Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA.
- V . ORDEN DEL DÍA
- BONIFICACIÓN ANTICIPADA A FUNCIONARIOS DE SERVICIOS DE SALUD. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Mario Escobar Urbina
- INTERVENCIÓN : Maria Eugenia Mella Gajardo
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- DEBATE
- REPOSICIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE BENEFICIO PARA LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE INTERURBANO DE CARGA Y DE PASAJEROS. Modificación de la ley Nº 19.759. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- DEBATE
- BONIFICACIÓN ANTICIPADA A FUNCIONARIOS DE SERVICIOS DE SALUD. Primer trámite constitucional.
- VI . PROYECTOS DE ACUERDO
- INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES AL FONASA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Accorsi Opazo
- Osvaldo Palma Flores
- Alberto Robles Pantoja
- Alejandro Navarro Brain
- Sergio Aguilo Melo
- Edmundo Salas De La Fuente
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES AL FONASA.
- VII. INCIDENTES
- OTORGAMIENTO DE BENEFICIO ECONÓMICO PARA FUNCIONARIOS NO DOCENTES. Oficios.
- ADHESION
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- ADHESION
- PETICIÓN DE RENUNCIA A INTENDENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE OTORGAMIENTO DE BONO A PEQUEÑOS CAMPESINOS. Oficios.
- APLICACIÓN DE SANCIONES POR DAÑO AMBIENTAL CAUSADO EN CONCÓN. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY Nº 19.650. Oficios.
- INFORME SOBRE PRESUNTA EXPROPIACIÓN EN LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
- SALUDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PERIODISTA. Oficio.
- INVESTIGACIÓN POR FALLECIMIENTO DE MENOR EN HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO. Oficio.
- PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE EMPLEOS EN REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE FONDOS DE ABSORCIÓN DE CESANTÍA PARA VIII REGIÓN. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE OTORGAMIENTO DE PENSIONES ASISTENCIALES. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Zarko Luksic Sandoval
- ADHESION
- RECHAZO A EXPRESIONES VERTIDAS POR EL INTENDENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA.
- RECURSOS PARA PENSIONES ASISTENCIALES E INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS BENEFICIADAS. Oficio.
- DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y DE SALUD DE SAN FERNANDO. Oficios.
- OTORGAMIENTO DE BENEFICIO ECONÓMICO PARA FUNCIONARIOS NO DOCENTES. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rosa Gonzalez Roman
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Laura Soto Gonzalez
- Eugenio Bauer Jouanne
- Mario Escobar Urbina
- Ivan Moreira Barros
- Pablo Prieto Lorca
- Manuel Rojas Molina
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Roberto Delmastro Naso
- Pablo Galilea Carrillo
- Osvaldo Palma Flores
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Moción de la diputada señora Marcela Cubillos y de los diputados señores Forni , Hernández , Kast , Quintana , Uriarte, Urrutia y Von Mühlenbrock . Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de hacer más transparente y eficiente el trabajo legislativo y la función fiscalizadora. (boletín Nº 2997-16)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Cubillos Sigall
- Marcelo Forni Lobos
- Javier Hernandez Hernandez
- Jose Antonio Kast Rist
- Jaime Quintana Leal
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA
Sesión 16ª, en jueves 11 de julio de 2002
(Ordinaria, de 10.38 a 13.18 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Salas De la Fuente, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Autorización a Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala 9
- Remisión de proyecto a Comisión de Constitución, Legislación y Justicia 9
V. Orden del Día.
- Bonificación anticipada a funcionarios de servicios de salud. Primer trámite constitucional 9
- Reposición de entrada en vigencia de beneficio para los conductores de transporte interurbano de carga y de pasajeros. Modificación de la ley Nº 19.759. Segundo trámite constitucional 26
VI. Proyectos de acuerdo.
- Incorporación de trabajadores independientes al Fonasa 28
VII. Incidentes.
- Otorgamiento de beneficio económico para funcionarios no docentes. Oficios 29
- Petición de renuncia a intendente de la Región Metropolitana. Oficios 30
- Antecedentes sobre otorgamiento de bono a pequeños campesinos. Oficios 32
- Aplicación de sanciones por daño ambiental causado en Concón. Oficios 33
- Información sobre aplicación de la ley Nº 19.650. Oficios 34
- Informe sobre presunta expropiación en la Cuarta Región. Oficio 34
- Saludos con motivo de la celebración del día del periodista. Oficio 35
- Investigación por fallecimiento de menor en hospital regional de Temuco. Oficio 36
- Programas de generación de empleos en Región de Los Lagos. Oficios 36
- Información sobre fondos de absorción de cesantía para VIII Región. Oficio 37
- Antecedentes sobre otorgamiento de pensiones asistenciales. Oficio 37
- Rechazo a expresiones vertidas por el Intendente de la Región Metropolitana 38
- Recursos para pensiones asistenciales e información sobre personas beneficiadas. Oficio 40
- Denuncia de irregularidades en corporación de educación y de salud de San Fernando. Oficios 40
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 19.713, que establece como medida de administración el límite de captura por armador (boletín Nº 2777-03) (S) 42
2. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto, iniciado en moción, que establece normas en beneficio del circo chileno (boletín Nº 2579-06) 48
3. Informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que otorga bonificación anticipada a funcionarios de los Servicios de Salud de las entidades que se mencionan (boletín Nº 2966-11) 59
4. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “suma”, que otorga bonificación anticipada a funcionarios de los Servicios de Salud de las entidades que se mencionan (boletín Nº 2966-11) 63
5. Moción de las diputadas señoras González, doña Rosa; Cristi, doña María Angélica, y Soto, doña Laura, y de los diputados señores Bauer, Escobar, Moreira, Prieto, Rojas, Ulloa y Vilches, que suprime el beneficio de la libertad condicional para el presidio perpetuo calificado y aumenta penas que indica (boletín Nº 2994-07) 64
6. Moción de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Delmastro, Galilea, don Pablo, y Palma que modifica la ley Nº 18.892, de Pesca y Acuicultura, en el sentido de regular y prohibir la introducción de especies hidrobiológicas transgénicas (boletín Nº 2996-21) 66
7. Moción de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, y de los diputados señores Forni, Hernández, Kast, Quintana, Uriarte, Urrutia y Von Mühlenbrock, que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para hacer más transparente y eficiente el trabajo legislativo y la función fiscalizadora (boletín Nº 2997-16) 67
- Oficios de la Excma. Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
8. Establece un régimen de garantías de salud (boletín Nº 2947-11) 68
9. Modifica en el Código Penal el delito de aborto (boletín Nº 2978-07) 71
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
-De la Comisión de Salud por el cual solicita la autorización de la Sala para que el proyecto, iniciado en moción, que asegura la identificación del recién nacido y evita la sustracción de menores, sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (boletín Nº 2935-11).
-De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala en el día de hoy, jueves 11 de julio, de 10.45 a 12.15 horas con el objeto de estudiar el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil (boletín Nº 2906-07).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (97)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Rebolledo González, Víctor Manuel PPD IV 7
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente la diputada señora Ximena Vidal.
-Asistió, además, el ministro de Salud , señor Osvaldo Artaza.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- El acta de la sesión 12ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 13ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala, de 10.45 a 12.15 horas, con el objeto de estudiar el proyecto que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Si les parece a los señores diputados, se accederá a la petición de la Comisión especial encargada de analizar las actuaciones de los funcionarios públicos que han colaborado en el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Matute Johns para sesionar simultáneamente con la Sala, de 11 a 12.30 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Salud para remitir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto de ley que asegura la identificación del recién nacido y evita la sustracción de menores, por tratarse de materias de su competencia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
BONIFICACIÓN ANTICIPADA A FUNCIONARIOS DE SERVICIOS DE SALUD. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que otorga bonificación anticipada a funcionarios de los servicios de salud de las entidades que se mencionan.
Diputados informantes de las Comisiones de Salud y de Hacienda son la diputada señora Cristi y el diputado señor Escalona, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2966-11, sesión 5ª, en 11 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informes de las Comisiones de Salud y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 3 y 4, de esta sesión.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Salud .
La señora CRISTI (doña María Angélica ).-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar sobre el proyecto de ley, con urgencia calificada de “suma”, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , que otorga bonificación anticipada a los funcionarios de los servicios de salud y de las entidades que menciona.
La idea fundamental de la iniciativa tiene como objeto conceder una bonificación anticipada e imputable a la asignación de estímulo del personal de planta y a contrata regido por la ley Nº 18.834 -que aprobó el Estatuto Administrativo-, que se encontraba en servicio al 31 de diciembre de 2001 y que actualmente continúe desempeñándose en los Servicios de Salud, en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en el Instituto de Salud Pública, en la Subsecretaría de Salud, en el Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera-Oriente, en el Centro de Referencia de Salud de Maipú y en el hospital Padre Alberto Hurtado .
Si bien el beneficio incluye a los hospitales de los distintos servicios de salud del país y a otras entidades, algunos centros de referencia no están incluidos, como el Centro de Referencia de Salud Salvador Allende, que depende de la municipalidad de Pudahuel, y el Centro de Referencia de Salud de La Florida, dependiente del municipio de dicha comuna.
El bono ascenderá a 73 mil pesos para todo el personal que se encuentre en un grado igual o inferior al 19º de la Escala Única de Sueldos, y de 35 mil pesos para el que se encuentre en un grado superior.
La iniciativa no contiene artículos calificados como normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado.
La Comisión no contó con la asistencia de personas que debieran ser escuchadas.
Acordó que el proyecto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
En la discusión general, se expresó que la iniciativa es la concreción de un acuerdo celebrado entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores, por lo que hubo consenso en la necesidad de aprobar la iniciativa, pues constituye un importante estímulo para los trabajadores del sector salud, los que, en general, perciben bajos sueldos.
Asimismo, se hizo referencia a la conveniencia de suprimir el inciso primero del artículo 4º, que establecía que aquellos funcionarios que hubieran registrado ausencias injustificadas no tendrían derecho a percibir el bono. Al respecto, como el artículo 66 de la ley Nº 18.834 dispone el descuento de los días no trabajados y que constituyen ausencias injustificadas, la Comisión acordó eliminar ese inciso, lo que permitirá a los funcionarios que hayan registrado ausencias injustificadas recibir el bono, porque, en forma previa, se les aplicará el descuento correspondiente.
Respecto de algunos cuestionamientos planteados en la Comisión en cuanto a por qué el proyecto no incluía a los funcionarios del Fondo Nacional de Salud, se explicó que este bono era incompatible con la asignación de modernización, concedida a los funcionarios de diversos organismos del Estado mediante la ley Nº 19.809, entre los que se incluye a los del Fonasa, del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.
Además, cabe señalar que a partir del 25 de junio de 2002 se entregó una bonificación a los funcionarios de las entidades de salud primaria, por lo que tampoco figuran en la iniciativa.
Por otro lado, quien habla hizo presente al ministro de Salud que los antecedentes que fundamentan el proyecto van mucho más allá de los beneficios que implica el otorgamiento de este bono por una sola vez como estímulo para los funcionarios, porque, a mi juicio, los antecedentes de la iniciativa corresponden a una ley futura, la cual probablemente será parte de la reforma a la salud.
Finalmente, el proyecto fue aprobado en forma unánime por la Comisión.
Los funcionarios que percibirán el bono de 35 mil pesos, que se encuentran en grados iguales o superiores al 18º de la Escala Única de Sueldos, son 19.156, mientras que quienes recibirán el bono de 73 mil pesos, que se encuentran en grados iguales o inferiores al 19º de la Escala Única de Sueldos, son 43.609. Se beneficiará en total a 62.765 funcionarios, con un costo de 3.853 millones pesos.
En consecuencia, como el bono constituye un estímulo acordado entre el Gobierno y la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Renovación Nacional va a aprobar el proyecto. Hago un llamado a la Sala a hacer lo mismo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz , quien rendirá el informe de la Comisión de Hacienda, en reemplazo del diputado señor Escalona .
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , anteayer la Comisión de Hacienda analizó el informe de la Comisión de Salud sobre el proyecto que otorga bonificación anticipada a funcionarios de los servicios de salud, iniciativa que tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República .
En la discusión general, el ministro de Salud , señor Osvaldo Artaza , expresó, en forma clara, que la iniciativa corresponde a un compromiso asumido por el Gobierno con los trabajadores del sector salud, los que se verán beneficiados con un mejoramiento gradual de sus ingresos en relación con el cumplimiento de metas de gestión.
El total de beneficiarios alcanza a los 62.765 trabajadores; 19.156 tendrán un bono de 35 mil pesos y, la inmensa mayoría, es decir, más de 43 mil, recibirán un bono de 73 mil pesos.
El costo del proyecto para el erario es de 3.800 millones de pesos y se financiará con los recursos que contemplan los presupuestos vigentes de los respectivos servicios e instituciones. Además, en el informe presupuestario, adjunto al mensaje del proyecto de ley, se especifica que si no alcanzaran los fondos para los veintinueve servicios o instituciones respectivas, se cargará al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Es decir, el proyecto está totalmente financiado.
Esta iniciativa establece el pago de un bono especial no imponible ni tributable al personal de planta y a contrata regido por la ley Nº 18.834 en servicio al 31 de diciembre de 2001 y que a la fecha de la publicación de esta ley continúe desempeñándose en los Servicios de Salud, en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en el Instituto de Salud Pública de Chile, en la Subsecretaría de Salud y en los establecimientos de salud de carácter experimental.
Como lo expresara la diputada informante de la Comisión de Salud, la iniciativa demuestra que el Gobierno que preside el Presidente Lagos tiene, entre las prioridades de su período que termina el 10 de marzo de 2006, la reforma a la Salud, y dentro de la misma es vital el tema de las remuneraciones del personal que labora para hacer posible una mejor salud para todos los chilenos.
En la Cámara de Diputados, en este instante, tenemos cuatro proyectos diferentes. Ayer, nos constituimos en la Comisiones de Salud y de Hacienda; se fijaron los horarios -tres veces a la semana- y existe el espíritu y el deseo, tanto del Gobierno como de la Oposición, para que, en un plazo relativamente corto, se entreguen los informes a la Sala para cumplir con el primer trámite constitucional.
En esta política de desarrollo se contemplan la entrega de este bono, la modernización de la carrera funcionaria, la capacitación para una mejor gestión y, también, un incentivo a los retiros.
Creo que el proyecto se debería aprobar por unanimidad, porque es positivo, beneficia y reconoce su contribución al gremio de la salud estatal, más aún cuando, hace dos semanas, aprobamos un bono para el personal de la salud primaria, que depende de los 341 municipios del país.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Como dos Comisiones se encuentran sesionando paralelamente con la Sala, propongo que los proyectos se voten al final del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señora Presidenta , quiero expresar la voluntad de mi bancada de aprobar absoluta y totalmente los términos del proyecto de ley que otorga una bonificación anticipada a los funcionarios de los servicios de salud y de todas las entidades que se mencionan en el artículo 1º.
La iniciativa, cuyos fundamentos y contenidos están expresados en el mensaje, responde a los requerimientos e inquietudes de los trabajadores, pero, por sobre todo, al acuerdo adoptado entre las autoridades de la salud y los gremios, especialmente con la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Confenats . Desde luego, muchos funcionarios están esperando la aprobación de esta iniciativa.
Se ha señalado que 62.765 trabajadores serán beneficiados con el bono, cuyo costo asciende aproximadamente a 3.800 millones de pesos.
No cabe otra posibilidad que la de aprobar el proyecto, que resulta altamente beneficioso para el sector salud.
En la discusión general del proyecto se ha sostenido que las ideas matrices o fundamentales no tendrían relación con lo expresado en el mensaje. Sin embargo, cualquier medida adoptada en materia de salud repercute automática y directamente en los postulados y en los principios que las ideas matrices señalaron. Es así que se refiere a los ejes de la nueva política de recursos humanos, a la modernización de la carrera funcionaria, a la capacitación, al incentivo, al retiro funcionario y a la política de remuneraciones.
En el análisis tuvimos presente que resultaría injusto que no recibieran el beneficio las personas que se hayan ausentado injustificadamente de sus labores dentro del período en que se concede. Por ello, la Comisión resolvió suprimir el inciso, más aún si el Estatuto Administrativo ya establece sanciones.
Estamos de acuerdo en otorgar este bono, que no es imponible ni tributable, por una sola vez, como lo dijo la diputada informante de la Comisión de Salud , al personal de planta y a contrata regido por la ley Nº 18.834, que estuviera vigente al 31 de diciembre de 2001, y que a la fecha de publicación de la iniciativa de ley continúe desempeñándose en la Subsecretaría de Salud, en los Servicios de Salud, en el Instituto de Salud Pública, en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en el Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera-Oriente, en el Centro de Referencia de Salud de Maipú y en el hospital Padre Alberto Hurtado .
Se trata de un importante beneficio, sobre todo en estos momentos de grandes necesidades para los sectores laborales, de 73 mil pesos para aquellos trabajadores cuyo grado sea igual o inferior al 19º, y de 35 mil pesos para los que tengan grado 18º o superior, pagadero treinta días después de la publicación de la ley.
Por lo tanto, nuestra bancada va a concurrir con sus votos a aprobar el proyecto, el que ha sido analizado y aprobado por las Comisiones de Salud y de Hacienda.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA.-
Señora Presidenta , el proyecto mejora en un grado muy menor las remuneraciones de un sector de la salud de nuestro país y lesiona, una vez más, los presupuestos vigentes de los servicios de salud, cuyas deudas ascienden a casi cincuenta mil millones; es decir, continuamos improvisando.
Esto nada tiene que ver con la reforma de la salud. En realidad, esta iniciativa cumple parte de los compromisos del Gobierno, asumidos hace ya bastante tiempo e incluso olvidados, y se envió al Congreso por presiones de sectores de la salud.
Recibirán este incentivo, de preferencia, los funcionarios y profesionales que desempeñan su trabajo en áreas con menores recursos, que atienden en las peores condiciones, en las zonas rurales más alejadas, en hospitales públicos, y a las personas más pobres de nuestro país. Estos funcionarios son quienes realizan la primera atención a la persona enferma, contacto que debería constituir una excelente línea para tratar eficaz y eficientemente a los enfermos, y solucionar de inmediato la mayoría de las patologías que presentan las personas, o sea, casi el 80 por ciento de las consultas.
Para lograrlo, se debe dotar a esta línea de atención de una mayor resolución en el tratamiento; de lo contrario, se pierde un tiempo valioso y se dificulta una buena gestión, con la cual es posible evitar que los enfermos se agraven y/o que se mantengan en el tiempo, porque, al complicarse y sufrir mayores molestias, se causa un mayor e inútil gasto de recursos y una gran pérdida de tiempo, con la consecuente mala administración y anacrónica burocracia de los establecimientos de salud, los cuales, con grandes incrementos en los presupuestos, logran resultados mejores en sus gestiones.
La verdadera reforma en salud es mejorar la gestión, optimizar el gasto, mejorar las resoluciones, ampliar las coberturas; descentralizar, mejorar los ingresos en relación con objetivos y metas, modernizar los esquemas administrativos, establecer una sana y regulada competencia entre establecimientos, concursar públicamente los cargos para que sean llenados por idoneidad y no por cuestiones político-partidistas del gobierno de turno, con lo que se logrará, también, mayor autonomía e independencia en la toma de decisiones.
En una buena administración nunca debe dar lo mismo obtener buenos o malos resultados. Se debe premiar la excelencia en la gestión, la buena marcha en los servicios públicos, que muchas veces se anquilosan administrativamente en la nefasta seguridad que da prácticamente una inamovilidad funcionaria que, la mayoría de las veces, protege a malos funcionarios que se esconden detrás de los miles que realizan sus labores con eficiencia y eficacia, con profesionalismo y buena voluntad; además, con vocación, elemento indispensable para un buen trabajo y que en salud se requiere más que en ningún otro lugar, porque quienes trabajan en este sector deben tratar con las personas más necesitadas, los enfermos.
El proyecto sigue la misma línea de muchos otros relacionados con el sector salud; trata de solucionar un problema mayor con parches, discursos y enunciados de buena voluntad que no mejoran a nadie, con grandes y caras campañas comunicacionales. En nada mejora la carrera funcionaria, es sólo un incentivo pequeño que otorga un máximo de 73 mil pesos a los funcionarios de grado 19 o inferiores, y de 35 mil pesos a los que tengan grado superior, por una sola vez. Dicho de otra manera, 73 mil pesos para quienes ganan 225 mil pesos o menos, y 35 mil pesos para los que ganan más.
El bono no constituye renta para los efectos legales, no es imponible, no es tributable; por lo mismo, es otro arreglo de parche a las remuneraciones de los funcionarios de la salud, quienes tienen ingresos reales muy bajos, pues sus sueldos base se han quedado atrás por efecto de reiterados arreglos superficiales como éste, ligados casi siempre a huelgas declaradas por las malas condiciones económicas del sector público en general, porque nunca se ha solucionado el problema de fondo. Los funcionarios ven reflejado eso al final de su carrera funcionaria, después de una vida de trabajo, en jubilaciones de hambre que los obligan a mantenerse eternamente en sus puestos, pues, si se retiran, el dinero de la jubilación no les alcanzará para vivir con la dignidad que merecen ni a mantener sus condiciones anteriores.
Se anuncian reiteradamente medidas que nunca llegan, para fomentar el retiro de las personas que hayan cumplido los requisitos necesarios para jubilar. Por ejemplo, se ha planteado otorgarles el sueldo de un mes por año, con un máximo de ocho meses, y otro para las rentas menores, como la de las mujeres, por constituir éstas un porcentaje muy alto de los funcionarios de la salud, casi el 80 por ciento.
En todo caso, en la Comisión de Salud hemos trabajado para mejorar el proyecto todo lo que sea posible.
En consecuencia, la bancada de Renovación Nacional anuncia su voto favorable tanto a este proyecto como a todos los que beneficien al sector de la salud y a sus funcionarios, conscientes de que los chilenos esperan menos discursos y más soluciones reales a un problema que es prioritario y cuya solución se sigue postergando.
Reiteramos, así, nuestro mayor compromiso político para con las personas y con la salud de nuestro país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señora Presidenta , sin duda -y todos estarán de acuerdo- es bueno conceder un bono al personal de planta y a contrata regido por la ley Nº 18.834, que se encontraban en servicio al 31 de diciembre de 2001, y que actualmente continúen desempeñándose en los Servicios de Salud, en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en el Instituto de Salud Pública, en la Subsecretaría de Salud, en el Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera-Oriente, en el Centro de Referencia de Salud de Maipú o en el hospital Padre Hurtado.
Lo que llama la atención es que lo expresado en el mensaje nada tiene que ver con el proyecto.
En efecto, el mensaje señala que se quiere modernizar la carrera funcionaria y dar un incentivo para mejorar la gestión, pero el proyecto sólo concede un bono general, por una sola vez, para los buenos y malos funcionarios.
Nos parece bien, porque las remuneraciones de los funcionarios de la salud son muy bajas.
Además, este importante sector, que entrega salud a la población, muy en especial a los más modestos, se siente discriminado por la política general de los gobiernos de la Concertación.
Por eso, nadie se puede negar al otorgamiento de este beneficio y creo que todos en esta Sala votaremos a favor del proyecto; sin embargo, no puedo dejar de manifestar que el Gobierno otra vez se quedó corto, porque, a nuestro juicio, debió hacer un esfuerzo mayor para que los trabajadores de la salud estén contentos y atiendan mejor a la gente que sufre y padece algún dolor.
Nada de eso caracteriza el proyecto. Es más, el otorgamiento del bono es la consecuencia de un acuerdo adoptado entre las autoridades del sector y los gremios, especialmente con la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Confenats, la que llamó a sus asociados a paralizar sus actividades para lograrlo.
Había un compromiso con las autoridades de salud, y como ya es casi permanente, los acuerdos no se cumplen. Para obtener el otorgamiento del bono, los trabajadores de la salud tuvieron que paralizar sus actividades. Ahí salió la bonificación y se puso urgencia a la iniciativa.
La importancia de este sector es relevante, por eso debemos modernizarlo, crear incentivos para premiar a la gente que trabaja en los distintos hospitales del país, la que quiere hacer bien las cosas, pero que hoy, después de haber entregado una vida entera al servicio público, a aliviar el dolor de las personas que sufren, se siente amargada y frustrada.
Para lograr el otorgamiento de este bono, los funcionarios tuvieron que dejar de lado lo que más quieren: la atención de la gente. Se vieron obligados a paralizar sus actividades, pues no eran escuchados por la Concertación ni por el Gobierno.
Por ello, la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente el proyecto. En todo caso, una vez más la Concertación queda corta y en deuda con este importante sector, que todos queremos modernizar y mejorar.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Robles .
El señor ROBLES .-
Señora Presidenta , el bono anticipado pretende cumplir compromisos suscritos por el Gobierno con los funcionarios de la salud que se desempeñan principalmente en la atención secundaria y terciaria, ya que los trabajadores de la atención primaria fueron beneficiados con lo dispuesto en un proyecto de ley despachado hace poco tiempo por el Congreso.
Es importante dar a conocer lo que el Ejecutivo está haciendo en materia de recursos humanos en el sector público. Uno de los pilares de la reforma en que estamos empeñados será, necesariamente, el de los funcionarios de la salud.
El Ejecutivo se ha propuesto introducir cambios en la estructura organizacional de los servicios de salud, principalmente en las políticas de recursos humanos. Está en una campaña para incorporar conceptos modernos de administración de recursos humanos en la gestión pública de salud.
Ya en la ley que benefició a los funcionarios de la atención primaria se incorporó el concepto de remuneraciones variables asociadas al desempeño de los funcionarios.
En la atención secundaria y en la terciaria, el Gobierno está trabajando con los representantes de los trabajadores para elaborar los parámetros que permitan evaluar la atención que reciben las personas, a fin de entregar mayores beneficios a sus funcionarios.
El Gobierno concordó con los trabajadores el anticipo de un bono de estímulo para que en el futuro se produzca un cambio evidente en la gestión de recursos humanos y en la forma en que el Estado remunera a sus funcionarios, lo que ya ha hecho en otros sectores; incluso, se advierte que el sistema ha comenzado a ser permeable a toda la Administración Pública.
Las políticas que el Ministerio de Salud está impulsando requieren de tiempo para que se hagan realidad, más aún, cuando las políticas de recursos humanos de la salud pública se aplican desde hace más de cuarenta años.
La modernización que requiere el sector -inmersa en la reforma de la salud-, necesariamente pasa por estimular a los funcionarios para avanzar en el tema que más nos preocupa, cual es la atención integral del ser humano; la atención que personas brindan a otras personas, porque los servicios de salud son lugares en los cuales trabajan seres humanos con seres humanos y no con máquinas, por eso se necesita incentivar a los funcionarios para que atiendan bien a los pacientes; por eso, es extremadamente importante apoyar la política de recursos humanos que el Ministerio de Salud está llevando a cabo.
El diputado señor Masferrer le pide al Gobierno un mayor esfuerzo para entregar más recursos a dichos funcionarios y a los programas que benefician a las personas, en este caso a través de la reforma de salud, lo que necesariamente significa que el diputado señor Masferrer y su bancada apoyarán las reformas tributarias necesarias para allegar fondos al sector salud, y estarán de acuerdo en una mayor entrega solidaria de recursos, es decir, que quienes tienen más, aporten más a aquellos que, por su situación económica, no pueden efectuar el mismo aporte.
Para que Chile haga una mejor gestión social se requiere cambiar ciertas políticas tributarias tremendamente injustas. Sólo espero que la Derecha esté dispuesta a legislar para que, por ejemplo, las empresas que extraen minerales del norte y nos dejan grandes hoyos, enteren los impuestos que corresponde por esas riquezas que se llevan.
Desde la época del gobierno militar las empresas mineras tributan en forma especial; ello es inadecuado para resolver los problemas sociales que nos afectan. He escuchado distintas opiniones en el sector, en orden a que hoy las grandes empresas mineras han vuelto a configurar un panorama como el que se generó años atrás, relacionado con la famosa “chilenización” del Cobre.
Por eso, es muy importante avanzar en materia tributaria, a fin de que las propuestas del Gobierno, aplicables al sector salud, sean eficaces y efectivas.
Por tanto, llamo a esta Sala a aprobar el proyecto, tal como lo hará mi bancada, porque sabe que va en la dirección correcta. Evidentemente, la discusión de los mayores tributos se tendrá que dar a todo nivel. El tema lo debatirá la Cámara junto con las iniciativas del Ejecutivo sobre el financiamiento de la reforma de la salud.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO .-
Señora Presidenta , no cabe duda de que el proyecto, de discusión y de trámite simple, que, según lo que se ha expresado, ya cuenta con la aprobación unánime de la Cámara, amerita un debate como el que hemos escuchado.
Comparto las expresiones de la diputada informante. Sin embargo, opino, tal como lo han señalado otros colegas, que es preciso llamar la atención acerca de la inconsecuencia que se observa entre el mensaje y el proyecto.
Concuerdo plenamente con lo que se ha expresado en el transcurso del debate. Además, el señor ministro precisó que el mensaje está orientado a lo que significa la nueva política de recursos humanos en el sector, la modernización de la carrera funcionaria, la capacitación, los incentivos al retiro y una serie de otras materias que compartimos todos y que están presentes en el proyecto llamado Auge. Pero eso no está expresado claramente en el mensaje, que no es concordante con la iniciativa. Me parece oportuno solicitar mayor rigurosidad en la presentación de proyectos, más aún en aquellos que conforman la reforma de la salud, la que el país espera y que todos deseamos discutir con racionalidad e inteligencia, con el fin de que todos los chilenos reciban la mejor atención médica.
Vamos a votar favorablemente este proyecto, como lo dijimos en la Comisión de Salud y como lo expresó el diputado señor Palma, en representación de Renovación Nacional; pero insistimos en la necesidad de ser rigurosos al hablar de reforma al sector salud. Estimamos que es liviano tirar al voleo cifras y hablar de miles de millones de pesos para el financiamiento de un plan que recién empezamos a analizar. Este es un país de pocos recursos y tienen que usarse muy bien, porque si se entregan en gran cantidad a la salud, hay que restarles a otros sectores; por ejemplo, a la educación, que exhibe el “honroso” último lugar en cuanto a calidad en América Latina; a vivienda, lo que puede desincentivar la creación de nuevos empleos. Por eso en Renovación Nacional hemos sido enfáticos en señalar que es preciso depurar los costos en salud. Sabemos de la existencia de hoyos, una especie de saco sin fondo...
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Disculpe, señor Bayo, pero el diputado señor Montes le solicita una breve interrupción.
El señor BAYO.-
Con mucho gusto se la concedo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señora Presidenta , sólo para aclarar que en algunas evaluaciones la educación de nuestro país alcanza el segundo lugar en América Latina, y en otras, el tercero. El diputado señor Bayo está confundiendo el Tims, que es una evaluación mundial, en la que sólo participaron treinta y seis países, y Chile, que aparece en último lugar; pero la calidad de nuestra educación está bastante por encima de la de otros países del continente.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Continúa con el uso de la palabra el diputado señor Bayo.
El señor BAYO .-
Señora Presidenta , el diputado señor Montes confirma lo que acabo de decir. En esa evaluación mundial Chile aparece en último lugar.
Por último, quiero señalar que ésta no es la oportunidad para traer al debate el tema del financiamiento del sector salud. Es extemporáneo, puesto que debería hacerse -repito- una vez que tengamos estudios serios y depurados acerca de los costos reales en esa área. Por eso, me alegro de que en la Comisión de Salud se haya aprobado solicitar al ministro de Salud la realización de auditorías en tres o cuatro servicios a lo largo de todo Chile, representativos de diferentes realidades, con el fin de poder establecer lo que hoy cuesta la salud en nuestro país y también su reforma: el plan Auge, que plantea modificaciones que todos compartimos, con mayores o menores diferencias, pero buscando la mejor atención de salud para todos los chilenos. En ese momento los diputados de Renovación Nacional tendrán una actuación positiva, porque, por sobre todos nuestros intereses partidarios, primero está el interés superior de Chile.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el ministro de Salud , señor Osvaldo Artaza.
El señor ARTAZA ( ministro de Salud ).-
Señora Presidenta , en primer lugar, quiero agradecer la buena disposición que han tenido todos los parlamentarios para tratar el proyecto, que efectivamente otorga un bono anticipado y, por lo tanto, no viene a solucionar ningún problema de fondo. Tampoco se trata de establecer una política de recursos humanos. Sencillamente es un bono anticipado. Quizás ha traído un poco de confusión el mensaje, el que va mucho más allá de la materia específica que propone el proyecto, que sólo se refiere al otorgamiento de un bono.
El Ejecutivo quiso -a lo mejor no fue suficientemente explícito en ello- colocar este bono en un contexto más amplio, que dice relación con una política de largo plazo, que justamente se está conversando con los distintos gremios de la salud pública. Esperamos y confiamos en que, a fines de este mes, contemos con un proyecto que tenga relación con una política integral de mejoramiento del recurso humano hospitalario que, como en otros casos, innovará en materia de aumentos salariales, los que estarán relacionados con la mejoría de la calidad de la gestión y de los resultados que beneficien a la población.
Señora Presidenta , doy esta explicación porque he escuchado a varios señores parlamentarios que se han referido a la falta de relación entre lo expresado por el mensaje y el contenido del proyecto en discusión.
Agradezco la disposición de los señores diputados para aprobar el otorgamiento de un bono a los trabajadores de la Salud -de suma justicia- que se relaciona con una política que apuesta a mejorar sus condiciones, pero de acuerdo con la calidad del servicio que se entregue a la ciudadanía.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señora Presidenta , en las últimas semanas me ha correspondido, por las labores propias del cargo, reunirme con directores y funcionarios de hospitales del distrito que represento. Fue así como hace poco visité Fresia , Llanquihue, Frutillar , Purranque y Puerto Octay. En cada reunión que participé advertí las inmensas ganas y el profundo anhelo que tienen todos los funcionarios de la salud pública de este país por mejorar sus condiciones salariales debido a los bajos ingresos que perciben. Son cuestiones legítimas.
No voy a polemizar con el diputado señor Masferrer , quien ha señalado que ha habido huelgas y manifestaciones. Nadie desconoce que en la década de los ’80 los trabajadores de la salud, como tantos otros funcionarios públicos de este país, tenían remuneraciones miserables. Hoy los trabajadores pueden, legítima y democráticamente, manifestar sus opiniones y declararse en huelga. En aquellos años era imposible.
No obstante lo positivo de lo que discutimos, vemos una marcada unanimidad para otorgar un bono de 73 mil pesos que, como ha señalado el ministro señor Artaza , no constituye una solución integral a la problemática salarial de los funcionarios de la salud, sino que, en su esencia, es una forma de entregarles un apoyo. El bono puede ser considerado pequeño, pero para cada uno de los funcionarios que lo percibirá es importante, por cuanto contribuye a paliar necesidades económicas de su grupo familiar.
También quiero señalar que es importante que la concreción del acuerdo entre el Gobierno y los trabajadores permita la obtención de esta bonificación.
Los diputados socialistas no sólo apoyaremos esta iniciativa, sino que, a futuro abogaremos por que existan mejores condiciones económicas para los funcionarios públicos de la salud, cuyas remuneraciones -así me lo han manifestado en las reuniones que he descrito- se encuentran por debajo de las de los trabajadores de la atención primaria de salud, razón por la cual es necesario equipararlas. En ese sentido, rescato el anuncio hecho hace algunos días en Puerto Montt por el ministro Artaza , cuando al reunirse con algunas organizaciones sociales de la zona, señaló que el Gobierno apoyará todas las iniciativas tendientes a fortalecer a los funcionarios públicos de la salud, pero que también velará por que en cada centro hospitalario la gente reciba una atención digna.
Por lo tanto, me alegro de que se otorgue esta bonificación, que contribuye a solucionar la difícil situación coyuntural que viven los funcionarios de la salud de todo el país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica ).-
Señora Presidenta , como diputada informante , ya me referí al debate habido en la Comisión, pero ahora quiero dar mi opinión respecto de lo que significa esta bonificación anticipada a los trabajadores de la salud.
Nadie en esta Sala puede negarse a que las personas que perciben desde un salario mínimo hasta 225.000 pesos, reciban un bono de 75 mil pesos, para compensar sus bajos sueldos, como tampoco a que quienes se encuentran sobre el grado 19 de la escala única de sueldos tengan un bono de 35 mil pesos. Por ese motivo, hemos concurrido con nuestros votos favorables al proyecto.
Sin embargo, siento que cada vez estamos aprobando soluciones de parche en lugar de abordar el problema de manera integral. La cifra que se entregará a alrededor de 62 mil funcionarios es importante, pues alcanza a 3.800 millones de pesos. Hace unos días se otorgó una asignación a la salud primaria de alrededor de 1.800 millones de pesos. Otro tanto se hizo hace un tiempo con otros funcionarios públicos que se rigen por el Estatuto Administrativo. ¿Por qué, entonces, la Administración Pública no se ordena? Todos sabemos que existe un sinnúmero de contrataciones a honorarios y de asesores que no se necesitan, los que muchas veces ganan más que los funcionarios que han dedicado su vida al servicio público.
Hace un año solicité información sobre los funcionarios a contrata y los asesores con que cuenta el Ministerio de Salud. Por razones obvias, el oficio nunca fue contestado, al igual que muchos otros. Si sumamos, nos damos cuenta de que hay miles de millones de pesos que se destinan a soluciones de parche, no integrales.
Según información emanada del propio Servicio Nacional de Salud, se han gastado más de mil millones de pesos en el estudio de la reforma a la salud. En publicidad -y se lo hemos dicho al señor ministro -, se han gastado cientos de millones de pesos. Debido a ello, solicitamos oficiar a la Contraloría General de la República, organismo que todavía no nos entrega una respuesta.
Si queremos realmente ayudar a los trabajadores de la salud y de la Administración Pública, hay que administrar los fondos con eficiencia y sin abusos. Es la única manera de que esos trabajadores sean mejor pagados. ¿Cómo no va a indignar a los trabajadores de la salud que han dedicado su vida a este servicio -entre ellos, médicos, auxiliares, paramédicos- el hecho de que llegue un extraño a servir como asesor, a honorarios, y perciba una remuneración mucho mayor?
Si bien apoyé la iniciativa del Ejecutivo , por las razones que expliqué, quiero aprovechar la presencia del ministro de Salud en la Sala, quien tiene en sus manos la enorme responsabilidad de llevar adelante la nueva reforma a la salud, para pedir que se considere el concepto de mayor eficiencia en la Administración Pública y en la contratación de personal, de modo que sean los propios trabajadores de la salud los que reciban los recursos destinados a otras personas.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA .-
Señora Presidenta , ingresé al servicio público de salud en 1969, en el que permanecí hasta marzo de 1990. Luego, me reincorporé en diciembre de 1996. Fui testigo y pude comprobar lo que significó el deterioro del financiamiento de la salud pública. Las matemáticas no fallan. Nuestro país llegó a destinar un 3,2 por ciento del producto interno bruto al sector salud; luego, bajó a 0,9 por ciento, y hoy, a pesar de los esfuerzos realizados, sólo llega al 2,9 por ciento. Los números son la mejor demostración del trato que se ha dado al sector público de salud durante el gobierno militar y durante los gobiernos de la Concertación.
En 1986, cuando era dirigente gremial, tuve oportunidad de organizar una manifestación para que nuestro país recuperara la democracia, su Parlamento, y los dirigentes gremiales pudieran realizar movilizaciones sin riesgo de perder su trabajo. Por eso hemos luchado, ya que creemos que el hombre debe desarrollarse en una sociedad libre, en la que todos sus derechos sean respetados, y uno de los derechos más importantes es el de la salud.
Quiero manifestar mi respeto a todos los trabajadores que se desempeñan en el sector público de salud, porque, a pesar de la disminución del producto interno bruto entre 1981 y 1982, los índices biomédicos continuaron mejorando. Eso indica la eficiencia de quienes trabajamos en salud. He señalado que la salud en Chile es buena, porque los índices biomédicos son similares a los de los países desarrollados; que es eficiente, porque, a pesar de que los recursos per cápita son muy inferiores al de esos países, alcanzamos los mismos índices biomédicos. También he dicho que estos índices son desiguales entre las distintas comunas del país.
Las condiciones epidemiológicas de nuestro país han cambiado debido al aumento de vida de la población. Por su parte, los funcionarios del sector público de salud también han sufrido cambios, entre ellos el previsional. Muchos de nuestros colegas pasaron a las AFP, en las que su jubilación se vio mermada respecto de quienes se encuentran en el INP. Ése es el motivo por el cual buscamos que regresen al antiguo sistema previsional.
Todo lo anterior hace necesaria la reforma sanitaria. Ése es el futuro que debemos construir. Concuerdo con lo expresado por mi colega Osvaldo Palma, porque creemos que los funcionarios públicos, en especial los de la salud por la importante función que desempeñan, deben tener estabilidad y una carrera funcionaria, lo cual no es sinónimo de inamovilidad. Por eso, todos los cargos debieran ser llenados mediante concurso público, pero también evaluados periódicamente para lograr funcionarios más eficientes.
Destaco la preocupación del ministro de Salud, señor Osvaldo Artaza, por llevar a cabo esta reforma con los trabajadores. Me consta el esfuerzo que ha hecho para lograr acuerdos con los gremios, con los usuarios y el trabajo que ha efectuado para hacer participar a toda la ciudadanía.
El proyecto que hoy aprobaremos por unanimidad, según lo expuesto por mis colegas, es una demostración del esfuerzo que está realizando el Gobierno para cuidar y mantener lo más necesario e indispensable en una reforma a la salud: el recurso humano.
En síntesis, aprobaremos este proyecto, que otorga un bono de 73 mil pesos para más de cuarenta mil funcionarios, y otro de 35 mil pesos para el resto, cuyo costo total asciende a 3.800 millones de pesos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señora Presidenta , se ha hablado mucho de la importancia del bono que se otorga mediante esta iniciativa. Sin duda, no se trata de una solución integral para los problemas que existen en la salud chilena, menos aún para los que padecen muchos funcionarios del sector, pero será un aporte bien recibido por todos los funcionarios que realizan un gran esfuerzo y que muchas veces se encuentran muy mal remunerados. Por eso es muy importante el proyecto que se está debatiendo en Comisiones unidas sobre autoridad sanitaria y gestión. Cuando hablamos de mejorar la eficiencia y la utilización de los recursos -la Derecha habla mucho de ello-, también debemos pensar en aumentar los salarios. Digo esto por la experiencia que adquirí en mi paso por hospitales y consultorios, al ver el esfuerzo que muchas veces realizan los funcionarios, a pesar de lo mal remunerados que están.
Para exigir eficiencia, mejorar la gestión y la calidad de los servicios, también se requieren salarios dignos y justos. Como bien señalaba la diputada señora Cristi , el bono es un parche, una medida de ayuda, de apoyo, significativa, importante, y la valoramos, pero la solución va mucho más allá.
Respaldo las palabras del diputado señor Jarpa , pues a veces se es majadero al decir que los recursos han aumentado, pero no ha mejorado la eficiencia. Quizás sea así, y en eso estamos trabajando, pero también hay que señalar que durante la dictadura del gobierno militar, en 1981, se segmentó y se fragmentó la salud. Cuando digo que se segmentó, me refiero a que se crearon las isapres y, con ello, se producen las discriminaciones, las exclusiones, las preexistencias, etcétera; y se fragmentó, porque la atención primaria pasó a ser municipalizada y, por lo tanto, de alguna manera se destruyó la red que había en ese momento. De ahí empezó un deterioro progresivo que se tiende a subsanar en los gobiernos democráticos, durante los cuales, si bien no hemos logrado satisfacer las grandes necesidades de la población, hemos avanzado en forma significativa.
No basta mejorar la gestión, sino que también hay que aumentar los recursos para tener una buena salud para Chile. En eso debemos ser muy categóricos. Los recursos per cápita anual que hoy se asignan para salud corresponden a la mitad de los que se otorgan, por ejemplo, en Argentina, y son mucho menores a los de otros países.
Espero que la Derecha respalde todas las reformas tributarias y otros mecanismos para obtener más recursos para la salud, porque claramente los actuales son insuficientes.
Todos estamos de acuerdo en que debemos mejorar la eficiencia y la gestión. Por eso se encuentra en trámite un proyecto, que espero lo despachemos muy rápido, sobre autoridad sanitaria que, de alguna manera, permite descentralizar la gestión, dar más autonomía a las autoridades, que los servicios de salud se aboquen a la gestión de acciones sanitarias y los seremis a la función reguladora y fiscalizadora en cuanto a políticas de salud.
El bono traerá alegría, felicidad y bienestar -quizás transitoria- a los trabajadores que merecen eso y mucho más por el gran esfuerzo que realizan, muchas veces en pésimas condiciones laborales, en hospitales, consultorios y diversos servicios de salud del país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señora Presidenta , los diputados presentes en esta Sala tenemos derecho a opinar en materias sensibles como la atención de salud. Los médicos que han hecho uso de la palabra son expertos en la materia, pero el tema también tiene una característica política. Por eso quiero aprovechar la presencia del ministro de Salud en la Sala para formularle una solicitud.
En primer lugar, creo que el título de reforma a la salud es demasiado ambicioso. Llevamos más de cien años de atención de salud en el país y en la medida de los recursos y de los esfuerzos hemos logrado atender a la población. Según cifras internacionales, es calificada de buena la atención de salud. Eso ha permitido que el sistema se vaya modernizando y perfeccionando.
Sin embargo, ninguno de los diputados que usó de la palabra ha reconocido, por ejemplo, que la ley de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo es una de las mejor administradas en el país. Lo demuestran las clínicas y hospitales de la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad y el IST, que son las instituciones administradoras. La atención que hoy se entrega a los trabajadores, dada la capacidad instalada, porque son entidades sin fines de lucro, ha permitido ampliar la atención a las familias de los trabajadores.
La eficiencia de esa administración privada demuestra que es posible tener una buena atención de salud sin recurrir a lo que en esta reforma se pretende.
Lo digo, porque hay que mejorar la gestión de los hospitales. Los doctores Francisco Bayo y Osvaldo Palma, de nuestra bancada, lo han señalado en forma reiterada. Si la gestión de los hospitales se pudiera fiscalizar de manera adecuada, podría lograrse un uso eficiente de los recursos, y todos los aportes que se han hecho a este sector en los últimos años podrían tener un mejor resultado. Eso significa no hacer esperar a la gente semanas para conseguir hora de atención en el policlínico, no hacerla esperar meses para una intervención quirúrgica menor, no hacerla esperar un año para otro tratamiento cuando la complejidad de la enfermedad es mayor. Eso es lo que espera la gente.
Por eso, le diría al señor ministro que, en lugar de modificar, hablara de modernizar el servicio de salud, complementando lo que hemos obtenido con una mejor gestión y uso de los recursos, porque el personal con que contamos: médicos, profesionales y paramédicos han demostrado ser eficientes.
El proyecto que hoy analizamos ayuda a paliar en parte la necesidad de una mejor remuneración de los trabajadores. Sin duda, es un sector postergado, y las protestas efectuadas en las últimas semanas en todo el país así lo demuestran.
Espero que la entrega de este bono no sea para acallar a los gremios, porque ellos están reclamando un mejor nivel de remuneraciones que les permita entregar un trabajo de mejor calidad.
Apoyaremos el proyecto, como lo hicimos hace un mes y medio cuando aprobamos un bono, por una sola vez, como decía el proyecto, para todos los funcionarios de los consultorios municipalizados.
Los 73 mil pesos que se otorgan a todos los trabajadores cuyo grado en la Escala Única de Sueldos sea igual o inferior al 19º, paliará en parte sus dificultades económicas, mientras que los 35 mil pesos que se conceden a los profesionales ubicados desde ese grado hacia arriba es más bien un saludo a la bandera que una ayuda.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, nunca nos pondremos de acuerdo en las ideas que sustentamos, por nuestra naturaleza humana. Se dice que el hombre y la mujer nacen buenos, pero que la sociedad los corrompe. En este caso, pareciera que contribuimos a confundir a nuestros semejantes, en particular a los del gremio de la salud, porque los estamos juzgando. Se ha dicho que hay funcionarios malos y buenos, y que, a lo mejor, no todos debieran recibir el bono.
Como la urgencia del proyecto fue calificada de “suma”, tuvo un breve análisis en las Comisiones.
Debemos decir que la iniciativa otorga un pequeño incentivo a estos trabajadores, el cual, en parte, les ayuda a afrontar los momentos difíciles que viven. Por eso el proyecto se debe discutir en forma positiva.
Para nadie es un misterio que los trabajadores de la salud, hombres y mujeres, hacen de su vida un servicio en favor de quienes padecen el sufrimiento y el dolor de las enfermedades. Se trata de personas que trabajan muchas veces en condiciones precarias y que obtienen bajas remuneraciones como retribución de su importante trabajo, que no corresponden a los riesgos asociados a su labor, pues son muy altas las responsabilidades que supone el manejo de pacientes. Quienes hemos estado hospitalizados alguna vez, pudimos darnos cuenta de la sensibilidad de esos funcionarios, del afecto y cariño con que tratan al enfermo. A lo mejor, no todos entregan cariño, pero intentan darlo.
Por eso, difiero de quienes hablan de malos funcionarios. Quizás, están mal preparados, porque somos un país nuevo, pero cuidado con juzgar a quien trata de cumplir su labor de acuerdo con la educación que ha recibido.
Confío en que el plan Auge, que ya comienza a analizarse en las Comisiones unidas de Salud y de Hacienda, se preocupe de este sector de trabajadores, en especial de los no profesionales. El bono es pequeño, quizás escaso, pero en algo ayudará. Creo que si el Gobierno tuviese más recursos, no estaríamos hablando de otorgar el beneficio sólo a 63 mil personas, sino que lo recibiría la gran mayoría de un país que sufre momentos difíciles en lo económico.
Ahora me referiré a una materia muy importante, que corresponde a una demanda muy sentida de los trabajadores de la salud: los estímulos al retiro. Sé que el texto del mensaje enviado por el Gobierno nos informa de sus acuerdos sobre la materia con las asociaciones de trabajadores. Nos detalla el mecanismo y la extensión del mismo que, en términos generales, supone el pago de un desahucio de hasta doce meses de renta.
Al respecto, me permito solicitar -aprovecho la presencia del ministro de Salud - que, al momento de redactar la iniciativa, considere la situación, por ejemplo, de los trabajadores que están cerca de la edad de jubilar, lo que sucede en muchos otros servicios, con el objeto de que se les permita renunciar a sus cargos de planta y quedar a contrata durante un par de años, por supuesto en un grado superior, con el fin de que, si están en el INP, puedan mejorar sus escuálidas pensiones de vejez. A estos hombres y mujeres también habrá que considerar al establecer un mecanismo de incentivo al retiro, iniciativa que espero discutir muy pronto en esta Sala.
Saludo a los trabajadores de la salud, especialmente a los de la Décima Región de Los Lagos, a quienes represento en esta Cámara. Rindo un homenaje a su labor y les pido que reciban con afecto y respeto esta mínima cantidad de dinero, que significa un paliativo ante el difícil momento económico que están pasando.
Anuncio el voto afirmativo de la bancada del PPD al proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señora Presidenta , me habría gustado intervenir en forma breve en la discusión y aprobación de este bono para el sector salud, pensando en los trabajadores del distrito que represento, Tocopilla y Calama ; pero, como palabras sacan palabras, me veo obligado a clarificar situaciones.
Señora Presidenta , por su intermedio, quiero decir al diputado señor Robles que la UDI está trabajando muy fuerte en el sector de la minería para allegar más recursos a la salud.
Uno tiene que clarificar situaciones cuando se nos califica una vez más de esta manera durante la discusión de un proyecto que es muy bueno para esta gente, aunque insuficiente, como dijo el diputado señor Masferrer.
Debo destacar que, luego de la gran promoción del plan Auge, el propio Gobierno se vio en la obligación de pensar en el tema de la eficiencia en salud, debido a las presiones internas del sector y de lo planteado por la Oposición.
Se criticó mucho al ex ministro Büchi con respecto al tema de la salud, pero está claramente demostrado que, luego de aumentarse en tres veces el presupuesto de este sector, la eficiencia fue menor. ¡Por favor, pregúntenle eso a la gente!
El diputado señor Jarpa plantea que estamos muy bien en salud. En verdad, no sé con que segmento de la gente conversa, porque los pobladores dicen claramente que no se da una atención eficiente, que no hay recursos, que no hay medicamentos, que se llega al extremo de que los funcionarios de los hospitales piden a los pacientes que compren el yeso que necesitan para ser atendidos.
También he escuchado con mucha paciencia lo señalado por el diputado señor Espinoza , pero el propio diputado Rossi reconoce que se está trabajando en el tema de la eficiencia, porque no está bien.
Con gusto votaremos a favor del otorgamiento de este bono, y espero que el gran tema de la reforma a la salud sea debatido pronto, como corresponde, en este hemiciclo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella .
La señora MELLA (doña María Eugenia) .-
Señora Presidenta , aunque me gustaría opinar sobre muchos temas relacionados con la reforma de la salud, los dejaré para el momento en que decidamos sobre esas materias, porque ahora debemos abocarnos al tema en discusión.
Quiero destacar que la iniciativa del Gobierno respecto de este bono muestra la intención de caminar hacia un proceso de mejoramiento de las remuneraciones globales de los funcionarios de la salud, lo que encuentro altamente favorable.
También quiero referirme al problema de la equidad, pues al comparar la situación de los funcionarios que se desempeñan en el sector público con la de los que laboran en el privado, resulta imprescindible analizar los problemas de gestión que existen en ambos sectores. Considero muy razonable lo que se ha planteado en cuanto a que los funcionarios de la salud tengan un nivel de remuneraciones más justo; pero me gustaría saber cuánto ganan los gerentes de las isapres en relación con lo que perciben los funcionarios de otras instituciones. A mí me preocupan los funcionarios de los sectores público y privado de la salud y, por eso, cuando nos corresponda tratar el proyecto que reforme el sistema de salud, podríamos aprovechar la oportunidad de asegurar que exista equidad para ambos sectores.
Apoyo esta iniciativa. La buena voluntad e interés demostrados en esta Sala me hacen suponer que contaremos con el respaldo necesario para buscar la mejor fórmula de financiamiento de las medidas tendientes a mejorar la atención de los usuarios y a que los funcionarios de la salud tengan una mejor calidad de vida y remuneraciones acordes con las nuevas responsabilidades que deberán asumir en beneficio de la salud de nuestra población.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Por último, tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señora Presidenta , deseo expresar la alegría que embarga a los diputados de la Democracia Cristiana, del PPD, del Partido Radical Social Demócrata, del Partido Socialista, de la UDI y de Renovación Nacional por este proyecto que ha concitado la unanimidad de todos los sectores de la Cámara. Espero que en el Senado ocurra lo mismo.
Asimismo, por su intermedio, quiero decirle al ministro -que se encuentra presente- que se ha hecho algo habitual escuchar las felicitaciones de que son objeto él y el Gobierno por el gran número de buenas iniciativas que están impulsando en beneficio de la gente. En forma permanente escucho a los colegas criticar lo que ocurrirá a futuro; sin embargo, respaldan lo que se está haciendo hoy día. Esto debe llenar de alegría y satisfacción al ministro Artaza , porque quiere decir que vamos en la línea correcta en lo que se refiere a beneficios sociales para la gente.
Más que hablar sobre el proyecto en cuestión, muchos diputados se han referido al plan Auge, cuyo estudio lo tenemos por delante. Como se trata de una iniciativa que beneficiará a los usuarios y a los trabajadores de la salud, sin duda también será aprobada.
Como digo, ya estamos acostumbrados a escuchar estas alabanzas al Gobierno y, por lo mismo, deseo expresar la mía. Hoy se critica lo que puede ocurrir mañana; pero, con toda seguridad, el próximo gobierno de la Concertación lo solucionará y continuará haciendo bien las cosas. La Concertación lleva más de 12 años en el poder, y sigue haciendo cosas en beneficio de la gente. A pesar de las movilizaciones, de los anuncios de paro y de las críticas, la gente ha preferido la estabilidad política y económica que ofrecen los gobiernos de la Concertación.
No quiero dejar de manifestar mi alegría, porque se anuncian paros, pero no se concretan. En cambio, el Gobierno anuncia bonos, y se pagan; anuncia hospitales, y se construyen; dice que solucionará los problemas de la salud, y lo hace; anuncia el plan Auge en beneficio de la comunidad, y estoy seguro que el proyecto será aprobado.
Por eso, quiero decirle al ministro que lo estamos haciendo bastante bien. Me siento muy contento y por eso quise hacer uso de la palabra al final. Agradezco a la Presidenta , señora Adriana Muñoz , que haya acogido mi petición, porque me sirvió para recopilar la opinión de las diferentes bancadas en este hemiciclo, y así poder decirle al ministro que sigamos adelante. Como dice el Presidente : “Apuremos el tranco, porque lo estamos haciendo bien”.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Tal como lo acordó la Sala, este proyecto será votado al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde votar el proyecto de ley que otorga bonificación anticipada a los funcionarios de los servicios de salud de las entidades que se mencionan.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado en general el proyecto.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
REPOSICIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE BENEFICIO PARA LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE INTERURBANO DE CARGA Y DE PASAJEROS. Modificación de la ley Nº 19.759. Segundo trámite constitucional.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto que de ley que modifica el artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.759, en lo relativo a la entrada en vigencia de la norma que incorpora los tiempos de espera a la jornada de trabajo de los choferes de vehículos de carga terrestre interurbana.
Diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es la señora Adriana Muñoz.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2934-13 (S), sesión 10ª, en 20 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Informe de la Comisión de Trabajo, sesión 14ª, en 9 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 12.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora diputada informante.
La señora MUÑOZ (doña Adriana) .-
Señor Presidente , antes de informar sobre este proyecto, debo señalar que debió ser incluido en la Tabla de Fácil Despacho o bien tratado sobre Tabla, debido a que su idea matriz sólo apunta a corregir un error formal; es decir, no es una norma que introduzca modificaciones sustantivas al Código del Trabajo.
Esa circunstancia llevó al honorable Senado a aprobar sin discusión esta iniciativa en su primer trámite constitucional, tanto en la Comisión como en la Sala.
Teniendo en consideración lo señalado, paso a informar sobre el proyecto que nos ocupa.
La ley Nº 19.759, sobre reforma laboral, modificó el inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo, que quedó con dos normas.
La primera rebajaba la jornada mensual de los conductores de transporte interurbano de carga y de pasajeros, de 192 a 180 horas, a fin de hacerla concordante con la que rebaja la jornada semanal, de 48 a 45 horas, para el resto de los trabajadores. Ésta empezará a regir a contar del 1 de enero del año 2005.
La segunda norma se incluyó en una letra b), en el mismo inciso, y establecía la imputación de los tiempos de espera a la jornada laboral de esos trabajadores, la cual debía entrar en vigencia en la misma fecha en que lo hiciera la totalidad de las disposiciones de la ley; es decir, a partir del mes subsiguiente al de su publicación.
Ambas disposiciones fueron aprobadas sin reparo por la Comisión de Trabajo y por esta Sala, y por el Senado en su tercer trámite constitucional. Sin embargo, por algún error de transcripción, ambas modificaciones se refundieron en una sola letra a) que, en virtud del artículo 3º transitorio de la ley, debía entrar en vigencia a partir del 2 de enero de 2005.
Dicho error trajo como consecuencia que la norma referida a la imputación de los tiempos de espera a la jornada laboral de los conductores de transporte interurbano de carga también debía entrar en vigor a partir del año 2005, lo que no correspondía a lo aprobado por la Cámara.
El proyecto en discusión corrige ese error mediante la modificación del inciso segundo del artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.759, señalando que la vigencia a partir del 1 de enero de 2005 sólo se refiere a la rebaja de jornada, pues ello corresponde exactamente a lo aprobado por la Corporación.
Por estas consideraciones y por tratarse de una iniciativa que hace una simple corrección formal, solicito a los honorables diputados y a las honorables diputadas aprobarla sin más trámite, tal como lo hizo la Comisión de Trabajo por la unanimidad de sus miembros.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, como este proyecto está en segundo trámite constitucional, ha sido largamente debatido y es muy simple, propongo a la Sala votarlo sin discusión junto con el anterior, y suspender la sesión para llamar a votar a los señores diputados que están en comisiones.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación general el proyecto de ley que modifica el artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.759, en lo relativo a la entrada en vigencia de la norma que incorpora los tiempos de espera a la jornada de trabajo de los choferes de vehículos de carga terrestre interurbana.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
Como no fue objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-La señora
Adriana Muñoz (Presidenta) ,saluda, en nombre de la Camara de Diputados, a todos los periodistas del país, con motivo de celebrarse su día.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES AL FONASA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 59, de los señores Accorsi, Palma, Robles, Navarro, Aguiló y Salas:
“Considerando:
Que actualmente la ley N° 18.469, que regula el ejercicio del derecho a la salud establece un sistema de prestaciones y sienta las bases del sistema público de atención de salud, excluye de los beneficiarios señalados en su artículo 5° a los trabajadores independientes o por cuenta propia, que no se encuentren cotizando en algún sistema de pensiones, pese a que el Código del Trabajo, desde hace ya casi 20 años, contempla a esta categoría de trabajadores y les asigna plenos derechos laborales y de seguridad social. Más aun, se debe hacer presente que el hecho de no cotizar en un sistema de pensiones no elimina la calidad de trabajador independiente, con los derechos adscritos a dicha condición.
Que, además, en la misma legislación, de manera concordante con las disposiciones que regulan al sector privado de salud, se autoriza la incorporación al sistema privado, administrado por las Instituciones de Salud Previsional, a esta clase de trabajadores y de su grupo familiar.
Que, en consecuencia, existe una desigualdad manifiesta entre el sistema público y el privado de salud previsional, que es necesario corregir para lograr, por una parte, idénticas condiciones de sana competencia entre ambos subsectores del sistema de salud del país y, al mismo tiempo, asegurar el derecho de estos trabajadores a acceder al sistema público de salud en calidad de afiliados aportantes.
Que, en esa línea, creemos necesario y oportuno que se modifique la ley N° 18.469, más aun cuando estamos "ad portas" de un proceso legislativo de corrección y perfeccionamiento de los sistemas de salud, una de cuyas bases es el aseguramiento del acceso a los sistemas de prestaciones sanitarias.
Que, atendido el hecho de que esta clase de materias, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , venimos en solicitar que Su Excelencia el Presidente de la República presente a tramitación legislativa una iniciativa que tenga por finalidad, justamente, modificar el artículo 5° de la ley N° 18.469, permitiendo la incorporación al sistema público de salud administrado por el Fondo Nacional de Salud a los trabajadores independientes que no se encuentren cotizando en un sistema de pensiones, para lo cual deberán suscribir un contrato con el Fondo Nacional de Salud que establecerá las condiciones y montos de las prestaciones recíprocas.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley, cuya idea matriz sea la modificación de la ley N° 18.469, con la finalidad de permitir la incorporación al Fondo Nacional de Salud, como beneficiarios a los trabajadores independientes que no coticen en sistema de pensiones."
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Nuevamente no hay quórum.
Señores diputados, como en estos momentos se ofrece un cóctel con motivo de celebrarse el Día del Periodista, al cual han sido invitados los diputados, propongo a la Sala dejar pendiente la votación de este proyecto de acuerdo y el tratamiento de los restantes para la sesión del próximo martes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VII. INCIDENTES
OTORGAMIENTO DE BENEFICIO ECONÓMICO PARA FUNCIONARIOS NO DOCENTES. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , anteayer, los dirigentes de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios no Docentes de la Educación Municipalizada de Chile, Confemuch, y de la Asociación Provincial de Funcionarios no Docentes de la Educación, de Concepción, se entrevistaron con la mayoría de los integrantes de las comisiones de Educación y de Hacienda de la Cámara y del Senado. Junto con entregarnos una minuta, hicieron recuerdos de cosas efectivas.
Hace muchos años, cuando en esta Sala comenzamos a discutir el proyecto de ley que creó el Estatuto Docente y que después se transformó en la ley Nº 19.070, originada en mensaje firmado por el entonces Presidente y estadista Patricio Aylwin y por el actual Presidente de la República -a la sazón, ministro de Educación - don Ricardo Lagos , en mi calidad de representante de los 40 diputados democratacristianos de la época, hice presente la discrimación producida en relación con los aproximadamente 35 mil funcionarios no docentes de la educación: personal de servicio, administrativo, de biblioteca, etcétera, que constituyen un sector fundamental en el proceso educativo.
En esa ocasión manifestamos que, atendido el hecho de que la educación es el pilar fundamental para alcanzar el desarrollo de la sociedad, era importante legislar en favor de los aproximadamente 135 mil colegas profesores que participan en el sistema educacional chileno, tanto a nivel municipal como particular subvencionado y particular propiamente tal. Sin embargo, hicimos presente que resultaba discriminatorio excluir de dicha iniciativa a los funcionarios no docentes, que -como digo- constituyen un sector muy importante en el proceso educativo chileno. Fue así como conseguimos para ellos una bonificación extraordinaria de fin de año que se ha pagado año a año, pues está considerada en el presupuesto del Ministerio de Educación. Después de eso, consideramos conveniente estudiar un tratamiento especial para estos dignos funcionarios de la educación chilena.
Atendida la circunstancia de que la ley Nº 19.464 no contiene disposición alguna en beneficio del sector no docente, se formó una mesa negociadora en la cual participaron representantes de los ministerios de Educación y del Trabajo, con el objeto de introducir modificaciones al referido cuerpo legal y ver la posibilidad de establecer la negociación colectiva para el sector municipalizado de trabajadores de la educación.
Debo aclarar que la educación municipalizada abarca aproximadamente dos tercios de los 10 mil establecimientos existentes en el país. Creo que los funcionarios no docentes han sido muy pacientes, puesto que, a pesar de que la mesa negociadora ha celebrado varias reuniones, hace algunos días, cuando se otorgó un bono de 80 mil pesos para los servidores públicos, a ellos no se les reconoció esa calidad y, por consiguiente, no tuvieron la posibilidad de acceder a ese beneficio.
Pero hemos avanzado en muchos aspectos, por ejemplo, respecto de la unidad de subvención educacional, ha sido obligación cumplir con los compromisos legales establecidos para los establecimientos particulares con subvención y sin ella. Sin embargo, queda un camino largo por recorrer a fin de que también se haga justicia con los trabajadores no docentes.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Educación y al ministro del Trabajo a fin de que dispongan la agilización de la mesa negociadora, con el objeto de que se elabore un cuerpo legal que establezca beneficios para los esforzados trabajadores de la educación que he señalado. Además, solicito que se envíe el texto de mi intervención tanto a la directiva nacional de los no docentes como a la directiva de ese organismo de la comuna de Concepción.
He dicho.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , solicito que también se haga llegar copia de la intervención del diputado señor Ortiz a la bancada del PPD, porque me ha parecido notable.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Así se hará, señor diputado .
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría y el texto de su intervención en los términos señalados, con la adhesión del señor Egaña y de los diputados de los Comités Demócrata Cristiano, Socialista y Radical, del Partido por la Democracia y de la Unión Demócrata Independiente que así lo expresan.
PETICIÓN DE RENUNCIA A INTENDENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pareto.
El señor PARETO .-
Señor Presidente , transcurridas algunas horas desde la votación de la acusación constitucional deducida en contra del intendente de la Región Metropolitana, deseo testimoniar la conducta invariable que he mantenido desde la reciente campaña electoral parlamentaria, manifestada en innumerables actos, intervenciones, recursos de protección en los tribunales de justicia y otros.
He sostenido públicamente mi tenaz rechazo a la instalación de un vertedero en Maipú, hoy la segunda comuna en población, con sobre 470 mil habitantes y con un crecimiento casi irracional, ya que no se contempla para ella infraestructura adecuada en colegios, en establecimientos de salud y en seguridad, ahogada por la carencia de arterias viales y víctima de promesas incumplidas, como la instalación de una línea del Metro.
Las innumerables investigaciones realizadas por estudios nacionales e internacionales, de universidades de prestigio, tanto del país como extranjeras, han demostrado, en forma indesmentible, la no viabilidad de la instalación del mencionado vertedero. Se corre el grave riesgo de contaminar el agua potable de esa comuna, que se genera por pozos subterráneos, donde los líquidos percolados generados por el presunto vertedero pueden afectar la que abastece a más de 800 mil habitantes de Maipú, Cerrillos y parte importante de la comuna de Estación Central.
Los antecedentes conocidos por la Comisión investigadora de la Cámara, cuyo informe fue aprobado por la unanimidad de sus miembros y, con posterioridad, votado favorablemente por la Sala, señalan de manera categórica la irracionalidad que significaría permitir el funcionamiento del citado vertedero.
La presentación formulada con fecha 22 de enero de 2002 al ministro presidente del Consejo del Medio Ambiente por el Presidente del Senado , senador señor Andrés Zaldívar , por el senador, señor Jovino Novoa , por los ex diputados señores Gustavo Alessandri y Luis Pareto , y por los actuales diputados del distrito, hasta hoy no ha sido contestada, lo que demuestra la falta de mérito de los informes que se elaboraron para la instalación del vertedero.
Tampoco se han escuchado las peticiones y reclamos de la comunidad maipucina, es decir, de las iglesias de los diferentes credos; de las instituciones gremiales, sociales, estudiantiles, vecinales, empresariales, agrícolas y otras que no hay para qué seguir nombrando, las que se han opuesto intransigentemente a tal decisión.
De concretarse tan grave medida, se afectará a una comuna histórica, se destruirá la flora y la fauna de la quebrada de La Plata -verdadero santuario de la naturaleza-, se olvidará la memoria de tantos patriotas que brindaron su vida en aras de la independencia, se afectará a miles de chilenas y de chilenos que vieron nacer y crecer a Maipú, y se afectará, además, a la gran mayoría que ha llegado a vivir a esa hermosa comuna.
Permítaseme una licencia personal. Nací a escasas cuadras del deslinde de la comuna de Estación Central con la de Maipú. Como adolescente, viví las consecuencias desastrosas, como para tantas familias, de la instalación del vertedero de Lo Errázuriz. Sin embargo, quiso el destino y mi partido que llegara a ser alcalde de Estación Central por ocho años, período en el cual logré terminar con ese flagelo.
Inicié mi período como diputado con la confianza que depositaron en mí la Democracia Cristina y miles de voluntades de Maipú, Estación Central y Cerrillos, para concretar mis sueños de trabajar por la gente, de luchar por su bienestar sin discriminación de ningún tipo, y de cumplir con los compromisos contraídos. Quiero, honestamente, ser consecuente con lo que dije y con lo que me comprometí, para estar tranquilo con mi conciencia.
No tengo nada personal en contra del señor Trivelli , y aprovecho de hacer presente mi lealtad con el Gobierno del Presidente Lagos, con mi partido y con la Concertación. No obstante que es probable que la acusación no contuviera los suficientes elementos jurídicos, ante los manejos erráticos y poco afortunados del intendente de la Región Metropolitana, los cuales, sin duda, imponen un menoscabo inmerecido a la calidad de vida de los habitantes de Maipú, resulta un deber solicitar a su Excelencia que le pida la renuncia a su cargo.
Asimismo, debo hacer presente ante la opinión pública, para evitar engaños, que con acusación o sin ella, fueron mayoritariamente los alcaldes de la Oposición, en particular los de la UDI, los que votaron al principio por la instalación de los vertederos de Talagante y de Maipú, como se puede verificar en el oficio que envió al Presidente del Senado con fecha 19 de diciembre de 2001 el presidente de Emeres .
Por eso, resulta necesario y coherente pedir a la Cámara de Diputados la constitución de una Comisión investigadora que esclarezca estos hechos y que deslinde, con toda claridad, las responsabilidades relacionadas con la nefasta decisión de instalar esos basurales.
Soy leal con mi partido, el Demócrata Cristiano, pues estoy cumpliendo con lo establecido en el artículo 299 de su reglamento, que textualmente señala una de las obligaciones ética-partidarias: “La protección del medio ambiente compromete la acción de todo militante...”.
En consecuencia, no cabe duda de que la instalación del vertedero en Maipú afecta el medio ambiente del sector.
En razón de lo señalado, pido que se oficie a los ministros del Interior, secretario general de la Presidencia y secretario general de Gobierno, con copia de mi intervención.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ANTECEDENTES SOBRE OTORGAMIENTO DE BONO A PEQUEÑOS CAMPESINOS. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , durante la discusión de los proyectos de ley de Presupuestos de la Nación , quien habla, y otros diputados que también han tenido contacto permanente con la realidad del campo, nos hemos empeñado en apoyar todas las iniciativas tendientes a crear instrumentos de apoyo y protección para los pequeños propietarios agrícolas, es decir, para los minifundistas que viven de una agricultura de subsistencia y que trabajan sus campos sin grandes capitales ni complejas tecnologías, las cuales, felizmente, comienzan a ser utilizadas en la agricultura tradicional por los medianos y grandes agricultores.
En ese marco, en el año 2000, junto con la entonces diputada señora Marina Prochelle y con el senador señor Hosaín Sabag , tuvimos la iniciativa de crear un bono especial, de cien mil pesos, que se asignaría por parte del Ministerio de Agricultura para los miles de agricultores de escasos recursos.
Gracias a eso, en el año 2001 fueron miles las familias campesinas de la Décima Región que pudieron obtener ese beneficio, que les permitió sobrellevar, en parte, la crudeza del invierno, invertir en mejoras para sus viviendas y -los más afortunados- comprar algunos insumos para preparar las tareas del campo.
Hasta ahora, los reglamentos para conceder el beneficio, que se basan fundamentalmente en su focalización, esto es, dirigirlo a las familias más modestas y necesitadas dentro del mundo campesino, se hicieron a través de la aplicación de la encuesta Casen. Sin embargo, se han hecho modificaciones sustanciales respecto de la aplicación de este instrumento de medición de la pobreza y de la necesidad.
Así, antes los beneficiarios calificaban con la obtención de 480 puntos en la encuesta CAS, límite que ahora se subió a 580 puntos, con lo cual quedan fuera personas muy modestas que no logran calificar.
La pobreza no es como la temperatura: no se mide de manera exacta. Es imposible. Por muy sofisticados que sean los instrumentos sociales y estadísticos de evaluación, siempre hay factores subjetivos y particularidades que dejan a miles de campesinos sin recibir los beneficios necesarios.
También hay un problema de expectativas. El año pasado, sólo en la comuna de Futrono, de la provincia de Valdivia, Décima Región, se entregaron trescientos bonos. Este año, con esa medición, no alcanzarán a los sesenta.
Situaciones similares se producirán en las comunas como las de Lago Ranco, La Unión, Paillaco y Panguipulli , sólo por nombrar algunas.
Como diputado autor de la iniciativa aplicada en los años 2000 y 2001, debo escuchar la voz de frustración de gente que ha depositado su confianza en el trabajo de quien habla.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Agricultura y al director del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, con la finalidad de que informen sobre los cambios producidos para otorgar estos bonos, su justificación técnica y la disponibilidad real para entregarlos en cada comuna de la provincia de Valdivia.
Termino con una reflexión sobre cuándo un instrumento funciona: Cuando es bien evaluado por sus beneficiarios, que es lo más importante; pero siempre hay gente que desea cambiarlo. Lamentablemente, cuando vamos por un buen camino, nos tropezamos y nos desviamos.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
APLICACIÓN DE SANCIONES POR DAÑO AMBIENTAL CAUSADO EN CONCÓN. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-
Señor Presidente , el 14 de mayo di a conocer en este hemiciclo una grave situación ambiental producida en la RPC, Refinería de Petróleos de Concón: un derrame de cerca de 40 mil litros de petróleo produjo un grave daño ecológico en el río Aconcagua y en las inmediaciones de esa hermosa comuna.
Solicité una investigación y una respuesta al superintendente de Electricidad y Combustibles , al director de la Comisión Regional de Medio Ambiente, al director del Servicio Agrícola y Ganadero y al director del Servicio de Salud sobre las medidas que se tomarían y respecto de las sanciones que deberían aplicarse a la empresa que generó ese daño. Sin embargo, salvo una del Consejo de Defensa del Estado, no he recibido respuesta, lo que me parece extraordinariamente grave porque han transcurrido casi dos meses. Eso significa, por lo tanto, que no hay respeto por las prerrogativas, facultades y atribuciones de fiscalización de la Cámara de Diputados.
Hace algunos días se produjo un nuevo derrame en el mismo sector, esta vez, de 60 mil litros.
Solicito que se exija al director del servicio de Salud , al presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente , al intendente regional y al director del Servicio Agrícola y Ganadero la aplicación de las medidas correspondientes en relación con las responsabilidades que esa empresa debe asumir.
Por cuarta vez consecutiva, y en corto tiempo, se produce un daño ambiental de esa naturaleza.
Es necesario que la empresa RPC cuente con un plan de contingencia. Ha reconocido, públicamente, que no existe en esta materia, pero sí respecto de incendios y de seguridad de la empresa.
Es necesario que la comunidad no viva sobresaltada por las sucesivas rupturas de ductos y por las desgracias producidas por esta empresa, sobre todo porque se trata de una comuna turística, que vive, en gran parte, de las actividades económicas que genera el turismo.
Creo indispensable que se dé a conocer el plan de contingencia a los organismos responsables y a toda la comunidad, y que el ministro de Minería , al cual también se le envió oficio, dé respuesta en relación con esta materia.
Pido que se oficie en este sentido.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas del Partido por la Democracia, del Partido Radical y de Renovación Nacional que así lo expresan.
INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY Nº 19.650. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , quiero solicitar a los ministros de Salud y de Hacienda que nos informen sobre cómo ha resultado la aplicación de la ley Nº 19.650, que eliminó la cotización adicional a las isapres con el objeto de superar la deuda de los servicios de Salud en todo Chile. Eso se dijo en el mensaje.
Fue publicada el 14 de diciembre de 1999, por lo que ha estado vigente en los años 2000, 2001 y en la mitad de lo que va de 2002, pero, por los antecedentes que obran en mi poder, en los servicios de Salud de Llanquihue, Chiloé y Palena se ha incrementado la deuda.
Seguramente en otros se cumplió con el objetivo de esa ley.
Pido que los ministros informen sobre el detalle anual de la evolución de las deudas de los respectivos servicios de Salud y acerca de cómo la cotización adicional se ingresó al erario de la nación.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFORME SOBRE PRESUNTA EXPROPIACIÓN EN LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que informe si ese ministerio tiene pendiente en la Cuarta Región algún juicio de reclamación por una expropiación. Si estuviera pendiente, pido que explique el motivo por el cual no se ha dado cumplimiento a una orden judicial de segunda instancia, como corresponde a todo funcionario, ciudadano o servicio del Estado.
¿Por qué lo digo? Porque, de ser efectivo que existe tal situación, no se estaría cumpliendo con las disposiciones legales, lo cual iría en contra de lo que el Presidente de la República siempre ha manifestado: que en nuestro país las instituciones funcionan, más aún frente a la conculcación de los derechos de personas naturales o jurídicas.
Por lo tanto, reitero que se oficie al ministro de Obras Públicas con el fin señalado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de su bancada, Renovación Nacional, que así lo manifiestan.
SALUDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PERIODISTA. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Lagos.
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , hoy, 11 de julio, se celebra en nuestro país el día nacional del periodista, creado a propósito de la fundación del Colegio de Periodistas de Chile.
En su calidad de orientadores de la opinión pública, los periodistas y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar verazmente acerca de los hechos, de las opiniones y de los actos de los distintos actores sociales, y de sus consecuencias; es decir, los periodistas y los medios de comunicación social juegan el papel de mediadores entre la realidad y los receptores del mensaje que entregan.
El hombre, como ser social, necesita comunicarse; la comunicación es necesaria para la estructuración y cohesión del grupo social.
El crecimiento de los grupos sociales y la necesidad comunicativa del individuo trajo como consecuencia la diversidad de ideas y de opiniones. El hombre, para articular y lograr el conocimiento de la realidad, creó y desarrolló sistemas de comunicación facilitadores de esa tarea.
Para la formación de la opinión pública, es necesario que los contenidos informativos ofrezcan datos objetivos. Pero ¿qué sucede cuando se transmite una información que ha sido condicionada por intereses particulares?
Es allí donde entran a tallar los profesionales de la comunicación, los periodistas, cuya labor muchas veces no es comprendida por la ciudadanía, pese a lo cual estos comunicadores mantienen inalterable el compromiso de entrega de la información al instante.
La formación de la opinión pública depende, así, de la honestidad informativa que entregan los periodistas y los medios de comunicación social, en general.
En su artículo 1º, el código de ética que rige a estos profesionales señala taxativamente lo siguiente:
“Los periodistas están al servicio de la verdad, los principios democráticos y los derechos humanos.
“En su quehacer profesional, el periodista se regirá por el principio de la veracidad, entendida como una información responsable de los hechos.
“El ejercicio del periodismo no propiciará ni dará cabida a discriminaciones ideológicas, religiosas, de clase, raza, sexo, discapacidad ni de ningún otro tipo que lleven a la ofensa o menoscabo de personas naturales o jurídicas”.
Dadas estas razones, quiero saludar a todos los periodistas y reporteros de nuestro país y, de manera especial, a los periodistas y reporteros de mi distrito, que trabajan denodada y objetivamente cada día para entregar una información objetiva y veraz a la comunidad, apegados estrictamente a lo que señalé precedentemente.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados del Partido por la Democracia y del Partido Radical Social Demócrata que así lo manifiestan.
-o-
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Informo a la Sala que nuestro querido colega, señor José Antonio Kast, ha sido papá de un varón. Reciba el señor diputado nuestras felicitaciones ante tan importante acontecimiento.
-Aplausos.
INVESTIGACIÓN POR FALLECIMIENTO DE MENOR EN HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA .-
Señor Presidente , hace dos años se inició una investigación sumaria en el hospital regional de Temuco, tendiente a constatar las responsabilidades que pudieren existir en torno de la muerte del menor Aquiles Rodrigo Hepul Huitraqueo .
Cuatro años tenía este infante cuando el 5 de septiembre de 2000 se constató su deceso en el citado establecimiento hospitalario.
Según versiones entregadas por sus familiares y de acuerdo con las averiguaciones que he realizado al respecto, cuatro días antes, el 1 de septiembre de 2000, el niño sufrió un corte en una de sus rodillas con un pequeño objeto punzante, en las cercanías de su domicilio, ubicado en el sector de Boyeco, lugar en el cual se recibe la basura como relleno o vertedero sanitario de la ciudad de Temuco.
Trasladado al hospital regional, le suturaron la herida y lo enviaron a su domicilio. Sin embargo, las molestias del niño continuaron y aumentaron, lo que significó que presentara un cuadro de fiebre y manchas en la cara, que motivaron que nuevamente fuera llevado para que recibiera atención médica en dicho recinto el 4 de septiembre. Cabe hacer notar que el domicilio del pequeño está bastante retirado del hospital, lo que me lleva a reflexionar que no debió ser devuelto a su domicilio en esas condiciones.
El médico de turno, según la investigación sumaria realizada, le detectó un “rash” escarlatiniforme, que simulaba una infección por estreptococo. Se le suministró una penicilina benzatínica y se le envió nuevamente a su domicilio.
El martes 5 de septiembre, el menor presentó vómitos, fiebre y adquirió un color oscuro, por lo que fue trasladado por tercera vez al centro asistencial de la capital de la Novena Región, al cual ingresó con un preshock séptico. Fue hospitalizado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos de Pediatría. Pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció a las 12.53 horas de ese día.
Tras los hechos relatados, los padres de la víctima presentaron una querella criminal -en el año 2000- por cuasi delito de homicidio. Además, se instruyó un sumario administrativo al interior del hospital de Temuco. Sin embargo, hasta hoy no sólo no hay respuesta del sumario, sino tampoco de la querella.
La lógica preocupación de este diputado , unida a la desesperación de los padres del menor, que aún hoy no conocen las causas de la muerte de su hijo, motivan la solicitud de oficio al ministro de Salud para que nos informe acerca de los resultados del sumario realizado en el hospital de Temuco y, así, conocer todas las causas que provocaron la muerte del menor.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE EMPLEOS EN REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Lagos.
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , solicito que se oficie al intendente de la Región de Los Lagos -a la cual represento-, al director regional del Fosis y al gobernador provincial de Llanquihue , para que nos informen, con la mayor brevedad, sobre los diferentes programas de generación de empleos que se están ejecutando en las comunas de Puerto Montt, Calbuco , Maullín y Cochamó , y respecto de los listados de las personas que trabajan en ellos y las fechas de incorporación como trabajadores dependientes de los diferentes servicios.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE FONDOS DE ABSORCIÓN DE CESANTÍA PARA VIII REGIÓN. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , en otras oportunidades he denunciado el mal uso que se ha hecho de los fondos de absorción de cesantía. Lo hice hace algunos meses, ocasión en que se me acusó de actuar política y electoralmente.
¿Qué ha pasado? El tiempo me ha dado la razón.
En conjunto con los diputados señores Jorge Ulloa e Iván Norambuena , dijimos que no era conveniente que los programas de absorción de mano de obra salieran de la tuición de las municipalidades, porque éstas son las que mejor conocen las reales necesidades de cada una de las comunas que les corresponde atender. Lamentablemente, muchos de esos fondos han sido canalizados por las gobernaciones o por organismos privados, como las ONG.
Hicimos una denuncia de que el Fosac, Fondo Solidario de Ayuda a la Cesantía, manejado con recursos aportados por el Ministerio del Interior y administrado por las gobernaciones provinciales, ha destinado y dado mal uso a sus recursos. Eso ha originado la renuncia de la gobernadora provincial de Concepción y, además, nos ha confirmado que las denuncias que hicimos en su oportunidad eran ciertas. A mi juicio, estamos en presencia de la punta del iceberg.
Por eso, solicito que se oficie al ministro del Interior para que entregue, en detalle, la información respecto de todos los planes de absorción de mano de obra gestionados por la gobernación provincial de Concepción durante 2001 y en lo que va de este año. Es más, pido que proporcione un detalle acerca de todos los planes de absorción de mano de obra gestionados por las gobernaciones de la Octava Región en general. Pienso que hay muchas otras irregularidades, y lo más grave, que esos recursos se los quitaron a los cesantes, a los más pobres de nuestra región -que muestra índices alarmantes de cesantía y de falta de trabajo- para entregarlos a personas que no los necesitan.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de su bancada y de las bancadas de Renovación Nacional y del PPD.
ANTECEDENTES SOBRE OTORGAMIENTO DE PENSIONES ASISTENCIALES. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente , el Gobierno de la Concertación no tiene límite en su capacidad para mentir.
Me he encontrado con un caso que no puedo dejar de relatar en esta Sala. Se acercaron a mí dos señoras de edad, muy pobres, y me dieron a conocer un oficio -lo tengo en mi mano-, fechado el 10 de diciembre de 2001, o sea, seis días antes de la última elección parlamentaria, y firmado por don Sergio Galilea , a la sazón, intendente de la Región Metropolitana .
El referido documento dice: “Cumplo con informar a usted que el Gobierno de Chile, reforzando sus políticas sociales hacia los más necesitados, ha dispuesto ampliar los recursos para el otorgamiento de pensiones asistenciales durante el año 2002, beneficiando a las personas que se encuentran en lista de espera regional y que cumplan con los requisitos para acceder a dicho beneficio.
“Analizando la situación, me es muy grato informar a usted, en nombre del Gobierno, que ha sido beneficiado con el otorgamiento de la pensión asistencial a partir del primer trimestre del año 2002 -desde marzo-.
“Consciente de que este beneficio ayudará a mejorar la calidad de su vida, labor en la que estamos empeñados, lo saluda muy atentamente, Sergio Galilea , intendente de la Región Metropolitana ”.
Hasta la fecha, julio de 2002, esas dos señoras -cuyos nombres no puedo dar, porque pidieron no revelar sus identidades- no han recibido esa pensión asistencial.
Llamé a la intendencia metropolitana para comunicarme con el señor intendente, lo cual no fue posible, porque estaba preocupado de atender su defensa en relación con la acusación constitucional deducida en su contra, pero hablé con una secretaria, quien me dijo que había seis mil cartas como éstas distribuidas en la Región Metropolitana. No sé a cuántas personas se les habrá cumplido dicha promesa, pero por lo menos sé que ello no se hizo con las dos señaladas.
El diputado José Antonio Galilea , quien también tocó el tema en una oportunidad me señaló que, a nivel del país, se enviaron, seis días antes de la última elección parlamentaria, veintitrés mil de estas cartas a personas pobres, que han esperado por años una pensión asistencial. Se les prometió que ese beneficio comenzaría a regir a partir de marzo de 2002, obviamente, después de la elección.
No tiene nombre jugar con la pobreza de mucha gente y pretender ganar votos con su sufrimiento y desesperanza. Esto, realmente, es incalificable.
Quiero que se oficie al ministro del Interior para que nos informe, en primer lugar, acerca de cuántas de esas cartas se enviaron a cada una de las regiones, y, en segundo lugar, respecto de cuántas de esas pensiones asistenciales prometidas en las veintitrés mil cartas que, tengo entendido, se enviaron, se han pagado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de su bancada, de los diputados de las bancadas de Renovación Nacional y del PPD, de la diputada señora Eliana Caraball y del diputado señor Luksic .
Pido al diputado señor Dittborn que entregue una fotocopia de la carta a la Secretaría, omitiendo el nombre de la persona que lo entregó.
RECHAZO A EXPRESIONES VERTIDAS POR EL INTENDENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , el análisis de fondo de la sesión de ayer, en la cual se analizó la acusación constitucional deducida en contra del intendente señor Trivelli , quedará para la historia o para el debate. Sin embargo, por restricciones reglamentarias, en la sesión de ayer no pude explicar, como jefe de bancada y, en general, como miembro de la UDI, la reacción que se suscitó en contra de lo manifestado por el señor intendente después de que la Presidenta de la Mesa , en dos ocasiones lo llamara al orden a raíz de una frase que pronunció. Dijo exactamente: “ Jaime Guzmán debe estar revolviéndose en su tumba al ver el comportamiento de los diputados lavinistas”. Con eso quedó en evidencia que su insolencia es solamente comparable con su falta de respeto y de apego a las normas legales y constitucionales, como quedó demostrado en las intervenciones de varios señores diputados.
No espero nada de ese señor. Hoy tuvo la oportunidad de retractarse de sus dichos a través de una radio, pero dijo que no se arrepentía de haber usado esa frase respecto de Jaime Guzmán .
Estas son las típicas situaciones que no podemos dejar pasar, ni siquiera para la historia. Nosotros, como UDI, reaccionamos de inmediato, sin la violencia que él pretende hacer creer. Como jefe de bancada, me acerqué a él y únicamente le dije: “Señor intendente, tenga respeto por el nombre y la memoria de Jaime Guzmán ”.
Lo que hizo ayer el señor intendente nos parece de una brutalidad, de una insolencia, de una falta de respeto tal, que, al menos de él, no espero absolutamente nada. Con su actitud, quedó demostrada exclusivamente su charlatanería y su vanidad suma, ya que llegó a pensar que la acusación era un enfrentamiento del lavinismo, de nosotros, en contra de él. ¡Por Dios, si sólo es el intendente de Santiago! ¿Qué cree que piensan de él los habitantes del resto del país que ni siquiera lo conocen? Ese no era un enfrentamiento político, y él tuvo la peor bajeza moral al referirse a una persona que tanto estima y quiere la UDI, como es nuestro fundador y mártir, Jaime Guzmán .
Quiero decirle algo muy claro, porque también aludió a Dios en un par de ocasiones: Jaime Guzmán no se está revolviendo en su tumba; se encuentra muy contento donde está, porque es el lugar que él siempre esperaba, junto a Dios. Pero sí el señor diputado debe tener en claro que quienes nos revolvemos alrededor de la tumba de Jaime, somos todos sus amigos, porque, once años después, no vemos a nadie cumpliendo condena por su asesinato, y cada vez que estamos cerca de lograr que alguien la cumpla, se escapa.
De manera que no metamos a Jaime Guzmán en este tipo de debate. No me cabe duda de dónde está Jaime Guzmán : está protegiendo al país y también a nosotros, sus amigos, como siempre lo hizo.
Deseo hacer hincapié en que la Mesa de esta Cámara, si bien ayer actuó bien, debe poner más energía a fin de tratar de conservar aún más las formas en el debate, porque no es posible una declaración como ésa. Pregunto, con toda sinceridad a mis amigos, sobre todo a varios de las bancadas de izquierda, ¿qué pasaría si el día de mañana en un exabrupto similar, se alude al padre de algún diputado de izquierda en relación con hechos ocurridos en la época de la Unidad Popular? ¿Se imaginan la reacción, la furia natural y entendible que tendrían? Obviamente, los debates tienen un límite; la capacidad de luchar, de discutir políticamente, también lo tiene. Sin embargo, en la sesión de ayer, al menos, ese intendente charlatán lo cruzó plenamente.
Por eso se explica nuestra reacción; no por un grado de violencia, como él pretende decir, del lavinismo. ¡No! ¡Fue por su actitud absolutamente inmoral! ¡Este señor no tiene ninguna autoridad moral, ni siquiera para usar el nombre de un senador asesinado, de un amigo y mártir nuestro, en esta Sala ni en ninguna otra!
Señor Presidente , para que quede registrado en la historia de esta Cámara de Diputados, la UDI rechaza, una vez más, la actitud inmoral del intendente Trivelli , no por sus faltas constitucionales o legales, materia que se discutirá en el futuro, sino, sencillamente, por haber caído tan bajo en un debate, como fue aludir ante nosotros a la figura de nuestro senador y fundador asesinado hace 11 años.
He dicho.
RECURSOS PARA PENSIONES ASISTENCIALES E INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS BENEFICIADAS. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , no sólo quiero sumarme a la denuncia que hizo nuestro colega señor Julio Dittborn , sino también protestar por las actitudes que, en general, han tenido los gobiernos regionales y, en especial, el de la Región Metropolitana, los que, prácticamente, se ríen de gente anciana y modesta que, a lo mejor, se ilusionó con la promesa efectuada. Creo que todos debemos darnos cuenta de que hubo una intencionalidad al actuar de esa manera, por lo que quiero protestar y decirlo fuertemente. Cuando gente como esa autoridad regional, representante del Presidente de la República , se mofa de quienes tienen necesidades, la actividad política resulta denigrada.
Por su intermedio, señor Presidente , pido que se envíe un oficio al ministro del Interior para que haga llegar a esta Cámara, y a este parlamentario, no sólo la información acerca del aumento de recursos para otorgar pensiones asistenciales, sino también aquella que se relaciona con las personas que están siendo beneficiadas con ellas a lo largo del país.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y DE SALUD DE SAN FERNANDO. Oficios.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , en San Fernando, capital de la provincia de Colchagua, tuvimos que dar una pésima noticia. Allí existe una corporación de educación y de salud para menores, presidida por el alcalde comunista, señor José Figueroa , quien ha abusado de sus atribuciones, puesto que hoy, allí trabajan más funcionarios no docentes que docentes y está prácticamente en bancarrota, quebrada.
Me reuní con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo para preguntarle si se habían hecho las gestiones para acogerse al plazo que determinaba la ley con el fin de solicitar los recursos necesarios; pero me respondió que nada hizo. La idea era recibir recursos por adelantado del Fondo Común Municipal.
También conversé al respecto con el subsecretario de Educación . Por su parte, el Colegio de Profesores de la provincia se reunió con la señora ministra hace ya más de una semana.
Me entrevisté también con el ministro de Justicia , señor Gómez , con la finalidad de que, de acuerdo con sus atribuciones, también fiscalizara la forma en que dicha corporación es administrada, por cuanto nunca se ha entregado un balance acerca de cómo se usan los recursos que se le otorgan. Por ejemplo, ya han transcurrido cinco días en que sus alumnos no tienen clases, porque los profesores se encuentran en huelga. Es lógico, porque el alcalde Figueroa les retiene el monto correspondiente a la previsión, así como la cuota del Colegio de Profesores y los pagos que deben hacer a la Coopeuch y a la Cooperativa de Empleados Públicos, de la cual reciben beneficios por concepto de créditos pedidos. Asimismo, hay varias maestras afiliadas a la Corporación Nacional del Cáncer y a la Fundación Arturo López Pérez . Esos aportes mensuales son retenidos, pero no son enterados en las respectivas instituciones. Lo mismo sucede con algunos profesores que han tomado seguros. Por eso los maestros están en paro, porque hoy no pueden contar con ningún beneficio; pero lo más lamentable, doloroso y triste es que las distintas autoridades del país nada hacen, y que los profesores siguen en huelga, y los niños, sin clases.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Educación y al ministro de Justicia a fin de que nos informen sobre los resultados de la visita que efectuaron los fiscalizadores enviados a la corporación y acerca de
la resolución que se tomará para que esos niños puedan seguir estudiando.
Lo ocurrido es una vergüenza. Queda en claro que hay autoridades de la izquierda, del partido Comunista que no tienen idea respecto de cómo se administra un país, menos una comuna. Por eso, San Fernando,
la querida comuna y capital de la provincia de Colchagua, la tierra huasa que está en el corazón de Chile, hoy no tiene lo más esencial para avanzar, como es la educación, porque el alcalde se está apropiando indebidamente de los recursos y, en consecuencia, debe ser sancionado; las autoridades deben ejercer el mandato y el poder que la ley les ha conferido. Pero, lamentablemente, hoy se están haciendo las tontas para no tener un problema mayúsculo dentro de la Concertación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.18 horas.
GUILLERMO VITTA PÉREZ,
Jefe accidental de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 9 de julio de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.713, que establece como medida de administración el límite de captura por armador, correspondiente al boletín Nº 2777-03.
Hago presente a vuestra Excelencia que el referido informe fue aprobado con el voto conforme de 30 señores senadores de un total de 46 en ejercicio, dándose cumplimiento de este modo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Acompaño la totalidad de los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.713, que establece como medida de administración el límite de captura por armador. (boletín Nº 2777-03)
?Honorable Senado:
Honorable Cámara de Diputados:
En sesión de 15 de mayo de 2002, la honorable Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar respecto del proyecto de ley señalado en el epígrafe, que había sido aprobado en primer trámite constitucional por el honorable Senado, de modo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política se formó una Comisión Mixta encargada de resolver la divergencia producida entre ambas Corporaciones.
Integrada por los honorables senadores señores Jorge Arancibia , Nelson Ávila , Mario Ríos , José Ruiz De Giorgio y Adolfo Zaldívar y por los honorables diputados señores Maximiano Errázuriz , Darío Molina , Waldo Mora (por el señor Gabriel Ascencio ) y Leopoldo Sánchez , la Comisión Mixta se reunió el día 12 de junio de 2002 para elegir presidente, cargo que recayó en el honorable senador señor Jorge Arancibia , fijar el procedimiento e iniciar el debate del asunto en controversia.
Posteriormente, la Comisión Mixta celebró una segunda sesión -el día 19 de junio de 2002- integrada por los honorables senadores señor Jorge Arancibia ( presidente ) y señores Nelson Ávila , Sergio Romero (por el señor Mario Ríos) , José Ruiz De Giorgio y Adolfo Zaldívar , y por los honorables diputados señores Maximiano Errázuriz , Darío Molina y Waldo Mora .
A las referidas sesiones concurrieron, además, el subsecretario de Pesca , señor Felipe Sandoval , y la jefa de División de esa Subsecretaría, señora Edith Saa .
-o-
La Comisión Mixta acordó prevenir a ambas Corporaciones que la proposición de ley que se sugiere al final de este informe, de aprobarse, debe serlo con rango de ley de quórum calificado (mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio), conforme lo prescribe el artículo 19, Nº 23, de la Constitución Política, que exige dicho quórum para las disposiciones legales que establecen limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.
-o-
Antecedentes
En el primer trámite constitucional, el honorable Senado prestó su aprobación a un proyecto de ley que tiene por propósito incorporar a las pesquerías de la sardina, la anchoveta y el jurel del área marítima correspondiente a la I y II regiones, a la medida de administración pesquera denominada “límite máximo de captura por armador” regulada en la ley Nº 19.713.
Para ese objetivo la referida iniciativa se estructura en un artículo único conformado por dos números que proponen modificaciones a los artículos 2º y 4º de la ley Nº 19.713. Contiene, además, dos artículos transitorios.
La primera modificación consiste en incluir en el artículo 2º de la ley mencionada -que enumera las pesquerías que quedan sometidas a la medida de administración extraordinaria de límite máximo de captura- a las pesquerías que se consignan en las siguientes letras:
“q) Sardina (Sardinops sagax) y anchoveta (Engraulis ringens), en el área marítima correspondiente a la I y II regiones.
r) Jurel (Trachurus murphyi), en el área marítima correspondiente a la I y II regiones”.
El número dos modifica el inciso segundo del artículo 4º de la ley Nº 19.713, con el fin de incluir a la sardina, la anchoveta y el jurel de la I y II regiones en la nómina de unidades de pesquerías sujetas al régimen de cálculo que considera las capturas obtenidas dentro de determinado período y la capacidad de bodega de las naves, para determinar el coeficiente de participación relativa por armador.
Consigna, además, el proyecto en controversia, dos artículos transitorios. El primero dispone que para la primera determinación del límite máximo de captura, la publicación de la resolución a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 19.713, en lo que dice relación con las unidades de pesquería señaladas en las letras q) y r) ya descritas, se realizará dentro de los 10 días siguientes a la publicación de esta ley. En esa primera asignación se tomarán en cuenta las autorizaciones de pesca vigentes para cada unidad de pesquería a la fecha del decreto supremo que fija los límites máximos de captura por armador (inciso tercero del artículo 6º de la ley Nº 19.713). Por su parte, el artículo segundo transitorio del proyecto dispone que las cuotas globales anuales de captura de la pesquería de la sardina y de la anchoveta de las I y II regiones, se fijarán y regirán en el año calendario en que se publique esta ley.
Cual se ha señalado precedentemente, la honorable Cámara de Diputados rechazó en su totalidad la iniciativa en informe durante el segundo trámite constitucional.
-o-
Debate en la Comisión Mixta
Al discutirse este asunto por la Comisión Mixta, en sesión de 12 de junio pasado, el honorable diputado señor Errázuriz planteó la conveniencia de aprobar el proyecto en los términos propuestos por el Senado, pues en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados no se formularon indicaciones a su respecto, en tanto que en la Sala se reparó por algunos señores diputados, que con esta iniciativa podrían comprometerse derechos de los pescadores artesanales, concluyéndose, tras un debate, que este proyecto no afectaba los intereses de la pesca artesanal, sino que, antes bien, tenía por propósito homologar a las dos regiones involucradas en el régimen pesquero vigente para el resto del país.
Posteriormente, y aclarado lo anterior mediante un nuevo informe de la referida Comisión, el proyecto fue considerado nuevamente por la Sala, instancia en que no se alcanzó el quórum especial de aprobación que requiere.
El honorable diputado señor Mora expresó que la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados escuchó a diversos dirigentes gremiales, entre los cuales destacó al principal dirigente de los pescadores artesanales de la II Región, quien manifestó su conformidad con esta iniciativa.
También destacó que la complejidad del tema y las opiniones que se han dado sobre él, lo motivaron para formular diversas preguntas que apuntaban a la concentración o alianza de empresas para la explotación de los recursos. El análisis efectuado y las respuestas a sus inquietudes, continuó, lo predispusieron a favor de la iniciativa, toda vez que, además de considerar que su aplicación no afectará al sector artesanal, sus normas permitirán un mayor control y regulación para ordenar la actividad pesquera.
A su turno, el honorable diputado señor Molina señaló que en el segundo trámite constitucional se tuvo en consideración que este proyecto había sido aprobado por amplia mayoría en el Senado; que se había escuchado el parecer de todos los agentes de la actividad pesquera, y que la iniciativa contaba con el respaldo de parlamentarios de diversos sectores políticos. No obstante lo anterior, cuando el proyecto se trató en la Sala de la Cámara de Diputados, se formularon observaciones sobre los antecedentes que ameritaban la aprobación del proyecto y se planteó que beneficiaría a determinados sectores industriales, razón por la cual se dispuso se estudiara nuevamente por la Comisión especializada, instancia que, para mejor resolver, invitó a los gremios, asociaciones de pescadores artesanales, de tripulantes de naves y a personeros de la actividad extractiva industrial de las regiones I y II, quienes expresaron su opinión respecto de este proyecto. Se consideró también que la iniciativa contaba con el respaldo del Ejecutivo y que de los antecedentes tenidos a la vista, particularmente si se examinan las actas del Senado o de la Cámara de Diputados, ha de constatarse que no existen objeciones concretas que impidan legislar sobre esta materia.
El honorable diputado señor Sánchez intervino para expresar que en un principio manifestó su disconformidad con esta iniciativa pues le pareció extraño que no se hubiera incluido estas regiones en el régimen de límites a las capturas regulado en la ley Nº 19.713, y que se viniera a plantear ahora su inclusión restando sólo siete meses para que ese texto pierda vigencia. Ahora expone no tener objeciones respecto de la iniciativa, pues se ha clarificado el tema de las perforaciones que podrían afectar a la franja artesanal, pero persiste, en su opinión, la cuestión de por qué no se legisló en su oportunidad aplicando el régimen de límites de captura a las regiones I y II, tal como se hizo con el resto del país.
A continuación, el honorable senador señor Ávila anunció su rechazo al proyecto pues éste significa consagrar un sistema para acceder a la pesca con el que no está de acuerdo, cual es la asignación de cuotas individuales. Agregó que no es congruente argumentar que esta iniciativa termina con la denominada “carrera olímpica” pues esta última no existe en las regiones I y II, toda vez que el 80% de la capacidad de captura de los recursos pesqueros está concentrada en empresas relacionadas, lo cual configura, en la práctica, una situación monopólica. Adujo, finalmente, que esta ley, de aprobarse, tendrá una vigencia efímera pues su aplicación está relacionada con la ley Nº 19.713, que rige hasta el 31 de diciembre de este año.
Por su parte, el honorable senador señor Ruiz De Giorgio expresó que esta iniciativa no se justifica pues cuando se debatió la ley que ahora se pretende modificar el Ejecutivo señaló que no era necesario incluir a las I y II regiones en el nuevo régimen. En esa oportunidad, se explicó que la zona marítima que comprende a esas regiones es distinta a la zona central sur, pues comparte con el Perú una pesquería de otras características. Se indicó, también, que esta pesquería del norte del país es muy variable y, por tanto, es difícil establecer cuotas globales de captura para la sardina y para la anchoveta. Por esta razón se declaró a ambas pesquerías en régimen de plena explotación, pero no se estableció cuota global. Recordó, además, que cuando se intentó establecer el mecanismo de cuotas individuales transferibles, hace dos o tres años, el Ejecutivo demostró que la flota pesquera de la zona norte estaba en equilibrio, pues después de la grave crisis que experimentó veinte años atrás, los agentes pesqueros habían logrado estabilizar la flota y la masa hidrobiológica. Recordó, también, que en esta zona del país no existe carrera olímpica de modo que los agentes pueden pescar libremente con su flota, si es que hay peces. Agregó que como no es posible predecir si los recursos van a aumentar o disminuir puede que en un momento determinado haya mayor número de naves que las necesarias.
En otro orden, manifestó que este proyecto, si se aprueba como ley, no tendrá mayor aplicación, pues cuando entre en vigor habrán de fijarse las cuotas globales y posteriormente los límites de captura por armador, diligencias que excederán el plazo de vigencia de la ley Nº 19.713, que vence el 31 de diciembre de este año, y que es el texto que ésta modifica. Fue de parecer que el propósito de legislar ahora sobre esta materia guarda más bien relación con crear las condiciones para preestablecer un derecho que facilite una futura distribución de cuotas de pesca. Concluyó expresando su preocupación respecto de esta legislación o la que se dicte antes de que se conozca o entre en vigor el acuerdo comercial con la Unión Europea, que pueda traer como consecuencia modificaciones a la legislación pesquera que obligue indemnizar a los armadores si se estiman vulnerados sus derechos.
Finalmente, intervino el subsecretario de Pesca , señor Sandoval , quien señaló que el proyecto de ley próximo a ingresar al Parlamento, que introduce diversas enmiendas a la ley general de Pesca, fijará criterios comunes para las regiones, por lo que en su opinión, la iniciativa en debate no constituirá un precedente.
Agregó que la normativa que se está discutiendo es útil, pues si se aprueba, los agentes pesqueros de las regiones I y II carecerán de argumentos válidos para no ser incluidos en la legislación futura, la que, además, establecerá los mecanismos para determinar el valor de la patente pesquera relacionada con la modalidad del límite máximo de captura, y bien podría resultar conveniente para el armador preferir que no se le aplique esta última en el evento de que su valor fuere más alto del que pagan actualmente.
En relación con la participación de la industria pesquera industrial -que ahora alcanza al 85% en las zonas comprendidas en las regiones I y II-, el sistema actual permite estimular un aumento de ese porcentaje, pues la concentración o alianzas empresariales son más infrecuentes cuando existen modalidades como el límite máximo de captura. Esta forma de acceder a los recursos pesqueros, según el señor subsecretario, protege el más débil, pues éste sabe cuál es su cuota y en función de ella regula su esfuerzo pesquero. De contrario, en el sistema actual en que no se fija cuota global ni límite a las capturas en el norte, los empresarios con mayores recursos, por contar con mayor capacidad e infraestructura pesquera, pueden neutralizar a los medianos y pequeños.
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En sesión de 19 de junio de 2002, el presidente de la Comisión Mixta , honorable senador señor Jorge Arancibia , propuso, como forma y modo de resolver la divergencia producida entre ambas Corporaciones, pronunciarse sobre este proyecto de ley en los términos acordados por el Senado en el primer trámite constitucional.
El honorable senador señor Ávila expresó que no compartía los propósitos de esta iniciativa toda vez que con ella se está legislando en favor de un interés específico y no general. Agregó que no se justificaba que se otorguen derechos por lo que resta del año, cuando ahora corresponde discutir en profundidad el nuevo proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la legislación pesquera, entre las cuales se incorporan mecanismos para regular la materia de que trata la iniciativa en debate.
Por su parte, el honorable senador señor Ruiz De Giorgio , fundamentando su voto respecto de la iniciativa, se remitió a las razones que expresó en la sesión que celebró la Comisión Mixta en la sesión de 12 de junio pasado.
A su turno, el honorable senador señor Romero señaló que existen antecedentes técnicos que justifican establecer el sistema de límite máximo de captura para las pesquerías que propone este proyecto. Agregó que este sistema ha favorecido el funcionamiento de las industrias pesqueras nacionales, razón por la que sus ventajas deben extenderse a todo el país. Concluyó afirmando que la incorporación de las pesquerías del jurel, de la anchoveta y de la sardina de la zona marítima de las regiones I y II al sistema de límite máximo de captura debió haberse hecho antes, al discutirse el proyecto que originó la ley Nº 19.713.
El honorable senador señor Zaldívar, don Adolfo , manifestó que siempre ha apoyado la idea de establecer el régimen de límite máximo de captura por armador; que así procedió cuando se aprobó la ley Nº 19.713, y que nuevamente estima aconsejable, en esta oportunidad, extender esa normativa a las regiones I y II. Agregó que le parecía discriminatorio que este sistema de acceso a la pesca se aplicara en algunas regiones y no en otras. Agregó, también, que sus efectos han traído grandes beneficios para la industria pesquera nacional, toda vez que le han dado estabilidad y certeza a la actividad, lo que ha redundado en la creación de mil doscientos nuevos empleos en la XI Región, que representa.
Expresó, finalmente, que este nuevo régimen ha permitido establecer alianzas entre el sector industrial y el sector artesanal, de manera que se ha potenciado la capacidad exportadora de los recursos, lo que indudablemente genera rendimientos económicos para el país.
En seguida, se pronunció el honorable diputado señor Mora , quien también prestó su acuerdo al texto aprobado por el Senado. Fundamentó su decisión en el hecho de que representa, entre otros, a los pescadores artesanales de Tocopilla, quienes no tienen reparos frente a esta iniciativa, así como tampoco advirtió que los tuvieran diversos dirigentes artesanales que concurrieron a los debates de este proyecto en la Cámara de Diputados. Por último, hizo presente que no resulta lógico ni conveniente aplicar una determinada legislación a un sector del país y excluir de sus normas a otra, como ocurre en la actualidad respecto del límite máximo de captura respecto de las regiones I y II.
El honorable diputado señor Molina , fundamentando su asentimiento con el texto propuesto por el Senado, expresó que la pluralidad de antecedentes que ha compulsado lo han llevado a estimar que este proyecto está técnicamente orientado en la dirección correcta. Agregó que esta iniciativa termina con una discriminación arbitraria para una parte de la industria pesquera chilena que se ubica en las regiones I y II; y que la aplicación de la ley Nº 19.713 ha demostrado que el régimen de límite máximo de captura ha traído numerosos beneficios para quienes laboran en el sector pesquero, que se expresan en la estabilidad en el empleo y en el crecimiento económico del sector.
El honorable diputado señor Errázuriz manifestó su voluntad de apoyar el proyecto aprobado por el Senado toda vez que, en su opinión, es del todo irregular que exista una normativa para todo el país con exclusión de las regiones I y II; recordó, también, que en la Cámara de Diputados las organizaciones que representan a los pescadores artesanales manifestaron su acuerdo con este proyecto, y finalmente, advirtió que es probable que se prorrogue la ley Nº 19.713, más allá del plazo originalmente previsto, razón por la que no cree que se esté legislando sólo para algunos meses con esta iniciativa, toda vez que el estudio y debate del proyecto sobre modificaciones generales a la legislación pesquera puede exceder del 31 de diciembre de este año, que es la fecha que pone término a la mencionada ley Nº 19.713.
Finalmente, el honorable senador señor Arancibia concordó también en la necesidad de legislar en los términos propuestos por el Senado, pues los informes técnicos aportados al debate avalan la implementación de este régimen pesquero para todo el país, con lo cual se reconoce un criterio unitario en la legislación nacional. Concluyó expresando su confianza en las autoridades del sector pesquero, en el sentido de que aplicarán esta normativa con las salvaguardias que el interés nacional exige, razón por la cual no cree que con esta legislación se vaya a favorecer a un sector económico en particular.
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Puesto en votación el texto del proyecto de ley despachado por el Senado en el primer trámite constitucional, fue aprobado con los votos favorables de los honorables senadores señores Arancibia , Romero y Zaldívar, don Adolfo , y por los honorables diputados señores Errázuriz , Molina y Mora. Se pronunciaron en contra los honorables senadores señores Ávila y Ruiz De Giorgio .
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En consecuencia, con el mérito de la relación precedente y como forma y modo de resolver la divergencia producida, esta Comisión Mixta tiene a honra proponer a ambas Corporaciones la aprobación del proyecto acordado por el Senado en el primer trámite constitucional. Su texto es el siguiente:
Proyecto de Ley
“Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.713:
1) Agréganse, al final del artículo 2º, las siguientes letras:
“q) Sardina (Sardinops sagax) y anchoveta (Engraulis ringens), en el área marítima correspondiente a la I y II región.
r) Jurel (Trauchurus murphyi), en el área marítima correspondiente a la I y II región.”.
2) En el inciso segundo del artículo 4º, reemplázase la expresión “e) y f)” por “e), f), q), y r)”.
Artículos transitorios
Artículo 1º.- Para la primera asignación, la publicación de la resolución a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 19.713, respecto de las unidades de pesquería señaladas en el artículo 2º, letras q) y r), se efectuará dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la presente ley. En la primera asignación de límite máximo de captura por armador, se considerarán las autorizaciones de pesca vigentes para cada unidad de pesquería, a la fecha del decreto supremo a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 19.713.
Artículo 2º.- Las cuotas globales anuales de captura de las pesquerías sardina (Sardinops sagax) y anchoveta (Engraulis ringens) contenidas en la letra q) del artículo 2º de la ley Nº 19.713, se fijarán y regirán en el año calendario en que se publique esta ley.”.”.
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Acordado en sesiones celebradas los días 12 de junio de 2002, con asistencia de los honorables senadores señores Arancibia ( presidente ), Ávila , Ríos, Ruiz De Giorgio y Zaldívar, don Adolfo , y de los honorables diputados señores Errázuriz , Molina , Mora y Sánchez , y 19 de junio de 2002, con asistencia de los honorables senadores señores Arancibia ( presidente ), Ávila , Romero , Ruiz De Giorgio y Zaldívar, don Adolfo , y de los honorables diputados señores Errázuriz , Molina y Mora.
Sala de la Comisión, a 27 de junio de 2002.
(Fdo.): MARIO TAPIA GUERRERO , Secretario de la Comisión ”.
2. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de ley que establece normas en beneficio del circo chileno. (boletín Nº 2579-06-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en una moción suscrita por la señora Rozas , doña María , y por los señores Ávila , Krauss , Montes, Núñez , Pareto , Riveros , Seguel , Velasco y Vilches .
Como lo enuncia el epígrafe del proyecto, la iniciativa en informe contiene un marco regulatorio básico de la actividad circense en nuestro país, con miras al adecuado desenvolvimiento de la misma.
Cabe hacer presente que todos los artículos del proyecto son de quórum simple. Por otra parte, la iniciativa legal no precisa ser conocida por la Comisión de Hacienda.
Durante el estudio de ella, la Comisión contó con la asistencia y participación del ex diputado don Enrique Krauss , y los señores Felipe Arratia , Alejandro Catalán , Manuel López y Joaquín Maluenda , del sindicato de artistas circenses de Chile.
I. ANTECEDENTES.
A) FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN.
Haciendo una breve reseña histórica de la actividad circense, los autores de la moción señalan que recién a mediados del siglo 18 los ingleses dieron forma a esta actividad tal como se la conoce hoy en día. En ese entonces, y teniendo como telón de fondo pruebas ecuestres, se efectuaban demostraciones de habilidad humana y animal de manera integrada, lo que constituía una novedad, no así los números individualmente considerados.
El circo -agregan- se desarrolló en nuestro país en forma prácticamente coetánea con Europa, dando cuenta de presentaciones de este tipo las crónicas del último período colonial. Desde entonces se incorporaron artistas nacionales a la actividad circense, gozando de una alta reputación internacional.
Se estima que anualmente unos ciento veinte circos recorren el país, dando trabajo a más de 5.000 personas, que por lo general presentan lazos familiares entre sí.
Explican, a continuación, que en el circo (cuyo espectáculo normalmente se desarrolla en una carpa, con graderías que rodean una o más pistas) intervienen hombres y mujeres que ejercen los oficios más diversos, a saber, payaso, contorsionista, acróbata, trapecista, domador, etc. Si bien el circo está orientado principalmente a entretener a los niños, no pocos números del mismo, por su complejidad, captan también el interés de los adultos.
Las características peculiares del circo como actividad de esparcimiento le han permitido mantenerse vigente, pese a la gran diversidad que han experimentado en los últimos años la industria del pasatiempo y las comunicaciones.
Esta circunstancia, unida a los méritos del circo chileno, constituye un motivo más que suficiente para -a juicio de quienes suscriben la moción- otorgarle un reconocimiento formal a la actividad, en cuanto instrumento de entretención y formación cultural básica.
Finalmente, destacan que el contenido de esta iniciativa legal cuenta con la aprobación del sindicato de artistas circenses de Chile, que ven en ella el reconocimiento legislativo de los valores de la cultura popular que encarna el circo.
B) EXPOSICIONES DE LOS INVITADOS.
i) Ex diputado Enrique Krauss , copatrocinante de la moción.
Complementando los antecedentes proporcionados en el proyecto de ley, el ex parlamentario dijo que la iniciativa descansa en dos fundamentos: ellos son, por una parte, establecer un referente común para los vínculos entre los municipios y los circos, con el fin de superar las agudas diferencias que se observan hoy día respecto a este punto; y, por la otra, dar una señal clara de que el Congreso quiere respaldar la actividad circense, mediante la dictación de una ley que no tiene precedentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Agregó que el sentido de incluir normas que consagran un gravamen económico adicional para los circos de procedencia extranjera estriba en que ellos gozan hoy de un trato más favorable que los nacionales, es decir, existe una discriminación a su favor. Lo anterior se evidencia en que las compañías foráneas pueden acceder al patrocinio del Ministerio de Educación para sus presentaciones, lo que les permite eximirse del pago del derecho municipal correspondiente. A esta situación se suma el hecho de que los circos provenientes de afuera suelen prolongar su estadía por meses y a veces hasta por años, beneficiándose de la franquicia en comento.
Precisó, por otra parte, que el proyecto respeta la autonomía municipal en materia de administración de las finanzas, tal como lo reconoce el artículo 111 de la Constitución, y que reitera el artículo 14 de la ley orgánica del ramo. En efecto, la norma correspondiente del texto propuesto se limita a fijar el derecho que deben cobrar las municipalidades a los circos. Sobre el rango de oscilación de tal derecho que establece el artículo 3º, explicó que se optó por ese criterio atendida la distinta realidad de cada comuna, ya que imponer una tasa única significa rigidizar el sistema. Subrayó, asimismo, que en su opinión ese ingreso no constituye tributo -y no invade, por ende, la esfera de atribuciones exclusivas del Presidente de la República -, pues entra en la categoría de “derecho municipal”; apreciación que ha sido ratificada por la Contraloría General de la República mediante un dictamen de 1995, en respuesta a una consulta de la Cámara de Diputados. Sobre el particular, señaló que para el órgano contralor tales derechos corresponden a prestaciones que están obligadas a pagar a las municipalidades las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que obtengan de la administración local una concesión o permiso o que reciban un servicio de las mismas, salvo exención contemplada en texto legal expreso. Acerca de este mismo asunto, acotó que la jurisprudencia administrativa ha precisado que los derechos municipales no son impuesto, sino el cobro correspondiente a la labor de revisión, inspección y recepción que realicen los municipios.
Además, conforme al artículo 42 de la ley de rentas municipales, los derechos en comento pueden emanar de la ley o de una ordenanza, y en la especie se optó por la primera alternativa.
Finalmente, junto con reiterar que la iniciativa legal en informe responde a una antigua aspiración del gremio circense, el señor Krauss indicó que, por la materia sobre que versa el proyecto, se inscribe dentro de las potestades legislativas de los parlamentarios, cuyo cabal ejercicio prestigia a este Poder del Estado.
ii) Joaquín Maluenda , del sindicato de artistas circenses.
En representación del sindicato de artistas circenses de Chile, don Joaquín Maluenda afirmó que el gremio tiene, en general, una favorable opinión de la iniciativa, entre otros aspectos por el hecho de reconocer al circo como un elemento de la cultura popular. Avala lo anterior la constatación que, desde sus orígenes, los circos nacionales han ofrecido funciones en los rincones más apartados del territorio nacional, siempre con buena acogida por parte de la población.
Pese a dicho arraigo, nunca -hasta la fecha- se ha dictado una legislación orgánica que regule la actividad y que defina, por ejemplo, qué debe entenderse por circo. Ello ha dado pie a que no pocas personas con insuficiente preparación y experiencia se califiquen como artistas del rubro, actuando en carpas improvisadas que ostentan impropiamente el rótulo de circo. También se da el caso de espectáculos que se presentan como “circo-teatro”, lo que confunde a la gente. Se trata, pues, de dilucidar una cuestión que trasciende el plano meramente semántico y tiene una repercusión práctica indiscutible.
El vacío regulatorio antes aludido también ha significado que históricamente los circos nacionales dependan, para su funcionamiento, de la buena, regular o mala voluntad de las autoridades municipales. Esta relación no siempre es lo cordial y armoniosa que sería deseable, motivo por el cual el gremio está vivamente interesado en uniformar el criterio para el otorgamiento del permiso municipal correspondiente, y muy en particular el cobro que pueden realizar los municipios para que puedan funcionar los circos en su territorio jurisdiccional. Vale la pena hacer notar a este respecto que en la actualidad se observa una gran disparidad de criterios, ya que mientras algunos municipios exigen elevadas sumas por tal concepto, otros permiten que los circos actúen sin cobrarles prácticamente nada.
Al margen de lo anterior, los circos nacionales se encuentran en desventaja frente a los de origen extranjero, pues sólo a estos últimos se les permite hacer publicidad. Sobre este punto, recalcó que en todo caso no se oponen a la actuación de dichas compañías; al contrario, ellas fomentan la competencia, elevando el nivel de los espectáculos criollos. Lo que piden es que se regulen ciertos aspectos relacionados con esos circos, como por ejemplo lo relativo a su estadía en el país.
Otro aspecto que abordó el señor Maluenda en su exposición fue el que dice relación con la función social que cumplen los circos nacionales. Esta sensibilidad se manifiesta en que habitualmente las compañías regalan entradas a grupos de personas de escasos ingresos para que puedan disfrutar del espectáculo circense. Otra preocupación de índole social, aunque en el plano gremial, se refiere a la búsqueda de una fórmula satisfactoria que zanje el tema de la previsión de los asociados. Dicha inquietud -precisó- es especialmente válida para los artistas que ejecutan números de alto riesgo -como los trapecistas-, y que requieren gran destreza física.
También, pero en una óptica netamente profesional, aspiran a realizar un empadronamiento de todos los circos que funcionan en el país, y contar con una escuela circense para niños.
C) NORMATIVA SOBRE CIRCOS.
i) Legislación Nacional.
Escasa y fragmentaria es la regulación de la actividad circense por parte del ordenamiento jurídico chileno. En efecto, las disposiciones que se refieren al tema se encuentran diseminadas en textos de diverso rango -básicamente leyes y reglamentos-, que no alcanzan a configurar un tratamiento sistemático del tópico.
Así, por ejemplo, el artículo 16 del Código del Trabajo, inserto en las normas que tratan del contrato laboral, permite en casos calificados, y con la autorización de su representante legal o del juez competente, que los menores de quince años celebren contrato de trabajo con personas o entidades dedicadas -entre otras actividades- al circo.
Otra disposición atingente es el artículo 1º de la ley Nº 15.478, de 1964, sobre previsión social de los artistas, que incorpora al régimen de la Caja de Empleados Particulares a los actores de teatro, cine, artistas circenses, etc., que obtengan sus medios de subsistencia de la respectiva actividad artística.
También tiene directa relación con el tema en examen la ley Nº 17.439, de 1971, que en su artículo 1º prescribe que en los espectáculos artísticos de números vivos que se presenten en radioemisoras, canales de televisión, casinos, gimnasios, circos, carpas móviles, etc., el 85% de los artistas que se expresen en el idioma castellano, a lo menos, deben ser chilenos. Los conjuntos se consideran para este efecto como un todo indivisible y su nacionalidad se determina por la del 85% de sus componentes. Se exceptúan de la regla anterior, entre otros casos, los conjuntos artísticos, solistas y compañías extranjeras que, por la naturaleza de su espectáculo, constituyen grupos completos y homogéneos. Conforme al artículo 4º de la misma ley, la infracción de cualquiera de sus disposiciones debe ser sancionada por la Dirección del Trabajo, aplicando una multa a favor del sindicato respectivo de hasta 10 sueldos vitales mensuales, la que se duplica en el evento de reincidir en la falta. Por otra parte, la reincidencia determina que la municipalidad respectiva, a requerimiento de la aludida repartición fiscal o del sindicato pertinente, suspenda temporal o definitivamente el permiso concedido para el espectáculo. El mismo precepto, en el inciso tercero, establece que son solidariamente responsables del pago de la multa el propietario, concesionario, empresario, arrendatario o personas que tengan en explotación la sala de espectáculos, canal de televisión, etc.
Aparte de las leyes mencionadas, existen algunos reglamentos que de un modo general o específico regulan las condiciones en que deben desenvolverse los espectáculos circenses.
En el primer sentido indicado cabe citar el reglamento Nº 745, de 1993, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Su artículo 2º precisa que corresponde a los Servicios de Salud, y en la Región Metropolitana al Servicio de Salud del Ambiente, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. En armonía con lo anterior, a dichos Servicios les compete sancionar las infracciones a las normas reglamentarias, ciñéndose en la materia a los artículos que se citan del Código Sanitario.
En un terreno más específico, cabe referirse al reglamento sanitario para el control de teatros y espectáculos públicos, contenido en el decreto Nº 1580, de 1946. En su artículo 1º, señala que todo teatro, estadio, circo, cabaret y, en general, cualquier recinto o lugar público de diversión donde se reúna un gran número de personas debe cumplir con los requisitos de aseo, capacidad, servicios higiénicos, ventilación y demás que fija dicho reglamento. A este respecto, y por citar un ejemplo, el artículo 4º prescribe que la capacidad de los locales destinados a espectáculos no puede ser inferior a tres metros cúbicos por espectador, agregando que se prohíbe la asistencia de personas de pie. Por otra parte, el artículo 10 contiene la obligación para los empresarios, administradores o concesionarios de los establecimientos indicados en el artículo 1º de inscribirse en un registro especial que debe llevar la jefatura sanitaria provincial. Más adelante, en el artículo 13, estipula que cualquier infracción al reglamento será sancionada de conformidad con las normas contenidas en el título que precisa del Código Sanitario, sin perjuicio de la clausura del local si la autoridad del ramo lo estima conveniente.
ii) Derecho Comparado.
Lo dicho a propósito del carácter fragmentario de la legislación nacional sobre la actividad circense tiene plena validez también en el ámbito del derecho comparado. En efecto, de acuerdo a las fuentes consultadas, además de ser escasos los países que han dictado normas específicas acerca del rubro, incluso en esos casos excepcionales las leyes, decretos, reglamentos, etc., que abordan la temática del circo lo hacen en forma parcial, refiriéndose a uno o dos aspectos en particular. En otros términos, la información disponible adolece de tanta o mayor falta de organicidad que nuestro ordenamiento jurídico. Prueba de ello es que, conforme a los antecedentes recopilados de los países con un presunto mayor desarrollo de la actividad, tales como México y España, la legislación de éstos se limita a abordar aspectos tan puntuales como el impuesto que deben pagar los empresarios y artistas circenses.
II. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
De conformidad con lo expuesto, el proyecto de ley en referencia busca promover la actividad circense nacional, estableciendo un marco regulatorio mínimo que comprende, entre otros aspectos, la definición de circo, la forma en que pueden operar en el país las compañías extranjeras y la vinculación de las municipalidades con los circos.
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III. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
A. En General.
La Comisión compartió los objetivos generales de la iniciativa legal en Informe, aprobando por simple mayoría de votos (7 a favor y 1 en contra) la idea de legislar sobre el tópico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 287 Nº 6 del reglamento, pasa a consignarse una síntesis del voto de minoría. Con arreglo a éste, el articulado de la moción, más que fomentar a los circos, lo que hace es imponer ciertas pautas. La iniciativa carece, pues, de un sello propositivo, lo que se refleja, por ejemplo, en la norma del artículo 4º, que consagra la obligación de los circos de ofrecer una función gratuita en la hipótesis que precisa, y en el artículo 5º, según el cual el concejo municipal debe recabar la opinión del sindicato de artistas circenses para afectar un determinado inmueble al funcionamiento de circos. Además, algunas disposiciones son de cuestionable constitucionalidad. Es el caso del artículo 3º, que al fijar los derechos que deben cobrar los municipios a los circos atentaría contra el principio de la autonomía municipal, consagrada en el artículo 111 de la Carta Fundamental, y que reitera el artículo 14 de la ley orgánica respectiva.
B. En Particular.
Durante el análisis pormenorizado del proyecto se presentó una indicación sustitutiva de la totalidad del texto primitivo, suscrita por la señora Caraball , doña Eliana , y por los señores Becker , Egaña , Quintana , Silva y Valenzuela . Dicha indicación fue la resultante de un nutrido intercambio de opiniones que se vertieron a medida que se discutía el articulado de la moción. Fruto de ese debate decantó la idea de que, respetando el marco conceptual establecido en el proyecto primigenio, cuyos lineamientos fueron desarrollados ante la Comisión por el ex diputado don Enrique Krauss , era aconsejable replantear algunos aspectos de forma y fondo de aquél, según se verá al examinar a continuación el alcance de las modificaciones propuestas al proyecto matriz.
Artículo 1º
Su inciso primero declara al circo nacional chileno instrumento de entretención, recreación y formación cultural básica, agregando en seguida que las autoridades de los distintos niveles deben adoptar las medidas tendientes a promover esta actividad, sin perjuicio del debido acatamiento de las normas que inciden en el desarrollo del espectáculo circense, y por las que deben velar organismos tales como el Servicio Nacional de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero.
El inciso segundo confiere preferentemente a las autoridades de gobierno interior, a los alcaldes de los municipios en cuyo territorio se ofrezcan los espectáculos correspondientes y a la Asociación de Municipalidades, la tarea de crear canales de comunicación fluidos con los responsables de los circos, debiendo al efecto impartir las instrucciones que fueren necesarias.
El artículo precedente (así como los restantes de la iniciativa, según se expresó más arriba) fue objeto de una indicación, aprobada por asentimiento unánime, que reemplaza su texto por una norma de carácter programático según la cual la finalidad del proyecto es definir las políticas de fomento y resguardo de la actividad circense nacional.
Sobre la sustitución del texto original de este precepto, y en especial de su inciso segundo, las opiniones de los asistentes coincidieron en que el otorgamiento de nuevas funciones a las autoridades que se mencionan genéricamente es una materia de resorte exclusivo del Presidente de la República , amén de hacer referencia el artículo a un organismo -la Asociación Chilena de Municipalidades- que no tiene existencia jurídica.
En cuanto al alcance de la nueva norma aprobada, se manifestó que dado el carácter “fundacional” de la legislación que se está impulsando en materia de circos, toda vez que por primera vez se dicta un cuerpo orgánico sobre el rubro, es conveniente precisar al inicio del proyecto cuál es la finalidad que persigue éste.
Artículo 2º
Este artículo, que en su inciso primero da un concepto de circo, entendiendo por tal los espectáculos que se desarrollan preferentemente en carpas y cuya programación se orienta de manera primordial al mundo infantil; puntualizando en el inciso siguiente qué tipo de espectáculos no entran en tal categoría, fue reemplazado por una disposición, aprobada por el mismo quórum, que define en términos similares el circo, pero agrega en el inciso segundo un precepto nuevo de acuerdo al cual, y en armonía con su índole de espectáculo artístico y de entretención, esta actividad podrá acceder a los recursos que prevé la legislación en vigor para el fomento de expresiones artísticas y culturales.
Tal como fue destacado por varios miembros de la Comisión, la incorporación del aludido inciso segundo tiene por objeto dar un impulso efectivo, en términos de apoyo económico, al desenvolvimiento del circo nacional.
Artículo 3º
Éste, conforme al cual los derechos que los municipios, en ejercicio de la atribución que les confiere el artículo 65 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, cobren a los circos para autorizar su funcionamiento en la correspondiente comuna, oscilarán entre los valores que señala, tomando en consideración el tamaño del circo, y que establece en el inciso segundo que los circos de procedencia extranjera pagarán por el mismo concepto una cantidad significativamente superior -que precisa-, fue sustituido, señalando la norma de reemplazo, aprobada por asentimiento unánime, que las autoridades de los distintos niveles -aunque con acento en las de gobierno interior y municipales- deberán promover las actividades del circo chileno, acotando luego, en el inciso segundo, que los circos deberán respetar las regulaciones contempladas en los distintos ámbitos (salud, electricidad, higiene ambiental, cuidado de animales, etc.), incluyendo las ordenanzas municipales.
Artículo 4º
Esta disposición, según la cual los circos que funcionen en una comuna por un lapso superior a diez días deberán ofrecer, a requerimiento del alcalde, o del concejo municipal en subsidio, una función gratuita para personas acogidas a instituciones de beneficencia, fue sustituida por un artículo -aprobado por unanimidad-, que preceptúa lo siguiente:
El inciso primero expresa que corresponderá a la ordenanza que dicte cada municipio regular los aspectos vinculados al funcionamiento de los circos y a los derechos que les cobren los municipios por operar en su territorio comunal -haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 65 letra c) de la ley orgánica respectiva-, dejando abierta la posibilidad de que se exima parcialmente de ese cobro a los circos nacionales.
Su inciso segundo señala que la ordenanza en cuestión determinará también las normas básicas de los convenios que cada circo eventualmente suscriba con la respectiva municipalidad en orden a ofrecer funciones gratuitas a los sectores de escasos recursos.
Finalmente, el inciso tercero puntualiza que la ordenanza en referencia podrá, por otro lado, reservar un sitio de dominio o tenencia municipal para la instalación de circos y espectáculos análogos, acotando que para adoptar tal resolución el municipio debe escuchar la opinión de organizaciones circenses.
Acogiendo las dudas surgidas sobre la constitucionalidad de la disposición original, la Comisión optó por que sea la ordenanza que dicte cada municipalidad la que regule el tema de las funciones gratuitas ofrecidas por los circos, eliminando el carácter obligatorio de las mismas. También estimó preferible que sea la ordenanza municipal la que fije los derechos a cobrar a los circos y, por otro lado, pueda reservar un sitio de la municipalidad donde se realicen los espectáculos circenses, dándole así un carácter más flexible al tratamiento de estos temas.
Artículo 5º
Esta disposición, que establece que los municipios podrán afectar un sitio bajo su dominio o tenencia para el funcionamiento de circos y espectáculos similares, debiendo para ello el concejo pertinente recabar la opinión del sindicato de artistas circenses de Chile, fue reemplazada por otra, que contó con el respaldo unánime de la Comisión, con arreglo a la cual los circos provenientes de otros países deberán actuar en el territorio nacional sujetándose en todo a la legislación de extranjería, no pudiendo gozar de privilegio de ninguna especie y autorizando la prórroga de la estadía de sus integrantes bajo la condición que especifica.
Haciéndose eco de las inquietudes manifestadas por los representantes del sindicato de artistas circenses, varios integrantes de la Comisión afirmaron que la nueva redacción del artículo 5º plasma adecuadamente una de las ideas matrices del proyecto, a saber, el fomento del circo nacional, en abono de lo cual, y como principio rector, las compañías extranjeras no podrán gozar en adelante de ningún privilegio que signifique una discriminación a su favor.
Artículo 6º
Éste prescribe en el inciso primero que los circos de procedencia extranjera podrán actuar en el territorio nacional hasta por un lapso de 90 días, en las mismas condiciones que los nacionales, sin gozar de privilegio de ninguna especie.
El inciso segundo, en tanto, señala que las compañías extranjeras deberán cumplir con la normativa de seguridad social e inmigratoria, estando obligadas, asimismo, a incorporar en su elenco a lo menos un 20% de artistas nacionales, y agrega que el incumplimiento de la normativa determina la inmediata cancelación de los permisos de permanencia.
La norma de reemplazo, aprobada por análogo quórum, estatuye que un reglamento contendrá las demás normas necesarias para el fomento de la actividad circense y señalará la forma de acreditar y fiscalizar el funcionamiento de los circos nacionales y extranjeros.
Sobre el sentido de la disposición de reemplazo, el señor Montes comentó que, para un adecuado ordenamiento en el ejercicio de la actividad circense, es fundamental crear a futuro una suerte de “registro de circos”, en que se hallen acreditadas las empresas chilenas y extranjeras del rubro. Dicho registro debería contemplar requisitos adicionales para los circos provenientes de otros países, exigiéndoles, por ejemplo, presentar la documentación con los contratos de los artistas y el número de personas que trabajan en el circo, y eventualmente limitando su estadía.
IV. ARTÍCULOS QUE REVISTEN EL CARÁCTER DE ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No hay disposiciones que se encuentren en una u otra de las situaciones descritas.
V. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 287 Nº 4 del reglamento, el presidente de la Comisión determinó que el proyecto en informe no precisa trámite de Hacienda.
VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.
Por asentimiento unánime fueron rechazados los artículos originales de la moción, y cuyo tenor es el siguiente:
“Artículo 1°.- Declárase al Circo Nacional Chileno instrumento de entretención, recreación y formación cultural básica, en virtud de lo cual las autoridades nacionales, regionales y comunales deberán adoptar las medidas que correspondiere para apoyar el desarrollo de sus actividades. Ellas, en todo caso, deberán respetar las regulaciones establecidas por las instituciones policiales, la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles, el Servicio Agrícola Ganadero, los Servicios de Salud y los Planes de Higiene Ambiental y, en general, las disposiciones generales establecidas para la realización de esta clase de espectáculos.
Sin perjuicio de lo anterior, la relación de los circos se establecerá preferentemente con las autoridades de gobierno interior y los alcaldes de las comunas en que presenten sus espectáculos. Para tales efectos las autoridades respectivas y la Asociación Nacional de Municipalidades impartirán de oficio o a requerimiento de las organizaciones gremiales de los propietarios y artistas circenses las instrucciones que fueren necesarias.”.
“Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley se entiende por circo a los espectáculos que se desarrollan preferentemente en carpas y cuya programación se orienta especialmente al mundo infantil. Participan en ella artistas tales como payasos, trapecistas, acróbatas, magos, malabaristas, contorsionistas, domadores, músicos y excéntricos musicales y animales amaestrados.
No tienen el carácter de circos los espectáculos de contenido frívolo, orientados al público maduro, aun cuando ellos sean presentados en carpas.”.
“Artículo 3°.- Los derechos que los municipios en conformidad a lo dispuesto en la letra a) del artículo 65 de la ley N° 18.695 cobren a los circos para autorizar su funcionamiento en la correspondiente comuna, no podrán ser inferiores al 10% ni exceder del 25% de una Unidad de Fomento Reajustable por día de funcionamiento y serán determinados, en cada caso, por el respectivo alcalde, tomando en consideración el tamaño del circo.
Los circos de procedencia extranjera pagarán por el referido concepto a lo menos el 50% de una Unidad de Fomento.”.
“Artículo 4°.- Los circos que funcionen en una comuna por un lapso superior a diez días deberán ofrecer, a requerimiento del alcalde o, en subsidio, del Concejo Municipal, una función gratuita para menores discapacitados o en situación irregular, hogares de ancianos y niños de escasos recursos u otras instituciones similares.”.
“Artículo 5°.- Las municipalidades podrán afectar un sitio de dominio o tenencia municipal de características y superficie adecuadas y dotado de los servicios indispensables para el funcionamiento de circos y otros espectáculos similares. Para adoptar la correspondiente resolución el Concejo Municipal deberá solicitar la opinión al Sindicato de Artistas Circenses de Chile.”.
“Artículo 6°.- Los circos de procedencia extranjera podrán actuar en el territorio nacional hasta por un lapso de noventa días. En todo caso, deberán hacerlo en las mismas condiciones que los circos nacionales, sin contar con ninguna clase de privilegios tributarios, arancelarios o de otra especie.
Asimismo, deberán cumplir con la legislación chilena en los aspectos sociales y de inmigración y deberán incorporar en su elenco a lo menos un veinte por ciento de artistas nacionales, cuya contratación vigente deberán acreditar en la respectiva municipalidad antes de ser autorizados para funcionar en las comunas en que deseen hacerlo. El incumplimiento de cualquiera de estas normas deberá ser comunicado de inmediato al Ministerio del Interior y determinará la inmediata cancelación de los permisos de permanencia en el territorio nacional.”.
VII. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.
No se presentaron indicaciones que fueran objeto de una declaración de esa naturaleza.
-o-
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que dará a conocer el señor diputado informante , la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- El objeto de la presente ley es definir las políticas de fomento y resguardo de la actividad circense nacional en cuanto manifestación de la cultura chilena.
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley se entiende por circo a los espectáculos artísticos y de entretención que se desarrollan preferentemente en carpas y cuya programación se orienta especialmente a los niños. Participan en ellos artistas tales como payasos, trapecistas, acróbatas, magos, malabaristas, contorsionistas y músicos.
En tal virtud, esta actividad podrá acceder, a través de los mecanismos legales pertinentes, a los recursos que contempla la legislación vigente en materia de fomento de expresiones artísticas y culturales.
Artículo 3º.- Las autoridades nacionales, regionales y comunales deberán adoptar todas las medidas que correspondieren para promover las actividades del Circo Chileno en su calidad de instrumento de entretención, recreación y formación cultural básica. En todo caso, la relación de los circos se establecerá preferentemente con las autoridades de gobierno interior y con los alcaldes de las comunas en que se presenten sus espectáculos.
Los circos deberán respetar y adecuar su funcionamiento a las regulaciones que, en conformidad a la ley, dispongan las instituciones policiales, la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles, el Servicio Agrícola y Ganadero, los Servicios de Salud, los Planes de Higiene Ambiental, las ordenanzas municipales y, en general, las disposiciones establecidas para esta clase de eventos.
Artículo 4°.- El funcionamiento y los derechos que cobren los municipios a los circos que operen en la respectiva comuna serán regulados mediante una ordenanza, la que podrá eximir parcialmente de dicho pago a los circos nacionales en virtud de su contribución al desarrollo de la cultura popular criolla.
La ordenanza establecerá también las normas básicas de los convenios que cada circo eventualmente celebre con la respectiva municipalidad, tendientes a ofrecer funciones gratuitas a los sectores de escasos recursos.
Asimismo, ella podrá determinar la afectación de un sitio de dominio o tenencia municipal, dotado de los servicios indispensables para el funcionamiento de circos y otros espectáculos similares. En todo caso, para adoptar la correspondiente resolución el municipio deberá solicitar la opinión a las organizaciones regionales, o nacionales en su defecto, de artistas circenses.
Artículo 5°.- Los circos de procedencia foránea deberán actuar en el territorio nacional sujetándose en todo a la legislación de extranjería. Para prorrogar la estadía de sus miembros, deberán acreditar ante la autoridad del ramo el fiel cumplimiento de la legislación chilena, particularmente en los aspectos sociales, laborales y de inmigración. En todo caso, dichos circos no podrán gozar de privilegios tributarios, arancelarios o de otra especie.
Artículo 6º.- Un reglamento contemplará las demás normas que fueren necesarias para el fomento de la actividad circense, y señalará la forma de acreditar y fiscalizar el funcionamiento de los circos nacionales y extranjeros, en relación con la normativa fijada por esta ley.”.
-o-
Se designó diputado informante al señor Valenzuela, don Esteban.
Sala de la Comisión, a 10 de julio de 2002.
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 14 de mayo; 4 y 18 de junio; 2 y 9 de julio del año en curso, con asistencia de los señores Valenzuela, don Esteban ( Presidente ); Ascencio, don Gabriel ; Becker, don Germán ; señora Caraball , doña Eliana ; Egaña, don Andrés ; señora González, doña Rosa ; Letelier, don Juan Pablo ; Longton, don Arturo ; Montes, don Carlos ; Paredes, don Iván ; Pérez, don Víctor ; Quintana, don Jaime ; Silva, don Exequiel , y Varela, don Mario .
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión ”.
3. Informe de la Comisión de Salud sobre el proyecto de ley que otorga bonificación anticipada a funcionarios de los Servicios de Salud y de las entidades que menciona. (boletín Nº 2966-11)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Salud pasa a informaros, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley del rubro, iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República , con urgencia calificada de “suma”.
I. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.
La idea matriz o fundamental de la iniciativa en estudio es la siguiente:
Conceder una bonificación anticipada e imputable de la asignación de estímulo del personal de planta y a contrata regido por la ley Nº 18.834, que se encontraba en servicio al 31 de diciembre de 2001 y que actualmente continúe desempeñándose en los Servicios de Salud, en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en el Instituto de Salud Pública, en la Subsecretaría de Salud, en el Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera-Oriente, en el Centro de Referencia de Salud de Maipú, o en el hospital Padre Alberto Hurtado .
El bono ascenderá a $ 73.000 para el personal que se encuentre en un grado igual o inferior al 19° de la Escala Única de Sueldos, y de $ 35.000 para el personal que se encuentre en un grado superior.
II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No los tiene.
III. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.
No las hubo.
IV. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
La Comisión acordó que el proyecto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
V. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR.
Discusión en general:
En el debate se expresó que el proyecto de ley es la concreción de un acuerdo celebrado entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores. En todo caso, concordándose en la necesidad de aprobar la iniciativa, se estimó importante estudiar y presentar una indicación para suprimir el inciso primero del artículo 4°, en virtud de que las ausencias injustificadas se rigen por lo dispuesto en el artículo 66 de la ley N° 18.834, tal como lo indica el inciso primero del artículo en comento.
Se destacó que dicha disposición señala que por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no se percibirá remuneración alguna salvo que se trate de feriados o de que el funcionario lo justifique con un permiso administrativo o la correspondiente licencia médica.
En razón de lo anterior, se insistió en que no existe ninguna justificación para sancionar dos veces una misma falta. Si se mantiene la disposición propuesta se sancionaría dos veces una misma falta.
Se puso de relieve que tal como lo señala el inciso segundo del artículo 4°, este bono es incompatible con el beneficio concedido a los funcionarios de diversos organismos del Estado que eran beneficiarios de la asignación de modernización. Entre otras entidades, se encontraba en esa situación el Fondo Nacional de Salud, que en este proyecto no se considera.
Durante la discusión, se expresó la necesidad de conocer los fundamentos reales del proyecto, ya que los contenidos en el mensaje, relativos a los ejes de la nueva política de recursos humanos, la modernización de la carrera funcionaria, la capacitación, el incentivo al retiro y la política de remuneraciones, no corresponden a las normas contenidas en su articulado, que sólo concede un bono para los funcionarios de los Servicios de Salud y otros organismos.
En definitiva, se entiende que los fundamentos de este proyecto responden a una iniciativa que aún no ha ingresado a tramitación legislativa. El proyecto ley pretende otorgar un bono y no tiene ninguna relación con el contenido del mensaje y su fundamentación.
Se hizo presente que los Directores de los Servicios de Salud tienen instrucciones precisas de descontar las horas o días no trabajados, tal como lo ordena la ley. Si no lo hacen, incurren en responsabilidad administrativa, que la Contraloría General puede hacer exigible mediante la instrucción de los sumarios correspondientes.
Por otra parte, se insistió en que es necesario dejar claramente señalado que el proyecto obedece a un acuerdo adoptado entre las autoridades de salud y los gremios, especialmente con la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Confenats , y que, además, muchos funcionarios están esperando esta bonificación.
Se hizo presente que los sueldos promedios de estos funcionarios son muy bajos, por lo que este bono representa un anhelo muy esperado por todos, por lo que es importante su despacho sin sujetar su pago a ninguna condición.
En el debate se enfatizó en que la Comisión ha privilegiado el fondo del tema por sobre la forma y la necesidad de hacer presente al Ejecutivo que los fundamentos de una iniciativa tienen que ser relevantes y relativos al articulado de la misma.
Discusión en particular:
Artículo 1º
Esta disposición concede, por una sola vez, un bono no imponible ni tributable al personal de planta o a contrata regido por la ley N° 18.834, que hubiera estado en servicio al 31 de diciembre de 2001 y que a la fecha de publicación de la ley continúe desempeñándose en la Subsecretaría de Salud, en los Servicios de Salud, en el Instituto de Salud Pública, en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en el Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera-Oriente, en el Centro de Referencia de Salud de Maipú, o en el hospital Padre Alberto Hurtado .
-Fue aprobado, sin debate, en los mismos términos.
Artículo 2º
Este artículo establece que el monto del bono será de 73.000 pesos para los trabajadores cuyo grado sea igual o inferior a 19°, y de 35.000 pesos para los que tengan grados 18° o superiores y que será pagado durante los 30 días siguientes al de la publicación de esta ley.
-Fue aprobado sin discusión y sin modificaciones.
Artículo 3º
Este artículo dispone que este bono no constituirá renta para ningún efecto legal.
-Sin debate, fue aprobado en los mismos términos propuestos.
Artículo 4º
Establece que no percibirán el bono los funcionarios que registren ausencias injustificadas al trabajo en los 90 días precedentes a su pago.
Los señores Aguiló, Cornejo , Girardi y Robles , presentaron una indicación para eliminar el inciso primero.
En relación con esta indicación se hizo cuestión de admisibilidad, por cuanto implicaría mayor gasto.
Después de intercambiar opiniones, la posible inadmisibilidad fue desechada unánimemente.
-Cerrado el debate y puesta en votación la indicación, fue aprobada por siete votos a favor, dos en contra y una abstención.
Por tanto, el inciso segundo pasó a ser artículo 4º.
Artículo 5º
Expresa que el gasto que irrogue la aplicación de esta ley será financiado con cargo a los presupuestos vigentes de los respectivos servicios o instituciones y que, en lo que no sea posible, se hará con cargo al Tesoro Público.
-Sin debate, fue aprobado por unanimidad.
VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.
No los hubo.
VII. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Concédese, por una sola vez, un bono especial, no imponible ni tributable, al personal de planta y a contrata regido por la ley N° 18.834, que hubiera estado en servicio al 31 de diciembre de 2001 y que, a la fecha de la publicación de esta ley, continúe desempeñándose en la Subsecretaría de Salud, en los Servicios de Salud, en el Instituto de Salud Pública de Chile, en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, o en los establecimientos de salud de carácter experimental, creados por los decretos con fuerza de ley del Ministerio de Salud N°s 29, 30 y 31, todos de 2000.
Artículo 2º.- El monto del bono especial a que se refiere el artículo precedente ascenderá a la suma de $ 73.000 para los trabajadores cuyo grado de nombramiento o contratación en la Escala Única de Sueldos sea igual o inferior al 19°; y de $ 35.000 para quienes tengan el grado 18° o superior de la referida Escala.
El bono se pagará durante los 30 días siguientes al de la publicación de la presente ley.
Artículo 3º.- El bono que se concede por la presente ley, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecto a descuento alguno.
Artículo 4º.- La percepción del bono especial que establece esta ley será incompatible con el pago del bono concedido por la ley Nº 19.809.
Artículo 5°.- El gasto que represente la aplicación de esta ley será financiado con cargo a los recursos que contemplan los presupuestos vigentes de los respectivos servicios o instituciones indicados en el artículo 1º.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104, de la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar estos presupuestos, en la parte que no sea posible financiar con sus recursos.
-o-
Se designó diputada informante a la señora Cristi , doña María Angélica .
Sala de la Comisión, a 4 de julio de 2002.
Acordado en sesión de fecha 3 de julio de 2002, con la asistencia del señor Cornejo, don Patricio ( Presidente ) y del señor Aguiló, don Sergio ; señora Cristi , doña María Angélica , y de los señores Forni, don Marcelo ; Masferrer, don Juan ; Melero, don Patricio ; Ojeda, don Sergio ; Olivares, don Carlos ; Palma, don Osvaldo , y Robles, don Alberto .
(Fdo.): HÉCTOR PIÑA DE LA FUENTE, Secretario de la Comisión ”.
4. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que otorga bonificación anticipada a funcionarios de los Servicios de Salud y de las entidades que menciona. (boletín Nº 2966-11)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma” urgencia para su tramitación legislativa.
Asistió a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Osvaldo Artaza, ministro de Salud.
El propósito de la iniciativa consiste en otorgar un bono imputable a la asignación de estímulo de los funcionarios de planta o a contrata regidos por la ley N° 18.834, que se encontraban en servicio al 31 de diciembre de 2001 y que continúen actualmente desempeñándose en los Servicios de Salud, en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en el Instituto de Salud Pública, en la Subsecretaría de Salud, en el Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera-Oriente, en el Centro de Referencia de Salud de Maipú, y en el hospital Padre Alberto Hurtado .
El bono tiene un monto de $ 73.000 para el personal que pertenezca a los grados 19 o inferior de la Escala Única de Sueldos y de $ 35.000 para aquéllos de grado superior.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, señala que el gasto que origine el proyecto será financiado con cargo a los recursos que contemplan los presupuestos vigentes de los respectivos servicios o instituciones. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-25-33-104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar este presupuesto en la parte que no sea posible financiar con sus recursos. La estimación del costo total asciende a $ 3.800 millones.
El señor Osvaldo Artaza , ministro de Salud , hizo presente que la iniciativa responde a un compromiso asumido por el Gobierno con los trabajadores del sector salud que se verán beneficiados con un mejoramiento gradual de sus ingresos en relación con el cumplimiento de metas de gestión. El total de beneficiarios alcanza a 62.765 trabajadores.
La Comisión de Salud dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de la totalidad del proyecto aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
Por el artículo 1°, se concede, por una sola vez, un bono especial, no imponible ni tributable, al personal de planta y a contrata regido por la ley N° 18.834, que hubiera estado en servicio al 31 de diciembre de 2001 y que, a la fecha de la publicación del proyecto, continúe desempeñándose en la Subsecretaría de Salud, en los Servicios de Salud, en el Instituto de Salud Pública de Chile, en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, o en los establecimientos de salud de carácter experimental, creados por los decretos con fuerza de ley del Ministerio de Salud N°s 29, 30 y 31, todos de 2000.
En el artículo 2°, se establece que el monto del bono especial, a que se refiere el artículo precedente, ascenderá a la suma de $ 73.000 para los trabajadores cuyo grado de nombramiento o contratación en la Escala Única de Sueldos sea igual o inferior al 19°; y de $ 35.000 para quienes detenten el grado 18 o superior de la referida Escala.
En el inciso segundo, se señala que el bono se pagará durante los 30 días siguientes al de la publicación del proyecto.
En el artículo 3°, se especifica que el bono que se concede por el proyecto, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecto a descuento alguno.
En el artículo 4°, se precisa que la percepción del bono especial que establece el proyecto será incompatible con el pago del bono concedido por la ley Nº 19.809.
Respecto a este artículo, se discutió en la Comisión el alcance del inciso primero del proyecto original que excluía del beneficio a los funcionarios que hubieran tenido ausencias injustificadas al trabajo, en los 90 días precedentes al pago del bono.
El señor Osvaldo Artaza se manifestó de acuerdo con su eliminación, ya que en definitiva no se aplicaría la norma y tampoco se afecta la estimación del gasto con su supresión.
En el artículo 5°, se dispone que el gasto que represente la aplicación del proyecto, será financiado con cargo a los recursos que contemplan los presupuestos vigentes de los respectivos servicios o instituciones indicados en el artículo 1°.
En el inciso segundo, se establece que, no obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar estos presupuestos, en la parte que no sea posible financiar con sus recursos.
Sometidos a votación los artículos 1° al 5° del proyecto fueron aprobados por unanimidad.
Sala de la Comisión, a 10 de julio de 2002.
Acordado en sesión de fecha 9 de julio de 2002, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini, don Pablo ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Cardemil, don Alberto ; Dittborn, don Julio ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos ; Jaramillo, don Enrique ; Lagos, don Eduardo ; Ortiz, don José Miguel ; Silva, don Exequiel ; Tohá , señora Carolina , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Se designó diputado informante al señor Escalona, don Camilo .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción de las diputadas señoras Rosa González , María Angélica Cristi , Laura Soto , y de los diputados señores Bauer , Escobar , Moreira , Prieto , Rojas , Ulloa y Vilches .
Suprime el beneficio de la libertad condicional para el presidio perpetuo calificado y aumenta penas que indica. (boletín Nº 2994-07)
“Considerando:
1. Eliminación de la pena de muerte.
Hace poco más de un año que la pena de muerte fue eliminada de nuestra legislación y sustituida por la figura del presidio perpetuo calificado. La eliminación de dicha figura se basaba más que nada en las siguientes razones: i) la autoridad pública no puede privar de la vida a las personas; ii) la pena de muerte no es una sanción efectiva para reducir la criminalidad; y iii) el desarrollo de la sociedad y la actual realidad del país permiten obtener adecuados resultados de control de la criminalidad con otras penas, particularmente el presidio perpetuo.
El problema que se presenta con la eliminación de la pena de muerte, es que ella constituía un medio para evitar la comisión de determinados delitos, teniendo un carácter disuasivo, cuestión que ahora no se produce con ninguna de las penas que consagra nuestra legislación.
2. Aumento en la comisión de delitos de conmoción pública.
En los últimos días ha sido frecuente la aparición en la prensa de noticias relacionadas con la comisión de delitos tales como violaciones, violaciones con homicidio, abuso de menores, etc. Este aumento progresivo de dicho tipo de delitos lleva a cuestionarse acerca de la efectividad de las penas que consagra nuestra legislación y si ellas son verdaderamente disuasivas para un delincuente a la hora de decidir sobre la comisión del delito.
Además de lo anterior, se debe tener en cuenta el peligro que representa para la sociedad el hecho de que existe la sensación de que ciertos tipos de crímenes pueden ser ejecutados sin que se les aplique una sanción ejemplar ni acorde al mal causado.
3. Presidio perpetuo calificado.
Al derogarse la pena de muerte, se la sustituyó por la de presidio perpetuo calificado, en virtud del cual existen reglas especiales en cuanto a su cumplimiento. Dichas reglas son las siguientes:
-No se puede conceder la libertad provisional, sino una vez que hayan transcurrido 40 años de privación de libertad, además de cumplirse con todos los requisitos que establece el reglamento.
-El condenado no puede ser favorecido con ninguno de los beneficios que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios, o cualquier otro cuerpo legal o reglamentario, que importe su puesta en libertad.
-No se favorecerá al condenado por las leyes que concedan amnistía ni indultos generales, salvo que se les hagan expresamente aplicables.
Como se puede apreciar, si bien es cierto que existe la figura del presidio perpetuo, éste puede perder su característica fundamental, esto es, el ser por toda la vida del condenado. Lo anterior no hace más que garantizar a los delincuentes que, aunque cometan delitos que merezcan el máximo de los castigos, siempre tendrán la posibilidad de recuperar su libertad en algún momento.
5. Penas bajas para ciertos delitos.
En algunos casos, especialmente aquellos delitos que se pueden considerar de mayor gravedad e impacto social, la legislación ha ido cambiando de criterio y ha bajado las penas que se les puede aplicar a quienes los cometan. Así, la pena mínima para el delito de violación, por ejemplo, es de 3 años y un día, pena que parece muy baja si se toma en cuenta las características del delito, el daño que se inflige a la víctima y la peligrosidad que representa el violador para la sociedad.
6. Propuesta.
Con el presente proyecto, se propone derogar el beneficio de la libertad condicional para el caso del presidio calificado, de manera que por lo menos la aplicación de la pena máxima lleve consigo el sacar al delincuente de por vida de la sociedad. De este modo, se pretende restituir el carácter de disuasivo de la pena máxima, para evitar futuras comisiones de delitos.
Además de lo anterior, se aumentan las penas para ciertos delitos, especialmente para los delitos sexuales que son los que hemos visto cometidos con mayor frecuencia en el último tiempo.
Por las razones antes expuestas, es que vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:
1) Reemplázase la regla 1ª del artículo 32 bis, por la siguiente:
“1ª. No se podrá conceder, bajo ninguna circunstancia, la libertad condicional”.
2) Reemplázase en el inciso primero del artículo 361, la frase “presidio menor en su grado máximo”, por “presidio mayor en su grado mínimo”.
3) Reemplázase en el inciso primero del artículo 363, la frase “reclusión menor en sus grados medio a máximo”, por “presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo”.
4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 365, la frase “mínimo a medio”, por “medio a máximo”.
5) Reemplázase en el número 1º del artículo 366, la frase “cualquiera de sus grados”, por “sus grados medio a máximo”.
6) Reemplázase en el número 2º del artículo 366, la frase “sus grados mínimo a medio”, por “cualquiera de sus grados”.
7) Reemplázase en el inciso primero del artículo 366 bis, la frase “cualquiera de sus grados”, por “en su grado medio a máximo”; y en el inciso segundo, la frase “sus grados medio a máximo”, por “su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo”.
8) Reemplázase en el inciso primero del artículo 366 quater, la frase “cualquiera de sus grados”, por “su grado medio a máximo”.
Moción de los diputados señores Álvarez-Salamanca , Delmastro , Pablo Galilea y Palma.
Modifica la ley Nº 18.892, de Pesca y Acuicultura, en el sentido de regular y prohibir la introducción de especies hidrobiológicas transgénicas. (boletín Nº 2996-21)
“Fundamentos:
Dada la conveniencia de hacer explícitas las exigencias de conservación de las especies hidrobiológicas que establece la ley general de Pesca y Acuicultura ante proyectos en los que se puedan liberar al medio ambiente organismos genéticamente modificados (transgénicos) y que por definición corresponden a todo organismo al que se le haya introducido material genético, de una manera que no se produce en la naturaleza por multiplicación o combinación natural y que se deriva de las investigaciones y aplicaciones de la biotecnología, la que ha adquirido un poder efectivo como para cambiar la diversidad de las especies vivas en el planeta obtenida por largos procesos de selección natural, o dirigida entre las mismas especies para fines reproductivos.
Por lo expuesto es que venimos en presentar el siguiente proyecto de ley que evita en parte la alta posibilidad de propagación de los organismos genéticamente modificados o transgénicos a través del medio ambiente.
Con ello pretendemos impulsar la certificación de validez nacional e internacional de productos naturales u orgánicos que requiere que no haya riesgos de intervenciones que afecten su condición o de que se incorporen organismos genéticamente modificados o transgénicos.
Además, en ello está implícito el derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de velar por que este derecho no sea afectado y de tutelar la preservación de la naturaleza, según señala el número 8 del Art. 19 de la Constitución Política de la República de Chile.
Artículo 1º
Agrégase el siguiente inciso cuarto al artículo 11:
“En ningún caso se permitirá la importación de especies hidrobiológicas genéticamente modificadas o transgénicas. Las investigaciones que se realicen con especies de estas características deberán asegurar el evitar su propagación. La contravención a este inciso, estará sujeta a las penas y multas que se establecen en la presente ley.
Artículo 2º
Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:
Agrégase la siguiente oración al final del inciso segundo:
“En ningún caso se aceptará el cultivo de especies genéticamente modificadas o transgénicas”.
Moción de la diputada señora Marcela Cubillos y de los diputados señores Forni , Hernández , Kast , Quintana , Uriarte, Urrutia y Von Mühlenbrock . Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de hacer más transparente y eficiente el trabajo legislativo y la función fiscalizadora. (boletín Nº 2997-16)
1. Que la Constitución Política asigna a la Cámara de Diputados dos funciones que resultan fundamentales para el país y su institucionalidad democrática.
2. Que, por una parte, la Cámara de Diputados tiene un papel preponderante en el proceso de formación de la ley, proceso que exige compatibilizar un adecuado análisis de las diversas materias sobre las cuales se legisla con la necesaria eficiencia, transparencia y celeridad que impone una labor tan relevante.
3. Que, por otra parte, la Cámara de Diputados es una cámara política, y como tal cumple un papel esencial en un estado de derecho, como es fiscalizar los actos del Gobierno.
4. Que ambas funciones deben llevarse a cabo inspirados en los principios de probidad, transparencia y publicidad que deben regir todos los actos de la Administración del Estado.
5. Que lamentablemente hay algunas normas y prácticas del proceso de formación de la ley como de la función fiscalizadora que atentan contra los principios antes enunciados y que es necesario modificar a la brevedad.
6. Que por las razones antes indicadas someten a vuestra consideración el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO.- Modifícase el Reglamento de la Cámara de Diputados en la forma que se indica:
a) Reemplázase el inciso primero del artículo 38 por el siguiente:
“De todos los viajes oficiales dentro o fuera del territorio nacional, cualquiera sea su naturaleza, deberá darse cuenta a la Sala, indicando la nómina de diputados que viajan, el lugar de destino, la duración del viaje y los fundamentos precisos que lo justifiquen”.
b) Reemplázase el inciso segundo del artículo 203 por el siguiente:
“No obstante lo anterior, por acuerdo de la unanimidad de sus miembros, las Comisiones podrán constituirse como tales en cualquier punto del territorio nacional, para el cumplimiento de sus cometidos. Estas sesiones no podrán realizarse durante los días de sesiones ordinarias de la Corporación”.
c) Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 249:
“El Secretario de cada Comisión deberá además llevar un registro público en el que se consignará la forma en que cada diputado ha votado el proyecto sometido a su consideración”.
d) Reemplázase el inciso segundo del artículo 272, por el siguiente:
“En la discusión general, el primero y segundo discurso durarán como máximo diez y cinco minutos”.
e) Intercálase en el artículo 291, el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso final:
“Sin perjuicio de lo anterior, y salvo que la ley o el Reglamento ordenen votar en secreto, deberá dejarse constancia en el informe respectivo del nombre de los diputados que votaron a favor, de los que votaron en contra, y de aquellos que se abstuvieron”.
g) Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 301, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:
“La Sala deberá pronunciarse respecto del informe de la Comisión investigadora dentro de los diez días siguientes a aquél en que se dé cuenta”.
Diputada señora Marcela Cubillos y de los diputados señores Forni , Hernández , Kast , Quintana , Uriarte, Urrutia y Von Mühlenbrock .
8. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 001571
Ant.: AD-18.424
Santiago , 2 de julio de 2002.
Por oficio Nº 3762, de 4 de junio último, la Presidenta de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para su informe, copia del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que establece un régimen de garantías de salud. Boletín Nº 2947-11.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte de la materia consultada, en sesión del día 28 de junio último, presidido por su titular don Mario Garrido Montt y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Libedinsky , Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Marín , Yurac , Espejo, Medina , Kokisch , Juica y señorita Morales, acordó emitir el siguiente informe:
El artículo 15 del proyecto de ley, crea la Superintendencia de Garantías en Salud, organismo funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Salud. (inciso primero).
Corresponderá a la Superintendencia fiscalizar y controlar al Fondo Nacional de Salud en el cumplimiento del Régimen de Garantías en Salud que se otorgue a los beneficiarios de la ley Nº 18.469. (inciso segundo).
El artículo 17 establece las funciones específicas de la Superintendencia.
El artículo 19 dispone que “en contra de las resoluciones o instrucciones administrativas que dicte la Superintendencia, podrá deducirse recurso de reposición ante esa misma autoridad dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de la resolución o instrucción”. (inciso primero).
“La Superintendencia deberá pronunciarse sobre el recurso, en el plazo de cinco días hábiles, desde que se interponga”. (inciso segundo).
El artículo 20 establece que “resuelto por la Superintendencia el recurso de reposición, el afectado podrá reclamar de ella dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación de la medida, ante la Corte de Apelaciones que corresponda, la que deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del reclamo y si éste ha sido interpuesto dentro del término legal. Admitido el reclamo, la Corte dará traslado por 15 días hábiles a la Superintendencia. Evacuado el traslado, la Corte ordenará traer los autos “en relación”, agregándose la causa en forma extraordinaria a la tabla del día siguiente, previo sorteo de Sala cuando corresponda. Si el tribunal no decretare medidas para mejor resolver, dictará sentencia dentro del plazo de treinta días, y si las ordenare, en el plazo de diez días de evacuadas ellas”. (inciso primero).
“Para reclamar contra resoluciones que impongan multas u ordenen la devolución de sumas de dinero, deberá consignarse, previamente, en la cuenta del tribunal, una cantidad igual al veinte por ciento del monto de dicha multa o devolución, que no podrá exceder de cinco unidades tributarias mensuales, conforme al valor de éstas a la fecha de la resolución reclamada, la que será aplicada en beneficio fiscal si se declara inadmisible o se rechaza el recurso. En los demás casos, la consignación será equivalente a cinco unidades tributarias mensuales, vigentes a la fecha de la resolución reclamada, destinándose también a beneficio fiscal, en el caso de inadmisibilidad o rechazo del recurso”. (inciso segundo).
“La resolución que expida la Corte de Apelaciones será apelable en el plazo de cinco días, recurso que conocerá en cuenta una Sala de la Corte Suprema, sin esperar la comparecencia de las partes, salvo que estime traer los autos “en relación”.” (inciso tercero).
“La notificación de la interposición del recurso no suspende los efectos de lo ordenado por la Superintendencia, sin perjuicio de la facultad del tribunal para decretar una orden de no innovar. Las resoluciones que apliquen multa, u ordenen la devolución de sumas de dinero, sólo deberán cumplirse una vez ejecutoriada la sentencia respectiva”. (inciso cuarto).
“El superintendente podrá delegar para estos efectos la representación judicial de la Superintendencia. En este caso, las personas en quienes haya recaído tal delegación, prestarán declaraciones ante los tribunales a que se refiere este artículo, mediante informes escritos, los que constituirán presunciones legales acerca de los hechos por ellos personalmente constatados, sin perjuicio de la facultad del tribunal de citarlos a declarar personalmente como medida para mejor resolver”. (inciso quinto).
“La superintendencia estará exenta de la obligación de efectuar consignaciones judiciales”. (inciso sexto).
En opinión de esta Corte Suprema, el reclamo contemplado en el artículo 20 del proyecto de ley que se interpone ante la respectiva Corte de Apelaciones, debería ser conocido “en cuenta” por dicho tribunal porque de adoptarse la modalidad de tramitación que se propone, se originará una evidente alteración y grave postergación en el despacho o conocimiento oportuno y eficaz de una serie de materias que por ley ya gozan de preferencia y van a tabla extraordinaria, previo sorteo de la Sala.
Por otra parte, cabe destacar que en la especie tampoco se guarda una lógica armonía procesal en la tramitación del reclamo, toda vez que mientras en las Cortes de Apelaciones su conocimiento implica traer los autos “en relación”, con agregación extraordinaria a la tabla, previo sorteo de Sala, en la Corte Suprema el reclamo se conoce “en cuenta” por una Sala del tribunal y, de manera excepcional, se puede disponer que se traigan los “autos en relación” cuando así lo estime la Corte Suprema.
En todo caso, y reiterando el parecer de esta Corte, creemos que resulta más conveniente y atinado que el conocimiento del reclamo previsto en el artículo 20 del proyecto de ley, en las dos instancias judiciales, sea “en cuenta”, por las fundadas razones que se han esgrimido anteriormente y que conducen indudablemente a velar por el mejor y expedito desenvolvimiento de las ya suficientemente recargadas labores jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia.
El que suscribe y los ministros señores Rodríguez, Espejo, Medina, Kokisch y Juica, sugieren que el reclamo que se contempla en el artículo 20 del proyecto de ley, sea conocido en primera instancia por los jueces de letras y en segunda instancia por las Cortes de Apelaciones respectivas.
Sin perjuicio de todo lo anterior expresado, preocupa a este Tribunal la creciente instauración de procedimientos de reclamo y nuevos recursos, destinados a impugnar las resoluciones que adopta la Administración, cuyo conocimiento y resolución se entrega a las Cortes de Apelaciones, dada la ya recargada labor de estos tribunales colegiados, lo que en definitiva impedirá que puedan cumplir eficientemente con todas sus funciones. Lo anterior conduce a solicitar, como se ha hecho presente en otros informes evacuados sobre proyectos de leyes, que se creen los tribunales contencioso-administrativos, para poder dar una solución uniforme e integral a todos los problemas o conflictos que se generan entre la Administración y sus administrados.
Finalmente, como se ha consignado reiteradamente en informes anteriores, tratándose de proyectos de ley que implican aumentar los asuntos que conocen los tribunales, como ocurre en el presente y, por ende, involucra iniciativas que importan mayores gastos en la gestión de los órganos del Poder Judicial , deberían suplementarse los recursos que financian su actividad, acorde también con el principio que consagra el inciso 4º del artículo 64 de la Constitución Política de la República.
Es todo cuanto puede informar este Tribunal, en torno de la presentación legislativa contenida en el Mensaje que establece un régimen de garantías de salud.
Saluda atentamente a V.S.,
(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; CARLOS A. MENESES PIZARRO , Secretario ?.
A LA SEÑORA PRESIDENTA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
9. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 001823
Ant.: AD-18.460
Santiago , 4 de julio de 2002.
Mediante oficio Nº 3815, de 20 de junio del año en curso, la Presidenta de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Excelentísima Corte Suprema, de conformidad con el artículo 74, inciso segundo y siguientes de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para su informe, copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que modifica en el Código Penal el delito de aborto. Boletín Nº 2978-07.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte, en sesión del día 28 de junio último, presidida por su titular don Mario Garrido Montt y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Libedinsky , Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Marín , Yurac , Espejo, Medina , Kokisch , Juica y señorita Morales, recordó informar lo siguiente:
La única disposición del proyecto en examen sobre la cual corresponde informar a esta Corte, de conformidad con lo preceptuado en los incisos 2º y 3º del artículo 74 de la Constitución Política de la República, es aquella del nuevo artículo 397 C, que según el Proyecto sustituiría al actual artículo 344 del Código Penal, en la cual se confiere al juez la facultad de “conmutar siempre la pena por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad” a la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause.
Aunque en principio, el otorgamiento de la referida facultad no nos merece reparos, desearíamos hacer dos observaciones. La primera es que, como la expresión “conmutar” se identifica por regla general con el poder de “indultar” que, por mandato constitucional corresponde al Presidente de la República , estimamos que sería preferible hablar aquí de la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por una “alternativa” de “trabajos determinados en beneficio de la comunidad”. La segunda es que, a nuestro juicio, debiera establecerse en la ley un plazo de duración máxima a la medida de realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad”, el cual en el proyecto, conforme a su actual redacción, queda abandonado por entero al criterio del juez. Las razones de garantía para la imputada en que se basa esta última sugerencia nos parecen evidentes, no siendo necesario, por consiguiente, ahondar en ellas.
Se deja constancia de que el ministro señor Jorge Rodríguez Ariztía disiente de este informe y es partidario de desaprobar totalmente el otorgamiento al juez de la facultad de sustituir la pena, pues considera que con ella se debilita la defensa de la vida del que está por nacer.
Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno al proyecto en examen.
Saluda atentamente a V.S.,
(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; MARCELA PAZ URRUTIA CORNEJO , Secretaria subrogante.
A LA SEÑORA PRESIDENTA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.