Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jaime Gazmuri Mujica
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- DESARROLLO DE PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS Y DE ADULTOS MAYORES. Proyectos de acuerdo.
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Eduardo Diaz Del Rio
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Juan Masferrer Pellizzari
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Jose Ramon Barros Montero
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Cristian Antonio Leay Moran
- Mario Escobar Urbina
- Osvaldo Palma Flores
- Eugenio Bauer Jouanne
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Mario Bertolino Rendic
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Maria Angelica Cristi Marfil
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Edgardo Riveros Marin
- Eduardo Saffirio Suarez
- German Becker Alvear
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Ivan Paredes Fierro
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Eugenio Tuma Zedan
- Eliana Caraball Martinez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Edmundo Villouta Concha
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Pablo Lorenzini Basso
- Alejandro Navarro Brain
- Edmundo Salas De La Fuente
- Maria Isabel Allende Bussi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DESARROLLO DE PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS Y DE ADULTOS MAYORES. Proyectos de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Eugenio Bauer Jouanne
- Camilo Escalona Medina
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edmundo Salas De La Fuente
- Samuel Venegas Rubio
- Eliana Caraball Martinez
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Roberto Delmastro Naso
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- Zarko Luksic Sandoval
- Fernando Meza Moncada
- Anibal Perez Lobos
- Esteban Valenzuela Van Treek
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 16ª, en miércoles 6 de noviembre de 2002 (Especial, de 18.02 a 20.47 horas)
Presidencia de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
Pág.
I.Asistencia ........................................................................................................ 7
II.Apertura de la sesión ..................................................................................... 11
III.Actas................................................................................................................ 11
IV.Cuenta ............................................................................................................. 11
V.Objeto de la sesión.
Desarrollo de programa de alfabetización de adultos y de adultos mayores.
Proyectos de acuerdo ....................................................................................... 11
VI.Documentos de la Cuenta.
1.Moción de los diputados señores Letelier, don Juan Pablo, Bauer, Escalona,
Espinoza, García, Ortiz, Salas, Venegas, y de las diputadas señoras Caraball,
doña Eliana, y Muñoz, doña Adriana, interpretativo del artículo 2º transitorio
de la ley Nº 19.495, sobre licencias de conducir (boletín Nº 3113-15) ........... 46
2.Moción de los diputados señores Ceroni, Delmastro, Hales, Jaramillo, Le
telier, don Felipe, Luksic, Meza, Pérez, don Aníbal, y Valenzuela, que inter
preta el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.495, en materia de renovación
extemporánea de licencias de conducir clases A1 y A2, obtenidas antes del
8 de marzo de 1997 (boletín Nº 3114-15)........................................................ 48
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
Comunicación del Grupo Interparlamentario ChilenoBrasileño por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a constituirse y eligió como presidente al diputado señor Kuschel.
2.Oficios:
Contraloría General de la República
Del diputado señor Ramón Pérez, pago de campaña sobre prevención del sida a empresa publicitaria de Iquique; auditoría de gestión de gerentes de la Zona Franca de Iquique.
Del diputado señor Hales, sumario por hechos acaecidos en la cama Nº 8 de la UTI del Hospital San José.
Del diputado señor Jiménez, forma de funcionamiento del Instituto Nacional de Deportes.
Ministerio del Interior
Del diputado señor Navarro, diversas materias relacionadas con la contaminación ambiental.
Del diputado señor Jarpa, deficiencias en la ampliación del Programa de Generación de Empleo en la ciudad de Chillán.
Del diputado señor Bayo, deficiencias en la construcción del edificio para la Escuela F8 Aragón, en Angol.
Del diputado señor Kuschel, avance de proyecto de implementación de un liceo en la comuna de Cochamó; reposición Escuela Nº 4 Bellavista de la comuna de Puerto Montt; posible retiro del funcionario que atiende el Aeropuerto de Segundo Corral; combate a la delincuencia en el centro y en las poblaciones de la ciudad de Puerto Montt; pertenencia a la comuna de Cochamó de Ralún y a todo el estuario de Reloncaví.
De la diputada señora Cristi, montos dispuestos para el presente año por la Fundación Prodemu.
De la diputada señora Rosa González, costo que significó la celebración y fiesta de disfraces que realizaron los funcionarios de este ministerio. Del diputado señor Recondo, auditoría interna dispuesta por el Intendente Regional en el Fodetur.
Del diputado señor Espinoza, construcción planta de tratamiento de aguas servidas en el marco del desarrollo del Programa de Mejoramiento de Barrios, en el sector de Nueva Braunau, comuna Puerto Varas.
Del diputado señor Alvarado, malas condiciones de establecimiento de la Policía de Investigaciones de Castro.
De la Corporación, plan maestro de descentralización y desconcentración de la Región Metropolitana. Ministerio de Relaciones Exteriores
Del diputado señor Riveros, acciones unilaterales intentadas por Estados Unidos.
Del diputado señor Tuma, reflexiones con motivo de cumplirse el primer aniversario del atentado terrorista en Nueva York.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Del diputado señor Espinoza, información sobre tripulantes de naves mercantes.
Del diputado señor Sánchez, normas de rotulación.
Ministerio de Hacienda
Del diputado señor Lorenzini, presupuesto de las Corporaciones de Asistencia Judicial.
Del diputado señor Ortiz, jubilación de lo profesionales de la educación adscritos a las AFP.
Del diputado señor Kuschel, evaluación e informe respecto de la recaudación tributaria mensual.
Del diputado señor Pablo Galilea, presupuesto ProChile.
Ministerio de Educación
Del diputado señor Egaña, recursos gastados en “Día de la Cultura”.
Ministerio de Obras Públicas
Del diputado señor Navarro, tratamiento de aguas servidas de Essbío S.A. Del diputado señor Espinoza, plantas de tratamiento de aguas servidas de la Décima Región.
Del diputado señor Masferrer, reparación de caminos públicos en Distrito Nº 34.
Del diputado señor Vargas, reparación caminos en la V Región. Cuadro resumen de oficios MOP emitidos en el mes de septiembre a los señores parlamentarios. Ministerio de Agricultura
Del diputado señor Sánchez, rotulación de productos agrícolas. (767 al 1758)
Ministerio de Salud
Del diputado señor Accorsi, beneficiarios isapre atendidos en hospitales públicos.
Del diputado señor Kuschel, destino de fondos provenientes de la eliminación del subsidio del 2% a las isapres.
Del diputado señor Meza, situación que afectó a enferma en el hospital de Angol.
Del diputado señor Bauer, situación de cotizaciones percibidas en exceso.
Ministerio de Minería
Del diputado señor Pedro Muñoz, ausentismo laboral del día 20 de septiembre recién pasado.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Del diputado señor Bauer, obras de acceso Aldea Rural Codegua.
Del diputado señor Ramón Pérez, cobro de las agencias habitacionales.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Del diputado señor Villouta, facilitación de transporte y comunicaciones de personas con discapacidad.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Del diputado señor Pedro Muñoz, ausentismo laboral del día 20 de septiembre recién pasado.
Del diputado señor Kuschel, modificación a los planos reguladores de Puerto Montt, Puerto Varas, sector Alerce.
Ministerio de Planificación y Cooperación
Del diputado señor Kuschel, estudio de modificación ficha CAS II. Del diputado señor Hernández, acciones consideradas para ser aplicadas en el año 2003 en las comunas de San Pablo y de San Juan de la Costa.
Servicio Nacional de la Mujer
Del diputado señor Lagos, programas con mujeres en el Distrito 57.
Intendencia Región de Los Lagos
Del diputado señor Hernández, proyecto del Sector Monteverde.
Municipalidad de los Muermos
Del diputado señor Kuschel, compromisos pendientes en relación a aplicación del Estatuto Docente.
I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (95)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Escobar Urbina, Mario
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Herrera, Eduardo
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Rebolledo González, Víctor Manuel
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
-- Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Carlos Montes Cisternas.
También asistió el senador señor Jaime Gazmuri.
Concurrieron, además, la ministra y el subsecretario de Educación, señora Mariana Aylwin y señor Jorge Weinstein, respectivamente.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 18.02 horas.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 11ª se declara aprobada. El acta de la sesión 12ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
DESARROLLO DE PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS Y DE ADULTOS MAYORES. Proyectos de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento para que ingrese a la Sala el subsecretario de Educación, señor José Weinstein .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El tiempo previo de quince minutos corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, cuarenta y tres diputados hemos solicitado esta sesión especial, con el fin de que la señora ministra de Educación informe a la Sala sobre la real situación de la educación de adultos y de adultos mayores. El país ha sido informado respecto de los fraudes e irregularidades que se están cometiendo y se han cometido en distintas regiones. La Sexta fue la primera en tomar conocimiento de tales ilícitos; con posterioridad, las regiones Novena y Décima, y ayer, el seremi de la Quinta Región dio a conocer públicamente irregularidades e ilícitos en la educación de adultos y de adultos mayores. Se debe entregar una cantidad de recursos y apoyo a quienes, aun cuando con una vida bastante avanzada, tienen los mismos derechos. Por eso, es preciso que nos preocupemos para que tengan un pasar lo más feliz posible, con todos los instrumentos que el Estado les pueda dar.
Informaré formalmente sobre ciertas situaciones ocurridas en la Sexta Región de la Novena informará el diputado señor Eduardo Díaz respecto de los programas de educación de adultos, como son la Educación Fundamental de Adultos, EFA; la Educación Técnica Elemental de Adultos, Etea , y aquella a la que se refiere el decreto Nº 77, de 1982.
Precisamente, hasta el momento, en la Sexta Región, la situación de concomitancia con fraude al fisco se produjo en diversos establecimientos educacionales, tales como los institutos San Ernesto, Las Araucarias y Manuel de Salas.
De otras regiones, se espera el informe de la señora ministra al respecto.
Me preocupan las declaraciones efectuadas al diario “El Mercurio”, el 12 de septiembre de 2002, por el vicepresidente del colegio de Profesores, don Darío Vásquez . Dijo que el caso de Rancagua es uno de tantos, debido a los ilícitos de sostenedores y a la incapacidad de fiscalización del Ministerio de Educación. Además, agregó que el colegio rancagüino es sólo la punta del iceberg, pues hay muchos más. Después, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, Andime , que agrupa a los funcionarios de esa cartera, coincidió con el dirigente del magisterio, y precisó que frecuentemente han entregado antecedentes a la Subsecretaría de Educación sobre anomalías, sin ningún efecto.
Las declaraciones de dirigentes gremiales que tienen pleno conocimiento de la realidad de la educación y de la educación de adultos, son lo suficientemente graves y ameritan una investigación profunda. Aún más, el propio presidente de Andime manifestó que el jefe de los fiscalizadores del Ministerio de Educación renunció, porque se vio impedido de realizar su labor por no existir, al interior de la Subsecretaría, la voluntad de investigar los hechos.
Quiero informar sobre los ilícitos e irregularidades cometidos en la región que represento.
Se autorizó el funcionamiento de tres establecimientos educacionales en las siguientes fechas: en el caso del instituto San Ernesto , el 7 de mayo de 2001 se dictaron treinta y cinco resoluciones por las que se autoriza que se imparta la educación de adultos, con un total de 12 mil 600 horas; en el de Las Araucarias con veintidós resoluciones, el 4 de junio de 2001, con un total de 8 mil 160 horas; y en el del instituto Manuel de Salas, con resolución del 9 de noviembre de 2001, cuando los cursos se iniciaron teóricamente en marzo de 2001. Es decir, aquí ocurrió algo increíble: se autorizó el funcionamiento de la educación de adultos una vez que los cursos estaban concluidos.
Aún más, existe una resolución de fecha 27 de noviembre, que amplía la autorización a este colegio para impartir educación de adultos en 17 comunas de mi región. En este caso, el señor seremi no cumplió con los procedimientos normativos para autorizar el funcionamiento de esos establecimientos educacionales. Para que ello ocurriera, debía presentarse, en octubre del año anterior, toda la documentación respectiva en las direcciones provinciales. Hay que fiscalizar en terreno las exigencias de infraestructura, visar los proyectos educativos y hacer una revisión final de los antecedentes por parte del departamento jurídico. No obstante faltar todos estos antecedentes, de todas formas se dictaron las autorizaciones, incluso luego de cumplidas las fechas de realización de los cursos.
En este caso, los inspectores de subvenciones y los supervisores de las correspondientes direcciones provinciales no fiscalizaron ni controlaron las clases y la asistencia. Aún más, se pagó con efecto retroactivo, no obstante que el seremi sabía que las clases no se habían impartido. Digo esto porque él fue informado de esta situación el 21 de noviembre de 2001, ocasión en que se le solicitó iniciar una investigación al respecto. Sin embargo, esa autoridad autorizó el pago de los cursos en diciembre del mismo año. A partir de las investigaciones realizadas, hemos descubierto que, al margen de los ilícitos administrativos existentes en la Seremi, nos enfrentamos a uno de los fraudes más vergonzosos ocurridos en el sistema educacional chileno, llevado adelante por sostenedores que lucraron con ancianos fallecidos, enfermos terminales, suplantando, incluso, nombres de profesionales, de dueñas de casa, etcétera. Voy a dar algunos ejemplos.
En la comuna de Pumanque, doña Dorila Galaz Díaz , profesora normalista de educación básica, jubilada y ex concejala de la municipalidad, aparece matriculada en cursos de lectoescritura, es decir, en ramos destinados para aprender a leer y escribir. Ella sostiene que jamás asistió a alguna de esas clases. En la misma situación se encuentran la señora Teresa de Jesús Quezada , dueña de casa, analfabeta, y don Mario Fernando Ramírez , ex alcalde de la municipalidad de Pumanque. Todos los antecedentes sobre esta irregularidad y fraude obran en poder del Ministerio de Educación. Don Andrés Segundo Galaz Estolosa figura como alumno regular en el curso 1, nivel B. En el listado de alumnos de dicho curso, aparece asistiendo regularmente a clases los días 2, 7, 8, 9, 14 y 28 de noviembre de 2001, en circunstancias de que, según consta en el certificado de defunción extendido por el Registro Civil, el señor Galaz Estolosa falleció, en Pumanque, el 3 de noviembre, a las 7.30 horas.
En la comuna de Pichilemu, don Carlos Javier Piña figura asistiendo regularmente a clases entre los meses de agosto y noviembre de 2001, no obstante que su certificado de defunción, que tengo en mi poder, es de 13 de agosto de 2001.
¿Qué tenemos aquí? Personas fallecidas que figuran en listas de clases; personas inscritas en más de un curso me refiero al Instituto Manuel de Salas; personas con nombres distintos, pero con un mismo Rut, y personas que residen en el Hogar de Cristo de la Sexta Región. También existen declaraciones de personas que no asistieron a cursos, así como de otras que, a pesar de contar con un título profesional, aparecen concurriendo a cursos de alfabetización. No me extenderé más sobre el particular, pues tengo entendido que el ministerio tiene todos estos antecedentes, que habrá puesto a disposición de la justicia.
Con todo, quiero informar sobre un hecho mucho más grave.
El instituto Manuel de Salas, de la ciudad de Rancagua, suscribió convenios con el INP. ¿Saben ustedes cómo se completaron los libros de clases de ese centro educacional? Teniendo a la vista las listas de adultos mayores pensionados, de agosto en adelante, que envió el INP y que percibían una renta igual o inferior a 65 mil pesos, como también con alumnos, profesores y funcionarios del mismo instituto. ¿Dónde están los certificados? No existen. ¿Dónde están las actas de promoción? Tampoco existen. No hay nada.
Señora ministra, el 28 de noviembre, usted concurrió a Rancagua a participar en una ceremonia a la que asistieron un mil ochocientos adultos mayores, a fin de entregar certificados extendidos por ese colegio. La engañaron. El seremi sabía de esto; ¡pero todo se pagó y después se denuncia! ¡Sólo después vienen los sumarios! ¿Cuáles son los resultados? Sólo una persona destituida por este caso. Me refiero a la secretaria de la unidad de subvenciones de la Sexta Región, quien también fue acusada de apropiación indebida de recursos provenientes de la cuenta única fiscal por más de 60 millones de pesos. Giró cheques a su nombre durante años, sin que existiera fiscalización. El último cheque fue extendido a nombre de su esposo, por más de 17 millones de pesos. El otro funcionario que está en proceso de destitución es quien se hizo cargo de los talleres de adultos mayores en el Instituto San Ernesto, de Colchagua, los cuales tampoco se realizaron, pero sí se pagaron. Luego de todas estas irregularidades, nuevamente el seremi de la Sexta Región autorizó este año programas de educación fundamental de adultos en ese establecimiento educacional. ¿Qué ocurrió? El mes pasado se descubrió otro fraude: los cursos asignados a la comuna de Rancagua no se estaban realizando.
Por eso, junto con el senador señor Chadwick y los diputados Bauer , Masferrer y Barros, interpusimos dos querellas en los tribunales de mi región, a fin de perseguir a quienes resulten responsables. Ahora bien, esperábamos que esta situación, que intento informar grosso modo, no hubiera ocurrido en otras regiones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señor diputado, queda un minuto para que concluya su intervención; pero puede continuar con cargo al tiempo de la UDI.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Voy a concluir, señor Presidente.
Estos hechos no sólo ocurren en mi región. Hace pocos días, visité la Novena Región y, junto con el diputado Díaz , nos abocamos a investigar otro fraude.
Pido que los señores parlamentarios dejen a un lado las diferencias políticas y lleven adelante investigaciones en sus propias regiones, porque se pueden encontrar con las mismas sorpresas que he descrito.
Señor Presidente, voy a dejar hasta aquí esta primera parte de mi intervención y usaré el tiempo de la UDI en un rato más.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Mariana Aylwin , ministra de Educación.
La señora AYLWIN, doña Mariana(ministra de Educación).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar que se haga esta sesión para discutir un tema que, ciertamente, preocupa al Ministerio de Educación, y también me alegro de que preocupe a los honorables diputados y diputadas. Sin embargo, me habría gustado tener la oportunidad de haber agregado antecedentes nuevos a los procesos que hemos estado investigando desde noviembre del año pasado en distintas regiones. En verdad, me parece que toda la información entregada por el señor diputado ha sido extraída de esos mismos procesos realizados por el Ministerio de Educación con motivo de su rutina de fiscalización interna.
Ahora, quiero referirme, en forma exhaustiva, a cada uno de los puntos que hemos descubierto en nuestra investigación interna y puesto a disposición de las instancias correspondientes.
Voy a dividir mi exposición en tres partes. En primer lugar, me referiré a las distintas modalidades y alcances de la educación de adultos en el país para saber de qué estamos hablando; en segundo lugar, daré a conocer el conjunto de irregularidades descubiertas por el Ministerio de Educación y las acciones que hemos desarrollado a partir de aquello, y, por último, expondré algunas conclusiones.
Actualmente, en el país se imparte educación de adultos en cinco modalidades, regidas cada una de ellas por distintos decretos. Esto se explica porque apuntan a variados sectores y se persiguen objetivos diversos. Por ejemplo, va desde la alfabetización, a la nivelación de estudios, a la capacitación en oficios menores, etcétera. También se explica porque esas modalidades han ido surgiendo a través del tiempo, en distintos momentos.
Así, tenemos planes y programas de estudio para adultos de educación general básica, de educación media en la modalidad científico-humanista regidas por el decreto Nº 77, de 1982, y el decreto Nº 190, de 1975.
Asimismo, tenemos el plan de estudio para la educación de adultos vespertina y nocturna, regida por el decreto Nº 12, de 1987; el plan de estudio mínimo para la educación media de adultos en la modalidad técnico-profesional, regida por el decreto Nº 152, de octubre de 1989; la educación fundamental de adultos, EFA (de capacitación técnico-profesional), y la educación técnica elemental de adultos, Etea , regidas por el decreto Nº 348, de 8 de agosto de 1988.
La mayoría de los problemas que hemos encontrado se refieren a las modalidades de educación fundamental de adultos y de educación técnica elemental de adultos, que se imparten en localidades pequeñas, lejanas. Básicamente, en ellas se atiende a sectores muy pobres y son más difíciles de fiscalizar. Tenemos la modalidad flexible para nivelación de adultos, regida por el decreto Nº 683, de 23 de noviembre de 2000, que estamos impulsando a través del programa Chile Califica y que cambia significativamente la manera de entregar la subvención, en el sentido de considerar los resultados y no la asistencia. Es decir, el sostenedor está recibiendo ahora tenemos 40 mil cupos en esta modalidad el 25 por ciento de la subvención al inicio del curso, y luego que las personas dan los exámenes y los aprueban modulares, por asignaturas, recibe el 75 por ciento restante de la subvención. Actualmente, en la educación de adultos, el valor mensual de la subvención que se paga por alumno de la educación básica es de 15.263 pesos; por uno de la educación media humanística-científica y técnico-profesional, hasta 25 horas, 17.549 pesos; en el caso de uno de la educación media humanística-científica y técnico-profesional, con 26 horas y más, 20.972 pesos.
En el año 2001, en toda la educación de adultos, la educación formal, y en los cursos EFA y Etea , se pagó subvención a 178 mil 935 alumnos.
En los programas EFA y Etea , en los que se han concentrado los problemas, participaron 58 mil 062 alumnos. Este año llevamos registrados en esos programas un total de 45 mil alumnos, cifra menor que la del año pasado.
Por lo tanto, la matrícula actual de educación de adultos es de sobre 178 mil alumnos. Repito que los hechos que aquí se han denunciado corresponden, en su mayoría, a las modalidades regidas por el decreto Nº 348. El año pasado, estos cursos tuvieron una matrícula de 58 mil alumnos del total de 178 mil alumnos que hay en la educación de adultos.
Como mencioné, las características de esos cursos son que se realizan en zonas rurales, apartadas y en horarios extraescolares, con la intención de que las personas más modestas puedan acceder a nivelación de estudios y a capacitación. Pese a que se trata de cursos con mayor complejidad en su fiscalización, socialmente son muy necesarios por su focalización en población adulta pobre y de baja escolaridad.
Nosotros realizamos un proceso normal de fiscalización a lo largo del país, de manera continua, y, de un total de 2.109 realizadas durante 2001, hemos detectado situaciones irregulares en 162 cursos, que a la fecha han implicado acciones concretas en tres regiones, que voy a enumerar.
En la Sexta Región hemos constatado irregularidades en algunos sostenedores municipales; pero, en la mayoría, se trata de sostenedores privados. Son las siguientes: Irregularidades en la ejecución de cursos de alfabetización de adultos; adulteración de listas de alumnos; cobros de subvenciones por cursos aprobados después de finalizar; irregularidades en la ejecución y aprobación de cursos EFA y Etea; incumplimiento de funciones por parte del sostenedor; incumplimiento de funciones en la fiscalización, y falta de probidad de dos funcionarios de dicha región.
Ellas dicen relación exactamente con los antecedentes que ha entregado aquí el diputado García-Huidobro respecto de alumnos que han fallecido y que, no obstante, se ha cobrado la subvención; de cursos a los cuales asisten alumnos que no existen y por los cuales se ha cobrado, etcétera. Insisto en que todo ello ha sido investigado y descubierto por el Ministerio.
En el caso de la Sexta Región fueron instruidos, en noviembre de 2001, tres “procesos de subvención” contra sostenedores, que involucran a 104 cursos y representan una pérdida de 23 millones de pesos. Una vez concluidos dichos procesos en este momento hay apelaciones de los sostenedores, significarán la recuperación de esos 23 millones de pesos más una multa del 50 por ciento adicional, más otras multas adicionales y más la prohibición a los sostenedores de poder seguir impartiendo esos cursos, y en algunos casos, durante un año, y en otros, dos años.
Por lo tanto, las medidas aplicadas implican la recuperación de los fondos que han sido defraudados al fisco tanto por la vía del reintegro como por la de las multas. Además, en el caso de Rancagua, se ha sancionado a sostenedores con la imposibilidad de realizar educación de adultos por dos años. En concreto, el 23 de noviembre de 2001, se ordenó instruir un proceso por infracción a la ley orgánica constitucional de Enseñanza, Loce , en contra del establecimiento educacional Instituto San Ernesto , de Rancagua. Ese proceso concluyó, y se dispuso el reintegro de las subvenciones mal percibidas más una multa de 1 millón 743 mil pesos y la inhabilidad temporal, por un año, para impartir los cursos del decreto Nº 348. Actualmente, se encuentra en ejecución otro proceso en contra del mismo establecimiento.
Me alegro de que el diputado señor García-Huidobro esté preocupado, pero llegó tarde a este proceso. Por resolución Nº 64, de 30 de enero de 2002, se dispuso otro proceso contra el Instituto Manuel de Salas, de Rancagua, por infracciones en cursos de lectoescritura para adultos mayores de la Sexta Región. También está concluido y se ha dispuesto el reintegro de la subvención mal percibida y la privación de subvención de adultos por dos años. De esta resolución también apeló la sostenedora del establecimiento.
Con fecha 2 de abril de 2002 se dispuso un nuevo proceso de subvenciones en contra del establecimiento por presentación de boletines y cobros de imposiciones de diciembre de 2001.
Entonces, insisto en que esto demuestra que lo obrado es producto de los procesos de fiscalización del ministerio. Ya en noviembre de 2001, y en enero y abril de este año, estábamos fiscalizando situaciones anormales o irregulares detectadas en sostenedores privados de la Sexta Región.
Respecto de los problemas de vinculación o de responsabilidad de los funcionarios del ministerio, el 3 de enero de 2002 se instruyó un sumario administrativo en contra del señor Raúl Jara Ávila . La medida adoptada, que es destitución, actualmente se encuentra para toma de razón de la Contraloría.
A su vez, por resolución exenta Nº 63, de 29 de enero de 2002, se dispuso sumario administrativo en contra de la funcionaria de la secretaría regional ministerial, doña Rosa Jeanette Valdés Ibarra . El 2l de febrero de este año se solicitó la ampliación del sumario para determinar presunta responsabilidad de otro funcionario. Con fecha 23 y 24 de julio de 2002, se notificaron las medidas disciplinarias impuestas a los funcionarios. En el caso de Rosa Valdés , se aplicó medida de destitución, que ya fue informada a la afectada, y el resto de las medidas disciplinarias se encuentran en trámite de toma de razón en la Contraloría Regional en este momento.
Por lo tanto, tampoco hemos estado de brazos cruzados respecto a las responsabilidades que les ha cabido a funcionarios regionales. En el caso de la Sexta Región hay varias resoluciones. Algunas se encuentran en toma de razón y otras todavía en tramitación.
También hemos puesto estos antecedentes en conocimiento de los tribunales de justicia. Así, por ejemplo, hemos presentado seis denuncias: con fecha 8 de febrero, dos denuncias en contra de la funcionaria destituida, Rosa Jeanette Valdés , quien se encuentra declarada reo y en libertad bajo fianza; el 12 de febrero, otra denuncia en contra del sostenedor del Instituto Manuel de Salas; el 28 de marzo, otra denuncia en contra del funcionario Raúl Jara Ávila , destituido, y el 25 de octubre, dos denuncias en contra de los sostenedores del instituto San Ernesto y Las Araucarias . Todas estas denuncias se formularon en conformidad con el artículo 55, letra k), de la ley Nº 18.834, que obliga a poner en antecedentes de los tribunales situaciones que podrían ser eventuales delitos.
Se nos ha preguntado por qué se hacen denuncias y no se presentan querellas. Ello se debe a que un ministerio no tiene facultades para llevar a cabo querellas, ya que eso lo hace el Consejo de Defensa del Estado. Por eso, el 26 de marzo de 2002 entregamos todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, de manera que se haga querellante. Actualmente es querellante en uno de los procesos que denunciamos en los tribunales.
Tenemos mucha tranquilidad de haber actuado, tanto en este caso como en otros, con todos los recursos que nos entrega la ley, lo que ha sido ratificado por la Contraloría General de la República al propio diputado señor García-Huidobro , quien, el 16 de julio de 2002, solicitó información a la Contraloría, la que, a su vez, señaló, textualmente: “En relación con los hechos irregulares detectados en la VI Región, se estableció que, tanto la Secretaría Ministerial de Educación como el ministerio del ramo, han adoptado todas las medidas de rigor”. Vale decir, se dispuso la instrucción de dos sumarios administrativos, los cuales se encuentran en la etapa de notificación de las medidas disciplinarias, y se formularon las denuncias penales correspondientes ante el tercer juzgado del crimen de Rancagua, habiéndose solicitado la intervención del Consejo de Defensa del Estado en dicha causa.
Del mismo modo, se ordenó la apertura de los procesos de subvenciones a que se refieren la ley orgánica constitucional de Enseñanza, Nº 18.962, y el DFL Nº 2, de 1996, del Ministerio de Educación, por las irregularidades en que incurrieron los establecimientos educacionales involucrados. En cuanto a la investigación que se solicita referente al resto del país, “es necesario hacer presente que esta Contraloría se encuentra elaborando un programa de auditoría sobre el particular, al cual se dará inicio en fecha próxima”.
Leído este documento, firmado por el Contralor General de la República, quiero señalar que el ministerio ha trabajado en forma conjunta con dicha entidad. En cuanto a las auditorías internas que el ministerio ha realizado para llegar a una evaluación más cabal en todo lo que se refiere a la educación de adultos, especialmente a la regida por el decreto Nº 348, las revisiones las hemos hecho de pleno acuerdo con el órgano contralor.
Ahora me voy a referir a las irregularidades detectadas en la Novena Región. Antes debo advertir que hasta el momento hemos detectado irregularidades en tres regiones y revisado muchas otras. Tampoco queremos alertar sobre cuáles son las regiones que nos faltan, porque, sin perjuicio de las fiscalizaciones permanentes como ya dije, es difícil realizar la fiscalización transitoria de estos cursos, dado que muchos de ellos no se hacen en lugares conocidos. Incluso debemos hacer croquis para llegar a lugares apartados donde sostenedores de establecimientos imparten estos cursos.
En cuanto a las irregularidades detectadas en la Quinta Región, están los pagos de cursos de Educación Fundamental de Adultos EFA y Educación Técnica Elemental de Adultos Etea no aprobados por la autoridad; confección de boletines para cursos no aprobados e intento de soborno a una funcionaria.
Medidas adoptadas. Primeramente se realizaron investigaciones sumarias en la Novena Región. A partir del 16 de septiembre, 26 de septiembre y 1 de octubre de 2002 se han realizado tres investigaciones sumarias: en la dirección provincial de Cautín norte, en la Secretaría Regional de la Novena Región y en la Unidad de Pago de Subvenciones del nivel central. Es decir, las investigaciones abarcan un conjunto de ámbitos territoriales. Se han sometido a proceso diez denuncias de subvenciones contra sostenedores de cursos EFA y Etea de la Novena Región, acciones que fueron instruidas el 12 de septiembre de 2002. Todas estas denuncias se encuentran actualmente en proceso y corresponden a 35 cursos no aprobados, que involucran pagos que ascienden a 47 millones 147 mil pesos.
Sumarios administrativos internos. El 12 de septiembre se instruyó un sumario en contra de una funcionaria de la Secretaría Regional de Educación. Al respecto, debo señalar que se han recibido graves acusaciones contra esta funcionaria, quien ha aparecido como fuente de información de algunas denuncias que se han hecho, en conjunto con una sostenedora respecto de la cual también se han detectado graves irregularidades, incluso intento de soborno. Se trata de personas informantes que han aparecido con señores diputados que avalan las denuncias.
Al respecto, quiero pedir a los honorables diputados mayor precaución con respecto a sus fuentes de información, porque estamos en presencia de personas de dudosa confiabilidad. Incluso a una de ellas hoy le fue notificada la resolución del sumario: destitución. Ella ha reconocido haber falsificado firmas, adulterado documentos y recibido dinero. Esa persona, precisamente, ha sido informante de algunos parlamentarios para efectuar estas denuncias. Entonces, me gustaría decirles que somos mejores informantes nosotros, y aquí podemos poner a disposición de ustedes todos los antecedentes con plena transparencia. En ese sentido, es bueno en un ambiente como el que hoy existe tener más cuidado al escoger las fuentes de información.
En ambos casos el fiscal ha dispuesto la destitución de dos personas por aparecer involucradas en situaciones graves. Una de ellas es un funcionario administrativo de la dirección provincial, y la otra, secretaria de la Secretaría Ministerial.
Por otra parte, se han hecho denuncias en tribunales. Fue así como el 12 de septiembre de 2002 ingresó en ellos una de éstas en contra de la sostenedora de la escuela de Ralico por cohecho.
Son situaciones graves que se han investigado seriamente y que hoy están en conocimiento de los tribunales de justicia y también del Consejo de Defensa del Estado para que actúe como querellante en estos juicios. En la Quinta Región también hemos detectado irregularidades, consecuencia de la auditoría nacional que estamos realizando junto con la Contraloría General de la República. Aquí se detectaron dos nuevos casos que comprometerían a sostenedores de estos cursos. Uno de ellos es un sostenedor particular, cuyos registros de alumnos contienen serias irregularidades, y el otro, un sostenedor municipal cuyos participantes en los cursos no reunirían los requisitos exigidos por la ley.
En cuanto a las acciones que hemos adoptado, son tres. Ayer pusimos a disposición de los tribunales de justicia los datos referidos al sostenedor particular con el fin de probar un supuesto fraude. Se ha iniciado un proceso de subvención interno contra el municipio involucrado por no cumplimiento de los requisitos. También se han puesto estos antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado y del contralor regional por posible fraude al patrimonio fiscal. Además, el ministerio continúa realizando la auditoría interna en esta seremi a fin de clarificar todos los antecedentes sobre estos casos.
Es necesario y grato aclarar que en todas las situaciones señaladas se ha actuado de la misma manera: primero, todos los casos han sido detectados, y sometidos los antecedentes a proceso, por parte de las autoridades regionales de educación. No hay ninguno que haya venido de denuncia externa. Reitero: todos han sido detectados en los procesos de fiscalización del ministerio, los que han sido pesquisados gracias a las investigaciones que desarrolla normalmente a las subvenciones entregadas tanto a sostenedores privados como municipales. Con esto no quiero decir que nuestro quehacer sea estupendo; tiene muchísimas debilidades. Por lo mismo, hemos presentado al Senado un proyecto de ley sobre nueva institucionalidad del ministerio, justamente con el propósito de fortalecer su facultad fiscalizadora. Curiosamente, el primer detractor de este proyecto y que está muy preocupado por las atribuciones que el ministerio quiere tener para fiscalizar, es un senador del mismo partido al que pertenece el diputado García-Huidobro . Entonces, me gustaría que él me ayudara con su partido para dotar de mayores facultades fiscalizadoras al Ministerio de Educación. No hay que olvidar que esta cartera es la que tiene uno de los presupuestos más altos: 2 billones de pesos, de los cuales un billón 500 millones de pesos se transfieren al sistema escolar, además de la educación de adultos. Y debemos fiscalizar la entrega de esos recursos.
Nuestros sistemas operan, pero nos gustaría que lo hicieran mucho mejor, porque hay muchas situaciones en las cuales se cometen irregularidades por sostenedores inescrupulosos, y el ministerio no siempre tiene la capacidad de actuar con el suficiente control y eficacia.
En cuanto a los tres casos de las regiones Quinta, Sexta y Novena, los seremis de Educación han puesto los antecedentes en manos de los tribunales, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado; además, han incoado los sumarios necesarios, de acuerdo con la complejidad de los casos y con los delitos configurados.
En los dos casos en que hemos avanzado más, los funcionarios que, según la investigación, cometieron falta, fueron separados de sus cargos o destituidos, según corresponda, lo que implica imposibilidad de trabajar en la Administración Pública, al menos por cinco años.
También deseo señalar que desde inicios de este año, el Ministerio de Educación creó la Oficina 600, de resguardo de derechos, instancia abierta a recibir en forma sistemática las denuncias sobre irregularidades que puedan generarse en el sistema.
En todo caso, hemos tomado medidas para los cursos del próximo año. Los cursos de este año deberían haber sido aprobados el 31 de octubre. Enviamos un instructivo a todos los seremis planteándoles que estos cursos no pueden ser aprobados, y se ha establecido una serie de requisitos nuevos, de tal manera que, en la práctica, los cursos sólo podrán ser aprobados en marzo, cuando tengamos a los alumnos en disquete y contemos con la seguridad de que existen como tales.
Hago presente a sus Señorías que la deshonestidad de los sostenedores que han sido acusados de irregularidades es sorprendente. Tengo en mis manos la declaración formulada por una sostenedora, cuando salió en la prensa la información respecto de la presentación, en los tribunales, de las causas de la Quinta Región, que cobró subvención por una persona que estaba muerta, hecho que ella ignoraba. Esa sostenedora no puede percibir subvención si la persona no asiste a clases. El alumno no puede ser causante de subvención, no porque esté muerto, sino porque no asistió a clases. Aquí dice: “No, es que no sabía que estaba muerta”. Tenemos que darnos cuenta de la existencia de una deshonestidad que no viene precisamente de los funcionarios públicos, sino de instituciones privadas, que tratan de aprovechar cualquier resquicio para obtener recursos de manera fácil o impropia.
Quiero adelantar que el próximo año cambiaremos el currículo de la educación de adultos: será modular. Por lo tanto, los cursos de este tipo tendrán que ser modificados. Deseamos avanzar hacia el pago de subvención por estudiantes adultos que dan sus exámenes modularmente, no un curso entero, como una de las consecuencias del nuevo currículo. Es probable que muchos cursos actuales sean reemplazados por otros nuevos. Por otra parte, el año 2001, el Ministerio de Educación evaluó todo su proceso de fiscalización, mediante una auditoría externa, la que nos develó nuestros cuellos de botella. De ahí que este año hayamos iniciado en tres regiones una experiencia piloto con sistemas de fiscalización mejorados para implementarlos más adelante en todo el país. Pero también quisiéramos que se aprobara el proyecto de nueva institucionalidad del ministerio para mejorar el control de los recursos públicos.
Las acciones del Ministerio de Educación en materia de fiscalización y auditoría corresponden a una política permanente y sistemática, que debe velar por los dineros que el Estado aporta para tener una educación de acceso y calidad para todos. Deseo, asimismo, hacer referencia a algunas afirmaciones del diputado señor García-Huidobro . En cuanto a los comentarios de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, Andime , y de algunos dirigentes del Colegio de Profesores, debo aclarar que hay preocupación en estas organizaciones, fundamentalmente por la fiscalización del financiamiento compartido y por el uso que hacen los sostenedores privados con la subvención.
Compartimos en alguna medida la inquietud cuando se detectan irregularidades del tipo que aquí se han planteado. Pero hay que tener la capacidad de darse cuenta de hacia dónde está orientada esa preocupación; por ejemplo, en este debate se ha postulado que no se entregue más subvención a los privados. Con esos argumentos se busca no continuar con la ampliación de la educación privada en Chile, porque en este caso, lamentablemente, nos encontramos con que los sostenedores privados son los que están cometiendo estas irregularidades, mucho más que el sector municipal. Pero no debemos confundir, porque a veces la inescrupulosidad de unos pocos puede dañar el sistema al meterlos a todos en un mismo saco.
Ojalá podamos actuar en conjunto para buscar la mejor manera de fiscalizar, pero también cautelando que las denuncias sean responsables. Si hay antecedentes nuevos, pido que se nos hagan llegar por los conductos regulares que corresponden, porque cuando me presentan antecedentes nuevos por la prensa, con una sostenedora con un juicio por subvención y con una funcionaria acusada de haber falsificado firmas y haber recibido dinero, me cuesta hacerme cargo del expediente empleado. Preferiría que lo hiciéramos en una instancia como ésta, o se hagan parte de las querellas o nos entreguen los antecedentes para seguir profundizando en ellos.
Durante el tiempo que llevo en el Ministerio de Educación, tanto el subsecretario como los funcionarios que ejercen cargos de responsabilidad nos sentimos muy tranquilos de haber actuado con suma dedicación, en el sentido de que cuando se producen este tipo de situaciones podamos reaccionar prontamente. En verdad, este tipo de anomalías nos preocupa porque se producen en un ministerio que dispone de recursos tan cuantiosos y hace tantas transferencias.
Gracias, señor Presidente.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, el cúmulo de irregularidades ocurridas durante los últimos años en el sistema de educación de adultos, en mi región, es sólo parte de una serie de graves hechos ocurridos en las direcciones provinciales y en la seremi, Secretaría Regional Ministerial de la Región de La Araucanía, que merecen ser investigados y sancionados de manera ejemplar. Se conjugan allí errores, omisiones y negligencias con otra clase de hechos que lindan en lo delictual. Por lo que hemos podido ver, situaciones similares se reiteran en varias otras regiones, al revés de lo que aparecen diciendo las autoridades educacionales nacionales y de La Araucanía en la prensa, donde tratan de aparecer como eficaces inspectores de sus propias omisiones. No me cabe duda de que el papel fiscalizador ejercido por parlamentarios de esta Cámara condujo a realizar la primera investigación sobre la materia. Recién se ha señalado que el ministerio conoce de estas situaciones desde noviembre del año pasado. No entiendo, entonces, por qué no las hicieron públicas si eran gravísimas.
En todo caso, debo recordar que personalmente, tras recibir información en relación con irregularidades en cursos de educación de adultos en mi región, dirigí los oficios Nºs 165 y 166, a principios de año, a las direcciones provinciales de educación de Cautín y Malleco , respectivamente, para recabar información acerca de la materia. En el caso de Malleco, la respuesta fue oportuna y completa.
Desde Cautín sur no llegó respuesta a tiempo, por lo que fue necesario es usual en esta Cámara reiterar el requerimiento mediante oficio Nº 1651. Si bien con tardanza, se recibió también una respuesta más o menos acorde con lo solicitado. En el caso de la dirección provincial de Educación Cautín norte, en cambio, no sólo hubo que reiterar el oficio, sino que, aparte de recibirse una respuesta tres meses después del primer requerimiento, era incompleta y, además, no se incluyó en ella ni una sola copia de los boletines de subvención, de este año y del anterior, tal como fue solicitado.
Estoy entregando antecedentes concretos que señalan que la fiscalización iniciada por este parlamentario fue muy anterior a la comenzada por las autoridades de educación, al menos en mi región, por lo que sostener que en La Araucanía acabo de dar fechas fue la autoridad la primera en abocarse al conocimiento de estas irregularidades, es faltar a la verdad.
Cabe agregar que esta sesión especial no fue convocada en virtud de una solicitud ministerial, sino por los parlamentarios interesados en aclarar esta materia.
A mayor abundamiento, debo recordar que a comienzos de agosto recién pasado se iniciaron las investigaciones de la seremi de Educación de la Novena Región, respecto de algunos sostenedores de La Araucanía. Los oficios son de mayo. Sólo en la segunda semana de septiembre apareció por la zona el auditor nacional del ministerio, y sólo tras la visita de este funcionario, mediante resolución exenta Nº 1.211, de 16 de septiembre pasado, se ordenó la instrucción de un sumario para determinar las eventuales responsabilidades, en esas irregularidades, de funcionarios ministeriales de mi región. La causa de este hecho radica, tal como lo ha reconocido ante la prensa la señora ministra, en que no ha habido suficiente cuidado en la aprobación de los cursos ni suficiente control interno. No es justificación suficiente aducir que los cursos se dictan en zonas rurales apartadas, difíciles de controlar; más bien es reconocer las graves omisiones en que ha caído el sistema fiscalizador del ministerio.
Como la señora ministra reconoció al diario “La Segunda”, recién ahora se está instruyendo sobre los procedimientos especiales para el próximo año y se están creando normas que debieron existir hace muchos años para perfeccionar la fiscalización, hasta hoy inexistente en estos temas.
En La Araucanía, la molicie del aparato estatal se manifiesta de diversas maneras, cuál de ellas más grave. Daré cuenta tan sólo de algunas de las situaciones que por diversas vías me han sido informadas, para que quede patente que los diez casos investigados en mi zona con los cuales la autoridad pretende ganar ante la prensa evidencia de blancura y de diligencia son apenas una parte menor del problema.
Procesos de subvenciones por educación de adultos de 1997 y 1998, referidos a los establecimientos Paulo Freire y Vida y Paz, de Temuco, y a la escuela Ramón Freire , concluyeron en que sus sostenedores debían reintegrar parte de los recursos que cobraron por actividades lectivas jamás realizadas. Lo curioso es que nunca se hizo cargo alguno a los involucrados en estos sumarios, es decir, al coordinador regional, al jefe de subvenciones, al jefe regional de presupuestos o a los funcionarios que en ese entonces laboraban en la Unidad de Inspección y Fiscalización.
Otro caso de índole diferente, pero que también revela la desidia con que se ha estado actuando en mi región, se refiere al pago de la jornada escolar completa a establecimientos tales como Martín Yancupil , de la comuna de Temuco, al cual se le pagó subvención durante dos años sin haber siquiera presentado el proyecto respectivo por el séptimo básico. A las escuelas Trañi Trañi y Vista Hermosa se les ha pagado jornada escolar completa con efecto retroactivo. La autoridad debería investigar, también, qué sucede con el pago de subvención a la escuela Coli Huinca Tori, de Collipulli. Allí podría haber pagos indebidos, a pesar de lo cual se da a la sostenedora todas las facilidades para que los regularice en la medida en que pueda, y se le paga sin poner dificultad alguna.
Añadamos a lo anterior el caso de los reintegros por pagos mal calculados por el nivel central en el caso del colegio Manuel Montt , de Temuco, al cual se le pagaron 17 millones de pesos el año pasado. El sostenedor, apenas se enteró del error, reintegró al día siguiente los montos mal habidos. Sin embargo, la devolución recién aparece registrada en los depósitos a fines del año escolar de 2001.
En materias relacionadas con la educación de adultos, he recibido más denuncias, que, al parecer, se refieren a casos que aún no son investigados por las autoridades de mi zona. Entre agosto y diciembre del año pasado, se realizó un curso de sanidad animal en una escuela de la comuna de Carahue. Se impartieron dos clases teóricas y una de vacunación, a pesar de lo cual los informes de la asistencia hablan de 198 horas realizadas. El mismo curso debiera estarse llevando a cabo entre agosto y diciembre de este año, en el mismo lugar. Hasta la fecha nada se ha hecho.
Entre febrero y octubre de este año, se realizó un curso de producción de hortalizas en la misma localidad. El curso, que debía iniciarse en febrero, empezó en abril. Respecto de otros cinco cursos realizados en escuelas rurales de las comunas de Lonquimay y Carahue, he recibido denuncias de que se ha exagerado el número de alumnos asistentes, haciendo figurar alrededor de 40 estudiantes en clases, a las cuales no asistía ni una decena. Este hecho se habría producido el año pasado y reiterado en el actual. Estos ejemplos dan cuenta de que la realidad es mucho peor que aquella que la secretaría regional ministerial de Educación de La Araucanía insiste en presentar en la prensa regional. Si ella habla de diez casos, quiere decir que sigue sin manejar adecuadamente el control interno. Quizás no ha habido control suficiente, como lo reconociera la ministra de Educación en la entrevista publicada ayer en el diario “La Segunda”.
Además, sobre la seremi de educación de la Novena Región pesa la grave imputación que deberá ser adecuadamente aclarada, provenga de quien proviniere de un escándalo relacionado con autorizaciones docentes irregulares. Ella fue designada fiscal para investigar, mediante resolución Nº 1.207, de octubre de 2000.
En dicho caso, no se ha realizado ninguna diligencia útil, ni siquiera se ha nombrado actuario; es decir, no se ha interrogado a personas y se ha dejado pasar dos años sin cumplir con tan delicada misión. Peor aún, una funcionaria que se presenta como su ex mano derecha, o quien sea, acusa a la seremi de haberla instruido para retirar y trasladar, desde las oficinas a su casa particular, los archivadores que contenían las referidas autorizaciones docentes, al parecer para ocultar la prueba física de que nada útil hizo en la gestión de fiscal para la que ella fuera nombrada en octubre de 2000, situación que fue denunciada a los tribunales de Carahue.
Para añadir antecedentes a lo que podría llamar lamentable gestión normativa y fiscalizadora de la actual seremi, mencionaré su cuestionable accionar al dictar la resolución exenta Nº 547, de mayo de este año. Por medio de esa norma enmendó la plana a la supervisión de adultos y agregó a la nómina autorizada para el presente año, en contra del informe emitido a fines del año pasado, a las escuelas Hamulquehuén y Buenos Aires, de la comuna de Imperial, cada una con dos cursos.
¿Cuál fue el resultado de esta gestión de la seremi? Apenas cuatro meses después de dictar la resolución señalada, la escuela Hamulquehuén , de Imperial, representada legalmente por un conspicuo compañero de partido político de la seremi, ha sido sometida a proceso por pago indebido de subvenciones. ¡Qué ojo el de esta autoridad para repartir autorizaciones, a última hora, a gente de su mismo partido!
A mayor abundamiento, respecto de este caso, debemos advertir a la seremi de la Novena Región que no permitiremos que por la vía de leguleyadas de última hora se escondan los fraudes que podrían haberse cometido. De hecho, tenemos información de que los cobros indebidos, ya realizados, quieren ser escondidos mediante el ofrecimiento de la devolución de los dineros percibidos.
En el caso de la escuela Buenos Aires, se nos ha informado que la firma que aparece en los boletines de subvenciones no corresponde a la de la persona encargada del servicio para ello. Sin embargo, hasta la fecha, dicha segunda escuela no ha sido sumariada por la seremi.
No obstante, la incompetencia no sólo abarca el funcionamiento de la representación ministerial de educación en La Araucanía. Debe subrayarse que el hecho que, según las autoridades, gatilló la investigación que se inició en agosto pasado sobre el funcionamiento de la educación de adultos en mi región, sólo pudo producirse por una serie consecutiva de errores administrativos, tanto en Santiago como en Temuco. En efecto, los boletines de subvención que llegaron al ministerio en Santiago, sin haber seguido el conducto regular, fueron de todas maneras pagados. De hecho, fue desde Santiago donde se remitió un cheque por más de veinte millones de pesos a Temuco para pagar subvenciones que llegaron al ministerio sin oficio conductor. A lo anterior debe añadirse que en Temuco el referido cheque, en vez de ser retenido y motivar una investigación, fue pagado a la sostenedora respectiva. Recién después de aquello, ante denuncias de una funcionaria subalterna, se inició la pesquisa correspondiente.
Es decir, de no mediar una cadena de omisiones inexcusables y una gran casualidad, en el Ministerio de Educación seguirían sin tomar nota de las irregularidades que ocurren en mi región recalco ese hecho, porque tengo antecedentes de ellas, pese a los reiterados oficios de información que les remití entre mayo y julio, los cuales debieron haber hecho meditar a las autoridades de dicha cartera respecto de lo que sucedía. Por lo tanto, ¿dónde queda la responsabilidad política y administrativa de aquellos que, desde el nivel central, tienen que efectuar el control adecuado de esos pagos?
Como parlamentarios, tanto el diputado señor García-Huidobro como quien habla, cumplimos precisamente con nuestra función fiscalizadora mediante la remisión, a tiempo y en la forma debida, de los oficios de información que consideramos pertinentes a las dependencias estatales que correspondían. Sólo cuando nos dimos cuenta de que la autoridad educacional pretendía aparecer diligente y fiscalizadora, en circunstancias de que se enteró por mera casualidad de lo que sucedía, resolvimos informar a la opinión pública sobre lo que estaba pasando. Hay otra materia sobre la cual deseo hacer fuerza en la opinión de la Cámara y de nuestros ilustres invitados.
Hace por lo menos tres años, en las reuniones ordinarias de trabajo que se desarrollaban en los departamentos provinciales de educación de la Novena Región, los supervisores de adultos dieron cuenta de la aparición de una nueva especie: la de los coordinadores externos, quienes, en la práctica, se apoderaron del sistema. Dichos coordinadores son los que ubican escuelas donde realizar cursos de los programas EFA, Etea y silvoagropecuarios. Ellos consiguen los alumnos, elaboran los proyectos, realizan la tramitación ante el servicio, llevan a cabo los cursos y cobran a los sostenedores una comisión de hasta el ochenta por ciento.
En el caso puntual de la Dirección Provincial de Educación Cautín Norte, donde la actual seremi de educación de la Novena Región fue jefa de servicio, hasta enero de este año había perfecto conocimiento sobre la existencia de redes ilegales de operadores.
Esos personajes llevan años operando a vista y paciencia de las jefaturas provinciales y regionales. Sin embargo, desde que asumió, en enero de este año, la nueva seremi de educación de la Novena Región, la cosa sigue igual.
En la Novena Región, el sistema de educación de adultos ha sido pervertido, porque los cursos, en muchos casos, no los realizan los sostenedores que figuran en las planillas del ministerio. Es decir, no se funciona como ordena la ley ni de acuerdo con las orientaciones regionales que indican que la responsabilidad de la ejecución de los cursos es del sostenedor y no del monitor. Por lo tanto, si la ejecución no es materia del monitor, menos aún puede serlo de los coordinadores externos de facto, como ocurre en la práctica.
A pesar de lo patente de la situación descrita, la seremi de educación de la Novena Región sigue ignorando dichas irregularidades, no hace nada todavía por investigar lo que está pasando ni menos aún por ponerle coto.
Recién en agosto pasado, al descubrirse por casualidad una irregularidad, tras llegar un cheque desconocido a la oficina de administración de la provincial Cautín Norte y sólo después de acusaciones de negligencia en contra del personal a cargo de esa oficina y de otras del Ministerio de Educación, en Santiago, respecto de la manera en que se pagó el referido cheque, la autoridad de La Araucanía se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que ocurría. De hecho, sólo media hora después de que el diputado señor Alejandro García-Huidobro denunciara públicamente en Temuco lo que estaba pasando con la educación de adultos en mi región, la seremi de educación citó a una conferencia de prensa para referirse al tema. Tuvo largas semanas para hacerlo; sin embargo, sólo dio luz sobre este escándalo el mismo día y media hora después como les consta a todos los periodistas de región de que se supiera que el asunto había sido denunciado a la opinión pública por un diputado de nuestro partido. ¡Qué coincidencia! ¿Eso es querer demostrar transparencia? Por lo tanto, ¿cómo pretende dicha seremi encabezar la limpieza de este caso?
Tuvieron que pasar años, primero en la provincial Cautín Norte y luego en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Novena Región, para que esa funcionaria se diera cuenta y decidiera, finalmente, enfrentar una parte menor de irregularidades, las cuales, en buena medida, son de su responsabilidad, al nunca haber dictado normas internas de procedimiento para regular el accionar del sistema y al no hacerse cargo de la necesaria fiscalización que el tema siempre ameritó.
Al margen del color político de los funcionarios a los cuales se desea crucificar rápidamente en Temuco, para esconder la inoperancia negligente de la seremi de Educación de la Novena Región en el tema de la educación de adultos, como diputado de la República demando para ellos, al menos, el derecho a un justo proceso. No es posible que la seremi aparezca en la prensa regional denunciándolos e involucrándolos en un fraude, como reza la nota de la página seis del “Diario Austral de la Araucanía” del pasado jueves 31 de octubre y como señaló en la entrevista de ese mismo día en el noticiario regional de Televisión Nacional de Chile. Por lo tanto, las apariciones de dicha seremi en la prensa para informar sobre estas materias son abiertamente inconvenientes, y constituyen, a los ojos de la opinión pública, un cuasijuzgamiento previo de una situación que recién se resolvería hoy o ayer, como aquí se ha señalado.
A las irregularidades, negligencias y graves conductas que, en general, he denunciado hoy como realidades cotidianas y de larga data en la seremi de Educación de mi región, deseo añadir más antecedentes. Hay acusaciones de que habría muy graves irregularidades en la administración de recursos de dicha seremi. Estoy hablando de platas públicas con las cuales se habrían pagado valores por facturas sobredimensionadas, materia que desde la semana pasada está en conocimiento de la Contraloría. Las denuncias hablan de facturación por reparación de equipos computacionales jamás realizados, o pagos por reparaciones supuestamente hechas al Hogar Indígena de Temuco, las que nunca existieron.
Señor Presidente, he descrito la triste realidad que vive la administración de la Educación en mi región.
No cabe duda de que al nombrarse en puestos clave a personas por el solo mérito de su militancia política, la impericia ha corroído hasta los cimientos el funcionamiento de varias áreas del servicio.
Demando de las autoridades presentes, por su intermedio, que se adopten las medidas que la situación hace urgentes: remoción de las autoridades regionales incompetentes; acabada revisión de la regulación normativa del funcionamiento del sistema de educación de adultos; desmantelamiento de la red de coordinadores externos que succionan los recursos del mismo; substanciación de los sumarios abiertos hace años y nunca terminados; sanción para aquellos fiscales que nada han hecho con los procesos que les fueron encomendados; respeto por los derechos procesales de funcionarios y sostenedores imputados; reconstrucción de las armonías laborales y de los equipos de trabajo en las provinciales Cautín Norte , Cautín Sur y Malleco , y, sobre todo, transparencia y claridad, a fin de despolitizar y asegurar a nuestra gente que los recursos que el Estado destina a la enseñanza, obtenidos gracias a los impuestos que pagamos todos chilenos, sean asignados a los fines que dispuso el Congreso Nacional: a la educación de nuestros niños, jóvenes y adultos más pobres.
Finalmente, por motivos personales dedico esta intervención a mis abuelos maternos, Carmen Gaudi y José Luis del Río, quienes, con su cariño, me legaron una comprometida vocación de servicio y de lucha por la transparencia.
Pido que a mi abuelo José Luis se le haga llegar una copia íntegra de mi intervención.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Su Señoría ocupó 21 minutos, y el diputado señor Alejandro García-Huidobro , uno. Por lo tanto, a la Unión Demócrata Independiente le restan cinco minutos. Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, comentaba con los diputados señores Iván Paredes y Cristián Leay , que al leer los diarios de estos días, con fundamento en algunos casos, y en otros no, concluiremos que es muy importante el rol fiscalizador, como asimismo las denuncias formuladas por los diputados señores Alejandro García-Huidobro y Eduardo Díaz . A su vez, hay que fundamentar y no excederse en los juicios. No hay que crear desconfianza con juicios genéricos, ni confundir la importancia, ni tapar nada, ni escabullir las denuncias, sino que, simplemente, cuidar la honra de las personas y proteger las instituciones.
Los hechos son graves y creo que la ministra de Educación lo ha dicho bastante bien. Este país es bastante curioso, porque si el Estado se hace cargo de todo, se nos acusa de estatistas.
Desde mediados de la década de los años 80, cuando se iniciaron los programas cuya ejecución se entregó a los privados de acuerdo con el concepto de Estado subsidiario, se depositó la confianza en los sostenedores. Como testimonios están todos los proyectos de ley de la última década. El más reciente, de la Comisión de Gobierno Interior, creaba una superintendencia que controlara los casinos. Pero cuando se tuvo que ver la estructuración de una pequeña planta con tres fiscalizadores de los casinos, se volvió a discursos un tanto genéricos y contradictorios: esto es aumentar más la burocracia del Estado; los sistemas de control son pérdida de recursos y, a la postre, no funcionan.
¿Y de qué se habla en esta denuncia? De que en el manejo del enorme volumen de subvenciones que administra el Ministerio de Educación hay personas inescrupulosas y sostenedores irresponsables. Al parecer, por la gravedad de algunos casos, fueron castigados algunos funcionarios coludidos con algún sostenedor. Como hemos podido colegir, esto evidencia falta de fiscalización y de firmeza.
Hay que ir a las soluciones estructurales, para lo cual el terreno está despejado. En ese sentido, me alegra que el tenor de las denuncias haya cambiado, despejando un gran número de errores.
Quiero ser muy franco. Estos parlamentarios sugirieron en nuestra región que esas instituciones manejaban recursos que se podían desviar para campañas parlamentarias.
Me imagino los conflictos creados por el origen político de algunos de los funcionarios involucrados y por las vinculaciones políticas de algunos sostenedores. Por lo menos, se moderó el tipo de afirmaciones genéricas y hechas al voleo, que a nada conducen.
Estamos encauzando la discusión a lo que vale la pena: cómo el Ministerio de Educación podría mejorar sus sistemas de control para minimizar esas situaciones. Como bancada, queremos hacer algunas sugerencias a la señora ministra y al señor subsecretario, las que pido que ojalá puedan considerar.
Primero, es importante publicar en las páginas web el listado de las personas beneficiarias. Esto ha servido en los programas de empleo para despejar muchas dudas al respecto, lo cual es algo básico.
Nos imaginamos que, a través de convenios con el Servicio de Registro Civil e Identificación, se podrían eliminar algunos casos muy puntuales de sostenedores inescrupulosos, los que incluso introdujeron a personas fallecidas asistiendo a clases, como lo señalaba un diputado.
También parece importante evitar la sensación de que existe impunidad en el Ministerio, el que, como se demuestra en los informes, ha detectado irregularidades con mucha diligencia. Asimismo, habría que revisar la ley sobre subvenciones.
Aquí, de nuevo habrá una contradicción. ¿Por qué otorgarle más poder al Ejecutivo si a un privado que está cometiendo actos ilícitos se le puede sancionar con más firmeza?
Las personas que hacen estas denuncias, después dicen: “El Estado no puede tener el poder de eliminar en forma sumaria o perseguir a los particulares”.
A mi juicio, hay que darle mayores facultades y recordar que el Ministerio de Educación no tiene potestad sobre los sostenedores, municipales o privados, que tienen deudas previsionales y han cometido graves faltas. No se les puede quitar la subvención, y lo mismo ocurre con las universidades privadas, por cuanto, para proceder en esa forma, tiene que iniciarse una investigación, abrirse un sumario y aplicarse una sanción, como lo establece la ley. Entonces, hay que revisar en la Comisión de Educación las potestades del Ejecutivo para adoptar medidas más fuertes.
Como lo dijo el diputado señor Tuma , también es importante contar con el Dicom de los sostenedores.
Llama la atención que uno de los establecimientos inculpados, en el caso de Rancagua, tenga un cierto historial de atraso y de reclamos de los profesores por el no pago de deudas previsionales. Cuando el ministerio otorga posibilidades para hacer otros cursos especiales a los sostenedores, es muy importante que sean personas que no tengan un historial de multas, de atrasos ni de deudas previsionales de ninguna especie. Finalmente, sugerimos a la señora ministra y al señor subsecretario efectuar una evaluación de este modelo de exceso de concursabilidad, de proyectos esporádicos y de sostenedores privados, porque, como decía la señora ministra, llama la atención que sean pocos los casos de irregularidades existentes en los municipios.
¿Por qué no se siguió el nuevo modelo del “Chile Solidario”, que establece un convenio marco con los municipios, los cuales rastrean y focalizan a las personas de la tercera edad, a los pobres que requieren de estos recursos y suscriben convenios con sostenedores municipales.
El Ministerio de Educación firma un convenio y se determinan las personas, aunque sea mayor el costo de proactividad y de intermediación, que se cuestiona, y se focaliza, porque aquí se paga por todo, incluso el costo de intermediación, porque hay muchos fiscalizadores.
Ahora nos quejamos de que falta todo eso. Creo que debemos sincerarnos en esto. Quizás no debemos ir tan rápido en lo que llamo “la dictadura de los indicadores”, para así preocuparnos más de asegurar la calidad, a fin de que no ocurran este tipo de situaciones. Por tanto, correspondería hacer un esfuerzo mayor en ese sentido vía convenio con los municipios.
Le ofrezco disculpas a mi colega Eugenio Tuma , quien va a redondear la idea.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Su Señoría ocupó ocho minutos. El Comité de la Democracia Cristiana dispone de 18 minutos y tiene a tres diputados inscritos. Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras felicitando al diputado señor Esteban Valenzuela por su intervención, pues creo que enfoca el tema desde una perspectiva correcta. En esa misma línea, quiero hacer algunas reflexiones genéricas. Respecto de nuestras facultades fiscalizadoras, desde hace años se hace urgente que reflexionemos sobre ese punto. No me quiero explayar sobre el tema, pero me referiré a una carta que he leído con mucha preocupación hace pocos días en una página web asuntos públicos, escrita por un lector de ese medio.
Él ha dicho que a raíz de los últimos sucesos acaecidos en las últimas semanas, cree derechamente que corresponde privar de la facultad fiscalizadora a los diputados, porque éstos muchas veces han ejercido esta facultad con el ánimo de ganar miren la gravedad de las afirmaciones de este ciudadano de la República votos, dinero o cámaras (TV). A estas alturas deberíamos discutir en serio este tema. De pronto vemos mucha egolatría, mucho intento de atribuirse protagonismo en algunas intervenciones y, por eso mismo, incoherencias e imprudencias.
Sobre eso debemos reflexionar. En segundo lugar, en relación con la publicidad, es sorprendente que se diga que autoridades de Gobierno no han dado a conocer públicamente un hecho, en circunstancias de que hay denuncias ante el Ministerio Público, en el caso de la Novena Región, y hay denuncias porque no puede haber querellas en contra de esos funcionarios, porque esa facultad, como sabemos los abogados, le corresponde al Consejo de Defensa del Estado, al cual se le han proveído los antecedentes.
En tercer lugar, en el caso de la Novena Región hay un tema que quedó claro luego de la intervención de la ministra: hay sumarios, destituciones en la línea administrativa, denuncias y querellas, lo que no tiene que ver con el hecho de que, en términos públicos o privados, determinados parlamentarios diputados o senadores nos hayamos preocupado por el tema que nos convoca. En cuarto lugar, hay un problema que ha mencionado el Presidente Lagos y que debemos señalar con mucha fuerza. De pronto nos encontramos con mucho ideologismo para mirar el tema de la corrupción, poniendo énfasis en los funcionarios públicos involucrados, los cuales muchas veces han caído en conductas corruptas, pero dejamos una vara muy ancha para ocultar que detrás de los fenómenos de corrupción hay gente del sector privado, que es la que corrompe. Entonces, pido que, por favor, pongamos mayor claridad sobre el tema. En el caso de la educación, hay una manga muy ancha ante las actuaciones de los sostenedores y un juicio muy lapidario en contra de los funcionarios del sector público. Los problemas que estamos viendo en estos aspectos como el que discutimos hoy o en otros, tienen que ver con un fenómeno mucho más profundo y que supone que la Comisión de Educación de la Cámara, a mi juicio estamos presentando un proyecto de acuerdo en esa línea, no sólo debe analizar lo que está pasando con los cursos de educación de adultos, sino cuál es el marco reglamentario y legal en que se están dictando estos cursos voy a hablar sobre el particular y también sobre las facultades fiscalizadoras del ministerio.
Compartiendo la preocupación del conjunto de los diputados que han intervenido en la sesión y habiendo escuchado los antecedentes que ha puesto en nuestro conocimiento la ministra de Educación, quiero plantear una duda para tener una respuesta. ¿Qué ocurre con sostenedores que han estado involucrados en hechos gravísimos, incluso, eventualmente, constitutivos de delitos, en los cursos de educación de adultos, pero que al mismo tiempo realizan docencia normal a nivel básico?
Me parece que las sanciones que se están aplicando son demasiado bajas y sólo se aplican en lo que dice relación con los cursos de educación de adultos, en circunstancias de que se supone que los sostenedores son colaboradores del Estado en una función básica, como es la educación. Si alguien comete irregularidades, se apodera indebidamente de fondos destinados para la educación en un curso de adultos, debería ser sancionado completamente, en la labor educativa y docente que realiza, porque no me parece que alguien que comete delitos o faltas en materia de educación de adultos esté en condiciones de desarrollar docencia normal a nivel básico, con niños y jóvenes.
Ésa es mi consulta.
Además, quiero decir que estamos presentando un proyecto de acuerdo no sólo patrocinado por diputados de la Concertación sino también con el apoyo de diputados de Renovación Nacional, entre los cuales figura mi estimado colega de distrito, el diputado señor Germán Becker , para que la Comisión de Educación, en un plazo de 90 días, se aboque al análisis del conjunto de esta situación para demostrar que la Cámara quiere trabajar en serio respecto de estos temas y ayudar a levantar el prestigio del Parlamento.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultar a la ministra de Educación si las irregularidades son sólo las que ella mencionó y las que dieron a conocer los diputados o hay casos en otras regiones que ella omitió o que tal vez no conoce todavía.
En segundo término, qué medidas o acciones administrativas de procedimiento se están tomando para no repetir los errores, omisiones o irregularidades y, sobre todo, no volver a autorizar a los mismos sostenedores, como ocurre ahora, y recoger la idea planteada por el diputado señor Valenzuela de tener una especie de Dicom de los sostenedores y sus vinculaciones, porque a veces no se trata de la misma persona pero es alguien, persona natural o jurídica, muy relacionada con el sostenedor que ya ha cometido abusos.
En tercer lugar, para mejorar la fiscalización se pueden realizar muestras, sondeos, encuestas o mediciones representativas; incluso visitas sorpresivas a los establecimientos o locales de educación, lo que no siempre sucede. No se realizan esas visitas a los locales o establecimientos, porque los cursos de adultos son mucho más irregulares que los de la educación prebásica, básica o media; se desarrollan en juntas de vecinos, comités de trabajo, etcétera.
En cuarto lugar, mejorar los criterios previos a la autorización de los cursos; chequear y verificar computacionalmente aquí se mencionó al Registro Civil, pero se pueden cruzar los datos, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, las listas sociales de los municipios, etcétera; hay infinidad de cosas que se pueden hacer casi de manera instantánea la situación de los alumnos y solicitar antecedentes de verificación más accesible del control, tanto de los alumnos como de los sostenedores. Para eso se puede organizar el formulario de presentación de los alumnos.
Represento en la Cámara a la Décima Región, la que, por suerte, no aparece mencionada, aunque tengo antecedentes de casos menores, pero, en general, creo que tenemos los mejores funcionarios en el sistema educacional regional y provincial. Al respecto, solicito a la ministra que los salude y los felicite, porque ellos están realizando un enorme esfuerzo, el que se traduce en un tremendo avance, a mi juicio en buena forma, a pesar de que lamentablemente hay casos observables y no siempre existe un reconocimiento a su labor.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .
El señor BARROS.-
Señor Presidente, agradezco a la ministra y al subsecretario su presencia en la Sala.
En primer lugar, quiero dejar muy en claro, a diferencia de lo planteado por el diputado señor Valenzuela , que no nos guían persecuciones políticas, a la ministra ni al subsecretario, sino tener en esta Sala un debate serio.
Tengo una opinión formada, en el sentido de que estamos detrás de ladrones ante los cuales debemos actuar con mano muy firme. Hacia ahí apunta quizás la crítica a los distintos seremis y al ministerio, en el sentido de que hemos avanzado muy rápido en un tema que, quizás, se necesita ir un poco más lento, pero con paso seguro, para evitar que se metan los ladrones y, en definitiva, resten recursos importantes para el país.
El diputado señor García-Huidobro ha introducido el tema de la Sexta Región. Por ello, quiero aprovechar la oportunidad sobre todo porque mucha gente en los distritos nos ve por el canal de la Cámara para plantear los casos concretos de lo sucedido. Durante el mes de marzo de 2001, el señor Rony Meneses , de Santa Cruz, coordinador comunal de educación para el adulto mayor, propone, en calidad de particular, al señor alcalde, firmar un acuerdo con el Instituto San Ernesto para la educación del adulto mayor. El 10 de abril de 2001, el señor alcalde y la señora Zunilda Sepúlveda Pérez , en representación del Instituto San Ernesto , suscriben un convenio por el período de un año, mediante el cual la municipalidad se compromete a difundir y a promover la participación de los adultos mayores de la comuna. El proyecto contemplaba diecinueve grupos. Pero las clases programadas no se realizaron según lo estipulado. En algunos casos, nunca hubo clases y, en otros, se iniciaron y no se continuaron por el no pago de las remuneraciones a los distintos monitores. En el mejor de los casos, se efectuaron 70 horas de entretención, conversación y manualidades, pero de alfabetización y aprendizaje pedagógico, prácticamente nada. La municipalidad de Santa Cruz instruyó un sumario. Su informe señala que el encargado de educación del adulto mayor, el señor Meneses , coaccionó a los monitores a cometer fraude a través de anotaciones en el libro de asistencia a partir del mes de abril, pese a que las clases aún no se iniciaban. Respecto de los contenidos, recién en el mes de octubre fueron enterados los registros respectivos.
Los grupos debían ser atendidos por profesores y monitores. Sin embargo, casi nunca hubo profesores; sólo monitores, a quienes en muy pocas oportunidades les fueron pagados sus servicios.
Se convinieron servicios y se pagaron sueldos sin contrato, cuando fueron remunerados, lo que vulnera normativas laborales. Los pagos se realizaron de manera anormal. Los señores Meneses y Tapia percibieron casi 17 millones de pesos del Instituto San Ernesto, que nunca ingresaron a la municipalidad respectiva. Además, un funcionario de la municipalidad actúa en calidad de privado en un negocio ilícito.
El sumario concluye con una recomendación al señor alcalde aun cuando él instruyó el sumario: poner los antecedentes a disposición de los tribunales de justicia.
¿Qué ha sucedido después? El señor Meneses aún sigue en su puesto; el señor Tapia aún sigue en su puesto. En nuestro poder tenemos las fotocopias de los documentos que dan cuenta del pago de los catorce y dos millones y tanto de pesos, y no entendemos cómo no pasa nada, sólo los meses.
La señora ministra dice que se ha fiscalizado y se han hecho los sumarios, pero la opinión pública tiene derecho a saber qué es lo que pasa con los dineros. Afortunadamente, tenemos esta oportunidad de debatir el tema. También presentamos los antecedentes en los tribunales de justicia.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiempo, señor diputado.
El señor BARROS.-
Termino de inmediato, señor Presidente.
En Santa Cruz la Contraloría está efectuando los sumarios, y la población sí conoce lo que acontece, lo que constituye una sanción para aquellos que han cometido estas tropelías.
Por último, quiero ir al fondo de este tema. No basta que se destituya o sancione a funcionarios menores. La autoridad correspondiente, el seremi de la Sexta Región, tiene responsabilidad en lo ocurrido y debe asumir su costo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, primero, quiero hacer una reflexión. El derecho de las personas a la educación debe respetarse. Si lo relacionamos con el adulto mayor y los jóvenes que no han tenido la oportunidad de terminar de estudiar, comprobaremos que todos los chilenos tenemos una deuda con ellos.
Por eso quiero hacer un reconocimiento a la señora ministra y a los funcionarios del ministerio, porque hoy no es fácil arriesgarse y realizar programas nuevos. Sin duda, todos tienen un margen de error, de irregularidades que hay que subsanar y ser absolutamente drásticos en eso. Pero ¿qué significan estos errores en la región que represento? Son 133 establecimientos que imparten educación al adulto mayor y en esta sala se cuestiona a tres, es decir, al 2,5 por ciento de ellos y se habla del 7 por ciento de recursos involucrados en estas irregularidades.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Es importante.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Claro que es importante y debe rechazarse lo ocurrido; pero hay que evitar que los árboles no nos dejen ver el bosque. Quiero felicitar a la señora ministra, porque se arriesga, y también a los funcionarios capaces de decir que sí a un programa nuevo y que el adulto mayor necesita. En las reuniones en las que participamos en los sectores rurales que represento, nos agradecen su realización.
Pero, ¿cuál es la ironía de esto? Que el propio Ministerio de Educación determinó las irregularidades relacionadas con los establecimientos Manuel de Salas, San Ernesto y Las Araucarias con sostenedores particulares. En efecto, fueron detectadas como consecuencia de la fiscalización de la secretaría ministerial. En ellas estuvieron involucrados dos funcionarios de educación, la señora Valdés y el señor Raúl Jara , a quienes se les aplicó la máxima sanción: la destitución. Además, se dedujeron acciones judiciales, las que están radicadas en el Segundo y Tercer Juzgado del Crimen de Rancagua. Esto es absolutamente irónico. Sobre todo cuando me dicen y esto me parece increíble: “Sabe diputada, fue el propio seremi de Educación, quien envió, mediante oficio reservado Nº 49, de 14 de mayo de 2002, a todos los diputados, los antecedentes sobre las irregularidades. Es decir, el propio ministerio remite los antecedentes para que después se hagan las denuncias. ¡No sé quién pilla a quién! Además, con fecha 17 de junio de 2002, mediante oficio reservado Nº 61, esos mismos antecedentes se enviaron a la Contraloría General de la República.
Es cierto, falta fiscalización, pero hay que darle los recursos al ministerio para ello. En el año 2000, en la Sexta Región, de más de 50 mil millones de pesos en subvenciones, como consecuencia de la fiscalización, se recuperaron 150 millones de pesos; en este caso, del Manuel de Salas, volverán al fisco 40 ó 50 millones de pesos.
A mi juicio, tenemos que apoyar la nueva institucionalidad del ministerio, y ahí, cada uno de nosotros debe cumplir una misión. Por ello, señora ministra, la vuelvo a felicitar. A pesar de las irregularidades, que todos reprochamos y estoy segura de que usted y sus funcionarios son los primeros en hacerlo, le pido que no dé pie atrás en la educación de adultos, porque con ellos y con los sectores rurales tenemos una deuda que pagar. Ésa es nuestra labor.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el mérito de esta sesión especial es ver cómo resolvemos la preocupación que todos tenemos, y por supuesto el ministerio, por la educación de adultos.
En primer término, quiero entregar un reconocimiento al ministerio y al Gobierno del Presidente Lagos por los ingentes recursos destinados a una demanda siempre insatisfecha respecto de la educación de los adultos, especialmente en los sectores rurales. Además, debo expresar el reconocimiento que los diputados tenemos para fiscalizar adecuadamente los actos de Gobierno. Pero la fiscalización debe ser eficaz. Hay parlamentarios que después de recibir antecedentes del propio Gobierno, concurren a los medios de comunicación para decir que ha habido irregularidades, en circunstancias de que el Gobierno ya las había denunciado en los tribunales y puesto en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría General de la República. Si queremos educación país y tener una mirada de altura, debemos hacer una propuesta constructiva en cuanto a mejorar lo que se está haciendo. Reconozco los esfuerzos realizados por el Gobierno en materia de educación, pero la propia ministra reconoció ciertas debilidades.
Por tanto, debemos concentrarnos en cómo colaboramos en el fortalecimiento de las labores del ministerio. Una adecuada fiscalización es la única forma de lograr que los recursos se utilicen en el fin indicado en esos programas. La Oposición ha negado permanentemente los recursos para una adecuada fiscalización en todos los ámbitos, en particular, en la educación. Conozco cómo un parlamentario de mi distrito señala continuamente en los medios de comunicación que el Gobierno no hace llegar a los beneficiarios los recursos destinados a un determinado programa. Por eso, para una adecuada fiscalización, que permita que los fondos lleguen a quien corresponde, debemos aprobar la entrega de mayores recursos al ministerio.
Se ha criticado al ministerio porque no todos los recursos llegaban a su destino, y ahora, cuando son recibidos, se señala que se entregan mal. Pero si ello sucede es porque falta fiscalización. Sólo hay doscientos y tantos funcionarios que cumplen esa función a nivel nacional. No tienen vehículos y su viático es bajísimo. Y cuando se discuten en el Presupuesto los viáticos para los empleados públicos, no es posible contar con el apoyo de la Oposición para destinar mayores recursos.
Saludo a los funcionarios del Ministerio de Educación que están haciendo su “pega”. Pero es necesario cambiar el modelo de los programas para facilitar la fiscalización, ya que, de acuerdo con la propia información que el ministerio nos entrega, por ejemplo, en la Novena Región hay diez sostenedores que han cobrado subvenciones por cursos no aprobados por resolución. ¿Por qué paga el ministerio si no hay resoluciones? Hay algo que no funciona, lo cual indica que se deben perfeccionar los sistemas de pago y de control.
Me alegro mucho de que la señora ministra haya anunciado una modificación de los programas y la retención de parte del pago hasta ver los resultados. Así también se debería proceder respecto de la subvención escolar, midiendo la calidad de la educación. En los escasos minutos de que dispongo, quiero expresar que aun cuando comparto en gran parte el proyecto de acuerdo de la Oposición, tiene una debilidad: no fortalece la fiscalización, que es lo que deseamos. Por ello no concurriré a su aprobación.
Los parlamentarios del PPD hemos presentado un proyecto de acuerdo para fortalecer la capacidad de fiscalización del Ministerio de Educación.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Escalona .
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, lamento no haber estado presente en toda la sesión, ya que participaba en las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud, las que funcionaron simultáneamente con la Sala para analizar las reformas del sector; es imposible estar en dos lugares a la vez.
Sin embargo, me deja muy conforme escuchar la intervención de la señora ministra, ya que pone de manifiesto un hecho muy importante: el cumplimiento con celo y rigor de las facultades fiscalizadoras del Ministerio de Educación, de acuerdo con los medios e instrumentos de que dispone. Desde ese punto de vista, no me parece válido llegar a la sesión con pautas preestablecidas y simplemente remitirnos a un juego de asperezas tendiente a levantar una señal acusatoria respecto de la labor del Gobierno. Incluso, en las intervenciones de los señores diputados de Oposición que alcancé a escuchar, se señaló que en estas materias se registraban “cúmulos de irregularidades”, y que vendrían del sector público, cuando esas irregularidades en el caso que corresponda aplicar dicha palabra se sitúan en el sector privado. En estos días ha habido un gran debate, y queremos enfrentarlo con claridad y decisión. Debemos erradicar las irregularidades en el sector público, el mal cumplimiento, el aprovechamiento e incluso en las conductas moral y éticamente reprobables que lleven a cabo funcionarios de la administración pública o mandatarios públicos. Pero es muy importante que asuman también su responsabilidad las fuerzas políticas que entendieron que determinadas funciones sociales y públicas debían radicarse esencialmente en el sector privado cuando tuvieron la posibilidad de estar en el gobierno de la Derecha que hubo en Chile hasta 1990, y debilitaron profundamente las facultades fiscalizadoras del sector público.
Como lo ha señalado la ministra con gran franqueza, el Ministerio de Educación, en cuanto a responsabilidades como sector público, tiene debilidades, pero ellas no arrancan como se ha intentado insinuar de que éste no estuviera cumpliendo con celo y rigor sus funciones, sino de un prototipo preestablecido antes de que las actuales fuerzas políticas llegaran al Gobierno, que tienen su origen en un precepto ideológico que hemos señalado reiteradas veces en la Cámara, que, lamentablemente, en el curso del último tiempo se tiende majaderamente a omitir, y es que se pensó, como proyecto de sociedad, que todo lo privado era bueno y que todo lo público era malo. En consecuencia, se realizó una acción predeterminada y sistemática, a fin de debilitar los mecanismos de fiscalización del sector público. Por eso me parece enteramente válida la propuesta del proyecto de acuerdo presentada por los parlamentarios de la Concertación que tiene lo que al proyecto de la Oposición le falta: instar a que la Comisión de Educación de la Cámara, después de un análisis y de la investigación respectiva, y en el caso que corresponda probablemente, así ocurrirá, recomendar el fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras del Ministerio de Educación, con el objeto de que estos problemas al fin se terminen, y esta sesión no sea un pugilato político o una hipocresía más que aleje al Parlamento del sentimiento real de la gente, del cual tanto reclamamos, pero del que poco nos preocupamos para responder de buena forma.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, cuando se buscan las causas de lo que está sucediendo, hay dos partes que debemos tener claras. ¿Cómo no nos vamos a alegrar por el hecho de que exista educación para el adulto mayor? ¿Cómo no nos vamos a alegrar de que lleguen recursos para que la gente se pueda capacitar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar de que se realicen esfuerzos para que la gente tenga un mejor pasar? Ésa es la parte agradable y por la que hay que felicitar al Gobierno con entusiasmo, con fuerza y sin miedo. Por otra parte, no sacamos nada con defendernos entre nosotros y enumerar los errores cometidos durante el gobierno militar o en los tiempos de Aylwin o Frei. Aquí no se trata de quién ha hecho más brutalidades, sino de quién lo hace mejor. Y cuando fiscalizamos es para evitar las brutalidades. Existen sostenedores, ¿pero qué sucede con los consultores en los distintos ministerios? ¿Cuánta plata se llevan ellos? ¿Cuántas malas recomendaciones hacen? ¿Cuánto dinero se perdió en Indap? De eso no podemos alegrarnos.
La ministra aquí presente fue parlamentaria y conoce el manejo por dentro. ¡Cuántas sesiones y horas se perdieron en las comisiones investigadoras cuando tratábamos de demostrar lo que estaba pasando! Lógicamente, la Concertación intentaba defender a su gente. Y ése fue el peor error que se pudo cometer, porque hoy se expresa todo lo contrario de lo que se señalaba hace un tiempo. ¿Qué acaban de decir los diputados Escalona , Saffirio y Tuma ? Que falta fiscalización. ¡Por favor, si hemos dicho en todos los tonos que queremos modificar la Constitución para tener más poder fiscalizador y para que la gente se sienta honrada!
Si a un parlamentario lo pillan manejando en estado de ebriedad, a exceso de velocidad o cometiendo cualquiera otra falta, la gente piensa, por último, que es humano, pero se condena de por vida al funcionario público o al parlamentario que es descubierto metiendo las manos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los llamados a actuar con transparencia, a velar para que este país tenga un mejor futuro y a cautelar que la plata del Fisco llegue a la gente que más la necesita. Eso es lo que hoy se está entendiendo, pero, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? ¡Doce años! ¿Qué sucede hoy? Colegas nuestros involucrados eso entrecomillas, porque todavía no se llega a la verdad en hechos que jamás debieron meterse. Eso es penoso y por ello la gente reclama.
Cuando el diputado señor Kuschel intervenía y señalaba que felizmente la Décima Región no está afectada, todavía, en los problemas que hoy analizamos, la ministra respondió que se estaba investigando. Y mi colega pedía que felicitara a sus funcionarios. ¡Ése es el ánimo que se debe tener! ¡Debemos destacar lo bueno venga de quien venga! ¿O acaso es tan perverso hacerlo? Sin embargo, con la misma fuerza, debemos condenar a quien meta las manos, corrompa o use mal los dineros, cualquiera sea el sector político que represente. Ésa es la fiscalización que la Cámara de Diputados debió llevar adelante desde un principio.
De modo que no rasguemos vestiduras ni le echemos la culpa al gobierno militar o a los gobiernos de la Concertación. Miremos y veamos si hemos actuado en conciencia cuando hemos debido fiscalizar. Invito a todos a que iniciemos la fiscalización que Chile merece, quiere y que la gente está esperando. El que meta las manos, para afuera, y no utilicemos frases cliché como “caiga quien caiga”. Esto debe regir desde el Presidente de la República hasta el último señor que hace el aseo en el ministerio. Voy a ilustrar esto con una vieja historia. Un señor pregunta a otro qué hace. El aludido responde: “Señor, soy el funcionario menos importante. Soy quien toma el balde y echa agua a las cañerías”. Un día, esa persona falló a su trabajo y murieron todos. Recién ahí se dieron cuenta cuán importante era el señor que se creía menos importante. Por esa razón, todos son importantes en llevar adelante esta tarea. Aquí no sobra nadie: todos debemos fiscalizar y velar para que los recursos lleguen a la gente.
Señora ministra, no digamos que los diputados García-Huidobro , Díaz o usted ha llevado adelante todas las fiscalizaciones. La idea es asumir entre todos esa tarea. Y se lo digo en “buena ley”: que los corruptos se vayan, porque ése es el mayor bien que la Cámara de Diputados, los ministerios y el Presidente pueden hacer al país. Insisto, todo aquel que meta las manos debe irse. Hubo un tiempo aprovecho de pasar un dato a la ministra en que se echaba la culpa de ciertos manejos de las fichas CAS a las municipalidades. Pero dígame algo, ¿acaso los funcionarios municipales son dioses omnipotentes que nadie los puede sacar de sus puestos? Con la sola aplicación del artículo 110 de la Constitución, mejoraremos la gestión municipal. De ese modo, la gente va a cuidar su trabajo y no se va a proteger en una ley que los ampara. Ésas son las distorsiones que existen hoy.
Por eso, bien por la fiscalización, bien por los diputados que han “destapado la olla”, bien porque la Concertación por fin se ha decidido a fiscalizar con ganas. Eso es bueno y hay que destacarlo. Usted, ministra, cuente siempre con nosotros y no con un senador que dice que no quiere darle el pase para fiscalizar. Sé que se refiere al senador Bombal , pero es lógico que él tenga aprensiones. Se trata de un gran senador de la República. Si ha dicho eso, no es porque quiera negarle la sal y el agua. Él quiere que haya transparencia y que exista buena fiscalización. No soy el llamado a defender a un senador por lo demás, ellos se defienden solos, pero sí creo que como están las cosas hoy, todos debemos tirar la carreta para el mismo lado.
Hoy, nuestra madre está enferma, y nuestra madre es Chile, la única que tenemos. He dicho.
Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer la educación de adultos y de adultos mayores. Esta última es algo significativo. En nuestro país, los adultos mayores han ido teniendo un proceso de desarrollo muy especial: se han organizado, han accedido a programas y hemos debatido una ley especial para ellos.
En ese contexto, uno de los aspectos fundamentales consiste en fortalecer el proceso educativo, incluida la alfabetización. Este es un punto que concita amplio consenso y con él quiero iniciar mi intervención.
En segundo lugar, participamos en una sesión especial de la Cámara, cuyo objetivo es, según señala la convocatoria, “escuchar el informe de la señora ministra de Educación sobre la forma como se ha desarrollado el programa de alfabetización de adultos y de adultos mayores; qué recursos se han invertido y posibles irregularidades cometidas con ocasión de su ejecución”, objeto que, a mi juicio, ha sido ampliamente cumplido, lo que debe ser destacado. Por lo demás, así lo hizo nuestra colega señora Alejandra Sepúlveda .
Me referiré a un aspecto fundamental respecto de ésta y otras sesiones especiales: no debemos establecer juicios previos, ni llegar con ánimo preconcebido, ni con proyectos de acuerdo inmodificables, porque si así ocurre, no estaremos cumpliendo con el objetivo central de una sesión especial a la que se ha convocado a un subsecretario y a una ministra de Estado para que rinda un informe.
A la luz de este debate, hemos presentado un proyecto de acuerdo. Ofrecemos excusas, porque como ha sido redactado en el curso de la sesión, incluso está manuscrito.
Creo que debemos acostumbrarnos a un hecho elemental: los proyectos de acuerdo que se presentan en sesiones especiales deben estar en íntima relación con el objetivo y debatido en ellas, porque si previamente traemos ya establecidos juicios, prejuicios, considerandos inamovibles, debilitamos su razón de ser.
Señor Presidente, hemos hecho un esfuerzo al presentar el proyecto de acuerdo en debate. Queremos que se apruebe por unanimidad, precisamente para no consignar considerandos que establecen, de partida, los resultados del trabajo que se le asigna a una comisión especializada, como la de Educación.
Volvemos a hacer el llamado a la UDI, que ya había presentado un proyecto de acuerdo, porque en el fondo creo que en las conclusiones estamos absolutamente de acuerdo: que nuestra Comisión de Educación analice y estudie el proceso de educación de adultos, en particular el de adultos mayores, para ver de qué manera acciones irregulares pueden afectar el fortalecimiento de ese proceso de educación y de qué forma mejoramos las facultades fiscalizadoras del Ministerio de Educación. Esto es un imperativo. Si queremos evitar que se cometan irregularidades, debemos fortalecer las facultades fiscalizadoras de esa Secretaría de Estado.
Entonces, ¿por qué no podemos obtener la unanimidad si estamos de acuerdo en el objetivo central, si queremos fortalecer el rol del ministerio, si queremos dar un paso más en la educación de adultos?, ¿por qué provocar aquí un cuadro de tensión a partir de considerandos que, como señalé, provocan la reacción de decir para qué trabajar en la comisión especializada si ya el juicio está emitido?
Al respecto, quiero señalar que hemos contado con el apoyo de algunos distinguidos colegas, no sólo de la Concertación, sino también de Renovación Nacional, para lograr el objetivo de ir creando espacios más amplios de consenso en cosas que no tienen por qué transformarse en puntos de fricción, de tensión, a partir de prejuicios.
Nuestro proyecto de acuerdo será leído por el señor Secretario, en su oportunidad. Esperamos que en torno de él se pueda construir un acuerdo unánime.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, me habría gustado que la ministra hubiese contestado alguna de las consultas que le hice, sobre todo cómo se puede autorizar en noviembre a un establecimiento para que funcione todo el año y se pague en diciembre, cuando en la misma fecha ya se conocían en el ministerio las irregularidades y fraudes cometidos. Se paga todo. Respecto de la institución Manuel de Salas se habla de 24 millones de pesos en descuentos o retornos.
Señor Presidente, por su intermedio le quiero solicitar a la ministra que haga una fiscalización interna de sus fiscalizadores. ¿Por qué? Porque el señor Luis Martínez y la señora Margarita Téllez , fiscalizadores a cargo del sumario, lo instruyeron con las personas del propio instituto Manuel de Salas. En los meses de febrero, marzo, abril y mayo, pasaban a buscar al colegio, en Rancagua, a la profesora del colegio, señora Charmina Tapia , sobrina de la sostenedora, y a la señora Patricia Vilches , secretaria del colegio, y se dirigían, justamente, donde tenían organizados los supuestos cursos. Le digo esto a la señora ministra, porque a ella nunca le va a llegar la información real si los propios fiscalizadores del ministerio están coludidos con quienes cometen al fraude.
Por ello le informé cómo se llenaron los cursos y los libros. ¡Véalo usted, señora ministra! Los alumnos del mismo colegio, del instituto de Rancagua, copiaron de una lista del INP la nómina de adultos mayores que percibían menos de 65 mil pesos mensuales. Eso lo considero gravísimo. Señor Presidente, por su intermedio pido a la señora ministra que reabra todos los sumarios, porque es muy importante que haya claridad al respecto, pues no se trata sólo de 24 millones de pesos, sino de 260 millones que se pagaron en esos establecimientos. Además, se pagaron los meses de diciembre, enero y febrero, en circunstancias de que los cursos terminaron en noviembre. La misma señora ministra los clausuró. ¿Sabe de dónde salen esos recursos que se restaron?
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señor diputado, diríjase a la Mesa.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, esos 24 millones de pesos que se restan salen, justamente, de lo que no se debió pagar cuando los cursos terminaron en noviembre.
Planteo esto, porque me preocupa que no haya una real voluntad de investigar. Si la hubiese, habrían presentado las denuncias del caso. La propia seremi de la Novena Región dijo que esperaba instrucciones de la ministra para hacer público esto, cuando ya lo había entregado a los tribunales de justicia.
Quisiera que de aquí en adelante, en aras de todos los llamados a la unidad, sean las propias autoridades las que empezaran a denunciar estos fraudes e ilícitos, porque lo importante no es decir lo que se ha hecho, sino consultarnos: ¿por qué suceden estas cosas? y ¿por qué no está funcionando como corresponde, dado el nivel de recursos que el ministerio entrega vía subvenciones, un verdadero sistema de fiscalización?
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señor diputado, se ha cumplido su tiempo.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, por su intermedio, pido a la señora ministra que ojalá reabra todos los sumarios le aseguro que se va a encontrar con muchas sorpresas, y que envíe a funcionarios de su confianza a realizar de nuevo los que se instruyeron en la Sexta Región, porque lo que le ha llegado es sólo una parte de la verdad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-
Señor Presidente, me alegro de haber escuchado la intervención de algunos diputados que hoy están pidiendo que actuemos en conjunto para lograr mejores resultados en los programas de educación de adultos y para que se ejerza efectivamente el rol de fiscalización de esta Cámara de Diputados. Pero, me alegro mucho más de que el tema de la educación de adultos sea abordado por esta Corporación.
Como decía la diputada señora Sepúlveda , la educación de adultos es la menos priorizada. Del presupuesto del Ministerio de Educación solamente el 2,43 por ciento de los recursos se utilizan en educación de adultos. Sin embargo, en Chile hay cuatro millones y medio de personas que no han terminado la educación básica o media: un millón y medio no ha terminado la educación media y casi dos millones no ha terminado la básica. La educación de adultos requiere una verdadera prioridad. Por eso, me alegro que junto con exigir una mayor fiscalización como Cámara tomemos esta oportunidad para fortalecer la educación de adultos, darle mayores recursos y cubrir ese tremendo vacío que existe respecto de nuestros trabajadores y la gente más postergada. Se trata de una oportunidad histórica que tenemos para fortalecer la educación de adultos.
Aquí se ha demostrado que el Ministerio de Educación ha ejercido su rol fiscalizador; hemos dicho que queremos otorgarle mayores facultades y que deseamos una mejor fiscalización, y eso está muy bien; pero también debemos asumir el compromiso de fortalecer la educación de adultos, como una deuda que tenemos, especialmente con esos más de cuatro millones de personas que no han podido terminar su educación básica y media.
Me alegro de que este Gobierno haya implementado un programa nuevo, “Chile califica”, que busca cubrir ese vacío. Me alegro de que exista un decreto que permita desarrollar estos programas de manera más flexible, porque a través de ese nuevo decreto se entregarán recursos sobre la base de resultados. Ésa será una de las mejores medidas de fiscalización, puesto que los nuevos programas exigirán que los alumnos rindan sus exámenes antes de pagar a los sostenedores el desempeño y los resultados del trabajo realizado. Ésa es una medida muy sustantiva para mejorar el sistema de fiscalización y cubrir ámbitos mucho más amplios de la educación de adultos. Al mismo tiempo, pido que todos seamos muy consecuentes y entreguemos más recursos al ministerio del ramo para la educación de adultos, con el fin de cubrir esa deuda histórica.
Considero que debiéramos aprobar un acuerdo conjunto, unánime, en el sentido de mejorar los sistemas de fiscalización y otorgar a la Comisión de Educación todos los mandatos que corresponden para revisar esos programas, mejorarlos y potenciarlos; pero, sobre todo, entregar al Ministerio de Educación las facultades y los recursos para fiscalizar, con el objeto de que la educación de adultos deje de ser el área más postergada y se convierta en una de las más priorizadas. Incluso, los sistemas de capacitación vía Sence cubren no más del 20 por ciento de los trabajadores que necesitan capacitarse. Hoy debemos solucionar esto en un marco mucho más amplio. Nuestro deber como Cámara de Diputados es dar a la educación de adultos el rol que se merece en un país que quiere modernizarse y avanzar, capacitando a todos los sectores de nuestra sociedad.
He dicho.
Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes .
El señor PAREDES.-
Señor Presidente, a propósito de una frase que escuché a una colega diputada hace un rato, quiero hacer un esfuerzo para que “los árboles no nos impidan ver el bosque”.
Aquí hay una cuestión de fondo que es importante plantear antes de profundizar en el tema, porque muchas veces lo específico distorsiona lo global.
El Ministerio de Educación tiene que ver con diez mil colegios en todo el país, con 3 millones 700 mil estudiantes y más dos mil cursos de educación de adultos. De un total de 2 mil cursos, sólo se han detectado irregularidades en 162, como aquí se ha manifestado y según las cifras del propio Ministerio de Educación.
El señor MASFERRER.-
¡No es nada!
El señor PAREDES.-
Pero quiero poner énfasis en algo que me parece relevante. No creo que sea un dato menor el hecho de que la mayor cantidad de cursos con problemas, sobre el 95 por ciento, corresponda a instituciones privadas, y que sólo uno, dos o tres municipios de los 341 se encuentren involucrados en esos problemas.
El señor MASFERRER.-
¡No es nada!
El señor PAREDES.-
Quiero recordar a los colegas de la Oposición, con todo respeto, que no es en los colegios municipales donde se manipulan los libros de asistencia a clases para acceder a la subvención. Ahí hay otro tema para investigar.
Sugiero a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra que pongan énfasis en ese aspecto, porque en los colegios municipalizados no se presenta esa situación, ya que como corporaciones autónomas tienen sus propios sistemas de fiscalización. Ese vicio está tremendamente arraigado en la educación privada. Muchas veces se manipula la asistencia para acceder a la subvención. Es algo muy repudiable, pues estamos hablando de la educación de los chilenos.
El señor MASFERRER.-
¿Y en qué está el Ministerio de Educación?
El señor PAREDES.-
Colega, le pido respeto, por favor, porque cuando usted habla, lo respeto y lo escucho con atención. Estamos en la Cámara de Diputados y, según entiendo, entre caballeros. Tenemos que coincidir, objetivamente, en que los sistemas de fiscalización son insuficientes. Por eso, me hago eco y comparto la postura del diputado señor García-Huidobro . Debemos hacer un esfuerzo común, entre todos, esfuerzo de país, para perfeccionar el sistema, pero no podemos pretender sacar dividendos menores de una situación grave, que es necesario denunciar y sancionar. Podríamos entrar en la famosa dicotomía del Estado docente o de la educación en manos de privados, pero no es la idea. Tenemos hechos objetivos que se deben investigar y sancionar.
Es importante dar cifras: en 1990, se educaban 72.795 adultos; hoy lo hacen 178 mil, es decir, ha aumentado en 150 por ciento la cantidad de adultos y adultos mayores que reciben educación. Este esfuerzo no se puede despreciar ni descalificar.
Reitero: quiero sumarme a las propuestas que apuntan a un mayor control, porque el sistema debe ser fiscalizado. Evidentemente, el esfuerzo que hace el Ministerio es insuficiente para la enorme responsabilidad que asume, dada la gran cantidad de personas y de instituciones privadas que participan en la educación de adultos. En relación con un mayor control, quiero plantear espero que exista el respaldo suficiente cuando se discuta que una de las sanciones que debe aplicarse a los privados involucrados en estas irregularidades es la suspensión inmediata de su condición de sostenedor de un colegio.
Debemos recordar que cuando hay corruptos en la administración pública, hay privados que corrompen. La corrupción no proviene de un solo lado. Tenemos ejemplos patentes de hechos que nos avergüenzan y que han sucedido en las últimas semanas. Reitero mi llamado a la prudencia. La educación de los chilenos es un tarea de todos; fiscalizar que los recursos se destinen de la mejor forma posible a los sectores que más lo necesitan, también es una responsabilidad de todos. La Cámara de Diputados no puede renunciar a su rol fiscalizador en el uso de los recursos públicos.
Por eso, a los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra les digo que respaldo su labor de fiscalización, pero debemos ser capaces de hacer propuestas, de perfeccionar el sistema, de mejorar el mecanismo de fiscalización y la calidad de la educación que entregamos a nuestra gente, porque educar significa mejorar la calidad de vida de la gente más modesta.
Llamo a la grandeza de la Cámara de Diputados, me sumo al proyecto de acuerdo y ojalá lo apoyemos, porque ésta es una tarea de todos.
Agradezco a la ministra de Educación la información que nos ha entregado, y la felicito por la grandeza que ha tenido para enfrentar estas situaciones, que constituyen hechos puntuales y de ninguna manera pueden descalificar el gran esfuerzo realizado ni el avance en la educación chilena en los últimos años.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Mariana Aylwin .
La señora AYLWIN, doña Mariana (Ministra de Educación).-
Señor Presidente, quiero contestar algunas de las preguntas que se han formulado.
En primer lugar, algunos parlamentarios han planteado que no habríamos informado a tiempo sobre estas irregularidades. Al respecto, rechazo categóricamente esa afirmación, por cuanto desde el momento en que presentamos los antecedentes a los tribunales de justicia estamos haciendo públicas las situaciones irregulares descubiertas. Si además quieren que demos a conocer esto a través de conferencias de prensa, cabe aclarar que para la investigación de las denuncias o irregularidades, y la realización de las auditorías y los sumarios, en nada nos ayuda esa publicidad.
Hoy leí que una sostenedora de la Quinta Región decía que si lo hubiese sabido antes, habría adulterado los libros de clases. Cuando se hace una investigación de este tipo, se tiene que actuar con cierto sigilo. No obstante, en febrero ya había puesto a disposición de los tribunales las denuncias sobre irregularidades descubiertas por el ministerio en la Sexta Región.
En segundo lugar, se ha hecho referencia a la existencia de coordinadores que estarían actuando a través de los sostenedores. Una de las sostenedoras que está sometida a proceso por problemas con la subvención, declaró en el canal de Televisión Nacional que los coordinadores reciben el 80 por ciento, con lo cual pagan a los monitores, compran los implementos y material didáctico, en fin; ellos hacen todo, nosotros nada. Cuando el periodista le preguntó por qué reciben plata, contestó: “porque nosotros estamos en decreto... el rol de bases de datos”. O sea, ella reconoce como sostenedora estar cometiendo un tremendo ilícito; está arrendando el decreto de sostenedor, como dijo el diputado señor García-Huidobro , a un sujeto que no sabemos quién es.
Debo señalar que este arreglo que, como dice el diputado señor Ortiz , es entre privados, obviamente constituye una irregularidad. De ser así, a nosotros nos encantaría que el diputado señor García-Huidobro nos hiciera llegar esa información en forma fidedigna y personalizada, para recoger los antecedentes, porque no sacamos nada con que nos digan que hay una red de coordinadores que están arrendando las subvenciones, sin saber quiénes son y dónde están. Quiero insistir en que ese antecedente fue entregado por una sostenedora que reconoce públicamente que está cometiendo un ilícito. Ella es la que acompañó a los diputados señores García-Huidobro y Díaz en la conferencia de prensa. Es la misma que entregó un cheque por 500 mil pesos a una funcionaria del ministerio, que ya fue destituida. Entonces, cuando el diputado pide respeto por los derechos procesales de las personas, me gustaría saber a quién está defendiendo: si se refiere a la funcionaria que recibió 500 mil pesos, quien entregó el argumento de que estaba preocupada por la salud de su padre, que tenía cáncer; a la que falsificó documento público para otra sostenedora hecho que está reconocido y firmado por ella; le pediría que recurra a mejores informantes y que cuando recoja esa información nos la haga llegar, pero que también vea cómo la usa, porque no me parece lo más conveniente que sea entregada a los medios de comunicación antes que al ministerio. Así podríamos agregarla a los procesos que están abiertos en los tribunales. No tenemos inconvenientes en abrir nuevos sumarios si se descubren nuevas irregularidades. Insisto en que la propia Contraloría nos ha dicho que estamos actuando como corresponde respecto de las denuncias por las irregularidades descubiertas. Por lo tanto, estamos tranquilos en ese sentido. Sin perjuicio de lo anterior, estamos descubriendo otras irregularidades que, reitero, se cometen fuera del ministerio por sostenedores; pero como se trata de recursos públicos, debemos también velar por su buen uso.
El diputado señor Kuschel me preguntó si se han presentado estos casos en otras regiones. Debo responderle que sí los hay. Hemos investigado varias regiones. En algunas hemos encontrado situaciones anómalas, más bien de carácter administrativo; en otras, irregularidades propiamente tales, constitutivas de delitos, como en los casos de las regiones Sexta y Novena. En la Quinta Región sólo encontramos situaciones irregulares respecto de varios sostenedores, pero que no son constitutivas de delito. No obstante, tenemos los sumarios abiertos para determinar si hay responsabilidad de funcionarios del ministerio. Es probable que en las auditorías más profundas que estamos llevando a cabo en lo que respecta a educación de adultos encontremos más irregularidades en otras regiones que aún no hemos cubierto suficientemente.
También quiero señalar, para información de los señores diputados, que el ministerio cuenta con una planta de 217 fiscalizadores. Entonces, mes a mes determinamos el tipo de fiscalización que se hará. Para los diez mil establecimientos educacionales y, en este caso, los dos mil y tantos cursos de adultos, debemos hacer planes de fiscalización, porque nos resulta imposible programar siquiera una visita al año a todas las instituciones. Por lo tanto, debemos hacer muestras y un tipo de fiscalización que los abarque a todos, pero focalizar más fuertemente donde descubrimos irregularidades. Para algunas de las auditorías hemos dispuesto de más de veinte funcionarios, a fin de realizar todo en un tiempo razonable y con la mayor rigurosidad. También el diputado señor Kuschel preguntaba qué medidas hemos adoptado para cambiar el sistema. Al respecto, incluso pensamos en suspender esta modalidad de educación durante seis meses, pero consideramos que era injusto. Si con esta modalidad atendemos a 58 mil adultos y el máximo de irregularidades que vamos a descubrir involucra a alrededor de cinco mil personas, ¿cómo vamos a cancelar cursos que son importantes para más de 50 mil personas, por culpa de irregularidades cometidas por cinco mil?
En ese contexto, las medidas que hemos tomado, sin perjuicio de continuar con una revisión exhaustiva del problema, apuntan a ejercer mucho mayor control en la adjudicación de los cursos. Asimismo, se pueden usar sistemas informáticos e incorporar las listas de alumnos en disquetes o recurrir a métodos más focalizados y efectuar visitas sorpresivas para comprobar que los cursos se están realizando. Es algo que hacemos normalmente, pero debemos fortalecerlo.
El diputado Eduardo Díaz , recordando una frase mía, decía: “¡Ve, tenemos razón. La propia ministra está reconociendo que no hay suficiente control!”. ¡Por favor! Nosotros reconocemos nuestras deficiencias y los problemas que tenemos para fiscalizar. Sabemos que en algunos casos ha habido falta de control, y por eso esta mos haciendo los sumarios y las investigaciones correspondientes; pero eso no significa que no estemos cumpliendo con nuestro deber.
Quiero decir que hoy no estamos aquí para defendernos, sino para explicar lo que estamos haciendo y que constituye una preocupación y una responsabilidad común. Estoy segura de que todos estamos cumpliendo nuestras funciones con la mayor rigurosidad. En ese sentido, pido a los señores parlamentarios que lleven los antecedentes de que dispongan a los tribunales de justicia o al ministerio, porque estamos dispuestos a acogerlos, siempre que estén bien fundados y no sean usados para otros fines que no sea el resguardo de los recursos públicos. Digo esto, porque a veces existen objetivos políticos subalternos que no ayudan a resolver un problema que todos los chilenos anhelamos solucionar.
Termino reiterando que estamos disponibles para participar en todas aquellas acciones que determine la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se han presentado dos proyectos de acuerdo. El señor Secretario dará lectura al primero de ellos.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 151, suscrito en calidad de autores por los diputados señores García-Huidobro , Díaz , García , Uriarte , Masferrer , Urrutia, Barros, Ramón Pérez, Leay y Escobar , y en calidad de adherentes, por los señores Palma, Bauer , Kuschel , Bertolino , Gonzalo Ibáñez y señora María Angélica Cristi .
“Considerando:
1.Que la Constitución Política de la República asegura en su artículo 19 Nº 10 el “derecho a la educación”, y establece de modo perentorio que este derecho fundamental tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida;
2.Que, por lo tanto, este precepto constitucional es claro, en el sentido de que se encuentran comprendidos en los objetivos o fines de la norma el derecho a educarse de los adultos y adultos mayores, el que toma diversas formas, como pueden ser entre otras la alfabetización, la educación formal de adultos, la educación técnica de adultos o la silvoagropecuaria para este mismo grupo etario;
3.Que, por lo mismo, el Ministerio de Educación ha implementado programas como los mencionados dedicados a la educación de adultos de toda edad, señalando que aquellos se orientan al derecho y necesidad de educar a este segmento de la población para que sea valorado como portador de una experiencia de vida y como protagonista de proyectos de enseñanza de diversa índole, insertándolo en una estrategia para mejorar el desarrollo de las comunidades más postergadas, con la conciencia de que aprendiendo se abre una mejor calidad de vida;
4.Que, durante el presente año, la opinión pública ha tomado conocimiento de graves irregularidades cometidas en torno de la ejecución de programas dedicados a la educación del adulto y el adulto mayor. En efecto, se ha podido constatar que personas supuestamente beneficiadas con estos programas, la gran mayoría de edad muy avanzada, jamás pudieron hacer uso de este beneficio creado especialmente para ellos, dado que se encontraban físicamente imposibilitados de asistir a clases o bien fallecidos, lo que se ha podido constatar según los registros de asistencia o las actas de defunción correspondientes;
5.Que una segunda índole de irregularidades, la relacionada con la aparición de los llamados “Coordinadores Externos”, ha significado la perversión del sistema de educación de adultos, al hacerse cargo del proceso personas que no tienen responsabilidad alguna ante el ministerio respectivo;
6.Que una tercera y cuarta clase de irregularidades son las producidas por la irregularidad en la presentación de listados de matrícula y asistencia a clases y la no realización de cursos o su realización sólo parcial, por medio de la cual sostenedores o “Coordinadores Externos” inescrupulosos falsean en su favor los boletines de subvención contra los cuales se cancelan estos servicios en los cursos de educación formal de adultos, educación técnica de adultos y educación silvoagropecuaria para adultos;
7.Que, verificados los hechos anteriores, se ha generado un daño a la credibilidad pública y a las arcas fiscales, al menos probadamente hasta esta fecha en las regiones Quinta, Sexta y Novena, lo que ha llevado a dudar de la transparencia con que se manejan y fiscalizan estos programas de Gobierno y que estas irregularidades podrían haberse extendido a otras regiones del país.
8.Que, tomando en consideración que para estos efectos se ha utilizado a la población adulta y de escasos recursos, a sostenedores educacionales y que en estos hechos podría verse involucrada una red de los llamados “Coordinadores Externos” que operan dentro del sistema, pero al margen de la legalidad y las orientaciones regionales de educación de adultos, resultando por ende imperativo y necesario examinar exhaustivamente los canales utilizados para el desarrollo de las diferentes clases de programas de educación de adultos, vengo en proponer el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Considerando que la educación es el eje básico para el progreso de nuestro país, la Comisión de Educación deberá abocarse, en un plazo de 90 días, a recabar antecedentes y analizar si el desarrollo de los diferentes tipos de programas de educación de adultos, comprendidos entre éstos, al menos, los de alfabetización, educación formal, educación técnica y silvoagropecuarios, han cumplido con sus objetivos y si los recursos invertidos en ellos han sido utilizados correctamente para los fines con que fueron considerados, lo que deberá involucrar a todas las regiones del país”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Secretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 152, que suscriben como autores los diputados señores Riveros , Saffirio , Becker , Álvarez-Salamanca; diputada señora Alejandra Sepúlveda ; diputados señores Paredes, Rodrigo González , Valenzuela , Tuma y diputada señora Eliana Caraball , y en calidad de adherentes, los diputados señores Jarpa , Villouta , Ortiz , Bayo , Lorenzini , Navarro , Salas y diputada señora Isabel Allende :
“Considerando:
El debate ocurrido en la presente sesión en particular, la información proporcionada por la señora Ministra de Educación y por los parlamentarios;
La importancia que tienen para el país los programas de educación y alfabetización de adultos y adultos mayores, y Las medidas adoptadas por las autoridades educacionales ante irregularidades que han sido detectadas.
La Cámara de Diputados acuerda:
Encomendar a la Comisión de Educación que se aboque al estudio de cómo se han desarrollado los programas de educación y alfabetización dirigidos a los adultos y adultos mayores, así como también el cumplimiento de sus objetivos, indicando de qué forma han sido afectados por las irregularidades denunciadas. También deberá analizar tanto el marco reglamentario y legal como las facultades fiscalizadoras del Ministerio de Educación, señalando, si es necesario, el fortalecimiento de las mismas.
La Comisión de Educación tendrá el plazo de noventa días para evacuar su informe”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvo el diputado señor
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20.47 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Bauer, Escalona, Espinoza, García, don René Manuel; Ortiz, Salas, Venegas, y de las diputadas señoras Eliana Caraball y Adriana Muñoz.
Proyecto de ley interpretativo del artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.495, sobre licencias de conducir. (boletín Nº 3113-15)
Hasta marzo de 1997, existían en Chile dos tipos de licencia de conducir para transporte de pasajeros y de carga: A-1 y A-2.
La ley Nº 19.495, de 8 de marzo de 1997, incorporó en la legislación chilena las licencias de conducir profesionales (clases A-1, A-2 y A-3 para transporte de pasajeros, y A-4 y A-5 para transporte de carga), a la vez que exigió aprobar cursos teóricos y prácticos en escuelas para conductores profesionales a fin de optar a estas nuevas licencias.
Este cambio reconoció a las licencias A-1 y A-2 otorgadas antes de la fecha señalada y les mantuvo su validez. En efecto, el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.495 dispuso que “las actuales licencias Clase A-1 mantendrán su vigencia, habilitando a sus titulares para conducir vehículos motorizados destinados al transporte colectivo de personas, taxis, vehículos para el transporte remunerado de escolares y particular de personas; estos últimos con capacidad superior a siete asientos, excluido el del conductor”. Asimismo, su inciso segundo estableció que “las actuales licencias clase A-2 mantendrán su vigencia, habilitando a sus titulares para conducir vehículos motorizados de carga, simple o con acoplados, con capacidad de carga superior a 1.750 kilogramos; vehículos recolectores de basura u otros destinados al aseo; vehículos de carga, sea cual fuere su capacidad, que transporten sustancias o mercancías peligrosas, tales como explosivos o elementos radioactivos, corrosivos, tóxicos o inflamables y vehículos de emergencia”.
En cuanto a los exámenes a que quedaron sujetos los titulares de las licencias de conducir clases A-1 y A-2, el inciso tercero señaló que ellos debían acreditar cada dos años que cumplen con los requisitos generales señalados en el artículo 13 de la ley de Tránsito, con excepción del examen práctico, y que los exámenes correspondientes debían practicarse en la municipalidad competente de acuerdo al artículo 11, y que de ellos se debía dejar constancia conforme con lo señalado en el artículo 22 de la ley de Tránsito. Debe precisarse que, entre los aludidos requisitos generales no se incluye tener aprobados los cursos teóricos y prácticos en las escuelas de conductores profesionales, por lo que esos conductores seguirán siendo titulares de esas licencias cada vez que efectúen el correspondiente control.
No obstante este explícito reconocimiento de las licencias “antiguas” que hizo el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.495, muchos de sus titulares se han visto imposibilitados de poder renovarlas, debido a que se presentan a la renovación uno o dos días después de la fecha de vencimiento de las mismas, con lo cual, según una interpretación extendida entre la mayoría de los municipios, dichas licencias ya no se encuentran “vigentes”, por lo que a sus poseedores se les exige someterse a las disposiciones de la nueva ley; es decir, tienen que realizar los cursos teóricos y prácticos en las escuelas de conductores profesionales, con el consiguiente perjuicio que les ocasiona en términos de tiempo y dinero.
Esta interpretación que hacen algunos municipios se ha visto avalada por el dictamen Nº 23.255 de la Contraloría General de la República, de 25 de junio de 2002. En ella se reco noce y avala el dictamen de la Contraloría Regional de Los Lagos, la cual, por oficio Nº 2.808, de 2001, concluyó que “las licencias de conducir cuyos titulares no efectuaron los controles legales correspondientes han perdido su vigencia y, por lo tanto, requieren cumplir con el requisito” impuesto por la ley Nº 19.495.
Añade el citado dictamen que, “respecto de la situación de las personas que no han dado cumplimiento a los controles legales correspondientes, el artículo 18 de la ley de Tránsito dispone que la licencia de conducir será de duración indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular reúna los requisitos o exigencias que señale la ley. En este sentido, la jurisprudencia administrativa ha manifestado, mediante dictamen Nº 42.119, de 1994, que no obstante el carácter indefinido de una licencia de conducir, debe entenderse que ella pierde su vigencia cuando su titular no acredita que mantiene los requisitos o exigencias legales para tal finalidad, es decir, no se ha sometido al examen a que está obligado en el tiempo y forma previstos por el legislador”.
Continúa el dictamen señalando que “de acuerdo a lo expuesto, es dable inferir que, si bien en virtud del citado artículo 2º transitorio las licencias clases A-1 y A-2 -vigentes a la fecha de publicación de la ley Nº 19.495, esto es, el 8 de marzo de 1997- “mantendrán su vigencia”, no puede desconocerse que el legislador ha contemplado el referido beneficio bajo el supuesto de que las licencias en cuestión se encuentran vigentes, de manera que si se encontraren vencidas, porque sus titulares no efectuaron los controles contemplados por el legislador al efecto, no es posible acogerse a la norma de excepción que se comenta”.
En lo que interesa, el dictamen Nº 23.255 concluye señalando que “las personas que obtuvieron su licencia de conducir clases A-1 y A-2 antes del 8 de marzo de 1997, sin efectuar con posterioridad los controles respectivos, requieren cumplir con el requisito de aprobación de un curso teórico y práctico en una escuela de conductores profesionales para que proceda su renovación”.
No obstante lo expresado por el dictamen de la Contraloría General de la República, los patrocinantes de esta moción consideramos que el verdadero espíritu del legislador de la ley Nº 19.495 ha sido reconocer sin limitaciones la vigencia de las licencias de conducir clases A-1 o A-2 obtenidas antes del 8 de marzo de 1997 -como lo hacen algunos municipios del país-, por lo que no debiera imponerse a sus titulares una carga tan gravosa como tener que someterse a los cursos teóricos y prácticos en las escuelas de conductores profesionales por el simple hecho del retardo en la renovación de la licencia.
En virtud de lo anterior, se propone el siguiente proyecto de ley: Artículo único.- Declárase, interpretando el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.495, que las licencias de conducir A-1 y A-2 obtenidas antes del 8 de marzo de 1997 no pierden su vigencia por el simple retardo de su titular en realizar los controles a que lo obliga la ley para la renovación de las mismas”.
Moción de los diputados señores Ceroni, Delmastro, Hales, Jaramillo, Letelier, don Felipe; Luksic, Meza, Pérez, don Aníbal, y Valenzuela.
Interpreta el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.495, en materia de renovación extemporánea de licencias de conducir clases A-1 y A-2 obtenidas antes del 8 de marzo de 1997. (boletín Nº 3114-15)
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la ley Nº 18.918 orgánica constitucional y lo establecido por el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
Considerando:
1º Que en nuestro país, desde el 8 de marzo de 1997, con la publicación de la ley Nº 19.495 existe, como actividad legalmente reconocida, la de conductor profesional.
2º Que el ejercicio de esta actividad constituye, sino el principal, muchas veces el único sustento económico de miles de familias, como también un importante aporte al desarrollo productivo, es decir, económico del país.
3º Que, el reconocimiento legal y la existencia misma de esta actividad, son una clara muestra del desarrollo que nuestro país ha logrado durante los últimos lustros.
4º Que, la ley Nº 19.495 que modifica la ley Nº 18.290 “Del Tránsito”, en lo referido a las licencias de conducir, clasifica a éstas en profesionales, no profesionales y especiales.
5º Que, según estas nuevas normas, para optar a licencias profesionales se debe cumplir, además de los requisitos generales, otros más rigurosos, tales como cursar y aprobar cursos teóricos y prácticos que imparten Escuelas Profesionales de Conductores, los que, según el decreto supremo Nº 251, que establece normas para las Escuelas de Conductores Profesionales o clase A, tienen por finalidad “impartir los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias, para que los egresados puedan optar a una licencia de conductor clase A, con el objeto de acceder a la conducción, en forma responsable y segura, de vehículos motorizados para el transporte de personas y para el transporte de carga”.
6º Que la ley Nº 19.495, previendo que su entrada en vigencia podría causar serios y graves trastornos en la actividad misma, lo que a su vez podría repercutir en la economía del país consideró -expresamente- la situación de aquellas personas que ya estaban en posesión de su licencia de conductor, que homologada en la terminología antigua, equivalía a las profesionales, contemplando una situación de excepción respecto de ellas y, en consecuencia, eximiéndolas de la obligación de cumplir con los requisitos que la nueva legislación dispuso.
7º Que la intención del legislador, fue establecer un estatuto para conductores profesionales destinado a regir en el futuro, vale decir, sin afectar y respetando a quienes por años y en los hechos, ya eran conductores profesionales.
8º Que, sin perjuicio de lo anterior, y como una manera de controlar la actividad de los conductores “sin título” se dispuso que ellos, cada dos años debían ser controlados.
9º Que, las normas transitorias contenidas en la ley Nº 19.495 no contemplaron expresamente el caso de aquellos conductores que, en forma extemporánea, solicitasen la renovación de su licencia otorgada con anterioridad al 8 de marzo de 1997, razón por la cual la Contraloría General de la República ha interpretado, sobre este respecto, la ley Nº 19.495
10º Que, con fecha 25 de junio del año en curso, la Contraloría General de la República emitió un dictamen, que rola con el número 23.255 pronunciándose sobre diversas consultas que una Secretaría Regional Ministerial le efectuó, en relación con los requisitos que debían cumplir las personas titulares de licencias de conducir clases A-1 y A-2 obtenidas antes del 8 de marzo de 2002, sin efectuar, con posterioridad, los controles respectivos.
11º Que, en lo medular, el dictamen de la Contraloría General de la República, dispuso que las personas que obtuvieron su licencia de conducir clases A-1 y/o A-2 antes del 8 de marzo de 1997, sin efectuar con posterioridad los controles respectivos, para renovarla requieren cumplir con el requisito de aprobación de un curso teórico y práctico en una Escuela de Conductores Profesionales.
12º Que, el mencionado dictamen, constituye una interpretación administrativa del artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.495, en relación con un aspecto muy puntual, cual es: los requisitos que deben cumplir quienes son titulares de licencias de conducir clases A-1 y/o A-2 obtenidas antes del 8 de marzo de 1997, al momento de ser controlados en forma extemporánea.
13º Que, en nuestra opinión, y por la especial trascendencia y relevancia que ha suscitado el tema, se hace necesario realizar una interpretación auténtica de la ley, a través de una interpretativa, ya que la interpretación administrativa no se ajusta a la verdadera intención del legislador.
Y es que el caso es particularmente grave, pues afecta a centenares de personas de todo el país, las cuales por distintas razones no realizaron oportunamente los controles. Nos referimos a los conductores profesionales, a aquellos que llevan ya muchos años en el rubro y a quienes, por lo mismo, fue intención -expresa- eximir de las nuevas exigencias.
14º Que, nos parece poco adecuada y errónea, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, la interpretación que la Contraloría General de la República ha realizado a través del dictamen Nº 23.255. Y claro, por expresa disposición de la ley (Art. 18 ley Nº 18.290) la licencia de conducir tiene carácter indefinido, sin perjuicio de que sus titulares deben ser controlados periódicamente, a fin de acreditar que cumplen con los requisitos exigidos al tiempo en que la obtuvieron (de otra manera se vulneraría el principio de irretroactividad de la ley).
15º Que, si la propia ley Nº 19.495, en su artículo 2º transitorio, dispuso eximir a los conductores titulares de licencias de conducir clases A-1 y/o A-2, obtenidas antes del 8 de marzo de 1997, del cumplimiento de los requisitos particulares incorporados por ella misma, no resulta lógico ni coherente que, por un simple retardo en los controles, se les imponga la obligación de cumplir con los requisitos a que ya se encontraban exentos (quien puede lo más, puede lo menos). Equivaldría lo anterior, a que cada vez que un abogado se atrasase en el pago de su patente municipal, se le impusiera la obligación de rendir, por ejemplo, su licenciatura.
Por tanto, los diputados que suscriben, vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- El verdadero sentido y real alcance del artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.495, es que las personas que hubieren obtenido su licencia de conducir clases A-1 y/o A-2, antes del 8 de marzo de 1997, mantienen su vigencia y sólo requieren cumplir con los requisitos generales establecidos en el Artículo 13 de la ley Nº 18.290, aun cuando realicen los respectivos controles en forma extemporánea”.