Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rodrigo Gonzalez Torres
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I .ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Alberto Espina Otero
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI .ORDEN DEL DÍA
- MECANISMO DE COMPENSACIÓN POR MENORES INGRESOS MUNICIPALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Eduardo Lagos Herrera
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Maria Eugenia Mella Gajardo
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN SALUD. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Maria Eugenia Mella Gajardo
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Accorsi Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Accorsi Opazo
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Aguilo Melo
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Marcelo Forni Lobos
- Juan Masferrer Pellizzari
- Patricio Melero Abaroa
- INDICACIÓN
- MECANISMO DE COMPENSACIÓN POR MENORES INGRESOS MUNICIPALES. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 34ª, en jueves 12 de diciembre de 2002
(Ordinaria, de 10.39 a 15.48 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Salas de la Fuente, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia5
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
V.Acuerdos de los Comités9
VI.Orden del Día.
Mecanismo de compensación por menores ingresos municipales. Primer trámite constitucional9
Establecimiento de un régimen de garantías en salud. Primer trámite constitucional25
VII.Documentos de la Cuenta.
1.Segundo informe de las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media (boletín Nº 303907)80
2.Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales, con ocasión de una nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal (boletín Nº 3173-06)82
3.Certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales, con ocasión de una nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal (boletín Nº 3173-06)83
VIII.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación:
- Del jefe de bancada del Partido por la Democracia por la cual informa que se ha designado al diputado señor González como su representante en el Grupo Interparlamentario Chileno-Helénico.
2.Oficio:
De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para los efectos de que le sea remitido para su conocimiento e informe el proyecto sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración Pública, de los alcaldes y de normas sobre gastos reservados, por tratarse de una materia relativa a normas constitucionales (boletín Nº 317105).
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Herrera, Eduardo
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Rebolledo González, Víctor Manuel
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Roberto Delmastro, Carmen Ibáñez, Carlos Olivares y Esteban Valenzuela.
Asistió, además, el senador señor Alberto Espina.
Concurrieron, también, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza; de Salud, señor Osvaldo Artaza; de la Secretaría General de Gobierno, señor Heraldo Muñoz, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Mario Fernández.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El acta de la sesión 30ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 31ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la presidencia de la diputada señora Adriana Muñoz , acordaron lo siguiente:
1ºVotar, a más tardar a las 12.00 horas de hoy, el proyecto que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales, con ocasión de una nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, otorgando un máximo de diez minutos por bancada.
2ºEn seguida, considerar el proyecto que establece un régimen de garantías en salud, para cuyo efecto el debate en general, podrá ocupar un tiempo de tres horas distribuidas proporcionalmente, al término del cual se procederá a su votación.
3ºSuspender Incidentes y Proyectos de Acuerdo de la presente sesión.
VI.ORDEN DEL DÍA
MECANISMO DE COMPENSACIÓN POR MENORES INGRESOS MUNICIPALES. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales, con ocasión de una nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal.
Diputados informantes de las Comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, son los señores Becker y Lagos, respectivamente.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 3173-06, sesión 32ª, en 11 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Certificados de la Comisión de Gobierno Interior y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 2 y 3, de esta sesión.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que ingrese el subsecretario de Desarrollo Regional, Francisco Vidal .
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker .
El señor BECKER.-
Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Gobierno Interior paso a informar sobre el proyecto de ley que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales, con ocasión de una nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal. Se trata de la creación de un fondo compensatorio para los años 2003 y 2004, que se destinará a las comunas que, por efecto de la aplicación del artículo 38 de la ley de rentas municipales, vieren disminuidos los recursos que percibirán por concepto del Fondo Común Municipal.
El artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, ley de rentas municipales, y su reglamento, establecen que la distribución del Fondo Común Municipal se realiza de acuerdo con dos coeficientes: el primero, respecto del 90 por ciento del mencionado fondo, se determina cada tres años, y los criterios de asignación usados son, principalmente, indicadores de población, predios exentos del pago de contribuciones, ingresos permanentes per cápita e índices de pobreza comunal.
El segundo, respecto del restante 10 por ciento, se determina cada año y se conforma de la siguiente manera: un 5 por ciento por indicadores de gestión y el otro 5 por ciento de emergencia.
La última actualización del coeficiente con vigencia trienal se hizo en 1998, para los años 1999 al 2001. Luego, por medio de la ley Nº 19.770, de 2001, se prorrogó la vigencia de los mencionados coeficientes para el año 2002. Para ello, se argumentó que en razón del proceso censal del presente año, la actualización de datos poblacionales de cada comuna en el Fondo Común Municipal debía hacerse según el resultado del levantamiento censal indicado.
Agotado el tiempo legal para realizar la actualización correspondiente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional calculó el coeficiente trienal aludido, incorporando los nuevos datos censales, y, también, la participación comunal por criterios de gestión y de emergencia, respecto del 10 por ciento del Fondo Común Municipal. Su resultado muestra un cambio importante en la participación relativa de cada comuna en el Fondo Común Municipal y regirá esta vez para el trienio del año 2003 al año 2005.
En efecto, el cambio de participación hace que 206 comunas rebajen sus expectativas de ingresos para el año 2003 en aproximadamente 19 mil millones de pesos, en comparación con los recursos que percibían al término del presente año presupuestario.
Como es lógico, 136 comunas verán incrementados sus recursos por efecto de una mejor participación en el Fondo Común Municipal, al actualizar sus coeficientes en relación con el último censo.
El proyecto de ley en discusión, que determina una compensación de hasta 19 mil millones de pesos en términos reales para los déficit de las municipalidades que vean afectada su participación en el Fondo Común Municipal, permitirá que ninguna comuna pierda en relación con lo que recibe actualmente. Esto significará que las 206 comunas cuyos ingresos se verían afectados se verán beneficiadas con la seguridad de que a lo menos contarán con los mismos recursos recibidos este año. De esa manera, los presupuestos de los años 2003 y 2004 mantendrán continuidad.
Durante la discusión, el Ejecutivo informó y se comprometió a que el 5 por ciento de emergencia será incorporado al 90 por ciento del fondo que se reparte por índice de población, predios exentos, pobreza relativa, etcétera. Ese 5 por ciento, de acuerdo con lo informado, alcanzará para cubrir gran parte del fondo compensatorio.
En resumen, mediante esta nueva iniciativa legal se logrará lo siguiente:
1)Actualizar los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, de acuerdo con los nuevos datos censales.
2)Compensar a los municipios que vean disminuidos sus actuales ingresos como consecuencia de la aplicación de los nuevos coeficientes de distribución del Fondo.
3)Los municipios que vean aumentados sus actuales ingresos como consecuencia de la aplicación de los nuevos coeficientes percibirán, a partir de 2003, una parte importante de ese incremento (aproximadamente, un 80 por ciento).
4)A pesar de que para el año 2005, el último del trienio de vigencia de los nuevos coeficientes, no se contempla el mecanismo de la compensación, es dable esperar que la vigencia plena de la ley de rentas municipales II, aprobación mediante, permitirá sumar al sistema municipal un importante rango de nuevos recursos. Con ello se logrará estabilizar los ingresos de los municipios que hayan sido compensados durante los años 2003 y 2004. Simultáneamente, los municipios que en el mismo período hayan recibido sólo parte del aumento lograrán alcanzar el máximo de dicho aumento.
Sometido a votación, el proyecto fue aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Eduardo Lagos , diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda pasa a informar sobre el proyecto de ley que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales, con ocasión de una nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal.
Asistieron a la Comisión para el estudio de la iniciativa, el señor Francisco Vidal , subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, y los asesores señores Alexis Yáñez y Eduardo Pérez .
Básicamente, la compensación se aplicará durante los años 2003 y 2004, cubriendo, en términos reales, el ciento por ciento de la reducción de los ingresos de los municipios afectados. Se calculará tomando en consideración los recursos municipales percibidos por cada municipio con cargo al fondo durante el año 2002.
El proyecto, cuya urgencia fue calificada de “discusión inmediata”, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión técnica.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, me parece que esta reasignación de los recursos del Fondo Común Municipal a las municipalidades cuyas comunas, según el censo, sufrieron un cambio en la población y experimentarían una disminución de los fondos que se les deberían entregar, presenta nuevamente una descompensación en lo que es la autonomía municipal y el sistema centralizado de distribución de recursos a las municipalidades.
Por otra parte, desde un principio hubo discriminación hacia las municipalidades que más habían crecido y que eran administradas por alcaldes de la Alianza por Chile, como Maipú, Puente Alto y La Florida, entre otras.
Me parece de justicia mantener la distribución del fondo sin afectar a las municipalidades que han tenido mayor crecimiento poblacional, aunque no es la solución al problema. Por años, la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha buscado mecanismos y fórmulas para aumentar el Fondo Común Municipal. Sin embargo, a diario vemos cómo una gran cantidad de recursos, en forma satelital, rodean a los municipios para concretar distintas actividades y programas, principalmente de desarrollo social. Por ejemplo, está el programa Chile Solidario, del cual todos estamos enterados. Este proyecto de desarrollo social pretende ayudar a las personas indigentes y erradicarlas de la pobreza.
La idea me parece interesante, pero no estamos de acuerdo en que este fondo sea administrado centralizadamente por el Fosis, que depende del Mideplan, en vez de entregar los recursos y su administración a los municipios. Si esos 78 mil millones de pesos les hubiesen sido entregados sobre todo a los de comunas que tienen mayor concentración de pobreza, ellos habrían contado con recursos para afrontar, erradicar y resolver los problemas que les atañen y les son propios, como ayudar a los más necesitados.
Suman miles de millones de pesos los fondos sociales que administran los ministerios, recursos que en algún momento el ministro de Hacienda denominó “el 10 por ciento del gasto social” cuyo uso no ha sido evaluado y se desconoce cómo fueron focalizados. De ellos participan las organizaciones no gubernamentales, ONG, a través de distintos fondos y proyectos no concursables. Diputados de estas bancadas han denunciado en forma permanente su mal uso. En dos o tres ocasiones, a partir de 2001, hemos hecho presente nuestras observaciones al subsecretario de Desarrollo Regional, don Francisco Vidal .
Recientemente, los senadores Espina y García denunciaron el uso político que se hizo de los recursos destinados al proyecto “Orígenes”, de desarrollo indígena, sin rentabilidad social, que se estaría aplicando en las regiones del sur.
Si el Gobierno, en esta nueva política de transparencia y de mejorar la gestión, especialmente financiera, que quiere impulsar, no toma las medidas para resolver no sólo el problema de los sueldos de las autoridades, sino, además, los de la administración en general, en particular el del gasto social, no habrá solución ni transparencia y, lo que es peor, los sectores más pobres van a seguir siendo perjudicados.
En mi opinión, lo que propone el proyecto en discusión es una solución de parche que en nada resuelve el problema de fondo. ¡Basta de la costumbre de la Subsecretaría de Desarrollo Regional de inventar impuestos y de recargar a los municipios que tienen más recursos! Ésa es una búsqueda paralela y permanente de fondos, con el propósito de asignar recursos, en circunstancias de que, a través del Fondo Común Municipal o del Fondo de Desarrollo Regional, puede distribuir los fondos fiscales en mejor forma y, de esa manera, ayudar a los municipios del país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, aun cuando este proyecto es bastante sencillo, tiene gran importancia.
A diferencia de la colega Cristi , quiero reivindicar en esta Sala lo relevante que es tener una política consensuada, de Estado, para una situación que no dejaba de ser conflictiva. Al aplicar los nuevos coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, una enorme cantidad de municipios verían disminuidos sus ingresos, y muy pocos serían los beneficiados, entre ellos, Puente Alto, que me honro en representar, porque, de acuerdo con el último censo, ha pasado a ser la comuna más poblada del país, lo que implicaba que se iba a llevar una parte importante del reajuste en esta redistribución. Esto, si bien suena bastante ventajoso, significa una gran responsabilidad para el gobierno comunal, ya que deberá administrar de la mejor manera los mayores recursos para cubrir las diversas necesidades y dotar de los diferentes servicios a una comuna cuya población se acerca a las 600 mil personas.
En diversas oportunidades hemos señalado, por ejemplo, que el crecimiento desmesurado, desordenado y no planificado si se puede decir de Puente Alto ha producido verdaderas crisis en los servicios. Hoy sabemos, quienes representamos a esa comuna, que más de 30 mil niños no tienen cupo en sus escuelas y se ven en la obligación de matricularse en otras comunas; hoy sabemos que las mujeres jefas de hogar y los trabajadores puentealtinos demoran hasta cinco horas diarias en ir a sus lugares de trabajo, preferentemente ubicados en el sector oriente de nuestra capital, y volver a su hogar; hoy sabemos, también, a pesar de encontrarse en proceso de construcción tres nuevos consultorios, lo insuficiente que resultan los establecimientos asistenciales para una comuna que tiene tal cantidad de habitantes.
De haberse aplicado estrictamente los nuevos coeficientes en función de los resultados del censo, Puente Alto recibiría sobre 4.500 millones de pesos más. Para ser justos aquí saludo al subsecretario Vidal y a su equipo asesor por los esfuerzos realizados, y celebro las conversaciones sostenidas con los distintos actores, a fin de llegar a esta solución que, a mi modo de ver, es bastante equitativa y evitar que municipios vieran reducidos sus ingresos en relación con lo percibido en 2002, se ha planteado esta compensación. Según ella, ninguno verá disminuidos sus ingresos, y aquellos que iban a percibir más, como Puente Alto, recibirán un porcentaje importante, aunque no la totalidad de lo que les correspondía.
Por cierto, mi primera reacción como representante de la comuna podría haber sido lamentar que Puente Alto no recibiera todos los recursos; pero en política se debe ser consecuente, responsable y tener una mirada general hacia el conjunto. Habría sido muy difícil decir a los municipios que resultaran perjudicados que la cantidad asignada era, simplemente, el resultado de aplicar los nuevos coeficientes y que ello no era responsabilidad de la comuna de Puente Alto.
Fueron muy importantes los esfuerzos de la Subsecretaría para poder llegar a esta solución, a mi juicio, absolutamente equitativa. Esto significa que la municipalidad de Puente Alto recibirá 3.800 millones de pesos en vez de 4.500 millones que le correspondían, pero igual será una enorme inyección de recursos que aumentará sustantivamente su presupuesto. Ahora sólo cabe esperar que las autoridades comunales, alcalde y concejo, ejerzan su función de la manera más responsable posible a fin de lograr la mejor gestión, de manera que ese aumento redunde en un mejoramiento de la calidad de vida que estamos buscando para sus habitantes.
Espero, además, que haya más participación de nuestros ciudadanos; que ojalá tengan un espacio de opinión y mayor transparencia en la información; que ojalá sepan en qué programas se van a invertir esos nuevos recursos y en qué se van a traducir para cada uno de ellos. Eso es necesario, legítimo y, en definitiva, habla de un buen gobierno.
La bancada del Partido Socialista va a apoyar el proyecto, porque nos parece muy importante y porque siempre debemos velar por el conjunto de los municipios, por que esta política sea la justa y no haya reducciones, ya que, de hecho, sólo tres se iban a llevar prácticamente los 15 mil millones de alza que implicaba la nueva distribución.
Discrepo de algunos conceptos emitidos en esta Sala, porque hoy son los alcaldes los principales ejecutores y quienes deciden cómo invertir los recursos en sus comunas, y, por lo tanto, los principales gestores de los recursos municipales.
Los concejos tienen que ejercer su función fiscalizadora. Si no lo hacen, pueden facilitarse malas administraciones o malos ejemplos. Pero por un lado está la Contraloría en su condición de órgano contralor, y, por otro, hay iniciativas que se han propuesto en la Cámara, como la del diputado señor Paredes, que suscribimos varios parlamentarios, con el objeto de que las compras que realicen las municipalidades, a partir de determinado monto, sean supervisadas por el organismo contralor. De esa manera estamos buscando la mejor gestión municipal posible. Para eso hay instancias fiscalizadoras que pueden ejercer un control efectivo. Deseamos que los gobiernos comunales actúen con responsabilidad y transparencia en la búsqueda del bien común de los habitantes de sus comunas. Si lo logramos, habremos progresado.
Me alegra la solución dada al problema, porque constituye un excelente mecanismo para evitar la injusticia y la difícil situación que se generaría para muchos municipios, los cuales cumplen diversas funciones y asumen importantes responsabilidades, como la de administrar los servicios que se relacionan con la calidad de vida de sus habitantes.
Es muy importante considerar la responsabilidad con que se ha actuado, la presteza y la buena solución dada al problema. Espero que aprobemos el proyecto, ojalá por unanimidad, con el objeto de salvar un obstáculo no menor.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta, ayer, en la Comisión de Hacienda, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, señor Francisco Vidal , explicó el criterio que propugna el proyecto, en virtud del cual el próximo año ninguna municipalidad percibirá menos de lo que ha recibido este año por concepto de ingresos a través del Fondo Común Municipal. Sin embargo, la iniciativa también dispone que los municipios cuya población aumentó, no recibirán el ciento por ciento de lo que les habría correspondido en el evento de que se aplicara estrictamente el criterio de aumento de población experimentado, según el último censo.
El propósito original del Gobierno era prorrogar por otro año la vigencia de la situación anterior, pero eso implicaba no considerar, en absoluto, el censo de población que correspondía aplicar.
Al igual que la diputada señora Isabel Allende, me enorgullezco de representar a la comuna de Puente Alto, la cual, en el último censo, arrojó una población de 501.042 habitantes. No sólo es la comuna más poblada del país, sino la que más ha crecido en el último tiempo. Una situación similar puede experimentar la comuna de La Pintana si el Consejo Regional Metropolitano aprueba la transformación de áreas agrícolas en urbanas.
Si se hubiese aplicado estrictamente el censo de población para el incremento de recursos del Fondo Común Municipal, a Puente Alto le habría correspondido percibir 4.400 millones de pesos. Sin embargo, según lo expresado ayer por el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, a través de esta suerte de compensación recibirá 3.700 millones de pesos. Entiendo que es una buena cantidad, pero no lo que se requiere.
Cuando asumió el actual alcalde de Puente Alto, en la comuna había 47 mil niños sin escuela. En la actualidad, como lo dijo la diputada señora Isabel Allende , hay 20 mil. Eso ha significado un importante aumento de matrículas, a través de la construcción de establecimientos educacionales, por el sector privado. Pero eso no significa que Puente Alto no requiera con urgencia de esos recursos para continuar desarrollándose, como tampoco que La Pintana no los necesite para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados.
Entiendo el interés del Gobierno en este sentido, cuando plantea que no le quita recursos a ningún municipio, y que todos recibirán lo mismo. No obstante, las comunas que han crecido no recibirán el ciento por ciento de lo que les correspondería por su crecimiento, sino un porcentaje del mismo. ¿No sería mejor estudiar una fórmula que permitiera una mejor gestión del Gobierno, a fin de incrementar los recursos de esos municipios?
Se podría comparar la situación de las comunas de Puente Alto o de La Pintana con la de San Fernando. La semana pasada nos reunimos, junto con los senadores señores Moreno y Chadwick , la diputada señora Alejandra Sepúlveda y el diputado señor Juan Masferrer , con el alcalde de la comuna de San Fernando, señor José Figueroa , quien en algún momento aceptó entregar mandato al director provincial de educación para que la subvención de educación llegara a través de la dirección provincial, es decir, que no pasara por la municipalidad, lo cual, en el fondo, revela un reconocimiento de su ineptitud y falta de confiabilidad para asignar los recursos. ¿Cómo se puede comparar lo que está sucediendo en San Fernando con la excelente administración municipal que están realizando los alcaldes señores Jaime Pavez , en La Pintana, y Manuel José Ossandón , en Puente Alto?
Los diputados de Renovación Nacional votaremos a favor el proyecto, pero quiero señalar que, días atrás, cuando se dijo que se congelaría la situación y que se mantendría exactamente igual a como estaba antes del censo, el presidente de la asociación de alcaldes de Renovación Nacional, señor Raúl Torrealba , el alcalde de Puente Alto y el secretario general de Renovación Nacional concurrieron al Ministerio del Interior para buscar una solución como la propuesta. Creo que se trata de un gran avance en términos globales, aun cuando algunas comunas, como Puente Alto, recibirán menos de lo que debieran. Como diputado por Puente Alto, lo lamento, porque estoy seguro de que los 700 millones de pesos que dejará de percibir habrían sido muy bien administrados, tal como se está haciendo con el presupuesto total del municipio. Es cosa de recorrer la comuna.
Me habría gustado que comunas como Puente Alto hubiesen recibido el ciento por ciento de lo que les corresponde, al igual que La Pintana, el día en que comiencen a construirse viviendas en sectores que hoy son agrícolas.
Entiendo el objetivo del proyecto, pero quiero dejar constancia, para la historia fidedigna de la ley, de que lamento que a la comuna de Puente Alto no se le otorguen los 4.400 millones de pesos que le correspondían, de acuerdo con el aumento de población registrado en el último censo.
El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señaló ayer que en Puente Alto el noventa por ciento de las viviendas están exentas del pago de contribuciones. Es decir, nueve de cada diez viviendas no pagan contribuciones, en circunstancias de que igual necesitan de servicios como luz, agua, aseo municipal y vigilancia de Carabineros, costos que deben ser absorbidos por el municipio.
Si bien los diputados de Renovación Nacional votaremos a favor la iniciativa, reitero que lamento que a la comuna de Puente Alto no se le entreguen los 4.400 millones de pesos que le correspondían de acuerdo con el último censo, el cual arrojó como cifra oficial una población de 501.042 habitantes, aunque todos sabemos, como decía la diputada señora Allende, que la población real de la comuna se acerca a los 600 mil habitantes.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señora Presidenta, es costumbre que nos entreguen los informes de los proyectos en tabla. Ahora estamos tratando el que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos de los distintos municipios, pero no sabemos cuál es la fórmula ni cuánto recibirá cada uno.
Entonces, no estoy dispuesto a votar un proyecto respecto del cual no tenemos la documentación necesaria para entenderlo.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Ese tema de fondo puede ser motivo de una intervención. El señor subsecretario, que se encuentra en la Sala, puede informarnos sobre el particular durante el transcurso del debate.
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señora Presidenta, por su intermedio quiero decir al diputado señor Álvarez-Salamanca que el proyecto fue tratado ayer en la Comisión de Hacienda, donde se repartieron todos los antecedentes. Como había representantes de su partido, le ruego que solicite una copia o, de lo contrario, yo se los facilito.
El tema en discusión debemos dividirlo en tres: lo que estamos haciendo hoy, que es meramente transitorio; otro, lo que debiéramos hacer, y, por último, lo que se hará a futuro en forma permanente.
Debo señalar que el año 1999, el Fondo Común Municipal distribuía 214 mil millones de pesos; en 2002, 319 mil millones de pesos y, según las cifras proyectadas, el próximo año, 342 mil millones de pesos; es decir, ha tenido un aumento de 40 por ciento en cinco años.
Entonces, claramente se aprecia la intención de este Gobierno, como lo fue la del gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, de caminar hacia la solución de un problema dramático que se presenta hoy día.
El diputado señor Errázuriz , que nos acompañó en la Comisión de Hacienda, decía: “Bueno, vamos a recibir un poco menos. Está bien. Vamos a recibir un poco menos”, con las condiciones que él acotaba respecto de las comunas que representa. Pero si se miran las cifras en detalle, entre seis o siete comunas recibirían prácticamente un tercio de los 342 mil millones de pesos. Es cierto que en Maipú son 9.400 millones, y en Puente Alto, 13.880 millones. Pero hay comunas que reciben 200 millones, 300 millones o 400 millones de pesos. Entiendo que se trata de algo transitorio y que no es el Fondo Común Municipal que queremos.
Aquí hay un tema de fondo que no se ha debatido: el financiamiento de los municipios.
Veamos lo que sucede en San Fernando. La pregunta es cómo les damos instrumentos financieros a los municipios, no sólo a través de este Fondo, sino de posibilidades de endeudamiento propio u otro tipo de alternativas, o sea, tal como se financian los municipios hoy en el mundo moderno.
En los países más avanzados se tiende a que la base de la vida ciudadana esté en las comunas, no en las provincias o en los gobiernos regionales.
Por lo tanto, lo que hoy hacemos es adecuar coyunturalmente y repartir, a veces con dolor le digo al diputado señor Errázuriz .
La región del Maule, que representa entre 6 y 7 por ciento de la actividad, del número de habitantes, de la masa laboral del país, sólo recibe 660 millones de pesos, es decir, menos del 3 por ciento de la distribución del Fondo.
Señora Presidenta, por su intermedio quiero decir al diputado señor Errázuriz , para consolarlo, que la región del Maule tiene el índice de cesantía más alto del país, con niveles de 13 por ciento.
La región del Maule los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Osvaldo Palma y Guillermo Ceroni saben de lo que estamos hablando tiene el índice promedio de remuneraciones más bajo del país, y es la de mayor ruralidad. Es la única región que en los próximos cinco años tiene proyectada una inversión inferior a 25 millones de dólares.
Quiero decir al señor subsecretario que si uno toma los índices normales, en los cuales se debiera considerar otros aspectos además de la población, lo que debemos hacer si me escucha el señor subsecretario, porque a veces no lo hace es aprobar su proyecto, aunque sea una solución transitoria.
Necesitamos sé que en el ministerio se está trabajando en eso un rediseño del Fondo Común Municipal, específicamente en lo que dice relación con el 5 por ciento para gestión. ¿Quién evalúa la gestión? ¿Quién evalúa si un alcalde anda el sábado o el domingo solucionando problemas, cuando hay viento, huracanes, lluvia o inundaciones? ¿Algún funcionario del Ministerio de Hacienda controla la gestión de los alcaldes? Esta es una labor política, y su control lo debería ejercer la ciudadanía, la gente.
Por lo tanto, el 5 por ciento de gestión que queda en manos estatales, no corresponde. Lo que está disponible es para ayudar al financiamiento.
¿Vamos en ayuda de San Fernando? No corresponde, porque si un alcalde no hace una buena gestión, ¿por qué vamos a ir en su ayuda?
Hay que rediseñar el ciento por ciento. En la ley de rentas municipales II viene establecida la posibilidad de cobrar contribuciones mensuales para que los municipios sepan durante el año qué cobran cada mes igual que en la ley de Presupuestos, cuánto van a recibir, y en forma pareja, no con alzas y bajas, en que en algunos trimestres reciben más, y, en otros, menos.
Respaldo la propuesta de esta iniciativa, pero es un paso intermedio. Ojalá que a través de la ley de rentas municipales II, en los próximos meses rediseñemos este Fondo, de manera que en 2005 empecemos a entregar nuevos estilos de financiamiento a los municipios. Se trata de una labor nacional, corporativa, no partidaria. Hoy estamos fallando. Los municipios no están bien financiados, y ése es el tema de fondo. Este proyecto es un paliativo. Me parece excelente el trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pero es la tarea menor. La tarea pendiente todavía no se hace.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señora Presidenta, el proyecto en debate se podría calificar como de emergencia, transitorio. Todos esperamos que el año 2005, con la aplicación de la ley de rentas municipales II, pueda haber normalidad en el financiamiento de los municipios. También esperamos que a esa fecha exista una adecuación técnica del Fondo Común Municipal, que permita a las municipalidades contar con un presupuesto y un financiamiento adecuados.
No podemos sentirnos contentos de aprobar este proyecto, pero es necesario hacerlo, por la emergencia que enfrentamos.
La situación que viven las municipalidades y la aplicación de nuevos factores generan, en el conjunto de ellas sobre 190, un problema delicado en términos presupuestarios.
Me parece bien que la Asociación de Municipalidades, los partidos políticos y el Gobierno, en conjunto, hayan abordado el tema, que podríamos calificar de emergencia, y presentado esta iniciativa, que votaremos a favor.
No hay duda de que algunos municipios, con toda justicia, expresarán que esta decisión legislativa los perjudicará, pues podrían haber recibido durante 2003 una mayor cantidad de recursos del Fondo Común Municipal. Eso es verdad. Debemos decirlo, porque en cada uno de nuestros distritos tendremos más de un ejemplo de algún municipio que, de no mediar la aprobación del proyecto, habría obtenido un mayor flujo de recursos durante el año 2003, lo que le habría permitido una mejor inversión o la mantención de sus servicios. Pero también, si nos extendemos a las provincias y regiones, nos encontraremos con municipios que, de no mediar el proyecto, habrían visto reducidos sus ingresos de manera significativa.
Si analizáramos las municipalidades que sin la aprobación de la iniciativa habrían bajado sus recursos, nos daríamos cuenta de que son, quizás, las más modestas, en particular las pequeñas, de zonas rurales, o que tienen muy poco acceso a recursos propios y su financiamiento está dado fundamentalmente por el Fondo Común Municipal. A esos municipios también debemos informarles que, gracias al proyecto que hoy aprobaremos, su situación presupuestaria seguirá, en el peor de los casos, igual que ahora, pero en ningún caso se transformará en dramática.
Hay muchos ejemplos de municipios que, con presupuestos de 400 ó 500 millones de pesos, sin la aprobación del proyecto habrían mermado sus recursos en más de cien millones o hasta en doscientos millones de pesos, es decir, habrían quedado en una situación dramática en materia financiera.
La iniciativa nos permite abrir los ojos a lo que está pasando en las municipalidades en materia de desarrollo local. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos ni hacer un juicio aventurado, que está en entredicho el proceso de regionalización, de descentralización, dada la capacidad de los municipios de resolver los problemas de sus comunidades. Hoy los municipios no están siendo actores ni motores del desarrollo local, en la mayoría de los casos porque no pueden, y en otros, por mala gestión. Cualquier obra de importancia en una determinada comunidad, necesariamente debe venir de una decisión regional y, las más de las veces, de una decisión central, de los ministerios, del gobierno central.
Voy a citar un ejemplo: una de las obras más espectaculares de los últimos tiempos en materia de desarrollo nacional es la concesión de la ruta 5. Hemos visto cómo, por nuestras comunas y provincias, se ha ido gestando una obra moderna, de adelanto, de gran beneficio nacional. Pero, al mismo tiempo, los trabajos que se ejecutan a nivel nacional tienen un impacto y un efecto muy fuerte en las comunidades, lo que ha generado la necesidad de realizar una serie de faenas complementarias anexas para minimizar los efectos negativos de una obra de gran provecho nacional.
En la comuna de Los Ángeles, en el sector llamado Las Achiras, es necesario construir una pasarela peatonal, que tiene un costo aproximado de 80 millones o 90 millones de pesos. Pues bien, no hay recursos a nivel local, ni provincial, ni regional lo han dicho el intendente y todas las autoridades para llevarla a cabo. Entonces, hay que empezar a golpear las puertas de los ministros en Santiago. Ése es el drama que están viviendo las comunas.
Hoy, cuando al despachar el proyecto se dice que nadie perderá, se está señalando que muchas de nuestras comunas seguirán en la misma situación, sin una posibilidad real, concreta, de impulsar el desarrollo local. A mi juicio, las municipalidades tienen ese rol fundamental: impulsar el desarrollo local, ser actores del progreso, elevar el nivel de vida de sus comunidades.
En la actualidad, los alcaldes deben peregrinar permanentemente, de ministerio en ministerio ¡para qué decir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional!, con el fin de conseguir recursos. Sin duda, el subsecretario tiene una gran voluntad, pero eso refleja el grado de centralismo con que se manejan los recursos.
Votaremos a favor el proyecto, porque creemos que salva una situación coyuntural, pero prendemos una luz roja respecto de lo que sucede en las comunas, en los gobiernos locales, con el financiamiento del presupuesto. Es una luz de alerta al proceso de regionalización y de descentralización de nuestro país.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta, el proyecto en estudio es tan necesario que deberíamos aprobarlo sin mayor discusión, porque el debate de fondo debemos hacerlo en la ley de rentas municipales II.
De todos maneras, al contrario de lo señalado por la diputada señora María Angélica Cristi , celebro la iniciativa, que, en su artículo único, expresa que las comunas que vieron reducida su participación en el Fondo Común Municipal serán compensadas con cargo al propio Fondo. Eso significa, nada más ni nada menos, que recuperarán el ciento por ciento de sus ingresos.
La propuesta responde, en forma clara, más allá de las cifras, a la necesidad de igualar los recursos entre los municipios para entregar mejores soluciones a los vecinos. Por ejemplo, en Macul, San Joaquín y La Granja, que pertenecen al distrito que represento con una población de más de 300 mil habitantes, si los municipios reciben los recursos necesarios para mantener e implementar, serán beneficiados, entre otros, los programas de cultura, deportes, fomento productivo, y, sobre todo, de educación y salud, que son los principales desafíos del siglo XXI.
Termino felicitando al subsecretario y a su equipo, quienes han sido capaces de entregar esta herramienta.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, el artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, ley de rentas municipales, y su reglamento, decreto Nº 1.825, de 1995, determinan que la distribución del Fondo Común Municipal se realiza por medio de dos coeficientes:
El primero, corresponde al 90 por ciento del mencionado Fondo, que se determinará cada tres años, cuyos criterios de asignación se realizan principalmente sobre la base de indicadores de población, predios exentos del pago de contribuciones, ingresos permanentes per cápita e índices de pobreza comunal.
El segundo coeficiente, que corresponde al restante diez por ciento, se determina cada año y se desglosa así: 5 por ciento para gestión y 5 por ciento para emergencia.
La última actualización de coeficientes, con vigencia trienal para el período 19992001, se determinó en 1998. Luego, por medio de la ley Nº 19.770, de 2001, se prorrogó la vigencia de los mencionados coeficientes para 2002, con el argumento de que, en razón del proceso censal del presente año, la actualización de los datos poblacionales de cada comuna debería hacerse de acuerdo al levantamiento censal indicado. Al agotarse el plazo legal para realizar la actualización correspondiente, la Asociación de Municipalidades hizo presente que un importante número de comunas verían disminuidos sus ingresos: en 2003, exactamente 206 comunas, en alrededor de 13 mil millones de pesos. Debido a eso, se calculó el coeficiente trienal incorporando los nuevos datos censales, operación que dio como resultado esta realidad.
Por otro lado, al actualizar sus coeficientes, un grupo de 136 comunas verían incrementados sus recursos en 17 mil millones de pesos, como consecuencia de su mayor participación en el Fondo Común Municipal.
Empecé expresando esto para que la gente que escucha sepa cómo se reparte el Fondo Común Municipal.
¿Qué establece este proyecto de ley? Una compensación de hasta 19 mil millones de pesos, en términos reales, para las comunas que vean afectada su participación en el Fondo Común Municipal, lo que evitará que durante el año 2003 perciban menos recursos que los que recibieron durante el presente año. Es decir, serán beneficiadas 206 comunas que, de no haber ley, verían disminuidos sus ingresos. Con esto se mantiene la continuidad presupuestaria para los años 2003 y 2004, y, a partir de 2005, cuando se aplique el reavalúo de bienes raíces, se generarán los recursos financieros necesarios para que haya una política presupuestaria que se ajuste mejor a la mayor demanda de servicios básicos comunales por parte de la población.
Mediante la aplicación de los nuevos coeficientes contemplados en el proyecto de ley, durante el 2003 los municipios beneficiados verán incrementados los ingresos provenientes del Fondo Común Municipal en un importante porcentaje.
Por último, a petición de los municipios de la Octava Región, mediante la inclusión de glosas, logramos que el 52 por ciento de los gastos presupuestarios de 2003 vayan a las regiones.
Por lo tanto, la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto de ley.
El tiempo que resta a nuestro Comité será ocupado por mi colega María Eugenia Mella .
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Aunque no le resta tiempo a su Comité, le daremos un minuto para que haga su planteamiento.
Tiene la palabra la diputada María Eugenia Mella .
La señora MELLA (doña María Eugenia).-
Gracias, señora Presidenta.
Considero adecuado el proyecto, porque soluciona el problema producido por la aplicación de los nuevos coeficientes.
Sin embargo, quisiera decirle al Ejecutivo que se necesita modificar la fórmula de distribución del Fondo Común Municipal, porque considero que se está castigando, en vez de premiar la buena gestión. El 5 por ciento destinado a la gestión es muy escaso, puesto que los municipios que ven disminuidos sus fondos son, precisamente, aquellos que han reducido los niveles de pobreza y mejorado la escolaridad, es decir, que han mejorado la calidad de vida de la gente. En realidad, lo que hace el Estado es castigar la gestión y premiar a los municipios que siguen manteniendo indicadores de pobreza y no hacen una gestión adecuada.
Como lo he hecho en otras oportunidades, quiero manifestarle al Gobierno que es necesario elaborar un proyecto real que considere otras variables para premiar los adelantos producidos en las comunas gracias a una buena gestión municipal.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Arturo Longton .
El señor LONGTON.-
Señora Presidenta, junto con señalar la importancia del proyecto, quiero destacar el cambio de actitud que he observado en el Gobierno.
Quiero hacer una crítica positiva. Durante los años que llevo aquí, nunca habíamos recibido una información tan transparente y detallada. La mayoría de las veces debíamos conformarnos con explicaciones que, en realidad, no eran muy válidas. Por eso, debo reconocer el cambio de actitud del Gobierno. Tal vez se deba al clima que estamos viviendo en el país; pero considero que estamos empezando a funcionar en forma diferente. Pienso que nos habríamos evitado muchos malos ratos en años pasados, si el Gobierno hubiera tenido la misma actitud que ha demostrado hoy, a través del subsecretario señor Vidal . Me parece bien.
Asimismo, considero necesario destacar que existe el propósito de avanzar rápidamente hacia la independencia económica de los municipios, puesto que ello implica mejor planificación y proyección. Esto es muy importante si consideramos que hoy algunos municipios no tienen garantizados los gastos mínimos para realizar una buena gestión. A eso debería apuntar el Fondo Común Municipal, es decir, a hacerlo realmente solidario. Sé que existe la intención y que se están creando instrumentos para lograrlo.
Para terminar, reitero la buena voluntad del Gobierno y de los diputados de la Comisión de Gobierno Interior. Ojalá que en el futuro las municipalidades sean más solidarias y autónomas.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, el proyecto nos lleva a pensar que se trata de una corrección hay que decir la verdad, porque el sistema no se financia. A lo mejor, por eso esperamos con impaciencia lo han dicho algunos diputados el proyecto de rentas municipales II, que, felizmente, ya inició su tramitación, el cual contribuirá a dar mayor seriedad a nuestra labor legislativa. Ya lo dijo el diputado Longton , y me alegro mucho de sus palabras, porque nos conducen a lograr lo que todos queremos. Deseamos legislar bien; queremos hacer bien las cosas. Cualquiera que sea el gobierno que tenga el país, nunca pensará que debe legislar sólo para unos pocos; legislará para Chile.
Rentas municipales II ya viene, y con ello tenemos que aproximarnos al financiamiento de las municipalidades. No quisiéramos vivir más el espectáculo que constantemente estamos viendo: tal municipalidad a la Contraloría; tal acusación de déficit municipal a la Contraloría, en fin; es algo que no se puede dejar de mencionar. Es la oportunidad, entonces, con el poder local concentrado en los municipios, de safisfacer la demanda del aparato público. Hay países europeos en los cuales desde hace muchos años los municipios son la pieza fundamental para el desarrollo de los territorios. Será porque el nuestro es un país nuevo y subdesarrollado que nos ha costado tantos años entender que el desarrollo parte del municipio.
Por eso, no puedo estar de acuerdo con las opiniones que indican que el programa “Puente” no puede ser llevado a cabo por los municipios. Debe existir coordinación entre el municipio, el Mideplan y el Fosis, porque son ellos los que han trabajado durante diez años sobre la base de los cuestionamientos de nuestra sociedad subdesarrollada; ellos saben quiénes son los pobres de Chile. Se han organizado, y hay profesionales que manejan extremadamente bien el sistema, y con la transparencia de hoy no nos quepa ninguna duda de que así será y seguiremos trabajando con los organismos adecuados: el Fosis y el Mideplan, que tienen a su cargo el programa “Puente”.
Respaldo esta iniciativa porque se inspira en principios de redistribución justos y equitativos, en virtud de los cuales los municipios que más tienen, sacrificarán parte de sus recursos en favor de otras entidades edilicias que tienen menos, y que perciben por la vía de los servicios que prestan: patentes, impuestos, derechos y otros gravámenes públicos, entre los cuales tienen especial importancia los permisos de circulación de vehículos motorizados y el impuesto territorial que, sin duda, será el final feliz del financiamiento de los municipios así lo esperamos, a partir de 2005.
Los esfuerzos desplegados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional merecen mención aparte. Las dificultades que ha tenido el subsecretario de Desarrollo Regional, don Francisco Vidal , aquí presente, para aunar esfuerzos no han sido menores. ¡Qué injustos son, a veces, algunos colegas! Desde este hemiciclo, lo felicito, señor subsecretario, porque sé de su empeño para que estos proyectos sean corregidos y modificados, a fin de que logren su objetivo en beneficio del país.
En concreto, quiero destacar dos aspectos que considero esenciales. Primero, que de acuerdo con los nuevos coeficientes de distribución, hay municipalidades que verán reducida su participación en el fondo. Segundo, se establece un sistema de compensación con cargo al propio fondo, con lo cual se hace efectivo el principio de distribución de los recursos. La aplicación práctica de esta compensación se materializará durante los años 2003 y 2004 y cubrirá el ciento por ciento de la reducción de los recursos generada por el nuevo coeficiente. Para tal efecto se destinará la suma de 19 mil millones de pesos, tanto para 2003 como para 2004, materia que discutimos ayer en la Comisión de Hacienda.
El Servicio de Tesorerías será el encargado de distribuir estos recursos a las respectivas municipalidades en cuatro cuotas iguales, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de los años 2003 y 2004.
No es una iniciativa compleja y permitirá cubrir los permanentes déficit municipales. Además, se enmarca dentro del esfuerzo del gobierno de la Concertación en orden a romper una estructura financiera heredada de otros tiempos, que no armoniza, en forma alguna, con las nuevas e importantes funciones que se le entregan a las administraciones locales.
Por lo tanto, el Partido por la Democracia apoya firmemente el proyecto y, por supuesto, lo votará afirmativamente.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señora Presidenta, quiero aprovechar la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional para solicitarle que me indique cuáles son los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, a fin de ver si son equitativos.
En segundo lugar, también votaré a favor del proyecto, porque existe la posibilidad de que algunos municipios vean reducidos sus ingresos como consecuencia de la aplicación de los nuevos coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal.
Pero, aprovechando la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional, quiero formularle la siguiente pregunta: ¿Qué ha pasado con la regionalización en el país? El ministro de Hacienda ha dicho que está al debe, y efectivamente es así. Por eso, quiero dar una voz de alerta. Éste es el momento, cuando la población de las comunas está aumentando, de preguntarnos si estamos colocando realmente los bueyes delante de la carreta, o si es al revés. ¿Por qué en ciertas comunas de ChileSantiago como yo lo llamo está aumentando la población?
Por eso, quiero pedirle al subsecretario que revise lo que está pasando en muchas comunas del país, donde la gente está emigrando a Santiago. A veces, sin darnos cuenta, creamos incentivos perversos que hacen que la emigración siga aumentando, cuando deberíamos actuar en el sentido inverso, es decir, retener a la gente en sus comunas.
Es el momento de hacer un estudio acabado no sólo del Fondo Común Municipal, sino de todas las políticas emprendidas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional con el Ministerio de Hacienda, de manera de empezar a avanzar en la regionalización y en la desconcentración de los recursos en nuestro país.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señora Presidenta, en realidad, está dicho casi todo. Todos entendemos la importancia de los municipios en el desarrollo de nuestro país.
Pero me gustaría que el subsecretario tuviera la gentileza de explicarme el cálculo hecho para determinar los nuevos coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal. Gracias a su buena voluntad, tengo aquí el listado de las comunas beneficiadas con las compensaciones, y me parecen correctas. Sin embargo, creo que esto no soluciona el problema de las municipalidades, que hoy están asfixiadas por sus enormes responsabilidades relacionadas con la salud, la educación y con un montón de otros servicios sociales que deben prestar, que les impiden hacer inversiones.
Considero que hay que ir al tema de fondo: atreverse a modificar la ley orgánica de Municipalidades, cuestión que el Gobierno ha ido postergando durante mucho tiempo. Si logramos modificar dicha normativa, tendremos espacios para que las municipalidades puedan realmente volver a invertir en la gente, con lo cual ésta volverá a creer en ellas. No olvidemos que en las últimas encuestas, el respaldo de la ciudadanía a las municipalidades ha ido decayendo en forma permanente, porque no pueden cumplir con los compromisos que, muchas veces, se asumen durante las campañas de concejales y alcaldes.
El subsecretario ya me entregó el listado que quería pedir, y me interesa conocer la forma en que se calcularon los nuevos coeficientes de distribución.
Por último, quiero hacer presente que la Comisión de Hacienda no puede entregarnos un simple “papelillo” que no dice absolutamente nada; sólo menciona el título del proyecto, pero no se refiere a la discusión habida ni a las votaciones. Tampoco están los documentos de respaldo que nos permitan, por lo menos, tener una visión global de lo que estamos tratando.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra, también por tres minutos, el diputado Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señora Presidenta, quiero subrayar la importancia del proyecto, que fija una compensación como dijo el subsecretario, señor Vidal de hasta 19 mil millones de pesos para cubrir el déficit de las comunas afectadas en su participación en el Fondo Común Municipal.
Hay aquí un tema social y demográfico ineludible, que tiene que ver con el hecho preocupante de que 206 comunas del país muestran una disminución de su población. En el caso de Diego de Almagro, una de las comunas mineras que represento, por efecto de la crisis de la minería, efectivamente ha habido una disminución de su población, lo que traería como consecuencia que la comuna pierda recursos; sin embargo, gracias al proyecto, por lo menos mantendrá el porcentaje del año pasado. Por su parte, Copiapó aumenta en más de 200 millones, y Chañaral, en cerca de 40 millones de pesos. De manera que las comunas de una región minera, como la mía, que se ha visto afectada por la crisis de la minería, y, por lo tanto, por el éxodo de sus habitantes en busca de empleo en otras ciudades, obviamente resultan beneficiadas con el proyecto.
Pero tenemos que echar una mirada más a fondo al hecho de que, por falta de fuentes ocupacionales y por la crisis que están viviendo algunos sectores de la economía, porque no existe una política que promueva la elaboración de productos con mayor valor agregado por lo demás, los acuerdos de libre comercio suscritos con la Unión Europea y Estados Unidos así lo requieren, algunas comunas están quedando despobladas, porque sus habitantes se están concentrando nuevamente en las cabeceras de regiones o en la zona central del país. Es un tema preocupante que, por cierto, no se corrige con este proyecto.
Sin embargo, lo apoyaré porque permitirá que 206 comunas del país dispongan de los mismos recursos que tuvieron el año pasado; incluso, muchas de ellas los verán incrementados, lo que constituye una necesidad, dada la crisis de financiamiento que están viviendo las municipalidades. Asimismo, esperamos que muy pronto esté despachada la ley de rentas municipales II, que significará una ayuda para los municipios que se encuentran en situación crítica.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Francisco Vidal .
El señor VIDAL (subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).-
Señora Presidenta, en primer lugar, agradezco a todas las bancadas su respaldo a este proyecto. Es posible trabajar en conjunto cuando los objetivos son claros y benefician a todos. Además, el proyecto cuenta con el respaldo de la Asociación Chilena de Municipalidades.
En segundo lugar, respecto de las palabras del diputado Longton , debo reconocer la complejidad de estos temas y la existencia de permanentes rumores en torno del Fondo Común Municipal. Durante la discusión del proyecto en las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, particularmente en la primera, porque allí se está tratando el proyecto de rentas municipales II, como representantes del Ejecutivo tuvimos la oportunidad de demostrar cómo se recauda y distribuye dicho fondo.
En tercer lugar, este proyecto es muy sencillo: impide que en 2003 más de 200 municipios tengan menos ingresos que durante el año en curso, y permite, como lo recordaba el diputado Errázuriz , que las comunas que tienen más población y, en consecuencia, mayor demanda sobre ese municipio, vean incrementados sus recursos. En otras palabras, los 19 mil millones de pesos de compensación permitirán que en 2003 ninguna de las comunas a las cuales los señores diputados representan en el Parlamento, reciba, en términos reales, no nominales, menos ingresos del Fondo Común Municipal que los que recibió durante el año 2002. Al mismo tiempo, permitirá que las comunas que aumentaron su población dispongan de mayores recursos, que, como decían el diputado Errázuriz y la diputada Isabel Allende , no es todo lo que necesitan, pero, al menos, es un aumento significativo.
En cuarto lugar, dos o tres diputados preguntaron cómo se estructura el Fondo Común Municipal. Dicho fondo fue creado es bueno recordarlo en 1979; es decir, antes de que salud y educación pasaran al sistema municipal. Era fundamental crearlo después de que los municipios ampliaron sus dos funciones privativas: el tránsito y la recolección de basura, a un conjunto significativo de funciones.
El Fondo Común Municipal se conforma con un conjunto de tributos de afectación municipal: impuesto territorial, permiso de circulación, patentes comerciales e impuesto a la transferencia de vehículos, y, en los últimos años, ha tenido un incremento significativo. Además, debo señalar que las comunas a las que representan los señores diputados, dependen, en promedio, en un 61 por ciento del fondo, y cuando las comunas o distritos presentan un mayor nivel de pobreza, la dependencia es aún mayor. Repito que, en promedio, es el 61 por ciento. De ahí la importancia del fondo, por cuanto aporta a los municipios, en promedio, un porcentaje superior al 50 por ciento de sus ingresos.
Finalmente, reitero que la experiencia de las dos últimas semanas indica que es posible trabajar en conjunto cuando hay transparencia y coherencia en los criterios.
Muchas gracias.
Aplausos.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En votación el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Aprobado en general y en particular el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende (doña Isabel), Araya , Ascencio , Barros, Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Bustos , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica) , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Forni , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Lagos , Leal , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Mella ( doña María Eugenia) , Monckeberg , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Prieto , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saffirio , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Venegas , Vidal ( doña Ximena ), Von Mühlenbrock y Walker .
ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN SALUD. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que establece un régimen de garantías en salud.
Diputados informantes de las Comisiones de Salud y de Hacienda son los señores Cornejo y Álvarez , respectivamente.
Antecedentes:
--Mensaje, boletín Nº 2947-11, sesión 2ª, en 4 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
--Informes de las Comisiones de Salud y Hacienda, sesión 31ª, en 10 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nºs 21 y 22, respectivamente.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Recuerdo a la Sala que el acuerdo de los Comités fue destinar tres horas para la discusión del proyecto y, posteriormente, votarlo en general. Además, debe volver a comisiones porque ha sido objeto de indicaciones.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Salud, señor Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Salud, me corresponde informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley que crea el denominado Régimen de Garantías en Salud, también conocido como sistema Auge.
Como es de vuestro conocimiento, el problema sanitario es una prioridad programática del actual Gobierno, plasmada en el envío a la Cámara de Diputados de un total de cinco proyectos que contienen importantes modificaciones a la estructura de la salud del país e incorporan un nuevo concepto que permite garantizar las prestaciones de salud a los beneficiarios, tanto públicos como privados, y que en su conjunto constituyen lo que se ha dado en llamar reforma de la salud.
Hace 50 años, en 1952, Chile dio un gran paso al crear el Servicio Nacional de Salud, SNS, y el Estatuto Médico Funcionario, que significaron un debate ciudadano, gremial y parlamentario, que duró aproximadamente seis años y que dio como resultado la ampliación de los beneficios sanitarios a la gran masa de la población del país y el establecimiento de una estructura nacional que definió la responsabilidad del Estado en la salud pública.
En ese momento, el país supo definir sus prioridades sanitarias y ordenar sus recursos, a fin de proteger eficazmente la salud de la madre y del niño y de controlar las enfermedades infecciosas, ámbitos en los cuales se concentraban los mayores problemas de salud. Como resultado de ello, hoy podemos exhibir bajas tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna por distintas causas; asimismo, se puede advertir la eliminación de las enfermedades infectocontagiosas casi totalmente, de la tuberculosis, de la desnutrición infantil, y un notable incremento de las expectativas de vida, indicadores que nos colocan a la vanguardia en América Latina y muy cerca de algunos países de Europa.
En la década de los años 80, tanto el sistema de salud como la cultura sanitaria se debilitaron debido a la fragmentación del SNS, a la municipalización de la atención primaria y a la creación de un mercado de seguros de salud con fuertes subsidios estatales. Esa tendencia se agudizó durante ese período por la falta de inversión en infraestructura, equipamiento y recursos humanos en el sector público. El promedio anual de inversión sectorial en esa década fue de 8 mil 100 millones de pesos.
En la década de los años 90 se realizó un considerable esfuerzo de inversión para recuperar la disminuida capacidad productiva de la red pública de hospitales, consultorios y postas rurales. El promedio anual de inversiones en este período fue de 46 mil 729 millones de pesos, es decir, seis veces más que en la década anterior. Igualmente, se incrementaron las remuneraciones de los trabajadores del sector, médicos diurnos y de urgencia, profesionales de la salud, técnicos, auxiliares y administrativos, y se completaron las dotaciones que acusaban serios déficit en todo el país.
Sin embargo, a pesar de los significativos esfuerzos de inversión y de los excelentes indicadores biomédicos alcanzados, aún se observan importantes problemas en la salud de los chilenos, que es necesario resolver. En el sector público, rechazos en consultorios y listas de espera en los hospitales, preocupante déficit de cobertura en salud mental y atención odontológica, falta de resolutividad en el nivel primario de atención, falta de especialistas, especialmente en regiones, seria limitación de recursos y problemas de gestión, que se expresan en una deuda hospitalaria que se reproduce periódicamente.
Por su parte, en el sector privado opera con la lógica del mercado, esto es, quien más paga, obtiene mayor protección, lo que se contradice con la lógica sanitaria de que a los más enfermos hay que prodigarles mayores cuidados. Enfermedades preexistentes, exclusiones y carencias son la característica de los actuales planes de salud de las isapres, lo que redunda en importantes vacíos de cobertura. Selección adversa de riesgos, subsidios directos e indirectos, también dan cuenta de una inequidad del sistema mismo.
La sociedad chilena no puede seguir tolerando setecientas muertes anuales por cáncer cervicouterino, 2 mil muertes al año por cáncer vesicular 1.600 de las cuales son producidas en pacientes pobres y de baja escolaridad, esperas de dos años para ser operado de cataratas, la ruina familiar frente a un examen de alto costo o a un tratamiento prolongado en las llamadas “enfermedades de costo catastrófico”, mortalidad infantil de 42 por mil nacidos vivos en Puerto Saavedra y de dos por mil en Vitacura, y otras inequidades que dan cuenta de una verdadera epidemiología de las desigualdades que no puede continuar.
Todo esto es evitable. Por ello, se postula una reforma a la salud cuyos pilares básicos sean el derecho a la salud, a la equidad, a la solidaridad, a la eficacia, a la eficiencia y a la participación social.
Concurrieron a la Comisión de Salud, donde fueron escuchados sus planteamientos, el ministro de Salud, doctor Osvaldo Artaza Barrios ; el director del Fondo Nacional de Salud, doctor Álvaro Erazo Latorre ; el superintendente de Isapres, señor José Pablo Gómez ; el secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma, doctor Hernán Sandoval ; los representantes de la Sociedad Chilena de Salubridad, doctores Mariano Requena y Carlos Montoya ; el director del programa social del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Rodrigo Castro ; el presidente del Colegio Médico de Chile, doctor Juan Luis
Castro; el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, Cofusam , doctor Esteban Maturana ; el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Confenats , señor Jorge Araya ; el presidente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Fenpruss , señor Juan Díaz ; el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud, Fentess , señor Juan Rapimán .
Además, se debe consignar el desarrollo de un seminario, a la manera de jornada temática, organizado por la Comisión de Salud el 10 de mayo de 2002, en Valparaíso, el que versó sobre “La reforma de la salud”. Allí se contó con la participación de 450 personas y la presencia del señor ministro de Salud, del subsecretario de Salud, del director del Fonasa, representantes de todos los gremios señalados, de la asociación de isapres y de los prestadores privados. Se trabajó en cuatro comisiones paralelas, y las conclusiones del certamen fueron repartidas a todos los señores diputados. El informe emanado de ese trabajo se encuentra en los escritorios de los señores diputados.
Igualmente, es necesario destacar la audiencia pública realizada por las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud, celebrada en Santiago el 29 de julio de 2002, a la que asistieron 110 personas. En la ocasión, hicieron uso de la palabra 14 dirigentes, entre los que se contaban el ministro de Salud, el presidente del Colegio Médico, el presidente de la asociación gremial de clínicas y hospitales privados, señor Máximo Silva ; el presidente de la Corporación de afiliados y usuarios de isapres, Corpusapres , señor Pedro Barría ; el presidente de la Confusam, doctor Esteban Maturana ; el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, don Ernesto Benado ; el presidente de Fenpruss, señor Juan Díaz ; el representante de la Corporación Vivo Positivo, señor Rodrigo Pascal ; el presidente de la Corporación de la Fibrosis Quística del Páncreas, don Patricio Lira ; el gerente de estudios para la Asociación de Isapres, don Gonzalo Simón ; el presidente de la Confenats, señor Jorge Araya ; el director del hospital de Talcahuano, doctor Rubén Puentes, y el presidente de la asociación gremial de centros médicos, pymes de la salud, señor David Peralta .
El título I, párrafo 1, se refiere a las disposiciones generales, que abarcan los artículos 1º al 5º.
Primero, se establece que el régimen de garantías en salud es un instrumento sanitario nuevo, que busca garantizar a todos los chilenos altos niveles de calidad en las prestaciones, plazos de oportunidad para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y protección financiera al momento de enfermar, de modo que ninguna familia sufra la ruina económica frente a episodios de morbilidad, agudos o crónicos. En este sentido, el plan considera tanto a los beneficiarios del sistema público, financiados por Fonasa , como a los beneficiarios del sistema privado, atendidos por las isapres.
Por lo tanto, este régimen de garantías en salud se incorpora como parte integrante de las leyes que regulan a ambos sectores la ley Nº 18.469, del sector público, y la ley Nº 18.933 o de isapres, y es obligatorio para estos dos regímenes y exigible ante las instancias que se crean en esta futura ley.
Segundo, se crea el concepto de plan nacional de salud, conjunto organizado e integrado de acciones cuya meta es obtener la mejor salud para los chilenos, y que está compuesto, al menos, por los siguientes aspectos: objetivos sanitarios, prioridades nacionales, necesidades de las personas, factores ambientales y recursos disponibles del país.
Este plan nacional de salud, que se constituye como carta de navegación de la salud chilena, también está señalado en el artículo 1º, numeral 1, del proyecto de ley modificatorio del decreto ley Nº 2.763, que la Cámara despachara recientemente al Senado, y que, junto con esta iniciativa, es parte integrante de las llamadas “leyes de la reforma de la salud”, que, como vemos, se relacionan unas con otras.
En la disposición de la referida iniciativa se señala que será función del Ministerio de Salud formular el plan nacional de salud, para lo cual convocará a un consejo consultivo de salud, conformado por representantes de instituciones de salud, prestadores públicos y privados, sociedades científicas, colegios profesionales, gremios de la salud y organizaciones de usuarios.
Tercero, se indica también en este párrafo que el régimen de garantías en salud se deberá dar sin perjudicar las demás prestaciones que no tengan el nivel de garantías establecidos en él. Por lo tanto, no deberá significar postergaciones ni rechazos al resto de las atenciones que deben obtener los beneficiarios de las leyes Nºs 18.469 y 18.933.
Se definen también los siguientes conceptos:
“a) Acceso: Derecho a recibir las prestaciones de salud, en la forma y condiciones que determine el Régimen de Garantías en Salud.
“b) Calidad: Estándar que deben cumplir las prestaciones de salud y las condiciones de otorgamiento de las mismas...”.
“c) Oportunidad: Plazo máximo para el otorgamiento de prestaciones de salud,...”.
“d) Protección financiera: Proporción en que el Fondo Nacional de Salud o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, concurren al financiamiento de las prestaciones de salud, en la forma y condiciones que el Régimen de Garantías en Salud señale”.
En el párrafo 2º, artículos 6º y 7º, se señala que el régimen de garantías en salud será elaborado y revisado por el Ministerio de Salud, con la asesoría del consejo consultivo del régimen, y aprobado por decreto supremo de los ministerios de Salud y de Hacienda.
Un reglamento establecerá el procedimiento de elaboración del régimen de garantías en salud, que considerará, a lo menos, las siguientes etapas: análisis técnico, sanitario y económico; desarrollo de estudios epidemiológicos, nacionales y regionales, que consideren, al menos, la carga de enfermedad y mortalidad, el análisis de listas de espera y la calidad percibida por los usuarios, entre otras materias; consulta a organismos competentes para recabar las propuestas, observaciones o consideraciones relativas a aspectos técnicos, sanitarios y económicos del mismo, lo que será evaluado para definir la estructura, contenidos y sus garantías explícitas; oportunidad y forma en que se llevarán a efecto los cálculos actuariales que permitan determinar el costo del régimen de garantías en salud, la prima universal, la tabla de compensación de riesgo, considerando, a lo menos, las variables de sexo y edad, y un índice de siniestralidad.
Estos cálculos deberán ser encargados por el Ministerio de Salud a personas u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, que den garantía de imparcialidad, objetividad e idoneidad técnica.
El Ministerio de Salud elaborará la propuesta del régimen de garantías en salud, la que será sometida a la opinión del consejo consultivo del régimen.
En el párrafo 3º, que considera los artículos 8º al 11, se crea el consejo consultivo del régimen de garantías en salud, con carácter asesor y técnico. Su composición estará dada por nueve miembros de reconocida idoneidad en el campo de la medicina, salud pública, economía, bioética, derecho sanitario y disciplinas relacionadas.
Serán nombrados por el Presidente de la República, de una terna propuesta por el ministro de Salud. Seis de ellos, a lo menos, serán designados en representación de las siguientes instituciones: dos, de las sociedades científicas del área de la salud; dos, de las facultades de medicina de las universidades estatales o reconocidas por el Estado, y dos, de las facultades de economía o administración de las universidades estatales o reconocidas por el Estado.
Durarán tres años en su cargo, prorrogable por una sola vez, y no percibirán remuneración alguna por su desempeño.
También existirá un secretario ejecutivo, nombrado por el ministro de Salud, que realizará las labores que determine el reglamento.
El consejo consultivo del régimen deberá emitir opinión fundada dentro del plazo que fije el reglamento sobre el régimen de garantías en salud, el cual será considerado por el ministro de Salud en la definición final, para lo cual deberá contar con estudios y antecedentes técnicos proporcionados por el propio Ministerio de Salud o de otras fuentes.
Mediante un reglamento se establecerá el funcionamiento del consejo.
En el párrafo 4º, el artículo 12 regula la revisión del régimen de garantías en salud, la que deberá ser hecha cada tres años, contados desde la fecha de su aprobación. El Presidente de la República podrá disponer su revisión antes de ese plazo mediante decreto supremo fundado.
Las modificaciones al régimen incorporarán progresivamente, y en forma incremental, los problemas sanitarios priorizados. Ellas entrarán en vigencia no antes de sesenta días contados desde la fecha de publicación del decreto respectivo.
Si no hubiera modificaciones en los plazos establecidos, se entenderá prorrogado por tres años el régimen vigente.
En el párrafo 5º, el artículo 13 define que las garantías establecidas en esta ley deberán ser cumplidas en forma obligatoria, tanto por el Fonasa como por las isapres, a sus respectivos beneficiarios.
Indica que los prestadores a través de los cuales se entregue el régimen de garantías en salud, deberán estar, necesariamente, acreditados ante la autoridad sanitaria, y, además, cumplir las normas, los estándares de calidad y las guías técnicas y administrativas que para el régimen de garantías en salud haya definido la misma autoridad sanitaria.
Agrega que para tener acceso a las garantías del régimen, los beneficiarios de la ley Nº 18.469, de Fonasa, deberán acceder a la red asistencial a través del nivel primario correspondiente, salvo en los casos de urgencias debidamente calificados y demás situaciones que señale el reglamento.
Este artículo etablece, además, que la red asistencial estará constituida por el conjunto de prestadores de salud públicos y privados que hayan suscrito convenios para el otorgamiento del régimen de garantías en salud.
Título II, Disposiciones varias. (Artículos 14, 15 y 16).
Este título modifica las leyes Nº 18.469, relacionada con el sistema público de salud, y Nº 18.933, de Isapres, para hacerlas compatibles con el nuevo régimen de garantías en salud, definido en los artículos anteriores de este cuerpo legal.
El artículo 14 modifica la ley Nº 18.469.
Primero, en su artículo 5º. Crea, además, un nuevo artículo 7º bis, a través del cual se permite la afiliación al régimen de esta ley a los trabajadores independientes, coticen o no para un régimen legal de previsión, para lo cual se establecen las condiciones de acuerdo con las cuales se determinará la cotización que ellos deberán enterar directamente en el Fonasa.
Se faculta, igualmente, a la Tesorería General de la República para retener eventuales devoluciones del impuesto a la renta de los trabajadores independientes que no hubieren enterado las cotizaciones pactadas, las que serán remitidas al Fonasa.
Se agrega, en el artículo 8º, una nueva letra d), que incorpora el régimen de garantías en salud como uno de los conjuntos de prestaciones a los que tienen derecho los beneficiarios de la ley Nº 18.469.
En el artículo 11 se precisa que las prestaciones del régimen se otorgarán por los servicios de salud, los establecimientos experimentales creados por los DFL Nºs 29, 30 y 31, de 2000, y por los establecimientos municipales de atención primaria de salud.
En el artículo 13 se estipula el acceso de las prestaciones del régimen de garantías en salud a la modalidad de libre elección de Fonasa.
Se agrega, al artículo 18, una disposición para que sólo los trabajadores independientes que estén afectos a un régimen previsional o sistema de pensiones puedan tener acceso al beneficio del subsidio de incapacidad laboral por enfermedad común o accidente no laboral.
En el artículo 19 se establece que sólo las trabajadoras independientes que estén afectas a un sistema de pensiones o régimen previsional, tendrán derecho al descanso maternal y al subsidio de maternidad.
Se reemplaza el inciso segundo del artículo 25, en el sentido de establecer que las isapres estarán obligadas a otorgar, como mínimo, el régimen de garantías en salud, más las prestaciones contempladas en el arancel de la modalidad de libre elección de Fonasa, sin perjuicio de las demás prestaciones y beneficios que se estipulen en los contratos que celebren con sus afiliados y de los que se establezcan en la ley Nº 18.933.
Se deroga el inciso tercero de este artículo, que permitía retornar automáticamente al régimen de la ley Nº 18.469 al término de un contrato con una isapre.
En el artículo 28 se precisa que el régimen de garantías en salud tendrá también el copago correspondiente, de acuerdo a lo prescrito en la ley Nº 18.469.
El artículo 15 introduce modificaciones a la ley Nº 18.933, de Isapres, en el siguiente sentido:
En el artículo 2º, para agregar la expresión “plan” o “plan convenido”, que incluirá el régimen de garantías en salud, los demás beneficios obligatorios y las prestaciones complementarias que se convengan.
En el artículo 3, sobre funciones y atribuciones de la Superintendencia; en el numeral 9 y numeral 14, nuevo, se establecen nuevas facultades a la Superintendencia de Isapres para dictar normas que permitan tener mayor claridad en los contratos de isapres para ajustarlos a la presente ley y para que se requiera de los prestadores la información que acredite el cumplimiento de normas de acceso, calidad, oportunidad y demás beneficios de salud que se otorguen a los beneficiarios.
Se crea el artículo 31 bis, nuevo, que establece las condiciones y forma en que los trabajadores independientes podrán afiliarse a una isapre, la forma de cálculo de la cotización, el derecho al subsidio de incapacidad laboral o maternal, sólo si cotizan en un régimen previsional o de pensiones; además, faculta a la Tesorería General de la República para retener la devolución de impuestos por cotizaciones impagas y a enterarlas en las isapres correspondientes.
En el artículo 33 se establecen mayores precisiones en las siguientes estipulaciones que se deben consignar en los contratos entre el afiliado y la isapre:
a)Porcentaje de cobertura en los planes complementarios al régimen de garantías en salud.
b)Señalar los mecanismos para otorgar todas las prestaciones y beneficios que norma la ley Nº 18.933, y los demás que queden consignados en los contratos.
El artículo 16 indica que, sin perjuicio de lo establecido en el régimen de garantías en salud, todas las prestaciones establecidas en otras normas legales mantendrán su vigencia: ley Nº 6.174, ley Nº 18.948, ley Nº 19.086, ley Nº 19.123, ley Nº 19.779, DL Nº 1.757, de 1977; DL Nº 1.772, de 1977, y DL Nº 2.859, de 1979. Estas disposiciones rigen a las instituciones de las Fuerzas Armadas, a Gendarmería y también lo que se establece en materia de medicina preventiva.
Título IV, Del Fondo de Compensación Solidario. (Artículos 17 al 22).
El artículo 17 crea el Fondo de Compensación Solidario entre instituciones de salud previsional, el que será supervisado y administrado por el Ministerio de Salud.
Artículo 18. El objeto del Fondo de Compensación Solidario es compensar, entre sí, a las isapres por concepto de ajuste de riesgos por, al menos, las variables de sexo y edad de sus respectivos beneficiarios, respecto de la prima universal del régimen de garantías en salud.
Artículo 19. Señala que el Fondo de Compensación Solidario se constituirá con un monto equivalente al de la prima universal del régimen de garantías en salud, por cada uno de los beneficiarios de las isapres.
Artículo 20. Indica que para la respectiva compensación, el Ministerio de Salud determinará el o los montos sobre la base de la tabla de un ajuste de riesgos que considerará, al menos, las variable de sexo, edad, situación socioeconómica, condiciones geográficas y medioambientales. Los factores de ajuste de riesgo serán determinados a través de un decreto de los Ministerios de Salud y de Hacienda.
Las isapres podrán solicitar a la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional la utilización de mecanismos complementarios de compensación de riesgo, sobre la base de la siniestralidad efectiva de su cartera de beneficiarios.
Artículo 21. Señala que las isapres deberán entregar toda la información a la Superintendencia para efectuar la compensación que se establece en este título.
Asimismo, se le otorga a la Superintendencia facultad para fiscalizar el cumplimiento de todo aquello que dice relación con el fondo de compensación solidario.
Por último, se establece que los reglamentos a que se refiere este título deberán ser dictados por el Ministerio de Salud y, además, ser suscritos por el ministro de Hacienda.
Título V, Del Fondo Maternal Solidario. (Artículos 23 al 28).
Por el artículo 23, se crea el Fondo Maternal Solidario, el que será administrado por la Superintendencia de Seguridad Social.
Artículo 24. El Fondo Maternal Solidario se constituirá:
a)Con un aporte de las isapres y del Fonasa, equivalente al 0,6 por ciento de las remuneraciones, rentas y pensiones imponibles de sus afiliados.
b)Con el aporte fiscal que contemple para estos efectos la ley de Presupuestos de cada año, y
c)Con los recursos fiscales destinados al pago del subsidio compensatorio de los aportes al Fondo Maternal Solidario a que se refiere el título VI de esta iniciativa.
Artículo 25. Señala que será la Superintendencia de Seguridad Social, con cargo al Fondo Maternal Solidario, la que transferirá a los servicios de salud, cajas de compensación de asignación familiar o instituciones de salud previsional, los recursos correspondientes para el pago del subsidio por descanso maternal y del subsidio por enfermedad grave del hijo menor de un año, establecidos ambos en el Código del Trabajo.
Artículo 26. El pago de los subsidios se hará por el servicio de salud, caja de compensación o isapre, según corresponda.
Artículo 27. Establece que el reglamento a que se refiere este título deberá ser dictado por el Ministerio de Salud, y ser suscrito, además, por el ministro de Hacienda y por el ministrodel Trabajo y Previsión Social.
Artículo 28. Establece que el Fondo Maternal Solidario operará sobre la base de un programa anual, que será aprobado por decreto del Ministerio del Trabajo, y suscrito, además, por el Ministerio de Hacienda, en el mes de diciembre del año anterior a aquel en que regirá. Dicho programa será propuesto por la Superintendencia de Seguridad Social y contendrá el presupuesto de ingresos y gastos, las reservas presupuestarias, los aportes que corresponderán a cada institución y los montos que deban pagarse.
Título VI, Del subsidio compensatorio de los aportes al Fondo Maternal Solidario. (Artículos 29 y 30).
Se crea el subsidio compensatorio de los aportes al Fondo Maternal Solidario, cuyo objeto será beneficiar a los cotizantes de menores remuneraciones, rentas o pensiones imponibles.
El monto del subsidio será el equivalente, en moneda nacional, de multiplicar la remuneración, renta o pensión imponible mensual del afiliado al Fonasa o a una isapre, expresada en unidades de fomento, por:
a)0,006, cuando la remuneración, renta o pensión imponible mensual del afiliado sea igual o inferior a 12 unidades de fomento.
b)El número que resulte de sumar 0,01176 al producto de multiplicar 0,00048 por la remuneración, renta o pensión imponible, expresada en unidades de fomento, cuando ésta sea superior al equivalente de 12 unidades de fomento, e inferior o igual a 24,5 unidades de fomento.
c)Los afiliados con remuneración, renta o pensión imponible superior a 24,5 unidades de fomento no tendrán derecho a este subsidio.
Para efectos del presente artículo, se considerará el valor de la unidad de fomento al último día del mes a que corresponda la remuneración, renta o pensión mensual del afiliado.
Artículo 30. El subsidio será de cargo fiscal y pagado a través del Fondo Maternal Solidario, de acuerdo con el procedimiento y modalidades de concesión y fiscalización que fije el reglamento, que será dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y suscrito, además, por el ministro de Hacienda.
En las disposiciones transitorias, el
artículo primero establece que el primer régimen de garantías en salud deberá promulgarse, a más tardar, el último día del tercer mes siguiente a la publicación en el Diario Oficial del reglamento del consejo consultivo de dicho régimen.
El régimen mismo comenzará a regir a contar del primer día del cuarto mes siguiente a su publicación.
Los contratos de salud previsional que se celebren con posterioridad a la entrada en vigencia del régimen deberán ajustarse a él, y aquellos celebrados con anterioridad, se ajustarán a sus disposiciones en sus respectivas anualidades.
Según el artículo segundo, el Fondo de Compensación Solidario, el Fondo Maternal Solidario y el subsidio compensatorio de los aportes al Fondo Maternal Solidario, entrarán en vigencia cuando comience a regir el primer régimen de garantías en salud.
El artículo tercero establece que el Fondo Maternal Solidario será el continuador del Fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía.
Puesto en votación el proyecto en general, fue aprobado por la unanimidad de los diputados miembros de la Comisión de Salud presentes.
En la discusión particular, se modificó el artículo 1º, sin cambiarlo en su esencia.
El artículo 2º se modificó en el sentido de introducir el concepto de plan nacional de salud.
En el artículo 9º se modificó la composición del consejo consultivo del régimen. La propuesta del Ejecutivo era que los nueve miembros fueran nombrados por el Presidente de la República. La indicación parlamentaria consiste en que seis de ellos serán designados en representación de las siguientes instituciones o entidades:
a)Dos, de las sociedades científicas de salud.
b)Dos, de facultades de medicina de universidades estatales o reconocidas por el Estado.
c)Dos, de las facultades de economía o administración de universidades estatales o reconocidas por el Estado.
En el artículo 10 se introduce una modificación al proyecto del Ejecutivo, en el sentido de que el consejo consultivo del régimen deberá actuar conforme al plan nacional de salud.
En el artículo 12, otra, para agregar que en la revisión del régimen por el consejo consultivo, éste, en ningún caso, podrá limitar o disminuir los derechos de las personas en salud.
El artículo 13 desató controversia, por cuanto establece que para obtener las garantías del régimen, será necesario acceder a la red asistencial correspondiente siempre por el nivel primario de atención, disposición que sería atentatoria contra la libertad de elección. Sin embargo, se aprobó en ese sentido.
El artículo 14, nuevo, del Ejecutivo, que otorga el régimen de garantía en salud a los indigentes sólo con aporte fiscal, fue rechazado por la Comisión de Salud.
El título II, de los artículos 15 al 24, que se refería a la fiscalización y control del régimen y proponía una superintendencia de garantías en salud, se rechazó completamente, al igual que la idea de crear una defensoría de los derechos de las personas en salud, que reemplazaría a la Superintendencia, propuesta por varios diputados de la Comisión de Salud.
El artículo 24 también fue rechazado. Se proponía que el control y fiscalización del régimen para los beneficiarios de la ley
Nº 18.933 estuviera a cargo de la Superintendencia de Isapres. Por lo tanto, el artículo 25 pasó a ser 14.
En el título IV, que incluye los artículos 17 al 22, se aprobó la idea de crear el Fondo de Compensación Solidario, pero solamente restringido para las instituciones de salud previsional.
El título V, de los artículos 23 al 28, se aprobó sin mayores modificaciones.
El título VI, que contiene los artículos 29 y 30, también se aprobó sin mayores modificaciones.
En las disposiciones transitorias, se rechazó el artículo primero, el cual facultaba al Presidente de la República para, mediante decreto con fuerza de ley, regular la Superintendencia de garantías en salud.
También se rechazó el artículo tercero transitorio.
Los demás fueron aprobados por la Comisión de Salud.
El proyecto de ley no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado, y la Comisión de Salud acordó remitir a la Comisión de Hacienda los artículos 4º y 6º permanentes, los títulos V y VI, y el artículo tercero transitorio.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ÁLVAREZ.-
Señora Presidenta, el proyecto de ley establece un régimen de garantías en salud. Se origina en un mensaje del Presidente de la República y tiene urgencia calificada de “simple” para su tramitación legislativa.
En la Comisión no hubo disposiciones o indicaciones rechazadas, pero algunos artículos no fueron aprobados por unanimidad 24 al 30 permanentes, y primero y tercero transitorios, y en ellos me detendré en el transcurso del informe.
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión de Hacienda el ministro de Salud, señor Osvaldo Artaza ; funcionarios y asesores de esa cartera, y los señores Karlfranz Koehler , abogado de la fundación Jaime Guzmán , y Germán Concha , asesor de la Unión Demócrata Independiente.
El propósito de la iniciativa consiste en adecuar la actual estructura institucional de salud para que la población ejerza los derechos que el régimen de garantías en salud le otorgará. Con tal objeto, se definen las patologías y las prestaciones vinculadas a éste, así como las garantías explícitas, y se otorgan los medios necesarios para hacer efectivas tales garantías.
El proyecto se encuentra estructurado en 30 artículos permanentes, divididos en tres títulos, y en tres disposiciones transitorias.
En el debate de la Comisión, intervino primeramente el ministro señor Osvaldo Artaza , quien manifestó que algunos asuntos no fueron debidamente resueltos en la comisión técnica durante el primer trámite reglamentario, por lo que el Ejecutivo presentará algunas indicaciones al proyecto en la Sala, que se refieren a los siguientes aspectos:
a)La creación de una Superintendencia única;
b)La creación de un fondo para ajuste de riesgos;
c)La incorporación de enfermedades no contempladas en el régimen de garantías, y
d)La regulación de la modalidad de libre elección.
En una materia muy importante para la Comisión de Hacienda, como es el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 28 de mayo de 2002, se establece que los recursos fiscales requeridos para financiar el régimen de garantías en salud se determinarán en la ley de Presupuestos de cada año, a contar de la entrada en vigencia del primer régimen. Estos recursos provendrán de las cotizaciones de los afiliados y del aporte fiscal que permitirá, a través de un fondo solidario, financiar las cotizaciones de los indigentes. A efectos de financiar mayores niveles de garantías, se contempla que este aporte fiscal se incremente con el producto de aumentos impositivos a productos dañinos para la salud, con el crecimiento de la economía y con aumentos de eficiencia. Estas fuentes de financiamiento se abordarán en el proyecto de ley de financiamiento de la reforma de salud, que, como señalaba el diputado Cornejo , es otro de los proyectos de la reforma.
Tanto el consejo consultivo como la superintendencia que se crean por el proyecto se financiarán con cargo al presupuesto anual del Ministerio de Salud, por lo que no representarán costo adicional para el año 2002 y siguientes.
En conformidad con lo anterior, se expresa que el proyecto no presenta costo fiscal directo para el año 2002, y que, respecto de los años siguientes, su costo se especificará en la ley de Presupuestos respectiva.
El informe financiero complementario, de fecha 1 de julio de 2002, señala que las indicaciones del Ejecutivo tienen las implicancias financieras que especifico a continuación:
1.Mayores ingresos del Fondo Nacional de Salud por la obligatoriedad de cotización para salud de los trabajadores independientes. En una primera instancia, y considerando que parte de los trabajadores independientes que actualmente no cotizan para salud, lo harían en isapres, se estima que al entrar en vigencia la iniciativa, el Fondo Nacional de Salud podría obtener un aumento de sus cotizaciones anuales equivalente aproximadamente a 3.142 millones de pesos.
2.Un menor gasto fiscal por la instauración del Fondo Maternal Solidario, que tendrá por objeto financiar los gastos que efectúen las instituciones de salud previsional y el Fondo Nacional de Salud por los subsidios a que den lugar el descanso de maternidad, establecido en el inciso primero del artículo 195, y al permiso por la enfermedad grave del hijo menor de un año, establecido en el artículo 199, ambos del Código del Trabajo. La instauración de este Fondo, pero tomando como referencia el gasto efectivo incurrido en los subsidios señalados en el año 2001, implicaría un menor gasto fiscal de 82.685 millones de pesos.
Con todo, el fisco asume el pago del subsidio compensatorio de los aportes al Fondo Maternal Solidario que se establece en el proyecto, y de los menores ingresos del Fondo Nacional de Salud producto de sus aportes al Fondo Maternal Solidario. Este gasto se estima en 33.568 millones de pesos anuales, tomando como referencia el gasto efectivo del año 2001, por lo que la disponibilidad neta de recursos fiscales sería de 49.117 millones de pesos.
La Comisión de Salud dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 4º y 6º permanentes, de los títulos V y VI y del artículo tercero transitorio del proyecto aprobado por ella. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 3º, 5º, letra d), y 1º transitorio del proyecto aprobado por la comisión técnica, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.
En relación con la discusión particular, para hacer el informe más breve, ya señalé que la mayor parte de las indicaciones o artículos fueron aprobados de manera unánime y que no hubo disposiciones rechazadas. Por eso, sólo me referiré, brevemente, a los casos que tuvieron votaciones divididas.
El artículo 24 dispone lo siguiente:
“Artículo 24.- El Fondo Maternal Solidario se constituirá:
a)Con un aporte de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud equivalente al 0,6 por ciento de las remuneraciones, rentas y pensiones imponibles de sus respectivos afiliados, el que efectuarán mensualmente en el plazo y mediante el procedimiento que se determine en el reglamento;
b)Con el aporte fiscal que contemple para ese efecto la ley de Presupuestos de cada año, y
c)Con los recursos fiscales destinados al pago del Subsidio Compensatorio de los Aportes al Fondo Maternal Solidario a que se refiere el Título VI de esta ley”.
La principal discusión versó sobre la letra a), en cuanto al carácter de este tipo de ingreso para el fisco y sus posibles implicancias constitucionales.
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 6 votos a favor y 5 votos en contra.
El artículo 25 preceptúa:
“Artículo 25.- La Superintendencia de Seguridad Social, con cargo al Fondo Maternal Solidario, transferirá, en la forma y oportunidad que determine el reglamento, al Servicio de Salud, Caja de Compensación de Asignación Familiar o Instituciones de Salud Previsional, los recursos correspondientes al pago de los subsidios a que dé lugar el descanso de maternidad establecido en el inciso primero del artículo 195 y al permiso por la enfermedad grave del hijo menor de un año establecido en el artículo 199, ambos del Código del Trabajo, y del aporte que corresponda a dichos subsidios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del decreto con fuerza de ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
“Asimismo, y con igual imputación, la referida Superintendencia pagará a la Institución en que se encuentre afiliado el cotizante, los subsidios compensatorios que procedan por aplicación del Título VI de esta ley, los que, en el caso de las isapres deberán reflejarse en el financiamiento de los planes y beneficios de salud correspondientes en la forma que establezcan la ley, el reglamento respectivo y las instrucciones de los organismos fiscalizadores pertinentes”.
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 6 votos a favor y 5 abstenciones.
El artículo 26 establece:
“Artículo 26.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el pago de los subsidios y aportes de que él trata, se hará por el respectivo Servicio de Salud, Caja de Compensación de Asignación Familiar o Institución de Salud Previsional, según corresponda”.
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 6 votos a favor y 5 abstenciones.
El artículo 27 establece:
“Artículo 27.- El reglamento a que se refiere el presente Título deberá ser dictado por el Ministerio de Salud y ser suscrito, además, por el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo y Previsión Social”.
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 6 votos a favor y 5 abstenciones.
El artículo 28 dispone:
“Artículo 28.- El Fondo Maternal Solidario operará sobre la base de un programa anual que será aprobado por decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito, además, por el Ministerio de Hacienda, en el mes de diciembre del año anterior a aquel en que regirá. Dicho programa será preparado y propuesto por la Superintendencia de Seguridad Social y contendrá el presupuesto de ingresos y gastos, las reservas presupuestarias, los aportes que corresponderán a cada institución que participe en el pago de los subsidios y aportes, los montos que deban pagarse por concepto de los subsidios a que se refiere el Título VI de esta ley y las normas de operación correspondientes”.
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 6 votos a favor y 5 votos en contra.
El artículo 29 señala:
“Artículo 29.- Créase el Subsidio Compensatorio de los Aportes al Fondo Maternal Solidario, en adelante el “Subsidio”, cuyo objeto será beneficiar a los cotizantes de menores remuneraciones, rentas o pensiones imponibles.
“El monto del Subsidio será el equivalente en moneda nacional de multiplicar la remuneración, renta o pensión imponible mensual del afiliado al Fondo Nacional de Salud y a las Instituciones de Salud Previsional, expresado en unidades de fomento...”, por una serie de cálculos decimales que se encuentran en el informe y que los diputados pueden analizar.
Después de una larga discusión, en la que participaron, además del ministro, la diputada señora Cristi , y los diputados señores Dittborn y Silva , el artículo fue puesto en votación y aprobado por 7 votos a favor y 6 en contra.
El artículo 30 dispone:
“Artículo 30.- El Subsidio será de cargo fiscal y pagado a través del Fondo Maternal Solidario, conforme al procedimiento y modalidades de concesión y fiscalización que fije el reglamento, el que será dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y suscrito, además, por el ministro de Hacienda”.
Puesto en votación, fue aprobado por 7 votos a favor y 6 abstenciones.
Las disposiciones transitorias siguientes también tuvieron votaciones divididas.
El artículo primero transitorio dispone:
“Artículo primero.- El primer Régimen de Garantías en Salud deberá promulgarse, a más tardar, el último día del tercer mes siguiente a la publicación en el Diario Oficial del reglamento del Consejo Consultivo del Régimen.
“El Régimen de que trata este artículo comenzará a regir a contar del primer día del cuarto mes siguiente a su publicación.
“Los contratos de salud previsional que se celebren con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Régimen, deberán ajustarse a él. Los contratos celebrados con anterioridad, se ajustarán a sus disposiciones en sus respectivas anualidades”.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 7 votos a favor y 6 abstenciones.
El artículo tercero transitorio preceptúa:
“Artículo tercero.- El Fondo Maternal Solidario a que se refiere el Título V de esta ley será, a contar de la entrada en vigencia del Fondo, el continuador del Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía respecto de las obligaciones devengadas y no pagadas por aplicación de la ley Nº 18.418 y sus modificaciones, que este último Fondo registre a la fecha que se determine mediante decreto del Ministerio de Hacienda dictado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. El programa del Fondo Maternal Solidario establecido en el artículo 40 de esta ley será sancionado, durante el primer mes de vigencia del Fondo, conforme al procedimiento dispuesto en la norma antes citada”.
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 7 votos a favor y 6 abstenciones.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor ministro de Salud.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero agradecer el trabajo profundo y enriquecedor que se realizó en las Comisiones de Salud y de Hacienda durante el primer trámite reglamentario de este proyecto, que será muy importante para los quince millones de chilenos.
Junto con agradecer ese trabajo, la altura de miras y la generosidad con que participaron todos los parlamentarios de distintas bancadas, quiero también hacer notar que hay una serie de materias que deberán ser estudiadas y debatidas, tanto en la Comisión de Salud como en la de Hacienda, en el segundo trámite reglamentario.
En primer lugar, ha habido un amplio debate ciudadano, no sólo en el Congreso, respecto de las enfermedades que no estarían dentro del régimen de garantías.
El Ejecutivo siempre ha señalado su voluntad de que el hecho de que exista una priorización sanitaria no debe perjudicar o ir en detrimento lo señala el proyecto de ley de las demás enfermedades o problemas de salud. Pero, dado que ha existido debate al respecto y que es necesario dar tranquilidad y confianza a la ciudadanía, el Ejecutivo se ha comprometido a introducir una indicación, en el segundo trámite reglamentario, que haga referencia a la obligación del Ministerio de Salud de normar sobre las condiciones de acceso, oportunidad y calidad de los demás problemas de salud.
También ha generado mucho debate el tema sobre el ejercicio liberal de la profesión de los médicos en el país. El Ejecutivo ha señalado que su voluntad no es alterar la modalidad de libre elección del ejercicio profesional. Pero estamos ciertos de que, con la redacción actual del proyecto, es oportuno hacer una precisión mayor en torno de la continuidad del ejercicio de dicha modalidad y de cómo ésta se va a relacionar con el régimen de garantías.
Por lo tanto, expreso aquí nuestra voluntad de profundizar sobre la materia.
Asimismo, el tema de cómo vamos a fiscalizar el ejercicio de los derechos sociales en salud concitó un amplio debate y posturas muy dispares. Varios diputados, ante el desafío de que en Chile exista igualdad de derechos en salud, opinaron que debiera haber una sola institucionalidad que velara por esos derechos, de modo que, a igualdad de derechos sociales en salud, igualdad de criterios de fiscalización. Por lo tanto, sugirieron que debería haber una sola superintendencia que tuviera que ver con las materias de fiscalización.
Pero, a su vez, otro grupo de diputados manifestó que era pertinente la existencia de una entidad que defendiera los derechos de salud de una manera distinta a como se regulan en el mercado los seguros privados.
El Ejecutivo se ha comprometido, en el segundo trámite reglamentario, a proponer una solución de consenso en el sentido de que exista sólo una superintendencia, a fin de que, ante igualdad de derechos, haya igualdad de fiscalización y de normas, y que de ella dependan dos intendencias: una que se relacione con materias de las instituciones de salud previsional, y otra, con los derechos de salud de las personas.
Además, el Ejecutivo desea hacer presente que en el debate habido en la Comisión de Salud se encontró pertinente que las materias referidas a la operacionalización del régimen de prioridades en salud de las isapres se debieran debatir con ocasión del proyecto que modifica las capacidades o competencias regulatorias de las isapres, que se está estudiando en comisiones unidas.
Asimismo, dado que los temas operativos relacionados con la aplicación del régimen de garantías en el Fondo Nacional de Salud están considerados en este proyecto, al Ejecutivo no le ha parecido pertinente tratarlos nuevamente en su segundo trámite reglamentario.
También vamos a reponer el tema relativo al fondo de ajuste de riesgo único, común, entre el sistema de isapres y el Fonasa, con la salvedad de que vamos a dar relevancia a que no sólo las variables de sexo y de edad deban ser condiciones para ajustar dicho riesgo, sino que el Ejecutivo va a presentar una indicación que permita que las determinantes con respecto a la siniestralidad una de ellas, la más importante, la condición socioeconómica estén reflejadas en la forma en que opere el sistema de ajuste de riesgo.
Agradezco nuevamente la riqueza del debate y pido, con mucha humildad, que los señores diputados de todas las bancadas aprueben este proyecto en general para que vuelva a Comisiones y se sigan debatiendo los temas que todavía requieren de estudio y de mayor afinamiento.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi hasta por cinco minutos, de acuerdo con la distribución del tiempo que ha hecho su bancada.
El señor ROSSI.-
Señora Presidenta, es fundamental para el logro de objetivos sanitarios y de una morbimortalidad acorde con una calidad de vida digna y saludable, que cada gobierno sea capaz de identificar el momento epidemiológico que vive la sociedad y, a partir de un diagnóstico adecuado, con una correcta ponderación de los factores de riesgo de enfermedad, al igual que aquellos de promoción de salud, que consiga diseñar una política pública de salud eficiente y coherente con las necesidades de la población.
Esto supone, por ejemplo, educación preventiva en materia de mortalidad juvenil, donde la primera causa de muerte es el accidente automovilístico; detección precoz de la patología cancerosa, en especial donde podemos incidir favorablemente, como son los casos de los cánceres cérvicouterino, de mama y prostático, hasta contar con las más modernas infraestructuras y avances tecnológicos que permitan el éxito de nuestras terapias curativas o paliativas.
Ha llegado el momento, después de cincuenta años, de observar nuestra cultura sanitaria deteriorada a raíz de la dictadura militar, de producir la reforma que el pueblo necesita. No la que necesitan Juan Luis Castro o Esteban Maturana ; tampoco la que necesitamos los parlamentarios, sino la reforma solidaria que las chilenas y chilenos, especialmente los más desposeídos, necesitan. Pero para hacer una reforma, debemos también reconocer las principales causas del deterioro de nuestro sistema público, como la fragmentación ocurrida con el traspaso a los municipios de la salud primaria, lo que ha contribuido a su debilitamiento y a una gran inequidad en materia de otorgamiento de prestaciones, ya que cada municipio administra de manera distinta los recursos que se le otorgan, y fija prioridades diversas.
Por otro lado, la aparición de las isapres ha influido en la segmentación de la población, puesto que la calidad y el acceso a la salud se determinan por el poder adquisitivo del paciente; es decir, hay más salud para los que tienen dinero, y menos, para los que no lo tienen.
Un ejemplo claro de esto es que el 66 por ciento de las horas médicas se radican en el sector privado, en que, dicho sea de paso, sólo se atiende el 20 por ciento de la población, y sólo un tercio de esas horas, en los hospitales públicos, que atienden el 80 por ciento de la población.
Pregunto al doctor Juan Luis Castro si también se dejará de atender ese 66 por ciento de horas médicas de las clínicas y centros privados al momento del paro, o si es más fácil parar cuando no se toca el bolsillo y se manipula con la salud de los más pobres.
Como la salud es un derecho, hay que garantizarla, pero no en el papel. Hay que establecer garantías explícitas y diseñar mecanismos que la hagan exigible en cuanto a acceso, oportunidad, calidad y protección financiera. Eso es el Auge: es hacer prevalecer ese derecho. El Auge termina con la incertidumbre y el temor frente a la enfermedad; termina con los cuatro grandes temores ciudadanos, a saber: “Si me enfermo, ¿me atenderán?”. Eso es acceso. “Y si me atienden, ¿cuándo?”. Eso es oportunidad para doscientos mil pacientes que hoy están en lista de espera”. Y si me atienden a tiempo, ¿la atención será de calidad?”. Y si todo eso se cumple, ¿tendré que vender la casa, seré capaz de cancelar la deuda?”. Eso es protección financiera.
Reitero que el Auge resuelve esos cuatro grandes temores de la gente.
Ahora bien, el Auge sólo cubre 56 patologías. Digo patologías, porque eso implica muchísimas más prestaciones correspondientes a casi el 80 por ciento de la carga de la enfermedad y al 51 por ciento de los egresos hospitalarios. Quien piense que, una vez aprobado el Auge, el sistema de salud sólo va a cubrir esas patologías, tiene una visión malintencionada y oportunista. El resto de las patologías le envío un mensaje al señor Juan Luis Castro también serán atendidas. Por eso, acabamos de aprobar un proyecto de mejoramiento de la gestión, de manera de hacer más eficientes los servicios de salud y los hospitales, y lograr mayor poder resolutivo en el ámbito de la atención primaria.
No es justo que un escáner o un pabellón quirúrgico se ocupen sólo en las mañanas. Por eso necesitamos la reforma. El Auge es progresivo, y lo determinará un consejo consultivo que establecerá un plan incremental, como lo señala el inciso segundo del artículo 12 del proyecto.
Con más eficiencia en la atención primaria se resolverán, además, muchos problemas, sin que éstos lleguen a los hospitales, por lo que se otorgarán recursos de manera de fortalecer la atención primaria, eje central de este modelo de atención.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Señor diputado, ha terminado su tiempo. Le pido que redondee la idea.
El señor ROSSI.-
Señora Presidenta, en un proyecto tan importante como éste, encuentro un grave error que se restrinja el tiempo de las intervenciones. No sólo es el proyecto más emblemático para el Presidente Lagos, sino para todos los ciudadanos que esperan que se mejore la calidad de las atenciones.
Con muchas ganas y entusiasmo voy a votar favorablemente la iniciativa, en el entendido de que las numerosas indicaciones presentadas harán la reforma más solidaria, en que la calidad y el acceso a las prestaciones médicas sean lo más importante.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Informo a los colegas que hay una nueva modalidad de control del tiempo. Se dispone de relojes que marcan el descuento del tiempo de cada bancada.
Aconsejo a los colegas mirar esos relojes para que vean el tiempo que deben ocupar, de acuerdo con lo dispuesto por sus bancadas.
Además, el proyecto en estudio fue ampliamente debatido en la Comisión de Salud. Por eso, en la Sala sólo venimos a conocer el resultado de un arduo y eficiente trabajo realizado por sus miembros desde hace meses.
Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda .
La bancada democratacristiana dispone de 36 minutos.
El señor OJEDA.-
Señora Presidenta, los años van cambiando las cosas, las circunstancias son otras y van surgiendo nuevas necesidades que hacen imprescindible una respuesta para poder satisfacerlas.
Hace cincuenta años, en Chile se dio un gran salto con la creación del Servicio Nacional de Salud, hecho que significó la ampliación del acceso a los beneficios sanitarios y el establecimiento de una estructura nacional que definió la responsabilidad del Estado en la salud pública.
Vivimos a través del tiempo un proceso de transformación del perfil de enfermedades que han afectado a la población, como consecuencia de su progresivo envejecimiento, del cambio de los hábitos de vida y de las condiciones de trabajo. Todo es diferente, todo es distinto; nada es igual hoy, como consecuencia de los cambios sociales, económicos y culturales insertos en un mundo globalizado.
¿Qué tenemos hoy? Por una parte, enfermedades infecciosas y problemas derivados de malas condiciones de saneamiento ambiental, propios de una sociedad en desarrollo. Por otra, enfermedades cardiovasculares, cánceres y traumatismos que predominan en el patrón de mortalidad actual y que se asemejan al perfil epidemiológico de una sociedad en desarrollo. Como el cuadro es distinto, los enfoques, métodos y sistemas para enfrentarlo también deben ser diferentes. Sin embargo, no hemos podido afrontar con entereza las nuevas exigencias ni obtenido el debido éxito para corregir el régimen deficitario de salud.
Desde 1981, el sistema de salud y la cultura sanitaria se debilitaron con motivo de su fragmentación resultante del traspaso de la atención primaria a los municipios, y a su segmentación, como consecuencia de la creación de las isapres, situación que se agravó por la falta de inversión en infraestructura y equipamiento que padeció el sector público durante ese período.
Por otro lado, el promedio anual de inversión sectorial en la década de los ochenta fue, aproximadamente, de apenas ocho mil millones de pesos, la que, con el correr del tiempo, debió corregirse, aumentándola, en la década del noventa, a un promedio anual de inversiones de cerca de 46 mil millones de pesos, cifra seis veces mayor que la de la década anterior. Los datos demuestran que el sistema de salud quedó rezagado desde aquella época y que no ha sido dinámico en su desarrollo, razón por la cual requiere una transformación.
Un sistema de salud deficitario, que no responde a los requerimientos de la población, tampoco responde al derecho real de salud que hay en el país. El derecho a la salud no sólo debe estar garantizado en nuestra Carta Fundamental, sino que también debe ser aplicado efectivamente; es decir, debe existir y ser visible, lo que no siempre ocurre con determinados derechos constitucionales.
Por este proyecto, que establece un régimen de garantías en salud, se pretende asumir el rol instaurador del Estado en los derechos y garantías que a todas las personas corresponden de acuerdo con la Constitución. No es otra cosa. Es uno de los cinco proyectos presentados por el Ejecutivo y que constituyen la gran reforma de la salud. Se puede decir que es básico, fundamental, necesario y urgente, ya que consagra la salud como un bien social y un derecho humano esencial, del cual todos, como sociedad, somos responsables. ¿Cómo no valorar, entonces, un cuerpo legal como éste, que promueve la equidad y reduce las desigualdades, como se describe en su texto? ¿Cómo no apoyar un instrumento que se basa en la solidaridad, donde el esfuerzo de la sociedad procurará que los grupos más vulnerables tengan iguales garantías que los más favorecidos? Ésos son los conceptos de solidaridad y de humanidad que han desaparecido, porque están absolutamente absorbidos por otras ideas materialistas, que conllevan al consumismo, o, en otros sistemas políticos y económicos, a la idea de no considerar a la persona como centro de atención de las grandes reformas sociales, como es la de la salud.
El proyecto crea un régimen de garantías en salud, mediante las prestaciones a que tienen derecho los beneficiarios de las instituciones de salud previsional. Esto garantizará con criterios de calidad, con tiempos de espera definidos, con copagos razonables y con topes que protegen el ingreso familiar. Se dispone que las enfermedades sean abordadas desde la promoción de la prevención hasta la recuperación y la rehabilitación.
Los detractores del proyecto de ley o del grupo de proyectos lo califican de limitativo y discriminatorio. Incluso, hasta hablan de canasta básica. Pero ¿no es importante este primer paso a fin de priorizar un conjunto de enfermedades más recurrentes? Si hoy no hay nada, ¿no es acaso un avance que mañana comencemos con asegurar la atención de salud de 56 patologías? En todo caso, el ministro de Salud nos acaba de señalar que en las próximas sesiones de la Comisión se van a presentar indicaciones, a fin de asegurar que las enfermedades que no están comprendidas en esta iniciativa tengan también ciertas prerrogativas para su atención, aun cuando en la ley quedarían resguardadas.
El proyecto, asimismo, establece un consejo consultivo, instancia que podría incluir otras enfermedades cada tres años, o antes, si fuere necesario y lo estimare conveniente. Es decir, su actuación no es estática, sino progresiva, y en un par de años vamos a tener numerosas enfermedades atendidas con absoluta prioridad. Por lo tanto, no se excluye ninguna y se establecen garantías para las necesidades de salud más graves, frecuentes y sensibles de las personas.
El régimen de garantías en salud establecerá un conjunto priorizado de enfermedades y condiciones de salud asociadas a ellas, de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, con garantías explícitas relativas al acceso y a niveles de oportunidad, protección financiera y calidad de la atención. El Fondo Nacional de Salud y las instituciones de salud previsional tendrán la obligación de cumplir con el régimen de garantías y de asegurar a sus respectivos beneficiarios.
Para hacer operativo y eficaz el sistema, el régimen consagra el acceso a las prestaciones de salud con determinados niveles de oportunidad, de protección financiera y de calidad, lo cual, en verdad, constituye algo nuevo e implica un desafío frontal para las estructuras sanitarias actuales, que no son operables, ya que atrasan, postergan, tramitan y producen burocracia en relación con la entrega de beneficios y de atenciones de salud.
No obstante, aún hay temas que son conflictivos, como la libre elección sobre la cual el ministro acaba de señalar su voluntad para buscar otra redacción al artículo 13 y la creación de una superintendencia de garantías. Hubiésemos querido, también, el establecimiento de una defensoría de los derechos de los pacientes. Como esos temas están pendientes, debemos referirnos a ellos en general.
¿Podremos mejorar los logros sanitarios alcanzados; afrontar los desafíos derivados del envejecimiento de la población, lo que involucra una creciente carga de afecciones degenerativas de alto costo de atención médica, y aquellos relacionados con los cambios de la sociedad? ¿Podremos reducir las inequidades, prolongar la vida saludable o enfrentar las nuevas enfermedades producto del desarrollo natural de las epidemiologías? ¿Podremos disminuir las desigualdades y prestar servicios acordes con las expectativas de la población, que son los objetivos sanitarios para esta década, con oposiciones tenaces, cerradas y, a veces, llenas de pesimismo y de desesperanza?
Si no somos capaces de dar este paso, que el 70 por ciento de los chilenos señalaron en las encuestas como necesario, estaremos perdiendo una gran oportunidad.
Las leyes no son perfectas y nunca lo han sido; son perfectibles, adaptables e, incluso, cuando ya no cumplen con su objetivo, pueden ser derogadas. Pero sí han sido fundamentales para establecer y fijar derechos y deberes en una circunstancia social determinada.
Apoyo este proyecto de ley porque lo considero vital para subsanar las deficiencias de nuestro actual sistema sanitario; porque concuerdo con el rol protector que el Estado está asumiendo es rector de los nuevos lineamientos en materia de salud; la reforma lo señala, no solamente en este proyecto, sino también en los otros; porque los principios de la solidaridad nos llevan a proteger a los pobres; porque cubre las necesidades más graves, frecuentes, sensibles y que más empobrecen, y porque no quiero que sigan desfilando por nuestras oficinas de distritos personas con enfermedades catastróficas que va a cubrir el plan Auge en busca de la ayuda que hoy no les podemos brindar. Quiero que se les proporcione la protección necesaria, y en forma rápida, porque un segundo, un minuto o un día ya es bastante para acentuar la gravedad de las enfermedades.
Apoyo también la iniciativa para que se termine la incertidumbre de no saber cuándo se recibirá la atención que se necesita; asimismo, por la creación del Fondo de Compensación Solidario, que compensa a las isapres por concepto de ajuste de riesgos, o del Fondo Maternal Solidario para el Descanso de la Maternidad y por el subsidio compensatorio de los aportes del Fondo Maternal Solidario, de carácter fiscal, que tiene por objeto beneficiar a los cotizantes de menores remuneraciones, rentas y pensiones imponibles.
Las grandes reformas siempre son resistidas, aunque una mayoría las apoye. Lo importante es que se discutan, conozcan y aprueben en un ambiente o en una institucionalidad de libertad.
Este proyecto es importante para iniciar un proceso integral con la aprobación de los otros proyectos de ley que son parte de la reforma de la salud.
Hay muchos puntos conflictivos, como sostener, por ejemplo, que el sistema propuesto conduce a la privatización. Creemos que no, porque se está reforzando el sistema y la gestión; la tecnología y la capacitación de quienes trabajan en él, y se aumentan los recursos.
Tampoco se puede calificar de estatista que favorece al Estado en su rol de conductor del proceso, por cuanto no obstaculiza al sector privado dispuesto a subordinarse a las políticas de salud.
Apoyo este proyecto de ley porque constituye un gran paso para solucionar los problemas de la salud; porque aquí están implícitos los modernos conceptos que he esbozado, y que se pueden concretar en la real reforma de salud que todos los chilenos estamos esperando.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero por quince minutos.
El señor MELERO.-
Señora Presidenta, estamos tratando hoy uno de los cinco proyectos más importantes y emblemáticos de la reforma de la salud: el plan de garantías, porque cambia el eje fundamental de la entrega de salud en Chile.
La Unión Demócrata Independiente cree fundamental, indispensable e impostergable efectuar una reforma de la salud, porque, sin duda, el país experimenta la siguiente paradoja: los indicadores en desnutrición, en atención profesional de parto, en mortalidad infantil y en expectativas de vida, por mencionar algunos, entregan las más altas y mejores tasas de América Latina, las que nos sitúan incluso dentro de los niveles de los países desarrollados. Sin embargo, el acceso y la atención de salud siguen siendo problemas fundamentales. En todas las encuestas, nuestro sistema de salud sigue siendo mal calificado, y urge, entonces, reformarlo.
Chile ha desarrollado una serie de políticas de salud desde que se creara el Servicio Nacional de Salud en la década de los ’50, cuando se hizo una primera y gran reforma. Otra se realizó en la década de los ’80, cuando se consagró la existencia de dos sistemas, uno público y otro privado, y se crearon las instituciones de salud previsional, isapres. Y hoy, en el siglo XXI, impulsamos una nueva reforma.
Cabe preguntarse: ¿por qué es necesaria una reforma de la salud? ¿Son necesarios cinco proyectos de ley? ¿Bastaría con algunas medidas administrativas y políticas que no fueran materia de ley? ¿Es sólo un problema de más recursos?
Creo que ahora se requiere de una cirugía mayor, más importante y más profunda en el sistema de salud.
Algunas cifras son elocuentes. En primer lugar, durante la década pasada este sector logró un verdadero auge de recursos adicionales, los que no se tradujeron en mejor atención a los usuarios. En efecto, el análisis de las cifras de las leyes de Presupuestos de la nación, desde 1991 a la fecha, nos lleva a concluir que el gasto público en salud prácticamente se ha triplicado, y hoy tenemos un presupuesto del orden de un billón 400 mil millones de pesos. Ese aumento sustancial, realizado con el esfuerzo de todos los chilenos, y con la aprobación de este Congreso, no se ha traducido, en términos reales, en una mejor atención de salud.
Reconocemos que ha habido aportes importantes en el mejoramiento de nuestra estructura hospitalaria, en los salarios de los trabajadores de la salud y en la implementación de nueva tecnología. Sería mezquino decir que no se ha hecho nada.
Pero, también, podemos diagnosticar que muchos recursos no han llegado a los usuarios; que la utilización y la transparencia de los recursos asignados no han sido las adecuadas, y que se ha trabajado básicamente con la premisa de los presupuestos históricos, sin revisar esas cifras en el tiempo y sin aplicar medidas de gestión y de administración más eficientes para aumentar y mejorar la productividad por cada peso que se invierte en el sector salud.
Es más, las cifras demuestran que, en vez de crecer la productividad en salud, tal como se señala en el informe de la Cepal, patrocinado por investigadores del Ministerio de Hacienda, la productividad por peso gastado, en vez de crecer, ha disminuido. Algo, entonces, funciona mal, más aún cuando vemos que la deuda hospitalaria otro elemento importante en vez de disminuir, ha ido aumentando y, probablemente, cerremos este año con una deuda hospitalaria del orden de los 50 mil millones de pesos.
Digno es reconocer el esfuerzo del Gobierno durante los últimos meses tendiente a reducir la cifra de cinco mil millones de pesos mensuales a, aproximadamente, cuatro mil 500 millones de pesos.
Pero, con claridad, podemos afirmar que eso ha sido a costa de los usuarios; del personal, con la eliminación de las horas extraordinarias; del cierre de algunas dependencias de servicios hospitalarios y de consultorios; a costa de la no realización de algunos exámenes importantes. No ha sido gratis reducir la deuda hospitalaria abultada, grande e importante, pese a los esfuerzos presupuestarios del orden de los 28 mil millones de pesos.
No solamente así se ha sentido la crisis que afecta a gran parte al sector público, sino también con las listas de espera que, según algunos informes, afectan a cerca de 50 mil chilenos. Solamente en la Región Metropolitana más de 18 mil chilenos figuran en listas de espera para operaciones de hernia, vesícula, várices, amigdalectomía y otras falencias que hacen que muchos chilenos tengan que esperar un promedio superior a 52 semanas para conseguir derecho a pabellón y a cama a fin de ser intervenidos quirúrgicamente.
A estas deficiencias, que hacen necesaria la reforma, habría que agregar los cambios propios de la evolución que ha tenido el país en estas materias, como la sobrevida. Hoy los chilenos alcanzamos un promedio de 75 a 76 años de vida. Precisamente, ese segmento etario es el que más necesidad de atención médica requiere. Mientras más años vivamos los chilenos, mayores serán, tanto los costos y las demandas de atención de salud, como también el programa y el desarrollo de la tecnología. Hoy el escáner, la resonancia magnética, los antibióticos de última generación y distintas tecnologías de avanzada se han ido tornando imprescindibles herramientas de apoyo a la gestión de los profesionales de la salud. Todo eso es una realidad de Chile.
Es más, a esta paradójica situación de buenos indicadores de salud pero con dificultades en el acceso y financiamiento de las nuevas tecnologías, se suman las carencias de profesionales en las distintas especialidades. La Cámara de Diputados elaboró un informe relativo a la materia, lo que generó una situación difícil de seguir abordando en el tiempo.
Tenemos grandes dificultades en la atención primaria de salud, que debería ser la gran barrera que impidiera la artificial demanda de salud terciaria en los hospitales, descongestionándolos y solucionando los temas en el mundo de la atención primaria.
La atención primaria administrada por los municipios es deficitaria, y los municipios deben destinar importantes cantidades de recursos para paliar esos déficit. Ayer conocimos las cifras que señalan que el 43 por ciento de los profesionales médicos dedicados a la atención primaria son extranjeros, básicamente ecuatorianos, lo que demuestra, sin duda, que la barrera que debería impedir la migración a la atención terciaria y que debería tener un mayor nivel de resolución, ojalá cercano al 80 por ciento en los consultorios de las comunas, no ha sido tampoco una realidad en el tiempo.
En resumen, la reforma a la salud es urgente, necesaria e impostergable. Aquí surge la primera duda en cuanto a si vamos a ser capaces, al otorgar las garantías en salud que contempla el plan Auge, de satisfacer la demanda de la población con una infraestructura hospitalaria y primaria deficiente, con muchas carencias, con una mochila de deudas, con dificultades de listas de espera y de profesionales capaces de atender la garantía que le vamos a otorgar por ley a la gente. Ésa es la primera duda.
Lo esencial, lo que a la UDI más le agrada de la reforma a la salud, es el concepto de que, por primera vez, tendremos la posibilidad de garantizar a los chilenos, ante un conjunto de enfermedades, que van a ser atendidos en un tiempo acotado y que tendrán una cobertura financiera adecuada para enfrentar la garantía de salud que se les va a dar por ley.
Eso constituye, sin duda, un paso sustancial, importante, determinante, que cambia el eje de la incertidumbre que hoy tienen muchos chilenos al no saber cuándo van a ser intervenidos ni si van a tener o no las posibilidades de financiar el copago que les genere la intervención o la acción de salud que requirieron.
En esa dirección, nos parece que si la reforma no va de la mano con el plan Auge, por un lado, y la reforma a la autoridad sanitaria de la gestión y el tema del financiamiento, por el otro, podemos autogenerar una suerte de judicialización del tema, que lleve a los pacientes insatisfechos del incumplimiento de su garantía a golpear las puertas de los tribunales para exigir que la garantía que se les dio por ley se cumpla. Ése sería, sin duda, el peor de los escenarios.
Queremos que los chilenos que golpean las puertas de los consultorios y de los hospitales sean bien atendidos y no tengan que recurrir a los tribunales de justicia.
Es responsabilidad del Congreso Nacional, y en especial del Gobierno, modificar las estructuras de gestión y de la autoridad sanitaria, tal como lo hicimos al aprobar el proyecto relativo a la materia, que calificamos de tibio y de insuficiente para transformar la gestión de los hospitales y los servicios públicos del país en toda su dimensión.
En segundo lugar, es importante abordar el tema de la priorización que se va a dar en principio sobre un conjunto de 56 enfermedades. Digo “en principio” porque ahora son 56, pero mañana pueden ser 76, ser menos o más.
El proyecto en análisis establece un consejo consultivo que tendrá la disposición y la obligación de determinar el conjunto de enfermedades que se van a considerar en el listado priorizado. Señalar las que figurarán entre las 56 enfermedades no es materia de ley, sino efecto de las propuestas administrativas del Ministerio de Salud con el fin de priorizar en forma adecuada la materia.
Estamos conscientes de que ése ha sido el punto más crítico de la reforma. El Colegio Médico, en los folletos que distribuye entre la población, hace la siguiente pregunta: ¿sabía usted que el plan Auge sólo cubre 56 enfermedades? La respuesta es: ¿saben los chilenos que hoy, el sistema de salud las cubre todas, pero las cubre mal o en forma insuficiente?
Ahí está el dilema del Congreso Nacional: tratar de hacer todo bien, lo que probablemente requiera recursos muy por sobre los que dispone el país. Vale la pena recordar, si alguien lo ha olvidado, que nuestro país está en vías de desarrollo, con un producto interno bruto cercano a los cinco mil dólares, con grandes falencias en otras áreas; pero, obviamente, si queremos cubrir y garantizarlo todo, no hay bolsillo que aguante, no hay prioridad lógica que lo permita y sería un gran error, a mi juicio, seguir incorporando recursos y más recursos al sector salud si no somos capaces de brindar mejor atención a la población.
Respaldamos el concepto de la priorización, porque hace justicia, al menos, respecto de un conjunto de enfermedades sobre las cuales el Ministerio de Salud nos ha informado que representan cerca del 70 por ciento de la demanda de atención de salud. Ahí están, como ya se ha dicho, prácticamente todos los cánceres infantiles, un conjunto de cánceres de mayor demanda; las enfermedades más comunes y corrientes del sistema circulatorio. No voy a detallar cada una de ellas.
En las comunas o en el Colegio Médico a uno le dicen que no figura la cirrosis hepática; tampoco está la osteoporosis.
Pues bien, siempre habrá enfermedades que no van a figurar, pero eso es muy fácil de corregir dentro de las prioridades que no estén bien ajustadas; porque aparecen ciertas enfermedades sin la prevalencia ni la importancia que deberían tener respecto de otras que están quedando afuera.
A mi juicio, ése es el tema menor. Se podrán incorporar la cirrosis, la osteoporosis, algunas enfermedades del sistema coronario, como intervenciones de bypass más complejas que quizás hoy no figuran, pero eso también es fácil de solucionar. El concepto necesario de rescatar es que hacemos bien, priorizadamente las cosas, con garantía en el tiempo y con cobertura financiera, o seguimos, como hasta ahora, haciendo todas las cosas más o menos.
La opción de privilegiar un conjunto de enfermedades sobre otras es un camino adecuado, sin perjuicio de que, obviamente, hay que custodiar y preocuparse de que las que no están dentro del Auge tengan algo más, algo mejor de lo que tienen hoy, porque sería muy injusto que se generara una discriminación odiosa, muy grande, entre las enfermedades que figuran en el Auge y las que no.
El Gobierno ha informado que formulará indicaciones respecto del tema; asimismo, que se buscará una forma de garantía en el tiempo para un conjunto de enfermedades no considerados en el plan Auge. Estamos expectantes por conocer eso.
Pero quiero rescatar el sistema de prioridad que obviamente, en un país con escasez de recursos, es, a mi juicio, la forma adecuada de enfrentar la realidad, como también lo dicen el sentido común y el buen criterio respecto de muchas cosas en la vida, de que cuando no se puede hacer todo, hay que resolver lo más importante primero y dejar en prioridad secundaria las cosas que no requieren tanta urgencia.
Respecto de la garantía, el diputado señor Masferrer y otros abordarán con más detalle lo que hemos hablado en relación con el bono automático.
¿Qué es un bono automático?
El proyecto propone que desde el momento en que a la persona se le diagnostique la enfermedad, empieza el plazo de atención: un mes, dos meses; el plazo depende del caso.
Para ese fin, al paciente se le va a entregar un bono foliado, con su nombre, el nombre del médico tratante y el tiempo que ha de transcurrir entre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, claramente señalado.
Nos parece que ése es un paso importante, pero insuficiente. Queremos una dinámica mayor, automática, que señale que, vencido el plazo de la atención, la persona pueda exigir su cumplimiento en el sector público o privado. Esa propuesta la estamos introduciendo a través de indicaciones, y el diputado señor Masferrer se va a referir al punto con mayor detalle.
No quiero dejar de lado la necesidad de establecer una sola superintendencia de Salud. Es un tema de gran consenso. No logramos convencer plenamente al Gobierno en la primera etapa; entendemos que ahora lo está un poco más e ingresará las indicaciones pertinentes. A nuestro juicio, tener dos superintendentes en esta materia genera discriminación, arbitraria, en el trato frente a los pacientes y a los profesionales. No puede haber una superintendencia de garantías de salud para el sector fiscal y, otra, para las isapres. Ello genera controversias y dificultades. Debemos tener una sola gran superintendencia de Salud que fiscalice por igual al sector público y al privado, y no generar nuevas estructuras del Estado que no actúen con la coordinación que el tema requiere.
En cuanto al subsidio maternal, una de las formas de financiamiento que el Gobierno ha desarrollado como es de público conocimiento es poner término al que otorga el Estado; de ahora en adelante tendrá que ser financiado por los usuarios de la salud, tanto por quienes están en edad fértil como por los que no lo están. Para este fin, se afectará el 7 por ciento de la cotización de salud, restándole un 0,6 por ciento para ir en beneficio de ese subsidio varios miles de millones de pesos, que hoy financia el Estado con recursos de la nación, y desde ahora deberá ser financiado con la cotización de las personas. Alguien podrá decir que es justo, que es necesario, o que es injusto que todos los chilenos paguen el descanso maternal. Como lo reconoció por la prensa el ministro de Salud, la razón por la cual el subsidio maternal de prenatal y posnatal se financiaba con recursos de todos los chilenos radicaba en que constituía un incentivo a la maternidad, al desarrollo de la familia, al crecimiento del país. Esa forma de financiamiento es inadecuada, injusta y no protege adecuadamente un instrumento tan importante como lo es el subsidio. Sin duda, por cualquiera de las dos vías, va a constituir un impuesto adicional a los chilenos y puede afectar la propiedad, en el sentido de que es el cotizante el dueño de su siete por ciento. No se puede, en virtud de una ley, conculcando las garantías constitucionales, afectar la propiedad privada que el cotizante tiene sobre su siete por ciento. Obligarlo a financiar de su bolsillo un adicional es una forma de expropiación sobre un derecho constitucional constituido por la propiedad del siete por ciento. Si se obliga a las isapres a financiarlo, se cae en un segundo problema, porque pasa a constituir un impuesto con un fin específico para solventar el prenatal y el posnatal. Obviamente, el gravar con un impuesto, con un fin específico, el sistema de salud privada es inconstitucional, desde el punto de vista de generar un impuesto que tiene una finalidad específica, en circunstancias de que los impuestos globales de la Nación deben ingresar en las arcas fiscales y de allí ser distribuidos.
Respecto del sistema del sector privado, qué duda cabe de que el sistema de isapres y de salud privada requiere una modificación. Pero hay que ser justos, muchas veces, en el debate político-ideológico se suele poner el énfasis en decir “la salud pública” y “la privada”, como si ambos problemas fueran iguales. Y qué duda cabe de que el grueso del problema está en el sistema público, en los diez millones de chilenos atendidos en el sistema público, y de que los tres millones de chilenos que están en el sistema privado también tienen dificultades. No podemos hacerlos equivalentes, porque son de distinta magnitud, de distinta responsabilidad y, obviamente, no por tratar a uno hay que eludir al otro, o no por tratarlos a ambos hay que potenciarlos en igual dimensión, porque tienen objetivamente dimensiones y problemas diferentes.
A mi juicio, el sector privado ha evolucionado más rápidamente que el público. Prueba de ello es cómo ha ido entregando la mejor atención de salud. Las encuestas son claras en señalar que la gente se siente mejor atendida en el sistema de isapres que en el público; qué duda cabe de que el nivel y la cobertura de la atención, en muchos aspectos, es mejor; qué duda cabe de que en el sistema de isapres hay inequidades odiosas, situaciones que hay que corregir respecto del contenido de los contratos y de las acciones involucradas en las injusticias que de ahí surgen.
Esta Corporación hace bien en enmendar en el Auge y en la modificación a la ley de isapres, aquellos aspectos que no están funcionando bien en el sistema privado.
Aunque es muy importante, no se avanza en toda su dimensión en la mayor complementación público-privada. En esto, a veces, hay una suerte de omnipotencia al pensar que es responsabilidad del Estado entregar toda la atención de salud. Chile tiene instalada una infraestructura de salud pública, privada, de mutuales, de las Fuerzas Armadas importante. En Chile no faltan camas, sino sobran, salvo en la Región Metropolitana. Se debe buscar una complementación entre lo público y lo privado; de forma tal que cuando el sector público no pueda entregar un determinado servicio, lo compre al sector privado. Ello nada tiene de malo, sino que genera mucho de bueno respecto de la eficiencia.
Nos alegramos de que en la ley del Fonasa se haya destinado un 10 por ciento a esos fines. En el país hay ejemplos interesantes; quizás, el más emblemático es el tratamiento de las insuficiencias renales: si mal no recuerdo, el sector público compra cerca del 80 por ciento de las diálisis al sector privado. Es una de las cosas que funcionan bien.
Otros ejemplos de prestaciones que se contratan a través de convenios entre el sector público y el privado, en la zona poniente de Santiago, son los análisis de endoscopía como una forma de ir salvando las deficiencias en ese tipo de exámenes. Avanzar aún más sin ideologismos exacerbados para aprovechar mejor la infraestructura que el país tiene y ser eficientes en la atención de la gente, que finalmente es lo que más importa, constituye un elemento sustancial de esta reforma.
Sin duda, el capítulo de la atención primaria es importante, aunque no se aborda en la integralidad y en la forma como quisiéramos en la reforma de la salud.
Al comienzo de mi intervención me referí a la importancia de fortalecer la atención primaria para que el nivel de resolución en ella sea cada vez mayor y poder generar elementos que permitan descongestionar el sistema hospitalario y los servicios de urgencia. Las cifras señalan que entre el 50 y 60 por ciento de las atenciones de urgencia que se demandan en los servicios respectivos del país no son propiamente tales, sino la forma natural como la población ha buscado una atención más oportuna que la larga espera en la puerta de un consultorio o en un hospital. Llegar a un servicio de urgencia sin urgencia médica y obligar a prestar la atención ha ido congestionando el sistema.
Debemos trabajar mucho en el fortalecimiento de la atención primaria, en ampliar su cobertura, en buscar un mayor nivel de resolución; las experiencias con los Sapus, las de atender en el caso de las enfermedades IRA en época de invierno, al sistema respiratorio. Buscar más resolución, aumentar la subvención por paciente que se está atendiendo, pero no en la dimensión que se necesita, es parte importante de la reforma. En la medida en que se genere un equilibrio mayor en la atención primaria que descongestione el sistema terciario de urgencia, podremos atender mejor en los hospitales a las personas que inevitablemente deben acudir a ellos.
En resumen, estimamos que es una reforma impostergable y necesaria; que el camino que ha adoptado el gobierno de la Concertación no es el que habríamos seguido nosotros, de una cirugía mayor y más profunda al sistema. Entendemos que la política es el arte de lo posible.
En ese sentido, en virtud de las limitaciones de recursos del país, aprobaremos en general esta reforma. En la discusión particular tal como se ha estado haciendo a nivel de comisiones, para los segundos informes seguiremos trabajando, ojalá con un mayor nivel de acuerdo con el Gobierno, en aquellos elementos propios del articulado en particular tanto en éste como en los demás proyectos para ir logrando mayor armonía y eficiencia en el gasto y más energía en la administración.
El proyecto puede ser objeto de muchas incomprensiones, como está ocurriendo. Quizás tenemos que ser más elocuentes al hablar con la gente y explicarles los problemas. La batalla comunicacional es tremenda. Ayer leía en la prensa que, por un lado, el Colegio Médico ha gastado 74 millones de pesos en publicidad contra el Auge; por su parte, el Gobierno ha gastado 600 millones de pesos a favor de esa finalidad. Lo que está claro es que ninguno de los dos ha logrado explicarle a la gente en qué consiste la reforma. Mucho ideologismo, mucha propaganda política, mal uso de los recursos fiscales en esas materias, como lo hemos dicho hasta la saciedad, llevan a exponer el tema desde el punto de vista comunicacional, sin aclarar con ello la realidad de los hechos.
Como parlamentarios, en nuestras comunas y distritos debemos explicar, con claridad y responsabilidad no por ser unos de Gobierno y otros de Oposición la verdad que esto significa, lo bueno y lo malo, pero no tenemos derecho a distorsionar, en favor de otro tipo de intereses, lo que el país tanto e inevitablemente requiere.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, de acuerdo con lo dispuesto por su bancada, el diputado señor Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señora Presidenta, antes de referirme al contenido del proyecto y a la opinión de mi bancada, quisiera hacer dos comentarios breves sobre la intervención del diputado señor Melero , de la UDI.
En primer lugar, ha afirmado que ellos habrían propuesto una reforma más radical, intensa y avanzada que la del gobierno de la Concertación, pero no ha indicado cuál es. Eso es efectivo. Ellos tienen una iniciativa. Hemos hecho un seminario en la Cámara, y tengo en mi mano la propuesta del Instituto Libertad y Desarrollo institución profesional y técnica de la UDI, que es muy radical. Consiste básicamente en privatizar todos los hospitales públicos, transformarlos en sociedades anónimas y entregarlos en administración a la empresa privada, con fines de lucro, para que ésta, con eficiencia, pueda hacerse cargo de los hospitales públicos del país. Eso constituiría una revolución en el país. Me alegro del realismo político del diputado señor Melero , quien más bien va a votar a favor de la reforma.
En segundo lugar, no es efectivo que la comunidad no haya experimentado ninguna mejoría en la atención de salud, a pesar de los enormes avances en materia de organización del sistema y del mejoramiento financiero habido en los gobiernos de la Concertación.
A las encuestas no nombradas por el diputado señor Melero quiero anteponer al menos dos de ellas. En primer lugar, la realizada en abril por la Universidad Adolfo Ibáñez, que expresa que consultados los ciudadanos de nuestro país acerca de la valoración que hacen del Fonasa y de las isapres, le ponen una nota doblemente mejor al Fonasa. Para quien no lo sabe, la Universidad Adolfo Ibáñez está constituida, tanto su rectoría como todo su personal académico, exclusivamente por personas de Derecha.
En segundo lugar, la encuesta Cerc , de hace tres meses, señala otro tanto. Además, las tres últimas encuestas Casen indican que los ciudadanos chilenos reconocen que ha mejorado bastante la atención en el sector público de salud.
El proyecto efectivamente es emblemático, porque dentro de la reforma se plantean las dos grandes demandas que la población hace a nuestro sistema de salud: la gente del sector público anhela que terminen las largas e ignominiosas listas de espera; mientras que la gente del sector privado espera que termine la tragedia de quedar endeudados, hipotecados sus bienes y, muchas veces, embargados porque no pueden hacer frente a los altos costos que el sector privado de salud les cobra, dadas las insuficientes coberturas que las isapres les entregan. Hay otros reclamos de la población respecto de nuestro sistema de salud, pero estos dos son los principales.
En el plan Auge hay garantías explícitas de oportunidad en la atención y garantías ventajosas en la cobertura financiera, lo cual es muy significativo para los cotizantes del sector público de salud.
Respecto de las 56 enfermedades, patologías o problemas de salud, esto constituye, en materia financiera y de oportunidad en la atención, un enorme salto adelante.
Los excelentes informes de los diputados señores Cornejo y Álvarez me ahorran comentarios en otros aspectos de la reforma. Sin embargo, tiene, a mi juicio, dos talones de Aquiles que es imprescindible resolver en su tramitación parlamentaria.
En primer lugar, existen garantías explícitas para 56 enfermedades y problemas de salud, pero ¿qué pasa con el resto de ellos?
La población se pregunta con justa razón si será probable, tanto por la vía de las indicaciones como por la disposición que ha tenido el Ejecutivo para enfrentar el problema, que tengamos la completa seguridad de que, al menos, todas las enfermedades de los chilenos que hoy se atienden en los sectores público y privado mantendrán,...
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor AGUILÓ.-
...en el peor de los casos, el mismo tratamiento de hoy.
El otro talón de Aquiles es la falta de solidaridad en el financiamiento. Aquí tenemos un problema gravísimo, porque el fondo solidario de compensación, propuesto en el proyecto, es exactamente antisolidario, ya que no hay ningún tipo de aporte mayor de la gente que tiene más recursos. Esta solidaridad en el financiamiento es una modificación que espero hacer en el curso de la capitalización futura a esos proyectos.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, agradezco a la Comisión de Salud por haberme hecho llegar una revista del seminario sobre reforma a la salud. Es algo muy gratificante para quien no conoce mucho de la cosa técnico-profesional que los médicos, como el doctor señor Cornejo , lideran en esta Sala. Mis felicitaciones y agradecimientos por ello.
El gobierno del Presidente Ricardo Lagos, desde el comienzo, tuvo claro que debía ser capaz de generar modificaciones institucionales que ayudaran a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, poniendo el acento, en cuanto a inversión y gasto público, en aquellos compatriotas como muchos colegas lo han dicho que más lo necesitan, los marginados y postergados del proceso de modernización de la sociedad y del mercado, ése que ha venido dando vueltas desde hace casi quince años.
El proyecto, cuya importancia muchos han tratado de esquivar, ha sido diseñado por un conjunto de profesionales del más alto nivel, como médicos que, esencialmente, han dedicado una vida al servicio de la salud pública y que han sido capaces de entender las virtudes de un sistema de salud en el cual conviven sus sistemas público y privado, cuya armonización, coordinación y subsistencia son esenciales para dar a todos los chilenos la satisfacción de las más vitales necesidades, como son las necesidades de la atención de salud, tanto como para recuperar la que se pierde, fruto de la enfermedad, como para prevenirla. Y aquí quiero hacer especial mención a quienes han tenido liderazgo, por decir lo menos, y la capacidad para llevar a cabo esta reforma. Me refiero a los doctores señores Guido Girardi , Patricio Cornejo , Osvaldo Palma , Francisco Bayo , Carlos Olivares , Enrique Accorsi , Alberto Robles , Fernando Meza , Fulvio Rossi y Sergio Aguiló , felizmente, todos ellos parlamentarios pertenecientes a esta Cámara de Diputados, equipo con el cual hemos tenido la suerte de contar. Ellos comprenden lo que están haciendo, no hablan por hablar; están realizando la reforma de salud.
Este proyecto parte de conceptos epidemiológicos, esto es, la prevalencia de la concurrencia de ciertas patologías médicas, por lo que no es simplemente asignar recursos económicos, sino poner fondos públicos y atender necesidades de salud determinadas por la caracterización epidemiológica de la población.
Sin duda, el plan Auge, con toda la polémica que ha generado, es el cambio más importante que se pretende hacer en la salud pública. También, en su momento, en la década de los años 50, la creación del Servicio Nacional de Salud como aquí se ha dicho y lo hemos comentado durante la tramitación de esta iniciativa de ley fue una reforma masiva, resistida y rechazada por quienes, sumidos en una cultura organizacional muy dura, trataron de proteger prácticas y beneficios que, si bien eran legítimos, no se condecían con las necesidades de un pueblo ávido de mejor atención de salud, ni con la necesidad de generar condiciones para su progreso material y científico.
Pero ahí está nuestro ministro señor Osvaldo Artaza . Ministro, la gente lo entiende y quiere la reforma que con tanto valor profesional está llevando adelante. Creo que hoy va a sentir una de las grandes satisfacciones que sólo una persona que es médico y ministro de Salud a la vez puede llegar a sentir, por cuanto pienso que la Cámara de Diputados, en pleno, aprobará lo que, con tanto énfasis, usted está llevando adelante y liderando.
Señora Presidenta, respeto mucho a los médicos y la medicina, pero creo que sus acciones corporativas revelan, una vez más, lo que en su momento dijera nuestro ex Presidente, el doctor Salvador Allende, quien también fuera ministro de Salud: “Hay colegios profesionales de clases que sólo defienden sus intereses”. Sin embargo, yo también digo: “No, estimados médicos, Chile exige algo más de ustedes: un compromiso social”.
El establecimiento de este nuevo sistema de salud, con una autoridad sanitaria clara, que actuará como eje coordinador entre los subsistemas público y privado y entre los niveles de atención primaria y los centros de tratamientos más avanzados de los hospitales regionales, será la entidad que permitirá que los recursos y acciones terapéuticas sean eficientes. El aumento per cápita de las asignaciones por paciente inscrito en un consultorio es esencial, y así lo recoge este proyecto. Si lo destaco es porque en zonas rurales, como las que represento, es fundamental, por cuanto en el nivel primario es en el cual hay que aumentar la capacidad de resolución de las patologías con postas rurales mejor dotadas y con más elementos técnicos; infraestructura y médicos especialistas para los campesinos de nuestro país. La gente del sur está contenta con este proyecto de ley. Se me ha dicho que todos ellos accederán a una mejor calidad de vida.
Señora Presidenta, honorable Cámara, quiero respaldar esta iniciativa y desmentir falacias que algunos se han encargado de promover. Incluso, han tratado de hacer programas de televisión con costos multimillonarios para defender una mirada parcial e interesada. Pero ello no significa que estimemos necesario seducir o encantar a los gremios de salud con esta reforma, pues ellos, con la actitud que han asumido, nadan contra la corriente.
Confiamos en el legado y en la doctrina que nos dejaron los grandes inspiradores de la salud pública como, por ejemplo, los doctores Salvador Allende, Roberto Sótero del Río, Exequiel González Cortés y tantos otros que se me vienen a la memoria y que seguramente servirán de guía a las nuevas generaciones de los “hombres de blanco”. Ellos hicieron el juramento de Hipócrates: de curar y entregar alivio al dolor ajeno.
Apoyo el plan Auge. Veo la oportunidad de reformar la salud pública al servicio de Chile, de su pueblo. Ésa es la opción.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Sólo restan 23 minutos de tiempo a la bancada del PPD y hay cinco diputados inscritos para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señora Presidenta, en primer lugar, tengo que agradecer, y lo digo muy sinceramente, al diputado señor Jaramillo por las expresiones que ha vertido acerca de los médicos que formamos parte de la Comisión de Salud de la Cámara y de otros que, sin integrarla, han contribuido a perfeccionar el proyecto que hoy debatimos. El diputado señor Jaramillo ha tenido expresiones e incluso consideraciones que demuestran que a este Poder del Estado pueden llegar profesionales que, por sus conocimientos técnicos y experiencia, incorporan, además, un gran espíritu de servicio público, porque eso es lo que nos tiene aquí y lo que, lamentablemente, aparece como una dificultad para legislar en bien de Chile y no sólo en beneficio de algunos sectores.
En mi intervención trataré de circunscribirme al proyecto que hoy analizamos, sin entrar en las generalidades sobre la situación de la salud, que ya fue expresada por oradores que me precedieron en el uso de la palabra y que, además, fueron dichas en una reciente oportunidad cuando analizamos el proyecto de autoridad sanitaria y de gestión. Para circunscribirnos al proyecto, que establece un régimen de garantías específicas, debemos entenderlo en el contexto de lo que significa el derecho a la protección de la salud, garantizado en el artículo 19, número 9, de nuestra Carta Fundamental, pero cuyos términos podrían ser considerados como limitantes o restrictivos. La Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades. De ahí que, apareciendo como restrictivo lo señalado en el número 9 del artículo 19, existe la necesidad de acotar, complementar o recordar otros preceptos. En tal sentido, los incisos cuarto y quinto del artículo 1º de la Carta Fundamental corroboran que, en su conjunto, están acordes con lo planteado por la Organización Mundial de la Salud. En su conjunto, no hay límites a la protección de la salud.
Estas consideraciones dan sustento al proyecto en análisis, que establece un régimen que acota en el sentido correcto la forma de suplir, entregar o acceder a este derecho. La acción especialmente tecnificada de sucesivos gobiernos en las últimas décadas ha permitido que la situación de Chile mejore paulatinamente y obtenga logros en lo referente a indicadores biodemográficos y de salud pública que lo colocan a la cabeza de América Latina. Sin embargo, nos encontramos con la paradoja de que la opinión pública demuestra una evidente insatisfacción en lo que se refiere a la forma como recibe la atención de salud, lo que transforma al sector en un área muy conflictiva.
Es indudable que, desde perspectivas macroeconómicas, se observa, como ya se ha mencionado, una preocupante expansión del gasto público y privado no entregaré cifras, porque ya las conocemos, lo que hace inoficioso referirse a ellas, ineficiencia en la asignación de recursos y en su productividad, dispersión, burocracia y ausencia de fiscalización en diferentes niveles del aparato público. El señor ministro ha atendido a esta observación en numerosas ocasiones. Por supuesto, no se trata de una responsabilidad de él ni de lo ocurrido durante estos últimos años, pues tradicionalmente ello ha sido así. No existe en Chile una fiscalización, control o supervisión adecuados para el buen uso de los recursos.
Por otra parte, se constata una insuficiente regulación por parte de los administradores privados de seguros de salud. La ciudadanía tiene escasa comprensión del rol de la autoridad sanitaria. Asimismo, también hace falta algo que ya se ha mencionado aquí, esto es, una integración armónica de los subsistemas público y privado. Al no estar integrados, se genera sobreinversión de recursos, subutilización de infraestructura y deficiente utilización de recursos humanos.
Todo ello hace necesario contar con instrumentos que permitan garantizar la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la libertad, todo lo cual debe estar presente en cualquier sistema de salud moderno. De ese modo, se estará en condiciones de responder a las demandas del presente y del futuro. Esto es lo bueno que vemos en el proyecto en debate.
Otro punto positivo consiste en acotar y precisar los tiempos de satisfacción de la demanda, con prestaciones de calidad acreditadas y con mayor protección financiera. Nadie que tenga dos dedos de frente puede rechazar estas propuestas. Tal vez se pueda discrepar de la forma en que se planteó la estrategia por seguir. Algunos sostenemos que quizá no había que emprender una reforma de tanta envergadura, sino perfeccionar el sistema mixto de salud existente en la actualidad con una decisión política que materializara los fines perseguidos por el Auge, esto es, priorizar los problemas de salud de acuerdo con los recursos disponibles. Por eso, aplaudimos la iniciativa y la apoyamos desde un comienzo.
Se ha optado por priorizar un conjunto de enfermedades y condiciones de salud, a fin de ser abordadas con carácter promocional, preventivo, curativo, rehabilitatorio y paliativo, aspecto que no puede ser rechazado, aunque sea cuestionable la forma en que se elaboró el listado de las 56 enfermedades. Nos hubiera gustado que en esa elección hubieran participado las sociedades científicas correspondientes, punto que hoy se está modificando.
También se ha procurado que el régimen de garantías sea estandarizado, universal e integral, acorde con los objetivos del país y los recursos disponibles, lo que tampoco puede ser rechazado. Si el número de enfermedades cubiertas por el plan alcanza a 56 es porque los recursos no lo permiten de otro modo. Lo óptimo hubiera sido incluir la mayor cantidad de patologías, incluso aquellas que aparecen en el listado de Fonasa. Sin embargo repito, los recursos no lo permiten, por lo que nadie puede oponerse racionalmente a esta iniciativa, la que está acorde con las demandas de mayor necesidad de la población.
Por esto y muchas otras razones, apoyamos desde un comienzo esta iniciativa. En efecto, respaldamos esta idea desde enero o febrero del año en curso, cuando recién se comenzó a hablar del Auge y ni siquiera conocíamos el texto de la iniciativa.
Creemos que, desde un punto de vista médico, debía actuarse con esa ética, y desde el punto de vista humano, con esa moral. Todos queremos que los chilenos tengan una calidad de salud acorde con nuestras necesidades y que ésta no sea postergada ni discriminada por nada, menos aún invocando razones sociales o económicas.
Al mismo tiempo reitero, planteamos nuestro interés en colaborar racionalmente en el perfeccionamiento de la iniciativa. Estimamos que su objetivo es de tal trascendencia que no podía ser tratado bajo regímenes de urgencia. En los hechos, muchas indicaciones fueron presentadas por el Ejecutivo minutos antes de iniciarse las sesiones respectivas, y siempre se contó con la predisposición favorable de los parlamentarios de la Alianza por Chile para mejorarlas. Con ello, hemos querido demostrar que las políticas de salud deben estar por encima de los partidos políticos o de grupos de interés.
Nos preocupan algunos temas puntuales, como las limitaciones a algunas libertades de elección y la no concordancia completa con el proyecto sobre deberes y derechos de las personas.
Además, planteamos observaciones respecto al consejo consultivo y a la proposición de dos instancias de fiscalización: una para el subsistema público y otra para el privado. Nos pareció inconveniente aplicar, por dos equipos diferentes, criterios que pueden ser distintos para un régimen que exige igual tiempo, calidad, oportunidad y financiamiento. Por ello, propusimos en la Comisión la existencia de una sola instancia que, bajo la forma de una superintendencia de salud, se encargue de supervigilar y controlar el Fondo Nacional de Salud y las isapres en cuanto al cumplimiento del acceso universal y con garantías explícitas a la salud y a la ley de derechos y deberes de las personas.
Esta indicación fue declarada inadmisible por la Comisión. Sin embargo, confío en que el Ejecutivo la acoja durante el segundo trámite. Al menos, así me lo ha hecho saber el ministro de Salud. Se trata de una proposición que da solución a un problema que fue controversial al interior de la Comisión: me refiero a la creación de una superintendencia de salud que no sólo tenga que ver con el Auge, sino con la salud en general. En el fondo, estamos planteando la creación de un organismo que sea decisivo para integrar, de una vez por todas, a los subsistemas público y privado de salud, optimizando al máximo el uso de los recursos.
Hace dos semanas despachamos al Senado otro proyecto relacionado con la reforma: el relativo a la autoridad sanitaria y de gestión. Señalamos en esa oportunidad que confiábamos en que ese instrumento legal, como el que hoy nos ocupa, fuera usado en forma eficiente, a fin de lograr lo que todos deseamos: una mejor calidad de salud para todos los chilenos. Confiábamos en esa posibilidad cuando enunciamos ese deseo y esperamos que esa confianza no se frustre. Aún más, que en las próximas iniciativas, especialmente las relacionadas con el financiamiento, que aún no ha iniciado su discusión en las Comisiones unidas, su análisis esté acompañado por el informe sobre auditorías realizadas en tres servicios de salud, a petición de esta Cámara, para que permita objetivizar racionalmente cómo se usan los recursos humanos, materiales y económicos en el sector.
El señor ministro de Salud recibió de nuestras manos, hace una semana, un documento que permite precisamente estudiar la forma en que se usan estos elementos en los principales hospitales del país y en los servicios de salud. Incluso, el día de mañana se podría establecer un ranking acerca de la forma en que están actuando estos servicios de salud y los diferentes hospitales.
Aquí ya se ha dicho, y no hay ninguna duda, que el proyecto que hoy nos ocupa, que establece el Régimen de Garantías en Salud, es muy bueno. Además, que también es muy bueno el proyecto sobre Autoridad Sanitaria que está en el Senado. El buen uso de estos dos instrumentos debería garantizar que la ciudadanía, en el futuro, tendrá una mejor calidad de atención, especialmente en lo que a salud se refiere.
No hay ninguna duda de que es importante el financiamiento, pero el proyecto sobre esa materia se debe analizar sobre bases sólidas, incontrovertibles, que nos permitan decir al país que tanto miles de millones de pesos son los que necesitamos en el sector, adicionales al billón 400 mil millones con que se cuenta para el próximo año, o decirle que usando mejor los recursos que hoy disponemos vamos a iniciar, paulatinamente, el incremento de lo que hoy es el plan Auge, que cubre 56 patologías.
En definitiva, anuncio que votaremos positivamente la idea de legislar y que repondremos algunas indicaciones que hasta este momento no han sido acogidas.
Estoy cierto de que Chile necesita contar con una buena reforma de salud y con ese espíritu es que entregamos nuestro aporte.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella .
La señora MELLA (doña María Eugenia).-
Señor Presidente, nadie discute la importancia de una reforma de salud. He escuchado las distintas opiniones tanto en las comisiones respectivas como en esta Sala, y hay consenso en la necesidad de este cambio profundo.
En la década de los años 80 el aporte en Salud fue muy precario, llegando al 0,6 por ciento del producto interno bruto y, por lo tanto, hubo que incrementarlo, tal como se ha dicho aquí, tres veces ese porcentaje durante este período.
Quiero destacar también que en la década de los años 90 se requirió no sólo de la adquisición de nuevos implementos, sino también de la recuperación de toda la infraestructura en decadencia por todos los años que pasó sin mantenimiento o sin recibir inversión. Se necesitaba generar nuevas infraestructuras acordes con el desarrollo tecnológico, con el cambio en la situación epidemiológica reconocido aquí por todos y con el aumento de las personas que requiriere atención.
Es justo reconocer los problemas de gestión como lo ha hecho el Ejecutivo, producto, algunos de ellos, no sólo de la rigidez de una estructura inadecuada para responder a los requerimientos actuales, sino también de otras carencias que tenemos los seres humanos para enfrentar algunos de estos desafíos.
El proyecto que hoy nos preocupa, sobre Régimen de Garantías en Salud, que es parte de esta reforma, contiene principios orientadores, tales como el derecho a la salud, la solidaridad, la eficiencia en el uso de los recursos y la participación social en salud, aceptados y apoyados por todos.
El derecho a la salud ha sido ampliamente discutido. No sólo basta con que la Constitución Política de Chile lo establezca, sino que también es indispensable garantizarlo a la población mediante disposiciones legales y reglamentarias, para que ésta conozca y sepa todo lo referente al acceso, la oportunidad, la calidad y la protección financiera.
El proyecto enfrenta el ámbito de salud de las personas con una fuerte orientación a su promoción y prevención quiero destacarlo porque lo hemos dicho desde los primeros momentos del análisis de la reforma a través de una atención primaria de alta resolutividad, vital para que no se llegue a la enfermedad o para evitar que alcance límites no recuperables, ocasionando un gasto mayor y sin beneficios claros para la población.
No podemos pretender que cambios de esta envergadura se den por el solo ministerio de una ley. De allí que este proceso de desarrollar un sistema de garantías requiere de una adecuada incorporación de modificaciones profundas en la estructura de salud al nuevo modelo que se requiere hoy, y que está recogido en el proyecto de ley de Autoridad Sanitaria y Gestión que ya despachó esta Cámara y que actualmente se encuentra en trámite en el Senado. Pero requiere, además, y en forma vital, de la apertura de los funcionarios del área de la salud a una nueva institucionalidad, a una mirada moderna y de futuro respecto de las necesidades que la población precisa hoy atender, con gran urgencia.
De allí que es muy importante establecer la gradualidad en la incorporación de patologías y procedimientos a este sistema garantizado. Nuestro anhelo sería que pudiesen estar todas incorporadas, pero tenemos que reconocer que este proceso, para darle una real garantía a todas las personas, requiere adecuarse a estas modificaciones.
Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de una permanente preocupación de todos los diputados se discutió mucho en las Comisiones de Hacienda y Salud, y fue acogida también por el Ejecutivo, a través del ministro señor Osvaldo Artaza por la atención que, ha quedado perfectamente claro, se seguirá entregando a aquellas personas que padecen enfermedades, que, de acuerdo al proyecto de ley, no están incorporadas plenamente en el sistema garantizado.
Tengo plena confianza en el criterio de los profesionales médicos, de enfermería, de obstetricia y otros, respecto del equilibrio que siempre ha debido existir al tomar decisiones de atención, priorizadas las exigencias legales, normativas y la del estado de gravedad del paciente.
La experiencia de todos estos años nos dice que debemos confiar en que el criterio “economicista” que algunos han planteado no primará respecto de las patologías que están garantizadas dentro de las que hoy no están garantizadas en un ciento por ciento. Confiamos en lo que ha planteado el ministro en el sentido de que el Ejecutivo va a formular una indicación para mejorar este aspecto. Por lo tanto, creo que no deberían existir ni dificultades éticas ni de otra índole para enfrentar esta situación.
Tengo plena confianza en que después del análisis particular del proyecto tendremos un sistema no sólo útil, sino absolutamente necesario para responder a la gente, que quiere que terminen las listas de espera; quiere tener una atención justa; quiere tener acceso a recuperar su salud; quiere, en fin, tener derecho a vivir sin perjuicio de que su situación económica interfiera en la calidad de atención que va a recibir.
Junto con los parlamentarios de la bancada democratacristiana vamos a aprobar el proyecto en general, porque dentro del conjunto de las iniciativas de la reforma juega un papel muy importante y directo en la salud de las personas. Según se ha visto en las Comisiones de Salud y de Hacienda, con el aporte de todos vamos a superar aquellos problemas que han surgido en el articulado. De esa manera se despachará un mejor proyecto para dar respuesta a las expectativas del país.
La salud no puede esperar. El derecho de las personas a tener acceso a ella, independiente de su nivel socioeconómico, hace imperativo que avancemos en esta materia.
La respuesta que estamos dando como Congreso Nacional nos debe tener satisfechos. Con prontitud y trabajo esforzado estamos sacando adelante un plan de salud que es imprescindible para la comunidad y que ha sido prioritario para el gobierno de la Concertación.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer .
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, estamos ante uno de los proyectos más relevantes y de mayor importancia para mejorar la salud en nuestro país. Además, es el grito de guerra que tiene la ciudadanía, en forma muy especial la gente más modesta.
Pero antes de entrar a mi análisis, quiero responder al diputado Aguiló a quien no veo en la Sala que el Instituto Libertad y Desarrollo no es de la UDI. Esto lo aclaro para que él amplíe sus conocimientos.
En cuanto al seminario realizado por el Instituto, no es efectivo que en él se formulara una propuesta para privatizar la salud. Yo leí sus conclusiones, y lo que se proponía en dicho seminario era darle más autonomía o descentralizarla. A lo mejor él cree que eso es privatizar. Debe ser porque algunos de los rezagos del pasado le pueden quedar.
Entrando en materia, la idea fundamental del proyecto en discusión, el Auge, es priorizar ciertos grupos de enfermedades para dar las prestaciones correspondientes con ciertos requisitos mínimos de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera. Y esto todos lo compartimos.
El Colegio Médico y otros organismos gremiales señalan que la priorización discrimina, debido a que se va a privilegiar al paciente “Auge” en relación con el “no Auge”. No se puede negar esta veracidad manifestada por el Colegio, porque en un instructivo del mismo Ministerio de Salud se confirma lo anteriormente expuesto al solicitar a los hospitales públicos que privilegien las enfermedades que se encuentran dentro del “mini Auge”.
Antes de adoptar una posición definitiva, corresponde hacer una serie de precisiones. Se sostiene que no es posible realizar una reforma a la salud integral que abarque todas las enfermedades, sin discriminación de ninguna especie. Otros sostienen lo contrario. Para que ello fuera posible se requiere de una profunda reforma, tanto en la administración como en la estructura relacionada con el sector Salud. Sin embargo, el proyecto de ley que modifica la gestión hospitalaria no contempla una reforma planteada en los términos expresados, por lo que se hace lógico y necesario pensar en una priorización de recursos.
Por eso, parece razonable la propuesta enviada inicialmente por el Ejecutivo. En ella se establece un orden de enfermedades que van a ser atendidas con preferencias, que fue determinado sobre la base de un índice epidemiológico que señala cuáles son las enfermedades más graves y frecuentes que afectan a los chilenos.
Por las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta que Chile es un país no de pocos recursos, sino de escasos recursos, parece positiva la idea de establecer un orden de prioridades de tratamiento de enfermedades. Si bien ello, en la práctica, va a significar una especie de discriminación en contra de los enfermos “no Auge”, es un avance sustancial para el tratamiento de las enfermedades que más afectan a los chilenos. Evidentemente, una vez que se pueda cubrir adecuadamente el tratamiento de estas 56 patologías, se podría continuar con la misma fórmula incorporando otras enfermedades distintas que no están incorporadas en este momento. Creo que ésa es la tarea y lo que debiéramos hacer a futuro en la forma más rápida.
Indudablemente, todo esto debe ir de la mano de una profunda reforma a la administración pública de la Salud. Si ésta no se hace va a continuar el despilfarro de recursos en la misma forma que ha sucedido en la década de los años 90, en que se triplicó el presupuesto de la Salud e igualmente bajó el índice de eficiencia en las prestaciones efectivamente otorgadas.
El proyecto de ley enviado originalmente por el Ejecutivo contemplaba una serie de instituciones y normativas que fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Me imagino que muchas de ellas serán repuestas por el Ejecutivo vía indicación en la Sala. Por ejemplo, parece razonable la existencia de un consejo consultivo. Sin embargo, no es del todo adecuado que se designen a dos miembros, uno del campo de la medicina y otro de la economía para componer dicho consejo. Tal vez sea más apropiado que sea integrado por dos decanos de las facultades de medicina y economía, respectivamente.
Este es un aspecto muy importante, porque en la sesión de la Comisión de Salud, efectuada el martes, el diputado Accorsi hizo presente que los decanos querían venir a exponer ante la Comisión. Al respecto consulté algo que me parecía de toda lógica, porque partía de la premisa de que el Ejecutivo antes de enviar estos proyectos, debió haber tenido algún intercambio de opinión con personeros especializados.
Estaba presente el subsecretario, pero no contaba con este tipo de antecedentes. Quizás sería bueno que el señor ministro, aprovechando que está en la Sala, nos informara si fueron consultados los profesionales, porque me parece de la mayor importancia. De allí que el Colegio Médico reclame que no han sido escuchados.
En el Título II se establece la creación de la Superintendencia de Garantías en Salud, de la que se ha hablado bastante en la Sala. Su función principal será fiscalizar y controlar el Fondo Nacional de Salud en el cumplimiento del régimen de garantía. De esta forma la fiscalización del otorgamiento del régimen respecto del Fonasa la efectuará esa superintendencia, y respecto de las isapres, lo haría la Superintendencia de Isapres.
Debería existir una sola superintendencia que fiscalice las enfermedades establecidas en el plan Auge. Porque si son dos superintendencias, habrá dos criterios para analizar el cumplimiento del Fonasa y el de las isapres.
Mediante el artículo 35, que pasa a ser 23, se establece la creación del Fondo Maternal Solidario, que se financiará con una nueva cotización del 0,6 por ciento de la remuneración, renta o pensión imponible devengada de cada uno de los afiliados a las instituciones de salud previsional, al Fondo Nacional de Salud, más el aporte fiscal.
Al respecto, quiero aclarar que no es que se aumente, sino que se saca del mismo siete por ciento obligatorio consignado en la ley. Sin duda, esto encarecerá los programas, porque a quien no le alcance para financiar su contrato con la Isapre, tendrá que realizar un aporte mayor.
Tampoco es conveniente eliminar el subsidio del Estado para el financiamiento de las licencias maternales. Ésa es la alternativa que permite compatibilizar el trabajo de la mujer con la maternidad.
En ese sentido, habrá que discutir mucho más, porque en el estudio de éste y otros proyectos de ley, la Cámara limita mucho nuestro tiempo para proponer y convencer a los colegas, a fin de sacar una ley mejor. Por ejemplo, este proyecto queremos despacharlo en tres horas. Muchos encontrarán que ese tiempo es mucho; pero yo les digo que, tratándose de proyectos de la salud, ese tiempo es demasiado poco.
Otro beneficio que otorga el proyecto es el bono. Es un mecanismo automático idóneo, que permite al usuario del sistema público exigir, en forma expedita y sin procedimiento previo, el cumplimiento de los derechos garantizados por el Auge.
El mecanismo de fiscalización y reclamo va a ser lento y burocrático, y conducirá a la judicialización del sistema. Es decir, si una persona no es atendida, tendrá que hacer cola en los tribunales de justicia. Espero que la reforma judicial que está operando en gran parte de Chile tenga los espacios suficientes, si no somos capaces de atender a tanta gente que hoy solicita atención en los servicios de salud.
Por eso, a pesar de que presentamos una indicación en la Comisión, con el diputado Forni fuimos a conversar con el señor ministro de Salud sobre el bono. Ojalá que a este bono le pongan límite de tiempo para una atención de apendicitis, por ejemplo. Si no es atendido en ese lapso de tiempo, el paciente puede hacerlo efectivo en un hospital o en una clínica que tenga convenio con Fonasa. De esa manera, estaríamos dando cumplimiento a la garantía. No es una cosa menor. Si acogemos estas propuestas, mucha gente creerá en la reforma a la salud y en el proyecto del Auge, que significa acceso universal garantizado. ¿Cómo se hace eso? A través del bono. De esa manera, la gente podrá decir que es real, que es cierto, que se puede solucionar su problema de salud, porque tiene su bono en la cartera. Y si no lo atienden en un lapso de dos o tres meses, va y lo hace efectivo.
Ojalá que estas propuestas sean acogidas. En caso contrario, tendremos que insistir, para lo cual pido que otras personas se vayan sumando. Ésta no debería ser la propuesta de una sola persona, sino de toda la Cámara y del Gobierno.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, quiero pedir permiso a todos los médicos presentes para compartir mi opinión sobre un tema tan importante, desde el punto de vista sociocultural.
Me llama la atención que exista tanta resistencia a este proyecto por parte de algunos sectores, en circunstancias de que en Chile se necesita una atención en salud más digna, más completa, más cercana y más acogedora. Tenemos un promedio de vida calculado en 70 años, y es mucha la gente que padece diferentes enfermedades infecciosas, cardiovasculares, cánceres, etcétera. Se sabe que el actual sistema no responde en forma adecuada a las necesidades de la gente. Es una realidad que constatamos día a día, cuando conversamos con las personas en nuestros distritos, con las autoridades locales, con los dirigentes sociales y con todas las personas que se atienden en el sistema de salud.
Por eso es necesario hacer la reforma; por eso este proyecto, de aprobarse, significará una tremenda revolución; una vez convertido en ley se constituirá en uno de los pilares más importantes del gobierno del Presidente Lagos, haciendo justicia en un ámbito de la relevancia más superlativa. La salud ha debido esperar durante mucho tiempo, de manera cautiva y dolorosa, por un cambio que ponga límite y término al actual estado de cosas en materia de salud pública en Chile y sea acorde con los objetivos nacionales de salud trazados por el Supremo Gobierno.
Debemos tener claro que el plan Auge persigue hacer frente a la gravísima situación por la que atraviesa la salud pública en general, promoviendo soluciones desde una reflexión profunda y acabada sobre el tema.
Es necesario que la gente sepa en su totalidad de todos los aspectos de este proyecto, que estamos empeñados que nazca a la vida legal. El principal propósito es permitir un acceso igualitario a las prestaciones de salud y protección de la vida de las personas. El proyecto establece acceso global a una gran cantidad de prestaciones de buena calidad que permitan alcanzar los objetivos que se persiguen en la mayoría de las ocasiones, y establece una categoría de garantías explícitas, tales como las del acceso, la calidad, la oportunidad y la protección financiera a los usuarios. Las vigas maestras del plan Auge están dadas no sólo por la orgánica de la nueva autoridad sanitaria que establece, sino también por las prioridades sanitarias que estatuye, regula y propone, en atención al problema epidemiológico de Chile.
Cuando hablamos de cobertura, en términos simples y a manera de ejemplo, nos referimos a todos los cánceres infantiles, de vesícula biliar, mama, cuello uterino, testículos, próstata; a leucemia, linfoma, enfermedades cardiovasculares, infartos agudos al miocardio, accidentes vasculares encefálicos, hipertensión arterial y cardiopatías congénitas, enfermedades respiratorias, problemas oftalmológicos, mentales y dentales, como, además, a consultas a nivel primario, lo que constituye un enorme beneficio para miles y miles de chilenos que esperan con ansia acceder a un médico sin tener que desembolsar cantidades de dinero que, a veces, quienes no están cubiertos por el sistema privado, no pueden costear. Por eso, con la garantía universal que contiene el plan Auge se responde a las necesidades reales.
Se establecen garantías básicas para quienes, por indigencia o carencia de recursos, no pueden acceder a prestaciones de salud y que, si hoy las llegan a recibir, es sólo en forma parcial. Las circunstancias que acrediten la indigencia serán determinadas por mecanismos estrictos. En efecto, un decreto supremo establecerá cómo acreditar tal calidad, a fin de precaver los fraudes que hagan inviable la iniciativa.
Es de mucha importancia señalar, también, que las garantías en salud se manifiestan de manera orgánica en el proyecto. Se crea una defensoría para cautelar los derechos de las personas, en materia de salud, consagrados en la normativa correspondiente.
Con lo anterior se dará un paso innovador y creativo hacia la implementación de un sistema responsable de acceso universal a la salud, que responda a la demanda de la ciudadanía, no sólo para oírla sino también para resolver, de manera clara y justa, los problemas que provengan del ámbito público y privado.
Además, en materia orgánica, el proyecto crea una superintendencia de salud que posibilitará la fiscalización adecuada y pertinente en materia de acceso y prestaciones que el Fondo Nacional de Salud y los órganos privados efectúan.
Ese servicio, al que le corresponderá velar por el cumplimiento de la normativa legal de las instituciones de salud, podrá interpretar administrativamente las materias de su competencia; impartir instrucciones de carácter general, fiscalizar los contratos que expidan las instituciones privadas de salud y los beneficiarios, con el claro propósito de facilitar su correcta interpretación y controlar su estricto cumplimiento, tema especialmente sensible hoy en materia de prestaciones de salud efectuadas por las isapres.
Es muy importante que conversemos en forma específica cada detalle para que las personas que utilizan esos servicios tengan claro qué significa el plan Auge: solidaridad en salud, eficiencia en el uso de los recursos, generación de instancias de participación social en la salud.
Después de votar favorablemente el proyecto debemos acercarnos a la gente para explicarle el plan Auge, en forma simple y directa, en un puerta a puerta de la salud, como lo hicimos hace quince días con los ministros del Presidente Lagos.
Felicito al ministro de Salud y a su equipo por el trabajo realizado, pues el proyecto es solidario, eficiente y genera las instancias necesarias de participación en la salud.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, hoy damos respuesta a una de las principales inquietudes de los chilenos en todas las encuestas manifiestan sus temores y desconfianzas respecto de lo que podría pasar frente a una enfermedad: la salud, y especialmente la pública.
Esta es la gran oportunidad de contestar a las personas que se preguntan por qué muchos parlamentarios tenemos aprensiones sobre la reforma de la salud.
En primer lugar, todos los chilenos creemos que es urgente reformar el sistema de salud, a fin de que se resuelva la mayor parte de los problemas existentes en el área: listas de espera 50 mil personas deben ser intervenidas, la no entrega de medicamentos en los consultorios, la falta de recursos para que la gente se haga los exámenes, etcétera.
Pero la reforma de la salud no soluciona todos esos problemas, sino que es, exactamente, una selección de 56 patologías que constituyen, prioritariamente, las principales causas de muerte en el país, como algunos cánceres en los niños, y los de mayor ocurrencia en adultos: a la vesícula, a los testículos, leucemia, linfoma, gástrico, biliar; los cuidados paliativos del cáncer terminal, etecétera, pero lo que no se ha dicho en la publicidad que se hizo para explicar la reforma es que, desgraciadamente, esas 56 patologías dejan afuera muchas otras. Por ejemplo, la cirrosis al hígado, los cánceres al esófago, al colon y al páncreas, las infecciones urinarias, los tumores malignos del hígado, la insuficiencia cardíaca, el cáncer a los ovarios, la tuberculosis pulmonar, la pancreatitis aguda, la insuficiencia hepática, el glaucoma, el melanoma, la osteoporosis, el cáncer al pulmón y otras. Pero la atención de esas patologías también tiene un límite, que el Ejecutivo ha denominado situación de riesgo, que se determina por edad, sexo u otras razones.
Como mujer quiero hacer especial referencia al cáncer de mama que, junto con el cáncer cérvico uterino son las principales causas de muerte en la mujer. Se establece, por ejemplo, que las mujeres de más de 40 años tendrán la posibilidad de hacerse sólo una mamografía en su vida. ¿Qué pasará después de esa edad, cuando es mayor la propensión a producir la enfermedad?
Lo mismo pasa con la atención de la salud mental, área en la cual hay un gran déficit. Si bien es cierto que el plan Auge la considera, el tratamiento de neurosis, especialmente en el caso de las mujeres, queda restringido hasta los 44 años, en circunstancias de que todos sabemos que el climaterio y la menopausia son grandes productores de neurosis en las mujeres, sobre todo después de los 44 ó 50 años. Para ellas no hay atención.
¿Qué pasa, por ejemplo, con la rehabilitación en los casos de alcoholismo y consumo de drogas? Si bien está considerada en el plan Auge, sólo serán atendidos los pacientes de 15 a 24 años. ¿Qué pasa si un joven, que está más expuesto a esa situación y que, por lo tanto, es sujeto de mayor riesgo, necesita rehabilitarse después de los 25 años?
Si bien considero que estas garantías de atención están bien elegidas y son importantes, habrá pacientes de primera y de segunda, según las enfermedades que los afecten. Los de primera, sin duda, van a ser bien atendidos, con costos bien evaluados y se salvarán muchas vidas, aunque los expertos aseguran que no sobrepasarán el 40 por ciento. Sabemos, sin embargo, que sólo Dios puede determinar cuándo es posible resolver una enfermedad de riesgo, pero ése no es un punto de discusión en este tema.
¿Qué pasará con el resto de los chilenos que serán afectados por patologías que no están incluidas en el plan Auge, que, según las sociedades científicas, son más de ocho mil? ¿Cómo se va a sentir el día de mañana una persona que lleve a su marido o a su hijo con una cirrosis al hígado a un establecimiento hospitalario y le digan que esa patología no está considerada en el plan Auge y que, por lo tanto, debe esperar?
Además, por la atención de las enfermedades comprendidas en el plan Auge se va a pagar el costo real, mientras que por las otras patologías, el que está fijado hoy y muchas veces, la mitad, una de las principales causas de la crisis hospitalaria. Ello, porque los hospitales deben atender a las personas y asumir prevenciones de riesgo, tanto en cirugía como en otros tratamientos, pero no a su costo real. Por ejemplo no tengo las cifras exactas, si una operación de apendicitis vale 100, el hospital recibe 50. Eso significa que por cada atención importante los hospitales se endeudan cada vez más e incrementan la deuda hospitalaria, que asciende a más de 60 mil millones de pesos.
Por lo tanto, no nos oponemos a la reforma de la salud ni a las 56 patologías que se han incluido en ella, pero no podemos dejar de manifestar nuestras aprensiones y preguntar, como lo haría cualquier persona, ¿qué pasará con el resto de las enfermedades?, ya que los hospitales preferirán dar atención a los enfermos de patologías incluidas en el plan Auge, debido a que serán pagadas a costo real y porque si no lo hacen serán demandados.
Ésa es la preocupación más grande que tenemos respecto del Auge, la que también ha sido planteada tanto por el Colegio Médico como por el resto de las asociaciones médicas. A ellos les inquieta lo que pasará en el futuro con los chilenos que no podrán ser atendidos, aun cuando la publicidad del plan que en cierto modo ha sido engañosa, que ha costado 600 millones de pesos y que no ha logrado que nadie entienda lo que significa dicho plan ha dejado a la gente con la sensación de que la reforma a la salud resuelve todos sus problemas.
Por otra parte, cuando se pretende hacer una reforma como el Auge, que implica mayores especialidades, infraestructura y mejor equipamiento, la gran pregunta es cuántos hospitales del país estarán en condiciones de responder a la demanda de personas que recurrirán a ellos por atención especializada y garantizada, y que si no la reciben, podrían demandarlos y les provocarán graves problemas.
¿Cuántos hospitales que cumplen con las exigencias para prestar las atenciones que garantiza el Auge no tienen deuda? La mayor parte de los establecimientos de salud están endeudados. Por eso el Colegio Médico ha planteado sus dudas y ha señalado que no se puede hacer una reforma a la salud sobre una deuda hospitalaria de 60 mil millones de pesos. A mi juicio, eso es como si sobre una mediagua se construyera un segundo piso de hormigón armado. Para que la reforma sea una realidad debe tener bases sólidas, por lo que es necesario dotar al sistema médico y de salud de lo que hoy no tienen.
Una señora me expresó hoy que en el consultorio de su comuna no entregaban remedios, porque no contaban con ellos. Lo señalo porque otra preocupación es si con la reforma habrá remedios para los consultorios, aunque lo más probable es que no sea así.
Asimismo, un niñito me preguntó ayer qué tenía que estudiar para entender lo que hablan los políticos, porque trataba de entender, pero no comprendía nada. Sin duda, para las personas es difícil entender cuando, por una parte, hay grandes expectativas sobre una reforma y, por otra, grandes discusiones.
Más allá de lo anterior, me preocupa cómo se financiará el Auge. Si bien hay un proyecto para ese efecto, siento que, hasta el momento, dicho plan no tiene un financiamiento viable. De hecho, en la Comisión de Salud algunos diputados ya manifestaron su aprensión por el establecimiento del impuesto al diesel, debido a que podría incidir en el aumento de la cesantía, en el incremento del costo de los transportes y por el impacto que podría tener en la pequeña y mediana empresa. Pero ¿qué pasó con el porcentaje Pro Crecimiento que se suponía financiaría el Auge? ¿Qué ocurrió con el fondo solidario y con el subsidio maternal? ¿Se va a terminar con ese subsidio y se recargarán los planes de salud en 0,6 por ciento? Hay muchas dudas al respecto, por lo que es importante no dejar el tema de lado. Si bien hoy el presupuesto de salud asciende a más de un billón cuatrocientos mil millones de pesos, monto que ha crecido en 200 por ciento en los últimos años, quizás sea importante reiterar lo que tantas veces hemos planteado: la necesidad de fomentar la eficiencia en el gasto y en la administración de la salud.
¿Qué pasa con las licencias médicas, cuyo otorgamiento constituye un alto costo para el país? Ayer estuvo aquí la superintendente de Seguridad Social, señora Ximena Rincón , quien nos informó que el año pasado se presentaron más de dos millones de licencias médicas y que en los últimos diez años habían aumentado en 250 por ciento. Sin duda, algo hay que hacer en esta materia, pues esos recursos no están bien fiscalizados.
¿Qué pasa con la propuesta para que los independientes estuvieran obligados a cotizar?
Esperamos que la reforma sea un éxito, pero queríamos plantear nuestras dudas y aprensiones. Por otra parte, la mayoría de nuestras indicaciones han sido rechazadas. Nos preocupa observar que hay una postura predeterminada en el tema, muchas veces inflexible. En ese sentido, alabo la persistencia del ministro de Salud, ya que nunca ha faltado a las sesiones de la Comisión; pero critico su inflexibilidad, aunque ha planteado que muchas de las propuestas serán analizadas en una segunda etapa, lo que esperamos sea cierto.
Termino señalando que no puede haber chileno bienintencionado al que no le importe el bien común y su patria, que no desee que esta reforma sea un éxito. Sin embargo, aún queda mucho camino por andar y mucho que enmendar y corregir para que sea viable y cumpla con los objetivos propuestos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro de Salud, señor Osvaldo Artaza .
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Señor Presidente, agradezco las palabras de la diputada señora Cristi , a quien quiero señalar que efectivamente en la Comisión trataremos un aspecto al que se refirió aquí, que también nos preocupa: cómo podemos dar tranquilidad a la ciudadanía respecto del resto de las enfermedades que no están contenidas en el régimen de garantía o en las prioridades sanitarias.
El sentimiento que compartimos con la diputada señora Cristi obligará al Congreso a otorgar el financiamiento necesario para que la reforma tenga sustento, ya que todo lo que podamos ofrecer en salud para la población tiene un correlato financiero, por lo que no es conveniente crear falsas expectativas. Por lo tanto, en la discusión de los proyectos se debe tener en cuenta que éstos requerirán un esfuerzo de la sociedad, tanto en eficiencia como en la entrega de los nuevos recursos que se necesiten; eso jamás debemos perderlo de vista en el debate que sostendremos más adelante.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Escalona .
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, quiero expresar nuestro respaldo a la iniciativa que propone mejorar la atención sanitaria en el país y superar las dificultades que presenta, tanto las tradicionales como las surgidas del cambio del perfil epidemiológico que se ha producido en los últimos años y de las actuales características de la población.
Es cierto que desde 1990, en poco más de diez años, ha habido un aumento positivo del aporte fiscal. Pero no ha resuelto las dificultades, porque esos recursos han sido utilizados para hacerse cargo de problemas que se arrastraban de mucho tiempo, como mejorar las remuneraciones de los trabajadores del sector, de los médicos, de otros profesionales y de los auxiliares, lo que ha significado un cambio significativo de los ingresos de quienes trabajan en el área de la salud.
Además, ha habido importantes inversiones. Se ha dotado al país de un conjunto de hospitales, de diversos tipos y calidades, y se han repuesto otros tantos, que estaban en condiciones extraordinariamente precarias. Sin duda, parte de la tarea ha sido recomponer el sistema público de salud, para que estuviera en condiciones de atender las necesidades mínimas de la población.
La inversión que año a año se ha hecho desde 1990 a la fecha y que ha permitido un cambio considerable en la situación del sector, desmiente la insinuación formulada de manera reiterada, de que ha habido despilfarro de recursos, que éstos han sido malgastados, o, peor aún, que su destino no es suficientemente conocido.
¿Cómo se propone en la reforma enfrentar los temas pendientes? Con el régimen de garantías en salud, conocido como plan o sistema Auge. Es decir, más allá de los derechos sociales que el ordenamiento constitucional y legal reconocen, en un marco concreto establece un régimen de garantías en salud respecto del cual los sistemas público y privado estén en condiciones de responder. Incluso, los afiliados pueden recurrir a los tribunales de justicia, con el objeto de exigir su cumplimiento. Esto implica, en una primera etapa, una inversión considerable.
De acuerdo con los datos proporcionados por representantes de los Ministerios de Hacienda y de Salud, sólo en el caso del Fondo Nacional de Salud significa una inversión de 534.000 millones de pesos.
El costo del plan Auge, más sus imprevistos, incluido el porcentaje de copago, considerando prestaciones que alcanzan 347 mil millones, representa un mayor gasto de 153 mil millones, o sea, un país que tiene un crecimiento menor del esperado, incluso, un período de vacas flacas, se propone aumentar la inversión en salud en un volumen considerable, no sólo para cumplir con los derechos sociales básicos, sino que con un régimen de garantías explícito que permita la atención de los 56 problemas sanitarios señalados, aproximadamente las tres cuartas partes de los existentes, pero que significan miles de prestaciones médicas.
En ese sentido, ha habido abuso de los interlocutores que saben de qué se trata, en particular del Colegio Médico, que ha hecho una campaña triste y lamentable desde nuestro punto de vista, porque saben perfectamente bien que detrás de este régimen de garantías, hay un esfuerzo considerable para entregar miles de nuevas prestaciones en las nuevas condiciones.
Reitero nuestro respaldo a la iniciativa, valiente e importante por el período que atraviesa el país, y social y moralmente inequívoca, desde el punto de vista del espíritu solidario.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, cada día me convenzo más de que el rol del Poder Legislativo no tiene la difusión adecuada porque estamos haciendo el trabajo correspondiente y eso no es noticia.
¿Por qué expreso esto? Porque los ciento veinte diputados que conformamos esta Cámara, y que fuimos elegidos por votación popular, tenemos los resultados del seminario “Reforma de la Salud”, de 10 de mayo de 2002, realizado por la Comisión de Salud, la cual está formada por trece miembros titulares, de los cuales como dijo el colega Jaramillo siete son médicos.
Al seminario mencionado asistieron todas las personas e instituciones involucradas en el tema de la salud. Sus diagnósticos fueron muy claros y precisos: reconocieron que los resultados sanitarios chilenos han sido exitosos a lo largo de 50 años, de 1952 a 2002; que nuestra legislación sanitaria es frondosa y compleja, pero que ha servido de soporte para un avance indiscutible en la mantención del sistema público, representado, primero, por el Servicio Nacional de Salud y, después, por el Sistema Nacional de Servicios de Salud, los que, con distinto énfasis, en democracia o durante el gobierno militar, desarrollaron con éxito las acciones de salud pública, de fomento, educación y prevención, como también a través de la vasta red de prestadores, desde lo más básico a lo más complejo, partiendo por las estaciones médicorurales, postas y consultorios, urbanos y rurales, y que se llega hasta los hospitales tipo 4, 3, 2 y 1, y a los centros de alta complejidad, como los institutos de especialidad.
La Comisión de Salud, por unanimidad, reconoció que son pocos los países que tienen una red de salud como la nuestra. Además, hizo un resumen de lo que ha significado en Chile la inmensa disminución, Dios mediante, de la mortalidad infantil; de la mortalidad general por distintas causas; del notable retroceso de las enfermedades infectocontagiosas; de la atención profesional del parto y del recién nacido; de la erradicación de la desnutrición infantil; de la notable cobertura de inmunizaciones; de la red de atención de urgencia; de la existencia del médico general de zona; de la mantención de una dotación de medicamentos genéricos de bajo costo como fruto de la creación del formulario nacional de medicamentos, y, me detengo en algo que es muy importante: el notable aumento de las expectativas de vida de todas y todos los chilenos, cuya sobrevida ha aumentado en quince años, es decir, de sesenta a setenta y cinco años.
Estos son los grandes logros de la salud chilena en los últimos 50 años, a pesar de que, desde 1980 a 1990, se dejaron de invertir cifra que nadie ha desmentido 2.000 millones de dólares en salud.
Pero también el seminario de la Comisión de Salud fue muy claro en destacar lo siguiente: subsisten importantes problemas de fondo y de forma y es necesario dar un nuevo salto en salud. Hay una fuerte inequidad en el acceso, falta de cobertura en el sistema público por ello existen listas de espera, carencia de recursos, modelos de gestión inapropiados, falta de integralidad, de equidad y de solidaridad en el sistema privado.
En las conclusiones de ese seminario quedó constancia de que se necesitaba más que nunca una reforma. Todos los participantes en dicho seminario coincidieron en que la reforma debería ser la oportunidad para mejorar la salud en Chile; que la preocupación debe centrarse en los usuarios basados en un principio de equidad, dirigiendo el sistema a las necesidades de la población; que la red es un instrumento relevante, de eficiencia y eficacia.
Es decir, los profesionales de la salud que en la actualidad integran la Cámara de Diputados tanto de Gobierno como de Oposición por unanimidad reconocieron que es vital la reforma a la salud. Eso fue en mayo.
En junio del presente año, luego de un seminario y muchas reuniones más, ingresó a la Cámara el proyecto que establece un régimen de garantías en salud. Junto con su ingreso empezaron las críticas y es justo y lógico que así haya ocurrido, porque vivimos en un país democrático, en el cual las instituciones funcionan y donde existen cuerpos intermedios como las organizaciones sociales.
Pero una cosa es criticar con altura de miras y, otra, muy distinta, es no reconocer nada de lo hecho en materia de salud.
Una señora diputada que me antecedió en el uso de la palabra acaba de decir porque son cifras indesmentibles que desde 1990 a 2002 el presupuesto en salud se ha incrementado en 200 por ciento. El presupuesto que acabamos de aprobar para el año 2003 aumenta 8 por ciento y 18 por ciento en salud primaria.
El hecho de que en los últimos doce años haya aumentado el promedio de edad de la población ha significado grandes inversiones en los hospitales, en las postas, en aumento de profesionales y de personal. También se ha hecho un esfuerzo aunque seguramente es insuficiente para mejorar las remuneraciones del personal tanto del nivel primario como del que depende del Ministerio de Salud.
En el seminario a que me referí, el ministro de Salud, señor Osvaldo Artaza , fue muy claro en su exposición al expresar que en la reforma de salud debe primar el concepto de solidaridad como algo esencial y categórico. Señaló que, de una vez por todas, debíamos entender que el sistema público es y será la columna vertebral de la salud. Por ello, debíamos fortalecerlo y mejorar sus recursos humanos, su infraestructura, tecnología y recursos financieros.
Actualmente, 8 millones 500 mil personas somos beneficiarios del Fonasa y 2 millones 500 mil de las isapres.
¿Qué pretende el proyecto, que es la base o columna vertebral de las cinco iniciativas que reformarán la salud en nuestro país?
Que nunca más ocurra que quienes estén afectados por alguna de las 56 patologías consideradas en el Auge, o sus familiares, queden endeudados por muchos años, puesto que el costo total de dichas patologías será de cargo del Estado.
Un ejemplo concreto: se ha criticado mucho el gasto de 600 millones de pesos en propaganda del plan Auge, en la cual el ministro aparece con una guagua en brazos y se ha hecho una especie de chanza al respecto. Pero la cosa es más seria: desde agosto de este año, prácticamente en todas las regiones del país puedo dar fe de lo que sucede en el hospital clínico regional de Concepción hay un plan piloto para atender tres patologías: cáncer infantil, cardiopatía infantil y diálisis. Ello ha significado salvar la vida de no menos de dos mil niños, que si no hubiesen contado con la gratuidad del Estado, habrían fallecido.
Por eso, estoy convencido de que en unos años más, cuando el tiempo pase y se conozca la historia fidedigna de los cinco proyectos de reforma a la salud, se hará un reconocimiento real y efectivo de lo que significará un cambio inmenso en la atención de salud de toda la población.
Por eso, la bancada de la Democracia Cristiana votará a favor el proyecto, que defiende la igualdad de acceso a la salud de todos los chilenos y chilenas.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, hoy asistimos a un evento muy importante: estamos comprometiéndonos a mejorar la salud de todos los chilenos.
Antes de hacer un breve análisis de lo que hemos tratado en las comisiones, quiero decir algo que me parece muy importante: la reforma a la salud no tiene dueño, no es del Gobierno, ni de los parlamentarios, ni de los gremios, sino de todos los chilenos. Necesitamos la participación de cada uno de ellos en algo tan esencial como es la reforma a la salud.
Quiero aprovechar esta ocasión para enviar un gran saludo a todos los que laboran en el sistema público de salud, porque gracias a ellos podemos contar con los indicadores que tanto nos enorgullecen. El recurso humano es el que hace carne las políticas y es el responsable directo de nuestras expectativas de vida, de nuestra baja mortalidad infantil.
Queremos una reforma que cuente con el apoyo de la gran mayoría de la sociedad chilena, queremos que la reforma tenga como eje principal la solidaridad en el financiamiento del sistema de atención, queremos que la solidaridad se exprese en el fortalecimiento y desarrollo del sistema público de atención; queremos que esta columna vertebral, que ha sido tan importante durante los últimos 50 años, esté fortalecida; creemos que el sistema público debe contar con un financiamiento acorde con las necesidades de la población.
Lamentablemente, hemos constatado que nuestro sistema público no se financia sobre la base de costos reales. Por ello, queremos que el fondo de compensación solidario realmente exprese una solidaridad de tipo económico, que se concrete en que los más ricos le den a los más pobres; los jóvenes a los viejos, los sanos a los enfermos, y que tengamos claros acuerdos de principios básicos de seguridad social.
También creemos en la óptima utilización de los recursos humanos y financieros en el sistema público. Por eso, estamos de acuerdo en que se deben mejorar la organización y la gestión.
Creemos en una atención integral, focalizada fundamentalmente en la atención de las personas, de la familia y de la comunidad, con énfasis en la atención primaria.
Hago un llamado al ministro de Salud para que en el proyecto del plan Auge tengamos una inserción importante de la atención primaria, la promoción de salud y la prevención de las enfermedades, sin desmedro de las razones técnicas, la equidad del tratamiento y la recuperación y rehabilitación de los enfermos.
Es muy importante que los establecimientos que conforman la red de atención primaria se constituyan en elemento central de la reforma y de la aplicación del Auge y que su financiamiento dé cuenta de sus necesidades. El aumento de 18 por ciento, que se ha entregado hoy, así lo refleja.
Para fortalecer la función rectora, reguladora y financiera, es importante la supervisión y fiscalización de la autoridad sanitaria nacional.
Es necesario que el plan de salud nacional sea integral, consistente, coherente y dinámico para todo el sector salud y no sólo para un sector del sistema.
La implementación de este tipo de leyes contribuye a que la ciudadanía esté más tranquila en algo tan importante como es la salud.
El aporte que se entregará es significativo, porque Chile es el país que menos invierte en salud. Se están entregando 200 millones de dólares más en el presupuesto de salud, pero me pregunto cuántos millones de dólares se gastan en defensa. Este es un debate que quiero colocar sobre la mesa. Se destinan 200 millones de dólares a salud y miles de millones de dólares a defensa. Me gustaría debatir ampliamente el tema frente a la ciudadanía.
Hay algunas indicaciones que pretendemos mantener, como la del artículo 13, la discusión sobre la libre elección y lo relativo a las enfermedades que no están en el Auge. Queremos que la ley sea clara en lo que respecta al recurso humano, porque todo lo que se está implementando lo deben hacer las personas. En estas iniciativas notamos una carencia en cuanto al tratamiento del recurso humano.
Consideramos muy importante el tema de la acreditación y la calidad, para lo cual es imprescindible la participación de las facultades de medicina en el debate. Me alegro mucho de que la Comisión de Salud haya acordado invitar a sus representantes.
También es muy importante la participación de todos los sectores en esta reforma. Todavía es tiempo. Hago un llamado al Gobierno y a los gremios para buscar entre todos la posibilidad de evitar el anunciado paro de la salud en los próximos días. El mundo parlamentario ha dado un mensaje muy claro: es muy importante acercar posiciones y no ver la reforma de la salud en negro y blanco. Cabe recordar que de los tres proyectos, uno está en el Senado y los otros dos en esta Cámara.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor ACCORSI.-
Todos estamos dispuestos a apoyar una reforma que mejore la salud de todos los habitantes del país, que contribuya a disminuir las inequidades, que sirva para fortalecer el sistema público de atención; que cuando sea necesario los proveedores privados puedan atender a los beneficiarios del sistema público en un marco regulado, que el presupuesto asignado sea el suficiente para tener costos reales en salud, que el financiamiento sea solidario, que las isapres otorguen un plan básico garantizado sin preexistencia ni exclusiones, que se formule una política de recursos humanos en el sector de acuerdo con lo que establezcan los derechos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se ha cumplido su tiempo, señor diputado.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, es muy importante el paso que se ha dado hoy y estamos dispuestos a apoyar esta reforma integral, que debe hacerse con la participación de cada uno de los habitantes de nuestro país, porque es una reforma de todos los chilenos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El Comité de Renovación Nacional ha concedido cinco minutos a la diputada señora Rosa González .
Tiene la palabra su Señoría.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
En primer lugar, deseo agradecer a los colegas de Renovación Nacional el tiempo que me han concedido.
Señor Presidente, por su intermedio quiero consultar al ministro de Salud si el Gobierno le ha indicado en forma especial cómo se solucionará el tema de la deuda hospitalaria, porque el Presidente de la República dijo públicamente que sin cancelar la deuda hospitalaria no existía reforma de la salud.
En segundo lugar, quiero referirme a la situación de los indigentes, es decir, de los más pobres. Por supuesto, ellos serán atendidos sólo en los casos de las 56 patologías determinadas. ¿Qué pasará en el caso de que su enfermedad no esté incluida en esas 56 patologías? Creo que esa predeterminación lo único que hará es producir mayor discriminación, ya que existirá una atención de primera clase. ¿Qué ocurrirá con las enfermedades que no están incluidas? ¿Cómo se atenderá a esas personas?
Otro tema de preocupación, expresado por el Colegio Médico, la Fenats y otras organizaciones, se refiere al consejo consultivo nombrado directamente por el Presidente de la República. Nos gustaría saber si estarán incluidos en ese organismo los trabajadores de la salud, que tienen bastante que opinar.
Si el Colegio Médico, si los trabajadores de la salud, si la gente no entiende mucho de esto, ¿cómo resolveremos el tema que mencionaba el diputado señor Accorsi ? ¿Vamos a lograr la aprobación de este proyecto si todos los gremios que están involucrados directamente están en contra? ¿Cómo lograremos consensuar el tema en tan poco tiempo para que no se lleve a efecto el paro anunciado para la próxima semana?
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Señor Presidente, quiero ratificar la voluntad de solucionar el problema de la deuda hospitalaria. Efectivamente, si no se soluciona, los incrementos sucesivos de dinero destinados a obtener mayores beneficios en salud pueden no ser utilizados en ellos, sino con la deuda hospitalaria, con lo cual la ciudadanía no percibiría la suficiente transparencia respecto de su uso. Por lo tanto, quiero reiterar que se está haciendo un gran esfuerzo por solucionar los temas estructurales que originan la deuda hospitalaria, y esperamos terminar este año con un nivel de endeudamiento inferior al promedio de los últimos tiempos, cuando el déficit operacional del sistema público era superior a 5 mil millones de pesos por mes. En el último trimestre ese déficit operacional bajó a sólo 600 millones de pesos por mes. Por tanto, ya se está reflejando el resultado del esfuerzo que hemos iniciado.
Por otro lado, hoy existe un sistema sanitario con fuertes discriminaciones dadas por el dinero, por las posibilidades de pago. Queremos construir un sistema sin discriminación. Son muchos los chilenos que se preguntan y lo hemos dicho en este debate qué va a pasar con las enfermedades que no son prioritarias. El país no está en condiciones de ofrecer algo imposible o de solucionar todos los problemas al mismo tiempo. Cuando el proyecto vuelva a la Comisión de Salud, el Ejecutivo se ha comprometido a presentar una indicación que resuelva o que dé tranquilidad a la ciudadanía respecto de la forma en que serán resueltos los demás problemas de salud, de manera que no exista un detrimento respecto de lo que hoy tiene y que se pueda garantizar el libre e igualitario acceso a la atención en salud.
Hay muchas instancias de participación. La primera, es que existirá un plan nacional de salud que definirá la orientación estratégica tanto del sector público como privado, con representación de los gremios y de todos los actores relevantes que tienen relación con el sistema sanitario.
En el consejo que definirá las prioridades sanitarias habrá técnicos para dar tranquilidad y confianza a toda la ciudadanía respecto de su transparencia, competencia e idoneidad. Por ejemplo, el Presidente tendrá que optar, porque él tendrá la facultad; pero, entre representantes de sociedades científicas y de facultades, tanto de medicina como de otras ciencias relacionadas con estas materias.
Quiero hacerme cargo no sólo de la inquietud de la diputada señora Rosa González , sino también de la del diputado señor Accorsi . Efectivamente, todos quieren participar. Por eso, le pido a los señores parlamentarios que me ayuden, porque han sido elegidos por el pueblo para que lo representen. Por lo tanto, tienen que ayudarme a representar a todo el pueblo, a los gremios de sus distritos, pero también a los usuarios, a las personas que tienen distintos intereses en salud, todos ellos legítimos.
En la medida en que ustedes representen todo el abanico, todo el amplio espectro del pueblo chileno, de las mujeres y de los hombres, y el Ejecutivo esté dispuesto a mejorar y perfeccionar sus iniciativas, puedo asegurar que saldrán de esta Cámara tal como ha ido sucediendo los mejores proyectos posibles para resolver los problemas de salud de nuestra población.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señora Presidenta, en mi calidad de médico y parlamentario me es muy grato participar en la discusión de uno de los cinco proyectos relativos a la reforma sanitaria.
Cada sociedad busca con especial preocupación la mejor atención de salud para la población, por tratarse de un derecho que tienen las personas. Inicialmente, los hospitales en Chile eran los lugares donde las personas iban a pasar los últimos días de su vida. Luego, a mediados del siglo pasado, la medicina curativa se transformó en preventiva, y de esa forma ha ido cambiando desde un concepto de beneficiarios a usuarios en salud.
En el siglo pasado, en la década de los años 50, se crea el Servicio Nacional de Salud que, con el tiempo, ha ido demostrando que en nuestro país la salud es buena y eficiente, pero profundamente inequitativa. Buena, porque tiene los índices biomédicos de un país desarrollado; eficiente, porque lo logra con recursos menores que los de esos países, pero profundamente inequitativa, porque los índices de salud son sumamente disímiles a nivel regional y provincial, lo que se acrecienta aún más a nivel comunal.
Nuestro país ha logrado mejorar los índices biomédicos. Lo que Estados Unidos hizo en 100 años, Chile lo ha conseguido en 30, lo que se ha traducido en un cambio importante en la epidemiología. Por eso es tan importante, necesario y urgente realizar ahora una reforma sanitaria. Precisamente, el proyecto en debate apunta a cómo dar esta atención a través de un acceso universal y oportuno hacia los usuarios.
En este sentido, según los conceptos aquí expresados, la salud es un derecho y el Estado debe buscar todos los mecanismos para lograr que las personas ejerzan ese derecho; que debe ser equitativo, es decir, que todos tengan las mismas oportunidades; universal, para que todos accedan a esa posibilidad y, lo más importante, hacerlo con la participación de todos los sectores. Consideramos que la reforma sanitaria tiene esos valores, que permitirán activar ese mecanismo. Sin embargo, hay que decir con mucha fuerza que, aun cuando es urgente y necesario hacer esta reforma, no se puede realizar sin la participación de quienes serán los prestadores, o sea, los gremios de la salud, ni de los usuarios, que son todos los ciudadanos.
En ese sentido, concuerdo con lo expresado por el diputado señor Accorsi , en cuanto a nuestra preocupación por la situación que se está produciendo entre el Ministerio de Salud y los gremios. Espero y confío en que se puedan superar esos inconvenientes, porque es muy difícil, por no decir imposible, realizar una reforma sanitaria sin el compromiso de todos los sectores.
Anuncio el voto favorable para la aprobación en general del proyecto, pero coincido en que se debe mejorar con indicaciones que garanticen la libre elección y la atención de las patologías que no están incluidas en el sistema de Auge.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señora Presidenta, habría preferido un cambio radical del sistema actual que Chile tiene en salud. Lo habría cambiado por un modelo más parecido al que opera en los países europeos, donde el Estado cumple un rol esencial y el énfasis está puesto en la atención primaria.
Se escogió la opción de mejorar el actual sistema, con la incorporación de cambios sustantivos en distintos proyectos que apuntan a mejorar el sistema de isapres, poniendo énfasis en los usuarios; con cambios en la gestión del sector público, entregándole más facultades a los hospitales, a los servicios de salud y al Ministerio de Salud en el control y en la gestión; con cambios para entregar derechos a los pacientes en cosas tan importantes como el derecho a la información.
Pero el cambio que hoy nos convoca en esta Sala es extremadamente significativo: entregar a la ciudadanía garantías explícitas en la ley, que las personas podrán hacer valer con propiedad ante los estamentos administrativos y legales.
Los recursos no son infinitos y en un país como el nuestro deben ser bien utilizados. El proyecto busca entregar recursos financieros al sector salud, sobre todo al sector público, con la finalidad de que se puedan obtener resultados medibles y que tiendan a satisfacer las necesidades que los ciudadanos han expresado.
Ahora bien, para hacer coherente esta entrega de nuevos recursos con la historia sanitaria de nuestro país, se ha incorporado en el proyecto un sistema de elaboración de prioridades en problemas de salud, que guarda relación con la carga de enfermedades a las que un individuo está expuesto.
Por eso, la iniciativa propone un régimen que garantizará explícitamente a la población condiciones de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera a diversos problemas de salud que pueden afectar a un individuo y los mecanismos legales para hacer exigibles tales garantías.
Uno de los problemas más largamente debatidos en nuestra Comisión se relacionó con lo que podría ocurrir con los problemas sanitarios que no están incorporados en el régimen, tanto en lo que respecta a los incentivos de gestión que se plantean para su tratamiento, como en lo que dice relación con la ética de elegir uno u otro problema para incorporarlo en el régimen de garantías. Tengo la impresión de que el ministro se hizo cargo de ésta y de otras discusiones, puesto que ha informado públicamente que enviará indicaciones para mejorar el proyecto en los siguientes aspectos:
Primero, para todas las enfermedades, no sólo para los 56 problemas de salud priorizados en el plan Auge, existirá un tiempo máximo de espera, que en ningún caso podrá ser superior a los actuales y que se irá acortando al través del tiempo, de acuerdo con las condiciones y recursos económicos del país.
Segundo, todos los usuarios de los sistemas de salud, público y privado, podrán ejercer plenamente sus derechos, para lo cual existirá una sola entidad que fiscalizará y regulará por igual a todas las instituciones que presten atención de salud.
Tercero, todas las personas podrán elegir libremente a su médico, general o especialista, entre los profesionales de la salud acreditados con respecto a su calidad y aranceles, a fin de trabajar en un concepto de red de cooperación.
Tengo la impresión de que con estas indicaciones el proyecto que hoy tratamos en general será realmente enriquecido y podrá superar los conflictos que hoy tienen nuestros compatriotas y que son de público conocimiento.
Termino diciendo que la reforma de la salud debe ser llevada a cabo por todos aquellos que participamos, de una u otra forma, en la elaboración del proyecto: los parlamentarios, el Gobierno, los usuarios y también el personal que tendrá que ponerlo en ejecución. Por eso, creemos que el diálogo permanente y la concertación de ideales es nuestra única posibilidad de lograr un sistema de salud acorde con lo que Chile requiere y exige.
Por lo tanto, anuncio el voto favorable de la bancada radical al proyecto que hoy discutimos en general.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señora Presidenta, quiero hacer algunos planteamientos y consultas.
En primer lugar, durante todos estos años hemos estado viendo como señalaba el diputado Ortiz un significativo incremento de recursos para la salud; pero hemos notado que si bien tenemos recursos, existe también un pésimo diseño y una mala organización, problema que se ha ido agudizando con el tiempo. Se nos dijo que la deuda hospitalaria se resolvería con la eliminación del 2 por ciento de subsidio a los trabajadores de las isapres, pero no fue así.
En segundo lugar, no sé qué pasará con las personas de la tercera edad y los distintos grupos que la componen, particularmente en regiones como la Décima, donde tenemos un 40 por ciento de población rural, sin imposiciones ni contratos de trabajo, pues se trata de pequeños agricultores que trabajan por cuenta propia.
En tercer lugar, quiero señalar mi profunda preocupación por el financiamiento del plan Auge. El 21 de mayo pasado, el Presidente de la República anunció que se financiaría aumentando el impuesto al petróleo Diesel, con lo que mejorarían las condiciones de salud en Santiago. Durante el paro de los microbuseros nos enteramos de que el problema de la salud y de la contaminación en la capital tiene una explicación muy clara que nada tiene que ver con el Diesel. El incremento de dicho impuesto afectará directamente a las regiones. Hay que recordar que hemos suscrito acuerdos de libre comercio muy importantes y que es necesario tener altos niveles de competitividad, y nuestra región tiene un alto consumo de combustibles, especialmente de petróleo Diesel, debido a su actividad salmonera, pesquera en general, agrícola y de transporte de carga y pasajeros.
Por lo tanto, desde ya, expreso mi preocupación por esta forma de financiamiento. Reitero que se han entregado recursos, pero el diseño es malo. Asimismo, insisto en que me gustaría saber qué pasará con las personas de la tercera edad, puesto que cada día aumenta su número porque viven más años.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señora Presidenta, ante todo quiero felicitar al Gobierno por el envío de este proyecto, y expresar mi reconocimiento a todos los diputados de las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud, que han trabajado incansablemente y durante mucho tiempo en este proyecto.
Sin duda, se trata de una iniciativa que soluciona una de las mayores preocupaciones y prioridades de la ciudadanía. Es así como el Gobierno y el Congreso Nacional asignarán recursos que nunca antes se habían entregado al Ministerio de Salud para atender las necesidades de la población, y creo que existen grandes expectativas al respecto.
Pero aparte de entregar este reconocimiento, he querido intervenir para plantear mis aprensiones, en cuanto a que los resultados de este proyecto, tan útil para nuestra población, no serán inmediatos, sino graduales. No debemos crear falsas expectativas en cuanto a que al cabo de uno o dos años, después de que el proyecto se convierta en ley, por arte de magia, todas las enfermedades tendrán cobertura y en las postas rurales habrá una atención primaria más rápida y de mejor calidad. Sin duda, habrá una mejoría porque se están entregando importantes recursos; mejorará la atención primaria, pero no ocurrirá lo que alguien, utópicamente, pudo haber pensado: que, de la noche a la mañana, todas las enfermedades tendrán cobertura y que mejorará la calidad de la atención de la salud. Reitero que no ocurrirá lo que alguien pudo haber planteado para conseguir el respaldo a este proyecto.
Represento a un mundo rural donde vive una gran cantidad de indígenas que están expectantes y esperanzados de que este proyecto tenga una rápida tramitación, pues ello les aseguraría también una mejor atención primaria.
Termino manifestando mis felicitaciones y mi respaldo a esta iniciativa, pero también mi advertencia sobre las expectativas creadas en torno de ella.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Por último, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado Guido Girardi .
El señor GIRARDI.-
Señora Presidenta, en primer lugar, debo señalar que la reforma de la salud no es el plan Auge, como se ha pretendido hacer creer, sino un instrumento que nos permite avanzar en derechos. Hoy, las personas no tienen derechos reales, y el Auge les permitirá conocerlos y exigir su cumplimiento.
Aparte de expresar mi apoyo al Auge porque considero que representa un tremendo avance, quiero clarificar algunas cosas.
El Auge incluye 56 enfermedades, pero el Colegio Médico se ha dedicado a hacer una campaña del terror respecto de aquellas que no están consideradas en él. Puedo asegurar que aquellas enfermedades que no están consideradas tendrán las mismas garantías que las demás patologías. De manera que, por lo menos, el Auge significa un avance para 56 enfermedades que, desde el punto de vista sanitario, son las más relevantes y costosas y las que provocan más decesos. Entonces reitero, en esas 56 enfermedades, que son más importantes desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, vamos a tener un avance sustantivo. Ahora bien, si la sociedad abriera su corazón y destinara más recursos, podrían incluirse todas las enfermedades en el Auge.
Por eso, hemos pedido al ministro de Salud por lo demás, él mismo lo ha anunciado que todas las enfermedades estén sometidas a un sistema Auge para que no haya diferencia entre unas y otras. Somos partidarios de que todas las enfermedades no incluidas en el Auge tengan, al menos, garantía de calidad. ¿Qué significa esto? Que deberá existir un protocolo de diagnóstico; es decir si una persona tiene un cáncer al esófago y esa enfermedad no está incluida en el Auge, ella deberá saber, después de ser atendida, qué exámenes tendrá que realizarse, los cuales deberán estar disponibles. Además, tendrá que existir un protocolo terapéutico; es decir, el paciente deberá saber que tiene derecho a las terapias, quimioterapias, radioterapias o intervenciones quirúrgicas que demande la enfermedad. La única garantía que no tendrán las patologías no incluidas en el Auge es la de oportunidad; es decir, el tiempo de atención.
De manera que todas las enfermedades tendrán garantía de calidad y de financiamiento, y la única diferencia que existirá entre las enfermedades Auge y las no Auge es que estas últimas deberán esperar un tiempo más, pero tendrán derechos, y yo planteo que ese tiempo de espera también sea normado: que no sea inferior a un mes, pero que tampoco supere los seis meses. Lo que no debe ocurrir es que las personas sean atendidas cuando ya estén muertas; eso no sirve, pues significaría que todos nuestros esfuerzos fueron en vano.
En segundo lugar, para que el plan Auge sea una realidad, tiene que vencer algunas resistencias. A pesar de las relaciones fraternas que hemos tenido con el Colegio Médico y con el Ministerio de Salud, no ha sido fácil avanzar. Para que esto tenga éxito, es necesario fortalecer la atención primaria. Creo que aún existen prejuicios en el Ministerio de Salud para entender que los especialistas básicos deben atender en los consultorios y que éstos deben tener pediatras, internistas, cirujanos generales, ginecobstetras y siquiatras. Ésa es la única manera de hacer avanzar el Auge. En el ministerio todavía hay gente que quiere médicos de familia. Pero ¿quién atiende a nuestros hijos?, ¿un médico de familia o un pediatra? Por cierto, un pediatra. Entonces, ¿por qué quieren que la gente pobre se atienda con un médico de familia y no con un pediatra? En Chile, el médico de familia es pediatra, internista o ginecobstetra. En esa materia, todavía falta reforzar la atención primaria de salud, pues ese segmento no puede tener un nivel de baja complejidad.
En ese sentido, el programa IRA me siento orgulloso de haber sido uno de sus primeros coordinadores nacionales llevó a la atención primaria a un nivel de sofisticada complejidad. Por ejemplo, los niños que antes eran hospitalizados, ahora se atienden en las salas de hospitalización abreviada de los consultorios de atención primaria. No hay nada más especializado que eso. Incluso, en esos lugares se ha dejado a un kinesiólogo que puede adoptar decisiones que antes sólo tomaban los médicos, y decidir, por ejemplo, si a un niño se le deben suministrar corticoides. Gracias al programa IRA, el 70 por ciento de los niños que antes se hospitalizaban por bronquitis obstructiva y bronconeumonías ahora resuelven su problema en los consultorios. Ese mismo programa, que cuenta no sólo con especialistas básicos, sino con hiperespecialistas, que cubren la atención primaria, se podría aplicar para controlar, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares y los infartos.
Considero que debemos dejar atrás los prejuicios y avanzar con más fuerza. Lo único que puede permitir que el Auge sea una realidad y que la reforma de la salud se materialice, es el fortalecimiento de la atención primaria, pues ello posibilitará aumentar la complejidad y la capacidad resolutiva. Es la única instancia que evita que la gente llegue a los hospitales y que se enferme. Por eso, propongo que el Auge incorpore en forma muy clara todas las medidas de prevención.
Por último, necesitamos un Auge que se haga cargo de la diversidad; un Auge especial para los pueblos indígenas y para quienes han optado por una sexualidad distinta. Asimismo, debe existir un Auge específico para cada región.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En votación general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Aplausos.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Aprobado en general el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende (doña Isabel), Araya , Ascencio , Barros, Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Cristi ( doña María Angélica ), Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Forni , Galilea (don José Antonio) , GarcíaHuidobro , Girardi , González (doña Rosa), González (don Rodrigo) , Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto, Kast , Kuschel, Lagos, Leal , Leay , Letelier (don Felipe) , Longton , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Monckeberg , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Paredes, Paya, Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Rebolledo , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte, Urrutia , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena ), Villouta , Von Mühlenbrock y Walker.
Se abstuvo la diputada señora Pérez (doña Lily ).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Por haber sido objeto de indicaciones, debe volver a Comisión.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo 4º bis
1)Del señor Accorsi , para incorporar como artículo 4º bis, el siguiente:
“Artículo 4º bis. Las garantías de acceso oportuno, de calidad de la atención y de protección financiera a las personas con condiciones y enfermedades no incluidas en el Régimen de Garantías en Salud, serán establecidas en el Plan Nacional de Salud y en sus Programas, de acuerdo a criterios sanitarios y a recursos disponibles. La ejecución del Régimen de Garantías en Salud no podrá ir en desmedro de la atención de la persona con condiciones y enfermedades no contenidas en él.”.
Al Artículo 13
2)De los señores Accorsi y Cornejo , para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 13.- El Sistema de Acceso Universal y el Régimen de Garantías Explícitas señaladas en el artículo 1º precedente, deberán ser financiados obligatoriamente a los beneficiarios de la ley Nº 18.469 y a los de las Instituciones de Salud Previsional.
Los beneficiarios indicados en el párrafo anterior, podrán elegir libremente a su médico tratante y el establecimiento donde recibirán las atenciones de salud, tanto para el Sistema de Acceso Universal como para el Régimen de Garantías Explícitas.
Los médicos, debidamente acreditados por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, deberán suscribir un contrato que establecerá las normas técnicas, los estándares de calidad, los procedimientos y aranceles definidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. El reglamento precisará lo establecido en los párrafos anteriores.”.
Artículo 14, nuevo
3)De los señores Aguiló, Cornejo , Forni , Masferrer y Melero , para incorporar el siguiente artículo 14, nuevo, pasando el actual a ser artículo 15:
“Artículo 14.- Cada vez que un beneficiario del Fondo Nacional de Salud requiera una prestación que forme parte del Régimen, recibirá un documento emitido por aquél en que constará la prestación solicitada, el monto del copago que corresponda hacer al beneficiario y el plazo dentro del cual aquélla le deberá ser otorgada en la Red Nacional del Sistema Público conforme a lo establecido en el Régimen.
Del otorgamiento efectivo de la prestación se dejará constancia en el documento señalado en el inciso anterior, con expresa indicación del día, hora y establecimiento en que se otorgó. De igual manera y con las mismas indicaciones, se deberá dejar constancia de la solicitud formulada por el beneficiario para recibir la prestación y del hecho de que ella haya sido denegada por el establecimiento, con expreso señalamiento de la razón de la negativa.
En caso de que el plazo indicado en el inciso primero expire sin que la respectiva prestación haya sido otorgada, no obstante haber sido solicitada por el beneficiario, éste podrá concurrir a cualquier profesional o establecimiento de salud que tenga convenio con el Fondo Nacional de Salud, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la ley Nº 18.469, y requerirla.
Para acceder a la prestación conforme a lo señalado en el inciso anterior, el beneficiario entregará al profesional o establecimiento de salud el documento recibido del Fondo, en el que deberá constar la negativa del otorgamiento, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo, y sólo realizará el copago que corresponda conforme a lo indicado en el documento recibido del Fondo.
Si el copago que deba realizar el beneficiario, de acuerdo a lo indicado en el inciso precedente, fuese inferior al que correspondería hacer conforme al convenio celebrado entre el profesional o establecimiento de salud respectivo y el Fondo Nacional de Salud, la diferencia será de cargo de éste, y deberá ser enterada al profesional o establecimiento de salud ante la sola presentación del documento, el que tendrá, para todos los efectos legales, el carácter de título ejecutivo en contra del Fondo Nacional de Salud.”.
Al artículo 15
La totalidad de las indicaciones que se transcriben a continuación fueron presentadas por el Ejecutivo.
4)Para sustituir la letra c), de su número 1, por la siguiente:
“c) Agrégase, a continuación de la letra h), la siguiente letra i), nueva:
“i) La expresión “plan de salud convenido”, “plan de salud” o “plan”, incluye el Régimen de Garantías en Salud definido en el artículo 33 bis y el plan complementario establecido en la letra a) del artículo 33.”.”.
5)Para sustituir su número 3 por el siguiente:
“3.- Suprímese, en el inciso sexto del artículo 32 bis, la expresión “anuales”.”.
6)Para modificar su número 4, de la manera que se expresa:
a)Sustitúyese la letra a), por la siguiente:
“a) Reemplázase la letra a), por la siguiente:
“a) Plan complementario al Régimen de Garantías en Salud a que se refiere el artículo 33 bis, incluyendo copagos máximos, porcentajes de cobertura y valores sobre los cuales se aplicarán, según corresponda. En todo caso, el plan complementario deberá contemplar, a lo menos, la cobertura financiera que el Fondo Nacional de Salud asegura a todas las prestaciones contempladas en el arancel a que se refiere el artículo 28 de la ley Nº 18.469, en su modalidad de libre elección.”.”.
b)Intercálase, a continuación de la letra a), la siguiente letra b), nueva, pasando la actual a ser letra c):
“b) Agrégase, a continuación de la letra a), la siguiente letra a bis), nueva:
“a bis) La individualización de todos aquellos prestadores que revistan la calidad de prestadores institucionales, tales como clínicas o centros médicos, con los cuales la Isapre hubiese pactado el otorgamiento de las prestaciones y beneficios del contrato; la indicación precisa de las prestaciones y beneficios que se otorgarán a través de cada uno de ellos y los procedimientos y requisitos para acceder a los mismos.
Los convenios entre las Instituciones y los prestadores antes individualizados, relativos a las condiciones definidas o pactadas para el otorgamiento de las prestaciones y beneficios a que se refiere el párrafo anterior, deberán constar por escrito y mantenerse a disposición de la Superintendencia y de los afiliados, la que deberá informar, a través de los medios que estime pertinentes, acerca de las principales características de tales convenios y de los correspondientes prestadores.”.”.
c)Agréganse, a continuación de la letra b), que pasó a ser letra c), las siguientes letras d), e) y f), nuevas:
“d) Modifícase la letra d) de la siguiente forma:
1.Sustitúyese el primer párrafo por el siguiente:
“d) Precio del Régimen de Garantías en Salud a que se refiere el artículo 33 bis y precio del plan complementario; la unidad en que se pactarán, señalándose que los precios expresados en dicha unidad sólo podrán variar dentro del plazo establecido en el inciso tercero del artículo 38.”.
2.Suprímese el segundo párrafo.
e)Sustitúyese, en las letras e), f) y g) la expresión “artículo 33 bis” por “artículo 33 ter”, todas las veces que allí aparece.
f)Reemplázase, en el inciso tercero, la oración que sigue a continuación del punto seguido, por la siguiente: “El precio del plan deberá pactarse en unidades de fomento o en moneda de curso legal en el país; tratándose de los contratos que se celebren con arreglo al artículo 39, el precio también podrá expresarse en el porcentaje equivalente a la cotización legal de salud.”.”.
7)Para agregar, a continuación de su número 4, los siguientes números 5 a 8, nuevos:
“5.- Intercálase, a continuación del artículo 33, el siguiente artículo 33 bis, nuevo, pasando el actual a ser artículo 33 ter:
“Artículo 33 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 35, las Instituciones de Salud Previsional estarán obligadas, respecto de sus beneficiarios, a otorgar el Régimen de Garantías en Salud.
Los procedimientos y mecanismos para el otorgamiento del referido Régimen, serán sometidos por las isapres al conocimiento de la Superintendencia para su aprobación.
Al otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, no le será aplicable lo dispuesto en las letras e), f) y g) del artículo 33, salvo en cuanto se convenga la exclusión de las prestaciones cubiertas por otras leyes y hasta el monto de lo cubierto.
El precio del Régimen de Garantías en Salud, será el mismo para todos los beneficiarios de la Isapre, sin que pueda aplicarse para su determinación la relación de precios por sexo y edad prevista en el contrato.
Para dicho efecto, las instituciones podrán contar con mecanismos de redistribución de los recursos provenientes de cotizaciones, los cuales deberán ser previamente aprobados por la Superintendencia.
Con todo, la Isapre no podrá cobrar por el Régimen de Garantías en Salud, un precio superior a la Prima Universal que se encuentre vigente.”.
6.Sustitúyese el inciso primero del artículo 33 bis, que pasó a ser artículo 33 ter, por el siguiente:
“Artículo 33 ter.- No podrá estipularse un plan complementario en el que se pacten beneficios para alguna prestación específica, por un valor inferior al 25% de la cobertura que ese mismo plan le confiere a la prestación genérica con la que ésta se encuentre relacionada. Asimismo, dichas prestaciones no podrán tener una bonificación inferior a la cobertura financiera que el Fondo Nacional de Salud asegura a todas las prestaciones contempladas en el arancel a que se refiere el artículo 28 de la ley Nº 18.469, en su modalidad de libre elección. Las cláusulas que contravengan esta norma se tendrán por no escritas.”.
7.Sustitúyese el inciso primero del artículo 34, por el siguiente:
“Artículo 34.- Las instituciones de salud previsional podrán celebrar contratos de salud con personas que no se encuentren cotizando en un régimen previsional o sistema de pensiones y que tampoco estén legalmente obligadas a efectuar cotizaciones para salud.”.
8.Modifícase el artículo 38 de la siguiente forma:
a)Modifícase el inciso segundo del siguiente modo:
i) Reemplázase la oración que dice “El cotizante podrá, una vez transcurrido un año de vigencia de beneficios contractuales, desahuciar el contrato”, por la siguiente: “Independientemente de la fecha de afiliación, el cotizante, dentro del mes siguiente a la fecha en que se le comunique la adecuación de su contrato, podrá desahuciarlo”.
ii) Elimínase la oración que señala: “dada con una antelación de, a lo menos, un mes del cumplimiento del primer año o de la fecha posterior en que se hará efectiva la desafiliación,”.
iii) Elimínase la oración que dispone: “Con todo, las partes podrán pactar la mantención del contrato de salud por un tiempo determinado, durante el cual el afiliado no podrá ejercer su derecho a desahuciarlo.”.
b)Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:
i) Reemplázase la oración que dice “Anualmente, en el mes de suscripción del contrato,”, por la siguiente: “Independientemente de la fecha de afiliación, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación del decreto en virtud del cual entre en vigencia el Régimen de Garantías en Salud o sus posteriores revisiones,”.
ii) Agrégase, a continuación de la frase “excepto en lo que se refiere a las condiciones particulares pactadas con cada uno de ellos al momento de su incorporación a la Institución”, la siguiente: “y sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del artículo 38 bis”.
iii) Sustitúyense las palabras “revisar” y “adecuar”, por “adecuar” y “modificar”, respectivamente.
iv) Intercálase entre las palabras “carta certificada” y “con”, la palabra “expedida”.”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el ministro de Salud.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Señora Presidenta, sólo para agradecer la aprobación del proyecto y para manifestar que, prácticamente, esta unanimidad obliga a quien habla y al Ejecutivo a realizar los mayores esfuerzos para escuchar y acoger la mayor cantidad de opiniones que sea posible en los trámites venideros.
Muchas gracias.
Aplausos.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 15.48 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.