Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Burgos Varela
- Pedro Araya Guerrero
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y VENEZUELA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Carmen Ibanez Soto
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INVESTIGACIÓN DE ORÍGENES Y CAUSAS DEL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. Informe de Comisión especial.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Maria Eugenia Mella Gajardo
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- DEBATE
- PLAZO Y PROCEDIMIENTO PARA ADECUAR ESTATUTOS DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y VENEZUELA. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- RECONOCIMIENTO DE ARICA COMO CAPITAL CULTURAL DE LA DANZA NACIONAL. (Votación).
- DEBATE
- IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Alberto Robles Pantoja
- Sergio Aguilo Melo
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Fulvio Rossi Ciocca
- Felipe Letelier Norambuena
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RECONOCIMIENTO DE ARICA COMO CAPITAL CULTURAL DE LA DANZA NACIONAL. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- POSTERGACIÓN DE OBRAS VIALES EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Perez Arriagada
- NUEVA COMISARÍA PARA LA COMUNA DE PUENTE ALTO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Isabel Allende Bussi
- HOMENAJE A LOTA CON MOTIVO DE SU 340º ANIVERSARIO. Oficio.
- HOMENAJE : Camilo Escalona Medina
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS VARIOS EN OSORNO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIO DE SERVICIO PÚBLICO CON GREMIO DE PROFESORES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rosa Gonzalez Roman
- REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA AFECTADAS POR TEMPORALES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Melero Abaroa
- INFORMACIÓN SOBRE LA VENTA DE ACCIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS ESSBÍO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Antonio Egana Respaldiza
- ESTUDIO SOBRE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS DE EMPLEO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Mulet Martinez
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OBRAS VIALES EN TERCERA REGIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Mulet Martinez
- INCORPORACIÓN DEL TEMPLO DE MAIPO EN PROYECTOS URBANOS DE LA COMISIÓN BICENTENARIO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edgardo Riveros Marin
- PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Vidal Lazaro
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Enrique Jaramillo Becker
- Roberto Delmastro Naso
- Osvaldo Palma Flores
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Vidal Lazaro
- APOYO A LA PRODUCCIÓN LÁCTEA NACIONAL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- REFLEXIÓN SOBRE LA LEY DE DIVORCIO.
- POSTERGACIÓN DE OBRAS VIALES EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Delegación de diputados que participó en la tercera reunión del Diálogo Interparlamentario Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile, efectuada en Estrasburgo, Francia, entre el 25 y el 26 de septiembre de 2002.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Gabriel Valdes Subercaseaux
- Jorge Tarud Daccarett
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Jaime Gazmuri Mujica
- Sergio Romero Pizarro
- Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Roberto Delmastro Naso
- Julio Dittborn Cordua
- Fernando Meza Moncada
- Ivan Moreira Barros
- Edgardo Riveros Marin
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Mario Escobar Urbina
- Enrique Jaramillo Becker
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Exequiel Silva Ortiz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Claudio Alvarado Andrade
- Felipe Salaberry Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Enrique Jaramillo Becker
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Zarko Luksic Sandoval
- Dario Paya Mira
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Esteban Valenzuela Van Treek
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Delmastro Naso
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Pablo Galilea Carrillo
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Rosauro Martinez Labbe
- Osvaldo Palma Flores
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Roberto Delmastro Naso
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Edgardo Riveros Marin
- Fulvio Rossi Ciocca
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la Delegación de diputados que participó en la tercera reunión del Diálogo Interparlamentario Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile, efectuada en Estrasburgo, Francia, entre el 25 y el 26 de septiembre de 2002.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 9ª, en jueves 17 de octubre de 2002
(Ordinaria, de 10.37 a 14.18 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.Asistencia7
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
V.Orden del Día.
Proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre seguridad social entre Chile y Venezuela. Primer trámite constitucional11
Investigación de orígenes y causas del aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado. Informe de la Comisión especial17
Plazo y procedimiento para adecuar estatutos de organizaciones deportivas. Primer trámite constitucional42
VI.Proyectos de acuerdo.
Reconocimiento de Arica como capital cultural de la danza nacional. (Votación)43
Implementación de políticas relativas a la protección de la capa de ozono44
VII.Incidentes.
Postergación de obras viales en la Octava Región. Oficio46
Nueva comisaría para la comuna de Puente Alto. Oficio47
Homenaje a Lota con motivo de su 340º aniversario. Oficio48
Solución de problemas varios en Osorno. Oficios48
Cumplimiento de principio de servicio público con gremio de profesores. Oficios49
Reparación de viviendas de la Región Metropolitana afectadas por temporales. Oficio51
Información sobre la venta de acciones de la empresa de servicios sanitarios Essbío. Oficios52
Estudio sobre mejoramiento de programas de empleo. Oficio52
Información sobre proyectos de obras viales en Tercera Región. Oficio53
Incorporación del templo de Maipo en proyectos urbanos de la Comisión
Bicentenario. Oficio54
Prevención de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual. Oficio55
Apoyo a la producción láctea nacional. Oficio56
Pág.
Conmemoración del Día mundial para la erradicación de la pobreza57
Reflexión sobre la ley de Divorcio59
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones I, XI, XII y provincias de Chiloé y Palena (boletín Nº 310705)61
Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
2.Modifica la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, otorgando funciones y atribuciones a los administradores de condominios en materia de evacuación de gases (boletín Nº 274014)68
3.Modifica la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, con el objeto de establecer normas sobre arquitectura y construcción en materia de evacuación de gases (boletín Nº 273914)68
4.Oficio del señor Presidente del Senado por el cual informa de la situación de Chile y la República de Mozambique y, a la vez, solicita la posibilidad de conceder la doble nacionalidad a los chilenos residentes en dicho país69
5.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre Chile y Brasil (boletín Nº 303510)70
6.Informe de la Comisión especial sobre la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes), recaído en el proyecto remitido por el Senado, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada (boletín Nº 37007) (S)73
7.Informe de la Delegación de diputados que participó en la Tercera Reunión del Diálogo Interparlamentario Parlamento EuropeoCongreso Nacional de Chile, efectuada en Estrasburgo, Francia, entre el 25 y 26 de septiembre de 2002112
8.Moción de los diputados señores Espinoza, Escobar, Jaramillo, Muñoz y Silva que establece una presunción en materia de nombramiento de vocales y consagra excusa legal absolutoria respecto a personas de la tercera edad y discapacitados en relación al delito del artículo 139, de la ley Nº 18.700
(boletín Nº 310206)129
9.Moción de los diputados señores Alvarado y Salaberry que modifica la imputación de los tiempos de espera a la jornada de trabajo (boletín Nº 310313)130
Pág.
10.Moción de los diputados señores Ceroni, García, Espinoza, Hales, Jaramillo, Jiménez, Luksic, Paya, Pérez, don Ramón, y Valenzuela, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, con el objeto de regular la obligación de informar al Registro de Vehículos Motorizados las alteraciones o destrucción parcial o total de los vehículos (boletín Nº 310415)132
11.Moción de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Bertolino, Delmastro, Galilea, don José Antonio; Galilea, don Pablo; García, Kuschel, Martínez y Palma, que modifica el artículo 6º del DFL Nº 382. ley general de Servicios Sanitarios, en lo referido a la administración de servicios de agua potable rural (boletín Nº 310509)133
12.Moción de los diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Ceroni, Delmastro, Encina, Espinoza, García, Jiménez, Riveros, Rossi, y Muñoz, doña Adriana, que suspende inscripción de buses urbanos y rurales en Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros (boletín Nº 310615)134
Oficios de la Excma. Corte Suprema, por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
13.Prohíbe la contratación de parientes en los órganos del Estado y crea la inhabilidad que indica (boletín Nº 306106)135
14.Crea ventana única de recepción de presentaciones en los tribunales de justicia fuera del horario de funcionamiento (boletín Nº 305807)137
15.Modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil (boletín
Nº 290607)138
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
Del jefe de bancada de la Democracia Cristiana por las cuales informa que el diputado señor Burgos reemplazará, en forma permanente, al diputado señor Luksic en la Comisión especial de Seguridad Ciudadana, y el diputado señor Araya reemplazará de igual forma al diputado señor Pareto en la Comisión de Familia.
2.Oficio:
De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que procedió a constituir el Grupo Interparlamentario Chileno-Israelita y eligió como Presidente al diputado señor Bayo.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Del diputado señor Barros, informe sobre estado de avance de los programas de apoyo para socios de la Cooperativa Habitacoop Ltda.
Ministerio de Hacienda
Del diputado señor Mora, investigación tributaria en clubes del fútbol profesional.
Ministerio de Bienes Nacionales
Del diputado señor Pablo Galilea, informe sobre lotes que se ubican dentro el Plano Regulador de Coihaique; centro de esquí El Fraile.
Ministerio de Salud
Del diputado señor Melero, informe sobre campaña publicitaria del sistema Auge.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
Del diputado señor Alvarado, construcción de viviendas por empresas América y Pilauco en la ciudad de Ancud.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Del diputado señor Hernández, fijación de tarifas de servicio de televisión por cable.
GobernadorProvincia de San Antonio
Del diputado señor Hidalgo, informe sobre empleo.
Alcalde municipalidad de Maipú
Rechazo a proyecto de relleno sanitario Santiago Poniente.
I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
-- Accorsi Opazo, Enrique
--Aguiló Melo, Sergio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Cristi Marfil, María AngélicaI
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Escalona Medina, Camilo
--Escobar Urbina, Mario
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, CarlosI
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Kast Rist, José Antonio
--Lagos Herrera, Eduardo
--Leal Labrín, Antonio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, RosauroI
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pareto Vergara, Cristián
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, GastónI
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Waldo Mora.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El acta de la sesión 4ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 5ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.ORDEN DEL DÍA
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y VENEZUELA. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre seguridad social entre la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Santiago el 20 de agosto de 2001.
Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Rosa González.
Antecedentes:
- Mensaje, boletín 3030-10, sesión 31ª, en 20 de agosto de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 4.
- Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 1ª, en 1 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 28.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra la señora diputada informante.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señora Presidenta, el Convenio sobre seguridad social entre Chile y Venezuela se encuadra en el contexto de la política del Gobierno, que tiene por finalidad primordial permitir que los trabajadores chilenos y de los países con los cuales se celebran estos tratados puedan beneficiarse de las cotizaciones previsionales que hayan efectuado en ambos países, manteniendo, de esta forma, la continuidad de su historia previsional, y que, en consecuencia, puedan optar al goce de los beneficios que les otorga la seguridad social en cada uno de los Estados con los cuales se celebran estos convenios.
Nuestro país ha suscrito convenios de este tipo con diversos países americanos y europeos, como Alemania, Argentina, Austria , Bélgica , Brasil , Canadá , Dinamarca, Estados Unidos de América, España, Francia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Paraguay , Portugal; la provincia de Quebec, de Canadá; Suecia , Suiza, Uruguay y el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que favorece a los trabajadores de los países iberoamericanos y de España. Se encuentran en negociaciones los que se proyecta firmar con Australia, Colombia, Costa Rica , Croacia , Ecuador, Grecia , Hungría , México , Nueva Zelanda, Perú y Reino Unido.
Según antecedentes recibidos por la Comisión, en Venezuela existen en la actualidad treinta y seis mil ochocientos noventa y siete residentes legales chilenos, gran cantidad de los cuales se han nacionalizado venezolanos y muchos de ellos han regresado al país. El número de trabajadores chilenos, tanto independientes como dependientes, residentes en Venezuela, se estima en veinte mil.
En cuanto a los venezolanos en Chile y atendidas las visas entregadas por el Departamento de Extranjería, puedo informar que en los últimos seis años, setecientos quince venezolanos se han radicado definitivamente en Chile, y un mil doscientos tres han obtenido visa sujeta a contrato o visa de ingreso temporal, lo que les ha permitido desarrollar actividades remuneradas en el país.
Tanto los chilenos residentes en Venezuela como los venezolanos que viven en nuestro país serán los beneficiarios principales de este Convenio. A ellos se les permitirá conservar los derechos previsionales en curso de adquisición que tuvieron mientras trabajaron en uno o en otro Estado, pese a la discontinuidad de cotizaciones que se produjo como consecuencia de su residencia en el extranjero.
El Convenio consta de 27 artículos, cuyo contenido normativo, por lo general, es muy técnico, por lo que me remito a la reseña de sus disposiciones fundamentales, contenidas en el informe escrito entregado por la Comisión.
Una visión amplia de su articulado me permite informar a la honorable Cámara que los beneficiarios podrán, gracias al reconocimiento de los períodos de cotización previsional hechos en uno u otro Estado, optar a las prestaciones del nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, basado en la capitalización individual; a pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia, administradas por el Instituto de Normalización Previsional, y a prestaciones de salud.
Tratándose de la legislación chilena, se establece que los afiliados a una administradora de fondos de pensiones financiarán sus pensiones en Chile con el saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual. Cuando éste fuere insuficiente para financiar pensiones de un monto al menos igual al de la pensión mínima garantizada por el Estado, los afiliados tendrán derecho a la totalización de períodos computables para acceder al beneficio de pensión mínima de vejez o invalidez.
Los trabajadores que se encuentren afiliados al nuevo sistema de pensiones en Chile, podrán enterar voluntariamente en dicho sistema cotizaciones previsionales en calidad de trabajadores independientes durante el tiempo que residan en Venezuela, sin perjuicio de cumplir, además, con la legislación de dicho Estado relativa a la obligación de cotizar. El mismo derecho a la totalización de períodos de seguro tendrán los afiliados a los sistemas de pensión administrados por el Instituto de Normalización Previsional.
En las situaciones antes descritas, la institución competente determinará el valor de la prestación como si todos los períodos de seguro hubieren sido cumplidos conforme a su propia legislación y, para los efectos del pago del beneficio, calculará la parte de su cargo como la proporción existente entre los períodos de seguro cumplidos bajo su legislación y el total de períodos de seguro computables en ambos Estados.
Durante el estudio del Convenio, la Comisión de Relaciones Exteriores escuchó a la subsecretaria de Previsión Social, quien sostuvo que este tipo de instrumentos persigue dos objetivos: el primero, proteger a los connacionales que emigraron, cifra que se aproxima al millón de personas, para lo cual se han firmado 24 convenios, 17 de los cuales se encuentran en plena vigencia. El segundo, se relaciona con el proceso de globalización, en el cual se fortalece la política de proteger a los chilenos que viven en el extranjero, como también a los nacionales de los países con los cuales se firman estos tratados.
Destacó que Chile mantiene convenios de seguridad social con 14 de los 15 países miembros de la Unión Europea, y que sólo falta que Italia otorgue su aprobación interna al Convenio correspondiente para que éste entre en vigor.
Afirmó que los convenios en actual aplicación han tenido una evaluación favorable. Se trata de instrumentos muy apreciados por las comunidades chilenas en el exterior. Las personas que han obtenido sus beneficios se muestran conformes, sin que existan mayores quejas al respecto.
Indicó que existe interés creciente de otros países por proteger a sus nacionales en nuestro país. Precisó que, recientemente, se ha suscrito un Convenio con Perú, que fue muy apreciado por la comunidad peruana en Chile, el cual luego será sometido a la aprobación del Congreso Nacional.
Aseveró que cuando dicho Convenio comience a regir, permitirá formalizar y regularizar la situación de aproximadamente sesenta mil peruanos que viven en nuestro territorio en calidad de documentados (se calcula que la cifra de indocumentados alcanza a la cantidad de treinta mil personas).
Sostuvo que un Convenio de esta naturaleza es un aliciente para la regularización de la situación de los peruanos en Chile, en especial en lo que respecta a sus vínculos laborales. Aclaró que estos convenios en forma alguna modifican los sistemas de previsión social del Estado contratante.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana concluyó su estudio compartiendo los propósitos que han llevado a los gobiernos chileno y venezolano a celebrar este tratado internacional, y decidió, por unanimidad, recomendar a la honorable Cámara su aprobación, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo ha formulado el mensaje.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer .
El señor MASFERRER.-
Señora Presidenta, hoy nos corresponde tratar el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre seguridad social entre la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Santiago el 20 de agosto de 2001.
Después de la extensa y bien fundamentada exposición de la diputada informante, señora Rosa González , es poco lo que podemos agregar.
El proyecto tiene por objeto permitir que los trabajadores chilenos y venezolanos puedan beneficiarse de las cotizaciones previsionales que hayan efectuado en los respectivos países, manteniendo, de esta forma, la continuidad de su historia previsional y, en consecuencia, su opción al goce de los beneficios que les otorga la seguridad social en cada uno de los Estados contratantes.
Se fundamenta en evitar las dificultades para conservar los derechos previsionales de los trabajadores mientras hayan trabajado en uno u otro Estado, debido a la discontinuidad de cotizaciones que se produce como consecuencia de su residencia en el extranjero.
Nuestro país ha suscrito convenios de este tipo con diversos países americanos y europeos, ya aprobados por el Congreso Nacional y vigentes en el orden interno, como son los celebrados con Alemania, Argentina, Austria , Bélgica , Brasil , Canadá , Dinamarca, Estados Unidos de América, España, Francia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Paraguay , Portugal, la provincia de Quebec, de Canadá; Suecia , Suiza, Uruguay y el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que favorece a los trabajadores de los países iberoamericanos y de España.
Se encuentran en negociaciones los que se proyecta firmar con Australia, Colombia, Costa Rica , Croacia , Ecuador, Grecia , Hungría , México , Nueva Zelanda, Perú y Reino Unido.
La aprobación de este Convenio nos parece favorable, ya que está en la línea trazada por nuestro país, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el único propósito de favorecer a los trabajadores y estrechar los lazos entre los países de la región. Sin lugar a dudas, contribuirá a que las personas que se han desempeñado profesionalmente en dichos países puedan cotizar indistintamente en uno u otro.
En representación de la Unión Demócrata Independiente, anuncio que nuestra bancada votará a favor la iniciativa en debate.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Carmen Ibáñez .
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen).-
Señor Presidente, en representación de Renovación Nacional y como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, anuncio nuestra aprobación al Convenio sobre seguridad social suscrito entre nuestro país y la República Bolivariana de Venezuela.
Este Convenio se presenta como necesario y útil para permitir que los trabajadores chilenos puedan beneficiarse de las cotizaciones previsionales que hayan efectuado en Venezuela, asegurando, de esta forma, la continuidad de su historia previsional.
Esta es una clara señal de protección para los miles de chilenos que han trabajado por años en la hermana república de Venezuela y que, por el hecho de trasladar su residencia a nuestro país, han visto amenazado el goce de las cotizaciones previsionales efectuadas.
Por lo anterior, daremos nuestra aprobación al Convenio en estudio.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, como se ha señalado tanto en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores como por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, en verdad hemos aprobado diversos proyectos de esta naturaleza. Afortunadamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido capaz, en sus distintas negociaciones y acuerdos, de suscribir este tipo de convenios, porque muchos compatriotas, por distintas circunstancias, han ido a vivir fuera de nuestro país.
En el caso específico del Convenio que estamos analizando, quiero señalar que son muchos los chilenos que se han radicado en Venezuela. Naturalmente, un número muy importante de ellos se fue en 1973, después del golpe militar.
Quiero recordar que Venezuela fue uno de los países, como muchos otros, que abrió sus puertas y acogió a los chilenos, que constituyeron una importante colonia. Fueron muchos los profesionales que ejercieron allí y aportaron con sus conocimientos en el ámbito académico y profesional y, por cierto, nos alegramos de ello.
Los problemas políticos no fueron la única razón por la cual los chilenos se radicaron en ese país, ya que hace muchos años que otros compatriotas también emigraron a Venezuela así como a otros países por motivos económicos.
Por eso, nos felicitamos de que nuestro Gobierno se preocupe de establecer convenios de este tipo, que apuntan a proteger a quienes han trabajado fuera del país, permitiéndoles beneficiarse con las cotizaciones previsionales efectuadas en otros países, lo que, a su vez, los ayuda en el proceso de reintegración a nuestro país.
Quiero detenerme aquí, porque bien vale la pena que sigamos otorgando facilidades, a través de este tipo de convenios, a los chilenos que desean regresar a nuestra patria, puesto que su proceso de reinserción no siempre les resulta fácil y no siempre encuentran las puertas abiertas para realizar los trámites correspondientes o para solucionar problemas puntuales. Es así como muchas veces han tenido dificultades para lograr el reconocimiento de sus estudios, o para acreditar las cotizaciones previsionales efectuadas en otros países. Por eso, considero que con este Convenio damos un paso adelante.
Por lo tanto, espero que la Sala apruebe este proyecto de acuerdo, tal como lo recomienda la Comisión de Relaciones Exteriores, que lo aprobó por unanimidad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Rodolfo Seguel .
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, después de escuchar el informe que se entregó a la Sala y las distintas intervenciones, en particular la de la diputada Isabel Allende, no nos queda más que concurrir con nuestros votos a la aprobación del proyecto de acuerdo.
Sin embargo, quiero dejar establecido que durante estos doce años y medio de gobiernos de la Concertación se ha establecido claramente la línea política que se debe seguir con respecto a este tipo de convenios. Quienes hemos sido diputados durante estos doce años y medio, hemos aprobado todos estos convenios celebrados con distintos países, y nos sentimos muy contentos de haber contribuido con nuestros votos a la tranquilidad de tantos miles de trabajadores que tuvieron que irse del país por distintas razones.
Asimismo, deseo reconocer el trabajo realizado por muchas personas, que permitió sacar adelante este Convenio. Por supuesto, están todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que han hecho una espléndida labor de convencimiento, tanto en los países con los cuales se han suscrito estos convenios como en Chile, porque, al principio, eran muchos los que no tenían interés en aprobarlos.
Desde esta tribuna, quiero felicitar, en particular, a nuestro agregado laboral en Venezuela, don Eugenio López López , ex dirigente del sindicato Sewell y Minas, de El Teniente, quien, por su trabajo realizado en Chile durante la dictadura militar y por su gran conocimiento del mundo del trabajo, fue enviado por el Presidente Lagos a cumplir una misión al exterior, en este caso a Venezuela, para impulsar iniciativas como ésta. He tenido una relación personal con ese ex dirigente y hemos hablado en muchas oportunidades por teléfono. Desde hace mucho tiempo venía planteándome la necesidad de aprobar pronto este Convenio, porque Venezuela ya lo había hecho y era Chile el que estaba atrasado. Desde aquí deseo expresar a Eugenio López y al embajador de Chile en Venezuela, que el Congreso Nacional va a aprobar hoy este Convenio internacional, que beneficiará a miles y miles de chilenos que se encuentran trabajando o que han trabajado en Venezuela, así como también a muchos venezolanos.
Por lo tanto, en nombre de la Democracia Cristiana, anuncio nuestros votos favorables a este proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio mencionado.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona .
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, he podido constatar con profunda satisfacción que existe unanimidad en la Sala para aprobar este proyecto de acuerdo, que aprueba el Convenio sobre seguridad social entre la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela. Y esta unanimidad es muy importante, porque esas decisiones constituyen medidas indispensables de los Estados y de los gobiernos para contrarrestar las tendencias y los aspectos negativos de la globalización. Uno de ellos es que, debido al aumento de las migraciones, es decir, al hecho de que grandes masas humanas se trasladen de un país a otro por necesidades económicas y sociales, la mayoría de las veces en busca de empleo, son millones las personas que quedan completamente desprotegidas, sin ningún respaldo social.
En consecuencia, es una obligación ética de los Estados establecer mecanismos bilaterales y multilaterales que garanticen el efectivo respeto de los derechos sociales y laborales, en este caso previsionales, reconocidos por el derecho internacional.
Deseo destacar, en particular, el esfuerzo realizado por la Subsecretaría de Previsión Social en esta materia, encabezada por la subsecretaria señora María Ariadna Hornkohl , y por muchos dirigentes sociales que, como agregados laborales de nuestro país, han demostrado ser expertos diplomáticos.
Asimismo, debo señalar que, en las décadas del 70 y del 80, la República Bolivariana de Venezuela acogió a muchos chilenos. Por nuestra parte, debemos reconocer en Andrés Bello a una de las grandes figuras de nuestra cultura, y puedo decir con orgullo que estudié en el liceo fiscal Nº 6, de San Miguel, que lleva su nombre.
Como decía, Venezuela acogió solidariamente a muchos chilenos ilustres, entre ellos, al senador Aniceto Rodríguez , secretario general del Partido Socialista en varias oportunidades y miembro del Congreso Nacional, a quien deseo rendir homenaje en esta ocasión; al ex diputado Mario Palestro , quien formó parte de la Cámara, al igual que el diputado Seguel , en representación del distrito Nº 28, que comprende las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo; a la ex diputada Carmen Lazo , a Renán Fuentealba , a Claudio Huepe , o Belisario Velasco y a muchas otras figuras de la democracia chilena, que en épocas difíciles fueron expulsados del país o debieron recurrir al exilio, con el objeto de proteger sus vidas del desenfreno del terrorismo de Estado que azotaba a nuestra nación.
Venezuela contribuyó también a rescatar de la cárcel a una figura emblemática como Orlando Letelier , y, por la vía del diálogo, del entendimiento y del intercambio de opiniones, logró que los demócratas chilenos se unieran con el propósito de restablecer la democracia en Chile.
De manera que el Convenio que estamos aprobando tiene un sentido social y económico; pero detrás de él existe toda una historia de relaciones y la mejor tradición democrática y republicana de las naciones de nuestro continente.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en mi calidad de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y de representante del Partido Radical Social Demócrata, quiero expresar nuestra satisfacción por este proyecto de acuerdo y anunciar nuestro voto favorable.
Junto con adherir a lo que ya han señalado los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, quiero destacar dos hechos: en primer lugar, este Convenio beneficia a los compatriotas que en las últimas décadas, por diferentes motivos, debieron emigrar a Venezuela, país que los acogió y les dio trabajo, así como también a los venezolanos que han ingresado a nuestro país con visa definitiva o temporaria.
En segundo lugar, es considerable el número de personas que serán favorecidas con la aprobación de este proyecto ahora, por la Cámara, y esperamos que también sea aprobado por el Senado a la brevedad. Según los últimos antecedentes, en este momento residen en Venezuela treinta y seis mil ochocientos noventa y siete chilenos, de los cuales se estima que unos veinte mil desempeñan algún tipo de trabajo. En ese sentido, es importante señalar que en los últimos seis años han solicitado visa definitiva en nuestro país aproximadamente cien venezolanos por año, lo que da un total de 715 visas definitivas y 1.203 temporales.
Es lo que quería manifestar, reiterando una vez más el voto favorable de nuestra bancada a este proyecto de acuerdo, que aprueba el Convenio que beneficiará a miles de chilenos y venezolanos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
Como se trata de un proyecto de acuerdo que beneficia a muchas personas, si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado por unanimidad, con el voto conforme de más de 60 diputados de 119 en ejercicio.
INVESTIGACIÓN DE ORÍGENES Y CAUSAS DEL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. Informe de Comisión especial.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde conocer el informe de la Comisión especial encargada de indagar sobre los orígenes y causas del aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado a lo largo del país.
Diputado informante es el señor Patricio Melero .
Antecedentes:
- Informe de la Comisión investigadora, sesión 39ª, en 10 de septiembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 15.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, como todos recordarán, en los meses de febrero y marzo del presente año se generó mucha inquietud en amplios sectores de la ciudadanía debido al aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado, especialmente en algunas comunas de la Región Metropolitana y en otras regiones del país.
Estos hechos llevaron a que el 20 de marzo del presente año, un conjunto de diputados propusiera la creación de una Comisión especial de la Cámara de Diputados destinada a indagar sobre los orígenes y causas del aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado a lo largo del país.
Después de cinco meses de sesiones, la Comisión terminó su trabajo, y paso a informar a la Sala sobre los puntos centrales de su cometido.
En primer lugar, el proyecto de acuerdo que proponía la creación de la Comisión especial establecía claramente que su objetivo fundamental sería investigar los orígenes y causas del aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado. Hago esta precisión porque los diputados no encontrarán en el informe un análisis de otras materias, como, por ejemplo, las relacionadas con la privatización o concesión de las empresas, con su conducción y otros aspectos que no estén estrictamente vinculados con el objetivo mencionado. De manera que sólo encontrarán respuesta a las inquietudes planteadas.
Generado el consenso sobre la necesidad de investigar estos aspectos, la Comisión inició su trabajo el día 3 de abril; celebró 12 sesiones ordinarias, además de la constitutiva, y durante ese proceso se invitó a numerosas autoridades, que los señores diputados pueden encontrar en la página 5 del informe. (Voy a ir señalando las páginas en que aparecen los distintos contenidos para que puedan hacer un mejor seguimiento, porque mi intención es sintetizar el informe, que es bastante extenso).
La Comisión contó con la asistencia del ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Jorge Rodríguez; del ministro de Obras Públicas, don Javier Etcheberry , y de la ministra de Planificación y Cooperación, doña Cecilia Pérez , pues quisimos centrar la información oficial en esos tres ministerios y, además, en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, representada por don Juan Eduardo Saldivia . Asimismo, como necesitábamos recabar información sobre los recursos generados en beneficio del Estado como consecuencia de la privatización de las empresas, asistió a la Comisión el director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, don Mario Marcel .
Luego, se invitó a un conjunto de representantes de distintas empresas de la Región Metropolitana, así como de Esval, de la Quinta Región; de Essam, del Maule; de Essbío, de la Octava Región; de Essel, de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, y de Essar, de la Región de La Araucanía, quienes dieron su visión del mundo empresarial.
También recibimos a un importante número de representantes de municipalidades como Villarrica, Malloa , Buin , Pudahuel , Curicó , etcétera. En la página 6 del informe aparece un detalle de las comunas con sus respectivos alcaldes y concejales.
Asimismo, quisimos escuchar a los usuarios, para lo cual realizamos una sesión en esta misma Sala, en la cual efectuaron intervenciones muy didácticas: trajeron los medidores para demostrar los problemas que presentaban, y las cuentas de agua, para mostrarnos los cobros excesivos. De manera que la Comisión pudo formarse una idea cabal de los problemas. Destaco en forma especial la información que nos entregó la Asociación de Protección del Consumidor de Viña del Mar, Aproc , que fue uno de los elementos que se tomaron en cuenta.
En resumen, las personas invitadas y escuchadas conformaron un amplio espectro que no excluyó a ningún sector. Es probable que muchos no hayan podido exponer; pero, como sectores, diría que estuvieron representados prácticamente todos.
Con el objeto de entender bien la dinámica del proceso de fijación de tarifas, de por sí complejo, pues contiene muchos elementos que nos permitirán descubrir las razones por las cuales se produjeron las alzas, es necesario hacer una breve sinopsis del marco regulatorio para la fijación de tarifas, información que aparece en la página 9 del informe.
La actividad de esta industria de servicios básicos ha sido históricamente desarrollada por entidades estatales, a través de empresas que, al efecto, proveían el servicio, efectuaban las inversiones necesarias para ampliar la cobertura a medida que aumentaba la población y, por ende, la expansión urbana y poblacional, y para ello establecían tarifas que el mismo Estado, a través de sus organismos técnicos, estimaba como adecuadas para compatibilizar el desarrollo del servicio con el acceso garantizado a éste, el cual constituye un bien de subsistencia básica para la salud e higiene de la población.
A medida que el Estado tuvo que hacer frente a un conjunto de necesidades colectivas que crecían, y que crecen aún hoy en forma exponencial, buscó mecanismos para asegurar la continuidad de los servicios básicos para la población, sin que por ello los recursos fiscales se vieran afectados seriamente en su distribución hacia otras áreas también prioritarias, como salud, educación y, en general, inversiones sociales de gran envergadura que tienen por objeto satisfacer necesidades colectivas.
De esta forma, paulatinamente el Estado invita a que se incorporen capitales privados a la gestión de los servicios públicos. Entonces, durante los primeros años de los gobiernos de la Concertación empiezan los procesos de privatización y de concesiones, lo que obliga a establecer lo que se denominará marco regulatorio del proceso de fijación de tarifas.
Pero esta incorporación de los capitales privados no debe hacerse a través de la simple enajenación de activos, sino que mediante la creación de un complejo sistema normativo por el cual los agentes privados acceden a este negocio en un marco de fuertes restricciones a su autonomía comercial, restricciones fundamentadas en el principio de orden público que existe tras el deber de la autoridad de garantizar a toda la población el acceso a los servicios básicos y, puntualmente en este caso, el acceso a un bien como el agua y el alcantarillado, cuya carencia puede arrastrar consecuencias funestas en materia de higiene y sanidad pública.
Concordante con lo anterior, un primer aspecto fundamental que orienta la investigación desarrollada es que la regulación tarifaria del sector sanitario se da en el marco de la existencia de un monopolio natural.
Es muy importante entender este concepto, porque estamos hablando de empresas naturalmente monopólicas. De manera que es muy difícil que haya competencia e imaginar la existencia de otras empresas proveedoras de agua potable y alcantarillado. En efecto, por su esencia, naturaleza y lógica, constituyen un monopolio natural. Además, por ser empresas prestadoras de servicios con libertad para fijar sus precios, se ven limitadas por la intervención estatal al no existir un mercado competitivo que regule dichos precios en forma automática.
Entonces, para poder fijar las tarifas se recurre a una empresa “de la competencia” inexistente, denominada “empresa modelo”, que en nuestra legislación tiene dos expresiones: a) El proyecto o plan de expansión, por el que se dimensiona la empresa para satisfacer una demanda en un horizonte de, al menos, 15 años, y de esa forma calcular el costo de su desarrollo en un marco de máxima eficiencia, y b) El proyecto de reposición optimizado, según el cual la empresa se dimensiona para satisfacer la demanda anualizada de los próximos cinco años, calculando sus costos totales y, con ello, las tarifas que permitan su autofinanciamiento.
En ambos casos, el análisis de los aspectos tributarios, de costo de capital, de depreciación de activos, de estructura administrativa y otros es omnicomprensivo, junto al establecimiento de criterios de eficiencia, propios de un mercado competitivo, y de criterios de realidad, en el sentido de que, si bien estamos frente a una construcción teórica la empresa modelo, debe tratarse de una empresa que técnicamente sea factible de desarrollar y sostener en el tiempo.
Para fijar el precio del servicio o tarifa, se acude a determinar para esta empresa el costo incremental de los proyectos e inversiones del plan de obras asociadas al crecimiento de la demanda en los siguientes 15 años. Relacionado con este cálculo se encuentra la determinación de la tarifa eficiente, compuesta por los cargos variables de agua potable en los períodos de punta y de no punta, cargos por sobreconsumo, cargos de alcantarillado y aguas servidas y cargo fijo. Todo esto origina un polinomio variable, larga fórmula difícil de comprender a primera vista. Entonces, sobre la base de la empresa modelo y la empresa real y del polinomio variable, se fijan las tarifas del agua de común acuerdo entre la empresa y el Estado, y si hay discrepancias, se recurre a un árbitro.
Ahora me referiré a las diferencias sobre las causas basales del aumento de tarifas y a las principales discrepancias que han existido entre las empresas y la Superintendencia en la fijación de tarifas.
Existe un contrapunto explícito entre las proyecciones tarifarias de los organismos gubernamentales y las de las empresas, lo cual conduce hacia una natural interrogante acerca de la homogeneidad de los parámetros que uno u otro actor han tenido en consideración para desarrollar su propuesta. Este punto adquiere una connotación importante si, en definitiva, se establece que la razón fundamental del alza en los servicios prestados por las empresas del sector obedecería al incremento de las inversiones estructurales que aseguran el abastecimiento y la cobertura del agua y alcantarillado para la población en los siguientes años.
Aquí tenemos ya un primer elemento que empieza a reflejarse en el informe: el aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado se debería, en parte, a inversiones estructurales relacionadas con la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas, tal como se está haciendo en la Región Metropolitana, y a la expansión de las empresas.
Al respecto, el ministro de Economía señaló en la Comisión lo siguiente: “En 1990, cuando la Concertación se hace cargo del gobierno del país, la situación sanitaria era francamente lamentable. Apenas se trataba el 7 por ciento de las aguas servidas en Chile. El 93 por ciento se devolvía a los cauces de los ríos, a los lagos, al mar, sin ningún tipo de tratamiento”. Agregó que el objetivo es que hacia el año 2010 sea tratado el ciento por ciento de las aguas servidas del Gran Santiago. Esto es importante por su impacto ecológico y medioambiental, puesto que evitará la contaminación de nuestros lagos, ríos y mares.
No ahondaré en las opiniones recibidas por la Comisión, las cuales figuran en la página 12 y siguientes. En primer lugar, está la intervención del ministro de Economía, quien se refirió a la situación sanitaria y se mostró partidario de no modificar el marco regulatorio y tarifario, porque lo considera un elemento sustancial para la estabilidad de las inversiones que realicen las empresas.
Más adelante, en la página 19, aparece la intervención de la ministra de Planificación y Cooperación, señora Cecilia Pérez , quien hace un extenso recuento del impacto que está teniendo el subsidio al agua potable, de las modificaciones efectuadas a la ficha CAS y en la forma en que se focaliza dicho subsidio.
Más adelante me referiré en detalle respecto a algunas propuestas de la Comisión. Quienes deseen conocer más a fondo su funcionamiento, los criterios de aplicación y la cobertura del subsidio, pueden consultar las páginas 20, 21 y 22 del informe. Sólo quiero señalar que 500 mil familias en Chile reciben subsidio al consumo de agua potable, siempre que no sobrepasen los 15 metros cúbicos de consumo y que se encuentren en una situación de pobreza que lo justifique. El subsidio puede ser del 30 ó 50 por ciento, o más, dependiendo de los elementos de pobreza que indique la ficha CAS.
Los señores diputados pueden encontrar en el informe las exposiciones escuchadas por la Comisión, las que reflejan distintos puntos de vista, diagnósticos y elementos relacionados con esta materia.
Ahora, entrando en el tema de fondo, invito a los colegas a trasladarse a la página 155 del informe, en la cual figuran las principales causas que explicarían, según la Comisión, el aumento de las tarifas.
La Comisión indagó sobre los elementos que estarían influyendo en el aumento de las tarifas y constató que, efectivamente, los usuarios han debido soportar aumentos tarifarios provocados por una variedad de causas, atendido el hecho de que el sistema funciona en un escenario que opera sobre la base de una multiplicidad de empresas, de realidades geográficas distintas y de una diversidad de requerimientos poblacionales de difícil categorización, pero que, a su vez, permiten advertir elementos comunes que conducen, al menos, a constatar cuatro grandes causas o motivos, similares a nivel nacional, del aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado a lo largo del país.
La primera causa se origina en el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, que establece el proceso de fijación de tarifas de los servicios de agua potable y de alcantarillado de aguas servidas, prestados por servicios públicos y empresas de servicio público, tanto a usuarios finales como intermediarios. Dichas tarifas tienen el carácter de precios máximos y son calculadas por aplicación de las fórmulas tarifarias determinadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios
los polinomios a que me referí hace un instante, y su fijación se realiza mediante decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, expedido “por orden del Presidente de la República”.
La determinación de las tarifas aquí hay una diferencia que es muy importante entender y que generó alguna confusión en los objetivos de la Comisión es distinta a la cuenta de consumo domiciliario. Mucha gente llegó con boletas de consumos de agua potable increíbles: de 300 mil, 400 mil e incluso hasta de un millón de pesos o más. Pero esa situación tiene que ver con el consumo, no con la tarifa, porque, respecto del proceso de su fijación, la Comisión detectó y determinó que no hay ilegalidad alguna.
La fijación es un concepto distinto al consumo de agua, al porqué a esa señora o a ese señor le salió una cuenta tan abultada, y la Comisión buscó los elementos que podrían explicar el aumento en el consumo, según vamos a ver en las páginas siguientes.
Como pueden ver los señores diputados, eso lo dice el Superintendente de Servicios Sanitarios en la página 49 del informe.
De manera que el decreto tarifario, a juicio de la Comisión, ha coincidido derechamente con el aumento de las tarifas y así lo han reconocido los distintos actores que concurrieron a la Comisión.
Por consiguiente, es opinión de la Comisión que la aplicación de tarifas reflejadas en las cuentas de usuarios por parte de los prestadores se ha enmarcado claramente dentro de la legalidad vigente y aplicable a cada caso en particular no hay ilegalidades; no detectó ilegalidades la Comisión y que los aumentos constatados se ubican en el escenario normativo preestablecido por la autoridad, considerando sólo los costos indispensables para producir y distribuir agua potable y recolectar y disponer de las aguas servidas. Sin embargo, este marco tarifario es perfeccionable y debe corregirse al tenor de propuestas como las que se señalan en el informe, teniendo como horizonte introducir al sistema criterios de cálculo equitativos con los intereses de nuestra población. Primer elemento claro y nítido de la conclusión a que llegó la Comisión.
¿Qué otras causas han influido en el aumento de la tarifa? Además del decreto con fuerza de ley Nº 70, las inversiones de los prestadores. Según adelanté en la parte previa de mi informe, las inversiones que han estado efectuando las empresas de agua potable y alcantarillado han tenido un impacto indudable sobre las tarifas.
En este sentido, a juicio de la Comisión, una mayor transparencia, asumida con mayor acceso a información por parte de la ciudadanía, respecto de las inversiones de las prestadoras, permitirá no sólo claridad en cuanto a la justificación de determinada tarifa y su monto, sino que también mejorar la incorporación de prácticas de ahorro y planificación en el consumo por parte de los usuarios.
Está muy bien. Estamos conscientes de que inversiones en tratamiento de aguas servidas en la Región Metropolitana, en la planta El Trebal y otras que están prontas a inaugurarse, de 100, 200, 300 millones de dólares tienen un impacto muy cierto. Lo propio está ocurriendo en varias regiones. Pero creemos necesario que haya mayor transparencia y conocimiento de los procesos a través de un mayor acceso de la comunidad a la información respecto de las tarifas y programas de desarrollo e inversiones de las empresas de servicios sanitarios.
Un tercer factor que ha influido en el aumento de las tarifas, además del decreto con fuerza de ley Nº 70 y las inversiones, ha sido la determinación del costo medio de largo plazo con el objeto de cumplir con el autofinanciamiento. Estas empresas deben autofinanciarse.
Las debilidades del modelo de empresa eficiente apuntan hacia la información asimétrica, la que no incentiva al prestador del servicio a revelar sus costos reales al fiscalizador.
La experiencia chilena en marcos regulatorios similares, como lo son aquellos que orientan a los sectores eléctricos y telefónicos, señala que la reducción de los costos medios en el largo plazo debieran redundar en una disminución de las alzas de las tarifas, teniendo, además, presente que el modelo de regulación nace con empresas que necesitaron incrementos tarifarios importantes en sus inicios y con un sistema que no estaba prestando todos los servicios.
La solución, a juicio de la Comisión, no la constituye el cambio del sistema, sino el perfeccionamiento del costo medio de largo plazo para que el precio efectivo se reduzca lo más posible y tienda al autofinanciamiento, e introducir, dentro de cada modelo de empresa eficiente, información relativa a procesos de competencia por comparaciones, utilizando modelos que depuren las diferencias naturales entre las empresas.
La cuarta causa que explicaría el aumento de las tarifas está determinada por el costo de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
A juicio de la Comisión, resulta evidente que las mayores alzas en las cuentas de los usuarios vienen dadas por aumentos en los rubros de alcantarillado y tratamiento de aguas, y esto es altamente sensible desde el punto de vista de la población, la que asume estos aumentos como alzas en el valor del agua potable.
Un pequeño paréntesis. Desde hace dos a tres meses, en las cuentas de los usuarios, al menos en el caso de la empresa Aguas Andina, en la Región Metropolitana no tengo certeza de lo que se está haciendo en otras regiones; entiendo que también es así vienen separados los rubros consumo de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. Antes integraban un conjunto y el cliente no sabía cuánto era agua, cuánto alcantarillado y cuánto tratamiento de aguas servidas.
En las boletas, al menos en la Región Metropolitana, como parte del proceso de sinceramiento de las cifras y de la información, vienen separados esos rubros para mayor claridad y entendimiento de la opinión pública de que el tratamiento de las aguas de las casas no es gratis y que corresponde a una proporción del gasto en que se debe incurrir, lo cual explica, además, por qué las tarifas de agua han aumentado en Chile.
Asimismo, a juicio de la Comisión, resulta relevante que la autoridad oriente su actividad a dotar al sistema de herramientas, reglamentarias o legales, que sinceren adecuadamente las boletas o facturas. En fin, lo que ya he explicado y que, felizmente, se está haciendo. La Superintendencia de Servicios Sanitarios ha dado instrucciones clarísimas en ese aspecto.
Explicadas las primeras cuatro causas: el decreto con fuerza de ley Nº 70, las inversiones de los prestadores en programas de expansión y planes de desarrollo, la determinación del costo medio de largo plazo y el autofinanciamiento y las inversiones en alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, paso a informar sobre algunas perfecciones del modelo que la Comisión investigadora tiene a bien proponer a la Cámara.
El primer elemento se refiere a la posibilidad, conveniencia y oportunidad de la revisión del marco normativo que regula la actividad.
¿Es bueno o malo, es conveniente o inconveniente que se modifique el marco regulatorio y normativo de esta actividad, especialmente en la fijación de las tarifas? Este aspecto fue uno de los más debatidos.
El Gobierno es absolutamente partidario de mantener el marco regulatorio en los actuales términos y cree que sería una señal inconveniente a los inversionistas, nacionales y extranjeros, cambiar las reglas del juego en esta materia, criterio con el cual concordaron varios en la Comisión. Pero, nos parece que no puede seguirse con el mismo proceso después de vencido el plazo de cinco años. Por eso, a juicio de la Comisión, hay una rigidez en el proceso tarifario.
Al respecto, es necesario consignar que el Ejecutivo ha señalado, como dije recientemente, sus aprensiones para modificar dicho marco regulatorio, el que data desde 1998. Estima necesario observar el comportamiento de la actividad durante un lapso mayor de tiempo para ver si hay una directa relación con la confianza que todo Estado debe generar en la estabilidad de sus normas concepto importante, porque implica no cambiar las reglas del juego a cada rato, a fin de atraer las inversiones que se requieren y que el Estado no está en condiciones de solventar.
En ese sentido, cabe señalar que ya en el año 2000, a propósito del proceso de fijación de las tarifas para el período anterior, el Ejecutivo, a través de su organismo regulador, expresó que una premisa por considerar era la estabilidad de las normas, porque no es bueno para el desarrollo de un sector de la economía que su marco regulatorio esté constantemente sujeto a revisión, sin perjuicio de los procesos de evaluación que el Estado siempre lleva adelante para perfeccionar ese tipo de normas.
Respecto de la materia, la Comisión estima que se hace necesario introducir determinados perfeccionamientos al marco normativo que regula esta industria. No obstante, es de opinión que las modificaciones relativas a decretos tarifarios deben ser implementadas a partir del término de la duración de los mismos decretos, es decir, luego de cinco años, pues de lo contrario se podrían introducir elementos de incertidumbre e inestabilidad en las normas preestablecidas para esta actividad.
Ésa es la propuesta de la Comisión en materia de perfeccionamiento en la rigidez del proceso tarifario.
Otro aspecto importante que se debería perfeccionar, según la Comisión, es el que tiene que ver con la participación de los usuarios.
A mi juicio, el reclamo más generalizado es que los usuarios, quienes somos clientes de los servicios de agua potable y alcantarillado, no tenemos posibilidad alguna de participación en el proceso de fijación de las tarifas. Somos los grandes usuarios, pero no tenemos posibilidad de participar en dicho proceso.
La ley aparentemente establece un mecanismo de participación. Sin embargo, a juicio de la Comisión, la participación de los usuarios dispuesta en la ley es aún insuficiente y carece de la debida y adecuada información, además de poseer una estructura muy restrictiva.
Por lo tanto, la Comisión considera que el segundo perfeccionamiento que se debe efectuar, además del marco regulatorio y tarifario, vencido el plazo de las concesiones o de fijación de las tarifas, es la introducción de mejoras en la legislación, tendientes a potenciar la participación de los usuarios en el proceso de fijación de las tarifas, entre otras, obligando a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que ponga en conocimiento de los usuarios una mayor cantidad de materias de las que hoy, conforme a la legislación, se encuentra obligada a entregar.
Además, eso se debe fortalecer con una buena organización de los usuarios, ya que se trata de temas técnicos y complejos, que requieren conocimiento acabado de la legislación y operación del sistema, para lo cual no basta la sola organización y el otorgamiento de la personalidad jurídica, sino que se les debe potenciar por medio de la entrega de competencias y acceso a procedimientos administrativos o judiciales preestablecidos y especializados.
Por otra parte, la Comisión cree que debe perfeccionarse, además de la rigidez del proceso tarifario y la participación de los usuarios, el costo de alcantarillado versus el costo de agua potable.
Resulta difícil entender que siempre, bajo toda circunstancia, el cobro de alcantarillado esté directa y absolutamente vinculado al consumo de agua potable.
Personas que concurrieron a la Comisión, que mandaron email o que llamaron, preguntaron: “Señores diputados, explíquennos, ¿cómo nos pueden cobrar igual cantidad de litros de agua de alcantarillado si un porcentaje de ella no va allí, como la que utilizamos para regar el jardín o para las piscinas de nuestras casas?”, “¿Por qué nos cobran por alcantarillado según los litros de agua consumida?”.
El superintendente de Servicios Sanitarios fue claro en señalar que ese elemento ya estaba considerado en el proceso de fijación de tarifas y que estaba castigado de forma tal que se aplicaba un factor de corrección de 80 por ciento en el polinomio, en el cual se acepta que no toda el agua que se consume va necesariamente al alcantarillado.
Si bien en el proceso de fijación de tarifas hay un factor respecto de esa materia, a juicio de la Comisión éste es absolutamente insuficiente, por lo que propone que debiera reconsiderarse, al menos, la revisión del porcentaje asignado de consumo de agua potable para los efectos del cobro del alcantarillado, por cuanto el actualmente aplicable ha operado en desmedro de los usuarios, generando confusión y numerosos reclamos.
Reitero, la Comisión considera que el factor de corrección de 80 por ciento es insuficiente, por lo que deben corregirse las variaciones entre los cobros que aplican a la gente por consumo de agua y lo que se les cobra por concepto de uso del alcantarillado.
Por otra parte, respecto del cobro por el tratamiento de aguas, ¿sabían los señores diputados que hay numerosas comunas y regiones en las que se cobra tratamiento de aguas servidas, en circunstancias de que en ellas no existen plantas para efectuar dicho proceso? De allí que la lógica natural hace que uno se pregunte por qué se cobra por un servicio que no se da.
El tratamiento de las aguas, en cuanto a la construcción e implementación de obras o sistemas adecuados a tal fin, requiere de inversiones no menores, que deben necesariamente ser costeadas dentro de los plazos de retorno por las cuencas beneficiadas, las que en oportunidades, principalmente por motivos de índole geográfica, impiden que la población que soporta su costo perciba, en forma directa, las bondades indudables que ello implica para el desarrollo sustentable del país, en el marco de la inserción a mercados internacionales en condiciones competitivas desde el punto de vista medioambiental.
No obstante, a juicio de la Comisión, no resulta justificable el cobro de servicios no brindados directamente a los usuarios, como, eventualmente, es posible observar en el cobro por tratamiento de aguas bajo el concepto de “cuenca”.
A la Comisión concurrieron representantes de las empresas involucradas, quienes dijeron que a las personas que vivían en los lugares donde no había plantas de tratamiento se les cobraba por ese concepto porque estaban dentro de la cuenca. Concepto difícil de asumir, de entender y de apoyar, por lo que en opinión de la Comisión eso no resulta justificable.
La Comisión considera que también debiera reverse el sobreconsumo, cobro que en pocos días más comenzará a ser aplicado.
El sobreconsumo lo entendemos como el mayor cobro que se hace al usuario cuando sobrepasa determinada cantidad de metros cúbicos, situación que básicamente se da en los meses de verano, en los que hay más sobreconsumo.
Algunas empresas de la Región Metropolitana comienzan a cobrar por dicho concepto en noviembre y diciembre, otras en enero y febrero.
Se cobra por sobreconsumo porque el financiamiento de la infraestructura instalada y permanente que requiere la distribución de agua potable y alcantarillado considera, necesariamente, un sistema tarifario que, detectando a los usuarios con mayor consumo, aplique tarifas de sobreconsumo durante los períodos en que ello ocurre con mayor regularidad, desincentivando, de esta forma, un mayor consumo de agua, con el objeto de evitar su permanencia en el tiempo. De lo contrario, se debería implementar una tarifa constante, porque no se puede suprimir la infraestructura para luego reponerla, con lo cual los que consumen menos, la mayoría perteneciente a sectores medios y bajos de nuestra población, terminarían subsidiando a los que consumen más.
Por lo tanto, la Comisión estima que el sistema de cobro de sobreconsumo debiera ser modificado, de tal forma que no afecte de manera permanente a los usuarios.
Entendemos que se deben efectuar inversiones y que hay que contar con tuberías y estanques de acopio de agua para los meses de mayor demanda los de verano, pero nos parece que eso debe efectuarse en el momento en que se amortiza la inversión y no ser una política permanente.
Por lo tanto, a modo de resumen, algunas medidas de perfeccionamiento inciden en la rigidez del proceso tarifario, la participación de los usuarios, costo del alcantarillado versus costo de consumo de agua potable, costo de tratamiento de aguas y sobreconsumo como costo permanente.
En la página 163 encontrarán el análisis de la Comisión sobre la eficacia de los subsidios de agua potable. ¿Son eficaces o no? ¿Están llegando a la población más pobre del país? ¿Ayudan o no a los más pobres? ¿Están bien focalizados? Veamos qué pasa.
Los subsidios al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado están establecidos en la ley Nº 18.788, de 1989, modificada por las leyes Nºs 18.899, 19.059 y 19.338, y por el decreto supremo Nº 529, de 1991 y su reglamento, decreto supremo
Nº 195, de 1998. En ellos se establece un subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, que favorece a usuarios residenciales de escasos recursos. De esta manera, el Estado protege a aquellas familias de escasos recursos para que accedan a este servicio básico y esencial. Se trata de familias que han visto dificultado su acceso a estos servicios en circunstancias de que las tarifas se han diseñado de manera que reflejen los costos efectivos de proveer el servicio y permitan a las empresas del sector sanitario financiar su desarrollo.
Desde el año 2001 y aquí vienen algunos elementos que generaron polémica se llevó a cabo una modificación a los criterios de asignación de los subsidios, dado que Mideplan detectó problemas de focalización que se reflejaban en que el 40 por ciento del gasto en subsidios beneficiaba a los tres quintiles más altos, lo que iba en perjuicio de la población de los quintiles más pobres del país. Entiéndase: a la gente más rica dentro de los parámetros de pobreza.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Con más recursos.
El señor MELERO.-
Muchas gracias, señora diputada.
Entonces, Mideplan tuvo que diseñar un proceso de refocalización que permitió, a juicio de ellos, corregir la situación anterior, y se estableció una asignación diferencial de subsidios de acuerdo con los distintos grupos tarifarios y con el nivel socioeconómico de los postulantes a este beneficio, definiéndose como población de escasos recursos en este subsidio a aquellas familias que destinan el 3 por ciento y más de los ingresos promedios mensuales de su grupo familiar para el pago del consumo de agua potable y alcantarillado de aguas servidas.
El que gana 100 mil pesos y destina 3 mil al agua, cae en ese rango. Este parámetro, entre el 3 y el 5 por ciento del gasto de su ingreso en agua, es definido por la Organización Panamericana de la Salud como el tope máximo que deben destinar los grupos familiares para el pago de este bien.
La población, objetivo de estos subsidios, corresponde a familias que se encuentran al día en el pago de sus cuentas de agua potable y alcantarillado y presentan dificultades para financiar el pago de los servicios mencionados. Los niveles de consumo por subsidiar son de hasta 20 metros cúbicos por lo general, en Chile se usan 15 metros cúbicos, y la intensidad del subsidio varía entre el 25 por ciento y el 85 por ciento del total de la cuenta.
En la asignación de los subsidios participa el Mideplan, que determina la población objetiva y la distribución regional del beneficio, indicando el número de subsidios y porcentaje por subsidiar; los intendentes, quienes distribuyen los recursos y número de subsidios entre las comunas de la región, y las municipalidades, que asignan los subsidios entre los postulantes.
Los requisitos para la postulación a este subsidio figuran en la página 165.
El subsidio puede extinguirse por varias causales, tales como: si el beneficiario deja la comuna, si no informa su cambio de domicilio o si renuncia voluntariamente.
Aquí la Comisión detectó un problema serio e importante de corregir.
Aproximadamente, un 17 por ciento de los subsidios colocados en las comunas no se están utilizando, a pesar del esfuerzo por parte del Estado. En algunas llega al 25 por ciento la no utilización de subsidios. Es decir, hay subsidios a disposición del municipio que no llegan a las personas por desconocimiento de su derecho. Estas cifras han bajado al 11 por ciento.
En la Cámara hay diputados que fueron alcaldes y saben de las dificultades que tienen los municipios para hacer llegar estos subsidios a la población.
De acuerdo a la información de Mideplan, el número de subsidios entregados durante el año 2001 fue de 500.354, beneficiando a igual número de familias por un monto de 20 mil millones de pesos. En tanto, en lo que va del año 2002 el número de subsidios asignados llega a 608.885, con un monto total de 16 mil 8 millones de pesos. El objetivo final es llegar a colocar casi 23 mil millones de pesos en subsidios de agua potable. A la fecha, se ha entregado solamente el 70 por ciento del dinero destinado a ese efecto.
En esta materia hubo un impacto de las políticas de subsidio al consumo de agua potable en las cuentas de los usuarios.
Respecto de este punto, los diferentes elementos que se han aportado al trabajo de la Comisión constituyen una base técnica razonable para concluir si efectivamente los subsidios estatales y su administración han determinado o no un punto de inflexión relevante al momento de explicar las alzas de las tarifas del servicio.
Sí, tiene implicancias, y es bueno decirlo. Va a haber familias que perderán totalmente el subsidio; que verán modificado el porcentaje de cobertura. Unos, para ganar más porcentaje de subsidio; otros, para ganar menos. Y también habrá familias que lo comenzarán a recibir.
De manera que es posible concluir que la política de subsidios, y las modificaciones de refocalización que se hicieron, efectivamente generaron elementos de alza en las tarifas a personas que recibieron subsidios y dejaron de recibirlos de repente; o de gente que también vio que su tarifa le bajó porque no recibían subsidio y ahora lo reciben. Pero los subsidios de agua tuvieron un elemento de impacto sobre el proceso de las tarifas.
A juicio de la Comisión, existe la necesidad de aumentar la cobertura y focalización de los subsidios de agua potable, de forma que se genere una mayor cobertura.
En la página 167, se puede leer que a juicio de la Comisión, deben introducirse perfeccionamientos al sistema de otorgamiento de los subsidios de agua potable, tales como:
a)Metodología específica para los procesos de otorgamiento, que vele por garantizar que los beneficiarios adolecen de incapacidad de pago, excluyendo postulantes que no cumplan el requisito, para mejor focalizar el subsidio.
b)Aumentar la capacidad del subsidio destinado a personas de menores ingresos, con el objeto de que ellas no incurran en mora, porque el que está en mora no puede recibir el servicio.
c)Reducir los tiempos de traspaso de fondos a los municipios, con el objeto de evitar eventuales cobros de intereses.
d)Otorgamiento automático de subsidios a usuarios de la tercera edad, beneficiarios de pensiones asistenciales, beneficiarios del programa vivienda sin deuda y beneficiarios de programas de extrema pobreza. Algo de esto ya se está haciendo.
d)Mayor complementación entre los sectores público y privado en la detección, determinación y asignación de los beneficiarios de subsidios del consumo de agua potable.
De igual forma, la Comisión estima que el Estado debe aumentar la cobertura de los subsidios y, por otra, implementar un sistema que garantice un consumo mínimo vital. Dicho concepto es nuevo lo introduce la Comisión y garantiza que a ninguna familia se le va a cortar totalmente el suministro de este vital elemento. Se pretende que se introduzca en nuestra legislación y en el proceso de fijación de tarifas, de manera que repito a ninguna familia se le corte totalmente el suministro de este vital elemento.
La Comisión conoció en numerosas poblaciones casos de cortes de arranques domiciliarios que obviamente, por tratarse de un elemento tan vital como el agua, el Estado no puede permitir, menos si se trata de familias de pobreza extrema o que tengan la circunstancia de pobreza, pues el agua es necesaria para la subsistencia y la higiene.
A juicio de la Comisión, también es necesario buscar una mejor protección de los usuarios y consumidores. Como ustedes lo pueden leer desde la página 168 del informe en adelante, en lo relativo a la protección de los consumidores, es preciso mencionar que, a juicio de la Comisión, esta materia tiene directa relación con la capacidad fiscalizadora de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y un eventual aumento en su dotación, recursos y facultades, a fin de propender a un mayor y más riguroso control sobre los errores de hecho y de interpretación por parte de las empresas, que redundan en cobros excesivos a los usuarios.
Es importante señalar que el aumento de dicha capacidad fiscalizadora de la Superintendencia puede desarrollarse a través de la apertura de oficinas propias, como las que próximamente serán habilitadas, o mediante la celebración de convenios con otras entidades públicas de presencia regional que reciban las consultas y denuncias de los usuarios.
En esta misma línea argumental, la discusión también debe enmarcarse en los niveles de participación de los usuarios en los procesos de fijación de tarifas, tema sobre el cual la ley establece ciertas facultades al consumidor; pero, para que dichas facultades puedan operar efectivamente, se requiere la dictación de los cuerpos reglamentarios respectivos, lo que a la fecha no ha ocurrido.
En relación con lo anterior, también es necesario mencionar que algunos sectores opinan que la mejor protección del consumidor para contrarrestar el poder de las empresas cuya actividad desarrollan de un contexto monopólico, la constituye la creación de la figura del defensor público del consumidor, o defensoría económica, a fin de actuar de manera coordinada ante conductas de los prestadores que se puedan considerar abusivas.
En este capítulo es necesario avanzar con elementos más objetivos, con respaldo legal, para proteger a los consumidores, como también expandir y mejorar la red de oficinas y de fiscalizadores de la Superintendencia, de manera que lo que hoy ocurre en muchas comunas y regiones de Chile los consumidores no tengan a quién ni cómo reclamar, salvo mediante un gran desplazamiento, a veces, a la capital regional, con lo cual no es posible, entonces, una participación mayor en esta materia.
En lo que se refiere a la protección de los usuarios, es necesario avanzar en un formato único de cuentas de agua potable y alcantarillado a nivel nacional. A juicio de la Comisión, la Superintendencia del ramo debería implementar la obligatoriedad de un formato único nacional para las cuentas de consumo de agua potable y alcantarillado que cumpla con los objetivos anteriormente citados.
La Comisión detectó que aquí no hay uniformidad; hay cuentas de tarifas muy distintas, incluso con publicidad comercial en ellas, lo que no nos parece apropiado. Queremos cuentas claras; separar el consumo del agua del de alcantarillado; tratamiento de aguas servidas; un informe de lectura fácil, sin letra chica, para que la gente sepa qué se le está cobrando.
En esa misma dirección, en el capítulo de protección a los usuarios y/o consumidores, a juicio de la Comisión, además del formato único, parece imprescindible aumentar la cobertura en los programas de educación de la población para que conozca el sistema tarifario nacional, la forma como varían las tarifas dependiendo de la época del año, los volúmenes de consumo, el comportamiento histórico del consumo de cada hogar. En fin, deben internalizarse estos conceptos y educar mejor a la población que, en general, es bastante ignorante acerca del proceso de fijación de tarifas.
También, a juicio de la Comisión, en el campo de la educación, es indispensable iniciar acciones masivas de educación a la población respecto del conocimiento sobre el consumo y ahorro de agua potable sin disminuir su calidad de vida, considerando, a modo de ejemplo, el mejoramiento de la eficiencia técnica de los medidores con el objeto de que los consumidores tengan la posibilidad de leerlos fácilmente; la difusión de medidas de ahorro de agua como evitar goteras; cómo hacer buen uso de las llaves; correcta manipulación de los elementos de desagüe y alcantarillado, etcétera, y exigiendo a las empresas sanitarias que mejoren la información sobre historias de consumo de los usuarios.
Asociado a esto, debe reafirmarse el instructivo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en orden a obligar a las sanitarias a que si detectan un aumento de consumo superior al diez por ciento del que registra el historial del usuario, notifique a éste sobre dicho aumento a fin de que adopte las medidas y las precauciones necesarias para que no vuelva a ocurrir. Es muy importante que la empresa tenga la obligación de advertir a los usuarios y decirles, por ejemplo: “Señor o señora, en su última cuenta usted tiene un consumo superior al diez por ciento de lo que habitualmente consume. ¡Ojo!, ponga cuidado, preocúpese, algo está pasando en su casa. Vea si hay goteras”, etcétera, de manera de no sorprenderlo después con una cuenta demasiado elevada.
Además de los aspectos sobre el formato único de cuentas y de la educación de la población, la Comisión abre un capítulo nuevo que no quiso dejar de lado respecto de las prestaciones de las empresas sanitarias en actividades relacionadas.
A su juicio, este tema es de la mayor significación en la regulación del sector. Existen empresas relacionadas con la empresas de agua potable, por ejemplo, que hacen tratamiento de aguas con residuos químicos o especiales. La Comisión propone que se establezca en la ley que las empresas sanitarias dedicadas a negocios relacionados tengan contabilidad separada, de manera que no se afecte el proceso tarifario, puesto que es la contabilidad la que refleja que las estructuras de costo estén claramente separadas. Sólo mientras los costos de inversión, de operación, de mantención y de recursos humanos estén separados, será posible que las sanitarias aborden otras operaciones.
En un momento dado puede generarse una confusión entre empresas relacionadas, con contabilidades no separadas, que pudiera incidir, por una acción totalmente distinta, como es, por ejemplo, proveer del servicio de agua y alcantarillado, en un impacto sobre la tarifa vinculada a la actividad relacionada; no directa como la señalada.
Un elemento también nuevo, en el que diputados de zonas agrícolas hicieron mucho hincapié, se refiere a la venta a terceros de aguas tratadas.
El aumento de plantas de tratamiento de aguas servidas significará asimismo, en el futuro, un aumento en la disponibilidad de aguas tratadas, lo que podría implicar un atractivo y emergente negocio para las empresas a cargo de su saneamiento que requerirá de una definición sobre la propiedad de las mismas.
El agua nace de la cordillera, la utilizamos, la contaminamos, la hacemos agua servida, va a la planta de tratamiento de aguas servidas, la limpiamos y vuelve a los cauces. ¿Qué pasa con esa agua? ¿De quién es? ¿Se cobra por el servicio? ¿Le vamos a descontar al cliente el costo que significa purificar esa agua de nuevo?
Ése es un problema emergente, consecuencia de la instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas, tema frente al cual la Comisión estima que hay que hacerse cargo y que el negocio de venta de aguas tratadas a terceros, por parte de las empresas sanitarias, debe necesariamente implicar una rebaja de costos para los usuarios, por cuanto éstos han aportado al financiamiento de las respectivas plantas de tratamiento. En consecuencia, parece recomendable, desde el punto de vista de la incorporación de criterios de justicia y de equidad al sistema tarifario, que los usuarios tengan participación en los beneficios indirectos que las empresas obtienen por ellas, todo lo cual debiera definirse por ley.
Respecto de este tema nuevo, sobre el cual no se ha legislado, la Comisión estima que debe ser abordado, porque es obvio que, en la medida en que aumenten las plantas de tratamiento de aguas servidas, adquiere mayor relevancia.
En cuanto a la repactación de deudas morosas de agua potable, la Comisión observó con interés las experiencias implementadas por algunas de las empresas invitadas a exponer en orden a enfrentar la alta tasa de morosidad que se registra en esta actividad por parte de los usuarios, la que se encuentra focalizada, en gran proporción, en los sectores más pobres del país.
Por ello, considera oportuno requerir, de la autoridad sanitaria, recomendaciones claras hacia los prestadores en el sentido de implementar programas de repactaciones de deudas que signifiquen rebajas o condonaciones de intereses moratorios, o condonaciones, en casos calificados, de las deudas impagas por un determinado lapso.
Además de las ventas de aguas a terceros y de la necesidad de mayor participación del sector privado en la aplicación del subsidio, hay un elemento nuevo, no registrado en la historia del país en materia de servicios básicos, cual es el relativo a la implementación de un sistema de seguro y otras medidas frente a pérdidas domiciliarias de agua potable.
Hoy, si alguien se le echa a perder una llave, el WC de su baño pierde líquido, la gomita del sistema no funciona y se produce una permanente gotera, la cañería que accede a su casa se rompe como consecuencia del crecimiento de las raíces de los arboles del jardín, todas esas fallas las paga el consumidor y, muchas veces, no las detecta, lo hace tardíamente o, lo que es muy común en los sectores populares, no tiene los recursos económicos para repararlas. La Comisión tiene a bien proponer la implementación de un sistema de seguro que prevea esas circunstancias y opere protegiendo los intereses de los usuarios y de las empresas sanitarias mediante una estructura de póliza colectiva de seguro que cubra a todos y con costo cero para los grupos beneficiados con el subsidio de agua potable; es decir, para los más pobres. Este sistema de seguro debiera entender por filtración toda pérdida física de agua potable cuando todas las llaves y artefactos estén adecuadamente cerrados y siga existiendo un consumo controlado en el medidor de cada domicilio.
La Comisión, previendo la posibilidad de abusos, básicamente por los desincentivos en la reparación de pérdidas domiciliarias de agua potable que eventualmente pudiera generar este seguro, propone que opere, además, un deducible equivalente a una cuenta mensual promedio, de los últimos doce meses del consumidor siniestrado, y que el máximo por indemnizar sea de tres cuotas mensuales que excedan el deducible o 150 uefes. Otros requisitos copulativos son que el cliente se encuentre al día en el pago de sus cuentas y que denuncie el siniestro antes del plazo de sesenta días de recibida la cuenta que exceda al deducible.
Además, la Comisión concordó en que en el tema de las pérdidas domiciliarias de agua potable, con el consecuente aumento en las cuentas de consumo, se hace necesario que el Gobierno reglamente adecuadamente las exigencias técnicas que deben cumplir tanto los aparatos como las cañerías que se utilizan en el sistema, particularmente, en los conjuntos habitacionales con origen en planes de vivienda social, en atención a que resulta de ordinaria ocurrencia que fallen y ocasionen grandes inconvenientes a los sectores más pobres de nuestra población.
Asimismo, la Comisión estima que deben incorporarse exigencias para las instalaciones de recolección de aguas servidas que garanticen su correcto funcionamiento, evitando los escenarios de acumulación de aguas servidas que hoy es posible observar en sectores poblacionales modestos, puesto que ningún vecino está dispuesto a asumir los costos que las empresas cobran para destapar cámaras de alcantarillado u otras estructuras del sistema.
En definitiva, la Comisión, que actuó de consenso y aprobó en forma unánime este informe, hizo una completa revisión de los aspectos regulatorios o normativos; recogió opiniones de usuarios, de autoridades, de empresas, de municipios y de organizaciones; analizó los elementos principales de las causas propone concretamente modificaciones a éstos se hace cargo de situaciones novedosas como la implementación del seguro y la participación privada en los beneficios de Mideplan; plantea correcciones respecto de los cobros injustos en materia de alcantarillado versus agua potable el concepto de cuencas; hace justicia a la necesidad de refocalizar el gasto social en beneficio de las comunas más necesitadas y de las personas de menos recursos; innova en elementos legislativos y propios que deben modificar los sistemas tarifarios y el marco regulatorio, una vez vencidos los plazos de concesión y de entrega a las empresas.
Finalmente, agradezco a los secretarios y secretarias de la Comisión especial que tuvieron a bien llevar adelante este informe; a los diputados que me brindaron la confianza de presidirla. En el marco de los acuerdos consensuados adoptados y de las propuestas, esta Comisión tiene a bien sugerir su aprobación.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señores diputados, el Orden del Día termina a las 12.45 horas. Se encuentran siete señores diputados inscritos para intervenir y, si cada uno hace uso de la palabra en forma acotada, durante cuatro o cinco minutos, este informe se podría votar a la hora oportuna.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, en primer lugar, celebro el hecho de haberse generado un proyecto de acuerdo que determinó la creación de esta Comisión justo cuando ocurrían situaciones que afectaban la sensibilidad de la ciudadanía. Qué duda cabe de que en el último tiempo hubo muchas presiones respecto de las inquietudes de tantos usuarios que vieron reflejadas en sus cuentas alzas importantes.
Por eso, felicito que la Cámara de Diputados haya creado esta Comisión. Asimismo, felicito a los colegas que trabajaron en ella. Tuve la oportunidad de asistir a varias reuniones. Por cierto, me gustaría que en los informes no sólo se nombrara a sus integrantes, sino también a aquellos diputados que, incluso, con esfuerzo porque participamos en otras comisiones; tenemos otras responsabilidades concurrieron, tomaron parte, regularmente en sus debates, y ni siquiera son nombrados, lo que me parece improcedente desde el punto de vista metodológico.
Pero, lo importante insisto es que hay que felicitar a la Comisión, porque trabajó con seriedad. Este tipo de trabajo realmente ayuda a un mayor acercamiento que muchos quisiéramos ver con más frecuencia en nuestra Cámara de Diputados, por la importancia del tema y por el hecho de haberse generado un espacio de participación. En esta misma Sala tuvimos la oportunidad de recibir a muchas organizaciones sociales y a alcaldes y concejales de distintas comunas, no sólo de la Región Metropolitana, sino también del país, quienes concurrieron a entregar su testimonio, sus inquietudes, etcétera. Incluso, concurrieron agrupaciones de usuarios y representantes de organismos técnicos que últimamente se han encargado de conocer de más cerca, por ejemplo, la calidad de los medidores, el tipo, etcétera.
No viene al caso repetir lo que ya se ha hablado con mucha claridad y aconsejo a nuestros colegas fijarnos bien en las conclusiones del informe, porque toca todos y cada uno de los aspectos relevantes. Sin embargo, no quiero dejar pasar un tema que me parece de la mayor importancia.
La primera conclusión de la Comisión es que las alzas que ha habido son legales; están dentro del marco legal vigente. Otra cosa es si son perfeccionables. Tanto el Gobierno como distintas autoridades consideraron que dado el reciente establecimiento del decreto tarifario, no es conveniente cambiarlo dentro de un período tan corto de tiempo y que será posible revisarlo al cabo de cinco años. Es importante hacer notar que éste no es un servicio en el cual compiten cinco, seis u ocho empresas diferentes y, por lo tanto, el usuario vea cuál es la que más le conviene, le entrega mejor servicio, con más calidad, con más transparencia; no, estamos hablando de un monopolio natural. Por eso es tan importante que tengamos una capacidad fiscalizadora muy acotada. Pero ¿qué ocurre? El superintendente de Servicios Sanitarios expresó que la posibilidad de extender la fiscalización se ha visto limitada; que hasta el momento han hecho algunos convenios con municipalidades y con oficinas del Sernac, pero son insuficientes.
No puedo dejar de mencionar espero que se corrija en el futuro y no vuelva a ocurrir lo siguiente: cuando se le consultó al superintendente ¿qué se tiene pensado a futuro?, señaló que una cosa es lo que tiene pensado la Superintendencia de Servicios Sanitarios y, otra, los recursos disponibles; que el proyecto de ley sobre fortalecimiento de la Superintendencia, que planteó el Ejecutivo en 1995, incluía un sistema que es utilizado en muchas partes del mundo en relación con el financiamiento de la fiscalización, cual es que un porcentaje de la facturación sea destinado al financiamiento del órgano regulador. Añadió que este sistema lo encontramos en Argentina, Bolivia, Perú , Venezuela, Colombia , España , Chile e Inglaterra.
Hizo presente que esta idea del Ejecutivo fue objetada inicialmente por senadores de Oposición, señalándose que era un tributo de afectación y, por tanto, inconstitucional. Se modificó su redacción para que quedara de la misma forma en que lo está la norma de la Superintendencia de Bancos vigente. Tampoco fue aceptado por los senadores de Oposición. Se cambió la redacción en términos similares a la de la patente minera, contemplada en el Código de Minería de 1981; pero también fue rechazada. Esta materia llegó a Comisión Mixta. Allí, la Cámara de Diputados insistió, pero el Senado, con mayoría de Oposición, rechazó dicho financiamiento. Finalmente, la iniciativa fue rechazada en la Comisión Mixta.
Hoy, la Superintendencia sólo se financia con el presupuesto público que tiene márgenes de crecimiento y de manejo. En consecuencia, dependerá de la discusión de la ley de Presupuestos la posibilidad de mayor apertura de oficinas regionales y en otros lugares apartados del país.
Llamo la atención sobre esto, porque es el tipo de políticas que no debiéramos tener. Me parece que es un error que no debiera cometerse nuevamente en el futuro. Ojalá el Ejecutivo, a través de la Superintendencia, repusiera este mecanismo porque, como se ha señalado, este servicio es un monopolio natural, altamente sensible para la población, y si carecemos de facultades fiscalizadoras o de información suficiente, la población será la más afectada.
En cuanto a la poca transparencia, últimamente, al menos en la Región Metropolitana, las boletas son más explícitas. Hoy, cualquier ciudadano debiera entender qué es el consumo y de qué está compuesta su tarifa; debiera saber que se han hecho inversiones importantes para ampliar la red de alcantarillado y tratar las aguas servidas, lo que no existía anteriormente.
Entonces, requerimos mayor información. Los usuarios, difícilmente, pueden comprender de buenas a primeras, si carecen de la debida capacitación, en qué consiste el decreto tarifario que permite, cada cinco años, revisar y fijar las tarifas de este servicio. Si hubiera más transparencia, más información y más capacitación, los usuarios podrían tener una mejor política de ahorro en la medida en que entendieran más lo que genera la cuenta.
Necesitamos también mayor regulación. La situación es similar a lo que ocurrió con las empresas eléctricas, en que hicimos denuncias constantes hasta que, finalmente, logramos un proceso de regulación a través de los llamados servicios asociados. Esas empresas, por ejemplo, cobraban por una mantención del medidor que jamás hacían, y eso se mantuvo durante muchos años debido a un vacío de la ley y, por consiguiente, a falta de fiscalización. Aquí, supuestamente, tenemos más regulación con respecto a los medidores, lo que es extremadamente importante.
Quiero hacer presente otras situaciones que en algunos casos han provocado verdadera conmoción.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señora diputada.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Voy a terminar de inmediato, señor Presidente.
En la comuna de La Pintana, por ejemplo, que me honro en representar, el consumo se ha disparado. Hay cuentas, incluso casos excepcionales, que exceden el millón de pesos, con el consiguiente estupor y horror del usuario afectado.
Debemos llamar la atención sobre la calidad de la instalación de las cañerías en las construcciones de viviendas sociales, puesto que, por abaratar costos, las empresas no emplean los mejores materiales y el resultado final son filtraciones de las cuales los usuarios no saben, y la sorpresa se la llevan al momento en que reciben la cuenta.
Por eso, es importante que las empresas, cuando detecten un consumo superior al 10 por ciento del promedio de los últimos seis meses, estén obligadas, al menos, a dar la voz de alarma, pero con tiempo, porque nada sacamos con que el usuario reciba una tremenda cuenta sin ser advertido oportunamente y, de ese modo, tener la posibilidad de reparar el desperfecto.
En cuanto a los subsidios, es esencial lo que dijo la ministra en cuanto a la refocalización. Queremos ayudar a los sectores más pobres, pero lo único que solicito es que esa refocalización no se traduzca en menor número de subsidios. Consulté al respecto con el ministro de Hacienda, quien me señaló que la nueva ley de Presupuestos contempla la entrega de más subsidios; este año se han entregado a más de seiscientas mil personas.
Por lo tanto, debiéramos aprobar este informe, enfatizando en la necesidad de mayor participación, más transparencia, más información, más capacitación y refocalización del subsidio. Claramente, situaciones como ésta nos demuestran que otra sería la condición de nuestros ciudadanos si contáramos con la institución del defensor público del consumidor.
Hago un llamado al Congreso Nacional para que alguna vez saquemos el proyecto de la defensoría pública, de manera que el ciudadano se sienta mucho más protegido y con más información, con lo cual se beneficiará en su calidad de vida.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, desgraciadamente esta Comisión especial, a la cual la Cámara entregó el mandato para realizar la investigación que hoy concluye, creó en la gente, quizá, demasiadas expectativas, porque pensó que iban a bajar las tarifas, se iba a volver atrás o la participación de los usuarios iba a ser importante en las decisiones, lo que hoy no ocurre. En consecuencia, estas cosas a veces se vuelven en contra de la propia Cámara de Diputados, porque se dice que la Comisión lleva seis meses investigando y las tarifas siguen igual; no han bajado. Hay que decirle a la gente, con absoluta claridad que investigamos las causas del alza del precio del agua potable y que proponemos, en forma definitiva, que en la próxima negociación, entre el Gobierno y las empresas, tenga participación el usuario a fin de darle oportunidad de opinar sobre lo que le parezca justo o injusto. Asimismo, que esa negociación no se haga entre cuatro paredes y una sola persona dirima las controversias. La última vez hubo 400 controversias y a esa persona le pagaron 12 millones de pesos sólo para decir: “Éste tiene razón y este otro no la tiene.”, lo cual me parece absurdo. Además, sus honorarios los paga la empresa; por consiguiente, lo lógico es que esa persona siempre va a estar del lado de quien le paga.
La gente tiene que tener claro que se hizo un esfuerzo gigantesco.
Cuando denuncié en la Comisión que se estaba cobrando por las cuencas, los colegas no entendían, porque no había claridad respecto de ellas ni de las cuentas de agua. Puse el ejemplo de la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de Pucón, que sirve a toda la zona lacustre y se justifica plenamente, como la de Villarrica; pero en Cunco, otra comuna situada a cien kilómetros de Pucón y que tiene un desagüe a 60 kilómetros del río Toltén, subieron el precio del agua en 30 por ciento. ¿Qué me dijo Essar?: “Usted está equivocado. El agua no subió en 30 por ciento, sino en 1 por ciento; sólo el uso de alcantarillado subió en 29 por ciento”. No hay que ser mago: 29 más 1 igual 30, porque el agua que se ocupa es la misma que sale por el alcantarillado. En consecuencia, la gente de ahí no tenía ninguna claridad. Hoy, por lo menos, esos cobros aparecen separados en la boleta: tratamiento de aguas servidas, uso de alcantarillado y consumo.
Me duele que las empresas digan que han invertido miles de millones de pesos en plantas de tratamiento de aguas servidas, alcantarillado, etcétera, para favorecer a las personas, porque es absolutamente falso y lo voy a explicar en pocas palabras.
En primer lugar, cuando se construye una población, gran parte del subsidio del usuario se destina a urbanización, a alcantarillado, a agua potable y a luz. Ese alcantarillado pasa después al patrimonio de la empresa; pero la gente, de por vida, debe seguir pagando el uso de alcantarillado, en circunstancias de que ya efectuó ese gasto. Ésa es la primera cosa perversa.
En segundo lugar, se dice que han subido las tarifas de las plantas de tratamiento de aguas servidas hasta en un 20 por ciento; por consiguiente, toda una región sigue pagando porque como dije en el ejemplo de Cunco desagüan los ríos Allipén, Toltén , toda la cuenca. Se le entregó la planta de tratamiento de aguas servidas a Pucón; luego se incorporó también a Villarrica, Pitrufquén , Freire , Cunco , es decir, a toda la gente del Toltén. Eso es lo que la gente no entiende. Por eso hoy, cuando se recibe la cuenta, se pregunta: ¡Cómo! Si no tenemos planta de tratamiento de aguas servidas, ¿por qué figura esto en la boleta?”.
La otra forma que la empresa utilizó para aumentar sus utilidades como existía una sola planta pringaban toda la cuenca hacia abajo, ya que como estaba en la parte más alta contaminaban a todos los que estaban más abajo y así poder cobrar fue cambiando los medidores. De un marcador mecánico se pasó a uno magnético. La propia empresa reconoció que este marcador magnético hizo subir el valor del agua en 15 ó 20 por ciento, por cuanto registraba hasta el aire, las gotas, las vibraciones, todo. En consecuencia, a quienes tenían una gotera les subió la cuenta 3, 4 ó 5 veces; es decir, debido al tratamiento de aguas servidas y a los nuevos marcadores, aumentó el valor del consumo en 30 ó 40 por ciento. Eso es lo que gente reclama, pues en ello no ha tenido ninguna participación.
También quiero señalar otra situación que me parece realmente increíble. Cuando nos preguntan: “Diputado, ¿por qué no se modifica esto? ¿Saben cuál es la respuesta que da mucha gente? Que se trata de una ley dictada por el gobierno militar. Y eso es lo enervante, señor Presidente. Lo hemos escuchado miles de veces cuando se invoca el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988. Han pasado doce años de gobierno de la Concertación y aún no hemos visto la ley modificatoria. Pero, por fin, como dijo la diputada señora Isabel Allende , todos los diputados de la Comisión estamos de acuerdo en modificar este decreto a fin de que el usuario también tenga participación. No obstante, hemos presentado un proyecto de ley para que el Presidente de la República tenga la facultad de solucionar estos problemas cuando se produzcan irregularidades en el proceso de fijación de tarifa. Espero que sea una realidad a corto plazo.
Por otra parte, mucha gente se pregunta: “¿Qué pasa con el agua potable rural? ¿Va a entrar o no en las privatizaciones? El monto del consumo del agua potable rural depende de comités que fijan una tarifa muy baja. Esta gente administra sus plantas de agua potable y todo lo que, además, sabemos. Pero también nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que el decreto
Nº 382, en su artículo 6º, dispone que todas las plantas de agua potable rurales que tengan más de 500 arranques pueden ser privatizadas.
Aprovecho la oportunidad de informar que la semana pasada, con el diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , presentamos un proyecto cuyo objetivo es reemplazar “500” por “1.500” y, así, esa gente, que tiene agua potable rural, quede protegida y dichas empresas no entren en el proceso de licitación. Creemos que se trata de un buen paso para proteger a los habitantes de esta zona. Tampoco se crea, señor Presidente, que se trata sólo de pequeñas ciudades, sino de muchas otras, como, por ejemplo, de Ñancul, Quitraue y Curarrehue, en la Novena Región. Se trata de plantas que tienen menos de 500 arranques en ciudades con tres o cuatro mil habitantes. Por lo tanto, no es tan pequeño lo que queremos hacer con el diputado señor Álvarez-Salamanca , sobre todo en las ciudades norteñas, en donde mucha gente nos dice que lo único que no quieren en sus proyectos es llegar a los 500 arranques, porque los pueden privatizar. En consecuencia, esto también atenta contra el desarrollo de las pequeñas comunidades. Por eso, la principal conclusión es modificar el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, a fin de que los usuarios tengan participación y, así, el agua potable cueste lo que realmente debe costar y no que a la gente le cobren lo que a las empresas les dé la gana.
Por último, hemos visto con preocupación que a mucha gente residente en lugares turísticos, en la temporada veraniega le afecta una tarifa desmedida. Creemos que debe haber una tarifa para residentes, porque es muy injusto que la gente que vive todo el año, por ejemplo, en Villarrica, Pucón , Viña o Valparaíso, deba pagar la misma tarifa del que viene a vacaciones. Al veraneante le da lo mismo pagar 50 ó 60 mil pesos dos meses al año, pero no a la gente que vive en las poblaciones y que, muchas veces, son montepiadas que deben vivir con 35 mil pesos, mientras que las tarifas de agua potable, en algunos casos, superan los 40 mil pesos mensuales.
Por consiguiente, hay que tener una tarifa de agua potable para residentes, sobre todo en las poblaciones que hoy se están construyendo y que están ubicadas en las ciudades turísticas.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya .
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión especial y al diputado señor Melero por el excelente informe que ha entregado a esta Cámara.
En honor al tiempo, haré sólo un breve comentario al tema que hoy nos preocupa.
En lo que respecta al marco regulatorio, si bien se trata de un marco bastante antiguo, puesto que data del tiempo de la dictadura militar, la Concertación y como tal lo debo reconocer no ha tenido la voluntad de cambiarlo. Sin embargo, existe consenso entre los parlamentarios para cambiarlo a la brevedad, y son varias las razones para ello. Primero, porque estamos hablando de que la comunidad participe en el proceso de fijación tarifaria, y la forma que se establece para ello es que a quien participe no se le impida entregar su comentario en forma oportuna. Asimismo, el proceso de fijación tarifaria constituye un gran beneficio y ganancia para la empresa. Sabemos que es un monopolio natural, mediante el cual muchas veces se busca optimizar las ganancias que pueda obtener la empresa sanitaria.
Sobre la base de que el marco regulatorio fija el límite máximo de tarifa por cobrar, la pregunta natural que uno se hace es: ¿por qué se puede fijar un límite máximo y no un mínimo? ¡Permanentemente hemos denunciado en esta Sala cómo la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta, Essan , ha recaudado y triplicado sus ingresos en los últimos tres años! El año pasado recaudó más de diez mil millones de pesos de utilidad líquida y en lo que va corrido de este año lleva aproximadamente ocho mil millones.
Por lo tanto, la pregunta que uno se hace es: ¿quién está pagando esta gran cantidad de dinero? ¿Por qué no hemos sido capaces de fijar un marco que realmente distinga un consumo residencial de agua potable de uno industrial? Quizás en la zona norte del país concretamente en la región de Antofagasta, se presenta un problema distinto al resto de Chile. El agua en la ciudad es un bien escaso, lo que obliga al ciudadano a disputarla día a día con la actividad minera e industrial. De ahí el interés de la empresa sanitaria de vender estos grandes volúmenes de agua a las empresas mineras; de lo contrario, no se justifica cómo Essan ha empezado a construir una planta desaladora con un costo de 57 millones de dólares para aumentar su nivel de venta y volumen de agua.
En este sentido, pensamos que, de una vez por todas, debe cambiarse el modelo tarifario y establecer que el agua, en el caso de zonas como Antofagasta, debe ser un bien esencial de naturaleza económica, porque esta ganancia que recibe el Estado, de 11 mil millones, se traduce en un nuevo impuesto a la región, y ni siquiera el 10 por ciento de esa suma queda en nuestra zona para invertirla en obras o en subsidios. Creemos que, con esto, una vez más, se grava a las zonas extremas del país, pues así como se hace con el cobre, se está haciendo también con el agua. Estamos convencidos de que el modelo tarifario hay que cambiarlo, y debemos establecer estas variantes.
En lo que se refiere a la asignación de subsidios, es cierto lo que señala la Comisión: hay que crear variantes que permitan, de una vez por todas, establecer subsidios diferenciados, porque el problema de los costos del agua potable no sólo lo tiene la gente más pobre, sino también la gente de clase media.
Diariamente recibimos en nuestros distritos gente de diversos sectores con cuentas de 50 ó 60 mil pesos de agua, en circunstancias de que perciben sueldos de 100 mil o pensiones de 80 mil pesos. Esto es algo que debemos cambiar. Por eso, aprovechemos la voluntad de hacer estos cambios y, junto al Gobierno, al Ministerio de Hacienda y al Presidente de la República, enfrentemos este problema, más aún en el caso de aquellas empresas sanitarias que todavía permanecen en poder del Estado, como es el caso de Essan. Es necesario que, de existir un proceso privatizador o de concesiones, corrijamos, primero, este modelo para no afectar a la ciudadanía y evitar tarifas más altas.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Antes de continuar dando la palabra, quiero informar a la Sala que tenemos en tabla un tercer proyecto que dice relación con aumentar el plazo para adecuar estatutos de organizaciones deportivas.
Por tratarse de algo simple, he conversado con el diputado señor Martínez para que nos informe en no más de dos minutos, y como aún quedan tres diputados inscritos para hacer uso de la palabra, propongo a la Sala votar los dos proyectos a las 13 horas y así dar un poco más de espacio a quienes aún no han hecho uso de la palabra.
¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor
Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, me sumo a las palabras de complacencia respecto del trabajo realizado por la Comisión. Muchos diputados que no aparecemos mencionados en el informe participamos, como señalaba la diputada señora Isabel Allende, activamente en la discusión habida en la Comisión, de lo que sería bueno también dejar constancia.
Confiamos en que este informe sea aprobado por la unanimidad de la Sala, a fin de enviarlo al Gobierno para que asuma la responsabilidad de cambiar próximamente el marco regulatorio, en beneficio de lo que todos queremos en materia de tarificación del agua potable.
Es importante puntualizarle al diputado señor Araya que este problema no data del gobierno militar, sino de la administración del Presidente Frei , pues durante ella se dicta el primer marco regulatorio de la tarificación. De ahí que cada cinco años se deben modificar estos procesos. Existe un objetivo transversal respecto del cual hay consenso para defenderlo, en la medida que todos aportemos un grano de arena para modificar el marco regulatorio en lo relativo a la tarificación del agua potable. La idea es no pensar en el pasado, sino en el futuro, el que traerá beneficios para todos.
Como el informe referido a esta materia es bastante completo felicito públicamente al diputado señor Melero por la forma en que rindió cuenta de él, sólo me detendré en un aspecto, que interesa a toda la comunidad: a la protección del usuario.
El informe se extiende sobre varias materias. En cuanto a la protección del usuario, hemos señalado que debe haber claridad en la forma en que se cobra el consumo de agua potable. En otras palabras, la boleta que se entrega al cliente debe señalar los ítem que se cargan al consumidor y no sólo mostrar el monto total a pagar. En ese sentido, es necesario confeccionar una boleta estándar para todos los sistemas de cobranza de las distintas empresas sanitarias. Se trata de una medida que debería adoptar la Superintendencia de Servicios Sanitarios a fin de otorgar transparencia en esta materia. Muchas veces, la claridad en los cobros se ve entorpecida por el exceso de publicidad en las boletas, la que, más que informar al cliente, dificulta la comprensión de las cifras allí contenidas.
También es importante referirse a las instancias de reclamación y su relación con la Superintendencia.
Quienes vivimos en regiones tengo residencia en Antofagasta no podemos participar activamente en los reclamos interpuestos ante la Superintendencia, porque esa repartición sólo funciona en Santiago. No obstante la escasez de recursos mantenemos la esperanza de que ellos se otorguen, en la Comisión solicitamos al superintendente llevar adelante las gestiones necesarias para instalar oficinas regionales. De ese modo, podremos dar curso a los reclamos en la zona, con lo que se evita tener que concurrir a la capital para formalizarlos.
Los clientes, quienes también tuvieron oportunidad de concurrir a la Comisión a entregar su testimonio, expusieron una materia de suyo importante: la relativa a los medidores de agua. Si mi memoria no me engaña, en una población de la Octava Región se cambió la totalidad de los medidores mecánicos por otros magnéticos. Durante el primer mes de funcionamiento, se detectó un alza en el consumo de agua potable que fluctuó entre el 25 y 30 por ciento. Se trata de un problema real que es necesario solucionar. Al respecto, la Superintendencia ha señalado que los medidores magnéticos funcionan con un margen de error. Ellos, según la Comisión, influyen en los cobros de las tarifas de agua.
Por otra parte, los usuarios deben tener claridad respecto de las tarifas de corte y reposición del suministro de agua potable. Muchas veces, esos costos superan la deuda que el cliente mantiene con la empresa sanitaria. Esa materia debe ser incluida como parte del marco regulatorio, cuya modificación esperamos que se materialice en los próximos días.
Un tema que afecta directamente a la Segunda Región, que represento en esta Cámara, es el costo versus calidad. En Antofagasta se paga el agua más cara y mala de Chile, esto último por cuanto exhibe altos porcentajes de arsénico y borato. Ello influye en el hecho de que la Segunda Región mantenga los niveles cancerígenos más altos del país, situación que debe corregirse lo más pronto posible, pues repito no es posible continuar pagando el agua más cara de Chile y, al mismo tiempo, ingiriendo la de peor calidad. En otras palabras, no existe relación entre precio y calidad.
Es importante referirse a una materia que señaló el diputado señor Melero al dar cuenta del informe de la Comisión: el cobro relacionado con las plantas de tratamiento de agua. Sobre este punto, cabe destacar que existen empresas que compran las aguas tratadas. Sin embargo, el beneficio obtenido en esta operación por la empresa sanitaria no es traspasado al cliente. Se trata de algo negativo que debe corregirse por la norma regulatoria. En el caso de Antofagasta, la empresa Biwater compra, trata y vende las aguas, pero Essan no refleja esa ganancia como beneficio para sus clientes.
Así como los legisladores podemos proponer medidas y colaborar con la estructuración de un marco regulatorio en esta materia, la población debe demostrar educación frente al tema del agua potable. Como indicó un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en relación con la subsistencia del vital elemento, no es lo mismo consumir agua en la zona norte que en el sur de nuestro país. En este sentido, es necesario implementar un programa educativo para que la población asuma con responsabilidad la utilización del agua.
Por otra parte, cabe destacar el aporte de los gobiernos regionales a las empresas del Estado en lo que se refiere a infraestructura y equipamiento para el suministro de agua potable. Ahora que se privatizará Essan, ¿qué sucederá con los aportes entregados por el gobierno regional en materia de alcantarillado y construcción de plantas de tratamiento de aguas? Si de dicha operación, que recaerá en la empresa sanitaria, se obtiene un efecto lucrativo, sería positivo recobrar la inversión efectuada por el gobierno regional para beneficio de la zona.
Por último, espero que el informe sea aprobado por la Sala. Asimismo, reitero mis felicitaciones a quienes, de una u otra forma, participaron en la Comisión, en especial al diputado señor Melero , por la forma en que rindió el informe relativo a esta materia.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella .
La señora MELLA (doña María Eugenia).-
Señor Presidente, me abstuve en la votación que determinó la conformación de la Comisión especial destinada a indagar las causas del aumento de las tarifas de agua potable. Tomé esa decisión porque la gente se forja expectativas que van más allá de lo que efectivamente se puede hacer. Las personas esperaban una rebaja en las tarifas y un aporte más sustantivo de nuestra parte. Sin embargo, ello está fuera de nuestras atribuciones.
Con todo, debo señalar que he quedado muy satisfecha del trabajo de la Comisión y del informe rendido en la Sala, el que recogió los puntos sensibles del problema vinculado con la materia.
Debido a la alta sensibilidad que concita este tema, a juzgar por las opiniones vertidas en la Sala por parlamentarios representantes de distintos sectores, hago un llamado para enfrentar, con la mayor altura de miras, la problemática aquí planteada, sin entrar a debatir las causas de origen político que pudiera haber, sino las soluciones a las falencias detectadas.
En este contexto y para ser justa, quiero destacar el trabajo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a pesar de las múltiples limitaciones financieras, presupuestarias y de atribuciones impuestas por el marco regulatorio vigente.
Aunque no se ha llevado a cabo en todo Chile, sí se ha implementado un plan de educación masivo de la población respecto de las materias indicadas en el informe. En este sentido, sería positivo extenderlo a la mayor cantidad de lugares geográficos posible.
Del informe se puede colegir que es necesario modificar el decreto ley N° 70, de Obras Públicas, que contiene el marco regulatorio que fija las tarifas de agua potable; aumentar las atribuciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a fin de que pueda defender de mejor forma al usuario, y aumentar la participación de éste en las materias señaladas.
También debería existir una mejor focalización y refocalización de los subsidios durante el año y un control respecto de cómo éstos se van entregando en los distintos lugares.
Por lo que he escuchado en la Sala, habría unanimidad para considerar estas materias en un compromiso parlamentario de colaborar en la aprobación de las modificaciones que se planteen.
Hace un tiempo aprobamos un proyecto relacionado con la participación del Presidente de la República como instancia posterior y última, y por una sola vez, para actuar en la fijación de tarifas. Lamentablemente, fue devuelto del Senado por razones de inconstitucionalidad.
Espero que volvamos a analizar ese tema, porque en la Quinta Región, por ejemplo lo mismo pasa en otras, no tenemos ninguna opción real para la gente hasta la nueva fijación de tarifas, que se hará el año 2004. Por lo tanto, seamos sinceros con ellos; ésa es la opción.
Se requiere una nueva mirada sobre el tema, pero tenemos un par de años, y en otros lugares a lo mejor uno y en otros tres, porque algunos no se han definido para efectuar estas modificaciones, como la de pedir que se rechace la interpretación que dan las empresas sanitarias al tema de las cuencas, que genera la aberración que el diputado señor Melero planteaba en la Sala.
Lamentablemente, el respaldo legal permite que las empresas sanitarias cobren a la gente que aún no recibe el beneficio del saneamiento y que, por tanto, no tiene alcantarillado; sin embargo, ésta debe sufrir las alzas de tarifas.
En la Quinta Región, sin ir más lejos, a fin de año entran en funcionamiento plantas en San Felipe y en Quillota, y van a aumentar las tarifas. Lo mismo sucedió hace un tiempo en La Ligua, y la gente no entiende el hecho de que aumenten sus tarifas sin recibir un nuevo beneficio.
Finalizo diciendo que estoy por aprobar este informe; pero las comisiones investigadoras serán valoradas por la población, y por nosotros mismos, cuando las indicaciones que hemos señalado, y que esperamos aprobar, las llevemos a la práctica dentro del ámbito de nuestras responsabilidades y atribuciones.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, debido a lo escaso del tiempo me referiré específicamente al tema de los subsidios.
Al respecto, normalmente se le dice a la gente que se le otorgará el subsidio, pero queda mucha sin recibirlo, y lo más trágico, a pesar de estar absolutamente determinados, sin ningún aviso previo al menos en mi distrito, Arica y Parinacota , de la noche a la mañana es suprimido sin dar ninguna explicación a los usuarios.
Al igual que lo señalado por el diputado señor Manuel Rojas , en Arica el agua es muy cara, y lo que me preocupa es que Essat, organismo público, ha hecho una tremenda inversión con el objeto de disminuir costos y subir la calidad del agua; pero ello ha sido al revés. Desde 1997, en que se instaló una planta con una tremenda inversión, la gente de Arica consume el agua más cara de Chile, mucho más que la de Antofagasta, y, además, con los más altos grados de contenido de boro que pueda alcanzar, lo que está provocando serios problemas en la salud de los ariqueños.
Señor Presidente, debemos insistir en el tema de los subsidios, controlar que efectivamente sean otorgados, y también fiscalizar que Essat, una vez concedidos, no los suprima de la noche a la mañana.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, lo que se ha planteado en el estudio de esta Comisión me parece importante. La verdad es que la gente esperaba una respuesta a los problemas que se han venido exponiendo y que son numerosos, porque se han sumado a la extracción de basura, al pago de la luz y al corte de los subsidios.
En verdad, tiene que haber un incremento de los subsidios para la gente más modesta. Para ello, tiene que haber una reformulación de la ficha CAS, como se lo planteé a la ministra de Mideplan cuando analizábamos este proyecto. Creo que la actual ficha CAS no representa la realidad de la gente, y ahí tiene que hacerse un esfuerzo para que los subsidios vayan a la gente más modesta.
Por otra parte, quienes participan en la administración de los proyectos del agua potable rural no dudan de que esta también va a ser traspasada a manos privadas. Por eso, hemos presentado un proyecto de ley que permite que toda el agua potable rural que esté fuera de los planos reguladores urbanos siga siendo administrada por la gente. Esto es algo muy importante y esperamos que también tenga respuesta.
Finalmente, además de sumarme a todo lo que se ha planteado, quiero tocar el punto de la Superintendencia.
Los reclamos que la gente hace, los atiende la Superintendencia sólo en algunas partes, porque son muy pocas las oficinas; pero la Superintendencia es regulada por el Estado, el cual tiene participación importante en la solución de problemas relacionados con el agua potable. Por lo tanto, sugiero que esta Superintendencia esté en manos privadas y no dependiendo del Estado. A mi juicio, es importante considerar estos aspectos.
He dicho.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión especial destinada a indagar sobre los orígenes y causas del aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado a lo largo del país.
Hago presente a la Sala que, aunque no está consignado, el informe fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Egaña , Escalona , Escobar , Forni , García (don René Manuel), García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa), González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Lagos, Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Mulet , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Robles , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tuma , Urrutia , Valenzuela , Vidal ( doña Ximena ) y Walker .
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, por su intermedio solicito a la Sala que el informe que acabamos de aprobar, en forma unánime, sobre las tarifas de agua, sea enviado a su Excelencia el Presidente de la República y al ministro de Economía, para que tomen en cuenta las proposiciones de la Cámara.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
De acuerdo con el Reglamento, corresponde hacerlo de esa manera.
El señor MASFERRER.-
¡Que lo apliquen, señor Presidente!
PLAZO Y PROCEDIMIENTO PARA ADECUAR ESTATUTOS DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el plazo y procedimiento para adecuar estatutos de organizaciones deportivas, establecido en la ley Nº 19.712, del Deporte.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Rosauro Martínez .
Antecedentes:
- Mensaje, boletín Nº 3076-04, sesión 1ª, en 1 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 7.
- Informe de la Comisión de Educación, Sesión 8ª, en 16 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el señor diputado informante.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica y adecua los estatutos de organizaciones deportivas, establecidos por la ley Nº 19.712, del Deporte.
Se trata de un proyecto originado en mensaje del Presidente de la República y enviado a la Cámara en la actual legislatura extraordinaria.
Sus objetivos son tres: en primer lugar, ampliar de 360 días a dos años, contados desde la fecha de publicación del reglamento de la ley del Deporte, Nº 19.712, el plazo que tienen las organizaciones deportivas para reformar sus estatutos y, de esa manera, acceder a los beneficios que otorga esta ley.
En segundo lugar, precisar que la reforma de los estatutos de las organizaciones deportivas debe hacerse conforme a los cuerpos legales en virtud de los cuales estas organizaciones se constituyeron.
En tercer lugar, otorgar un mismo tratamiento, tanto a las organizaciones deportivas legalmente constituidas a la entrada en vigencia de la ley del Deporte como también a las constituidas con posterioridad, en virtud de otros cuerpos legales.
Los fundamentos que sirven de sustento al proyecto se encuentran reseñados tanto en el mensaje que lo contiene como en el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Sustancialmente, son los que se señalan en dichos documentos, respecto de los cuales sólo voy a decir por el escaso tiempo que se me ha otorgado para informar sobre la iniciativa y atendiendo también a que ésta fue aprobada por unanimidad en la Comisión que la idea es facilitar el acceso a los beneficios que otorga la ley del Deporte a todas las organizaciones deportivas. Se ha estimado necesario conceder un mismo tratamiento tanto a las organizaciones deportivas legalmente constituidas a la entrada en vigencia de dicha ley como también a las conformadas después, en virtud de otros cuerpos legales.
Luego de escuchar en la Comisión al subsecretario de Deportes, don Arturo Salah , se aprobó por unanimidad el proyecto, con la sola modificación de ampliar a tres años el plazo de dos años propuesto por el Ejecutivo, en razón de los motivos y argumentos indicados en el mensaje.
Reitero: la Comisión, finalmente, aprobó por unanimidad la iniciativa, por lo que se recomienda a los señores diputados aprobarla.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, es importante señalar que existe otro proyecto, presentado por el diputado Darío Molina , que sería conveniente incorporar a éste, ya que aborda el tema que se produce cuando dos instituciones deportivas tienen iguales nombres en un mismo territorio comunal, situación bastante compleja que estamos viendo luego de la aprobación de la ley del Deporte.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Su argumentación quedará registrada en el boletín de esta sesión, señor diputado.
Posteriormente, la Sala votó el informe en los siguientes términos:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto que modifica el plazo y procedimiento para adecuar estatutos de organizaciones deportivas con la misma votación que obtuvo la iniciativa informada por la Comisión especial.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor SALAS (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
En votación el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Cornejo , Delmastro , Egaña , Escalona , Escobar , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa), González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Kast , Lagos, Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Mulet, Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma, Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Robles , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tuma , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vidal ( doña Ximena ) y Walker .
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
RECONOCIMIENTO DE ARICA COMO CAPITAL CULTURAL DE LA DANZA NACIONAL. (Votación).
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
Se va a votar por última vez el Nº 123.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 1 abstención.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Rechazado por falta de quórum.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente, por su intermedio solicito la unanimidad de la Sala para tratar el proyecto de acuerdo Nº 139, mediante el cual se mandata a la Comisión de Familia a fin de que, en calidad de Comisión especial, haga una investigación sobre los procedimientos de la ley de adopción y de los administrativos para poder evacuar un informe en esta Cámara.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor SALAS (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Secretario va a dar lectura al próximo proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 127, de los diputados señores Navarro , Sánchez , Robles , Aguiló , Espinoza , Rossi y Letelier, don Felipe .
“Vistos:
Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la honorable Cámara, y
Considerando:
1.Que pese a que las cifras muestran que Chile es pionero en la descontaminación de gases refrigerantes en América Latina, las autoridades ligadas al tema reconocen que por la falta de una legislación establecida se hace difícil cumplir las metas fijadas para el país en cuanto a descontaminación.
2.Que con la firma del Protocolo de Montreal, en 1987, nuestro país se ha plegado a cumplir las metas de descontaminación que han permitido, por ejemplo, que el 80 por ciento de los refrigeradores que se producen en el país utilicen tecnología limpia. Asimismo, hasta 1995 se consumían 950 toneladas de CFC usadas en refrigeración, aire acondicionado y fabricación de espumas, que con los planes que se han aplicado se han reducido a la mitad.
3.Que, mientras tanto, crece la preocupación en todo el mundo debido a los gases refrigerantes, como los clorofluorocarbonos, que contribuyen a reducir la capa de ozono que protege a la tierra de los rayos ultravioleta, cuyos efectos son devastadores si llegan sin este filtro a la superficie.
4.Que el problema radica en que los fondos que se destinan a descontaminar son entregados en su mayor proporción por organismos internacionales como el Banco Mundial, y con ello, tal como lo han señalado los expertos, los fondos se entregan al arbitrio de organismos internacionales, y no como una política de Estado permanente.
5.Que entre las metas de la Agenda Ambiental País de la Conama para este año, están el acelerar la promulgación de una ley que prohíba la importación de sustancias y productos que destruyan la capa de ozono, la que está en estudio en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
6.Que Chile es quizá el país que podría resultar más afectado por el agujero de ozono detectado sobre la Antártica; ya existe un sistema de alerta que tiene su mayor efecto en la Undécima Región, aunque los temores se extienden incluso a la Región Metropolitana.
7.Los efectos posibles ante un adelgazamiento excesivo de esa capa serían la aparición de enfermedades como ceguera, melanoma ocular y aumento de cataratas, la resistencia del sistema inmunológico hacia ciertos tipos de tumores y enfermedades infecciosas y menor respuesta a vacunas.
8.Que dentro de la planificación mundial para reducir las emisiones, Chile se encuadra entre los países en vías de desarrollo, y debe dejar de producir, usar y consumir gases nocivos para la capa de ozono, que ha logrado reducir en un 50 por ciento. De hecho, ya cumplió las metas que otras naciones del mismo grupo deberían alcanzar en 2005.
9.Que pese a las actuales cifras se reconoce que sin un cuerpo de ley que regule la importación de sistemas que contengan gases nocivos, es difícil cumplir con el Protocolo de Montreal. Ello, por la ausencia de una legislación que obligue a los entes públicos y privados a tomar medidas que prevengan el uso de substancias agotadoras de la capa de ozono en sus instalaciones.
10. Que un documento de evaluación de los programas implementados para la protección de la capa de ozono consigna que una de las dificultades serias que podría experimentar es “el hecho de que los fondos del Programa provienen en su totalidad del exterior (Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal). Dado que el Fondo Multilateral fue creado a manera de compensación y depende de los aportes de los países desarrollados o del artículo 2 del Protocolo de Montreal, la disponibilidad de fondos está sujeta a la voluntad de los países donantes”.
11. Que a falta de un marco regulador fijado por ley, los cambios de tecnología se han hecho a través de mecanismos como el subsidio a la reconversión tecnológica a las empresas, que ha costado 2,6 millones de dólares y al cual se han plegado 31 empresas que utilizan tecnología de transición. Otro incentivo es el llamado sello ozono, que se otorga a las empresas que convierten totalmente su tecnología a una limpia. En Chile, sólo la empresa Johnson & Johnson ostenta esta calificación.
12. Que las nuevas líneas directrices del programa de Conama se orientan a iniciar en 2003 la capacitación a 2 mil expertos en refrigeración que aprenderán técnicas de reciclaje de gases. Al mismo tiempo, se formarán centros de acopio de gases de refrigeración en las regiones Quinta, Octava y Metropolitana mediante un Convenio de cooperación con Canadá.
13. Que aunque los elementos peligrosos más conocidos son los CFC, existe la amenaza no tan difundida del bromuro de metilo, que también desgasta la capa de ozono. Este compuesto se utiliza para fumigar frutas y verduras, especialmente tomates y pimentones, que son plantas que generan una especial atracción a las plagas, por lo que los agricultores han usado desde hace años productos que contienen bromuro de metilo para su erradicación. En Chile, el auge exportador frutero comenzado en los ’80 aumentó la utilización de este producto.
14. Que además de su efecto agotador de la capa de ozono, el bromuro de metilo presenta alta toxicidad para los trabajadores que manipulan esta sustancia. La exposición a altas dosis puede desencadenar daños al cerebro, sistema nervioso, hígado, riñones, pulmones y garganta. Para evitar esta práctica en las zonas rurales de las regiones Quinta, Sexta y Metropolitana, la Conama ha hecho un programa de capacitación para los agricultores a fin de usar tecnología limpia, en el que también ha colaborado el Instituto de Investigación Agropecuaria, Inia.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República pueda otorgarle máxima prioridad al desarrollo de normas, planes y programas relativos a la protección de la capa de ozono en las políticas nacionales, especialmente de Salud, Educación y Medio Ambiente, y, de manera urgente, puedan realizarse los estudios que permitan desarrollar y sostener en el tiempo el financiamiento de una política de Estado sobre ozono con recursos nacionales”.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado para hablar a favor del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
No hay quórum en la Sala.
Se va a llamar a los señores diputados durante cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo Nº 127.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo para la próxima sesión.
VII.INCIDENTES
POSTERGACIÓN DE OBRAS VIALES EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En la hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista y Radical.
Tiene la palabra el diputado señor Pérez .
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor ministro de Obras Públicas en relación con una situación que afecta al distrito 47, que represento en esta Cámara, correspondiente a la Octava Región.
En este distrito se ha proyectado la ejecución de una serie de obras públicas importantes, las cuales llevan mucho tiempo esperando, aun cuando existe el compromiso por parte del ministerio de llevarlas a cabo. Sin embargo, en reiteradas oportunidades han sido postergadas, hecho que esta semana se ha producido una vez más.
Estas obras dicen relación con la reparación de caminos, construcción de puentes y otras que resultan vitales, por lo cual vemos que vamos quedando en una situación muy desmedrada comparativamente con el resto de los distritos de la Octava Región.
Por tanto, reitero mi petición de oficio al ministro de Obras Públicas para que revise esta situación, haciendo presente que esas obras viales, que inicialmente fueron aprobadas por dicha Cartera, reiteradamente han sido postergadas, hecho que preocupa a todos los habitantes de la provincia de Biobío.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y de la UDI que lo están indicando.
NUEVA COMISARÍA PARA LA COMUNA DE PUENTE ALTO. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, en esta oportunidad me voy a referir a un tema que pareciera menor, pero no es así. Realmente me han sorprendido ciertas reacciones, un tanto destempladas y difíciles de explicar. Hago mención a las declaraciones formuladas por el alcalde de la comuna de Puente Alto, señor Ossandón .
Se trata de algo muy simple. Como parlamentaria del distrito Nº 29, desde hace bastante tiempo he estado preocupada por la seguridad ciudadana, tema no menor si se considera que esta comuna, la más poblada del país, adolece claramente de gran insuficiencia de dotación policial.
A este respecto, hemos hecho múltiples gestiones desde hace bastante tiempo, en las cuales contribuyó en su momento, como autoridad, el actual colega presente en la Sala, don Jorge Burgos , en su calidad de subsecretario del Interior. También tuvimos reuniones con el general director de Carabineros para hacer conciencia sobre la necesidad de reforzar la dotación vehicular y policial en la comuna de Puente Alto.
Pues bien, aparte de lo anterior, desde hace bastante tiempo se estudia la posibilidad de crear una nueva comisaría para nuestra comuna, iniciativa que cuenta con el acuerdo del general director de Carabineros, con quien ya me he entrevistado en dos oportunidades.
El lunes concurrí junto con la gobernadora de Puente Alto a entrevistarme con el subsecretario de Desarrollo Regional y con el subsecretario de Carabineros para reforzar la petición de que se destinen fondos, independientemente de lo que puede aportar el propio municipio de Puente Alto una cantidad menor, se entiende para concretar este proyecto.
En esa oportunidad me enteré, con sorpresa, de que todavía no ingresaba formalmente el proyecto. Ello motivó que a la salida de la entrevista hiciera declaraciones instando al alcalde de Puente Alto a que “se pusiera las pilas” y acelerara su presentación, puesto que corríamos el riesgo de quedarnos sin esos fondos de emergencia, necesarios para la inversión.
Esto motivó una reacción absolutamente destemplada, inusual y bastante descortés, que no me sorprende, porque esa persona tiene una particular característica: no soporta que una autoridad se inmiscuya en su comuna, aunque se trate de una parlamentaria y autoridad nacional que representa con mucho orgullo y satisfacción a Puente Alto. Tiene un cierto complejo de “patrón de fundo”, que le debe quedar desde cuando era autoridad en Pirque, porque todavía no entiende que para las comunas es mucho mejor trabajar en conjunto con las autoridades nacionales y locales. Francamente cuesta asumir que se haya enfurecido y proferido una serie de descalificaciones, en circunstancias de que, a raíz de las declaraciones formuladas el día lunes, el proyecto ingresó el día miércoles. Si queda alguna duda, perfectamente puede consultarse al gobierno regional donde consta que el miércoles por la tarde ingresó el proyecto.
Por otro lado, me alegro de que mis declaraciones hayan servido para acelerar esta gestión, ya que lo único que importa, para el bien de Puente Alto, es la urgente aprobación de esos fondos. Además, existe una buena disposición de todas las autoridades, tales como el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, del general director de Carabineros, por el déficit que actualmente existe en esa materia en la comuna de Puente Alto, de lo cual tenemos conciencia. Hay sectores donde se calcula que hay más de 3.600 habitantes por carabinero, lo que es un completo absurdo. Por ello, el general director de Carabineros se ha mostrado siempre de acuerdo en reforzar esa comuna con la creación de una nueva comisaría.
Por lo tanto, pido enviar oficio al gobierno regional a fin de que apruebe el proyecto formalmente presentado para contar con una nueva comisaría en Puente Alto. Ella es muy necesaria, criterio compartido por todas las autoridades, desde el ministro del Interior hasta el general director de Carabineros.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas Socialista y Demócrata Cristiana.
HOMENAJE A LOTA CON MOTIVO DE SU 340º ANIVERSARIO. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Camilo Escalona .
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, sólo para solicitar el envío de un oficio al señor alcalde de la comuna de Lota a fin de expresarle nuestras felicitaciones por el 340º aniversario de esa comuna.
Se trata de una festividad que enorgullece a sus habitantes, a una comunidad trabajadora que, con su esfuerzo, ha marcado una página muy importante no sólo de la historia del movimiento obrero de Chile, sino, además, de nuestra literatura nacional. El drama de las minas de carbón, los sufrimientos en los socavones y las amargas horas vividas día a día por miles de trabajadores del carbón fueron inmortalizados por Baldomero Lillo . Su literatura trascendió las fronteras nacionales y fue incorporada a lo mejor de la literatura universal.
En consecuencia, desde Lota , que en mapuche significa “pequeño caserío”, se ha hecho una importante contribución a la lucha del movimiento obrero, pero no sólo a ella, sino a Chile, como nación, porque desde los socavones y desde el interior de la tierra surgió la literatura de Baldomero Lillo, uno de los mejores escritores de nuestra nación.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas Socialista, del Partido por la Democracia, de la Democracia Cristiana y de la Unión Demócrata Independiente.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS VARIOS EN OSORNO. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, pido enviar oficio al ministro de Obras Públicas respecto de la situación en que quedaron muchos caminos de la provincia de Osorno, gran parte cortados y en muy malas condiciones, debido a las últimas inundaciones.
Sin el ánimo de faltar el respeto, le hago presente que la provincia de Osorno también estuvo duramente expuesta a las lluvias de las últimas semanas. Muchas poblaciones y caminos se encuentran bajo el agua, lo que quedará de manifiesto una vez que ésta se retire.
Por lo tanto, pido recordarle al ministro la existencia de la provincia de Osorno, sobre todo de la comuna de San Pablo y de los sectores de La Junta, Quilacahuín , Trumao , Trinidad , Cancha Larga y varios otros.
Por otro lado, también me gustaría que se le recordara el compromiso que contrajo la Subsecretaría de Desarrollo Regional con la comunidad de Trumao respecto de estudiar la posibilidad de la compra de un lanchón para ser usado en invierno.
Esto viene ocurriendo desde hace muchas décadas, pero el último año, debido a las inclemencias del invierno, muchas comunidades quedaron aisladas. La compra del lanchón es la única alternativa para solucionar ese problema, que también conlleva enfermedades de niños y adultos.
Asimismo, pido enviar oficio a la Oficina Nacional de Emergencia a fin de que distribuya alimentos, sobre todo a los pescadores de la zona de Bahía Mansa, Pucatrihue y Maicolpué , pues durante los últimos tres meses no han podido realizar sus faenas debido a las inclemencias del tiempo.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIO DE SERVICIO PÚBLICO CON GREMIO DE PROFESORES. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, ayer, en el Día del Profesor, como Cámara, enviamos mensajes a todos los maestros del país. Y recordé que cuando fuimos elegidos por la soberanía popular, juramos cumplir tanto lo ordenado por la Constitución y por las leyes como servir al pueblo que nos eligió como sus máximos representantes para integrar esta Cámara de Diputados. De esa manera, legislamos en pos de un mejor bienestar para todos los chilenos, sin exclusión ni discriminación de ningún tipo. Es decir, nos comprometimos ante nuestro país para servir y ayudar a buscar soluciones a los problemas reales de la gente, basados y amparados en el mandato que nos dio el pueblo para cumplir con este superior principio, que siempre debe guiar nuestro actuar.
En este mismo orden de ideas, debo pensar que tanto el Presidente de la República como los funcionarios de su confianza, que entiendo llegan a más de 3 mil a lo largo del país, entre ministros, subsecretarios, jefes de servicio, etcétera, también deben seguir el noble principio de servicio público, que es la base para el desarrollo equilibrado de una nación en lo social y económico.
Quienes somos elegidos por la soberanía popular, no sólo debemos encuadrar nuestro trabajo parlamentario en el ámbito legislativo, sino, también, debemos acoger, con enorme preocupación, los innumerables problemas que en estos momentos aquejan a miles de chilenos que, por uno u otro motivo, pueden sentirse perjudicados por una determinada iniciativa legal que pudiere encontrarse en trámite en el Congreso Nacional.
El problema sería más grave aún si las iniciativas en referencia perjudicaran a enormes sectores sociales, los cuales, al ver menoscabados sus intereses, normalmente acuden a quienes eligieron como representantes para expresarles sus puntos de vista y aprensiones en torno de esos cuerpos legales que, a su entender, están perjudicando sus legítimos intereses sociales.
Pues bien, siguiendo la misma lógica, la diputada que habla escuchó los graves problemas, tanto puntuales como generales, que afectan a los profesores del país. Es evidente que éstos se acentuarán si no son escuchados a la brevedad por el Gobierno. Específicamente, me refiero a las enfermedades propias de su gestión, pero no tipificadas como tales.
En este caso, corresponde a la ministra de esa cartera honrar el superior principio de servir a la gente y, por ende, escuchar las demandas del sector gremial que dice representar ante el Gobierno.
De acuerdo a lo anterior, acudí formalmente ante la ministra competente para solicitar una audiencia con la única finalidad de exponer en persona, de manera clara y concisa, la problemática del gremio de los profesores, a fin de buscar, en forma conjunta, una solución que satisfaga las legítimas demandas del sector.
Esto es lo que considero un trámite normal y, por qué no decirlo, acorde con las normas de respeto y de responsabilidad que debe reinar entre las autoridades de confianza del Presidente de la República y los integrantes del Congreso Nacional, como lo somos los diputados de la República.
Sin embargo, no siempre esta búsqueda de soluciones conjuntas tiene buenos resultados, sobre todo por la forma que tienen algunos ministros de Estado no todos de conducir sus carteras, los cuales parecen estar ajenos a cualquier realidad inmediata que pudieran presentar los integrantes del sector social o económico al que dichos ministros tienen obligación de escuchar.
Ha sido lamentable, por decir lo menos, que pese a haber solicitado una audiencia a la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin , para exponerle el gravísimo problema que aqueja a miles de profesores del país, responda, a través de sus asesores, que no recibirá a quien habla, ya que todas las inquietudes que pudiéramos tener los parlamentarios creo que se refería a todos y no sólo a los de Oposición deben ser canalizadas a través de los secretarios regionales ministeriales de la cartera, quienes le informarán al respecto.
Creo, honestamente, que al dar esa respuesta la ministra de Educación no tenía claro aún el principio que comenté al inicio de mi intervención, que dice relación con servir al pueblo, ya que, como consecuencia de la clara y precisa respuesta que recibí en el ministerio, debo suponer que para conversar y buscar una pronta solución a un problema que aqueja a miles de profesores chilenos, necesito viajar por todo el país para entrevistarme con cada secretario regional ministerial y esperar que ellos informen a la señora ministra.
No puedo dejar de recordar que el Presidente Lagos removió a un ministro de su cargo deben de recordarlo todos sólo porque indicó públicamente que él no respondía llamados telefónicos. Realmente, hay ocasiones en que me pregunto qué nos está ocurriendo.
Por otro lado, encuentro insólito que una ministra de Estado no quiera escuchar los problemas que competen a su cartera. La política por ella implementada explica los innumerables conflictos que tenemos en estos momentos, dada su errada posición en torno de a quién debe escuchar y a quién no.
Por lo anteriormente señalado, pido que se envíe copia de esta intervención al Presidente de la República, a todos los ministros y subsecretarios del país y al contralor general de la República.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de la bancada Demócrata Cristiana y del diputado Delmastro , en representación de Renovación Nacional.
REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA AFECTADAS POR TEMPORALES. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, los fuertes temporales que en 1997 azotaron a la Región Metropolitana, generaron una serie de inconvenientes en las llamadas “viviendas nylon” de distintas poblaciones de Pudahuel, Quilicura y Colina, comunas que represento en esta Cámara, y significaron que muchas familias humildes de la región vieron cómo sus casas eran permeadas por las aguas.
Dos poblaciones, concretamente “Fuentes Guerra” y “ Claudio Arrau II”, de Colina, se vieron fuertemente afectadas por esta situación, pero hasta la fecha no han visto concretadas una serie de medidas que las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se comprometieron a tomar para ir en su ayuda: reparación de las viviendas, traslado de las familias o reemplazo de la vivienda dañada por una nueva, de acuerdo con distintas fórmulas que el ministerio implementó.
Reportajes de televisión de ayer y anteayer fueron elocuentes en demostrar, en la vocería del presidente de la junta de vecinos “ Claudio Arrau II”, de vecinos de ambos sectores y del alcalde de la comuna, don Mario Olavarría , que pese a los compromisos contraídos en numerosísimas oportunidades por distintas autoridades de Gobierno, en especial por el ministro de Vivienda, todavía no se efectúan las reparaciones ni tampoco los vecinos advierten que se haya encontrado una fórmula eficiente para subsanar un problema que ya se arrastra por cinco años.
Las explicaciones que se han dado no han sido satisfactorias. En visitas recientes a las mencionadas poblaciones, el secretario ministerial de Vivienda de la Región Metropolitana, el asesor directo del ministro de Vivienda, don Mauricio Morales, con la intermediación de la gobernación, nuevamente se comprometieron a solucionar el problema.
En verdad, la credibilidad de los vecinos de “ Claudio Arrau II” y “Fuentes Guerra”, de Colina, es cada vez menor. Las imágenes y las visitas que he efectuado personalmente, permiten constatar que las viviendas tienen daños estructurales serios. Es posible ver grietas entre un piso y otro, y comprobar cómo el agua sigue permeando los muros, que no se han hecho las impermeabilizaciones y que tampoco se han implementado los programas para reemplazar las viviendas por otras.
En razón de lo expuesto y dado el largo período de tiempo que ha pasado y la incapacidad de dar soluciones concretas, pido, por intermedio de la Mesa, que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo, don Jaime Ravinet , a fin de que me informe a la brevedad, en primer lugar, sobre el tipo de reparaciones que se efectuará a las viviendas, la fecha en que se llevarán a cabo y el nombre de las empresas que realizarán las reparaciones.
En segundo lugar, de acoger alguna de las familias la propuesta de cambiar su vivienda por una nueva, que me informe acerca de la etapa en que se encuentra ese proceso, fecha de entrega de las nuevas viviendas y de la implementación de estas medidas.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al ministro de Vivienda, con la adhesión de los diputados democratacristianos.
INFORMACIÓN SOBRE LA VENTA DE ACCIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS ESSBÍO. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, hace dos años se inició en nuestra región una importante polémica respecto de la venta de la empresa sanitaria Essbío , debido a las distintas posiciones y versiones que existían a su respecto.
En definitiva, la Essbío se vendió en una cifra cercana a 283 millones de dólares y una parte de esos recursos debían ser aportados a la región. En los últimos días, hemos sabido que el Gobierno, frente al déficit que tiene el Presupuesto de 2003, va nuevamente a echar mano del remanente de la participación del Estado en la referida empresa.
De los 283 millones de dólares obtenidos por la venta de un activo regional construido a lo largo de muchos años, la Octava Región iba a recibir sólo 30 millones, lo cual en este momento está muy lejano de ser realidad.
Por lo tanto, pido que se oficie al presidente del Sistema de Empresas Públicas, de la Corfo, para que nos informe cuál fue el valor definitivo a que se vendió, en la primera vuelta, el paquete accionario correspondiente al 42 por ciento de las acciones de Essbío.
Asimismo, que nos dé a conocer la cifra real que recibió el Gobierno por dicha venta, porque, a raíz de que el tema hoy nuevamente se está discutiendo, hemos escuchado y leído cifras dispares, las que han sido proporcionadas por las autoridades regionales.
Por otra parte, pido que se oficie al ministro del Interior, o a quien corresponda, a fin de que instruya al intendente de la Octava Región para que informe a cuánto asciende el monto real de los recursos prometidos que se ha hecho llegar al fondo de desarrollo regional.
Solicito lo anterior debido a la preocupación que existe en la Octava Región ante la eventual venta del remanente de acciones de Essbío, y de que los dineros que se obtengan nuevamente no se hagan llegar a las regiones que corresponda, sino que se utilicen para cubrir los déficit del presupuesto del poder central.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Delmastro .
ESTUDIO SOBRE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS DE EMPLEO. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, en los próximos días la ciudad de Vallenar conmemorará un nuevo aniversario de su fundación.
Como es de conocimiento público, en Vallenar la cifra de cesantía bordea el 20 por ciento, lo que la ubica entre las tres comunas con mayor nivel de desempleo del país durante los últimos tres años, por lo que la situación es grave y compleja.
El Gobierno hace un esfuerzo permanente para proveer a la gente de trabajo a través de programas de empleo, los que son financiados por la Subdere, el Fondo de Desarrollo Social, el Fondo de Contingencia, que administra el Ministerio del Trabajo, o la Corporación Nacional Forestal. Lo anterior ha permitido que en la actualidad cientos de personas se desempeñen en esos programas.
Sin embargo, no cabe la menor duda de que existe la apreciación que muchos de esos empleos son muy poco productivos, ya que no existe el ingenio, por parte de los municipios o de los organismos que están a cargo de ellos, para aprovechar los recursos. Incluso, en muchas ocasiones la gente se mofa de quienes laboran en algunos de los programas de empleo en aplicación, porque, en definitiva, se les señala como enteramente improductivos.
En la práctica, se ha ido produciendo una suerte de mantención de los programas. Si bien ellos producen algún beneficio inmediato, porque permiten la subsistencia de las familias que están desempleadas, creo que es necesario revisar la aplicación de dichos programas en las comunas en que se están implementando.
Tengo la impresión de que en la actualidad es fundamental traspasar los programas de empleo que ejecutan los organismos que he mencionado a las pequeñas y medianas empresas. Es cierto que el subsidio que administra el Sence permite, de alguna manera, absorber parte del desempleo por medio de ese incentivo, pero ese subsidio es captado y utilizado mayoritariamente por las medianas y grandes empresas, por lo cual a los microempresarios se les dificulta enormemente acceder a él.
Una buena fórmula sería traspasar grupos de trabajadores de esos programas, en la modalidad que se estime, a los microempresarios y a las pequeñas empresas, ya sea del área agrícola o minera en el caso de la comuna de Vallenar, en las que trabajan cinco o seis trabajadores. Por la vía de la modalidad del subsidio, también podrán capacitarlos, con el objeto de que puedan desarrollar una actividad derechamente ligada al sector.
Si bien los trabajos que se ofrecen a través de esos programas de empleo son subsidiados por el Estado, deben ser dignos para las personas que los ejercen y sus familias, las que subsisten gracias a los recursos obtenidos a través de ese expediente.
Mi impresión es que los micro, pequeños y medianos empresarios están dispuestos a competir con las municipalidades para recibir los recursos con el fin de generar empleos, a capacitar en un área determinada a los trabajadores y a prolongar esos trabajos más allá del plazo que duran los programas, porque en el sector privado eso se puede hacer.
En consecuencia, pido que se oficie al ministro de Hacienda, quien dispone la
coordinación de los recursos que se destinan a los distintos programas de empleo del país, a fin de solicitarle que estudie la forma de mejorar sus niveles de productividad para aprovechar mejor el recurso humano y dignificar a las personas que están trabajando en ellos.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de los Comités Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Socialista y Radical Social Demócrata y Renovación Nacional que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OBRAS VIALES EN TERCERA REGIÓN. Oficio.
El señor MULET.-
En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que informe en qué situación están los proyectos que a continuación voy a detallar, porque son muy importantes para el desarrollo de la región de Atacama, en particular de la provincia de Huasco.
En primer término, que informe sobre los trabajos que se realizan en la Ruta 5, obra que está concesionada entre Puerto Montt y La Serena, pero no más hacia el norte.
Como está en los planes de la Dirección Nacional de Concesiones, que depende del Ministerio de Obras Públicas, efectuar la concesión del tramo que falta durante el año 2003, lo que es muy necesario, pido que se me informe sobre el estado de avance de ese proyecto, específicamente respecto de la concesión de la Ruta 5, entre La Serena y Caldera, proyecto que involucra la inversión de una gran cantidad de recursos y que es muy importante para el desarrollo de Huasco y de la región de Atacama.
Asimismo, que se me informe sobre el estado de avance del proyecto de la ruta que une, por la costa, las ciudades de Caldera y Huasco . De acuerdo con los antecedentes que obran en mi poder, dicho proyecto debería estar bastante avanzado.
Mi impresión es que los recursos que se han invertido son insuficientes, en circunstancias de que, como lo he dicho en otras oportunidades desde esta tribuna, se trata de una iniciativa muy importante para el desarrollo de la región de Atacama, pues unirá, por la costa, a las dos ciudades más importantes de la región. Ello implica obras de desarrollo no sólo desde el punto de vista turístico en una región que cuenta con condiciones para ello, sino también desde el punto de vista del desarrollo pesquero y acuícola, que se traducirá en apoyo a los algueros, a los pescadores artesanales y a los mineros, ya que en la cordillera de la costa existen propiedades mineras que se pueden desarrollar si se cuenta con los accesos y el camino necesario para ello.
Además, pido que se me informe respecto del estado en que se encuentra el proyecto de pavimentación su diseño y perfil ya están terminados del camino que une Alto del Carmen con la localidad de El Tránsito, ambos de la comuna de Alto del Carmen.
Solicito, además, que se me informe respecto de la cantidad de recursos asignados en la ley de Presupuestos del año 2003 para los dos proyectos mencionados.
Señor Presidente, solicito, por último, que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de nos informe respecto de la factibilidad de adelantar la construcción del camino costero, de 30 ó 40 kilómetros de extensión, que une a Huasco con el sector Los Bronces.
Los pescadores artesanales y pequeños mineros de la zona, que tiene un gran potencial de desarrollo, anhelan que dicha iniciativa se materialice pronto.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido Por la Democracia, del Partido Socialista y de Renovación Nacional.
INCORPORACIÓN DEL TEMPLO DE MAIPO EN PROYECTOS URBANOS DE LA COMISIÓN BICENTENARIO. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, solicito que se incorpore el Templo de Maipo en la sumatoria de proyectos urbanos de la Comisión Bicentenario.
El Gobierno ha llamado a celebrar, en forma especial, el Bicentenario de nuestra Independencia en el 2010. Para ello, solicita el máximo de apego a nuestras tradiciones y la promoción de iniciativas que permitan realzar esa conmemoración.
Hago presente, en el marco de ese objetivo, que Maipo es el pueblo más antiguo, después que se fundó Santiago, nuestra capital. En efecto, Maipo fue fundado el 12 de octubre de 1583, por don Alonso de Sotomayor, y el templo a que hice referencia uno de los más antiguos del país fue fundado por sacerdotes que llegaron con los expedicionarios españoles en sus viajes emprendidos al sur del mundo. La fundación del templo data del 2 de febrero de 1755, pero desde 1661 se conocía como Parroquia de Aculeo.
De manera que estamos frente a una iniciativa ligada íntimamente al proceso que dio vida al país, a su nacionalidad y a la consolidación de nuestras creencias.
Por lo tanto, y como dicho recinto fue declarado Templo Jubilar a raíz del Jubileo del año 2000, solicito que se oficie al ministro del Interior para que, en su calidad de presidente de la Comisión Bicentenario, lo incorpore entre los proyectos urbanos de la Comisión Bicentenario.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de todas las bancadas porque estoy cierto que representa el sentir de toda la Cámara.
Asimismo, hago presente que el ex diputado señor Luis Pareto luchó, en su momento, con el objeto de avanzar en la línea de incorporar recursos a tan magna obra.
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, seré majadera en un tema que debatimos en la Sala hace un mes o dos.
Desde que se inició la campaña Red Protege hemos aprobado, por unanimidad y en corto tiempo, el proyecto que modifica los códigos Penal y el de Procedimiento Penal para reprimir, especialmente, el delito de pornografía infantil y sus redes en internet.
Desde hace tiempo se discuten las aristas de proyecto de ley de divorcio, que avanza rápidamente.
En la Comisión de Familia se ha profundizado el debate sobre la modificación a la ley de violencia intrafamiliar.
En tal marco, me he sumado al llamado que en el Palacio Ariztía, el lunes 14 de octubre de 2002, hicieran la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer y la presidenta de la Cámara de Diputados.
Existen cifras que nos señalan que, de cada diez mujeres, cuatro han sido objeto de violencia psicológica, cuatro de violencia física y poco más de una mujer de violencia sexual.
En 2001, por ejemplo, se presentaron en Carabineros 60.789 denuncias por violencia intrafamiliar.
Más allá de las cifras, que son contundentes, la responsabilidad de contribuir a la disminución de este problema es urgente. Implica una mayor articulación entre autoridades de gobierno, parlamentarios, tribunales de justicia y sociedad civil.
A raíz de lo anterior, surge la campaña de movilización ciudadana Red Protege formulo una nueva invitación a participar en ella, que busca que cada miembro de la sociedad se sienta protagonista en la construcción de nuevas relaciones de respeto mutuo en los diversos ámbitos de la vida social, especialmente al interior de la familia.
El Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Menores, Carabineros de Chile, los diferentes ministerios e instituciones, como las fundaciones Integra, Junji y Prodemu , así como otras instituciones, están articulando un verdadero movimiento de sensibilización, en el que no podemos estar ausentes.
Desde el Congreso Nacional y desde nuestros distritos debemos promover una mayor participación ciudadana en la prevención de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual.
No es menor la aprobación de una ley de divorcio; la creación de los tribunales de familia; la estabilidad y ayuda emocional y legal que debemos entregar a las familias. No es menor evitar que denuncias de maltrato y violencia familiar terminen en lesiones graves e, incluso, en muerte; no es menor que nos sumemos o nos restemos a esta gran iniciativa, a la que reitero mi apoyo.
Este tema, tan importante, no podemos dejarlo pasar, sobre todo, por nuestro rol legislador, en el cual se nos presenta el mayor desafío: avanzar hacia una justicia eficiente, que entregue atención a las víctimas de violencia y aplique sanción a los victimarios.
Por lo tanto, debemos tratar con urgencia el proyecto de ley sobre tribunales de familia.
Por último, solicito que se oficie a la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, con el objeto de que, a la brevedad, nos informe sobre los centros de atención de violencia intrafamiliar vinculados a los ministerios y a otras instituciones, a fin de realizar con mayor eficacia nuestra labor legislativa.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Jaramillo , Delmastro , Palma y de quien preside.
Aprovecho de informar que, con fecha reciente, la Presidenta de la Corporación, con el apoyo de la presidenta de la Comisión de Familia, asumió un compromiso con la Red Protege, en conjunto con la ministra señora Delpiano , e hizo un llamado a los 120 integrantes de la Corporación para
adherirse.
APOYO A LA PRODUCCIÓN LÁCTEA NACIONAL. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, desde que ejerzo mi función parlamentaria en la Cámara, siempre he puesto especial énfasis en los temas relacionados con la tradicional agricultura chilena, sobre todo por la importancia que tiene como motor de desarrollo del fértil sur de Chile, que permite vivir a sus habitantes de lo que produce la tierra con el esforzado trabajo de sus hombres.
Hace apenas unas cuantas semanas, sin embargo, la producción agrícola y la agroindustria del sur de Chile sufrió un duro golpe: se cerró el comercio de productos lácteos con un país que se había convertido en el último año en su principal destino.
El año pasado los ingresos por esas exportaciones significaron para Chile, en especial para la Décima Región de Los Lagos, más de veinte millones de dólares. De acuerdo con las cifras de los presupuestos que se tratan acá, esa suma parece insignificante, pero es una gran cantidad para una región minoritaria en población, que goza de un mal récord, con miserables salarios, que no ayudan a las familias que allí viven a tener un mínimo de confort, lo que se dificulta más aún con los embates de la naturaleza, las inundaciones, los temporales, hechos que toda la opinión pública conoce.
Las exportaciones se habían logrado fruto del acuerdo de libre comercio con México , y como consecuencia del esforzado trabajo de los empresarios, que tecnificaron los campos, y de los trabajadores de las plantas, que se capacitaron para ser competitivos; en resumen, un trabajo de años.
Todo ese esfuerzo puede quedar reducido a nada, producto de la desleal competencia, en especial de los países europeos y de Nueva Zelanda por qué no decirlo y que pese a ingresar con un arancel de 20 por ciento a la nación mexicana es decir, más allá del veinte por ciento que les cuesta tienen un mínimo costo, y ello deja derechamente fuera del mercado a nuestros productos, que entran sin arancel y que, prácticamente, de subsidio no tienen nada.
Esto debe servirnos de experiencia y de voz de alarma a quienes conformamos la Comisión especial encargada de analizar los impactos de la asociación con la Unión Europea; de lo contrario, arriesgamos la continuidad de la agricultura tradicional, familiar y campesina, en especial la de las regiones Novena y Décima, que no serían capaces de soportar la competencia de productos que ingresen subsidiados a nuestro país.
Ésos son los detalles que deben preocuparnos, que hacen la diferencia entre el éxito de una asociación comercial o la entrega de la riqueza a terceros, lo que haré presente en el trabajo que debemos realizar en la Comisión que estudia el Tratado con la Unión Europea, y también respecto del que se concretará con Estados Unidos de América.
Afortunadamente, los planteamientos formulados en la Sala han sido entendidos por las autoridades ejecutivas superiores, y es así que, en las negociaciones del acuerdo con Estados Unidos de América, la Cancillería ha solicitado no diría que por vez primera, pero sí por insistencia de este diputado el concurso de técnicos y profesionales que trabajan en la industria láctea del sur de Chile, quienes están dando valiosas luces sobre los efectos de las decisiones que se tomen con el país del norte. Éste es un logro que quiero destacar.
En su oportunidad agradecí a los señores diputados que me acompañaron cuando intervine en la sesión en que la canciller dio cuenta del acuerdo suscrito con la Unión Europea. Recuerdo especialmente al diputado señor José Miguel Ortiz , quien también hizo uso de la palabra para adherir a la petición que hoy se ha cristalizado y nos está dando frutos relevantes en lo que se refiere al Tratado con Estados Unidos de América.
Solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores, con copia de mi intervención, a fin de darle a conocer que estamos felices de que se logre un efecto positivo para todo el país, pero que estamos alertas respecto de los tratados con estos gigantes de la producción láctea, sobre lo que le pedimos que nunca se deje de tener en cuenta que una parte, minoritaria pero importante, está sufriendo la incertidumbre del futuro de la región y de sus hijos.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los diputados de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional y de la UDI que así lo indican.
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde a Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Delmastro .
El señor DELMASTRO (de pie).-
Señor Presidente, hace diez años, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 17 de octubre como el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, con la finalidad de que ese día el mundo entero recordara que miles de millones de personas viven en condiciones de pobreza e indigencia.
En Chile nunca se ha conmemorado este día, no obstante que cada año celebramos un creciente número de días por los más diversos motivos, muchos de los cuales son totalmente ajenos a nuestras costumbres y tradiciones.
He querido dirigirme a la Sala desde este podio como un símbolo de recuerdo de los tres millones trescientos mil chilenos y chilenas que aún permanecen en estado de pobreza en nuestro país, para que sepan que no nos hemos olvidado de ellos y que tampoco los olvidaremos en el futuro.
Sin embargo, es necesario reflexionar sobre el significado de este día y cómo es percibido por nuestra sociedad y por las autoridades de todos los sectores en general.
El reconocimiento permanente de la existencia de la pobreza es una necesidad, en especial de una sociedad frívola, en la que fácilmente se olvidan las cosas que molestan y disturban la mente, prefiriéndose aquellas que son más livianas y que nos sacan de los problemas cotidianos.
Con frecuencia, la pobreza se usa como bandera de lucha política o como excusa para una infinidad de acciones, pero finalmente, en el curso de esas acciones, se pierde el norte y su objetivo final.
En las últimas semanas hemos tratado de crear conciencia en la comunidad nacional sobre la conmemoración de este día especial y la necesidad de que sirva para iniciar una campaña de reflexión sobre el tema.
Sin embargo, la respuesta ha sido prácticamente nula en todos los estamentos a los cuales se lo hemos señalado, desde la mayoría de los medios de comunicación hasta las autoridades, cuya misión y responsabilidad consiste justamente en combatir la pobreza en nuestro país. ¿Por qué esta actitud frente a un tema tan importante, que involucra a un sector muy grande de nuestro país y que requiere de una alta dosis de dedicación, imaginación y esfuerzo de todos, tanto de autoridades como de cada ciudadano, para resolverlo en forma definitiva?
Se ha dicho que el país tiene todos los medios y condiciones para solucionar el problema de la pobreza y que no lo hemos logrado por falta de voluntad, de decisión, pero, especialmente, a mi juicio, por falta de conciencia de su existencia y magnitud. ¡Hemos perdido la capacidad de asombro!
Los medios de comunicación simplemente están dedicados y preocupados de otras materias, que les signifiquen más venta y circulación. La pobreza, como siempre está ahí, presente, no causa escándalo ni revuelo y, por lo tanto, no tiene interés comercial.
En estos días hemos pasado por temas relacionados con Investigaciones, con la Fuerza Aérea de Chile, con Longueira, etcétera, que han ocupado todas las primeras páginas de los medios de comunicación, y ojalá que cuando esté agotado uno de estos temas, se produzca otro, para así mantener el nivel de ventas y posicionamiento del mercado.
La solicitud de promover en la población la conmemoración del Día de la Erradicación de la Pobreza no tuvo cabida en los medios de comunicación. Por lo tanto, pasará un año más antes de recordar durante un día completo que tenemos más de tres millones de pobres en nuestro país.
¿No sería bueno que un día al año, los medios de comunicación destinaran algún espacio que se refiriera a la pobreza, que dijera dónde está, cuántos y quiénes son los pobres de nuestro país? Mucha gente que vive todo el año casi ajena a la existencia de este mal y nunca se detiene a pensar en sus implicancias, podría reflexionar sobre cómo contribuir desde su posición social a resolver el problema.
Resulta más negativa e inexplicable la nula respuesta de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad el tema de la pobreza, a quienes también les solicitamos que hicieran suya la idea de comenzar a conmemorar este Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza en nuestro país. Simplemente, parece que la autoridad especializada tiene otras prioridades y preocupaciones, y esta materia sólo figura en la agenda para los discursos y el presupuesto fiscal anual.
En este día tan especial de la Erradicación de la Pobreza, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, de la cual Chile es miembro fundador, y como una forma de rendir homenaje a los tres millones trescientos mil chilenos que viven en estado de pobreza en el país y renovar nuestro compromiso de que ellos siempre serán la prioridad de toda acción o decisión que tomemos desde nuestra posición, anuncio que procuraremos difundir esta causa y crear más voluntad y conciencia en todos los sectores de nuestro país.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Muchas gracias, diputado Delmastro , por sus palabras y por traer a la Corporación el recuerdo de una iniciativa que parte en otras latitudes, con realidades diferentes, pero que, sin duda, tiene vigencia y valor en nuestro país.
REFLEXIÓN SOBRE LA LEY DE DIVORCIO.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma .
El señor PALMA.-
Señor Presidente, Chile es uno de los dos Estados del mundo, junto a Malta, que no tienen ley de divorcio. Esto no debe hacernos sentir orgullosos; al contrario, escondemos detrás de nulidades fraudulentas una realidad social indesmentible que ocasiona diversos y graves problemas.
Las parejas que se han unido en matrimonio ante la ley pueden fracasar y tienen el derecho a una salida legal con la voluntad de una de las partes, en forma digna y transparente, que dé solución a su problema y al de sus hijos, además de permitirles rehacer sus vidas en un marco legal.
Así también se soluciona el problema de más de la mitad de los niños que, en Chile, nacen fuera del matrimonio, de parejas estables, pero que no han podido regularizar su situación.
Todo este anacronismo legislativo disfrazado de falsas creencias para “reforzar” la familia, soporta y fomenta graves problemas de relación de pareja, violencia intrafamiliar, dificultades y discriminación, que principalmente afectan a la mujer, a los hijos y a las personas de escasos recursos, que no pueden pagar el costo de la tramitación de un juicio de nulidad. En Chile, todo esto comienza a diluirse definitivamente.
Las causales de divorcio se producen después de la celebración del matrimonio. Mal podrían las parejas optar por casarse renunciando a la posibilidad del divorcio. Es una aberración jurídica proponer esta alternativa; es como comprar remedios para una enfermedad que ni siquiera se sabe si se va a contraer. Sólo argumentos pobres sostienen esa posición.
Algunos tratan de revivir el matrimonio religioso e igualarlo al civil. Esto, además de extraño, es improcedente e inconstitucional, y ya se resolvió en el siglo XIX, al separar los problemas civiles, propios de las leyes y del Estado, de los problemas de fe, propios de las iglesias. En esto también se produce discriminación entre las diferentes iglesias, ya que de las dos mil iglesias evangélicas, por ejemplo, sólo cincuenta tienen carácter de corporación de derecho público, requisito que las autorizaría para validar sus matrimonios, según la indicación de la Democracia Cristiana y del senador Naranjo . Con esto, se está pasando a llevar a las iglesias evangélicas por volver a influencias políticas que le son ajenas por definición. Esto nada tiene que ver con la fe ni está contra Dios.
Chile es un Estado laico; pero algunos olvidan algo tan evidente e importante: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.
Además, un sector católico no puede imponer su postura a los otros. Si los católicos no desean divorcio, sin duda es su derecho y pueden optar por contraer matrimonio religioso, además del civil, y no divorciarse. Es su opción. El Estado no se mete en los problema religiosos; pero tampoco las iglesias deben imponer al Estado sus posiciones, que pueden predicar en el libre ejercicio democrático, con respeto, sin la presión indebida de su peso político. Repito: no es un problema de fe ni de Cristo. Nadie está en contra de Dios.
Además, hay posiciones diferentes entre las distintas iglesias, y en ellas mismas a través de la historia. Es errado pensar que por no existir ley de divorcio las parejas dejarán de separarse. La separación obedece a sus propias causas y, al no existir ley, recurren a nulidades fraudulentas.
La ley de divorcio no va contra la familia; sólo legaliza la formación de otra pareja, la que existe independientemente de si hay o no ley. En realidad, las rupturas matrimoniales no son consecuencia de la ley de divorcio. La ruptura de una pareja es una enfermedad social, y la ley de divorcio, su tratamiento.
Chile puede hoy estar más tranquilo: nos acercamos cada día más a la solución de un grave problema pendiente en nuestra sociedad.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Muchas gracias, diputado señor Osvaldo Palma , por sus palabras y su reflexión.
Por haber cumplido su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.18 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe de la Delegación de diputados que participó en la tercera reunión del Diálogo Interparlamentario Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile, efectuada en Estrasburgo, Francia, entre el 25 y el 26 de septiembre de 2002.
“Honorable Cámara:
Entre el 25 y el 26 de septiembre de 2002, se efectuó en la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia, la Tercera Reunión del Diálogo Interparlamentario entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile, convenido por los Gobiernos de los quince países miembros de las Comunidades Europeas y el de Chile, más el Representante de la Comunidad Europea, en el Acuerdo Marco de Cooperación entre Chile y las Comunidades Europeas, firmado en Florencia, Italia, en 1986, y solemnemente instituido el 1 de junio de 1998, en Santiago, Chile, durante la visita que efectuó al país el Presidente del Parlamento Europeo, el honorable eurodiputado José María Gil Robles.
Para tal efecto, la Presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de América del Sur y Mercosur, honorable eurodiputada Ana Miranda de Lage, y los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados, de Chile, honorable Senador Jaime Gazmuri Mujica y honorable diputado Edgardo Riveros Marín, respectivamente, suscribieron la “Declaración de Institucionalización del Diálogo Interparlamentario Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile”, en la que se acordó efectuar reuniones regulares, anuales y alternadas, de Delegaciones de ambos Parlamentos, tanto en la Unión Europea como en Chile, con el objeto principal, entre otros, de apoyar las negociaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno de Chile para establecer una Asociación política y económica entre la Comunidad Europea, sus Estados miembros y Chile.
Como es sabido dichas negociaciones han concluido exitosamente, como lo anunciaron en declaración oficial, formulada el 17 de mayo pasado, en Madrid, por el Presidente del Consejo Europeo, D. José María Aznar; el Presidente de Chile, D. Ricardo Lagos Escobar, y el Presidente de la Comisión Europea, D. Romano Prodi, en el curso de la Segunda Cumbre entre la Unión Europea y los Países de América Latina y el Caribe.
Desde su institucionalización, el Diálogo Parlamentario entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile ha efectuado tres reuniones. La primera, en Bruselas, Bélgica, en enero de 1999; la segunda, en Valparaíso, en noviembre de 2001, y la tercera es la que motiva este informe, en el cual se proporcionan antecedentes sobre la composición de las Delegaciones, el lugar y agenda de trabajo; la importancia de la Unión Europea; el rol del Parlamento Europeo en la institucionalidad de la Unión; lo sustancial del debate registrado en las reuniones celebradas por las Delegaciones, y la Declaración Parlamentaria de Estrasburgo.
A)COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES, LUGAR DE TRABAJO Y AGENDA DE LA TERCERA REUNIÓN.
El Parlamento Europeo estuvo representado por su Delegación para las Relaciones con los Países de Sudamérica y Mercosur, presidida por el honorable eurodiputado Rolf Linkohr, e integrada por los honorables eurodiputados Pedro Marset Campos, primer vicepresidente; Fernando Fernández Martín, segundo vicepresidente; KarlHeinz Florenz; CarlesAlfred Gasoliba i Böhm; MarieHeléne Gillic; Werner Langen; Patricia Mac Kenna; Manuel Medina; José Ignacio Salafranca SánchezNeyra; Mariecke SandersTen Holte, y Giácomo Santini.
El Congreso Nacional de Chile estuvo representado por una Delegación integrada por el honorable senador Gabriel Valdés Subercaseaux, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; el honorable diputado Jorge Tarud Daccarett, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados; los honorables senadores Nelson Ávila Contreras; Jaime Gazmuri Mujica; Sergio Romero Pizarro, y Adolfo Zaldívar Larraín; y los honorables diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Roberto Delmastro Naso, Julio Dittborn Cordua, Fernando Meza Moncada, Iván Moreira Barros y Edgardo Riveros Marín.
Actuó como Secretario de la Delegación el Abogado Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Federico Vallejos de la Barra.
Las reuniones de trabajo se desarrollaron en la Sala Low del Edificio Louise Weiss, sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, precedidas de una reunión de la Delegación Parlamentaria chilena, efectuada el 24 de septiembre, con la participación del embajador de Chile ante la Unión Europea, señor Alberto Van Klaveren, cuyo objeto fue coordinar posiciones de los parlamentarios chilenos frente a los temas de la agenda, entre los cuales se contemplaban los siguientes:
1.Las relaciones de la Unión Europea y Chile, particularmente el análisis del Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación entre la Unión Europea y Chile, balance y perspectivas. Discusión especial de los asuntos relacionados con la agricultura, pesca y dumping.
2.La situación política y económica en Chile y en la Unión Europea. Análisis de la ampliación de la Unión Europea, su moneda única y su reforma institucional, y
3.La situación internacional actual, con especial interés en el terrorismo, la emigración, la crisis financiera en América Latina, los derechos humanos y el Tribunal Penal Internacional.
B)LA IMPORTANCIA DE LA UNIÓN EUROPEA.
La Unión Europea es la organización internacional creada tras la Segunda Guerra Mundial, a partir del 9 de mayo de 1950, cuando Francia propuso crear “el primer cimiento concreto para una federación europea”, idea acogida por Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos; posteriormente, en 1973, se incorporan Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido; en 1981, lo hace Grecia; en 1986, España y Portugal, y en 1995: Austria, Finlandia y Suecia. Hoy la Unión Europea prepara la adhesión de otros 13 Estados de Europa Oriental y del Sur.
La Unión Europea no es un nuevo Estado que reemplace a los existentes ni es comparable a las organizaciones internacionales intergubernamentales clásicas, ya que en ella, sus Estados miembros delegan parte de su soberanía en las instituciones intergubernamentales que representan los intereses comunitarios, los nacionales y los de los ciudadanos.
Sus objetivos principales son:
1.Instituir una ciudadanía europea, con pleno respeto de los derechos humanos, libre circulación de las personas, y libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos;
2.Fomentar el progreso económico y social de los pueblos de sus Estados miembros, mediante el establecimiento de un mercado único; la circulación de una moneda común; la creación de empleos; el desarrollo regional y la protección del medio ambiente, y
3.Afirmar el papel de Europa en el mundo, para lo cual sus Estados miembros han adoptado políticas comunes en los ámbitos de la seguridad exterior y de las relaciones internacionales.
Para Chile, la Unión Europea no sólo tiene importancia por los vínculos históricos, culturales y espirituales que nos unen a sus pueblos, sino que es nuestro primer socio comercial; el primer mercado para las exportaciones chilenas, la primera fuente de las inversiones extranjeras en el país y el principal origen de la cooperación internacional.
De acuerdo con antecedentes publicados por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la población de sus 15 Estados miembros significará para Chile acceder a un mercado de 370 millones de potenciales compradores que llevarán a sus mesas manzanas, uvas, espárragos, vinos, productos de la agroindustria, cordero magallánico y las manufacturas que nuestro país es capaz de exportar.
En el año 2001, el comercio entre Chile y la Unión Europea sumó US$ 7.658 millones, de los cuales US$ 4.594 millones correspondieron a exportaciones chilenas. Es el caso de las inversiones, entre 1974 y el 2001, los Estados miembros de la Unión Europea invirtieron US$ 17.629 millones, donde España, Reino Unido, Italia y Holanda figuraron con importantes negocios en los sectores eléctrico, agua, gas, servicios, transportes y telecomunicaciones.
Lo señalado explica que el debate parlamentario registrado en el curso de la Reunión de Estrasburgo se haya centrado en los alcances del Acuerdo de Asociación Política, Económica y Cooperación ya negociado y próximo a ser suscrito, formalmente, entre Chile y la Unión Europea una vez que se concluya el proceso de traducción de su texto a los idiomas oficiales de la Unión.
C)EL ROL DEL PARLAMENTO EUROPEO EN LA INSTITUCIONALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA.
En el sistema institucional de la Unión Europea, único en el mundo, el Parlamento Europeo, presidido por el honorable eurodiputado Pat Cox e integrado por 626 eurodiputados, elegidos cada cinco años, por los 374 millones de ciudadanos de los 15 Estados miembros de la Unión, en votación universal directa, cumple funciones esenciales para la marcha de la organización. Por una parte, comparte con el Consejo la función legislativa y presupuestaria, es decir, la aprobación de las leyes europeas; efectúa un control democrático sobre la Comisión, el órgano ejecutivo de la Unión; aprueba la designación de los miembros de ésta; dispone de facultad para censurarla, y ejerce el control político sobre el conjunto de las instituciones de la Unión.
En él están representadas las grandes tendencias políticas de los países miembros, reunidas en las formaciones políticas paneuropeas siguientes:
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y Demócratas Europeos (PPEDE): 232 eurodiputados, presidido por el honorable eurodiputado HansGert Poltering;
Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (PSE): 179 eurodiputados, presidido por el honorable eurodiputado Enrique Barón Crespo;
Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y reformistas (Eldr): 53 eurodiputados, presidido por el honorable eurodiputado Graham Watson;
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Verts/ALE): 45 eurodiputados, presidido por los honorables eurodiputados Daniel Cohn Bendit y Mónica Frossoni;
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: 44 eurodiputados, presidido por el honorable eurodiputado Francis Wurtz;
Grupo Unión por la Europa de las Naciones (UEN): 22 eurodiputados, presidido por el honorable eurodiputado Charles Pasqua, y
Grupo por la Europa de las Democracia y las Diferencias (EDD): 18 eurodiputados, presidido por los honorables eurodiputados JensPeter Bonde, Jean Saint Josse y Hans Blokland.
La organización de estos Grupo políticos es considerada, en el marco de la institucionalidad de la Unión, como un “importante factor para la integración en la Unión”, ya que “contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión.”. Cada grupo político cuenta con un presidente, una junta directiva y una secretaría.
Los Grupos examinan los informes de las comisiones parlamentarias en función de su orientación política y pueden presentar enmiendas. También desempeñan un papel importante en la elección de los temas de actualidad inscritos en el orden del día de la sesión.
En el Parlamento Europeo existen 17 comisiones Permanentes:
De Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa;
De Presupuestos;
De Control Presupuestario;
De Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores;
De Asuntos Económicos y Monetarios;
De Asuntos Jurídicos y Mercado Interior;
De Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía;
De empleo y Asuntos Sociales;
De Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor;
De Agricultura y Desarrollo Rural;
De Pesca;
De Política Regional, Transporte y Turismo;
De Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte;
De Desarrollo y Cooperación;
De Asuntos Constitucionales;
De Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, y
De Peticiones.
Por último, el Parlamento Europeo ha establecido en su organización interna las “Delegaciones Interparlamentarias”, encargadas de mantener las relaciones con los Parlamentos de terceros países. Una de ellas, la “Delegación para las Relaciones con los Países de Sudamérica y Mercosur”, es la que se ocupa, precisamente, de las relaciones con el Congreso Nacional de Chile. Por lo anterior, su Presidente, honorable eurodiputado Rolf Linkor, asumió la dirección de los trabajos de la Tercera Reunión del diálogo Interparlamentario Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile.
D)LO SUSTANCIAL DEL DEBATE REGISTRADO EN LAS REUNIONES DE ESTRASBURGO.
Previamente a la reunión general del Diálogo Interparlamentario, la Delegación fue recibida por el Presidente del Parlamento Europeo, honorable Pat Cox; por el Plenario del Parlamento Europeo, y celebró encuentros especiales con los siguientes señores eurodiputados:
1.Encuentro con el honorable eurodiputado Carlos Westendorp, Presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía.
En su exposición el honorable eurodiputado Westendorp señaló, en primer lugar, que la Unión Europea se encuentra en pleno proceso de ampliación, de 15 a 25 miembros, lo que significará no sólo un cambio cuantitativo sino cualitativo importante en la toma de decisiones que deberá ser resuelto en la Convención que se celebrará con participación de representantes de los Gobiernos y del Parlamento.
Destacó que se vive una época complicada por efecto de la globalización que ha traído problemas comunes en todo el mundo Los ciudadanos viven una época de zozobra e inseguridad, no sólo en la calle, sino también en el trabajo; de incertidumbre acerca de lo que será su jubilación. En este contexto, Alemania, el país más desarrollado de la región, se enfrenta, además, al problema del terrorismo.
Informó que su Comisión tiene amplias competencias colegisladoras con el Consejo de Ministros en materia de telecomunicaciones, con el fin de lograr un mercado único; lo mismo que en los ámbitos de la investigación y la cooperación para el desarrollo. No lo es tanto en comercio exterior, ya que en el Parlamento Europeo se aplica una suerte de fast track, que permite que e honorable Pascal Lami disponga de un amplio mandato para negociar tratados bilaterales y multilaterales, respecto de los cuales el Parlamento tiene un derecho de veto al final de proceso si considera que lo convenido es lesivo para los países europeos.
Precisa que el Parlamento Europeo ha seguido todas las negociaciones comerciales con Chile, las que se han ajustado a los principios de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A propósito, señaló que se trabaja, conjuntamente con la Unión Interparlamentaria, para que en la OMC se establezca un foro parlamentario que permita canalizar las opiniones de los pueblos.
El honorable senador Valdés, don Gabriel (Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores) celebró la finalización de las negociaciones con Chile, lo que, en principio, hubiera sido bueno haberlas hecho en el marco de las que se llevan a cabo con el Mercosur, lo que no fue posible debido al mayor avance alcanzado por nuestro país en la liberalización de su economía. Hizo notar que en estas materias, Chile está en consonancia con la OMC. Agregó que todos los partidos políticos chilenos están de acuerdo con este tratado de asociación ya que más del 50% del producto nacional proviene de las exportaciones, para las cuales el mercado europeo es un destino importante, a lo que se agregan los valores comunes a ambos pueblos.
Informó que en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se han empezado a estudiar el Acuerdo de Asociación, advirtiendo desde ya que hay interés en que sea ratificado, a la brevedad, para que puedan tener pronta vigencia los aspectos que entrarán en vigor provisorio a la espera de la aprobación que deberán darle los Estados miembros de la Unión.
Manifestó pleno acuerdo con la participación parlamentaria en los debates de la OMC, ya que ello legitimaría su acción, complementa los acuerdos y da respetabilidad a las normas que se convengan. Sostuvo que las instituciones parlamentarias tradicionales centran la consideración de los problemas en sus alcances nacionales y que es necesario incorporarlos a lo internacional, como se busca en la región a través del Parlamento Latinoamericano y el Mercosur sin olvidar lo que se ha hecho en Aladi y Alalc.
Reconoció que todo no es fácil en un mundo globalizado, por ello el Acuerdo entre Chile y la Unión Europea es importante y la participación del Parlamento Europeo la valoriza ampliamente.
El honorable eurodiputado Westendorp respondió que el Acuerdo con Chile requiere convencer a la maquinaria del Parlamento Europeo y de las Comunidades Europeas, ya que hay temas y defensa de sectores productivos como la agricultura, que no han hecho fácil llegar a un acuerdo con el Mercosur. Indicó que poco a poco el Acuerdo con Chile abre posibilidades de cooperación, en la línea de Zoellick, ya que los acuerdos regionales pueden ser una base a la espera de acuerdos multilaterales. Sostuvo que es posible otorgar asistencia técnica comercial para la venta de productos; en materia de propiedad intelectual, para la producción de medicinas más baratas y salud en un mundo más equilibrado.
El honorable senador Gazmuri hizo notar que en lo comercial la relación con Europa es ventajosa para el país, no obstante que hay aspectos que la dificultan, como el agrícola. Consultó acerca de las posibilidades que se abren con el Acuerdo en materias de transferencia de tecnología y cooperación para el desarrollo.
El honorable eurodiputado Westendorp informó que en el séptimo programa de cooperación hay un capítulo especial referido a países con los cuales la Unión Europea tiene acuerdos especiales, como es el caso de Chile. Recuerda, como ejemplo, que en Chile hay una sede de la Organización para la Observación Astronómica en el Hemisferio Sur (ESO), mediante la cual se intensificará la cooperación, especialmente en la formación de astrónomos chilenos. Agregó que hay muchos aspectos en los cuales el programa podría apoyar la cooperación bilateral.
El honorable eurodiputado Salafranca, respondiendo a una consulta del honorable senador Valdés, señala que la cooperación técnica y científica financia proyectos con aportes mixtos, en los que se busca incorporar valor agregado europeo. De este modo, la cooperación europea es complementaria al esfuerzo nacional.
El señor embajador Van Klaveren recordó que en ese contexto, Chile ha firmado muy recientemente un Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica con la Unión Europea.
2.Encuentro con el honorable eurodiputado Alejo VidalQuadras Roca, Vicepresidente del Parlamento Europeo.
El honorable eurodiputado VidalQuadras Roca empezó por recordar el momento solemne de la ceremonia en la que el Presidente Aznar, el Presidente Lagos y el honorable Romano Prodi anunciaron el término de las negociaciones; la que mostró cómo en una región, tan castigada por los problemas económicos y sociales, hay un país inmune como Chile, que puede desarrollarse, siendo un ejemplo regional y aun mundial. Chile es un faro en la oscuridad, señaló.
Estamos viviendo una crisis regional, dijo, que repercute en Europa, como en España, donde la crisis argentina ha provocado graves problemas a empresas españolas. Anuncia que se harán los esfuerzos posibles para ayudar en la emergencia.
Anunció que seguirán con atención el proceso de ratificación, que será un trámite largo, pero hay partes que pueden permitir que el tratado empiece a regir y producir frutos inmediatos.
El honorable senador Valdés agradeció el interés de los honorables eurodiputados en aprobar rápidamente este Acuerdo, que tiene un enorme significado comercial, especialmente en el momento que se vive en la Región. Afirmó que Chile necesita cooperación, especialmente para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa (pymes), con tecnologías apropiadas para un país chico como el nuestro. Hizo notar que Chile ha aumentado sus gastos en ciencia; que la administración del Estado es correcta, con índices de corrupción muy bajos; se hacen esfuerzos por modernizar el Estado; aspectos en los que el tratado tiene un significado muy grande. Recordó, además, que Chile no ha podido incorporarse al Mercosur por el estado de avance en que se encuentra nuestra economía en su proceso de liberalización.
El honorable eurodiputado VidalQuadras Roca hizo ver que la visión del mundo que se tiene en la Unión Europea no es hegemónica. Reconoció, a propósito del acuerdo de libre comercio que se negocia con los Estados Unidos de América, que la economía chilena se encuentra en un círculo virtuoso que señala una senda muy acertada. Sostuvo, además, que la democratización de la OMC contribuirá a sus logros y terminará con la opacidad de sus decisiones. Indicó que los eurodiputados españoles no sólo son amigos de Chile, sino que se consideran sus delegados, destacando que el 80% del trabajo parlamentario del honorable
Salafranca, por ejemplo, está dedicado a Hispanoamérica.
El honorable senador Romero destacó la importancia que puede tener para la Región la incorporación de España a la Unión Europea, ya que debiera contribuir a dar eficacia no sólo comercial al Acuerdo alcanzado, sino que favorecerá el desafío político que él significa para Chile. Además, planteó cómo se puede en materias de medio ambiente lograr los propósitos del Protocolo de Kioto, para desarrollar energías no contaminantes o cómo conciliar sus exigencias con un país como Chile que tiene un grado medio de desarrollo.
El honorable diputado Riveros recordó los 50 años de la Comunidad Europea del Acero y el Carbón (CECA) y la experiencia europea en el uso de la energía nuclear y expresó su interés en saber cuál ha sido la experiencia europea en la celebración de acuerdos con terceros países, especialmente en el contexto de su seguridad y, específicamente, en sus alcances sociales.
El honorable eurodiputado VidalQuadras Roca respondió que la incorporación de España a las Comunidades Europeas representó un salto notable con grandes sacrificios agrícolas, esfuerzos de reconversión industrial y consecuencias sociales de gravedad. Sin embargo, en 17 años, el avance es abrumadoramente positivo. El crecimiento de la renta per cápita y otros beneficios son extraordinarios. Para ello fue necesario flexibilizar la estructura económica en búsqueda de la competitividad.
3.El encuentro con el eurodiputado José Ignacio Salafranca, Vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo.
El honorable eurodiputado Salafranca señaló que el Acuerdo con Chile es de los más avanzados que la Unión Europea ha celebrado con terceros países no candidatos a integrar la Unión, definido como acuerdo de cuarta generación. En los de tercera generación se contemplaba la cláusula democrática, a éstos de cuarta generación se incorporan reglas sobre solución de diferencias que van más allá de las previstas en el marco de la OMC.
El honorable diputado Tarud, don Jorge, expresó agradecimientos por el interés de los honorables eurodiputados en la pronta aprobación del Acuerdo con Chile, y, especialmente, por los temas de la relación bilateral. Agregó su interés por conocer la opinión de los eurodiputados sobre la situación en Irak.
El honorable eurodiputado Salafranca señaló que la Unión Europea apoya agotar las instancias internacionales en las Naciones Unidas, asegurando que la guerra sea el último recurso. Reconoció que la situación es preocupante, especialmente después de que el Jefe de los Inspectores de la ONU declarara que las afirmaciones de los Estados Unidos sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak son falsas. Sostuvo que no es positivo que Estados Unidos tome decisiones unilaterales en este conflicto, y recalcó que el Presidente Aznar ha demandado la intervención de la ONU.
4.El encuentro con el eurodiputado Enrique Barón Crespo, Presidente de Partido Socialista Europeo.
El honorable eurodiputado Barón Crespo planteó su interés en la situación actual del Mercosur, respecto de la cual se debe hacer un seguimiento sin olvidar la relación histórica que ha existido entre Europa y la Región, con la cual no sólo existen lazos comerciales y de asociación como el que se celebrará con Chile.
Se preguntó sobre las posibilidades de coordinar posiciones en el Fondo Monetario Internacional, atendiendo a que los países de la Unión Europea tienen el 30% del poder de decisión en el FMI; en cambio, los Estados Unidos, que tienen sólo el 17% mandan más.
El honorable senador Gazmuri señaló que es posible que la Unión Europea tenga una política hacia América Latina que vaya más allá de lo comercial.
Agregó que no es lo mismo la crisis de económica brasileña comparada con la argentina. La primera, es sólo comercial; en cambio, la segunda, es económica, social y política. Sostuvo que la Unión Europea debe apoyar a la Región en el seno del FMI.
El honorable diputado Dittborn destacó que efectivamente Chile y la Unión Europea abren un camino lleno de oportunidades con el Acuerdo negociado. Puso de relieve la importancia de las políticas de comercio exterior en un país como Chile y la conveniencia de mejorar la Administración Pública y el rol del sector privado en la economía.
El honorable senador Valdés señaló que se busca aumentar nuestras exportaciones, elevar su nivel en cantidad y calidad, de manera de no seguir exportando siempre de lo mismo. Para ello, se necesita el apoyo de la Unión Europea para que demos un salto significativo en el mercado internacional, en el cual Chile ha puesto su confianza. Es necesario encontrar formas de vender más.
El honorable senador Ávila afirmó que el buen camino es que sigue un objetivo prefijado. Para ello es necesario preguntarse hacia dónde vamos. Sostuvo que no debemos dejarnos envolver por los signos de una globalización neoliberal, que genera restricciones a la libre circulación de bienes y servicios. Lo mismo que respecto de las personas. Importante es saber qué representa de estimulante para países como los nuestros que necesitan intercambios con todos los países. Se muestra partidario de una mayor influencia de la Unión Europea en el FMI.
El diputado señor Meza recordó su experiencia en Getafe, durante los años de su ejercicio profesional en España. Sostuvo que es necesaria una mayor cooperación de la Unión Europea y de España, más allá de lo económico. Admitió que el Acuerdo con chile genera posibilidades para Chile, especialmente para el turismo. Recordó la experiencia española en este ámbito y postuló que ella podría ser aprovechada en Chile, para hacer de nuestro país un país de turismo.
El honorable eurodiputado Barón Crespo sostuvo que el problema del salmón no es sólo con Chile sino también con Noruega, Irlanda y España. Respecto de la globalización declaró estar de acuerdo en que hay limitaciones fundamentales en lo financiero y en lo comercial. Afirmó que el turismo es el petróleo para España. Recordó que en el Gobierno español ejerció la Cartera de Turismo, donde pudo observar que es un sector de la economía con gran desarrollo tecnológico, vinculado, especialmente, al transporte.
5.Lo sustancial del debate registrado en la reunión general del Diálogo Interparlamentario de Estrasburgo.
Presidió la reunión general, el honorable eurodiputado Rolf Linkohr, Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para los Países de América del Sur y Mercosur.
Al inicio de la reunión, el honorable señor Linkohr destacó que la celebración de esta Tercera Reunión del Diálogo Interparlamentario Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile cobra especial importancia por la creación, en el Acuerdo de Asociación Política, Económica y Comercial, de la Comisión Parlamentaria de Asociación, para que sirva de foro, en el que los miembros de ambos parlamentos podrán intercambiar puntos de vista con facultades para requerir y recibir de los Gobiernos de los Países Parte informaciones concernientes a la aplicación del Acuerdo y con poder de adoptar recomendaciones, en términos que no tienen precedente en otros acuerdos celebrados por la Unión Europea con terceros países.
Agregó, por otra parte, que la Reunión se efectúa en un momento en el que la Unión Europea está próxima a ampliarse en 10 países, y, posteriormente, a otros más pequeños, lo que le traerá dificultades de funcionamiento, principalmente, por la aplicación de la regla de la unanimidad, ya que con 25 Estados miembros, ella será muy difícil alcanzarla. Por tal motivo, sostiene que deberá adoptarse la regla de la mayoría, con las consiguientes cesiones de soberanía de los Estados miembros a los órganos de la Unión. También se caracteriza este momento, por el surgimiento de nuevos problemas en Europa, tales como el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas.
El honorable diputado Tarud celebró esta reunión con parlamentarios europeos por el ejemplo que han sabido mostrar al mundo, al dejar atrás los problemas del pasado, dando un gran paso en la historia. Destacó que en nuestro país se valora, enormemente, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en especial, el establecimiento de la Comisión Parlamentaria de Asociación, destinada a servir de instancia de discusión de los problemas que nos afectan a todos.
El honorable eurodiputado Salafranca hizo notar que el Parlamento Europeo manifestó, en su oportunidad, su inquietud por la lentitud con que se ha celebrado el Acuerdo, a él se le dará pronta aprobación una vez que sea sancionado por el Consejo. Señaló que estamos en presencia de un acuerdo de cuarta generación plus, estos es, más amplio que su precedente, el Acuerdo con México, el que, desde su vigencia, ha producido un 30% de incremento en la relación bilateral. En el caso de Chile se esperan efectos más ambiciosos, porque para el 90% del comercio bilateral entrará en vigor muy pronto. Por ejemplo, el trato nacional supone el trato más abierto otorgado por Chile. Recordó que la Unión Europea es uno de los primeros inversores en Chile. Destacó que éste es un Acuerdo que supone una apertura de la economía. Finalmente, felicitó a los negociadores por el Acuerdo logrado y el potencial que él ofrece al desarrollo de los intercambios entre la Unión Europea y Chile.
El señor Hernández, señaló en representación de la Comisión que la relación de la Unión Europea se refuerza a partir de la década de los 90, y evocó, especialmente, el papel que ha desempeñado en la celebración del Acuerdo el honorable comisario Pascal Lami, gracias a quien la Comisión ha podido encontrar mucha comprensión durante las negociaciones. El Acuerdo, señaló, es un esfuerzo en favor del comercio. Esta es la clave del éxito de un Acuerdo de cuarta generación que descansa en tres principios básicos:
1ºDemocracia y respeto de los derechos humanos;
2ºDesarrollo sostenido como centro del desarrollo, y
3ºBuena administración, no sólo de gestión sino en la forma de hacer política.
Sostuvo que con este acuerdo se logra una suerte de up grade en la relación, ya que de un esquema de cooperación se pasa a uno de asociación; de zona de libre comercio, se pasa a ser socio. Este nuevo estatuto le permitirá a Chile tener acceso a todos los programas comunitarios. Es una vía que se abre al máximo en beneficio del país socio. Es un potencial que dependerá del sector productivo.
Respecto del problema de la pesca, señala que este acuerdo no es un acuerdo de pesca, sino un acuerdo comercial sobre pesca, que abrirá opciones de inversiones conjuntas para explotar la pesca que sea posible.
El señor Olivier, en representación de la Comisión, señaló que la Unión Europea ha sido muy activa en el campo multilateral para impulsar relaciones dentro del Gatt, en forma compatible con los principios de la OMC. Se manifestó orgulloso del Acuerdo logrado con Chile, ya que estamos en presencia de un acuerdo de amplio alcance. Es un acuerdo OMC plus, ya que se incluye la regulación de servicios y medidas paralelas para quien debe cumplir las reglas de la OMC. Este es un acuerdo de liberalización progresiva para el desarrollo sostenido, con los períodos transitorios necesarios. Anunció que la firma del Acuerdo debiera producirse el 11 de noviembre de 2002; que la normativa relativa a política comercial entrará en vigor una vez sancionado el Acuerdo por el Parlamento Europeo, y que el resto de las materias podrán serlo en 2004, una vez ratificado por los Estados miembros.
El honorable diputado Riveros destacó que lo primero que se debe tener presente es que esta Reunión del Diálogo Parlamentario Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile es la primera que se celebra con el Acuerdo ya negociado. En Bruselas, la reunión fue de expectativas; hoy estamos en presencia de realidades. Luego, está el rol que corresponde a cada uno, ante esta sociedad que se ha convenido.
En primer lugar, planteó cuál es el sentido de la cláusula democrática, como mecanismo de prevención, si no se entiende que las democracias tienen elementos de riesgos que en nuestros países se vinculan con graves problemas sociales. En esto, hay que valorar los acuerdos que consagran una alianza estratégica, en este caso, expresada en la Comisión Parlamentaria de Asociación. Ella otorga a los Parlamentos un rol de fiscalización central en la aplicación del Acuerdo, lo que se debe tener presente. Esta función en los regímenes parlamentarios, como los europeos, existe ya una experiencia adquirida; en cambio, en los países presidencialistas, como los nuestros, se requiere una adaptación de las instituciones.
En seguida, se refirió a los efectos de pasar de la cooperación a la asociación. Sostuvo que debe analizarse cómo toca esto a los parlamentarios. En este contexto, a propósito del rol de fiscalización y de seguimiento, se echa de menos que no se haga referencia en la solución de controversias a un procedimiento de acuerdo en el cual los Parlamentos puedan jugar un rol.
El honorable eurodiputado Gasoliba manifestó que el Grupo Liberal expresaba, por su intermedio, su satisfacción por la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Chile; además, por fortalecerse la relación en un momento a propósito de la situación en América Latina.
El honorable diputado Delmastro señaló que este tratado de libre comercio por celebrarse con la Unión Europea, entre los suscritos por Chile, es el primero que implica aspectos de simple alcance comercial, lo que resalta como una de sus fortalezas; pero sostiene que es conveniente referirse también a sus debilidades. En este aspecto se plantea la interrogante de qué pasará con la cooperación tecnológica cuando se incorporen a la Unión Europea los países actualmente candidatos, en proceso de admisión, los que llegarán con nuevas aspiraciones respecto del tratado otorgado a terceros países.
Por otra parte, el tema agrícola preocupa a los diputados de su Región por los subsidios de la Unión Europea a sus agricultores, que en el año 2003 ascenderán a 43 mil millones de dólares. Señaló que este asunto preocupa a países como el nuestro cuando los agricultores deben competir con precios subsidiados bajo el costo. En este caso, pareciera que se trataría de una competencia de los agricultores chilenos con los Bancos Centrales de Europa.
La honorable eurodiputada Mac Kenna lamentó que la Comisión no le haya entregado un informe sobre la evaluación de la pérdida en puestos de trabajo que tendrá para los chilenos la aplicación de este Acuerdo.
Por otra parte, hizo notar que en la delegación chilena no hay representación femenina. También se refirió a que en el Acuerdo hay un Protocolo sobre pesca, el que deberán estudiar para determinar cuáles serán las áreas más sensibles para Chile que podrían verse afectadas con este Protocolo. Cree que su aplicación no debería conducir a una sobreexplotación de las riquezas de Chile.
En la Unión Europea hay tendencia a ocultar sus problemas. Aquí, observó, tenemos escasez y, por ello, nos vamos a otros lugares. Cree que finalmente se debe resguardar los recursos de pesca chilenos. Reconoció que nuestro país tiene derecho a enviar el agotamiento de sus recursos. Afirmó que se está próximo a aprobar un Acuerdo cuyas consecuencias no se han estudiado y que puede producir graves consecuencias al país.
El honorable diputado Meza expresó que este tratado entre Chile y la Unión Europea le llena de jolgorio y esperanza. Reconoció que exige un compromiso más allá de lo que se puede haber soñado. Sostuvo, además, que cabe preguntarse cómo beneficia el Acuerdo a los agricultores chilenos, atendiendo a los períodos de desgravación, y no obstante que para la fruta chilena ella es de un 100%. Hizo ver que hay dos aspectos que preocupan a los agricultores chilenos: primero, cómo se cumple con la cuota de 70 mil cabezas de novillos que se podrán exportar al mercado europeo, en circunstancias de que actualmente se faenan 450, cómo podrá cubrirse la cuota asignada? La otra cuestión se relaciona con las posibilidades del sector lácteo de cubrir las 1.500 toneladas que se contemplan para la exportación de quesos y otros productos lácteos, que Chile nunca los ha exportado. Qué posibilidades tendrán miles y miles de pequeños productores chilenos para ampliar sus exportaciones. Tendremos que pedir al Gobierno subsidios a la agricultura para poder competir con la Unión Europea.
El honorable eurodiputado Marset Campos destacó las potencialidades del Acuerdo. Manifestó su preocupación por crisis que pasan de un país a otro. Sostuvo que es la globalización neoliberal la que debilita la estructura de muchos países. Se produce más cesantía y, por ende, menos ingresos para los trabajadores. Afirmó por otra parte, que cuando entren los nuevos socios éstos deberán aceptar las obligaciones contraídas anteriormente por la Unión Europea.
Respecto de los productos agrícolas, afirmó que son muy sensibles a los ataques que se hacen a la política agraria común. Por otra parte, señaló que la protección arancelaria y la restitución a exportaciones no entran en competencia con la inmensa cantidad de productos que entra a la Unión Europea. Tratándose de los precios al café y el azúcar, sostuvo que ellos son fijados por las multinacionales, ajenas a la Unión Europea. En principio, no ve como algo incompatible la política agraria común con el acuerdo de asociación con Chile. Este es un acuerdo de cooperación.
El honorable senador Zaldívar manifestó su alegría de participar en un debate que puede darle un marco a la nueva realidad. Sostuvo que el análisis debe hacerse con todas las piezas del ajedrez en el tablero y no limitarse a la jugada final, para llegar a una visión clara del conjunto. Lo importante es ver cómo el Acuerdo puede servir de apoyo al desarrollo de Chile, de manera que de país productor de materias primas pueda pasar a un escenario superior. Debe reconocerse que cuando se invierte en Chile es para producir materias primas, sin fundición. No se invierte en refinerías porque éstas están en Europa, Estados Unidos o Japón.
Recordó, como ejemplo, uno de los grandes esfuerzos empresariales de Chile: la industria del salmón, que ahora que ha alcanzado niveles competitivos en el mercado, debe enfrentar acusaciones de dumping, desconociéndose que para esta producción el país tiene todos los recursos naturales a su alcance para su cultivo, como ocurre con sus excepcionales aguas. Afirmó que lo importante es tener claro cómo se abren los mercados. Chile demanda que se juegue limpio para seguridad de sus productores; de otro modo, el país puede seguir condenado a exportar materias primas.
El honorable eurodiputado Linkohr señaló que en el siglo 19, en Europa, ocurrió lo mismo. El valor agregado se puede lograr de muchas maneras. Para ello será útil la cooperación técnica y científica.
El honorable senador Romero, a propósito del debate abierto por la honorable eurodiputada Mac Kenna, señaló que el texto del Acuerdo no está bien redactado, en lo que se refiere a 35 productos que la Unión Europea permite importar, pudiendo otorgar la cuota al país exportador o al importador. La cuestión que se plantea es saber si la preferencia será por el exportador europeo o para el importador chileno.
En cuanto a la pesca, manifestó su preocupación por la depredación que se puede producir de las especies, más allá de las 200 millas, aspecto que no está regulado en el Acuerdo.
El honorable senador Ávila destacó que en materia de pesca se pueden producir efectos innecesarios. La industria pesquera frente al Acuerdo se muestra gozosa, en tanto que la artesanal lo ve con pesimismo. La llegada a nuestras costas de grandes buques usinas puede provocar el deterioro del sector. Afirmó que le ha llamado la atención que no haya un Acuerdo de pesca, sino que un Acuerdo comercial en pesca. Para ello es necesario tener presente que no puede haber pesca sin pescado. Sostuvo que la temible flota de Europa, que emplea técnicas de arrastre, dejará la especie destruida. Formuló un llamado para que las negociaciones en esta materia se lleven a cabo con todos los antecedentes en la mesa y con criterio común: la preservación de todos los recursos existentes en el planeta.
El honorable senador Gazmuri señaló que desde el punto de vista de Chile hay unanimidad para considerar que desde la óptica nacional el Acuerdo es un logro, tanto en lo político, comercial y en la cooperación, si bien hay problemas sectoriales, como el pesquero. Lo esencial es abrir los mercados, si bien el mercado nacional ya está suficientemente abierto. Indicó que le preocupan las acusaciones de dumping especialmente cuando actividades productivas nacionales pasan a ser competitivas, como ha ocurrido en nuestras relaciones con los Estados Unidos de América. Informó que en materia de pesca, en Chile se discute cómo se acepta el acceso a la biomasa nacional, especialmente si no se protege a la masa trashumante.
Respecto de la Comisión Parlamentaria de Asociación, recordó que ella tiene su precedente en este Diálogo Parlamentario instituido en cumplimiento del Acuerdo de Florencia. Cuando el Acuerdo entre en vigencia se podrá hacer un seguimiento de su aplicación con facultades que se contemplan expresamente.
El honorable diputado Dittborn manifestó que se siente interpretado por lo dicho por el honorable diputado Delmastro, ya que para nuestros agricultores es muy difícil responder al desafío de competir con los subsidios europeos y con los de los Estados Unidos de América. No se puede convencer a los productores que el Acuerdo es justo y abierto. Lo que reclamamos es comercio justo.
El honorable diputado Álvarez-Salamanca valoró la discusión, en circunstancias de que en el Congreso Nacional no empieza a debatirse este Acuerdo. Recordó que en nuestro país es posible distinguir la agricultura de exportación de la agricultura de subsistencia. La primera ya incorporada a los mercados desde más o menos 20 años; mientras que la segunda recibe apoyo financiero del Estado por razones de geopolítica.
Sostuvo que le interesa el tema de la biodiversidad. Informó que la ley de medio ambiente en nuestro país ha permitido la protección del medio ambiente y la salud de la población. Lo mismo ocurre con el bosque nativo. Añadió que en materia de pesca artesanal se contempla una suerte de protección, por la reserva que contempla la ley en su favor en las 5 millas, desde la línea de la costa. También considera importante la protección de la biomasa.
El señor Hernández remarcó que los mercados europeos estarán muy abiertos a productos agrícolas del tercer mundo y que la Unión Europea absorbe el 70% de la producción de los países en desarrollo. Hizo ver que los agricultores europeos tienen poder democrático y que todos quieren vender en los mercados europeos.
El honorable senador Valdés señaló que el debate ha sido abierto y ha constituido el inicio de una suerte de cohabitación entre Chile y la Unión Europea. Agregó que en Chile se cree en la regionalización, como lo demuestran Alalc, Aladi, Pacto Andino y Mercosur. Lamentablemente no se ha podido establecer una infraestructura como lo fue la Ceca.
Por otra parte, reiteró que a nuestro país le interesa extraordinariamente la situación argentina, en cuyo favor debe actuar la Unión Europea.
Señaló que el Acuerdo no lo conocen, oficialmente, los parlamentarios, pero que celebran, en todo caso, el hecho político del término de las negociaciones. Apoyó lo sostenido por el honorable senador Ávila respecto de la pesca, ya que éste es un asunto del Gobierno en Chile, y señaló que la flota europea no entrará a las aguas jurisdiccionales chilenas.
Afirmó que le parece que el Acuerdo es equilibrado. Para Chile es una ventaja. Seguiremos exportando más de lo mismo y tendremos, además, un acuerdo de libre comercio con Corea y Japón.
Reiteró que es importante recibir tecnología europea para sumar valor agregado a las exportaciones.
Hizo ver que Europa da confianza democrática: interesa a los parlamentarios chilenos, precisó, que piensan sobre el conflicto en Irak, el Medio Oriente, el terrorismo y los derechos humanos.
En materia de salmones, manifestó que han dolido las acusaciones de dumping, no porque sean producto del Acuerdo, sino porque viene de pescadores industriales que operan en peores condiciones que las nuestras.
El señor Hernández manifestó que después de escuchar a los oradores le ha venido al recuerdo lo dicho por Napoleón, en cuanto a que una derrota bien explicada, en sus detalles, es muy difícil distinguirla de una victoria. Por ello, estima que el Acuerdo Unión EuropeaChile es un buen acuerdo para ambas partes.
Sostuvo que en cuanto a dumping se exagera ya que no hay problemas en que unos empresarios europeos pidan a la Comisión que sus quejas sean investigadas. Las empresas chilenas, en tal caso, serán invitadas a explicar si hay fundamento en las quejas. El onus probandi recae, entonces, sobre las empresas chilenas.
En cuanto a la pesca, indicó que es posible que si los pescadores chilenos y los comunitarios no son controlados depredarán porque ése es su instinto. No es el Acuerdo el que permite la depredación. El Estado chileno no ha cedido parte alguna de su soberanía para estos efectos. Agrega que el Acuerdo de Galápagos a la Unión Europea no le ha parecido bien, ya que se toman decisiones en un área sin la intervención de todos los actores.
El honorable diputado Riveros precisa que Galápagos no contempla cesión de soberanía.
El señor Hernández señala que para los temas agrícolas se podrá recurrir a los procedimientos de solución de controversias, comprendido el Consejo Ministerial.
Se deja constancia de que en la Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados queda a disposición de los señores diputados y senadores la grabación magnetofónica del debate de la Tercera Reunión que motiva este informe.
E)ADOPCIÓN DE LA DECLARACIÓN PARLAMENTARIA DE ESTRASBURGO.
Concluido el debate general, la Tercera Reunión del Diálogo Interparlamentario Parlamento Europeo-Congreso Nacional de Chile, adoptó por unanimidad la Declaración Parlamentaria de Estrasburgo, cuyo texto se adjunta a este informe.
Entre los puntos de mayor significación se puede destacar aquel en que los Parlamentarios dejan constancia de la importancia que asignan al Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación negociado entre la Unión Europea y Chile y de su interés en que el Diálogo Político y la Cooperación se desarrolle en paralelo a la de los aspectos comerciales para beneficio de ambas partes.
También merece especial mención el punto en que las Delegaciones subrayan la trascendencia del papel de los organismos representativos para que el proceso de globalización tome en consideración las diferencias que existen entre los países industrializados y los que están en vías de desarrollo, particularmente en las áreas agrícolas y de tecnologías, no acentúe la marginación de los sectores sociales menos favorecidos y para aprovechar las oportunidades potenciales que ofrece en términos de la cooperación internacional. En el caso del sector agrícola se pronunciaron en favor de que se favorezcan las condiciones de equidad en el intercambio comercial.
A proposición de la delegación chilena, impulsada por el honorable diputado Delmastro la declaración deja constancia de la disposición de los Parlamentos europeo y chileno a analizar los temas del medio ambiente, específicamente el tema del potencial secuestro de anhídrido carbónico (CO2) en los bosques de Chile (bonos ambientales) y el peligro del debilitamiento de la capa de ozono en el Hemisferio Sur.
Por otra parte, el honorable diputado Riveros formuló indicación para que la “Comisión Parlamentaria de Asociación”, establecida en el artículo 9 del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, sea convocada a celebrar su reunión de instalación, en Valparaíso en una fecha a convenir, después de la entrada en vigor provisoria del Acuerdo, efecto que se producirá una vez que el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional hayan sancionado dicho Acuerdo, lo que debiera ocurrir antes de fin de año. Esta precisión permitirá el funcionamiento de la Comisión antes que concluya el proceso de aprobación del Acuerdo por los Parlamentos Nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, lo que podría tomar todo el año 2004.
Finalmente, el honorable senador Romero presentó indicación para que el reglamento interno de la Comisión, que deberán aprobar ambos Parlamentos, contemple los mecanismos de acción directa entre las Comisiones del Parlamento Europeo y del Congreso Nacional de Chile, competentes en los asuntos en discusión, a fin de que propongan a la Comisión Parlamentaria de Asociación las soluciones concretas correspondientes. De este modo se trata de dar eficacia inmediata al debate.
Aprobado por los señores diputados integrantes de la Delegación.
Valparaíso, 15 de octubre de 2002.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Delegación”.
DECLARACIÓN PARLAMENTARIA UNIÓN EUROPEACHILE DE ESTRASBURGO
La IV reunión del Diálogo Interparlamentario entre el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile, celebrada en Estrasburgo, Francia, entre el 25 y 26 de septiembre de 2002,
Considerando:
Que la Unión Europea y Chile han conseguido culminar el proceso de profundización y reforzamiento de sus relaciones bilaterales, en el recientemente rubricado Acuerdo de Asociación Política, Económica y Cooperación.
Que se ha venido desarrollando una relación cada vez más intensa entre el Congreso Nacional de Chile y el Parlamento Europeo que ha permitido el intercambio de experiencias y puntos de vista sobre sus relaciones recíprocas, como quedó de manifiesto en la Declaración sobre la institucionalización del diálogo interparlamentario firmada en Santiago, Chile, el 1 de junio de 1998 así como en las reuniones de Diálogo Interparlamentario Institucionalizado realizadas hasta el momento.
Ambas partes se felicitan del hecho de que la IV reunión interparlamentaria haya tenido lugar entre dos hechos relevantes:
La II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Unión Europea, América Latina y Caribe, y
El comienzo de los procesos de ratificación del Acuerdo de Asociación UE/Chile.
Que de conformidad con los trabajos desarrollados y las conversaciones sostenidas por la delegación del Congreso Nacional de Chile y la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de Sudamérica y han convenido en la siguiente:
DECLARACIÓN CONJUNTA
1.Que las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo reconocieron la importancia de los vínculos entre los cuerpos legislativos que representan, que ha posibilitado el amplio seguimiento, tanto en el Congreso Nacional de Chile como en la delegación para las relaciones con los países de Sudamérica y Mercosur del proceso de negociación del Acuerdo.
2.Que estiman que el Acuerdo de Asociación Política, Económica y Cooperación y su posterior desarrollo constituyen un paso de gran significado político y económico en las relaciones entre Chile y la Unión Europea y esperan que el diálogo político y la cooperación se desarrollen en paralelo al de los aspectos comerciales para beneficio de ambas regiones.
3.Que las delegaciones sostuvieron un intercambio de opiniones, plural y fructífero, sobre el futuro de las relaciones bilaterales, la situación política y económica en Chile y en la Unión Europea y los diferentes problemas y retos comunes derivados del desarrollo del multilateralismo y regionalismo en ambos continentes. Ambas delegaciones debatieron sobre los medios que estos procesos pueden aportar en la búsqueda del bienestar social de sus respectivos pueblos así como en el papel que deben desempeñar las respectivas sociedades civiles en la búsqueda del mismo.
4.Que los parlamentarios de Chile y los eurodiputados integrantes de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de Sudamérica y Mercosur reconocieron la importancia de sumar esfuerzos para profundizar y explorar espacios de cooperación, intercambiar experiencias y opiniones acerca de problemas comunes y buscar soluciones conjuntas a los mismos.
5.Que también ratificaron la decisión de fortalecer el diálogo político en cada encuentro y en cada oportunidad, y se pronunciaron a favor de dar un seguimiento puntual al cumplimiento de los compromisos de cooperación derivados de la Declaración firmada en Santiago el 1 de junio de 1998.
6.Que los parlamentarios chilenos y europeos participantes analizaron la conveniencia de crear mecanismos específicos para institucionalizar el diálogo parlamentario entre Chile y la Unión Europea. Junto a ello se estima conveniente la creación de programas de intercambio entre parlamentarios y entre funcionarios de sus respectivos parlamentos, realización de seminarios de análisis comparado sobre los procesos de integración en los que participan Chile y la Unión Europea.
7.Que las delegaciones presentaron sus perspectivas acerca de los aspectos positivos y negativos asociados con el fenómeno de la globalización, y coincidieron en subrayar la trascendencia del papel de los organismos representativos para que este proceso tome en consideración las diferencias que existen entre los países industrializados y los que están en vías de desarrollo, particularmente en las áreas agrícolas y de tecnologías, no acentúe la marginación de los sectores sociales menos favorecidos y para aprovechar las oportunidades potenciales que ofrece en términos de la cooperación internacional. En el caso del sector agrícola se pronunciaron a favor de que se favorezcan las condiciones de equidad en el intercambio comercial.
8.Que ambas delegaciones evaluaron la amenaza que para las sociedades democráticas significan el terrorismo, la delincuencia organizada y el narcotráfico e intercambiaron opiniones sobre la necesidad de reforzar la cooperación en dichos ámbitos, así como la defensa del derecho internacional y las instancias internacionales, como la ONU, en su erradicación.
9.Que los participantes expresaron su disposición a analizar los temas del medio ambiente en Chile y Europa. Específicamente el tema del potencial de secuestro de anhídrido carbónico (CO2) por parte en los bosques de Chile (bonos ambientales) y el peligro del debilitamiento de la capa de ozono en el hemisferio sur, y reconocieron la necesidad de incrementar la cooperación técnica en este ámbito, en conformidad con los acuerdos parlamentarios respectivos, y
10. Que las delegaciones acordaron:
A)Ratificar su interés y decisión de fortalecer el diálogo político especialmente en el nivel parlamentario.
B)Convocar la “Comisión Parlamentaria de Asociación” establecida en el artículo 9 del Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación entre Chile y la Unión Europea, para que celebre su reunión de instalación, en Valparaíso, Chile, en una fecha por convenir, posterior a la entrada en vigor provisoria del Acuerdo. A tal fin ambas partes se comprometen a adoptar dentro de ese plazo el reglamento interno, en el que deberán contemplarse los mecanismos de acción directa entre las Comisiones del Parlamento Europeo y del Congreso Nacional de Chile, competentes en los asuntos en discusión, a fin de que propongan a la Comisión Parlamentaria de Asociación las soluciones concretas correspondientes. La instalación de esta Comisión y su reglamento deberán ser refrendados por el Parlamento Europeo y el Congreso Nacional de Chile.
Hecha en la ciudad de Estrasburgo, Francia, el 26 de septiembre de 2002.
(Fdo.): Diputado Rolf Linkohr, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de Sudamérica y Mercosur.
Senador Gabriel Valdés Subercaseaux, presidente de la Delegación de Chile.
Diputado Jorge Tarud Daccarett, vicepresidente de la Delegación de Chile”.
Moción de los diputados señores Espinoza, Escobar, Jaramillo, Pedro Muñoz y Silva.
Establece presunción en materia de nombramiento de vocales y consagra excusa legal absolutoria respecto a personas de la tercera edad y discapacitados en relación al delito del art. 139 de la ley Nº 18.700. (boletín Nº 3102-06)
La ley Nº 18.700 no sólo ha generado debate y crítica en cuanto al sistema binominal que rige y subyace en sus normas, pues el planteamiento autoritario se manifiesta en la obligatoriedad del sufragio según se desprende de la lectura del inciso segundo del artículo 60 del referido cuerpo legal quien establece que “Todo ciudadano está obligado a sufragar”, reiterando el mandato constitucional que se establece en el artículo 15.
La obligatoriedad del voto ha sido cuestionada por distintos sectores de la sociedad chilena, debido a que la ley que la sustenta carecería de los fundamentos racionales necesarios para imponer el ejercicio de una determinada conducta pugnando, de esta manera, el libre ejercicio del derecho a manifestar opinión y de optar, en la oportunidad que las personas consideren.
Sobre este punto la noción aludida ha significado problemas para algún grupo de electores, de preferencia de la tercera edad, en cuanto son muchas las dificultades para acreditar las excusas dentro de los exiguos términos de la ley, o bien por desconocimiento del procedimiento legal establecido, por lo que se establece una presunción de derecho en su favor al momento de seleccionar a los vocales de mesas, discriminando positivamente a aquel sector que puede tener dificultades para participar en el proceso eleccionario. Corrobora este tratamiento privilegiado los datos de los censos de población y las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, las que permiten señalar que Chile está viviendo un proceso de transición demográfica hacia el envejecimiento.
Pero más discutible aún es la censurable predilección del legislador en su afán represivo al sancionar criminalmente aunque sea a mero título de falta, la omisión del acto de sufragio que se castiga con las penas del artículo 139, el que reza: “El ciudadano que no votare será penado con multa a beneficio municipal de media a tres unidades tributarias mensuales”.
Lamentablemente, la causa de justificación que establece el inciso segundo y tercero no alcanza a abarcar las situaciones que en cada período eleccionario sufre un importante segmento de la ciudadanía, especialmente referido a los adultos mayores y aquellos discapacitados que se encuentran alejados de los centros de votación. Por lo que en el presente proyecto se establece una excusa absolutoria del artículo 139, a fin de evitar las sanciones posteriores así como para atemperar el rigor que impone la noción de obligatoriedad.
Las características principales de las excusas absolutorias, como enseña el maestro Novoa Monreal, son establecidas por razones de política criminal (utilidad social), en que se beneficia a sujetos determinados que la ley señala, en virtud de un texto expreso de la ley, pero subsistiendo en el hecho favorecido todos los elementos necesarios para que genere normalmente responsabilidad penal. [1]
Reafirma el designio despenalizador, el fundamento político criminal del artículo único de la ley Nº 19.416,[2] que concedió amnistía de las sanciones establecidas en el artículo 139, respecto de las infracciones cometidas con ocasión de las elecciones municipales del día 28 de junio de 1992.
El legislador no puede estar de espaldas a la realidad, aquí radica la misión del legislador crítico y democrático, esto es, la constante revisión de por qué se ha seleccionado tal relación social y se la ha fijado de una forma determinada.
Es por eso, que sobre la base de estos antecedentes venimos en proponer a esta honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Primero. Agréguese en el inciso segundo del artículo 41 de la ley Nº 18.700, después del punto aparte lo siguiente:
Al efectuar esta selección, cada miembro de la Junta Electoral deberá preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de vocales de mesas receptoras. Para todos los efectos legales se presume de derecho que no podrán desempeñar la función de vocal las personas mayores de 70 años. Esta presunción no surtirá efecto ante la voluntad claramente manifestada por el elector.
Artículo Segundo. Agréguese el siguiente inciso final al artículo 139 de la ley Nº 18.700.
Artículo 139. El ciudadano que no votare será penado con multa a beneficio municipal de media a tres unidades tributarias mensuales.
No incurrirá en esta sanción el individuo que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día de la elección o plebiscito en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquél en que se encontrare inscrito o por otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente.
Las personas que durante la realización de una elección o plebiscito desempeñen funciones que encomienda esta ley, se eximirán de la sanción establecida en el presente artículo remitiendo al juez competente un certificado que acredite esta circunstancia.
Están exentos de las penas impuestas en el inciso primero las personas mayores de 70 años o afectadas de discapacidad cualquiera sea la distancia a que se encuentren del lugar donde se encuentran inscritos”.
Moción de los diputados Alvarado y Salaberry.
Modifica la imputación de los tiempos de espera a la jornada de trabajo. (boletín Nº 3103-13)
La ley Nº 19.759 estableció una modificación relativa a los tiempos de espera que se imputan a la jornada de los trabajadores, a que alude el artículo 25 del Código del Trabajo, en el sentido de que dichos tiempos de espera, para el caso de los choferes de carga terrestre interurbana, se imputan a la jornada laboral de éstos.
2.En la práctica, esta nueva disposición significa una discriminación respecto de los choferes de transporte de pasajeros, que han quedado excluidos de ella.
3.Además, se discrimina con esta norma a los conductores de camiones que manejan su propio vehículo y a aquellos que lo hacen en forma independiente.
4.Tal y como lo sostienen los miembros de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, apreciamos que si se considera por “tiempos de espera” lo que indica el sentido natural y obvio de la expresión, dichos tiempos superan en la práctica y con creces a los tiempos de conducción efectiva, por lo que los actuales choferes consumirán su jornada laboral mensual muy rápidamente, obligando al dueño del vehículo a contratar un segundo conductor con el propósito de completar la jornada mensual, lo que representa un problema en sí mismo, toda vez que no existen en el país conductores calificados suficientes para cumplir con este eventual requerimiento. También hay que considerar que estos mayores costos del sector, necesariamente se verán reflejados en alzas de precios para los clientes, lo que no representa ninguna ventaja, sobre todo considerando el actual nivel de crecimiento del país.
5.Lo señalado en el punto anterior, en opinión del mismo gremio, va en claro detrimento del actual nivel de remuneraciones de los choferes, ya que verán disminuidos sus ingresos, al no poder trabajar en base al sistema de comisiones, tal y como se realizaba hasta antes de la publicación de la ley a la que se hizo mención.
6.En la legislación laboral chilena, no existe ninguna disposición que obligue al empleador generador de carga, a pagar al transportista dichos tiempos de espera.
7.Creemos que es necesario volver a estudiar esta iniciativa, en el contexto de las ideas que aquí se expresan, con el propósito de no perjudicar a este importante sector de trabajadores del país, y siempre en el marco de mejorar la normativa que garantice tiempos de descanso adecuados para los choferes, que no perjudiquen su nivel de ingresos y que tampoco impliquen la productividad del sector.
Por tanto, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Primero. “Modifíquese el inciso primero del actual artículo 25 del Código del trabajo, como sigue:
Sustitúyase el texto que está a continuación del primer punto seguido, por el siguiente: “En el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de los servicios interurbanos de pasajeros y choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, el tiempo de los descansos a bordo o en tierra y de las esperas que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, no será imputable a la jornada y su retribución o compensación se ajustará al acuerdo de las partes”.
Artículo Segundo. “Deróguense las disposiciones relativas al artículo 25 del Código del Trabajo contenidas en los artículos tercero y cuarto transitorios de la ley Nº 19.759”.
Artículo Tercero. “Deróguese el artículo único de la ley Nº 19.818”.
Moción de los diputados señores Ceroni, René Manuel García, Espinoza, Hales, Jaramillo, Jiménez, Luksic, Paya, Ramón Pérez y Valenzuela.
Modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, con la finalidad de regular la obligación de informar al registro de vehículos motorizados las alteraciones o destrucción parcial o total de los vehículos. (boletín Nº 3104-15)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República y lo prevenido en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
CONSIDERANDO:
1ºQue es un hecho de conocimiento público, que en nuestro país, fruto de la existencia de vacíos normativos, se han organizado verdaderas bandas criminales, dedicadas al “blanqueo” de vehículos motorizados robados, los cuales, pueden aparentemente ser regularizados en cuanto a su documentación, por la suplantación de identidad y documentos de otros vehículos que han sufrido daños definitivos, o que han sido declarados como pérdida total por parte de las compañías aseguradoras.
2ºQue la situación antes descrita, ha sido largamente informada por medios de comunicación de cobertura nacional, y asumida también por la Superintendencia de Valores y Seguros, la cual, mediante circular, el mes de julio de este año, estableció un plazo de 60 días desde el pago de la indemnización por pérdida total, para que las aseguradoras regularicen la propiedad de los vehículos siniestrados y procedan a una nueva inscripción a nombre del comprador o de la compañía, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 inciso 4º y final de la ley de Tránsito que prescribe que en el Registro de Vehículos Motorizados que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, se anotarán todas las alteraciones en los vehículos que los hagan cambiar su naturaleza, sus características esenciales, o que los identifican, como asimismo su abandono, destrucción o su desarmaduría total o parcial.
La norma antes citada, prevé además que el propietario estará obligado a dar cuenta del hecho de que se trate al Registro, debiéndose cancelarse la inscripción y retirarse las patentes del vehículo si procediere.
Ahora bien, la infracción a este deber establecido en la ley será sancionada de acuerdo a las normas generales de la propia ley con la pena de multa a beneficio fiscal, cuestión que a nuestro juicio es altamente ineficiente como dispositivo de aseguramiento del cumplimiento de la norma, toda vez que ello supone que exista una denuncia por parte de alguna persona o de algún organismo, hipótesis bastante difícil de ser satisfecha en la realidad de los hechos. Sin perjuicio de que, además, la cuantía de la pena sería menor.
3ºQue, en consecuencia, creemos más razonable que sin perjuicio de subsistir este mecanismo actualmente contemplado en la ley de Tránsito, se modificara la norma antes señalada, estableciéndose una sanción civil, que permita asegurar los derechos de los terceros que se pueden ver afectados fruto de la omisión o negligencia por parte del titular inscrito del derecho de propiedad sobre el vehículo motorizado, haciéndolo responsable civilmente por su omisión.
En este caso, la responsabilidad tendría su origen en la ley, su causa sería la omisión, y su satisfacción se daría en plano indemnizatorio; cuestión que no es menor, toda vez que atendidos los montos involucrados en esta clase de transacciones, el acto, la responsabilidad podría involucrar consecuencias onerosas para el propietario negligente.
4ºQue, además, debería hacerse responsable solidariamente a las Compañías de Seguros, cuando éstas no se hayan hecho de la propiedad del vehículo siniestrado y sólo aprovechen del salvamento de la cosa asegurada o de la conservación de sus restos, con lo cual, se refuerza el principio de la protección del tercero ajeno, que sin tener forma de prever los riesgos de la contratación se perjudica fruto de la falta de comunicación al registro.
5ºQue, creemos, es deber de esta Congreso Nacional, ocuparse de revisar situaciones como ésta, que como los hechos han demostrado son fruto de falencias o vacíos normativos, en un mercado altamente desarrollado como es el automotor y el de seguros, y que tiene impactos insospechados sobre la seguridad del propio mercado secundario del automóvil y que puede llegar a tener consecuencias funestas para el patrimonio de las personas de los estamentos medios y populares, que con esfuerzo compran un vehículo, sin saberlo, a organizaciones criminales arriesgando su patrimonio y el de sus familias.
Atendido lo anterior confiamos en que ambas cámaras revisarán con detención esta iniciativa y permitirán que ella se convierta en ley, para subsanar los vacíos actualmente existentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Por tanto, Los diputados que suscriben, vienen en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo Único. Agréguese el siguiente inciso quinto y final al Artículo 34 de la ley Nº 18.290 “De Tránsito”.
“Serán civilmente responsables por los perjuicios que sufrieren los terceros que contraten de buena fe, los propietarios y aquellos a cuyo nombre se encuentre inscrito el vehículo cuando no se hubiere dado cumplimiento a la obligación de informar al registro las modificaciones señaladas en el inciso anterior.
Las Compañías de Seguros, por su parte, serán solidariamente responsables de los perjuicios que sufrieren los terceros de buena fe, cuando éstas no se hayan hecho dueñas del vehículo siniestrado y sólo aprovechen de su salvamento”.
Moción de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Bertolino, Delmastro, José Antonio Galilea, Pablo Galilea, René Manuel García, Kuschel, Martínez y Palma.
Modifica el art. 6º del DFL 382, ley general de Servicios Sanitarios, en lo referido a la administración de servicios de agua potable rural. (boletín Nº 3105-09)
1ºEn nuestra legislación existe la perniciosa tendencia de normar distintas actividades tomando sólo en consideración el desarrollo y las realidades de las grandes zonas urbanas.
2ºLo anterior determina, en muchas ocasiones, la aplicación de normas innecesarias y excesivas en localidades rurales que, en vez de favorecer su desarrollo lo entorpecen.
3ºParticular efecto tienen las regulaciones que determinan el régimen de explotación de servicios públicos y la fiscalización respecto de ellos.
4ºLa aplicación del mismo marco jurídico en zonas geográficas que habitan millones de personas a otras que no exceden los pocos miles de habitantes repercute negativamente en el desarrollo de las zonas rurales que se ven obligadas a ceñirse a regulaciones que no responden a su realidad.
5ºEn materia de régimen de explotación de servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable y a recolectar y disponer aguas servidas, se produce la paradoja que existe una determinada regulación para los prestadores dependiendo de si tienen más o menos de quinientos arranques; sin considerarse si las localidades correspondientes son urbanas o rurales.
6ºLa situación descrita conspira contra la inversión, indispensable para la ampliación de redes y conduce a la monopolización de los prestadores del servicio con un perjuicio directo sobre el consumidor rural.
7ºResulta lógico que esta materia se regule de acuerdo a parámetros propios de las zonas rurales y coherentes con las demás regulaciones que distinguen entre ellas y las zonas urbanas.
Venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Art. Único. Incorpórese el siguiente inciso final, al artículo 6º del DFL 382, ley general de Servicios Sanitarios:
“Igualmente se excluirán de la aplicación de los artículos señalados en el inciso 1º, los prestadores de servicios sanitarios que sigan prestando el servicio sanitario de producción y distribución de agua potable y de recolección, conducción, tratamiento y distribución de las aguas servidas, a usuarios finales pertenecientes a localidades rurales de zonas no declaradas urbanas por el plazo regulador”.
Moción de los diputados señores Juan Pablo Letelier, Ceroni, Delmastro, Encina, Espinoza, René Manuel García, Jiménez, Riveros, Rossi y Adriana Muñoz.
Suspende inscripción de buses urbanos y rurales en registro nacional de servicios de transporte de pasajeros. (boletín Nº 3106-15)
“Es un hecho público y notorio el explosivo crecimiento del parque automotor que se ha producido en los últimos años y el evidente efecto negativo que dicho crecimiento ha tenido en materia de congestión vehicular y contaminación atmosférica.
Particularmente grave es la actual sobredimensión del parque de buses en cualquiera de sus modalidades y, prácticamente, en todas las regiones del país, sean de carácter urbano o rural.
A modo de información, es preciso señalar que es requisito indispensable para la prestación de servicios de transporte público remunerado de pasajeros inscribir en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros todas las modalidades de dichos servicios, como asimismo los vehículos destinados a prestarlos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3º de la ley Nº 18.696, 10 de la ley Nº 19.040 y en el artículo 6º letras a y b del decreto supremo Nº 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros.
Tal exigencia se aplica, obviamente, al servicio de transporte de pasajeros que se realiza mediante buses, minibuses o en cualquiera de sus modalidades. En el reglamento citado anteriormente, se dispone que el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros está conformado por los Registros Regionales, los que están a cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones. Además, se indica que ante dichas Secretarías se debe solicitar la inscripción para que un vehículo funcione como medio de transporte, el tipo de vehículo y la modalidad de servicio que prestará. Además, existe la posibilidad de solicitar el reemplazo del vehículo inscrito por uno nuevo, cambiar la modalidad de los servicios prestados y cambiarse de un Registro Regional a otro. La inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros deberá mantenerse vigente, existiendo la factibilidad de su cancelación por diversas causales, pues la suspensión del registro está prevista únicamente como sanción por incumplimiento de exigencias reglamentarias.
Por lo tanto, el proyecto de ley trata de asimilar los efectos de la ley Nº 19.593 que suspendió la inscripción de taxis, en cuanto a vincular la inscripción de los buses en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros a un problema de fondo, cual es la contaminación y la congestión; y a disponer la suspensión de un derecho particular en beneficio de un interés general.
Teniendo presente que vengo en proponer al honorable Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley.
Artículo único. Suspéndese, por el plazo de dos años, contados desde la publicación de esta ley, la inscripción de buses, en cualquiera de sus modalidades, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros establecido en el artículo 3º de la ley Nº 18.696, artículo 10 de la ley Nº 19.040 y el artículo 6 letras a y b del decreto Nº 212 de 1992 del Ministerio de Transportes”.