Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Cristian Antonio Leay Moran
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Hernan Larrain Fernandez
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN.
- REVISIÓN DE LISTA DE PROYECTOS PARA REMITIR AL ARCHIVO.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Alejandro Navarro Brain
- Fulvio Rossi Ciocca
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- INTERVENCIÓN : Mario Escobar Urbina
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DEBATE
- CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES AL FONASA. (Votación).
- DEBATE
- SANCIONES A EMPRESAS Y MUNICIPALIDADES POR MALA EVACUACIÓN DE GASES EN EDIFICIOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Edgardo Riveros Marin
- Eliana Caraball Martinez
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alejandro Navarro Brain
- Victor Manuel Rebolledo Gonzalez
- Anibal Perez Lobos
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EXENCIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR TRANSFERENCIA E INSCRIPCIÓN DE BIENES RAÍCES A ORGANIZACIONES RELIGIOSAS. Modificación de la ley de Rentas Municipales.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Ivan Paredes Fierro
- Jorge Burgos Varela
- Ximena Vidal Lazaro
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES AL FONASA. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- PRECISIONES SOBRE VENTA DE DERECHOS DE AGUA.
- RIESGOS SANITARIOS ANTE EVENTUAL CARENCIA DE VACUNA ANTIRRÁBICA. Oficio.
- SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE VENTA DE EMPRESA MASISA. Oficio.
- IRREGULARIDADES EN ACCIÓN DE DIPLOMÁTICO BRASILEÑO. Oficio.
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- APLICACIÓN DE SANCIÓN POR ERROR JUDICIAL COMETIDO EN NOVENA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Eduardo Lagos Herrera
- Zarko Luksic Sandoval
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Eduardo Diaz Del Rio
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE RESGUARDO EN FAVOR DE NIÑOS DE INTERNADO DE COCHAMÓ. Oficios.
- IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA DE EMERGENCIA EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
- NÚMERO DE FUNCIONARIOS EN CONTROL FRONTERIZO DE LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
- IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE CAMBIO DE TRAZADO DE CARRETERA DE LA COSTA EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
- ACLARACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE ATENTADOS SEXUALES. Oficios.
- ADHESION
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- NEGATIVA A INGRESO DE PARLAMENTARIA EN HOGAR SANTA TERESA DE LOS ANDES, DE SAN FERNANDO. Oficios.
- ADHESION
- Pablo Lorenzini Basso
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- DENUNCIA POR DESCUENTOS A DOCENTES NO ENTERADOS A INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES POR ALCALDE DE SAN FERNANDO. Oficio.
- ADHESION
- Pablo Lorenzini Basso
- ADHESION
- INSPECCIONES A EMPRESA ALIMENTARIA HENDAYA S.A.G. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA
Sesión 17ª, en martes 16 de julio de 2002
(Ordinaria, de 11.11 a 14.50 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana,y de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo, Letelier Morel, don Juan Pablo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
REPÚBLICA DE CHILE
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Remisión de proyectos a Comisión 11
- Revisión de lista de proyectos para remitir al archivo 11
- Permisos constitucionales 12
V. Orden del Día.
Creación del Consejo Nacional de la Cultura y del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. Primer trámite constitucional. (Continuación) 12
VI. Proyectos de acuerdo.
- Incorporación de trabajadores independientes al Fonasa. (Votación) 35
- Sanciones a empresas y municipalidades por mala evacuación de gases en edificios 37
- Exención del pago de derechos por transferencia e inscripción de bienes raíces a organizaciones religiosas. Modificación de la ley de Rentas Municipales 39
VII. Incidentes.
- Precisiones sobre venta de derechos de agua 41
- Riesgos sanitarios ante eventual carencia de vacuna antirrábica. Oficio 42
- Solicitud de antecedentes sobre venta de empresa Masisa. Oficio 43
- Irregularidades en acción de diplomático brasileño. Oficio 44
- Aplicación de sanción por error judicial cometido en Novena Región. Oficios 45
- Adopción de medidas de resguardo en favor de niños de internado de Cochamó. Oficios 46
- Implementación de oficina de emergencia en la Primera Región. Oficio 46
- Número de funcionarios en control fronterizo de la Primera Región. Oficio 47
- Identificación de beneficiarios de programas de absorción de mano de obra en la Octava Región. Oficios 49
- Antecedentes sobre cambio de trazado de carretera de la costa en la Novena Región. Oficios 49
- Aclaración sobre funcionamiento de Centro de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales. Oficios 51
Pág.
- Negativa a ingreso de parlamentaria en hogar Santa Teresa de Los Andes, de San Fernando. Oficios 52
- Denuncia por descuentos a docentes no enterados a instituciones correspondientes por alcalde de San Fernando. Oficio 52
- Inspecciones a empresa alimentaria Hendaya S.A.G. Oficio 53
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que modifica la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, en lo relativo al cobro de multas (boletín Nº 2998-07) 55
- Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho de los siguientes proyectos:
2. Sobre calificación cinematográfica (boletín Nº 2675-04) 58
3. Establece un régimen de garantías en salud. (plan Auge) (boletín Nº 2947-11) 58
4. Establece el financiamiento del gasto fiscal representado por el plan Auge y Chile Solidario (boletín Nº 2982-11) 58
5. Modifica la ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional (boletín Nº 2981-11) 59
6. Modifica el decreto ley Nº 2.763, de 1979 (boletín Nº 2980-11) 59
7. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto sobre calificación cinematográfica (boletín Nº 2675-04) 59
8. Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República atribuciones que indica (boletín Nº 2430-09) 69
- Informes de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaídos en los siguientes proyectos:
9. Modifica el artículo 52 de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza y consagra los títulos de constructor civil e ingeniero constructor como títulos universitarios (boletín Nº 2769-04) 72
10. Modifica la ley Nº 18.962, restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social (boletín Nº 2792-04) 76
11. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre Chile y Perú, suscrito el 22 de junio de 1998 (boletín Nº 2841-10) 82
Pág.
12. Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recaído en los proyectos que modifican los artículos 17, 38, 263 y 268 del Reglamento de la Cámara de Diputados (boletines Nºs 2930-16; 2990-16 y 2991-16) 85
13. Moción del diputado señor Errázuriz por el cual establece la castración química como pena accesoria para el delito de violación (boletín Nº 2995-07) 90
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-De los diputados señores Navarro y Rossi, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 14 de julio en curso para dirigirse a Francia.
2. Oficios:
-De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que el Grupo Interparlamentario Chileno-Mexicano eligió como Presidente al diputado señor Leay.
-De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el archivo de 95 proyectos que en Anexo se acompañan, de los cuales 32 son reformas constitucionales, 56 mociones, 3 mensajes y 4 de Comisiones unidas.
-De la Comisión especial de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para que le sean remitidos, por ser de su competencia, los proyectos que autorizan el establecimiento de empresas de responsabilidad limitada, los que actualmente se encuentran en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (boletines Nºs 370-07(S) y 2557-07).
-De la Comisión de Ciencias y Tecnología por el cual reitera la petición de remitir al archivo, el proyecto iniciado en moción, que establece un sistema de regulación de Internet, por cuanto se tramita otra moción que legisla en mejor forma sobre la materia (boletín Nº 2359-19).
-De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita que el proyecto, iniciado en moción, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, actualmente en esta Comisión, sea remitido a la Comisión especial de la Pequeña y Mediana Empresa por ser materia de su competencia (boletín Nº 370-07) (S).
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Rojas, licitación de sector La Torpedera, por parte de la municipalidad de Antofagasta.
-Del diputado señor Paredes, eventualidad irregularidades en propuesta pública de la municipalidad de Arica, para concesión de servicios de mantención y mejoramiento de áreas verdes.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Navarro, proyecto de Centro Abierto de Florida , Octava Región.
Ministerio de Relaciones Exteriores
-De la diputada señora Cristi, exposición respecto al Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación alcanzado con la Unión Europea.
-Del diputado señor Ceroni, gestiones referidas a contratos de venta de submarinos Scorpene.
Ministerio de Hacienda
-Formulación de proyecto de presupuesto para el año 2003.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Escobar, terrenos donados por la Armada de Chile.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Navarro, información sobre plaguicida Tripiniltin.
Ministerio del Trabajo
-Del diputado señor René García, factibilidad de proyecto de ley que permita jubilar a trabajadores del antiguo sistema de pensiones que no cuenten con las imposiciones necesarias.
-Del diputado señor Hernández, requisitos exigidos para seleccionar a los trabajadores en los programas de empleo.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor Navarro, utilización de parte del fundo La Gloria del Pangal de Limache , como sitio de disposición final de residuos sólidos domésticos; cuadros estadísticos de nacimientos vivos inscritos entre 1990 y 1999.
-Del diputado señor Saffirio, factibilidad de apertura de agencia zonal de la Superintendencia de Isapres en la Novena Región.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Varela, proyecto colector aguas lluvia calle Alaska-Los Trabajadores, comuna Maipú.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Rebolledo González, Víctor Manuel PPD IV 7
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Alejandro Navarro, Fulvio Rossi, y las diputadas señoras María Antonieta Saa y Ximena Vidal.
-Asistió, además, el senador señor Hernán Larraín.
-Concurrieron, también, los ministros de Educación , señora Mariana Aylwin, y de la Secretaría General de Gobierno, señor Heraldo Muñoz.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.11 horas.
El señor SALAS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor SALAS (Vicepresidente).- El acta de la sesión 12ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 13ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de remitir a la Comisión especial de la Pequeña y Mediana Empresa el proyecto, iniciado en moción, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, por ser materia de su competencia.
¿Habría acuerdo?
Acordado
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición de la Comisión especial de la Pequeña y Mediana Empresa para que se remitan a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por ser materias de su competencia, los proyectos que autorizan el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REVISIÓN DE LISTA DE PROYECTOS PARA REMITIR AL ARCHIVO.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición solicitada por la Comisión de Ciencias y Tecnología, por la cual reitera la petición de remitir al archivo el proyecto iniciado en moción que establece un sistema de regulación de Internet, por cuanto se tramita otra moción que legisla en mejor forma sobre la materia.
¿Habría acuerdo?
El señor VILLOUTA.-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , el listado de proyectos que entrega la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es bastante extenso. Si se da una mirada en forma somera, se podrá apreciar que la mayoría de ellos no ha sido tratado en dos años.
Solicito que se conceda el plazo de una semana a fin de que podamos estudiar los proyectos que se propone archivar, por cuanto es posible que exista interés en rescatar alguno de ellos.
El señor BURGOS.-
Pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , ¿su Señoría está solicitando acuerdo respecto del oficio enviado por la Comisión de Ciencias y Tecnología o del remitido por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia?
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El acuerdo se relaciona con el oficio de la Comisión de Ciencias y Tecnología.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , en el punto número 51 de la lista remitida por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, figura la moción que establece como obligatoria la declaración jurada de patrimonio de bienes a las autoridades que ejercen una función pública. ¿Por qué se quiere archivar ese proyecto? ¿Se incorporó a una ley especial o la normativa sobre el particular se encuentra vigente? Muchos, en estos días, hemos abogado por la transparencia, por lo que no corresponde archivar un proyecto que apunta precisamente en esa dirección.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , el diputado señor Villouta ha solicitado una semana de plazo a fin de estudiar el archivo de proyectos propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Si le parece a la Sala, se accedería a la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por la que solicita el archivo de 95 proyectos, de los cuales 32 son reformas constitucionales; 56, mociones; 3, mensajes, y 4, de Comisiones unidas.
¿Habría acuerdo?
El señor ASCENCIO.-
Pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente , acabo de escuchar que se dará una semana de plazo para revisar la lista remitida por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , la Mesa está releyendo lo enunciado por el señor Prosecretario a fin de ir tomando acuerdos, y debemos seguir la secuencia de los oficios recibidos por la Secretaría.
¿Habría acuerdo para otorgar una semana de plazo para estudiar la lista de proyectos remitida por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia?
Acordado.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-Si le parece a la Sala, se concederán los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Navarro y Rossi ¿Habría acuerdo? Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Corresponde continuar la discusión general, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural.
El señor MONTES.-
Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , quiero aclarar a la Sala lo ocurrido con el artículo 33 del informe de la Comisión de Educación, relativo a las cuotas regionales y a la nacional.
Estoy de acuerdo en descentralizar el Fondo. Sin embargo, quiero dejar en claro lo que ocurrió con el referido artículo.
La Comisión de Educación entregó su primer informe a esta Sala en octubre del año pasado, y en noviembre, ésta acordó remitirlo nuevamente a la Comisión para su reestudio. Dentro de sus disposiciones estaba el artículo 33, que el Ejecutivo quería eliminar.
Le consulté al secretario de la Comisión sobre quién había presentado ese artículo. Me respondió que, por su tenor, debía ser del Ejecutivo. Eso me llevó a considerarlo admisible. Sin embargo, investigando posteriormente he constatado que fue de origen parlamentario.
Por lo tanto, ese artículo no es admisible; requiere patrocinio del Ejecutivo porque está dentro de las normas de administración financiera del Estado; es decir, no debió ser aprobado por la Comisión.
Es muy importante analizar esta materia porque sienta precedente y, además, es tremendamente importante dejar en claro que un artículo de esas características requiere patrocinio del Ejecutivo.
Señor Presidente , quiero dejar constancia de que este error involuntario fue provocado, a su vez, por una información equivocada de la secretaría de la Comisión.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, dada la discrepancia que ha planteado el diputado señor Montes, propongo que hoy discutamos y votemos este proyecto en general, y que vuelva a la Comisión para que ella resuelva el problema de fondo.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, comparto su planteamiento. Pido que se discuta en general, pero que no se vote y vuelva a la Comisión.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , estoy pidiendo que la discusión de fondo la realice la Comisión y emita un segundo informe.
Si le parece a la Sala, continuaremos con la discusión en general de este proyecto de ley, pero siempre que el Ejecutivo retire la urgencia.
Tiene la palabra el ministro señor Heraldo Muñoz.
El señor MUÑOZ (ministro Secretario General de Gobierno).-
Señor Presidente, lo que usted ha propuesto es perfectamente aceptable para el Ejecutivo, es decir, que se vote en general.
El Ejecutivo está dispuesto a retirar la “suma” urgencia para que la discusión de este artículo en particular vuelva a la Comisión y, en ella, él introduzca una indicación sustitutiva acorde con el espíritu de lo que los señores parlamentarios, a nuestro juicio, quisieron hacer en el artículo 33, pero que hicieron de manera incorrecta; es decir, tener una distribución más equitativa de los recursos, que refleje los intereses de las regiones.
Señor Presidente , estamos de acuerdo tanto con su proposición de que se vote en general, como con la idea de que el Ejecutivo retire la “suma” urgencia, a fin de que, en la Comisión, resolvamos el asunto.
Muchas gracias.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para proceder conforme a lo señalado por el señor ministro ?
Acordado.
Continuando con la discusión general, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , me alegro de lo que acaba de señalar el señor ministro , porque se trata de un gran proyecto que requiere de un par de precisiones que quisiéramos que el Ejecutivo considerara.
Algunos diputados somos parte de la bancada regionalista y tenemos ímpetus federalistas, pero con racionalidad.
En la conformación del directorio regional de cultura, la totalidad de sus miembros son designados por el Ejecutivo de turno. Aunque los cuatro integrantes de la cultura surjan de un proceso de consulta a las instituciones culturales de la región, a la hora de definir quiénes compondrán ese ente esencial de la legislación cultural, que determinará los recursos, las orientaciones y los valores de las políticas públicas en cultura en cada región, ellos serán designados por el Ejecutivo .
Entonces, nos parece que se debiera integrar al menos al presidente de la Comisión de Cultura y Educación de los consejos regionales para que el Ejecutivo consulte con el consejo el nombramiento de los exponentes de la cultura. Si en el mundo de la cultura existe preocupación por la eventual politización en el nombramiento de esos representantes, se puede ser más estricto en los requisitos exigiendo que hayan obtenido algunos premios. Eso se puede reglamentar para despejar algunos fantasmas, porque nos parece esencial que, en una política de largo plazo, la representación regional también pueda expresarse en el nombramiento.
Tengo plena confianza en las autoridades y en su pluralismo. Ayer veía en Rancagua que la presidenta de la comisión que designó los fondos para los medios de comunicación regionales es una persona de una línea política distinta del Gobierno, y, sin embargo, fue elegida para presidir ese jurado. Esto habla muy bien del actual Gobierno; pero los gobiernos se proyectan en el tiempo y pueden venir tiempos de comisariato político, cultural, o de lo que fuere, de parte del Ejecutivo de turno. Por lo tanto, debe haber un ente regional plural que asegure ese equilibrio en el largo plazo.
Finalizo mi intervención con un concepto que deseamos promover para otras leyes. Recordemos que el Fiscal Nacional es nombrado con acuerdo del Senado, pero los fiscales regionales son designados por este Fiscal Nacional, y no hay ninguna interlocución con un ente colegiado regional representativo. Por lo tanto, tenemos que avanzar en esa dirección. Ésa es una sugerencia que formulamos al Ejecutivo .
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , estamos ante un nuevo proyecto sobre la cultura, iniciativa que viene debatiéndose hace alrededor de tres años.
La historia comenzó cuando el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle creyó conveniente presentar varios proyectos relacionados con el mundo de la cultura, y es así como, en primer lugar, tratamos un proyecto relacionado con la modificación de la “ley Valdés”, el que permitía flexibilizar muchos de sus aspectos y avanzar sobre la posibilidad cierta de financiar proyectos culturales mediante la exención o la tributación.
Posteriormente, también legislamos sobre el fomento a la música chilena, proyecto aprobado con mucha rapidez por ambas cámaras; ahora, nuevamente, el Gobierno ha mandado un proyecto sustitutivo del proyecto original, que modifica ciertos aspectos importantes, pero que, fundamentalmente, deja igual el nombramiento del Consejo propiamente tal.
Es así como en esa oportunidad, cuando se discutía el proyecto original del Presidente Frei, muchos artistas vinculados a la Concertación se pronunciaron en contra por considerarlo atentatorio contra el principio de la libertad, postulado esencial para crear y desarrollarse como artista.
Por ello, el Gobierno presenta un proyecto sustitutivo que cambia el nombre de “Dirección” por el de “Consejo”, pero sin introducir modificaciones esenciales al proyecto que sustituyan el centralismo y el estatismo.
En mi intervención anterior señalé que la cultura es indispensable para el desarrollo del hombre y de la sociedad -lo mantengo-, y que debe ser una preocupación preponderante del Estado; pero la cuestión es determinar en qué materia debe hacerlo, cuándo debe asumir su rol subsidiario y cuándo no, y con qué mecanismos efectivos puede llevarlo adelante.
En lo medular, el proyecto sustitutivo no cambia las normas de la iniciativa original, porque ambos entregan grandes atribuciones al Estado, que permitirán el control de la cultura; ambos crean una estructura jerarquizada, pero con distintos nombres; el Consejo Nacional de la Cultura se viste un poco más participativo al nominar un directorio colegiado y no unipersonal, como lo hacía el proyecto original; pero ambos son de la exclusiva confianza del Presidente de la República .
El Consejo nombra un presidente con rango de ministro de Estado , lo que se contradice con los principios sustanciales que el propio Presidente de la República ha señalado respecto de la modernización del Estado, en la cual se trata de ir disminuyendo los cargos de confianza y no de aumentarlos. El Presidente , en numerosas ocasiones -repito-, ha expresado enfáticamente que se debe tratar de disminuir los ministerios, no obstante lo cual hoy estamos creando un nuevo cargo de la exclusiva confianza del Presidente de la República , con rango de ministro de Estado .
El proyecto contiene algunas cosas positivas, como los consejos regionales, los cuales, si bien son un elemento participativo importante, también dependen de los intendentes y, por ende, del Presidente de la República.
Consideramos positivas las normas que establecen los consejos consultivos regionales y nacionales, elementos participativos sin duda; pero con ellos podría ocurrir lo mismo que con los consejos económicos sociales comunales, que funcionan en cada una de las municipalidades, pero que nunca son considerados como corresponde, por lo que la ley que los creó es letra muerta.
Sin duda, lo más positivo del proyecto es la creación del Fondo de Desarrollo de la Cultura, que permitirá la creación artística, que, aunque hoy está presente, muchas veces no se concreta por falta de recursos. Es una buena forma de ir avanzando en lo que fue el Fondart, por lo que considero que el proyecto va en el camino correcto en lo que a ese aspecto se refiere.
Como señalé en la discusión anterior, la cultura de una nación no nace ni se desarrolla mediante una planificación centralizada, sino que se logra en el interactuar cotidiano de las personas, que gozan de la libertad necesaria para escribir, pensar, pintar, actuar, filmar y producir, en general. Este grado de libertad se ve restringido con el proyecto que discutimos, ya que los criterios de los agentes gubernamentales pueden estar influidos -no digo que necesariamente ocurra así- por intereses políticos y electorales, en lugar de técnicos, que sería lo éticamente correcto.
Por considerar que hemos avanzado en algunos aspectos sobre el proyecto original, sigo pensando que es una iniciativa centralizada, estatista y jerárquicamente elaborada, planificada por el nivel central. Se puede comparar con el proyecto de Chiledeportes, que también fue centralizado, cuyos resultados hemos visto últimamente. La cultura no escapa a esa regla; la creatividad es exclusiva de las personas, y la mejor manera de fomentarla es, sin duda, mediante la libertad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , en mi opinión, éste es uno de los proyectos más importantes del Gobierno del Presidente Lagos; en verdad, es una gran iniciativa. Tiene la finalidad de crear una nueva institucionalidad en el sector cultural chileno, área tan importante, que conlleva identidad y sentido de país y de nación.
Señor Presidente , sus lineamientos fundamentales han surgido luego de un proceso ampliamente participativo, en el que la comunidad cultural ha colaborado muy decisivamente, durante varios años, en la configuración de las ideas matrices del proyecto de ley en discusión. El Ejecutivo ha tenido siempre la disposición de escuchar y de interactuar con esta comunidad cultural para que la iniciativa refleje efectivamente las mejores tradiciones y aportes de un país que tiene Premios Nobel e, incluso, una merecida fama en el concierto internacional, por lo menos en el latinoamericano, por su desarrollo artístico y cultural.
En esta misma Sala, como consecuencia de la iniciativa de una Comisión especial que se creó hace cinco años, distintos componentes o representantes de la comunidad cultural del país debatieron durante tres días para plantear diversos criterios, porque construir una institucionalidad presenta variadas alternativas. Países de América Latina, como Brasil, y del mundo tienen ministerios de la cultura; otros tienen subsecretarías de la cultura, normalmente dependientes del Ministerio de Educación. En fin, hay institucionalidades muy diversas. De acuerdo con la tradición, con las perspectivas y con la óptica de nuestra propia realidad nacional, se optó por la gran alternativa de crear un Consejo Nacional de la Cultura, que el Presidente de la República ha enviado como proyecto de ley y que la comunidad cultural de nuestro país respalda en lo fundamental.
Sin duda, siempre hay temas controversiales cuando se habla de la participación del Estado en lo cultural. Para el diputado señor Sergio Correa -quien tiene una óptica distinta, que no comparto, pero que está en su derecho de exponerla, ya que, por lo demás, siempre existe en todos los países-, ojalá el Estado no se inmiscuyera en la cultura, porque su participación se vería, desde esa óptica, como una intromisión o un dirigismo de la cultura. No obstante, la experiencia chilena en estos doce años de existencia de distintas instituciones culturales, incluso de fondos culturales, como el Fondart y otros, demuestra que es perfectamente posible que el Estado tenga una participación que garantice la generación de nuevos creadores, la irrupción de artistas y de distintas expresiones del mundo de la cultura sin dirigismo o tuición de parte del Estado. Incluso, éste debe permitir el acceso de compatriotas a la cultura para que gocen de ella y del arte, sin que eso signifique dar direccionalidad a sus expresiones, ni mucho menos un carácter ideológico-político.
¡Qué duda cabe de que muchos proyectos financiados con fondos del Estado han tenido orientaciones completamente distintas de las del gobierno en ejercicio de ese momento y han resultado contestatarios y polémicos, porque la cultura es, por esencia, polémica, generadora de ideas nuevas y de creatividad! Pero si queremos que todos los ciudadanos gocen de la cultura y accedan a los bienes culturales -incluso los de los pueblos y comunas más apartados- para disfrutar una obra de teatro, una exposición pictórica itinerante, un ballet o una película de cine moderno nacional, por ejemplo, el Estado tiene que participar efectivamente, porque, de lo contrario, no hay posibilidad alguna de que gente de Pelarco o de comunas tan apartadas de Chiloé o del norte de nuestro país, gocen y experimenten alguna vez la riqueza espiritual de estar frente a una de esas obras de expresión cultural y artística.
Por lo anterior, es muy importante -y el mundo coincide en eso-, que el Estado juegue un rol en la cultura; pero se debe evitar el dirigismo y la manipulación ideológica y política. En tal sentido, el Gobierno ha tenido la prudencia de enviar un proyecto de ley que tiene los resguardos suficientes.
Durante estos años hemos tenido expresiones culturales diversas, porque hay instituciones dispersas realizando ese rol desde el Estado. Pero ya es hora de que ese conjunto cumpla una tarea mucho más eficiente y eficaz en una sola gran institucionalidad para llevar a cabo un doble objetivo: generar las condiciones necesarias para el surgimiento de nuevos artistas en nuestro país, y que los ciudadanos que viven en los rincones más apartados de nuestro territorio puedan disfrutar de los bienes culturales que el país es capaz de producir y de generar.
Cuando discutimos la composición del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, en el proyecto referido a los tributos y a la posibilidad de descentralizarlos, se analizó una plausible intención de descentralizar una cierta institucionalidad. Pero, al mismo tiempo, hay una cierta ilusión que se genera cuando se crean mecanismos que no siempre reproducen el propósito que quiere alcanzar quien está proponiéndolo.
Sin perjuicio de la aclaración absolutamente pertinente que ha hecho el presidente de la Comisión de Educación con respecto al artículo 33, desde el punto de vista incluso de su contenido, hay muchas regiones que, si se descentralizaran de acuerdo con el criterio de población, recibirían menos recursos que hoy para el desarrollo de las artes y de la cultura. Los casos más típicos se dan en las regiones Décima y Duodécima, como también en la Segunda y en la Tercera, donde hay creadores extraordinariamente relevantes y de una trayectoria muy rica que han hecho importantes contribuciones a nuestro país. Por ejemplo, en la literatura tenemos a Hernán Rivera Letelier , quien recibió un premio muy importante en España; si no hubiéramos contado con estos elementos, con la relevancia que hoy se da en las regiones, no lo habríamos tenido en las filas de nuestros más destacados creadores.
Por ello, comparto la proposición del Ejecutivo , en términos de que en la Comisión de Educación se busque una fórmula que articule el objetivo de descentralizar lo más posible con el de generar las mejores condiciones que incentiven la creatividad, el arte, la cultura de la forma más equitativa posible para todos los habitantes, de manera que puedan recibir los bienes culturales que este país tan generoso es capaz de desarrollar.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señor Presidente , es una gran cosa que haya llegado este día, porque hoy vamos a votar en general el proyecto, y próximamente debatiremos su articulado. Ha sido un largo camino para todos los que creemos en verdad -o de quienes se han ido convenciendo en el camino- que la cultura es un pilar para nuestro desarrollo, y que puede serlo aun de manera más sólida, gracias a esta nueva institucionalidad que hoy discutimos.
El proyecto es importante para quienes pensamos que el Estado tiene una labor y responsabilidad que cumplir en el fomento, protección y difusión de nuestra cultura. Pero creemos que esa función debe efectuarse bien, de manera coordinada, transparente y eficiente, respetando y fomentando la pluralidad cultural que nuestro país tiene y que, ojalá, siga ampliándose en el futuro.
El proyecto que crea el Consejo Nacional de la Cultura, que estamos estudiando hoy, permitirá al país tener políticas claras en esta materia, autoridades responsables en su aplicación, y disponer de un presupuesto con recursos orientados a esos objetivos. Sin embargo, esto, que resulta tan obvio, hoy no lo tenemos, porque existe una dispersión y dualidad de organismos que corresponden a una realidad que no podemos negar. Ahí tenemos un problema.
Además, por mucho tiempo, en la época de mayor crecimiento económico, que fue en la década de los ‘90, actuamos como si la cultura no fuera importante. Se la veía como decorativa, accesoria o un lujo que sólo pueden permitirse las elites, o una liviandad para los que piensan nada más que en divertirse.
Esa visión -quizás todavía predominante entre nosotros y que cuenta con algunos adeptos- ha ido retrocediendo, y ha cambiado nuestra mentalidad. La gente valora y reconoce la cultura como un requisito para que nuestro país sea mejor, y también en el mundo político -donde participamos- ha ido creciendo esa percepción.
Al respecto, el liderazgo del Presidente Lagos ha sido importante, porque su persistente y concreto apoyo a la reivindicación de la cultura en el desarrollo nacional, y los gastos concretos en esa dirección, han tenido respuesta y logrado cierta influencia.
Nadie podría negar que las letras de los temas de la música rock o del hip-hop nos hacen entender mucho mejor cómo los jóvenes del mundo popular interpretan su realidad, cuáles son sus valores y sus sueños. Tampoco se podría ignorar que es imposible entender el Chile de los ’90 sin ver una película como el “Chacotero sentimental”, o desconocer que eventos como “Encuentros Chile-Poesía”, del año pasado, más los carnavales culturales que se hicieron en Valparaíso o el programa fiesta de la cultura, del Gobierno, no han mostrado un deseo de participación social enorme en el ámbito de la cultura.
Hay miles de ejemplos que se podrían dar en el sentido de cómo la cultura nos permite vernos a nosotros mismos, entendernos y reforzar nuestra identidad, especialmente en estos tiempos en que es tan fácil sentirse solo y perder el sentido de pertenencia a una nación, en un mundo global como en el que estamos.
El proyecto, que me correspondió estudiar en ambas Comisiones, tuvo un respaldo muy amplio, y hoy me sorprende escuchar críticas que, al interior de ellas, nunca se plantearon, tales como que aumentará la burocracia o que se trata de un proyecto estatista.
Con respecto a la burocracia, si la entendemos como una expansión excesiva de cuerpos administrativos innecesarios -es el uso normal que se le da a ese término-, el objetivo es reducirla y no aumentarla. No hay nada más burocrático que tener diversas instancias dependientes de autoridades distintas, que cumplen funciones equivalentes o muy relacionadas, como hoy. Nada es más burocrático que asignar recursos de manera segmentada para objetivos similares, sin identificar prioridades ni evaluar el impacto de los fondos.
Plantear que el proyecto tiende a aumentar la burocracia es infundado y poco serio, ya que habrá una sola entidad con una administración única y reducida; no habrá duplicación ni triplicación de administraciones; sí, políticas claras con responsables conocidos y evaluables. A ellas se les exigirá dar cuenta por lo que hicieron o dejaron de hacer. Y cada año en esta Cámara, en la discusión presupuestaria, se podrá hacer lo que hoy se hace con Justicia, Defensa y Educación: escuchar la cuenta de las autoridades y evaluar la pertinencia de los recursos que se solicitan, en este caso para la cultura. Eso no lo tenemos actualmente, porque simplemente no hay un presupuesto, ni una autoridad responsable, ni un órgano encargado de aplicar las políticas por definir.
Tampoco considero pertinente las acusaciones de estatismo. Si es tan importante el papel de la cultura en la sociedad, es difícil sostener que el Estado no debe tener ninguna función respecto de ella. Y así lo percibe, además, la mayoría de la gente. Espero responsabilidad del Estado, pero también es cierto que se trata de un papel delicado y complejo. Existe el riesgo potencial de tener políticas dirigistas, poco pluralistas, censuradoras o proselitistas. Por ello, resulta importante contar con una institucionalidad bien concebida, transparente y participativa.
Por lo tanto, la innovadora fórmula que se nos ha planteado se hace cargo de estos problemas. Se trata de un organismo que depende en forma directa del Presidente , dirigido por un consejo mixto, con participación estatal y de la sociedad civil. Está al frente de él un director con rango de ministro ; es un organismo descentralizado y desconcentrado territorialmente en su estructura administrativa, y asesorado en sus decisiones fundamentales por consejos consultivos definidos desde la sociedad civil. En fin, el proyecto tiene una estructura adecuada, peculiar para el cumplimiento de su misión, a fin de permitirle una gestión efectiva, participativa y pluralista.
Fue muy necesaria la discusión habida en los últimos días respecto de la distribución regional del Fondo Nacional de la Cultura, pero creo que el tema no ha sido bien abordado. En la iniciativa no se habla acerca de esa materia. En ese Fondo se establece una línea regional dedicada sólo a la difusión artística, no a la creación ni a las becas. Por ello es válido buscar un mecanismo que garantice la llegada de recursos a las regiones y, además, que éstos se distribuyan según decisiones y prioridades, dentro del marco de las políticas nacionales. Me declaro partidaria de buscar ese mecanismo.
Sin embargo, el sistema del 25 por ciento como tope para los fondos nacionales no me parece un buen medio. Es un sistema rígido, que no podremos discutir ni revisar porque, por ley, impondrá un límite que no garantiza nada para las regiones. Gran parte de ese 25 por ciento, por lo menos la mitad, irá a parar a la Región Metropolitana; el resto se distribuirá por población. Por lo tanto, casi la mitad quedará en la Región Metropolitana. Además, por la materia de que se trata, creo que es inconstitucional la indicación parlamentaria que lo establece.
Pese a que el mecanismo no me parece bueno -se deberían buscar otros-, las críticas formuladas son aún más cerradas. Muchas de ellas son un verdadero insulto a las regiones, porque subestiman la capacidad de crear cultura, en circunstancias de que nuestra historia nos habla de que las grandes personas y figuras de la cultura chilena provienen de las regiones. Los argumentos dados en contra de este mecanismo, a veces han terminado dándole la razón a quienes quieren establecer cuotas rígidas, porque han sido muy descalificadores respecto de las regiones.
En consecuencia, la Comisión tiene la gran oportunidad de buscar un buen mecanismo para potenciar y garantizar las condiciones de las regiones, y para no dar la razón a ninguno de los argumentos que subestiman sus capacidades para aportar y crear cultura.
Por último, creo que ha sido muy positivo el esfuerzo para responder, mediante las últimas indicaciones, a las inquietudes de los trabajadores de los organismos que concurrirán a la formación del Consejo, a fin de evitar que este cambio institucional los perjudique o desconozca su aporte.
También es justo reconocer y agradecer -antes de que cierren sus puertas- a los organismos públicos que han cumplido funciones en el ámbito de la cultura durante el último tiempo, tales como la División de la Cultura del Ministerio de Educación, el Fondart, el Departamento de Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Personalmente conozco de cerca estas instituciones, a las personas que trabajan en ellas y sé que lo hacen en condiciones difíciles. Muchas veces, contra viento y marea, han logrado sacar adelante su labor en tiempos en los que muchas veces la cultura era menos valorada y no se le prestaba apoyo. Su experiencia, profesionalismo y compromiso serán las bases en las que se fundará el Consejo y, con seguridad, su principal patrimonio para que cumpla bien sus importantes funciones.
Por todas esas razones, respaldaré el proyecto en general y en particular. Espero que los detalles pendientes puedan ser resueltos en forma adecuada en la Comisión.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , creo que la mejor definición de “cultura” es una muy breve, que dice que es la transformación de la naturaleza hecha por el hombre. Y cuando hablamos del hombre, nos referimos a un ser único e individual, siempre pensando en su libertad. Por lo tanto, cuando uno tiene la maravillosa oportunidad de trabajar en pro de la cultura, como tuve la suerte de hacerlo durante muchos años, se da cuenta del mundo extraordinario en el que se desenvuelve: lleno de ideas, de personas que buscan ser escuchadas y expresarse mediante su creación. Entonces, cuando se trata de legislar sobre algo tan importante como la cultura, se debe considerar que es un ámbito no exento de polémica, porque curiosamente los artistas se unen como hermanos frente a una causa común, pero se transforman en enemigos irreconciliables cuando se trata de luchar por un aspecto en especial. Por eso la cultura no está exenta de polémica.
En nuestro país, tenemos todo lo que sale en los medios de comunicación, las discusiones acerca del tema de los desnudos, entre ellos, de la “Baby Vamp”. Sin ir más lejos, la diputada señora Ximena Vidal es criticada acerbamente por expresar una opinión que apunta precisamente a la libertad de la cultura. Eso nos da una pauta de la complejidad de ese mundo.
En el proyecto hay muchas cosas que no comparto. Por ejemplo, se pretende unificar diferentes instancias culturales, como la División de Extensión Cultural, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura; pero, curiosamente, se deja afuera a la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Para qué hablar de lo que significa la conformación de los representantes, de acuerdo con el artículo 5º, a nivel nacional, y de los consejos regionales!
Cuando en Calama se me ofreció un cargo relacionado con la cultura -la corporación había nacido durante el gobierno militar-, al alcalde delegado le pedí una sola condición para asumir: que me permitiera abrir las puertas de la entidad, porque la población sentía que esa corporación estaba manejada por el régimen. Abrimos las puertas y llegaron, entre otros, los Parra y Volodia Teitelboim , pese a las muchas críticas. A mi parecer, la cultura no debe estar en manos de nadie en particular; debe ser libre.
En este ámbito, el rol del Estado debe fomentar -no controlar- la cultura. Entonces, cuando uno, en una actitud de vida, ha visto y ha trabajado con aquello de lo cual trata esta iniciativa, siente que vuelve el control. Tal vez, en forma sutil, sin intención de hacerlo, pero igualmente es control, y gubernamental.
Como consejero regional, tenía sólo una posibilidad para opinar respecto del Fondart, y se emitían grandes críticas por parte de las autoridades regionales de Educación cuando no estábamos en su línea. Por ello, los consejos regionales de todo el país determinaron hablar con el ministro del ramo para pedir que ojalá los consejos regionales tuvieran mayor tuición sobre el tema cultural en las comunas, provincias y regiones. Hubo un compromiso verbal, luego de lo cual el ministerio redactó un decreto y los consejeros regionales nunca más pudieron opinar al respecto. Entonces, cuando uno ha visto y sabe lo que puede pasar, tiene, obviamente, una enorme aprensión.
Aquí, el Consejo estará dominado por representantes de gobierno, cualesquiera que éstos sean, a nivel nacional y regional, en circunstancias de que deberíamos hacer exactamente lo contrario: que el Estado fomentara la cultura y que ojalá llegáramos a las instancias más pequeñas, las municipalidades. Entreguemos los recursos y que ellas tengan su consejo y trabajen la cultura.
En definitiva, por esa misma impresión que tengo, me es imposible, queriendo como quiero al mundo de la cultura, aprobar un proyecto como éste si no se le hacen las delicadas correcciones que amerita.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , el proyecto es de gran trascendencia y constituye un paso importante de avance en el desarrollo humano del país. Se trata de promover y fomentar la cultura, entendida ésta no sólo como manifestaciones artísticas aisladas, sino como parte del patrimonio común de la nación; en tal sentido surgen -como es lógico- preocupaciones y distintos enfoques, a los cuales es conveniente referirse.
Uno de los más importantes por tratar y debatir es, desde el punto de vista de los clásicos del pensamiento democrático, la relación entre libertad e interés general o entre libertad y bien común.
Existe preocupación en las bancadas de Oposición en relación con este tema, consignada básicamente en el informe por la opinión del diputado señor Correa, en el sentido de que aquí habría elementos preocupantes en relación con el ejercicio de la libertad versus la responsabilidad del Estado.
Sobre esta materia quiero manifestar a los colegas de la Oposición que uno de los más importantes teóricos del pensamiento liberal del siglo XX -por cierto, no una persona de izquierda-, Karl Popper , en un artículo publicado recientemente en los medios de comunicación, al que fácilmente se puede tener acceso, hace una definición muy importante en relación con esta materia y señala que sin Estado desaparece la libertad. Esta afirmación, tan fuerte y tajante, de un liberal, la deberíamos tener presente cada vez que hagamos una reflexión sobre el particular.
La sociedad sin Estado es un reino en el que prevalece la ley del más fuerte; la sociedad sin Estado no puede hacer prevalecer su objetivo básico: la existencia del bien común y del interés general. Por eso, en esta reflexión es muy importante establecer que en los clásicos del pensamiento democrático de las más diversas corrientes de opinión, sean del pensamiento socialista, liberal, socialcristiano, hay una referencia permanente y sistemática a la responsabilidad del Estado en cuanto garante del bien común. Y eso es lo que está recogido en el proyecto.
Si en nuestra sociedad, marcada por tan fuertes y tremendas desigualdades, no existiera esta institucionalidad cultural, promover el desarrollo de la cultura y de las artes sería imposible. Reflexionando sobre la base de mi propia realidad y de la experiencia de que dispongo, pienso en una expresión cultural tan importante como la Orquesta Sinfónica de Curanilahue. ¿Hubiese sido posible que esta maravilla existiera sin que hubiera habido responsabilidad del Estado de por medio? ¡Sería imposible! ¡Nunca habría ocurrido aquella experiencia!
Entonces, así como se argumenta: “¡Cuidado, no vayamos a incurrir en alguna tentación de dirigismo cultural!”, también es válido argumentar al revés: ¡Ojo, cuidado, no vaya a ocurrir que las aprensiones sobre el dirigismo cultural nos conduzcan a la ausencia de la responsabilidad del Estado en materia del desarrollo cultural y humano del país, lo cual significaría llevar el futuro de la nación chilena a la postración o al apagón cultural, como se llamó en su época y en su tiempo, aludiendo a una experiencia muy nefasta y negativa de intentos de control de la cultura por parte de un régimen totalitario.
Estamos de acuerdo en que compartimos la necesidad de la defensa de la libertad. Para que haya libertad, estoy convencido de que debe haber quien la garantice, y eso es responsabilidad del Estado; que no sólo quienes tienen grandes recursos puedan acceder al arte y a la cultura; que no sólo el joven que pueda financiarse, por ejemplo, estudios en un colegio particular, cuya colegiatura mensual es superior al medio millón de pesos y la matrícula cercana o superior a los dos millones de pesos, tenga acceso a las maravillas del arte y de la cultura. Estoy de acuerdo en que ese joven lo tenga; me parece muy bien, y estoy dispuesto a defender su derecho a hacer uso de las maravillas de la cultura y de las artes; pero también reclamo que los jóvenes que estudian en un colegio lejano del centro de la capital tengan la posibilidad, como en el caso de los jóvenes de la Orquesta Sinfónica de Curanilahue, de ejercer sus aptitudes y su talento en el campo cultural.
Este proyecto significa avanzar en estas materias, porque la responsabilidad del Estado es la que debe permitir el ejercicio de la libertad.
Cuando en una sociedad la huella de la desigualdad es tan fuerte, se corre el riesgo de no hacer efectivo el ejercicio de la libertad. Hay una evidente e indispensable relación entre ambas cosas.
Un ciudadano o ciudadana, una persona subsumida en el agobio de la miseria y de la pobreza, naturalmente no puede gozar de su libertad. Para que pueda ejercerla, deben existir los instrumentos públicos, aquellos que garanticen el bien común, que establezcan los mínimos sociales necesarios para que esos ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer la libertad. Por eso mismo, considero que el proyecto es profundamente libertario, porque se propone abrir las potencialidades culturales de los ciudadanos y ciudadanas del país.
Una última reflexión. Es evidente que la cultura no se puede reducir o limitar al ámbito local. Lo digo con el respaldo que significa el hecho de que, desde 1990 en adelante, se han llevado a cabo en el país importantes transformaciones en el ámbito regional y municipal, promovidas por los gobiernos de la Concertación, que respaldamos. Entre otras, la posibilidad de que las comunas elijan democráticamente sus autoridades; pero el tema del desarrollo cultural de la nación va más allá del ámbito municipal -seamos claros en eso-, sobre todo en esta época globalizada. Por lo tanto, debemos defender y promover un patrimonio como nación; de lo contrario, es muy difícil que el país enfrente con éxito tareas comunes, por ejemplo, y en otro ámbito, la discusión del tratado con la Unión Europea; en definitiva, todos los desafíos que presenta la globalización tienen la exigencia del desarrollo de Chile como nación.
Sin duda, la Orquesta Sinfónica de Curanilahue no existiría si sólo recibiera apoyo municipal o regional. En consecuencia, es indispensable que instrumentos y herramientas de carácter nacional que garanticen expresiones locales como ésa -al ser parte de nuestra cultura, son una expresión nacional-, tengan la promoción, el fomento y el respaldo del Estado, es decir, de aquel que es capaz de responder por el bien común.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , el proyecto es muy importante, por lo que espero que muy pronto sea ley de la República y que la institucionalidad cultural que crea esté en funcionamiento a corto plazo.
El debate sobre dicha institucionalidad no es sino la discusión sobre el instrumento que el Estado debe darse para apoyar el desarrollo de la dimensión cultural del país, aspecto sobre el cual, creo, coincidimos en que hay un fuerte retraso y déficit en el país. Retraso, porque hemos avanzado en el ámbito económico, pero muy poco en la dimensión cultural. Hay grandes cambios culturales en el mundo, pero la dimensión cultural en nuestro país no adquiere la fuerza que debería. Déficit, en el sentido dado por el informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y quizás esto sea lo más grave, porque significa que entre los chilenos hay una débil imagen de nosotros mismos, de eso que permite a las personas sentirse parte de una construcción colectiva, de sortear las dificultades que encuentran los individuos para hacer una experiencia concreta de sociedad y de vivenciar distintas dimensiones de una sociedad.
Comparto lo que plantea el informe de desarrollo humano de 2002 sobre el principal desafío cultural que enfrenta Chile. Su mayor déficit es la ausencia de un proyecto país, el que constituye el gran desafío del bicentenario. Por lo tanto, debemos tratar de construir la capacidad de gobernar el futuro.
Después está la idea cultural de que las personas construyen en forma colectiva el mundo que habitan y que, al mismo tiempo, se experimentan a sí mismos como constructores de ese mundo. Por eso, estoy de acuerdo con el concepto de cultura de la Unesco, que se refiere a la cultura como maneras de convivir.
Pero ¿cómo construir un mundo común en medio de la globalización y de la creciente individualización, en una sociedad cada vez más diversificada y sin identidades sólidas?
El desarrollo humano entraña, necesariamente, preocupación por la cultura de las personas que deciden vivir juntas, porque lo que da cohesión es la cultura, los valores y las creencias compartidas.
Los socialistas somos firmes partidarios de la diversidad cultural, valor que debe ser preservado y promovido. En el país vivimos una traumática experiencia dictatorial, consecuencia de la cual existe el peligro de intentar la homogeneización cultural y de destruir y desconocer la diversidad, lo que produce empobrecimiento cultural.
Al respecto, quiero señalar al diputado señor Correa que en el país el problema no es el dirigismo cultural, pues los recursos que maneja el Estado para esta área alcanzan al 0,031 por ciento del producto interno bruto. En la actualidad, el mayor problema y riesgo para la cultura es el efecto de las fuerzas del mercado, porque éstas tratan de manipularla de acuerdo con sus propios intereses, de suerte que los creadores deben actuar en función de lo que el mercado requiere, más que en lo que el país necesita para construir la cultura que los chilenos queremos.
La ley sobre donaciones con fines culturales significará 3 mil millones de pesos, los que serán asignados de acuerdo con lo que desee cada ente que done. Entonces, ¿dónde está el dirigismo cultural del Estado? Lo que realmente se busca es un Estado que apoye y potencie procesos en marcha, en el marco de una fuerte globalización, la cual, sin duda, conlleva oportunidades, pero también amenazas.
Me parece importante referirme a los riesgos que la globalización tiene sobre la cultura, porque hay tendencias positivas y dinámicas negativas para el desarrollo de las personas.
En primer lugar, homogeneizar los estilos de vida, a raíz de la internalización y fijación de las pautas y aspiraciones de consumo, lo que socava las identidades.
En segundo término, imponer unas formas culturales sobre otras. Ahí está la vieja idea de que los grupos indígenas son un obstáculo para el desarrollo más que una parte de la realidad nacional que es necesario incorporar a fin de reconocer su diversidad cultural, social y económica.
En tercer lugar, mercantilizar la cultura a escala mundial, pues aumenta la importancia de la cultura como un bien económico, y se tiende a identificar como producto transable en el mercado, lo que hace que el mercado cultural se concentre y excluya a los más pequeños y a las localidades.
Por último, la globalización de la cultura es un proceso desigual, que genera exclusiones. Hay corrientes que favorecen a unos y perjudican a otros. De allí que, como señaló el diputado señor Escalona , la construcción de mayor equilibrio es fundamental. Para ello, sin duda, se requiere del Estado y de una institucionalidad cultural.
Quiero recordar a los diputados señor Correa y a otros parlamentarios de la UDI que los deberes del Estado los establece la Constitución. En ese sentido, un artículo del señor Agustín Squella señala que el Estado tiene deberes para con la cultura, así como los tiene con la salud, la educación y la seguridad de las personas. En efecto, el número 10 del artículo 19 de la Carta Fundamental establece: “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”.
Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas -ratificado por nuestro país en 1972- reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, y señala que a los Estados partes corresponderá adoptar las medidas para asegurar la conservación, desarrollo y difusión de la cultura.
Podría extenderme mucho más respecto del rol del Estado en la cultura, pero creo que es importante que los diputados de la UDI, en especial los que han intervenido, entiendan que el único dirigismo existente es el del mercado, por cuanto hay algunos que quieren hacer lo que deseen con la cultura. Con ello se impide que los creadores, las capacidades y las potencialidades del país se expandan y se desarrollen.
Debe haber un rol del Estado en esa dirección, pero en la actualidad está muy limitado por la dispersión y fragmentación de la institucionalidad y por la escasez de recursos; no obstante, hay algunas experiencias nuevas, como las del Fondart y otras. En ese sentido, me parece fundamental la idea de crear una institucionalidad con rango ministerial, como el Consejo Nacional de la Cultura, que defina la política nacional en ese ámbito.
En este sentido, existen muchos otros puntos de debate a los que no podemos dejar de referirnos aunque sea en forma breve.
En primer lugar, el desarrollo cultural y los medios de comunicación.
Hoy tenemos un monopolio demasiado centrado en una determinada visión de las cosas, del país, de la creación artística y del arte. Se requiere de los medios de comunicación para que las obras se difundan; de lo contrario, los creadores adquieren mucho menor fuerza e impacto. Quizás ello explique en parte lo que el señor Squella llamaba el “bostezo cultural”.
En segundo lugar, el desarrollo cultural y las universidades. En la actualidad se investiga donde hay dinero, pero no en todos lados se puede investigar lo que ocurre en el país y conocer, por ejemplo, el significado de los supermercados y de los mall -que están siendo visitados por dos millones o tres millones de personas- en la visión que se tiene del país, del futuro, de la convivencia, del compartir. Por lo tanto, es muy importante apoyar a las universidades para que tengan un espacio de pensamiento crítico dentro de la sociedad y no sólo para que entreguen conocimiento desde una determinada visión, sino para que se respete la diversidad y la riqueza del pensamiento.
En tercer lugar, el desarrollo cultural y la educación.
La Comisión incorporó dos o tres indicaciones para fortalecer la relación entre el desarrollo cultural y la educación, porque tenemos una tremenda tarea en ese ámbito: formar una nueva generación para vivir en un mundo que atraviesa por un período de cambios profundos.
No sólo se han expandido aceleradamente los conocimientos en el mundo, sino que también se empieza a vivir de manera distinta. Las personas tienen vivencias distintas en la familia, en el trabajo, en la relación de pareja, en la sexualidad, en la formación de la comunidad, en la relación con la autoridad y entre ellas mismas.
Es fundamental que a través de la educación no sólo tengamos acceso a todo el conocimiento, sino, también, a comprender más lo que estamos viviendo.
La tarea central de la educación, junto con entregar esos conocimientos, es crear un mundo que dé significado a nuestras vidas, a nuestros actos y a nuestras relaciones.
Todo el enfoque de Jerome Bruner, por ejemplo, respecto de esta dimensión en el debate norteamericano, es fundamental.
No nos podemos resignar a una educación que nos entregue conocimientos de matemáticas, ciencias y tecnología, sino que debemos aspirar a una que nos ayude a aprender a vivir juntos, como se planteó en el último encuentro de ministros de Educación de todo el mundo.
En cuarto lugar, también es fundamental el desarrollo cultural y la integración social en la vida cotidiana. ¿Qué tiene que ver la desintegración social con la cultura, con los problemas de droga, de delincuencia y con la necesidad de reconstruir el sentido de vivir juntos?
Por último, está el desarrollo cultural y la regionalización.
Este tema me parece clave, y comparto lo dicho por la diputada señora Carolina Tohá y por el diputado señor Camilo Escalona sobre la materia.
Todos estamos de acuerdo en que es necesario descentralizar, en que hay cosas nacionales y otras locales, en que hay que combinar bien lo local con lo nacional. Siempre se han hecho esfuerzos en ese sentido. Todos los años, durante la discusión del Presupuesto se ha planteado el tema.
Es falso que se quiera destruir lo nacional y que vamos a tener cuotas más bajas que antes. Lo mínimo que esperamos del Fondo Nacional de la Cultura es que entregue más recursos que antes.
Ha sido mal enfocado este debate y se ha desnaturalizado. Este proyecto hay que perfeccionarlo, y por ello me parece muy bien que vuelva a Comisión.
El financiamiento es un tema de debate. Hay que preguntarse por qué tenemos sólo el 0,031 por ciento del producto interno bruto para fines culturales. Algo pasa. ¿Por qué no hemos llegado al 1 o al 2 por ciento?
En la discusión de las leyes de Presupuestos, durante muchos años me ha correspondido estudiar las partidas relacionadas con la cultura, en distintos ministerios. Éstas siempre cuentan con recursos marginales.
De repente se dice que actuamos como nuevos ricos, que tratamos de tener bienes, pero no de desarrollar simultáneamente la investigación, la creación artística, el pensamiento y el proyecto país.
¿Por qué no buscamos un mejor sistema de financiamiento? ¿Por qué todo queda sujeto al presupuesto de cada año? Nada asegura que los directores de Presupuestos tengan una visión amplia del desarrollo de un país en lo cultural. Ésa es la base del capital fundamental de una sociedad: tanto el desarrollo de las personas como el social.
En 1941, en la inauguración del primer Instituto de Extensión Musical, don Domingo Santa Cruz pronunció un discurso que conviene analizar. Al respecto, quiero decirle al diputado señor Correa que una de las personas que apoyó ese proyecto fue don Maximiano Errázuriz . No sé cuál era su tendencia política. Me imagino que de derecha.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Hay que buscar una manera de financiamiento más de acuerdo a cómo crece la economía.
El crecimiento de los presupuestos municipales depende del aumento de las propiedades. En ese caso, la cultura será totalmente arbitraria y dependerá de la voluntad de la autoridad del momento.
En mi opinión, dejar retrasada la dimensión cultural es estancar al país.
Se debe tener presente que hay visiones muy economicistas del crecimiento y del desarrollo. Es fundamental que en todo el país haya muchos creadores, mucho diálogo, mucha discusión; que Chile se sienta no sólo con desarrollo material, sino que con desarrollo espiritual. Eso tiene que ver con la institucionalidad cultural, con la necesidad de un Estado que la potencie; que la diversidad prolifere, se desarrolle y sea fecunda, porque eso será mucho mejor para Chile.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-
Señor Presidente , los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra han manifestado la base y el nudo del proyecto que estamos discutiendo. A mi juicio, es uno de los más importantes que vamos a debatir durante esta legislatura.
Se ha fundamentado muy bien por el diputado señor Montes, por la diputada señora Carolina Tohá y por el diputado señor Escalona lo importante que es la cultura para un país, para un pueblo. Es tan relevante como la salud, la vivienda y el empleo, y uno de los ingredientes más vitales de la consistencia del país y de su nacionalidad.
La cultura -nos dijo nuestra poetisa- es a un país lo que el alma es al cuerpo. Sin cultura un país no tiene alma. Los seres humanos no podemos vivir sin alegría, sin belleza, sin cultura.
En las últimas intervenciones se hablaba de ese concepto amplio de la cultura como de todo lo que el hombre hace, aquello que nos permite relacionarnos y convivir. El desarrollo cultural de un país es fundamental.
Por lo tanto, discutir en la Cámara de Diputados y formular políticas que fomenten y promuevan el desarrollo cultural es parte de la misión más importante del Congreso. ¡Qué duda cabe! Así lo han manifestado nuestros artistas e intelectuales y las comunidades de todas las regiones.
La cultura no ha tenido prioridad en nuestro país. Es una de las quejas y reproches más importantes que los creadores culturales hacen a nuestra institucionalidad a lo largo de los años. En efecto, el Estado no ha tenido una política constante, consecuente y permanente de apoyo a la actividad cultural. Tampoco han existido normas suficientemente fluidas y expeditas -a pesar de la ley sobre donaciones con fines culturales y otras- para que, desde el sector privado, se apoye en forma consistente el desarrollo de las actividades culturales en nuestro país. Su precariedad se advierte especialmente en nuestras regiones.
No hay un medio, un instrumento o una forma que promueva y estimule a los creadores y artistas en sus actividades, de manera que la cultura se desarrolle a lo largo y ancho del país.
Por lo tanto, una de las virtudes más importantes de este proyecto es que la nueva institucionalidad cultural permitirá que una institucionalidad que se encuentra dispersa, disgregada y atomizada, encuentre un domicilio, una residencia y, por lo tanto, se asiente adecuadamente y adquiera el relieve, la majestad y la importancia que debe tener la cultura. Además, contar con una institucionalidad cultural nos permitirá darle relevancia en la destinación de recursos que la cultura necesita. Una nueva institucionalidad cultural requiere que el Estado y los chilenos le asignemos más fondos a esa actividad.
La nueva institucionalidad exigirá que el 0,03 por ciento se eleve de manera creciente, lo que incrementará los recursos destinados a la actividad cultural.
Los países más cultos cuentan con esa institucionalidad. Algunos han establecido ministerios de la cultura; otros, diversas formas de institucionalidad, pero no hay ningún país moderno, desarrollado, que no cuente con un mecanismo de apoyo del Estado a la actividad cultural.
Al crear la nueva institucionalidad, instalaremos la cultura en nuestro país, que hasta ahora ha estado dispersa, que no ha sido apoyada, sino criticada por todos, en especial por los intelectuales, quienes han denunciado una enorme carencia sobre la materia.
Asimismo, queremos conseguir el otorgamiento de recursos en porcentajes semejantes a los de los países desarrollados. En algunos se llega al cuatro o cinco por ciento del presupuesto nacional para el desarrollo e impulso de actividades culturales. En América Latina, países como Argentina y Brasil asignan muchos más recursos a la actividad cultural de los que nosotros hemos sido capaces de proporcionar.
No es posible pensar en el desarrollo cultural sin libertad. La cultura es, esencialmente, libertaria y crítica; es el cultivo de la inteligencia, de las virtudes, de lo más humano que tenemos los hombres. Por lo tanto, tendremos la posibilidad de realizar un debate crítico, de ampliar los horizontes, de abrirnos e iluminarnos, de dar paso a la imaginación y a la fantasía, de desplegar nuestras potencialidades y capacidades.
No se puede hablar de cultura sin que pueda desplegarse esencialmente en forma libre, otorgando los recursos necesarios para ello. Instalar una institucionalidad cultural no significa cercenar ni castrar la creación de nuestros artistas. Tener un Consejo Nacional de la Cultura descentralizado, desconcentrado -como plantea el artículo 1º del proyecto-, implica que se disemine y distribuya a lo largo y ancho del país.
Para ello, debemos elaborar normas que, consecuentemente, apliquen el principio de que los recursos que entregaremos y la institucionalidad que estableceremos permitan crear en todas las latitudes.
No sólo voy a apoyar en general el proyecto, sino que pido que lo tramitemos con la máxima celeridad, porque llenará un enorme vacío que existe en nuestro país, sobre todo porque dará relieve a las regiones y a nuestros artistas.
Ello no desvirtúa el principio del proyecto: contar con una institucionalidad cultural y con un Consejo Nacional de la Cultura desconcentrado y descentralizado.
El esfuerzo realizado en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación apunta a darle al Fondo Nacional de las Artes y de la Cultura un principio de ejecución descentralizado, cuyos recursos se destinen a las regiones, y que allí se determinen los criterios de apoyo a los proyectos culturales que más convengan para desarrollar la identidad, cultivar las raíces, fomentar las actividades culturales y localizar las actividades culturales, intelectuales, de creación científica y de conocimiento en nuestras regiones.
Es muy importante algo que se ha dicho aquí: en alguna medida, la designación de los representantes del Consejo Nacional de la Cultura, así como de aquellos consejos regionales de cultura, deben darle el máximo protagonismo a las entidades culturales y a las regiones.
En ese sentido, a lo mejor en la segunda discusión en la Comisión, y con el apoyo del Gobierno, será posible introducir algunas modificaciones que le den el máximo protagonismo a las regiones y a las entidades culturales, de manera que el Consejo Nacional y los consejos regionales sean efectivamente expresión de lo que hoy somos culturalmente en el país, y contribuyan a desarrollar y a estimular la cultura en toda la nación.
La institucionalidad que estamos creando -además del Consejo Nacional de la Cultura y de instalar la cultura con una residencia clara en nuestro país, además de los consejos regionales- tiene otra virtud. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 2º del proyecto, el domicilio y sede del Consejo Nacional de la Cultura será la ciudad de Valparaíso, y se constituirán consejos regionales en el territorio nacional.
Ese artículo asegura el principio de descentralización y regionalización, lo que nos parece de la mayor importancia. Sobre este punto, hay que tener presente que Valparaíso está a punto -estamos haciendo todos los esfuerzos para conseguirlo- de ser consagrada una ciudad patrimonio universal de la humanidad.
Haber consensuado en la Comisión que el Consejo Nacional de la Cultura se instale en Valparaíso es un avance en la regionalización y descentralización de la cultura.
Por otra parte, también es posible el mejoramiento de las normas relativas al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, siempre que se garantice efectivamente que a las regiones se les dará el protagonismo necesario para que la cultura se extienda a lo largo y ancho del país.
Es necesario dotar de recursos a los consejos regionales de cultura, puesto que un presupuesto centralizado para el Consejo Nacional no necesariamente asegura que los consejos regionales tendrán los fondos para desarrollar por sí mismos las actividades que se requerirán y la autonomía que necesitan dentro del marco general de la nueva institucionalidad.
Tener una institucionalidad cultural y que el Estado apoye la actividad cultural, no significa, de ningún modo, un intento de controlar la cultura, sino, por el contra-rio, darle la más amplia libertad, el más amplio vuelo y las más amplias posibilidades de contribuir a la creación de nuestros artistas.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señores diputados, hay diez diputados inscritos y el deseo de la Mesa es que puedan intervenir.
Por otra parte, existe el acuerdo de que el proyecto se vote al término del Orden del Día, para lo cual faltan sólo veinte minutos.
Tiene la palabra el diputado señor Becker.
El señor BECKER.-
Señor Presidente , en el ámbito cultural, nuestro país tiene una institucionalidad dispersa, lo que obviamente genera una mala utilización de los recursos y políticas ambiguas, sin objetivos comunes. Existen muchos organismos dependientes de diferentes ministerios, que se abocan a actividades parceladas dentro del ámbito cultural.
Por lo antes expuesto, era de toda lógica que el Ejecutivo enviara al Congreso Nacional un proyecto que dotara a Chile de una institucionalidad moderna, de apoyo y fomento a la cultura; que fortaleciera y organizara de mejor forma la labor que le corresponde al Estado en este ámbito.
El proyecto en análisis, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, en mi opinión logra establecer parcialmente una nueva institucionalidad cultural sin incurrir en grandes gastos para el Estado. Entre sus aspectos positivos, es importante resaltar que el Consejo Nacional se crea con la misma planta y funcionarios a contrata de los organismos que son absorbidos. Ello queda expresamente explicitado en el inciso segundo del artículo 3º transitorio, que indica que la planta que se fije no podrá significar un mayor gasto, una alteración de los gastos ni un incremento en el número de cargos que estén provistos en las plantas de la División de Extensión Cultural y de la Secretaría del Comité Calificador de Donaciones Privadas del Mineduc y del Departamento de Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a la fecha de entrada en vigencia de la ley.
Los cargos que se crearán inicialmente son los de presidente del Consejo Nacional, subdirector nacional y trece directores regionales. En principio, de acuerdo con lo informado, no se crearán nuevos cargos. En todo caso, de ninguna manera podrán exceder de veinte, que es lo que especifica la iniciativa.
Todo lo anterior es muy positivo. Sin embargo, la bancada de Renovación Nacional estima que si se está construyendo una nueva institucionalidad cultural, es absolutamente indispensable que esta nueva organización abarque todos los organismos que actualmente desarrollan actividades en dicho ámbito.
La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Calificación Cinematográfica deberán pasar a integrar, a la brevedad, el Consejo Nacional de la Cultura, como organismos dependientes de éste. El traspaso deberá materializarse lo antes posible, pues si queremos que el proyecto sea integral y se traduzca realmente en un impulso a la cultura, es necesario que un solo organismo centralice esa actividad. En ese sentido, presentamos una indicación que se verá en la Comisión.
Por otro lado, el proyecto crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, que se financiará principalmente con recursos provenientes de la ley de Presupuestos del sector público y, marginalmente, con donaciones u otro tipo de aportes. El Fondo tiene como objetivos principales el fomento de las artes, el desarrollo cultural regional, la conservación y difusión del patrimonio cultural, el desarrollo cultural de pueblos originarios, el desarrollo de la infraestructura cultural y el otorgamiento de becas.
En verdad, en la Comisión estuvimos muy de acuerdo cuando se nos indicó que el 75 por ciento de dichos fondos iría a regiones. Sin embargo, según lo señalado por el diputado señor Montes, dicha indicación es inadmisible. Esto es muy preocupante, especialmente si los recursos se reparten a nivel nacional, porque podría ocurrir lo mismo que en la actualidad con los fondos nacionales del Fondart. Tengo en mi mano la distribución de los fondos nacionales de esa institución en los últimos tres años.
En el año 2000 se distribuyeron 1.362 millones de pesos a nivel nacional, de los cuales la Región Metropolitana obtuvo 1.067 millones; la Tercera Región , 8 millones; la Duodécima Región, 3 millones. En 2001, de 1.634 millones de pesos que se distribuyeron en total, 1.240 millones quedaron en la Región Metropolitana, 2 millones en la Undécima Región y 4 millones de pesos en la Segunda Región. En 2002, de 1.963 millones de pesos, 1.517 millones quedaron en la Región Metropolitana.
Esto es muy preocupante, porque de alguna manera indica que las regiones compiten en total desigualdad, razón por la cual es indispensable que los fondos se dividan entre las regiones.
La bancada de Renovación Nacional dará su apoyo al proyecto siempre que se asegure, en primer lugar, que la Dibam, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Calificación Cinematográfica pasen a depender, en un plazo razonable, del Consejo Nacional de la Cultura; y, en segundo lugar, que se garantice que las regiones tendrán los recursos y la autonomía suficiente para desarrollar integralmente la cultura a nivel regional.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , la ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , presente en la Sala, fue parlamentaria desde 1994 a 1998. Ella, junto con los ex diputados señores Luis Valentín Ferrada e Ignacio Walker , y con los diputados señores Alberto Cardemil , Maximiano Errázuriz y otros colegas, solicitaron a la presidencia de la Cámara de la época que en los encuentros con la civilidad se hiciera un gran encuentro cultural en nuestra Corporación, lo que fue un éxito total y absoluto.
En esa oportunidad, todas las bancadas señalaron la necesidad de hacer un esfuerzo para crear el Consejo Nacional de la Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural.
Como consecuencia de dicho encuentro cultural -es bueno que esto lo sepa la opinión pública, más aún ahora, cuando hay gente que en forma intencional está tratando de desvirtuar el trabajo serio de los diputados-, el Presidente de la República de la época, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , nombró en 1997 una comisión asesora presidencial en materias artístico-culturales, integrada por 17 personas de reconocida trayectoria y prestigio en el ámbito de la cultura, las artes y el patrimonio. También se incluyó a parlamentarios y empresarios.
¿Cuáles fueron las conclusiones de dicha Comisión? Que nuestra actual institucionalidad cultural presentaba una serie de deficiencias y problemas de índoles institucional, administrativa, legislativa y tributaria, que obstaculizaban un mayor desarrollo cultural y artístico en el país. Además, que había problemas de dispersión tanto administrativa como de recursos humanos y financieros, lo que se traducía en insuficiente coordinación, duplicidad de funciones y esfuerzos y en el consiguiente desaprovechamiento de las posibilidades de mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos destinados al desarrollo de la cultura, las artes y la preservación y difusión del patrimonio. También se planteó que hay un excesivo grado de centralismo, porque el grueso de los esfuerzos, recursos, instancias de definición en el tema de política y decisión respecto de la asignación de recursos, que, por cierto, son insuficientes, están radicados mayoritariamente en la Región Metropolitana.
Tal como lo expresó el diputado señor Montes, también me ha correspondido, al menos en ocho o nueve años, participar en la discusión del Presupuesto de la Nación y presidir la Comisión de Educación de esta Cámara, dada mi calidad de profesor. En verdad, los presupuestos para la cultura siempre se han destacado por ser bajos.
Obviamente, se necesita un esfuerzo como país. Quiero recordar que luego del juramento del 11 de marzo de este año, los diputados señores Exequiel Silva , representante de la ciudad de Valdivia; Gabriel Ascencio , que representa un distrito de la Décima Región, y quien les habla, presentamos un proyecto de acuerdo, que fue aprobado por todos los parlamentarios presentes en la Sala, con el objeto de que en el Presupuesto de 2003 se destinaran fondos para el tema del patrimonio cultural, en especial para preservar el patrimonio de la humanidad, monumentos y edificios que no sólo datan del siglo XIX, sino también del siglo XVI, tanto en Chiloé como en Valdivia. Estos son antecedentes claros sobre la importancia de la cultura.
Quiero recordar que la Unesco definió la cultura como el conjunto de factores de tipo espiritual, material, intelectual y sensible que caracterizan a una sociedad, como también a un grupo social. La cultura, sin discusión, constituye una de las principales características que diferencian a la especie humana del resto de los seres vivos. En efecto, nuestra historia está marcada por el desarrollo de nuevas y diversificadas formas de ver y comprender el mundo, y también a nosotros mismos; de comunicarnos y de organizarnos en sociedad, de plantearnos y replantearnos viejos y nuevos problemas y desafíos; de encontrar distintas respuestas y soluciones a lo largo del tiempo y del espacio, teniendo siempre presente, como referente, el pasado común de cada grupo humano, el que absorbemos y enriquecemos, y legamos, después, a las generaciones sucesivas en forma de cultura.
La cultura es el ámbito en el cual se generan e instauran los valores humanistas, los cuales se transmiten de generación en generación. A modo de ejemplo, la Orquesta Sinfónica de nuestra ciudad de Concepción acaba de cumplir 50 años la semana pasada. Cincuenta años entregando cultura gratuita, en especial a los jóvenes y a las personas de menores ingresos. Esto implica un esfuerzo de nuestra Universidad de Concepción, que lo hace con muchas ganas. Ahí tenemos cultura, realidades sobre la forma en que las regiones desarrollan el arte, la creatividad y el hecho de pensar en mayor desarrollo espiritual.
La cultura es una dimensión que involucra a cada uno de los miembros de nuestra sociedad, nos otorga identidad y sentido de pertenencia y nos hace sentir parte de una determinada comunidad, con su historia, su gente, sus distintos orígenes étnicos, sus tradiciones, costumbres, comidas; sus avenidas, puertos, montañas, lagos, ríos, bosques y valles; sus poetas, literatos, narradores, pintores, novelistas, cantos y bailes; sus científicos e intelectuales, su arquitectura y sus leyes.
El desarrollo de la cultura alcanza su plenitud en democracia, ya que sólo en este marco es donde se pueden dar la libertad, el pluralismo, la diversidad, la autono-mía, la tolerancia, el acceso y, especialmente, la participación, el diálogo y la apertura, que son condiciones necesarias para el despliegue del espíritu, del pensamiento, de la creatividad y del libre florecimiento de la imaginación, de las artes y de las letras.
El objetivo fundamental del proyecto en estudio es dotar a Chile de una moderna institucionalidad de apoyo y fomento a la cultura, potenciar la iniciativa de nuestros creadores y artistas, poner la cultura al alcance de todos, sin discriminación alguna, y fortalecer y mejorar la labor que le corresponde al Estado para desarrollarla.
Por eso, en nombre de la bancada Demócrata Cristiana, quiero expresar que todos votaremos a favor el proyecto y que haremos lo mismo en su segundo trámite reglamentario en la Comisión de Educación.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , creo que el proyecto que votaremos llenará un vacío histórico que existe en nuestro país. La conformación de una institucionalidad cultural, como la prevista, es obligatoria cuando lo que triunfa en el siglo XXI es la sociedad del conocimiento, de la creatividad, de la imaginación.
Cuando hablamos de la necesidad de insertarnos en el mundo con una economía con mayor valor agregado, estamos hablando de una economía con más cultura, con más conocimiento. Si en la época primitiva el surgimiento de los jeroglíficos implicó que era posible que el ser humano acumulara conocimiento, hoy, al inicio del siglo XXI, el que nos ocupemos de la cultura y del conocimiento, de la investigación científica y de la creatividad, cuando la memoria informatizada marca el desarrollo de este siglo y seguramente del milenio, significa que debemos ocuparnos de otra forma de conocimiento.
Quiero dar respuesta a algunas de las cosas que se plantearon:
Primero, no estamos creando una autoridad unipersonal, sino un Consejo participativo, con un directorio en el cual el Presidente de la República designará figuras del ámbito cultural a propuesta de los propios actores culturales. Comparto la preocupación expresada por muchos colegas en cuanto a que la composición de los consejos regionales debe ser distinta de la prevista en el proyecto. Solicito al Ejecutivo que, respecto de este tema, también haya flexibilidad, porque no me parece conveniente que todos los consejeros del Consejo Regional de la Cultura sean designados por el Gobierno o por sus autoridades, y que se deje de lado a los consejos regionales. No hay regionalización si los consejos no participan no sólo en la distribución de los recursos, sino tampoco en lo relacionado con las decisiones de carácter cultural.
Segundo, agradezco al Gobierno que haya flexibilizado la urgencia a fin de volver a discutir el artículo 33. Solicito que, en su propuesta, tenga en cuenta la necesidad de un mayor financiamiento de la cultura a nivel regional, porque no puede ocurrir que los fondos que implementaremos para la nueva institucionalidad tengan la misma participación que han tenido hasta ahora los del Fondart, es decir, noventa y tantos por ciento para la Región Metropolitana y recursos extremadamente reducidos para las regiones.
Tercero, en cuanto a la pregunta sobre si debe participar el Estado en la cultura o si ello significa dirigismo, respondo que nos oponemos a cualquier forma de dirigismo, gobierne quien gobernare, porque la cultura es, en primer lugar, pensamiento crítico. No hay dinamismo en una sociedad si no hay pensamiento crítico. La cultura debe dar lugar a la confrontación de opiniones distintas, de formas de ver la vida y el mundo, en las cuales se exprese la crítica a los poderes establecidos. Por tanto, no puede haber dirigismo, sino pensamiento crítico.
Sin embargo, ¿podríamos pensar en un desarrollo de la cultura entregado sólo al mercado, si una parte importante de lo que éste promueve es sólo diversión, la cultura de lo que vende? ¿Podríamos pensar en un desarrollo de la cultura en el marco de un mercado globalizado que tiende a imponer una sola forma cultural, la establecida por quienes dominan ese proceso? El Estado subvenciona la cultura en la mayoría de los países desarrollados. Filmes como los de Rosellini, Pasolini o Fellini no habrían sido posibles sin Cinecittà, es decir, sin el gran aparato cinematográfico financiado por el Estado italiano.
El director y presidente de los audiovisualistas, quien esta semana visitó Estados Unidos, me señaló que recientemente la máquina industrial del cine norteamericano, Hollywood, recibió del Estado 1.800 millones de dólares. ¿Eso es dirigismo? No. El Estado subvenciona, al igual que en Francia e Italia; pero ello no implica dirigismo, porque no interviene en los contenidos de la cultura; sólo subvenciona, fomenta, entrega recursos y posibilita que surjan diversas interpretaciones y formas de creación.
Además del proyecto en debate, en los próximos días votaremos la iniciativa que establece la formación de un nuevo consejo de calificación cinematográfica y que elimina la censura. Espero que pronto discutamos un proyecto que elimine todos los privilegios de las autoridades y establezca, como garantía constitucional, una mayor libertad frente a la creatividad cultural.
El Estado cumple un rol muy importante cuando la cultura es una forma de identidad nacional en el mundo globalizado y también en el desarrollo de la cultura comunitaria, porque se trata de una forma potente de convivencia y sociabilización. Todos los que queremos una sociedad más integrada, no excluyente, debemos luchar por que el Estado entregue aportes que le permitan desarrollarse sobre la base de la cultura.
A mi juicio, falta una cultura democrática como base común de nuestra reflexión, y de nuestros principios y valores. Chile todavía está dividido por el pasado. Más allá de nuestras diferencias, la cultura es la vía que nos puede integrar sobre una base de principios, valores e identidades comunes. Por eso tiene tanta importancia que el Estado constituya un Consejo Nacional de la Cultura y un Fondo que estimule el desarrollo cultural de nuestro país, de modo que germinen miles de flores, miles de escuelas culturales, mil formas de creatividad, que es lo que necesita un país y una sociedad que se enfrenta a la cultura y al conocimiento del siglo XXI.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
Se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra los diputados señores Iván Paredes, Manuel Rojas, Edgardo Riveros y la diputada señora María Angélica Cristi.
De acuerdo con el artículo 85 del Reglamento, el diputado señor Gonzalo Ibáñez solicitó insertar su discurso en el boletín de sesiones si no alcanzaba a intervenir.
¿Habría acuerdo para ampliar el tiempo destinado al Orden del Día, a fin de que los diputados que acabo de mencionar puedan intervenir en el debate?
El señor LEAL.-
Pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , propongo ampliar el tiempo destinado al Orden del Día en 15 ó 20 minutos, a fin de que los colegas mencionados puedan hacer uso de la palabra.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Conforme al artículo 85 del Reglamento, los diputados que así lo deseen pueden insertar sus discursos en la versión de la sesión. De no ser así, quedarían en primer lugar para intervenir en la discusión en particular del proyecto.
Tiene la palabra la ministra de Educación , señora Mariana Aylwin.
La señora AYLWIN, doña Mariana ( ministra de Educación ).-
Señor Presidente , el Gobierno recogerá las inquietudes y sugerencias planteadas por distintos parlamentarios, de modo de discutirlas nuevamente en la Comisión de Educación.
En cuanto a la indicación declarada inadmisible, quiero señalar que el Ejecutivo coincide en el propósito de la misma y que estamos disponibles para concordar una fórmula, en conjunto, en la Comisión de Educación.
Respecto de la inquietud planteada por el diputado señor Becker, en cuanto a la Dibam y el Consejo de Monumentos Nacionales, le señaló que el artículo 6° del proyecto establece que, en la estructura interna que apruebe el directorio, se contemplará a lo menos dos Divisiones: una, en el área de desarrollo cultural y creación artística, y otra, en el área del patrimonio cultural. En una primera etapa, se busca coordinar a la Dibam y al Consejo de Monumentos Nacionales e impulsar su modernización. El espíritu del proyecto contempla una unidad que integre el desarrollo cultural, la expresión artística y el área vinculada con el patrimonio.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El diputado señor Jaramillo también solicitó insertar su discurso.
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , la intervención de la señora ministra nos permite avanzar en el proyecto como era nuestro propósito. Por ello, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar, por cuanto hemos sido escuchados. Si siempre se produjera este diálogo, despacharíamos mucho más rápido los proyectos.
Agradezco a su Señoría que me cediera el uso de la palabra a fin de apoyar lo indicado por la señora ministra.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 14 abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No se alcanzó el quórum requerido.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Señores diputados, hay artículos que requieren quórum calificado, y otros, no.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente , ¿fue proclamada la votación del proyecto?
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En la votación general también se considera el quórum especial que requieren algunos artículos.
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-
Señor Presidente , no está consignado mi voto. Repita la votación.
Un señor DIPUTADO .-
Señor Presidente , cite a reunión de Comités.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Señores diputados, la Mesa no citó a reunión de Comités para repetir la votación, sino para aclarar la situación reglamentaria relacionada con este proyecto, puesto que es la primera vez que se presenta. De manera que no debe pensarse que la reunión tenía por objeto lograr el acuerdo de los Comités para repetir la votación, porque algunos señores diputados no votaron.
Ahora, como más del 90 por ciento del articulado del proyecto es de quórum calificado y requiere 66 votos para su aprobación, al no reunirse esos votos se entiende rechazado. Ésa es la interpretación reglamentaria de la Secretaría y de la Mesa.
Tiene la palabra el ministro secretario general de Gobierno , señor Heraldo Muñoz.
El señor MUÑOZ ( ministro secretario general de Gobierno).-
Señor Presidente , permítame formular dos breves reflexiones de fondo y de forma.
Partiendo por la primera, debo destacar que la necesidad de que exista una institucionalidad cultural en nuestro país se viene discutiendo desde 1998. Originalmente, se planteó la creación de una Dirección Nacional, que posteriormente derivó en un Consejo Nacional de Cultura; es decir, se pasó de una autoridad unipersonal a un órgano colegiado, compuesto por autoridades y personalidades de la sociedad civil.
Como aquí se ha planteado que con este proyecto podría producirse un manejo estatal del área cultural, quiero reiterar que la intención del Ejecutivo dista mucho de ello, porque, tal como ocurre con la salud, con la educación y con la seguridad, el Estado tiene el deber de velar por la cultura. Por lo demás, está establecido en el número 10 del artículo 19 de nuestra Constitución Política.
En países como Francia existe un Ministerio de Cultura. Habría que preguntarse si eso es estatismo o si el Estado maneja la cultura por el solo hecho de existir una estructura central unificada. La alternativa es que no exista nada y que mantengamos la actual situación de dispersión y de fragmentación.
A través de la iniciativa se crea un Consejo, presidido por un funcionario de confianza que tiene el rango de ministro ; se fusionan departamentos y divisiones culturales de varios ministerios, lo que implica ahorro. Además, tan descentralizado es el organismo que su sede está en Valparaíso.
De manera que lamentamos este resultado, porque con ello se perjudica el desarrollo cultural de nuestro país, respecto del cual todos somos responsables.
Muchas gracias, señor Presidente.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES AL FONASA. (Votación).
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 59.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Su votación queda pendiente para la próxima sesión.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, ésta es la tercera vez que se vota este proyecto de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
No, señor diputado es la segunda.
El señor BAYO .-
Señor Presidente , en la sesión anterior se votó dos veces.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Y ésta es la tercera.
El señor BAYO .-
Por eso quiero que me lo aclare.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Queda pendiente para mañana la última votación.
El señor BAYO.-
Gracias, señor Presidente.
El señor ULLOA.-
Cuestión de Reglamento, señor Presidente.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , sin el ánimo de molestar, le pediría que me aclarara la situación, porque tengo entendido que cuando no hay quórum en una tercera oportunidad, el proyecto de acuerdo se da por rechazado.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , en la sesión pasada lo votamos dos veces y no tres, como correspondía. Al terminar en esa ocasión el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo, no se llamó por cinco minutos y quedó pendiente la tercera votación para esta sesión. Es lo mismo que si lo hubiéramos votado dos veces hoy día, quedando pendiente la tercera para mañana.
El señor ULLOA .-
Agradezco su explicación, señor Presidente ; sin embargo, debo recordarle que en la sesión anterior se llamó por cinco minutos y se repitió la votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No es así, señor diputado , porque aquí hay un Secretario y un acta, en la cual queda registrado; incluso, los minutos ocupados en las intervenciones.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
¿Me permite una consulta, señor Presidente?
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Sí, señor diputado .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
¿Eso significa que no se tratarán otros proyectos de acuerdo en esta sesión?
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No, señor diputado .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Se lo pregunto porque este proyecto de acuerdo, cuya votación estaba pendiente, está siendo sometido a un tratamiento diferente, hecho que nunca había ocurrido en la historia de la Cámara.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Al parecer, lo ocurrido nos ha confundido un poco. La votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la sesión de mañana, y será aprobado o rechazado de acuerdo con el resultado que obtenga con esa votación; pero falta una votación todavía.
Se lo voy a explicar de otra forma. Si hubiera correspondido votarlo ahora por primera vez, se vota dos veces, después se llama por cinco minutos, y si, repetida la votación, aún no existe quórum, queda para la sesión siguiente.
En la sesión pasada no se llamó por cinco minutos; se votó sólo dos veces y, por eso, quedó pendiente la tercera para hoy. Al no haberse alcanzado el quórum, queda pendiente para la sesión de mañana, y pasamos a tratar el siguiente proyecto de acuerdo.
-Hablan varios señores diputados.
SANCIONES A EMPRESAS Y MUNICIPALIDADES POR MALA EVACUACIÓN DE GASES EN EDIFICIOS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 60, de los diputados señores Paredes, Riveros; de la diputada señora Eliana Caraball, y de los diputados señores Valenzuela, Bauer, Navarro, Rebolledo y Aníbal Pérez.
“Considerando:
Que cada día constatamos la peligrosa situación relativa al tema del gas en los edificios, en especial en período de invierno, donde resulta común tener noticias que se relacionen con muertes o lesiones graves producidas por emanaciones de gas al interior de los domicilios o, en el mejor de los casos, conocer las estadísticas que hablan de un importante número de edificios rechazados con sello rojo, en los cuales la inminencia de accidentes refleja la peligrosidad de este tema.
Que la Cámara de Diputados, ante el temor nacional que este tema produjo, decidió conformar una comisión investigadora, de cuyo seno han emanado ideas para modificar la ley de Copropiedad Inmobiliaria, la cual merece importantes consideraciones.
Que llama la atención la nula mención que se hace de los orígenes de estos problemas, los cuales, ciertamente, no tienen que ver con administradores, ni con comités de administración, sino que son previos a la existencia misma de éstos. Son la fuente originaria y esencial de los mismos. Dichos problemas dicen relación, al menos en las construcciones más antiguas y en otras no tanto, con la labor que les compete a las direcciones de obras municipales y, por cierto, a las constructoras en el tema señalado.
Que el proyecto de ley debiera ser complementado con indicaciones que introdujeran modificaciones tanto en la ley orgánica Municipal como en la ley general de Urbanismo y Construcción.
Que la idea esencial consiste en que tanto las municipalidades como las empresas constructoras, una vez detectadas falencias en los sistemas de evacuación de gases, sean individuales o colectivas, y que no se deban a la intervención humana, sino a defectos en su construcción, debieran ser solidarias y perpetuamente responsables por los defectos de la construcción, debiendo indemnizar, a todo evento, a los afectados por estos problemas.
Que actualmente las municipalidades se ven eximidas de toda responsabilidad y las empresas constructoras la limitan a cinco años, desde la entrega de los inmuebles, y muchas veces, mediante artificios legales, eluden la responsabilidad que en estos casos les corresponde, ante lo cual ni el más eficiente de los administradores logra hacer responder por estos perjuicios a quienes corresponde. El traspaso de estos arreglos a los copropietarios importa un gravamen improcedente y, en algunos casos, por su elevado costo, imposible de cumplir. En justo derecho, todas estas reparaciones debieran ser cubiertas por las empresas constructoras, sin importar el año de la construcción (en los edificios relativamente nuevos, diez años, por ejemplo), en forma solidaria con los municipios respectivos.
Que debe verificarse también un mecanismo que permita una mayor diligencia y transparencia por parte de las empresas de certificación para evitar las dudas que hoy existen con el sistema.
Que, finalmente, debe permitirse que aquellos vecinos que no admitan las reparaciones en sus ductos, sean sancionados por la administración con el corte del suministro y que se certifique el edificio con exclusión de estos vecinos.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que tome las medidas legislativas del caso, remitiendo, con la mayor brevedad, un mensaje de manera de ampliar la responsabilidad de empresas constructoras y municipalidades, en relación con las diversas irregularidades referidas a la evacuación de gases a que se refiere la ley general de Urbanismo y Construcción”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo viene a complementar los dos proyectos de ley que estamos tratando, relativos al control de gases en los edificios, tema recurrente por el gran número de accidentes y muertes que ha causado.
El proyecto de acuerdo se refiere, específicamente, a la responsabilidad tanto de las empresas que han participado en la construcción de los edificios que presentan defectos en la evacuación de gases como de las direcciones de obras, por el control y la fiscalización que deben ejercer estas últimas durante la construcción de los mismos.
Dice relación con los edificios ya construidos, por cuanto la normativa que rige para los nuevos ha sido modificada. La idea esencial apunta a que tanto las municipalidades y empresas constructoras, una vez detectadas falencias en los sistemas de evacuación de gases -siempre que no se deban a intervención humana, sino que a defectos de construcción-, sean solidarias y perpetuamente responsables por defectos de construcción, debiendo indemnizar a todo evento a los afectados por tales problemas. Debo recordar que la ley sobre calidad de la construcción limita a cinco años la responsabilidad de las empresas constructoras por este concepto; de manera que cuando se presentan estos problemas, después de transcurrido ese tiempo, nadie se hace responsable por los arreglos que es necesario llevar a cabo para mantener habitables los edificios.
Por lo tanto, a través de este proyecto de acuerdo solicitamos al Ejecutivo que tome medidas legislativas en relación con la responsabilidad que les cabe a las empresas constructoras en estos casos, y con la modificación de la ley general de Urbanismo y Construcción respecto de la obligación que deberían tener las direcciones de obras a fin de establecer las sanciones pertinentes.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se va a llamar por cinco minutos a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En votación el proyecto de acuerdo Nº 60.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
EXENCIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR TRANSFERENCIA E INSCRIPCIÓN DE BIENES RAÍCES A ORGANIZACIONES RELIGIOSAS. Modificación de la ley de Rentas Municipales.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 63, de los diputados señores Errázuriz, Barros, Bauer, Paredes y Burgos, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena.
“Considerando:
Que las personas jurídicas religiosas que, a la época de su inscripción en el registro público, hubieren declarado ser propietarias de inmuebles u otros bienes sujetos a registro público, cuyo dominio aparezca a nombre de personas naturales o jurídicas distintas de ellas, podrán, en el plazo de un año contado desde la constitución, regularizar la situación usando los procedimientos de la legislación común, hasta obtener la inscripción correspondiente a su nombre (art. 18, ley N° 19.638).
Que, en el caso de las iglesias evangélicas, muchos inmuebles están a nombre de personas naturales y su transferencia a la iglesia con personalidad jurídica de derecho público tendría un costo muy alto para los interesados, atendida la situación socioeconómica de sus miembros, por concepto de notaría y de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.
Que, no obstante que el traspaso sea facultativo, en la práctica resulta ser necesario, por las dificultades que podrían originarse al fallecer la persona natural propietaria del inmueble dedicado al culto.
Que, por otra parte, la construcción de templos requiere el pago de derechos municipales, en circunstancias de que se trata de bienes destinados a un fin espiritual que va más allá, incluso, que la mera ausencia de un fin de lucro.
La Cámara de Diputados acuerda:
1) Pedir a la Excma. Corte Suprema que solicite a los notarios y conservadores de bienes raíces que eximan del pago de derechos las transferencias e inscripciones de bienes raíces que se hagan en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 19.638, y
2) Solicitar al señor ministro del Interior que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que, modificando la ley de Rentas Municipales, exima del pago de derechos municipales la construcción o ampliación de templos religiosos”.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo fue redactado en función de beneficiar a las iglesias evangélicas, pero tiene validez para todas las iglesias. Su objetivo principal es que la tramitación de los permisos de construcción y las transferencias e inscripciones en el conservador de bienes raíces sean sin costo, en razón de que las iglesias no perciben ingresos ni persiguen fines de lucro. Quizás la iglesia Católica pueda estar en mejor situación, pero no ocurre lo mismo con las demás, en especial con las evangélicas. Tampoco se puede discriminar y decir unas, sí, y otras, no.
Con este proyecto de acuerdo se pretende eliminar las trabas de carácter económico, como, por ejemplo, los permisos de construcción municipales, mediante los cuales se les impone un costo, muchas veces difícil de pagar.
Por otro lado, estamos conscientes de que los parlamentarios no estamos facultados para imponer la gratuidad en los trámites que se llevan a cabo ante conservadores de bienes raíces o notarías. Sin embargo, la Corte Suprema, mediante circular, puede pedir la gratuidad de este tipo de trámites para las iglesias, medida que redundará en que los pocos recursos que poseen sean destinados a sus fines propios y específicos, como es atender el aspecto espiritual de sus miembros.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , creo que éste es un muy buen proyecto de acuerdo, pues las iglesias, en general, desarrollan una enorme labor cívica en pro de una mejor sociedad. Al respecto, es muy notable la tarea que cumplen las iglesias cristianas en la lucha contra el alcoholismo y en la recuperación de jóvenes adictos a la droga.
La aprobación de este proyecto de acuerdo es la mínima reciprocidad, desde el punto de vista cívico, que debiéramos brindar a las iglesias por la importante labor que desarrollan a fin de construir una sociedad mejor.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
De nuevo no hay quórum. Se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En votación el proyecto de acuerdo Nº 63.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Su votación queda pendiente para mañana.
VII. INCIDENTES
PRECISIONES SOBRE VENTA DE DERECHOS DE AGUA.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , la política es una actividad dinámica -nadie duda de ello-, por lo cual normalmente los actores políticos y los parlamentarios nos vemos impelidos a opinar y a construir discursos y argumentaciones sobre diversas materias. Lo anterior, sin embargo, no puede ser excusa para el comentario mentiroso o el argumento falaz y contumaz.
En este contexto de sana reflexión, deseo referirme a las recientes palabras del alcalde de Santiago , señor Joaquín Lavín , quien, al momento de votarse, en el concejo municipal capitalino, la venta de los derechos de gratuidad de aguas del municipio, ha señalado al país, como única argumentación a favor de su posición, que la Concertación ha vendido toda el agua de Chile.
Ese verdadero exceso discursivo del primer político de la Oposición, de su líder indiscutible, induce a un grave error a la opinión pública y refleja falta de conocimiento y de manejo fino y preciso sobre los procesos de incorporación de capital privado en el sector sanitario.
Vamos por parte. En primer lugar, la Concertación no ha vendido toda el agua de Chile. Eso es falso, de falsedad absoluta. Lo que hizo fue permitir la incorporación del sector privado en la administración, en algunos casos, de estas empresas. La Concertación no actuó como lo hizo la derecha económica aliada con el régimen militar, cuando, sin marco regulatorio, sin licitación pública, sin instrucciones de control, sin prensa libre, vendió a vil precio empresas del Estado. Es el caso de Endesa, Entel , Seguros del Estado, Iansa , es decir, un sinfín de empresas, a las que, primero, se las hizo quebrar, para luego adjudicárselas ellos a un precio vil.
En segundo lugar, la Concertación abrió estas empresas al capital privado, amparada en una ley a la cual concurrieron con su aprobación todos los sectores, incluida la Derecha. La misma Derecha que hoy se sienta en este hemiciclo fue la que, con sus votos, contribuyó a aprobar el marco regulatorio que dio pie a la enajenación de los activos de las empresas sanitarias.
Afortunadamente, en el Congreso Nacional es posible reconstruir, paso a paso, la historia fidedigna de la ley, y por eso he recurrido a los boletines de la época en que se llevó a cabo ese proceso, en los cuales aparece la votación de los diputados de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional, quienes aprobaron unánimemente el marco regulatorio que permite incorporar capital privado a dichas empresas.
Ninguno de los actuales diputados o ex diputados, señores Allamand , Bombal , Cardemil , Coloma , Correa, Chadwick , Espina, Fantuzzi , Ferrada , García , Kuschel, Leay, Longton , Longueira , Martínez se opuso al proyecto. Ninguno. Es decir, con sus votos, la Derecha permitió también la incorporación de capital privado. Entonces, es una falacia decir que la Concertación vendió el agua del país.
Incluso -quiero decirlo responsablemente-, las normas a las cuales se opuso la Derecha en esa discusión permitían evitar que toda la propiedad fuera de las empresas que hoy están en el sector privado. Más aún, se opusieron a la gestión con inversión, que era otra forma de traspasar capital a las empresas privadas. Por cierto, querían un régimen mucho más liberal.
¿Qué decía el ex diputado señor Orpis en la sesión de 4 de junio de 1997, quien llevó la batuta de la derecha en esa discusión?: “El problema que advierto es que la Concertación no quiere privatizar ni siquiera con marco regulatorio”. Y sigue: “Tan cierto es lo que señalo, que para desentrampar el proyecto de la Cámara de Diputados fue necesario un acuerdo político, no entre la Oposición y el Gobierno, sino entre diputados de la Concertación que se oponían al proyecto y el Gobierno, y no para respaldar el proyecto original del Ejecutivo”.
¿Qué decía el entonces diputado señor Orpis ?: “Si una persona ajena a esta discusión estuviera presente en la Sala, la simple lógica le indicaría que el proyecto debe aumentar en forma significativa el patrimonio privatizable”. Es decir, la Derecha quería entregar el ciento por ciento del patrimonio de la propiedad de esas empresas al sector privado.
Aún más, el entonces diputado señor Orpis agregó: “La privatización no considera algo fundamental: el traspaso de la propiedad de los derechos de agua que quedan en manos de la Corfo, la cual está facultada para ceder temporalmente el uso a la empresa sanitaria”. Es decir, la Derecha planteó en esa discusión que deberían venderse todos los derechos de agua que tenía el Estado a la empresas que se estaban privatizando.
Por lo tanto, los que han vendido los derechos de agua no hemos sido nosotros. Una vez más, el señor Lavín ha errado medio a medio -las citas de la versión desmienten lo que ha planteado-, pues ha sido la Derecha la que siempre ha querido traspasar al sector privado la totalidad de los activos del Estado. Es conveniente hacer esta aclaración para terminar con esa argumentación falaz.
El único argumento que esgrimió el señor Lavín fue que la Concertación vendió el agua de todos los chilenos. Sin embargo, los pasajes de la versión que he señalado demuestran que no hemos sido nosotros, sino la Derecha, con su votación y argumentación, la que permitió que los derechos de agua de la Corfo fueran traspasados al sector privado.
He dicho.
RIESGOS SANITARIOS ANTE EVENTUAL CARENCIA DE VACUNA ANTIRRÁBICA. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Sánchez .
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , Chile, a través de su historia, ha sido pionero en la erradicación y control de enfermedades, en especial a través de la acción del Instituto de Salud Pública, ex Instituto Bacteriológico de Chile. No obstante, dicho instituto ha determinado dejar de fabricar la vacuna antirrábica, desarrollada con tecnología, profesionales y científicos chilenos y utilizada profusamente en muchas partes del mundo, porque, aparentemente, ha sido sobrepasado por la tecnología.
Como en la actualidad el país no cuenta con vacuna antirrábica para uso humano ni animal, pido que se oficie al ministro de Salud a fin de que nos informe cómo se pretende solucionar, a la brevedad posible, su carencia, porque se debe tener presente que cada cierto tiempo surgen rebrotes de rabia animal.
Como dicha enfermedad es una zoonosis, es decir, se transmite de los animales al hombre, y viceversa, estamos ante un riesgo de salud pública. Por ello, el Ministerio de Salud debe buscar alternativas ante el término de la fabricación de dicha vacuna.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE VENTA DE EMPRESA MASISA. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , quiero referirme a lo que, en la prensa de mi región -la de Los Lagos-, aparece como noticia económica muy interesante, pero que para mí es muy curiosa.
Los medios de comunicación califican como positiva la venta de una empresa de la ciudad de Valdivia a capitales extranjeros, noticia que, sin lugar a dudas, ha causado preocupación entre los habitantes del sur, porque para nadie es un misterio que esa clase de operaciones puede tener repercusiones sobre el empleo y sobre las proyecciones de mediano plazo que efectúan las empresas de la región.
Para quien habla, esa noticia, más que asombro, ha provocado una tremenda inquietud, porque aún está patente lo que sucedió años atrás con Iansa, empresa nacional que fue creada para dar más trabajo al sur de Chile y a la agricultura. Sin embargo, en la actualidad pertenece a capitales extranjeros, está muy minimizada y ya no cumple el objetivo para el que fue creada.
Por eso, concuerdo con las inquietudes formuladas en el diario “La Tercera” del domingo pasado, por el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, señor Hernán Somerville , quien habla del retiro de posesiones de empresas y capitales transnacionales del país. En el fondo, manifiesta su preocupación por el hecho de que inversionistas extranjeros comenzaron a liquidar utilidades para salir de América Latina -lo que incluye a Chile-, como consecuencia, según señala, de la situación de las economías regionales, especialmente impactadas por los fenómenos que acontecen en nuestro continente. Al respecto, cabe preguntarse por qué capitales chilenos no podrían seguir el mismo rumbo, pues, quizás para ellos, no deja de ser interesante la inversión en tierras lejanas.
Desde esa perspectiva, surge necesariamente la duda respecto de si será o no bueno vender empresas chilenas y sobre los aspectos a los que estamos sujetos en lo económico, lo cual debe ser regulado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Si bien, por distintas razones, la respuesta no es sencilla -entre otras, porque estamos en una economía de libre mercado-, la decisión de capitales nacionales es en cuanto a que debiera ser revisada.
Quienes nos hemos preocupado en forma permanente de la economía, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Debemos optar por un desarrollo fundado en los procesos productivos reales, en empresas que producen y dan trabajo, o debemos generar condiciones para la especulación por parte del capital?
Una vez más, la respuesta no es sencilla. Sin embargo, aún tengo en la mente las palabras del Presidente de Argentina , señor Eduardo Duhalde , quien, al asumir su cargo, reconoció que durante el decenio pasado Argentina fue el paraíso de la especulación financiera.
Termino haciendo un llamado a observar con más detenimiento los procesos de adquisición de empresas y de asociación con el sector externo, pues la empresa transnacional, esencialmente es golondrina, tal como lo demuestran los hechos relatados por el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, quien señaló que éstas liquidan los capitales y salen de un país cuando ven que hay problemas. Las dificultades sociales que dejan a su paso son tremendas, pero dichas empresas las asumen con un costo menor para ellas. Ésa es una materia sobre la cual se debe reflexionar.
En consecuencia, pido que se oficie para que la Superintendencia de Valores y Seguros dé a conocer los antecedentes y sus dudas acerca de la venta de la empresa Masisa.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
IRREGULARIDADES EN ACCIÓN DE DIPLOMÁTICO BRASILEÑO. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , el 24 de junio pasado el vicecónsul de Brasil en Chile, señor William Fernandes Matos , llegó a bordo de su automóvil con patente diplomática, junto con su chofer, a una casa ubicada en la población San Ricardo , comuna de La Pintana, desde donde pretendió sacar de su domicilio al menor Víctor Martínez Rodríguez , hijo de madre brasileña y de padre chileno. El inmueble en el cual se encontraba el niño correspondía al domicilio de la abuela paterna.
El vicecónsul de Brasil llegó al lugar sin orden judicial alguna, sino simplemente porque la madre del menor se lo había pedido, y pretendió subirlo al auto para, posteriormente, sacarlo del país. Salió con el niño llorando, pues quería quedarse en la casa de su padre. Sin embargo, cuando se habían alejado algunos metros, regresó a buscar la ropa del niño. En ese momento, dos hermanos del padre interceptaron el vehículo diplomático -uno se puso enfrente, y el otro, detrás del auto-, mientras los vecinos llamaban a Carabineros de la 41ª Comisaría de La Pintana. Cuando el vehículo diplomático fue rodeado por la policía, el señor vicecónsul exhibió sus credenciales y Carabineros no supo qué hacer, por lo que finalmente se retiró. El vehículo también se fue, pero sin el niño.
Con posterioridad, el vicecónsul hizo gestiones ante la Corporación de Asistencia Judicial para tratar de obtener la salida del niño del país.
Hoy, ese niño, de siete años, enfermo de ambas piernas y con una afección cardíaca, la que necesita ser atendida médicamente, está con orden de arraigo para evitar que salga del país. Fue matriculado por su madre -como dije, de nacionalidad brasileña- y por su padre en el Colegio Víctor Jara, de La Pintana. Sin embargo, la madre inventó que estaba secuestrado por el padre, pese a que ella misma vivía en esa casa.
Este hecho es extraordinariamente grave. Días atrás me reuní con el embajador señor Patricio Torres, encargado de los cónsules acreditados en Chile, para pedirle que se investigara este hecho y que se adoptaran las sanciones que correspondieran respecto del vicecónsul de Brasil en Chile, señor William Fernandes Matos .
Solicito que, en mi nombre, se oficie a la señora ministra de Relaciones Exteriores , con copia de esta intervención, a fin de que nos informe respecto del resultado de la investigación realizada por la Cancillería y sobre las medidas que se ha dispuesto adoptar en este caso.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Meza y de los señores diputados de la UDI y de la Democracia Cristiana presentes en la Sala.
APLICACIÓN DE SANCIÓN POR ERROR JUDICIAL COMETIDO EN NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA .-
Señor Presidente , una aparente negligencia en la entrega de información oportuna por parte del fiscal al juzgado de garantía de Villarrica provocó una injusta detención en contra de una mujer, a todas luces inocente, como demostraremos a continuación, y su posterior traslado desde Temuco al recinto penal de la ciudad lacustre, donde sufrió las consecuencias propias de una detención de esta naturaleza.
El 2 de mayo pasado, la señora Clara Sánchez , de 56 años de edad, trasladó unos bienes muebles de su propiedad desde Villarrica a Temuco debido a que se encontraban afectos a una medida de retención por una acción civil de cobro de arriendo interpuesta por el propietario del local que ella arrendaba como restorán hasta marzo pasado.
Este traslado -según consta en documento- fue avisado y autorizado oportunamente por el juzgado de letras de Villarrica . Pese a ello, el propietario del local interpuso, a través del abogado señor Roberto Morales , una querella por depositario alzado, es decir, vulneración de la medida precautoria de retención. Ésta fue investigada por la fiscal de la ciudad de Villarrica, señora Tatiana Esquivel , quien con motivo de la querella, pidió al juzgado de garantía que citara a la señora Sánchez a una audiencia que quedó fijada para el 27 de junio pasado. Sin embargo, en el intertanto los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo escrito mediante el cual el querellante se desistió de la acción penal y reconoció la autorización de traslado de los bienes muebles de la señora Sánchez desde Villarrica a Temuco.
Hasta aquí todo estaba bien. Incluso, este acuerdo fue notificado por el abogado a la fiscalía de Villarrica, con fecha 7 de junio de 2002, de modo que ésta ya estaba en condiciones de suspender la primera audiencia, porque las partes habían llegado a un acuerdo en torno del traslado de los bienes.
Aún más, no conforme con esta presentación, el esposo de la señora Sánchez, don Hugo Cruz , viajó a Villarrica dos días antes de la fecha fijada para la audiencia y tomó contacto con su abogado y con el de la contraparte, oportunidad en la que ambos le aseguraron que todo se había hecho en regla y que no había ninguna razón para concurrir al juzgado de garantía.
Lo que no sabían -y aquí viene el problema- es que la fiscalía no comunicó este acuerdo al juzgado, a raíz de lo cual el juez de garantía de Villarrica , señor Miguel García , decretó una orden de arresto en contra de la señora Clara Sánchez por su ausencia injustificada en la audiencia del 27 de junio. Dicha orden facultó el allanamiento del domicilio o del lugar donde se encontrara, y su ingreso al centro de cumplimiento penal de Villarrica.
Así las cosas, el viernes 5 de julio la señora Sánchez fue arrestada en la casa de Temuco. La Policía de Investigaciones registró completamente su domicilio y la sacó esposada a las ocho de la mañana, trasladándola hasta la cárcel de Villarrica, lugar en el que fue fichada y recluida, por largas horas, junto a las otras internas. Ella dice: “Me trataron como a una delincuente, sin la menor consideración al hecho de que sufro de depresión endógena, presión alta, cardiopatía congénita, razón por la cual debo tomar seis tipos de medicamentos diarios”. Luego, fue conducida desde el recinto penal, esposada, hasta el juzgado de garantía de Villarrica. En la propia audiencia, la fiscal Tatiana Esquivel dio cuenta de su error y reconoció que no existía ninguna querella en contra de la señora Clara Sánchez , tras lo cual la jueza Adriana Knopel ordenó su liberación inmediata.
Ahora, la señora Clara me dice: “¿Quién me responde por la humillación y el trato recibido en forma totalmente injusta, en circunstancias de que seguí todos los conductos establecidos y aún así me trataron como a una delincuente?”.
Por todo lo expuesto, solicito que se oficie a la fiscal regional de la Novena Región, señora Esmirna Vidal , y al fiscal nacional, señor Guillermo Piedrabuena , para que instruyan una investigación a fin de sancionar con el máximo rigor a los responsables de esta situación.
Considero indispensable que el Ministerio Público dé una respuesta ejemplar y deje claramente establecido que no tolerará errores de ningún tipo cuando esté en juego la dignidad de las personas.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con el texto de su intervención, para mayor claridad, y con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Lagos, Luksic , Egaña, Díaz y de quien preside.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE RESGUARDO EN FAVOR DE NIÑOS DE INTERNADO DE COCHAMÓ. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Eduardo Lagos.
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , en los últimos días, hemos sido testigos de innumerables informes e investigaciones de medios de comunicación, en los cuales se da cuenta de atropellos en contra de los derechos de los niños. Esta situación ha dado pie a una discusión, que hoy se está desarrollando, para la presentación de un proyecto de ley que, sobre la base de esos antecedentes, considere un castigo efectivo a quienes incurren en este tipo de conductas pedofílicas.
En este contexto, quiero informar que, hace algunos meses, en mi distrito, en el internado de la localidad de Llanada Grande, en la comuna de Cochamó, se denunciaron hechos de este tipo, los cuales fueron puestos en conocimiento del gobierno regional por el intendente, y también por el Sename regional.
Pido que se oficie al intendente de la Décima Región de Los Lagos , señor Patricio Vallespín , y a las instituciones que han formado parte de las investigaciones o del trabajo de reconocer los antecedentes presentados, para que informen a esta Cámara sobre los resultados y las acciones que se han emprendido para resguardar los derechos de los niños que hoy están estudiando en dicho internado.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA DE EMERGENCIA EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , los habitantes de Arica y de Parinacota están pensando en recurrir a un sahumerio o en rogar a Dios para que no ocurran más catástrofes naturales ni pérdidas de vidas humanas por asesinatos y violaciones.
Como es de conocimiento público, la Primera Región , en especial las comunas de Arica, de General Lagos, de Parinacota, así como localidades urbanas y rurales ubicadas en el extremo norte del país, han sufrido en el último tiempo fenómenos climáticos que pusieron en evidencia la precariedad de toda la infraestructura urbana, tanto pública como privada, existente en la zona.
Junto con lamentar las enormes pérdidas económicas que esto ha significado para nuestra economía regional, no puedo dejar de expresar mi preocupación por las falencias que se han detectado a raíz de estos fenómenos climáticos, los cuales dejaron de manifiesto que las comunas afectadas no están preparadas para enfrentar ningún tipo de emergencia, ni menos para resistir un eventual terremoto o tsunami.
Tras recorrer las zonas afectadas, de ayudar a miles de personas que fueron perjudicadas por estas inclemencias, de conocer los dramas humanos de cientos de familias que perdieron parte de sus casas, en especial sus techos, se ha podido constatar que nuestra región y sus provincias requieren con urgencia la implementación de políticas claras, efectivas y, en especial, impulsadas por el Estado.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro del Interior para que disponga, en el más breve plazo, la entrega de los recursos indispensables para que definitivamente se establezca una oficina de emergencia -con radios, generadores y personal necesario- para enfrentar los desastres en Arica y en Parinacota.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
NÚMERO DE FUNCIONARIOS EN CONTROL FRONTERIZO DE LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , desde esta tribuna, he denunciado, en reiteradas ocasiones, lo que está pasando en el norte chileno con las bandas organizadas de narcotráfico. Al parecer, en esas ocasiones mi voz no ha sido suficientemente fuerte o, tal vez, no han querido escucharla, para no involucrarse en un tema muy sórdido, que ocurre lejos, en el norte de Chile.
No tengo otra explicación de por qué siguen ocurriendo hechos que todos conocen, pero respecto de los cuales muy pocos hacen algo para detenerlos. El avance de los narcotraficantes es implacable en nuestra población, principalmente entre los jóvenes. El dinero fácil, la vida cómoda, la escasez de fuentes de trabajo en Arica, las casi nulas expectativas de desarrollo y de posibilidades para una población que clama hace mucho tiempo por ayuda -sin el ánimo de justificar estas acciones-, pueden ser elementos que utilizan las bandas para reclutar a jóvenes, a mujeres solas, a hombres cesantes, etcétera, quienes se exponen a transportar la droga hacia Chile para luego embarcarla hacia Estados Unidos o Europa.
No me gusta decir que lo advertí, pero en esta oportunidad lamento tener que expresarlo. Advertí hace mucho tiempo al país, y en especial al Gobierno, a través de sus ministerios, que si no se adoptaba una política clara de control, de persecución y de represión de estas bandas organizadas, Chile se convertiría en un paraíso para transportar drogas, del cual el norte sería su pasillo.
¿Cuántos oficios he solicitado que se envíen al Ejecutivo para que dispusiera la entrega de nuevos recursos y de más funcionarios? También -por qué no decirlo- para que se tuviera especial preocupación a fin de solucionar un gravísimo problema que se estaba generando en el norte, en especial en el primer distrito. Es allí donde principalmente debemos poner atajo a las oscuras redes de transporte que se emplean para mover la droga desde Perú.
He pedido recursos para más personal y equipamiento para nuestra policía. Pero ¿qué ha ocurrido?
Después de todos esos oficios que envié, el diario “La Segunda” de ayer dio a conocer una exhaustiva investigación que realizó, en fecha reciente, el prestigioso diario “El Comercio”, de Lima, relacionada con el tráfico de drogas en el norte de Chile, que ha dejado al descubierto las falencias de nuestros controles fronterizos para contener la oleada de narcotraficantes que ingresan al país.
¿Qué ha dicho ese diario peruano? Que, aprovechando el poco control existente en la frontera entre Perú y Chile, unas ochenta bandas de narcotraficantes peruanos la han convertido en la puerta de salida de sus cargamentos ilegales. Ha dicho también que sólo en el traslado de los estupefacientes participan más de mil personas, entre hombres y mujeres; que el traslado de la droga se efectúa con la protección de miembros del grupo extremista Sendero Luminoso y que las bandas utilizan el temor de los habitantes de pequeños poblados para llevar la droga a Arica durante la noche.
En definitiva, el diario peruano ha indicado que las bandas de narcotraficantes pasan durante las noches sus fatídicos cargamentos, sin que nosotros, los chilenos, podamos detectarlos, ya que aprovechan los cambios de guardia y las condiciones del clima, como la niebla, para burlar todo tipo de control.
Más claro es echarle agua. Desde un país en el que se produce y exporta la droga se nos está diciendo cómo detener a los narcotraficantes.
Se ha criticado mucho la actuación de las policías. Sin embargo, no se puede dejar de preguntar a las máximas autoridades del país qué pasa con el norte chileno, ya que a las bandas de narcotraficantes aún no se las puede detener, pese a que un diario peruano les está indicando cómo pasan la droga hacia nuestro territorio.
Ocurre que la falta de funcionarios es sólo porque el gobierno central no ha otorgado los recursos correspondientes.
Los colegas me conocen. No soy una persona que se deje amedrentar, pese a que en mi vida, mientras he denunciado a narcotraficantes, he podido experimentar el temor que ellos infunden en la gente de perder lo que uno más aprecia: la propia vida y la de aquellos que uno más quiere. Pero yo he hecho un compromiso con la gente de Arica; con aquella gente que no quiere más tráfico de drogas; con aquella que no quiere ver a sus hijos drogados o que lleguen a matar por dinero para seguir drogándose, como hemos visto a través de los medios de comunicación. Ésa es la gente que me motiva a seguir denunciando las redes de influencia, corrupción y miedo que tejen los narcotraficantes para continuar con su ilícito negocio, envenenando la mente y los cuerpos de miles de personas a lo largo y ancho del país.
Debido a que nuestro sistema está fallando y a que no son sólo responsables la policía ni los agentes de aduana, sino que todos lo somos, solicito que se oficie al ministro del Interior con el objeto de que nos indique, específicamente, cuántos funcionarios de Investigaciones, de Carabineros, de Aduana y del SAG están vigilando la frontera en el norte.
Asimismo, deseo preguntarle: ¿Habrá llegado la hora -si no somos capaces en Chile de detener a los narcotraficantes- de que nos deban indicar desde otro país lo que tenemos que hacer, y pedir ayuda externa para combatir este flagelo?
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra le diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , ya en otras oportunidades he denunciado en esta Cámara problemas en los programas de absorción de mano de obra.
Así, con fecha 8 de mayo pedí que, por oficio, se informara sobre los programas de absorción de mano de obra, a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis , de la provincia de Concepción.
También denuncié que en el programa Fosac, Fondo Social de Absorción de la Cesantía, que recibe recursos del Ministerio del Interior que administran las gobernaciones y fiscaliza la Intendencia, se detectaron graves irregularidades que han significado la renuncia de la gobernadora de la provincia de Concepción.
El Fosis nos informó que el número de personas beneficiadas por el programa, en el año 2001, alcanzó a 3.301. Pero nosotros queremos que nos digan sus nombres, apellidos y cédulas de identidad de cada una de ellas, porque estamos conscientes de que se están cometiendo algunas graves irregularidades en la entrega de ese beneficio.
Si bien la información que entregó la ministra de Mideplan , señora Cecilia Pérez , dice, en una de sus partes, que el listado de beneficiarios de las comunas de San Pedro, de Concepción y de Chiguayante se encuentra publicado en las páginas web del Fosis, resulta que, a raíz de las investigaciones y auditorías que se están haciendo en las cuatro gobernaciones de la Octava Región y en otros organismos relacionados con la administración de los planes de absorción de mano de obra, dichos listados han desaparecido.
Por lo tanto, reitero la petición que hice en su oportunidad para que se entregue toda la información relacionada con los beneficiados en los programas de absorción de mano de obra del Fosis en la Octava Región, quienes son, exactamente, las 3.301 personas. Además, que se nos informe sobre los planes de absorción de mano de obra que está ejecutando el Fosis, porque tenemos información de que también ahí se están cometiendo irregularidades.
Solicito asimismo que se pida a la referida ministra que remita todos los antecedentes correspondientes a la Corporación Encuentro, que ha administrado algunos planes de absorción de mano de obra, respecto de los cuales se requiere una investigación.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ANTECEDENTES SOBRE CAMBIO DE TRAZADO DE CARRETERA DE LA COSTA EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Eduardo Díaz .
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , la carretera de la costa forma parte de un diseño estratégico de caminos alternativos a la Ruta 5 Sur. Sus primeros estudios se remontan al proyecto Chile 21, encabezado por don Mario Arnello Romo en la época del gobierno militar.
Concretamente, las obras, desde la Octava Región al sur, se iniciaron cuando era ministro de Obras Públicas don Ricardo Lagos . En las comunas costeras de mi región, la llegada de ese notable avance fue motivo de gran entusiasmo. Sin embargo, la silenciosa labor del cuerpo militar del trabajo en la construcción de esta carretera costera ha sido entorpecida por quienes pretenden evitar su realización. Se trata de algunos pocos fundamentalistas financiados por huincas extranjeros de ojos azules, quienes se oponen a la concreción de esa obra porque consideran que, a través de dicha acción, se puede preservar la cultura mapuche.
Tanto nosotros como las comunidades pensamos que es perfectamente compatible preservar la cultura, pero, al mismo tiempo, derrotar el aislamiento que sufren y la pobreza.
Hoy vengo a denunciar que el trazado ofrecido a los vecinos de amplios sectores de la comuna de Puerto Saavedra, en la zona costera de la región más pobre del país, ha sido sorpresivamente alterado, a tal punto que, siguiendo las directrices del alcalde de dicha comuna, Domingo Ñancupil Baeza , y del fundamentalismo indigenista, la carretera de la costa se ha alejado más de veinticinco kilómetros tierra adentro. En efecto, el alcalde ha informado que la carretera, definitivamente, no se construirá a orillas del mar, en la zona del lago Budi, como estaba proyectada inicialmente y, a cambio, ofrece -porque es responsable de esta situación, según se desprende de los oficios que envió al Ministerio de Obras Públicas- a las comunidades, utópicamente, el mejoramiento de los caminos que actualmente atraviesan la zona, los que son de muy mala calidad. Digo que su ofrecimiento es utópico, por no decir imposible, ya que conseguir financiamiento para rehacer esas vías tomará muchos años, en los cuales aumentará la pobreza y el aislamiento. Mientras la carretera de la costa cuenta con fondos asignados para su construcción y, de hecho, los equipos de trabajo están con la maquinaria en terreno y listos para iniciar las obras, el camino alternativo ofrecido por el alcalde de Puerto Saavedra es sólo un sueño, a muchos años plazo, para calmar la ira de las comunidades que se han visto afectadas por el cambio del trazado logrado por las presiones que él ejerció.
Estos cambios frustran los deseos de las comunidades campesinas mapuches más pobres del sector Budi, las que esperaban contar con esa nueva carretera como una herramienta de integración y de progreso, y como una forma de derrotar su pobreza. Además, al desplazarla hacia el interior se desvirtúa todo el sentido de la construcción de la carretera de la costa.
Al parecer, el alcalde de la comuna de Puerto Saavedra y las autoridades regionales de Obras Públicas de La Araucanía , aliados en la oposición a que la carretera de la costa atraviese el territorio de esa comuna, a lo mejor no se han dado cuenta del tremendo daño que están causando a los sueños de progreso de los más pobres de la región. Además, con su actuación colaboran a dilapidar recursos públicos: los más de 4.000 millones de pesos invertidos en la construcción de los puentes Tranapuente y Budi, que formarían parte de la planificada futura red vial costera; pero ahora se convierten en inútiles elefantes blancos y en monumentos a la ineptitud de ciertas autoridades.
Quitarles la carretera de la costa a los campesinos del sector Budi es mantenerlos en el aislamiento, sin locomoción, sin acceso a la salud, sin trabajo, sin que los niños puedan acceder a la educación en forma más fácil, sin un futuro para los hijos de los loncos, las papai y los peñi y para sus familias. Esto es un grave atentado contra la justicia social que se merecen los habitantes -insisto- de la comuna y de la región más pobres de Chile.
Son cómplices de este vejamen todos los que secundan la idea de sacar de su trazado original la carretera de la costa en la comuna de Puerto Saavedra.
Por tanto, pido que se oficie a los señores ministro y subsecretario de Obras Públicas a fin de que expliquen quién tomó la decisión de cambiar el mencionado trazado, y para que adopten las medidas que impidan que esta modificación se concrete, y que toda la comunidad de los sectores de Conin Budi, Pu Budi, Collileufu Grande , Collileufu Chico , Traguatragua, Piedra Alta y Puaucho, en la comuna de Saavedra, sea consultada formalmente al respecto y a través de procedimientos transparentes y democráticos.
Pido también que se oficie al señor intendente de la Región de La Araucanía para que realice en forma urgente una reunión con la totalidad de los vecinos de los sectores indicados, de manera que se convenza, en terreno, de que un cambio de trazado se opone a los deseos de la gran mayoría de los habitantes de esas comunidades.
Además, solicito que se oficie al alcalde de la comuna de Puerto Saavedra a fin de que envíe a esta Cámara copia de las actas de todas las reuniones celebradas con los representantes de las comunidades señaladas acerca del tema, especialmente de las realizadas en su comuna los días 13 de abril y 11 de mayo de 2002. Asimismo, que explique cómo es posible que en una declaración de prensa en Temuco, el 10 de julio recién pasado, haya dicho que su municipio y él no tienen nada que ver con la eliminación de la carretera del sector de Budi, cuando él mismo reconoce lo contrario en el oficio ordinario Nº 401, de 17 de mayo pasado, firmado por él, Domingo Ñancupil Baeza , alcalde, a la señora seremi de Obras Públicas de La Araucanía .
Finalmente, pido adjuntar copia íntegra de mi intervención al señor alcalde y al concejo municipal de la comuna de Puerto Saavedra.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría con el texto de su intervención, para mejor comprensión, y la adhesión de los señores diputados de su bancada.
ACLARACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE ATENTADOS SEXUALES. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , quisiera referirme y entregar algunos antecedentes respecto a la polémica que se ha originado como consecuencia de declaraciones del senador señor Alberto Espina en cuanto a que el Centro de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales, Cavas, dependiente de la Policía de Investigaciones, no ha recibido recursos para la constatación de la veracidad de las agresiones sexuales.
De acuerdo con antecedentes que he podido recopilar, durante el año 2001, de 8.671 denuncias sobre delitos sexuales, respecto de 1.215 casos se pidió informe al Cavas; sobre el resto no fue necesario o se solicitó a otros organismos, como el Servicio Médico Legal o instituciones del Sename. El Cavas respondió respecto de 803 casos, y 412 casos fueron derivados a centros de protección infanto-juvenil del Servicio Nacional de Menores.
Claramente, aquí estamos frente a una denuncia que no tiene fundamento, porque en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y, posteriormente, en esta Sala, modificamos los artículos referidos a delitos sexuales, en el sentido de que no solamente el Cavas, el Sename o el Servicio Médico Legal son los únicos organismos que pueden acreditar la existencia de un delito sexual. Tanto es así que, incluso, debido a la premura con que se deben tomar las huellas antes de que se borren -cuando se cometen estos delitos sexuales-, establecimos la posibilidad de que la víctima pudiera concurrir a una institución de salud privada para acreditar que, efectivamente, han abusado de ella. Posteriormente, el informe emanado de ese centro privado es ratificado por el Instituto Médico Legal.
He entregado estos antecedentes para puntualizar que el Gobierno ha cumplido con el Cavas. Cabe precisar que, desde el año 2001 a la fecha, ha aumentado sus recursos en más de un 50 por ciento, y el personal, sólo en ese año, ha subido de 21 a 32 funcionarios. Sé que aún falta mucho por hacer, pero afirmar que el Cavas no ha recibido ningún tipo de ayuda es faltar a la verdad, como, asimismo, lo es sostener que es el único organismo que acredita la comisión de delitos sexuales, por cuanto también existen otros, como los que he mencionado.
Señor Presidente , por último, solicito que esta intervención sea enviada a la Policía de Investigaciones, al Cavas y a los Ministerios de Justicia y del Interior -respecto de este último, concretamente a la Subsecretaría del Interior-.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, junto con el texto de su intervención; además, al senador señor Espina a fin de que pueda informarse de sus expresiones, y con la adhesión de la bancada Demócrata Cristiana y de quien habla.
NEGATIVA A INGRESO DE PARLAMENTARIA EN HOGAR SANTA TERESA DE LOS ANDES, DE SAN FERNANDO. Oficios.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por cuatro minutos, la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , deseo solicitar que se oficie al ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez , y a la directora del Servicio Nacional de Menores , Sename, señora Delia del Gatto .
La Constitución Política nos faculta a los parlamentarios para fiscalizar las instituciones y correcto uso de los recursos del Estado. El viernes recién pasado visité el hogar Santa Teresa de Los Andes, en San Fernando, dependiente de la Corporación Municipal de esa misma comuna, a la cual se le entregan recursos provenientes del Ministerio de Justicia a través del Sename.
Con gran asombro de mi parte, la directora de dicho hogar me informó que no está autorizada para recibir a parlamentarios, y me impidió no sólo visitar las dependencias del lugar, sino también conversar con las niñas que ahí se encuentran, quienes, en ese momento, no contaban con gas para bañarse con agua caliente ni para cocinar el fin de semana. Al mismo tiempo, debo señalar que las raciones alimentarias son deficitarias en cantidad y calidad nutricional. Me pregunto: ¿por qué se impide el paso a una diputada de la República ? ¿Qué más tendrá que ocultar esa Corporación Municipal?
Señor Presidente , adjunto el oficio ordinario Nº 348, de la Corporación Municipal de San Fernando, en el cual se consigna que las autoridades y parlamentarios requieren de una autorización suya para realizar nuestro trabajo de fiscalización, entorpeciendo así el ejercicio de las atribuciones que nos entrega la Carta Fundamental.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Lorenzini y de quien preside la sesión.
DENUNCIA POR DESCUENTOS A DOCENTES NO ENTERADOS A INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES POR ALCALDE DE SAN FERNANDO. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente , el segundo oficio es para la ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , a fin de informarle sobre la paralización, de carácter indefinido, en que se encuentran aproximadamente novecientos profesores de la comuna de San Fernando.
Este paro se origina en el hecho de que la Corporación Municipal de San Fernando ha realizado descuentos a sus profesores, por planilla, desde hace aproximadamente siete meses, para cancelar los pagos de instituciones como Coopeuch, Compañía de Seguros, Fundación López Pérez y Servicoop. A raíz de que estos descuentos no se han enterado en forma debida y oportuna a estas instituciones, estos profesores se encuentran morosos y en cobranza judicial; además, corren el riesgo de ser enviados a Dicom, con la consecuente imposibilidad de pedir créditos básicos, como lo son aquellos destinados a financiar operaciones graves o a la educación de sus hijos.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Lorenzini .
INSPECCIONES A EMPRESA ALIMENTARIA HENDAYA S.A.G. Oficio.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , antes de realizar mi intervención, expreso a mi camarada Alejandra Sepúlveda , diputada desde marzo de este año, quien está efectuando su trabajo con mucho empeño, que durante los años que le quedan como parlamentaria -esperamos que sean muchos más-, encontrará numerosos problemas. No sólo en la zona de San Fernando impiden hacer el trabajo a los diputados, sino también en otras regiones. Esperamos que, con el tiempo, valoren su aporte y la dejen entrar en todas las instituciones a las que le corresponda fiscalizar.
A la Junaeb le compete controlar aquellas empresas que entregan raciones alimentarias a los niños. Por ejemplo, en la ciudad de Constitución, en una revisión efectuada a la empresa de alimentación Hendaya S.A.G., que ha obtenido varias licitaciones en la zona -obviamente hay que revisar que todas las dietas cumplan con las proteínas que deben recibir los niños, tanto en su desayuno como en su almuerzo-, se registró un porcentaje de uno por ciento bajo los estándares permitidos. En forma inmediata, la empresa despidió a siete manipuladoras, que son mamás. Una de ellas llevaba veinte años trabajando en la empresa.
Si no les dan a los niños lo que corresponde, se deben tomar medidas; pero la pregunta es: ¿Por qué “pagan el pato” las siete manipuladoras? Porque siempre el hilo se corta por lo más delgado. Incluso más: tengo en mi poder el control realizado por la señorita Marisel Olivera , ingeniera en alimentos, quien vino del sur contratada para realizar estas inspecciones. Ella presenció toda la mañana cómo las manipuladoras efectuaban su trabajo: juntar los distintos elementos que componían, en este caso, un charquicán, un budín y un postre. La muestra establece claramente que aunque la cantidad empleada corresponde exactamente a la especificada en el manual técnico, existe una dieta mal equilibrada, con mucha humedad, según se establece en ese informe. Sin embargo, aplicando una cláusula del contrato, a siete manipuladoras se las despide por falta de probidad.
Sabemos que en este país no existe la responsabilidad colectiva. Si una de estas siete manipuladoras tomó una zanahoria y la ocultó en su bolsillo, que lo digan. Ahí estaba la ingeniera en alimentos para constatarlo. Se habla de uno por ciento, de mucha humedad y de siete manipuladoras echándose zanahorias, garbanzos o porotos al bolsillo.
A la empresa en referencia, sólo en la Región del Maule, la han revisado ocho o nueve veces y en todas tiene el mismo problema, de carácter manual.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Educación para que, a través de ella, la Junaeb informe a esta Cámara exactamente sobre cuáles son los resultados de las revisiones efectuadas a dicha empresa en todo el país, en especial en la Región del Maule, y para que se incluya en las próximas licitaciones una cláusula que permita que la Junaeb se haga subsidiariamente responsable del trabajo de las manipuladoras que laboran en las empresas concesionarias, pues nadie las protege.
Por lo demás, sería positivo que estas licitaciones, que se realizan cada tres años, sean más estrictas, en cuanto a que si hay desviaciones del estándar superiores a un tanto por ciento razonable, de inmediato se caduquen las concesiones y no simplemente se cursen multas. Con la salud de los niños
no se debe jugar, como tampoco con el trabajo de las manipuladoras que colaboran a través de todo el país, incluidas sus zonas más apartadas.
Espero que mediante este oficio enviado a la ministra de Educación -entiendo que se están haciendo investigaciones- obtengamos mejores resultados de la Junaeb. Es bueno que la empresa Hendaya tenga claro que quedará anotada, y sería positivo que quedara fuera de las futuras licitaciones en consideración a sus malos resultados.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.50 horas.
GUILLERMO VITTA PÉREZ,
Jefe accidental de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en lo relativo al cobro de multas. (boletín Nº 2998-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis atribuciones constitucionales, vengo en someter a consideración de esa honorable Cámara de Diputados, un proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, con el objeto de modernizar los mecanismos para el cobro de multas.
I. ANTECEDENTES.
Como es de conocimiento público, en el último tiempo han acaecido situaciones en que algunos ciudadanos han debido sufrir medidas privativas de libertad, como consecuencia del no pago de multas derivadas de la aplicación de ciertas normas y ordenanzas municipales. Dichas medidas sancionatorias han sido impuestas por los Juzgados de Policía Local, de conformidad con la normativa legal que los rige.
Las situaciones descritas han generado polémica y diversas reacciones adversas en la comunidad nacional, principalmente, por la falta de proporción entre la naturaleza de la contravención y la entidad de la sanción aplicada a las personas involucradas en tales hechos.
El Gobierno no ha estado ajeno al conocimiento de estos hechos ni a las reacciones de la ciudadanía, manifestando desde el primer momento su decisión de revisar y estudiar la normativa sobre la materia, a objeto de proponer adecuaciones legales que establezcan normas justas y acordes a nuestra realidad de país, y que, a su vez, reflejen la debida correspondencia entre la satisfacción del bien común y la permanencia de los principios de un Estado de Derecho.
En este contexto, parece a todas luces razonable sostener, que las transgresiones o contravenciones al ordenamiento administrativo o municipal no debieran tener como sanciones medidas de similar naturaleza a la de los castigos aplicables a la comisión de ilícitos de carácter penal, por cuanto la entidad de las conductas e infracciones es evidentemente distinta en uno y otro caso.
Coincidiendo con la preocupación del Ejecutivo sobre la situación en comento, los honorables diputados señores Jorge Burgos , Eduardo Saffirio y Enrique Accorsi , han realizado un estudio sobre la materia, elaborando una propuesta de modificaciones legales que han hecho llegar al Gobierno, a fin de contribuir a la presentación de un proyecto de ley que permita dar solución a la problemática antes expresada. En consecuencia, dichas proposiciones han sido incorporadas en el texto de la iniciativa de ley que se ha decidido enviar a tramitación legislativa.
De este modo, atendiendo a las consideraciones previamente expuestas, el Ejecutivo ha resuelto proponer el presente proyecto de ley, que tiene por objeto modificar determinadas normas de la ley Nº 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
En lo esencial, el proyecto propone suprimir la facultad de decretar medidas privativas de libertad en los casos de multas aplicadas por el tribunal y que no sean pagadas, y establecer, como primera medida de apremio hacia el deudor infractor, la aplicación de la acción ejecutiva, ordenando el embargo correspondiente.
Adicionalmente, para el caso que el sancionado moroso en el pago de la multa no tenga medios suficientes para responder a ella, se otorga al juez de policía local la facultad de disponer, como medida alternativa, la realización por parte del infractor de servicios en beneficio de la comunidad.
Por consiguiente, en estos casos, el infractor sancionado con una multa que no ha sido pagada, sólo podrá ser objeto de alguna de estas dos medidas de apremio.
Para los efectos de aplicar medidas alternativas consistentes en servicios en beneficio de la comunidad, el proyecto establece como una regla general que todos los municipios deberán contemplar programas de actividades sobre esta materia. De este modo, se modifica la situación hoy existente en la ley, que sólo establece esta posibilidad como una facultad para aquellas municipalidades que voluntariamente hayan decidido implementarla, lo cual ha determinado que, en la mayoría de las comunas, la disposición no pase de ser una norma programática sin ninguna aplicación real.
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
En síntesis, los objetivos e ideas matrices de la presente iniciativa de ley son:
1. Suprimir de la legislación aplicable a los Juzgados de Policía Local, la imposición de sanciones restrictivas de libertad frente a infractores morosos en el pago de multas.
2. Consagrar la acción ejecutiva como medio prioritario para hacer efectivo el pago forzado de las multas impagas, sin consideración al monto de la multa.
3. Establecer la medida de prestación de servicios en favor de la comunidad como alternativa de cumplimiento de la multa, para aquellos infractores que carezcan de medios económicos para pagarla.
4. Finalmente, consagrar para estos efectos, la obligatoriedad municipal de contar con programas de servicios gratuitos en beneficio de la comunidad.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.
Acorde con los propósitos antes reseñados, el proyecto de ley que se somete a vuestra consideración contempla un Artículo Único, que introduce las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local:
Mediante el Numeral 1), se suprimen los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 20 bis, los cuales se trasladan, mediante otra modificación a un artículo 23 bis, nuevo. De esta forma, el artículo 20 bis, sólo queda circunscrito a su actual inciso primero.
El Numeral 2) reemplaza el actual artículo 23, en que se contemplan las sanciones alternativas de privación de libertad, por una disposición que consagra la vía ejecutiva para hacer efectivo el pago de la multa impaga.
Por su parte, el Numeral 3) incorpora un artículo 23 bis, nuevo, que establece -para los casos de infractores que carezcan de recursos para pagar la multa- la medida alternativa o sustitutiva de realización de servicios en beneficio de la comunidad. Asimismo, dicho artículo dispone la existencia permanente en los municipios de “programas de servicios en beneficio de la comunidad”, y detalla las disposiciones que regulan la aplicación de esta medida alternativa.
En consecuencia y en mérito de lo expuesto, someto a consideración de ese honorable Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local:
1) Suprímense los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 20 bis.
2) Reemplázase el artículo 23, por el siguiente:
“Artículo 23.- Transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo anterior sin que se hubiere acreditado el pago de la multa, el tribunal despachará orden de ejecución y embargo en contra del infractor moroso.
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las atribuciones que le asisten al juez de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.”.
3) Incorpórase el siguiente artículo 23 bis, nuevo:
“Artículo 23 bis.- Si el infractor careciere de medios económicos suficientes para el pago de la multa, el juez podrá decretar, por vía de sustitución, la realización de servicios en beneficio de la comunidad, dentro de la comuna asiento del tribunal.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, las municipalidades deberán contemplar un Programa de Servicios en Beneficio de la Comunidad, el que deberá considerar distintas alternativas de servicios gratuitos en beneficio de los habitantes de la comuna, de entre los cuales el juez determinará aquel que el infractor moroso deberá prestar, considerando para ello sus condiciones personales y la entidad de la multa.
La duración de estos servicios se determinará reduciendo el monto de la multa a días, a razón de uno por cada quinto de unidad tributaria mensual, los que podrán fraccionarse en horas para no afectar la jornada laboral o escolar del infractor. Para este efecto, se entenderá que el día comprende ocho horas laborales. En todo caso, los servicios se desarrollarán durante un máximo de ocho horas a la semana, y podrán incluir días sábado y feriados.
La resolución que el juez dicte al efecto, deberá señalar expresamente el tipo de servicio que prestará el infractor, el lugar donde se realizará, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento.
Los servicios en beneficio de la comunidad podrán concluir anticipadamente sólo cuando el infractor haya acreditado, previa determinación del tribunal, el pago de la proporción de la multa que le corresponda pagar en consideración a los servicios efectivamente prestados.
Lo dispuesto en el presente artículo, no se aplicará en caso de las infracciones a que se refiere el número 8 del artículo 13 de la ley Nº 15.231, rigiendo a su respecto lo previsto en el artículo 563 del Código de Procedimiento Penal.
Tampoco será aplicable lo previsto en este artículo y en el artículo anterior, en caso de sentencias recaídas en las causas a que se refiere el artículo siguiente, ni en los procesos por faltas, los que se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro del Interior ; JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA , Ministro de Justicia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre calificación de la producción cinematográfica. (Boletín Nº 2675-04).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARIO FERNÁNDEZ BAEZA , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que establece un régimen de garantías en salud (plan Auge). (Boletín Nº 2947-11).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARIO FERNÁNDEZ BAEZA , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que establece el financiamiento del gasto fiscal representado por el plan Auge y Chile Solidario. (Boletín Nº 2982-11).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARIO FERNÁNDEZ BAEZA , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional. (Boletín Nº 2981-11).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARIO FERNÁNDEZ BAEZA , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 2763, de 1979. (Boletín Nº 2980-11).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARIO FERNÁNDEZ BAEZA , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 15 de julio de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa honorable Cámara, sobre calificación de la producción cinematográfica, correspondiente al Boletín Nº 2.675-04, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º
En su inciso segundo, ha suprimido la coma (,) que sucede a la palabra “adolescencia”.
Artículo 2º
Letra a)
Ha consignado con minúscula inicial el artículo definido “El”.
Letra b)
La ha reemplazado por la siguiente:
“b) Producción cinematográfica: la elaboración de imágenes en movimiento a través de cualquier soporte, con o sin sonido, independientemente de su duración.”.
Letra c)
La ha reemplazado por la que sigue:
“c) Contenido educativo: aquellas producciones que exalten valores de solidaridad, libertad, amor al prójimo y generosidad, o que, por su carácter, entreguen relevantes conocimientos sobre historia, naturaleza, tecnología, ciencia o arte.”.
Letra d)
La ha sustituido por la siguiente:
“d) Contenido pornográfico: la exposición abusiva o grosera de la sexualidad o la exposición de imágenes obscenas, con interacciones sexuales más o menos continuas, manifestadas en un plano estrictamente genital.”.
Letra e)
La ha reemplazado por la que sigue:
“e) Contenido excesivamente violento: aquél en que se ejerce fuerza física o psicológica desmesurada y con ensañamiento sobre seres vivos o en que se produce la aplicación de tormentos o comportamientos que exaltan la violencia o incitan conductas agresivas que lesionan la dignidad humana, sin encontrar fundamento bastante en el contexto en que se producen o rebasando las causas que los hubieren motivado.”.
-o-
Ha incorporado como letras f) y g), nuevas, las siguientes:
“f) Exhibición pública: exposición de material cinematográfico a que tenga acceso el público, cualquiera sea el lugar en que se efectúe.
g) Exhibición privada: exposición de material cinematográfico a personas determinadas, sin que el público general pueda acceder a ella.”.
-o-
Artículo 3º
Ha incorporado como inciso segundo, nuevo, el siguiente:
“El Consejo llevará un registro público de las producciones calificadas, donde se indicará la categoría de cada una, así como las expresiones orientadoras que agregue a la respectiva calificación. Asimismo, anualmente rendirá cuenta de su labor.”.
Artículo 4º
Inciso primero
Letra b)
Ha suprimido la coma (,) que precede a la conjunción “y”, y la expresión “educadora o”.
Letra c)
La ha reemplazado por la siguiente:
“c) Seis académicos designados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.”.
Letra d)
La ha sustituido por la que sigue:
“d) Un representante de las asociaciones gremiales de profesores, médicos, periodistas y psicólogos, con mayor número de afiliados, designados por éstas.”.
Letra f)
Ha eliminado la palabra “representativos”, y ha iniciado con minúscula la voz “Asociaciones”.
Letra g)
La ha reemplazado por la siguiente:
“g) Dos académicos designados por aquellas universidades privadas autónomas que no formen parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.”.
-o-
Ha agregado como letra h), nueva, la siguiente:
“h) Un egresado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, nombrado por el Ministro de Defensa Nacional .”.
-o-
Inciso segundo
Ha eliminado la coma (,) que precede a la conjunción “y”.
Inciso tercero
Letra d)
Ha sustituido la palabra “calificación” por “apreciación”.
Letra e)
La ha suprimido.
Inciso cuarto
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“En caso que alguno de los miembros del Consejo cese en su cargo, procederá el nombramiento de un reemplazante en la forma indicada precedentemente, por la autoridad u organismo que hubiere nombrado a quien originó la vacante. El reemplazante durará en sus funciones hasta completarse el período del consejero reemplazado.”.
Inciso quinto
Ha sustituido el vocablo “función” por “labor”.
Artículo 5º
Lo ha reemplazado por el que sigue:
“Artículo 5º.- Serán inhábiles para desempeñar el cargo de consejero las personas que tengan interés económico en la industria cinematográfica, tales como:
a) Los productores de cine.
b) Los distribuidores y comercializadores de producciones cinematográficas.
c) Las personas naturales que sean propietarias de salas de exhibición de producción cinematográfica.
d) Quienes participen en la propiedad de una persona jurídica dueña de salas de exhibición de producción cinematográfica, las dirijan o tengan su representación.
Los consejeros que tuvieren algún interés particular en determinada producción cinematográfica que deba ser objeto de calificación, serán inhábiles para integrar la sala a la que corresponda efectuarla. Asimismo, los consejeros mencionados en la letra f) del artículo 4º serán inhábiles para calificar las producciones cinematográficas nacionales o dirigidas por un chileno.”.
Artículo 6º
Lo ha sustituido por el que sigue:
“Artículo 6º.- Por cada sesión a que asistan, los miembros del Consejo tendrán derecho a percibir una asignación equivalente a 1,5 unidades tributarias mensuales, con un tope mensual de 12 de dichas unidades. Esta asignación será compatible con cualquier otro ingreso que perciban.”.
Artículo 7º
Lo ha suprimido.
Artículo 8º
Ha pasado a ser artículo 7º.
Ha sustituido su letra b) por la siguiente:
“b) Las producciones publicitarias, las de capacitación y las que versen sobre materias técnicas.”, y
Ha reemplazado su inciso segundo, por el que sigue:
“No obstante lo anterior, el Consejo, a solicitud de entidades sin fines de lucro, podrá autorizar la exhibición pública de producciones cinematográficas sin necesidad de calificarlas, para exhibirlas gratuitamente, en festivales o en muestras de cine. Esta excepción tendrá vigencia solamente para las exhibiciones contenidas en la respectiva autorización.”.
Artículo 9º
Ha pasado a ser artículo 8º, sustituido por el siguiente:
“Artículo 8º.- El Consejo funcionará en salas, en la forma que indique el reglamento.”.
Artículo 10
Ha pasado a ser artículo 9º, reemplazado por el que sigue:
“Artículo 9º.- Cada sala podrá requerir antecedentes del distribuidor o productor cuando lo estime conveniente.”.
Artículo 11
Ha pasado a ser artículo 10.
En su inciso segundo, ha suprimido la coma (,) que precede a la forma verbal “será”.
Artículo 12
Ha pasado a ser artículo 11.
Letra a)
Ha intercalado una coma (,) entre el numeral “2º” y la palabra “letra”.
Letra b)
Ha consignado con mayúscula la letra inicial de la expresión “para todo”.
Letra c)
La ha reemplazado por la siguiente:
“c) “Contenido pornográfico” o “excesivamente violento”, cuando considere que una producción cinematográfica se encuentra en los casos previstos en las letras d) o e) del artículo 2º. Estas expresiones siempre deberán recaer en producciones cinematográficas calificadas para mayores de 18 años.”.
Artículo 13
Ha pasado a ser artículo 12.
Ha sustituido su inciso segundo, por el siguiente:
“El reglamento determinará el funcionamiento de las salas en que puedan exhibirse las películas indicadas en el inciso anterior. En todo caso, dichas salas deberán cumplir las siguientes obligaciones:
1. Contar con un ingreso independiente de cualquier otro local o establecimiento de la misma naturaleza.
2. Disponer de baños exclusivos.
3. Indicar, en algún lugar destacado, la prohibición de ingreso a menores de 18 años.
4. No utilizar en su propaganda exterior imágenes de películas calificadas para ser exhibidas en ellas.
5. Situarse a no menos de quinientos metros de un establecimiento educacional o de un sector residencial.
6. Obtener patente del alcalde de la comuna respectiva, el que, para otorgarla, deberá contar con el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros del concejo y oír previamente a la junta de vecinos correspondiente.”.
-o-
Ha intercalado como inciso tercero, nuevo, el siguiente:
“Tratándose de comunas que cuenten con una única sala destinada a la exhibición cinematográfica, ésta no podrá dedicarse a la exhibición de películas calificadas como de “Contenido pornográfico”.”.
-o-
En su inciso tercero, que pasó a ser inciso cuarto, ha intercalado la preposición “en” entre la voz “o” y la palabra “cualquier”, y ha agregado, como oración final, la siguiente: “Estas tampoco podrán utilizarse en catálogos, folletos, volantes o cualquier otro medio público destinado a su difusión.”.
Artículo 14
Ha pasado a ser artículo 13, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 13.- Los menores de edad acompañados por cualquiera de sus padres o guardadores, o de sus profesores, en el marco de sus actividades educativas, podrán ver producciones cinematográficas calificadas por el Consejo en una categoría inmediatamente superior. En ningún caso esta excepción regirá respecto de las producciones cinematográficas con contenido pornográfico o excesivamente violento. El reglamento establecerá la forma de acreditación de las personas anteriormente señaladas.”.
Artículo 15
Ha pasado a ser artículo 14, con las siguientes modificaciones.
En el inciso primero, ha eliminado las dos comas (,) de su texto.
En su inciso segundo, en la primera oración ha eliminado la coma (,) que sigue a la palabra “envase”, y ha sustituido su segunda oración por la siguiente: “Podrá solicitar, además, a su costo, los certificados auténticos que necesite, en que consten el nombre de la producción cinematográfica y su calificación.”.
Artículo 16
Ha pasado a ser artículo 15, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 15.- En contra de la calificación practicada por alguna de las salas, toda persona podrá interponer los recursos de reposición y de apelación. Este último sólo podrá deducirse en subsidio de la reposición.
Los señalados recursos deberán ser fundados e interponerse en el plazo de 10 días contado desde la respectiva notificación.”.
Artículo 17
Ha pasado a ser artículo 16.
En su inciso segundo, ha contemplado con minúscula inicial el sustantivo “Salas”.
Artículo 18
Ha pasado a ser artículo 17.
En su inciso segundo, ha eliminado la coma (,) que sigue a la palabra “recalificación”, y ha sustituido la expresión “16 y 17” por “15 y 16”.
Artículo 19
Ha pasado a ser artículo 18, reemplazado por el que sigue:
“Artículo 18.- A los lugares en que se realice exhibición pública de producciones cinematográficas sólo podrá permitirse el ingreso de las personas cuya edad corresponda a la calificación asignada por el Consejo.
La acreditación de la edad para los mayores de 18 años se hará mediante la exhibición de la cédula nacional de identidad o de un documento público equivalente para los extranjeros. En los otros casos, se hará de acuerdo a lo señalado en el Reglamento.”.
Artículo 20
Ha pasado a ser artículo 19, sustituido por el siguiente:
“Artículo 19.- El propietario, su representante y el administrador de las salas de exhibición de producciones cinematográficas, así como el personal encargado del ingreso del público a las mismas, serán solidariamente responsables del pago de una multa equivalente a 5 unidades tributarias mensuales por cada espectador que no cumpla el requisito de edad exigido por la calificación correspondiente.
Tratándose de las salas a que se refiere el artículo 12, las personas señaladas en el inciso precedente serán solidariamente responsables del pago de una multa de 25 unidades tributarias mensuales por cada menor que ingrese a estos recintos. En tales casos, la sala respectiva será clausurada por cinco días. La reiteración de esta infracción dará lugar a la clausura hasta por treinta días.”.
Artículo 21
Ha pasado a ser artículo 20.
En su inciso primero, ha reemplazado la palabra “correspondientes” por la expresión “cuya edad corresponda”.
En su inciso tercero, ha incorporado como oración final la siguiente: “El propietario, su representante y el administrador de la sala, así como el personal encargado de la exhibición, serán solidariamente responsables del pago de estas multas.”.
Artículo 22
Ha pasado a ser artículo 21, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 21.- El propietario, su representante y el administrador de la sala que exhiba producciones cinematográficas con contenido pornográfico sin estar autorizado para este efecto, serán sancionados con una multa equivalente a 25 unidades tributarias mensuales y la sala quedará clausurada hasta completar el trámite a que se refiere el artículo 12. Dichas personas serán solidariamente responsables del pago de la multa.
La reiteración de esta conducta dará lugar a la clausura de la sala respectiva hasta por treinta días.”.
Artículo 23
Ha pasado a ser artículo 22, con las siguientes enmiendas:
En su inciso segundo, ha intercalado la expresión “o sitio en internet” a continuación de la voz “comercio”, y ha sustituido las palabras “cinco” y “diez” por los guarismos “5” y “10”, respectivamente.
Ha reemplazado su inciso tercero, por el que sigue:
“En caso de entregarse, a cualquier título, producciones cinematográficas de contenido pornográfico o excesivamente violento a menores de edad, el propietario, su representante o administrador del establecimiento o del sitio en internet respectivo, será sancionado con una multa equivalente a 25 unidades tributarias mensuales. La reiteración de esta conducta dará lugar a la clausura hasta por treinta días.”.
Ha incorporado como inciso cuarto, nuevo, el siguiente:
“Las personas indicadas en el inciso anterior serán solidariamente responsables del pago de las multas a que se refieren los incisos segundo y tercero.”.
Artículo 24
Ha pasado a ser artículo 23.
En su inciso primero, ha reemplazado la cifra “20” por “25”, y la frase “hasta por treinta días, de la sala respectiva” por “de la sala respectiva hasta por treinta días”.
En su inciso segundo, ha sustituido la cifra “20” por “25”.
-o-
Ha incorporado como artículo 24, nuevo, el siguiente:;
“Artículo 24.- Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder por las infracciones señaladas precedentemente, no serán aplicables a las producciones cinematográficas que se exhiban en conformidad a esta ley, las disposiciones de los artículos 373 y 374 del Código Penal.”.
-o-
Artículo 25
Lo ha suprimido.
Artículo 26
Ha pasado a ser artículo 25.
Ha sustituido su segunda oración por la siguiente: “Conocerá de ellas y aplicará las sanciones procedentes el juez de policía local correspondiente al lugar de la exhibición.”.
Artículo 27
Ha pasado a ser artículo 26, reemplazado por el que sigue:
“Artículo 26.- Sin perjuicio de las atribuciones de Carabineros, corresponderá especialmente a las municipalidades velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.”.
Artículo 28
Ha pasado a ser artículo 27, sustituido por el siguiente:
“Artículo 27.- Los inspectores municipales que sorprendan infracciones a la presente ley, formularán la denuncia pertinente al juzgado de policía local correspondiente dentro del plazo de 48 horas.
Una vez concluida la tramitación de la denuncia, el secretario del juzgado de policía local respectivo informará al Consejo de Calificación Cinematográfica sobre su resultado.
El Consejo proporcionará a las municipalidades la información necesaria para una adecuada inspección.”.
Artículo 29
Ha pasado a ser artículo 28.
Ha suprimido la coma (,) que antecede a la forma verbal “serán”.
Artículo 30
Ha pasado a ser artículo 29, con las siguientes modificaciones:
En su inciso primero, ha reemplazado la frase inicial “Los interesados deberán pagar al Consejo por concepto de derecho a calificación,” por “Por concepto de derecho a calificación, los interesados deberán pagar al Consejo”.
Ha sustituido su inciso segundo por el que sigue:
“Estos recursos se destinarán al pago de las asignaciones de los consejeros y a financiar los gastos que origine la exhibición del material sometido a su calificación, incluyendo la asesoría profesional de expertos que sea necesaria.”.
Artículo 31
Ha pasado a ser artículo 30, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 30.- El que participe en la producción de material pornográfico, en cualquier soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años, será sancionado con reclusión menor en cualquiera de sus grados.
El que comercialice, importe, distribuya o exhiba material pornográfico, en cualquier soporte, en cuya elaboración hayan sido empleados menores de 18 años, será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.”.
Artículo 32
Ha pasado a ser artículo 31, sustituido por el siguiente:
“Artículo 31.- Sustitúyese el inciso final del artículo 13 de la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, por el siguiente:
“Se prohíbe la transmisión o exhibición de películas calificadas con contenido pornográfico o excesivamente violento por el Consejo de Calificación Cinematográfica, en los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción.”.”.
-o-
Ha incorporado como artículos 32, 33 y 34, nuevos, los siguientes:
“Artículo 32.- Derógase el decreto ley Nº 679, de 1974, y sus modificaciones.
Artículo 33.- Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 65 del decreto con fuerza de ley Nº 1-19.704, del Ministerio del Interior, de 2001, que fija el texto refundido de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades:
1) Reemplázase, en la letra n), la conjunción “y” con que finaliza este literal y la coma (,) que la antecede, por un punto y coma (;).
2) Sustitúyese el punto final (.) de la letra ñ), por la conjunción “y” antecedida de una coma (,).
3) Agrégase la siguiente letra o), nueva:
“o) Otorgar patentes a las salas de cine destinadas a la exhibición de producciones cinematográficas de contenido pornográfico. En este caso, el acuerdo deberá adoptarse por la mayoría absoluta de los miembros del concejo. El alcalde oirá previamente a la junta de vecinos correspondiente.”.
Artículo 34.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 366 quáter del Código Penal:
1) Elimínase su inciso segundo, y
2) Reemplázase, en su inciso tercero, la frase “los incisos anteriores” por “el inciso anterior”.”.
-o-
Disposiciones transitorias
Artículo segundo
En su inciso primero, ha sustituido la expresión “de los veinte consejeros” por “de sus integrantes”, y ha suprimido la expresión “consejeros” que precede a los dos puntos (:).
Ha consignado con mayúscula inicial las palabras “universidades chilenas”.
Ha reemplazado la frase “El representante del Colegio Médico y el de Periodistas.” por “Un representante de una asociación gremial de médicos y otro de una de periodistas.”.
Artículo tercero
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo tercero.- El reglamento de esta ley se dictará dentro del plazo de 90 días a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general, con el voto afirmativo de 27 señores senadores de un total de 48 en ejercicio y que, en particular, el número 6 del inciso segundo del artículo 12, y el artículo 33, fueron aprobados, en el carácter de ley orgánica constitucional, con el voto conforme de 29 señores Senadores de un total de 46 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Por su parte, cabe agregar que el artículo 31 fue aprobado con el voto conforme de 29 señores senadores de un total de 46 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3601, de 8 de enero de 2002.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
8. Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acerca del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República atribuciones que indica. (boletín Nº 2430-09-2)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en una moción de los diputados señores Patricio Cornejo , Jaime Jiménez , Pablo Lorenzini , Carlos Olivares y del ex diputado señor Luis Pareto , que modifica la ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de conceder al Presidente de la República atribuciones que indica.
El proyecto en informe fue despachado por esta Comisión en su primer trámite reglamentario el 11 de junio de 2002, y aprobado en general por la honorable Cámara de Diputados en la sesión 10ª, de 20 de junio de 2002.
1. DISPOSICIONES QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.
En esta situación reglamentaria se encuentra el artículo único del proyecto.
Por lo tanto, según lo establece el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento, esta disposición deberá ser aprobada ipso jure, sin votación.
2. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
La Comisión estimó que el artículo único del proyecto no tiene tal calificación.
3. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.
No los hay.
4. ARTÍCULOS MODIFICADOS.
No los hay.
5. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.
No los hay.
6. ARTÍCULOS QUE, EN CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 222 DEL REGLAMENTO, DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
La Comisión estimó que el artículo único del proyecto no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
7. INDICACIONES RECHAZADAS.
La Comisión acordó rechazar una indicación formulada por el diputado señor Letelier, don Juan Pablo , que incorpora el siguiente artículo nuevo:
“Artículo ....- Previa dictación de un nuevo proceso tarifario, deberán ser consultados los organismos de consumidores con personalidad jurídica vigente en la región donde se apliquen las nuevas tarifas”.
-Varios señores diputados manifestaron ser partidarios de rechazar la indicación, por varias razones. Primero, porque el proceso de fijación tarifaria es absolutamente técnico y, por lo mismo, extremadamente complejo, de manera tal que los consumidores no están capacitados para comprenderlo y, menos, para participar en él, por lo que una norma como la propuesta terminará distorsionándolo. En segundo lugar, el hecho de que las asociaciones de consumidores “deban ser consultadas” no impone necesariamente la obligación de esperar el resultado de esa consulta ni menos de considerar la respuesta en el proceso de fijación tarifaria, por lo que carecería de efectividad. Tercero, en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo se encuentra en estudio un proyecto de ley que consulta, como norma general, la participación de las organizaciones de usuarios e incluso de los municipios en los procesos de fijaciones tarifarias de los diversos servicios públicos, con lo que el establecimiento de una disposición para un caso especial podría ocasionar futuras contradicciones entre los distintos preceptos. En cuarto lugar, en virtud de la facultad que el texto aprobado por la Comisión confiere al Presidente de la República , es perfectamente posible que él recurra a las organizaciones de usuarios o consumidores antes de fijar las tarifas. Finalmente, señalaron que la indicación no dice relación a las ideas matrices del proyecto de ley, pues éste sólo tiene por objeto conceder al Presidente de la República la atribución que en él se señala.
-Puesta en votación la indicación, fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes en la sala.
-o-
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
Para los efectos previstos en el artículo 288 del Reglamento, se hace constar lo siguiente:
1. El artículo único del proyecto no fue objeto de indicación ni de modificación.
2. El artículo único del proyecto no debe ser calificado como norma orgánica constitucional ni de quórum calificado.
3. No hay artículos suprimidos.
4. No hay artículos nuevos incorporados.
5. El artículo único del proyecto no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
6. Fue rechazada una indicación que proponía incorporar un artículo nuevo al proyecto de ley.
-o-
En conformidad con las constancias anotadas y las consideraciones expuestas, a las que podrán añadirse las que, en su oportunidad, formule el señor diputado informante , vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, ley de Tarifas de Servicios Sanitarios, en la siguiente forma:
1. Sustitúyese el artículo 2º, inciso segundo, por el siguiente:
“La fijación de las fórmulas tarifarias se realizará mediante decreto supremo, el que deberá llevar la firma del ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción”.
2. Incorpórase, en el artículo 10, el siguiente inciso final, nuevo:
“No obstante lo anterior, el Presidente de la República , por una sola vez, antes de la dictación de decreto a que se refiere el artículo 2º, inciso segundo, podrá modificar el porcentaje de variación de las tarifas determinado de conformidad con el procedimiento que establece este ley”.
Se designó diputado informante al señor Roberto Delmastro Naso .
Sala de la Comisión, a 11 de julio de 2002.
Tratado y acordado, conforme se consagra en el acta de la sesión de fecha 9 de julio de 2002, con la asistencia de los diputados Jiménez, don Jaime ; Alvarado, don Claudio ; Ceroni, don Guillermo ; Delmastro, don Roberto ; García, don René Manuel ; Letelier, don Felipe ; Luksic, don Zarko ; Meza, don Fernando ; Pareto, don Cristián , y Pérez, don Ramón .
Se deja constancia de que el diputado Letelier, don Felipe , reemplazó al diputado señor Hales , don Patricio, y que asistieron además los diputados señores Jarpa, don Carlos Abel ; Lorenzini, don Pablo , y Pérez, don Aníbal .
(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión ”.
9. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, recaído en la moción que modifica el artículo 52 de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza y consagra los títulos de constructor civil e ingeniero constructor, como títulos universitarios. (boletín Nº 2769-04)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación pasa a informar la moción de los diputados señores Rosauro Martínez Labbé , Homero Gutiérrez Román , Baldo Prokurica Prokurica , Arturo Longton Guerrero , Carlos Caminondo Sáez , Patricio Hales Dib, René Manuel García García , Jaime Rocha Manrique , Edmundo Villouta Concha y Víctor Reyes Alvarado , que modifica el artículo 52 de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza y consagra los títulos de constructor civil e ingeniero constructor, como títulos universitarios.
I. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.
La Comisión trató simultáneamente con este proyecto la moción de varios señores diputados que persigue igual objetivo respecto de la carrera de “trabajador o asistente social” (Boletín 2792-04), por cuyo motivo, durante la discusión de ambos proyectos, escuchó indistintamente a representantes de las siguientes instituciones: por Inacap los señores José Pedro Undurraga , rector; José Pedro Solari , director del Área Servicios; Adelchi Colombo , director del Área Construcción, y la señora Paulina Dittborn , directora de Desarrollo y Proyectos Educacionales; por el Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Formación Superior (Conifos), los señores Luis Penna Díaz , presidente nacional ; Joaquín Penroz , presidente de Institutos Profesionales ; Álvaro del Barrio, asesor legal y la señora María Josefina Bilbao , secretaria general; por el Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores A.G., los señores César Vargas , presidente nacional ; Roberto Tedias , vicepresidente, Jorge Risopatrón , director; Cristián Piera , director de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Manuel Cerda , de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Universidad Católica de Valparaíso; por el Colegio de Asistentes Sociales, la señora Lucía Sepúlveda , presidenta nacional; Dora García , vicepresidenta nacional; Norma Muñoz , secretaria nacional; Francisca Díaz , prosecretaria, y Germán Ibarra , tesorero, y por la Asociación Chilena de Escuelas de Trabajo Social, la señora Teresa Matus .
Innumerables argumentos de orden general, expuestos por estas personas, son válidos para los proyectos mencionados.
II. ANTECEDENTES GENERALES E IDEAS MATRICES.
La ley orgánica constitucional de Enseñanza, Nº 18.962, publicada en el Diario Oficial de 10 de marzo de 1990, establece en la primera parte del inciso primero del artículo 52, que las nuevas universidades que se creen, “deberán iniciar sus actividades docentes ofreciendo a lo menos uno de los títulos que, en conformidad a esta ley, requieren haber obtenido previamente a su otorgamiento, el grado académico de licenciado en una disciplina determinada”.
Por su parte el inciso tercero del mismo artículo, dispone que los títulos profesionales; que requieren haber obtenido el grado de licenciado a que se refiere el inciso primero son los que indica, enumerando diecisiete de ellos, incluidos los incorporados por la ley Nº 19.054. Entre ellos no se consideró las carreras de Construcción Civil y de Ingeniería en Construcción.
En razón de que estas carreras no requieren haber obtenido previamente el grado académico de Licenciado, ellas pueden ser impartidas por Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
Este proyecto tiene por objeto recuperar la calidad de profesión universitaria que tuvieron estas profesiones hasta la dictación de la ley en comento, que las excluyó.
Las universidades, especialmente las tradicionales, en virtud del principio de la autonomía universitaria, otorgan el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Construcción y el de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Construcción. En efecto, desde el año 1944, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1950 resolvieron la creación de la Carrera de Construcción Civil, y a principios de la década del noventa, en las referidas universidades decidieron crear la carrera de Ingeniería en Construcción, y desde entonces ambas carreras han tenido carácter universitario.
Asimismo, mediante la dictación de las leyes Nºs 19.054, de abril de 1991, y 19.584, de 10 de septiembre de 1998, se permite otorgar títulos universitarios y la posibilidad de entregar grados de licenciaturas, maestrías y doctorados a las academias de las fuerzas armadas.
La actual ley de Urbanismo y Construcciones, que establece las disposiciones relativas a planificación urbana, urbanización y construcción, que regirán en todo el territorio nacional, señala que toda obra sometida a sus disposiciones debe ser proyectada y ejecutada por profesionales legalmente autorizados para ello, entre los que considera a los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros constructores y constructores civiles.
El país, por su geografía y sus condiciones climatológicas, está expuesto a constantes pruebas en su infraestructura y en la totalidad de sus construcciones, motivo por el cual la sociedad debe proteger la formación de los responsables finales de la ejecución de estas obras, y en este sentido las universidades se han consolidado como un fiel garante en la formación profesional de sus egresados. Esta misión, entregada por la sociedad a la universidad, es una garantía de la co-responsabilidad que ésta tiene con sus egresados y que en el caso de la carrera de construcción civil se manifiesta en la rigurosidad y excelencia académica que imprime a sus estudiantes desde el primer día de su formación.
La inversión en construcción está sometida en Chile a graves daños naturales, terremotos, avalanchas, crecidas fluviales, etcétera, razón por la cual los profesionales del área requieren la mejor formación al objeto de obtener óptimos resultados. Por tanto, en la medida que la formación de éstos sea más rigurosa y sólida, se estará cautelando de mejor forma la calidad del desempeño de estos profesionales, logrando obras de ingeniería más adecuadas a la realidad del país, lo que indudablemente impactará positivamente sobre la seguridad de las personas y sobre la economía.
El proyecto en análisis no está en contra de las carreras impartidas por los institutos profesionales en esta especialidad ni en contra de que las impartan. Lo que se pretende es que se pueda distinguir con claridad si el tipo de formación que se entrega es de carácter técnico o de rango universitario, máxime si cuando para optar al título con grado universitario, de acuerdo con la ley orgánica de Enseñanza se requiere haber obtenido previamente el grado académico de licenciado en la respectiva disciplina, hecho que los institutos, por su naturaleza legal, no están habilitados para entregar.
Existen cuatro profesiones que se dedican a la construcción en Chile: los arquitectos, los ingenieros, los constructores civiles y los ingenieros constructores. Éstos desarrollan su actividad en el tejido social de la Nación y en el desarrollo del país, con responsabilidades en la construcción de aeropuertos, caminos, puentes, túneles, embalses, viviendas, etcétera.
La formación de los constructores civiles en cuatro años, como lo hacen los institutos profesionales, implica una falencia en el conocimiento de las ciencias básicas, lo cual se verá en el momento en que ese profesional comience a ejercer. Las urgencias sociales, económicas y los problemas generados por el hábitat humano, están basados en principios de las ciencias materiales, las cuales a su vez se sostienen en la física, la química, la matemática, etcétera. Es decir, la profesión de constructor civil es multidisciplinaria, inseparable del avance de otras ciencias. Por ello, la formación de sus profesionales no puede improvisarse o prescindir de un currículum altamente validado y que considere estos aspectos multidisciplinarios básicos y mínimos.
Por tanto, existen razones fundadas para estimar que la omisión de las carreras de construcción civil e ingeniería en construcción del artículo 52 de la ley Nº 18.962, debe ser reparada en atención a las crecientes necesidades sociales y como una forma de salvaguardar la excelencia académica de esas profesiones.
En consecuencia, resulta altamente recomendable que los títulos profesionales otorgados por ambas carreras tengan rango exclusivamente universitario y, por ende, que se exija el grado académico previo de Licenciado.
III. SÍNTESIS DE OPINIONES DISIDENTES.
Quienes se manifestaron en contra de este proyecto señalaron que sus autores expresan prejuicios respecto del quehacer de las instituciones de educación superior distintas de las universitarias; desconocen que el carácter de licenciatura no era exigible para las carreras de Asistentes Sociales ni para los Constructores Civiles antes de la ley orgánica constitucional de Enseñanza; no reconocen que los grandes aportes a la tradición de estas profesiones fueron hechos por egresados de las Universidades, que no ostentaban el grado académico de “Licenciado”; no indican cómo miden la relación causal entre el grado académico de “licenciado” con la de “idoneidad profesional” en las profesiones referidas; ni cómo miden la brecha de calidad entre instituciones de educación superior, por el solo antecedente de ser “Universidad” o “Instituto Profesional”, y en los considerandos de sus mociones, además, desvaloran la acción educativa de los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica que cuenta con más de 20 años de trayectoria.
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto consta de un artículo único que tiene por objeto agregar dos letras al inciso tercero del artículo 52 de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, a continuación de la letra p) del texto vigente, reemplazando el punto (.) por una coma (,) y agregando las siguientes letras nuevas:
“q) Título de Constructor Civil: Licenciado en Ciencias de la Construcción, y
r) Título de Ingeniero Constructor: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería en Construcción.”.
V. APROBACIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos, con la abstención del diputado señor Correa.
En particular fue aprobado por mayoría de votos, ocho por la afirmativa, dos por la negativa y dos abstenciones.
VI. ARTÍCULOS CALIFICADOS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
Por tratarse de un proyecto que en su artículo único modifica normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de Ley Orgánica Constitucional, como lo es la ley Nº 18.962, para su aprobación se requiere de un quórum de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
VII. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
VIII. DISPOSICIÓN DECLARADA INADMISIBLE.
La moción con que se iniciaba este proyecto consultaba el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio.- Los institutos Profesionales que se encuentren impartiendo la enseñanza de la carrera de Construcción Civil, o Ingeniería en Construcción, sólo podrán otorgar el título respectivo, hasta un plazo máximo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de la presente ley.
Las instituciones a las que se refiere el inciso anterior, no podrán ingresar nuevos alumnos a la carrera de Construcción Civil o Ingeniería en Construcción, a contar de la fecha de publicación de la presente ley”.
El Presidente de la Comisión , acogiendo observaciones formuladas por algunos señores diputados, declaró la inadmisibilidad de esta norma, haciendo uso de la facultad que le otorga el número 16 del artículo 237 del Reglamento de la Corporación, pues de acuerdo con lo que dispone el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, de su sola lectura se desprende que afectaría la garantía constitucional del número 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la educación.
IX. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
En mérito de lo expuesto y de otros antecedentes que pueda entregar el señor diputado informante , la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, somete a la aprobación de la honorable Cámara, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único: Modifícase el inciso tercero del artículo 52 de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, en los siguientes términos:
1º Sustitúyese en la letra o) la coma (,) y la conjunción “y” que siguen a las palabras “Licenciado en Educación”, por un punto y coma (;).
2º Sustitúyese en la letra p) el punto final (.) por un punto y coma (;).
3. Agréganse las siguientes letras, con el texto que se indica:
“q) Título de Constructor Civil: Licenciado en Ciencias de la Construcción, y
r) Título de Ingeniero Constructor: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería en Construcción”.
-o-
Se designó diputado informante al señor Rosauro Martínez Labbé .
Acordado en sesiones de fecha 4 y 17 de junio y 1 y 2 de julio de 2002, honorables diputados señores Carlos Montes Cisternas ( Presidente ), Eugenio Bauer Jouanne , Germán Becker Alvear , Sergio Correa de la Cerda, Fidel Espinoza Sandoval , Rodrigo González Torres , Rosauro Martínez Labbé , Carlos Olivares Zepeda , Pablo Prieto Lorca, Manuel Rojas Molina y Eduardo Saffirio Suárez , y de la señora diputada doña Carolina Tohá Morales y de la diputada señorita María Antonieta Saa Díaz .
Sala de la Comisión, a 2 de julio de 2002.
(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Secretario de la Comisión ”.
10. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, recaído en la moción que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social. (boletín Nº 2792-04)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación pasa a informar la moción de que son autores la señorita María Antonieta Saa Díaz , las señoras Fanny Pollarolo Villa y Adriana Muñoz D’Albora , y los señores Guillermo Ceroni Fuentes, José Miguel Ortiz Novoa , Carlos Abel Jarpa Wevar, Carlos Montes Cisternas, Luis Monge Sánchez , Gutenberg Martínez Ocamica y Rosauro Martínez Labbé que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, para restablecer la exclusividad universitaria del trabajo social.
I. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.
En atención a la similitud de este proyecto con el que persigue igual objetivo respecto de la carrera de “construcción civil e ingeniería en construcción” (Boletín 2769-04), la Comisión acordó discutir conjuntamente ambos proyectos, por cuyo motivo estimó procedente escuchar en forma indistinta a representantes de las siguientes instituciones: por Inacap los señores José Pedro Undurraga , rector; José Pedro Solari , director del Área Servicios; Adelchi Colombo , director del Área Construcción, y la señora Paulina Dittborn , directora de Desarrollo y Proyectos Educacionales; por el Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Formación Superior (Conifos), los señores Luis Penna Díaz , presidente nacional ; Joaquín Penroz , presidente de Institutos Profesionales ; Álvaro del Barrio, asesor legal, y la señora María Josefina Bilbao , secretaria general; por el Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores A.G., los señores César Vargas , presidente nacional ; Roberto Tedias , vicepresidente, Jorge Risopatrón, Director ; Cristián Piera , director de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Manuel Cerda , de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Universidad Católica de Valparaíso; por el Colegio de Asistentes Sociales, la señora Lucía Sepúlveda , presidenta nacional; Norma Muñoz , secretaria nacional, Francisca Díaz , prosecretaria, Germán Ibarra , tesorero, y por la Asociación Chilena de Escuelas de Trabajo Social, la señora Teresa Matus .
II. ANTECEDENTES GENERALES.
El decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Educación del año 1981, primero y luego la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, terminaron con la antigua tradición de la exclusividad universitaria de la carrera de trabajo o servicio social. Desde esa fecha ya no sería necesario obtener el grado de licenciado para acceder al título respectivo, permitiéndose en consecuencia que los institutos profesionales pudieran abrir y dictar esa carrera.
Con posterioridad al año 1990, la ley orgánica constitucional de Enseñanza ha sido objeto de modificaciones en abril de 1991, oportunidad en que son incorporadas como carreras universitarias la educación de párvulos y el periodismo (ley Nº 19.054). Luego, el 10 de septiembre de 1998, se publica la ley Nº 19.584, que permite otorgar títulos universitarios y la alternativa de entregar grados de licenciaturas, maestrías y doctorados a las academias de las Fuerzas Armadas.
La exclusión de la carrera de trabajo social del nivel universitario, motivó desde su origen, los fundados reclamos de la comunidad de asistentes sociales del país, que se desempeñan en las más variadas esferas del quehacer público y privado, incluyendo un importante segmento de académicos universitarios. Este hecho fue considerado como un grave atentado contra una disciplina académica de antigua raigambre en el medio universitario chileno, al crearse las condiciones para desligar al servicio social del seno de las universidades, pues como consecuencia, se permitía la formación de trabajadores sociales por entidades que por su naturaleza están llamadas a formar a profesionales con un perfil esencialmente técnico y práctico.
El trabajo social es un quehacer que exige poseer sólidos conocimientos del área de las Ciencias Sociales, que permita interpretar la realidad social y apoyar los diagnósticos sociales a niveles microsociales y, por ende, apoyar los programas que se discuten a nivel macrosocial.
Los autores de la moción señalan que al analizar el concepto legal del grado académico de licenciado, que da el artículo 31 inciso décimo de la ley orgánica de Enseñanza, como “El grado que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada”, se aprecia su trascendencia para la formación e idoneidad científico-técnica de los futuros profesionales del área. En efecto y a contrario sensu, de conformidad al inciso noveno del artículo 31, el título profesional que “se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional”; sólo habilita para un desempeño práctico de las profesiones, lo cual es un contrasentido en el caso del trabajo social moderno, que ya desde hace muchas décadas, es una compleja disciplina científica autónoma, inserta en las ciencias sociales y con un objeto y métodos de investigación y de acción propios.
A juicio de los autores de esta iniciativa legal, los profesionales del área deben estar dotados de las condiciones propias de quien se mueve en medio de la realidad social que es la más dinámica de todas, más aún, cuando su desempeño ordinario, es en la intervención social directa para afrontar situaciones complejas y multicausales de alta conflictividad, para lo cual la solidez de la formación científica es determinante.
Los proponentes de la moción abundan en su razonamiento al decir que restar al trabajo social de su diálogo interdisciplinario en el seno de las universidades, es secar las raíces que lo nutren como disciplina científica.
También se dijo en la Comisión que si se analizan los ejes educativos del Trabajo Social en el mundo, se encuentra una tendencia sostenida y acelerada en los últimos veinte años que consiste en que las distintas Escuelas y Centros Académicos de excelencia han pasado a priorizar claramente un nivel de formación general basado en criterios de un aprender a aprender, subordinando a ellos toda forma de aplicación y destrezas. De este modo, se ha colocado el énfasis en el conocimiento de los niveles adecuados para una mejor comprensión de lo social. Estos fundamentos contemporáneos del Trabajo Social se basan en una lógica que cruza toda la formación: No existe una buena intervención social, sin un complejo y exigente nivel de interpretación y comprensión.
En Chile, este eje de formación se abre con el grado de Licenciatura iniciado en 1944 y con el primer doctorado en Trabajo Social creado en 1952. En la actualidad se traduce en la existencia de más de 300 Magister disciplinarios y 105 Doctorados en Trabajo Social a nivel mundial. Cabe mencionar especialmente el esfuerzo que han realizado Universidades que ocupan un lugar destacado en el pensamiento de lo social, como es el caso de Estados Unidos, Canadá . Inglaterra y Brasil. Asimismo, en noviembre del 2001 la Comunidad Económica Europea ratificó que el Trabajo Social fuese una de las carreras que debía desarrollarse tanto a nivel de Licenciatura como de Magister y Doctorado. Consecuentemente, el desarrollo de posgrados en Trabajo Social dice relación con una fuerte profundización en investigación y ella depende, a su vez, de actualizaciones conceptuales, del estudio de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, así como de la renovación clara de un análisis y un compromiso con la ética a nivel social. Lo anterior fue especialmente enfatizado por la Directiva Mundial de Escuelas de Trabajo Social en un seminario internacional realizado en Santiago de Chile en enero de 2002. Allí se trazaron importantes caminos del desarrollo de la disciplina que están marcados por tres grandes encuentros de las Escuelas Universitarias a nivel mundial: el de Montpellier en julio de 2002, Sidney 2004 y precisamente en Santiago de Chile en el 2006. La agenda fijada compromete además a una etapa de consolidación y crecimiento de posgraduaciones de Trabajo Social en Chile. Por ello, constituyó un fuerte impacto la pérdida del grado universitario en 1981, razón por la cual no reponer ahora esa condición en el panorama actual, es dejar a Chile fuera de los niveles de acuerdo internacional existentes. Esto sería especialmente perjudicial en relación por ejemplo al desnivel que significaría en cuanto a intercambio con la Comunidad Económica Europea, con Estados Unidos o Canadá. Si el país acaba de adquirir un compromiso de intercambio en diversas dimensiones, entre las cuales la educativa está contemplada, sería una enorme pérdida y una imprudencia dejar sin poder acceder a los trabajadores sociales chilenos a un grado de formación en el más alto nivel, que sea homologable a las tendencias de desarrollo mundial de la disciplina.
Persistir en Chile, en una formación profesionalizante, unida a una visión del Trabajo Social como práctica social aplicativa, es desdeñar los actuales impulsos históricos que conforman la disciplina a nivel mundial.
El Trabajo Social ya no puede ser definido exclusivamente desde el universo de la pobreza, sino desde las diversas formas de exclusión social, ya sea en virtud de edad, sexo, raza u otro carácter significante como la existencia de niveles de dependencia de drogas, de alcoholismo, las condiciones de salud, la variada persistencia y aumento de fragilidades en los sistemas de protección social, los procesos de desregulación jurídica, los fenómenos como la violencia doméstica, los desafíos de acceso al mercado laboral, los procesos de desarrollo local, etcétera.
Los señores diputados que inician este proyecto, expresan en su moción que la labor de los asistentes sociales chilenos ha quedado marcada en la historia social y política de la República . Desde los primeros sistemas de beneficencia pública que conoció el país, pasando por el desarrollo del servicio social como auxiliar de la administración de justicia, en la judicatura especializada de menores; la administración de los sistemas de protección de menores, hasta la implementación de los primeros programas de viviendas sociales en Chile; incluyendo la apertura de métodos innovadores en su tiempo, como fueron el desarrollo de la terapia familiar, la organización del movimiento poblacional y vecinal; la teoría del desarrollo local; la asistencia social especializada para víctimas de la represión política durante el Gobierno Militar; la implementación de las políticas y programas de promoción de la mujer y de combate a las discriminaciones de género hasta la administración de sistemas privados de seguridad social, incluso los aportes en materia de gerencia de recursos humanos en las empresas.
Las y los asistentes sociales día a día hacen su aporte al progreso humano de nuestra Nación y eso merece ser reconocido también por este Parlamento, restituyendo la exclusividad universitaria de su carrera.
En síntesis, este proyecto tiene por finalidad agregar al listado de títulos profesionales que requieren de licenciatura previa para su otorgamiento, la carrera de Trabajo o Servicio Social. Se han empleado dos denominaciones, pues en la práctica existe una tendencia mayoritaria, a designar a estos profesionales como trabajadores sociales, lo cual es una cuestión con profundas implicancias científicas y también histórico-corporativas.
III. SÍNTESIS DE OPINIONES DISIDENTES.
Los detractores de este proyecto sostuvieron que restablecer la exclusividad universitaria de la carrera de Trabajo Social, responsabilidad que dicha norma legal entrega actualmente a los Institutos Profesionales, causaría un enorme daño a esos Institutos, que en conjunto con las Universidades y Centros de Formación Técnica, conforman el nivel terciario de la Educación Superior.
Hicieron presente que la modificación de una ley orgánica constitucional, por la propia jerarquía de su rango como por las trascendentes y complejas materias que norma, requiere de un muy profundo análisis, máxime cuando generan tanto líneas de inversión como fuentes de trabajo, etcétera.
El Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Formación Superior (Conifos) entregó lo que llamó una visión preliminar sustentada en razonamientos de sentido común y experiencia en la función docente directiva y gremial que poseen sus miembros. Coetáneamente a la preparación de su informe preliminar por el directorio, señalaron que se ha designado una comisión técnica integrada por especialistas en esta materia, para que elabore un informe definitivo que aborde los aspectos legales, académicos y epistemológicos respecto del modelo que orienta y estructura el sistema de Educación Superior vigente y que este anteproyecto pretende modificar.
En concordancia con lo planteado, el presentante del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Formación Superior (Conifos) expresó los fundamentos para considerar que este anteproyecto es inconveniente, perjudicial, insustancial, extemporáneo.
Hicieron presente además que actualmente son cinco los Institutos que la imparten: el Instituto Profesional del Valle Central, el Instituto Profesional Diego Portales, el Instituto Profesional Inacap, el Instituto Profesional La Araucana y el Instituto Profesional Santo Tomás.
En conjunto, estos Institutos albergan 5.239 alumnos de trabajo social y a nivel nacional poseen 29 sedes regionales que incluyen desde Arica a Iquique por el Norte hasta Coihaique y Punta Arenas por el Sur.
Afirmaron que este anteproyecto es extemporáneo, en atención a que el actual modelo sistémico de Educación Superior, ya ha cumplido 20 años y el enorme aporte que ha significado la incorporación de múltiples Institutos Profesionales Privados al sistema de Educación Superior ha permitido un sustantivo crecimiento en la capacidad de atención del nivel terciario, prácticamente sin costos para el erario nacional. Debilitar en este momento a las Instituciones de Educación Superior Privadas como son los Institutos Profesionales, conlleva debilitar el sistema a cambio de satisfacer lo que ellos llaman intereses minoritarios.
Lo que es más grave, sostuvieron, es que de materializar esta iniciativa en la Ley se violaría gravemente nuestro sistema jurídico, en orden a expropiar derechos adquiridos los que se traducen en que las instituciones que imparten dicha carrera, no podrían seguir otorgando sus títulos. Cabe hacer presente la situación desmedrada y no considerada de aquellos profesionales y actuales alumnos que se titulen bajo el presente régimen legal.
IV. DESCRIPCIÓN E IDEA MATRIZ DEL PROYECTO.
El proyecto consta de un solo artículo que tiene por objeto incorporar una letra nueva al artículo 52 de la ley Nº 18.962 orgánica constitucional de Enseñanza, con el objeto de comprender la carrera de “Trabajador o Asistente Social” entre los títulos que requieren haber obtenido previamente el grado académico de licenciado en “Trabajo Social”.
V. APROBACIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto fue aprobado en general y en particular, en votación económica, por mayoría de votos: 8 por la afirmativa, tres en contra y una abstención.
No hubo artículos ni indicaciones rechazados por la Comisión.
VI. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE QUÓRUM CALIFICADO U ORGÁNICO CONSTITUCIONALES.
El proyecto contiene en el texto de su artículo único, una norma, considerada como orgánico constitucional, pues modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, por lo que para su aprobación requiere de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio.
VII. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
No hay disposiciones en esta situación.
VIII. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
En mérito de lo expuesto y de otros antecedentes que pueda entregar el señor diputado informante , la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, somete a la aprobación de la honorable Cámara, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO.- Agréguese una letra nueva, a continuación de la p) del artículo 52 de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, del tenor siguiente:
“) Título de Trabajador o Asistente Social: Licenciado en Trabajo Social”.
-o-
Se designó diputada informante a la señorita María Antonieta Saa Díaz .
Acordado en sesiones de fecha 4 y 17 de junio y 1 y 2 de julio de 2002, con la asistencia de los honorables diputados señores Carlos Montes Cisternas ( Presidente ), Eugenio Bauer Jouanne , Germán Becker Alvear , Sergio Correa De la Cerda , Fidel Espinoza Sandoval , Rodrigo González Torres , Rosauro Martínez Labbé , Carlos Olivares Zepeda , Pablo Prieto Lorca, Manuel Rojas Molina y Eduardo Saffirio Suárez , y de la diputada señora Carolina Tohá Morales y de la diputada señorita María Antonieta Saa Díaz .
Sala de la Comisión, a 2 de julio de 2002.
(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Secretario de la Comisión ”.
11. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio básico de cooperación técnica y científica entre Chile y Perú, suscrito el 22 de junio de 1998. (boletín Nº 2841-10)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado denominado “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú”, suscrito en Lima, Perú, el 22 de junio de 1998, sometido a la consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional, sin urgencia.
I. ANTECEDENTES GENERALES:
1. El año 1977, los Gobiernos de Chile y del Perú, animados por el deseo de fortalecer los tradicionales lazos de amistad existentes entre ambas Naciones; considerando el interés común por estimular la investigación científica y técnica y el desarrollo social y económico de sus respectivos países, y conscientes de que una estrecha colaboración contribuye al desarrollo de los recursos humanos y materiales de los dos países; celebraron un Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica que ha permitido, hasta la fecha, ejecutar diversas actividades de cooperación bilateral, conforme al Programa de Chile para la Cooperación Horizontal, que han comprendido misiones de expertos, pasantías, seminarios, cursos internacionales y becas.
En la aplicación de dicho Convenio, los Gobiernos de Chile y del Perú han convenido, para el período 1998-2002, diversos proyectos de cooperación, en los cuales las instituciones ofertantes chilenas han sido el Ministerio de Obras Públicas; el Instituto de Fomento Pesquero, Prochile , la Universidad Católica del Norte, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, y el Instituto Nacional de Capacitación Profesional. Mayor información de estas actividades se proporciona en lista entregada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, adjunta al final de este informe.
2. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado, además, en oficio RR.EE. (Diramesur) Of. Pub. Nº 9826, de 31 de mayo de 2002, que a partir de la creación de la Agencia de Cooperación Internacional (Agci), el Gobierno de nuestro país ha impulsado la modernización de la gestión de la cooperación, lo que ha obligado, entre otras acciones, a uniformar los convenios sobre la materia en la región. Así, en 1993, se comenzó a negociar con Perú el Convenio sometido a la consideración de la honorable Cámara, en el que se han incorporado las denominadas “áreas de especial interés mutuo” para la cooperación bilateral: Planificación y Desarrollo, Reformas del Estado, Desarrollo del Sistema Financiero, Medio Ambiente , Minería , Pesca, Agricultura y Agro-Industria , Puertos, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Urbanismo, Turismo, Salud y Previsión Social, Comercio e Inversiones, Educación. Asimismo, se ha creado un Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica y Científica, coordinado por las Cancillerías de ambos países.
3. El Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica chileno-peruano de 1977, y que se reemplaza por el Convenio en informe, ha sido promulgado en el orden interno por el decreto supremo Nº 336, de 1978, publicado en el Diario Oficial de 4 de julio del mismo año.
En los últimos años la honorable Cámara ha dado su aprobación a convenios de este tipo celebrados con Antigua y Barbuda , Argentina, Bélice , Brasil , Colombia, Comunidad del Caribe, Corea , Croacia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grecia , Grenada , Guyana, Honduras , Jamaica , Kenya , Nicaragua, México , Panamá , Paraguay , Turquía , Uruguay y Venezuela.
Todos ellos tienen el carácter de tratados básicos o marcos, ya que para la concreción de la cooperación convenida será necesario celebrar acuerdos complementarios en los que los Gobiernos determinen, conforme a las normas programáticas de estos instrumentos, los medios, las áreas y el financiamiento de los proyectos específicos a ejecutar.
En el orden constitucional chileno, los acuerdos complementarios de dichos tratados básicos o marcos, requerirán de nueva aprobación parlamentaria sólo cuando sus normas incidan en materias propias de ley, conforme lo señala el inciso segundo del Nº 1 del artículo 50 de la Carta Fundamental.
II. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL CONVENIO EN INFORME.
Este instrumento consta de diez artículos, en los que se regulan las materias siguientes:
En primer término, los Gobiernos de Chile y de Perú definen los grandes lineamientos de la cooperación técnica y científica bilateral y establecen los mecanismos institucionales que emplearán para aprobar los proyectos específicos que ejecutarán durante su vigencia (Nº 3 de artículo I y artículo II).
En seguida, determinan que las modalidades de la cooperación podrán ser el intercambio de expertos; la dotación de equipos y material necesario para la ejecución de proyectos específicos; la concesión de becas, y la organización de seminarios y conferencias, entre otras modalidades (artículo IV).
Las áreas de especial interés para la cooperación serán, entre otras, la planificación y desarrollo; el medio ambiente y recursos naturales; la innovación tecnológica y productiva; la energía, electrónica e ingeniería; la minería, pesca, agricultura y agroindustria; los puertos, transporte y comunicaciones, y la ingeniería civil, vivienda y urbanismo (artículo V).
En la ejecución de los proyectos específicos se contempla la participación de organismos y entidades de los sectores público y privado, de universidades, instituciones de investigación científica y técnica y organizaciones no gubernamentales (Nº 2 de artículo I).
Para la coordinación de las acciones de ejecución del Convenio se establece una Comisión Mixta, que se reunirá alternadamente, cada dos años, en las ciudades capitales, y para que actúe como mecanismo continuo de programación y ejecución se establece un Grupo de Trabajo de cooperación técnica y científica, coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países (artículos VI y VII).
Sin perjuicio del funcionamiento de dichos órganos, la cooperación internacional materia de este Convenio será ejecutada, coordinada y/o supervisada, en Chile, por la Agencia de Cooperación Internacional (Agci) y en Perú por la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional (Secti).
Por oficio Pub. Nº 11.887, de fecha 3 de julio de 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores, respondiendo a una consulta de la Comisión, ha informado que la composición de la Comisión Mixta, no explícitamente indicada en el Convenio, quedará entregada a la libre designación de la Parte respectiva, pudiendo revestir la más amplia conformación y representación posible, enmarcada con arreglo a las funciones que en dicho instrumento se le señalan. Añade que la determinación de la misma se efectuará en la respectiva oportunidad, pudiendo igualmente ser objeto de modificaciones en su composición, conforme a los requerimientos que se estime necesarios y que tiendan a lograr el mejor cumplimiento del Convenio.
Los mecanismos operacionales y financieros de las diferentes actividades se convendrán en cada caso, siendo posible que se solicite el financiamiento y la participación de organismos internacionales (artículo III).
Los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta que implique el envío del personal, de una Parte a la Otra, será de cargo de la parte que lo envía. En cambio, los gastos de estadía serán de cargo de la parte receptora (artículo IX).
En las cláusulas finales se conviene en la vigencia indefinida del Convenio; en su denuncia; en la notificación de su aprobación interna; en el pleno cumplimiento de los programas y proyectos pendientes al momento de su denuncia, y en la sustitución del Convenio de Cooperación Técnica y Científica de 1977.
Las diferencias fundamentales entre el Convenio en informe y el Convenio de 1977, son las siguientes:
El Convenio de 1977, no contemplaba:
a) La participación del sector privado, de las Universidades y de organizaciones no gubernamentales en la ejecución de programas y proyectos de cooperación;
b) El desarrollo de actividades conjuntas de cooperación en terceros países;
c) Las áreas de especial interés mutuo no se precisaban en los términos en que los hace el artículo V del Convenio de 1998, y
d) El financiamiento de los pasajes y estadía del personal que participe en la cooperación.
Por su parte, el Convenio de 1998 no contempla los privilegios, exenciones y facilidades especiales que el Convenio de 1977 establece en favor de los expertos que participen en la ejecución de los proyectos de cooperación ni tampoco facilidades para los equipos, maquinarias y otros implementos que los gobiernos intercambien en la ejecución de dichos proyectos. Por otra parte, reemplaza a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conycit) por la Agencia de Cooperación Internacional (Agci), como órgano chileno encargado de la cooperación materia de este Convenio, y en Perú se reemplaza al Instituto Nacional de Planificación (INP) por la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional (Secti) del Ministerio de la Presidencia.
III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
A) Aprobación del Convenio en informe.
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerando los propósitos que han motivado a los Gobiernos de Chile y del Perú a celebrar este nuevo Convenio de Cooperación Técnica y Científica, la Comisión decidió, por unanimidad, proponeros su aprobación, para lo cual os sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo formula el mensaje; es decir, en los siguientes:
“Artículo único.- Apruébase el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú”, suscrito en Lima, el 22 de junio de 1998.”.
Concurrieron con su voto a la aprobación unánime de este instrumento, las honorables diputadas Allende, doña Isabel , e Ibáñez , doña Carmen ; y los honorables diputados Ibáñez, don Gonzalo ; Jarpa, don Carlos Abel ; Leay, don Cristián ; Masferrer, don Juan ; Pareto, don Cristián , y Riveros, don Edgardo .
B) Designación de diputado informante .
Esta nominación recayó en el honorable diputado Waldo Mora Longa .
C) Menciones reglamentarias.
Se hace constar que este Convenio internacional no contiene disposiciones que requieran quórum especial de aprobación ni de aquellas que deban ser conocidas por la honorable Comisión de Hacienda.
-o-
Discutido y despachado en sesión de fecha 11 de junio de 2002, con asistencia del honorable diputado Tarud, don Jorge ( Presidente de la Comisión ); de las honorables diputadas Allende, doña Isabel , e Ibáñez , doña Carmen ; y de los honorables diputados Ibáñez, don Gonzalo ; Jarpa, don Carlos Abel ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Leay, don Cristián ; Masferrer, don Juan ; Mora, don Waldo ; Moreira, don Iván ; Pareto, don Cristián , y Riveros, don Edgardo .
Sala de la Comisión, 9 de julio de 2002.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
12. Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recaído en los proyectos de acuerdo que modifican los artículos 17, 38, 263 y 268 del Reglamento de la Cámara de Diputados. (boletines Nºs 2930-16, 2990-16, 2991-16)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento pasa a informar los proyectos de acuerdo, originados en mociones de la honorable diputada señora Adriana Muñoz D’Albora , y refundidos en uno solo, que tiene por finalidad introducir enmiendas en los artículos 17, 38, 263 y 268 del Reglamento Interior de la Corporación.
I. NORMAS REGLAMENTARIAS EN VIGENCIA QUE MODIFICA EL PROYECTO.
El artículo 17 del Estatuto Interno regula el archivo de antecedentes, documentos y proyectos de ley relacionados con la tramitación de un asunto en Comisión.
El inciso segundo del citado precepto dispone que si dicho organismo no se pronuncia en el término de dos años, sobre las iniciativas de ley y demás asuntos que se tramiten como tales, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, deberá pedir su archivo a la Sala. Empero, hace salvedad en los proyectos del Senado y en los iniciados mediante Mensaje, en cuyo caso, el archivo sólo procederá previa anuencia de esa Corporación o del Presidente de la República .
Por su parte, el inciso cuarto del artículo 38, consagra la obligación de que todo diputado que presida una delegación oficial de la Corporación o que individualmente viaje al extranjero en su representación, deberá informar por escrito a la Sala acerca de su cometido, en el plazo de 10 días, a partir del momento en que reasuma sus funciones.
Los incisos primero y segundo del artículo 263, regulan los aspectos relativos a la minuta que corresponderá elaborar a los Secretarios de Comisiones o a los Abogados Ayudantes, previa la iniciación del debate de un proyecto, el que, entre otros aspectos, deberá contener una síntesis de sus ideas fundamentales o matrices y de su incidencia o efectos en la normativa en vigor.
Finalmente, el artículo 268 estatuye que, luego de aprobado en general un proyecto por la Cámara, volverá a Comisión, para segundo informe, con todas las indicaciones presentadas en la Sala, sin perjuicio de estar habilitada para introducirle otras enmiendas que estime necesarias.
II. ENMIENDAS PROPUESTAS POR EL PROYECTO EN INFORME.
La primera modificación incide en el inciso segundo del artículo 17.
Como se expresara en el título anterior, esta norma se relaciona con el archivo de los proyectos de ley, el cual procede, previa consulta a la Cámara, cuando la Comisión no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el asunto, después de dos años de su presentación, cualquiera que sea el trámite en que se halle.
Tal como se señaló en el título precedente, si se estuviera en presencia de proyectos ya aprobados por el Senado o iniciados mediante Mensaje, se deberá requerir, además, el acuerdo de la Cámara Alta o del Presidente de la República , según corresponda.
La reforma que se propone consiste en establecer que, una vez transcurridos los dos años que establece la norma en vigor, se procederá al archivo automático de los asuntos respecto de los cuales no hubiere habido pronunciamiento alguno.
La autora de la iniciativa puntualiza que la enmienda tiene por finalidad evitar en las Comisiones la acumulación de proyectos, que no motivan la atención parlamentaria, y que sí contribuyen a la formación de opiniones negativas de la ciudadanía sobre la labor legislativa, respecto de una aparente carencia de celeridad y dinamismo en la tramitación de las leyes.
Necesario es consignar que se mantiene la excepción respecto de los proyectos del Senado y de los iniciados por Mensaje.
La segunda modificación tiene por objeto reemplazar el inciso cuarto del artículo 38, referente a la obligación de rendir cuenta a la Sala por los diputados que presidan una delegación o que individualmente viajen al exterior en representación de la Cámara.
El cambio sugerido prescribe que los diputados que se encuentren en la situación descrita en el párrafo anterior, estarán obligados a informar de su misión a la Comisión de Relaciones Exteriores, en el plazo de 10 días, desde que reasuman sus funciones, debiendo ella dar cuenta a la Cámara de los resultados del viaje.
La señora diputada que suscribe el proyecto, sostiene que la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana ha manifestado la necesidad de que se la faculte para llevar adelante una evaluación global y plena de los cometidos oficiales en el extranjero que se encargan a los diputados.
Agrega la señora Muñoz , doña Adriana , que, de aprobarse esta enmienda, la Sala estará en condiciones de conocer cabalmente los resultados de las misiones que envía al extranjero, y de efectuar un debate sobre los mismos, permitiendo de esa forma que la opinión pública conozca de las tareas que en el plano internacional se confían a los diputados.
La tercera modificación se relaciona con el artículo 263, que ordena a los Secretarios de Comisiones elaborar una minuta de los proyectos antes de iniciar su discusión.
La proposición consiste, en la eventualidad de que la minuta contenga reparos de constitucionalidad de una moción y la Comisión comparta tales objeciones, en proponer a la Sala el rechazo en general del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82, Nº 2º, de la Carta Fundamental, sobre atribuciones del Tribunal Constitucional para resolver las cuestiones de esta naturaleza que se susciten durante la tramitación de las iniciativas de ley.
La autora de la iniciativa basa su proposición en la conveniencia de hacer más rápida y expedita la vista de las mociones en las Comisiones, cuando ellas adolezcan de vicios de constitucionalidad, no detectados al momento de la Cuenta a la Sala, por no contar con los antecedentes suficientes.
Finalmente, las últimas modificaciones sugeridas recaen en los incisos primero y segundo del artículo 268.
Como se indicara en su oportunidad, este precepto precisa el cometido de la Comisión cuando el proyecto ya ha sido aprobado en general por el Pleno y se devuelve, con todas las indicaciones presentadas en la Sala, para el segundo informe de aquélla.
Las reformas propuestas consisten, primero, en establecer que ni por acuerdo unánime podrá reabrirse la discusión general llevada a cabo durante el análisis del primer informe, y segundo, en disponer que la Comisión se pronunciará en el plazo que la Cámara le señale, el que una vez vencido, producirá la devolución automática del proyecto a la Sala para la discusión particular, incluso sin informe.
Argumenta la señora Muñoz , doña Adriana , que la enmienda que propone encuentra su base en reuniones de los jefes de los Comités parlamentarios y en otras instancias interiores de la Cámara, donde se han detectado hechos que retrasan inútilmente la tramitación de los asuntos sometidos al análisis de las Comisiones.
Agrega que constituye una mala práctica que, en el segundo trámite reglamentario, por asentimiento unánime, se realice el debate de la discusión general, en circunstancias de que ya ha sido aprobada por la Sala la idea de legislar.
Añade, además, que para desentrabar los proyectos que se hallan en este trámite, se consulta la posibilidad de que la Corporación fije un plazo a la Comisión para que emita el segundo informe.
Finalmente, estima la señora diputada que con estas modificaciones se dará un fuerte impulso a la tramitación legislativa.
III. ANÁLISIS DEL PROYECTO POR LA COMISIÓN.
En términos generales, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, concordó con los fundamentos de la iniciativa y con la redacción dada a su parte dispositiva.
Consideró que existe perfecta armonía en las modificaciones que se introducen en los artículos 17, 263 y 268, por cuanto sólo persiguen impedir que se dilate innecesariamente el trámite de los proyectos en Comisiones.
Estuvo plenamente de acuerdo en consagrar el archivo automático de los asuntos sometidos al conocimiento de una Comisión sin que, pasados dos años, se hubiere alcanzado un pronunciamiento de ella.
De igual forma estimó conveniente los objetivos que se pretenden alcanzar con la enmienda a la minuta que deben elaborar los Secretarios de Comisiones, en el sentido de que si se hace presente un reparo fundado sobre la constitucionalidad de una Moción, se proponga su rechazo a la Sala, sin mayor dilación.
En todo caso, en las actas de la Comisión de Régimen Interno, se dejó constancia de que, tratándose del archivo, los señores diputados pueden pedir el desarchivo en cualquier instante o iniciar la tramitación de una nueva iniciativa.
Respecto de las inconstitucionalidades hubo acuerdo en que el proyecto establece un mecanismo adecuado para solucionar este problema, el que, desde cualquier circunstancia, debe resolver la Sala.
En seguida, estimó conveniente impedir que, por unanimidad, las Comisiones puedan reabrir el debate en general, aun cuando se encuentre aprobado en general por la Cámara, ya que sólo conlleva a una dilación innecesaria en el trámite de los proyectos.
Por último, juzgó altamente positiva la propuesta de que los diputados que viajen al extranjero en representación de la Cámara, ya sea presidiendo una delegación o individualmente, deban informar a la Comisión de Relaciones Exteriores y ésta a la Corporación, lo que dará transparencia a estos viajes, al permitir que la ciudadanía sepa qué misión llevaron a cabo sus representantes en el exterior.
Cerrado el debate y puesto en votación el proyecto se aprobó por unanimidad en general y en particular.
IV. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
Por las razones anotadas y por las que dará a conocer la señora diputada informante , la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento propone a la Sala aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Reglamento de la Cámara de Diputados:
1. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 17, por los siguientes:
“Transcurrido el plazo de dos años sin que la Comisión se hubiere pronunciado acerca de los proyectos de ley y demás asuntos sometidos a su conocimiento, cualquiera sea el trámite constitucional o reglamentario en que se encuentren, se procederá automáticamente a su archivo.
Lo dispuesto en el inciso anterior no tendrá aplicación respecto de los asuntos que ya hubieren sido aprobados por el Senado o se originaren en mensajes del Presidente de la República , para el archivo de los cuales se requerirá, una vez transcurridos los dos años a que se refiere el inciso anterior, el acuerdo previo de esa Corporación o del Jefe del Estado , según corresponda.”.
2. Reemplázase el inciso cuarto del artículo 38, por el siguiente:
“El diputado que presida una delegación oficial de la Cámara de Diputados o que individualmente viaje al exterior en su representación deberá dar cuenta de los resultados de su misión ante la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha en que el diputado reasuma sus funciones. Del mérito de dichos resultados la Comisión informará a la Sala en la sesión ordinaria subsiguiente a la recepción de dicha cuenta.”.
3. Agrégase al artículo 263, el siguiente inciso tercero:
“Cuando en la minuta establecida en el inciso primero, se formulen reparos fundados sobre la constitucionalidad de una moción, ella deberá ser considerada por la Comisión respectiva, y ésta, si acogiere tales reparos, procederá, sin más trámites que los que fueren necesarios para precisar sus alcances, a proponer a la Sala el rechazo de la idea de legislar, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 82, Nº 2º, de la Constitución Política de la República, y 38 de la ley Nº 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional.”.
4. Modifícase el artículo 268, de la siguiente forma:
a) Agrégase en el inciso primero, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), lo siguiente:
“la cual, ni aun por acuerdo unánime, podrá reabrir la discusión general del proyecto efectuada durante el estudio del primer informe.”.
b) Reemplázase el inciso segundo, por el siguiente:
“En este trámite, la Comisión deberá pronunciarse, dentro del plazo especial que le hubiere fijado la Cámara, sobre todas las indicaciones cursadas y podrá, además, introducir nuevas enmiendas al proyecto. Vencido dicho plazo el proyecto volverá a la Sala para su consideración, aun sin el informe de la Comisión.”.
Se designó diputada informante a la señora Adriana Muñoz D’Albora .
Acordado en sesión de fecha 9 de julio de 2002, con asistencia de la señora Muñoz , doña Adriana ( Presidenta ), y de los señores Salas, don Edmundo ; Letelier, don Juan Pablo ; Álvarez, don Rodrigo ; García, don René Manuel ; Muñoz, don Pedro ; Ojeda, don Sergio ; Pérez, don Aníbal ; señora Pérez, doña Lily ; Pérez, don José ; Recondo, don Carlos ; Tapia, don Boris ; Ulloa, don Jorge ; Vargas, don Alfonso , y Villouta, don Edmundo .
Sala de la Comisión, a 9 de julio de 2002.
(Fdo.): CARLOS LOYOLA OPAZO, Secretario de la Cámara de Diputados”.
Moción del diputado señor Errázuriz.
Establece la castración química como pena accesoria para el delito de violación. (boletín Nº 2995-07)
“Considerando:
1) Que el artículo 361 del Código Penal sanciona el delito de violación con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio.
2) Que es un hecho público y notorio que en la casi totalidad de los casos, el violador tiene una estrecha vinculación con la víctima: es el conviviente de su madre, tío o vecino de la víctima, en fin, existe un vínculo estrecho entre víctima y delincuente.
3) Que, por lo expuesto, cuando el delincuente cumple su pena, vuelve al mismo medio en que estaba cuando delinquió, existiendo siempre el peligro de que vuelva a hacer lo mismo.
4) Que si bien la castración física podría ser, para algunos, la solución, fuera de atentar contra la norma constitucional que protege la integridad física y psíquica de las personas, no resuelve el problema en la medida que no inhibe el apetito sexual. Por lo tanto, el delincuente podría continuar delinquiendo, por ejemplo, con las manos.
5) Que en algunos Estados de Estados Unidos de Norteamérica, en Alemania y en otros países existe la castración química, consistente en una inyección que se coloca cada cierto período de tiempo para inhibir el apetito sexual.
Vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Sustitúyese el inciso primero del artículo 361 del Código Penal por el siguiente:
“Art. 361. La violación será castigada con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio. Como pena accesoria se aplicará la castración química”.