Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Jaime Naranjo Ortiz
- Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIONES.
- V. ORDEN DEL DÍA
- NUEVA ESTRUCTURA DE SECTOR PÚBLICO DE SALUD. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- NUEVA ESTRUCTURA DE SECTOR PÚBLICO DE SALUD. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CONTRATOS DE TRABAJO DE DURACIÓN INDEFINIDA PARA MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Jaramillo Becker
- Mario Bertolino Rendic
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edmundo Salas De La Fuente
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Eliana Caraball Martinez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RECHAZO A INTERNACIÓN DE DESECHOS COMPUTACIONALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Enrique Accorsi Opazo
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Camilo Escalona Medina
- Carlos Montes Cisternas
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Fulvio Rossi Ciocca
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Jose Francisco Encina Moriamez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONTRATOS DE TRABAJO DE DURACIÓN INDEFINIDA PARA MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
- VII. INCIDENTES
- ACCESO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES A PROYECTOS DE FOMENTO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Guillermo Ceroni Fuentes
- APOYO A INICIATIVAS MICROEMPRESARIALES POR PARTE DEL FOSIS EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE PASO FRONTERIZO EN EL SECTOR ZAÑA ZAÑA, OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- UTILIZACIÓN DE RECURSOS FISCALES EN CAMPAÑAS ELECTORALES. Aplicación del artículo 48, Nº 1, de la Constitución Política. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso Vargas Lyng
- INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMAS DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Mario Bertolino Rendic
- INFORMACIÓN RELATIVA A OBRAS VIALES EN LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INFORMACIÓN SOBRE OFICIOS DE FISCALIZACIÓN.
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- ALCANCES A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO DON ALFONSO VARGAS .
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN VERTEDERO MUNICIPAL DE IQUIQUE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fulvio Rossi Ciocca
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fulvio Rossi Ciocca
- FISCALIZACIÓN DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- ANTECEDENTES SOBRE FINANCIAMIENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CULTURA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Antonio Egana Respaldiza
- HOMENAJE A CARDENAL JORGE MEDINA ESTÉVEZ . Nota de saludo.
- HOMENAJE : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- PROVISIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA Y SOLUCIÓN A PROBLEMAS VIALES EN COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- SOLUCIÓN A ANEGAMIENTO DE VIVIENDAS Y DE CALLES EN SECTORES DE OSORNO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS VIALES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Julio Dittborn Cordua
- APOYO A DIPUTADO CUESTIONADO DE INTERVENCIÓN ELECTORAL.
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- ACCESO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES A PROYECTOS DE FOMENTO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Marcelo Forni Lobos
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Dario Paya Mira
- Eduardo Saffirio Suarez
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Patricio Walker Prieto
- Marcela Cubillos Sigall
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Jorge Burgos Varela
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Juan Pablo Letelier Morel
- Cristian Pareto Vergara
- Carlos Recondo Lavanderos
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Pedro Araya Guerrero
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Ivan Paredes Fierro
- Edgardo Riveros Marin
- Eduardo Saffirio Suarez
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Ivan Paredes Fierro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 2ª, en miércoles 2 de octubre de 2002
(Ordinaria, de 10.37 a 14.27 horas)
Presidencia de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia9
II.Apertura de la sesión13
III.Actas13
IV.Cuenta13
Remisión de proyectos a Comisiones13
V.Orden del Día.
Nueva estructura de sector público de salud. Primer trámite constitucional14
VI.Proyectos de acuerdo.
Contratos de trabajo de duración indefinida para manipuladoras de alimentos del programa de alimentación escolar43
Rechazo a internación de desechos computacionales46
VII.Incidentes.
Acceso de pequeños y medianos agricultores a proyectos de fomento.
Oficios51
Apoyo a iniciativas microempresariales por parte del Fosis en la Región de La Araucanía. Oficio51
Estudio de factibilidad para construcción de paso fronterizo en el sector Zaña Zaña, Octava Región. Oficios52
Utilización de recursos fiscales en campañas electorales. Aplicación del artículo 48, Nº 1, de la Constitución Política. Oficios53
Información sobre problemas de la Cuarta Región. Oficios54
Información relativa a obras viales en la Sexta Región. Oficios55
Información sobre oficios de fiscalización55
Alcances a intervención de diputadodon Alfonso Vargas55
Incumplimiento de normas sanitarias en vertedero municipal de Iquique. Oficios56
Fiscalización de extintores en dependencias públicas y privadas. Oficios57
Información sobre reglamento de manejo de residuos peligrosos. Oficios58
Antecedentes sobre financiamiento de celebración del Día de la cultura.
Oficio58
Homenaje a CardenalJorge Medina Estévez. Nota de saludo59
Provisión de fondos de emergencia y solución a problemas viales en comuna de San Juan de la Costa. Oficio60
Solución a anegamiento de viviendas y de calles en sectores de Osorno.
Oficio61
Información sobre modificación de contratos de concesión de obras viales. Oficio61
Apoyo a diputado cuestionado de intervención electoral62
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de recepcionar, en los tipos penales tradicionales, nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática (boletín N° 308307)66
2.Oficio del Senado por el cual comunica que ha rechazado el proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, que modifica el decreto ley N° 70, de 1988, ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República atribuciones que indica, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma de resolver las discrepancias producidas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 67 de la Constitución Política de la República (boletín N° 243009)77
3.Moción de los diputados señores Burgos, Forni, Jiménez, Paya, Saffirio, Uriarte, Walker, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que
aumenta sanciones a hurtos y facilita su denuncia e investigación (boletín
N° 307807)77
4.Moción de los diputados señores González, Burgos, Hales, Letelier, don Juan Pablo; Pareto y Recondo que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, con el objeto de que las artes marciales se sometan a su regulación, derogando la ley N° 18.356, sobre control de artes marciales (boletín N° 307902)83
5.Moción de los diputados señores Burgos, Araya, Jiménez, Paredes, Riveros, Saffirio y Walker, que modifica el Código de Procedimiento Penal en materia de libertad provisional, estableciendo facultades especiales a los jueces del crimen, al momento de otorgar este beneficio, para su cumplimiento.
(boletín N° 308007)85
6.Moción del diputado señor Navarro, que modifica la ley N° 18.455, sobre alcoholes, en lo relativo a la etiquetación de bebidas alcohólicas (boletín N° 308111)87
7.Moción de los diputados señores Navarro y Paredes que establece erigir un monumento a la cueca como danza nacional, en la comuna de Arica (boletín N° 308204)95
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
De la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para que le sea remitido en forma exclusiva, para segundo informe, el proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (boletín N° 236123).
Contraloría General de la República
Del diputado señor Errázuriz, situación de docentes de la escuela Concentración Rural Puente Negro, comuna San Fernando.
Del diputado señor Monckeberg, situación de docentes de la Escuela F1220 de Bulnes.
Del diputado señor Pareto, presentación de don Fernando Samaniego Araya.
Del diputado señor Vargas, estado de avance de sumario administrativo al Director de Obras del municipio de Petorca.
Del diputado señor Salaberry, legalidad de nuevos programas de empleo y mecanismos de control previsto para ellos.
De la Corporación, venta de derechos de agua potable a la Empresa Aguas Andinas S.A.
Ministerio del Interior
De la diputada señora Rosa González, instalación de oficina de emergencia que permita enfrentar los fenómenos climáticos que han afectado duramente a la Primera Región.
Del diputado señor Bertolino, estado de obra de ampliación de la Escuela Pedro Pablo Muñoz, comuna La Higuera.
Del diputado señor Navarro, niveles de contaminación por incineración de cigarrillos de contrabando decomisados anualmente por el Servicio de Aduanas, la Policía de Investigaciones y Carabineros.
Del diputado señor Alvarado, patrocinio para indicación al proyecto de ley que modifica la ley Austral.
Del diputado señor Mora, antecedentes del sumario por ejecución de programas de empleo en la Región Metropolitana durante el año 2001.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Del diputado señor Egaña, organizaciones e instituciones que aparecen encabezando y promoviendo campaña en contra de empresas forestales chilenas en Estados Unidos.
Del diputado señor Espinoza, situación que afecta a trabajadores portuarios chilenos, reclutados por los denominados “barcos pirata” para desempeñarse en el exterior.
Ministerio de Educación
Del diputado señor Alvarado, situación de escuela Chilhue, comuna de Queilén.
Del diputado señor Navarro, grave situación que afecta al alcalde de la municipalidad de Florida por deuda con profesores.
Del diputado señor Delmastro, escuelas seleccionadas para el programa Enlaces.
De la Corporación, observación de la Constitución Política al decidir requisitos de los postulantes a becas.
Ministerio de Defensa Nacional
Del diputado señor Navarro, autorización de la Armada de Chile para constituir servidumbre en terrenos caleta La Cata, comuna de Penco; ingreso anual de jóvenes a las Escuelas Matrices de la Armada; eventual traspaso de la operación de las máquinas de transporte público “Base Naval” pertenecientes al Departamento de Bienestar Social de Talcahuano.
Del diputado señor Escobar, consultas relativas a aeródromos de Calama y Segundo Corral.
De la diputada señora Soto, apoyo aéreo de equipo médico para Isla de Pascua.
Ministerio de Obras Públicas
Del diputado señor Jaramillo, inversiones efectuadas por este Ministerio en la provincia de Valdivia, años 20012002.
Del diputado señor Ramón Pérez, tarifas de Essat S.A.
De la diputada señora Sepúlveda, pavimentación de camino El Estero, Sexta Región.
Del diputado señor Masferrer, mantención de la Carretera de la Fruta.
Del diputado señor René García, camino que une las ciudades de Villarrica y Loncoche.
Del diputado señor Delmastro, camino que une Futrono y Llifén.
Del diputado señor Molina, obra túnel El Melón, Cuarta Región.
Ministerio de Agricultura
Del diputado señor Díaz, ayuda a agricultores de la Novena Región.
Del diputado señor Delmastro, bono agrícola familiar; fondos para levantamiento cartográfico en ASP.
Del diputado señor Jaramillo, entrega de bono especial a pequeños agricultores; situación productores de remolacha Décima Región.
Del diputado señor Felipe Letelier, política sectorial de organismos transgénicos.
Del diputado señor Monckeberg, entrega de fondos asignados para la recuperación de suelos degradados.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Del diputado señor Pedro Muñoz, perfeccionamiento de fiscalización y creación de 300 nuevos cargos en la planta de fiscalizadores.
Del diputado señor Salaberry, situación de trabajadores de empresa Telefónica CTC Chile.
Ministerio de Salud
Del diputado señor Navarro, reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Del diputado señor Cornejo, plano intercomunal de Auco.
Del diputado señor Ulloa, reparaciones de viviendas.
Del diputado señor Jarpa, Cooperativa Abierta de ViviendasHabitacoop Ltda.
Del diputado señor René García, situación que afecta a los departamentos de Villa Estación de la ciudad de Villarrica; trabajo coordinado y directo del Programa ChileBarrios.
Del diputado señor Ramón Pérez, mejoramiento de acceso al puerto de Iquique.
De la diputada señora Lily Pérez, pozos de áridos en La Florida.
Del diputado señor Alvarado, existencia de proyecto de construcción de viviendas en la ciudad de Achao.
Del diputado señor Alvarado, situación que afectaría a los habitantes de algunas poblaciones de Puerto Montt y Calbuco.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
De la Corporación, elaboración de estudios técnicos sobre la industria minera.
Intendencia de la Región del Biobío
Del diputado señor Navarro, actividades realizadas y por realizar para atraer inversiones de la industria del plástico a la región.
Municipalidades de Renaico, Lautaro, Ercilla, Curacautín, Melipeuco, Toltén y Cunco
Del diputado señor René García, priorización de proyectos en las áreas de Educación, Caminos y Electrificación, para el proceso presupuestario 2003.
Municipalidad de San Pablo
Del diputado señor Kuschel, financiamiento de los compromisos que significa el Estatuto Docente.
Consejo de Defensa del Estado
Del diputado señor Espinoza, terrenos del Parque NacionalVicente Pérez Rosales.
Del diputado señor Kuschel, anomalías presentadas en Corporaciones Viales de las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé.
Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y Pichilemu
Del diputado señor Bustos, registros de propiedad inscritos a nombre de
Augusto Pinochet Ugarte.
Banco Central de Chile
Del diputado señor Bertolino, préstamos mediante emisión de letras de crédito.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Escobar Urbina, Mario
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Lagos Herrera, Eduardo
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Norambuena Farías, Iván
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pareto Vergara, Cristián
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Rebolledo González, Víctor Manuel
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, ManuelUDIII4
--Rossi Ciocca, FulvioINDPSI2
--Saa Díaz, María Antonieta
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tapia Martínez, Boris
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Varela Herrera, Mario
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Enrique Accorsi.
Asistieron, además, los senadores señores Juan Antonio Coloma, Jaime Naranjo y Adolfo Zaldívar.
Concurrieron, también, los ministros de Salud, señor Osvaldo Artaza, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Mario Fernández.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
El acta de la sesión 39ª de la legislatura 347ª, ordinaria, se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 40ª de la misma legislatura queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIONES.
El señor WALKER.-
¿Me permite, señor Presidente, referirme a la Cuenta?
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, los patrocinantes del proyecto que aumenta las sanciones por hurtos y facilita su denuncia e investigación, somos partidarios de que sea enviado a la Comisión especial sobre Seguridad Ciudadana. Esta petición se fundamenta en que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a la cual ha sido remitido, está recargada de trabajo, al contrario de lo que sucede con la de Seguridad Ciudadana.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, por las mismas razones expuestas por el diputado señor Patricio Walker , deseo referirme al número 1 de la Cuenta, mediante el cual se informa sobre el envío a la Comisión de Constitución del proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de recepcionar, en los tipos penales tradicionales, nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática.
Lo lógico sería que esa iniciativa fuera a la Comisión de Ciencias y Tecnología, aparte de que la misma acaba de informar a la Sala sobre un proyecto relacionado con un tipo penal muy parecido a éste. Hago la petición formal.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Solicito el asentimiento de la Sala para proceder de la manera solicitada.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social solicita que se remita a ella el proyecto que establece bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).-
Con mi oposición.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
No hay acuerdo.
El señor VALENZUELA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Hago presente a la Sala que la materia fue sancionada ayer en la reunión de Comités. No sé por qué viene en la Cuenta. No corresponde discutir al respecto en la Sala. Incluso, se dio cuenta en la Sala de los dos acuerdos de los Comités: el relacionado con el proyecto de los casinos y el del proyecto que trataremos en el Orden del Día. La oposición no corresponde, porque fue un acuerdo tomado por la unanimidad de los Comités.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).-
Señor Presidente, lo que no corresponde es que haya venido en la Cuenta. Su Señoría pidió el asentimiento y yo procedí en consecuencia. Así es que dejemos en claro qué es lo que no correspondía.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
No sé por qué viene esta solicitud en la Cuenta, en circunstancias de que fue sancionada por los Comités. Y para revocar el acuerdo de los Comités, debe ser por la unanimidad de la Sala.
Pido no seguir discutiendo sobre el tema.
Tiene la palabra el diputado señor
Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, con posterioridad al acuerdo de los Comités, en forma unánime la Comisión de Gobierno Interior, que está con poco trabajo legislativo y tomando en consideración el problema de participación que generan las Comisiones unidas, pide a la Sala asumir con seriedad y con fuerza el trabajo de este proyecto, que lleva cinco años sin prosperar.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Señor diputado, ya expliqué que las comisiones carecen de facultad para imponer a la Comisión de Régimen Interno, integrada por los jefes de los Comités, un acuerdo ya tomado ayer. Por lo tanto, no corresponde seguir discutiendo el tema.
V.ORDEN DEL DÍA
NUEVA ESTRUCTURA DE SECTOR PÚBLICO DE SALUD. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.
Diputado informante de las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud es el señor Alberto Robles .
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2980-11, sesión 11ª, en 2 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de las Comisiones unidas de Salud y Hacienda, sesión 1ª, en 1 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 26.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Me permito informar a la Sala que después de rendido el informe de las Comisiones unidas, se iniciará la discusión en general, correspondiendo a dichas Comisiones el estudio de las indicaciones formuladas por el Presidente de la República durante el segundo trámite reglamentario.
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, me ha correspondido el alto honor de ser nominado por mis pares de las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud como diputado informante del primer proyecto de ley que ingresa a la Sala de esta Cámara, del total que ha presentado el Ejecutivo para realizar una reforma al sistema de salud chileno.
El Ejecutivo ha ingresado cinco proyectos de ley que buscan, en su conjunto, una mejor salud para todos los chilenos, garantizando la igualdad de derechos e implementando políticas basadas en la equidad, solidaridad, efectividad sanitaria, eficiencia en el uso de los recursos y participación social en la formulación, puesta en marcha y evaluación de las políticas y de los programas sociales.
Dos de esos proyectos están siendo analizados por la Comisión de Salud de la Cámara: el proyecto de acceso universal con garantías explícitas y el de derechos y deberes de los pacientes. Los otros tres están siendo estudiados por las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud: los proyectos de autoridad sanitaria y gestión, la reforma de las isapres y el de financiamiento de estas iniciativas.
Hoy, en mi condición de diputado informante y como miembro integrante de la Comisión de Salud, me referiré a los alcances del proyecto de autoridad sanitaria y gestión, iniciado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, el cual ha sido analizado en general y en particular por las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda.
Los recursos de que dispone el país para cuidar la salud de la población son limitados y escasos, por lo que es necesario fijarles una buena orientación, la que para estos efectos estará dada fundamentalmente por los objetivos nacionales de salud.
El Ejecutivo señala, respecto de los mismos, lo siguiente: “La formulación de objetivos nacionales de salud es un componente esencial de la reorientación de las políticas públicas en salud, ya que en el pasado fue precisamente la fijación de objetivos claros, medibles y practicables lo que permitió los grandes avances en la salud de la población.
“En el marco de la reforma, estos objetivos son el referente principal para establecer prioridades, definir estrategias y planificar las actividades necesarias para mejorar la salud de la población.
“En este sentido, las metas que se deben plantear para la década 20002010, deben tener como objetivos:
“a) Disminuir las desigualdades en salud.
“b) Enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población y de los cambios de la sociedad.
“c) Proveer servicios acordes con las expectativas de la población, y
“d) Mejorar los logros sanitarios alcanzados”.
Los objetivos nacionales de salud deben expresarse mediante un instrumento de gestión sanitaria, de forma que constituyan una efectiva vinculación entre las necesidades de la población y la gestión de los recursos destinados a salud. Y deben gestionarse mediante una institucionalidad más flexible y descentralizada.
La situación actual de la autoridad sanitaria presenta una serie de problemas, tales como dispersión, burocracia e ineficacia; capacidad normativa desigual; insuficiente fiscalización de la calidad de las prestaciones; insuficiente regulación de los administradores privados del seguro de salud; insuficiente comprensión del rol de la autoridad sanitaria por parte de la ciudadanía; insuficiencias en la legislación vigente.
Es necesario tener en cuenta, para contextualizar adecuadamente la propuesta legislativa, que para nadie es un misterio que hoy se viven las consecuencias de la reforma del sistema de salud realizada en los primeros años de la década de los ‘80, de la cual el decreto que se modifica por el proyecto es su principal componente.
En dicha reforma se pretendió, en primer lugar, concentrar en el ministerio las tareas normativas y descentalizar en los servicios la gestión de la atención de salud. Sin embargo, en esos servicios se concentraron también las facultades fiscalizadoras, tanto del proceso asistencial lo cual transformó a dicha autoridad en juez y parte de su trabajo como del ámbito de la salud pública, lo que significó heredar las deficiencias de los mismos.
Esta doble condición de gestor asistencial y autoridad sanitaria está dificultando que se resuelvan adecuadamente los problemas que se presentan en ambas áreas.
Una segunda medida de dicha reforma contribuyó a generar elementos que distorsionaron más las cosas: la municipalización de los consultorios y postas. En efecto, si bien dicha medida ha tenido efectos positivos, tuvo también, a lo menos, uno negativo: escasa integración y fluidez de procesos que deben existir en una red asistencial. En la práctica, los servicios concentraron su trabajo en los establecimientos de su dependencia, hecho que debilitó la coordinación entre los distintos niveles de complejidad y restringió el traspaso de recursos del hospital a la atención primaria. Con ello se mantuvo una estrategia que se tornó ineficiente para solucionar los problemas de salud de las personas.
Para reaccionar adecuadamente a los desafíos que impone la transición epidemiológica, se requiere una permanente capacidad de ajustes en las habilidades de respuesta del sistema asistencial.
Los problemas que hoy existen en los servicios de salud, contenidos en el mensaje, son los siguientes:
En el nivel primario existe baja capacidad de resolución, lo que ocasiona excesivas derivaciones; insuficiente anticipación al daño; baja cobertura de problemas crónicos del adulto mayor; acceso restringido a ciertos horarios; bajo control de calidad; baja capacidad de gestión; poca atracción hacia médicos y otros profesionales para que se inserten en el nivel primario; mínimo acceso de la población a especialistas y a exámenes de apoyo diagnóstico y terapéutico; poca confiabilidad; dificultades de trato y baja participación social.
En el nivel secundario, los problemas pesquisados dicen relación con una baja cobertura de los problemas de salud del adulto mayor y de enfermedades crónicas; limitaciones en la resolución y manejo ambulatorio de diversas patologías; baja capacidad de adecuación de las respuestas frente a la demanda desde el nivel primario y de urgencia; baja tasa de devolución de pacientes al primer nivel es decir, la contrarreferencia no está funcionando desde el nivel secundario al primario; dificultades en la autonomía e información a los pacientes respecto de su diagnóstico y tratamiento; ausencia de capacidad de escoger prestadores, y bajo control y participación social.
A nivel terciario existe una mínima cobertura de los problemas del adulto mayor y enfermedades crónicas; listas de espera que crecen en el tiempo; escasa descentralización y capacidad de gestión de los recursos; en muchos casos, hospitalizaciones innecesarias; centralización en lo hospitalario; concentración de recursos; aumento sistemático de las deudas de los hospitales; servicios clínicos segmentados entre sí, en los que existe poca colaboración; procedimientos administrativos altamente burocráticos; falta de articulación con centros de atención primaria, secundaria y de alta complejidad, e indefinición de los mecanismos de derivación y de pago.
La búsqueda de soluciones a los problemas antes reseñados, que fundamentan la iniciativa en comento, se pueden resumir en los siguientes temas:
l. Red asistencia territorial con énfasis en la atención primaria. En Chile, el perfil epidemiológico ha sufrido un drástico cambio a partir de los años ’50, época en la que se creó el Servicio Nacional de Salud. Ahora, las situaciones de mayor peso, como causa de muerte y pérdida de calidad de vida, son las enfermedades crónicas, degenerativas y de salud mental, lo que requiere un modelo de atención distinto y, sobre todo, más flexible.
2. Las estrategias de organización de los recursos que el país destina a la salud deben ajustarse a las realidades y exigencias del perfil epidemiológico, al cambio tecnológico, a las mayores exigencias de gestión planteadas por los costos incrementales y a las exigencias de los usuarios del sistema.
3. En relación con el avance tecnológico, cabe señalar que la perspectiva tecnológica ofrece hoy capacidades para pesquisar y tratar las enfermedades en sus distintas etapas de avance y otorga procedimientos menos invasivos, lo que permite efectuar una mejor distribución de los recursos a lo largo del proceso de la enfermedad, con un considerable beneficio para el enfermo.
En cuanto a las ideas matrices y objetivos del proyecto, el mensaje señala que éste tiene por objeto proponer una nueva estructura sanitaria del sector público de salud, que se ajuste a las actuales exigencias que impone la transición epidemiológica, la tecnología médica vigente y las necesidades de salud de la población. Asimismo, se contemplan nuevas facultades de gestión para superar las restricciones actuales, que originan ineficiencia en la administración de los recursos que el Estado y las personas destinan al cuidado de la salud de la población.
En suma, la iniciativa legal en comento tiene tres propósitos fundamentales:
Primero, fortalecer la institucionalidad y las potestades de la autoridad sanitaria, estableciendo una clara separación de funciones con la gestión de los servicios de salud.
Segundo, establecer normas que permitan mejorar la gestión de los servicios de salud, adecuándola a los requerimientos del sistema Auge. Así, se determina la constitución de redes asistenciales con mayor flexibilidad administrativa que la actual, con la obligación de rendir cuenta a la ciudadanía.
Tercero, estatuir instancias de participación ciudadana a nivel de las secretarías regionales ministeriales, de las direcciones de los servicios de salud y de los hospitales públicos.
Las ideas matrices o fundamentales del proyecto se desarrollan en tres artículos permanentes y dos transitorios.
El artículo 1º contiene 30 numerales por los cuales se propone introducir diversas modificaciones en el decreto ley Nº 2.763, de 1979.
El artículo 2º sustituye el artículo 5º del Código Sanitario, a fin de establecer que el concepto de autoridad sanitaria corresponde al ministro de Salud o al secretario regional ministerial de salud, según corresponda.
El artículo 3º faculta a su Excelencia el Presidente de la República para que, mediante la dictación de decretos con fuerza de ley, regule diversas materias relacionadas con los servicios y organismos a que se refiere la iniciativa.
Por último, el artículo 1º transitorio establece la vigencia de la ley, y el 2º transitorio, su financiamiento.
Los contenidos del proyecto se pueden agrupar en los siguientes temas:
Autoridad sanitaria, como tema central. El proyecto entiende como tal a la institucionalidad del Estado encargada de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en la salud y en la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud de la población en el territorio nacional y, en lo fundamental, la radica en el Ministerio de Salud y en los organismos que de él dependen y que tengan atribuciones en ese ámbito.
Su papel principal será la rectoría, regulación y fiscalización de los sectores público y privado de la salud y de los agentes cuyas actividades inciden en la salud de la población.
Entre sus funciones se destacan: dictar y dirigir las políticas nacionales de salud; definir los objetivos nacionales de salud; fortalecer y desarrollar su acción en el espacio intersectorial para promover y desarrollar políticas públicas coherentes con las prioridades sanitarias; definir normas e instrumentos para evaluar la calidad de la atención; fortalecer el desempeño de las funciones esenciales de salud pública; definir el plan de salud, y establecer sus garantías.
La autoridad sanitaria regional que la iniciativa propone se constituye separando de los servicios de salud las funciones propias de gestión de las redes asistenciales de las de la autoridad. Las funciones de gestión continúan residiendo en el director del servicio, y las de autoridad pasan a ser desempeñadas por el secretario regional ministerial.
Dicha separación se traduce en que el secretario regional ministerial, con nuevos poderes, además de apoyar al intendente en los ámbitos de su competencia, desarrollará todas las funciones de vigilancia epidemiológica, fiscalización sanitaria medioambiental, verificación de las normativas de calidad de los prestadores públicos y privados, recepción de opiniones y quejas, y solución de controversias.
Otro de los grandes temas que el proyecto propone es el fortalecimiento de la gestión de los servicios mediante la regulación y reorganización de la red asistencial y la existencia de hospitales con mayor capacidad de autogestión en red.
El proyecto define la red asistencial como el conjunto de establecimientos de atención de salud que operen dentro del territorio asignado a un servicio de salud, actuando en forma coordinada mediante lazos institucionales o contractuales.
Esas redes incluirán, al menos, a los establecimientos que actualmente dependen de los servicios de salud. Los de la atención primaria municipal se podrán incorporar, mediante convenios, a establecimientos privados debidamente acreditados por la autoridad sanitaria.
La red funcionará con una lógica territorial y tendrá bajo su responsabilidad la atención de los usuarios de la ley Nº 18.469, las emergencias y las atenciones convenidas para los afiliados al sistema de las isapres y a toda la población en las acciones de salud pública.
La autogestión de hospitales en red corresponde a aquellos establecimientos que cuenten con mayor especialización de sus recursos humanos, implementación tecnológica y capacidad resolutiva y que acrediten cumplir con condiciones especiales de competencia y desempeño en los ámbitos asistenciales, financieros y de calidad.
Un reglamento regulará, entre otras materias, el sistema de postulación y clasificación, las etapas que contempla el proceso, los requisitos que deberá cumplir, las condiciones y facultades del establecimiento en cada una de las etapas, los mecanismos de evaluación y de control, y las causales de revocación de la clasificación otorgada.
Los hospitales clasificados como “hospital de autogestión en red”, contarán, de acuerdo con la etapa en que se encuentren, con las distintas atribuciones especificadas en el reglamento.
Dichos establecimientos mantendrán su dependencia de la red asistencial; serán supervigilados y controlados por el servicio de salud respectivo, y fiscalizados por el secretario regional ministerial.
Otro aspecto que contiene el proyecto es la participación ciudadana, para lo cual propone la creación de un consejo regional de salud para que colabore, con carácter consultivo, con el secretario regional ministerial.
Asimismo, se contempla la existencia de un consejo consultivo del Servicio de salud, que es concebido como un organismo colegiado, con representación de los usuarios y de los establecimientos de salud públicos, de todos los niveles de atención, y privados que integren la red asistencial del servicio.
Su función será conocer el plan anual de trabajo del servicio de salud, así como su cuenta pública semestral, y podrá formular observaciones y reparos, los que quedarán consignados en las actas públicas de dicho consejo.
Por otra parte, el proyecto propone modificar el decreto ley Nº 2.763, de 1979, y sustituir el artículo 5º del Código Sanitario.
En cuanto a los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, la Comisión acordó que el número 19 del artículo 1º, que sustituye el artículo 21 del decreto ley Nº 2.763, de 1979, tiene el carácter de ley orgánica constitucional.
Asimismo, determinó que no existen normas de quórum calificado.
La Comisión, en el cumplimiento de su cometido, contó con la concurrencia del ministro secretario general de la Presidencia, señor Mario Fernández ; del ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre ; del ministro de Salud, señor Osvaldo Artaza ; del ministro del Trabajo, señor Ricardo Solari ; del director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, doctor Walter Brocking ; del director del hospital Sótero del Río, doctor Alejandro Vlastelica ; del presidente del Colegio Médico de Chile A.G., doctor Juan Luis Castro; del presidente de la Fenats Base del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, señor Héctor Retamal ; del superintendente de Isapres, señor José Pablo Gómez ; del director del Fondo Nacional de Salud, doctor Álvaro Erazo ; de la directora del Instituto de Salud Pública, señora Jeanette Vega , y del secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma de la Salud, señor Hernán Sandoval .
Las exposiciones de las distintas autoridades y de las personas que asistieron a la Comisión están resumidas en el informe del proyecto. Sin embargo, quiero dejar constancia de que la Comisión escuchó, en audiencia pública, en el ex edificio del Congreso Nacional, a todas las personas que quisieron hacer uso de la palabra para expresar su testimonio y preocupación por el tema.
En razón de que el estudio y aprobación de este proyecto fue encomendado por la honorable Cámara a las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud, no fue necesario someterlo a la consideración de la Comisión de Hacienda.
Por otra parte, en la discusión general los honorables diputados hicieron mención de distintos aspectos del proyecto, refiriéndose especialmente a las facultades que se entregaban al Ministerio de Salud y a aquellas que se le restaban, de conformidad con lo que hoy establece el decreto ley Nº 2.763, como asimismo a la creación de dos subsecretarías con funciones distintas.
Otro tema importante que se comentó fue la poca coherencia en el mensaje entre el fortalecimiento de la atención primaria y el hecho de que no se realice ninguna propuesta de modificación legal que incida en el mejoramiento de dicha atención.
Se destacó que el proyecto debería poner especial énfasis en la descentralización y en corregir el principal defecto que tuvo el proceso de municipalización: la falta de coordinación entre el sector público y el sector municipal.
Las modificaciones que el proyecto incorpora en las potestades ambientales fue otro motivo de análisis y de discusión, sobre todo en cuanto al tema de dónde deberían quedar establecidas las capacidades normativas respecto de las de fiscalización y control.
La idea del Ejecutivo de flexibilizar la capacidad de gestión de las distintas instituciones públicas para mejorar su cometido fue ampliamente acogida. Sin embargo, se hizo hincapié en que no debería incluirse sólo a los hospitales más tecnificados para ser acreditados como establecimientos hospitalarios autogestionados en red, sino a todos los establecimientos del país, de acuerdo con el nivel que tengan, con las acciones de salud que ejecuten y con los parámetros indicados por la autoridad que cumplan.
También fue debatido el alcance de las atribuciones.
En la discusión se subrayó el convencimiento de que la experiencia moderna en el mundo sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va corrido del siglo XXI ha demostrado que básicamente los derechos ciudadanos en salud se resguardan cuando existe un sector público poderoso, que está motivado e incentivado por los propósitos de mejorar la prevención, la formación de hábitos saludables, la curación y la rehabilitación, y cuando la enfermedad es tratada en forma integral. Ésa es la experiencia de todos los países de Europa, sin excepción.
Se destacó que los objetivos del Gobierno se orientan a fortalecer el sector público y a tener a su cargo toda la red pública asistencial del país. Por lo anterior, se estimó muy importante que el ministerio establezca decisiones de rectoría, de definiciones de salud pública, etcétera.
De igual modo se indicó que los cargos de secretario regional ministerial, director del servicio, director y subdirector del hospital y jefaturas clínicas deberían ser servidos por técnicos calificados.
Al realizar esta reforma, debe existir transparencia, ya que el proyecto de ley no se refiere claramente a la forma de designación de los cargos.
Se estimó que la participación ciudadana debe explicitarse, pues se está focalizando al usuario como meta. Pero, en el nivel primario, no está expresada la participación de las fuerzas vivas de la comunidad en las corporaciones de derecho privado.
Por lo tanto, la participación ciudadana debe estar expresada desde el nivel primario hasta los niveles secundario y terciario. Sin embargo, eso no está consagrado en la ley.
Se insistió en el debate en que, si se realizaran estos cambios, sería muy importante tener referencia de los centros nacionales de derivación, sobre todo en patologías como el trauma, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En esta materia sería importante contar con sistemas resolutivos en el norte, centro y sur del país.
En el seno de las Comisiones unidas se destacó la importancia de este proyecto, ya que contiene una nueva concepción de la autoridad sanitaria y de las distintas modalidades de gestión, por lo que deben definirse claramente las diversas redes de atención.
Cerrado el debate y puesto en votación el proyecto en general, se aprobó la idea de legislar por la unanimidad de los señores diputados presentes en la sesión.
En cuanto a la discusión y votación del proyecto, puedo señalar que se procedió a discutir cada artículo en particular y se revisaron todas las indicaciones, tanto del Ejecutivo como de los señores parlamentarios.
En este punto, cabe destacar la actitud positiva del ministro de Salud en cuanto a recoger las indicaciones de los diputados y transformarlas en indicaciones del Ejecutivo, en consideración a las ideas que ellas contenían, con el objeto de obviar cualquier problema de admisibilidad.
En la discusión particular cuyos detalles constan en el informe casi todo el proyecto se aprobó, con algunas modificaciones menores y con las indicaciones del Ejecutivo.
Se rechazó cambiar las potestades ambientales desde los servicios de salud a los seremis, como asimismo el artículo 2º, que proponía sustituir el artículo 5º del Código Sanitario.
Termino expresando que para las Comisiones unidas fue muy importante la labor desarrollada. Trabajamos intensamente durante varios días de cada semana en esta materia para alcanzar a discutir este proyecto de ley en el tiempo comprometido.
Sin duda, es de tremenda importancia para el sector público y para la salud de la población de nuestro país que hoy la Sala comience la discusión de la iniciativa que he resumido.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el ministro de Salud.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco el detallado, cabal y riguroso informe entregado por el diputado señor Alberto Robles , y, a través de él, a todos los honorables diputados de las Comisiones unidas, que hicieron un trabajo de gran calidad, muy meticuloso y altamente participativo.
Los señores diputados pueden ver, a la luz del número de indicaciones acogidas por el Ejecutivo, el nivel de consenso, de aporte y la altura de miras con que el proyecto ha sido tratado hasta la fecha.
En breves palabras, quiero establecer el marco general en el que está contextualizado este proyecto. Como ustedes saben, la iniciativa forma parte de cinco proyectos de ley cuya finalidad es reformar profundamente el sistema sanitario chileno.
Este proceso de reforma reconoce y acoge nuestro pasado y nuestra historia. Los pueblos sin pasado son incapaces de tener futuro. Por lo tanto, en este esfuerzo por mejorar la salud de los quince millones de chilenos, primero hay una mirada comprensiva y cariñosa de nuestro pasado sanitario, porque en Chile se han hecho grandes y buenas cosas en salud.
Podemos sentirnos orgullosos de los logros alcanzados. Hace pocas semanas recordamos la creación del Servicio Nacional de Salud, entidad que se creó poco después del The National Health Service, de Inglaterra. Desde esa fecha hasta hoy, junto con los servicios de atención debidamente organizados, con la preocupación de los distintos gobiernos, a través de varias décadas, los cuales han colocado el debido acento en la cuestión social, nuestro país puede exhibir buenos indicadores sanitarios, de los cuales estamos orgullosos.
Pero, a pesar de todos esos avances innegables, tenemos motivos de preocupación, que son suficiente acicate para efectuar los cambios que proponemos.
Es de todos conocido que el país ha cambiado profundamente desde el punto de vista de su demografía y de su epidemiología. Nuestra población está envejeciendo a pasos agigantados. Eso, sin duda, tiene un correlato en salud.
Además, junto con los niveles y condiciones de vida distintos de los que teníamos hace décadas, debemos enfrentar problemas totalmente diferentes.
Por lo tanto, las causas por las cuales hoy nuestra población pierde años de vida saludable por muertes prematuras o por discapacidades o muertes evitables son, como saben sus Señorías, los problemas cardiovasculares, el cáncer, los accidentes, las enfermedades crónico-degenerativas, entre otras.
Pero no sólo han cambiado las causas de muerte o de discapacidad en nuestra población, sino también nuestros ciudadanos. Las personas hoy tienen una postura distinta frente a los servicios de atención. Hoy es clave entender la salud en el contexto de los derechos inalienables de las personas, de los derechos humanos.
Es esencial, básico e incuestionable el derecho a la vida, y a la vida en plenitud. Por lo tanto, una sociedad organizada debe considerar ese derecho tan fundamental. Hoy está consagrado en casi todas las constituciones del mundo. Pero así como en la mayoría de las constituciones está contemplado expresamente ese derecho y su cuidado, también en casi todos, por no decir en todos los países del mundo, no se cumple.
Naciones inmensamente ricas, que gastan diez o veinte veces más en salud, aún no son capaces de garantizar ese derecho a todos sus habitantes. ¡Con cuánta dificultad lo podríamos lograr nosotros, dado que somos un país con recursos limitados, mucho más que otros! Por ello, es mucho más importante y esencial el cómo nos organicemos y usemos los recursos para cumplir con ese derecho esencial.
Hoy, las personas quieren plantearse como ciudadanos frente al mercado y frente al Estado. Para los ciudadanos plenos, sujetos de derecho, ya no es suficiente la dádiva o la limosna paternalista del Estado ni tampoco aceptan ser considerados como meros consumidores de un producto del mercado.
Suficientes elementos de la experiencia internacional nos señalan que ambas miradas han fracasado en sostener este derecho humano esencial para todos.
Por lo tanto, hoy existen poderosas razones para el cambio, desde nuestra historia, desde nuestro pasado, desde los motivos de nuestro orgullo. Tenemos razones sanitarias, económicas de no hacer reformas profundas, la carga de enfermedades que se nos viene encima como consecuencia del envejecimiento de la población, desde el punto de vista financiero, harán insostenible nuestro modelo sanitario y también ciudadanas que nos motivan a cambiar.
Quiero traer a colación un estudio realizado el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud, en el que se evaluó el desempeño de todos los sistemas sanitarios del mundo. Nuestro país quedó en el lugar 33, inmediatamente después de Estados Unidos.
En ese estudio, en el que globalmente Chile fue muy bien evaluado, en mortalidad del niño menor de cinco años nuestro país ocupó el primer lugar del mundo, mientras que en capacidad de adaptación del sistema financiero a los nuevos problemas de salud y expectativas de la población, aparece en los últimos lugares en el mundo.
Eso tiene una explicación. En las últimas dos décadas, se fueron consolidando dos sistemas de salud distintos, con diferentes lógicas. Por lo tanto, tenemos un país, pero con dos sistemas, cuyas lógicas sanitarias son diversas. Al existir esa dualidad, estamos viviendo las dificultades, limitaciones y problemas de cada uno de los sistemas.
Eso explica que en el sector privado existan todas las dificultades, limitaciones y problemas propios de un mercado desregulado. Algunos pensadores han sostenido que, en salud, el mercado es perfecto. ¿Es perfecto? Sí, porque es perfectamente imperfecto. Esto quiere decir que en un mercado en salud desregulado, en el que se subsidian las demandas, muchas de las cuales son innecesarias, se origina una espiral de costos, la que no siempre tiene un correlato en resultados en salud de las personas.
Por eso, cuando el mercado no está debidamente regulado no podemos garantizar a los ciudadanos que el dinero que aportan tenga un correlato en beneficios en salud.
Por otra parte, no sólo no podemos asegurar efectividad, es decir, más salud para el dinero disponible, sino, además, hay una fuerte y mantenida percepción que se ha ido agudizando en el último tiempo de desprotección. Eso le ocurre especialmente a la clase media, a pesar de los miles de planes cuarenta mil autorizados por la Superintendencia de Isapres que operan en el mercado.
A su vez, existe el Fondo Nacional de Salud, fondo público que subsidia la oferta; pero no siempre podemos darle a la ciudadanía la garantía de que el subsidio a la oferta se traducirá en resultados o impactos efectivos en salud.
Por otro lado, el racionamiento, que es propio de países de recursos limitados, se traduce en vergonzosas listas de espera que están determinadas por muchas variables y condiciones, pero no siempre por una debida priorización desde el punto de vista sanitario.
En síntesis, hoy puedo señalar responsablemente que, dado que Chile es un país con recursos escasos, estamos racionando, tanto en el sector privado como en el público, y lo estamos haciendo mal. En el sector privado, el racionamiento está determinado por precio y capacidad de pago, no por algún tipo de lógica de salud, y en el sector público, por listas de espera determinadas por muchas variables, pero no por el orden de prioridad que corresponde.
En esas circunstancias, dado que los recursos seguirán siendo escasos, estamos obligados, tanto en el sector público como en el privado, a buscar una lógica distinta para ordenar el uso de ellos.
Consecuente con ello, lo que corresponde es hacer una reforma que permita que ambos sectores, conservando sus identidades y diferencias naturales, compartan una sola lógica sanitaria. Eso es lo que estamos intentando: pasar de ser un país con dos sistemas de salud a uno con una sola lógica sanitaria.
Hoy, a pesar de nuestros avances y triunfos, estamos viviendo un sistema fuertemente fragmentado, segmentado.
En la práctica, para las personas de carne y hueso, con nombre y apellido, un sistema fragmentado significa que los distintos actores, los consultorios y los hospitales, conversan con dificultad, y esa conversación dificultosa la viven los pacientes que deben soportar el calvario de las interconsultas.
Un sistema fragmentado también significa que no conversan en forma adecuada, en las distintas regiones de nuestro país, el sistema público con el privado, lo que trae como consecuencia que muchas veces se duplique o se subutilice infraestructura de alto costo. Eso es éticamente reprobable en un país de escasos recursos.
Por lo tanto, cuando nos referimos a un sistema fragmentado, queremos decir que no hemos sido exitosos en lograr unir lo que debería estar unido.
Por otra parte, un sistema segmentado significa que las condiciones de acceso de un pobre son diametralmente opuestas de las de un rico. Eso, para un país como el nuestro, éticamente no es conveniente o adecuado.
Chile está en condiciones de dar un salto de equidad, un salto moral para ofrecerles a sus quince millones de habitantes un nivel ético, decente y aceptable en salud. ¡Estamos en condiciones de hacerlo!
Eso es lo que proponemos; eso es lo que hemos estado debatiendo día tras día en las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud, y lo que hoy comenzaremos a discutir en esta Sala.
Por otra parte, existen insuficiencias graves en materias de suyo importantes, como la capacidad del Estado para cumplir funciones esenciales.
Hoy, el Estado no sólo es prestador de servicios, sino que, además, debe cumplir adecuadamente nuevos roles, que son reconocidos a nivel internacional como esenciales para un Estado moderno: el de rector, el de definir políticas públicas. Lo público no es sinónimo de estatal. Hoy en los Estados modernos lo público es mucho más que lo meramente estatal. En Chile debemos agrandar el espacio de lo público en salud para que distintos actores puedan tener y compartir objetivos públicos y sociales. Ésa es la gran convocatoria que debemos hacer y lograr. Para eso necesitamos un Estado capaz de definir políticas públicas para todos los actores por igual y de regular que se cumplan adecuadamente. ¿De qué sirve definir una política si no tenemos las herramientas para regular su cumplimiento? Ambas cosas hay que hacerlas equilibrada y armónicamente.
Por otra parte, existen fallas de efectividad que se traducen en problemas de adaptación a los nuevos desafíos sanitarios. Año a año suben los costos en salud, pero no tenemos evidencia de que se traduzcan en mejores condiciones de salud. Ojalá fuera así. Ojalá tuviéramos la seguridad de que el mayor gasto significara mejores condiciones de salud; pero no la tenemos. Debemos mejorar esa capacidad para que exista una relación estricta, sobre todo cuando el país cuenta con recursos escasos. También es un tema ético y moral tener la convicción de que cada dinero adicional que se gaste tenga un impacto en salud, en especial en la de los más pobres.
Por otro lado, debemos hacernos cargo de la insatisfacción ciudadana en materia de salud, tanto del sector público como del privado.
Convoco a los señores parlamentarios a que terminemos con esta suerte de guerrilla entre el sector público y el privado. No es sostenible que, desde el sector privado, se cuestione al sector público y se pretenda que éste no exista. Tampoco es sustentable que, desde lo público o estatal, se pretenda estigmatizar al sector privado y hacerlo desaparecer. En salud debemos aprender a convivir y a trabajar juntos en un objetivo común, que es un objetivo público y social. Eso es lo que necesitamos hacer, y dejar, de una vez por todas, de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Lo que está pidiendo el Gobierno es mejorar lo que tenemos, con cariño y comprensión con el pasado, reconociendo las dificultades que tenemos hoy y hacia el futuro, poniendo como único norte las necesidades de las personas, sobre todo de las más pobres. Y, con esa condición única, exigir al sector público y al privado que mejoren. Eso es lo que debemos hacer como país.
En los objetivos sanitarios que nos hemos propuesto para los próximos diez años han participado todas las corrientes políticas y expertos de todos los sectores: el Colegio Médico, las sociedades científicas, las facultades de medicina; todos los sectores. Hay pleno consenso en los objetivos, los que se pueden resumir en mejorar la salud de la población, prolongar la vida y la calidad de esos años ganados y reducir las desigualdades actuales, con servicios más acordes a lo que las personas están esperando. Esos tres propósitos: resolver los problemas sanitarios, disminuir las desigualdades y hacerlo de acuerdo con las personas, se pueden realizar en forma simultánea. Chile está en condiciones de hacerlo. Por ejemplo, la mortalidad por enfermedades infectocontagiosas ha disminuido exitosamente. Ya no mueren niños por diarreas o bronconeumonias. Ustedes han visto el éxito de las campañas sobre infecciones respiratorias agudas, IRA. En mortalidad infantil, hemos llegado a 8,9 por mil nacidos vivos, lo que nos coloca al nivel de los países desarrollados en este tema.
Por otro lado, la mortalidad por cáncer cervicouterino y por infarto de miocardio ha disminuido muy levemente. Debemos estar muy insatisfechos por eso. Peor aún, la mortalidad por cáncer de mamas no se ha modificado en nada en las últimas décadas, y la mortalidad por cáncer de vesícula, de próstata, por accidentes del tránsito y por problemas asociados a diabetes ha aumentado en los últimos años.
No sólo hay problemas que no hemos resuelto, sino que, además, quiero dar tres o cuatro ejemplos que son un bofetón a la conciencia de cualquier chilena o chileno bien nacido. La mortalidad infantil, que he señalado como motivo de orgullo, de 8,9, es veinte veces superior en Puerto Saavedra que en Vitacura. ¡Veinte veces superior, diputado señor Escalona , en Puerto Saavedra que en Vitacura! La mortalidad por cáncer es dos veces superior en Lota que en La Reina; la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es dos veces superior en Lota que en Providencia. Aparte de que no hemos sido suficientemente exitosos en enfrentar estos nuevos problemas, tenemos brutales diferencias entre chilenos y chilenas. En salud, hay chilenos de primera, de segunda, pero también de décima condición. Mientras algunos chilenos exhiben indicadores propios de Manhattan, otros presentan niveles propios del Asia más pobre. Eso, éticamente, es un bofetón, suficiente elemento, honorables diputados, para hacer un cambio profundo. Esas cifras no toleran cruzarse de brazos. Por lo tanto, cuando tratemos estos proyectos, cuando analicemos artículo por artículo, piensen en las personas de Puerto Saavedra, de Lota. Eso es lo que debemos hacer y a eso los convoco.
-(Aplausos).
¿En qué contexto estamos? En un nuevo rol del Estado. Pensar en un nuevo rol para el Estado en salud no es una visión estatista nostálgica, sino, justamente, avanzar en el sentido correcto de un Estado moderno, que cumple con funciones clave para dar fe, confianza y protección a los 15 millones de chilenos y chilenas. Implica, también, pensar en un nuevo rol para los privados; preguntarles si están disponibles para cumplir con un rol social, con una función pública. Estoy seguro de que no son antagónicos. Estoy convencido de que no son antagónicos la función pública y el objetivo social con el rol de los privados. ¿Estamos dispuestos a que los privados tengan un espacio y puedan desarrollarse en el ámbito de la función pública y del objetivo social en Chile? Debemos ser categóricos: ¿estamos o no estamos dispuestos? Creo que es posible. Si logramos esa visión y mirada común, se abren los espacios para la complementariedad, para buscar la sinergia y el mutuo apoyo. Ése es el camino que queremos abrir.
En agosto del año pasado, el supremo Gobierno envió el proyecto sobre deberes y derechos, que pretende transformar al individuo que asiste como consumidor a alguna clínica o paciente beneficiario de un sistema público, en persona con derechos. Que deje de ser el riñón enfermo o el “cirrótico de la cama 23” para pasar a ser un ser humano que tiene necesidades integrales: necesidad de que se le informe, de que se le reconozca su voluntad, de tal manera que la pueda ejercer informadamente; derecho a que se le atienda en su integralidad, con apoyo emocional, espiritual y de su familia que requiere cualquier ser humano pleno de derechos y de dignidad. Ése es el sentido del proyecto que está en la Comisión de Salud.
Por otra parte, el proyecto sobre el plan Auge se encuentra en su discusión en particular en la Comisión, en los artículos 8º o 9º.
En pocas palabras, dicha iniciativa legal pretende establecer un plan común, una lógica común, un conjunto de derechos iguales para los quince millones de chilenos y chilenas. Ello implica que, independientemente de su condición económica o del lugar donde viva, cada chileno tendrá derechos sociales que podrá exigir, con estándares categóricos y claros de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera.
¿Es posible, en un país que gasta 300 dólares por persona al año, dar todo a todos? Desafortunadamente, no es posible. Si no lo ha conseguido Estados Unidos, que gasta 3.500 dólares por persona al año, en un total de casi más de quince puntos del producto; ni Inglaterra, que gasta 1.200 dólares por persona al año, con listas de espera de sobre un año, difícilmente lo podrá lograr Chile en las próximas décadas, con 300 dólares por persona al año.
Si los grandes, los ricos, no lo han hecho posible, ¿cómo puede Chile dar un nivel ético y moral de igualdad en salud? Lo que hace el Auge es apuntar correctamente en ese sentido. No podemos dar todo a todos, pero sí lo mejor a todos. ¿Qué significa eso? Lo que está comprobado que tiene tratamiento efectivo; lo que está constatado que mata, pero se puede prevenir; lo que está probadamente señalado en la experiencia internacional que produce discapacidad y se puede prevenir. Probablemente, hay muchos problemas de salud, y hoy nuestro país no está en condiciones de dar solución a todos; pero sí debemos hacer el esfuerzo por dar lo mejor a todos por igual.
Si un niño de dos años de edad es tratado de leucemia linfoblástica, tiene 80 por ciento de probabilidades de sobrevivir sin secuelas y hasta el promedio de edad que hoy viven los hombres en Chile, que ya se acerca a los 75 años.
Cuando un niño no tiene tratamiento oportuno para esa enfermedad por ser pobre, significa que la sociedad ha fracasado y ha perdido 73 años de vida saludable por no ser capaz de contar con un sistema debidamente organizado para dar a todos sus hijos esa solución. Cuando una mujer de cuarenta años tiene una diabetes no diagnosticada a tiempo, no tratada correctamente, porque es pobre o porque vive en un lugar alejado generalmente coinciden la pobreza y la marginalidad, el país le está quitando casi cuarenta años de calidad de vida, porque si hubiese sido diagnosticada y tratada a tiempo, podría haber vivido hasta casi los ochenta años, edad a la que hoy están llegando nuestras mujeres.
A eso me refiero al hablar de Auge: de cómo organizar las cosas que hoy, probadamente, por el conocimiento de la ciencia, si son previstas a tiempo, sabemos que pueden impactar sobre las causas que matan o que dejan discapacidad. Pero no podemos hacer todo. Sería demagógico, populista, y estoy seguro de que ustedes no darán su voto para mentirle al pueblo. Al pueblo no se le debe mentir; hay que hablarle con la verdad y decirle, sin complejos: ¡No podemos dar todo a todos!
El señor MASFERRER.-
Siempre que el Gobierno tenga la voluntad para hacer eso, porque lleva once años y no ha hecho nada.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Ruego a los señores diputados guardar silencio.
Puede continuar, señor ministro.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
En salud, señor diputado, no le podemos dar todo a todos; pero le voy a pedir su ayuda para dar lo mejor, pero a todos, sin diferencia de condición socioeconómica ni del lugar donde se viva. Voy a pedir su ayuda y su voto para conseguir ese objetivo; pero no se le puede decir al pueblo que le vamos a solucionar todos los problemas, porque eso es imposible hasta en Estados Unidos, donde gastan veinte veces más que nosotros en salud.
En Chile no sólo se debe instaurar un plan común o Auge, sino que, además, se debe generar una institucionalidad para que las personas puedan hacer efectivos sus derechos personales y sociales. ¿De qué sirve decir a un ciudadano que será operado de vesícula en un mes, si después eso no se cumple? Ahí le encontraría razón al diputado señor Masferrer ; pero no queremos que eso pase. Es preciso contar con una institucionalidad que vele por los derechos del ciudadano, y si no se puede entregar la prestación en un hospital público, se debe dar en un centro privado.
Con mucho afecto le digo al diputado señor Masferrer que haremos todos los esfuerzos para que el hospital de su región pueda operar esa vesícula en un mes, porque está comprobado que si en una vesícula hay una piedra que permanece más del tiempo razonable, tiene altísimo riesgo de generar cáncer de las vías biliares, una de las causas de muerte en ascenso en nuestro país, y que golpea principalmente a las mujeres de menores recursos. Eso es lo que debemos solucionar. Por eso es importante una institucionalidad que vele efectivamente por los derechos de los ciudadanos.
Además, se debe cambiar y fortalecer el sistema de las isapres.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Señor ministro, el diputado señor Vilches le solicita una interrupción.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Termino de inmediato, señor Presidente.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, deseo intervenir antes de que el ministro termine su exposición.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Por la vía de la interrupción, puede hacer uso de la palabra el diputado señor Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención la exposición del señor ministro, y con mucho respeto quiero decirle que está en el núcleo, en el alma de la atención de salud para los chilenos.
No puedo desconocer que su discurso ha abarcado una parte fundamental. Pero, antes de que termine, le pido que se pronuncie sobre un problema que está inserto en esto y respecto del cual no lo he escuchado. Me refiero al costo de atención de salud, que se ha escapado del valor que los chilenos podemos pagar. El ministro se ha referido a los 300 dólares de aporte que tenemos como asignación para asegurar el sistema básico de atención de salud.
Quiero conocer su opinión al respecto, porque semana a semana nos “pasan el platillo” a todas las personas, entre ellas a los parlamentarios para pagar una intervención o una atención compleja de salud de un menor, de un adulto mayor o de cualquier persona. Eso está absolutamente fuera del alcance de lo que hoy gana un chileno.
Quiero que me señale qué se hará al respecto, porque cuando un miembro de una familia tiene la desgracia de enfermarse, quedan todos endeudados y prácticamente arruinados por el resto de sus días. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad en la atención pública y privada de salud.
Antes de que finalice su intervención, quiero que el ministro entregue una respuesta fundada a esta inquietud.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Recupera el uso de la palabra el ministro de Salud.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Señor diputado, agradezco su intervención, por cuanto me permite volver a enfatizar un punto: Chile necesita invertir más en salud. Cuando los señores diputados analicen los presupuestos de salud de este año y los venideros, deben tener presente que nuestro país invierte muy poco en salud, incluso en relación con los países de América Latina y el Caribe. No olviden jamás eso. Piensen en las personas que viven en sus distritos.
Como Chile es un país que no tiene recursos ilimitados, pasarán varias décadas para siquiera acercarnos a los 600 dólares que Argentina invierte en salud, o a los 900 que invierte España. Debemos transitar hacia ese objetivo, y les pido que nos ayuden en esa tarea.
Respecto de la pregunta relacionada con el uso de los recursos, debo señalar que existe claridad en esa materia. Hace tiempo, ya que terminamos con la discusión bizantina respecto de qué es más importante: si los recursos o la gestión. Ambas cosas son necesarias. Quiero ser muy transparente al respecto: no se trata de un problema del sector público, sino de todo el sistema sanitario chileno. El sector privado de salud gasta más de 400 dólares por persona al año, y puedo asegurar que es posible hacer rendir ese dinero de mejor forma que en la actualidad. Por su parte, el sector público de salud gasta 250 dólares por persona al año, y con plena conciencia debo señalar que también podemos sacarles más provecho.
Repito: no se trata de un problema del sector público o del privado, sino del conjunto del sistema. Por eso es clave contar con el piso común del régimen de garantías del Auge, porque lo que hace es lo siguiente: dado que solucionar los problemas es lo que más rinde en salud, hagámoslo sobre la base de protocolos, estándares y en forma racional. No puede ser que frente a un mismo problema, un señor deba hacerse dos resonancias nucleares magnéticas y veinte exámenes, y otro, limitarse a que el médico lo ausculte y practique una buena anamnesis, un buen examen físico. Eso no puede suceder en un país que tiene recursos escasos, porque esa diferencia se traduce en personas que se quedan sin atención o que obtienen menos de lo que les corresponde por su dinero. Esta es una razón para contar con el plan Auge y hacer modificaciones a la salud pública y privada.
En cuanto al sector privado, hoy en la tarde se empieza a tratar el proyecto sobre isapres, instituciones que fueron diseñadas para otorgar seguros individuales, que se basan en la capacidad de pago del beneficiario. Sobre esa base y tomando en cuenta el riesgo del asegurado, se establece una prima que se traduce en un plan diseñado a la medida de quien lo suscribe, pero no de sus necesidades de salud. Por lo tanto, la sensación o percepción de desprotección es inevitable.
¿Por qué no transformar los seguros privados en seguridad social administrada por privados? Este no es un discurso antiprivados. Así lo han hecho con mucho éxito numerosos países europeos. He señalado públicamente en varios lugares de Latinoamérica que debemos exportar un modelo distinto del que tenemos, debido a que no ha funcionado en forma correcta.
Cuando discutamos el proyecto sobre isapres y para estas instituciones sea obligatorio introducir el plan Auge, espero que no se vea como un discurso antiprivados o como una amenaza a la participación de los privados, sino como una oportunidad para que ese sector se ubique en una lógica distinta y así resolver mejor los problemas de sus beneficiarios. ¿Qué tiene de malo eso?
En lo que se refiere al sector público, hoy examinamos el proyecto relativo a la autoridad sanitaria y la gestión. Como muy bien lo planteó el diputado informante, la iniciativa viene a fortalecer y a reforzar el rol del Ministerio de Salud como ente rector de todo el sistema público y privado de salud, de modo de regular debidamente, no con una visión centralista y anticuada, sino con una óptica moderna y desde las regiones. Por eso tienen un rol tan potente los secretarios regionales ministeriales. Así como existe una autoridad sanitaria nacional, también habrá una autoridad sanitaria regional. ¿Qué mejor que actuar desde las regiones para lograr una debida coordinación y una potente acción multisectorial?
Cuando los señores diputados debatan el proyecto en particular, verán que apunta a nudos críticos esenciales: el rol del Estado como ente rector regulador apunta a la descentralización de esa competencia, a la transformación de los servicios de salud en entidades que coordinen lo que hoy está descoordinado, de tal forma que la atención primaria de salud funcione fluidamente con los hospitales y, lo más importante, que no se puede perder de vista, la capacidad real de transferir más recursos, tanto financieros como humanos, a la atención primaria de salud, aspecto que el proyecto viene a resolver. Por último, un tema que ustedes siempre han discutido y que se encuentra en el tapete público: la gestión hospitalaria. ¡Por años hemos hablado de los problemas de gestión hospitalaria; por años nos hemos quejado del tema de la deuda; por años nos hemos quejado de los reglamentos anticuados y de las reglas rígidas! ¡Hay cientos de miles de páginas en los diarios, que recogen los reclamos sobre esos temas; pero al fin un gobierno se ha puesto los pantalones y quiere poner remedio a los problemas de gestión hospitalaria! ¡Ustedes tienen la ocasión histórica de terminar con los lamentos y aprobar una ley moderna que solucionará los problemas profundos que existen en ese ámbito!
-(Aplausos).
A pesar de las múltiples discusiones que hemos sostenido, una vez que el proyecto vuelva a las Comisiones unidas, deberemos actuar con amplitud de criterio y generosidad para resolver un problema que el diputado Robles señaló muy bien, esto es, dónde residirán las competencias para los temas medioambientales. El Ejecutivo está dispuesto a buscar un buen consenso, de forma de lograr dos objetivos básicos: primero, separar funciones, a fin de que los servicios de salud fortalezcan su capacidad gestora, y segundo, contar con entidades medioambientales independientes, efectivas, eficientes, que den seguridad y confianza a la ciudadanía.
Con toda transparencia, quiero señalar que dicho tema aún no está adecuadamente resuelto, y que el Ejecutivo se compromete a trabajar con los parlamentarios para buscar una buena ecuación.
Por último, hemos incorporado al proyecto una indicación muy relevante, que viene a mejorar las condiciones del recurso humano hospitalario. Pensamos que la gestión y el recurso humano son indisolubles. Por lo tanto, estimamos que deben venir juntos ambos elementos y, por lo mismo, hemos incorporado, mediante indicación, el tema del recurso humano hospitalario.
Como recordarán, hace poco tiempo sus Señorías aprobaron un proyecto que mejora las condiciones de la atención primaria. Asimismo, trataron otra iniciativa que beneficiaba a distintos grupos. Ahora nos corresponde preocuparnos de los profesionales no médicos y del personal auxiliar, y lo estamos llevando a cabo en la misma forma en que lo hicimos con los otros grupos: asociándolos a resultados, al cumplimiento de metas y al mejoramiento de la calidad de la atención.
Termino agradeciendo la buena disposición que ha existido en las comisiones y expresando mi confianza en que se aprobará en general este proyecto de ley, que es fundamental para mejorar las condiciones de salud de todos los chilenos y chilenas. Quiero reiterar que formulamos una indicación que va en la línea de modernizar los recursos humanos, en forma paralela al mejoramiento de sus condiciones.
Muchas gracias.
Aplausos.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Informo a la Sala que los señores diputados disponen de 15 minutos para su primer discurso, y de cinco para el segundo, tiempos que pueden usar de una sola vez.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, honorables colegas, estamos discutiendo el primer proyecto de ley que llega a esta Sala, de un conjunto de cinco iniciativas legales que permitirán llevar a cabo la reforma de la salud en que se encuentran empeñados el Gobierno y el Congreso Nacional. Con ellos, la ciudadanía tiene la legítima esperanza de ver resueltos sus problemas de acceso, oportunidad, calidad, cobertura y protección financiera, frente a eventuales amenazas a su salud.
Estos proyectos de ley son los siguientes:
1.El que crea el denominado acceso universal a garantías explícitas, conocido también como plan Auge, que busca garantizar, por ley, el acceso, la calidad, la oportunidad y la protección financiera frente a las enfermedades, tanto para el sector público como para el privado;
2.El relativo a gestión pública y autoridad sanitaria, que hoy nos ocupa, que pretende fortalecer el sector público de salud, a fin de dotarlo de herramientas adecuadas para enfrentar las demandas del Chile de hoy y del futuro;
3.El que reforma el sector privado de salud, representado por las instituciones de salud previsional, isapres, con la finalidad de dar mayor transparencia a sus planes, mejorar la cobertura, crear mejores mecanismos de control de calidad, evitar la discriminación por sexo y edad, limitar el alza de precios en forma unilateral y uniformar los aranceles;
4.El relacionado con el financiamiento, que busca allegar los recursos necesarios para financiar las mayores demandas que importa la implementación del sistema Auge, y
5.El que legisla sobre deberes y derechos de los pacientes, orientado a otorgar mayor poder a los ciudadanos frente a los prestadores de salud, públicos y privados, ante los cuales los pacientes siempre están en desventaja por la lógica asimetría de la información existente entre ambos.
Entrando en materia, es claro que los movimientos de reforma sanitaria se generaron porque los modelos vigentes no fueron capaces de dar respuesta a las necesidades de salud de su época.
La primera gran reforma se produce en Chile en 1952, con la fusión de la Junta de Beneficencia y Asistencia Social, que era la dueña de los hospitales, asilos y casas de expósitos; el Departamento Médico de la Caja del Seguro Obligatorio, cuya red nacional de consultorios y algunos hospitales para los trabajadores atendían la salud laboral desde 1924, con un diseño pionero en el mundo de protección de los trabajadores, como fue la ley Nº 4.054; los servicios dependientes del Servicio Nacional de Salubridad, que manejaban la dimensión de salud pública, al amparo de la ley del Código Sanitario; los servicios de la Dirección General de la Protección a la Infancia y a la Adolescencia, Protinfa , responsable del cuidado infantojuvenil en nuestro país; el Instituto Bacteriológico de Chile; los servicios médicos de la Sección de Higiene y Salubridad Industrial del Ministerio del Trabajo, y los servicios médicos y sanitarios de las municipalidades más importantes del país.
Todas estas instituciones dieron lugar al Servicio Nacional de Salud, cuyo objetivo estaba orientado a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud en un modelo integral, donde concordaron y confluyeron pensamientos de salubristas y políticos tan destacados como los doctores Salvador Allende Gossens, materialista, racionalista y laico; Eduardo Cruz Coke , humanista social cristiano, y Sótero del Río, liberal conservador. Ellos, representantes de vertientes tan distintas, creyeron que era importante y necesario para Chile contar con un solo servicio de salud que unificara la salud del país, con una inspiración clara y categórica en su símil inglés, que se originó en 1950, es decir, dos años antes. Hasta hoy día, Gran Bretaña mantiene una estructura de medicina socializada, a pesar de ser la cuna de la economía de mercado.
El director de ese servicio era nombrado y removido, junto con el contralor general de la República, por el Senado, y en su directorio también estaba representado el Congreso.
Su existencia se extendió hasta 1982, fecha de la segunda gran reforma de la salud, llevada a cabo por el gobierno militar. Ella dividió el Servicio Nacional de Salud en 26 servicios regionales y subregionales con gran autonomía en su administración, y sólo alguna en el área técnica, pero con sujeción a las normas ministeriales que se hacen cargo de la salud de sus respectivos territorios, conservando sus directores prácticamente las mismas atribuciones del antiguo director general del Servicio Nacional de Salud. Pero, además, esa reforma traspasó la atención primaria a los municipios, medida que aún es materia de controversia.
Esa reforma promueve un reordenamiento y configuración del sector privado de salud en dos líneas. La primera de ellas, al permitir que los usuarios del sector público puedan acceder indistintamente a prestadores privados a través de la denominada modalidad de libre elección de Fonasa, ente continuador, de algún modo, del antiguo Servicio Médico Nacional de Empleados, Sermena , el cual, además, operaría como organismo recaudador de los fondos destinados a toda la salud pública.
Lo más característico de esa reforma fue la creación de las instituciones de salud previsional, isapres, sistema de seguros privados de salud, que también podían recibir el 7 por ciento de la cotización obligatoria de salud de todos los trabajadores. Dichos seguros nacieron con un fuerte subsidio estatal, bajo la forma de programas de salud pública, educación sanitaria, programa de inmunizaciones y de alimentación complementaria, licencias maternales, etcétera; el 2 por ciento del subsidio por los planes colectivos, eliminado el año 2002 por este Parlamento, y otras formas de subsidios indirectos en la propia red pública que opera como un reaseguro implícito, expresado fundamentalmente en los sistemas de atención de urgencia y también en las atenciones electivas de consultorios y hospitales.
Así nace hoy, veinte años después, la tercera reforma de la salud, para corregir los defectos de la segunda, o más bien para adaptar la actual situación a la demanda del Chile de hoy y de los próximos veinte o treinta años. No lo sabemos, pero a lo mejor en diez años más vamos a estar pensando en una cuarta reforma.
Cabe hacer notar que entre la primera y la segunda reforma mediaron treinta años, de 1952 a 1982, y entre la segunda y la que hoy día nos ocupa, veinte años; es decir, tenemos tres reformas en cincuenta años, hecho no menor en la historia sanitaria de nuestro país.
Los resultados sanitarios chilenos han sido exitosos a lo largo de estos cincuenta años, 19521982. Nuestra legislación sanitaria es frondosa y compleja, pero ha servido de soporte para lograr un avance indiscutible. La mantención de un sistema público representado por el Servicio Nacional de Salud y, después, por el Sistema Nacional de Servicios de Salud, con distintos énfasis en democracia o en dictadura, ha permitido desarrollar con éxito las acciones de fomento, educación y prevención en salud pública, a través de una vasta red de prestadores, partiendo por los más básicos: estaciones médicorurales, postas, consultorios urbanos y rurales, hasta llegar a los más complejos: los hospitales tipo 4, 3, 2 y 1, y los centros de alta complejidad, como son los institutos de especialidades. Pocos países del mundo tienen una red sanitaria como la nuestra.
La mortalidad infantil; la mortalidad general por distintas causas; el notable retroceso de las enfermedades infectocontagiosas; la atención profesional del parto y del recién nacido; la erradicación de la desnutrición infantil como problema de salud pública; la notable cobertura de inmunizaciones; la red de atención de urgencia; el médico general de zona; la mantención de una dotación de medicamentos genéricos de bajo costo como consecuencia de la creación del Formulario Nacional de Medicamentos; el notable aumento de las expectativas de vida de los chilenos, entre 1970 y 2000: de 60 a 75 años, en promedio es decir, este país ha sido capaz de regalarle 15 años de sobrevida a su población en sólo treinta años, etcétera, son sólo algunos de los grandes logros de la salud chilena de los últimos cincuenta años.
Sin embargo, aún subsisten importantes problemas de fondo y de forma, por lo que es necesario dar un nuevo salto en la salud del país. Una fuerte inequidad en el acceso; falta de cobertura en el sistema público por las listas de espera o carencias de recursos; modelos de gestión inapropiados; falta de integralidad, equidad y solidaridad en el sistema privado; insuficiente contribución del Estado a la salud: un aporte cercano al 1,5 por ciento del producto interno bruto, que debería subir sustancialmente; falta de cobertura en el sistema de isapres por preexistencias, carencias y exclusiones; alta prevalencia e insuficiente cobertura en las áreas de la salud mental y odontológica, son algunos de los hechos que justifican la tercera reforma histórica del sector, cuyo proceso ha comenzado.
El proyecto de ley que hoy nos toca examinar está encaminado a fortalecer el sector público de salud, que tiene características que lo hacen muy distinto del privado.
En primer lugar, fortalece el concepto de autoridad sanitaria como ente regulador y fiscalizador en salud. Estará en sus manos la aplicación del Código Sanitario y sus 26 reglamentos, lo que no es menor, porque dicen relación con la protección y la promoción de la salud; el control de las enfermedades venéreas; los laboratorios de salud pública; la profilaxis y protección sanitaria internacional; la higiene y seguridad del ambiente, en materia de agua, alcantarillado, residuos industriales y seguridad en las construcciones; los residuos sólidos domésticos e industriales; la higiene y seguridad de los lugares de trabajo; el control de productos farmacéuticos, cosméticos y artículos de uso médico; el ejercicio de la medicina y profesiones afines; laboratorios, farmacias, almacenes farmacéuticos y botiquines; la internación de enfermos mentales; inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres; tejidos y órganos para trasplantes o fines científicos, y toda la temática relacionada con los sumarios sanitarios y sanciones. Todos estos temas fundamentales quedarán en manos de autoridades sanitarias mejor definidas que las actuales: los secretarios regionales ministeriales.
En segundo lugar, entrega al director del Servicio de Salud el rol de controlar la red asistencial de su jurisdicción, otorgándole mayores atribuciones para que coordine los establecimientos de nivel primario, secundario, terciario y privados con convenio.
En tercer lugar, crea en dicha red los hospitales autogestionados, entregándoles mayor capacidad para administrar sus recursos.
En cuarto lugar, crea componentes muy importantes de participación ciudadana: los consejos regionales de salud, que estarán asociados a los secretarios regionales ministeriales, y los consejos consultivos de salud, a nivel de los servicios de salud.
Éstos son los elementos más importantes que contiene el proyecto que estamos analizando, e invito a todos los colegas a intervenir y a aportar ideas a esta importante iniciativa que fortalece el sistema público de salud.
Por último, quiero hacer un reparo relacionado con una indicación enviada ayer por el Ejecutivo, que modifica la ley Nº 18.096, incorporando una serie de preceptos relacionados con la administración del personal hospitalario. A mi juicio, debería ser materia de otra iniciativa, porque contiene disposiciones absolutamente distintas de las que trata el proyecto de ley sobre gestión pública y autoridad sanitaria que estamos tramitando. Además, creo que no existirían inconvenientes para que fuera tramitada por las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda, con el objeto de lograr su pronto despacho.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, he escuchado con atención el encendido discurso del ministro de Salud, y todos coincidirán en que su diagnóstico ha sido el correcto. Sin embargo, como siempre sucede en medicina, cabe preguntarse: ¿Será también adecuado el tratamiento? Trataré de aportar algunas ideas al respecto.
Lo primero que quiero señalar es que, a mi juicio, esta reforma no modifica sustancialmente el modelo establecido entre 1979 y 1981, durante el gobierno militar, que sustentó la medicina privada en las isapres y dividió el sistema público en los servicios municipalizados, a cargo de atención primaria, y los servicios de salud, a cargo del sistema hospitalario y de algunos consultorios.
Este proyecto ha llevado a algunas personas a decir que, más que a una reforma sanitaria, asistimos al perfeccionamiento de los seguros públicos y privados de salud.
Los servicios de salud son organismos descentralizados con patrimonio propio. A lo largo de los años hemos conocido un sistema desarticulado, en el cual los servicios de salud sólo pueden ser objeto de una fiscalización técnica por parte de los municipios, que, a veces, tienen conductas correctas, y en otras, antojadizas, con resultados heterogéneos, y una medicina privada desregulada, con falta de transparencia y de equidad.
Tenemos un sistema de salud que no se anticipa al daño, con grandes inequidades y que no se adapta a los cambios de perfil epidemiológico de la población. También debemos decir que es un sistema altamente exitoso, con notables resultados sanitarios y una fuerte tradición de salud pública: vacunaciones, planes de alimentación complementaria, atención profesional del parto, paternidad responsable, indicadores biomédicos, etcétera.
Tenemos un sistema público con problemas de oportunidad y acceso, y, adicionalmente, con serias dificultades de financiación y gestión de los recursos; un sistema de salud desintegrado y desarticulado, debido a una salud privada que no está integrada a la red, y un sistema municipalizado débil y desprofesionalizado.
Éste es el contexto que justifica una reforma del sistema de salud.
En relación con este proyecto de gestión y autoridad sanitaria, debo señalar que los servicios de salud son organismos descentralizados. En la práctica, la propuesta del Ejecutivo desarticula, desintegra y reduce los servicios de salud a una unidad casi gerencial, con muy pocas atribuciones, pues se las traspasa a las seremis, que son organismos desconcentrados, lo que representa un claro retroceso conceptual en términos de regionalización. Las seremis son una proyección del organismo central en las regiones, restándoles casi todas sus atribuciones a los servicios de salud. Esto es un paso atrás en la descentralización.
No deja de ser preocupante y grave la aseveración que el diputado Patricio
Cornejo hizo al diario “La Tercera”, con fecha 17 de septiembre. En su página 12 se refiere a las Comisiones de Salud y de Hacienda, que estudian los proyectos de ley, señalando textualmente: “Si hemos planteado esto se refiere a las isapres es porque también hemos desintegrado al señor público”. Conceptualmente, es muy difícil entender que sea una propuesta de un gobierno de la Concertación.
La autoridad sanitaria autoridad política será la que, además, definirá quiénes son los prestadores, sin participación de gremios, universidades u otros organismos colegiados que podrían realizar esta labor. La acreditación de prestadores debería ser una actividad colegiada, con participación de los colegios Médico, de Químicos y Farmacéuticos, así como de universidades y otros entes calificados.
Con respecto al control de la gestión hospitalaria, la nueva autoridad sanitaria, en manos del seremi, podrá sancionar a los directores de servicios y de hospitales, incluso pecuniariamente, cuando no se cumplan las garantías de calidad. ¿Quién podrá responder por ello en un sistema público de salud altamente endeudado, que trabaja al límite en recursos humanos y financieros y que deberá preferir las acciones garantizadas y financiadas de alto costo por la complejidad que encierran? Esto hace suponer un fuerte desplazamiento de acciones no garantizadas, con el consiguiente aumento de listas de espera para esas patologías, que tendrán las mismas garantías actuales, pero que, en los hechos, se verán desplazadas por aquellas de garantías explícitas y, probablemente, la financiación de esas prestaciones continuará subvalorada.
Los hospitales necesitan modernizar su gestión, para lo cual los directores requieren de un “pool” de horas que puedan ser contratadas o actividades que puedan ser compradas o vendidas directamente, externalizar otras actividades y producir incentivos al interior de los mismos para mejorar su calidad y eficiencia.
Este proyecto conduce a una completa desarticulación de la red pública, pues le entrega atribuciones al director del hospital para que compre servicios directamente, a fin de que pueda financiarse. Con eso lo saca de la red, pues el hospital autogestionado puede comprar lo que quiera sin coordinarse con los directores de servicios.
En relación con el plan Auge, en un reciente documento de la escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, “La reforma del sector de la salud en Chile”, de agosto de 2002, reflexionando sobre este punto, los académicos se preguntaban: “¿Quién o quiénes han puesto esta espada de Damocles sobre el sistema público chileno? ¿Con qué objeto se tensiona de tal modo el sistema público?”.
Pero aquí hay un problema mayor: que en salud no existe, como existió en la educación, un fondo inicial de inversiones que mejore la infraestructura y el equipamiento. Por lo tanto, hoy los hospitales tendrán que abordar las prestaciones no garantizadas, y también las garantizadas, con grandes déficit estructurales. Como la no respuesta oportuna origina demandas al Estado, necesariamente los directores deberán resolver las patologías o prestaciones, empujando el sistema al fortalecimiento de los privados, incluso en comunas pequeñas, y probablemente ocurrirá algo similar a lo que ha sucedido con los colegios municipalizados y los subvencionados: los primeros se han empobrecido, y los últimos se han fortalecido. Por eso, lo sano es fijar un marco de acciones transferibles a los privados.
En relación con las patologías incluidas en el plan Auge, se han dado algunos ejemplos. El universo de pacientes beneficiados será proporcionalmente menor que los que no están considerados en el plan Auge. De modo inverso al financiamiento, ocurrirán cosas como las siguientes: un hombre con cáncer de próstata tiene garantías y financiamiento asegurado; pero ese mismo hombre con cáncer de esófago, no los tiene; una mujer con depresión, entre 20 y 45 años, tiene garantías; pero no las de 18 ó 50 años, a quienes les está prohibido deprimirse. Deberán tratarse, primero, los casos incluidos en el plan Auge, lo que producirá una sensación de discriminación y de engaño por parte de la autoridad.
Mi apreciación es que tal como está concebida la reforma, se produce una gran presión al sistema público, lo que lo obliga a derivar hacia los privados, a abrir las redes públicas a los pacientes de las isapres especialmente cuando se trate de prestaciones complejas, y establece escasos mecanismos de apelación de los sancionados por la autoridad sanitaria, que tendrá un enorme poder sin contrapeso; un poder unipersonal, concentrado e incontrarrestable.
Se dice que ésta es una reforma sanitaria y no financiera. Sin embargo, nadie se explica por qué no se abordan los exámenes preventivos de displasia de caderas, el estudio y tratamiento de mujeres posmenopáusicas, la obesidad y otras enfermedades claramente cost-oeficaces. Todo esto hace suponer que esta reforma tiene un perfil economicista.
Creo que todo debería estar orientado a la atención primaria resolutiva. Debemos tener un enfoque distinto y apuntar a mejorar la resolutividad del nivel primario, a fortalecer un modelo de atención cercano a la familia y a los hogares, con énfasis en las prestaciones ambulatorias, estadías acortadas, visitas domiciliarias e integradas territorialmente, altamente participativas y centradas en la prevención. El modelo propuesto, particularmente en el Auge, no puede basarse en una mirada exclusivamente curativa, que actúa sobre la enfermedad.
Deberíamos crear incentivos para que los profesionales médicos y no médicos trabajen en el sector público, para que realicen mejores exámenes de laboratorio e imagenología, para que puedan atraer y comprar actividades de los interconsultorios. El diseño actual hará que en el año 2004 en tiempos de elecciones tengamos que hacernos cargo de una gran insatisfacción, pues la gente sentirá que ha sido engañada cuando se entere de que su prestación no está garantizada y de que deberá quedar en listas de espera más numerosas que las actuales, porque las patologías garantizadas y financiadas desplazarán a las otras. Así, los pacientes en listas de espera para cirugía de hernias, prótesis de cadera, várices, tiroides, miomas uterinos y tumores ováricos deberán seguir esperando, con la agravante de que las patologías venosas tendrán complicaciones que aumentarán los costos.
Ahora, lo positivo de la reforma de la salud con esto termino es, obviamente, la importancia que ocupa en la agenda del Presidente Lagos . Nunca antes había existido tal consenso respecto de la necesidad de mejorar el sistema sanitario chileno ni de la oportunidad política para abordar el asunto. Nunca antes los chilenos tuvieron tanta información, que ha permitido dar transparencia a un sistema con fuertes inequidades y alta inflexibilidad, pero que también ha tenido grandes éxitos en el ámbito nacional e internacional.
Parece positivo el establecimiento de una tarifa plana para las isapres, el fortalecimiento de la autoridad sanitaria del Estado de Chile y la obtención de financiamiento a costa de externalidades negativas, como el tabaco y el alcohol.
Parece positiva la incorporación de los derechos y deberes de los usuarios; la inclusión del concepto de derechos exigibles por los usuarios; la incorporación activa de los ciudadanos; abordar el mejoramiento de la gestión hospitalaria, y la introducción de herramientas que otorguen flexibilidad en la gestión de estos recursos.
Por último, parece positiva la introducción de un criterio vertical, ordenador y priorizador en lo sanitario y administrativo, como es el Auge, y terminar con la integración vertical de las isapres, limitándolas exclusivamente a su rol asegurador.
La reforma no debería excluir de los servicios de salud la inteligencia epidemiológica ni las acciones de salud del ambiente o, por lo menos, no debería radicarla en la autoridad política.
La reforma debería entregar a un consejo plural y colegiado en el ámbito de la autoridad sanitaria, la acreditación, autorización y fiscalización de los prestadores.
Los protocolos Auge deben ser discutidos y consensuados con las sociedades científicas, con las universidades y con grupos de expertos; no como hasta hoy, que han sido elaborados por un reducido grupo de personas que no están relacionadas necesariamente con los médicos clínicos.
Deberían establecerse diversos niveles de garantías. Aquellas enfermedades catastróficas, como las oncológicas, deberían tener el ciento por ciento de las garantías ahora. Otras de mayor prevalencia o impacto, un segundo nivel de garantías, de manera de crear el concepto de exigibilidad, con gradualidad, ampliando el abanico de alternativas a otras enfermedades y perfeccionando el sistema público.
Como ya lo dije, todo debería estar focalizado a la atención primaria, entregando más financiamiento y mayor resolutividad.
Las prestaciones deberían financiarse en su valor real esto es muy importante, en el ciento por ciento de los casos, y no como sucede hoy, en que existe un costo subvalorado y con un techo en el número de prestaciones. Por ejemplo, se financian 300 intervenciones de catarata; si se realizan más, no se pagan; si se hacen menos, se descuentan al hospital.
Debería existir un solo sistema de salud comunal, cuando las comunas sean pequeñas y exista un hospital tipo 4, a fin de optimizar el uso de los recursos.
Pero lo más importante es que debería existir un fondo inicial de inversiones que permita corregir los déficit en infraestructura y equipamiento de los establecimientos de los servicios de salud. La reforma debería recuperar el sentido de la salud integral.
Por último, la reforma debería considerar que las propuestas actuales en gestión hospitalaria no abordan el pago del ciento por ciento de las prestaciones realizadas. En ese caso, no habría justificación para tener deudas. Sólo asistimos a un perfeccionamiento parcial del modelo sanitario actual, y los municipios no son tocados.
Falta hacer muchísimos aportes, y lo más importante es que estamos dispuestos a recibirlos y a compartirlos. Los actores involucrados y los ciudadanos de nuestro país tienen la palabra.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva por un asunto reglamentario.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, entiendo que los distintos proyectos de salud, de alguna manera, están concatenados y que ésta no es una sesión especial para analizar la reforma, sino para estudiar la iniciativa relacionada con la autoridad sanitaria y las distintas modalidades de gestión. Pero después de escuchar al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, me da la impresión de que aquí estamos discutiendo el proyecto de reforma en general, el proyecto Auge, etcétera.
En honor al tiempo de que disponemos, deberíamos dedicarnos a evaluar y a circunscribir nuestra intervención al proyecto en debate. En caso contrario, terminaremos discutiendo la reforma en general y no avanzaremos mucho con la legislación.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar el Orden del Día hasta las 13 horas.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, después de doce años de gobiernos de la Concertación, resolvieron mandar a trámite legislativo una reforma integral a la salud que, en un conjunto de seis proyectos de ley, de los cuales estamos conociendo el primero de ellos, relativo a la gestión y a la autoridad sanitaria, pretende ir a uno de los ejes centrales, a mi juicio, de lo que ha sido la principal causa del fracaso de muchas de las políticas de salud que se han implementado y que no se han traducido en un mejoramiento sustancial de la atención de salud de la gente.
Y se produce una aparente paradoja en el sentido de que, a pesar de que Chile exhibe buenos indicadores de salud, es líder a nivel latinoamericano y muchas veces con indicadores de salud superiores a los de los países desarrollados en mortalidad infantil, en la atención profesional del parto, en el control de determinadas enfermedades que devastan a otras poblaciones en el mundo, hay un nivel importante de insatisfacción por parte de los chilenos respecto del acceso y de la forma de atención de la salud.
¡Qué duda cabe que de aquí se deriva uno de los factores importantes de los cuales resulta necesario poner el eje conductor de la reforma en uno de los capítulos fundamentales, que es la gestión y la autoridad sanitaria! ¡Qué duda cabe que hoy los chilenos vivimos más! Estamos en torno de los 75 años de edad. ¡Qué duda cabe que la medicina, por su tecnología, cada día se hace más cara! ¡Qué duda cabe que los chilenos cada vez van buscando mejores condiciones de vida y de salud!
En este contexto, me parece importante la impresión de la opinión pública sobre cómo ve nuestro sistema de salud público. La última encuesta del CEP, del 6 de agosto de 2002, señala que el 72 por ciento de los chilenos está en desacuerdo con la afirmación de que en Chile los hospitales están bien administrados. Es decir, sólo un 28 por ciento de los chilenos cree que los hospitales funcionan bien; un 72 por ciento estima
a mi juicio, con un acertado diagnóstico que el eje fundamental está en la administración de los hospitales. De ahí la importancia de enfrentar el tema de la gestión.
Pero no sólo eso. Además, el 52 por ciento de los chilenos está de acuerdo con la siguiente afirmación: a pesar de que en los últimos diez años se han triplicado los recursos públicos entregados a la salud pública, no han mejorado los servicios que entrega. Se ha hecho un tremendo esfuerzo presupuestario: más de un 200 por ciento en el gasto público de salud las cifras las dio el señor ministro, están a la vista. Sin embargo, la mayoría de los chilenos siente que esto no ha mejorado.
De ahí surge la tercera afirmación: cambiar la administración es lo más urgente. Tres de cada cuatro encuestados, es decir, el 75 por ciento de los chilenos, está de acuerdo con la afirmación de que en Chile los gremios de la Salud están más preocupados de sus propios intereses que de los pacientes. Con seguridad, ahí estará buena parte de los escollos para enfrentar este cambio sustancial en la gestión.
¿Qué ha seguido ocurriendo en el país? ¿Cuáles son las mochilas sería bueno que el Ejecutivo respondiera a través del ministro de Salud que van en contra de avanzar, en lo que nosotros teníamos la esperanza de que fuera un cambio sustancial a la gestión estructural de fondo, de esa cirugía mayor a la salud chilena, y que siguen afectando nuestro sistema público, fundamentalmente?
Recién sostenía que en los últimos doce años ha habido un aumento sustancial en el gasto público. El verdadero “auge” ha estado en el auge de recursos adicionales, que no se han traducido en mejores atenciones de salud. Hemos metido y metido recursos en lo que hemos denominado el “hoyo negro de la salud”, sin que ello se haya traducido en aumento sustancial de la atención.
Las proyecciones al año 2005 nos llevan a un gasto funcional en salud de un mil millones setecientos cuatro mil setecientos dieciséis millones de pesos. Una cifra realmente trascendente que no se está traduciendo en una mejoría sustancial.
No sólo ha habido un aumento de los recursos, sino, lo más grave, esto se ha convertido en una caída de la productividad del uso de los recursos; es decir, por cada peso gastado que los chilenos, con nuestros impuestos, hemos destinado a la salud, la productividad, en vez de aumentar, ha caído. En eso, los propios estudios del Gobierno, a través del informe de los funcionarios
Rodríguez y Tokman, ambos de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, con el apoyo de la Cepal, han determinado que la productividad del gasto en salud cayó en un 9,2 por ciento anual en la década de los ’90. Los hospitales públicos son los principales responsables de esa caída de productividad.
El estudio concluye que mientras el gasto público experimentó un aumento extraordinario de un 195 por ciento, el número de prestaciones de salud valorada ofrecidas a través del Fonasa, sólo se incrementó en un 22 por ciento.
El estudio mismo, realizado a través de la Cepal, atribuye este fenómeno a la disminución de la productividad del personal y al aumento desmesurado del gasto en subsidios por incapacidad laboral. ¡Otro cuello de botella: las licencias médicas y la modalidad de libre elección!
La eficiencia del gasto en personal disminuyó en 45 por ciento entre 1992 y 1999, debido al aumento extraordinario de las remuneraciones y a la baja de la productividad del 6 por ciento en el período. Proporcionalmente, eso significa que la cantidad de personal contratado en los servicios de salud aumentó más que su respectiva producción. Ahí tenemos otro problema que debiera ser enfrentado mediante el proyecto en debate.
¿Qué otra mochila existe? Las listas de espera. Los estudios de la empresa Altura Management, no desmentidos hasta hoy, son claros y categóricos en señalar que 50 mil chilenos están hoy en listas de espera para ser intervenidos quirúrgicamente. Eso no es todo: deben esperar entre 36 y 50 semanas para ser intervenidos; en la práctica, alrededor de un año.
Me imagino que todos los diputados deben recibir estos reclamos de la larga espera por una cama o un derecho a pabellón. En la Región Metropolitana, esta cifra es de 18.117 personas en lista de espera, entre las que se consideran intervenciones de vesícula, hernia, várices, adenoma prostático y otras dentro de las más postergadas.
Como si esto fuera poco, una tercera mochila enfrenta este cambio de la gestión: la abultada deuda hospitalaria. Las cifras son variables, pero en la Comisión de Salud el Gobierno habló oficialmente de 45 mil millones de pesos; el Colegio Médico, de más de 60 mil millones, y las proyecciones llevan a 80 mil millones. En todo caso, lo que está claro es que son muchos miles de millones de pesos.
Más allá de la fría cifra de la deuda hospitalaria, tendríamos que preguntarnos qué significa que los hospitales no paguen a los proveedores, al que vende jeringas, guantes quirúrgicos, medicamentos. Significa que no hay de esos insumos para atender a la gente. Sin embargo, ahora, bajo una presión máxima, el Gobierno notifica a los directores de hospitales que serán despedidos si no reducen los gastos, ante lo cual aquéllos deciden atender menos pacientes. En definitiva, esta situación se traduce en peor salud para la gente.
Resulta dramático leer testimonios de directores de hospitales que dicen que no tienen antibióticos, insumos quirúrgicos, oxígeno ni los remedios necesarios para atender a la gente. Es una realidad que podemos comprobar al visitar los hospitales públicos del Chile de hoy.
La deuda hospitalaria podría constituir, al menos, la mitad de los 150 mil millones de pesos que se van a entregar al sistema Auge. ¿Irá este incremento a tapar la deuda? ¿Podremos enfrentar una reforma de la gestión de salud pública con una mochila de 70 mil millones u 80 mil millones de pesos? ¿Cómo enfrentará el Gobierno esta situación? Es importante que se resuelvan estas incógnitas, porque los usuarios pierden con la deuda.
Como si esto fuera poco, los directores de hospitales están cuoteados políticamente: tantos para el Partido Socialista, tantos para el PPD, tantos para el Partido Radical, tantos para la Democracia Cristiana. ¿Son las personas más idóneas? A veces sí, a veces no.
Conocimos el escándalo no tiene otra denominación que se produjo en el San José cuando el médico personal de su Excelencia el Presidente de la República se enfrentó con el director del hospital. El hilo se cortó por la parte más delgada: ¡Se fue el director del hospital!
Cuoteo político durante doce años en la conducción de los hospitales públicos del país. Esperamos, sinceramente, que este proyecto de ley, que establece una nueva concepción de la autoridad sanitaria y las distintas modalidades de gestión, termine con el cuoteo político y tengamos a profesionales idóneos, independientemente de su posición política, dirigiendo los hospitales públicos.
Me preocupa, sí, que, en el último llamado a concurso público, en el hospital San José se hayan presentado más de 80 postulantes, la mayoría buenos administradores, y que al final, como quedaron tres o cuatro postulantes que al parecer no eran del gusto del director del servicio, del Partido por la Democracia, se declarara desierto. Era el primer llamado hecho por el Gobierno, la primera vez que se avanzaba en esta materia, pero el concurso se declaró desierto.
Señor Presidente, el señor ministro está hablando por celular. Como está prohibido su uso en la Sala, le agradeceré que le pida que termine para que pueda escuchar mi intervención.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Señor ministro, le ruego no hablar por el celular.
El señor MELERO.-
Gracias, señor Presidente.
Como si estas mochilas fueran poco, a través de los medios de comunicación se ha hecho una campaña publicitaria millonaria para dar a conocer a la gente que esta reforma le significará mejor salud. ¡Propaganda! El Congreso todavía no aprueba un proyecto de ley en ese sentido y ya la están promocionando. ¡La tierna imagen del señor ministro con una guagua en los brazos! ¡El acceso a la atención! ¿Cuánto están gastando en publicidad?
Recuerdo que cuando partió esto, en abril pasado, la Sala de la Cámara de Diputados pidió al Gobierno, por mayoría, en virtud del número 1) del artículo 48 de la Constitución Política, que informara cuánto se estaba gastando en publicidad. ¡Hasta hoy no ha habido respuesta! No se oye, padre. ¿Este es el Gobierno que se dice transparente?
Emplazo al señor ministro para que, en un plazo de 24 horas, nos informe si ha gastado más o menos de mil millones de pesos en publicitar el programa Auge. Que diga de cara a Chile cuánto cuesta. Es una vergüenza que en un sistema democrático el Gobierno se niegue a entregar información acerca de cuánto está gastando por ese concepto, a pesar de haberle sido solicitada varias veces por esta rama de un poder del Estado. ¿Tienen algo oculto? ¿Sacan el dinero de malos lugares? ¿Están gastando recursos de otros sectores para hacer publicidad?
Veinticuatro horas, señor ministro. Lo emplazo a que nos diga si se han gastado más o menos de mil millones de pesos en la publicidad del programa de reforma de la salud. Dígalo de cara al pueblo y sea consecuente con la transparencia que ofrecen en esta materia. No distraigamos recursos en publicitar cosas que generan ilusiones en la gente, ilusiones que después podrían transformarse en desilusión.
Otra mochila: la focalización del gasto público. Es crucial que los recursos lleguen a la gente más pobre. El cruzamiento que se hizo entre el Servicio de Impuestos Internos y el Fonasa, Fondo Nacional de Salud, demuestra que más de 500 mil personas declaradas indigentes no son tales porque tienen una renta que, aunque ínfima, les imposibilita acceder a los beneficios de salud en forma gratuita. Así se filtran los recursos. Quinientos mil chilenos se atienden en el sistema público de salud gracias a una mala focalización y falta de control, con lo cual se pierden recursos. ¡Otro problema en la gestión y administración de los hospitales!
¡Para qué hablar de lo que está ocurriendo con las licencias médicas! Hay un 200 por ciento de aumento por este concepto. Se ha modificado el sistema y cambiado la ficha de las licencias médicas. Es una aproximación, pero no resuelve el tema de fondo, porque los ministros de fe en su otorgamiento son médicos, y algunos, lo digo con gran respeto, vulneran todos los días la fe pública al dar licencias que no corresponden. Pareciera ser que hemos perdido la capacidad de asombro y no veo un esfuerzo claro en esa dirección.
Campaña publicitaria costosa, cuoteo político...
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Terminó su primer discurso, señor diputado. Puede continuar en el tiempo del segundo discurso, de cinco minutos.
El señor MELERO.-
Gracias, señor Presidente.
Cuoteo político en los hospitales, falta de focalización, campañas publicitarias millonarias, deudas hospitalarias abultadas, listas de espera, aumento del gasto público. ¡Magnífico! ¡Estamos enfrentando una reforma! ¿Solucionará todos estos problemas? ¿Podremos blanquear la situación? Con la inyección de nuevos recursos que el Gobierno quiere, también vía impuestos, ¿vamos a llevar adelante esta reforma?
Al igual que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, considero importante contestar estas interrogantes.
Ahora, el proyecto en cuestión constituye un avance respecto de la situación actual, pero es un avance tibio, temeroso, políticamente calculado; que no vaya a tocar mucho, que no se vayan a alentar presiones mayores.
De más está decir que no hay un solo gremio de la salud que esté de acuerdo con esta reforma, desde el Colegio Médico hacia abajo. Pasaron por la Comisión. ¡Ni uno! Ni siquiera presentaron indicaciones. Dijeron: “no nos gusta”. En fin, habrá también que enfrentar muchas de esas situaciones.
El gran tema de la administración pública de la salud no pasa, como lo enfrenta el proyecto, principalmente por la reorganización de las autoridades en esta materia, desde los directores de servicio a los seremis, sino que pasa por generar incentivos a la eficiencia de la administración de los recursos de que se dispone.
En efecto, la gestión en el sector público ha sido eficiente en los incentivos adecuados bajo los que funciona. Pareciera ser que más bien estamos reorganizando, traspasando funciones de aquí para allá más que ir al tema fundamental: los incentivos o la generación de mayores eficiencias.
El proyecto no es en sí mismo negativo, pero claramente falta avanzar mucho más para lograr la mayor eficiencia anhelada en el funcionamiento actual del sistema.
Habría mucho más que hablar sobre temas que no están considerados en el proyecto, como la subsecretaría de la red de servicios de salud; emitir opiniones sobre la descentralización efectiva, la facultad de fiscalización de los seremi, la flexibilidad laboral; pero, en razón del tiempo, voy a dejar en esta aproximación político-económica nuestra visión en relación con la reforma. Los señores Masferrer , Forni y Dittborn y la señora Cristi , en las sesiones de los días próximos, abordarán los aspectos más coyunturales.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Señor Presidente, seré muy breve, para que alcance a hablar otro señor diputado.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Señor ministro, le hago presente que su tiempo no se descuenta.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalar al diputado señor Melero que no necesito 24 horas para responder su consulta. Puedo decirle hoy, con toda claridad y fuerza, que el monto que se ha invertido para dar a conocer a la opinión pública el plan Auge lo que, por lo demás, constituye un deber del Gobierno y un derecho de los ciudadanos es infinitamente menor que la cifra que ha indicado. A lo mejor, las instituciones de salud previsional han gastado cifras de ese tipo al utilizar muchos medios, pero nosotros hemos usado los recursos con mucha seriedad y responsabilidad.
No quiero dejar pasar lo que expresó el diputado señor Melero sobre los mil millones de pesos, porque no es cierto. Quiero ser claro y transparente: ¡no es cierto!
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Ruego a los señores diputados guardar silencio.
Continúa con la palabra el señor ministro.
El señor ARTAZA (ministro de Salud).-
Señor Presidente, agradezco que la participación del diputado señor Melero en la discusión del proyecto en las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud haya sido muy distinta del discurso público que ha tenido hoy. Hago votos por que su participación hacia el futuro siga siendo generosa y con altura de miras.
La discusión de este proyecto es de país, de nación, y espero que tengamos generosidad para sacarlo adelante porque Chile lo necesita. Algunos sueñan con hacer desaparecer a los privados, y otros seguramente con que desaparezca el sistema público. ¡No, señor, a nadie le vamos a dar en el gusto porque eso no es posible, ya que quedaríamos paralizados por siempre! Este Gobierno tiene la responsabilidad de solucionar los problemas de la gente, de desatar los nudos, de sortear los puntos críticos.
En ese sentido, con mucho afecto, quiero decir al diputado señor Melero que considero que ha sido muy participativo y que ha aportado mucho en las comisiones. Hago votos por que siga participando así.
He dicho.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, ¿resta algo del tiempo de mi segundo discurso?
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Terminó su tiempo, señor diputado. Corresponde que haga uso de la palabra el diputado señor Bayo .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, por su intermedio, solicito al diputado señor Bayo que me dé una breve interrupción, dado el emplazamiento que me ha hecho el señor ministro.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Con la venia del diputado señor Bayo , tiene la palabra el diputado señor Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, hay un viejo adagio popular que dice: “Lo cortés no quita lo valiente”. Siempre seré cortés; siempre seré colaborador. Pero no por eso voy a dejar de decir la verdad sobre una serie de hechos que fluyen de mi análisis del sector salud y de lo que expresa la opinión pública.
En segundo lugar, lamento profundamente que el ministro de Salud nuevamente no haya sido capaz de dar a conocer en la Sala cuánto se ha gastado en publicidad. Le pido que responda el oficio que se le envió en virtud de lo que establece el artículo 48, Nº 1), de la Constitución, y diga cuál es la cifra. Vuelvo a preguntar: ¿Se gastaron más o menos de mil millones de pesos en publicidad? Que nos dé el detalle. ¿Son ochocientos millones, novecientos millones o quinientos ochenta millones de pesos? Las preguntas fueron muy claras, señores diputados. Si el día de mañana otros son Gobierno, ustedes querrán que ese Gobierno les responda las preguntas que ustedes le formulan a través de la Cámara de Diputados. Llevamos cinco meses esperando respuesta, pero aún no la tenemos.
Vuelvo a emplazar al ministro de Salud para que en 24 horas nos dé la cifra, para la tranquilidad y el conocimiento de todos.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Había pedido el acuerdo para terminar el Orden del Día a las 13 horas. Sin embargo, como el debate está interesante y hay varios diputados inscritos, propongo a la Sala dejar sin efecto el tratamiento de proyectos de acuerdo y que el Orden del Día se prorrogue hasta las 13.30 horas.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Bayo .
El señor BAYO.-
Señor Presidente, sólo restan cinco minutos para el término del Orden del Día.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Señor diputado, si hoy no alcanza a terminar su discurso, queda inscrito para mañana.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, si es tan amable, solicito que me deje inscrito para hacer uso de la palabra en el primer lugar de la sesión de mañana.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, los diputados que no pertenecemos a las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda no hemos tenido la oportunidad de conocer con anticipación el proyecto. De hecho, recibí el texto ayer tarde, y cuando iba a Santiago pude hacerle una primera revisión relativa. En consecuencia, me he impuesto a través de la intervención del diputado informante y particularmente por lo señalado por el ministro del Salud, respecto de los objetivos que se persiguen y sobre cómo trabajaron las Comisiones unidas, además de escuchar las críticas de la Oposición.
Creo que lo esencial y lo que esperan los chilenos es que el Ejecutivo, y en especial el Congreso, seamos capaces de afrontar una verdadera reforma, que responda a las necesidades de la gente y no a la demagogia. No queremos discursos para la galería ni ese tipo de cosas. Lo que anhelan los chilenos es que saquemos un nuevo sistema de salud que reconozca la especificidad de lo público y de lo privado, y que, en definitiva, otorgue una mejor salud. Para ser bien concreto, que evite tanta espera a los que están en el sistema público para la atención de salud, y que a los que están en el sistema privado no les sigan esquilmando sus pocos recursos cambiándoles los planes unilateralmente, cuando les da la gana. Eso es lo que espera la gente. En eso debemos trabajar, particularmente los técnicos en la materia.
Desde esa perspectiva, quiero hacer dos comentarios menores sobre lo que alcancé a revisar del proyecto.
En primer lugar, no queda muy claro para los lectores de la iniciativa la razón por la cual es necesario crear dos subsecretarías en el Ministerio de Salud. Estoy mucho más cerca de la propuesta del diputado señor Bayo , en el sentido de que no hay razón para crear más burocracia. Bastaría con una subsecretaría y dos subdivisiones, una para la salud primaria y otra dedicada a la salud pública.
Además, creo que la orgánica de los ministerios funciona mejor cuando hay una autoridad que tiene imperio sobre las dos divisiones y no con la existencia de dos subsecretarías, que se van a igualar en ese sentido. Creo que los técnicos debieran revisar aquello, desde el punto de vista del funcionamiento y de la burocracia.
En segundo término, el sentido fundamental de los consejos regionales de asesoramiento es que la ciudadanía participe, pero hay algunas omisiones. Por eso, junto a los diputados señores Riveros y Saffirio , presentamos una indicación para que se incorpore a las organizaciones del adulto mayor. Los adultos mayores son quienes, por excelencia, recurren más al sistema público de salud, por lo que deberían estar representados en dichos consejos para que los secretarios ministeriales y aquellos que tomen decisiones desde el punto de vista de la gestión escuchen cuáles son las realidades que viven los que hoy llegan al 14 por ciento, pero que en los próximos veinte años alcanzarán a más del 20 por ciento, entre los que me incluiré yo, y que esperan una mejor atención del sistema público y del privado.
Lo que la gente espera reitero es que seamos capaces de sacar adelante un proyecto para Chile, no pensando en el candidato del año 2005.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Ha terminado el Orden del Día.
Hago presente a quienes están inscritos y que no alcanzaron a intervenir, que podrán hacer uso de la palabra en la sesión de mañana. Si después de ella aún quedaran señores diputados sin intervenir, podrán hacerlo en la sesión del próximo martes.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
CONTRATOS DE TRABAJO DE DURACIÓN INDEFINIDA PARA MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
El señor Secretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 108, de los diputados señores Jaramillo , Bertolino , Espinoza , Muñoz, don Pedro ; Ortiz , Salas , González, don Rodrigo , y de la señora Caraball , doña Eliana .
“Considerando:
Que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) se encuentra a cargo de la administración del Programa de Alimentación Escolar (PAE), mediante el cual se da alimentación a niños, jóvenes y, en algunos casos, adultos que se encuentran estudiando en establecimientos de enseñanza pública y privada subvencionada de nivel prebásico, básico y medio, y que califican en base a la utilización de un instrumento, un parámetro de medición socioeconómico denominado “índice de vulnerabilidad escolar”.
Que este programa es de las pocas iniciativas sociales que tiene una cobertura nacional, sin distingos respecto de sus beneficios en los sectores urbanos y rurales, lo que implica la realización de un enorme esfuerzo fiscal para su financiamiento y de una gran movilización de recursos humanos y materiales para proceder día tras día a preparar servicios de alimentación y entrega a los beneficiarios, lo cual, en los hechos, lo realizan las denominadas manipuladoras de alimentos, normalmente mujeres de las mismas localidades en donde se asientan los establecimientos educacionales, que son contratadas por las empresas concesionarias del servicio.
Que, desde hace ya varios años, se ha podido detectar una merma importante en las condiciones de renta y trabajo de estas trabajadoras, las que, hoy en día, de manera mayoritaria, son contratadas mediante contratos de plazo fijo que van desde los meses de marzo a diciembre, con lo cual quedan desempleadas en los meses de verano, cuando se producen las vacaciones escolares, impidiéndose con ello que sean beneficiarias de innumerables beneficios sociales, como los derivados del derecho a indemnización por años de servicio. Asimismo, no acumulan tiempo servido, con el cual se regula en los hechos su remuneración, no pudiendo aspirar a mejoras en sus remuneraciones.
Que, si bien este programa social del Gobierno ha demostrado su éxito y niveles de creciente eficiencia, no es menos cierto que eso se basa, en parte, en las malas condiciones laborales de la pieza básica de todo el sistema, que es el elemento humano, el trabajo de miles de mujeres humildes a lo largo de todo el territorio nacional; por lo cual es justo que se mejoren sustancialmente sus condiciones de trabajo a contar de los próximos periodos de concesión de los servicios.
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a la señora Ministra de Educación para que se sirva instruir a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con la finalidad de que, en los próximos procesos de licitación de los servicios del “Programa de Alimentación Escolar” se contemple, en las bases de licitación, que la contratación de las manipuladoras de alimentos se realice mediante contratos de duración indefinida y se excluya la modalidad de contratos sólo por los meses en que se realizan actividades lectivas en los establecimientos educacionales”.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball .
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo tiene por objeto crear conciencia pública sobre la situación que afecta a las manipuladoras de alimentos que laboran en el mencionado programa de alimentación escolar. Ellas prácticamente se encuentran sometidas al mismo régimen de las trabajadoras temporeras, por lo cual experimentan grave detrimento en los beneficios derivados del derecho de indemnización por años de servicio, al no contar con contratos indefinidos, sino limitados, entre marzo y diciembre. Eso afecta a las trabajadoras, por cuanto no pueden acumular el tiempo servido, que regula su remuneración, lo que les impide aspirar a mejoras de las mismas.
Si bien este programa social del Gobierno ha demostrado su éxito y evidenciado niveles crecientes de eficiencia, no es menos cierto que se basa, en parte, en las malas condiciones laborales del elemento humano, en el trabajo de miles de mujeres humildes a lo largo de todo el territorio nacional. Por lo tanto, es justo que se mejoren sustantivamente sus condiciones de trabajo, a contar de los próximos períodos de servicios.
Las concesionarias de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas contratan a las manipuladoras de alimentos entre marzo y diciembre a fin de cumplir con este excelente programa del Gobierno; pero, desde el punto de vista laboral, el sistema es bastante deprimente, puesto que durante tres meses quedan sin ningún tipo de cobertura ni de derechos.
En consecuencia, proponemos que sus contratos sean indefinidos, con el objeto de que puedan gozar de todos beneficios que establece el Código del Trabajo.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, cuando los parlamentarios realizamos visitas a las escuelas, tanto de los sectores rural como urbano, al final de los actos, en forma muy humilde, se nos acercan señoras que desean exponernos sus problemas, sin que las escuche nadie más que el parlamentario respectivo. En verdad, de alguna forma quieren ser tratadas como funcionarias de la educación.
Por eso, me he permitido sintetizar, en un proyecto de acuerdo elaborado con otros distinguidos parlamentarios, la idea de que las manipuladoras de alimentos del sector educacional que trabajan con empresas contratistas tengan previsión durante los meses que no laboran. Creo que la diputada señora Caraball lo estaba insinuando, pero, como me incorporé a la Sala con atraso, no alcancé a escucharla.
Lo más triste es el maltrato laboral que reciben esas trabajadoras. Si legisláramos sobre el particular, sin duda se sentirían fortalecidas y también lograríamos dignificar la entrega de alimentación a nuestros hijos, a los pequeños que en sus hogares muchas veces no disponen de las condiciones para ser alimentados en forma normal.
Este programa es una de las pocas iniciativas sociales con cobertura nacional sin distingos. Por eso, respecto de sus beneficios, entre los sectores urbanos y rurales, implica la realización de un enorme esfuerzo fiscal para su financiamiento y de una gran movilización de recursos humanos y materiales para proceder, día a día, a la entrega de la alimentación de quienes son acreedores al beneficio.
Las manipuladoras quieren ser tratadas normalmente en su función laboral. Desde hace varios años se viene detectando que las condiciones de renta y de trabajo de estas trabajadoras no son las mejores. Son contratadas a medias, porque se inician con dos meses a prueba, a pesar de tener la experiencia de haberse desempeñado durante más de diez años en el cargo. Por eso, solicito a las señoras y señores parlamentarios, en un acto de justicia, apoyar este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el diputado señor Juan Masferrer pueda hablar a favor del proyecto.
Acordado.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo intenta hacer justicia a un sector de trabajadoras que se desempeñan en escuelas de todo el país, especialmente de zonas rurales.
A fines del año pasado, me entrevisté con el ministro del Trabajo, señor Ricardo Solari , y le entregué un proyecto que debía contar con la venia del Ejecutivo, tendiente a que estas trabajadoras sean contratadas, al menos, por el año docente escolar, que empieza el 1 de marzo y termina el 28 de febrero del año siguiente. De esa forma, estas trabajadoras podrían percibir su renta durante ese período y, al mismo tiempo, contar con los beneficios en materia de previsión, asignación familiar y salud.
Sin embargo, dadas las condiciones en que ahora son contratadas, el 31 de diciembre, y algunas veces el diez o 15 de diciembre, son despedidas porque las clases terminan en esas fechas.
En consecuencia, votaré favorablemente el proyecto, al igual que como lo hará la Unión Demócrata Independiente, porque con esta propuesta creemos que ayudaremos a un importante sector de mujeres trabajadoras.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
RECHAZO A INTERNACIÓN DE DESECHOS COMPUTACIONALES.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
El señor Secretario accidental dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 113.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 113, de los diputados señores Navarro , Accorsi , Valenzuela , Escalona , Montes, Espinoza , Rossi , Sánchez y Encina.
“Considerando:
Que, aunque para la mayoría de los usuarios computacionales los problemas de almacenaje se refieren a la capacidad de sus discos duros, hay otros grupos que han declarado el reciclaje de equipos obsoletos como el mayor problema de las últimas décadas.
Que, según un informe dado a conocer por la National Safety Council's (NSC) de los Estados Unidos, se estima que, en 1998, unas veinte coma seis millones de computadoras personales quedaron obsoletas en ese país y sólo unas dos coma tres millones fueron recicladas para su uso posterior.
Dadas las bajas cifras de reutilización de materiales, el once por ciento de lo que se bota no alcanza a ser una ayuda efectiva para los serios problemas medioambientales que se están padeciendo, como producto de los componentes tecnológicos que ya no tienen cabida en los vertederos convencionales, situación que agrava el problema, ya que, según el estudio, muchas de estas computadoras son lanzadas a depósitos ilegales que no realizan los tratamientos pertinentes a estos materiales.
Que, para el 2004, la NSC ha proyectado que unos trescientos quince millones de aparatos se sumarán a los desechos, lo que ha hecho ponerse en estado de alerta a grupos ambientalistas, quienes han señalado que los mayores riesgos de estos desechos radican en la toxicidad de los químicos en degradación.
Que miles de toneladas de desechos informáticos parten todos los días en aviones y barcos estadounidenses con destino a los gigantescos vertederos de China, Pakistán y la India. Allí, más de cien mil personas, que viven todavía ancladas en el siglo XIX, sufren los efectos de los restos de la tecnología más avanzada del siglo XXI. Son los limpiadores de la basura informática que, poniendo en peligro su salud, buscan entre los componentes cobre y otros materiales con los que sobrevivir.
Según un informe elaborado por la organización Basel Action Network (BAN), los países de Norteamérica han convertido esta región asiática en su particular “cibervertedero”, un lugar donde deshacerse de los residuos electrónicos de su mundo civilizado, pese a los riesgos para la salud y el medio ambiente que ello causa en las poblaciones indígenas.
Que los equipos desechados son transportados desde América del Norte en barco hasta la ciudad de Karachi, en Pakistán, o a Guiyu, en la provincia china de Guandong. En los gigantescos vertederos que existen en ambas ciudades, niños y adultos extraen los materiales de los desechos informáticos, como, por ejemplo, el cobre, un metal altamente valorado en sus mercados locales. Los componentes que no pueden ser vendidos son quemados.
Que de esta incineración de los componentes circuitos electrónicos, plásticos, metales, cables, etcétera emanan gases tóxicos que pueden causar enfermedades respiratorias e incluso cáncer a quienes los inhalen constantemente, según ha denunciado la BAN.
Que esta información señala, además, que el material que no es vendido o quemado es, sencillamente, amontonado al aire libre, con el consiguiente riesgo de contaminación por filtración del subsuelo y el agua potable. Por poner un ejemplo, en la región china de Guiyu, la contaminación del agua es tal, que no es potable en treinta kilómetros a la redonda.
Que, a pesar de que los fabricantes estadounidenses de computadoras personales incluyen en sus equipos vistosas etiquetas en las que se asegura que las empresas se toman en serio la protección del medio ambiente, lo cierto es que Estados Unidos carece de un sistema eficaz de recuperación y reciclaje de basura informática. Por eso, países mucho menos avanzados, como China o Pakistán, son los lugares ”idóneos” para estos menesteres.
Los países generadores de “basura informática” no saben qué hacer con los restos. Sólo en California, por ejemplo, con una población cercana a los treinta y cinco millones de personas, se calcula que unos seis mil computadoras personales se quedan obsoletos cada día y que, como media, cada familia almacena en el trastero de su casa tres aparatos, entre televisores y ordenadores personales.
Que, a diferencia de lo que ocurre con otros residuos generados en las grandes ciudades, sólo el once por ciento de este material se recicla, frente al veintiocho por ciento de las otras basuras, y el resto termina en vertederos donde las filtraciones de plomo, cadmio y mercurio pueden llegar hasta las aguas subterráneas.
Que hasta el ochenta por ciento de los ordenadores, monitores e impresoras entregadas para "reciclar", en Estados Unidos, están destinadas para China, India y Pakistán . Este año Estados Unidos exportará alrededor de diez millones de computadoras descartadas, la mayor parte enviadas a China.
Que más del noventa por ciento de la basura electrónica va directamente a los vertederos, se quema o se abandona de cualquier manera. Por su parte, la Oficina Ambiental Europea calcula que la Unión Europea generó, en 1998, alrededor de seis millones de toneladas de chatarra electrónica y asegura que, para el 2004, esta cantidad se elevará a siete coma cuatro millones de toneladas, lo que indica un aumento del cuatro por ciento anual.
Que, por todo esto, el Parlamento europeo prepara dos leyes que obligarán a los fabricantes de computadoras a que se hagan cargo de los aparatos que vendan, lo que les obligará a recoger y reciclar esos productos una vez que hayan acabado su vida útil. Esto hará que el precio de los mismos suba el cinco por ciento, aproximadamente. Además, a partir del 2006, se prohibirá construir computadoras y electrodomésticos que contengan elementos tales como plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalante y bifeniles polibrominados o éter difenil.
Que en Chile, en el sector de Carrascal, a la altura del seis mil, en la Región Metropolitana, existe un “cibervertedero” donde se acumulan más de trescientos toneladas de piezas y partes de computadoras antiguos, que se entremezclan en rumas a lo largo y ancho de más de cuatro mil metros de terreno.
Que es conocida la intención de algunas empresas extranjeras que se dedican al tráfico de estos residuos computacionales hacia distintas partes del mundo, de generar una nueva ruta hacia Latinoamérica para el depósito de estos desechos contaminantes, propiciando su internación tal como ha ocurrido con otras basuras tóxicas como el plomo bajo fórmulas de ‘recuperación’ o ‘reciclaje’ de algunos elementos componentes de las computadoras, tales como el cobre.
La Cámara de Diputados acuerda:
Rechazar toda posibilidad de aceptar, bajo cualquier fórmula de recuperación reciclaje o comercialización de piezas, partes o elementos componentes, la internación de desechos computacionales que generen la existencia de “cibervertederos” en territorio nacional chileno, con el consiguiente peligro para la salud de sus habitantes, debido a la filtración de metales pesados como plomo, mercurio o cadmio hacia cuerpos de agua subterráneos y superficiales o a la emanación de gases tóxicos que se producen con la incineración de las partes de los equipos desechados.
Pedir al Ministerio de Salud promulgar, con la mayor brevedad, el Reglamento de Substancias Peligrosas, que se encuentra en estudio desde hace muchos años y que constituye una herramienta indispensable para enfrentar la internación, no sólo de residuos peligrosos como los computacionales, sino que de cualquier otra especie.
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que, en el marco de los acuerdos internacionales, se considere la vigencia de las normas que regulan el tráfico de los residuos peligrosos, fundamentalmente de las contenidas en el Convenio de Basilea.”
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, tal como señala el texto del proyecto de acuerdo, en el ámbito de los usuarios computacionales los problemas de almacenaje que se refieren a la capacidad de los discos duros, sin duda son grandes, puesto que cada día queremos computadores con mayor capacidad de memoria.
Pero hay otros problemas derivados de la informática que son cada día más evidentes, como, por ejemplo, qué hacer con los computadores cuando quedan obsoletos. El reciclaje de equipos obsoletos está convirtiéndose en un serio problema para los países, en particular para los que ocupan esos equipos en forma más intensiva.
Según un informe dado a conocer por la National Safety Council, de Estados Unidos, se estima que en 1998 unos 20,6 millones de computadores personales quedaron obsoletos en ese país, de los cuales sólo 2,3 millones fueron reciclados para su uso posterior, es decir, poco más del diez por ciento.
Las bajas cifras de reutilización de materiales 11 por ciento de lo que se bota no alcanzan a ser ayuda efectiva para los serios problemas ambientales que pueden provocar estos aparatos. Para el año 2004, la National Safety Council ha proyectado que unos 315 millones de aparatos se sumarán a estos desechos.
Miles de toneladas de desechos informáticos parten todos los días en aviones y barcos estadounidenses con destino hacia gigantescos vertederos en China, Pakistán y la India, donde más de cien mil personas que aún están ancladas en el siglo XIX se encargan de liberarse de estos restos de tecnología moderna.
Según un informe elaborado por la organización Basel Action Network , los países de Norteamérica han convertido esta región asiática en su particular “cibervertedero”.
Que los equipos desechados sean transportados desde América del Norte en barco hasta la ciudad de Karachi, en Pakistán, o a Guiyu, en la provincia china de Guandong, no significa que este problema sea lejano para nosotros.
El reciclaje de estos materiales, en particular de plástico, metales pesados, cables, etcétera, y su combustión o eventual depósito en áreas no aptas, generan un problema medioambiental cierto.
Lo que no es vendido o reciclado es quemado al aire libre. Por ejemplo, en la región china de Guiyu la contaminación del agua es tal que ésta no es potable en un radio de treinta kilómetros, desde el lugar donde se depositaron los desechos.
Las empresas que toman en serio la protección del medio ambiente en Estados Unidos así ocurre carecen de un sistema eficaz de recuperación o reciclaje de basura informática.
Por eso, países mucho menos avanzados en esta área, como China o Pakistán, son lugares idóneos para depositar sus desechos.
Sólo como ejemplo, en California, Estados Unidos, con una población cercana a los 35 millones de habitantes, se calcula que unos seis mil computadores personales quedan obsoletos cada día, y como media, cada familia almacena en el patio trasero de su casa tres aparatos, entre televisores y ordenadores personales.
A diferencia de lo que ocurre con otros residuos generados en las grandes ciudades por ejemplo, un 28 a 35 por ciento de la basura domiciliaria es reciclable, en el ámbito de los computadores reitero sólo el 11 por ciento se recicla y el resto adquiere el carácter de chatarra electrónica.
Hasta el ochenta por ciento de los ordenadores, monitores e impresoras entregadas para reciclar desde Estados Unidos a China, forman parte de una basura informática que no podrá ser reciclada. Este año, Estados Unidos exportará unos diez millones de computadores descartados, casi todos a China.
Por otra parte, se calcula que la Unión Europea generó en 1998 unos seis millones de toneladas de chatarra electrónica.
Hemos sido informados de que en Chile se ha solicitado el ingreso de desechos informáticos. La experiencia con la empresa Promel o Boliden Metal, en Arica, determinó que efectivamente existe una gran irresponsabilidad.
El intento de introducir estos desechos sin una legislación adecuada o reglamento para residuos peligrosos, claramente es un atentado medioambiental que sin duda debe ser revisado.
En esas circunstancias, solicito a la Sala su aprobación al proyecto de acuerdo, de manera que el Ministerio de Salud tome las medidas necesarias para impedir el ingreso de basura informática a nuestro país.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; no hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Por no haberse reunido el quórum, se repetirá la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
No hay quórum.
Se procederá a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En votación.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Allende (
-o-
El señor SALAS, Presidente en ejercicio, saluda y da la bienvenida al embajador de Sudáfrica, quien se encuentra en tribunas con una delegación de diputados de la Comisión del Parlamento de Sudáfrica.
Aplausos.
-o-
VII.INCIDENTES
ACCESO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES A PROYECTOS DE FOMENTO. Oficios.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, para enfrentar los nuevos desafíos que imponen los tratados comerciales que estamos aprobando y los que aprobaremos, nuestra agricultura, indiscutiblemente, necesita modernizarse. Son muchos los productores que quieren realizar esa transformación y dedicarse a rubros de exportación. No me cabe la menor duda de que el futuro de la agricultura, en terrenos que poseen buenas cualidades, está en dedicarse a producir todo aquello que sea de exportación.
En especial los pequeños y medianos agricultores agrícolas no pueden efectuar esta transformación sin el apoyo que el Estado les brinda y debe seguir brindando, en particular a través de un instrumento que en la actualidad existe, pero que ellos no han podido utilizar, a pesar de los acuerdos adoptados por el Gobierno. Específicamente, me refiero a un instrumento que maneja la Corfo, el que, en general, se utiliza para empresarios de mayor tamaño. En el acuerdo de la mesa de diálogo agrícola, en el punto 21, se dispuso que podían tener acceso los pequeños y medianos productores agrícolas al instrumento Profo que implementa la Corfo; pero para acceder a él es necesario tener un monto de facturación que hoy no es alcanzable para esos productores.
Por eso, en el acuerdo 21 se tomó la decisión de bajar el monto de facturación para que estos productores agrícolas tuvieran acceso al instrumento Profo . Pero, a pesar de dicho acuerdo, que involucra a todos los sectores y al Gobierno, hasta el momento no se aplica, en circunstancias de que se dijo que en el presupuesto de este año se iban a destinar recursos con esa finalidad. Es urgente cumplir ese compromiso.
Por eso, pido que se oficie a los ministros de Agricultura y de Economía a fin de que se adopten las medidas para que este acuerdo de la mesa de diálogo se lleve a cabo, y así los pequeños y medianos productores agrícolas puedan acceder a los Profos que la Corfo, con tanto éxito, ha implementado para otros sectores.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
APOYO A INICIATIVAS MICROEMPRESARIALES POR PARTE DEL FOSIS EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana .
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, el último trimestre móvil medido por el Instituto Nacional de Estadísticas ha arrojado en la región de La Araucanía un sorprendente incremento del índice de desempleo, del orden de dos puntos, llegando a 9,26. Crece la preocupación al constatar que aumenta la fuerza laboral, el número de personas que buscan empleo por primera vez, y al observar que sectores económicos que presentaban una mayor fortaleza, como la construcción y los servicios financieros, decaen en forma drástica.
Tan sorprendente ha sido el incremento del desempleo en la región de La Araucanía, que el propio INE nacional hará una revisión exhaustiva de la muestra, del instrumento y cómo se está aplicando. Del análisis de estos resultados, surge con claridad que el incremento no ha afectado a las comunas grandes o capitales provinciales, sino a las medianas y pequeñas, a aquellas donde la posibilidad de allegar inversión privada es remota.
No cabe duda, como en cualquier sociedad, que la generación de fuentes de empleo está, en esencia, radicada en el ámbito privado. Por tanto, será una misión del Estado, en sus distintos órganos, facilitar las condiciones para que ello ocurra.
En las comunas medianas y pequeñas, como las que represento muchas de ellas eminentemente rurales, el Gobierno ha estado haciendo un gran esfuerzo para apoyar iniciativas microempresariales y productivas. Ayer, el Presidente de la República dio una importante señal en orden a que el presupuesto de 2003, que deberá estudiar el Congreso Nacional, debiera tener una clara orientación procrecimiento.
Todos debemos hacer lo que nos corresponde para reducir estos índices que tienen a una importante cantidad de chilenos en una difícil situación económica, derivada de la crisis financiera de las principales economías del mundo.
Pido que, a través del ministerio que corresponda, se remita copia de esta intervención al director nacional del Fosis, institución que realiza una enorme labor social, la que se verá incrementada por su responsabilidad en torno del programa “Chile Solidario”, que habrá de asumir próximamente. Mi mensaje a dicha institución es que, con todo lo valioso que será el último programa, el cual, por cierto, contará con nuestro apoyo, consideramos que otros programas que la institución ha venido desarrollando en el último tiempo, como el de emprendimientos individuales, no debieran ser sacrificados.
Financiar una actividad microempresarial, que en un momento dado se desarrolla en la informalidad, se transforma en una enorme oportunidad que en verdad genera empleo y en un gran alivio para las economías pequeñas, en las cuales las grandes inversiones y los megaproyectos están aún muy lejos de realizarse.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de su bancada, del PPD, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, de la de Renovación Nacional y de los de la UDI que así lo indican.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE PASO FRONTERIZO EN EL SECTOR ZAÑA ZAÑA, OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra por tres minutos el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, a propósito de integración, en el pasado de hecho, en la comuna de San Fabián de Alico, frente a San Carlos había un nivel de integración extremadamente grande, que se traducía en intercambio comercial, trueque, etcétera. Sin embargo, en los últimos 30 ó 35 años esto se acabó. Muchos vecinos de la zona añoran la posibilidad de establecer nuevamente un corredor en esa zona, fundamentalmente por las ventajas que ello implica. Todos los estudios realizados en la zona central indican que en el sector Zaña Zaña , ubicado en la comuna de San Fabián de Alico, es posible construir esa vía de comunicación, respecto de la cual incluso un vecino de la zona ha hecho, por su cuenta, varios kilómetros.
Entonces, queremos plantear a la autoridad de Obras Públicas que vea con buenos ojos los esfuerzos que hacen los privados por lograr un acercamiento a través de un corredor. Con ello se evita que llegue ganado desde Argentina a Parral, San Carlos y Chillán en forma clandestina. De existir un paso fronterizo regulado, con el SAG instalado en el lugar preciso, las cosas serían distintas.
Por ello, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas para que tenga a bien respaldar los estudios realizados por privados, con el fin de construir ahí un paso fronterizo que permita acceder, en forma regulada, a la Argentina.
Asimismo, oficiar a las respectivas autoridades, a fin de que la Aduana y el SAG se instalen en la zona indicada.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
UTILIZACIÓN DE RECURSOS FISCALES EN CAMPAÑAS ELECTORALES. Aplicación del artículo 48, Nº 1, de la Constitución Política. Oficios.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alfonso Vargas .
El señor VARGAS.-
Señor Presidente, ha sido preocupación constante de nuestra bancada exigir el término de manifestaciones claras de intervencionismo electoral por parte del Gobierno.
Sin duda, una de las más reprochables es la utilización y destinación de los fondos del fisco en épocas electorales, con el claro e indiscutible fin de obtener el favor de los electores, comprando sus conciencias.
Ya denunciamos la actitud inaceptable de las cartas que enviaban algunos intendentes, comunicando el otorgamiento de pensiones asistenciales pocos días antes de la elección del año 2001. El Gobierno señaló que eran simplemente descriterios de algunas autoridades regionales. En esa oportunidad, no obstante favorecerse las opciones electorales de algunos candidatos, hoy parlamentarios, no apareció ninguno nombrado en forma expresa ni tampoco se comprobó la participación directa de alguno en estas maniobras.
Han llegado a mi poder y me alegro que se encuentre en la Sala el diputado don José Miguel Ortiz más de cuarenta cartas firmadas por don Carlos Rubio Sandoval , director del gabinete presidencial hasta diciembre del año pasado actualmente embajador, en las cuales le comunica al diputado don José Miguel Ortiz , entonces candidato, el otorgamiento de más de 24 millones de pesos a diversas organizaciones sociales de su distrito.
Las cartas, de fecha 7 de diciembre de 2001, fueron despachadas desde el fax del gabinete presidencial para que en la mañana, un día antes de la elección, el diputado candidato hiciera entrega de ellas a las organizaciones favorecidas.
Estos beneficios son otorgados como subvenciones presidenciales y en todas las cartas se hace mención expresa de que las peticiones han contado con el apoyo del diputado señor Ortiz .
He querido hacer llegar y se las entregaré a quienes no las hayan recibido a los jefes de las distintas bancadas copia de las cartas a las que me he referido, para que cada uno de ellos, a la vista de los documentos, juzgue la gravedad de mi denuncia.
A nuestro juicio, esto constituye una forma grosera de cohecho, un aprovechamiento inmoral de las necesidades de la gente, una utilización ilegal de los fondos públicos, y una conducta ética deplorable de un señor diputado.
Por lo anterior, solicito, primero, que el diputado don José Miguel Ortiz explique a esta Sala cómo logró el otorgamiento de estas subvenciones y que, a lo menos, él mismo solicite a la Comisión de Ética de la Cámara, que se pronuncie sobre la corrección de su conducta.
Segundo, que se oficie a la Contraloría General de la República para que informe acerca de la legalidad de estas asignaciones y del otorgamiento de las subvenciones, acompañándose los documentos que los acreditan.
Tercero, que se oficie al Presidente de la República, en conformidad al número 1 del artículo 48 de la Constitución Política, para que responda si autorizó esta acción del director de su gabinete, y que señale a esta Cámara cuál fue el monto que destinó La Moneda para estos fines y quiénes fueron los candidatos favorecidos.
Pido que la última petición se vote en el acto.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En votación el envío del oficio al Presidente de la República.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 7 votos. No hubo abstenciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
Se enviarán los oficios solicitados por el señor diputado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bayo , Becker , Bertolino , Cardemil , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , Hernández , Hidalgo , Kast , Kuschel, Leay , Longton , Martínez , Masferrer , Melero , Molina , Moreira , Palma, Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte, Urrutia , Varela , Vargas y Vilches .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Espinoza , Girardi , González (don Rodrigo) , Jaramillo , Navarro , Rossi y Tarud .
INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMAS DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Minería, a fin de que informe sobre la cantidad de proyectos Pamma aprobados en el período 20012002 para mineros de la Cuarta Región. Que informe qué cantidad de recursos se han entregado, a quiénes, para qué y también las fechas en que fueron asignados los fondos y el grado de cumplimiento de cada uno de los proyectos por parte de los beneficiarios.
En segundo lugar, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe si la colonia penal de Gendarmería, ubicada en la localidad de Vicuña, en el sector Quebrada de San Carlos, ha sido sometida a expropiación, dado que ahí se ha emplazado el tranque Puclaro . De ser así, deseo saber qué solución se propondrá a Gendarmería para que pueda seguir desarrollando sus labores como colonia penal, entre las cuales los presos pueden realizar ciertas actividades agrícolas.
En tercer lugar, pido que se oficie al director de Obras Hidráulicas, a fin de que informe a esta Cámara cuál es la situación actual de llenado del tranque Puclaro ; cuál es el nivel de los deshielos que se producirá en noviembre y diciembre, y cómo se controlará ese proceso, con el objeto de prevenir desastres en las bocatomas de los canales y no afectar, en verano, el riego de la tercera sección del río Elqui.
Señor Presidente, por último, solicito que se oficie al presidente del Banco del Estado para que informe sobre la situación de los deudores morosos que tuvieron derecho y acceso a créditos para reparar sus casas, con ocasión del terremoto ocurrido en la Cuarta Región. Muchos de ellos, por no poder hacer frente al cumplimiento que demandan estos créditos, están siendo embargados y rematados. Lo lamentable es que se embargan utensilios necesarios para desarrollar la vida familiar, los que en nada abonan a la deuda que mantienen. Ello está provocando un perjuicio muy grande a muchas familias modestas de la Cuarta Región, en particular de los sectores de Vicuña y Andacollo .
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de la Bancada de Renovación Nacional y de la UDI.
INFORMACIÓN RELATIVA A OBRAS VIALES EN LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado señor Maximiano Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua se proyectó el camino El Cardal-Millahue, que incluye aproximadamente 22 kilómetros. Los vecinos entregaron 3 millones 704 mil 563 pesos el 30 de diciembre de 1996 y se iniciaron los trabajos del primer tramo hasta Pumaitén . El 15 de diciembre comenzaron los trabajos de la segunda etapa, desde El Cardal hasta El Inca.
Sin embargo, desde 2000 hasta la fecha, los vecinos expropiados aún esperan el pago de la indemnización, a pesar de que la Constitución establece que no se podrá tomar posesión de un bien expropiado mientras no se pague en forma anticipada la indemnización.
Por lo tanto, solicito que se oficie, en mi nombre, al ministro de Obras Públicas para consultar, en primer lugar, por qué no se ha pagado y cuándo se pagará la indemnización que les corresponde a los vecinos del camino El Cardal-Millahue, a pesar de que tomaron posesión del bien expropiado; en segundo lugar, para saber cuándo se construirá el nuevo puente Zamorano , en San Vicente de Tagua Tagua ; en tercer lugar, para tomar conocimiento de si el contrato de concesión de la Ruta 5 Sur contempla caminos alternativos de entrada a ciudades como San Fernando. Tengo entendido que hay casos, como el de Lautaro, donde no existe acceso a la ciudad si no es por la ruta concesionada. En tal sentido, deseo saber en qué situación quedará San Fernando .
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE OFICIOS DE FISCALIZACIÓN.
El señor ERRÁZURIZ.-
Por último, solicito a la Mesa que informe a la Sala sobre los oficios de fiscalización que se han pedido, conforme con el artículo 48 de la Constitución Política, y que no han sido respondidos dentro del plazo de 30 días que establece la propia Carta Fundamental.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Así se hará, señor diputado.
ALCANCES A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO DON ALFONSO VARGAS .
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el honorable diputado señor Fulvio Rossi .
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, se ha hecho costumbre y tradición en la Cámara intentar enlodar o denostar, incluso efectuar cuestionamientos éticos, a algunos colegas parlamentarios. El diputado señor Vargas hizo determinadas alusiones al diputado señor Ortiz , quien, según sé, ha mantenido una conducta ética intachable e irreprochable, lo que justifica los reiterados triunfos con primera mayoría en sucesivas elecciones.
Deseo señalar al diputado Vargas que es habitual que los parlamentarios lo he podido comprobar en los cortos meses que ejerzo como diputado debamos realizar gestiones de apoyo a la comunidad. Por ello, no resulta extraño solicitar apoyo técnico y recursos materiales para clubes deportivos, cuerpos de bomberos, centros de padres y apoderados, juntas de vecinos, etcétera. Ello no es en absoluto inhabitual. ¿Debo entender de la intervención del diputado señor Vargas que tenemos que abstenernos de cumplir un rol social en nuestros distritos? ¿Debemos cerrar nuestras oficinas parlamentarias? No, los diputados cumplimos un rol como fiscalizadores y legisladores, pero también aunque no le guste al diputado señor Vargas uno social, al que no debemos renunciar.
Ojalá tomemos la costumbre de respetarnos un poco más entre nosotros y evitar el populismo y el intento de protagonismo fácil, que se ha hecho tradición en la Cámara.
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN VERTEDERO MUNICIPAL DE IQUIQUE. Oficios.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, hace tres meses oficié al director del Servicio de Salud de Iquique y al director de la Conama de la Primera Región en relación con la ausencia de autorización sanitaria del vertedero municipal de Iquique, el que recibe los residuos domiciliarios sólidos de 220 mil personas.
Ese vertedero no cumple con las disposiciones establecidas en el Código Sanitario. En primer lugar, no tiene cierre perimetral, por lo que cualquier persona puede ingresar, lo que significa un grave peligro para la salud. También se ha constatado en el lugar la presencia de perros vagos, los que pueden actuar como vectores de enfermedades infecciosas.
En segundo término, el lugar no cuenta con balanza de ingreso para pesar la basura ni con sistema de cobertura y compactación de la basura, lo que ha provocado la generación de incendios que han durado entre dos y tres meses. Existe quema de neumáticos y aceites tóxicos, cuya prohibición se encuentra establecida en el Código Sanitario.
¿Qué ha sucedido? El servicio de salud ha cursado cuatro multas, la última de 1.000 UTM. ¿Resultado? La municipalidad no ha pagado ninguna de las infracciones y tampoco se ha cumplido con las disposiciones sanitarias, no obstante que se han entregado plazos sucesivos de 30 días para ello. ¿Hasta cuándo los habitantes de Iquique deberán seguir exponiéndose a este riesgo?
Por lo anterior, no sólo solicito que se oficie al Servicio de Salud de Iquique, que ya ha fiscalizado y cursado multas, y a la Conama, que sólo confecciona la resolución de calificación ambiental en este caso, ni siquiera se ha efectuado un estudio del perfil geofísico del lugar en que se encuentra asentado el vertedero, sino principalmente a la gobernación y a la intendencia regional de la Primera Región para que haga cumplir la ley. Ello significa pagar las multas y respetar las disposiciones que contempla el Código Sanitario.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo .
FISCALIZACIÓN DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. Oficios.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el honorable diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el decreto supremo N° 594, del Ministerio de Salud, y el decreto supremo N° 212, del Ministerio de Transportes, se relacionan con el control de los extintores que se utilizan para apagar incendios.
El artículo 44 señala que los extintores deben cumplir con certificaciones. El artículo 118 señala que el servicio de salud debe fiscalizar, a través del Sesma, el estado de los extintores.
Existen alrededor de 3 millones de extintores sólo en Santiago. Un aparato de seis kilos puede cubrir aproximadamente una superficie de 210 metros cuadrados. Ahora bien, lo que garantiza la calidad y la eficiencia al momento de utilizar uno de estos aparatos es la certificación o sello que establece un laboratorio especializado y que puede tener una durabilidad de 10 años.
Importantes instituciones de los sectores público y privado mantienen extintores que no cuentan con este sello de calidad, pues no han sido fiscalizadas.
En 1992 se realizó una importante investigación por el Sernac y se determinó que miles de estos extintores estaban rellenos con talco y que no cumplían con ninguna norma técnica.
Para asegurar la calidad de este elemento, se estableció su certificación, que es respaldada por un sello de un laboratorio autorizado. Queríamos saber qué contiene el extintor y si efectivamente tiene las condiciones técnicas adecuadas para que no falle en un siniestro.
Por tanto, pido que se oficie al Instituto de Salud Pública, ISP, a fin de que informe, de manera detallada, de los contenidos que hoy tienen los extintores que están en el mercado; que se realice una acción de muestreo lo más general posible para determinar cuál es la calidad del contenido de los extintores que se están vendiendo en la Región Metropolitana.
También pido que se oficie al Sernac, para que envíe copia del resultado de la investigación que desarrolló en 1992, junto con las medidas que determinó, y si ha evaluado su cumplimiento.
Además, pido que se oficie al ministro de Transportes, a fin de que informe acerca de la fiscalización que ha realizado de la aplicación del artículo 79 de la ley Nº 18.290, que exige a cada vehículo de transporte público tener un extintor de un kilo, autorizado, sellado y certificado.
En particular, pido que informe respecto de la situación de un medio de transporte público y moderno, como el Metro, para saber si los extintores que están en todas sus estaciones cumplen con la certificación obligada, de acuerdo con los decretos y leyes que he señalado, y si efectivamente está garantizada la eficacia de su uso.
Del mismo modo, pido oficiar al ministro de Justicia para que informe sobre la calidad y certificación de los extintores de los recintos carcelarios de todo el país y de todas las dependencias de Gendarmería.
Cada vez que se exige que un privado cumpla la ley, el Estado debe ser el principal impulsor de que así ocurra en sus reparticiones. Por lo tanto, los ministerios deben ser fiscalizados para saber si sus autoridades hacen cumplir la norma respecto del sello de garantía. Es decir, con la certificación exigida por la ley en cada uno de los extintores distribuidos en sus oficinas instaladas a lo largo de todo el país. Cautelar esta situación apunta a evitar incidentes o accidentes vergonzosos.
El sector privado, particularmente el bancario, y todas las grandes empresas, también deben cumplir con la ley, pero eso es responsabilidad del Sesma y del Ministerio de Salud. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud para que nos informe sobre las fiscalizaciones anuales realizadas, detallando empresa por empresa, número de fiscalizaciones que ha realizado en cada una de las empresas del sector privado de la Región Metropolitana y a lo largo de cada región del país, con el objeto de evaluar si han sido efectivas en los últimos años, particularmente en 2002.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. Oficios.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, tengo en mis manos el oficio de respuesta del Ministerio de Salud respecto del Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos, mediante el cual el ministro nos informa que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia derivó el proceso de aprobación de este reglamento al Ministerio de Economía, que presentó nuevas observaciones. Lo grave es que el Ministerio de Economía reformó lo que había hecho el Ministerio de Salud y eso está a punto de ser aprobado.
Por lo tanto, pido copia de las observaciones que han formulado al Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Economía, pues un ministerio técnico, como el de Salud, no puede ser enmendado por uno político, como el de Economía o por la Segpres, por cuanto claramente allí no tienen una visión de seguridad técnica o de salud.
Me preocupa que el reglamento haya sido reformado con observaciones de carácter político-económico, dado que lo que el Ministerio de Salud preserva, cuando elabora un reglamento, es la salud pública. Por lo tanto, pido copia de las observaciones, de las reformas y, particularmente, antes que se apruebe, copia del Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos. Queremos un instrumento capaz de evitar situaciones complejas y graves, como las que hemos conocido en Arica o en otros lugares del país, que sin reglamento hoy no tienen sanción.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ANTECEDENTES SOBRE FINANCIAMIENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CULTURA. Oficio.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, el domingo pasado asistimos a lo que el gobierno de la Concertación ha llamado la celebración del “Día de la cultura”, respecto del cual no comparto la forma en que se celebra.
Por segundo año consecutivo se hizo un gran despliegue en el Parque Forestal, el que abarcó desde la Plaza Italia hasta la Estación Mapocho, donde cientos de artistas participaron en el evento.
Cuando en esta misma Sala se discutió el proyecto de ley relativo a la institucionalidad cultural, una de las cosas que cuestionamos fue el centralismo con que se gastan los recursos en el sector de la cultura. Y ese día domingo tuvimos, una vez más, la oportunidad de comprobar cómo en este día se gastan enormes cantidades de recursos sin aportar nada al resto de las regiones. El acto terminó, como es tradicional, con un discurso, para seguir en el show, del Presidente de la República.
Por lo tanto, manifiesto mi protesta, en primer lugar, por ese centralismo que permite que se gasten recursos de todos los chilenos sólo en la Región Metropolitana y, en segundo lugar, porque esta celebración sólo ocasiona destrozos.
Les pido a mis estimados colegas que se den una vuelta en el sector del Parque Forestal, desde la Plaza Italia hasta la Estación Mapocho, para ver cómo quedan esos barrios al final de la jornada. Yo no diría que se celebra el día de la cultura, sino el día de la incultura, por la gran cantidad de destrozos y por las fachadas rayadas de los edificios privados circundantes.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Educación, a fin de que informe la cantidad de recursos que se gastaron para la celebración del día de la cultura.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de su bancada.
HOMENAJE A CARDENAL JORGE MEDINA ESTÉVEZ . Nota de saludo.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).-
Señor Presidente, ayer se conoció la noticia que da cuenta de la aceptación, por parte de su Santidad Juan Pablo II, de la renuncia presentada hace casi un año por el cardenal señor Jorge Medina Estévez a su cargo de Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, por haber cumplido 75 años de edad.
Monseñor Medina culmina así una brillante carrera eclesiástica que lo llevó a ser el primer chileno en ocupar tan alto cargo en la curia romana.
Para quienes hemos tenido el honor de conocerlo durante años, no nos extrañó, en su momento, que su Santidad se haya fijado en él para ocupar ese alto cargo ni nos ha extrañado después el especial éxito que ha tenido en su desempeño.
Hoy, en el momento de su retiro, séame permitido rendirle en esta Sala un homenaje por lo que él ha significado no sólo para la Iglesia chilena, sino para todo el país, y expresarle gratitud y admiración por la forma valiente y esclarecida con que a través de los años ha predicado y defendido las verdades de la fe y los principios orientadores de la vida humana sustentados desde sus orígenes por la iglesia Católica, y que son los pilares sobre los cuales se fundamenta el edificio de nuestra patria.
Siempre ha habido motivos para entrar en combate por esos principios. En Chile, durante estos últimos años, la familia, el matrimonio, el amor conyugal, la recta educación de la juventud y la vida de quienes están por nacer han sufrido ataques que han obligado no sólo a no bajar la guardia, sino que a recordar, opportune et inopportune, como manda el apóstol Pablo , la doctrina invariable del mismo Cristo , porque lo que está en juego no es sólo la integridad de una doctrina teórica, sino los fundamentos mismos de la sociedad de la cual todos somos parte.
El cardenal Medina se ha destacado con toda nitidez en esta tarea, que le ha concitado no pocas veces la animadversión incluso de autoridades de nuestra nación, de personas que se dicen cristianas y, aun, de eclesiásticos; pero nuestro cardenal no se ha arredrado. Sin perjuicio de sus altas funciones en relación con la iglesia universal, siempre guardó tiempo y fuerzas para manifestar su preocupación por el curso que los acontecimientos han tomado en estas materias en nuestra patria.
Siendo aún obispo de Valparaíso, hizo grabar, en un costado de la iglesia Catedral, una placa en memoria de las víctimas inocentísimas asesinadas antes de nacer e instituyó el 28 de diciembre como el día en que ellas deben ser especialmente recordadas. Asimismo, se negó a bendecir establecimientos que, diciéndose de salud pública, podían ser utilizados para promoción de maniobras abortivas. En los últimos años, su preocupación se ha concentrado en la defensa del vínculo matrimonial, amenazado por un proyecto de ley que instaura en Chile el divorcio vincular. Especialmente duros han sido los ataques que ha recibido por defender en este punto la doctrina del mismo Cristo : “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”. Por paradoja, este proyecto ha tenido su origen y su mayor apoyo en parlamentarios que se dicen cristianos y que militan en un partido que, como la Democracia Cristiana, enarbola el nombre de Cristo en su propia denominación. La situación no puede ser más grave, pues para tal partido y sus militantes lo cristiano no parece ser más lo que enseña Cristo , sino lo que enseña el partido; Cristo deja de ser el modelo cuya vida debemos realizar en la nuestra, aquí en la tierra, y se constituye en un simple recurso electoral para allegar votos de una multitud creyente. Ha sido especialmente oportuno el recuerdo que en este punto ha hecho el cardenal Medina de la doctrina católica, pues no se puede permitir que abusando del nombre de Cristo, se haga tabla rasa de lo que preceptúa el tercer mandamiento de la ley de Dios: No jurar el nombre de Dios en falso.
Termino reiterando mi gratitud, como católico y como chileno, al cardenal Jorge Medina , y hago votos para que Dios le conceda aún muchos años de vida y de buena salud, de modo que pueda seguir proyectando sobre nosotros y sobre nuestra patria la luz de las enseñanzas de la Iglesia, que son las de Cristo, y en cuya aplicación encontramos la base firme, tanto para una plena realización personal como para una sólida paz y prosperidad social.
Señor Presidente, solicito enviar copia de mi intervención al cardenal Jorge Medina , al presidente de la Conferencia Episcopal, al señor obispo de Valparaíso y al Nuncio Apostólico.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de la UDI y de la Democracia Cristiana que así lo indican.
PROVISIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA Y SOLUCIÓN A PROBLEMAS VIALES EN COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA. Oficio.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, diversos problemas se han originado en distintos sectores de Osorno, tanto urbanos como rurales, debido a las intensas precipitaciones que han caído en la zona durante las últimas 48 horas. Una vez más debemos lamentar la falta de un trabajo previsor de las autoridades del nivel central para solucionar los problemas, lo que en este caso se ha traducido en el corte de alrededor de quince caminos de la zona.
Quiero reiterar esto, porque el 16 de julio pasado se ofició al señor ministro de Obras Públicas para pedirle que se hicieran algunas gestiones, pero él ni siquiera se ha dignado contestar.
Algunas rutas, como la U22, camino La Misión San Juan de la Costa, se encuentran actualmente colapsadas.
En el último tiempo se han hecho muchas promesas en el sentido de resolver el problema, pero ninguna de ellas se ha concretado, lo que resulta muy indignante para las personas que se ven afectadas por esta situación, a pesar de años de reclamos y de alzar la voz para pedir su solución, ya que se repite cada vez que llueve uno o dos días.
Cabe resaltar que cientos de habitantes de la comuna de San Pablo quedan aislados durante días en las temporadas invernales, debido a los cortes que se producen en la mencionada ruta.
En la comuna de San Juan de la Costa también se están originando innumerables problemas. Uno de los más complicados es el que afecta la bifurcación de la Ruta U40, que une a Pucatrihue y Bahía Mansa , que está absolutamente intransitable. Se pensaba que se iba a pavimentar durante este año, pero no hay luces de que ello ocurra. Sólo está en proyecto.
Por lo tanto, solicito al señor ministro de Obras Públicas que se comiencen los trabajos durante los próximos meses para concluir dicha obra, pues el camino se encuentra intransitable en la actualidad.
Por otro lado, siete kilómetros del camino que lleva a Punotro, localidad que también se ubica en la comuna de San Juan de la Costa, están intransitables.
Por ello, solicito provisión de fondos de emergencia en forma urgente para la habilitación de dicha vía, pues las consecuencias que provocan las lluvias acarrea problemas, sobre todo a los estudiantes, quienes deben recorrer dicho camino con el riesgo de contraer enfermedades.
Finalmente, pido al ministro de Obras Públicas que tome contacto con sus autoridades provinciales, con el objeto de que, de una vez por todas, se elabore un catastro de estas situaciones y se busquen las soluciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de su bancada y de la del PPD que así lo indican.
SOLUCIÓN A ANEGAMIENTO DE VIVIENDAS Y DE CALLES EN SECTORES DE OSORNO. Oficio.
El señor HERNÁNDEZ.-
En segundo lugar, la localidad rural de Cancura, ubicada en la comuna de Osorno, se ha visto seriamente afectada por un anegamiento general de sus calles, debido básicamente a la falta de alcantarillado, problema que se viene planteando por años a las autoridades, las que no le han dado solución.
También en distintos sectores periféricos de la ciudad de Osorno, varias familias han visto cómo, una vez más, entra agua a sus viviendas, principalmente en algunos sectores de Francke, Rahue Bajo y Las Vegas Chicas, en Rahue Alto, lugares en que estas situaciones se han convertido en una lamentable tradición invernal, sin que ninguna autoridad solucione las causas que generan estos problemas.
Por lo tanto, solicito al ministro de Vivienda que tome contacto con sus autoridades provinciales, con el objeto de que, de una vez por todas, elabore un catastro, verifique estas situaciones y busque las soluciones a estos problemas.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de su bancada y la del PPD.
INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRAS VIALES. Oficio.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, en el diario “La Tercera” del domingo recién pasado aparece un artículo, escrito por el prestigioso economista y profesor de la universidad estadounidense de Yale, don Eduardo Engel , que se titula “Concesiones peligrosas”, que me dejó tremendamente preocupado y que motiva esta intervención.
Nadie desconoce que el economista Engel es más bien simpatizante de la Concertación. Él afirma que el Gobierno estaría pensando seriamente en alterar los contratos de concesiones de carreteras suscritos en los últimos años y que han sido, dicho sea de paso, a mi juicio, una de las políticas más exitosas de la Concertación, porque ha permitido ampliar notablemente nuestra infraestructura, especialmente de caminos, pero también de aeropuertos y de otras obras.
Sin embargo, resulta tremendamente preocupante que las concesionarias, que al parecer hicieron estimaciones muy optimistas sobre este negocio en un momento en que el país crecía al siete por ciento al año, al no verse cumplidas sus expectativas, no porque estuvieran equivocadas, sino porque el país dejó de crecer lo que significa menos tráfico y menos ingresos, entre otras consecuencias, estarían gestionando cambios en los contratos que les permitan mantenerse con vida.
Al respecto, debe tenerse presente que la única justificación de recibir utilidades en un negocio es el riesgo de perder. Si un negocio no tiene esa doble cara: utilidad si le va bien y pérdida si le va mal, el sistema de mercado y de libre empresa, moralmente es muy atacable.
Por ello, me causa inquietud lo que dice el economista Eduardo Engel no sé si será cierto respecto de lo que está ocurriendo al interior de la Concertación, específicamente en el Ministerio de Obras Públicas, en el sentido de modificar estos contratos para que las empresas no sufran los embates del menor crecimiento que el país ha tenido, a mi juicio, por las malas políticas del Gobierno.
De hecho, el economista Engel aventura algo que es muy preocupante y lo voy a leer textualmente: “De hecho, el Gobierno ha hecho más que suficiente” se refiere a ayudar a estas empresas “a través de los llamados convenios complementarios, mediante los cuales el MOP contrata obras adicionales de las concesionarias sin una licitación pública que evite precios excesivos”. O sea, ya habría una suerte de ayuda que sería ilegal si se ha hecho sin licitación pública.
En resumen, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que nos confirme o niegue la información aparecida en el diario “La Tercera” del domingo recién pasado en cuanto a que el Gobierno está pensando en cambiar los contratos originales pactados con las concesionarias, y que también informe sobre la existencia de estos convenios complementarios fuera de las licitaciones públicas, que se habrían firmado con el objeto de ayudar a estas empresas que están en problemas.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de la UDI, del PPD, de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista que así lo indican.
APOYO A DIPUTADO CUESTIONADO DE INTERVENCIÓN ELECTORAL.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora .
El señor MORA.-
Señor Presidente, por las responsabilidades que tengo, pocas veces he intervenido en esta hora de Incidentes, pero hoy me veo en la obligación de hacerlo porque hemos escuchado una denuncia del jefe de la bancada de Renovación Nacional, diputado señor Alfonso Vargas , con caracteres de escándalo y con el objeto de llamar la atención. Él ha tratado de enlodar y cuestionar la imagen de un brillante diputado que ha desempeñado el cargo por cuatro períodos, ha sido Vicepresidente de la Cámara de Diputados y actualmente es presidente de la Comisión de Hacienda, aparte de una trayectoria sólida e intachable.
Se denuncia como un escándalo que habría ejercido influencias para conseguir 24 millones de pesos con el fin de ayudar socialmente a distintos sectores de Concepción. Se dice que habría sido cohecho electoral, pues habría usado influencias indebidas para asegurar su elección, en circunstancias de que cada vez que se ha presentado a una reelección aumenta considerablemente el número de votos.
¿Ustedes creen, por ventura, que un parlamentario con prestigio, trayectoria y arraigo necesitó 24 millones de pesos para influir en las elecciones de diciembre?
Los diputados de la bancada democratacristiana no podemos aceptar que se trate de enlodar y ensuciar el honor, prestigio y trayectoria de un diputado que ha sido respaldado por el pueblo. No es correcto enlodar a una persona y a un partido político con la historia de la Democracia Cristiana, para lograr ciertas ventajas.
Quiero decirle al diputado señor Ortiz que cuenta con todo el apoyo político de la bancada democratacristiana y, además, le pediría que nos enseñe a ejercer mejor la labor de asistente social, función que cumplimos los diputados en regiones y en Santiago cuando los pobladores se acercan a pedirnos ayuda del Gobierno. Muchas veces no tenemos la respuesta o no sabemos usar o acceder a los instrumentos legales para solucionar los tremendos problemas que afectan al país, como son los proyectos de ayuda social del Estado. Creo que debemos darle las gracias al diputado señor Ortiz por ayudar a preocuparse de la gente, y rechazar de la manera más enérgica que en el Congreso se trate de enlodar la dignidad de una persona para sacar ventajas que no corresponden.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, todos los diputados democratacristianos que estábamos inscritos hoy teníamos otros temas que plantear, pero sería imposible referirse a ellos, por más importantes que fueran, sin aludir al ataque artero del que fue objeto nuestro amigo, colega y camarada José Miguel Ortiz .
Llevo pocos meses en este hemiciclo y en algunas ocasiones uno se siente muy contento de estar acá porque está haciendo un aporte, pero no en otras no puedo decir que se esté perdiendo el tiempo, cuando la deslegitimidad que se produce tiene que ver con las acciones de ciertos colegas nuestros.
Lo que hemos presenciado esta mañana, el ataque centrado en una persona, injustificado, con previo llamado a los medios de comunicación, con todas las cámaras de televisión y fotógrafos para que tomaran nota, es una típica demostración demagógica.
Adhiero a las palabras de mi jefe de bancada, quien ha hecho una defensa moral de quien fue injustamente atacado, y quiero agregar algunos hechos concretos.
Los dineros a que se refirió el diputado señor Vargas están contemplados en la ley de Presupuestos. El Fondo Social de la Presidencia de la República es aprobado por todos los diputados, incluido él, cuando se estudia la ley de Presupuestos, y es administrado por el Ministerio del Interior a través de los subsecretarios cargo en el que me desempeñé durante un año y tanto, que también acoge peticiones de parlamentarios. Como subsecretario, recibí peticiones de muchos parlamentarios que hoy son mis colegas, tanto de la Concertación como de la Derecha, a las que se accedía, de acuerdo con las posibilidades económicas del Fondo.
Ésa es la forma de hacer política en Chile. Cuando hay fondos disponibles para acción social, los parlamentarios tienen que recurrir a los ministerios, a las subsecretarías y a los municipios para que, por ejemplo, junto con el alcalde acudan a la Subdere a fin de conseguir que un proyecto se apruebe a través del Programa de Mejoramiento Urbano PMU, por cuanto es el alcalde quien debe presentarlo a la intendencia respectiva. ¡Eso no es motivo de escándalo! ¡Es motivo de orgullo trabajar con la gente! Y hay personeros de Derecha que también lo han solicitado, como hay otros que sólo se hacen conocidos por este tipo de denuncias o al ser afectados para mala suerte de él por un acto delictual, como le sucedió al diputado Vargas .
He dicho.
Aplausos.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, tal como lo ha expresado el colega Jorge Burgos , quienes estábamos inscritos para hacer uso de la palabra en esta hora de Incidentes, nos vemos en la obligación de dejar los temas pendientes. Nuestro jefe de bancada ha sido claro en señalar el punto de vista que tiene la Democracia Cristiana en torno de lo que ha expresado el jefe de bancada de Renovación Nacional.
Empiezo por expresar mi solidaridad al colega José Miguel Ortiz . Ello porque pertenece a aquellas personas que han hecho del servicio público su orientación y su vida. También porque en tiempos muy difíciles, cuando era riesgoso dedicarse a la función pública con espíritu democrático, José Miguel Ortiz fue siempre de los primeros, al igual que en la actualidad, y eso merece respeto, solidaridad y todo nuestro respaldo con la actividad que ha desarrollado.
Asimismo, quiero referirme a otro aspecto. Con seguridad, más de alguien va a decir: “La política es así”. “Estas son las reglas del juego”. ¿Cuáles? ¿Llegar a la Sala, atacar a un colega sin siquiera haber conversado con él antes o haberse informado directamente por él acerca de la naturaleza de los hechos que se pretenden denunciar? Yo, por lo menos, no entiendo que la política sea así. Creo que es un juego legítimo de discrepancias, de puntos de vista diferentes, de confrontación de ideas, de lealtades hacia las personas que se dedican al servicio público. Y la lealtad también es probada en los estilos. Si alguien mira las cosas con profundidad, tendrá que decir: “Antes de hacer estas denuncias con características de escándalo, ¿alguien conversó con José Miguel Ortiz para informarse debidamente?”, Ciertamente, no.
Por eso, levantamos nuestra voz y decimos que el servicio público no es esto, que la calidad de la política es algo mucho más notable y que estamos dispuestos a rescatarla, entre otras cosas, ejerciendo estilos de lealtad entre quienes nos dedicamos a la función pública, en particular en el Congreso.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, también estaba inscrito para hablar en Incidentes sobre temas propios de mi distrito, pero me ha parecido de justicia alzar la voz, en el nombre de todos los integrantes de la bancada, para decir “basta”.
No podemos seguir con el desprestigio del Congreso y de la política chilena con triquiñuelas, que no sólo hablan mal de quienes hacen estas jugarretas malintencionadas, sino que afectan la imagen de todos, corporativamente.
No es común ver un apoyo tan cerrado y categórico, como el manifestado al diputado José Miguel Ortiz por nuestro jefe de bancada y los colegas Burgos y Riveros . Es bueno que el país sepa que esta defensa que hacemos de nuestro colega no sólo es política, reflejada por las intervenciones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y también por la presencia del presidente del partido, camarada Adolfo Zaldívar , quien ha venido a darle su apoyo, lo cual refuerza lo que acabamos de plantear.
-(Aplausos).
Sin embargo, también queremos enarbolar argumentos éticos, valóricos, morales y humanos en favor del diputado Ortiz . No es posible seguir cayendo en este tipo de actitudes que en nada prestigian a la política y que sólo hablan mal de quienes las realizan y enlodan el servicio público. Perfectamente, hoy podríamos referirnos a lo que hace la Derecha respecto de los recursos y platas oscuras, de irregularidades respecto de las cuales, incluso, algunos de sus parlamentarios, en forma excepcional, han dado cuenta.
Me viene a la memoria el testimonio de doña María Victoria Ovalle , en su último día en el Congreso Nacional. Cuando los diputados se van, porque no fueron elegidos o porque no postularon, como en su caso, disponen de cinco o diez minutos para expresar lo que deseen. En esa oportunidad, María Victoria Ovalle dijo que ella había sido testigo, en una de las comisiones en que participaba, de que colegas parlamentarios de los partidos de Derecha, antes de votar un proyecto, llamaban a los ejecutivos de algunas empresas eléctricas, telefónicas o de otra área para preguntarles cómo debían votar determinado proyecto de ley.
El testimonio de María Victoria Ovalle tiene un valor especial porque la crítica era a parlamentarios de su propio sector.
Perfectamente, podríamos profundizar eso y decir que nosotros no votamos de acuerdo a la plata que ponen tales o cuales empresarios. Aquí nuestros parlamentarios, como el diputado Ortiz , siempre actúan sirviendo a la gente, en particular a la que más lo necesita.
De manera que le manifestamos a José Miguel Ortiz que se sienta orgulloso por lo que ha hecho, que lo siga haciendo, que nos enseñe a nosotros como decía el diputado Mora cómo hacerlo mejor y que no renunciemos nunca a la causa de servir a los más desposeídos.
Ésas son las banderas que siempre ha abrazado la Democracia Cristiana, y lo seguirá haciendo, aun cuando algunos, por envidia y en la discordia, pretendan enlodar su eficiencia y su manera de actuar.
Colega José Miguel Ortiz , reciba a usted nuestro abrazo y apoyo, y ojalá que todo el país se entere de cómo actúan algunos y cómo actuamos otros, en forma ejemplar, al servicio de los que tienen menos.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 14.27 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Burgos, Forni, Jiménez, Paya, Saffirio, Uriarte, Walker y de la diputada señora Marcela Cubillos.
Aumenta sanciones a hurtos y facilita su denuncia e investigación. (boletín Nº 3078-07)
1ºFundamentos.
A)Aspectos generales.
Las Asociaciones Gremiales de Comerciantes, en conjunto con diferentes actores económicos, han planteado la necesidad de efectuar cambios a la legislación penal, frente al verdadero flagelo que representan los denominados “hurtos hormiga” que a diario sufren los establecimientos de venta por sistema de autoservicio y de venta al público en general. Esta situación no sólo afecta a los supermercados, sino que, además, a establecimientos comerciales como almacenes y en general aquellos en que existe atención directa al público, donde la suma de estas sustracciones les significa grandes pérdidas anuales.
Se ha demostrado que el principal problema en esta materia es el accionar premeditado y programado de bandas organizadas que abastecen al comercio clandestino, privando al Estado de ingresos como el generado por el Impuesto al Valor Agregado, además de los riesgos inherentes a venta de mercadería que puede estar en mal estado por fecha de vencimiento, situación que crea riesgos sanitarios a la población.
Cabe destacar que más que una competencia comercial desleal no pagan patentes ni arriendos de locales el vender mercadería mal habida en la vía pública produce polos delictuales en su entorno, creando un área de inseguridad ciudadana, con los riesgos implícitos que esta situación genere.
Ya aparecen los primeros síntomas de la generación de una cultura social del hurto, que se inculca a las generaciones jóvenes a través del uso por parte de las bandas organizadas de menores de edad, párvulos y lactantes para la concreción de sus delitos, dada su no imputabilidad criminal.
B)Marco legal actual.
El delito de hurto, en el Código Penal, se tipifica y sanciona en atención, a la cuantía de las especies hurtadas, calculada en unidades tributarias mensuales, sancionándose en varios tramos, en los artículos 466 y 494 Nº 19 del Código Penal.
El delito de hurto de especies cuya cuantía no excede 1 unidad tributaria mensual, se sanciona de acuerdo al artículo 494 Nº 19 con pena de multa de 1 a 4 UTM.
El siguiente tipo penal, contenido en el Nº 3 del artículo 446 del Código Penal, sanciona al que cometiere un hurto de especie cuyo valor exceda de 1 y no sobrepase las 4 UTM, cuya pena es presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa de 5 UTM.
Lo expuesto se traduce en lo siguiente:
1.En el sistema procesal actual, los hurtosfalta son de competencia de los Juzgados de Policía Local, y los demás hurtos son de competencia de los Juzgados del Crimen.
2.Existe un desequilibrio evidente en las penas asignadas al hurto falta, por una parte, y al tipo penal que le sigue en gravedad, por la otra. En concreto, la diferencia entre simplemente pagar una multa (hurto falta) y sufrir una pena privativa de libertad (demás casos de hurto) es mínima. Así por ejemplo, un hurto de $ 28.300 se sanciona con multa, en cambio, un hurto de $ 28.995, debe sancionarse con penas de presidio.
3.Muchos procesos que debieran ser conocidos por Juzgados del Crimen son remitidos, por incompetencia, a los Juzgados de Policía Local. Para ello basta tasar las especies hurtadas en una suma inferior a una unidad tributaria mensual.
C)Modificaciones propuestas.
Código Penal:
1.Se propone la creación de una falta específica, a través de la creación de un artículo 494 bis, que sanciona el hurto de especies cuya cuantía no exceda de 1 UTM con pena de prisión en su grado máximo (40 a 60 días) y multa de 1 a 4 UTM.
2.La reincidencia de esta nueva figura penal se sanciona con presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días) y multa de 5 UTM en términos equivalentes a la pena establecida para hurto de especies cuya cuantía se encuentra entre 1 y 4 UTM (artículo 446 Nº 3).
3.El artículo 451, que contiene una sanción especial para la reiteración de hurtos que consiste en sumar el valor de las especies para efectos de determinar la pena. En esta norma se propone explicitar que la norma se aplica al caso de hurtos falta.
4.El artículo 456 bis del Código Penal, contiene agravantes especiales para los delitos de robo y hurto; en el numeral 5 se propone agregar la utilización de personas exentas de responsabilidad criminal, eliminando la referencia actual que sólo se refiere a los dementes.
5.Si bien el artículo 292 y siguientes de 1 Código Penal regulan el delito de asociación ilícita, se ha considerado necesario efectuar dos modificaciones en relación al hurto:
Establecer la obligación para los jueces de comprobar si se configura el delito o no cuando existan antecedentes que permitan suponer que se ha actuado con otros para la perpetración del delito.
En relación a las faltas del artículo 494 Nº 19 y 494 bis, hacer aplicable el delito de asociación ilícita, ya que de acuerdo al artículo 293 sólo se regulan los crímenes y simples delitos.
Código de Procedimiento Penal
1.Se faculta en el artículo 83 a los denunciantes para solicitar medidas de protección para ellos y sus familias, lo cual evita el amedrentamiento a quienes pudieran dar cuenta de los delitos. Esta solicitud se efectuará al momento de la denuncia y su procedencia será determinada por el Tribunal, tan pronto como llegue a su conocimiento la denuncia (modificación propuesta para el artículo 91), debiendo mantenerse la reserva de su identidad en el tiempo que medie entre la solicitud y su fallo.
Esta propuesta está hecha en términos amplios, es decir para cualquier tipo de delitos.
2.De acuerdo a la legislación vigente (artículo 146) las especies objeto del hurto deben ser entregadas al Tribunal, las que en caso de ser consumibles se deterioran o pierden estacionalidad. En todos estos casos, aunque haya sanción penal, el daño patrimonial es irreparable, salvo a través de acciones civiles reparatorias que, en muchos casos, no tendrán resultado. Por ello se propone que en los hurtos a establecimientos de autoservicio las especies queden en poder del dueño, y en caso de cosas consumibles se puedan presentar otras similares.
3.Una errada tasación de las especies hace que en muchos casos causas que deberían ser conocidas por Juzgados del Crimen (simples delitos) sean derivados a Policía Local por valorarse en menos de 1 UTM. Se propone al respecto que en el caso de hurtos a establecimientos comerciales, el valor considerado sea el de venta al público (artículo 147).
4.Se propone modificar el artículo 261, permitiendo a las policías que tomen huellas digitales de los denunciados presentes, para permitir su adecuada identificación. En este caso se trata de anticipar normas de la reforma procesal penal que contribuyen a terminar con una de las razones más frecuente por las cuales no hay sanción: la falta de identificación real del delincuente.
5.El artículo 591 numeral 5 establece el procedimiento para declarar rebelde a un procesado, procedimiento que se aplica en los casos en que una persona haya sido citada y no comparezca al Tribuna, habiéndosele imputado un crimen o simple delito que la ley pene con una sanción privativa o restrictiva de libertad no superior a la de una temporal menor en su grado mínimo” (remisión al artículo 247 Nº 3). Proponemos incluir en el artículo 591 la figura del hurto falta (494 Nº 19 y 494 bis), de manera que en estos casos si el imputado no concurre a la citación, se pueda aplicar la sanción de continuar el procedimiento en su rebeldía.
Ley Nº 18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local
Las modificaciones que a continuación se reseñan obedecen a que el conocimiento de los hurtos establecidos en los artículos 494 Nº 19 y 494 bis del Código Penal (faltas), de acuerdo al D.S. 307 del Ministerio de Justicia, corresponden a los Juzgados de Policía Local.
1.En el artículo 3º se propone establecer medidas de protección al denunciante equivalentes a lo propuesto en el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, y en base a los fundamentos ya señalados.
Además, se faculta a las policías para proceder a la toma de huellas digitales al denunciado, lo que redunda en la facilidad para su identificación y posterior ubicación, lo que implica también mayor certeza para los tribunales al momento de determinar si existe o no reincidencia.
2.Se propone establecer en esta ley especial la medida de protección para testigos señalada en el artículo 189 inciso cuarto del Código de Procedimiento Penal, para lo cual se modifica el artículo 12 inciso primero de la ley Nº 18.287.
3.Para establecer la posibilidad de que las especies hurtadas queden en poder del ofendido se crea un nuevo artículo 16 bis, en los mismos términos de la propuesta del nuevo inciso segundo del artículo 147, ambos del Código de Procedimiento Penal.
4.Por último, frente al problema práctico de falta de recursos de los Juzgados de Policía Local, proponemos un nuevo inciso final para el artículo 29 que faculta a cualquier interesado para solicitar copia autorizada de la sentencia y proceder directamente a su inscripción en el Servicio de Registro Civil.
En virtud de los antecedentes expuestos venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido:
1.En el artículo 293, agréguese como nuevo inciso final el siguiente:
“Cuando la asociación ha tenido por objeto la perpetración de las faltas sancionadas en los artículos 494 Nº 19 y 494 bis, la pena será de presidio menor en su grado mínimo”.
2.En el artículo 446, agréguese a continuación del numeral 3, pasando el punto aparte a ser punto seguido, el siguiente texto:
“Igual pena se impondrá en el caso de reincidencia de los delitos a que se refiere el
artículo 494 bis, salvo que de la aplicación de las reglas generales corresponda una superior”.
3.En el artículo 451, intercálase entre las expresiones “en los casos de reiteración de hurtos” y “a una misma persona” la siguiente frase, entre comas: “previstos y sancionados en los artículos 446 y 494 bis”.
4.Establézcase como nuevo artículo 456 ter, el siguiente
“Si del proceso resultaren antecedentes suficientes para suponer que los autores de los delitos contemplados en los párrafos anteriores han sido cometidos mediante asociación ilícita, se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 292 y siguientes de este cuerpo legal”.
5.En el artículo 494, numeral 19, elimínense los guarismos “446” y “448”.
6.Establézcase como nuevo artículo 494 bis, el siguiente:
“Sufrirán la pena de prisión en su grado máximo y multa de 1 a 4 UTM, los autores de los delitos contemplados en los artículos 446 y 448 de este Código, siempre que el valor de la o las especies hurtadas no exceda de 1 UTM”.
7.En el artículo 456 bis, sustitúyase el numeral 5 por el siguiente:
“Actuar con personas exentas de responsabilidad criminal”.
Artículo 2º Modifícase el Código de Procedimiento Penal, en el siguiente sentido:
1ºEn el artículo 83, agréguese en el inciso primero a continuación del punto aparte que a pasa a ser punto seguido lo siguiente:
“El denunciante siempre podrá solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia. Las autoridades a que se refieren los incisos siguientes tienen la obligación de informar al denunciante sobre constancia escrita de su decisión en caso de solicitar la medida de protección. En el caso de solicitar medidas de protección, las autoridades pertinentes deberán guardar reserva de la identidad del denunciante hasta que el Tribunal respectivo se pronuncie sobre su procedencia”.
2ºSustitúyase el artículo 91 por el siguiente:
“Recibida la denuncia el juez se pronunciará sobre la solicitud a que se refiere el artículo 83, cuando corresponda, y procederá sin más trámite a la inmediata comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revista el carácter de delito o que la denuncia sea manifiestamente falsa. En estos dos casos se abstendrá el juez de todo procedimiento, pero incurrirá en responsabilidad si la desestima indebidamente”.
3ºEn el artículo 146:
Agréguese en el inciso segundo, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase:
“Las especies objeto del delito investigado, quedarán siempre en poder de su dueño, quien estará obligado a presentarlas al Tribunal cada vez que se le requiera, para los efectos del artículo siguiente. Se entenderá cumplida esta obligación si, siendo especies consumibles, presenta otras equivalentes. En todo caso las especies siempre deberán estar a disposición del tribunal para efectos que el inculpado solicite practicar las observaciones, pericias y exámenes que el objeto del delito requiera”.
4ºEn el artículo 147, intercálase como nuevo inciso tercero, el siguiente:
“Si las cosas han sido hurtadas en supermercados, grandes tiendas, almacenes, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes, la tasación corresponderá a su valor de venta al público, que se informará en el acta a que se refiere el Nº 4º del artículo 120 bis. Sin perjuicio de lo señalado, el imputado, procesado o acusado podrá solicitar, en cualquier estado del proceso, que se realice una tasación por perito. La designación del perito no podrá recaer en un funcionario del Tribunal, a menos que conste su formación profesional idónea”.
5ºEn el artículo 261, agréguese el siguiente inciso segundo:
“Tratándose de las faltas a que se refieren los artículos 494 Nº 19 y 494 bis del Código Penal, la policía podrá impetrar las medidas de identificación a que se refiere el artículo anterior”.
6ºEn el artículo 591, numeral 1, intercálase entre las frase “simples delitos expresados en el artículo 247” y “no comparece”, lo siguiente:
“y las infracciones a que se refieren los artículos 494 Nº 19 y 494 bis del Código Penal”.
Artículo 3º
Modifícase el Código Procesal Penal en el siguiente sentido:
1.En el artículo 178, agréguese a continuación del punto final que pasa a ser seguido, el siguiente texto:
“El denunciante en todo caso podrá solicitar la medida de protección establecida en el artículo 109 letra a). En este caso el Ministerio Público procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 letra b)”.
Artículo 4º
Modifícase la ley Nº 18.287, que establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en el siguiente sentido:
1ºEn el artículo 3º, intercálase los siguientes incisos tercero y cuarto:
“En el caso que funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones recibieren una denuncia por las faltas a que se refiere el artículo 494 Nº 19 y 494 bis, y el denunciado estuviere presente, deberá citar a éste para que comparezca a la audiencia más próxima al juzgado competente, indicando día y hora, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía. Al momento de formular la denuncia, el denunciante siempre podrá solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia. Las autoridades a que se refieren los incisos anteriores tienen la obligación de informar al denunciante sobre este derecho, dejando constancia escrita de su decisión en caso de solicitar la referida medida.
En el acto de la citación, se tomará además, impresiones digitales al denunciado, las que se remitirán en sobre cerrado al tribunal y se mantendrán en custodia. Estas impresiones se utilizarán sólo para individualizar al denunciado rebelde, en el caso que se le imponga sanción, a objeto que pueda ser habido para el cumplimiento de la pena”.
2ºEn el artículo 12, inciso primero, intercálase entre el punto seguido y la expresión “Tratándose de daños en choque”, el siguiente párrafo:
“A petición de parte, y ante razones fundadas por las cuales exista el legítimo temor de verse expuesto a represalias uno o más testigos, o sus familiares directos, descendientes o ascendientes o colaterales, incluyendo el cónyuge, el juez deberá adoptar las medidas necesarias para proteger la identidad de ellos, en los mismos términos que el Art. 189 incisos 4º y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Recibida la denuncia el Tribunal se pronunciará inmediatamente sobre su procedencia y ordenará su aplicación”.
3ºEstablézcase como nuevo artículo 16 bis el siguiente:
“Las especies objeto de la falta establecida en el artículo 494 Nº 19 y 494 bis del Código Penal, quedarán siempre en poder de su dueño, quien estará obligado a presentarlas al Tribunal cada vez que se le requiera, para los efectos del artículo anterior. Se entenderá cumplida esta obligación si, siendo especies consumibles, presenta otras equivalentes. En todo caso las especies siempre deberán estar a disposición del tribunal para efectos que el inculpado solicite practicar las observaciones, pericias y exámenes que el objeto del delito requiera.
Si en el caso del inciso anterior, las cosas han sido hurtadas o robadas en supermercados, grandes tiendas, almacenes, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes, la tasación corresponderá a su valor de venta al público, el que deberá constar en el respectivo proceso. Sin perjuicio de lo señalado, el imputado, proceso o acusado podrá solicitar, en cualquier estado del proceso, que se realice una tasación por perito. La designación del perito no podrá recaer en un funcionario del Tribunal, a menos que conste su formación profesional idónea”.
4ºEn el artículo 29, agréguese al inciso final, el siguiente párrafo:
“El tribunal de oficio, deberá hacer esta comunicación o, a petición de cualquier interesado, entregará copia autorizada de la sentencia, incluyendo la certificación de encontrarse ejecutoriada, para que este interesado requiera la correspondiente inscripción a lo cual el Servicio de Registro Civil no podrá oponerse”.
Moción de los diputados señores Rodrigo González, Burgos, Hales, Juan Pablo Letelier, Pareto y Recondo.
Modifica la ley Nº 19.712. del Deporte, con la finalidad de que las artes marciales se sometan a su regulación, derogando la ley Nº 18.356, sobre control de artes marciales. (boletín Nº 3079-02)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo prescrito por la Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
Considerando:
1ºLa ley Nº 18.356, sobre el control de artes marciales, fue la respuesta a un momento político y social puntual, en el que por medio de esta normativa y su reglamento complementario, se pretendió tener un estricto control sobre las personas e instituciones que desarrollaban cualquier actividad relacionada con las artes marciales y con los implementos destinados a ellas, visto en ese tiempo como un eventual peligro para la paz social. El paso del tiempo ha demostrado lo infundado que fueron esos temores.
2ºHaciendo un paralelo con otros países, donde se originaron estas disciplinas, los gobiernos impulsan y favorecen la difusión y la práctica de estas disciplinas, por ser considerados deportes integrales facilitando su enseñanza en colegios y en todo tipo de establecimientos sociales y educacionales, lo que se traduce en la práctica masiva en espacios públicos y privados, utilización de recursos e infraestructura estatal y los más importantes traduciéndose en un mejor calidad de vida de todas las personas, obteniendo jóvenes más sanos y un enorme potencial deportivo para sus países, como ejemplo podemos destacar, el Campeonato Mundial de Fútbol Japón-Corea de este año, que fue inaugurado con una demostración de Tae Kwon Do que es el deporte nacional de Corea; Brasil ha declarado como su deporte nacional la Capoeira y su gobierno ha comprometido grandes aportes materiales y económicos para su difusión y práctica en lugares públicos, especialmente en el ámbito escolar; el Judo es deporte Olímpico desde 1964; el Tae Kwon Do fue incluido como disciplina olímpica de Sydney del año 2000; el kárate ya ha sido considerado como tal, para ser oficialmente aceptado desde el año 2004; el Wushu (modalidad deportiva del Kung Fu) estará presente en las Olimpiadas desde 2008; la URSS, mucho antes de desaparecer instituyó al Sambo como su deporte nacional, al no poder desconocer la práctica que de él se hacía en su territorio.
3ºRespecto a las habilidades adquiridas por una persona humana para luchar y usar su cuerpo de una manera más efectiva, no es punible mientras sus acciones no configuren un delito y de ser éste el caso, será el delito cometido el que se sancionara según la ley, pero no la sola eventualidad de adquirir tal habilidad o destreza física.
4ºDesde otra perspectiva, existen investigaciones médicas que demuestran que la práctica de estas disciplinas es beneficiosa para la salud física y mental de las personas, las artes marciales ya no son un entrenamiento para matar, son disciplinas que contribuyen en el desarrollo integral de las personas y como actividad deportiva se ha utilizado exitosamente como vehículo de rehabilitación y estímulo, para evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas; serios y complejos estudios médicos, han reconocido al Tai Chi como gimnasia terapéutica beneficiosa para la salud. A partir de estos estudios médicos occidentales se han interesado en conocer y aplicar estos conocimientos en su profesión.
5ºRespecto de las acusaciones que afirman que las artes marciales son violentas o que inducen a la violencia, se puede hacer un paralelo entre éstas y un deporte de combate aceptado universalmente en su carácter de deporte olímpico como es el boxeo. El propósito del Box, es derribar al oponente mediante golpes de puño y su puntaje máximo es el K.O., es decir, producir la inconsciencia del deportista. Todo Knock Out es un traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado, tal vez el ejemplo más claro y dramático lo ha dado el campeón de peso completo, Mohamed Alí; en cambio, en los deportes de las artes marciales no se presentan lesiones ni daños de consideración durante los campeonatos.
6ºEn concreto, podemos concluir que esta ley que pretendemos derogar es absolutamente infundada y no cumple ninguna finalidad concreta, que se traduzca en beneficios o seguridad para la ciudadanía; es más, viola ciertos preceptos constitucionales, es por esto que damos algunas de las razones por las cuales nos parece necesario derogar esta ley, cuales son las siguientes:
a)Viola abiertamente la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 2, inciso 1 y 2 donde asegura la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Ni ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. La ley sólo se aplica a los civiles y no a los militares, como tampoco a los familiares de las Fuerzas Armadas que se desempeñan como instructores.
b)La D.G.M.N. (Dirección General de Movilización Nacional) autentifica los grados de instructores y alumnos sin tener la debida capacidad para ello, y supone un nuevo impuesto a cobrar que grava más aún esta actividad, viola la Constitución Política en su artículo 19 Nº 16 que señala la libertad de trabajo y su protección y el Nº 21 que señala el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional.
c)Es una ley inoperante, ya que no es posible controlar en Chile a quienes practican o enseñan en forma clandestina, ya que es más fácil practicar sin permisos que con ellos.
d)Respecto a las razones de seguridad o paz social, esta ley no cumple ningún propósito de prevención de delitos contra las personas.
e)Las artes marciales, actualmente en todo el mundo, son disciplinas deportivas y como tal deben ser aceptadas y comprendidas en esa forma dentro de la esfera de aplicación de la ley del Deporte y no ser sometidas a un control de autoridades militares; en cambio, sí es muy apropiado que los militares y en general las Fuerzas Armadas participen y estén formalmente incorporadas a la institucionalidad del deporte.
f)En el Derecho comparado no ha sido posible encontrar algún vestigio de la legislación al respecto, ya que nuestro país es el único en el mundo en el que por medio de una ley especial se regula y controla la práctica de las artes marciales.
7ºEsta moción se fundamenta en la importancia de contar con un estatuto jurídico adecuado para esta práctica deportiva que, afortunadamente, el año 2004 tendrá como sede mundial a Chile, para la realización de su Campeonato Mundial de Kung Fu Tradicional, evento al que acudirán delegaciones de deportistas de países asiáticos, europeos y latinoamericanos. Chile es un país que ha demostrado orgullo de su transición hacia la democracia ¿qué imagen proyectará nuestro país a todos los deportistas, a los maestros mundialmente reconocidos, a los periodistas y corresponsales extranjeros, si este evento que saldrá al mundo es controlado y fiscalizado por autoridades militares?
8ºEn consecuencia, los diputados que suscribimos, venimos en derogar las disposiciones en la ley Nº 18.356 que entrega potestades regulatorias a las Fuerzas Armadas en materia de control de la enseñanza y práctica de las artes marciales, de suerte tal que estas actividades deportivas, queden bajo el estatuto común y general de la práctica deportiva que está establecida en la ley del Deporte en actual vigencia.
Por tanto,
Los diputados que suscriben, viene en presentar el siguiente.
PROYECTO DE LEY
Artículo primero. Deróguese la ley Nº 18.356 del año 1981 que “Establece Normas sobre Control de las Artes Marciales”.
Artículo segundo. Corresponderá a la autoridad pública a cargo de la promoción de la práctica deportiva y de la recreación, la supervigilancia de las actividades y los establecimientos en donde se entregue instrucción en artes marciales.
Un reglamento determinará las condiciones que deberán tener estos establecimientos y un sistema de control y registro de los cultores de estos deportes”.
Moción de los diputados señores Burgos, Araya, Jiménez, Paredes, Riveros, Saffirio y Walker.
Modifica el Código de Procedimiento Penal en materia de libertad provisional, estableciendo facultades especiales a los jueces del crimen, al momento de otorgar este beneficio, para su cumplimiento. (boletín Nº 3080-07)
“Fundamento:
El presente proyecto de ley busca entregar facultades al juez del crimen para exigir respecto del inculpado o procesado ciertas conductas que sean complementarias de la libertad provisional, pudiendo disponerse una o más de ellas al otorgar la libertad provisional o con posterioridad durante el curso del proceso.
En nuestra legislación actual, la libertad provisional puede negarse o concederse, siendo en este caso posible que se otorgue una libertad con caución calificada, caución simple o sin caución.
Sin embargo, este sistema, como hemos visto, se limita a señalar las formas de caución contempladas para otorgar la libertad provisional, pero no regula las condiciones en que se puede ejercer esa libertad provisional por parte de la persona a quien se otorga el beneficio, las que son esenciales para cumplir con los fines del proceso penal consistentes en dar protección a la víctima y a la sociedad, como asegurar la eficacia del proceso evitando que se atente en contra del éxito de la investigación.
Creemos que con este proyecto de ley se avanza en la regulación de la libertad provisional, en el sentido de poder determinar que el cumplimiento de este beneficio sea un instrumento de real garantía para la sociedad, a la vez que implicará que el tribunal tendrá una mejor forma de determinar cuál es el fin de ella, evitando en gran medida que los sujetos referidos aprovechen la oportunidad para volver a cometer nuevos delitos o alterar la sana y pacífica convivencia de las víctimas, testigos, peritos, agentes policiales que deben intervenir en el proceso penal como terceros para acreditar los hechos que posibilitan hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado al término del debido proceso legal.
Especial mención, cabe hacer al propósito perseguido con estas medidas adicionales en cuanto a dotar a los tribunales de facultades específicas que le permitan brindar una mejor protección a la víctima y terceros que participan en el proceso, siendo ése uno de los fines que debe cumplir el proceso penal.
En cuanto al imputado o procesado, el establecimiento de estas medidas posibilitan a los tribunales contra con un mayor grado de facultades para otorgar la libertad provisional, si con ello se olvida la cautela que debe brindarse a la víctima y la sociedad con la adopción de una o más de las medidas adicionales como las propuestas.
Obviamente, quien goza de la libertad provisional y continúa con su actividad delictiva demuestra un grado de peligrosidad adicional, que necesariamente deben ser considerada para agravar la pena respecto de los delitos que hubiere cometido encontrándose gozando de dicho beneficio. Este agravamiento de la responsabilidad penal sólo cabe ser considerado respecto de los delitos graves, en los que no cabe duda que existe una intencionalidad en persistir en una conducta delictiva.
La modificación legal propuesta es necesaria en atención al principio de tipicidad cautelar que se contempla en nuestra Carta Fundamental, dado que el juez no puede restringir la libertad personal, sino que a través de las medidas y en la forma que prevé nuestro legislador.
Finalmente, con esta modificación legal se da un tratamiento armónico en cuanto a sus principios al tratamiento de la libertad personal, haciendo aplicable a los procesos regidos por el Código de Procedimiento Penal medidas semejantes a las contempladas en el artículo 155 del Nuevo Código Procesal Penal.
En virtud de lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único:
1.Sustitúyase el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal, por el siguiente:
Artículo 362: Al acordar la libertad provisional en cualquiera de sus formas, podrá el juez disponer que el inculpado o procesado se presente a la secretaría del Tribunal en los días que éste determine, bajo el apercibimiento de dejar sin efecto la libertad provisional, y del pago de la caución. Adicionalmente, al acordar la libertad provisional o durante el curso del proceso, podrá el tribunal decretar una o más de las siguientes medidas:
a)La permanencia obligatoria del inculpado o procesado en un domicilio dentro del territorio jurisdiccional del Tribunal. Si no lo tuviere, deberá señalarlo al tribunal, el que tomará las medidas necesarias para la comprobación del mismo.
b)La obligación de comparecencia o presentación del inculpado o procesado ante una institución o autoridad determinada, la que controlará su conducta y asistencia e informará regularmente de ellas al tribunal.
c)La prohibición de ausentarse de una comuna o de la ciudad en que residiere o donde se siguiere juicio en su contra, salvo autorización del juez competente.
d)La prohibición de asistir a lugares públicos, o de reunión pública o asistir a determinados lugares o eventos, determinando los medios para verificarse el cumplimiento de la obligación por la institución o autoridad que se determine por el tribunal.
c)La prohibición para el inculpado o procesado, de tomar contacto o comunicación con determinadas personas, sea la víctima, sus familiares u otras personas que figuren a cualquier título en el proceso.
f)La orden de abandonar el hogar familiar. En este evento, el inculpado o procesado, deberá señalar un nuevo domicilio al tribunal para la aplicación de una o más de estas medidas.
g)La obligación de pernoctar en el lugar que el tribunal determine.
h)La obligación del inculpado o procesado de presentarse a firmar en la unidad policial más cercana a su domicilio. Esta obligación deberá cumplirse a lo menos dos veces por semana.
Para todos los efectos legales, el incumplimiento de cualquiera de las medidas decretadas, hará cesar el beneficio de libertad provisional y se sancionará con multa de 1 a 30 UTM. El secretario del tribunal certificará, de oficio o a petición de parte, el hecho del incumplimiento y el tribunal despachará la orden de aprehensión respectiva. En contra de esta resolución que decrete, modifique o deje sin efecto una o más de las medidas cautelares personales antes señaladas procederá el recurso de reposición con apelación subsidiaria, el que deberá deducirse dentro de los tres días siguientes a la notificación de ella.
2.Intercálase el siguiente inciso 2º nuevo, en el artículo 364:
“El Tribunal de Alzada al conocer de la consulta o apelación de una resolución que se pronuncia sobre libertad provisional u otra medida cautelar o de la apelación de un auto de procesamiento, podrá, de oficio y en única instancia, decretar, modificar o dejar sin efecto, una o más de las medidas señaladas en el artículo 362”.
Moción del diputado señor Navarro.
Modifica la ley Nº 18.455, sobre alcoholes, en lo relativo a la etiquetación de bebidas alcohólicas. (boletín Nº 3081-11)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el presente proyecto de ley sobre etiquetado de bebidas alcohólicas. Tomando en consideración previamente los siguientes hechos:
I. HISTORIA.
El uso del alcohol por el hombre como sustancia psicoactiva parece remontarse, al menos, a la época paleolítica, una historia que sigue después de haberse iniciado hace unos 30.000 años.
La ingestión de esta sustancia embriagante, debió ser conocida desde épocas muy tempranas por una gran diversidad de tribus, ya que, por muy primitiva que fuera su cultura, utilizaban y utilizan bebidas fermentadas.
El supuesto origen divino del alcohol, su empleo como sustancia embriagante lúdica y, más recientemente, su incorporación social como alimento normativo, no ha impedido su consolidación como una de las drogas más nocivas y de uso más extendido.
Emilio Bogan recuerda en su obra “El alcoholismo, enfermedad social” [1] las cuatro epidemias aparecidas en el área mediterránea desde el Imperio Romano hasta nuestros días:
1)Generalización del cultivo de viñas.
2)Aparición de las bebidas destiladas.
3)La Revolución Industrial.
4)Sociedad de consumo, publicidad y televisión.
Las connotaciones obvias implícitas en el enunciado de cada uno de estos fenómenos, muestra cómo la conflictividad de estos dos binomios, producción-comercialización, tiene cerca de 2.000 años de existencia.
A partir del siglo XIX la organización de la nueva sociedad industrial rompe los moldes y tradiciones, en relación al consumo de bebidas alcohólicas, de un mundo rural que se alcoholizaba a un ritmo más lento, a un perfeccionamiento de los métodos de destilación que permitió agilizar la producción y difusión de alcoholes de alta graduación, incrementando la demanda y consecuentemente haciendo inevitable la alcoholización.
II. COSTO ECONÓMICO.
El uso inmoderado de alcohol genera pérdidas y costos que sólo en el último tiempo han podido ser medidos y que ascienden en nuestro caso a casi US$ 3.000 millones en un año. Así lo han demostrado los 3 estudios realizados en el país sobre impacto económico del uso de alcohol en Chile, preparados por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.
El análisis demuestra que mientras que cada año se pierden US$ 2.969 millones por problemas derivados del consumo del alcohol, equivalente a la construcción de más de 300 mil viviendas básicas o 4.500 consultorios equipados por año, el país apenas recupera US$ 813 millones en este mercado.
El mayor impacto del consumo de alcohol está en la baja productividad laboral. Cabe destacar que por esta causa se pierden US$ 2.083 millones, y más de US$ 110 millones por atenciones de salud.
III. PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES ASOCIADAS AL CONSUMO DE ALCOHOL.
Las consecuencias para la salud del alcohol están en directa relación con la magnitud, frecuencia y patrón conductual de su consumo. Este último aspecto tiene que ver básicamente con la frecuencia de embriaguez. [2]
El abuso y la dependencia del alcohol constituyen enfermedades de carácter crónico que generan, en forma encubierta, consultas más frecuentes en atención primaria y servicios de urgencia.
Así las cosas, entre las patologías asociadas al consumo de alcohol nos encontramos las siguientes:[3]
A.GASTROINTESTINALES.
Esofagitis (eventualmente hemorrágicas).
Várices esofágicas.
Gastrigis (eventualmente hemorrágicas).
Úlcera péptica (agravada o refractaria al tratamiento).
Hemorragia digestiva.
Disfunción hepática progresiva (hígado graso, hepatitis alcohólica, y complicaciones).
Pancreatitis aguda y crónica.
Diarrea.
Carcinoma de boca (mayor incidencia).
Carcinoma de faringe (mayor incidencia).
Carcinoma de esófago (mayor incidencia).
B.CARDIOVASCULARES.
Arritmias cardíacas (taquicardia ventricular, taquicardia sinusal, extrasístoles ventriculares).
Miocardiopatía alcohólica.
”Holiday Herat síndrome”.
Insuficiencia cardíaca.
Hipertensión arterial.
Cardiopatía coronaria.
Síncope.
C.RESPIRATORIAS.
Neumonia lobar neumocónica.
Neumonitis por aspiración (con posibilidad de sobreinfección).
Tuberculosis (mayor incidencia y refractariedad al tratamiento).
Laringitis crónica (especialmente en bebedores de licor).
Limitación crónica al flujo aéreo (especialmente cuando se asocia con tabaquismo crónico).
Carcinoma broncogénico.
D.METABÓLICONUTRICIONALES.
Mala absorción.
Deficiencia minerales (hierro, magnesio, calcio, zinc, selenio).
Deficiencia vitaminas (B12, Tiamina, Piridoxina, Vitamina A, Vitamina D).
Intolerancia a hidratos de carbono.
Hipo o hiperglicemia.
Dislipidemia (aumento colesterol total, aumento triglicéridos, aumento VLDL, aumento LDL).
Hiperudicemia.
Anorexia.
Desnutrición.
E. HEMATOLÓGICAS.
Anemia.
Leucopenia
Neutropenia.
Inmunopatías.
Procesos infecciosos recurrentes.
Desórdenes de la coagulación.
F.NEUROSIQUIÁTRICAS.
Intoxicación alcohólica.
Depresión.
Trastorno de ansiedad.
Trastorno de conciencia.
Deterioro orgánico cerebral.
G.REPRODUCTIVAS.
Feminización y/o masculinización.
Hipogonadismo.
Infertilidad.
Impotencia.
Síndrome alcohólico fetal.
H.OTRAS.
Infección de heridas operatoria.
Retardo en cicatrización.
Traumatismos.
El tema resulta tan inquietante para las autoridades de gobierno, que se encuentra considerado como una de las enfermedades por tratar dentro del plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (Auge) que promueve el Ministerio de Salud, esperando contar con unos
$ 40 mil millones anuales, para su financiamiento.
IV. CONSUMIDORES.
Actualmente, asociado a la diversión, las fiestas y las celebraciones, el consumo indiscriminado de alcohol se ha convertido en un serio problema de salud a nivel nacional. Sin embargo, más allá del perjuicio que pueda causar su desmedida ingesta, el asunto cobra ribetes preocupantes al observar el aumento en los índices de alcoholismo precoz.
En este sentido, la tendencia es que cada vez va disminuyendo la edad de inicio, ya que de acuerdo a los resultados del Conace, un 50% de los jóvenes comienza a tomar alcohol a los 17 años, e incluso hay un 5% de ellos que empieza a los 12 años o antes.
El Cuarto Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Chile es elaborado por el Conace; en 2000 se aplicó a 44.421 personas entre 12 y 64 años de edad, que representa a 7.779.905 individuos a nivel nacional.
El sondeo estableció que 133.292 personas declararon consumir alcohol todos los días; 1.105.483 personas dicen que consumen alcohol los fines de semana, y 2.679.229 declaran consumirlo ocasionalmente en el mes. Para entender estas cifras, es importante considerar que el alcoholismo clásico implica que se ha ido desarrollando tolerancia, aumentando la dosis y la imposibilidad de suspender el consumo de alcohol por síntomas de privación, lo que quiere decir que hay un hábito y una dependencia física.
De estas cifras 986.932 personas son consideradas bebedores problema, vale decir, personas que debido al consumo de licores están teniendo dificultades en su entorno o en su vida diaria o familiar.
Luego, el mismo estudio arrojó el hecho de que los hombres duplican a las mujeres en su problema asociado al uso de bebidas alcohólicas. Sin embargo, cuando se realiza este análisis para el grupo de 12 a 18 años de edad, las cifras se estrechan, ya que 33 de cada 100 hombres declaran consumo reciente de alcohol y 28 de cada 100 mujeres también lo hacen.
V. ACCIDENTES Y MUERTES DERIVADAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL.
En el año 2000 ocurrieron 1.912 accidentes, de los cuales en 792 casos estaba presente el estado de ebriedad y la influencia del alcohol. Por esta razón, este tema no deja de preocupar a las autoridades y a la comunidad.[4]
La fiscalización es una de las líneas de acción de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), que asesora al Presidente de la República en los temas de seguridad vial. Recordemos que esta institución trajo a Chile los controvertidos alcotest y los narcotest. Además, el organismo investiga las tecnologías existentes en otros países y, en conjunto con Carabineros y el Instituto Médico Legal, las estudian y se aprueban según corresponda, para luego traerlas al país.
En Chile existen 166 alcotest y hoy junto a Carabineros, la Conaset quiere duplicar esta cantidad y para esto trabaja en un proyecto que significaría el financiamiento de otros 144 equipos.
Antes de traer a Chile este sistema, la única forma legal de demostrar que alguien había consumido alcohol, era la alcoholemia, que es la muestra de sangre. Hoy con el alcotest, se ha mejorado mucho la fiscalización, “hemos duplicado la cantidad de personas detenidas y es positivo porque significa que personas que eran un riesgo en el volante, son retiradas en términos preventivos, antes que tengan un accidente” señaló Antonio Dourthé, secretario ejecutivo de la Conaset.
Las estadísticas señalan que del total de personas que mueren en accidentes de tránsito en Santiago, el 40% llevaba alcohol en su sangre y un tercio de los accidentes asociados al alcohol se concentran entre los 18 y 25 años, según la Conaset.
Los accidentes de tránsito en menores de 45 años es la primera causa de muerte y de invalidez en el país. “En cualquier momento podemos sufrir un accidente y no sólo por nuestras propias irresponsabilidades, sino también por terceros” previene Roberto Solís, presidente de la Corbat (Corporación de Beneficencia de Accidentados de Tránsito), institución que ofrece ayuda humanitaria, de rehabilitación y jurídica a las víctimas de accidentes de tránsito.
En el año 2000, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Tanatología del Servicio Médico Legal, de un total de 776 personas fallecidas por accidentes de transporte, sólo 381 no presentaron nivel de alcohol en la sangre, 78 presentaron de 01% a 09% de alcohol por litro de sangre, 156 presentaron de 1,0% a 2,99%, 29 personas arrojaron más de 3.0% de alcohol por litro de sangre, en el resto de los casos no se realizó examen, debido a que fallecieron en establecimientos de salud, después de un período de sobrevida mayor de un día, posterior a la fecha de ocurrencia del accidente, vale decir que el 29,92% de las personas fallecidas habían ingerido alcohol previamente al accidente de acuerdo con los resultados de la alcoholemia, sin contar los casos en que no se realizó el examen.
En otras causas de muerte en un gran porcentaje, el alcohol está presente, como es el caso de:
1)Caídas accidentales: de un total de 163 muertes, en 27 personas la alcoholemia arrojó la presencia de alcohol en la sangre, lo que equivale a un 16,57% del total.
2)Exposición al humo, fuego y llamas: de un total de 95 fallecidos por esta causa, en 15 personas la alcoholemia arrojó la presencia de alcohol en la sangre, lo que equivale a un 15,79% del total.
3)Envenenamiento accidental: de un total de 144 fallecidos por esta causa, en 93 personas, la alcoholemia arrojó la presencia de alcohol en la sangre, lo que equivale a un 64,6% del total.
4)Accidentes causados por sumersión, sofocamiento y cuerpos extraños: de un total de 99 fallecidos por esta causa, en 46 personas, la alcoholemia arrojó la presencia de alcohol en la sangre, lo que equivale a un 46,46% del total.
5)Lesiones autoinfligidas intencionalmente: de un total de 549 fallecidos por esta causa, en 222 personas, la alcoholemia arrojó la presencia de alcohol en la sangre, lo que equivale a un 40,43% del total.
6)Agresiones: de un total de 341 fallecidos por esta causa, en 169 personas, la alcoholemia arrojó la presencia de alcohol en la sangre, lo que equivale a un 49,56% del total.
En resumen, en un 37,6% de los casos de fallecidos por causas externas, la alcoholemia arrojó la presencia de alcohol en la sangre.
VI. LEGISLACIÓN VIGENTE EN CHILE.
La protección frente a los daños que provoca el consumo de alcohol ha recibido un débil tratamiento en nuestra legislación a través de diversas normas, tanto de carácter penal como administrativa, como son:
Ley Nº 17.105, ley de Alcoholes, establece normas acerca de las patentes de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, tipifica y sanciona penalmente las conductas relacionadas con la venta y consumo de alcohol, estableciendo además medidas preventivas.
Decreto ley Nº 794 de 1974 del Ministerio de Salud, crea el Fondo Especial para Rehabilitación de alcohólicos.
Decreto Nº 821 de 1974 del Ministerio de Salud, reglamenta la administración del Fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos.
Decreto Supremo Nº 2 de 1991 del Ministerio de Salud, crea la Comisión Nacional Mixta Asesora de Salud y Educación, entre cuyas funciones está la de proponer políticas generales de prevención del alcoholismo, drogadicción y tabaquismo.
Decreto Nº 683 de 2000 del Ministerio de Educación, reglamenta programa especial de niveles educacionales básico, medio y adultos, estableciendo como objetivo de la enseñanza en el área de la salud, “comprender los riesgos del consumo de drogas y alcohol”.
Ley Nº 4740, establece como obligación, la enseñanza científica de la temperancia en las escuelas y colegios del Estado, por medio de objetivos que sirvan para combatir el alcoholismo.
Ley Nº 18.455, fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga el libro I de la ley Nº 17.105.
Ley Nº 19.712, ley del Deporte, consulta entre criterios para distribuir los fondos asignados al fomento del deporte en las regiones, los índices de alcoholismo y drogadicción.
VII. EL DERECHO COMPARADO.
Considerando lo inquietante que resulta esta situación, es que se hace necesario y urgente el control de la oferta, mediante una acción preventiva e informativa, a través de dar cuenta a los consumidores sobre el daño que causa a la salud.
En USA desde 1989 cada botella de cerveza, vino o licores vendida debe llevar una advertencia gubernamental de dos partes:
a)“De acuerdo a la autoridad de Salud, las mujeres no deben beber alcohol durante el embarazo por el riesgo de defectos en el recién nacido”.
b)“El consumo de bebidas alcohólicas interviene en su habilidad para manejar un auto u operar maquinarias y puede causar problemas de salud”.
En Francia la ley Evin del 10 de enero de 1991 está particularmente ligada a la protección de menores contra el alcoholismo (prohíbe la venta de alcohol a menores de 16 años, y la venta de alcohol dentro de los recintos deportivos). También limita el contenido de los avisos de publicidad para las bebidas alcohólicas informando a los consumidores sobre su abuso en el consumo. Sobre este último punto, el Código de la Salud dispone la obligación que toda publicidad en las bebidas alcohólicas debe contener un mensaje sanitario precisando que: “El abuso del alcohol es peligroso para la Salud”.[5]
El Parlamento Europeo en propuesta de recomendación del Consejo relativa al consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes (COM (2000) 736C50020/20012001/0801(CNS), particularmente en su enmienda 2, apartado 3, apoya como medida de sensibilización el etiquetado con información al consumidor sobre el volumen de alcohol contenido en los productos, sobre los efectos del consumo de alcohol, especialmente sobre los riesgos del consumo masivo para todos los consumidores de alcohol, pero especialmente para los niños y los adolescentes, y sus consecuencias para las personas y la sociedad.
En Latinoamérica las legislaciones de México, Ecuador [6], Paraguay, [7] Colombia, por decir algunas, establecen que en la impresión de la etiqueta de toda bebida alcohólica se requiere que contenga una leyenda referida a advertir los daños que puede provocar el consumo excesivo del producto. Así, la ley 30 de Colombia, del año 1996, en el capítulo II “Campañas de prevención contra el consumo de alcohol y tabaco”, establece en su artículo 16, la siguiente norma: “En todo recipiente de bebida alcohólica nacional o extranjera deberá imprimirse, en el extremo inferior de la etiqueta y ocupando al menos una décima parte de ella, la leyenda “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud””.
Es necesario que nuestro país se ponga a la altura de los demás, sobre el tratamiento de la oferta y su control, a través de una campaña no represiva basada en una política de prevención, una correcta información, apelando a la voluntad de los consumidores, medidas que se espera tengan un efecto directo sobre un gran número de bebedores moderados, que son el origen de la mayoría de los problemas, e indirecto, sobre la minoría de los bebedores excesivos, al disminuir la presión social favorable al alcohol, droga institucionalizada, socialmente aceptada.
Hasta ahora las medidas sólo se han dirigido al control del consumo, y con todo, han sido presentadas como ineficaces e incluso combatidas en nombre de las libertades fundamentales por fabricantes, distribuidores y agentes publicitarios.
Es cierto que en la solución del problema, se cruzan factores sociales y culturales, por lo que resulta difícil determinar cuáles son las dosis carentes de riesgo.
Por ello y por el establecimiento de medidas de información y sensibilización sobre los riesgos del consumo de bebidas alcohólicas, es que proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único. Intercálase al artículo 35 de la ley Nº 18.455, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando los actuales a ordenarse correlativamente a continuación de los indicados:
“Los envases o etiquetas de cualquier bebida alcohólica cuya graduación fuese igual o mayor a 4,5º, deberán llevar en forma legible, usando colores distinguibles entre el texto y el fondo, ocupando un 15% de la superficie total de la etiqueta, el siguiente mensaje: “Advertencia: El consumo excesivo del alcohol, puede causar daños en su salud”.
La misma frase se incluirá en los avisos publicitarios que se inserten en diarios, revistas, spots televisivos, difusión radial y, en general, en toda propaganda o estimulación al consumo del alcohol que se exponga por cualquier medio de comunicación social.
En el caso de propaganda televisiva o cinematográfica, se proyectará después del spot o aviso y por un lapso no inferior a cinco segundos, un recuadro que abarque la totalidad de la pantalla conteniendo la advertencia descrita en el inciso segundo”.
Moción de los diputados señores Navarro y Paredes.
Monumento a la cueca como danza nacional en la comuna de Arica. (boletín Nº 3082-04)
La Cueca
La voz cueca se utiliza generalmente para denominar la danza folclórica de ese nombre considerada como danza nacional de Chile. Actualmente ese concepto se extiende a una compleja forma de música, poesía, canto y danza.
a)Orígenes del nombre de la Cueca
La cueca ha sido conocida como: Schingana, ZambaClueca, Zamacueca, Cueca y La Chilena. Esta danza fue cambiando sus denominaciones de esta forma:
Schingana: que en schilidugu (lengua de Chile, hoy “lengua araucana”) significa “lugar escondido”, era el lugar de reunión de los partidarios de la Independencia quienes usaban como contraseña un tamboreo 1, 2, 3... 1, 2, 3, para integrar o evitar a un recién llegado, el cual, si entendía el mensaje, salía al centro de la sala y con los brazos en alto, y los dedos imitando las castañuelas, marcaba el 1, 2, 3 con los pies.
Zamba Clueca: En Chile se dice “zambo” al que tiene el pelo crespo y “patizambo” al que tiene las piernas torcidas. Debido a que las piernas flectadas facilitan el zapateo 1, 2, 3, se llamó “zamba” a esa especie de danza bailada en las chinganas y como tenía vueltas y revueltas como las gallinas cluecas, se le dio en broma el nombre de “Zamba Clueca”.
Zamacueca: Sellada la Independencia, se celebró la victoria con el 1, 2, 3 y de ahí, todas las fiestas terminaban con ese baile acompañadas del kultrún. Cuando el baile estaba tomando carácter nacional se le cambió el nombre a Zamacueca por ser menos peyorativo y más “elegante”.
Cueca: Así como los nombres propios sufren variación en la gramática araucana, existen también en ella reglas de contracción, las palabras compuestas se contraen y de allí que la zamacueca pasó a llamarse cueca.
La Chilena: La cueca traspasó fronteras y fue bailada en Bolivia y Argentina, donde para diferenciarla es bailada dos veces y no tres como en Chile y se le llamó La Chilena.
B Orígenes de la danza y ritmo de la Cueca:
Se ha dicho que el origen de la cueca es peruano, derivada de la zamacueca que se bailaba en ese país, pero la folclorista y compositora Clara Solovera es enfática al establecer que: “la cueca fue llevada a Perú”. Por su parte, los historiadores señalan que durante la guerra del Pacífico, a la zamacueca se le cambió el nombre en el Perú, por el de “La Marinera” en honor a Grau y a la Escuadra peruana, lo que no habrían hecho si efectivamente la zamacueca hubiere sido nacional de Perú.
Hay quienes piensan que tiene su origen en la zamba argentina, pero los argentinos reconocen que la zamba argentina nació de la cueca chilena. Lázaro Flury, especializado en folklor escribió: “En tierras del norte argentino, la zamba tomó varios nombres de acuerdo a las variantes en su coreografía; en Salta y Jujuy era llamada La Chilena, por haber entrado a Jujuy desde Chile”.
El escritor argentino Rafael Cano en su libro “El folklor argentino”, pág. 239, escribió: “La zamba argentina es hija de la zamacueca”.
Otros aportan pruebas que señalarían que la cueca es de origen araucano:
Los nombres de la cueca: chingana, zamba clueca, zamacueca, cueca, no son palabras del castellano que se habla en Argentina, Bolivia o España; son palabras del chilidugu o Lengua de Chile, hoy conocida como Lengua Araucana.
También las palabras que se cantan en la cueca, como güifa (alegría euforia), Aro, Aro, Aro, frase araucana que significa “con permiso”, chicha, palabra con la que se designa determinado proceso del jugo de la uva; “muska”, que es la chicha de manzana.
ANTECEDENTES JURÍDICOS
En 1932, Andrés Bello escribía, “se ha restablecido con gran entusiasmo el gusto por las chinganas...”. En 1835 la actriz Carmen Aguilar, baila la zamacueca en un teatro al final de una obra y en 1836, es interpretada a violín por el italiano Carlos Bassini. Ya se considera danza nacional.
El 18 de septiembre de 1910, al celebrarse el primer centenario de la Independencia, la delegación argentina, con su Presidente José Figueroa Alcorta, es homenajeada con diversos actos; éste manifiesta su admiración por “la cueca” como ya se la conocía desde la Revolución de 1891, y solicita sea bailada. Desde entonces la cueca comienza a bailarse como homenaje en fiestas y ceremonias oficiales.
Sin embargo, es en 1979 que por decreto Nº 23 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se declara la Cueca como danza nacional de Chile.
El decreto Nº 4002 de 1980 del Ministerio de Educación, en su artículo 23 establece como obligatorio dentro de los programas de estudio, en los objetivos generales de Educación Física, que los alumnos aprendan a ejecutar danzas folclóricas nacionales y la cueca.
El decreto Nº 54 de 1989 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, declara el 17 de septiembre como Día Nacional de la Cueca.
La cueca, cuyos orígenes son difíciles de determinar, es la manifestación a través de la música y del baile del desarrollo de la idiosincrasia chilena en una determinada época de su historia y que por sus características y permanencia en el tiempo, ha pasado a formar parte de nuestro folclor y ha sido legalmente declarada danza nacional.
Existen en la actualidad millares de agrupaciones en torno a la cueca, tanto a nivel local como provincial, regional y nacional.
Estas agrupaciones y organizaciones realizan todos los años 6 concursos nacionales de cueca.
El concurso infantil se efectúa en la ciudad de Iquique, el semi-infantil, en San Antonio, el juvenil, en Punta Arenas, el intermedio, en el cual participan los mayores de 40 y menores de 60 años, en Melipilla, el senior, en la ciudad de Coihaique, y el más importante, el Campeonato Nacional de Cueca, se realiza en Arica desde hace 35 años, la primera semana de junio, haciendo coincidir su final el día 7, en conmemoración del Asalto y Toma del Morro de Arica, lo que ratifica el sentido de reafirmación patriótica y de chilenidad de este ya tradicional evento de la cueca.
Por estas consideraciones proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º. Autorízase erigir un monumento a la cueca como danza nacional de Chile en la comuna de Arica provincia de Arica.
Artículo 2º. La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes. Las colectas se efectuarán en las fechas que determine la Comisión especial que establece el artículo 4º.
Artículo 3º. Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que se señalan en el artículo anterior.
Artículo 4º. Créase una Comisión especial de 6 miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a.Un representante de la municipalidad de Arica.
b.Dos diputados del distrito 1.
c.Un representante del Ministerio de Obras Públicas.
d.Un representante del Club de Huasos de Arica.
e.Un representante de la Universidad de Tarapacá.
El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5º. La Comisión especial tendrá las siguientes funciones:
a.Determinar la fecha, la forma y los lugares en que se efectuarán las colectas públicas, como también realizar las gestiones legales destinadas a que éstas se efectúen.
b.Determinar el sitio en que se ubicará el monumento, en coordinación con la municipalidad de Arica y con el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales.
c.Administrar el fondo creado por el artículo 3º.
d.Llamar a concursos públicos de proyectos para la ejecución de la obra, fijar sus bases y resolverlos.
e.Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el fondo.
Artículo 6º. Si al concluir la construcción del monumento resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados, conservando el espíritu de la tradición folclórica, a la Agrupación Nacional de Folcloristas de Chile, con el fin de continuar expandiendo esta disciplina artísticocultural, netamente chilena.
Artículo 7º. El monumento deberá erigirse en el plazo de cinco años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Si vencido dicho plazo no se hubiera ejecutado la obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones se destinarán al objetivo señalado en el artículo precedente”.