Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Samuel Venegas Rubio
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Letelier Norambuena
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RETIRO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.
- V. ORDEN DEL DÍA
- SEGURIDAD PARA LABOR DE BOMBEROS DE CHILE. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- ADECUACIÓN DE LEGISLACIÓN PARA IMPLEMENTAR CONVENCIÓN SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- REGULACIÓN DE LOS CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Mario Escobar Urbina
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Mario Varela Herrera
- SEGURIDAD PARA LABOR DE BOMBEROS DE CHILE. Proposición de la Comisión Mixta.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LO RELATIVO A LA CONFORMACIÓN DE LAS TABLAS DE LAS SESIONES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ivan Paredes Fierro
- Camilo Escalona Medina
- Jorge Burgos Varela
- Fulvio Rossi Ciocca
- Manuel Rojas Molina
- Edgardo Riveros Marin
- Eugenio Bauer Jouanne
- Cristian Antonio Leay Moran
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Sergio Aguilo Melo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DEL SECTOR LECHERO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Javier Hernandez Hernandez
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Recondo Lavanderos
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Fernando Meza Moncada
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Gonzalo Uriarte Herrera
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LO RELATIVO A LA CONFORMACIÓN DE LAS TABLAS DE LAS SESIONES.
- VII. INCIDENTES
- ALCANCES SOBRE DECISIÓN JUDICIAL RESPECTO DE CASO DE PEDOFILIA.
- CREACIÓN DE BANCO GANADERO Y DE UN CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PARA GANADO EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE HOSPITALES DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
- CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL EN FAVOR DE TRABAJADORES FORESTALES DE ARAUCO. Oficio.
- SOLUCIÓN A PEQUEÑOS AGRICULTORES AFECTADOS POR DESBORDES DEL RÍO BIOBÍO EN COMUNA DE SANTA BÁRBARA. Oficios.
- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TENENCIA DE CARABINEROS DE LA COMUNA DE FLORIDA. Oficios.
- ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES POR PRESUNTA EVASIÓN TRIBUTARIA DE EMPRESA METALPAR. Oficio.
- ADHESION
- Eugenio Tuma Zedan
- Enrique Jaramillo Becker
- Edgardo Riveros Marin
- Eduardo Saffirio Suarez
- Camilo Escalona Medina
- Ramon Segundo Perez Opazo
- ADHESION
- INFORME SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS Y ENTREGA DE RECURSOS EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficios.
- RECURSOS DEL ESTADO PARA PROYECTOS QUE MENOSCABAN LA IMAGEN DE ARTURO PRAT. Oficio.
- ADHESION
- Victor Perez Varela
- Mario Escobar Urbina
- Claudio Alvarado Andrade
- Marcelo Forni Lobos
- ADHESION
- INFORME SOBRE SITUACIÓN DE HOSPITALES DE CHILOÉ Y DE PALENA. Oficio.
- ADHESION
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Victor Perez Varela
- Mario Escobar Urbina
- Marcelo Forni Lobos
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN SOBRE CONVENIO ENTRE DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ENDESA PARA MANEJO DE AGUAS DEL LAGO LAJA. Oficios.
- ADHESION
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Marcelo Forni Lobos
- Mario Escobar Urbina
- ADHESION
- FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR RADIAL DON ARTURO MENAY ECHEVERRÍA. Notas de condolencia.
- RECHAZO A EVENTUAL ACCIÓN UNILATERAL DE ESTADOS UNIDOS CONTRA IRAK. Oficio.
- ADHESION
- Eduardo Saffirio Suarez
- Eugenio Tuma Zedan
- Enrique Jaramillo Becker
- Mario Escobar Urbina
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- CAUSAS DE CRISIS QUE AFECTA AL SECTOR LECHERO.
- MEDIDAS PARA SOLUCIONAR CRISIS ECONÓMICA DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Eugenio Tuma Zedan
- Enrique Jaramillo Becker
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- CONSECUENCIAS DE EVENTUAL ACCIÓN UNILATERAL DE ESTADOS UNIDOS EN CONTRA DE IRAK. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- HOMENAJE A MÁRTIR DE LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RÍO BUENO. Notas de condolencia.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guido Girardi Lavin
- Enrique Accorsi Opazo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA
Sesión 39ª, en martes 10 de septiembre de 2002
(Ordinaria, de 11.06 a 14.28 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana,
y de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo,
y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
Retiro de acusación constitucional 11
V. Orden del Día.
- Seguridad para labor de Bomberos de Chile. Proposición de la Comisión Mixta 12
- Adecuación de legislación para implementar convención sobre cohecho a funcionarios públicos extranjeros. Tercer trámite constitucional 13
- Regulación de los casinos de juego y salas de bingo. Primer trámite constitucional. (Continuación) 13
VI. Proyectos de acuerdo.
- Modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados en lo relativo a la conformación de las Tablas de las sesiones 34
- Soluciones a los problemas del sector lechero 38
VII. Incidentes.
- Alcances sobre decisión judicial respecto de caso de pedofilia 41
- Creación de banco ganadero y de un centro de inseminación artificial para ganado en la Novena Región. Oficios 42
- Información sobre situación de hospitales de la Cuarta Región. Oficio 43
- Cumplimiento de fallo judicial en favor de trabajadores forestales de Arauco. Oficio 44
- Solución a pequeños agricultores afectados por desbordes del río Biobío en comuna de Santa Bárbara. Oficios 45
- Adquisición de vehículos para tenencia de Carabineros de la comuna de Florida. Oficios 45
- Estado de procesos judiciales por presunta evasión tributaria de empresa Metalpar. Oficio 46
- Informe sobre adjudicación de proyectos y entrega de recursos en la Primera Región. Oficios 46
- Recursos del Estado para proyectos que menoscaban la imagen de Arturo Prat. Oficio 47
- Informe sobre situación de hospitales de Chiloé y de Palena. Oficio 48
Pág.
- Investigación sobre convenio entre Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa para manejo de aguas del lago Laja. Oficios 49
- Fallecimiento del trabajador radial don Arturo Menay Echeverría. Notas de condolencia 50
- Rechazo a eventual acción unilateral de Estados Unidos contra Irak. Oficio 51
- Causas de crisis que afecta al sector lechero 51
- Medidas para solucionar crisis económica de la Novena Región. Oficios 52
- Consecuencias de eventual acción unilateral de Estados Unidas en contra de Irak. Oficios 54
- Homenaje a mártir de la Tercera Compañía de Bomberos de Río Bueno. Notas de condolencia 56
VIII. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. Establece beneficios a concesionarios y ocupantes del borde costero de la isla Robinson Crusoe de la comuna de Juan Fernández (boletín N° 3047-02) 58
2. Modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato (boletín N° 3048-07) 61
3. Faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones que indica, dispone la suscripción del convenio de programación con el Sistema de Empresas y modifica la ley N° 19.767 (boletín N° 3049-05) 64
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que otorga la garantía del Estado a las obligaciones que indica, dispone la suscripción del convenio de programación con el Sistema de Empresas y modifica la ley N° 19.767 (boletín N° 3049-05) 67
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, respecto de los siguientes proyectos:
5. Modifica el DL Nº 3.500, de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias (boletín N° 1148-05) 68
6. Sobre fomento audiovisual (boletín N° 2802-04) 68
7. Establece normas sobre la crianza, tenencia y adiestramiento de perros potencialmente peligrosos (boletín N° 2696-12) 68
- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
8. Sobre discriminación racial y étnica (boletín N° 2142-17) 69
Pág.
9. Modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil (boletín N° 2906-07) 69
10. Oficio del Senado mediante el cual comunica que ha designado los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 70
11. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que establece normas para proteger la seguridad de los voluntarios de bomberos en actos de servicio (boletín N° 2471-06) 70
12. Segundo informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en el proyecto que modifica la ley N° 19.223, que tipifica figura penales relativas a la informática (boletín N° 2974-19) 74
- Informes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaídos en los siguientes proyectos:
13. Modifica el Código Penal en lo relativo al delito de favorecimiento a la prostitución de menores de edad (boletín N° 3005-07) 78
14. Modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil (boletín N° 2906-07) 81
15. Informe de la Comisión especial destinada a indagar sobre los orígenes y causas del aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado a lo largo del país 134
16. Moción de los diputados señores Girardi y Accorsi que reforma la ley de Tránsito en materia de uso del cinturón de seguridad en menores (boletín N° 3050-15) 229
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del diputado señor Pérez, don José, quien informa que ha renunciado a la jefatura de bancada de los diputados del Partido Radical Social Demócrata, y que dicho cargo será asumido por el diputado señor Venegas.
-Del Grupo Interparlamentario Chileno-Sirio por la cual informa que procedió a constituirse y eligió como presidente al diputado señor Letelier, don Felipe.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Jarpa, auditoría en la Subdirección del Departamento de Medio Ambiente del Servicio de Salud de la provincia de Ñuble.
Ministerio de Relaciones Exteriores
-Del diputado señor Ortiz, instalación del Parque Industrial Tecnológico del Plástico en la Región del Biobío .
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Espinoza, establecimientos educacionales que recibieron subvención de internado en el mes de julio del presente año.
Ministerio de Justicia
-Del diputado señor José Pérez, homicidio del señor Víctor Manuel Cárcamo y delito de lesiones graves en contra de José Manuel Morales, ocurridos en diciembre de 1999.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor Mulet, sumario sanitario a la sociedad Pérez y Salomón Ltda., propietaria del Centro de Diálisis Diagnost.
Municipalidad de Lanco
-Del diputado señor Kuschel, Programa Puente.
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Iquique, Puente Alto, Valparaíso y Limache
-Del diputado señor Bustos, inscripciones de dominio que aparezcan a nombre del señor Augusto Pinochet Ugarte en los últimos 15 años.
Servicio Electoral
-Del diputado señor Recondo, creación de Juntas Inscriptoras en localidades de Ralún y Alerce Norte.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (120)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Rebolledo González, Víctor Manuel PPD IV 7
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.06 horas.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 34ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 35ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
RETIRO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Con la venia de la Sala, tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , en la Cuenta debió haberse informado de una acusación constitucional que presentamos en contra del ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones. Afortunadamente, y quiero dar una explicación a mis colegas que concurrieron con su firma, el día de ayer, en la tarde, hubo un acuerdo con el ministro y hay un compromiso público de su parte para resolver el problema en las próximas tres semanas.
Muchas gracias.
-o-
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Con la venia de la Sala, tiene la palabra el diputado señor Ulloa y, a continuación, el diputado señor Ortiz .
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , pido que recabe la unanimidad de la Sala a fin de que la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas para proteger la seguridad de los voluntarios de bomberos en actos de servicio, sea votada de inmediato.
Hay un grado de urgencia, como lo planteó el diputado señor Ortiz , presidente actual de la Comisión , al igual que otros diputados cuando vimos el proyecto, y ya se corrigieron las dificultades que había.
He dicho.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , precisamente el miércoles pasado se reunió la Comisión Mixta, que cumplió el mandato que nos dio la Sala de retirar la palabra “maliciosamente”, es decir, se suprimió del texto.
Por lo tanto, como presidente de la Comisión especial de Bomberos , ayer -tuvimos un acto muy hermoso en el edificio del ex Congreso Nacional- consulté a varios de los colegas y somos partidarios de que su Señoría recabe la unanimidad de la Sala para que la proposición de la Comisión Mixta se apruebe sin discusión, como una demostración hacia Bomberos de Chile, de modo que el proyecto pase al Senado de la República y, a más tardar mañana, sea enviado al Presidente de la República para que se convierta en ley.
Quiero recordar que se trata de una moción parlamentaria de los diputados señores Encina, Jarpa, Ojeda , Ortiz , Ulloa , de los ex diputados y actuales senadores señores Naranjo y Prokurica , y de los ex diputados señores Alessandri , Krauss y Salvador Urrutia.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, como a propósito del proyecto de los casinos de juego hay varios inscritos, dos puntos del Orden del Día podrían ser de fácil despacho. Uno es la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto que establece normas para proteger la seguridad de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos en actos de servicios, y otro son las modificaciones del Senado al proyecto que adecua la legislación interna para implementar en Chile la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y modifica el tipo penal de cohecho activo.
Tiene la palabra el diputado señor Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , las modificaciones que usted menciona, eventualmente podrían ser de fácil despacho, si así lo estimara la Sala, ya que en 90 por ciento son de mera técnica legislativa. Tal vez la tercera podría ser un poco más profunda, pero es bastante lógica desde el punto de vista de evitar algún riesgo de doble incriminación por un mismo hecho, lo que en derecho penal es conocido como el principio de non bis in ídem.
En consecuencia, concuerdo con lo que usted señala.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para proceder en la forma que he indicado?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
SEGURIDAD PARA LABOR DE BOMBEROS DE CHILE. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el Orden del Día, corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto que establece normas para proteger la seguridad de los voluntarios de bomberos en actos de servicio.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 2471-06. Documentos de la Cuenta Nº 11, de esta sesión.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ADECUACIÓN DE LEGISLACIÓN PARA IMPLEMENTAR CONVENCIÓN SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. Tercer trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley que adecua la legislación interna para implementar en Chile la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, y modifica el tipo penal de cohecho activo.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín 2828-07, sesión 38ª, en 5 de septiembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
REGULACIÓN DE LOS CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, once diputados de distintas bancadas hemos formulado indicaciones para corregir dos aspectos esenciales de este proyecto, cuya aprobación en general es necesaria por las razones que se han expresado.
Hay un aspecto que no se ha destacado suficientemente, cual es que se permite la existencia de salas de bingo en cada una de las comunas, y se norman las loterías populares que se hacen cuando una persona sufre una enfermedad catastrófica o cualquier percance que las amerite.
Pues bien, el proyecto tiene dos graves inconvenientes que hemos querido subsanar con las indicaciones. En primer lugar, hace de este tipo de juego una actividad económica más. Toma la tradición del país y vincula los casinos a actividades turísticas fuera de Santiago, de forma que indirectamente ayuden al desarrollo regional. Gastar dinero en este sentido debe ser una acción adicional a la decisión de una persona de concurrir a un lugar turístico. No puede ser una actividad común y corriente ni corresponde que haya casinos en grandes zonas urbanas, pues pervertirían los niveles de ahorro del mundo popular y generarían actividades viciosas en su entorno.
En consecuencia, el proyecto establece un máximo de dos casinos por regiones y excluye explícitamente a la Región Metropolitana, no por animosidad, sino por los niveles de concentración demográfica, que casi no vale la pena comentar. Si existiese un casino en Providencia, en El Bosque, en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez , en Maipú, en el Cajón del Maipo, en Farellones, etcétera, indirectamente se generarían dificultades a los casinos de regiones y a la actividad turística en torno de ellos, motivo por el que se excluye a la Región Metropolitana.
Al respecto, se requiere que la Cámara sea generosa para delegar poder en otros organismos. En consecuencia, proponemos que la decisión acerca de la concesión de los casinos recaiga en los consejos regionales, los cuales deberán aprobarlos por un amplio quórum, lo que obliga a realizar estudios técnicos adecuados y a evacuar informes sobre las áreas que efectivamente pueden generar polos turísticos y, además, permite utilizar una instancia colegiada con pocos poderes, que existe en nuestra legalidad.
No es conveniente que el Congreso tenga que discutir la concesión de los casinos en cada caso o que se cree un superintendente general de casinos, dependiente del Ministerio del Interior del gobierno de turno, ya que son figuras de otras épocas y, además, pueden prestarse para situaciones impropias. En cambio, es preferible que esto sea resuelto por una instancia colegiada, plural y por un amplio quórum.
Asimismo, señalamos expresamente que debe establecerse un máximo de dos casinos por región y en provincias distintas. Por ejemplo, si en la Novena Región hubiese un casino en la provincia de Cautín, habría que buscar un lugar turístico en la provincia de Malleco.
Como han sostenido algunos, es importante que el Ejecutivo reflexione y proponga una indicación para que se destine el 50 por ciento de los recursos que se generen a las comunas donde se ubiquen los casinos y el otro 50 por ciento a los gobiernos regionales respectivos. Es más, se ha manifestado en la Comisión de Gobierno Interior que la idea, además de los fines turísticos, es destinar lo que produzcan los casinos a financiar las actividades de los organismos dedicados a recuperar a los discapacitados.
Llamo a votar favorablemente en general y a que se respalden las indicaciones, con el objeto de que el proyecto vuelva a las comisiones respectivas, se logre un consenso amplio con el Ejecutivo , se agilice su despacho y se permita la existencia racional de los casinos en regiones.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , es indudable que la Cámara debe tomar en cuenta las diferentes consideraciones hechas durante los años en que el proyecto ha estado en las diferentes comisiones.
Sin embargo, echo de menos una política de turismo, actividad que mueve millones de dólares en el mundo. En Chile ni siquiera tenemos una Subsecretaría de Turismo, en circunstancias de que es un motor importante en cualquier economía.
¿Cómo nace la iniciativa? Por consideraciones locales y regionales, que se van articulando y que terminan concretándose en un proyecto de ley que, desde nuestro punto de vista, es bastante malo.
Reitero, lo primero que tendría que decir es que no hay una política global y seria de turismo, que eche a andar todo un concepto de lo que debe ser la modernidad y la cantidad importante de recursos que se pudieran generar. En consecuencia, el proyecto de ley sobre casinos intenta paliar tibiamente este déficit que tenemos como Estado.
¿Qué proyecto tenemos? Un proyecto malo, que incrementa el aparataje del Estado, o sea, va en contra de lo que debiéramos hacer para lograr que el Estado se minimice y modernice; centraliza la decisión y la autorización para instalar los casinos, lo que, obviamente, atenta en contra de las regiones; no distribuye los fondos recaudados como corresponde, es decir, perjudica directamente a los lugares donde quedarían instalados los casinos y también a las regiones respectivas y, lo que es más serio, considero que prostituye el juego en el país.
Desde esa perspectiva, hubiera preferido el establecimiento de ciudades casino, focalizadas para potenciar lugares estratégicos; pero, evidentemente, se ha creado una serie de instancias, tomando en consideración muchas peticiones locales y, tal vez, pretendiendo solucionar un problema municipal.
Finalmente, comparto la idea de legislar, pero también considero importantísimo apoyar las indicaciones que se han hecho al proyecto durante su tramitación, con el objeto de modificarlo como corresponde y, de esa manera, elaborar una ley que realmente satisfaga no sólo las necesidades locales y regionales, sino que, además, se inserte en lo que debiera ser una política real de turismo en el país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , el proyecto me parece de trascendental importancia para regular una actividad que no ha tenido un tratamiento general ni orgánico en nuestro país y que, sin duda, ha sido fuente importante, por una parte, para incentivar la actividad turística y, por otra, ha generado cuantiosos ingresos a los municipios que cuentan con casinos.
Nadie discute las bondades que implica el turismo para el desarrollo económico, pero quizás lo más destacable de esta actividad es la gran cantidad de empleos directos que genera, los que hoy son más necesarios que nunca debido a la crítica situación por la que se está atravesando.
Después de un análisis detallado del proyecto de ley que hoy discutimos, quiero decir que comparto una de las ideas matrices que tuvo en vista el Ejecutivo al momento de iniciar su tramitación, cual es la de crear un sector empresarial que aporte a la industria turística y que se profesionalice la actividad. De ahí que se reconozca al sector privado la iniciativa de crear casinos, siempre que pueda demostrarse la viabilidad técnica, comercial y de contribución al fortalecimiento del turismo existente en la localidad; por lo mismo, ésta debe ser escogida por los inversionistas interesados.
En este sentido, me parece adecuado que una ley marco establezca las bases generales y su normativa esencial conforme a las cuales se regulará lo relativo a autorización, funcionamiento y fiscalización de las entidades que operen como casinos de juego y salas de bingo.
En honor al tiempo, no me detendré en aquellos aspectos que considero positivos del proyecto en discusión y sólo me limitaré a anunciar las razones por las cuales votaré en contra de algunos de sus artículos.
En lo que respecta al título IV, del Permiso de operación, párrafo primero “Del otorgamiento”, si bien me parece correcto que exista un órgano de carácter nacional que fiscalice, administre y explote la actividad ligada a los casinos de juego y salas de bingo, es inapropiado que sea la Comisión Nacional la que determine el lugar donde operarán los casinos.
En efecto, el hecho de que el artículo 18 establezca que, respecto de cada solicitud de operación que se presente, la Comisión deberá recabar la opinión del gobierno regional respectivo y de la municipalidad correspondiente a la comuna en donde se propone el funcionamiento de un casino de juego o sala de bingo, es una mera referencia para darle un aire de regionalismo, por cuanto esa norma no entrega las herramientas a dichas entidades para planificar la actividad turística que se quieran desarrollar en la zona. Me parece que radicar exclusivamente la decisión en una Comisión Nacional sólo servirá para que se tomen determinaciones centralistas de acuerdo con la mayor o menor presión que exista en el momento y sin que las regiones puedan incidir en ellas.
En este orden de ideas, aquí debe existir una muestra de confianza en los gobiernos regionales y en los municipios, ya que dichos organismos, en forma coordinada y conjunta, son los que debieran definir y proyectar aquellos lugares que les interesa potenciar turísticamente mediante la creación de casinos de juego o salas de bingo. Por lo tanto, la Comisión Nacional del Juego sólo debiera limitarse a otorgar los permisos de operación a los concesionarios del lugar que previamente definan las autoridades locales.
En el título VII, “De la Afectación”, en concordancia con lo expuesto precedentemente, es altamente perjudicial e injusto que los artículos 52 y 53 establezcan, respectivamente, impuestos del 10 por ciento que se calcularán sobre la base de la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados, y que se destinará, el primero, a incrementar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y, el segundo, el Fondo Común Municipal.
Una vez más, estamos en presencia de una iniciativa que sólo favorecerá el centralismo, puesto que las regiones y los municipios verán cómo retorna un escaso margen de utilidad del producto de la actividad de los casinos. Por ejemplo, Antofagasta -distrito que tengo el honor de representar- recibió en 2001, por concepto del Fondo Común Municipal, la suma de 6.500 millones de pesos, frente a los $ 96.146 millones de pesos que fueron asignados a la Región Metropolitana. Para este año, según cifras de la propia Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere , se proyecta para la Segunda Región, por concepto del Fondo Común Municipal la cifra aproximada de 6.287 millones de pesos, frente a los 95.912 millones de pesos que se destinarán a la Región Metropolitana. En este sentido, cabe preguntarse, ¿es justo que una región o municipio que, por voluntad soberana de sus habitantes o autoridades, decida no instalar un casino de juego o una sala de bingo, reciba parte del tributo que generará esta actividad? Es necesario que los recursos que genere la actividad de los casinos y salas de bingo queden en el municipio donde se producen y que sólo una parte de dichos ingresos sea compartida con el resto de las comunas existente en la región, con el objeto de desincentivar la creación de varios casinos en una misma zona geográfica.
Hay que tener presente que la creación de un casino en una comuna, indudablemente, reporta numerosos beneficios, pero también trae aparejado un mayor gasto para el municipio que se refleja en mayor alumbrado público, mantención de áreas verdes, creación y mejoramiento de los espacios públicos existentes, seguridad ciudadana, etcétera, gastos que se vuelven absolutamente necesarios si realmente se quiere potenciar a una comuna como centro de una actividad turística. Para comprobar esta afirmación basta comprobar la experiencia de municipios con casinos, como Iquique, Viña del Mar y Pucón, entre otros.
El hecho de que los recursos queden directamente en el municipio y en la región donde se generan permitirá a los municipios y a los gobiernos regionales llevar a cabo obras y satisfacer necesidades de la comunidad en forma clara, oportuna y con recursos nuevos no considerados hoy en sus presupuestos.
Finalmente, sabiendo que esta parte del proyecto de ley es de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, me atrevo a proponer al Gobierno que dichos artículos sean modificados en un doble sentido.
En primer lugar, que los fondos que el artículo 53 destina al Fondo Común Municipal, sean percibidos por la municipalidad donde se encuentra el casino o la sala de bingo.
En segundo lugar, respecto del artículo 52, que destina los dineros al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, solicito que el Gobierno distribuya las utilidades en el resto de las comunas de la región donde se encuentra el casino, a fin de desincentivar su creación en otras comunas. Asimismo, que un porcentaje de los recursos generados por este ítem sea entregado a Carabineros, por ser ellos los que se preocupan de resguardar la seguridad ciudadana.
Finalmente, hago un llamado al Gobierno en el sentido de que, después de haber hecho trabajar a esta Cámara en un proyecto por más de cuatro años y de haber consensuado, a través del Ministerio del Interior, el destino de los fondos y otras materias, no envíe indicaciones como consecuencia de la negativa del Ministerio de Hacienda para solucionar este tema con rapidez, ya que muchas zonas, especialmente la que represento -Antofagasta- esperan prontamente la creación de un casino de juego para darle a su región el impulso turístico que necesitan.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , después de muchos años -si mal no recuerdo, la primera iniciativa fue presentada por el ex diputado Isidoro Tohá -, se debate en esta Sala el proyecto sobre la creación de casinos.
El ex diputado Tohá propuso un proyecto modesto para autorizar el funcionamiento de un casino de juego en las termas de Chillán. En ese momento, su propósito era fomentar y fortalecer el turismo en esa parte del territorio nacional donde existe un centro de desarrollo recreativo altamente concurrido en ciertas épocas del año. A partir de esa moción, varios diputados presentaron iniciativas parciales que apuntaban a un fin similar. Quien habla, con otros colegas, pensando en una tradición, presentamos una moción con el objeto de que en la comuna de Pichilemu, Sexta Región, pudiesen funcionar salas de juego, así como también en las termas de Cauquenes, que podrían constituir un polo de desarrollo turístico interno importante. Lo cierto es que después de reflexionar, más que abordar proyectos individuales, se planteó la idea de tener una ley general, la que discutimos hoy. En ese sentido, ha sido un avance el hecho de poder tener un debate más amplio para establecer las bases a fin de crear casinos de juego y salas de bingo.
Habría que determinar si el objeto de la creación de los casinos de juego y las salas de bingo sólo es para incentivar el turismo, para la recreación y esparcimiento, o si, en verdad, cumplen funciones múltiples. Es lo que creo. En ese sentido, es necesario precisar quién debe decidir dónde se instalarán los casinos de juego o las salas de bingo. Este proyecto ofrece un marco de decisiones importantes, por cuanto radica en las regiones la decisión de crearlas. Propone un máximo -materia que podremos perfeccionar durante el transcurso del debate- en cuanto a si sólo habrá dos salas de juego por región o una por provincia. Pero no cabe duda de que la decisión sobre el número de casinos de juego no debería quedar radicada en una autoridad de nivel central, sino en otra descentralizada, en las autoridades regionales. Eso es lo correcto.
Hay un debate adicional, en el cual, probablemente, existe mayor disparidad en la reflexión sobre este proyecto, cual es, si los recursos que generen los casinos y salas de bingo están pensados para los municipios -como señala el colega Araya -, para el concesionario -hemos visto cómo éstos manifiestan un tremendo interés, porque es un negocio muy lucrativo- o si deben tener un fin social, visión distinta que tenemos otros parlamentarios.
En ese contexto, no somos partidarios de que los recursos generados por los futuros casinos de juego y salas de bingo ingresen al fondo de inversión del municipio receptor. Por el contrario, en esta materia algunos somos partidarios del modelo canadiense, esto es, garantizar que dichos fondos se destinen, al interior de cada región, para políticas sociales claramente identificadas.
Con la diputada señora Isabel Allende y otros colegas, queremos presentar una indicación a fin de que los recursos que se obtengan a través de los casinos de juego y las salas de bingo se asignen a programas para discapacitados y adultos mayores. En ningún caso deseamos que la iniciativa sirva para provocar una distorsión en las regiones, en el sentido de que algunos municipios contarán con una fuente adicional de ingresos en desmedro de los otros.
Algunos creemos que estas salas de juego pueden cumplir una función de atracción turística interna, lo que, de por sí, es un beneficio para la comuna donde se instalen. Pero los ingresos que produzcan, más allá de lo que legítimamente recibirá quien las administre, deben tener un fin público consensuado. Vamos a proponer a la Sala -tema que discutiremos en la Comisión- que estos fondos vayan en beneficio de los discapacitados y de los adultos mayores. Es una visión distinta de la que existe en la actualidad: que las salas de juegos, más que una fuente de turismo, son una fuente de ingreso para algunos municipios. Por ello, de persistir esa lógica, tememos que este proyecto, más que propender al desarrollo regional, pueda significar un elemento de tensión e, incluso, de conflicto indeseado.
Adicionalmente, hay un tema clave en la iniciativa para aquellos que quieren que los casinos de juego y las salas de bingo funcionen con absoluta transparencia. Para algunos, el nombre propuesto por el Ejecutivo no es el más afortunado, pero da igual. Lo importante es la función de quien supervisará, fiscalizará y aprobará los permisos correspondientes para los operadores. En ese sentido, es necesario asegurar, a través de una ley, que los establecimientos funcionen dentro de márgenes de probabilidades conocidos, de forma tal que no ocurra -se dice- lo mismo que en algunos casinos del país, donde las probabilidades de ganar en las máquinas se regulan en forma ambigua, las probabilidades del azar se ajustan mecánicamente y, a veces, se determinan las tasas de utilidad para el administrador, más allá de parámetros aparentemente correctos.
En lo personal, soy partidario de que quien entre a fiscalizar sea un ente nacional, con capacidad de funcionamiento en las regiones y en cada uno de los lugares donde funcionen los casinos de juego y las salas de bingo, estableciendo una diferencia entre ambos. Es muy importante que esa entidad se genere de forma tal -tendremos que precisarlo- que dé garantías no sólo a los operadores, sino también a los ciudadanos que quieran asistir para jugar, que las probabilidades de ganar o de perder estén dentro de un rango adecuado, como en todo juego de azar, y que su capacidad de fiscalizar sea también adecuada.
En este proyecto, con un objetivo determinado y recursos, debe haber una decisión regional no sólo acerca del lugar donde deben funcionar los casinos de juego y las salas de bingo. Con la diputada Isabel Allende y otros diputados queremos proponer que el fin sea público, no limitado sólo a los municipios receptores de los casinos, pues ellos, por sí, recibirán las ventajas, las inversiones propias del funcionamiento de los mismos y de la actividad turística. También queremos garantizar que el ente nacional que supervise esta actividad dé garantías al conjunto de los usuarios.
Por último, deseo proponer la posibilidad de que en la discusión particular de esta iniciativa podamos debatir acerca de copiar la experiencia de Canadá. En ese país, las salas de bingo cuentan con una administración distinta de las de juego: es pública, en términos de los lugares donde opera; pero, dentro de cada territorio, parte de su recaudación se entrega a organizaciones sociales sin fines de lucro.
Debiéramos analizar la experiencia canadiense, dado que, hoy, en nuestro país, es una práctica común que las organizaciones sociales de todas las comunas realicen bingos en forma muy activa como fuente para financiar sus actividades, llevar a cabo sus proyectos, recaudar recursos para construir una sede, ayudar a un vecino, o desarrollar alguna actividad en su territorio.
Quizás, en algún punto del proyecto podríamos establecer cómo utilizar parte de los recursos obtenidos en las salas de bingo para que las organizaciones comunitarias sin fines de lucro puedan realizar actividades con fines de financiamiento. Así no suprimiremos la posibilidad de que mantengan esta práctica, ampliamente difundida en nuestro territorio. De parte de los legisladores nunca ha habido voluntad de quitarles esa actividad, pero sí etablecer la forma de perfeccionarla y potenciarla, separando su lógica de la de los casinos de juego en los cuales, sin duda, deberemos crear un concesionario y proponer que los fondos tengan un destino preciso en favor de los adultos mayores y los discapacitados.
Esperamos que estas ideas se puedan perfeccionar en el segundo trámite reglamentario.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , se dice que el proyecto tiene como finalidad el desarrollo turístico de las regiones, por lo que quiero que el presidente de la Comisión me diga cuál es el catastro de las comunas turísticas en las que deseamos fomentar casinos de juego, atendidas sus condiciones, gran potencial, impulso y futuro resplandeciente por delante. En verdad, he tratado de conseguir más información acerca de cuáles son esas zonas o polos de desarrollo turístico, pero no he podido encontrar más de lo que todos conocemos.
Entonces, mirar alrededor de los siete casinos que existen en el país nos permitirá darnos cuenta de dos cosas importantes. Primero, cómo se desarrolla la ciudad en la cual se invierten los recursos que se obtienen del casino. Segundo, eliminar varios “cuchillos” que existen en contra de éste y que pueden estar afectándolo: la delincuencia, los malos caminos y la ausencia de lugares seguros para pasear, alojar o donde los niños puedan divertirse sanamente. Ésos son los “cuchillos” que debemos quitar en algunos polos de desarrollo comunal.
Sé que para algunos diputados es muy importante crear casinos en todo Chile, porque, a lo mejor, pueden obtener más votos; pero el problema es de dulce y de agraz. ¿Cuánta gente ha perdido fortunas enteras en los casinos? Dirán que es parte de la libertad personal, pero un viejo refrán campesino dice que: por una mala cabeza sufre el cuerpo entero. Es verdad. Una persona puede farrearse una fortuna y dejar desprotegida a toda su familia.
En consecuencia, soy partidario de que haya dos casinos por región. Por ello, varios diputados hemos firmado una indicación en ese sentido. No lo digo porque cuento con un casino en Pucón, sino porque tengo el convencimiento de que las comunas deben contar con otro polo de desarrollo.
Por último, hagamos un convenio. No demos tantos recursos del Fndr a las municipalidades que tienen casino. Es decir, compensemos. Demos más a las comunas más pobres para que puedan tener un desarrollo acorde con nuestras aspiraciones.
Quiero apelar a la conciencia de los honorables diputados y preguntarles qué pasa cuando se permite la instalación de casinos en todo el país. Habría que ser muy iluso para pensar que se construirán en pequeñas ciudades o comunas. Es indudable que irán a las capitales regionales, a las ciudades con mayor número de habitantes. Entonces, hablemos las cosas como son: el turismo no se desarrollará por esa vía, sino sólo gracias al bolsillo de algunas personas. O sea, los recursos obtenidos en un casino deben servir a toda la comunidad en su conjunto.
¿Qué quiero decir con esto? No hagamos cosas sólo por quedar bien. No desvistamos un santo para vestir a otro. Las comunas que tienen casino deben quedar como están, pero a las nuevas démosle el género para que fabriquen la vestimenta y vistan a su santo y el polo de desarrollo que queremos para ellas.
Algunos diputados opinan que los gobiernos regionales debieran distribuir los recursos de los casinos. Pregunto a los colegas presentes si confían en los gobiernos o consejos regionales. Claramente que no, porque han politizado hasta el infinito y se están farreando la gran oportunidad de regionalizar el país.
Quiero dar cifras. Recientemente, se aprobaron proyectos financiados con recursos del Fndr en la Novena Región. La Alianza por Chile tiene el 68 por ciento de los alcaldes de esa región. El gobierno regional, a través de oficio, les pidió que priorizaran tres obras, lo cual hicieron de acuerdo con sus concejos. Sin embargo, funcionarios del gobierno regional se dedicaron a recorrer la zona y a decir a la gente que les entregarán financiamiento para otras obras.
Reitero que el 68 por ciento de los alcaldes son nuestros y el 33 por ciento, de la Concertación. Pero, ¡ojo!, con los recursos pasó lo contrario. El 33 por ciento de los alcaldes de la Concertación se llevaron el 68 por ciento de los recursos y el 68 por ciento de los alcaldes nuestros solamente el 33. Vale decir, los primeros se llevaron casi todo. ¿Y a esta gente queremos entregarle la misión de repartir los recursos? Eso es lo que trancan las leyes en este país. Eso es lo que hacen funcionarios del Core, subalternos del intendente. ¿Y aquí queremos dar a los Cores otra responsabilidad más para que hagan lo que quieran? No. Por eso estoy de acuerdo en que la distribución de los recursos se decida en las sesiones de las municipalidades, donde hay gente que realmente tiene interés en su región, sin hacer política sino pensando en su agricultura, turismo y en todo lo que involucra su desarrollo.
Estas son las cosas que, lejos de hacer un favor a la Novena Región, hoy la tienen sumida en el desencanto y en una lucha desencadenada, entre un grupo y otro, que antes no habíamos visto.
Hace poco rato conversé sobre este tema con el diputado Germán Becker , quien me dijo: “Pero, René Manuel, de qué te extrañas, si, según el último censo, Padre las Casas , del distrito Nº 50 -que él representa-, es una de las comunas que más desarrollo ha tenido en Chile; sin embargo, el Fndr destinó 1.200 millones de pesos para Temuco y, escúchenme bien, 100 millones de pesos para Padre las Casas. ¿Este es el Core que reparte equitativamente la plata? ¿Esta es la gente que habla de equidad para el país? Por lo tanto, cuando se trata de dineros, éstos fondos no se los pueden entregar a Alí Babá .
Quiero que el proyecto vuelva a Comisión a fin de estudiarlo bien y que los recursos desarrollen efectivamente zonas turísticas y no las distribuyan gente que sólo está interesada en la política, lo que no es bueno para el país.
Nuestra indicación es en el sentido de que haya dos casinos por región y de que los recursos se repartan en forma equitativa, con el objeto de que las comunas que quieran desarrollarse reciban fondos del proyecto. Lo demás es música.
Si entregáramos las atribuciones a una organización omnipotente, indudablemente los amigos de turno tendrían casino.
Por lo tanto, pido formalmente que, luego de que se vote, el proyecto vuelva a Comisión para poder estudiarlo más en profundidad.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Burgos .
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , coincido con el diputado señor René Manuel García en cuanto a que sería muy bueno que la iniciativa volviera a la Comisión respectiva.
En términos generales, me parece que el proyecto está bien pensado. De hecho, considero una buena decisión romper la lógica de que sólo puede haber casino en virtud de una ley, porque lo contrario constituye una norma presionante, abusiva y discriminatoria.
Además, la iniciativa recoge una realidad con la que muchos en esta Sala estamos de acuerdo: subraya y propone la facultad de emprender, pues, en definitiva, deja que sea el mercado el que defina dónde pueden funcionar casinos o salas de juego, lo que es positivo desde el punto de vista de la economía del país.
Obviamente, ante temas como éstos se debe contar con elementos para que el Estado determine ciertas peculiaridades que tiene el negocio de los casinos.
Digamos las cosas por su nombre. Históricamente, el negocio de los casinos y las salas de juego ha sido una forma de lavar dinero en el mundo, lo cual es preocupante. En todo caso, eso no significa que debamos evitar que exista una industria lícita, pero sí debemos contar con los instrumentos destinados a evitar los riesgos de este tipo de negocios, como el lavado de dinero, lo cual -reitero- ha ocurrido en muchos países del mundo, particularmente en naciones desarrolladas.
Para hacer frente a ese problema la iniciativa establece que se debe señalar el tipo de constitución de la sociedad. Además, pronto -si Dios quiere en las primeras semanas de octubre-, conoceremos en la Sala el proyecto de ley que crea la unidad de análisis financiero, que tiene por objeto buscar las operaciones sospechosas que provengan no sólo del mercado financiero, sino también de otro tipo de institucionalidades, como las destinadas al juego. Creo que es una buena oportunidad para acompañar una iniciativa de esta naturaleza con instrumentos positivos a fin de que el Estado pueda defenderse de maniobras ilícitas destinadas a lavar dinero.
Por eso, tiene plena justificación la posición del diputado señor René Manuel García en cuanto a que el proyecto debe volver a Comisión, porque hay algunos temas que llaman la atención, más allá de las indicaciones presentadas.
Prohibir a la Región Metropolitana que tenga casino es atentatorio para sus habitantes, como si dicha región no tuviera carencias desde el punto de vista de los recursos que requieren los municipios. Por cierto que las municipalidades necesitan muchos recursos; y si hay formas lícitas de allegarlos, los diputados que representamos a distritos de la Región Metropolitana, por cierto, no podemos estar de acuerdo con que se prohíba por ley que en ella se instalen casinos.
Por otro lado, si bien el punto se corrige en parte en el informe de la Comisión de Hacienda, es mucho más lógico que se cree una superintendencia encargada del tema que una comisión nacional del juego. De hecho, se debe precisar a qué juego se refiere el proyecto, porque este concepto abarca mucho más que lo que acontece en los casinos o en las salas de bingo, como es el caso particular de los hipódromos, que no se rigen por esta ley.
Por otro lado, tengo serias dudas en cuanto a que la vinculación de la normativa legal se establezca a través del Ministerio del Interior. En ese sentido, considero que es buena hora de poner término a los “colgajos” que penden de esa cartera, la cual tiene demasiadas cosas que hacer en nuestra cotidianidad como para entregarle una nueva función, como es la supervigilancia de los casinos y de las salas de juego. Por lo tanto, a partir del hecho de que los casinos tendrán que constituirse como sociedades anónimas, me parece más lógico crear un departamento especializado en la superintendencia que regula las sociedades anónimas y no crear una nueva institucionalidad. Aquella instancia debe tener a su cargo la fiscalización del funcionamiento de los casinos.
El proyecto dispone la creación de 11 cargos, para lo cual perfectamente se pueden emplear funcionarios de la superintendencia respectiva o contratarse las que falten con el objeto de crear un departamento especializado en la superintendencia que regula a las sociedades anónimas.
Por otra parte, se deben efectuar algunas correcciones de texto.
Está bien establecer que los casinos o las salas de juego siempre tengan que ser sociedades anónimas cerradas, pero se deben regir por la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas abiertas, en el sentido de que quedan bajo la supervigilancia de la superintendencia y deban inscribirse en el registro de valores. Sin embargo, no prohibiría que no pudieran constituirse como sociedades anónimas abiertas per se es decir, con un número de más de quinientos accionistas o que su capital esté dividido en más de cien personas -según mal no recuerdo lo señala la ley Nº 18.046- o que se registren en las bolsas de valores.
Se deben modificar también algunas normas relacionadas con la prohibición de ingreso a los casinos de juego. Al respecto, el legislador, junto con disponer la prohibición de acceso de ciertas personas a éstos, señala que el administrador del casino o sala de juegos no podrá ejercer otras prohibiciones. A mi juicio, eso no hay para qué decirlo, pues basta con que el administrador no podrá prohibir, puesto que lo hace la ley.
Asimismo, es necesario aclarar el tema de los funcionarios públicos que no podrán entrar en los casinos de juego. Si bien el proyecto dispone que no podrán hacerlo los que custodien fondos fiscales, se debe precisar el alcance; porque si entendemos la custodia, en sentido restrictivo, como el cuidado de valores en una caja de fondos, quedará muy restringida la inhabilidad. Sin embargo, establecer que no podrán hacerlo quienes tengan a su cargo el uso de valores públicos es muy amplio. Por lo tanto, se debe adoptar una decisión muy clara al respecto, porque de lo contrario se prestará para interpretaciones complicadas, muy vinculadas al tema de la transparencia y de la corrupción.
En consecuencia, es de suma importancia que el proyecto vuelva a la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo o a la Comisión de Hacienda -según decida la Sala-, a fin de aprovechar un buen proyecto desde el punto de vista de la modernidad, que nos permite confiar en las reglas del mercado respecto de los casinos y las salas de juego y para efectuar algunas modificaciones de texto indispensables.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
La Presidenta de la Cámara , señora Adriana Muñoz, me ha solicitado que comunique a la Sala que hoy, a las 12.10 horas, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, se rendirá un acto en saludo al Día Internacional de la Paz , al cual quedan invitados todos los señores diputados que deseen asistir.
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , con franqueza, debe reconocerse que el proyecto de ley que analizamos encuentra su fundamento último en la situación económica que viven muchos municipios del país.
Sólo de ese modo se explica que con alguna frecuencia se busquen fórmulas alternativas de conseguir recursos a través de alguna idea que, aunque novedosa en su origen, no tarda en desvirtuarse, al ser promovida por demasiados como la ansiada solución de sus problemas.
Algo recuerda este debate al suscitado, por ejemplo, con los denominados fotorradares, otra fórmula mágica, aunque bastante más dañina, de abultar las arcas municipales.
En uno y otro caso, no cabe duda de que detrás de la protección de la seguridad en las carreteras y de un pretendido esfuerzo por impulsar el turismo, se esconde la necesidad de allegar recursos a algunas casas edilicias, particularmente luego de ver el resultado obtenido por aquellas que cuentan, en la actualidad con salas de juego.
Seamos claros. La verdadera solución a los problemas que enfrentan los municipios pasa por otras iniciativas legales. Proyectos como éste, si bien ayudan al objetivo de proporcionar algunos recursos e incluso, en algunos casos, efectivamente tienen impacto en el turismo, no son sino medidas de parche a una situación de otro tipo.
Entonces, la discusión se ha dado entre dos actores fundamentales, que vemos en muchas de las regiones del país.
Por una parte, los municipios que cuentan con casinos, que dependen significativamente de estos recursos para su propia subsistencia y la mantención de sus planes de obras. Si bien gozan de un privilegio, la realidad es que éste existe. Terminarlo de un día para otro no resulta fácil ni conveniente.
Por otra parte, está la posición de las restantes comunas y de ciertos operadores turísticos, en particular de ciudades vecinas que ven con simpatía la posibilidad de contar también con esta fuente de recursos.
Considero que la implementación masiva de casinos constituye lo que en buen chileno se llama “desvestir un santo para vestir otro”.
Se trata de distribuir la actual demanda por este tipo de juegos de azar entre más beneficiarios, pero las posibilidades de incrementarlas sustantivamente en mercados pequeños, como el nuestro, son más bien limitadas. Ello sin analizar siquiera éticamente las consecuencias e implicancias de que ocurriera el caso opuesto.
Sinceramente, no me atrevería a decir que, por el contrario, aumentando las salas de juego, se incrementarán también los recursos y se lograría un éxito.
En el plano puntual, quiero referirme a cuatro aspectos del proyecto.
En primer término, creo que hay un consenso en la necesidad de fiscalizar los recursos que provienen de esa actividad, que se han mantenido siempre en una nebulosa, con muchas acusaciones y cubierto con un manto de incertidumbre no conveniente. En ello, evidentemente, hay un avance.
En segundo lugar, es imprescindible establecer una limitación en torno a la autorización de casinos.
Ética y penalmente no puede admitirse una excepción genérica dejada al criterio de una Comisión, por mayor calificación técnica que posea.
Por ello resultan contradictorios algunos argumentos esgrimidos en este trámite.
Se reconoce que se trata de una excepción a la penalización genérica de los juegos de azar en nuestra legislación.
Se señala que no son conductas deseables de fomentar, pero se cuestiona, no penal ni éticamente, sino en materia económica, que exista un monopolio que favorezca sólo a algunas comunas, y se postule incluso la inconstitucionalidad de una restricción al respecto.
¿Cómo no va a generarse un monopolio en una actividad ilícita que sólo admite algunas excepciones establecidas por ley?
Una cosa es consecuencia de otra. Si es ilícito y sólo se admite por ley, es lógico que sea escaso. Por ello, sería plenamente constitucional una limitación en el número, como se ha planteado, iniciativa que apoyo y que estimo debería ser repuesta.
Si se autorizan cuarenta ó cincuenta casinos en el país, ya no habrá excepción, y el paso siguiente será la liberalización completa del juego, argumentando la no discriminación y la existencia de privilegios.
Considero indispensable limitar su número. Se ha planteado la existencia de dos casinos por cada región. Me parece razonable, aun cuando pudieran establecerse excepciones en algunos casos, cuando se demostrare su utilidad y conveniencia práctica.
No veo la inconstitucionalidad, por cuanto, como señalé, se trata de una actividad ilegal que el Estado, en razón de consideraciones económicas o turísticas, permite en ciertos casos, debiendo, por tanto, operarse en forma restrictiva.
Ello posibilitaría abrir la licitación abierta, con postulaciones por los cupos restantes, generando importantes recursos, y permitiendo zanjar el tema por largos años.
En tercer lugar, me preocupa la situación de los municipios que actualmente cuentan con casinos de juego.
Quisiera que la ley contemplara resguardos para ellos, los que no se advierten significativamente en la iniciativa luego de su paso por la Comisión de Hacienda.
En este punto me habría gustado consultarle al ministro de la cartera si el Ejecutivo piensa reponer la idea formulada en la Comisión de Hacienda para establecer una repartición de los recursos en forma equitativa entre el municipio sede y la región respectiva. Ello, a mi juicio, es fundamental.
Al mismo tiempo, considero necesario extender el período de transición fijado en el año 2010, y que en el informe de turismo se fijaba en el año 2015.
Ambos resguardos son indispensables para comunas como Puerto Natales, en la región de Magallanes, donde los recursos del casino son muy importantes en el menguado presupuesto municipal, los que se verían seriamente afectados, por ejemplo, con la instalación de otro casino en Punta Arenas.
La idea es que puedan coexistir, pero protegiendo a la comuna que dispone hoy de esos fondos, de modo de no verlos reducidos drásticamente.
Por último, me preocupa una situación de orden práctico, que puede parecer curiosa, pero que debe precaverse.
El proyecto, siguiendo un criterio de legislación comparada, distingue entre los casinos propiamente tales y las salas de bingo.
Pues bien, en todas las comunas del país, y particularmente en la región de Magallanes, es una práctica habitual de todos los fines de semana la realización de bingos y loterías en organizaciones sociales, colegios y clubes deportivos, algunos con mucha convocatoria y publicidad.
Pudiera ocurrir que invocando disposiciones de este proyecto de ley, particularmente del artículo 5º, que establece una exclusividad legal a favor del concesionario, éste dijera: “Mire, yo le pago al Estado importantes recursos. Pago impuestos, pago patente. Por favor, elimíneme esta competencia ilegal y desleal”.
Lo anterior, que puede parecer un hecho extremo, es usual, y lo vemos todos los días con concesionarios de carreteras que piden terminar con el tránsito en caminos vecinales para proteger los peajes; con concesionarios de estacionamientos subterráneos que piden fiscalizar y cursar infracciones en los establecimientos de los alrededores; con concesionarios portuarios que piden limitaciones a la actividad de las empresas estatales, por poner algunos ejemplos.
Por ello, debiera incorporarse una disposición con el fin de precaver esta situación. He presentado una indicación al respecto.
Creo indispensable fiscalizar, con mayor celo, los casinos existentes. Rescato ese punto del proyecto. Votaré a favor de la idea de legislar.
Pero me parece preocupante la indeterminación de muchos otros aspectos.
De no modificarse las normas sobre protección de las comunas que cuentan con casinos, limitando el número de salas, ampliando el período de transición, y estableciendo una fórmula clara en el reparto de los fondos, no sería partidario de avanzar en un segundo trámite si no se hace en el sentido señalado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Hago presente a la Sala que la Mesa y los señores diputados van a recibir, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, a las 16.45 horas, a los señores alcaldes y concejales que se encuentran realizando un seminario en Valparaíso.
-o-
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , sin duda, el proyecto que discutimos es muy importante, toda vez que nació con el propósito de captar recursos económicos para los municipios que hoy no tienen casinos.
Pudimos precisar ese objetivo en la Comisión de Turismo.
Por cierto, la petición llevó a subir de siete casinos actuales -respecto de los que hoy se legisla y se tiene norma legal- a un número no menor de 27 ó 28 casinos.
En ese minuto, eran 28 comunas las que pedían este beneficio.
En la Comisión de Turismo no sólo se analizaba el aspecto económico, sino que, además, se sostenía que la puesta en marcha de un casino debe tener, como palanca de motivación, desarrollar un área floreciente de nuestro país, como es el turismo.
Por lo tanto, comparto la voluntad de legislar sobre esta materia.
No comparto la idea del diputado señor Burgos, de que el mercado debe quedar en libertad de acción y regularse por sí solo. Creo que Santiago no amerita contar con un casino.
En definitiva, los casinos para las regiones podrían ser pilares fundamentales de su desarrollo económico; y proponer que Santiago tenga un casino iría en desventaja para quienes vivimos muy lejos de la capital.
Por otro lado, el proyecto de ley que discutimos no clarifica qué puede pasar con los barcos que permanecen algún tiempo en nuestras bahías y tienen salas de juego. Habría que legislar sobre esa materia. Hoy el proyecto de ley no hace mención al respecto.
La preocupación que nos asiste es saber cuántos casinos, como máximo, queremos tener: ¿dos por región? ¿Uno?
Es un tema que se puede dilucidar en el segundo informe de la Comisión, que esperamos se lleve pronto a cabo. Creo en un máximo de dos casinos por regiones. No sé si tenemos la capacidad económica para que existan dos casinos por región. Un ejemplo típico de ello lo constituyen Arica e Iquique, donde hay dos casinos, muy cerca uno del otro. El de Arica, a mi juicio, está muy alicaído, porque tiene un impulso menor que el de Iquique.
En el caso de los fondos, comparto el criterio de muchos señores diputados de que parte de los fondos queda exclusivamente en la región; vale decir, dejar un porcentaje no menor al 40 por ciento en la comuna en la que se instalará el casino y destinar el resto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, no traspasarlo al Fondo Común Municipal.
Las regiones merecen beneficiarse con los fondos en forma directa. Todos sabemos lo que puede suceder al amparo de la puesta en marcha del juego lícito a través de los casinos, todas las situaciones que se pueden generar con esta actividad en los lugares en que se desarrolla, específicamente lo que hemos señalado de que aumente la delincuencia, la drogadicción, el lavado de dinero y otros; de manera que no cabe duda de que el recurso que se genere debe ir en beneficio directo de la comuna madre, en la que se instala el casino, para favorecer las regiones en forma directa.
Me parece necesario legislar, y de acuerdo con la indicación presentada, el proyecto debe volver a Comisión para clarificar lo que dice relación con la cantidad de casinos, la repartición de fondos y lo que ocurrirá con los buques que entran en la bahía y que cuentan con casino de juego.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , quiero señalar la importancia de avanzar en una legislación distinta de la actual. No es posible seguir sustentando la existencia de casinos por la vía de la excepción a la ley y que cada vez que se quiere crear un casino se requiera de una ley específica. Ése no me parece el sistema adecuado. Tanto en la Comisión de Gobierno Interior como en la de Hacienda, hemos comprobado el desorden que esto genera: existen siete casinos en el país, cada uno de los cuales ha necesitado de una ley, con normas y reglas diferentes; con distinta distribución de recursos, etcétera, sin que exista un organismo fiscalizador que, efectivamente, constate que los casinos cumplen una serie de normas que, de acuerdo con lo señalado por los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, son prioritarias para su correcto funcionamiento.
Quiero precisar dos cosas: soy absolutamente contrario a la propuesta de fijar un número determinado de casinos por región, trátese de uno, dos o más. No me parece una solución adecuada. ¿Por qué debemos regular una actividad como ésta? La discusión de hasta dónde llega la intervención del Estado es antiquísima.
Hay materias, como educación y salud, en las que, desde mi punto de vista, la intervención estatal debe ser fuerte y potente; pero, sin duda alguna, la instancia que debe regular materias como la que está en análisis es el mercado.
La mejor regulación para determinar el número de casinos no será que, por ley, fijemos que se instalarán uno, dos o tres casinos por región. La mejor regulación es si efectivamente al empresario que pretende realizar una actividad como ésta le parece un buen negocio instalar un casino en una comuna u otra. ¿O alguien piensa que en cualquier comuna de Chile ése será un buen negocio?
Si analizamos la realidad de los casinos en el mundo y tomamos los resguardos que consagra el proyecto -salvo las modificaciones necesarias para que no ocurra lo que pasó en Perú-, en general, se trata de ciudades a las cuales el casino añade algo a la oferta turística existente. El punto que los empresarios considerarán a la hora de invertir es el flujo de personas que permite el turismo como actividad empresarial, ya presente en las comunas y ciudades del país.
En esta materia quiero ser muy enfático: soy absolutamente contrario -reitero- a fijar un límite al número de casinos por región; más bien soy partidario -como señala el mensaje- de establecer una ley marco que permita la creación de casinos no por excepción a la ley, sino basados en ciertos requisitos que podemos incluso determinar más rígidos que como los señala el proyecto y en una institucionalidad fiscalizadora muy fuerte, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento como de sus recursos.
Un segundo punto se refiere a la distribución de los recursos. En ese sentido, quiero hacer un llamado al Ejecutivo en orden a variar la propuesta de la iniciativa, que dispone que vayan al Fondo Común Municipal o al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Soy partidario de que los recursos se distribuyan en beneficio de la región en la que están los casinos. Ello aminorará de alguna manera los deseos de que cada comuna de las regiones tenga casino, pero lo fundamental es que la distribución se realice dentro de la misma y no a nivel nacional para su posterior distribución, como ocurre en la actualidad a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Asimismo, postulamos que los recursos que establece el Fondo Común Municipal vayan a la comuna en la que está el casino. Podemos discutir los porcentajes de distribución en un segundo informe, pero lo lógico es que los fondos queden en la comuna y en la región en la que están situados los casinos.
Por último, un tercer punto. He leído, en el último tiempo, varios artículos periodísticos sobre esta materia. Incluso la semana pasada leí la intervención de un destacado diputado por Viña del Mar, quien señaló que la instalación de los casinos creaba situaciones de corrupción, que las ciudades en las cuales se instalaban prácticamente se transformaban en Sodoma y Gomorra.
Lo extraño de sus palabras es que justamente en Viña del Mar existe un casino. Me parece un muy mal argumento señalar que la instalación de casinos dará origen a malos hábitos, a perversión, en circunstancias de que en la ciudad que se representa existe un casino.
Lo que corresponde es establecer un artículo transitorio que consagre normas que protejan a los casinos existentes y los recursos que están comprometidos; pero no usemos argumentos que, si son válidos para las ciudades en las cuales no hay casinos, también deberían serlo para aquellas en las cuales sí los hay.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , dado que como diputado informante de la iniciativa di a conocer lo acordado en la Comisión, ahora voy a plantear mi posición al respecto.
El proyecto apunta en la línea correcta de regularizar una ley de casinos que permita la creación de una empresa o de una actividad en ayuda o complemento del turismo.
A mi juicio, hay cinco puntos sobre los cuales debemos reflexionar.
En primer lugar, en las tan mentadas limitaciones que se pretende establecer.
En segundo lugar, ¿por qué se crea una Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo con once personas? ¿Qué capacidad tendrán ellas -radicadas en Santiago- para elaborar alguna visión fiscalizadora de lo que pasa en los casinos en distintos puntos del país?
En tercer lugar, ¿por qué ella dependerá del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Economía, por ejemplo, que se relaciona con el turismo?
En cuarto lugar, respecto de los destinos de los fondos, voy a hacer una reserva constitucional, ya que, en nuestro país, no se pueden destinar impuestos a fondos específicos.
Respecto de las limitaciones, concuerdo plenamente con el diputado señor Exequiel Silva en que el mercado asigna las limitaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con un hotel de cinco estrellas que quiera disponer de una sala de juegos? No tenemos por qué pensar que un casino es un edificio como los siete existentes en el país.
¿Qué pasa en regiones que son verdaderas atracciones turísticas? Como la Cuarta Región, que represento, en la que al menos hay seis o siete polos de desarrollo, ya sea a través de “resorts”, de lugares de veraneo o desarrollos inmobiliarios.
En ese lugar, ¿sólo se le asignará uno? Y en este caso, ¿a cuál? ¿Al que llegue primero o al que tenga mejor relación con la persona que estará a cargo de esta posible Comisión? De hecho, cuando se vio el proyecto, fue eliminada la Comisión Nacional de Juego. Desgraciadamente, después no pude asistir a una sesión de la Comisión en que la repusieron. ¿Eso significa que habrá tráfico de influencias? ¿Que se establecerán condiciones favorables, a lo mejor, para que haya corrupción, que está llegando a nuestro país? ¿Qué quien tenga el poder en ese momento decidirá los destinos de esta empresa o pondrá sus condiciones para otorgar la concesión?
Para que esta actividad sea productiva, seria y controlada, como corresponde, la única fórmula es que funcione como cualquier giro comercial. Si se le quiere fiscalizar desde el punto de vista tributario, está el Servicio de Impuestos Internos; si tiene servicios anexos, como restaurante, estará el Servicio Nacional de Salud. Cada organismo del Estado debería cumplir su función, con lo cual no se requiere una entidad específica con once personas que, por supuesto, no fiscalizarán nada de nada. A mi juicio, el proyecto está ignorando la estructura administrativa nacional.
Hoy existen casinos que realizan una actividad lícita. No hay por qué pensar que ella tiene un carácter infernal.
Planteo reservas de constitucionalidad sobre algunas normas del proyecto. Por lo tanto, pido a la Mesa pronunciarse respecto de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 1º; del inciso primero del artículo 2º; de los artículos 7º, 8º y 10; del inciso segundo del artículo 11; del artículo 13; del inciso segundo del artículo 18 y del inciso segundo del artículo 23. Sólo por mencionar a algunos que hacen referencia a normas reglamentarias para regular el funcionamiento de casinos y salas de bingo.
Tal como se ha dicho, las normas precedentes infringen el número 19 del artículo 60 y el número 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas “el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen”.
A mi juicio, la inconstitucionalidad es muy clara, porque mediante disposiciones del proyecto de ley se está entregando a disposiciones reglamentarias la regulación de una actividad económica. Es decir, se regulará, vía decreto supremo, en circunstancia que corresponde hacerlo al legislador.
En otro aspecto, cualquier limitación o regulación del ejercicio de las garantías constitucionales debe efectuarse a través de los preceptos legales; en leyes en sentido estricto y no en disposiciones emanadas de la potestad reglamentaria.
Otro aspecto que me interesa recalcar es la forma de aprobar las normas relativas a los tribunales de justicia. En conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política, una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
El inciso segundo del artículo 28 del proyecto, entrega competencia a la corte de apelaciones respectiva para pronunciarse de la resolución de la comisión que revoca un permiso. Por su parte, el artículo 50 confiere competencia a los tribunales para resolver un curso de reclamación. Estos preceptos requerirían para su aprobación del quórum de los cuatro séptimos de los senadores y diputados en ejercicio. Además, deberían ser enviados en consulta a la Corte Suprema y ser sometidos al control de constitucionalidad obligatorio del Tribunal Constitucional. Habría otros aspectos sobre estas materias, pero con lo que he dicho es suficiente.
En las letras b), e) y f) del artículo 16 del proyecto de ley se establecen limitaciones al derecho de propiedad. Por ejemplo, la b) dice que las sociedades sólo podrán estar conformadas con un número de diez socios. No sé en qué se diferencian si son once o doce.
También hay infracciones al principio de separación de poderes y a las normas del debido proceso. Se dota al organismo público que se crea con facultades propias de tribunales de justicia, como el aplicar sanciones, además de otorgar a los funcionarios el carácter de ministros de fe, hacer visitas inspectivas, citar a declarar y dar valor de presunción legal de veracidad a los hechos por ellos constatados.
No obstante, no existe ninguna norma que precava, respecto de estos mismos funcionarios, conflictos de interés o que establezca, por ejemplo, obligaciones de secreto o forma de controlar que lo que ellos dicen es verdad.
Es más, los funcionarios, aparte de constatar las infracciones, las sancionan. O sea, se estaría creando la misma situación que existe hoy en Impuestos Internos, donde afortunadamente se ha dado una señal de que se quiere remediar. Acá tendríamos jueces y parte al mismo lado de la mesa.
Pero esto no es todo, sino también se infringen las normas básicas que derivan de la garantía constitucional sobre el debido proceso.
Se infringe también el destino o al destino de los tributos o impuestos. Los artículos 54 y 55 de la iniciativa crean dos impuestos de 10 por ciento: uno va al Fondo Común Municipal y, otro, al Fondo de Desarrollo Regional. Está bien preocuparse de los intereses fiscales, pero no se ha hecho ninguna simulación, no se ha demostrado ningún trabajo económico que diga qué significarán en esta actividad esos dos tributos que se hacen sobre las ventas -no sobre las utilidades-, más aún de una entrada de 0,07 UTM. Obviamente, se le están aplicando a una actividad económica más impuestos ¿Con eso queremos desarrollar el turismo? En verdad, parece una contradicción.
El proyecto es centralista, ya que once burócratas decidirán lo que pasa en todas las regiones del país, sentados en Santiago, por supuesto, en un escritorio bastante cómodo con alguna vista agradable para funcionar.
Tiene muchas regulaciones burocráticas que en nada ayudan a que la creación de casinos pueda cooperar con ciertas zonas que tienen riquezas naturales, que son por sí solas atractivas para el turista.
En resumen, el proyecto, además de incurrir en las inconstitucionalidades señaladas, es poco realista, es centralista, contiene excesivas regulaciones y genera impactos no evaluados en las finanzas de las municipalidades, del fisco y de las instituciones de beneficencia.
Es importante que los casinos, como tales, puedan tener una sala de bingo, pero esta actividad no puede estar radicada sólo en ellos, porque también tiene otra función: la de esparcimiento familiar.
No se trata de dar libertades como para que exista un casino en una gasolinera o en un quiosco de la esquina, pero tampoco, por esa forma de ver las cosas, se debe restringir a tal punto de que sólo pueda haber uno por región.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , es un avance como país y, desde luego, como Poder Legislativo que hoy se analice un proyecto de ley que establece bases generales para crear, regular el funcionamiento y, desde luego, fiscalizar casinos de juego y salas de bingo. Se ha dicho reiteradamente que el funcionamiento de los siete casinos que hoy existen en el país ha sido azaroso.
De acuerdo con la experiencia internacional y el derecho comparado no sólo estamos hablando de una actividad lícita, sino de una que requiere regulación y transparencia que garanticen su correcto funcionamiento. En eso hay un deber ineludible del Estado.
Desde luego, no se trata de que el casino sea la panacea o la solución para las regiones o comunas más apartadas. La experiencia internacional ha demostrado que en el último tiempo se han creado muchos casinos. Ello indica que, previo a su instalación, tiene que haber cierto dinamismo y un potencial turístico y económico. De lo contrario, sólo se estarían generando en forma artificial.
El casino de juegos es un elemento dinamizador que contribuye al desarrollo económico y a la recaudación fiscal -lo cual nos interesa enormemente-, pero no se puede mirar sólo como una panacea.
Coincido con lo señalado por el diputado señor Silva , en cuanto a que no corresponde al Congreso Nacional limitar artificialmente si debe haber uno o dos casinos de juego por regiones o por provincias, ya que eso se contradice totalmente con el esquema económico vigente. Ello tendrá que regularlo el mercado.
Haciendo un símil, sería absurdo legislar para permitir que se construya un hotel cinco estrellas porque ya existe uno ubicado a una determinada cantidad de kilómetros, en un sector de una determinada comuna. Tendrá que haber tantos casinos como sean requeridos. Por algo el operador debe adecuarse a las condiciones de funcionamiento de una sociedad anónima cerrada, pero con todas las regulaciones de una sociedad anónima abierta. Se deben cumplir requisitos y exigencias, por lo cual no tiene que ser el Congreso Nacional el que establezca artificialmente dónde se debe instalar un casino de juegos.
En el distrito que represento está la comuna de San José de Maipo, limítrofe con Argentina. A ella concurren cada día más turistas que buscan su belleza y el buen aire. Por ello ha sido declarada zona de interés turístico. Naturalmente, si el día de mañana el proyecto se transforma en ley, está en todo su derecho solicitar la concesión de un casino de juego, lo que no obsta para que otras comunas de la Región Metropolitana también lo hagan.
Sin embargo, como se pretende con el proyecto y lo sanciona el derecho internacional, es imprescindible contar con un marco regulatorio y una autoridad capaz de fiscalizar. Se debe preservar el bien jurídico, a fin de que funcione como corresponde, con el vigor, la seriedad y la transparencia necesaria.
El proyecto establece multas, pero falta sancionar algunos aspectos, como permitir la entrada de menores de edad a estos recintos u otros.
Requiere de un pronunciamiento más categórico de parte nuestra, y por eso también podría estar sujeto a mayor revisión el reparto de utilidades.
Como lo señaló el diputado don Juan Pablo Letelier , somos partidarios de que haya una decisión del Gobierno al respecto, ya que hay dos sectores que debieran ser tomados en consideración al momento de repartir las utilidades: me refiero al adulto mayor y a los discapacitados. Con ambos tenemos deudas pendientes, son insuficientes las políticas aplicadas y los recursos destinados. Hemos sido incapaces de resolver la problemática que afecta a cada uno de esos mundos, en cuanto a satisfacer necesidades y desarrollo.
Como país, debemos preocuparnos del adulto mayor y de los discapacitados, porque ambos sectores son extremadamente importantes. Debemos distribuir entre ellos estas utilidades a través de las administraciones regionales y no a través de una entidad nacional. No queremos volver, una vez más, al centralismo.
Sería una excelente señal, disposición y actitud, equivalentes a un reconocimiento de cuánto falta aún por hacer para llegar a ser un país que medianamente le presta el apoyo que merecen los discapacitados y las personas de la tercera edad.
Junto con aprobar la idea de legislar sobre la materia, es necesario establecer una verdadera regulación para garantizar el correcto funcionamiento de los casinos de juego. En la prensa se ha planteado que, junto con esta actividad habrá malas prácticas, malos hábitos y otros temas, lo que creo está fuera de lugar. Cuesta acostumbrarse en Chile a que somos una sociedad compuesta, entre otros, por adultos, a quienes no podemos seguir diciéndole lo que puede o no puede hacer. Este instrumento, repito, tiene sólo que regular la actividad para hacerla transparente y proteger el bien jurídico, pero no le corresponde a la Cámara de Diputados decir a las personas adultas si pueden o no ir a un casino de juegos.
Espero que se tome en consideración la indicación que presentaremos con el colega don Juan Pablo Letelier respecto del reparto de utilidades en favor de los discapacitados y del adulto mayor.
Ojalá exista consenso en esta Cámara para no regular artificialmente la creación de casinos de juego o de salas de bingo. Alguien dijo, con mucha razón, que no necesariamente se debería autorizar el funcionamiento de un casino, ya que sólo se podría instalar una sala de juegos en un hotel. No podemos seguir con esta pretendida disposición regulatoria de instalar dos casinos de juego por región, con lo cual se impediría que un hotel de cuatro o cinco estrellas pusiera una sala de juegos. Hoy, prácticamente en todas las ciudades del mundo, los hoteles de cuatro o cinco estrellas realizan este tipo de actividades.
Llamo la atención de mis colegas para que mediten sobre este aspecto y no se caiga en una suerte de proteccionismo. No somos nosotros los llamados a establecer si hay muchos o pocos casinos de juego. Será el mercado, sobre la base de la oferta y la demanda, el que regulará su número. De esa forma el proyecto contendrá las disposiciones reguladoras que permitirán promover el desarrollo económico de la región, el turismo y la recaudación fiscal.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Mario Varela.
El señor VARELA .-
Señor Presidente , el primer punto que es necesario tener claro al momento de analizar el proyecto es que nuestra legislación considera los juegos de azar como ilícitos. Nosotros estamos por mantener esa definición, de manera que sea la ley la que excepcionalmente los permita, teniendo como finalidad el que se realice como parte de las actividades de entretenimiento, turismo y esparcimiento.
En efecto, la ley distingue entre los juegos lícitos e ilícitos. Los juegos lícitos se subdividen en juegos de inteligencia y juegos de destreza física o corporal.
Lo que se quiere decir, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1466 del Código Civil, es que las deudas contraídas a través de los juegos de azar son ilícitas, en el sentido de que, por una parte, el ganador de un juego de azar no puede demandar, en juicio, el cumplimiento de obligaciones que derivan de esta clase de juegos, y por otra, el perdedor no puede rehusar el pago mediante una excepción de nulidad.
Creemos que debe haber un cambio en este principio fundamental que, en nuestra opinión, arranca de la base ética que debe regir nuestra sociedad. Es necesaria la regulación del juego de manera de asegurar que se circunscriba exclusivamente a su función de entretención y esparcimiento, tratando de evitar los efectos colaterales negativos que provoca cuando se practica con abuso. Entre estos efectos negativos cabe destacar el incentivo al gasto desmedido de los recursos de las personas y su endeudamiento más allá de lo razonable; personas con propensión a la denominada “adicción al juego”, que puede afectar severamente la vida normal, y por último y sin que esté vinculado de modo directo, históricamente se ha generado una serie de actividades ilícitas en torno del juego, tales como la prostitución, el tráfico de drogas y la extorsión, cuando ellas no han estado suficientemente delimitadas y reguladas.
En la actualidad, la legislación regula de manera individual el otorgamiento de licencias para casinos, de modo que no exista una regulación general que respete el derecho de desarrollar una actividad económica que garantiza nuestra Constitución. Por lo anterior, concordamos con la idea del proyecto de establecer un régimen general y requisitos objetivos, de modo que se establezca un número limitado de casinos en el país, pero que luego se permita competir en igualdad de condiciones por el permiso respectivo.
Esta finalidad se logra con una ley clara y precisa, sin espacios para la discrecionalidad administrativa, requisito que el proyecto de ley no cumple. La recaudación obtenida por la concesión de casinos de juego debe ir en beneficio de la comuna donde se encuentren ubicados, así como también de la región correspondiente, de manera de impulsar el desarrollo armónico de las distintas zonas.
El beneficio del desarrollo turístico no puede quedar radicado exclusivamente en aquellos lugares que la naturaleza privilegió con una belleza especial, sino que debiera aprovechar los sitios que no fueron tan afortunados.
Por lo demás, nuestra propuesta contempla la existencia de sólo dos casinos por región, lo que significa que el resto de las comunas se sacrificarán en beneficio de dos que contarán con la posibilidad de tener un casino y los ingresos que ellos produzcan. En este esquema, es de toda justicia que el sacrificio sea recompensado. En este punto, nuestra propuesta plantea que el 30 por ciento de los beneficios producidos por un casino se destinen a la comuna en que se ubica, mientras el 70 por ciento restante favorezca al Fondo de Desarrollo Regional respectivo.
Aunque es positivo el concepto de promoción de turismo a través de la instalación de casinos en zonas donde esta actividad ya se encuentre consolidada, parece altamente inconveniente que no se haga ninguna diferenciación desde el punto de vista demográfico. Ello permitiría que Santiago o cualquiera otra capital regional cuente con casinos, lo que contraría abiertamente el carácter complementario de destinos turísticos que debiera tener el ordenamiento legislativo de esta actividad económica. Por esta razón, se ha propuesto que a la hora de otorgar los permisos para explotar casinos, se utilice como criterio básico un coeficiente entre la disponibilidad de camas turísticas en el lugar y la cantidad de habitantes. De esta forma, resultan claramente beneficiados los nuevos proyectos turísticos que se encuentran localizados en zonas apartadas.
El número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. En consecuencia, la operación de casinos -por cuanto se trata de una actividad económica que cumple con tres requisitos fundamentales dispuestos por la Constitución- debe estar regulada por una ley.
Uno de los objetivos por los cuales debe velar toda ley, con extensión del deber del Estado de promover el bien común, es el respeto y apego a determinados valores respecto de la persona y la sociedad. En este caso, se hace necesaria la regulación del juego, de modo de asegurar que se circunscriba exclusivamente a su función de entretención y esparcimiento, tratando de evitar efectos colaterales negativos, los que surgen cuando se practica con abuso.
Siendo el espíritu del constituyente lo suficientemente claro en el número 19 del artículo 60 de la Constitución, el proyecto pierde la oportunidad de incluir otros juegos de azar. La numerosa legislación acumulada tiende a dificultar la entrada de nuevos interesados y, por lo mismo, la competencia en los juegos de azar es absolutamente discrecional, cosa que no parece adecuada.
La creación de una Comisión Nacional del Juego, o como la denomina la Comisión de Gobierno Interior, la Comisión Nacional de Casinos de Juego y Salas de Bingo, como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, no significa la creación de una estructura que tiene todas las características de una superintendencia, con la misión de fiscalizar y supervisar el estricto cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas, y no hace otra cosa que aumentar el tamaño del Estado a nivel nacional y regional, desaprovechando otras estructuras creadas que pueden cumplir con las mismas funciones.
Uno de los puntos más discutibles del proyecto lo constituye el hecho de que se le quita a las municipalidades de su esfera de acción la capacidad que hasta hoy tienen en cuanto a convenir un contrato de concesión con los escogidos de la propuesta correspondiente, sin una mejor solución. El Ejecutivo propone que el permiso de operación lo otorgue la Comisión Nacional del Juego, previa opinión del gobierno regional respectivo y de la municipalidad correspondiente. La traba burocrática no acaba ahí. El Servicio Nacional de Turismo debe ser requerido por la Comisión Nacional del Juego mediante un informe técnico sobre el impacto y consideraciones turísticas del proyecto constitutivo de la solicitud de operación. Incluso, la Comisión puede requerir los informes que estime pertinentes a cualquier otro órgano de la administración del Estado. A simple vista, el poder que se asigna a la comisión es absolutamente desproporcionado. Más aún, quien realmente tendrá el poder de decisión en sus manos será el intendente regional respectivo, sin mayores criterios que regulen el ejercicio arbitrario de esta facultad.
El proyecto sólo contempla la regulación de casinos en su concepto tradicional y no reconoce la existencia de otras modalidades un poco más modernas de operación de casinos de juego, como los casinos en barcos de turismo y los que funcionan de modo virtual a través de internet. Con esta omisión, el proyecto plantea una normativa obsoleta, destinada a quedar sobrepasada por la propia realidad y, por lo tanto, condenada al fracaso desde el punto de vista regulatorio.
Nuestra propuesta reconoce la realidad y asume la necesidad de regular la operación de casinos, al menos en sus modalidades hasta hoy conocidas. De esta manera, se podrán otorgar licencias para buques o embarcaciones de cualquier tipo que realicen expediciones turísticas y que cuenten con cama. En este caso, la licencia se entenderá concedida respecto de la comuna en que el buque tenga su puerto principal de zarpe. Sólo podrán operar cuando se encuentren dentro del mar territorial chileno, siempre y cuando los pasajeros que transporte se alojen en dichas embarcaciones. Asimismo, queda prohibida la operación del casino mientras el buque se encuentre en el puerto.
Por otro lado, extraña profundamente que el Gobierno, habiendo declarado en numerosas oportunidades la necesidad de ir adecuando el quehacer nacional a los avances tecnológicos propuestos por el mundo, no haya incluido referencia alguna respecto del tema de los casinos en línea. En la actualidad existen dos tendencias claramente diferenciadas: la de Estados Unidos, que aboga por prohibir toda propuesta de casinos en red, por considerarlos ilegales, y la de Australia y Nueva Zelandia, que proyectan el desarrollo de los casinos en red, pero respaldados por una autoridad de juego del país respectivo. Esta es una excelente oportunidad para legislar sobre una actividad que crece y que potencialmente representa una importante fuente de ingreso para los organismos públicos chilenos, tanto a nivel de usuarios nacionales como extranjeros.
Por último, deseo señalar que estoy a favor de la idea de legislar, pero considero que el proyecto debe volver a Comisión, a fin de incorporar materias que hasta el momento no han sido contempladas.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
Restan por intervenir las diputadas señoras Laura Soto y Carolina Tohá y los diputados señores Ramón Pérez, Gonzalo Ibáñez, Carlos Recondo, Rodrigo Álvarez, José Miguel Ortiz, Patricio Walker, Sergio Ojeda, Waldo Mora, Carlos Vilches, Maximiano Errázuriz, Rosauro Martínez, Eugenio Tuma, Patricio Hales, Enrique Jaramillo, Rodrigo González, Antonio Leal, Eduardo Lagos, Carlos Abel Jarpa, Fidel Espinoza, Camilo Escalona y Fulvio Rossi. Usarán de la palabra en la sesión de mañana, luego de tratar el proyecto relativo a la pedofilia.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LO RELATIVO A LA CONFORMACIÓN DE LAS TABLAS DE LAS SESIONES.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 104, de los señores Paredes, Escalona, Burgos, Rossi, Rojas, Riveros, Bauer, Leay, Urrutia y Aguiló.
“Considerando:
Que el día 3 de septiembre, la sesión de Sala de esta Corporación conoció el proyecto que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados en lo concerniente a los artículos 17, 38, 263 y 268 del mismo.
Que dichas modificaciones persiguen como fin último la aprobación y modificación de normas tendientes a dotar a esta Corporación de un sistema que haga más expedita la tramitación de los proyectos de ley sometidos a su conocimiento.
Que dicha finalidad se persigue por cuanto se ha detectado que la opinión pública se ha formado una mala imagen de la función legislativa, dado que muchas de las iniciativas legales radicadas en esta Corporación demoran años en su tramitación y durante el transcurso de ella “duermen” por años, sin que ningún diputado manifieste su intención de darles un rápido curso o, simplemente, llevarlas a término.
Que el proyecto en cuestión también persigue como objetivo terminar con malas prácticas habidas en las distintas comisiones, que sólo logran dificultar y alargar el período de discusión de los proyectos de ley.
Que dichas normas no son suficientes para alcanzar el fin tenido en vista por cuanto muchos de los proyectos de ley que se discuten, especialmente en las sesiones de Sala, son conocidos por los diputados con muy poca antelación, lo que dificulta su análisis y entraba su discusión en dicha instancia, provocando con ello una dilación en su discusión y aprobación, situaciones que las referidas modificaciones tratan de solucionar.
Por ello, los diputados abajo firmantes proponen modificar en forma adicional el Reglamento de la Cámara de Diputados en lo concerniente a la conformación de las tablas, de la manera siguiente: disponer que las diferentes comisiones de la Cámara elaboren un listado con los proyectos de que conocen, en el que señalarán aquellos que serán vistos, durante el transcurso del mes calendario siguiente, en las sesiones de la Sala. Dicho listado deberá ser conocido antes del inicio del trabajo legislativo del mes respectivo. La Mesa de la Cámara deberá, a su vez, sobre la base de los antecedentes entregados por las diversas comisiones, elaborar, con al menos tres días de antelación a la celebración de las referidas sesiones, la tabla con el Orden del Día, velando por que la misma sea puesta en conocimiento de los diputados.
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de que tome las medidas legislativas del caso, remitiendo a la brevedad el presente acuerdo, de manera de ampliar las modificaciones que se proponen al Reglamento de la Cámara, en orden a modificar las normas pertinentes del Reglamento, disponiendo que las diferentes comisiones de la Cámara tengan la obligación de elaborar un listado con los proyectos de que conocen, indicando, en el mismo, aquellos que serán vistos durante el mes siguiente a su elaboración, el cual deberá ser puesto en conocimiento de las señoras y señores diputados antes del inicio del trabajo legislativo del mes respectivo, y en especial el artículo 107 del mismo, para que las tablas de las órdenes del día sean conocidas por los diputados con al menos tres días de anticipación y no con las cuatro horas que hoy se contemplan en dicho precepto reglamentario”.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, quiero hacer una aclaración. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la Corporación, éste sólo podrá modificarse “con las formalidades que rigen, dentro de la Cámara, para la tramitación de un proyecto de ley”. Ello significa que los cambios al Reglamento que se proponen deben iniciarse en moción, de la cual debe darse cuenta a la Sala para su envío a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, a fin de que la informe, como lo señala el Nº 1º del artículo 219, y así pueda discutirse por la Cámara.
No corresponde un proyecto de acuerdo para modificaciones reglamentarias, pero en todo caso, como es la voluntad de algunos señores diputados, se ha dado lectura a su texto y procederemos a su debate.
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , lo que plantea el proyecto de acuerdo es “oficiar a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de que tome las medidas legislativas del caso, remitiendo a la brevedad el presente acuerdo, de manera de ampliar las modificaciones que se proponen...”. O sea, si hay voluntad, perfectamente podríamos lograr el objetivo que se persigue.
En definitiva, si nos hubiéramos apegado a las disposiciones que se acaban de mencionar, habríamos cuestionado el fondo y no la forma. En el fondo, lo fundamental es terminar con la práctica de que los parlamentarios recibimos la Tabla la noche anterior al día en que se realiza la sesión en que se debaten los proyectos.
Recuerdo a la Sala que discutimos iniciativas de ley y no es propio continuar en esta forma, porque afecta la imagen del Congreso ante el país. La gente tiene la sensación de que aquí no se trabaja, de que no se hace nada y de que hay proyectos que descansan por años en las comisiones.
Lo que ocurre es que nadie quiere aprobar algo sin la suficiente información. Por eso, los proyectos vuelven a las comisiones, y en varias de ellas hay una gran cantidad de asuntos a la espera de ser tratados.
Proponemos que la Tabla nos llegue a lo menos con tres días de anticipación, dado que no es serio que los argumentos que exponemos en la discusión de un proyecto de ley, los armemos aquí, sobre la marcha, dado que sólo nos enteramos la noche antes del contenido de la Tabla de la sesión del día siguiente.
Por ello, pedimos que se arbitren las medidas para conocer los proyectos con la debida anticipación y, además, que se oficie a las comisiones con el objeto de que nos hagan llegar un listado de los que se van a tratar el mes siguiente para recabar la información suficiente a fin de que, cuando los discutamos en la Sala, tengamos los antecedentes mínimos sobre la materia.
Hay que tener presente que más de 45 diputados sólo asumimos en marzo, por lo que aún no manejamos adecuadamente los procedimientos, lo que se agrava por la poca información de la cual disponemos para decidir el apoyo o rechazo a un proyecto.
Se ha argumentado que esto no puede ser tan rígido porque de repente debemos despachar proyectos con urgencia calificada de “suma”. En ese caso, perfectamente se puede considerar una excepción. Si hay una iniciativa en esa situación, obviamente los otros proyectos de la Tabla tendrán que esperar.
Lo importante es que la intención de lo propuesto se relaciona con mejorar, a través de estos procedimientos, la imagen que tenemos ante la opinión pública, que puede ser injusta, pero que proviene de la demora en la tramitación de algunos proyectos.
Los procedimientos que su Señoría acaba de sugerir tienen que ver con la forma, que puede ser aceptable, y podríamos modificarla, pero después nos van a decir que el fondo se complica porque hay cuestiones que se van resolviendo en el día.
Quiero agradecer a los diputados de distintas bancadas que han respaldado esta proposición, ya que a todos nos afecta de la misma forma la situación planteada.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , los artículos 25, 104, 121 y 219, número 1, no son de forma, sino de fondo: de cómo se maneja esta Corporación.
En segundo lugar, los señores diputados todos los días conocen el trabajo de las comisiones, así como sus citaciones. Todos los proyectos que tratamos en esta Corporación están en internet. Además, la Tabla la hace la Mesa, no la Comisión de Régimen Interno.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , ¿está hablando en contra del proyecto de acuerdo?
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , no le he dado la palabra. Le ruego tener respeto.
Estoy dando una explicación. Su Señoría tiene que presentar una moción para la modificación propuesta. Además, la Cámara y el Senado siempre han estado por cambiar el sistema de calificación de las urgencias, facultad del Presidente de la República y no de nosotros. Por lo tanto, a veces pasan semanas y meses completos sin que podamos tratar un determinado proyecto.
Además, existe en esta Corporación el fair play. Por ejemplo, mañana se va a ver un proyecto sobre la pedofilia -figura en el primer lugar de la Tabla-, porque lo pidió un grupo de parlamentarios que está trabajando en el tema.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA .-
Señor Presidente , entiendo la inquietud del diputado señor Paredes y de aquellos que han firmado el proyecto de acuerdo, porque eso nos pasa a todos, pero creo que falta experiencia respecto del manejo administrativo de la Cámara de Diputados.
Este proyecto de acuerdo implica la voluntad de ser más eficiente en el trabajo parlamentario, por lo cual estoy dispuesto, incluso, a votarlo a favor, siempre que se acuerde que la Comisión de Régimen Interno solicite a los abogados de la Cámara que nos presenten una proposición para mejorar el manejo y la elaboración de las Tablas. Deben considerarse los proyectos con calificación de “discusión inmediata”, iniciativas que llegan a última hora, así como las modificaciones a la Tabla, etcétera. En consecuencia, si hacemos una reglamentación muy estricta, la Cámara puede quedar amarrada.
Por lo tanto, solicito flexibilizar el proyecto, con el objeto de que podamos pedir a la Comisión de Régimen Interno que solicite a los abogados de la Cámara, quienes tienen experiencia en la materia, que nos hagan una proposición que apunte en el sentido señalado en el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el honorable diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , más que hablar en contra, deseo consultar lo siguiente: ¿Qué pasa con los proyectos con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que se deben tramitar sin el informe de la Comisión respectiva?
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Con el objeto de cumplir con el Reglamento, pondré en votación el proyecto de acuerdo.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DEL SECTOR LECHERO.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra le diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , solicito que recabe la unanimidad de la Sala para discutir un proyecto de acuerdo firmado por los jefes de las bancadas de todos los partidos representados en la Cámara, que dice relación con el envío de un oficio al Presidente de la República , a fin de que el Banco del Estado cambie su actual política respecto de las pequeñas y medianas empresas.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición.
No hay acuerdo.
El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 105, de los señores Hernández, Von Mühlenbrock, Ojeda, Recondo, Galilea, don José Antonio; Barros, Bauer, Meza, de la señora Sepúlveda, doña Alejandra, y del señor Uriarte.
“Considerando:
Que el sector de producción primaria de leche nacional enfrenta actualmente precios pagados a los agricultores que no permiten su viabilidad en el mediano plazo. Esta situación es especialmente grave en la zona sur del país, donde el sector agropecuario es fundamental para el desarrollo económico local.
Que los países miembros del Mercosur presentan hoy en día costos aún menores que los de nuestro país, tanto por razones estructurales como por efectos de carácter monetario.
Que el Gobierno se comprometió a darles prioridad a los proyectos de exportación lechera, como una fórmula concreta de solucionar la crisis del sector. Pero la práctica ha mostrado, a través de las cifras, que poco se ha hecho y que los supuestos beneficios económicos derivados de los acuerdos comerciales con nuestros vecinos no han significado sino problemas para la agricultura nacional.
Que es absolutamente necesario reconocer y corregir de manera rápida la existencia de distorsiones que afectan al mercado de la leche, con el fin de seguir avanzando en la mejoría de un sector que requiere un marco adecuado para su funcionamiento actual y su proyección hacia el futuro.
Que la coyuntura económica por la cual atraviesan los países miembros del Mercosur sin duda está redundando en que entren al país productos agrícolas con verdaderos precios de liquidación.
Que, en razón de lo expuesto anteriormente, es absolutamente necesario promover políticas públicas que favorezcan la exportación de algunos productos lácteos chilenos, en el entendimiento de que este tipo de medidas es sólo parte de la solución a un problema que presenta fallas de carácter estructural.
Que, asimismo, se debe revisar la ley de Presupuestos del Sector Público, con el propósito de buscar mayor eficiencia en la asignación de recursos en aquellas áreas que requieran de más colaboración por parte de las autoridades estatales, para, en concreto, facilitar el desarrollo del sector lechero nacional.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural que se aboque al estudio de las medidas que tiendan a dar solución definitiva al grave problema que afecta hoy en día al sector lechero nacional.
2. Asimismo, solicitar a dicha Comisión que, en el plazo de noventa días, evacue un informe que contenga las propuestas que, a la luz de los antecedentes que obren en su poder, estime necesarias para mejorar la situación que afecta al sector lechero del país”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , el sector de producción primaria de leche nacional enfrenta actualmente una crisis, a raíz de los precios pagados por ésta, que no permiten su viabilidad en el mediano plazo. Esto se acentúa más en la zona sur del país, donde el sector agropecuario es fundamental para el desarrollo económico local. Tres de cada cuatro productores de leche del sur del país trabajan a pérdida y cerrarán sus balances anuales con cifras negativas. Según cálculos de la Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche , con las actuales planillas de precios, algunos lecheros están recibiendo menos de 60 pesos por litro, lo que representa los menores precios pagados en la historia del sector por parte de las principales compañías receptoras y elaboradoras de productos lácteos, los cuales no cubren ni siquiera los costos fijos.
En la industria lechera, Chile posee estándares de producción de los más competitivos a nivel mundial, lo que se debe a una gran eficiencia del sector y a una alta inversión en genética animal, en infraestructura y en manejo productivo. Los productores del sur de Chile presentan niveles de eficiencia que triplican el promedio nacional en producción de leche por vaca y en la relación de litros por hectárea.
Sin embargo, debido a razones estructurales y a la devaluación de sus monedas, los países miembros del Mercosur tienen costos aun menores. En Estados Unidos y en la Unión Europea, los productores gozan de subsidios que les permiten abastecer a los mercados mundiales a precios bajo sus costos de producción.
El Gobierno, al firmar el acuerdo comercial del Mercosur, sabía que estaba hiriendo de muerte la actividad agrícola, especialmente la de las regiones del sur.
En consideración a las ventajas agronómicas de la zona sur de Chile para la producción de leche y a la posibilidad de continuar avanzando en la mejoría de la tecnología y de la gestión de producción primaria, es necesario corregir de manera enérgica las distorsiones causadas en el mercado de la leche, tanto a nivel interno como externo, con el fin de seguir avanzando en este sector, que ya es competitivo, pero que necesita un marco adecuado para su funcionamiento actual y futuro. Dichas correcciones se deben dar en diferentes niveles, que son:
La existencia de un puñado de empresas controladoras que compra la leche, facilita que en la negociación de los precios con los productores, que no se encuentran agrupados, se fijen dichos precios sin oposición, lo que deriva en un comportamiento abusivo e informal.
La mayoría de las empresas lecheras locales pertenecen a capitales extranjeros con intereses en la producción de leche en países exportadores de productos lácteos. Éstas no tienen una real voluntad de modernización y de expansión del sector, pues cuentan con condiciones para disponer de leche de adecuada calidad y a bajos precios, lo que no hace necesario invertir ni modernizar sus plantas, situación que podría derivar en un factor de estancamiento futuro para la industria. Además, la posibilidad de importar leche procedente de países del Mercosur, a precios distorsionadamente bajos, les otorga a dichas empresas un poder de negociación tan fuerte que les permite adaptar a su conveniencia los requerimientos y precios de compra de materia prima, dada la no existencia de contratos entre los productores y ellas.
La coyuntura económica de los países vecinos miembros del Mercosur está afectando a nuestros productores agrícolas, pues los productos de los primeros ingresan a precios de liquidación a Chile. Esos países concentran el mayor volumen de ventas en el bloque, y actualmente carecen de financiamiento para el comercio exterior, por lo que es natural que sus altos excedentes, debido a una demanda local muy contraída, tiendan a ser liquidados en países vecinos, como Chile.
Es indudable que la crisis argentina y uruguaya está afectando negativamente los precios de la leche en polvo importada y poniendo a las empresas lecheras chilenas frente a un costo alternativo de compra de insumos en un nivel ridículo. La coyuntura de nuestros vecinos debe ser analizada fríamente y no puede esgrimirse como argumento la existencia de acuerdos comerciales, como el Mercosur, para no intervenir en el problema. Lo único que trae la falta de reacción del Gobierno sobre el tema es frustración y la convicción de los agricultores acerca de la incapacidad y ceguera de las autoridades. Una cosa es haber negociado un mal acuerdo comercial, pero otra peor es no haber previsto la inestabilidad de nuestros vecinos. Se hace necesario el establecimiento de cláusulas que moderen el impacto económico de las crisis de nuestros socios comerciales.
Por otro lado, los subsidios pagados a los productores de Norteamérica y de la Unión Europea derivan en precios distorsionados, que no reflejan la realidad productiva de su industria lechera.
Por todo lo anterior, es necesario señalar, respecto de los acuerdos de libre comercio firmados y en proceso de elaboración o de negociación, que hasta el momento no ha existido una apertura de mercados equilibrada en relación con el sector agrícola. Los acuerdos suscritos, como el Mercosur, y los que se encuentran en etapa avanzada, como aquellos con la Unión Europea y con Estados Unidos, deberían ser forzosamente complementados en forma paralela con acuerdos con países como Japón y Corea, que accedan a importar nuestros productos agrícolas. Además, con respecto a la Unión Europea, es preciso solicitar un estudio más acabado en relación con la dinámica de integración de este bloque con los países de Europa Oriental y África, que posiblemente pueda diluir los beneficios que se estarían ofreciendo a Chile.
Por lo tanto, el Gobierno no puede eludir la responsabilidad que tiene con el sector agrícola y debe tomar medidas, tales como las siguientes: darle operatividad y funcionamiento a las comisiones Antidistorsiones y Antimonopolios, que han demostrado lentitud y falta de compromiso para resolver de verdad los problemas que afectan al sector lechero; promover la exportación de productos lácteos chilenos, revisar la ley de Presupuestos del sector público, para dar cuenta de la eficiencia de los recursos que el Estado pretende entregar en el futuro para facilitar el desarrollo del sector lechero nacional.
Por todo lo anterior, y para demostrar que estamos realmente preocupados del sector agrícola de nuestro país, insto a los honorables colegas a aprobar este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa el diputado señor
Se abstuvieron los diputados señores:
VII. INCIDENTES
ALCANCES SOBRE DECISIÓN JUDICIAL RESPECTO DE CASO DE PEDOFILIA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra la diputada señora Ibáñez.
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen) .-
Señor Presidente , cuando en julio, un programa de televisión informó sobre la existencia de una red de pedofilia que operaba por internet, el Presidente de la República anunció que pondría “suma urgencia” a la tramitación del proyecto de ley tendiente a sancionar dichos delitos, y advirtió que las penas para sus autores serían ejemplificadoras.
En ese escenario, la reacción fue saludable y obvia, en consideración a que en este asunto los involucrados son menores y a que Chile suscribió la Convención de los Derechos del Niño, que impone a sus adherentes la adopción de todas las medidas tendientes a su protección.
El delito de pedofilia genera consenso en cuanto a su rechazo transversal, porque son niños los afectados seriamente por seres inescrupulosos que, la mayoría de las veces, actúan con un silencio cómplice como aliado. Sin embargo, cuando se ha logrado avanzar algo en las que, tal vez, son las mejores armas para atacar a los pedófilos, el diálogo y la denuncia, resulta inaceptable que la justicia actúe en sentido contrario. Eso es lo que se siente cuando el abusador de un niño de cinco años es puesto en libertad a sólo dos meses de haber sido detenido, como ocurrió por disposición de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que determinó que el conductor de un furgón escolar, Miguel Ángel Martínez Cáceres , no constituye peligro para la sociedad.
No se trata de juzgar las decisiones de un Poder del Estado, pero sí de criticar aquellas actuaciones que realmente no dan luces de avance en el sentido que a todos nos preocupa: combatir la pedofilia y resguardar a nuestros niños.
Esta apreciación no es antojadiza: se fundamenta en la existencia de dos certificados, uno del consultorio de salud de Peñaflor, y otro del Servicio Médico Legal, que constatan que el menor Nicolás Úbeda Parra fue abusado sexualmente por el sujeto que lo trasladaba desde su casa hacia la escuela.
En julio valoramos la resolución de la Corte en cuanto a detener al acusado del abuso, aunque para ello fue necesaria una denuncia pública, porque la que se realizó meses antes por el conducto regular no logró ese objetivo. Sin embargo, hoy debemos lamentar estos contrasentidos, pues el lunes pasado la Corte de Apelaciones de San Miguel concedió la libertad a este sujeto, lo que naturalmente mantiene atemorizados a los padres del menor afectado.
Si en realidad existe un compromiso para la protección de la integridad de los niños, debemos velar para que estos hechos no se repitan. No podemos aceptar que los menores estén expuestos a adultos que han dado muestras de desviaciones de esa naturaleza, y sería criminal esperar más acusaciones en su contra para aprehender a los pedófilos de una vez por todas.
Si queremos que la infancia sea una etapa digna de ser recordada, debemos luchar para que los niños reciban la protección que se merecen, lo que tiene que ver con el establecimiento de marcos legales, pero también con el sentido común de quienes administran justicia.
He dicho.
CREACIÓN DE BANCO GANADERO Y DE UN CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PARA GANADO EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , desde un tiempo a esta parte hemos visto con gran satisfacción que el valor de los animales ha ido subiendo. Hoy en la feria tenemos buenos precios, lo que nos alegra mucho.
No me cabe la menor duda de que Dios es agricultor, y este año nos va a favorecer con el precio del trigo y de la leche. En definitiva, la situación se ha ido arreglando sola y no por actos del Gobierno o de la Concertación. ¡Para qué hablar de las cuñas que nos ha puesto el diputado Hales cada vez que presentamos un proyecto relacionado con el mundo agrícola! Es un diputado urbano y tendrá sus razones.
Como decía, ha ido subiendo el precio del ganado, pero durante muchos años bajó considerablemente. En la actualidad, el precio del ternero está a 750 pesos el kilo, y hace poco tiempo estuvo a 300 ó 400 pesos. ¿Qué pasó entonces? Mucha gente se deshizo de su ganado. Antes, para juntar 200 mil pesos se vendían uno o dos terneros; después, para reunir esa suma, hubo que vender tres o cuatro terneros. El agricultor se descapitalizó; vendió su ganado para tener dinero y educar a sus niños, comprar ropa, mantener la vivienda, etcétera. La gente quedó sin animales, por lo tanto, sin sustento, sobre todo en las zonas precordilleranas y costeras, que son ganaderas.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Agricultura , quien conoce de este problema porque fue diputado de un distrito agrícola, y al señor director de Indap de la Novena Región , don Eduardo Correa , para que estudien la posibilidad de implementar un banco ganadero en esa región con el objeto de favorecer a la zona más agrícola y más pobre del país, donde los agricultores puedan acceder a un crédito que les permita subsistir y tener un respiro después de los años malos.
También solicito que Indap o la institución que se estime conveniente, implemente un centro de inseminación artificial, con el fin de ayudar a los agricultores. Lo anterior por una razón muy simple: cuando existe un centro de inseminación artificial, se le proporciona al agricultor el animal que necesita para leche; si es para carne, lo mismo. Como siempre hay agricultores que están dispuestos a prestar sus toros para donar semen, esa etapa del procedimiento saldría prácticamente gratis. Sólo se envasaría el semen para cubrir cualquiera de las necesidades que requiera el agricultor para reproducir su ganado.
Esto sería de gran ayuda, porque un reproductor cuesta entre 500 mil y 600 mil pesos, lo que es un disparate, y muchos se ven obligados a comprarlo para preñar cuatro o cinco vacas. En cambio, con un centro de inseminación artificial, se puede preñar una vaca por cinco mil o seis mil pesos, y así el dueño de cinco vacas, por ejemplo, no tendrá problema en preñarlas con el animal que elija, sea de carne, de leche o con el doble propósito.
Creemos que la Novena Región, considerada la más pobre del país, en la cual hay ochenta mil pequeños agricultores que han sufrido todos estos años una mala racha, por fin ve una esperanza, sobre todo si se toman en cuenta las palabras de su Excelencia el Presidente de la República y del ministro de Agricultura , quienes dijeron que Chile, aparte de ser un país forestal, debe ser un país ganadero. Si queremos exportar carne y cumplir nuestras expectativas, debemos aumentar los 3 millones de cabezas de ganado que tenemos desde hace veinte años.
Es fundamental formar un banco ganadero en la Novena Región. Espero que el ministro del ramo y el director regional del Indap , señor Eduardo Correa , me informen sobre la posibilidad de crearlo, aunque sea como plan piloto. Ojalá abarcara desde la Séptima Región al sur, porque todos queremos lo mejor para los agricultores, y sería bueno dar una señal potente con la implementación de un banco ganadero.
Espero que estos dos personeros de Gobierno me respondan sobre la factibilidad de llevar a cabo dichos proyectos, en principio para la Región de La Araucanía, y después para el resto del país, que también es ganadero.
Sé que el diputado señor Jaramillo y muchos otros colegas están de acuerdo con lo que estoy planteando. Ojalá que dichas iniciativas se puedan concretar en el corto plazo para no perder más temporadas.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical, de Renovación Nacional y de la UDI que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE HOSPITALES DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Salud , a fin de que informe si el Servicio de Salud Coquimbo tiene entre sus planes futuros rebajar de categoría a los hospitales de Andacollo y de Vicuña, y si existe un estudio para cambiar especialidades que se prestan en el hospital Juan de Dios, de La Serena, al hospital Regional de Coquimbo .
Además, que informe sobre la deuda de los hospitales antes señalados y la situación en que se encuentran sus farmacias, porque es muy frecuente que la ciudadanía concurra a estos centros de atención de salud, que no pueden entregarle los medicamentos debido a que las farmacias están desabastecidas.
Por otra parte, señor Presidente , quiero hacer llegar a la Mesa mi intervención acerca del proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y de salas de bingo, tratado en el Orden del Día de esta sesión. En ella se apunta a las personas que sugieren limitar los casinos.
Hoy, cualquier ciudadano chileno y del mundo puede acceder a sitios para jugar, vía internet, desde su casa o escritorio. Esto demuestra que no existe lógica alguna en la idea de limitar tal actividad.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL EN FAVOR DE TRABAJADORES FORESTALES DE ARAUCO. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , pido que se oficie al ministro del Trabajo , señor Ricardo Solari , con el objeto de solicitar que interponga sus buenos oficios, en forma urgente, para la correcta solución de un conflicto laboral en la provincia de Arauco. Se trata de una huelga de hambre que llevan a cabo tres trabajadores en el local de la Federación de Trabajadores Forestales de la provincia, ubicada en la comuna de Curanilahue, debido a que fueron despedidos durante el proceso de formación de su organización sindical. Como son dirigentes sindicales, gozan de fuero sindical, razón por la cual, al producirse el despido, acudieron a los tribunales.
En el juzgado de letras de la comuna de Arauco ganaron el juicio, en el cual se ordenó su reintegro. El empleador apeló, y ellos de nuevo ganaron el juicio, ahora en la Corte de Apelaciones de Concepción. En consecuencia, están respaldados por el dictamen de la Inspección del Trabajo y por dos fallos sucesivos de los tribunales de justicia que ordenaron su reintegro a las labores.
Sin embargo, el empleador, la empresa Monites , subcontratista del consorcio Bosques Arauco , no ha cumplido la resolución de los tribunales y mantiene su negativa al reintegro de esos trabajadores. A los siete meses de no recibir ingresos y con una situación familiar dramática, los tres trabajadores decidieron iniciar una huelga de hambre seca. Este último fin de semana accedieron a suspenderla en parte, con la ingesta de líquido, a la espera de que las autoridades encuentren una solución a su petición.
Se trata de un conflicto grave que repercute en la validez de las disposiciones laborales establecidas en la última reforma laboral aprobada por el Congreso, que está en vigencia desde el año pasado.
En consecuencia, teniendo presente como cuestión principal que está en juego el valor esencial de la vida de esos trabajadores, solicito el envío del oficio con el objeto de que el ministro del Trabajo recabe de los involucrados, en particular del empleador, la adopción de las medidas que resguarden el dictamen de los tribunales de justicia y la vida de los afectados.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados del PPD, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y del Partido Radical que así lo indican, y del señor Mario Escobar .
SOLUCIÓN A PEQUEÑOS AGRICULTORES AFECTADOS POR DESBORDES DEL RÍO BIOBÍO EN COMUNA DE SANTA BÁRBARA. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , quiero referirme a la situación que afecta a Santa Bárbara, una de las comunas de la provincia de Biobío que represento en esta Cámara. El sector de Los Boldos, donde habitan pequeños agricultores, todos los años se inunda con las aguas del río Biobío, que se desborda por las fuertes lluvias. La situación se complica aún más cuando se abren las compuertas de la represa Pangue para descargar sus aguas por razones de seguridad.
Esto ocurrió un par de veces, tanto el año pasado como durante el presente invierno, lo que ha provocado serios daños a los cultivos, a los frutales y a la calidad de la tierra, debido a los sedimentos. Si no se limpia el río con maquinaria pesada durante los meses de verano, el hecho se seguirá repitiendo.
Esto se solicitó el año pasado a los organismos correspondientes, porque es preciso remediar con urgencia esta grave situación que, reitero, afecta a numerosos pequeños agricultores, quienes han visto cómo sus animales se van aguas abajo, porque el río sube un metro o un metro y medio en algunos sectores.
Pido que se oficie al ministro de Obras Públicas con el objeto de que tome cartas en el asunto.
Además, que se oficie al intendente de la Octava Región , señor Jaime Tohá , y al gobernador de la provincia de Biobío , a fin de que se adopten las medidas que correspondan en el más breve plazo para que no sigan siendo afectados esos modestos y esforzados pequeños agricultores del sector de Los Boldos, de la comuna de Santa Bárbara.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y de la Unión Demócrata Independiente que así lo indican.
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TENENCIA DE CARABINEROS DE LA COMUNA DE FLORIDA. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Defensa , a fin de que el subsecretario de Carabineros nos entregue una evaluación respecto de la situación de la tenencia de Florida, que tiene una dotación de 12 funcionarios, la cual, desde hace tres meses, no cuenta con furgón de servicio. Poseía un furgón Nissan, de 1995, pero fue dado de baja por mal estado.
La comuna de Florida, en la Octava Región, tiene 608 kilómetros cuadrados de superficie y más de once mil habitantes, de los cuales 3.700 viven en el centro y el 75 por ciento se expande en una inmensa superficie rural. Al no tener furgón, motos ni caballos, la función de los carabineros se ve muy limitada.
Como estamos hablando de seguridad ciudadana, pido que se oficie a los ministros del Interior y de Defensa con el objeto de que arbitren las medidas tendientes a la adquisición de un furgón para la comuna de Florida y, además, de motos todo terreno, de manera que los funcionarios de Carabineros puedan acceder en forma individual a cualquier punto de esa comuna para hacer cumplir la ley.
No es posible mantener la actual situación. Por fortuna, no ha ocurrido ningún accidente ni hecho delictual grave que lamentar, pero a futuro podrían suceder si los funcionarios no cuentan con los medios para cumplir su cometido. No podemos exigir eficiencia a Carabineros si no le damos los medios. Entiendo que hay recortes presupuestarios; que el alto mando de la Octava Zona de Carabineros ha hecho esfuerzos, todos bien encaminados, pero éstos deben llegar a todas las comunas.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES POR PRESUNTA EVASIÓN TRIBUTARIA DE EMPRESA METALPAR. Oficio.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al director nacional de Aduanas, a fin de que nos informe, de manera detallada, respecto de todos los procesos judiciales por el delito de presunta evasión tributaria en contra de la empresa Metalpar y el estado de avance de los procesos incoados para cautelar los intereses fiscales en todas estas circunstancias.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Tuma , Jaramillo , Riveros , Saffirio , Escalona y Ramón Pérez .
-o-
El señor PAYA.-
Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría en el tiempo de la UDI.
El señor PAYA .-
Señor Presidente , tengo entendido que el diputado señor Navarro solicitó, hace un par de semanas, permiso constitucional para ausentarse del país por un lapso superior a treinta días.
Queremos verificar si ello es así.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ése no es un problema reglamentario, señor diputado, pero haremos las consultas del caso.
El señor PAYA.- Gracias, señor Presidente.
-o-
INFORME SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS Y ENTREGA DE RECURSOS EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , en el primer distrito los recursos son muy escasos, sobre todo cuando se trata de proyectos del gobierno regional. Tenemos el caso específico de la adquisición de 29 computadores, que nunca salieron de la Aduana.
En verdad, las alumnas del liceo comercial están sin poder llevar a cabo su práctica, porque el gobierno regional adjudicó el proyecto por cerca de 50 millones de pesos, pero nunca aparecieron los computadores.
Por lo expuesto, pido que se oficie al contralor regional para que nos informe acerca de la adjudicación y monto de los proyectos a la organización indígena aimara denominada Putiricala, con personalidad jurídica Nº 19.253, los nombres del presidente e integrantes del directorio, y en qué se han invertido los 9.549.740 pesos. Además, que nos informe sobre los recursos entregados por el gobierno regional para reparar las termas de Jurasi, en Putre, cuya propietaria sería la sucesión Juan de Dios Aranda -solicito se nos dé a conocer el nombre de sus comuneros-, a la cual se le adjudicó un proyecto por 12 millones de pesos.
Por último, pido que se oficie al gobernador de Parinacota para que nos envíe un listado del personal contratado, incluido aquel que presta servicios a honorarios, y los proyectos adjudicados a la comuna de Parinacota durante los últimos dos años.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
RECURSOS DEL ESTADO PARA PROYECTOS QUE MENOSCABAN LA IMAGEN DE ARTURO PRAT. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez .
El señor PÉREZ ( don Ramón) .-
Señor Presidente , existe una materia a la cual, lamentablemente, he de referirme por segunda vez en esta honorable Cámara de Diputados, y que, más allá de la defensa que haré de un héroe, es mucho más profunda, pues dice relación con la ofensa que se está haciendo de nuestros valores al amparo del Ministerio de Educación, con recursos de todos los chilenos, so pretexto de que debemos respetar la libertad de expresión y las artes.
Primero fue la historieta, financiada con recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes, Fondart , organismo dependiente del Ministerio de Educación, que ridiculiza y agravia la figura de nuestro héroe Arturo Prat Chacón .
A mi juicio, la versión en la cual se coloca al capitán Prat sobreviviendo a la caída y, a continuación, asistiendo a su propio funeral e intentando detener una presunta idolatría que se habría generado en torno de su persona tras una muerte irreal, lleva a pensar que esta burda historia fue escrita por un antipatriota.
Hoy, al igual que entonces, sobre todo después de aprobar un proyecto que reemplaza el Fondart -la nueva ley cultural-, debo manifestar mi indignación por el respaldo económico que nuevamente dicho organismo ha entregado ahora a una obra teatral en la que se cuestiona, una vez más, la imagen de Prat, la cual ha sido defendida a ultranza por la ministra de Educación , señora Mariana Aylwin .
A mi juicio, esta mal llamada obra teatral muestra que el abordaje del capitán Prat al Huáscar habría sido un acto de desesperación más que de heroísmo y de autosacrificio, para la salvación propia.
¿En qué pie quedan, entonces, los profesores de historia, colegas de la ministra de Educación , ante sus alumnos, a quienes han contado una historia verídica, reconocida por los propios rivales de nuestro héroe, frente a una mentira tan grande?
Todos, sin distingo, estamos de acuerdo con el fortalecimiento de los valores democráticos y con el respeto de las libertades individuales, en particular con las de expresión, creación y participación. Basados en este mismo respeto, igualmente se deben precaver situaciones que denigren, agravien, menoscaben u ofendan la memoria de nuestros héroes.
No se trata de ser parcial o patriotero; pero si nosotros mismos no somos capaces de respetar nuestra historia, ¿qué podremos hacer cuando extranjeros, por cualquier vía, hagan lo mismo? ¿Con qué base defenderemos nuestros principios de ideales patrios?
Señalo esto y deseo dar un solo ejemplo, difundido hace dos meses por el diario “Las Últimas Noticias”, que, en sus páginas de fecha 4 de julio, titula: “Delirante página web peruana llama a exterminar raza chilena”. Dicho artículo señala: “Dudas sobre la femineidad de Gabriela Mistral , una supuesta oscura relación entre el general Patricio Lynch y Prat y la virilidad cuestionada de Caupolicán y Lautaro son sólo algunas de las afiebradas groserías que contiene la página web denominada “Araucofobia”.”.
No es mi deseo prejuzgar intenciones sobre quien construyó esa página de internet, pero cabe preguntarse de qué nos podremos extrañar mañana si organismos dependientes del Estado financian, con recursos de todos los chilenos, la realización de obras teatrales o de historietas en las que ciertos compatriotas ofenden a hombres que han forjado nuestra historia patria.
Es absolutamente necesario que el nuevo organismo, creado por la ley de fomento a la cultura, tenga suficiente visión para apoyar lo que es realmente cultural. No se trata de ser o no tolerante con el arte moderno ni de poner trabas a aquellos artistas que, para desarrollarse, necesitan el apoyo económico del Estado. Por el contrario, se trata de defender el honor de un héroe que dio su vida por nuestra patria.
Algunos, con el argumento fácil de apoyo al arte y sobre la base de que en democracia, la libertad cultural y artística no tiene límites, querrán defender lo que, a mi juicio, es indefendible.
Todo en la vida tiene un límite. En el caso que hoy denuncio, la supuesta obra teatral sobrepasó ese límite. Por muy artista que una persona sea, no puede ridiculizar a un héroe nacional, pues es parte de nuestra historia.
Debo recordar a la ministra de Educación que los recursos del Fondart son dineros de todos los chilenos, no sólo de aquellos que hoy ocupan un alto cargo en el Gobierno, y que, por lo tanto, deben dar una explicación real, contundente y no tan liviana -como cuando se dijo que la promoción de la imagen histórica de Arturo Prat se hace en los colegios-, porque cuando están en juego valores tan preciados como el amor a la patria y a sus héroes, se debe tener sumo cuidado del ejemplo que hoy damos a los que mañana serán el futuro de Chile. Desde muy pequeño, como iquiqueño, recibí la verdadera historia de la gesta de Prat.
Por lo tanto, pido que mi intervención se haga llegar a la ministra de Educación.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Víctor Pérez , Mario Escobar , Claudio Alvarado y Marcelo Forni .
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE HOSPITALES DE CHILOÉ Y DE PALENA. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , una vez más debo levantar mi voz para referirme al problema, ya prácticamente endémico, que afecta a los diferentes centros asistenciales de salud de las provincias de Chiloé y Palena .
La situación de los dos principales hospitales de la isla grande de Chiloé, de Ancud y Castro , es francamente crítica. Días atrás se me informó que el nivel de endeudamiento del hospital de Ancud es del orden de los 150 millones de pesos.
La situación del hospital de Castro es similar. Lo lamentable del caso es que eso contrasta notablemente con las promesas y ofrecimientos que se hicieron en su momento, cuando estaba en juego una contienda electoral. ¿Qué se nos ofreció y qué se nos dijo? Que Chiloé tendría un servicio de salud autónomo.
Con posterioridad, se formaron comisiones de trabajo. Luego, ya no se dijo que Chiloé tendría un servicio de salud autónomo, sino sólo una unidad de gestión en salud. Después, para compensar aquello, se señaló, en forma categórica, que en Chiloé habría un hospital de mayor capacidad resolutiva y que se iniciarían los trámites y acciones para dar cumplimiento a ese anhelo. Han transcurrido dos o tres años, pero la situación de la salud en la isla grande de Chiloé es de carácter terminal.
En el hospital de Castro existen ventiladores mecánicos nuevos que no pueden ser utilizados porque no están los recursos para implementarlos y hacerlos funcionar.
En los hospitales de Castro y de Ancud se evalúa, ante el inminente despido de personal para cubrir los déficit presupuestarios, cerrar las unidades de diálisis y de tratamiento intensivo.
¿Es ésa la tranquilidad que se da a la población de nuestras islas? ¿Es ésa la atención de salud que merece nuestra gente? ¡Por supuesto que no! La voluntad de la comunidad, de los médicos, de los profesionales de la salud y de quienes laboran en los centros asistenciales de salud primaria está disponible para colaborar y contribuir a la solución del problema. Por eso, los servicios de salud que administran a dichos centros asistenciales no pueden mirar hacia el lado.
Hoy la deuda de los centros de salud de la Décima Región supera largamente las cifras esperadas: asciende a más de 5 mil millones de pesos. Hace pocos días se señaló a los directores de los hospitales que debían rebajar presupuestos. ¿Qué significa eso? Disminuir las prestaciones, o sea, dejar de atender a la gente que se enferma.
Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro de Salud , a fin de que informe a la Cámara de Diputados sobre la deuda detallada de cada uno de las centros asistenciales, es decir, de los hospitales de las provincias de Chiloé y Palena , y las acciones que adoptará ese ministerio para corregir y superar tal déficit.
No sacamos nada con hablar de reformas a la salud, de mejorar la gestión en salud y del plan Auge si en la actualidad ni siquiera somos capaces de entregar un remedio, un insumo o de brindar atención digna a la gente, porque en los hospitales de nuestra zona ya no hay remedios, no hay insumos y se está despidiendo al personal, razón por la cual nuestra gente debe seguir esperando por un acceso digno a la salud, derecho elemental de las personas.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ramón Pérez , Víctor Pérez , Mario Escobar , Marcelo Forni y Enrique Jaramillo .
INVESTIGACIÓN SOBRE CONVENIO ENTRE DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ENDESA PARA MANEJO DE AGUAS DEL LAGO LAJA. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , comúnmente uno escucha en esta Sala a los miembros de la Concertación y del Gobierno emitir ataques muy fuertes en contra del empresariado.
Endesa ha sido una de las empresas paradigmáticas en cuanto a los ataques de la Concertación. Pero ése es el discurso público, porque en privado la benefician y le entregan recursos cuantiosos.
Tengo en mi poder el decreto Nº 2.064, de 28 de diciembre de 2001, firmado por el Presidente de la República y por el ministro de Obras Públicas de la época, señor Carlos Cruz Lorenzen , que señala: “Anótese, tómese razón y comuníquese”. Es decir, que no se publique.
¿Qué dice ese decreto? Aprueba un convenio entre la dirección de Obras Hidráulicas y Endesa para el manejo de las aguas del lago Laja.
De acuerdo con la normativa existente, Endesa tiene derecho a sacar del lago Laja 57 metros cúbicos de agua por segundo. Pues bien, ese gracioso regalo del Gobierno de la Concertación consiste en que, entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de mayo de 2002, la empresa podría sacar el agua que quisiera, y que sólo se consideraría el consumo desde el 1º de junio de 2002 al el 31 de diciembre de 2002, período en el que debería sacar 97 metros cúbicos por segundo, a fin de mantener el promedio anual de 57 metros cúbicos fijados por el Gobierno.
Según la opinión de todos los técnicos consultados, esto le significa a Endesa ingresos adicionales por 30 millones de dólares. De hecho, su balance del primer semestre indica que sus ingresos subieron de 17,7 millones de dólares a más de 54 millones de dólares; es decir, han aumentado en el 195 por ciento. Esto, debido al regalo del Gobierno ocurrido, curiosamente, doce días después de las elecciones parlamentarias de 2001.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que dé una explicación sobre estas concesiones tan aberrantes; al contralor general de la República y a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado , para que estudien la legalidad del acto mencionado, que no fue publicado en el Diario Oficial.
No es posible que, entre gallos y medianoche, se tomen decisiones que, de una u otra manera, sólo benefician a Endesa. Si estuviéramos viviendo una sequía, habría sido sensato flexibilizar el convenio existente para no dejar sin energía al país; pero estamos en un año lluvioso y, por lo tanto, la única beneficiada es dicha empresa, con claro y evidente perjuicio para el patrimonio nacional.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ramón Pérez , Forni y Escobar .
FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR RADIAL DON ARTURO MENAY ECHEVERRÍA. Notas de condolencia.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado Mario Escobar.
El señor ESCOBAR.-
Señor Presidente, la semana pasada tratamos un proyecto de ley relacionado con las radioemisoras.
La radiotelefonía de la Segunda Región está enlutada porque ha fallecido, a los 52 años, Arturo Menay Echeverría , quien ocupaba el cargo de director y gerente de Radio Nueva Coya , de María Elena , y que se había paseado por diversas emisoras, como Astral -ya desaparecida-, Minería, Cooperativa, Universo, Antofagasta, Nacional de Chile y La Portada, todas de la capital regional, y radios Calama y Topater , de Calama, en la cual compartimos un programa deportivo en más de una oportunidad.
Señor Presidente, por su intermedio pido que se envíen notas de condolencia a su esposa, Yoli Chaparro; a sus hijos, Arturo, Vallery, Jonathan y Camilo, y al presidente regional de la Archi, don Nelson Velásquez Ramos, por el fallecimiento de ese trabajador radial que hizo época, y que se ha ido tempranamente porque el Señor lo llamó.
Arturo Menay , que en paz descanses.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán las notas de condolencia solicitadas por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Saffirio , Jaramillo , Quintana , Riveros y de quien habla.
RECHAZO A EVENTUAL ACCIÓN UNILATERAL DE ESTADOS UNIDOS CONTRA IRAK. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , a nuestro juicio, no se puede permitir que Estados Unidos, la principal potencia mundial, emprenda una acción unilateral en contra de Irak al margen del derecho internacional y de las instancias internacionales multilaterales que están dispuestas para actuar cuando se comprueba que un miembro de la comunidad internacional amenaza o quebranta la paz.
Aceptar una conducta de esta naturaleza, es decir, la acción unilateral de un Estado que utiliza la fuerza armada, constituiría un precedente de gravísimas consecuencias, puesto que significaría un retroceso en todo lo que se ha avanzado en la prohibición del uso de la fuerza en el ámbito internacional desde que fue creada la Organización de las Naciones Unidas.
Lo que corresponde hacer en la situación de Irak no es actuar en función de presunciones, sino insistir en la fiscalización de las Naciones Unidas a través de inspectores enviados por esa organización, a fin de que comprueben, entre otras cosas, la naturaleza del armamento existente en dicho país. El resguardo de la paz y de la seguridad internacional es el principal objetivo de la organización establecida después de la Segunda Guerra Mundial, y la forma de asegurar el cumplimiento de ese fin es fortaleciendo y haciendo funcionar sus órganos, entre ellos, el Consejo de Seguridad. La actuación unilateral debilita su funcionamiento.
Se ha comprobado hasta la saciedad que la actuación al margen del derecho sólo trae consigo un deterioro de la convivencia y el riesgo de agravar los conflictos, con consecuencias perniciosas para la humanidad.
Por lo señalado, a nuestro juicio corresponde que nuestro país actúe de acuerdo con los estrictos principios establecidos en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas, favoreciendo las instancias multilaterales y rechazando la acción unilateral, en este caso, de Estados Unidos.
Pido que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores, a fin de transcribirle el texto de mi intervención.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Saffirio , Tuma , Jaramillo , Escobar y de quien habla.
CAUSAS DE CRISIS QUE AFECTA AL SECTOR LECHERO.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, afortunadamente ahora podré dar un par de ideas, que no pude expresar hace algunos minutos, relacionadas con el proyecto de acuerdo sobre los problemas del sector lechero.
Considero una muy mala práctica traer a la Cámara proyectos de acuerdo mal fundados, porque con ello sólo nos desprestigiamos quienes los suscribimos o votamos a favor. En especial, deberíamos ser extremadamente cuidadosos quienes somos diputados de regiones porque, muchas veces, chocamos con una tecnocracia muy fría y arrogante.
Pues bien, el proyecto de acuerdo relacionado con la situación de la lechería en el sur, que acabamos de aprobar y que voté favorablemente, tiene, por lo menos, dos problemas muy graves, de los cuales quiero dejar constancia.
En primer lugar, se insiste majaderamente en los males que el Mercosur le habría traído al sector. No se puede seguir haciendo demagogia y engañando a los ciudadanos del sur con el tema del Mercosur, cuestión que he venido escuchando aquí durante cinco meses. Digamos, de una vez por todas, que el mayor problema de la competencia externa que debe enfrentar nuestra agricultura está dado por los aranceles bajos y parejos del 4,9 por ciento, y que corresponden a una política del Estado chileno de hace 30 años. El Mercosur nada tiene que ver con la competencia extranjera; ni siquiera la facilita, porque los productos entrarían de todas maneras con el 4,9 por ciento de arancel parejo y, además, perderíamos mercados, entre otros, para productos agrícolas, que hoy existen gracias a los tratados de libre comercio. Digamos de una vez por todas la verdad y terminemos con la demagogia y populismo con que tratamos estos temas.
En segundo lugar, en el proyecto de acuerdo que acabamos de aprobar -reitero que lo voté favorablemente- no se dice una sola palabra sobre la responsabilidad que les cabe en la crisis del sector lechero a los monopsonios: cuatro o cinco plantas industriales que se ponen de acuerdo para esquilmar y perjudicar a los productores lecheros pagándoles precios viles.
Aquí se ha hablado de financiamiento de campañas. Cuando uno lee estos proyectos de acuerdo, le entra una sospecha: hay parlamentarios que, ¡por Dios que le deben favores económicos a los industriales lecheros! Por eso vienen aquí a pronunciar discursos demagógicos en defensa de esos productores; sin embargo, cuando se solicita analizar la crisis del sector, no se dice una palabra sobre esos monopsonios que esquilman a los productores lecheros de las regiones sureñas.
Es lo primero que quería plantear, y pido que se envíe copia de mi intervención a la Comisión de Agricultura de la Cámara.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se procederá en la forma solicitada por su Señoría.
MEDIDAS PARA SOLUCIONAR CRISIS ECONÓMICA DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor SAFFIRIO .-
En segundo lugar, deseo referirme a la situación económica de la Novena Región, materia que deseaba plantear en la mañana, antes de ser interrumpido.
Hoy, el país está pasando por una situación económica extremadamente complicada debido a la caída de la demanda interna; han caído el consumo y la inversión, y por eso Chile está creciendo sólo al 1,6 por ciento. De manera que, en el caso de regiones que no son exportadoras, como la Novena, no nos puede llamar la atención que estén en recesión, porque producen para el mercado interno.
De acuerdo con cifras oficiales del Inacer, Índice de Actividad Económica Regional, durante el primer trimestre del año 2002 el producto interno bruto de la Novena Región cayó en aproximadamente 8,1 por ciento, y en el segundo, las cifras han seguido empeorando: la producción cayó en 3,3 por ciento. Esto significa que, técnicamente, la Novena Región hoy se encuentra en recesión, pues ha debido soportar dos trimestres consecutivos de caída de su producto.
¿Qué hacer? Se pueden hacer varias cosas.
En primer lugar, es fundamental que el fisco se ponga al día con los proveedores y contratistas privados que no han recibido el pago de sus productos y servicios. Resulta grotesco que, a pesar de haber falta de liquidez y crisis de demanda, el Estado aún no les pague a los contratistas y a los proveedores, incluida, por supuesto, la deuda hospitalaria.
En segundo lugar, es fundamental que el Banco del Estado cambie la dinámica financiera con que ha estado operando estos años, puesto que no puede ser un banco más. Por eso existen gran consenso en el país, transversal, en cuanto a que ese banco no puede ser privatizado, precisamente porque debe cumplir una labor distinta de la de la banca privada.
Hoy, el Banco del Estado no está entregando créditos en la Novena Región; al igual que la banca privada, está asfixiando a los pequeños y medianos empresarios, no sólo agrícolas, sino que también de sectores urbanos: industriales, de servicios y comerciantes, porque opera con la lógica de la rentabilidad. Si es un banco estatal, no puede operar de la misma forma en que lo hacen otros bancos de la plaza.
Por otra parte, la manera en que ese banco efectúa las evaluaciones del riesgo hace que, al final, los agentes regionales terminen enviando las solicitudes de préstamos y dichas evaluaciones a burócratas de Santiago, que son jóvenes de 24, 25 ó 26 años, recién egresados de ingeniería comercial o de las escuelas de contadores auditores. Entonces, como sólo les interesa cuidar la “pega”, son extremadamente cautelosos y no le prestan plata a personas que están en situaciones de riesgo. Sin embargo, el dinero no se necesita en momentos de bonanza económica; es en los momentos de crisis cuando se requiere que los bancos presten plata, en especial, el Banco del Estado.
En tercer lugar, es fundamental adelantar la ejecución de obras en la Novena Región. En materia de obras públicas, es muy importante avanzar en aspectos tales como arreglo de caminos con fondos estatales o de concesiones, porque ello genera empleo y mueve la economía regional.
En vivienda, se puede hacer mucho en erradicación de campamentos, construcción de viviendas y pavimentos participativos. La Subdere maneja programas de mejoramiento urbano y de mejoramiento de barrios, que también pueden ser adelantados.
En cuanto a infraestructura educacional, no se requiere modificación legal alguna; basta voluntad política para dar prioridad a las regiones que tienen problemas económicos, por ejemplo, en las obras de la jornada escolar completa.
En materia de salud, hay un convenio para desarrollar programas por 40 mil millones de pesos en la Novena Región, que debería ser ejecutado a la brevedad, sobre todo el relativo a infraestructura sanitaria, que tiene mayor impacto en la generación de empleos.
En cuarto lugar, el consejo regional debe asignar los recursos teniendo en cuenta la reactivación económica y la generación de empleos, y no desperdiciarlos destinándolos a proyectos que no tienen impacto en el crecimiento y en el empleo.
Respecto del sector agrícola, deseo sugerir las siguientes medidas:
Primero, es necesario recoger la demanda de los agricultores de la Novena Región, puesto que se requiere una Comisión de Distorsiones que responda con agilidad ante las amenazas de importaciones subsidiadas.
Segundo, hay que mantener la calificación de la urgencia para el proyecto sobre tribunales de libre competencia, que se está discutiendo en el Senado. Pido que se mantenga la calificación de la urgencia durante la legislatura extraordinaria.
Tercero, es necesario revisar el sistema de rotulaciones, a fin de hacer un monitoreo y saber si los chilenos comemos productos sanos y no transgénicos.
Cuarto, hay que revisar el reglamento Nº 297, del Ministerio de Economía, y modificar la ley de salvaguardias para extender los derechos compensatorios por cuatro años, renovables por otros cuatro, de conformidad con la Organización Mundial del Comercio.
Quinto, es indispensable mantener los controles sanitarios, tal como lo está haciendo el SAG, a fin de evitar que ingresen a nuestro país productos que pueden generar una plaga o una pandemia, con efectos gravísimos en la economía del sur y, en general, en la economía agrícola del país.
Todo esto, junto con un dólar alto, por supuesto que puede contribuir fuertemente a la reactivación de las zonas agrícolas.
Por último, se requiere hacer un análisis de los planes de empleo. En el caso de la Novena Región -esto lo hemos conversado con el diputado Eugenio Tuma , presente en la Sala-, que está prácticamente llena de microempresarios, es necesario que los recursos del Estado, más que ir en subsidio o en apoyo del trabajo remunerado, sean destinados a los pequeños empresarios y microempresarios, para que puedan obtener ingresos propios.
Por lo tanto, pido que se envíe copia de mi intervención a los ministros de Agricultura, de Hacienda , de Educación y de Salud; al intendente de la Novena Región y al Consejo Regional de la Novena Región . Asimismo, que se oficie al ministro de Economía y Energía , con el objeto de que nos informe en detalle sobre el proceso de renegociación de las deudas de la pequeña y mediana empresa de la Novena Región.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Tuma , Jaramillo y de quien habla.
CONSECUENCIAS DE EVENTUAL ACCIÓN UNILATERAL DE ESTADOS UNIDOS EN CONTRA DE IRAK. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA .-
Señor Presidente , dentro de pocas horas se conmemorará un año del cruento atentado terrorista de Nueva York, en el cual se calcula que perdieron la vida más de tres mil personas.
A un año del más grande atentado terrorista de que se tenga memoria en el hemisferio occidental, nuevamente soplan vientos de guerra en el mundo. Esta vez, desde el propio territorio norteamericano, cuyo gobierno está empeñado en la que ha llamado lucha frontal en contra del supuesto eje del mal, conformado por una tríada de países del tercer mundo, Irán, Irak y Corea del Norte, a los cuales se les acusa de constituir una seria amenaza para la paz mundial, debido a sus ideologías o creencias religiosas y a su supuesto compromiso con el terrorismo internacional.
Llama la atención la forma tan arbitraria y maniquea con que la primera potencia -si no la única potencia militar y económica del mundo- define a sus enemigos estratégicos, sobre todo cuando se considera que existen muchos otros Estados del mundo que, sea por sus regímenes de gobierno o, incluso, por su historia o actuaciones en el concierto internacional, también deberían ser objeto de preocupación.
Para ningún analista medianamente capacitado puede pasar inadvertido el hecho de que, detrás de esa determinación de objetivos, existen ocultas pretensiones geoestratégicas: en el caso del Medio Oriente, el petróleo; en el caso de Asia, la mantención en statu quo del predominio norteamericano, como una zona de contención para la gran China.
Más de algún diputado se podría preguntar qué sentido tiene discutir en nuestro Congreso Nacional estas materias, cuando es obvio que debido a nuestro tamaño relativo, a nuestra escasa influencia en los asuntos globales y a nuestra lejanía, estos conflictos o futuros conflictos, por definición, aparecen como ajenos. Algo de eso comparto; pero considero un deber ético y moral ineludible decirlo desde esta tribuna, y no dar vuelta la cara como si no pasara nada.
Por eso, quiero felicitar la oportuna intervención del diputado Edgardo Riveros , quien, en el mismo sentido, señaló su preocupación por la situación internacional. Incluso, el propio premier francés, Jacques Chirac , a quien nadie podría calificar siquiera como cercano al mundo islámico o a posiciones antinorteamericanas, expresó a la prensa internacional que una acción de Estados Unidos en contra de Irak podría tener consecuencias trágicas para el mundo, pues, por primera vez en lo que va corrido de los últimos decenios, se instalaría una doctrina de unilateralidad en las relaciones internacionales, lo que importaría la posibilidad cierta de una abierta violación de las leyes internacionales por parte del país del norte.
Los gobiernos estadounidense y británico han dicho que existirían pruebas irredargüibles, en el sentido de que, vulnerando las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas al término de la Guerra del Golfo, en la década de los 90, Irak les impide comprobar la tenencia o fabricación de armas de destrucción masiva, en circunstancias de que el jefe de la última misión de control de armamento de las Naciones Unidas -precisamente, un norteamericano- ha señalado públicamente que es imposible que en ese país se hayan dado las condiciones para su rearme luego de la Guerra del Golfo, en términos tales que pudiera significar una amenaza. Más aún, el prestigioso Centro de Estudios Estratégicos de Londres ha precisado que Sadam Hussein no tiene en estos momentos armas de destrucción masiva. Sin embargo, se insiste en esa versión, creando una realidad mediática virtual con el objeto de que la opinión pública internacional se forme una imagen demoníaca de ese país árabe por sus presuntas intenciones.
Nuevamente, hay que pensar qué mueve a Estados Unidos y hasta dónde es capaz de llegar en su nueva política de uso unilateral de la fuerza en sus relaciones internacionales.
En una brillante crónica del diario “El País”, de España, del último domingo, el escritor mexicano Carlos Fuentes dice lo siguiente: “En tales condiciones, ¿puede una nación independiente ser amiga de los Estados Unidos, si los norteamericanos no hacen caso a ninguna opinión que no sea la suya?”. Y, a continuación, pregunta: “Es consciente el gobierno de Bush de que el desprecio que manifiesta hacia el derecho y las organizaciones internacionales, así como hacia la diplomacia y a los gobiernos que disienten o critican, pueden conducirlo al peligro extremo de un aislamiento que convierta a su país en el blanco más fácil y tentador para los mismos terroristas que Bush dice combatir?”.
No se trata de lanzar una diatriba antiimperialista; ni siquiera de criticar por criticar a un país con cuyo pueblo nos unen grandes lazos de amistad y respecto del cual siempre hemos sido especialmente respetuosos de sus instituciones políticas, democráticas y de su espíritu libertario. Simplemente, se trata de hacer presente cómo el mundo es llevado a una aventura sin sentido ni destino que provocará, sin duda, sufrimiento y dolor en los pueblos atacados, especialmente en su población civil, que no tiene responsabilidad alguna respecto de las actuaciones de sus líderes. Además, agravará la situación de las economías de todo el planeta, entre ellas, la de Chile -sí, queridos compatriotas: la de nuestro país-, que, frente a cualquier conflicto en las zonas de producción petrolera, sufre automáticamente las consecuencias del alza de los combustibles, los cuales nos vemos obligados a importar porque no los producimos en cantidad suficiente en nuestro territorio.
El fantasma de la guerra también es el fantasma de la recesión para las principales economías mundiales; es el fantasma de un mundo sin control, sin ley ni institucionalidad internacional que valga; de un mundo unipolar, donde el poderoso hace y deshace a su entera gana, sin que nada ni nadie lo pueda detener, quedando al resto de las naciones sólo dos opciones: someterse o condenarse a la marginalidad.
Hoy es Asia; mañana puede ser de nuevo América Latina o Europa Central. Nadie está libre de ser considerado como eje del mal.
Por lo tanto, pido que se oficie, en mi nombre, a su Excelencia el Presidente de la República y a la ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear , con la finalidad de solicitarles que Chile asuma una contundente posición de apoyo a la vigencia estricta del derecho internacional; de exclusión del uso de la fuerza y de las acciones unilaterales, que significan un retroceso aberrante en el desarrollo de la comunidad jurídica de naciones y de la convivencia civilizada entre los Estados, y que en nuestra política exterior estén siempre presentes los valores superiores de la paz y del respeto de los derechos de las personas, especialmente de las poblaciones civiles, que se han convertido en blanco de una pretendida lucha global contra el mal.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Jaramillo y de quien habla.
HOMENAJE A MÁRTIR DE LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RÍO BUENO. Notas de condolencia.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , los cuarteles de bomberos acogen a quienes tienen la nobleza de insertarse en el servicio público. Quienes participan como tales son personas especiales, reconocidas por nuestra sociedad. Ese ejército de buena voluntad, orgullo de nuestro país, es el Cuerpo de Bomberos de Chile.
Hace unos días, Eduardo Andrés Martínez Sepúlveda , voluntario de la Tercera Compañía de Bomberos, “Las Heras”, de Río Bueno, obedeciendo a los valores que lo inspiraban y al juramento de dar la vida si fuese necesario, no trepidó en tratar de rescatar de las correntosas aguas del río Bueno a dos jóvenes que cayeron a su cauce. Ellos se salvaron, pero Eduardo pasó a decorar las columnas de mártires de Bomberos de Chile.
Río Bueno, desde este hemiciclo, recibe el homenaje póstumo de tu representante en la Cámara de Diputados, para uno de tus hijos. Tercera Compañía de Bomberos, “Las Heras”, mi reconocimiento a todos sus voluntarios y, en particular, a uno de los suyos: el joven mártir Eduardo Andrés Martínez Sepúlveda , criado entre bomberos, ya que su madre es la cuartelera ad honorem de esa compañía.
Hoy día, dicho malogrado voluntario recibirá los más altos honores de todos sus compañeros voluntarios y de la comunidad toda en su sepelio.
En este momento, mi pésame para su madre, señora María Sepúlveda Espinoza , y para su hermanita, que eran toda su familia. Sabemos que esto no compensa su irreparable pérdida, pero es un reconocimiento para quienes entregan todo y merecen más.
Desde este Congreso Nacional, expreso mis sinceras condolencias a su familia y a los bomberos de Río Bueno, en la persona de su superintendente, don Eduardo Holck , y de su comandante, don Walter Sonsach .
Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención al Cuerpo de Bomberos de Río Bueno y a la familia del voluntario mártir, don Eduardo Andrés Martínez Sepúlveda .
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Tuma y de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.28 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Girardi y Accorsi . Reforma a la ley de Tránsito en materia de uso del cinturón de seguridad en menores. (boletín Nº 3050-15)
“Una de las funciones más relevantes que debe ejecutar el Estado, procurando obtener su finalidad básica, es promover el bien común, concretándose dentro de la concepción instrumentista del Estado, que tiene como fundamento la dignidad y los derechos de las personas.
Los valores establecidos en nuestra Constitución tienen un carácter normativo e imponen a los operadores jurídicos la obligación de respetarlos y desarrollarlos.
Si se postula la existencia de derechos anteriores al Estado, y su consagración en la Carta Fundamental es por diversas razones: darles mayor divulgación, garantizar debidamente su ejercicio y para reglamentarlos adecuadamente, y con mayor razón si se considera que si todos los derechos se van a ejercer en sociedad, necesariamente ellos deberán ser objeto de limitaciones.
Cada órgano del Estado, en el campo de su competencia constitucional y legal recibe un mandato jurídico y político, según el cual tiene el deber de respetar los derechos fundamentales de todos los habitantes en el país y debe proyectar una acción promocional de los mismos, en orden a ampliar su vigencia real.
Una política nacional en la seguridad del tránsito, que tiene como objetivo convertir a Chile en un país con baja mortalidad resultado de accidentes del tránsito, requiere con urgencia un actuar conjunto e intersectorial, comenzando con una iniciativa legislativa que establezca normas tendientes a mejorar la vida en sociedad, haciendo efectiva la vigencia de una cultura basada en la seguridad de las personas, fundado en la práctica de hábitos y conductas, apoyados en un sistema jurídico que los garantiza, protege y promueve, es decir, un Estado que, como sostiene el artículo Nº 1 de la Constitución Política “está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.
Es por ello que, considerando que la seguridad de las personas frente a un accidente depende de las características de resguardo que posee el vehículo en el cual transita; se hace urgente plantear la necesidad de exigir mejores estándares de protección a sus vidas en particular en lo que se refiere a la vida e integridad de nuestros niños.
Una medida concreta en beneficio particular de los menores es exigir el uso obligatorio de cinturones de seguridad a todos los buses y vehículos de transporte escolar, atendido el hecho de la desprotección y accidentes que sufren permanentemente y por su mayor vulnerabilidad los menores que circulan y son transportados en estos vehículos. Al respecto, la Academia Americana de Pediatría recomienda el uso de asientos seguros en los vehículos que transportan niños de prekindegarten y preescolares, así como niños con déficit motor sensorial y cognitivo.
En segundo término, la propuesta no puede desatender la situación de los vehículos particulares para los cuales se propone la obligación de que los menores de 6 años (preescolares) deban viajar en los asientos traseros o si se opta por el delantero o el vehículo es de sólo una cabina, deba ir necesariamente con un sistema de seguridad acondicionado a su edad.
El desarrollo de los derechos que se pretende resguardar se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico como garantías constitucionales como se desprende de las siguientes disposiciones:
Art. 19 la Constitución asegura a todas las personas:
Nº 1. El derecho a la vida y a la integración física y psíquica de la persona.
Nº 9 inc. 1 y 2. “El derecho a la protección a la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud”.
Si se plantean como deberes del Estado la de normar, planificar, coordinar, controlar, ejecutar, debe considerarse como tarea prioritaria el fomento y protección a través de sus órganos, el derecho a la vida, que representa la facultad de exigir la conservación y la protección de la vida humana y en estrecha relación, la salud, concebida no sólo como una simple ausencia de una enfermedad física, sino abarcando aspectos sicológicos y una clara connotación social, a través de acciones que son absolutamente indelegables por parte del Estado: una regulación que comprenda normas básicas de protección, y una educación dirigida a prevenir, más aún si es de conocimiento público que un problema como los accidentes de tránsito, provocan la muerte a una persona cada 4,5 horas, es decir, 5 o 6 personas al día y 2.000 muertos al año, sin contar con el gasto que esto representa al país.
Según cifras de la Conaset, mueren anualmente 150 niños menores de 12 años en accidentes de tránsito, y alrededor de 7.200 resultan lesionados de diversa consideración. No existen en este país normas que reglamenten la forma de transportar a los niños como pasajeros de vehículos particulares o de transporte escolar.
La intensificación del uso del cinturón de seguridad a través de extender su uso obligatorio pensando especialmente en el interés de los menores, logrará disminuir las dramáticas estadísticas de muerte por accidentes de tránsito en Chile y permitirá, por la fuerza de la ley, establecer y orientar las conductas de resguardo y protección que establecen los adultos hacia los menores.
Por estas consideraciones proponemos el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Primero: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.290 de Tránsito.
1. Agrégase en el art. 79 Nº 10 el siguiente inciso segundo:
“Tratándose de buses y vehículos de transporte escolar, éstos deberán contar con cinturones o dispositivos de seguridad para menores en todos sus asientos y su uso será igualmente obligatorio para todos sus ocupantes”.
2. Agrégase el siguiente art. 85 bis nuevo:
“En todo vehículo motorizado los menores de 6 años no podrán ir en los asientos delanteros, a menos que vayan en sillas o con cinturones o dispositivos de seguridad especialmente acondicionados para su edad y peso”.
3. Agrégase el siguiente Nº 32 al art. 198 sobre infracciones graves:
“Contravenir las normas sobre uso de cinturones y dispositivos de seguridad para menores establecidas en los arts. 79 Nº 10 y 85 bis”.
Disposición Transitoria: “La norma establecida en el numeral 1 para el transporte escolar se hará exigible cumplido un año de vigencia de la presente ley”.