Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Waldo Mora Longa
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DESARCHIVO DE PROYECTO
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Eugenio Bauer Jouanne
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- SUSPENSIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DEL FONDART HASTA APROBACIÓN DE PROYECTO DE LEY QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA CULTURA. (Votación).
- SUPRESIÓN DE DESCUENTO DE SIETE POR CIENTO PARA SALUD A JUBILADOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Eugenio Bauer Jouanne
- Waldo Mora Longa
- Rosauro Martinez Labbe
- Jose Ramon Barros Montero
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES PARA CONOCER DIVERSAS SITUACIONES RELACIONADAS CON LAS EMPRESAS SANITARIAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Alberto Robles Pantoja
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Sergio Aguilo Melo
- Fulvio Rossi Ciocca
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VII. INCIDENTES
- CREACIÓN DE ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS EN CAUQUENES. Oficio.
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INCLUSIÓN DE PROYECTO TÚNEL INTERNACIONAL “LAS LEÑAS” EN OBRAS DEL BICENTENARIO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Esteban Valenzuela Van Treek
- RECHAZO A EXPRESIONES VERTIDAS POR DIPUTADO PABLO LONGUEIRA EN MIAMI.
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INFORMACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA “ORÍGENES” EN DISTRITOS 48 Y 49, DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INFORMACIÓN ACERCA DE AYUDA ENVIADA POR LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA AL DISTRITO 52 CON MOTIVO DE LOS ÚLTIMOS TEMPORALES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- APOYO A DECLARACIONES FORMULADAS POR DIPUTADO PABLO LONGUEIRA EN MIAMI.
- CRÍTICA A POLÍTICA DE SALUD.
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- CAMPAÑA EN FAVOR DE MUJERES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
- RECHAZO A EXPRESIONES DE DIPUTADO PABLO LONGUEIRA .
- PRECISIONES SOBRE AUTORÍA DE PROYECTO DE LEY Y SOBRE INTERVENCIÓN EN FORO EN MIAMI.
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INDICADORES DE ENTIDADES EXTERNAS QUE REFUTAN CRÍTICAS SOBRE SITUACIÓN ECONÓMICA DE CHILE.
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE OXÍGENO EN ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS PÚBLICOS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- ADHESION
- Edmundo Villouta Concha
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- SALUDO A DOCENTES EN EL DÍA DEL PROFESOR.
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- FINANCIAMIENTO DE OBRAS EN NOVENA REGIÓN CON RECURSOS PROVENIENTES DE LICITACIÓN DE ESSAR. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- CREACIÓN DE ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS EN CAUQUENES. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, encargada de estudiar la situación que afecta a los productores vitivinícolas del país, como consecuencia de las construcciones y edificaciones que, eventualmente, podrían levantarse en el entorno natural en el cual se desarrolla esta actividad y, en particular, la situación que afecta al valle de Cachapoal por la construcción de la central Totihue.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Fernando Meza Moncada
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Jose Ramon Barros Montero
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Javier Hernandez Hernandez
- Felipe Letelier Norambuena
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Perez Arriagada
- Jaime Quintana Leal
- Carlos Recondo Lavanderos
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Jose Ignacio Urrutia Arcos
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Esteban Valenzuela Van Treek
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, encargada de estudiar la situación que afecta a los productores vitivinícolas del país, como consecuencia de las construcciones y edificaciones que, eventualmente, podrían levantarse en el entorno natural en el cual se desarrolla esta actividad y, en particular, la situación que afecta al valle de Cachapoal por la construcción de la central Totihue.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 7ª, en martes 15 de octubre de 2002
(Ordinaria, de 11.08 a 14.38 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Permiso constitucional9
Desarchivo de proyecto9
Réplica a alusión personal. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento)9
V.Orden del Día.
Perfeccionamiento del régimen de jornada escolar completa. Primer trámite constitucional11
VI.Proyectos de acuerdo.
Suspensión de nuevos proyectos del Fondart hasta aprobación de proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de la Cultura. (Votación)35
Supresión de descuento de siete por ciento para salud a jubilados36
Autorización a Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para conocer diversas situaciones relacionadas con las empresas sanitarias39
VII.Incidentes.
Creación de escuela de formación de Carabineros en Cauquenes. Oficio43
Inclusión de proyecto túnel internacional “Las Leñas” en obras del bicentenario. Oficio44
Rechazo a expresiones vertidas por diputadoPablo Longueira en Miami45
Información acerca del programa “Orígenes” en distritos de la Novena
Región. Oficios45
Información acerca de ayuda enviada por la Oficina Nacional de Emergencia al distrito 52 con motivo de los últimos temporales. Oficios46
Apoyo a declaraciones formuladas por diputadoPablo Longueira en Miami47
Crítica a política de salud48
Campaña en favor de mujeres con enfermedades catastróficas. Oficios49
Rechazo a expresiones de diputadoPablo Longueira49
Precisiones sobre autoría en proyecto de ley y sobre intervención en foro en Miami50
Indicadores de entidades externas que refutan críticas sobre situación económica de Chile54
Construcción de plantas de oxígeno en establecimientos hospitalarios públicos. Oficio55
Saludo a docentes en el Día del Profesor56
Financiamiento de obras en Novena Región con recursos provenientes de licitación de Essar. Oficio56
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que otorga la garantía del Estado a las obligaciones que indica, dispone la suscripción de convenio de programación con el sistema de empresas y modifica la ley Nº 19.767 (boletín Nº 304905)58
2.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que moderniza la gestión y modifica las plantas del personal de gendarmería de Chile (boletín Nº 277507)58
3.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que moderniza la gestión y modifica las plantas del personal de gendarmería de Chile (boletín Nº 277507)95
4.Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, encargada de estudiar la situación que afecta a los productores vitivinícolas del país, como consecuencia de las construcciones y edificaciones que eventualmente podrían afectar el entorno natural de esta actividad y, en particular, la situación que afecta al valle de Cachapoal por la construcción de la Central Totihue130
Proyectos iniciados en moción del diputado señor Navarro:
5.Sobre comercialización y publicidad por medio de redes de telecomunicaciones e internet (boletín Nº 309419)164
6.Modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal para introducir el concepto de uso indebido o abusivo de datos (boletín
Nº 309507)178
7.Sobre el uso del cinturón de seguridad en buses interprovinciales o interurbanos (boletín Nº 309615)185
8.Moción de los diputados señores Navarro y Valenzuela que reduce la edad para participar en juntas de vecinos (boletín Nº 309706)187
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación
Del diputado señor Mora, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 12 de octubre en curso para dirigirse a Estados Unidos.
2.Oficio:
Del diputado señor Longton por el cual solicita el desarchivo del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, Nº 7, letra i), de la Constitución Política de la República, en lo relativo al derecho a indemnización por error judicial (boletín Nº 74307).
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Escobar Urbina, Mario
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Herrera, Eduardo
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pareto Vergara, Cristián
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Rebolledo González, Víctor Manuel
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Waldo Mora.
Asistió, además, el senador señor Adolfo Zaldívar.
Concurrieron, también, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza, y de Educación, señora Mariana Aylwin.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.08 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El acta de la sesión 2ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 3ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Secretario
accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISO CONSTITUCIONAL
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Waldo Mora para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 12 de octubre en curso, con el fin de dirigirse a Estados Unidos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
DESARCHIVO DE PROYECTO
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El diputado señor Longton ha solicitado desarchivar el proyecto de reforma constitucional que modifica el número 7, letra i) del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativo a la indemnización por error judicial.
Tiene la palabra el diputado señor Longton .
El señor LONGTON.-
Señora Presidenta, dicho proyecto ingresó a trámite legislativo en 1992. La Sala lo discutió en general; volvió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, posteriormente, se archivó.
El Estado de Chile está en mora con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no ha legislado para establecer la indemnización por error judicial. Incluso, mucha gente ha acudido a dicha organización, ya que los tribunales no están concediendo indemnizaciones por los errores judiciales.
En consecuencia, por su relevancia he pedido desarchivar dicho proyecto. Ojalá el Gobierno califique su urgencia y sea tratado a la brevedad.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado señor Longton ?
Acordado.
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes , en uso del derecho que le concede el artículo 34 del Reglamento.
El señor MONTES.-
Señora Presidenta, después de doce años de ejercer el cargo de diputado, hoy, por primera vez necesito hacer uso de esa disposición reglamentaria a fin de contestar a los insultos que me profiriera un señor diputado por la prensa, a propósito de un proyecto relativo a las ferias libres.
Nunca me había ocurrido algo así. Pienso que en democracia debe existir cierto respeto entre las personas.
El diputado señor Longueira señaló a la prensa que se le “robó intelectualmente” un proyecto, lo cual es de falsedad absoluta...
El señor MOREIRA.-
¡Fue un robo!
El señor MONTES.-
Señor Moreira , no se ponga histérico. Debemos actuar con calma.
Lo sostenido por el señor Longueira es totalmente falso. Se trata de dos proyectos totalmente distintos y cualquier persona que los lea podrá comprobarlo. Llevo mucho tiempo analizando el tema. En la Biblioteca del Congreso Nacional he hecho estudios de legislación comparada y eso se puede preguntar; tengo las ordenanzas municipales de todos los municipios del país; he trabajado bastante a fondo la materia; incluso, he colaborado con los feriantes en muchas de sus actividades e iniciativas, y además, con apoyo de la Comisión de Vivienda de esta Corporación, se han celebrado al menos tres seminarios, mesas de negocios, etcétera.
Por ello, considero que el diputado señor Longueira ha incurrido en un gran exceso, aun cuando él comete este tipo de barbaridades con frecuencia. Basta tener presente que lo ocurrido en Miami no había sucedido jamás en la historia de Chile. Nunca el presidente de un partido político...
(Hablan varios señores diputados a la vez).
¡No se pongan histéricos! ¡Están desesperados e histéricos! ¡Lavín está bajando en las encuestas, pero no es para ponerse histéricos! ¡Guardemos respeto!
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Pido a los señores diputados de la bancada de la UDI guardar silencio. De lo contrario, tendré que recurrir a las amonestaciones.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES.-
El país tiene que saber lo que significaría ser gobernado por histéricos. La desesperación los puede llevar a hacer cualquier cosa.
Un señor diputado no puede ir a Estados Unidos y decir en una conferencia de prensa que en Chile no se puede invertir...
(Hablan varios señores diputados a la vez).
¡Señores diputados, sean más honorables! ¡Asuman la historia del país!
Incluso, me atrevo a decir que lo expresado por el diputado señor Longueira amerita una sesión especial de la Cámara. Nunca había ocurrido.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
¡Sean serios, señores de la UDI!
El motivo del enojo del diputado señor Longueira no es porque yo le hubiera robado intelectualmente según él el proyecto, porque ello no es cierto, ya que las iniciativas son distintas, sino porque la UDI tenía preparado un tremendo circo en relación con el tema. Incluso, tengo en mi mano una circular interna en que llamaba a realizar conferencias de prensa en todo Chile, a las 12.00 horas del lunes, según ellos, en homenaje al desaparecido dirigente poblacional Simón Yévenes , oportunidad en que la UDI anunciaría su deseo de hacer más propietarios. O sea, querían efectuar una gran operación política que al final no les resultó, se les “chingó”, y eso les duele.
Por tanto, para establecer claramente lo ocurrido, solicito que la acusación del diputado señor Longueira sea analizada por la Comisión de Ética de la Cámara.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
¡Debemos ser serios, señores de la UDI! ¡De una vez por todas, debemos ser serios!
He dicho.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, un breve comentario.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No corresponde!
El señor MOREIRA.-
¡Reglamentario, señores!
Señora Presidenta, ¿quiénes son verdaderamente los histéricos? ¿Nosotros o ellos?
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Señor diputado, reglamentariamente, no hay posibilidad para hacer comentarios.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
V.ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.
Diputados informantes de las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda son la señora María Antonieta Saa y el señor Ortiz , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2853-04, sesión 22ª, en 8 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Educación y Hacienda, sesión 4ª, en 8 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nºs 6 y 7, respectivamente.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señora Presidenta, paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en un mensaje, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.
Durante su discusión en la Comisión, se contó con la colaboración de la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin ; del subsecretario de Educación, don José Weinstein , y de los señores Patricio Vilaplana , Hugo Montaldo , Marcos Miranda , Luis Villarroel , Emilio Oñate , Alexis Yáñez , Alejandra Contreras , todos funcionarios del Ministerio de Educación, en las reparticiones de finanzas, Programa JEC, etcétera.
Asimismo, se escuchó a representantes de diversas instituciones, entre ellos, a los señores Jorge Pavez y Darío Vásquez y a la señora Carmen Gallardo , del Colegio de Profesores; a las señoras María de los Ángeles Santander y Paula Pinedo , abogadas del Instituto Libertad y Desarrollo; a la señora Dagmar Raczynski , investigadora de la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile; al padre Héctor Vargas , presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación; a Walter Oliva, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados de Chile; a las señoras Patricia Matte y María Domeyko , presidenta y secretaria general de la Sociedad de Educación Primaria, respectivamente; a las señoras Sonia Lavín y Silvia Del Solar , directora e investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación Piie, respectivamente; a don Marcos Núñez , presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación; a don Guillermo Mondaca , vicepresidente de la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Técnico-Profesional; al padre Juan Díaz , vicario para la Educación de la Iglesia Católica; a don Miguel Gaete de la Fuente, presidente de la Coordinadora de Federaciones de Funcionarios de la Educación Municipal de Chile; a don Juan Ramos Sandoval , director del Liceo José Tohá ; también a los señores Ismael Calderón , Jorge Godoy , Eduardo Catalán , Miguel Villanueva , de la Asociación Metropolitana de Centros de Padres y Apoderados; al obispo Emiliano Soto Valenzuela ; a los señores Felipe Eduardo Vidal y Eduardo Vidal , del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana; a don Francisco Fernández Fredes , presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas; a los señores Francisco Espejo y Cristián Martínez y a la señora Ana María Aburto , director nacional, jefe de Programas y jefa de la Unidad de Alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb , respectivamente.
Antecedentes generales.
Este proyecto de modificación de jornada escolar completa diurna se encadena con numerosas iniciativas que hemos tratado en la Cámara de Diputados y programas del Ministerio de Educación que han implementado la reforma educacional, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación. Uno de los pilares de la reforma fue la creación del régimen de jornada escolar completa diurna, instaurado en 1997 por la ley Nº 19.532. El mejoramiento educacional ha sido impulsado por el Ministerio de Educación desde marzo de 1990, con los gobiernos de la Concertación. A ello apuntan los programas de las 900 escuelas; en 1992, de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, Mecebásica ; de Mejoramiento Educativo dirigidos a las escuelas rurales y de Mejoramiento de la Calidad de la Educación de la Enseñanza Media, Mecemedia . A las anteriores iniciativas, también se agrega la ley N° 19.070, de 1991, sobre estatuto de los profesionales de la educación o Estatuto Docente; el DFL N° 5, del Ministerio de Educación, de 1993, sobre régimen de subvenciones; la ley N° 19.410, de 1995, que modificó el Estatuto Docente y la ley de subvenciones; la ley N° 19.532, de 1997, que establece el régimen de jornada escolar completa diurna, y la ley N° 19.715, de 2001, sobre mejoramiento especial de remuneraciones. Todas ellas apuntan a los mejoramientos de los procesos educativos, a la elevación de la calidad de la educación y a la distribución equitativa de esa calidad.
En este proceso de reforma existen cuatro ámbitos considerados claves: la reforma curricular, el desarrollo profesional docente, los programas de mejoramiento e innovación y la jornada escolar completa diurna.
Todo lo que partió aparentemente en forma parcial y desagregada, se ha ido integrando en un todo coherente. Es así como la jornada escolar completa diurna ha avanzado en estos años, y ya existen cuatro llamados a concurso para infraestructura. Además, hemos tenido excelentes resultados con la prueba Simce en aquellos colegios donde se ha aplicado la jornada escolar completa diurna.
Los países más desarrollados de Europa y del sudeste asiático tienen una extensión del año escolar de entre 190 y 250 días, con jornadas diarias de entre seis y siete horas cronológicas, lo que da un tiempo anual de 1.300 y 1.500 horas cronológicas. Los países con ingresos más altos, según un estudio del Banco Mundial, presentan un mayor número de horas anuales de docencia.
Todos estos factores se han considerado para plantear una modificación de la jornada escolar completa diurna, que va en la línea de ampliar los plazos y mejorar algunos mecanismos.
Se esperaba, como resultado de la ley, entre otros, que al año 2002 cerca de nueve mil establecimientos subvencionados estuvieran funcionando en jornada escolar completa de tercero básico a cuarto medio. Esto suponía esfuerzos organizativos y financieros por el aumento de las horas pedagógicas y la construcción equivalente a veinte mil salas de clases, con un costo estimado de 700 millones de dólares, según proyección al momento de entrar en vigencia la ley Nº 19.532.
Desde 1996 a 2002, los recursos públicos asignados a educación se han incrementado en un 141 por ciento; la matrícula de niños y jóvenes en 7 por ciento, y la de adultos en 34 por ciento. Los padres y apoderados, entre 1996 y 1998, aumentaron su aporte por concepto de financiamiento compartido en 20 mil millones de pesos. Todos estos recursos se han orientado no sólo a la inversión en infraestructura, sino que en 32 por ciento a la entrega de textos y en 2.365 por ciento a la entrega de raciones alimentarias, así como al incremento de la remuneración por hora cronológica en enseñanza básica y media.
Ideas centrales del proyecto.
El régimen educacional de jornada escolar completa diurna, desde su creación en 1997, ha sido exitoso y masivo. Sin embargo, se ha estimado necesario ampliar el plazo primitivamente pensado para que los establecimientos integren este nuevo sistema.
Las ideas centrales de este proyecto pueden sintetizarse en las siguientes:
1. Ampliar el plazo inicialmente previsto para el ingreso de los establecimientos educacionales al régimen de JEC establecido en la ley N° 19.532.
2. Ajustar aquellas materias que dicen relación con los mecanismos de inversión de los recursos que consulta la ley para realizar las obras de infraestructura indispensables. Se establecen nuevos tipos de intervenciones en infraestructura y una mayor flexibilidad para determinar los valores máximos de aporte a entregar por alumno, de manera que se pueda disponer de herramientas adecuadas que permitan el financiamiento de la totalidad de la infraestructura necesaria para que aquellos establecimientos que tienen derecho a acceder al aporte, cuenten con esos recursos y puedan ingresar a la jornada escolar completa diurna.
3. En atención a que, de acuerdo con la ley N° 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, las secretarías regionales ministeriales de Educación son las encargadas de otorgar el reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales, contando para ello con el personal adecuado para verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de dicho reconocimiento y dado que los requisitos para ingresar a la JEC son muy similares, es más razonable que éstos sean revisados, igualmente, por la secretaría regional ministerial de Educación correspondiente.
Al otorgar estas facultades a las secretarías ministeriales de Educación, se está dando un paso muy importante, en términos de la descentralización de los procesos.
Por último, se ha estimado necesario ampliar el ámbito de aplicación de los reglamentos internos de los establecimientos, en lo relativo a la protección del derecho a la educación, con la introducción de algunas modificaciones a las actuales disposiciones contempladas en la ley de subvenciones.
Objetivos del proyecto.
Cambio de fecha. Este punto es extremadamente importante. Se propone una modificación a la norma que permite a determinados establecimientos excepcionarse de ingresar al régimen de jornada escolar completa, cambiando las fechas que se considerarán respecto de las pruebas nacionales de medición de calidad de la educación que se rindan hasta el año 2006, es decir, al ingreso del año escolar 2007.
En la discusión habida en la Comisión, llevada a cabo en un ambiente de absoluta cordialidad y colaboración, fuimos intercambiando puntos de vista y construyendo juntos un pensamiento similar y poco discordante hasta concluir que era muy importante fijar como plazo el año 2007 para implementar la jornada escolar completa en todos los establecimientos, tanto municipales como privados subvencionados, que presentaran vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico y educacional. Nos pareció que el proyecto debía poner el acento en esos establecimientos y darles prioridad absoluta, de modo que a comienzos del año escolar 2007 estuvieran en condiciones de emprender la jornada escolar completa. Respecto del resto de los establecimientos particulares subvencionados y atendidas las intervenciones de algunos invitados, como la señora Patricia Matte y el señor Walter Oliva, extendimos el plazo al año 2010, con total acuerdo del Ministerio de Educación.
El hecho de poner el acento en los establecimientos vulnerables y el de ampliar el plazo hasta el año 2010 para implementar la jornada escolar completa, constituyen dos puntos fundamentales del proyecto sobre los cuales hubo total acuerdo en la Comisión.
Obligación de ingreso.
En segundo lugar, el mensaje indica que se ha estimado absolutamente necesario para el éxito del programa y de las políticas educacionales del Gobierno que, a contar del año 2003, los nuevos establecimientos subvencionados que se creen, funcionen, obligatoriamente, en el régimen de JEC.
Perfeccionamiento en mecanismos de inversión.
Los cuatro concursos llevados a cabo para entregar capitales de inversión e infraestructura escolar han sido una valiosa experiencia. Eso llevó al ministerio a perfeccionar los mecanismos de inversión de los recursos, a fin de beneficiar a todos los alumnos respecto de los cuales no se dispone de la infraestructura necesaria para su ingreso a la jornada escolar completa. Por eso, se estimó necesario hacer extensiva la figura que permite crear establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar y a la instalación de nuevos niveles educacionales respecto de establecimientos ya existentes.
Se trata de otro punto fundamental, porque permite focalizar los recursos en comunas donde no han existido iniciativas municipales o de otros entes para construir nuevos establecimientos. El proyecto permite perfeccionar estos mecanismos, con el objeto de construir colegios en lugares donde no se ha planificado la jornada escolar completa, o completar los ciclos de los que sí cuentan con ella.
Garantía en favor del fisco.
En cuarto lugar y dada la experiencia acumulada en los cuatro concursos que se han desarrollado a la fecha, se ha visto la necesidad de establecer algunas mejoras que consideren todas las posibles situaciones que afectan a los inmuebles en que funcionan los establecimientos educacionales, de manera de perfeccionar la garantía constituida sobre ellos en favor del fisco, para hacer procedente la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional. En el mismo orden de ideas y considerando que la infraestructura escolar tiene una vida útil de 30 años, se rebaja a 30 años el plazo máximo por el cual deben constituirse la hipoteca y prohibición.
La Comisión estuvo completamente de acuerdo en esta materia.
Apoyo del Ministerio de Educación.
En quinto lugar, el proyecto persigue que el Ministerio de Educación cuente con herramientas adecuadas para otorgar asistencia técnica en la preparación de los proyectos de infraestructura que postulen al aporte, de tal manera que esa asistencia técnica se entregue a quienes efectivamente la necesiten.
Muchas veces, los municipios o los sostenedores no tienen la capacidad técnica necesaria para presentar buenos proyectos, lo que les resta posibilidades en los concursos. Por eso, facultamos al Ministerio de Educación para apoyarlos con asistencia técnica, sobre todo a los colegios vulnerables.
Desconcentración.
En sexto lugar, se busca hacer más eficiente el procedimiento de ingreso de los establecimientos al régimen de JEC mediante la radicación de éste en las secretarías regionales ministeriales de Educación, en términos de que sea más coherente la revisión del cumplimiento de los requisitos para otorgar el reconocimiento oficial y de aquellos necesarios para ingresar a la JEC.
Esto significará una gran desconcentración, pues se facultará a las secretarías ministeriales para analizar los requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales para ingresar a la JEC y permitirá una mejor focalización de los colegios, esto es, se construirán donde hagan falta.
Participación.
En séptimo lugar, el proyecto se preocupa de la gestión educativa de los establecimientos, para lo cual consagra una serie de medidas tendientes a la participación de la comunidad, lo que despertó gran interés en la Comisión y se tradujo en la presentación de indicaciones para apoyar tales medidas. El mensaje señala que la cuenta sobre gestión educativa del establecimiento, que debe rendir el director, sea por escrito y esté dirigida a toda la comunidad escolar, no sólo a los centros de padres y apoderados. Además, se deberá dejar constancia de las observaciones presentadas por esa comunidad, las que quedarán a disposición de los interesados en un registro público.
Todas estas medidas de participación llevaron a la Comisión a una reflexión profunda sobre el particular. En el curso de la tramitación del proyecto realizamos un seminario que se centró en el análisis del tema. Hubo consenso en crear los consejos escolares, organizaciones en las que participaría toda la comunidad escolar y que cumplirían un rol importante en la vida del establecimiento. No todo lo debatido en ese seminario se plasmó en el informe, razón por la cual muchos diputados han señalado que presentarán indicaciones. Incluso, se ha pedido al Ejecutivo ampliar estos capítulos en el segundo informe.
Ampliación de sujetos beneficiados con financiamiento.
En octavo lugar, se reconoce la necesidad de financiar la infraestructura necesaria para que los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, puedan ingresar al régimen de JEC. Se trata de establecimientos técnico-profesionales que en la actualidad se encuentran administrados por corporaciones privadas, pero cuya propiedad es fiscal. En ese sentido, el proyecto establece un monto de recursos aportados por el ministerio para que, a partir de 2007, se incorporen a la jornada escolar completa con la infraestructura necesaria para su funcionamiento.
Subvención para adultos.
En noveno lugar, se establece una subvención de apoyo al mantenimiento para la educación de adultos que se imparta en establecimientos reconocidos oficialmente, a contar del año 2003.
Protección del derecho a la educación.
Finalmente, para proteger de manera más eficaz el derecho a la educación, se establecen prohibiciones, cuya transgresión implica una sanción por infracción a la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.
El proyecto no sólo modifica la ley Nº 19.532, que estableció el régimen de JEC, al ampliar los plazos de inicio del sistema a los años 2007 y 2010, sino que también consagra una serie de medidas en cuanto a las hipotecas, al funcionamiento de los créditos, que recogen la experiencia de los concursos anteriores y perfeccionan los sistemas de distribución.
Se garantiza el funcionamiento de los establecimientos que reciben el aporte a un máximo de treinta años; se hace equivalente el período por el que debe otorgarse la autorización de uso, con aquel por el que debe constituirse la garantía para la entrega del aporte; se permite calcular el aporte sobre un parámetro más alto, también en función de la ubicación geográfica, el tipo de enseñanza que imparte el establecimiento y las dificultades topográficas del terreno. Es muy distinto construir una escuela en un cerro de Puerto Montt que en la ciudad de Santiago, en términos de topografía y necesidades de recursos.
En la discusión en particular se podrá dar cuenta de todos estos mecanismos, que contaron con el total acuerdo de la Comisión y la contribución de los diputados y diputadas en cuanto a precisar las normas.
Modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.
Las modificaciones más importantes a este decreto se refieren al reglamento interno que deberá regir las relaciones entre los establecimientos educacionales, los alumnos y también los padres y apoderados, el que deberá señalar normas de convivencia, sanciones y reconocimientos que originen su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos aplicables para determinar dichas infracciones o destacado cumplimiento, y las instancias de revisión.
Los reglamentos deberán ser notificados a los padres y apoderados al momento de la matrícula o de la renovación del pago, dejándose constancia escrita de ello.
Queremos que la aceptación del reglamento del colegio deje de ser un trámite burocrático y se transforme en una instancia de participación de la comunidad escolar.
También se crea una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumno de educación de adultos, respecto de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. Se precisa que siempre se pagará el ciento por ciento de esta subvención, independientemente del régimen en que el establecimiento atienda a los demás alumnos.
Modificaciones a la ley Nº 19.715, que otorga un mejoramiento especial de remuneraciones para los profesionales de la educación.
Se modifica su artículo 8°, de modo de hacer extensiva la infracción grave que allí se establece a los establecimientos particulares subvencionados y no sólo a los municipales, cuando los sostenedores no aplican los aumentos de subvención a las situaciones contempladas en la ley.
Esta es una antigua reivindicación de los profesores de los colegios subvencionados, a quienes el proyecto hace justicia, pues los recursos entregados para subvención deben aplicarse estrictamente a las situaciones que la ley establece, cosa que en muchas partes no se estaba haciendo.
Modificaciones al Estatuto Docente.
En relación con los establecimientos particulares subvencionados, se señala que los docentes tendrán los mismos beneficios que aquellos que se desempeñan en el sector municipal, respecto de una hora no lectiva adicional. Esta es también una antigua aspiración de los profesores.
Incremento de la subvención.
Se incrementa la subvención establecida en el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, de 1998, para aquellos establecimientos que se encuentran funcionando en el régimen de JEC, con el objeto de financiar la hora no lectiva adicional para los docentes con 38 o más horas semanales de contrato.
El proyecto fue aprobado en general, por unanimidad, en la Comisión.
Quiero volver a destacar el ánimo constructivo y de colaboración con que se discutió la iniciativa por parte de los diputados de todos los partidos, de la ministra de Educación y del personal de su ministerio.
Muchos diputados manifestaron la idea de profundizar los temas de participación. Esperamos que esto sea recogido por la honorable Sala, a fin de revisar nuevamente el proyecto en la Comisión de Educación.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor José Miguel Ortiz , diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar sobre el proyecto que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.
Durante su estudio en la Comisión participaron la señora Mariana Aylwin , ministra de Educación, y los señores Patricio Vilaplana , jefe de la División de Planificación y Presupuesto; Hugo Montaldo , abogado coordinador de la jornada escolar completa, y Marcos Miranda , coordinador del programa jornada escolar completa, JEC, todos de dicha Secretaría de Estado.
Además, en representación del ministro de Hacienda, asistió el señor José Espinoza , asesor de la Dirección de Presupuestos.
La iniciativa aborda las siguientes materias:
a) Ampliar el plazo inicialmente previsto para el ingreso de los establecimientos educacionales al régimen de JEC hasta el año 2007, en el caso de los colegios del sector municipal y de alta vulnerabilidad, y hasta el año 2010 para el resto.
Sobre el particular, la ministra de Educación puntualizó que es prioritario para el Gobierno centrar los esfuerzos en los establecimientos más vulnerables desde los puntos de vista socioeconómico y educativo, sin perjuicio de que, en la medida en que haya más recursos, se incorpore el resto de los establecimientos.
b) Disponer la obligatoriedad, a contar del año 2003, de que los nuevos establecimientos subvencionados que se creen operen en el régimen de jornada escolar completa, JEC.
En este aspecto y para la historia fidedigna de la ley, es bueno señalar que los establecimientos educacionales son alrededor de 9.850, y que año a año se crean al menos cien, cifra que resulta significativa. Con esta medida se los obligará a operar en el régimen de jornada escolar completa.
c) Perfeccionar los mecanismos de inversión, en particular al permitir la creación de establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar, como también la instalación de nuevos niveles educacionales respecto de establecimientos ya existentes.
d) Rebajar el período de constitución de las garantías hipotecarias de 50 a 30 años, toda vez que la infraestructura escolar tiene una vida útil más cercana a esta última.
Este tema fue ampliamente discutido en la Comisión, porque muchos sostenedores estiman que la garantía no estaba acorde con la realidad de las instalaciones educativas.
Es bueno que esta Sala sepa cuál es la realidad del sistema de la jornada escolar completa. El señor Patricio Vilaplana señaló que existen 6.370 establecimientos operando en dicho sistema, de los cuales 5.023 corresponden a establecimientos vulnerables. Agregó que se han realizado cuatro concursos para financiamiento de infraestructura y que están en proceso un quinto y un sexto concursos.
La información actualizada con que cuento señala que hace diez días se dieron a conocer los resultados del quinto concurso sobre financiamiento de infraestructura.
El informe financiero del 3 de enero de 2002 fue reemplazado por otro, de fecha 3 de mayo de este año. Como diputado informante, quiero poner énfasis en el informe financiero, para después explicitar a grandes rasgos la discusión que se produjo en la Comisión de Hacienda.
Como consecuencia de que se suprimieran los artículos 4º y 5º de la iniciativa, que decían relación con el incremento de las horas no lectivas y la subvención escolar a los establecimientos afectos al régimen de jornada escolar completa diurna, se plantea lo siguiente:
El número 2) del artículo 1º establece que el Ministerio de Educación podrá asignar recursos a los establecimientos educacionales regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980.
Para conocimiento de los colegas que no han participado en las discusiones de la Comisión de Educación, debo señalar que setenta establecimientos educacionales técnico-profesionales están siendo administrados por corporaciones privadas de origen empresarial sin fines de lucro.
Con ello se autoriza al Ministerio de Educación para crear la infraestructura educacional que permita incorporar a sus alumnos a la jornada escolar completa diurna. En la ley de Presupuestos de cada año se determinará el monto que se destinará para este objeto, por lo que esta disposición no representa mayor gasto fiscal durante 2002.
El número 2) del artículo 2º crea, a contar del año 2003, la subvención anual de apoyo al mantenimiento de los alumnos de educación de adultos en los establecimientos subvencionados.
Lo anterior representa un mayor gasto fiscal anual de 350 millones de pesos, considerando una matrícula de 116.623 alumnos a junio de 2001.
Entrando en la discusión particular de los artículos que nos correspondió estudiar, que fijó la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, debo señalar lo siguiente:
El artículo 1º introduce las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.532:
El numeral 1) modifica el artículo 1º en los términos siguientes:
En la letra a), se sustituye el inciso primero por el siguiente:
“Los establecimientos educacionales de enseñanza diurna regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) y los particulares considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente, deberán funcionar, a contar del inicio del año escolar 2007, en el régimen de jornada escolar completa diurna, para los alumnos de los niveles de enseñanza de 3º hasta 8º año de educación general básica y de 1º hasta 4º año de educación media”.
En la letra b), se incorpora el siguiente inciso segundo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:
“Los demás establecimientos particulares subvencionados deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna a contar del inicio del año escolar 2010”.
En la letra d), se reemplaza, en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “el inciso primero” por “los incisos primero y segundo”, y el guarismo “2001” por “2006 ó 2009, según corresponda”.
En la letra e), se sustituye, en el inciso cuarto que ha pasado a ser quinto, la expresión “año 2002” por “inicio del año escolar 2007 ó 2010, según corresponda”.
Puestas en votación las letras a), b), d) y e) del numeral 1) del artículo 1º, fueron aprobadas por unanimidad.
Por el numeral 2) se agrega, a continuación del artículo 3º, el siguiente artículo 3º bis:
“Artículo 3º bis.- A aquellos establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, cuya infraestructura sea insuficiente para incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna con la totalidad de sus alumnos en razón de la disponibilidad de aulas, talleres, servicios básicos y mobiliario, el Ministerio de Educación podrá asignarles recursos para superar dicho déficit hasta el año 2006. Con todo, el mobiliario que se adquiera y la infraestructura que se construya o adquiera con dichos recursos, serán de propiedad del Fisco, y quedarán sujetos al mismo régimen de administración de los demás bienes entregados con motivo de los convenios de administración ya suscritos.
Por decreto supremo del Ministerio de Educación, que deberá ser suscrito, además, por el ministro de Hacienda, se regulará la forma en que se asignarán estos recursos”.
La ministra de Educación, señora Mariana Aylwin , puntualizó que son 70 los establecimientos técnico-profesionales de propiedad fiscal administrados por corporaciones empresariales. Agregó que dichos establecimientos, por el hecho de ser fiscales, porque están entregados en comodato a esas corporaciones, no participan de los concursos de aporte de capital.
En consideración a lo anterior, se propone que a dichos establecimientos se les aseguren los recursos para que puedan ingresar al sistema de jornada escolar completa al inicio del año escolar 2007.
Puesto en votación este numeral, fue aprobado por unanimidad.
El numeral 3) modifica el artículo 4º en los siguientes términos:
La letra a) sustituye el inciso primero por el siguiente:
“Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1º, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y hasta el término del año escolar de 2006, podrán percibir, a partir del primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a los siguientes tipos de intervenciones: construcción de nuevos establecimientos, recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale, habilitación, normalización o ampliación, a la adquisición de inmuebles construidos o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos”.
Es bueno que los parlamentarios sepan que esto era algo muy anhelado por los sostenedores, por cuanto se amplía la forma en que ellos pueden utilizar los recursos que, año a año, el Presupuesto de la Nación asigna para infraestructura, a través de la partida correspondiente al Ministerio de Educación.
Puesta en votación la letra a) del numeral 3) del artículo 1º, fue aprobada por unanimidad.
La letra c) reemplaza el inciso tercero por el siguiente:
“Para acceder a la entrega del aporte, los sostenedores que no sean propietarios del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, deberán acompañar el instrumento público correspondiente, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, que los habilita para destinarlo a dicho uso por un período equivalente a aquel por el que se deba constituir la hipoteca y prohibición a que se refiere el artículo 8º de esta ley. En el caso de establecimientos del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) que funcionen en inmuebles fiscales, no será necesaria dicha autorización”.
El resto de los numerales fueron aprobados por unanimidad, con excepción del 8), que modifica el artículo 8º, cuyas letras a), b), c), d) e) y f) fueron aprobadas por mayoría de votos.
A continuación, me referiré a algunas indicaciones que, estoy convencido, contribuyeron a perfeccionar la iniciativa.
Los diputados señores Escalona , Hidalgo , Jaramillo , Lagos, Ortiz y la señora Carolina Tohá , presentaron la siguiente indicación, argumentando que mejora la proposición de la Comisión de Educación:
a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:
“d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan, y las instancias de revisión correspondientes.
Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados, para lo cual se entregará una copia de los mismos al momento de la matrícula o de su renovación cuando éstos hayan sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.
Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento interno respectivo.
Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.
Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa.
La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave”.
Lo anterior es en respuesta al amplio debate que se produjo debido a que algunos colegios sancionan a sus alumnos, excluyéndose algunas situaciones que dieron origen a una iniciativa parlamentaria que ya es ley de la República: “El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causal para la aplicación de medidas que excluyan, restrinjan o impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento”.
Hubo otras indicaciones que fueron aprobadas por unanimidad.
Es importante destacar también la modificación que introduce el numeral 5) del artículo 2º, que modifica el artículo 37 de la siguiente manera:
En la letra a), se agrega, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente:
“Se pagará una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos, que será de 0,1362 unidades de subvención educacional (U.S.E.) para la Educación General Básica; 0,3103 U.S.E. para la Educación Media hasta 25 horas semanales presenciales de clases, y 0,3999 U.S.E. para la Educación Media con más de 25 horas semanales presenciales de clases. Esta subvención sólo se pagará cuando este tipo de educación se preste en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. En este caso, siempre se pagará el 100% de la subvención que corresponda, independientemente de la que se deba pagar por los alumnos que cursen los otros tipos de enseñanza que pueda impartir el establecimiento y no le será aplicable lo dispuesto en el inciso octavo de este artículo”.
Debo recordar que esta materia ya había sido planteada con motivo de la discusión de otros proyectos relacionados con la educación; es decir, debía existir una señal muy clara y precisa del Gobierno, en cuanto a aumentar la subvención anual para la educación de adultos. La explicación de la autoridad bastante lógica, por lo demás es que durante el último tiempo el número de adultos interesados en completar sus estudios ha crecido en forma considerable, pero las matrículas han permanecido estancadas. Ahora, con el incremento de la subvención para la educación de adultos, como profesor, no me cabe la menor duda de que el próximo año serán más los adultos que podrán completar su enseñanza básica y media.
Por último, el artículo 2º transitorio establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación del proyecto incluido el aumento de la subvención para la educación de adultos, que para 2003 será de 350 millones de pesos, se financiará con cargo al ítem 5001032533.104, de la Partida Presupuestaria Tesoro Público, y al presupuesto del Ministerio de Educación.
Me alegro mucho de que, mediante la modificación de la jornada escolar completa y el mejoramiento de la infraestructura escolar, se posibilite a los sectores de más bajos ingresos y más vulnerables de nuestra sociedad acceder a la educación.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Hago presente a la Sala que el proyecto fue objeto de numerosas indicaciones. La Comisión de Educación rechazó 39 y la de Hacienda aprobó dos. Además, en la Sala se han presentado tres.
De manera que debe volver a Comisión, y ahora sólo corresponde discutirlo y votarlo en general.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .
El señor CORREA.-
Señora Presidenta, el proyecto en debate forma parte de la reforma educacional que comenzó en 1992, es decir, hace diez años, lo que nos permite evaluar si se ha logrado el objetivo perseguido: mejorar la calidad de la educación, necesidad que todos compartimos.
En la década pasada se incrementó fuertemente el gasto en educación: de 500 mil millones, en 1992, a cerca de un billón 800 mil millones; es decir, alrededor del 300 por ciento en diez años. Entonces, cabe preguntarse si se ha logrado un resultado acorde con los recursos utilizados; pero los únicos elementos de que disponemos para saberlo son los sistemas de evaluación existentes: el Simce, la Prueba de Aptitud Académica, la prueba internacional denominada Timss , etcétera.
La prueba Simce de 1999 nos mostró el desempeño de los alumnos de cuarto año básico en matemáticas, comunicación y lenguaje y ciencias naturales. El resultado en las escuelas municipalizadas fue inferior a 240 puntos, y en la media alcanzó a 250.
¿Qué significa este puntaje en términos prácticos? El propio Simce establece cuatro categorías: deficiente, básico, intermedio y alto. La suma de las categorías deficiente y básico arrojó los siguientes resultados: en lenguaje, el 50 por ciento de los alumnos está entre deficiente y básico, y en matemática, el 63 por ciento se encuentra en ese mismo nivel.
Sin duda, estos datos demuestran la preocupante situación de los cuartos años básicos del país. El caso más crítico se presenta en matemáticas, ramo en el cual más de un tercio de los alumnos es considerado con desempeño deficiente.
En la prueba Timss, que mide el rendimiento en matemáticas y ciencias, efectuada en 1999 a los alumnos de octavo básico de diversos países del mundo, Chile obtuvo 392 puntos, frente a un puntaje promedio de 487 puntos. El puntaje máximo lo obtuvo Singapur , con 604 puntos, y el mínimo, Sudáfrica , con 275. Señalo estas cifras porque es bueno tenerlas presente cuando discutimos un proyecto de ley que modifica el régimen escolar completo, que se inició en 1997, y que constituye el eje de la reforma educacional en marcha.
Como lo expresé al iniciar mi exposición, la reforma educacional y, por lo tanto, la jornada escolar completa tiene como meta mejorar la calidad de la educación. Después de varios años desde que empezó a implementarse, aún no se ha definido cuál es la meta concreta que se quiere alcanzar con todos los cambios que se están llevando a cabo.
En el caso de la jornada escolar completa, el aumento de 30 a 38 horas semanales en la educación básica, y de 36 a 42 horas en la media, si bien puede parecer adecuado, toda vez que significa más horas de estudio por parte de los niños, la relación tiempo-rendimiento no es directa; el mayor tiempo de permanencia en la escuela no se traducirá necesariamente en mejor calidad. El resultado dependerá, en gran medida, de los contenidos que se entreguen en ese mayor tiempo y de la forma de lograrlos. La experiencia así lo demuestra: algunos países con jornada escolar completa han mejorado notablemente; otros, con jornada reducida, también han logrado excelentes resultados.
En nuestro país existe conciencia, gracias a las estadísticas, de que la prueba Simce revela la brecha que existe entre la educación particular y la municipal, problema que debe ser corregido. La jornada escolar completa puede ser una manera de lograrlo si se hace bien.
Si bien los objetivos del presente proyecto apuntan en el sentido correcto, no son suficientes ni solucionarán los innumerables problemas que se han ido presentando. Debido a su gran diversidad, en Chile existen enormes diferencias entre una región y otra. Entonces, como las realidades son distintas se requieren soluciones diferentes y es necesario que exista la flexibilidad suficiente que permita adaptar los recursos a esas realidades.
En muchos establecimientos la jornada escolar completa no ha funcionado bien, principalmente por falta de recursos humanos: no hay suficientes profesores que se hagan cargo del alargamiento de la jornada, o bien cuando un profesor se enferma, no hay otro que lo reemplace. Además, no será posible que en el plazo fijado por el proyecto, el año 2007, exista jornada completa en todo el país, debido a la carencia de terrenos en las comunas con gran concentración urbana. Por otra parte, si no somos capaces de elevar nuestra tasa de crecimiento por sobre el 5 por ciento, es una utopía pensar que lograremos la meta con tasas de entre el 2 y 3 por ciento.
Es necesario hacer una evaluación seria de la marcha de la jornada escolar completa. Han transcurrido cuatro años desde que se implementó y en marzo terminó el plazo fijado por la ley Nº 19.532 para que se incorporaran todos los establecimientos; sin embargo, más del 30 por ciento aún no lo ha hecho. Antes de la dictación de la ley sólo el 23 por ciento tenía jornada escolar completa; de manera que en ese plazo se ha incorporado sólo alrededor del 40 por ciento.
Cabe mencionar que la evaluación realizada por la Universidad Católica en 2001 no revela mayores logros académicos como consecuencia de estos cambios; los resultados positivos dicen relación, principalmente, con beneficios sociales, generados por la mayor permanencia de los estudiantes en las escuelas.
Por eso, debemos insistir en el establecimiento de metas concretas relacionadas con el mejoramiento de la educación y en que las escuelas sean evaluadas sobre la base de avances de este tipo, puesto que es la única manera de saber si estamos mejorando efectivamente la calidad de nuestra educación.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ.-
Señora Presidenta, considero oportuno reconocer el trabajo realizado por las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda en lo que dice relación con el proyecto en discusión, por la trascendencia que tiene para el país.
Está fuera de toda duda la importancia de dar a nuestra juventud los espacios adecuados para que desarrolle sus potencialidades, especialmente a aquellos estudiantes que acceden a la educación subvencionada y que pertenecen al segmento más necesitado de la comunidad, precisamente aquel en que, según todos los estudios sobre calidad de la educación, se producen las mayores dificultades.
Tal como se recordó durante la discusión del proyecto que establece la obligatoriedad de la educación media, los resultados del Simce dados a conocer recientemente muestran una realidad preocupante. Según la explicación de la ministra de Educación, los resultados tienen un comportamiento mejor en aquellos estudiantes que están en jornada escolar completa. Es decir, de acuerdo con la autoridad educacional, existe una correlación positiva entre la ampliación de la jornada escolar y los resultados académicos en los establecimientos subvencionados. De manera que no queda más que entregar nuestro respaldo a esta iniciativa.
No obstante, con la misma claridad y seriedad que exige una materia de esta naturaleza, es imperioso que seamos muy rigurosos frente al tema, como lo fuimos en la Comisión de Educación, en la cual escuchamos como consta en el informe las opiniones de las más diversas autoridades y representantes educacionales de todo el país.
Es importante recordar que recogimos la experiencia de directores de establecimientos de enseñanza básica y media que llevan varios años en el sistema, así como de quienes pertenecen a un sector no menos importante y muchas veces olvidado en el análisis de la temática educacional: los mal llamados no docentes o paradocentes. Consciente de que muchas de las falencias de nuestras disposiciones legales radican en la nula o escasa participación de las personas que deben aplicarlas, pedí que se invitara a la Comisión a tres directores de las comunas pertenecientes al distrito que represento y al presidente nacional de los funcionarios de la educación, a fin de conocer sus vivencias.
El proyecto en cuestión no aborda ni recoge todas las materias involucradas, así como tampoco soluciona todos los déficit y problemas que se han venido presentando, relacionados principalmente con los establecimientos pioneros en el acceso a esta modalidad, que pagaron las consecuencias de ser los primeros en aplicar la jornada escolar completa y que hoy muestran serios problemas de infraestructura y de recursos pedagógicos para cumplir con eficacia la función encomendada.
Por eso, en su momento, junto con otros colegas manifesté serios reparos, no al fondo, sino a la forma en que se estaba desarrollando la JEC. A mi juicio, ha habido una postura efectista tendiente a cumplir metas, sin detenerse a analizar las circunstancias y las variables que ello implicaba. El objetivo era cumplir con las fechas establecidas; cada región y cada provincia tenían un itinerario. De allí el énfasis que ponían las autoridades provinciales para que los municipios postularan a los proyectos.
Asimismo, se incentivó a los profesores que pensaron que tendrían mejoramientos económicos, puesto que no se les advirtió que el aumento de la jornada era para atender a los niños y niñas y que no implicaba necesariamente más horas en sus contratos. Hubo una presión, y sus resultados están afectando a alumnos, profesores e, incluso, municipios, que no pueden acceder a proyectos porque las estadísticas indican que no hay recursos para incorporarlos a la jornada escolar completa, lo que implica que cualquier mejora debe ser financiada con dineros de la corporación.
Lo importante no es el tiempo que nos demoremos en este proceso ojalá sea el menor posible, sino que lo hagamos bien y con dignidad, porque para un país no es bueno tener espacios escolares muy modernos y adecuados, junto a otros, de la misma escuela o liceo, en pésimas condiciones y con los alumnos hacinados en su interior.
Por eso, la ampliación del plazo hasta el año 2007 para que los establecimientos educacionales de enseñanza diurna, regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, del sector municipal y particulares considerados vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y/o educacional, incorporen la jornada escolar completa, viene a subsanar un conjunto de dificultades y, lo que es más importante, permite asimilar la experiencia acumulada en los cuatro concursos desarrollados.
El proyecto da un enfoque muy certero a la priorización que establece para la selección de los establecimientos vulnerables en el aspecto socioeconómico y educativo cuando los recursos son escasos, y da una señal muy precisa en el sentido de que, junto con las condiciones socioeconómicas, importan también los resultados académicos.
A su vez, la modificación que se introduce al inciso quinto del artículo 4º, en cuanto a que el cálculo del aporte se hará sobre la base de un parámetro más alto, pues considera esto es muy significativo factores como ubicación geográfica, tipo de enseñanza que se imparte y dificultades topográficas, constituye un avance muy importante porque descentraliza la política de asignación de recursos y considera las características particulares de cada localidad. De ahí el fundamento de radicar el procedimiento de postulación de los proyectos pedagógicos y de infraestructura en las secretarías regionales ministeriales de educación, a fin de uniformar el proceso y de que la aplicación de los criterios de evaluación recaiga en un organismo que, por sus particularidades, conoce a cabalidad la realidad regional.
De igual modo, es muy importante considerar la matrícula del proyecto postulado, en atención a que en la actualidad hay un gran desfase entre la que existía en la fecha de referencia junio de 1997 y el número de alumnos que hay al momento de acceder a la jornada escolar completa, iniciativa que compatibiliza la oferta educacional con los derechos de elección de padres y apoderados.
Igualmente positivas son las disposiciones tendientes a garantizar el derecho de protección de la educación, a través de medidas tales como la subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de educación de adultos, construcción de nuevos establecimientos, recuperación de los existentes y habilitación, normalización y ampliación de los mismos, normas que amplían el destino del aporte suplementario por costo de capital a otras finalidades que las señaladas en el texto primitivo.
Dentro de la política de ampliación de la cobertura de la JEC, merecen especial mención las posibilidades de acceso a esta modalidad de los establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, mediante la asignación de recursos directos, dada su imposibilidad de participar en los concursos por ser propiedad fiscal.
Al existir conciencia de que la gestión y la transparencia son bienes altamente significativos para la adecuada marcha del establecimiento, el compromiso de la comunidad educativa y el entorno en que ésta se inserta, se perfeccionan dos instrumentos orientadores del trabajo pedagógico y administrativo: el reglamento interno y el informe de gestión, que resultan fundamentales para resguardar derechos y especificar deberes de los diferentes estamentos de la unidad educativa y mostrar a la comunidad circundante el grado de cumplimiento de los objetivos y metas trazados. Hay aquí un avance interesante que va en la línea de hacer responsable a la escuela o liceo del producto que está entregando a la sociedad, que es, precisamente, la que aporta los recursos y que, como tal, merece una permanente rendición de cuentas. La idea del informe de gestión o cuenta pública, en mi concepto muy positiva, debe ser perfeccionada, a tal punto que junto con ella se entreguen informes permanentes, según el régimen escolar de cada establecimiento trimestral o semestral, porque es necesario realizar oportunamente las correcciones pertinentes y comprometer a la comunidad y a los padres.
Con la finalidad de precisar mejor el objetivo de que la comunidad conozca los rendimientos académicos derivados principalmente de las pruebas nacionales, considero conveniente que se incluyan también, a continuación del artículo 11, que se reemplaza en virtud del numeral 11) del artículo 1º, los promedios nacionales y regionales por calidad de establecimiento. Asimismo, se debe consignar que los liceos humanísticos y científicos den a conocer los resultados obtenidos en la prueba de aptitud académica o en el sistema de selección que se establezca. Ambos datos permitirán saber de manera muy clara la calidad de la educación que se está entregando.
Son tantos los aspectos positivos del proyecto que resultaría muy largo enumerarlos. Si bien existe una mayor garantía en favor del fisco frente a los problemas derivados de la mala calidad de la construcción, me asiste la íntima convicción de que en la discusión particular debiéramos incorporar elementos de mayor rigurosidad con el objeto de que, quien se asigne la ejecución de los trabajos, garantice su calidad y oportunidad. De lo contrario, me temo que seguiremos escuchando en la Sala realidades indignantes y dilapidando los recursos que no tenemos. En esta materia, hay variados ejemplos.
Queda pendiente también un tema extremadamente sensible: la alimentación. Si bien es imposible extender universalmente este beneficio, estimo que se debieran hacer todos los esfuerzos posibles y aprovechando la presencia de la señora ministra de Educación, que sabemos que los está realizando para que se garantice el acceso a aquellos niños cuyos padres están cesantes o provienen de sectores rurales.
Señora Presidenta, con los alcances que he señalado, Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto en general.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana .
El señor QUINTANA.-
Señora Presidenta, antes de dar mi opinión en relación con el proyecto de ley, quiero saludar afectuosamente a los maestros en vísperas del Día del Profesor, ocasión en la cual se inicia un nuevo proceso de negociación, caracterizado según palabras de dirigentes del magisterio como una apuesta a un cambio educacional de fondo, y no sólo a mejoras salariales, las que, por cierto, son importantes.
Por ello, me parece oportuno señalar que el cumplimiento de la jornada escolar completa supone más maestros; pero, también, avanzar hacia una jornada de 44 horas para que se imparta una educación de mejor calidad, con menos alumnos por curso para que el mayor tiempo de permanencia en las aulas no sea una lata, sino una óptima combinación de metodologías y procesos.
Para los maestros esa mayor cantidad de horas en un solo establecimiento, sin andar a la carrera de colegio en colegio, debe traducirse en una mejor remuneración. Pero, del mismo modo, en una razonable distribución del tiempo de trabajo, tanto en actividades lectivas como de evaluación, planificación, formación general y de atención de alumnos.
Nadie puede discutir seriamente los efectos de la jornada escolar completa. Es indudable que los alumnos con más horas en sus establecimientos, con una modificación al currículo, haciéndolo pertinente y efectivo, junto a una mejor implementación en textos y material informático, recibirán un mayor aprendizaje.
En todo caso, al momento de evaluar la jornada escolar completa, y especialmente al momento de mirar lo que aún está pendiente, no podemos dejar de hacer la distinción entre dos modalidades de nuestro sistema educativo. Me refiero a la educación municipal y a la particular subvencionada, que son objeto de financiamiento de parte del Estado, a través del llamado aporte de capital.
La primera afirmación que habría que hacer, es que gran parte de los estudiantes no incorporados a la jornada escolar completa pertenecen a los establecimientos más grandes del país, lo que hace suponer que las inversiones pendientes son cuantiosas y, por lo tanto, cobra mucho efecto el proyecto de ley en el tiempo que se necesita adicionar para la materialización de estas obras.
En segundo término, nos parece que, como Estado, debemos hacer, para estos efectos, una clara opción por la educación municipal, la cual, sin duda, es la más vulnerable y, además, no tiene otra posibilidad de allegar recursos y de hacer las inversiones necesarias si no es por la vía estatal.
Por su parte, los establecimientos particulares subvencionados pueden ser sujetos de crédito. En muchos casos, los sostenedores no traspasan en forma íntegra los recursos que reciben por concepto de subvenciones a pagos de sueldos y asignaciones, estando especificadas en las partidas correspondientes.
No es raro encontrar que, en estos casos, se ahorre dinero por esta vía por decirlo de manera moderada, porque también muchos recursos fiscales destinados a la educación han terminado lucrando a personas y menoscabando el sistema y sus objetivos.
Por lo anterior, se hace imprescindible la fiscalización en el sistema particular subvencionado. Hay estudios serios que nos permiten sostener que por falta de ella, con todo lo que el Estado pierde año a año por concepto de subvenciones, se podría, por ejemplo, haber financiado el plan Auge hace rato o la recuperación de los sueldos que el magisterio estima perdidos durante las últimas tres décadas.
Hay situaciones más extremas aún, como los establecimientos particulares subvencionados con financiamiento compartido. Aquí, creo que no cabría un aporte estatal desde ningún punto de vista.
Finalmente, junto con respaldar el proyecto de ley, estimo que para avanzar con equidad en lo que nos queda de la jornada escolar completa, el criterio debiera ser uno solo: que el Estado invierta en las familias más pobres.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señora Presidenta, el objetivo del proyecto es tremendamente importante. Tiene que ver con el cambio de fechas para ampliar la posibilidad de que los establecimientos logren alcanzar la jornada escolar completa, la obligación de ingreso, el perfeccionamiento de mecanismos de inversión, garantía en favor del fisco, etcétera. Sin embargo, hay dos o tres temas más que me parecen muy relevantes.
El primero es la participación, uno de los elementos más importantes en el gobierno del Presidente Lagos y que evidentemente debe tener cualquier tipo de reforma que quiera hacerse de cara a quienes reciben los servicios del Estado, sobre todo en educación, que se imparte a los hijos de la mayoría de los chilenos en establecimientos subvencionados.
Por lo tanto, me parece de fundamental importancia que se consigne en el proyecto que el director debe rendir cuenta de su gestión a los educandos y a los padres y apoderados.
La participación ciudadana en materias educacionales implica necesariamente que los padres y apoderados y los escolares que reciben la educación, es decir, la comunidad escolar en conjunto, tendrán una instancia para decir lo que piensan al respecto. En un proyecto de esta naturaleza es imprescindible que así se consigne.
Además, en esta materia, la participación es de vital importancia y su ejercicio ampliará la democracia de que hoy goza el país.
También me parece muy importante que se establezca una subvención para mantener la educación de adultos. Si bien éstos han recibido un proceso educativo, no es menos cierto que muchos en comunas rurales y alejadas requieren de un apoyo formal de establecimientos subvencionados para que alcancen una mejor calidad de vida.
A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho durante décadas, todavía un pequeño porcentaje de adultos no sabe leer ni escribir. Es necesario ir en su apoyo. Ningún ciudadano debe quedar sin desarrollo en términos educacionales, sobre todo en el siglo XXI.
Pero, tal vez, el punto más importante tiene que ver con la protección del derecho a la educación, y el proyecto amplía los mecanismos que permiten mejorarlo.
Quiero referirme, en particular, al artículo 2º, que introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, algunas de las cuales, a mi juicio, van en la línea de proteger al escolar de distintas situaciones.
El artículo 6º del DFL Nº 2 establece que los establecimientos de enseñanza, para impetrar el beneficio de la subvención, deberán cumplir con los requisitos que se enumeran. Es muy importante que el Estado ponga determinadas condiciones en este sentido para proteger a las escolares que, por ejemplo, por razones de su juventud, se embaracen, o habiendo sido madres, tengan que amamantar a sus hijos. Incluso a los padres.
El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causales de medidas de exclusión o de restricción o que impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento. Es un avance muy importante de la forma en que el Estado concibe el respeto a la libertad de las personas.
Sabemos que no es bueno que una adolescente se embarace, principalmente porque este estado constituye un importante problema de salud en nuestro país, pero no es menos cierto que es absurdo desconocer que gran cantidad de niñas se embarazan antes de los 16 años, realidad que se vive en el distrito que represento.
Por lo tanto, es clara la determinación del Estado de que los establecimientos educacionales que reciben subvención no podrán excluir ni tomar medidas que restrinjan el derecho a la educación de las jóvenes que se encuentran en esas circunstancias.
Como el proyecto volverá a Comisión, es relevante avanzar en otras materias que apunten en la línea de respeto a la libertad y protección a la enseñanza, como asimismo que se introduzcan elementos que protejan la libertad de culto de los educandos.
La ley de igualdad de culto es para toda la población. Sin embargo, en algunos establecimientos educacionales no se aplica. Por lo tanto, es imperativo que en los subvencionados por el Estado se permita que los educandos elijan libremente el culto. Por ello, este elemento es tremendamente necesario para avanzar en el desarrollo educacional de nuestro país.
Es evidente que todo lo que amplíe la libertad de las personas va por el buen camino.
Porque estamos tratando el proyecto en general, quiero mencionar un aspecto que hace pocos días apareció en la prensa: una estudiante de educación media fue segregada por sus antecedentes relativos a su condición o afinidad sexual. Parece necesario debatir su caso.
Si bien todos coincidimos en que la educación debe orientar a los jóvenes en relación con su sexualidad, no es posible negarla simplemente porque, de una u otra manera, se ha optado por una condición sexual que no es la más aconsejable desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto.
Dentro del ámbito de las libertades, establecimientos que reciben el beneficio de la subvención del Estado deben abrir sus puertas a todos los educandos, sin considerar su situación socioeconómica u otras de diversa índole.
Por eso, es fundamental aprobar el proyecto en análisis. Alabo que la Cámara de Diputados avance en la seguridad de que en el futuro nuestros hijos recibirán una educación que incluirá los valores del Estado, de la democracia, de la libertad, de la fraternidad, de la tolerancia.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Recuerdo a la Sala que quedan quince minutos para el término del Orden del Día.
Debemos despachar en general el proyecto y quedan cinco diputados inscritos para intervenir, por lo que les pido que abrevien sus intervenciones para que todos tengan la posibilidad de participar en el debate.
Tiene la palabra el diputado señor Bauer .
El señor BAUER.-
Señora Presidenta, el proyecto que nos convoca, sobre la jornada escolar completa, es la continuación de una ley en funcionamiento en buena parte de la educación chilena.
La iniciativa, en mi opinión, es meramente mecánica, por decirlo de alguna manera, ya que, por un lado, prorroga la entrada en vigencia del sistema a todo el país y a todo tipo de escuelas y, por el otro, resguarda los intereses del Estado que ha entregado a los privados con el fin de adecuar sus instalaciones a esta nueva modalidad, así como también garantizar el funcionamiento de éstos en el tiempo, pero nada dice en relación con la calidad de la educación. Cantidad nunca ha sido sinónimo de calidad.
Durante la discusión del proyecto, entre otras informaciones, recibimos el estudio de la Universidad Católica respecto de la jornada escolar completa, en el que se concluyen muchas condiciones de la jornada escolar, como la conveniencia de los alumnos de permanecer más horas en la escuela, lo que evita que pasen mucho tiempo en la calle o frente a los televisores, pero nada concluyente respecto de la calidad de la educación.
Creemos firmemente que para mejorar la calidad de la educación se hace necesario, sin duda, aumentar el aporte del Estado por cada estudiante, de manera de mejorar la calidad de los profesores, de optimizar el número de alumnos por sala, etcétera.
En colegios particulares subvencionados, administrados por entes sin fines de lucro, en los sectores de más bajos ingresos, los resultados han sido espectaculares. Ello nos dice que con recursos todo se puede mejorar.
Estoy de acuerdo con el proyecto, pero insisto en que debemos velar por la calidad de la educación.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá .
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señora Presidenta, podría comentar varias materias, pero quiero concentrarme sólo en tres y plantear de manera muy general los puntos que deberemos seguir desarrollando en un segundo informe y quizás en otros proyectos.
Durante la discusión del proyecto un debate muy importante, llegamos a la conclusión de que con la ampliación del plazo para incorporar la jornada escolar completa estaríamos enviando una señal fuerte en el sentido de que la prioridad apunta hacia los establecimientos más vulnerables, hacia aquellos que tienen menores resultados en el mejoramiento de sus aprendizajes, sobre todo porque el último Simce confirmó una noticia: los establecimientos que cumplen jornada escolar completa mejoran su rendimiento escolar.
Por eso, en la medida en que madure el proceso y que todos hayan adoptado la jornada escolar completa, los rendimientos van a mejorar. Sin embargo, preocupa que el mejoramiento se dé a velocidades muy distintas.
En los establecimientos más vulnerables, el mejoramiento es más lento que en aquellos que poseen condiciones favorables desde el punto de vista socioeconómico. Por eso, se adoptó la decisión de privilegiar a los establecimientos vulnerables con la implementación de la jornada escolar completa. Tendrán plazo sólo hasta el 2007. Los demás podrán demorarse un poco más.
Hay que profundizar esta primera señal, junto con la decisión de que el ministerio aporte recursos para que los establecimientos más vulnerables desarrollen sus proyectos. En el futuro, a raíz de otros proyectos, por ejemplo, cuando se discuta el nuevo sistema de nombramiento y evaluación de los directores o el mecanismo de participación de la comunidad escolar en las decisiones, no debiéramos esperar los indicadores de los establecimientos que se quedan atrás para reforzarlos con programas adicionales, sino que debiéramos generar, sin más trámites, nuevas modalidades y modernizaciones que los privilegien y favorezcan, especialmente a los más vulnerables. Que ellos sean los primeros que elijan y evalúen a los nuevos directores; los primeros en que la comunidad escolar se organice y participe. No esperemos que se queden atrás para apurarlos. Privilegiémoslos, démosles condiciones preferenciales. En lugar de dejar atrás a los que tienen problemas, tratemos de apoyarlos y reforzarlos, de manera que la energía de los que van más adelante les genere un incentivo.
Un segundo punto fundamental del proyecto es la protección del derecho a la educación. Fundamentalmente, se regulan los reglamentos para asegurar el respeto a la normativa legal y a los convenios internacionales sobre derechos del niño. Se obliga a que se den a conocer los reglamentos a los apoderados; se regulan las expulsiones para que haya procesos de apelación, para que a mitad de año no se expulse a nadie por razones económicas o de rendimiento.
Pero, en esta materia, quedó pendiente un aspecto fundamental: la regulación de los procesos de selección. Resultó ser más complejo de lo que esperábamos y en un segundo informe habrá que trabajar con mayor rigurosidad.
Dos temas difíciles. Primero, el cobro que se hace, pese a ser ilegal, por los procesos de selección. En estricto rigor, no se debe cobrar en los establecimientos subvencionados para dar la prueba de admisión. Sin embargo, sucede y es una realidad muy extendida. Tenemos dos posibilidades: o buscamos una manera de controlar que eso no suceda, o lo regulamos y aseguramos que al menos los establecimientos gratuitos no cobren. Si son gratuitos, las familias que postulan a ellos, probablemente, no tienen la posibilidad de pagar por un proceso de selección.
El segundo problema es aún más difícil, pero debe discutirse en el segundo informe: ¿cuán válido es que los establecimientos seleccionen a los alumnos? Todos sabemos que, en muchos casos, eligen el tipo de familia, seleccionan a los niños por afecto, exigen que haya una condición. Por ejemplo, que los padres no estén separados. ¿Eso es válido? A una familia que acepta un proyecto educacional y quiere que su hijo se eduque en los valores y en la visión religiosa de ese establecimiento, ¿se le puede pedir que reúna determinadas características? Esto quedó para el segundo informe y es algo sobre lo cual se debe legislar. En principio, en la actualidad se permite cualquier criterio de selección discriminatorio.
Por último, se va a reforzar el sistema de educación de adultos con una subvención de retención para los establecimientos que se dedican a ella. Esto es fundamental y coherente con el hecho de hacer obligatoria la educación por doce años. En Chile, la mayoría de la población, el 70 por ciento de los mayores de quince años, no tiene escolaridad completa. En la fuerza laboral, más del 40 por ciento no tiene escolaridad completa.
Cuando sea obligatoria la educación de doce años, esas personas van a enfrentar obstáculos cada vez más difíciles en el mundo laboral y les costará más ser ciudadanos plenos.
Vamos a reforzar los establecimientos que imparten educación para adultos no sólo destinando más recursos a ella, sino que también realizando una gran campaña nacional que involucre a municipios, a parlamentarios, a las familias. La escolaridad de los adultos es una tarea que requiere del reconocimiento y apoyo de todos los chilenos.
Este proyecto es importante, pero nos deja muchos desafíos hacia delante, tanto para el segundo informe como para el futuro.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Quedan cinco minutos para el término del Orden del Día.
Tiene la palabra el diputado señor Rojas, a quien le pido, por favor, que sea breve.
El señor ROJAS.-
Señora Presidenta, es difícil ser breve en una materia tan importante para quienes, de una u otra forma, estamos ligados a la educación.
Ciertamente, este proyecto nos enorgullece y, en definitiva, aspiramos a que siga adelante porque este innovador proceso educativo dará un nuevo impulso al desarrollo del país. En su justa medida, contribuirá a salir del subdesarrollo.
Por otro lado, claramente debemos señalar que la heterogeneidad de nuestro territorio hace que tengamos que analizar con mayor fineza este proyecto. ¿Por qué? Claramente no es lo mismo la implementación de una jornada completa en zona urbana que rural. Puede darse un problema tan simple como es la expansión de la infraestructura para desarrollar las clases o el que dice relación con el mayor espacio educacional que se suscita en el territorio urbano.
Sin duda, se pretendió solucionar los problemas con la creación y puesta en marcha de la jornada escolar completa, en 1997, acompañada por una serie de programas como el Mece, la escuela P900 y, más tarde, los de mejoramiento educativo, que permitieron, aunque en forma desagregada y parcial, dar un paso que reconocemos, con la esperanza de buscar una coherencia mayor.
En efecto, según consta en el mensaje, este proyecto busca ampliar el plazo para funcionar en jornada escolar completa hasta el inicio del año escolar 2007. La JEC presenta dos principios básicos para el desarrollo, que son la equidad y la calidad educativa.
El Gobierno señala que la equidad se manifiesta en privilegiar la entrada al sistema de la JEC diurna de establecimientos que atienden a escolares en riesgo social y educativo, aumentando el tiempo de trabajo a escolares, a todos por igual, con lo que supuestamente se obtiene una igualdad en la oportunidad de aprendizaje.
Asimismo, debemos tener en cuenta la calidad educativa, aunque en toda la discusión no se pudo acotar claramente qué vamos a entender por calidad educativa. Claramente, el Presidente del Colegio de Profesores, señaló la importancia de definir qué queremos y qué entendemos por calidad de la educación, dado que hoy no tenemos una evaluación ni estudio que señalen claramente que las medidas adoptadas por el Gobierno están en la línea correcta.
Dentro del funcionamiento y su soporte económico, es necesario buscar el fortalecimiento del financiamiento compartido, que ha sido el gran aporte de los padres y apoderados al proceso educativo y ha permitido asimismo reforzar el sistema de cooperación complementaria en cuanto a los recursos que entrega el Gobierno.
En materia de resultados, ¿qué se pretende obtener ante estos cambios? De acuerdo con la información recogida en la Comisión, ha disminuido la tasa de reprobación y deserción escolar lo reconocemos, pero también hay inquietudes relacionadas con la calidad de la educación.
Dichos resultados reflejan deficiencias, mayoritariamente en las áreas de matemáticas y de comprensión del medio social y cultural. Lamentablemente, no existe un referente verdadero de evaluación del proceso que permita señalar que estamos frente al éxito o al fracaso, por lo cual es necesario pedir al Ministerio de Educación que enfrente este tema con objetivos claros y transparentes que permitan una constante evaluación, para no tener que lamentar, al cabo del proceso, que todo el esfuerzo no sirvió o no cumplió con los objetivos planteados.
En esta materia sólo existe un estudio que realizó la Pontificia Universidad Católica de Chile, a petición del Ministerio de Educación, en el cual usó como muestra los establecimientos de las regiones Octava y Metropolitana. Dicho estudio concluyó en que la participación del cuerpo docente en el proceso de incorporación al sistema de Jornada Escolar Completa, JEC, es muy débil, por cuanto en las decisiones sólo participa el sostenedor y el director del establecimiento; asimismo en que la participación de los padres y apoderados es baja y plantea la preocupación existente en materia de infraestructura y equipamiento, especialmente para llevar a efecto los procesos alimentarios de los alumnos y las mejoras laborales de los docentes.
Al principio, hubo entusiasmo de parte nuestra en apoyar la jornada escolar completa, porque es una herramienta indispensable y está en lo correcto, pero con algunos cambios. Estoy seguro de que, de perfeccionarse el sistema, nuestros jóvenes lograrán un aprendizaje óptimo.
En definitiva, apoyaremos este proyecto de ley, no obstante considerar que es indispensable que vuelva a la Comisión a fin de que las indicaciones que hemos propuesto puedan analizarse en el segundo informe.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-
Señora Presidenta, no cabe duda de que el proyecto sobre jornada escolar completa es uno de los más importantes en materia educacional que ha discutido la Cámara en este período legislativo.
En la Comisión tuvimos oportunidad de escuchar a representantes de diversos sectores de la comunidad, tanto de organismos públicos como privados, de establecimientos escolares como universitarios, y de todos ellos recibimos el testimonio sobre el impacto positivo de la aplicación del régimen de jornada escolar completa, no sólo porque se ha ampliado el tiempo escolar, sino también porque ha permitido cambiar muchos aspectos internos en los establecimientos, en cuanto a mejorar la participación de los profesores e incentivar la participación de organismos de la comunidad, pero, sobre todo, permitir a los niños desarrollar actividades complementarias, reforzar sus aprendizajes y avanzar, especialmente en establecimientos de sectores socioeconómicos más deprimidos. El resultado del último Simce así lo indica. Los establecimientos con jornada escolar completa han mejorado notablemente su rendimiento en casi todas las asignaturas y ello es consecuencia de la mayor dedicación y tiempo escolar, y del aumento de posibilidades que tienen los alumnos en los establecimientos donde se ha aplicado esta legislación. Sin embargo, aún hay aspectos que corregir al interior de la vida escolar, los cuales permitirían mejorar mucho más el rendimiento y, sobre todo, la calidad de la educación.
No cabe duda de que, hoy, el principal desafío de la educación en Chile no reside en incrementar el acceso y la cobertura, aun cuando todavía falta por completar muchos aspectos en ese sentido, especialmente en educación preescolar y universitaria, sino en la calidad. Para poder avanzar en la reforma educacional que se ha impulsado en los últimos años, la calidad es esencial. Por ello, en la discusión habida en la Comisión, notamos que es necesaria una mayor incorporación de la comunidad, de la familia y los profesores en los procesos educativos. Hoy, los actores educacionales no tienen la suficiente motivación para involucrarse y participar en la vida escolar. Por eso, además de realizar un seminario sobre las mejores condiciones para optimizar la vida al interior de los establecimientos, en la Comisión discutimos un aspecto que subrayó la diputada informante, María Antonieta Saa , y que quiero relevar especialmente. Hoy se plantea el mayor desafío de vincular la acción educativa con la familia, ya que ésta es un factor esencial para estimular a los alumnos, especialmente de las comunas más alejadas, de sectores urbanos marginales o de lugares culturalmente más deprimidos. La incorporación de la familia pasa por crear mecanismos regulatorios que permitan mayor participación de los padres y apoderados, como asimismo de los profesores, de los no docentes y de la comunidad que rodea la escuela, a fin de hacer de la educación
como lo ha planteado la Unesco una tarea de todos. Esperamos que esta participación se logre a través de la anexión de mecanismos hoy dispersos en nuestra legislación que permitan desarrollar comunidades escolares verdaderas. Dichos mecanismos los hemos llamado “consejos escolares” y son experiencias educacionales que se han acrecentado con mucha fecundidad en otros países del mundo. Aquí, a partir de nuestra propia experiencia, es posible establecer consejos escolares debidamente regulados, a los cuales las familias se podrían incorporar más activamente; que el consejo de profesores tenga mayor participación, y la comunidad, expresada en los distintos organismos que rodean la escuela, también pueda participar. Estos mecanismos deberán ser regulados a través de una legislación especial que afecte en particular a los establecimientos subvencionados, tanto municipales como de educación particular.
En la Comisión acordamos presentar indicaciones en el sentido de incorporar a la legislación estos consejos, a fin de complementar y mejorar este proyecto en su segunda discusión. De esa manera, junto con continuar la línea de mejoramiento en nuestros establecimientos educacionales, se incorporarán también aspectos más cualitativos que apunten a estimular más a nuestros alumnos, a hacer que los actores involucrados en esta materia tengan más protagonismo en el proceso educacional que se desarrolla en nuestras escuelas y, con ello, incrementar efectivamente la calidad de la educación.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Para cerrar el debate, ofrezco la palabra al diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señora Presidenta, discutir nuevas normas para la jornada escolar completa no puede sino partir de un balance de la reforma educacional. Ahora no podemos hacerlo porque el tiempo es limitado, pero en el debate en particular deberíamos tomarnos el tiempo necesario para hacer un análisis mucho más en profundidad sobre la materia.
Una de las premisas básicas es que la educación es un problema de la sociedad, es público. A través de la educación se va prefigurando la sociedad, y es responsabilidad de ésta asegurar calidad y equidad para todos. No se trata sólo de un problema de cada cual: cada cual no se las arregla por su cuenta en materia de educación. Eso responde a una concepción conservadora de nuestra sociedad que llevaría a quienes poseen un capital familiar, educativo y cultural mayor, a reproducirlo en sus herederos.
Además, nunca se habría efectuado una reforma educacional, estructural, profunda, de esta envergadura. La importante reforma impulsada por Eduardo Frei Montalva amplió la cobertura educacional. Ahora se enfrentan los problemas de la educación chilena en muchas dimensiones: el acceso a medios educativos modernos de todo tipo; la formación de profesores, incluyendo pasantías en el exterior y la búsqueda de mejores condiciones de vida; la jornada escolar completa, con infraestructura creada para tal efecto, y las modificaciones al currículum. Hasta la creación del Sies, jamás se había cuestionado la facultad del Estado para establecer un currículum nacional, prerrogativa que existe en todo el mundo. Es una función básica de la sociedad a través del Estado.
También es importante reconocer que existen problemas, que no toda la reforma se está desarrollando tan bien como uno quisiera. Quizá el problema más serio consiste en que hay colegios que han avanzado más que otros. La estrategia impulsada por la reforma ha abierto oportunidades para que los establecimientos educacionales las aprovechen. Algunos lo han hecho plenamente, porque gozaban de condiciones preexistentes para ello; en cambio, otros han debido enfrentar muchas dificultades. Esto se encuentra más asociado a colegios que atienden a niños en condiciones más vulnerables, en situación socioeconómica precaria o que provienen de familias con capital cultural o situaciones familiares específicas. Allí, los profesores no sólo deben ser educadores, sino, también, en muchas ocasiones, transformarse en padres de familia.
En cuanto a esa realidad, es necesario perfeccionar la manera en que se está desarrollando la reforma. Por ejemplo, a lo mejor no es bueno que en este tipo de establecimientos haya cursos con 45 alumnos, sino grupos más reducidos o contar con un profesor ayudante.
También son necesarios sicólogos y asistentes sociales que ayuden a la gestión de los profesores, quienes no tienen por qué estar preparados para cumplir otras funciones.
Asimismo, se requiere que el Ministerio de Educación disponga de más facultades. Por ejemplo, no es posible que un funcionario de ese ministerio no pueda visitar el colegio San Andrés de La Florida o se entere de que es un establecimiento en que las cosas no funcionan bien y, sin embargo, no tenga facultades para actuar, salvo cerrarlo, en circunstancias de que en ese sector se requiere un colegio. En el evento de que no exista otro, el ministerio debería contar con facultades para actuar en ese establecimiento. Por tal razón, la Comisión, por unanimidad, solicitó al ministro de Educación que pida más facultades para actuar en ese aspecto.
Otro problema que ha debido enfrentar la reforma se relaciona con la participación de los actores del proceso educativo, cuales son los padres, los profesores los no docentes y la comunidad del entorno. Hay un problema en el gobierno de la escuela. Por eso estamos planteando una modificación al funcionamiento, características y rol del director. No podemos seguir con directores que permanecen en sus puestos de por vida. Debe existir capacidad para revalidar o no a los funcionarios, como también consejos escolares representativos de los distintos estamentos que permitan equilibrar la gestión del colegio. Muchos pensamos que los consejos escolares deben tener facultades para decidir sobre materias que no sean propiamente educativas, sino complementarias, como el reglamento interno del colegio y otras.
Finalmente, se presenta el problema relacionado con el financiamiento compartido. La Universidad de Chile acaba de terminar un estudio que demuestra el escaso impacto que ha tenido esa modalidad sobre la calidad educativa y que el diferencial está dado mucho más por el tipo de alumno que se atiende que por el hecho de contar con más recursos. Esto también requiere de una revisión y en el proyecto se proponen medidas al respecto.
El balance global de la reforma es muy positivo. El país está embarcado en una de las reformas estructurales más importantes y que apunta a lo fundamental: obtener mayor calidad y equidad. Se han hecho muchas cosas valiosas, pero repito hay problemas que superar y en esa dirección ha estado trabajando la Comisión, para hacer posible que el proyecto se perfeccione, desarrolle y alcance mayor solidez.
Los socialistas votaremos en general a favor del proyecto; sin embargo, insisto, tenemos muchas indicaciones para perfeccionarlo en el debate en particular.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Cerrado el debate.
En votación en general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Aprobado en general el proyecto.
Vuelve a Comisión para su segundo trámite.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros, Bauer , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Escobar , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa), González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Jarpa , Kast , Kuschel, Lagos, Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Molina , Monckeberg , Montes, Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma, Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Uriarte, Urrutia , Valenzuela , Varela , Venegas , Vidal ( doña Ximena ), Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra la señora ministra de Educación.
La señora AYLWIN, doña Mariana, (ministra de Educación).-
Señora Presidenta, sólo quiero valorar el hecho de que el proyecto haya sido aprobado en general por la unanimidad de la Sala, como asimismo el espíritu constructivo de todas las propuestas generadas en el debate. Espero que en el segundo informe podamos enriquecerlo con ellas.
Muchas gracias.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
SUSPENSIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DEL FONDART HASTA APROBACIÓN DE PROYECTO DE LEY QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA CULTURA. (Votación).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Informo a la Sala que se ha suspendido hasta mañana el tratamiento de los proyectos de acuerdo N°s 122 y 123.
Corresponde votar, por última vez, el proyecto N° 124, que propone la suspensión de nuevos proyectos del Fondart hasta la aprobación de la ley que crea el Fondo Nacional de la Cultura.
En votación.
--Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 46 votos. No hubo abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca , Álvarez , Barros, Bauer , Bayo , Bertolino , Cardemil , Correa, Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Egaña , Errázuriz , Escobar , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Kast , Kuschel, Leay , Longton , Masferrer , Melero , Molina , Monckeberg , Norambuena , Palma, Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas, Uriarte, Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Allende (doña Isabel), Ascencio , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Encina , Escalona , Espinoza , Girardi , González (don Rodrigo) , Hales , Lagos, Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Montes, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz ( doña Adriana) , Ojeda , Ortiz , Paredes, Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Robles , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina), Valenzuela , Vidal ( doña Ximena ), Villouta y Walker .
SUPRESIÓN DE DESCUENTO DE SIETE POR CIENTO PARA SALUD A JUBILADOS.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 125.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 125, de los señores Errázuriz , Bayo , Bauer , Mora , Martínez y Barros.
“Considerando:
Que a las personas jubiladas se les descuenta, por concepto de salud, un siete por ciento de su pensión.
Que las pensiones y jubilaciones son muy bajas y los pensionados y jubilados, dificultosamente pueden alimentarse, vestirse y comprar sus remedios con el monto que reciben.
Que el aporte de los jubilados al sistema de salud, por concepto del descuento del 7 por ciento de sus jubilaciones, asciende, anualmente, a alrededor de ciento diez mil millones de pesos ($ 110.000.000.000).
Que, respecto de quienes jubilen anticipadamente, es comprensible el descuento del 7 por ciento para salud, pero no así para quienes jubilen por edad.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que disponga el estudio de un proyecto de ley que elimine gradualmente el descuento del siete por ciento de salud a los jubilados por edad cuyas pensiones sean inferiores a ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) y que les permita recibir atención en forma gratuita en el sistema público de salud, ya que durante toda su vida contribuyeron al sistema público.”
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta, con este proyecto se pretende solucionar el problema del descuento de 7 por ciento que, por concepto de salud, se hace a los jubilados por edad, por cuanto la mayor parte de sus pensiones y jubilaciones son extraordinariamente bajas. Hoy, dicho aporte alcanza a 110 mil millones de pesos anuales. No se trata tampoco de eliminar ese descuento a todas las personas que han jubilado, puesto que muchas lo hacen en forma anticipada, sino sólo respecto de aquellas que han trabajado y cotizado durante toda su vida, y perciben pensiones o jubilaciones inferiores a 150 mil pesos. A ellas se les continuará proporcionando atención médica, pero esta vez en forma gratuita, en el sistema público de salud.
Este problema me lo plantearon jubilados de las comunas de La Pintana y de Puente Alto, pero, evidentemente, afecta a todos.
Por eso, con el diputado Accorsi , quien me proporcionó las cifras contenidas en el proyecto, hemos solicitado que la Cámara de Diputados formule esta petición al Presidente de la República, ya que no tenemos facultades constitucionales para presentar un proyecto de ley que reitero suprima el referido descuento de 7 por ciento para salud a los jubilados por edad, cuyas pensiones sean inferiores a 150 mil pesos.
Ojalá que este proyecto de acuerdo sea aprobado por toda la Sala, de manera que no aparezcan algunos diputados tratando de obtener beneficios. Me interesa que se apruebe, más allá de que se pueda sostener quién es el autor o los autores.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta, sólo quiero exponer nuestra posición favorable al proyecto de acuerdo. Efectivamente, es de justicia eliminar el descuento de 7 por ciento para salud que se hace a los pensionados y jubilados del país, porque, además del proceso de cotización a que han estado sujetos durante toda su vida, se suma lo insuficiente del monto de sus pensiones.
En esta materia, el gobierno de la Concertación ha ido avanzando. Es así como presentó un proyecto de ley, aprobado por la unanimidad del Parlamento, en el sentido de eliminar la cotización por sobre el 7 por ciento, que pagaban una serie de pensionados de varias cajas de previsión del antiguo sistema. Ese proyecto se convirtió en ley de la República el año pasado, y esos pensionados, gradualmente, han visto aumentar sus pensiones por el solo efecto de la eliminación de la sobrecotización.
Creemos que en esta perspectiva es posible seguir avanzando. Por ello, entonces, apoyamos este proyecto de acuerdo, el cual, ojalá, cuente también con la acogida favorable del Ejecutivo.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señora Presidenta, este proyecto de acuerdo contiene dos partes.
En la primera se propone eliminar, gradualmente, el descuento de 7 por ciento de salud a los jubilados por edad cuyas pensiones sean inferiores a 150 mil pesos, con lo cual estamos enteramente de acuerdo, como ha señalado mi camarada Edgardo Riveros .
Pero la segunda parte señala que “los jubilados por edad con pensiones inferiores a 150 mil pesos reciban atención en forma gratuita en el sistema público de salud, ya que durante toda su vida contribuyeron al sistema público”.
Al respecto, hay que hacer la salvedad de que hay una disposición, formulada por el actual gobierno del Presidente Ricardo
Lagos, por la cual se elimina el copago a las personas de la tercera edad, vale decir, a aquéllas de más de 65 años. Ella está vigente; por lo tanto, el segundo punto es redundante.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señora Presidenta, adhiero a lo señalado por mi colega Patricio Cornejo , quien es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara y fue el parlamentario que principalmente promovió la iniciativa, consignada en el segundo punto del proyecto de acuerdo, que el Ejecutivo acogió. Pero dicho punto, además, es restrictivo, porque podríamos volver atrás.
La disposición actual del Gobierno, en el sentido de atender gratuitamente a personas de la tercera edad en todos los centros asistenciales de la red pública, dice relación no sólo con aquellas que reciben una pensión o jubilación igual o inferior a 150 mil pesos, sino que, incluso, es ampliable a todas aquellas que tengan una pensión superior. De forma que, de aprobarse este proyecto de acuerdo tal como está, si el Ejecutivo adoptara la decisión que se propone, volveríamos atrás en cuanto a que las personas de la tercera edad deberían empezar a pagar el copago en los hospitales públicos, por lo menos aquellas que están en las letras C y D de Fonasa, las cuales tienen una pensión superior a 150 mil pesos, en circunstancias de que ya cuentan con gratuidad en virtud de las disposiciones vigentes.
Por esa razón, de no modificarse este proyecto de acuerdo, habría que votarlo en contra porque significaría un paso atrás en la dirección señalada.
He dicho.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta, solicito el acuerdo unánime de la Sala para eliminar el segundo punto del proyecto de acuerdo.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
¿Habría acuerdo para acceder a la proposición del diputado Errázuriz ?
Acordado.
En votación el proyecto de acuerdo con la reciente modificación de la Sala.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).-
Señora Presidenta, cuestión de Reglamento.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).-
Señora Presidenta, a pesar de estar conforme con la modificación que se hizo al proyecto de acuerdo, recuerdo que no se pueden modificar los proyectos de acuerdo sin el consentimiento unánime de todos los que lo presentaron. No sé si en este caso se recabó.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Se acaba de hacer, señor diputado. El proyecto tuvo el respaldo unánime de la Sala y así lo consignó la Mesa.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES PARA CONOCER DIVERSAS SITUACIONES RELACIONADAS CON LAS EMPRESAS SANITARIAS.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
El señor Secretario va a dar lectura al próximo proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 126, de los señores Navarro , Sánchez , Valenzuela , Robles , Espinoza , Aguiló y Rossi .
“Vistos:
Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la honorable Cámara, y
Considerando:
1.Que en agosto pasado la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss) aplicó una multa de 10 UTA, equivalente a 3,5 millones pesos, a la empresa de Servicios Sanitarios de Aisén S.A. (Emssa S.A.), tras constatar que la sanitaria no realizó la medición del consumo de agua potable a través de medidores, durante los meses de septiembre a diciembre del año 2001, situación que afectó a lo menos a 108 clientes del sector Rivera Sur de la ciudad de Puerto Aisén, equivalentes a 700 familias, quienes percibieron en sus boletas consumos que triplicaron sus promedios normales.
2.Que a fines de agosto pasado la Superintendencia de Servicios Sanitarios, aplicó una multa de 20 UTA, equivalente a 6,9 millones de pesos a la empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (Essbío S.A.) luego de detectar un incumplimiento en la calidad del efluente de la planta de tratamiento de aguas servidas de Chillán en el mes de febrero del año en curso, al verificarse que en ocho muestras analizadas para coliformes fecales, tres de ellas presentaron más de mil coliformes fecales por 100 ml, lo que transgrede lo dispuesto por el D.S. Segpres Nº 90.
3.Que también en agosto de 2002 la Siss aplicó una multa de 70 UTA, equivalente a 23,9 millones de pesos, a la Empresa de Servicios Sanitarios del Libertador (Essel S.A.), tras constatar que la planta de tratamiento de aguas servidas de Rancagua operaba en forma deficiente, constatándose a través de los resultados del informe de autocontrol de la planta, que de las 50 muestras analizadas para coliformes fecales, 21 de ellas presentaron más de 1.000 coliformes fecales por 100 ml, transgrediendo lo dispuesto en la norma de emisión Nº 90.
4.Que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha señalado que “está ejerciendo un permanente control de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas, a fin de cautelar la calidad ambiental de los cursos receptores y la correcta prestación del servicio de tratamiento de aguas servidas como contrapartida al pago que hacen los usuarios por dicha prestación”.
5.Que en regiones como la Séptima la construcción de viviendas sociales coincide con el área de concesión de la empresa sanitaria Essam , situación que tras la aprobación de cambios de uso de suelo dejaba a las sanitarias impedidas de dar servicio sobre la base de la actual normativa, las que, sin embargo, lo prestaban conforme a las normas de excepción contenidas en el DFL Nº 382, de 1988, sin que hubiera pretendido cobrar un arancel adicional.
6.Que pese a lo anterior, y según se ha denunciado en esta honorable Cámara, la empresa Essam está demorando excesivamente la tramitación de ampliaciones de sus áreas de concesión, período en el que aparentemente se pretende establecer un tarifado excepcional, lo que se traduce en un costo adicional al cancelado en el resto de la comuna, para los propietarios de las viviendas sociales por concepto de agua y alcantarillado.
7.Que la empresa Aguas Nuevo Sur contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas para la comuna de Talca, la que se instalaría en el sector de Colín en la comuna de Maule y que por ello se ha planteado desde sus mil quinientos habitantes la preocupación por el adecuado funcionamiento de esta planta. Frente a esta legítima aprensión, desde la Corema Regional sólo se habría dicho que “aún no se sabe lo dañina que puede ser la instalación de esta planta”.
8.Que la Siss ha establecido mediante el DFL Nº 70/88 y su Reglamento, el DS Nº 453/89, para una empresa modelo, un cobro por alcantarillado que incluye los servicios de recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas. Sin embargo, en una situación que ha generado preocupación en varias comunas del país, esta tarifa se aplica considerando factores de prorrateo establecidos mediante resolución Siss Nº 1800/01 entre todos los clientes, incluso los pertenecientes a localidades o ciudades donde no existan plantas de tratamiento, bajo el argumento de que “se verían favorecidos por un menor cobro en sus cuentas a pesar de que directa o indirectamente percibirían beneficios asociados a la existencia de plantas descontaminantes en otras localidades”.
9.Que este último supuesto resulta absolutamente ambiguo respecto de otras argumentaciones de la propia Siss en el sentido de que “las empresas sanitarias están legitimadas para cobrar por el tratamiento de las aguas servidas que recolectan, siempre que efectivamente realicen esta tarea”, lo que además se ve agravado por la mala o nula información proporcionada sobre esta materia por las empresas sanitarias a sus clientes, especialmente a través de su boleta de consumo.
10. Que en el documento “Guía para la elaboración y revisión de declaraciones de impacto ambiental para plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas”, disponible en las oficinas de la Conama y que incluso puede ser descargado de la página web de esa repartición se entregan, en el número 4, los antecedentes para acreditar y justificar que el proyecto no requiere presentar un estudio de impacto ambiental, pese a que por definición los lodos producidos en el proceso son residuos industriales y que se ha propuesto en varias localizaciones de estas plantas el uso de estos lodos como fertilizantes.
11. Que, sobre el particular, los estudios internacionales señalan que aunque efectivamente algunos países siguen usando los lodos residuales como aportes para el mejoramiento de tierras, este proceso es efectuado bajo estrictas normas de cumplimiento sanitario, especialmente en lo relacionado con el carácter de biológicamente no activo de estos residuos, con el fin de evitar la propagación de enfermedades como la hepatitis. En otros, como Alemania, ya han dejado de lado esta práctica por la saturación de fósforo y nitrógeno que los lodos producían, generando un efecto contrario al deseado, ya que se afectaba la calidad de los suelos.
La Cámara de Diputados acuerda:
Mandatar a la Comisión de Obras Públicas y Transportes para que, en un plazo de 60 días, conozca de las situaciones relacionadas con el cobro irregular de tarifas, la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas a lo largo del país, sus efectos económicos y ambientales, y la posibilidad de que los lodos residuales se utilicen para mejorar la calidad de los suelos, y sugiera las iniciativas legislativas necesarias para evitar que estas situaciones afecten a los clientes del sistema de agua potable y alcantarillado”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro para hablar a favor del proyecto.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, con los parlamentarios firmantes, hemos presentado este proyecto de acuerdo a fin de hacer un análisis profundo y detenido de la situación de las empresas sanitarias, sobre la base de los propios informes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
En el caso de la Empresa de Servicios Sanitarios de Aisén, Emssa S.A., la Superintendencia aplicó una multa de 10 unidades tributarias anuales, equivalentes a 3,5 millones de pesos, debido a que 108 clientes recibieron, durante seis meses del año 2001, boletas por consumos que triplicaban sus promedios normales, lo que constituye una franca irregularidad.
Del mismo modo, a fines de agosto pasado, la Superintendencia aplicó una multa de 20 unidades tributarias anuales, equivalentes a 6,9 millones de pesos, a la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, Essbío , luego de detectar un incumplimiento grave en el tratamiento de aguas servidas, ya que verificó que de ocho muestras analizadas, tres presentaron más de mil coliformes fecales por cien mililitros, lo que transgrede lo dispuesto en el decreto supremo Nº 90, de la Secretaría General de la Presidencia.
Asimismo, en agosto de 2002, la Superintendencia aplicó una multa de 70 unidades tributarias anuales, equivalente a 23,9 millones de pesos, a la Empresa de Servicios Sanitarios del Libertador, Essel S.A., pues constató que veintiuna de cincuenta muestras analizadas, es decir, casi el 50 por ciento, presentaban más de mil coliformes fecales por cien mililitros, lo que transgrede lo dispuesto en la norma de emisión Nº 90.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios ha actuado con eficacia y ha cautelado la calidad ambiental. No obstante, existen diversas situaciones de incumplimiento de la normativa por las diferentes compañías de agua potable y de tratamiento de aguas servidas en las diversas regiones. Es así como la Empresa de Servicios Sanitarios del Maule S.A., Essam , de la Séptima Región, ha demorado excesivamente la tramitación de ampliaciones de sus áreas de concesión con el objeto de establecer un costo adicional al del consumo de los pobladores que están fuera de su área de concesión.
Por su parte, la empresa Aguas Nuevo Sur ha expresado a los 1.500 habitantes del sector de Colín, comuna de Maule, provincia de Talca, que la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas en dicho sector no causará problemas. Increíblemente, la Corema de la Séptima Región sólo se ha remitido a decir que “aún no sabe lo dañina que puede ser la instalación de esta planta”.
El documento “Guía para la elaboración y revisión de declaraciones de impacto ambiental para plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas”, disponible en la oficina de la Conama y que, incluso, puede ser descargado desde su página web, entrega antecedentes para acreditar y justificar que el proyecto para la instalación de una planta de tratamiento de aguas servidas no requiere presentar un estudio de impacto ambiental, pese a que, por definición, los lodos producto del proceso son residuos industriales.
Esto es de suma gravedad, porque vamos a tratar aguas servidas para lograr la limpieza de las mismas, lo que es muy bueno; pero el resultado de este proceso son lodos industriales, con alto contenido de microorganismos y de metales pesados, que deben ser llevados a un relleno sanitario adecuado. Además, todos los estudios internacionales que hemos consultado señalan que el tratamiento de esos lodos debe hacerse bajo una estricta supervisión sanitaria por su composición biológica. En Alemania se ha dejado de lado la utilización de esos lodos en la fertilización de la tierra, debido a su saturación con fósforo y nitrógeno.
Señor Presidente, a estas situaciones se suman las denuncias presentadas permanentemente a lo largo de todo el país, a través de la Superintendencia, por cobros por tratamiento de aguas servidas, en circunstancias de que no existen dichas plantas en las comunas, en las provincias y ni siquiera en las regiones de los lugares donde se realizan tales cobros.
Del mismo modo, las denuncias por cobros abusivos por metro cúbico de agua consumida, que permanentemente se formulan a la Superintendencia, demuestran que esto se ha convertido en una práctica habitual de las empresas sanitarias.
Por lo tanto, considero conveniente porque éste es un reclamo que los señores diputados deben de haber recogido en cada una de las comunas y distritos que representan que se mandate a la Comisión de Obras Públicas para que, en un plazo de 60 días, conozca de la aplicación de la legalidad, a través de la Superintendencia, a las empresas sanitarias, así como del resultado de las multas aplicadas por el cobro irregular de tarifas y del mecanismo de evaluación de impacto ambiental para la construcción de estas plantas, lo que se está realizando a lo largo del país.
Señor Presidente, la preocupación permanente de los vecinos de todo el país en relación con esta materia requiere de una respuesta de la Cámara de Diputados, porque no puede quedar sin fiscalización la labor que está realizando la Superintendencia de Servicios Sanitarios, lo que se puede lograr mediante el informe que debería elaborar la Comisión, el que posteriormente sería conocido por esta Sala.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, sin duda lo que plantean el diputado Navarro y otros diputados en el proyecto de acuerdo puede tener un objetivo bastante loable para dar respuesta a la preocupación que ha existido respecto de los cobros irregulares de las empresas sanitarias, específicamente en las zonas donde se están construyendo nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas. Sin embargo, debo señalarle al diputado Navarro , porque a lo mejor no tiene la información respectiva, que ya se creó una Comisión especial, presidida por el diputado Patricio Melero , que ha llevado a cabo una investigación bastante acuciosa sobre la materia y que, según entiendo, mañana dará a conocer su informe a la Sala.
Por lo tanto, la aprobación de este proyecto de acuerdo estaría fuera de contexto, porque ya viene la solución a la preocupación del diputado Navarro .
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Por no haberse reunido el quórum requerido, el tratamiento de este proyecto queda pendiente para la sesión ordinaria de mañana.
VII.INCIDENTES
CREACIÓN DE ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS EN CAUQUENES. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Entrando en hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Ceroni por cuatro minutos.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, en la provincia de Cauquenes una de las dos que represento, la comunidad tiene gran interés en concretar un proyecto: la instalación de una escuela de formación de Carabineros.
Lo anterior se ve factible porque existe la infraestructura para su edificación en un terreno de 4,5 hectáreas, dejado por el regimiento Andalién cuando cambió de sede.
Las autoridades de la provincia gobernadora y alcalde de Cauquenes han conversado con el Ejército de Chile, institución que se mostró dispuesta a ceder el terreno a Carabineros, mediante la compensación de 338 millones 613 mil pesos.
Lo importante es que el consejo regional ha dado su aprobación para cancelar dicha cantidad con fondos regionales; es decir, desde el punto de vista material se dan todas las condiciones para hacer realidad este proyecto.
Por su parte, Carabineros de Chile también está interesado, porque la construcción de esta escuela permitiría la formación de más de cien jóvenes.
Hemos realizado múltiples gestiones junto con la gobernadora y el alcalde de Cauquenes y, dada la importancia que la instalación de dicha escuela tiene para mi provincia, solicito que se oficie a la ministra de Defensa adjuntando copia de mi intervención para que también su cartera realice gestiones a fin de materializar esta iniciativa a la brevedad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se oficiará en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los Comités del Partido por la Democracia, Partido Socialista, Renovación Nacional, Democracia Cristiana y UDI.
INCLUSIÓN DE PROYECTO TÚNEL INTERNACIONAL “LAS LEÑAS” EN OBRAS DEL BICENTENARIO. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela por tres minutos.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, estos días han sido importantes para Rancagua, pero también de cierta frustración. Importantes, porque se cumple un aniversario más de la Batalla de Rancagua, con todo el significado que ello implica en el despertar del sentido nacional, y también porque el 5 de octubre se celebra el aniversario de la ciudad Santa Cruz de Triana, fundada por Manso de Velasco. Por la importancia que revisten nuestros héroes locales desde Lastarria , como un gran intelectual liberal del siglo XIX, hasta Óscar Castro y Lucho Gatica , aunque no le den visa en Estados Unidos, nuestra ciudad se distingue en el país.
Por otro lado, hay frustración porque hemos sabido que, siguiendo con la mentalidad centralista imperante en el país, entre los acuerdos que ha adoptado la Comisión Nacional Bicentenario integrada por grandes figuras nacionales y en la cual no existen comisiones representativas de cada región que puedan presentar sus propios portafolios de proyectos hacia el 2010 no se ha incluido el proyecto de mayor relevancia y esperanza para nuestro sector: la construcción del túnel internacional Las Leñas , el cual ni siquiera está en carpeta.
Esta discriminación nos frustra como ciudad y constituye un escándalo desde el punto de vista de los intereses nacionales, pues no se trata de fetichismo local.
Se habla de reponer el tren que conectaba la Quinta Región con Mendoza, obra que anteriormente fue desechada porque, al igual que el paso del Cristo Redentor , registra un promedio de 30 a 60 días de inactividad por razones climáticas. Sin embargo, se insiste en ese proyecto, en circunstancias de que lo más rentable, con visión amplia de país, como megaproyecto nacional para el bicentenario, es el túnel Las Leñas . Lamentablemente se desecha no sólo por la crisis fiscal de Argentina han comunicado que no están en condiciones de cofinanciar los estudios geológicos, sino también por falta de voluntad y de creatividad por parte de las autoridades en generar viabilidad para este proyecto mediante otra vía de financiamiento.
Por tanto, solicito que se oficie a la Comisión Nacional Bicentenario para saber, en primer lugar, qué ha ocurrido con la petición de numerosos parlamentarios de crear un fondo con el objeto de que los megaproyectos de las regiones que no sean tomados en cuenta por ese organismo de “iluminados”, puedan tener alguna oportunidad de financiamiento.
En segundo lugar, a fin de que dicha Comisión nos informe sobre las razones aducidas para desechar el megaproyecto del túnel internacional Las Leñas , por cuanto sería útil para la integración física y económica con el Mercosur.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
RECHAZO A EXPRESIONES VERTIDAS POR DIPUTADO PABLO LONGUEIRA EN MIAMI.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, el país necesita una explicación por parte de ciertos conductores políticos de Derecha. Ello, porque las últimas expresiones públicas del presidente de la UDI aparecen contradictorias con el esfuerzo de muchos empresarios en pro de lo que éstos llaman “vender Chile” en el extranjero.
Empresarios nacionales y dirigentes gremiales han viajado a varios países para presentar la buena situación de Chile en distintas áreas, con el fin de invitar a sus pares a que inviertan aquí para dar trabajo y aprovechar las buenas condiciones de la economía nacional. No obstante, el presidente de la UDI acaba de decir en Miami todo lo contrario. No es lo mismo “vender Chile” que desprestigiarlo.
Al respecto, el país necesita una explicación, porque estamos hablando de dirigentes políticos que pretenden dirigir el gobierno el día de mañana, e, incluso, llegar hasta la Presidencia. Además, están desconociendo hechos.
Tienen derecho a expresar opiniones, pero los hechos son innegables. Hemos demostrado que podemos tener una economía en condiciones de estabilidad, de crecimiento superior, incluso, al de muchos países desarrollados. Al mismo tiempo, hemos asegurado la continuidad de los programas sociales. Y como país, tenemos una posición que ha significado el aprecio no sólo de los inversionistas, sino también de distintos analistas en el mundo.
Puede suscitarse el debate que quiera, pero no es posible aceptar, al menos sin una explicación al resto de los chilenos, la organización de una campaña especializada para contradecir la campaña de presentar a Chile como país apto para invertir.
Ahora, la Derecha ha iniciado una campaña para que no se venga a invertir en Chile. El país debe entender que, con eso, aparentemente perdemos todos, pero siempre hay algunos que ganan: los especuladores, que pueden aprovechar un momento de baja para comprar bonos y obtener ganancias especulativas, y ganan los políticos que creen que pueden hacer de las suyas, desprestigiando a Chile y abusando de las buenas intenciones del resto de los chilenos.
Esto no debe quedar impune; debe ser castigado, como se acostumbra en democracia: con el voto, con la palabra, con el juicio; no como se castigaba en dictadura. Será castigado como lo hace el pueblo de Chile bien informado.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Y los chilenos tienen derecho a saber, aunque sus Señorías griten, incluso aquí en la Sala o donde sea, qué quiere decir esta confabulación.
El endeudamiento ha sido un tema recurrente de la Derecha no de los empresarios, sino de sus políticos. Y justamente ése es el tema que el diputado Longueira aborda en Estados Unidos a través de sus declaraciones en Miami. Que vengan acá y ojalá en una sesión especial podamos debatir de cara al país qué significa la verdad de los hechos y las interpretaciones para ir a desprestigiar, no a un gobierno ni a un ministro ni a una política económica, sino a Chile.
He dicho.
INFORMACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA “ORÍGENES” EN DISTRITOS 48 Y 49, DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, voy a referirme a un tema muy importante para la Región de La Araucanía en general.
Desde hace varios años, diferentes gobiernos, y en las últimas décadas con mucho mayor ordenamiento, quizás, se ha tratado de solucionar los problemas de las comunidades indígenas. Su incorporación al desarrollo y progreso del país en general ha sido motivo de preocupación para todos nosotros. Se han destinado muchos recursos para lograr esos objetivos. Pero es cuestionable el uso y la eficacia con que aquéllos han sido usados. Se da como ejemplo lo sucedido con el Fondo de Tierras Indígenas, cuya evaluación en los próximos días debería estar en nuestras manos con ocasión de la discusión del proyecto de Presupuestos de la Nación para el año 2003.
Este preámbulo justifica nuestra aprensión frente al programa “Orígenes”, que nos llenó de esperanzas y de fe, el que tiende a desarrollar, en forma integral, las comunidades indígenas, sin los paternalismos excesivos del pasado, y a entregar mejores oportunidades y capacidades a los usuarios del programa.
Lo destacable del programa es su carácter participativo y descentralizado. Ha sido esperado con mucha fe y esperanza, pero esta última se ve frustrada. En el distrito 48 existe una lista de comunidades que serían beneficiadas. Los recursos destinados, que superan los 133 millones de dólares, son aportes del Gobierno y del Banco Interamericano de Desarrollo.
¿Qué ha pasado con el programa? Por ejemplo, en la comunidad de Juan Maica , en abril llegaron dos promotores que ofrecieron una serie de cosas e hicieron sugerencias. A pesar de las reiteradas consultas de los usuarios del programa, la verdad es que hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada.
En este programa, que interesa a las comunidades indígenas, hay recursos estatales y municipales. Es un programa que apunta al quid del asunto en lo referente al desarrollo indígena.
Por eso, solicito enviar oficio a la ministra de Planificación para que se sirva entregar la siguiente información:
1)La estructura del programa estatal responsable del programa en La Araucanía.
2)La nómina de los funcionarios a cargo con su definición de funciones y remuneraciones.
3)Estado de avance del programa con especificación de los planes que deberían estar desarrollándose en este minuto.
Esto tiene importancia para los distritos 48 y 49. Uno de los representantes de este último distrito es el señor José Antonio Galilea . Por ello solicito que el oficio también vaya en su nombre.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de Renovación Nacional, de la UDI y del Partido Socialista que así lo indican.
INFORMACIÓN ACERCA DE AYUDA ENVIADA POR LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA AL DISTRITO 52 CON MOTIVO DE LOS ÚLTIMOS TEMPORALES. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, la comunidad nacional está en conocimiento de los grandes temporales que han afectado a la Novena Región hasta el momento. Lo trágico es que la propia Oficina Nacional de Emergencia ha declarado que “no estaba preparada” para esta emergencia, porque en octubre no llovía.
Esa respuesta me parece increíble e infantil. Si hubiese habido un terremoto, ¿habría que haberle avisado al director de la Onemi: “Oiga, va a venir un terremoto en diez días más, así que prepárese”? Es una respuesta “interesante”, para que la gente sepa cómo funcionan dicha oficina y el gobierno regional en La Araucanía.
Han pasado el viernes, el sábado y el domingo, y recién el lunes en la mañana el intendente se reunió con los seremis y la Oficina Regional de Emergencia. Tanto el sábado como el domingo fue imposible comunicarse por teléfono con la intendencia. Por lo tanto, recién ayer llegó la ayuda. En las comunas de Loncoche, Gorbea y Toltén hay caminos cortados; en Curarrehue hubo muertos; toda la gente estaba aislada, sin ningún tipo de locomoción ni comunicación, y recién ayer se empezaron a preocupar, si bien es cierto que el gobernador fue a ver la casa en la que hubo un derrumbe y, por desgracia, murió una persona. Pero no llegó ninguna ayuda.
Me parece increíble la respuesta del Gobierno a la petición de la gente, en circunstancias de que no tenían nada: sólo un par de frazadas y 400 cajas para toda la Novena Región.
Pido enviar un oficio al intendente de la Novena Región para que me informe en qué ha consistido la ayuda de la Onemi en las comunas de Cunco, Curarrehue , Pucón , Villarrica , Loncoche , Gorbea y Toltén , y sobre cuándo empezó a llegar. Asimismo, pido enviar un oficio a los alcaldes de las municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes , Ñuñoa y Vitacura , en nombre de los alcaldes del distrito Nº 52, a fin de que envíen ayuda a sus colegas que enfrentan esta desgracia como consecuencia de los temporales.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Comités de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente.
APOYO A DECLARACIONES FORMULADAS POR DIPUTADO PABLO LONGUEIRA EN MIAMI.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, me parece increíble la conducta del Gobierno respecto de las declaraciones del señor Pablo Longueira , presidente de la UDI.
No pertenezco a ese partido soy de Renovación Nacional, pero concuerdo plenamente con lo manifestado por su presidente. En verdad, el Gobierno nos ha ido anestesiando poco a poco para que no se acepten críticas. El señor Longueira sostiene que en esas reuniones efectuadas en Miami no estuvo “vendiendo a Chile”, sino que dio a conocer la realidad del país. Habló de la cesantía, de las inversiones, de todo.
Según este mismo criterio, diputado Hales , usted, como uno de los firmantes de la Declaración de los 15, sí que vendió al país, porque ese documento dio la vuelta al mundo. En consecuencia, según la visión de este Gobierno, si el señor Longueira por el solo hecho de hacer una declaración es “vendepatria”, habría que fusilar a los 15 diputados que firmaron esa declaración. Ése es el concepto estalinista que hoy está teniendo parte de la Concertación, a fin de ir anestesiando al país para que no se acojan las críticas.
Como muy bien se ha dicho, en democracia las críticas deben ser aceptadas, trabajar en la solución de los problemas, pero no levantar banderas porque habla una sola persona. Los personeros de la Concertación se sienten muy perjudicados por los dichos del diputado señor Longueira , en circunstancias de que él no ha mentido, pues señaló que la cesantía alcanza al 10 por ciento y se refirió a la inversión extrajera. Entonces, ¿qué pretenden?
Lo que sí nos parece grave es un país que no acepte críticas, pues eso conduce a una suerte de estalinismo, y, lo que es peor, a una dictadura constitucional. Eso es “envolver” al país sin aceptar las críticas. Lo que me parece inconcebible e imperdonable es que los que hablan de democracia no acepten las críticas.
Me alegro de que el presidente de uno de los partidos de la Alianza por Chile tenga tanto poder como para poner en jaque a un Gobierno tan “maravilloso” como el de la Concertación. ¡Me parece increíble!
Lo que debe hacer el Gobierno es llamar a la Concertación y a la Oposición para reunirse, porque nosotros, aunque les parezca mentira, queremos que al país le vaya bien, porque cuando eso ocurre le va bien a su gente. Ése es el fondo del asunto. No deseamos que le vaya mal a ningún gobierno, porque mientras más mal esté, más sufre la gente. Eso es lo que pretendemos evitar.
Desde mi punto de vista, las críticas que se han hecho son constructivas. El ministro del Interior lo sabe, pero el diputado señor Hales lo ignora. Por eso, termino diciendo que me parece increíble cómo se ha llevado y desviado el tema, y la desinformación en la cual está incurriendo la Concertación.
He dicho.
CRÍTICA A POLÍTICA DE SALUD.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Palma.
El señor PALMA.-
Señor Presidente, la deuda hospitalaria no se soluciona sin corregir su verdadera causa, la cual no se ha tocado en la nueva reforma de salud: el financiamiento del costo real de las prestaciones de salud.
Como muy bien dijo ayer el Presidente de la República en una reunión con directores de servicios de salud y de hospitales, el no pago de la deuda hospitalaria asegura el fracaso de cualquier plan de mejora de la salud. Dicha deuda alcanza ya los 60 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta financiar el plan Auge.
A pesar de todos los aportes que se le hacen cada cierto tiempo, la deuda continúa creciendo, porque no se soluciona su causa. En verdad, no se quiere resolver ese problema. De hecho, en la Comisión de Salud presentamos una indicación al ministro de esa Cartera, pero no nos dio ninguna respuesta inteligente. Lo cierto es que no se quiere corregir el problema, pues así todos los directores de los hospitales de Chile están obligados a ahorrar, ahora bajo la amenaza de cambiarlos si no lo hacen, pues son funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República. Como ninguno ha ganado un concurso, obviamente cuidan sus puestos.
Los directores de hospitales siguen restringiendo los gastos y continúan ahorrado todo lo posible, para no incrementar la deuda en demasía. Así se puede disponer de los dineros estatales para otros asuntos si se pagan después las deudas hospitalarias. Sin embargo, ese gasto es menor que el asignado, sin el ahorro extremo al que se obliga a incurrir a los directores.
Lo malo de esa manera perversa de financiar la salud es que se hace mediante ahorro a costa de los más pobres y de la clase media, postergando las atenciones de salud por meses, a veces por años, mientras la gente pobre continúa agravándose, a veces irremediablemente, o muriendo. Lo anterior fomenta la flojera y el desuso de los recursos, pues si más se trabaja, más deuda se genera, pues esas acciones de salud no son completamente pagadas por el nivel central de salud. Como los hospitales tampoco alcanzan a pagar lo que esas acciones valen, se genera deuda hospitalaria en forma permanente.
Así, se cierran salas, no se compran remedios, se empobrecen los hospitales al no renovar equipos, igual que los funcionarios al suprimirse las horas extras, pues cuestan más dinero, sin importar que los pacientes se queden solos y corran riesgo; total, son de escasos recursos. Parece que basta con realizar campañas de publicidad para convencer a la clase media de que los demás son los culpables. Gastar en publicidad es más barato que mejorar a la gente pobre y a la clase media.
En verdad, se administra mal; no se ha sabido gobernar. Llevamos muchos ministros y tres Presidentes de la República de la Concertación que han prometido solucionar los problemas de la salud, lo cual no puede esperar. Sin embargo, estamos igual.
En salud y en temas como la agricultura, la pequeña y mediana empresa, la economía, el comercio, el empleo, la seguridad ciudadana y la pobreza, se dan excusas. La verdadera culpable es la que gobierna desde hace doce años, con amplias mayorías: la Concertación. Es tiempo de hacer cambios.
He dicho.
CAMPAÑA EN FAVOR DE MUJERES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra, por siete minutos, el diputado señor Escalona .
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Salud, señor Osvaldo Artaza ; al director del Fondo Nacional de Salud, señor Álvaro Erazo , y a la Primera Dama de la Nación, señora Luisa Durán de Lagos, a fin de darles a conocer que la provincia de Arauco registra un aumento preocupante en enfermedades catastróficas que afectan a la mujer, específicamente el cáncer de mama y el cáncer cérvicouterino.
Sin duda, para esas mujeres habrá una buena respuesta del servicio público cuando la reforma de la salud, proyecto actualmente en trámite en la Cámara de Diputados, se implemente y sea una realidad. Sin embargo, dicho proceso demorará un tiempo, probablemente un par de años, hasta el pleno despliegue de la reforma.
Mientas eso ocurre, quiero proponer a las autoridades antes señaladas la puesta en marcha de una operación que podría denominarse “campaña por la vida de la mujer”, financiada por Fonasa , con recursos del Ministerio de Salud o de otras instituciones públicas, la cual tendría como finalidad reforzar la actividad de los servicios de salud. Es decir, el propósito es movilizar recursos, de los cuales actualmente no se dispone, a fin de lograr la implementación de instalaciones móviles en la comunidad, en especial en el mundo rural, con el objeto de llevar a cabo los respectivos exámenes y análisis, unidades que deben estar en condiciones de responder efectivamente a la actual necesidad de atención de la salud pública nacional, a saber, las enfermedades catastróficas que afectan a la mujer, realidad que existe no sólo de los sectores rurales del país, sino también en los urbanos.
Por eso, me atrevo a sugerir a las autoridades de salud que la iniciativa se denomine “campaña en favor de la mujer”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados del Comité Socialista y Radical que así lo indican a la Mesa.
RECHAZO A EXPRESIONES DE DIPUTADO PABLO LONGUEIRA .
El señor ESCALONA.-
En segundo lugar, quiero referirme a un debate público suscitado en los últimos días.
Muchos de los diputados presentes están informados de que sufrí un período de exilio entre 1974 y 1982, época en que los servicios represivos, conocidos tristemente por la historia del país como la Dina y el Comando Conjunto, eran instrumentos de terrorismo de Estado que se encargaban materialmente de eliminar cualquier tipo de oposición, prohibir la circulación de diarios y cerrar las radioemisoras democráticas, realidad que fue debidamente investigada. De hecho, las violaciones a los derechos humanos constituyen una verdad registrada en el informe elaborado por la Comisión Rettig, a comienzos de los noventa.
Por esa razón, me parece que escapan completamente a la actual realidad las declaraciones del diputado señor Pablo Longueira , en el sentido de que en los años de la dictadura militar había chilenos que desprestigiaban al país.
En el informe de la Comisión Rettig está comprobado que hubo más de mil detenidos desaparecidos durante la época en que los medios de comunicación estaban clausurados y prohibidos, en que a los que no eran detenidos desaparecidos se los expulsaba del país.
Esa tragedia la vivió Chile hasta aproximadamente 1983, año en que una protesta nacional, encabezada por el actual diputado señor Rodolfo Seguel , permitió cambiar radicalmente la situación que se vivía hasta ese momento, generó espacios de libertad y posibilitó que hubiera disidencia y que se generaran condiciones para que existiera una oposición política a la dictadura, proceso que después influyó en la recuperación de la democracia.
Esta realidad no se puede ignorar ni tampoco faltar tan descaradamente a la verdad. Es decir, intentar homologar una campaña antipatriótica y antinacional de desprestigio, con el propósito de dificultar y de entorpecer las operaciones financieras actuales, es muy desafortunado, en comparación con la situación que viviera Chile bajo el terrorismo de Estado del régimen militar, en el que participó el señor Longueira . Francamente, no guarda relación una cosa con la otra.
Los parlamentarios que se molestan con nuestro rechazo a la conducta visceralmente opositora del presidente de la UDI, no pueden ignorar su compromiso con el régimen militar. Aunque hoy lo quieran desconocer, desde el punto de vista político se comprometieron con un régimen que violó los derechos humanos.
Por eso, en mi condición de víctima de las violaciones de los derechos humanos, por haber estado obligado a vivir en el exilio, por haber tenido una letra “L” en mi pasaporte que prohibía mi ingreso al país y por haber estado privado del derecho de vivir en mi patria por decretos sucesivos del régimen militar, expreso mi absoluto y completo rechazo a la insinuación de que, bajo la dictadura, los opositores tuvimos la posibilidad de expresar nuestra oposición y rechazo al terrorismo de Estado en Chile, porque en esas condiciones organismos como la Dina y el Comando Conjunto lo hacían absolutamente imposible, no sólo por la vía de la crítica política como es posible hacerlo hoy en democracia, sino también, lisa y llanamente, a través de la eliminación física de los opositores.
He dicho.
PRECISIONES SOBRE AUTORÍA DE PROYECTO DE LEY Y SOBRE INTERVENCIÓN EN FORO EN MIAMI.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira .
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, quiero responder a varios parlamentarios y, por cierto, al diputado Escalona , quien, cuando se atropellaban los derechos humanos en todos los países socialistas del mundo, no sólo guardó silencio, sino que vivió al amparo de esas dictaduras.
Entiendo por qué se retira de la Sala: porque en el siglo XX los derechos humanos fueron violados sistemáticamente en los países donde triunfaron sus amigos.
A todos los chilenos nos alegra que ahora defiendan la democracia y los derechos humanos, lo cual nunca hicieron en el pasado, ya que guardaron silencio ante la violación sistemática y permanente por parte del Estado soviético y de todos aquellos países donde triunfó el marxismo.
Chile no comenzó a vivir cuando ganó la Concertación, sino que los chilenos nos liberamos de una dictadura como la que lamentablemente aún existe en una isla en el mundo.
El diputado Hales , comunista, converso hace poco tiempo, también hizo referencia a este tema. Ahora da la bienvenida a la democracia y a la defensa de los derechos humanos, pero, en el pasado, guardó silencio sistemático y permanente.
Si ésta es la forma en la que los representantes de la Izquierda chilena quieren discutir estos temas, sean bienvenidos al debate. Sabemos que en el pasado el Partido Socialista llamó, en su Congreso Nacional de 1967, a tomar el poder por las armas.
Aquí no hay personas recién nacidas. Entendemos que pretendan engañar a muchos jóvenes que no vivieron la historia pasada; pero hay muchos chilenos que estamos acá para recordar la historia y no para repetirla.
El diputado Montes, en la mañana, hizo uso del tiempo que le concede el Reglamento y se refirió a mis expresiones respecto de la presentación de un proyecto de ley elaborado por los alcaldes, diputados y senadores de la UDI. Es un proyecto que hemos trabajado desde hace más de cuatro meses con la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres, donde hay dirigentes de todos los partidos políticos.
El resultado de esa labor, realizada durante muchos días, fue la creación de un gran estatuto para las ferias libres del país, que termina con la precariedad con que viven miles de chilenos en ese comercio.
Nuestros opositores han anunciado que nos pasarán a la Comisión de Ética de la Cámara. Primero, no lo pueden hacer. Segundo, quiero recordarles a los “amigos” que tantas veces me han amenazado con pasarme a la Comisión de Ética, de acusarme constitucionalmente, de declararme inhábil, etcétera, que lo hagan alguna vez.
A los que hay que pasar a la Comisión de Ética es a los copiones. En efecto, cuando los copiones tomaron conocimiento de que nuestro partido había elaborado un proyecto de ley, el que se entregó a todos los dirigentes el miércoles después de que esa organización le pidiera al diputado Montes hace diez años que presentara uno, y nunca lo hizo, casual y sorpresivamente, al día siguiente que formulamos el nuestro, entregaron el suyo.
Lo dejo a criterio de ustedes. Lo único que quiero decir es que jamás habría hecho una cosa así. Tengo la conciencia tranquila de haber destinado muchas horas a elaborar el proyecto más lindo que he hecho en mi vida: crear un estatuto para todos los trabajadores de las ferias libres del país. Y quiero decir que la UDI recibirá todas las sugerencias de los parlamentarios que deseen colaborar para perfeccionar esa iniciativa de ley. ¡Pero a los copiones les decimos copiones! Digamos las cosas por su nombre.
En segundo lugar, el diputado Montes, acaloradamente, como suele hacerlo en sus intervenciones, como todos los miembros de la Concertación, se refiere como loro a mis expresiones en Miami.
Quiero señalar estas oportunidades sirven para conocer humanamente a las personas que fui invitado como presidente de la UDI, al igual que el presidente de la Democracia Cristiana, Adolfo Zaldívar , hace algunas semanas para exponer ante los chilenos que trabajan en empresas chilenas instaladas en Miami y en Chile.
En dicho encuentro no había ningún medio de comunicación extranjero. El único medio invitado por la Cámara no sé si sería único, pero estaba presente fue el diario “La Tercera”. Y el lunes se publicó parte de mi intervención, que consistió, básicamente, en hacer un llamado a todos los chilenos de Miami para que sean capaces de defender el sistema económico de Chile, en una región en la que, con los gobiernos populistas de izquierda de Brasil, de Venezuela, de Argentina y de Perú, lamentablemente vamos a vivir los eternos ciclos a que nos llevan los izquierdistas y que nos dejan con más pobreza en Latinoamérica.
En el análisis señalé que debíamos defender a Chile. Fue un análisis para gente inteligente, todos chilenos. Respecto de que habría hecho un llamado a no invertir en Chile, quiero que me muestren dónde lo dije.
Los únicos que llamaron a no invertir en Chile son quienes hoy, como loros, están repitiendo la pauta comunicacional del Gobierno.
Esa intervención la hice con la finura de alguien que está frente a gente inteligente para hacer un diagnóstico sobre el país.
¿Qué señalé respecto del Gobierno? Que Chile puede más; que podríamos estar creciendo al cuatro o al cinco por ciento este año; que podríamos crecer al cinco o al seis por ciento el próximo. Eso cree la Unión Demócrata Independiente. Consideramos que Chile tiene ese potencial. Si no lo logramos, es por culpa del gobierno que tenemos. Además, agregué que estimaba que el ministro y el Presidente tenían claro lo que hay que hacer, pero que es la propia Concertación la que les impide gobernar bien, y el mejor ejemplo lo puedo graficar con la ley de rentas II, en cuya discusión fuimos invitados por el Gobierno para llegar a un acuerdo, y lo alcanzamos, pero finalmente el presidente de la Democracia Cristiana lo destruyó.
Entonces, debemos hacernos cargo de un problema: muchos chilenos están pasando hambre. Por tercer año consecutivo tenemos el diez por ciento de cesantía, y los índices que entrega el INE consideran que una persona está trabajando aun cuando sólo lo haga dos horas a la semana. Por lo tanto, la cesantía en las zonas populares, a las cuales representa la UDI en el Congreso, llega a veinte y a 25 por ciento por tercer año consecutivo, y cada vez que discutimos la ley de Presupuestos, le advertimos al país que obviamente no se cumplirán los pronósticos hechos por el Gobierno.
Hoy, reclaman que esto se planteó en Miami. Pero ¿qué me dijeron cuando dije lo mismo en marzo en Icare, en Chile? Lo mismo.
Lo que ocurre en nuestro país es que el Gobierno quiere imponernos una dictadura informativa, en la que a quien opina distinto del Gobierno se le deja caer un aparato financiado por todos los chilenos, y dicen que el tipo es pesimista, destructivo, poco positivo. Entonces, ya nadie se atreve a decir la verdad en nuestro país.
Fíjense que el otro día vinieron aquí unos dirigentes artesanales de la Décima Región a hablar conmigo; y el dirigente de la Concertación dijo: “Mire, señor, vinimos a hablar con usted porque es el único que se atreve a decir las cosas en Chile. Y cada vez somos menos, y esto le hace muy mal a la democracia chilena, porque no estamos frente a personas que no cometen errores”.
Aquí todos hablan como loros, están todos pauteados, nadie ha leído mis declaraciones.
Perdónenme, si casi parecí oficialista en lo que dije; algunos incluso se decepcionaron con mi intervención. Y aquí están todos sin haber leído mis declaraciones. Ninguno estuvo en Miami, ni hubo ningún medio de comunicación presente. Sin embargo, se dijo que estamos en una campaña internacional. No hay una sola nota de esto en los medios internacionales; si llegara a salir algo, es lo que se ha dicho en Chile.
El Gobierno cree que los chilenos somos tontos. Lo que se dice en Chile sale en el extranjero; por lo tanto, da lo mismo en qué lugar se digan las cosas. Estamos en un mundo globalizado. Las polémicas que tenemos aquí, podemos verlas en el noticiario de la CNN (ahí estamos con el caso Ríos todos los días). Y cuando los inversionistas extranjeros ven los conflictos que ocurren en nuestro país, dicen que Chile está igual que el resto del mundo.
Precisamente, lo que debemos hacer es precisar cómo lograr que Chile sea distinto, que haya credibilidad, traer la inversión extranjera.
Pero aquí se dice proyecto-plataforma-inversiones. Perseguimos a la empresa minera que entró con condiciones clarísimas en el pasado y presentamos un proyecto con efecto retroactivo.
¿Saben qué piensa la gente? ¿Qué más se les ocurrirá a estos señores el próximo año? Por eso se van. Ya no está Argentina ni Brasil, Chile es un mercado chico.
Entonces, sean un poco más responsables. Acepten la crítica. La gente lo está pasando muy mal en Chile.
Les quiero decir que no hay nada que nos dé más energía que cuando los vemos así, porque demuestran la desesperación y cómo se anclan al poder.
Por eso los chilenos votarán por el cambio en 2005, porque se cansaron de estas prácticas, de la prepotencia, de la dictadura informativa, en que todos los días hay que recibir una pauta oficialista, y al que piensa distinto se le deja caer un aparato comunicacional para atacarlo personalmente.
Les quiero decir que se equivocaron con nosotros; sacamos fuerzas para enfrentarlos, igual que la mentira oficial, como ésta que se ha montado por mi intervención en Miami.
Nadie ha leído lo que dije en Miami, ninguno de los que habla estuvo en Miami. Pero aquí hay parlamentarios que se atreven a decir: “No. Esto es traición a la patria”. Perdónenme, ¿y la viga que tienen en el ojo, el tejadito de vidrio? ¿Creen que los chilenos tenemos mala memoria?
Cuando Chile enfrentó una de las recesiones más crudas que ha existido en Latinoamérica, estuvieron haciendo boicot para que hubiera más pobreza en Chile.
En mis declaraciones no hay una sola mala expresión, porque, primero que todo, ahí no había inversionistas. Yo no fui a hablar al Fondo Monetario ni a las Naciones Unidas; fui a hablarle a un grupo de chilenos.
Por lo tanto, lo único que se ha sabido de mi intervención se ha publicado en Chile. Ocurre que ahora la pauta oficial del Gobierno y de los loritos de la Concertación es que hay una campaña internacional. Dicen que fui a hablar afuera. A ellos les contesto. ¡No! “Afuera no ha salido nada”.
Entonces, no sigan con el circo, no den el espectáculo que están dando ahora, en las conferencias de prensa a las que han citado para decir que me pasarán a la Comisión de Ética, que declararán inhabilidades.
¿Saben qué más? Lo único que hacen es desprestigiarse.
Hemos querido hacer uso de la palabra porque la gente va a votar por el cambio cuando ve a la Concertación haciendo estas cosas, cuando ve el grado de inconsecuencia de la Concertación, en que hoy día quieren imponer una dictadura informativa, un discurso oficialista; en que al empresario, al político, al dirigente gremial o al dirigente vecinal que finalmente no le dice amén a las autoridades, se lo pasa altiro a la lista negra.
He vivido esta experiencia muchas veces y tengo fuerzas para enfrentar muchas más. Por eso estamos en la política chilena para enfrentar la mentira, las falsedades y a fin de que, ojalá, alguna vez eliminemos estas prácticas en que la intolerancia del Gobierno llega a los límites en que la estamos viviendo hoy día.
Por eso, queremos decirles a los diputados señores Montes, Hales , Escalona , Aníbal Pérez y Lorenzini que ocasiones como ésta nos dan la oportunidad de conocer la calidad humana de los parlamentarios y, por cierto que lamentamos verlos dando el espectáculo que dan, cuando los escuchamos decir mentiras y nos damos cuenta de que son unas marionetas pauteadas por el gobierno de turno. Es lamentable, porque todos estamos aquí en representación de la gente que nos eligió, pero les hacen un daño profundo a la democracia y al Congreso con el espectáculo que están dando.
He dicho.
-Aplausos.
INDICADORES DE ENTIDADES EXTERNAS QUE REFUTAN CRÍTICAS SOBRE SITUACIÓN ECONÓMICA DE CHILE.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde a la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, quiero intervenir tratando de ser objetivo y de hacer aportes al país, sin calificar a los adversarios políticos de marionetas ni de loros, sino de aportar. Eso es lo que los chilenos quieren: políticos que aporten y no descalifiquen. Simplemente mencionar los hechos.
Todos los indicadores elaborados por las más prestigiosas instituciones internacionales colocan a Chile como una de las mejores economías del mundo, lo que contrasta con las opiniones de algunos analistas y, hoy día, de algunos políticos que cuestionan la economía chilena.
Por cierto, el diputado señor Kast grita detrás de la puerta como lo hicieron durante 17 años sin dar la cara frente a las brutalidades que pasaban.
Le digo al diputado señor Kast que me conteste en Incidentes, que haga uso de su c.i., que hasta el momento no lo hemos conocido.
Voy a señalar algunos índices si la neurosis del diputado señor Kast termina.
Índice de opacidad, por ejemplo, 2001, de Price Waterhouse Coopers, colocó a Chile en el segundo lugar entre los 35 países, después de Estados Unidos y Singapur, ambos en primer lugar. Este índice mide las prácticas para manejar la economía: si son claras, formales, fácilmente discernibles y ampliamente aceptadas por los mercados mundiales.
El ranking de libertad económica. The Heritage Foundation, una de las fundaciones más de derecha de Estados Unidos, el año 2002 pone a Chile en el noveno lugar, junto a Gran Bretaña y Australia, entre 155 países, detrás de Hong Kong, Singapur , Nueva Zelandia, Islandia , Luxemburgo , Estados Unidos y Holanda.
The Economist puso a Chile en el quinto lugar de riesgo país, en un ranking de sesenta países. Sobre Chile sólo están Singapur , Alemania, Estados Unidos y Hong Kong.
El Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, ubica en el primer lugar a Chile entre todos los países latinoamericanos, tercero entre las economías emergentes y decimoctavo entre cien países evaluados.
El Índice de Compatibilidad Económica de 2002, del Instituto Internacional para el Desarrollo, ubicó a Chile en el vigésimo lugar entre 49 naciones.
El estudio de Tax School of Business de la universidad norteamericana de Dartmouth, sobre acceso a mercado emergente, coloca a Chile en primer lugar entre las economías de América Latina y tercero entre 44 economías emergentes.
El Índice de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), coloca a Chile en el trigésimo octavo lugar entre 179 países evaluados.
Los indicadores internacionales colocan a Chile entre las mejores economías del mundo. Se distingue en todos los índices de transparencia: baja corrupción, libertad económica, riesgopaís, competitividad y desarrollo humano. Pero la crítica irresponsable, por cierto, puede afectar la imagen internacional de Chile, no del Gobierno.
Se dice que el país ha perdido la confianza de los organismos internacionales. ¡Falso! La exitosa colocación de bonos soberanos chilenos en Estados Unidos y en Europa sólo se explica por la confianza de la banca internacional en la economía chilena. En todo foro internacional, pese a quien le pesare, la conducción económica chilena se pone como modelo.
Se dice que el Gobierno no ha dado a conocer la verdadera deuda del sector público. A este coro se han unido segundones de The Wall Street y de medios de prensa chilenos. Todas las cifras del sector fiscal, de las empresas del Estado y del Banco Central están en internet. No falta ninguna.
Ésos son los hechos que se pretenden descalificar con palabrerías, con insultos. Son los hechos de nuestra economía. Obviamente, no vamos a pedir que defiendan la economía, que defiendan lo que ha hecho el país durante estos doce años. No tienen por qué defenderlo si no es de ellos; no lo lograron. Pero sí que sean capaces de decir la verdad en Chile o afuera.
Eso pide la gente, que no quiere declaraciones como las del diputado Longueira en Estados Unidos. Los persistentes ataques a la política económica de ciertos medios de prensa y los planteamientos de algunos importantes dirigentes del gremio empresarial confirman que estamos en presencia de una acción coordinada que hace daño a Chile, no al Gobierno, lo que no tiene otra explicación que estos sectores buscan anteponer sus propios intereses a los de la Patria.
Es distinto actuar con responsabilidad que con irresponsabilidad. Acá hemos visto irresponsabilidad. No puede pasarle a Chile que políticos, de cualquier partido que sean, antepongan aquello de El Príncipe: que el fin justifica los medios. No por obtener el gobierno, en algunos años más, deben estar dispuestos a horadar lo fundamental del país: su estabilidad y capacidad económica. Cuidémoslas, porque también puede servirles a ellos si es que el pueblo lo decide.
He dicho.
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE OXÍGENO EN ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS PÚBLICOS. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, quiero relevar un hecho extraordinariamente importante ocurrido dentro del ámbito de la salud. Hoy en la mañana tuve oportunidad de visitar el hospital Carlos van Buren , de Valparaíso, acompañado de un senador de la región, donde conocimos la construcción de una planta de oxígeno realizada con un empréstito obtenido en el propio ministerio, del orden de 280 millones o 300 millones de pesos, con lo cual ese establecimiento hospitalario se independizó de los proveedores de oxígeno.
En conversaciones con los directivos de ese servicio de salud, comprobamos que el costo de producción de oxígeno es un octavo del precio de venta al cual hoy lo expende el comercio nacional.
En Chile sólo hay dos empresas productoras de oxígeno, y ellas son las que fijan el precio. Evidentemente los principales consumidores de este vital elemento son los establecimientos hospitalarios chilenos.
El esfuerzo de ese servicio de salud es realmente encomiable, por cuanto, a través de técnicos del propio hospital, fueron capaces de instalar esta planta que produce el elemento a tan bajo costo, lo que le ha significado reducir la famosa deuda hospitalaria, tan comentada hoy en los medios de difusión, en un 19 por ciento.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Salud, con el objeto de que la experiencia del servicio de salud Valparaíso-San Antonio en el hospital Carlos van Buren pueda ser extrapolada a todos los servicios de salud del país y a los hospitales que tengan necesidad de este elemento.
Además, quiero recalcar que esta experiencia es una demostración clara y eficiente de que el Estado es capaz de producir a costos mucho más bajos de lo que hoy existe en el mercado. Muchas veces hay mercados como éste, que son falsos, donde se produce el concierto de algunas empresas para encarecer un producto y obligar a que se les compre a ellas.
El ejemplo que han dado el hospital Carlos van Buren y el servicio de salud Valparaíso-San Antonio , demuestra en forma clara que el Estado es capaz de producir; que es falsa la disyuntiva de que todo hay que entregarlo a privados para que ellos sean los que provean de productos a todo el mundo. También esto es un mentís al tema de la privatización con un ejemplo muy simple y muy sencillo realizado en la ciudad de Valparaíso.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Villouta y la mía.
SALUDO A DOCENTES EN EL DÍA DEL PROFESOR.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta .
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, mañana se celebra en todo Chile el Día del Profesor. Quiero aprovechar esta tribuna para expresar mis saludos y felicitaciones a todos los docentes, especialmente a los de aulas, que son los que normalmente se llevan las críticas respecto de la educación.
Todos quisiéramos que los resultados de la prueba Simce y de la Prueba de Aptitud Académica fueran cada vez más satisfactorios.
FINANCIAMIENTO DE OBRAS EN NOVENA REGIÓN CON RECURSOS PROVENIENTES DE LICITACIÓN DE ESSAR. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, el 25 de octubre se abrirá, en la Novena Región, la licitación correspondiente a la Empresa de Servicios Sanitarios de La Araucanía, Essar . Las autoridades y parlamentarios de la zona estamos preocupados por conseguir beneficios similares a los que obtuvo la Octava Región, a través de la licitación de Essbío, y la Quinta, respecto de la de Esval.
Por tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda nuestra petición, a fin de que se considere la factibilidad de que, del resultado económico que se obtenga de la licitación, al igual como se procedió en las Regiones Octava y Quinta, se entreguen fondos para el gobierno regional, con el objeto de financiar obras importantes.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con mi adhesión.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, encargada de estudiar la situación que afecta a los productores vitivinícolas del país, como consecuencia de las construcciones y edificaciones que, eventualmente, podrían levantarse en el entorno natural en el cual se desarrolla esta actividad y, en particular, la situación que afecta al valle de Cachapoal por la construcción de la central Totihue.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural pasa a informaros acerca del estudio que le fuera encomendado en virtud de un proyecto de acuerdo aprobado por la Corporación en sesión 9ª, de la 347ª legislatura ordinaria, celebrada el día 19 de junio de 2002.
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
La honorable Cámara de Diputados, en sesión 9ª, de la legislatura ordinaria, celebrada el 19 de junio de 2002, aprobó, por mayoría de votos, el proyecto de acuerdo Nº 52, patrocinado por los diputados señores Bauer, Prieto, Kast, Correa, Masferrer, Egaña, Ceroni, Valenzuela y Urrutia, con la adhesión de los diputados señores Bertolino, GarcíaHuidobro, Palma, Cardemil y Barros, en virtud del cual se acordó:
1.Instruir a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, para que se aboque al estudio de la situación que afecta a los productores vitivinícolas de nuestro país, como consecuencia de las construcciones y edificaciones, que eventualmente, podrían levantarse en el entorno natural en el cual se desarrolla esta actividad y, en particular, la situación que en la actualidad afecta al valle de Cachapoal por la construcción de la central Totihue.
2.Solicitar a dicha Comisión la elaboración de un informe respecto de los daños y perjuicios que provocaría la construcción de centrales termoeléctricas u otras instalaciones semejantes en zonas dedicadas a la producción vitivinícola.
Se fundamentó tal encargo, principalmente, en la importancia del rubro vitivinícola para la economía del país y para el desarrollo de las Regiones en las cuales las viñas se encuentran, como producto del crecimiento económico y del desarrollo turístico generado por ellas, lo que hace necesario tomar las medidas pertinentes para garantizar las condiciones mínimas para el buen funcionamiento del proceso productivo.
Además, como consecuencia del desarrollo de la actividad turística creada en torno a la producción del vino, se hace indispensable la existencia de una normativa acorde con la preservación de un paisaje ecológico que impida la alteración de sus características naturales. [1]
II. TRABAJO DE LA COMISIÓN.
1.Sesiones realizadas.
En cumplimiento de la labor que le fue encomendada por la honorable Cámara, la Comisión celebró un total de seis sesiones durante el período comprendido entre el 16 de julio y el 8 de octubre de 2002.
Contó, asimismo, con la participación de las siguientes personas:
De la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, señora Vivianne Blanlot Soza.
De la jefa del Subdepartamento de Impacto Ambiental de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Carmen Rivera Mardones.
Del gerente general de Viña Lapostolle, señor José Manuel Rogers; del gerente general de Viñedos y Bodegas Córpora S.A., señor Jorge Goles Spiess, y de los señores Clemente Pérez Errázuriz, abogado, y Leonel Sierralta, asesor ambiental.
Del gerente general de AES Gener, señor Felipe Cerón Cerón; del gerente de Ingeniería de AES Gener, señor Armando Lolas Caneo, y de la asesora externa señora Marcela
Alday.
Del director de la Conama VI Región, señor Mario Meneses Terán, y del coordinador del Sistema de Impacto Ambiental, señor Jorge Lisboa.
2.Antecedentes recibidos.
Vuestra Comisión, en cumplimiento de diversos acuerdos adoptados en relación con los hechos materia de esta investigación, dispuso de los siguientes antecedentes:
a.Comisión Nacional de Energía CNE.
Minuta que contiene la exposición de la señora Blanlot acerca de la construcción de la central Totihue, en la VI Región.
Plan de Obras de Generación en Sistema Interconectado Central abril 2002octubre 2011.
b.Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
Informe de visita inspectiva realizada al sector de Totihue, donde se instalaría una central termoeléctrica, el día lunes 17 de junio de 2002.
Minuta del señor Felipe Cerón, gerente general de AES Gener, ante la Comisión de Recursos Naturales, respecto del proyecto de central Totihue.
Resumen ejecutivo realizado por Jaime Illanes y Asociados, Consultores S.A. y AES Gener.
Defensa del valle del Cachapoal frente al proyecto de centrales termoeléctricas en Totihue.
Acta de la sesión Nº 11, celebrada en lunes 10 de junio de 2002.
Declaración de la Comisión respecto de la eventual instalación de la central termoeléctrica Totihue en la comuna de Requínoa, VI Región.
c.Comisión Nacional del Medio Ambiente, VI Región.
Consolidado de Observaciones y solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones del estudio de impacto ambiental del proyecto central termoeléctrica Totihue.
d.Productores vitivinícolas.
Informe denominado “Defensa del Valle de Cachapoal frente al Proyecto de Centrales Termoeléctricas en Totihue”.
Antecedentes acerca de los impactos ambientales de la central Totihue.
Informe denominado “Zonas Agrícolas protegidas en Burdeos, Francia y Valle de Napa y Sonoma en California, Estados Unidos”, elaborado por el Estudio Jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz.
e.Empresa AES Gener.
Ficha descriptiva del proyecto central Totihue, construcción y operación de una planta termoeléctrica en la VI Región.
Informe denominado “Proyecto El Libertador, Central Termoeléctrica Totihue”, que incluye antecedentes, descripción del proyecto y aspectos ambientales.
III. MARCO REGULATORIO.
1.Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente.
Esta normativa contempla, dentro de los instrumentos de gestión, el sistema de evaluación de impacto ambiental (Seia) bajo un concepto de prevención, a través del cual el Estado y los particulares intentan velar por la garantía constitucional consignada en el Nº 8º del
artículo 19 de la Constitución Política de la República.
El sistema de evaluación de impacto ambiental tiene por objeto, precisamente, identificar y evaluar con anterioridad a la ejecución de un proyecto cuáles serán los impactos que podrían afectar el medio ambiente y si ellos son aceptables o si, en su defecto, son susceptibles de mitigación o compensación.
En su artículo 10, letra c), establece, entre aquellos proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.
La ley contempla, además, los requisitos a que deberán sujetarse los estudios de impacto ambiental, dejando encomendado el desarrollo de estas materias a un reglamento. Los estudios deberán contener algunas exigencias mínimas, como: una descripción del proyecto o actividad, línea de base, descripción pormenorizada de los efectos, características o circunstancias que hicieron exigible un estudio de impacto ambiental, una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluyendo las eventuales situaciones de riesgo, medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos y acciones de reparación, cuando ello sea procedente, plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes y un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
La Comisión Nacional o Regional, según sea el caso, tendrá un plazo de ciento veinte días para pronunciarse sobre el estudio de impacto ambiental. La aprobación deberá acompañarse de los permisos o pronunciamientos ambientales de los organismos estatales correspondientes.
La ley considera, además, la posibilidad de que el responsable de cualquier proyecto presente una póliza de seguro que cubra el riesgo por daño al medio ambiente.
El artículo 11, por su parte, se refiere a los que requieren de la elaboración de un estudio de impacto ambiental, si generan o presentan, a lo menos, uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:
Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;
Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;
Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;
Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazarlos;
Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, y
Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
El artículo 12 dispone que los estudios de impacto ambiental considerarán una descripción del proyecto o actividad, la línea de base, una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que den origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental, una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo, las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán, cuando ello sea procedente, un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que ocasionen el estudio de impacto ambiental, y un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
2.Decreto Nº 30, de 1997, que reglamenta el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El decreto Nº 30, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, contiene disposiciones por las cuales se rigen el sistema de evaluación de impacto ambiental y la participación de la comunidad, de conformidad con los preceptos de la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
En cuanto a los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, el artículo 12 establece que se deben considerar las siguientes materias:
Un índice que enumerará los capítulos, temas, tablas, figuras, planos, cartografía y anexos del estudio de impacto ambiental.
Un resumen del estudio de impacto ambiental que no exceda de treinta páginas, y que contenga la descripción del proyecto o actividad; el plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable; la línea de base; la descripción de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley que dan origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental; la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo; el plan de medidas de mitigación, reparación y compensación, y las medidas de prevención de riesgos y control de accidentes, si correspondieren; y el plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al estudio de impacto ambiental.
Una descripción del proyecto o actividad.
El plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, el que deberá incluir, cuando corresponda, la indicación de la normativa de carácter general aplicable al proyecto o actividad, las normas de carácter específico asociadas directamente con la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, el uso y manejo de los recursos naturales, la fiscalización y los permisos ambientales sectoriales que el proyecto o actividad requiera para su ejecución o modificación.
Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley que dan origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental.
La línea de base, que deberá describir el área de influencia del proyecto o actividad, al objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.
Una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo.
Un plan de medidas de mitigación, reparación y/o compensación, que describirá las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación y/o compensación que se realizarán, cuando ello sea procedente. Para tal efecto, dicho plan estará compuesto, cuando corresponda, por un plan de medidas de mitigación, un plan de medidas de reparación y un plan de medidas de compensación, según lo establecido en el Párrafo 1º del Título VI de este reglamento.
Un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al estudio de impacto ambiental, de conformidad a lo establecido en el Párrafo 2º del Título VI de este reglamento.
La descripción de las acciones realizadas previamente a la presentación del estudio de impacto ambiental, en relación con consultas y/o encuentros con organizaciones ciudadanas o con personas naturales directamente afectadas, si corresponde, incluyendo los resultados obtenidos de dichas iniciativas.
Un apéndice del estudio de impacto ambiental, que incluirá toda la información documentada que sirva de apoyo para la comprensión del estudio, ordenada en forma de anexos, tales como informes de laboratorio, legislación detallada atingente, estudios específicos, desarrollo de cálculos matemáticos, figuras, mapas, planos, tablas, fotografías u otros; la nómina de los nombres de todas las personas que participaron en la elaboración del estudio de impacto ambiental, incluyendo sus profesiones e indicando las funciones y tareas específicas que desarrollaron.
La evaluación de impacto ambiental se inicia mediante la presentación del estudio de impacto ambiental, por el titular del proyecto o actividad o por su representante, ante la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Dentro de los cinco días siguientes a la presentación del estudio de impacto ambiental, la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según sea el caso, deberá examinar si cumple con los requisitos de la ley y del reglamento. Si la presentación no cumple con alguno de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según sea el caso, no la admitirá a tramitación, dictando una resolución fundada, la que será notificada al titular del proyecto o actividad por carta certificada.
Si la presentación cumple con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según sea el caso, la acogerá a tramitación, mediante la dictación de una resolución que será notificada por carta certificada al titular del proyecto o actividad. Dentro de los tres días siguientes a la dictación de esa resolución, dispondrá que los ejemplares del estudio de impacto ambiental sean enviados a los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental y a las municipalidades de las comunas donde se ejecutará el proyecto o actividad, adjuntando una copia de la resolución a que se refiere el artículo anterior. Asimismo, se remitirá una copia de dicha publicación a las municipalidades y a los gobernadores provinciales en cuyo ámbito comunal o provincial, según corresponda, se realizarán las obras o actividades que contemple el proyecto o actividad bajo evaluación.
Los órganos de la Administración del Estado competentes que participen en la evaluación del estudio de impacto ambiental deberán informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según sea el caso, dentro del plazo máximo de cuarenta días, contados desde el envío de los ejemplares. Los órganos de la Administración del Estado competentes que participen en la evaluación del estudio de impacto ambiental podrán solicitar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que se estimen necesarias para la adecuada comprensión de dicho estudio.
Si se hubieren solicitado aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones atinentes al estudio de impacto ambiental, una vez transcurrido el plazo señalado en el inciso primero del
artículo anterior, la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según sea el caso, elaborará un informe consolidado. En dicho informe consolidado podrá incluirse la solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según sea el caso, estime necesarias.
El informe consolidado será notificado al titular del proyecto o actividad por carta certificada, otorgándosele un plazo para que la solicitud contenida en él sea respondida, pudiendo suspenderse de común acuerdo, en el entretanto, el término que restare para finalizar la evaluación del respectivo estudio. La Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según sea el caso, podrá incluir y/o considerar en el informe consolidado las observaciones formuladas por las organizaciones ciudadanas y las personas naturales que se hubieren recibido dentro de plazo.
El acuerdo en el que conste la citada suspensión será aprobado por resolución, la que será notificada por la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva o por la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, según sea el caso, al titular del proyecto o actividad, por carta certificada.
Presentadas las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones por parte del titular del proyecto o actividad, que se contendrán en un documento denominado addendum, la Corema respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Conama, según sea el caso, las remitirá a los órganos de la Administración del Estado que participan en la evaluación del estudio. Dichos órganos dispondrán de un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha de envío del respectivo oficio que conduce el addendum, para preparar y hacer llegar los informes definitivos a la Corema respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Conama, según sea el caso.
Los informes definitivos emanados de los órganos de la Administración del Estado que participen en la evaluación del Estudio deberán indicar si el proyecto o actividad cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los permisos ambientales sectoriales, si corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, deberán opinar fundadamente si las medidas propuestas en el estudio de impacto ambiental se hacen cargo de los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la ley.
Una vez que se hayan evacuado los informes definitivos, la Corema respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Conama, según sea el caso, elaborará un informe técnico del Estudio de Impacto Ambiental, que debe contener los antecedentes generales del proyecto o actividad; la referencia a los informes de los órganos de la Administración del Estado que participen en la evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad de que se trate; una síntesis de las observaciones que hubieren formulado las organizaciones ciudadanas y las personas naturales y los antecedentes que digan relación con la implementación de los mecanismos que permitieron asegurar la participación informada de la comunidad organizada, si corresponde; una síntesis de la evaluación de impacto ambiental, de los efectos ambientales relevantes y de las medidas de mitigación, reparación y compensación del proyecto o actividad, presentadas por su titular; las conclusiones respecto a cada uno de los aspectos que digan relación con el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental y con la proposición de las medidas de mitigación, compensación o reparación en consideración a que éstas sean apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11 de la ley, indicándose los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen tales conclusiones, en base a la opinión de los órganos de la Administración del Estado que participen en la calificación del proyecto o actividad contenida en los informes pertinentes, y la indicación de los permisos contenidos en el Título VII de este reglamento, asociados al proyecto o actividad.
La Corema respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Conama, según sea el caso, remitirá dicho informe a los órganos de la Administración del Estado que participen en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, para su visación final, los cuales dispondrán para tal efecto de un plazo máximo de cinco días. Si así no lo hicieren, darán razón fundada de su negativa. Una vez que exista constancia de la visación a que se refiere el inciso anterior, o de su negativa, y/o transcurrido el plazo de cinco días, la Corema respectiva o la Dirección Ejecutiva de la Conama, según sea el caso, anexará a dicho informe técnico las visaciones o negativas que se hubieren recibido, pasando este informe con su anexo a denominarse Informe Técnico Final del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto o actividad de que se trate, el cual deberá contener, en todo caso, los mismos antecedentes señalados para la elaboración del informe técnico.
3.Ley Nº 18.455, sobre alcoholes.
La ley Nº 18.455, que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagre establece en su artículo 28, denominaciones de origen para los siguientes productos:
a)Pisco: Esta denominación queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en unidades de consumo, en las regiones III y IV, elaborado por destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas Regiones.
b)Pajarete: Esta denominación queda reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en las regiones III y IV, provenientes de vides plantadas en dichas regiones.
c)Vino asoleado: Esta denominación queda reservada para el vino generoso genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en el área de secano comprendida entre el río Mataquito por el Norte y el río BíoBío por el Sur, proveniente de vides plantadas en el área mencionada.
Por su parte, el artículo 27 de la norma citada dispone que el Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura, podrá establecer Zonas Vitícolas y denominaciones de origen de vinos y destilados en determinadas áreas del país cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, prácticas culturales y enológicas sean homogéneas.
Asimismo, el Presidente de la República podrá autorizar, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura, el uso de una denominación de origen para productos destilados como parte integrante del nombre de las bebidas que resulten de agregar al producto amparado los aditivos analcohólicos que se señalen en el mismo decreto. En todo caso, tales bebidas deberán ser elaboradas y envasadas, en unidades de consumo, en las regiones de origen del respectivo producto.
El Presidente de la República no podrá alterar, modificar ni suprimir las denominaciones de origen establecidas ni las que se establezcan y queda prohibido designar con las denominaciones de origen establecidas o que se establezcan a productos distintos de aquellos que se amparan con tales denominaciones, como asimismo, a aquellos que, siendo similares o iguales, se produzcan o envasen en otras áreas o regiones.
Por último, su artículo 30 prohíbe designar con las denominaciones de origen establecidas o que se establezcan a productos distintos de aquellos que se amparan con tales denominaciones, como asimismo, a aquellos que, siendo similares o iguales, se produzcan o envasen en otras áreas o regiones.
4.Decreto Nº 78, de 1986, que reglamenta la ley Nº 18.455.
El decreto Nº 78, de 1986, del Ministerio de Agricultura, regula en su Título V la denominación de origen y dispone en su artículo 55 que un reglamento específico determinará las condiciones, características y modalidades que deberán cumplir las zonas vitícolas y las denominaciones de origen de vinos y destilados.
El artículo 57 determina que, sin perjuicio de otras calificaciones contempladas en la ley y en este reglamento, serán considerados falsificados los siguientes productos:
a)Cualquier bebida alcohólica con denominación de origen que haya sido producida, elaborada o envasada fuera de las regiones y áreas establecidas por la ley o que se establezcan por decreto supremo.
b)Aquellas bebidas alcohólicas con denominación de origen en cuyo proceso de producción o elaboración hayan intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de regiones o áreas distintas a las establecidas en la ley o que se establezcan por decreto supremo.
Su artículo 58 dispone que se dará el nombre de Pisco Sour al cóctel producido y envasado en las Regiones III y IV, preparado con pisco, zumo de limón o saborizante natural del mismo. Además, podrá contener aditivos autorizados tales como estabilizantes, espesantes, emulsionantes, enturbiantes y colorantes.
5.Decreto Nº 464, de 1995, que establece Zonificación Vitícola.
El decreto Nº 464, de 1995, del Ministerio de Agricultura, establece Zonificación Vitivinícola, o denominación de origen, para los vinos que se produzcan en el país.
Determina, entre otras, la Región Vitícola del Valle Central, que se extiende desde la provincia de Chacabuco, de la Región Administrativa Metropolitana, hasta las provincias de Cauquenes y Linares, de la VII Región Administrativa e incluye la Subregión del Valle del Rapel, que comprende la provincia de Cachapoal; en él se encuentra la Zona del Valle del Cachapoal que comprende el área de Requínoa, que incluye la comuna del mismo nombre.
Dispone, además, que en las etiquetas de los envases se podrá señalar las Regiones, Valles y/o Áreas precedentemente establecidas, es decir, la Región Vitivinícola del Valle Central, Subregión del Valle de Rapel, Zona del Valle del Cachapoal, Área de Requínoa.
El artículo 2º dispone que los vinos con denominación de origen son aquellos provenientes de alguna de las regiones vitícolas señaladas en el artículo 1º, elaborados con las cepas que se indican en la letra b) del artículo 3º y que, además, cumplen con los demás requisitos establecidos para esta categoría.
Una denominación de origen, por lo tanto, debe reunir elementos de procedencia geográfica o zonificación vitícola, factores humanos y factores naturales.
1.Zonificación Vitícola o procedencia geográfica.
Para que un vino esté amparado por una denominación de origen debe provenir de un área geográfica determinada. Para este efecto, el decreto Nº 464 establece cinco regiones vitícolas, con sus correspondientes subregiones, zonas y áreas para los vinos que se produzcan en el país.
A lo menos el 75% del vino debe ser producido con uvas provenientes del lugar geográfico indicado. Este porcentaje puede enterarse con vinos producidos por terceros productores siempre que dichos vinos hayan sido previamente certificados respecto a su procedencia geográfica, cepaje y año de cosecha por el Servicio Agrícola y Ganadero o por una empresa certificadora autorizada por éste.
Pueden contener hasta un 25% de vino producido con uvas procedentes de otros lugares geográficos y de variedades distintas a las señaladas anteriormente, con excepción de las uvas de mesa.
Sobre la zonificación o procedencia geográfica, la jurisprudencia [2] ha sostenido que la zonificación vitícola o procedencia geográfica es un elemento indispensable para que un vino esté amparado por una denominación de origen, siendo de carácter colectivo, ya que pueden usarlo todas aquellas personas que lo produzcan en las condiciones señaladas en el reglamento, no pudiendo ser reservado sólo a un titular.
Para el caso de los vinos con denominación de origen y sin ésta, se podrán incluir expresiones que correspondan a marcas comerciales registradas que no creen confusión respecto de la denominación de origen, de las variedades de vid, del año de cosecha ni de las menciones de calidad (artículo 11).
2.Factores humanos.
Para que un vino pueda optar a usar una denominación de origen, sólo puede ser envasado en territorio nacional y comercializarse en unidades de consumo (artículo 3º) y para que pueda usarse la expresión “Embotellado en Origen” o sus sinónimos en idioma extranjero deben cumplirse las siguientes condiciones (artículo 62):
a.Que la planta envasadora y los viñedos de que procede la uva se encuentren en tierras de propiedad o bajo la tenencia de la viña productora y estén ubicados en el área geográfica comprendida en la denominación de origen.
b.La vinificación, envasado y guarda del vino se debe haber efectuado por la viña en su establecimiento, en un proceso continuo.
Para utilizar estas menciones, es necesario que el interesado se inscriba en un registro especial que lleva el Servicio Agrícola y Ganadero (artículo 12).
3.Factores naturales.
Cepas: Pueden utilizarse las siguientes cepas, o sus sinónimos internacionalmente aceptados:
Variedades blancas: Chardonnay, Chenin Blanc, Gewürztraminer, Marsanne, Moscatel de Alejandría, Moscatel Rosada, Pinot Blanc, Riesling, Roussanne, Sauvignon, Sauvignon Blánc, Semillón, Torontel, Viognier y Pedro Jiménez.
Variedades tintas: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Cot, Merlot, Mourvedre, Nebbiolo, Petit Verdot, Pinot Gris, Pinot Noir, Sangiovese, Sirah, Verdot y Zinfandel.
Menciones de la etiqueta: Este elemento se comprueba mediante la fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero y a través de la comercialización, ya que la etiqueta debe señalar lo siguiente:
A)Cepaje: Se puede mencionar la variedad de uva con que fue producido el vino, si se cumplen los siguientes requisitos (artículo 4º):
El cepaje indicado debe intervenir en la mezcla en una proporción no inferior al 75% y debe corresponder a algún cepaje mencionado anteriormente.
Se pueden indicar hasta tres variedades de cepas, en orden decreciente de importancia, de izquierda a derecha, cuando la totalidad del vino provenga de los cepajes señalados y siempre que el cepaje minoritario intervenga en la mezcla en una proporción mínima del 15%.
B) Año de cosecha: El año de la respectiva cosecha, siempre y cuando los vinos del año indicado intervengan en la mezcla en una proporción no inferior al 75%
(artículo 5º).
C) Menciones complementarias: Los vinos con denominación de origen deben incluir la indicación geográfica que corresponda, precedida de la expresión “denominación de origen” o las iniciales “D.O.” (artículo 8º).
También se pueden aludir en las etiquetas menciones complementarias de calidad o sus traducciones en idioma extranjero, precedidas o no de la expresión vino
(artículo 8º) Gran Reserva, Gran Vino, Reserva, Reserva Especial, Reserva Privada, Selección y Superior.
IV. ANTECEDENTES.
1.La industria vitivinícola en Chile. [3]
En los años 90 Chile consolida definitivamente su presencia en el mercado internacional del vino, obteniendo excelentes resultados y un reconocido prestigio. Las exportaciones a Europa, Estados Unidos y principalmente Asia, han crecido cada año, reportando en 1998 un total de US$ 502,91 millones. Actualmente se exporta a más de 100 países en cinco continentes.
En lo que se refiere específicamente a la zona en la que se construiría la central Totihue, la importancia del valle del Cachapoal es que éste posee el 10% de las plantaciones del país (cerca de 10.000 hectáreas), aunque en términos comerciales bordea el 25% de los retornos nacionales, gracias a su producción de vinos finos.
La preocupación de los viñateros es que en la actualidad no existen garantías que aseguren la utilización agrícola del suelo de las zonas productoras de vinos, lo que podría permitir en el futuro el desarrollo de otras actividades productivas que afectarían (según los productores de la zona) el desarrollo de la actividad vitivinícola y agrícola de la zona.
La utilización de los suelos para la actividad agrícola es una de las grandes preocupaciones de los países desarrollados con el fin de favorecer la economía local y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente.
En este contexto, en Chile uno de los aspectos destacados de la actividad vitivinícola es “La Ruta del Vino”, la que consiste en un circuito de visitas a viñas ubicadas en el valle de Colchagua, en donde se puede apreciar el proceso productivo de los distintos tipos y variedades de vinos, su tecnología, el ambiente campestre e industrial de las viñas entremezclado con la tradición agrícola de la zona.
Este tipo de experiencias permite un nuevo polo de desarrollo productivo para una zona de fuerte tradición agrícola y que últimamente ha sido una de las áreas más deprimidas de la economía. Al mismo tiempo que se protege el medio ambiente, los agricultores tradicionales obtienen beneficios o ventajas económicas.
Por su parte, en la obra “Derecho del Vino: denominaciones de origen” [4] se señala que La vid y el vino datan de tiempos remotos en el planeta y desde hace unos siglos esta planta se cultiva en Chile con excelentes resultados. La trilogía clima, suelo, cepa y el esfuerzo de muchos hombres han hecho que la industria vitivinícola goce de gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional.
En la actualidad presenta importantes volúmenes de exportación y se ha invertido en tecnologías de vinificación, elaboración y crianza de vinos para lograr una mejor calidad, además de aumentar las hectáreas plantadas con viñedos, revirtiendo la tendencia a su disminución que imperaba en décadas pasadas.
Diversas leyes han regulado esta actividad dada su importancia socioeconómica y ya desde los albores de la Colonia se han dictado normas tendientes principalmente a aminorar el desarrollo de la industria vitivinícola, ya sea porque se quiso defender a España de la competencia de los vinos y aguardientes nacionales o para fomentar otro tipo de plantaciones, combatir el alcoholismo, proteger los intereses económicos de los propietarios de viñas, gravar la actividad con impuestos, entre otros.
Actualmente, está vigente la ley Nº 18.455 que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres; el decreto Nº 78 del Ministerio de Agricultura, que reglamenta esta ley y el decreto Nº 464, del Ministerio de Agricultura, que establece una Zonificación Vitícola o Denominación de Origen para los vinos que se produzcan en el país.
Del examen de estos tres cuerpos legales se puede concluir que el Derecho del Vino se funda en cinco instituciones, las cuales son: producción o vinificación, elaboración, comercialización, intervención administrativa y denominaciones de origen.
1)La producción o vinificación del vino. Es la etapa en que se transforman las sustancias azucaradas en alcohol etílico. En esta institución se debe cumplir el requisito de usar sólo uvas frescas o asoleadas de la especie Vitis vinífera para obtener vino, estando prohibido llamar así al producto obtenido por el uso de variedades híbridas, con la finalidad de proteger la calidad de los vinos chilenos y, además, se deben utilizar sólo sustancias y realizar las manipulaciones permitidas por el legislador, ya que el vino es un producto que será consumido por una parte de la población, no pudiendo utilizarse materias primas o aditivos no autorizados.
2)La elaboración del vino. Es la etapa en que a este producto se le da la limpidez y equilibrios necesarios para ser envasado y comercializado, es decir, para ser apto. También se deben realizar sólo las manipulaciones y usar las sustancias permitidas por el legislador, señalándose qué productos no son aptos para ser consumidos por ser alterados aquellos productos que han experimentado cambios físicos o químicos que lo han hecho perder sus características propias, adulterados aquellos a los que se le han efectuado maniobras o agregado sustancias o aditivos prohibidos o de un modo distinto al autorizado o falsificados aquellos en cuyo proceso de producción o elaboración se han empleado materias primas no autorizadas.
Finalmente, el legislador indica cuáles son aquellos vinos considerados especiales de acuerdo a las características organolépticas de cada uno, siendo los siguientes: vino generoso, vino gasificado, champaña, vino licoroso y vino aromatizado.
3)La comercialización del vino. Se establecen diversas medidas que deben ser respetadas por los comerciantes para evitar el comercio ilegal, proteger a los consumidores o asegurar la libertad de comercio, dividiéndose tales disposiciones en dos grupos:
Los requisitos que deben cumplir los productos destinados al consumo: ser un producto envasado o en proceso de envase, que se venda en envases sellados y etiquetados con una graduación alcohólica mínima de 11,5 grados, a excepción de los vinos generosos o licorosos por tener una composición particular.
La información al público que se traduce en las menciones que deben señalar su envase o etiqueta, ya sea para los productos nacionales, importados materia prima importada a granel o vinos importados en unidades de consumo selladas y de exportación. Entre estas menciones, se puede señalar la graduación alcohólica, volumen y nombre o naturaleza del producto.
4)La intervención administrativa. Ha sido intensa desde los comienzos de las primeras producciones de vinos que se realizaron en la época colonial de nuestro país, a través de todas las leyes que se han dictado para reglamentar las bebidas alcohólicas. Esta cuarta institución se materializa con la actuación del Servicio Agrícola y Ganadero que tiene una serie de facultades para hacer cumplir la ley Nº 18.455, su reglamento y el decreto
Nº 464. Esta institución se manifiesta en:
La fiscalización de los diversos entes relacionados con la elaboración, producción y comercialización del vino, especialmente en el aviso sobre plantación, injertación y arranque de viñas; análisis de muestras; fiscalización en establecimientos de producción, elaboración y envase de vinos; fiscalización en botillerías, distribuidores mayoristas y demás comerciantes de productos como supermercados, bares, restaurantes, entre otros; fiscalización del transporte de productos y comercialización de productos importados; para lo cual podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Las sanciones destinadas a obtener un mayor grado de protección jurídica, para lo cual se establece una serie de infracciones que serán sancionadas con diferentes penas y multas y un procedimiento para sancionar infracciones administrativas, siendo a beneficio fiscal el producto de las multas y comisos que se dispongan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor.
5)Las denominaciones de origen. Son una consecuencia de la existencia de un producto de calidad que es amparado por una ley que la define y regula su producción, elaboración y comercialización y que diversas leyes han confundido con las denominaciones de procedencia, siendo estas últimas aquellas que sirven para indicar el origen geográfico del producto, no estableciendo requisitos destinados a asegurar una calidad superior.
Esta quinta institución data de épocas remotas y tiene por objetivo proteger al consumidor y al productor, ya sea evitando la imitación de productos, competencia desleal de otros productores que elaboren vinos de menor precio y calidad, y carencia de seguridad tanto en la calidad como autenticidad, ya que el legislador señala tanto los elementos que debe tener un producto para poder llevar una denominación de origen, como las sanciones en caso de uso indebido.
Su importancia radica en que al ser el vino un producto de fácil imitación o falsificación, da mayores seguridades al consumidor el que cada día prefiere más los vinos elaborados con cepas nobles bajo rigurosas normas de producción y así se resguarda el prestigio de un producto, facilita la presencia en el mercado de vinos característicos, mejora su comercialización, contribuye a incrementar su demanda por la confianza que le da el consumidor y estimula a los productores para que planten o experimenten con nuevas vides en las zonas que tienen una zonificación vitícola.
De la definición dada a las denominaciones de origen por el derecho vigente, se desprende que son un derecho colectivo, imprescriptible, que requieren de un reconocimiento oficial y que tiene dos fuentes: las señaladas por el legislador y las creadas por decreto supremo, siendo estas últimas, las verdaderas denominaciones de origen por tener los elementos requeridos para configurarlas:
a)Zonificación Vitícola o procedencia geográfica: Se han señalado regiones con sus correspondientes subregiones, zonas y áreas y el porcentaje de uvas provenientes de ese lugar que debe tener un vino.
b)Factores humanos: El vino debe envasarse en territorio nacional, comercializarse en unidades de consumo, además se indican los requisitos que debe tener un producto para llevar la expresión “Embotellado en Origen”.
c)Factores naturales: El vino debe ser producido con cepas determinadas, indicando el porcentaje del cepaje y variedades usadas, y el año de cosecha.
2.Legislación comparada.
A)Áreas protegidas: la denominación de origen.[5] [6]
Una de las formas en que los países industrializados protegen ciertas áreas geográficas es a través de la Denominación de Origen, que es el nombre geográfico de la región, comarca o localidad donde se elaboran productos (ya sean vinos u otros alimentos) que, por sus características meritorias y específicas, se diferencian claramente de los demás.
La producción de vino es posible en toda la zona templada del mundo (entre 25º y 50º de latitud N y S). Dentro de estas regiones, y especialmente en Europa, el origen geográfico era el modo tradicional de distinguir los diferentes tipos de vino. La denominación de origen geográfico (Appellation d’Origine Contrôlée) se ha impuesto nuevamente en los países de la Comunidad Europea, y se basa en el tipo de suelo, los factores climatológicos, las variedades de uva y las tradiciones vinícolas locales.
Históricamente, grandes vinos han dejado de producirse por efecto de las plagas que han afectado a las viñas europeas. Chile posee a este respecto grandes ventajas, dado que por ser un país enclaustrado geográficamente, no se encuentra afectado por muchas de las plagas que perjudican a la vitivinicultura, lo que le ha permitido desarrollar cepas que se encontraban extinguidas, logrando un gran éxito en el mercado internacional.
El nacimiento del concepto de las denominaciones de origen es natural consecuencia de la existencia de un producto de calidad con reconocido prestigio que es amparado por una reglamentación que la define y regula su producción, elaboración y comercialización y cuyo objetivo es proteger al consumidor y al productor, ya sea evitando la imitación de productos, la competencia desleal de otros productores que elaboren vinos de menor precio y calidad y la carencia de seguridad, tanto en la calidad como autenticidad, con lo cual se resguarda el prestigio de un producto, facilita su presencia en el mercado, mejora su comercialización y estimula a los productores para que planten o experimenten con nuevas vides en las zonas que tienen una zonificación vitícola.
Desde la Antigüedad ha existido una estrecha relación entre la naturaleza del suelo donde se ha producido el vino y la calidad específica de ciertos vinos, designándolos por el nombre del lugar como el modo más natural de particularizar un producto una vez que llegan a tener características homogéneas que lo diferencian de otros vinos.
El 30 de octubre de 1947, la asamblea general de la Organización Internacional del Vino OIV señala que “la denominación de origen vitivinícola es un derecho de uso colectivo del hombre, calificando un lugar de producción y sirviendo para designar un vino o un aguardiente procedente de este lugar. Este derecho, accesorio del bien raíz, es imprescriptible e inalienable”.
La OIV, al acordar esta definición, buscó proteger las denominaciones que ya habían adquirido una reputación de los productores inescrupulosos que trataban de usurpar su nombre para aprovecharse de su prestigio.
El 31 de octubre de 1958, los principales países vitícolas del mundo firmaron el “Acuerdo de Lisboa” que crea un real sistema internacional de protección a las denominaciones de origen. Dicho acuerdo establece que la denominación de origen es “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirve para designar un producto que le es originario y en el cual la calidad y las características son debidas esencialmente al medio geográfico, comprendiendo éste los factores naturales y los factores humanos”.
Las denominaciones de origen no deben ser confundidas con las indicaciones de procedencia, pues estas últimas sirven para señalar el origen geográfico del producto, no estableciendo requisitos destinados a asegurar una calidad superior. Es decir, en un mismo lugar geográfico pueden existir vinos con denominación de origen y otros con indicaciones de procedencia.
En cambio, una denominación de origen es un reconocimiento a las características que hacen diferente a un producto respecto a otro, asegurando al consumidor su superioridad, autenticidad respecto a su origen geográfico, cepas utilizadas en su elaboración, normas estrictas de control de calidad y protegiendo al productor que acata reglas estrictas de producción y elaboración.
Además las indicaciones de procedencia sólo se refieren al nombre del lugar donde fue producida la uva, donde fue hecha la vinificación, la embotellación o el envejecimiento; en cambio, en las denominaciones de origen todas estas prácticas deben de ser hechas en la misma zona.
Para consolidar la institución de las denominaciones de origen es necesario que intervenga el legislador y trace un sistema que resguarde el normal desarrollo de la actividad vitivinícola, definiendo las áreas geográficas de producción, cepas utilizadas, características de la producción y además establezca sanciones por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, castigando a los que utilizan estas denominaciones para obtener algún provecho ilegítimo.
B)Protección de las zonas agrícolas en Burdeos, Francia. [7]
En Francia, la zona de Burdeos, la más famosa del mundo en el cultivo de vides y elaboración de vinos de gran calidad, existen regulaciones para la protección de los suelos agrícolas con el objeto de preservar su destino vitivinícola.
La legislación francesa protege a las zonas agrícolas destinadas al cultivo o elaboración de productos de gran calidad. Así es como, en la zona de Burdeos, se protegen los suelos para el cultivo y elaboración de vinos de gran calidad. La Ley de Orientación Agrícola
Nº 99574 establece las llamadas Zonas Agrícolas Protegidas ZAP, cuya preservación representa un interés general nacional, debido tanto a la alta calidad de sus productos como también a su especial ubicación geográfica.
Las ZAP sólo pueden ser modificadas previa consulta a la Cámara de Agricultura y a la Comisión Departamental de Orientación Agrícola, y basta la oposición de cualquiera de ellas para que dicho cambio no sea aprobado.
Del mismo modo, la Ley de Solidaridad y Renovación Urbana Nº 2,0001,208 armoniza “El equilibrio entre la renovación urbana, un desarrollo urbano ordenado, el desarrollo de las áreas rurales por una parte y la preservación de las áreas afectas a actividades agrícolas y forestales, paisajes y áreas verdes por la otra respetando un desarrollo duradero (sustentable)”.
Consistentemente con lo anterior, en el afán de proteger la zona de Burdeos como patrimonio vitivinícola, se aprobó el Esquema Director de Distribución de Burdeos, que establece importantes avances en la protección del patrimonio, disponiendo, que entre otras normas, una “carta de protección de los territorios vitivinícolas”.
De esta forma, las zonas agrícolas de Burdeos se han destinado preferentemente al desarrollo de la actividad vitivinícola, preservando de tal manera dicho destino, que se hace imposible el desarrollo de otras industrias que no sean las del vino o relacionadas con él.
Francia, como primer productor de vinos del mundo, es un país con fuerte tradición en la promoción y protección de su patrimonio culinario y de sus productos alimenticios. Para cumplir este propósito, las autoridades francesas han institucionalizado herramientas voluntarias, representadas por sellos de calidad que garantizan al consumidor una característica de calidad determinada, validan su valor agregado y aseguran una competencia leal.
Los sellos de calidad franceses oficiales para productos alimenticios son los siguientes:
Sello de Certificación de Conformidad, que garantiza que las características del producto obedecen a normas específicas de manufactura y/o composición.
Label Rouge o Sello Rojo de Calidad Superior, que garantiza una calidad superior o premium.
Sello de Denominación de Origen Controlado (AOC), que garantiza la identificación de las características del producto con el lugar geográfico del cual proviene.
Sello Agricultura Biológica, que garantiza un modo de producción natural y respetuoso del equilibrio ecológico, donde el agricultor no ha usado elementos químicos o sintéticos.
Dos de estos cuatro sellos de calidad se encuentran también normados en toda Europa: el Sello Agricultura Biológica y el Sello Denominación de Origen Controlada.
Cabe destacar que, en el caso de la Denominación de Origen Controlada, Francia ha sido el país líder a nivel mundial en su institucionalización. Fue originalmente creada por este país en 1935 especialmente para los vinos, y en ella se hace referencia al uso del nombre de un país, región o de una localidad para designar un producto alimenticio originario de allí y cuyas características de calidad se relacionan o son determinadas por el medio geográfico en que se originó, incluyendo factores naturales y humanos.
El reconocimiento de una Denominación de Origen es el resultado de un procedimiento largo y debatido. Comisiones de expertos, encuestas públicas para la definición del área geográfica y de las condiciones de la producción, se suceden para garantizar una amplia aceptación de todos los agentes referidos a la regulación que les será aplicable.
Esta mención garantiza una conexión íntima entre el producto y la tierra; es decir, hay una zona geográfica circunscrita, con sus características geológicas, agronómicas y climáticas y las disciplinas específicas impuestas por las personas que trabajan el producto, para obtener mejores beneficios y mantener el prestigio adquirido.
El concepto de Denominación de Origen Controlada proporciona instrumentos que pueden permitir que áreas geográficas conocidas como difíciles puedan beneficiarse de los productos obtenidos de ellas. En consecuencia, el producto con AOC puede convertirse en una herramienta genuina de promoción y desarrollo de un territorio o área geográfica.
C)Protección de las zonas agrícolas en los valles de Napa y Sonoma, California. [8]
Igual que en Burdeos, los condados del valle de Napa y Sonoma, en California, Estados Unidos, contemplan estrictas regulaciones tendientes a proteger la industria del vino, restringiendo claramente la instalación de industrias o actividades que pudieran afectar los cultivos vitivinícolas que le han dado fama mundial a dichas regiones.
De acuerdo con la Ordenanza de Napa, en el capítulo 18 relativo a la zonificación de Napa, se establece el concepto de Distritos de Preservación Agrícola DPA, con el objeto de que los valles fértiles y estribaciones tengan un uso predominantemente agrícola.
De esta forma, la misma disposición establece los usos de suelo permitidos sin permiso alguno y los usos permitidos con permiso. Cabe señalar que en ambos casos se excluye la construcción y explotación de centrales de energía termoeléctrica u otras instalaciones de características análogas.
Los siguientes usos son aceptados sin permiso alguno: agricultura; una casa habitación por parcela; casas de reposo pequeñas; guarderías pequeñas, y bajo determinadas condiciones, también grandes; viñas con sus accesorios relacionados; antenas menores; instalaciones de telecomunicaciones que no sean estaciones satelitales terrestres y que cumplan con una serie de estándares establecidos en la ley.
Los siguientes usos son permitidos con permiso:
Casas de inquilinos e instalaciones habitacionales para temporeros;
Instalaciones, que no sean relacionadas con las viñas, para el procesamiento de productos agrícolas;
Instalaciones veterinarias y de crianza de perros;
Engordas de ganado;
Sistemas de energía eólica no comercial y sistemas de conversión;
Viñas que no califican para ser definidas como aquellas que no requieren permiso;
Las siguientes actividades en conexión con viñas: molienda de uvas; sistema superficial de desechos de aguas usadas en la viña; envejecimiento, procesamiento y almacenaje de vino a granel; embotellamiento y almacenaje de vino embotellado, despacho y recepción de vino a granel o embotellado, siempre y cuando el vino embotellado o recibido no exceda la capacidad de producción autorizada; cualquiera o todas las siguientes actividades, siempre y cuando, en su agregado, dichos usos sean claramente incidentales, relacionados y subordinados con la operación primaria de la viña como una unidad productiva: oficinas y laboratorios, marketing de los vinos y ventas al por menor de vinos;
Los siguientes usos cuando son accesorios a una viña: tours y degustaciones; exhibiciones de arte, pero no su venta; exhibiciones de artículos históricos, ecológicos, o vitivinícolas significativos para la industria del vino, pero no su venta, y guarderías para niños, limitadas para el cuidado de hijos de empleados de la viña.
Instalaciones de telecomunicaciones que no sean estaciones satelitales terrestres y que no cumplan con uno o más de los estándares establecidos en la ley.
Estaciones satelitales terrestres que, por razones técnicas, no puedan ser instaladas en zonas industriales en general.
En conclusión, ni siquiera mediante la obtención de un permiso especial sería posible instalar una central de energía termoeléctrica en DPAs del valle de Napa.
Sonoma ha establecido en su Ordenanza normas de características muy similares a la del Valle de Napa, diferenciando al efecto entre terrenos de uso agrícola intensivo, en que el desarrollo agrícola y su explotación es alto, terrenos de uso agrícola extensivo, en que el desarrollo y explotación agrícola es relativamente bajo, y DPAs. En todos ellos existen usos permitidos sin permiso y usos permitidos con permiso.
Uso de suelo en DPAs:
Sin permiso: Crianza de animales para usos domésticos; cultivo de plantas, árboles, flores, viñas, entre otros; invernaderos; ventas ocasionales de productos agrícolas y ganado, y usos residenciales bajo ciertas condiciones.
Con permiso: labores agrícolas que requieren permiso especial; crianza de animales para otros usos que no sean domésticos; viveros agrícolas; salas de degustación de productos agrícolas; procesamiento de productos agrícolas; engorda de animales, e instalaciones de telecomunicaciones no comerciales.
Igual que en el valle de Napa, ni aun con un permiso especial se pueden construir y mantener centrales de energía termoeléctrica u otras instalaciones análogas, toda vez que estas zonas deben ser dedicadas en general a la explotación agrícola.
En conclusión, las zonas vitivinícolas de mayor prestigio en el mundo, tales como
Burdeos, Napa y Sonoma, han sido protegidas para el desarrollo de dicha actividad de tal manera que cualquier otro uso que se les quiera otorgar, aun con un permiso especial, excluye el desarrollo de actividades de explotación de energía a través de centrales termoeléctricas o similares.
No obstante que la zona del valle del Cachapoal no se encuentra protegida por un plan regulador que ordene y armonice el mejor aprovechamiento del carácter eminentemente agrícola de su suelo, la carencia de dicho instrumento de planificación territorial no es responsabilidad de los usuarios de dichos predios (agricultores, vinicultores y otros) ni debiera afectarlos, y no altera la necesidad de contar con un ordenamiento territorial adecuado que proteja aquellos recursos o áreas particularmente valiosos para el desarrollo de la región.
Del análisis anterior se desprende que, en virtud de la analogía de normas aplicables a casos similares, el desarrollo y explotación de una central de energía termoeléctrica en el valle del Cachapoal sería absolutamente inviable, por su manifiesta incompatibilidad con el actual ordenamiento.
Estados Unidos es un país que se ubica en el cuarto lugar en la producción de vinos. Concentra su industria vitivinícola en el valle de California, al que denomina Wine Country,
alrededor del cual de desarrolla una fuerte actividad turística.
El renacimiento de la industria vitivinícola de California comenzó treinta años atrás. Su más famosa concentración de viñedos se encuentra localizada en los valles de Napa y Sonoma, justo al norte de San Francisco.
Para la protección de estas áreas geográficas, los gobiernos federales y estatales han promulgado leyes para impedir la conversión de tierras de cultivo en desarrollos urbanos, aunque la legislación más significativa en esta materia se encuentra en los niveles estatales y locales:
Protección Federal. La Ley de Políticas de Protección de las Tierras de Cultivo
(Farmland Protection Policy Act) de 1981, Código, título 7, secs. 42014209; CFR, título 7, pt. 658, determina que el Departamento de Agricultura es el que elabora criterios para que otras dependencias federales determinen si sus programas aumentarían dicha conversión o dañarían de alguna otra forma las tierras agrícolas. Ningún particular puede objetar un proyecto federal con base en esta ley.
Protección estatal. Una gran cantidad de estados protege las tierras agrícolas mediante su división en distritos. Los agricultores del distrito cuentan con algunos beneficios, como la protección de demandas por daños y las evaluaciones fiscales diferenciales. Todas las entidades federativas, salvo Dakota del Sur, cuentan con leyes de “derecho de cultivo”, las cuales codifican la doctrina del derecho consuetudinario del “perjuicio inminente” y protegen a las granjas frente a demandas por daños derivados de la invasión de desarrollos urbanos.
Zonificación local. Los ordenamientos de zonificación y otras leyes de uso de la tierra se emplean a menudo para proteger las tierras agrícolas. Algunas disposiciones comunes son: exenciones de la zonificación (leyes de “libertad de cultivo”); zonificación agrícola exclusiva (que prohíbe el uso no agrícola de las tierras en determinado distrito), y la zonificación agrícola no exclusiva. Esta última incluye lo siguiente: zonificación en lotes extensos (fijar un mínimo de extensión del terreno); la zonificación de reparto con base en el área (el número de residencias no agrícolas que pueden desarrollarse está determinado por la asignación basada en la extensión de los terrenos de cultivo y están restringidas las dimensiones mínimas) y la zonificación condicional por uso (la cual requiere de un permiso de uso especial para subdividir un terreno agrícola).
Algunos estados establecen exenciones del impuesto predial a los agricultores, disponen servidumbres por conservación (cuando un propietario de tierra renuncia al derecho de levantar un desarrollo urbano, pero conserva el de emplearla para fines agrícolas) y derechos transferibles de explotación (cuando los derechos de desarrollo se transfieren entre los distritos de preservación y desarrollo urbano.
D)Canadá: La experiencia de Quebec. [9]
Al observar que el patrimonio agrícola de Quebec, ya muy restringido, no dejaba de retroceder frente a la expansión de la urbanización y que se estaba desestructurando por culpa de la especulación territorial, el gobierno intervino a fines de los años 70 para garantizar su protección, dotándose de tres principales medios:
La Ley de Protección del Territorio Agrícola (LRQ, CP41.1), que entró en vigor, con efecto retroactivo, el 9 de noviembre de 1978. Dicha ley fue modificada en varias ocasiones desde su adopción, y es aplicable al conjunto del territorio de Quebec situado al sur del paralelo 50, en seis etapas consecutivas, empezando por las Tierras Bajas del San Lorenzo y del río Outaouais. Prevé la delimitación de zonas agrícolas establecidas por decreto del gobierno.
Para velar por su aplicación, dicha ley creó un tribunal administrativo: la Comisión de Protección del Territorio Agrícola de Quebec.
Las zonas establecidas, tras unas negociaciones con las autoridades municipales implicadas, cubren hoy día un territorio de una superficie total de 63.394 km2, repartido en 1.166 municipios, y 95 municipios regionales de condado (MRC).
La Ley sobre Adquisición de Tierras Agrícolas por No Residentes (LRQ, c. A4.1), que entró en vigor el 21 de diciembre de 1979. Dicha ley obliga a toda persona física o moral que no resida en Quebec a obtener una autorización de la Comisión de Protección del Territorio Agrícola de Quebec para adquirir una tierra agrícola de más de 4 hectáreas.
La implantación de programas de ayuda económica destinados a los productores agrícolas (LRQ, c. M14, artículos 31.1 a 36.14) y a los productores forestales (LRQ, c. F2.1, artículos 220.2 a 220.13). Estos programas prevén el reembolso a los productores agrícolas y forestales de una parte del monto de las contribuciones municipales y escolares, con el fin de fomentar la valorización de las tierras protegidas.
V. PERSONAS ESCUCHADAS EN EL SENO DE LA COMISIÓN.
1.Honorable diputado Eugenio Bauer, autor del proyecto de acuerdo.
El diputado señor Bauer informó que el proyecto de la empresa AES Gener consiste en instalar, en una zona eminentemente agrícola, dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado gasvapor, que utilizan petróleo diesel como combustible de respaldo, capaces de generar 740 MW de potencia neta. Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de contar en Chile con instrumentos eficientes de ordenamiento territorial, así como de protección de ciertas áreas agrícolas.
El aludido proyecto pretende localizar dichas centrales en el límite de las comunas de Requínoa y Rengo, ambas de la provincia de Cachapoal, de la Sexta Región, camino a Totihue, a sólo 700 metros al oriente de la carretera Longitudinal Sur.
El camino a Totihue, una de las puertas de entrada del “valle del Cachapoal”, es uno de los lugares donde se origina, en la década de los 80, el explosivo desarrollo de la fruticultura de exportación chilena. Hoy se encuentra casi completamente plantado de frutales y viñas, ubicándose asimismo en la zona las más importantes plantas exportadoras frutícolas del país, tales como Unifrutti, Del Curto, Del Monte, Clée, Geofrut, entre otras.
Siendo éste uno de los valles más productivos de Chile, ha tenido, desde tiempo inmemorial, importantes plantaciones de viñedos. En la actualidad, sólo las comunas de Requínoa y Rengo concentran más de tres mil hectáreas de viñas, destinadas todas a la producción de vinos finos. Destacan, entre ellas, las nacionales Torreón de Paredes, Misiones, Santa
Emiliana, San Pedro, Corpora, Anakena; así como las extranjeras Chateau Los Boldos, Casa Lapostolle, Viña De Larose y Dassault.
La mencionada inversión extranjera representa más del 95% de la inversión francesa en el rubro en Chile y está constituida por dos de los más prestigiosos licoreros europeos (Massenez y Marnier-Lapostolle), así como por dos de los consorcios empresariales más grandes de Francia (AGS Alliance y Dassault).
Las actuales exportaciones de vino producido en este valle representan aproximadamente el 10% del vino chileno exportado, y proporcionan más del 25% de los retornos totales nacionales por este concepto.
Las especialísimas condiciones climáticas del valle del Cachapoal lo hacen único en su tipo en Chile, al contar con más de mil horas de frío en invierno, suelo y subsuelo pedregoso que garantizan óptimo drenaje, al mismo tiempo que un clima cálido, seco y con suaves brisas en verano. La variada orientación de las laderas del piedemonte andino, la alta proporción de parras añosas, así como su gente, con un acervo cultural de generaciones trabajando los viñedos, lo hacen comparable a los mejores de Burdeos en Francia, Napa o Sonoma en los Estados Unidos.
Sin perjuicio de reconocerse casi unánimemente en Chile la importancia de este patrimonio, no existen aún normas eficientes de ordenación territorial que protejan a zonas de esta calidad de desaparecer por efecto de la instalación de industrias o actividades incompatibles con la agricultura de gran calidad.
Toda Europa protege su territorio agrícola. El Código Agrícola francés obliga a ejecutar, en cada departamento de su territorio, documentos de gestión de su espacio agrícola.
Las zonas agrícolas francesas cuya preservación representa un interés general nacional, sea en razón de la alta calidad de su producción, sea de su especial ubicación geográfica, pueden ser clasificadas como “zonas agrícolas protegidas”, y, en tal caso, la delimitación de las áreas así clasificadas debe anexarse al plan de ocupación de suelos, en la forma prevista en el Código de Urbanismo.
Las zonas agrícolas protegidas sólo pueden ser modificadas previa consulta a la Cámara de Agricultura y a la Comisión Departamental de Orientación Agrícola, bastando la oposición de cualquiera de ellas para que dicho cambio se rechace.
Los planes reguladores, de ocupación de suelos, o los documentos de urbanismo que contengan una reducción de los espacios agrícolas, no pueden ser aprobados sino con acuerdo de la Cámara de Agricultura y del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen, rigiendo las mismas normas para el caso de revisión o modificación de dichos documentos.
En la zona de Burdeos, así como en otras francesas famosas en el mundo por su capacidad de elaboración de vinos y otros productos de gran calidad, existen normas especiales que protegen sus suelos a fin de preservar su destino, especialmente si este es vitivinícola.
El “Esquema Director de Distribución de Burdeos” establece, asimismo, “cartas de protección de los territorios vitivinícolas”. De esta forma, las zonas agrícolas de Burdeos se han destinado preferentemente al desarrollo de la actividad vitivinícola, preservando de tal manera dicho destino, que se hace imposible la instalación de industrias que no sean la del vino o relacionadas con él, por estimarse incompatibles.
El Código del Medio Ambiente francés obliga a consultar al “Instituto Nacional de Denominaciones de Origen” cuando cualquier proyecto o actividad en evaluación pretenda ubicarse en una comuna que contenga un “área de producción de vinos con denominación de origen”, así como si pretende instalarse en una comuna limítrofe de una que contenga un “área de producción de vinos con denominación de origen”.
La misma norma rige también para la instalación en una comuna o en una limítrofe de una comuna que contenga un área de protección de un producto con denominación de origen distinto del vino.
Por su parte, la Ordenanza de Napa, California, EE.UU., establece, dentro de la zonificación de dicho valle, el concepto de “distritos de preservación agrícola”, áreas que han de tener un uso predominantemente agrícola, y que corresponden a los valles fértiles y sus estribaciones, estableciendo usos de suelos permitidos sin necesidad de permiso alguno, así como los permitidos sujetos a permisos especiales.
La Ordenanza de Sonoma, muy similar a la de Napa, diferencia los terrenos entre aquellos de uso agrícola intensivo, en que el desarrollo agrícola y su explotación es alto; de uso agrícola extensivo, en que el desarrollo y explotación agrícola es relativamente bajo, y “distritos de preservación agrícola”. En todos ellos se encuentran normados los usos de suelos permitidos sin necesidad de permiso alguno, así como los permitidos sujetos a permisos especiales.
En ninguna de las legislaciones analizadas sería posible instalar una central termoeléctrica, ni siquiera con algún permiso especial.
En Chile, el decreto supremo Nº 464, de 1994, del Ministerio de Agricultura, siguiendo una corriente mundial en la producción de vinos, especialmente de vinos finos, estableció “Zonificación Vitícola” o “Denominación de Origen” para los vinos producidos en el país.
El decreto señalado, que permite certificar la denominación de origen de los vinos chilenos constituye un fuerte apoyo a la actividad vitícola, contribuyendo a mejorar el posicionamiento de los vinos nacionales en el mercado internacional, así como el precio de sus exportaciones.
Se identifican entre estas zonas el valle del Cachapoal y, dentro de éste, específicamente las zonas vitícolas de Requínoa y Rengo, caracterizándolas del modo siguiente: “Físicamente se emplazan en pequeños valles cerrados por los contrafuertes cordilleranos y sus estribaciones, caracterizados por condiciones de suelo, clima y orografía que confieren una extraordinaria calidad a las vides que allí se cultivan”.
Reconocía de tal modo su calidad, y a pesar de tan importante declaración, no existe aún en Chile norma alguna de ordenación territorial o de protección de las zonas agrícolas con mérito para ello, que garantice las condiciones mínimas para el buen funcionamiento de sus procesos productivos y de marketing.
Por otra parte, a mayor abundamiento, cabe señalar que, asociada a la producción de vinos de alta calidad, así como a la belleza paisajística que la naturaleza y la actividad vitícola aportan se desarrolla en la actualidad en el mundo una importante industria turística. Sólo los valles de Napa y Sonoma en los Estados Unidos son visitados anualmente por más de ocho millones de turistas de alto poder adquisitivo, que gastan, diariamente, un promedio de
US $ 200 por persona.
En Chile, en esta zona y, estrechamente vinculada a la correspondiente denominación de origen, se encuentra en pleno desarrollo la denominada “Ruta del vino del Cachapoal”, circuito turístico que, sólo en este valle, es visitado anualmente por más de tres mil turistas. Gran desarrollo tiene en la actualidad un circuito similar impulsado por las empresas viñateras del vecino valle de Colchagua, donde existe ya una importante inversión turística en “tren del vino”, hotel y museo de Colchagua.
Los recién logrados acuerdos comerciales con la Unión Europea, que abren grandes posibilidades, plantean también grandes desafíos. Un mercado de 350 millones de habitantes, constituido por personas de alto poder adquisitivo, acostumbradas a niveles de calidad muy superiores a los nuestros, implican necesarias mejorías de calidad de nuestros productos de exportación, que pasan por incrementar la calificación de nuestra mano de obra, certificaciones de procesos, ambientales, entre otros.
Si se quiere responder exitosamente a este enorme desafío, incrementando las exportaciones con mayor valor agregado, resulta imprescindible legislar en torno a un ordenamiento territorial eficiente que proteja nuestras zonas agrícolas de gran calidad de la instalación en ellas de industrias incompatibles con el desarrollo de la actividad agrícola moderna.
2.Comisión Nacional de Energía CNE.
La señora Vivianne Blanlot, secretaria ejecutiva, explicó, en cuanto al rol de la CNE en los procesos de evaluación ambiental, que ellos se desarrollan en el seno del denominado Comité Técnico de Evaluación Ambiental, comité constituido ex profeso cada vez que un proyecto requiere de la evaluación ambiental. El Comité se compone por representantes de diversos servicios.
Al respecto, sostuvo que, dentro de este esquema, se encuentran aquellas instituciones que tienen directa relación con el proceso de otorgamiento de los permisos ambientales, los organismos fiscalizadores y encargados de velar por el cumplimiento de las normas y los organismos convocados por su relación en las materias específicas de los proyectos. La CNE pertenece a esta última categoría de participación dentro del Comité Técnico.
Al Comité Técnico le corresponde analizar el estudio o declaración presentada por el titular de un proyecto. El comité analiza, a partir de la información contenida en el EIA o DIA, según sea el caso, los impactos reales del proyecto y las medidas de mitigación, compensación y/o restauración adicionales a las propuestas por el titular, dentro del objetivo de asegurar la sustentabilidad ambiental del proyecto. Todo lo anterior se encuentra enmarcado dentro de las competencias de cada servicio.
El informe elaborado por el Comité Técnico es posteriormente presentado a la Corema de la región correspondiente, órgano que tiene, como atribución última, la aprobación o rechazo de los proyectos sometidos a evaluación, otorgando una resolución aprobatoria o bien una resolución de rechazo.
Respecto de las características del proyecto Totihue, señaló que ha sido presentado por la empresa AES Gener S.A., que corresponde a la instalación de una planta generadora de energía eléctrica de ciclo combinado con una potencia de 740 MW, utilizando como combustible gas natural y petróleo diesel como combustible de respaldo.
La construcción del complejo constará de dos etapas de 370 MW cada una. La primera se programó para entrar en operación en septiembre de 2005 y la segunda se debería materializar en un período no mayor a cinco años, dependiendo de la evolución de la demanda de energía.
La central se localizará en un predio de propiedad de AES Gener ubicado aproximadamente en el kilómetro 100 de la ruta 5 Sur, a 700 metros hacia el este por el camino a Totihue, en la comuna de Requínoa, provincia de Cachapoal, en la VI Región. La superficie total ocupada por las instalaciones de la central será de 4 hectáreas.
Acerca del proceso de evaluación ambiental, hizo presente que la fecha de ingreso al Seia: fue el 19 de marzo de 2002. Fue admitido bajo resolución 036/2002, del 21 de marzo de 2002. La primera reunión del Comité Técnico fue realizada en el mes de febrero de 2002, en la cual se presentó en forma extraoficial el proyecto a los servicios integrantes de dicho Comité.
Durante el mes de marzo se envió el EIA a los distintos servicios para observaciones. Durante el transcurso del mes de mayo, se llevó a cabo la reunión con la comunidad, dentro del marco del proceso de participación ciudadana. El proyecto aún se encuentra en proceso de evaluación; la empresa congeló los plazos para la preparación del primer addendum al estudio, en el cual deberá responder a las distintas observaciones formuladas al EIA.
A continuación, resumió los principales aspectos que arrojó el estudio de impacto ambiental en relación con la construcción de la central Totihue:
Cambio de uso de suelo: Los terrenos pertenecientes a AES Gener están bajo la clasificación de suelo agrícola. Para poder emplazar la central, se debe autorizar el cambio de uso de suelo a industrial.
Generación de emisiones sonoras: El proyecto estaría cumpliendo con el decreto supremo Nº 146, de 1998, respecto a las emisiones de ruido, medido en los posibles receptores.
Extracción de agua (desde pozos): Las aguas que serán utilizadas en las torres de enfriamiento serán obtenidas a través de pozos que se construirán en el terreno de emplazamiento.
Alteración en la descarga de agua: La descarga de agua al estero Totihue podría generar alteraciones del cuerpo receptor. Pero el titular debe cumplir con lo establecido en el decreto supremo Nº 90, de 2001, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia.
Emisiones de gases a la atmósfera: Emisiones de Nox y de ozono indirectamente por las emisiones de Nox. En todo caso, la central utiliza quemadores de última generación, Dry Low Nox. El aumento de calidad de aire del sector fue analizado según el modelo Screen 3, de acuerdo con el cual se comprueba que no habría superación de las normas de calidad de aire. Otro problema consistiría en el aumento de las emisiones de vapor de agua, las cuales podrían alterar el porcentaje de humedad relativa, afectando los cultivos, aunque según lo analizado en el EIA no existiría un impacto por este factor.
Alteración de paisaje: La presencia de la central produce una alteración de paisaje en el entorno inmediato y directo de su emplazamiento.
En cuanto a la opinión técnica ambiental de la CNE, en relación con el estudio de impacto ambiental de la central Totihue, expresó que no ha sido evaluado el potencial impacto de la central en los niveles de ozono de la Región Metropolitana ni se ha realizado un análisis de calidad de aire como consecuencia de la operación con petróleo diesel. Hay algunos valores puntuales de PM10 donde se alcanzan valores cercanos a la norma, donde esto podría verse agravado en el caso de que fuera necesario el uso de petróleo diesel. Asimismo, no se detallan las condiciones de abastecimiento de gas natural ni se ha determinado qué organismo autoriza el uso de petróleo diesel, y bajo qué condiciones.
Respecto de los requerimientos de inversiones del SIC, informó que la demanda de energía prevista para el año 2011, de acuerdo con lo que indica el plan de obras que elabora la CNE, el consumo de energía en el SIC aumentará a 68.000 GWh anuales, y la estimación para el año 2002 asciende a 33.000 GWh, aproximadamente.
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Según el plan de obras, el aumento en la demanda antes señalado, de acuerdo con las previsiones de la CNE, requiere de un aumento en la oferta que se traduce en la necesidad de que entren en funcionamiento 7 nuevas centrales ciclo combinado de aproximadamente 372 MW cada una, entre los años 2003 y 2011.
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Las obras que actualmente se encuentran en proceso de evaluación ambiental o en construcción totalizan 2.945,5 MW, y son las siguientes:
Obras en construcción (consideradas en el plan de obras del SIC): Central hidroeléctrica Ralco, 570 MW; Central de pasada Chacabuquito, 25 MW; Unidad 9b de Nehuenco, 100 MW; Central Taltal Ciclo Combinado, 360 MW; Unidad Diesel de Energía Verde, 25 MW, y Central Colbún, 380 MW.
Los proyectos en evaluación son: Central termoeléctrica Candelaria, 4 turbinas de 120 MW; Proyecto hidroeléctrico MapochoMolina, 26.5 MW; Conversión a Gas Renca; Hidroeléctrica de pasada La Higuera, 240 MW, y Termoeléctrica Totihue, 740 MW.
En cuanto a las iniciativas de la CNE para la mejora de la toma de decisiones de localización de proyectos térmicos, señala que, durante el año 2001, y en respuesta a la necesidad de avanzar en una propuesta de política de centrales térmicas en el Sistema Interconectado Central, se elaboró un proyecto destinado a confeccionar un conjunto de estudios que proporcionarán antecedentes ambientales, técnicos, técnicos y económicos de aquellas zonas más óptimas para el emplazamiento de centrales de ciclo combinado a gas natural.
Este proyecto contempló dos áreas: localización de turbinas de emergencia y análisis de localización de centrales generadoras de ciclo combinado. El proyecto fue licitado y se analizaron las propuestas recibidas; pero, por razones presupuestarias, en el año 2001 se desarrolló sólo la primera etapa, quedando pendiente la segunda parte para el año 2002.
Los resultados de la primera etapa permitieron obtener un adecuado análisis ambiental y eléctrico de todos aquellos sitios en los cuales es posible la instalación de turbinas de emergencia en el Sistema Interconectado Central.
Para el año 2002, se definió la siguiente meta con prioridad normal para la CNE: desarrollar y concluir estudios de recomendaciones ambientales de localización de centrales térmicas en el Sistema Interconectado Central (SIC); borrador de propuesta de política de localización.
Esta meta está asociada al cumplimiento de los siguientes productos: Sistema de información con análisis ambiental de localizaciones factibles para centrales térmicas en el SIC. Documento borrador de propuesta de política de localización de centrales térmicas en el SIC.
Se elaboraron los términos de referencia para la realización de este estudio, y se invitó a formular propuesta técnica y económica al Centro Nacional del Medio Ambiente Cenma de la Universidad de Chile, en consideración a que dicha institución es la que posee una vasta experiencia en la materia, en especial en calidad del aire, así como dispone de información previa y modelos validados para análisis de calidad de aire.
Considerando que este estudio requiere la realización de mediciones de concentración de ozono, las cuales para que tengan representatividad, se deben realizar en los meses de primavera o verano, se prevé que el mismo concluya en diciembre 2002 o enero de 2003.
3.Comisión Nacional del Medio Ambiente.
La señora Carmen Rivera, jefa del Subdepartamento de Impacto Ambiental de Conama, se refirió, en primer lugar, a la necesidad de contar con un marco regulatorio para las distintas actividades, que asegure la sustentabilidad de las mismas, especialmente de aquellas relacionadas directamente con el uso de los recursos naturales.
La gestión ambiental utiliza una serie de instrumentos con este propósito, entre ellos, la dictación de normas de calidad y de emisión. Si bien ha habido varios avances, aún persisten omisiones en la ley Nº 19.300, por lo que, en ciertos casos, se deben emplear normas de referencia internacionales. En todo caso, se está realizando un estudio de normas específicas de emisión para centrales termoeléctricas.
En segundo término, se refiere al tema de la planificación territorial, recordando que, desde 1995, los instrumentos de planificación territorial deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental. Hasta la fecha, se han evaluado más de 200 planes; sin embargo, la planificación aún es muy deficiente. En el caso específico de la VI Región, no existe un plan regional que determine los lugares aptos para el desarrollo de ciertas actividades. Sobre el particular, se realiza un trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el establecimiento de planes regionales de desarrollo urbano.
Recientemente ha ingresado a tramitación una modificación de la ley de Urbanismo y Construcciones, el decreto Nº 475, de 1975, que establece planes de desarrollo territorial integrales, que incluyan la opinión de otros sectores, como la Conama y los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, que también tienen un impacto territorial importante. Por ello, se está avanzando en la dictación de instrumentos de planificación que ordenen el uso del territorio.
Un instrumento más localizado es el sistema de evaluación de impacto ambiental. En cuanto al proceso de evaluación de Totihue, informa que se presentó ante la Corema de la VI Región en marzo del año 2002. Cada uno de los servicios pertinentes realizó la evaluación correspondiente; asimismo, se llevó a cabo el proceso de participación ciudadana. Todo ello dio origen al “informe consolidado de observaciones”, que contiene las principales observaciones presentadas tanto por los servicios públicos como por la comunidad.
Una de las observaciones más importantes dice relación, precisamente, con el impacto en la actividad vitivinícola del sector. Este impacto se evalúa a través del EIA, que debe tomar en especial consideración tanto la afectación de los recursos naturales como la alteración de los sistemas de vida y costumbres de la población. Ése es el marco que regula la EIA que realiza la Conama.
En este momento, el proceso está suspendido mientras el interesado, una vez recibido el consolidado de observaciones, prepara sus respuestas. El interesado solicitó plazo hasta el 30 de agosto. Debe dar respuesta a cada una de las observaciones, demostrando que el proyecto no producirá los efectos negativos que se temen o proponiendo medidas de mitigación si correspondiere. Luego, cada organismo revisará el informe, para ver si se da respuesta a las inquietudes formuladas.
Es decir, el proyecto está en pleno proceso de evaluación. Aún no se ha adoptado ninguna resolución sobre el mismo. De hecho, en cuanto a la localización del proyecto, se requiere un cambio de uso del suelo, de conformidad con el artículo 55 de la ley de Urbanismo y Construcciones, que requiere autorización previa de los Ministerios de Agricultura y de Vivienda.
La Corema como órgano colegiado, resuelve en definitiva considerando todas las opiniones presentadas. En todo caso, el Servicio Agrícola y Ganadero ha hecho explícita su observación en lo relativo a la actividad vitivinícola del sector. Asimismo, la municipalidad de Requínoa ha enfatizado que, dentro del plan de desarrollo comunal, se ha establecido la vocación agrícola del sector. También en la participación de la comunidad se observó expresamente esta materia.
Consultada en cuanto a las emisiones, sostuvo que el estudio de impacto ambiental no ha sido suficientemente claro, por lo que se ha solicitado un cálculo preciso de los factores de emisión de los principales contaminantes, tales como material particulado, óxido de nitrógeno y óxido de azufre, y que, además, se evalúen en relación con el inventario de emisiones de la Región. En el addendum que debe proporcionar el interesado deberán contemplarse estos antecedentes, de manera que puedan ser evaluados adecuadamente.
En cuanto a la participación ciudadana, señala que la Corema está obligada a ponderar las observaciones de cada uno de los servicios y de la ciudadanía. Si la persona no queda satisfecha con la respuesta de Corema puede reclamar ante la Dirección Ejecutiva de Conama. Asimismo, manifiesta que existe preocupación no sólo respecto de la no afectación de los cuerpos de agua, sino respecto de la calidad de las aguas.
4.Viña Lapostolle, Viñedos y Bodegas Córpora S.A.
Fueron escuchados los señores Rogers, gerente general de Viña Lapostolle, y Goles, gerente general de Viñedos y Bodegas Córpora S.A.
El señor Goles, gerente general de Viñedos y Bodegas Córpora S.A., realizó una breve descripción del proyecto de la empresa AES Gener, señalando que era el mayor complejo termoeléctrico ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental (Seia) en Chile.
Explicó que consiste en dos centrales de ciclo combinado, es decir, a gas y a vapor, capaces de generar 740 MW de potencia, duplicando así la actual capacidad instalada de la empresa en el Sistema Interconectado Central (SIC), que hoy posee 756 MW. El megaproyecto presentado a evaluación ante la Corema de la VI Región omite el gasoducto necesario para transportar el gas desde Argentina y las líneas de alta tensión que conectarían estas centrales al SIC.
Recalcó que esta gigantesca instalación industrial ocuparía 8 de las 29 hectáreas del terreno agrícola escogido, con dos chimeneas de 50 metros de altura, equivalentes a dos edificios de 20 pisos; utilizaría más de 3.300.000 m3 diarios de gas natural o 2.400 m3 diarios de petróleo diesel, y consumiría más de 30 millones de litros de agua diarios, compitiendo así con los agricultores instalados en el valle por este vital elemento. Manifiesta también que el proyecto se localiza en una zona agrícola, no contando aún con la autorización de cambio de uso de suelo.
Expresó que el mayor impacto se produce en la imagen país, afectando la presencia del principal producto chileno de exportación que incorpora valor agregado, no es una “commodity”, y que llega directamente a los mercados internacionales, como es el vino. Además, se daña la denominación de origen “Valle del Cachapoal”, que, con sólo el 10% de las hectáreas de viñas plantadas en el país, representa entre el 20% y el 25% de las exportaciones de vino chileno.
Destacó que Chile compite con países que conservan sus zonas agrícolas prioritarias, como la zona de Burdeos, en Francia, donde se protegen los suelos para el cultivo y elaboración de vinos de gran calidad, a través de la Ley de Orientación Agrícola Nº 99574, que establece las llamadas Zonas de Orientación Agrícola ZAP, cuya preservación representa un interés general nacional y sólo pueden ser modificadas previa consulta a ciertas autoridades.
En Estados Unidos, la Ordenanza de Zonificación de Napa Valley establece el concepto de Distritos de Preservación Agrícola DPA, con el objeto de que los valles fértiles tengan un uso predominantemente agrícola, estableciendo usos de suelo permitidos sin permiso alguno y usos permitidos que requieren permiso expreso, excluyendo en ambos casos la construcción y explotación de centrales de energía termoeléctrica u otras instalaciones análogas. Recordó que idéntica regulación se da en el valle de Sonoma.
Expresó que los principales problemas que podría provocar la instalación de estas centrales serían los siguientes:
Daños por pérdida de productividad agrícola, asociados a los efectos de las altas concentraciones de ozono y de las emisiones de vapor.
Daños a la imagen de vinos de exportación y a su denominación de origen.
Pérdida de empleos en el sector agrícola y agroindustrial.
Daños a la actividad turística relacionada con la “Ruta del Vino” del valle del Cachapoal.
Las centrales afectan a gran parte de la inversión francesa realizada en el sector vitivinícola en Chile.
El valle arriesga perder la alta acreditación otorgada por firmas internacionales de certificación de calidad, igual que la producción frutícola de la zona.
Se amenaza la inversión turística asociada al vino, con 3.000 visitas al año, con un alto poder adquisitivo. Agrega que, según un estudio de la empresa Search Marketing, el 83,5% de los extranjeros que visitan Chile están interesados en conocer el vino chileno.
En cuanto a cifras, sostuvo que, sin el proyecto, para los próximos 10 años, podría haber un actividad económica directa por un valor de más de 1.400 millones de dólares, mientras que con el proyecto sólo ascendería a la mitad de esa cifra.
Explicó que la mezcla de clima, suelo “terroir” y mano de obra del valle es irreproducible en otra zona del país, en circunstancias de que para la empresa existen otras opciones de localización, sin incurrir en un gran aumento en la inversión.
En conclusión, opinó que el proyecto afecta la imagen de la industria vitivinícola y el desarrollo turístico de la zona, afecta la imagen del vino chileno en el mundo, produciría una fuerte contracción en el empleo, no cumple con la norma horaria de ozono, el vapor puede dañar los cultivos agrícolas, no existiendo medidas de mitigación.
En otro orden de materias, manifestó que los objetivos perseguidos por los opositores a este proyecto son los siguientes:
Que la construcción de la central se realice en un lugar que no afecte al sector agrícola del valle del Cachapoal, evitando el daño ambiental, económico, social y cultural del proyecto.
Preservar reglas claras para la inversión extranjera.
Incrementar el valor y la imagen del vino chileno en el mundo.
Lograr que se protejan las zonas agrícolas de primera calidad, a través de la creación de zonas de protección agrícola, como existen en otras latitudes.
Por su parte, el señor Rogers, gerente general de Viña Lapostolle, señaló que la calidad del vino depende de la zona donde se plante la uva, a través de la conjunción de elementos como el suelo, el clima y la cepa.
Recalcó que, en la producción de vinos de calidad, además de sus bondades intrínsecas, se vende todo lo que existe detrás, como la imagen de la cordillera, la nieve, los buenos suelos, entre otros.
El señor Pérez, abogado de Viña Lapostolle y de Viñedos y Bodegas Córpora S.A., expresó que existe gran preocupación de la comunidad, debido a los impactos que provocaría la instalación de estas centrales. Explicó que la mayoría de las centrales de este tipo en Chile tienen chimeneas de 30 metros, y las que se han proyectado para Totihue tendrían 50 metros.
En cuanto al emplazamiento del proyecto, señaló que se localiza en una zona agrícola y no cuenta con cambio de uso de suelo, el que debe obedecer a un proyecto necesario en el lugar, requiriendo la autorización de los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y de Agricultura, y tomando en cuenta que este último ya informó negativamente.
Manifestó que las centrales térmicas del SIC con capacidad superior a los 50 MW de potencia se ubican junto a grandes fuentes de agua, generalmente en la costa, debido al uso intensivo de ese recurso. La empresa no posee actualmente derechos de agua en la zona; sin embargo, el proyecto requiere, al menos, cuatro pozos de 120 litros por segundo. Los pozos de la zona tienen caudales menores un promedio de 50 litros por segundo.
Respecto de la contaminación por ozono, sostuvo que la operación de las centrales superaría la norma horaria actual. El ozono es uno de los contaminantes atmosféricos más fitotóxicos y causa un daño considerable al proceso de fotosíntesis.
En California, se han estimado pérdidas en cosechas de verano viñas y algodón de entre el 20% y el 30%, como producto de la contaminación por ozono. Para Santiago, se consideró que la reducción en la concentración de ozono podía traducirse en evitar pérdidas por 38.543.806 dólares en los cultivos de vides.
En cuanto a los daños por vapor, explicó que no se informan emisiones de vapor ni se establecen medidas de mitigación. Los penachos de vapor condensado pueden provocar neblina, hielo, deposiciones salinas y oscurecimiento del nivel de luz ambiente, lo que implica, por ejemplo, impacto sobre el desarrollo foliar temprano de las viñas y daños en éstas.
En resumen, sostuvo que el proyecto de centrales termoeléctricas en Totihue no cuenta con derechos de agua suficientes, no cumple con la norma horaria de ozono, el vapor puede dañar los cultivos agrícolas de la zona y no hay medidas de mitigación, afecta gravemente la imagen de la industria agrícola y vitivinícola y el desarrollo turístico de la zona. Además, se espera una fuerte contracción del empleo, debido a la paralización de inversiones altamente demandantes de mano de obra.
Concluyó señalando que la relocalización del proyecto, cambiando su ubicación en 10 kilómetros, podría solucionar estos problemas, además de que todos estos conflictos se podrían evitar si existiera una norma que estableciera zonas específicas de protección agrícola.
5.Empresa AES Gener.
El señor Cerón, gerente general de AES Gener, describió los antecedentes que fundamentan la necesidad de implementar el proyecto de dos centrales termoeléctricas en la zona de Totihue.
Señaló que el Sistema Interconectado Central SIC tiene una capacidad instalada de 6.600 MW, originados principalmente en centrales hidroeléctricas, y que la demanda de energía eléctrica crece a tasas de entre el 6% y el 7% anual, lo que equivale a incorporar 350 MW cada año.
Manifestó que la inversión total ascendería a la suma de 345 millones de dólares, en dos etapas. El lugar se eligió por diversas consideraciones económicas, de infraestructura y ambientales. Recalcó que la cercanía del abastecimiento de gas, del SIC y de las napas subterráneas son factores determinantes en la localización del proyecto.
Explicó que es importante ubicar una central termoeléctrica en la VI Región porque está cerca de los centros de consumo, dispone de importantes sistemas de transmisión de energía eléctrica, la región genera sólo energía hidroeléctrica y produce menos energía de la que consume, por lo que le convendría convertirse en una región exportadora de energía, como ocurriría con este proyecto. Además, esta región posee buenas condiciones de ventilación.
En cuanto a la disponibilidad de agua, comentó que, para su abastecimiento, se ha considerado utilizar aguas subterráneas, demandando, entre ambas unidades operando a plena capacidad, 340 litros por segundo, lo que sería posible de obtener, ya que la existencia de una napa de aguas subterráneas en el sector posibilita la obtención de altos caudales.
Recalca que se hizo un EIA muy riguroso en todas las etapas, por lo que se deberían desechar las ideas fantasmas que se han hecho públicas, a saber:
La incompatibilidad de la central con la actividad agrícola y viñatera no es tal, ya que el EIA dice que el proyecto cumpliría con las normas.
El impacto de imagen, que no sería tal, debido a la amplitud del predio y al cuidado puesto en su arquitectura exterior.
La posibilidad de relocalizar el proyecto en otra parte sin problemas no sería efectiva, ya que ninguna comunidad va a querer la instalación de una central térmica en sus cercanías, y la energía eléctrica se va a necesitar de todas maneras.
Recalcó que la empresa espera que este conflicto se resuelva dentro de los cauces establecidos en la normativa vigente, como cualquier contienda entre particulares.
Consultado, manifestó que los mismos viñateros han hecho hincapié en el problema de imagen, en circunstancias de que hay ciudades, como Buenos Aires y Los Ángeles, que tienen muchas centrales termoeléctricas e igualmente tienen un gran desarrollo turístico.
Recalcó que el petróleo es tres veces más caro que el gas, por lo que producir energía con este combustible también lo es, además de que si el petróleo baja su precio, también debería bajar el gas. Respecto de la dependencia del abastecimiento de gas desde Argentina, afirma que esto ya es un hecho, y que no cambiaría si no se instalara esta central.
En cuanto al gran potencial hidroeléctrico de Chile, expresó que en nuestro país existen grandes gradientes, pero que las cuencas son muy estrechas, por lo que no sería posible aprovechar este recurso en todo el país. Recordó que los buenos índices de las emisiones se deben precisamente a las buenas condiciones de ventilación.
Manifestó que no se trata de ocultar el emplazamiento de la central a través de la forestación, pero tampoco se debería ensalzar la dificultad que podría presentar para la imagen del valle.
Destacó que se estarían cambiando las reglas del juego a las empresas inversionistas si se paralizara el proyecto por factores ajenos a la normativa ambiental.
Finalmente, sostuvo que la exigencia de un seguro por los posibles daños está fuera de toda norma aplicable, y que la localización de la central se eligió por las múltiples ventajas que representa.
El señor Lolas, gerente de Ingeniería de AES Gener, se refirió a los principales aspectos ambientales del proyecto.
En primer lugar, respecto de la ocupación del terreno, sostuvo que el sitio fue seleccionado considerando variables técnicas y ambientales. Agregó que, de las 29 hectáreas de propiedad de AES Gener, se ocuparían sólo 4, en un espacio ubicado 3 km. al sur de Requínoa y 3 km. al norte de Rosario.
En segundo término, el impacto visual se vería aminorado por los árboles contiguos existentes en el predio, que tienen una altura de entre 15 y 20 metros.
Un tercer aspecto dice relación con las emisiones al aire. Como producto de la combustión del gas natural, estarán constituidas por un flujo gaseoso que contiene un 99,9% de aire, vapor de agua y dióxido de carbono (CO2). Agregó que otros componentes, emitidos en cantidades equivalentes al 0,1% restante, serían óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no metánicos (HCNM) y material particulado (MP).
Añadió que el gas natural no contiene azufre. Si la central operara con petróleo, emitiría azufre, pero siempre dentro de los márgenes, aunque un funcionamiento permanente con petróleo diesel no es sostenible en el tiempo, por razones económicas.
En cuarto lugar, acerca de la calidad del aire, informó que los gases emitidos por la chimenea se disuelven y alcanzan concentraciones muy inferiores a las establecidas en las normas de protección de la salud y de los ecosistemas, según la predicción hecha con modelos matemáticos donde se incorporan, a la situación actual de calidad de aire, los probables efectos de la central.
Otro aspecto analizado, por sus efectos en la salud de las personas, es la formación de ozono en el aire, en la cual participan los Nox, los hidrocarburos y la luz solar, en complejas reacciones químicas producidas en la atmósfera. De acuerdo con los estudios efectuados, el proyecto cumple ampliamente con las normas de calidad de aire vigentes en Chile y, adicionalmente, cumple con los límites de emisión a la atmósfera impuestos por las normas de la Confederación Suiza.
En quinto término, sostuvo que el ruido se atenúa fuertemente con la distancia, reduciéndose a 33 dB, a 700 metros de la central, además de incorporar medidas de mitigación a través de encapsulamiento de equipos. Además, el proyecto cumple con la normativa aplicable, el decreto 146, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.
Finalmente, en cuanto al agua y a la descarga de efluentes, se realizó un estudio de detalle que abarcó 100 km², donde se ubican 38 pozos en la actualidad, analizándose esa información y la de los pozos que controla la Dirección General de Aguas en el área. Se construyó un pozo de exploración de 100 metros de profundidad, que tuvo un rendimiento de 120 litros por segundo, con una depresión de 3 metros.
Además, se consideraron en el estudio condiciones de extrema sequía en la planta y su entorno. Se determinó que, en estas condiciones, y consumiendo la central 340 litros por segundo, a 150 metros de distancia, el nivel de la napa se vería afectado en 50 centímetros, lo que se considera insignificante.
Agregó que los efluentes de la central, de 170 litros por segundo, previo tratamiento, serán descargados al estero Tipaume, cuyo caudal promedio es de 720 litros por segundo, esperándose un incremento de temperatura en la zona de descarga que no superará los 2º C, en circunstancias que la norma acepta variaciones de 3º C. Adicionalmente, la calidad de los efluentes cumplirá con la norma vigente, contenida en el decreto Nº 90, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. Además, tendrán calidad de agua de riego.
En resumen, expresó que la central termoeléctrica Totihue cumple ampliamente con la normativa ambiental; se constituirá en un motor de desarrollo y facilitará la construcción de un gasoducto hasta la VI Región; equilibra la producción de energía eléctrica de la zona; ayuda a cubrir las necesidades de energía eléctrica crecientes en el país, y genera empleos, durante la construcción de la central, para aproximadamente 500 personas, y durante su operación, para 15 personas calificadas y para 60 personas en el área de servicios.
Explicó, también, brevemente, los beneficios para la comunidad, como producto de una política implementada desde hace 10 años por la empresa AES Gener, consistente en programas sociales en las comunidades donde se ubican sus plantas.
Consultado, explicó que se hizo un estudio hidrogeológico, que está a disposición de la Conama, realizado por la mejor oficina de ingenieros especialistas en Chile sobre este tema, hecho sobre la base del estudio de muchos pozos en el área. Señala que existen tres estratos de agua en las napas, siendo el más profundo de ellos el más permeable y más rico en agua, a diferencia de los estratos superiores, que están sujetos a fluctuaciones y que son usados por los pozos de la zona.
Recordó que, en el sitio de la central, este estrato se ubica a 90 metros, probados empíricamente. El cuarto pozo proyectado es de respaldo, por lo que sólo habría tres funcionando simultáneamente. Indicó que el vertimiento de efluentes al estero Tipaume ayudaría a diluir sus contaminantes, dado el alto caudal de éste.
Respecto a la legislación existente en Napa Valley, señaló que ésta es bien específica, para un área dedicada exclusivamente a la producción de vinos finos, a diferencia de Totihue, en que hay plantas faenadoras de pollos y cerdos.
En cuanto al cambio de uso de suelo, expresó que éste sólo se puede pedir una vez que el estudio de impacto ambiental sea aprobado. Manifestó que el problema de imagen no es tal, ya que la forestación del predio se hace al lado del camino, impidiendo así la visión de la central.
Finalmente, sostuvo que sería posible cambiar la localización de la central, siempre y cuando no se siguieran atacando sus aspectos ambientales, ya que, si para los detractores del proyecto, no cumple con las normas en ese lugar, tampoco lo haría en otro distinto.
6.Comisión Regional del Medio Ambiente VI Región.
El señor Meneses, director de Conama VI Región, manifestó que las autoridades han calibrado adecuadamente el proyecto y que la Conama debe calificarlo de acuerdo con las normas que existen, no habiendo otra alternativa. Recalcó que falta introducir en el sistema de evaluación de impacto ambiental Seia la evaluación de impactos sociales o económicos, como se dan en este caso.
En cuanto a la posibilidad de que la empresa contrate un seguro que cubra los eventuales daños que pudiera causar el proyecto, explicó que la ley permite la posibilidad de exigir un seguro sólo para el caso de obras provisorias realizadas antes de la autorización ambiental. Respecto de las compensaciones, informó que sólo son exigibles si el proyecto supera alguna norma.
Explicó el funcionamiento del Seia, señalando que los proyectos tienen un plazo de 120 días, prorrogables por otros 60 por una sola vez. Una vez que entra el proyecto en el Seia, hay 5 días para estudiar su admisibilidad, luego de los cuales se emite una resolución de ingreso y se deriva a las autoridades, que tienen 40 días para formular observaciones. Una vez que éstas son reunidas, se le entregan a la empresa, pudiendo ésta pedir la suspensión del plazo para responderlas adecuadamente.
Respecto a la norma de ozono, manifestó que existen datos proporcionados por la empresa en que se acerca al 80% de los niveles de latencia.
La coordinación del sistema de evaluación de impacto ambiental se está haciendo de la mejor forma posible. Recalca que las preocupaciones de la Comisión se han visto reflejadas en el informe consolidado de observaciones que se ha hecho llegar a la empresa.
Señaló que el EIA de la central ingresó al sistema el día 19 de marzo del presente año, habiendo transcurridos 75 días efectivos de tramitación, ya que se suspendió este proceso hasta el día 22 de agosto, con el objeto de responder a las observaciones del informe consolidado.
Indicó que existían deficiencias en la información aportada por la empresa y que ésta había mostrado cierta disposición a estudiar otro lugar de emplazamiento, por lo que una comisión estudió el tema y encontró otra posible localización, que debe ser conversada con la empresa.
Recordó que falta mucho trabajo por hacer en cuanto al ordenamiento territorial y que se deben seguir evaluando los planos reguladores, aunque ya se había adelantado bastante en este trabajo.
VI. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.
Como consecuencia de las opiniones vertidas en su seno y del examen de los antecedentes recopilados, vuestra Comisión concluye y propone lo siguiente:
1.Que el proyecto de la central termoeléctrica de Totihue, que podría instalarse en el valle del Cachapoal, puede originar consecuencias negativas para la producción agrícola de la zona, en particular para las plantaciones destinadas a la elaboración de vinos de exportación, así como también para el desarrollo turístico, que muestra poseer un enorme potencial.
2.Que, si bien el desarrollo energético del país es de vital importancia para su crecimiento económico, así como para el abastecimiento de las necesidades de la población, y que deben otorgarse facilidades para que sea posible, en el caso de la central termoeléctrica de Totihue sería de alta conveniencia estudiar su instalación en otro lugar, que no afecte tan directamente al sector agrícola del valle.
3.Que las críticas y objeciones a la instalación de la termoeléctrica obedecen más a los efectos que podría tener en la producción de vinos de alta calidad, de fruta de exportación y en el turismo, que a las consecuencias ambientales, las que hasta ahora no es posible dimensionar, por cuanto no se ha concluido la evaluación de impacto ambiental.
4.Que es motivo de especial preocupación para esta Comisión la gran demanda de aguas subterráneas que requerirá la operación de una central térmica de las características conocidas y sus efectos sobre la población y otras actividades económicas de la zona, en especial en épocas de sequía. En tal sentido, esta Comisión estima indispensable que la Dirección Regional de Aguas de la VI Región efectúe un estudio que evalúe el real impacto que la proyectada extracción de aguas por parte de AES Gener ocasionaría en el valle del Cachapoal.
5.Que la evaluación de impacto ambiental debería dar cuenta de otros efectos que causan preocupación en el seno de esta Comisión, tales como una eventual superación de las normas de calidad ambiental para uno o más contaminantes, el impacto del vapor sobre las plantaciones más cercanas a la central y el impacto del vertimiento de las aguas servidas sobre cursos superficiales de agua que son utilizados para riego.
6.Que, además, esta evaluación debería contemplar los efectos de una serie de obras anexas, como las líneas de alta tensión para unirse al sistema interconectado central, el gasoducto que proveerá al proyecto, el ducto de evacuación de sus riles, de varios kilómetros de largo, entre otros.
7.Que la Comisión estima necesario demandar del Ejecutivo la dictación de una normativa específica que regule la instalación de este tipo de industrias en el territorio nacional, que considere un adecuado ordenamiento territorial para determinar lugares apropiados para la instalación de proyectos de inversión y que, además, permita dar señales claras a los inversionistas privados.
En particular, vuestra Comisión sugiere la realización de estudios por parte de la Comisión Nacional de Energía que posibilitan determinar parámetros adecuados para la ubicación de centrales generadoras de energía eléctrica.
En este sentido, se recomienda la creación de instrumentos de planificación territorial que regulen de manera clara y flexible, sobre la base de criterios técnicos, el uso de suelo apropiado para el desarrollo armónico de diferentes actividades económicas, que permitan identificar aquellas áreas agrícolas que requieran protección especial, privilegiando la realización en ellas de tal actividad y de otras anexas y restringiendo el desarrollo de otras industrias que puedan causar impactos negativos sobre ella.
Del mismo modo, vuestra Comisión concuerda en que es indispensable adecuar la normativa general, en orden a establecer criterios que permitan evaluar la compatibilidad de las actividades económicas por desarrollar en una misma localidad. En especial, se propone evaluar una modificación del artículo 55 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, a fin de establecer requisitos que determinen criterios mínimos de justificación que orienten la decisión de los organismos regionales llamados por la ley a otorgar dicha autorización.
8.Que la Comisión, teniendo en especial consideración que la Comisión Nacional del Medio Ambiente es la encargada de la aplicación de la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, estima que, aun cuando la evaluación de impacto ambiental determinare que el proyecto no provocaría daños ambientales en el valle de Cachapoal, se declara contraria a la instalación de este proyecto en su actual emplazamiento, atendido el impacto negativo del mismo en la actividad vitivinícola y frutícola de la zona.
9.Que resulta indispensable que los Ministerios de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo asuman la responsabilidad de emitir un pronunciamiento que autorice o deniegue el cambio de uso de suelo solicitado para el emplazamiento de la central termoeléctrica Totihue.
Sometidas a votación las conclusiones y proposiciones, fueron aprobadas por unanimidad.
Además, la Comisión acordó:
Remitir este informe a S.E. el Presidente de la República, a los Ministerios de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, a la Comisión Nacional de Energía y a la Comisión Nacional de Medio Ambiente, para su conocimiento y fines pertinentes.
Se designó diputado informante al señor José Ramón Barros Montero.
Sala de la Comisión, a 8 de octubre de 2002.
Acordado en sesiones de fechas 16 de julio, 6, 13 y 20 de agosto y 1 y 8 de octubre de 2002, con la asistencia de los diputados señores Meza Moncada, don Fernando (Presidente); Álvarez-Salamanca Büchi, don Pedro Pablo; Barros Montero, don José Ramón; Galilea Vidaurre, don José Antonio; Hernández Hernández, don Javier; Letelier Norambuena, don Felipe; Ojeda Uribe, don Sergio; Pérez Arriagada, don José; Quintana Leal, don Jaime; Recondo Lavanderos, don Carlos; Sánchez Grunert, don Leopoldo; Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y Urrutia Bonilla, don Ignacio. Asistieron, además, los diputados señores Bauer y García-Huidobro.
(Fdo.): MIGUEL CASTILLO JEREZ, Secretario de la Comisión”.
Moción del diputado señor Navarro.
Proyecto de ley sobre comercializacion y publicidad por medio de redes de telecomunicaciones e internet. (boletín Nº 3094-19)
“En el comienzo del siglo XXI, las nuevas tecnologías de la información e internet constituyen una realidad que ha invadido la cotidianidad de las personas y transformado la forma y ritmo tradicional de la vida diaria en sociedad. Esta realidad es especialmente constatable en los países desarrollados.
Mejores infraestructuras tecnológicas permiten un transporte más rápido y competitivo de personas y productos. Hay una “mercancía” que “viaja” a una velocidad especialmente rápida, que alcanza el paroxismo: se trata de la información. Probablemente, hablando con más precisión, se podría decir que la información en sí no circula. No hay un desplazamiento físico de algo, como cuando se traslada una carta o un microfilme, por diminutos que una u otro pudiesen ser. La información existente en un lugar puede aparecer en otro, pero sin necesidad de desplazar “algo”. Basta con que ambos lugares estén “conectados”, cualquiera sea el medio técnico, como puede ser un par de cobre o las ondas electromagnéticas.
En realidad, hay un proceso de “conversión” de la información en impulsos electrónicos que permiten al destinatario obtener el contenido de dicha información. Evidentemente, ello es posible gracias al hecho de disponer de los medios técnicos adecuados.
Los beneficios que vienen aparejados con estas nuevas tecnologías, permiten recoger y analizar la información obtenida por medios telemáticos e informáticos de una manera que es, muchos cientos de veces, superior que los medios conocidos hasta ahora, y que favorece el que, por ejemplo, una transacción financiera abarate sustancialmente sus costos de realización en casi un ciento por ciento.
Además, estas nuevas tecnologías, como mecanismo para transferir y analizar información, permiten una segunda característica fundamental, la cual es que logran privilegiar el capital humano por sobre el meramente físico; por lo tanto, la inversión que recae sobre éste acelera su importancia en forma exponencial.
Sin entrar en el estudio de estos medios técnicos, que permiten la veloz y prácticamente inmediata transmisión de la información, y sin analizar el contenido subyacente de la revolución que estas mismas significan para el desarrollo de la humanidad, el hecho es que el uso de estas nuevas tecnologías en el ámbito de la informática y de la telemática, han transformado el planteamiento y el escenario en que se desarrolla la actividad de la sociedad, en particular la actividad comercial.
Para competir hay que informatizar. Una empresa con una mínima envergadura necesita de la informática y de la telemática para ser competitiva.
El desarrollo tecnológico permite contar cada día con nuevos instrumentos al servicio de las comunicaciones; tanto empresarios como consumidores son protagonistas en este nuevo escenario.
Sin embargo, los cambios que, desde esta perspectiva, está sufriendo la sociedad toda, indudablemente que, como hemos señalado, están afectando la convivencia humana, y por ende, las reglas de sana convivencia que esta misma sociedad se impone para sí, con el objeto de constituir un ordenamiento jurídico permanente y estable.
El avance de las nuevas tecnologías de la información e internet ha traído consigo, a su vez, algunos problemas relacionados, por ejemplo, como la validez de las transacciones electrónicas, el aumento de los delitos de carácter informáticos, el uso autorizado de los contenidos que se entregan a través de internet, el derecho a la privacidad de las personas que navegan por la red, o el uso abusivo o indebido de datos personales y la comercialización y publicidad no autorizada a través de redes de telecomunicaciones y telemáticas, y que afectan a la sociedad en su conjunto y en particular al usuario consumidor de bienes y servicios ofertados a través de las redes informáticas.
En tal sentido, el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Sr. Álvaro Undurraga ha señalado, en relación al tema de los correos electrónicos no deseados, que “toda transgresión a la legislación debe ser sancionada”. Y agrega que, “no es lo mismo que metan un aviso publicitario por debajo de la puerta, a que te saturen tu email con información no requerida, porque en el primer caso basta con arrugar el papel y tirarlo a la basura, pero en el segundo se debe incurrir en pérdidas de tiempo y de recursos”.
En la actualidad, existen unos 300 millones de internautas (y unos 560 millones de buzones) en el mundo; si partimos de la hipótesis de que más o menos todos los operadores de marketing por correo electrónico van a dotarse de motores capaces de transmitir 100 millones de mensajes electrónicos al día, ¿cuál será el riesgo de saturación de los internautas? Si 200 empresas contaran con tales medios, se enviarían cotidianamente por internet 20.000 millones de mensajes electrónicos comerciales, esto es, una medida de más de 60 mensajes electrónicos recibidos por cada internauta, que representarían un tiempo de carga de más o menos una hora a tecnología constante y sin tener en cuenta que los mensajes electrónicos comerciales tendrán más tendencia a incluir fotografías o videos. ¿No conllevaría esto un riesgo real de entropía de internet si no se toman rápidamente medidas para introducir la regulación necesaria?
También es posible efectuar algunos cálculos y previsiones en cuanto a la evaluación de la carga económica soportada por la comunidad de los internautas. En Europa, partiendo de la idea de que un internauta medio que dispone de una tarifa plana de 12 euros por diez horas de conexión al mes (incluidas las comunicaciones telefónicas) y un equipo normal (sin conexión rápida) consigue cargar alrededor de 180 Kb por minuto, se obtiene un costo que, en el peor de los casos, puede representar hasta 30 euros al año por bajarse 15 mensajes diarios que representan, en total, entre 500 y 800 Kb. Esto supone un gasto global muy considerable si se extrapola al parque de usuarios de todo un país. A escala mundial y proyectándonos en el futuro, para 400 millones de internautas, la bajada de mensajes publicitarios en el contexto tecnológico actual daría un gasto global, tirando por lo bajo, de 10.000 millones de euros soportados por los internautas.
En Chile, los estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) asocian el costo
país con pérdida de tiempo laboral y eficiencia monetaria, asociada al desgaste que produce “bajar” la información proveniente de correos electrónicos. La CCS estima que las personas se demoran en torno a un minuto en leer y borrar esta correspondencia, por lo que todo el proceso, desde que es detectado hasta ser eliminado, toma cerca de dos minutos, lo que equivale a tres días laborales al año por persona.
En las microempresas con conexión a internet el costo anual es de 12 horas-hombre; en una empresa con 2,7 usuarios ese valor se incrementa a 33 horas-hombres; en una mediana a 341 horas-hombre y en una gran firma a 1.360 horas-hombre.
Desde un punto de vista internacional, desde hace casi cuatro años, la Unión Europea debate la protección de las personas ante la recepción de mensajes electrónicos comerciales no solicitados. Ese debate se ha centrado, esencialmente, en torno a dos teorías. En una de ellas se precisan, exclusivamente, las condiciones de envío de los mensajes no solicitados. Se trata de la teoría de la exclusión voluntaria (opt-out). Sus partidarios proponen que las personas que desean no recibir mensajes comerciales que no han solicitado previamente puedan manifestar este deseo.
Una rama de los partidarios de la exclusión voluntaria sostiene que este derecho de oposición debe poderse ejercer únicamente frente a quien ha enviado el mensaje no solicitado. Otra rama de los partidarios de la exclusión voluntaria promueve un mecanismo de listas de exclusión, nacionales o internacionales, en que pueda inscribirse quien lo desee, antes o después de haber recibido mensajes no solicitados, debiendo los responsables de los envíos europeos consultar regularmente dichas listas para respetar el deseo expresado por las personas inscritas en ellas.
La otra teoría vincula las condiciones de envío de los mensajes no solicitados a las condiciones de lealtad de la recogida de la dirección electrónica receptora. Se trata de la teoría de la inclusión voluntaria (opt-in). Sus partidarios proponen que los mensajes comerciales no solicitados sólo puedan dirigirse a las personas que han dado su consentimiento previo para recibir tales mensajes.
El marco jurídico europeo de la prospección no solicitada para aclarar los términos del debate.
En primer lugar, la Directiva general 95/46/CE [1] de 24 de octubre de 1995 prevé, en concreto, en sus artículos 6, 7, 10, 11 y 14 que los tratamientos de los datos personales sólo son lícitos si son recogidos y tratados de manera leal y con fines determinados y legítimos.
Letra a) del apartado 1 del artículo 6: los datos deben ser “tratados de manera leal y lícita”.
Letra a) del artículo 7: el tratamiento de datos personales sólo puede efectuarse si “el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca”.
Letra f) del artículo 7: el tratamiento de datos personales sólo puede efectuarse si “es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento [...], siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado”.
Artículo 10: en caso de obtención de datos recabados del propio interesado, deberá informarse a éste de “los fines del tratamiento de que van a ser objeto los datos, los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos, el carácter obligatorio o no de la respuesta y la existencia de derechos de acceso y rectificación.”
Artículo 11: cuando los datos no hayan sido recabados del interesado, el responsable del tratamiento deberá comunicarle la información “desde el momento del registro de los datos o, en caso de que se piense comunicar datos a un tercero, a más tardar, en el momento de la primera comunicación de datos”.
Artículo 14: el interesado podrá oponerse sin gastos, por una parte, al tratamiento con fines comerciales de los datos que le conciernan y, por otra parte, a la transmisión de sus datos a terceros, de la que deberá ser informado previamente.
En segundo lugar, La Directiva sobre las telecomunicaciones 97/66/CE, [2] precisa, por su parte, la aplicación de estos principios en las telecomunicaciones. Aunque no menciona expresamente la prospección por correo electrónico, prevé (artículo 12), no obstante, que “la utilización de sistemas de llamada automática sin intervención humana (aparatos de llamada automática) o facsímil (fax) con fines de venta directa sólo se podrán autorizar respecto de aquellos abonados que hayan dado su consentimiento previo”. Por otra parte, en cuanto a los demás modos de prospección, son los Estados miembros quienes han de optar entre el consentimiento previo y el derecho de oposición.
En tercer lugar, la Directiva sobre la venta a distancia 97/7/CE [3] recoge (artículo 10) la garantía del consentimiento previo en materia de prospección mediante llamadas automáticas o fax. Por otra parte, señala expresamente el correo electrónico entre las técnicas de comunicación a distancia que pueden utilizarse “a falta de oposición manifiesta del consumidor”.
Por último, la Directiva sobre el comercio electrónico 2000/31/CE [4] prevé dos categorías de mecanismos de carácter técnico aplicables al envío de mensajes electrónicos no solicitados.
Apartado 1 del artículo 7: “los Estados miembros que permitan la comunicación comercial no solicitada por correo electrónico garantizarán que […] sea identificable de manera clara e inequívoca como tal en el mismo momento de su recepción”.
Apartado 2 del artículo 7: “Sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas 97/7/CE y 97/66/CE, los Estados miembros deberán adoptar medidas para garantizar que los prestadores de servicios que realicen comunicaciones comerciales no solicitadas por correo electrónico consulten regularmente las listas de exclusión voluntaria (optout) en las que se podrán inscribir las personas físicas que no deseen recibir dichas comunicaciones comerciales, y las respeten”.
Confusión entre spamming y prospección no solicitada
Generalmente, se entiende por spamming el envío masivo y repetido de mensajes comerciales no solicitados procedentes de un remitente que oculta o falsifica su identidad. Desde este punto de vista, constituye, evidentemente, un método de prospección no solicitada. Sin embargo, se distingue por su carácter masivo, repetido y desleal. En una palabra, el spamming constituye prospección comercial no solicitada, pero no toda prospección no solicitada es spamming.
En sentido estricto, una comunicación comercial no solicitada tiene dos características: ser comercial y no haber sido solicitada, es decir, reclamada previamente por el internauta. Ahora bien, si la mayoría de los profesionales europeos niega recurrir al spamming, se muestran evasivos, en cambio, sobre su deseo de enviar mensajes no solicitados.
Cuanto más se distingue el spamming de las demás formas de prospección no solicitada, menos se aborda la cuestión esencial de la recogida de las direcciones electrónicas. No obstante, la regularidad del envío de un mensaje no solicitado depende, en primer lugar, de las condiciones en que se han recogido las direcciones electrónicas.
De la casilla seleccionable a la casilla seleccionada previamente
Cada vez son más numerosos los sitios web que proponen casillas que el internauta debe marcar para expresar si desea o no recibir mensajes de prospección. Muchas organizaciones profesionales europeas preconizan esta práctica; sin embargo, algunos comerciantes proponen todavía formularios electrónicos de recogida de información con una casilla marcada previamente. Tales prácticas son contrarias a la transparencia y la lealtad exigidas por regulaciones como la Directiva de la Comunidad Europea 95/46/CE de 24 de octubre de 1995 y, en el contexto actual, no muestran sino la deslealtad del comerciante.
Del éxito de la casilla seleccionable a la inclusión voluntaria
Hoy en día, algunos profesionales se muestran claramente a favor de la inclusión voluntaria, esto es, el consentimiento previo, que consideran la solución más favorable al comercio electrónico.
Esta fuerte tendencia actual es el resultado de un cálculo comercial que coincide con los objetivos de la protección de los datos personales. En efecto, en lugar de sugerir terminar una relación comercial mediante la exclusión voluntaria (el derecho de oposición), el comerciante invita al internauta a proseguir el intercambio: está en marcha el marketing autorizado. Esta modalidad de relaciones interactivas la inclusión voluntaria ofrece múltiples ventajas comerciales.
Favorece la prestación de un servicio esperado por el internauta que, al expresar sus expectativas, proporciona información con un alto valor añadido, que puede clasificarse y tarifarse y cuyo tratamiento está autorizado. A diferencia de las listas de exclusión voluntaria, que no se pueden vender, las listas de direcciones de correo electrónico de inclusión voluntaria pueden rentabilizarse. De este modo, la recogida y utilización comercial de datos basadas en el consentimiento previo del interesado son rentables y constituyen un nuevo modelo de financiación del comercio electrónico y el mejor medio de garantizar la trazabilidad del uso de los datos recogidos.
El comerciante que ha recogido la información puede ser retribuido cuando una empresa que mantiene relaciones con él la utiliza en una operación de prospección. Por su parte, quien lleva a cabo la prospección tiene la garantía de dirigirse a una población abierta a los mensajes comerciales y logra una mayor eficacia en sus comunicaciones comerciales. Las empresas que renuncian de este modo a una política de prospección “a ciegas”, contraproducente e impopular, suscitan la confianza de los internautas. Por otra parte, cuando el internauta solicita que se suprima información que le concierne o desea conocer de dónde proceden sus datos, el prospector y quien recogió inicialmente los datos pueden indicarle con precisión en qué momento, quién y por qué proporcionó su dirección electrónica.
Esta fuerte tendencia al marketing autorizado halló confirmación en Europa en una reunión internacional celebrada en París del 12 al 15 de septiembre de 2000 y se ha traducido, en Finlandia, en un código deontológico del marketing directo, que prevé la garantía del consentimiento previo.
La solución de la inclusión voluntaria parece la más adaptada a internet
Permite una gestión rentable de las bases de datos de correo electrónico, mantiene la relación personalizada de los comerciantes con los internautas y parece responder a las expectativas de éstos, como se observa en Estados Unidos. Además, da la seguridad de utilizar los datos respetando la voluntad de internauta. En efecto, ¿cómo estar seguro de que no se está prospectando a una persona inscrita en una lista de oposición? Los partidarios de la solución de exclusión voluntaria no han resuelto hasta la fecha esta cuestión. La solución de la exclusión voluntaria no permite distinguir a un profesional que desea dirigirse a su cliente de un spammer que ha encontrado una supuesta “inocencia” o una “aparente legitimidad” en listas de oposición. Es fácil imaginar que una solución de exclusión voluntaria duradera precisaría, por motivos de seguridad jurídica, adoptar normas nacionales o comunitarias vinculantes destinadas a recopilar en un registro internacional único todas las oposiciones expresadas, cuyo efecto se multiplicaría: la oposición de un internauta a la prospección de uno o varios comerciantes se aplicaría a todos éstos. Por consiguiente, la solución del consentimiento previo a la prospección parece ser la mejor forma de favorecer los vínculos personales que puede mantener o dejar de mantener un profesional con un internauta.
La inclusión voluntaria no prohíbe la prospección comercial de clientes o visitantes. Al contrario, la autoriza. Basta con que la información suministrada al internauta haya sido lo bastante clara sobre este punto. La inclusión voluntaria no prohíbe la cesión a terceros de datos suministrados por los internautas, pero ésta ha de estar subordinada, de conformidad con la Directiva de 1995, a una información previa y al ejercicio del derecho de oposición. La inclusión voluntaria no prohíbe recopilar listas de direcciones electrónicas. Por el contrario, es un elemento central del mercado de los ficheros de prospección comercial y permite su real valorización. La inclusión voluntaria prohíbe la recogida y utilización desleales de los datos y garantiza con ello una protección eficaz de los datos personales, una seguridad jurídica a los comerciantes y un clima de confianza, y permite dejar de oponer artificialmente la protección de los datos personales al comercio electrónico.
Comisión de las Comunidades Europeas
De acuerdo a un estudio solicitado por la Comisión de las Comunidades Europeas, se ha podido revelar cómo la sociedad norteamericana, bajo la presión de los operadores de internet, se ha dotado poco a poco de instrumentos para resistir a la invasión publicitaria de los buzones electrónicos de los internautas; al mismo tiempo, la observación de la situación norteamericana muestra la potencia creciente de nuevas estrategias de marketing por correo electrónico basadas en el consenso y la autorización y desarrolladas en el mercado mundial por algunas empresas de punta en estas materias; estas estrategias, mucho más “respetuosas de la intimidad”, eluden la problemática de la protección de la intimidad sin aportarle una respuesta totalmente satisfactoria. En segundo lugar, pone en evidencia las similitudes o divergencias existentes entre los diversos enfoques nacionales, públicos o privados, del fenómeno. Por último, estos análisis han permitido hacer reflexiones y recomendaciones sobre el marco jurídico que parece más idóneo para favorecer la seguridad jurídica de los comerciantes electrónicos y proteger los derechos reconocidos a los internautas.
Situación del sector del marketing por correo electrónico y del spamming:
situación general, prácticas y oferta de servicios.
Las observaciones efectuadas durante el mencionado estudio pueden sintetizarse en seis puntos principales que permiten mostrar el marco económico del marketing por correo electrónico, su historial y las prácticas actuales de los operadores, su evolución tecnológica y las nuevas modalidades basadas en el marketing autorizado (permission based marketing). Entre estas observaciones podemos destacar:
1)Con internet, el marketing interactivo halla un terreno de evolución muy adaptado, como muestra el desplazamiento de las inversiones de los anunciantes en Estados Unidos.
En este país, el gasto en marketing directo representa ya el 50% del total del presupuesto dedicado por los anunciantes a la comunicación comercial. El auge de internet se explica por tres razones principales:
Los costos de las campañas por internet son incomparablemente más bajos que por los medios tradicionales: el precio medio de una campaña de marketing por correo electrónico en Estados Unidos representa unos 10 centavos para cada envío unitario, mientras que por correo ordinario habría sido de entre 50 centavos y un dólar.
Las tasas de concretización del marketing por correo electrónico van del 5% al 15%, mientras que las de los buzones tradicionales se sitúan entre el 0,5% y el 2%.
La diferencia en la eficacia es considerable: mientras que el marketing por correo electrónico tiene tasas de click-through o pulsación pasante [5] del orden del 18%, las de las pancartas publicitarias (banners) no dejan de bajar desde hace algún tiempo y se sitúan, según Forrester Research, en el 0,65%; o incluso habrían pasado, según otras fuentes (Nielsen Netratings, marzo de 2000) del 2,5% a mediados de los años 90, al 0,36% en marzo de 2000.
Por consiguiente, es muy plausible que en el curso de los próximos años asistamos a transferencias de inversiones cada vez más importantes hacia el marketing directo en internet y, más concretamente, hacia el marketing por correo electrónico.
2)El spamming se manifiesta a través de la existencia de una oferta de productos (el
spamware) y servicios procedente, casi siempre, de pequeñas empresas.
Se distinguen dos categorías de spamware, instrumentos de pull para captar direcciones e instrumentos de push de envío masivo de mensajes. La utilización del software de recolecta es relativamente simple. Funciona basándose en una navegación automatizada en sitios web y en los espacios públicos de la red, bien una lista de URL especificadas previamente, bien palabras clave sometidas a motores de búsqueda, que van a permitir constituir una lista de URL pertinentes. Posteriormente, el software lleva a cabo una recogida sistemática de todas las direcciones electrónicas halladas en las páginas de dichos sitios y en los foros. Todos estos programas proclaman ser capaces de evitar las spamtraps.
Los instrumentos de envío masivo, por su parte, son motores que permiten realizar dichos envíos sin pasar por un servidor de correo específico o propio de un proveedor de acceso a internet. Los productos que se encuentran habitualmente en el mercado permiten al ordenador en que se instalan comportarse como un verdadero servidor de correo, sin correr el riesgo, en principio, de que se les reproche que saturan la banda del proveedor de acceso al que está abonado el spammer. Los motores son más o menos potentes para romper los filtros antispam de los servidores de correo y mantener una falsificación perfecta de los encabezamientos de mensaje. Resulta bastante paradójico que sea posible encontrar abiertamente tales productos en el mercado, comercializados por distribuidores aparentemente oficiales, cuando se sabe que una parte de sus funciones corresponde a modalidades de redirección de tráfico en internet prohibidas en un número creciente de Estados americanos.
A grandes rasgos, la oferta de servicios se divide en dos categorías fundamentales: lo que se podría llamar el hostspamming, es decir, el albergar campañas, o el corretaje de ficheros de direcciones electrónicas. En el primer caso se ofrece un servicio completo para la organización de campañas de spamming; varias pequeñas empresas lo pregonan abiertamente en la red; sus tarifas varían de cinco dólares por 1.000 mensajes para un envío a 20 dólares por 1.000 mensajes si el cliente quiere además disponer de las direcciones. Algunas se especializan en ofrecer un servicio “a prueba de balas”, es decir, capaz de eludir en principio las acciones represivas de los proveedores de acceso. Los corredores de direcciones, por su parte, son bastante numerosos; varias empresas proponen ofertas de suscripción a listas de direcciones con tres posibles fórmulas. Primera fórmula: 300.000 direcciones a la semana por 19,95 dólares al mes; segunda fórmula: 500.000 direcciones a la semana por 29,95 dólares al mes; tercera fórmula: 1.000.000 de direcciones a la semana por 39,95 dólares al mes. Por otra parte, existen ofertas de compra en línea de direcciones que se pueden bajar inmediatamente: por ejemplo, entre 19,95 dólares por 300.000 y 49,95 dólares por 1.000.000 de direcciones de internet y, para las direcciones AOL, de 19,95 dólares para 300.000 direcciones a 99,95 dólares para 4.000.000. Las múltiples propuestas de listas de direcciones de correo electrónico llevan, invariablemente, a dudar de la calidad de las direcciones en sí mismas y de su validez, por no hablar de la supuesta autorización con que se han recolectado. Las listas por perfiles se presentan, la mayoría de las veces, bastante vagamente; los criterios de selección más corrientes son el país, el Estado, la ciudad de residencia, el sexo, los centros de interés, la profesión y el ámbito de actividad.
Por último, los spammers que utilizan una vía peligrosa y rechazada por toda la comunidad son aficionados u oportunistas que intentan comercializar en la red sus malas ideas. Se han estudiado de cerca varios casos recientes de spamming y los pocos casos conocidos en Europa muestran que se está en presencia de operadores poco escrupulosos, que a menudo hacen caso omiso de los avisos de la justicia, pero que corren el riesgo auténtico de ser condenados a pagar elevadas indemnizaciones por daños y perjuicios; esta fórmula, aunque no sea satisfactoria desde el punto de vista del derecho a la protección de los datos personales, no deja de ser eficaz y podría ayudar, a corto plazo, a erradicar el fenómeno.
3)En realidad, el verdadero mercado, el más activo, el más prometedor, es el del marketing por correo electrónico, en el que nadie opera en la actualidad sin reivindicar la estricta aplicación de una política de respeto de la intimidad y la garantía de trabajar con listas de clientes potenciales que han dado su consentimiento. El marketing por correo electrónico se consolida, con arreglo a un modelo mucho más poderoso en los planos técnico y financiero; para él resultan fundamentales la lealtad en la recogida de datos y la relación voluntaria y autorizada entre los anunciantes y sus clientes potenciales. Estas empresas, en su mayoría de reciente creación, están construyendo el marketing en internet de los próximos años.
Las empresas de marketing por correo electrónico abarcan una gama de actividades muy amplia: adquisición de datos personales, administración y gestión de bases de datos cooperativas, corretaje de direcciones, diseño de campañas de marketing por correo electrónico, operaciones de envíos masivos, gestión de la relación con los clientes (Customer Relationship Management, CRM)[6], seguimiento, información, facturación de campañas y remuneración de los sitios de búsqueda de clientes potenciales El mecanismo de adquisición de los datos en un contexto de autorización consiste en sumarse a una red de 100 o 200 sitios con tráfico intenso, a los que se envían formularios de inclusión voluntaria que los visitantes rellenan para recibir un boletín informativo, participar en un concurso, un programa o una operación de promoción cualquiera, recibir ofertas comerciales basadas en los centros de interés que hayan precisado, todos ellos buenos motivos que pueden legitimar la recogida explícita de datos personales en un sitio web. De este modo, las empresas obtienen una copia de los datos suministrados en el formulario, [7] que pasan a alimentar bases de entre 15 y 20 millones de direcciones electrónicas; se estima que, en promedio, más de la cuarta parte de dichas direcciones corresponde a internautas europeos.
En este esquema hay variantes en el grado de lealtad de las prácticas, que van desde casillas marcadas previamente, [8] hasta el otro extremo, es decir, el solicitar que el visitante manifieste dos veces su deseo de ser incluido, confirmando su inscripción mediante el envío de un mensaje automático a su buzón. [9]
Todos estos sistemas y todos los mensajes que generan incluyen, naturalmente, vínculos de exclusión voluntaria, que permiten borrarse fácilmente de las listas de registro. Algunas empresas reciben varias solicitudes de exclusión voluntaria al día y peticiones de detalles de algunas personas que desean saber en qué sitio y cuándo se ha registrado su inclusión voluntaria. También se hacen preguntas sobre la naturaleza exacta y la amplitud de la información personal contenida en las bases de datos. Para responder a todo ello, algunas empresas de marketing por correo electrónico elaboran un historial de la relación con el cliente y, especialmente, de la información que permite reconstituir en qué circunstancias se produjo la inscripción voluntaria.
La comercialización de las direcciones se realiza mediante corretaje u albergando campañas (ESB: Email Service Bureau). Por lo general, una prestación estándar realizada en los ficheros cooperativos comporta cinco operaciones: el alquiler de las direcciones, la programación de un vínculo en el mensaje hacia el sitio del anunciante, la operación de envío masivo de los mensajes, el seguimiento de las pulsaciones pasantes y el balance de la campaña; la tarifa se calcula sobre una base CPM idéntica a la practicada por las agencias de publicidad; el precio de referencia para el marketing por correo electrónico profesional se eleva a 200 dólares por 1.000 mensajes, esto es, 20 centavos la unidad. A esta tarifa estándar conviene añadir la facturación de las diversas selecciones que pueden solicitarse: por nombres de dominio y por zonas geográficas, por características sociodemográficas (género, tramo de edad, estado civil, número de hijos), por tramos de ingresos, por puestos en las empresas, por niveles de estudios, por centros de interés. El grado de matización que puede alcanzarse en la selección por centros de interés parece inagotable, aunque no viene sino a reflejar la precisión de la información recogida a través de los formularios.
Desde el punto de vista de la protección de los datos, algunos elementos de calificación de los ficheros tienen, sin lugar a dudas, carácter sensible, si permiten, sin incumplir las normas de la autorización, identificar grupos étnicos, grupos religiosos, fumadores, diabéticos o cancerosos. Las listas de direcciones de correo electrónico contienen, asimismo, datos comportamentales con un elevado valor añadido, especialmente cuando se trata de datos relativos a las compras en línea efectuadas durante los últimos meses (un mes, tres meses, seis meses, doce meses); en muchos casos, se trata de información no recogida de forma declarativa, sino transmitida por operadores comerciales que mantienen relaciones de la empresa de marketing por correo electrónico a los que los clientes potenciales han realizado compras. Las selecciones particulares sobre estos datos complementarios que permiten calificar mejor la población destinataria tienen un coste añadido por cada 1.000 direcciones; cuanto más detalladas son las selecciones solicitadas, más caras son; la selección más apreciada y más costosa se refiere a la propensión a efectuar compras en línea.
Por último, se observa que estas empresas dan una comisión a los sitios recolectores de direcciones de correo electrónico; en otras palabras, cada vez que se utiliza una dirección, se remunera al sitio en que se ha obtenido con una tarifa variable pero que es a menudo del 50% del precio de venta. Algunas empresas de marketing por correo electrónico han puesto a punto un sistema sofisticado que permite resolver el caso en que dos sitios recolectores reivindican la propiedad de la misma dirección: la norma consiste en remunerar únicamente al sitio web cuya lista de direcciones electrónicas prefiere el cliente. También se observa la existencia de anticipos sobre los ingresos a los sitios web asociados.
4)El rápido desarrollo de la actividad de marketing por correo electrónico basado en la autorización, llamada a convertirse en el modelo de la comunicación comercial en internet, suscita interrogantes sobre la autenticidad de la inclusión voluntaria y sobre los defectos de interpretación y los excesos que puedan producirse.
En primer lugar, hay que saber ser consciente de que, para crear una relación de inclusión voluntaria, un anunciante puede sentirse tentado de iniciar una relación llamada de marketing de interrupción y enviar comunicaciones comerciales no solicitadas a un fichero de direcciones no calificadas y más o menos consensuadas.
En otras palabras, cabe preguntarse si las comunicaciones comerciales no solicitadas no son un paso obligado del marketing por correo electrónico de inclusión voluntaria. Formulada así, esta cuestión parece una provocación; en realidad merece la pena plantearla, ya que el verdadero problema para los operadores de venta directa reside en iniciar la relación autorizada y lamentablemente no se conocen otros medios que los consistentes en provocar al público, suscitar su atención, incitarlo a entrar en contacto con todo tipo de reclamos bien conocidos por los publicistas. ¿Cómo darse a conocer en la red? Evidentemente, la tentación puede ser el marketing por correo electrónico discriminado; el riesgo consiste entonces en dirigirse a un corredor de listas de direcciones y enviar masivamente una oferta a millones de internautas, con la esperanza de que algunos de ellos captarán el mensaje y responderán. Sin embargo, esta fórmula no es socialmente aceptable y es contraria a las normas éticas cada vez más extendidas entre las organizaciones profesionales que defienden el principio de la aceptación previa del usuario; la única fórmula verdaderamente aceptada, aunque con reservas, es la de la publicidad en internet, es decir, las pancartas publicitarias destinadas a perfiles de centros de interés y estilos de vida compatibles con la oferta de productos o servicios del anunciante. Las pancartas publicitarias pueden permitir utilizar las pulsaciones pasantes de un sitio web e iniciar la relación de correo electrónico de inclusión voluntaria mediante formularios rellenados por los visitantes.
Por otra parte, se observa que todos los grandes operadores comerciales y de marketing directo en internet se muestran favorables actualmente a la inclusión voluntaria, incluidos los sitios pornográficos, a pesar de haber practicado frecuentemente el spamming durante los últimos años. Esto conduce inevitablemente a cuestionar la autenticidad de la inclusión voluntaria y a preguntarse si en el futuro los anunciantes, cualesquiera que sean, no tendrán una enojosa tendencia a adoptar un concepto cuando menos muy amplio de la noción de inclusión voluntaria. Este amplio concepto puede apoyarse, en algunos casos, en el simple hecho, por ejemplo, de que un visitante de un sitio haya pulsado por inadvertencia en un botón de OK de una ventana de diálogo donde se le pregunta si desea añadir el sitio a sus favoritos; en efecto, nada es más simple que jugar con las palabras e incluir un oscuro apartado en la página bien escondida de las condiciones de utilización de un sitio, en que el operador indica en letra pequeña que el hecho de marcar el sitio autoriza el envío masivo posterior de mensajes electrónicos publicitarios. De esta forma, cabe preguntarse si el hecho de haberse inscrito un día en una lista de aficionados al submarinismo para recibir ofertas comerciales de material justifica el recibir propuestas de estancias en todos los paraísos del submarinismo del mundo. ¿Es legítimo inundar de ofertas comerciales varias veces a la semana a un comprador ocasional en línea? Grandes sitios comerciales, punteros en el comercio en línea, como Amazon, Barnes & Noble, CD Now ou Travelocity, deberían matizar sus prácticas y moderar sus ímpetus hacia sus clientes ocasionales.
Por lo tanto,
Considerando que se deben establecer salvaguardias para los usuarios de la redes de telecomunicaciones y de internet y cualesquiera otras, que eviten el abuso y uso indebido del sistema de correos electrónicos debido a comunicaciones no solicitadas para propósitos de comercialización, ya sea por medio de ofertas o publicidad de bienes o servicios realizadas por personas o máquinas automatizadas o no, telefaxes u otros sistemas similares de todo tipo. Estas formas de comunicaciones comerciales no solicitadas pueden, de una parte, ser relativamente fáciles de realizar y de bajo costo para enviar, y de la otra pueden imponer una carga y/o un costo al usuario receptor de las mismas.
Considerando, por otra parte, que en algunos casos su volumen puede también causar las dificultades para las redes de comunicaciones electrónicas y el equipo terminal. Sin embargo, el uso de comunicaciones no solicitadas por medio de correos electrónico para la comercialización o publicidad de bienes o servicios puede justificarse si se obtiene el consentimiento explícito anterior del usuario receptor de los mismos, antes que tales comunicaciones se realicen. En tal sentido, el uso de este tipo de comunicaciones requiere un acercamiento armonizado entre el que envía dichas comunicaciones y el usuario receptor de las mismas, en beneficio del mercado que se ha generado en torno a las redes digitales.
Considerando, que dentro del contexto de una relación existente con un usuario, es razonable permitir el uso de los datos personales de dicho usuario, en la medida que sean de acceso público y que su uso no se torne indebido o abusivo, para el ofrecimiento de bienes o servicios, pero solamente por la misma compañía que ha realizado inicialmente el contacto vía correo electrónico. Cuando se obtienen los datos personales del usuario por parte de quienes realizan el contacto vía correo electrónico, el usuario debe ser informado sobre su uso posterior para la comercialización y publicidad, de una manera clara y distinta, y se le debe dar la oportunidad de rechazar tal uso. Esta oportunidad debe continuar siendo ofrecida con cada mensaje posterior a la comercialización de bienes y servicios realizada por contacto vía correo electrónico, sin excepción.
Considerando, otras formas de comercialización directa que son más costosas para el remitente y no imponen ningún costo financiero ante los usuarios, tales como telefonía personal de voz, pueden justificar el mantenimiento de un sistema que da a los usuarios la posibilidad para indicar que no desean recibir tales llamadas.
Considerando, que para facilitar la aplicación eficaz de estas normativas, es necesario prohibir el uso de identidades falsas, de remitentes o números falsos por parte de quien envía los mensajes no solicitados para los propósitos de la comercialización directa.
Considerando, que ciertos sistemas de correo electrónico permiten que los usuarios visualicen la línea del remitente y del tema de un correo electrónico, y también que supriman el mensaje, sin tener que descargar el resto contenido de dicho correo electrónico o cualquier accesorio, de tal modo de reducir los costos que podrían presentarse al descargar correos electrónicos o los accesorios no solicitados. Estos arreglos pueden continuar siendo útiles en ciertos casos como herramienta adicional a las obligaciones generales establecidas en este directorio.
Considerando, que la protección ofrecida a las personas debe ser tanto mayor cuanto más elevado sea el riesgo de intrusión en la intimidad.
Considerando, que quienes practican el marketing por correo electrónico han descubierto las ventajas comerciales del marketing autorizado.
Considerando, que en muchos países del mundo se han adoptado legislaciones que imponen sanciones penales en este sentido.
Se presenta ante la honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1 Definiciones
1.Correo electrónico: Para los efectos de esta ley, se entenderá por correo electrónico cualquier mensaje, ya sea de texto, de voz, de sonido o de imagen enviado a través de una red de comunicaciones pública que se pueda almacenar en la red o en el equipo de terminal de un usuario receptor hasta que es recogida por éste.
2.Telecomunicaciones: Para los efectos de esta ley, se entenderá por telecomunicación toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza, por línea física, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
Artículo 2 Introdúcese el siguiente párrafo en el Título III “Disposiciones Especiales” de la ley Nº 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, el que pasa a ser el párrafo Nº 6 “Disposiciones relativas comercialización y publicidad por medio de redes de telecomunicaciones:
Párrafo Nº 6
“Disposiciones relativas comercialización y publicidad por medio de redes de telecomunicaciones”.
Articulo 49 A. La comercialización y publicidad de bienes y servicios por medio de redes de telecomunicaciones, utilizando, por ejemplo, alguno de los servicios públicos establecidos en la ley Nº 18.168, ley general de Telecomunicaciones o por medio de la red de internet, utilizando, por ejemplo, los servicios de correos electrónicos; utilizando sistemas automatizados o no, con la intervención humanas o no, se puede permitir solamente en relación a los usuarios consumidores que han dado su consentimiento previo, explícito e inequívoco, en la medida que dicho uso no se torne indebido o abusivo. Los datos deben ser tratados de manera leal y lícita.
Articulo 49 B. Cuando se obtienen los datos personales del usuario consumidor por parte de quienes realizan el contacto de la manera señalada en el artículo anterior, el usuario consumidor debe ser informado sobre los fines del tratamiento de que van a ser objeto los datos, su uso posterior para la comercialización y publicidad, los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos, el carácter obligatorio o no de la respuesta, la existencia de derechos de acceso y rectificación de una manera clara y distinta, y se le debe dar la oportunidad de rechazar tal uso. Esta oportunidad debe continuar siendo ofrecida con cada contacto posterior, sin excepción.
Cuando los datos no hayan sido recabados del usuario, el responsable del tratamiento deberá comunicarle la información desde el momento del registro de los datos o, en caso de que se piense comunicar a un tercero, a más tardar, en el momento de la primera comunicación de datos.
El interesado podrá oponerse costo alguno, por una parte, al tratamiento con fines comerciales de los datos que le conciernan y, por otra parte, a la transmisión de sus datos a terceros, de la que deberá ser informado previamente.
Artículo 49 C. La comercialización o publicidad realizada de la manera ya mencionada, no solicitada o que oculte total o parcialmente la identidad del remitente o sin una dirección de correo electrónico válida a la cual el usuario consumidor pueda enviar una petición o solicitud para que tales comunicaciones cesen, cometerán infracción a la presente ley, sin perjuicio de las acciones legales que presente ley u otras entreguen al usuario consumidor”.
Moción del diputado señor Navarro.
Modificacion a la ley Nº 19.628 sobre “Protección de datos de carácter personal” para introducir el concepto de uso indebido o abusivo de datos. (boletín Nº 3095-07)
“Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”.
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Diariamente, las personas estamos entregando nuestros datos personales. Ya sea cuando llenamos un formulario para adquirir la tarjeta de crédito de una tienda de ropa, cuando ingresamos a alguna institución, o bien, cuando buscamos trabajo. Posteriormente, estos datos pueden utilizarse para otros fines o comunicarse a terceros. Los datos personales pueden ser cualquier dato que permita identificar a una persona física, como un nombre, número de teléfono o el correo electrónico. Los avances de la informática, junto con las nuevas redes de telecomunicaciones, permiten la transferencia de los datos personales con mayor rapidez; esto hace necesario una regulación sobre la materia, sobre todo, a la luz del uso indebido o abusivo de dichos datos personales, y específicamente frente al fenómeno denominado Spam.
El correo Spam es una modalidad de correspondencia electrónica que se utiliza para el envío de publicidad no solicitada. De esta manera, un usuario de internet está expuesto a recibir correos con ofertas comerciales, copia de correos originales enviados a terceros o simplemente correos de personas desconocidas; todo lo anterior, en virtud de encontrarse los datos del usuario disponibles en la red.
En este sentido, debemos mencionar el caso de la empresa norteamericana Geocities, que ofrecía albergue gratuito de página web, y que llegó a un acuerdo por el que se puso fin a un procedimiento iniciado por la Federal Trade Commission (FTC), en el que lo acusaba de utilizar los datos personales de sus usuarios con una finalidad distinta a la indicada inicialmente.
En el acuerdo, Geocities se obligó a publicar en su página web un aviso sobre intimidad, explicando a los usuarios qué información está siendo obtenida de los mismos y con qué propósito, a quién será transmitida y cómo pueden los afectados acceder a dichos datos y exigir su cancelación.
Además, Geocities deberá conseguir el consentimiento paterno antes de obtener información de usuarios menores de 13 años.
Según la FTC, esta información permitía generar perfiles de usuarios y ceder ficheros de datos segmentados a diversos anunciantes. Ello implicaba una disposición no autorizada de los datos, ya que los afectados facilitaban dicha información conscientes de que el contenido de los campos obligatorios podía ser utilizado para remitir ofertas específicas que ellos solicitaban, y que el contenido de los campos opcionales no sería cedido a terceros.
La Federal Trade Commission norteamericana (FTC) publicó hace algunos años un informe sobre “Intimidad on line” en el que se describe cómo se obtienen los datos personales de los usuarios que visitan los webs comerciales de las empresas americanas y se analiza la política de las mismas respecto a la información al usuario sobre la recogida de dichos datos.
El informe de la FTC ofrece las siguientes conclusiones:
Webs comerciales visitados que obtienen información relativa a personas identificables: 90%
Webs comerciales visitados que informan al usuario sobre dicha obtención de datos: 14%
Webs comerciales visitados que informan al usuario sobre su política en materia de intimidad: 2%
Webs destinados al público infantil que obtienen información personal de los visitantes: 89%
Webs destinados al público infantil que informan sobre dicha obtención de datos: 54%
Al final del informe, la FTC recomienda al congreso norteamericano que regule la forma en que las empresas obtienen información personal a través de sus sedes web en internet, especialmente, respecto al público menor de 13 años.
¿Quiénes son los interesados en que esta materia se regule por ley?
Los interesados somos todos. A la hora de reservar un vuelo, buscar un trabajo o emplear una tarjeta de crédito o navegar por internet las personas están comunicando datos personales.
En este sentido, los responsables del tratamiento y almacenamiento de datos personales, deberían observar varios principios, que no sólo buscan proteger a los interesados, sino que son también una declaración de buenas prácticas comerciales que contribuyen a un tratamiento de datos fidedigno y eficaz.
Estos principios son los siguientes:
a)Los datos deben tratarse de manera leal y lícita.
b)Deben recogerse con fines explícitos y legítimos y emplearse de la misma forma.
c)Los datos deben ser pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se traten.
d)Los datos deben ser exactos y, cuando sea necesario, actualizados.
e)Los responsables del tratamiento deben proporcionar a los interesados medidas razonables cada vez que puedan rectificar, suprimir o bloquear los datos incorrectos sobre su persona.
f)Los datos que permitan la identificación de los interesados no se deben mantener durante un período superior al necesario.
g)Como norma general, todos los responsables del tratamiento deberían notificar a las autoridades respectivas, si están tratando datos personales.
Casos en que pueden tratarse datos personales
El tratamiento y almacenamiento de datos personales sólo debería efectuarse si:
*El interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, es decir, si ha aceptado libre y específicamente tras haber sido informado adecuadamente;
*El tratamiento de datos es necesario para la ejecución de un trato o la celebración del mismo a petición del interesado como, por ejemplo, el tratamiento de datos para redactar una factura o el tratamiento de datos relativos al solicitante de un puesto de trabajo o de un préstamo;
*El tratamiento es una obligación jurídica;
*El tratamiento de datos es necesario para proteger el interés vital del interesado. Tenemos un ejemplo cuando se produce un accidente de circulación y el interesado está inconsciente.
En tal caso, se podría efectuar análisis de sangre si se considera fundamental para salvar la vida del interesado;
*El tratamiento es necesario para cumplir una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público (gobierno, autoridades fiscales, policía, etc.);
*Finalmente, los datos pueden tratarse para satisfacer el interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero. No obstante, este interés no debería prevalecer sobre el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado, especialmente el derecho a la intimidad.
Datos sensibles
Se deberían aplicar normas muy estrictas al tratamiento de datos sensibles: los referentes al origen racial o étnico, ideología, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, salud o vida sexual. Como norma, estos datos no deberían tratarse.
Se tolerarán excepciones en circunstancias muy concretas. Entre éstas, el tratamiento de datos con el consentimiento explícito del interesado, el tratamiento obligatorio de datos debido a la normativa laboral, en casos en los que el interesado no pueda dar su consentimiento (por ejemplo, análisis de sangre de la víctima de un accidente de circulación), tratamiento de datos anunciados públicamente o el tratamiento de datos sobre afiliados por parte de sindicatos, partidos políticos o iglesias.
Menores de edad
El caso de los menores de edad es un tema muy sensible, a la luz de los graves delitos que es posible cometer, generalmente al amparo del desconocimiento y falta de experiencia de niños y adolescentes. Esta situación se acentúa con el uso de redes informáticas, en donde se han creado verdaderas redes telemáticas de tráfico de menores, pedofilia y abusos sexuales. Es por esto que los padres deben asumir un rol más protagónico al momento del uso de los datos personales de sus hijos y la ley debe buscar los instrumentos para protegerlos.
El caso internet
Es bastante ilógico y carecería de justificación jurídica excluir una herramienta de transferencia tan importante como internet del ámbito de aplicación de las leyes, específicamente la ley Nº 19.628 sobre “Protección de datos de carácter personal”.
Por el contrario, el vertiginoso aumento del volumen y la naturaleza múltiple de los datos personales transferidos mediante internet por todo el mundo, incluso a países que carecen de la protección adecuada, requiere especial atención. La ley Nº 19.628 sobre “Protección de datos de carácter personal” debería ser aplicable con independencia de los medios tecnológicos empleados en el tratamiento de datos personales.
A título de muestra, la señalada ley se aplica al almacenamiento o tratamiento de datos, lo cual incluye la recogida invisible de datos personales de internet (por ejemplo: los “cookies” que se emplean para rastrear los hábitos personales de navegación en internet). Por otro lado, si los datos personales se recogen de forma “visible”, cabría señalar que una persona que transfiere sus propios datos o consiente tal transferencia, sea a condición de que esté suficientemente informada sobre los riesgos que esto implica.
Una persona tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos con fines de publicidad o comunicaciones comerciales de respuesta directa; comercialización o venta directa de bienes y servicios, ya sea en forma presencial; por medio de redes de telecomunicaciones, cualquiera sea su modalidad, por ejemplo: análogas, digitales, inalámbricas o satelitales; por internet o por correo electrónico.
Derechos del titular de datos personales
Los responsables del tratamiento y almacenamiento deberían informar al titular cuando recojan datos personales que le afecten, a menos que ya se le haya informado previamente. Debería tener derecho a ser informado de: la identidad del responsable, la finalidad del tratamiento, los receptores de los datos y los derechos específicos a los que éstos tienen derecho en calidad de interesados. El titular debería tener derecho a recibir esta información con independencia de que los datos se hubieran obtenido directamente, o de forma indirecta mediante terceros.
Además, debería poder acudir a cualquier responsable del tratamiento para saber si está tratando o no datos personales que le afecten, también tendrá derecho a recibir una copia de los datos de forma inteligible y a recibir cualquier información disponible sobre sus fuentes. Si los datos personales son inexactos o se han tratado ilegalmente, podría pedir su corrección o supresión. En este caso, el interesado también podría solicitar al responsable del tratamiento que lo notifique a los terceros que hubieran recibido previamente los datos incorrectos, a menos que esto sea imposible.
Determinadas decisiones, que afectan significativamente al interesado, tales como la de conceder un préstamo o suscribir un seguro, pueden tomarse sobre la única base de un tratamiento de datos automatizado. Por consiguiente, el responsable del tratamiento debería adoptar precauciones adecuadas, tales como brindar al interesado la oportunidad de discutir la lógica que subyace a los datos recogidos o denunciar las decisiones basadas en datos incorrectos.
Excepciones y limitaciones
El derecho a la intimidad a veces puede entrar en conflicto con la libertad de expresión y, en particular, con la libertad de prensa y de otros medios de comunicación. Por consiguiente, es necesario establecer excepciones en sus normas de protección de datos con objeto de lograr un equilibrio entre estos derechos distintos, pero igualmente fundamentales.
La ley debería contemplar excepciones si son necesarias por motivos de seguridad nacional, defensa, investigación de delitos, aplicación del derecho penal, o para proteger a los interesados o los derechos y libertades de los demás. Además, debería concederse una excepción al derecho a acceder a aquellos datos tratados por motivos científicos o estadísticos.
Transferencias de datos personales en forma transnacional
En casos de transferencia de datos a otros países, podría ser necesario adoptar precauciones especiales si el nivel de protección de datos del país no es suficiente, habida cuenta de la facilidad con que pueden circular los datos en las redes internacionales.
El principio debería ser que los datos personales sólo pueden transferirse a los países que garanticen un nivel adecuado de protección. En este sentido, debería analizarse las leyes de protección de datos de los principales socios comerciales de Chile, dialogándose con los mismos con objeto de decidir qué países puede considerarse que ofrecen una protección adecuada. Cuando un tercer país no garantiza un nivel de protección adecuado, debería exigirse el bloqueo de determinadas transferencias.
Alternativas por uso indebido o abusivo de datos personales desde el extranjero
Una de las soluciones más extremas es el bloqueo de transferencias de datos personales. Existen otras maneras de garantizar una adecuada protección de los datos sin entorpecer los flujos internacionales de datos y las transacciones comerciales a los que estos van asociados. Por ejemplo, si las empresas dudan acerca de la protección que pueda ofrecer la legislación o los sistemas autorreguladores de un país, sería prudente que se dotaran ellas mismas de esa protección. Esto podría lograrse mediante un contrato entre la empresa que envía los datos y la empresa que los recibe. El objeto de este contrato sería el de ofrecer garantías suficientes respecto de la protección de la vida privada, de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como respecto al ejercicio de los respectivos derechos. Si se aplican salvaguardias correctas, un Estado no debería tener ningún motivo para bloquear cualquier transferencia de datos sobre sus ciudadanos.
Atendiendo estas consideraciones, se presenta a la honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.628 sobre “Protección de datos de carácter personal”:
1.Modifícase el artículo 1º del Título Preliminar “Disposiciones Generales” de la señalada ley en el siguiente sentido:
a)Intercálase en el inciso 1º después del término “tratamiento” la expresión “o almacenamiento”.
b)Intercálase en el inciso 2º después del término “tratamiento” la expresión “o almacenamiento”.
2.Modifícase el artículo 2º del Título Preliminar “Disposiciones Generales” de la señalada ley en el siguiente sentido:
a)Reemplázase la letra o) por la siguiente: “Tratamiento de los datos, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, sea que se utilice la recogida invisible de datos personales de internet (por ejemplo: los “cookies” que se emplean para rastrear los hábitos personales de navegación en internet), sea que se utilice la recogida de forma “visible”, y que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, confrontar, disociar o cancelar datos de carácter personal”.
b)Agrégase como letra p) la siguiente: “p) Comercialización de datos, cualquier acto o contrato que tenga por objeto comprar, vender, arrendar, permutar y/o ceder datos personales, así como cualquiera otra modalidad de transferencia o transmisión de los mismos, sean éstos de fuentes accesible al público o no; y que permita adquirir su dominio, uso o goce en forma permanente o temporal o a lo menos ofertar éstos para su posible adquisición”.
3.Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 4º del Título I “De la utilización de datos personales”, de la señalada ley:
a)Modifícase el inciso 1º, por el siguiente: “El tratamiento o comercialización de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. En el caso de menores de edad, la autorización sólo podrá ser dada por sus padres de común acuerdo y mediante escritura pública”.
b)Modifícase el inciso 2º, por el siguiente: “La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del tratamiento, almacenamiento de sus datos personales, comercialización de los mismos y su posible comunicación al público o la utilización de otro procedimiento similar. El o los responsables del uso de datos personales en alguna o todas las formas mencionadas, deberán informar al titular cuando recojan datos personales que le afecten, a menos que ya se le haya informado previamente. El titular de datos personales tiene derecho a ser informado de: la identidad del responsable, la finalidad del tratamiento o almacenamiento de datos o de otro procedimiento similar, los receptores de los datos y los derechos específicos a los que éstos tienen derecho en calidad de interesados. El titular tiene derecho a recibir esta información con independencia de que los datos se hubieran obtenido directamente, o de forma indirecta mediante terceros. Además, el titular de datos personales podrá acudir a cualquier responsable del tratamiento, almacenamiento u otro procedimiento similar para saber si está tratando o no datos personales que le afecten, también tendrá derecho a recibir una copia de los datos de forma inteligible y a recibir cualquier información disponible sobre sus fuentes. Si los datos personales son inexactos o se han tratado ilegalmente, podría pedir su corrección o supresión. En este caso, el titular de datos personales también podrá solicitar al responsable que informe a terceros que hubieran recibido previamente los datos incorrectos.
c)Agrégase el siguiente párrafo inmediatamente después del inciso 3º del artículo 4º, pasando el punto aparte a ser punto seguido, a saber el siguiente: “En el caso de menores de edad, la autorización sólo podrá ser dada por sus padres de común acuerdo y mediante escritura pública”.
d)Agrégase el siguiente párrafo inmediatamente después del inciso 4º del artículo 4º, pasando el punto aparte a ser punto seguido, a saber el siguiente: “En el caso de menores de edad, la revocación podrá realizarse por cualquier medio que otorgue fe”.
e)Reemplázase el inciso 5º del artículo 4º por el siguiente: “No requiere autorización el tratamiento o almacenamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento. En todo caso, se requerirá autorización cuando los datos personales sean necesarios para publicidad o comunicaciones comerciales de respuesta directa; comercialización o venta directa de bienes y servicios, ya sea en forma presencial; por medio de redes de telecomunicaciones, cualquiera sea su modalidad, por ejemplo: análogas, digitales, inalámbricas o satelitales; por internet o por correo electrónico.
g)Agrégase el siguiente párrafo inmediatamente después del inciso 6º: “No podrá en caso alguno, utilizarse para tratamiento, almacenamiento u otra operación similar los datos personales referidos al origen racial o étnico, ideología, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, salud o vida sexual, salvo cuando la propia ley o por resolución judicial así lo permita y sólo para el uso exclusivo de la persona o entidad autorizada. Excepcionalmente, podrán utilizarse datos personales cuando sea necesario por motivos de seguridad nacional, defensa, investigación de delitos, aplicación del derecho penal, o para proteger a sus titulares o los derechos y libertades de los demás. Además, se hace extensiva esta excepción por motivos científicos o estadísticos, previamente comprobable.
4.Modifícase el párrafo 1º del artículo 6º del Título I “De la Utilización de datos personales” de la señalada ley, en el siguiente sentido:
a)Intercálase antes del término “almacenamiento” la expresión “tratamiento o”.
b)Remplázase el término “carezca” por “carezcan”.
5.Agrégase en el artículo 8º del Título I “De la Utilización de datos personales” de la señalada ley, el siguiente párrafo como párrafo final, en los siguientes términos: “En el caso de menores de edad, se estará a lo señalado párrafo 1º del artículo 4º de la presente ley”.
6.Modifícase el párrafo 1º del artículo 12º del Título II “De los derechos de los titulares de datos” de la señalada ley, en el siguiente sentido:
a)Intercálase después del término “tratamiento” la expresión “o almacenamiento”.
b)Intercálase antes del término “almacenamiento” la expresión “tratamiento o”.
7.Modifíquese el párrafo 4º del artículo 12º del Título II “De los derechos de los titulares de datos” de la señalada ley, en los siguientes términos: “Igual exigencia de eliminación, o la de bloqueo de los datos, en su caso, podrá hacer cuando sus datos personales se usen para publicidad o comunicaciones comerciales, ya sea en forma presencial; por medio de redes de telecomunicaciones, cualquiera sea su modalidad, por ejemplo: análogas, digitales, inalámbricas o satelitales; por internet o por correo electrónico y no desee seguir figurando en el registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal”.
8.Agréguese como Título VI de la señalada ley el siguiente:
Título VI Del uso indebido o abusivo de datos personales.
Artículo 23A. El uso indebido o abusivo de datos personales en su almacenamiento, tratamiento, publicidad, comercialización o cualquiera otra forma de utilización, sean de fuentes accesibles al público o no, sea que se efectúe cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello, será sancionado en la forma que establece la presente ley.
Artículo 23B. “El titular de datos personales que vean afectos sus derechos por el uso indebido o abusivo de los mismos, podrá exigir de la o las personas naturales o jurídicas responsables que le indemnicen el daño patrimonial y moral que le causare. Para estos efectos, será aplicable lo señalado en el Título V “De la responsabilidad por las infracciones a esta ley”.
Artículo 23C. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el titular de datos personales que vean afectos sus derechos o los de su familia a la vida privada y pública por el uso indebido o abusivo de los mismos, podrá ejercer una acción penal privada para la sanción del culpable, en iguales términos que los señalados en el artículo 161B del Código Penal. Lo anterior se aplicará especialmente cuando el uso de datos personales se utilice para publicidad o comercialmente respecto del mismo titular o de terceros, ya sea en forma presencial; por medio de redes de telecomunicaciones, cualquiera sea su modalidad, por ejemplo: análogas, digitales, inalámbricas o satelitales; por internet o por correo electrónico.
Artículo 23D. Se entenderá por uso indebido o abusivo de datos, para los efectos de la presente ley, cualquier privación, restricción o perturbación del legítimo ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución o las leyes, que se produzca como consecuencia del tratamiento de los mismos, aun cuando haya autorización por parte de su titular.
Artículo 23E. En casos de transferencia electrónicas de datos personales a otros países, sólo pueden transferirse a los países que garanticen un nivel adecuado de protección y seguridad informática. Cuando un país no garantice un nivel de protección adecuado, podrá exigirse el bloqueo de aquellas transferencias electrónicas.
Moción del diputado señor Navarro.
Proyecto de ley sobre uso del cinturón de seguridad en buses interprovinciales o interurbanos. (boletín Nº 3096-15)
Una de las funciones más relevantes que debe ejecutar el Estado, procurando obtener su finalidad básica, es promover el bien común, concretándose dentro de la concepción instrumentista del Estado, que tiene como fundamento la dignidad y los derechos de las personas.
Los valores establecidos en nuestra Constitución tienen un carácter normativo e imponen a los operadores jurídicos la obligación de respetarlos y desarrollarlos.
Si se postula la existencia de derechos anteriores al Estado, y su consagración en la Carta Fundamental es por diversas razones: darles mayor divulgación, garantizar debidamente su ejercicio y para reglamentarlos adecuadamente, y con mayor razón si se considera que si todos los derechos se van a ejercer en sociedad, necesariamente ellos deberán ser objeto de limitaciones.
Cada órgano del Estado, en el campo de su competencia constitucional y legal recibe un mandato jurídico y político, según el cual tiene el deber de respetar los derechos fundamentales de todos los habitantes en el país y debe proyectar una acción promocional de los mismos, en orden a ampliar su vigencia real.
Una política nacional en la seguridad del tránsito, que tiene como objetivo convertir a Chile en un país con baja mortalidad resultado de accidentes del tránsito, requiere con urgencia un actuar conjunto e intersectorial, comenzando con una iniciativa legislativa que establezca normas tendientes a mejorar la vida en sociedad, haciendo efectiva la vigencia de una cultura basada en la seguridad de las personas, fundado en la práctica de hábitos y conductas, apoyados en un sistema jurídico que los garantiza, protege y promueve, es decir, un Estado que, como sostiene el artículo Nº 1 de la Constitución Política “está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que ésta Constitución establece”.
Es por ello que, considerando que la seguridad de las personas frente a un accidente depende de las características de resguardo que posee el vehículo en el cual transita, se hace urgente plantear la necesidad de exigir mejores estándares de protección a sus vidas e integridad. Una medida concreta es no exceptuar del uso obligatorio de cinturones de seguridad a los buses interurbanos, en situación que los pasajeros y conductores se encuentran en mayor exposición y trágicas consecuencias.
El desarrollo de los derechos que se pretende resguardar se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico como garantías, reflejando el compromiso constitucional con los derechos fundamentales, derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y un deber de acción para todos los órganos del Estado, por el cual el respeto y la promoción de estos derechos forma parte intrínseca y permanente a los propósitos con que han sido establecidos, ya sea por la propia Constitución o por leyes particulares.
Art. 19 La Constitución asegura a todas las personas:
Nº 1 El derecho a la vida y a la integración física y psíquica de la persona.
Nº 9 inc. 1 y 2 “El derecho a la protección a la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud”.
Nº 21 inc. 1 “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.
Nº 24 inc. 1 y 2 “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.
Ésta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación ambiental”.
Si se plantean como deberes del Estado la de normar, planificar, coordinar, controlar, ejecutar, debe considerarse como tarea prioritaria el fomento y protección a través de sus órganos, el derecho a la vida, que representa la facultad de exigir la conservación y la protección de la vida humana y en estrecha relación, la salud, concebida no sólo como una simple ausencia de una enfermedad física, sino abarcando aspectos sicólogos y una clara connotación social, a través de acciones que son absolutamente indelegables por parte del Estado: una regulación que comprenda normas básicas de protección, y una educación dirigida a prevenir, más aún si es de conocimiento público que un problema como los accidentes de tránsito, provocan la muerte a una persona cada 4,5 horas, es decir, 5 o 6 personas al día y 2.000 muertos al año, sin contar con el gasto que esto representa al país.
La intensificación del uso del cinturón de seguridad a través de su introducción obligatoria logrará disminuir las dramáticas estadísticas de muerte por accidentes de tránsito en Chile, logrando hacer realidad la promoción y protección de los derechos señalados.
Por estas consideraciones proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agrégase en el art. 79 Nº 10 de la ley Nº 18.290 de Tránsito el siguiente inciso:
“Tratándose de buses interprovinciales o interurbanos se deberá contar con cinturón de seguridad en todos los asientos y su uso será obligatorio para todos sus ocupantes”.
Moción de los diputados señores Navarro y Valenzuela.
Reduce la edad para participar en juntas de vecino (boletín Nº 3097-06)
1.Que la población chilena entre 15 y 29 años, definida como juventud, representa el 24% del total del país, constituyendo un sector transversal, en el cual confluyen todas las políticas sectoriales. [1]
2.Que, no obstante, para los jóvenes el concepto de participación no es sinónimo de acción política tradicional, ni menos de inscripción en los registros electorales, es también un dato cierto de la realidad, que prácticamente el 50% de los jóvenes participan en algún tipo de organización. Esto se ratifica con los resultados de la III Encuesta de Juventud, donde se constata que ha habido un cambio de eje de la participación de los jóvenes desde una participación política o institucional hacia una participación social orientada en torno a nuevos intereses.
3.La participación de la ciudadanía, es fundamental en el mundo actual. Las capacidades y energías presentes en el mundo privado y social pueden, de este modo, ser movilizadas en concordancia con el sector público para lograr los objetivos y metas el desarrollo. De ahí la importancia de crear ambientes y culturas propicias para el involucramiento ciudadano joven, configurando una buena normativa, con canales y mecanismos adecuados y flexibles para la participación.
4.Es de este tenor la intención que ha tenido el gobierno, al promover la participación ciudadana, toda vez que el 7 de diciembre de 2000, el Presidente de la República don Ricardo Lagos Escobar, firmó el instructivo presidencial sobre participación ciudadana en el ámbito de las políticas y programas públicos, orientado a establecer las bases de una política de gobierno en materias de participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad civil.
El gobierno está decidido a desarrollar con fuerza la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida nacional.
La participación que desea impulsar, tiene como principios orientadores los siguientes:
a.Buen trato, fundado en la dignidad de todas las personas y en el deber de servicio del sector público.
b.Transparencia en la gestión administrativa, a través de la mayor información y apertura a la ciudadanía.
c.Igualdad de oportunidades para la participación, generando condiciones de acceso para los más vulnerables.
d.Respeto a la autonomía y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil, evitando toda forma de discriminación e instrumentalización.
e.Orientación al ciudadano, priorizando la participación de los destinatarios finales de las políticas, programas y servicios, es decir, de los usuarios, consumidores, beneficiarios, etc.
5.Que en Chile la población joven, tiene un nivel mayor de participación en organizaciones sociales que la población adulta, así el 48% de los jóvenes participa en alguna asociación, mientras que en los adultos este porcentaje llega sólo al 39%.
6.Nuestra Carta Fundamental en su artículo 1º inciso 2º, establece que “El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. También asegura a todas las personas, la igualdad ante la ley y el derecho de asociarse sin permiso previo, como manera de expresar la dimensión social de la persona humana y abrir espacios para el ejercicio de su libertad.
7.Que una de las características comunes de los llamados nuevos movimientos sociales en las sociedades proindustriales, es justamente su composición juvenil.
8.La misma ley Nº 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, establece que las juntas de vecinos son “organizaciones comunitarias de carácter territorial representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades”. Sin embargo, en esta ley los jóvenes vuelven a ser marginados de participar en estos grupos intermedios toda vez que se entiende, en esta ley, por vecinos los mayores de 18 años.
9.Así también, recientemente ha sido enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, un proyecto de ley que rebaja la edad de las personas en la participación de los delitos, haciendo responsables penalmente a todo joven mayor de 14 años. Cabe preguntarse si los jóvenes mayores de 14 años van a pasar a ser responsables de los hechos que revistan los caracteres de delito una vez que sea aprobado el proyecto de ley, no van a ser responsables de su conducta cívica y comprometida en la participación en su comunidad.
10. Que es una realidad, que en distintas localidades de nuestro país, los menores de 18 años ya han tomado sobre sí un sinnúmero de responsabilidades a saber, y que frente a su incapacidad, fruto de su edad, se ven segregados de participar en las organizaciones comunitarias. Así, las juntas de vecinos, que al parecer son privilegio de los mayores, crean de esta forma, un mayor descontento en la juventud en torno a sentirse partícipe en decisiones que le concierne a su entorno social, contraviniendo lo que ha sido, de un tiempo a la fecha, una de las mayores preocupaciones del gobierno, cual es fomentar la participación de los jóvenes. Este hecho se contrapone al sentido natural y obvio del término vecino, el cual es definido por diccionario de la RAE como aquel individuo “que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa; que tiene casa y hogar en un pueblo, y contribuye a las cargas y repartimientos, aunque actualmente no viva en él”.
11. Que es necesario generar un proceso permanente de fomento a la participación de los jóvenes, dándoles reales posibilidades para el ejercicio de lo público.
Por estas consideraciones es que proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único. Modifíquese la ley Nº 19.418, en los siguientes artículos:
1)En el artículo 2º letra c, reemplázase el guarismo 18 por 15.
2)En el artículo 20 letra a), reemplázase la palabra dieciocho por quince.
3)En el artículo 39, reemplázase la palabra dieciocho por quince”.