Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTO SOBRE “CHILE SOLIDARIO” A COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE HACIENDA.
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE PARA DESTINARLAS A TRATAR PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Patricio Walker Prieto
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DEL COBRO ELECTRÓNICO DE PEAJES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES SOBRE INDIVIDUALIZACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINIO DE LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Modificación de las leyes N°s 18.290, de Tránsito, y 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Claudio Alvarado Andrade
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Felipe Letelier Norambuena
- Zarko Luksic Sandoval
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Felipe Salaberry Soto
- Edmundo Salas De La Fuente
- INDICACIÓN
- DEBATE
- SUBROGACIÓN DE LOS ALCALDES POR MOTIVOS MÉDICOS O DE SALUD. Modificación de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Andres Antonio Egana Respaldiza
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Marcela Cubillos Sigall
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Mario Varela Herrera
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DEL COBRO ELECTRÓNICO DE PEAJES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES SOBRE INDIVIDUALIZACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINIO DE LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Modificación de las leyes N°s 18.290, de Tránsito, y 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local. Segundo trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- DEROGACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 2.560, DE 1979, PARA CUMPLIR CON VOLUNTAD PÓSTUMA DE POETISA GABRIELA MISTRAL . (Votación).
- DEBATE
- CIERRE DE AGENCIAS DE CORREOS DE CHILE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rodolfo Seguel Molina
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Maria Isabel Allende Bussi
- Alejandro Navarro Brain
- Antonio Leal Labrin
- Pedro Araya Guerrero
- Waldo Mora Longa
- Adriana Munoz D'albora
- Mario Escobar Urbina
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AUMENTO DE RECURSOS PARA LAS ESCUELAS DE NIÑOS AUTISTAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eduardo Lagos Herrera
- Fernando Meza Moncada
- Alberto Robles Pantoja
- Samuel Venegas Rubio
- Camilo Escalona Medina
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Fulvio Rossi Ciocca
- Ximena Vidal Lazaro
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEROGACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 2.560, DE 1979, PARA CUMPLIR CON VOLUNTAD PÓSTUMA DE POETISA GABRIELA MISTRAL . (Votación).
- VII. INCIDENTES
- PETICIÓN DE NÓMINA DE EJECUTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Aguilo Melo
- USO DE MECANISMOS DE ZONA FRANCA EN CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- HOMENAJE A DIPLOMÁTICO CHILENO DON FERNANDO IRRAZÁBAL HOCES , RECIENTEMENTE FALLECIDO. Notas de condolencia.
- HOMENAJE : Ivan Paredes Fierro
- ANTECEDENTES SOBRE IMPORTACIÓN DE LECHE POR INSTITUCIONES DEL ESTADO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Urrutia Bonilla
- FORMACIÓN DE GRUPO CHILENO-TAIWANÉS DE AMISTAD.
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INFORMACIÓN SOBRE SUELDOS Y BENEFICIOS QUE PERCIBEN EJECUTIVOS DE LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN EFECTUADA POR CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS OFRECIDOS A EX TRABAJADORES PORTUARIOS DE LIRQUÉN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS DE COMUNA DE NANCAGUA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Ramon Barros Montero
- IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD ODONTOLÓGICA EN HOSPITAL EL PINO Y DE MAMÓGRAFO EN CONSULTORIO EL MANZANO, EN SAN BERNARDO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edgardo Riveros Marin
- INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS PERDIDAS O EXTRAVIADAS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Ojeda Uribe
- AUTORIZACIÓN AL SERVICIO DE ADUANAS DE AEROPUERTO COMODORO ARTURO MERINO BENÍTEZ PARA RECAUDAR MULTAS POR VENCIMIENTO DE VISAS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eugenio Tuma Zedan
- ATENTADO A ECOLOGÍA EN LA COMUNA DE MACHALÍ. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Esteban Valenzuela Van Treek
- ANOMALÍAS EN COLOCACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL BANCO DEL DESARROLLO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Esteban Valenzuela Van Treek
- EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FERROCARRILES DEL ESTADO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- PETICIÓN DE NÓMINA DE EJECUTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 15ª, en miércoles 6 de noviembre de 2002
(Ordinaria, de 10.40 a 13.53 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana y de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
-Remisión de proyecto sobre “Chile Solidario” a Comisiones unidas de Salud y de Hacienda9
-Autorización a Comisión de Constitución para sesionar simultáneamente con la Sala9
-Petición de suspensión de sesiones ordinarias de los días 12 y 13 de noviembre para destinarlas a tratar proyecto de ley de Presupuestos9
-Permisos constitucionales10
V.Orden del Día.
-Establecimiento del cobro electrónico de peajes y complementación de disposiciones sobre individualización del titular del dominio de los vehículos motorizados. Modificación de la leyes Nºs 18.290, de Tránsito, y 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local. Segundo trámite constitucional11
-Subrogación de los alcaldes por motivos médicos o de salud. Modificación de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Primer trámite constitucional26
VI.Proyectos de acuerdo.
-Derogación del decreto ley Nº 2.560, de 1979, para cumplir con voluntad póstuma de poetisa Gabriela Mistral. (Votación)35
-Cierre de agencias de Correos de Chile36
-Aumento de recursos para las escuelas de niños autistas40
VII. Incidentes.
-Petición de nómina de ejecutivos de las empresas del Estado. Oficios42
-Uso de mecanismos de zona franca en construcción de embarcaciones. Oficio42
-Homenaje a diplomático chileno don Fernando Irrazábal Hoces, recientemente fallecido. Notas de condolencia44
-Antecedentes sobre la importación de leche por instituciones del Estado. Oficios45
-Formación de grupo chileno-taiwanés de amistad45
-Información sobre sueldos y beneficios que perciben ejecutivos de la Empresa de Correos de Chile. Oficio46
-Información sobre resultados de fiscalización efectuada por Contraloría
Regional del Biobío. Oficios46
-Incumplimiento de beneficios ofrecidos a ex trabajadores portuarios de Lirquén. Oficio47
-Reconocimiento a funcionarios de Carabineros de comuna de Nancagua. Oficio48
-Implementación de unidad odontológica en hospital El Pino y de mamógrafo en consultorio El Manzano, en San Bernardo. Oficios48
-Información sobre personas perdidas o extraviadas. Oficio49
-Autorización al Servicio de Aduanas de aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez para recaudar multas por vencimiento de visas. Oficio50
-Atentado a ecología en la comuna de Machalí. Oficio52
-Anomalías en colocación de préstamos del Banco del Desarrollo. Oficio52
-Evaluación de medidas de seguridad de Ferrocarriles del Estado. Oficio53
VIII.Documentos de la Cuenta.
-Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de acuerdo:
1.Aprobación del Cuarto protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (Telecomunicaciones Básicas), adoptado en la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, el 15 de abril de 1997 (boletín Nº 2827-10)55
2.Aprobación del Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (servicios financieros), adoptado en el marco de la Organización Mundial de Comercio (boletín Nº 2860-10)55
3.Aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, aprobado por la Asamblea General de lasNaciones Unidas, el 25 de mayo de 2000 (boletín Nº 3012-10)56
4.Primer informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto que deroga el decreto ley Nº 2.560, de 1979 (boletín Nº 3074-04)56
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
-Comunicación de los diputados señores Encina y Walker, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 6 y 8 de noviembre en curso para dirigirse a Brasil y Corea, respectivamente.
2.Oficios:
-Oficio del Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos por el cual comunica que sesionará los días martes 12 y miércoles 13 de noviembre en curso, de 10 a 15 horas, para conocer y despachar el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para el año 2003, por lo que solicita analizar la posibilidad de no celebrar sesiones en dichas fechas.
-Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 7 de noviembre en curso, de 11 a 12.30 horas, para tratar el proyecto que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública (boletín
Nº 2394-07), y el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal en materia de libertad provisional, estableciendo facultades especiales a los jueces del crimen al momento de otorgar este beneficio para su cumplimiento (boletín Nº 3080-07).
-Oficio de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social por el cual solicita que se redestine a la Comisión de Hacienda el proyecto, originado en mensaje, que establece un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza denominado Chile Solidario, por cuanto se encuentra ligado a las iniciativas del plan Auge, actualmente en dicha Comisión (boletín Nº 3098-06).
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
NOMBRE
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán0
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Escobar Urbina, Mario
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Herrera, Eduardo
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Carlos Montes Cisternas.
-Asistió, además, el senador señor Jorge Lavandero.
-Concurrieron, también, el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, señor Javier Etcheberry, y el subsecretario de la misma Cartera, señor Juan Carlos Latorre.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El acta de la sesión 10ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 11ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
REMISIÓN DE PROYECTO SOBRE “CHILE SOLIDARIO” A COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE HACIENDA.
El señor LORENZINI.-
Señora Presidenta, pido la palabra sobre la Cuenta.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LORENZINI.-
Señora Presidenta, en el número 5 de la Cuenta, la Comisión de Gobierno Interior solicita que el proyecto, originado en mensaje, que establece un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza, denominado “Chile Solidario”, se redestine a la Comisión de Hacienda. Sin embargo, pido a su Señoría que sea enviado a las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud, que están conociendo todos los proyectos sobre la reforma de la salud.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Es lo que iba a proponer a la Sala.
¿Habría acuerdo para remitir ese proyecto a las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda?
Acordado.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala mañana, jueves 7 de noviembre, de 11 a 12.30 horas, para tratar el proyecto que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE PARA DESTINARLAS A TRATAR PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
La Comisión Especial Mixta de Presupuestos solicita considerar la posibilidad de dejar sin efecto las sesiones ordinarias de Sala de los días 12 y 13 de noviembre en curso, con el objeto de destinar esos días a conocer y despachar el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación.
Ayer, la Comisión de Régimen Interno debatió esta proposición, pero me parece que amerita la decisión de la Sala. Mi opinión es no suspenderlas, pero solicito la opinión de la Sala al respecto.
Tiene la palabra la diputada Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señora Presidenta, pido que se fundamente más la petición. Es la primera vez que se nos pide suspender dos sesiones ordinarias para destinar esos días a tratar el proyecto de ley de Presupuestos. Me parece un tanto sorprendente, puesto que siempre se ha trabajado en forma simultánea. En principio, no estoy de acuerdo. Creo que la Sala debiera sesionar los días señalados, y los interesados deben buscar otro momento o tiempo.
Quizás su Señoría nos proporcione más antecedentes, porque así como lo ha explicado, no queda claro; nunca se ha hecho
-reitero- y no veo la razón de por qué esta vez habría de hacerse.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Señora diputada, no es un tema de la Presidenta de la Cámara, sino de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y la información que he entregado a la Sala es la misma. El presidente de esa Comisión ha solicitado suspender las sesiones ordinarias de los días 12 y 13 y celebrar sesiones destinadas a conocer y despachar el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para el año 2003.
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, la solución puede ser la misma que se adoptó en años anteriores, cual es pedir la unanimidad de la Sala para que los proyectos que se traten los días 12 y 13 se voten al término del Orden del Día. Si bien los trece diputados titulares de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos debemos cumplir con nuestra tarea, en mi opinión no es bueno que no haya sesiones regulares la próxima semana.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta, estas discusiones no le hacen bien al Parlamento. Como miembro de la Comisión de Régimen Interno, recomiendo citar a una reunión especial, tratar el asunto allí e informar a la Sala sobre la resolución que tomemos. No habría ningún problema, puesto que dicha Comisión está representada por todas las bancadas.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señora Presidenta, acojo enteramente la proposición del diputado señor Ortiz .
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
La decisión es de la Sala, porque el tema figura en la Cuenta. Por lo tanto, solicito la venia de los señores diputados para proceder en la forma indicada por el diputado Ortiz , porque todos estos días hemos votado al término del Orden del Día con el propósito de facilitar el trabajo.
Acordado.
PERMISOS CONSTITUCIONALES
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, se accedería a los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Encina y Walker para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 6 y 8 de noviembre en curso, para dirigirse a Brasil y Corea, respectivamente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DEL COBRO ELECTRÓNICO DE PEAJES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES SOBRE INDIVIDUALIZACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINIO DE LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Modificación de las leyes N°s 18.290, de Tránsito, y 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local. Segundo trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo al cobro electrónico de peajes, y la ley Nº 18.287, que establece procedimientos ante los juzgados de policía local.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Fidel Espinoza .
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2921-15 (S), sesión 28ª, en 13 de agosto de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 13.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 10ª, en 29 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 6.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Solicito la venia de los señores diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Carlos Latorre , puesto que el ministro señor Etcheberry viene viajando desde Santiago y se incorporará muy pronto a esta sesión.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ESPINOZA.-
Señora Presidenta, de acuerdo con la designación realizada por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo al cobro electrónico de peajes, y la ley Nº 18.287, que establece procedimientos ante los juzgados de policía local, cuya urgencia ha sido calificada de “simple” en todos sus trámites.
El proyecto tiene por objeto dotar al sistema de concesiones de obras públicas de una modalidad de pago de tarifa o peaje a fin de evitar la detención de los vehículos que transiten por las vías concesionadas y que permita el control de los mismos. Con tal motivo, se modifican las leyes Nºs 18.290 y 18.287, para implementar adecuadamente el funcionamiento del cobro electrónico de las tarifas o peajes.
En el mensaje del Ejecutivo se fundamenta la modificación de los textos reseñados en el hecho de que en el país existe un gran déficit de infraestructura vial, situación que atenta contra su desarrollo global y que afecta directa e indirectamente a los chilenos en cuanto a pérdida de tiempo en viajes, altas tasas de accidentes y pérdida de competitividad económica, entre otros efectos.
Para disminuir ese déficit de infraestructura pública, Chile ha optado por recurrir al sistema de concesiones mediante la participación de inversionistas privados. El propósito del “Programa de concesiones de obras públicas” es dotar al país de nuevas obras y de un mejoramiento de las existentes mediante un importante aporte de capitales privados, superior al presupuesto público del Ministerio de Obras Públicas.
Dicho programa de concesiones ha traído enormes beneficios, entre los que destacan la calidad de las obras y su alto estándar, bastante superior al costo del peaje que los usuarios de las vías deben pagar por el uso de las mismas.
A través de las concesiones urbanas se producirá un importante desarrollo para la ciudad de Santiago, en términos de contar con vías de niveles muy superiores a los existentes, lo que necesariamente implicará una circulación fluida y segura que contribuirá a la descongestión y descontaminación de la ciudad.
Por último, en el mensaje se señala el interés que tiene la autoridad en perfeccionar el sistema de concesiones de obras públicas, ajustándolo a nuevas y mejores tecnologías -como el telepeaje que se propone- para reforzar, de esa manera, el marco legal, financiero y técnico que ha incentivado a los inversionistas nacionales y extranjeros a apostar por este sistema.
Ante los fundamentos que entrega el Ejecutivo en su mensaje, resulta pertinente recordar la génesis histórica de esta “revolución” en materia de infraestructura, que tiene sus raíces en el crecimiento experimentado por la economía nacional y en el impacto de concentración de la ciudad de Santiago, como consecuencia de una fuerte expansión de los viajes urbanos en la capital, situación que se ha traducido en un aumento de las tasas de movilidad -generación de viajes por persona-. Este hecho, asociado al incremento de la motorización individual, ha implicado que el aumento del número de viajes se produzca principalmente por vehículos de baja ocupación, como son los automóviles particulares, lo que hace más aguda la demanda de vialidad para la adecuada realización de viajes urbanos.
Así es como el déficit de infraestructura vial se hace cada vez más agudo y exige diversas soluciones para combatir la creciente congestión y el aumento de costos de los viajes urbanos.
En tal contexto, para enfrentar dicho problema, es necesario encontrar una solución para contrarrestar la menor disponibilidad de fondos públicos para ampliar la oferta vial.
Por lo tanto, una buena parte de la infraestructura vial puede ser realizada a través de capitales privados con expectativas de rentabilidad de su inversión mediante el cobro de peajes que permitan la recuperación de los aportes.
Este nuevo concepto de gestión corresponde, por lo demás, a una nueva concepción internacional, donde las tareas productivas que tradicionalmente fueron encargadas al sector público, son asumidas por el capital privado. El éxito de este tipo de gestión dependerá de la atracción de nuevos capitales para mejoras urbanas.
Es necesario tener presente que, desde los años 90, se estableció un proceso destinado a crear condiciones para atraer inversionistas privados que construyan, exploten y mantengan obras de infraestructura vial. En mérito de ello, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Coordinación General de Concesiones, está implementando un programa que establece las concesiones viales urbanas. Dicho programa abarca la licitación y puesta en servicio de la concesión de los sistemas viales que se detallan en el informe de esta Comisión.
Dentro de este contexto, me parece pertinente ilustrar a los colegas respecto del mecanismo de funcionamiento del sistema que se aplicará en dichas concesiones urbanas, el cual recibe el nombre de “sistema de cobro electrónico de peajes” o “telepeaje”, que opera a través de un “tag” o “transponder”.
Para estos efectos, entenderemos por telepeaje el pago del peaje a distancia y sin detener el vehículo, suprimiendo, por consiguiente, la tradicional parada en las cabinas o en la vía automática, tanto para entrar en la autopista como para salir de la misma. Este sistema permite identificar al usuario en décimas de segundo, en las más variadas condiciones climáticas y entornos desfavorables. Para ello, el usuario ha de llevar un dispositivo llamado “tag”, que lo identifica, el cual es una tarjeta de codificación electrónica que contiene sus datos y le permite el paso por las vías de peaje sin detenerse. Dichas vías deben estar perfectamente señalizadas en todas las barreras de peaje, y en las que resulta necesario que se respete la velocidad recomendada, siendo conveniente dejar un espacio mínimo de tres metros entre un vehículo y otro.
Luego, la antena de la vía de peaje lee el “tag” del vehículo y, automáticamente, se levanta la barrera para el paso del coche.
Todo lo expuesto demuestra la enorme importancia que tiene el presente proyecto de ley, puesto a vuestro conocimiento para su aprobación. El éxito de las concesiones viales en Chile ha permitido superar a pasos agigantados el grave déficit de infraestructura que sufría el país, puesto que, con un marco legal adecuado y estable, ha resultado ser un foco de atracción permanente para la inversión privada, mayoritariamente extranjera.
El honorable Senado, al aprobarlo por unanimidad, ha comprendido que este proyecto de ley importa un paso más hacia el perfeccionamiento del sistema, y que, para ello, es indispensable desincentivar el no pago del peaje en aquellas vías concesionadas en las que se aplica el sistema de cobro electrónico de peaje. Asimismo, podemos señalar que en él se encuentra implícita la idea de que quien usa la vía, paga. Que no sean todos los habitantes del país quienes deban soportar el costo de la tarifa, sino, efectivamente, el usuario.
El proyecto de ley, aprobado por el honorable Senado, consta de dos artículos. El primero modifica la ley de Tránsito y el segundo modifica la ley que establece los procedimientos ante los juzgados de policía local para adecuar e implementar el cobro electrónico de tarifas o peajes que puedan ser utilizados en el sistema de concesiones de obras públicas.
Las modificaciones propuestas persiguen lo siguiente:
1. Establecer, junto con el deber del adquirente de un vehículo de solicitar su inscripción dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su adquisición, la obligación del ministro de fe que autoriza el acto translaticio de dominio, de requerir la inscripción dentro del mismo plazo, a costa del adquirente.
2. Incorporar en la legislación la obligación del propietario de un vehículo de mantener actualizado su domicilio y el de su representante legal, en su caso.
3. Restringir la circulación en los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes sólo a los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico que permita su cobro.
4. Reforzar las normas destinadas a hacer efectiva la responsabilidad del infractor en los casos de contravenciones de la ley de Tránsito, mediante el establecimiento de la obligación del propietario del vehículo de individualizar al conductor o tenedor del mismo, a fin de permitir su notificación.
5. Sancionar con multa: 1) al adquirente de un vehículo que no solicite su inscripción dentro del plazo de treinta días desde su adquisición; 2) al adquirente de un vehículo que, al inscribirlo, indique domicilio falso o inexistente, y 3) al propietario de un vehículo que no mantenga actualizado su domicilio en el Registro de Vehículos Motorizados, así como considerar infracción grave la circulación por vías tarificadas sin que el vehículo esté provisto del dispositivo de cobro electrónico respectivo.
6. Evitar la impunidad por infracciones de las normas del tránsito, para lo cual se determina que es lugar hábil para efectuar la notificación al propietario de un vehículo en el último domicilio que tuviere inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados.
Es imprescindible detenerse en este punto, ya que los infractores del sistema, como consecuencia de la contravención, importan un no pago del peaje, lo que origina los siguientes riesgos, que el proyecto de ley quiere evitar:
Riesgo de no localización: probabilidad de que un usuario que circule por las vías concesionadas no pueda ser ubicado para efectuar el cobro de la tarifa.
Riesgo de cobranza: dificultad y demora en una cobranza judicial.
Riesgo de no pago: probabilidad de que un usuario localizado y demandado no pague la tarifa.
Actualmente, la ley de Concesiones, en su artículo 42, contempla la posibilidad de que el concesionario cobre judicialmente las tarifas impagas, estableciendo una indemnización compensatoria en favor del concesionario, el procedimiento aplicable y ampliando los medios de prueba procedentes.
No obstante dicha disposición, al existir diversos puntos de cobro en una misma concesión, el inicio de causas judiciales por cada tarifa impaga conllevará la saturación de los juzgados de policía local de las comunas correspondientes al área de concesión.
Asimismo, existe un alto porcentaje de infracciones de la ley de Tránsito notificadas por carta certificada que son devueltas al tribunal y que no son cursadas, por la imposibilidad de notificar a los infractores.
Por lo tanto, el proyecto propone la incorporación de un nuevo artículo en la ley de Tránsito, que establece la prohibición de circulación en los caminos públicos, concesionados o no, en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, de aquellos vehículos que no estén provistos de un dispositivo electrónico u otro sistema complementario que permita su cobro. El incumplimiento de esta norma se considerará una infracción grave.
La otra modificación, que es de orden procedimental, propone lo siguiente:
a) Establecer la obligación de todo propietario de un vehículo de mantener actualizado su domicilio en el Registro de Vehículos Motorizados.
b) Reforzar la responsabilidad subsidiaria infraccional del dueño del vehículo, en el caso de no poderse notificar al conductor no propietario.
c) Establecer, como lugar hábil para notificar la denuncia infraccional al propietario de un vehículo, el último domicilio que tenga anotado en cualquiera de los registros a que alude el artículo 3º de la ley sobre procedimiento ante los juzgados de policía local.
Reitero que el proyecto en informe consta de dos artículos.
Mediante el artículo 1º se modifican los artículos 36, 175 y 201 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, y se agrega un artículo 118 bis, nuevo.
Por el número 1.- del artículo 1º, se agregan tres incisos al artículo 36, que establecen tres nuevas obligaciones: la del notario o ministro de fe que autoriza la transferencia de un vehículo motorizado de requerir la inscripción, a costa del adquirente, dentro del plazo de treinta días, contado desde la celebración del acto o contrato; la de que la inscripción de dominio del vehículo indique el domicilio del propietario, y la del dueño del vehículo, en cuanto debe mantener actualizado su domicilio en el Registro de Vehículos Motorizados.
Actualmente, sólo existe, en el inciso cuarto del artículo 36, la obligación del adquirente de solicitar la inscripción dentro del plazo de treinta días contado desde la adquisición. Sin embargo, en la práctica, los adquirentes no cumplen con dicho trámite y el vehículo continúa figurando a nombre de quien lo vendió, lo que ocasiona numerosos inconvenientes a la hora de cursar notificaciones o aplicar sanciones.
“1. Agréganse como incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 36, los siguientes:
“En los casos en que el título traslaticio de dominio sea autorizado por Notario u otro Ministro de fe, éste deberá requerir la inscripción a costa del adquirente, en el plazo señalado en el inciso anterior.
“La inscripción de dominio de los vehículos deberá indicar el domicilio del propietario.
“El propietario de un vehículo deberá mantener actualizado su domicilio y el de su representante legal, en su caso, en el Registro de Vehículos Motorizados”.
Por el número 2.-, se agrega un artículo 118 bis, nuevo, en cuyos dos incisos se establece lo siguiente, respectivamente:
a) Que sólo los vehículos que cuenten con un dispositivo electrónico para el pago del peaje podrán circular por las vías en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, bajo pena de cometer una infracción grave.
b) Que los equipos y demás instrumentos necesarios para implementar el sistema constituyen equipos de registro de infracciones (por lo tanto, se regirán por lo dispuesto en los artículos 3º, inciso tercero, y 24 de la ley Nº 18.287, y en el artículo 4º de la ley Nº 18.290), y que los estándares técnicos y condiciones de instalación, funcionamiento y uso de los mismos serán regulados por el Ministerio de Obras Públicas.
Actualmente, el artículo 118 faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para prohibir, por causa justificada, la circulación de todo vehículo o de tipos específicos de éstos, por determinadas vías públicas.
“2. Incorpórase, a continuación del actual artículo 118, el siguiente artículo 118 bis, nuevo:
“Artículo 118 bis.- En los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, sólo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico u otro sistema complementario que permitan su cobro. La infracción a esta prohibición será sancionada de conformidad al artículo 198 Nº 8 de la presente ley.
“Los equipos y demás medios utilizados para la implementación de este sistema, constituyen equipos de registro de infracciones, rigiéndose por lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3º y en el artículo 24, ambos de la ley Nº 18.287 y en el artículo 4º de esta ley, salvo en lo previsto en sus incisos quinto, sexto, séptimo y octavo. Los estándares técnicos y condiciones de instalación, funcionamiento y uso de los mismos, serán regulados por el Ministerio de Obras Públicas”.
Mediante el número 3 se intercalan en el artículo 175 dos incisos nuevos -cuarto y quinto-, pasando el actual inciso cuarto a ser sexto.
Por el primero -cuarto- se establece el deber del propietario de un vehículo de individualizar al tenedor o conductor del mismo cuando se le persiga para hacer efectiva su responsabilidad, bajo pena de hacer efectiva la responsabilidad infraccional contra el propietario si es que el domicilio proporcionado es inexistente o los datos suministrados no permiten dar con él.
Por el segundo -quinto- se indica que, no obstante lo anterior, la infracción grave a que se refiere el artículo 118 bis será siempre responsabilidad de la persona a cuyo nombre esté inscrito el vehículo y no del conductor o tenedor del mismo, sin perjuicio del derecho de aquél de repetir contra éste.
“3. Intercálanse como incisos cuarto y quinto del artículo 175, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso final, los siguientes:
“Para hacer efectiva la responsabilidad del conductor o del tenedor del vehículo de acuerdo a lo contemplado en los incisos anteriores, el propietario del mismo deberá individualizarlo de manera tal de permitir su notificación. En caso de no poder practicar tal notificación, por ser inexistente o no corresponder el domicilio u otro antecedente entregado por el propietario, se dejará constancia de tal circunstancia en el proceso, debiendo el juez hacer efectiva la responsabilidad infraccional en contra del propietario del vehículo.
“No obstante lo señalado en el inciso anterior, respecto de la infracción contenida en el artículo 118 bis de la presente ley, será siempre responsable la persona a cuyo nombre esté inscrito el vehículo, sin perjuicio de su derecho de repetir contra el conductor del mismo”.
A través del número 4 se sustituye el inciso segundo del artículo 201 por uno que establece tres sanciones que castiga con multa:
a) Al adquirente de un vehículo que no solicite su inscripción dentro del plazo de treinta días de su adquisición, multa de 3 a 50 UTM.
b) Al adquirente de un vehículo que, al inscribirlo, indique domicilio falso o inexistente, multa de 3 a 50 UTM.
c) Al propietario de un vehículo que no mantenga actualizado su domicilio en el Registro de Vehículos Motorizados, multa de 3 a 5 UTM.
El inciso segundo del artículo 201 vigente sólo sanciona la conducta indicada en la letra a) con multa que fluctúa entre $ 144 mil 700 (5,027 UTM) y $ 1 millón 443 mil pesos (50,137 UTM).
Llama la atención la fijación en unidades tributarias mensuales de los montos de las multas, pues en toda la ley de Tránsito están expresadas en pesos.
“4. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 201 por el siguiente:
“El adquirente de un vehículo, que no cumpliere con la obligación establecida en el inciso cuarto del artículo 36, o que indique domicilio falso o inexistente, será sancionado con multa de 3 a 50 UTM. Asimismo, si no diere cumplimiento a la obligación establecida en el inciso final del mismo artículo, será sancionado con multa de 3 a 5 UTM”.
Puesto en votación el artículo 1º, fue aprobado sin debate por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.
Mediante el artículo 2º se modifica el artículo 3º de la ley Nº 18.287, que establece los procedimientos ante los juzgados de policía local.
Se adiciona una frase final al inciso tercero del artículo 3º de la ley Nº 18.287, en el sentido de disponer que el último domicilio que el propietario de un vehículo inscrito tenga anotado en el Registro de Vehículos Motorizados será lugar hábil para dirigirle la correspondiente carta certificada a través de la cual se le notifica, y que se entenderá practicada la diligencia por el simple hecho de ser entregada en dicho domicilio o dejada en un lugar visible del mismo.
“Artículo 2º.- Agrégase al inciso tercero del artículo 3º de la ley Nº 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la siguiente frase final:
“El último domicilio que el propietario de un vehículo inscrito tuviere anotado en el Registro de Vehículos Motorizados, será lugar hábil para dirigirle la correspondiente carta certificada, entendiéndose practicada la diligencia, cuando sea entregada en dicho domicilio o dejada en un lugar visible de éste”.
Con respecto a este artículo, los diputados señores Luksic, Delmastro, Hales, Pareto y el informante del proyecto, formularon una indicación para eliminar la frase “o dejada en un lugar visible de éste”.
El diputado señor Luksic justificó la indicación por no estar de acuerdo con entender practicada la notificación por carta certificada por el simple hecho de dejarla en un lugar visible del domicilio de la persona a la que se quiere notificar. Agregó que es imprescindible crear un sistema en el que el notificado tenga mayores resguardos, porque con la modalidad propuesta es muy posible que no llegue a tener conocimiento de la notificación.
Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.
Puesto en votación el artículo 2º, con la indicación incluida, también fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
Para los efectos previstos en el artículo 289 del Reglamento, se hace constar lo siguiente:
1.- El proyecto no contiene normas de rango orgánico constitucional ni de quórum calificado.
2.- El proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
3.- No hay artículos ni indicaciones rechazados.
4.- La Comisión aprobó una indicación formulada al artículo 2º del proyecto aprobado por el honorable Senado.
5.- La aprobación en general del proyecto se efectuó por la unanimidad de los diputados presentes.
En mérito de las consideraciones anteriores y de las que contempla el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, se recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.290, de Tránsito:
1.- Agréganse como incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 36, los siguientes:
“En los casos en que el título traslaticio de dominio sea autorizado por Notario u otro Ministro de fe, éste deberá requerir la inscripción a costa del adquirente, en el plazo señalado en el inciso anterior.
“La inscripción de dominio de los vehículos deberá indicar el domicilio del propietario.
“El propietario de un vehículo deberá mantener actualizado su domicilio y el de su representante legal, en su caso, en el Registro de Vehículos Motorizados”.
2.- Incorpórase, a continuación del actual artículo 118, el siguiente artículo 118 bis, nuevo:
“Artículo 118 bis.- En los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, sólo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico u otro sistema complementario que permitan su cobro. La infracción a esta prohibición será sancionada de conformidad al artículo 198 Nº 8 de la presente ley.
“Los equipos y demás medios utilizados para la implementación de este sistema, constituyen equipos de registro de infracciones, rigiéndose por lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3º y en el artículo 24, ambos de la ley Nº 18.287, y en el artículo 4º de esta ley, salvo en lo previsto en sus incisos quinto, sexto, séptimo y octavo. Los estándares técnicos y condiciones de instalación, funcionamiento y uso de los mismos, serán regulados por el Ministerio de Obras Públicas”.
3.- Intercálanse como incisos cuarto y quinto del artículo 175, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso final, los siguientes:
“Para hacer efectiva la responsabilidad del conductor o del tenedor del vehículo, de acuerdo a lo contemplado en los incisos anteriores, el propietario del mismo deberá individualizarlo de manera tal de permitir su notificación. En caso de no poder practicar tal notificación, por ser inexistente o no corresponder el domicilio u otro antecedente entregado por el propietario, se dejará constancia de tal circunstancia en el proceso, debiendo el juez hacer efectiva la responsabilidad infraccional en contra del propietario del vehículo.
“No obstante lo señalado en el inciso anterior, respecto de la infracción contenida en el artículo 118 bis de la presente ley, será siempre responsable la persona a cuyo nombre esté inscrito el vehículo, sin perjuicio de su derecho de repetir contra el conductor del mismo”.
4. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 201 por el siguiente:
“El adquirente de un vehículo, que no cumpliere con la obligación establecida en el inciso cuarto del artículo 36, o que indique domicilio falso o inexistente, será sancionado con multa de 3 a 50 UTM. Asimismo, si no diere cumplimiento a la obligación establecida en el inciso final del mismo artículo, será sancionado con multa de 3 a 5 UTM”.
Artículo 2º.- Agrégase al inciso tercero del artículo 3º de la ley Nº 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, la siguiente frase final:
“El último domicilio que el propietario de un vehículo inscrito tuviere anotado en el Registro de Vehículos Motorizados, será lugar hábil para dirigirle la correspondiente carta certificada, entendiéndose practicada la diligencia, cuando sea entregada en dicho domicilio”.
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones somete a consideración de la Sala este importante proyecto para su discusión y votación, por su trascendencia para el país, en especial para los habitantes de la capital de Chile.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Javier Etcheberry , ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
El señor ETCHEBERRY (ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, el diputado informante ha explicado extensamente la importancia del proyecto. Por lo tanto, para ahorrar tiempo no la voy a repetir. Sin embargo, en nombre del Gobierno, quiero recalcar la trascendencia de todas las inversiones que se están haciendo en la zona urbana, en Santiago, para mejorar la circulación de los vehículos. No sólo posibilitarán que los automóviles circulen en forma mucho más expedita, sino, también, que la locomoción colectiva pase de manera mucho más rápida por esas nuevas autopistas, con lo que se favorecerá a toda la población.
Lo bueno de esto, desde el punto de vista de todos los chilenos, es que será financiado por los santiaguinos y por quienes utilicen las carreteras con el sistema de peajes. En consecuencia, las carreteras por las que transiten los santiaguinos no se financiarán con los recursos de toda la nación. Dado el flujo que habrá, las carreteras requerirán de un sistema moderno de pago de peajes. No queremos que vuelva a suceder lo que pasó el viernes recién pasado en la carretera a Valparaíso, oportunidad en la que se produjo un gran atochamiento en los peajes con el pago y bajada y levantamiento de la barrera. El sistema se pone engorroso con la existencia de un gran flujo de vehículos. Por eso, este moderno sistema electrónico, basado en un “tag” o “transponder” electrónico, registrará a todas las personas autorizadas a entrar en forma libre a la carretera a fin de enviarles la cuenta en los casos que corresponda. Como Chile es un país serio, hay que tomar las medidas para aquellos que transgredan las normas con el objeto de cobrarles lo que no han pagado más las sanciones correspondientes.
Éste es el sentido de este proyecto de ley, aprobado en forma unánime en el Senado en su primer trámite. Además, fue debatido en la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara, donde también fue aprobado en forma unánime, salvo un artículo. Con posterioridad, el artículo rechazado fue trabajado en forma conjunta entre los diputados y el Ejecutivo, y se encontró una solución a entera satisfacción de todos.
Por lo tanto, la intención del Ejecutivo es que la Cámara siga prestando su apoyo a esta iniciativa, que ayudará a financiar las obras que se están realizando para el mejor transporte de los habitantes de Santiago, lo que será pagado por los mismos, de manera moderna. Es obvio que su aprobación también implica que este moderno sistema de cobro podrá ser utilizado en el resto del país y en los peajes interurbanos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, quiero explicar las razones por las cuales se presentó este proyecto y el interés que nos asiste en su aprobación.
En primer lugar, todos estamos orgullosos de las concesiones y de la ruta 5, norte y sur, que parte desde La Serena hasta Puerto Montt. El principal reparo que se hacía respecto de esta ruta era que la gente pagaba un peaje que muchas veces no correspondía a la realidad, pues andaba cinco, diez o veinte kilómetros y pagaba lo mismo que un vehículo que la ocupaba 100 ó 120 kilómetros. Entonces, pagaba el peaje total que había entre un cobro y el otro. Con este proyecto se soluciona ese problema, porque, como habrá varios peajes, se cobrarán sólo los kilómetros que anduvo el vehículo por la carretera; la gente sentirá que las carreteras le sirven, pues pagará sólo por el tramo que la ocupó.
En segundo lugar, no sacamos nada con tener carreteras maravillosas, en las que podemos andar a 100 ó 120 kilómetros por hora, pero en las cuales se formen “tacos” justamente en los peajes. Resulta absurdo, pues todo el tiempo ganado se pierde con las aglomeraciones que se generan en esos lugares. Con el sistema que se propone, utilizando el “tag”, el vehículo pasa en forma expedita y después al conductor le llega la cuenta a su domicilio.
Por otro lado, hay que incentivar un poco a la gente cuando se presentan nuevos proyectos de ley. La gente se pregunta qué es el “tag”, cómo funciona y si es gratis. Por lo que se conversó en la Comisión, las empresas concesionarias se comprometieron a que los primeros cien mil “tags” sean gratis; en cuanto a los demás, no tenían claro cuánto costaría, pero la cifra fluctúa entre 40 mil y 80 mil pesos.
Al respecto, propuse que todos los autos nuevos deberían salir con el “tag” incorporado; porque si una persona no sabe e ingresa a la carretera en forma distraída, será multada con entre cuatrocientos mil y un millón y tanto de pesos. En consecuencia, es mucho mejor decirles a las empresas concesionarias que vendan los autos con el dispositivo electrónico incorporado y cumplan con todos los requisitos. Ésa sería una buena solución. En caso contrario, a lo mejor se podría estudiar otra modalidad para facilitar las cosas; no se trata de poner más trabas. El proyecto es bueno, porque cumple con el propósito perseguido por las concesiones: que los vehículos circulen con más rapidez.
En honor a la verdad, debo decir que no nos gustaba lo propuesto sobre las cartas certificadas. Afortunadamente, el diputado señor Luksic presentó una indicación, a la cual adherimos varios diputados integrantes de la Comisión. Por ello, habiendo sido aprobado el proyecto en forma unánime en ella, solicito que la indicación también sea votada en la Sala a fin de que el mismo no vuelva a la Comisión y sea despachado por la Cámara para que prosiga su tramitación.
Todas las cosas nuevas tienen sus bemoles, pero, en mi opinión, este sistema significará más beneficios, sobre todo porque es expedito y justo en el cobro del peaje. Por lo tanto, Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto, para que las carreteras, espectaculares en la actualidad, estén de acuerdo con la fluidez que debe tener el tránsito.
Ése es el fondo del problema y no el que haya que pagar o no, porque igualmente debe hacerse hoy en día, sólo que con este sistema se hará en forma expedita. Nos interesa que las carreteras cumplan la función para la cual fueron concesionadas.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, me tocó analizar el proyecto, junto a sus demás integrantes. En mi opinión, la iniciativa puede ser valorada por su sola lectura, porque es absolutamente clara y, por lo tanto, debemos apoyarla en forma decidida.
Como se ha dicho, el sistema de telepeaje va a contribuir a que tengamos vías mucho más expeditas en las grandes ciudades, como Santiago, lo cual posibilitará atacar, en forma efectiva aunque parcialmente la contaminación, contribuir a que el tiempo de las personas sea mejor utilizado y no perderlo tanto, económicamente, como ocurre hoy en día ante la lentitud del transporte.
Según informe de la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, los costos económicos directos, debido a la congestión de Santiago, en 1993 llegaron a 200 millones de dólares. Cada vez que se produce una congestión excesiva, el transporte público pierde mucho, porque incentiva el uso del automóvil individual, lo cual significa más contaminación y empeoramiento de la salud de la gente.
Entonces, no cabe duda de que debemos crear un sistema que haga interesante la participación de inversionistas privados para tener vías concesionadas, para lo cual hemos de contar con un sistema ágil, desde el punto de vista legal, que les permita recuperar su dinero a través del sistema de telepeaje. Ello implicará que, para que el automóvil pueda transitar por esas vías, deberá tener la tarjeta de pago electrónico, que va haciendo las anotaciones correspondientes al momento de pasar por el peaje y las descuenta mediante un sistema electrónico.
Las modificaciones que se introducen a la ley Nº 18.290, de Tránsito, son sensatas, inteligentes. En primer lugar, se establece la obligación de todo propietario de vehículo de mantener actualizado su domicilio en el Registro de Vehículos Motorizados. Hoy existe esa obligación, pero ahora hacemos mucho más enérgico su cumplimiento, porque al domicilio se va a enviar la notificación del juez. De manera que, para hacer eficiente el sistema, debemos tener claro cuál es el domicilio donde debe notificarse.
Se establece, además, un sistema que obliga al propietario, cuando es citado al juzgado, en caso de haberse cometido una infracción con su vehículo, a dar el domicilio del conductor, a fin de enviarle la notificación. Si no se lo puede ubicar, el dueño del vehículo será responsable de la infracción cometida, sin perjuicio de que más adelante aquél pueda repetir en contra del conductor por la multa que pagó ante el juzgado de policía local.
No hay duda de que es absolutamente necesario establecer la prohibición de circular por estas vías a los vehículos que no estén provistos de un dispositivo electrónico que permita efectuar el cobro a través del sistema de telepeaje. Si no lo hacemos, el sistema caerá por sí solo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos que modificar la ley a fin de establecer claramente que por este tipo de vía sólo se puede circular mediante este sistema de pago o prepago.
Se podría argumentar que, en el fondo, se va a coartar algún tipo de libertad. Eso cae por sí solo en la medida en que las concesionadas no van a ser las únicas vías para transitar, sino que, además, habrá otras vías alternativas. Aquéllas serán vías especiales para agilizar el flujo vehicular, y ello no va a implicar privar al automovilista de la posibilidad de desplazarse hacia un determinado punto, porque habrá -repito- muchas otras vías alternativas. Esto, como en tantos otros casos de concesiones, permitirá ahorrar al Estado e invertir en mejorar las otras vías que normalmente mantiene.
Por donde se lo mire, considero que el proyecto es tremendamente beneficioso; las modificaciones a la ley del Tránsito son absolutamente justificadas, y, por lo menos esta bancada, las apoyará firmemente.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic .
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, tal como lo han mencionado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en especial el diputado informante, este es un proyecto de la mayor trascendencia. Creo que pocas veces en esta Cámara uno tiene la oportunidad y la alegría de conocer un proyecto que va a servir tanto a la gente, especialmente a conductores de clase media que necesitan desplazarse desde su domicilio al trabajo, o viceversa, y salir de Santiago los fines de semana. Sin lugar a dudas, ayudará a modernizar la infraestructura vial, a desplazarse más rápido, más eficientemente y más seguro.
Por eso, quiero, en primer lugar, agradecer al ministro Etcheberry , al subsecretario Latorre , quien ha puesto mucho empeño en esta iniciativa, y a sus asesores, que han demostrado verdadero profesionalismo al preocuparse de un proyecto de esta naturaleza.
Muchas veces no legislamos para la clase media, pero este es un proyecto para ella, que vive en las grandes urbes y padece los problemas de contaminación y congestión. Por lo tanto, es una gran iniciativa.
No voy a repetir todo lo señalado respecto de sus características, como que es novedoso y único en nuestro país y, tengo entendido, también en Sudamérica. Establece un sistema de telepeaje o electrónico de cobro de peaje a vehículos que previamente disponen de un sistema electrónico denominado “tag” o “transponder”, que va a permitir su cobro.
En la Comisión de Obras Públicas hice mención sobre un tema que, creo, no se ha discutido con la latitud o profundidad requerida.
Hemos hecho modificaciones tanto a la legislación sobre procedimiento de los juzgados de policía local como a la ley de Tránsito. Queremos que sea un procedimiento reglado, ajustado al debido proceso, tal como lo establece la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 de la Constitución, pero también estamos ciertos de que, como justicia local, debe ser capaz de responder a los requerimientos modernos que impone el progreso que está llevando a cabo el país.
El proyecto establece cambios absolutamente novedosos. Así como la tarjeta de identificación electrónica, denominada “tag”, es algo nuevo, nosotros debemos crear una normativa capaz de responder a la utilización de instrumentos modernos, que no existían cuando se elaboró la ley de Tránsito y los cuerpos legales que crearon los juzgados de policía local y el procedimiento ante los mismos.
Nosotros, que mayoritariamente no somos ingenieros -esos profesionales se desempeñan en la dirección de Vialidad y en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones-, fuimos elegidos para legislar. Por lo tanto, debemos crear una norma capaz de ajustarse y de responder a los nuevos requerimientos.
¿Qué es lo novedoso del proyecto? En primer lugar, la obligatoriedad de que el propietario de un vehículo mantenga actualizado su domicilio o el de su representante legal, cuando corresponda. Eso actualmente no ocurre. Hoy, uno de los grandes problemas que hay para sancionar a un conductor que comete una infracción de tránsito es poder ubicarlo para notificarlo.
En ese sentido, un avance muy importante que establece la iniciativa es que el propietario del vehículo debe hacerse responsable de su uso. Por lo tanto, si lo presta a otra persona, por ejemplo, a su esposa o a su hijo, debe saber que si esa persona comete una infracción, tendrá que responder el propietario del vehículo. Creo que es importante que eso quede claro, porque muchas veces el propietario del vehículo no lo sabe o, mejor dicho, se hace el leso, mediante el argumento de que él no cometió la infracción, sino otra persona, que le pidió el automóvil.
Por eso, es muy importante que se informe a la opinión pública sobre la norma que establece que, de ahora en adelante, el propietario del vehículo es el responsable por las infracciones que se le cursen a éste, y, además, que lo es en cuanto a que debe mantener actualizado su domicilio en el Registro de Vehículos de Motorizados, a fin de que sea más fácil y rápida la notificación de las infracciones que cometiere.
Por otra parte, el proyecto también establece sanciones para el propietario de un vehículo que no cumpla con la obligación de informar sobre su nuevo domicilio. De hecho, la iniciativa señala, en forma clara, que se castiga con multa al adquirente de un vehículo que no solicite su inscripción dentro del plazo de treinta días desde su adquisición; a la persona que adquiera un vehículo que, al inscribirlo, indique domicilio falso o inexistente, y al propietario de un vehículo que no mantenga actualizado su domicilio en el Registro de Vehículos Motorizados.
En lo señalado encontramos un elemento nuevo, que hace más transparente y eficiente el cumplimiento de las sanciones al momento de la comisión de una infracción.
Otro procedimiento novedoso que se establece ante los juzgados de policía local tiene que ver con la notificación. La iniciativa elaborada por el Ejecutivo fue aprobada en el Senado con una disposición que señalaba que “El último domicilio que el propietario de un vehículo inscrito tuviere anotado en el Registro de Vehículos Motorizados, será lugar hábil para dirigirle la correspondiente carta certificada, entendiéndose practicada la diligencia, cuando sea entregada en dicho domicilio o dejada en un lugar visible de éste”.
Dicha norma, que a primera vista a uno le puede resultar muy razonable y fundada, desde el punto de vista de su viabilidad y necesidad tiene un problema, situación que hicimos notar en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
Tal como señalé, la iniciativa establece la obligación de todo propietario de un vehículo de mantener actualizado su domicilio en el Registro de Vehículos Motorizados, así como la sanción respectiva en el caso de que dicha diligencia no se cumpla. Sin embargo, ¿dónde y cómo debe hacerse la notificación? El domicilio que aparezca consignado en el Registro de Vehículos Motorizados será el hábil, competente y jurisdiccional para dirigirle al infractor la carta certificada.
No me referiré aquí a los tipos de notificación existentes; pero, sin duda, la carta certificada es el método más rápido y eficiente para notificar a una persona que está dentro de un proceso judicial, cualquiera que sea éste.
Sobre el particular, me parece bien que se utilice dicho procedimiento. De hecho, en la Empresa de Correos se nos informó que en la actualidad hay un sistema eficiente para el envío de cartas certificadas. No obstante, también nos dieron a conocer un porcentaje muy alto -aproximadamente de 60 ó 70 por ciento- de cartas certificadas que no llegaban al destinatario de la notificación, porque cuando llegaba el funcionario de Correos al domicilio, muchas veces no salía persona alguna, caso en el cual el funcionario registra que no se encuentra nadie en el domicilio, o porque la persona que lo atendía -por ejemplo, la asesora del hogar, la tía o algún hijo- señalaba que la persona a la cual iba dirigida la notificación no vivía en dicho lugar. Cuando ocurre alguna situación como la que indico se procede a la devolución de la carta certificada y se hace absolutamente inviable e impracticable la notificación.
Además, en Correos nos dieron a conocer que el porcentaje de cartas certificadas devueltas en el procedimiento del juzgado de policía local era cercano al treinta por ciento, según la información que ese servicio nos entregó en la Comisión.
Por lo tanto, como queremos que el sistema funcione, como está en juego una inversión de millones de dólares y porque los chilenos muchas veces nos “avivamos” ante estos sistemas medio gringos, a fin de hacernos los desentendidos, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones aceptó que sólo para este tipo de infracción sea posible, cuando no hubiere persona alguna en el domicilio, que la carta certificada fuera dejada en un lugar visible del mismo. En ese sentido, la totalidad de los miembros de la Comisión presentaron una indicación que señala que, tratándose de la infracción a la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 118 bis, para este tipo de infracción se entenderá practicada dicha diligencia “cuando (la respectiva carta certificada) sea entregada en dicho domicilio o dejada en un lugar visible de éste”.
En consecuencia, aceptamos, de manera absolutamente excepcional y extraordinaria, que la carta certificada pueda ser dejada en un lugar visible del domicilio acreditado en el Registro de Vehículos Motorizados -donde es obligación mantenerlo actualizado- cuando en dicho lugar no hubiere nadie, se negaren a recibirla o señalaren que la persona que se debe notificar no vive allí. Por lo tanto, a través de esa diligencia se daría por notificado al presunto infractor.
Por otra parte, me sumo a lo señalado por el diputado señor René Manuel García , porque es un tema que hemos debatido con mucha largueza y profundidad, tanto en la Comisión como en la Sala. Por consiguiente, le sugiero votar en esta oportunidad esta indicación y no enviarla a la Comisión.
Este proyecto debe ser tratado con la mayor urgencia, porque aquí estamos dando una señal a muchos inversionistas nacionales e internacionales en el sentido de que en Chile las cosas se hacen bien y en serio. Es mucho el dinero invertido y bastante el número de chilenos beneficiados.
Por lo tanto, en nombre de la Comisión y de la bancada democratacristiana, espero que el proyecto se vote y se despache esta mañana.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, este proyecto, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo al cobro electrónico de peajes, y la ley Nº 18.287, que establece procedimientos ante los juzgados de policía local, como lo han señalado muchos parlamentarios, incluso los integrantes de la Comisión de Transportes, es digno de aplausos, porque mejorará la calidad de vida de muchas personas.
Quiero saludar al subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Carlos Latorre, quien, junto con el ministro de Transportes, señor Javier Etcheberry, han participado en el debate. Quiero reconocer, además, que el ex diputado señor Latorre fue uno de los parlamentarios más destacados que ha tenido la Cámara. Es un gusto tenerlo presente en esta ocasión.
Este proyecto nos entrega la posibilidad de mejorar, como decía el ministro de Obras Públicas, señor Etcheberry, la infraestructura vial a través de concesiones, lo cual es un paso adelante para solucionar el déficit existente en esa materia.
Tengo una inquietud que, por intermedio del señor Presidente, espero que el señor ministro la pueda aclarar. Hace algún tiempo, se legisló en relación con el impuesto específico de los combustibles, y en los argumentos que se esgrimieron para justificar ese impuesto se indicó que se destinaría a la mantención de las carreteras.
Esta discusión no es nueva, ya que los transportistas consiguieron un avance en ese sentido, porque ellos han señalado -y creo que tienen razón- que existe una doble tributación para los vehículos de transporte. Lo digo de esta manera, porque creo importante que los legisladores tengamos claridad sobre este aspecto, por cuanto también representamos los intereses de los usuarios de los peajes, quienes tendrán que pagar el impuesto específico a las gasolinas, que hoy equivale a seis unidades tributarias mensuales por metro cúbico. Eso significa que hoy la mitad del valor del precio de la gasolina corresponde a un impuesto. Es bueno señalarlo, porque la Comisión de Minería y Energía de la Cámara ha solicitado la flexibilización del impuesto específico para aminorar las fluctuaciones semanales del precio de los combustibles. En este caso, hay un argumento más. Se trata de un tributo que pagamos todos los usuarios para disponer de vías de mejor calidad. Eso nos obliga a pagar peaje. Es decir, el argumento de pagar dos veces un impuesto por el mismo servicio está en el tapete, por lo cual creo necesario pronunciarse al respecto. Sé que la respuesta que nos pueden dar es que se trata de dos iniciativas distintas, pero mi argumento reafirma la idea de que por el mismo servicio pagaremos dos veces. Espero que el señor ministro le haga llegar mi inquietud al Presidente de la República.
Cuando don Ricardo Lagos , Presidente de la República, se desempeñaba como ministro de Obras Públicas, defendió mucho los proyectos viales. No sé cómo lograba tener tanta capacidad para saber de memoria los kilometrajes de todas las vías pavimentadas del país. Tenía una habilidad enorme para exponer esa situación en la Cámara de Diputados, donde tuvimos la oportunidad de debatir con él. Sé, entonces, que entenderá perfectamente el argumento que estoy señalando.
En la Cámara tenemos la posibilidad de presentar indicaciones y de efectuar modificaciones a las leyes. Me gustaría, entonces, que el señor ministro pudiera atender mis argumentos en relación con el impuesto específico, porque va a generar una doble tributación por pago de un mismo servicio a las concesiones y al peaje en las carreteras.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para pronunciarse sobre una indicación de esta naturaleza en el momento oportuno de la tramitación legislativa?
Acordado.
Solicito, a su vez, el acuerdo para votar al término del Orden del Día, porque en este momento están funcionando comisiones investigadoras y la Comisión Mixta de Presupuestos.
Acordado.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, como frecuentemente nos visitan niños y otras delegaciones, creo conveniente reiterarles que en la Sala se encuentran sólo los diputados que ha dejado cada partido, ya que en este momento se está tratando la ley de Presupuestos y se encuentran funcionando varias comisiones investigadoras.
Entonces, es bueno que la gente sepa que dentro del Congreso se está trabajando. En esta época nos visitan muchas delegaciones, y es normal que a veces haya diez diputados en la Sala. En este caso, estamos los que cada partido ha designado para debatir los proyectos; pero, a la hora de término del Orden del Día, a las 12.30, la gente podrá ver que llegan todos los parlamentarios a la Sala.
Es necesario dar esta explicación, porque muchas veces los niños se van a sus casas con la impresión de que los parlamentarios no están en el Congreso Nacional.
Señor Presidente, he abusado de su confianza para dar esta explicación, porque la estimo conveniente.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Vale su explicación, señor diputado.
-Con posterioridad la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde votar, en general, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo al cobro electrónico de peajes, y la ley Nº 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado en general.
-No hubo registro de la votación por falla del sistema.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto.
Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se da por aprobado el artículo 1º.
El artículo 2º ha sido objeto de una indicación, a la cual le va a dar lectura el señor Prosecretario.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
De los señores Alvarado , Ceroni , Espinoza , García, don René Manuel ; Hales , Letelier, don Felipe ; Luksic , Pérez, don Ramón ; Salaberry y Salas, para agregar, en el artículo 2º, el siguiente párrafo, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.): “Sin embargo, tratándose de la infracción a la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 118 bis, se entenderá asimismo practicada dicha diligencia, cuando sea dejada la respectiva carta certificada en un lugar visible de éste.”.
El señor VARELA.-
Señor Presidente, sólo deseo recomendar que el reglamento determine cuál es ese lugar visible en que se dejará la notificación, lo que es fundamental para dar seguridad.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señor diputado, tal vez tocarán la puerta y la dejarán. No podemos reglamentar eso. Se ha pedido a la Sala votar la indicación y hay unanimidad para ello.
En votación el artículo 2º, con la indicación propuesta.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende (doña Isabel), Araya , Barros, Bauer , Bayo, Becker, Burgos, Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Egaña , Errázuriz , Escalona , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel), García-Huidobro, Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast , Kuschel, Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Mora, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Olivares , Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily), Prieto, Riveros, Robles, Rojas, Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura), Tapia, Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vilches y Von Mühlenbrock.
-Se abstuvo el diputado señor Bertolino .
SUBROGACIÓN DE LOS ALCALDES POR MOTIVOS MÉDICOS O DE SALUD. Modificación de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, estableciendo una regulación en materia de subrogación de alcalde en los casos que indica.
Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es la señora Eliana Caraball .
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 3064-06, sesión 42ª, en 12 de septiembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 9.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, sesión 13ª, en 5 de noviembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En representación de la Comisión, va a informar respecto del proyecto el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, asumo con gusto la responsabilidad de informar sobre este proyecto, que tiene por finalidad corregir una situación que se ha venido produciendo con las mujeres que asumen una alcaldía y que, por el hecho de ser madres, deben hacer uso de sus permisos prenatal y posnatal, lo que origina una situación que ha producido bastante tensión en algunos municipios.
Los incisos primero y segundo del artículo 62 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades regulan el mecanismo de subrogación del alcalde por un plazo no superior a 45 días.
Por su parte, el inciso tercero se ocupa de la suplencia, estableciendo que ella opera cuando el alcalde se encuentra afecto a una incapacidad temporal superior a 45 días, en cuyo evento el concejo, por la mayoría de sus integrantes en ejercicio, debe designar a un alcalde suplente de entre sus miembros.
Concretamente, un caso que conocimos con mayor detalle corresponde a Concepción, donde nuestra alcaldesa, señora Jacqueline van Rysselberghe , debió hacer uso de sus permisos prenatal y posnatal.
Esta disposición, sin duda, plantea un problema. En el caso de Concepción, se daba el contrasentido de que la alcaldesa, quien fue elegida por votación popular, podía ser reemplazada por quien designara una mayoría circunstancial presente en ese momento en el concejo, por ejemplo, por un concejal de distintas ideas o tendencia política de las de la alcaldesa, lo que crearía una situación incómoda.
Eso fue lo que vivimos en Concepción. Finalmente, primó la cordura, la situación se corrigió y se aceptó como alcalde subrogante a un concejal de la confianza de la señora alcaldesa.
Un grupo de diputados presentamos una modificación a la ley orgánica constitucional de Municipalidades tendiente a corregir dicha situación. En síntesis, pretende que el plazo de 45 días se extienda a 130, lo que permitirá cubrir perfectamente el total de días de permiso establecido según la legislación vigente para el prenatal y posnatal.
De aprobarse, se solucionaría un problema para alcaldesas de distintas tendencias políticas, lo que, si lo pudiéramos decir con mayor claridad, perjudicaba a las mujeres por el hecho de ser madres; es decir, se castigaba la maternidad, porque las alcaldesas, después de los 45 días de permiso legal, debían dejar el municipio en manos de otra persona, lo que, sin duda, podía ocasionar una situación incómoda y de tensión para ellas, puesto que, mientras hacían uso de su descanso posnatal, iban a estar con la tensión de que en su municipalidad se podían presentar problemas relacionados con decisiones que no estaban de acuerdo con lo que ella pensaba y para lo cual había sido elegida.
La modificación, como dije al inicio de mi intervención, persigue corregir esa situación, que no sólo afectó a la alcaldesa de Concepción, sino también a la de Cerro Navia y a otras.
Por eso acogí la petición de su Señoría para explicarla, aun cuando no soy informante del proyecto en análisis.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, la modificación presentada por algunos diputados, sin duda parte de un supuesto -así lo entiendo-, que se refiere al sistema de representación actualmente vigente en los municipios, en el cual los alcaldes se eligen simultáneamente con los concejales.
El actual sistema acarrea consecuencias políticas cuando se produce la ausencia del alcalde electo por un período superior a 45 días, porque es muy común en nuestro país que el alcalde de un partido determinado, en la votación sea seguido por el concejal más votado, que pertenece a otra coalición política.
Cuando un alcalde o alcaldesa se ausenta por más de 45 días, la duda que se plantea es que la administración del municipio corresponda, no a un funcionario administrativo -el secretario municipal o la autoridad más antigua-, sino a un concejal de una tendencia política distinta de la del alcalde o alcaldesa. Ése es el problema de fondo.
La indicación persigue evitar lo que se advierte como una transgresión de la voluntad popular, que elige a una autoridad determinada que, por equis razones, no puede ejercer su cargo. En esas circunstancias, no parece correcto que asuma la conducción del municipio una persona de otra tendencia política a la del alcalde o alcaldesa titular.
Es muy difícil que eso ocurra con el nuevo sistema electoral que se implementará a partir de las próximas elecciones municipales, porque la elección de alcaldes se efectuará separadamente de la de concejales. Entonces, lo más probable es que sea también del mismo partido del alcalde o alcaldesa electos el concejal o la concejala que obtenga mayoría de votos; por ende, será muy poco probable que la subrogación pase de un partido a otro o de una alianza a otra.
Sin perjuicio de ello, aquí hay un segundo tema que me incomoda, que voy a plantear, aun cuando no estoy en contra de lo que se quiere resolver.
La modificación en comento dice: “No obstante, si la ausencia o impedimento obedeciere a razones médicas o de salud...”. Entiendo que su objeto es resolver el problema que se genera por los permisos prenatal y posnatal, de tener hijos, no de padecer enfermedades. Me parece conceptualmente dificultoso que la maternidad sea considera una enfermedad. En consecuencia, creo que la redacción propuesta para la modificación es muy poco feliz.
Estoy de acuerdo con que se establezca una discriminación puntual, en la cual el Estado y la sociedad no castiguen la maternidad, contrariamente a lo que es de habitual ocurrencia en nuestro país, porque se considera a las mujeres como responsables de ella y, por ende, tienen mayores dificultades para acceder al mundo del trabajo y se les paga menos, muchas veces, porque se estima que son más caras.
Reitero que la redacción propuesta no es la más apropiada, porque puede haber diferentes situaciones, que van mucho más allá de las licencias prenatal y posnatal. Si la aprobáramos, podríamos abrir una puerta que alterara lo que es, en esencia, la institución de la subrogación.
Me parece muy bien consagrar una excepción para determinar una subrogación después de cierto plazo para los casos de prenatal y posnatal, en especial para el posnatal, pero me parece complejo establecer la misma para cualquier problema de salud, porque la vida es muy diversa, muy dinámica, y un problema de salud puede ser, por ejemplo, el alcoholismo, caso en el cual el problema es distinto del que motivó a los patrocinadores de la indicación.
En todo caso, entiendo que podemos avanzar en buscar una solución para las mujeres que se incorporan a la política y asumen una responsabilidad tan importante como ser alcaldesa, por lo cual no debemos discriminar contra ellas. Sin embargo, temo que, más allá de que se extienda el plazo de subrogación a 130 días -como se ha planteado acá-, se pueda producir una situación indeseada. Por ello, podría haber una segunda discusión del proyecto para ser más explícitos y tener una ley que establezca una excepción para las mujeres que ejerzan alcaldías, sin provocar situaciones de otra naturaleza que, entiendo, no han estado en el espíritu de los autores del proyecto.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos .
La señora CUBILLOS (doña Marcela).-
Señor Presidente, como una de las autoras del proyecto, me hago cargo de su idea original y central.
Mucho se habla de la necesidad de incorporar a las mujeres a la vida política y pública. Se plantean proyectos de ley para promover cuotas de participación y distintas instancias que, a la larga, no son las más eficaces. Hoy estamos tratando un proyecto que sí soluciona concretamente una discriminación objetiva para las mujeres, por lo menos en ciertas áreas de la participación pública y política. Las actuales normas de subrogación de alcaldesas y de alcaldes no pueden quedar entregadas al sistema electoral que se aplica para una elección municipal, a fin de que por esa vía se corrija esta situación, sino que se debe abordar por ley la solución del problema de fondo.
Comparto las aprensiones del diputado Juan Pablo Letelier , en el sentido de que se pueden estar mezclando distintas razones para subrogar al alcalde. Es preciso hacerse cargo de ese problema, que hoy no está siendo bien enfocado, ni siquiera en el tema de las mujeres, en el caso de los permisos prenatal y posnatal.
El proyecto viene a solucionar el problema. Hoy hay una discriminación objetiva si se piensa que mujeres elegidas alcaldesas, por un período de cuatro años, claramente pueden tener a lo menos dos niños en ese plazo y pasar gran parte de él reemplazadas por concejales que no pertenezcan a su coalición. A la larga, producirá profunda desconfianza del electorado elegir mujeres para cargos de elección popular en la comuna, porque, en algunos casos, no sabrán quién los estará ejerciendo efectivamente. Es una discriminación y limitación objetiva para la participación de las mujeres.
Llamo a la Cámara a apoyar el proyecto que, a lo mejor, no soluciona todos los problemas derivados de la subrogación de los alcaldes, pero sí uno en concreto. No comparto la aprensión de algunos colegas. Pienso que por la vía de cambiar el sistema electoral para elegir a los alcaldes y concejales no se solucionará esta situación.
Como autores del proyecto, no hemos tenido en vista un cálculo electoral pequeño, político, de creer que se corregirá esta discriminación por la vía de cambiar el sistema electoral. Hemos deseado abordar un problema de principios. Es lógico que si una mujer alcaldesa debe dejar su cargo por determinado período, pueda ser reemplazada por alguien de su confianza. Es lo que el electorado ha buscado al elegirla y a lo que ella tiene derecho para tener tranquilidad en el ejercicio de su cargo.
Celebro que la iniciativa se esté discutiendo y tramitando con rapidez. Llamo a los colegas parlamentarios a apoyarla, porque es un paso concreto para solucionar una discriminación objetiva en contra de la participación de las mujeres en política. Mucho se habla de promover esa posibilidad. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso eficaz en ese sentido.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, a propósito de embarazadas, acabo de comunicarme con la diputada señora Tohá . Matilde -así se llama su hija- se encuentra en buen estado, por lo cual ella espera -no cumple mucho con eso de los permisos prenatal y posnatal- estar pronto de vuelta en esta Sala. Le dijimos que no hiciera eso y que se quedara cuidando a su nueva hija. Vaya un saludo a la diputada señora Tohá .
(Aplausos).
Hemos apoyado con entusiasmo este proyecto, que busca solucionar un vacío enojoso en el ámbito municipal.
Quiero explicar al diputado Juan Pablo Letelier que no ha sido el ánimo de los redactores del proyecto, de la diputada Caraball ni de la mayoría de quienes apoyamos esta moción parlamentaria, en la Comisión de Gobierno Interior, homologar el prenatal y el posnatal o el embarazo con una enfermedad.
¿Cuál fue la dificultad? Si establecíamos, sin especificar, el derecho de alcaldes o alcaldesas a no ser reemplazados por un nuevo alcalde después de 45 días, sin precisar una razón para ello, se prestaba para abusos por todos conocidos. Por ejemplo, en nuestra región -veo a la diputada Alejandra Sepúlveda- el alcalde de una comuna del secano costero fue sancionado, por conducir en estado de ebriedad, a sesenta días de suspensión. Entonces, si no especificábamos que el derecho era por razones justificadas de salud -como es el descanso de una madre después de tener un hijo-, algunos alcaldes, o eventualmente alcaldesas, sancionados judicialmente con multas, lo que les impide ejercer su cargo, se verán beneficiados con esta disposición. Por tanto, cuando se dice que un alcalde o alcaldesa que por razones de salud -esencialmente maternidad, pero no sólo por ello, como lo vamos a explicar- no puede estar ejerciendo su cargo, en vez de 45 días le damos 130 días, plazo bastante más adecuado.
El problema no ha sido provocado por las embarazadas ni por políticos de izquierda o de derecha. Todos pudimos observar en la prensa cómo la alcaldesa de una comuna del barrio alto de Santiago debió ausentarse de su cargo por razones de salud durante noventa días. Al cabo de 45 días, el concejo municipal nombró otro alcalde de su misma coalición. Sin embargo, éste no respetó los acuerdos y siguió la línea de conducción y de orientación del municipio de dicha alcaldesa. Es decir, el problema no es de un sector político o sólo de un caso de embarazo, sino también de personas que se encuentran con una enfermedad durante un plazo prudencial. Por cierto, después de 130 días -estamos hablando de casi cinco meses de ausencia-, corresponde que el concejo municipal elija un nuevo alcalde o alcaldesa. En caso de empate en el concejo municipal, que hoy son pares, la ley establece que es electo el concejal que haya obtenido más votos. Eso por una razón obvia: los municipios, sin ser peyorativos con el rol de los funcionarios de alta jerarquía, administradores municipales, secretarios comunales de planificación, Secplac , o secretarios municipales que reemplazan a los alcaldes en este período de 45 días, que estamos extendiendo a 130, pueden hacer una conducción, debido a que la institución es permanente. Pero las comunas requieren de liderazgo, de alcaldes que logren dar orientación a las políticas públicas y obtengan recursos para sus comunas. En esos casos, debe operar la subrogación al cabo de 130 días, por elección del concejo, pero no puede ser -como lo hemos visto en Concepción, en Chépica, con otro sentido político- que con el poder que tienen los alcaldes en la actual legislación, a los 45 días llegue un alcalde o una alcaldesa -en reemplazo del que, por razones justificadas, ha debido ausentarse- y empiece a eliminar todos los cargos a contrata y a honorarios, que están muy acotados en la ley -no pueden ser más del 20 por ciento de los que figuran en la planta-, y pida modificaciones presupuestarias de proyectos; en el fondo, comience a boicotear la gestión del alcalde o alcaldesa de turno, generando una situación de ingobernabilidad, de poco respeto a los planes de desarrollo comunal, por el poder significativo de los alcaldes en la legislación.
Por lo tanto, llamamos a la Cámara a acoger este proyecto, que busca terminar con un vacío en la legislación municipal.
Anualmente, se producen entre cinco y diez situaciones similares en los trescientos cuarenta municipios. Por ello, se pretende generar una continuidad razonable y prudente del poder, que no sólo termine con la discriminación -que era la idea original- de las mujeres, que muy bien se introducen en la política y toman roles de liderazgo, sino que también beneficie a las alcaldesas o alcaldes que, por razones de enfermedad justificadas, deben ausentarse de sus labores por un lapso de dos o tres meses.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Informo a la Sala que a las 12.30 horas se votarán los dos proyectos que ya ha tratado la Sala.
En virtud del artículo 84 del Reglamento, como el proyecto en discusión fue aprobado por unanimidad en la Comisión, su discusión general en la Sala se limitará a treinta minutos. Por lo tanto, pido a cada uno de los cuatro señores diputados que no han hecho uso de la palabra, ocupar cinco minutos de ese tiempo.
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball .
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al diputado señor Egaña el informe entregado respecto del proyecto.
En segundo lugar, se trata de una moción parlamentaria, iniciada por las diputadas señoras María Angélica Cristi , Marcela Cubillos y Rosa González , y por los diputados señores Egaña , Forni , Kast , Longueira , Norambuena ; Pérez, don Víctor , y Ulloa .
Generalmente se critica la poca iniciativa que tenemos respecto de los temas que nos competen. Ello se debe al desconocimiento que la ciudadanía tiene de las disposiciones constitucionales y legales, que nos limitan nuestra labor legislativa en la materia. Afortunadamente, en este caso se han ejercido, porque se trata -como han dicho todos los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra- de reconocer el derecho de la mujer a tener hijos sin que ello vulnere su representatividad política en un cargo que no es menor: el de alcaldesa.
¿Cómo se puede evitar que la representatividad de una mujer que ha sido elegida por la comunidad para ejercer un cargo sea vulnerada por un proceso natural, como es el nacimiento de un hijo?
Durante la discusión del proyecto se formuló una indicación para reconocer el derecho que tiene toda persona elegida a ser reemplazada por alguien con sus mismas ideas y que haya postulado un programa similar cuando era candidata o candidato, de manera que durante la ausencia de la o del titular por un motivo tan justificado como es el nacimiento de un hijo o una enfermedad que así lo amerite, no se vea alterada la representación popular.
El fondo y objetivo principal de esta moción es respetar la tendencia y el resultado del voto de la gente, porque una ausencia de 130 días en un mandato de cuatro años representa un porcentaje bastante alto; significa un octavo del tiempo total que tiene que ejercer esa autoridad.
Por lo tanto, parece lógico agregar que los alcaldes varones que sufran alguna enfermedad sean reemplazados por personas de su confianza, ya sea otro concejal o un funcionario municipal, durante los 130 días de subrogancia, para lo cual es preciso modificar el artículo 62 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades.
El diputado señor Juan Pablo Letelier señaló que había que ser muy cuidadosos, porque también el alcoholismo podría calificarse como una enfermedad.
Normalmente, las excepciones acaban con las buenas ideas. Por lo tanto, habría que poner cuidado en eso. Con el fin de evitar que las personas sometidas a proceso se amparen en esa disposición y se ausenten por el lapso indicado, mientras solucionan sus problemas penales o de otra índole, en el artículo único se agregó al inciso primero la siguiente oración final: “No obstante, si la ausencia o impedimento obedeciere a razones médicas o de salud que imposibiliten temporalmente el ejercicio del cargo, la subrogancia se extenderá hasta 130 días.”.
Además, en el inciso tercero se agregó lo siguiente: “Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco días, salvo en la situación prevista en la oración final del inciso primero, el concejo designará de entre sus miembros un alcalde suplente, en sesión especialmente convocada de conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente”.
La idea es que la subrogancia a que hace alusión la actual ley orgánica constitucional de Municipalidades, por una razón de salud -ya sea que se trate de hombre o mujer, en el caso de estas últimas, se reconoce el derecho y la obligación, dada la actual legislación, que tienen de acogerse al permiso prenatal y posnatal- no afecte la representatividad política, de manera que sean los propios titulares quienes elijan a las personas que los reemplazarán por un tiempo tan prolongado dentro del breve lapso del mandato recibido por la comunidad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Varela .
El señor VARELA.-
Señor Presidente, me referiré al caso concreto de las mujeres alcaldesas, quienes en diversas ocasiones han llamado la atención de la opinión pública sobre la materia, lo que ha generado mucha controversia respecto de la subrogancia.
Hoy gran parte de la gestión administrativa del país está basada en la administración de los alcaldes. Las alcaldías enfrentan problemas del día a día, y sus gestiones corresponden a un sello y a un perfil concentrado en la práctica permanente del ejercicio del cargo del alcalde.
Por lo tanto, no se trata de una subrogancia común, de un cargo cualquiera en que hay directrices permanentes, en el que se mantienen las políticas -como en los servicios o ministerios-, sino que del gobierno comunal. Al respecto, quiero abordar específicamente la situación de la mujer, como ya lo dije.
Por todos es sabido que el embarazo, muchas veces altera -lo que ha sido conocido públicamente- el desarrollo de la gestión. La jurisprudencia de los tribunales y la Contraloría han sostenido que el fuero que implica el período de descanso maternal es irrenunciable, y el artículo 194 del Código del Trabajo no admite excepciones en la materia.
Los 45 días en que las alcaldesas pueden determinar su reemplazo resultan absolutamente insuficientes respecto de los 126 días que abarcan las dieciocho semanas de prenatal y posnatal.
Con esto se trata de que, efectivamente, la gestión municipal no se vea alterada por una subrogancia indeseada o que no corresponde, precisamente, al perfil que le ha dado el titular. Con los 130 días se pretende cubrir ese plazo obligado de descanso que establece el Código del Trabajo y la jurisprudencia sentada por la Contraloría General de la República, y, en espíritu, reconocer que es un período de descanso, el que en la actualidad una alcaldesa embarazada no disfruta al saber que la subrogancia no corresponde al perfil que ella ha dado a su gestión. Ese descanso puede ser alterado en forma permanente por la toma de decisiones que podrían no corresponder a los planes y políticas de la autoridad titular. Esta iniciativa en beneficio de la mujer que desea participar en política, y, en particular, de aquellas que son o aspiran a ocupar un cargo tan importante como el de alcaldesa -que no sólo nos interesa promover e incentivar, sino dar garantías a la persona que lo desempeñe-, requiere de nuestra aprobación.
Hago un llamado a los colegas diputados a despachar rápidamente el proyecto. Les recuerdo que los miembros de la Comisión de Gobierno Interior lo aprobaron por unanimidad. Se trata de una moción que recoge y resuelve un problema; se preocupa de una materia que el legislador no tuvo en cuenta en su momento, cuestión que hoy podemos subsanar rápidamente y sin sobresaltos, reconocido el hecho de que es la autoridad edilicia quien tiene el legítimo derecho de determinar quién lo reemplazará en períodos de enfermedad o embarazo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en primer lugar felicito a los autores de la moción, por cuanto en la actualidad se ha vuelto cada vez más necesario proteger la maternidad. En varios ocasiones hemos señalado en esta Sala que la maternidad no significa un costo para la mujer, sino un beneficio para la familia y la sociedad.
Un segundo aspecto de la iniciativa apunta a que el clamor y el voto popular sean respetados, a pesar de que las alcaldesas deban hacer uso de los períodos prenatal y posnatal. Este tipo de mociones ayudan a que la mujer se sienta protegida y respaldada a la hora de tomar la decisión de ingresar a la política.
Ahora bien, yo pregunto a los diputados presentes en la Sala: ¿cómo podemos proteger a la mujeres que trabajan en política y han sido elegidas para ocupar un cargo parlamentario? Sería conveniente elaborar una moción que establezca que las ausencias de las diputadas en edad reproductiva que se embarazan -es el caso de la colega, señora Carolina Tohá -, no afectarán los quórum, las votaciones y la propia representación popular.
En este sentido, anuncio que presentaré una moción -espero que sea apoyada por todos los parlamentarios-, a fin de que las mujeres que estén en edad reproductiva y se desempeñen como diputadas -ojalá que su número aumente en el futuro-, encuentren protección desde el punto de vista de la reproducción y de la maternidad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en primer lugar, anuncio que la bancada del Partido Socialista votará favorablemente el proyecto. Se trata de una corrección necesaria para un problema de carácter político: la manifestación de la voluntad popular debe mantenerse vigente durante todo el período en que deba ejercerse un cargo, en este caso el de alcalde.
Sin embargo, en la discusión de la moción, se generó un debate muy interesante que se diluyó con el tiempo y que se originó en el caso protagonizado por la alcaldesa de Concepción, señora Jacqueline Van Rysselberghe , quien pese a encontrarse embarazada, quería continuar ejerciendo su cargo, sin hacer uso de los períodos prenatal y posnatal.
La Contraloría determinó, en forma clara y categórica, que el derecho a hacer uso del período prenatal y posnatal es irrenunciable, cualquiera sea la investidura o condición de la mujer. Esta prerrogativa apunta en especial al período prenatal, por cuanto se trata de un mecanismo de protección al neonato, el que no puede ser vulnerado por ninguna decisión, por muy soberana y política que sea. En cuanto al período posnatal, la tendencia mundial apunta a no acortarlo. Por el contrario, hoy se está a favor de ampliarlo entre cuatro y seis meses. En otras palabras, se está trabajando para entregar mayor protección a la maternidad. Lamentablemente, ese derecho se vulnera en forma permanente en muchas empresas, en particular en las AFP e isapres, en las cuales muchas de las mujeres que se desempeñan en ellas no tienen derecho a este beneficio, pues o se les niega, o se las despide una vez detectado el embarazo.
En todo caso, el proyecto abandonó su intención inicial, cual era cuestionar la posibilidad de que las alcaldesas pudieran asumir sus funciones durante los períodos prenatal y posnatal. Considero significativo que la Comisión buscara una solución diferente, una solución política. Ella consiste en extender el tiempo de reemplazo a 130 días, a fin de posibilitar que un concejal o un funcionario de confianza de la alcaldesa, conduzca la gestión municipal. En el caso mencionado y que originó el debate sobre esta materia -en esto quiero ser muy enfático-, eso no ocurrió. En efecto, quien reemplazó a la alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe , fue el concejal de Renovación Nacional Cristián Paulsen, de la Alianza por Chile, la misma coalición de la titular del cargo.
De modo que no se generó ningún problema. En la oportunidad hubo un debate entre los concejales y se concluyó que, dada la situación, no debía darse lugar al oportunismo político. Además y en consideración a la expresa opinión de la alcaldesa, la persona que fuera a ejercer el reemplazo debía garantizar que el municipio sería conducido en forma adecuada.
Sin embargo, no escapó a los parlamentarios presentes en la Sala ni a los miembros que evaluaron esta materia el hecho de que quedó un tema pendiente: la posibilidad de que una alcaldesa retomara sus funciones de manera informal.
En el caso particular de la alcaldesa de Concepción, ella decidió concurrir a su despacho con su hija recién nacida, asumir sus funciones de manera extraoficial y no hacer uso del período posnatal. Se trata de una situación no menor, toda vez que ninguna mujer, salvo las alcaldesas, jefas o gerentas, tienen la posibilidad de actuar de esa manera. Repito, la tendencia mundial apunta a ampliar el período posnatal, no a acortarlo. En tal sentido, considero sano proteger ese derecho de la mujer. Insisto: el derecho a impetrar el período posnatal es irrenunciable.
Aquí se está adoptando una medida política que viene a velar por los problemas de salud que puedan enfrentar alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, quiero dejar expresa constancia de que seguiremos trabajando en el tema. En la Comisión de Trabajo se encuentran radicados al menos dos proyectos de ley vinculados con la protección a la maternidad. Uno, persigue trasladar algunas semanas del prenatal al posnatal, ello si la condición física de la paciente lo amerita, lo cual debe ser certificado por un ginecólogo. El segundo -corresponde a una moción del diputado señor Accorsi , la que apoyo-, busca extender el período posnatal. Sobre esta materia quiero ser muy claro: ese período debe ser respetado por todas las mujeres y, en particular, por los empleadores.
Pero en este tema existe una excepción, la que debe ser mencionada en la discusión de esta iniciativa: las diputadas no hacen uso de los períodos prenatal y posnatal, tema que deberá ser materia de debate. Las mismas razones que he señalado para apoyar este proyecto, en especial las que se refieren a los períodos prenatal y posnatal, son válidas en el caso de las parlamentarias. Se trata de un derecho que debe ser respetado, pues así lo establece la ley, la que no discrimina a nadie.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, deseo formular un breve comentario sobre el proyecto.
Agradezco a la diputada señora Eliana Caraball su complemento a la iniciativa. Como no pertenezco a la Comisión de Gobierno Interior, tenía algunas dudas respecto de ciertos contenidos, pues mi conocimiento sobre los mismos es somero, pero con la intervención de mi colega señora Caraball éstas se han aclarado y he quedado muy conforme con este proyecto, porque también habla del resguardo para los varones, lo que ella destacó en su comentario.
También me ha quedado muy claro el respeto que en el proyecto se le da a la gente que votó, es decir, impera el principio de la buena fe.
Debido al comentario de la diputada señora Alejandra Sepúlveda , me vino a la memoria una situación que curiosamente afectó a nuestra colega Eliana Caraball hace un par de años, cuando por una enfermedad estuvo ausente de la Cámara un tiempo relativamente largo. La prensa de ese entonces hacía hincapié en que los diputados asistían poco a las sesiones, y aparecía mencionada la diputada señora Caraball , quien había estado gravemente enferma. Fue algo muy injusto y por eso concuerdo con la diputada señora Sepúlveda en el sentido de que es necesario legislar para que las colegas diputadas de la República tengan el debido resguardo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde votar, en general, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, que establece una regulación en materia de subrogación del cargo de alcalde en los casos que indica.
Este proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional y requiere de 67 votos para su aprobación.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende (doña Isabel), Araya , Barros, Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Egaña , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto, Kast , Kuschel , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Mora, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Olivares , Ortiz , Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Prieto , Riveros , Robles , Rojas , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vilches y Von Mühlenbrock .
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional que requieren 68 votos para su aprobación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en particular con la misma votación, dejando constancia de que se reunió el quórum requerido.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
DEROGACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 2.560, DE 1979, PARA CUMPLIR CON VOLUNTAD PÓSTUMA DE POETISA GABRIELA MISTRAL . (Votación).
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 130.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Por no haber reunido el quórum requerido, se rechaza el proyecto.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, mi voto es afirmativo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señora diputada, su voto no altera el resultado de la votación. He explicado latamente a la Sala que después de realizada la votación no se aceptarán votos. En todo caso, el suyo no altera la votación, pero vamos a contemplarlo como favorable.
CIERRE DE AGENCIAS DE CORREOS DE CHILE.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, ayer todos los parlamentarios de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, firmamos el proyecto de acuerdo Nº 150, y por la urgencia de la materia que trata -la situación de los trabajadores de Correos- solicité a la Presidenta de la Corporación que se recabara el asentimiento de la Sala para despacharlo en forma inmediata con el fin de que se remita al Presidente de la República.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para proceder en los términos señalados por el señor diputado?
Acordado.
El señor Prosecretario dará lectura al referido proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 150, de los señores Seguel , Ascencio , Ortiz , Allende, doña Isabel ; Navarro , Leal , Araya , Mora , Muñoz , doña Adriana , y Escobar .
“Considerando que:
Que el Gerente General de la Empresa de Correos de Chile, señor José Luis Mardones Santander , ha comunicado a todos los dirigentes sindicales, con fecha 22 de octubre del presente año, que dicha empresa ha decidido realizar un plan de egreso de mil seiscientos trabajadores.
Que con este proceso se pretende cerrar una cantidad aproximada de trescientas agencias en todo el país, entre las cuales se encontrarían -sólo en la zona sur- las de Máfil, Liftén , Lago Ranco , Malalhue , Futrono , Coñaripe , Corral, San Pablo , Entrelagos , Puerto Octay, San Juan de la Costa, Achao , Alto Palena , Chonchi , Chacao , Curaco de Vélez , Dalcahue , Frutillar Bajo , Futaleufú , Los Muermos , Puqueldón , Queilén , Quemchi , Butachauques , Chaulinec , Cochamó , Mechuque , Quehui , Quenac , Tenaun , Ayacara , Caleta Hornopirén , Río Puelo, Población Cerro Sombrero (Punta Arenas), Puerto Chacabuco, Villa O’Higgins, Chile Chico, Puerto Cisnes, Pueblo Cochrane , El Murta, Puerto Ingeniero Ibáñez , La Junta, Villa Mañihuales , Lago Verde, Balmaceda , Caleta Tortel , El Guardal , Melimoyú , Melinka , Puerto Aguirre, Puerto Raúl M. Balmaceda , Puyuhuapi , Santa Bárbara, Quilaco , Quilleco , Antuco , Polcura , Huépil , Tucapel , Negrete , San Rosendo , Santa Fe, Río Claro, Monte Águila, Estación Yumbel , Romeral , Lontué , Villa Alegre, Colbún , Chanco , Curanipe , Villa Prat , Pelarco , San Gregorio , Ñiquén , Cobquecura , Hualpencillo , Carampangue , Contulmo , Tirúa , Ninhue , Lonquimay , Padre Las Casas, Quepe , Fresia , Lonquimay , Curarrehue , La Paz, etcétera.
Que gran parte de las agencias de correos que se cerrarían son de zonas rurales de nuestro país, destacándose, en la zona norte, el cierre de once agencias; en la zona centro, treinta y cinco agencias; en la zona austral, veintiocho agencias, y, entre la Séptima, Octava y Novena Regiones, noventa y nueve agencias.
Que el despido de mil seiscientos funcionarios a lo largo de nuestro país contribuirá a acrecentar la cesantía en Chile, en especial en zonas rurales, donde es mucho más difícil conseguir algún empleo estable, en consideración a la edad de tales funcionarios.
Que la gerencia de Correos de Chile pretende implementar este proceso, denominado “externalización del servicio”, desvinculando de la empresa a mil seiscientos trabajadores, en su mayoría de zonas alejadas, en circunstancias que la planta ejecutiva de la empresa alcanza a ciento cincuenta ejecutivos con altos sueldos e incentivos, además de preferir contratar a una gran cantidad de personas a honorarios para cumplir funciones de supervisión a que exista una agencia de correos en alguna zona rural.
Que las agencias que se pretende cerrar cumplen una extraordinaria labor social en las zonas más alejadas de nuestro país, en donde aún las telecomunicaciones no llegan -como la telefonía celular, el correo electrónico, internet, etcétera-, trasformándose en indispensable la existencia de un servicio de correos rápido y comprometido con la población.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que impida el cierre de aproximadamente trescientas agencias de Correos de Chile a lo largo del país, en el marco del proceso denominado “externalización”.
Además, solicitarle que, de efectuarse alguna desvinculación de los trabajadores de Correos de la empresa, se realice con acuerdo de todos los trabajadores de la empresa, representados por sus respectivos sindicatos.”
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel .
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, como bien dice el proyecto de acuerdo, esto nace como una preocupación de todos los parlamentarios por el anuncio que hizo la gerencia de Correos de Chile de despedir a aproximadamente 1.600 trabajadores de esa empresa y cerrar alrededor de 300 oficinas a la largo del país, fundamentalmente de las comunas más pequeñas, donde existen menos trabajadores.
El proyecto fue presentado con el respaldo unánime de los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, después de escuchar a los dirigentes sindicales de Correos de Chile, quienes plantearon que, a lo menos, esperan que el Gobierno y las autoridades de la empresa se den el tiempo suficiente para llegar a un acuerdo satisfactorio con los trabajadores, representados por sus dirigentes sindicales ante la dirección de Correos. Lamentablemente, la dirección de Correos ha dejado a dos sindicatos fuera de la negociación, razón por la cual la petición que hacemos es que en ella intervengan todos los sindicatos.
A raíz de lo anterior y en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, hoy tomé contacto con el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y con la gerencia de Correos, por lo que todos los miembros de la Comisión seremos recibidos el viernes por el ministro para colaborar en la búsqueda de un arreglo a este problema.
Señor Presidente, es muy oportuna la presentación del proyecto de acuerdo, porque el respaldo de la Cámara va a servir para que el ministerio y el señor Mladinic logren un acuerdo con los cinco sindicatos y que éste comience a operar, a lo menos, en febrero del próximo año.
La intención de los trabajadores es que, como se ha planteado, rija todo lo relacionado con las renuncias voluntarias e indemnizaciones especiales, pero en contacto y con el acuerdo de los sindicatos. Éste es el sentido que tiene la propuesta firmada por diputados de todos los partidos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Como se trata de un proyecto de acuerdo de alta sensibilidad social y hay una señora diputada y dos señores diputados inscritos para hablar, la señora Isabel Allende y los señores Carlos Vilches e Iván Moreira , solicito la unanimidad de la Sala para permitirles intervenir.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, como lo ha explicado muy bien el diputado Seguel -uno de los autores del proyecto- existe una enorme inquietud frente al anuncio de despido de 1.600 funcionarios de la Empresa de Correos de Chile, pues en un momento en que estamos preocupados por la alta tasa de cesantía, ello significaría un incremento del desempleo.
Correos de Chile cumple un rol social muy importante, especialmente en las zonas más alejadas, función que no puede ser desconocida, que no cumple ninguna otra institución, ni siquiera del ámbito privado, porque hay muchas regiones donde todavía no llega tecnología más moderna, como internet u otra, cuestión que no es menor al considerar la proyección social de la empresa.
Me parece muy adecuada, además de lo que señaló el diputado señor Seguel , la posibilidad de entrevistarse con las distintas autoridades para hacerles ver las inquietudes de los trabajadores. Lo óptimo sería que no se produjera el despido de los 1.600 trabajadores; pero, ante esa eventualidad, pedimos, como lo expresa el proyecto, que se haga respetando todos los derechos de los trabajadores de la empresa, quienes están representados por sus respectivos sindicatos. Este es un tema de la mayor importancia y queremos que se respeten los derechos de los trabajadores.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo presentado por miembros de la Comisión de Trabajo tiene un fin muy importante: manifestar la voluntad política de la Cámara de Diputados en el sentido de rechazar el cierre de tantas oficinas de Correos de Chile en comunas rurales.
Nuestra bancada, encabezada por el diputado Osvaldo Palma , dio a conocer esta inquietud hace varias semanas. Considero muy importante votar a favor el proyecto de acuerdo, porque demuestra que la voluntad política de la Cámara es impedir el cierre de más de 300 oficinas rurales de Correos. Los diputados de Renovación Nacional así lo haremos, para que el Ejecutivo conozca esta voluntad de la Cámara en las próximas reuniones.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
¡Qué bueno, señor Presidente, que todos estemos de acuerdo, incluso quienes tenemos distintas opiniones, en defender esta fuente de trabajo!
Hace algunas semanas denunciamos un negocio que nos parecía poco claro: la alianza entre Correos de Chile y la TNT, mediante la cual se traspasaba una serie de servicios prácticamente regalados a esa empresa internacional. Todavía no llegan los informes de la Contraloría al respecto.
Curiosamente, en esa oportunidad dijimos que existía la posibilidad de que quedaran cesantes 1.600 trabajadores, lo que hoy es casi una realidad. No estábamos equivocados en esa ocasión, a pesar de que el señor Mardones sostuvo en una conferencia de prensa que lo único que buscaba la denuncia que habíamos hecho con el diputado Cristián Leay eran dividendos electorales y políticos. Eso es un antecedente para el “téngase presente”, porque vamos a seguir investigando.
Hoy vemos que 1.600 trabajadores quedarán cesantes, es decir, con sus familias, 5.000 personas se sumarán a la búsqueda de trabajo y al hambre que hoy afecta a nuestro país. Guste o no esta frase, que puede resultar un poco dolorosa para las autoridades de gobierno, en Chile no solamente hay cesantía, sino también hambre. ¡Qué bueno que la Cámara de Diputados haga presente este apoyo a los 1.600 trabajadores que quedarán cesantes!
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir al diputado señor Seguel que muchas veces hablamos sobre el tema de los grandes sueldos de que gozan los ejecutivos de distintas empresas, pero ahora no se dice que en esa empresa hay 150 ejecutivos importantes que tienen privilegios especiales, como bonos y una serie de otros beneficios, que no se verán afectados de ninguna manera, a pesar de que mandarán a sus casas a 1.600 trabajadores.
El Gobierno debe ser un poquito más consecuente, sobre todo en el último tiempo, en que hemos visto con preocupación faltas a la probidad, actitudes permanentes de abuso de poder y sueldos desproporcionados de los ejecutivos de las grandes empresas públicas. Incluso, se habla de rebajar los sueldos de los ejecutivos de Enap. En consecuencia, nos gustaría que el Gobierno se preocupara, en especial el señor ministro de la Cartera respectiva, de las remuneraciones de estos 150 ejecutivos.
Invito a los diputados de la Concertación a que pidan información sobre los privilegios y bonos especiales que reciben los ejecutivos de Correos de Chile. Daré un solo ejemplo: cuando uno de los gerentes es despedido, la empresa no sólo debe pagarle el sueldo durante varios años más, sino que tiene la obligación de buscarle un trabajo similar.
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones o a Correos de Chile, según corresponda, a fin de que nos informe sobre los sueldos, privilegios y todos los bonos especiales que reciben los funcionarios de la empresa en cuestión.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señor diputado, esa petición la puede hacer en Incidentes. Ahora estamos tratando un proyecto de acuerdo.
El señor MOREIRA.-
También lo solicito en nombre del diputado señor Aguiló .
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señor diputado, la Mesa ha querido ser lo más ecuánime posible. Por lo tanto, pido un respeto mínimo por los acuerdos que adoptamos. Además, existe un buen ánimo para respaldar el proyecto.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se agregará el voto por la afirmativa del diputado señor
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
AUMENTO DE RECURSOS PARA LAS ESCUELAS DE NIÑOS AUTISTAS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 131, se los diputados señores Lagos, Meza , Robles , Venegas , Escalona , Jarpa , Espinoza , Rossi , señora Vidal , doña Ximena , y señor Jiménez .
“Considerando:
Que el autismo es un síndrome de la niñez que se caracteriza por la falta de relaciones sociales, carencia de habilidades para la comunicación, rituales compulsivos persistentes y resistencia al cambio.
Que el autismo es considerado una discapacidad permanente, definida como un trastorno incurable que requiere de una educación especial.
Que, en Chile, el autismo afecta, aproximadamente, a ciento veinte mil personas, entre las que se incluye a los afectados por esta enfermedad y a las que deben cuidar a un hijo o a un hermano autista.
Que, en Chile, los autistas son atendidos en escuelas creadas especialmente para su tratamiento y, además, en establecimientos que rehabilitan otras discapacidades.
Que, debido al alto costo que demanda la educación con menores autistas, sus padres -con mucho sacrificio y dedicación- se han organizado a lo largo de todo el país para brindarles un adecuado tratamiento.
Que la educación especial funciona y tiene resultados favorables con una cantidad menor de alumnos por curso que la educación regular.
Que, recién en 1990, el Ministerio de Educación ha dictado el decreto N° 815, el cual “establece normas tecnico-pedagógicas para atender educandos con graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación que alteran su adaptación social, comportamiento y desarrollo individual y aprueba planes y programas de estudio integral funcional”, el que regula el funcionamiento de las escuelas para autistas.
Que el sistema de atención y subvención regulado en el decreto N° 815, de 1990; en el decreto supremo N° 8.144, de 1980, y en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998 -todos del Ministerio de Educación-, establece que los cursos para educación especial pueden tener hasta quince alumnos.
Que la experiencia educacional con menores autistas ha demostrado que sólo el trabajo individual o en pequeños grupos favorece la habilitación de conductas mínimas, para que sean ingresados a grupos de mayor cantidad de alumnos.
Que el sistema de subvención educacional otorga financiamiento considerando el promedio de asistencia mensual, factor que desfavorece el tratamiento multiprofesional y es contrario a la realidad de los niños autistas.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la señora Ministra de Educación que gestione el aumento de los recursos del sistema de atención y subvención para las escuelas que atienden niños autistas, contenido en el decreto N° 815, de 1990; en el decreto supremo N° 8.144, de 1980, y en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, con el objeto de hacer posible un tratamiento adecuado para los menores con síndrome autista.”
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Signo es lo que vemos en los pacientes y síntoma es lo que el paciente experimenta.
El autismo es un síndrome que afecta a alrededor de cincuenta mil personas en nuestro país e involucra a cien mil personas que deben encargarse del cuidado de estos pacientes.
Los niños autistas se caracterizan por padecer incomunicación permanente, se aíslan en su “yo” o en su “otro yo”; son compulsivos y además ejercen una verdadera esclavitud sobre las personas que los cuidan: su familia, sus padres y, en particular, sus madres.
Estos enfermos incurables son considerados discapacitados permanentes. En Chile existe una educación especial que mejora estos síndromes a través del tratamiento individual, especializado y multiprofesional. El personal adecuado permite mejorar estos síntomas e incorporar a los niños a una forma de vida que nunca será igual a los normales; pero que, por lo menos, ayuda a que las familias sobrelleven mejor este drama.
Desde el año 1990 existen regulaciones para que los establecimientos que se dedican a tratar a los niños autistas apliquen ciertas normas técnico-pedagógicas que aseguren su mejoría. Los cursos de educación especial para autistas, en general, no sobrepasan los 15 alumnos.
Estos niños, que piden afecto y más afecto, pero cuando se les entrega lo rechazan -lo que hace más difícil el tratamiento-, no asisten a las escuelas porque, por desgracia, el sistema de subvención otorga los recursos sobre la base de la asistencia mensual de los niños a los colegios. De esta forma, los establecimientos interesados en tratar a los niños autistas no tienen los recursos económicos suficientes para contratar a los profesionales necesarios para el tratamiento de los miles de niños autistas de Chile.
Por lo tanto, considero necesario aumentar los recursos de atención y subvención a las escuelas que se dedican a tratar el síndrome autista.
Solicito a mis colegas que aprueben el proyecto de acuerdo, con el objeto de que la ministra de Educación adopte las medidas que vayan en directo beneficio de los miles de niños que padecen este síndrome, sin exigir la asistencia mensual para otorgar las subvenciones, sino que entregándole a esos centros de educación los recursos necesarios para fomentar la matrícula de estos jóvenes y la contratación de personal especializado en su tratamiento.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo.
VII.INCIDENTES
PETICIÓN DE NÓMINA DE EJECUTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista y Radical.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, en nombre de la bancada socialista pido que se oficie al Ministerio de Economía, a la Corfo y al Sistema de Administración de Empresas del Estado para que envíen a esta Cámara la nómina de los ejecutivos de todas las empresas públicas, incluyendo sus remuneraciones, bonos y demás beneficios económicos.
Para tal efecto, pido el apoyo de las demás bancadas.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, Radical Social Demócrata, Democracia Cristiana, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.
Debo informar a los señores diputados que se presentó un proyecto de acuerdo sobre el mismo tema.
Por lo tanto, solicito a los jefes de Comités que lo conozcan para que se discuta en la sesión de mañana, porque se trata de un asunto que preocupa a todos los diputados.
USO DE MECANISMOS DE ZONA FRANCA EN CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz .
El señor MUÑOZ (don Pedro).-
Señor Presidente, quiero referirme a una situación anómala que estaría ocurriendo en la región de Magallanes y que, de ser efectiva, involucraría tanto a las autoridades locales del Servicio Nacional de Aduanas como a algunas empresas privadas que se han beneficiado con sus resoluciones, a mi juicio, dictadas excediendo el marco legal.
En concreto, la construcción de a lo menos tres embarcaciones en los últimos años, en astilleros ubicados fuera de nuestra región, se habría materializado acogiéndose algunas de sus piezas y partes al Estatuto Especial de Zona Franca, e internadas al país por Punta Arenas conforme a dicho régimen y, en especial, a modalidades muy particulares y excepcionales, pero luego fueron redestinadas y utilizadas en otra zona.
De este modo, el uso de disposiciones especiales para la internación de ciertos productos habría convertido, según las autoridades aduaneras locales, a todo el país en una especie de zona franca de extensión, lo que va en contra de toda lógica e imposible de no ser advertido tanto por la calidad e investidura de los funcionarios que lo hubieren autorizado, como por los privados que lo solicitaron a sabiendas de su destino final, aunque su responsabilidad en el asunto sería bastante menor.
En efecto, en 1999 la empresa Austral Broom S.A. informó de la construcción del ferry “Patagonia”, que realiza el servicio de transporte en Punta Delgada, desde el continente a Tierra del Fuego.
Con posterioridad, en enero de 2000 la misma empresa informa de la construcción de un segundo ferry, cuyo nombre desconozco.
Por último, en enero de 2002, Transportes Marítimos Cruceros Australis S.A. informa de la construcción de la nave “Mare Australis”, cuya inauguración tuvo lugar recientemente en Asenav, Valdivia , y que viene a reemplazar al “Terra Australis”, siniestrado hace algunos meses.
Pues bien, en todos esos casos, y quizás en algunos otros de esta misma u otra naturaleza, que sería oportuno investigar, se habría autorizado lo que el Manual de Zonas Francas, aprobado por resolución Nº 74, de 1984, del Servicio Nacional de Aduanas, denomina un ingreso documental de las mercancías, situación muy particular que, según dicho texto, puede aceptarse cuando su transporte desde los sitios portuarios a los recintos francos pueda ocasionar trastornos o perjuicios en las vías de acceso, cuestión de hecho que es calificada por el intendente regional.
Este procedimiento permite, entonces, que esas mercancías se exceptúen de ser ingresadas físicamente a los recintos francos para ser comercializadas, como ocurre en la generalidad de ellas, ordenándose a la Aduana el control de esa operación en coordinación con la Sociedad Administradora de la Zona Franca.
Su ingreso al país bajo el régimen especial de zonas francas, es sólo documental, pues físicamente permanecen en otro lugar. Sin embargo, las disposiciones relativas a las zonas francas permiten que ello tenga lugar, manteniéndose la mercancía en sitios cercanos o aledaños a las zonas francas o situados en las mismas regiones en que éstas están autorizadas, pero en ningún caso para que sean destinadas a otras regiones del país para su uso, como habría ocurrido en estos casos, en que las mercancías aparecieron en Valdivia para la construcción de las citadas embarcaciones.
Todo ello habría sido autorizado por el director de servicio regional de Aduanas, para lo cual se dispuso un procedimiento especial para el traslado. Más aún, la materia habría sido consultada a la dirección jurídica del servicio, y pese a que ésta rechazó el procedimiento ampliado, se habría insistido en él.
De ser efectivos estos hechos, se afecta, en primer término, la libre competencia en el país, perjudicándose a quienes venden de acuerdo a las normas generales este tipo de insumos y productos; se favorece innecesariamente y en exceso a empresas que, por operar en la región, ya se encuentran acogidas a otros beneficios, como los previstos en la ley austral y, sobre todo, se desprestigia el mecanismo de zonas francas, imprescindible para nuestra región.
Por ello, he querido hacer públicos estos antecedentes y solicitar el envío de un oficio al director nacional de Aduanas, con el objeto de que precise la efectividad de estos hechos, adjunte las resoluciones e informes jurídicos relativos a los procedimientos aludidos, informe a la Cámara si han sido investigados en forma adecuada y si se han corregido las disposiciones administrativas pertinentes y, en especial, que se realice una completa indagación sobre el uso de estos mismos procedimientos en otras situaciones similares.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las bancadas del Partido Socialista, del PPD, de la Unión Demócrata Independiente, de Renovación Nacional y de la Democracia Cristiana.
HOMENAJE A DIPLOMÁTICO CHILENO DON FERNANDO IRRAZÁBAL HOCES , RECIENTEMENTE FALLECIDO. Notas de condolencia.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes .
El señor PAREDES (de pie).-
Señor Presidente, hace unos días, en algunos medios de prensa, una noticia perdida en medio de otras tantas de carácter policial, daba cuenta de un accidente de tránsito en Santiago, con el resultado trágico de dos muertos.
Quiero referirme a una de las personas que perdió la vida en esa ocasión, a un servidor público, a un hombre que hizo de su vida una acción de servicio permanente, no en beneficio de un gobierno determinado, sino del país entero, del Estado de Chile. Me refiero al ex cónsul de Chile en Tacna, don Fernando Irrazábal Hoces .
En revisión continua de los medios escritos, no he encontrado ni una línea siquiera que lo recordara y lo rescatara del olvido tan común en estos días en nuestro país.
Don Fernando Irrazábal Hoces , quien falleció en forma trágica en momentos en que empujaba un vehículo, fue capaz de empujar inclaudicablemente las relaciones exteriores de Chile en todos los lugares en que fue asignado. Tuve la suerte de conocer y apreciar su carácter, su amor a la patria y su chilenismo particular cuando, entre 1993 y 1998, cumplía funciones como cónsul de Chile en la ciudad de Tacna, Perú.
En aquella época, enfrentó con eficiencia una serie de difíciles situaciones que comprometían los intereses nacionales y de ciudadanos chilenos en territorio peruano. Con ello, enalteció sus capacidades diplomáticas y su inteligencia superior para superar problemas complejos.
Cuando el diputado que habla era alcalde de Arica y le correspondió tomar la decisión de pavimentar el terreno del Chinchorro, de propiedad del fisco peruano, con toda la oposición manifiesta del Perú, encontré en este cónsul, en este diplomático, en este servidor público, en este chileno, un apoyo incondicional, toda vez que nuestro accionar se ajustaba a derecho y protegía la vida, derechos y desarrollo de chilenos en su propio territorio.
Con todo respeto, me permito traer a colación una anécdota. Con posterioridad a esa situación de soberanía, en el más puro sentido de la palabra, el cónsul, en una oportunidad, me invitó a saludar a las autoridades de Tacna con ocasión del aniversario patrio del Perú. Ante mi sorpresa y negativa por lo mal recibida que sería mi presencia por razones obvias, se paró en el centro de mi oficina y, con tono enérgico, demostrando todo su carácter, su sencillez, su adscripción profunda a la idiosincrasia nacional y su chilenismo a toda prueba, me respondió: “Alcalde, no se me ponga maricón”. Ante ese argumento, me resultó imposible no aceptar su invitación.
Así era el ex cónsul Irrazábal . Entonces, quiero rescatar del olvido y honrar al hombre que sirvió a la patria, que hizo de Chile y de los intereses de los ciudadanos su norte permanente, al diplomático que enalteció la imagen nacional en el servicio exterior, al amigo, a don Fernando Irrazábal Hoces .
En representación de la bancada del Partido Socialista, y de los parlamentarios de las distintas bancadas que quieran sumarse, solicito hacer llegar a su familia mi intervención y nuestras más sentidas condolencias.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En nombre de la Cámara de Diputados, se enviarán las condolencias a la familia de este destacado servidor público, don Fernando Irrazábal Hoces .
ANTECEDENTES SOBRE IMPORTACIÓN DE LECHE POR INSTITUCIONES DEL ESTADO. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, para nadie es un misterio que la actividad lechera nacional está pasando por un período de crisis muy agudo y que una posibilidad para salir adelante es aumentar el consumo nacional. Sin embargo, éste no sólo no ha aumentado, sino que disminuyó, por la sencilla razón de que hoy los organismos e instituciones del Estado, incluso las Fuerzas Armadas y de Orden, están consumiendo leche extranjera. Ello se debe a que los convenios internacionales celebrados durante los últimos años con distintos países del mundo dicen, entre otras cosas, que las licitaciones deben ser internacionales. Por eso, durante los últimos años, cada vez con más frecuencia, se están adjudicando las licitaciones países de otras latitudes que nos mandan leche subsidiada y, por supuesto, más barata que la nuestra.
Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros de Hacienda, de Defensa Nacional y de Salud y a la ministra de Educación, a fin de que nos informen qué organismos, instituciones -incluidas las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y otras- están importando leche en polvo o líquida o sus derivados, en qué cantidad, de qué países proviene y el tiempo de vigencia de los contratos.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
FORMACIÓN DE GRUPO CHILENO-TAIWANÉS DE AMISTAD.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry .
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, sin duda, las relaciones de nuestro país con el resto del mundo siempre se ven potenciadas por la labor del Parlamento, que forma grupos de amistad para estrechar las relaciones bilaterales con otros Parlamentos del mundo, acción no siempre vinculada a materias legislativas, sino que también a asuntos de carácter comercial y diplomático, entre otros. Hoy, nuestro Parlamento cuenta con un importante número de vínculos que demuestran lo anterior.
En ese sentido, los diputados Ascencio , Espinoza , Leay , Quintana , Uriarte y quien habla solicitamos a la Comisión de Relaciones Exteriores la conformación de un grupo de trabajo chileno-taiwanés. Son múltiples las razones que fundamentaron nuestra petición, más allá de su reconocimiento como un Estado soberano. Nadie duda de que la isla de Formosa, República de China en Taiwán, o simplemente Taiwán, constituye uno de los socios comerciales más importantes de nuestro país.
La petición no significa un reconocimiento de su status jurídico, sino el establecimiento de instancias formales de intercambio con un territorio, con su pueblo e instituciones, que para Chile constituyen un importante vínculo con la región del Asia-Pacífico.
Lamentablemente, por razones reglamentarias que entendemos, la Comisión de Relaciones Exteriores rechazó nuestra petición, porque nuestro Parlamento puede establecer vínculos de amistad con otros Parlamentos del mundo, siempre y cuando nuestro país tenga relaciones diplomáticas -no es el caso de la isla de Taiwán- con esos países.
Sin embargo, considerando que en 2004 nuestro país organizará la Conferencia de la Apec y que seremos los anfitriones no sólo de la conferencia propiamente tal, sino que de cada asistente a ella, el grupo de diputados mencionado ha acordado establecer, aunque informalmente, el grupo chileno-taiwanés de amistad, que funcionará para establecer relaciones en ese marco, pero sin que exista una vinculación jurídica entre nuestro Parlamento y la isla de Taiwán, o República de China en Taiwán.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Entiendo que otros colegas también han planteado que la posibilidad de formar grupos de amistad sea discutida por la Comisión de Régimen Interno o por los Comités, siempre que sea con Parlamentos de países con los cuales Chile mantiene relaciones diplomáticas.
INFORMACIÓN SOBRE SUELDOS Y BENEFICIOS QUE PERCIBEN EJECUTIVOS DE LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, el colega Iván Moreira me pidió que solicitara el envío de un oficio al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que nos remita un listado de los sueldos, bonos y privilegios que perciben los ejecutivos de la Empresa de Correos de Chile.
De manera que cumplo con el encargo del colega Moreira , con el objeto de conocer los antecedentes mencionados.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN EFECTUADA POR CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO. Oficios.
El señor ULLOA.-
En segundo lugar, los diputados Andrés Egaña , Iván Norambuena y quien habla hemos recibido información, e incluso una copia del informe de la Contraloría Regional del Biobío, respecto de una fiscalización realizada en la municipalidad de Tomé.
La investigación se llevó a cabo en atención a que en un proyecto de mejoramiento de barrios denominado “Terminación Cerro Estanque y El Santo”, en la comuna de Tomé, se habría comprobado la existencia de manejos irregulares de recursos fiscales, con el objeto de favorecer a particulares.
El informe de la Contraloría Regional del Biobío señala en sus conclusiones, en primer lugar, que la municipalidad de Tomé debería requerir de la constructora Guillermo Pérez Ribera -curiosamente, la misma que se había estado adjudicando otros proyectos y, al parecer, también ha tenido dificultades en esos casos- la renovación de las garantías en los términos estipulados en las bases, lo que permite deducir que no fueron respetadas, materia desde luego muy peligrosa porque se trata de recursos fiscales.
En segundo lugar, se recomienda a la municipalidad que requiera a la mencionada empresa constructora la devolución de las sumas pagadas por concepto de horas extraordinarias, para la instalación de red de alcantarillado de aguas servidas, específicamente referido a PVC clase 6 con un diámetro determinado.
En tercer lugar, el informe señala que el alcalde debe ordenar la instrucción de un sumario administrativo, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en esos hechos irregulares, acreditados en el informe.
En cuarto lugar, se señala que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley Nº 18.695, corresponde remitir el mencionado informe al concejo.
Junto al informe se nos hizo llegar una carta que, naturalmente, no indicaba el nombre del denunciante, porque -según se señala en ella- se trata de una situación extraordinariamente irregular. Sin embargo, hasta la fecha, la comunidad de Tomé no tiene claro si las conclusiones del informe, de 5 de octubre de 2000, fueron acogidas.
Lo que sí está claro es que la comunidad de Tomé, que conoce estas irregularidades, no sabe si se aplicaron sanciones a los eventuales culpables y tampoco si hubo gastos fiscales indebidos.
Por lo tanto, junto con los colegas Norambuena y Egaña , pedimos que se oficie al ministro del Interior, a fin de consultarle si las medidas recomendadas por la Contraloría Regional del Biobío fueron cumplidas, y al contralor regional del Biobío, con el objeto de que se sirva certificar si el sumario administrativo se instruyó efectivamente, y si la empresa constructora renovó las garantías del contrato en los términos especificados en las bases. Asimismo, que nos informe sobre el resultado de la fiscalización llevada a cabo por la Contraloría Regional del Biobío.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS OFRECIDOS A EX TRABAJADORES PORTUARIOS DE LIRQUÉN. Oficio.
El señor ULLOA.-
Por último, deseo informar que recibimos a un grupo de dirigentes del sector portuario de Lirquén, Octava Región, quienes nos entregaron documentos que acreditan que, el 5 de agosto de 2000, diversas autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones concurrieron a dicho lugar para anunciar, en forma pública y con gran pompa, la entrega de ocho millones de pesos a cada trabajador retirado de esa actividad.
Sin embargo, hasta hoy sólo han recibido cuatro millones de pesos. Pero lo más importante es que dentro de los beneficios anunciados públicamente -así consta en la resolución exenta Nº 04723 que obra en mi poder- figuraba la implementación de un programa especial de capacitación dirigido a los ex trabajadores portuarios de Lirquén. Entre otros beneficios, el programa consideraba capacitación gratuita para los beneficiarios.
Por eso, quiero denunciar, públicamente, que no obstante que el documento respectivo establecía que la capacitación sería gratuita, a cada trabajador se le cobraron 350 mil pesos.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que nos informe por qué aún no se entregan los ocho millones, anunciados profusamente, a cada trabajador portuario retirado, y por qué se le cobraron 350 mil pesos por el programa especial de capacitación, en circunstancias de que un documento establecía que sería gratuito.
En todo caso, esta información debe ser refrendada por el ministro, porque la información pública de 2000 indicaba que los beneficios serían entregados oportunamente. Sin embargo, se ha señalado que se les entregarán -aunque no lo tengo claro- alrededor de cuatro millones de pesos, es decir, la mitad de lo ofrecido.
El drama de esas personas es que muchos de sus proyectos han quedado estancados, porque la fuente de financiamiento eran los ocho millones de pesos prometidos, lo que implica un tremendo descalabro para esos esforzados trabajadores que creyeron en una promesa que hasta hoy no se ha cumplido.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS DE COMUNA DE NANCAGUA. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .
El señor BARROS.-
Señor Presidente, deseo referirme brevemente a un hecho ocurrido ayer en la comuna de Nancagua. Delincuentes premunidos de armas procedieron a asaltar a agricultores que se disponían a pagar el sueldo a sus trabajadores. Este tipo de asaltos, día a día, se ha hecho más frecuente, puesto que, en muchas ocasiones, los agricultores son sorprendidos absolutamente desprotegidos. Pongo de relieve este hecho, con el fin de que las autoridades lo tengan dentro de sus prioridades.
Asimismo, quiero hacer un reconocimiento público a los funcionarios de Carabineros de Chile, quienes, con la ayuda de los habitantes del sector, lograron detener a los delincuentes, los que tenían un nutrido prontuario y se encontraban en libertad condicional.
Por lo tanto, pido que se oficie a quien corresponda, con el fin de hacer llegar nuestro reconocimiento, y el de los colegas que deseen adherir, al teniente de Nancagua, señor Juan Luis Ulloa , al suboficial a cargo de la tenencia de Chépica, señor Eduardo Donoso , y al mayor de Santa Cruz, señor Ángel Villanueva , por la efectiva acción policial realizada ayer. Reitero que estos hechos han empezado a adquirir mucha importancia, por lo que requieren nuestra preocupación.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Sería muy oportuno solicitar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que estudie una figura penal para el caso de los asaltos de que son objeto las personas que están a punto de pagar las remuneraciones a sus trabajadores.
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD ODONTOLÓGICA EN HOSPITAL EL PINO Y DE MAMÓGRAFO EN CONSULTORIO EL MANZANO, EN SAN BERNARDO. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, hago uso de la palabra para señalar que hace cinco meses, precisamente el 6 de junio del año 2002, pedí que se oficiara al ministro de Salud, con el objeto de solicitarle que ordenara la implementación de la unidad odontológica del hospital El Pino, de San Bernardo, y que hiciera las gestiones del caso para dotar de un mamógrafo al consultorio de El Manzano, en el sector suroriente de San Bernardo.
Respecto de lo primero, hay que tener presente que la salud odontológica constituye una de la prioridades dentro de los programas de mejoramiento de la salud de todos nuestros conciudadanos. Los programas dentales han tenido motivaciones especiales, lo que ha sido de conocimiento público, pues algunos de ellos, como el programa especial “Sonrisa de Mujer”, han sido muy exitosos.
En ese oficio se señalaba que en la reconstrucción del Hospital El Pino de San Bernardo estaba considerada la implementación de la mencionada unidad odontológica, pero como ello no ocurrió, junto con dirigentes de juntas de vecinos y del comité de desarrollo suroriente de San Bernardo, que preside la señora María Eliana Ramírez , en julio de 2001 nos entrevistamos con el entonces subsecretario de Salud, doctor Ernesto Behnke, a fin de hacerle presente nuestra inquietud y la necesidad de construir dicha unidad.
El 31 de agosto de 2001, el subsecretario hizo la consulta al director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, quien mediante oficio ordinario Nº 1.700, recibido el 4 de septiembre de 2001, respondió que reconoce que el proyecto del Hospital El Pino considera una unidad odontológica que no fue posible implementar. Es más, algunos elementos de esa unidad fueron trasladados al Hospital Barros Luco , ante lo cual la comunidad del sector ha manifestado su inquietud.
En el mismo oficio, el director del Servicio de Salud Metropolitano Sur expresa que se solicitaron fondos para el año 2002 a fin de estructurar esa unidad de manera definitiva. Sin embargo, hasta la fecha no se ha solucionado el problema planteado.
Por eso, pido que se reitere mi oficio al ministro y al subsecretario de Salud, adjuntando copia de mi intervención, a fin de hacerle presente esta situación y de pedirle, una vez más, que se dote al consultorio de El Manzano, ubicado en el sector oriente de San Bernardo, de un mamógrafo que permita enfrentar las medidas preventivas de salud de las mujeres de ese sector.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS PERDIDAS O EXTRAVIADAS. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, periódicamente, nos estamos informando de casos de personas perdidas o extraviadas.
Actualmente, estamos viviendo el drama del extravío del joven James Harold Emmott Betancourt , de Valdivia. Hace algunos días, en Osorno se extravió el joven domador de caballos Gonzalo Alejandro Quinchagual Mancilla , quien fue encontrado muerto algunos días después.
En cada parte de nuestro país hay personas perdidas o extraviadas. Por ejemplo, en Valparaíso, está el caso de Lenin Zúñiga ; en La Unión, Jordán Fernández ; en Quellón, Sergio Fernando Gallardo Siegel y, en Concepción, un caso que ya es emblemático: el de Jorge Matute Johns .
Debemos recordar también el caso de Alto Hospicio, donde durante mucho tiempo permanecieron extraviadas cinco niñas, que después aparecieron sin vida.
Son situaciones excepcionales, graves, crudas y con características muy especiales.
El problema de los niños y adultos perdidos o extraviados es un fenómeno que provoca graves efectos en todas las sociedades. El impacto en las familias es dramático, estremecedor; compromete la razón y produce desesperación en las personas que cifran sus esperanzas no sólo en las organizaciones policiales, sino que también en el Gobierno, como ente político, y en cualquier entidad que las pueda ayudar. Pero la afectada no es sólo la familia, sino que también el ámbito natural de sus relaciones: el barrio, el colegio, la iglesia y los grupos en los cuales participan. Cuando las personas perdidas o extraviadas no son encontradas prontamente, inevitablemente se generan sensaciones de inseguridad ciudadana.
He estado trabajando en este tema desde hace algunos años, y en conversaciones con familiares de las víctimas he podido constatar su dolor ante la desaparición de sus seres queridos.
Hace algún tiempo presenté al Ejecutivo un proyecto de ley, a fin de que lo patrocinara, por contener materias que son de su exclusiva competencia. La iniciativa establece un procedimiento para investigar y encontrar a las personas perdidas o extraviadas. Muchas de las medidas propuestas se han implementado, aunque todavía se encuentran en estado precario. Algunas de ellas son la creación de un departamento de búsqueda, tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones; un registro nacional de personas perdidas o extraviadas y un catastro de ellas, con la fecha de otorgamiento y renovación de su cédula de identidad, que figure estampada en el documento. Es decir, considera todo lo que hace falta para facilitar y agilizar la búsqueda. Asimismo, contiene la creación de la figura jurídica de la orden de búsqueda; el no sobreseimiento de la causa mientras la persona se halle perdida o extraviada; la intervención del Consejo de Defensa del Estado, cuando exista un proceso de presunta desgracia o, sencillamente, una causa en que exista una persona perdida o extraviada. En fin, se trata de llenar los vacíos legales existentes en esta materia.
Es necesario que exista un sistema efectivo de búsqueda de personas perdidas o extraviadas. En la actualidad, en cada caso se investiga según el procedimiento común, que es muy complejo e inadecuado para estas situaciones. Tampoco existe un estudio criminológico sobre las causas y efectos del extravío de personas. Es decir, ni siquiera estamos en una etapa incipiente en este tipo de problemas que afectan a nuestra sociedad.
Por la gravedad que reviste el tema, como una manera de medir la situación y porque existe la necesidad de conocer la magnitud del problema, solicito que se oficie al ministro del Interior, a fin de que informe a la Cámara sobre los datos que manejan la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile respecto de cuántas personas perdidas o extraviadas existen en la actualidad. Aclaro que no estoy solicitando una nómina de las denuncias por presunta desgracia, sino el número de personas perdidas o extraviadas, cuyos casos se denominan “duros”.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando y de los miembros de la Mesa de la Corporación.
AUTORIZACIÓN AL SERVICIO DE ADUANAS DE AEROPUERTO COMODORO ARTURO MERINO BENÍTEZ PARA RECAUDAR MULTAS POR VENCIMIENTO DE VISAS. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, mi intervención tiene por objeto dar a conocer una situación muy desagradable ocurrida a un ciudadano extranjero, quien, a pesar de haber vivido durante treinta años en Chile, al regresar a nuestro país se le otorgó una visa de turista por noventa días.
Pues bien, al pretender regresar a su país natal sin advertir que su visa había vencido, la Policía de Investigaciones del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez le señaló que no podía autorizar su salida del país por ese motivo, situación que es absolutamente contradictoria. Eso ocurrió el viernes 1 de noviembre, día que fue festivo.
Entonces, su única solución era acercarse al Departamento de Inmigración de la Intendencia o al Ministerio del Interior, a fin de pedir renovación de la visa y así normalizar su situación. Después de eso sería autorizada su salida del país.
Como el viernes fue festivo y la Intendencia no atiende los sábados ni los domingos, no pudo viajar en esos días. De manera que su familia y sus maletas se fueron en el avión, y el jefe de familia se tuvo que quedar con el fin de pedir autorización a la Intendencia para abandonar el país.
¿Qué ocurre cuando alguien vulnera las disposiciones de inmigración? El Gobierno está en la obligación de deportarlo, y la deportación es a sus expensas, ya que ella implica los pasajes, la estada, los traslados. Administrativamente, no existe mecanismo para que a la persona deportada se le aplique alguna sanción, ya sea amonestación, multa o, por último, un “chirlito”. Además, nadie está en condiciones de dar una solución que permita al ciudadano extranjero que está sin autorización abandonar el país.
Después, el lunes, lo acompañé al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, a la Intendencia. Lo atendieron de manera muy diligente y, en diez minutos, se normalizó su situación, luego de amonestarlo. Sin embargo, cuando concurrió al aeropuerto a tomar el avión, se encontró con que el vuelo estaba completo y no había otro hasta 15 días más.
Es decir, por una torpeza, por falta de una disposición administrativa, un extranjero sin autorización para viajar se ve obligado a permanecer en el país durante 15 a 20 días, muchas veces con trastornos de índole económica.
En esas circunstancias, me acerqué al Ministerio del Interior. Se me informó que el abogado señor Carlos MacKenney estaba encargado del caso. Como en ese momento se encontraba en una reunión, esperé un tiempo prudente, luego del cual le dejé mis teléfonos a su secretaria. Eso ocurrió el lunes.
Pues bien, hasta hoy, más de 48 horas después, todavía no recibo ni una sola llamada del señor MacKenney ni de nadie que haya querido atender a un diputado interesado en resolver un problema de país.
En consecuencia, solicito que se envíe copia de mi intervención al señor ministro del Interior, a fin de que disponga las medidas administrativas tendientes a que algún funcionario, ya sea del Servicio de Aduanas o del aeropuerto, recaude la multa correspondiente por el vencimiento de la visa, con el objeto de evitar trastornos a familias completas ocasionados por el despropósito de dejar en Chile a extranjeros en estas condiciones.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Es evidente que el caso relatado constituye un absurdo: una persona no podía abandonar el país porque no se podía quedar.
Si su Señoría lo estima conveniente, puede hacer llegar a la Mesa el nombre del ciudadano afectado para que sea adjuntado al oficio que se le va a remitir al ministro del Interior.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, además, solicito que se hagan llegar estos antecedentes a la Comisión de Gobierno Interior, para que busque alguna solución al problema.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Así se procederá, señor diputado.
ATENTADO A ECOLOGÍA EN LA COMUNA DE MACHALÍ. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, en una conjunción de malas noticias, hubiese querido no hacer denuncias referidas a Rancagua.
En esa ciudad, como se sabe, hay proyectos universitarios; la empresa Superpollo ha vuelto a exportar a Europa; se ha abierto una nueva sala de arte; se han implementado nuevas políticas sociales. En fin, han ocurrido cosas buenas. Sin embargo, la fiscalización y la denuncia son parte de nuestra labor y no queda otra cosa que cumplir el deber.
El fin de semana pasado constaté en persona, a partir de una denuncia de trabajadores de Codelco-Chile, que en la zona de Chacayes, en el predio del señor Eduardo Galarce , se ha atentado en forma brutal contra la ecología.
La totalidad de la corteza de los árboles más grandes de la zona, los quillayes -la totalidad, no pequeñas franjas- ha sido arrancada, supongo que para venderla a laboratorios farmacéuticos.
Ante esta denuncia, el director provincial, señor Prado , sostuvo que se usó el plan de manejo de la Conaf.
He hablado con botánicos e ingenieros forestales, quienes han señalado que sólo pueden arrancarse franjas de la corteza de los quillayes y que no puede destruirse el cambium, que es la parte viva del árbol.
Al parecer, ahí hay un atentado bastante oprobioso al bosque de nuestra zona.
Solicito que se oficie para que la Conaf aclare si hay una debida fiscalización de los planes de manejo para la recolección de la corteza de los quillayes en Chacayes.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de diputados del Partido por la Democracia y de la Mesa.
ANOMALÍAS EN COLOCACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL BANCO DEL DESARROLLO. Oficio.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, en segundo lugar, en mi oficina parlamentaria de Rancagua, he conocido el caso de seis personas de escasos recursos que solicitaron préstamos en el Banco del Desarrollo, por montos de 400 mil y 600 mil pesos, para microempresas, y hoy enfrentan juicios de remate de sus casas por el no pago.
Entiendo que las disposiciones legales vigentes consagran la obligación de los agentes de ver los flujos de caja, a fin de que detecten si hay correspondencia entre las garantías y el monto del préstamo solicitado.
La situación es muy anómala. En dos de los casos, las personas que han hecho las denuncias han señalado que habría agentes no muy dados a considerar la realidad de la empresa y que sugieren que se tramite un préstamo de microempresas, que luego lleva a las personas pobres a un verdadero calvario.
Solicito que se oficie para que el superintendente de Bancos informe si existen normas que regulan los préstamos, si se cumplen los planes de evaluación de los microempresarios, si los bancos actúan con seriedad para evitar verdaderas tragedias sociales, muy contradictorias con la publicidad que las propias entidades financieras hacen respecto de su rol.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados del Partido por la Democracia y de la Mesa.
EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FERROCARRILES DEL ESTADO. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, la opinión pública ha quedado consternada por el trágico accidente que causó gravísimas lesiones a una joven estudiante universitaria oriunda de Concepción, quien cayó, como todos sabemos, de un tren en marcha al tratar de pasar de un carro a otro.
Este accidente, que ha mutilado a una jovencita en plena flor de su vida, pudo y debió haberse evitado. Se dice -eso lo tendrá que confirmar la investigación judicial pertinente- que, entre un carro y otro, debió haber una rejilla, la cual aparentemente no estaba, lo que constituiría una falla de tal magnitud que amerita la aplicación de severas sanciones a los funcionarios que deben velar por la seguridad de ese medio de transporte.
Para quienes queremos el ferrocarril y creemos que Chile lo necesita, que decimos que es y debe ser el sistema de transporte más seguro, quizás, ése sea el motivo de tanta lucha por establecerlo a través del país.
El progreso de tantos lugares depende del establecimiento de ese medio. Ayer, conjuntamente con la noticia triste, llegó a su término una “negociación” parlamentaria con el Ejecutivo y directivos de la empresa de Ferrocarriles del Estado. Ése es un motivo de felicidad, especialmente para el sur de Chile.
Pero esa felicidad -como decía- se ha visto empañada por el accidente que comento. Por eso, exigimos una explicación a los responsables que, por descuido o negligencia, no previnieron esa falla técnica.
Digo esto en virtud de que se comprometieron cuantiosas inversiones para reponer a la brevedad el ferrocarril al sur. Antes de fines del año 2005, se establecerá el servicio de transporte de carga y de pasajeros entre las ciudades de Temuco y Puerto Montt.
Mi cariño por el ferrocarril, que tanta riqueza y bienestar llevó al sur de Chile, y mi admiración por la labor esforzada de sus trabajadores, me impulsan a solicitar de esa empresa que realice una inversión en medidas de seguridad del transporte.
Hoy se han aprobado recursos que perfectamente aliviarán el presupuesto de inversiones de la empresa y entendemos que, junto con avanzar en la extensión de las vías, lo esencial es asegurar la vida e integridad de las personas que son transportadas.
En consecuencia, pido que se oficie, en mi nombre, al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de que dé especiales instrucciones a Ferrocarriles del Estado para que evalúe a fondo las medidas de seguridad de sus servicios y contrate, si es necesario, más personal, incluyendo a antiguos trabajadores ferroviarios, con experiencia, desvinculados de la empresa hace no muchos años, cuya contribución en materia de seguridad puede ser esencial y sin un costo excesivamente alto.
La firma del protocolo compromiso es trascendental en la vida de Ferrocarriles del Estado y, por supuesto, para la zona sur.
Por ello, este parlamentario, que durante años ha luchado para que el ferrocarril llegue hasta Puerto Montt, expresa su satisfacción y agradecimiento al Ejecutivo por su disposición a firmar dicho acuerdo.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.53 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.