. Se dijo que se les transferían 1.500 millones de dólares, cosa que nunca ha demostrado nadie ni tampoco se desprende del control que se les hace de conformidad al artículo 17 de la ley de Presupuestos. Esa cifra es totalmente desproporcionada e inflada. Nunca se ha establecido un concepto claro respecto de qué organizaciones estamos hablando. Por definición internacional los bomberos, la cruz roja, los rotarios y un conjunto de otras instituciones también son considerados como ONG.
Rechazo la campaña orientada a estigmatizar a las ONG que ha desencadenado un sector de la Derecha, particularmente el ex senador Sebastián Piñera y otros miembros de Renovación Nacional.
Aquí se inventa un monstruo, se busca demonizar a un tipo de institución. Ha sido una verdadera operación de exterminio de imagen orientada a caricaturizarla y decir que son un demonio y que por ahí se roban los recursos. Si alguien sabe que se han usado para un destino distinto del cual fue asignado a una ONG debe denunciarlo. Comete delito, tanto el que lo orientó de una mala manera como aquel que, sabiéndolo, no realiza la denuncia correspondiente, especialmente si se trata de un parlamentario.
Aquí se abusó de distintas posibilidades de expresión para caricaturizar este sector. Las ONG son muchas y variadas. Son parte de la riqueza de un país, y así se entiende desde el punto de vista de distintas definiciones internacionales y dentro de un concepto moderno de sociedad civil. Distintos grupos se van organizando para cumplir ciertos objetivos de bien común, accediendo a recursos públicos, privados, nacionales e internacionales.
Las ONG juegan un papel importante, ya sea en políticas sociales o de capacitación. Aprovecho de recordar a algunos señores que la Fundación Futuro, que entiendo preside el señor Piñera , también es una ONG, o la Fundación La Vaca, que a estas alturas no sé qué toro la preside, pero que para estos efectos es también una ONG, un organismo no gubernamental.
Estas instituciones, a las cuales se quiere caricaturizar, son aquellas que fueron muy decisivas en los años de dictadura, por cuanto ayudaron a formar y a agrupar gente para defender los derechos humanos y a muchas otras cosas. Se caricaturiza a partir del rol que ellas cumplieron en la historia. Sin embargo, creo que sería importante tener una visión un poco más amplia y generosa.
Insisto: si se sabe de alguna que ha cometido irregularidades, la responsabilidad de quien lo sabe es hacer la denuncia, porque ese tipo de situaciones se puede controlar en virtud del artículo 17 de la ley de Presupuestos.
Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de que el conjunto de las transferencias del sector público al privado, que no estén en Chile-Compra, que es el concepto que se ha concordado con el Gobierno, sea incorporado en la agenda de probidad. Se trata de dar mucha más transparencia y fiscalización a todos los dineros públicos, no sólo a los que planteaba el proyecto original de Renovación Nacional, que se limitaba a repetir lo establecido en la ley de Presupuestos, sin aportar nada nuevo.
Queremos transparencia sobre los dineros públicos, porque pertenecen a toda la sociedad. Por lo tanto, todos los destinos deben ser controlados. Para eso, debe haber organismos que lo puedan hacer, lo que debe comenzar por existir un registro transparente y abierto al respecto.
El proyecto tiene algunas insuficiencias, que espero se puedan corregir. Es importante que exista el registro de todos los organismos privados que cooperan de esta manera con el Estado. También es importante que los municipios se hayan incorporado en el debate de la Comisión, por cuanto no estaban considerados, creándose un sistema propio de centralización de la información municipal, pero sujeta a las normas que establezca el Ministerio de Hacienda. Si no existe compatibilidad entre los sistemas de información, puede haber una gran dispersión de esfuerzo.
Eso es muy valioso, pero junto al registro también tiene que haber sistemas de contabilidad muchos más claros. Sé que hay normas de cuenta, pero se podría interpretar que la Contraloría tiene facultades para que todas estas entidades que reciben recursos públicos tengan un sistema de contabilidad abierta y transparente, con sistemas de balance y de flujo, claramente controlables. Espero que eso sea así. Pero lo que no queda contemplado en el proyecto es la posibilidad de que la Contraloría tenga un control pleno de todas las transferencias del sector público al privado. Existe un conjunto de recursos que no tienen control, que es el caso, por ejemplo, de las corporaciones culturales. La propia Contraloría considera que hay una norma que le impide controlarlas. Por ejemplo, en las corporaciones municipales de educación y salud, la Contraloría puede fiscalizar lo que se refiere fundamentalmente a aspectos de la educación, pero no así las remuneraciones de su personal.
Ese organismo no tiene facultades para controlar, por ejemplo, las donaciones en aquella parte que no tiene que ver con el donante, sino con el receptor de la donación. Ésta, en ocasiones -así ocurre con las universitarias-, es pagada con becas o con otras formas de retribución. En el fondo, más que una manera de agregar aportes privados a los fondos públicos es una manera de no pagar impuestos.
El principio matriz es que los recursos públicos son de toda la sociedad. Por su parte, el Estado debe contar con instrumentos para fiscalizar, y la Contraloría disponer de facultades para saber qué pasa con esos recursos. Esto se habría resuelto con facilidad agregando en la parte final del artículo 9º, nuevo, que “todos los registros a que se refiere la presente ley deberán encontrarse a disposición de la Contraloría General de la República con el propósito de facilitar su fiscalización”. La idea era entregar una facultad total a ese organismo y no sólo sobre aquello que le corresponde ejercer. Ello, por cuanto existen dudas respecto de los recursos que la Contraloría debe fiscalizar.
Hace una semana se pidió a Hacienda que estudiara esta posibilidad. Lamentablemente, una semana más tarde, la indicación regresó en los mismos términos en que fue enviada, no reparándose en el hecho de que se trataba de proporcionar a la Contraloría no sólo la facultad de fiscalizar un registro, sino que, además, transparencia y capacidad para saber qué ocurre con estos recursos públicos.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKBERG.-
Señora Presidenta , en primer lugar, considero una actitud cristiana brindar desde esta tribuna apoyo a quienes hoy, como consecuencia de distintas sanciones administrativas, disciplinarias y judiciales, están sufriendo por haber sido privados de libertad.
Hoy nos convocan dos proyectos que componen la agenda pro transparencia. Con todo, quiero ser franco: no me acompaña, como a muchos colegas, el mejor de los ánimos. Cuando uno habla de agenda pro transparencia, reconoce que está reparando una situación que no era transparente. En eso, nadie tiene dudas. Cuando uno reconoce una situación con sinceridad o admite un error y quiere enmendarlo, lo primero que se exige es un ánimo real de reparar el daño causado, como lo exige un confesor o un juez al aplicar una atenuante. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido.
Hace unos momentos, discutíamos el proyecto que busca transparentar los sueldos de funcionarios públicos. No obstante, la única versión oficial del Gobierno que hemos recibido es que aquello que se recibía en sobres no eran sueldos, sino que gastos de representación. Es decir, eran dineros que debían recibir los ministros para ejecutar en forma eficiente su cargo y que nada tenían que ver con los gastos personales propios de un sueldo, como cuentas de colegio, supermercado, etcétera. Si ello fuera cierto, no tendría sentido apoyar esta iniciativa que, lisa y llanamente, aumenta los sueldos de los ministros.
Ahora bien, también nos encontramos discutiendo un segundo proyecto que se relaciona con transparentar los dineros asignados a las ONG. No es casualidad que tratemos ambos proyectos en forma conjunta: luego de dos años y para tratar el tema de los sueldos ministeriales, fue condición estudiar, además, el proyecto que transparentaba las ONG.
Pero también quedo con gusto a poco. Hace dos años, Renovación Nacional ha venido alzando la voz por estos dineros oscuros que reciben las ONG. El diputado Montes decía hace un momento que esto era un fantasma que había inventado el presidente de mi partido, Sebastián Piñera ; que los 100 mil millones de pesos que él calculaba que se transferían a las ONG -muchos técnicos lo refrendan- no eran tales y que nunca habíamos sido capaces de probarlo. Sin embargo, el diputado Montes sabe perfectamente que si eso no ha sido capaz de probarse es porque después de dos años el Gobierno no ha enviado un solo informe y no ha contestado certeramente ningún oficio que haya recabado esa información.
Algo se está ocultando. Me alegro de que a partir de este proyecto se transparenten los actos que se llevarán a cabo de aquí en adelante, pero me entristece por Chile, por esos miles de compatriotas que confiaron en la Concertación, como un conglomerado responsable para gobernar, que no hayamos sido capaces de darles un explicación y señalar en qué se han gastado los recursos transferidos a la fecha a las ONG.
Presentamos un proyecto que incluía un inciso que obligaba a transparentar los dineros asignados a las ONG desde 2001 a 2003. ¿Qué solicitó el Gobierno? Eliminarlo. Algo se está tapando. El problema no es tener ONG, como intenta disuadir el diputado señor Montes. El pecado no se configura por el hecho de que exista la Fundación Futuro, la Fundación La Vaca o alguna asociada al Hogar de Cristo, sino por mantenerlas a fin de cumplir determinados fines, o bien por el hecho de solicitar al Ministerio de Justicia personalidad jurídica para un fin y utilizarla para otro. Esto se agrava cuando para esa utilización tergiversada se recurre a dineros públicos. Ése es el verdadero pecado que intentamos regular a través de esta iniciativa.
Me alegra el hecho de que sean los propios parlamentarios de la Concertación quienes celebren la aprobación de este segundo proyecto. Sin embargo, hemos perdido dos años. Si este proyecto lo hubiéramos aprobado en su oportunidad, no estaríamos diciendo que determinada información no existe o que no se puede entregar. Sin duda, habríamos mostrado las manos limpias al país mucho antes.
Constituye una nota positiva que estos dos proyectos finalmente hayan sido tratados. Lamentablemente y sobre el particular, no disponemos de mucha información, o bien ésta no se quiere entregar. No quiero inscribir estos dos proyectos como formando parte de una agenda pro transparencia, porque siento que cuando se deja una cortina de humo atrás, lo único de lo que no se puede hablar es de transparencia. Podemos inventar muchos proyectos de ley -éste, el de los sobresueldos y otros que vendrán a futuro como parte de la agenda pro transparencia-, pero si no inculcamos en el servicio público un ánimo real de transparentar los comportamientos, nada de esto cambiará las conductas.
Quizá, podremos transparentar los recursos de las ONG, pero si algún funcionario quiere utilizar gastos reservados -algunos ex presidentes de la República han señalado que ellos se han utilizado para financiar partidos políticos-, este proyecto no lo soluciona. En una de sus partes, el proyecto señala que no habrá prestación recíproca de bienes o servicios. Sin embargo, ya existe un caso en manos de los tribunales: el llamado “Gate”. Allí, se inventó una prestación recíproca de bienes y servicios para transferir recursos.
Respecto de los sobresueldos, es posible que el proyecto incremente las remuneraciones, pero no quiero saber en unos meses más que aun después de promulgada la ley, existan ministros o subsecretarios o empleados públicos que, además del sueldo de planta, sean beneficiarios de contratos a honorarios por funciones que ellos saben que no realizan.
Si bien es cierto que el proyecto constituye un avance en pos de la transparencia futura -no pasada-, no está todo hecho, y requerimos de una mejora en la conducta de aquellas personas que hoy tienen la responsabilidad de gobernar. Sin un cambio de conducta, ni mil leyes cambiarán estos comportamientos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta , mientras escuchaba al diputado señor Monckeberg , pensaba que nos falta más autocrítica y más señales reales de transparencia en el Congreso Nacional. Eso ha quedado demostrado hoy con el desafuero de cinco diputados de la República. Como dice el adagio, “más vale tarde que nunca”. Lo digo a propósito de que es necesario avanzar en una justicia que sea más igualitaria para todos y que cuando se cometan faltas y delitos, respondamos según las leyes que nosotros mismos creamos y apoyamos.
Lo que ha sucedido hoy es terrible, doloroso, pero una justa señal. Pienso que no necesitamos más prudencia, sino más eficiencia, responsabilidad y honestidad; que se traduzcan en señales claras, como por ejemplo, apoyando proyectos de ley como los que hoy se debaten.
Me llama la atención que nos cueste tanto ser coherentes entre el discurso y la acción política. No debería haber contradicciones como las que expresan los diputados de la Alianza Por Chile. Ha sido el Gobierno del Presidente Lagos el que ha puesto sobre la mesa el tema de la corrupción, con señales bien concretas, para enfrentar uno de los males que ataca a la sociedad toda.
No sólo el Gobierno y el Congreso están afectados por la corrupción y otros antivalores, sino también las empresas y las instituciones, en las que actúan personas. Es decir, somos todos nosotros los llamados a entregar respuestas adecuadas, en los momentos precisos, para generar las leyes que ayuden a mejorar el desarrollo del país. “La justicia a veces tarda, pero llega”, es otro refrán que responde al análisis de estos dos proyectos de ley que discutimos hoy.
Hemos sido testigos de algo realmente tremendo para quienes confiamos en un proyecto de Gobierno que de a poco ha puesto a prueba toda nuestra moral y, ciertamente, nuestras convicciones más profundas. Pero frente a la crisis debemos decir, de manera clara y enfática, que hoy más que nunca tenemos que confiar en el proyecto que nos ha congregado como Gobierno, representante de la mayoría ciudadana. Por eso y por muchas otras razones, hoy es el día en que debemos comenzar a darnos cuenta de que aun cuando existan fallas, caídas y sobresaltos, nos corresponde iniciar un nuevo compromiso, una nueva forma de unión con el Gobierno y la ciudadanía, y es en ese camino, con golpes increíbles, como los que hoy nos han dado los tribunales de justicia, que nos obligan a triplicar los esfuerzos tendientes no sólo a seleccionar a los mejores para las altas funciones del Estado, sino que también a superarnos para gobernar. Esto es lo que más nos hace sentido. Un gobierno es siempre perfectible, también las personas, pero los ideales que nos hicieron transitar por el camino que nos trajo a este hemiciclo son los que deben guiarnos en este momento de reflexión para lograr una acción política clara y de acuerdo con las exigencias ciudadanas.
Por ello nos parece bien legislar sobre estos proyectos de ley, que van dirigidos al avance necesario en la agenda pro transparencia y modernización.
Quiero hacer resaltar que mejorar las remuneraciones de altos funcionarios públicos mediante asignaciones establecidas correctamente en la ley y de acuerdo con la dignidad del cargo para tener entre nosotros a los mejores, beneficia al país. También el establecimiento de asignaciones por el desempeño de funciones críticas en ciertos órganos considerados estratégicos, que impliquen no sólo confianza, sino que también experticia técnica para que así puedan darse los objetivos perseguidos por el administrador.
Quiero destacar que toda asignación será tributable y considerada renta para los efectos legales y, por tanto, la tributación de los funcionarios que perciben las antedichas asignaciones será de todos conocida.
Igual sentido tienen los destinos de los gastos reservados. Por eso, no se nos debe olvidar en cuanto al segundo proyecto de ley que discutimos, que se abren puertas para que las organizaciones no gubernamentales queden en un registro nacional que transparente su accionar, sumando a toda la sociedad, a todos nosotros, a dar señales de honestidad.
Por eso, no se nos puede olvidar que el Gobierno del Presidente Lagos es el que ha hecho un cambio en las prácticas que datan de la época de la dictadura; que no sólo queden en la retina de los acusadores las denuncias y los escándalos, sino que también los esfuerzos continuos del Ejecutivo por transparentar la gestión de aquí hacia delante.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (dona María Angélica ).-
Señora Presidenta , no puedo más que alegrarme con esta iniciativa que en alguna forma va a transparentar la entrega de recursos públicos a distintas organizaciones no gubernamentales.
Al respecto, en el último tiempo, y por dos caminos, se produjo una dispersión de estos fondos. Primero, por los denominados fondos concursables, de distintos ministerios, a los que personas o comunidades organizadas podían postular con proyectos, y, segundo, fondos del Estado entregados a distintas organizaciones no gubernamentales para ejercer alguna acción.
¿Por qué se produjo el problema? Se perdió el control de esos recursos y de lo que efectuaban esas organizaciones, públicas o privadas, con los dineros destinados, en su mayoría, a programas de índole social.
Cuando tratamos de obtener información acerca de los montos de los recursos involucrados, qué se hacía con ellos, quién los manejaba, tuvimos la sensación de que existía un área gris, oscura, nebulosa. Por eso, por ser desconocida la cantidad de fondos destinados a estas organizaciones, se generan especulaciones, como que podrían ser 1 mil 200 millones de dólares, tal vez 800 millones; como que serían 1 mil 200 organizaciones no gubernamentales, etcétera.
Por mucho tiempo traté de llegar a lo medular de esa información y no fue posible lograrlo ni a través de los ministerios, ni de fiscalización, ni de internet. Incluso recurrimos a la Contraloría General de la República, que hizo un esfuerzo grande por recolectar información de todos los ministerios, sobre el destino y la tenencia de estos recursos, con muy poco éxito. De hecho, de 217 ó 300 fondos detectados, sólo pudo informar sobre muy pocos porque los distintos organismos no la tenían, no la quisieron dar o no existía evaluación. Ni siquiera pudimos tener claro si los fondos asignados se habían ocupado, es decir, no había forma de medir la eficiencia de la gestión. Puede que algunos hayan existido, pero nunca concretaron los proyectos.
Sería lamentable que mañana se detectara en esa área oscura, como la he denominado, otras instancias en las que se hubieran producido irregularidades, como las que hemos visto en el último tiempo, por ejemplo, el caso Gate.
La política de los proyectos concursables es relativamente nueva y fue uno de los grandes logros que anunció el Jefe de Estado en las últimas leyes de Presupuestos. Incluso, me acuerdo que el año 2000 el Presidente Lagos anunció la gran reforma social, el gran cambio en el país, que consistía en contar con muchos recursos para los proyectos concursables. A lo mejor es una buena idea, pero no lo es que no haya nadie que controle, que evalúe y que determine con qué criterios se entregan los recursos, quiénes van a hacer uso de ellos, qué capacitación tienen las personas, etcétera.
También me temo, y estoy casi segura, que gran parte de esos recursos han tenido una muy baja rentabilidad social, lo que es lamentable, porque así como aquí alguien ha dicho que hay organizaciones no gubernamentales que podrían tener una acción destacada, una realización sobresaliente y un uso espectacular, con un gran fin social, por ejemplo, el Hogar de Cristo, Paz Ciudadana -no es el caso de la Teletón, pero podría haber sido si hubiera tenido fondos fiscales- y tantas otras instancias que con la mejor voluntad y entrega se han dedicado a tender una mano especialmente a las personas más necesitadas. Hay organismos que desarrollan proyectos que acogen a madres solas, a mujeres embarazadas, etcétera; con muy buenas intenciones, pero en ese gran conglomerado de organizaciones sin duda hay algunas que se han prestado para fines muy distintos y menos loables.
Eso fue lo que nos llevó, como una forma de asegurar más transparencia y control del gasto para lograr una mejor focalización de esos recursos hacia las personas que realmente lo necesitan, a tener registros de organizaciones no gubernamentales, que como un diputado decía, efectivamente tendrían que haber existido porque el Ministerio de Justicia debería tener control de todas las organizaciones no gubernamentales, incluso llevar una evaluación para saber si se está cumpliendo la finalidad para la cual fueron creadas. Pero el Ministerio de Justicia ha dicho que no tiene la capacidad para llevar a cabo esa tarea.
Por otra parte, entiendo también que el Ministerio de Hacienda, cada cierto tiempo, de acuerdo con las normas de la ley de Presupuestos anterior, tiene que hacer una evaluación de al menos 30 fondos. De hecho, el año pasado se hizo una evaluación, que está en la Comisión de Hacienda del Senado, en la cual hubo una evaluación con calificaciones no muy buenas para varios organismos y bastantes críticas al propio Fondo de Solidaridad, el Fosis, quizás el mayor causante de lo que está pasando con estos fondos públicos, por cuanto este organismo -que depende del Mideplan y cuenta con un presupuesto de 28 mil millones de pesos-, con 500 funcionarios, se adscribe y entrega recursos a instituciones privadas para que realicen acciones que podrían hacerlas el Mideplan o el Fosis. De hecho, en la postulación de proyectos a este fondo hay distintas instancias: para evaluación, para medición e, incluso, para asignación, funciones que se van delegando a privados. Y en ese mar de delegaciones o de sucursales, como las podríamos denominar, sucede esta dispersión, que genera ignorancia y desconocimiento en quienes manejan estos fondos. Eso ocurre con fondos que son del Fosis, de la Conace, del Fonadis, del Indap, de la Conadi, del Ministerio de Educación, de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, de la Junta de Jardines Infantiles, de la Prodemu, del Serman, del Ministerio del Interior, etcétera. En definitiva, cada cartera tiene estas sucursales en las que han delegado responsabilidades a personas naturales o también a instancias del sector para llevar a cabo acciones que deberían ejecutar los propios ministerios.
Ahí perdimos el hilo de esta gran cantidad de organizaciones. Algunas de ellas, sin duda, han hecho uso ideológico de los fondos que les han entregado. Muchas de ellas se han dedicado a temas relacionados con la mujer: la promoción de género en el aparato del Estado, las relaciones de género desde una mirada indígena -tienen nombres casi de fantasía-, el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo. Otras han abordado temas fuertes de la mujer: la salud, el derecho sexual y reproductivo. Están ligadas a programas que están llenos de palabras maravillosas, pero que a la larga no dicen nada y en los cuales se han utilizado gran cantidad de recursos. Hemos preguntado sobre los objetivos de esos proyectos, pero rara vez hemos obtenido una respuesta sólida que nos dé la confianza de que efectivamente no se están creando líderes políticos con un claro sesgo ideológico. Hay muchos de esos programas que están dedicados a la sociedad civil, a aportes culturales, a animadores culturales y deportivos, que no sabemos qué son ni qué hacen, pero se les ha asignado gran cantidad de fondos. En todo caso, en la última campaña parlamentaria denunciamos la participación de animadores deportivos que estaban haciendo la campaña de determinado candidato. Ellos mismos nos informaron.
Por lo tanto, en este ánimo de transparencia, obviamente había que llegar a estos fondos que están repartidos en distintas formas, lo que hace difícil que sean detectados.
Me preocupan algunos vacíos del proyecto. Por ejemplo, quién va a evaluar, no sólo a las organizaciones que se hacen acreedoras de estos fondos, sino también el buen uso de ellos y la rentabilidad social que generan. Al respecto, la Contraloría General de la República, con la que tuvimos una larga conversación y realizamos un extenso trabajo el año pasado, nos manifestó que no tiene facultades para controlar el buen uso de los fondos, por cuanto su función se limita a comprobar que la imputación del gasto esté bien hecha. Pero el contralor Aylwin manifestó , a propósito del informe que se hizo a las organizaciones, que había “un gasto grosero de los fondos del Estado”. De hecho, la Contraloría General de la República ha vuelto a insistir, a petición del senador Zaldívar , sobre los fondos que se están entregando a estas organizaciones.
El proyecto mismo, como alguien señaló, no va a resolver todos los problemas. Sabemos que cuando en nuestro país se quiere violar una ley, simplemente se viola. Esto me parece muy lamentable, porque las leyes son para cumplirlas, ordenar y controlar el buen funcionamiento de una sociedad, no para burlarla. Sería muy lamentable que no le diéramos seriedad a este problema, porque considero que es una tema-país, en el que están involucrados muchos recursos de todos los chilenos que deberían tener el mejor uso posible.
Por ello me preocupa que en el proyecto no exista ninguna instancia de evaluación. Creo que es algo que está pendiente.
Desgraciadamente no se encuentra presente el diputado Hidalgo , quien entregó un muy buen informe, para que aclarara si la ley de Presupuestos del año 2003 va a considerar la entrega de fondos públicos solamente a aquellas organizaciones que ya están inscritas en ese registro, o se va a seguir en la nebulosa de no saber para quién son, y qué se hace con ellos.
Anuncio que vamos a votar favorablemente este proyecto y esperamos que su aprobación ayude a poner orden en la entrega de esta gran cantidad de recursos para que lleguen a su verdadero destino: a los más pobres de nuestro país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES .-
Señora Presidenta , en verdad hoy estamos estudiando dos proyectos importantes que constituyen, en mi opinión, el inicio de un proceso de transparencia en el sector público.
Legislar para entregar una asignación de dirección superior de los órganos más importantes de nuestro país en el sector público - Presidencia de la República , ministros, intendentes, jefes superiores de direcciones, así como una asignación por el desempeño de funciones críticas que van a ser determinadas por cada ministerio-, es un primer paso de garantía de transparencia, o más que de transparencia, de una modernización del sector público.
Me parece tremendamente relevante para todos los funcionarios públicos de nuestro país que discutamos cómo va a tratar el Estado, la sociedad en su conjunto, a sus servidores públicos. Para que un ministerio o una institución pública desarrolle bien una función y dé calidad a la acción del Estado -por ejemplo, a través de las concesiones- se entrega un aumento de las remuneraciones a algunos funcionarios, como lo hemos visto en la prensa, haciéndoles desarrollar labores distintas de las que normalmente les corresponde para financiar asesorías extraordinarias con el objeto de gozar de un mayor ingreso. ¿Por qué en nuestro país no somos capaces de transparentar o, más que de transparentar, de modernizar la función pública completa?
Nuestros funcionarios públicos deberían ser los mejores en el país en las áreas en que cada uno se desempeña, pero deben ser bien remunerados para que sus funciones estén a la altura de lo que el país requiere.
Por lo tanto, tenemos que entrar en un proceso de modernización completa del aparataje público; no sólo de la estructura de las remuneraciones, sino en cómo el Estado controla que esos funcionarios públicos desarrollen su trabajo o gestión en beneficio de todos los chilenos y de la sociedad en su conjunto. Debemos ser capaces de manejar el recurso humano público de acuerdo con los tiempos que vivimos, con sistemas de control y de administración modernos y eficientes, con el fin de lograr los objetivos del Estado en su calidad de servidor público.
Por lo tanto, me parece muy relevante que entremos en una discusión seria con la Derecha y con todos los entes de la Concertación para determinar qué sistema público queremos, cómo lo vamos a remunerar y también controlar. Por ejemplo, entregándole mayores capacidades a la Contraloría General de la República -que hoy las está requiriendo- para poder fiscalizar la gestión de distintos actos que desarrolla la administración pública en el cumplimiento de sus funciones habituales.
Sin una modernización real no vamos a tener un Estado ni un sector público eficiente en términos de su gestión.
Respecto de las organizaciones no gubernamentales y lo expresado por la diputada Cristi respecto de la transparencia, me parece que el Gobierno de la Concertación ha sido muy diligente en tratar de transparentar el uso de los recursos del Estado asignados a las organizaciones no gubernamentales. Quiero recordar que lo único que hace la actual ley es crear un registro. El resto de las atribuciones que de verdad tienen que ver con la transparencia se han abordado en las discusiones de las leyes de Presupuestos de la Nación , desde 1996. A partir de esa fecha, los gobiernos de la Concertación vienen haciendo esfuerzos por transparentar el uso de los recursos de las organizaciones no gubernamentales; en esas leyes, que se aprueban en forma anual, se ha establecido que se deben identificar el uso y destino de los fondos que se entregan a las ONG, que los fondos quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República respecto de la rendición de cuentas, que el órgano de la administración que aprueba el otorgamiento de recursos debe identificar el objetivo de la entrega, el destino final, si es inversión, remuneración o gasto de operación. Es decir, desde hace más de seis años hay un intento efectivo por transparentar esta situación en el Presupuesto de la Nación.
Sin embargo, si bien un registro puede ayudar a lograr transparencia, no es menos cierto que necesitamos acciones mayores en ese ámbito. Al decir esto, me refiero a que debemos transparentar la relación que existe entre el dinero y la política. Cuando cumplamos ese objetivo, daremos un salto cualitativo real. Cuando los parlamentarios seamos capaces de informar a nuestros electores, en forma pública, el financiamiento de las campañas; cuando el financiamiento de las campañas sea discutido en esta Sala, cuando ninguno de los parlamentarios reciba recursos de empresas que después le vengan a cobrar la palabra y deba votar de una u otra manera, estaremos desarrollando transparencia.
Cuando el financiamiento de la política sea transparente, estaremos dando un paso adelante; cuando los gastos de las campañas tengan piso y techo y se muestre que los gastos electorales no son exorbitantes, como sucede con algunos que gastan fortunas para colocar su nombre en conocimiento de la comunidad, no con trabajo público real, sino más bien con dinero, con la compra de conciencias -por diputados que no están en la Concertación-, puede darse la transparencia.
Este es el primer paso que damos adelante en beneficio de la sociedad. Pero debemos avanzar en la modernización del Estado y de la administración pública. En cuanto a la transparencia, debemos trabajar y desarrollar proyectos que tiendan a transparentar la relación que hay entre el dinero y la política.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , desde la mañana estoy escuchando con mucha atención el debate de los dos proyectos sometidos a la consideración de esta Sala. Como es de conocimiento público, estuve enfermo y, como siento pasión por lo que estoy haciendo, me dediqué a ver el trabajo de la Sala y de Comisiones, cuyos debates se transmitían por el canal de la Cámara.
Todos hemos tenido campañas políticas en nuestra vida. Yo he tenido cuatro. Sobre la materia, escuché a diputados de la Concertación decir que una campaña a senador costaba entre 500 y 700 millones -revisé las actas-, y que una campaña a diputado costaba entre 70 y 100 millones.
Por su intermedio, señor Presidente , pregunto al diputado Robles quién paga las campañas de la Concertación, sobre todo si dicen que son candidatos de los pobres, que no tienen dinero, que no tienen nada, en circunstancias de que he visto campañas sumamente ricas. En consecuencia, no vengamos a decir quiénes son los que gastan plata.
Quiero saber quiénes pagan las campañas. Por ejemplo, los compañeros de mi distrito gastaron miles y miles de millones. A la gente le llamaba la atención cuando veían un letrero mío, porque entre 200, sólo uno era mío. Entonces, no nos veamos la suerte entre gitanos. Ellos mismos han dado a conocer esas cifras, no yo. Por eso quiero saber, si son candidatos de los pobres, de dónde sacan el dinero, porque ellos manifiestan que representan a los pobres, a los desvalidos y, más encima, indican las cifras. En consecuencia, no vengamos a decir que son esto o lo otro.
Por lo demás, si alguien habla de transparencia, tiene que decir quién financió su campaña. No tengo empacho en ello. Jamás he recibido un peso de empresa alguna y jamás han ido a mi oficina a pedirme un voto. Y soy de Derecha, a gran honor. Nunca voy a desconocer eso. En consecuencia, no vengamos a “sacar las castañas con la mano del gato”.
En el norte, la gente vio cómo andaban tres o cuatro circos dando vueltas haciendo campaña, y no precisamente a un candidato de la Derecha. En el sur pasaba lo mismo. Entonces, es mucho más grave que lo que se ha dicho en la Sala, tratando de culparse unos a otros. Si es verdad -y esto en el terreno de los supuestos- que los candidatos de la Derecha son financiados por empresas privadas, es mucho más grave que la Izquierda sea financiada con dinero del Estado, obtenida de empresas que pertenecen a todos los chilenos. ¡No nos veamos la suerte entre nosotros! Si vamos a hablar de transparencia, digamos la verdad de dónde salen los recursos para las campañas.
Prefiero tener un financista que se gasta su plata, y no ser financiado con plata de todos los chilenos. Y lo que es más, ésa si que es desventaja y desigualdad ante la ley, porque son unos pocos los que tienen la “suerte” de pasar facturas en algunas instituciones públicas para que les paguen su propaganda, como el Indap o los Ministerios de Obras Públicas o de Salud. ¡Eso es mucho más grave! ¡Si se quiere sacar los trapos al sol, digámoslo!
No se trata de sacarse los ojos en el estudio de estos proyectos -hemos escuchado con mucha paciencia-, sino de que haya absoluta transparencia. ¡Cómo va a ser lógico el reconocimiento de 680 mil millones de pesos de platas de las ONG! Hoy entregaron un papel al respecto. ¿Qué proyectos han hecho esas entidades? Se sabe que son más de mil millones de dólares que están dando vuelta. ¡Ésas son cajas negras! ¡Ésos son financiamientos encubiertos!
Queremos que haya transparencia, sobre todo cuando todos tenemos la voluntad de que el país salga adelante, de que la gente -sin cuñas, porque no las necesita- presente proyectos para su aprobación. No se trata de venir a engranar cómo se financia.
Ahora, si quieren financiar los partidos políticos, si desean que los postulantes a parlamentarios tengan financiamiento, manden un proyecto y discutámoslo. Pero no nos vengamos a “ver la suerte entre gitanos”. Reconozcamos que algunos candidatos son financiados por empresas privadas, pero es mucho más grave que sean solventados por el Gobierno -ellos mismos han dado las cifras-, porque dicen ser candidatos de los pobres. Entonces, no deberían contar con dinero, y ellos mismos le han puesto precio a las campañas.
Eso es grave, eso es lo que deseamos que se acabe. Para ello estamos dispuestos a cooperar con nuestros votos en favor de la transparencia, en el momento oportuno, si lo amerita la ocasión.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-
Señor Presidente , como lo han expresado los distintos señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, los proyectos en discusión son de la mayor importancia para el Congreso, para el país, para mejorar la relación entre los órganos públicos y los ciudadanos y para transparentar un conjunto de situaciones que permanecieron relegadas durante años, respecto de las cuales no se había legislado y la opinión pública no tenía claridad.
En primer lugar, me referiré al proyecto que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Su solo título señala la importancia del avance logrado en la materia en relación con las proposiciones iniciales de algunos políticos que habían sugerido legislar sobre las llamadas ONG.
La ampliación de las entidades sobre las cuales estamos legislando señala que, inicialmente, se había tenido un sesgo para denunciar situaciones inexistantes y que había un ámbito en el cual ciertos organismos utilizaban fondos públicos sin rendir cuenta de ellos o que no existía suficiente transparencia, situaciones que, desde luego, eran inexistentes, como se demostró con los antecedentes que estos organismos entregaron en las comisiones.
Hoy estamos hablando de personas jurídicas receptoras de fondos públicos en un ámbito muy amplio, refiriéndonos a organismos como corporaciones municipales o de otra naturaleza, fundaciones y, en general, todo tipo de entidades que reciben estos fondos. Sin duda, esta acepción es mucho más amplia que aquella restringida a las que inicialmente se quería fiscalizar o plantear la necesidad de una legislación o de una clarificación frente a la opinión pública.
Desde luego, es fundamental que todas las personas jurídicas que reciben fondos públicos estén registradas, lo cual significará un avance enorme en cuanto a transparencia y clarificación en relación con el destino de los fondos, de quienes los otorgan y en la tranquilidad que la opinión pública debe tener respecto del uso de recursos públicos por entes privados que colaboran con la función del Estado o que realizan, en forma amplia, funciones sociales.
Lo dicho en algunas denuncias públicas, en el sentido de que los fondos utilizados por las llamadas organizaciones no gubernamentales no tendrían rentabilidad, no responde a ningún criterio empírico, a ninguna realidad, puesto que durante los muchos años en que no existía institucionalidad democrática en el país, dichos organismos fueron los únicos que apoyaron y protegieron los derechos de los ciudadanos oprimidos, de los ciudadanos sin defensa, de los que no tenían oportunidad alguna de desarrollarse y defender sus derechos, y lo hicieron con gran eficiencia y dedicación.
Muchas veces, la utilización de recursos por ese tipo de organismos resulta más eficiente y de menor costo que los programas realizados con fondos de organismos públicos.
He sido testigo, en múltiples oportunidades, de que pocas cantidades de dinero generan beneficios muy altos, en términos del desarrollo de organizaciones, de solución de problemas que aquejan a determinados sectores de la ciudadanía, que sin la asistencia de este tipo de entidades estarían desprotegidos y desprovistos de ayuda.
Pero no sólo hay gran rentabilidad sino que, me consta, se ha visto, y ha sido testimoniado con el servicio que cumplen esos organismos, fundaciones o corporaciones, que el uso de esos fondos ha sido proporcional a los problemas y necesidades planteadas por los sectores que acuden a pedir ayuda de verdad, y no de tipo ideológico.
Es tremendamente falso que recursos entregados a organizaciones dedicadas a la mujer, a la protección de los derechos humanos, a la solución de problemas sociales o al apoyo de inversiones para desarrollo de microempresas, se hayan destinado a usos ideológicos, sino que responden a necesidades en las cuales, a veces, el Estado no alcanza a llegar o no tiene institucionalidad democrática. En tales oportunidades, esos organismos contribuyeron a resolver los problemas.
Creo que el proyecto, que permite el registro en forma amplia, sin discriminación de ningún tipo de organizaciones, fundaciones o corporaciones que usan fondos públicos, significa un gran progreso en relación con la utilización de los mismos.
Por otra parte, se clarificará quiénes son los donantes privados, personas jurídicas o naturales, que entregan fondos a determinadas fundaciones respecto de las cuales no existía ningún control, pero sí en muchas oportunidades los recursos no se destinaron a los fines para los que fueron entregados.
En segundo lugar, quiero referirme al proyecto sobre remuneraciones de autoridades de gobierno en cargos críticos.
Sin duda, la iniciativa en debate contribuirá también a mejorar el clima público y a resolver situaciones pendientes o que no habían sido solucionadas durante muchos años. Desde luego, como lo plantearon otros parlamentarios del Partido por la Democracia, habría sido partidario de realizar una reforma a la Constitución que hubiese separado, claramente, las remuneraciones y beneficios que reciben los altos funcionarios del Estado de aquellas que recibimos quienes somos elegidos, por voto popular, como parlamentarios.
Esa reforma de la Constitución habría clarificado definitivamente la situación. Era partidario de apoyar el proyecto que se presentó desde la presidencia de la Cámara de Diputados para separar ambos conceptos y hacer transparentes ante la opinión pública los fondos que reciben los parlamentarios y, al mismo tiempo, que fuesen organizados en forma orgánica por la propia Corporación, de manera que cada ítem o cada asignación que reciban los parlamentarios sean absolutamente claros y transparentes para la opinión pública.
Debido al consenso que se ha dado en esta materia, declaro que apoyaré el proyecto, pero habría preferido la otra solución.
En relación con algunas afirmaciones que se han hecho, quiero decir que cuando votemos el proyecto que nos propone el Ejecutivo , sobre incremento de remuneraciones del Ejecutivo , de ninguna manera aumentaremos las dietas parlamentarias, las que permanecerán idénticas en esta nueva formulación legal.
También quiero clarificar que cuando votemos el proyecto en discusión, no lo haremos movidos por interés particular o interés propio alguno, como se ha mencionado por algunos parlamentarios. En tal caso, quien se encuentre en esa situación estaría obligado, por la ley de probidad, a abstenerse en la votación.
El Ejecutivo , que en este proyecto actúa como colegislador, y los parlamentarios que lo apoyamos, estamos velando por el interés general, porque el Ejecutivo es la única autoridad que tiene la facultad de proponer gastos públicos y el Congreso la única autoridad que tiene facultades legales para aprobar sus propuestas.
Estamos legislando para resolver un problema de transparencia que existía desde hace tiempo, no para incrementar recursos de los parlamentarios ni defender intereses propios.
Estas dos modificaciones no son las únicas que se deben introducir para modernizar el Estado: la transparencia en el uso de los fondos públicos en relación con la política y la modificación profunda de muchas estructuras obsoletas de la administración serán lo que finalmente nos permitirán contar con un Estado moderno.
Debemos hacer de la crítica situación que hemos vivido los últimos días, que ha sido dura y difícil, una gran oportunidad para entregar una legislación provechosa al país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , el proyecto en debate, que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, dispone en su articulado que los municipios y los órganos y servicios públicos incluidos en la ley anual de Presupuestos de la Nación y los municipios que efectúen transferencias, deberán llevar un registro de las entidades receptoras de dichos fondos.
Agrega que, en el caso de las entidades que reciban fondos públicos con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, la obligación corresponderá a la institución que apruebe la transferencia o que sancione la asignación de los fondos correspondientes. Igual obligación regirá respecto de las instituciones que autorizan donaciones o franquicias tributarias.
Luego establece la definición de la transferencia de subvenciones, lo cual, para decirlo en forma simple, tiene que ver con todo aquello que Chile compra, materia sobre la cual existe un proyecto en el Senado.
También dispone que los registros serán obligatorios para los órganos y servicios del Estado que asignen recursos de carácter público, individualiza las entidades que pueden recibir esos recursos, la actualización mensual de la información de los registros y los requisitos de las instituciones a las que por ley se les puedan entregar recursos públicos o conceder franquicia tributaria, una vez que se haya inscrito en el registro correspondiente.
Por su parte, las entidades no inscritas en el registro correspondiente que reciban recursos públicos, deberán devolverlos reajustados con el máximo interés convencional.
La Subsecretaría de Hacienda reglamentará quién llevará los registros y la forma en que lo hará. Un aspecto muy importante es que la información será absolutamente pública.
Los artículos transitorios disponen que las instituciones a que se refiere el proyecto deberán establecer los registros correspondientes en el curso del año 2003; que la información de los mismos deberá estar disponible a través de medios electrónicos y que el registro central que llevará la Subsecretaría de Hacienda deberá encontrarse consolidado el 1 de julio de 2004.
Como miembro de la Comisión de Hacienda, me correspondió participar en la Comisión Mixta de Presupuestos para el año 2003. Me llamaba profundamente la atención escuchar en la Sala a algunos diputados decir que el Gobierno de la Concertación ha hecho un esfuerzo desde hace años por transparentar los recursos públicos. Me habría gustado que muchos de esos diputados, que quizás no eran miembros de la Comisión de Hacienda, hubiesen estado en las sesiones en las que analizamos y aprobamos el proyecto de ley de Presupuestos para 2003. Durante toda la tramitación de esa iniciativa los parlamentarios de la Alianza por Chile presentamos indicaciones con el objeto de transparentar los gastos reservados y los fondos que reciben las ONG. Innumerables veces presentamos indicaciones en tal sentido, pero, lamentablemente, todas ellas fueron rechazadas por la Comisión Mixta de Presupuestos. Repito: ¡Rechazadas!
Eso ocurrió hace 60 días. Hoy estamos debatiendo un nuevo proyecto en el mismo sentido. En esa ocasión hubo parlamentarios que nos negaron la sal y el agua, porque no aprobaron indicación alguna que permitiera transparentar, de una vez por todas, lo que estaba pasando con los gastos reservados y con las ONG. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Buscamos una solución por todas partes, hablamos con el Ejecutivo , a fin de lograr una mayoría parlamentaria en la votación que llevaría a cabo la Comisión especial, pero nos rechazaron todas las indicaciones que tenían como objeto lograr mayor probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Ése fue el peor favor que le hicieron al Presidente Ricardo Lagos , porque si efectivamente querían transparencia, como lo han dicho aquí, muy sueltos de cuerpo, ¿por qué hace 60 días nos rechazaron todas las indicaciones que presentamos en esa misma dirección? Ése es el problema de fondo: no darse cuenta de que el peor favor que pueden hacer a un gobernante es no ser capaces de ver lo que estaba pasando con los gastos reservados y con las ONG. ¿A qué le temían? Si no hay problema alguno, ¿por qué rechazaron todas las indicaciones que se presentaron? Ése es el problema.
Creo que hay muchas ONG, quizás la mayoría, que están haciendo bien su papel, pero se vieron perjudicadas por algunas pocas, cuyos montos que están manejando desconocemos. Por algo, en las sesiones de la Comisión de Presupuestos para 2003 nos rechazaron las indicaciones tendientes a establecer más transparencia sobre los gastos reservados, tener mayor conocimiento sobre los mismos y establecer un registro como corresponde.
Me llama mucho la atención que hoy se hable de la transparencia del Gobierno y de la Concertación, en circunstancias de que hace 60 días la situación era otra. Eso no puede ocurrir. Debemos ser serios en el debate y en lo que estamos haciendo. Hay que reconocer cómo fueron las cosas; para eso están las actas y las votaciones, y cualquier persona que quiera tener más antecedentes puede saber qué pasó en el país hace sesenta días.
Creo que el proyecto en debate se encuadra en la agenda correcta de probidad y transparencia, porque aclara los recursos que reciben las ONG, pero el problema de fondo es otro.
En la Comisión de Hacienda escuchamos a los representantes de las ONG, tal como corresponde hacerlo con las partes interesadas o con quienes se pueden sentir afectados por una iniciativa. A ellos les quiero decir que no tengan temor por lo que establece el proyecto, porque las ONG que están cumpliendo bien con su función, de las cuales hay muchas y muy meritorias, deben estar agradecidas de que legislemos sobre la materia, porque la iniciativa lo único que hará será cuidarlas de aquellas organizaciones que no están cumpliendo con el fin para el cual fueron creadas.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , no puedo dejar de recordar también algunos hechos suscitados en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para la Nación sobre el tema de los gastos reservados.
En ese debate fui uno de los que planteé que deben existir gastos reservados, de lo cual sigo convencido. Tal vez, algunos honorables señores parlamentarios quieren que el Estado no funcione. Señalé ese tema con mucho conocimiento de causa, porque he participado en la Comisión Mixta de Presupuestos desde hace muchos años. Cuando planteamos el tema de los gastos reservados, las autoridades competentes solicitan sesiones secretas, en las que explicitan en qué se utilizan dichos fondos.
No daré conocer esos antecedentes aquí, porque estaría pasando a llevar mi juramento, pues como se trata de sesiones secretas, no se puede a exponer en forma pública lo que en ellas se trata.
Además, durante los doce años de Gobierno de la Concertación se han bajado, año a año, en forma importante, los presupuestos de gastos reservados. Este año se rebajaron en 20 por ciento. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno de 1985 fue de 2 mil 876 millones de pesos y de 560 mil dólares; en 1989, de 2 mil 820 millones de pesos y también 560 mil dólares. El financiamiento que aprobamos para 2003 fue de alrededor de 760 millones de pesos. Si eso no es rebajar los gastos reservados, ¿qué es?
Es bueno que la gente sepa que se está transparentando una situación que viene desde 1931.
Para aclarar el tema, debo señalar que en el proyecto de ley de Presupuestos, de una plumada, los gastos reservados del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio Secretaría General de Gobierno quedaron en cero peso. Esos dineros financiarán las remuneraciones de esas carteras.
He seguido el debate del proyecto. Nadie ha sostenido hasta el momento que no es justo, sino necesario y legítimo que el Presidente de la República, los ministros, subsecretarios e intendentes perciban rentas acordes con la dignidad de los cargos que desempeñan.
Entonces, no sólo debemos tocar este tema, debido a que recién comenzamos nuestro trabajo parlamentario, porque un país se hace en función de su historia presente y futura. Eso quería clarificar.
En nombre de la bancada Demócrata Cristiana quiero señalar que las ONG han sido instituciones importantes en el desarrollo de nuestro país y que con ellas se cometió una gran injusticia. Se aborda el tema de los sueldos no acordes por ley y, entremedio, se plantea el tema de las ONG. Se dan cifras increíbles, que no corresponden a la realidad. Desafío a que demuestren que el traspaso a las ONG -como algunos distinguidos honorables parlamentarios lo expresaron- representa un gasto de 350 mil millones de pesos. Eso significa no conocer ni entender el presupuesto de la nación, las partidas respectivas y las glosas presupuestarias.
La gente olvida que, desde 1996, en la ley de Presupuestos de la Nación están regulados los traspasos a las ONG en relación con el uso de fondos públicos. Desde 1995, cuando se analizó el presupuesto para 1996, hay glosas presupuestarias que deben identificar el uso y destino de dichos fondos, los que quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y a rendición de cuentas. Es decir, ninguna ONG se manda sola. Se trata de instituciones dignas, con muy buenos profesionales, que tienen espíritu de servicio público, que deben rendir cuenta a la Contraloría General de la República respecto de los recursos que reciben.
No he sabido que haya juicios de cuentas masivos relacionados con las ONG en la Contraloría General de la República, en circunstancias de que muchas instituciones afectas a su control sí tienen juicios de cuentas pendientes. Pero nunca he visto, como ahora se trata de estigmatizar, que existan respecto de las ONG.
Por otra parte, el órgano de administración que apruebe la entrega de aportes debe identificar el objetivo de los mismos y señalar su destino final, es decir, inversiones, remuneraciones y otros gastos de operación.
Además, desde hace siete años se establece en la ley de Presupuestos que el órgano que entregue aportes debe requerir el balance y los estados financieros de las ONG; un informe de la ejecución de las actividades y la nómina de sus directivos, copia de las cuales deben remitirse por las instituciones públicas a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara.
Las agrupaciones que revisten la naturaleza de corporaciones o fundaciones quedan sujetas a la fiscalización del Ministerio de Justicia, lo cual implica la entrega de una memoria y de un balance anual.
Me impresionaron favorablemente las intervenciones de la señora Ana María de la Jara , presidenta de la Asociación Chilena de las ONG, y del señor Francisco Estévez , coordinador del Foro de la Sociedad Civil. Creo que fueron bastante explícitos para hacernos recordar que las ONG nacen en el orden internacional humanitario que surge luego de concluida la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces están funcionando en todo el mundo. Además, expresaron, y así figura en el informe y en las actas, que apoyan el proyecto, porque crea un registro central de colaboradores del Estado, de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, a cargo de la Subsecretaría de Hacienda .
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Terminó su tiempo, señor diputado . Le ruego redondear su idea.
El señor ORTIZ.-
Muy bien, señor Presidente.
Quiero terminar con algo que no se ha dicho: los siete parlamentarios titulares de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que somos parte de este Gobierno de la Concertación, solicitamos por escrito -no quedó expreso en el mensaje presidencial- que se trate el tema de las organizaciones, instituciones o corporaciones que reciben franquicias tributarias, porque también son recursos de todos los chilenos.
En nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que aprobaremos en general y en particular el proyecto.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso Vargas.
El señor VARGAS .-
Señor Presidente , respecto del proyecto en discusión se debe hacer historia y decir que entró a trámite legislativo porque fue parte de una negociación previa con el Gobierno, en la cual acordamos que fuera sometido exactamente a la misma discusión de la iniciativa que figura en el primer lugar de la Tabla.
El proyecto nace, y así lo consigna el mensaje, de una iniciativa de los diputados de Renovación Nacional. Sobre esa base el Gobierno lo envía, ya que constituye un antiguo anhelo de poner las cosas en su lugar y de decirlas de manera clara.
No hablaré más del detalle del proyecto, porque, después de lo dicho, queda de manifiesto que lo compartimos plenamente. Sin embargo, debo decir que, respecto de esta materia, debería haber existido claridad hace mucho tiempo. No se trata de que en la ley de Presupuestos no se hayan consignado determinadas transferencias de fondos; el problema radica en que muchas de ellas no están consignadas en dicha ley. De hecho, si analizamos la minuta que nos entregó hoy el ministro de Hacienda , podremos darnos cuenta de que las cifras resultan muy dudosas, ya que se omiten muchos ministerios que realizan transferencias a organizaciones privadas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Mideplan, que transfería recursos a la fundación Justicia y Democracia, dirigida por Patricio Aylwin .
Por otra parte, tampoco figuran las transferencias a algunos organismos internacionales efectuadas, entre otros, por el Ministerio de Salud. Es decir, en la información entregada aparecen las transferencias directas, pero no las indirectas. La cifra total consignada en la minuta es del orden de los 300 millones de pesos, suma muy parecida a la estimación que realizamos cuando detectamos que el Presupuesto para el año 2001 había entregado a las ONG, potencialmente, cerca de 220 mil millones.
Tal como lo señalé durante la discusión del proyecto anterior, nos interesa que estas cosas se conozcan. A través de las ONG se han financiado -lo decimos derechamente- campañas políticas y eso no corresponde.
En definitiva, el proyecto establece que, existiendo un registro de quienes reciben recursos públicos, se den a conocer públicamente, y eso es lo que pretendemos. Estamos legislando para el futuro, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Pero nos duele que tengamos que legislar ahora porque el Gobierno se ha visto obligado a hacerlo. Si lo hubiéramos hecho antes, habríamos evitado muchas situaciones.
Reitero que la iniciativa nació de una idea de los diputados de Renovación Nacional y la vamos a impulsar con mucha fuerza. Acabamos de conversar con el ministro de Hacienda y le hicimos ver las aprensiones que se manifestaron en la Comisión de Hacienda, algunas de las cuales correspondieron al diputado Carlos Montes , que es de la Concertación. En realidad, debemos mejorar lo relacionado con la información que se entrega a la Contraloría, porque no la recibe. Entonces, si no recibe información, no puede haber juicios de cuentas ni control. Hay un documento de la Contraloría de mayo del año pasado que señala que le es imposible entregar información porque, simplemente, no la tiene. Por su parte, el Gobierno -enten-demos que ocurre así y valoramos que, finalmente, lo reconozca- tampoco tiene una información completa.
Nos interesa que la información sea pública, de manera que pueda ser analizada por cualquier chileno, porque se trata de recursos de todos los chilenos y tenemos derecho a saber qué se hace con ellos. Aquí hay sectores que siempre están dispuestos a aumentar los impuestos para financiar nuevas cosas, pero no se preocupan de averiguar en qué se están gastando muchos miles de millones de pesos. Eso es lo que pretendemos que quede meridianamente claro a futuro, y reitero lo mismo que dije hace un instante: el hecho de que estemos legislando sobre esta materia no significa sepultar ni dejar en el olvido las irregularidades ocurridas en el pasado.
Reitero que esto no debe inducir a la gente a pensar que estamos blanqueando situaciones irregulares; estamos legislando para el futuro, pero las responsabilidades del pasado deberán ser enfrentadas por los responsables.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , a raíz del análisis de este proyecto, nadie podrá discutir la necesidad de que en el país existan organismos no gubernamentales, es decir, personas organizadas en distintas instituciones para contribuir al desarrollo de la sociedad. Eso no está en discusión; es saludable y bueno que así ocurra. Tampoco está en discusión que el Gobierno entregue recursos a organizaciones que se dedican a diversas tareas en diferentes ámbitos del quehacer nacional.
El problema radica en la información que debe tener la ciudadanía acerca del destino de estos recursos, y de cuáles son las organizaciones los que reciben.
Voy a dar un solo ejemplo práctico que justifica nuestra posición, en cuanto a que creemos muy importante transparentar esta información.
En el ejercicio de mis facultades fiscalizadoras solicité al Ministerio Secretaría General de Gobierno que me entregara información sobre un programa llamado “Programa para fortalecer alianzas entre la sociedad civil y el Estado”.
Su presupuesto para 36 meses es de 14 millones 500 mil dólares, financiado con un aporte del BID, por más de 8 millones de dólares, y un aporte del Gobierno, por casi 6 millones de dólares.
Pues bien, requerida tal información, el Gobierno responde con antecedentes absolutamente insuficientes y en carácter de reservados. Es decir, el Ministerio Secretaría General de Gobierno les dice a todos los chilenos y chilenas que no tienen derecho a conocer esta información; que no pueden saber cuáles son las instituciones que reciben estos recursos; les dice a todos los chilenos y chilenas que son menores de edad y que, por lo tanto, no pueden saber en qué se gastan casi 6 millones de dólares que el Estado pone a disposición de esas organizaciones. La información, además de enviarla en carácter de reservada, sólo menciona siglas. Algunos pueden conocerlas; pero, en general, la gente no sabe qué es el Cide, el CED, qué es la Corporación del Norte Grande, la Fundación Cotra o a qué se dedica el Instituto Agrario de Fundación Avec, en fin. Algunas como Flacso son conocidas; pero corresponden a ONG que reciben durante 36 meses la suma de 14 millones de dólares.
El punto es que todos deberíamos saber a qué se destinan esos recursos; pero como se me entregaron en forma reservada, no puedo darlos a conocer; el Gobierno no quiere que se sepa; considera que los chilenos no deben saberlo. Por ejemplo, un registro computacional costó 52 millones de pesos; un estudio sobre las organizaciones civiles, 62 millones de pesos.
Como dije, debemos tener claro que aquí no está en discusión la existencia de las organizaciones no gubernamentales; deben existir; no está en discusión que el Estado les entregue recursos; debe entregárselos; pero debe haber transparencia, debemos saber cuáles son y quiénes están detrás de estas organizaciones no gubernamentales. En la información que recibí figuran casi 50 siglas. ¿De qué instituciones se trata?
Entonces, uno se pregunta si alguna de las personas que hoy están desempleadas tuvieron la posibilidad de integrar esas organizaciones y de hacer programas realmente importantes.
Se menciona un centro voluntario; pero lo único que dice es “Centro de Voluntarios de la Región Metropolitana”, casi 600 millones de pesos. Pero nadie sabe cuáles son las ONG que reciben esos recursos y qué hacen con ellos. La información que me envía la Secretaría General de Gobierno no dice dónde funcionan esas organizaciones. Así, podría seguir fiscalizando sobre la materia y en forma muy responsable. Dice: Región Metropolitana, tales y cuales ONG, 600 millones de pesos. ¿Dónde funcionan? Octava Región: otra serie de siglas -conozco algunas porque se trata de mi región- que nadie conoce, 500 millones de pesos. En la Octava Región, nadie sabe dónde funcionan. A lo mejor, lo están haciendo muy bien y están realizando una labor extraordinaria; pero lo menos que se puede pedir es que la gente sepa cuáles son esas organizaciones, qué hacen, quiénes trabajan en ellas y cuál es el resultado de su cometido.
Aquí estamos hablando de cantidades importantes. Por ejemplo, para el programa “Fortalecimiento de la sociedad civil” se destinan 3 millones 800 mil dólares. Indudablemente, si queremos fortalecer la sociedad civil es importante que destinemos recursos, pero queremos saber quién se está fortaleciendo con estos 3 millones 800 mil dólares.
Hay otro programa que se llama “Participación ciudadana en políticas públicas” -considero muy importante que la gente participe en las políticas públicas-: 2 millones 750 mil dólares. Queremos saber quién está participando de esos recursos.
Después hay otro programa: “Fomento del voluntariado”: 5 millones 40 mil dólares. ¿Qué están fomentando? Lo reitero: es posible que estén haciendo una labor espectacular, extraordinaria; pero todo para callado, todo bajo cuerda, todo secreto. Y cuando un diputado , en virtud de sus facultades fiscalizadoras, le pide a un ministerio que le entregue información, se la envía en forma reservada: “Se la mando, pero para callado; no se la puede contar a nadie”, y, además, es absolutamente insuficiente.
Entonces, frente a estos temas, lo único que pedimos es que se transparenten, que se conozcan, puesto que se trata de muchos recursos. A lo mejor, alguien podría decir que nos estamos metiendo en las platas del BID. En realidad, da lo mismo que el BID ponga 8 millones de dólares; pero me preocupan los 6 millones de dólares que pone el Gobierno. Considero fundamental transparentar, de una vez por todas, el tema de las ONG.
Ahora bien, esta situación es muy diferente de la relacionada con las que tienen franquicias tributarias. En este caso, cuando se trate, por ejemplo, de un curso de capacitación, deberán indicar claramente al Sence quiénes se capacitarán, con nombres y apellidos, en qué se capacitarán, la dirección de la institución en la cual se capacitarán, las horas de capacitación, etcétera. Es decir, el Sence y el Servicio de Impuestos Internos pueden saber claramente si la institución que está recibiendo una franquicia tributaria está cumpliendo, Pero, respecto de las ONG -muchos se han puesto nerviosos y han empezado a defenderlas- nadie tiene idea de nada. Y estoy hablando de un programa: “Fortalecimiento de la sociedad civil”. Todos queremos fortalecer la sociedad civil, pero también queremos saber quién se fortalece con esos recursos y la eficacia que se logra con ellos.
Tal como decía el diputado Vargas , creemos que se está dando un paso importante que debería haberse dado hace mucho tiempo. Es de esperar que a futuro esto evite que cuando preguntemos por un programa de esa naturaleza, que significa invertir 14 millones de dólares, de los cuales seis son puestos por el Gobierno, la autoridad gubernamental no nos responda para callado y en forma reservada. Por ejemplo, para la Octava Región, que represento aquí, sería muy importante saber dónde funciona el centro regional, qué instituciones participan en el centro regional del voluntariado, en qué se van a gastar los 500 millones de pesos. En la región nadie lo sabe, porque el Gobierno ha decidido que nadie tiene derecho a conocer esa información.
Por eso, este debate es muy importante, y ojalá este paso sea efectivo para que estas cosas nunca más vuelvan a suceder.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Hidalgo.
El señor HIDALGO.-
Señor Presidente, ante todo es bueno dejar establecido que en nuestra bancada y, en particular, en nuestro partido no existe animosidad alguna en contra de las organizaciones no gubernamentales, porque muchas de ellas cumplen una función loable desde todo punto de vista. Tenemos el caso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el Hogar de Cristo, por nombrar algunas. Pero hay otras que son desconocidas porque no existe un registro.
Durante el transcurso del año pasado, a menos de un mes de haber asumido el cargo de diputado , pedí el envío de un oficio a la Contraloría General de la República sobre la materia. El contralor general de la República de entonces, señor Arturo Aylwin , me contestó que se iba a hacer la investigación correspondiente, y en la última parte el oficio dice textualmente: “De acuerdo con lo expuesto, no es posible adelantar, por ahora, ninguna información específica sobre el comportamiento del manejo de tales subvenciones hasta mientras no se procesen los antecedentes referidos”.
Es decir, no existía un registro de las ONG, cosa que ocurrirá una vez que se promulgue esta ley. Por eso, hemos sido muy celosos, porque no ha existido claridad respecto de cuáles son las ONG que funcionan en el país. Independientemente de la información que nos entregó el ministro de Hacienda y a la cual ya se refirió el diputado Vargas , creo que es preferible la peor de las verdades a la mejor de las mentiras. En ese sentido, es bueno para el país que exista un registro de las ONG que ha sido largamente discutido durante esta sesión; es sano y bueno para que nuestro país siga teniendo, a pesar de los desafueros conocidos hoy día, una buena calificación internacional, en relación con la transparencia a todo nivel.
Tal vez no está bien que lo diga por ser uno de los diputados autores de la idea recogida por el Ejecutivo ; pero es bueno que exista transparencia respecto de la administración financiera del Estado. De esta forma, se podrán administrar y focalizar mejor los recursos, especialmente en favor de los más necesitados.
El hecho de que la información que se solicitaba no estuviera disponible, habla por sí solo e indica que ha existido -debido, como digo, a que no existía una relación completa de las ONG no incluidas en el artículo 17 de la ley de Presupuestos- cierta negligencia en la administración de los recursos, tan importantes para atender ciertas prioridades como, por ejemplo, la extrema pobreza.
Me siento muy contento de que estemos legislando sobre un registro nacional de las ONG, y que en el proyecto también se hayan incluido las transferencias de fondos que hacen los municipios, que suman muchos millones de pesos. En este caso, será la Subsecretaría de Desarrollo Regional la que deberá informar a la Subsecretaría de Hacienda sobre el monto global de dichos fondos.
En el transcurso de la discusión se ha hablado mucho sobre la agenda de probidad del Gobierno, que corresponde a la segunda de una serie de 17 iniciativas, de las cuales 13 ó 14 son de Renovación Nacional. Hay que reconocer que el Gobierno ha estado predispuesto a establecer un nuevo marco legal, seguramente, en los próximos cinco o seis meses. La Derecha, de alguna forma, se siente muy complacida de contribuir a la transparencia, a la probidad y a que Chile mantenga su reputación de país serio, desde todo punto de vista, en particular, gracias a la aprobación, hace un par de semanas, de los acuerdos con la Unión Europea y con Estados Unidos. Gracias a la globalización de los mercados, esto hará que nos sigan viendo como un país digno de respeto.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar, en general, el proyecto que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, con excepción de los artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Los artículos 1º, 3º, 4º, 7º y 8º, permanentes, y 2º, transitorio, para su aprobación requieren quórum de ley orgánica constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Se declaran aprobados, con el mismo quórum de la votación en general por no haber sido objeto de indicaciones, los artículos 2°, 5° y 6°, permanentes, y 1°, 3° y 4°, transitorios.
Los artículos 1°, 3° y 4° requieren para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional.
A su vez, la Comisión de Hacienda ha formulado indicación sustitutiva de los artículos 7°, 8°, 9°, 10 y 2° transitorio.
¿Habría acuerdo de la Sala para votar los artículos en su conjunto, incluidas las indicaciones de Hacienda?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Despachado el proyecto.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Señora Presidenta , quiero agradecer a la honorable Corporación la generosidad que ha tenido por aprobar -virtualmente de manera unánime- una iniciativa que es fundamental, desde el punto de vista del Gobierno, para la adecuada dignificación de la función pública.
Sabemos que en virtud de un precepto constitucional el cambio de los salarios de ministros ha acarreado una modificación de la estructura de asignaciones de los parlamentarios. En concreto, se trata de un cambio desde una asignación no tributable a una tributable, la que está incorporada a la dieta.
Quiero dejar muy claro -posteriormente lo haré ante los medios de comunicación- que los parlamentarios no recibirán un solo peso adicional en términos líquidos y que la Corporación, en su conjunto, al ser esta nueva asignación tributable, percibirá menos recursos.
Por lo tanto y como nobleza obliga, reitero nuestros agradecimientos a la Cámara de Diputados.
En segundo lugar, los dos contenidos fundamentales del proyecto, tanto la dignificación de la función pública que acarrea salarios más reales para el ejercicio apropiado de los cargos, como la transparencia cada vez mayor en cuanto a quiénes son los beneficiarios de las transferencias del Estado, también nos hacen más merecedores de los recursos que recibimos de todos los chilenos por la vía tributaria. Esto fortalece a nuestra sociedad y responde a las demandas de cualquier evaluación internacional respecto de países que son capaces de ponerse al día en cuanto a requerimientos más exigentes de probidad y transparencia. Con ello y más allá de oposiciones o gobiernos, nos beneficiamos todos.
Se podrán tener legítimas opiniones respecto de si la iniciativa debió llevarse adelante con antelación o si se hizo en función de determinadas coyunturas. Con todo, lo claro es que el país, en virtud del apoyo de todos ustedes, ha sido capaz de avanzar en este trance.
Sólo me resta decir que estos proyectos estarían incompletos si no avanzamos con paso decidido en dos nuevas iniciativas que el Ejecutivo intentará consensuar y entregar a la Corporación a la brevedad, cuales son los regímenes de provisión y separación de los directivos públicos y la transparencia y fuentes de financiamiento de la política. Al aprobar esos proyectos, podremos tener una mejor nación para el beneficio de todos.
Muchas gracias.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión las 16.15 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.