Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ANALIZAR LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS DE AGUA EN FAVOR DE AGUAS ANDINAS.
- INTEGRACIÓN
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Rosa Gonzalez Roman
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Jose Antonio Kast Rist
- Cristian Antonio Leay Moran
- Pablo Lorenzini Basso
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Cristian Pareto Vergara
- Victor Manuel Rebolledo Gonzalez
- Alberto Robles Pantoja
- Ivan Paredes Fierro
- Carolina Toha Morales
- INTEGRACIÓN
- ENVÍO A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PROYECTO QUE MODIFICA LEY Nº 18.168, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA REGULAR LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELÉFONOS CELULARES.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ANALIZAR LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS DE AGUA EN FAVOR DE AGUAS ANDINAS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CUARTO PROTOCOLO ANEXO AL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS RELATIVO A LAS TELECOMUNICACIONES BÁSICAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Carmen Ibanez Soto
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Carmen Ibanez Soto
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE ACUERDO SOBRE REGULACIÓN DE LA PESCA EN ALTA MAR POR LA VÍA DE VINCULAR LOS BUQUES CON EL ESTADO DE SU PABELLÓN. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Carmen Ibanez Soto
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- DEBATE
- INTERVENCIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN DENUNCIA DE ATENTADOS SEXUALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Uriarte Herrera
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Juan Masferrer Pellizzari
- Edmundo Salas De La Fuente
- Rene Manuel Garcia Garcia
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Marcelo Forni Lobos
- Jorge Burgos Varela
- Edmundo Salas De La Fuente
- INDICACIÓN
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CUARTO PROTOCOLO ANEXO AL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS RELATIVO A LAS TELECOMUNICACIONES BÁSICAS. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- AMPLIACIÓN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL POR DELITOS SEXUALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Eduardo Lagos Herrera
- Fernando Meza Moncada
- Samuel Venegas Rubio
- Camilo Escalona Medina
- Guido Girardi Lavin
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Patricio Walker Prieto
- Carolina Toha Morales
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Manuel Rojas Molina
- Waldo Mora Longa
- Edgardo Riveros Marin
- Eugenio Bauer Jouanne
- Victor Barrueto
- Edmundo Salas De La Fuente
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Maria Isabel Allende Bussi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMPLIACIÓN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL POR DELITOS SEXUALES.
- VII. INCIDENTES
- APOYO A LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL.
- COMENTARIO SOBRE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA.
- ANTECEDENTES SOBRE APLICACIÓN DEL PROGRAMA “ORÍGENES” EN LA COMUNA DE VILCÚN. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- ADHESION
- IMPLEMENTACIÓN DE PASOS SOBRE NIVEL EN TRAMO DE LA CUARTA REGIÓN DE LA RUTA 5. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE ACTIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PREN-DARIO EN LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- ADHESION
- DEFICIENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ANGOL. Oficios.
- SUBVENCIÓN ESTATAL PARA SALAS CUNA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE ACUERDO DE CONCEJO DE CONTULMO PARA FINANCIAR VIAJE AL EXTERIOR. Oficio.
- SITUACIÓN QUE AFECTA A COOPERATIVA HABITACIONAL “ÁNGEL GABRIEL”, DE CHILLÁN. Oficios.
- COMPROMISO DE ALCALDE DE PUENTE ALTO EN RELACIÓN CON ERRADICACIÓN DE CAMPAMENTO “CARLOS OVIEDO”. Oficio.
- CREACIÓN DE DOS JUNTAS INSCRIPTORAS EN LA COMUNA DE PUERTO VARAS. Oficios.
- CAMPAÑA CONTRA EXPORTACIONES FORESTALES A ESTADOS UNIDOS. Oficio.
- INFORMACIÓN ACERCA DE IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. Oficios.
- IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- RÉPLICA A CRÍTICAS FORMULADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Pedro Araya Guerrero
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- ADHESION
- COMPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA MINISTERIO DE AGRICULTURA. Oficio.
- ADHESION
- Pedro Araya Guerrero
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Pablo Lorenzini Basso
- Rodolfo Seguel Molina
- ADHESION
- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE REQUEGUA, COMUNA DE SAN VICENTE. Oficio.
- ADHESION
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- SUPLEMENTO PRESUPUESTARIO PARA LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pedro Araya Guerrero
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rosa Gonzalez Roman
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Sergio Correa De La Cerda
- Julio Dittborn Cordua
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Mario Escobar Urbina
- Victor Perez Varela
- Pablo Prieto Lorca
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Mario Escobar Urbina
- Felipe Letelier Norambuena
- Pablo Prieto Lorca
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eduardo Diaz Del Rio
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA
Sesión 23ª, en jueves 1 de agosto de 2002
(Ordinaria, de 10.39 a 14.02 horas)
Presidencia de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo,
y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Integración de Comisión especial encargada de analizar la enajenación de derechos de agua en favor de Aguas Andinas 11
- Envío a Comisión de Obras Públicas de proyecto que modifica ley Nº 18168, general de Telecomunicaciones, para regular la instalación de antenas de teléfonos celulares 11
V. Orden del Día.
- Proyecto de acuerdo aprobatorio del cuarto protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios relativo a las telecomunicaciones básicas. Primer trámite constitucional 12
- Proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Primer trámite constitucional 14
- Proyecto de acuerdo aprobatorio de acuerdo sobre regulación de la pesca en alta mar por la vía de vincular los buques con el Estado de su pabellón. Primer trámite constitucional 17
- Intervención de profesionales de la salud en denuncia de atentados sexuales. Primer trámite constitucional 22
VI. Proyectos de acuerdo 37
- Ampliación de responsabilidad criminal por delitos sexuales 38
- Recuperación de espacio de la Cámara de Diputados en el antiguo edificio del Congreso Nacional 42
VII. Incidentes.
- Apoyo a la nueva institucionalidad cultural 43
- Comentario sobre la actualidad económica 44
- Antecedentes sobre aplicación del programa “Orígenes” en la comuna de Vilcún. Oficios 45
- Información sobre seguimiento de la reforma procesal penal. Oficio 46
- Implementación de pasos sobre nivel en tramo de la Cuarta Región de la ruta 5. Oficio 46
- Antecedentes sobre actividad de Dirección General del Crédito Prendario en la Cuarta Región. Oficio 46
Pág.
- Deficiencias en construcción de escuela en Angol. Oficios 47
- Subvención estatal para salas cuna. Oficios 47
- Información sobre acuerdo de concejo de Contulmo para financiar viaje al exterior. Oficio 48
- Situación que afecta a cooperativa habitacional “Ángel Gabriel”, de Chillán. Oficios 48
- Compromiso de alcalde de Puente Alto en relación con erradicación de campamento “Carlos Oviedo”. Oficio 49
- Creación de dos juntas inscriptoras en la comuna de Puerto Varas. Oficios 50
- Campaña contra exportaciones forestales a Estados Unidos. Oficio 51
- Información acerca de irregularidades en municipalidad de San Fernando. Oficios 52
- Irregularidades en gestión del gobierno regional de la Octava Región. Oficio 53
- Réplica a críticas formuladas por el Presidente de la República. Oficios 54
- Complementación presupuestaria para Ministerio de Agricultura. Oficio 55
- Construcción de camino de Requegua, comuna de San Vicente. Oficio 56
- Suplemento presupuestario para la Corporación de Asistencia Judicial. Oficios 56
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que crea las bolsas de productos agrícolas (boletín 1640-01) 58
2. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (boletín Nº 1640-01) 58
3. Moción de las diputadas señoras González, doña Rosa, y Cristi, doña María Angélica, y de los diputados señores Correa, Dittborn, Egaña, Escobar, Pérez, don Víctor; Prieto y Vilches que establece y regula la declaración de salud como elemento constitutivo del contrato de salud previsional, contemplado en la ley Nº 18.933 (boletín Nº 3016-11) 77
4. Moción de los diputados señores Valenzuela, Ceroni, Escobar, Letelier, don Felipe y Pareto que establece normas para autorizar la importación de vehículos que empleen tecnologías limpias (boletín Nº 3017-15) 78
5. Moción del diputado señor Díaz que establece incentivos y prohibiciones en la adquisición de predios con uso de recursos del Fondo de Tierras Indígenas (boletín Nº 3018-01) 80
6. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de créditos (boletín Nº 2987-05) 81
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del diputado señor Errázuriz por la cual informa que se encuentra con reposo médico desde el 26 de julio en curso y por un lapso de tres semanas.
2. Oficios:
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Cornejo, incidentes en seminario sobre reforma de salud.
-Del diputado señor Delmastro, pensiones asistenciales otorgadas durante 1999, 2000 y 2001 en la Décima Región; proyecto electrificación sector Chancoyán, comuna de Valdivia.
-Del diputado señor Kuschel, recortes y reorientación de recursos que afectarían a la Décima Región.
Ministerio de Relaciones Exteriores
-Del diputado señor Paredes, pronunciamiento oficial y público sobre el derecho a la libre determinación del pueblo palestino.
Ministerio de Hacienda
-De la Corporación, declaración de formulario 187 fuera de plazo.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Bayo, denuncia de profesores de la Novena Región.
-Del diputado señor Vilches, evaluación daños escuela El Chañar de Copiapó.
-De la diputada señora Rosa González, pérdida de computador y un laboratorio de Liceo Comercial Ramón Beas de la comuna de Arica.
Ministerio de Justicia
-De la diputada señora Rosa González, situación de huelga de hambre de internos del Complejo Penitenciario de Arica .
Ministerio de Obras Públicas
-Del diputado señor Barros, reparación del camino Chépica Bajo, Séptima Región.
-Del diputado señor Alvarado, alternativa 2 del trazado para la variante Limache.
-Del diputado señor Venegas, presentación de antecedentes sobre Directorio de la Empresa Portuaria de San Antonio.
-Del diputado señor Espinoza, estado de trámites Población Dollinco, Décima Región.
-Del diputado señor Ramón Pérez, circulación vehicular en la ciudad de Iquique con Panamericana Norte.
-Del diputado señor Pablo Galilea, obras viales Undécima Región.
-Del diputado señor Delmastro, obras río Cruces en comuna de Lanco, Décima Región.
Ministerio de Bienes Nacionales
-Del diputado señor Sánchez, situación de terrenos pertenecientes al Sr. Dago Cabero Cabero, Undécima Región.
-Del diputado señor Kuschel, recorte y reorientación de recursos para la Décima Región.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
-De la Corporación, ampliación de plazo de la ley Nº 19.750.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor Kuschel, recorte y reorientación de recursos para la Décima Región.
Ministerio de Minería
-Del diputado señor Navarro, transporte de material radioactivo.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Escalona, obras de agua potable, alcantarillado y tratamientos para evacuar aguas servidas que se ejecutarán en la localidad de Alerce.
-Del diputado señor Delmastro, otorgamiento de títulos de dominio en Población San Francisco de la ciudad de Valdivia; seguro de incendio de viviendas adquiridas a los Serviu.
-Del diputado señor Navarro, localización predios licitados por la Armada de Chile, comunas de Tomé y Penco.
-Del diputado señor Pablo Galilea, viviendas construidas con fondos sectoriales durante los últimos tres años en comunas de la Región de Aisén.
-Del diputado señor Recondo, situación que afecta a la constructora García Popelaire.
-Del diputado señor Kuschel, recorte y reorientación de los recursos para la Décima Región.
-Del diputado señor Jarpa, demora en la entrega de viviendas para el Comité de Vivienda La Dehesa, comuna de Chillán.
-Del diputado señor Barros, Villa Magisterio de la comuna de Santa Cruz.
-De la Corporación, exención de pago de dividendos a deudores Serviu con rentas menores a $ 160.000 mensuales.
Intendencia Región de Los Lagos
-Del diputado señor Lagos, cupos en materia de empleo asignados a comunas de la región.
Municipalidades de Cisnes y Coihaique
-Del diputado señor Pablo Galilea, remuneración del sector educación.
Municipalidad de Tomé
-Del diputado señor Navarro, situación de la Empresa Essbío S.A.
Municipalidad de Valdivia
-Del diputado señor Kuschel, número de patentes de todo tipo entregadas y caducadas en los últimos 10 años.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (107)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Rebolledo González, Víctor Manuel PPD IV 7
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Fidel Espinoza.
-Asistió, además, el ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor SALAS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor SALAS (Vicepresidente).- El acta de la sesión 19ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 20ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor SALAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ) da cuenta a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor MONTES.- Un alcance a la Cuenta, señor Presidente.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría.
El señor MONTES.- Hace mucho tiempo estamos esperando que figure en la Tabla el proyecto referido a la instalación de las antenas celulares. Esa petición la he reiterado en distintas oportunidades, pero ni siquiera ha sido convocada la Comisión para tratar esa materia. Por lo tanto, pido que me informen qué ha ocurrido al respecto.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).- Se le dará una respuesta en el transcurso de la sesión, señor diputado .
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ANALIZAR LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS DE AGUA EN FAVOR DE AGUAS ANDINAS.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Propongo la siguiente nómina de señoras diputadas y de señores diputados para integrar la Comisión especial encargada de analizar la enajenación de los derechos de agua de la municipalidad de Santiago en favor de la empresa sanitaria Aguas Andinas Sociedad Anónima: Rodrigo Álvarez Zenteno, Alberto Cardemil Herrera, Rosa González Román, Jaime Jiménez Villavicencio, José Antonio Kast Rist, Cristián Leay Morán, Pablo Lorenzini Basso, Nicolás Monckeberg Díaz, Cristián Pareto Vergara, Manuel Rebolledo González, Alberto Robles Pantoja, Iván Paredes Fierro y Carolina Tohá Morales.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
La Comisión se constituirá a las 15 horas de hoy.
ENVÍO A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PROYECTO QUE MODIFICA LEY Nº 18.168, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA REGULAR LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELÉFONOS CELULARES.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En cuanto a la consulta del diputado señor Carlos Montes, hago presente a la Sala que el proyecto que modifica la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones, para regular la instalación de antenas emisoras y receptoras y tendidos de cables aéreos, de suministro de señales y energía, se encuentra en trámite en las Comisiones unidas de Obras Públicas y de Vivienda.
Sobre el particular, se ha informado a la Mesa que existiría acuerdo para que fuera analizado sólo por la Comisión de Obras Públicas.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CUARTO PROTOCOLO ANEXO AL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS RELATIVO A LAS TELECOMUNICACIONES BÁSICAS. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Cuarto protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (telecomunicaciones básicas), adoptado en Ginebra el 15 de abril de 1997.
Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores , Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Isabel Allende.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2827-10, sesión 16ª, en 13 de noviembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 13ª, en 17 de abril de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora diputada informante.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Cuarto protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios”, relativo a telecomunicaciones básicas, adoptado por los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 15 de abril de 1997.
Este acuerdo general propone la liberalización del comercio de servicios a través de negociaciones multilaterales entre los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio. La negociación debe hacerse sobre la base de las ventajas mutuas y de un equilibrio general de derechos y obligaciones, respetando debidamente el objetivo de las políticas nacionales del sector.
Como lo manifiesta el mensaje, la primera ronda de dichas negociaciones, llevadas a cabo para tal propósito, culminó el 15 de febrero de 1997, con la participación de 69 países.
Las ofertas de los países se consignan en 55 listas de compromisos específicos anexas al Cuarto protocolo en tramitación legislativa, que suman 455 páginas. La lista presentada por Chile se registra entre las páginas 96 a 100, más un documento de referencia que contiene las definiciones y principios relativos al marco reglamentario de los servicios de telecomunicaciones básicas, incluido entre las páginas 101 y 103.
Las materias reguladas por este Protocolo son de un contenido altamente técnico, de modo que me referiré a ello en términos bastante generales.
La lista chilena establece las condiciones por las cuales deberán regirse los operadores extranjeros para acceder al mercado local a fin de prestar los servicios comprendidos en ella.
El mensaje destaca que, a pesar de que no todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio participaron en estas negociaciones, los compromisos asumidos se hacen extensivos a todos ellos, en virtud de la cláusula de la nación más favorecida. Asimismo, plantea que todos los países industrializados del mundo participaron en las negociaciones, junto con más de 40 países en desarrollo de prácticamente todas las regiones del mundo, así como seis de las economías en transición de Europa Central y Oriental. Así, considerando cifras de 1995, los mercados participantes en las negociaciones representaron más del 91 por ciento de los ingresos mundiales procedentes de las telecomunicaciones.
El resultado de estas negociaciones, según el mensaje, constituyó un buen balance entre las obligaciones y los derechos adquiridos por los participantes. El acuerdo reafirma la intención de los países miembros de liberalizar el sector de las telecomunicaciones.
Ésta es la línea respecto de la cual hoy existe un compromiso. Hacia ese punto se dirige el espíritu de los países miembros de la OMC, pese a que un número importante de ellos aún mantiene restricciones a la participación local y/o establece restricciones a la incorporación de capital extranjero en las compañías del sector.
Como lo señala el mensaje, los compromisos generados en estas negociaciones multilaterales consolidan la liberalización en sectores tales como la telefonía de larga distancia, nacional o internacional, servicios celulares y servicios de comunicación personal.
Además, se incorpora el concepto de neutralidad tecnológica. Esto significa que el proveedor decidirá la tecnología más adecuada para la prestación de un servicio particular, ajustándose a las regulaciones pertinentes. Un aspecto que destaca el mensaje es la adopción, casi en su totalidad, por parte de Chile, del documento de referencia, que forma parte integral de la oferta, estableciéndose aspectos importantes en materia regulatoria, como, por ejemplo, la independencia que debe mantener el ente regulador respecto del ente regulado.
Es obvio que la materia es bastante técnica, pero tiene un sentido muy esencial, cual es señalar que se tiende a la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y que ésta es la línea que la OMC y sus países integrantes están llevando a cabo en forma gradual. Cabe destacar que nuestro país va a la vanguardia al respecto.
Por los antecedentes expuestos, y después de escuchar a los distintos invitados, la Comisión, por unanimidad, compartió los propósitos liberalizadores del mercado de las telecomunicaciones que se persiguen con este instrumento internacional, así como la afirmación que hace el mensaje en cuanto a que los compromisos asumidos por Chile no implican ningún cambio a la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones , ni afectan las disposiciones de la ley Nº 18.838, que creó el Consejo Nacional de Televisión.
Es cuanto puedo informar.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra la diputada señora Carmen Ibáñez.
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen) .-
Señor Presidente , el tratado internacional que la honorable Cámara discute en este momento tiene por objeto la liberalización del comercio internacional de servicios, en lo relativo a las telecomunicaciones básicas, conforme a las normas y procedimientos de la Organización Mundial de Comercio, lo que asegura que las negociaciones correspondientes se efectuarán sobre la base de ventajas mutuas para los Estados participantes y de un equilibrio general de derechos y obligaciones, conforme a los objetivos de las políticas nacionales en el sector. Ello ha despertado mucho interés en el sector de las telecomunicaciones, lo que prueba el alto número de países que se han comprometido a incorporarse a esta regulación internacional.
A pesar de que nuestro país ha excluido de sus compromisos de liberalización, por razones técnicas, como lo indica el mensaje, a los servicios de telefonía local, los servicios de radiofusión directa de televisión y los de radiofusión de libre recepción, los diputados de Renovación Nacional hacemos fe en lo anunciado por el Gobierno en el seno de la Comisión, en cuanto a que en las negociaciones internacionales en curso podría abrirse el mercado nacional en dichos servicios. Por lo tanto, nos sumamos a la decisión de aprobar el Cuarto protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios sometido a examen de la honorable Cámara.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Como tenemos tres proyectos de acuerdo internacionales del mismo tenor, propongo a la Sala someterlos a votación una vez que estén todos informados.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer el proyecto que aprueba la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de 1992, y su Protocolo Facultativo, adoptado en Managua, Nicaragua, el 11 de junio de 1993.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Masferrer.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2843-10, sesión 20ª, en 18 de diciembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 4ª, en 6 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 9.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informo a los honorables colegas sobre la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, suscrita el 23 de mayo de 1992, y del Protocolo Facultativo de la misma Convención, adoptado el 11 de junio de 1993.
La Convención fue adoptada por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la convicción de que las reglas comunes en el campo de la asistencia mutua en materia penal contribuirán al propósito esencial de “procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos” que la Carta asigna a la organización.
La Convención fue suscrita por Bahamas, Brasil , Canadá , Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Grenada , México , Nicaragua, Panamá , Paraguay , Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. Nuestro país lo hizo el 24 de abril de 1997, cuando la Convención ya había entrado en vigencia internacional el 14 de abril de 1996, después de haber sido ratificada por Canadá y Venezuela. Posteriormente, lo fue por Estados Unidos y Perú.
El Protocolo Facultativo relativo a la Convención fue propuesto por el gobierno de Estados Unidos de América y, no obstante considerarse jurídicamente como separado e independiente de la Convención, tiene por objeto establecer una cooperación obligatoria en los casos de delitos tributarios más amplia que la estipulada en la Convención, complementando así la utilidad de ésta como herramienta para combatir todo tipo de delitos.
El Presidente de la República ha solicitado a esta honorable Cámara la aprobación tanto de la Convención como de su Protocolo adicional, por estimar que constituyen un paso importante para la cooperación internacional en materia penal y en la estrategia general de la lucha contra el delito.
Su finalidad principal es procurar la solución de los problemas jurídicos que se susciten entre los Estados americanos, específicamente en investigaciones, juicios y actuaciones referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del Estado requirente al momento de solicitarse la asistencia, con dos precisiones importantes.
Primero, la Convención no faculta a un Estado para emprender en el territorio de otro Estado parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra parte por su legislación interna.
Segundo, la asistencia se conviene únicamente a la prestación de asistencia mutua entre los Estados parte, pero no otorga derecho a los particulares para obtener o excluir pruebas, o impedir cualquiera solicitud de asistencia.
La Convención consta de 40 artículos agrupados en seis capítulos.
El capítulo I establece las disposiciones generales relativas al objeto de la Convención, a su aplicación y alcance, a la autoridad central, a la doble incriminación, al ámbito de aplicación, a delitos militares y a la denegación de asistencia.
El capítulo II contempla normas que regulan la solicitud de asistencia; el registro, embargo, secuestro y entrega de objetos; las medidas de aseguramiento de bienes, y la fecha, lugar y modalidad de la ejecución de la solicitud de asistencia.
El capítulo III establece disposiciones sobre testimonio en el Estado requerido y en el Estado requirente, así como acerca del traslado de detenidos, tránsito y salvoconducto.
El capítulo IV contempla la limitación al uso de información o pruebas.
El capítulo V determina la tramitación que debe darse a la solicitud de asistencia y fija la ley aplicable para determinar la responsabilidad por daños que puedan emerger de la ejecución de la Convención.
El capítulo V consigna las disposiciones propias de todo tratado multilateral.
La Comisión escuchó la exposición del director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Claudio Troncoso Repetto , quien informó que los delitos que tienen alcance internacional requieren de la cooperación internacional para su combate, como ocurre con el terrorismo y el narcotráfico. Agregó que Chile entrega colaboración en este ámbito basado en los principios generales del derecho internacional contenidos, fundamentalmente, en el Código de Bustamante, según lo ha admitido la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema , ante la consulta de la Comisión sobre los alcances que para la organización y atribuciones de los tribunales tiene la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, informó, en lo sustancial, que las disposiciones de este tratado no alteran la organización ni las atribuciones de los tribunales chilenos. Agregó que las actuaciones procesales en que ellos intervendrán en cumplimiento de la Convención se harán efectivas de conformidad con el derecho interno. Por último, afirmó que este instrumento es útil y necesario para la eficiente investigación y juzgamiento de los crímenes y delitos. Por lo tanto, el criterio del Pleno del tribunal es favorable a su aprobación.
En mérito de los antecedentes señalados y atendido el contenido normativo de la Convención, ampliamente expuesto en el informe, la Comisión decidió, con la abstención del diputado señor Gonzalo Ibáñez , proponer a la Cámara la aprobación del proyecto de acuerdo, para lo cual sugiere adoptar su artículo único con una modificación formal, que tiene por objeto precisar que la Convención fue adoptada, no suscrita, el 23 de mayo de 1992.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Ibáñez.
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen) .-
Señor Presidente , la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y su protocolo facultativo contribuirán, sin duda, a establecer entre los países de la región una amplia cooperación en la persecución de delitos comunes, que cada día son más angustiantes para la población, por ejemplo, los de secuestro, terrorismo y narcotráfico, como también los tributarios.
Es innegable que la acción concertada de los Estados en la lucha contra la delincuencia internacional es una estrategia que todos debemos apoyar, no sólo para la rápida ejecución de las diligencias judiciales que sean necesarias con el fin de detener, enjuiciar y sancionar a los responsables, sino para facilitar la acción de la policía internacional y, así, evitar la fuga de criminales, al amparo, muchas veces, de recursos jurídicos que impiden a los gobiernos proceder rápidamente, de conformidad con los principios del Estado de derecho.
Los diputados de Renovación Nacional compartimos ampliamente los propósitos que persigue el tratado, así como la opinión de la Corte Suprema en cuanto a que su aprobación no requiere de quórum especial y respecto de la utilidad del instrumento para la eficiente investigación y juzgamiento de los crímenes y delitos.
Por lo señalado, votaremos favorablemente el proyecto de acuerdo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Allende (doña Isabel),
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE ACUERDO SOBRE REGULACIÓN DE LA PESCA EN ALTA MAR POR LA VÍA DE VINCULAR LOS BUQUES CON EL ESTADO DE SU PABELLÓN. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar”, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO-, mediante resolución 15/93.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Rebolledo.
-Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2910-10, sesión 11ª, en 11 de abril de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 14ª, en 9 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 13.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Allende, quien rendirá el informe en reemplazo del diputado señor Rebolledo.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los busques pesqueros que pescan en alta mar”, adoptado por la Conferencia de la FAO, mediante la resolución 15/93.
La finalidad de este instrumento internacional es regular la pesca en alta mar por la vía de vincular los buques pesqueros que operan en este espacio marítimo al Estado de su pabellón. Éste es facultado para adoptar una serie de medidas destinadas a obtener del buque un comportamiento pesquero con fines de ordenación y conservación pesquera en alta mar.
Se trata de un tema de gran interés para nuestro país, el cual, evidentemente, tiene y siempre tendrá la preocupación de defender la pesca en alta mar, objetivo al que este instrumento internacional nos ayudará, pues ordena y regula la actividad de los barcos pesqueros.
En sus consideraciones finales, el mensaje agrega que la adopción de este acuerdo representa una ventaja importante: reforzar las potestades de Chile para regular la pesca de sus nacionales en alta mar, las que hoy sólo encuentran sustento normativo en la aplicación de la ley general de Pesca y Acuicultura y en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto resulta especialmente importante en el caso de pretensiones de nuestros nacionales para operar en áreas marítimas más allá de aguas jurisdiccionales chilenas.
Asimismo, aparece como un instrumento que, en el largo plazo, puede contribuir a una adecuada gestión pesquera en alta mar, aspecto de especial importancia para Chile por la existencia de pesquerías altamente migratorias o transzonales que ameritan una regulación que va más allá de la zona económica exclusiva, regulación que para las naves nacionales podría adoptarse sobre la base de las normas del Acuerdo.
Por otra parte, el mensaje señala que su adopción resulta fundamental en vista de la celebración de acuerdos regionales de regulación pesquera para la adopción de medidas de ordenación y conservación de las pesquerías del Pacífico sur como el “Acuerdo de Galápagos”, que ya la Cámara aprobó, y frente a las pretensiones de Estados de aguas distantes, en la medida en que permite condicionar la participación y permanencia en tales acuerdos a la adopción y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Código de Embanderamiento. Hay que considerar que en virtud de este Acuerdo, importantes responsabilidades fiscalizadoras se radican en el Estado del pabellón.
El subsecretario de Relaciones Exteriores informó a la Comisión que mediante este instrumento se ataca la práctica del abanderamiento o del cambio de pabellón de los buques pesqueros, mediante el establecimiento de la responsabilidad del Estado del pabellón con respecto a los buques pesqueros de altura autorizados a enarbolar su bandera, incluyendo la autorización de dichas operaciones y el registro de los buques pesqueros; el fortalecimiento de la cooperación internacional, y el aumento de la transparencia, a través del intercambio de información sobre los buques y su actividad pesquera en alta mar.
Este punto es relevante por lo señalado respecto de cómo deben cooperar internacionalmente los distintos Estados para conseguir que haya responsabilidad del Estado de la bandera que aparece en los buques, con lo cual garantizaremos estas regulaciones y permitiremos el objetivo, que es conservar en mejores condiciones y en forma ordenada la pesca en alta mar.
Agregó el subsecretario a la Comisión que por el objeto y contenido, así como por el reconocimiento universal del organismo que lo patrocina, la FAO, este Acuerdo reviste gran importancia para la defensa de los intereses de Chile en todo lo que es la conservación de sus recursos vivos marinos. Recalca que ello es especialmente relevante considerando la delicada situación derivada de la controversia con la Unión Europea en el caso del pez espada, así como nuestro firme interés en la exitosa aplicación del “Acuerdo para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en Alta Mar del Pacífico Sudeste” o “Acuerdo de Galápagos”, que precisamente contempla la creación de una organización regional encargada de acordar medidas de conservación para su área de aplicación.
Por su parte, el subsecretario de Pesca , entre diversas consideraciones, señaló a la Comisión de Relaciones Exteriores que este acuerdo aborda dos objetivos de relevancia para el cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación adoptadas para alta mar: la responsabilidad del Estado del pabellón y la obtención e intercambio de información pesquera relevante. Ambos objetivos tienen para nuestro país una importancia creciente, y constituyen, por lo tanto, un gran desafío y responsabilidad para el Estado de Chile.
Concluyó en que el Acuerdo sometido a la aprobación de la honorable Cámara constituye un valioso aporte, por cuanto refuerza las potestades de Chile para regular la pesca de sus nacionales en alta mar, lo que, sin duda, contribuirá a una adecuada gestión pesquera de altura. Sostuvo, además, que la regulación que para las naves nacionales podría tomarse eficazmente sobre la base del Acuerdo de Embanderamiento, constituye un imperativo en el escenario pesquero nacional.
Por todas estas razones, sin entrar en un exceso de detalles que figuran en el informe, pido a mis colegas, encarecidamente, aprobar, por unanimidad, el proyecto de acuerdo aprobatorio de este instrumento internacional, porque de esa manera dispondremos de una normativa que ayudará a cooperar con la información, a ordenar y regular nuestros recursos pesqueros en alta mar y a dotar de un instrumento efectivo en la fiscalización de los pabellones que usan los barcos pesqueros, lo que muchas veces provoca entredichos porque no hay responsabilidad del Estado detrás del pabellón que ocupa el barco pesquero.
Por esas razones, y por ser un acuerdo simple pero muy importante, proponemos adoptar el artículo único del proyecto, que dice: “Apruébase el “Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar”, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), mediante la resolución 15/93, durante su 27º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1993”.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra la diputada señora Carmen Ibáñez.
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen) .-
Señor Presidente , este tratado internacional elaborado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, está destinado a controlar las actividades de los buques pesqueros con el objeto de preservar la pesca en alta mar de la acción indiscriminada de las grandes flotas industriales que, por actuar en aguas que se encuentran fuera de la jurisdicción de los Estados ribereños, lo hacen fuera del control de la autoridad marítima.
Como lo señala el informe de la Comisión, la aprobación de este tratado permitirá reforzar las potestades de Chile para regular la pesca de sus nacionales en alta mar, lo que favorecerá la conservación de las especies y la defensa de las fuentes de trabajo de nuestros pescadores.
No hace mucho tiempo, la honorable Cámara sancionó el Acuerdo de Galápagos, que es concordante con los propósitos de este tratado, esto es, la ordenación y conservación de las pesquerías del Pacífico sur frente a las pretensiones de Estados de aguas distantes, como ha sido la preocupación de nuestros pescadores frente a las actividades depredatorias de los buques factoría industriales de países europeos que se han trasladado a las aguas adyacentes a las nuestras en vista del agotamiento de algunos recursos marinos en el hemisferio norte. ¡Cómo no recordar en este momento la inquietud de nuestra industria pesquera nacional ante la intensa incursión de los buques factoría extranjeros tras la caza del pez espada!
Creemos firmemente que la cooperación internacional, especialmente de los países de la región, a través del intercambio de información sobre los buques y su actividad pesquera en alta mar, nos permitirá aunar esfuerzos para proteger los recursos vivos, en particular los altamente migratorios.
Por lo señalado, los diputados de Renovación Nacional anunciamos nuestros votos favorables al proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda, en el contexto general, es importante todo acuerdo que vaya a regular y a establecer condiciones que impidan que barcos pesqueros con banderas de otros Estados puedan pescar dentro de las doscientas millas y afectar severamente el recurso pesquero.
Quiero recordar a la Sala que hace poco menos de diez días hubo denuncias en la Octava Región de que una flota de 39 barcos de nacionalidad rusa, pero con bandera china, entre el meridiano 80º y el paralelo 40º, es decir, a la altura de Corral, Valdivia , y en la milla doscienta cuarenta pescaban jureles de 52 a 54 centímetros, es decir, un jurel maduro, grande, que, de acuerdo con los expertos e indicaciones técnicas, según la medición del otolito, que es el hueso del oído del jurel, tenían entre diez y doce años de vida. Ellos también señalaron que en diez años un jurel puede dar la vuelta al mundo tres veces, porque es un pez migratorio, que, en el hemisferio sur, se encuentra entre los paralelos 36º a 42º, en Tasmania, en Namibia y en el sur de la isla de Pascua.
¿Qué quiero señalar con esto? Que la legislación interna, la ley de Pesca, sólo establece la medición de la biomasa dentro de las doscientas millas, es decir, en el mar presencial y, por lo tanto, allí fija cuotas de pesca y de captura, aun cuando fuera de las doscientas millas exista pesca. De manera extraordinaria se ha autorizado a barcos chilenos para pescar fuera de las doscientas millas -hoy en la Octava Región están pescando en la milla 490-, pero esto se les descuenta de la cuota interna de la biomasa comprendida dentro de las doscientas millas.
Ésta es una enorme desventaja, una gran injusticia y una arbitrariedad respecto de la preservación del recurso. Los barcos pesqueros chilenos, cuya pesca está autorizada muy puntualmente, es decir, dentro de las doscientas millas -afortunadamente- pescan jurel maduro, de 52 a 54 centímetros de tamaño, el doble de la talla mínima, 26 centímetros. Sin embargo, los buques extranjeros, de diversa bandera -las cambian; todas las denuncias apuntan a eso- pescan fuera de las doscientas millas, en aguas internacionales, peces de talla mínima; por consiguiente, igual se atenta contra el recurso.
La Armada de Chile no cuenta con mecanismos que le permitan fiscalizar a los barcos extranjeros, rusos o españoles, en especial la flota gallega, que pescan jureles pequeños fuera de las doscientas millas. Por ende, no puede sancionarlos ni ejercer acciones en su contra.
Uno de los aspectos fundamentales del proyecto que vamos a aprobar se refiere a la solución de controversias entre las partes.
Voy a dar un ejemplo. Si el Estado de Chile descubre barcos rusos pescando con bandera china en la milla doscientos cuarenta, y nosotros tenemos que pescar jurel de tamaño mínimo, es obvio que se afectará la preservación del recurso, porque un pez de esa talla no ha desovado y su pesca impedirá su reproducción. En ese caso, las partes en conflicto deberán buscar por todos los medios una solución pacífica. Si no se produce, podrán recurrir a la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal Internacional del Derecho del Mar -amparadas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982- o al arbitraje. Aunque estos procedimientos son los apropiados, resultan extremadamente débiles, muy lentos y de alto costo, porque significan litigar.
Si bien el proyecto en análisis logra consenso para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación, las establecidas para que otros países las cumplan son muy débiles. Chile se amarra a un Acuerdo necesario para preservar el recurso pesquero y se compromete a respetar las normas recomendadas por la FAO, en consideración a que el mar es una fuente de alimento muy importante, particularmente para los países más pobres. Respecto de las medidas que recomienda la iniciativa, quiero enfatizar que la Subsecretaría de Pesca debe tomar una acción decidida y revisar la normativa interna, porque es importante contar con datos que permitan saber cuándo Chile debe actuar.
En mi opinión -como en la de muchos que han estudiado la materia al calor del debate de la ley de Pesca-, cuando los barcos pescan especies de tamaño inferior a la talla mínima fuera de las doscientas millas y su captura pone en riesgo el recurso, nuestro país debe proceder de manera enérgica. Hasta ahora lo ha hecho con debilidad.
Los barcos de cualquier nacionalidad pescan fuera de las doscientas millas a vista y paciencia de nuestros pescadores que los observan de brazos cruzados, desde la costa, cuando ellos y sus familias están pasando hambre -y eso es efectivo-, los tripulantes pesqueros no tienen trabajo y las plantas de harina de pescado no cuentan con materia prima, lo cual, en definitiva, genera un drama social. Es posible que la pesca de esos barcos sea prudente, de jurel de tamaño grande, pero la flota pesquera industrial ha denunciado en forma reiterada que ya en la milla doscientos cincuenta se han encontrado con flotas extranjeras que están pescando. Los tripulantes de los barcos chilenos saben que no deben pescar, y responsablemente no lo hacen, aunque algunos lo han efectuado y han sido sancionados. Entonces, se produce una situación grave e injusta, que es necesario resolver.
Si bien el proyecto es simple y consiste en aprobar un acuerdo para promover el cumplimiento de medidas internacionales de conservación y ordenación, lo importante es que exista la decidida voluntad de Chile para hacerlas respetar. De lo contrario, se convertirán en letra muerta y tendrán el mismo tratamiento de todos los acuerdos internacionales, a los que nadie toma en serio y se transforman en un mero trámite parlamentario. Por ello, debemos exigir que el Gobierno y la Subsecretaría de Pesca cumplan y hagan cumplir los acuerdos internacionales aprobados por la Cámara.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , después del informe de la diputada señora Isabel Allende y sin querer ser repetitivo, daré a conocer la posición de la Unión Demócrata Independiente respecto del proyecto.
Para quienes no han puesto mucha atención o no han entendido de qué se trata, les señaló que su fundamento se basa en las potestades de Chile para regular la pesca de sus nacionales en alta mar, las que hoy sólo encuentran sustento normativo en la ley general de Pesca y Acuicultura y en la Convención de las Naciones Unidas.
El proyecto en general es positivo, ya que contribuye a que los barcos que pescan en alta mar cumplan las normas de conservación pesquera que determina el derecho internacional y sus legislaciones nacionales.
Por otro lado, en el largo plazo este instrumento puede constituir una de las bases para regular la actividad pesquera en alta mar, situación que para nuestro país es muy importante, ya que gran parte de nuestra pesca se basa en especies altamente migratorias, es decir, que se encuentran en alta mar en determinados períodos del año.
Por último, este instrumento resulta fundamental para la firma de futuros convenios regionales de conservación pesquera, tales como el Acuerdo de Galápagos, aprobado por la Cámara y suscrito en el año 2000.
La Unión Demócrata Independiente votará favorablemente el proyecto, porque nos parece beneficioso para la defensa de la pesca de nuestro país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el el diputado señor
INTERVENCIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN DENUNCIA DE ATENTADOS SEXUALES. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que facilita la denuncia en casos de atentados sexuales y permite una mejor investigación del delito.
Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es la señora Marcela Cubillos.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2925-07, sesión 18ª, en 7 de mayo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 14ª, en 9 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 15.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En ausencia de la diputada señora Cubillos , informará acerca del proyecto el diputado señor Marcelo Forni.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , me corresponde informar sobre el proyecto que facilita la denuncia de atentados sexuales y permite una mejor investigación del delito, iniciativa que tuvo su origen en moción de las diputadas señoras María Angélica Cristi y Marcela Cubillos , y de los diputados señores Rodrigo Álvarez , Jorge Burgos , Patricio Cornejo , Eduardo Díaz , Jaime Jiménez , Darío Paya , Gonzalo Uriarte y de quien habla.
A la Comisión concurrieron don Elías Scaff Silva , director del Instituto de Criminología , Centro de Ayuda a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas), de la Policía de Investigaciones de Chile; doña Alicia Morales Mondaca , subprefecto, jefa de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile; don Francisco Maldonado Fuentes , jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia , y don José Antonio Gómez , ministro de Justicia , cuyos aportes, evidentemente, enriquecieron el proyecto.
La iniciativa tiene por finalidad facilitar la denuncia y la investigación de los atentados sexuales cometidos en contra de menores, estableciendo, si se trata de menores de 14 años, la obligación de denunciar por parte de los profesionales que hubieren practicado el reconocimiento, y si fueren mayores de esa edad pero menores de 18 años, igual obligación siempre que la víctima consienta en ello.
Los antecedentes del proyecto indican que uno de los problemas que más afecta en forma habitual a la población, en especial a la de menores recursos, es el de impulsar procesos por violación u otros atentados sexuales respecto de personas menores de edad. Ello se explica por temor, falta de conocimientos elementales, o bien, por inseguridades tanto de la víctima como de sus padres o guardadores. En realidad, se trata de delitos que comprometen íntimamente la integridad de las personas, razón por la que la ley dispone que no pueden perseguirse de oficio a menos que la víctima formule una denuncia. Jurídicamente, se denominan delitos de acción mixta.
El proyecto modifica e introduce nuevos incisos al artículo 145 bis del Código de Procedimiento Penal, referido a la comprobación de los delitos de carácter sexual; al artículo 198 del Código Procesal Penal, que establece igual disposición respecto de la reforma procesal penal, y al artículo 369 del Código Penal, referido a las disposiciones que son comunes a este tipo de delitos, es decir, violación, estupro y otros delitos sexuales.
A la discusión del proyecto concurrieron personas entendidas en la materia, como el señor Elías Scaff , director del Instituto de Criminología , Centro de Ayuda a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas), quien señaló que, en general, se manifestaba conforme con la iniciativa, ya que facilitaba la denuncia, protegiendo el adecuado desarrollo psicosexual de los menores. Además, compartió con los autores de la iniciativa el hecho de que sobre este tipo de conductas existía una gran cifra negra, por lo que facilitar las denuncias redundaría en su esclarecimiento. Sin embargo, echó de menos la existencia en el país de un sistema integral de asistencia a las víctimas y se refirió a la incapacidad para otorgar un adecuado apoyo a la investigación, lo que generalmente significa impunidad.
Refiriéndose a datos estadísticos, señaló que un estudio del año 2000, de la Fundación Paz Ciudadana, sobre dichos delitos, concluyó que el 12 por ciento de ellos quedaba en la impunidad.
Por su parte, la señora Alicia Morales Mondaca , subprefecto, jefa de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile, manifestó su acuerdo con la moción en lo que dice relación con las facilidades para denunciar, puesto que, conforme con su experiencia policial, la mayoría de estos delitos se cometen por personas de bajo nivel cultural y socioeconómico, a lo que se agrega que las madres se muestran reacias a denunciar en razón de que, por lo general, el victimario es parte de la misma familia.
Estimó positivo que la víctima no tuviera que comparecer ante el juez, por cuanto ello favorecería el proceso de recuperación, al reducirse la victimización.
Durante la discusión en general, la Comisión recibió una introducción de parte del diputado señor Uriarte, uno de los autores de la moción.
En definitiva, el texto que se aprueba incorpora un inciso segundo al artículo 145 bis, del siguiente tenor: “El profesional de la salud que hubiere atendido o examinado a una persona menor de catorce años, privadamente o en algún hospital, clínica o establecimiento de salud público o privado, y constate lesiones o señales que manifiesten la comisión de alguno de los delitos indicados en el inciso primero precedente, estará obligado a denunciar el hecho a la justicia en el plazo de veinticuatro horas. En caso de que la persona haya sido examinada por varios profesionales, el cumplimiento de esta obligación por cualquiera de ellos exime a los demás. Si la persona atendida o examinada es mayor de catorce años, pero menor de dieciocho, el profesional de la salud que la hubiere atendido o examinado sólo estará obligado a efectuar la denuncia si la víctima consiente expresamente en ello. La sola denuncia del profesional de la salud bastará para que el juez deba instruir el proceso”. Con ello se quiere evitar que se le exija, por parte del tribunal, la ratificación y la comparecencia de la víctima.
“La falta de la denuncia a que se refiere el inciso precedente, se castigará con la pena que señala el artículo 494 del Código Penal”.
El mismo inciso se agrega al artículo 198 del Código Procesal Penal, para hacerlo coherente con la reforma.
Por último, en el inciso segundo del artículo 369 del Código Penal se suprime la expresión “médicos” establecida en el inciso primero, lo que hace obligatoria la denuncia para los médicos, en los casos señalados.
La Excelentísima Corte Suprema señaló que el proyecto no contrariaba el ordenamiento jurídico nacional y, en consecuencia, lo informó favorablemente, haciendo presente, en todo caso, que no resulta adecuada la sanción aplicable al director del establecimiento de salud en que se hubiere atendido a la víctima, por cuanto no parecía conveniente establecer responsabilidades penales objetivas, sobre todo cuando la obligatoriedad de denunciar recaerá sobre el profesional médico que hubiese practicado el reconocimiento, exámenes o pruebas biológicas.
En el mismo sentido, el diputado señor Bustos presentó una indicación para eliminar la responsabilidad objetiva, cuestión que fue aprobada por la unanimidad de la Comisión.
Constancias:
El proyecto no contiene disposiciones que deban aprobarse con rango propio de ley orgánica constitucional o de quórum calificado.
Las normas del proyecto no son de la competencia de la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de la Comisión.
Por las razones expuestas y por las que se darán a conocer más adelante, el texto aprobado es el que se indica en el informe, el cual fue acordado en las sesiones celebradas los días 11 y 18 de junio y 2 de julio del año en curso, con la asistencia de los diputados señor Jorge Burgos ( presidente ), de las señoras Marcela Cubillos , Pía Guzmán y Laura Soto , de los señores Gabriel Ascencio , Juan Bustos , Guillermo Ceroni , Eduardo Díaz , Zarko Luksic , Nicolás Monckeberg , Darío Paya y del que habla.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , es muy positivo que colegas de diferentes bancadas, como las diputadas señoras María Angélica Cristi , Marcela Cubillos y los señores Rodrigo Álvarez , Jorge Burgos , Patricio Cornejo , Eduardo Díaz , Marcelo Forni , Jaime Jiménez , Darío Paya y Gonzalo Uriarte sean los autores de esta moción, pues se trata de un tema muy sensible, que últimamente ha afectado y conmocionado a la opinión pública por los casos que se han dado a conocer con bastante notoriedad por los medios de comunicación. Sin embargo, no son los únicos casos, sino que es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Estoy de acuerdo con la iniciativa, porque, tal como señaló el diputado informante , facilita la denuncia y obliga a los profesionales de la salud que atienden en clínicas privadas o en hospitales públicos a denunciar los casos de violación, de estupro u otro abuso sexual a menores. Hay que tener presente que los menores, por su condición de tal, no harán esas denuncias, y que, tratándose de mayores de 14 años, ésta deberá formularse con su consentimiento.
Quiero hacer notar que en nuestro país hay un cierto ocultamiento de este tipo de delitos, lo cual se debe a diversas causas. Entiendo que los mismos autores de la moción así lo señalaron, pues muchas veces, por desgracia, estos delitos ocurren al interior de la familia, es decir, los menores, incluso mayores de 18 años, son objeto de abusos por un familiar, un allegado o un próximo a la familia. Esto, unido a la falta de información propiamente tal, obstaculiza la denuncia.
Hay un aspecto que quiero ligar a un proyecto que aprobamos y mejoramos en esta Cámara, que legislaba sobre las violaciones. Entre otras cosas, evitar el careo es una forma de no agravar aún más la situación de una persona que ha sido abusada o violada. Pocas cosas en la vida pueden ser más brutales para la dignidad y la condición del ser humano que el abuso o la violación. Por lo tanto, resultaba bastante tremendo que, aparte de asistir a los reconocimientos médicos para llevar a cabo la investigación y lo que ya implicaba la denuncia, tuviera también que someterse a un careo. Para las mujeres -estamos hablando del caso de las violaciones- esto era muy humillante y afectaba su integridad como personas.
La serie de modificaciones legales que hemos llevado a cabo ha permitido mejorar todo lo relacionado con la tipificación del delito y la forma de llevar adelante los procesos -quiénes pueden servir de testigos, además de que el juez aplicará la sana crítica para la apreciación de la prueba, en fin-, y han ayudado a facilitar más las cosas.
Creo que podemos hacer un símil con el proyecto en debate.
Debemos buscar los instrumentos que faciliten las denuncias. Me parece muy importante que si un médico atiende un caso y constata que ha habido violación, abuso, estupro o algún otro delito, tenga la obligación de denunciarlo en un plazo bastante breve que, según entiendo, es de 24 horas. Creo que se trata de un aspecto muy importante, pues obligará a nuestros profesionales de la salud que constaten estos hechos a presentar la denuncia, dentro de las 24 horas, ante el Ministerio Público, en caso de que se trate de un menor de 14 años. Si es mayor de 14 y menor de 18 años, se debe tener su consentimiento, lo que también me parece muy adecuado. Ya hemos señalado que en cualquiera de estos delitos, que afectan la integridad y dignidad del ser humano y el respeto que se merece, la denuncia debe hacerse con su consentimiento, tratándose de personas mayores de 14 años.
Felicito a los autores de la moción. Creo que debemos trabajar y avanzar en nuestra legislación, a fin de proteger a las víctimas. Brevemente me detendré en este punto, pues temo que no hemos dotado a nuestro país de los recursos ni de la institucionalidad necesaria para hacerse cargo, de manera integral, de las víctimas de estos abusos o violaciones. Me parece que este tema debería llamar la atención de mis colegas parlamentarios. Sería muy importante que fuésemos capaces de brindar una atención integral a la persona que ha sido víctima de abusos o de violación, pues ello, como hemos señalado, afecta su dignidad como persona.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recibió a diversas personas expertas en la materia, entre ellas al señor Elías Scaff , director del Instituto de Criminología, lo que conocemos como el Cavas en la Policía de Investigaciones, cuyas observaciones fueron de mucha utilidad. Hizo notar la falta de recursos. Por eso, sería importante que cuando estudiáramos la ley de Presupuestos para el próximo año, aseguremos una partida para la Policía de Investigaciones, a fin de que el Cavas cuente con los recursos necesarios para su buen funcionamiento, porque gracias a este centro se han ido transparentando las cifras y hay menos impunidad y más denuncias.
Esto también ocurrió en el caso de las violaciones y, si los colegas me permiten hacer el símil, en el de la violencia intrafamiliar, a pesar de todas las deficiencias que aún subsisten. Es decir, cuando pudimos contar con un instrumento legal como la ley de violencia intrafamiliar, las denuncias aumentaron, porque las mujeres se sintieron más respaldadas y seguras con dicha legislación para hacer las denuncias.
Llamo a los colegas a apoyar el proyecto y a brindar los recursos necesarios al Instituto de Criminología y Centro de Ayuda a Víctimas de Atentados Sexuales, Cavas, institución que ya ha recorrido un camino, que tiene experiencia y muy buen nivel profesional, reconocido por todos, y es una pieza esencialísima para que nuestros jueces, a partir de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, puedan basarse para determinar la sanción correspondiente.
Debemos avanzar en estas materias, y por ello felicito a los autores de la moción.
Creo que la Cámara debe apoyar el proyecto en su primer trámite constitucional.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , sólo deseo expresar nuestro apoyo al proyecto. Estimo que lo señalado por el diputado informante y por la diputada señora Isabel Allende me ahorran mayores comentarios.
En este tipo de delitos, el problema esencial radica no sólo en la denuncia, la cual se facilita con el proyecto, sino en la prueba. Un efecto inmediato, aparte de la facilitación de la denuncia, está en que se mejoran los elementos de prueba. A veces la prueba fracasa, porque el delito se constata pasado algún tiempo, lo que afecta la sanción y el procedimiento mismo para enfrentar esta situación. De manera que en esta materia también quiero colocar el acento en este hecho que está ligado a la iniciativa.
Por otra parte, un punto muy central, que tiene que ver con la denuncia, es el señalado por el colega Forni y la diputada señora Allende, y que aparece también en el informe: por desgracia, en un porcentaje importante de casos, estos delitos se cometen en el entorno mismo, ya sea familiar o de amistades, de la víctima. Entonces, muchas veces el menor no está en condiciones de hacer la denuncia en contra de esas personas que están próximas o, incluso, no toma en consideración los efectos que esto puede tener para su futuro desarrollo.
Por eso, radicar esta obligación en los profesionales de la salud que toman contacto con la víctima y la examinan en el momento en que ella acude a un centro asistencial, sea privado o público, mejorará considerablemente la persecución de estos delitos. Lo más importante es que estas medidas no se están consagrando sólo por un impacto coyuntural, debido a los hechos que se han conocido en el último tiempo, sino que tienen un elemento de oportunidad, pero también algo mucho mayor: de trascendencia en el tiempo. Se está mejorando la legislación tanto en materia penal como de procedimiento.
Por lo señalado, reitero mi apoyo a la moción que hoy conocemos.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-
Señor Presidente , me sumo a las expresiones de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, en cuanto a resaltar la importancia del proyecto, y la necesidad de aprobarlo en esta sesión. Asimismo, felicito a quienes suscribieron la moción.
La situación que resuelve la iniciativa es de especial y frecuente ocurrencia en todos los sectores sociales, en particular en los más desprotegidos. Por ello, con frecuencia estos casos se conocen en las direcciones de desarrollo comunitario de los municipios y por profesionales que no necesariamente pertenecen al ámbito de la salud, como los asistentes sociales.
Por eso, creo que el proyecto debe mencionar, además de los profesionales de la salud, a otros que hayan tomado conocimiento del abuso o delito cometido. Cuando el artículo 1° señala: “En caso de que la persona haya sido examinada por varios profesionales, el cumplimiento de esta obligación por cualquiera de ellos, exime a los demás”, la frase “varios profesionales” debe entenderse que se refiere no sólo a los de la salud, sino también a otros profesionales que hayan conocido el caso, en especial a los asistentes sociales.
Reitero la importancia de lo señalado por la diputada señora Isabel Allende, en cuanto a que la denuncia debe realizarse de inmediato, dentro de 24 horas, a fin de hacer eficaz las normas del proyecto.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , el proyecto fue analizado por la Cámara con la celeridad que el objetivo amerita. El momento no puede ser más propicio para buscar la forma de disminuir, atenuar y ayudar a resolver los casos, cada vez más numerosos, relacionados con el abuso de menores, ya sea pedofilia, pornografía, violación u otros delitos que cada día nos sorprenden más.
Tenemos clara conciencia de que la mayor parte de las personas que sufren abusos sexuales, más del 60 por ciento, son menores de edad. En tal sentido, la Cámara ha dado una respuesta a este problema al aprobar, por unanimidad, el proyecto en la Comisión, lo que habla bien del espíritu que siempre debe reinar en la Corporación: que, más allá de nuestras diferencias, seamos capaces de resolver los problemas del país, en este caso el de los niños que han sufrido abuso sexual.
Quiero destacar que hace algunos años trabajamos en un proyecto que modificó el Código Penal en lo que se refiere al delito de violación. A través de esa iniciativa se lograron numerosos avances, entre otros, que el delito fuera clasificado como de acción pública, de modo que pudiera ser denunciado por las personas cercanas a los niños -profesores, parientes o vecinos-, quienes pueden interferir, incluso, sobre la potestad de padres o tutores. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, sea por razones familiares o de otro tipo, los propios padres protegen a los delincuentes. Creo que la facultad que entrega el proyecto a los médicos para efectuar la denuncia, incluso saltándose la potestad de los padres, frente a cualquier señal, ya sea física o síquica, que indique que un menor ha sido objeto de abuso sexual, significa un gran avance. De hecho, el Código Penal establece en su articulado que, en caso de abuso sexual, los médicos deben guardar las pruebas durante un año. Entonces, ¿qué sentido tiene guardar las pruebas si el caso no es denunciado?
Con todo, es necesario perfeccionar el proyecto y agregar otras formas de ayuda, por ejemplo, al Centro de Atención de Víctimas de Abuso Sexual , Cavas. Desde hace mucho tiempo conozco el trabajo que allí se realiza. A ese lugar acuden cientos de madres que no saben cómo rehabilitarse a sí mismas y a sus hijos víctimas de abusos sexuales. Hace pocos días, el senador Espina denunció ante el país la falta de recursos del Cavas para detectar y verificar delitos de abuso sexual. A esa denuncia le faltó agregar la carencia de recursos para que el Cavas pueda orientar a padres e hijos víctimas de abuso sexual.
Ahora que estamos estudiando una reforma a la salud, es muy importante dar prioridad a la salud mental. Nuestro país carece de esa atención. En los casos que estamos tratando, sería muy importante ayudar a los niños y a las madres que sufran un daño sicológico de por vida, debido a los delitos de carácter sexual. Por ello, el proyecto de reforma a la salud debería contemplar mayores coberturas en salud mental, tanto para menores como para adultos. Hoy, sólo se considera la rehabilitación en drogadicción y alcoholismo para pacientes entre 14 y 24 años y algunos tratamientos para combatir la neurosis, especialmente en las mujeres, lo que es absolutamente insuficiente.
Se ha hecho una buena acción, como política pública, al tratar de explicar a los niños, desde el jardín infantil, en qué consiste el abuso sexual. Todos sabemos, y ya se ha dicho, que es difícil que los niños puedan discernir entre el afecto, el cariño, las caricias y el abuso. Se debe hacer algo más para que esa acción -realizada a través de la entrega a los niños de folletos explicativos- sea difundida en todos los jardines infantiles lo antes posible. Todos los males que han afectado a los niños y adolescentes podrían resolverse si hubiera prevención a temprana edad. Cuando comienza en segundo año de enseñanza media o en cursos superiores, ya es demasiado tarde.
Me gustaría que esa acción fuera masiva. Estoy plenamente de acuerdo en que en la ley de Presupuestos se debe acoger esta preocupación en forma especial, a fin de que estas acciones preventivas sean efectivas y realistas, en particular la ayuda psicológica que necesitan los padres y los hijos después de perpetrados estos graves delitos que preocupan a todo el país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , ante todo, deseo felicitar a los autores de esta iniciativa, porque apunta a perfeccionar las normas que protegen los derechos del niño. Sin embargo, quiero ser un poco “el abogado del diablo” y llamar a reflexionar sobre algo que considero insuficiente.
El proyecto obliga a los profesionales de la salud a denunciar el delito sexual cuando la víctima es menor de 14 años; pero si ésta es mayor de 14 años y menor de 18, dichos profesionales estarán obligados a efectuar la denuncia si el afectado consiente expresamente en ello.
Quiero señalar que todos los esfuerzos que se están haciendo hoy día para resolver un problema tan “de moda”, no se debe a que hayan aumentado los casos de pedofilia u otras formas de agresión sexual, sino a que la gente se está atreviendo, más que antes, a denunciar este tipo de aberraciones. Sin embargo, hay que decir que sigue siendo una situación brutal el hecho de carear en un tribunal a la víctima de una violación con su agresor. Muchas veces, los procedimientos judiciales existentes inhiben a la persona que ha sido violentada sexualmente -y que, a lo mejor, ha quedado afectada psicológicamente para toda la vida-, a efectuar la denuncia correspondiente.
Quiero contar algo que ocurrió en Arica hace pocos días. Puede parecer una tremenda aberración, pero así lo han informado los medios de prensa. Un niño trató de suicidarse -estaba muy grave en el servicio de urgencia del Hospital Juan Noé - porque fue objeto de acoso sexual -tal vez, de agresión sexual; no está muy claro- por parte de su propio padre, quien llegó al extremo de echar de la casa a su conviviente porque se enamoró de su hijo. Puede parecer una barbaridad lo que estoy diciendo, pero así lo consignaron algunos medios de prensa. Ése es el tipo de aberraciones que estamos viviendo.
Decía que ese joven, afectado por esa situación, intentó suicidarse. Sólo tiene 16 años, y deberá decidir si denuncia una eventual agresión sexual que podría llevar a la cárcel a su propio padre. En este caso, de acuerdo con el proyecto, los médicos no podrían denunciar el ilícito sin el consentimiento de la víctima.
Entonces, no obstante estar absolutamente de acuerdo con el proyecto, quiero manifestar mi desacuerdo con el límite de 14 años para que la denuncia de la agresión sexual sea obligatoria, y que entre los 14 y los 18 años ésta quede entregada al consentimiento de las víctimas. ¿Por qué es importante resaltar este aspecto? Porque, tal como lo consignan todas las estadísticas sobre este tipo de delitos, la mayoría de las veces las personas que violentan sexualmente a un niño son sus familiares directos, y es muy difícil que un niño o una niña de 14 ó 15 años se atreva a denunciarlos, precisamente por tener esa condición.
Por eso, deseo proponer que se modifique el límite de edad, de manera que el profesional esté obligado a hacer la denuncia cuando la víctima sea menor de 18 años, porque el antecedente -no es un dato menor- de que la mayoría de las veces los agresores son familiares de las víctimas, sólo conduce a que, por proteger a un familiar, el menor no autorizará al profesional para que haga la denuncia ante los tribunales de justicia.
Termino señalando que otro aspecto muy importante dice relación con el daño psicológico causado a los menores afectados por atentados sexuales, sean éstos cometidos por personas conocidas, por sus padres o por desconocidos, el cual inhibe a cualquier joven para denunciarlos, sobre todo si se trata de un niño. De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, un niño sigue siendo tal durante algunos años más que el límite de edad que establece el proyecto de ley.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ .-
Señor Presidente , esta iniciativa es de aquellas que no sólo concitan el apoyo unánime de la sociedad -espero que ocurra lo mismo en esta Sala-, sino que, además, nos llaman a reflexionar.
Pero antes de referirme a ella, quiero decir: “Al César lo que es del César”, y felicitar al diputado Marcelo Forni porque, aunque somos varios los diputados que aparecemos como autores de la moción, él fue su verdadero precursor y, además de llamarnos la atención sobre el problema, nos invitó a legislar al respecto. De manera que lo felicito porque es una idea muy acertada, con un gran contenido ético y valórico que no podemos dejar de reconocer, y que involucra una gran responsabilidad.
Cuando hablamos de la sociedad y decimos que los niños no son el futuro, sino el presente que tenemos en nuestras manos y que debemos cuidar; cuando hablamos de la pureza de la persona humana durante su niñez, también debemos estar dispuestos a dar pasos concretos, a fin de evitar que sigan ocurriendo hechos tan lamentables como los abusos sexuales a menores, que han conmocionado a la opinión pública en el último tiempo.
Esta iniciativa también nos llama a reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo. Cuando, por un lado, decimos que debemos preocuparnos por los menores y, por otro, vemos en la televisión, en los diarios y en las revistas, no sólo una erotización de la sociedad, sino que, muchas veces, a través de la pornografía, una incitación a que se cometan estos delitos, debemos preocuparnos también de erradicar esos factores que no tienen una incidencia menor en estos delitos que algunos desalmados llevan a cabo en contra de los menores.
Por eso, esta iniciativa tiene una especial significación, porque, tal como lo dijo el diputado señor Paredes, dice relación con convenciones internacionales que resguardan los derechos fundamentales del niño y con aspectos fundamentales de la sociedad que queremos construir y resguardar.
El hecho de que este proyecto establezca que los profesionales de la salud que tengan conocimiento de estos delitos están obligados a denunciarlos a la justicia en el plazo de 24 horas y que la sociedad en su conjunto se pueda involucrar en esta materia, nos permite avanzar y tomar conciencia de estos hechos criminales que hemos conocido en el último tiempo. Esta iniciativa respresenta un avance muy significativo en lo que dice relación con las denuncias de delitos cometidos por depravados con mentes desquiciadas, a quienes aquí se pretende castigar.
Pero también sería necesario hacer un llamado de atención a otros sectores de la sociedad. Ya nos referimos a los medios de comunicación, en general, y a los legisladores, quienes hemos tomado conocimiento del problema gracias a la acción de otros colegas, que se han involucrado en la materia. Por eso, hago un llamado a la familia y a la comunidad escolar, pues también estos delitos han sido cometidos en establecimientos educacionales, pero muchas veces han sido soslayados, ocultados o bien las personas involucradas no han asumido su responsabilidad.
La familia es el pilar fundamental de la sociedad y, por lo mismo, a partir de ella debería construirse una más sana, que evite que estos delitos se sigan cometiendo. Pero ello depende no sólo de este proyecto, sino que también de las actitudes que todos adoptemos para preservar ese bien tan preciado que son los niños, de forma que vayamos construyendo una sociedad más sana.
Sin duda, el proyecto apunta no sólo en el sentido correcto, sino que es un gran avance. A quienes afirman que es insuficiente, les puedo decir que es un significativo avance, pues permitirá transparentar la comisión de estos delitos que se mantienen en silencio -muchas veces, en silencio cómplice-, al obligar a los profesionales de la salud que realicen los exámenes y que tomen conocimiento de estos delitos a que los denuncien ante la justicia. Esperamos que ésta adopte acciones mucho más decididas, rápidas y dinámicas después de tomar conocimiento de las denuncias respectivas.
Por lo tanto, tal como lo hará la bancada Demócrata Cristiana, espero que todas las demás apoyen el proyecto de ley.
Termino reiterando mi reconocimiento al colega Forni por ser el autor de esta iniciativa que estamos discutiendo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Francisco Bayo.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, al igual que los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, deseo expresar mis felicitaciones a los autores de esta iniciativa.
Seré muy breve, porque todos los conceptos emitidos por los oradores son coincidentes con lo que, a mi juicio, piensan todos los chilenos que observan con gran preocupación este problema que, incluso, podría acrecentarse en el futuro.
Ahora, con el ánimo de perfeccionar la iniciativa, deseo referirme a dos temas bien específicos.
En primer lugar, el proyecto siempre se refiere al “profesional de la salud”, en circunstancias de que muchas veces no existe tal profesional, pues la persona que examina a la víctima de una agresión es, por ejemplo, un auxiliar paramédico, que tiene el carácter de técnico de la salud.
Por lo tanto, haré llegar a la Mesa la indicación pertinente, con el objeto de intercalar, entre las palabras “profesional” y “de la salud”, la frase “o técnico”, precisamente para hacer extensiva la obligación que establece el proyecto a los técnicos de la salud, tan importantes en los numerosos lugares de Chile donde no hay profesionales.
En segundo lugar, hay otro aspecto que dice relación con lo manifestado por el diputado señor Paredes. En la actualidad, los médicos que certifican la existencia de lesiones en una persona, sea menor de 14, 18 ó 60 años, tiene la obligación de denunciarla a la justicia. De manera que sería necesario compatibilizar lo que establece el proyecto con la obligación legal que tiene el médico en la actualidad de hacer la denuncia correspondiente.
En consecuencia, el proyecto no debería establecer que cuando el afectado tenga entre 14 y 18 años, el profesional de la salud estará obligado a hacer la denuncia sólo con su consentimiento.
Considero que el análisis de estas dos materias por la Comisión respectiva permitirá perfeccionar el excelente proyecto de ley que estamos discutiendo aquí.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , ante todo, me sumo a las congratulaciones de los colegas a los autores del proyecto, que considero espectacularmente bueno, porque protege a los niños y frena a los delincuentes que cometen estos delitos.
A propósito del proyecto en discusión, también debemos hacer un llamado a las personas que hacen estos reportajes que muestran la maldad que existe en mucha gente, porque al mirarla con detención, podemos darnos cuenta de que quienes cometen tales atrocidades, inducen a los niños a la prostitución, a la pedofilia y a muchas otras cosas, siempre aparecen en la televisión y en los diarios con sus rostros cubiertos y con las patentes de sus vehículos tapadas, a pesar de que son verdaderos delincuentes. Si la prensa mostrara la cara de estos delincuentes y las patentes de sus vehículos, indudablemente sería un tremendo freno para estos delitos y tendríamos menos violaciones que las que estamos viendo hoy día.
El diputado Bayo ya se refirió a un aspecto que comparto. Para mí la violación es violación, independientemente de la edad de la víctima. Todas las cosas que se están haciendo se basan en dos hechos: primero, el reportaje de Canal 13 sobre la pedofilia y, segundo, el caso del sicópata de La Dehesa. Por lo tanto, a las personas que cometieron violaciones hay que darles el mismo trato. ¿Cómo le vamos a preguntar a una señora que fue violada brutalmente si hará la denuncia? Por eso, estoy absolutamente de acuerdo con que el proyecto debe ser concordante con la normativa vigente, de manera que toda violación sea denunciada. Eso sí, debemos velar por la integridad e identidad de las víctimas porque, después del tremendo vejamen que han sufrido, no están dispuestas a salir en los diarios y declarar que fueron violadas.
En consecuencia, me parece bueno que se haya presentado una indicación. Así, el proyecto volverá a la Comisión y será estudiado en profundidad para hacerlo concordante con la normativa existente, eliminando el límite de edad para denunciar una violación. La violación es violación, independiente de la edad de la víctima.
Es lo que quería manifestar. Me alegra enormemente la presentación de este proyecto y felicito a sus autores, en particular al diputado Forni.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente , me siento muy feliz de haber coparticipado con otros colegas en la redacción de este proyecto, porque creo que es un aporte en la línea de controlar estos delitos. Sin embargo, considero muy importante ir acrecentando todos los elementos que contiene.
Como digo, esta iniciativa es un paso muy importante y hemos discutido con otros colegas, especialmente con el diputado Forni , con quien -como dije- coparticipamos en la elaboración del proyecto, la idea de presentar otras iniciativas en la misma línea, que digan relación, fundamentalmente, con la responsabilidad personal que tendrían los profesionales o los técnicos de la salud -como dijo el diputado Bayo- en la denuncia de estos delitos.
Asimismo, considero muy importante y decisiva la responsabilidad que les cabe a los servicios sanitarios en este problema. Por eso, considero que tendremos que establecer, probablemente en otro proyecto o a través de indicaciones que formulemos a éste, la responsabilidad de estos servicios. Las víctimas de este tipo de abusos, generalmente, llegan a los servicios de urgencia, a las postas de primeros auxilios y, en el caso de los niños, a los servicios de pediatría de los hospitales y de las policlínicas. En consecuencia, estos establecimientos también tienen el deber de denunciar estos hechos, materia que probablemente tenga que ver con el Estatuto Administrativo o con la ley general de Bases de la Administración del Estado, en relación con la obligación que les cabe a los funcionarios públicos, a los servicios del Estado y también a los establecimientos privados.
En segundo lugar, quiero señalar que los abusos sexuales, de los cuales hemos tenido una nutrida difusión a través de la prensa, dicen directa relación con un problema muy significativo e importante en Chile: la salud mental. Sin lugar a dudas, las personas que cometen estos abusos son desequilibrados mentales. Cuando hablamos del sicópata de La Dehesa, estamos hablando de un enfermo mental. Por lo tanto, todo lo que hagamos por mejorar el estado de la salud mental en Chile es de extraordinaria importancia.
Los informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud nos revelan que el 40 por ciento de los chilenos sufre patologías mentales de diversos niveles: desde alteraciones mentales mínimas, hasta alteraciones muy severas e irreversibles, como la esquizofrenia y otras patologías. Hoy día, existe un gran déficit en la cobertura de la salud mental, hecho que origina la comisión de estos delitos. Nuestras cárceles están llenas de sicópatas, y en nuestros hospitales siquiátricos hay también un número no menor de delincuentes.
Por eso, dos de los tres más importantes hospitales siquiátricos chilenos, como son el Hospital Sanatorio El Peral y el Hospital Sanatorio de Putaendo, están construyendo dos unidades para el tratamiento de los reos sobreseídos por la justicia por causa siquiátrica. Considero que un paso muy importante en la solución definitiva del problema es avanzar en la línea de mejorar la salud mental en Chile.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , acabo de integrarme a la discusión de este proyecto que aprobamos por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y que me correspondió patrocinar en conjunto con los diputados que se mencionan en el informe. De acuerdo con lo que he escuchado, entiendo que existe el ánimo de aprobarlo.
Por eso, quiero detenerme un segundo para explicar -a propósito de la razonable preocupación expresada por el colega René Manuel García -, por qué se establece una edad determinada.
Por distintas razones, todas las legislaciones del mundo consideran la violación como un delito de acción mixta, porque, por regla general, requiere que el Poder Judicial actúe en función de un impulso que entrega la víctima. Pero ese impulso no debe ser constante; basta con que lo dé para que la investigación continúe.
Lo que se hace aquí es establecer una excepción para las personas desvalidas por razones de edad, que son objeto no sólo de violación, sino que de abuso sexual. En este caso, se obliga a quien llegue a la conclusión de que pudo existir abuso sexual, ya sea en menor o mayor grado, a hacer la denuncia, precisamente para evitar la acción mixta en ese caso.
En Chile la violación siempre ha sido castigada. El Código Penal hace distingos. El primero de ellos es que siempre habrá violación, sea con fuerza o sin ella, cuando la víctima es menor de 12 años. En el proyecto sobre la pedofilia que estamos tratando en la Comisión de Constitución, estamos discutiendo si subimos esa edad a 14 años, pero siempre habrá violación. Sólo se requiere la concurrencia de otros requisitos establecidos por el legislador, cuando se trata de hombres o mujeres mayores que son víctimas del delito. El caso más común es cuando se usa fuerza o intimidación. En ese caso, siempre habrá violación, cualquiera que sea la edad de las personas que participan en el delito en forma activa o pasiva. También hay violación cuando la víctima se encuentra privada de la razón o cuando, debido a su incapacidad física, no puede defenderse.
Por lo tanto, para despejar las legítimas dudas de los colegas, lo único que hacemos es establecer un mecanismo más rápido y eficiente, de manera que si el profesional de la salud de un establecimiento hospitalario, público o privado, que atiende a un menor, llega a la conclusión de que éste ha sido víctima de abuso sexual, deberá hacer la denuncia a la justicia. Ése es el sentido del proyecto; nada más que ése.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Restan pocos minutos para el término del Orden del Día. Están inscritos la diputada señora Lily Pérez y el diputado señor Gonzalo Uriarte.
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , sólo para decir que estamos ante un proyecto que es una aspiración muy sentida de la sociedad y, sobre todo, de los médicos.
Los médicos de los sectores público y privado sienten una gran impotencia cuando deben atender a un hombre, a una mujer o a un niño que han sido víctimas de una violación. Y esa impotencia es aún mayor cuando, muchas veces, saben o tienen la certeza de que ese acto ha sido cometido por un familiar, no obstante lo cual deben devolver a la víctima al seno de la familia donde fue violentada.
Desde ese punto de vista, es muy importante que los médicos de los establecimientos hospitalarios públicos y privados tengan la posibilidad de denunciar estos delitos. En Chile, sólo lograremos detener de a poco estos abusos mediante denuncias concretas, sin que tengamos que enterarnos de estos casos aberrantes y terribles a través de los medios de comunicación.
Lo más importante es ir cerrando el círculo en torno de quienes, en el caso de las violaciones, actúan con impunidad, sobre todo cuando las víctimas son menores de 14 años agredidos sexualmente, incluso, al interior de sus propias familias.
Por lo tanto, creo que este tipo de proyectos, que involucran a diputados de todas las bancadas, son sumamente importantes y muy bien recibidos por la sociedad chilena.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Por último, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente, como uno de los autores de esta iniciativa, celebro y agradezco la favorable acogida que ha tenido por los parlamentarios que han hecho uso de la palabra.
Uno de los problemas más habituales que deben enfrentar las víctimas de atentados sexuales, especialmente cuando se trata de menores de edad de escasos recursos, es la imposibilidad de poner en marcha un proceso penal que las defienda, lo que les impide aportar las pruebas pertinentes que permitan acreditar el delito y sostener la acción penal durante el transcurso del proceso. Si a lo anterior agregamos la lamentable realidad de que la mayor parte de estos delitos ocurren en el ámbito familiar más cercano a la víctima o en el vecindario, resulta muy difícil que sean denunciados y que, finalmente, lleguen a buen término en el aspecto judicial.
Por eso, la idea matriz del proyecto apunta a facilitar las denuncias y, con ello, al inicio de la acción penal, al margen de la voluntad de la víctima o de quienes la tengan a su cuidado, porque muchas veces ésta se sentirá inhibida para hacer la denuncia por distintas razones. De esta manera creamos un sistema expedito, rápido e independiente que operará en forma automática.
Cada vez que un profesional de la salud -aquí abro un paréntesis para decir que en la discusión efectuada al interior de la Comisión se entendió que también se incluía a los técnicos de la salud- constate la ocurrencia de un delito de esta naturaleza, deberá ponerlo en conocimiento de la justicia, no sólo a través de Carabineros y de Investigaciones, sino que también de los tribunales de justicia, en las regiones donde todavía no entra en funcionamiento la reforma procesal penal, o bien ante el Ministerio Público, si se trata de regiones en las cuales ésta sí ha entrado en vigencia. De esta manera, estamos haciendo un aporte sustantivo para la solución de un problema real que hoy aqueja a nuestra sociedad, el cual no hace distingos ni diferencias sociales.
Se han presentado otras iniciativas legales sobre la materia, que esperamos que también sean aprobadas por el Congreso Nacional. En el curso de esta sesión, dentro de unos minutos trataremos un proyecto de acuerdo, patrocinado por los diputados Iván Paredes y otros, que se hace cargo de la misma problemática.
Una última observación. Por una cuestión de concordancia, junto con los diputados Burgos y Forni presentaremos una indicación para introducir una modificación que ya fue acordada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Por último, quiero pedir a los diputados presentes en la Sala que aprueben por unanimidad esta iniciativa, de manera que sea despachada al Senado a la mayor brevedad, donde existirá la posibilidad de incorporar otras modificaciones. En todo caso, lo importante es que la iniciativa se convierta en ley de la República en el más breve plazo posible.
Haré entrega de la referida indicación a la Mesa.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El diputado señor Jiménez ha pedido la palabra para hacer una aclaración.
Tiene la palabra, por medio minuto, señor diputado.
El señor JIMÉNEZ .-
Señor Presidente , sólo para corregir un error, cometido involuntariamente, para la historia fidedigna de la ley.
El diputado señor Forni me aclaró que otro de los autores del proyecto es el colega de mi distrito, mi amigo Gonzalo Uriarte, quien acaba de intervenir. Por lo tanto, también le cabe un mérito de la misma relevancia, hecho que deseo destacar.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Mientras se llama a los señores diputados a votar, puede hacer uso de la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, a pesar del consenso que concita el proyecto, quiero manifestar un reparo, por lo cual es muy importante que vuelva a Comisión.
Como lo planteó la diputada señora Isabel Allende , próximamente en el país se va a dar un debate respecto de la posibilidad de que los jóvenes de menos de 18 años sean considerados sujetos de derecho. Entonces, existe la necesidad de definir el eje de lo que pasará con los niños de entre 14 y 18 años.
En lo personal, no comparto la expresión del artículo 1º del proyecto, en el sentido de que el profesional de la salud “sólo estará obligado a efectuar la denuncia si la víctima consiente expresamente en ello”. La lógica del Congreso debe estar de acuerdo con la de la Convención de los Derechos de la Infancia, cual es que es obligación del profesional y del Estado proteger siempre al menor de edad. Si se quiere relativizar algo, sólo se debería evitar poner en conocimiento de la autoridad legal que corresponda cuando un menor, de entre 14 y 18 años, lo pida en forma expresa.
Tal como lo señalaba el colega Paredes, si el violador es un tío o el padrastro, se da una situación muy compleja para los jóvenes que están ubicados en ese tramo de edad. Por eso, deberíamos fijar, como criterio general, la obligación de informar por parte del profesional. Éste quedaría liberado de ello sólo cuando el afectado no desee que se haga la denuncia, y no como está propuesto en la iniciativa. De esa manera, la normativa quedaría de acuerdo con lo que establece la Convención de Derechos de la Infancia, que, según nuestra legislación, incorpora a todas las personas menores de 18 años.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Corresponde efectuar la votación general del proyecto. Como se han presentado dos indicaciones, la iniciativa debería volver a la Comisión de Constitución. Sin embargo, se ha pedido que sea despachado hoy.
En consecuencia, solicito el acuerdo de la Sala para realizar la votación general del proyecto. Con posterioridad, votaríamos las indicaciones.
Acordado.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , no alcancé a votar.
Varios señores DIPUTADOS.-
Nosotros tampoco.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Perdón, señores diputados, pero ello no es culpa de la Mesa, pues se llamó a votar. El otro día se votó un proyecto muy importante y hubo personas que se quedaron con el dedo en alto y no pudieron votar. Estoy aplicando el Reglamento. Además, no se altera nada porque el proyecto ya fue aprobado.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Señores diputados, si no lo hacemos así, ocurrirá que, por las discusiones que se originan de un lado y del otro, nos demoraremos una hora en cada votación.
Se va a dar lectura a la primera indicación.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La primera indicación es de los diputados señores Bayo, Masferrer, Salas y García, don René Manuel, y tiene por finalidad agregar en el articulado del proyecto, las veces que figura, luego de la palabra “profesional”, las expresiones “o técnico”.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se presentó esta indicación porque en algunos lugares no hay profesionales, sino sólo técnicos, según nos explicó el diputado señor Bayo.
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio y Burgos.
-Se abstuvo el diputado señor
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Se va a dar lectura a la segunda indicación.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La segunda indicación es de los diputados señores Uriarte, Forni, Burgos y Salas, para sustituir, en el artículo 1º, que modifica el artículo 145 bis del Código de Procedimiento Penal, la expresión “a la justicia” por “a la justicia o a sus agentes de conformidad con lo establecido en el artículo 83,”.
Para sustituir en el artículo 2º, que modifica el artículo 198 del Código Procesal Penal, la expresión “a la justicia” por “al Ministerio Público o a los funcionarios o tribunales indicados en el inciso segundo del artículo 173,”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, los autores de un proyecto de acuerdo en apoyo a Palestina han pedido que recabe el acuerdo de la Sala para que sea leído, después de lo cual se solicitaría el asentimiento para tratarlo de inmediato.
¿Habría acuerdo para ello?
No hay acuerdo.
AMPLIACIÓN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL POR DELITOS SEXUALES.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 74, de los diputados señores Paredes, Espinoza, Lagos, Meza, Venegas, Escalona, Girardi, Valenzuela y Walker, y de la diputada señora Tohá, doña Carolina.
“Considerando:
1º Que esta honorable Cámara se ha decidido a legislar respecto del tema de los delitos sexuales que afectan a menores de edad, proponiéndose como modificación a las normas que regulan la materia establecer la obligación que les corresponderá a los profesionales de salud en orden a denunciar los atentados sexuales que verifiquen, previo exámenes médicos, en contra de menores de 12 años de edad y en los mayores de esa edad pero menores de 18 años, manteniendo la denuncia previo consentimiento de la víctima.
2º Que este tema se ha instalado fuertemente en la opinión pública a través de las denuncias formuladas respecto de la existencia de una red en internet que promueve la pedofilia.
3º Que esta situación no ha hecho sino constatar las deficiencias que tiene nuestra legislación en torno de las materias referidas, sobre todo de las pruebas del delito.
4º Que todo delito de carácter sexual importa una grave violación a la intimidad e integridad física y psíquica de las personas afectadas por éstos, lo que trae nefastas consecuencias de orden psicológico a ellas y de las cuales los expertos señalan que es prácticamente imposible salir.
5º Que lo anterior es particularmente grave cuando se trata de víctimas menores de edad, las cuales suman a todas estas externalidades negativas de estos delitos, su indefensión y escaso desarrollo físico y psicológico, el cual se ve irremediablemente truncado cuando se sufre un delito de esta naturaleza.
6º Que en estos días se han dado cuenta de que los agresores sexuales de menores de edad son principalmente personas de su entorno cercano y no delincuentes comunes.
7º Teniendo como prioridad la defensa irrestricta de los menores de edad, promoviendo con una nueva ley la futura inhibición de la comisión de delitos de esta naturaleza en contra de menores de edad a través del establecimiento de nuevas y severas figuras tipo en esta naturaleza de delitos.
8º Que de estas atroces circunstancias no se ve excluido ningún estamento social, afectando a pobres y ricos y a personas de diversos países.
9º Que en la comisión de estos delitos no sólo participan personas pertenecientes al medio familiar de los menores, ni menos delincuentes comunes, sino que, como hemos podido conocer en este último tiempo, participan personas que por su condición nunca las creeríamos capaces de crímenes tan atroces.
10º Que queda la sensación de que sólo se logra detener y condenar a aquellos que cometiendo estos ilícitos no cuentan con redes públicas de protección, como ha sido el caso de dignatarios de la Iglesia acusados no sólo en Chile, sino en el mundo, de atrocidades de este tipo.
Por tanto, en virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente:
Proyecto de acuerdo:
1. La honorable Cámara de Diputados acuerda oficiar a su Excelencia el Presidente de la República a fin de que tome las medidas legislativas del caso, remitiendo a la brevedad un mensaje, de manera de ampliar la responsabilidad criminal en los delitos sexuales en orden a considerar las siguientes figuras agravadas:
A. Creación de figuras agravadas y calificadas, que hagan aplicable a este ilícito las penas de presidio perpetuo calificado.
B. La imposibilidad de que a su respecto se den beneficios penitenciarios.
C. La no consideración a su respecto, durante la investigación del ilícito, de circunstancias atenuantes.
D. La aplicación de estas figuras a personas que se encuentren al cuidado del menor o que por su condición hagan esperable conductas intachables, considerando dentro de esta especial categoría a sacerdotes y pastores, según corresponda; “tíos” de furgones escolares; directores, profesores y auxiliares de recintos educacionales; miembros de las fuerzas armadas y de orden, y funcionarios públicos”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , celebro que se discuta este tema después del largo debate generado a raíz de la moción parlamentaria que tiene por finalidad proteger los derechos de los niños agredidos sexualmente. Sin embargo, no me queda claro, en todo caso, cuál sería la forma de incorporar en la iniciativa las propuestas.
El proyecto de acuerdo tiene por objeto dejar establecido que toda iniciativa que tenga por finalidad proteger los derechos del niño, contará con el respaldo de la Cámara de Diputados. En tal sentido, si bien el problema afecta a la sociedad chilena, y nuestro país ha suscrito convenios internacionales sobre la materia, comprobamos permanentemente que nuestra legislación es insuficiente ante un flagelo que ha aumentado en los últimos años.
Los autores de este proyecto consideramos que se debe establecer algún tipo de sanción distinta para quienes, aprovechándose de su condición de superioridad jerárquica o incluso afectiva, proceden a violar o a atentar sexualmente en contra de un niño.
Por ejemplo, normalmente los papás -también los parlamentarios, porque muchos de nosotros tenemos hijos- tendemos a educar a nuestros niños según determinados parámetros, que ellos van reproduciendo. ¿Quién no enseña al menor de edad a decirle tía o tío a la persona que lo atiende o al conductor del furgón que lo lleva al parvulario o al colegio? Esa costumbre va generando en el menor una sumisión jerárquica que sus propios padres inculcan en relación con un extraño, con una persona que ni siquiera pertenece a su grupo familiar.
Hago un paréntesis para hacer una salvedad. La diputada señora María Antonieta Saa me ha dicho que hace un par de años presentó una iniciativa -la desconozco, porque llegué a la Cámara hace poco, aunque lo que abunda no daña- que tiene por finalidad establecer sanciones más fuertes para las personas que, aprovechándose de su superioridad, generan confianza en los niños y terminan agrediéndolos sexualmente.
Según los antecedentes de los últimos meses, algunas personas han agredido a menores aprovechándose de algún vínculo afectivo que tienen con ellos. Anoche, por ejemplo, vimos en la televisión que un señor de 71 años entraba niños a su casa y se bañaba con ellos en la piscina -era como el abuelito del barrio- para agredirlos sexualmente.
Además, datos estadísticos demuestran que los niños agredidos sexualmente son víctimas de personas muy cercanas, parientes o familiares. El curita, por ejemplo -conocemos muchos casos-; el pastor, el señor del furgón que los lleva al colegio, el profesor de educación física. En definitiva, repito, siempre son personas que tienen algún grado de superioridad jerárquica o afectiva en relación con los niños.
Es importante hacer resaltar que es distinta la situación del menor que es arrancado violentamente de su casa y violado por un desconocido a la de aquel que es agredido por el “tío” que lo lleva al colegio en el furgón.
En síntesis, la propuesta tiene por objeto agravar la situación penal de quienes, aprovechándose de su superioridad jerárquica, proceden a violentar sexualmente a un menor de edad.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , estoy en contra del proyecto de acuerdo, no por su contenido, sino porque, al pedir al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley sobre la materia, de alguna manera sus autores están renunciando a una función propia de la actividad parlamentaria: legislar.
Sugiero que los colegas que firmaron este proyecto, presenten una moción, que, estoy cierto, contará con el apoyo de todos los parlamentarios. Hacerlo de la manera como se propone en este proyecto, significaría cierta inhibición de los diputados patrocinantes para legislar sobre un tema que se está conociendo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Por eso, más allá de referirme a su contenido, creo que corresponde que los autores del proyecto de acuerdo presenten una moción.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , el colega que me antecedió en el uso de la palabra, señor Aníbal Pérez , me ha ahorrado uno de mis argumentos. Nadie se puede oponer a buscar alternativas que permitan condenar drásticamente a personas que cometen este tipo de delitos; pero, por su naturaleza, este tipo de materia es, desgraciadamente, de las pocas que nos van quedando para presentar mociones, como la que se aprobó por unanimidad hace algunos días sobre un asunto similar.
Además -lo digo con cariño y respeto y sin afán de menoscabar-, hay que tener cierto cuidado. Reconozco que todos -y con mucha razón- estamos motivados por los hechos que han mostrado los medios de comunicación; pero el legislador de los siglos XIX y XX no era tan ignorante. Basta leer el artículo 12 del Código Penal, que establece circunstancias agravantes. Además, los autores del proyecto podrán ver que buena parte de aquéllas están presentes en el código decimonónico.
Por otra parte, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se están viendo mociones muy interesantes, como la de la diputada Guzmán y del diputado Walker , que apuntan a los delitos sexuales. Los diputados que se preocupan del te-ma pueden presentar allí mociones al respecto.
En consecuencia -lo digo con todo respeto-, creo que el proyecto debería ser retirado por las razones que hemos señalado y para, por la vía de mejorar la legislación actual, colaborar en la loable preocupación de los diputados autores.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , quiero decir al diputado señor Paredes, principal impulsor del proyecto de acuerdo, que en los primeros días de junio se presentó en la Cámara un proyecto de ley que trata justamente de esta materia, pero quizá de manera mucho más amplia. Está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y ha sido objeto de indicaciones, como la de la diputada señora Saa .
Por lo tanto, invito al diputado señor Paredes a que, primero, conozca el proyecto de ley, de modo que posteriormente, en lo que le parezca que corresponde, presente las indicaciones que estime pertinentes.
Sin embargo, las materias que contiene el proyecto de acuerdo están establecidas en el Código Penal o han sido incluidas en el proyecto de ley en estudio. Por ejemplo, la creación de figuras agravadas y calificadas que lleven, incluso, al presidio perpetuo calificado.
Asimismo, los aspectos relacionados con el delito de violación ya están establecidos en el Código Penal. No obstante, en el proyecto de ley que está tratando la Comisión de Constitución se han agregado materias relacionadas con la pornografía infantil, con la prostitución y con otros delitos.
Por otra parte, el proyecto de acuerdo plantea la imposibilidad de que se otorguen beneficios penitenciarios, lo cual ya está dispuesto en la Constitución cuando existe peligro para la víctima.
Respecto de las atenuantes, es absolutamente imposible no tomarlas en cuenta, porque ello iría contra la doctrina penal, que viene desde hace muchos siglos.
En cuanto a las personas del entorno cercano a los menores de edad y a los guardadores que cometen atentados sexuales en su contra, tal como señaló el diputado señor Burgos , las circunstancias agravantes también han sido establecidas, desde hace mucho tiempo, en el Código Penal.
Por lo tanto, reitero la invitación a los diputados autores del proyecto a que presenten las indicaciones necesarias al proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Hago presente que un proyecto de acuerdo sólo puede ser retirado por sus autores antes de iniciar su discusión.
Asimismo, si las razones que se han dado ameritan votar en contra, y finalmente es rechazado, los autores tienen la plena facultad de presentar una moción para reponerlo como proyecto de ley.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 76, de los señores Errázuriz, Rojas, Mora, Riveros, Bauer, Jeame Barrueto, Salas, Hales y de la señora Allende, doña Isabel.
“Considerando:
Que, en la ex sede del Congreso Nacional, en Santiago, hay espacios donde funcionaba la Cámara de Diputados y que hoy están ocupados por la Cancillería.
Que, el Senado ya ha recuperado en esa sede, los lugares que le pertenecían.
Que, de materializarse el traslado de la Cancillería desde el edificio donde funcionaba el Congreso Nacional, es posible que si la Cámara de Diputados no actúa oportunamente, el Senado termine ocupando la totalidad del edificio.
La Cámara de Diputados acuerda:
Mandatar a la Mesa de la Cámara de Diputados para que inicie, de inmediato, la recuperación de los espacios en que funcionaba en Santiago antes de hacerlo en la ciudad de Valparaíso, e informe a la Sala, cada cuatro meses, sobre la evolución de las gestiones en tal sentido”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , en primer lugar, les informo que el autor del proyecto de acuerdo, el diputado señor Errázuriz , no está presente por razones de salud.
Como todos sabemos, la Cancillería funciona en el espacio que ocupaba la Cámara de Diputados en el antiguo edificio del Congreso Nacional. Asimismo, estamos en conocimiento de que el Senado ha recuperado el que le correspondía y de que se insiste en que la Cancillería sea trasladada a otro lugar, lo que en algún momento ocurrirá.
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo es muy simple: mandata a la Mesa de la Corporación para que inicie, de inmediato, la recuperación del espacio de la Cámara en el antiguo edificio del Congreso, porque, de lo contrario, se corre el riesgo de que también quede en manos del Senado.
La intención va más allá de la discusión legítima en cuanto a si la sede del Congreso debe estar o no en Valparaíso. Sólo se mandata a la Mesa para que recupere el espacio que pertenecía a la Cámara de Diputados, y no veo razón para que no se hagan las gestiones en tal sentido. De hecho, no se justificaría que sólo el Senado recuperara su espacio, y la Cámara, no.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
No hay acuerdo.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VII. INCIDENTES
APOYO A LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , ante los acontecimientos ocurridos en relación con el proyecto de ley que crea una institucionalidad cultural, no puedo dejar de compartir -con mucha energía- algunos comentarios con los diputados presentes en la Sala.
Quiero destacar la actuación de los artistas chilenos ante la adversidad y el balde de agua fría que recibieron en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se votó el mencionado proyecto, ocasión en que la Concertación no reunió los votos necesarios para aprobarlo, y en la cual los diputados de la Alianza por Chile se abstuvieron o votaron en contra. Con dicha iniciativa se pretende avanzar en la consolidación de un organismo del Estado que dé un referente político fuerte y claro al arte y a la cultura.
La fuerza creativa es inagotable. Cientos de artistas estuvieron presentes el martes 30 de julio para llamar la atención del Senado y del país sobre este proyecto, que no sólo beneficia la creación artística, sino que también aumenta las oportunidades de crecimiento cultural de cada uno de los chilenos y chilenas.
Espero que los diputados y diputadas reconozcamos esta unidad artística nacional y abramos una nueva institucionalidad cultural, como corresponde a un país que desea crecer en todos los ámbitos, tanto sociales como económicos y culturales.
Cómo no decir que me siento orgullosa de ser actriz; pero también me quiero sentir orgullosa de ser diputada. Sé que en la medida en que cumplamos con el despacho de leyes que respondan a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos y de las ciudadanas, ellos y ellas también recuperarán la confianza en nosotros y se sentirán representados por aquellos a quienes eligieron en las urnas.
Por lo tanto, hago un llamado a los diputados y a las diputadas presentes en el hemiciclo a no hacer oídos sordos ante el clamor artístico y popular, y a que nos prepararemos para el próximo martes, porque dicho proyecto de ley fortalecerá el desarrollo del arte y la cultura en Chile.
He dicho.
COMENTARIO SOBRE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, siempre es bueno complementar el arte con la profundidad de los temas económicos.
En varias oportunidades, he aprovechado el tiempo que el Reglamento de la Corporación nos otorga para tratar temas que, por su importancia, ojalá se pusieran en tabla constantemente.
A veces, en este hemiciclo, al margen de las Comisiones, se nos olvida tratar temas que muchas veces no salen a la luz pública, como las diferencias entre nosotros.
Digo todo esto debido a mi preocupación por asuntos generales de la economía nacional.
Revisando la prensa nacional, por supuesto, más de alguien se complica y se pregunta hacia dónde vamos.
Me ha llamado la atención lo señalado por el presidente de la Bolsa Electrónica, don José Cox Donoso , quien, entre otros aspectos, menciona la necesidad de generar una agenda especial para los tiempos difíciles, a través de la cual, por ejemplo, se atienda con especial énfasis los impactos negativos que, sobre la economía nacional, puedan ocasionar las decisiones legislativas que adoptemos (las que tanto nos interesan y que, cuando las abordamos, tanto escuchamos).
¡Qué curioso es nuestro interés por la economía del país!
Por eso, expreso con mucha fuerza lo siguiente: quienes entendemos algo de economía, nos preocupamos un poco; quienes no entienden nada, no se preocupan. ¡Ése es el país por el cual legislamos!
Hoy, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, se dilata, sin mayor fundamento, el trámite de la legislación sobre la supresión del impuesto de timbres y estampillas, medida realmente reactivadora y de cuya aprobación están a la espera miles de chilenos con deudas hipotecarias. Sin embargo, su aprobación se dilata; quizás, casi nadie de los presentes pareciera entender el tema de la reactivación.
No es que quiera ser duro en mi apreciación, pero considero que debemos dar respuestas al país.
No puedo dejar de mencionar estos hechos cuando, en el escenario externo, en los Estados Unidos de América se aprecia una crisis. No creo ser pitoniso; baste sólo tratar de entender lo que significa la economía. Ese país puede llegar a tener una situación parecida a la ocurrida en 1929, hecho que puede arrastrar a nuestra economía a algo impensable.
Estados Unidos aparece enfrentando a un nuevo enemigo, esta vez interno: se trata del afán de lucro desmedido y de la falta de ética de sus agentes productivos más importantes. Si llegáramos a tener una gran depresión, como la que arrastró ese año al planeta entero -en esa época, el país del norte no era ni la décima parte de lo que es hoy en la economía mundial-, ¿qué pasaría, entonces, en Chile con una crisis de nivel medio en la economía de los Estados Unidos? En verdad, cuesta imaginárselo.
Nuestros economistas y nuestro ministro de Hacienda luchan por su país, por llegar a un punto que nos entregue tranquilidad.
El Ejecutivo incluyó, en la legislatura actual, un paquete reactivador sobre modificaciones tributarias para que las empresas chilenas con agencias o establecimientos permanentes en el extranjero, consoliden sus resultados del exterior con los obtenidos en el país. Se trata de medidas de enorme alcance, que todavía no son visualizadas ni por nosotros ni por la ciudadanía.
Sin embargo, cuando vemos que en países cercanos, como Uruguay, existe la amenaza de que el Estado cese de pagar sus créditos externos, y vemos que se decreta feriado bancario; o cuando vemos lo que sucedió y sigue sucediendo en Argentina, cabe preguntarse: ¿está Chile en crisis? ¿Falta confianza?
A mi juicio, la crisis está en las expectativas de la clase empresarial, a la cual respeto, acostumbrada a márgenes de utilidad alcanzados en una economía que crecía al siete por ciento, lo que hoy no es posible. No es normal que los países crezcan al siete por ciento. Por eso, ese dos o tres por ciento, proyectado hacia el futuro, nos tiene incómodos; pero debemos estar de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo.
Finalmente, en la medida en que mantengamos la confianza en nuestras autoridades económicas, en especial en nuestro ministro de Hacienda , don Nicolás Eyzaguirre , estaremos seguros de que, con el control que tenemos como país, podremos avanzar en aguas más calmas y proyectarnos en el futuro con seguridad y con optimismo.
Lamento ser a veces un tanto exagerado en mis comentarios sobre asuntos económicos. Creo, sí, que debieran ser fuente para que muchos pudieran entender lo que el país quiere, lo que está ocurriendo y lo que puede pasar si los legisladores no nos preocupamos.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Gracias, señor diputado .
ANTECEDENTES SOBRE APLICACIÓN DEL PROGRAMA “ORÍGENES” EN LA COMUNA DE VILCÚN. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , he recibido denuncias acerca de la forma en que está operando el programa “Orígenes” en la comuna de Vilcún, ubicada en la región de La Araucanía.
En efecto, se me ha informado acerca de reiteradas visitas a comunidades mapuches de esa comuna, favorecidas por el mencionado programa, efectuadas por un señor de apellido Farías, quien dice ser representante de la consultora Cepec , el cual, según los propios denunciantes, actúa también en representación del gobernador de Cautín , ofreciendo sus servicios y aduciendo que la aprobación de los proyectos dependen del gobernador.
Según mi información, el señor Farías sería chofer de la gobernación de Cautín.
Además, es preciso señalar que, para el cometido de esas visitas, que parecen más bien de beneficio particular, se utilizan medios fiscales.
Por otra parte -es un problema preocupante-, existe la negativa de algunas comunidades a trabajar con los promotores del programa “Orígenes”, ya que, según éstas, estarían decidiendo sobre las asesorías y el tipo de proyectos. Es decir, esas comunidades reclaman por cuanto se estaría haciendo una verdadera imposición de los proyectos.
También debo señalar que, según fui informado, la situación descrita fue representada al señor gobernador provincial por el concejo de la comuna de Vilcún, pero, a la fecha, no ha habido respuesta alguna. Asimismo, dicho concejo le hizo notar que representantes del programa manifestaron que, efectivamente, les consta lo que está ocurriendo al interior de las comunidades.
Estos problemas deben ser corregidos por la autoridad, pues claramente se está poniendo en riesgo el desarrollo de este importante programa, toda vez que no se está permitiendo a las comunidades participar y proponer iniciativas productivas de las que realmente se sientan parte.
Parece un verdadero despropósito que los proyectos se realicen de acuerdo con el interés de las consultoras.
En consecuencia, pido que se oficie, en mi nombre, tanto al ministro del Interior, a fin de que informe por qué el gobernador no se ha pronunciado al respecto, como a la ministra de Mideplan, para solicitarle información sobre lo que he expuesto, y, si el caso lo amerita, para que ordene una investigación.
Asimismo, pido que se adjunte copia de mi intervención a ambos ministerios.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados de su bancada y de la bancada de la UDI que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino .
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , en primer lugar, solicito que se oficie al ministro de Justicia para que nos informe si se han hecho estudios de seguimiento acerca del funcionamiento de la reforma procesal penal, implementada en distintas regiones, especialmente de cómo va su marcha en la Cuarta Región.
De haberse realizado, qué instituciones los han practicado, cuáles han sido sus conclusiones y, si es posible, en el evento de que estén terminados, que los hagan llegar a esta Cámara para su conocimiento.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Kuschel y de la bancada del Partido por la Democracia.
IMPLEMENTACIÓN DE PASOS SOBRE NIVEL EN TRAMO DE LA CUARTA REGIÓN DE LA RUTA 5. Oficio.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , en segundo lugar, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que informe en qué etapa están los estudios, los diseños o el financiamiento para los pasos sobre nivel que requiere la ruta 5 entre las ciudades de Coquimbo y de La Serena, ya que al menos es necesario implementar cuatro obras de este tipo para mantener el flujo normal de vehículos, especialmente en la época estival, pues la zona recibe gran número de visitantes.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Kuschel y de la bancada del Partido por la Democracia.
ANTECEDENTES SOBRE ACTIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PREN-DARIO EN LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , por último, solicito que se oficie al ministro del Trabajo y Previsión Social para que nos informe cuál es la actividad actual de la Dirección General del Crédito Prendario de la Cuarta Región, qué porcentaje de dinero se está colocando diariamente y mensualmente, qué cantidad de personas recurren a ese servicio, qué porcentaje de ellas está pagando sus préstamos, qué cantidad de prendas va a remate y, en promedio, qué porcentaje del valor del boleto del remate va a las personas.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Kuschel y de la bancada del Partido por la Democracia.
DEFICIENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ANGOL. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Bayo.
El señor BAYO .-
Señor Presidente , hace cuatro meses se inauguró en Angol, capital de la provincia de Malleco, la Escuela “Aragón”, uno de los complejos educacionales más modernos de la región y, quizás, del sur del país. En su construcción se invirtieron alrededor de mil millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, además de un aporte importante del Ministerio de Educación en relación con el programa de jornada escolar completa. Se trata de un edificio de más de cuatro mil metros cuadrados de construcción, que alberga a mil alumnos.
A su inauguración concurrió la señora ministra de Educación .
Pero esa escuela, inaugurada hace cuatro meses, hoy se ve enfrentada a un eventual adelanto de vacaciones o suspensión de clases por las múltiples deficiencias que, a simple vista, se detectan en su infraestructura, considerada como moderna, muy bien acabada, hermosa -reitero-, orgullo para el sistema educacional de La Araucanía.
No es posible dejar de presentar este hecho como un serio problema que debe ser aclarado por las autoridades correspondientes. No es posible que hoy los niños de Angol tengan sus clases suspendidas o sus vacaciones adelantadas, en circunstancias de que cuentan con el complejo educacional más moderno de la región.
Solicito que se oficie a la ministra de Educación para hacerle presente esta denuncia y a fin de pedirle que ordene las investigaciones pertinentes que permitan aclararla.
Asimismo, que se oficie al intendente regional, dada la cuantía de los montos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional incorporados en la obra.
Por último, solicito que se oficie al alcalde de Angol a fin de que se sirva informar si la recepción de la obra estuvo a cargo de esa municipalidad o de algún organismo dependiente del gobierno regional.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
SUBVENCIÓN ESTATAL PARA SALAS CUNA. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , ayer la Sala trató el proyecto relativo a la modificación del artículo 203 del Código del Trabajo, a fin de disponer la obligatoriedad de instalar salas cuna en establecimientos industriales y de servicios que indica.
Pido que se oficie a los ministros del Trabajo y de Educación , y, si corresponde, al ministro de Salud , para que estudien la implementación de un sistema general de subvención para las salas cuna, similar al que existe para la educación normal, de manera que puedan incorporarse a ellas todos los niños en edad de asistir. De esa manera, no existiría la necesidad de que las empresas otorgaran ese beneficio.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ACUERDO DE CONCEJO DE CONTULMO PARA FINANCIAR VIAJE AL EXTERIOR. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el turno siguiente, correspondiente al Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , solicito que se oficie al contralor general de la República para que nos informe acerca de la legalidad de la decisión adoptada por el concejo de la comuna de Contulmo, Octava Región, en el sentido de recortar los programas sociales con el objeto de financiar un viaje del alcalde y de los concejales a Francia y a Alemania, con los respectivos viáticos.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas del Partido Socialista y Radical Socialdemócrata, del Partido por la Democracia y del Partido Demócrata Cristiano.
SITUACIÓN QUE AFECTA A COOPERATIVA HABITACIONAL “ÁNGEL GABRIEL”, DE CHILLÁN. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA .-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero hacer notar la situación que afecta a aproximadamente mil quinientas familias de la ciudad de Chillán, las cuales forman parte de la Cooperativa habitacional “Ángel Gabriel”, creada por resolución del 23 de abril de 2001, y publicada en el Diario Oficial del 19 de mayo de ese mismo año.
Dicha cooperativa, que primitivamente era cerrada, para 271 personas, fue abierta y hoy cuenta con cerca de 1.500 socios que le han entregado aportes.
A raíz de que algunos de ellos detectaron irregularidades, el 6 de mayo concurrimos al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía para solicitar una fiscalización de la institución. Posteriormente, pedí, a través de la Cámara, que se oficiara al ministro de Economía para que ordenara una investigación al respecto, la cual, lamentablemente, confirmó las irregularidades denunciadas por los socios, entre ellas, el aumento del número de socios, puesto que sólo correspondían doscientos setenta y uno, y problemas en el financiamiento y balances.
A raíz de la investigación, el Departamento de Cooperativas concluyó en la resolución de disolver dicha cooperativa, la cual fue publicada en el diario oficial del 20 de mayo. Se creará una junta liquidadora, y con ese fin se ha solicitado citar a una asamblea para el 14 de agosto, en la ciudad de Chillán, con los socios que deben conformar la junta liquidadora.
También oficiamos al ministro de Vivienda y Urbanismo a fin de que investigara sobre los doscientos setenta y un subsidios que fueron asignados.
Por último, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que estudie la posibilidad de dar una solución habitacional a las personas afectadas por la disolución de dicha cooperativa.
Es importante señalar la labor que ha desarrollado el Departamento de Cooperativas en cuanto a su fiscalización y preocupación de crear una junta liquidadora con el objeto de producir el menor daño posible a esas familias que creyeron en la posibilidad de tener una casa propia.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de los partidos Socialista, Por la Democracia, Demócrata Cristiano y Renovación Nacional que así lo indican a la Mesa.
COMPROMISO DE ALCALDE DE PUENTE ALTO EN RELACIÓN CON ERRADICACIÓN DE CAMPAMENTO “CARLOS OVIEDO”. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , anoche, a través de la televisión, tomé conocimiento de una noticia extremadamente dolorosa, que, aun cuando dice relación con mi distrito y me afecta en especial, afecta a cualquier ciudadano. Me refiero al fallecimiento de una guagua -hecho que lamento mucho- de una de las veintitantas familias que fueron trasladadas por el alcalde de Puente Alto a un gimnasio. Me ha sorprendido la declaración del alcalde -no puedo dejar de mencionarla-, en el sentido que él había ordenado su traslado porque iban a ser desalojadas del campamento “ Carlos Oviedo ”.
Me parece extraordinariamente irresponsable que pueda hacerse una declaración como ésa, puesto que desde hace más de cuatro años que estamos trabajando, en conjunto con autoridades del Ministerio de Vivienda y otras, para encontrar una solución -que por fin se logró- al problema del campamento “ Carlos Oviedo ”, en el cual había más de trescientas treinta y tantas familias viviendo en un verdadero basural.
Sólo por esa razón -no porque fuera una toma ilegal y se la apoyara, sino porque no podían vivir en un basural- hicimos diversas gestiones, incluida una personal, de la diputada que habla, a través de la cual consiguió una cantidad importante de dinero del Arzobispado, que se manejó a través de las libretas de ahorro. Por lo tanto, logramos que cada una de esas familias fueran erradicadas, las que hoy están ocupando, transitoriamente, departamentos del conjunto “Volcán San José ”, de la comuna de Puente Alto. Una vez que esos departamentos se terminen de arreglar -porque se inundaron-, esas trescientas treinta y tantas familias se considerarán, junto con sus propietarios, en el grupo que las habitará.
El compromiso que existe, incluso firmado por el alcalde de Puente Alto, es no permitir el ingreso de más gente, puesto que ya fue muy difícil conseguir una solución para esas familias. Las distribuimos en nueve comités de allegados, y trabajaron con ellas el Hogar de Cristo, el Arzobispado y la diputada que habla.
Entonces, me parece asombroso, por decir lo menos, que el alcalde de Puente Alto diga que tuvo que trasladar a esas otras familias a un gimnasio porque iban a ser desalojadas. Entiendo que, una vez que las trescientas treinta y tantas familias salieran de ese basural, obviamente se iba a remover la tierra y se acabaría con la posibilidad o con la tentación de que regresaran nuevamente otras familias -es un terreno privado que el Serviu va a comprar-; el compromiso fue no trasladar a nadie más.
El alcalde de Puente Alto, bajo su responsabilidad, ingresó a veintiséis familias, a pesar de la existencia de ese documento escrito, por el cual -insisto- la autoridad se comprometió a que no ingresaría nadie más. Sin embargo, él se ofreció a dar una solución, y como no la encontró, a la gobernación le correspondió proceder al desalojo, por lo que, eventualmente, trasladó a esas familias a un gimnasio, con el resultado doloroso que hemos conocido.
Pido que se oficie a la gobernación para que informe si efectivamente existe ese documento escrito, firmado por el propio alcalde de Puente Alto, en el cual se comprometió, al igual que los pobladores, organizados en nueve comités, a que no ingresara nadie más a la lista de beneficiados. De ser así, me parecería extraordinariamente irresponsable haber permitido, a pesar de ese acuerdo firmado, el ingreso de veintiséis familias, a las cuales no se les encontró solución a su problema, lo que significa atentar contra el proceso de erradicación en que hemos venido trabajando desde hace más de cuatro años y respecto del cual hoy podemos decir, con satisfacción, que ha culminado, con lo que se cierra uno de los capítulos más difíciles para la comuna de Puente Alto. Todo el país tuvo oportunidad de ver, cada vez que llovía, las dramáticas condiciones en que vivía esa gente. Por lo tanto, hay que ser responsables. En ese sentido, el oficio me va a dar la razón de que no se podía actuar de la manera reseñada, ni menos culpar de lo ocurrido a una eventual orden de desalojo que ni siquiera fue necesario redactar.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas del Partido Radical, del PPD y de la Democracia Cristiana que así lo indican a la Mesa.
CREACIÓN DE DOS JUNTAS INSCRIPTORAS EN LA COMUNA DE PUERTO VARAS. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Recondo .
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , el artículo 5º de la ley orgánica constitucional que creó el Servicio Electoral, autoriza expresamente a su director, por resolución fundada y previo informe de la junta respectiva, para crear temporal o permanentemente otras juntas electorales.
En virtud de esa atribución, quiero solicitar que el director del Servicio Electoral disponga la creación de dos juntas inscriptoras en localidades de la comuna de Puerto Varas, en la Décima Región, en atención a que la ley establece que las razones que puede tener el Servicio Electoral para disponer la creación de juntas inscriptoras dicen relación con las circunstancias que concurran y que la hagan aconsejable, tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación o las distancias entre los diversos centros poblados.
En una de esas localidades, Ralún, habitan aproximadamente dos mil quinientas personas. La comprenden, asimismo, los sectores de Cayutué y de Rollizo.
El 50 por ciento de sus electores concurren a votar a la comuna de Cochamó, y la otra mitad, a la junta inscriptora de Ensenada, que está, aproximadamente, a 50 kilómetros. Sin embargo, lo curioso en este caso es que quienes deben concurrir a votar a Cochamó lo han estado haciendo en una comuna distinta de aquella a la cual ellos pertenecen. Han debido votar para elegir a autoridades que tienen jurisdicción sobre otro territorio.
Similar situación se presenta en la localidad de Alerce, específicamente en el sector de Alerce Norte, en el cual, como sabemos, el Gobierno ha desarrollado un nuevo plan seccional, el que ha creado una nueva ciudad, a través de los distintos programas especiales de construcción de vivienda y con una gran inversión por parte del Estado. A la ejecución de este proyecto han contribuido habitantes de las ciudades de Puerto Montt y de Puerto Varas. Y si estamos formando un gran centro urbano, que quedará a diez kilómetros de ambas ciudades, lo recomendable es que a esos ciudadanos -que serán miles- se les dote de los servicios públicos básicos; entre ellos, me parece indispensable que cuenten con una junta inscriptora, para que tengan su propio lugar de votación. Por otro lado, esta nueva ciudad quedará dividida en dos partes: una pertenecerá a la comuna de Puerto Varas, y la otra, a Puerto Montt. De ahí que me parece importante la creación de una junta inscriptora electoral en el sector de Alerce Norte, para los ciudadanos de la comuna de Puerto Varas.
Por las razones expuestas, solicito que se oficie al director del Servicio Electoral a fin de que se creen las juntas inscriptoras respectivas; asimismo, al ministro del Interior , por cuanto me parece indispensable, además por razones estratégicas, la creación de ambas juntas. Finalmente, que esta intervención se haga llegar, también, al alcalde de la ciudad de Puerto Varas .
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CAMPAÑA CONTRA EXPORTACIONES FORESTALES A ESTADOS UNIDOS. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , quiero dar a conocer la preocupación que existe en más de ciento veinte mil trabajadores forestales, de los cuales el 50 por ciento labora en la Octava Región.
En los últimos días, hemos visto publicado en la prensa, profusamente, que la escritora Isabel Allende encabeza una campaña que afectará las exportaciones del sector forestal chileno hacia Estados Unidos, las que alcanzan el orden de los 550 millones de dólares.
Estamos en presencia de una campaña irresponsable que, en definitiva, perjudicará a los trabajadores de la Octava Región y a los trabajadores forestales del resto del país. Junto con reiterar que el sector forestal involucra directamente a 120 mil trabajadores, es necesario precisar que si sumamos a sus familias y a los trabajadores indirectos, estamos hablando de cerca de 300 mil personas.
Hemos visto cómo, bajo el manto de una defensa ecológica de los bosques, se está afectando seriamente las posibilidades de exportación de nuestra industria maderera a Estados Unidos. Por lo tanto, quiero levantar mi voz aquí, en Valparaíso, porque acciones como éstas son las que en definitiva perjudican a nuestra industria, en circunstancias de que en la Octava Región, donde tenemos los principales índices de cesantía del país, se requiere mantener y crear fuentes de trabajo.
Junto con expresar mi preocupación y molestia, también expreso mi indignación por el hecho de que sea una escritora chilena quien encabece una campaña que afectará a sus compatriotas de las zonas más apartadas del sur de Chile. Para justificarla, se aduce el argumento de que no se cumplen las normas de certificación, en circunstancias de que gran parte de nuestra industria tiene el certificado Iso 14.001, que es uno de los más estrictos respecto de las normas que deben respetar los productos que se exportan al mercado norteamericano y que se fabrican con nuestra madera.
Por las razones expuestas, solicito que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que nos entregue información sobre las tres organizaciones o instituciones que aparecen encabezando y promoviendo, incluso a través de publicaciones de importantes diarios norteamericanos, esta campaña, la cual -repito- afectará seriamente a nuestra industria. Concretamente, me refiero a Forest Ethics , Forest Stewardship Council y Deep Ecology.
Me interesa saber quiénes son sus integrantes, cuáles son sus finalidades y de dónde proviene su financiamiento; es decir, toda la información que nos pueda entregar al respecto el Ministerio de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. Además, le informo que algunas de las peticiones están fuera del marco de las atribuciones de la Cancillería; pero, para entender cuál es el espíritu de su solicitud, se acompañará el texto de su intervención.
INFORMACIÓN ACERCA DE IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , hace algunos días denuncié en este hemiciclo las irregularidades que estaba cometiendo el alcalde de la comuna de San Fernando, capital de la provincia de Colchagua, en contra de quienes trabajan en la corporación de educación, de salud y de menores. Agregué que esta situación también afectaba a los profesores, debido a una apropiación indebida de recursos por parte del alcalde, quien, además, fue acusado por el Colegio de Profesores de Colchagua de no enterar en la Coopeuch, en la Fundación López Pérez, en el Colegio de Profesores y en algunas aseguradoras, las sumas que, de acuerdo con los convenios, se descontaban de las rentas mensuales de cada docente. Esta situación originó que los profesores mantuvieran una huelga por más de diez días, la que afectó a más de diez mil quinientos estudiantes. Afortunadamente, después de diversos trámites y de conversaciones con distintas autoridades - ministra de Educación , ministro de Justicia y subsecretario de Desarrollo Regional- para fiscalizar y ayudar a lograr una vía de solución a este gravísimo problema, se entregó un aporte, por adelantado, de 60 millones de pesos, suma que el alcalde se comprometió a abonar a las instituciones antes nombradas, junto con enterar oportunamente los descuentos en estos organismos. Con eso finalizó el paro, de lo cual todos nos alegramos. Pero pienso que, lamentablemente, el alcalde no va a poder dar cumplimiento a lo que ha afirmado, aunque esperamos que lo haga. Esta situación se debe exclusivamente a una muy mala administración. Me ha llamado la atención que las instituciones que tienen que fiscalizar a estos organismos no lo hayan hecho. Hasta la fecha, la Contraloría General de la República no ha inspeccionado ni a la corporación ni a la municipalidad. Los municipios funcionan bien cuando existe un jefe de control, quien, por ley, no puede ser removido, sino por acuerdo del concejo. En este caso, ese funcionario fue enviado por el alcalde a otro lugar en comisión de servicio. Además, ese edil, haciéndose eco de una denuncia efectuada por una persona que no existe, ha sumariado a todos los profesores de Puente Negro . Preguntados los lugareños del sector, manifestaron que, al parecer, esa persona había vivido en la localidad hacía algunos años, pero que había fallecido. A pesar de ello, el alcalde mantiene suspendidos de sus actividades a los maestros y, efectuando un gasto adicional, ha contratado a otros profesores en reemplazo de los permanentes.
Por lo señalado, solicito que se oficie al contralor general de la República a fin de que efectúe una inspección acuciosa y clara, con el objeto de tener certeza de las irregularidades denunciadas, poner orden y orientar a los concejales, al alcalde y a quienes trabajan en la corporación, para que las cosas comiencen a hacerse bien.
Asimismo, solicito que se oficie al ministro de Justicia , quien, luego de nuestra visita, se comprometió a enviar al lugar a algunos fiscalizadores. En razón de ello, quiero que la Cámara conozca los resultados de esa investigación y las anormalidades detectadas. El Ministerio de Justicia entrega la personalidad jurídica a la corporación. Cuando se efectúa ese trámite, se indica que debe existir un directorio, el que, en este caso, nadie conoce, y que una vez al año debe remitirse un balance a ese ministerio, lo que tampoco se ha hecho. ¿Por qué no se fiscaliza como se debe? Espero que estos oficios tengan mejor suerte. Lo digo porque sé que contarán con el apoyo de su Señoría, Segundo Vicepresidente de la Corporación , quien siempre trabaja con celeridad en su región, en especial en Rengo.
Repito, solicito que se oficie al ministro de Justicia y a la ministra de Educación , por cuanto ella debe haber tenido una participación mucho más amplia en este tema, pues es quien entrega las subvenciones para solventar la educación de estos niños.
También solicito que se oficie a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el objeto de conocer los alcances de esta materia. En este sentido, es positivo informarse directamente de los adelantos logrados y no a través de la prensa.
Por último y en forma especial, solicito que se oficie al contralor general de la República a fin de que efectúe una investigación y dé cuenta de las anomalías que se están cometiendo en esa municipalidad, tan importante para la ciudadanía de San Fernando.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría lo más rápidamente posible, a fin de traer calma al profesorado y a la comunidad de esa región y conocer qué hay detrás de las denuncias formuladas.
IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA .-
Señor Presidente , por su intermedio, solicito que se oficie al contralor general de la República a fin de que ordene una investigación en el gobierno regional de la Octava Región, en razón de diversas irregularidades de que hemos sido informados, en especial en cuanto al abuso de contratar personas que no cumplen funciones en ciertas unidades, como, por ejemplo, en la unidad eléctrica del gobierno regional. Se trata de una vía a través de la cual se está usando el mecanismo de contratación de personal para cargarlo a esa unidad, no obstante no pertenecer a ella.
Además, solicito que se investiguen los viáticos pagados a personas que viajaron con el intendente a Europa con el objetivo de promover la industria del plástico. Se trata de individuos que no pertenecen al gobierno regional. Estimamos muy grave que, invocando ese ítem, se estén desviando recursos que podrían servir para otros proyectos.
Por último, hemos sido informados de que se estaría recurriendo al gobierno regional para contratar personas de distintas maneras, no obstante que cumplen funciones en otros lugares. Por tal motivo, solicito que el contralor general de la República ordene una investigación y nos entregue el listado completo del personal que depende del gobierno regional, cualquiera que sea su relación laboral con éste, con indicación de las funciones que cumple cada uno. Tenemos información sobre nombres de personas, pero queremos que sea la Contraloría General de la República la que lleve adelante la investigación y nos informe sobre el particular.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
RÉPLICA A CRÍTICAS FORMULADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente , acompañan al diputado que habla, que mantiene un 98 por ciento de asistencia a esta Sala, su amigo José Miguel Ortiz , quien exhibe un ciento por ciento de asistencia; los dos vicepresidentes del Partido Demócrata Cristiano, cada uno con un ciento por ciento de asistencia, y el diputado señor Juan Pablo Lorenzini , quien también mantiene un ciento por ciento de asistencia durante este período.
Resalto lo anterior porque soy un parlamentario de Gobierno, y como tal me siento muy afectado por las palabras dichas por el Presidente de la República en relación con el proyecto de ley sobre la institucionalidad de la cultura. Él formuló una fuerte crítica a la Cámara de Diputados y nos echó encima, sin distinción alguna, a todo el mundo de la cultura. No hubo una sola palabra de él para referirse a los parlamentarios que siempre asistimos al Congreso Nacional y a sus comisiones, a quienes votamos todos los proyectos de ley favorablemente y efectuamos nuestro aporte legislativo. No queremos que nos felicite, pero sí que no nos meta en el mismo saco a todos.
El rechazo, en el primer trámite constitucional, del proyecto de ley sobre la institucionalidad de la cultura, tiene responsables. La UDI y Renovación Nacional votaron en contra, y varios parlamentarios del PPD hicieron lo mismo o no asistieron; entre ellos, una diputada que intervino al inicio de Incidentes: la señora Ximena Vidal , de profesión actriz, quien enrostró su actitud a los diputados de la Oposición y a los colegas que no votaron dicha iniciativa. Pues bien, revisé la asistencia de ese día y la señora Ximena Vidal no figura en esa lista, por lo que tampoco votó. En otras palabras, el cura reta a los que asisten por los que no asisten.
No estoy de acuerdo con el vocabulario y el tono utilizados por el Presidente de la República para referirse a sus diputados y amigos de la Concertación. Yo me siento amigo de la Concertación y del Presidente . Por tal razón, le reprocho que haya utilizado el mismo vocabulario para referirse a todos los parlamentarios por igual. Quien habla no formó parte de los diputados inasistentes y normalmente concurre a la Cámara a votar los proyectos de ley.
¿Por qué digo esto? Por una segunda cuestión.
El Presidente se enoja mucho cuando no lo acompañamos a terreno. Se molesta y pregunta: “¿Dónde están mis parlamentarios que no me acompañan?” El Presidente envía importantes proyectos de ley al Congreso Nacional. Es así como en la Comisión de Trabajo despachamos uno que hoy se transformó en la ley de Inversiones de los Fondos de Pensiones.
El Presidente de la República y el ministro del Trabajo , mi amigo Ricardo Solari , nos hacen llegar una invitación para el día de hoy, jueves 1 de agosto, a las 11.30 horas, para que los acompañemos a la firma del decreto promulgatorio de la ley mencionada.
Pero resulta que si hoy acompaño al Presidente , como parlamentario de Gobierno, a ratificar con mi presencia un trabajo en el que participé, junto con todos los miembros de las Comisiones de Trabajo de la Cámara y del Senado, más la Comisión de Hacienda -me indica el diputado señor Ortiz - y los demás parlamentarios, me va a reprochar el día de mañana el hecho de no asistir a la Cámara. Entonces, no entiendo al Presidente de la República .
Quiero saber si nos va a seguir retando públicamente, porque no asistimos a la Cámara, o si nos va a seguir invitando al acto de promulgación de leyes los días en que debemos estar en la Cámara.
Yo estoy disconforme. No me gusta que me metan en el mismo saco en que coloca a todos. Tengo una alta asistencia y una alta participación en el quehacer de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, pido que se oficie al Presidente de la República y al ministro del Trabajo para expresarles mi malestar y preocupación por la realización de actividades y firmas de leyes en los días en que estamos en sesión en el Parlamento.
Yo no acompaño a ninguna actividad al Presidente de la República en los días de sesiones, porque no estoy dispuesto a que, públicamente, afirme que los parlamentarios son flojos y que no asisten al Congreso.
Espero que el Presidente concilie lo que nos dice en nuestras reuniones con sus declaraciones públicas.
Es todo lo que tengo que decir, y con mucho respeto, a su Excelencia el Presidente de la República.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Araya y de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra .
COMPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA MINISTERIO DE AGRICULTURA. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , aunque no estoy en desacuerdo con las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de convenios internacionales, me asiste la preocupación de que quienes sienten sus efectos sean siempre los mismos que pierden: los pequeños mineros, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales y, sobre todo, los pequeños agricultores.
Cuando se suscribió el acuerdo con el Mercosur, se firmó también un protocolo de acuerdo, el 16 de septiembre de 1998, acto al cual asistieron los ministros de Agricultura, de Hacienda y de Relaciones Exteriores.
En dicho protocolo se fijaron las medidas compensatorias para el sector agrícola, una de las cuales consistía en que, para el año 2001, el presupuesto del Ministerio de Agricultura se complementaría en 500 millones de dólares.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda para que informe sobre cómo se ha materializado este protocolo de acuerdo y en qué forma se hizo efectiva la complementación presupuestaria de estos 500 millones de dólares como una medida compensatoria del Mercosur para la agricultura chilena.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría con la adhesión de los diputados señores Araya , Ortiz , Lorenzini y Seguel .
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE REQUEGUA, COMUNA DE SAN VICENTE. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , pido oficiar al intendente de la Sexta Región para que remita la información que posee sobre un proyecto de camino de Requegua, comuna de San Vicente, que fue solicitado por la comunidad; es un proyecto de 7,2 kilómetros de extensión. El rol del camino del Ministerio de Obras Públicas es H-734, y la comunidad necesita saber si este proyecto se ha priorizado, si tiene financiamiento y si se ejecutará en breve plazo.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Vicepresidente que habla.
SUPLEMENTO PRESUPUESTARIO PARA LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , quiero referirme brevemente a una organización que uno siente que a veces no recibe el apoyo presupuestario suficiente a pesar de su labor en favor del pueblo, sobre todo en el mundo rural: la Corporación de Asistencia Judicial.
La gente nos dice: “ Diputado , tengo este problema, un niño en situación especial, unos papeles que regularizar, un juicio o un reclamo frente a empresarios, y no tengo recursos con los cuales realizar las gestiones”; y ahí está la Corporación de Asistencia Judicial, cuyos profesionales -psicólogos, abogados y asistentes sociales- realizan un trabajo gratuito.
Una de las cuatro corporaciones judiciales atiende a la Región Metropolitana y a la Sexta, Séptima -uno de cuyos distritos represento- y Duodécima regiones. Su presupuesto es de 2.200 millones de pesos. Recauda de los municipios 440 millones de pesos y en algunos de los juicios que gana, 80 millones o 90 millones de pesos más. Obviamente, los alcaldes no tienen recursos. Podrán dar facilidades prestando una oficina, pero no son los municipios los encargados de entregar esa atención gratuita. No está dentro de la lógica con que fueron creadas estas instituciones del Estado.
Si hemos realizado la reforma procesal penal y hemos visto al Servicio de Registro Civil, hace algunas semanas, bregando por su modernización, nos parece que esta Corporación, dependiente del Ministerio de Justicia, también debiera empezar a recibir el tratamiento adecuado.
Además, por ella pasan todos los profesionales abogados. Entiendo que más de mil están haciendo la práctica obligatoria en esa Corporación, que es una de cuatro. Así llega a la gente, pues es un acceso a la defensa gratuita, técnica, profesional y leal. Hay otros proyectos muy interesantes; pero la verdad es que esta Corporación se relaciona directamente con la clase más desvalida de nuestro país.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Justicia , con copia al ministro de Hacienda , para que, ahora que están estudiando el proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año, consulten un aporte adicional, y que nadie se enoje, porque esto no significa mayor gasto público. En efecto, estamos hablando de una cifra que da para las propinas y los cafecitos que se toman cuando elaboran el presupuesto 2003 durante dos meses. A lo mejor con 200 millones o 300 millones de pesos es suficiente. También pido que se envíe copia de este oficio a la Corporación Judicial Metropolitana.
Por último, pido oficiar nuevamente al ministro de Justicia para consultar la posibilidad de agrupar las cuatro corporaciones del país. ¿Por qué hay cuatro corporaciones distintas? ¿Por qué el distrito nuestro, Vicepresidente , debe tener una Corporación que tiene que ver con la Región Metropolitana y el del diputado Ortiz , otra? ¿Por qué no hacemos una sola gran corporación nacional, a la que podremos entregar recursos unificados y lograr economías de escala, además de que tendrían las mismas políticas e iguales matices?
Considero que debemos estudiar esta idea a futuro para potenciar el servicio, iniciativa que es compartida por toda la gente,
especialmente por los diputados presentes de la Sexta Región.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del señor Ortiz , señora Sepúlveda , doña Alejandra ; señor Araya y de quien preside la sesión.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.02 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea las bolsas de productos agrícolas. (Boletín Nº 1640-01), que pende de una Comisión Mixta de senadores y diputados.
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS, Vicepresidente de la República ; MARIO FERNÁNDEZ BAEZA , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Informe de la Comisión Mixta. Modifica la ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios. (boletín Nº 1640-01)
La Comisión Mixta, constituida en conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponeros la forma y el modo de resolver las divergencias surgidas entre el honorable Senado y la honorable Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en la referencia.
La honorable Cámara de Diputados designó como integrantes de vuestra Comisión Mixta a los honorables diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y señores Ramón Barros Montero, José Antonio Galilea Vidaurre , Felipe Letelier Norambuena y José Pérez Arriagada .
El honorable Senado nombró como integrantes de dicha Comisión a los señores senadores miembros de su Comisión de Agricultura.
Previa citación del señor Presidente del Senado , vuestra Comisión Mixta se constituyó con fecha 2 de julio de 2002, con la asistencia de los honorables senadores señores Marco Cariola Barroilhet , Hernán Larraín Fernández , Jaime Naranjo Ortiz y Sergio Romero Pizarro y de los honorables diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y señores Ramón Barros Montero, José Antonio Galilea Vidaurre , Felipe Letelier Norambuena y José Pérez Arriagada .
Eligió como presidente , por unanimidad, al honorable senador señor Jaime Naranjo Ortiz y, de inmediato, se abocó al cumplimiento de su cometido.
Su Excelencia el Presidente de la República hizo presente la urgencia, con el carácter de simple, en el despacho de todos los trámites constitucionales de la presente iniciativa.
A las sesiones que vuestra Comisión Mixta destinó a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, asistieron, especialmente invitados, el señor subsecretario de Agricultura , don Arturo Barrera Miranda ; el señor subdirector normativo del Servicio de Impuestos Internos, don René García Gallardo ; la señora jefa de gabinete del ministro de Hacienda , doña Catalina Bau Aedo ; el representante de la Superintendencia de Valores y Seguros, don Gonzalo Novoa Valenzuela ; los señores asesores del Ministerio de Agricultura, don Ramiro Sanhueza Riquelme y don Rodrigo Saldías Quiduleo ; el señor asesor del Ministerio de Hacienda, don Claudio Santibáñez Servat ; y, en representación del sector privado, el señor César Barros Montero .
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La controversia suscitada entre ambas ramas del Congreso Nacional tuvo su origen en el rechazo que, durante el tercer trámite constitucional, formulara la honorable Cámara de Diputados al Nº 5 del artículo único aprobado por el honorable Senado.
La especie se encuentra regulada por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, norma que junto con disponer la formación de una Comisión Mixta, establece que el proyecto aprobado por ésta vuelva a la Cámara de origen, precisando para su aprobación de la mayoría de sus miembros presentes. El mismo quórum será necesario para obtener la aprobación de la Cámara revisora.
Si la Comisión Mixta no alcanzare un acuerdo o éste fuere rechazado por alguna de las Cámaras, el constituyente dispone que el Presidente de la República podrá solicitar que la Cámara de origen considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Agrega que si la Cámara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad; pero si hubiere mayoría para el rechazo, inferior a los dos tercios, el proyecto pasará a la Cámara revisora, y se entenderá aprobado con el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta última.
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Artículo único
Nº 5 (que pasa a ser Nº 17)
Originalmente, el Nº 5 del proyecto agregaba un artículo 40 nuevo, que establecía un régimen tributario especial, en lo referente al Impuesto al Valor Agregado , con respecto a las transferencias de los productos que indicaba.
En relación con dichos productos, el proyecto disponía que la bolsa asumiría las obligaciones que corresponden a los contribuyentes, conforme a la regulación del referido tributo. El impuesto devengado por transferencias efectuadas en la bolsa se traduciría en un crédito fiscal para la misma, cuyo reembolso se podría solicitar a la Tesorería General de la República, en el mes o meses siguientes a aquél en que se hubiera efectuado la transferencia y emitido la respectiva factura.
Además permitía al Ejecutivo , mediante decreto del Ministerio de Hacienda, expedido previo informe favorable del Ministerio de Agricultura y de la Superintendencia de Valores y Seguros, incorporar nuevos productos a los enumerados por la misma disposición, en cuanto cumplieran con los requisitos de ser primarios, no perecibles y estacionales en el año. Por el mismo procedimiento podían excluirse los productos que se incorporen.
El tercer inciso del artículo en comento establecía que, tratándose de créditos fiscales originados por operaciones distintas a la transferencia de los productos que se señalan en el inciso segundo, se determinaría el monto de la devolución aplicando el porcentaje que represente el crédito fiscal aludido por el inciso precedente al total del remanente acumulado.
El inciso cuarto, a su vez, consagraba la norma referida al caso en que el titular de una inversión desee liquidarla y obtener la transferencia del producto sobre el cual recae o que la respalda, estableciendo que el interesado deberá comunicarlo por escrito a la bolsa, directamente o mediante su corredor. Al recibir la comunicación la bolsa emitiría una factura por el monto de adquisición de la inversión recargando el Impuesto al Valor Agregado. El referido impuesto originaría para la bolsa un débito fiscal del mes en que se emitió la factura. Finalmente, el mismo inciso disponía que el titular no podría retirar los productos del lugar en que se encontraren almacenados, sin exhibir la factura emitida por la bolsa.
El inciso quinto contemplaba el deber del tesorero general de la República de exigir la rendición de garantías o cauciones cuyo monto y naturaleza se compadezcan con la cantidad que se solicita reembolsar por este concepto, en forma previa al reembolso de los créditos fiscales adeudados conforme a este artículo.
Los incisos sexto y séptimo consagraban el régimen de sanciones establecido por el proyecto.
Finalmente, el inciso octavo entregaba al director del Servicio de Impuestos Internos la fijación, por la vía de la resolución administrativa, del plazo, forma y condiciones a que debía sujetarse la solicitud de devolución del impuesto.
Su Excelencia el Presidente de la República , con fecha 28 de septiembre de 2001, formuló indicación para reemplazar el Nº 5 del proyecto original, por otro que, en primer término, intercala, a continuación del Título VI y previo al Título Final de la ley Nº 19.220, un Título VII, nuevo, denominado “Disposiciones de Administración Tributaria”.
El nuevo Título contempla un único artículo que pasa a ser 39, manteniéndose en todo caso el actual Título Final, pasando el actual artículo 39 a ser artículo 40.
El artículo 39, propuesto por la indicación, dispone que las transacciones efectuadas por las bolsas sólo estarán afectas a IVA en la medida en que importen la tradición del producto, excepto en los casos en que la transferencia se haga a la propia bolsa mediante el endoso del certificado de depósito, sin perjuicio del endoso del vale en prenda.
El inciso segundo establece el procedimiento por seguir en la primera transacción de un título, emitido sobre certificados de depósito de productos.
El inciso tercero regula el retiro de los productos que respaldan al título emitido por la bolsa sobre el certificado de depósito de los mismos. Dispone que la bolsa emitirá una factura de venta, que considerará como valor neto al determinado en la transacción, en virtud de la cual el poseedor del título lo adquirió en bolsa, reajustado mediante su conversión en unidades tributarias mensuales, conforme al mecanismo establecido por el artículo 27 del decreto ley Nº 825, de 1974, incluyendo el IVA que deberá retener.
El inciso cuarto establece que la bolsa entregará una factura de compra por los mismos valores previamente indicados, además del débito fiscal correspondiente al IVA retenido, a quien transó por primera vez el título correspondiente.
El inciso quinto se refiere al momento en el cual deberán emitirse las facturas originales por el retiro de los productos y por la primera transacción del título representativo de los mismos, señalando que será al efectuarse el endoso del vale de prenda emitido por la bolsa y del certificado de depósito, respectivamente.
El inciso sexto agrega que las restantes transacciones realizadas en el marco de la bolsa, no estarán afectas al pago de IVA.
El inciso séptimo indica que la bolsa deberá asumir las obligaciones de los contribuyentes de IVA, para los efectos de la emisión de las facturas, las que tendrán plena validez.
El inciso octavo establece que los productos no podrán retirarse del lugar de almacenaje, sin que previamente el titular exhiba el certificado de depósito y el vale de prenda correspondientes, debidamente endosados en dominio.
Finalmente, el inciso noveno sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con multas del ciento por ciento al cuatrocientos por ciento de lo defraudado, a quien maliciosamente realizare cualquier maniobra destinada a alterar el verdadero monto de los créditos o débitos fiscales.
Cabe recordar que, con ocasión de la discusión general del proyecto en informe, durante su segundo trámite constitucional, se suscitó, en el seno de la Comisión de Agricultura del Senado, un amplio debate sobre el presente artículo, en especial respecto al efecto que para el agricultor supone no poder compensar el IVA pagado por los insumos y que da lugar a un crédito fiscal a su favor, con el débito de IVA generado por la venta de su producto, hasta el momento en que se efectúe la última transacción en bolsa del título representativo de los mismos.
Como consecuencia de lo anterior, el Ejecutivo decidió incorporar -ampliando su indicación original- un sistema alternativo de administración tributaria, que permite la inmediata recuperación de los créditos de IVA del productor agrícola al imponer a la bolsa el pago adelantado del débito correspondiente.
En efecto, la indicación complementaria del 22 de enero de 2002 incorporó un Nº 2, nuevo, que dispone que la bolsa podrá optar entre el sistema consagrado por el Nº 1 y la forma alternativa de aplicación de las disposiciones del decreto ley Nº 825, de 1974, que describe en los nueve literales que se reseñan a continuación.
El literal a) señala, como regla general, que las transacciones realizadas en bolsa están afectas a IVA en cuanto impliquen la tradición del producto. Agrega que el impuesto por la transferencia de productos del propietario a favor de la bolsa, que opera a través del endoso del certificado de depósito, se devengará al efectuarse la primera transacción del título respectivo y se calculará sobre el valor de la misma, debiendo la bolsa registrar la identidad del vendedor, la especie, características y cantidad de los títulos transados, así como los demás antecedentes que requiera el SII.
El literal b) añade que la bolsa entregará, a quien vendió por primera vez el título, el IVA devengado en dicha operación, el que constituirá débito fiscal de éste, y agrega que la bolsa deberá asumir, respecto de dicha suma, los derechos y obligaciones que sobre el crédito fiscal impone el decreto ley Nº 825, de 1974, y emitirá una factura de compra, considerando como valor neto el transado en esta ocasión, más el impuesto al valor agregado.
El literal c) dispone que dicha factura será emitida por la bolsa durante el mes en que se llevó a cabo la referida primera transacción.
El literal d) regula el retiro del sistema del poseedor de un título emitido sobre certificados de depósito, estableciendo que la bolsa le entregará una factura de venta y los certificados de depósito equivalentes, por orden de antigüedad, según la fecha de endoso a la bolsa. La citada factura considerará como valor neto el determinado en la transacción, mediante la cual el poseedor adquirió el título en bolsa, reajustado conforme a lo dispuesto por el artículo 27, del decreto ley Nº 825, de 1974, incluyendo el IVA correspondiente, que estará obligado a retener, y que constituirá un débito fiscal de la bolsa.
El literal e), a su turno, consagra un seguro estatal a favor de la bolsa por el diferencial del IVA pagado por ésta y que constituye su crédito fiscal, respecto del IVA retenido y que tiene el carácter de débito fiscal. En efecto, si el monto del débito de IVA es inferior al del crédito, el Servicio de Tesorería restituirá a la bolsa la diferencia de impuesto en el plazo de treinta días, contado desde la presentación de la solicitud, la cual deberá formularse dentro del mes siguiente al de la retención del impuesto, siempre que dicha diferencia no haya sido recuperada imputándola a los débitos fiscales.
A continuación, el literal f) dispone que el régimen alternativo en comento podrá adoptarse por parte de la bolsa simultáneamente con el contemplado por el Nº 1, y precisa que cada título sólo podrá normarse por uno de los dos regímenes desde su ingreso hasta su salida de bolsa.
El literal g) impone a la bolsa la obligación de llevar y mantener registros y documentación suficientes, de acuerdo con las instrucciones que imparta el SII, tanto para acreditar el menor valor de los productos que da lugar al seguro estatal, como la opción de la bolsa a favor de uno de los dos regímenes de administración tributaria. Asimismo, se impone a la bolsa el deber de proporcionar al SII la información, que respecto a tales materias deba proporcionarle en el plazo que éste señale.
El literal h) hace aplicables al régimen de administración tributaria en comentario, las siguientes disposiciones originalmente establecidas, respecto a lo contemplado por el Nº 1:
-la que establece que las restantes transacciones realizadas en el marco de la bolsa no estarán afectas al pago de IVA;
-la que dispone que la bolsa deberá asumir las obligaciones de los contribuyentes de IVA, para los efectos de la emisión de las facturas, las que tendrán plena validez, y
-la que determina que los productos no podrán retirarse del lugar de almacenaje sin que el titular exhiba el certificado de depósito y el vale de prenda correspondientes, debidamente endosados en dominio.
Finalmente, el literal i) sanciona conforme al procedimiento establecido para el delito previsto en el inciso segundo, del número 4º, del artículo 97 del Código Tributario, la realización maliciosa de cualquiera maniobra tendiente a alterar el verdadero monto de los créditos o débitos fiscales generados en las operaciones respectivas o el verdadero monto de la devolución, por concepto de diferencial de IVA que practique la tesorería a favor de la bolsa.
Como se consignara previamente, el Ejecutivo modificó su indicación original mediante mensaje indicativo Nº 345, del 22 de enero de 2002, el que -en lo relativo al presente artículo- junto con incorporar el Nº 2, antes descrito, introdujo las siguientes reformas al Nº 1, recogiendo sugerencias formuladas por vuestra Comisión con ocasión de la discusión de la presente iniciativa en su segundo trámite constitucional:
-En el inciso primero, del Nº 1, originalmente inciso primero, sustituyó la frase final “, sin perjuicio del endoso del vale de prenda.”, por “y del vale de prenda, cuando corresponda.”.
-Reemplazó el inciso cuarto del Nº 1, originalmente inciso cuarto, por el siguiente:
“La bolsa emitirá a quien le endosó el certificado de depósito que se entregará a quien opte por el retiro de los productos, una factura de compra por el mismo valor del Impuesto al Valor Agregado señalado en el inciso anterior, entregándole dicho impuesto, el que constituirá débito fiscal del mes de la emisión de esa factura.”.
-Intercaló en el inciso quinto del Nº 1, originalmente inciso quinto, la frase “, cuando corresponda,”, entre las palabras “prenda” y “que”.
-Intercaló en el inciso octavo del Nº 1, originalmente inciso octavo, a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra “respectivo” y antes de la coma (,) seguida de la preposición “por”, las palabras “cuando corresponda”.
Durante el tercer trámite constitucional, la honorable Cámara de Diputados acordó el rechazo del Nº 5 que, con ocasión del segundo trámite, aprobara el honorable Senado.
Al respecto, cabe señalar que el informe evacuado por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la honorable Cámara de Diputados, durante el tercer trámite constitucional, consignó, como fundamento del rechazo, que el primero de los sistemas propuestos por la norma en cuestión no permite al agricultor recuperar el IVA de inmediato y que el sistema alternativo, por su parte, obliga a la bolsa a asumir el costo financiero de la operación. Considerando estas objeciones, la Comisión de la Cámara sugirió el perfeccionamiento del mecanismo de administración tributaria, con el fin de que se cumpla la finalidad de incentivar la transacción de productos agropecuarios en bolsa.
En el seno de vuestra Comisión Mixta, el honorable diputado señor Galilea, don José Antonio , hizo presente que el rechazo de la Cámara de Diputados obedeció a que los aspectos tributarios relacionados con el proyecto, contenidos en la norma que da origen a la presente controversia, constituyeron el principal obstáculo para la efectiva ejecución de la ley Nº 19.220.
Agregó que, al analizar el proyecto en informe -que justamente apunta en la dirección de hacer operativa la citada norma legal- volvían a plantearse opiniones divergentes que dan lugar a legítimas dudas sobre la efectividad del sistema de administración tributaria propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Senado, razones todas que aconsejaron un nuevo análisis de la situación y de las diversas posiciones al interior de esta Comisión Mixta.
Por su parte, el honorable senador señor Romero , autor de la moción que dio origen a la ley Nº 19.220, manifestó que el proyecto en análisis constituye una norma complementaria de la referida ley, que tiene como propósito esencial modificar el sistema de administración tributaria que la ha hecho inoperante.
Agregó que, con tal finalidad, la Comisión de Agricultura del Senado celebró múltiples sesiones, en el curso de las cuales se hicieron presente al Ejecutivo las aprensiones que suscitaba el sistema de administración tributaria propuesto, debido a que impedía al agricultor la compensación del IVA pagado por los insumos, que genera un crédito fiscal a su favor, con el débito de IVA originado en la venta de sus productos, difiriendo la compensación hasta el momento en que se efectúe la última transacción en bolsa del título que los representa.
Continuó señalando que en atención a lo anterior, el Ejecutivo incorporó un sistema alternativo de administración tributaria, que permite la inmediata recuperación de los créditos de IVA del productor agrícola al imponer a la bolsa el pago adelantado del débito correspondiente, y que es el contemplado por el Nº 2 del artículo 39.
Finalmente, el honorable senador señor Romero destacó la limitación que para el Parlamento supone la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia tributaria y que lo obliga a concordar estos aspectos con el Ejecutivo .
En el mismo sentido se pronunció el honorable senador señor Cariola.
Por su parte, el honorable senador señor Larraín reiteró que el problema de fondo radica en determinar quién debe financiar el IVA mientras los títulos representativos de los productos se transan en la bolsa. Recordó que se propuso al Ejecutivo que el Fisco asumiera este financiamiento temporalmente hasta la liquidación del título; sin embargo, la negativa del Ministerio de Hacienda fue tajante, planteándose que en tales términos no se contaría con la anuencia presidencial.
El honorable diputado señor Galilea, don José Antonio , tras escuchar los planteamientos de los señores senadores que le precedieron en el uso de la palabra, manifestó que las dos alternativas de administración tributaria, que hacen recaer el financiamiento del IVA ya en el productor que ingresa a la bolsa ya en la propia bolsa, constituyen desincentivos que hacen temer por el futuro de la bolsa agrícola.
Por su parte, la honorable diputada señora Sepúlveda hizo presente su preocupación por las expectativas que la aprobación de este proyecto genere a los agricultores, quienes legítimamente esperan que los instrumentos que se establecen por ley en su apoyo sean efectivos y constituyan una oportunidad de mejorar su situación, en este caso específico mediante el mejor acceso al financiamiento.
En el mismo sentido, el honorable diputado señor Letelier, don Felipe , señaló que la historia del establecimiento de la ley deberá consignar que el propósito de los parlamentarios al formular dudas y aprensiones frente al proyecto en informe ha sido el de aprobar un instrumento realmente eficaz.
Como fórmula para enfrentar el problema, el honorable senador señor Romero propuso aprobar el proyecto en los términos convenidos por el Senado, dejando expresa constancia de que se aprueba con los reparos previamente descritos y que las eventuales responsabilidades que se desprendan de la incapacidad del sistema para hacer operativa la bolsa de productos agrícolas deberán ser asumidas por el Ejecutivo .
Sobre el particular, el representante del Ministerio de Hacienda manifestó que el Ejecutivo se encuentra abierto a discutir alternativas, en la medida que las mismas no signifiquen una ruptura de la cadena del IVA. Asimismo, hizo presente que el inicio de las actividades de las bolsas de productos agropecuarios puede facilitarse a través de la postulación a beneficios otorgados por organismos internacionales, concursables por los particulares, con apoyo gubernamental.
Por su parte, el representante del Servicio de Impuestos Internos, don René García , reiteró la posición de esa entidad en cuanto a que al existir traspaso físico de bienes muebles -mediante la transferencia por endoso del certificado de depósito del almacén warrants- y producirse la consecuencial transferencia de dominio sobre los mismos, corresponde aplicar el IVA. Agregó que de eximirse del IVA a la transferencia del dominio en el marco de la bolsa de productos se produciría una desigualdad tributaria, respecto de la transacción de los mismos fuera de ella, estableciéndose además un precedente inconveniente e indeseable.
El honorable senador señor Naranjo , Presidente de vuestra Comisión Mixta, recapitulando los planteamientos hasta ahora efectuados, señaló que los parlamentarios se han manifestado reacios a aprobar el artículo que suscita la controversia debido a que consideran que el mismo impide garantizar el futuro y efectivo funcionamiento de las bolsas de productos agropecuarios.
Agregó que considerando ese elemento, se convino que los Ministerios de Hacienda y Agricultura propondrían la forma de resolver esta situación.
Sobre el particular, el señor subsecretario de Agricultura , don Arturo Barrera, hizo presente que el Ministerio de Agricultura asume que el tema que ha constituido el centro del debate y dado lugar a la mayor percepción de dificultad en términos de operación de la bolsa, es el tratamiento del tema tributario.
Agregó que, por otra parte, el proyecto ha avanzado al permitir considerar a los títulos sobre certificados de depósitos, emitidos por la bolsa, como instrumentos financieros y, como tales, exentos de IVA y, además, al establecer el tratamiento tributario del IVA al interior del sistema de bolsa de productos, considerando la opción que el productor o las corredoras puedan recuperar el crédito de IVA al momento de efectuarse la última transacción en la bolsa de los productos o inmediatamente, poniendo, en el primer caso, el costo del financiamiento del IVA a cargo del productor y, en el segundo, a cargo de la bolsa.
Continuó señalando que del análisis sobre el punto, realizado en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el sector privado, se ha concluido que no es posible obtener mejores condiciones y, particularmente, que en concordancia con la política fiscal, no es posible romper la cadena del IVA ni optar al financiamiento público del tributo.
Agregó que, con independencia de lo anterior, se analizó la posibilidad de que la puesta en marcha, o al menos parte de las inversiones iniciales de la bolsa de productos agropecuarios, cuenten con el apoyo de un organismo internacional. Precisó que, particularmente, se ha pensado en donaciones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con cargo a su ventanilla Fomin , a la que se accede a través de postulación de los particulares, con el respaldo de los Ministerios de Agricultura y Hacienda y que alcanzan montos que fluctúan entre los US$ 500.000 y US$ 1.000.000.
A continuación se refirió a la inquietud planteada por los señores parlamentarios en relación con la incorporación de la pequeña y mediana agricultura a la operación o a la propiedad de la bolsa de productos. Al efecto indicó que, con respecto a la propiedad, el Fomin considera la posibilidad de postulación de organizaciones de pequeños productores, de modo que puedan adquirir acciones, accediendo al dominio de la empresa. Sobre el apoyo a la capacidad de gestión como corredores, señaló que es posible acceder a capacitación o financiamiento de un profesional de apoyo a la gestión, mediante algún instrumento ya existente, como por ejemplo los Profo de Corfo, o el sistema de asistencia de Indap.
Finalmente, el señor subsecretario de Agricultura manifestó su convicción de que el sistema de bolsa de productos agropecuarios contribuirá a resolver, al menos en parte, el problema de financiamiento de la agricultura en general; permitirá a los mercados contar con información de calidad sobre el sector, a través de las cámaras de compensación de las bolsas, y ayudará a resolver uno de los problemas más críticos de los commodities, especialmente los granos, al generar una forma de financiamiento de su guarda y la opción de vender el producto a futuro a un mejor precio. En atención a lo expuesto, reiteró que el proyecto provee de un instrumento del más alto interés para la mediana y gran agricultura.
Concluyó su intervención desestimando las aprensiones relativas a la futura operación del sistema de bolsa, al señalar que existe interés del sector privado y de inversionistas institucionales, en operar las bolsas y tales como las AFP, dispuestas a participar en ella en cuanto generadora de instrumentos financieros de corto plazo.
A continuación, don César Barros , representante del sector privado, planteó que, al amparo de la bolsa agrícola, se transarían instrumentos financieros que compiten con otros, tales como las acciones. Agregó que esta competencia se realizará en condiciones desiguales y desventajosas para la bolsa agrícola, debido a que a los instrumentos financieros que en ella se transan no se les exime del impuesto a la ganancia de capital, generando condiciones adversas que se suman a las dificultades que supone el inicio de nuevas actividades.
En relación con lo anterior, solicitó a vuestra Comisión Mixta que se considere la situación y se analice la posibilidad de que los instrumentos financieros transados en la bolsa agrícola sean también declarados exentos.
Reiteró que, en estos momentos, la agricultura no es sujeto de crédito en la banca nacional, sino contra la hipoteca de la tierra como garantía, siendo habitual que para obtener un crédito para financiar capital de trabajo se comprometa la totalidad de los activos, imposibilitando asumir nuevos compromisos, independientemente de que no exista proporción entre las garantías solicitadas y el monto de los fondos que constituyen el crédito. Indicó que la banca procede de esta forma debido a las regulaciones que recibe de la Superintendencia de Bancos y que pueden ser funcionales a las grandes empresas, pero no a las pequeñas. Finalmente, hizo presente que se busca que los instrumentos que se transen en la bolsa de productos agrícolas, que son líquidos, con garantía real y sujetos a un precio y una regulación conocidos, sirvan como garantía verdadera y no cuestionable.
Sobre el particular, el Ejecutivo respondió que se trata de un tema nuevo, respecto del cual no se han desarrollado los necesarios análisis, siendo preciso consultar para ello a la Superintendencia de Bancos. Agregó que el objetivo presente es aprobar el proyecto e iniciar las operaciones de la bolsa, con el fin de ver en el camino los cambios que sea necesario incorporar para mejorar la legislación y la consecución de los objetivos del sistema.
A solicitud del honorable senador señor Cariola, el Ejecutivo precisó que el Fomin es una ventanilla del Banco Interamericano de Desarrollo, que otorga donaciones sobre la base de proyectos presentados por los privados interesados y el Gobierno apoya y respalda esa iniciativa ante el citado organismo internacional.
Frente a la petición de vuestra Comisión de contar con mayores antecedentes respecto a este instrumento, el Ejecutivo hizo llegar la información que a continuación se consigna:
“El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) corresponde a un programa del Banco Interamericano de Desarrollo establecido en 1993 con el propósito de estimular el crecimiento del sector privado en Latinoamérica y el Caribe. Con un presupuesto inicial de 1.300 millones de dólares, el Fomin cuenta con un mandato amplio y flexible para atender las necesidades continuamente cambiantes del sector privado. El Fomin utiliza instrumentos de donación e inversión para apoyar pequeños proyectos piloto que ponen a prueba nuevos conceptos y que desempeñan un papel catalizador para la ampliación de los programas de reforma.
Esta ventanilla financia pequeños proyectos piloto, propicios para ensayar nuevos conceptos o desempeñar un papel catalizador para reformas más amplias. Las áreas en las que se enfoca el Fomin son: el desarrollo de pequeñas y microempresas, el fortalecimiento del funcionamiento del mercado y la reforma de los mercados financieros y de capitales.
El Fomin también invierte en mecanismos especiales, como fondos de inversión en capital, para incidir en el desarrollo de estas áreas. Esta ventanilla trabaja en colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos empresariales y gobiernos. La cofinanciación media de la contraparte local es del 50%. Los proyectos del Fomin no requieren aprobación del país; sin embargo, la estrategia del Fomin se enmarca dentro del programa del BID para cada país.
Actualmente, el Fomin es la institución que provee más recursos no reembolsables de asistencia técnica para el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe. Durante la última década, casi todos los países de la región han puesto en marcha reformas macroeconómicas integrales para fortalecer el marco de negocios, entre las que se encuentran: la liberalización financiera y comercial, reformas impositivas y programas de privatización. A través de casi 400 proyectos, el Fomin ha estado promoviendo y participando en la implementación de estas reformas mediante el desarrollo de programas de capacitación, de competencia en el mercado laboral y ampliando la participación económica de la pequeña empresa.
Se considera que ésta corresponde a una atractiva instancia de apoyo financiero para la puesta en marcha de una ‘bolsa agrícola’. Entendemos que la postulación la realizan privados (los interesados) y desde ya podemos visualizar dos grandes tipos de interesados: (i) aquellos a cargo de montar las operaciones de la Bolsa y (ii) aquellos interesados en organizar a los pequeños y medianos productores para que puedan acceder con facilidad a los servicios de la Bolsa. Ambos tipos de organización son inéditos e igualmente innovadores dentro del país.
Los postulantes a este tipo de Fondos deberán ser los interesados últimos en el proyecto. Es decir, aquellos involucrados directamente en su organización y ejecución. Por lo tanto, en este caso los postulantes debieran ser los agentes e instituciones privadas que se involucraran en la puesta en marcha y desarrollo de este nuevo mercado.
Sin desmedro de lo anterior, el Ejecutivo se comprometió con la Comisión Mixta de dedicar sus mejores oficios para apoyar la postulación a este fondo de tales últimos interesados. El Ejecutivo tiene un particular interés en el acceso al mercado financiero de aquellos sectores que tradicionalmente tienen más dificultades para hacerlo. Nos referimos principalmente, y en este caso, a los pequeños y medianos agricultores.”.
Vuestra Comisión Mixta, atendiendo a los diversos planteamientos efectuados, convino en aprobar el proyecto, con el compromiso de evaluar su funcionamiento en el término de un año, al cabo del cual será posible determinar e introducir los ajustes y perfeccionamientos que sean necesarios, y que hayan quedado en evidencia como consecuencia de su aplicación práctica.
El Ejecutivo , por su parte, comprometió su mejor disposición para concurrir a la reevaluación del sistema y a su eventual mejoramiento, en el plazo convenido, incluyendo una revisión que permita establecer si han existido prácticas administrativas que atenten contra los intereses del Fisco.
El honorable senador señor Romero solicitó se hiciera constar en este informe, en forma precisa, las ayudas y apoyos ofrecidos por el Ejecutivo para poner en marcha este proyecto. Asimismo, dejó expresa constancia de que muchos parlamentarios son escépticos frente a los resultados de la bolsa agrícola, dada la posición adoptada por el Servicio de Impuestos Internos y por el Ministerio de Hacienda. Agregó que, al plantearse dichas inquietudes, el Ejecutivo se comprometió formalmente a responsabilizarse de que el sistema de la bolsa de productos agropecuarios se enfrentará en términos razonables, de modo tal que le permitan afianzarse y desarrollarse como vehículo de mejoramiento del sector.
Concluyó haciendo presente la importancia de que la historia de la ley recoja los puntos de vista diversos que han sido manifestados durante la discusión del presente proyecto y que quien recurra a ella pueda percibir con meridiana claridad la delimitación de las responsabilidades que para cada uno de los actores involucrados se deriven como consecuencia de las posiciones sustentadas y defendidas por cada cual.
El honorable senador señor Larraín , a continuación, manifestó que los parlamentarios han hecho todo el esfuerzo posible en mejorar las posibilidades de éxito del sistema de bolsa de productos y en cautelar los intereses de los pequeños y medianos productores agrícolas, a través de las distintas instancias del proceso legislativo, sin contar con la posibilidad de introducir las modificaciones que estiman necesarias debido a que la iniciativa legislativa en el ámbito tributario es privativa del Presidente de la República .
Agregó que el Ejecutivo ha sido explícito en delimitar los alcances de su patrocinio en los términos recogidos por los diversos informes relativos al proyecto, y puntualizó que los parlamentarios han coincidido en temer que los criterios adoptados en esta materia, desde la perspectiva tributaria, puedan dificultar la viabilidad del negocio. Sin perjuicio de lo anterior, concluyó, queda abierta la posibilidad de enmendar errores debido al acuerdo de reevaluar la situación un vez conocidos los resultados y el alcance de los apoyos comprometidos por el Ejecutivo , incluyendo las prevenciones referidas al impuesto a la ganancia de capital.
El honorable diputado señor Galilea recalcó que para que la bolsa funcione, se requiere: voluntad de realizar y elementos que permitan y aseguren el inicio de sus operaciones, tanto porque haya interesados en echar a andar el sistema, como también, productores agropecuarios dispuestos a utilizarlo como medio de comercializar sus productos. Agregó que la bolsa no puede funcionar sin la concurrencia de alguno de estos elementos. Considerando lo anterior, manifestó su preocupación frente al eventual desincentivo que representan las condiciones tributarias para la participación de los productores agrícolas en la bolsa de productos.
Advirtió que se requieren garantías que cautelen la participación de los productores como usuarios del sistema, siendo necesario contar con delimitaciones de responsabilidad tributaria que impidan el fracaso en este aspecto. Finalmente, lamentó que el Ejecutivo no haya modificado su posición respecto al sistema de administración tributaria e hizo presente su pesimismo frente a la participación de los productores en el sistema.
La honorable diputada señora Sepúlveda , a continuación, planteó que justamente el plazo de un año que se ha definido como plazo para evaluar la experiencia de las bolsas de productos agropecuarios permitirá analizar los aspectos mencionados por el honorable diputado que la precedió en el uso de la palabra.
Agregó que, además, debe considerarse el aporte de recursos que, conforme a lo expuesto por el Ejecutivo , es posible obtener con su patrocinio. En relación con este aspecto, puntualizó que los fondos deberán dirigirse a dos fines específicos en relación con los productores, a saber: la participación en la propiedad y el apoyo en el mejoramiento de su gestión.
Por su parte, el honorable diputado señor Letelier, don Felipe , señaló que se desea generar un instrumento válido y operativo. Hizo presente que, en el mismo sentido del honorable diputado señor Galilea , lamenta que no haya sido posible superar las aprensiones que los aspectos tributarios del proyecto despiertan respecto de la participación y beneficio de los productores agrícolas, especialmente aquellos de pequeña y mediana entidad.
Finalmente, el honorable diputado señor Barros suscribió los planteamientos del honorable diputado señor Galilea y dejó constancia de su escepticismo frente a los posibles beneficios que puedan recibir los productores. Concluyó su intervención señalando que el Servicio de Impuestos Internos ha perdido una buena oportunidad de mejorar las prácticas de un sector tradicionalmente precario en su administración tributaria.
En atención a la petición formulada por el honorable senador señor Romero , requiriendo mayor precisión respecto a los compromisos adquiridos por el Ejecutivo , a continuación se consigna la respuesta del Gobierno sobre el particular:
1. “El Ejecutivo está comprometido en el éxito de la implementación de una bolsa de productos agropecuarios.
2. El Ejecutivo estima que el proyecto de ley entrega el marco adecuado para la generación de instrumentos financieros que acerque el mercado de capitales al agro.
3. El Ejecutivo apoya la creación de ‘bolsas agrícolas’. Por lo tanto, se compromete a actuar coordinadamente a través de los servicios involucrados, para hacer expedita la creación y puesta en marcha de esta institucionalidad. En definitiva, el compromiso implica que los involucrados en la puesta en marcha de esta iniciativa pueden tener ‘línea directa’ con los organismos pertinentes del Ejecutivo en caso de existir dudas, demoras, conflictos o cualquier otra situación que entorpezca el rápido y ágil desarrollo de esta actividad.
4. El Ejecutivo se compromete también a evaluar y auspiciar iniciativas que aseguren el efectivo acceso de los pequeños y medianos agricultores a este mercado financiero.
5. Por último, el Ejecutivo se compromete a publicitar las bondades de esta nueva iniciativa financiera.”.
Vuestra Comisión Mixta, tras considerar los diversos planteamientos vertidos por sus miembros y por los representantes del Ejecutivo, reafirmó su voluntad de aprobar el proyecto, con el acuerdo unánime de sus miembros honorables senadores señores Cariola , Larraín , Moreno , Naranjo y Romero y honorables diputados señora Sepúlveda y señores Barros, Galilea , Letelier y Pérez , con el compromiso de evaluar su funcionamiento en el término de un año, al cabo del cual será posible determinar e introducirle los ajustes y perfeccionamientos que sean necesarios, y queden en evidencia como resultado de su aplicación práctica.
Asimismo, también unánimemente, convino en introducir las siguientes enmiendas formales al Nº 5, que ha pasado a ser 17, del artículo único del proyecto en informe, que intercala un nuevo Título VII, “Disposiciones de Administración Tributaria”, particularmente al artículo 39, nuevo:
-En el inciso segundo del Nº 1 del artículo 39, se convino en eliminar, entre los datos que deberá registrar la bolsa al efectuarse la primera transacción de un título emitido sobre certificados de depósito de productos, la referencia a los antecedentes que requiera el Servicio de Impuestos Internos, reemplazando para tal efecto la coma que sigue a la palabra “transados” por un punto aparte.
Esta decisión se funda en que, debido que se trata de una disposición de carácter reglamentario y no legal, puede incorporarse al reglamento que se dicte sobre la materia.
En relación con el punto, se argumentó que al no conocerse aún cómo operará el sistema, éste puede requerir ajustes, siendo más flexible el mecanismo de modificación de las disposiciones reglamentarias que de normas legales, las que precisan para este efecto de una nueva ley. Asimismo, se que señaló la Superintendencia de Valores y Seguros sería la autoridad competente para determinar los antecedentes que deban ser entregados al Servicio de Impuestos Internos.
-Por la misma razón anterior, se acordó suprimir, en el literal a) del Nº 2, la frase “, como también los antecedentes que requiera el Servicio de Impuestos Internos”.
-Asimismo, se optó por eliminar el inciso octavo del Nº 1 del artículo 39, que contempla la prohibición de retirar el producto del almacén sin previa exhibición del certificado de depósito y del vale de prenda, por el titular, debidamente endosados en dominio. Nuevamente la razón fue el considerarla de carácter reglamentario y no legal.
-También se optó por la supresión del inciso noveno del Nº 1 y del literal i) del Nº 2, que imponen a la realización maliciosa de cualquier maniobra tendiente a alterar el verdadero monto de los créditos o débitos fiscales, la sanción y el procedimiento establecidos para el delito previsto y sancionado por el inciso segundo del número 4º del artículo 97 del Código Penal.
En ambos casos, la decisión se fundamentó en que el tipo descrito en el referido artículo 97 del Código Tributario comprende a los incisos que se acuerda eliminar, haciéndolos innecesarios por reiterativos.
Sobre el particular, el Ejecutivo expresó que no se trata de un tipo distinto, sino que es una reiteración de la norma del artículo 97 del Código Tributario, la que habitualmente se incorpora como un recordatorio de la citada disposición que establece la sanción de modo general; por lo anterior, su eliminación no representa inconveniente alguno.
-A continuación, en el literal d) del Nº 2, se acordó eliminar, por estimar nuevamente que se trata de una disposición que debe ser abordada por el reglamento, la siguiente frase final: “, por orden de antigüedad, según la fecha de endoso a la bolsa”.
-Finalmente, se convino en reemplazar el literal g) del Nº 2, por el siguiente: “g) tanto para acreditar el menor valor de los productos a que se refiere la letra e), como la opción adoptada en la letra f), anteriores, la bolsa deberá llevar y mantener los registros y la documentación suficientes, de acuerdo con las instrucciones que se impartan, y”.
En este caso, se estimó que la entidad reguladora es la Superintendencia de Valores y Seguros, en materia de su competencia, y no el Servicio de Impuestos Internos.
-En mérito a lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, honorables senadores señores Cariola , Larraín , Moreno , Naranjo y Romero y honorables diputados señora Sepúlveda y señores Barros, Galilea , Letelier y Pérez , acordó aprobar el Nº 5 (que pasa a ser 17) del texto sancionado por el Senado, con las modificaciones previamente descritas.
-o-
En virtud del acuerdo anterior, vuestra Comisión Mixta os propone, como forma y modo de resolver las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras con ocasión de la tramitación legislativa del proyecto en informe, la aprobación del Nº 5, que pasa a ser 17, en los siguientes términos:
“17) Intercálase, a continuación del Título VI, y previo al Título Final, el cual se mantiene, pasando su actual artículo 39 a ser artículo 40, el siguiente nuevo Título VII:
“TÍTULO VII
Disposiciones de administración tributaria
Artículo 39.- Las operaciones sobre los productos y títulos que representen los productos, que se realicen en la bolsa, se regirán por las disposiciones de este artículo, para los efectos del decreto ley Nº 825, de 1974:
1. Las transacciones realizadas en bolsa estarán afectas al Impuesto al Valor Agregado sólo cuando éstas impliquen la tradición del producto, con excepción de la transferencia de dominio de los productos que haga el propietario a favor de la bolsa mediante el endoso del certificado de depósito y del vale de prenda, cuando corresponda.
Cuando se efectúe en bolsa la primera transacción de un título emitido sobre certificados de depósito de productos, la bolsa registrará la identidad del vendedor, la especie, características y cantidad de los títulos transados.
Cuando el poseedor de un título emitido sobre certificados de depósito de productos, opte por el retiro de los productos que lo respaldan, la bolsa emitirá una factura de venta considerando como valor neto aquél determinado en la transacción mediante la cual el poseedor adquirió el título en bolsa, reajustado en la forma dispuesta en el artículo 27 del decreto ley Nº 8 25, de 1974, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, el cual estará obligado a retener.
La bolsa emitirá a quien le endosó el certificado de depósito que se entregará a quien opte por el retiro de los productos, una factura de compra por el mismo valor del Impuesto al Valor Agregado señalado en el inciso anterior, entregándole dicho impuesto, el que constituirá débito fiscal del mes de la emisión de esa factura.
La emisión de las facturas originadas en los dos incisos anteriores, deberá efectuarse al momento del endoso del certificado de depósito y del vale de prenda, cuando corresponda, que la bolsa efectúe a favor de quien opte por el retiro de los productos.
Las demás transacciones de títulos que se efectúen en la bolsa no estarán afectas al Impuesto al Valor Agregado.
La bolsa asumirá todas las obligaciones propias de los contribuyentes del decreto ley Nº 825, de 1974, para los efectos de la emisión de las facturas a que refieren los incisos anteriores, y las referidas facturas tendrán plena validez legal según lo dispuesto por dicho decreto ley.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la bolsa podrá optar por la siguiente forma alternativa de aplicar las disposiciones del decreto ley Nº 825, de 1974:
a) las transacciones realizadas en bolsa estarán afectas al Impuesto al Valor Agregado sólo cuando éstas impliquen la tradición del producto. Sin embargo, el impuesto que se determine en la transferencia de los productos que haga el propietario a favor de la bolsa mediante el endoso del certificado de depósito y del vale de prenda, cuando corresponda, se devengará al momento de la primera transacción del título respectivo, calculado sobre el valor de ella, debiendo la bolsa registrar la identidad del vendedor, la especie, características y cantidad de los títulos transados;
b) la bolsa entregará a quien vendió por primera vez el referido título, el Impuesto al Valor Agregado devengado en dicha operación, el que constituirá débito fiscal de éste, asumiendo la bolsa por su parte, respecto de esta suma, todos los derechos y obligaciones que sobre el crédito fiscal establece el decreto ley Nº 825, de 1974, y emitirá una factura de compra considerando como valor neto, el transado en esta ocasión, más el Impuesto al Valor Agregado;
c) la factura a que se refiere la letra anterior será emitida por la bolsa en el mes en que se efectuó la mencionada primera transacción;
d) cuando el poseedor de un título emitido sobre certificados de depósito, opte por el retiro de los productos que lo respaldan, la bolsa emitirá una factura de venta considerando como valor neto aquel determinado en la transacción mediante la cual el poseedor adquirió el título en bolsa, reajustado en la forma dispuesta en el artículo 27 del decreto ley Nº 825, de 1974, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, el cual estará obligado a retener, y que constituirá un débito fiscal de la bolsa, entregando a quien opte por el retiro de los productos, junto con la factura respectiva, los certificados de depósito equivalentes y los vales de prenda cuando corresponda;
e) en el caso de que el valor de la factura emitida, conforme lo dispuesto en la letra d) anterior, fuere inferior al valor de la factura emitida respecto del mismo certificado de depósito, de conformidad a la letra a) anterior, deberá ser devuelta la diferencia de impuesto a la bolsa por el Servicio de Tesorerías en el plazo de treinta días de presentada la solicitud, la cual deberá presentarse dentro del mes siguiente al de la retención del tributo, siempre que dicha diferencia no haya sido recuperada imputándola a los débitos fiscales;
f) el régimen optativo establecido en este número podrá adoptarse simultáneamente con el señalado en el número 1 anterior, pero en relación a productos y títulos representativos de ellos que desde su ingreso hasta la salida de bolsa solamente se rijan por uno de los dos regímenes;
g) tanto para acreditar el menor valor de los productos a que se refiere la letra e), como la opción adoptada en la letra f), anteriores, la bolsa deberá llevar y mantener los registros y la documentación suficientes, de acuerdo con las instrucciones que se impartan, y
h) será aplicable también al régimen de este número, lo dispuesto en los incisos quinto, sexto y séptimo del número anterior.”.
-o-
Finalmente, cabe hacer presente, a título meramente informativo que de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el proyecto de ley queda como sigue:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.220:
1) Sustitúyese el número 5) del artículo 2º por el siguiente:
“5) Las acciones tendrán igual valor y no podrán establecerse series de acciones ni acciones privilegiadas. Sin embargo, podrán establecerse series de acciones que tengan como único y exclusivo privilegio para sus titulares el efectuar operaciones de corretaje de productos específicos y determinados.
Los titulares de estas acciones privilegiadas para que puedan realizar dichas operaciones, deberán cumplir con todos los requisitos para ser corredores de bolsa. Las acciones de única serie o series privilegiadas que se emitan no tendrán derecho a la opción que prescribe el artículo 25 de la ley Nº 18.046.”.
2) Agregánse los siguientes incisos segundo y tercero al artículo 3º:
“Las bolsas de productos podrán utilizar los locales, instalaciones, sistemas de transacción, información, liquidación y compensación de las bolsas de valores, siempre que estas últimas celebren convenios con aquéllas y que las condiciones de uso de tales bienes aseguren la generación de información independiente para las mismas.
La Superintendencia, mediante normas de carácter general, impartirá las instrucciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior.”.
3) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:
“Artículo 4º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por producto agropecuario o producto físico el que provenga directa o indirectamente de la agricultura, ganadería, silvicultura, actividades hidrobiológicas, apicultura o agroindustria, o cualquier otra actividad que pueda ser entendida como agropecuaria, de acuerdo a otras normas nacionales o internacionales, así como los insumos que tales actividades requieran.
También se comprenderán los servicios agropecuarios que se presten directamente para efectuar las actividades expresadas en el inciso anterior.
En todo caso, cada vez que en esta ley se haga referencia a “productos”, se comprenderá también a los servicios a que se refiere este inciso.”.
4) Modificase el artículo 5º, de la siguiente forma:
a) Intercálase en el número 1), entre las palabras “agropecuarios” y “que” la frase: “y contratos sobre éstos,”.
b) Sustitúyese en el número 2), la frase: “y los contratos de futuro de tales productos”, por la siguiente: “los contratos de futuro u otros contratos de derivados sobre productos”, precedida de una coma (,), pasando la expresión “, y” a ser punto y coma (;).
c) Sustitúyese en el número 3), el punto aparte (.), por una coma (,) seguida de la conjunción “y”.
d) Agrégase el siguiente número 4), nuevo:
“4) Los demás títulos que la Superintendencia autorice por norma de carácter general.”.
e) Sustitúyese en el inciso segundo la palabra “tres”, por “cuatro”.
5) En el inciso segundo del artículo 6º, sustitúyese la oración que se inicia con las palabras “Se prohíbe”, y que termina con las palabras “por cuenta propia.”, por la siguiente:
“Los corredores podrán también dedicarse a la compra o venta de productos en bolsa por cuenta propia, siempre que exista ánimo para transferir derechos sobre los mismos.”.
6) Modifícase el artículo 7º en el siguiente sentido:
a) Suprímese la letra b), pasando las letras c), d), e), f), g) y h) a ser letras b), c), d), e), f) y g), respectivamente.
b) En la letra d), que pasa a ser c), agrégase el siguiente párrafo a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido: “No obstante lo anterior, para efectuar las operaciones indicadas en el inciso segundo del artículo 6º de la presente ley, se deberá mantener un patrimonio mínimo de 14.000 unidades de fomento.”.
7) Reemplázase el inciso final del artículo 8º, por el siguiente:
“Los directores y administradores de tales personas jurídicas, individualmente considerados, deberán acreditar los requisitos establecidos en las letras a), e), f) y g), del artículo anterior.”.
8) Intercálase en el artículo 10, después de la palabra “liquidez”, la expresión: “y solvencia patrimonial”.
9) Sustitúyese el inciso primero del artículo 14, por el siguiente:
“Las transacciones y operaciones que se efectúen en las bolsas de productos, deberán ajustarse a las normas y procedimientos establecidos en la ley, a las reglas que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general y a los estatutos y reglamentos internos de la bolsa respectiva. Estos últimos podrán recoger los usos y costumbres, tanto nacionales como extranjeros, en cuanto no sean contrarios a la ley o al orden público interno.”.
10) Modifícase el inciso primero del artículo 19, en la siguiente forma:
a) Agrégase al número 1), antes del punto y aparte (.), la frase: “y contratos sobre éstos”.
b) Sustitúyese en el número 2), la coma (,) y la conjunción “y”, por un punto aparte (.).
c) Sustitúyese al final del número 3), la expresión “, de venta y de futuro de productos”. por la siguiente: “o de venta, de futuro u otros contratos de derivados sobre productos, y”.
d) Agrégase el siguiente número 4), nuevo:
“4) Los demás títulos que la Superintendencia autorice por norma de carácter general.”.
11) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:
“Artículo 20.- Para los efectos de esta ley, los títulos sobre certificados de depósito de productos sólo podrán ser emitidos por la bolsa, contra entrega y endoso en dominio a la misma de certificados que den cuenta del previo almacenamiento de ellos y del vale de prenda, cuando corresponda. Dichos títulos tendrán las características y se transarán en la forma que establezca la bolsa en su reglamento.
El reglamento de la bolsa establecerá los requisitos a cumplir para la autorización, almacenamiento y retiro de los citados productos.
Corresponderá a la bolsa la custodia de los certificados de depósitos y de los vales de prenda recibidos, en los casos que corresponda, los cuales serán entregados y endosados al poseedor de un título equivalente, según lo defina la bolsa, cuando éste opte por el retiro de los productos, contra entrega de los mismos.”.
12) Reemplázase el artículo 24, por el siguiente:
“Artículo 24.- Las bolsas de productos podrán constituir o formar parte de una Cámara de Compensación, la que tendrá por objeto:
a) ser la contraparte de todas las compras y ventas de contratos de opciones, de contratos de futuro y de otros contratos de derivados de productos, que se efectúen en la respectiva bolsa, a partir del registro de dichas operaciones en la mencionada Cámara;
b) administrar, controlar y liquidar las operaciones, posiciones abiertas, cuentas corrientes, márgenes y saldos disponibles que efectúen y mantengan clientes y corredores en los mercados de futuro, y
c) la prestación del servicio de liquidación centralizada y compensación de las demás operaciones, realizadas en la bolsa de productos, cuando esta última contrate dichos servicios.”.
13) Modifícase el artículo 27, en el siguiente sentido:
a) Sustitúyese la letra a) del inciso primero, por la siguiente:
“a) Emitir y registrar los contratos de las operaciones de futuro, de opciones y de otros contratos de derivados y ser la contraparte de los mismos.”.
b) Reemplázase al final de la letra e) del inciso primero, la coma (,) y la conjunción “y”, por un punto y aparte (.).
c) Sustitúyese al final de la letra f) del inciso primero, el punto aparte (.) por una coma (,) seguida por la conjunción “y”.
d) Agrégase en el inciso primero la siguiente letra g), nueva:
“g) Las demás que establezca la reglamentación interna de la respectiva Cámara, con la autorización de la Superintendencia.”.
e) Sustitúyese el inciso segundo por los siguientes:
“Los márgenes que constituyan los clientes que operen en las bolsas de productos y con las Cámaras de Compensación, cuando corresponda, para responder de las pérdidas que pudieran ocurrir en un contrato de futuro, de opciones, o de otros contratos de derivados, se podrán constituir transfiriendo en dominio el bien o título respectivo, actuando la Bolsa o Cámara, según corresponda, a nombre propio. Cuando fuera necesario hacer efectivos dichos márgenes, la Bolsa o Cámara, según corresponda, los realizará extrajudicialmente, actuando como señora y dueña, pero rindiendo cuenta como encargada fiduciaria del cliente.
Para los efectos de lo indicado en el inciso precedente, será aplicable, en lo que corresponda, lo dispuesto en el título XXII de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores.”.
14) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 28, la frase “y de opciones”, por la siguiente: “, de opciones y otros contratos de derivados”.”.
15) Elimínase en el artículo 32, la expresión: “de Valores”.
16) Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:
“Artículo 33.- La certificación de conformidad de los productos que se transen en bolsa con los padrones establecidos en el Registro de Productos y con las demás exigencias que establezca la misma bolsa, deberá ser realizada por entidades que cumplan las normas de este artículo.
El Servicio Agrícola y Ganadero llevará un Registro de Entidades Certificadoras y practicará la inscripción, previa verificación de los siguientes requisitos:
a) contar con las instalaciones y la capacidad técnica indispensables para efectuar la certificación de conformidad, según los padrones establecidos en el Registro de Productos;
b) constituir una garantía por el desempeño de su actividad, en los términos indicados en el artículo 11, por un monto equivalente a 3.000 unidades de fomento, y
c) la inspección de los productos, así como la certificación de conformidad que otorgue la entidad certificadora, deberán ser suscritas por un profesional competente, bajo la responsabilidad de dicha entidad.
En aquellos rubros de productos que excedan la competencia técnica del Servicio Agrícola y Ganadero y previo a la inscripción de la respectiva entidad certificadora, se deberá contar con un informe favorable del servicio público competente, relativo al cumplimiento de los requisitos indicados en el inciso anterior.
El Servicio Agrícola y Ganadero podrá rechazar la solicitud respectiva mediante resolución fundada, contra la cual podrán impetrarse los recursos administrativos y jurisdiccionales que sean procedentes. Asimismo, la fiscalización de las entidades certificadoras corresponderá a este Servicio.”.
“17) Intercálase a continuación del Título VI, y previo al Título Final, el cual se mantiene, pasando su actual artículo 39 a ser artículo 40, el siguiente nuevo Título VII:
“TÍTULO VII
Disposiciones de administración tributaria
Artículo 39.- Las operaciones sobre los productos y títulos que representen los productos, que se realicen en la bolsa, se regirán por las disposiciones de este artículo, para los efectos del decreto ley Nº 825, de 1974:
1. Las transacciones realizadas en bolsa estarán afectas al Impuesto al Valor Agregado sólo cuando éstas impliquen la tradición del producto, con excepción de la transferencia de dominio de los productos que haga el propietario a favor de la bolsa mediante el endoso del certificado de depósito y del vale de prenda, cuando corresponda.
Cuando se efectúe en bolsa la primera transacción de un título emitido sobre certificados de depósito de productos, la bolsa registrará la identidad del vendedor, la especie, características y cantidad de los títulos transados.
Cuando el poseedor de un título emitido sobre certificados de depósito de productos, opte por el retiro de los productos que lo respaldan, la bolsa emitirá una factura de venta considerando como valor neto aquél determinado en la transacción mediante la cual el poseedor adquirió el título en bolsa, reajustado en la forma dispuesta en el artículo 27 del decreto ley Nº 825, de 1974, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, el cual estará obligado a retener.
La bolsa emitirá a quien le endosó el certificado de depósito que se entregará a quien opte por el retiro de los productos, una factura de compra por el mismo valor del Impuesto al Valor Agregado señalado en el inciso anterior, entregándole dicho impuesto, el que constituirá débito fiscal del mes de la emisión de esa factura.
La emisión de las facturas originadas en los dos incisos anteriores, deberá efectuarse al momento del endoso del certificado de depósito y del vale de prenda, cuando corresponda, que la bolsa efectúe a favor de quien opte por el retiro de los productos.
Las demás transacciones de títulos que se efectúen en la bolsa no estarán afectas al Impuesto al Valor Agregado.
La bolsa asumirá todas las obligaciones propias de los contribuyentes del decreto ley Nº 825, de 1974, para los efectos de la emisión de las facturas a que refieren los incisos anteriores, y las referidas facturas tendrán plena validez legal según lo dispuesto por dicho decreto ley.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la bolsa podrá optar por la siguiente forma alternativa de aplicar las disposiciones del decreto ley Nº 825, de 1974:
a) las transacciones realizadas en bolsa estarán afectas al Impuesto al Valor Agregado sólo cuando éstas impliquen la tradición del producto. Sin embargo, el impuesto que se determine en la transferencia de los productos que haga el propietario a favor de la bolsa mediante el endoso del certificado de depósito y del vale de prenda, cuando corresponda, se devengará al momento de la primera transacción del título respectivo, calculado sobre el valor de ella, debiendo la bolsa registrar la identidad del vendedor, la especie, características y cantidad de los títulos transados;
b) la bolsa entregará a quien vendió por primera vez el referido título, el Impuesto al Valor Agregado devengado en dicha operación, el que constituirá débito fiscal de éste, asumiendo la bolsa por su parte, respecto de esta suma, todos los derechos y obligaciones que sobre el crédito fiscal establece el decreto ley Nº 825, de 1974, y emitirá una factura de compra considerando como valor neto, el transado en esta ocasión, más el Impuesto al Valor Agregado;
c) la factura a que se refiere la letra anterior será emitida por la bolsa en el mes en que se efectuó la mencionada primera transacción;
d) cuando el poseedor de un título emitido sobre certificados de depósito, opte por el retiro de los productos que lo respaldan, la bolsa emitirá una factura de venta considerando como valor neto aquel determinado en la transacción mediante la cual el poseedor adquirió el título en bolsa, reajustado en la forma dispuesta en el artículo 27 del decreto ley Nº 825, de 1974, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, el cual estará obligado a retener, y que constituirá un débito fiscal de la bolsa, entregando a quien opte por el retiro de los productos, junto con la factura respectiva, los certificados de depósito equivalentes y los vales de prenda cuando corresponda;
e) en el caso de que el valor de la factura emitida, conforme lo dispuesto en la letra d) anterior, fuere inferior al valor de la factura emitida respecto del mismo certificado de depósito, de conformidad a la letra a) anterior, deberá ser devuelta la diferencia de impuesto a la bolsa por el Servicio de Tesorerías en el plazo de treinta días de presentada la solicitud, la cual deberá presentarse dentro del mes siguiente al de la retención del tributo, siempre que dicha diferencia no haya sido recuperada imputándola a los débitos fiscales;
f) el régimen optativo establecido en este número podrá adoptarse simultáneamente con el señalado en el número 1 anterior, pero en relación a productos y títulos representativos de ellos que desde su ingreso hasta la salida de bolsa solamente se rijan por uno de los dos regímenes;
g) tanto para acreditar el menor valor de los productos a que se refiere la letra e), como la opción adoptada en la letra f), anteriores, la bolsa deberá llevar y mantener los registros y la documentación suficientes, de acuerdo con las instrucciones que se impartan, y
h) será aplicable también al régimen de este número, lo dispuesto en los incisos quinto, sexto y séptimo del número anterior.”.
18) Reemplázase en el artículo transitorio, la frase: “y de futuros de productos”, por la siguiente: “, de futuro y otros contratos de derivados sobre productos.”.
Acordado en sesiones celebradas los días 2 y 16 de julio de 2002, con la asistencia de los honorables senadores señores Jaime Naranjo Ortiz ( Presidente ), Marco Cariola Barroilhet , Hernán Larraín Fernández , Rafael Moreno Rojas y Sergio Romero Pizarro , y de los honorables diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y señores Ramón Barros Montero, José Antonio Galilea Vidaurre , Felipe Letelier Norambuena y José Pérez Arriagada .
Sala de la Comisión, a 19 de julio de 2002.
(Fdo.): XIMENA BELMAR STEGMANN , Secretaria de la Comisión”.
Moción de las diputadas señoras Rosa González , María Angélica Cristi y de los diputados señores Correa, Dittborn , Egaña , Escobar , Víctor Pérez , Prieto y Vilches .Establece y regula la declaración de salud como elemento constitutivo del contrato de salud previsional contemplado en la ley Nº 18.933. (boletín Nº 3016-11)
Uno de los reclamos más recurrentes por parte de los usuarios del sistema privado de salud es aquel que dice relación con la denegación de cobertura en aquellos casos de enfermedades o patologías que han sido consideradas por parte de las isapres como preexistentes no declaradas.
Lamentablemente este hecho no sólo se explica por la redacción actual de la ley, que no define ni regula la declaración de salud que debe realizar el afiliado, sino que también por la falta de información de los cotizantes en cuanto a las condiciones y efectos de esta esencial obligación que les compete. La misma, que de no ser cumplida con todos los antecedentes veraces de que se disponga, acarrea como consecuencia fundamental la exclusión de cobertura por parte de la isapre.
De este modo se han verificado numerosos casos en que los contratantes beneficiarios, producto de haber omitido u ocultado información en los formularios respectivos, ya sea por decisión propia o inducidos por los agentes de venta de las instituciones de salud, han recibido, con posterioridad a la celebración del contrato de salud, el rechazo a sus pretensiones de reembolso por cuanto la enfermedad o patología objeto de atención médica ha sido declarada como preexistente y no declarada en su oportunidad.
Atendidas las delicadas consecuencias patrimoniales que situaciones como las descritas acarrean para el común de las personas, y reconociendo la urgente necesidad de hacer más transparente, justo y eficaz el sistema de salud privado, se hace evidente la necesidad de introducir reformas a la legislación vigente.
Por todo ello, venimos en proponer el siguiente proyecto de ley:
Artículo Único.- Agrégase un nuevo inciso tercero al artículo 33 de la ley Nº 18.933 con el texto que sigue:
“La declaración de salud es un trámite esencial en la celebración del contrato y es el medio a través del cual el afiliado transmite a la institución de Salud Previsional el conocimiento sincero de que dispone respecto de su estado actual de salud y de las patologías que hubiese sufrido con anterioridad. El documento en que se haga constar dicha información debe notificar en su encabezado, de modo claro y preciso, que la declaración es una obligación personal e intransferible del afiliado y los efectos que tiene la omisión u ocultamiento de antecedentes por parte de quien la suscribe”.
Moción de los diputados señores Valenzuela , Ceroni , Escobar , Felipe Letelier y Prieto .Establece normas para autorizar la importación de vehículos que empleen tecnologías limpias. (boletín Nº 3017-15)
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República y en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional; lo prevenido por el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
Considerando:
1º Que en nuestro país, desde hace por lo menos dos décadas, el problema de la contaminación atmosférica se ha venido convirtiendo en uno de los conflictos ambientales de más complejo manejo por parte de las autoridades públicas, por su origen multicausal y sus consecuencias sanitarias, económicas, ecológicas y políticas.
En efecto, no sólo en la Región Metropolitana de Santiago, sino que también en varias capitales regionales, la contaminación del aire se ha transformado en un problema de creciente impacto negativo sobre la calidad de vida de las personas, por sus consecuencias sanitarias.
Asimismo, en esta parte es necesario precisar que más allá de las medidas adoptadas en el marco de planes regionales y nacionales de descontaminación es un hecho indiscutible, que la locomoción colectiva, es uno de los más importantes agentes de contaminación, fruto de la obsolescencia tecnológica de los móviles, entre los que destacan los taxis básicos y colectivos, los que, a diferencia del parque automotor mayor, no han sido objeto de políticas públicas generales de fomento a la renovación o a la reconversión tecnológica.
2º Que, en Chile, son miles las familias que viven del trabajo de los taxis. Este medio de transporte, hoy masificado, fruto, entre otras cosas, del abaratamiento de la importación de material menor, da trabajo directamente al menos a 100 mil personas de manera directa, con un impacto social, en tanto actividad productiva, que puede fácilmente llegar al medio millón de personas.
3º Que los procesos de renovación del parque han sido muy difíciles y costosos. A la falta de capacidad de pago; la deficiente administración que hacen los dueños de los vehículos, que siguen siendo en su gran mayoría trabajadores por cuenta propia, se suma a una tasa de endeudamiento de arrastre y una mala historia de incumplimientos comerciales, que les impide acceder a los regímenes de crédito normal del sistema financiero orientado normalmente a la adquisición de vehículos nuevos.
4º Que, atendido lo anterior, es que se ha desarrollado fuertemente un proceso de asociatividad entre los dueños de vehículos menores de transporte de pasajeros, que ha permitido suplir con el correr de los años, sus ineficiencias en el mercado, lo cual, debe ser objeto no sólo de elogio, sino que sobre todo de apoyo y fomento, toda vez que dicha capacidad asociativa les permite ir construyendo soluciones propias a sus problemáticas.
5º Que el mercado comienza a ofrecer alternativas atractivas, por su costo, para esta clase de empresarios, que, a nuestro juicio, ameritan una revisión de la legislación vigente que establece obstáculos, por ejemplo, a la importación de vehículos usados, originalmente diseñados para operar como medios de transporte colectivo (taxis básicos y colectivos) con tecnologías limpias, como es el gas licuado de petróleo.
Ése es el caso del D.S. 212 del año 1992, que sólo permite renovar los vehículos con móviles con no más de cinco años de antigüedad, lo cual, en la práctica, es imposible atendido sus altos costos y las deficiencias antes indicada en cuanto a acceso al mercado del crédito formal.
Agrupaciones como Aretach, Alianza Interregional de Taxistas de Chile Norte-Sur-Austral, han elaborado una serie de propuestas que, a nuestro juicio, pueden significar una superación del actual estado de situación y la satisfacción de intereses públicos comprometidos, como es el establecimiento de una norma de carácter provisorio, que autorice la importación de vehículos usados, por un período prudencial, de 5 años y que permita su enajenación posterior, por un plazo análogo.
6º Que, asimismo, es necesario autorizar, por el mismo plazo antes indicado, que esta clase de importaciones estarán exentas del pago de derechos específicos, siendo sólo objeto de los gravámenes generales de arancel aduanero y pago de Impuesto al Valor Agregado. Todo esto sin perjuicio del uso que puedan hacer los interesados de las franquicias del régimen general de excepción aduanera de la Zona Franca de Iquique o Punta Arenas, todo lo cual no se explicita en la parte normativa del proyecto por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , por lo cual durante el trámite parlamentario respectivo realizaremos las gestiones pertinentes para conseguir del Ejecutivo su patrocinio a las disposiciones sobre la materia, que son esenciales para dar viabilidad económica a esta iniciativa.
7º Que, estimamos que es un deber del Congreso Nacional apoyar esta clase de iniciativas, cuando éstas miran al bien común y general de la población; en este caso de los usuarios de estos vehículos, que podrán transportarse en vehículos más seguros, cómodos y menos contaminantes y también que ayudan a un gremio, que tradicionalmente ha hecho esfuerzos por autorregular su actividad, por ordenarla y por contribuir a la solución de sus problemas.
Asimismo, es menester señalar que este proyecto de ley, en términos económicos, debería tener un impacto neutro sobre las arcas fiscales, pues, si bien se podría considerar una exención al pago de derechos especiales de importación, ello se compensa con la mayor cantidad de vehículos (se calcula unos 18 o 20 mil en pleno régimen) que tendrían que pagar el impuesto especial al gas, que hoy en día asciende a la suma de 18 Unidades Tributarias Mensuales.
Por tanto, los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Primero.- Autorízase, por un plazo de cinco años, a las personas naturales y jurídicas actualmente inscritas en los registros de taxis básicos y colectivos y que demuestren ejercicio de la actividad en los últimos 12 meses, a importar vehículos usados, de una antigüedad no superior a cinco años, que empleen tecnologías no contaminantes, con la finalidad de renovar los móviles que actualmente se encuentran explotando.
Artículo Segundo.- Un Reglamento determinará las condiciones técnicas de los señalados vehículos, pudiendo establecer un mínimo de vehículos, modelos o años de uso, de importación prohibida.
Artículo Tercero.- Los vehículos importados en tales condiciones quedarán afectados en cuanto a su uso como taxis básicos o colectivos, por un lapso de cinco años, al término de los cuales podrán ser enajenados libremente, pudiéndoseles dar un uso distinto al de vehículo de transporte de pasajeros”.
Moción del diputado señor Díaz .
Establece incentivos y prohibiciones en la adquisición de predios con uso de recursos del Fondo de Tierras Indígenas. (boletín Nº 3018-01)
La ley Nº 19.253 estableció una serie de beneficios que permiten a los indígenas adquirir tierras a través de la Conadi, institución que compra los predios con el Fondo para Tierras y Aguas Indígenas establecido por la ley para ser asignados a los postulantes de tal beneficio.
Quienes deseen acogerse a este proceso deben tener la calificación de integrantes de pueblos indígenas y cumplir con algunos requisitos para alcanzar el puntaje necesario para acceder a la adjudicación.
En este proceso no se ha considerado como un elemento de juicio la pertenencia o no a grupos o comunidades que hayan desarrollado actividades violentistas o perturbadoras del orden público.
No es aceptable que tengan el mismo puntaje aquellos grupos que se desarrollan en paz y tranquilidad que aquellos que promueven las usurpaciones de predios y ejecutan actos de violencia en contra de instalaciones, bienes e incluso las personas como medio de presión para que la propiedad agrícola o forestal sea vendida.
Ejemplos patentes de esta situación ha sido lo acontecido con el Fundo Alaska de propiedad de Forestal Mininco.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Agréguense, a continuación del inciso cuarto de la letra a) del artículo 20 de la ley Nº 19.253, dos nuevos incisos que señalen:
“Serán suspendidas las postulaciones de aquellas personas que se encuentren sometidas a proceso por hechos de violencia referidos a usurpaciones de terreno, atentados contra las personas o contra la propiedad, sea ésta privada o fiscal.
Serán excluidas de toda postulación al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas las personas que hayan sido condenadas por los delitos de homicidio, cuasidelito de homicidio, incendio, lesiones, daños o asociación ilícita en casos referidos a la usurpación de predios agrícolas, inmuebles, sean privados o públicos, o atentados en contra cualquiera de éstos”.
6. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema.
“Oficio Nº 001725
Ant.: AD-18.534
Santiago , 15 de julio de 2002.
Esa honorable Cámara de Diputados ha remitido a esta Excelentísima Corte Suprema, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para su informe, copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de créditos. boletín Nº 2987-05.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte de la materia consultada, en sesión del día 12 de los corrientes, presidido por su titular que suscribe y con la asistencia de los ministros señores Libedisnky , Ortiz , Benquis , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Pérez , Marín , Yurac , Espejo, Medina , Kokisch y Oyarzún , acordó, sin entrar al análisis de fondo del proyecto, informarlo desfavorablemente, atendida las siguientes falencias que presenta:
1º No señala con una precisión razonable, cuáles podrían ser las contravenciones que autorizarían el reclamo;
2º No fija plazo para deducir el reclamo;
3 La forma para establecer la competencia no parece apropiada, pues el juez del domicilio del reclamante podría estar ubicado en un lugar muy lejano de aquél donde solicitó el crédito;
4º No precisa aspectos mínimos de procedimiento, como su forma de notificación, requisitos del reclamo, prueba admisible, plazo para fallar, etc.
5º No señala cuándo el juez debe acoger el reclamo o desecharlo. Pareciera que ello queda entregado al arbitrio del juez.
Los ministros señores Benquis , Rodríguez , Pérez y Medina , fueron de opinión de hacer presente que el proyecto de ley presenta posibles reparos en cuanto a su constitucionalidad.
Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno del proyecto en examen.
Saluda atentamente a V.S.,
(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; CARLOS A. MENESES PIZARRO , Secretario .
A LA SEÑORA PRESIDENTA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.