Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- REFORMA PROCESAL PENAL.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Marcela Cubillos Sigall
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Mario Escobar Urbina
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- REFORMA PROCESAL PENAL.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pablo Lorenzini Basso
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Julio Dittborn Cordua
- Camilo Escalona Medina
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Exequiel Silva Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 14ª, en martes 5 de noviembre de 2002
(Especial, de 18.03 a 20.49 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia4
II.Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
Autorización a Comisión investigadora para sesionar simultáneamente con la Sala7
V.Objeto de la sesión.
Reforma Procesal Penal7
VI.Documentos de la Cuenta.
Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
1.Sobre derechos y deberes de las personas en salud (boletín Nº 2727-11)45
2.Establece un régimen de garantías en salud (boletín Nº 2947-11)45
3.Establece el financiamiento del gasto fiscal representado por el plan Auge y Chile Solidario (boletín Nº 2982-11)45
4.Modifica la ley Nº 18.933, sobre instituciones de Salud Previsional (boletín Nº 2981-11)46
5.Modifica el decreto ley Nº 2.763, de 1979 (boletín 2980-11)46
6.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 19.479, que dicta normas sobre gestión y personal del Servicio
Nacional de Aduanas (boletín Nº 3034-05)47
7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lorenzini, Cardemil, Dittborn, Escalona, Hidalgo, Jaramillo, Ortiz y Silva, que modifica la ley
Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, con el propósito de dar carácter permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos (boletín Nº 3011-05)60
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
-- Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Escobar Urbina, Mario
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Herrera, Eduardo
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Rebolledo González, Víctor Manuel
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Carlos Montes Cisternas.
Asistieron, además, el presidente de la Corte Suprema, señor Mario Garrido Montt; el Fiscal nacional del Ministerio Público, señor Guillermo Piedrabuena; el defensor público, señor Rodrigo Quintana y el subsecretario de Justicia, señor Jaime Arellano.
Concurrieron los ministros de Justicia, señor José Antonio Gómez, y de Salud, señor Osvaldo Artaza.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 18.03 horas.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 9ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 10ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que la Comisión investigadora encargada de analizar los posibles actos ilegales en la concesión y funcionamiento de las plantas de revisión técnica de todo el país pueda sesionar simultáneamente con la Sala los días martes, miércoles y jueves de cada semana.
Acordado.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
REFORMA PROCESAL PENAL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
La presente sesión tiene por objeto tratar la marcha de la reforma procesal penal, ya vigente en cinco regiones del país.
Solicito el asentimiento para que puedan ingresar a la Sala el presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Mario Garrido Montt ; el fiscal nacional del Ministerio Público, don Guillermo Piedrabuena Richard , y el defensor penal público, señor Rodrigo Quintana Meléndez , quienes acompañan al ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez .
Acordado.
El tiempo previo de 15 minutos corresponde al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, me complace que el presidente de la Excelentísima Corte Suprema, el fiscal nacional del Ministerio Público, el defensor penal público y el ministro de Justicia hayan aceptado la invitación de los Comités para asistir a la presente sesión a fin de analizar la marcha de la reforma procesal penal, la que, a estas alturas, ya incluye un número importante de regiones de nuestro país.
Quizás una de las características más llamativas del proceso de reforma al sistema de enjuiciamiento o de procesamiento criminal en Chile es que nace, primero, como una iniciativa de ciertos grupos de la sociedad civil, y luego es considerada con mucha fuerza por el Estado, dándole un carácter de proyecto gubernamental.
Antes de que ello ocurriera, hubo un intenso y planificado trabajo de distintas instituciones y personas que fueron creando el ambiente propicio para que la iniciativa pudiera transformarse, paso a paso, en lo que hoy se considera la reforma judicial más importante de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI.
Sin duda, la Cámara de Diputados, que tuvo una participación muy relevante en la creación de los instrumentos jurídicos que dieron vida a la reforma, no puede sino estar interesada en conocer de primera fuente la marcha de la reforma procesal penal.
En la actualidad, el aparataje jurídico que da cuenta de la reforma se encuentra en una etapa bastante avanzada. Buena parte de los proyectos se encuentran aprobados y publicados en el Diario Oficial.
El proyecto de Código Procesal Penal, presentado para su discusión legislativa el 5 de junio de 1995, fue aprobado por el Congreso Nacional el 29 de agosto de 2000, promulgado por el Presidente de la República en septiembre del mismo año y, finalmente, publicado en octubre de ese año. La reforma constitucional que creó el Ministerio Público fue remitida al Congreso, para su discusión, el 28 de marzo de 1996, y publicada en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 1997; la ley orgánica constitucional del Ministerio Público fue enviada para su discusión en marzo de 1998 y publicada el 15 de octubre de 1999; el proyecto de reformas al Código Orgánico de Tribunales se remitió a tramitación el 11 de noviembre de 1998, y fue publicado en el Diario Oficial en marzo de 2000; la ley que crea la Defensoría Penal Pública inició su tramitación el 12 de julio de 1999, y fue publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 2001. Finalmente, el proyecto de ley de normas adecuatorias, remitido el 11 de agosto de 1998, ya se encuentra publicado en el Diario Oficial.
Sin duda, a estas alturas contamos, en términos generales, con todo el aparataje jurídico que requería esta importante reforma. Además, ella está en marcha en cinco regiones, y a fines de año se incorporarán otras dos. Así, en 2005 esta reforma regirá en la totalidad del país.
A propósito de la marcha de la reforma procesal, vamos a tener oportunidad de escuchar a las personas que más nos pueden informar y conversar sobre esta materia. Días atrás leía en “El Mercurio” un artículo cuyo título era “Una reforma en marcha”, del ministro don José Antonio Gómez . En su parte medular, indicaba algunas necesidades que requiere aún el proceso de reforma.
En primer lugar, señalaba la necesidad de que existiera mayor difusión y educación sobre esta reforma para que la ciudadanía conociera y comprendiera las características básicas del sistema, sus nuevos actores, los derechos que el sistema reconoce y la manera de ejercerlos. Entonces, hay una demanda del propio ministro de Justicia para hacer más publicidad acerca de esta reforma, que ya está en marcha en cinco regiones y pronto se aplicará en todo el país, con el objeto de que sea más asumida por la sociedad. Además, establecía como desafío el mejoramiento del modelo de distribución de cargas de trabajo entre los nuevos tribunales, dado que la evidencia disponible muestra que la misma es inequitativa en la utilización de algunos recursos humanos y materiales.
De esa frase, interpreto que es necesario hacer algunas distribuciones de trabajo. De allí se desprende que probablemente están subocupados los tribunales orales y sobreocupados los fiscales o los jueces de garantía. Entonces, ahí hay que hacer la interpretación no sé si es correcta la que yo hago sobre esa inequidad y mala distribución del trabajo. Pronto conoceremos los proyectos a fin de mejorar esa distribución.
También señalaba, en un considerando tercero, el perfeccionamiento de la generación, recopilación y análisis de las cifras del nuevo sistema, tanto en comparación con el antiguo sistema como con las proyecciones tenidas a la vista en su diseño, dándole debida difusión para que el sistema, en su evaluación, se revista de la transparencia de que se hablaba en el propio modelo.
Por último, indicaba como un desafío el monitoreo constante de las relaciones entre la instalación y el funcionamiento del nuevo proceso penal y de sus impactos en el trabajo policial: tasas de denuncias, medidas cautelares decretadas, esclarecimiento de delitos, condenas, penas aplicadas y su efectivo cumplimiento. Decía que en todo esto se estaba trabajando para dar cumplimiento a la necesidad de solucionar ese desafío.
Sin duda, la reforma procesal penal no puede ser interpretada como una cuyo objetivo central y único sea el tema de la seguridad ciudadana. Juzgarla sólo en función de ese tema sería un error y una mala forma de evaluarla desde el punto de vista de las decisiones objetivas que debemos tomar respecto de su marcha y eventuales adecuaciones que pudiera requerir. También es indispensable entender que la gente está observando que la reforma procesal penal tiene una consecuencia en el tema de la seguridad ciudadana, aunque no sea la exclusiva. La ciudadanía entiende que la reforma procesal penal tiene que ver con su propia seguridad y con su libertad de movimiento, de espacio. Desentenderse de aquello sería un error, tal como hacer sólo un juzgamiento, una reforma de esta envergadura y naturaleza exclusivamente en función de la seguridad ciudadana. Sé que éste no es un tema necesariamente impactante, pero para algunas personas es de relevancia.
Me parece importante conocer la finalidad de algunas noticias que han estado saliendo en los diarios. Por ejemplo, se habla de que se estudia la posibilidad de darle autonomía a la defensoría pública, tema que hoy no está establecido así en la ley que le dio origen. Sería importante saber qué hay de verdad en eso, cuáles son las razones y tener algún pronunciamiento de las autoridades del ministerio sobre esa materia.
Por cierto, no se trata de ocupar esta sesión en el estudio de casos particulares; pero, sin duda, hay temas que a uno le interesan: el tratamiento de la víctima como testigo, según algunas sentencias que han salido, lo cual tiene algunos inconvenientes desde el punto de vista de los procesos y de la seguridad de las personas. Las inquietudes e intereses son muchos. Probablemente, los diputados que representan en este hemiciclo a regiones donde está en marcha la reforma, como es el caso de la Novena y Cuarta regiones, hace un par de años, y en regiones del norte y del sur, hace un año, tendrán más preguntas y más elementos que entregar a partir de la experiencia en la región sobre el funcionamiento de la reforma.
Sin duda, nadie puede negar y no se hizo en esta Corporación, en su momento la importancia de esta reforma. El voto casi unánime de todas las leyes que forman parte de ella da cuenta de aquello; además, existía la necesidad indiscutida de sustituir un sistema que se caía a pedazos, que no funcionaba y que requería de una modificación esencial. Hoy estamos en presencia de una reforma que debemos cuidar y mejorar, la que, a juicio de este Congreso Nacional, debe estar permanentemente en análisis por quienes han tenido una importante participación en las leyes que permitieron establecerla.
Como la sesión tiene por objeto más bien escuchar a nuestros invitados, dejo hasta aquí esta intervención meramente enunciativa de los objetivos de esta reforma.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos .
La señora CUBILLOS (doña Marcela).-
Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para plantear algunas inquietudes que surgen al analizar antecedentes estadísticos existentes en marzo de este año sobre la aplicación de la reforma procesal penal. Quizá, algunos de ellos han sido abordados o solucionados, pero es la oportunidad para recabar la información pertinente sobre seis interrogantes específicas.
En primer lugar, de acuerdo con datos entregados, el 72,89 por ciento de los casos termina por archivo provisional, aplicación del principio de oportunidad o por ejercicio de la facultad de no investigar. Este alto porcentaje de asuntos terminados en relación con los recepcionados puede conducir a error y a confusión en la ciudadanía, en el sentido de que la mayoría de los casos estarían siendo resueltos rápidamente, en circunstancias de que lo que ocurre es que prácticamente en el 73 por ciento de los casos no hay investigación. En buenas cuentas, las cifras nos señalan que más de las dos terceras partes de los asuntos no son investigados. De hecho, la información arroja que las sentencias condenatorias y acuerdos reparatorios llegan a poco más del 12 por ciento.
Sin duda, sería conveniente conocer esos datos desagregados, a fin de saber el número de delitos de mayor impacto público, sea robo, lesiones, abusos sexuales, homicidios, etcétera, que terminan sin conocerse, sin investigación, para que, de esa manera, haya mayor transparencia.
En segundo lugar, en términos específicos tengo una interrogante en relación con lo que estaría ocurriendo en la Cuarta Región. La Serena, en particular, aparece con un porcentaje muy inferior de casos terminados en relación al resto de las regiones en que se ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema. Allí, en esa región, el término de casos recepcionados es de un 60 por ciento, mientras que en la Novena Región, ese porcentaje alcanza al 75 por ciento. Específicamente en La Serena, el porcentaje de casos terminados es de un 47 por ciento. ¿Cuál es la razón de este retraso en la Cuarta Región? ¿Hubo una mala provisión de recursos, mala gestión o combinación de factores?
Una tercera interrogante es que de los mismos datos estadísticos que conocemos se extrae que en la Cuarta y Novena regiones, las que tienen más tiempo de aplicación de la reforma, el promedio de días en la tramitación de los delitos es de 78,2 y 49,3, respectivamente. En cambio, en las regiones Segunda, Tercera y Séptima el tiempo promedio es de veinte, veinticinco o veintiseis días. De acuerdo con estos antecedentes, quiero preguntar si existe alguna relación, según la información que se maneja, entre el aumento de los tiempos de tramitación y de aplicación de la reforma, es decir, si a más tiempo de aplicación hay mayor tiempo de tramitación. De ser así, ¿cuál sería el modo adecuado de enfrentar que siga subiendo el plazo de días de tramitación?
En cuarto lugar, una duda muy específica a lo mejor estoy equivocada respecto de la información pública que se maneja: si es efectivo que en los delitos vinculados con droga existe un menor porcentaje de casos terminados en comparación con los recepcionados. De ser así, es bueno saber cuál es la razón, por qué se produce esa situación.
Las últimas dos interrogantes dicen relación con declaraciones hechas por el señor fiscal nacional el año pasado durante una evaluación de la primera etapa de aplicación de la reforma. Él señaló que la idea era evitar algunos errores de la primera etapa, entre ellos interpretaciones como dijo en esa oportunidad excesivamente garantistas en favor del imputado por parte de los operadores de la reforma, y falta de adecuada protección para las víctimas que no han sido citadas a las audiencias judiciales respectivas. Me gustaría saber cómo se han ido solucionando, en la práctica, los reparos que tenía el fiscal nacional al hacer una evaluación de la primera etapa.
Por último, en esa cuenta anual él pidió una reforma tendiente a establecer, en la Décima Región, dos fiscales regionales y no uno. ¿Qué resolvió el Ejecutivo al respecto?
Además, en esa oportunidad dijo que había solicitado al Ejecutivo estudiar la posibilidad de adelantar la selección de fiscales para la Región Metropolitana, con el objeto de que tuvieran el tiempo necesario para prepararse. Quisiera saber qué se ha resuelto en ese aspecto y cómo se abordará esa materia.
Son seis dudas bastante específicas respecto de las cuales, aprovechando esta oportunidad, me gustaría recabar información.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Quisiera saber si el ministro de Justicia y los demás invitados desean contestar al final o en forma inmediata las intervenciones de los señores diputados.
El señor GÓMEZ (ministro de Justicia).-
Al final, señor Presidente.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Muy bien, señor ministro.
Solicito la unanimidad para que pueda ingresar a la Sala el subsecretario de Justicia, señor Jaime Arellano.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic .
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, me sumo a los agradecimientos por tener la oportunidad de revisar la reforma procesal penal con la presencia de los actores principales. Me refiero al presidente de la Corte Suprema, el ministro señor Mario Garrido ; al fiscal nacional, señor Guillermo Piedrabuena , y a nuestro amigo, el ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez .
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se debatió el proyecto de reforma procesal penal prácticamente durante cuatro años. Además, tuvimos la oportunidad de conocer situaciones comparadas, concretamente de Alemania, y nos fuimos empapando de la reforma de manera lenta y gradual, conociendo no sólo reitero la experiencia nacional, sino también la comparada.
Siempre se tuvo en cuenta un proyecto de reforma procesal penal que hubiese tenido alguna experiencia en Argentina y en otros lugares del continente sudamericano. En virtud de ella, más la europea recuerdo que con don Adrián Álvarez , entonces secretario de la Comisión, tuvimos la oportunidad de estar en Alemania para conocer su sistema, y, como bien decía el diputado informante, esto nació de la sociedad civil, de las universidades, de las corporaciones. En la práctica, toda la comunidad se vio envuelta y participó en la reforma.
Sólo quiero aprovechando la presencia de tan importantes personas que hoy están involucradas en la ejecución de la reforma procesal penal hacer algunas preguntas. Principalmente, quisiera plantear incertidumbres más que certezas.
Uno de los puntos fundamentales que se discutió con mucha fuerza en la Comisión y lo decían quienes ya habían tenido la oportunidad de ejercer una reforma procesal penal hace pocos años fue que para la buena investigación del Ministerio Público era preciso lograr una relación fluida, de cooperación entre el fiscal adjunto o regional y los cuerpos policiales.
Quisiera consultar al Ministerio Público cuál ha sido su experiencia en la relación con los cuerpos policiales, porque si la investigación no va acompañada de la colaboración de esos elementos, principalmente de las Policías de Investigaciones y de Carabineros de Chile, se verá truncada, absolutamente menguada, disminuida. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido en las cinco regiones donde ya se ha puesto en marcha la reforma procesal penal?
Autonomía del Ministerio Público.
Nosotros quisimos darle está de moda la palabra, aunque no es muy adecuada un verdadero blindaje constitucional, legal, al Ministerio Público. Tiene consagración constitucional, pero en algunos países el fiscal nacional depende del Ministerio de Justicia; en Estados Unidos, depende del Secretario de Estado de Justicia, o del procurador general, como se llama allá. En Alemania nos advirtieron que tuviésemos mucho cuidado, por cuanto el fiscal nacional no debe depender tanto del Ejecutivo.
Quisiera que el fiscal informara cuál ha sido la experiencia que ha tenido respecto de la autonomía del Ministerio Público, consagrada en la Constitución Política.
Defensoría Pública.
Recuerdo que hubo un momento en que los diputados integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no quisimos seguir tramitando la reforma procesal penal porque no teníamos conocimiento del proyecto sobre la Defensoría Pública. Faltaba una pata. Hablábamos de que existía una relación que no era simétrica ni recíproca; el Ministerio Público era un gran gigante, con consagración constitucional...
La señora MUÑOZ, doña Adriana(Presidenta).-
Diputado señor Luksic , concluyeron los seis minutos que le entregó su bancada.
El señor LUKSIC.-
Sólo voy a terminar la pregunta, señora Presidenta. Quisiera saber si se ha planteado la idea de dar mayor autonomía al defensor público.
Por otro lado, quisiera que el señor ministro me señalara si ha significado un mejoramiento de las corporaciones de asistencia judicial la presencia del defensor público, en cuanto al conocimiento y competencia en materia penal.
Como la idea de esta sesión es escuchar a nuestros invitados, haré sólo esas tres preguntas.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana(Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Forni .
El señor FORNI.-
Señora Presidenta, nos alegramos de que la Cámara sesione hoy para evaluar el funcionamiento de la reforma procesal penal, pues el derecho a la justicia es el tema de mayor interés para nuestros compatriotas. Durante muchos años nos conformamos con la excusa de que la justicia tarda, pero llega. Hoy, el país le exige que sea oportuna, moderna, accesible y que cumpla con el objetivo de dar a cada uno lo suyo.
No es un tema fácil; la decisión de reformar la justicia requirió de decisión y voluntad política. Y la hubo. Gobierno y Congreso Nacional se unieron con el fin de reformar un sistema vigente en Chile durante casi cien años y que, bueno o malo, objetivamente no resolvía los problemas que en esta materia tenían los chilenos. Las más de las veces generaba una sensación más bien de denegación que de hacer justicia.
Gracias a Dios, los esfuerzos del Gobierno y del Congreso rindieron sus frutos: un nuevo Código Procesal Penal y una legislación adecuatoria del resto de la normativa. Resultado: un nuevo sistema procesal penal vigente en algunas regiones del país con relativo éxito.
Por eso, es oportuno que esta Corporación discuta y analice las causas por las cuales no podemos aún calificar la implementación de esta reforma como de completamente exitosa. Es un buen momento para recibir una señal de alerta de los actores y de la ciudadanía respecto de ciertos problemas de gestión, de interpretación y de aplicación de normas.
Es también la oportunidad de avanzar en el estudio de posibles modificaciones legislativas que permitan la obtención de mejores resultados en el más breve plazo.
Creo que este análisis es, además, necesario, antes de que la reforma entre en vigor en las regiones Quinta, Octava y Metropolitana.
Por eso, y para aprovechar la asistencia de nuestros invitados, actores fundamentales en la implementación de la reforma, quiero conocer la opinión de ellos respecto de una serie de aspectos respecto de los cuales existen algunas inquietudes.
En primer lugar, señores ministro, fiscal y presidente de la Corte Suprema, quiero saber si, a juicio de ustedes, el sistema está haciendo un uso eficiente de los mecanismos procesales con que se cuenta para descongestionar el flujo de causas. Da la impresión de que las salidas alternativas, las facultades discrecionales del Ministerio Público y los mecanismos de simplificación procesal, están siendo subutilizados. Según entiendo y me gustaría confirmarlo con ustedes, las proyecciones, al momento de discutirse la reforma en cuanto a la utilización de estos mecanismos, eran bastante más altas.
En relación con el mejoramiento de la gestión, centralmente respecto de las figuras de los administradores, da la impresión de que en el diseño original estos funcionarios tenían que asumir una fuerte conducción en la gestión de las causas y recursos del juzgado. Por tanto, la consulta a nuestros invitados, en relación con el tema de los administradores, es si ustedes perciben que hay un problema de definición de roles, particularmente en la relación que existe entre los administradores de los tribunales y los jueces. Uno percibe un descontento profesional de los administradores que mantienen aún una dependencia de los jueces, que muchas veces no dejan administrar con criterios de eficiencia.
En segundo lugar, me gustaría saber si ustedes perciben que los jueces están contratando, por esta misma razón, a administradores de bajo perfil para manejar o continuar manejando la administración. En definitiva, todo indica que en la gran mayoría de los casos los tribunales y las causas siguen siendo dirigidos por los jueces, pasando el administrador a tener un papel relativamente secundario.
Otro tema que genera preocupación es la falta de capacitación y de preparación técnica de algunos jueces. Reflejo de lo anterior sería, por ejemplo, la falta de fundamentación en los fallos.
En relación con el Ministerio Público y aprovechando que se encuentra presente el fiscal nacional, también uno logra percibir que existe muy poca relación de los fiscales con la comunidad. Más bien se entrega esta relación, que es tan importante en el sistema, a un funcionario asesor del fiscal regional.
Por otra parte, también me gustaría saber cuál es la opinión que tienen respecto de la distribución de las causas en los juzgados de garantía. También existe la sensación de que no hay criterios de especialización de los jueces o criterios para distribuir el trabajo por tipo de audiencia. Ello, lamentablemente, influye en el tema de la radicación de las causas en el juez que parte conociendo el caso. El problema es que esta falta de especialización no permite economías de escala, lo que, muchas veces, se traduce en una sensación de colapso de los juzgados de garantía.
En cuanto a las audiencias, me preocupa y también nos gustaría conocer la opinión del fiscal el alto número de ellas que fracasa por deficiencia en la notificación o bien porque no concurren algunos de los actores fundamentales. Me gustaría conocer la impresión de ustedes respecto de la forma como se están llevando a cabo las audiencias. En algunas regiones en las cuales se ha implementado la reforma, existe la impresión de que no hay capacidad para atender un número determinado de audiencias, que éstas se extienden excesivamente y, en general, que existe falta de eficiencia en la gestión de su flujo.
Por ejemplo, me gustaría saber si se ha avanzado algo en la confección de una agenda única que permita al fiscal o al defensor organizar su trabajo. Hoy es perfectamente posible que un fiscal o un defensor tengan dos audiencias a la misma hora en distintos tribunales. En la práctica, esta falta de agenda única obliga al defensor y al fiscal a estar mucho tiempo en el tribunal a la espera de la audiencia, lo que refleja una clara deficiencia en la gestión del recurso humano.
Como causas de la excesiva duración de las audiencias se mencionan los defectos en la forma de litigar, la falta de capacitación de los actores y una tendencia de los jueces a no tomar decisiones en el momento. Me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto de si las causas que he mencionado son las que provocan esta prolongación excesiva de las audiencias o si, eventualmente, existen otras.
¿Qué se está haciendo, señor ministro, señor fiscal y señor presidente de la Corte Suprema, para evitar este problema?
Otro tema que preocupa y que parece ser más de mala aplicación que legislativo es el que dice relación con algunas malas costumbres que se han ido adquiriendo. Por ejemplo, me gustaría saber si es efectivo que los defensores toman contacto con el imputado sólo en la audiencia o que el Ministerio Público no genera instancias de negociación antes de la audiencia.
Deseo saber si existen instancias de coordinación, a nivel regional, compuestas por representantes de tribunales, fiscales y defensores.
Señora Presidenta, serían muchas las preguntas que quisiera hacer, pero deseo dejar tiempo a los colegas que representan a distritos en que se está aplicando la reforma.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez .
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señora Presidenta, estamos analizando el funcionamiento de la ley más importante y revolucionaria que el Congreso Nacional ha dictado desde la recuperación de la democracia. Cambiar el sistema judicial penal que, por muchos años, funcionaba en el país, con todos sus vicios, constituye una gran tarea para la justicia.
De esa magnitud es la legislación que hoy se analiza en la Cámara de Diputados. Desde ese punto de vista, habría que felicitar al o a los diputados que tuvieron la idea de evaluar en su mérito si ha funcionado o no esta importante ley de la República.
Si ponemos en una balanza el antiguo procedimiento y el que tenemos hoy, después de casi dos años de funcionamiento, no tengo ninguna duda de que ha sido tremendamente positivo para el país, más allá de las dificultades que significa iniciar un proceso revolucionario: el cambio de un sistema que duró más de cien años. Y lo es porque el ciudadano común y corriente ha empezado a confiar nuevamente en la justicia chilena, lo que es un tema no menor. Perdone, señor presidente de la Corte Suprema, pero el desprestigio que tenía el Poder Judicial con un procedimiento poco transparente y que no daba garantías a los procesados, era evidente. A partir de este nuevo proceso, la gente empieza a confiar en una institución tan importante para la democracia como es el Poder Judicial. Se trata de un tema que, sin duda, debe ser discutido. ¿Qué opina la gente de este nuevo procedimiento en relación con el que existía anteriormente?
En primer lugar, se trata de un proceso mucho más rápido que el anterior. No olvidemos que con el antiguo sistema, los juicios penales duran hasta 15 años, con un promedio de 7 u 8 años. En cambio, el nuevo sistema ha demostrado que los mismos se extienden entre siete meses y dos años.
Como puede colegirse, hoy los procesos se desarrollan en forma mucho más rápida y efectiva. Además, se trata de un procedimiento que ofrece garantías a quien es acusado de un delito, lo que no ocurría en el antiguo sistema, en el cual las garantías eran mínimas. En la actualidad, la responsabilidad final se decreta cuando la persona es condenada.
También se ha avanzado en la transparencia de estos procesos. Hoy existen alegatos públicos. Estos temas deben estar presentes a la hora de analizar este procedimiento, porque necesariamente debe ser comparado con lo que existía con antelación. Si hacemos ese ejercicio, no existe ninguna duda de que el actual procedimiento es superior. Y continuará mejorando, en la medida en que se perfeccione y complemente.
En ese contexto y aprovechando la presencia del ministro de Justicia, del presidente de la Corte Suprema y del fiscal nacional del Ministerio Público, quiero hacer presente algunas aprensiones, de modo de clarificar algunos temas.
En primer lugar, quiero saber si la Defensoría Penal Pública, con las herramientas que le entrega la ley, tiene la capacidad efectiva de responder a una buena defensa penal. Hay que recordar que se crearon dos instituciones: la fiscalía, ese tremendo monstruo que dispone de todo tipo de recursos y de capacidades económicas y humanas, entre ellas fiscales y policías, y aquella que asume la defensa de los procesados, más pequeña, pero tan importante como la primera. Evidentemente, existe un desequilibrio entre el Ministerio Público la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública. ¿Cuáles son los criterios de esta institución para asumir la defensa de un inculpado? ¿Son suficientes los instrumentos que entrega la ley para llevar a cabo una buena defensa penal, que es lo que la gente persigue cuando es sometida a procesos de carácter judicial penal?
En segundo lugar, quiero insistir en algo que planteé con ocasión de la discusión de este tema en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia: la interrelación que existe entre la policía y el fiscal. En esa discusión, Carabineros mostró muchas aprensiones respecto de este punto, sobre todo en cuanto a los procedimientos de investigación, órdenes de detención, apremio y allanamiento. En virtud de esa dependencia, la policía no actuaría en forma tan independiente, sino repito bajo la tutela del fiscal, que es quien lleva adelante la investigación penal procesal. ¿Cómo ha sido la relación entre quien dirige la investigación y quien la ejecuta? ¿Cuál es la institución que ocupan los fiscales para investigar? ¿Ha tenido Carabineros un rol secundario o una activa participación en la investigación de los delitos?
Mantengo lo que señalé al comienzo de mi intervención: para analizar el funcionamiento de este nuevo sistema, necesariamente se lo debe comparar con el procedimiento que existía. De lo contrario, no podría practicarse una medición clara respecto de su funcionamiento. Desde esa perspectiva, tanto la ex ministra de Justicia, señora Soledad Alvear , como el actual titular de la cartera, señor José Antonio Gómez , han llevado adelante en forma brillante una reforma que ha significado una verdadera revolución en el plano judicial, sobre todo porque a partir de este nuevo sistema, el ciudadano común y corriente, ése que no creía en la justicia, ha comenzado a tener otra visión respecto de la justicia penal chilena.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señora Presidenta, me alegro de intervenir inmediatamente después de quien me antecedió en el uso de la palabra, por cuanto su Señoría pertenece a una región en la que todavía no se implanta el nuevo sistema procesal penal. Quien habla representa un distrito de la Novena Región, donde el sistema opera hace casi dos años, situación que nos permite compartir los buenos oficios, en cuanto a que se trata de un muy buen procedimiento comparado con el anterior. También deseo señalar que, más que preocuparme por los delincuentes o por los presuntamente inculpados, me interesa que exista una buena justicia, que dé tranquilidad a las víctimas.
En el procedimiento penal tradicional, las funciones de investigar, de juzgar y de condenar correspondían a un mismo juez, lo que dificultaba una correcta administración de justicia. En la actualidad, notamos que la falta de transparencia que se evidenciaba en aquel entonces, se ha visto modificada. El carácter secreto de la investigación también es un avance positivo. La experiencia demostró que ese sistema estaba colapsado y que no permitía aplicar justicia en tiempo oportuno. El nuevo juicio oral diferencia las funciones. Un ente acusa e investiga; otro, sanciona y termina condenando a través del tribunal oral. Esto, al menos en la teoría, garantiza una mejor administración de justicia.
La puesta en práctica de este nuevo modelo en la Novena Región ha tenido de dulce y de agraz. De dulce, porque ha permitido que los fiscales concentren su investigación en juicios relacionados con delitos de gravedad y no en infracciones de carácter menor. También es un punto positivo la mayor flexibilidad que tienen los fiscales para investigar, porque permite obtener elementos probatorios con mayor facilidad y recurrir a un mayor número de éstos.
Ahora bien, uno de los aspectos negativos esto es lo que interesa, por cuanto la finalidad de esta sesión especial no es sólo analizar los aspectos positivos, sino también los negativos de la experiencia vivida hasta ahora consiste en la exagerada exigencia que los jueces de garantía piden a los fiscales para llevar adelante la investigación en contra de los culpables. Se llega al extremo esto es importante de tener presente de que los fiscales sólo cuentan con 12 horas para investigar desde el momento en que un detenido es puesto a su disposición, a fin de reunir todos los medios de prueba, comparecer ante la audiencia de control y lograr la prisión preventiva. El resultado práctico, en muchos casos, ha sido que delincuentes autores de robos, asaltos, incendios y atentados contra la vida e integridad de las personas, quedan de inmediato en libertad.
La víctima y la sociedad, que son mis preocupaciones, quedan en total indefensión, producto de una excesiva permisividad con que los jueces de garantía otorgan las libertades provisionales.
Efectivamente, lo que dijo el parlamentario que me precedió en el uso de la palabra, es un hecho real, porque el que tiene más garantías en este minuto es el presunto culpable. Todo esto genera desconfianza en la ciudadanía que, en general, no percibe en La Araucanía los beneficios del nuevo juicio penal y, por el contrario, se da cuenta de que gran parte de sus denuncias quedan en la nada porque los delincuentes recuperan su libertad con excesiva facilidad e, incluso, muchos de ellos se dan el lujo de amenazar a quienes son víctimas de sus acciones delictuales.
Otro aspecto que debe corregirse se refiere al enorme recargo de trabajo que han tenido los fiscales, producto de la subestimación y esto es muy importante del número de investigaciones que se estimó que cada uno de ellos tendría que realizar, a raíz del alto número de violencia rural existente en la región.
Hay algunos, entre los cuales me cuento, que estimamos que La Araucanía no era el mejor sitio para tomarlo como un referente desde el cual se pudiera proyectar una experiencia a todo el país. Y aquí aparece reitero una subestimación de la carga de trabajo de los fiscales.
Hoy nuestros esfuerzos deberían concentrarse en presentar un proyecto de ley que perfeccionara el nuevo proceso penal que, como toda iniciativa que se pone en práctica, debe analizarse con sentido crítico y perfeccionarse para corregir los errores y vacíos que demuestra su puesta en práctica. Esto último es de enorme importancia, ya que si no se perfecciona, se corre el riesgo de que el nuevo proceso penal se desprestigie ante la ciudadanía, se evalúe negativamente y volvamos a caer en el círculo vicioso que condujo al cambio del sistema procesal antiguo.
Finalmente, hacemos un llamado a no dejar pasar tiempo respecto de esos perfeccionamientos. En nuestra región el proceso penal lleva casi dos años de su puesta en marcha, tiempo suficiente para que se realicen las correcciones que se necesitan con carácter de urgente. Se requiere que los jueces de garantía apliquen con mayor rigor las prisiones preventivas y las condenas a delincuentes peligrosos, ya que una excesiva permisividad en esa materia desalienta la función de las policías, desincentiva la denuncia de los vecinos, frustra las investigaciones de los fiscales y deteriora la confianza pública en la administración de justicia, en la que todos nosotros confiamos, pero que hace necesario reiterar nuestro llamado para que no se demoren los perfeccionamientos que ella exige.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señora Presidenta, me alegro de que hayamos realizado esta sesión especial. Es muy importante, para quienes representamos distritos donde aún no se ha aplicado la reforma procesal penal, como ocurre con los de la Región Metropolitana, compartir un diagnóstico fundamental. No creo que ninguna democracia se consolide o se perfeccione si sus instituciones esenciales fallan, como es el caso del Poder Judicial, que ha estado seriamente cuestionado. Este es un tema extraordinariamente importante y por eso es un desafío como país.
El esfuerzo que estamos haciendo para llevar adelante el proceso de reforma judicial es extraordinariamente relevante, porque desde hace muchos años la población evalúa en forma negativa la administración de justicia. Con mucha legitimidad estima que carece de garantía, de información, de transparencia. La critica por la lentitud y por la desigualdad que en la actualidad tienen algunos procesos. Es un hecho lamentable.
Desgraciadamente, contamos con instrumentos muy precarios y muchas veces hemos tenido que informarnos, incluso, a través de la prensa de casos de personas que no tuvieron acceso a una buena defensa o se equivocaron con ellos y, simplemente, no hubo ninguna reparación. Por eso, tenemos un desafío y una enorme oportunidad que nos obliga a avanzar con la necesaria prudencia, pero haciendo un seguimiento y una evaluación del sistema.
Puedo comprender que, tal vez, era necesario comenzar con algunas regiones más pequeñas, con menos habitantes y menores costos, pero cuesta entender que se deje a la Región Metropolitana para el final. Si hay un lugar donde existe atochamiento de causas, donde los tribunales actúan con extrema lentitud, absolutamente sobrepoblados y donde al ciudadano común le resulta muy lejano, costoso y difícil acceder a la justicia, es justamente en la Región Metropolitana. Represento al distrito 29, compuesto por las comunas de Puente Alto, Pirque , San José de Maipo y La Pintana, que forman la provincia Cordillera. En él, la estructura del Poder Judicial es absolutamente insuficiente.
Me preocupa esta situación, hecho que he planteado varias veces al ministro. Entiendo que hay razones presupuestarias y que se debe hacer una evaluación sobre la marcha del proceso, pero de todas maneras me ha resultado muy difícil comprender que la Región Metropolitana, específicamente las comunas más pobladas, como es el caso del área sur, estén tan desfasadas en la aplicación de la reforma. En la práctica, estamos hablando del año 2005 y es bastante grave seguir con un sistema que produce un gran atochamiento.
En el caso específico de Puente Alto se está buscando un terreno, como lo señala el informe que nos acaban de entregar. Debemos ser muy competentes para que no nos “pille la máquina”, en el sentido de que lo que hoy se tiene presupuestado para la compra de ese terreno mañana nos alcance y así no sigamos posponiendo algo que, a mi juicio, es difícil de dilatar más.
Me gustaría tener respuestas concretas sobre cuántos casos hay resueltos, qué nivel de evaluación y seguimiento se hace para saber si se han alcanzando los grandes objetivos propuestos como país con la reforma procesal penal.
Deseo saber también si podemos decir que en la actualidad se está aplicando una justicia que dé la misma oportunidad para todos o casi todos, con independencia de lo que hoy dramáticamente es diferente. A veces depende mucho del poder económico de la persona, de la red de relaciones, del acceso a una mejor defensa, en fin, lo que es bastante lamentable.
Asimismo, si hemos conseguido los objetivos de garantía, de transparencia, de información y de verdadera investigación.
Se ha señalado por algunos colegas la necesidad de acelerar el proceso, puesto que son dramáticas las tardanzas en el absurdo sistema actual, todo concentrado en un mismo juez que investiga y, finalmente, termina dictando la sentencia.
No sé si se están dando los tiempos prudentes; o sea, si hoy los fiscales están en las mejores condiciones para ejercer sus funciones investigadoras, que son indispensables. Necesitamos un fiscal acucioso, que investigue a fondo, con el apoyo de las policías, que tendrán que ser bastante profesionales. Es importante responder si las nuestras están bien preparadas para ser el mejor instrumento de la reforma. La otra parte es justamente la garantía que otorga el proceso y el asegurarnos que tenemos el debido proceso.
Ésta es una gran oportunidad para analizar la reforma judicial, pero lamentablemente coincide con el trabajo de muchas comisiones. No es que no exista interés en la Cámara por el tema, pero de pronto sufrimos la incomprensión; incluso, nosotros mismos nos hacemos trampa, pues muchas veces tenemos que estudiar simultáneamente diversos temas o estar en diferentes comisiones, lo que corresponde al trabajo de la Cámara.
Me atrevo a asegurar que existe un enorme interés de todos los parlamentarios presentes y ausentes. No obstante, lo importante es que hoy tenemos una señal clara: la asistencia de las más altas autoridades en la materia. Ellas nos darán a conocer su propia evaluación y nos dirán, además, cuáles son los aspectos que todavía se ven más débiles, cuáles tenemos que reforzar, cuáles tendríamos que modificar, los perfeccionamientos que se requieren, independientemente de que no es muy largo el tiempo de aplicación de esta reforma.
Insisto, ciertas realidades regionales no son similares a las de la Región Metropolitana, donde, desgraciadamente, no sólo se concentra el mayor número de habitantes, ya que el 42 por ciento de la población del país vive allí, sino que también es donde se comete el mayor número de delitos y, por lo tanto, es necesario y urgente que cuente con un sistema judicial más expedito, más transparente y más al alcance de la ciudadanía.
A uno le duele escuchar a nuestros ciudadanos quejarse reiteradamente de la falta de acceso a la justicia, de garantías, de información, de transparencia, así como por el maltrato, la lentitud, el no entender cómo se llevan adelante ciertos procesos, los años que deben esperar para que se dicte una resolución y ni siquiera tener claridad sobre los fundamentos de ese sumario secreto, respecto del cual la gente nunca está preparada realmente.
Por eso, como parlamentaria de la Región Metropolitana y como autoridad del país, me interesa muchísimo que superemos este desafío, que generemos expectativas razonables en este proceso que es lento, que no es fácil. Para ello tenemos que ir cambiando nuestras propias mentalidades, formar a nuestros jueces y desarrollar el profesionalismo con que se tiene que abordar esta reforma.
Espero que realmente avancemos, para cumplir con una parte importante de las expectativas de nuestra ciudadanía, porque, como dije al inicio, señora Presidenta, y con esto termino, es muy difícil el fortalecimiento de una democracia si un poder tan fundamental, como es el Poder Judicial, no cuenta con la confianza de la población.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señora Presidenta, nos acaban de repartir un libro que se refiere a la aplicación de la reforma procesal penal en cada una de las regiones.
Vengo de la Séptima Región, donde la reforma está funcionando desde hace un año a un año y medio.
En esta ocasión, más que hacer preguntas, deseo tratar de transmitir a los invitados la impresión que tiene la gente de mi zona, lo que le dicen a uno todos los santos días cuando llega a su distrito. La sensación de la población es que existe una impunidad tremenda.
Por eso, al revisar sumariamente las estadísticas que contiene el libro aludido, no logro entender de dónde salió la evaluación que en él figura. No lo digo de “mala leche”, sino sobre la base de lo que señala la gente, que expresa que con el sistema procesal penal antiguo los delincuentes estaban en la cárcel dos o tres días presos y después salían en libertad, pero que con la reforma procesal penal no están encerrados ni siquiera por cinco minutos; quedan en libertad en forma inmediata. Eso siente la gente, y eso, a mi modo de ver, no es justo. Algo está funcionando mal o no como corresponde.
A continuación me referiré al arresto domiciliario, para que la gente de la Región Metropolitana se entere, ya que pronto se aplicará esta reforma allí.
Muchos delincuentes quedan arrestados en su propio domicilio por delitos que cometieron en su propio barrio, en su misma cuadra, en la casa del lado o en la de enfrente. Es así como en los casos de abusos de menores, quien comete el delito queda arrestado en su domicilio, en circunstancias de que su víctima vive en la cuadra siguiente, en la casa de enfrente o al lado. ¡Para qué les digo cómo corren las amenazas en este cuento! Al final, los familiares de la víctima terminan desistiéndose del juicio o el proceso no continúa por el susto, por el miedo a este victimario que vive enfrente o al lado de la casa de su víctima.
En la aplicación de la reforma, a Carabineros se le ha entregado una nueva función: verificar todos los santos días que los procesados cumplan el arresto domiciliario al que han sido sometidos. Al respecto, debe considerarse que no ha aumentado el personal de Carabineros, a pesar de que la población sigue incrementándose. En definitiva, esta nueva obligación ha significado un trabajo inmenso para Carabineros, que no da abasto para realizarlo, además de dejar lado otras funciones.
A lo anterior hay que agregar que la delincuencia se ha incrementado en las regiones por la tremenda cesantía que las afecta, lo que unido a una mayor impunidad, hace que se incremente más todavía.
Sin lugar a dudas, la reforma procesal penal es muy buena, pero ciertos aspectos de ella están funcionando mal. No obstante, tenemos tiempo para corregirlos. En la actualidad se aplica en cinco regiones, pero luego se va a ampliar al resto del país. Antes de que eso suceda, pido por favor que corrijamos los errores que se están cometiendo, porque, de lo contrario, las quejas de la ciudadanía crecerán cada vez más.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra, hasta por siete minutos, el diputado señor Patricio Walker .
El señor WALKER.-
Señora Presidenta, me sumo a los agradecimientos que se han hecho a las ilustres visitas que hoy nos acompañan: el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor penal público y el subsecretario de Justicia.
Además, quiero señalar algunas preocupaciones que tengo sobre la materia. No se debe sacar dividendo político sobre el tema, porque esta reforma la aprobamos unánimemente. En consecuencia, cualquier análisis debe ser serio, mesurado y ponderado.
Preparé una intervención sobre la base del informe que se nos entregó, pero la dejé de lado por el escaso tiempo que tengo y deseo explicitar algunas inquietudes de la gente de Coquimbo.
Estamos todos de acuerdo en que el nuevo proceso penal tiene muchas características positivas, por lo que lo apoyamos entusiastamente. Sin embargo, debo señalar, no con espíritu destructivo, sino que con un ánimo constructivo y de honestidad para con nosotros mismos, que la gente considera que esta reforma protege más a los delincuentes que a las víctimas de los delitos, sentimiento que, por lo menos yo, puedo percibir en cada conversación que tengo con la gente.
Al respecto, me gustaría señalar algunos casos concretos que me ha tocado conocer, los que tal vez podrían justificar ese sentimiento.
Me ha tocado trabajar en el combate contra la pedofilia y el abuso sexual infantil. En esa condición, he conocido muchos familiares de víctimas de abuso sexual infantil. Uno de ellos me dijo: “Detuvieron a la persona que cometió el delito, lo sometieron a proceso, pero ahora está libre”. Indagué la situación particular, constatando que, efectivamente, la medida cautelar que se adoptó no fue la prisión preventiva, sino el arresto domiciliario. La explicación de esto se encuentra en el artículo 141, letra c) del Código. El delito de abuso sexual tiene pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, lo que permite que los jueces no decreten la prisión preventiva y opten por otras medidas cautelares. En definitiva, se les obliga a los jueces a hacer un pronunciamiento apresurado sobre el acto delictual, sin ponderar prudentemente las características sicológicas del delincuente o los hechos. Al adoptarse otras medidas cautelares y no la prisión preventiva, los familiares de las víctimas de abuso sexual sienten que sus hijos están en riesgo, por más que se les expliquen las razones de la medida cautelar, pues consideran que los delincuentes están libres.
Por lo tanto, la primera humilde sugerencia de una persona que quiere contribuir al éxito de una reforma tan importante es verificar si la aplicación del artículo 141, letra c) del Código ha sido la esperada o es necesario modificar la disposición, de lo que personalmente estoy convencido.
En segundo lugar, el ámbito de aplicación de la detención y el allanamiento por las policías, los jueces y fiscales, lo que explico con un caso muy concreto. La señora Nelly Fuentes , presidenta de la junta de vecinos Shangrila, de la parte alta de Coquimbo, me dijo: “Diputado, nos han robado lo poco y nada que tenemos: es gente muy modesta ahí está la persona que me robó, tiene las cosas en su casa”. Llamé a Carabineros, quienes me señalaron: “Fuimos, pero para hacer un control de identidad de la persona que tiene que estar en la calle; ahí lo podemos registrar y si tiene las especies robadas, lo detenemos. Pero si la persona está en su casa, se requiere una orden de allanamiento.
Para ello, el fiscal tiene que pedir autorización a un juez de garantía, pero previamente debe solicitar un informe a Carabineros, con el detalle de todos los hechos y el fundamento exhaustivo de la petición. En algunos casos este trámite demora entre seis y diez días. Por lo tanto, cuando van a allanar o quieren incautar droga, simplemente no está. Lo mismo ocurre con las especies robadas. Entonces, la práctica indica que, para ser eficaces, tal vez la autorización del allanamiento debería circunscribirse al fiscal y no requerirla adicionalmente al juez de garantía. Segunda modesta sugerencia de una persona que no es experta en la materia, pero que recoge las válidas inquietudes de las personas a quienes en este caso les encuentro razón.
En conversaciones con Carabineros me han señalado que los requisitos de legalidad de los controles de las detenciones son excesivos y que ellos se sienten inhibidos para proceder, porque hoy la ley los autoriza a detener como en todo Estado democrático en el caso de delitos flagrantes. Consultados con los actores más relevantes de la región en la materia, los abogados principalmente señalan que en un delito in fraganti se detiene en un ámbito temporal por veinte minutos desde que se cometió el ilícito, y al parecer dicen ellos eso es muy restrictivo. Hay países, como México, en que se puede detener desde cometido el delito hasta 48 horas después. En Alemania la detención siempre podrá operar en delito flagrante y cuando sea necesaria para el éxito de la investigación si ella se concretó inmediatamente después del hecho. Al decir inmediatamente, me refiero a una extensión de tiempo breve. O sea, los alemanes detienen tiempos suficientemente discrecionales, pero no excesivos.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor WALKER.-
Termino anunciando otros temas: el arresto, protección a las víctimas y a los testigos, sobre los que deberíamos trabajar con un ánimo constructivo. Por ello no por la prensa ni para hacer escándalo, en esta sesión que es seria, sin los canales de televisión, hago estas propuestas con el objeto de ayudar a que la gente entienda que la reforma procesal penal se preocupa no sólo de los delincuentes sino que, fundamentalmente, defiende a la gente honesta y víctima de los delitos que hoy se sienten en la indefensión.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señora Presidenta, respecto de la reforma procesal penal que hoy se está comenzando a aplicar en el país, quiero manifestar mi mayor apoyo a esta gran innovación en nuestro Poder Judicial, por cuanto estoy segura de que dicha transformación traerá enormes beneficios tanto para nuestro país
un Estado soberano y democrático como para la gente que se verá beneficiada con avances significativos en la rapidez y transparencia de sus litigios.
No me referiré al fondo de la reforma procesal de la que han hablado tantos colegas anteriormente, porque si bien es cierto que los abogados, el Poder Judicial y el Poder Legislativo le encontramos muchos beneficios, no lo es menos que hasta ahora son pocos, por no decir muy pocos, los chilenos que conocen esta nueva forma de administrar justicia en Chile. Digo pocos, porque la experiencia indica que sólo quienes están aplicando los nuevos procedimientos son los que realmente conocen esta reforma, y no los millones de chilenos que deberían comenzar a conocer a fondo lo que realmente significa esta nueva forma de tramitar los juicios en nuestro país.
A dos años de su promulgación y su instauración en cinco regiones, muchos de nuestros compatriotas ni siquiera saben que hacía cien años que no había una reforma procesal penal en Chile, ni tampoco que ella permitirá agilizar el sistema judicial; lo que no necesariamente implica que no existirá más delincuencia.
Ese desconocimiento puede llevar a la desconfianza a miles de chilenos en cuanto a si esta reforma procesal penal será o no beneficiosa, o se convertirá en una nueva valla judicial que hay que vencer para terminar con un determinado conflicto.
Debo recordar que el desconocimiento lleva necesariamente a una inevitable desconfianza, lo cual, a su vez, se constituye en caldo de cultivo para pensar que esta reforma puede no funcionar.
Dado los últimos acontecimientos que han estremecido al país, quiero precisar la imperiosa necesidad de establecer una real y efectiva política de información y divulgación que permita a la población instruirse en cuanto a las nuevas estructuras procesales que el país está implementando y no quede en un desconocimiento permanente de lo que un ciudadano requiere saber para estar en igualdad de condiciones con respecto a otro en un determinado pleito.
Considero necesario poner en marcha, sin desmerecer todo lo que se ha hecho, a la par de la reforma procesal penal, una verdadera política de Estado que permita al ciudadano común estar al tanto de la reforma que guiará su accionar ante la eventualidad de un juicio en los tribunales en donde ya se está aplicando.
Vale la pena mencionar que la reforma de la salud, aunque todavía está en trámite legislativo, ha tenido una difusión realmente impresionante a través de los medios de comunicación.
Tengo la firme convicción de que esta materia debe ser conocida por todos los chilenos y no sólo por una parte privilegiada, como son los parlamentarios, ministros, jueces y respetables abogados. Sin lugar a dudas, somos los que mejor debemos conocerla a cabalidad, pero existen los otros chilenos, los que no son abogados, y que sin embargo deben estar compenetrados con este sistema por una u otra causa que no viene al caso mencionar. Si bien existe una enorme bibliografía tendiente a orientar al usuario, es evidente que en la práctica la verdadera escuela de muchos en esta materia es el diario vivir en los tribunales.
En esta oportunidad, quiero solicitar al Presidente de la República, en especial al ministro de Justicia, presente en la Sala, que sin perjuicio de los planes y programas de divulgación contemplados para difundir la reforma procesal penal a lo largo del país, en especial en las regiones en que ya está en marcha, considere una difusión más cercana a la gente y no tan lejana como está ocurriendo en estos momentos, para que la conozcan, si bien no en profundidad, al menos en los aspectos más importantes.
Por su intermedio, señora Presidenta, deseo preguntar al señor ministro de Justicia si hay una real evaluación de la aplicación de la reforma en las cinco regiones del país en que se está implementando. Pido esto, porque las futuras generaciones serán las que nos juzgarán.
Finalmente, y en concordancia con lo expuesto, he presentado un proyecto de acuerdo espero que sea aprobado por todos los colegas mediante el cual solicitamos al Presidente de la República que, en uso de sus facultades ojalá a la brevedad posible estructure un comité integrado por autoridades gubernamentales, Poder Judicial, parlamentarios, abogados y académicos, como un comité permamente para que se dedique especialmente a evaluar y difundir la reforma procesal penal en todo el país.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Carlos Hidalgo .
El señor HIDALGO.-
Señora Presidenta, tal vez sea una buena aclaración la información que nos acaba de llegar a nuestros escritorios. A lo mejor, responde a las preguntas que plantearon algunos señores diputados que me antecedieron.
Sobre el mismo tema, quiero hacer un comentario. En el índice temático del informe que nos entregaron, se habla de las principales variables estadísticas del nuevo proceso penal y, por otro lado, está la percepción ciudadana del funcionamiento de la misma.
Por la experiencia de los años, que pueden ser muchos o pocos depende de cómo se evalúen, las estadísticas o las encuestas son como los curantos. Lo digo con mucho respeto. Uno puede sacar sólo lo que le interesa y lo demás lo deja. Específicamente, me refiero a la encuesta de la empresa Adimark , que apareció el 1 de octubre de 2002, pedida por el Ministerio de Justicia, que manifiesta que el 73 por ciento de la gente entrevistada tiene una buena opinión.
No me cabe duda de que sea así; sin embargo, eso, dentro de los antecedentes que están aquí, representa un poco más del 20 por ciento de la población encuestada. Por lo tanto, el conocimiento dista mucho desde el punto de vista de su difusión. Desde ese punto de vista, hago un paralelo en relación con lo que interesa con esta reforma procesal, que es la seguridad de las personas, la percepción de sentirse seguro. Ése es el objetivo final y no mejorar la percepción de la gente respecto de la reforma procesal.
El segundo tema es una pregunta relacionada con el distrito 15. A contar del 1 de enero del próximo año, Valparaíso ingresará a la reforma procesal penal. Tengo una tremenda confusión respecto de la competencia de los tribunales de la Quinta Región, específicamente en la provincia de San
Antonio, que en la actualidad depende de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Por ello, por su intermedio, señora Presidenta, pregunto a nuestras ilustres visitas si cuando en la Quinta Región se implemente la reforma procesal penal, ¿ San Antonio seguirá dependiendo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que pertenece a Santiago, o de la de Valparaíso?
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro muntos, el diputado señor Pedro Araya .
El señor ARAYA.-
Señora Presidenta, después de saludar a nuestros invitados, quiero manifestar que ésta es la mayor reforma de justicia que se ha hecho en el país y que será recordada por mucho tiempo.
Quizás hoy, por el poco tiempo de aplicación, sea prematuro hacer algunas críticas, más aún cuando no está implementada en todo el país. Sin perjuicio de ello, deseo expresar algunas reflexiones importantes, en representación de una zona en la que la reforma lleva operando un año.
En primer lugar, como parlamentario estimo que hoy el principal problema de la reforma procesal penal es que no ha existido una adecuada socialización del tema. Me llama mucho la atención que en la información que se nos entregó, mi región figure con un 76,7 por ciento de aprobación de la reforma, en circunstancias de que la realidad que percibo como parlamentario, cuando atiendo gente en la oficina distrital o contrastando muestras, es que la gente carece de una adecuada percepción, no sabe cómo funciona el sistema o piensa que no está funcionando en forma adecuada.
A esto se agrega una creciente preocupación existente: la enorme sensación de inseguridad en la comunidad, quizás el problema de fondo que está afectando a la reforma.
Uno se puede preguntar a qué nos lleva esto. No sé si será por coincidencia, pero si comparamos las cifras del Ministerio del Interior respecto del incremento de delitos entre el primer y segundo semestre de 2001 en la Segunda Región, los delitos de mayor connotación social, para referirme a un solo tipo, aumentaron en un 11,5 por ciento.
Extrañamente, en el primer semestre de este año, los delitos de mayor connotación social en la Segunda Región subieron en un 36,82 por ciento. Algo hay acá que nos lleva a enredarnos por sobre 20 puntos en el aumento de la tasa de delitos. Aquí surgen algunas dudas. La primera es que las estadísticas que entregó el Ministerio Público, en la cuenta pública del fiscal, en el primer semestre de este año, señalan que aproximadamente en la Segunda Región, por diversas razones, “no se investigó” o “no se siguió causa” en el 82,94 por ciento de los casos, por archivo provisional, con un 46,63; principio de oportunidad, un 21,45; facultad de no investigar, 10,81; sentencias hubo sólo en el 3,7 por ciento de los casos, y en marzo, un juicio oral.
Entonces, acá, a mi juicio, hay un problema. Me gustaría preguntarle al señor fiscal acerca de los criterios objetivos que ha fijado el ministerio para los efectos del archivo provisional, el principio de oportunidad y la facultad de no investigar; porque al igual como señalaba mi colega Patricio Walker y otros diputados presentes en la Sala, nos llegan muchos reclamos de la gente que dicen fue a la fiscalía y que declaró haber reconocido a la persona que le mostraron y lo robado, y el fiscal A, B o C le contestó que aplicaría el principio de oportunidad o la facultad de no investigar. Muchas veces, como los robos o hurtos se cometen fundamentalmente en sectores populares y son de escaso monto, se aplica el principio de oportunidad o la facultad de no investigar.
En segundo lugar, también me parece oportuno expresar algunos comentarios sobre necesarias modificaciones. En este sentido, concuerdo plenamente en que los juzgados de garantía deben tener mayor grado de atribución, fundamentalmente en lo que se refiere al artículo 395.
En cuanto a la protección de los testigos
otro tema bastante importante, en Antofagasta hemos tenido casos en que no se ha podido perseverar en la acción, debido a que la gente no quiere declarar porque en los sectores populares se siente amenazada y no cuenta con una adecuada protección; en consecuencia siento que hay que modificar las normas contenidas en el artículo 308 del Código.
Asimismo, coincido en la necesidad de modificar la facultad de los fiscales de detener y allanar. Hemos visto que muchas veces no se puede detener in fraganti; la persona escapa o, en definitiva, por diversas razones, los posibles autores de un delito no pueden ser detenidos en su momento. Esto, sin duda, lleva a la mayor sensación de impunidad que existe en el tema.
Una situación particular que todavía está muy en el aire es la del agente encubierto. Me gustaría saber si habrá modificación en la ley de drogas en ese sentido.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta, también saludo y agradezco a los señores invitados por compartir estos minutos.
En verdad, cuando escuchamos a parlamentarios que representan regiones en las que aún no se ha aplicado la reforma procesal penal y opinan como si siempre la hubiesen tenido presente, dan muchas ganas de conversar algunas cosas.
En el fondo, nosotros hemos sido los conejillos de India, pero vamos a tener la satisfacción de ver que todos los errores cometidos se subsanarán en la aplicación del sistema en el resto del país. Por ejemplo, hace poco conversamos con el ministro acerca de la necesidad de devolver ciertas facultades a Carabineros, porque ellos están temerosos, todavía no se atreven a actuar, no saben qué va a pasar, qué pueden hacer y ahora, además, deben pillar a los delincuentes con las manos en la masa.
Comentamos con la diputada señora Guzmán lo que señaló el diputado Araya en cuanto a que ciertos delitos menores no se persiguen. Sin duda, hay que corregir ese aspecto, porque la gente que se especializa en el robo menor, con cuatro o cinco miembros de su familia, roban 100 mil pesos y se reparten 20 mil cada uno. Entonces, nunca los persiguen. Sobre el particular, las cifras son brutales: hay ocho mil personas que no han sido procesadas.
En verdad, creo que los errores cometidos en la Novena Región, la primera en acoger la reforma con cariño y entusiasmo, servirán para perfeccionar el sistema. Los diputados de la zona concurrimos con nuestros votos a la aprobación de la iniciativa y apoyamos la idea de que se comenzara con la reforma en la Novena Región. Quizás hoy es necesario devolver facultades a Carabineros, lograr mayor coordinación; pero lo más importante es que la gente sienta que la reforma los protege, sean cuales sean las consecuencias que puedan tener más adelante; que sienta que la ley actuó, que el fiscal actuó, que el juez de garantía actuó, o sea, que vea que la reforma procesal penal en verdad funciona con agilidad; que han sido protegidos y sepan que si cooperan con la justicia, ésta llega a feliz término.
Coincido absolutamente con la necesidad de dar más protección a los testigos. Muchos de los delitos quedan impunes, porque los testigos no se atreven a denunciar, porque los amenazan con acuchillarlos, con quemarles la casa o con cualquier cosa. Ahí debemos actuar con absoluta fuerza y firmeza.
Hace pocos días, en Villarrica una pandilla asaltó a una persona, quien, para defenderse, sacó un revólver y mató a un joven que resultó ser el jefe de la pandilla. Ese señor no pudo llegar nunca más a su casa, porque empezaron a vigilarlo. En definitiva, hubo que hacer algunos arreglos y el Serviu accedió a cambiarlo de domicilio bajo una modalidad habitacional, o sea, no recibió la protección que requería y debió abandonar su hogar por defenderse de una pandilla que lo atacó.
Creo que en estos casos debe aplicarse mano dura para hacer justicia de verdad. Por ejemplo, cuando la gente denuncia un robo en su casa, Carabineros pregunta si hubo testigos. Si no los hay, señalan que no pueden hacer nada. Esa respuesta, que se da y se ha dado muchas veces, es la que perjudica todo el sistema.
Esto, que a lo mejor parece una crítica dura y puede causar molestias, lo hemos visto a diario. Como región pionera de la aplicación de la reforma, queremos que se corrijan los errores para que la gente de bien se sienta protegida.
No sé qué se debe hacer en la zona que represento en esta Cámara: Villarrica , Pucón , Cunco , Curarrehue , Loncoche , Gorbea , Toltén , eminentemente turísticas, donde no ha habido un solo castigo para los que pintan paredes, venden drogas, en fin. El otro día, en Villarrica, todo el mundo preguntaba qué se está haciendo en contra de la drogadicción; incluso, se enviaron cartas al ministro señor Insulza , en las cuales se señalaban los puntos de venta y quienes comercializan drogas.
Quiero decir al señor juez, por intermedio de la Mesa, que acabo de recibir un oficio según el cual en Villarrica ha habido un solo detenido por comercialización de drogas; uno solo. Si Carabineros e Investigaciones saben cuáles son los lugares y quiénes comercializan la droga ¿por qué hay sólo un detenido? Las madres, los padres y los maestros en los colegios se preguntan qué está pasando. ¿Acaso esta gente tiene más poder que el Poder Judicial, que Carabineros e Investigaciones, que nunca la toman presa?
No soy abogado y se nota, pero sé lo que la gente piensa y dice. He querido intervenir para referirme a estos temas para así contribuir a corregir juntos los errores cometidos. En ningún caso constituyen una crítica en el sentido de que todo está mal. ¡No! creo que los parlamentarios que aprobamos la reforma queremos que funcione bien.
Felicito al Gobierno por empezar la reforma en las regiones con menos problemas. Por suerte no se inició en Santiago, Concepción, Valparaíso . Ahí hubiera querido ver a los parlamentarios que tanto han defendido esto sin conocer por dentro la reforma ni las mejoras que se tuvieron que hacer en las regiones Cuarta y Novena. Ojalá se solucionen los inconvenientes que han surgido y que las regiones que entrarán en el proceso de reforma procesal penal tengan mejores condiciones y puedan acogerla con los brazos abiertos, sin experimentar, como ocurrió en las regiones Cuarta y Novena.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio , hasta por tres minutos y medio, los que le son cedidos por el Comité del Partido Radical Social Demócrata.
El señor SAFFIRIO.-
Señora Presidenta, en primer lugar, agradezco a mis amigos y aliados del Partido Radical el gesto de cederme parte del tiempo de su Comité para intervenir.
Se ha hecho un juicio genérico sobre el tema, pero conviene reafirmarlo.
El consenso de la comunidad académica y del mundo jurídico sobre la necesidad de cambiar el sistema de procedimiento penal en el país fue y sigue siendo muy amplio, no sé si unánime. No podía ser de otra manera. Si uno lee el mensaje del proyecto del Código Penal, de mediados del siglo XIX, se da cuenta de que ya el legislador daba ahí muchas justificaciones por las cuales el país tenía que adoptar el sistema que nos rigió por casi cien años y que todavía está vigente en ciertas regiones del país. De modo que es necesario reafirmar ese punto.
Este no es un problema Gobierno-Oposición, ni de diputados de las regiones donde la reforma no se ha aplicado, ya que hay un consenso muy amplio en el mundo académico y en la comunidad jurídica en el sentido de que el sistema que teníamos no podía continuar. Eso explica, entre otras cosas, las votaciones que los proyectos recibieron en su momento, transversalmente, más allá del juego Gobierno-Oposición.
Dicho lo anterior, quiero plantear cinco temas. En primer lugar, deseo saber si hay un estudio que muestre el impacto en la cantidad de denuncias en las regiones donde la reforma se está aplicando. Creo que eso es clave para los efectos de emitir juicios serios, con datos empíricos, que demuestren la correlación que ha tenido el nuevo sistema con la posibilidad que se ha abierto a mucha gente de denunciar hechos que anteriormente no llegaban a conocimiento del sistema jurídico ni de sus operadores. Si esos estudios existen, quiero conocer el impacto del sistema en el aumento de denuncias, lo que, obviamente, no es lo mismo que el aumento de delitos.
En segundo lugar, quiero enfatizar algo que aquí se dijo: la necesidad de hacer una gran difusión de la reforma entre los actores sociales. Hoy, el país vive un ambiente de poco civismo y de pérdida de su cultura política, en el sentido amplio, como probablemente nunca tuvimos antes en otro momento de la República, al menos durante el siglo XX. Mucha gente no sabe cuáles son las funciones de un intendente, un alcalde, un concejal, un diputado, un senador. Eso lo vemos todos los días. No le pidamos, entonces, un conocimiento acabado sobre un asunto tan complejo como el sistema que establece la reforma procesal penal.
Según cifras de un estudio que encargó el Ministerio de Justicia a Adimark, en la Novena Región, el 28,8 por ciento de los encuestados, luego de dos años de aplicación del sistema, señala que nunca ha oído hablar de la reforma procesal penal; el 41,5 por ciento dice que ha oído hablar y sabe algo, y sólo el 29,7 por ciento ha oído hablar, pero no sabe en qué consiste. Aquí hay un problema grave. Se requiere mucha labor de difusión hacia la comunidad organizada y sus miembros.
Por último, deseo consultar sobre una cuestión muy clave, que fue señalada por el diputado señor Luksic : ¿Cómo ha marchado la coordinación entre la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones y qué ha pasado, desde el punto de vista del ethos jurídico, ante un sistema que ahora es oral y desformalizado en un régimen que estaba acostumbrado al procedimiento escrito?
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Eduardo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señora Presidenta, como parlamentario de una región que dio inicio a la puesta en marcha de la reforma procesal penal, he investigado junto con el Colegio de Abogados de la Novena Región de La Araucanía las virtudes y defectos del nuevo sistema. Al respecto, puedo señalar, a modo de resumen, cómo es vista por los letrados y, especialmente, por la ciudadanía.
La gente percibe que la aplicación del sistema, por parte de los nuevos organismos que intervienen en él, presenta deficiencias y falencias, que algunos atribuyen al reconocimiento de los derechos del imputado como prevalentes por sobre los de las víctimas. Creo que ese problema se debe a la falta de comprensión del sistema por parte de la gente, o sea, se nota una falencia en la difusión de sus características.
En verdad, los derechos de las víctimas siguen siendo reconocidos, pero ahora bajo la protección directa de los fiscales en los términos establecidos en los artículos 77, 78 y 109 del nuevo Código Procesal Penal y en el artículo 1º de la ley Nº 19.640.
Las críticas más fuertes apuntan a la falta de control de la delincuencia que en el último tiempo ha aumentado con mayores grados de violencia; al reconocimiento excesivo de los derechos de los imputados y a la situación de desprotección de las víctimas, todo lo cual se atribuye a la concepción del nuevo sistema.
A nuestro juicio, en esa percepción influye notoria y decididamente la falta de persecución fiscal en casos que no son de flagrancia o en aquellos delitos de compleja pesquisa y a los largos e inútiles plazos de investigación. Todo ello porque existe un concepto equívoco respecto de cómo funcionan las instituciones nuevas, como las convenciones probatorias, las que, en lugar de ahorrar tiempo, se deslizan por largas descripciones escritas, lo que, a su vez, da lugar a un número elevado y desproporcionado de testigos o pruebas y, en general, al establecimiento de un esquema de desconfianza hacia los otros operadores del sistema.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Señor diputado, resta medio minuto de su tiempo.
El señor DÍAZ.-
En lo tocante a la actuación de los tribunales de garantía, se ha realizado un notable esfuerzo innovador, pero ya se están dando audiencias extendidas, en las cuales la dirección del debate y la decisión pasa por borradores tomados durante el acto, los que después son transcritos o dictados para ser puestos en el acta, con lo que se privilegia la constancia por sobre el acto oral y, en algunos casos, el tribunal llega con la resolución hecha.
Señora Presidenta, en vista de que se ha agotado el tiempo de mi intervención, pido que se inserte el resto de mi discurso, porque su contenido fundamental no se alcanza a entender.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Así se hará, señor diputado.
El texto del discurso que se acordó insertar, es el siguiente:
El señor DÍAZ.-
Asimismo, hay otros rasgos que en la práctica no logran superar la descripción de actuaciones que la ley describe con simpleza y que terminan siendo traducidas y envueltas en exigencias no comprendidas en el texto legal, como, por ejemplo, otorgar copias de una actuación previa solicitud por escrito, imposición de horarios de atención, hora de término para recepcionar solicitudes, cierre de puertas iniciada la audiencia, pedir notificación por correo certificado, pedir dos años para investigar hurto de una bicicleta, suspender una audiencia para confirmar si el imputado tiene o no proceso pendiente en algún juzgado del crimen, otorgar patrocinio y poder y proveer “téngase presente”, etcétera.
Los defensores y querellantes no están exentos tampoco de estos desencuentros con la reforma, ya que en general no se han desembarcado de la idea de un juez instructor y de un juzgado con cierta dominancia en lo formal esperando que toda solución provenga del tribunal de garantía, sin demostrar iniciativa e innovación tanto en la forma de cómo enfrentar una defensa como en el fondo del asunto debatido.
Vemos con preocupación que antes de cumplirse un año se introduzcan “reformas” a la “reforma del siglo”, como se ha dado en llamar, a partir de lo que nos muestra la realidad en nuestra región. Los inconvenientes o llamados desajustes no provienen de la concepción del sistema, sino de la forma como se están comportando los operadores por cuanto la persecución criminal, más que oportuna y eficaz, expedita y transparente, ha dado paso a una acumulación progresiva de casos sin resolver, al desencuentro del espíritu del nuevo sistema con la ejecución concreta de las operaciones que se verifican, y a una serie de espacios en blanco que cada cual lo soluciona por cuenta propia, lo que crea confusión y resultados no deseados. El remedio para este efecto, en orden a lograr una mayor credibilidad y confianza de la comunidad hacia la reforma, es, sin lugar a dudas, la revisión de los roles por medio de la autocrítica y el intercambio de ideas, conciliando los roles y superando las viejas prácticas viciosas del sistema inquisitivo.
Finalmente, señor Presidente, solicito al ministro de Justicia, por la experiencia vivida en las regiones en que lleva operando la reforma procesal penal, que se adopten las medidas necesarias para solucionar los problemas señalados precedentemente y sirva de ajuste para que estos mismos inconvenientes no ocurran en las próximas regiones donde se instalará la reforma.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra, por un minuto, la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señora Presidenta, sólo quiero agregar un par de cosas que no mencioné en mi intervención anterior.
Al recoger algunas de las evaluaciones que aquí se han hecho y la experiencia actual de la Región Metropolitana, creo que lo relacionado con las denuncias y la protección a los testigos será un tema crucial. Todos sabemos que en la Región Metropolitana, en general, sobre todo en delitos relacionados con la droga y el microtráfico, la gente tiene enormes dificultades y temores para formular sus denuncias. Las razones son obvias, porque tarde o temprano se filtra la información y las represalias son muy grandes.
Me gustaría mucho que se tuviera en consideración esa experiencia en la evaluación del sistema, a fin de que busquemos la mejor manera de ir avanzando en un tema que, claramente, tiene que ver con la seguridad ciudadana. No hay manera de que la reforma procesal penal sea exitosa si nuestra población no tiene confianza en las policías, en el sistema judicial, y, además, si no tiene capacidad de expresarse con cierta libertad.
Hace poco, mi oficina convocó a una jornada sobre seguridad ciudadana en la comuna de Puente Alto, acto al que asistieron muchos dirigentes sociales con quienes hay bastante trabajo por hacer. En la ocasión, el reclamo permanente fue el sentimiento de desprotección que tenían, porque a pesar de que Carabineros ha entregado una serie de estadísticas, en la práctica ellos se preguntan qué hacer cuando viven los dramas en los pasajes de su comuna y en sus alrededores.
Quiero dejar planteada esta inquietud, para que sea recogida en la evaluación del proceso en la Región Metropolitana.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, la diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señora Presidenta, iré directo al grano, a pesar de que hay muchas cosas que quisiera decir, porque me siento muy cercana a la reforma procesal penal, en cuanto a su gestación y a la forma en que fue establecida.
Creo que hace muy bien escuchar en esta Sala las quejas y los problemas planteados, porque no sólo se manifiestan aquí, sino también a las personas que están evaluando la reforma procesal penal en las regiones.
Se han llevado a cabo dos evaluaciones sobre el particular, tanto por universidades como por personas externas, por abogados experimentados de la Universidad Diego Portales, quienes redactaron la reforma y por la Fundación Paz Ciudadana. Esas evaluaciones están disponibles para todos y veré si es posible hacer llegar copias de ellas a mis colegas.
La reforma tuvo su origen, entre otras cosas, porque en algún momento leímos que el abogado penalista señor Alfredo Etcheberry profesor de derecho penal de muchos de nosotros señaló en 1964, es decir, hace prácticamente cuarenta años, que la justicia penal no cumplía sus objetivos, porque no protegía a la víctima y tampoco castigaba al delincuente. Por lo tanto, la impunidad no es un tema de hoy, sino de mucho tiempo. Ésa fue la razón para cambiar la justicia criminal, pues no podía seguir igual.
Los que desde hace mucho tiempo trabajamos en la reforma procesal penal, entre ellos el ministro Mario Garrido , actual presidente de la Corte Suprema; el ex subsecretario y actual ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez , siempre supimos que la reforma no era perfecta y que cuando se implementara tendría muchos problemas. Sin embargo, las evaluaciones demuestran que ha habido menos problemas de los que pensamos. Lo que pasa es que estamos frente a un cambio cultural muy grande, tanto para los actores de la justicia como para la población.
En cuanto a la impunidad, aquí se han citado los casos de robos pequeños. Días atrás, una periodista me dijo que le habían robado tres veces los espejos de su camioneta, pero que nadie se movía, que Carabineros no le tomaba la constancia, etcétera. En verdad, en este cambio cultural que estamos viviendo debemos considerar las horas-hombre que significa mover a la justicia por el robo del espejo de una camioneta. Ello no es posible y debemos aceptar que es así.
¿Qué sucedía antes? Que estos casos se convertían en los llamados “partes de mesón”, pues se tomaba la constancia, se enviaban al juzgado, se escondían, y nunca más se sabía de ellos, lo que también es impunidad. Estoy segura de que la impunidad que, se dice, hay en otras regiones, es la misma que existe en las que se ha aplicado el sistema.
Las transiciones no son perfectas. Es necesario ir corrigiendo las deficiencias. Me alegro de las críticas que hoy se han hecho aquí, porque nos ayudarán a que todos los años aprobemos los perfeccionamientos que se requieren para que esta gran reforma rija en plenitud y como un buen reloj cuando sea implementada en la Región Metropolitana.
¿Por qué la reforma no se aplicó primero en la Región Metropolitana? La respuesta es clara. Era imposible comenzar por ahí si el cuarenta por ciento de los delitos del país se cometen en dicha región.
¿Por qué se implementó primero en las regiones Cuarta y Novena? Se evaluaron todas las regiones y se concluyó que en ellas existía la mejor calidad académica, las mejores cortes de apelaciones y donde había mucho más incentivo para participar en la reforma, es decir, eran los mejores lugares para partir. En algunos lugares funcionó mal, y en otros, mejor, pero la elección fue la correcta.
Quiero formular una consulta al fiscal nacional del Ministerio Público en relación con la Región Metropolitana. Sé que falló la licitación del edificio definitivo donde debía funcionar la Fiscalía Nacional. Sobre el particular, tengo una gran duda respecto de lo que se piensa hacer con las cuatro fiscalías metropolitanas. Espero que el fiscal nacional me conteste que no se hará lo mismo en la próxima licitación, es decir, que las cuatro fiscalías funcionen en el mismo edificio, porque ello atenta contra todos los principios de la reforma procesal penal, que implica la accesibilidad de las personas a la justicia. Por eso, quiero conocer su opinión al respecto, la que, espero, coincida con la mía.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Escobar .
El señor ESCOBAR.-
Señora Presidenta, intentaré, en dos minutos, sintetizar mi intervención, que iba a ser mucho más larga, debido a que soy diputado por una región en la cual está en vigencia la reforma procesal penal.
Tengo un estudio, cuya fuente es la Fiscalía Nacional, publicado en “La Semana Jurídica”, del 21 al 27 de octubre, que habla de la recepción de casos y el términos de los mismos en todas las regiones. Con alegría, debo decir que mi región ha andado muy bien, pues ha resuelto la mayor cantidad de casos. Ello debo valorarlo en la persona del fiscal regional y de los demás fiscales de la región. Me parece bien. Es un paso importante.
La opinión de los abogados, en general, es que la reforma es positiva; pero hay otro aspecto, también señalado por varios parlamentarios: ¿qué siente la gente?
Hay un serio problema relacionado con la asistencia judicial, porque, producto de la reforma, muchas personas no tienen acceso a dicha asistencia para resolver una serie de situaciones jurídicas. Como son pobres, quedan en la indefensión absoluta.
También está claro que la sensación de la gente es que los victimarios tienen más derechos que las víctimas. Aquí hay un tema muy delicado que es necesario revisar.
Además, existe la sensación de que muchos casos son archivados con demasiada rapidez. No vaya a ser que por tratar de romper un récord de casos resueltos, no se haga la investigación que corresponde.
Tengo una propuesta de modificaciones legislativas muy importante, elaborada por quienes están trabajando en el nuevo sistema, que haré llegar al ministro, al fiscal nacional y al presidente de la Corte Suprema a la brevedad posible, para que pueda ser estudiada.
Por último, quiero mencionar lo sucedido al ex defensor público de Calama, quien, a pesar de haber ganado el caso en la Corte de Apelaciones, lo perdió en la Corte Suprema. Creo que debería revisarse, no el caso, sino la forma o la razón por la cual se produjo una situación en la cual una norma administrativa está por sobre un concurso público. Me parece importante decirlo en esta oportunidad.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA.-
Señora Presidenta, coincido plenamente con todo lo que se ha dicho.
Para saber si ha funcionado la reforma procesal penal que todos apoyamos y aprobamos, hay que medir los objetivos con el grado de cumplimiento.
Pertenezco a la región del Maule, provincia de Curicó, donde la reforma está funcionado desde hace un año. En verdad, el grado de cumplimiento del objetivo de aumentar la eficacia en la acción penal que corresponde al Ministerio Público, que debe efectuar la investigación y dirigir a la policía, ha estado relativamente bien. Pero y en esto coincido con los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra hay una percepción negativa de la ciudadanía sobre la labor o importancia que debe tener el fiscal, lo cual, lógicamente, conspira contra la eficacia de la acción penal.
Se aprecia, también, un aumento sostenido de la libertad provisional, hecho que está incidiendo fuertemente en una sensación de inseguridad. En el noventa por ciento de los casos, los inculpados quedan de inmediato en libertad corroboro lo que dijo el diputado señor Ignacio Urrutia y, posteriormente, son citados a la fiscalía.
Existe una sensación de impunidad para los delitos menores robos inferiores a un millón de pesos, los que prácticamente no se investigan.
Respecto de otros objetivos, como el aumento del grado de respeto a la garantía de las personas, la ciudadanía aprecia que el imputado goza de más garantías que la víctima. Por ejemplo, en las unidades policiales hay un decálogo del delincuente y nada respecto de la víctima. Se advierte que cuando las víctimas no cuentan con un abogado querellante, la defensa del fiscal es pobre, débil, y se contrapone con la defensa de los inculpados, que, muchas veces, es más fuerte y fundamentada. Todo ello incide en la sensación de indefensión de las víctimas y en el envalentonamiento de los delincuentes, quienes en algunos casos se burlan de la policía.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Ha terminado el tiempo de los Comités.
Tiene la palabra el presidente de la Corte Suprema, señor Mario Garrido , a quien agradecemos su presencia en esta Sala, por cuanto sabemos de sus múltiples funciones y deberes. Nos enorgullece contar con la presencia de un presidente de la Corte Suprema, hecho que no se producía desde hace bastante tiempo en la historia de esta Corporación.
El señor GARRIDO (Presidente de la Corte Suprema).-
Señora Presidenta, agradezco la invitación, aunque no deja de sorprenderme que su objetivo no haya sido claramente explicado a la Corte Suprema.
Nosotros veníamos con otro ánimo: dar cuenta del camino, de la intensidad y de las posibles dificultades de la reforma. No va a ser posible, pues debo retirarme casi de inmediato.
He escuchado interesantes e importantes observaciones de los señores parlamentarios, que agradezco, pero que, dadas su variedad y diversidad, resultan muy difíciles de contestar. Sería mucho más práctico que los señores parlamentarios se pusieran de acuerdo y nos hicieran llegar sus observaciones a la Corte Suprema. Con mucho agrado podríamos analizarlas, estudiarlas y, en su momento, adoptar las medidas pertinentes.
Cuando se habla de la justicia, se confunde un término. Parece que a los jueces se les pide la justicia ideal. Nosotros no hacemos justicia en un sentido de valor, sino dentro del ámbito del ordenamiento jurídico. La justicia que los jueces aplicamos es la que los cuerpos colegisladores han determinado.
Durante bastante tiempo participé en las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y de la Cámara de Diputados, donde pude apreciar la intensidad del trabajo de esas Comisiones, y cómo, con gran seriedad, se abordaban las distintas temáticas que planteaba la reforma. En esa oportunidad hicimos múltiples observaciones y sostuvimos muchos puntos de vista.
Aún recuerdo, con mucha precisión, que cuando se planteó el problema de la libertad provisional, se nos hizo notar que los jueces habíamos abrogado, de hecho, todo lo referente a la libertad provisional y que era nuestra culpa que las cárceles estuvieran saturadas de detenidos, ya que no le dábamos la excarcelación a cierto tipo de delincuentes que, por desgracia, en ese tiempo eran muy abundantes.
Me preguntaron la opinión justo en el momento en que se estaba discutiendo una modificación al Código de Procedimiento Penal de la época y estudiando el nuevo Código Procesal que se está aplicando en algunas regiones, con criterios totalmente disímiles y distintos. Hice presente que los jueces no dábamos opiniones respecto de ese punto, porque era el Parlamento el que debía determinar qué procedimiento quería que se siguiera en contra de los delincuentes o de los procesados. Hice ver, con bastante energía, que una vez que se dictara la ley, nosotros la aplicaríamos con toda estrictez. Si querían aplicar en plenitud el principio de la presunción de inocencia, lo íbamos a respetar; pero que lo pensaran bien antes de plasmarlo. La ley se está aplicando en la forma aprobada por el Congreso Nacional. Los jueces no entramos a criticar la legislación; sólo la estudiamos y la aplicamos con la mejor conciencia para traducir el espíritu que la inspiró.
Se han planteado aquí algunos casos de personas que habrían sido dejadas en libertad, pero que, a juicio de algunos particulares, deberían estar privadas de libertad. Siempre está el principio de las instancias dentro del sistema judicial; de manera que si un juez dicta una resolución y se equivoca, ésta puede ser modificada por las cortes de apelaciones. Eso es lo normal dentro de un procedimiento. Tampoco nos debe llamar la atención que, en un momento determinado, un juez adopte resoluciones que no le gusten a la sociedad. Él está aplicando una ley dictada por el Parlamento, y a eso se atiene.
No pretendo justificar la actitud de los jueces, que creo que han actuado con tremenda corrección, con gran espíritu de trabajo y con mucha seriedad, tanto los antiguos, que aplican el primitivo sistema inquisitivo, como los nuevos, que están aplicando el sistema acusatorio.
Los señores parlamentarios deben saber que los nuevos jueces, en buena parte, son nuevos en todo sentido: se trata de abogados que han llegado de la calle y que han sido preparados en los cursos de perfeccionamiento instaurados para este efecto, muchos de los cuales han sido dictados por los mismos redactores del Código Procesal Penal. Ésos son los jueces que han estado aplicando la nueva legislación. Las posibles insatisfacciones de la sociedad respecto de la justicia penal no nos competen, puesto que nosotros actuamos una vez que el delito se ha cometido y aplicamos con todo rigor la normativa procesal establecida al respecto. Como bien lo señaló un señor diputado, ésta ha sido una política de país, y nosotros respetamos esa política con toda estrictez.
Se han representado múltiples dificultades o posibles fallas del sistema. Considero muy prematuro hacer diagnósticos con datología que resulta insuficiente para saber cómo opera. La datología de las encuestas es totalmente equívoca. Así, hemos visto que se formulan preguntas en forma muy extraña, que pueden llevar a resultados también muy sorprendentes. El punto está en evaluar seriamente lo que está haciendo el Poder Judicial reformado, que, a juicio de la Corte Suprema, ha sido plenamente satisfactorio.
La reforma está funcionando bien. Hay pequeños detalles; pero quiero decirles a los señores diputados que el Poder Judicial ha entendido que se está aplicando un nuevo sistema y que éste debe funcionar en la mejor forma posible, para lo cual se ha establecido un estrecho contacto con los demás actores: Ministerio de Justicia, fiscal nacional y Defensoría Nacional. Estamos reuniéndonos permanentemente, visitando en conjunto las distintas zonas, escuchando a los nuevos fiscales, a los nuevos jueces, y viendo los problemas que pueden enfrentar. No hay grandes problemas en la aplicación de la reforma.
Hace poco tiempo se hizo un seminario al cual asistieron visitas internacionales para ver cómo operaba, y tuve la satisfacción de escuchar a delegados de diferentes países de América opinar que la reforma judicial estaba funcionando en forma muy positiva, para algunos, de manera casi sorprendente, en comparación con lo sucedido en otras naciones que han debido enfrentar grandes fracasos. Aquí existe gran experiencia judicial; nuestros profesionales abogados son muy competentes; han entendido el sistema y lo han estado aplicando en buena forma, tanto los abogados jueces como los que actúan como fiscales o defensores y, en general, los colegios de abogados.
Por cierto, hay dificultades bastante graves dentro de la función judicial, considerando los desafíos que se presentan para el futuro.
En primer lugar, nos encontramos con que dentro del sistema, en Chile, habrá 58 tribunales mixtos. ¿De qué tribunales se trata? En la actualidad, son tribunales del crimen, civiles, de menores y laborales; pero, con la aplicación de la reforma, esos jueces deberán cumplir también la función de jueces de garantía. Son tribunales totalmente distintos en cuanto a su estructura: unos están hechos para procesos orales, y los otros, para procedimientos escritos. Generalmente, están sobrecargados con asuntos civiles, de menores y del trabajo, y, aparte de ocuparse de las causas penales del sistema inquisitivo que queden pendientes, adicionalmente, deberán atender el sistema acusatorio, el cual requiere dedicación porque se basa en audiencias públicas.
Entonces, ¿cuándo va a trabajar el juez para resolver los asuntos civiles? ¿Cuándo va a tener tiempo para atender los asuntos laborales o de menores si tendrá que dedicar buena parte de su tiempo a escuchar las audiencias propias de un juez de garantía? Cincuenta y ocho juzgados en Chile, señores diputados; 58 posibles fallas de la reforma, porque en esos lugares, indudablemente, habrá problemas de orden penal. Pero no quiero que se diga que eso es culpa de los jueces, porque ello se debe a la forma en que se aprobó el sistema.
Por eso, planteo que es urgente es una inquietud de todos los jueces crear en esos 58 tribunales los respectivos jueces de garantía. Es una gran necesidad.
Hay otro problema que, a veces, hace fracasar los sistemas. Para implementar y administrar su personal y sus recursos económicos, el Poder Judicial cuenta con la misma Corporación Administrativa que existía antes de que se iniciara el proceso de la reforma. El año 2004 habrá tres mil funcionarios más, cientos de locales y de computadores; en fin, una infinidad de cosas que implementar. ¿Podrá resistir una corporación creada para las necesidades de hace muchos años todo el trabajo que deberá desarrollar para implementar y hacer funcionar los recursos físicos y administrativos requeridos para el funcionamiento de los nuevos tribunales?
A veces, los sistemas no fracasan por los detalles señalados, sino porque en su estructura estratégica no ha habido un equilibrio adecuado. Se estudió la reforma procesal penal, se crearon nuevos juzgados, pero no se implementó la Corporación Administrativa, que, no obstante tener muy pocos recursos y escaso personal, con un sacrificio inmenso rinde mucho más que cualquiera otra institución en Chile.
Creo que éstos son dos de los puntos débiles que presenta la reforma: el control y funcionamiento de la inmensa estructura judicial que se avizora, y el talón de Aquiles que se producirá en el nuevo sistema penal con los tribunales mixtos, que no van a poder responder a las necesidades de las personas.
Los demás posibles problemas que deberán enfrentarse durante el desarrollo de la reforma no dependen del Poder Judicial ni de los jueces, sino de políticas de prevención y de otra índole y de aspectos de orden administrativo, policial, etcétera, o bien son muy pequeños y se han ido solucionando paso a paso, a través de la permanente actividad de la Corte Suprema, al controlar excepcionalmente y con mucha preocupación a todas las regiones en las cuales se está implementando la reforma. Los ministros designados para que revisen cada una de esas regiones mantienen informado al tribunal pleno de lo que está sucediendo.
Las dificultades de orden legal o procesal en la aplicación del sistema son mínimas; el sistema es bueno. Chile no puede echarlo para atrás ni modificarlo, porque responde a principios internacionales que rigen en todo el mundo. Nuestro país estaba atrasado como señaló la diputada señora María Pía Guzmán y se puso al día con este nuevo sistema, y lo está haciendo muy bien; es un ejemplo para muchos países, y son muchos los que están viniendo a ver cómo opera la reforma judicial. Cuando terminan de examinarla, se dan cuenta de que está funcionando en forma satisfactoria y positiva. Pero no nos dormimos en los laureles. No, señores; estamos muy preocupados corrigiendo día a día los pequeños problemas que surgen y visualizando aquellos que en el futuro se puedan generar, para que la reforma marche mejor. Pero Chile no resiste por más tiempo que existan dos regímenes distintos al mismo tiempo: uno inquisitivo y otro acusatorio.
A nuestro entender, el sistema acusatorio no tiene vuelta atrás; debe seguir aplicándose porque está dando muy buenos resultados. Por cierto, siempre será perfectible; pero no nos apresuremos en hacer modificaciones inmediatas sin mensurar con mucho cuidado su trascendencia; ellas deben ser analizadas con serenidad. El Poder Judicial está abierto a esa posibilidad; queremos participar y colaborar en ello; pero, al mismo tiempo, pedimos que dejen madurar al nuevo sistema en plenitud, puesto que recién se está aplicando en muy pocas regiones. Si miramos el conjunto de la reforma, su implementación actual no supera el 28 por ciento; es decir, un poco más de la cuarta parte. Nos queda mucho terreno por recorrer, y tratemos de hacerlo en la mejor forma posible, con la confianza de los órganos colegisladores y la colaboración de hecho, contamos con ella de las otras instituciones que intervienen en esto: la Fiscalía Nacional, el Ministerio de Justicia y la Defensoría Pública. Estamos tratando de superar, con mucha dedicación y esfuerzo, las dificultades que puedan presentarse. ¿Hay situaciones conflictivas? Sí, pero son muy posibles de superar sin recurrir a grandes reformas legales.
Son muy atendibles las observaciones relacionadas con los procedimientos, con una audiencia que dura demasiado, con que no se dan muchas facilidades, a veces, para hacer defensas o con las opiniones de abogados que actúan en esto; pero no las miremos aisladamente, sino en su conjunto. Todo el sistema está bien estructurado y diseñado y responde a estándares internacionales. Lo que necesitamos es aplicarlo en buena forma en Chile, y eso está ocurriendo así.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el fiscal nacional, señor Guillermo Piedrabuena .
El señor PIEDRABUENA (Fiscal Nacional).-
Señora Presidenta, concurro especialmente invitado agradezco la invitación, en representación de un organismo de naturaleza constitucional.
Como ustedes saben, el nuevo Ministerio Público es autónomo, jerarquizado e independiente de los Poderes del Estado. De acuerdo con sus regulaciones legales, el Ministerio Público debe rendir una cuenta pública anual, a través de su fiscal nacional, y cuentas públicas regionales.
Es así como este fiscal nacional ha rendido cuentas públicas los años 2000, 2001 y 2002; ha invitado a todas las autoridades y a los parlamentarios; ha enviado una copia íntegra de sus cuentas a la Cámara de Diputados y al Senado; ha concurrido cada vez que ha sido invitado a las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas cámaras, a fin de exponer sus puntos de vista sobre distintas iniciativas legales relacionadas con la reforma, y ha respondido los oficios remitidos por el Congreso. Además, ha expuesto, con invitación a todos los parlamentarios, sus propuestas futuras; entre ellas, la de la Región Metropolitana, señalando con gráficos y mapas los puntos en los cuales se distribuirán las cuatro fiscalías regionales de Santiago, lo que fue profusamente publicado por la prensa los días siguientes.
El tema de la convocatoria es tratar la marcha de la reforma en cinco regiones.
Se han tratado muchos temas, pero respecto de este punto específico coincido ampliamente con el presidente de la Corte Suprema, en cuanto a que los resultados han sido ampliamente satisfactorios. No quiero abundar en cifras ni en estadísticas. Según nuestros registros, a octubre de este año tenemos un ingreso total de 214.222 casos y de 226.375 delitos, habiéndose terminado 175 mil casos con 178 mil delitos; es decir, más del 80 por ciento de los casos. Entre los asuntos terminados, hay un 70 por ciento de aplicación de las salidas alternativas que, seguramente, los señores diputados conocen mejor que yo. Estas salidas alternativas han sido aplicadas por los fiscales con la aprobación de los jueces de garantía y, a veces, con el acuerdo de los defensores.
En cuanto al archivo provisional, si bien no requiere aprobación judicial, es provisorio: en cualquier momento, la víctima puede pedir que se reabra su caso, pidiendo diligencias concretas de investigación.
Ha habido celeridad en los procesos, con un tiempo de tramitación que, en promedio, no excede los cuatro a cinco meses. Por ejemplo, el 13 de julio de este año, en Antofagasta, acaeció un robo con violencia en las personas. El juicio oral se realizó el 16 de septiembre, con resultado de una sentencia condenatoria en contra del imputado sorprendido en delito flagrante; esto es, de dos a tres meses después de cometido el robo, gracias a la petición de juicio oral inmediato efectuada por el fiscal y que el tribunal aceptó.
En cuanto a la protección de las víctimas y de los testigos, es el aspecto más positivo de la Fiscalía Nacional, aun cuando reconocemos que falta mucho camino por recorrer. Es algo novedoso que no estaba previsto en el sistema antiguo, en el cual el ofendido por el delito era objeto de una victimización secundaria porque debía comparecer ante los tribunales, enfrentar al agresor en careos, etcétera. ¿Quién protegía a la víctima? Ahora tenemos una división de protección de las víctimas, lo que les ha permitido declarar en los juicios orales en forma protegida. Así se han logrado numerosas condenas por delitos sexuales, gracias a la protección que les hemos dado. Siempre hay casos de víctimas que son amenazadas ilegítimamente por terceros, que no deberían incurrir en tales procedimientos; pero estamos progresando. Comparado con el sistema antiguo, el nuevo estándar de justicia es muy superior.
Tenemos unidades especializadas en drogas, en delitos económicos, en probidad pública a la cual daremos especial importancia en los próximos años, en lavado de dinero. Estamos esperando la aprobación por el Parlamento del proyecto que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de trabajar en estrecha coordinación con ella.
En cuanto a procedimientos, la honorable Cámara debe saber que en procedimientos monitorios, en que sólo se aplican multas, ya tenemos 16 mil, con un porcentaje de condenas del 98 por ciento; en procedimientos simplificados tenemos casi 3 mil, con un 93 por ciento de condenas, y en juicios orales que sí presentan problemas tenemos casi 300, con un 83 por ciento de condenas.
Ahora, hablando de otras instituciones, puedo afirmar que en el nuevo sistema de justicia ningún imputado, tenga recursos o no, ha quedado sin un defensor que lo represente, y los tribunales, tanto de garantía como orales, han funcionado en las fechas previstas sin grandes contratiempos, incluso, sábados, domingos y festivos. ¿Alguna vez vieron funcionar algún tribunal durante esos días? En el nuevo sistema sí lo han hecho.
Estamos frente a un panorama alentador, pero nunca lo he calificado de excelente, ni he dicho que no haya problemas ni dificultades, porque sí los hay. Por eso, quiero sintetizar las dificultades que hemos enfrentado en cuatro o cinco ideas básicas.
El problema de la seguridad ciudadana.
Es efectivo que hay insatisfacciones sobre la marcha del nuevo proceso, en especial por la impunidad, el exceso de protección de los imputados en desmedro de las víctimas, y la falta de atribuciones de Carabineros para actuar rápidamente cuando se ha cometido o puede estar cometiéndose un delito. Sin embargo, debe rebatirse la opinión que responsabiliza a la reforma procesal penal del clima de inseguridad ciudadana y del posible aumento de la delincuencia. La reforma es un instrumento más para hacerse cargo de un problema que es mucho más amplio y que tiene causas sociales muy profundas, tales como la cesantía, la inestabilidad familiar, la subcultura de muchos sectores y la falta de educación, todo lo cual desemboca en la delincuencia, particularmente de los más jóvenes.
La reforma, como expresión de un proceso más justo, transparente y eficiente, colabora en cierta medida con la solución del problema de la delincuencia, pero no es la solución en sí misma. Si en algunos momentos previos a la reforma se dijo al país que ella solucionaría el problema de la delincuencia, constituye un grave error, porque creó falsas expectativas en la población, que estaría reaccionando frente a promesas incumplidas.
No obstante, reconocemos que algunas interpretaciones excesivamente garantistas de los operadores de la reforma dan pábulo a las insatisfacciones de la población y justifican que algunos representantes populares, a veces, reclamen en contra de los jueces de garantía y de los fiscales, o de Carabineros, porque no actúa.
Ahora bien, esas insatisfacciones han sido afrontadas parcialmente. Se dictó la ley Nº 19.789, de 30 de enero de este año, promovida por el Ministerio de Justicia y que contó con todo nuestro apoyo, la cual facilitó la acción de las policías y permitió detener a las personas, incluso, por faltas
flagrantes. Se aprobó, también, la ley Nº 19.806, de 31 de mayo de 2002, adecuatoria del sistema legal chileno, que efectuó algunos ajustes necesarios para asegurar la eficacia de la persecución penal en materias tan importantes como delitos de drogas, terrorismo, lavado de dinero y delitos de organizaciones criminales. Asimismo, hay numerosas modificaciones legales en estudio en el Ministerio de Justicia.
El Ministerio Público envió en agosto de este año, a través de oficio entregaré a la Mesa copia de él, a requerimiento del Ministerio de Justicia, diversas proposiciones de modificaciones legales y reglamentarias, las cuales están a disposición de la honorable Cámara, referidas fundamentalmente a las siguientes materias: creación de un delito que sancione la declaración falsa prestada por los testigos ante los fiscales; creación de otro delito que sancione la obstrucción a la justicia respecto de quienes no proporcionen antecedentes relevantes de un delito a los fiscales o los destruyan; la regulación de la filiación de los detenidos por la Policía de Investigaciones en el nuevo sistema; dictación de un reglamento que regule el cambio de identidad de un testigo, perito o informante que debe ser protegido por encontrarse en riesgo su integridad física; dictación de un nuevo reglamento que permita seguir los procedimientos de destrucción de las sustancias estupefacientes y sicotrópicas, y modificaciones a las unidades especializadas del Ministerio Público para que puedan ser dirigidas por un fiscal y ser operativas en todo el país.
En opinión del Ministerio Público, son necesarios otros ajustes legales. Comprendemos que las reformas legales deben ser planteadas en forma oportuna al Congreso Nacional y, quizás, después de que exista alguna experiencia con el sistema procesal reformado.
Otra dificultad que ya hicieron notar los señores diputados es la falta de mayor difusión y comprensión de la reforma. Pese a todos los esfuerzos de los organismos comprometidos con ella, se requiere mayor difusión de su contenido, vacío que resulta preocupante en las grandes regiones del país donde entrará a operar en 2003 y 2004. Los abogados de las grandes regiones, salvo excepciones, no tienen los conocimientos mínimos de la reforma, y algunas universidades aún tienen un sistema opcional o electivo de los ramos que enseñan el nuevo proceso penal.
Ajuste de competencia de los tribunales del juicio oral.
Como es de vuestro conocimiento, la ley Nº 19.665 creó alrededor de 400 jueces orales, similares a los jueces de garantía. En la práctica, en las regiones donde está operando el sistema no han asumido todos los jueces del tribunal penal del juicio oral, porque no se han cumplido las expectativas en cuanto al número de juicios existentes. A fines de este mes tendremos alrededor de trescientos, y en los primeros meses del próximo año se calculan unos quinientos juicios. Sin embargo, esa cantidad de juicios orales apenas supera el 0,1 ó 0,2 por ciento de los conflictos penales, en circunstancias de que en la Comisión de Constitución de la Cámara se estimó que los juicios orales ascenderían a alrededor del 1,7 por ciento de los casos.
La estimación anterior no resultó exacta. A juicio de este fiscal nacional, ello se debe a que, al finalizar la tramitación del proyecto que estableció el nuevo Código Procesal Penal, se le introdujeron importantes modificaciones al procedimiento simplificado. Según la Cámara, estaba destinado a las faltas y amplió la competencia de los jueces de garantía, lo que les permitió conocer de los simples delitos cuya pena no excediera de los 541 días de presidio o reclusión.
La modificación introducida por el Senado y que, en definitiva, se transformó en ley, se debió al temor de algunos senadores de que los tribunales del juicio oral podrían colapsar si se les entregaba mayor competencia. Por eso, descongestionaron su trabajo y lo traspasaron a los jueces de garantía, con lo que se obtuvo un resultado inverso, ya que se ha congestionado excesivamente su trabajo. Dichos jueces deben conocer de las audiencias garantizadoras de la investigación, de las audiencias sobre medidas cautelares, de los controles de detención, de la audiencia de preparación del juicio oral, de los procedimientos monitorios, de los procedimientos simplificados y abreviados, de la salida alternativa, de la aprobación del ejercicio del principio de oportunidad, etcétera. Ello ha significado que, frente a los trescientos juicios orales, existan en este momento casi 3 mil juicios simplificados, 16 mil monitorios y 600 abreviados; es decir, el procedimiento simplificado, que es especial, supera en diez veces al procedimiento general del juicio oral ante un tribunal colegiado.
Hemos propuesto que se restituya el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, en orden a limitar el procedimiento simplificado sólo a las faltas, y que los simples delitos sean entregados al conocimiento de los tribunales del juicio oral. Pero hay opiniones respetables que sostienen otra posición; creen que la solución es fusionar a los jueces de garantía con los jueces orales para aprovechar mejor las estructuras de los tribunales. Esta solución no es compartida por este fiscal nacional, porque traerá consigo una serie de inhabilidades entre los jueces, ya que el tribunal que ha garantizado los derechos constitucionales y protegidos de los intervinientes no puede, posteriormente, juzgar el conflicto penal en un juicio jurisdiccional.
Urge tomar una definición al respecto antes de la llegada del sistema a las grandes regiones, porque no es normal que un gran porcentaje de jueces orales no esté desempeñando sus funciones, y tampoco lo es que algunos tribunales orales no hayan tenido más de diez juicios durante uno o dos años de funcionamiento, como ha ocurrido con los de Cauquenes y Angol .
Algunas insuficiencias de los servicios auxiliares.
El Estado ha invertido e invertirá una gran cantidad de recursos para la creación de tribunales, Ministerio Público y Defensoría. La inversión ha sido adecuada; sin embargo, para la plena eficacia de la reforma se requiere también mayor extensión e inversión de recursos públicos para ciertos servicios auxiliares. Me refiero en especial al Servicio Médico Legal y a las policías, tanto de Carabineros como de Investigaciones, que requieren una modernización para estar acordes con los ambiciosos proyectos de la reforma.
He tratado este tema en foros universitarios, y quiero hacer ver que el Servicio Médico Legal no está presente en todo el país, y que sus peritos no tienen recursos para trasladarse y declarar en los juicios orales y simplificados, en los cuales se requiere la declaración del perito para afirmar el valor pericial de sus informes.
A su vez, los profesionales de la salud suelen no interesarse en desempeñar cargos periciales médicolegales, por la insuficiencia de los honorarios. Esta necesidad la hemos representado en oficios a los señores ministros de Justicia y de Salud. Dejamos copia de ellos a disposición de la honorable Cámara.
Últimamente, también se han presentado algunas dificultades con Carabineros para que declaren sus miembros en el juicio oral o en el juicio simplificado, porque han sido trasladados de región y no pueden ir a declarar a otra por falta de recursos para financiar el traslado y el viático correspondiente.
Para terminar, agradecemos esta invitación. En forma resumida, hemos planteado algunos logros y algunas dificultades de la reforma en cinco regiones. Por cierto, este Ministerio informará a la opinión pública y al Congreso de todas las alternativas que arrojará este proceso en los próximos dos años, que ahora comienza a operar en tres nuevas regiones, luego en cuatro, a fines de 2003, y finalmente, en la Región Metropolitana, a fines de 2004.
Estamos abiertos a las sugerencias. He tomado nota de varias inquietudes de los señores parlamentarios. Las vamos a estudiar. Asimismo, pueden pedirnos entrevistas, podemos tener reuniones y concurrir también a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, tanto de la Cámara como del Senado. Sé que éste tiene acordado realizar una sesión amplia para tratar el tema.
Dejo a disposición de la honorable Cámara el texto de mi exposición y copia de los oficios referidos en ésta.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señora Presidenta, me gustaría que el señor fiscal contestara la pregunta que le hice. Directamente, tiene que ver con el edificio de la Fiscalía Nacional en la Región Metropolitana y con la accesibilidad que las personas de los sectores oriente, poniente, sur y norte tendrían a los fiscales regionales.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor Piedrabuena .
El señor PIEDRABUENA (Fiscal Nacional).-
Entendí que estaba contestada la inquietud de la señora diputada, por cuanto el 15 de octubre hice una exposición con motivo de la celebración del tercer aniversario del Ministerio Público. En esa oportunidad, invité a todos los parlamentarios y medios de comunicación, y con mapa en mano señalé cuáles eran los distintos puntos en que funcionarían las fiscalías regionales y locales.
En su oportunidad, también dije que estábamos pendientes de las observaciones que pudiera hacernos cualquier persona hasta el 1 de diciembre del presente año, porque entonces deberemos tomar las decisiones en cuanto a la ubicación de los inmuebles.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Puede continuar la diputada señora Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señora Presidenta, en verdad esta sesión especial tiene por objeto conocer la evaluación de la reforma procesal penal y, en atención a que como diputada de la Región Metropolitana no pude ir a escuchar la cuenta del señor fiscal, le hice una pregunta directa, de autoridad a autoridad, y requiero de una respuesta directa.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Señor fiscal, ¿podría responder la consulta de la diputada Guzmán ?
El señor PIEDRABUENA (Fiscal Nacional).-
No, no tengo respuesta a la interpelación de la parlamentaria, pero sí está el documento en la Fiscalía, que lo podemos mandar a la honorable Cámara.
Nada más.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el defensor penal público, don Rodrigo Quintana .
El señor QUINTANA (Defensor Penal Público).-
Señora Presidenta, intentaré ser muy breve.
En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se nos brinda de entregar una visión general respecto de la marcha de la reforma procesal penal y señalar que la defensoría penal pone a disposición de la honorable Cámara toda la información de que dispone, sin perjuicio de estar abierta y disponible para concurrir, cuantas veces sea necesario, a entregar antecedentes sobre la marcha general del proceso.
Al referirme en general a la reforma procesal penal, es inevitable hacer una referencia respecto de los comentarios que he escuchado. Me parece extraordinariamente positivo que se dé este espacio de discusión. Realmente es muy útil para todos nosotros, que somos los actores del nuevo proceso penal, conocer directamente las opiniones de los parlamentarios, porque creemos que reflejan la inquietud ciudadana. En ese sentido, es absolutamente legítimo y necesario que nosotros encontremos la forma de responder sus consultas de la mejor manera.
Sin embargo, en nuestra opinión, la reforma procesal penal cumple un doble objetivo, hoy plenamente satisfecho. Existen antecedentes empíricos que así lo avalan, puesto que satisface, en mejor forma que el sistema antiguo, los derechos de las víctimas, pero también, y muy particularmente en lo que concierne a nosotros, los derechos de los imputados en el marco del nuevo proceso.
Desde el punto de vista de la vigencia de los derechos constitucionales de todas las personas, sin duda, la reforma es un avance muy importante, cuestión que es necesario destacar y reconocer.
En segundo lugar, conviene señalar que los derechos que la Constitución reconoce a todas las personas constituyen un límite al ejercicio de la soberanía. En ese sentido, hay derechos que son necesarios que se respeten permanentemente, que deben destacarse y defenderse. Uno de ellos es la presunción de inocencia que está consagrada expresamente no sólo en la Constitución, sino que también, específicamente, en el Código. Es muy importante y debe ser reivindicado, pues significa que las personas, en definitiva los imputados, no pueden ser tratados ni considerados delincuentes ni culpables mientras no exista un tribunal que así lo establezca.
Así, es deber de la defensoría hacerlo presente en todas las instancias en que ello sea necesario, no sólo en los tribunales, sino también, en la medida de lo posible, a los distintos actores sociales, particularmente a la opinión pública, de modo que tengan conciencia de que ninguna persona es culpable mientras no sea condenada por un tribunal, cuya legitimidad deriva de un proceso ajustado a las garantías que la Constitución establece.
Una de esas garantías es el derecho a la defensa. Sin duda, éste es uno de los principales avances que representa la reforma procesal penal, sobre todo porque por primera vez en nuestra historia tenemos un servicio público, que es la Defensoría Penal Pública, que se aboca exclusivamente a la defensa penal de los imputados y que lo hace a través de abogados profesionales que han sido, en un ciento por ciento, seleccionados a través de concursos públicos y, además, capacitados para ello.
Este avance es muy importante.
Además, la Defensoría Penal Pública, en el marco de la ley que la rige y de la reforma en su conjunto, se está implementando de buena forma en las cinco regiones en que hoy se aplica y esperamos que ocurra lo mismo en las tres que comenzará a aplicarse en el próximo mes de diciembre.
Para terminar, sólo deseo destacar que, tal vez, una de las razones que explica la inquietud ciudadana que uno escucha, es precisamente que la reforma ha traído consigo la posibilidad de que las personas puedan conocer directamente cómo funciona; las causas por las cuales se cumplen o no sus aspiraciones en el marco del proceso penal, lo que, sin duda, genera un espacio de crítica que es positivo para resolverla, en la medida de las posibilidades.
En nuestra opinión, no hay que olvidar que el Congreso definió que la reforma procesal penal fuera un proceso gradual, como se establece en la Constitución y en la ley. En consecuencia, es necesario tener en cuenta que parte de esa gradualidad tiene que ver, precisamente, con la posibilidad de introducir correcciones o perfecciones a la legislación pertinente. Sin embargo, quiero recoger las palabras del presidente de la Corte Suprema, quien ha señalado que, tal vez, se requiere de algún grado mayor de conocimiento de cómo funciona el sistema y de mayor madurez en cuanto a analizar los efectos de su aplicación, antes de pensar en reformas legales, que en definitiva no van a permitir una visión completa y que, finalmente, pueden perjudicar su funcionamiento y los principios que la han inspirado.
Pongo a disposición de la honorable Cámara la información de que dispone la defensoría.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez .
El señor GÓMEZ (ministro de Justicia).-
Señora Presidenta, en primer lugar, valoro el hecho histórico acaecido en la Sala como consecuencia de una petición efectuada por algunos parlamentarios: me refiero a la concurrencia al hemiciclo del Presidente de la Corte Suprema representante de un Poder del Estado; del fiscal nacional del Ministerio Público y del defensor penal público
miembros de instituciones autónomas del Estado, y del ministro que habla, quien tiene la obligación de concurrir.
Es muy importante el hecho de que a dos años del inicio de la reforma procesal penal, tengamos la posibilidad de analizarla y escuchar la opinión de los parlamentarios. Con todo, es bueno señalar lo siguiente.
Al inicio de la reforma se tomaron una serie de prevenciones, a fin de resolver problemas complejos que se presentaran en el desarrollo de un cambio tan estructural como el que debatimos. Estamos hablando de un sistema de justicia que tiene más de 100 años de existencia y que se cambiará en su totalidad. En ese sentido repito, tomamos algunas prevenciones, las que paso a detallar.
Primero, atendimos al hecho de que existiera gradualidad, esto es, que la reforma se implementara región por región y se llevara a cabo un proceso de seguimiento, con el objeto de efectuar las modificaciones necesarias. Llevaremos adelante cualquier modificación legal que la reforma requiera. En ese sentido, valoramos los planteamientos efectuados por los parlamentarios, así como los que sugieran a futuro.
Segundo, previnimos que la reforma partiera de cero, sin que se viera entorpecida por causas provenientes del sistema antiguo. Ello nos permite manejar estadísticas reales y conocimientos particulares de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en cada región.
Tercero, tuvimos cuidado en cuanto a asegurar los recursos, de modo de no discutir todos los años si se cuentan con los fondos necesarios para implementar la reforma. Reitero, los recursos están contemplados en el tesoro público, lo que permite, año a año, implementar la reforma en las distintas regiones, de acuerdo con la programación establecida.
Es importante señalar que se está invirtiendo una cantidad gigantesca de recursos. El Poder Judicial cuenta con 100 mil millones de pesos para el desarrollo de toda su estructura. La reforma, por sí sola, incorporará 340 mil millones de pesos en infraestructura, tecnología, personal, etcétera. En el fondo, estamos hablando de una inversión de tal magnitud que resulta importante mirar la materia con visión de futuro. Por lo demás, todos los parlamentarios, a pesar de las críticas al sistema y de la necesidad de corregir determinados aspectos, coinciden en que se trata de un gran cambio que requiere la participación de todos.
Cuarto, la ley que rige la reforma procesal penal contempla una comisión interinstitucional, integrada por los distintos actores aquí presentes y el presidente del Colegio de Abogados. Esa instancia debe hacer un seguimiento permanente de la reforma, elaborar estudios y llevar adelante un proceso de análisis de las modificaciones que puedan efectuarse a futuro. Reitero, esa instancia se encuentra contemplada en la institucionalidad. Nos encontramos trabajando en esa materia, a fin de avanzar en la difusión e implementación de las reformas legales y analizar el funcionamiento de la reforma en cada una de las regiones.
Quinto lo he manifestado públicamente y lo reitero en la Sala, no se trata de una reforma hecha por un determinado equipo político: ella ha sido llevada adelante por el país. Aquí ha habido participación de parlamentarios de todas las bancadas, lo que nos permite señalar que se trata de una tarea de Estado. Ellos han efectuado observaciones, han trabajado el tema y se han mostrado preocupados por que la reforma tenga un buen futuro.
Se trata de un cambio profundo. Luego de transcurridos dos años desde el inicio de la reforma, lo que hemos escuchado de ella puede resultar, de algún modo, parcial, en el sentido de que existen situaciones que deben corregirse. En ese sentido y desde el punto de vista legal, haremos todo lo que sea necesario para mejorar esta materia. Por lo demás, imagino que el fiscal y el presidente de la Corte Suprema han recogido las inquietudes planteadas por distintos parlamentarios.
Lo importante es que estamos inmersos en un proceso que involucra a todas las instituciones. Mediante un convenio suscrito con Carabineros, estamos capacitando al carabinero de línea no al oficial, esto es, a quien efectúa procedimientos en la calle, trabaja en furgones y se enfrenta a la gente, a fin de que conozca sus posibilidades de acción frente a la detención por sospecha, el control de identidad y el delito flagrante. Se trata de afinar una forma de trabajo que permita mejorar la acción de la policía en su labor permanente.
Es importante destacar lo señalado por el defensor penal público, en cuanto a que enfrentamos un cambio estructural de fondo. El sistema de justicia debe concebirse como un ente global. En tal sentido, la estructura que lo acoge no debe verse cuestionada por la concurrencia de determinados casos particulares. Reitero, aquí estamos hablando de una estructura de fondo que, sin duda, necesita cambios, los que llevaremos adelante en conjunto con los parlamentarios.
Por último, deseo destacar la importancia de esta sesión desde el punto de vista del ministerio que represento y de las instituciones que han participado en el debate de esta materia. El hecho de ocupar tiempo para escuchar las distintas posturas permite, sin ninguna duda, mejorar los distintos aspectos involucrados en el tema que nos convoca. Los documentos entregados por nosotros han sido elaborados a partir del análisis de la reforma. Por su parte, las encuestas han sido realizadas por instituciones privadas, no por organismos vinculados con el Ministerio de Justicia. Todo ello refleja una realidad, la que debe ser refrendada por el trabajo permanente y conjunto con la comunidad. En esa tarea, la ayuda que puedan prestar los distintos parlamentarios es inestimable.
A mi juicio, esta sesión puede ser catalogada de histórica. El hecho de analizar una ley que comporta tan profundos cambios, a dos años de su puesta en marcha y con la participación de los actores del sistema, resulta fundamental para el buen éxito de los cambios que ella propone.
He dicho.
El señor FORNI.-
Pido la palabra.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor FORNI.-
Señora Presidenta, en consideración a las explicaciones entregadas por el ministro y entendiendo que existe un compromiso en cuanto a que la comisión funcionará con mayor periodicidad y a que los resultados que emanen de ella serán entregados a la opinión pública, los autores del proyecto de acuerdo N° 150 hemos tomado la decisión de retirarlo.
El señor BURGOS.-
Pido la palabra.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor BURGOS.-
Señora Presidenta, tomando en cuenta la importancia de una sesión de esta naturaleza, los aspectos destacados por el ministro, esto es, la concurrencia del presidente de uno de los poderes del Estado y del fiscal nacional del Ministerio Público, la discusión sostenida y el hecho de que la comisión coordinadora reforzará la información sobre la materia que nos ocupa, todo ello nos obliga a que la sesión finalice con la presentación de proyectos de acuerdo.
En ese predicamento y considerando el buen ambiente que existe al respecto y el retiro del proyecto de acuerdo presentado por el diputado Forni y otros parlamentarios, quien habla, uno de los autores del proyecto de acuerdo N° 151 y redactor del mismo no obstante la mala letra y algunas fallas de ortografía que contiene, anuncia su retiro.
El señor CORREA.-
Pido la palabra.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor CORREA.-
Señora Presidenta, agradezco al diputado Burgos el retiro del proyecto de acuerdo de que es autor, pues de su lectura no se entendía nada y adolecía de faltas de ortografía.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Diputado señor Burgos , ¿hace retiro del proyecto de acuerdo?
El señor BURGOS.-
Sí, señora Presidenta. No obstante, deseo formular una consideración.
Cuando se hace un buen gesto, uno espera que aquél sea respondido de manera elegante, no de la manera en que lo hizo el diputado señor Correa.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En general, no hemos sido testigos de buenos modales durante el transcurso de la sesión. En tal sentido, me hago cargo del malestar de muchos colegas por la actitud demostrada por el fiscal nacional del Ministerio Público. A mi juicio, no corresponde mostrar una disposición hostil hacia miembros de la Cámara, menos aún en una sesión de esta naturaleza.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 20.49 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Lorenzini, Cardemil, Dittborn, Escalona, Hidalgo, Jaramillo, Ortiz y Silva.
Modifica la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, con el propósito de dar carácter permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. (boletín Nº 3011-05)
“Honorable Cámara:
Acorde con lo preceptuado en el artículo 19 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley de Presupuestos será informado exclusivamente por una comisión especial, que se integrará con el mismo número de diputados y de senadores que establezcan las normas reglamentarias que acuerden las Cámaras. Formarán parte de ella, en todo caso, los miembros de sus respectivas Comisiones de Hacienda. La comisión será presidida por el senador que ella elija de entre sus miembros y deberá quedar constituida antes del término de la legislatura ordinaria.
Esta comisión especial fijará en cada oportunidad sus normas de procedimiento y formará de su seno las subcomisiones que necesite para el estudio de las diversas partidas del proyecto, sin sujeción en ellas a la paridad de que trata el inciso anterior. El honorable Senado, con fecha 13 de agosto de 2002, propuso a la Cámara de Diputados dar el carácter de permanente a esta Comisión, y modificar, con tal objeto, la ley Nº 18.918 y el reglamento de ambas Corporaciones.
Los fundamentos para efectuar esta proposición aparecen contenidos en el proyecto de acuerdo inserto en el boletín Nº S 629-12 y son, básicamente, los siguientes:
-La imperiosa necesidad de mejorar el control y seguimiento de la ejecución del gasto público, como la mejor manera de optimizar la eficacia de éste.
-Fortalecer el control presupuestario, considerado como una tarea propia del Poder Legislativo, yendo más allá de la simple verificación de la regularidad presupuestaria contable.
-Realizar una más completa y efectiva revisión cualitativa y oportuna de los medios presupuestarios, con el objeto ya declarado de obtener y garantizar la mayor eficacia del gasto público.
-Fortalecer la acción del Congreso Nacional frente al Poder Ejecutivo, mediante el robustecimiento de los mecanismos de control presupuestario.
-Permitir que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos conozca en pleno la ejecución presupuestaria, el cumplimiento del avance en la ejecución, los balances de gestión integral, la evaluación de los programas públicos, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en la ley de Presupuestos y en su Protocolo, todo lo cual daría mayor transparencia pública al proceso.
La Cámara remitió estos antecedentes a su Comisión de Hacienda, la que en su sesión del día 13 de agosto de 2002, debatió el tema y llegó a la conclusión de que era imperioso mejorar el control y seguimiento permanente de la ejecución del gasto público, como la mejor manera de optimizar la eficacia de éste, coincidiendo con el Senado en la necesidad de dar carácter permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Ello llevó a sus integrantes, los diputados Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Exequiel Silva, Camilo Escalona, Gastón von Mühlenbrock, Julio Dittborn, Carolina Tohá, Carlos Hidalgo, Alberto Cardemil y Enrique Jaramillo, ha presentar el proyecto de acuerdo Nº 116, de 11 de septiembre de 2002, con similares fundamentos que el del Senado, en el cual proponen, también, dar carácter permanente a esta Comisión.
El referido proyecto fue aprobado por la Corporación, en su sesión 4ª, en martes 8 de octubre de 2002.
Esta moción, firmada por los mismos diputados que en su oportunidad suscribieron el proyecto de acuerdo, modifica la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso, con la finalidad de dar carácter permanente a esta Comisión.
En las modernas democracias representativas es comúnmente aceptado como consustancial a ellas, que las decisiones fundamentales sobre los gastos públicos se acuerdan con la participación de los órganos de representación del pueblo -Gobierno y Parlamento-, los que buscan representar, a través del debate que ellos generan, los diversos intereses y necesidades existentes en el Estado Nación, a la vez que optimar la utilización de los recursos públicos.
En torno al instituto presupuestario se han generado -expresa o veladamente- cuestiones o debates que dicen relación, en última instancia, con materias tales como el régimen de gobierno, las funciones que deben cumplir los diversos poderes del Estado, el mayor o menor control sobre la actividad administrativa y el papel que debe jugar el Estado en el proceso económico.
Un presupuesto es el reflejo de las fuerzas tributarias de un país, del estado de su cultura, de la situación de su hacienda y hasta de la forma de sus instituciones políticas y sociales, ya que en él se reúnen todos los servicios públicos y todas las cargas que pesan sobre el contribuyente.
El Ejecutivo ha visto crecer su capacidad de planificación financiera y presupuestaria, a la vez que ha centralizado cada vez más el manejo de la utilización de los recursos públicos, en abierta contraposición de aquellos que defendían las nuevas potestades de los cuerpos representativos en todo lo que dijera relación con los ingresos públicos así como la inversión de los mismos.
La inferioridad de las asambleas legislativas se pone de relieve, en primer lugar, en lo que se refiere al manejo y la obtención de información.
Lo ideal en esta materia es que la Cámara de Diputados, en general, y esta Comisión, en particular, tengan libre acceso a los antecedentes e informes que obren en poder del Gobierno, de los órganos de la Administración del Estado y de los órganos autónomos establecidos en la Constitución, así como a los actos administrativos que dicten en el ejercicio de sus atribuciones, incluidos los documentos que les sirvan de sustento o complemento, como una manera de facilitar sus tareas en relación con el ejercicio de sus respectivas funciones y atribuciones.
No debe olvidarse que la función pública debe ejercerse con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.
Por eso mismo, la idea es concebir un sistema de relaciones que suponga la existencia de un sistema operativo y mutuo de control presupuestario, que resulte eficiente y positivo.
Desde el año 1995, en las sucesivas leyes de Presupuestos del Sector Público, existen preceptos que obligan a la Dirección de Presupuestos a proporcionar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados (que en conjunto integran la Comisión de Presupuestos), información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto en el artículo 1º de esa ley, a nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.
Asimismo, le impone la obligación de proporcionar a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas. Mensualmente, la aludida Dirección elaborará una nómina de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, la que remitirá a dichas Comisiones dentro de los 15 días siguientes al término del mes respectivo.
La Dirección de Presupuestos debe proporcionar, además, copia de los balances y estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile y de todas aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas.
La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo”.
La idea es que estas informaciones sean entregadas a la Comisión Permanente Mixta de Presupuestos, para lo cual habrá de dotársela de una Unidad de Análisis Presupuestario y Financiero, en la forma que determinen ambas Corporaciones, sin perjuicio de la colaboración que preste el personal de las respectivas Comisiones de Hacienda.
Para materializar estas ideas, se propone sustituir el artículo 19 de la ley Nº 18.918, con el objeto de:
-Dar carácter de permanente a la actual Comisión Especial Mixta de Presupuestos, manteniendo su carácter mixto y su forma de integración.
-Otorgar nuevas atribuciones a esta Comisión, al margen de la propia que es informar el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público, como ser, recibir, revisar y evaluar la información y antecedentes que deba proporcionar el Gobierno, en conformidad con la referida ley y su Protocolo, que digan relación con al ejecución presupuestaria, balances, estados financieros, nóminas de decretos o de programas e informes.
Estas nuevas atribuciones están en estrecha relación con las obligaciones que la ley de Presupuestos impone a la Dirección de Presupuestos de proporcionar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos; copia de los balances anuales y de los estados financieros de las empresas del Estado; nómina de los decretos de transferencia de recursos desde la partida Tesoro Público; los informes de evaluación de los programas sociales, de fomento productivo y desarrollo institucional incluidos en el presupuesto para los órganos y servicios públicos, etc.
Como es obvio, en el futuro estas obligaciones deberán ser cumplidas respecto de la Comisión Permanente Mixta de Presupuestos, modificándose, en tal sentido, el anteproyecto de presupuestos en actual tramitación.
-Disponer que la comisión, que será presidida por el que ella elija de entre sus miembros, deberá quedar constituida al inicio de cada período legislativo.
-Autorizar a la comisión para fijar sus normas de procedimiento y para formar de su seno las subcomisiones que necesite para el mejor logro de sus cometidos, sin sujeción en ellas a la paridad que existe en la conformación de la comisión.
En mérito de las consideraciones anteriores, venimos en someter a la consideración de la honorable Cámara, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo Único.- Sustitúyase el artículo 19 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional por el siguiente:
“Artículo 19.- El proyecto de ley de Presupuestos será informado exclusivamente por una comisión permanente, mixta, que se integrará con el mismo número de diputados y de senadores que establezcan las normas reglamentarias que acuerden las Cámaras. En todo caso, formarán parte de ella los miembros de sus respectivas Comisiones de Hacienda.
La misma comisión recibirá, revisará y evaluará la información y antecedentes que deba proporcionar el Gobierno, en conformidad con la ley de Presupuestos del Sector Público y su Protocolo, que digan relación con la ejecución presupuestaria, balances, estados financieros, nóminas de decretos o de programas, e informes.
La comisión será presidida por un parlamentario que ella elija de entre sus miembros y deberá quedar constituida al inicio de cada período legislativo.
La comisión fijará sus normas de procedimiento y formará de su seno las subcomisiones que necesite para el mejor logro de sus cometidos, sin sujeción en ellas a la paridad de que trata el inciso primero”.