Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Zarko Luksic Sandoval
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I .ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- RECONOCIMIENTO A EXPRESIONES DE APOYO Y DECISIÓN DE CONGELAR PARTICIPACIÓN EN LA MESA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LO RELATIVO A FUNCIONARIOS A CONTRATA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alfonso Vargas Lyng
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 70, DE 1988, LEY DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA SOBRE EVENTUALES CONSECUENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA EN EL VALLE DEL CACHAPOAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LO RELATIVO A FUNCIONARIOS A CONTRATA.
- VI .PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DE COMUNA DE CHOLCHOL.
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE FAMILIA EN INVESTIGADORA DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN DE MENORES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Jose Ramon Barros Montero
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Ximena Vidal Lazaro
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Jorge Burgos Varela
- Maria Isabel Allende Bussi
- German Becker Alvear
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VII. INCIDENTES
- ESTADO DE PROYECTO DE REGADÍO VICTORIA, TRAIGUÉN , LAUTARO . Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Francisco Leandro Bayo Veloso
- SITUACIÓN DE CORPORACIONES VIALES Y AVANCE DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINOS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INFORMACIÓN SOBRE MAL USO DE LICENCIA MÉDICA POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD DE ATACAMA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Francisco Leandro Bayo Veloso
- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- RECHAZO A DENUNCIAS FORMULADAS POR DIPUTADO CARLOS RECONDO .
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- HOMENAJE AL DIARIO “EL SUR”, DE CONCEPCIÓN, CON MOTIVO DEL 120º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. Oficio.
- HOMENAJE : Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Enrique Jaramillo Becker
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- HOMENAJE : Jose Miguel Ortiz Novoa
- REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL.
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- ESTADO DE PROYECTO DE REGADÍO VICTORIA, TRAIGUÉN , LAUTARO . Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Julio Dittborn Cordua
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Marcelo Forni Lobos
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Victor Perez Varela
- Ivan Norambuena Farias
- Jose Antonio Kast Rist
- Dario Molina Sanhueza
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eduardo Saffirio Suarez
- Jorge Burgos Varela
- Patricio Walker Prieto
- Exequiel Silva Ortiz
- Ivan Paredes Fierro
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Camilo Escalona Medina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la delegación de parlamentarios chilenos que asistieron a la sesión especial del Consejo de la Unión Interparlamentaria, y reuniones conexas, en Ginebra, entre los días 23 y 27 de septiembre de 2002.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Sergio Paez Verdugo
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jovino Novoa Vasquez
- Maria Isabel Allende Bussi
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- Jorge Pizarro Soto
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 21ª, en jueves 14 de noviembre de 2002
(Ordinaria, de 10.38 a 13.29 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala9
-Reconocimiento a expresiones de apoyo y decisión de congelar participación en la Mesa9
V.Orden del Día.
-Modificación del estatuto del personal de la Cámara de Diputados en lo relativo a funcionarios a contrata10
-Modificación del decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, ley de Tarifas de Servicios Sanitarios. Proposición de la Comisión Mixta16
-Informe de la Comisión de Agricultura sobre eventuales consecuencias de la construcción de central termoeléctrica en el valle del Cachapoal23
VI.Proyectos de acuerdo.
-Creación de comuna de Cholchol35
-Constitución de Comisión de Familia en investigadora de procedimientos de adopción de menores36
VII.Incidentes.
-Estado de proyecto de regadío Victoria, Traiguén, Lautaro. Oficio38
-Situación de corporaciones viales y avance de pavimentación asfáltica de caminos en la Décima Región. Oficios39
-Información sobre mal uso de licencia médica por parte de la directora del Servicio de Salud de Atacama. Oficio39
-Implementación de medidas anticorrupción en la Décima Región. Oficio40
-Rechazo a denuncias formuladas por diputadoCarlos Recondo41
-Homenaje al diario “El Sur”, de Concepción, con motivo del 120º aniversario de su fundación. Oficios42
-Reflexiones sobre la situación política nacional44
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.356, sobre control de las artes marciales, incluyendo al Taekwondo y al Karate en los deportes que no son considerados artes marciales (boletín Nº 2868-02) (S)47
2.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica el artículo 162 del Código del Trabajo estableciendo que el finiquito deberá suscribirse ante un funcionario de la Inspección del Trabajo (boletín Nº 2835-13)47
3.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo al cobro electrónico de peajes, y la ley Nº 18.287 que establece procedimientos antes los Juzgados de Policía Local (boletín Nº 2921-15) (S)48
4.Informe la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Giorgio Agostini Visentini (boletín Nº 2954-07)49
5.Moción de los diputados señores Dittborn, Uriarte, Forni, Álvarez, Pérez don Víctor, Norambuena, Kast, Molina y diputada señora Cubillos, que modifica la ley general de Bancos para aumentar el límite máximo en los créditos hipotecarios que otorgan las instituciones financieras (boletín Nº 3128-059)51
6.Moción de los diputados señores Saffirio, Burgos, Walker, Silva, Paredes, Valenzuela, Espinoza, Hales, Ortiz y Escalona, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas (boletín Nº 3129-03)52
7.Informe de la delegación de parlamentarios chilenos que asistieron a la sesión especial del Consejo de la Unión Interparlamentaria, y reuniones conexas, en Ginebra, entre los días 23 y 27 de septiembre de 200254
IX.Otros documentos de la Cuenta.
Comunicaciones:
-Comunicación de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por la cual informa que ha procedido a elegir como su Presidente al diputado señor Luksic.
2.Oficios:
-Oficio de la Comisión de Ciencias y Tecnología por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala en el día de hoy, de 11.00 a 12.00 horas para continuar la discusión particular del proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de recepcionar, en los tipos penales tradicionales, nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática (boletín Nº 3083-07).
Ministerio de Bienes Nacionales
-Del diputado señor Navarro, información cartográfica digital de todo el país.
Servicio Nacional de la Mujer
-Del diputado señor Pedro Muñoz, ausentismo laboral del día 20 de septiembre.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Navarro, diferentes materias medioambientales.
Municipalidad de Saavedra
-Del diputado señor René Manuel García, proyectos pendientes en esta región.
Municipalidad de Las Condes
-Del diputado señor René Manuel García, ayuda a damnificados de la Novena Región. (1653 al 2564)
Municipalidad de Bulnes
-Del diputado señor Monckeberg, situación de quirópteros en poblaciones Matías Madariaga I, II y III.
Municipalidad de Camarones
-Del diputado señor Robles, pronunciamiento privatización empresas sanitarias.
Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A.
-Del diputado señor Araya, preocupación por anuncio de concesión.
Televisión Nacional de Chile
-Del diputado señor Bertolino, instalación de señal en comunidad de La Higuera.
Corporación Nacional ForestalPlan de Ordenación de la Reserva Nacional Valdivia. A disposición de los señores diputados.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (100)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Escobar Urbina, Mario
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hernández Hernández, Javier
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Herrera, Eduardo
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paya Mira, Darío
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Patricio Walker y Eugenio Tuma.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El acta de la sesión 16ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 17ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Ciencias y Tecnología para sesionar, hoy, simultáneamente con la Sala, de 11 a 12 horas, a fin de continuar con el análisis del proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de recepcionar, en los tipos penales tradicionales, nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
RECONOCIMIENTO A EXPRESIONES DE APOYO Y DECISIÓN DE CONGELAR PARTICIPACIÓN EN LA MESA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta, quiero iniciar mi intervención agradeciendo los múltiples gestos de confianza y de afecto que he recibido en los últimos días desde todos los sectores y de mis colegas en general.
Permítanme reconocer muy especialmente el afecto y la confianza manifestados por personas con las cuales, si bien discrepamos en visiones de sociedad, o concepciones ideológicas, hemos compartido años de trabajo en conjunto en una función que, en lo personal, me ha enseñado mucho y en la cual hemos logrado reconstruir una convivencia cívica y política tan importante para nuestra nación.
Me siento profundamente golpeado, tremendamente sorprendido por lo ocurrido en estos días, pero tengo la convicción de que la verdad va a aflorar, y, asimismo, tengo un profundo interés personal, por mi familia, por mis hijos y por la función parlamentaria, en que se investigue a fondo el caso “coimas”, en el cual nada tengo que ver.
He estimado conveniente congelar mi participación en la Mesa de la honorable Cámara, entre otros motivos, para que nadie tenga una sombra de duda, para que nadie se sienta inhibido en hacer su trabajo; por ello, desde el principio de la semana he actuado en esa dirección.
En esta mañana reitero mi reconocimiento a las palabras, a los gestos de apoyo de mis colegas, ante una coyuntura, una experiencia ingrata, en más de una década de labor parlamentaria..
He dicho.
-Aplausos.
V.ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LO RELATIVO A FUNCIONARIOS A CONTRATA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo que modifica el Estatuto del Personal de la Cámara de Diputados en lo relativo al personal a contrata.
Diputado informante de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento es el señor Alfonso Vargas .
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 3116-16, sesión 17ª, en 7 de noviembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, sesión 20ª, en 13 de noviembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor VARGAS.-
Señora Presidenta, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento me ha encomendado informar sobre el proyecto de acuerdo, iniciado en moción de su Señoría, que tiene por finalidad introducir una enmienda en el párrafo segundo de la letra B) del artículo 6º del Estatuto del Personal de la Cámara de Diputados, con el objeto de ampliar el número de funcionarios a contrata que presta servicios en esta rama del Poder Legislativo.
Ha sido constante preocupación de la Comisión de Régimen Interno mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en la Cámara de Diputados.
En ese contexto, la modificación consiste en aumentar la cantidad de personal en la modalidad a contrata de que puede disponer la Corporación, permitiendo traspasar a dicha modalidad de empleo administrativo a quienes cumplen determinadas funciones permanentes y que en la actualidad se desempeñan a honorarios; es decir, se propone aumentar la cantidad de personal a contrata para que quienes cumplen funciones a honorarios en la Cámara y que, por ello, no tienen previsión ni acceso a la salud, sean contratados.
Cabe destacar que la iniciativa no significará un aumento de costos para la Cámara, y que, en cambio, sí beneficiará a las personas contratadas al darles acceso a previsión y a salud.
El propósito que anima a la Comisión de Régimen Interno es solucionar ambos problemas de estos servidores cambiando su condición jurídica, la que no constituye un costo significativo para la Corporación ni aumenta su actual dotación.
La enmienda tiene como objetivo elevar a 40 por ciento el límite máximo de personal permitido a contrata, lo que satisface las necesidades en la materia.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, quiero reconocer y poner de relieve que la iniciativa en discusión es de la autoría de su Señoría, no sólo en su condición de Presidenta de la Corporación, sino de diputada de la República.
El proyecto hace justicia al personal de la Corporación, constituido por funcionarios y profesionales eficientes, sacrificados y conscientes de la importancia de ser parte de un Poder del Estado, como es el Legislativo.
Además, la iniciativa apunta en la línea correcta de justicia social; porque no puede ser que la Cámara de Diputados, desde 1990, haya debido contratar a muchas personas a honorarios, en circunstancias de que por principios, en el caso personal, creo que se debe dar estabilidad al personal, como también demandarles que asuman las responsabilidades que les corresponden.
El proyecto me parece de justicia y lo voy a votar favorablemente.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señora Presidenta, el proyecto en debate, que aumenta la dotación de funcionarios a contrata, es un gesto que marca un hecho importante: reconocer el trabajo de las personas que laboran en la Cámara de Diputados a honorarios. La modificación de su condición jurídica les permitirá tener un régimen distinto, e incluso les otorgará la posibilidad de acceder a un sistema previsional mejor que el que algunos, como independientes, tienen actualmente. Es muy difícil para una persona que trabaja a honorarios celebrar contratos de créditos, incluso acceder a algún tipo de subsidio, como son los habitacionales.
Por eso, es un muy buen proyecto. Sé que ha sido iniciativa de la Presidenta de la Cámara de Diputados, la cual vamos a apoyar con entusiasmo, porque es un reconocimiento a una etapa cumplida por esas personas al desempeñar las funciones con eficiencia, lo que amerita calificarlas como idóneas para asumir responsabilidades en un nuevo tipo de contrato.
Al concluir esa etapa, es razonable y justo aprobar este proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta, no se trata tan sólo de alabar los proyectos, sino también de dar garantías, estabilidad, seguridad, cosas que no tenían muchas personas que hace doce años trabajan en la Corporación.
Ahora, en honor a la verdad, debemos felicitar también al diputado Edmundo Salas, Vicepresidente de la Corporación, por su interés en esta materia. En la Comisión de Régimen Interno aprobamos la iniciativa por tratarse de un acto de estricta justicia con gente que trabaja hace años en la Cámara en situaciones desmedradas. Por ejemplo, el personal del área de televisión y los funcionarios que prestan servicios a los parlamentarios en el aeropuerto de Santiago, quienes no tienen vacaciones ni descanso y perciben sueldos que no están acordes con la función que ellos realizan. En verdad, es un proyecto que favorece a la gente. Pero sí quiero decir una cosa: cuando se hacen nivelaciones, me agrada nivelar hacia arriba, y no hacia abajo, que no es bueno; la gente tiene aspiraciones y debe ir hacia arriba. Si nuestro personal está tranquilo, con buenas remuneraciones, desde el Secretario, el secretario jefe de Comisiones, los secretarios de comisiones y demás trabajadores de la Cámara, vamos a tener mucho mejor rendimiento, y la gente llegará mucho más alegre en la mañana a cumplir sus labores.
Como miembros de la Comisión de Régimen Interno, dimos un paso importante. El segundo -tengo entendido- será la nivelación de la planta de la Cámara con la del Senado, proyecto importante para la Corporación, para que los funcionarios tengan tranquilidad, y Dios mediante, podamos contar con una planta estable, y con buenas remuneraciones. La Cámara debe dar el ejemplo en el cumplimiento de las leyes laborales y de cómo se debe tratar a los empleados que en ella trabajan. En esta Corporación se hacen las leyes, y no es admisible tratar de burlarlas mediante subterfugios.
Por las razones expuestas, vamos a aprobar el proyecto con mucho entusiasmo y con mucha fuerza, en cuya elaboración la Comisión de Régimen Interno ha trabajado intensamente. Alguna gente dice: “¡y las contratas¡”. Bueno, siempre trataremos de hacer las cosas lo mejor posible para nuestra Corporación.
Ojalá este proyecto se apruebe por unanimidad.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, para usted, especialmente, con mucho aprecio y cariño de su bancada, la del Partido por la Democracia, y para la Mesa, compuesta por los señores Vicepresidentes, nuestro reconocimiento por el objetivo plasmado en esta iniciativa. Corresponde hacer justicia ahora, no porque no se haya querido antes, sino porque el tema de las leyes laborales todavía cuesta ordenarlo. Este proyecto no persigue ni más ni menos que aumentar de un 30 a un 40 por ciento el número de personas contratadas en proporción a la planta funcionaria. Así, las numerosas personas que actualmente cumplen tareas a honorarios, podrán incorporarse como funcionarios a contrata de la Cámara. Cada uno de nosotros tiene la constante espera de audiencia de algún funcionario para que, de alguna forma, podamos interceder, cosa que se ha hecho, en el caso del Partido por la Democracia, por intermedio de nuestros representantes en Régimen Interno: la diputada Ximena Vidal y el diputado Jorge Tarud . Ellos han sido partícipes de este anhelo. No se debiera decir que se hizo o que se va a hacer justicia. Es una forma de arreglar la casa.
En materia de personal, hoy la pregunta es si la Cámara de Diputados debe ser un ejemplo de respeto de los derechos laborales y previsionales. Un “sí” inmenso, con tremendas mayúsculas, es la respuesta de la mayoría o de toda la Cámara. Otra pregunta: ¿Debemos contratar más personal para satisfacer las necesidades de un servicio que se amplía, como consecuencia del desarrollo de los nuevos productos y servicios? También habrá que considerarlo como un “sí” con mayúsculas.
El personal de confianza de los diputados y los prestadores externos de servicio constituyen dos segmentos que, muchas veces, son olvidados. Por qué no decirlo, no bien vistos muchas veces en el trato laboral. Esto nos debe inducir a reflexionar. Habría que comentar mucho lo que está sucediendo en el país, lo que ha pasado, lo que realmente no quisiéramos que siga pasando y que debemos resolver.
Sin duda alguna, hay que perfeccionar el trabajo parlamentario, por lo menos ésa es mi opinión. Debemos abordar con sinceridad y honestidad las falencias. Por eso, hemos de contar con servidores idóneos, quienes deben recibir la reciprocidad de cada uno de nosotros.
La bancada del Partido por la Democracia, señora Presidenta y honorable Mesa, se hace un deber llegar a ustedes con el reconocimiento, aprecio y afecto que -hoy más que nunca- debe estar dentro de nosotros, los legisladores de la República.
Votaremos afirmativamente con mucho ánimo y, una vez más, agradecemos en nombre de aquellos que han estado marginados de la justicia laboral.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Pedro Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señora Presidenta, siento discrepar de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra: me parece una pésima señal que la Cámara aumente de un 30 a un 40 ciento el porcentaje de sus funcionarios a contrata. Es una mala señal para la administración del Estado y una pésima señal para los municipios. En el día de mañana, todos los organismos estatales van a reivindicar su derecho de aumentar sus plantas a contrata como lo está haciendo hoy la Cámara.
Por eso, al menos, yo voy a votar en contra.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señora Presidenta, la iniciativa para modificar el estatuto del personal, planteada en la Comisión de Régimen Interno, obedece fundamentalmente a intentar aprehender la realidad que hoy vive la Corporación.
La planta existente era insuficiente para hacerse cargo de unidades completas que han comenzado a funcionar; por ejemplo, la gente de televisión. Ello, naturalmente, se desarrolla sobre la base de personal a honorarios; pero, objetivamente, no se cumple con las disposiciones del Código del Trabajo. Por lo tanto, de no modificarse el Estatuto en el sentido que nos propone el proyecto, estaríamos violando sistemáticamente las propias disposiciones legales que la propia Cámara ha aprobado.
Lo más importante es reconocer que está fallando la institucionalidad. Por eso, debe llamar la atención la modificación sustancial propuesta por los integrantes de la Mesa, en cuanto a que opere en mejor forma el Reglamento desde el punto de vista de los funcionarios.
La dotación que tiene la Corporación en determinadas unidades es insuficiente, como ocurre con la gente de televisión, donde todos trabajan a contrata, lo que naturalmente vulnera las disposiciones legales vigentes.
Se trata de proteger los derechos del trabajador -como se pretende hacer en el resto de las reparticiones-, lo que hace estrictamente necesario aprobar la modificación al Estatuto del Personal propuesta por los integrantes de la Mesa, con el objeto de que exista homogeneidad y sintonía con las disposiciones legales. No resulta lógico que personal que cumple horario, una tarea específica y que permanentemente atiende la función que le corresponde, reciba su remuneración vía honorarios, ya que eso lo deja fuera de toda las prestaciones que la ley otorga.
Por las razones expuestas, es necesario aprobar la modificación presentada por los integrantes de la Mesa, que contó con el apoyo unánime de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel .
El señor SEGUEL.-
Señora Presidenta, me he visto en la obligación de intervenir para explicar a mi colega Pedro Pablo
Álvarez-Salamanca el objetivo del proyecto, a fin de que cambie su posición y sea aprobado en forma unánime.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Tengo las cosas muy claras.
El señor SEGUEL.-
Sé que el señor Álvarez-Salamanca tiene todo muy claro, pero a veces hay cosas que no todos las sabemos.
Integrantes de varias Mesas de la Corporación han recibido a los dirigentes de las distintas asociaciones de la Cámara, quienes les han hecho ver la necesidad de buscar una solución al problema de los funcionarios a contrata y a honorarios.
Aun cuando ello ha sido difícil, felizmente, a raíz del proyecto presentado por la señora Presidenta de la Corporación y del excelente informe del Vicepresidente, diputado señor Edmundo Salas -quien durante años se ha preocupado del tema-, en esta oportunidad se logró su aprobación en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Debo explicar al colega Álvarez-Salamanca que la diferencia entre un trabajador a honorarios y uno a contrata es abismante. Incluso los parlamentarios, quienes siempre legislamos en defensa de los derechos de los trabajadores, al menos en el tema de la seguridad social, debemos saber que cuando un funcionario a honorarios pasa a contrata, logra el pago de sus cotizaciones previsionales. No es posible que la Cámara de Diputados, integrante de un Poder del Estado, tenga trabajadores a honorarios, quienes deben emitir una boleta por los servicios prestados a la Corporación, y no se les pueda pagar sus cotizaciones previsionales, algo tan importante para cada trabajador.
Alguien podrá decir que los trabajadores a contrata pueden desarrollar todo el trabajo de la Corporación; pero las personas que han formado parte de la dirección de la Cámara saben que eso es imposible, ya que hay tres o cuatro días a la semana en que el trabajo es demasiado intenso, por lo que todas las personas son necesarias. Por eso, es importante que esos trabajadores estén en las mejores condiciones laborales, económicas y sociales que pueda otorgarles la Corporación. En consecuencia, esta iniciativa da solución a un problema que se viene arrastrando desde hace años.
A la vez, es importante ver la forma de buscar los recursos necesarios para solucionar el problema de los funcionarios de la Cámara de Diputados que deben jubilar, pero que no lo pueden hacer porque la Cámara no tiene plata. Hay funcionarios y funcionarias de sesenta y cinco y hasta de setenta y siete, o más años, que no pueden jubilar porque la Cámara no tiene cómo pagarles una indemnización.
A mí me parece -lo he hecho ver en varias oportunidades- que Hacienda debe llegar a un acuerdo con la Mesa de la Cámara de Diputados -al menos con la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento- para ver cómo destinar los recursos necesarios para que a lo menos una cincuentena de personas pueda jubilar; así, la gente nueva podrá acceder a los cargos, no a honorarios, sino, primero, a contrata, para luego ingresar a la planta, como corresponde a todo trabajador. El deseo de cada uno de ellos es ir escalando posiciones en los respectivos escalafones.
El llanto y la preocupación de los dirigentes de las distintas asociaciones de la Corporación es grande. No es posible que la gente que tiene la edad para jubilar -a veces, diez años más que los exigidos por la ley- no lo pueda hacer porque la Cámara de Diputados y el Senado, o sea, donde se hacen las leyes, no tienen plata para pagar las indemnizaciones por años de servicio o no han logrado buscar acuerdos con dichos funcionarios.
Por tanto, cordialmente invito al colega Álvarez-Salamanca a votar favorablemente la iniciativa.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Debo informar al diputado señor Seguel que en el estudio mencionado por el diputado señor Ulloa , realizado por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, se ha incorporado la preocupación acerca del retiro y jubilación de los funcionarios de la Corporación que usted ha planteado. Por tanto, puede estar tranquilo en ese aspecto.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz .
El señor MUÑOZ (don Pedro).-
Señora Presidenta, solicito a la Sala el apoyo unánime al proyecto presentado por la Presidenta de la Corporación, ya que el aumento de plantas a contrata persigue terminar con la inequidad existente al interior de la Cámara, donde hay un gran número de trabajadores con contratos a honorarios desde hace muchos años, quienes, debido a esa calidad jurídica, no tienen acceso a la previsión ni a la salud.
El proyecto fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, consciente de la necesidad de satisfacer las peticiones y planteamientos que por años han hecho los funcionarios que hoy se encuentran en una situación desmedrada frente a quienes gozan de estabilidad laboral en la Corporación.
Hay que destacar el esfuerzo, el trabajo y el estudio realizado por los integrantes de la Mesa de la Cámara de Diputados, en especial del diputado señor Edmundo Salas , quien durante largos ocho meses trabajó para buscar la forma más eficaz de incorporar a los trabajadores a honorarios a la planta de contrata de la Corporación.
La Cámara de Diputados debe estar acorde con las leyes laborales que protegen los derechos de los trabajadores. No habría razón ni motivo para actuar de otra forma con quienes prestan servicios en esta honorable Corporación. Por eso, hemos querido que todos queden regidos por un estatuto jurídico.
Sin embargo, aún queda un importante número de trabajadores a honorarios; pero los integrantes de la Mesa de la Cámara se han comprometido a seguir trabajando en orden a que en un futuro cercano tengan la misma calidad de quienes, a través de la aprobación de este proyecto, pasarán a la planta de trabajadores a contrata de esta honorable Corporación.
He dicho.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta, solicito, si lo tiene a bien, que se inserte mi intervención.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Muy bien, señora diputada.
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
-En conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento y cumpliendo con lo establecido en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo, se inserta la siguiente intervención no pronunciada en la Sala:
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta, este proyecto de acuerdo se enmarca dentro del esfuerzo mínimo que cada parlamentario debería hacer para poder generar una solución al problema contractual, laboral en general, y, más derechamente -y acaso el de mayores consecuencias-, previsional de los trabajadores que prestan sus servicios en esta Cámara.
La mayoría de los que son destinatarios de esta modificación son gente que ha prestado servicios durante mucho tiempo en esta Corporación, y que, consiguientemente, en aras de poder tener estabilidad laboral, han renunciado a las prestaciones básicas más elementales que nuestro ordenamiento jurídico laboral posee, cuales son, la previsión y la salud.
Es fundamental considerar que al momento de pensarse el Estatuto que nos rige, ciertamente se dejaron afuera muchos usos, prácticas, avances; en definitiva, a secciones que, con el correr del tiempo, se fueron transformando en otorgadoras de constantes prestaciones de suma importancia dentro de esta Cámara y que compartían, codo a codo, las labores de las secciones y funcionarios de planta de esta Corporación, razón por la cual, tarde o temprano, tendrían que validarse como tales, actualizando la norma a fin de que en algo se paliara su desmedrada condición previsional y de salud.
Es por esto, señora Presidenta, por lo que concurro a este hemiciclo a sugerir y solicitar a mis colegas de todos los sectores representados en esta Cámara, que voten favorablemente este proyecto, a fin de poder dar definitivamente una más amplia soltura y flexibilidad a la planta de personal a contrata en esta Corporación.
Por esto y muchas otras razones de lata consideración, me sumo entusiastamente y aplaudo este esfuerzo por mejorar las condiciones de nuestros compañeros de labores.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Aprobado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Araya , Barros, Bauer , Becker , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela) , Encina , Escobar , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , González (doña Rosa) , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Luksic , Masferrer , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Palma, Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Ulloa , Urrutia , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches y Von Mühlenbrock .
MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 70, DE 1988, LEY DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS. Proposición de la Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, ley de tarifas de servicios sanitarios, con el objeto de conceder atribuciones al Presidente de la República.
Les recuerdo a los colegas que en los informes de Comisión Mixta tienen derecho a hacer uso de la palabra tres señores diputados por diez minutos.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 2430-09, sesión 19ª, en 12 de noviembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Encina.
El señor ENCINA.-
Señora Presidenta, informaré brevemente sobre la proposición de la Comisión Mixta respecto de este proyecto, el cual tuvo su origen en una moción parlamentaria que pretendía modificar el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, referido a la ley de tarifas de servicios sanitarios.
La intención de los señores parlamentarios era otorgar una facultad al Presidente de la República para modificar el decreto tarifario, por una vez, cuando correspondiera al período de fijación de tarifas, lo que normalmente se hace cada cuatro años.
Si bien el propósito de este proyecto era transparentar un proceso que normalmente, en los servicios regulados o en los monopolios naturales, ha sido muy oscuro -en este caso, cuando existen diferencias entre las empresas y el Ministerio de Economía, se pronuncian sobre el tema un grupo de peritos: uno, nombrado por la empresa; otro, por el Ministerio de Economía, y el tercero, por acuerdo de ambos actores del sistema-, su alcance jurídico está en contra de la facultad que tienen el Presidente de la República y el Ejecutivo en este orden de materias. Por lo tanto, la Comisión Mixta ha resuelto rechazarlo por inconstitucional, y lo más aconsejable es aprobar su proposición.
No obstante, deseo señalar que la intención de los señores parlamentarios, tendiente a modificar el decreto que rige las tarifas sanitarias, es altamente positiva. Ojalá que en el futuro pudiéramos legislar respecto de cómo participarán los usuarios en el sistema de fijación tarifaria, en Chile, de los servicios regulados, en que actualmente no existe esta participación. Por lo demás, es un proceso donde muchas materias son desconocidas por su condición de secretas, como ocurre, por ejemplo, respecto del funcionamiento de la empresa o cómo se fijan las tarifas simulando una empresa ideal. Es decir, hay un conjunto de normativas poco transparentes. Por eso, ojalá que pudiéramos avanzar en la normativa legislativa, en el sentido de transparentar cada día más los temas de los servicios regulados y de la fijación de tarifas. Esto no sólo sucede en el sector sanitario, sino también en el caso de las tarifas telefónicas y de otros servicios regulados, como los eléctricos. Existe toda una nebulosa respecto de cómo fijar la tarifas, quiénes participan en esa materia y cómo se puede conocer ese proceso.
Por último, cabe recordar que en países como Estados Unidos, y también en Europa, se realizan convocatorias para que los usuarios puedan participar en la fijación tarifaria. Se efectúan inscripciones en los ministerios respectivos, donde las instituciones de consumidores y de usuarios entregan sus nombres. Así, por supuesto, el proceso es mucho más transparente del que tenemos en Chile.
Por lo tanto, la Comisión Mixta rechazó este proyecto por ser inconstitucional, y yo, como miembro de ella, pido a la Sala, si así le parece, adoptar el mismo criterio.
Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al diputado señor Jaramillo .
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Prefiero darle la palabra, porque sólo tenemos treinta minutos para discutir este proyecto y quedan cuatro diputados inscritos para debatirlo. Entre ellos se encuentra el propio señor Jaramillo , además de los diputados señores Gonzalo Ibáñez , René Manuel García y Víctor Pérez .
¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, sólo para consultar al diputado informante si se tuvo en cuenta la conclusión de la Comisión investigadora encargada de estudiar las tarifas de los servicios sanitarios. Durante la discusión de esta materia se invitó a muchas personas a fin de lograr un consenso en la opinión sobre un cambio futuro, incluso del marco regulatorio del tarifado de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Como esa conclusión fue tan profunda y comentada, me extraña que no aparezca en el proyecto modificatorio del decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988.
Por último, debo decir que me alegra el rechazo de este proyecto.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).-
Señor Presidente, estamos estudiando la proposición de la Comisión Mixta sobre un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y, por lo visto, rechazado en el Senado en su segundo trámite constitucional, donde se produjeron controversias que hicieron necesaria la formación de una Comisión Mixta, la que ahora nos propone rechazar totalmente la iniciativa.
En verdad, los parlamentarios denominados de Oposición estamos haciéndole la “pega” al Gobierno, por cuanto este proyecto -recordémoslo- provino de una moción presentada por diputados miembros de la denominada Concertación. En el fondo, entregaba al Presidente de la República lo que se denomina un presente griego, cual es poder modificar, por una vez y antes de que se publiquen, las tarifas de los servicios públicos establecidas por las respectivas Comisiones, de acuerdo con las normativas que las rigen. Es decir, este proyecto le otorgaba al Presidente un poder tan gigantesco que, al final, se convertía en una brasa. ¿Qué hacer con este tremendo poder para decidir sobre las tarifas de los servicios públicos de manera completamente arbitraria, sin dar ningún tipo de razones, pudiendo saltarse incluso el informe de las Comisiones técnicas? Era un proyecto absolutamente demagógico. Por cierto, todos estamos de acuerdo en que el precio de estos servicios sea el menor, que lleguen de la manera más eficiente a la gente y que las tarifas sean claras, transparentes y justas.
No obstante, el mecanismo ideado por el proyecto se fue al otro extremo: se entregó un poder arbitrario y total al Presidente de la República, a fin de saltarse todas las instancias técnicas, y por sí y ante sí fijar las tarifas sin dar ninguna explicación. Dar ese poder al Gobierno significaba ponerlo en una situación muy complicada y embarazosa.
En atención, además, a que estaban en juego claras disposiciones constitucionales, la seriedad de nuestro país y el respeto de los compromisos que se adoptan cuando se llama a inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, a invertir en Chile, en su momento nos opusimos al proyecto, aun a costa de eventuales disminuciones de popularidad. Con todo, hemos visto que en el Senado se ha impuesto la cordura, la que ha predominado en la Comisión Mixta, instancia que nos recomienda, lisa y llanamente, rechazar el proyecto.
Como concuerdo con la posición adoptada por esa Comisión, votaré favorablemente su rechazo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, cuando este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, no tenía mucho que ver con demagogia, sino más bien con una realidad que hoy vive el país: me refiero a las tarifas de agua potable y al cobro que se hace por ese elemento de primera necesidad. Sin duda, el agua potable es más importante que la luz, el teléfono o cualquier otro servicio con que cuenta un hogar. Es más, si una persona no paga la cuenta de agua potable, puede correr el riesgo de que Sanidad clausure su vivienda.
¿Por qué me interesaba que el proyecto fuera aprobado? Por una razón muy sencilla: cuando nos preguntan -y he estado en reuniones con colegas de la Concertación- qué pasa con las tarifas de agua potable y por qué no participa el usuario que, finalmente, es quien tiene que pagar, la respuesta siempre es la misma: el decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, es una ley de amarre dejada por el gobierno militar. Si ésa es la situación descrita por algunos colegas, el proyecto abría la posibilidad de eliminar ese decreto. No se trataba de demagogia, sino de defender a las personas que deben pagar las tarifas por consumo de agua potable.
En lo personal, soy partidario de una tarifa diferenciada. Hay personas que viven permanentemente en poblaciones pobres ubicadas en balnearios y que deben pagar el consumo de agua al igual que quienes van a veranear, con la diferencia de que quien mantiene residencia fija lo hace doce veces al año y el que va de paso sólo el equivalente a veinte días o a un mes de consumo. Nuestro interés era que este problema encontrara una solución. Lamento lo ocurrido luego de finalizada la investigación de la Comisión encargada de indagar las causas del aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado. La gente se formó grandes expectativas y pensó que las tarifas bajarían y que el cobro sería más justo. Nada de ello ocurrió. No se trata de hacerle la “pega” al Gobierno. ¿De qué “pega” estamos hablando si el Gobierno no ha hecho nada en esta materia? Lo que queríamos era que se fijaran tarifas más justas, de modo que la gente tuviera un respiro en relación con este gasto.
Resulta curioso que el diputado señor Tuma -su Señoría trabajó en Essar, empresa ubicada en Temuco, por lo que conoce muy bien el tema del agua potable- haya señalado en una oportunidad: “Esta iniciativa legal debe rechazarse, no por razones de inconstitucionalidad, sino porque además atenta contra el procedimiento legal de fijación de tarifas”. La legalidad o ilegalidad no está vinculada con la fijación de tarifas, sino con las reglas que las rigen. A través de ellas, se determina quiénes intervienen en ese proceso, y de surgir diferencias, se llama a peritos en la materia. En su oportunidad, se alegó que éstos recibieron 120 millones de pesos por zanjar un par de diferencias surgidas entre una empresa y el Ejecutivo. Por otra parte, la inconstitucionalidad no es un elemento que impida actuar en esta materia, pues bastaba que el Ejecutivo hubiera hecho suya la iniciativa y señalar que, aunque careciera de facultades para modificar las tarifas, el Presidente podría entregar su opinión sobre el particular.
Así las cosas, cualquiera podría catalogar un proyecto de demagógico, encontrarle vicios de constitucionalidad o decir que le estamos haciendo la “pega” al Gobierno. ¡Nosotros no le estamos haciendo la “pega” a nadie! Fui elegido para defender al usuario, a quienes no tienen voz y decir algo en favor de esa gente. Lamentablemente, es necesario reconocer que es muy poco lo que podemos hacer en el Congreso, debido a las escasas facultades con que contamos los diputados.
Aquí no hay nada inconstitucional. Bastaba -es bueno que la gente lo sepa- con que el Gobierno hubiera tenido la voluntad de modificar el decreto con fuerza de ley N° 70 y hacer suya la indicación correspondiente para zanjar el supuesto problema de inconstitucionalidad.
Me preocupa mucho lo que está aconteciendo en algunos lugares. Por ejemplo, en Temuco se ha aplazado dos veces la licitación de Essar y no sabemos qué va a pasar con las platas relacionadas con esa empresa. Cuando se señala que se invierten miles de millones de pesos en plantas de tratamiento de aguas servidas y en otros proyectos, lo cual incide en el cobro de tarifas de agua potable, la verdad es que todo ello es pagado por el usuario, y las empresas hacen pocos sacrificios para aportar lo suyo. Un ejemplo es el costo que ocasionó para Valparaíso y Viña del Mar el caso Esval. Insisto, todo esto repercute en la fijación de tarifas, y finalmente quien paga los platos rotos es el usuario.
Lamento que el proyecto fuera rechazado en la Comisión Mixta, y percibo que en la Cámara ocurrirá lo mismo, a pesar de que en el primer trámite constitucional fue aprobado prácticamente en forma unánime. Una vez más, esto se traduce en pérdidas para los usuarios, los que deberán continuar esperando, y una vez más las empresas monopólicas seguirán haciendo lo que quieran.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, sin duda que el tema de las tarifas, en particular las vinculadas con el agua potable, preocupa a la ciudadanía y afecta a los hogares del país. Muchas veces -estoy seguro que coincide con la experiencias recibidas por cada uno de nosotros- llegan familias, jefes y jefas de hogar, a exhibirnos boletas de cobro que reflejan tarifas completamente desproporcionadas y que afectan los bolsillos de los sectores medios y modestos de la población.
A diario, uno constata que la política de subsidio al consumo de agua potable no logra llegar a quienes verdaderamente lo requieren y lo necesitan. De manera que está fuera de discusión el hecho de que existe un problema relacionado con las tarifas del agua potable.
A mi juicio, es necesario reiterar que el tema relativo a las tarifas de agua potable es de responsabilidad gubernamental. Es el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, el que fija la tarifa que cobra una determinada empresa. Por lo tanto, la cuenta de agua potable que llega al hogar es el reflejo de una decisión gubernamental llevada a cabo a través de un determinado procedimiento o sistema establecido en distintas normas legales que rigen la materia.
Uno escucha, de parlamentarios de la Concertación y de autoridades de Gobierno, una permanente crítica -en lo personal, la considero bastante demagógica y populista- a este sistema. En ese empeño, enarbolan banderas de defensa de la ciudadanía y de quienes sufren agravios por el cobro de tarifas desproporcionadas, las que, muchas veces, no encuentran una explicación razonable.
Nos llama mucho la atención que durante doce años quienes han enarbolado estas banderas y se han presentado ante la opinión pública como contrarios a este sistema, jamás hayan presentado un proyecto de ley que verdaderamente transparente y mejore sustancialmente el sistema tarifario. Es decir, nos quedamos en el discurso, en la discusión acalorada y queremos aparecer ante la ciudadanía como sus defensores, o según el decir de algunos, como el león que la defiende. Pero en verdad no defienden a nadie, porque no han presentando ninguna iniciativa concreta, real, técnica, veraz, eficaz y eficiente para avanzar en esta materia.
¿Qué proyecto presentaron los parlamentarios de la Concertación, que espero hoy la Cámara rechace? Una iniciativa claramente populista y demagógica, sin ningún rigor técnico. Después de la discusión técnica de las tarifas, cualquiera sea el juicio de valor que uno tenga sobre ella, se faculta al Presidente de la República para hacer lo que quiera. Eso no es técnico, no es real ni eficaz. Eso es demagogia, populismo. Una autoridad política no puede, por sí y ante sí, decidir si un proceso tarifario es correcto o incorrecto, si hay que subir o bajar la tarifa.
Cuando de una u otra manera nos vamos a ver enfrentados a situaciones coyunturales, de carácter político, no hay duda de que puede ser muy popular en determinado momento bajar las tarifas, y el Presidente de la República va a quedar con una alta adhesión ciudadana. ¿Pero eso es serio? ¿Responde verdaderamente a un proceso transparente y técnico, a fin de que la gente pague lo justo por el agua y que las empresas puedan desarrollar adecuadamente este proceso sin obtener ganancias excesivas? ¡A mi juicio, no!
Por lo tanto, quiero emplazar a los parlamentarios de la Concertación y al Gobierno, que tanto han hablado sobre esta materia, a poner sobre la mesa un proyecto que resuelva el fondo del tema, es decir, lo que hoy estamos viviendo, y no voladeros de luces.
Cuando se presentó este proyecto, en distintos distritos se dijo -y consta en los medios de comunicación- que parlamentarios de la Concertación estaban resolviendo y solucionando el problema de las tarifas de agua potable. Sin embargo, hasta los propios senadores de la Concertación tuvieron que decir que eso no sólo era inconstitucional, sino que absolutamente ineficaz y no pertinente.
Por lo tanto, espero que esta Cámara, por unanimidad, apruebe el informe de la Comisión Mixta, para poner fin a una iniciativa claramente demagógica y populista, que no resuelve el fondo del tema.
Si aquí se dice que tenemos un procedimiento no transparente, presentemos iniciativas que se la den; si se dice que no hay participación ciudadana en la fijación de la tarifa, establezcamos mecanismos para que, a lo menos, los municipios puedan participar de una manera tecnificada; si se dice que empresas monopólicas tienen ganancias sobre lo normal o ilegítimas, resolvamos ese punto. Pero no presentemos proyectos de ley que no resuelven ninguno de esos temas y que generan expectativas que, al final, no se pueden cumplir.
Aprobaremos el informe de la Comisión Mixta, pero vamos a emplazar a las autoridades de Gobierno y a los parlamentarios de la Concertación -la materia necesariamente requiere la iniciativa del Ejecutivo- a fin de proponer una iniciativa para que, cuando la gente reciba en sus viviendas las cuentas del agua potable, exista la tranquilidad de que la cantidad indicada responde adecuadamente a lo que gastaron y puedan ser canceladas sin generar zozobra al patrimonio familiar, Además, que los subsidios al agua potable cumplan adecuadamente el rol de proteger a los sectores más pobres. Durante mucho tiempo el Gobierno se ha negado a entregar este recurso para resolver el tema y dar tranquilidad a todas las personas.
Finalizo reiterando que no se diga a la gente que se va a resolver el tema de las cuentas del agua potable a través de proyectos que no resuelven nada, que son populistas y demagógicos. Los propios senadores de la Concertación -reitero- concordaron en que era absolutamente inconstitucional, no pertinente e ineficaz, y que no resolvía ninguna de las dificultades que hoy vive la población en nuestro país, que se ve afectada por las cuentas del agua potable.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para terminar, tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA.-
Señor Presidente, este tema se analizó hace algunos días y la Comisión investigadora de las alzas desmesuradas de las tarifas de agua potable dio una serie de recomendaciones, aprobadas por unanimidad por esta Cámara.
Esas recomendaciones, que son dos o tres y que voy a mencionar, tienen que ver con lo que ha señalado el diputado señor Víctor Pérez respecto de cosas prácticas y que han significado que las tarifas hayan subido en forma desmesurada. Eso, además, ha coincidido con el hecho de que muchos de estos servicios sanitarios, que eran estatales, han pasado a ser privados o concesionados.
Una de las razones que se han tenido presentes para privatizar o concesionar los servicios sanitarios es la necesidad de inyectar nuevos recursos para lograr el tratamiento de las aguas servidas y el mejoramiento de los servicios de agua potable. No se tenían los fondos y había que hacerlo a través de recursos provenientes del ámbito privado. Todo ello, con el objeto de lograr exportar más, en este afán de ser, poco a poco, un país desarrollado, sin que se nos acuse de que no tenemos nuestras aguas debidamente limpias.
Se recomendaba, en primer lugar, que la Superintendencia de Servicios Sanitarios cumpliera efectivamente su rol, otorgando la debida participación a los usuarios en la fijación de las tarifas, cosa que no ocurre actualmente.
Que se establezca el debido resguardo en la construcción de plantas de tratamiento de agua potable a lo largo del país, porque su costo está afectando a otras localidades que no tienen plantas, lo que nos cuesta entender.
En lo sustancial, se recomienda que exista un control efectivo por parte de la Superintendencia sobre las cuentas y sobre las alzas que van experimentando las tarifas de agua potable y de alcantarillado.
Como consecuencia de estas recomendaciones, en el último tiempo se ha visto que en las cuentas que se entregan a los usuarios mensualmente se ha desglosado un nuevo ítem correspondiente a la planta de tratamiento, que antes se incorporaba al alcantarillado.
Por eso, antes de tomar medidas populistas, en el sentido de conceder al Ejecutivo la posibilidad de fijar las tarifas, lo que hay que hacer es dar oportunidad para que los usuarios intervengan en ello.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señores diputados, como varios de nuestros colegas se encuentran en comisiones que están debidamente autorizadas para sesionar, propongo votar los proyectos a las 12.30 horas, es decir, al término del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, ley de tarifas de servicios sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República atribuciones que indica.
Hago presente a la Sala que la aprobación del informe de la Comisión Mixta implica el rechazo del proyecto.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado el informe de la Comisión Mixta.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende (doña Isabel), Barros, Bauer , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Espinoza , Forni , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Jaramillo , Jarpa , Kast , Kuschel, Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Mora, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paya, Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Robles , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Valenzuela , Venegas , Vidal ( doña Ximena ), Villouta y Von Mühlenbrock .
-Votó por la negativa el diputado señor Vilches .
-Se abstuvieron los diputados señores: Lorenzini y Urrutia.
INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA SOBRE EVENTUALES CONSECUENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA EN EL VALLE DEL CACHAPOAL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural sobre la situación que afecta a los productores vitivinícolas del país, como consecuencia de las construcciones y edificaciones que, eventualmente, podrían levantarse en el entorno natural en el cual se desarrolla esa actividad y, en particular, la situación que afecta al valle de Cachapoal por la construcción de la central Totihue
Diputado informante de la Comisión es el señor José Ramón Barros .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 7ª, en 15 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura me ha designado para informar respecto del estudio que esta Sala le encomendara y que se origina en el proyecto de acuerdo Nº 52, de los señores Bauer , Prieto , Kast, Correa, Masferrer , Egaña , Ceroni , Valenzuela y Urrutia, con la adhesión de los diputados señores Bertolino , García-Huidobro , Palma, Cardemil y de quien habla.
En dicho proyecto de acuerdo se instruye a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para que se aboque al estudio de la situación que afecta a los productores vitivinícolas de nuestro país como consecuencia de las construcciones y edificaciones que, eventualmente, podrían levantarse en el entorno natural en el cual se desarrolla esta actividad, y, en particular, la situación que en la actualidad afecta al valle del Cachapoal por la construcción de la central Totihue.
Además, se solicita a dicha Comisión la elaboración de un informe respecto de los daños y perjuicios que provocaría la construcción de centrales termoeléctricas u otras instalaciones semejantes en zonas dedicadas a la producción vitivinícola.
La Comisión se abocó al estudio encomendado por esta Sala, y en un total de seis sesiones, contó con la participación de las siguientes personas: la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, señora Vivianne Blanlot Soza ; la jefa del Subdepartamento de Impacto Ambiental de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Carmen Rivera Mardones ; el gerente general de Viña Lapostolle, señor José Manuel Rogers ; el gerente general de Viñedos y Bodegas Córpora S.A., señor Jorge Goles Spiess , y los señores Clemente Pérez Errázuriz , abogado, y Leonel Sierralta , asesor ambiental; el gerente general de AES Gener, señor Felipe Cerón Cerón ; el gerente de Ingeniería de AES Gener, señor Armando Lolas Caneo ; el director de la Conama Sexta Región, señor Mario Meneses Terán , y el coordinador del Sistema de Impacto Ambiental, señor Jorge Lisboa .
Los antecedentes recibidos para elaborar este estudio son:
a. Comisión Nacional de Energía, CNE.
1. Minuta que contiene la exposición de la señora Blanlot acerca de la construcción de la central Totihue, en la Sexta Región.
2. Plan de obras de generación en el Sistema Interconectado Central, abril 2002-octubre 2011.
b. Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
1. Informe de visita inspectiva realizada al sector de Totihue, donde se instalaría una central termoeléctrica.
2. Minuta del señor Felipe Cerón , gerente general de AES Gener, ante la Comisión de Recursos Naturales, respecto del proyecto de central Totihue.
3. Resumen ejecutivo realizado por Jaime Illanes y Asociados, Consultores S.A., y AES Gener .
4. Defensa del valle del Cachapoal frente al proyecto de centrales termoeléctricas en Totihue.
No detallaré el resto de los documentos sobre los cuales trabajó la Comisión en las seis sesiones.
El proyecto de la empresa AES Gener consiste en instalar, en una zona eminentemente agrícola, dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado gas-vapor, que utilizan petróleo diesel como combustible de respaldo, capaces de generar 740 megavatios de potencia neta. Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de contar en Chile con instrumentos eficientes de ordenamiento territorial, así como de protección de ciertas áreas agrícolas.
El aludido proyecto pretende localizar dichas centrales en el límite de las comunas de Requínoa y Rengo, ambas de la provincia de Cachapoal, de la Sexta Región.
La señora Vivianne Blanlot explicó, en cuanto al rol de Comisión Nacional de Energía en los procesos de evaluación ambiental, que ellos se desarrollan en el seno del denominado Comité Técnico de Evaluación Ambiental, constituido ex profeso cada vez que un proyecto requiere una evaluación de esa naturaleza. El Comité se compone por representantes de diversos servicios.
La construcción del complejo constará de dos etapas de 370 megavatios cada una. La primera se programó para entrar en operación en septiembre de 2005, mientras que la segunda se debería materializar en un período no mayor a cinco años, dependiendo de la evolución de la demanda de energía.
La central se localizará en un predio de propiedad de AES Gener, ubicado aproximadamente en el kilómetro 100 de la ruta 5 Sur, a 700 metros hacia el este por el camino a Totihue, que nace en dicha ruta, en la comuna de Requínoa, provincia de Cachapoal, en la Sexta Región. La superficie total ocupada por las instalaciones de la central será de cuatro hectáreas.
La señora Carmen Rivera se refirió, en primer lugar, a la necesidad de contar con un marco regulatorio para las distintas actividades, que asegure la sustentabilidad de las mismas, especialmente de aquellas relacionadas directamente con el uso de los recursos naturales.
La gestión ambiental utiliza una serie de instrumentos con este propósito, entre ellos, la dictación de normas de calidad y de emisión. Si bien ha habido varios avances, aún persisten omisiones en la ley Nº 19.300, por lo que, en ciertos casos, se deben emplear normas de referencia internacionales. En todo caso, se está realizando un estudio de normas específicas de emisión para centrales termoeléctricas.
En segundo término, se refirió al tema de la planificación territorial. Recordó que, desde 1995, los instrumentos de planificación territorial deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental. Hasta la fecha, se han evaluado más de 200 planes; sin embargo, la planificación aún es muy deficiente. En el caso específico de la Sexta Región, no existe un plan regional que determine los lugares aptos para el desarrollo de ciertas actividades. Sobre el particular, se realiza un trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales en el establecimiento de planes regionales de desarrollo urbano, sin que aún se arribe a una normativa concreta respecto de este punto.
Recientemente ha ingresado a tramitación una modificación de la ley de Urbanismo y Construcciones, el decreto N° 475, de 1975, que establece planes de desarrollo territorial integrales, que incluyen la opinión de otros sectores, como la Conama y los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, que también tienen un impacto territorial importante. Por ello, se está avanzando en la dictación de instrumentos de planificación que ordenen el uso del territorio.
Los representantes de las viñas instaladas y que han hecho fuertes inversiones en el sector de Totihue, plantearon que la gigantesca instalación industrial ocuparía ocho de las 29 hectáreas del terreno agrícola escogido, con dos chimeneas de cincuenta metros de altura, equivalentes a dos edificios de veinte pisos; utilizaría más de 3 millones 300 mil metros cúbicos diarios de gas natural o 2.400 metros cúbicos diarios de petróleo diesel, y consumiría más de 30 millones de litros de agua diarios, compitiendo así con los agricultores instalados en el valle por este vital elemento. Manifestaron también que el proyecto se localiza en una zona agrícola, que no cuenta aún con la autorización de cambio de uso de suelo por parte del Servicio Agrícola y Ganadero.
Expresaron que el mayor impacto respecto del proyecto se produce en la imagen país, lo que afecta la presencia del principal producto chileno de exportación que incorpora valor agregado -no es commodity- y que llega directamente a los mercados internacionales, como es el vino.
Se planteó que la instalación de la planta también afecta a la fruta de exportación y se daña la denominación de origen del valle de Cachapoal, que con sólo el 10 por ciento de las hectáreas de viñas plantadas en el país representan entre el 20 y 25 por ciento de las exportaciones de vino chileno.
Destacaron también que Chile compite con países que conservan sus zonas agrícolas prioritarias, como la zona de Burdeos, en Francia, donde se protegen los suelos para el cultivo y la elaboración de vinos de gran calidad a través de la ley de orientación agrícola. A través de ella, se establecen zonas de orientación agrícola, cuya preservación representa un interés general nacional y sólo pueden ser modificadas previa consulta a ciertas autoridades.
De igual forma, en Estados Unidos hay distritos de preservación agrícola, como es el caso de los valles Napa y Sonoma , en California.
En fin, manifestaron serios reparos respecto de la pérdida de productividad agrícola, del daño a la imagen de los vinos de exportación en un valle acreditado como de “vinos premium”, como también preocupación por la alta inversión realizada por parte de franceses y de chilenos, y por el futuro de la mano de obra utilizada por las empresas instaladas en el valle.
El señor Pérez , abogado de la Viña Lapostolle, planteó, entre otras cosas, que las centrales térmicas del sistema interconectado central con capacidad superior a los 50 megavatios de potencia siempre se ubican junto a grandes fuentes de agua, generalmente en la costa, debido al uso intensivo de este recurso. La empresa AES Gener actualmente no posee derechos de agua en la zona; sin embargo, el proyecto requiere, al menos, cuatro pozos de 120 litros por segundo. Agregó que los pozos de la zona tienen caudales menores, con un promedio de 50 litros por segundo.
Por parte de AES Gener estuvo en la Comisión su gerente general, el señor Cerón , quien manifestó que la inversión total ascendería a la suma de 345 millones de dólares, en dos etapas. El lugar se eligió por diversas consideraciones económicas, de infraestructura y ambientales. Recalcó que la cercanía del abastecimiento de gas, del sistema interconectado central y de las napas subterráneas son factores determinantes en la localización del proyecto.
Explicó que es importante ubicar una central termoeléctrica en la Sexta Región porque está cerca de los centros de consumo, dispone de importantes sistemas de transmisión de energía eléctrica y produce menos energía de la que consume, por lo que le convendría convertirse en una región exportadora de energía, como ocurriría con el proyecto.
Con respecto al principal cuestionamiento, de disponibilidad de agua, en cuanto a que afectaría a los sectores agrícolas, comentó que para su abastecimiento se ha considerado utilizar aguas subterráneas, demandando entre ambas unidades 340 litros por segundo al operar a plena capacidad, lo que sería posible de obtener, ya que la existencia de una napa de aguas subterráneas en el sector posibilita la obtención de altos caudales.
El señor Lolas , gerente de ingeniería de AES Gener, se refirió a los principales aspectos ambientales del proyecto.
En primer lugar, respecto de la ocupación del terreno, sostuvo que el sitio fue seleccionado considerando variables técnicas y ambientales. Agregó que sólo ocuparían cuatro de las 29 hectáreas del predio que es de propiedad de AES Gener.
En segundo término, en relación con el impacto visual, según ellos, se vería aminorado por los árboles contiguos existentes en el predio, que tienen una altura de entre 15 y 20 metros.
Añadió que la planta en estudio estaría cumpliendo con todas las normas de la Conama, en lo que dice relación con las emisiones al aire.
Como consecuencia de las opiniones vertidas en su seno y del examen de los antecedentes recopilados, vuestra Comisión concluye y propone lo siguiente:
1. Que el proyecto de la central termoeléctrica de Totihue, que podría instalarse en el valle del Cachapoal puede originar consecuencias negativas para la producción agrícola de la zona, en particular para las plantaciones destinadas a la elaboración de vinos de exportación, así como también para el desarrollo turístico, que muestra poseer un enorme potencial.
2. Que si bien el desarrollo energético del país es de vital importancia para su crecimiento económico, así como para el abastecimiento de las necesidades de la población, y que deben otorgarse facilidades para que sea posible, en el caso de la central termoeléctrica de Totihue sería de alta conveniencia estudiar su instalación en otro lugar, que no afecte tan directamente al sector agrícola del valle.
3. Que las críticas y objeciones a la instalación de la termoeléctrica obedecen más a los efectos que podría tener en la producción de vinos de alta calidad, de fruta de exportación y en el turismo, que a las consecuencias ambientales, las que hasta ahora no es posible dimensionar por cuanto no se ha concluido la evaluación de impacto ambiental.
4. Que es motivo de especial preocupación para esta Comisión la gran demanda de aguas subterráneas que requerirá la operación de una central térmica de las características conocidas y sus efectos sobre la población y otras actividades económicas de la zona, en especial en épocas de sequía. En tal sentido, esta Comisión estima indispensable que la Dirección Regional de Aguas de la VI Región efectúe un estudio que evalúe el real impacto que la proyectada extracción de aguas por parte de AES Gener ocasionaría en el valle del Cachapoal.
5. Que la evaluación de impacto ambiental debería dar cuenta de otros efectos que causan preocupación en el seno de esta Comisión, tales como una eventual superación de las normas de calidad ambiental para uno o más contaminantes, el impacto del vapor sobre las plantaciones más cercanas a la central y el impacto del vertimiento de las aguas servidas sobre cursos superficiales de agua que son utilizadas para riego.
6. Que, además, esta evaluación debería contemplar los efectos de una serie de obras anexas, como las líneas de alta tensión para unirse al sistema interconectado central, el gasoducto que proveerá al proyecto, el ducto de evacuación de sus riles, de varios kilómetros de largo, entre otros.
7. Que la Comisión estima necesario demandar del Ejecutivo la dictación de una normativa específica que regule la instalación de este tipo de industrias en el territorio nacional, que considere un adecuado ordenamiento territorial para determinar lugares apropiados para la instalación de proyectos de inversión, y que, además, permita dar señales claras a los inversionistas privados.
En particular, vuestra Comisión sugiere la realización de estudios por parte de la Comisión Nacional de Energía, que posibiliten determinar parámetros adecuados para la ubicación de centrales generadoras de energía eléctrica.
En este sentido, se recomienda la creación de instrumentos de planificación territorial que regulen, de manera clara y flexible, sobre la base de criterios técnicos, el uso de suelo apropiado para el desarrollo armónico de diferentes actividades económicas, que permitan identificar aquellas áreas agrícolas que requieren protección especial, privilegiando la realización en ellas de tal actividad y de otras anexas y restringiendo el desarrollo de otras industrias que puedan causar impactos negativos sobre ella.
Del mismo modo, vuestra Comisión concuerda en que es indispensable adecuar la normativa general, en orden a establecer criterios que permitan evaluar la compatibilidad de las actividades económicas por desarrollar en una misma localidad. En especial, se propone evaluar una modificación del artículo 55 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, a fin de establecer requisitos que determinen criterios mínimos de justificación que orienten la decisión de los organismos regionales llamados por la ley a otorgar dicha autorización.
8.Que la Comisión, teniendo en especial consideración que la Comisión Nacional del Medio Ambiente es la encargada de la aplicación de la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, estima que, aun cuando la evaluación de impacto ambiental determinare que el proyecto no provocaría daños ambientales en el valle del Cachapoal, se declara contraria a la instalación de este proyecto en su actual emplazamiento, atendido el impacto negativo del mismo en la actividad vitivinícola y frutícola de la zona.
9. Que resulta indispensable que los Ministerios de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo asuman la responsabilidad de emitir un pronunciamiento que autorice o deniegue el cambio de uso de suelo solicitado para el emplazamiento de la central termoeléctrica de Totihue.
Sometidas a votación las conclusiones y proposiciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión.
Además, la Comisión acordó remitir este informe a su Excelencia el Presidente de la República, a los Ministerios de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, a la Comisión Nacional de Energía y a la Comisión Nacional de Medio Ambiente, para su conocimiento y fines pertinentes.
El informe fue discutido y acordado en sesiones de fechas 16 de julio, 6, 13 y 20 de agosto y 1 y 8 de octubre de 2002, con la asistencia de los diputados señores Fernando Meza , presidente; Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, José Antonio Galilea , Javier Hernández , Felipe Letelier , Sergio Ojeda , José Pérez , Jaime Quintana , Carlos Recondo , Leopoldo Sánchez , Ignacio Urrutia , de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de quien habla.
Asistieron, además, los diputados señores Bauer y García-Huidobro .
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, mediante el proyecto de acuerdo Nº 52, a la Comisión de Agricultura se encomendó “el estudio de la situación que afecta a los productores vitivinícolas del país, como consecuencia de las construcciones y edificaciones, que, eventualmente, podrían levantarse en el entorno natural en el cual se desarrolla esta actividad y, en particular, la situación que en la actualidad afecta al valle del Cachapoal por la construcción de la central Totihue” .
También se solicitó a la Comisión “la elaboración de un informe respecto de los daños y perjuicios que provocaría la construcción de centrales termoeléctricas u otras instalaciones semejantes en zonas dedicadas a la producción vitivinícola”.
Deseo expresar mi reconocimiento a la Comisión de Agricultura por la rapidez con que realizó el estudio, sólo en seis sesiones, entre el 16 de julio y el 8 de octubre del presente año, período bastante corto. Es algo digno de ser destacado, porque no siempre se da esa circunstancia. Asimismo, reconozco los conocimientos del diputado señor Eugenio Bauer , autor del proyecto de acuerdo, aportados al trabajo en cuestión.
Estos hechos siempre se repiten, por lo que cotidianamente debemos estar preparados para resistir estas verdaderas embestidas, que incluyen construcciones de grandes infraestructuras que no privilegian el medio ambiente. Mientras en otros países las áreas de la industria vitivinícola están protegidas, en el nuestro no ocurre lo mismo. Por ello, este estudio reviste mucha importancia, pues pone el acento en esa necesidad.
La vitivinicultura es una actividad muy importante dentro de la industria nacional, por el aporte en divisas que significan las crecientes exportaciones, pues nuestros vinos son muy valorados en el extranjero. Pero las grandes construcciones y edificaciones representan un riesgo muy grande para el crecimiento de la industria, aparte del daño al medio ambiente y al turismo.
El progreso y la teconología no deberían significar tener que sacrificar nuestras riquezas naturales, como tampoco ir en contra del esfuerzo de los productores vitivinícolas. El medio ambiente es más rico que las más perfectas de las tecnologías. Por eso hacemos esfuerzos para que prevalezcan los intereses de la industria vitivinícola en esa parte del país.
Concuerdo con lo que señalan los productores de viñedos de la zona central, en el sentido de que esto significará un grave perjuicio. ¿Por qué tratamos de dañar nuestra propia producción? Así ocurre en muchas zonas del país con las áreas de producción agrícola, y ello pasa a ser un emblema de lo que es un verdadero espolonazo de las teconologías o de las termoeléctricas que se van a instalar en la región.
Por ello, al daño por la pérdida de productividad agrícola, asociado a los efectos de la alta concentración de ozono y a la emisión de vapor, como lo señalan los productores de esa zona, viene a sumarse el perjuicio a la imagen de vinos de exportación y a su denominación de origen, como lo sostienen los representantes de la Viña Lapostolle, de los Viñedos y Bodegas Córpora S.A. de esa zona; la pérdida de empleos en los sectores agrícola y agroindustrial -aquí se produce un contrasentido, porque hoy estamos luchando precisamente por combatir el desempleo-, y el daño a la actividad turística relacionada con la “Ruta del vino” del valle del Cachapoal.
La construcción de las centrales afectará gran parte de la inversión francesa en el sector vitivinícola. Además, Chile arriesga perder la alta acreditación del vino otorgada por firmas internacionales de certificación de calidad, al igual que la producción frutícola de la zona.
Asimismo, se ve amenazada la inversión turística asociada al vino, con 3 mil visitas al año, con alto poder adquisitivo. Según un estudio, el 83,5 por ciento de los extranjeros que nos visitan están interesados en conocer el vino chileno.
Por eso, estamos de acuerdo en que la central Totihue se levante en un lugar que no afecte al sector agrícola del valle del Cachapoal , a fin de evitar el daño ambiental, económico, social y cultural que provocaría su construcción.
También es importante hacer los esfuerzos necesarios a fin de preservar las reglas claras para la inversión extranjera e incrementar el valor y la imagen del vino chileno en el mundo.
A mi juicio, el problema no es menor. En este caso, los Ministerios de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo deben asumir sus grandes responsabilidades y pronunciarse en contra de la instalación de la central termoeléctrica en Totihue, por los daños y perjuicios que provocará. Por ello, instamos a realizar un estudio a fin de que su emplazamiento se haga en otro lugar; de lo contrario, los efectos en la producción de vino de alta calidad, en la fruta de exportación y en el turismo serán muy negativos.
Por las consideraciones expresadas, manifiesto el apoyo de la bancada de la Democracia Cristiana a este estudio de la Comisión de Agricultura, concluido con absoluta responsabilidad y con gran conocimiento de los hechos y antecedentes expuestos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento al informe de la Comisión de Agricultura, que viene a complementarse con el informe anterior y con la declaración de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara, en cuanto a rechazar la construcción de la central Totihue, en la comuna de Requínoa, Sexta Región.
Queremos dejar claramente establecido que esto no significa que el país deje de preocuparse por tener más energía. Tenemos claro que su creciente demanda debe ser solucionada con la instalación de centrales en sectores que no afecten ni al medio ambiente, ni a la salud, ni tampoco a la estabilidad y progreso de nuestras exportaciones.
Empresarios extranjeros y nacionales han expresado su inquietud en cuanto a que el emplazamiento de termoeléctricas puede afectar no sólo sus exportaciones en forma particular, sino también la imagen internacional del país.
En la actualidad, cualquier país como el nuestro, inserto en el mundo globalizado, debe tener legislaciones y protección de las zonas donde se producen bienes de exportación. Tanto es así que Estados Unidos, Canadá y Francia tienen ordenamientos territoriales-agrícolas. En consecuencia, es muy importante que empecemos a avanzar en ese rumbo.
Me preocupó profundamente que un inversionista francés haya amenazado con irse de Chile si se instalaba la central termoeléctrica en ese sector. Como miembro de la Comisión de Medio Ambiente y por haber participado en la Comisión de Agricultura cuando se analizó el tema, me pareció una señal bastante clara en cuanto a que debemos actuar con mucha prudencia y rapidez, y comunicar al Ejecutivo que, en esta materia, hay una preocupación transversal absoluta.
Las decisiones de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente fueron unánimes. Por ello, valoro el proyecto de acuerdo presentado a la Sala por el diputado señor Bauer , con cuya aprobación se dispuso que la Comisión de Agricultura elaborara el informe que discutimos.
Quiero manifestar mis aprensiones en cuanto a lo que podría ocurrir con la construcción de la central Totihue . En estos momentos está suspendida; pero lo más probable es que se intente nuevamente su ejecución y, quizás, sea rechazada por la instancia regional competente, la Comisión Regional del Medio Ambiente. Sin embargo, a futuro pasa a ser una decisión política del Consejo de Ministros de la Conama. Allá va nuestra preocupación.
Por lo señalado, quiero aprovechar la oportunidad de reiterar el compromiso del Partido Unión Demócrata Independiente de hacer todos los esfuerzos para que en el sector agrícola, en especial el hortofrutícola de exportación, tenga a la brevedad un ordenamiento territorial. Es algo que debemos trabajar en conjunto y, en definitiva, el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, ya que se trata de la seguridad en las exportaciones.
Valoro la decisión de la Comisión de Agricultura y espero que el Ejecutivo también manifieste su preocupación al respecto.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, valoro el estudio que llevó a cabo la Comisión de Agricultura, que obedece a una petición formulada desde hace mucho tiempo por la gente del sector. Esto revela que, más allá del sentido productivo, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Agricultura, escucha a la gente y está preocupada de lo que ocurre en los distintos sectores, incluso en los más apartados del territorio. También quiero entregar algunas visiones desde el punto de vista técnico.
Si no se toman decisiones interministeriales de qué queremos en nuestro país; si no se toman decisiones respecto del ordenamiento territorial en cuanto a qué significan las vocaciones productivas de cada región, de cómo éstas, al mismo tiempo, quedan implícitas dentro de un programa de desarrollo regional, vamos a tener centrales termoeléctricas en Totihue, en Codegua y en distintos sectores del territorio.
Debemos centrarnos en el concepto de modernidad que están manejando distintos países, sobre todo europeos, y definir las zonas de protección agrícola. Si en esta relación interministerial no somos capaces de hacerlo, sobre todo si se consideran los tratados internacionales que se pretende firmar, no vamos a poder decir que Chile está enfrentando seriamente, de cara al nuevo siglo, cómo van a ser las exportaciones y la relación con nuestros eventuales aliados económicos.
Por lo señalado, junto con reiterar nuestro compromiso con las conclusiones y proposiciones de la Comisión, quiero señalar que quienes formamos parte de la Comisión técnica debemos enfrentar la agricultura con un sentido de modernidad, en términos de un ordenamiento territorial enfocado a una vocación productiva regional y entendiendo que el país debe asumir, de una vez por todas, que es necesario resguardar y proteger los sectores agrícolas en pos de un mejoramiento económico. La única forma de hacerlo es colocando “cabeza” en el Ministerio de Agricultura y proyectando las zonas de protección agrícola en favor de las exportaciones y del desarrollo integral del país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Eugenio Bauer .
El señor BAUER.-
Señor Presidente, antes de ir al fondo del tema en discusión, quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Agricultura su dedicación por dar cumplimiento a lo dispuesto por el proyecto de acuerdo que aprobamos hace un par de meses.
Se trata de un problema a nivel de país, que nos tiene muy inquietos en nuestra región -lo dijeron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra- y que debemos enfrentar con un ordenamiento territorial. No podemos seguir mostrándonos hacia el mundo con el desorden territorial existente hoy en día.
Se encuentra en peligro la existencia de varios valles agrícolas por vertederos mal ubicados, proyectos industriales conflictivos; en fin, si recorremos el país de Arica a Punta Arenas, podremos ver que en todas partes hay un problema latente y complicado. Sin ir más lejos, en la zona central, el aeropuerto que se pretende construir entre Buin y Paine , también está ocasionando problemas a nivel productivo.
Por ello, quiero que el Presidente de la República reciba este informe, a fin de que los diputados y las autoridades de gobierno sigamos trabajando para ver la forma de generar una normativa que ordene y organice nuestro territorio nacional.
Reitero mis agradecimientos a la Comisión por su deferencia y agilidad en la elaboración del informe y sus conclusiones, que, esperamos, contribuyan al bien de nuestra patria.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, la implicancia que tiene para la provincia de Cachapoal el equivocadamente denominado “proyecto de la central termoeléctrica Totihue” ha generado un debate de gran importancia. Señalo que se trata de un proyecto mal denominado, porque el lugar donde se quiere emplazar la central no es Totihue, sino Pichiguao, en la comuna de Requínoa, a menos de un kilómetro de la carretera, mientras que Totihue está a más de catorce kilómetros hacia la cordillera.
Es positivo que una empresa privada quiera llevar a cabo una iniciativa de generación eléctrica necesaria para el país. Por cierto, a todos nos gusta prender la luz en la noche, que nuestros hijos progresen en sus estudios mediante el acceso a la computación y que todos los habitantes del país se incorporen al progreso; es decir, que haya electrificación rural y domiciliaria.
La existencia de un inversionista que desea cooperar en ese esfuerzo, que ha generado este debate, nos lleva a la reflexión de fondo: ¿puede una iniciativa realizarse donde aquél lo quiera?
Hasta ahora se ha discutido en el país el establecimiento de limitaciones medioambientales, pero esas normas deben perfeccionarse, tal como hemos visto en la última década. En ese sentido, la ley de Bases Generales del Medio Ambiente ha sido un buen piso para imponer restricciones a ciertas iniciativas que son necesarias, pero hemos detectado vacíos, por lo que es necesario elaborar normativas y parámetros que no impliquen un abuso y una restricción para el desarrollo de la iniciativa privada.
Asimismo, hay vacíos legales que impiden la adecuada protección a la población. Por ejemplo, en el caso de las antenas de las empresas de telefonía móvil, evidentemente existe un vacío legal, y esta Corporación ha compartido la idea de restringir el impacto patrimonial y urbano que ellas producen en la comunidad, aspecto que la ley de Bases Generales del Medio Ambiente no contempla en forma explícita.
El proyecto de construcción de la central termoeléctrica Totihue tiene otra dimensión muy importante. Se puede poner en riesgo el esfuerzo de cientos de personas y de decenas de inversionistas, quienes han encabezado, con un emprendimiento extraordinario, el proceso de conversión agrícola de la Sexta Región, lo que ha permitido que el valle del Cachapoal sea, probablemente, el que hoy presenta las mayores tasas de crecimiento en vinos de calidad, tanto de exportación como de boutique.
Por ejemplo, se puede mencionar el esfuerzo que han realizado en ese valle la viña Chateau Los Boldos, Córpora , con la viña García; en general, varios inversionistas franceses y viñas nacionales asociadas con extranjeras. La iniciativa que ellas han llevado a cabo no sólo ha permitido ingresos para el país, sino la generación de empleos en la Sexta Región, ya que se ha alargado la temporada agrícola y se han incorporado cientos de familias al trabajo.
La consideración de ese parámetro nos llevó a respaldar plenamente la iniciativa del diputado señor Barros -quien la encabezó en un primer momento- de presentar el proyecto de acuerdo, aprobado por mayoría de votos, que encomendó a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural el estudio de la situación que afecta a los productores vitivinícolas del país.
Junto con el diputado señor Bauer -ambos representamos el distrito Nº 33- estamos convencidos de que es bueno que se produzca más energía. Sin embargo, ¿cuenta la autoridad con los instrumentos necesarios para señalar dónde se realizarán esas inversiones?
Como conocedores de nuestra zona, sabemos que hay alternativas para llevar a cabo el proyecto de la central termoeléctrica Totihue. Por eso, porque es algo inadecuado, nos frustra que su instalación esté contemplada en Pichiguao, al lado de la población Nuevo Horizonte.
No obstante respaldar las importantes conclusiones de la Comisión de Agricultura respecto del análisis que llevó a cabo, hay dos aspectos que me gustaría precisar: en primer lugar, se debe definir quién tendrá la facultad para determinar en qué territorio se deben realizar las inversiones. Es decir, hay que establecer quién dirimirá en caso de conflicto. A mi juicio, es muy importante que ésa sea una decisión local, para que las regiones puedan definir sus estrategias de desarrollo en forma ordenada.
En segundo término, para evitar que se produzcan arbitrariedades en las regiones, se requiere contar con una ley marco de uso del territorio nacional. Al respecto, he solicitado un estudio de legislación comparada -cuyos primeros borradores me serán entregados a fines de mes-, a fin de presentar a la Cámara un proyecto de ley de ordenamiento territorial, porque se debe entender que Chile no sólo comprende zonas urbanas, las cuales ya cuentan con instrumentos de ordenamiento territorial: los planos reguladores intercomunales. Sin embargo, no existen instrumentos de ordenamiento territorial adecuados para determinar los lugares en que se deben instalar las industrias y los criterios que se deben seguir.
Hay otro tema al que me quiero referir. Hasta ahora principalmente hemos debatido sobre iniciativas que producen externalidades e inciden en el medio ambiente. De hecho, en la actualidad hay un debate en el Congreso sobre un proyecto que apunta al problema de las externalidades. Sin embargo, quiero saber si seremos capaces de enfrentar el desafío que surge a partir de esta experiencia: regular las iniciativas que producen externalidades en el ámbito laboral o que perjudican a las de otros inversionistas instalados en determinada zona. Es decir, debemos establecer la forma de obligar a los inversionistas que quieren instalar una central termoeléctrica, con la que pueden dañar actividades económicas colindantes, a hacerse cargo de las externalidades que se producirán.
En el caso en análisis, no es justo que pierdan mercado, viñas instaladas en un valle debido a la instalación de una central termoeléctrica, en circunstancias de que durante una década realizaron esfuerzos de inversión y de trabajo con enólogos, técnicos y el resto de sus trabajadores.
Por último, felicito a los miembros de la Comisión por el informe presentado a la Sala, el cual respaldamos plenamente, y hago presente mi reconocimiento al esfuerzo del diputado señor Barros y al compromiso de todos los diputados que representan distritos de la Sexta Región, la cual se caracteriza -con todo respeto por la región del Maule- por ser emergente en la producción de vinos de boutique, aporte que queremos seguir manteniendo, por el efecto que produce en el empleo, el desarrollo y el crecimiento nacional.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, entendemos perfectamente bien las necesidades energéticas que tiene el país y, por ende, la necesidad de seguir construyendo centrales termoeléctricas.
Creemos que la ubicación de la central termoeléctrica de Totihue es muy desafortunada. Se quiere instalar en una zona privilegiada, desde el punto de vista climático y de la calidad del suelo. Chile no tiene más del dos o tres por ciento de sus zonas agrícolas con suelos de primera calidad, y estamos hablando, precisamente, de suelos de primera y de segunda clase, de riego, o sea, de los mejores. Además, esa zona tiene buena provisión de aguas, tanto subterráneas como de canales de regadío, y, por lo tanto, de alta productividad vitivinícola y agrícola en general, en la cual se producen semillas de exportación, frutas de distinto tipo, las cuales se encuentran reguladas, desde el punto de vista climático, hasta la Séptima Región, sobre todo en el caso de manzanas, peras y de algunos berries.
Nos parece necesario que las industrias tengan cierto ordenamiento y regulación para instalarse.
Las actividades agrícolas están reguladas por leyes específicas que establecen dónde se pueden producir determinados productos y, si no lo están, la geografía también las regula.
En el caso de la vitivinicultura, la ley establece que se pueden producir vinos desde la Región Metropolitana hasta la Séptima Región, y en algunas pequeñas zonas de la Región del Biobío. Los vinos asoleados se pueden producir en zonas de la cordillera de la costa, y los piscos, sólo en la Tercera y Cuarta regiones.
Entonces, si la agricultura, la vitivinicultura y la producción de semillas están reguladas por ley, no entiendo por qué no pueden establecerse regulaciones para la instalación de industrias que pueden afectar el medio ambiente y dañar las zonas agrícolas más importantes e interesantes de nuestro país.
Lo digo porque estamos ante importantes acuerdos comerciales con la Unión Europea, que se firmarán en estos días y regirían a contar del 1 de enero del próximo año, y con Estados Unidos. O sea, con países o conglomerados económicos que no son fáciles de tratar, que siempre están pensando en tener protecciones. Con este tipo de industrias, les estamos entregando elementos para que el día de mañana nuestras exportaciones se vean limitadas o impedidas de llegar a esos países, cuando no les convenga su ingreso. Lo hemos visto en otros casos y tenemos numerosos ejemplos que así lo indican.
De manera que en la Comisión de Agricultura no entregamos una conclusión antojadiza, sino que señalamos que esta industria provocará a futuro serios problemas a la zona donde se quiere instalar.
Así como se regula la actividad agrícola, creo que es importante regular este tipo de instalaciones.
Las industrias termoeléctricas deberían instalarse en la cordillera de la costa o en la precordillera de los Andes, es decir, fuera de la zona de mayor productividad agrícola. Los empresarios, al instalarlas, deberían calcular los costos de los tendidos eléctricos hacia el valle central, que no son mayores. El país puede tener mayores costos si tales industrias se instalan en zonas agrícolas en lugar de hacerlo en sectores de menor productividad.
Aprobaremos el informe de la Comisión de Agricultura, donde se estudió a cabalidad la materia y se escuchó a todos los involucrados, con la finalidad de resolver los problemas que puede generar la instalación de una industria termoeléctrica en Totihue.
Renovación Nacional respaldará plenamente las conclusiones de la Comisión de Agricultura.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .
El señor BARROS.-
Señor Presidente, se nos ha convocado con el propósito de analizar las consecuencias y repercusiones que podrían producirse si se reconvierte un sector como Totihue, exponente de nuestra agricultura tradicional, que sufre una crisis que lleva a la desesperación.
Quiero hacer mención al esfuerzo y al cariño que inversionistas, tanto chilenos como extranjeros, han realizado para desarrollar ese valle y producir vinos finos, de exportación, lo que ha quedado acreditado y demostrado ante el mundo para bien de la región y del país.
Por lo tanto, nos causa mucha preocupación que, en ese sector, se pretenda instalar una central más grande que Ralco, con una capacidad de generar 740 megavatios.
Quiero reconocer el trabajo que todos los parlamentarios de la región han realizado para impedir que el esfuerzo, el cariño, la inversión y todo lo ganado en imagen por nuestro país, con productos líderes, como el vino, pueda perderse de una plumada.
Me sumo a las palabras del diputado señor Juan Pablo Letelier en cuanto a la forma y al fondo, pero quiero ir más allá. Si bien es cierto nuestra ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente se hace cargo del tremendo problema que tenía el país, no es menos cierto que está siendo insuficiente. Entonces, debemos asumir los conflictos que se generan en las distintas áreas productivas. Nadie puede estar en contra de la producción de energía y del desarrollo; el problema radica en que la instalación de esa central en Totihue choca con otras actividades tan válidas e importantes como las señaladas.
Si revisamos la legislación comparada, nos daremos cuenta de que en valles como los de Sonoma y Napa, en Estados Unidos; Quebec , en Canadá, y Burdeos, en Francia, la sociedad se ha hecho cargo de establecer zonas de protección agrícola especiales para evitar conflictos como los que estamos analizando. Es nuestra tarea tomar como ejemplo el caso de la central Totihue , porque es posible que se presente también en muchas otras actividades.
Los legisladores tenemos que avanzar en la dictación de normas para evitar nuevos conflictos, determinar las zonas en las cuales se puede producir y especificar qué tipo de actividades se pueden realizar, para así, en forma armónica, ir desarrollando nuestro país en beneficio de todos sus habitantes.
He dicho.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende (doña Isabel), Barros, Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Bustos, Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Díaz, Dittborn , Egaña , Encina , Espinoza , Forni , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Jaramillo , Jarpa , Kast , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Mella ( doña María Eugenia), Meza , Mora , Muñoz (don Pedro) , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Robles , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio, Salas, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Urrutia , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta, Von Mühlenbrock .
-Se abstuvo el diputado señor Mulet .
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DE COMUNA DE CHOLCHOL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 136.
“Considerando:
Que, cada cierto tiempo, los gobiernos envían al Congreso Nacional diversas iniciativas legales tendentes a modificar la división política y administrativa de la nación, con el propósito de adecuar el crecimiento económico, el dinamismo demográfico y las demandas de la población a la realidad actual del país
Que, por estas mismas razones, en la población de Chol Chol, localidad ubicada en la Novena Región, existe la sentida aspiración de volver a tener la calidad jurídica de comuna, que le fue otorgada en el año 1922, durante el Gobierno del Presidente Alessandri Palma, y revocada en el año 1927.
Que, actualmente, Chol Chol depende administrativamente de la comuna de Nueva Imperial, lo que no se ha traducido en una ventaja real para los habitantes de esa zona, tomando en consideración las especiales características de ser un área eminentemente agrícola y de estar constituida en el ochenta por ciento por población mapuche.
Que el propósito de este proyecto de acuerdo no sólo es la creación de la comuna de Chol Chol, sino que, también, considerarla como "sede del alma mapuche", reconociendo, de esta manera, a nuestras etnias prehispánicas y, particularmente, a la raza mapuche.
Que, en la actualidad, Chol Chol tiene la imperiosa necesidad de que se le restituya la calidad de comuna, ya que reúne los requisitos esenciales para poseer tal estatus. Su población asciende a veinticinco mil habitantes; cuenta con 335 kilómetros cuadrados de superficie, nueve juntas de vecinos rurales y cuatro urbanas, sesenta y ocho reducciones indígenas organizadas y con personalidad jurídica, siete establecimientos educacionales urbanos y veinticinco rurales, diez templos religiosos urbanos y trescientos templos de libre culto rurales, un consultorio de salud urbano, un retén de carabineros, etcétera.
Que, por lo antecedentes expuestos y tomando en consideración que las aspiraciones del pueblo de Chol Chol se han manifestado a diversas autoridades locales regionales y de la administración central, pero, por sobre todo, por estar plenamente de acuerdo con una aspiración legítima y justa, es menester avalar la creación de la comuna de Chol Chol.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que remita al Congreso Nacional una iniciativa legal por la cual se cree la comuna de Chol Chol, en la Novena Región, y se la considere "sede del alma mapuche", constituyéndose de este modo en centro rural y urbano que propenda a la conservación de la cultura mapuche.”
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Barros, Bauer , Bayo , Becker , Cardemil , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Díaz , Dittborn , Egaña , Forni , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Kast , Leay , Luksic , Muñoz (don Pedro) , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Paya, Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Saffirio , Salas , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Tapia , Tarud , Urrutia y Von Mühlenbrock .
-Votó por la negativa la diputada señora Mella (doña María Eugenia ).
-Se abstuvieron los diputados señores: Bertolino y Kuschel.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE FAMILIA EN INVESTIGADORA DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN DE MENORES.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Los diputados patrocinantes de los proyectos de acuerdo Nºs 137 y 138 han solicitado a la Mesa suspender su tratamiento hasta el próximo martes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 139, de la señora María Antonieta Saa , del señor Ramón Barros, de las señoras Alejandra Sepúlveda , María Eugenia Mella ; del señor Guillermo Ceroni , de la señora Ximena Vidal , de los señores Ignacio Urrutia , Jorge Burgos , de la señora Isabel Allende y del señor Germán Becker .
“Considerando:
Que recientemente la opinión pública nacional se conmovió con el caso dado a conocer por medios de prensa de un menor de cortos meses de vida, el que se encontraba bajo el cuidado de una pareja que postulaba a su adopción en el marco del Programa Nacional de Adopción del Servicio Nacional de Menores, el cual se ejecuta a través de organismos colaboradores, en este caso, la Fundación Chilena de la Adopción.
El menor fue retirado del cuidado de sus guardadores provisionales por una resolución judicial, que falló una oposición judicial al proceso de adopción realizado por la madre biológica del menor, quien se desistió de su decisión original de entregar en adopción a su hijo recién nacido.
Que esta situación obliga, tanto a las instituciones públicas como privadas comprometidas, a evaluar los procedimientos que se emplean en la materia, habida cuenta de que se ha producido un daño, de seguro evitable, a una pareja que había recibido como suyo a un menor y al propio niño, que es alejado de un hogar y de una pareja con la cual estaba formando vínculos afectivos fundamentales para su desarrollo físico, mental y emocional en esa sensible etapa de su vida.
Que la actual ley de Adopción contempla la existencia de competencias públicas compartidas, unas de índole judicial para decretar el estado de abandono y posteriormente resolver y conceder la adopción de los infantes, y otras de carácter administrativos, en manos del SENAME, el que actúa como coadyuvante para preservar los intereses y el principio en la protección de los menores. Atendidas estas complejidades, se hace necesario analizar la forma coordinada y armónica en que dichas competencias, al menos las administrativas, se ejercen, más aun cuando las competencias públicas permiten también la participación como organismos colaboradores de entidades privadas de bien público.
Lo delicado de este procedimiento y sus impactos sobre la calidad de vida de las personas involucradas, especialmente la de los niños, cuyos intereses deben respetarse por sobre cualquier otra consideración, imponen analizar este caso y avanzar en la corrección de los procedimientos, sea por la vía legislativa o por la vía de solicitar al Ejecutivo la modificación de los planes o programas públicos en actual ejecución.
La Cámara de Diputados acuerda:
Mandatar a la Comisión de Familia para que, en calidad en Comisión Especial, efectúe un profundo y detallado examen de los procedimientos administrativos empleados en el proceso fallido de adopción del menor de cortos meses de edad, cuyo caso ha sido conocido por la opinión pública y, en particular, indague la corrección y regularidad de las acciones llevadas a cabo por las entidades colaboradoras del Servicio Nacional de Menores en el marco de la ejecución del Programa Nacional de Adopción.
La Comisión deberá establecer la existencia de posibles vacíos o deficiencias en la normativa legal vigente, evaluando su idoneidad para asegurar las finalidades protectoras de la adopción de menores y la primacía de los intereses de los niños en esta clase de procesos, y recomendar a la Sala las medidas legislativas de corrección que estime convenientes, si existieren tales vacíos; así como proponer las medidas administrativas que crea menester para el perfeccionamiento del Programa Nacional de Adopción.
Para el cumplimiento de su encargo, la Comisión tendrá el plazo de sesenta días, prorrogables por acuerdo de la Sala, dentro del cual podrá citar a funcionarios públicos e invitar a personas naturales y jurídicas cuya comparecencia sea útil para el cabal desempeño del mandato.”
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo fue presentado hace aproximadamente un mes y medio, ocasión en que solicité a la Sala su tratamiento porque en ese momento tenía el sentido -ahora también lo tiene- de representar la preocupación de la Corporación por la aplicación de las leyes y los problemas de la gente. Sin embargo, algunos colegas se opusieron -desconozco las razones- a tratarlo en esa oportunidad.
Todos conocemos los problemas generados por la aplicación de la ley en los procesos de adopción.
El proyecto persigue que la Comisión de Familia investigue si los problemas se deben a la ley, a su aplicación, a su interpretación o a los programas de adopción.
Lamento que la iniciativa no se haya tratado en la ocasión anterior. Aunque hay distintos criterios en la Cámara, lo importante es que la Comisión de Familia se constituya como investigadora y elabore un informe con las revisiones pertinentes.
Por lo anterior, solicito aprobar el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, concuerdo con lo señalado por la diputada señora María Antonieta Saa , en cuanto a que la Comisión de Familia y los diputados patrocinantes del proyecto de acuerdo estábamos interesados en tratar antes el proyecto, con el propósito de adoptar las medidas necesarias para revisar y corregir la legislación existente en torno a la adopción.
Es necesario ratificar que nuestra principal preocupación son los niños. Queremos que los menores tengan el resguardo necesario, que esta Corporación entregue las herramientas para que estén efectivamente protegidos, que nuestra legislación se haga cargo de la necesidad de que la adopción se lleve a cabo en la forma más transparente posible y que todos los procedimientos conduzcan a la protección de los menores, de manera que puedan constituir una familia.
Por eso, los patrocinantes del proyecto de acuerdo y los parlamentarios de la bancada de la Democracia Cristiana lo votaremos a favor.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, quiero clarificar un aspecto que planteó la colega señora Saa . Ella dijo que no hubo acuerdo de la Sala para tratar el proyecto en una ocasión anterior. En verdad, en esa oportunidad no se dio la unanimidad para cambiar el orden de los proyectos, porque correspondía analizar uno muy importante para la Décima Región y los pescadores artesanales. Lo aclaro para que no quede la idea de que hubo una mala intención en el hecho de no incorporar el proyecto en la tabla de ese día.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
VII.INCIDENTES
ESTADO DE PROYECTO DE REGADÍO VICTORIA, TRAIGUÉN , LAUTARO . Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, quiero insistir en una petición hecha en esta Sala el 6 de junio del presente año al ministro de Obras Públicas, a fin de que nos informe sobre la situación actual de lo que hasta hace pocos años era conocido como el proyecto de regadío Victoria, Traiguén , Lautaro . Hemos tenido conocimiento, extraoficialmente, de que en los últimos meses se habría transformado en un proyecto de regadío Victoria-Lautaro, que también tiene sus problemas. Lo cierto es que, con esto, se estaría atentando gravemente contra los intereses de la comuna de Traiguén.
Solicito que se reitere el oficio al ministro de Obras Públicas a fin de que se sirva informar cuál es la situación actual de ese proyecto tan importante para La Araucanía, que constituyó en el pasado, quizás, la obra pública de mayor importancia y envergadura para levantar esta región tan postergada.
Hago presente que la región de La Araucanía, no sólo es la más pobre, sino también, de acuerdo con la información obtenida en los últimos días, la menos competitiva del país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
SITUACIÓN DE CORPORACIONES VIALES Y AVANCE DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINOS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que informe qué gestiones se están realizando para disolver las corporaciones viales de la Décima Región, a las cuales se destinaron casi nueve millones de dólares y que funcionaron mientras las máquinas estaban nuevas. Ahora se encuentran abandonadas, sin mantención, dilapidándose así recursos fiscales.
Además, deseo reiterar la solicitud de informe al contralor general de la República respecto de esas mismas corporaciones viales, informe pedido hace varios meses y que aún no llega a mi poder.
Por otra parte, pido que se oficie, también, al contralor general de la República con el objeto de que informe sobre la ejecución del proyecto de pavimentación asfáltica del camino Maullín-Carelmapu, provincia de Llanquihue; y del camino de Chonchi a Teupa, en Chiloé.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI, que así lo indican; del diputado señor Jaramillo y de la diputada señora Eliana Caraball .
INFORMACIÓN SOBRE MAL USO DE LICENCIA MÉDICA POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD DE ATACAMA. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, se ha tenido conocimiento, con carácter de escándalo, de una situación producida en la región de Atacama, relacionada con la constatación de anomalías en la utilización de una licencia médica nada menos que por la directora del Servicio de Salud de Atacama, de profesión odontóloga, doña Anita Quiroga .
A pesar de estar haciendo uso de licencia, fue comprobada su concurrencia a su consulta particular para desarrollar actividades profesionales. A todas luces, esto es irregular. Hubo manifestaciones de la población para precisar los hechos, porque acciones como las señaladas son las que desprestigian la actividad pública. Al parecer, no hubo la más mínima investigación sobre el particular.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Salud a fin de que se sirva informar sobre ese hecho, las medidas que se adoptaron y si hubo una investigación sumaria o un sumario administrativo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, quiero referirme a un tema que nos tiene preocupados: las irregularidades que están siendo investigadas, tanto por los tribunales como por la Comisión investigadora de la Cámara, con el propósito de dilucidar la supuesta intervención de personalidades políticas en hechos ilícitos.
Con el propósito de complementar las medidas que el Presidente Lagos está impulsando en aras de eliminar cualquier atisbo de corrupción en los servicios públicos, el intendente de la Décima Región, uno de cuyos distritos represento, el 56, ha implementado importantes medidas que ya se están impulsando con fuerza.
Hace pocos días, el intendente, los directores de servicios y los secretarios ministeriales concurrieron a las notarías de la región para dar cuenta de sus patrimonios, declaración que es mucho más completa que una de intereses, común y corriente, que le interesa hacer a la Oposición.
A la Oposición, específicamente a la UDI y a Renovación Nacional, no le interesa implementar medidas que nos permitan descubrir la procedencia de las millonarias campañas políticas que ellos implementan cada cuatro años, tanto en el ámbito parlamentario como municipal.
Nos interesa que cualquier funcionario público, independientemente de su color político o militancia, sea capaz de demostrar, como un primer acto de transparencia, lo que posee al momento de ingresar y de retirarse del servicio público.
Por eso, las medidas implementadas en la Décima Región son importantes y se complementan con muchas otras.
Quiero utilizar esta tribuna para solicitar que se oficie al contralor general de la República a fin de que contribuya a implementar medidas anticorrupción en la Décima Región, las que, de alguna manera, permitan detectar en forma real, efectiva y concreta cualquier indicio que contribuya a profundizar el grave daño ocasionado a la fe pública del país. Asimismo, que nos informe sobre todos los contratos a honorarios celebrados por las diferentes reparticiones públicas de la Décima Región, superiores a 1 millón de pesos, específicamente, por el Sence, el Fosis, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque he tenido conocimiento de que hay personas contratadas a honorarios y que, a la vez, tienen consultoras que realizan trabajos para dichos organismos.
Por último, y en forma complementaria, que nos haga llegar un listado de todas las consultoras existentes en la Décima Región, con sus respectivas personalidades jurídicas y los nombres de los integrantes de sus directorios y representantes legales, a fin de comprobar -como dije al empezar- si, efectivamente, en algunas de ellas -es la información que hemos recibido- tienen participación funcionarios públicos y, a la vez, miembros de algunas consultoras, lo que, de antemano, repudio de manera categórica.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo .
RECHAZO A DENUNCIAS FORMULADAS POR DIPUTADO CARLOS RECONDO .
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, para terminar, quiero referirme a algunas denuncias aparecidas hoy en “El Diario Austral”, de Valdivia.
Allí, el diputado señor Recondo afirma que los recursos destinados a los programas pro empleo quedaron en poder de intermediarios y, de manera irresponsable, denuncia la participación de algunas consultoras en trabajos vinculados a servicios públicos.
Quiero decirle al diputado señor Recondo que las denuncias deben ser serias, y, cuando se realizan públicamente, deben formularse de manera que no agudicen el desprestigio que hoy afecta a la clase política. Digo esto, porque él no sólo ha denostado a personas, sino que ha puesto en jaque los cientos de proyectos generados en la Décima Región a través de los programas pro empleo y que han ido en directo beneficio de la gente más humilde. El diputado señor Recondo jamás ha visitado una obra generada en virtud de los programas pro empleo; jamás ha ido a ver los cientos de metros de veredas construidos, el mejoramiento de viviendas y tantos otros proyectos que se han implementado. Acusar es fácil y, también, de una u otra forma, jugar con la honra de las personas.
Por eso, quiero pedirle que sea responsable y que dé a conocer a la Cámara los antecedentes en los cuales se basa para vincular a distinguidas autoridades de la región con situaciones anómalas.
Puedo decir con mucha convicción de que las autoridades de nuestra región, desde el intendente hacia abajo, están implementando proyectos, con el apoyo de los parlamentarios de la zona, que siempre estamos fiscalizando. Aquí está uno de ellos, mi colega y compañero, Enrique Jaramillo , con quien siempre hemos sido los primeros en fiscalizar.
Le digo al señor Recondo que la fiscalización no sólo debe hacerse donde nos conviene. Cuando hemos fiscalizado con el colega Jaramillo , lo hemos hecho tanto respecto de las acciones del Gobierno, cuando vemos que hay un ilícito, como respecto de irregularidades en contratos y muchas otras situaciones que ocurren en algunos municipios dirigidos por alcaldes de Oposición.
Hace pocos días, el mismo señor Recondo , que aquí se las da de fiscalizador, salió en defensa de la alcaldesa de Puyehue, en cuyo municipio la Contraloría General de la República detectó 81 irregularidades. Entonces, dijo que mis acusaciones eran falsas y sin fundamento, a pesar de existir antecedentes del principal órgano contralor del país que así lo comprobaban.
Por eso, le pido al señor Recondo que sea responsable y sincero con el país, y que no formule acusaciones que enlodan la imagen política de una nación. Aunque sea condenable desde todo punto de vista, no debemos aprovecharnos de lo que está ocurriendo y ver en cualquier acto una situación anormal. No hay que olvidar que el señor Recondo fue alcalde designado durante diez años, pero nadie puede investigar lo que hizo, porque un día antes de que el señor Pinochet dejara el gobierno dictaron una ley que impide al Congreso Nacional investigar a los órganos públicos.
He dicho.
HOMENAJE AL DIARIO “EL SUR”, DE CONCEPCIÓN, CON MOTIVO DEL 120º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente, honorables colegas parlamentarios, estimados amigos y amigas del diario “El Sur”: rindo este homenaje en mi calidad de hijo de la ciudad de Concepción, y en representación del Primer Vicepresidente de la Cámara, diputado Edmundo Salas De la Fuente, quien preside esta sesión.
Mañana, 15 de noviembre, el diario “El Sur”, de Concepción, cumplirá 120 años de vida.
“El Mercurio” de Valparaíso, el diario más antiguo de Chile, el 15 de noviembre de 1882, comentó lo siguiente respecto de su aparición: “Un nuevo diario ha aparecido en Concepción; moderno, bien impreso, ágil y luchador; es un órgano político, comercial y noticioso.
Le deseamos prosperidad y esperamos que habrán de soplarle vientos bonancibles, como son los de esa ciudad del sur.”.
Con esas palabras, el decano, “El Mercurio” de Valparaíso, saludó la aparición del diario “El Sur”.
Deseo iniciar mis palabras rindiendo un emotivo homenaje a ese medio escrito, el cual, a mi parecer, es lejos el más importante de la Octava Región.
El diario “El Sur” nace como órgano político; pero pronto se transformó en el vocero sensible y vigilante del quehacer de Concepción, de la provincia y de sus alrededores. En sus hojas se han impreso una sucesión de acontecimientos e ideas, sueños, realizaciones, proezas, y también los fracasos de nuestra zona.
En un comienzo, la situación económica y política de ese medio de comunicación tuvo marcados altibajos. Su financiamiento provenía de la venta de avisos comerciales y del aporte de la asamblea del Partido Radical, colectividad a la cual estaba ligada la mayoría de los hombres que impulsaron la idea de fundar ese periódico.
Pero en todas las instituciones siempre hay hombres comprometidos con ellas en los momentos más difíciles. Es así que, a cuatro años de iniciada su circulación, Juan Castellón Larenas , Ignacio Ibieta Rioseco , Víctor Manuel Rioseco Cruzat y Gregorio Bustos asumieron el compromiso de salvar a la empresa de una quiebra inminente.
El señor Rioseco , que estudiaba derecho, asumió como administrador y cajero, y también escribía notas políticas. Por su parte, el señor Ibieta se ocupaba de los asuntos financieros. Es decir, periodistas y administradores -que muchas veces se confundían en sus funciones- fueron los hombres visionarios que consiguieron que el diario se fuera ligando para siempre con el progreso de nuestra querida región.
El 18 de septiembre de 1899, a las 23 horas, la promisoria compañía periodística recibe otro duro golpe: un voraz incendio arrasó con la imprenta del diario, ubicada en calle Galvarino Nº 560, actual calle Castellón. Los trabajadores que se encontraban en la sala de redacción consiguen rescatar la máquina impresora y algunos documentos. La administración y el archivo quedaron reducidos a cenizas, así como también las colecciones de los primeros ejemplares, actas y carpetas.
Con el inicio de un nuevo siglo, a fines de 1900, llegó la luz eléctrica, la que reemplazó la iluminación a gas, y “El Sur” estrenó las primeras instalaciones con un servicio de 490 lamparillas.
Ente 1900 y 1950 el periodismo era considerado como una profesión temporal. A la redacción llegaban jóvenes profesionales, egresados de derecho o estudiantes universitarios, quienes, después de unos años de ejercicio periodístico, derivaban a la política, a la literatura, al foro o a la actividad académica. Sin embargo, algunos transitaron por distintos diarios y revistas del país, ejerciendo durante toda su vida en el periodismo escrito.
¿Cómo no va a ser de vital relevancia expresar en esta Cámara la forma en que “El Sur” ha influido en nuestras vidas? Fue un 23 de marzo de 1917, en el salón de sesiones de la Ilustre Municipalidad de Concepción, cuando se formó una comisión integrada por don Aurelio Lamas Benavente , en la época, propietario del diario “El Sur”; don Julio Parada Benavente , director del diario, y don Abraham Valenzuela Torrealba , colaborador habitual de la redacción, entre otras personalidades, con la misión de gestionar un hospital y una universidad para nuestra ciudad de Concepción. Años después, estábamos frente a la obra más grandiosa del esfuerzo social que se haya realizado en nuestra región, como escribió el diario “El Sur” el día en que se anunció la inauguración de nuestra Universidad de Concepción, de cuyo directorio, en la actualidad, tengo el honor de ser integrante. Es decir, estimados colegas, esa visión de empresa periodística fue capaz de proyectarse en la casa de estudios más sobresaliente del sur del país.
El 3 de abril de 1943 comenzó una nueva etapa para el diario “El Sur”: el señor Aurelio Lamas Benavente , quien había dedicado 42 años de su vida a guiar los pasos de esa compañía, decidió traspasar la propiedad a los miembros de su familia, la que fundía viejos y respetados apellidos penquistas: Lamas , Maira , Paul , Castellón , Ibieta y Benavente, quienes crearon la figura legal Diario “El Sur” Sociedad Anónima, que dura hasta fines del siglo XX.
En febrero de 1967, la Fundación de la Asociación Americana de Editores de Diarios otorga su reconocimiento al diario “El Sur” de Concepción por “servicios distinguidos prestados en su país y a sus ciudadanos durante un período prolongado”. El galardón fue entregado en Nueva York a don Aurelio Lamas Ibieta , gerente general de la empresa.
Así pasó el tiempo y, casi sin darnos cuenta, en 1982, acudimos a la celebración del centenario del periódico. Edita, entonces, su primera cartilla de estilo, en la cual destaca su vocación regional, independiente y pluralista.
Quienes desde muy jóvenes fuimos activos dirigentes políticos y conocemos los duros, complejos y difíciles años que vivió nuestro país, tenemos que reconocer que en sus páginas siempre encontramos un espacio para dar a conocer nuestros planteamientos de penquistas y chilenos, muchas veces contrarios al régimen de turno, y pudimos comprobar que, en la práctica, su cartilla de estilo era aplicada a cada una de las corrientes ideológicas que por entonces imperaban en Chile.
Creo que es el momento de demostrar, a través de una persona, lo que ha significado el diario “El Sur” para quienes estamos en el quehacer político. Quiero ejemplarizar a través de su editor político, señor Daniel Padilla , lo que ha significado para nosotros el diario “El Sur”. Deseo recordar que durante muchos años estuvo al frente de una de las secciones más importantes e influyentes: la política. Su imparcialidad frente a sus entrevistados ha provocado en todos nosotros una sensación de tranquilidad y confianza. Se trata de un periodista profesional veraz y objetivo que por ningún motivo hace ataques personales; no se hace cargo de anónimos y actúa con seriedad, lo que prestigia a la profesión y, naturalmente, también al diario “El Sur”.
Rindo este homenaje a través de él, y expreso mi público agradecimiento a ejecutivos, periodistas y trabajadores del diario “El Sur” por las innumerables ocasiones en que nos brindaron la posibilidad de expresar a la opinión pública penquista nuestra visión de país, de región y de ciudad.
Recuerdo, como si fuera hoy, las antiguas instalaciones de calle Colo Colo esquina Freire , casona antigua que cobijó a “El Sur” durante muchos años. Hoy veo con alegría el moderno edificio institucional, que se emplaza en 5.500 metros cuadrados útiles, en un terreno de 16 mil metros cuadrados del parque industrial San Andrés , en la Avenida Jorge Alessandri Rodríguez , en el límite comunal de Concepción y Talcahuano, que fue inaugurado el 27 de agosto de 1999.
Pero, como sabemos, toda industria, institución o empresa siempre estará sujeta a transformaciones. Así, en enero de 2001, se concretó una fusión de empresas encabezada por el diario “El Sur” S.A., culminando con ella un proceso de reorganización acorde a principios de planificación estratégica, que obligó cambiar su estructura jurídica y operacional. La junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Diario “El Sur” S.A. acuerda la fusión con otras tres empresas relacionadas. De esa forma, las empresas periodísticas e impresoras Renacimiento Limitada, Impresos Continuos del Sur Limitada y Transportes Arca Limitada se disolvieron y fueron absorbidas por la sociedad Diario “El Sur” S.A. El extracto de la fusión fue publicado en el Diario Oficial el 19 de febrero de 2001.
Mañana se cumplen 120 años de la fundación de nuestro diario “El Sur”. Cuando estoy en mi ciudad, cada vez que despierto, ahí está el diario “El Sur” en el cual puedo leer las noticias.
Hace diez años, los catorce diputados de la Octava Región le rendimos homenaje en esta Sala al cumplirse 110 años de su fundación. Desde hace unos tres meses, ese diario viene organizando diferentes actividades relacionadas con el arte y la cultura como una forma de demostrar su espíritu pionero. Asimismo, convocó a un encuentro de directores regionales de medios de comunicación, cuyas actividades culminarán esta noche con el cambio del folio.
Deseo terminar estas palabras deseando al diario “El Sur” una feliz celebración de sus 120 años de existencia que, como toda obra humana, han estado llenos de logros y fracasos, de alegrías y penas, de sueños y realizaciones.
Insto a sus ejecutivos, encabezados por su presidente , don Aurelio Maira Lamas ; a su director, don Ricardo Hepp Kuschel ; a periodistas y trabajadores a que sigan por la senda que han tomado, ya que los habitantes de la Octava Región estamos agradecidos por todo lo que nos han brindado y nos seguirán ofreciendo.
En nombre del Primer Vicepresidente de la Cámara, don Edmundo Salas y en el mío, solicito que mi intervención sea remitida al director del diario “El Sur”, para conocimiento de todo el personal de esa gran empresa periodística.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados Enrique Jaramillo y del que habla.
REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, la hora ha avanzado y, a pesar de que los sureños somos pacientes, pido tolerancia a mis invitados de Río Bueno, Panguipulli , Paillaco .
(Aplausos).
En esta oportunidad, deseo reflexionar sobre el difícil momento que está viviendo el mundo político. El país tampoco está viviendo tiempos fáciles.
Nuestras expectativas de salir de un largo proceso de contracción económica se vieron abruptamente amenazadas por una verdadera crisis política que ha conmovido las conciencias y, lo que es más grave, los pilares sobre los cuales descansa todo el sistema democrático: la confianza en las instituciones y en quienes tienen responsabilidades para con el país.
Son tiempos de cuestionamientos y reflexiones. Ayer, pasada la medianoche, cuando con mi colega José Miguel Ortiz abandonábamos el edificio del Congreso -yo con destino a mi improvisado hogar porteño-, luego de finalizada la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año, me preguntaba si valía la pena seguir en esto; dejar a mi familia -lo más preciado para mí- allá en La Unión y mi vida en la Décima Región, durante cuatro días a la semana. Me preguntaba si valía la pena dejar mi tierra de nacimiento, mi crianza y mi consolidación profesional y familiar.
Sin duda, son muchos los colegas que hoy se preguntarán si tendrán fuerzas para seguir en este trabajo tan difícil, porque tenemos que representar, en el seno de la democracia, a las personas, a las familias y a Chile, y trabajar por los más modestos y humildes, por aquellos que requieren más apoyo y nuestra atención.
En medio de investigaciones judiciales y políticas y del cuestionamiento ciudadano a nuestra “clase política” -concepto que no me gusta, porque separa artificialmente a las personas de sus representantes-, cabe reflexionar sobre lo que hemos hecho hasta ahora y lo que haremos en el futuro. Creo que sigue valiendo la pena trabajar en política y que aún es posible recuperar la confianza ciudadana si actuamos con transparencia y dignidad, apegados a la rectitud y con profunda lealtad hacia los ideales de un país más justo, solidario y participativo.
Me han calado muy hondo las expresiones formuladas ayer por el colega Pablo Longueira , con ocasión de su participación en un seminario académico sobre corrupción en el sistema político. Él señaló con mesura y responsabilidad republicana que Chile no es un país corrupto y que tampoco lo son sus políticos. Coincido y suscribo sus palabras, porque creo que demuestran que, a lo ancho de todo el espectro político, hay gente capaz de mirar la situación con calma y prudencia. Y esto es repetido por personas de todos los sectores políticos, incluso por quienes honorablemente dirigen la Mesa. Respaldo, entonces, las expresiones del presidente de la Unión Demócrata Independiente.
Hoy, tengo la suerte de recibir la visita de dos centros de adultos mayores: Santa Teresita, de Panguipulli, y Miraflores , de Río Bueno, que han venido acompañados por algunos vecinos de Paillaco. Creo que es un momento muy oportuno para renovar mi compromiso de trabajo permanente en favor de ellos, de sus hijos, de sus nietos; en favor de más justicia para los que tienen menos, para los esforzados campesinos de las tierras del sur; para ustedes, para sus familias y para los que vendrán.
Eso es lo que entregamos quienes estamos aquí: un trabajo humilde, con vocación de servicio y llevado adelante de todo corazón. Ésa es la idea que está presente en la mayoría de quienes integran la Cámara de Diputados.
Lamento que la sesión esté llegando a su término, razón por la cual la mayoría de los diputados han abandonado la Sala. Sin embargo, ello no resta seriedad, responsabilidad, perseverancia y transparencia al espíritu que anima a la mayoría de quienes trabajamos aquí. Por eso, día a día, actuamos con honestidad para no defraudar a quienes hoy día nos visitan.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.29 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Dittborn, Uriarte, Forni, Álvarez, Pérez, don Víctor; Norambuena, Kast, Molina, y de la diputada señora Marcela Cubillos. Modifica la ley de bancos para aumentar el límite máximo en los créditos hipotecarios que otorgan las instituciones financieras. (Boletín Nº 3128-05).
Que para muchos chilenos constituye uno de sus mayores anhelos, la adquisición de la casa propia y un factor importante a la hora de tomar esta decisión lo constituyen las alternativas y condiciones del financiamiento.
Que en cuanto al financiamiento no sólo importan los plazos y las tasas de interés, sino que un aspecto importante es el referido al monto del crédito.
Que en la actualidad la normativa bancaria limita el monto del préstamo con garantía hipotecaria a un máximo de 75% del valor del inmueble ofrecido en garantía, cuando el préstamo es con letras de crédito, y a un 80% en el caso de los mutuos hipotecarios. Esto desincentiva la contratación de créditos, no obstante existir hoy en el mercado buenas condiciones en término de plazos y tasas.
Que son variados los argumentos que se dan para justificar la existencia de estos límites, entre ellos, el más recurrente, es que el límite máximo permitiría prevenir los efectos negativos que para las instituciones financieras generaría una caída brusca en los precios de los bienes inmobiliarios.
Que, sin embargo, la realidad demuestra que hoy estos argumentos no son tan válidos y que más bien existen razones de peso para flexibilizar estos límites. Así, por ejemplo, la evidencia empírica demuestra que en nuestro país nunca las caídas de precios han sido superiores al 20% en ninguna comuna del país y en general éstas se producen sólo después de alzas muy rápidas o de ciclos recesivos muy fuertes.
Que, además, el espíritu de la norma hoy es vulnerado, pues en la práctica y a pesar de existir una norma que establece límites máximos para los créditos, las instituciones financieras exceden estos límites a través de mecanismos alternativos, como el otorgamiento de un segundo crédito complementario que cubre la diferencia entre el monto máximo a financiar y el valor de la propiedad.
Que por ello y con el objeto de transparentar esta situación resulta fundamental flexibilizar estos límites. Los beneficios de esta medida están a la vista: ahorros para el deudor que evitará la duplicación de costos y gastos administrativos, eliminación de limitaciones que permitirán que el segundo crédito pueda replicar las condiciones del crédito hipotecario y, consiguientemente, más chilenos que podrán acceder a este tipo de préstamos para la adquisición de viviendas.
PROYECTO DE LEY:
Artículo único:
a)Agrégase en el número 1 del artículo 92 del DFL Nº 3 de 1997, ley general de Bancos, después del punto final, el siguiente párrafo:
“Sin embargo, tratándose de préstamos con garantía hipotecaria financiados mediante la emisión de letras de crédito, los préstamos que haga la institución emisora no podrán exceder del 90% del valor de tasación del inmueble ofrecido en garantía. En caso de operaciones de compraventa, dichos préstamos no podrán exceder del 90% del precio, si éste fuere inferior al valor de tasación”.
b)Agrégase, en el número 7 del artículo 69 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente.
“Tratándose de este tipo de operaciones, los préstamos que haga la institución emisora no podrán exceder del 90% del valor de tasación del inmueble ofrecido en garantía. En caso de operaciones de compraventa, dichos préstamos no podrán exceder del 90% del precio, si éste fuere inferior al valor de la tasación”.
Moción de los diputado señores Saffirio, Burgos, Walker, Silva, Paredes, Valenzuela, Espinoza, Hales, Ortiz y Escalona. Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de créditos por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas. (Boletín Nº 3129-03).
Actualmente, fruto de los avances de la tecnología y del mayor acceso de los mismos por parte de la población, es posible concebir un sinnúmero de formas de realizar operaciones de compra y venta a través del llamado dinero plástico, es decir, a través de tarjetas bancarias de crédito o de débito, como también de tarjetas de establecimientos de comercio que permiten efectuar operaciones, sea de compras o de acceso a créditos en dinero efectivo, sea por parte del titular de la tarjeta como por los clientes adicionales de las mismas.
Sin embargo, junto con establecerse estas nuevas formas de operar mediante el uso de tarjetas que representan un acceso al crédito o al consumo, aparecen nuevas circunstancias a las que el derecho debe responder, sea regulando las maneras de acceder al mismo, sea mediante regulaciones que establezcan una manera de limitar responsabilidades para el usuario tarjeta habiente que, actuando de manera responsable, cumple con dar noticias al ente administrador de las mismas a objeto de evitar perjuicios derivados de su mal uso.
El actual sistema de las notificaciones de extravío, hurto o robo de una tarjeta, generalmente está regulado en los contratos que deben firmar quienes desean operar con este tipo de documentos, contratos que se definen como contratos de adhesión, esto es, contratos en los cuales el cliente, futuro tarjeta habiente, tiene como exclusivas posibilidades el aceptar o rechazar la oferta que se le hace en formularios preimpresos.
En estos casos la normativa del Banco Central señala que el operador de las tarjetas debe proveer al usuario un medio expedito para que éste pueda dar noticia de la pérdida de la tarjeta, tras lo cual se le asigna una clave con indicación de la hora de la comunicación, a efectos de probar el cumplimiento del trámite de notificación de pérdida
Sin embargo, legislaciones de otros países establecen limitaciones de responsabilidad para el usuario de la tarjeta de crédito que cumpla con realizar las notificaciones pertinentes, limitación que opera, en el caso de Estados Unidos, cumpliéndose ciertos requisitos que la misma ley señala, y que las sumas comprometidas en el consumo sean superiores a 50 dólares, ya que en caso de ser inferiores a la suma antes señalada y ser una tarjeta aceptada por el sistema, la responsabilidad es del usuario. Norma similar encontramos en las recomendaciones de la Unión Europea, limitando la responsabilidad a 135 euros.
En virtud de lo expuesto y de la urgente necesidad de legislar en este sentido para proteger los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito, proponemos el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único:
Los usuarios de tarjetas de crédito, débito u otras que permitan realizar operaciones de crédito de dinero, siempre podrán limitar su responsabilidad de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Dar aviso pertinente por el extravío, hurto o robo de la tarjeta respectiva al administrador y/o emisor de la misma. El administrador y/o emisor deberá proveer servicios de comunicación que permitan su acceso gratuito durante las 24 horas del día y todos los días del año. El administrador y/o emisor de las tarjetas deberá entregar, en el acto de su registro, un número o código de recepción del aviso antes referido, con indicación de la hora de su recepción.
2. Las tarjetas por las que el usuario haya dado aviso de extravío, hurto o robo, serán bloqueadas de inmediato por el administrador y/o emisor, procediendo a la entrega de una nueva para el usuario, si éste así lo solicita.
El que diere aviso de extravío, hurto o robo con intención de defraudar, será responsable de todos los perjuicios ocasionados, además de la responsabilidad que le cupiera como autor del delito tipificado en el artículo 468 del Código Penal.
3. En el caso de que las tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas sean operadas con posterioridad al aviso que el usuario ha debido dar, corresponderá al administrador y/o emisor de la misma probar que las operaciones fueron realizadas por el titular, o en las adicionales autorizados por éste.
Las cláusulas de los contratos que impongan el deber de prueba sobre el usuario por operaciones realizadas con posterioridad a los avisos por tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, se tendrán por no escritas.
4. El usuario no tendrá responsabilidad por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso o noticia entregada al administrador y/o emisor, sin perjuicio de lo establecido para el caso de las defraudaciones, en el número 2 de la presente ley.
En todo caso, el administrador y/o emisor de las tarjetas podrá contratar un seguro para que cubra los perjuicios ocasionados por el mal uso del documento. El usuario, en virtud de lo expuesto, responderá sólo de hasta 2 unidades de fomento, correspondientes a los gastos de caducidad de la tarjeta y/o prima del seguro que opere respecto de estos casos.
Informe de la delegación de parlamentarios chilenos que asistieron a la sesión especial del Consejo de la Unión Interparlamentaria, y reuniones conexas, en Ginebra, entre los días 23 y 27 de septiembre de 2002.
Honorable Senado,
Honorable Cámara de Diputados:
La delegación de parlamentarios que concurrieron a la 171ª reunión del Consejo de la Unión Interparlamentaria (UIP) y reuniones conexas pasa a informar sobre su cometido, lo que se llevó a cabo entre los días 23 y 27 de septiembre de 2002.
Cada delegación debía estar compuesta por cinco legisladores, incluyendo, a lo menos a una mujer parlamentaria, más asesores y personal de secretaría.
I. PARTICIPANTES
1.La delegación chilena estuvo conformada por los parlamentarios:- Senador don Sergio Páez Verdugo- Senador don Juan Antonio Coloma Correa- Senador don Jovino Novoa Vásquez- Diputada señora Isabel Allende Bussi- Diputado señor Juan Pablo LetelierAsistieron, además, los senadores señores Andrés Zaldívar Larraín, Presidente del Senado, y Jorge Pizarro Soto
2.En la Sesión Especial del Consejo de la UIP participaron los Parlamentos de 122 países, como se señala a continuación:
Alemania, Andorra, Angola, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiján, Bangladesh, Belarus, Bélgica, Benin, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Cuba, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Etiopía, Federación Rusa, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea Bissau, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Jordania, Kazakhastan, Kenya, Kuwait, La Antigua República Yugoslava de Macedonia, Latvia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Central Africana, República Checa, República de Corea, República Popular Democrática de Laos, República Unida de Tanzania, Rumania, Ruanda, Samoa, San Marino, Sao Tomé y Príncipe, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Surinam, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia y Zambia.
Por otra parte, asistieron los siguientes Miembros Asociados: el Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano.
En calidad de Observadores, asistieron:
i)Palestina;
ii)El sistema de las Naciones Unidas: Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Comercio (OMC);
iii)Liga de Estados Árabes, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Unión Africana;
iv)Unión Parlamentaria Africana (APU), Unión Interparlamentaria Árabe, Asamblea de la Unión de Europa Occidental (WEU), Asociación Parlamentaria del Commonwealth (CPA), Asociación de Parlamentarios Europeos para África (Awepa), Consejo Consultivo del Maghreb, Asamblea Parlamentaria de la Osce, Asamblea Parlamentaria de la Unión de Belarus y la Federación Rusa, Unión Parlamentaria de los Estados de la OIC (Puoicm);
v)Comité Internacional de la Cruz Roja (Icrc), Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Asistieron 866 delegados, entre ellos 406 miembros de parlamentos nacionales, incluyendo 28 Presidentes de Parlamentos, 27 Vicepresidentes de Parlamentos y 114 mujeres parlamentarias (28%).
II. CEREMONIA INAUGURAL
La Sesión Especial del Consejo de la Unión Interparlamentaria fue abierta a las 2.30 p.m. del día miércoles 25 de septiembre de 2002 por la Presidenta del Consejo, Dra. N. Heptulla (India), en presencia de la Sra. L. Maury Pasquier, Presidenta del Consejo Nacional de Suiza. La Dra. Heptulla destacó el objetivo de la Sesión Especial, expresando la necesidad de suministrar una respuesta parlamentaria a las expectativas suscitadas en la población del mundo por la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada seis meses antes en Monterrey, México. Luego hizo uso de la palabra la Sra. Maury Pasquier, manifestando su compromiso sin reservas con la participación parlamentaria en el proceso de negociación internacional, poniendo énfasis en su calidad de ciudadana suiza, de parlamentaria y de mujer.
III. LABOR Y DECISIONES ADOPTADAS EN LA SESIÓN ESPECIAL
La sesión de apertura de la Sesión Especial fue dedicada al debate del tema de la Financiación para el Desarrollo. Esta materia fue objeto de un informe elaborado por tres co-informantes, designados en la 107ª Conferencia de Marrakesh, del mes de abril de este año.
Fue abierta por el Sr. E. Gudfinnsson (Islandia), uno de los tres co-informantes sobre Financiación para el Desarrollo, quien describió el proceso que llevó a la presentación del Informe Final [1]. Hicieron uso de la palabra más de cuarenta delegaciones, que trataron el tema desde una gran variedad de puntos de vista. El informe sobre Financiación para el Desarrollo fue ampliamente comentado, y algunos oradores llevaron la atención hacia áreas que podrían haber sido tratadas con mayor amplitud, como, por ejemplo, la salud y la desnutrición, mientras que otros optaron por evaluar el contenido del Consejo de Monterrey. Se sugirió que la UIP debía esforzarse por estar a la vanguardia del debate sobre formas innovadoras de la Financiación para el Desarrollo, tales como impuestos a las emisiones de carbono o a las transacciones financieras internacionales. Muchos elogiaron el informe por ser un documento minucioso, que refleja fielmente las preocupaciones de la comunidad internacional en torno al tema.
La segunda sesión, de la mañana del jueves 26 de septiembre, fue dedicada a una audiencia con una autoridad internacional sobre el tema de la Financiación para el Desarrollo, el Sr. E. Zedillo (México), ex presidente de su país y actualmente Director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale. El Sr. Zedillo fue designado por el Secretario General de las Naciones Unidas para encabezar un panel de expertos de alto nivel que tuvo el cometido de preparar un informe a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, de marzo de 2002.
El Sr. Zedillo hizo una presentación que hizo reflexionar sobre el tema, explicando largamente el contenido de su informe a las Naciones Unidas, parte del cual fue más innovador que el documento final de consenso de la Conferencia de la ONU. Luego respondió a varias rondas de preguntas de los parlamentarios y, al concluir la audiencia, se reanudó el debate sobre Financiación para el Desarrollo.
La sesión de la tarde fue dedicada al debate del proyecto de resolución que se adjunta [2]. La coinformante Sra. G. Mahlangu (Sudáfrica), presentó la resolución a la reunión, destacando que el grupo de electores ante el cual todos los parlamentarios son responsables son los pobres del mundo. Llevó a la atención de los asistentes los trece párrafos operativos que llaman a los parlamentarios a tomar varias medidas de seguimiento del proceso de Financiación para el Desarrollo, y a los párrafos siguientes que establecen el rol de la Unión Interparlamentaria en este emprendimiento. La resolución fue enmendada durante el debate para incluir una serie de sugerencias adicionales. Los parlamentarios fueron llamados a adoptar medidas especiales para asegurar que los más vulnerables de la sociedad estén incluidos en el proceso político, adoptar la legislación para fortalecer la capacidad productiva de la economía de base, para extender el alivio de la deuda a los países que se esfuerzan por la buena gobernabilidad, y para promover el comercio libre y justo. Se ordenó a la UIP alentar el fortalecimiento de la cooperación con las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods y la OMC. Por último, los informantes fueron llamados a preparar un informe sobre el seguimiento de la resolución que será presentada a una futura reunión de la UIP. El proyecto de resolución fue aprobado con las correspondientes enmiendas.
En la sesión final, la mañana del viernes 27 de septiembre, luego de reanudarse el debate del Informe, la resolución aprobada la tarde previa fue adoptada por consenso. En el discurso de clausura el Sr. G. Asvinchit (Tailandia), hablando en su calidad de coinformante, se refirió al nuevo modelo de sesión que el Consejo había aprobado en Marrakesh. La audiencia fue vivaz e interesante y el proyecto de resolución tuvo importantes modificaciones. En cuanto al debate, si bien los comentarios individuales fueron estimulantes, el mismo se vio perjudicado por una falta de espontaneidad. Como modelo del nuevo tipo de reuniones de la UIP, la sesión demostró ser exitosa en muchos aspectos, pero requiere de algunos ajustes. El Sr. Asvinchit concluyó recordando a los delegados que el mandato de los tres coinformantes incluye el seguimiento del evento y la presentación de un informe a una futura reunión de la UIP, y que tienen la intención de asumir muy seriamente esta tarea.
IV. 171ª SESIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
El Consejo de la Unión Interparlamentaria celebró su 171ª sesión en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra los días 25 y 27 de septiembre de 2002. Las sesiones fueron presididas por la Dra. N. Heptulla, Presidenta del Consejo.
El Consejo tomó nota de los informes oral y escrito de la Dra. Heptulla sobre las actividades y reuniones realizadas desde la 170ª sesión (marzo de 2002). Asimismo, el Consejo tomó nota del informe verbal de la Presidenta sobre las actividades del Comité Ejecutivo durante la 238ª sesión (Ginebra), así como del informe interino del Secretario General sobre las actividades de la UIP desde marzo de 2002.
El Consejo adoptó un conjunto de lineamientos sobre la organización de la Sesión Especial sobre Financiación para el Desarrollo. Por otra parte, apoyó la declaración de la Presidenta de condena de los actos de violencia que amenazan la democracia y las instituciones representativas en Costa de Marfil y en otras partes del mundo.
1.Adopción del orden del día
El Consejo adoptó su orden del día, con la inclusión del punto suplementario titulado “Enmiendas al Reglamento de la Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos”. Asimismo, consideró la solicitud presentada por la delegación de Suiza de incluir un punto titulado “Acción parlamentaria en apoyo de la creación de una Corte Penal Internacional eficiente, cuyo reglamento sea aplicable de manera universal y comprensiva”. La solicitud había recibido un informe desfavorable del Comité Ejecutivo, que consideró que era un tema demasiado complejo para su tratamiento adecuado en el tiempo disponible. Luego de un debate, el punto fue sometido a votación, resultando rechazado.
2.Miembros de la Unión
El Consejo recibió dos solicitudes de reafiliación a la Unión, de los Parlamentos de Fidji y de la República Central Africana; ambas fueron aprobadas. Debatió la situación de cinco Miembros (Estados Unidos de América, Georgia, Islas Marshall, Malawi y Paraguay) que están dentro de las condiciones previstas en el Artículo 4.2 de los Estatutos y, por lo tanto, son susceptibles de suspensión durante la sesión, y decidió postergar la consideración de los casos hasta la próxima sesión en Santiago de Chile (abril de 2003).
3.Reforma de la Unión Interparlamentaria
Al concluir el debate del punto, el Consejo dio un paso importante para la reforma de la UIP al adoptar por consenso el paquete comprensivo de reforma elaborado por el Comité Ejecutivo y debatido por el Consejo en sesiones anteriores. El informante del Comité Ejecutivo para este tema, Sr. Versnick (Bélgica), presentó las propuestas que apuntan a construir una organización que sea más relevante en el mundo actual y que esté mejor posicionada para suministrar la dimensión parlamentaria a la cooperación internacional.
El Sr. Versnick bosquejó las propuestas y declaró que luego de extensas consultas, el Comité Ejecutivo recomendó que las futuras Comisiones Permanentes estén abiertas a la participación de todos los Miembros de la Unión, y que los puntos de emergencia sean adoptados por una mayoría de dos tercios. Informó a los miembros que el Comité Ejecutivo ya había comenzado a preparar las enmiendas a los Estatutos y Reglamentos de la Organización, que serán distribuidas a los miembros a tiempo para ser adoptados por los cuerpos directivos de la Unión en la sesión de Santiago de Chile. La implementación de la reforma comenzaría durante la segunda mitad del año 2003 [3].
4.Construcción de la nueva Sede de la Unión en Ginebra
El Consejo recibió un informe sobre el progreso del proyecto, tomando nota de que los trabajos de renovación y construcción terminarán en noviembre de 2002 y que la Secretaría se mudará a las nuevas dependencias a fines de año. Fue informado que en el transcurso de la construcción se pudieron realizar importantes economías. Tomó nota de los esfuerzos que se realizan para obtener fondos adicionales, y agradeció a los Parlamentos de Alemania, Bélgica e Italia sus contribuciones voluntarias para el proyecto. El Consejo solicitó al Secretario General que continúe con los esfuerzos de obtención de fondos. Asimismo, autorizó al Secretario General a utilizar parte de las economías para iniciar los trabajos de renovación de la fachada externa del Anexo, hasta tanto se obtengan contribuciones que permitan que se realice todo el trabajo necesario.
5.Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas
El Consejo renovó su apoyo al abordaje general y los detalles operativos de la contribución de la Unión Interparlamentaria a la labor de las Naciones Unidas, adoptado en Marrakesh. El Consejo discutió y aprobó el proyecto de resolución titulado “Cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria” ,[4] que espera sea adoptado por la quincuagésima séptima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se recomendó encarecidamente a los parlamentarios miembros discutir el contenido del proyecto de resolución con sus Ministerios de Relaciones Internacionales, a fin de lograr apoyo para su adopción de modo que la Unión obtenga el status de observador en la Asamblea General de la ONU y logre el derecho de distribuir sus documentos oficiales.
6.Programa y presupuesto para el año 2003 y otros asuntos financieros
El Consejo aprobó por unanimidad el presupuesto y la escala de contribuciones para el año financiero de 2003, luego de escuchar las propuestas del Comité Ejecutivo presentadas por el Sr. G. Versnick (Bélgica), informante del Comité. El mismo explicó que el proyecto de presupuesto estaba basado en la realización de un programa completo de actividades conforme la agenda de reforma, el reaprovisionamiento del Fondo de Capital de Trabajo que contenía un efectivo de tan sólo tres millones de francos suizos, la financiación de la operación del edificio de la nueva Sede y la implementación de la contabilidad por lo devengado, con cargos para pasivos contractuales y por depreciación. El proyecto de presupuesto contiene un incremento del 10% en las contribuciones de los miembros.
El Comité Ejecutivo había analizado cuidadosamente las estimaciones de gastos. Si bien expresó su agrado por la claridad de la nueva presentación, manifestó preocupación por el incremento de las contribuciones de los miembros, pero no se desea reducir el programa de actividades de la UIP. Por lo tanto, se propuso efectuar reducciones a las estimaciones de gastos, incluyendo una contribución menor al Fondo de Capital de Trabajo, la reducción de la subvención a la Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos y la eliminación de la disposición sobre cuentas dudosas.
En consecuencia, el Consejo aprobó un presupuesto total para el año 2003 de FS 9.467.600 que exige un aumento de las contribuciones del 7%, recomendando al Secretario General restringir los gastos a fin de limitar el incremento de las contribuciones en los próximos años.
Habiendo decidido postergar hasta la próxima Conferencia en Santiago de Chile el tema de los cinco miembros atrasados en los pagos de sus contribuciones y susceptibles de ser suspendidos conforme el Artículo 4.2 de los Estatutos, el Consejo acordó no tasar las contribuciones de dichos Miembros dado que es muy improbable que puedan ser cobradas, ya que el hecho de tasarlas simplemente aumentaría sus atrasos y haría más difícil su reafiliación, dado que no han solicitado postergación.
El Consejo recibió un informe exhaustivo sobre la situación financiera de la UIP al 30 de junio de 2002, que incluye la proyección de gastos presupuestales hasta el año 2008 así como un listado completo y detallado de los atrasos en las contribuciones de los miembros.
El Consejo alentó al Secretario General a procurar obtener más contribuciones voluntarias a las actividades de la Unión, y aprobó un conjunto de lineamientos que rigen la aceptación de las contribuciones voluntarias.
7.Recientes Reuniones y Conferencias Especializadas
El Consejo tomó nota del informe de la Reunión Parlamentaria que tuvo lugar el 8 de abril en ocasión de la 58ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La reunión tuvo lugar como respuesta a la necesidad, expresada por los parlamentarios, de escuchar a expertos clave en normas y mecanismos de derechos humanos al mismo tiempo que el principal cuerpo de la ONU en dicho ámbito, la Comisión de Derechos Humanos. Luego de una amplia discusión, los informantes especiales de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, sobre la independencia del poder judicial, y sobre el derecho a la educación, hicieron uso de la palabra para presentar sus mandatos y actividades. El debate resultante destacó la naturaleza complementaria de la labor que estos parlamentarios y expertos de la ONU realizan en la promoción de los derechos humanos. Al cierre de su labor, los parlamentarios concluyeron que la reunión constituyó un valioso primer paso hacia un mayor compromiso parlamentario con la labor de la Comisión de Derechos Humanos. Recomendaron repetir la iniciativa el año próximo, en la esperanza de que se llegue a una creciente audiencia parlamentaria, y sugirieron que el programa incluya un enfoque más específico de las actividades de seguimiento que pueden realizar para promover los derechos humanos en sus respectivos países. El Consejo tomó nota del panel sobre “Adultos mayores como voluntarios”, realizado por las Naciones Unidas y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con el apoyo de la Unión Interparlamentaria, en Madrid el mes de abril pasado, en ocasión de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.
El Consejo tomó nota del informe del Foro Parlamentario sobre los Niños, realizado en ocasión de la Sesión Especial sobre los Niños de la Asamblea General de las Naciones Unidas, organizada conjuntamente por la UIP y Unicef en Nueva York, el 9 de mayo de 2002. Aproximadamente 250 parlamentarios de 80 países participaron en este Foro, diseñado para alentar a los parlamentarios a tratar los temas de los niños desde la perspectiva de los derechos de los niños. La discusión abarcó temas preocupantes sobre la niñez y la adolescencia en países tanto desarrollados como en desarrollo: sus necesidades insatisfechas así como su sufrimiento. El Foro presentó una serie de recomendaciones a los parlamentarios y sus miembros. Actualmente, la UIP y Unicef están estudiando las vías y los medios por los que ambas organizaciones puedan trabajar unidas en proyectos concretos, para promover la agenda para los niños establecida por el Foro Parlamentario y la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Consejo tomó nota del informe presentado por el Sr. G. Andreotti (Italia) sobre la Reunión Parlamentaria en ocasión de la “Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años después”, realizada por el Parlamento de Italia con el apoyo de la UIP en Roma, el 11 de junio de 2002. La reunión tuvo como objetivo construir el apoyo político por parte de los parlamentos para la lucha contra el hambre, a la luz de los nuevos desafíos para el logro de las metas de la Cumbre Mundial de la Alimentación. El 13 de junio de 2002 el Sr. P. Casini, Presidente de la Cámara de Diputados de Italia, presentó oficialmente el informe de la Reunión Parlamentaria a la sesión plenaria de clausura de la Cumbre. En su discurso, el Sr.
Casini hizo referencia al llamado a la creación de lineamientos voluntarios para el logro progresivo del derecho a la alimentación adecuada, manifestando que la participación plena de los parlamentos en el mencionado progreso sería fundamental para asegurar que los lineamientos reflejen preocupaciones diferentes y abarquen realidades nacionales diferentes. En su presentación al Consejo, el Sr. Andreotti recomendó encarecidamente a todos los parlamentos reservar un día de su programa anual para realizar un debate sobre el tema de la ayuda alimentaria.
El Consejo tomó nota asimismo de la labor de la sesión parlamentaria por satélite titulada “Los Parlamentarios: Pivote entre el Gobierno y el Pueblo”, organizado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH Sida, con el apoyo de la UIP, en ocasión de la XIVª Conferencia internacional sobre el sida en Barcelona, el 8 de julio de 2002. El propósito de la sesión fue estudiar estrategias para que los parlamentarios tanto del norte como del sur, estén más comprometidos con los esfuerzos de lucha contra el VIH/Sida. Los participantes analizaron, en particular, el rol que los parlamentarios pueden desempeñar en incrementar el conocimiento del problema, la educación y creación de políticas, nutriéndose de las mejores prácticas identificadas en el campo.
Por otra parte, el Consejo tomó nota del informe sobre el Seminario Regional para Parlamentos de Asia titulado “El Parlamento y el proceso del presupuesto, incluyendo la perspectiva del género” organizado en el marco del programa de cooperación técnica de la Unión en cooperación con el Pnud y el Banco Mundial, que tuvo lugar en Manila del 23 al 25 de julio de 2002. El evento fue el tercero de una serie de iniciativas similares; los dos primeros tuvieron lugar en Kenya y en Mali en mayo de 2000 y noviembre de 2001.
El Consejo tomó nota del quinto Taller de Eruditos Parlamentarios y Parlamentarios, organizado por el Centro de Estudios Legislativos de Hull con el apoyo de la UIP y realizado en Oxford los días 3 y 4 de agosto de 2002.
Asimismo, el Consejo tomó nota del Panel de Discusión “Compromiso Parlamentario y Voluntariado en Desarrollo Sostenible”, organizado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y los Voluntarios de Naciones Unidas, con el apoyo de la UIP, en oportunidad de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, el 28 de agosto de 2002. Los oradores que hicieron uso de la palabra durante el evento, incluyendo la Presidenta del Consejo de la UIP, recomendaron encarecidamente a los gobiernos fortalecer su cooperación con las organizaciones voluntarias, que pueden desempeñar un rol decisivo en el ámbito de la protección del medio ambiente. La reunión surgió de la asociación establecida entre la UIP, los Voluntarios de Naciones Unidas y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con el fin de promover el voluntariado.
Por último, el Consejo tomó nota de la Reunión Parlamentaria con ocasión de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, organizada por el Parlamento de Sudáfrica con apoyo de la UIP en Johannesburgo, del 29 al 30 de agosto. Tuvo como objetivo suministrar la dimensión parlamentaria a la Cumbre, brindando a los parlamentarios presentes en Johannesburgo la oportunidad de intercambiar opiniones sobre un número de temas cruciales suscitados por el desarrollo sostenible. Estuvieron presentes aproximadamente 380 delegados, en representación de Miembros y Miembros Asociados de la UIP así como organizaciones que tienen la calidad de observador. La Reunión realizó cuatro paneles de medio día de duración sobre: “El rol de los parlamentos para asegurar la implementación y el cumplimiento de la presentación de informes”, “Desarrollo Sostenible: Base de la seguridad humana”, “Mejorar el marco internacional para el desarrollo sostenible” y “Nueva Asociación para el Desarrollo de África (Nepad y otras formas nuevas de asociación para el desarrollo)”. Durante las discusiones los participantes modificaron el proyecto de resolución que la Secretaría había enviado a los Miembros de la UIP un mes antes de la Reunión. A continuación, la Declaración, adoptada por aclamación al cierre de la Reunión, fue presentada a la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible con ayuda del Parlamento de Sudáfrica.
8.Informes de Cuerpos Subsidiarios y Comités
En su sesión del 27 de septiembre el Consejo tomó nota de los informes del Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias y el Grupo de Partenariato entre los Géneros.
Asimismo, el Comité escuchó el informe del Comité de Asuntos de Medio Oriente, seguido de las declaraciones de Israel y Palestina. A continuación, el Consejo tomó nota del informe y apoyó la propuesta (presentada por el Grupo de Suiza y ManifiestoMovimiento por una Paz Justa y Duradera en Medio Oriente) que la UIP brinde patrocinio a una reunión en Ginebra entre miembros del Knesset y del Consejo Legislativo Palestino. El Consejo tomó nota que las elecciones presidencial y parlamentaria de Palestina están programadas para el 20 de enero de 2003 y llamó a un proceso libre, justo y seguro. Alentó a los parlamentos a apoyar activamente el proceso electoral, incluyendo el envío de parlamentarios en calidad de observadores. Por otra parte, el Consejo autorizó una misión de la UIP para observar las elecciones e informar al Consejo en su próxima sesión.
El Consejo aprobó las resoluciones presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios relativas a 25 casos de violaciones de derechos humanos que afectan a 134 parlamentarios o antiguos parlamentarios en 17 países. La delegación de Malasia especificó, con particular referencia a los párrafos 2 y 4 de la resolución sobre el Sr. Anwar Ibrahim, que las decisiones correspondientes habían sido tomadas en conformidad con la ley malaya. Señaló el caso de un miembro del partido de gobierno que había sido sentenciado por la Corte Federal y, al concluir su declaración, expresó su compromiso de continuar colaborando con el Comité.
9.Futuras Reuniones Interparlamentarias
El Consejo aprobó el orden del día de la 108ª Conferencia, que tendrá lugar en Santiago de Chile[5] . Estudió las solicitudes de obtención de la calidad de observador presentadas por la Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad Económica Eurasiana y la Confederación Parlamentaria de las Américas (Copa) y aprobó ambas, así como la lista de las organizaciones internacionales que serán invitadas a asistir en calidad de observadores.
Por otra parte, el Consejo aprobó la lista de futuras reuniones y otras actividades.
10. Enmiendas a los Estatutos de la Unión Interparlamentaria
El Grupo de Partenariato entre los Géneros ha estudiado y discutido, desde el momento de su creación, las vías para alcanzar la participación equilibrada de hombres y mujeres en la labor de la Unión Interparlamentaria. Luego de observar durante un período de dos años la situación relativa a la presencia de mujeres en las delegaciones a las Conferencias de la Unión y en sus cuerpos directivos y comisiones permanentes, el Grupo consultó a los Miembros de la Organización acerca de una serie de ideas para lograr una participación más equilibrada.
En base a los resultados de la consulta, el Grupo redactó cuatro propuestas de enmiendas a los Estatutos, y en Marrakesh invitó formalmente al Consejo de la UIP a tomar posición sobre las mismas en su sesión de Ginebra.
A continuación Bélgica, Belarus, Japón y Sudán presentaron subenmiendas, que fueron estudiadas por el Grupo de Partenariato entre los Géneros durante su sesión de Ginebra. El Grupo sólo apoyó formalmente la propuesta de subenmiendas de Bélgica, y las demás fueron retiradas. Las enmiendas del Grupo, subenmendadas por Bélgica, fueron aprobadas por el Consejo durante la sesión del 27 de septiembre, y serán presentadas a la 108ª Conferencia para su adopción.
11. Enmiendas al Reglamento de la Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos
El Consejo aprobó las enmiendas al Reglamento de la Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos, que fueron preparadas para tener en cuenta los desarrollos recientes de la escena internacional, que incluyen la emergencia de nuevos Estados y la diversificación y creciente complejidad de las situaciones políticas. El Reglamento enmendado tuvo en cuenta el incremento del rol de los parlamentos y las necesidades de asistencia de los parlamentos de las democracias emergentes. Por otra parte, se procuró adaptar el Reglamento a las actuales y futuras reformas de la UIP.
V. 238ª SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo celebró su 238ª sesión en Ginebra los días 23, 24 y 26 de septiembre de 2002, presidido por la Dra. N. Heptulla. Participaron los siguientes miembros titulares y suplentes: Sr. F. Drilon (Filipinas), sustituido el 26 de septiembre por el Sr. R. B. Albano, Sr. N. Enkhbold (Mongolia), Sra. J. Fraser (Canadá), Sra. P. Larsen (Dinamarca), Sra. G. Mahlangu (Sudáfrica), Sr. J. Máspoli (Uruguay), suplente del Sr. W. Abdala, Sr. A. Ndjavé Djoye (Gabón), suplente del Sr. G. NzoubaNdama, Sr. I. Ostash (Ucrania), Sra. Z. RíosMontt Sosa (Guatemala), Sr. R. Salles (Francia), Sr. M. Tjitendero (Namibia), y Sr. G. Versnick (Bélgica) sustituido el 24 de septiembre por el Sr. F. Erdman. Estuvo ausente el Sr. M. AlSaqer (Kuwait).
La labor del Comité Ejecutivo estuvo dedicada a discutir y emitir recomendaciones sobre los puntos del orden del día del Consejo. A continuación se resumen los otros asuntos considerados por el Comité.
El Comité tomó nota de un informe sobre el estado de la situación en los parlamentos de transición de Angola, Burundi y Ruanda, y acogió con beneplácito la instalación de un parlamento electo en Congo. Asimismo, tomó nota de que se ha programado realizar elecciones parlamentarias en Bahrain y Pakistán. Fue informado de que el Secretario General recibió una solicitud de la Liga de Estados Árabes para concluir un memorándum de entendimiento con la UIP, e instruyó al Secretario General que prosiga las negociaciones con dicha organización.
El Comité aprobó la solicitud del Parlamento de Guinea Ecuatorial para que uno de sus miembros observe la sesión de Ginebra, con miras a presentar una solicitud de reafiliación.
El Comité discutió la reciente visita de varios de sus miembros y el Secretario General al Consejo Shoura de Arabia Saudita. Tomó nota de que el mismo no presentó una solicitud oficial de afiliación a la UIP, y acordó continuar sus contactos informales con dicho cuerpo.
El Comité analizó los desarrollos en las relaciones de la UIP con varias organizaciones, agencias y programas del sistema de las Naciones Unidas.
Solicitó al Secretario General hacer el seguimiento del resultado de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Niños, y preparar un programa de cooperación con Unicef para la consideración de los cuerpos directivos en oportunidad de la Conferencia de Santiago de Chile.
Asimismo, el Comité solicitó al Secretario General explorar las posibilidades de realizar actividades conjuntas con Unesco. Expresó su apoyo al incremento de la cooperación con Voluntarios de las Naciones Unidas (Vonu) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (Ficr) en el ámbito del voluntariado, y apoyó la idea de futuras actividades conjuntas, en calidad de partenariato entre las tres organizaciones.
El Comité estudió la solicitud presentada por el Presidente del Bundestag de Alemania para que la UIP exprese su aprobación del Proyecto de carta de los Deberes de los Estados. Recomendó que el tema sea tratado con el Bundestag, y que no se tomen nuevas medidas. Asimismo tomó nota de que la Oficina de Enlace de la UIP en Nueva York se trasladará en breve, en condiciones económicas más ventajosas.
El Comité prosiguió su discusión del tema de las relaciones con organizaciones, asambleas y redes interparlamentarias, expresó preocupación ante la proliferación de este tipo de cuerpos, y propuso consultar a los miembros de la Unión con miras a desarrollar una estrategia en este ámbito.
VI. COMITÉS Y CUERPOS SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
1.Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios
El Comité llevó a cabo su 99ª sesión en Ginebra, del 23 al 26 de septiembre de 2002. La sesión fue presidida por el Sr. J. P. Letelier (Chile), Presidente del Comité, con la participación de los miembros titulares Sra. A. Clywd (Reino Unido), Sra. V. Nedvedová (República Checa) y Sr. M. Samarasinghe (Sri Lanka) y los miembros suplentes Sra. S. N. Djaafar (Argelia) y Sr. J. Lefevre (Bélgica).
El Comité realizó seis reuniones in camera, durante las cuales estudió 54 casos relativos a 202 parlamentarios o antiguos parlamentarios en 31 países de todas las regiones del mundo. Aprovechando la presencia en Ginebra de las delegaciones de varios de los países en cuestión, el Comité realizó ocho audiencias in camera.
El Comité discutió ocho casos nuevos de siete países, luego de estudiar cuidadosamente las aseveraciones y la información que le fue presentada. Decidió presentar al Consejo un informe y recomendaciones sobre un total de 25 casos relativos a 134 parlamentarios o antiguos parlamentarios de los siguientes 17 países: Belarus, Burundi, Camboya, Colombia, Ecuador, Gambia, Guinea, Honduras, Indonesia, Madagascar, Malasia, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Ruanda, Turquía y Zimbabwe. Dos casos, uno referido a cuatro parlamentarios de Ruanda y el otro a un parlamentario de Turquía, fueron presentados al Consejo por primera vez.
El Comité también llevó por primera vez a la atención del Consejo la situación de cinco parlamentarios secuestrados en Colombia, uniendo sus casos con el del parlamentario Sr. Óscar Lizcano.
El Comité recomendó que el Consejo cierre los casos relativos a un parlamentario de Camboya y un parlamentario de Guinea.
2.Comité de Asuntos de Medio Oriente
El Comité se reunió el 26 de septiembre bajo la presidencia de la Sra. A. KösterLossak (Alemania), en sustitución del antiguo Presidente del Comité, Sr. Y. Tavernier (Francia), quien ha dejado de ser miembro del parlamento. Estuvieron presentes los miembros titulares Sr. R. Ahouandjinou (Benin), Sra. P. Chaguchinda (Tailandia), Sr. S. ElAlfi (Egipto) y Sr. T. Hadjigeorgiou (Chipre). El Sr. F. M. Vallersnes (Noruega) estuvo ausente.
El Comité realizó una audiencia con representantes de Israel y Palestina en presencia de delegados de Egipto y Jordania y de un observador de la liga de Estados Árabes. A continuación, el Comité llevó a cabo un intercambio de opiniones sobre sus objetivos y métodos de trabajo. Estudió la propuesta de realizar un diálogo parlamentario en Ginebra, en diciembre de 2002, e hizo propuestas de apoyo parlamentario a las elecciones presidencial y parlamentaria de Palestina, que tendrán lugar en enero de 2003.
3.Grupo de Partenariato entre los Géneros
El Grupo de Partenariato entre los Géneros llevó a cabo su 10ª sesión en Ginebra. Participaron la Sra. J. Fraser (Canadá), la Sra. G. Mahlangu (Sudáfrica), suplente de la Dra. N. Heptulla (India), el Sr. J. Máspoli, suplente del Sr. W. Abdala (Uruguay) y el Sr. M. Tjitendero (Namibia). La Sra. J. Fraser actuó como moderadora.
El Grupo estudió la integración de las delegaciones presentes en Ginebra y en las Conferencias previas de la UIP (19992002). Saludó la participación creciente de las mujeres en las Conferencias de la UIP a lo largo de los últimos cuatro años. No obstante, el Grupo expresó gran preocupación por la persistentemente elevada proporción de delegaciones integradas exclusivamente por hombres.
En lo que refiere a las cuatro enmiendas estatutarias que presentó al Consejo en Marrakesh, el Grupo estudió cuatro subenmiendas y decidió apoyar formalmente las dos presentadas por Bélgica.
El Grupo evaluó el seguimiento de las recomendaciones que formuló en Marrakesh. Acogió con beneplácito los resultados producidos por las cartas dirigidas por el Secretario General de la UIP a los parlamentos que no incluyeron mujeres en las delegaciones anunciadas para la sesión Especial de Ginebra, y lo invitaron a proceder de igual modo antes de las futuras reuniones de la UIP. Asimismo, acogió con beneplácito la respuesta del Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias a sus recomendaciones relativas a cómo alentar a los delegados hombres para que participen en la labor de la Reunión de las Mujeres Parlamentarias.
Recomendó que se continúen realizando las sesiones conjuntas con el Comité de Coordinación de las Mujeres parlamentarias, a fin de discutir propuestas para asegurar la participación de las mujeres en todos los niveles de la labor de la UIP, como por ejemplo:
Asegurar que todo incremento en la integración del Comité incluya el incremento proporcional de las integrantes mujeres, dispuesto en el Artículo 23.2 de los Estatutos;
Incluir en el Reglamento de las futuras Comisiones Permanentes artículos que dispongan que todas las comisiones deben tener autoridades e informantes de ambos sexos, que las delegaciones deben estar integradas tanto por hombres como por mujeres y que en todo momento deben tener en consideración los temas del género en sus debates, resoluciones y decisiones.
El Grupo de Partenariato entre los Géneros discutió el seguimiento del panel de discusión sobre la Mutilación Genital Femenina (MGF), organizado en ocasión de la 106ª Conferencia que tuvo lugar en Ouagadougou (septiembre de 2001), así como de la segunda reunión sobre el tema realizada en Marrakesh, en oportunidad de la 107ª Conferencia (marzo de 2002). Recomendó encarecidamente a la Unión Parlamentaria Árabe, que había tomado el mando de este proyecto, y a la Unión Interparlamentaria que tomen medidas para mantener viva la campaña contra la MGF.
4.Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias
El Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias se reunió el 25 de septiembre de 2002 presidido por su Presidenta, Sra. G. Mahlangu (Sudáfrica). Fue su primera sesión luego de la elección de las representantes regionales, que tuvo lugar en oportunidad de la 107ª Conferencia.
Se recibió el informe de la Sra. J. Fraser (Canadá), moderadora del Grupo de Partenariato entre los Géneros de la UIP. El Comité apoyó por unanimidad las enmiendas a los Estatutos propuestas por el Grupo de Partenariato así como las subenmiendas de Bélgica. Por otra parte, el Comité estuvo de acuerdo con la propuesta expresada por el Grupo para que ambas entidades continúen realizando reuniones conjuntas regulares. La próxima reunión tendrá lugar en Chile, oportunidad en la que discutirán el proceso de reforma, las vías para asegurar que las mujeres participen plenamente en el nuevo sistema, y el rol de la reunión de las Mujeres Parlamentarias, ocasión donde fue especialmente invitada la diputada señora Isabel Allende, en su calidad de parlamentaria anfitriona de la próxima Conferencia. El Comité preparó la Octava Reunión de las Mujeres Parlamentarias y la próxima sesión del Comité de Coordinación, que tendrá lugar en Chile con ocasión de las próximas reuniones estatutarias de la UIP. El Comité discutió y adoptó el orden del día provisorio de ambas reuniones. Decidió que la Reunión de las Mujeres Parlamentarias debatirá un punto del orden del día de la 108ª Conferencia, a saber el punto 5, titulado Cooperación internacional para la prevención y el manejo de catástrofes naturales transfronterizas y su impacto en las regiones afectadas, en un esfuerzo para asegurar que los temas del género sean tenidos en cuenta en la resolución final que adopte la Conferencia.
El Comité discutió los preparativos para el debate de “Las mejores vías para dar cuenta de la contribución de las mujeres a la economía y el bienestar general de la sociedad, y de apreciarlas en todo su valor”, incluido en el orden del día de la reunión en Chile de las mujeres parlamentarias. El debate tiene como objetivo involucrar a los hombres parlamentarios en la labor de la Reunión e intensificar el diálogo entre los hombres y las mujeres en los temas del género, y el Comité invitó a todas las delegaciones a asegurar que participen activamente tanto los hombres como las mujeres.
El Comité discutió los preparativos para el debate de “El tráfico de niñas”, que tendrá lugar en Chile. Luego de debatir los temas para el panel, acordó ampliar el ámbito a “El tráfico de niños”, ya que el asunto no se refiere exclusivamente a las niñas.
A continuación el Comité consideró las enmiendas propuestas al Reglamento de las Mujeres Parlamentarias, que apuntan a alentar la participación de los hombres parlamentarios en la labor de la Reunión, así como lograr un mejor equilibrio en la integración del Comité de Coordinación. Decidió presentar las propuestas a la 8ª Reunión de las Mujeres Parlamentarias.
Por último, el Comité recibió a los dos candidatos a la Presidencia del Consejo de la UIP, quienes presentaron sus programas y respondieron a las preguntas planteadas por las integrantes del Comité. Asimismo, rindió homenaje a la Dra. N. Heptulla, la primera mujer Presidenta del Consejo de la UIP, por su inagotable apoyo y actividad en favor del partenariato entre los géneros.
VII. ELECCIONES Y DESIGNACIONES
1.Presidente del Consejo de la Unión Interparlamentaria
Un aspecto de suma importancia, fue la elección de Presidente del Consejo, donde fuera elegido el senador don Sergio Páez Verdugo, por un mandato de tres años que finaliza en septiembre de 2005. El otro candidato fue el señor Tjitendero, del parlamento de Namibia. El resultado de la votación fue de 106 votos a favor del senador chileno y 99 a favor del representante de Namibia.
Los delegados chilenos en conjunto con los delegados del Grulac y muy especialmente de su Presidente, el diputado uruguayo Juan Máspoli y la Vicepresidenta del Parlamento de Guatemala, señora Zury Ríos Montt, como todo el resto de los representantes de los Parlamentos que conforman este grupo, se abocaron fundamentalmente a la candidatura del senador chileno. En razón de lo anterior, se celebraron reuniones diarias, tendientes a potenciar la candidatura entre los distintos grupos geopolíticos, con los resultados ya conocidos. Del mismo modo, el senador señor Páez se reunió con los distintos grupos geopolíticos para dar a conocer el programa de su candidatura.
El Consejo, asimismo, rindió homenaje a la Presidenta saliente, Dra. N. Heptulla (India), a quien confirió el título de Presidenta Honoraria del Consejo de la Unión Interparlamentaria.
2.Comité Ejecutivo
El Consejo eligió al Sr. S. Y. Almansury (Jamahiriya Árabe Libia) y al Sr. S. Fazakas (Hungría) por un mandato de cuatro años, y eligió al Sr. R. Salles (Francia) y al Sr. F. M. Drilon (Filipinas) hasta la finalización del mandato de sus predecesores, en septiembre de 2005 y septiembre de 2003, respectivamente.
3.Comité de Asuntos de Oriente Medio
El Consejo eligió a la Sra. M. BargéLavigne (Francia) como miembro titular y a la Sra. P. Torsney (Canadá) como miembro suplente por un mandato de cuatro años, que finaliza en septiembre de 2006.
4.Auditores del balance del año 2002.
El Consejo designó nuevamente como auditores del balance del año 2002 al Sr. N. Enkhbold (Mongolia) y al Sr. O. R. Rodgers (Surinam).
5.Auditor externo del balance de la Unión
El Consejo designó nuevamente al Sr. H. Sorgatz como Auditor Externo de los balances de la Unión, por un período de tres años.
VIII. SENADOR Y DIPUTADO INFORMANTE
Se designaron informantes al senador señor Jovino Novoa y a la diputada señora Isabel Allende Bussi.
o
Valparaíso, 28 de octubre de 2002.
(Fdo.): SERGIO PÁEZ VERDUGO, Presidente del Grupo Interparlamentario ante la Unión Interparlamentaria; JACQUELINE PEILLARD GARCÍA, Secretaria del Grupo Interparlamentario ante la Unión Interparlamentaria.
ANEXO I
FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
Informe presentado a la Sesión Especial del Consejo
(Ginebra, 2527 de septiembre de 2002)
por los CoInformantes
Sr. G. Asvinvichit (Tailandia)
Sr. E. Gudfinnsson (Islandia)
Sra. G. Mahlangu (Sudáfrica)
I.Introducción
1.La Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo tuvo lugar en Monterrey (México) en marzo de 2002. El resultado de la Conferencia se denomina Consenso de Monterrey.
2.En términos generales, el objetivo del Consenso es comprometer a los países a erradicar la pobreza, lograr el desarrollo económico sostenible y promover el desarrollo sostenible. El Consenso llama a asociaciones a todos los niveles para enfrentar los desafíos a la obtención de financiación para el desarrollo, y convoca a la comunidad internacional a hacer que el sistema monetario, financiero y comercial internacional sea más coherente trabajando para mejorar la gobernabilidad económica global y fortalecer el rol de liderazgo de las Naciones Unidas en el desarrollo.
3.El desafío que enfrentamos, expresó el Secretario General de las Naciones Unidas, es mantener el espíritu positivo que llevó al Consenso de Monterrey, y transformarlo en una implementación real y significativa.
II.Visión de conjunto de la Financiación para el Desarrollo
4.Dado que la mayoría de los recursos disponibles para los países en desarrollo con economías de transición son nacionales, las políticas nacionales son particularmente importantes para utilizar estos recursos de manera que sostengan el crecimiento y el desarrollo. La experiencia ha demostrado que los países que tienen tasas altas de ahorro interno y que invierten fuertemente en las personas también han reducido significativamente la pobreza.
5.Desde la década de 1990, los flujos internacionales privados han pasado a ser un complemento crucial de los recursos internos. Sin embargo, los flujos privados han tenido la tendencia de ir hacia un número muy limitado de países en desarrollo. En 1997, por ejemplo, tres cuartas partes de toda la inversión extranjera directa (IED) fue a nada más que a diez países, la mayoría de ellos de mediano ingreso[6]. Por otra parte, en la década de 1990, los flujos de capital privado incrementaron la vulnerabilidad de los países de economías en desarrollo y en transición a las crisis de confianza y los cambios repentinos de dirección de los flujos de capital. Por otra parte, para que este tipo de flujos tengan un efecto genuinamente benéfico, es necesario que los países beneficiarios tengan políticas económicas sanas.
6.Para los países menos desarrollados y otros países de ingresos bajos con escasos recursos internos y poca capacidad de atraer flujos internacionales privados, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) continúa siendo una importante fuente de financiación. En algunos de estos países constituye la única fuente de financiación para la inversión. No obstante (y a pesar del hecho de que en años recientes un puñado de países ha contribuido hasta el 4% de su PBI a la ayuda para el desarrollo), durante la década de 1990 la AOD declinó como porcentaje del PBI de los países donantes[7]. Los compromisos asumidos por los Estados Unidos y la Unión Europea en Monterrey han revertido esta tendencia: la AOD de la UE aumentará de 0,33% a 0,39% del PBI (equivalente a un incremento de US$ 7 billones por año para el año 2006), con 0,7% como meta última; la AOD de los EE.UU. aumentará en US$ 5 billones durante los próximos tres años presupuestales.
7.Algunas autoridades cuestionan el valor de estas cifras. Proponen, en calidad de alternativa útil a los niveles meta basados en porcentajes del PBI de los países donantes, que se calcule el costo real del conjunto total de las metas de desarrollo, y que la suma a cubrir por el total de la asistencia para el desarrollo sea evaluada como proporción de la primera.
8.La primera prioridad de la financiación para el desarrollo debe ser procurar alcanzar las Metas de desarrollo del Milenio (MDM) a las que los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron en la Declaración del Milenio. Las MDM consisten de 8 metas amplias y 18 objetivos específicos (véase el Anexo I). Según los datos del Pnud, en la actualidad aproximadamente 70 países no alcanzaron el objetivo en lo que se refiere a la primera y más importante de las metas, la de reducir la pobreza a la mitad para el año 2015, y 43 países están retrasados en lo que se refiere a eliminar el hambre; se proyecta que 26 países no alcanzarán la meta de educación primaria universal, y aproximadamente 63 países no alcanzarán a reducir la mortandad infantil de menores de 5 años.
9.Existen muchos problemas metodológicos en el cálculo del costo de las MDM a nivel global. Sin embargo, hay estimaciones a grandes rasgos que pueden ayudar a cuantificar el esfuerzo que aún se está por hacer. Por ejemplo, respecto a la primera y más importante meta, la erradicación de la pobreza, estimaciones independientes y de las Naciones Unidas calculan que requerirá duplicar los aproximadamente US$ 50 billones que actualmente se gastan por año a nivel mundial en ayuda externa para cumplir con la meta de reducir la pobreza a la mitad para el año 2015[8]. Si las metas de la ONU no son alcanzadas en esa fecha, se proyecta que otros 56 millones de niños morirán de hambre y de enfermedades evitables en el período intermedio[9]. Un billón de personas seguirán luchando por subsistir con menos de US$ 1 por día, igual que lo hacen hoy. Tampoco es suficiente gastar mucho más en ayuda externa. El dinero también debe ser utilizado de manera más efectiva y eficiente.
10. Gran parte del análisis actual demuestra que para que la AOD realmente sea provechosa se requieren políticas económicas sólidas. Asimismo se descubrió que la AOD es más provechosa en los Países Menos Desarrollados (PMD). La AOD que se invierte en proyectos que incrementarán a largo plazo la calidad de vida (como salud pública, educación, o agricultura) es más provechosa que las soluciones de corto plazo.
11. La ayuda bilateral sigue siendo mucho más frecuente que la ayuda multilateral. Aproximadamente un 70% de la ayuda externa es bilateral, pese a que en general los estudios demuestran que el dinero invertido por organizaciones internacionales, pese a las muchas instancias de incremento de costos debido a gastos de administración[10], por lo general llega más directamente a los pobres. Entonces, ¿por qué el énfasis en la ayuda bilateral? La respuesta a menudo se encuentra en el hecho de que la ayuda es un importante instrumento de política exterior.
12. Sin embargo, hay quienes consideran que la AOD no debe ser juzgada en términos de si es bilateral o multilateral, sino exclusivamente en cuanto a sus efectos. También cuestionan si el dinero canalizado por medio de las organizaciones internacionales llega más directamente a los pobres, citando ejemplos de ayuda inyectada directamente en proyectos de cooperación “de base”[11] que tienen resultados exitosos.
13. El comercio internacional es lejos la mayor fuente de financiación para el desarrollo. A largo plazo, la expansión del intercambio comercial internacional será la manera más efectiva de promover el crecimiento y reducir la pobreza. Durante la década de 1990 la liberalización del comercio estuvo asociada a un significativo incremento en los ingresos y las exportaciones de varios países en desarrollo, pero la liberalización debe ser complementada con medidas para diversificar e incrementar la capacidad productiva de un país. El año pasado en Doha se inició una nueva ronda de conversaciones. El resultado de la nueva ronda será crucial para el desarrollo, y permitirá ver si los países desarrollados están comprometidos con la reducción de la pobreza.
14. Muchos países en desarrollo, especialmente entre los PMD, no han logrado incrementos sostenidos de su PBI per capita como resultado del comercio. El ambiente económico ha sido simplemente demasiado duro. Entre otras cosas, la protección del acceso a los mercados por parte de los países desarrollados ha sido enormemente perjudicial a la capacidad de los países en desarrollo de expandir sus exportaciones de bienes y servicios. Naciones Unidas estima que las ganancias para los países en desarrollo a partir de la liberalización continua del mercado exclusivamente de bienes está en el entorno de los US$ 100150 billones. Se abriga la esperanza de que la propuesta de la UE de conceder acceso libre de impuestos y libre de cuotas a todos los bienes, con la excepción de las armas, a los cuarenta y ocho PMD, establezca un ejemplo para otros países desarrollados. Se deberían conceder medidas similares también a otros países en desarrollo y economías en transición.
15. La capacidad de comerciar es de importancia fundamental para los países pobres. De hecho, si el mundo industrializado abriera realmente sus mercados a las importaciones de los países más pobres en las áreas en que éstos tienen ventajas comparativas, ello pesaría más que los beneficios de la caridad. No es creíble hacer referencia al saber convencional sobre los beneficios del comercio cuando se trata de abrir mercados financieros y de alta tecnología y, al mismo tiempo, lamentar las cargas impuestas a los productos nacionales por las importaciones “baratas” de textiles y productos agrícolas.
16. El Director General de la Organización Mundial de Comercio (OMC) dijo en Monterrey que en los países de la Ocde el apoyo agrícola masivo, que llega a billones de dólares por día, permite vender más barato que los países en desarrollo, y expulsó de los mercados incluso a los productores más eficientes. Manifestó que si se desmantelaran dichos subsidios, los beneficios para los países en desarrollo representarían ocho veces el total de la ayuda otorgada hasta el presente a los países en desarrollo. El Secretario General de las Naciones Unidas lo expresó en términos diferentes: “No es bueno ayudar a los productores lácteos de un país, si al mismo tiempo se exporta al mismo leche en polvo subsidiada”.
17. Sin embargo, algunos parlamentos consideran que la agricultura provee una gama tan amplia de funciones beneficiosas a la sociedad, que merece ser considerada por separado de otros sectores de bienes y servicios. Al tiempo que están de acuerdo en que se deben corregir los desequilibrios entre las normas que aplican a exportadores e importadores de alimentos, señalan que la agricultura suministra la seguridad alimentaria que es crucial para la preservación del tejido social, y protege a la tierra y el medio ambiente.
18. El uso creciente de complejas normas y reglamentaciones industriales también presenta obstáculos. La experiencia posterior a la Ronda Uruguay ha demostrado que los países en desarrollo son lamentablemente insuficientes en capacidad institucional para la formulación, negociación e implementación de políticas comerciales. Por lo tanto, se necesita de financiación para el Marco Integrado de Asistencia Técnica para los PMD, así como marcos similares para otros países en desarrollo.
19. Mientras que algunos países de ingresos medios y bajos han utilizado de manera exitosa la financiación por deuda externa para generar el crecimiento y los ingresos para repagar dicha deuda, otros terminaron con una deuda insostenible que anula los esfuerzos de lucha contra la pobreza. Los problemas de la deuda pueden ser debidos a las políticas económicas internas de estos mismos países, al manejo de la deuda, o a otras circunstancias sobre las que no tienen control, como catástrofes naturales o guerras. Los asuntos son agravados por el ambiente económico externo, por ejemplo si hay una caída repentina en el precio de los commodities u otros cambios radicales en términos de intercambio comercial. En estas últimas circunstancias, se puede tornar necesario tomar medidas para aliviar el peso del servicio de la deuda o cancelar la deuda.
20. La iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (Ppae) ha sido diseñada para hacer bajar la deuda de dichos países a niveles sostenibles. No obstante, la financiación de la iniciativa debería ser adicional a la AOD existente, y todo país que reciba alivio de la deuda debería proseguir políticas económicas sanas y buen ejercicio del gobierno[12], a fin de promover el crecimento y reducir la pobreza.
21 Últimamente se ha hablado mucho acerca del buen ejercicio del gobierno. La falta de un buen ejercicio del gobierno puede tener el efecto de anular el valor potencial de la ayuda. Los expertos han presentado varias ideas sobre cómo atacar este problema. Una es apoyar, ya sea dentro de las instituciones de los países desarrollados o en los países pobres, la investigación médica y científica que tenga beneficios comprobados para el mundo en desarrollo, y otra es dirigir la ayuda directamente a quienes brindan servicios.
22. La corrupción constituye una amenaza grave al imperio de la ley, la estabilidad y la seguridad de las sociedades. Pone en peligro la justa distribución de los recursos ya que socava instituciones y valores democráticos fundamentales e impide el desarrollo social, económico y político así como el goce de los derechos humanos. La relación entre corrupción y otras figuras delictivas, en particular crimen organizado, terrorismo, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos económicos a nivel tanto nacional como internacional, es muy preocupante. La integridad, la obligación de rendir cuentas y la transparencia del sistema político y el servicio civil son requisitos fundamentales para la confianza, credibilidad y autoridad del gobierno en una sociedad moderna y democrática.
23. Muchos críticos del actual sistema desearían ver más donaciones en lugar de préstamos. Un número de países lucha por cumplir con el pago de los intereses de los préstamos, y el peso de la deuda resultante puede atemorizar y alejar la inversión privada, forzando a los acreedores a otorgar alivio de la deuda. La cuestión de donaciones en lugar de préstamos plantea un problema en lo que refiere a la futura financiación para el desarrollo, dado que el repago de los préstamos suministra el capital para los nuevos préstamos. El creciente énfasis en las donaciones significará que en el futuro los países industrializados tendrán que desembolsar más efectivo, pero eso puede ser el precio de tener políticas más realistas.
24. Sin embargo, es importante que la financiación para alivio de la deuda no sea a expensas de la asistencia a los países de bajos ingresos que no enfrentan problemas de deuda. Del mismo modo, otros países de medianos ingresos que no tienen problemas de deuda no deberían pagar indirectamente la financiación para alivio de la deuda debida a los costos más elevados de los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo.
25. En la Declaración del Milenio, los líderes del mundo acordaron la creación de un medio ambiente que apoye el desarrollo a nivel tanto nacional como internacional. Uno de los desafíos centrales de las finanzas es cómo construir un sistema financiero internacional que mejor sirva al desarrollo. El sistema deseable es aquel que sea razonablemente estable y que permita que cualquier crisis sea manejada de manera efectiva y equitativa.
26. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron creados por la Conferencia de Bretton Woods de 1944, con los objetivos de asistir a la reconstrucción y desarrollo de los territorios de los miembros, y de brindar a los países asistencia financiera temporaria para aliviar los desajustes de la balanza de pagos. Ninguna de las instituciones se ha visto libre de críticas en estos últimos tiempos, tanto en los medios de difusión como a nivel de la calle. Se dice que el Banco Mundial está extendiéndose a áreas cada vez más diversas y fijándose metas no realistas, mientras que el FMI es acusado de imponer políticas de ajuste estructural que no reflejan los fundamentos económicos de los países en cuestión. Se exige que haya mayor sensibilidad para con la situación interna de cada país. También se argumenta que prevenir es mejor que curar, y que el FMI debe hacer más para contrarrestar el peligro de grandes crisis de la balanza de pagos ante de que las mismas ocurran.
27. Ambas instituciones argumentan que ya han hecho mucho para reformar sus políticas. Estas reformas son bienvenidas, y deben ser proseguidas vigorosamente, en particular el concepto nuevo del Marco Comprehensivo de Desarrollo, que atribuye mayor importancia al impacto social de las metas de desarrollo. Asimismo, se debe señalar que los principales bancos acreedores internacionales deben ejercer mayor responsabilidad, adoptando políticas de préstamo que tengan en cuenta las metas de desarrollo de los países.
28. Nadie niega que hay importantes cambios en la economía mundial que requieren respuestas nuevas en términos de política económica. La creciente importancia de la tecnología informática está teniendo un impacto profundo y rápido en los mercados productivos y financieros globales. La mejora tecnológica ha asegurado que la producción y las finanzas ya no estén restringidas por el tiempo y el espacio. Se argumenta que aquellas economías que puedan establecer una infraestructura económica eficiente en respuesta a estos desafíos serán más capaces de competir a nivel internacional que las que no lo hacen.
29. Por último, la discusión de la financiación para el desarrollo no estaría completa sin hacer referencia a lo que se ha dado en llamar el déficit mundial en salud. Los esfuerzos de desarrollo más loables pueden ser destruidos por los efectos de la mala salud. En lo que refiere a las enfermedades más devastadoras, deberán tener lugar discusiones adicionales entre la industria farmacéutica, los gobiernos de países de bajos ingresos, los donantes y las agencias internacionales, para buscar arreglos innovadores de patentes de medicamentos que aseguren la disponibilidad de los mismos a costos accesibles.
III. EL CONSENSO DE MONTERREY.
El resultado de la Conferencia de Monterrey
30. El resultado de la Conferencia de Monterrey es presentado bajo tres títulos: Una respuesta global; Principales acciones; y Permanecer comprometidos.
31. Una respuesta global: Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Monterrey acordaron, como primera medida, movilizar los recursos financieros y alcanzar las condiciones económicas nacionales e internacionales necesarias para cumplir con las metas de desarrollo acordadas, incluyendo aquellas contenidas en la Declaración del Milenio para reducir la pobreza y mejorar las condiciones sociales. Al tiempo que se pone énfasis en el rol de las políticas nacionales y la responsabilidad primaria de cada país en su desarrollo económico y social, el Consenso reconoce que ahora las economías nacionales están entretejidas con el sistema económico global, y los esfuerzos nacionales por el desarrollo deben ser apoyados por un ambiente internacional habilitante y lo que es muy importante un abordaje holístico del desafío.
32. Principales acciones: El Consenso organiza su consideración de las principales acciones en la siguiente secuencia:
a)Movilizar los recursos financieros nacionales para el desarrollo: esto se verá incrementado promoviendo el buen ejercicio del gobierno, luchando contra la corrupción, prosiguiendo políticas macroeconómicas sanas, asegurando la sustentabilidad fiscal, la seguridad social y las redes de seguridad, fortaleciendo el sector financiero, y aumentando la capacidad de la economía nacional.
b)Movilizar los recursos financieros internacionales para el desarrollo: el Consenso sugiere que un desafío central es atraer flujos de inversión directa a un número mucho mayor de países en desarrollo y en transición. A fin de atraer flujos estables de capital, los países deben continuar sus esfuerzos por lograr un clima de inversión transparente, estable y predecible, enclavado en políticas macroeconómicas saludables e instituciones que permitan que las empresas, tanto nacionales como internacionales, operen de manera eficiente y rentable y con máximo impacto en el desarrollo.
c)El intercambio comercial internacional es un motor para el desarrollo: los Estados reafirman su compromiso con la liberalización del comercio y aseguran que el comercio desempeñe plenamente la parte que le corresponde en la promoción del crecimiento económico, el empleo y el desarrollo para todos. Por lo tanto, saludan la decisión de la OMC de colocar las necesidades de los países en desarrollo en el centro de su programa de trabajo. A fin de beneficiarse plenamente con el comercio que, en muchos casos, es la mayor fuente singular de desarrollo, los países en desarrollo y con economías en transición deben establecer instituciones y políticas apropiadas. El Consenso reconoce temas de comercio internacional que son de particular preocupación para los países en desarrollo y en transición, tales como barreras comerciales, subsidios y otras medidas “distorsionantes del comercio”, particularmente en la agricultura, y el abuso de las medidas antidumping. Para asegurar que el intercambio comercial mundial apoye el desarrollo para todos, los líderes implementarán los compromisos asumidos en Doha para enfrentar la marginalización de los PMD en el comercio internacional.
d)Incrementar la cooperación internacional financiera y técnica para el desarrollo: el Consenso reconoce que para que los países en desarrollo logren las metas de desarrollo acordadas a nivel internacional se requerirá un incremento sustancial de la AOD y otros recursos. Los líderes recomendarán encarecidamente a los países desarrollados que hagan esfuerzos concretos en pos del objetivo del 0,7% del PBI como AOD a los países en desarrollo, y 0,150,2% a los PMD.
e)Deuda externa: el Consenso declara que el alivio de la deuda externa puede liberar recursos, que luego podrán ser dirigidos hacia los esfuerzos de desarrollo. Por lo tanto, las medidas de alivio de la deuda deben ser proseguidos vigorosamente y de manera expedita, incluso dentro de los Clubes de Londres y París y demás foros relevantes. Es crucial la implementación rápida, efectiva y plena de la iniciativa incrementada para los países pobres altamente endeudados.
f)Corregir los temas sistémicos: los líderes reconocen la urgente necesidad de aumentar la coherencia, gobernabilidad[13] y consistencia de los sistemas monetario, financiero y comercial internacionales. Los esfuerzos internacionales en curso para reformar la arquitectura internacional deben ser sostenidos con mayor transparencia y la participación efectiva de los países en desarrollo y en transición. Las instituciones financieras multilaterales, en particular el FMI, deben continuar dando prioridad a la identificación y prevención de potenciales crisis y al fortalecimiento de los puntales de la estabilidad financiera internacional. Al respecto, el Consenso destaca la necesidad de que el Fondo continúe fortaleciendo sus actividades de vigilancia de todas las economías, con particular atención a los flujos de capital de corto plazo y su impacto.
33. Permanecer comprometidos: Los líderes se comprometen a permanecer plenamente comprometidos para asegurar el adecuado seguimiento de los acuerdos y compromisos logrados en la Conferencia, y a continuar tendiendo puentes entre desarrollo, finanzas y organizaciones e iniciativas comerciales. Llaman a realizar una conferencia internacional de seguimiento para analizar la implementación del consenso, cuyas modalidades serán decididas a más tardar en 2005.
34. Un seguimiento más inmediato, si bien indirecto, de la Cumbre de Monterrey tendrá lugar en Johannesburgo durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. La Unión Interparlamentaria siempre ha destacado que la globalización debe trabajar por el desarrollo sostenible, y las modificaciones en las políticas comerciales y de desarrollo deben ser evaluadas en base a su impacto sobre el desarrollo sostenible. Se abriga la esperanza de que la Cmds constituya una oportunidad de tratar algunos de los temas que no fueron discutidos en Monterrey.
Lo que no se logró
35. La negociación del texto fue particularmente difícil en la sección sobre el comercio. Los términos relativos a la eliminación de las barreras al comercio de los países desarrollados resultó inaceptable para estos últimos, que argumentaron que entraban en contradicción con los términos acordados en Doha, que refieren a la “reducción” de las barreras al comercio. Finalmente, los G77 (sic) y China acordaron respetar los resultados de Doha y se manifestaron razonablemente satisfechos con una expresión de sus preocupaciones en el ámbito del comercio, como barreras al comercio y medidas distorsionantes del comercio. El documento final no incluyó referencia alguna a formas innovadoras de financiación. En el texto del Consenso de Monterrey tampoco se incluyeron mecanismos tales como el impuesto a las emisiones de carbono o el impuesto a los flujos de capital de corto plazo. Tampoco hubo referencia a los Bienes Públicos Globales (BPG)[14] beneficios que se difunden por las naciones y que resisten ser definidos en términos económicos simples, como salud, paz, estabilidad del medio ambiente o educación generalizada.
36. La Conferencia no trató el tema de la gobernabilidad de instituciones globales tales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio. Los países en desarrollo siguen sintiéndose marginalizados y no representados de manera adecuada por estas organizaciones. La UIP tiene una función a desempeñar para cerrar esta brecha y hacer lobby en favor de una arquitectura financiera internacional más transparente, inclusiva y justa.
La posición de la UIP
37. Al responder al desafío de la financiación para el desarrollo, la Unión Interparlamentaria se ha comprometido a fortalecer el proceso parlamentario de supervisión, asegurando acción legislativa, promoviendo la inclusividad en el proceso político, iniciando el conocimiento público, fortaleciendo las asociaciones entre lo público y lo privado, alentando el debate sobre la financiación de bienes públicos y un impuesto a los flujos de capital de corto plazo (flujos de capitales volátiles) y alentando la efectividad de las administraciones gubernamentales individuales.
38. La Unión Interparlamentaria ha expresado su opinión acerca de éste y otros temas en forma de resoluciones o declaraciones de la Conferencia. (Un listado de estos textos se encuentra adjunto al presente informe). En dichos textos la UIP reconoce los siguientes principios de la financiación para el desarrollo:
un entendimiento y consenso general sobre el desarrollo, tal como está contenido en la Declaración del Milenio, debe tener en cuenta las necesidades nacionales y locales de las personas;
la pobreza es políticamente insostenible y hay mayor necesidad de recursos financieros;
el desarrollo debe centrarse en el bienestar de las personas y en la protección y proporción de los vulnerables en nuestra sociedad;
los países en desarrollo deben compartir de manera equitativa los beneficios de la globalización con los países desarrollados.
39. El Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe “mapadecarretera” (A/56/326), pone énfasis, inter alia, en la necesidad de fortalecer a la ONU mediante la intensificación de las asociaciones, y menciona específicamente la necesidad de fortalecer la relación con los parlamentos por medio de su organización mundial, la UIP. Por extensión, los parlamentos son invitados a abordar un diálogo con sus gobiernos sobre estas metas y sobre su oportuna implementación como parte del proceso del presupuesto, del que son responsables. Tal como sugerimos en este informe, la Unión Interparlamentaria debe continuar monitoreando de cerca la implementación de las Metas de Desarrollo del Milenio por medio de debates entre sus miembros y compartiendo su resultado con las Naciones Unidas, con el objetivo de contribuir a los informes periódicos sobre su progreso.
IV. CONCLUSIONES.
Evaluación política del tema de la Financiación para el Desarrollo desde la perspectiva tanto de país en desarrollo como de país desarrollado
40. La Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Monterrey fue un importante intento de la comunidad internacional por tratar los problemas de la financiación para el desarrollo luego de décadas de debates sobre el tema entre el mundo desarrollado y en desarrollo, y el deseo expreso de los primeros de llevar a cabo una conferencia de este tipo. La realización práctica del resultado de la Conferencia debe facilitar la implementación de la Declaración del Milenio de reducir a la mitad la pobreza en el mundo para el año 2015. De este modo, la Conferencia dio lugar a la esperanza para billones de personas en el mundo que aún viven en la pobreza extrema. Por otra parte, las promesas realizadas en la Conferencia por los EE.UU. y la UE de incrementar la AOD constituyen un primer paso en la implementación del Consenso de Monterrey. Desde una perspectiva histórica, la Conferencia misma es evidencia de progreso en el tema de la financiación para el desarrollo y el Consenso abre nuevos caminos, ya que trata todas las áreas de la financiación para el desarrollo de manera comprehensiva.
41. Sin embargo, el éxito se medirá a partir de la implementación seria del consenso por parte de todos los socios en el desarrollo. Esto requiere de la decidida voluntad política de todos los jefes de Estado y de Gobierno. Según todas las probabilidades, el progreso en el área de las barreras comerciales será el más difícil de lograr.
42. Los países en desarrollo se beneficiarán mucho de la participación del sector privado en la prevención y gestión de los problemas de la deuda. El alivio de la deuda conforme la iniciativa de Ppae debe ser implementada, por graves que sean las preocupaciones por que la iniciativa pueda imponer una carga a otros países en desarrollo. En cuanto al tema crucial de la coherencia de los sistemas monetario, financiero y comercial internacionales, la reforma del sistema financiero internacional es un área de gran importancia por el cual los países en desarrollo medirán el éxito de la implementación del Consenso.
43. En términos más generales, se deben tratar los problemas subyacentes en los países en desarrollo relativos a infraestructura, salud, educación y orden público. En el área de la educación, la educación de las mujeres tendrá un impacto particularmente fuerte en el desarrollo. Una mayor cooperación internacional para combatir el VIH/Sida, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas también puede significar una gran diferencia, ya que los esfuerzos actuales están muy infradotados. Éstas y otras metas están contenidas en la Declaración del Milenio, que los parlamentos son llamados a apoyar.
44. La Conferencia llama al diálogo continuo y el seguimiento de la conferencia internacional a fin de analizar el progreso de su implementación. Tal como se expresó al inicio, el desafío es transformar este consenso en acción concreta para alcanzar las metas de la Declaración del Milenio. El Consenso de Monterrey recomienda encarecidamente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio que prosigan las discusiones de Monterrey, de modo de guiar la próxima conferencia de financiación para el desarrollo. Los países en desarrollo también deben colectivamente dar contenido a las recomendaciones del Consenso de Monterrey. Por último, la UIP constituye un vehículo perfecto para hacer avanzar las recomendaciones de la Conferencia, alentando el diálogo constructivo entre los Parlamentos Miembros.
***CUADRO***
1
ANEXO II
FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
Resolución adoptada por consenso por la Sesión Especial del Consejo
(Ginebra, 27 de septiembre de 2002)
El Consejo de la Unión Interparlamentaria,
Reunido en sesión especial en Ginebra, del 25 al 27 de septiembre de 2002,
Habiendo debatido el Informe sobre Financiación para el Desarrollo redactado por los tres coinformantes,
Habiendo considerado el mencionado informe, en especial a la luz de sus implicaciones para el seguimiento parlamentario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar en Monterrey, México, en marzo de 2002,
Haciendo referencia a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la resolución 41/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986, que en el Artículo 3, párrafo 3, dispone que los Estados tienen el deber de cooperar uno con otro para asegurar el desarrollo y eliminar obstáculos al desarrollo.
1.Agradece a los tres coinformantes su informe;
2.Recomienda encarecidamente a los parlamentos miembros de la UIP realizar el seguimiento del proceso de Financiación para el Desarrollo y hacerlo más efectivo por medio de:
a)Fortalecer el rol de los parlamentos para asegurar el seguimiento del Consenso de Monterrey, monitoreando la implementación de los compromisos gubernamentales en el ámbito de la financiación del desarrollo, analizando su resultado y sugiriendo medidas apropiadas donde sea necesario y, más específicamente, la asignación de mayores recursos de los presupuestos nacionales a programas de erradicación de la pobreza y de amplia política pública social;
b)Estudiar la posibilidad de establecer o reforzar los mecanismos que posibiliten a los parlamentarios monitorear la labor de las instituciones financieras multilaterales;
c)Suministrar un marco legislativo nacional para promover y proteger la inversión extranjera directa y otros flujos financieros privados;
d)Asegurar que las acciones legislativas en el ámbito de la financiación para el desarrollo sean el resultado de un consenso nacional y la participación pública en la toma de decisión, ayudando con ello a fortalecer la gobernabilidad, la democracia y el respeto por los derechos humanos;
e)Expeditar los procesos legislativos necesarios para la reforma del sector financiero, de manera consistente con las metas y prioridades del desarrollo nacional;
f)Asegurar que la perspectiva del género ocupe un lugar central en las políticas de desarrollo, incluso por medio de legislación que elimine obstáculos para que las mujeres puedan realizar actividades económicas y que promueva la justicia económica entre los sexos dentro de la familia;
g)Adoptar medidas especiales para asegurar que los más vulnerables de la sociedad estén incluidos en el proceso político con el objetivo de, inter alia, erradicar la pobreza;
h)Aprobar legislación que fortalezca la capacidad productiva de la economía de base, por ejemplo de fondos para pymes y poblados, incluyendo la microfinanciación administrada de manera efectiva;
i)Fomentar la inversión extranjera privada para ayudar a cerrar la brecha digital en los países en desarrollo y los países en transición;
j)Aprobar legislación para extender el alivio de la deuda a los países receptores que se esfuerzan por el buen ejercicio del gobierno,[15]] al tiempo que se presta la debida consideración a sus esfuerzos de autoayuda;
k)Asegurar que sus gobiernos se esfuercen por asignar 0,7% de su PBI a la asistencia oficial al desarrollo, de acuerdo a la meta acordada a nivel internacional, y que cumplan con sus compromisos financieros conforme la iniciativa Hipc[16] (Países Altamente Endeudados);
l)Supervisar el uso eficiente y acorde a metas de la AOD[17] teniendo en cuenta plenamente el ideal del desarrollo centrado en las personas, desde la perspectiva de la “seguridad humana”, apoyar el establecimiento de sistemas democráticos y de buen ejercicio del gobierno, asistir en la construcción de la democracia, hacer esfuerzos adicionales para asegurar la transparencia de la AOD y, en los países donantes, promover actividades nacionales para incrementar el conocimiento público de, y el apoyo político a, la AOD;
m)Asegurar que los flujos privados de inversión y capital, que son de la mayor importancia para los países en desarrollo, y no por último para los países menos desarrollados, sean promovidos activamente por los países desarrollados, y que dichas inversiones sean tratadas en base de equidad;
n)Ayudar a crear y mantener asociaciones innovadoras para el desarrollo entre entidades públicas y privadas;
o)Aprobar legislación que promueva el comercio libre y justo, proporcione a los países en desarrollo mayor acceso a los mercados, y aliente la reducción de las políticas de subsidios y apoyo financiero, así como la eliminación de otras medidas que distorsionan el comercio, en particular en la agricultura, a fin de alcanzar un sistema de comercio internacional justo y equitativo;
p)Ayudar a determinar, con debates parlamentarios apropiados y consultas nacionales a los grupos de electores, la definición de los bienes públicos globales y la manera de financiarlos;
q)Adoptar medidas para ayudar a eliminar la corrupción, en todas sus formas y manifestaciones, de la política y la administración pública así como de las entidades económicamente poderosas, y luchar contra el abuso de poder;
r)Alentar a sus respectivos gobiernos a trabajar en asociación estrecha con las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods y la OMC, con el fin de acelerar el proceso de la Financiación para el Desarrollo;
s)Ayudar a apoyar iniciativas de desarrollo innovadoras a nivel regionales, tales como la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (Nepad);[18]
t)Alentar la asistencia técnica a fin de mejorar las capacidades nacionales de los países en desarrollo en transición que tienen derecho a la financiación para el desarrollo;
u)Asegurar a nivel interno una política de desarrollo coherente y una mayor coordinación entre los actores nacionales relevantes;
v)Recomendar encarecidamente a las instituciones financieras y demás patrocinadores, en el interés de asistir a los países emergentes de períodos de conflicto, revisar sus mecanismos para desembolsar los fondos asignados y facilitar las condiciones que, en último análisis, bloquean el acceso a dichos fondos;
3.Confía a la Unión Interparlamentaria promover y facilitar el proceso de Financiación para el Desarrollo mediante:
a)Fortalecer la cooperación y coordinación entre los miembros en la implementación del Consenso de Monterrey;
b)Crear conocimiento público entre sus miembros sobre el proceso de la Financiación para el Desarrollo, a fin de que puedan alentar la implementación del Consenso de Monterrey por parte de sus respectivos gobiernos, prestando particular atención al aspecto del desarrollo de los sistemas multilaterales comercial y financiero;
c)Alentar una cooperación continua e intensificada entre la UIP y las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods y la OMC, a fin de suministrar a dichas instituciones la dimensión parlamentaria, creando así un sistema multilateral más participativo e inclusivo;
d)Promover la adopción de normas para apoyar[19] los principios generales del derecho y los derechos humanos que puedan ser aplicados a nivel global;
e)Intensificar su cooperación con las instituciones relacionadas y sus miembros para facilitar la habilitación de los parlamentos, en particular de los países en desarrollo, de manera de que puedan cumplir mejor con el incremento de sus responsabilidades;
4.Apoyar las metas de desarrollo aceptadas a nivel internacional, incluyendo aquellas contenidas en la Declaración del Milenio, y llama a los parlamentos de todos los países a tenerlas en cuenta en el momento de debatir las políticas económicas, de desarrollo y comerciales;
5.Resuelve monitorear el seguimiento de la presente resolución y llama a los informantes a preparar un informe para ser presentado a la UIP en una reunión futura.
ANEXO III
Reformas a los estatutos de la UIP
Las proposiciones de reforma propuestas por el Comité Ejecutivo, incluyen las propuestas presentadas en Ouagadougu y en Marrakesh y bien pudieran ser implementadas de acuerdo con el presupuesto presentado en la última ciudad, sin perjuicio, de que podrían tener incidencia en los presupuestos de los países anfitriones.
El Comité Ejecutivo debía proponer al Consejo las enmiendas necesarias para ser discutidas en Chile y con miras a que entren en vigencia el segundo semestre del año 2003, por un período de dos años, al cabo de los cuales se deberá efectuar una evaluación.
Básicamente, las reformas proponen el cambio de su denominación, es decir, se propicia, que se pase a llamar Asamblea en vez de Conferencia, de manera de representar fielmente su fin. Asimismo, se contempla reducir los días de las dos reuniones anuales, esto es, cinco días, en la primera reunión y tres en la segunda, la cual debería llevarse a cabo en Ginebra, a lo menos, los dos primeros años.
En la primera reunión, se debatiría un tema general determinado por la Asamblea en su sesión anterior, sin perjuicio de discutir aspectos de la situación política, social y económica mundial, como ha sido lo usual.
En la sesión de la Asamblea se desarrollaría un panel sobre una materia de interés general, que podría ser el tema general del debate, en donde se incluiría la participación de un representante de un organismo internacional de importancia.
Al inicio de la Asamblea, se elegiría un punto suplementario de urgencia, que deberá tener relación con un tema de la esfera internacional de importancia, sobre el cual la Unión tenga obligación de expresar opinión, el cual sería enviado directamente a un Comité de Redacción con miras a la resolución final, y sobre lo cual existen dos propuestas de quórum para su aprobación. Mantener la mayoría de cuatro quintos o rebajarlo a dos tercios. Un aspecto que se deberá clarificar es cómo determinar cuando se puede considerar que un punto constituye un evento internacional importante.
Las cuatro Comisiones de estudio vigentes, serían reducidas a tres Comisiones Permanentes, que abarcarían todas las cuestiones que actualmente tratan las Comisiones de Estudios. Estarían encargadas de las siguientes materias:
Paz y seguridad internacional.
Desarrollo sostenible, financiamiento y comercio.
Democracia y derechos del hombre.
La integración de las mesas en las Comisiones Permanentes, presenta varios aspectos que deberán ser analizados. Una mesa está integrada por un presidente y cinco vicepresidentes, uno de cada grupo geopolítico, pero al designarse informantes, éstos también pasarían a formar parte de la mesa.
Es necesario, además, revisar las modalidades para la elección de los presidentes de las tres comisiones. De aceptarse el criterio del Consejo, mediante el cual los informantes también serían miembros de la mesa, deberá clarificarse si éstos tendrán derecho a voto cuando la mesa llama a elección de Presidente.
El problema de la presidencia, también es aplicable para el caso de que se reformen las comisiones de estudio, dado que las nuevas comisiones se reunirán dos veces por año.
Las tres comisiones permanentes examinarían un tema que deberá ser informado a la Asamblea Plenaria que adoptará los proyectos de resolución.
Durante la fase experimental de dos años, cada comisión trataría un solo punto en el Orden del Día.
Las Comisiones Permanentes serían llamadas a redactar un proyecto de resolución, con el apoyo de un relator, para ser presentado en la Asamblea. Un anteproyecto sería elaborado por los corelatores y comunicado a los miembros, a lo menos con un mes de anticipación a la apertura de la asamblea. Los miembros podrían presentar enmiendas, que serían directa e inmediatamente discutidas por la Comisión competente.
En lo que respecta a la segunda sesión del año, se propone reducir las delegaciones a cinco miembros, el sistema de votación se mantendría y no habría debate general. Sin embargo, una sesión podría consagrarse a desarrollar un panel, con la participación de un representante de un organismo internacional de relevancia.
En la actualidad el número de delegados se determina de acuerdo con el número de población y las posibilidades son diez u ocho representantes.
Con la nueva modalidad, de la segunda reunión anual, y como lo fue en Ginebra, el número de representantes fue de cinco. De proseguir estas reuniones, bien pudiera ser que países con población superior a cien millones, reclamaran el derecho a elevar el número de delegados.
Se propone, además, reemplazar la denominación del Consejo, por la de Consejo Directivo, con las mismas atribuciones y métodos de trabajo que el actual Consejo. Su composición podría variar de dos miembros a tres. Las delegaciones que no incorporen a los dos géneros, serán limitadas a dos miembros.
También, se analiza la participación de los órganos subsidiarios del Consejo en la fase inicial del proceso de reforma a fin de definir si se mantendrán dentro de la nueva estructura propuesta.
Dentro de esta fórmula, la Comisión de Derechos Humanos Parlamentarios continuará informando directamente al Consejo Directivo.
El Consejo Ejecutivo conservará sus funciones actuales, dentro de las aspiraciones de asegurar una representación geográfica y geopolítica más equitativa.
Se contempla, que una vez que los miembros hayan determinado a qué grupo pertenecen para los fines eleccionarios, el Consejo podrá presentar una proposición para los nuevos cargos.
En los casos de vacancia, ya sea por muerte, renuncia o pérdida de la calidad de parlamentario, se llamará a elección normal por un nuevo mandato completo.
Asimismo, durante la fase experimental inicial, el Comité Ejecutivo celebrará una sesión suplementaria dentro del año, a fin de evaluar las reformas.
La reunión de las mujeres parlamentarias se mantendrá durante la primera sesión. El Comité de Coordinación se mantendrá dos veces al año.
Los grupos geopolíticos se reunirán en las dos sesiones de la Asamblea. Tanto su existencia como su rol serán incorporados en los Estatutos. Cada grupo podrá buscar su método de trabajo.
Si bien un miembro de la Unión puede pertenecer a distintos grupos geopolíticos, cuando se trate de presentar candidaturas a funciones en el seno de la Unión, deberá determinar a qué grupo pertenece e informar de tal situación a la Secretaría de la Unión.
Dada la relevancia de los grupos geopolíticos, se deberán revisar ciertos criterios, como por ejemplo, si cada miembro de la UIP puede pertenecer a más de un grupo, para los fines de presentar candidato, sólo podrá ser miembro de un solo grupo. Para estos efectos, se propicia la idea de clarificar en los Estatutos qué cargos son asignados conforme a la afiliación geopolítica. De este modo, se ha solicitado a los distintos grupos que participen más activamente en las futuras Asambleas.
En general las reformas, enmiendas y subenmiendas presentadas abarcan desde asuntos meramente formales, hasta otros de mayor complejidad, como es el tema relativo a la composición del Comité Ejecutivo, a fin de asegurar la participación de mujeres y otros aspectos, como el tema presupuestario.
Dentro de las reformas de mayor envergadura, pueden citarse las relativas a los siguientes aspectos:
Integración.
Método para elegir presidente de la asamblea para las reuniones que se llevan a cabo en Ginebra.
El punto de emergencia.
La integración de las autoridades de las comisiones permanentes.
Los grupos geopolíticos.
El número de delegados a la segunda reunión anual de la Asamblea.
La discusión del informe del Comité Ejecutivo efectuado en Marrakesh, sobre las reformas fue sostenido por el señor Geert Versnick, quien dio respuesta a diversas interrogantes que le fueran planteadas, que en lo principal, pueden resumirse en los siguientes aspectos:
La necesidad de la reforma, fue apoyada casi unánimemente. Suiza, Uganda e Irak fueron partidarios de mantener el status actual.
La casi totalidad de los asistentes se mostraron partidarios de revisar los métodos de trabajo, haciendo hincapié en los asuntos financieros y de costos.
Algunas delegaciones destacaron la necesidad de reforzar los vínculos con Naciones Unidas y de clarificar las relaciones de la Unión con otras organizaciones parlamentarias.
También, se discutió sobre la necesidad de mantener una necesaria continuidad entre los delegados que asisten, como de mantener un adecuado sistema de seguimiento del trabajo de la UIP en los distintos parlamentos nacionales.
La postura de Canadá dijo relación con un mejoramiento de la estrategia comunicacional para dar a conocer el trabajo que desarrolla la Unión, materia que ya fuera abordada en Cuba y sobre la cual se presentaron proposiciones concretas.
El Comité Ejecutivo busca la manera de conciliar costos y eficacia. En torno a este tema, algunos miembros no comparten la celebración de la segunda sesión en Ginebra, que si bien es cierto disminuye los costos para la Unión, resulta ser una ciudad especialmente cara para muchas de las delegaciones que varía de acuerdo con la distancia geográfica de los distintos países, por lo que se teme que la concurrencia disminuya.
En cuanto a las reformas al Comité Ejecutivo, se pueden destacar, su integración y la obligación de que doce de sus miembros deben pertenecer al Consejo y la función de recomendar al Consejo el Orden del Día de la Conferencia. La nueva función, será recomendar a la Asamblea el tema para el debate general, debiendo considerar para esos efectos las propuestas presentadas por los miembros de la Unión.
Tradicionalmente, el presidente de la Conferencia es el presidente del Parlamento oficial, pero como ahora la segunda reunión del año se celebraría en Ginebra, se estudian propuestas para determinar quién hará las veces de presidente, cuando no hay Parlamento anfitrión.
ANEXO IV
COOPERACIÓN ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
La Asamblea General,
Recordando su resolución 56/46 del 7 de diciembre de 2001 en la que aprobó los esfuerzos constantes para explorar las formas en la que una nueva y fortalecida relación puede ser establecida entre la Asamblea General y sus órganos subsidiarios, por un lado, y la Unión Interparlamentaria, por otro lado, e instó a los Estados miembros a continuar sus consultas con la visión de adoptar una decisión en eso durante la quincuagésima séptima sesión de la Asamblea,
Habiendo considerando el informe del Secretario General A/57/375 del 3 de septiembre de 2002 que evalúa la cooperación entre las dos organizaciones en los últimos doce meses,
Habiendo también considerado el informe del Secretario General del 26 de junio de 2001,
Tomando en consideración el acuerdo de cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria de 1996, el cual proporciona el fundamento para la cooperación entre las dos organizaciones,
Recordando el carácter único interestatal de la Unión Interparlamentaria,
1.Da la bienvenida a los esfuerzos hechos por la Unión Interparlamentaria por proporcionar una mayor contribución parlamentaria y un apoyo intensificado a las Naciones Unidas;
2.Da la bienvenida a la resolución de la Asamblea General (A/RES/57/XXX del 19 de noviembre de 2002), que invita a la UIP a participar en las sesiones y el trabajo de la Asamblea General en calidad de observador;
3.Decide permitir la circulación de documentos oficiales de la UIP en la Asamblea en el entendido de que no resultan implicaciones financieras para las Naciones Unidas.
4.Invita a las agencias especializadas de las Naciones Unidas y el Iaea a considerar adoptar modalidades similares para la cooperación con la UIP;
5.Solicita al Secretario General tomar la acción necesaria para implementar la presente resolución y presentar un informe a la Asamblea General en su quincuagésima novena sesión sobre los varios aspectos de cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria;
6.Invoca al Secretario General a tomar los pasos para asegurar la completa implementación de medidas con el propósito de fortalecer la relación entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria.
7.Decide incluir en la agencia provisional de su quincuagésima novena sesión el punto titulado “Cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria”.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
56/... Cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria
La Asamblea General, Recordando su resolución 55/2 del 8 de septiembre de 2000, que resolvió “continuar fortaleciendo la cooperación entre las Naciones Unidas y los parlamentos nacionales por intermedio de su organización mundial, la Unión Interparlamentaria, en diversos ámbitos, incluyendo la paz y la seguridad, el desarrollo económico y social, el derecho internacional y los derechos humanos así como la democracia y los temas del género”,
Recordando asimismo su resolución 55/19 del 8 de noviembre de 2000, en la que expresó el deseo de que se siga consolidando la cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, y solicitó al Secretario General que, en consulta con los Estados Miembros y la Unión Interparlamentaria, explore las vías por las que se pueda establecer una relación nueva y fortalecida entre la Unión Interparlamentaria, la Asamblea General y sus órganos subsidiarios,
Habiendo considerado el informe del Secretario General del 26 de junio de 2001 en el que, luego de realizar consultas con los Estados Miembros y la UIP, recomendó que la Asamblea General considere:
a)conceder a la UIP la invitación permanente para participar, según sea apropiado, en las sesiones y la labor de la Asamblea General, sus órganos subsidiarios y las conferencias internacionales convocadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
b)decidir permitir la circulación de los documentos de la UIP en la Asamblea, y
c)invitar a las agencias especializadas de las Naciones Unidas a que adopten modalidades similares de cooperación con la UIP,
Teniendo en consideración el acuerdo de cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria de 1996, que dispone los fundamentos para la cooperación actual entre ambas organizaciones,
Recordando el carácter singular de la Unión Interparlamentaria,
1.Acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por la Unión Interparlamentaria para suministrar una mayor contribución parlamentaria e incrementar su apoyo a las Naciones Unidas;
Decide, en calidad de excepción a los criterios establecidos por la Asamblea General en su decisión 49/426 del 9 de diciembre de 1994, extender una invitación permanente a la Unión Interparlamentaria para participar en las sesiones y la labor de la Asamblea General y sus órganos subsidiarios (en calidad de observador);
Decide asimismo permitir la distribución de documentos oficiales de la UIP en la Asamblea, en el entendido de que no resultará en implicaciones financieras para las Naciones Unidas;
4.Invita a las agencias especializadas de las Naciones Unidas a que adopten modalidades similares de cooperación con la UIP;
5.Solicita al Secretario General tomar las medidas necesarias para implementar la presente resolución y presentar un informe a la Asamblea General en su quincuagésima séptima sesión sobre los diferentes aspectos de la cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria;
6.Decide incluir en el orden del día provisorio de su quincuagésima séptima sesión el punto titulado “Cooperación entre las naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria”.