Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jaime Quintana Leal
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I . ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTO
- AUTORIZACIÓN A LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE DISCAPACITADOS PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Fernando Meza Moncada
- Jose Ramon Barros Montero
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- ENVÍO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 18.933, SOBRE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Juan Masferrer Pellizzari
- Patricio Melero Abaroa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Patricio Melero Abaroa
- Osvaldo Palma Flores
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Juan Masferrer Pellizzari
- Patricio Melero Abaroa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Aguilo Melo
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Alberto Robles Pantoja
- Fulvio Rossi Ciocca
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Aguilo Melo
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Hugo Orlando Robles Robles
- Fulvio Rossi Ciocca
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Accorsi Opazo
- Sergio Aguilo Melo
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Alberto Robles Pantoja
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Enrique Accorsi Opazo
- Pablo Lorenzini Basso
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- INDICACIÓN
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 18.933, SOBRE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCLUSIÓN DE OFICIALES ADMINISTRATIVOS EN PROYECTO SOBRE PLANTAS DE GENDARMERÍA.
- ELIMINACIÓN DE IMPUESTO A LA UTILIZACIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Julio Dittborn Cordua
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Samuel Venegas Rubio
- Edmundo Salas De La Fuente
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Patricio Walker Prieto
- Alejandro Navarro Brain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PATROCINIO DEL EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY SOBRE REPARACIÓN DEL DAÑO PREVISIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Victor Barrueto
- Edmundo Villouta Concha
- Samuel Venegas Rubio
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ivan Paredes Fierro
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Edmundo Salas De La Fuente
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Adriana Munoz D'albora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Victor Barrueto
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VII. INCIDENTES
- RESULTADOS DE ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN CON OCASIÓN DE “PLAN COMUNA SEGURA”. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Burgos Varela
- INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE VELOCIDADES EN ZONAS URBANAS Y CARRETERAS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Zarko Luksic Sandoval
- ESTADÍSTICA SOBRE LESIONADOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Vidal Lazaro
- REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE DESEMPLEO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- IMPLEMENTACIÓN DE OBRA VIAL EN SAN FABIÁN DE ALICO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodrigo Gonzalez Torres
- INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN RELACIÓN A PROYECTO ALUMYSA Y PAVIMENTOS DE COIHAIQUE Y MEDIDAS PARA RECUPERAR MASA GANADERA DE AISÉN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Galilea Carrillo
- AGRADECIMIENTOS POR PROTOCOLO DE ACUERDO PARA RESOLVER ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ESTADO DE AVANCE DE OBRAS VIALES EN COCHAMÓ Y PUERTO MONTT. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE COMUNA TURÍSTICA A SAN FABIÁN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- SOLUCIÓN A PROBLEMA SANITARIO DE SAN GREGORIO, COMUNA DE ÑIQUÉN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Nicolas Monckeberg Diaz
- PROBLEMAS QUE AFECTAN A COMUNAS DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE REFINERÍA EN MEJILLONES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Rojas Molina
- EXCLUSIÓN DE ANTOFAGASTA DEL PROGRAMA “COMUNA SEGURA, COMPROMISO CIEN”. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Rojas Molina
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON JORGE EYZAGUIRRE CORREA, VECINO DE LA COMUNA DE PERALILLO. Notas de condolencia.
- HOMENAJE : Jose Ramon Barros Montero
- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR USO DE PETCOKE POR LA EMPRESA DE CEMENTO MELÓN DE LA CALERA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Forni Lobos
- DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES EN MANEJO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Masferrer Pellizzari
- CIERRE DE LA SESIÓN
- RESULTADOS DE ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN CON OCASIÓN DE “PLAN COMUNA SEGURA”. Oficios.
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Roberto Delmastro Naso
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Mario Bertolino Rendic
- Alfonso Vargas Lyng
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 38ª, en martes 7 de enero de 2003
(Ordinaria, de 11.10 a 14.38 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Salas de la Fuente, don Edmundo.
Presidencia accidental del señor Villouta Concha, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia8
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Archivo de proyecto11
Autorización a la Comisión especial sobre discapacitados para sesionar
simultáneamente con la Sala11
Permisos constitucionales11
Envío a Comisión de Constitución de proyecto sobre delitos informáticos11
V.Orden del Día.
Modificación de la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional. Primer trámite constitucional11
VI.Proyectos de acuerdo.
Inclusión de oficiales administrativos en proyecto sobre plantas de Gendarmería38
Eliminación de impuesto a la utilización de implementos de seguridad en vehículos38
Patrocinio del Ejecutivo al proyecto de ley sobre reparación del daño previsional40
VII.Incidentes.
Resultados de encuestas de victimización con ocasión de “Plan comuna
segura”. Oficios43
Información sobre estudios de velocidades en zonas urbanas y carreteras. Oficio43
Estadística sobre lesionados en accidentes de tránsito. Oficios44
Revisión de instrumentos de medición de desempleo. Oficio45
Inplementación de obra vial en San Fabián de Alico. Oficio46
Mejoramiento de la calidad de la Educación Pública. Oficio47
Información sobre recursos entregados en relación a proyecto Alumysa y pavimentos de Coihaique y medidas para recuperar masa ganadera de Aisén. Oficios48
Agradecimientos por protocolo de acuerdo para resolver endeudamiento de la Empresa Nacional de Minería. Oficio48
Estado de avance de obras viales en Cochamó y Puerto Montt. Oficio51
Pág.
Petición de declaración de comuna turística a San Fabián. Oficios52
Solución a problema sanitario de San Gregorio, comuna de Ñiquén. Oficios52
Problemas que afectan a comunas de la Octava Región. Oficios53
Información sobre construcción de refinería en Mejillones. Oficio55
Exclusión de Antofagasta del programa “Comuna segura, compromiso cien”. Oficio56
Homenaje en memoria de don Jorge Eyzaguirre Correa, vecino de la comuna de Peralillo. Notas de condolencia56
Evaluación de impacto ambiental por uso de petcoke por la Empresa de Cemento Melón de La Calera. Oficios57
Denuncia sobre irregularidades en manejo de presupuesto municipal de San Fernando. Oficios59
VIII.Documentos de la Cuenta.
Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1.Establece un beneficio pecuniario para ex Contralores y Subcontralores de la República que se encuentren en la situación que indica (boletín Nº 315505)61
2.Modifica la ley Nº 18.175, en materia de fortalecimiento de la transparencia en la administración privada de las quiebras, fortalecimiento de la labor de los síndicos y de la Superintendencia de Quiebras (boletín Nº 318003)65
Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3.Establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos (boletín Nº 317605)80
4.Remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, de los alcaldes y da normas sobre gastos reservados (boletín Nº 317105)81
5.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto sobre financiamiento urbano compartido (boletín
Nº 265114)81
6.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que establece un régimen de garantías en salud (boletín Nº 294711)81
7.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales (boletín Nº 285304)82
Pág.
Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira la urgencia hecha presente para el despacho de los siguientes proyectos:
8.Crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones Primera, Undécima, Duodécima y provincias de Chiloé y Palena (boletín
Nº 310705)82
9.Sobre el procedimiento para otorgar la posesión efectiva de la herencia, en la forma que indica, y adecua la normativa procesal, civil y tributaria sobre la materia (boletín Nº 288607)83
10.Fomento audiovisual (boletín Nº 280204)83
11.Modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores (boletín Nº 278703)83
12.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual incluye en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones con el objeto de facilitar la construcción de viviendas sociales (boletín Nº 317214)84
13.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal en materia de libertad provisional, estableciendo facultades especiales a los jueces del crimen, al momento de otorgar este beneficio, para su cumplimiento (boletín Nº 308007)84
14.Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto que regula las condiciones de trabajo y contratación de artistas y técnicos de espectáculos (boletín Nº 307313)94
15.Moción de los diputados señores Bayo, Hidalgo, Delmastro, García, Bertolino y Vargas, que reemplaza el Nº 1 del artículo 48 de la Constitución Política de la República, en lo relativo a las atribuciones de fiscalización de la Cámara de Diputados (boletín Nº 317907)102
16.Oficio del Excmo. Tribunal Constitucional, por el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada en los autos Rol Nº 364, relativos al proyecto que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, estableciendo una nueva regulación en materia de subrogación del cargo de alcalde (boletín Nº 306406)103
17.Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria (boletín
Nº 313905)105
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
De la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social por la cual informa que ha procedido a elegir como su Presidente al diputado señor Quintana.
- De los diputados señores Meza, Barros y Cardemil, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 7, 8 y 22 de enero en curso, respectivamente, para dirigirse a España y Malasia.
2.Oficios:
De la Comisión de Ciencias y Tecnología por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para disponer el archivo del proyecto que sanciona el delito de creación y distribución de virus computacionales (boletín
Nº 301007), en atención a que en el honorable Senado se encuentra en segundo trámite constitucional el proyecto que tipifica figuras penales relativas a la informática que legisla sobre la materia (boletín Nº 297419).
De la Comisión especial destinada a analizar la legislación que establece beneficios para los discapacitados por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves, entre las 10.45 y las 12.00 horas para abocarse al estudio del proyecto que modifica la ley Nº 19.284 con el objeto de regular el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de las personas con discapacidad (boletín Nº 259511) (S).
Contraloría General de la República
Del diputado señor Pareto, cambio de cota mínima del relleno sanitario Santiago Poniente.
Ministerio del Interior
Del diputado señor Felipe Letelier, tipo de visas que se han entregado a pilotos extranjeros contratados por Lan Chile.
Del diputado señor Pedro Muñoz, porcentaje de personal que se ausentó de sus labores el viernes 20 de septiembre.
Del diputado señor Kuschel, becas otorgadas por el Programa Beca Presidente de la República desde el año 1995 a la fecha, en las comunas de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
De la diputada señora Lily Pérez, Cooperativa de Financiamiento, Construcción y Servicios Habitacionales de Vivienda Habitacoop Ltda.
De la Corporación, procedimientos de fijación tarifaria.
Ministerio de Hacienda
De la Corporación, incentivos tributarios para descentralizar y desconcentrar la Región Metropolitana; elaboración de estudios técnicos sobre la industria minera.
Ministerio de Obras Públicas
Del diputado señor Alvarado, reparación de rutas camino internacional Décima Región.
Del diputado señor Hernández, reparaciones en caminos de la Décima Región.
Del diputado señor Kuschel, camino de Angelmó a Chinquihue, Décima Región.
De los diputados señores Monckeberg y Kuschel, corporaciones viales.
Del diputado señor Ramón Pérez, planta elevadora de aguas servidas de Playa Brava, Primera Región.
Del diputado señor Tapia, tarifas de sector rural de Lontué, Séptima Región.
Del diputado señor Navarro, proceso de control de los medidores de agua.
Del diputado señor Urrutia, pasos peatonales en cruces de la provincia de Linares.
Del diputado señor Masferrer, obras de infraestructura vial en comunas de la Sexta Región.
Del diputado señor Pedro Muñoz, obras de pavimentación del camino entre Puerto Natales y Dorotea, Región de Magallanes; programa de agua potable rural en la Región de Magallanes.
Del diputado señor Delmastro, fondos para asfaltar camino en la provincia de Valdivia.
Del diputado señor Molina, procesos de expropiación con el perito
Francisco Zárate.
Ministerio de Bienes Nacionales
De la Corporación, regularización de dominio de terrenos ex Cora que son utilizados por organizaciones comunitarias para prácticas deportivas.
Ministerio de Salud
De la Corporación, presupuesto para pagar deuda hospitalaria; almacenamiento indebido de medicamentos para menores de doce años; perjuicios financieros a proveedores en casos no deseados en que se retrasen los pagos por sus servicios.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Del diputado señor Encina, contaminación de las aguas del río Elqui, por derrame del tranque de relave minero de la empresa Cobrex.
Del diputado señor Navarro, ex acopio de tóxicos internado por la empresa Promel, en la ciudad de Arica.
De la Corporación, eliminación de requisitos que generen discriminación para postulantes a becas de posgrado y financiamiento.
I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Escobar Urbina, Mario
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Herrera, Eduardo
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Fernando Meza.
Asistió, además, el senador señor Juan Antonio Coloma.
Concurrieron, también, los ministros de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; de Salud, señor Osvaldo Artaza; de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet; de la Secretaría
General de Gobierno, señor Heraldo Muñoz, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Mario Fernández.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 33ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 34ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
ARCHIVO DE PROYECTO
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición de archivo del proyecto de ley que sanciona el delito de creación y distribución de virus computacionales, formulada por la Comisión de Ciencias y Tecnología.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
AUTORIZACIÓN A LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE DISCAPACITADOS PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión especial sobre Discapacitados para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves de cada semana, de 10.45 a 12.00 horas, con el objeto de abocarse al estudio del proyecto que modifica la ley Nº 19.284.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISOS CONSTITUCIONALES
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se concederán los permisos constitucionales solicitados por los diputados Meza, Barros y Cardemil para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 7, 8 y 22 de enero en curso, respectivamente, para dirigirse a España y Malasia .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ENVÍO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología ha solicitado que el proyecto que sanciona delitos informáticos pase a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 18.933, SOBRE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional.
Diputado informante de las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda es el señor Enrique Accorsi .
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 298111, sesión 11ª, en 2 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Informe de las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda, sesión 36ª, en 18 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de los señores diputados para que ingrese a la Sala el señor José Pablo Gómez , superintendente de Isapres.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, me corresponde entregar el informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional.
Durante el estudio preliminar del proyecto, asistieron a las Comisiones unidas los señores Mario Fernández, ministro secretario general de la Presidencia; Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda; Osvaldo Artaza , ministro de Salud; Ricardo Solari , ministro del Trabajo y Previsión Social; Antonio Infante , subsecretario de Salud; la señora Jeanette Vega , directora del Instituto de Salud Pública; José Pablo Gómez , superintendente de Isapres; Álvaro Erazo , director del Fondo Nacional de Salud; Ximena Rincón , superintendente de Seguridad Social.
Además, a las audiencias públicas concurrieron los señores René Merino y Rafael Caviedes , presidente y director ejecutivo de la Asociación de Isapres, respectivamente; Hernán Chamorro y David Peralta , secretario general del Colegio Médico y presidente de la Asociación Gremial de Centros Médicos, Pymesalud , respectivamente.
Los señores Fernández , Artaza , Eyzaguirre y Solari aportaron a las Comisiones unidas los criterios orientadores de la reforma de salud, la cual se inspiraría en un proceso similar al que se tuvo presente para llevar a cabo, a principios de los años cincuenta, la reestructuración de la salud en Chile, que concluyó con la creación del Servicio Nacional de Salud.
Enfatizaron que la reforma propuesta por el Gobierno está basada en sólidos principios sanitarios y que existe amplio consenso entre los expertos en economía en salud en cuanto a que, de no haber un cambio profundo en la manera de enfrentar las diversas situaciones del sector, nuestro país tendría serias dificultades para dar solución racionalmente a los problemas de salud más urgentes e importantes en especial, en el ámbito de la salud privada, que es lo que nos importa hoy, sobre todo si se considera el nivel de los recursos de que se dispone y la realidad actual a nivel mundial.
La razón fundamental para propiciar esta reforma sobre todo en el tema de la atención privada es que han cambiado profundamente en las últimas décadas las condiciones sanitarias de nuestro país. Los problemas sanitarios actuales son radicalmente distintos de los que existían hace treinta o sesenta años. Avalan lo anterior las curvas de mortalidad y de discapacidad que afectan a la población chilena, tras lo cual se puede concluir que los años de vida saludable son alterados por estos dos factores, que son absolutamente previsibles y manejables. En consecuencia, se argumentó que el sistema sanitario vigente fue diseñado para enfrentar problemas distintos de los actuales.
Existe una carga progresiva de enfermedades debido a múltiples razones. En efecto, el grupo etario que crece más rápidamente es el de las personas mayores de sesenta y cinco años, y se estima que antes de dos décadas este grupo superará en número al de los jóvenes de hasta quince años de edad. Se hizo presente la existencia de un consenso acerca del diagnóstico de la situación sanitaria, de las tensiones que trae consigo desde el punto de vista de las enfermedades emergentes, del aumento de la tecnología que se incorpora a las soluciones de salud y del cambio que tiene la población en relación con los servicios de atención. Se planteó que los pacientes necesitan que se les garantice un nivel de acceso a estos últimos que sea concordante con su dignidad como seres humanos.
Por otra parte, el sistema de salud incorpora, en forma progresiva, tecnología del más alto costo, lo que hace necesario decidir, entonces, la clase de servicio de salud que se puede incorporar racionalmente.
Este diagnóstico ha dado lugar a las iniciativas en comento, las cuales responden a la urgencia de definir cómo resolver un conjunto de problemas sanitarios en forma equitativa para toda la población. Ello sería posible técnicamente, así como también ordenar todos los problemas de salud de acuerdo a su magnitud. En este plano deben establecerse derechos sociales que sean exigibles para todos y en igual medida. De este modo, se genera una institucionalidad a través de la Superintendencia de Garantías, para que cualquier ciudadano afiliado a Fonasa o a una isapre obtenga de la sociedad igual satisfacción a sus problemas de salud.
Se hizo hincapié en cuanto a que entre las condiciones que deben existir para que esta reforma de salud pueda aplicarse, está la necesidad de introducir modificaciones importantes en el sistema de isapres, toda vez que estas instituciones fueron diseñadas con una lógica distinta de la que hoy comentamos.
Se sostuvo que los seguros privados fueron diseñados sobre la base de que los incentivos están puestos en el sobreconsumo de prestaciones. Sin embargo, en la actualidad se pretende que los recursos sean asignados racionalmente, de modo que ello se traduzca en mejores resultados de salud para las personas que están en el sector privado. Esto implica una adaptación a lo que podría ser una óptica de seguridad social en salud, de tal forma que sus tres millones de afiliados, que representan el 20 por ciento de la población, sin diferenciación alguna derivada de sexo, de edad o del lugar geográfico donde viven, tengan respuestas en el 80 por ciento de las enfermedades y problemas de salud que afectan a la población chilena.
De igual modo se precisó que sería menester reforzar todo lo que es la acción de control sobre el sistema de isapres.
Me voy a remitir a las conclusiones hechas por la Comisión de Salud en el año 2000, cuando evacuó un informe sobre el derecho que tienen las personas que están en el sistema de isapres de gozar de un sistema eficaz, transparente y de costo efectivo.
Una de las conclusiones a que llegó la Comisión tiene que ver con la transparencia del sistema, uno de los mayores problemas del sistema de isapres. Se hizo presente que las isapres tienen facultad para modificar cada año los precios de los planes. Esta atribución está señalada en la letra d) del artículo 33 de la ley Nº 18.933.
Lo razonable sería promover un cambio que permita a los afiliados contar con un plan de salud que tenga vigencia al menos por tres años, a fin de otorgar mayor seguridad tanto al afiliado como a sus beneficiarios.
Es importante eliminar, entonces, la posibilidad que tienen las isapres de modificar los planes de salud sin autorización de los afiliados, lo cual debe efectuarse en un documento por escrito. Si no hay respuesta de aceptación del plan modificado se entiende vigente el anterior. El rechazo a esta falta de transparencia se fundamentó en que el consentimiento expreso y explícito del afiliado ocasionará el aumento de los costos en la administración de los planes de salud.
Se señaló que el alza de los planes debía estar justificada por el incremento de los costos de las prestaciones. Para medirlo, se debe considerar la creación de un índice de precios de salud. Se trata de un tema relevante, ya que durante los últimos años el aumento en el costo de los planes no se condice con el alza, por ejemplo, del IPC. Por eso es tan importante la aseveración de la Comisión de Salud.
Otro tema fundamental fue el de la integración vertical entre las isapres y los prestadores de salud. Ella hace posible la homologación a los servicios públicos de salud, lo que constituye un sistema de integración vertical con un adecuado y debido control que evite las perversiones del sistema. El fundamento de dicho rechazo fue que para evitar los efectos negativos de la concentración, en las isapres existen los mecanismos de la ley Antimonopolios.
Las Comisiones unidas, en una importante decisión, determinaron el rechazo absoluto de la integración vertical.
En cuanto a las licencias médicas, se fundamenta que la forma actual del aumento del gasto destinado al subsidio por incapacidad laboral implica disminuir el fondo disponible para prestaciones médicas, por lo cual se propone estudiar la factibilidad de rediseñar el seguro de salud, separando la cotización del 7 por ciento en dos: una, para financiar exclusivamente el subsidio de incapacidad laboral (SIL), y otra, para financiar las demás prestaciones asistenciales de salud.
Aquí se debe considerar la conveniencia de que las instituciones de salud concentren sus recursos en el cumplimiento de sus tareas sustantivas. Por tanto, se recomienda estudiar la factibilidad de, por ejemplo, licitar el pago de subsidios a distintas entidades pagadoras.
Además, se propone modificar el artículo 36 del decreto supremo Nº 3, de 1984, para establecer que la comunicación de la licencia autorizada por correo sea obligatoria sólo para el empleador y los trabajadores independientes. La proposición se fundamentó en que ello permitiría disminuir el costo administrativo que implica hacer una doble comunicación, puesto que actualmente también deben enviarse comunicaciones al trabajador.
La Comisión también propuso una conclusión que se relaciona con la cobertura del sistema de isapres y la discriminación que hace hacia la mujer y el adulto mayor. Ello tiene que ver con la discriminación que se produce al interior del sistema en relación con las primas que se cobran y las coberturas que las isapres otorgan a las mujeres en edad fértil y a los adultos mayores. Esto ocurre porque el modelo promueve una tendencia a la segmentación, es decir, a diferenciar a los individuos que, conforme a sus propias características, están más o menos propensos a sufrir un daño o deterioro en su salud que deba ser financiado total o parcialmente por la isapre, para asignarle a cada uno de ellos una prima diferente, según su nivel de riesgo. Es muy importante que la Cámara tenga presente la discriminación en el momento de pronunciarse. Esta característica de los seguros de salud afecta de manera notoria a los grupos de mayor riesgo, dentro de los que se reconoce a las mujeres, especialmente a aquellas en edad fértil, y también a los adultos mayores.
Una de las formas de eliminar la discriminación que se produce entre la población activa a nivel del sistema de isapres estaría representada por la existencia de un plan referencial respecto del cual las instituciones no puedan establecer diferencias de precios entre hombres y mujeres, como se da en la actualidad. Además, la definición de un plan referencial supone limitar o eliminar las normas de la letra d) del artículo 33 de la ley Nº 18.933, que permite a las isapres comercializar planes que no contemplen todas las prestaciones del arancel.
El establecimiento de un plan referencial al que puedan acceder en igualdad de condiciones tanto hombres como mujeres, de ninguna manera supone desconocer la diferencia que se produce en el gasto de prestaciones y subsidios por incapacidad laboral que existe entre ambos sexos, razón por la cual resulta necesario avanzar en la definición de mecanismos que permitan hacerse cargo del impacto que dichas diferencias producen en el financiamiento.
En efecto, el tema es cómo cubrir las diferencias de gastos que, a nivel de grandes números, se producen entre hombres y mujeres. Para hacer frente a la discriminación que se genera entre la población activa y la pasiva se requiere establecer mecanismos de solidaridad intergeneracionales. Por ejemplo, acumular recursos durante la juventud con el fin de financiar los planes de salud en la etapa pasiva; crear mecanismos para que los jóvenes financien los planes de salud del adulto mayor o que las isapres, que están iniciando acciones para generar fondos de reserva, contribuyan al financiamiento de un mejor plan, como asimismo establezcan el otorgamiento de premios a la permanencia, con la condición de que el cotizante se someta a un sistema de control preventivo de salud. Además, se tendrá que definir el modelo de atención más adecuado para la realización de las acciones de salud y de la prevención que necesita este plan, sobre todo para la tercera edad.
Otra conclusión se refiere a las medidas tendientes a aumentar la transparencia en el sistema de isapres. Conviene recordar que la regulación debe estar orientada a crear condiciones que brinden protección a los usuarios, afiliados y beneficiarios, en el contexto de una actividad cuyas condiciones de contratación no son simétricas en cuanto a poder de negociación, capacidad de manejo de la información, etcétera.
Esta razón reafirma la necesidad de impulsar la promulgación de normas legales y reglamentarias que generen mayor protección de los usuarios en el contexto de una relación contractual en la cual ellos son la parte más débil del sistema.
Uno de los aspectos determinantes de la transparencia, en lo que dice relación con los contenidos de los planes de salud, es lo señalado en el artículo 33 de la ley Nº 18.933, el cual establece lo siguiente: “Para el otorgamiento de las prestaciones y beneficios de salud que norma esta ley, las personas indicadas en el artículo 29, deberán suscribir un contrato con la Institución de Salud Previsional que elijan”.
“En este contrato, las partes podrán convenir libremente el otorgamiento, forma, modalidad y condiciones”.
“d) El precio del plan y la unidad en que se pactará señalándose que el precio expresado en dicha unidad sólo podrá variar una vez cumplidos los respectivos períodos anuales.”.
De este modo, la norma legal en comento establece un parámetro de referencia para las instituciones del sistema al señalar que el arancel de prestaciones de cada una debe comprender, a lo menos, las prestaciones contenidas en el arancel Fonasa de la modalidad de libre elección, lo cual es de suma importancia.
Sin embargo, la norma no obliga a tener un catálogo único común a todas las instituciones de salud que gocen de libertad para configurar sus aranceles. Esto es una franca discriminación. La sola limitación de que deben contemplar todas las prestaciones de Fonasa no soluciona el problema. Dicha libertad ha provocado variedad en la forma, contenido y valores de los aranceles de diferentes isapres, con la agravante de que muchas de ellas han generado aranceles diferenciados para sus distintas líneas de planes, lo cual hace que al interior de una misma institución coexistan múltiples aranceles y más de catorce mil planes.
A través de la Comisión se han realizado una serie de proposiciones, entre ellas, establecer un reajuste sobre dicho índice de referencia, que deberá contar con la aprobación explícita de ambas partes. Para dar más transparencia al sistema deberá sustituirse en la letra d) del artículo 33 de la referida norma legal, la palabra “anuales” por “de tres años”. Además, deberá indicarse el arancel o catálogo valorizado de prestaciones con sus respectivos topes. En la letra g) del mismo artículo, el arancel deberá señalar claramente los límites de prestaciones o beneficios. Se acordó, también, sugerir a las isapres que no ofrezcan planes de salud que no contengan las prestaciones del arancel del Fondo Nacional de Salud.
Otro tema tremendamente importante dice relación con el control y la calidad de los prestadores. El aumento de los costos del sistema de las instituciones de salud privada ha traído como consecuencia la implementación de modalidades que orientan la atención de sus beneficiarios a determinados prestadores de los servicios de salud cerrados o preferentes. Dichas modalidades suponen una celebración de convenios entre instituciones y prestadores, con grados de integración vertical variables, pero también con deterioro en los controles de calidad.
En relación con las prestaciones de las isapres a sus beneficiarios, dicha modalidad supone que el efectivo cumplimiento del contrato de salud pase por actos propios de los prestadores y no de las instituciones. En este nuevo escenario, no totalmente desarrollado al momento de la dictación de la ley Nº 18.933, de 1990, la efectiva protección de los derechos de los usuarios supone que la Superintendencia debe ampliar sus facultades en materias tales como la calidad de dichas atenciones.
Al respecto, en el artículo 3º de la ley se confieren facultades a la Superintendencia de Isapres, entre las que destacan las siguientes: interpretar administrativamente las materias propias de su competencia y, además, las normas que rigen a las personas y entidades fiscalizadoras de salud previsional. En particular, creemos que la norma en comento se hace insuficiente para que la Superintendencia participe en el control de calidad de las prestaciones en los planes cerrados o preferentes, e intervengan en la determinación de la legalidad y procedencia de las modalidades convenidas.
Es importante lo que se propone, por cuanto se recomienda revisar la ampliación de las facultades otorgadas a la Superintendencia para que fiscalice la calidad de las prestaciones.
En cuanto a las proposiciones que se hacen en materia de licencia médica, como ésta es parte del tratamiento médico, debe ser pagada íntegramente por la isapre, y en caso de que se detecten o se presuman irregularidades, deberá existir la posibilidad de apelar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compin , o a la organización o institución que recomiende la ley. En efecto, si la institución detecta o presume irregularidades en el otorgamiento de una licencia médica, podrá recurrir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. El mismo derecho tendrá el empleador respecto de las licencias que haya autorizado la institución.
Respecto de los tres días de carencia, se estima que es una situación injusta, ya que al ser parte del tratamiento de la enfermedad no debería producirse una situación distinta respecto de aquel cotizante al que se le han indicado once o más días de reposo. Hay un planteamiento claro en cuanto a que las licencias tienen que ser pagadas desde el primer día, lo que evitaría, además, licencias de mayor duración, como ocurre actualmente.
En cuanto al aumento significativo de las licencias médicas y para su mejor control, se proponen las siguientes medidas: encomendar la tuición del control ético a los colegios profesionales de médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas; establecer mayores sanciones para la falsificación o mal uso de las licencias médicas; elevar a la condición de especie valorada el formulario de licencia, lo que implicaría contar con elementos de seguridad, tales como sellos de agua, tinta especial, etcétera lo que ha sido recogido en la actualidad; la creación de un registro nacional único de licencias que permita centralizar la información al respecto y aumentar la capacidad supervisora de las comisiones de medicina preventiva e invalidez para examinar a los pacientes y controlar el cumplimiento de los reposos indicados; realizar los estudios de impacto con el fin de reorientar los incentivos y controles de oferta y demanda de las licencias. Los controles a la demanda son para evitar el otorgamiento de licencias que no correspondan a los objetivos del programa, y aquellos orientados a la oferta son con el objeto de verificar la existencia real del diagnóstico y su relación con la duración del reposo indicado.
A fin de facilitar la toma de decisiones en estrategias de prevención, control y evaluación, se recomienda la creación de un sistema de vigilancia epidemiológica diseñado para recoger información de los episodios de ausencia y su duración, como de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Dada la importancia que se asigna al sistema de vigilancia epidemiológica, se propone, asimismo, considerarlo como un componente más de la matriz del programa. Esta sugerencia es fundamental y espero que sea recogida.
Asimismo se propone el diseño y la preparación de la implementación de un sistema de información computacional para la gestión e interacción de los distintos niveles de toma de decisiones, lo que se está trabajando a nivel de Superintendencia; protocolizar las enfermedades o diagnósticos con mayor incidencia y prevalencia con el fin de incorporar criterios de tiempo y condiciones de recuperabilidad, según gravedad; tener presente la necesidad permanente de revisar los límites entre las llamadas enfermedades comunes y las relacionadas con el trabajo. Se recomienda actualizar la nómina de enfermedades profesionales sobre la base de criterios organizacionales, tecnológicos, productivos y ambientales.
Dada la importancia del componente de licencias médicas y del programa de subsidio de la enfermedad y medicina curativa, se recomienda que el Ministerio de Salud genere, a nivel central, estructuras administrativas y técnicas que puedan cumplir las funciones de normalización de gestión y supervisión, definidas en la matriz del programa.
Para solucionar uno de los problemas que se presenta con ocasión del pago de licencias a trabajadores que perciben rentas variables, como los que laboran en el comercio, en el sector pesquero y los temporeros, sobre todo cuando enfrentan un período de bajas remuneraciones o de falta de trabajo, se propone modificar el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 44, de 1978, a fin de establecer que para la base de cálculo de todos los subsidios por incapacidad laboral se considerará el promedio de la remuneración mensual neta devengada en los seis meses anteriores a la otorgación de la licencia.
La siguiente proposición tiene por objeto sugerir la modificación del artículo 1º del decreto supremo Nº 3, de 1984, con el objeto de establecer que la licencia médica es un beneficio esencialmente temporal. Por ello, para otorgarla por un período superior a 180 días, deberá contarse con el visto bueno de la Compin o de la comisión médica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
En cuanto al seguro catastrófico, este instrumento fue creado para que los beneficiarios del sistema de isapres pudieran enfrentar enfermedades de costo catastrófico, entendiéndose por éste aquel que no permite al cotizante solventar los gastos producidos por una determinada enfermedad. Se trata de un seguro adicional que beneficia con un subsidio implícito o reaseguro prestaciones otorgadas en los sectores público y privado de salud. Ello, por cuanto la mayoría de los pacientes afectados por enfermedades catastróficas son atendidos la ley de isapres lo permite en los servicios de urgencia, maternidades, UCI, UTI y pensionados de los hospitales públicos.
Ya nos hemos referido al aumento de las facultades de la Superintendencia de Isapres. En esta materia, se propone que las multas no podrán exceder las mil unidades de fomento en caso de tratarse de infracciones reiteradas de la misma naturaleza. Asimismo, podrán aplicarse multas de hasta cinco veces el monto máximo expresado.
Respecto de la gestión, riesgo y traspaso de cartera ante un potencial término o cesación de una isapre, la Superintendencia, conforme a sus actuales atribuciones, no tiene facultad legal explícita de intervención preventiva, estando reservada la actuación para la liquidación de su garantía, es decir, cuando el problema es irremediable o se han generado efectos perjudiciales para los beneficiarios.
También se analizó el problema de la cobertura regional de la Superintendencia de Isapres. Cabe señalar que ésta sólo cuenta con una cobertura territorial en las regiones Quinta, Séptima y Duodécima . Por lo tanto, se hace urgente la determinación de las autoridades tendiente a fortalecer un sistema regulatorio y fiscalizador en todo el país, ya que el adecuado ejercicio de las funciones delegadas por el legislador en la Superintendencia de Isapres guarda directa relación con la cobertura y posibilidades efectivas de otorgar protección. Así, la relación virtuosa entre la ciudadanía y el Estado sólo se logra en esta área con la concreta posibilidad que tienen los usuarios de formular reclamos, lo cual, en la actualidad, aún no es posible.
También es necesario abordar las facultades de las isapres, las que consideramos unilaterales y contrarias al bien común, pues fomentan una fuente de abuso contra los usuarios. Se trata de un tema fundamental que deben tomar en cuenta los legisladores al momento de regular esta materia. Por ejemplo, es necesario analizar la expulsión unilateral de los afiliados por la vía de aumentar las primas y cotizaciones. Se trata de un tema que debe ser estudiado a fondo, pues las facultades unilaterales constituyen una verdadera aberración jurídica.
Otro punto importante se relaciona con la revisión y ajuste periódico de los contratos de salud. Constituye un avance el hecho de que las isapres ofrezcan, por el mismo precio y sin limitaciones ni exclusiones de cobertura, las 56 prestaciones contenidas en el Auge y las 2.300 de la modalidad de libre elección de Fonasa. Esto disminuirá la discriminación ejercida contra las personas mayores enfermas y mujeres en edad fértil, pero ello se producirá a costa de mayores abusos contra los usuarios. Por ello es necesario regular la manera en que se resarcirá el costo de la reforma con la acentuación de la expulsión de afiliados costosos y los reajustes desmedidos.
Otras materias que deben estar muy presentes a la hora de legislar se relacionan con el control de los reajustes de los planes de los afiliados “cautivos” y el índice del costo de salud calculado por el INE. Como ya se ha dicho, existe un aumento inequitativo del costo de los planes.
Respecto de la supresión y limitación de los beneficios en las revisiones anuales, es muy importante mantener las condiciones de los planes y que no se traduzcan en un deterioro de los mismos.
Otro tema fundamental es la limitación que existe respecto de la libertad de los afiliados para desahuciar el contrato. En la actualidad, ello se puede practicar dentro del mes siguiente a la fecha en que se comunique la adecuación del contrato. Los beneficiarios contractuales, luego de un año, pueden desahuciar el contrato en cualquier momento. Por su parte, la isapre puede revisarlo, adecuarlo y reajustarlo anualmente. La propuesta actual quiebra ese equilibrio. Por ello, es muy importante tener presente esta facultad, la que debe ser transparente y equitativa.
Asimismo, es necesario terminar con los abusos de los planes cerrados y garantizar legalmente la libre elección por parte de los usuarios. Se trata de un tema central que permite, con las indicaciones que hemos propuesto, hacer realidad algo tan anhelado por la población beneficiaria de las isapres: la libre elección.
Otro tema que se debe tener presente a la hora de legislar es la desprotección de los beneficiarios ante la muerte del cotizante. Hemos propuesto crear un sistema que contemple un seguro de desgravamen, de tal manera que al fallecimiento del cotizante, las personas o familia que estaban a su cargo, no queden desprotegidos.
También creemos que es muy importante el tema de la afiliación. Es un hecho público y notorio que, por una comisión, muchos de los cinco mil agentes de ventas de las isapres no aportan la transparencia debida y aconsejan a los trabajadores no declarar preexistencias, omisión por la cual tarde o temprano, la isapre, para ahorrar una prestación costosa o una licencia relativamente prolongada, expulsará al cotizante.
Otra cuestión esencial es la revisión del contrato, la que debe hacerse equitativa y transparentemente. La adecuada propuesta deberá ser comunicada al afectado mediante carta certificada, con a lo menos dos meses de anticipación al vencimiento del período. Creemos que es un tiempo razonable para adoptar las decisiones respectivas.
Otro tema relevante dice relación con la fiscalización y la Superintendencia de Isapres. Los abusos contra los usuarios de isapres se producen por tres factores: primero, debido al marco legal desequilibrado; segundo, a la conducta abusiva, y tercero, a la actuación parcial de la Superintendencia de Isapres, pues no tiene los atributos adecuados para defender a los usuarios. Su desprotección seguirá como en la actualidad si no se atacan estas tres causas.
También creemos que hay otra falencia dentro de esta proposición: la ausencia de los usuarios en el consejo consultivo que regula a las isapres.
Las indicaciones al mensaje Nº 84347, sobre la revisión del contrato y disposiciones transitorias, deben considerarse para establecer de manera clara y precisa la normativa correspondiente.
Estamos seguros de que con los aportes de todos los sectores en las Comisiones unidas y los que se harán en esta sesión, este proyecto va a tener una viabilidad bastante importante.
Los temas principales que busca la ciudadanía es terminar con la discriminación, sobre todo de las personas mayores y de las mujeres, y también con el problema del costo de los planes.
En virtud de lo expuesto y de lo señalado en el informe, las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud recomiendan la aprobación del proyecto que modifica la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, sin duda el proyecto en discusión, que propone la modificación de la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional, es de la más alta importancia.
No voy a hacer una intervención extensa, sino que simplemente quiero hacer énfasis en algunos puntos que me parecen fundamentales para determinar la línea adecuada, a mi juicio, de una legislación en esta materia.
Desde luego, un punto esencial es asegurar una buena atención de salud para los habitantes de un país, lo que es, antes que todo, un servicio, y eso es válido para los ámbitos público y privado. De tal manera que aquel particular que incursione en la salud, debe tener presente que su actuación no puede quedar regida sólo por el lucro, como sucede con otras actividades. Si no se entienden las cosas así y se administra la salud con un criterio similar al que se usa en el ámbito comercial por ejemplo, en un supermercado, no estaremos en la línea correcta, y eso debemos tenerlo presente al momento de legislar. Desgraciadamente, esto no ha sido así en los últimos veinte años. Y vamos a probar con hechos concretos cómo el afán de rentabilidad y de lucro, en casos específicos, ha sido maximizado por sobre el objetivo esencial de garantizar la atención de salud, es decir, el sentido de servicio.
También hay que tener presente que las isapres y el Fonasa administran cotizaciones obligatorias. La voluntariedad radica en si el cotizante está en uno u otro sistema de prestación de salud, pero la cotización que se entera en las isapres es obligatoria; ese 7 por ciento no queda a voluntad de las personas, sino que es una cantidad de dinero que mensualmente reciben estas instituciones, que ciertamente tienen reitero que maximizar el objetivo fundamental que es garantizar y prestar un servicio.
Pero ¿qué ocurre en la práctica? ¿Se cumplen objetivos básicos como el de no discriminación y no expulsión del sistema a las personas que necesitan atención de salud? No se cumplen estos objetivos básicos. Hay discriminación. ¿Y con quiénes? Con las mujeres en edad fértil, con los adultos mayores, con las personas que por largo tiempo cotizaron en el sistema y han adquirido una enfermedad catastrófica o crónica.
Este es un tema de la mayor relevancia. En la Sala hay personas que hemos cotizado en las isapres, y a lo mejor por muchos años, y tenemos acceso a las prestaciones correspondientes; pero ni nosotros ni nuestros familiares estamos libres de contraer una enfermedad crónica o catastrófica en un momento determinado ¿Qué va a pasar en ese caso? Vamos a transformarnos en cotizantes cautivos, porque ninguna otra isapre nos aceptará como afiliados.
¿Qué ocurrirá al transformarnos en cotizantes cautivos, definición que constituye uno de los logros de este proyecto? Quedaremos a merced de lo que determine la isapre, como sucede con la norma vigente, por las condiciones que va fijando unilateralmente, una de las cuales es aumentar las tarifas. Si la persona no está en condiciones de responder, la isapre tiene la posibilidad de expulsarla del sistema.
Estamos legislando sobre una materia vital, que corresponde a uno de los objetivos del plan Auge, cual es garantizar atención prioritaria a determinado tipo de enfermedades, sin dejar, por supuesto, el resto de ellas sin atención.
Ése es un objetivo.
El otro es cómo administrar la cotización de salud previsional obligatoria que cada chileno y chilena paga todos los meses. A mi juicio, se trata de un punto vital que debemos tener presente durante la discusión en general del proyecto, para evitar los elementos que impidan cumplir los objetivos básicos de cualquier sistema de salud. Por eso, nuestra demanda es clara y categórica en este proyecto: transparencia y seguridad de los contratos. Seguridad, en el sentido de no quedar todos los años a merced de que las isapres cambien unilateralmente las condiciones del contrato, en especial la del precio, es decir, lo que cada chileno y chilena paga todos los meses, ya sea porque les bajan la cobertura debido a que el 7 por ciento no alcanza para cubrir lo pactado, o bien, en el caso de quienes pagan más de ese porcentaje, porque les aumenta la cantidad de unidades de fomento que deben pagar las cuales ya tienen una reajustabilidad automática, puesto que ésta es la unidad monetaria elegida para el cobro de las prestaciones.
En definitiva, se trata de evitar las inequidades que se producen por la vía de la unilateralidad y de la discriminación. La certeza tiene que ver con que cada chilena no quiere ser discriminada cuando está en edad fértil; con que cada chileno o chilena no quiere ser expulsado del sistema de isapres después de haber pagado toda una vida, porque le aumentan los costos debido a la edad, o no quiere y nosotros tenemos la obligación de garantizarlo ser expulsado él o algún miembro de su grupo familiar por haber contraído una enfermedad crónica o catastrófica, luego de pagar cotizaciones durante toda una vida.
El proyecto tiene mucha importancia, por cuanto forma parte del eje articulador del sistema de salud reformado. Lo estamos estudiando con gran dedicación para garantizar la mayor efectividad en este ámbito, que está entregado a los privados, pero que no puede ser manejado como un negocio cualquiera.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi .
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, concuerdo con el diputado señor Riveros sobre la importancia del proyecto en discusión.
Voy a hablar del sistema de salud privado, a pesar de que no es predominante en cuanto a la atención, ya que sólo sirve a tres millones de personas, o sea, al veinte por ciento de nuestra población.
Como se ha dicho, el sistema de salud privado nació con una lógica totalmente distinta de la del sistema público. Como todos saben, el sistema público, con su red integrada de atención, funciona de acuerdo con la lógica del beneficio, o sea, de otorgar una prestación, de llegar a un buen diagnóstico y de promover la salud de la población.
La lógica con la cual funciona el sistema de salud privado, instaurado en 1981, es la del lucro, o sea, cómo obtener una ganancia en el mercado de la salud, lo que, sin duda, produce muchas perversiones. La mayor de ellas se refiere a que se tiende a segmentar a la población en cuanto a su situación de riesgo sanitario, que no es otra cosa que la posibilidad que tiene el afiliado de enfermarse. Así, se establece una serie de discriminaciones por parte de estas instituciones con el objeto de obtener más ganancias.
La primera discriminación obvia y natural es por edad, o sea, etaria. Se segmenta a la población, sobre todo a los adultos mayores, que tienen más posibilidades de enfermar, por razones obvias de envejecimiento, etcétera.
Por otro lado, se selecciona una población de individuos sanos, laboralmente activos, ojalá con altos ingresos, que se enferman menos y pagan más, y que, por lo tanto, es más beneficiosa para los dueños de las isapres, para los empresarios.
La segunda discriminación, respecto de la cual se ha hablado mucho, es la que se basa en el sexo. Se produjo un gran debate por la existencia de los llamados “planes sin útero” uno de los 14 mil planes de que hablaba el diputado informante, doctor Accorsi para las mujeres que están dispuestas a pagar sustancialmente menos por su plan, pero con la condición de no embarazarse, como si éste fuera un evento extraordinario, alejado de la vida cotidiana de la mujer en edad fértil, en edad reproductiva.
Así, se segmenta a la población de mujeres en edad fértil y con riesgo de enfermarse, que resultan más caras para las isapres. Por lo tanto, sus planes son más onerosos. Lo mismo se hace con la población de adultos mayores, quienes tienen más posibilidades de enfermarse e incurren en más gastos por concepto de exámenes, diagnósticos, tratamientos, medicamentos, etcétera.
¿Cuál es el objetivo del proyecto? Terminar con esas discriminaciones. La iniciativa constituye un avance en ese sentido. Pero no veo que contenga el concepto fundamental de contar con un plan privado de salud para toda la vida, es decir, que la persona que ingresa joven, sana y con buen ingreso tenga la tranquilidad de que, en la medida en que pase el tiempo, cuando se va envejeciendo y enfermando más, también contará con una adecuada cobertura, acceso y protección financiera.
También creo necesario revisar en el proyecto uno de los problemas fundamentales que se ha presentado y que conoce muy bien el superintendente de Isapres, ya que es un reclamo que presentan habitualmente los afiliados a las isapres: las preexistencias. Entendemos que es necesario saber qué patologías tiene un paciente al ingresar a un seguro, porque esto, de alguna forma, es un seguro privado. Al respecto, el proyecto dice lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se entenderán que son enfermedades preexistentes aquellas declaradas por el usuario, o aquellas cuyo diagnóstico haya sido establecido en un examen de salud realizado por la institución de salud, en forma previa a la suscripción del contrato”.
Quiero señalar algo que ojalá pueda acogerse en el debate en la Comisión, con el fin de introducir una modificación que tenga por objeto evitar el sobrediagnóstico. Por ejemplo, a un paciente que se está afiliando a una isapre y que es sometido a un examen médico de rutina para detectar si tiene alguna patología previa, se le puede diagnosticar hipertensión. No hay que ser médico para saber que la hipertensión es oscilante y que un individuo con presión normal puede aparecer con una presión elevada en un examen, incluso por razones de estrés, y quedar caratulado como hipertenso. O sea, posee una preexistencia que puede ser atribuida como causa de enfermedades coronarias o hemorragia cerebral hipertensiva, lo cual generaría problemas al afiliado.
Me parece importante tomar en cuenta esta preocupación en la Comisión para mejorar el proyecto. También es fundamental terminar con las modificaciones unilaterales, sin autorización del afiliado, lo que viene ocurriendo de manera permanente.
Comparto lo señalado por el diputado señor Accorsi , en cuanto a que es necesario introducir transparencia al sistema, porque existe una gran asimetría en el manejo de la información. Los afiliados poseen escasa información en el ámbito de la salud, poco saben de los costos de los exámenes, de los riesgos a los cuales están expuestos. Pero la contraparte, que es la institución de salud privada, maneja toda esa información.
Ahora se exigirá cierto grado de capacitación a los agentes de ventas de los programas de salud privada y también se establecerán graves y drásticas sanciones a quienes no cumplan las exigencias. Incluso, está contemplada la exclusión del sistema por un año. Eso lo considero positivo, pues contribuirá a que exista una relación más honesta, transparente y veraz entre el agente de venta y el potencial afiliado.
Hay un aspecto en el cual me quiero detener, porque lo considero central. Hoy existen cerca de diez mil reclamos en la Superintendencia de Isapres, debido a la modificación de licencias. ¿Qué significa esto? Acortar una licencia o, sencillamente, eliminarla.
En mi calidad de médico quiero señalar que existe una gran discusión en cuanto a si el reposo es considerado un tema de seguridad social ligado al trabajo o un asunto médico. Estoy convencido de que el reposo forma parte de la recuperación de la salud, del tratamiento de una enfermedad. Por lo tanto, la isapre debe cubrir cada día que el paciente no trabaje por razones de enfermedad. Se supone que estamos hablando de un afiliado que no asiste a su lugar de trabajo no porque esté en la playa o de vacaciones, sino porque un médico, después de examinarlo y entregarle un diagnóstico, le dio un tratamiento que, entre otras cosas, incluye el reposo. Todos sabemos muy bien que existen patologías, como el resfrío y la hepatitis, para las cuales el único tratamiento es el reposo. En ese sentido, existe un incentivo perverso para el médico tratante, relacionado con dar más días de licencia. Las isapres dicen que muchas veces se otorgan más días de los que corresponden. Sin embargo, ellas no pagan los tres primeros. Es fundamental dejar establecido en el próximo trámite del proyecto que se debe pagar al paciente cada día de licencia, pues, de lo contrario, los médicos nos vemos en la obligación de darle más días de reposo para que se la paguen en su totalidad.
Hay otro aspecto que tampoco queda suficientemente bien establecido, razón por la cual debemos cambiar el enfoque que le estamos dando a la discusión con respecto a la licencia. Debemos partir de la base de que si el médico la da es porque el paciente la requiere, no porque sea sinvergüenza o esté coludido con el paciente para obtener un beneficio monetario. Ahora bien, si posteriormente se comprueba que se adulteró la licencia, se falsearon los datos o existió colusión de intereses entre el médico y el paciente, la sanción tendrá que ser más drástica, tanto para uno como para el otro. Esto lo engarzo con algo muy sentido por los médicos: que la tuición ética de la profesión pase al Colegio Médico, para que estos cien médicos que monopolizaron el diez por ciento de las licencias otorgadas que no es casualidad, porque tras su extensión existían fines de lucro, sean sancionados con las más drásticas medidas, porque perjudican no sólo a los pacientes, sino a la comunidad y al Estado en su conjunto.
En el proyecto deben quedar claramente establecidos los requisitos para la acreditación de los prestadores, sean instituciones privadas, públicas o personas naturales. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se produce la siguiente situación: muchas instituciones de salud privada admiten en forma arbitraria a algunos facultativos, a algunos prestadores, y no a otros. ¿En virtud de qué? No se sabe. Muchas veces, sobre esos prestadores recaen presiones indebidas e ilegítimas. ¿Cuáles? Por ejemplo, tener un gráfico de los médicos según el número de licencias que extienden; advertirles, cada dos o tres meses, que están otorgando muchas licencias, que están pidiendo exámenes muy sofisticados, que resultan muy caros, aunque el paciente los requiera, pues así no le sirve a la isapre. Por lo tanto, seleccionan a un grupo de prestadores dispuestos a funcionar según la lógica del lucro, sin buscar el beneficio del paciente.
El único requisito que debe exigirse para que cualquier institución de salud privada acredite a los prestadores es poseer un título profesional o de especialista reconocido por las universidades chilenas, o por el Ministerio de Salud, en su caso. Hoy eso no ocurre. Este aspecto no lo veo con mucha fuerza en el proyecto.
También debemos incorporar en el proyecto la idea de los planes de salud para toda la vida. Es la única manera de evitar que el sistema funcione sobre la lógica de que quien posee mayor poder adquisitivo o más dinero en el bolsillo, tiene acceso a una mejor atención de salud. Esto debemos cambiarlo, y la única manera de hacerlo es con subsidios cruzados, solidarios, intergeneracionales e intersexos. Es la única forma de derrotar las discriminaciones, terminar con las arbitrariedades y lograr el objetivo que se busca con esta reforma integral de salud, que no es otro que garantizar un acceso igualitario a una salud digna y de buena calidad a todas las chilenas y a todos los chilenos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, en los últimos cuatro meses del año 2002, en la Comisión de Salud y en las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud, nos ha correspondido analizar cinco proyectos destinados a efectuar una profunda reforma a la salud en nuestro país.
Hoy hemos escuchado un informe muy extenso del diputado señor Enrique Accorsi , ex presidente del Colegio Médico y presidente mundial de esos profesionales, en el cual dio a conocer los objetivos del proyecto que modifica la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional.
Desde el 11 de marzo del año pasado, en la bancada democratacristiana hemos tenido la oportunidad de escuchar a los colegas Carlos Olivares y Patricio Cornejo ambos, en su momento, presidentes de la Comisión de Salud, razón por la cual nos hemos formado una imagen muy clara y precisa de estos temas. Hoy nos toca dar nuestra visión acerca del sistema de isapres.
Lo digo con mucha altura de miras, porque soy uno de los pocos que nunca se ha afiliado a una isapre, ya que siempre he cotizado en el Fonasa. Pero eso no significa que no crea en el sistema mixto de salud. En Chile deben existir ambos sistemas. Sin embargo, quiero ser muy claro en el sentido de que la visión sobre ellos ha significado una distancia entre el sistema privado y el público. En efecto, el primero no ha respondido a objetivos sanitarios ni logrado mayores niveles de equidad. Tampoco hay claridad respecto de los niveles de eficiencia, pues sus gastos administrativos han sido muy altos y los costos para los usuarios van subiendo año a año.
¿Qué persigue el proyecto? Permite avanzar y resolver el problema al insertar con claridad el sistema de isapres en el sector de la salud. Sabemos que la iniciativa forma parte de la reforma a la salud, impulsada por el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, tercer gobierno de la Concertación.
En el proyecto en debate, que complementa el que crea el régimen de garantías, ya aprobado por esta Corporación, se da respuesta a graves problemas del sistema de isapres. Así como en el de régimen de garantías se obliga a las isapres a otorgar el Auge sin discriminación, en éste se resuelve el problema de transparencia en las prestaciones, con la creación de un arancel común que permita comprar y entender los planes del mismo modo por parte de los usuarios, independientemente de la isapre de que se trate.
Se resuelve el problema de transparencia y el de alzas de los precios de los planes al establecer que éstas deben referirse a un índice de precios que establezca la Superintendencia de Isapres, los que no podrán superar el 30 por ciento de dicho índice. En otras palabras, si el alza del precio en el índice es de diez por ciento, ningún plan podrá subir más de 13 por ciento.
Esas cosas son concretas, efectivas y reales, porque las alzas, en especial para las personas de la tercera edad, muchas veces superan el 70 por ciento. Con el proyecto, una vez dictada la ley, eso será imposible. Se da más estabilidad al contrato de salud, al indicarse que es indefinido y que los beneficiarios de un plan que pasan a ser cotizantes, pueden seguir formando parte de su isapre por el solo imperio de la ley, sin que ésta pueda expulsarlos o negarles su afiliación, situación que todavía se presenta en algunas isapres. Para ser justos, hay que decir que los casos son mínimos.
Los familiares de un cotizante fallecido mantendrán su contrato y cobertura de salud por un período mínimo de un año. El término del contrato podrá hacerlo tanto el afiliado como la isapre, por diferentes motivos, poniéndose fin a la unilateralidad existente.
Se otorgan más facultades a la Superintendencia, tanto para proteger a los afiliados de una isapre que quiebra como para regular diversos aspectos críticos de la gestión de estas instituciones, que afecten la confianza en el sistema, tales como controlar a los agentes de ventas, regular las empresas auditoras de las isapres, conocer de los hechos relevantes en razón de posibles fusiones o variaciones en los patrimonios de las isapres, mejor definición de las garantías que éstas deben mantener, asociándolas a las dudas de los afiliados, y aplicar multas de hasta mil UF, las que pueden cuadruplicarse.
El proyecto es importante porque permite a la gente contar con un sistema útil y confiable.
Votaremos a favor la idea de legislar sobre el proyecto, porque cumple cuatro objetivos concretos: protección del cotizante y beneficiarios en situaciones especiales, fiscalización preventiva, transparencia y aumento de atribuciones a la Superintendencia. Todo ello, con el objeto de defender a los afiliados a este sistema de salud.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Hago presente a los señores diputados que se le han introducido bastantes indicaciones al proyecto, en primer trámite constitucional; que hay seis señores diputados inscritos y que el Orden del Día termina a las 13.10 horas.
Propongo votar el proyecto, en general, a las 13.10 horas, después de que intervengan los diputados inscritos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer .
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, la idea fundamental de este proyecto, que modifica la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional, es complementar las reformas propuestas en el proyecto sobre régimen de garantías en salud para asegurar la adaptación del sistema de isapres a los cambios que propone dicho proyecto en lo relativo a las modificaciones a los contratos de salud, tanto respecto de los beneficios obligatorios es decir, el régimen de garantías de salud y las prestaciones y beneficios del arancel Fonasa en su modalidad de libre elección como de los beneficios del plan complementario, de manera que se efectúen obligatoriamente y para todos los afiliados a las isapres.
Este es el fundamento principal de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
Los objetivos de la iniciativa son:
El régimen de garantías de salud y las prestaciones y beneficios que Fonasa entrega en la modalidad libre elección deberán otorgarse por todas las isapres a un mismo precio y a todos los beneficiarios, sin diferencia de sexo ni edad. Se propone limitar el alza de precios de los contratos de cotizantes cautivos, sujetándola a un índice máximo definido por la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional.
Las isapres deberán mantener el contrato de carácter indefinido por un mínimo de tres años, pudiendo modificarse el precio del plan de salud que contenga el plan Auge, las prestaciones de Fonasa y los beneficios complementarios que los afiliados contraten sólo cada tres años, una vez que se defina el valor prima universal del régimen de garantías del plan Auge.
Garantizar a los beneficiarios del sistema de isapres el acceso a las atenciones de salud en el período inmediatamente posterior a la muerte del cotizante, manteniendo el contrato vigente por un período mínimo de un año.
Garantizar a quienes han sido beneficiarios de una isapre y que, a raíz de sus antecedentes de salud, no son admitidos por la misma institución como titulares de un contrato, que lo serán cuando comiencen a percibir ingresos.
Permitir que los afiliados puedan cambiarse de isapre en caso de que el registro de aquella en la cual cotizan haya sido cancelado, sin establecer restricciones para su afiliación.
Uniformar los aranceles utilizados para determinar el financiamiento de las atenciones de salud, avanzando hacia un arancel único para el sistema de isapres.
En relación con las facultades de la Superintendencia, se le permite intervenir ante situaciones financieras deficitarias o complejas que afecten a las isapres y que pongan en riesgo el ejercicio de los derechos de los beneficiarios; contar con mayores niveles de confiabilidad respecto de la información financiero-contable de las instituciones; intervenir en los traspasos de cartera que se produzcan con motivo de ventas, fusiones y/o absorciones entre las empresas fiscalizadas; conocer los hechos relevantes que afecten o pudieren afectar a las isapres; conocer los prestadores que las isapres utilizan para otorgar sus beneficios; establecer exigencias para los convenios que suscriban con dichos prestadores y controlar las alzas de precios a los cotizantes cautivos; controlar a los agentes de venta de las isapres, y aplicar multas de hasta mil unidades de fomento.
Considero que las modificaciones que el Ejecutivo propone introducir a la ley que rige a estas instituciones, que tanto han aportado a la salud de los habitantes del país, no tienen otro objetivo que hacerla compatible con el plan Auge. Las instituciones de salud previsional deberán entregar las mismas prestaciones que el Fonasa y a un precio equivalente.
Con esto vamos avanzando en la gran reforma de la salud, aunque, tal vez, en forma incompleta e inadecuada, pues no se está entregando la salud que realmente necesita nuestro país, con la participación de la gente que trabaja en los hospitales y consultorios, aspecto en el cual al Gobierno le cabe una gran responsabilidad. En mi opinión, pudo haberse hecho algo mejor, pero el Gobierno ha fallado, especialmente el ministro de Salud, a quien el Presidente de la República le entregó la responsabilidad de llevar a cabo esa gran reforma que Chile está pidiendo a gritos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, hoy nos encontramos discutiendo el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional, que es uno de los que conforman el paquete de la reforma de la salud.
Había pensado no intervenir en esta oportunidad, porque si en un tema tan complejo como éste existen diferencias, incluso, entre los especialistas que se han abocado a su estudio, quienes no se han puesto de acuerdo respecto de las proposiciones lógicas que de él derivan, resulta muy difícil pensar que en una sesión de la Cámara de Diputados podrán abordarse en profundidad las materias que dicen relación con una iniciativa legal que tiene por finalidad mejorar la salud de casi el 20 por ciento de los chilenos, es decir, alrededor de tres millones de personas. Sin embargo, después de escuchar algunas intervenciones me siento impulsado a hacer ciertas precisiones.
Un honorable parlamentario dijo que las isapres nacieron bajo una lógica del lucro. Al margen de que no tiene por qué ser pecado lucrar cuando se hace en forma responsable y no en un ámbito delictual, decir que las isapres nacieron bajo esa lógica demuestra o una ignorancia muy grande o una falacia que, por supuesto, no puedo dejar pasar.
Las isapres nacieron, en 1981, como una respuesta a la incapacidad del único servicio de salud: el Servicio Nacional de Salud, de satisfacer la demanda de salud de los chilenos. Las isapres nacieron para atender, en esa época, a alrededor de 13 millones de chilenos, estructurados en una población que tenía recursos para satisfacer sus demandas de salud en forma particular me refiero a empresarios, profesionales, parlamentarios, agricultores e industriales y que ocupaba los hospitales públicos y la infraestructura estatal levantada con recursos de los imponentes del Servicio de Seguro Obrero. Las isapres nacieron para aliviar el excesivo peso que, en ese tiempo, significaba para el Servicio Nacional de Salud una demanda insatisfecha en forma creciente, y no bajo la lógica del lucro.
Es cierto que a lo largo de estos años de vida pueden haberse detectado algunas irregularidades; es posible que no se hayan hecho bien las cosas; pero hoy tres millones de chilenos perciben que la atención que les brindan las isapres es igual o mejor que la que recibían en el sector público, pero con un agregado: tienen mayores facilidades para reclamar y hacer presentes sus inquietudes e insatisfacciones. Las isapres atienden en forma eficiente, como ha quedado demostrado, con lo cual contribuyen a entregar una mejor salud a un número muy importante de compatriotas que, en forma voluntaria, se han adscrito a este sistema. ¿Hay problemas de irregularidades, de falta de transparencia e, incluso, de segregación? Sí; pero estamos en esta Sala, precisamente, para corregirlos. ¿Acaso el sector público está libre de irregularidades e ineficiencias? En los últimos tiempos hemos sido testigos de que no ha sido así.
Por eso, no se pueden lanzar acusaciones de esa naturaleza al voleo y decir, por ejemplo, que se gasta en exceso en administración. Es cierto que, en un comienzo, los gastos administrativos representaban más del 30 por ciento de las cotizaciones obligatorias, pero en la actualidad alcanzan aproximadamente al 15 por ciento, y hay isapres en las que llegan sólo al 11 por ciento. ¿Se da esa misma situación en el subsistema público, que tiene costos precisos y acotados?
De manera que no considero justo que en una sesión en que se trata un tema tan complejo se exprese una especie de fobia hacia un sistema y hacia las personas adscritas a él que en la actualidad está dando una importante solución a la salud de los chilenos.
No me referiré a las diferentes materias que contiene el proyecto; pero presentaremos algunas indicaciones tendientes a precisar lo que significan las preexistencias, porque consideramos que la iniciativa en debate no define en forma completa y clara dicho concepto. Con el análisis de nuestras indicaciones en el segundo trámite reglamentario estaremos contribuyendo a perfeccionar el subsistema privado, tal como contribuimos al perfeccionamiento del susbsistema público establecido en la iniciativa sobre autoridad sanitaria y gestión. Entre todos debemos construir una mejor salud para todos los chilenos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, sólo deseo hacer algunos comentarios sobre este gran proyecto, que es el resultado del esfuerzo desplegado con tanta seriedad y altura de miras por el Supremo Gobierno para que la salud sea un derecho de todos los chilenos.
Estamos empezando a discutir los contenidos y alcances de esta iniciativa, y, por eso, me atrevo a decir que el Gobierno no ha fallado. Es cierto que se ha estado discutiendo durante algunos meses y que debe seguir debatiéndose. De manera que si no se discute aquí, seremos nosotros los que habremos fallado, no el Gobierno ni el proyecto.
A mi juicio, el proyecto reordenará el sistema privado, de modo que persiga fines similares a los del sistema público: deberá centrar sus esfuerzos en la cobertura de las diferentes patologías y no sólo en el control de los riesgos, como ocurre en la actualidad con el modelo original, en que operan exclusivamente seguros de salud privados.
Sabido es, también, que hay situaciones difíciles de entender para algunos entre los que me incluyo, como el hecho de que, a través de los años de funcionamiento del sistema privado, se han cometido abusos, precisamente, contra quienes tienen más necesidad de atención y cobertura: las mujeres en edad fértil, los niños y las personas de edad más avanzada, entre las que me cuento. ¿Quién no ha conocido los múltiples casos de abusos relacionados con cambios unilaterales de las condiciones establecidas en los contratos; con alzas injustificadas; con aplicación de normas absolutamente absurdas, como la exclusión de determinadas enfermedades; con copagos excesivos y con otras prácticas habituales, como el rechazo o reducción de las licencias médicas o la expulsión de afiliados del sistema privado de salud?
El Gobierno ha dicho que la reforma de salud no es un asunto ideológico, sino el establecimiento de buenas prácticas al servicio de una mejor atención. Cuando el ministro Artaza aquí presente asumió su cargo, manifestó a los integrantes de los sistemas privado y público de salud que quería trabajar con todos ellos.
Nadie quiere atentar contra el sistema privado de salud, como se ha pretendido decir aquí. Entendemos que el sistema de las isapres tiene el mérito de ser bueno para los chilenos de ingresos más altos. Con ese proyecto simplemente se trata de igualar, en cuanto a objetivos sanitarios, el sistema público, que se encuentra en un profundo proceso de reforma, avances y mejoras, con el privado. Nadie está atentando contra el patrimonio de las isapres ni contra su derecho a seguir operando en el mercado; sólo se establece que deben entregar garantías explícitas de atención oportuna y de calidad a sus afiliados, tal como lo hará el sistema público con sus cotizantes.
Hago mío el concepto de discriminación señalado por el diputado José Miguel Ortiz , porque hoy no se cumplen los objetivos básicos de prevención. Por eso queremos un arancel común. Cada chilena y cada chileno debe tener la seguridad de que la salud no será un negocio, sino un derecho. Es cierto que hay que lucrar; pero la diferencia radica en la forma en que se hace.
Apoyo este gran proyecto, porque considero que no se debe discriminar a la gente por sexo o por edad, y porque no se puede poner término a un contrato en forma unilateral.
No se pueden enumerar todos los cambios que introduce la iniciativa, pero me llaman la atención, por ejemplo, el control de las alzas desmesuradas; el sistema de reclamos que se establece en caso de reducción o rechazo de licencias médicas; las normas que evitan la expulsión de los afiliados de las isapres; el sistema de ventas y afiliación de cotizantes, y el fortalecimiento de las capacidades sancionadoras y fiscalizadoras de la Superintendencia de Isapres. Son normas que el país y el sistema privado de salud necesitan, a fin de asegurar su legitimidad y sobrevivencia a lo largo del tiempo y de que las enfermedades no sean motivo de temor, debido a la desprotección y al abandono. Esto permitirá, cuando lleguemos a una edad avanzada, tener la seguridad de que viviremos mejor. Ése es el gran proyecto de este Gobierno, liderado por su gran ministro, el doctor Artaza .
He dicho.
Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente) da la bienvenida a una delegación norteamericana del Proyect Cure, integrada por los señores James Jackson y Michael Picchetti, y por el doctor Francisco Albornoz, miembros de la Vanderbilt University.
Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, hoy estamos discutiendo en general uno de los cinco proyectos de la reforma de la salud: el que modifica la ley de isapres, que, si bien no es el más importante, es necesario para avanzar en una de las legislaciones que ha sufrido más modificaciones desde que fuera puesta en marcha en la década de los ’80.
Sin duda, la ley de Isapres ha sido una de las más modificadas, situación que ha generado importantes avances, como la creación de la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, contraparte de los usuarios del sistema privado que debe resolver los eventuales reclamos sobre las prestaciones entregadas.
Otras modificaciones han apuntado a otorgarle al sistema de isapres mayor transparencia, y mejor información a los usuarios. Las que hoy se plantean deberían ser las últimas de un sistema que ha funcionado fundamentalmente bien, sin perjuicio de las correcciones de que podría ser objeto. En realidad, ha sido un aporte a la salud pública y privada del país.
Podría parecer paradójico decir que el sistema privado ha sido un aporte a la salud pública; pero no lo es desde el momento en que ha producido algunos efectos positivos.
En primer lugar, ha permitido descongestionar el sistema público de salud. Invito a los señores diputados a imaginarse cuál sería la situación del sistema público de salud si, aparte de los 10 millones de usuarios que hoy debe atender vía Fonasa, tuviera que atender también a los 3 millones de beneficiarios del sistema privado. Sin duda, la crisis sería mucho mayor a la que hoy vemos expresada en dos cifras elocuentes: los 50 mil chilenos en lista de espera y los 50 mil millones de pesos que el sistema hospitalario público le debe a los proveedores.
Esta alternativa de muchos chilenos de poder acceder a un plan de salud privado, no ha redundado sólo en mayores beneficios para ellos, sino que ha significado también, por la vía de la complementación público-privada, la posibilidad de atender, vía convenios y contratos con el Ministerio de Salud, una serie de enfermedades, lo que no sería posible de no existir una instalación privada. El ejemplo más elocuente lo tenemos en el caso de las diálisis de los pacientes con insuficiencia renal, quienes, gracias al sistema privado, hoy tienen la posibilidad de recibir una buena atención.
Pero la creación del sistema de isapres en la década de los 80 no ha tenido sólo el efecto mencionado, sino que ha generado un importante incremento en el sueldo de los médicos de Chile: está demostrado que el 72 por ciento de los ingresos de los profesionales médicos proviene del sistema de isapres. Me imagino no tengo las cifras en este momento que otros profesionales de la salud no médicos también se habrán beneficiado de alguna manera con la creación del sistema privado de salud previsional.
Por último, está la importante y contundente inversión efectuada en infraestructura hospitalaria y en consultorios de salud, que nos permite afirmar que la disponibilidad de camas del sector privado y del sector público hace que en Chile no exista déficit, sino más bien una subutilización de ellas, situación que con una mayor complementación público-privada podría ser abordada en mejor forma.
Estamos legislando, entonces, sobre el destino de cerca de 3 millones de beneficiarios. Sin duda, en algunos casos hay avances que constituyen aspectos positivos: la mayor transparencia del sistema privado y el establecimiento de mejores condiciones para su desarrollo futuro.
Sin embargo, a nuestro juicio, algunas modificaciones son preocupantes e inconvenientes, y por la vía de las indicaciones y del trabajo en la Comisión trataremos de seguir perfeccionando este proyecto.
¿Cuáles son las modificaciones que podrían ser perjudiciales?
La primera es la definición de cotizante cautivo. El objetivo directo de tal definición es establecer una categoría especial de cotizantes; el objetivo indirecto es protegerlos de alzas excesivas de sus planes de salud.
A nuestro juicio, la definición propuesta en el proyecto parece poco funcional, por cuanto se establece que son cautivos aquellos que por ciertas circunstancias ven limitadas sus posibilidades de contratar en otra isapre. Por lo tanto, en la práctica sólo van a estar en dicha calidad quienes hayan sido rechazados por alguna isapre. Por ello, la definición propuesta no resulta del todo operativa. Además, no parece adecuada, puesto que el objeto de ser considerado cautivo no pasa por definirlo como tal, sino más bien por limitar las alzas de precios que pudieran experimentar los distintos planes, sobre todo aquellos pertenecientes a cotizantes que, por la naturaleza de las enfermedades que padecen o por la frecuencia de las mismas, les resulte difícil acceder a otro plan o a otra isapre.
Ésa es la esencia del tema que es importante corregir, puesto que muchas veces nos toca escuchar denuncias sobre la materia. Es decir, más importante que el hecho de que el cotizante quede cautivo en una isapre y no tenga la posibilidad de moverse a otra, es asegurarle que, en virtud de la enfermedad que padezca o de la frecuencia con que sea afectado por ella, el costo de su plan no sea aumentado en forma arbitraria o injustificada. De manera que establecer una definición legal de cotizante cautivo no sólo no soluciona el problema del alza de los precios de los planes, sino que, además, hace más engorroso y complicado el procedimiento para proteger a los cotizantes de alzas desmedidas de los planes de salud.
Para corregir esto, sería más fácil establecer una banda de precios y sacar un promedio de las alzas de todos los planes, de modo que los más caros no superen un porcentaje determinado, que podría tener un límite máximo de 30 por ciento. Esta fórmula de una banda de precios protege los derechos de los cotizantes que podrían ver incrementado excesivamente el costo de sus planes debido a la enfermedad que padecen o a la frecuencia de la misma. Además, esta forma de regulación se haría sobre la base de las fluctuaciones de precios de todos los planes de salud y no en relación con un índice fijado arbitrariamente por un superintendente.
Aparte de la definición de cotizante cautivo, nos preocupa la relativa a los índices de precios.
En esta materia se establecen dos índices: uno general y otro para los cotizantes cautivos. Como he señalado, no parece ser una solución óptima, principalmente porque la determinación de estos índices estaría sujeta al arbitrio del superintendente, lo que podría rigidizar las alzas de precios.
No pretendo entrar al detalle del asunto estamos en la discusión general, pero quiero referirme a lo que algunos han señalado como un gran logro, establecido en el artículo 22, que apunta a limitar el giro de las isapres exclusivamente a la administración de las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, lo que busca este artículo es impedir que las isapres puedan incursionar en otro tipo de acciones que no sea, en forma exclusiva y excluyente, la administración de las cotizaciones de los afiliados al sistema.
En el ámbito económico se ha señalado que esto tiene por finalidad evitar la integración vertical entre instituciones aseguradoras de salud privadas e instituciones prestadoras de salud, y, de alguna manera, algunos sectores políticos y parlamentarios han ido creando una visión perversa sobre la integración vertical, como si fuera mala de por sí. Por consiguiente, con tal definición buscan eliminar toda forma de integración vertical entre, por ejemplo, una isapre que administre un laboratorio, otra que administre una clínica, y una tercera que cumpla algún servicio vinculado al tratamiento de las personas.
La legislación chilena deberá establecer normas para evitar cualquier forma de monopolio, de concertación de precios o elementos negativos que se generen desde el punto de vista de la integración vertical. Para eso existe la ley Antimonopolios, y está prohibida la concertación de precios; pero privar de alguna forma de integración vertical a las isapres, al final, va a redundar en un perjuicio para los beneficiarios del sistema, porque en cualquier análisis económico no caben dudas de que no hay nada de malo en alguna forma de integración vertical que permita disminuir precios sin afectar la calidad, que también deberá ser controlada. Qué hay de malo en que una isapre el día de mañana administre un laboratorio, si eso redunda en un beneficio en el costo de los exámenes de laboratorio de sus cotizantes; qué tiene de malo que una isapre administre una clínica si eso va en beneficio de un menor costo en la administración del sistema.
Acá se ha tratado de demostrar que toda forma de integración vertical es perversa en su esencia, en su naturaleza. Por consiguiente, es mal vista en el sistema de salud privado del país.
Al respecto, ¿qué mayor integración vertical que la del sistema público de Chile, que lo hace todo? Es una integración vertical desde el que administra el hospital, que está en conexión directa con el ministro, con el subsecretario; que a su vez está vinculado administrativa y políticamente con el director del ISP, con el subsecretario de Salud, con el seremi, con el director del Servicio de Salud. ¡Por Dios! El Estado, en su esencia, es la integración vertical absoluta. Así y todo, es tremendamente ineficiente e incapaz de controlar los costos del sistema, que en la actualidad tiene una deuda gigantesca de cincuenta mil millones de pesos.
Distinto es normar la materia, y está de más decir que el efecto real del artículo 22 en la integración vertical será, para precisar, casi cero, porque va a afectar a los sistemas de isapre de los trabajadores del cobre y de los profesores. Las demás isapres ya han solucionado el problema de la integración desde el punto de vista del giro y responden a sociedades distintas; del que administra la clínica o el laboratorio y de los dueños propios del giro de la aseguradora, como es la isapre.
Si se pretende evitar alguna forma de integración vertical en las isapres más importantes del país, el efecto de la indicación será cero. Lo que va a ocurrir es que van a poner en un serio problema a los trabajadores del cobre, a quienes les van a encarecer los planes. No habrá más integración vertical para ellos ni para los profesores, porque el proyecto en análisis, apoyado por los parlamentarios de la Concertación, los obligará a pagar más caro.
Si los parlamentarios de la Concertación quieren perjudicar a los trabajadores del cobre y a los profesores, díganlo y sigan adelante con la indicación, que en su esencia me parece equivocada. Representa una visión demasiado ideologizada.
Desde el punto de vista de la sana economía, vemos la integración vertical en todo el desarrollo económico del país y siempre hemos entendido que es un hecho positivo, obviamente que con las restricciones propias de la ley Antimonopolios, de concertación de precios o de cualquier otra situación negativa que pudiere producirse.
Hemos presentado un conjunto de indicaciones a otros temas, como el plan complementario, la libertad de elección, la obligación que se impone a las isapres de recibir a los cotizantes de las isapres que quiebran, cuestión que puede afectar tanto el derecho de propiedad de las personas sobre sus propias cotizaciones como a las otras isapres.
En definitiva, la modificación a la ley de isapres tiene de dulce y de agraz, con algunos aspectos vinculados a la limitación del alza de los precios, a los contratos, a la uniformidad de los aranceles, a nuevas facultades de la Superintendencia, en fin, que nos parecen positivos; con otros, como la definición del cotizante cautivo, los índices de precios, la integración vertical, la obligación de las instituciones de salud previsional respecto de las isapres que quiebran, que nos parecen inadecuados. No obstante, vamos a votar favorablemente la idea de legislar porque creemos que es necesario avanzar en la materia, sin perjuicio de que en la discusión particular rechacemos algunas de las modificaciones a las que me he referido.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, las isapres nacieron al amparo de un modelo en el cual el individualismo es el centro de la atención en salud. Las personas cotizan para su propio beneficio. Fueron creadas pensando en una sociedad en la que los individuos son los importantes y no la sociedad en su conjunto, dentro de un sistema cuyo fin principal es el lucro, no la mejoría en la salud de la población.
Desde su creación, las isapres abiertas han sido uno de los mejores negocios de nuestro país; tan bueno, que hoy aproximadamente el ochenta por ciento de su propiedad está en manos de capitales extranjeros. Eso significa que una cantidad importante de los recursos que destinan los chilenos que pueden pagar para atender sus problemas de salud van a parar fuera de Chile. No se usan para mejorar el sistema ni para solventar los costos de la salud de los más viejos, de los enfermos terminales o de los más pobres. Se usan, reitero, para enriquecer el bolsillo de algunos empresarios extranjeros.
Dado que se ha decidido mantener los seguros privados, con los que no estoy de acuerdo, es esencial corregir algunos aspectos con el fin de proteger a los usuarios del sistema, es decir, a los habitantes de nuestro país, en el sentido de que sea posible que accedan a la salud con todos sus riesgos cubiertos y defendidos de los abusos que cometen algunas isapres.
Por eso, nos parece fundamental corregir problemas de funcionamiento de las isapres que son tremendamente importantes para sus usuarios. En consecuencia, nuestra bancada va a concurrir con su voto afirmativo a aprobar la idea de legislar, en el entendido de que el texto definitivo recogerá las indicaciones del Ejecutivo y de los parlamentarios destinadas a dar más transparencia y equidad al sistema, con lo que resultará finalmente beneficiada toda la población.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, es el momento de debatir las ideas centrales de la reforma a la salud. Tal como se ha dicho, este proyecto de ley es uno de los cinco que conforman el conjunto legislativo que la materializará.
El Auge, que garantizará el acceso, la calidad, la oportunidad y el financiamiento de la salud, tiene dos complementos básicos: la reforma del sector público, que se contiene en el proyecto de ley sobre autoridad sanitaria y gestión pública, y la reforma a la ley de isapres, en discusión.
En Chile, el tema de la salud no se ha debatido con la profundidad que corresponde. Existe un sistema mixto, bipolar, por una parte público, a cargo del 70 por ciento de la población, y por otra privado, a cargo de un 28 por ciento de la misma.
En otros países la situación es muy distinta. En Inglaterra, en 1950 se determinó que debía existir un sistema enteramente público, que tiene un gasto cercano al 6,8 por ciento del producto. Sin embargo, en Estados Unidos se definió un sistema privado, a través de seguros de salud, que le ha significado aumentar su gasto a cifras cercanas al 13 ó 14 por ciento del producto. En Canadá se concluyó que no podía lucrarse con la salud. Todas son formas muy importantes.
En Chile, el sistema público está vertebrado de Arica a Magallanes a través de los servicios de salud y presta atención a todos los chilenos. Se financia con cotizaciones, copagos y aporte fiscal, y el porcentaje no sube de 1,6 por ciento del producto.
Asimismo, el sistema privado se basa en seguros de enfermedad no es un sistema de seguros de salud, y la salud se entiende como el completo bienestar físico y somático. Es decir, el seguro de salud debería actuar permanentemente, durante toda la vida de la persona, y no sólo en sus episodios de enfermedad.
Pero, centrándome en el proyecto en discusión, los principales problemas, que sin duda se señalaron en el informe de la Comisión de Salud que se dio a conocer en la Cámara de Diputados en 2000, básicamente relacionados con la cobertura, la separación de funciones, las licencias médicas, la transparencia de los contratos, de una u otra manera han sido considerados, aunque creemos que lo más importante es que exista un sistema privado con la mayor cobertura posible.
Desde ese punto de vista, las preexistencias, las carencias y las exclusiones atentan en contra de la cobertura. Sin embargo, se ha avanzado sustantivamente en esto.
En materia de funciones, evidentemente se acordó separar el aseguramiento de la prestación. La separación de funciones se ha tenido presente en otros proyectos de ley. Así, en el que se refiere a la autoridad sanitaria y gestión pública se ha separado la función de prestación del resto de las funciones al otorgarse a los directores de los servicios de salud sólo la función de prestación.
Por último, mis colegas José Miguel Ortiz , de la Comisión de Hacienda, y Juan Masferrer , de la Comisión de Salud, han explicado en forma pormenorizada los avances que representa el proyecto de ley. Pero quiero subrayar que debe haber un mercado de salud privada transparente, que avance sustantivamente en la solución de los problemas de alrededor de tres millones de personas y que incorpore cada día a más chilenos y chilenas, en la medida en que sus presupuestos les permitan comprar un seguro de esta naturaleza.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación en general el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.933, sobre instituciones de salud previsional.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Allende (doña Isabel), Araya , Ascencio , Barros, Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Egaña , Errázuriz , Espinoza , Forni , García-Huidobro , González (don Rodrigo) , Hales , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto, Kast, Lagos , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Monckeberg , Montes, Mora, Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Paya, Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte, Urrutia , Varela , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta y Walker .
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Por tener indicaciones, el proyecto pasará a comisiones.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 1°
1.De los señores Masferrer y Melero , para introducir las siguientes modificaciones:
a.En su número 1:
i) Eliminar la letra j) nueva que se propone incorporar.
ii) Eliminar en la letra l) que se propone incorporar la frase final que señala: “Podrá existir un índice de precios de planes de salud de aplicación general y, otro, para cotizantes cautivos.”.
b.Eliminar su número 3.
c.- En su número ocho:
i) Reemplazar la letra b) por la siguiente: “b)Reemplázase la letra a) del inciso segundo por la siguiente:” “a) Plan complementario al Régimen de Garantías en Salud a que se refiere el artículo 33 bis, incluyendo copagos máximos, porcentajes de cobertura y valores sobre los cuales se aplicarán, según corresponda. En todo caso, el plan complementario, deberá contemplar, a lo menos, la cobertura financiera que el Fondo Nacional de Salud asegura a todas las prestaciones contempladas en el arancel a que se refiere el artículo 28 de la ley N° 18.469, en su modalidad de libre elección.”.
ii) Eliminar la letra e).
2.De los señores Bayo , Melero y Palma, para reemplazar su número 9, por el siguiente:
“9. Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 33 bis por el siguiente:
“Para los efectos de esta ley, se entenderá que son preexistentes aquellas enfermedades o patologías que hayan sido conocidas por el afiliado o beneficiario y diagnosticadas médicamente con anterioridad a la suscripción del contrato o a la incorporación del beneficiario, en su caso. La institución podrá requerir de los interesados en suscribir un contrato de salud o en ser incorporados como beneficiarios, una declaración sobre su estado de salud para determinar la presencia de estas enfermedades o patologías preexistentes. Sobre la base de lo declarado podrá requerir, además, la práctica de exámenes médicos para establecer la gravedad y persistencia en el tiempo de ellas. Los interesados en suscribir un contrato de salud o en ser incorporados como beneficiarios, los afiliados y los beneficiarios estarán obligados, en todo caso, a expresar toda la verdad sobre su estado de salud cada vez que la institución lo requiera, tanto en las declaraciones que se les requieran como en la anamnesis de los exámenes médicos a los que se les someta.
La Superintendencia deberá normar sobre la declaración de salud.”.
3.De los señores Masferrer y Melero , para introducir las siguientes modificaciones:
a.En su número 15:
Reemplazar el N° 2 del artículo 38 bis nuevo que propone incorporar, por el siguiente:
“2. Antes del 31 de octubre de cada año, las Instituciones deberán informar a la Superintendencia el porcentaje promedio de los incrementos de precio de sus contratos y planes de salud que vayan a aplicar al año siguiente y que sean adicionales a lo que corresponda en virtud de lo dispuesto en el número precedente. Los mencionados incrementos, para un contrato o plan específico, no podrán exceder en más de un 30% el promedio informado.”.
b.Reemplazar su número 22, por el siguiente:
“22. Agrégase a continuación del artículo 45, el siguiente artículo 45 bis:
“Artículo 45 bis. Si el patrimonio o la garantía de una Institución disminuye por debajo de los límites establecidos en los artículos 25 y 26, se aplicará lo dispuesto en los incisos siguientes.
La Institución deberá presentar a la Superintendencia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la constatación de este hecho, una explicación pormenorizada de las razones de su ocurrencia y, en un plazo de seis días hábiles contados desde la misma fecha, un detalle de las medidas que hubiere adoptado o adoptará para su solución.
En el evento de que la Institución no informe a la Superintendencia, o bien, señale como fecha de constatación una distinta a la efectiva, ésta será establecida por la Superintendencia, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que haya lugar.
Si alguno de los problemas señalados en el inciso primero subsistiere por más de sesenta días hábiles contados desde su detección, la Institución presentará antes del vencimiento de dicho término, para conocimiento y aprobación de la Superintendencia, un plan de ajuste que permita lograr el pleno cumplimiento de las normas transgredidas en un plazo no superior a los 120 días hábiles siguientes a su aprobación. Ésta se entenderá otorgada si el plan no fuere objetado por la Superintendencia dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación.
El plan de ajuste mencionado en el inciso precedente podrá versar sobre transferencia de carteras, suspensión de la celebración de nuevos contratos de salud y, en general, acerca de cualquier medida que procure la solución de los problemas existentes”.
“Si al cabo de los 120 días hábiles de haber sido aprobado el plan no han sido superados los hechos señalados en el inciso primero, la Superintendencia podrá ordenar a la Institución el cumplimiento de una o más medidas que le permitan salvar la situación en que se encuentra, en un plazo no superior a 40 días hábiles contado desde la fecha antes señalada.
Igual facultad procederá si la Superintendencia hubiere rechazado, mediante resolución técnicamente fundada, el plan antes mencionado o éste no se hubiere presentado dentro del plazo establecido para ello.
Las medidas que para los efectos de los incisos precedentes ordena la Superintendencia podrán versar sobre transferencia de carteras, suspensión de la celebración de nuevos contratos de salud y otras que vayan en solución de los problemas detectados.
Si transcurridos 40 días desde que la Superintendencia ordenó cumplir o adoptar las medidas, la Institución no ha logrado superar el problema señalado en el inciso primero, la Superintendencia procederá a cancelar el respectivo registro, conforme a lo dispuesto en los números 1 y 3 del artículo 46, según corresponda. En todo caso, la Superintendencia podrá acordar con la Institución un plazo distinto del señalado en este inciso al momento de ordenar el cumplimiento o adopción de las medidas.”.
c.Eliminar sus números 24 y 25.
4.De los señores Accorsi , Aguiló , Cornejo , Robles y Rossi , para incorporar el siguiente número nuevo:
- Reemplazar el artículo 37, por el siguiente:
“Artículo 37.- Las licencias médicas que sirvan de antecedentes para el ejercicio de derechos o beneficios legales que deban ser financiados por la Institución en la que el cotizante haya suscrito el contrato a que se refiere el artículo 33, deberán otorgarse en los formularios cuyo formato determine el Ministerio de Salud y el que en todo caso deberá contener los mecanismos de protección de los datos de carácter personal, en los términos de la ley N° 19.628.
La licencia médica se entenderá autorizada por la Institución, si ésta no interpusiere reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo de tres días hábiles desde que le fuere presentado por el cotizante.
Deducida reclamación, la Superintendencia deberá resolver dentro del tercer día hábil. Mientras dure la tramitación del reclamo el cotizante podrá gozar de todos los beneficios que le otorga la ley, especialmente su reposo médico.
Si la Superintendencia fallare acoger la reclamación de la Institución, el cotizante sólo gozará del subsidio de incapacidad laboral, en los términos resueltos.
Los aspectos procesales del ejercicio de las facultades establecidas en este artículo, se regularán en el reglamento correspondiente que deberá dictar el Presidente de la República y serán fiscalizados por la Superintendencia.”.
5.De los señores Accorsi , Aguiló , Cornejo , Robles y Rossi , para incorporar el siguiente número nuevo:
- Agregar en el artículo 43, a continuación de su número 5, los siguientes numerales:
“6. Formato tipo de cada uno de los planes de salud ofrecidos.
7.Relación de las multas aplicadas por la Superintendencia en el último período trianual, con indicación del monto y el motivo.
8.Listado de Planes de Salud, con indicación de sus precios, prestaciones y beneficios.
9.Nómina de los agentes de ventas de la Isapre correspondiente.”.
6.De los señores Accorsi , Aguiló , Cornejo y Robles , para incorporar el siguiente número nuevo:
- Agregar en el artículo 44 el siguiente inciso final:
“Los beneficiarios de la Institución tendrán libre acceso a la información referida en los numerales de este artículo.”.
7.De la señora Mella y de los señores Accorsi , Lorenzini , Ortiz y Ojeda , para incorporar el siguiente número nuevo:
- a.- Introducir las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 3.500:
i.- Agrégase en su artículo 84, como incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, los siguientes:
“Asimismo, los trabajadores podrán destinar la cotización obligatoria establecida en los párrafos precedentes, hasta el límite de 4,2 unidades de fomento, a la contratación de un seguro que tenga por finalidad financiar las prestaciones de salud establecidas en las leyes Nºs 10.383 ó 16.781, y en la ley N° 6.174. Las pólizas ofrecidas por las distintas compañías de seguros deberán ser autorizadas previamente por la Superintendencia de Isapres, cumpliendo con las disposiciones requeridas por el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931. Las sumas pagadas por concepto de primas serán asimiladas a las cotizaciones previsionales para todos los efectos legales.
La cotización obligatoria deberá ser destinada íntegramente a financiar las prestaciones de salud establecidas en la ley Nº 10.383, ley Nº 16.781, y ley Nº 6.174, o para el pago de las primas de un seguro de salud, debiendo el trabajador optar por una u otra, no pudiendo fraccionar dicha cotización para financiar ambas opciones.
La Superintendencia de Isapres y la Superintendencia de Valores y Seguros deberán dictar una circular conjunta que establezca las condiciones a las cuales deberán sujetarse los seguros de salud, financiados con las cotizaciones de salud obligatoria, la forma de los respectivos contratos, y los demás procedimientos necesarios para la operación del sistema.”.
ii.- Agrégase, en su artículo 85, el siguiente inciso tercero:
“Asimismo, la cotización podrá ser destinada para el pago de la prima de un seguro de salud, contratado por el afiliado con una compañía de seguros, si optare por esta alternativa, la cual será enterada por la entidad, obligada al pago de la pensión, directamente en la aseguradora correspondiente.”.
b.Para agregar en la ley N° 18.469, a continuación de su artículo 23, el siguiente artículo 23 bis, nuevo:
“Artículo 23 bis: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las compañías de seguros, podrán captar las mencionadas cotizaciones de salud y desarrollar el giro establecido en la presente ley, para las Instituciones de Salud Previsional. Para el otorgamiento de las prestaciones y beneficios establecidos en esta ley, las compañías de seguros deberán suscribir pólizas de seguro de salud, establecidas en el artículo 84 del decreto ley N° 3.500, cuyo modelo de condiciones generales será autorizado previamente por la Superintendencia de Isapres.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, las compañías de seguros serán consideradas como Instituciones de Salud Previsional y se regirán por esta ley, salvo en lo dispuesto en su párrafo 2°.”.
c.Para intercalar en el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, en la última oración del inciso primero de su artículo 4°, entre la palabra “aseguradoras” y la contracción “del” lo siguiente “podrán constituir filiales Instituciones de Salud previsional, a que se refieren la ley N° 18.933, y las “.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Señor Presidente, el proyecto que acaba de aprobarse en general testimonia el sistema de salud que estamos construyendo, con objetivos sanitarios comunes en los cuales cooperarán, de igual forma, tanto el sector estatal como el privado. Habrá objetivos y reglas comunes, de país, con lo cual los chilenos y las chilenas ganarán.
Estoy seguro de que el espíritu con que se ha trabajado en esta ocasión, al igual que en la anterior, se manifestará en el segundo trámite reglamentario en la Cámara y, con posterioridad, en el Senado.
Gracias por la rigurosidad y generosidad con que los señores diputados de todas las bancadas han participado en el estudio del proyecto.
He dicho.
Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente) saluda al diputado señor Juan Pablo Letelier en el día de su cumpleaños.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
INCLUSIÓN DE OFICIALES ADMINISTRATIVOS EN PROYECTO SOBRE PLANTAS DE GENDARMERÍA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 148, que quedó pendiente de la sesión pasada.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Rechazado por falta de quórum.
ELIMINACIÓN DE IMPUESTO A LA UTILIZACIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 149, de los diputados señores Vilches ; García, don René Manuel ; Dittborn , Bayo , Venegas , Salas , Hidalgo , Walker y Navarro .
“Considerando:
Que el artículo 46 del decreto ley N° 825 establece un impuesto del 85% a la importación de automóviles cuyo valor exceda de quince mil setecientos cuarenta dólares (US$ 15.740), impuesto que atenta contra la vida, la descontaminación, el acceso a la tecnología y la igualdad ante la ley.
Que, en un país donde mueren cinco personas al día en accidentes del tránsito y más de cuarenta mil quedan lesionadas al año algunas con gravísimas secuelas de por vida, no es lógico gravar con el 85% los elementos tecnológicos que protegen la vida. El impuesto del artículo 46 del decreto ley N° 825 implica una recaudación anual para el fisco cercana a los quince millones de dólares (US$ 15 millones), cifra que resulta absurda comparada con los seiscientos millones de dólares (US$ 600 millones) que le cuestan al país los accidentes del tránsito, de los cuales trescientos veinte millones de dólares (US$320 millones) debe financiar el Fisco a través del sistema de salud estatal, pensiones de invalidez y similares. Ello, sin considerar el incalculable valor intrínseco de la vida y la capacidad de generación de actividad económica y de recaudación fiscal que se pierde con cada muerte. Se ha demostrado que la incorporación de elementos de seguridad en los automóviles permite disminuir los accidentes de tránsito y sus víctimas en cifras que pueden superar el 30%.
Que a una sociedad que defiende la vida no se la puede sancionar con un impuesto del 85%.
Que en un país con altas tasas de contaminación no se pueden gravar los elementos tecnológicos de descontaminación con un impuesto del 85%.
Que en un país con ambiciones de ser líder en tecnología no se puede gravar el acceso a ellas con un impuesto del 85%.
Que, en un país democrático, no es aceptable que las altas autoridades del Estado usen vehículos afectos al impuesto del 85%, gravamen que para el Estado es neutro, ya que por una parte lo paga y por la otra lo recibe. Sin embargo, el resto de los chilenos debe asumir ese costo para acceder a mayor seguridad.
Que la seguridad no debe estar limitada a los más adinerados ni a los altos funcionarios del Estado, sino que debe propender a que el mayor número de chilenos tenga acceso al menor costo posible a la mejor y más eficiente tecnología que proteja sus vidas. No se entiende por qué la importación de yates, pieles, oro, joyas y caviar, que en nada contribuyen a salvar vidas, quedaron exentos de similar tributo, manteniéndose sólo para los automóviles.
Que, al aprobarse los tratados de libre comercio con Canadá y México , se eliminó este impuesto para los automóviles originarios de dichos países.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a V. E. hacer extensiva la eliminación del impuesto del artículo 46 del decreto ley N° 825 a todos los vehículos motorizados, sin importar de dónde provengan o quién sea la persona que en definitiva los use, mediante el envío al Congreso Nacional del correspondiente proyecto de ley con discusión inmediata.”
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker .
El señor WALKER.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo es transversal, ya que ha sido presentado por diputados de todas las bancadas, y pretende poner fin al mal llamado impuesto al lujo, que más bien es un “impuesto a la vida” y a la integridad física de las personas.
En Chile, todos los días mueren cinco personas y 40 mil al año resultan lesionadas por accidentes de tránsito.
El impuesto del 85 por ciento que grava los vehículos que tienen un valor CIF superior a los 16.000 dólares tiene un efecto recaudatorio bastante mínimo en relación con lo que el Estado debe gastar debido a los accidentes de tránsito. Al año, recauda 15 millones de dólares y gasta 600 millones de dólares, de los cuales, 320 millones de dólares se pagan por el sistema de salud estatal en pensiones de invalidez y otras similares.
Se gravan elementos de seguridad en los vehículos, como los air bags, los frenos ABS, las barras laterales, que reducen en un 30 por ciento las muertes y las lesiones graves en caso de accidente de tránsito. Por tanto, solicitamos al Ejecutivo que se elimine el mal llamado impuesto al lujo o “impuesto a la vida”, medida acorde, además, con los tratados económicos en curso con la Unión Europea y Estados Unidos.
Por eso, pido la unanimidad de la Sala para aprobar el proyecto de acuerdo, a fin de salvar vidas y evitar lesiones graves a muchos compatriotas que sufren accidentes de tránsito.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, la idea central del proyecto de acuerdo es terminar con el impuesto del 85 por ciento sobre los elementos de seguridad que se han incorporado a los vehículos.
Dicho impuesto está fuera de lugar, ya que los avances tecnológicos relacionados con la seguridad y con la no contaminación de los vehículos son necesarios. En consecuencia, es fundamental aprobar el proyecto de acuerdo en que se solicita al Presidente de la República la eliminación del, comúnmente llamado, impuesto al lujo a todos los vehículos cuyo valor exceda los 15.740 dólares. Por eso, solicito a los señores diputados votar en este sentido.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
PATROCINIO DEL EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY SOBRE REPARACIÓN DEL DAÑO PREVISIONAL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de ley Nº 153, de los diputados señores Jeame Barrueto , Villouta , Venegas , Jaramillo , Ortiz , Paredes, González, don Rodrigo ; Salas y Ceroni y señora Muñoz , doña Adriana .
“Considerando:
Que, en la actualidad, existe un importante sector de empleados públicos que se encuentran en la imposibilidad de pensionarse, debido a que se sienten perjudicados por la forma en que se les calculó el bono de reconocimiento y por su baja cotización previsional efectuada durante un largo periodo.
Que ello implica negarles la opción de elegir, al momento de jubilar, si lo hacen bajo las reglas del antiguo sistema o si lo hacen por el nuevo, cuestión determinante en el instante de calcular sus pensiones.
Que esta situación de grave daño se produjo por una acción del Estado sobre un contingente determinado e identificado de funcionarios, los que, confiados en que el nuevo sistema les ofrecería mejores condiciones, optaron por éste, sin prever que las pensiones serían notablemente inferiores.
Que esta realidad es una clara vulneración del ejercicio de uno de los derechos humanos más básicos, como es el de la seguridad social. La solución a la situación señalada viene a manifestarse en condiciones dignas que, lejos de provocar pobreza, como actualmente ocurre, restablece la equidad y el sentido natural.
Que las actuales condiciones de jubilación hacen que un ex funcionario tenga que vivir con un tercio de sus remuneraciones reales, lo cual a todas luces le impide subsistir con dignidad y enfrentar adecuadamente las crecientes necesidades de salud que surgen inevitablemente en esa etapa de la vida.
Que mantener las actuales condiciones significa un paulatino envejecimiento de los servicios públicos, que irá progresivamente aumentando cada año, afectando, de este modo, los niveles de eficiencia y agilidad indispensables, además de limitar el “tiraje a la chimenea”, con el consiguiente beneficio para el Estado, al tener que contratar funcionarios más jóvenes que no tienen asignación de antigüedad.
Que la medida anterior tendría efecto inmediato en la generación de veinte mil a veinticuatro mil nuevos empleos permanentes.
Que la solución a este problema no significa, en lo inmediato, financiamiento especial del Estado. Aun cuando pudiese producirse un gasto mayor, éste se prorratearía en el mediano y largo plazo.
Que esta Corporación, en marzo de 2001, aprobó por unanimidad el “Acuerdo Nacional contra el Desempleo”, el que, en una de sus propuestas, comprendía enfrentar el problema previsional en estos términos.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a V. E. su patrocinio al proyecto de ley de reparación del daño previsional, presentado por el H. Senador don Andrés Zaldívar Larraín , que dice relación a un número determinado y definido de empleados de la administración pública, servicios municipalizados y académicos y funcionarios de la Universidad de Chile para que, por única vez y sólo al momento de acogerse a jubilación, decidan hacerlo a través del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones o del Instituto de Normalización Previsional.”
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, respaldaré con énfasis este proyecto de acuerdo a través del cual se solicita el patrocinio del Ejecutivo al proyecto de ley presentado por el senador Andrés Zaldívar sobre reparación del daño previsional. Dicho patrocinio es necesario pues, constitucionalmente, se requiere toda vez que un proyecto demande financiamiento.
Se trata de solucionar un problema que afecta a un número importante de trabajadores del Estado que en este momento no pueden pensionarse, porque al hacerlo sus pensiones serían sensiblemente inferiores a aquellas que sus similares obtienen a través del Instituto de Normalización Previsional.
La razón es muy clara: esas personas jamás debieron cambiarse del sistema antiguo al de las administradoras de fondos de pensiones, entre otras cosas, por el hecho de que ellas obtienen un bono de reconocimiento bajo, ya que por largos años no se les cotizó por el total de sus haberes, sino sólo por la parte considerada sueldo base.
La baja cotización influye en el bono de reconocimiento, el cual incide en gran medida en las pensiones, además de otros factores que tienen que ver con el sistema previsional de las administradoras de fondos de pensiones de manera general.
Por eso, insisto, daré mi apoyo al proyecto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo otorgue el patrocinio que se requiere.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Jeame Barrueto .
El señor JEAME BARRUETO.-
Señor Presidente, la aceptación de la iniciativa propuesta en este proyecto de acuerdo resolvería una grave injusticia cometida con un amplio sector de empleados públicos. Además se generarían, automáticamente, 20 mil puestos de trabajo permanentes y definitivos, lo que ayudaría a bajar los índices de cesantía, y produciría “tiraje de chimenea” entre los funcionarios del sector público, conformándose una planta de personal más joven y con mayor disposición a colaborar en el proceso de modernización del Estado.
Debo recordar que en el acuerdo nacional contra el desempleo que se aprobó en forma unánime, la Cámara de Diputados consideró ésta como una de las medidas más importantes, y en ella trabajamos parlamentarios de todas las bancadas.
Espero que el proyecto de acuerdo tenga el respaldo necesario para salir adelante, a fin de conseguir que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno decidan enviar un proyecto de este tipo que, por lo demás, implica una gran responsabilidad fiscal.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación. Falta un voto para aprobar el proyecto.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII.INCIDENTES
RESULTADOS DE ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN CON OCASIÓN DE “PLAN COMUNA SEGURA”. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo correspondiente al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, en relación con las últimas informaciones de prensa acerca de los índices de delincuencia que informa, habitualmente, cada tres meses el Ministerio del Interior, y de temor o victimización que entrega la Fundación Paz Ciudadana y Adimark, solicito que se oficie al ministro del Interior para que envíe a esta Cámara los resultados de las encuestas de victimización realizadas con ocasión del lanzamiento del “Plan comuna segura”, que incluye actualmente a 24 comunas. Entiendo que dichas encuestas son, entre otras, un antecedente para los consejos comunales de seguridad ciudadana. Es decir, determinar el número de delitos que ha sufrido la gente y no el número de denuncias.
A mi juicio, en Chile, más que una encuesta de denuncias, que debiera estar radicada en la Fiscalía Nacional cuando todo el sistema esté funcionando en el país, el Ministerio del Interior debería hacer una encuesta anual de victimización, porque ésta, obviamente, es mucho más objetiva desde el punto de vista de conocer el comportamiento del delito y da cuenta de lo que realmente está pasando con el delito en función de las víctimas.
Esa práctica no se ha extendido a todo el país; pero a lo menos en las 24 comunas donde existe el “Plan comuna segura” se han hecho encuestas de victimización. Si se quiere, son desagregadas por comuna; a lo mejor, no dan una evaluación general, pero un número importante de esas 24 comunas pertenece a la Región Metropolitana y, según los índices de denuncia, en ellas regenera un comportamiento delictual más complejo.
En consecuencia reitero, pido que se oficie al ministro del Interior y al subsecretario a fin de que nos envíen los resultados de las encuestas de victimización hechas con ocasión del “Plan comuna segura”. Ahora, si esa cartera cree que es indispensable no sólo entregar dicha información, sino, además, exponer el significado de las mismas en una sesión, aquí o en la Comisión de Seguridad Ciudadana, se le podría dar esa posibilidad, por cuanto esta Cámara debería tener más participación en el tema de la seguridad ciudadana a través de elementos objetivos y no de meras sospechas respecto de lo que está pasando.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE VELOCIDADES EN ZONAS URBANAS Y CARRETERAS. Oficio.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic .
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, en agosto del año pasado, al modificar la ley de Tránsito, establecimos que la velocidad máxima en autopistas con dos vías y de doble sentido sería de 120 kilómetros por hora. Además, dispusimos que la velocidad máxima en zonas urbanas sería de 60 kilómetros por hora. Posteriormente, sacamos una norma en el sentido de que todas aquellas señales que indiquen en autopistas velocidades menores de 120 kilómetros por hora y, en zonas urbanas, menores de 60 kilómetros por hora o más, deberían acompañarse de un estudio que justifique el hecho de que dichas velocidades sean inferiores o superiores.
El director de Concesiones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el señor Gibrán Harcha , me informó que dichos estudios se están realizando y que sólo falta completar el 15 por ciento de los que determinan señales de velocidades menores a 120 kilómetros por hora. Sin embargo, es absolutamente un misterio saber si las municipalidades están elaborando los estudios en cuanto a reducir o aumentar la velocidad de 60 kilómetros por hora.
Por lo tanto, en aras del cumplimiento de la ley aprobada por esta Corporación, solicito que se nos informe, a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de la Subsecretaría o de la Conaset, Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, si las municipalidades concretamente, me interesan las de la Región Metropolitana están realizando los estudios que justifican cuándo disminuir o aumentar la velocidad límite de 60 kilómetros por hora. Por ejemplo, en Santiago, hay varias arterias como la avenida Kennedy o Américo Vespucio , donde se puede circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Son vías urbanas que necesitan un estudio por parte de las municipalidades.
Por eso repito, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, cuya cartera fiscaliza el cumplimiento de esta normativa, a fin de que nos informe si estos estudios se están realizando o si se realizaron o no, porque si así fuera, no podría aplicarse ningún tipo de sanción o multa. Reitero, mientras no existan esos estudios es bueno que la opinión pública lo sepa, no se pueden sacar partes cuando la velocidad es menor o mayor de 60 kilómetros por hora.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten a la Mesa.
ESTADÍSTICA SOBRE LESIONADOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, entre las preocupaciones de este nuevo año se encuentran, nuevamente, los accidentes de tránsito. Es alarmante su número y, más aún, la cantidad de muertes y secuelas que dejan.
Mi preocupación nace a raíz del hecho de que se ha generado un negocio en torno de los accidentes de tránsito, con enormes ganancias para las compañías de seguro, lo que, de alguna manera, obstruye el normal desenvolvimiento de este catastrófico tema tanto para quienes cometen culposamente accidentes como para las víctimas, quienes deben soportar, en el mejor de los casos, largos períodos de invalidez parcial que no les permite trabajar ni llevar sustento económico a sus familias.
A posteriori, los accidentes de tránsito tienen consecuencias a todo nivel, sobre todo en lo relacionado con el tratamiento jurídico y médico de las víctimas por los daños que ocasionan. Generan grandes pérdidas, no sólo en víctimas, sino, además, daños físicos y sicológicos para las familias afectadas.
Según las últimas cifras proporcionadas por la Corbat, Corporación de Beneficencia para Accidentados del Tránsito en una reciente reunión que sostuvimos con sus representantes, de las 90 UF que establece como indemnización el seguro obligatorio, sólo se cobran, en promedio, 9,7 UF.
El fisco, en tanto, no recuperó, en 1999, sobre 1.700 millones de pesos por concepto de atención de personas no cobradas a las compañías aseguradoras.
Además, se debe señalar que del total del ingreso al sistema para ese año, que alcanzó a 13.249.000 pesos, se estima que un 15 por ciento de esa cifra no fue cobrado por mala administración en distintos ítem, entre los que se cuentan mala valorización, casos prescritos, errores en certificados de partes, etcétera.
Por eso, atendida la contingencia del tema y debido a los innumerables accidentes ocurridos, en especial, a los que hemos debido lamentar con ocasión de las fiestas de fin de año, y con el propósito de conocer el número de personas que hace uso del seguro obligatorio, solicito que se oficie al superintendente de Valores y Seguros para que entregue el informe correspondiente a 2001, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año, acerca de las personas lesionadas como consecuencia de accidentes de tránsito.
Además, solicito que se oficie a Carabineros de Chile con el objeto de que entregue el número de personas lesionadas durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001, como también el número total de personas siniestradas entre el 23 de diciembre de 2002 al 2 de enero del año en curso.
Así estoy convencida podremos avanzar en el necesario acceso a la información de que disponen las instituciones mencionadas y establecer políticas claras y, por qué no decirlo, mociones que modifiquen este sistema que tan poca ayuda proporciona a las víctimas y que arroja una exorbitante ganancia a las compañías de seguros. Se trata de un tema tan arraigado en el sentir de la gente que debemos convertirlo, de una vez por todas, en una preocupación nacional.
Insisto en que debido al aumento del número de accidentes de tránsito, los que constituyen una de las primeras causas de mortalidad en nuestro país, es que he querido intervenir esta tarde.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo solicitan a la Mesa.
REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE DESEMPLEO. Oficio.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana .
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, hace algunos días, el Instituto Nacional de Estadística entregó un nuevo informe del indicador de desempleo, situándolo en un 8,8 por ciento. En el caso de la región de La Araucanía, que represento, alcanzó a un sorprendente 3,5 por ciento, cifra que, a mi juicio, poco tiene que ver con la realidad de pobreza y desempleo estructural que esa región sufre desde hace mucho tiempo.
Es el momento de hacer una revisión más profunda de la metodología, procedimientos y coeficientes que se utilizan para determinar indicadores como el señalado, que causan profunda frustración a la gente, en especial a la más modesta y que carece de trabajo. Además, las consecuencias de estos resultados son bastante nefastas, por cuanto en virtud de ellos se asignan cupos de empleo y podría verse afectada la continuidad de los programas que los otorgan. Es delicado que las autoridades validen cifras como las señaladas, sobre todo cuando ellas no dicen relación con la realidad de las comunas, en particular con las que represento. Entregaré un solo ejemplo.
Las oficinas de intermediación laboral son aquellos lugares donde la gente desempleada deja sus datos con la esperanza de recibir una respuesta favorable en su empeño de encontrar ocupación. La emplazada en Galvarino ha inscrito a 748 personas, considerando que la fuerza laboral en ese lugar supera levemente las 3 mil 500 personas. En Lonquimay, que cuenta con una fuerza laboral de 2 mil 200 personas, se han inscrito 529 personas; en Melipeuco, donde la fuerza laboral alcanza a 2 mil 500 personas, se han anotado 505 personas; en Curacautín, donde la fuerza laboral activa es de 9 mil personas, se han inscrito 1 mil 830 personas, y en Vilcún, que cuenta con una fuerza laboral de 8 mil personas, se han inscrito 770 personas. Estas cifras, que evidencian el interés de la gente por buscar un trabajo estable, hablan por sí solas.
Insisto en que es el momento de revisar estos indicadores de desempleo, particularmente, porque, aunque responden a la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, incluyen en la misma categoría de “ocupados” tanto a personas con trabajo estable, con contrato indefinido y prestaciones previsionales correspondientes, como a quienes se encuentran realizando trabajos temporales u ocasionales, por algunas horas a la semana. En consecuencia, estas cifras no ayudan al propósito que persiguen; por el contrario, engañan y desvirtúan la realidad en materia laboral.
Pido que se envíe copia de esta intervención al director del Instituto Nacional de Estadísticas, con el objeto de que considere la reformulación de los actuales instrumentos en futuras muestras.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviará copia de la intervención efectuada por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo solicitan a la Mesa.
IMPLEMENTACIÓN DE OBRA VIAL EN SAN FABIÁN DE ALICO. Oficio.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, agradezco a la bancada de la Democracia Cristiana el hecho de que me haya cedido cuatro minutos de su tiempo.
El 27 de diciembre pasado, en la comuna de San Fabián de Alico, inesperadamente se hizo un llamado a licitación a empresas interesadas para asfaltar el tramo Paso Ancho San Fabián de Alico. Me parece una muy buena política que no todo se haga en Santiago, porque se había hecho una costumbre que las licitaciones se efectuaran a través del Ministerio de Obras Públicas. Existen dos precedentes muy interesantes. Antes se hizo un llamado a licitación en la comuna de Portezuelo y ahora, en la fecha señalada, en San Fabián de Alico.
Me alegro mucho de que esto haya ocurrido, por cuanto asfaltar el acceso a la capital comunal de San Fabián es un viejo anhelo de los vecinos de una de las comunas más precordilleranas de la zona central. Es gente de mucha valía que por muchos años ha hecho patria, soberanía, chilenidad.
Fue muy interesante el acto, y la iniciativa de descentralizar, pero, después de conversar con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, concluimos en que tenemos dinero solamente para la mitad del tramo entre Paso Ancho y San Fabián .
El compromiso del Presidente Lagos, cuando era ministro de Obras Públicas, fue que se iba a asfaltar desde el lugar señalado hasta San Fabián . Esto viene por tramos. Hace algunos años se asfaltó hasta Tres Esquinas; luego, de Tres Esquinas hasta Paso Ancho y ahora nos queda este tramo para el cual reitero se llamó a licitación el 27 de diciembre.
En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno su disposición de ayudar a cumplir este sueño, pero también quiero pedir a su Excelencia el Presidente de la República que, cuando se realicen los trabajos, dentro de cinco o seis meses, se puedan conseguir los recursos para que la obra no pare y quede a mitad de camino, porque se ha esperado mucho.
En segundo lugar, se han asfaltado muchas carreteras transversales, por lo menos en la Octava Región, y lo curioso es que no tienen bermas, lo cual es un peligro permanente. En la carretera de San Carlos a San Fabián, por ejemplo, han muerto unas cuarenta personas porque no existen bermas. Prácticamente, la gente camina con un pie en la carretera y otro fuera de ella; pasa un camión y ocurre el accidente; y con mayor razón si una persona transita por allí en estado de ebriedad.
Entonces, solicito al ministro de Obras Públicas, que, en general, en todas las carreteras que se están construyendo en el país, tenga a bien considerar las bermas, los márgenes para que la gente pueda transitar con seguridad. Esta es una aspiración muy sentida en mi zona y sé que lo es también en todo Chile, por lo menos desde la Tercera Región hacia el sur, donde los espacios en las carreteras son más reducidos.
Que en el tramo de Paso Ancho a San Fabián de Alico, particularmente ya se hizo entre Tres Esquinas y Paso Ancho; donde la carretera es más ancha porque tiene márgenes, bermas, se construyan las bermas y las vías de ingreso a las propiedades, porque muchas veces se construye el camino y se dice a los vecinos que se las arreglen como puedan para ingresar a sus propiedades. Ésa no debe ser la política.
Por lo tanto insisto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas en el sentido de que se considere la construcción de bermas, márgenes, en las calzadas e ingresos a las propiedades privadas.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano y de los cuales la Secretaría está tomando nota.
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. Oficio.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-
Señor Presidente, quiero expresar mi preocupación por los resultados de la Prueba de Aptitud Académica, que han sido ampliamente publicitados en todos los medios de prensa del país.
En primer lugar, quiero señalar que fue muy grave que determinadas cifras aparecieran informadas erradamente en un periódico de circulación nacional, “El Mercurio”, que señaló una disminución abismal del rendimiento de la educación municipalizada en relación con el año 2001. Esas cifras fueron rectificadas hoy, lo que me parece muy bien, pero repito, el efecto que causó fue muy grave.
En segundo lugar, es muy importante respaldar al Ministerio de Educación en la profundización de la reforma educacional. Solamente mediante el fortalecimiento de la educación pública se podrá posibilitar que los alumnos de establecimientos municipalizados, que son de sectores socioeconómicos y socioculturales más deprimidos del país, puedan ir recuperando sus desventajas manifiestas para desarrollar mejores aprendizajes.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Educación para que proponga medidas que refuercen su rol fiscalizador en la educación pública y, al mismo tiempo, una forma de subvención diferenciada en beneficio de los establecimientos más vulnerables.
Además, le pido que realice este año la evaluación de los docentes, que ha sido postergada, para que pueda premiarse a aquellos que entreguen una educación de mejor calidad; que sugiera medidas para que se acentúen y aceleren los programas de nivelación de educación básica y media de los padres y apoderados, de manera que se integren más en las funciones educacionales, y evalúe la función de los directores para el mejoramiento de la calidad de la gestión y de la dirección pública en los establecimientos educacionales.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando su mano.
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN RELACIÓN A PROYECTO ALUMYSA Y PAVIMENTOS DE COIHAIQUE Y MEDIDAS PARA RECUPERAR MASA GANADERA DE AISÉN. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea .
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, en primer lugar, solicito oficiar al ministro secretario general de la Presidencia para que informe a esta Corporación respecto del apoyo entregado, en recursos humanos y financieros, desde el nivel central a la Conama y la Corema de la Undécima Región, para el estudio y análisis del proyecto Alumysa .
Además, solicito la opinión del ministro respecto de las falencias de la legislación vigente en materia ambiental, especialmente en lo relacionado a megaproyectos de inversión.
En segundo lugar, oficiar al ministro de Vivienda a fin de que informe respecto del monto de los recursos destinados a la reparación de pavimentos en la ciudad de Coihaique y los plazos que se fijaron para la terminación de las obras.
Por último un oficio al ministro de Agricultura para que informe respecto a las medidas y programas por implementar para recuperar la masa ganadera en la región de Aisén. Esto en relación a la respuesta pendiente del trabajo de la mesa ganadera formada por públicos y privados a partir de un acuerdo del Consejo Regional de Aisén.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando su mano y de los cuales la Secretaría está tomando nota.
AGRADECIMIENTOS POR PROTOCOLO DE ACUERDO PARA RESOLVER ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. Oficio.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, ayer, en el ex Congreso Nacional, en Santiago, se celebró la firma de un protocolo de acuerdo con miras a resolver el problema del endeudamiento de la Empresa Nacional de Minería, Enami .
Este protocolo de acuerdo es la culminación del trabajo de muchas personas, a las cuales hoy quiero agradecer públicamente, como son los ministros de Minería y de Hacienda, señores Alfonso Dulanto y Nicolás Eyzaguirre , respectivamente; los dirigentes de la Empresa Nacional de Minería, de la fundición y refinería de Ventanas; los dirigentes y trabajadores de la fundición Hernán Videla Lira y de la planta Manuel Antonio Matta , y todos los trabajadores de la Enami que han concordado con esta solución que pone fin a un problema de larga data pero tan fundamental, porque la pequeña y mediana minería del país deben su existencia a la Empresa Nacional de Minería que, con la prestación de un servicio primordial, técnico, y oportuno ha permitido el desarrollo del sector.
Por eso, quiero también saludar en esta ocasión a los trabajadores y supervisores de la Enami, quienes, con su trabajo, han hecho una empresa eficiente.
Además, agradecer a todos los parlamentarios que en su oportunidad apoyaron el proyecto de acuerdo que permite solicitar a su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos , una solución al problema del endeudamiento de la Empresa Nacional de Minería.
Este protocolo de acuerdo, que ya es un documento oficial, constituye las bases de un proyecto de ley que ingresará a esta Cámara en los próximos meses, el cual fijará las condiciones y las bases de venta de este activo Ventanas-CodelcoChile, iniciativa que se unirá a otro proyecto de ley que se relaciona con el aval, lo que posibilitará resolver definitiva e integralmente esta deuda, de tal manera que la Empresa Nacional de Minería no tenga esta carga financiera, esta “mochila”, que le ha impedido desarrollarse y, de una vez por todas, la pequeña y mediana minería entre en una etapa distinta.
Por eso, agradeceré a usted, señor Presidente, enviar copia de mi intervención, e incluir en ella este protocolo a su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos , para agradecerle esta posibilidad que le da a la minería chilena.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, al Ministerio de Minería, a la Sociedad Nacional de Minería y a la Enami, con la adhesión de los señores diputados que están levantando la mano. Además, se incluirá el documento que usted entregará a la Secretaría, el que también se publicará en el Boletín de Sesiones.
El documento cuya inserción se acordó es el siguiente:
Protocolo de Acuerdo.
En Santiago de Chile a 6 de enero de 2003, entre los señores ministros de Hacienda y de Minería por una parte y, por la otra, los señores presidentes de las Comisiones de Hacienda y de Minería del Senado y de la Cámara de Diputados, se ha convenido el Protocolo de Acuerdo que consta en las cláusulas que a continuación se indican:
Introducción.
El presente protocolo tiene por objeto establecer las bases de una solución financiera para la Empresa Nacional de Minería, conducente a su estabilidad y viabilidad, conjuntamente con proveer de una seguridad respecto del futuro a sus trabajadores y al sector minero que requiere de sus servicios.
La actual situación de Enami tiene entre sus orígenes el financiamiento del gasto en fomento, el cual se refleja en los estados de resultados como crédito fiscal, y el considerable esfuerzo de inversión que fue necesario para cumplir con los mayores estándares ambientales, en el contexto de un prolongado ciclo de bajos cargos de tratamiento. Sus trabajadores y directivos realizaron importantes esfuerzos de mejoramientos de eficiencia, los que se expresan en ganancias de productividad y que contribuyeron a contrarrestar los factores anteriores y a situar a la empresa en un excelente pie productivo.
El cambio estratégico que aquí se propone obedece a la decisión del gobierno de fortalecer y mejorar la eficiencia de la política de fomento a la pequeña y mediana minería, incluyendo la generación de mejores condiciones de viabilidad financiera para Enami y su mayor especialización en las labores propias del fomento.
Primero:
Los ministros de Hacienda y de Minería, en representación del Ejecutivo, se comprometen a desarrollar las acciones necesarias tendientes a asegurar la obtención de créditos y/o colocación de bonos por parte de la Enami para la reestructuración de pasivos de largo plazo, incluyéndose en dicho apoyo el otorgamiento de los avales que sean necesarios. Ambos Ministerios también realizarán acciones orientadas a asegurar la continuidad del financiamiento de corto plazo, incluyendo el apoyo en las negociaciones con los acreedores y, cuando sea necesario, representarles a éstos la disponibilidad del Gobierno para asegurar el servicio de los compromisos de la Enami. Será condición necesaria para lo señalado precedentemente que la Enami convenga un Convenio de Programación con el Sistema de Empresas Públicas, SEP, y que se comprometa a entregar mensualmente a los Ministerios de Hacienda y de Minería la información conducente a establecer las necesidades de financiamiento previstas para los seis meses siguientes. La Enami transmitirá esta información, al mismo tiempo, a las Comisiones de Minería y Hacienda del honorable Senado y de la honorable Cámara de Diputados.
Segundo:
La Enami en conjunto con los ministros de Hacienda y de Minería evaluarán los cambios organizacionales conducentes a la reducción de costos operacionales y gastos de administración, en el marco de la legislación vigente y del debido respeto a los derechos laborales. La implementación de dichos cambios será llevada a cabo por la administración de la Enami. Las medidas que se adopten considerarán las necesidades de la empresa y de su personal.
Cuando la implementación de los cambios impliquen la desvinculación de personal, ésta se hará en el contexto de lo pactado en el régimen de contrato colectivo vigente y de planes de retiro incentivados, en el marco de la Alianza Estratégica suscrita el año 1998 entre el Gobierno, la administración y los trabajadores. Los planes de retiro mencionados, no obstante, deben ser formulados tomando en cuenta la situación financiera de la Enami y deberán ser previamente aprobados por los Ministerios de Hacienda y Minería.
Tercero:
El Ejecutivo, a través de los señores ministros comparecientes, enviará al Parlamento, durante el primer semestre del año 2003, un proyecto de ley que posibilite la venta total de la fundición y refinería de Ventanas a Codelco.
La fundición y refinería de Ventanas permanecerá en poder del Estado de Chile, a través de Codelco, y su propiedad no podrá ser transferida sin previa autorización legal.
El monto total recaudado por la venta, que reflejará el valor presente de los flujos futuros de la fundición y refinería Ventanas, será destinado a pagar la deuda que la Enami mantiene con el sistema financiero.
Cuarto:
La situación laboral de los trabajadores de la fundición y refinería Las Ventanas, en lo referente a los contratos colectivos vigentes, no se verá modificada como resultado de la venta a Codelco.
Quinto:
En la ley de enajenación quedará consignado que Codelco asegurará la reserva de capacidad para procesar los productos provenientes de la pequeña y mediana minería, los que seguirán siendo adquiridos, recepcionados, procesados y posteriormente traspasados por Enami a Codelco para su maquila. Estas operaciones se realizarán según precios y condiciones de mercado.
Sexto:
El Ejecutivo, a través de los señores ministros comparecientes y con la asesoría del Sistema de Empresas Públicas, emitirá en el curso del primer semestre de 2003, un Decreto Supremo asegurando la continuidad de los programas de fomento que ha desarrollado Enami , a través de una política de Estado para el fomento minero cuyos contenidos principales se encuentran consignados en el documento acordado por el Directorio de Enami, en sesión ordinaria Nº 901 de fecha 30 de agosto de 2002 (en adelante: “el documento del Directorio de Enami”).
Séptimo:
A objeto de lograr mayores niveles de eficiencia en la operación de la empresa, potenciando así sus políticas de fomento y su accionar en toda la cadena del valor del negocio minero, se contemplan futuras inversiones para el mejoramiento de plantas de procesamiento en los términos señalados en el documento del directorio de Enami. Con el mismo objetivo, se estudiarán también futuras inversiones en la Fundición Hernán Videla Lira . La autorización de todas las inversiones antes mencionadas, estará sujeta a que su rentabilidad y conveniencia hayan sido demostradas y a la existencia de disponibilidades adecuadas para su financiamiento.
Octavo:
La Enami y Codelco se comprometen a llevar a cabo todas las acciones que permitan que este traspaso se realice fluidamente. Con el objeto de definir y concordar las adecuaciones implícitas en el traspaso de Ventanas a Codelco, ambas empresas conformarán los equipos de trabajo que sean necesarios a fin de establecer las condiciones laborales, el precio de venta y las condiciones comerciales futuras. En la eventualidad de que en algunos aspectos no se logre un acuerdo entre las empresas, el ministro de Minería dirimirá entre las distintas posiciones.
Enami y Codelco manifiestan, además, su disposición a seguir desarrollando coordinadamente operaciones comerciales que les permitan aumentar el valor de ambas empresas.
Noveno:
Los señores presidentes de las Comisiones de Hacienda y Minería del honorable Senado y de la honorable Cámara de Diputados manifiestan su plena conformidad con lo consignado en las cláusulas que preceden y se comprometen, desde ya, a apoyar el trámite legislativo para aprobar prontamente el o los proyectos de ley que sea necesario tramitar para la materialización de las medidas contenidas en el presente protocolo.
Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda; Alfonso Dulanto , ministro de Minería; Carlos Ominami , presidente de la Comisión de Hacienda del Senado; Ricardo Núñez , presidente Comisión Minería del Senado; Pablo Lorenzini , presidente de la Comisión de Hacienda, Cámara de Diputados; Carlos Vilches , presidente de la Comisión de Minería, Cámara de Diputados.
Santiago de Chile, 6 de enero de 2003.
ESTADO DE AVANCE DE OBRAS VIALES EN COCHAMÓ Y PUERTO MONTT. Oficio.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones con el objeto de que nos informe sobre el estado de avance, fechas, tramos y montos considerados para algunos caminos de la comuna de Cochamó, como el de Río Puelo a Segundo Corral, Paso El Bolsón; el de Cochamó a Paso El León, y el de Canutillar a San Luis Sotomó. Asimismo que nos informe sobre el estado de avance de las pasarelas peatonales en la Ruta 5, cerca del Estero Lobos, que une la población Libertad con villa Artesanía y Las Industrias, en la comuna de Puerto Montt.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
PETICIÓN DE DECLARACIÓN DE COMUNA TURÍSTICA A SAN FABIÁN. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, el 2 de enero de 2003 acompañamos al intendente y al subsecretario de Desarrollo Regional, señor Francisco Vidal , para declarar comunas turísticas a Quillón, Cobquecura y Cabrero .
De más está decir la alegría de las comunidades favorecidas, porque esa declaración, junto con reconocer la realidad turística de las tres comunas, asigna nuevos recursos a través de la distribución del fondo común municipal.
Me sumo a la alegría de los vecinos. No obstante, esa declaración me dejó un sabor amargo, porque era evidente y obvio que en ella debió incorporarse a la comuna de San Fabián.
No estoy diciendo algo que extrañe, porque el 80 por ciento de los ingresos de San Fabián se deben al turismo, ya que cada año su población se septuplica cuando recibe a los turistas, que ascienden a cerca de 20 mil, especialmente en las épocas más altas. Es una comuna donde nace el río Ñuble; en consecuencia, la pesca atrae a muchos turistas. Se encuentran lagunas maravillosas, como la de La Plata, Las Truchas, el río Los Sauces. Para qué resaltar el potencial ecoturístico que tiene. Se han asignado recursos para iniciar la pavimentación de algunos caminos. Estamos a los pies de la cordillera. Es evidente la posibilidad de tener un paso fronterizo. Estamos frente a bosques nativos, con flora y fauna intocables. Y lo más importante, señor Presidente, ahí se cultivan las tradiciones más antiguas de nuestra patria, y su gente, acogedora por naturaleza, es preparada para recibir turistas. Sin embargo, en esa declaración de comuna turística todo esto se dejó en el olvido. Si hay una comuna en Chile que requiere apoyo para desarrollar el turismo, para recibir con los brazos, mucho más abiertos, a los 20 mil turistas que van todos los años, ésa es, precisamente, San Fabián .
Señor Presidente, le pido derechamente que oficiemos al Presidente de la República, al subsecretario de Desarrollo Regional y al intendente de la Octava Región para que, cuanto antes, ojalá este mismo año, se declare, mediante decreto supremo, a San Fabián como comuna turística.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
SOLUCIÓN A PROBLEMA SANITARIO DE SAN GREGORIO, COMUNA DE ÑIQUÉN. Oficios.
El señor MONCKEBERG.-
En segundo lugar, señor Presidente, me he referido por lo menos dos veces en esta Sala al tema que voy a plantear, y créame que llega un momento en que la paciencia se agota. La comuna de Ñiquén, en particular el sector de San Gregorio, tiene un problema en su alcantarillado que no se ha solucionado. Se puso una bomba que resuelve parcialmente el problema, pero la solución definitiva no ha llegado.
Después de casi un año de haber sido declarada la emergencia sanitaria en San Gregorio, los olores persisten; se está contaminando día a día, segundo tras segundo, el río Perquilauquén, en el cual los animales sacian su sed.
Hace algunos meses me reuní, junto con dirigentes vecinales de San Gregorio, con el gobernador, quien se comprometió, en diciembre de 2002, a entregar una propuesta definitiva y los fondos necesarios; pero pasó diciembre y eso no se cumplió.
Por lo tanto, llegó la hora de que el Presidente de la República disponga, desde Santiago , una solución definitiva para San Gregorio . Pocas comunas en Chile me atrevería a decir que es la única, han sido declaradas en emergencia sanitaria por tanto tiempo, sin que se le haya dado solución al problema.
No sólo mi paciencia se agota, sino que también, especialmente, la de los miles de vecinos que allí viven y que tienen que soportar los malos olores y el mal tratamiento de las aguas.
En síntesis, señor Presidente, solicito oficiar al Presidente de la República y al gobernador para que sepan lo que estamos pidiendo, con el objeto de que se disponga cuanto antes la solución definitiva para San Gregorio , ya sea con la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas o con la instalación de alcantarillado.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
PROBLEMAS QUE AFECTAN A COMUNAS DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, cabe señalar en primer lugar que, desde hace tres o cuatro años, el sector del Fundo San José, en el camino que va entre Lirquén y Tomé, en la comuna de Tomé, se encuentra marginado de la modernización. A pesar de que ha llegado la electrificación a la inmensa mayoría de los sectores rurales de la región, allí existe un conjunto de doce casas, habitadas por más de 30 personas, que viven al margen de la modernidad, sin acceso a la luz eléctrica.
Existe voluntad de la compañía eléctrica respectiva para realizar los trabajos pertinentes; pero hay un problema de financiamiento por la extensión de las obras.
Por ello, solicito oficiar al gobierno regional, a fin de que nos pueda informar detalladamente sobre el estado del proyecto, si es que existe, para electrificar la zona del Fundo San José .
En segundo lugar, se ha hablado con don Miguel Ángel Carvacho , director de Vialidad, sobre la necesidad de construir bermas, dado que, a raíz de la bifurcación del nuevo camino entre Lirquén y Tomé que ha significado un acortamiento importante de tiempo y mucho mayor desarrollo a la comuna de Tomé, este sector quedó sin bermas en ambos caminos, lo que genera gran incertidumbre en la seguridad de los niños que tienen que ir caminando hasta la escuela ubicada en Punta de Parra, que es la más cercana.
Se requiere habilitar bermas mediante la adecuación de un camino paralelo. Se ha conversado con las empresas forestales para que cedan los terrenos necesarios para evitar que los niños caminen por la carretera.
Por lo tanto, pido oficiar al Ministerio de Obras Públicas con el objeto de que solucione este problema.
En tercer lugar, hace más de un año quebró la empresa constructora Viviendas Tomé o Casas Tomé, de Punta de Parra, comuna de Tomé. Los trabajadores se encontraron con la sorpresa de que sus contratos estaban firmados por Altiplánica S.A.
En definitiva, han sido despedidos trabajadores con más de 35 años de continuidad en la empresa, sin haber recibido hasta la fecha un solo peso de indemnización. Sólo gracias al proceso judicial se han logrado rematar algunas especies, lo que ha posibilitado pagarles el 13 por ciento de sus remuneraciones.
Si bien la empresa constructora Viviendas Tomé se declaró en quiebra, hoy continúa trabajando con nuevos trabajadores sin que exista visualización alguna respecto del cumplimiento cabal de sus obligaciones para con éstos.
Los trabajadores han sido lanzados a la cesantía hecho que traspasa el tema ético y moral más que el económico, sin poder acceder a ningún beneficio que les corresponde por ley.
Por tanto, pido que se oficie a la Inspección Regional del Trabajo con el objeto de que nos envíe un informe detallado del proceso que afecta a los trabajadores de la empresa constructora Viviendas Tomé o Altiplánica S.A. con el fin de determinar si el proceso laboral se ha ajustado a la ley y cuáles son las asesorías, en cuanto a perspectivas, que la Inspección del Trabajo ha brindado a este grupo de trabajadores, quienes, además de sufrir los problemas propios de una localidad que no tiene agua potable ni alcantarillado, han aceptado trabajar hasta cuatro o cinco meses sin recibir sueldo con el objeto de ayudar a la empresa para que ésta salga adelante. Pero ahora han quedado abandonados. Además, los derechos básicos que les corresponden, tales como indemnizaciones, no se han podido cobrar, en circunstancias de que la empresa sigue funcionando.
“¿Dónde está la quiebra?”, se preguntan con mucho pesar y tristeza los afectados al ver que, al continuar trabajando esta empresa bajo otro RUT, ha convertido esta situación en una verdadera burla.
En cuarto lugar, solicito que se oficie a la municipalidad de Penco y también a la ministra de Educación con el objeto de que nos den a conocer los motivos por los cuales la escuela especial de esa comuna, denominada Centro de Capacitación Laboral Diferencial E580, va a ser cerrada, en circunstancias de que, en la Octava Región, es el único establecimiento educacional destinado a jóvenes, hombres y mujeres con dificultades de aprendizaje y limitaciones.
Si bien este Centro de Capacitación ha tenido problemas económicos, su cierre equivale a eliminar la única posibilidad que tienen 24 jóvenes para capacitarse y optar a la rehabilitación o reinserción laboral. Los motivos económicos, uno los puede comprender; sin embargo, hemos conversado con los parlamentarios del distrito incluyendo a senadores y existe la voluntad de apoyar al municipio de Penco y al Ministerio de Educación para que ese centro educacional no cierre, sino que, al contrario, capte más estudiantes del resto de la provincia de Concepción y toda la región, dadas las características de su ubicación, el paisaje, el amplio terreno del que dispone y, particularmente, por lo contradictorio que resulta esta inconsulta medida después de que el Gobierno ha señalado públicamente que fortalecerá las políticas de apoyo a la discapacidad.
En quinto lugar, quiero informar de un grave problema respecto del cual hemos pedido a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles efectuar una investigación sumaria, sin tener novedades hasta la fecha.
El martes 17 de septiembre mes de los volantines, aproximadamente a las 19 horas, Héctor González Aravena , niño de 10 años, trepó a una torre de alta tensión con el objeto de alcanzar un volantín y recibió una descarga eléctrica de 13 mil voltios, que lo dejó con el 60 por ciento de quemaduras en el cuerpo. Él, afortunadamente, sobrevivió, pero se le ha debido amputar un brazo.
Este hecho ocurrió en un predio forestal aledaño a la población La Huasca, de Lirquén. La investigación posterior ha demostrado que estamos ante situaciones que debemos resolver, porque la línea que lo afectó no tenía protección. Fuimos a la superintendencia, con el notario de Penco, don Ramón García , y se nos informó que aquella no tenía advertencia por tratarse de una línea de media tensión; es decir, 15 mil voltios. En este caso eran 13 mil. De baja tensión se consideran las líneas de hasta 7 mil 600 voltios, y de alta, las de 25 mil.
Dado que todos los expertos coinciden en señalar que con mil voltios una persona muere carbonizada, la diferencia es absurda. En efecto, si se exige colocar esta advertencia solamente para líneas de alta tensión a fin de impedir el escalamiento con riesgo de muerte, y no a las de baja tensión, ni tampoco a las de media, que es de 15 mil, ello resulta inaceptable por cuanto cada una de ellas puede provocar la muerte.
Al respecto, solicito que se oficie a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que nos dé respuesta a la petición de investigación sumaria que formulamos el mes de septiembre, con el fin de aclarar los hechos y revisar la normativa que hoy regula la instalación de torres eléctricas.
Respecto de lo anterior, pido que se oficie a la ministra de Educación para que realice una amplia revisión en las escuelas de la Octava Región afectadas por la presencia de líneas de alta tensión que cruzan sus patios e incluso techos, situación sobre la cual ni el municipio ni el Serviu han consultado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Por tanto, solicito que el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles efectúen una evaluación de estas instalaciones en las escuelas, tanto rurales como urbanas, no sólo de la Octava Región, sino también a nivel nacional, que se encuentren en esta situación.
Asimismo, solicito que ambos organismos realicen una investigación para determinar la resistencia de las seis torres de alta tensión ubicadas en la población “La Huasca”, en Lirquén, comuna de Penco, dado que su vida útil supera los 50 años. En dicho lugar, la población se acercó a las torres, y de la visión ocular del material, que está altamente corroído, se puede comprobar que no se le ha hecho mantención hace mucho tiempo.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Terminó su tiempo, señor diputado.
El señor NAVARRO.-
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría a los Ministerios del Interior, de Obras Públicas, del Trabajo, de Educación y de Obras Públicas y Telecomunicaciones para atender las peticiones antes formuladas.
INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE REFINERÍA EN MEJILLONES. Oficio.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a las expresiones vertidas por el diputado Carlos Vilches con respecto al convenio que firmaron los Ministerios de Minería y de Hacienda con toda la dirigencia de la Enami con el objeto de sanear su deuda y así solucionar los problemas de la pequeña y mediana minería de nuestra región para que esta actividad pueda sentirse fortalecida con estas acciones y la Enami siga funcionando.
En dicho protocolo de acuerdo hay algo que me parece preocupante. En efecto, en virtud de que el artículo 3º del protocolo señala que se enviará un proyecto de ley para posibilitar la venta total de la fundición y refinería de Ventanas a Codelco, nos parece necesario oficiar al ministro de Minería para que nos informe claramente sobre si se postergará la inversión que se iba a realizar en Mejillones con motivo de la construcción de la refinería que se pretendía hacer en esa comuna.
EXCLUSIÓN DE ANTOFAGASTA DEL PROGRAMA “COMUNA SEGURA, COMPROMISO CIEN”. Oficio.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, otro problema que nos preocupa en nuestro distrito está en directa relación con los índices referidos a la delincuencia que ha entregado el Ministerio del Interior y Paz Ciudadana.
Al respecto, en la Segunda Región y específicamente en Antofagasta, se han visto incrementados los índices de delincuencia, lo que me parece bastante grave. Además, el Ministerio del Interior no consideró a dicha comuna en el programa “Comuna segura, compromiso cien”.
Actualmente, con las expectativas que tiene la Segunda Región en cuanto a posibilidades laborales, existe una población flotante bastante grande, lo que conlleva la comisión de delitos que jamás habían ocurrido en nuestra ciudad, tales como asaltos a mano armada, tanto a vehículos como a bancos.
En atención a estos hechos, nos extraña que la comuna de Antofagasta no haya sido considerada por el Ministerio del Interior en el programa antes mencionado.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro respectivo para que nos informe sobre los motivos que tuvo a la vista para no considerar a la comuna de Antofagasta en el programa “Comuna segura, compromiso cien”.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios a los ministros de Minería y del Interior, con la adhesión de los diputados Barros y Forni .
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON JORGE EYZAGUIRRE CORREA, VECINO DE LA COMUNA DE PERALILLO. Notas de condolencia.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .
El señor BARROS.-
Señor Presidente, la comuna de Peralillo está de duelo por el fallecimiento de don Jorge Eyzaguirre Correa , uno de sus mejores hombres.
Como parlamentario colchagüino y amigo de don Jorge y de su distinguida familia, hoy quiero rendir un sentido homenaje a este gran hombre, destacando tres aspectos de su vida.
En primer lugar, fue un hombre de familia ejemplar. Junto a su señora, María Ignacia , formó una hermosa familia. De su matrimonio nacieron Jorge , Juan Carlos , María Fernanda , María Ignacia y Verónica , quienes se han destacado siempre por el permanente ejemplo de la difusión de los valores de la familia a todos quienes los rodean.
En segundo lugar, como empresario, tal vez realizó su mayor aporte a Chile, al valle de Colchagua y, en especial, a la comuna de Peralillo.
Como fundador de los viñedos, en especial de la viña Los Vascos, viajó y buscó incansablemente difundir y posesionar Peralillo y el valle de Colchagua en el concierto mundial de la vitivinicultura. Fue pionero en ese sentido. Viajó durante mucho tiempo sólo en busca de prestigio para los vinos de nuestro valle.
Hoy podemos ver el resultado de su visión y de su perseverancia: el valle de Colchagua consolidado en el mundo y decenas de viñas que exportan sus finos vinos, generando empleo, progreso y prestigio al país y a su querido valle.
En tercer lugar, fue un destacado servidor público, un gran alcalde de su querida comuna de Peralillo; una persona de gran espíritu humanitario, sencillo, amable y bondadoso; colchagüino y peralillano de cepa noble, como sus chardonnay, merlot o cabernet sauvignon de la mejor reserva. Vibraba emocionado con las fiestas del 18 de septiembre, en las que siempre estaba presente para ver desfilar a sus queridos huasos de Puquillay.
El nombre de don Jorge Eyzaguirre Correa quedará grabado en los anales de la historia de Peralillo como uno de los más connotados ciudadanos que ha vivido en esa hermosa comuna.
Quiero enviar mi más sentido pésame a su señora, doña María Ignacia , y a sus hijos. Sin duda, Peralillo y Colchagua lloran su partida, pero el cielo no me cabe duda se hace de uno de los mejores seres humanos.
Pido enviar mi intervención a la familia de don Jorge Eyzaguirre Correa y a la comunidad, a través del alcalde y del concejo de Peralillo.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se procederá de la manera solicitada por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Forni y Masferrer .
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR USO DE PETCOKE POR LA EMPRESA DE CEMENTO MELÓN DE LA CALERA. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni .
El señor FORNI.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero desear a su Señoría, a la Mesa y a todos los funcionarios de la Cámara un exitoso año 2003.
Entrando en materia, quiero plantear una situación que tiene muy preocupados a los miles de habitantes que componen el valle del Aconcagua, también representado por otros señores diputados.
Como es de conocimiento público, la empresa Cemento Melón ha decidido nos imaginamos que por razones de costo utilizar carbón de petróleo más conocido como percoke como combustible en algunos de sus hornos de su planta procesadora de la ciudad de La Calera.
Desde el punto de vista económico, nadie duda de que la decisión de la empresa es óptima, toda vez que al tratarse de un insumo más barato se reducen en forma importante los costos de producción. Sin embargo, el solo anuncio de esta medida ha generado una natural incertidumbre y preocupación en los habitantes del valle del Aconcagua, pues son conocidos los cuestionamientos que, tanto en Chile como en el extranjero, se han formulado cada vez que se anuncia la utilización de este combustible.
Por razones de tiempo, no reproduciré los distintos estudios que se me han hecho llegar sobre el tema. Pero, sin temor a equivocarme, puedo sostener que la preocupación de la gente del Aconcagua se refiere básicamente a los efectos negativos que la quema de este combustible produciría en la salud de las personas, en la calidad de sus vidas y en la producción agrícola.
Deseo ser muy claro: no estamos en contra del progreso; estamos por la incorporación de más y mejor tecnología; estamos por copiar los buenos modelos y seguir las tendencias de los países que saben en esta materia, y los buenos ejemplos hablan de desarrollo sustentable y de incorporar tecnología que limpie no que destruya los ecosistemas. Precisamente estos países, que hoy se asocian con el nuestro para intercambiar productos, son los que nos exigen, cada vez con mayor rigor, procesos y productos sanos y limpios.
Por eso, la incorporación de tecnología limpia y el respeto de las normas ambientales son un imperativo de las relaciones comerciales del mundo moderno. Ya no obedecen sólo a un capricho de un idealista de algún movimiento verde.
Por ello, y porque hoy más que nunca, después de los importantes tratados internacionales suscritos por el país, se abren insospechadas oportunidades de mercados para muchos rubros, en particular de las áreas agrícola, vitivinícola y agroindustrial, debemos ser muy cuidadosos con las decisiones que se adoptan como país en la materia, pues no cabe duda de que nuestros socios serán inflexibles a la hora de fiscalizar el respeto de las normas ambientales de nuestros productos y procesos productivos.
En ese contexto, no deja de llamar la atención que una empresa tome una decisión que podríamos calificar, al menos, como controvertida. No estamos hablando de cualquier planta que utiliza este polémico combustible. Se trata de una planta procesadora que está inserta en una importante ciudad, con cerca de tres establecimientos educacionales, de un hospital, de una feria ganadera y de una planta procesadora de carne destinada al consumo humano. En suma, estamos hablando de una planta inserta en uno de los valles más fértiles de Chile, con un microclima excepcional y suelos con características extraordinarias, cuyas aptitudes y condiciones lo han destacado como uno de los diez de esta naturaleza en el mundo.
Por eso, como representante de los habitantes del valle del Aconcagua, el tema me preocupa y no puedo ser indiferente. Es importante que los análisis de nuestras autoridades medioambientales se hagan en forma serena, exhaustiva y completa, consultando la opinión de expertos, de asociaciones médicas, de agricultores y, fundamentalmente, de la comunidad. En fin, de todos quienes día a día trabajan para hacer producir esa tierra, para exportar nuestros productos, para dar empleos y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Queremos saber si es efectivo lo que sostienen los expertos internacionales en cuanto a los negativos efectos de este y otros combustibles en la salud humana; si es efectivo que se producen dioxinas, furanos y otros elementos que, producidos por la incineración, quedan suspendidos en el aire y luego se depositan en los huertos, frutos, pastos, aguas, napas freáticas, con lo cual se afecta toda la cadena de consumo y producción.
Deseamos inquirir qué riesgos corren nuestras exportaciones con la autorización del uso de este combustible en una zona eminentemente agrícola. Nuestros exportadores tienen derecho a saber si el esfuerzo que hacen y riesgos que corren serán compensados o si, por el contrario, luego serán puestos en tela de juicio, debido a una decisión equivocada.
Queremos conocer la posición de la empresa al respecto y si las cifras entregadas a la autoridad ambiental son consistentes y permiten cuestionar los estudios internacionales, que preocupan a los habitantes de las comunas del valle del Aconcagua.
Pasado mañana estaremos inaugurando, junto al Presidente de la República, a escasos kilómetros de la planta cementera en cuestión, las obras que permitirán el saneamiento definitivo de las aguas del río Aconcagua. ¡Parecería increíble que, debido a una decisión equivocada, volviésemos atrás en esta materia! ¡Sería un tremendo error, que pagaríamos muy caro!
Solicito oficiar a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a fin de que informe a la Cámara sobre el estado en que se encuentra el proceso de evaluación de impacto ambiental de esta medida, los antecedentes que obran en su poder en relación con el uso del petcoke como combustible, los lugares en que este combustible ya ha sido autorizado y cuáles son las evaluaciones de los efectos de su uso en cada uno de ellos.
Asimismo, a los alcaldes, concejos y asociaciones de agricultores de todas las comunas del valle del Aconcagua, a fin de conocer su opinión en esta materia.
Por último, que se haga llegar copia de esta intervención a los alcaldes, concejos y a los presidentes de las asociaciones de agricultores de las provincias de Los Andes y San Felipe .
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Conforme a lo solicitado por su Señoría, se enviarán los oficios al director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama , a los alcaldes mencionados y a los presidentes de las asociaciones de agricultores.
DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES EN MANEJO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer .
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, quiero, una vez más, hacer una denuncia en relación con algunas actuaciones a las que nos tiene acostumbrado el alcalde de San Fernando, perteneciente al Partido Comunista, don José Figueroa Jorquera .
El 31 de diciembre de 2002, el alcalde citó a una reunión extraordinaria al concejo municipal, con el propósito de efectuar algunas modificaciones presupuestarias para hacer cuadrar el balance del año que recién termina.
Como en este caso no se podían efectuar modificaciones, ya que todas las cuentas estaban en rojo, vale decir, eran negativas y, por lo tanto, no se podían hacer traspasos para cubrir un déficit de 50 millones de pesos, el alcalde no encontró solución mejor que anunciar que, en ese instante, en la tesorería municipal, una persona desconocida había hecho una donación por 50 millones de pesos.
Tengo en mi poder copia del cheque girado a nombre de la ilustre municipalidad de San Fernando, del Banco de Chile, sucursal San Fernando , serie 2002 DI Nº 5527727, de la cuenta corriente 2080259807 y, también lo voy a dejar en la Corporación el ingreso municipal Nº 0072245, de 31 de diciembre de 2002, con timbre de la tesorería, que certifica el ingreso del cheque antes descrito, por 50 millones de pesos. Como sabemos, ese día no funcionan los bancos, con lo cual se lograba cuadrar el presupuesto.
La tesorera de la ilustre municipalidad de San Fernando, doña Yenny Apablaza Vargas , envía al alcalde el oficio ordinario 151.01, que dice:
“Referencia: instrucción verbal.
San Fernando , 3 de enero de 2003.
Dando cumplimiento a lo ordenado por usted vale decir, por el señor alcalde con fecha de hoy, 3 de enero del año en curso, procedo a devolver cheque serie Nº 2002 DI, 5527727, por la cantidad de 50 millones de pesos, depositado en esta Tesorería por la Unidad de Contabilidad, bajo el ingreso 0072245, por concepto de donación, documento en que no se señala quién efectuó dicho aporte.
Cabe hacer presente continúa la comunicación que esto provocará un grave problema en caja de esta Tesorería, ya que dicho documento fue ingresado el 31 de diciembre de 2002, quedando registrado en las arcas municipales y en la contabilidad de dicho año, por lo que solicito a usted instruir a la suscrita pasos a seguir para regularizar la situación tanto en Tesorería como en la contabilidad.
Saluda atentamente a usted,
Yenny Apablaza Vargas” .
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Terminó su tiempo, señor diputado.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, pido que con relación al dolo cometido por el alcalde de San Fernando, se haga llegar un oficio al contralor regional de la República, incluyendo los antecedentes que le voy a entregar, a fin de que emita un informe sobre la materia a la mayor brevedad.
No podemos seguir permitiendo que la mencionada autoridad local se mofe de la ciudadanía de San Fernando, al ingresar en arcas municipales un cheque que al otro día pide retirar, aduciendo que se trata de una donación hecha por una persona que desconoce, aunque puedo decir que es de un funcionario municipal que él mismo llevó a la corporación y pertenece al Partido Comunista. En verdad, lo hizo con el único objeto de engañar a las autoridades fiscalizadoras, como la Contraloría, haciendo aparecer cuadrado el presupuesto.
También, al ministro del Interior, porque no podemos permitir que el alcalde señor Figueroa siga administrando de esa forma los recursos de la municipalidad.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría al contralor regional de la República y al ministro del Interior.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Bayo, Hidalgo, Delmastro, García, don René Manuel; Bertolino y Vargas.
Reemplaza el N° 1 del artículo 48 de la Constitución Política de la República, en lo relativo a las atribuciones de fiscalización por la Cámara de Diputados. Boletín Nº 3179-07.
Considerando:
1.Que la Constitución Política de la República otorga en su artículo 48, atribuciones exclusivas a la Cámara de Diputados, una de las cuales dice relación a fiscalizar los actos del Gobierno.
2.Que conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Carta Fundamental corresponde al Presidente de la República el gobierno y la administración del Estado, por lo cual es posible interpretar que sólo son susceptibles de fiscalización las funciones de gobierno, o políticas, a cargo del Jefe de Estado y sus ministros, quienes constituyen el gobierno de un país, quedando excluidas las de administración.
3.Que una interpretación como la indicada, al marginar todos los actos de administración del Ejecutivo, limitaría las facultades de la Cámara de Diputados precisamente respecto de aquellos más susceptibles de ser controlados y fiscalizados por los representantes directos de la soberanía popular, como son los Gobiernos Regionales, Municipalidades y entidades privadas que administran fondos públicos para la realización de planes sociales.
4.Que, por otra parte, la redacción actual de la norma analizada deja fuera de la fiscalización a las Municipalidades y a sus Alcaldes y Concejales, habida consideración que constitucionalmente éstos no gobiernan sino que administran sus comunas.
5.Igualmente es claro que la facultad fiscalizadora puede extenderse a organizaciones privadas, tengan o no fines de lucro, si éstas reciben fondos públicos para implementar planes sociales o similares, pues indirectamente se transforman en una extensión privada del Estado.
6.Que, a su vez, y la práctica así lo ha demostrado con interpretaciones restrictivas al texto del N° 1 del citado artículo 48 de parte de ministros de Estado, las exigencias para configurar actos de fiscalización de la Cámara de Diputados impiden a las minorías parlamentarias cumplir una de sus funciones básicas, fiscalizar los actos del gobierno y administración, ya que se exige para el acuerdo respectivo, o para sugerir observaciones, el voto de la mayoría de los diputados presentes en la sala.
7.Que siendo uno de los roles primordiales y esenciales de las minorías fiscalizar al Gobierno, no resulta concordante con esa función, y con el consiguiente deber de una oposición minoritaria, exigir la citada condición para cumplir con ella, máxime si la institucionalidad que rige el país consagra un sistema absolutamente presidencialista, junto a una Administración del Estado que gravita poderosamente en todo el quehacer nacional, a través del control de las actividades de las personas y mediante el manejo de cuantiosos recursos.
8.Que con el fin de obviar los problemas descritos y permitir una más fluida y amplia fiscalización venimos en presentar a consideración del honorable Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Reemplácese el N° 1 del artículo 48 de la Constitución Política de la República por el siguiente:
“l. Fiscalizar los actos de gobierno y administración del Estado. En el ejercicio de esta atribución, la Cámara podrá adoptar acuerdos y sugerir observaciones con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República para que éste, por intermedio del ministro de Estado que corresponda, dé respuesta dentro de treinta días. En ningún caso, los acuerdos u observaciones afectarán la responsabilidad política de los ministros y la obligación se entenderá cumplida por el hecho de entregar una respuesta fundada o por el envío de los antecedentes solicitados.
Cualquier diputado podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno siempre que su proposición cuente con el voto favorable de a lo menos el diez por ciento de los miembros presentes de la Cámara. Asimismo, el cinco por ciento de los diputados en ejercicio podrá formular observaciones o requerir informes y antecedentes a la contraloría General de la República, a los Gobiernos Regionales y Municipalidades, debiendo éstos responder por escrito en idéntico plazo al indicado en el primer inciso. Igual atribución podrá ejercerse respecto de entidades privadas que reciban o administren fondos públicos, para establecer el uso adecuado de los mismos, y”.