Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REMUNERADO DE ESCOLARES. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- DEBATE
- REGULACIÓN DE LOS CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REMUNERADO DE ESCOLARES. Proposición de la Comisión Mixta.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Y RESPONSABILIDADES FUNCIONARIAS EN DERRUMBE DE CERRO DE VALPARAÍSO Y DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO TRONCAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Alfonso Vargas Lyng
- Arturo Longton Guerrero
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Anibal Perez Lobos
- Camilo Escalona Medina
- Laura Soto Gonzalez
- Eliana Caraball Martinez
- Rosa Gonzalez Roman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ADECUACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL A LA LEY Nº 19.816, SOBRE LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Mario Varela Herrera
- Manuel Rojas Molina
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Cristian Pareto Vergara
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Eugenio Tuma Zedan
- Fernando Meza Moncada
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Roberto Delmastro Naso
- Leopoldo Sanchez Grunert
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Mario Varela Herrera
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Y RESPONSABILIDADES FUNCIONARIAS EN DERRUMBE DE CERRO DE VALPARAÍSO Y DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO TRONCAL.
- VII. INCIDENTES
- SUSPENSIÓN DE PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SANITARIAS. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE LA PUNILLA, EN SAN FABIÁN DE ALICO. Oficio.
- ASFALTADO Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS AGRÍCOLAS EN PARRAL. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN COMUNAS DE MACUL, SAN JOAQUÍN Y LA GRANJA. Oficio.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Ojeda Uribe
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Felipe Salaberry Soto
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE ORGANIZACIÓN CAPÍTULO CUARTO, DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Enrique Jaramillo Becker
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Salaberry Soto
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- ENTREGA DE ALMUERZOS A ORGANIZACIÓN UNPADE, DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Enrique Jaramillo Becker
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Salaberry Soto
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
-
MEDIDAS PARA SOLUCIONAR ENDEUDAMIENTO DE ENAMI. Oficio.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Mario Bertolino Rendic
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Enrique Jaramillo Becker
- Manuel Rojas Molina
- Mario Escobar Urbina
- Felipe Letelier Norambuena
- Felipe Salaberry Soto
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN SOBRE HIPOTECA DE INMUEBLE DE ESCUELA D-20 PARA PAGAR DEUDAS DE MUNICIPALIDAD DE ANGOL. Oficios
- ADHESION
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Mario Escobar Urbina
- Manuel Rojas Molina
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- ADHESION
- HOMENAJE A LAS MUJERES INDÍGENAS EN SU DÍA INTERNACIONAL.
- PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE ACTUACIONES DE ALCALDE DE FRESIA. Oficio.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Enrique Jaramillo Becker
- Edmundo Villouta Concha
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Manuel Rojas Molina
- Jaime Mulet Martinez
- Mario Escobar Urbina
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- SALUDO A LAS MUJERES INDÍGENAS EN SU DÍA INTERNACIONAL.
- SUPRESIÓN DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DIFÍCIL A PROFESORES DE COMUNA DE MARÍA ELENA. Oficios.
- ADHESION
- Manuel Rojas Molina
- ADHESION
- DECLARACIÓN DE OFICINAS SALITRERAS COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Oficio.
- ESTUDIO TÉCNICO DE TRÁNSITO EN CASCO CENTRAL DE ANTOFAGASTA. Oficio.
- ADHESION
- Mario Escobar Urbina
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A AUTORIDADES POR INICIO DE OBRAS EN SECTOR DE LOMAS COLORADAS, EN SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficios.
- RECHAZO A RESPUESTA DEL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS A OFICIO.
- REGLAMENTACIÓN DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA PROFESORES. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Marcelo Forni Lobos
- Pablo Galilea Carrillo
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Javier Hernandez Hernandez
- Pablo Longueira Montes
- Patricio Melero Abaroa
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Lily Perez San Martin
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- German Becker Alvear
- Roberto Delmastro Naso
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Rosauro Martinez Labbe
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Jose Ramon Barros Montero
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Juan Masferrer Pellizzari
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA
Sesión 38ª, en jueves 5 de septiembre de 2002
(Ordinaria, de 10.35 a 13.58 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana,
y del señor Salas De la Fuente, don Edmundo.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
Autorización a Comisión de Ciencias y Tecnología para sesionar simultáneamente con la Sala 11
V. Orden del Día.
- Creación del Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. Proposición de la Comisión Mixta 12
- Regulación de los casinos de juego y salas de bingo. Primer trámite constitucional 16
VI. Proyectos de acuerdo.
- Investigación de causas y responsabilidades funcionarias en derrumbe de cerro de Valparaíso y de muro de contención en camino Troncal 39
- Adecuación de señalética vial a la ley Nº 19.816, sobre límites máximos de velocidad 42
VII. Incidentes.
- Suspensión de proceso de adjudicación de la administración de empresas sanitarias. Oficio 46
- Construcción de embalse La Punilla, en San Fabián de Alico. Oficio 46
- Asfaltado y pavimentación de caminos agrícolas en Parral. Oficio 47
- Información sobre medidas de seguridad ciudadana en comunas de Macul, San Joaquín y La Granja. Oficio 47
- Antecedentes sobre organización Capítulo Cuarto, de la Cuarta Región. Oficio 48
- Entrega de almuerzos a organización Unpade, de la Cuarta Región. Oficios 48
- Medidas para solucionar endeudamiento de Enami. Oficio 49
- Investigación sobre hipoteca de inmueble de escuela D-20 para pagar deudas de municipalidad de Angol. Oficios 50
- Homenaje a las mujeres indígenas en su día internacional 50
- Pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre actuaciones de alcalde de Fresia. Oficio 51
- Saludo a las mujeres indígenas en su día internacional 52
Pág.
- Supresión de asignación por desempeño difícil a profesores de comuna de María Elena. Oficios 52
- Declaración de oficinas salitreras como patrimonio de la humanidad. Oficio 54
- Estudio técnico de tránsito en casco central de Antofagasta. Oficio 54
- Agradecimiento al Presidente de la República y a autoridades por inicio de obras en sector de Lomas Coloradas, en San Pedro de la Paz. Oficios 54
- Rechazo a respuesta del director nacional de Aduanas a oficio 56
- Reglamentación de cursos de perfeccionamiento para profesores. Oficio 57
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que adecua la legislación interna para implementar en Chile la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, y modifica el tipo penal de cohecho activo (boletín N° 2828-07) 58
2. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados al proyecto que modifica el decreto ley N° 1.939, de 1977, en lo relativo al sistema de concesiones de bienes fiscales (boletín N° 2821-12) (S) 59
3. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales (boletín N° 2972-07) (S) 59
4. Moción de los diputados señores Uriarte, Álvarez, Forni, Galilea, don Pablo; García, Hernández, Longueira, Melero, Urrutia y Von Mühlenbrock, que sanciona con mayor rigor el abigeato y facilita su investigación (boletín N° 3038-07) 63
5. Moción de la diputada señora Pérez, doña Lily, y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Becker, Delmastro, Errázuriz, García, Hidalgo, Kuschel, Martínez y Vilches, que modifica el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para combatir la impunidad en robos cometidos en lugares públicos y medios de locomoción colectiva, así como hurtos a supermercados y grandes tiendas (boletín N° 3044-07) 64
6. Moción de los diputados señores Errázuriz, Barros, García y Masferrer, que elimina la responsabilidad solidaria en accidentes de tránsito (boletín N° 3045-15) 66
7. Moción del diputado señor Muñoz que modifica el Código Penal incorporando como ilícito el porte de arma blanca en determinadas circunstancias y aumentando la penalidad en los casos en que fueran utilizadas en algunos delitos (boletín N° 3046-07) 67
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Barros, becas Presidente de la República otorgadas en la provincia de Cardenal Caro durante los años 2001 y 2002.
-Del diputado señor Navarro, proyecto Lota Ciudad Deportiva.
-Del diputado señor Burgos, forma en que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones están dando cumplimiento a las leyes Nº 19.693 y 19.676, destinadas a hacer más eficiente las funciones de estos servicios.
Ministerio de Economía, Fomento y Desarrollo
-De los diputados señores Víctor Pérez y Barros, problemas generados por la Cooperativa de Vivienda Habitacoop Ltda.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del diputado señor Kuschel, estudio minucioso del fenómeno marea roja.
Ministerio de Obras Públicas
-Del diputado señor Kuschel, camino a Río Chico Alto, Décima Región; construcción de pasarela desde La Capilla hacia el Valle; sistema de transbordadores y camino Pocoihuén Bajo Décima Región; resguardo de los intereses fiscales en la provincia de Valdivia.
-Del diputado señor Navarro, inversiones en Isla Sta. María, comuna de Coronel; extracción de áridos en Concepción por Sociedad Arenas Biobío Ltda., Octava Región; obras de construcción con Empresa Essbío, Octava Región.
-Del diputado señor Hidalgo, proyecto de mejora de sector pesquero artesanal en San Antonio.
-Del diputado señor Delmastro, sistema de peajes en concesión Temuco-Río Bueno.
-Del diputado señor Espinoza, reposición muelle Petrohué, Lago Todos Los Santos.
-Del diputado señor Villouta, accesos especiales para discapacitados en edificios públicos.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Kuschel, recortes y reorientaciones de los recursos de la Décima Región.
-Del diputado señor Vargas, subsidio de Indap entregado en villa Huaquén, Los Molles, comuna de La Ligua.
-Del diputado señor Bertolino, medidas fitosanitarias para la importación de papas procedentes de Argentina.
-Del diputado señor Espinoza, conservación de flora y fauna del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y coordinación con privados.
-Del diputado señor Saffirio, presupuesto para habilitación de oficina de Indap.
Ministerio de Bienes Nacionales
-Del diputado señor Leal, programas de regularización de inmuebles fiscales.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor Navarro, vertedero La Chimba, ciudad de Antofagasta.
-Del diputado señor Felipe Letelier, autorización para ingreso al país de productos transgénicos.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Ulloa, proyecto mejoramiento eje vial Paicaví, comuna de Concepción.
-Del diputado señor Meza, proyecto puente Blas Reyes de Loncoche.
-Del diputado señor Jarpa, Cooperativa Ángel Gabriel de Chillán .
-De la Corporación, ampliación de responsabilidades para empresas y municipalidades por instalaciones de gas defectuosas.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del diputado señor Navarro, infracciones cursadas por transporte de sustancias peligrosas.
-Del diputado señor Delmastro, modificación del sistema tarifario del pasaje escolar.
-Del diputado señor Ramón Pérez, sustitución de motor original en taxis.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Seguel, ceremonias de promulgación de leyes.
Intendencia de la Región del Biobío
-Del diputado señor Kuschel, actividades, costos y origen de los fondos de la Campaña de Promoción del plan Auge.
Municipalidad de San Antonio
-Del diputado señor Hidalgo, plan anual de desarrollo educativo.
Municipalidad de Rancagua
-Del diputado señor García-Huidobro, retiro de excedentes industriales acopiados en el sector de villa Corazón.
Municipalidad de Bulnes
-Del diputado señor Egaña, cierre del Puente Viejo sobre el río Biobío.
Municipalidad de Timaukel
-Del diputado señor Pedro Muñoz, organizaciones sociales, vecinales y deportivas.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (102)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Rebolledo González, Víctor Manuel PPD IV 7
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Alejandro Navarro.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 33ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 34ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya.
El señor PAYA.-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Ciencias y Tecnología, solicito autorización para sesionar simultáneamente con la Sala entre las 10.45 y las 11.45 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Pido el asentimiento de la Sala para acceder a lo solicitado.
Acordado.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señora Presidenta , en la sesión 30ª, celebrada el 14 de agosto, se tomó conocimiento de un oficio del Senado, por el cual propone -ellos ya lo hicieron- dar carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, para lo cual habría que modificar la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y el Reglamento de la Corporación.
Como no hemos tenido noticias en cuanto a una resolución de la Sala al respecto, pido enviar esta materia a la Comisión de Hacienda, con el objeto de que la discuta y presente un informe el próximo martes para que la Cámara tome una determinación, dado que se está acercando el plazo para estudiar la ley de Presupuestos del próximo año.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Señor diputado, entiendo que hubo acuerdo para enviar esos antecedentes a la Comisión de Hacienda hace un mes.
El señor LORENZINI .-
No han llegado oficialmente, señora Presidenta .
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Me preocuparé de averiguar en la Secretaría qué sucedió con esa materia, ya que es una proposición muy importante.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REMUNERADO DE ESCOLARES. Proposición de la Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 660-15, sesión 37ª, en 4 de septiembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señora Presidenta , no soy diputado informante , ya que, según entiendo, en este trámite sólo corresponde realizar tres intervenciones, una de las cuales haré yo.
Este proyecto está en el Senado desde hace ocho años, luego de ser sancionado por unanimidad por la Cámara de Diputados. En esa ocasión se aprobó la creación de un Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares , que consigne los antecedentes de los vehículos, de sus dueños y de quiénes los conducen.
La Cámara, por unanimidad, consideró que era necesario contar con un registro de transporte escolar. ¿Por qué? Porque esta actividad ha ido creciendo a lo largo del país y ha aumentado el número de transportistas. Además, porque los estable-cimientos educacionales no están asociados a un territorio y, por lo tanto, los estudiantes se mueven por distintos barrios y sectores.
Se dice que existen entre 10 mil o 15 mil transportistas de escolares. Incluso, algunos sostienen que fluctúan entre 20 mil y 25 mil -no existe una estadística precisa porque no hay ningún tipo de registro-. Por eso, se necesita uno, pues cumplen una función social muy importante. Los niños permanecen una hora al día arriba de estos vehículos, calculando media hora de ida y media hora de vuelta, y el ambiente que se genera con el conductor influye en su formación, en sus estados de ánimo, etcétera. Con seguridad, más de algún diputado debió ser transportado de este modo y vivió la experiencia.
¿Quiénes son los gestores de estos transportes? En general, pequeños empresarios, la mayor parte mujeres que quieren, por un lado, tener un ingreso y, por otro, cumplir la función social de trasladar los niños al colegio con niveles de seguridad, de acogida, de apoyo y de respaldo. Es una actividad tremendamente digna, importante y valiosa.
En países como Inglaterra, por ejemplo, el transporte escolar es financiado por la educación pública, porque cuando el niño se traslada de un barrio a otro para ir al colegio, el Estado debe preocuparse de que lo haga en las mejores condiciones posibles. Como la educación nuestra no está asociada al lugar donde se vive, existe la posibilidad de contratar a distintos transportistas.
Esta actividad de tanta importancia ha presentado irregularidades por la falta de formalización. Mucha gente entra en ella y sale de la misma, pero no siempre tiene la preparación y seriedad que se requieren. Es común que existan los “piratas”, es decir, personas que se dedican a esta labor sin pintar los vehículos y sin contar con experiencia. Está un tiempo y después se retira de ella.
Cada vez que ocurren determinados hechos o algún accidente, como el que ocurrió hace poco en la carretera -muy doloroso-, se genera una discusión y una ola de cierto desprestigio de esta actividad, pero, por la cantidad de niños que se transporta a lo largo del país, son similares a los que pueden ocurrir en otras partes.
Se han hecho muchos cursos a los transportistas de escolares. Además de que conduzcan bien, se les exige que traten a los niños de acuerdo con lo que han vivido en la jornada de colegio, de la que salen cansados, etcétera. La propia Federación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile, Fentetuch, ha planteado la necesidad de formalizar la actividad para modernizarse.
Dentro de este marco surge la necesidad de crear un registro de carácter público y obligatorio para saber quiénes cumplen con esta función.
Según el artículo 2º, el transporte remunerado de escolares lo puede realizar un colegio si así lo estima conveniente. Muchos establecimientos tienen sus propios vehículos.
En el registro se consignarán los antecedentes referentes al empresario de transportes, al propietario de los vehículos, al conductor y a las características del vehículo, así como otros antecedentes que el Ministerio de Transportes exija.
La forma y los requisitos para la inscripción los adoptará la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región en que se preste el servicio o donde ésta determine. Ese Ministerio cobrará los derechos que se establezcan mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
El empresario de transportes será el responsable de que en la prestación del servicio se cumplan todas las leyes, reglamentos y normas que correspondan.
La circulación de vehículos que no estén habilitados para el transporte de escolares constituye una infracción gravísima a la ley de Tránsito.
El empresario de transportes deberá entregar copia autorizada del certificado de inscripción en el o los establecimientos educacionales que atienda, así como a los padres y apoderados que lo requieran.
En el artículo 10 se plantea una aspiración que, si bien no es propia de esta iniciativa, es importante dejarla establecida. Las municipalidades deberán fijar paraderos próximos a los establecimientos educacionales, destinados exclusivamente a recibir y a dejar pasajeros de transporte escolar.
Todos sabemos que falta diseño arquitectónico en las ciudades y que ni en los espacios públicos ni al interior de los establecimientos existen estacionamientos de transportes de escolares. En la proposición de la Cámara de Diputados quedaba resuelto este problema, pero finalmente se estimó que la solución debía ser parte de la ley de Urbanismo y Construcciones, ya que en muchas calles los principales tacos se originan porque los vehículos de que se trata estacionan hasta en tercera fila enfrente o en el entorno de los colegios, con grave riesgo de accidentes.
Finalmente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá crear el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la futura ley.
Como dije al principio, hace ocho años que la Cámara aprobó por unanimidad el proyecto. Lamentablemente, el Senado, primero, no quiso legislar -dijo que había normas al respecto-, pero, después de muchas vueltas y gracias a una propuesta del Ejecutivo de absolución a las diferencias entre la Cámara y el Senado, fueron aprobadas en la Comisión Mixta sus indicaciones, también por unanimidad.
Por lo tanto, solicito a la Sala que apruebe la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Recuerdo a los colegas que en el debate que corresponde a proposiciones de comisiones mixtas sólo se consideran tres intervenciones, de diez minutos cada una. Por eso, a continuación intervendrá el diputado René Manuel García, y posteriormente el diputado Sergio Ojeda. Luego, se procederá a votar.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señora Presidenta , este proyecto tuvo un parto difícil. La Cámara lo aprobó hace ocho años. Se mandó al Senado, pero éste rechazó todos sus artículos.
Se trata de dar seguridad a los padres y a los hijos, porque no basta con pintar un furgón de color amarillo y salir a repartir niños. Se exigirá que quede identificado el dueño del vehículo y su conductor, que se cumplan los horarios y los convenios respectivos y, en general, que se respete a cabalidad la normativa.
Hay colegios que proporcionan el servicio de locomoción a sus alumnos, pero no se rigen por ninguna norma. En un bus se carretea a los alumnos de un lado a otro, sin autorización para hacerlo.
Con la diputada María Angélica Cristi presentamos una moción para exigir a estos vehículos ciertos requisitos. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. Es más, tiempo atrás, cuando estudiamos el proyecto motivo de la proposición de la Comisión Mixta, mucha gente nos preguntó por qué no considerábamos la seguridad de los niños, pero ese aspecto no debe confundirse.
Este proyecto crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares y establece normas para regular esta actividad, o sea, todo el sistema de transporte de escolares.
Cuando a un senador se le preguntó si se debe legislar para que los niños tengan más seguridad, contestó algo que me parece bien, en el sentido de que no todo debe arreglarse por ley, porque en este país se pide una ley cada vez que se presenta un problema.
En cuanto a la seguridad del transporte, podrían aprovecharse las facultades que se dan al Ministerio por la vía reglamentaria. ¿Para qué vamos a implementar una ley sólo por los cinturones de seguridad -en circunstancias de que eso se puede lograr vía reglamento-, a fin de exigir buenos neumáticos o para que se lleve la baliza, lo que también está normado? No pretendamos dictar una ley para cada cosa que se le ocurra a un parlamentario.
Lo que me parece fantástico del proyecto es que obliga a las municipalidades a fijar paraderos próximos a los establecimientos educacionales, destinados exclusivamente a recibir y a dejar pasajeros de transporte escolar. En ello convendrán conmigo los padres, apoderados, alumnos y choferes de este tipo de transporte. Creo que es una de las normas más importantes y la que brinda más seguridad a los alumnos. Ahora pasan vehículos por todas partes y no es fácil controlar a los alumnos.
Por otro lado, en la Comisión Mixta se me fue un detalle importante: procurar que el sentido del tránsito favorezca que la puerta por donde bajan los niños quede de cara al establecimiento. A menudo, sucede que está a la derecha y el establecimiento a la mano izquierda. Entonces, los niños se ven obligados a atravesar la calle.
Hago presente esa situación para que el señor ministro la consigne en el proyecto, con el propósito de que la puerta quede hacia el frente del establecimiento, de manera que, una vez abierta, el niño se dirija al colegio en forma segura.
El proyecto, aparte de reglamentar varios aspectos, da absoluta transparencia. Los padres o apoderados se podrán acercar a los conductores y pedirles su documentación para cerciorarse de que está en regla. De esa manera, la responsabilidad es compartida.
Por otra parte, hemos visto que muchos niños han tenido problemas con seudotransportes escolares, lo que no ocurre cuando están los verdaderos transportistas escolares. Por eso, nos interesa darle un corte definitivo a ese hecho con la aprobación de este proyecto.
Si el transporte de los niños es seguro, si las normas son claras, si se sabe quienes son los transportistas y se conocen las obligaciones del colegio, en definitiva, los niños estarán en buenas manos.
Los integrantes de la Comisión Mixta nos felicitamos por la colaboración que prestamos en la elaboración de esta iniciativa, que otorga tranquilidad a los niños, nuestro futuro, y permite a los padres saber con quienes van al colegio.
Por todo ello, la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente la proposición de la Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señora Presidenta , adelanto el pronunciamiento favorable de la bancada democratacristiana a la proposición de la Comisión Mixta. Creo que a todos nos causa satisfacción que se legisle mediante un proyecto de ley que lleva muchos años de tramitación en el Congreso.
La creación del Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares viene a ordenar este tipo de transporte tan especial, con una naturaleza tan propia, por cuanto los usuarios son niños que requieren la mayor seguridad que el Estado pueda brindarles, y a eso apunta la idea matriz del proyecto.
El transporte escolar se relaciona con muchas áreas dentro de la actividad escolar. Se vincula con los padres o apoderados, con los colegios, con los alumnos, con la municipalidad y con el Ministerio de Transportes. Ello indica su verdadera importancia y trascendencia.
¡En hora buena! Porque hoy el transporte escolar necesita mayor seguridad y seriedad. El registro significará más fiscalización de parte de las autoridades, a fin de que sólo los habilitados, porque cumplen todas las condiciones, puedan realizar la respectiva inscripción en los registros. En caso contrario, se expondrán a las sanciones que consignan las mismas disposiciones reglamentarias.
Es importante que esta materia sea considerada en su verdadera magnitud. Los dirigentes de transportistas escolares, con quienes tuve la ocasión de reunirme, me manifestaron la necesidad de contar con un registro y una reglamentación a fin de que ellos mismos, por lo ocurrido últimamente, puedan tener seguridad, respeto e imagen ante la opinión pública.
Es importante que el transporte escolar sea considerado en su real dimensión por los directores de los colegios. Muchas veces los alumnos no salen de clases a la hora convenida, lo que conlleva una alteración de la búsqueda de los demás alumnos. Por eso es importante hacer un llamado al Ministerio de Educación para que busque fórmulas que permitan el trabajo expedito de estos transportistas.
Por estas razones, la bancada democratacristiana prestará su total apoyo a la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Solicito la unanimidad de la Sala para concederle la palabra al diputado señor Gonzalo Ibáñez, quien desea plantear brevemente una observación.
Acordado.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-
Señora Presidenta , me referiré estrictamente al tema más importante. No obstante estar de acuerdo con la idea general, me asisten algunas dudas en lo particular. El inciso primero del artículo 7º señala: “La circulación de vehículos realizando transporte escolar, sin estar habilitados para ello, constituye una infracción gravísima a la ley Nº 18.290, de Tránsito”. Sin embargo, se trata del transporte escolar remunerado. Entonces, aquí falta esa palabra, porque tal como está, la norma se aplicará a cualquier vehículo que realiza transporte escolar. Y de ésos hay muchos.
Por eso, pido a los miembros de la Comisión Mixta que vean la manera de incorporar la palabra “remunerado”.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
No se abrirá debate sobre el tema, pues se trata de una proposición de perfeccionamiento formal del artículo 7º, para que se entienda que se refiere al transporte escolar remunerado; no al particular, que hacen los padres. Ésa es la visión del diputado señor Ibáñez.
Creo que podríamos encargar esa tarea a Secretaría.
El señor MONTES.-
No se puede, porque es proposición de la Comisión Mixta, señora Presidenta .
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Bueno, si no se puede, la ley quedará con esa imperfección.
En votación la proposición de la Comisión Mixta.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
REGULACIÓN DE LOS CASINOS DE JUEGO Y SALAS DE BINGO. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.
Diputados informantes de las Comisiones especial para el Desarrollo del Turismo, de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda son los señores Mario Bertolino, Exequiel Silva y Gastón von Mühlenbrock, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2361-23, sesión 14ª, en 6 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior, Turismo y de Hacienda, sesión 36ª, en 3 de septiembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nºs 7, 8 y 9, respectivamente.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Bertolino , informante de la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo.
El señor BERTOLINO .-
Señora Presidenta , la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo me ha designado, en reemplazo de la ex presidenta y ex diputada señora Marina Prochelle , para que informe sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República y enviado a trámite legislativo el 6 de julio de 1999.
La Comisión inició su estudio el 19 de julio del mismo año y lo aprobó en general, por unanimidad, el 3 de noviembre de 1999. Durante su permanencia en la Comisión, su Excelencia el Presidente de la República remitió, con fecha 14 de octubre de 1999 y 2 de agosto del año en curso, indicaciones al proyecto original.
Consideraciones preliminares.
En Chile, la creación de casinos de juego no ha sido el resultado de una política general y uniforme, con objetivos claros y coherentes, según lo demuestra la experiencia nacional e internacional. Una situación como la descrita ha impedido la generación en este rubro de un sector empresarial dinámico que contribuya en forma relevante al desarrollo de la industria turística y de las localidades en las que estos establecimientos operan. Lo anterior ha dado pábulo a que la decisión de crear casinos en determinadas localidades se haya efectuado sin considerar criterios rigurosos desde una perspectiva empresarial y comercial.
No se puede desconocer que, históricamente, la prohibición absoluta ha fracasado en la consecución de sus objetivos moralizadores y ha originado, de hecho, situaciones de tolerancia o de juego clandestino, con más peligros reales que los que se tratan de evitar y, además, un ambiente de inseguridad jurídica.
Se busca asegurar con mayor eficacia el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protección social que corresponden al Estado y, al mismo tiempo, lograr otras importantes finalidades complementarias de interés social y de defensa y fomento de los intereses fiscales.
La proliferación de casinos de juego con apuestas en el mundo ha sido muy rápida en los últimos años. Incluso, hoy los jugadores acceden a casinos a través de internet. Ésa es una de las principales razones para legislar al respecto, puesto que, de lo contrario, se tapará el sol con un dedo.
También es importante reconocer que los casinos favorecen a la industria turística local al aumentar el número de visitantes habituales y, por consiguiente, las tasas de ocupación tanto en hoteles como en otros servicios que se presta al turismo. Es decir, los casinos ayudan a agregar más amenidades y con ello ofrecen una ocasión para que el gasto de los turistas, ya captado por otros atractivos del lugar, sea mayor.
Con respecto al derecho comparado, para analizar el proyecto se tuvo presente lo que sucede en España, Perú, Venezuela y Argentina.
Nuestra Constitución Política, en su artículo 60, número 19, señala, como una materia de competencia legal, aquellas que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general.
Asimismo, el Código Civil, en sus artículos 1466 y 2258 a 2263, aborda los juegos de azar y dispone normas que los regulan.
El propio legislador, a través de diversos cuerpos legales, consagró la existencia de los casinos de juego, al autorizar a algunas municipalidades para concesionar su explotación a particulares.
La propuesta legislativa en materia de casinos implica crear un sector empresarial, como aporte a la industria turística, que profesionalice esa actividad.
Además, es menester imponer, también, como requisito de funcionamiento, que los operadores de casinos de juego se rijan por un sistema seguro y efectivo de controles internos.
En atención a lo señalado, el mensaje propone un proyecto de ley de carácter general, con lo cual se innova en cuanto al estilo tradicional de crear casinos en Chile. Por lo mismo, no se limita a priori el número de casinos que puedan existir, pues ello implicaría la introducción de elementos ajenos a un adecuado proceso de decisión.
Hago notar que este informe es de la Comisión especial de Desarrollo del Turismo y que existen dos más, de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, respectivamente, que presentan visiones distintas.
La norma constitucional tampoco se refiere a la necesidad de que las leyes que regulen el funcionamiento de apuestas deban operar a través del sistema de concesiones y que sean las municipalidades las administradoras de las mismas; por el contrario, la administración de cualquier sistema de apuestas nada tiene que ver con el propósito y sentido con que las municipalidades existen y se desenvuelven en nuestro ordenamiento institucional.
Por otra parte, así como en el mundo han surgido rápidamente los casinos de juego, también han tenido un desarrollo muy dinámico las llamadas salas de bingo o lotería familiar que constituyen un pasatiempo distinto de la concepción que inspira un casino. Incluso, en Chile, la práctica de este juego no es extraña; de hecho, en algunos de los actuales casinos también se ofrece y practica como uno de los juegos que explotan tales establecimientos.
Finalmente, cabe exponer la manifiesta necesidad de crear una autoridad fiscalizadora, que en este proyecto se ha denominado “Comisión Nacional del Juego” y que en las otras comisiones se ha reemplazado por “Superintendencia del Juego”.
En cuanto a sus ideas matrices, el proyecto en informe está diseñado como ley marco.
En el título I se contemplan disposiciones de carácter general.
En el título II se contienen disposiciones relativas al desarrollo de los juegos y apuestas autorizadas para practicarse en los casinos y salas de bingo.
En el título III se dispone que los establecimientos en que operen casinos de juego o salas de bingo, deberán tener como único destino la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el denominado “permiso de operación”.
En cuanto al personal de dichos casinos y salas de bingo, en este título se establecen los requisitos generales y las obligaciones para desempeñarse en ellos. Se impide expresamente, por ejemplo, trabajar en esta actividad a los menores de edad.
En el título IV se regula lo concerniente a la solicitud y requisitos exigidos para el permiso de operación de casino de juego o de sala de bingo.
En el proyecto no existen disposiciones que revistan el carácter de normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado.
La Comisión estimó que los preceptos contenidos en los artículos 32, 34, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 deben ser conocidos, reglamentariamente, por la Comisión de Hacienda.
Entre los artículos 1º y 4º se define qué son los juegos de azar, el catálogo de juegos, el casino de juego, las salas de bingo, los permisos de operación, la autoridad fiscalizadora, así como las demás definiciones que se requieren.
El artículo 9º establece quiénes no podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar, bajo ninguna circunstancia, apuestas en los casinos de juego o las salas de bingo. Por ejemplo, los funcionarios públicos o municipales que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos y las personas que, por encargo o mandato de la autoridad fiscalizadora, ejerzan labores fiscalizadoras en ellos.
Los establecimientos en que operen casinos de juego o salas de bingo autorizadas tendrán como único destino la explotación de los juegos y de los servicios anexos incluidos en el permiso de operación.
Al respecto, nuestra Comisión ha entendido que los casinos pueden tener en su interior una sala de bingo; pero las salas de bingo no pueden tener en sus dependencias un casino, sino sólo el bingo y máquinas tragamonedas.
Por otro lado, los permisos de operación deberán ser solicitados ante la Comisión del Juego, la que tendrá una serie de plazos establecidos para dar su venia a los posibles operadores, quienes siempre actuarán como sociedades anónimas.
Dicha Comisión requerirá los informes que estime pertinentes a cualquier otro órgano de la administración del Estado, teniendo especial interés en recibir el informe técnico que emitirá el Servicio Nacional de Turismo sobre el impacto y consideraciones turísticas del proyecto.
Los permisos de operación tendrán una vigencia establecida en la resolución respectiva y podrán extenderse hasta un máximo de diez años. Ese lapso se considera en función de las actuales concesiones de los siete casinos que funcionan en el país. Por lo tanto, una vez que se termine la vigencia de todas las concesiones, se procederá a renovarlas en la misma fecha.
El operador deberá iniciar la explotación del casino de juego en un plazo máximo de un año después de haber recibido su autorización.
Los permisos se extinguirán por una serie de situaciones, como el vencimiento del plazo, la renuncia o quiebra del operador o la revocación del permiso.
A la Comisión Nacional del Juego, o Superintendencia del Juego , le corresponderá fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y las normas técnicas, para la generación, administración y explotación de los casinos de juego y las salas de bingo que operen en el país.
Deberá conocer y resolver, dentro de 120 días, las solicitudes de permiso de operación de casinos y de salas de bingo.
La Comisión estará constituida por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por los aportes que anualmente le asigne la ley de Presupuestos; los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título; las herencias, legados y donaciones que acepte el servicio; los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios, y las demás que señale la ley.
En cuanto a su estructura y organización, un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de comisionado nacional del juego, o de superintendente -según lo que después se decida-, será el jefe superior del servicio.
La planta de personal de la Comisión Nacional del Juego estará conformada por once funcionarios y se dividirá en una planta de directivos y otra de profesionales.
Corresponderá al comisionado -entre otras funciones-: planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la comisión, y establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan.
En lo referente a la fiscalización, infracciones y delitos y sanciones, existirán multas que van desde una hasta cien unidades tributarias mensuales.
Serán sancionados con multas de una a diez unidades tributarias mensuales los operadores de casinos de juego o salas de bingo que permitan el ingreso o la permanencia en las salas de juego de las personas indicadas en el artículo 9º del proyecto que no están autorizadas para hacerlo.
Asimismo, habrá multas que pueden ir de 20 a 50 unidades tributarias mensuales para los operadores que alteren los implementos de los juegos.
Habrá un catálogo de juegos en el cual se incorporarán los únicos juegos autorizados que se desarrollarán en las salas de casino.
El título de la afectación dice relación con los impuestos que deberán pagar las sociedades operadoras de casinos.
Además del impuesto a la renta que paga cualquier sociedad, el artículo 53 establece un impuesto, de exclusivo beneficio fiscal, ascendente a un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juegos de los casinos de juego y salas de bingo que operen en el territorio nacional. Equivale al valor de la entrada que deberá pagar cada jugador.
Este tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención.
El artículo 54 establece un impuesto del diez por ciento que se determinará, recaudará y pagará en conformidad a las reglas que se indican:
a) El impuesto se calculará sobre la base de la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados durante el ejercicio respectivo;
b) El impuesto se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que el contribuyente tiene para efectuar pagos provisionales mensuales, establecido en el artículo 84, letra a), de la ley sobre impuesto a la renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974;
c) Las sumas que los contribuyentes paguen por aplicación de las normas contenidas en este artículo, serán destinadas a incrementar, por el solo ministerio de la ley, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. O sea, el diez por ciento de tributos irá a dicho Fondo.
El artículo 55 dispone que los contribuyentes señalados en el artículo 52 pagarán, además de los tributos antes señalados, un impuesto del diez por ciento, calculado en la forma establecida en el artículo anterior, el que se destinará a incrementar el Fondo Común Municipal.
El artículo 57 establece que la Tesorería General de la República deberá registrar separadamente los ingresos provenientes de los impuestos establecidos en los artículos 54 y 55, con el objeto de girar las sumas que correspondieren, en la oportunidad señalada por la ley, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o al Fondo Común Municipal, según corresponda.
El proyecto de ley contiene dos disposiciones transitorias.
El artículo 1º señala: “Los casinos de juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa anterior a dicho vencimiento, permitiéndose prórrogas o renovaciones de dicha concesión que no puedan exceder el 31 de diciembre del año 2015”.
El artículo 2º indica: “Las leyes a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes, y vigentes a la publicación de esta ley, se extingan por cualquier causa”.
Finalmente, dejo constancia de que la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo estuvo integrada por los ex diputados señores Rafael Arratia , Homero Gutiérrez , Iván Mesías , Joaquín Palma , Salvador Urrutia y la ex diputada Marina Prochelle , y por los diputados señores Francisco Encina , Carlos Kuschel , Jaime Mulet , Carlos Recondo , Manuel Rojas, Lepoldo Sánchez y quien habla.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Exequiel Silva, informante de la Comisión de Gobierno Interior.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, paso a informar acerca del proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.
Hago presente que, debido a los cambios en la composición de esta Cámara y al poco tiempo que han tenido sus nuevos integrantes para evaluar esta iniciativa, la idea de la Comisión de Gobierno Interior es que vuelva a ser considerada por ella, en segundo trámite constitucional, además, porque se han presentado varias indicaciones.
Me referiré, en términos generales, a algunos temas del proyecto respecto de los cuales persisten algunas dudas y aprensiones.
En primer lugar, ¿qué pasará con los siete casinos que hoy están en funcionamiento?
En segundo lugar, ¿cómo se definirá la distribución de recursos? Ello porque la mayoría de los miembros de la Comisión no están de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo.
En tercer lugar, si se regulará o no el número de casinos existentes en el país.
También es necesario decir por qué se crea esta ley marco.
Hasta hoy la creación de un casino requiere de una ley especial que, en definitiva, se rige por la vía de la excepción. La ley general prohíbe los juegos de azar y, por lo tanto, por dicha vía se han ido creando distintos casinos que hasta la fecha alcanzan el número de siete.
Por tanto, uno tendría que preguntar si esta prohibición debe mantenerse o estableceremos, como actividad lícita, el establecimiento de casinos y juegos de azar.
No parece lógico que para algunas ciudades el juego sea lícito, y para otras esté absolutamente prohibido por las normas legales.
Estos son los temas que debemos resolver.
Cada uno de los casinos se ha creado a través de una ley distinta. O sea, los tiempos de concesión y las normas que los regulan son diferentes, y no existe una norma general, que es lo que se pretende establecer con esta ley marco.
Todos coincidimos en el impacto que representa la instalación de un casino sobre la actividad turística, no como la creación de oferta turística, sino como acompañamiento a una ya existente.
Hemos analizado la legislación comparada de España, Perú, Venezuela y Argentina, y en algunas tendemos a coincidir y en otras creemos que podemos tomar nota de sus ejemplos negativos.
Este proyecto de ley tiene siete títulos.
El título I dice relación con la regulación del juego y las entidades donde se realiza.
Es necesario señalar que hoy, en el país, nadie regula el juego, cómo funcionan las máquinas, si efectivamente el azar está presente en una máquina tragamonedas, en una ruleta, etcétera. No hay una institución que fiscalice y se indica que, por lo complejo de la situación, el otorgamiento de permisos sigue siendo facultad administrativa del Estado.
Se establece una serie de definiciones para tener claridad sobre los temas de que trata este proyecto de ley, qué son los juegos de azar, el catálogo de juegos, el casino de juego, la sala de bingo, el permiso de operación, la licencia de explotación, los servicios anexos, el establecimiento, el personal del casino, la autoridad fiscalizadora, etcétera. Esto es tremendamente importante, por cuanto la exigente regulación de esta actividad requiere de definiciones precisas sobre cada una de las instancias que pretende regular.
En los títulos I y II se disponen los juegos y sus normas. Se explica el catálogo de juegos; se entrega a la autoridad fiscalizadora la potestad de definir y regular los juegos que pueden desarrollarse en un casino, y se señala su forma de ejecución y las responsabilidades de los operadores privados que realizarán la actividad, incluso estableciendo, en una enumeración estricta, las prohibiciones de ingreso a los casinos de juego y a las salas de bingo.
El título III, de los establecimientos y el personal, se refiere a la explotación de los juegos y de los servicios anexos, los cuales serán fiscalizados por la Comisión Nacional que se crea a partir de la propia ley.
Se agrega que los establecimientos -a diferencia de lo que hoy existe-, serán de propiedad del operador o tenidos en arriendo o comodato por éste.
Se indican las prohibiciones y regulaciones a que se sujetará el personal que opere y trabaje en los casinos y se mencionan las facilidades que deberán otorgar los operadores privados a la Comisión que inspeccione un establecimiento, a fin de que ésta -que preocupa mucho- sea muy estricta, fundamentalmente por las cantidades de recursos -digámoslo claramente-, el peligro de actividades de lavado de dinero u otras.
El título IV, del permiso de operación para operar un casino de juego o una sala de bingo -quizás, uno de los pilares fundamentales del proyecto-, establece que sólo podrán optar a él las sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile de acuerdo con las normas de control que rigen a las sociedades anónimas abiertas.
Asimismo, se indican: el objeto social exclusivo -cual es, la explotación de un casino de juego o de una sala de bingo-; el número de socios; el capital social, las acciones de la sociedad, los accionistas, la vigencia de la sociedad y su domicilio, las condiciones para ser socios, la solicitud de operación, cómo debe realizarse ante la Comisión Nacional, cuáles son los antecedentes que se deben acompañar -que, a la luz de la lectura del articulado, son bastante exigentes-; los organismos que deben dar su opinión ante la Comisión -partiendo por el gobierno regional-; cómo debe establecerse la resolución fundada que otorgue, deniegue o renueve el permiso de operación, y los plazos y las condiciones en que un operador deberá iniciar la operación.
Todo en el párrafo 2º de este título se relaciona con la extinción y revocación del permiso de operación por el no cumplimiento de las normas establecidas en el proyecto de ley.
El párrafo 1º del título V se refiere a la creación, naturaleza y funciones de la Comisión Nacional de casinos de juego y salas de bingo. Aquí se ha cambiado la denominación de “Comisión Nacional del Juego” que establece la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo, puesto que, por su amplitud, podría considerar cualquier juego de azar.
En cuanto al Consejo Resolutivo, este título trata sobre: la creación de la Comisión Nacional, sus facultades, el establecimiento de su planta de once cargos, la creación del cargo de comisionado nacional, nombrado por el Presidente de la República , y de sus atribuciones o facultades. Se trata de un funcionario y de una Comisión con bastante poder a fin de regular una actividad que, como he señalado, puede ser cuestionada por muchos.
El título VI dice relación con la fiscalización, las infracciones, los delitos y las sanciones, y el título VII, con la afectación.
Este último título tiene un artículo muy importante, porque, más allá de la afectación, en términos tributarios, y de la alusión a distintas leyes, se refiere a la distribución de los dineros que se generan en los casinos.
En síntesis, el proyecto propone que una porción de los impuestos recaudados vaya al Fondo Común Municipal, y otra, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Los parlamentarios miembros de la Comisión de Gobierno Interior estimamos que esta fórmula debe cambiarse en el sentido de distribuir esos recursos entre la región y la municipalidad donde estén instalados los casinos.
Finalmente, a través de las disposiciones transitorias se pretende dar un plazo razonable a los siete casinos existentes, regulado por las actuales concesiones -de acuerdo con la ley que creó cada uno de ellos-, para que se adecuen a las normas de este proyecto.
Hago notar que la iniciativa nació de una discusión que se generó por el alto número de proyectos que había en esta Cámara para crear casinos de juego, cual es, hasta hoy -como señalé- la única forma de proceder.
En consecuencia, el Ejecutivo propuso este proyecto de ley marco para que, a partir de criterios que determinen organismos como la Comisión Nacional de casinos de juego y salas de bingo, a la luz de los antecedentes que la ley señala que deben presentar los operadores para crear un casino y fijar las restricciones que ello conlleva, sea ésta la vía que determine cómo establecer los casinos de juego.
En segundo lugar, crea una instancia que no tan sólo debe otorgar permisos de concesión, sino también efectuar una fiscalización permanente a una actividad que hoy sólo cuenta con el seguimiento de la Superintendencia de Seguros y Valores, la que ésta canaliza en relación con su ámbito de inspección; pero no en cuanto a los juegos de azar, actividad fundamental y única que desarrollan estos casinos de juego y salas de bingo.
Espero que la Sala apruebe rápidamente el proyecto y recoja las indicaciones presentadas. Estimamos que es una discusión que debe generarse por parte de todos los parlamentarios. Por tal motivo, consideramos positivo apurar el despacho del proyecto, a fin de contar, en una segunda discusión, con la posibilidad de recoger las indicaciones y mejorar la iniciativa. En este sentido, no podemos frenar permanentemente las aspiraciones de muchas ciudades del país que pretenden tener un casino de juego para mejorar su oferta turística.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock, informante de la Comisión de Hacienda .
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señora Presidenta , la Comisión de Hacienda pasa a informar sobre este proyecto de ley en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Francisco Vidal , subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo ; Eduardo Pérez , Rodrigo Cabello y Alexis Yáñez , asesores del Ministerio del Interior, y Manuel Brito , Carlos Pardo y la señora Gabriela Maturana , asesores del Ministerio de Hacienda.
Especialmente invitados asistieron la señora Adriana Peñafiel , alcaldesa de La Serena , y los señores Bernardo Burger , alcalde de Valdivia ; Eduardo Aguilera , alcalde de Tomé ; Roberto Urrutia , alcalde de Constitución ; Jorge Kaplán , alcalde de Viña del Mar ; Radindranath Quinteros , alcalde de Puerto Montt ; Carlos Barra , alcalde de Pucón ; Esteban Velásquez , alcalde de Calama ; Luis Viveros , alcalde de Cañete ; Ramón Bahamondes , alcalde de Puerto Varas ; Miguel Márquez , alcalde de San José de Maipo ; Luis García , alcalde de El Tabo ; Ernesto Lo , alcalde subrogante de Iquique ; Osvaldo Riederman y Pedro Burgot , concejal y director de Turismo de Panguipulli , respectivamente.
Constancias previas:
1. Origen y urgencias.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , calificada de “simple” urgencia.
2. Disposiciones o indicaciones rechazadas.
Fueron rechazadas la letra c) del artículo 52, y los artículos 53, 54 y 55.
3. Artículos que no fueron aprobados por unanimidad: los artículos 51 y 57.
El propósito de la iniciativa consiste en establecer una ley marco que sirva de base para regular en el país lo relativo a la autorización, funcionamiento y fiscalización de las entidades que operen como casinos de juego y salas de bingo, así como el destino de parte de las utilidades que genere su actividad.
El proyecto contiene 57 artículos permanentes y dos transitorios, agrupados en siete títulos.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 5 de julio de 1999, establece que la planta de personal de la Comisión Nacional del Juego, que se crea, tendrá un costo fiscal total anual, en régimen, de 175.584.000 pesos, considerando un máximo de 11 cargos para el funcionamiento del servicio.
Con fecha 27 de agosto de 2002, el informe financiero se actualizó en los términos siguientes: el costo fiscal anual, en régimen, que irroga el artículo 34 para un máximo de 11 cargos, es de 200.741.000 pesos.
Además, se precisa que la iniciativa no importará un mayor gasto fiscal para el ejercicio presupuestario del año 2002.
En el debate de la Comisión, el señor Francisco Vidal expuso que actualmente existen siete casinos de juego en Chile, los que han sido creados en cada oportunidad en virtud de una ley especial que se ha dictado al efecto. Sostuvo que, a partir del año 1996, diversos parlamentarios, tanto senadores como diputados, han manifestado su interés en que se autorice la creación de nuevos casinos de juego en distintas ciudades de Chile. En consideración a ello, el Ejecutivo de entonces estimó que era necesario contar con una normativa de carácter general que regulara dicha actividad, razón por la que presentó un proyecto de ley marco sobre el particular.
Señaló que la tramitación de la citada iniciativa se inició con un largo debate en la Comisión especial de Turismo, para luego continuar en la de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y, finalmente, pasar a la de Hacienda.
Manifestó que el Gobierno actual considera necesario contar con una legislación moderna que regule una actividad que, hasta ahora, ha estado reservada a unos pocos, sin perjuicio de que el proyecto de ley también contemple los debidos resguardos para los siete casinos de juego existentes.
Argumentó que la historia demuestra que es imprescindible establecer sistemas de fiscalización y supervisión para este sector de la economía, lo que ocurre en casi todos los países del mundo.
Puso énfasis en que la nueva legislación debe basarse en criterios de desarrollo regional y comunal.
El señor Eduardo Pérez recalcó que el proyecto de ley considera que los juegos de azar son ilícitos y que sólo se permitirán bajo determinados requisitos y condiciones. Afirmó que una decisión de la autoridad permitará o no el funcionamiento de nuevos casinos de juego.
Planteó que, hasta ahora, la actividad en cuestión ha sido una suerte de monopolio legal, pues se requiere de una ley específica para abrir un casino y, además, de una concesión municipal. Al respecto, puntualizó que éstas son diferentes en cada caso, ya que los municipios han exigido, por ejemplo, un porcentaje de las utilidades, o bien una cantidad fija de dinero.
Sostuvo que los municipios sólo se han preocupado de fiscalizar los aspectos contables de la actividad, pues tienen interés directo en ello. Sin embargo, no se ocupan de controlar las condiciones del juego mismo. Por esta razón, la iniciativa propone una nueva instancia de fiscalización que velará por la corrección del juego, a fin de que se trate efectivamente de un juego de azar. Este nuevo órgano tendrá el carácter de servicio público, similar al de una Superintendencia.
Por último, señaló que el proyecto de ley establece una nueva nomenclatura relativa a los ilícitos penales que pueden cometerse en el ámbito de los juegos de azar. Añadió, al respecto, que hoy no se cuenta con instrumentos adecuados para perseguir y sancionar el juego ilícito.
El diputado Alvarado, don Claudio , planteó que, de aprobarse el proyecto de ley en estudio, la constitución de casinos pasará a ser la norma general, razón por la que existirá mayor competencia en este ámbito. Agregó que, no obstante, la iniciativa no considera la operación de casinos de juego en los buques de turismo, lo que, a su juicio, deja en desventaja a las empresas chilenas que se dedican a ese negocio, el que, sin embargo, realizan libremente los barcos extranjeros cuando surcan aguas nacionales, aun cuando no están autorizados para ello.
El diputado Cardemil, don Alberto , opinó no estar convencido acerca de la necesidad de liberalizar el régimen de autorización de casinos. Le parece que existirán enormes presiones sobre la Comisión encargada de otorgar dichas autorizaciones; en cambio, actualmente ello queda restringido a la aprobación de una ley especial, por lo que se trata de una decisión ponderada y adoptada por el Congreso Nacional.
En respuesta a diversas consultas formuladas por los señores diputados, el señor Francisco Vidal destacó que el proyecto de ley no suprime los actuales casinos, sino que deja vigente su autorización de funcionamiento hasta el término de la concesión respectiva.
Precisó que, en cuanto a la distribución de utilidades, la iniciativa propone que el diez por ciento se destine al Fondo Común Municipal y el diez por ciento a la municipalidad de la comuna en que funcione el casino.
El señor Eduardo Pérez hizo presente que, entre otros puntos, el tema de los casinos de juego en los buques de turismo tampoco ha sido definido en el proyecto. Al respecto, cree que la iniciativa no los contemplaría, ya que el concepto de establecimiento que en ella se consigna no les sería aplicable.
Sostuvo que el rol del Estado en la fiscalización de los casinos de juego tiene su fundamento en las normas de orden público económico consagradas en la Constitución Política, pues habría un interés general que cautelar. Agregó que, por esa misma razón, existe fiscalización en materia de isapres, aefepés, bancos, etcétera.
Por otra parte, señaló que sería complejo limitar la autorización de casinos de juego, por ejemplo, a dos por región, pues el fundamento constitucional para ello no parece claro. A su juicio, el proyecto de ley no persigue estimular la creación de casinos, sino sólo reglamentar un sector de la economía, como corresponde.
De las distintas exposiciones realizadas por los señores alcaldes, que constan en las actas de la Comisión, es conveniente destacar los siguientes comentarios que se fundamentan en las experiencias de aquéllos cuyos municipios se han visto favorecidos por la actividad de casinos de juego y salas de bingo o que representan una aspiración en orden a acoger en sus comunas dichas actividades de esparcimiento.
No existe oposición a que se creen nuevos casinos a través de una legislación marco como la propuesta, siempre que su existencia esté vinculada a las características especiales para el turismo que pueda tener el lugar o ciudad elegida. Repito, siempre que esté vinculada al lugar o a la ciudad elegida que tenga una vinculación con el turismo.
Se cuestiona la distribución de los recursos que hace el proyecto, ya que los municipios que tienen casino en la actualidad obtendrán cantidades insignificantes de recursos, generándose un impacto negativo importante, por esa vía, en los ingresos presupuestarios de tales comunas. Se postuló que, al menos, el cincuenta por ciento de las utilidades de los casinos de juego debe quedar en la respectiva comuna.
No sería aconsejable autorizar el funcionamiento de casinos en la ciudad de Santiago, ya que, si así se hiciera, disminuiría la afluencia de público a los casinos ubicados en regiones, con lo cual se vería dificultada su subsistencia.
Del análisis que efectuó la Comisión respecto de las opiniones entregadas por los señores alcaldes, se concluyeron los siguientes criterios con el subsecretario de Desarrollo Regional, en la idea de que fueran plasmados en las indicaciones correspondientes: a) modificar los porcentajes de distribución de los recursos involucrados, así como los mecanismos propuestos. Sobre el particular, se postuló que podría establecerse, por ejemplo, que el cincuenta por ciento de los recursos permaneciera en la comuna en que se encuentra ubicado el casino y que el cincuenta por ciento restante fuera distribuido entre las comunas de la respectiva región; b) contemplar un período de transición para que se incorporen los actuales municipios a la nueva normativa, plazo que podría ser de cinco años; c) no establecer límites en la ley en cuanto al número de casinos de juego que se puedan abrir por región, y d) fijar criterios mínimos para vincular la apertura de un casino de juego a una zona eminentemente turística.
La Comisión especial para el Desarrollo del Turismo dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 32, 34, y 52 al 59 del texto aprobado por ella. Por su parte, la Comisión de Gobierno Interior incluyó entre dichos artículos, el 28 al 34 y el 50 al 57 del texto aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar que la Comisión optó por pronunciarse por el último texto propuesto que corresponde al de la Comisión de Gobierno Interior.
En el artículo 28 del proyecto se crea la “Comisión Nacional de casinos de juego y salas de bingo”, organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por el proyecto en informe y su reglamento, y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior.
En el inciso segundo se establece que estará a cargo de un comisionado nacional. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que establezca en otras ciudades del país.
Sobre el particular, se hizo hincapié en la Comisión que en la actualidad no existe un órgano que se encargue de la fiscalización del juego como tal, ya que cada municipio realiza las labores de supervigilancia que estima del caso. Recalco la importancia de tener presente esta realidad.
Ante sendas consultas sobre la naturaleza jurídica que tendría la referida Comisión Nacional y el hecho de que la sede del nuevo órgano se radicara en Santiago, los representantes del Ejecutivo opinaron que no ven inconveniente para cambiar su denominación por la de Superintendencia de casinos de juego y salas de bingo, y que, normalmente, los órganos con carácter de nacionales tienen su domicilio en la capital del país.
Los diputados señores Escalona, Lagos , Lorenzini , Jaramillo , Ortiz y Silva formularon indicación para reemplazar la expresión “Comisión Nacional” por la de “Superintendencia”.
Puesto en votación el artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.
En vista de la anterior modificación introducida al proyecto, corresponderá hacer las adecuaciones de texto en el resto del proyecto respecto de la Comisión Nacional y del comisionado nacional.
En el artículo 29 se dispone que “corresponderá a la Comisión supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas, para la generación, administración y explotación de los casinos de juego y las salas de bingo que operen en el país”.
Los diputados señores Cardemil , Escalona , Lorenzini y Ortiz presentaron indicación para reemplazar la expresión “generación” por “instalación”.
Sometido a votación el artículo 29 con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 30 se señala que la Comisión tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
“1. Requerir, recabar y reunir la información y antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de casinos de juego y de salas de bingo, a la ampliación o reducción de las licencias de juego y de los servicios anexos, y los relativos a la renovación y revocación de tales permisos;
“2. Fiscalizar las actividades de los casinos de juego y las salas de bingo, y sus sociedades operadoras, en los aspectos jurídicos, financieros y contables, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley y sus reglamentos;
“3. Determinar los principios contables de carácter general, conforme a los cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial, sobre la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros;
“4. Fiscalizar el desarrollo de los juegos, según las normas reglamentarias de los mismos, como también el correcto funcionamiento de las máquinas e implementos usados al efecto;
“5. Autorizar al operador para contratar con terceros la administración y prestación de los servicios anexos comprendidos en el permiso de operación;
“6. Controlar el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes, que el reglamento respectivo determine, para las personas que desempeñen funciones en las salas de juego o en las demás dependencias del establecimiento;
“7. Convenir con las municipalidades o con otros servicios de la administración del Estado, e incluso con entidades privadas acreditadas ante la Comisión, la realización de acciones específicas de fiscalización de los casinos de juego o salas de bingo, conforme se establezca en el reglamento respectivo, y
“8. Homologar las máquinas e implementos de juego que podrán utilizarse en los casinos de juego y en las salas de bingo, para cuyo efecto la Comisión mantendrá un registro actualizado. El reglamento determinará el procedimiento y los derechos de homologación”.
Se opinó en la Comisión que la autorización para crear un casino debiera corresponder al ministro del Interior , previo informe de la Superintendencia del sector. Debo enfatizar la importancia de esta proposición.
Puesto en votación el artículo 30, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 31 precisa que “el patrimonio de la Comisión estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso y, en especial, por:
a) Los aportes que anualmente le asigne la ley de Presupuestos;
b) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio;
c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios, y
d) Los demás que señale la ley.
En el inciso segundo se preceptúa que “las donaciones en favor de la Comisión no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecido en la ley Nº 16.271”.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 32 dispone que “un funcionario nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza, con el título de comisionado nacional, será el jefe superior del Servicio, tendrá la representación judicial y extrajudicial del mismo, y las demás funciones y atribuciones que establezcan la ley y los reglamentos respectivos”.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 33 se establece la siguiente planta de personal de la Comisión Nacional:
1
En el inciso segundo se plantea: “El comisionado, mediante resolución interna, determinará las funciones y el personal adscrito a cada departamento o unidad”.
En el inciso tercero se señala: “Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá, además, contratar personal asimilado a grado o sobre la base de honorarios para asesorías, estudios o servicios determinados. También podrá solicitar en comisión de servicio a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la Administración del Estado.
Se planteó en la Comisión que las funciones que tendrá la Comisión o Superintendencia hacen necesario dotarla de una planta de personal más numerosa que la propuesta.
El Ejecutivo formuló indicación para agregar los siguientes incisos, a continuación del inciso primero, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:
“Además de los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado contemplados en la ley Nº 18.834, establécense los siguientes requisitos especiales para los cargos de la planta que en cada caso se indican:
“Directivos:
“Superintendente: Título profesional de una carrera de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste y una experiencia profesional mínima de diez años;
“Jefes de Departamentos: Título profesional de una carrera de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste y una experiencia profesional mínima de cinco años; y “Profesionales: Título profesional de una carrera de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.
“El régimen de remuneraciones del personal de la Superintendencia será el correspondiente a las instituciones fiscalizadoras. Tendrá, asimismo, derecho a la asignación de modernización establecida en el artículo 1º de la ley Nº 19.553”.
Puesto en votación el artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 34 se dispone que “corresponderá al comisionado nacional:
“1) Dirigir y organizar el funcionamiento de la Comisión;
“2) Establecer oficinas regionales cuando las necesidades del servicio así lo exijan;
“3) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión;
“4) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del servicio. En ejercicio de estas facultades podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza;
“5) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia;
“6) Nombrar y remover al personal del servicio, de conformidad con las normas estatutarias;
“7) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades y materias fiscalizadas; elaborar instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su cumplimiento;
“8) Impartir instrucciones contables de carácter general, conforme a las cuales las entidades fiscalizadas deberán dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley y los reglamentos, en especial aquéllas que regulen la presentación de balances y estados de situación financiera de las entidades fiscalizadas, y la forma en que deberán llevar su contabilidad;
9) Requerir de los organismos del Estado los informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
“10) Imponer las sanciones y multas que establecen la presente ley y demás disposiciones legales o reglamentarias, que regulen la actividad de los Casinos de Juego o de las Salas de Bingo;
“11) Examinar, sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las entidades fiscalizadas; y requerir de sus representantes y personal en general, todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor inteligencia de las labores de fiscalización. Las mismas facultades tendrá el comisionado respecto de los terceros que administren y presten servicios anexos en el establecimiento.
“Salvo las excepciones autorizadas por el comisionado mediante resolución, todos los libros, archivos y documentos de las entidades fiscalizadas deberán estar permanentemente disponibles para su examen en el establecimiento del Casino de Juego o Sala de Bingo;
“12) Realizar visitas inspectivas, directamente o por intermedio de sus inspectores o funcionarios, a las entidades sometidas a su fiscalización, con la frecuencia que estime conveniente;
“13) Citar a cualquier persona que preste servicios en o para un Casino de Juego o Sala de Bingo, a prestar declaración bajo juramento, acerca de cualquier hecho o circunstancia cuyo conocimiento estimare necesario para esclarecer alguna operación de las entidades fiscalizadas o la conducta de su personal;
“14) Suspender, total o parcialmente, el funcionamiento de un Casino de Juego o una Sala de Bingo, cuando el operador no cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, de conformidad con el reglamento. El operador podrá solucionar los reparos en el plazo que al efecto determine el comisionado nacional;
“15) Accionar judicialmente respecto de la explotación y práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley, como asimismo, por los delitos e infracciones de que tome conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y
“16) Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley”.
En el inciso segundo se precisa que, “sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que el proyecto le confiere, el comisionado nacional deberá poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga para que éstos ejerzan las facultades fiscalizadoras que les sean propias”.
Sometido a votación el artículo 34, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 50 dispone: “Sin perjuicio de los gravámenes establecidos en la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, y en la ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el decreto ley N° 825, ambos de 1974, y demás establecidos en leyes especiales, los contribuyentes que administren, en la forma prescrita por esta ley, casinos de juego o salas de bingo o los servicios anexos a dichos casinos o salas, deberán pagar los impuestos especiales que se indican en los artículos siguientes”.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 51 establece un impuesto, de exclusivo beneficio fiscal, de un monto equivalente al 0,07 de una unidad tributaria mensual, que se cobrará, en cada oportunidad, por el ingreso a las salas de juegos de los casinos de juego y salas de bingo que operen en el territorio nacional.
El inciso segundo dispone que el tributo tendrá la calidad de impuesto sujeto a retención y deberá ser ingresado a rentas generales de la Nación dentro de los doce primeros días del mes siguiente al de su retención, por los operadores de los Casinos de Juego o Salas de Bingo señalados en el inciso anterior Puesto en votación, fue aprobado por 7 votos a favor y 4 en contra.
El artículo 52 establece un impuesto del diez por ciento que se determinará, recaudará y pagará, en conformidad con las reglas que se indican:
a) El impuesto se calculará sobre la base de la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en la explotación de los juegos autorizados, durante el ejercicio respectivo;
b) El impuesto se declarará y pagará mensualmente, en el mismo plazo que el contribuyente tiene para efectuar pagos provisionales mensuales, establecido en el artículo 84 letra a) de la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974, y
c) Las sumas que los contribuyentes paguen por aplicación de las normas contenidas en este artículo, serán destinadas a incrementar, por el solo ministerio de la ley, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se hubiere efectuado la declaración y pago correspondientes.
Sometido a votación, el artículo fue aprobado por unanimidad, salvo la letra c), que fue rechazada por 3 votos a favor, 7 en contra y una abstención.
El artículo 53 dispone que los contribuyentes señalados en el artículo 50 pagarán, además de los tributos antes señalados, un impuesto del diez por ciento, calculado en la forma establecida en el artículo anterior, el que se destinará a incrementar el Fondo Común Municipal en el ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se hubiere declarado y pagado el impuesto.
Puesto en votación, fue rechazado por 4 votos a favor y 5 en contra.
El artículo 54 establece que las sumas recaudadas en virtud de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se aplicarán, por las autoridades regionales y locales, respectivamente, al financiamiento de obras de desarrollo.
Puesto en votación, fue rechazado por 4 votos a favor y 5 en contra.
El artículo 55 determina que la Tesorería General de la República deberá registrar separadamente los ingresos provenientes de los impuestos establecidos en los artículos 52 y 53, con el objeto de girar las sumas que correspondieren, en la oportunidad señalada por la ley, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o al Fondo Común Municipal, según corresponda.
Puesto en votación, fue rechazado por 4 votos a favor y 7 en contra.
El artículo 56 señala que los impuestos establecidos en los artículos precedentes se sujetarán en todo a lo dispuesto en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974, y serán administrados y fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos.
Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 57 deroga los incisos tercero y cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.110.
Puesto en votación, fue aprobado por 7 votos a favor y 4 en contra.
El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir los actuales artículos 1° y 2° transitorios, por los siguientes:
“Artículo 1°.- Los Casinos de Juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga definitivamente. No obstante, en lo referido a las normas sobre fiscalización y sanciones que este cuerpo legal contempla, deberán someterse a ellas a contar de la fecha que entre en funcionamiento la entidad fiscalizadora de casinos de juego y salas de bingo creada por el presente cuerpo legal”.
“En todo caso, cualquiera nueva prórroga o renovación de las concesiones antes mencionadas que se disponga con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, sólo podrá extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2010.
“Todo acto en contravención con lo dispuesto en el presente artículo será nulo absolutamente”.
“Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las leyes actualmente vigentes, a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de Casinos de Juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes se extingan por cualquier causa”.
Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.
Esto fue acordado en distintas sesiones por los diputados señores Lorenzini, don Pablo ( presidente ); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Cardemil, don Alberto ; Errázuriz, don Maximiano , quien reemplazó a don Julio Dittborn ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos; Jaramillo, don Enrique ; Lagos, don Eduardo ; Mora, don Waldo ; Ortiz, don José Miguel; Silva, don Exequiel ; la señora Tohá, doña Carolina , y el diputado informante que habla.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señora Presidenta , el proyecto, que lleva tres años en la Cámara, al que ahora se le ha dado urgencia, no trató algunas materias, que tampoco han sido comentadas en el informe. Por ejemplo, no se especifica lo que claramente ya se había acordado, en el sentido de que la vigencia de las concesiones de los casinos que en este momento tienen siete ciudades del país, se entiende prorrogada hasta el año 2010, puesto que algunas se vencen el año 2003. Hay que partir de la base de que los casinos fueron autorizados específicamente para que ciudades deprimidas usaran los fondos en proyectos de inversión y desarrollo.
La creación de la Comisión Nacional de casinos de juego y salas de bingo constituye una nueva medida centralista, porque si bien habrá oficinas regionales, la mayor parte de este organismo funcionará en torno del gobierno central.
La ley que se despachó para que en Arica se instalaran casinos no ha dado los resultados esperados, porque en Chile la gente se traslada de un lugar a otro. Ahora, a través del proyecto, se quiere autorizar la instalación de casinos en diferentes ciudades, sin considerar que esta actividad debería, además, ayudar a fomentar el turismo.
Es necesario sopesar el impacto social que esto generará. En Tacna, se pueden apreciar cinco o seis casinos por cuadra, lo que crea serios problemas sociales.
Junto con otros diputados, hemos presentado una indicación, a fin de que el proyecto vuelva a la Comisión de Gobierno Interior para que sea examinado en forma exhaustiva, de modo de estructurar un proyecto más acorde con los momentos que vive el país y la función que deben desempeñar los casinos de juego.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señora Presidenta, estamos frente a un proyecto complejo, pero que interesa a más de 30 comunas del país.
El proyecto data de 1999, de modo que algunos parlamentarios nuevos, como el diputado señor Von Mühlenbrock y otros, recién ahora lo han conocido. En consideración al tiempo transcurrido, espero que quienes nos acompañen en estos tres años que restan del actual período parlamentario, no sigan analizando esta iniciativa.
El proyecto persigue el fortalecimiento de comunas, de regiones, lo que significa la presencia de mucho dinero. Según las proyecciones para 2002, las siete concesiones de casinos, que corresponden a las ciudades de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón , Puerto Varas y Puerto Natales, aportarán un ingreso de más de 11 mil millones de pesos. Se estima que cuando se encuentren funcionando 25 ó 30 casinos, ingresarán a esas comunas no menos de 20 mil millones de pesos. Así las cosas, los aportes generados por estas concesiones a los ingresos anuales de estas comunas irán desde el cinco por ciento, en el caso de Arica, hasta el 45 por ciento, en el caso de Pucón.
La primera pregunta que nos hicimos en la Comisión de Hacienda fue cómo vincular la experiencia de las siete comunas que en la actualidad mantienen casinos -dependen de ellas en forma importante- con una ley marco que, como señaló el diputado señor Silva , abra perspectivas a otras comunas del país. En tal sentido, luego que la Comisión de Hacienda de la Corporación sostuviera conversaciones con personeros de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y los siete alcaldes involucrados en la materia -ellas se llevaron a cabo en Valparaíso y Santiago -, se acordó mantener hasta el 31 de diciembre de 2010 las actuales perspectivas económicas. Cuando un alcalde nos dijo que, sobre la base de sus ingresos, ya había proyectado una serie de obras y adquirido una serie de compromisos, y que si se los quitaban quedaría desfinanciado, se le contestó que podría proyectarlos hasta el 2011. Si uno mira los vencimientos de los contratos de concesión de estas siete municipalidades, salvo el caso de Viña del Mar que se extiende hasta 2015, todos los demás vencen en 2005, y en el caso de Puerto Natales, en 2006. Por lo tanto y con la política asumida en esta materia, estamos asegurando dos períodos de cinco años de concesión. Aunque la aspiración era que los contratos de concesión se extendieran todos hasta 2015, al menos se ha cumplido una de las grandes metas.
La segunda meta que nos propusimos -en eso concordamos con la Comisión de Gobierno Interior- es que esto no da para una comisión de control. Se trata de un tema país. Existen muchos movimientos financieros y transacciones monetarias, con lo que se abre la posibilidad de efectuar lavado de dinero y otro tipo de transacciones. En ese sentido -así se incluyó en una indicación-, pensamos que una superintendencia debe dedicarse a controlar los casinos, salas de juego, bingo, etcétera. No hablo de una superintendencia con 8 ó 10 funcionarios, sino de una que aporte a todos los funcionarios que sean necesarios. Si ya existen siete casinos, ocho funcionarios -un jefe y un inspector por cada centro de juego- no tendrían posibilidad de fiscalizar y controlar, y con ello dar pie a nuevas legislaciones que permitan, a la luz de la experiencia obtenida, mejorar los proyectos. Por lo tanto, esto también se aceptó.
En tercer lugar, ¿quién decide la ubicación de los nuevos casinos? Nos pareció que la Superintendencia debía estar a cargo de la parte técnica y operativa, pero la decisión final en esta materia debía ser adoptada por un organismo superior, en este caso el Ministerio del Interior, el que debe tomar en cuenta todos los antecedentes proporcionados por la Superintendencia, las cámaras de turismo, intendencias y gobiernos regionales.
Restan aún dos puntos importantes por resolver, pero no queremos retrasar el proyecto más de la cuenta o que vuelva a la Comisión respectiva a dormir por otros tres años.
Más allá de las indicaciones que se puedan presentar, la discusión se centra en tres grandes preguntas. La primera es si es bueno restringir el número de casinos a los existentes en la actualidad. La respuesta unánime es que ello no debe hacerse.
La segunda consiste en saber si es positivo proteger a los existentes. Eso ya ha sido acordado.
La tercera se reduce a saber si es bueno limitar por regiones el número de casinos. Ésta es una de las grandes interrogantes, y entre los parlamentarios existen diversas opiniones.
Según nos dijeron quienes dominan el derecho constitucional, no habría posibilidad de restringir el número de casinos, por cuanto se trata de negocios abiertos o sociedades anónimas. Con todo, la Comisión de Hacienda piensa que sí es posible hacerlo en determinados puntos. Por ejemplo, prohibir que exista más de un casino en el radio de diez kilómetros; procurar que fomenten el desarrollo de las regiones, sobre todo en el ámbito turístico.
Ahora bien, quienes piensan que nos vamos a llenar de casinos, no están en lo cierto. Se trata de negocios, y los alcaldes y concejales de las distintas comunas involucradas deberán ir en busca de inversionistas y convencerlos para que inviertan sus dineros en esos casinos. Éstos, por su parte, deberán hacer proyecciones y estudios de factibilidad, a fin de saber si les resulta rentable colocar dinero en ellos. En este sentido, no resulta fácil tomar la decisión de construir casinos separados por pocos kilómetros, por cuanto el jugador clásico u ocasional que vive en la zona circulará indistintamente entre ambos.
¿Qué propuso la Comisión de Hacienda frente a este incentivo perverso? Que la distribución de los ingresos generados -11 mil millones hasta 2011; 20 mil millones a futuro- no vayan a un fondo común nacional. ¿Por qué la comuna de Tirúa, representada por el diputado señor Escalona, debe recibir dineros por este concepto si ni medianamente cerca cuenta con un casino? ¿Por qué las comunas que hicieron un esfuerzo por conseguir inversionistas deben beneficiar a las 341 restantes?
En este sentido, la Comisión de Hacienda resolvió que la mitad del 20 por ciento de los ingresos brutos que produce una concesión fuera captado directamente por la comuna en que se encuentra situado el casino. Y para que las comunas vecinas no se pongan envidiosas y comiencen a en-tregar incentivos perversos, se determinó que el 50 por ciento del total generado por la concesiones -la mitad de 20 mil millones- se distribuya entre las comunas de la regiones en la que se encuentran los casinos.
Se trata de una propuesta razonable que crea incentivos y desincentivos. En la actualidad, el 50 por ciento de los ingresos generados se distribuye a nivel nacional bajo los cánones del Fondo Común Municipal, y el otro 50 por ciento va al Fondo de Desarrollo Regional. Todos los parlamentarios sabemos que la entrega de estos dineros no se decide por criterios técnicos, sino políticamente. Este tema, sin lugar a dudas, no está agotado.
El Ministerio del Interior -hay que decirlo en forma responsable- aceptó todas las propuestas planteadas en la Comisión de Hacienda, incluida ésta. Incluso, alcanzamos a votar el proyecto ad referéndum, en espera de la indicación. No llegó, con un atribulado subsecretario, porque el Ministerio de Hacienda había desconocido el acuerdo logrado con el ministro del Interior . Como lo hemos visto en la prensa en los últimos días, parece que Hacienda manda más que Interior, de manera que el tema tuvo que ponerse en esas condiciones en votación.
Nos parece que se trata de una política país. Los casinos mueven mucho dinero y posibilidades de hacer otras operaciones. Hay municipalidades, como Constitución, Osorno , Valdivia , San Antonio , Antofagasta, en fin -más de veinte alcaldes nos visitaron-, que tienen intenciones de construir una relación con el sector privado para poder tener concesión.
Entonces no podemos permitir que Hacienda, en una decisión unilateral, desconozca un acuerdo de una Comisión de la Cámara con el Gobierno a través del Ministerio del Interior. Esto se está haciendo costumbre y mandamos el mensaje, con mucho cariño, a nuestro ministro , que a lo mejor se encuentra en México a esta hora.
Pero resulta que para un tema país, de tres años de análisis en las comisiones, acordado con el Gobierno a través del Ministerio del Interior, nos mandan funcionarios de cuarto nivel porque el subsecretario está trabajando en otras materias. Quizás pensarán que los diputados de la Comisión de Hacienda somos de cuarto nivel. Creo que eso tendremos que revisarlo.
Evidentemente, hay que legislar sobre este tema y por eso proponemos votarlo en general. Pero luego tiene que volver a comisiones y, ojalá, no se empantane allí tres años más.
Este tema interesa a todos los parlamentarios: a aquellos en cuyas comunas de sus distritos existen casinos, a los veinte que están buscando la posibilidad de tener un casino en sus comunas y también a los de las restantes comunas de otras regiones, porque si hoy se benefician cuatro o cinco regiones, con el proyecto logrará hacerlo el resto, como así también las comunas que las integren. Por ejemplo, si se instala un nuevo casino en Antofagasta, se beneficiarán Calama y Tocopilla. Se pondrá contento el diputado Mora y, por cierto, todos los parlamentarios.
En general, se debe analizar si se establece limitación o no a los casinos regionales. En la Comisión de Hacienda pensamos que esto se puede hacer a través de otros elementos restrictivos, como de potencia de las empresas, la prueba de la blancura, si fomenta el turismo, si se constituye en polo de desarrollo, que no haya cerca muchos casinos, en fin. Podría ser la restricción natural que se da en un negocio.
El otro tema es la distribución que, como está hoy, no corresponde.
Deberíamos aprobar el día martes la idea de legislar, enviarlo a comisiones, pedirle a sus presidentes que actúen con expedición en esta materia, porque el tema ya está en el debate. Tenemos cientos de documentos; han estado presentes en la discusión los alcaldes para explicarnos lo que sucede. Es decir, es un tema real, que parece agradable. Son muchos millones de pesos los que pueden recibir todas las comunas del país.
El interés por el tema es evidente, porque hay más de veinte parlamentarios inscritos. Tres puntos son los que están pendientes. Ojalá que Hacienda nos escuche a la distancia, para que se ponga de acuerdo con el Gobierno o, de lo contrario, que nos diga claramente que no quiere ley de casinos.
Mi impresión es que Hacienda tiene esa idea. Si es así, que nos lo haga saber para que esas tres comisiones de la Cámara no sigan perdiendo el tiempo por tres años más. El país necesita de nuestro trabajo y hay muchos otros temas importantes que tratar. Si Hacienda está interesado en el tema, como lo estuvo el Ministerio del Interior y el subsecretario Francisco Vidal , que dé una señal. Si no lo está, que converse con el ministro Insulza y se pongan de acuerdo: el Presidente zanjará la discusión. Pero queremos tener una resolución sobre un tema, que tiene ilusionado a alcaldes de muchas comunas del país.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes .
El señor PAREDES.-
Señora Presidenta, no me meteré en profundidades, porque, en verdad, más que plantear una controversia sobre la materia, me importa lograr consenso.
En el proyecto, como en los informes de las distintas comisiones, hay una coincidencia, la que me parece preocupante.
Existe un instrumento legal, llamado “ley Arica”, la Nº 19.669, publicada en el Diario Oficial de 5 de mayo de 2000, que establece nuevas medidas para el desarrollo de las provincias de Arica y de Parinacota. La “ley Arica”, aprobada por la gran mayoría de los parlamentarios de la Cámara y del Senado, en su artículo 36 dispone: “Autorízase el establecimiento, administración y explotación de nuevos casinos de juego en la comuna de Arica, los que estarán sujetos a las siguientes condiciones especiales: 1) Se concederá permiso para operar nuevos casinos sólo cuando su establecimiento sea anexo a una inversión en estructura turística que se realizará en terrenos propios del solicitante y que comprenderá la construcción de un hotel de, a lo menos, ochenta dependencias habitacionales,...”. Además, establece una serie de otras exigencias a los empresarios interesados en invertir en turismo.
Bien vale la pena hacer un poco de historia y recordar las motivaciones que, como país, se tuvieron en vista para que el Congreso Nacional aprobara este instrumento llamado “ley Arica”. Esas razones dicen relación con una cuestión de soberanía, dado que el desarrollo de las zonas extremas y fronterizas debe garantizarse de alguna forma por parte del Estado.
Agradezco la disposición que tuvieron todos los sectores políticos del país para dotar a Arica de algunos instrumentos que le permitieran desarrollarse.
Por esa razón, me resulta sorprendente ver que el proyecto, que es la ley marco que pretende regular el funcionamiento de los casinos en Chile, no establezca ninguna excepción respecto del artículo 36 de la ley Nº 19.669, “ley Arica”, dado que establece una serie de normas nuevas para aspirar a instalar un casino.
Lo más preocupante de todo es que el artículo 1º de las disposiciones transitorias del proyecto de ley dice lo siguiente: “Los Casinos de Juego que se encuentren en operación al momento de la publicación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas legales, administrativas y contractuales que les son propias, hasta la fecha en que la concesión en virtud de la cual operan se extinga por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa anterior a dicho vencimiento. Prohíbese cualquier prórroga...”.
Creo que con esa norma, veladamente, se está afectando el beneficio entregado en el artículo 36 en la “ley Arica” a las provincias de Arica y de Parinacota. Respalda mi preocupación el artículo 2º transitorio, que dispone que “Las leyes a través de las cuales se hubiere autorizado la creación de casinos de juego en distintas ciudades del país, se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes, y vigentes a la publicación de esta ley, se extingan por cualquier causa”.
En mi particular opinión, el artículo 2º transitorio borra de una plumada el artículo 36 de la ley Nº 19.669.
Se ha planteado un argumento económico para instalar casinos en muchos lugares del país. Creo que aquí hay un principio que ha imperado desde hace mucho tiempo, cual es que las ciudades que tengan ciertas condiciones turísticas puedan aspirar a tener casino. Sin embargo, no comparto la opinión de que esto deba generalizarse, porque, si lo miramos desde otra perspectiva, yo podría decir también que si bien es cierto que hay muchas comunas que no tienen casinos, disponen de otros instrumentos de desarrollo que les permiten allegar recursos a sus municipios. Ejemplos de ello son la zona franca, en Iquique, y la minería, en Antofagasta. De igual modo, podríamos decir que esos incentivos de desarrollo regional que se producen en determinadas regiones también deben redistribuirse entre todas las comunas.
El casino de la municipalidad de Arica -que será muy afectado si se aprueba esta norma- genera entre 400 millones y 700 millones de pesos al año al presupuesto municipal, cifra que puede parecer menor, pero es un factor tremendamente relevante para el presupuesto de esa ciudad, que ha sido muy afectada por la depresión económica.
Por eso, presenté una indicación destinada a sustituir el artículo 2º transitorio del proyecto por el artículo 36 de la “ley Arica”, ya que en éste se consagra un beneficio que se entregó con una visión de país para el desarrollo de Arica y de Parinacota.
Por lo tanto, solicitamos consecuencia a los parlamentarios que en su oportunidad apoyaron esa iniciativa, para que aprueben dicha indicación en ambas comisiones, y después en la Sala, con el objeto de que se mantenga este elemento de desarrollo para Arica y Parinacota en la ley de casinos, beneficio que fue reconocido por el Congreso hace más o menos dos o tres años.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-
Señora Presidenta , hace más de siete años, parlamentarios de distintos partidos presentamos una serie de proyectos de ley para la creación de casinos de juego en diversas ciudades del país que, a nuestro juicio, presentaban características de centros turísticos y que, con esta actividad, podrían potenciarse y diversificar su oferta de trabajo.
En ese entendido y desde mi particular punto de vista, la ciudad de Constitución, antiguo y principal balneario de la Séptima Región, me pareció un lugar adecuado para la instalación de un casino de juego, por su gente digna y culta, por sus bellezas naturales inigualables, por su condición de ciudad de actividad múltiple, por sus accesos inmejorables, por su ferrocarril -algún día recuperable para el turismo, y necesario para la incorporación al desarrollo de quienes habitan la ribera del río Maule, entre Talca y Constitución- y, por último -por qué no decirlo-, por la necesidad actual de allegar nuevas fuentes de financiamiento a un municipio que requiere invertir más en la gente y en la ciudad, de manera de hacer atractivo el entorno y satisfacer las exigencias de las personas que viajan por motivos diversos, como la entretención y el descanso, a la antigua Nueva Bilbao.
En general, salvo error involuntario, todas las iniciativas presentadas, que dieron origen a este proyecto de ley marco enviado por el Ejecutivo, proponen la creación de casinos de juego en regiones, ninguno en Santiago.
Los argumentos de los diferentes proyectos de ley eran crear nuevas expectativas de trabajo e impulso en regiones, para, de este modo, ayudar a desconcentrar el país. Así se concluye después de leer las distintas mociones. Por ejemplo, la del senador Gabriel Valdés expresaba que era necesaria la creación de un casino en la ciudad de Valdivia por la enorme afluencia de visitantes, para mejorar la infraestructura de la ciudad y para crear nuevas fuentes de trabajo. La de la senadora Carmen Frei propone la creación de un casino en Antofagasta, “donde, además de ofrecer una sala de juegos de azar, se puede contar con espectáculos nocturnos de jerarquía, será un importante complemento al fomento de la actividad turística de la ciudad y la Región, teniendo, además, en consideración las obras de habilitación de balnearios, recuperación de sitios arqueológicos, campañas de aseo y ornato de la ciudad, remodelación de importantes edificios, etc.”, así como para dar trabajo para los habitantes de la región. La del senador Adolfo Zaldívar fundamentaba la creación de un casino de juego en Puerto Aisén señalando que “tiene plena justificación en tanto complementa tareas productivas y configura una fuente estable de recursos para fines de mejoramiento de los servicios que presta el gobierno comunal”. La de los ex senadores Nicolás Díaz y Anselmo Sule expresaba que la creación de un casino en Pichilemu, Sexta Región, servirá “para potenciar el turismo”. La del senador Ricardo Núñez indicaba que la creación de un casino en Caldera “se fundamenta en los urgentes requerimientos que la Región tiene para generar mayores recursos, a fin de ampliar y diversificar su economía y enfrentar así los importantes desafíos del presente y del futuro”.
Lo que se pretendía con todos esos proyectos presentados era evitar que se generara una nueva actividad productiva en la capital, que, sin duda, sería de gran atractivo, dada la concentración de habitantes, y que, de concretarse, perjudicaría a esta actividad, sobre todo a la de la Quinta Región.
En materia de casinos de juego, me parece insensato dar igual tratamiento a Santiago y al resto del país. Esto no es ir en contra de la libertad empresarial. El número 21 del artículo 19 de la Constitución dispone que las normas legales deberán respetar cualquier actividad económica que se quiera efectuar en el país, que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. Pero agrega que habrá excepciones, por motivos justificados, que se establecerán por ley. O sea, perfectamente bien podemos dejar a la Región Metropolitana fuera de la creación de casinos.
Por eso digo que esto no es ir en contra de la libertad empresarial ni atentar en contra del artículo 19 de la Constitución Política, sino que es, simplemente, sentido común; es evitar que Santiago, una vez más, se lleve el grueso de la inversión, y que esta futura ley, en lugar de significar un pingüe negocio para las regiones, se transforme en letra muerta.
Santiago, por su enorme población, es el polo natural de convergencia de los chilenos, que viajan a esa ciudad por diversas actividades, y quienes en el futuro lo harán, además, por el atractivo ocasional que significan las salas de juego.
Ésa no es la idea. Lo digo porque tal vez es la primera ocasión en que la Cámara tiene la oportunidad de discriminar abiertamente en favor de las regiones, privilegiando en ellas nuevas oportunidades de trabajo y enviando también un mensaje al país: queremos buscar caminos reales que permitan a la gente de regiones quedarse allí, con nuevas y distintas fuentes de empleo.
Por lo expuesto, presentaré una indicación para agregar, en el título I, “Disposiciones generales”, un inciso segundo al artículo 2º, que señale que se prohíbe expresamente la explotación de casinos de juego en la Región Metropolitana.
Debo aclarar que me estoy refiriendo sólo al tema de los casinos de juego y no al de las salas de bingo, las que perfectamente bien pueden funcionar en la Región Metropolitana, porque no sólo tienen fines de lucro, sino que, además, muchas veces tienen objetivos sociales, lo que es perfectamente justificable.
También me parece necesario hacer presente el inconveniente destino que da el proyecto de ley a los recursos que se generarán con la creación de los casinos de juego si se aprueba la iniciativa.
Estoy de acuerdo con que parte de los recursos se destine al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, porque desde ahí se distribuirán a todas las comunas de las regiones donde estén instalados los casinos que se creen de acuerdo con la ley; pero me parece un error que el proyecto disponga que otra parte vaya al Fondo Común Municipal, porque considero que las municipalidades ya están resguardadas al establecer que determinado monto de fondos vaya al Fndr. A mi juicio, esos recursos deben beneficiar a la comuna donde está instalado el casino, ya que tendrá la responsabilidad de mejorar su infraestructura, hacer plazas de juego y veredas, arborizar y embellecer la zona para atraer a la gente a recrearse en una sala de juego.
Por lo mismo, tampoco comparto el artículo 53 del proyecto, y considero que también debe modificarse.
Las salas de juego no constituyen un factor que cause mayor delincuencia; al contrario, son un atractivo para la gente y un elemento importante para el desarrollo de las ciudades donde se instalarán. Por ello, a mi juicio, deben existir en todo el país y no sólo en algunas regiones o comunas.
Por lo tanto, con las modificaciones que he mencionado y por la necesidad de crear nuevas oportunidades de trabajo, voy a respaldar este proyecto de ley.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Ha terminado el tiempo correspondiente al Orden del Día.
Informo a la Sala que han quedado inscritos 22 señoras y señores diputados para continuar la discusión general de este proyecto en la sesión del próximo martes.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INVESTIGACIÓN DE CAUSAS Y RESPONSABILIDADES FUNCIONARIAS EN DERRUMBE DE CERRO DE VALPARAÍSO Y DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO TRONCAL.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 102.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
De los señores González, don Rodrigo; Ibáñez, don Gonzalo; Vargas, Longton, Bustos, Pérez, don Aníbal; Escalona, y de las señoras Soto, doña Laura; Caraball, doña Eliana, y González, doña Rosa.
“Considerando:
Que la comunidad de la Quinta Región debió sufrir uno de los episodios de emergencia civil más complejos de las últimas décadas, como fruto de la paralización de las actividades ciudadanas, derivada del estado de virtual incomunicación del “Plan” de Valparaíso con el resto de la Región por el corte forzado de tránsito de la Avenida España, a contar de las 21 horas del día miércoles 23 de agosto último y del derrumbe de un muro de contención en el sector de Canal Beagle, que interrumpió el tránsito entre Viña del Mar y las ciudades del interior.
Que, según antecedentes proporcionados por la Cámara de Comercio de la Quinta Región, los daños de la actividad productiva fueron de, al menos, un millón de dólares, en los dos primeros días del cierre de la Avenida España.
Que, asimismo, se generó una cuasi paralización de muchos servicios públicos, daños que ni siquiera han sido cuantitativamente dimensionados hasta el momento. De hecho, el principal establecimiento público de la Región, el hospital Carlos Van Buren, debió suspender el 40% de las cirugías programadas con meses y en algunos casos años de antelación, como consecuencia de las listas de espera.
Que, de la anormalidad del sector público, tampoco estuvo ausente esta Cámara, la cual vio fracasar su sesión ordinaria del día jueves 24 por la imposibilidad de los parlamentarlos de llegar hasta el edificio del Congreso Nacional, muchos de los cuales demoraron más de una hora en el ingreso a la ciudad.
Que, en el caso de Viña del Mar, los daños no han sido evaluados, pero debe señalarse que el derrumbe de un muro de contención en la ladera de un cerro, el día sábado 24 de agosto, significó el corte del tránsito y luego su limitación por el camino troncal que une a Viña del Mar y Valparaíso con las ciudades interiores, lo que derivó en molestias, aglomeraciones de tránsito insoportables, fenómeno de anormalidad en el uso de las vías de comunicación que se sumó a la congestión originada por los sucesos acontecidos en la ciudad de Valparaíso menos de 48 horas antes.
Que, más aun, en este caso hay una circunstancia agravante que exige una detallada investigación, la cual es que la obra colapsada fue pagada con recursos públicos por un monto superior a los 100 millones de pesos y que fue construida por órdenes del Servicio de la Vivienda y Urbanismo hace menos de cinco años. Ella, pudo adolecer de serias deficiencias de diseño ingenieril, sin perjuicio de errores o fallas en su ejecución.
Que las pérdidas económicas, la paralización de los servicios del Estado, las restricciones impuestas al libre desplazamiento de los habitantes y, sobre todo, la justificada indignación ciudadana, obligan a esta Corporación, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, a efectuar una investigación de estos hechos y sus causas, entre las cuales, sin duda, están las referidas a los problemas de evacuación de aguas lluvias y a un nuevo tema que se presenta como un desafío no sólo en el Gran Valparaíso, sino que en otras ciudades del país con similares características topográficas, como es el control de la seguridad de las laderas de cerros, en donde se instalan asentamientos humanos. Asimismo, debe profundizarse la forma y criterios con que las autoridades del nivel local, regional y central deben abordar situaciones de emergencia como estas, tratando de disminuir y no agravar los perniciosos efectos de una catástrofe.
Que, en atención a lo anterior, es urgente y necesario que la Corporación, a través de una comisión especializada, como es la de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, pueda asumir funciones investigadoras y propositivas tanto sobre la idoneidad de la actual normativa legal y reglamentaria vigente como sobre los planes y programas públicos de obras, en relación con la protección y seguridad de los asentamientos humanos y de las vías de tránsito, el resguardo de la ciudadanía en casos de emergencias viales y catástrofes de la naturaleza.
La Cámara de Diputados acuerda:
Mandatar a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para que, en calidad de comisión investigadora, efectúe una indagación tendiente a establecer las causas de los graves hechos acontecidos a partir del cierre al tránsito vehicular de la Avenida España de Valparaíso, a contar del miércoles 21 de agosto, y el derrumbe de un muro de contención en el sector de Canal Beagle, de la comuna de Viña del Mar, que provocó la interrupción del tránsito de la ruta troncal, el día sábado 24 del mismo mes.
La Comisión deberá investigar la posible existencia de responsabilidades de los funcionados de los servicios públicos involucrados, en relación con el monto de las inversiones y de las obras públicas colapsadas, como, asimismo, en relación con sus deberes de prevenir esta clase de sucesos, y también con la oportunidad, legalidad y mérito de las decisiones por ellos adoptadas una vez producidos los hechos.
Asimismo, la Comisión deberá realizar una evaluación sobre la idoneidad de las normas jurídicas y de los planes y programas vigentes en materia de protección de las obras viales, calidad de la construcción, protección de laderas y diseño e implementación de planes de contingencia ante crisis de los sistemas viales de las ciudades y, en particular, del Gran Valparaíso.
Además, la Comisión deberá asignar una especial atención a evaluar la suficiencia o la precariedad de los recursos y de las políticas públicas en relación con la evacuación de aguas lluvias en nuestras grandes ciudades y revisar las normativas y las medidas de planificación y presupuestarias en aplicación sobre este aspecto fundamental de nuestro desarrollo, a fin de proponer medidas y políticas permanentes que permitan evitar y precaver los cuantiosos daños económicos y los costos humanos que se repiten, recurrentemente, cada año por no abordarse integralmente las causas que los originan.
Para el cumplimiento de su encargo, la Comisión tendrá un plazo de sesenta días, prorrogables por acuerdo de esta Sala, dentro de los cuales podrá citar a funcionarios públicos e invitar a todas aquellas personas o instituciones del sector privado que puedan aportar información y antecedentes relevantes para su investigación.
Finalmente, la Comisión podrá decretar todas las diligencias que estime convenientes, entre otras, las visitas inspectivas in situ, para el mejor cumplimiento de su cometido.”
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor González.
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-
Señora Presidenta , para nadie es desconocido que el derrumbe de un cerro, ocurrido hace una semana en esta ciudad, colapsó la avenida España . Ese hecho afectó todo el tránsito de la Quinta Región, y por ello muchos empleados públicos no llegaron a cumplir con sus labores. En definitiva, provocó una gran alteración en el funcionamiento normal de la comunidad, de los servicios -los hospitales tuvieron que dejar de funcionar o lo hicieron precariamente- y de las actividades económicas. Incluso, esta Corporación se vio afectada. La Cámara de Comercio calculó los daños de los dos primeros días de esa emergencia en, aproximadamente, un millón de dólares.
Pocos días después, se derrumbaron los muros levantados por el Serviu en el camino troncal que va desde Valparaíso y Viña hacia al interior, lo que provocó otro caos vehicular con la agravante de que esos muros habían sido construidos con financiamiento público de más de 100 millones de pesos. Al parecer, su diseño y la construcción presentaban deficiencias.
La Cámara de Diputados no puede quedar ausente de la investigación de hechos de esta gravedad, sobre todo si se considera que ellos se repiten en muchas comunas con características topográficas similares a las nuestras, donde la evacuación de las aguas lluvia y los muros de contención no han sido suficientemente asumidos.
Por tanto, proponemos que la Comisión de Obras Públicas investigue lo ocurrido y proponga medidas para que en nuestro país, de una vez por todas, se enfrenten los problemas relacionados con las aguas lluvia, los muros de contención y otras obras, para evitar catástrofes que podrían afectar a nuestras comunidades.
He dicho.
El señor LONGTON.-
Señora Presidenta , intervengo para apoyar el proyecto de acuerdo y dar la razón absoluta a lo señalado por el diputado Rodrigo González .
Toda la región y el país fueron testigos del desastre que significó el corte de la avenida España el día 21 de agosto, lo que se vio agravado por las medidas adoptadas debido a la presencia del Presidente de Perú en nuestra región.
Considero que ha llegado la ocasión de que se investigue lo ocurrido para que, de una vez por todas, las autoridades pertinentes dejen de echarse la culpa unas a otras. Ese día nadie era responsable del caos que se originó en la avenida España ni tampoco de lo que sucedía en el Gran Valparaíso. Respecto de ese hecho tienen que responder el alcalde de Valparaíso , el intendente, el gobernador, el director del Serviu, el director de Obras Públicas , y se debe informar a la comunidad de la Quinta Región y al resto del país cuáles fueron las falencias y quiénes debieron haber actuado con prontitud, y no recién una semana después de ocurrido el derrumbe empezar a pensar en una solución.
Pedimos que los diputados presentes aprueben este proyecto de acuerdo, por tratarse de un problema que fue ampliamente conocido por la opinión pública.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
No se alcanzó el quórum. Se va a repetir la votación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo la diputada señora
ADECUACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL A LA LEY Nº 19.816, SOBRE LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 103, de los señores Varela, Rojas, Von Mühlenbrock, Pareto, Álvarez-Salamanca, Tuma, Meza, Urrutia, Delmastro y Sánchez.
“Considerando:
Que se encuentra actualmente vigente la normativa que autoriza a los vehículos motorizados a circular a una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora en aquellas carreteras que tengan al menos dos vías de circulación en el mismo sentido.
Que el Director de Tránsito de Carabineros, Coronel Nelson Molina, ha señalado, a través de la prensa nacional, que la ley efectivamente permite las nuevas velocidades, pero que la señalética debe respetarse.
Que, pese a que la publicación en el Diario Oficial puso en vigencia la ley N° 19. 816, los derechos en ella contenidos no han podido ser ejercidos en plenitud por los automovilistas, debido a la burocracia y lentitud de los responsables de cambiar la señalética.
Que, en la práctica, miles de automovilistas se han visto perjudicados por esta situación, en la que ha primado una grave negligencia por parte de las autoridades responsables de realizar los cambios en la señalética, toda vez que hay una total desinformación respecto a qué es lo que sucede cada vez que, de acuerdo con la ley, se puede transitar a 120 kilómetros por hora, a causa de que las señales informativas de las carreteras señalan que la velocidad máxima sigue siendo de cien kilómetros por hora.
Que, en razón de que hay vías que se encuentran concesionadas, el Ministerio de Obras Públicas ha declarado que este tema no es de su responsabilidad.
Que el Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados ha expresado, a través de los medios de comunicación, que los Ministerios de Transportes y de Obras Públicas deben solucionar conjuntamente esta situación.
Que el hecho de que las vías se encuentren concesionadas no releva de responsabilidad a las autoridades de ambos ministerios, que son los responsables finales de este problema, que afecta diariamente a miles de automovilistas.
Que el General Director de Carabineros ha manifestado, también a través de los medios de comunicación, que es un error cursar infracciones relativas a límites de velocidad utilizando la antigua legislación, ratificando así que el límite máximo debe determinarse de acuerdo con las nuevas disposiciones de la ley N°19. 816.
Por tanto, la Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones un estudio de la situación que afecta a miles de automovilistas en todo el país, en virtud de la no observancia de las nuevas disposiciones de la ley N° 19. 816, relativas a límites máximos de velocidad. La nueva ley autoriza un límite máximo de 120 kilómetros por hora y la señalética aún no ha sido adecuada, con evidentes perjuicios, en términos de información, para los que transitan por carreteras y vías donde este límite máximo opera.
Asimismo, solicitar a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados que evacue un informe, en el plazo máximo de treinta días con el fin de:
a) Instruir a las autoridades de los ministerios pertinentes para que adopten las medidas del caso, en relación con el cambio de la señalética en estas vías.
b) Recabar los antecedentes de las infracciones cursadas por Carabineros, por contravención de la actual legislación, en materia de límites de velocidad, para que aquellos automovilistas que han sido afectados por multas que no corresponden no se vean forzados a pagarlas o sean reembolsados en las cantidades que hubieren pagado, según sea el caso”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Mario Varela.
El señor VARELA .-
Señor Presidente , a pesar de que la publicación en el Diario Oficial del 7 de agosto del presente año, hizo efectiva la ley Nº 19.816, que establece, entre otros puntos, las nuevas velocidades para el tránsito vehicular en zonas urbanas y rurales, tal derecho aún no puede ser ejercido en plenitud por los automovilistas, debido a la burocracia y lentitud de los responsables de la señalética.
No olvidemos que el mensaje presidencial ingresó a la Cámara el 9 de abril del año en curso, es decir, estuvo en tramitación en el Congreso un poco más de cuatro meses.
No es posible que un organismo estatal, como el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, alegue desconocimiento de una norma legal, exigible para todos. Es más, que diga que desconocía que se dictaría esta normativa, en circunstancias de que estuvo más de cuatro meses en tramitación y de la existencia de una oficina de la Secretaría General de la Presidencia en esta Corporación, la que, se supone, debe mantener informados a todos los organismos del Gobierno. Si no lo hizo, la responsabilidad es del Ejecutivo. Pero me resisto a pensar que desconocía la tramitación de la materia.
A lo anterior, cabe agregar que el general director de Carabineros ha señalado, a través de los medios de comunicación, que es un error cursar infracciones relativas al límite de velocidad de acuerdo con la antigua legislación. Con eso, ratifica que el límite máximo debe determinarse según las nuevas disposiciones de la ley Nº 19.816.
Por lo demás, el artículo 8º del Código Civil señala taxativamente: “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia”.
Por ello, llamo a apoyar este proyecto de acuerdo. Debemos dar una señal clara al país respecto de que los derechos de los ciudadanos no han sido vulnerados y para que este hecho no se repita ni se siente jurisprudencia. No es posible que las autoridades del gobierno central sólo exijan el cumplimiento de disposiciones que imponen gravámenes o deberes a los ciudadanos. Las normas que establecen beneficios para éstos no tienen un carácter diferente de las primeras: son igualmente obligatorias, y la autoridad está llamada igualmente a exigir y velar por su cumplimiento.
En la práctica, miles de automovilistas se han visto perjudicados por esta situación, en la que ha primado una grave negligencia de las autoridades responsables de realizar los cambios en la señalética, toda vez que hay una total desinformación respecto de lo que dispone la ley: poder transitar a 120 kilómetros por hora. Sin embargo, las señales informativas de las carreteras indican que la velocidad máxima sigue siendo de 100 kilómetros por hora.
El Ministerio de Obras Públicas ha señalado que el tema no es de su responsabilidad, porque algunas vías se encuentran concesionadas.
Esta explicación me parece inadmisible. El Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados ha expresado, a través de los medios de comunicación, que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones debe solucionar ese problema en forma conjunta con los concesionarios.
A la luz de lo señalado, me parece necesario recabar mayores antecedentes respecto de lo que sucede, con el objeto de que se tomen las medidas que conduzcan a la solución definitiva de esta indefinición, que afecta diariamente a los usuarios de las carreteras o autopistas.
Por lo mismo, es igualmente importante analizar la exigencia del pago de multas por infracciones cursadas por Carabineros en contravención de la legislación vigente, ya que no hay fundamento legal que sustente su cobro.
En definitiva, estamos para fiscalizar el cumplimiento de las leyes. Este proyecto de acuerdo propone investigar lo que sucede y sus causas, pero, sobre todo, pretende dar una solución a este grave problema que, a todas luces, es una contravención de hecho a la legislación vigente en materia de límite de velocidad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ .-
Señor Presidente , para encontrarle sentido a este proyecto de acuerdo es muy importante clarificar que, en algún minuto, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones a la ley de Tránsito para cambiar la velocidad máxima a la que se transita por ciertos caminos que, se supone, cuentan con estándares adecuados para circular a una velocidad mayor. Así es como en aquellas vías con dos pistas en un mismo sentido y que poseen los estándares de seguridad, se pueda conducir a 120 kilómetros por hora. También se adecuó en sectores urbanos.
El espíritu del legislador al modernizar la ley también implica modificar la señalética, que debe advertir el cambio. Nos parece adecuado y necesario el respaldo unánime de la Sala a este proyecto de acuerdo, mediante el cual se pretende exigir al Ministerio de Obras Públicas actuar en consecuencia con la ley vigente. En caso contrario, dicho cuerpo legal carecerá de efectividad, ya que, a pesar de haber sido promulgado, la señalética no ha sido habilitada.
Es más, muchas de las vías todavía mantienen las señales antiguas, y los automovilistas bien informados, que saben de la modificación de la ley, transitan a una velocidad mayor porque entienden que esa vía debería estar habilitada para ello. No obstante, son infraccionados, porque Carabineros se apega a la letra y no al espíritu de la ley, a la señalética instalada, con lo cual a los automovilistas se les genera una tremenda confusión.
Por lo mismo, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones deberían implementar las señaléticas correspondientes y dejar sin efecto las multas cursadas, por carecer, a nuestro entender, de consistencia jurídica, de acuerdo con el espíritu del legislador y en beneficio del bien común.
Por eso, respaldo plenamente lo señalado recién por el colega Varela y lo planteado en el proyecto de acuerdo por sus diez autores.
Hemos legislado al respecto; ahora corresponde actuar en consecuencia. La ley está plenamente vigente; por lo tanto, es lo que rige y no lo que se le ocurra indicar a una autoridad o a un técnico determinado, porque no tiene la disposición, la voluntad o los recursos para adecuarse a la ley vigente.
Ojalá que el proyecto sea aprobado por la unanimidad de la Sala. Así lo hará, por lo menos, la bancada de la Democracia Cristiana.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
El señor ORTIZ.-
¡No!
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No hay acuerdo.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VII. INCIDENTES
SUSPENSIÓN DE PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SANITARIAS. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , días atrás, un matutino de la capital dio cuenta in extenso del avance en el proceso de licitación pública para adjudicar la administración de tres empresas sanitarias de la zona sur del país, que atienden a las regiones Novena, Undécima y Duodécima, y del avance del proceso de transferencia de propiedad de la ya privatizada Essal , Empresa Sanitaria de Los Lagos .
Sin duda, para algunos la noticia pareció alentadora, ya que varias firmas transnacionales constituidas en Chile como consorcios, en algunos casos aliadas con capitales nacionales, se interesaban por acceder ya no a la propiedad, sino a la administración de estas empresas, que por sus regulaciones tarifarias y calidad de monopolio naturales, son siempre un negocio seguro y rentable. Prácticamente no se corren riesgos en este sector económico, pues siempre existe demanda de esos servicios por parte de los usuarios. Por algo se denominan básicos o vitales.
Como parlamentario, he observado que se está avanzando en estas materias, en circunstancias de que en la Cámara existe una Comisión especial investigadora, que preside el diputado Patricio Melero , la cual está pronta a entregar sus conclusiones. Se está investigando la idoneidad y el marco regulatorio de las empresas sanitarias, pues todo Chile ha sido testigo de que, una vez privatizadas, aumentaron considerablemente sus tarifas, con la excusa de que comenzaban nuevas inversiones en los sistemas de tratamiento de aguas servidas, inversiones que siempre termina pagando el consumidor final y no el Estado o el prestador del servicio.
Hay muchos otros aspectos pendientes en esta materia que, a mi juicio, exigen que se suspendan estos procesos, sea de enajenación, esto es, venta; sea de entrega de la administración, o del uso y goce de la firma, como se pretende ahora. De lo contrario, no sólo se arriesga el patrimonio nacional, que es de todos los chilenos, sino también la salud y el bienestar de la población, en especial de los más humildes, que mes a mes se ven con la amenaza permanente del corte del suministro.
La voz del pueblo tiene razón. La gente reclama la arbitrariedad con que se fijan las tarifas del agua potable. Mientras se investiga, el Gobierno no debió acelerar la venta de las sanitarias, sino escuchar y respetar la opinión de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Para hacer presente la molestia de este parlamentario, pido que se oficie al ministro de Economía, con copia de mi intervención.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas del Partido por la Democracia, de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional, del Partido Socialista y de la Unión Demócrata Independiente que así lo indican.
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE LA PUNILLA, EN SAN FABIÁN DE ALICO. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier por tres minutos.
El señor LETELIER (don Felipe) .-
Señor Presidente , ayer, en un evento organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, se celebró el Día del Agricultor, ocasión en que vimos al Presidente de la República con el presidente de la SNA en un acto de mucha camaradería. Me alegro mucho de que exista una buena relación entre los agricultores y el Ejecutivo , por cuanto históricamente no han sido buenas las relaciones con ningún gobierno.
En dicha ocasión, el Presidente de la República señaló que se habían invertido más de cien millones de dólares para concluir el embalse Convento Viejo, en la Sexta Región. Me alegra mucho esa noticia; pero con la misma fuerza, quiero recordar que hace seis o siete años, cuando se recibieron los estudios de la cuenca del Itata, el Ejecutivo se comprometió, en San Carlos, Ñuble, Octava Región, a construir el embalse La Punilla, en la comuna de San Fabián de Alico. Los estudios de factibilidad, de viabilidad, de ingeniería, de impacto ambiental, de topografía, en los cuales se han gastado miles de millones de pesos, están prácticamente terminados. Sólo falta decidir si los trabajos se ejecutarán por la vía de concesiones o por el Estado.
En síntesis, pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República , en relación con el compromiso asumido por el Ejecutivo en 1995, en San Carlos, Ñuble, respecto del más grande de los proyectos en este rubro, que va a poner en pie a los agricultores de la zona.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ASFALTADO Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS AGRÍCOLAS EN PARRAL. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , para tres comunas del distrito que represento en esta Cámara, es muy importante contar con caminos asfaltados. Para lograr un mayor desarrollo de nuestra agricultura y hacer que los productos de exportación prendan cada vez más en esas comunas, es necesario completar el asfaltado de algunos caminos.
Por tal motivo, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el objeto de hacer hincapié sobre la importancia de acelerar los proyectos de asfaltado y pavimentación de los siguientes caminos: rol L-535, camino de Chalet-Quemado, Esperanza Plan, en Longaví; rol L-75, que va de Parral a la montaña, hasta el sector Digua, en las comunas de Parral y de Retiro, y rol L-85 Parral-Catillo, de la comuna de Parral.
Reitero la importancia que tiene el pronto asfaltado de esos caminos para las mencionadas comunas y solicito al ministro preocuparse de ello.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de los Comités del Partido por la Democracia, del Demócrata Cristiano, de Renovación Nacional y del Socialista y Radical que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN COMUNAS DE MACUL, SAN JOAQUÍN Y LA GRANJA. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , a propósito de la reunión que ayer sostuvo la Comisión de Seguridad Ciudadana con el general director de Carabineros , Alberto Cienfuegos , creo necesario conocer las políticas de seguridad ciudadana que el Gobierno y Carabineros están impulsando en las comunas de Macul, San Joaquín y La Granja.
Si bien al interior del distrito que represento las realidades son distintas, hemos notado iniciativas que enfrentan la inseguridad ciudadana en forma directa, no sólo reactiva, en algunos casos con medidas sancionadoras y represivas, y en otros, con intervenciones que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas.
En el caso de la comuna de San Joaquín, específicamente en la población La Legua, la Subsecretaría del Interior ha impulsado algunas obras que aún parecen insuficientes, pero que se encaminan hacia la dignificación de las personas, como la instalación de nuevas luminarias, el hermoseamiento de plazas, la dictación de cursos de capacitación y la instalación de una oficina de asistencia judicial, cuyo funcionamiento esperamos se prolongue por tres años, como lo prometió el subsecretario del ramo, señor Jorge Correa Sutil.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de que nos informe si se tienen contempladas iniciativas similares en otras poblaciones emblemáticas, como Chacarillas, en Macul, y San Gregorio, en La Granja.
Además, solicito que me dé a conocer información detallada sobre el plan Cuadrante y la implementación del programa Comuna Segura en las comunas del distrito que represento.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Jaramillo , Ojeda , Jiménez , Salaberry , Espinoza y de quien preside.
ANTECEDENTES SOBRE ORGANIZACIÓN CAPÍTULO CUARTO, DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino .
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , pido que se oficie al contralor general de la República para que nos informe sobre la contabilidad y administración en los últimos tres años de la organización Capítulo Cuarto, de la Cuarta Región, la cual agrupa a las quince municipalidades de la región. El directorio de la mencionada organización está constituido por los alcaldes de esas comunas, y su objetivo es cumplir funciones que beneficien a las mismas.
Es importante conocer qué recursos maneja esa organización, cuánto aporta cada municipalidad, de qué forma entregan sus aportes, qué destinos tienen los dineros y cuáles son los gastos en que ha incurrido en los últimos tres años.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Vilches , Hidalgo , Bayo, Jaramillo , Rojas , Salaberry y de quien habla.
ENTREGA DE ALMUERZOS A ORGANIZACIÓN UNPADE, DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , solicito que se oficie a la ministra de Educación para que considere la factibilidad de que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de la Cuarta Región disponga la entrega de quince almuerzos diarios a la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental, Unpade, organización de derecho privado que agrupa a padres con hijos discapacitados.
Dicha organización sólo recibe aportes de los padres de esos niños y jóvenes, razón por la cual deben hacer un gran esfuerzo para mantener un lugar donde operen talleres que permitan a discapacitados de distintas edades aprender un oficio, con el fin de que en el futuro, a pesar de su minusvalía, lleguen a ser personas que hagan un aporte a la sociedad.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y los diputados señores Vilches , Hidalgo , Bayo, Jaramillo , Rojas , Salaberry y de quien preside.
MEDIDAS PARA SOLUCIONAR ENDEUDAMIENTO DE ENAMI. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , quiero plantear la posición de los diputados de Renovación Nacional sobre la situación de la Empresa Nacional de Minería.
La Comisión de Minería y Energía de la Cámara, que tengo el honor de presidir, me ha dado un apoyo transversal para buscar una solución al endeudamiento de dicha empresa.
Es necesario buscar una solución al problema, porque la deuda no se debe a una mala gestión, sino a que el país tuvo que invertir en la fundición y refinería de Ventanas y en la fundición Hernán Videla Lira , ambas de Enami, y en la Corporación Nacional del Cobre, la empresa más grande de Chile, con el objeto de que la extracción del cobre no contaminara el medio ambiente, condición sine qua non que nos impusieron los países desarrollados, que siguen al pie de la letra las medidas para no contaminar y vivir en un medio ambiente favorable para las personas.
Debido a esa exigencia, el país tuvo que invertir en los últimos doce años para poder vender cobre en los mercados internacionales. Como no podíamos hacer el quite al requisito de producir sin contaminar, Enami ha debido pagar anualmente treinta millones de dólares en intereses para servir la deuda que contrajo para adecuar sus instalaciones. En la actualidad, la empresa se encuentra incapacitada de pagar, pues su flujo no le permite hacerlo.
Enami es una empresa de servicios eficiente; sus profesionales y trabajadores también lo son, y ellos han llevado adelante la principal actividad económica del país por más de cuarenta años.
Hoy la empresa necesita la decisión política del Presidente de la República , del ministro de Minería y del ministro de Hacienda para resolver el endeudamiento de corto plazo, que vence en septiembre de este año, y así poder negociar en el largo plazo el resto de la deuda. Ello permitirá que Enami siga sirviendo a la pequeña y mediana minería, que siga creciendo en la capacidad de sus actuales fundiciones y que pueda contar con una nueva refinería en Paipote, de manera de negociar con los privados la posibilidad de fundir y refinar todo lo que se extraiga en el país.
Pido que se oficie al ministro de Minería, señor Alfonso Dulanto, a fin de dar a conocer nuestro apoyo a su gestión para resolver los problemas de Enami.
Espero que pronto tengamos las noticias que el país y el sector minero están esperando.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Bertolino, Hidalgo, Ortiz, Jaramillo, Rojas, Escobar, Felipe Letelier, Salaberry, Bayo y de quien preside.
INVESTIGACIÓN SOBRE HIPOTECA DE INMUEBLE DE ESCUELA D-20 PARA PAGAR DEUDAS DE MUNICIPALIDAD DE ANGOL. Oficios
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO .-
Señor Presidente , la comunidad de Angol está impactada, porque a través de la prensa ha tomado conocimiento de que la ilustre municipalidad habría hipotecado una de sus escuelas más tradicionales y antiguas, la D-20, con el objeto de pagar deudas relacionadas con el perfeccionamiento de profesores de su corporación.
Nadie duda de que es justo pagar esa actividad, porque no tiene otro objetivo que mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, es necesario recordar que el Ministerio de Educación se hizo cargo de esas deudas hasta 1997. De ahí en adelante, los pagos corren por cuenta de las corporaciones respectivas, las que deben decidir, a principios de año, las necesidades locales para perfeccionar a los profesores y considerar el financiamiento respectivo.
Ahí está el problema: según antecedentes entregados por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, hay profesores que tienen más de 2 mil horas de perfeccionamiento al año, con un alto costo para el municipio, lo que ha significado que la disponibilidad de la corporación edilicia haya sido insuficiente para pagar tales actividades. Lo anterior está relacionado con las acciones de ciertos entes dedicados a entregar el perfeccionamiento. Algunos, entre ellos el director municipal de Educación , dicen que es un negocio muy rentable.
En resumen, al parecer hay un exceso de horas de perfeccionamiento en relación con las necesidades locales; existe una entidad dedicada a satisfacer lo anterior. Además, los fondos municipales son insuficientes o no han sido considerados para efectuar el correspondiente pago a los profesores y, por último, se hipoteca la escuela D-20, con el objeto de pagar las deudas.
Por lo anterior, solicito que se oficie a la ministra de Educación a fin de que se sirva investigar estos hechos. Asimismo, al alcalde de la municipalidad de Angol, con el objeto de que informe sobre la situación real del endeudamiento y las consideraciones que se tuvieron presentes para materializar el pago de las deudas con la hipoteca de la escuela.
Además, pido que se oficie al contralor general de la República para que se investigue la situación planteada, porque tenemos dudas acerca de su legalidad, pues, según se nos ha informado, para hipotecar un bien, como una escuela municipal, se requiere la aprobación previa de Hacienda.
Solicito que se adjunte copia de mi intervención a dichos oficios.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Hidalgo , Vilches , Escobar , Rojas, y de la diputada señora María Eugenia Mella .
HOMENAJE A LAS MUJERES INDÍGENAS EN SU DÍA INTERNACIONAL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer Indígena, rindo un homenaje a todas las mujeres que forman parte de nuestros queridos pueblos originarios; a todas las mujeres insertas en familias indígenas que, gracias a su fortaleza, se han constituido en grandes personas desde el punto de vista humano, que han luchado y bregado por una mejor calidad de vida y por ser buenas madres, buenas dirigentas sociales, sindicales, directoras de centros de padres y apoderados, de escuelas, de juntas de vecinos, etcétera.
La mujer indígena de nuestro país merece un reconocimiento por la fortaleza que siempre la ha caracterizado, por el empuje y el tesón para lograr una mejor calidad de vida.
Desde esta Cámara de Diputados, quiero hacer un justo reconocimiento a las mujeres indígenas, en especial a las del distrito 56, que represento, conformado por las comunas de Los Muermos, Fresia, Purranque, Río Negro, Puyehue, Puerto Octay, Llanquihue y Puerto Varas.
Rindo, también, homenaje a todas las mujeres indígenas del distrito vecino, de San Juan de la Costa, y del distrito que representa mi querido amigo, diputado señor Enrique Jaramillo , aquí presente.
Saludo, especialmente, a las dirigentas María Catrilef y Diva Paillalehue, de la comunidad indígena de Putrihue; a Marina Paillacheo, de la comunidad indígena Rain, de Fresia ; a María Treufo , de la comunidad indígena de Colihual, en Purranque; a Marilyn Núñez , de la comunidad indígena de colonia Ponce , en Purranque, y a tantas otras que con su esfuerzo han logrado que sus comunidades salgan adelante.
Considero justo y merecido este homenaje para todas ellas.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se agradece el homenaje rendido por su Señoría.
PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE ACTUACIONES DE ALCALDE DE FRESIA. Oficio.
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al contralor general de la República respecto de un tema preocupante que ocurre en la municipalidad de Fresia, provincia de Llanquihue.
El alcalde de dicha comuna, don Nelson Schwerter , ha hecho caso omiso de una serie de dictámenes por supuestas y marcadas arbitrariedades cometidas en desmedro de funcionarios municipales de los servicios traspasados, en especial en el ámbito educacional.
Hace pocos días, el 27 de agosto del presente año, la Contraloría General de la República ratificó el pronunciamiento emitido el año 2001, por oficio Nº 8.399, por la Contraloría Regional de la Décima Región de Los Lagos, que señalaba que el alcalde de la comuna de Fresia, señor Nelson Schwerter , había actuado arbitrariamente en el nombramiento del subdirector del Departamento de Administración Municipal. Dicho nombramiento fue ilegal, según la Contraloría regional, la que solicitó a dicha autoridad dejarlo sin efecto, cuestión que hasta la fecha no ha ocurrido y que ha culminado en los últimos días con la destitución del titular del Departamento de Administración Municipal, señor Luis Leühr , militante del Partido Socialista, debido a una clara y marcada persecución política de parte de la citada autoridad.
Ése no es el único dictamen de la Contraloría, máximo organismo fiscalizador de los servicios públicos, que no ha sido respetado por el alcalde de Fresia , sino que hay otros. Por ejemplo, el relativo al ejercicio ilegal de la coordinadora escolar, señora Verónica Álvarez , actualmente en dicho cargo, que tampoco ha sido respetado por el alcalde.
Solicito al contralor general de la República que emita un pronunciamiento definitivo al respecto y que realice las gestiones pertinentes que permitan, de una vez por todas, que en dicha municipalidad impere lo que determina un organismo fiscalizador como la Contraloría Regional de la Décima Región de Los Lagos y, en este caso, la Contraloría General de la República, porque no es posible que una autoridad edilicia, independientemente de la posición política que tenga, no respete las resoluciones emanadas de una institución que debe velar por la probidad, transparencia y el buen ejercicio de la función pública.
Por eso, solicito que se oficie al contralor general de la República , a fin de que se respeten los pronunciamientos antes señalados, que se refieren a dictámenes de la Contraloría General de la República que no han sido cumplidos en buena forma por dicha municipalidad.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Jaramillo , Villouta , Ortiz , Rojas , Mulet , Escobar y de quien habla.
SALUDO A LAS MUJERES INDÍGENAS EN SU DÍA INTERNACIONAL.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , nuestro Comité desea concederle tres minutos al diputado señor Jaramillo .
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , sólo le resta un minuto y medio a su Comité, pero estoy seguro de que en ese tiempo el colega Jaramillo puede hacer maravillas.
El señor JARAMILLO .-
Gracias por sus conceptos tan elogiosos hacia mi persona.
Señor Presidente , agradezco al Comité Socialista que me haya cedido el resto de su tiempo para referirme a un momento muy especial que está viviendo la mujer indígena: la celebración de su día internacional.
Diversas comunas de mi región, como Lago Ranco, Futrono , Río Bueno, Panguipulli , Paillaco y La Unión, están habitadas por un gran número de comunidades mapuches. Así, por ejemplo, el 60 por ciento de la población de Panguipulli es indígena.
Por eso, desde este hemiciclo, símbolo de nuestra democracia, rindo homenaje a las mujeres mapuches con motivo de celebrarse su día internacional, en particular en las personas de María Illapán , Alicia Rellanca , Ana María Lleuquepán y tantas otras que se me escapan en este minuto, líderes de las comunidades del sur de nuestro país. Para ellas, mis palabras de aprecio y de cariño en su día.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Mario Escobar .
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , distinguidos colegas, en la misma línea de los diputados Fidel Espinoza y Enrique Jaramillo , también rindo un homenaje y envío un cariñoso saludo a las mujeres atacameñas y quechuas de mi distrito, pues son ellas las que, con una fortaleza increíble, han logrado mantener sus tradiciones, además de engendrar hijos atacameños y quechuas.
SUPRESIÓN DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DIFÍCIL A PROFESORES DE COMUNA DE MARÍA ELENA. Oficios.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , tengo en mi poder una carta dirigida por el jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de María Elena, don William Butler Portales , a doña Mónica Uribe Tamblay , secretaria regional ministerial de Educación , en la cual le comunica que, con fecha 12 de abril de este año, apeló a la resolución de esa subsecretaría ministerial, en virtud de la cual se suprime la asignación por desempeño en condiciones difíciles que se otorgaba a los profesores de María Elena.
Pero lo más increíble de este caso es que durante años fueron considerados como profesores que cumplían labores de desempeño difícil, entendiéndose como tales las que se ejercen en lugares remotos o de ubicación geográfica marginal.
Resulta curioso, por decir lo menos, que no obstante que la Corema y la Conama han aplicado en forma inflexible a la SQM, la empresa que desarrolla allí sus actividades -lo denunciamos hace algunos días-, todas las normas ambientales, argumentándose que esa comuna está en riesgo ambiental, no se considere que los docentes trabajan en condiciones medioambientales peligrosas, que es, precisamente, una de las justificaciones -hay muchas otras; por ejemplo, el clima- que entregan los profesores a la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Me gustaría que los colegas pasaran uno, dos o tres días en la pampa para que se dieran cuenta de las condiciones en que trabajan esos colegas docentes, que, a pesar de todo, lo hacen dignamente porque quieren a esa pampa. Por eso, no parece razonable que se haya tomado una medida de tal naturaleza.
Quiero dar algunos datos. La oscilación térmica va de los cero a los 35 grados. En condiciones normales, los índices de material particulado son altos durante casi todos los días del año. La ciudad más cercana -se encuentra a 78 kilómetros de distancia- es Tocopilla, que carece de algunos servicios muy importantes; por ejemplo, para consultar a un médico especialista, los profesores deben viajar a Antofagasta, porque el hospital de Tocopilla no da abasto y, además, carece de especialistas.
Éstas son algunas de las tantas situaciones que hacen que el desempeño de los profesores se desarrolle en condiciones difíciles. Por otra parte, no existen lugares de recreación y esparcimiento, y esos maestros se encuentran muy aislados, en pleno desierto.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , y a la secretaria regional ministerial de Educación , doña Mónica Uribe , quien conoce muy bien estos antecedentes, a fin de que nos señalen las razones por las cuales se decidió suspender el pago de la asignación por desempeño difícil a los profesores de la comuna de María Elena, y si tal decisión se debería a un eventual cambio de las condiciones en que trabajan.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde de María Elena y a cada uno de los concejales de ese municipio.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Rojas.
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS .-
Señor Presidente , en primer lugar, me sumo a los oficios solicitados por el diputado señor Escobar , relacionados con la situación que aflige a los colegas profesores de la pampa salitrera, por quienes siento especial cariño y con quienes siempre tuve muy buenas relaciones, primero, como su colega en la pampa salitrera, y luego, como alcalde durante más de 10 años de esa bella y querida comuna.
Lo planteado por el diputado Escobar , que dice relación con la situación que afecta a los profesores de la pampa salitrera, ya había sido motivo de preocupación para el diputado que habla. Considero que los elementos considerados para suspender el pago de la asignación por desempeño difícil a los profesores de María Elena no son los más adecuados.
A todo esto hay que sumar el despoblamiento de la ciudad. El Gobierno sabe que se trata de un problema muy complejo, por lo cual es necesario que tome cartas en el asunto.
DECLARACIÓN DE OFICINAS SALITRERAS COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. Oficio.
El señor ROJAS.-
En segundo lugar, recientemente, invitada por el intendente de la Segunda Región , visitó Antofagasta una comisión que está recorriendo diversas ciudades del norte que podrían ser consideradas patrimonio de la humanidad. Esto se relaciona con determinados sectores salitreros, como Humberstone y Chacabuco, que constituyen dos importantes hitos en la historia salitrera.
Asimismo, debo destacar que el esfuerzo y la valentía de la gente de la pampa han quedado plasmados en el cuidado, en el trabajo y en la cultura generados en torno de dos grandes salitreras que aún se mantienen vivas: Pedro de Valdivia y María Elena . Cuando quien habla era alcalde de la primera de esas comunas, hicimos gestiones ante la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, a fin de que ambas fueran declaradas patrimonio cultural.
Por lo tanto, pido que se oficie a la directora de Bibliotecas, Archivos y Museos a fin de que en este circuito patrimonial salitrero, que será declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, sea considerada por lo menos una de esas dos salitreras.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ESTUDIO TÉCNICO DE TRÁNSITO EN CASCO CENTRAL DE ANTOFAGASTA. Oficio.
El señor ROJAS.-
Por último, pido que se oficie al general director de Carabineros , a fin de solicitarle la elaboración de un estudio técnico del sector central de Antofagasta, porque la ejecución de algunas obras por parte del municipio, tales como el cierre de una calle y la proyección de un paseo peatonal, han generado una verdadera hecatombe en el tránsito del casco central de la ciudad.
Me asiste la duda de que no se han tomado los resguardos técnicos necesarios para evitar el colapso vial que está afectando a toda la comunidad.
Por eso, es necesario que se efectúe un estudio técnico del cuadrante avenida Argentina, Washington , Copiapó y Riquelme , a fin de saber si ese sector está saturado y decidir si es posible la construcción del gran paseo peatonal Prat , proyectado para Antofagasta.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado Mario Escobar y de quien habla.
AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A AUTORIDADES POR INICIO DE OBRAS EN SECTOR DE LOMAS COLORADAS, EN SAN PEDRO DE LA PAZ. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , durante mi vida, especialmente en estos doce años y cinco meses que llevo como representante popular, he aprendido que hay que agradecer la materialización de obras que se consideraban imposibles.
Hace dos días, mi colega de distrito -lamento que no esté presente en la Sala- se refirió a una inquietud de los habitantes del sector Lomas Coloradas , que es el límite entre mi distrito y la comuna de Coronel, que el señor Presidente representa tan dignamente.
Al escuchar a la gente por televisión, me doy cuenta de que, obviamente, existe una gran desinformación. Por eso, considero que es mi deber usar esta tribuna que me han proporcionado por cuatro períodos consecutivos los habitantes de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, para hacer un poco de historia y reconocer que se hizo realidad lo que nadie creía que se realizaría. Además, me han llamado diversos dirigentes de juntas vecinales de distintos sectores de Lomas Coloradas.
Lomas Coloradas se empezó a poblar en forma espontánea hace alrededor de 18 ó 20 años, y en este instante viven allí cerca de 10 mil habitantes.
Recuperamos la democracia en 1990, e hicimos nuestras las inquietudes de esos pobladores que carecían de todo tipo de urbanización, con agua potable “propia”, que en cualquier momento sería cortada. Después de efectuar un trabajo diario, llegamos al siguiente resultado: durante los primeros ocho años conseguimos financiamiento para realizar trabajos temporales como, por ejemplo, emparejamiento de las calles, a fin de evitar el barro, en el invierno, y el polvo, en el verano. Pero nuestro compromiso era lograr la total urbanización del sector.
Algunos personeros de Oposición expresaron que estábamos vendiendo “pomadas”, ilusiones; pero no era así. He querido intervenir por respeto a los 10 mil habitantes de Lomas Coloradas, que forma parte de la comuna de San Pedro de la Paz.
¿Cuál es la verdad? El año pasado conseguimos un financiamiento de 3.375 millones de pesos para ese sector, gracias a que el Presidente Lagos se comprometió a asumir esa gran obra, si era elegido Primer Mandatario , y lo cumplió. El año pasado, los miles de habitantes de Lomas Coloradas, con sus casas embanderadas, le dieron la bienvenida al Presidente de la República , al subsecretario de Desarrollo Regional , don Francisco Vidal , y a los parlamentarios que desde el primer día estuvimos con ellos. En esa oportunidad, el Presidente anunció que las obras se realizarían.
¿Cuál ha sido el resultado de ese anuncio? El 12 de agosto de este año, es decir, hace varios días, se inició el proyecto “Construcción de casetas sanitarias, Lomas Coloradas de San Pedro de la Paz”, que tiene un costo de 3.375 millones de pesos, con un plazo de 720 días corridos para su ejecución; es decir, con fecha de término el 31 de julio de 2004. Lo que no se ha dicho es que quienes ejecuten las obras pueden terminarlas antes -no me cabe la menor duda de que así ocurrirá- y, con ello, obtener un premio.
El proyecto incluye las siguientes obras: 286 casetas, que constan de baño y cocina, en albañilería reforzada; 611 soluciones intermedias, 897 uniones domiciliarias de alcantarillado y 897 arranques de agua potable. En pavimentación: 33.768 metros lineales de soleras, 14.133 metros cuadrados de zarpas de hormigón, 95.568 metros cuadrados de base estabilizada de 15 centímetros, 23.797 metros cuadrados de carpeta de asfalto, primera etapa; 4.566 metros cuadrados de pasajes de hormigón de doce centímetros, 30.664 metros lineales de aceras de 1,20 metros de ancho, cien letreros de calles y cien señales de tránsito. En agua potable: 18.103 metros lineales de matrices. Evacuación de aguas servidas: 16.454 metros lineales de colectores de aguas servidas, más una planta elevadora ejecutada por Essbío. Evacuación de aguas lluvia: 30.243 metros cúbicos de sistema de drenes para aguas lluvia y 6.942 metros lineales de canaletas, recolectoras y filtrantes.
Éstas son las obras por más de 3 mil millones de pesos para los pobladores de Lomas Coloradas, que, además, se lo merecen. Pero algunos tratan de tirar una cortina de humo para ocultar esta gran obra de la Concertación.
Por lo tanto, pido que se oficie al Presidente de la República , a fin de agradecerle porque, una vez más, ha cumplido con la palabra empeñada con los parlamentarios de la Concertación y con la gente de Lomas Coloradas; al subsecretario de Desarrollo Regional , quien hizo posible el financiamiento de las obras; al alcalde de San Pedro de la Paz , a los concejales y funcionarios que colaboran eficientemente en el inicio de las obras, y a los dirigentes de la junta de vecinos de Lomas Coloradas, cuyos nombres haré llegar a la Mesa.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Lorenzini y Villouta.
RECHAZO A RESPUESTA DEL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS A OFICIO.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , sólo para expresar mi asombro por la “pomada” -el diputado Ortiz utilizó la misma palabra- que vende el director nacional de Aduanas , quien me parece que se llama Cristián Palma .
El 7 de mayo intervine aquí sobre un grave problema relacionado con Lan Chile, y pedí el envío de un oficio. El diputado señor Villouta -Vicepresidente de la Corporación en ese momento- despachó el oficio al ministerio respectivo el 8 de mayo, y el 17 del mismo mes se remitió al Servicio Nacional de Aduanas. Pues bien, ese señor me contesta después de tres meses, y debe pensar que los diputados no somos letrados -de “pomadas” ya tiene bastante el diputado Ortiz -, porque se limita a citarme una ley, sin responder ninguna de mis preguntas.
¡Hasta cuándo estas actitudes de funcionarios que debemos recibir en las comisiones! ¡Después de tres meses! En realidad, da vergüenza su respuesta. Me parece que falta capacidad de reflexión a nivel directivo del Servicio Nacional de Aduanas . Me da la impresión de que este señor, que viene de otro servicio público, lleva diez años “trabajando” para los gobiernos de la Concertación. En realidad, creo que sólo ha estado cobrando.
Desde esta Sala le digo al señor Palma que es una falta de respeto. En los próximos días vendrá a la Cámara y lo vamos a tratar como se merece. Éste es el Congreso Nacional, y debe ser respetado; el director nacional de un organismo no puede mofarse de los parlamentarios.
Pido perdón a la Sala por mis duras expresiones, pero yo no he sido designado a dedo, como él, ni por un jefe amigo; fui elegido por 23 mil electores. Él debe responder a un diputado de la República con argumentos.
Esto no termina aquí, señor Palma, y lo esperaremos. Volveré a insistir en el envío del oficio, pero esta vez no a usted, sino a su superior: el ministro , porque usted no sirve para estas cosas. Es mejor que vuelva a su “pega” anterior, porque si el Servicio Nacional de Aduanas sigue funcionando con su dirección, será necesario modificar la ley de Aduanas.
He dicho.
REGLAMENTACIÓN DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA PROFESORES. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, con bastante frecuencia me he referido en esta Sala al problema relacionado con los cursos de perfeccionamiento de los profesores.
Acabo de recibir una nota de la municipalidad de Bulnes relacionada con cursos de perfeccionamiento ofrecidos por una firma denominada Indeso Limitada, que estaría avalada por una universidad, pero no es así, y los profesores deben pagar por algo que no les servirá de nada, pues dichos cursos no están reconocidos por el Estado. Incluso, algunos profesores pidieron a la municipalidad descuentos por planilla, mientras que otros pagaron directamente.
Por eso, considero necesario que se dicte un decreto o que se envíe un proyecto de ley que haga obligatoria la verificación de aspectos esenciales para la calificación de dichos cursos.
Hace algunos días, un diario de Angol informó que el director del Daem habría manifestado que un profesor estaba pidiendo el pago de mil horas de perfeccionamiento que había desarrollado durante un año. Permanentemente se están ofreciendo cursos que no sirven de nada, porque no están relacionados con la función docente.
Considero que antes de que un profesor se inscriba en un curso de perfeccionamiento, el respectivo departamento de educación debería determinar si es concordante con la actividad docente, porque es uno de
los grandes problemas que se han presentado. Por ejemplo, se imparte un curso de cestería para profesores de educación física, y cosas por el estilo.
De manera que uno de los grandes problemas que deben enfrentar los municipios es la deuda, que se va incrementando, por concepto de cursos de perfeccionamiento, puesto que el Ministerio de Educación no acepta pagarlos porque no guardan relación con la labor docente.
Considero que la única forma de resolver el problema y de evitar la permanente queja de los municipios es que los cursos de perfeccionamiento sean analizados y verificados antes de llevarse a cabo y no después, porque eso es, precisamente, lo que origina críticas. Tenemos el caso específico de la municipalidad de Angol, que ha recurrido a un sistema que tiene un nombre raro, en virtud del cual un inmueble hipotecado que le pertenece es comprado por la misma municipalidad y lo paga en cuotas; pero si deja de pagar algunas, puede perder el inmueble que, en este caso, fue una escuela.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Educación, a fin de que, de una vez por todas, se dicte un reglamento rígido que regule los cursos de perfeccionamiento de los profesores.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.58 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Uriarte, Álvarez , Forni , Pablo Galilea, René Manuel García , Hernández , Longueira , Melero , Urrutia y Von Mühlenbrock . Sanciona con mayor rigor el abigeato y facilita su investigación. (boletín Nº 3038-07)
En zonas rurales, especialmente próximas a poblaciones o centros urbanos, sucede cada vez con mayor frecuencia que los animales existentes en predios y parcelas son objeto del delito de abigeato, previsto y sancionado en el artículo 449 del Código Penal.
Sin embargo, la norma penal aludida en nada disuade a los delincuentes que en bandas especializadas cometen abigeato como una manera de obtener regularmente ingresos ilegítimos. Es más, la práctica ordinaria consiste en carnear al animal en el potrero mismo, dejar allí los restos inservibles y llevarse la carne en un vehículo para ser comercializada en el mercado negro en condiciones higiénicas por lo demás peligrosas para la salud.
Ello aconseja perfeccionar tanto el tipo penal como las normas que regulan la investigación de estos delitos.
Lo primero que se propone es, entonces, hacer obligatorio y no facultativo -como ocurre en la actualidad en virtud de los incisos primero y tercero del citado artículo 449 del Código Penal- el aumento de la pena en un grado para el abigeato y, consiguientemente, por la remisión de penalidad del aludido inciso tercero, para el caso más habitual, que consiste en el aprovechamiento del animal en el lugar mismo donde se comete el delito, lo que suele ser distinto de las formas antiguas de abigeato, cuando los cuatreros arreaban los caballares para llevárselos en pie lejos del fundo de su dueño. Actualmente, se utilizan vehículos motorizados e instrumental adecuado similar al de los mataderos.
En cuanto a la investigación del delito y su denuncia ante las autoridades, caben las siguientes consideraciones como fundamento de esta iniciativa.
Desde luego, cualquier persona puede detener a quienes sorprenda cometiendo el delito in fraganti. Sin embargo, se entiende que la policía no está facultada para ingresar a un potrero sin orden competente, lo que impide la detención de los delincuentes. Por ello se propone permitir el ingreso de Carabineros e Investigaciones a un lugar que no sea morada sin orden competente ni autorización del propietario, con el objeto de aprehender a los autores del abigeato.
Adicionalmente, en el caso de las regiones en que todavía no entra en vigor el Código Procesal Penal, quienes se encuentran en lugares apartados difícilmente pueden llegar a formular la denuncia por abigeato ante Carabineros, y con mayor razón, suelen verse impedidos de acudir al tribunal, adonde son citados para ratificar la denuncia, diligencia que es completamente superflua al tenor del artículo 91 del Código de Procedimiento Penal. El resultado es que o no se denuncia, ni siquiera ante Carabineros, porque el afectado sabe que después no podrá trasladarse hasta el tribunal, o efectuada la denuncia el tribunal la archiva por falta de ratificación. Ello produce además el efecto de que el número de delitos efectivamente cometidos es superior al de los delitos denunciados, lo que falsea las estadísticas de esta grave situación. Por eso se propone que, en el caso del abigeato, la denuncia, acompañada de la declaración jurada de preexistencia y dominio que contempla el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, tendrá mérito suficiente para que el tribunal ordene de inmediato instruir sumario y practicar las diligencias que correspondan, sin necesidad de citar al denunciante para que ratifique sus dichos.
En mérito del o expuesto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 449 del Código Penal:
a) En el inciso primero, reemplázase la frase “podrán ser aplicadas”, por la siguiente: “serán aplicadas”.
b) Agrégase el siguiente inciso final:
“Quienes fueren sorprendidos in fraganti en los delitos de que trata este artículo, podrán ser detenidos en cualquier lugar cerrado que no sea morada, sin necesidad de consentimiento del dueño ni autorización judicial.”.
Artículo 2º.- Agrégase, en el inciso cuarto del artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, la siguiente frase, en un punto seguido (.):
“En el caso del robo o hurto de animales a que se refiere el artículo 449 del Código Penal, esta denuncia tendrá mérito suficiente para que el tribunal ordene de inmediato instruir sumario y practicar las diligencias que correspondan, sin necesidad de citar al denunciante para que ratifique sus dichos.”.
Moción de la diputada señora Lily Pérez , y de los diputados señores Álvarez-Salamanca , Becker , Delmastro , Errázuriz , René Manuel García , Hidalgo , Kuschel , Martínez y Vilches . Modifica el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para combatir la impunidad en robos cometidos en lugares públicos y medios de locomoción colectiva, así como hurtos a supermercados y grandes tiendas. (boletín Nº 3044-07)
Fundamentos
El presente proyecto de ley busca sancionar y castigar los delitos de robo que se cometan en el centro de las ciudades, lugares públicos y en los medios de locomoción pública, así como también poner término a la impunidad que existe hoy en el hurto cometido al interior de supermercados y de grandes tiendas.
En nuestra legislación, el actual inciso segundo del Artículo 436 del Código Penal, sanciona como robo la apropiación de dinero u otras especies que las víctimas lleven consigo cuando se proceda por sorpresa o aparentando riñas, en lugares de concurrencia o haciendo otras maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión. En consecuencia, para estos efectos no distingue entre robo y hurto, basta la simple apropiación en las circunstancias señaladas, para que se tipifique el delito como de robo, cualquiera que sea el valor de la especie apropiada.
No existe razón alguna para no aplicar el mismo criterio a aquellos casos de apropiación cometidos en calles, plazas, parques, centros comerciales u otros lugares de libre acceso público, o en medio de transporte colectivo, principalmente si consideramos que son éstos los delitos de mayor ocurrencia y que más afectan a la población.
En la actualidad, el hurto de una especie de valor inferior a una UTM (aproximadamente $ 28.496) no constituye delito, sino una falta. El hecho de que una persona hurte especies de un valor igual o inferior a este monto y sea sorprendido en el acto, implica que se trata de una falta frustrada, la que no tiene sanción alguna en nuestro ordenamiento penal, por lo que en consecuencia, queda impune.
Es por ello que las bandas organizadas para hurtar en supermercados, multitiendas, centros comerciales y establecimientos similares, se preocupan de que sus integrantes hurten especies de valor inferior al monto señalado. De esta forma, si los sorprenden al salir del establecimiento, sólo incurren en una falta frustrada, no recibiendo sanción ya que no han cometido delito alguno. Por otra parte, tampoco está sancionada la concertación para cometer estos delitos, por lo cual todos sus hechores quedan impunes.
La norma propuesta convierte en delito el hurto de especies de valor inferior a cuatro UTM que se cometa en supermercados, tiendas o locales comerciales, el que queda sancionado con las mismas penas que el Código Penal establece para hurtos cuyo monto exceda de cuatro y no pase de cuarenta UTM. Si el hurto excediere de este último valor se aplicaría la norma del Nº 1º del mismo artículo.
La modificación propuesta al artículo 146 del Código de Procedimiento Penal, tiene por objeto hacer aplicable a los delitos contemplados en el inciso segundo del artículo 436 del Código Penal, la disposición que elimina la necesidad de acreditar la preexistencia de las cosas encontradas en poder del inculpado, ni el dominio ajeno. Esto es, se pretende que, tratándose de los delitos de apropiación a que se ha hecho referencia al tratar la modificación propuesta al Artículo 436 del Código Penal, no se requiera acreditar ninguna de las dos circunstancias.
Esto es imprescindible para evitar la absoluta impunidad de que gozan los carteristas, lanzas, y asaltantes de medios de locomoción colectiva, por cuanto la gran mayoría de sus víctimas continúa en que quehaceres normales y no emprende la persecución del hechor. De aquí que, al detenerse a éste con posterioridad, se ignore quiénes fueron las víctimas y no puede acreditarse la preexistencia de la especie apropiada, con lo cual no se configura el delito.
En el caso del nuevo inciso tercero del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal que se propone en este proyecto, se está complementando la disposición anterior en el sentido que el delito y la participación punible se podrán comprobar con las fotografías y grabaciones que dejen constancia de la comisión del hecho punible y permitan identificar a su autor. En la actualidad, pese a existir estas evidencias incriminatorias, de no aparecer la víctima o no comparecer al tribunal a acreditar la preexistencia de la especie apropiada, el delincuente queda en libertad por falta de comprobación del delito.
Se hace necesario establecer que, cuando el hecho ha sido filmado, grabado o fotografiado, permitiendo la plena identificación del autor y su participación en el ilícito, esta prueba permita acreditar la comisión del delito y de su autoría, con lo cual el delincuente será condenado, y no, como ahora, que queda en libertad.
En virtud de lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY
1) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 436 del Código Penal, por el siguiente:
“Se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, la apropiación, cualesquiera sea la forma o modo en que se realice, en calles, plazas, parques, centros comerciales u otros lugares de libre acceso público, o en medios de transporte colectivo, de dinero u otras especies que los ofendidos lleven consigo”.
2) Agrégase al Nº 2º del artículo 446 del Código Penal, sustituyendo el punto final por una coma, la siguiente frase:
“o el hurto se cometiere en supermercados, tiendas o locales comerciales”.
3) Modifícase el inciso tercero del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal, de la siguiente forma:
a) Sustitúyese la frase “el artículo 454” por la siguiente:
“Los artículos 436, inciso segundo y 454”.
b) Intercálase el siguiente nuevo inciso tercero, pasando el tercero actual a ser cuarto:
“En el caso del inciso 2º del artículo 436, aun cuando no compareciere la víctima o se ignorare su identidad, servirá para acreditar la existencia del delito y la participación punible, la fotografía, cinta, grabación, u otro medio de grabar imágenes, que deje constancia del hecho y que haya sido efectuada por los sistemas de seguridad del recinto o vehículo o por sistemas de vigilancia de calles, plazas u otros lugares de libre acceso público instalados por la autoridad o la policía; como también la declaración de los funcionarios policiales que hubieren practicado la detención del delincuente por delito flagrante”.
Moción de los diputados señores Errázuriz , Barros, René Manuel García y Masferrer . Elimina responsabilidad solidaria en accidentes de tránsito. (boletín Nº 3045-15)
“Considerando:
1) Que el artículo 174 de la ley Nº 18.290, de 1984, modificada por ley Nº 19.495, de 1997 establece la responsabilidad solidaria del conductor y propietario de un vehículo en caso de accidente. Esto es, los terceros, víctimas de un accidente, pueden demandar indemnización de perjuicios por el total de los daños causados, tanto al propietario como al conductor del vehículo que ocasionó el accidente.
2) Que el dueño del vehículo sólo queda excluido de responder solidariamente si acredita que “el vehículo fue usado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita”.
3) Que es muy frecuente que en la compraventa de vehículos motorizados, el vendedor firme la transferencia, reciba el precio y el comprador no efectúe la inscripción correspondiente en el Registro de Vehículos Motorizados. Así, el propietario, sin saberlo, queda como deudor solidario de su comprador en caso de accidente ocasionado por el vehículo que vendió.
4) Que lo anterior resulta muy injusto, pues debiera bastar que el propietario acredite que se celebró el contrato de compraventa con el respectivo documento firmado ante notario, para eximirlo de asumir la responsabilidad solidaria.
Venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 174 de la ley Nº 18.290, modificada por ley Nº 19.495, de 1997 por los siguientes:
“El conductor del vehículo es responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo del uso del vehículo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a terceros, de conformidad a la legislación vigente.
“Si se otorgare una licencia de conductor con infracción a las normas de esta ley, quienes participen en dichos otorgamiento serán responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen por culpa del conductor a quien se le hubiere dado dicha licencia, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que correspondan”.
Moción del diputado señor Pedro Muñoz . Modifica el Código Penal incorporando como ilícito el porte de arma blanca en determinadas circunstancias y aumentando la penalidad en los casos en que fueran utilizadas en algunos delitos. (boletín Nº 3046-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º numerales 1º y 3º, y 60 numeral 3º, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
1. Las estadísticas del Ministerio del Interior, respecto de los delitos de mayor connotación social, las que demuestran que, en los últimos años, la delincuencia, medida en la tasa de denuncias de delitos de mayor connotación social, ha tenido un incremento significativo en las principales ciudades de la región de Magallanes y la Antártica chilena, aumentando entre 1999 y el 2001 en un 66% en Punta Arenas y en un 147%, en el caso de Puerto Natales.
2. Ello es particularmente grave si se tiene en consideración que la región se ha caracterizado, tradicionalmente, por sus bajos índices en la materia, con tasas de delincuencia relativamente reducidos, en comparación con la zona central del país.
3. Lamentablemente, dicho aumento de los hechos ilícitos ha pasado de ser un asunto coyuntural, como se creyó inicialmente, para transformarse en un fenómeno permanente.
Al mismo tiempo, el notable aumento de éstos ha descartado, también, el argumento de que las cifras son aún reducidas en comparación a otras regiones, alcanzándose ya guarismos muy similares a otras ciudades del país de tamaño semejante.
4. Las mencionadas estadísticas del Ministerio del Interior son elocuentes en dos de los delitos más peligrosos contra las personas. Así, sólo en los últimos dos años, el robo con violencia se han incrementado en un 400%, en tanto las lesiones lo han hecho en cerca de un 50%.
5. Que, en particular, en los últimos meses han ocurrido tres graves homicidios en la comuna de Punta Arenas y otras tantas riñas y casos de lesiones graves, los que han causado gran consternación entre la población y que se suman a reiterados hechos de violencia, e incluso la desaparición del menor Ricardo Harex , cuyo paradero sigue sin conocerse.
6. Que dos características de estos sucesos resultan especialmente preocupantes. En primer término, la comprobación de que cada vez es más frecuente que en los hechos delictivos participen menores de edad, lo que ha motivado la proposición de una legislación especial que, en estos días, inicia su trámite en el Congreso Nacional.
En segundo lugar, se ha detectado el uso en tales hechos de armas blancas.
7. Que, en este punto, se constata la insuficiente consideración en nuestra legislación respecto de dichas armas.
Así, la ley se ha ocupado fundamentalmente de las armas de fuego, estableciendo una legislación especial sobre el particular.
Las restantes, sólo son consideradas bajo el genérico de armas en el Código Penal, definidas en una disposición de carácter específico, el artículo 132 y sujeta a una normativa muy difusa e inorgánica.
8. Ello se agrava por la indeterminación que afecta a dos de los ilícitos que, en forma más reiterada son cometidos con tales elementos, las amenazadas y las lesiones menos graves, donde existen figuras similares a nivel de faltas, en el artículo 494, numerales 4º y 5º, complicando la calificación por parte de los tribunales.
9. Por el contrario, muchas legislaciones han procedido de forma diversa, sea prohibiendo, expresamente, el porte de este tipo de elementos punzantes, cortantes o contundentes, puesto que dicha acción no resulta justificada, sino para el caso de determinados oficios o aficiones, funcionarios públicos y prácticas deportivas autorizadas y controladas, o bien, a través de la introducción de agravantes en la comisión de delitos con armas blancas o del aumento de la penalidad a las lesiones cometidas con tales elementos.
10. Nuestro Código Penal tiene dos disposiciones de este carácter. Así, los artículos 402 y 403 establecen una especie de presunción en contra de quienes hayan causado lesiones comprobadas con dichas armas, para sancionarlos, aun con una pena atenuada, respecto de las lesiones de mayor gravedad que, también, se hubieran ocasionado y cuyo autor no constare.
Por otra parte, el artículo 450, incisos segundo y tercero, luego de las modificaciones de las leyes Nºs 13.303 y 19.449, respectivamente, establece una forma de agravamiento del tipo para los robos cometidos utilizando o portando armas, norma que también es aplicable, con algunas limitaciones al caso del hurto.
11. No existe, sin embargo, similar consideración para el caso del delito de lesiones que afecta un bien jurídico tan importante como la salud e integridad de la persona.
En este tipo, sólo existe la citada presunción de los artículos 402 y 403, las que, sin embargo, en razón de su propio carácter, de las bajas penas existentes para esos delitos y de la posibilidad de que los delincuentes sean sancionados como responsables de faltas, permiten reducir excesivamente la sanción aplicable.
12. En razón de ello, vengo en proponer diversas modificaciones al Código Penal, destinadas, por una parte, a facilitar la configuración de algunos tipos penales y asegurar una mayor sanción a los delincuentes que utilicen armas cortantes, punzantes o contundentes, como asimismo, a establecer una prohibición sobre el porte de armas blancas, en determinadas circunstancias, configurando diversas hipótesis de peligro.
Se ha descartado la formulación de una prohibición y sanción genérica al porte de armas blancas, por las dificultades prácticas que ocasionaría una norma de este tipo, aunque, ciertamente, pudiera incorporarse una disposición que, a lo menos, lo hiciera respecto de aquéllas de menor tamaño que son consideradas, en la legislación comparada, más peligrosas por su facilidad para ocultarse.
Por lo anterior, el diputado que suscribe, viene en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modifíquese el Código Penal de la siguiente forma:
1. Reemplácese el epígrafe del párrafo 8º del título 6º del libro segundo por el siguiente: “De la fabricación, distribución, tenencia y porte de armas prohibidas”.
2. Incorpórese, en el artículo 288, los siguientes incisos segundo y tercero:
“Las mismas penas se aplicarán a aquél que portare algún tipo de armas de aquéllas señaladas en el artículo 132, con ocasión de:
1. Asistir a espectáculos públicos o centros nocturnos, tales como bares, pubs, discoteques, boites y cabarets. Si leyes especiales han dispuesto penas superiores para estos casos, se estará a lo dispuesto en ellas.
2. Encontrarse bajo la influencia del alcohol, drogas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.
3. Hallarse varias personas reunidas, existiendo concierto para su porte.
Si el autor ha sido condenado anteriormente por cualquier delito o falta cometido con dichos elementos, se podrá aplicar hasta el doble de las penas establecidas en el inciso precedente.
No será aplicable esta sanción a quienes comprobaren que el porte de dichas armas tiene por objeto una causa justificada, tal como una finalidad de colección o la realización próxima de un oficio, práctica deportiva o actividad en la que se utilicen habitualmente”.
3. Agréguese el siguiente inciso final al artículo 296:
“Se entenderá que la consumación del hecho aparece como verosímil, siempre que la amenaza se realizare utilizando armas de fuego o de aquéllas señaladas en el artículo 132”.
4. Incorpórense los siguientes incisos segundo y tercero del artículo 400:
“Serán castigados con presidio mayor en su grado mínimo, los responsables de los delitos señalados en los artículos 396 y 397, si utilizaren armas en su comisión, a menos que les corresponda una pena mayor por el delito cometido.
Si las lesiones producidas fueran de las referidas en el artículo precedente, se aumentará la pena respectiva en un grado”.
5. Modifíquese el artículo 494 de la siguiente forma:
a. Incorpórese en su numeral 3º entre las expresiones “competente” y “cargare” la frase “y fuera de los casos previstos en el artículo 288,”.
b. Incorpórese el siguiente inciso final:
“En los casos previstos en el numeral 4º y en los del numeral 5º, en cuanto las lesiones se causaren con armas de aquéllas señaladas en el artículo 132, se aplicará siempre la pena en su máximo”.