Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Jose Bustos Ramirez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.628 PARA HACER MÁS EQUITATIVOS LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES COMERCIALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DEBATE
- ACUERDO MULTILATERAL SOBRE LIBERALIZACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Carmen Ibanez Soto
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- DEBATE
- TRATADO ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y DE BOLIVIA SOBRE TRANSFERENCIA DE PERSONAS CONDENADAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- DEBATE
- REGULARIZACIÓN DE POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES FISCALES. Modificación de la ley Nº 19.776. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- OBLIGATORIEDAD DE INSTALAR SALAS CUNA EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y OTROS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
-
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Carlos Montes Cisternas
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Claudio Alvarado Andrade
- Cristian Pareto Vergara
- Felipe Letelier Norambuena
- INTEGRACIÓN
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.628 PARA HACER MÁS EQUITATIVOS LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES COMERCIALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- RECHAZO A TRÁNSITO DE EMBARCACIONES CON SUSTANCIAS RADIOACTIVAS POR AGUAS CHILENAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Cristian Pareto Vergara
- Alberto Robles Pantoja
- Sergio Aguilo Melo
- Fulvio Rossi Ciocca
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Carlos Olivares Zepeda
- Enrique Accorsi Opazo
- Ximena Vidal Lazaro
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEROGACIÓN DE MEDIDAS QUE AFECTAN A ÁREAS DE PROTECCIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA TERCERA REGIÓN. (Votación).
- DEBATE
- RECHAZO A TRÁNSITO DE EMBARCACIONES CON SUSTANCIAS RADIOACTIVAS POR AGUAS CHILENAS.
- VII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE LICITACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CUATRO DEL METRO. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Fernando Meza Moncada
- Enrique Jaramillo Becker
- Antonio Leal Labrin
- Enrique Accorsi Opazo
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- ALCANCES SOBRE PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.
- PROYECTOS VIALES Y DE MEJORAMIENTO URBANO EN CONCEPCIÓN Y ÑUBLE. Oficios.
- CONSECUENCIAS DE INSUFICIENTE PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Javier Hernandez Hernandez
- Mario Escobar Urbina
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- COMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE EMERGENCIA PARA LAS COMUNAS DE SAN PABLO, DE OSORNO Y DE SAN JUAN DE LA COSTA. Oficio.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Mario Escobar Urbina
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Enrique Jaramillo Becker
- Leopoldo Sanchez Grunert
- ADHESION
-
NECESIDAD DE MAYOR INVERSIÓN PÚBLICA EN PROVINCIA DE OSORNO. Oficio.
- ADHESION
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Mario Escobar Urbina
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Enrique Jaramillo Becker
- Leopoldo Sanchez Grunert
- ADHESION
- ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA AGUA POTABLE EN LA LIGUA, PETORCA Y CABILDO. Oficios.
- APOYO A REFORMA DE LA SALUD. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE FERIAS LIBRES DEL DISTRITO 25. Oficios.
- MODIFICACIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL. Oficio.
- OBSTRUCCIÓN DE LABOR FISCALIZADORA DE PARLAMENTARIO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE COSTO DE APLICACIÓN DE PROGRAMA “ORÍGENES”. Oficios.
- INVESTIGACIÓN DE USO DE FRANQUICIAS TRIBUTARIAS EN TRAIGUÉN POR EMPRESA DE CAPACITACIÓN. Oficio.
- ALCANCES SOBRE PARO DE FUNCIONARIOS DEL SECTOR SALUD. Oficios.
- ENTREGA DE RECURSOS A COMUNAS DECLARADAS COMO ZONAS DE CATÁSTROFE EN LA UNDÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- GESTIONES PARA ENFRENTAR EVENTUALES DAÑOS POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTORES DE SALMÓN EUROPEOS. Oficios.
- RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y DECISIÓN SOBRE DESTINO DE CORPORACIONES VIALES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- ALCANCES SOBRE LA CRISIS QUE VIVE LA AGRICULTURA.
- ANTECEDENTES SOBRE LICITACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CUATRO DEL METRO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Osvaldo Palma Flores
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Anibal Perez Lobos
- Felipe Letelier Norambuena
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Ximena Vidal Lazaro
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eugenio Tuma Zedan
- Antonio Leal Labrin
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Jose Francisco Encina Moriamez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 347ª, ORDINARIA
Sesión 13ª, en jueves 4 de julio de 2002
(Ordinaria, de 10.42 a 14.17 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Salas De la fuente, don Edmundo.
Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don Jose Miguel, y Seguel Molina, don Rodolfo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Orden del Día.
- Modificación de la ley Nº 19.628, para hacer más equitativos los sistemas de información de antecedentes comerciales. Primer trámite constitucional. (Continuación) 11
- Acuerdo multilateral sobre liberalización de transporte aéreo internacional. Primer trámite constitucional 13
- Tratado entre las Repúblicas de Chile y de Bolivia sobre transferencia de personas condenadas. Primer trámite constitucional 18
- Regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales. Modificación de la ley Nº 19.776. Primer trámite constitucional 23
- Obligatoriedad de instalar salas cuna en establecimientos industriales y otros. Segundo trámite constitucional 29
- Integración de Comisión Mixta 38
VI. Proyectos de acuerdo.
- Rechazo a tránsito de embarcaciones con sustancias radioactivas por aguas chilenas 38
- Derogación de medidas que afectan a áreas de protección de pescadores artesanales de la Tercera Región. (Votación) 41
VII. Incidentes.
- Antecedentes sobre licitación de obras de construcción de línea 4 del Metro. Oficios 42
- Alcances sobre proceso de descentralización 44
- Proyectos viales y de mejoramiento urbano en Concepción y Ñuble. Oficios 44
- Consecuencias de insuficiente proceso de descentralización. Oficio 44
- Complementación de planes de trabajo de emergencia para las comunas de San Pablo, de Osorno y de San Juan de la Costa. Oficio 46
- Necesidad de mayor inversión pública en provincia de Osorno. Oficio 46
- Asignación de subsidios para agua potable en La Ligua, Petorca y Cabildo. Oficios 47
Pág.
- Apoyo a reforma de la salud. Oficio 47
- Información sobre proceso de modernización de ferias libres del distrito 25. Oficios 48
- Modificaciones legales relacionadas con la revisión de proyectos de cálculo estructural. Oficio 49
- Obstrucción de labor fiscalizadora de parlamentario. Oficios 50
- Información sobre costo de aplicación de programa “Orígenes”. Oficios 51
- Investigación de uso de franquicias tributarias en Traiguén por empresa de capacitación. Oficio 52
- Alcances sobre paro de funcionarios del sector Salud. Oficios 53
- Entrega de recursos a comunas declaradas como zonas de catástrofe en la Undécima Región. Oficios 53
- Gestiones para enfrentar eventuales daños por presentación de productores de salmón europeos. Oficios 54
- Reconstrucción de escuelas y decisión sobre destino de corporaciones viales de la Décima Región. Oficios 55
- Alcances sobre la crisis que vive la agricultura 55
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil (boletín Nº 2906-07) 57
2. Oficio del Senado mediante el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus anexos A y B, adoptados el 11 de diciembre de 1997 (boletín Nº 2525-10) 57
3. Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recaído en el proyecto que modifica el artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados (boletín Nº 2962-16) 58
4. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, estableciendo normas sobre arquitectura y construcción para la prevención y seguridad en materia de evacuación de gases (boletín Nº 2739-14) 60
5. Moción de los diputados señores Álvarez-Salamanca y Palma, que establece obligatoriedad de etiquetar el origen de los productos transgénicos (boletín Nº 2985-11) 66
6. Moción de los diputados señores Pérez, don Aníbal; Letelier, don Felipe y Hales, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena, que modifica la ley Nº 17.336, para combatir de mejor forma los delitos en contra de la propiedad intelectual y los derechos de autor (boletín Nº 2986-07) 68
Pág.
7. Moción de los Diputados señores Tuma; Leal; Hales y Encina, que establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de crédito (boletín Nº 2987-05) 72
- Oficios de la Excma Corte Suprema por los cuales remite su opinión acerca de los siguientes proyectos:
8. Crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos (boletín Nº 2975-07) 74
9. Establece un régimen de garantías de salud (boletín Nº 2947-11) 76
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del Jefe de Bancada del Partido Socialista y Radical Social-Demócrata por la cual informa que se designó como integrante de la Comisión Revisora de Cuentas al Diputado señor Bustos en reemplazo del Diputado señor Letelier, don Juan Pablo.
2. Oficios:
-De la Comisión de Ética por el cual comunica que ha elegido como Presidente al Diputado señor Galilea, don José Antonio.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Ulloa, estado de construcción de Quinta Comisaría de Carabineros de Talcahuano.
-Del diputado señor Recondo, detención de que fue objeto el ciudadano señor Víctor Arismendi.
-Del diputado señor José Antonio Galilea, aspectos pendientes del proyecto Instalación de Servicio de Agua Potable Rural en el sector de Cadinhue, comuna de Vilkún.
-Del diputado señor Von Mühlenbrock, irregularidades cometidas en construcción de la Población Los Mañíos Nº 1 de la comuna de Futrono.
-Del diputado señor Espinoza, preocupación por la sequía que ha afectado a la zona sur del país.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del diputado señor Delmastro, antecedentes de importaciones de azúcar desde 1995 hasta abril 2002.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Navarro, matrícula de educación superior y otros antecedentes relativos al tema.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Correa, declaración zona de catástrofe agrícola para la Región del Maule.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor Navarro, pertinencia de un Estudio de Impacto Ambiental para la comuna de Limache.
-Del diputado señor Jarpa, situación funcional y administrativa de la Subdirección del Departamento de Medio Ambiente del Servicio de Salud de la provincia de Ñuble.
-Del diputado señor Quintana, unidad de paciente crítico en el Hospital de Temuco.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Álvarez-Salamanca, recursos para obras de pavimentación en población de la comuna de San Clemente.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del diputado señor Navarro, informe sobre factibilidad de instalar semáforo en sector de la Octava Región.
-Del diputado señor Ramón Pérez, publicación de Resolución Exenta Nº 44, del 22 de marzo.
Ministerio de Planificación y Cooperación
-Del diputado señor Jaramillo, antecedentes del Programa “Orígenes”.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Pareto, instalación de vertedero en la comuna de Maipú.
Municipalidad de Juan Fernández
-Del diputado señor Pablo Galilea, proyecto de Hibridación Sistema Eléctrico Isla Robinson Crusoe.
Municipalidad de Puerto Octay
-Del diputado señor Kuschel, distribución mensual de ayuda social.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
-Del diputado señor Delmastro, número de créditos otorgados.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (90)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Rebolledo González, Víctor Manuel PPD IV 7
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Juan Bustos.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- El acta de la sesión 5ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 6ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.628 PARA HACER MÁS EQUITATIVOS LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES COMERCIALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión del proyecto que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de reforzar los derechos de los ciudadanos y hacer más equitativos los sistemas de información de antecedentes comerciales.
Se encuentra inscrito para hacer uso de la palabra, entre otros diputados, el señor Gonzalo Ibáñez.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor IBÁNEZ (don Gonzalo).-
Señora Presidenta , este proyecto nos trae a la memoria situaciones del pasado que constituyen malos recuerdos porque, con el propósito de defender a quienes caen en morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones económicas, se está infligiendo un gravísimo daño al sistema crediticio y, en consecuencia, a los propios deudores.
Digo que me hace recordar situaciones pasadas, porque da la impresión de que esta iniciativa fue redactada en la época en que la obtención de crédito era un verdadero privilegio, y para conseguirlo había que hacer una serie de trámites y toda clase de esfuerzos. Sin embargo, al final, su otorgamiento quedaba entregado a la decisión arbitraria de autoridades administrativas.
Hoy día, la mejor defensa de los consumidores y de los deudores es la promoción de la libre competencia.
A lo único que conduce este tipo de proyectos es a destruir el sistema crediticio y, por lo tanto, a los deudores, porque obligar a los acreedores -es decir, a quienes han tenido que notificar una morosidad- a costear los gastos que significa eliminar a los morosos de las respectivas listas después de que han pagado su deuda, implica encarecer el crédito y hacerlo cada vez más difícil. Además, este tipo de proyectos de ley consideran a las instituciones crediticias -no sé si ésa fue la intención de sus autores- como verdaderos delincuentes y extorsionadores.
Por eso, junto con manifestar mi rechazo a este tipo de proyectos, anuncio que votaré en contra precisamente porque quiero defender a los clientes del sistema crediticio y a quienes aspiran a obtener créditos baratos y en forma expedita.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches, quien también estaba inscrito para intervenir.
El señor VILCHES.-
Señora Presidenta, antes de hacer uso de la palabra deseo hacer una consulta a la Mesa.
De acuerdo con la versión oficial de la sesión de ayer, su Señoría manifestó que el proyecto debía volver a Comisión porque había sido objeto de indicaciones. Por eso, quiero solicitarle que nos explique por qué debemos continuar con la discusión del proyecto.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Señor diputado , la lectura del artículo pertinente del Reglamento le aclararía sus dudas. En la sesión de ayer, al terminar el tiempo del Orden del Día, estaban aún inscritos dos o tres diputados, lo que impidió efectuar la votación general del proyecto. Por eso, no puedo enviar a Comisión un proyecto que no ha sido votado en la Sala. Las indicaciones presentadas serán analizadas por la Comisión, y después el proyecto volverá a la Sala para ser discutido en particular.
Por eso, sólo estoy respetando el acuerdo adoptado ayer, en cuanto a concluir la discusión general de la iniciativa y, posteriormente, someterla a votación. No puedo saltarme un trámite reglamentario.
Si ningún señor diputado desea hacer uso de la palabra, cerraré el debate y lo pondré en votación. Es lo que deberíamos haber hecho ayer, pero no fue posible.
El señor VILCHES.-
Señora Presidenta , voy a hacer uso de mi derecho a intervenir sobre este proyecto, y le agradezco mucho su aclaración reglamentaria.
Sin duda, este proyecto de ley, que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, con la finalidad de reforzar los derechos de los ciudadanos y hacer más equitativos los sistemas de información de antecedentes comerciales, requiere un debate más profundo.
Lo digo porque todos sabemos que, en una comunidad, las tradiciones son muy valiosas. En Chile existe una tradición de mucho respeto en las relaciones comerciales, y la nómina de deudores constituye un elemento necesario para que exista una buena relación e información cuando una persona solicita crédito.
Pues bien, dicha nómina ha sido llevada tradicionalmente por la Cámara de Comercio de Santiago, pero hay otras instituciones involucradas en la entrega de antecedentes, en este listado que manejan las instituciones bancarias que están interconectadas cada vez que alguien los requiere.
Por eso, creo que la idea matriz del proyecto, que apunta a asegurar, en el marco de la legislación vigente, los principios de gratuidad a todo evento para los deudores, de la eliminación de antecedentes comerciales, enrarecerá y hará más compleja la relación comercial entre acreedores y deudores. A mi juicio, no se lograrán los objetivos perseguidos.
Por lo tanto, quiero decir con mucha claridad que vamos a rechazar el proyecto, porque no complementa el relacionado con Dicom, que aprobamos hace algunos días. El hecho de establecer gratuidad para los deudores por la eliminación de sus antecedentes comerciales perjudicará a los acreedores. La pregunta que cabe formular es: ¿quién pagará por la eliminación de dichos antecedentes? Si no lo hace el causante, es difícil pensar que lo efectúe otra persona que no sea el acreedor.
Por eso, no obstante que puede existir buena intención, considero que no es conveniente aprobarlo en los términos propuestos, y solicito, una vez más, que se vote en general y vuelva a Comisión para efectuar allí un debate más profundo.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿Habría acuerdo para votar todos los proyectos a las 12.30 horas?
No hay acuerdo.
Se suspende la sesión por tres minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Solicito nuevamente el acuerdo de la Sala para dejar pendiente la votación de los otros proyectos que figuran en la Tabla para las 12.30 horas, en atención a que la Comisión encargada de estudiar la acusación constitucional deducida en contra del intendente de la Región Metropolitana está sesionando simultáneamente con la Sala.
No hay acuerdo.
En votación el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 4 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Rechazado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
ACUERDO MULTILATERAL SOBRE LIBERALIZACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En seguida, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo multilateral sobre liberalización del transporte aéreo internacional, y su anexo, suscrito en Washington, el 1 de mayo de 2001.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Iván Moreira.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2939-10, sesión 24ª, en 16 de mayo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 11ª, en 2 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 15.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo multilateral sobre la liberalización del transporte aéreo internacional, suscrito en Washington, el 1 de mayo de 2001.
Este instrumento internacional, suscrito entre Chile, Brunei Darussalam , Nueva Zelanda, Singapur y los Estados Unidos de América, tiene el propósito fundamental de promover un sistema de aviación internacional basado en la competencia entre las líneas aéreas del mercado, con un mínimo de interferencia y reglamentación, mediante la prestación de servicios aéreos internacionales eficientes y competitivos, que ofrezcan a los usuarios y embarcadores una amplia gama de opciones de servicios y que estimulen a las líneas aéreas a desarrollar e implementar precios innovadores y competitivos, con los más altos grados de seguridad exigibles a la aviación civil internacional.
El mensaje señala que este Acuerdo corresponde al tipo de convenios denominados de cielos abiertos y que su celebración es coincidente con la política aerocomercial seguida por Chile desde hace veinte años, con el objeto de obtener la mayor apertura de cielos con los demás países.
Agrega que los objetivos de esta política son el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad, objetivos que se alcanzan con este acuerdo multilateral.
Plantea, además, que este Acuerdo constituye un notorio avance, toda vez que si bien ha tenido su origen en países que integran la Apec, permite la adhesión de cualquier economía miembro de dicho Foro y de cualquier Estado que sea parte de los convenios de seguridad de la aviación suscritos por los Estados miembros de la Organización de la Aviación Civil Internacional, Oaci, para prevenir, combatir y reprimir actos ilícitos cometidos a bordo de las aeronaves, como su apoderamiento u otros actos ilícitos de violencia en los aeropuertos.
Señala que la Junta de Aeronáutica Civil estima altamente conveniente la aprobación de este Acuerdo, ya que asegura una serie de beneficios, difíciles de conseguir en acuerdos bilaterales, especialmente porque mejora la concesión de derechos de tráfico, evitando, de ese modo, una larga serie de negociaciones bilaterales que habrían perseguido el mismo fin.
Lo anterior -dice el mensaje- se debe a que el Acuerdo elimina todo tipo de restricciones a la fijación de tarifas; reduce las restricciones a la propiedad sustancial de las líneas aéreas y, con ello, mejora las posibilidades de conseguir financiamiento internacional y establece un estándar multilateral uniforme, en cuanto a las relaciones comerciales de servicios aéreos entre países.
Afirma, finalmente, que la tarea que se ha impuesto nuestro país en cuanto a derribar barreras de entrada a sus líneas aéreas y lograr cielos abiertos con la mayor cantidad de países -con diecisiete de los cuales ya ha celebrado convenios de este tipo, con plenos derechos de tráfico-, se verá facilitada y acelerada con esta nueva fórmula de apertura multilateral.
Chile ha celebrado diversos acuerdos bilaterales de transporte aéreo internacional que, en lo fundamental, son análogos al que conoce la Sala en este momento. Además, todos se rigen por la normativa aprobada por la Organización de la Aviación Civil Internacional, Oaci, para regular el desarrollo de la aviación civil internacional; asimismo, todos contemplan la aplicación de los convenios celebrados para proteger la seguridad de la aviación civil internacional, tanto a bordo de las aeronaves como en los aeropuertos, los que también serán aplicables a las operaciones que se lleven a cabo al amparo del tratado multilateral en trámite de aprobación.
En veinte artículos, un anexo y un apéndice, se regulan las siguientes materias principales: concesión de derechos; designación y autorización de empresas que operen los servicios de transporte aéreo internacional de conformidad con el Acuerdo; grandes oportunidades comerciales; derechos aduaneros y cargos a los usuarios; competencia leal; principio de la libertad tarifaria y mecanismos de consultas y arbitraje para la solución de controversias.
La Comisión escuchó al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , señor Javier Etcheberry ; al secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil , señor Bernardo Domínguez , y al jefe del Departamento Legal de la Junta de Aeronáutica Civil , señor Jorge Ansted.
El señor ministro , junto con reiterar las consideraciones que motivan la decisión del Presidente de la República de someter este Tratado multilateral al conocimiento de esta Cámara, en lo sustancial señaló que su celebración fue impulsada con mucho interés por Chile, dada la coincidencia con nuestra política en materia de transporte aéreo internacional y, especialmente, con los convenios de cielos abiertos que se negocian con Estados Unidos de América y Nueva Zelanda.
Agregó que este instrumento constituye un paso histórico en el avance de la aviación internacional del transporte aéreo y que podría transformarse en la piedra angular de la liberalización del transporte aéreo internacional, creando un sistema efectivo que permitiría satisfacer las necesidades del transporte de pasajeros, de hombres de negocios y del comercio en general para el siglo XXI.
Precisó que este Acuerdo constituye un notorio avance, originado en países que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Apec, ya que permite la adhesión de cualquier economía miembro de dicho Foro y de cualquier Estado que forme parte de los convenios sobre seguridad de la aviación.
Informó que la Junta de Aeronáutica Civil estima altamente conveniente la aprobación del Acuerdo, ya que asegura una serie de beneficios para los involucrados, difíciles de conseguir sobre la base de esquemas de acuerdos bilaterales, especialmente porque mejora la concesión de los derechos de tráfico, evitando a los países liberalizados, con la firma de un solo acuerdo multilateral, una larga serie de negociaciones bilaterales que persigan el mismo fin.
Dado que el Acuerdo elimina todo tipo de restricciones a la fijación de tarifas, lo anterior permite reducir las restricciones a la propiedad sustancial de las líneas aéreas y, con ello, mejorar las posibilidades de conseguir financiamiento internacional y establecer un estándar multilateral uniforme, en cuanto a las relaciones comerciales de servicios aéreos entre países.
Hizo notar que este Acuerdo de cielos abiertos ha sido ratificado por Perú, país con el cual, si bien existe un acuerdo de cielos abiertos ya iniciado, aún no se ha podido firmar, en razón a que se espera precisamente la ratificación de este Acuerdo Apec por parte de nuestro país.
Por último, señaló que, dada la apertura del transporte aéreo internacional que se observa en el mundo, es importante mantener la vanguardia en este objetivo y mejorar la posición de Chile, que, siendo uno de los países gestores de este acuerdo, aún no lo ratifica, en circunstancias de que su aplicación reportará grandes beneficios.
En consideración a los antecedentes expuestos y atendido el contenido normativo del acuerdo multilateral en informe, la Comisión acordó, por unanimidad, proponer a la honorable Cámara la aprobación del proyecto de acuerdo correspondiente, con modificaciones formales que tienen por objeto principal precisar, en su artículo único, por razones de certeza jurídica, que también se aprueba el apéndice de dicho Acuerdo, por ser parte integrante de él.
Hay que destacar que éste es el primer acuerdo comercial que se firma dentro de la Apec, el cual claramente reportará importantes beneficios para la aviación internacional y principalmente para la chilena.
He dicho.
El señor SEGUEL ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora Carmen Ibáñez.
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen).-
Señor Presidente , a nuestro juicio, cualquier sistema que promueva la competencia siempre será positivo. Por lo mismo, un tratado que liberalice el transporte aéreo y minimice la interferencia y la reglamentación entre las líneas aéreas en el mercado, ciertamente contará con nuestro apoyo, porque beneficiará al sistema y a los usuarios mediante la prestación de servicios aéreos internacionales eficientes y competitivos. Una iniciativa como ésta permitirá ofrecer a los usuarios y embarcadores una amplia gama de opciones de servicios y estimulará a las líneas áreas a implementar precios innovadores y competitivos con los más altos grados de seguridad exigibles a la aviación civil internacional.
Una real integración de Chile al mundo nos exige avanzar en la política aereocomercial que ha seguido nuestro país desde hace veinte años, con el objeto de obtener la mayor apertura de cielos con las demás naciones. Esto tiene que ver con resguardar el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad. Todos estos objetivos se contemplan en este acuerdo multilateral para mejorar y liberalizar la concesión de derechos de tráfico, con lo que nos ahorramos una serie de negociaciones bilaterales que habrían perseguido el mismo fin.
Este Acuerdo contribuye a la tarea que se ha impuesto Chile de derribar las barreras de entrada en sus líneas aéreas y de lograr cielos abiertos con la mayor cantidad de países del mundo, lo que consideramos beneficioso para nuestra integración y para la competitividad, lo que se traduce, en definitiva, en mejor servicio y más alternativas.
Por eso, Renovación Nacional está a favor de este acuerdo.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente , el proyecto aprobatorio del acuerdo multilateral sobre la liberalización del transporte aéreo internacional, y su anexo, suscrito en Washington el 1 de mayo de 2001, tiene por objeto promover un sistema de aviación internacional basado en la competencia entre las líneas aéreas en el mercado, con un mínimo de interferencia y reglamentación, mediante la prestación de servicios aéreos internacionales eficientes y competitivos, que ofrezcan a los usuarios y embarcadores una amplia gama de opciones de servicio y estimulen a las líneas aéreas a desarrollar e implementar precios innovadores y competitivos, con los más altos grados de seguridad exigibles en la aviación civil internacional.
Este acuerdo multilateral constituye un avance en la liberalización del transporte aéreo internacional, ya que crea un sistema efectivo que permite satisfacer las necesidades del transporte de pasajeros, de hombres de negocios, de parlamentarios y de gente del comercio en general, en el siglo XXI.
Por otro lado, mejora la concesión de los derechos de tráfico, permitiendo a los países liberalizados, con la firma de un solo acuerdo multilateral, evitar una larga serie de negociaciones bilaterales que persiguen el mismo fin.
Por último, elimina todo tipo de restricciones a la fijación de tarifas. De esta manera, se reducen las restricciones a la propiedad sustancial de las líneas aéreas y, con ello, se mejoran las posibilidades de conseguir financiamiento internacional, como muy bien nos decía el diputado informante , don Iván Moreira. Además, establece un estándar multilateral uniforme, en cuanto a las relaciones comerciales de servicios aéreos entre países.
Por consiguiente, la Unión Demócrata Independiente votará a favor del proyecto que aprueba el acuerdo multilateral.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dejará pendiente la votación para el término del Orden del Día.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL ( Presidente accidental ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL ( Presidente accidental ).-
De nuevo no ha habido quórum.
Se llamará a votar por cinco minutos a las señoras diputadas y a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , solicito que recabe la unanimidad de la Sala para efectuar la votación de los proyectos a las 12.30 horas, tal como se propuso al inicio de la sesión, porque, entre otras Comisiones, en estos momentos se encuentra sesionando simultáneamente con la Sala la especial encargada de analizar las actuaciones de los funcionarios públicos que han colaborado en el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Matute Johns. La familia se encuentra invitada y no me parece serio que cada cierto tiempo debamos suspender la sesión para concurrir al hemiciclo a votar.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
No hay acuerdo.
TRATADO ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y DE BOLIVIA SOBRE TRANSFERENCIA DE PERSONAS CONDENADAS. Primer trámite constitucional.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado entre las Repúblicas de Chile y de Bolivia sobre transferencia de personas condenadas, suscrito en La Paz el 22 de febrero de 2001.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Leay. En su reemplazo, rendirá el informe el diputado señor Moreira.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2842-10, sesión 20ª, en 18 de diciembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 2ª, en 4 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 19.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre transferencia de personas condenadas, suscrito el 22 de febrero de 2001, en la ciudad de La Paz, Bolivia.
Como lo señala el mensaje, el tratado se inscribe en el marco de la política de cooperación del Gobierno con la comunidad internacional en variados campos y áreas que, en este caso, recae en el ámbito del Derecho Penal, y persigue permitir que los bolivianos condenados en Chile o que los chilenos condenados en Bolivia puedan cumplir la pena en su país de origen, como una forma de facilitar su reforma y rehabilitación social.
En este aspecto, el tratado en informe concuerda plenamente con las finalidades y propósitos expresamente señalados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966; en la Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969; en la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, y en la Convención Europea sobre Traslado de Personas Condenadas, ambas de 1993, todos los cuales han sido incorporados al orden jurídico interno.
Durante la tramitación parlamentaria de la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero, el Ministerio de Justicia opinó que el cumplimiento de la pena en el país de origen del condenado se ajusta a las exigencias humanizantes y de prevención especial que la pena privativa de libertad lleva consigo, consideraciones plenamente válidas para el caso del acuerdo en informe.
En la misma oportunidad, añadió que el artículo 5º, Nº 6, del Pacto de San José de Costa Rica dispone que la finalidad esencial de la pena privativa de libertad es la reforma y readaptación social del condenado, lo que avala que un proceso de reinserción resultaría más factible si se implementara en el entorno de un penal, en su propio país.
Además, estimó necesario y conveniente contar con una clara visión acerca de la potencial demanda de nuestros connacionales por ser trasladados a Chile a cumplir sus condenas y la de los potenciales traslados desde Chile al extranjero.
Respecto de este segundo aspecto, Gendarmería de Chile informó, en la misma ocasión, que los extranjeros procesados y condenados en nuestros penales, en cifras globales, eran los siguientes: 370 procesados y 309 condenados.
De los procesados, por nacionalidades, 250 son bolivianos; 97, peruanos, y 32, argentinos.
De los condenados, por nacionalidades, 175 son bolivianos; 108, peruanos, y 9, argentinos.
Finalmente, la conveniencia de este tipo de tratados ha sido reconocida por la opinión científica internacional especializada, reunida en los congresos de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente , de 1980 y 1985, en los que se ha aprobado un acuerdo modelo sobre el traslado de reclusos extranjeros, con el objeto de prestar asistencia a los Estados miembros en la elaboración de acuerdos bilaterales y multilaterales similares para facilitar el regreso de los reclusos extranjeros a cumplir sentencia en sus países de origen. El Consejo de Europa ha recogido estas opiniones en el Convenio sobre traslado de personas condenadas, del cual se han hecho parte 36 Estados, incluido Chile, como se ha señalado.
En virtud de estos principios, los condenados transferibles serán sólo los chilenos o los bolivianos, privados de libertad en virtud de una sentencia firme, para permitirles cumplir sus penas en establecimientos penitenciarios del país de su nacionalidad, y su traslado podrá ser solicitado por el Estado trasladante o por el Estado receptor, según el caso.
De las condiciones exigibles para que la transferencia del condenado tenga lugar, destaco la que señala que el reo debe ser nacional del Estado receptor y la que exige que el reo dé su voluntario y pleno consentimiento al traslado y acepte sus consecuencias jurídicas.
La Comisión escuchó al jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia , señor Francisco Maldonado , y al director de asuntos jurídicos de la Cancillería, embajador Claudio Troncoso.
El señor Maldonado explicó que este tipo de tratados facilita la reinserción social de los condenados, por el entorno social y familiar al que pueden acceder. Además, permite descongestionar los recintos carcelarios, lo cual es particularmente relevante respecto de los reos bolivianos y peruanos en nuestro país.
Informó que actualmente hay 378 bolivianos condenados por sentencia ejecutoriada en cárceles chilenas, sin considerar a los procesados. Estimó en 2 ó 3 decenas los chilenos condenados en Bolivia que podrían beneficiarse con este instrumento.
Concluida la discusión del proyecto de acuerdo, la Comisión decidió por unanimidad recomendar a la honorable Cámara que le preste su aprobación, para lo cual sugiere adoptar su artículo único en los mismos términos en que lo propone el mensaje.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente , anuncio que la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado entre las Repúblicas de Chile y de Bolivia sobre transferencia de personas condenadas.
El tratado permite que los bolivianos condenados en Chile, o los chilenos condenados en Bolivia, puedan cumplir la pena en el país de origen, como una forma de facilitar su reforma y rehabilitación social. Además, y como bien lo señaló el diputado informante , permite que los ciudadanos chilenos o bolivianos que estuvieren cumpliendo su pena en otro país, soliciten voluntariamente que su condena continúe cumpliéndose en el país del cual son nacionales.
Además del consentimiento del reo, se necesita el del país requirente y el del aceptante. De acuerdo con los antecedentes, el cumplimiento de las penas en el país de origen del reo, en contacto con sus familiares e insertos en su medio social, permite una mejor y más eficiente rehabilitación.
Cabe destacar que aun estando el reo en el país del cual es nacional, en lo que respecta a los aspectos de fondo de su condena, se seguirá rigiendo por lo establecido en la legislación del país en el que fue condenado. Esto no se aplicará a los aspectos formales de la condena, pues en este ámbito se regirá por la normativa interna del país receptor.
Es necesario destacar que el número de reos bolivianos que existe en Chile es significativamente mayor que el de los chilenos condenados en Bolivia. A lo anterior debe agregarse que gran parte de los bolivianos cumplen condena por tráfico de drogas. Ello resulta una mala influencia para el resto de los reclusos, por lo que el hecho de que terminen su condena en nuestro país nos parece del todo inadecuado.
Considero que el proyecto es conveniente para el país. Como indiqué al comienzo de mi intervención, la Unión Demócrata Independiente lo votará favorablemente.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , tanto el diputado informante como quien me antecedió en el uso de la palabra se han referido al proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado entre los gobiernos de Chile y Bolivia sobre transferencia de personas condenadas, suscrito en La Paz, el 22 de febrero de 2001.
Como se ha señalado, el proyecto es bastante simple, y es de justicia que la Cámara le preste su aprobación por unanimidad. En tal sentido, anuncio que la bancada Socialista y Radical lo votará favorablemente, por cuanto es un tipo de tratado que cumple con uno de los objetivos trazados por el Gobierno de Chile, cual es la cooperación en el ámbito de la comunidad internacional, en particular -éste es el caso- en lo que se refiere al derecho penal.
Si se revisan los últimos convenios, tratados y materias relacionados con este tema, ellos señalan la importancia de que personas condenadas y que deben cumplir una pena cuenten con las facilidades para un mejor y más efectivo proceso de reinserción social.
En este sentido, el proyecto plantea la posibilidad de que personas de nacionalidad boliviana que se encuentran condenadas puedan cumplir su pena en el país de origen, en lugar de permanecer en Chile, alejadas de sus seres queridos y con dificultades para desarrollar el proceso de integración familiar.
El tratado no sólo implica nuestra colaboración con la comunidad internacional, sino que, además -ello se ha señalado-, su propósito concuerda plenamente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles, con la Convención Americana de Derechos Humanos, con la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero y con la Convención Europea sobre Traslado de Personas Condenadas. Todo esto nos entrega un antecedente suficiente para que, sin mayor dilación, la Cámara preste su aprobación a un acuerdo de estas características.
Se ha señalado que existe superioridad numérica de ciudadanos bolivianos que actualmente cumplen condena en Chile y de aquellos que en este momento también están siendo procesados, si se los ocmpara con los chilenos que viven idéntica situación en Bolivia. Se ha mencionado que tenemos 370 procesados y 309 personas condenadas; entre los procesados hay más de 250 de nacionalidad boliviana, 97 peruanos y 32 argentinos, y, entre los condenados, más de 175 bolivianos.
Es de todos conocido que por muchos años no se construyeron cárceles en nuestro país. Todos sabemos el grado de hacinamiento que hoy existe en nuestros recintos penales. Es dramático señalar que ahora se están haciendo enormes esfuerzos para construir distintos recintos penitenciarios.
En Arica, no hace mucho, se inauguró un nuevo recinto penitenciario, pero todos conocemos el nivel de sobrepoblación que existe, lo que está provocando serios problemas de hacinamiento. Evidentemente, cualquier problema de esa naturaleza significa dificultad para un proceso sano de rehabilitación que, en definitiva, es lo que debiera preocuparnos.
La persona que ha sido condenada tiene derecho a la rehabilitación, y cualquier país que se rija por los principios más elementales, por cierto también debe apuntar a los procesos de reintegración, pues nos interesa que aquellos que han faltado a la ley, razón por la cual la justicia los ha condenado, cumplan su sentencia, pero que, al mismo tiempo, el día de mañana sean personas que queden rehabilitadas, puedan reintegrarse socialmente y rehacer sus vidas como corresponde a los seres humanos y a sus derechos.
Por eso, anuncio el voto positivo de la bancada del Partido Socialista. Me parece importante que el gobierno de Chile firme acuerdos de estas características, puesto que ayuda a los procesos de integración, a evitar los hacinamientos en los recintos penitenciarios, particularmente en el caso de la ciudad de Arica, donde tenemos muchos ciudadanos condenados básicamente por delitos relacionados con el microtráfico y el tráfico de drogas. Para nosotros, eso es extraordinariamente importante.
Cuando escuchamos a las autoridades del Ministerio de Justicia, nos quedó en claro que este tratado se aviene perfectamente a nuestros propios principios y compromisos internacionales y, por cierto, con el respeto de nuestra judicatura interna.
Por esas razones, recomendamos ampliamente, como lo hizo nuestra Comisión de Relaciones Exteriores, aprobar el tratado.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente , el informe de la Comisión relatado por el diputado señor Moreira , fue lo suficientemente claro, preciso y comprensivo respecto de la importancia que tiene la ratificación de este Tratado, porque, sin duda, produce beneficios importantes, como lo han señalado la diputada señora Isabel Allende y el diputado señor Masferrer.
Me quiero detener en un par de cosas que, a mi juicio, son importantes y que dicen relación con el sentido del Tratado, que da bastante seguridad a la población.
En primer lugar, está la reserva de jurisdicción exclusiva del Estado que condena. Esto es muy importante, pero en este caso será bastante asimétrico para Chile. Nos favorece desde el punto de vista de que se retirará de nuestras cárceles mucha gente condenada por delitos complejos, como el tráfico de drogas, para los efectos de que cumpla su condena en su país de origen. Lo importante es que cualquier amnistía, indulto o recurso de casación debe ser interpuesto en Chile, de tal suerte que este convenio no signifique que las personas que se trasladen por el solo hecho del convenio puedan obtener la libertad, lo cual sería malo desde el punto de vista del principio del derecho penal respecto de lo que la sociedad quiere: que cumplan las condenas las personas que han cometido este tipo de delitos o cualquier otro. En consecuencia, es muy importante resaltar eso.
En segundo lugar, es importante tener presente que la ejecución de este Tratado está condicionada a un hecho que tendremos que conocer con posterioridad, según lo señalado en el informe. Los países se comprometen a establecer una ley interna de procedimiento que permita hacer efectivas, en sus territorios, las sentencias condenatorias dictadas por el otro Estado. En consecuencia, probablemente transcurrirá un tiempo, si es que estas leyes internas no están dictadas, particularmente en Bolivia.
En resumen, como bancada del Partido Demócrata Cristiano creemos que hay que aprobar este Tratado. Eso es muy importante, ya que, una vez más, el Parlamento y el Ejecutivo chileno, respecto de los hermanos bolivianos, hacen honor al compromiso de firmar y aplicar los tratados.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor SEGUEL ( Presidente accidental ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor SEGUEL ( Presidente accidental ).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación el proyecto.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Villouta y
REGULARIZACIÓN DE POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES FISCALES. Modificación de la ley Nº 19.776. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En seguida, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la letra a) del artículo 9º de la ley Nº 19.776, sobre regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales en la forma que indica.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Leopoldo Sánchez.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2946-12, sesión 2ª, en 4 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 22.
-Informe de la Comisión de Recursos Naturales, sesión 8ª, en 18 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 9.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor SÁNCHEZ.-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, paso a informar sobre el proyecto de ley, de origen en una moción de los diputados señores Claudio Alvarado , Iván Moreira y Pablo Galilea , que trate sobre la modificación de la ley Nº 19.776, cuya finalidad es regular la situación que afecta a las personas que ocupan o poseen en la actualidad bienes fiscales de manera irregular, en tres situaciones precisas:
En primer lugar, los relativos a inmuebles que han sido objeto de actos de disposición por parte del Estado, pero cuya propiedad nunca se ha consolidado en los beneficiarios.
En segundo lugar, ocupaciones irregulares de inmuebles fiscales de larga data, ubicados en la Región de Aisén y en las provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue.
En tercer lugar, inmuebles adquiridos por el fisco, como consecuencia de la erupción del volcán Hudson, en la Región de Aisén.
Por lo tanto, el proyecto está acotado a las citadas provincias de la Décima Región y a la Undécima Región de Aisén.
Para estos efectos, la ley Nº 19.776 estableció una serie de requisitos que deberían cumplir quienes desearan impetrar este beneficio, para lo que se dispuso un plazo de 90 días, que se encuentra vencido, sin que todas las personas interesadas pudieran acogerse al mencionado beneficio por desconocimiento u otras razones.
Creo que el motivo lo podemos palpar con mucha facilidad estos días en que hemos visto el desastre climático que ha afectado a miles de personas en la Undécima Región. Ésa es una de las razones fundamentales por las que se está pidiendo una ampliación del plazo para realizar este trámite que permitía la ley Nº 19.776.
En razón de lo anterior, la iniciativa legal en análisis pretende que, dada la enorme importancia que representa para las personas que habitan en esas localidades, se pueda extender el plazo a 365 días para que puedan acogerse a este sistema de regularización.
La Comisión, al analizar la iniciativa legal, contó con la colaboración de la subsecretaria de Bienes Nacionales, señora Paulina Saball , y del asesor jurídico de ese Ministerio, señor Eduardo Correa.
La opinión de la personera de Gobierno, en síntesis, fue que el proyecto incidía en una materia de iniciativa exclusiva de su Excelencia el Presidente de la República , al tenor de lo dispuesto por los artículos 60, Nº 10, y 62, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, por tratarse de enajenación de bienes del Estado.
Sobre el particular, señaló que esta situación había sido puesta en conocimiento de la señora Presidenta de la Cámara de Diputados por parte del señor ministro de Bienes Nacionales.
Al respecto, cabe tener presente que, con fecha 6 de junio de este año, el señor Secretario General de la Cámara de Diputados, don Carlos Loyola Opazo , envió una carta al ministro señor Ravinet , mediante la cual responde en los siguientes términos la solicitud de inadmisiblidad planteada:
Primero -esto es muy importante-, que el proyecto no infringe la Carta Fundamental, pues no altera las normas sobre enajenación fijadas para ciertos bienes por la ley Nº 19.776, como tampoco el número posible de inmuebles afectados ni la cantidad final de beneficiarios.
Segundo, que carece de importancia la fecha en la que dicha iniciativa fue presentada a la Oficina de Partes, pues es habitual que los diputados puedan iniciar proyectos de ley en cualquier oportunidad, sin perjuicio de que éstos sólo pueden empezar su tramitación si son incluidos en la convocatoria a legislatura extraordinaria o comenzada la legislatura extraordinaria, tal como ha ocurrido en la especie.
Finalmente, manifiesta que la Presidencia de la Cámara carece de facultades para retirar la iniciativa, por cuanto ya se dio cuenta de la misma en la Sala y sólo restaría que la Corporación procediera a su rechazo en caso de que la iniciativa llegara a tal instancia o que, en su defecto, se utilicen los mecanismos constitucionales pertinentes.
Esos argumentos fueron ampliamente compartidos por los miembros de la Comisión.
La señora Saball recordó un compromiso adquirido con los parlamentarios de la zona para efectuar una evaluación, dentro de un lapso prudencial, a partir del 19 de mayo, fecha en que venció el plazo para impetrar el beneficio establecido por la ley Nº 19.776, a fin de establecer los impactos producidos con motivo de la presentación de las solicitudes de regularización, a objeto de presentar una iniciativa tendiente a solucionar las falencias detectadas dentro del proceso de aplicación.
En realidad, la aplicación de la ley tuvo un efecto mucho más grande que el esperado, en cuanto a que el número de personas que se acogieron superó con creces lo esperado.
En razón de lo anterior, el ministerio ha estimado necesario efectuar una evaluación que permita dimensionar en forma clara el número de personas que podrían acceder al beneficio, lo que se encontraría finalizado al 17 de julio.
En ese sentido, se hizo presente que, por ejemplo, en Aisén, Undécima Región, donde se esperaban alrededor de 700 solicitudes, ingresaron más de 900, mientras que en la Región de Los Lagos se recibieron 1.l00, mucho más de lo esperado.
Ello se debe a que el ministerio otorgó facilidades en orden a aceptar a tramitación todas las solicitudes, sin importar si cumplían con toda la documentación requerida.
De lo anterior, se pudo concluir que los problemas detectados se podían agrupar en cuatro grandes situaciones: primera, aquellos terrenos cuyo avalúo fiscal era superior a 500 unidades de fomento; segunda, los terrenos fiscales cuya propiedad era objeto de litigio, en especial en la provincia de Palena, caso en el cual la contraparte era el Consejo de Defensa del Estado; tercera, situaciones referidas a terrenos del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, que no constituyen terrenos fiscales propiamente tales, pues esa entidad tiene patrimonio propio, y cuarta, terrenos destinados a veranadas.
En la discusión del proyecto, al tenor de los antecedentes recibidos, la Comisión acordó que no presentaba problemas de constitucionalidad, por cuanto sólo ampliaba el plazo para presentar las solicitudes para acogerse a los beneficios de la ley Nº 19.776 y, en ningún caso, se cambiaban los requisitos, razón por la cual se estimó que no modificaba el marco original propuesto por la ley.
Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los seis diputados presentes en la Comisión.
En cuanto a las constancias reglamentarias, debo manifestar que el proyecto no contiene normas de rango orgánico-constitucional ni de quórum calificado, como tampoco contiene normas que deban ser analizadas por la Comisión de Hacienda.
Se designó diputado informante a quien habla.
Es todo cuanto puedo informar.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señora Presidenta , a través de este proyecto tan simple se pretende ampliar de 90 a 365 días el plazo establecido en la ley Nº 19.776 para acceder a los beneficios que indica. Esto, debido a la importancia que representa para las personas que habitan en las localidades de las regiones más extremas.
Quiero señalar que toma más tiempo llegar a las localidades de Aisén que a Europa. Por eso, permitir el acceso a la regularización de la propiedad, anhelo muy antiguo de los colonos, a los títulos de dominio gratuito y a la regularización la propiedad de los vecinos afectados por la erupción del volcán Hudson, viene a satisfacer una ansiada necesidad de esa gente que hace soberanía en esa región extrema austral. Además, existe pleno consenso regional al respecto.
Uno de los argumentos que esgrime el Ejecutivo , que no está muy de acuerdo con esta moción, es que son muchas más las personas que hoy se acogen al beneficio establecido por la ley Nº 19.776 dentro del plazo estipulado por la misma. En el caso específico de Aisén, se esperaba el ingreso de 700 solicitudes; sin embargo, se sobrepasó esa cifra y se presentaron 917; es decir, muchas más de las esperadas. Ello demuestra que el Ministerio de Bienes Nacionales se equivocó. Y aquí de nuevo se equivoca, porque mucha gente quedará fuera del plazo establecido de 90 días.
Si vamos a arreglar el problema, debemos hacerlo en forma definitiva. Aquí no se acogerán al beneficio nuevas personas, las que posiblemente no estarían en condiciones de cumplir con los requisitos consignados en la ley.
En consecuencia, pido el apoyo de los colegas a esta moción, porque viene a solucionar de manera definitiva un problema a mucha gente que, por distintas razones, sea de falta de conocimiento o de distancia, no se ha acogido a ese beneficio dentro del plazo establecido en la ley original.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta , este primer informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente acerca de la regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales nos lleva a pensar que, tal vez, por ser ésta una Comisión no de tanta fuerza, pero sí de mucha importancia, los proyectos en sí tampoco son de tanta relevancia. El diputado informante lo dijo, y el colega Pablo Galilea lo reafirmó.
Por eso, el Congreso le asigna su verdadera importancia, porque se trata de bienes nacionales. En ese sentido, el avance de los proyectos originados en mociones nos llevan a pensar que las regiones también están presentes en él. En el caso de esta iniciativa, quiero hacer algunas precisiones oportunas y convenientes.
La primera dice relación con su objetivo esencial, cual es la prórroga del plazo para regularizar bienes fiscales en determinadas zonas del país, individualizadas en la ley Nº 19.776, tales como las provincias de Chiloé, Palena y algunas comunas de Llanquihue, de la Décima Región, y Aisén , de la Undécima Región.
Del análisis de la ley que se pretende modificar por este proyecto, se deduce que permite facilitar la obtención de títulos de dominio de propiedades que hace mucho tiempo están en manos de colonos, los que hacen soberanía en esos parajes.
Por eso, al analizar la aplicación de los beneficios de la iniciativa a zonas de la Región de Los Lagos, no puedo menos que manifestar mi disconformidad al saber que se excluyen comunas de la provincias de Valdivia, ubicada a escasos kilómetros de las beneficiadas, en las cuales han existido serios problemas de constitución y formalización de la tenencia de la tierra, como son caseríos cordilleranos fronterizos y de colonos, al igual que en la Undécima Región. Me refiero a las comunas de Futrono, Panguipulli y Lago Ranco.
Creo que sería conveniente presentar una indicación para hacer extensivo este beneficio a esa parte limítrofe del territorio nacional.
Como dice un viejo aforismo legal, donde hay una misma razón, debe haber una misma disposición, cuestión que no se da en este caso. Se expresa que, ante los mismos problemas, el Estado no aplica idénticas soluciones. Por ello, presentaré una indicación al respecto.
Lamentablemente, el proyecto de ley ya tiene un germen de cuestionamiento en cuanto a su constitucionalidad. El hecho ya se hizo presente, según se desprende del análisis del informe de la Mesa de la Corporación hecho por parte del Ministerio de Vivienda, pues el artículo 62, inciso tercero, concordado con el artículo 60, Nº 10), deja en manos del Presidente de la República la iniciativa exclusiva en materia de leyes referidas a la enajenación de bienes del Estado.
Una vez más, en las últimas tres semanas legislativas nos hemos encontrado sujetos a reiterados conflictos de constitucionalidad que, hasta ahora, han sido resueltos a favor de la Cámara, pensando en los escasos fueros de la Corporación, pero que de todas maneras nos obliga, por ejemplo, a ser más activos en la entrega de información a los propios legisladores.
Me habría gustado tener hoy una Sala plena para comentar el tema y, asimismo, que de la Comisión hubiese venido un informe en derecho, o complementario, que nos sirviera de herramienta de defensa respecto de la legalidad y constitucionalidad de la iniciativa.
De todas maneras, presentaré la indicación a fin de dar al proyecto la importancia que reviste para nuestro distrito. Desde ahora anuncio mi voto favorable, pero con la presentación de la indicación sobre algo que debe ser más pleno, la que, necesariamente, hará más larga la tramitación del proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señora Presidenta , lo planteado por el diputado señor Jaramillo también lo hicimos presente durante la discusión del proyecto en la Comisión de Recursos Naturales. Me asiste la misma preocupación del honorable colega respecto de las personas que hoy se encuentran en esa situación, muy precisa y puntual. Ciertamente, otras personas enfrentan problemas tan graves como éste, específicamente aquellas a que se refiere el segundo punto del Nº I, “Objeto de la moción”, relativas a las ocupaciones irregulares de inmuebles fiscales de larga data. Me refiero principalmente, por ejemplo, a los changos -pescadores artesanales-, en el sector norte de nuestra ciudad, quienes, a pesar de estar ocupando gran parte de la ribera por mucho tiempo, no han podido regularizar su situación.
Planteado el punto a la subsecretaria de Bienes Nacionales en la Comisión, nos señaló que el proyecto es puntual, porque dice relación con una situación calamitosa derivada de lo sucedido en la zona del volcán Hudson. Lo entiendo; pero me sumo a la preocupación del diputado señor Jaramillo en cuanto a debatir más ampliamente la materia con el objeto de regularizar las tenencias de larga data de comunidades que no tienen posibilidad de desarrollarse como quisieran, al amparo de una ley de esta naturaleza, que beneficia a la gente del sur.
Vamos a aprobar el proyecto, pero queremos dejar sentado que se necesita analizar con mayor profundidad casos especiales que existen no sólo en el sur del país, sino también en el norte.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señora Presidenta , este es un proyecto muy sentido en la Décima Región, pues la ampliación de plazo significará mayor coordinación y beneficio para la comunidad. Sin embargo, tengo una duda sobre el artículo único, que dice: “Sustitúyese en la letra a) del artículo 9º de la ley Nº 19.776, la expresión “noventa días” por “trescientos sesenta y cinco días”.
De su lectura podría desprenderse que han pasado 210 días desde el momento en que se pretende ampliar el plazo. Por lo tanto, sugiero -no sé si se puede proponer una indicación en ese sentido- establecer los 365 días de ampliación “a partir de la fecha de publicación de la presente ley”.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señora Presidenta , vamos a votar favorablemente el proyecto, que es bastante simple. Su único objetivo consiste en ampliar a 365 días el plazo de 90 establecido en la ley Nº 19.776, cuerpo legal que tiene por finalidad regularizar la posesión y ocupación de inmuebles fiscales en tres casos: propiedades fiscales ocupadas irregularmente; propiedades entregadas por el fisco a colonos, pero que no han inscrito en los conservadores de bienes raíces, y la situación especial derivada de lo ocurrido con la erupción del volcán Hudson hace muchos años.
En el primer caso -la posesión irregular de la propiedad-, se estableció un plazo de 90 días para entregar los antecedentes al Ministerio de Bienes Nacionales, que venció el 19 de mayo.
Pido a los colegas aprobar el proyecto en la forma propuesta por la Comisión. Las indicaciones anunciadas por los colegas habrían tenido justificación cuando se discutió el proyecto que dio origen a la ley -matriz- Nº 19.776; pero incorporarlas ahora a un proyecto tan simple que sólo tiene por objeto ampliar un plazo, nos producirá un problema mayor, por cuanto no se podrá aprobar el proyecto con la urgencia necesaria.
Reconozco que los diputados señores Rojas y Jaramillo tienen razón en sus planteamientos, pero les ruego que no presenten indicaciones en este momento y que aprobemos el proyecto tal como está, con la rectificación del número de la ley. Su único objeto es -insisto- que, en vez de 90, la gente disponga de 365 días para presentar los antecedentes ante Bienes Nacionales, a fin de regularizar una sola situación de las tres contempladas en la ley vigente.
Aprobaremos el proyecto en ese sentido y ruego a los colegas darle curso progresivo con la finalidad de que pase al Senado, por cuanto se trata de una muy buena iniciativa que favorece a la gente.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta , la demora en la tramitación del proyecto podría ser de beneficio por cuanto volvería al Ejecutivo. La indicación provoca la inconstitucionalidad por el mayor plazo que se concede para impetrar el beneficio de la ley. Por lo tanto, retiro la indicación; pero recomiendo a la Comisión tener presente que son parte de Chile el norte de la Décima Región y la Segunda Región.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Se suspenderá la sesión por cinco minutos, dado que no ha habido unanimidad para votar los proyectos al final del Orden del Día, en razón de que en estos momentos están funcionando varias comisiones; entre ellas, la Comisión sobre acusación constitucional deducida en contra del intendente de la Región Metropolitana.
El señor MASFERRER.-
¿Por qué no fijamos una hora de votación?
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Lo he solicitado en cuatro oportunidades y no ha habido unanimidad en la Sala. Ha sido una molestia permanente estar suspendiendo el trabajo en las comisiones. Los colegas están trabajando en ellas, lo cual no significa que no estén en la honorable Cámara.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Se reanuda la sesión.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado en general el proyecto. Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
OBLIGATORIEDAD DE INSTALAR SALAS CUNA EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y OTROS. Segundo trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En seguida, corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, disponiendo la obligatoriedad de instalar salas cuna en establecimientos industriales y de servicios que indica.
Diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es la señora Ximena Vidal.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 1879-13, sesión 22ª, en 8 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 9.
-Informe de la Comisión de Trabajo, sesión 8ª, en 18 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 10.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la señora diputada informante.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta , tengo el agrado de informar sobre el proyecto de ley, sin calificación de urgencia, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, e iniciado en moción del senador don Sergio Bitar , que modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, disponiendo la obligatoriedad de instalar salas cuna en establecimientos industriales y de servicios que indica.
No puede dejar de llamarnos la atención, en nuestro rol de legisladores, el precario aumento de las actuales tasas de natalidad que registra el país. Ello debe ser asumido como un parámetro por considerar cada vez que iniciamos, continuamos o sancionamos una iniciativa legal, porque no podemos permitir que Chile se transforme, en el mediano plazo, en un país carente de población infantil o disminuida cuantitativamente.
Este proyecto apunta, particularmente, a mejorar las condiciones de la madre trabajadora en cuanto a que debe no sólo aportar a la economía de su hogar -en muchos casos es la única sostenedora-, sino también conciliar dicho papel con aquel que la naturaleza le ha dado en exclusividad: dar a luz desde su vientre aportando nuevas personas a la sociedad.
Por ello, indicando una tendencia de nuestra legislación, este proyecto amplía el espectro de empleadoras de mano de obra cuyos establecimientos deben contar con salas cuna.
Las estadísticas nos muestran el gran incremento de mujeres solas con niños pequeños y que las familias encabezadas por mujeres están en constante aumento. A ello se suma que no disponen de medios viables para su propio sustento y desarrollo.
Los expertos mencionan la feminización de la pobreza, y para evitarlo debemos procurar los medios que permitan superar tal estado. Ello asegurará a la madre desarrollar su trabajo sabiendo que su hijo o hijo menor de 2 años se encuentra bien cuidado y alimentado y, lo más importante, que está cerca de ella.
La regulación normativa de la protección a la maternidad de Chile se remonta al año 1917. Una de las primeras leyes sociales fue la ley sobre salas cuna. El decreto ley Nº 442, de 1925, es el primer texto legal que llevó como título “la protección a la maternidad”, pero siempre consideró exclusivamente como beneficiaria de sus normas a la mujer trabajadora obrera.
Con posterioridad, el Código del Trabajo, de 1931, mantuvo dicha política; esto es, la exclusión de las empleadas de los beneficios de sala cuna y de amamantamiento. Sólo en 1953, la ley Nº 11.462 extendió la protección de la maternidad a las trabajadoras empleadas y obreras del sector privado, incluidas aquellas que trabajen en su domicilio.
Las normas de protección a la maternidad tuvieron otras modificaciones legales hacia fines de la década de los sesenta, y respecto de salas cuna y derecho de alimentación, aquéllas establecieron en esencia la obligación de los establecimientos que ocuparen veinte o más obreras y empleadas de cualquier edad o estado civil, de mantener salas cuna donde las mujeres puedan alimentar a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén trabajando, y extendieron esta protección a las trabajadoras del sector público.
El decreto ley Nº 2.200, de 1978, Código del Trabajo, mantuvo los derechos de sala cuna, y le introdujo algunas modificaciones, como aquella según la cual el empleador cumple con la obligación legal de disponer de sala cuna si paga los gastos directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleva a sus hijos, y la relativa a que el permiso para dar alimentos se mantiene en el tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta que para ello se requiera.
Después, en el año 1987, la ley Nº 18.620, que refundió la legislación laboral vigente hasta la fecha -constituyó el nuevo Código del Trabajo-, reprodujo las normas de sala cuna y de alimentos en el título “De la Protección a la Maternidad”, entre sus artículos 180 y 193.
Actualmente, existe consenso respecto de que la baja tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral tiene su origen en la falta de conciliación entre la vida laboral y la familiar, especialmente con relación al cuidado infantil de los hijos. A esto se agregan otros factores relacionados con las normas de protección de la maternidad, particularmente por el costo de prestación de servicios por la sala cuna.
Aunque nuestra última legislación establece el derecho a salas cuna para los hijos entre 0 y 2 años en las empresas donde laboran de 20 a más trabajadoras, esta garantía cubre sólo a un pequeño porcentaje de los hijos de las mujeres trabajadoras en general.
Esta última afirmación tiene asidero en que el derecho está garantizado para las mujeres que laboran en empresas que contraten más de 20 trabajadoras, suponiendo una relación formal de trabajo. En el año 2000 un número importante de mujeres trabajaba en el sector informal de la economía, o en el sector formal sin contrato (551.573 mujeres equivalentes al 38 por ciento del total que se declaraba ocupada); y el 69 por ciento de las mujeres más pobres, en ese mismo año, trabajaba en empresas de menos de 10 trabajadoras.
De acuerdo con datos de la Encuesta Laboral, Encla, de 1999, el 73 por ciento de las empresas dijo tener menos de 20 trabajadoras. Esto confirma la idea de que el actual sistema de salas cuna cubre las necesidades de sólo un pequeño grupo de trabajadoras.
Esta misma encuesta reveló que, aun entre las empresas medianas y grandes, el 51 por ciento de ellas contrataba menos de 20 mujeres.
Como aspectos relevantes por considerar en la discusión del proyecto están la paulatina y progresiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo, su acceso a mejores estándares de formación profesional y capacitación ocupacional, además de su creciente rol social como jefa de hogar. Ellos constituyen elementos de decisiva importancia a la hora de analizar una normativa como la que se propone en este informe.
El nivel de cumplimiento de la obligación por parte de las empresas, analizado conjuntamente con el costo asociado que implica el financiamiento de este derecho, ha marcado una tendencia clara en cuanto a que la regulación de esta materia está orientada a la búsqueda de mecanismos que permitan financiar en mejor forma el costo de mantenimiento de una sala cuna.
Es así como la ley Nº 19.408 -normativa que constituye el antecedente inmediato de la presente propuesta legislativa- estableció la posibilidad de instalar y mantener salas cuna en centros comerciales, de manera que el costo fuera prorrateado por los diferentes locatarios y prestara servicios a la mayor cantidad de mujeres dependientes del quehacer de dicho centro comercial.
Asimismo, la ley Nº 19.759 estableció la posibilidad de que los empleadores agrícolas cuyos predios o recintos de empaque se encuentren dentro de una misma comuna, habiliten y mantengan, durante la respectiva temporada, uno o más servicios comunes de sala cuna.
En concordancia con ello, la presente propuesta legislativa se orienta a que otro segmento de empresas -aquellas que se encuentran ubicadas en centros o ciudades empresariales-, puedan contar con salas cuna de uso común, disminuyendo de esta forma el costo nominal que para cada entidad representa el mantenimiento de este beneficio.
En conformidad con el Nº 1º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, como asimismo de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en ampliar la obligación de tener salas cuna en los centros o complejos industriales y de servicios o ciudades empresariales, administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen, entre todos, veinte o más trabajadoras.
Tal idea matriz se encuentra regulada en un artículo único que conforma el proyecto de ley en informe.
Analizada la posibilidad de que el proyecto incidiera en materias de seguridad social y atendidos los antecedentes de derecho aportados por los representantes del Ejecutivo, la Comisión consideró que esta iniciativa legal sólo comprende materias de carácter laboral. Por ello, concluyó que ella no contiene artículos que revistan el carácter de normas orgánico-constitucionales o que requieran quórum calificado para su aprobación.
A la sesión que la Comisión destinó al estudio de esta materia asistieron el ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante, señor Yerko Ljubetic Godoy , y el asesor de la misma Secretaría de Estado señor Francisco Del Río Correa, quienes realizaron valiosos aportes para el correcto estudio y entendimiento del proyecto, manifestando la opinión favorable del Gobierno a su aprobación.
Por último, el ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante manifestó que parece adecuado que, al existir hoy nuevas formas de organización empresarial, ausentes en la época de discusión de la ley Nº 19.408, se complementen sus normas en la forma que propone el proyecto. Dejó establecido que ello se hace sobre las mismas bases lógicas ya señaladas.
En la Comisión las opiniones de los señores diputados versaron, principalmente, respecto de la conveniencia de legislar sobre la materia, por cuanto no sólo se enmarca dentro del proceso de mejoramiento de las normas laborales de protección a la maternidad y de perfeccionamiento de los instrumentos de inserción al mundo del trabajo de la mujer, sino que, además, se preocupa de proteger adecuadamente los intereses del empleador, complementando la ley Nº 19.408, que modificó originalmente la letra del artículo 203 del Código del Trabajo, incorporando actividades ausentes en su redacción actual.
Particular preocupación hubo al interior de la Comisión respecto de la incidencia que puede tener el hecho de no contar con una adecuada protección para la madre trabajadora frente a las actuales tasas de natalidad que presenta Chile, las que muestran un crecimiento negativo, argumento que sirve de base para la adecuación de nuestra legislación laboral en la orientación del proyecto en discusión.
Cerrada la discusión general, el proyecto fue aprobado en general por cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
Durante la discusión particular quedó claramente establecido que la modificación legal propuesta aumenta el ámbito de aplicación del artículo 203 del Código del Trabajo a actividades productivas distintas del comercio, como son las industriales y de servicios, las que no fueron objeto de la ley Nº 19.408, pero que hoy incorporan cada día más mano de obra femenina.
Cerrada la discusión particular y puesto en votación el artículo único del proyecto, fue aprobado por cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
Para los efectos de lo dispuesto en el número 6 del artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se consigna que durante la discusión general del proyecto se emitieron opiniones disidentes, que, en lo sustancial, se pasa a reseñar.
Los diputados señores Felipe Salaberry y Nicolás Monckeberg , no obstante recoger la posición favorable que el Ejecutivo y la Comisión manifestaron respecto al fondo del proyecto, hicieron presentes sus aprensiones de que la moción en discusión más bien resulta ser una iniciativa que apunta a la protección del trabajo y no de la madre trabajadora, por lo que no tendría el efecto de promover su inserción laboral. Además, señalaron que la norma propuesta encarece la actividad de los empleadores, puesto que implicará un costo y no un ahorro para los pequeños y medianos empresarios, por lo que éstos tenderán a contratar mano de obra masculina en desmedro de potenciales trabajadoras.
Asimismo, los diputados señores Felipe Salaberry , Carlos Vilches y Nicolás Monckeberg hicieron presentes sus reservas respecto de la constitucionalidad de la moción en estudio, por cuanto incurriría en materias propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , conforme a lo señalado en el artículo 62, número 4º, de la Constitución Política de la República.
En tal situación se encuentra la indicación del diputado señor Rodolfo Seguel , que dice: “Modificar la palabra “veinte” por la palabra “diez” en todas las partes que digan relación con la cantidad de trabajadoras para obtener salas cuna.”. Fue rechazada por un voto a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
La Comisión estimó que el artículo único del proyecto de ley en informe no contiene disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
Como consecuencia de lo expuesto, y por las consideraciones señaladas, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del proyecto de ley, cuyo artículo único señala: “Intercálase, en el primer inciso del artículo 203 del Código del Trabajo, entre las palabras “comerciales” y “administrados”, la frase “e industriales y de servicios”.
Señora Presidenta , formulo un llamado a aprobar este proyecto porque a todas luces es positivo para la madre trabajadora, principalmente para la que se encuentra en la disyuntiva natural que produce el temor de no poder controlar personalmente la situación de sus hijos menores mientras trabaja. En muchas oportunidades, existen grandes distancias que los separan; en otras, los hijos se encuentran enfermos, provocando angustias y miedos, lo que perfectamente podemos ayudar a superar con iniciativas como la que analizamos, y que se originó en la idea del hasta hace pocos meses senador señor Sergio Bitar , y que, posteriormente, fue aprobada por la Comisión de Trabajo del Senado y sancionada favorablemente en la Sala.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señora Presidenta , después de escuchar la intervención de la señora diputada informante , queda claro cómo se han desarrollado los hechos.
Reitero mi defensa de la indicación que presenté en la Comisión, porque en el informe quedaron establecidas las razones por las cuales vale la pena insistir en ella.
Me llamó la atención en la Comisión que algunas mujeres votaran en contra de la indicación que favorecía a sus congéneres.
En la indicación que presenté y que ha sido respaldada por parlamentarias de mi bancada, propongo bajar el número de mujeres trabajadoras, de veinte a diez; y la razón -sin perjuicio de que la daré a conocer- figura en la página 2 del informe:
“Si bien nuestra legislación establece el derecho a salas cuna para los hijos, entre 0 y 2 años, en las empresas donde laboran 20 o más trabajadoras, esta garantía cubre sólo a un pequeño porcentaje de los hijos de las mujeres trabajadoras en general.
“Esa última afirmación tiene asidero en que el derecho está garantizado para las mujeres que laboran en empresas que por una parte contraten a más de 20 trabajadoras, suponiendo una relación formal de trabajo. Para el año 2000 un número importante de mujeres trabajó en el sector informal de la economía, o en el sector formal sin contrato (551.573 mujeres, equivalente al 38 por ciento del total que se declaraba ocupada). Y el 69 por ciento de las mujeres más pobres para ese mismo año trabajaba en empresas de menos de diez trabajadoras.
“Por otra parte, de acuerdo a datos de la Encuesta Laboral (Encla), de 1999, el 73 por ciento de las empresas dijo tener menos de 20 trabajadoras. Esto afirma la idea de que el actual sistema de salas cuna cubre las necesidades de sólo un pequeño grupo de trabajadoras.
“Esa misma encuesta reveló que aun entre las empresas medianas y grandes -y estamos hablando de las grandes empresas- contrataban menos del 20 por ciento de mujeres”.
Quiero explicar las razones que he tenido para presentar la indicación, que figura en el informe de la Comisión.
Todas las autoridades en Chile, desde el Presidente de la República y hasta representantes de partidos políticos, dirigentes, ministros, han señalado las bondades del acuerdo que Chile firmó con la Unión Europea y el hecho de que continúe firmando tratados internacionales. Incluso a don Carlos Loyola , secretario general de la Cámara de Diputados, lo he escuchado en muchas oportunidades hablar acerca del tema.
Qué malo digo yo, entonces, al sostener que Chile no sea capaz de dictar leyes de acuerdo con las legislaciones de los países con los cuales firmamos acuerdos. Me parece que si queremos proteger a los niños, si queremos que las mujeres tengan estabilidad laboral y tranquilidad en el trabajo, debemos proponer iniciativas como la aprobada la semana antepasada, presentada por el diputado señor Bayo, presente en la Sala, de la cual soy coautor, relativa a la flexibilización del uso del fuero maternal, a través de la cual se permite trasladar una fracción de días del permiso prenatal, que son trasladados al final del período posnatal, ya sea como días completos o como medios días.
Cuando el legislador envió el proyecto no se percató de la necesidad de ampliar el tipo de empresas o de servicios que deben contar con salas cuna y de disminuir el requisito relacionado con el número de trabajadoras que se requieren en un lugar de trabajo para contar con el derecho de que se instale una sala cuna.
Soy un firme defensor -lo he expresado permanentemente durante toda mi vida sindical y parlamentaria- del carácter irrenunciable de los derechos de las mujeres. Nosotros, como parlamentarios, debemos otorgar este tipo de derechos a la mujer, sobre la base de aspectos inherentes a su género, a su vida laboral y a su forma de vivir en el trabajo.
Los parlamentarios debemos demostrar que sí queremos que la mujer trabaje; que sí queremos que la mujer tenga igualdad en el trabajo; que sí queremos que la mujer proteja a sus niños, y que sí queremos que los niños también tengan seguridad en un lugar cercano a aquel en el cual se desempeña laboralmente su madre.
Insto a las mujeres trabajadoras -todas las que forman parte del Congreso Nacional lo son- a dar un ejemplo de que es posible ampliar el ámbito de aplicación del proyecto. También quiero dar una señal en el sentido de que las parlamentarias colaboren para que las seiscientas mil mujeres que están en la pequeña, mediana o microempresa, las cuales no tienen la misma facilidad que ellas, por razones obvias, puedan tener un mínimo de tranquilidad laboral, de estabilidad y de seguridad de que sus hijos estarán en buenas condiciones a lo menos durante los dos primeros años de su vida.
No es mucho lo que pido, ni es mucho lo que planteo: que seamos solidarios -a través del Congreso- con el proyecto para que los empleadores instalen salas cuna en beneficio de todos los hijos de las mujeres trabajadoras.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señora Presidenta, no tengo ninguna duda de que los parlamentarios que estudiaron el proyecto lo hicieron de muy buena fe; pero a veces la buena fe no funciona bien en la realidad.
Lo digo sobre todo por lo que ocurre en las zonas agrícolas o rurales, o por lo que, sin ir más lejos, sucedió en la temporada recién pasada.
El diputado señor Seguel señaló que, de acuerdo con datos de una encuesta laboral de 1999, el 73 por ciento de las empresas dijo tener menos de veinte mujeres entre sus trabajadoras. Ello es obvio, por una razón muy simple: al contratar 21 o más trabajadoras, deben tener sala cuna, lo que significa que el costo para la empresa sube significativamente.
Si bien la ley apunta en sentido correcto, en la práctica las empresas prefieren no contratar mujeres, sino hombres. Eso es lo que ha ocurrido con mucha fuerza sobre todo durante el último año.
Por eso, creo que el proyecto va por el camino errado. Si bien es necesario que existan salas cuna en las empresas, aquí no ocurrirá otra cosa más que la mujer sea discriminada en el ámbito laboral.
En esas circunstancias -no hablo por mi bancada-, voy a votar en contra del proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señora Presidenta , después de escuchar el informe de la diputada señora Ximena Vidal y la intervención del diputado señor Seguel , no me queda sino manifestar mi total acuerdo de que nosotros, como país, debiéramos dar una señal, junto con otras que hemos logrado gradualmente y que nos han costado a veces bastante trabajo, en cuanto a legislar para ir creando las mejores condiciones a fin de lograr la plena inserción laboral de las mujeres.
Lo que me parece inaudito es que tengamos que escuchar en la Sala opiniones como la vertida por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que todavía la maternidad sea considerada como un costo y una carga, que no haya una visión de país que considere que la maternidad es un bien que corresponde ser asumido por el conjunto de la sociedad.
Resulta insólito que hoy se mencione con justificación que en realidad las empresas contratan menos de veinte trabajadoras porque, de lo contrario -si contratan 21 o más-, están obligadas a contar con salas cuna. El solo hecho de reproducir argumentos como éste y de emitirlos en la Sala, no hace más que reafirmar que en nuestra sociedad, en algunos sectores y por algunos empresarios -porque evidentemente no se trata de todos-, parece que la solidaridad no existe, que la maternidad no es un valor apreciable y que sólo tenemos que considerar el lucro.
Me permito recordar que ayer, en la Comisión especial sobre discapacitados, nos visitó la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, quien señaló que se están haciendo esfuerzos para que se respete una normativa en relación con los discapacitados. En efecto, los canales no cumplen, por ejemplo, con transmitir los informativos en un lenguaje de señales que permita a nuestra población de discapacitados auditivos -que son más de 250 mil personas-, es decir, sordos, el acceso a la televisión. Muchas veces no basta con efectuar el registro de caracteres, puesto que muchos de ellos son analfabetos.
He traído esto a colación porque la directora del Consejo Nacional de Televisión nos relató que estaba haciendo un intento -cosa que me parece muy adecuada- a fin de consensuar la opinión de la televisión abierta, representada a través de Anatel, para lograr que se cumpla la norma relacionada con esta materia, dictada en 1994. Nos explicó que una de las argumentaciones en contra, aparte del costo, fue que la utilización del lenguaje de señas podría distraer la atención de los telespectadores. Le señalé que me parecía increíble que aceptáramos argumentos de esa naturaleza y que no fuéramos capaces, como se hace en muchos otros países, de transmitir el noticiario, al menos una vez al día, utilizando en un recuadro de la pantalla el lenguaje de señas, para que la población con discapacidad auditiva pudiera acceder a las noticias.
Señalo esto porque nuevamente hoy, en la Sala, me encuentro con una argumentación similar que dice: “En realidad, si un número tan importante de empresas contrata menos de veinte mujeres es porque si contratan 21 tendrán que poner salas cuna”.
Me parece lamentable que todavía vayamos a paso tan lento para garantizar las mejores condiciones a fin de lograr la inserción laboral de la mujer.
Todos sabemos que cuando una mujer trabaja, su hogar tiene más posibilidades de salir de la pobreza. Además, todos conocemos la cantidad de hogares que, en nuestro país, están organizados de manera tal que es la jefa de hogar, sola, la que debe salir adelante con la responsabilidad de educar y de alimentar a sus hijos. Así, también, todos conocemos la cantidad de mujeres que hoy trabajan en nuestro país -y no se trata de la cifra más alta de América Latina ni, desde luego, de Europa-, y sabemos cuánto les cuesta, en términos de sacrificio, de trabajo, de compromiso, acceder al mundo laboral.
Existe discriminación respecto de la mujer, porque aun cuando cumpla con el mismo trabajo y con idéntica capacidad respecto de un hombre, no pocas veces recibe hasta un tercio menos de sueldo. Las isapres la discriminan subiéndole el precio de los planes de salud hasta en un 300 por ciento, sólo “por el riesgo de estar en edad reproductiva”.
Ésa es una de las razones por las cuales es preciso cambiar la legislación a fin de regular las isapres, porque la maternidad es un bien social que nos corresponde proteger a todos los chilenos. No es posible seguir mirando a la mujer como la única responsable de la maternidad ni como una carga que genera un mayor costo. Esos criterios de lucro y de medir la utilidad sin pensar en aspectos valóricos, no nos hacen bien como país, y constituyen un muy mal ejemplo para las generaciones jóvenes.
Por eso es preciso dar una señal clara en esta Sala frente a la feliz moción presentada por el ex senador señor Sergio Bitar , para incorporar salas cuna en los centros y complejos industriales o de servicios, o en “ciudades empresariales” reunidas en un mismo lugar. Ello permitirá compartir e incluso reducir los costos, porque significará que los hijos de trabajadoras que laboren en un mismo lugar físico, en empresas con una misma razón social o personalidad jurídica, podrán acceder a salas cuna.
El diputado señor Seguel presentó una indicación -lamentablemente fue rechazada en la Comisión de Trabajo- que, a mi juicio, es razonable. Consistía en reemplazar la palabra “veinte” por “diez” en todas las partes del texto de la iniciativa que digan relación con la cantidad de trabajadoras exigidas para establecer salas cuna. Según las estadísticas, la mayoría de las empresas tienen diez trabajadoras o un número menor. Por eso, la Comisión debió aprobar la indicación, ya que tiene bastante sentido, en razón de lo que se ha señalado en esta Sala.
En consecuencia, la bancada del Partido Socialista dará su apoyo al proyecto, porque es importante dar señales nítidas. De una vez por todas, debemos dejar de mirar la maternidad como una carga, como un costo, como una reducción de utilidades; en definitiva, como un problema. Al contrario, el país gana cuando es capaz de asumir la maternidad en plenitud.
Debemos pensar cuánto ganaría el país si se lograra el consenso para que el posnatal fuera de seis meses -como muy bien señaló el diputado señor Accorsi , quien ha presentado la idea a fin de legislar en tal sentido y ha entregado variada información-; cuánto ganaría en salud el recién nacido, y, de paso, se presentarían menos licencias médicas de las cuales hoy, prácticamente, se abusa. Muchas veces no se dan las mejores condiciones, como sería contar con salas cuna, para la mujer trabajadora. Por ello, como aquí se ha recordado, muchas veces la mujer se ve en la disyuntiva de concurrir al trabajo o de acompañar al hijo enfermo o enfrentado a algunas situaciones de precariedad. ¿Cuántas veces han ocurrido desgracias porque los niños deben quedar solos cuando la madre debe salir a trabajar y no hay nadie que se haga cargo de ellos?
En ese sentido, quiero llamar la atención de mis colegas presentes en la Sala, a fin de hacerles ver lo importante que es dar nuestro respaldo al proyecto que modifica el artículo 203 del Código del Trabajo para dar las mejores condiciones a la mujer, de manera que logre su plena inserción laboral; que no exista una pugna entre maternidad y condición de trabajadora.
Sería bueno, también, revisar la indicación del diputado señor Seguel , ya que apunta en la dirección correcta. A la vez, debemos apoyar la modificación al artículo 203 del Código del Trabajo, porque ello permitirá que los hijos de trabajadoras de distintas empresas con una misma razón social o personalidad jurídica, puedan acceder a una sala cuna.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica ).-
Señora Presidenta , hoy se discute un importante proyecto, el cual debe ser analizado en profundidad.
Los discursos expresados durante el debate tienen un trasfondo de realidad y de emotividad, con lo cual nadie podría estar en desacuerdo. Sobre todo quienes sentimos que el Estado no protege a la familia, debemos exigir el cumplimiento de todas las normas orientadas a proteger la maternidad y a evitar lo planteado en la primera parte de la intervención de la señora diputada informante , en cuanto a las preocupantes cifras que, como país, se advierten respecto de la reducción de la natalidad. No queremos un Chile sin niños, como ha ocurrido con muchos países de Europa que hoy deben subsidiar a las familias para tener hijos.
El país, por una parte, ha hecho un gran esfuerzo por promover el control de la natalidad como un objetivo fundamental de la llamada salud reproductiva. Sin embargo, eso nos puede acercar a la situación de países en los cuales el control de la natalidad llega a cifras alarmantes.
La protección de la natalidad es necesaria y urgente. La mujer necesita ayuda, sobre todo cuando cumple el doble rol de mujer y de trabajadora, porque lo pasa muy mal, tiene muy poca ayuda y, muchas veces, cuenta con exiguos recursos para cumplir su rol.
Sin embargo, aun cuando la intención es buena, el proyecto no responde a los loables objetivos de protección de la maternidad, sino que establece que debe haber salas cuna en centros industriales y de servicio, lo cual es absolutamente insuficiente. No acota cómo, dónde o cuándo; tampoco señala qué pasa con los que ya están construidos ni con los que han resuelto el problema de los hijos de las trabajadoras contratadas.
En consecuencia, aun cuando no me opongo a la idea de que en centros industriales o de servicios existan salas cuna para resolver el problema de los hijos de las trabajadoras, a mi juicio este proyecto, de artículo único, es absolutamente acotado e insuficiente. No entiendo qué significa la frase “e industriales y de servicios”. ¿Qué pasa si se trata de un centro industrial en el cual no trabajan mujeres, ya que sus labores deben ser sólo desarrolladas por hombres?
Por ello considero irresponsable que, en el artículo único, se establezca que su objetivo es dar protección a la maternidad -como sí se ha hecho en esta Sala en otras iniciativas-. No creo que con esta frase se determine que la maternidad en Chile está a salvo.
Por otra parte, hay un tremendo equívoco cuando se dice que el proyecto no tiene que ser revisado por la Comisión de Hacienda. En la iniciativa se está aprobando un gasto para nuevas construcciones, razón por la cual debe estudiarlo la Comisión de Hacienda. De lo contrario, será declarado inconstitucional.
Por último, me encantaría que en el futuro, en la ley de Urbanismo y Construcciones, se estableciera que en la edificación de todo centro industrial debe considerarse necesariamente la instalación de una sala cuna. ¿Qué pasará respecto de los centros industriales cuando se trata de ver la situación de grandes tiendas, como Falabella, Ripley, etcétera, que tienen contrato con jardines infantiles para los hijos de sus trabajadoras?
Este tipo de cosas nos lleva, muchas veces, a cambiar constantemente leyes aprobadas poco tiempo antes, lo que nos ha hecho pasar vergüenza, como ocurrió con las famosas normas adecuatorias de la reforma procesal penal, lo que nos obligó a cambiar las leyes con urgencia. ¿Qué pasa si se legisla de esta forma y no queda nada acotado? Nadie sabrá qué significa la creación de salas cuna.
Por lo tanto, mi sugerencia es que el proyecto vaya a Comisión Mixta a fin de que podamos acotarlo y definir bien qué pasa con lo que existe y con lo que existirá a futuro, y saber a qué estamos haciendo referencia. Además, debemos saber cómo debieran hacerse las respectivas modificaciones en la ley de Urbanismo y Construcciones. Apoyé el artículo en una primera instancia, pero tengo la impresión de que estaba mucho más acotado. No recuerdo exactamente en qué forma venía, pero su redacción no era tan vaga como la que hoy se nos presenta.
Por último, deseo recordar que el Estado, además de la obligación de tener salas cuna donde existan más de veinte trabajadoras, entrega 41 mil millones de pesos a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Integra, por su parte, percibe alrededor de 30 mil millones de pesos para atender a los niños. Además, hay otros recursos que están destinados en la ley de Presupuestos con el objeto de que en las poblaciones existan guardadoras que ayuden a las madres a cuidar a sus hijos, y otras formas de cuidado a estos menores. Por ello, es importante saber cómo están funcionando esas organizaciones.
En resumen, si bien no estoy dispuesta a rechazar de plano la idea de legislar, me gustaría que la iniciativa se acotara para que fuera funcional, realista y no sólo una declaración de buenos principios en un proyecto que, a la larga, no llevará a ninguna parte, como otros que hemos aprobado en esta Cámara.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Ha concluido el Orden del Día.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Propongo que los diputados señores Carlos Montes, René Manuel García, Claudio Alvarado, Cristián Pareto y Felipe Letelier integren la Comisión Mixta que se encargará de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto que crea el registro nacional del servicio de transporte remunerado de escolares.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
RECHAZO A TRÁNSITO DE EMBARCACIONES CON SUSTANCIAS RADIOACTIVAS POR AGUAS CHILENAS.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Solicito la unanimidad de la Sala para ver, en primer lugar, el proyecto de acuerdo Nº 62, que dice relación con el paso de un barco que transporta residuos tóxicos por aguas chilenas, con el objeto de que, dada su urgencia, pueda ser discutido con prontitud.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor Prosecretario le va a dar lectura.
Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 62, de los diputados señores Navarro, Pareto, Robles, Aguiló, Rossi, Valenzuela, Olivares, Accorsi, de la diputada señora Vidal, doña Ximena, y del diputado señor Álvarez-Salamanca, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“Considerando:
Que el viernes 26 de abril de este año los barcos Pacific Pintail y Pacific Teal, ambos de bandera británica, partieron de Gran Bretaña hacia Japón para recoger una carga de óxido mixto de plutonio, que fue rechazado debido a que se reveló que el fabricante del combustible, la British Nuclear Fuels (Bnfl), falsificó deliberadamente información vital acerca del control de calidad del combustible. Uno de los barcos actuó como escolta armada y el otro transportó el plutonio MOX. Juntos cargaron 7 toneladas de municiones, 2.200 toneladas de combustible y 255 kg. de plutonio. Los barcos llegaron a Japón a principios de junio.
Que los barcos cargarán el plutonio MOX rechazado y lo llevarán de vuelta al Reino Unido. La ruta que tomarán no ha sido anunciada. Se supone que la misma podría ser a través del Pacífico y el Mar de Tasmania, a través del Pacífico y a lo largo del Canal de Panamá y el Mar del Caribe, o a través del Pacífico por el Cabo de Hornos. Si la ruta elegida es la de Tasmania, podrían transitar el Pacífico y Tasmania a principios de julio. Si la ruta es la del Cabo de Hornos, es probable que lo hicieran a finales de julio.
Que el Gobierno japonés y los dueños del combustible, Kansai Electric, demandaron que el combustible MOX fuese devuelto al Reino Unido, rechazando la opinión de la Bnfl de que sería seguro utilizarlo en una planta nuclear. En julio de 2000, el Gobierno del Reino Unido anunció que había acordado el regreso del MOX. La Bnfl acordó un paquete financiero con la Kansai Electric que se estima en unos 110 millones de libras esterlinas, incluida la respectiva compensación.
Que este transporte se realiza en gran medida por razones de estrategia comercial de la Bnfl, ya que de esta manera la empresa tiene esperanzas de que un retorno exitoso al Reino Unido restablecerá las perspectivas para asegurar futuros contratos a gran escala con empresas japonesas. La Bnfl necesita desesperadamente nuevos contratos con Japón para hacer viable su negocio de cara al futuro. A su vez, las compañías japonesas están motivadas por la fuerte reacción pública en contra de los planes de Japón para utilizar el combustible MOX en sus reactores nucleares y esperan poder superar esa reacción mediante el retorno del plutonio al Reino Unido.
Que Japón sostiene que los cargamentos de materiales nucleares entre ese país y Europa son esenciales para su programa de energía; pero el combustible nuclear de los dos cargamentos (1999 y 2001) que llegaron a Japón no ha sido utilizado para producir electricidad, debido a la preocupación pública y a la falta de confianza en los fabricantes del combustible MOX. La gente en Kariwa, adonde debía dirigirse el cargamento francés de MOX en 2001, celebró un referéndum cuyo resultado fue que no se cargara el combustible MOX. El Gobernador de la prefectura de Fukishima , adonde el anterior embarque de MOX de 1999 debía ir, también ha rechazado el cargamento y ha iniciado un análisis energético. Virtualmente, existe una moratoria para utilizar combustible MOX en Japón. La Bnfl no tiene contratos de MOX con Japón. El futuro para estas plantas es incierto, a menos que se aseguren nuevos contratos. Si esto ocurre, se producirán muchos más embarques.
Que todas las cuestiones que se argumentaron en contra del embarque realizado en 1999 siguen siendo válidas. Los preparativos de seguridad dispuestos para la nave son inadecuados. Antes del 11 de septiembre, la vulnerabilidad del plutonio y del transporte nuclear frente a los ataques terroristas era clara; ahora están mucho más expuestos, porque las condiciones de seguridad son más frágiles. Un embarque realizado hace casi 20 años desde Francia a Japón con menos plutonio que el de este transporte requirió protección armada de los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, así como miles de militares desplegados en el Canal de Panamá durante el tránsito del barco. Habiendo declarado el Gobierno del Reino Unido su compromiso de combatir el terrorismo internacional, parecería una contradicción fundamental que el mismo Gobierno haya acordado el transporte de material para armas nucleares con tan poca cobertura de seguridad.
Que no existe ninguna justificación para el transporte del combustible de plutonio (MOX) de regreso al Reino Unido. Los problemas con el combustible MOX fueron conocidos por la Bnfl con anterioridad al embarque a Japón, en 1999. Desafortunadamente, el combustible se encuentra en Japón. Ahora debería ser tratado como residuo nuclear y ser almacenado en un sitio lo más seguro posible. A pesar de que el almacenamiento en Japón representa una preocupación en términos de protección física y de amenaza de proliferación -el plutonio dentro del combustible puede ser utilizado para fabricar unas 50 armas nucleares-, es preferible a que sea transportado a través de cientos de miles de kilómetros, con todas las cuestiones resultantes en lo que a seguridad se refiere.
Que los Gobiernos de Japón y de Gran Bretaña han reconocido la sensibilidad que existe sobre este embarque de plutonio. En el acuerdo firmado en julio de 2000 para el transporte de regreso, se estableció que se daría “una máxima consideración a la relación con los Estados costeros”. De todas maneras, el 30 de enero de 2002, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón declaró que las tres rutas posibles entre Japón y el Reino Unido siguen siendo una opción para este embarque y que serán utilizadas de forma equilibrada. Ambos países están siendo indiferentes frente a los derechos de los Estados en ruta de ser notificados y consultados con anticipación.
Que, en términos del marco legal internacional respecto de este embarque, el artículo 56 de la ley del Mar provee a los Estados la jurisdicción sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE-200 millas), con el propósito de protección y preservación del medio marino. El embarque de 2001 evitó la ZEE de Australia y Nueva Zelanda, pero la habría transitado en un número de naciones del Pacífico. El embarque de retorno también violaría un compromiso dado por el Gobierno del Reino Unido al Tribunal Internacional de la Ley del Mar (Itlos), en noviembre de 2001 en el sentido de que ninguna importación de combustible de plutonio MOX, asociado a las operaciones de la planta de MOX de Sellafield, se llevaría a cabo antes de octubre de 2002.
Que, a pesar de la existencia de una más rigurosa legislación ambiental en Europa, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto ambiental sobre los riesgos de este embarque, como tampoco se realizó para los anteriores. No hubo ninguna consulta sobre respuestas ante una emergencia o ataque, y tampoco ninguna responsabilidad legal, justa y equitativa, ni existen arreglos compensatorios, a pesar del hecho de que los Estados costeros asumen el mayor riesgo.
Que, a principios de 2002 los gobiernos de los países en la ruta de estos transportes ya habían comenzado a expresar su oposición a este embarque. El 7 de marzo, el Gobierno de Irlanda anunció que estaba considerando una acción legal para prevenir el embarque. Una fuerte oposición al embarque fue expresada por los catorce Gobiernos de la Comunidad Caribeña (Caricom), en su reunión cumbre con el Gobierno de Japón, los días 4 y 5 de marzo, en St. Johns, Antigua. En la partida de los barcos desde el Reino Unido, el pasado mes de abril, Helen Clarck, Primera Ministra de Nueva Zelanda , anunció que el gobierno está en contra de los embarques y que expresaría su preocupación. Durante 2001, los Jefes de Estado y Ministros de Asuntos Exteriores, en sus reuniones del Grupo de Río de Naciones Latinoamericanas, firmaron declaraciones oponiéndose a los embarques nucleares.
Ya hubo cuatro cargamentos de plutonio, en la forma de dióxido de plutonio o combustible MOX, transportados a Japón durante los últimos diez años. En total, las embarcaciones de transporte de bandera británica han viajado un total de 120.000 kilómetros para enviar sus cargamentos de plutonio potencialmente utilizables en armas a Japón. Si bien cada uno de estos transportes ha sido justificado por Japón como esencial para su programa de energía, ni un gramo de plutonio ha sido utilizado en un reactor nuclear. Ni un solo kilovatio de electricidad ha sido generado con este plutonio. En vez de eso, el plutonio sigue sin ser utilizado y durante los últimos 10 años su almacenamiento ha crecido en el 300%.
La Cámara de Diputados acuerda:
1) Rechazar la posibilidad de que nuevamente el traslado del plutonio u otras sustancias peligrosas, entre Asia y Europa, utilice como ruta de navegación el océano Pacífico y el Cabo de Hornos, poniendo en riesgo la zona económica exclusiva chilena, pasando a llevar, de esta manera, los derechos de Chile y otras naciones como Estados ribereños.
2) Solicitar formalmente al Gobierno que haga explícito su rechazo a esta situación a los Gobiernos de Gran Bretaña y de Japón, considerando los riesgos ambientales implícitos y pidiendo que se descarte permanentemente ese tipo de traslados incluyendo a las costas chilenas como una de las rutas posibles.
3) Solicitar al Gobierno que haga también expreso su rechazo a este tipo de tránsito de sustancias ante instancias y organismos internacionales, como, por ejemplo, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ante los asistentes a la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, por desarrollarse en Johannesburgo, Sudáfrica, entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre próximos.
4) Solicitar que la Armada y la Comisión Chilena de Energía Nuclear informen a esta honorable Cámara sobre la evaluación de riesgos y tipo de medidas que se adoptarán para enfrentar esta situación y las atribuciones que existen para adoptar resoluciones que afecten nuestro mar territorial, especialmente considerando la posibilidad de ocurrencia de accidentes y las consecuencias que esto podría representar.
5) Hacer llegar de manera oficial, a los Parlamentos de Gran Bretaña y Japón, la posición de rechazo de esta honorable Cámara a la amenaza permanente que significa que se utilicen el océano Pacífico y el Cabo de Hornos como ruta para el traslado de estas sustancias peligrosas”.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
DEROGACIÓN DE MEDIDAS QUE AFECTAN A ÁREAS DE PROTECCIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA TERCERA REGIÓN. (Votación).
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 56, que quedó pendiente de la sesión anterior.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , como la señora Presidenta de la Cámara se encuentra en reunión de Comités con una parte importante de los diputados, sugiero que suspenda la sesión por un par de minutos hasta que ellos puedan concurrir a la Sala a votar.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Propongo a la Sala que, una vez que termine la reunión de Comités, votemos nuevamente el proyecto de acuerdo, siempre y cuando exista unanimidad para ello.
No hay acuerdo.
Recabo la unanimidad de la Sala para que podamos continuar con la sesión y, una vez que lleguen la señora Presidenta y los Comités, votemos nuevamente el proyecto de acuerdo.
No hay acuerdo.
Entonces, propongo suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo.
No hay acuerdo.
Por lo tanto, estoy obligado a continuar con la sesión.
VII. INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE LICITACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CUATRO DEL METRO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno correspondiente al Comité Socialista y Radical, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , el martes pasado fue un día histórico para la comuna de Puente Alto. En esa oportunidad concurrió el propio Presidente Lagos a dar inicio a las obras de construcción de la línea Cuatro del Metro, anhelo largamente esperado por la comunidad puentealtina, un sueño que se concreta.
Me siento muy orgullosa y honrada de que el Presidente haya cumplido con su palabra. Como candidato presidencial concurrió en dos oportunidades a la comuna de Puente Alto. En esas ocasiones se comprometió a lograr que el Metro llegara a la comuna más poblada del país, cuyos habitantes ocupan más de dos horas diarias en los viajes que deben realizar para trasladarse hacia los distintos centros laborales, debido a que Puente Alto es básicamente una comuna dormitorio, de lo cual se hizo abuso en el pasado, pues, lamentablemente, a ella fueron trasladadas poblaciones completas sin haberse habilitado los necesarios servicios, lo que desmejoró notoriamente su calidad de vida. Faltan 50 mil matrículas, es decir, los establecimientos escolares no logran satisfacer la demanda educacional de Puente Alto, y muchos alumnos deben acudir a colegios de otras comunas. Asimismo, carece de suficientes consultorios para atender a sus pobladores. Además, el tema del transporte es uno de los más críticos.
Por todas esas razones -repito-, el martes pasado fue un día histórico para Puente Alto.
Expreso mi satisfacción por esta inversión en la comuna más poblada y quizás una de las más maltratadas del país, ya que sus servicios, como ya lo dije, se han hecho insuficientes para atender el traslado de poblaciones completas.
En relación con el tema al que me he referido, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y al presidente de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., a fin de que nos comuniquen, con precisión, sobre el cronograma de construcción y la cantidad y tipo de empresas que participarán en las licitaciones de las diferentes etapas de la obra.
Es muy importante conocer esa información, porque con esa notable inversión los cesantes de la comuna ven la posibilidad de encontrar empleo. Para la construcción de la línea cuatro del Metro se invertirán, en total, 1.007 millones de dólares, y a través de ella se transportará a más de 93 millones de pasajeros al año.
Por otra parte, tal como lo explicó el presidente del directorio del Metro, no es posible obligar a las empresas que han ganado las licitaciones a que contraten mano de obra local. Sin embargo, quiero reiterarle que se les aconseje contratar, en la medida de lo posible, mano de obra de la comuna, aspiración que considero absolutamente legítima.
El presidente del Metro ha señalado que sería deseable que se contratara mano de obra local, lo cual constituye un anhelo legítimo de aquellos habitantes de Puente Alto que hoy se encuentran sin trabajo y que ven en este gran proyecto -que tanto cambiará la vida de esa comuna- una posibilidad para acceder a un empleo.
La importancia de esta obra tiene que ver no sólo con lo que significará el pleno funcionamiento de la línea cuatro del Metro hacia fines de 2005, sino con el polo de desarrollo que producirá su implementación, sobre todo si se considera que en la actualidad llegar a Puente Alto toma más de una hora en automóvil y aproximadamente una hora y media en bus, trayecto que, en las horas punta, puede superar las dos horas.
Por otra parte, a través del ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones quiero hacer llegar mis felicitaciones al presidente del directorio de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., porque esta sociedad ha asumido un compromiso como pocas veces se ha visto. En su actuar demuestra eficiencia, responsabilidad y seriedad. De hecho, en distintos puntos de la Región Metropolitana, en forma simultánea, se están abriendo en estos momentos más de dieciséis puntos de trabajo relacionados con los distintos proyectos que tienen que ver con la extensión y ampliación de esa línea del Metro.
Asimismo, no deja de llamar la atención que el cronograma de trabajo se esté cumpliendo anticipadamente, como ocurre con lo relacionado con el inicio de las obras de conexión del Metro desde la plaza de Puente Alto hasta el paradero 14 de Vicuña Mackenna, lugar donde deberán efectuar transbordo quienes deseen continuar en la línea cinco o según hacia la circunvalación Américo Vespucio.
Por lo tanto, desde esta tribuna hago llegar mis felicitaciones y reconocimiento por la seriedad, compromiso y capacidad demostrada por la empresa Metro. Gracias al profesionalismo con que se está llevando a cabo esta obra se han producido muy pocas interrupciones en la vida cotidiana de los ciudadanos, a pesar de la magnitud de los trabajos que se deben efectuar.
Con esta obra, que requiere una inversión de 1.007 millones de dólares, en cinco años se habrá construido más del doble de lo que se ha ejecutado en treinta años. Eso habla bien de la preocupación de un gobierno que considera que esta obra es un bien que facilitará y mejorará la calidad de vida de los habitantes de ese populoso sector, lo que representará la creación de polos de desarrollo y hará justicia a una comuna muy maltratada, hecho que se refleja en el hacinamiento de población y en la no habilitación de los consiguientes servicios.
En consecuencia, esta obra es un esfuerzo notable que estamos realizando como país, con la cual se reparará el gran desmejoramiento de la calidad de vida que ha sufrido en estos últimos años el puentealtino. Ella nos hace mirar con mucho optimismo el futuro de la comuna más poblada del país, y nos permite anticipar la posibilidad de que allí verdaderamente se cree un polo de desarrollo.
Como chilenos, nos sentimos orgullosos de contar con el idóneo equipo profesional que forma parte de la empresa Metro. Reitero mis felicitaciones al presidente de su directorio, señor Fernando Bustamante, por la calidad y seriedad del trabajo del equipo directivo de dicha empresa, lo cual nos garantiza que se cumplirán los plazos y cronogramas de la obra.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de las diputadas señoras Eliana Caraball y María Eugenia Mella , y de los diputados señores Meza , Jaramillo , Leal , Accorsi , Sánchez y Ortiz,
ALCANCES SOBRE PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Mario Escobar.
El señor ESCOBAR.-
Señor Presidente , mi intervención no sólo se relaciona con lo planteado por la diputada señora Allende, sino con uno de los problemas más graves y de fondo que tiene el país. En efecto, me ha sorprendido gratamente que “Las Últimas Noticias” haya titulado en una de sus páginas: “¿Descentralizar, cuándo?”.
Es evidente que nadie puede negar que la construcción de la línea Cuatro del Metro, y que todo lo que se haga en beneficio de Santiago es importante. Sin embargo, frente a un tema que tiene que ver con compromisos presidenciales planteados, ya en el Gobierno del señor Frei , en cuanto a aumentar durante este año a 42 por ciento los recursos que llegan al Fndr, y el adquirido por el señor Lagos, vinculado con la descentralización y desconcentración del país, ¿con qué nos encontramos hoy? Con un Santiago que lo sigue devorando todo, que concentra casi el 80 por ciento de las inversiones privadas y públicas, que continúa contaminado, repleto de vehículos y de gente, y como contrapartida, no se advierte ningún incentivo para las regiones.
Los parlamentarios que representamos a las regiones tenemos la obligación de ser enfáticos. A lo largo de estos años, otros diputados han intervenido en innumerables oportunidades para referirse a este tema. Con todo, hasta el momento no ha habido descentralización ni desconcentración, se han incumplido las promesas electorales presidenciales y, en definitiva, las regiones se encuentran mucho más abandonadas.
He dicho.
PROYECTOS VIALES Y DE MEJORAMIENTO URBANO EN CONCEPCIÓN Y ÑUBLE. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro del Interior con el objeto de que informe sobre la cantidad de proyectos, tanto de mejoramiento urbano como de barrios, que se realizan con aportes de la Subdere. Pido que la información se remita en forma pormenorizada, considerando el listado de proyectos de los años 2000, 2001 y 2002 de cada una de las comunas que conforman las provincias de Concepción y de Ñuble.
Por último, solicito que se oficie al ministro de Vivienda con el objeto de que señale detalladamente la cantidad de kilómetros que se ha programado pavimentar en cada una de las comunas que conforman las provincias mencionadas.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la bancada de la UDI.
CONSECUENCIAS DE INSUFICIENTE PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente , luego de escuchar a la diputada señora Allende, pienso en lo fácil que es variar de postura. Si uno ya no se sorprende de los continuos cambios que experimenta la gente en este Congreso Nacional. En el período anterior, ella defendía a las regiones, y uno se sentía más cerca de su posición como dama y parlamentaria regionalista. Hoy, en cambio, solicita que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República a fin de felicitarlo por la decisión de entregar millones de dólares para construir la línea Cuatro del Metro, que irá desde el paradero 14 de La Florida hasta Puente Alto.
Qué triste debe resultar para la gente de trabajo y de esfuerzo a la cual representamos, constatar que Santiago siempre se está llevando recursos para diseñar y construir mejores vías de comunicación, como ocurre en este caso con el Metro.
El Presidente de la República jamás se acuerda de las regiones. Hace pocos días, señalé en esta misma Sala que las regiones también tienen voto. Sin embargo, gente que tuvo esa opción ya no está pensando del mismo modo, por cuanto el centralismo nos está ahogando. Es cuestión de ver cómo se niegan los recursos a las regiones. Los resultados del censo efectuado recientemente señalan que la población rural ha disminuido: alcanza sólo el 7 por ciento de los habitantes del país. La gente que vive en regiones y que, por ejemplo, posee tierras agrícolas, todos los días contribuye a producir y a exportar productos, lo que significa que ingresen recursos para la Patria. ¡Sin embargo, el Presidente los entrega a Santiago! De continuar así las cosas, deberemos tomar otro tipo de decisiones.
Se ha señalado que 50 mil niños de Puente Alto deben trasladarse a otras comunas para educarse. ¿Por qué no se construyen más colegios en esa comuna? Asimismo, se ha dicho que se procedió a trasladar numerosas poblaciones a Puente Alto sin efectuar una planificación previa. Lo único que puedo asegurar es que mucha más gente está pensando en radicarse en esa comuna, lo que traerá más concentración y contaminación. ¡Y somos las regiones las que tenemos que entregar los recursos para descontaminar la capital! Hoy, en Santiago no se puede ni hablar. Por eso se dice que el Presidente de la República está pensando sólo en los votos.
La mitad de Chile vive en la capital, por lo que las regiones ya no influiremos en las decisiones. Con todo, tenemos fe, ganas y fuerza para levantar nuestra voz a fin de que el Primer Mandatario modifique su comportamiento y entregue a las regiones los recursos que la gente pide a gritos.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑa.-
Señor Presidente , deseo sumarme a las palabras de mi colega Masferrer. Efectivamente, debemos hacer presente la inquietud de las regiones por el exagerado centralismo que ha logrado la Región Metropolitana. En el caso de la línea Cuatro del Metro, no hablamos de cifras menores, sino de mil millones de dólares que se invertirán para extenderla. ¿Y qué pasa en regiones?
Como señalaba mi colega Masferrer , según el último censo, el 42 por ciento de los habitantes de nuestro país están viviendo en la Región Metropolitana, un triste récord mundial que debe preocuparnos. El nuestro es el único país en el ámbito latinoamericano que ha aumentado ese índice.
¿Y qué porcentaje representa, en cuanto a espacio físico, la Región Metropolitana en relación con el resto del territorio de nuestro país? Solamente el 2 por ciento. Por eso queremos ver acciones concretas del Gobierno; que no hable de descentralización si no hay hechos efectivos.
Las regiones están cansadas de que las grandes inversiones se realicen en la Región Metropolitana. Otro ejemplo de ello se relaciona con la evacuación de aguas lluvia.
Las regiones ven con preocupación que se habla mucho de descentralización, pero que las políticas del Gobierno se orientan justamente en el sentido contrario.
A pesar de los problemas de contaminación y de delincuencia, se sigue haciendo crecer a la Región Metropolitana y despoblando al resto del país, ya que la gente emigra a Santiago.
Por eso, como siempre se da una cifra y se terminan gastando otras, pido que se oficie al ministro de Transportes para que instruya al presidente del directorio del Metro a fin de que nos informe cuánto costará la línea 4 del Metro, porque éste financia sólo su gasto de operación, pero la inversión en capital no es pagada por la gente que vive en la Región Metropolitana, sino por quienes viven en todas las demás regiones.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Hernández , Escobar , Sánchez , Jaramillo y Ortiz.
COMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE EMERGENCIA PARA LAS COMUNAS DE SAN PABLO, DE OSORNO Y DE SAN JUAN DE LA COSTA. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, adhiero plenamente a lo planteado por los diputados de mi bancada que me antecedieron en el uso de la palabra sobre el tema de la descentralización del país. A medida que pasa el tiempo, se va concentrando el gasto en la Región Metropolitana. No dudo de que la gente de Puente Alto necesita el Metro, pero lógicamente esto va en desmedro del resto de las regiones.
En segundo lugar, pido oficiar al ministro del Interior para que, a través del Fondo Social de Ayuda a la Cesantía, complemente los planes de trabajo de emergencia para las comunas de San Pablo, de Osorno, y de San Juan de la Costa. Esto, debido a que existe un desbalance en cuanto a la asignación de los programas de cesantía para el resto de la región en perjuicio de la provincia de Osorno.
En la reciente visita del Presidente de la República, don Ricardo Lagos, a la comuna de San Pablo, los pobladores le solicitaron mayor cantidad de cupos laborales, y el Presidente habría manifestado su conformidad. Por eso, es importante recordarle al ministro del Interior que asigne los recursos necesarios a la brevedad posible.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores Egaña , Escobar , Bayo, Jaramillo y Sánchez.
NECESIDAD DE MAYOR INVERSIÓN PÚBLICA EN PROVINCIA DE OSORNO. Oficio.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , por otra parte, pido que se oficie al subsecretario de Obras Públicas para que nos explique cuál fue la inversión en los años 2000, 2001 y 2002 en las provincias de la Décima Región con el objeto de saber claramente si Osorno se encuentra en desbalance. Hace un par de semanas, el subsecretario visitó la zona y al preguntársele por el desbalance de la inversión regional respecto de las obras públicas, respondió desconocer esta situación.
También pido que el subsecretario informe sobre el documento emanado del Ministerio de Planificación y Cooperación, relacionado con desafíos regionales 2000-2010, en el cual claramente queda de manifiesto que la inversión pública en la provincia de Osorno alcanzó sólo a 10,5 por ciento; en cambio en la provincia de Llanquihue llegó a 39,09; en la provincia de Valdivia, a 25,81; en la provincia de Chiloé, a 14,82 y en la provincia de Palena, a 9,53.
Señor Presidente , su Señoría comprenderá que por la cantidad de habitantes que tenemos el 10 por ciento significa prácticamente un desequilibrio. Queremos saber por qué se le discrimina a la provincia de Osorno.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señor Andrés Egaña , Mario Escobar , Francisco Bayo , Enrique Jaramillo y Leopoldo Sánchez.
ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA AGUA POTABLE EN LA LIGUA, PETORCA Y CABILDO. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella.
La señora MELLA (dona María Eugenia).-
Señor Presidente, cada vez que se pone en marcha una nueva obra de las empresas de servicios sanitarios, de acuerdo con la normativa vigente, se ven afectadas las tarifas que deben pagar los usuarios.
Por ello, quiero manifestar mi preocupación porque el funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de Esval, en la comuna de La Ligua, ocasionará un alza de las tarifas en las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo , lo que, sumado a las dificultades que enfrenta actualmente la asignación de subsidios y a las altas tasas de desempleo, producirá un impacto mucho más fuerte, sobre todo en los sectores afectados.
Por eso, solicito que se oficie al ministro del Interior para que haga llegar al intendente de la Quinta Región la solicitud de agilizar la asignación de subsidios con cupos disponibles, en particular en las comunas afectadas.
Además, pido que los fondos y los cupos asignados en enero de 2002 para la Quinta Región y no utilizados, sean redistribuidos entre esas comunas. Así, los recursos quedarán en la región.
Asimismo, solicito que se oficie a la ministra de Mideplan para que informe sobre las adecuaciones necesarias al sistema de subsidios al agua potable y alcantarillado, especialmente respecto de las condiciones para optar a los tramos 1 y 2, que actualmente dificultan su asignación, el cual es tan necesario sobre todo ahora, porque el alza de tarifas comenzó a implementarse a partir del 15 de junio.
Por último, solicito que se envíe copia de esta intervención a los alcaldes de La Ligua, de Petorca y de Cabildo, y a las uniones comunales de juntas de vecinos de esas tres comunas.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo señalan, de lo cual se está tomando debida nota.
APOYO A REFORMA DE LA SALUD. Oficio.
La señora MELLA (doña María Eugenia).-
Señor Presidente , por otra parte, deseo referirme a la gran reforma de salud que está impulsando el Gobierno y al tema de la paralización de los funcionarios de ese sector.
Deseo manifestar mi preocupación por los usuarios frente a estas movilizaciones, sin perjuicio de reconocer las legítimas aspiraciones de los funcionarios. En consecuencia, solicito, como lo he hecho directamente a los gremios, que estudien formas de expresar su descontento y de buscar soluciones a los conflictos o a las divergencias de opinión que se susciten en las negociaciones con el Gobierno y que no afecten a los usuarios.
Una reforma de este tipo no puede hacerse sin la participación de los gremios. Por lo tanto, se debe poner el énfasis en el respeto a la dignidad de los funcionarios de la salud, recurso que me parece valioso e imprescindible para llevar adelante todas estas transformaciones tan necesarias. Quiero expresar mi apoyo al Gobierno por llevar adelante con tanta fuerza esta profunda reforma a la salud y respaldar su preocupación porque los sectores más pobres tengan una atención de calidad, similar a la que se puede acceder en la oferta privada.
Concuerdo absolutamente con todas las medidas que vayan en contra de la discriminación de las mujeres y de los adultos mayores, así como también concuerdo en la focalización del subsidio estatal en los sectores de más bajos ingresos.
Entiendo que la reforma producirá diversas reacciones en la sociedad y tengo claro que no habrá reforma sin una mejoría en la gestión de los servicios de salud, tanto privados como públicos. En consecuencia, es indispensable efectuar modificaciones y cambios no sólo al sistema de Fonasa, sino también al de las isapres.
Deseo manifestar mi opinión respecto de la reacción que ha tenido el sector privado, la que me parece destemplada, en la cual ha privilegiado la defensa del negocio por sobre el sentido de servicio. En consecuencia, rechazo las expresiones del presidente de la Asociación de Isapres , quien, sin tapujo, comparó hace algunos días la actividad de las isapres con la de un supermercado. El señor Merino no tiene en consideración la naturaleza propia de una institución que trabaja en un ámbito tan sensible como el de la salud.
Deseo enfatizar que sin reforma en las isapres seguirá la discriminación en contra de los adultos mayores, de las mujeres en edad fértil y de quienes contraen una enfermedad crónica, así como la desprotección de los afiliados a una isapre declarada insolvente y de los cotizantes cautivos.
Solicito que se oficie al ministro de Salud con el objeto de hacerle llegar copia de mi intervención.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE FERIAS LIBRES DEL DISTRITO 25. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , como es sabido, en nuestro país existen ciertas tradiciones, las que, con el correr del tiempo, se transforman en instituciones vitales para el desarrollo social y económico de las comunidades. Una de ellas es la de las ferias libres, que han comenzado un histórico proceso, a través de las denominadas ferias modelo, que, con el apoyo del Fosis, permite capacitar a los feriantes y mejorar y ordenar los puestos.
El 24 de noviembre de 1999 se dictó un decreto supremo del Ministerio de Salud que dispuso que los puestos, casetas y carros, así como los lugares en que a futuro se emplacen en las ferias, deberán contar con lavamanos, sistemas de refrigeración eléctricos y conexión a la red de agua potable y de alcantarillado, en un plazo que finaliza en noviembre de este año, lo que me parece de real importancia.
A raíz de reuniones y conversaciones sostenidas con organizaciones que agrupan a esos trabajadores en el distrito 25, he llegado a la conclusión de que debemos preocuparnos de que el proceso de modernización permita la sobrevivencia de esta actividad frente a la competencia, por ejemplo, de las grandes cadenas de supermercados, eso sí velando por la salud de las personas que consumen los alimentos manipulados en las ferias.
Por lo anterior, solicito oficiar al ministro de Salud con el objeto de que nos informe acerca del grado de avance de este proceso, las acciones realizadas y la información que maneja el ministerio respecto del cumplimiento de la normativa señalada; vale decir, cuál es a la fecha tope para efectuar las modernizaciones; el grado de avance respecto de lo señalado en los artículos 74.a y 74.b del reglamento sanitario de alimentos, introducidos por el decreto supremo Nº 824, de 24 de noviembre de 1999, así como por el decreto Nº 977, de 6 de agosto de 1996, ambos de dicha Cartera.
Este proceso no es menor, porque supone un cambio cultural no sólo de los locatarios, sino también de los usuarios, quienes mantienen la cultura popular de preferir las ferias.
Ruego enviar el oficio al ministro, con copia a la Asociación de Ferias Libres y a los municipios del distrito que represento, porque es importante que ellos también tengan presente esta inquietud.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
MODIFICACIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente , la Cámara y el Senado aprobaron por unanimidad un proyecto que tuve el honor de elaborar, lo que permitió promulgarlo rápidamente como ley. Ahí se establece la obligatoriedad de que exista una revisión de los proyectos de estructuras; es decir, que el trabajo de los ingenieros, de los arquitectos y de quienes hacen proyectos de cálculo estructural, el llamado vulgarmente “plano de cálculo”, sea revisado por una segunda instancia. Debido a que estamos en un país sísmico, resulta absurdo que sólo se revisen los planos de arquitectura y no los de cálculo estructural. Eso es lo que señala la ley, pero después debe dictarse un reglamento. He seguido el proceso de elaboración de ese reglamento y he tomado contacto con la Asociación de Ingenieros de Cálculo Estructural y con la de Sismicidad.
Como estoy preocupado, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales con el fin de conocer cómo culminará dicho reglamento.
Primera pregunta: ¿En qué situación se encuentra el texto del reglamento para el establecimiento de las distintas materias contenidas en este mandato legal?
Segunda pregunta: ¿En qué situación están y cuáles son las propuestas de modificación de la ordenanza general de construcciones?
Formulo estas interrogantes porque aquí sucede algo muy delicado, que es parte del fundamento de la petición de oficio. Una cosa es acompañar el proceso, y otra, vigilarlo con más detalle. En una misiva firmada por el señor Fernando Yáñez , presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, se manifiesta que se estaría ante una situación grave y delicada por la manera como se está elaborando dicho reglamento.
Se formó el respectivo comité, de acuerdo con lo que preceptúa la ley de revisores de cálculo estructural, el cual propuso un conjunto de modificaciones a la ordenanza y al reglamento. Sin embargo, el ministerio redactó el texto definitivo, que contiene ocho puntos para modificar la ordenanza y 24 para modificar el reglamento.
Respecto de este texto, los ingenieros señalan que: “del estudio de los antecedentes descritos, lamentablemente opinamos que los documentos que ha elaborado el ministerio -creo que el ministro no sabe esto, y hay que ayudarlo para que las cosas se hagan bien- atentan contra el espíritu y la letra de la ley pertinente -que acabamos de aprobar-, ya que deja sin revisión obligatoria la gran mayoría de las estructuras vulnerables y con peligro evidente para sus ocupantes, muchas veces muy numerosos. Y la revisión será realizada por profesionales que no serán, necesariamente, idóneos, sin dejar de lado que el control de la revisión será prácticamente nulo”.
En una carta le manifestaron al ministro que si se aprobaran esos documentos en la forma como, al parecer, se presentaron a la Contraloría, el gremio se vería obligado a oponerse fuertemente, por todos los medios posibles, a las revisiones de los proyectos de estructura. Le entregaron un análisis comparativo, en el cual las diferencias más graves se plantean en los edificios por revisar, en el establecimiento de la responsabilidad del revisor, en el alcance de la revisión, en los requisitos para ser revisor, en la composición de la comisión de revisores y en el sistema de resolución de controversias.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
OBSTRUCCIÓN DE LABOR FISCALIZADORA DE PARLAMENTARIO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , en el desempeño del cargo de parlamentario, especialmente cuando he acometido con seriedad las labores de fiscalización de los actos de Gobierno, en conformidad con las potestades constitucionales de que he sido investido, he podido percibir la forma en que algunas autoridades públicas no sólo se molestan o incomodan con mi labor, sino que muchas veces -como ésta que relataré-, por la vía del recurso meramente formal, obstruyen el ejercicio de esta esencial función parlamentaria.
Hace algunas semanas, pedí, mediante oficio al ministro de Economía , el envío de copias autorizadas de las declaraciones de intereses de quien fuera subsecretario de Pesca , señor Daniel Albarrán , pues existen serios antecedentes que hacen pensar que pudo haber desarrollado actividades oficiales incompatibles con su calidad de empresario de uno de los sectores económicos respecto de los cuales poseía potestades ordenadoras y reguladoras, como es el acuícola.
Pues bien, en un acto que no entiendo, por lo absurdo, el ministro de Economía , señor Jorge Rodríguez Grossi , se arroga el derecho de pedirle al propio señor Albarrán, quien ahora ocupa el cargo de director ejecutivo del Sistema de Empresas Públicas de la Corfo , que él responda a la Cámara. O sea, el fiscalizado se preocupa de responder y no el ministro a cargo de la Car-tera.
Más allá de la falta de consideración y de respeto reflejada en esta actitud, el hecho se agrava, pues el señor Daniel Albarrán no sólo no responde a título individual, sino que, además, no envía el antecedente solicitado, y nos indica que debemos dirigirnos a la Contraloría General de la República, donde quedan archivados esos documentos. Es decir, obstruye la labor de fiscalización, pues es obvio que debería guardar copia de las señaladas declaraciones de antecedentes.
Atendido lo anterior, solicito oficiar al ministro de Economía para reclamar por su actitud; al señor Daniel Albarrán , para hacerle presente su obstrucción manifiesta, y al contralor general de la República , a fin de que envíe las declaraciones de intereses del señor Albarrán, en copias autorizadas, durante el tiempo que ejerció como subsecretario de Pesca. Finalmente, que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para expresarle nuestra desazón por la forma tan evidente en que se burlan las potestades de los diputados por parte de un ministro de Estado.
Solicito que copia de esta intervención sea entregada por la Secretaría de la Corporación a todos los Comités y a la Mesa, a fin de que este tema sea puesto en tabla para la próxima reunión de Comités, pues considero que se han violentado en forma aberrante nuestras prerrogativas de fiscalización ante la actuación de órganos públicos y de sus funcionarios.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE COSTO DE APLICACIÓN DE PROGRAMA “ORÍGENES”. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , hace algunos meses di a conocer en la Cámara los serios problemas que involucra el denominado programa público “Orígenes”, que significa, al menos en su modelo y bases programáticas, una importante ayuda para las comunidades indígenas aimara, atacameña, mapuche y huilliche del país.
Al parecer, mis palabras fueron premonitorias, pues lamentablemente ocurrió todo lo señalado en aquella ocasión. El programa, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, se está transformando en un gran fiasco, lo que ha llevado al ministerio del ramo a pedir la renuncia del funcionario a cargo de su dirección nacional.
Señalé que había problemas de diseño, falta de información actualizada sobre emplazamiento y características de las comunidades indígenas, en especial de las de la Décima Región.
También denuncié la utilización política del programa, lo que sostengo, con las consecuentes deficiencias para la eficacia y buen cometido de las labores a cargo de esas personas, que son obras y acciones de bien público para gente que vive en condiciones de marginalidad y miseria, lo que agrava más el caso.
Reconozco que lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero es así, y las informaciones que poseo sobre la materia son indesmentibles.
Luego de mi intervención realizada en la segunda semana de abril, hace más de dos meses, recién hoy ha respondido a mis reclamos el Mideplan, entidad a la que oficié para que me entregara una evaluación completa del programa y los datos exactos sobre los compromisos económicos que ha significado.
En atención a lo anterior y teniendo a la vista parte de la información solicitada, una vez más insisto en mi reclamo, y reitero los oficios solicitados con anterioridad a la ministra de Mideplan y al subsecretario del ramo, el último de los cuales está a cargo de la supervisión de todos los asuntos relacionados con los pueblos indígenas.
No he quedado conforme con la respuesta. Para muestra, un botón. A la pregunta de cómo se seleccionaron las comunidades favorecidas en este proceso, se responde que se realizó un proceso con consultas a informantes calificados a nivel regional, a autoridades públicas expertas en la temática indígena, a dirigentes indígenas, etcétera, lo cual permitió contrastar y ajustar la focalización realizada en la primera etapa.
Como diputado representante de las comunidades de Futrono, Panguipulli y Lago Ranco, en las que hay muchas comunidades indígenas y, por qué no decirlo, por ser un estudioso de la temática indígena, como es reconocido por las propias comunidades, no fui consultado para nada.
Aún más, hoy me siento abrumado por la gran cantidad de dineros ocupados en la administración del programa, sin que se advierta el más mínimo provecho en el mundo indígena, al cual se le crearon inmensas expectactivas por parte de quienes están administrando en forma tan deficiente dicho programa. Hablamos nada menos que de 58 millones en régimen en un comienzo. Luego, se dice, llegaría a 133.400.000 dólares.
Otro ejemplo que cuestiono y respecto del cual pido que se me informe, se refiere al monto gastado en administración en el año de funcionamiento del programa, así como respecto de las adjudicaciones a los distintos servicios licitados y el nombre de las consultoras favorecidas.
Además de solicitar estos datos a Mideplan, pido que se envíe copia de mi intervención a su Excelencia el Presidente de la República con la finalidad de llamar su atención sobre esta situación, que compromete, habida cuenta de los préstamos pedidos al Banco Interamericano de Desarrollo y el buen nombre del país ante este importante organismo financiero internacional.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
INVESTIGACIÓN DE USO DE FRANQUICIAS TRIBUTARIAS EN TRAIGUÉN POR EMPRESA DE CAPACITACIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO.-
Señor Presidente , quiero abordar dos temas. El primero, se refiere a una materia que el martes pasado denuncié en esta honorable Corporación: las irregularidades detectadas en Traiguén en el uso o, más bien, en el mal uso de franquicias tributarias por parte de una empresa de capacitación de esa comuna, acreditada por el Sence.
En esa ocasión pedí oficiar al ministro del Trabajo y al director nacional de Impuestos Internos. Hoy, frente a nuevas denuncias, solicito que se oficie al contralor general de la República , a fin de que se sirva disponer la investigación de eventuales irregularidades en que habrían incurrido funcionarios del Sence en la Región de La Araucanía y que se adjunten los antecedentes que oportunamente hice llegar a la Presidencia de la Cámara , relacionados con mi intervención del martes recién pasado.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
ALCANCES SOBRE PARO DE FUNCIONARIOS DEL SECTOR SALUD. Oficios.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, el segundo tema dice relación con lo que hoy conmueve a Chile: el paro de los funcionarios del sector salud.
No puedo dejar de expresar mi concordancia con las palabras de la diputada señora Mella y lamentar que los principales afectados sean los usuarios. Por tanto, pido a los dirigentes gremiales que busquen otra manera de demostrar su insatisfacción frente a lo que está sucediendo en relación con el debate sobre la reforma de la salud.
Estimo necesario precisar que no sólo corresponde a las isapres o a las acciones de sus dirigentes el clima de conflicto que hoy existe. Sería muy importante relacionar esta movilización de miles y miles de funcionarios con la influencia de un grupo minoritario de personas que ayudan a tener mejor calidad de salud en Chile. En esto debemos trabajar y actuar en conjunto, porque es un problema de país, y todos tenemos responsabilidades. Pero, insisto, me preocupan los usuarios.
A los actores que están en la Concertación, que son los principales gestores de la indefinición que hemos visto en los últimos días, les pido mayor reflexión en su conducta de hoy y de mañana.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
¿Su Señoría solicita que se oficie al presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud , Confenats?
El señor BAYO.-
No sólo de la Confenats, señor Presidente , sino también de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios del Sistema de Salud.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
ENTREGA DE RECURSOS A COMUNAS DECLARADAS COMO ZONAS DE CATÁSTROFE EN LA UNDÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente , la declaración de zona de catástrofe tiene como objetivo, en primer lugar, agilizar la asignación de recursos desde el nivel central a las regiones y, en segundo lugar, mejorar la coordinación entre los servicios públicos.
Pues bien, la comuna de Guaitecas, en la isla de Melinka, Undécima Región de Aisén, fue declarada zona de catástrofe en abril de este año, como consecuencia del fenómeno de la marea roja. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido un solo peso y, además, se evidencia una total descoordinación entre los distintos servicios públicos. La Subsecretaría de Desarrollo Regional alega que los proyectos no han llegado en forma oportuna, y culpa de ello a la Intendencia; ésta, a su vez, responsabiliza a la Gobernación, la cual culpa al encargado provincial del gobierno regional. En definitiva, ninguno de los dos objetivos que persigue la declaración de zona de catástrofe se han conseguido: no se agiliza la entrega de recursos a la comuna, pese a los múltiples proyectos presentados a las distintas instancias públicas, ni se mejora la coordinación entre servicios públicos.
Quiero saber qué pasa con los recursos para acondicionar el muelle gavionado de Repollal Alto, etapa III, por un monto de 5.974.000 pesos, presentado en abril de este año; además, ¿qué ocurre con las siguientes obras: construcción y reparación de las calles de acceso al puerto de Melinka ; construcción del muro gavionado del sector Repollal Bajo , etapa II; construcción del muro gavionado Repollal Bajo, tercera etapa; construcción del muelle y muro gavionado estero Álvarez , puerto de Melinka, y otros proyectos que han sido presentados y respecto de los cuales hasta ahora no se ha recibido un solo peso.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior y al subsecretario de Desarrollo Regional con el objeto de que se establezca de quién es la responsabilidad de que hasta ahora no hayan llegado los recursos a la comuna de Melinka, que sufre el fenómeno de la marea roja y cuya población, debido a esta descoordinación de los servicios públicos, no cuenta con recursos para desarrollarse. La declaración de zona de catástrofe no es sino una manifestación de buenas intenciones que, en la práctica, no ha surtido efecto alguno.
Me preocupa que ocurra lo mismo con la declaración de zona de catástrofe, como consecuencia de la nieve y de la escarcha, para Coihaique. La semana recién pasada, visitó la zona el subsecretario del Interior , señor Jorge Correa Sutil, quien dio a conocer la entrega de 10 millones de pesos para atender la emergencia, cifra que si bien todos los actores regionales agradecieron, es absolutamente insuficiente para abordar los múltiples problemas que la afectan a causa de esta emergencia.
Repito: no queremos que en la provincia de Coihaique ocurra lo mismo que hasta ahora ha sucedido en Melinka, donde la declaración sólo ha sido un saludo a la bandera.
Los siguientes son los proyectos que están en espera en Coihaique: programas de empleo, revestimiento y aislación de mil casas, erradicación de 160 familias de campamentos; obtención de un camión aljibe para la municipalidad de Coihaique, con un estanque de cinco mil litros; dotación a la comuna de una motoniveladora, de una retroexcavadora y de un camión tolva. Estos proyectos fueron presentados en distintas instancias públicas para atender la emergencia del momento y prepararse para futuras contingencias climáticas.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro del Interior y al subsecretario de Desarrollo Regional , con copia de mi intervención, para que nos digan cuándo serán financiados los proyectos presentados por la municipalidad de Coihaique, en especial los programas de mejoramiento urbano y distintos proyectos que han sido canalizados a través de las instancias que corresponden.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.
GESTIONES PARA ENFRENTAR EVENTUALES DAÑOS POR PRESENTACIÓN DE PRODUCTORES DE SALMÓN EUROPEOS. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, deseo pedir el envío de varios oficios.
En primer lugar, a la ministra de Relaciones Exteriores y al ministro de Economía , a fin de que nos informen si el Gobierno ha considerado la posibilidad de efectuar gestiones para evitar el daño que podría provocar a nuestro país la presentación hechas por productores de salmón congelado de Escocia e Irlanda, y dentro de qué plazos se llevarían a cabo, en atención a que ello ocurre en los precisos momentos en que Chile se está asociando con la Unión Europea.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y DECISIÓN SOBRE DESTINO DE CORPORACIONES VIALES DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor KUSCHEL.-
Por otra parte, pido que se oficie al alcalde de Calbuco y a la ministra de Educación con el objeto de que me informen sobre las fechas consideradas para la reposición de la escuela de Peñasmó, que se incendió hace quince días, y para la reparación de la escuela de la isla Kenu, que se encuentra en muy mal estado.
Finalmente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que informe qué hará con las cuatro corporaciones viales de la Décima Región y cuándo tomará una decisión al respecto, porque están funcionando en pésima forma y se siguen perdiendo recursos fiscales por la aplicación de una ley que criticamos en su momento, porque fue muy mal concebida y que ha demostrado todas sus falencias. Debe ponerse fin al despilfarro de ese chorro de recursos que podrían tener otro mejor uso.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ALCANCES SOBRE LA CRISIS QUE VIVE LA AGRICULTURA.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA.-
Señor Presidente , Chile necesita definiciones y una política clara para la agricultura, que hoy no existe. Sin duda, esto es así y estamos acostumbrados a enfrentar periódicos problemas que se agudizan de tiempo en tiempo, cuando la situación se torna más crítica en algún sector en particular.
Podemos hablar de productos, como las oleaginosas: maravilla y raps, con miles de hectáreas desaparecidas, y de otros productos, como arroz, leche, trigo, carne, vino, avena, etcétera.
Hoy es el turno de la remolacha; mañana puede ser cualquier otro producto. La remolacha representa sólo el 21 por ciento de los cultivos de Chile: una de cada 5 hectáreas. Miles y miles de empleos se encuentran en grave peligro de desaparecer y, con ellos, el comercio y el transporte de las regiones agrícolas.
El problema real radica en la agricultura, en general, que está sufriendo los rigores de una competencia desleal, generada por agricultores extranjeros que son apoyados con grandes ayudas, con enormes subsidios estatales ya existentes y con anuncios de otros nuevos, que representan millonarias sumas. Esto hace competir a nuestros productores con gobiernos y con bancos centrales tan poderosos como los de Estados Unidos o los de los países de la Unión Europea.
¿Por qué estos gobiernos subsidian y ayudan a su agricultura? Es importante contestar esta pregunta para buscar una solución y romper el círculo vicioso en que se encuentra nuestra agricultura. Lo hacen, sin duda, porque les conviene; si no fuera así, no lo harían. La ayudan porque hacerlo representa un costo menor; es más barato solucionar sus problemas que pagar el costo de su eventual desaparición o disminución de su importancia.
Cuando hablamos de los problemas de la agricultura, pensamos no sólo en el aspecto económico, sino también en el cultural, en el social, en una opción de vida, en su importancia geopolítica. Todo esto conforma un problema país. Las consecuencias de la crisis agrícola se viven desde hace mucho tiempo; no son de este año. Sin embargo, no se han advertido, no se quieren apreciar en su real dimensión, o bien no se quieren tomar las medidas para lograr soluciones reales, definitivas y serias.
Una de las consecuencias de la disminución del empleo que genera y generaba la agricultura en calidad -mano de obra menos calificada- y en cantidad -muchos miles-, es la gran y creciente migración de campesinos a la ciudad: varios cientos de miles cada año, que han creado los cordones de allegados alrededor de las grandes ciudades, principalmente de Santiago, hecho que genera violencia, delincuencia y uso de drogas como consecuencia del desempleo y de la pobreza. Son miles las personas desarraigadas de su hábitat natural.
La importancia de la agricultura en el producto geográfico bruto es enorme, y los recursos necesarios para resolver la crisis que la afecta son, lejos, muy inferiores a los requeridos para solucionar los problemas y consecuencias que se crean cuando ella desaparece.
Ésa es la razón por la cual la Unión Europea, los Estados Unidos y muchos otros países subsidian y ayudan sin medida a su agricultura, a fin de evitar el desastre social que causa su desaparición.
Eso es lo que los gobiernos chilenos no han aprendido y que no han tomado en consideración para adoptar decisiones en favor de nuestra agricultura; por el contrario, la hacemos competir con gigantes y la vemos agonizar sin piedad. Por otro lado, vemos crecer cada vez más los problemas que acarrean las migraciones del campo a la ciudad, de las regiones agrícolas a la Región Metropolitana, cuando lo lógico sería descentralizar y crear nuevos polos de desarrollo y de empleo en las regiones. Tratamos a la agricultura como un problema local, con remedios sólo sintomáticos, en circunstancias de que es global y requiere urgentemente soluciones generales y definitivas.
¡Los países que no siembran lo que comen, tarde o temprano tienen graves problemas!
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.17 horas.
GUILLERMO VITTA PÉREZ,
Jefe accidental de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil. (Boletín Nº 2906-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARIO FERNÁNDEZ BAEZA , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 2 de julio de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus anexos A y B, adoptados el 11 de diciembre de 1997, correspondiente al boletín Nº 2525-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3037 de 29 de agosto de 2000.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
3. Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recaído en la moción que modifica el artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados. (boletín Nº 2962-16)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento pasa a informar el proyecto de acuerdo, iniciado en moción del diputado señor Gonzalo Ibáñez Santa María y de la diputada señora Laura Soto González , a fin de abrogar el inciso segundo del artículo 203 del Reglamento de la Corporación, que establece la facultad de las comisiones para sesionar en cualquier localidad del país, por acuerdo de la mayoría absoluta del total de sus miembros.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Los autores de la iniciativa sostienen que la atribución de estas entidades legislativas, de reunirse en lugares distintos del territorio nacional constituyó una enmienda reglamentaria que introdujo una profunda y honda distorsión en la filosofía que tradicionalmente fundamentó aquella norma contenida en el inciso primero del artículo 203, que preceptúa de manera clara y categórica que las comisiones deben reunirse en las Salas destinadas a ellas en el edificio o local que ocupe la Cámara Baja, sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 230, que autoriza a dichos órganos para realizar visitas inspectivas fuera del recinto de la Corporación.
Asimismo, puntualizan que desde el instante en que se introdujo la enmienda comentada, las comisiones estuvieron en condiciones de conocer proyectos de ley y adoptar acuerdos en lugares distintos al que tiene su sede el Congreso Nacional, y que la disposición que autoriza las visitas inspectivas no habilita a las comisiones, ni siquiera por la unanimidad de sus integrantes, para tomar acuerdos inherentes a una sesión formal.
En concepto de quienes suscriben el proyecto en informe, la incorporación del inciso segundo en el artículo 203 transgrede peligrosamente normas de orden constitucional y legal, por cuanto las determinaciones que adopten las comisiones en ese tipo de sesiones y los documentos que de ella emanen en tales circunstancias carecerían de valor y adolecerían de nulidad, ya que, a juicio de los autores, viciaría la tramitación misma de los proyectos de ley y haría imposible su saneamiento posterior. Además, los diputados no serían inviolables por las opiniones que manifestaren ni por los votos que emitieren en tales reuniones.
A mayor abundamiento, las razones con que los diputados impulsan esta iniciativa son las siguientes:
a) La Carta Constitucional, en el número 17) de su artículo 60, establece que es materia de ley la ciudad en que debe celebrar sus sesiones el Congreso Nacional, la que, por ley Nº 18.678, fue fijada en Valparaíso.
b) En opinión del diputado Ibáñez y de la diputada Soto , el término “sesión” incluye, sin lugar a dudas, tanto a las sesiones de Sala como a las de Comisiones, reafirmado por el inciso primero del artículo 58 de la Ley Matriz que estatuye que los congresales “sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en sesiones de Sala o de Comisión”.
c) Que las sesiones realizadas fuera de Valparaíso no constituyen propiamente sesiones ni de Sala ni de Comisión, porque en ellas los legisladores no se encuentran en el ejercicio de sus cargos y, por consiguiente, carecen de inviolabilidad en los términos del artículo 58 del Código Político.
d) Que la disposición cuya abrogación se solicita infringe lo prescrito en el artículo 21 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, que ordena que los proyectos que se encuentren en primer o segundo trámite constitucional y las observaciones del Jefe del Estado , deben ser objeto de informe por parte de la correspondiente comisión permanente, pues, como corolario de esta transgresión, los proyectos así tramitados no podrían convertirse en ley, ya que los órganos del Estado necesariamente deben someter su actividad a la Carta Fundamental y a los preceptos dictados con sujeción a ella, pues de lo contrario sus actos carecerían de valor, conforme lo preceptúa el artículo 7º de la Ley Suprema.
II. IDEA MATRIZ DE LA INICIATIVA.
Como ya se expresara en el capítulo anterior, la idea matriz de esta iniciativa tiene por objeto suprimir la facultad reglamentaria de que disponen las comisiones para sesionar fuera de la ciudad sede del Congreso Nacional.
III. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DE LA INICIATIVA.
Durante la discusión del proyecto de acuerdo, diversos señores diputados reiteraron que el antecedente histórico sobre el funcionamiento de comisiones en una ciudad distinta de donde tiene su asiento el Congreso Nacional, es una disposición que autoriza realizar visitas inspectivas, pero que, a su vez, especifica que tales actividades en ningún caso tienen el carácter de sesiones.
Se recordó que en 1998, mediante la incorporación de un inciso al artículo 203, se facultó a estas entidades legislativas, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, a sesionar en un lugar diferente de Valparaíso.
Se observó que este hecho se ha agudizado con el correr del tiempo, generándose un aumento considerable de las comisiones que sesionan fuera de la sede, especialmente, en Santiago, y que, de no resolverse esta situación, que vulnera abiertamente la Carta Fundamental y la ley, algunos congresales recurrirían al Tribunal Constitucional respecto de proyectos que se hubieren tramitado con esta modalidad. Asimismo, se hizo presente que se ve afectada la inviolabilidad parlamentaria, que la Constitución consulta respecto de las opiniones emitidas en el plenario y en las salas destinadas a las comisiones.
Se dejó constancia por diversos señores diputados de que el proyecto en informe no persigue entrabar la actividad de la Corporación, sino que tan sólo evitar que se incurra en una transgresión de la Carta Fundamental y de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
De igual forma, se explicitó que el artículo 230, que consulta las visitas inspectivas, continúa vigente, lo que permite a las comisiones acopiar in situ los antecedentes que sean necesarios para, posteriormente, resolver informadamente y dar de ese modo cumplimiento a sus cometidos en una sesión formal en la sede del Palacio Legislativo.
Sometido a votación el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad tanto en general como en particular.
-o-
En consecuencia, en mérito de las consideraciones expuestas y de los demás antecedentes que os dará a conocer el señor diputado informante , vuestra Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recomienda aprobar el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO:
“Artículo único.- Suprímese el inciso segundo del artículo 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados.”.
Se designó diputado informante al señor Gonzalo Ibáñez Santa María.
Sala de la Comisión, a 2 de julio de 2002.
Acordado en sesión celebrada el día 2 de julio de 2002, con la asistencia de la señora Muñoz , doña Adriana ( Presidenta ); Salas, don Edmundo (Primer Vicepresidente ); Letelier, don Juan Pablo (Segundo Vicepresidente ); García, don René Manuel ; Galilea, don Pablo , Ibáñez, don Gonzalo , Mora, don Waldo ; Muñoz, don Pedro ; Ojeda, don Sergio ; Pérez, don Aníbal ; Pérez, don José ; Recondo, don Carlos ; Soto, doña Laura ; Tapia, don Boris ; Ulloa, don Jorge y Vargas, don Alfonso.
(Fdo.): CARLOS LOYOLA OPAZO, Secretario de la Cámara de Diputados”.
4. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano sobre el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, con objeto de establecer normas sobre arquitectura y construcción para la prevención y seguridad en materia de evacuación de gases. (boletín Nº 2739-14)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, en primer trámite constitucional, de origen en una moción, patrocinada por las diputadas señoras Caraball , doña Eliana , y Saa , doña María Antonieta , y los diputados señores Bustos, don Juan ; Hales, don Patricio ; Jaramillo, don Enrique , y los ex diputados señores Bartolucci, don Francisco ; García, don José ; Huenchumilla, don Francisco ; Martínez, don Gutenberg , y Mesías, don Iván.
La iniciativa legal tiene por objeto mejorar las condiciones de seguridad en las viviendas acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria, mediante normas que faciliten la fiscalización y prevención de los riesgos derivados de las construcciones y cambios de diseño efectuados por los usuarios en las unidades y en los bienes de dominio común y de la instalación de artefactos a gas, sin las autorizaciones de los organismos competentes.
Cabe hacer presente que el proyecto fue aprobado por unanimidad, tanto en general como en particular.
Asimismo, debe consignarse que el artículo único debe votarse con quórum simple y que no requiere trámite de Hacienda.
Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia y participación del subsecretario de Vivienda y Urbanismo subrogante, señor Héctor López ; de la asesora de esa Secretaría de Estado señora Jeannette Tapia ; del superintendente de Electricidad y Combustibles , señor Sergio Espejo ; del ingeniero señor Ernesto Sariego y del abogado señor Iván Moreno , ambos funcionarios de dicho organismo fiscalizador.
I. ANTECEDENTES.
Los autores de la moción sostienen que la investigación efectuada por la honorable Cámara de Diputados y lo aseverado por especialistas con competencia en la materia, han establecido que las muertes y daños a la salud provocados por emanaciones de gas en el interior de las viviendas se producen por una serie de situaciones complejas, cuya solución se obtendrá a través de diversas acciones e instrumentos normativos que la comunidad organizada debe disponer o, en otros casos, corregir.
Según los diputados patrocinantes, existen un sinnúmero de motivaciones, circunstancias, actuaciones o causas que ponen en peligro la vida y la salud de los moradores de una vivienda, pero dos de éstas revisten trascendencia por los efectos letales que han alcanzado:
1) Las transformaciones de arquitectura que los usuarios efectúan dentro de sus inmuebles, sin permiso de los organismos correspondientes y sin cumplimiento de las normas de evacuación de gases, y
2) La instalación de artefactos a gas u otros que movilizan las masas gaseosas en el interior de las viviendas, por medio de personal no calificado y sin las correspondientes autorizaciones.
Como consecuencia de lo obrado por esta Comisión, la honorable Cámara aprobó propuestas de distinta índole para enfrentar el tema de la contaminación intradomiciliaria por emanaciones de monóxido de carbono, entre las cuales pueden destacarse, en lo que se refiere al contenido de este proyecto, las relacionadas con la necesidad de educar a los usuarios con objeto de impedir que se efectúen alteraciones en los proyectos originales de las construcciones sin la asistencia de profesionales competentes y sin las autorizaciones municipales, y de proponer que se consagre, por medio de una modificación legal, la prohibición de instalar artefactos a gas por medio de instaladores no autorizados.
Los inmuebles acogidos al régimen de copropiedad representan un ámbito importante para introducir una modificación en el sentido precedentemente indicado, en razón de la habitualidad con que se producen algunos cambios en los espacios comunes de los edificios donde se altera la ventilación de gases, y de los efectos que suelen sufrir las viviendas que los conforman como consecuencia de dichas modificaciones.
Se estima que las mencionadas proposiciones pueden materializarse mediante regulaciones que, por una parte, impidan que los copropietarios efectúen transformaciones de arquitectura en sus viviendas sin permiso de los organismos competentes y que, por otro lado, exijan que las instalaciones de artefactos a gas sean realizadas a través de personal calificado y con la aprobación de la autoridad competente en materia de gas.
Si bien la ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, impide las construcciones en bienes de dominio común, las alteraciones de los mismos, sus formas de aprovechamiento y el cambio de su destino, en la práctica los deja entregados a la simple voluntad de la asamblea de copropietarios o a las disposiciones del reglamento de copropiedad, según lo dispone el artículo 13.
II. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL.
La iniciativa legal tiene por objeto mejorar las condiciones de seguridad en las viviendas acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria, mediante normas que faciliten la fiscalización y prevención de los riesgos derivados de las construcciones y cambios de diseño efectuados por los usuarios en las unidades y en los bienes de dominio común y de la instalación de artefactos a gas, sin las autorizaciones de los organismos competentes.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto introduce modificaciones en los incisos primero y tercero e incorpora un inciso final, nuevo, en el artículo 13 de la ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria.
Mediante la primera de ellas, propone agregar un párrafo final en el inciso primero, con objeto de disponer que, tratándose de la ejecución de obras, transformaciones o construcciones, sean en bienes de dominio común o en las unidades que forman parte del condominio, que impliquen alteraciones de los proyectos de arquitectura en cuanto a que impidan, dificulten o alteren el volumen de aire disponible en los espacios utilizables por las personas o en espacios y superficies destinados a la ventilación, se deberá contar con un estudio aprobado por la autoridad competente en materia de gas, el permiso de la respectiva Dirección de Obras Municipales y el acuerdo de la asamblea de copropietarios.
En segundo término, se incorpora un párrafo final en el inciso tercero, con el propósito de establecer que el propietario, arrendatario u ocupante de una unidad, sólo con la aprobación de la autoridad competente en materia de gas y por medio de un instalador autorizado, podrá realizar dentro de ella instalaciones de artefactos a gas, ventilaciones, inyectores o extractores que modifiquen el movimiento y circulación de masas de aire.
En tercer lugar, por medio de un inciso final, nuevo, se establece que el propietario, arrendatario u ocupante de una unidad que no acreditare ante el administrador el cumplimiento de los requisitos señalados con precedencia será sancionado, con multas de una a tres unidades tributarias mensuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 32.
IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR.
En la discusión habida en la Comisión se tuvo presente que en aquellos condominios en los que han ocurrido accidentes provocados por emanaciones de gas existe una suerte de iniciativa particular de quienes los habitan en orden a diseñar y construir por su cuenta, sin solicitar los permisos correspondientes, lo cual implica alteraciones en la arquitectura, transformaciones en el volumen de los recintos y en las masas de aire, con el riesgo consiguiente.
Se sostuvo que las modificaciones más comunes están orientadas a aumentar la superficie de las unidades, ocupando para ello las “loggias”, los patios de servicio y de luz, entre otros recintos, donde generalmente están instalados los calefones, los calefactores a gas, las calderas a gas y las centrales combinadas de alta eficiencia. En muchas ocasiones se unen los espacios correspondientes a la cocina y a la “loggia”, donde usualmente está instalado el calefon. Esto implica incorporar este artefacto de gas a un recinto menos ventilado, lo cual perjudica al usuario, pues trae como consecuencia que las emanaciones de monóxido de carbono ocasionadas por un mal funcionamiento de ese artefacto se produzcan en el interior de la unidad.
Tanto el subsecretario de Vivienda y Urbanismo subrogante señor Héctor López , como el superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Sergio Espejo , destacaron la importancia de este proyecto y la conveniencia de legislar con objeto de evitar los problemas que esta iniciativa legal pretende resolver.
Particularmente, el superintendente señaló que la moción no sólo responsabiliza a los propietarios, arrendatarios u ocupantes de las unidades respecto de las alteraciones en los proyectos de arquitectura y de las instalaciones de artefactos a gas que realicen, sino que pretende, además, informar en mejor forma a las comunidades de usuarios en materia de evacuación de gases. Sin embargo, no existe razón alguna que justifique que el organismo a su cargo deba dar su aprobación en tales situaciones, por cuanto el sistema está concebido únicamente para garantizar el desempeño adecuado de los instaladores autorizados y de las empresas distribuidoras o constructoras y para aplicar las sanciones cuando corresponda, con objeto de impedir que ejerzan este tipo de actividades en forma negligente.
No obstante lo anterior, hizo hincapié en que las ideas contenidas en el proyecto en torno a responsabilizar a los propietarios por la mantención y alteración de sus instalaciones y a garantizar que aquéllas se efectúen sólo por medio de instaladores autorizados, así como las relativas a las responsabilidades que asisten a los administradores y a los comités de administración en cuanto a mantener en perfecto estado de conservación los ductos colectivos de evacuación, se encuentran contenidas en el Reglamento de Instalaciones Interiores de Gas.
La diputada señora Caraball , doña Eliana , y el diputado señor Pérez, don Víctor , resaltaron la importancia de incorporar en la ley sobre copropiedad inmobiliaria la regulación en comento, por tratarse de un cuerpo legal que tiene mayor jerarquía y que, por ende, suele ser más conocido y aplicado por la ciudadanía que la normativa reglamentaria existente en materia de gas.
Particularmente, el señor Pérez, don Víctor , consideró necesario fortalecer la función fiscalizadora de las direcciones de obras municipales y de la Superintendencia, y aumentar el valor de las multas que se establecen como sanción, en razón de que el monto contemplado en el artículo 32, que se propone aplicar para estos casos, no consigue inhibir el comportamiento irresponsable que suele presentarse en los condominios en relación con las instalaciones de artefactos de gas o con las modificaciones de los proyectos de arquitectura.
El diputado señor Galilea, don José Antonio , manifestó preocupación en el sentido de que establecer la exigencia del acuerdo de la asamblea, además del permiso de la Dirección de Obras Municipales, para ejecutar obras o transformaciones que impliquen alteraciones en el proyecto de arquitectura, pueda ser objeto de dificultades e implicar un impedimento para los copropietarios.
En este tema, el diputado señor Hales, don Patricio , no fue partidario de prescindir del mencionado acuerdo, toda vez que se dejaría al criterio de la Dirección de Obras Municipales la decisión de la ejecución de una obra, respecto de la cual los demás copropietarios tienen derecho a pronunciarse.
Hubo consenso en orden a que esta iniciativa legal solamente propone restringir las transformaciones en los bienes de dominio común o en las unidades de los condominios que impliquen alteraciones de los proyectos de arquitectura en relación con el volumen de aire disponible en los espacios utilizables por las personas o en las superficies destinadas a la ventilación. De este modo, se cumple su objetivo tendiente a contribuir a mejorar la situación que existe en la actualidad en materia de evacuación de gases en los condominios, por cuanto se establecen los requisitos que deben cumplir los propietarios, arrendatarios u ocupantes que deseen efectuar obras, construcciones e instalaciones de artefactos de gas, así como también, las sanciones para el caso de incumplimiento de dichas exigencias.
Sin embargo, se planteó la necesidad de separar las materias contenidas en el proyecto de las consignadas en el artículo 13, por medio de un artículo 14 bis, nuevo, en consideración a que la moción regula situaciones que pueden producirse tanto en los bienes de dominio común como en las unidades de los condominios.
Por tal motivo, la diputada señora Caraball , doña Eliana , y los diputados señores Aguiló, don Sergio ; Galilea, don José Antonio ; Jiménez, don Jaime ; Hales, don Patricio ; Longueira, don Pablo ; Pérez, don Víctor , y Tapia, don Boris , presentaron la siguiente indicación sustitutiva:
Artículo único.- Agrégase el siguiente artículo 14 bis, nuevo, en la ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria:
“Artículo 14 bis.- Las construcciones o transformaciones de arquitectura que afecten el volumen de aire disponible en los espacios utilizables por las personas o en superficies destinadas a la ventilación, como asimismo, las obras que alteren las instalaciones de gas y los conductos colectivos de evacuación de gases, sean en bienes de dominio común o en las unidades de los condominios, deberán ser ejecutadas por una persona o entidad autorizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con el acuerdo de la asamblea de copropietarios y el permiso de la Dirección de Obras Municipales, cuando corresponda.
El propietario, arrendatario u ocupante a cualquier título de una unidad sólo podrá efectuar dentro de ésta instalaciones de artefactos a gas, de ventilaciones, de inyectores o extractores que modifiquen el movimiento y circulación de masas de aire, a través de la persona o entidad autorizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y previa comunicación al Administrador o a quien haga sus veces.
Si el propietario, arrendatario u ocupante a cualquier título de una unidad no cumpliere con lo prevenido en este artículo será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 32”.”.
-Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes.
-Por la misma votación, fue aprobada la indicación sustitutiva.
V. CONSTANCIAS.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
1. El proyecto fue aprobado, por unanimidad, tanto en general como en particular.
2. El artículo único del proyecto debe votarse con quórum simple.
3. En ejercicio de la facultad que le confiere el Nº 4 del artículo 287 del Reglamento, la señora Presidenta de la Comisión determinó que el proyecto no requiere cumplir trámite en la Comisión de Hacienda.
4. El artículo único del proyecto fue rechazado por la Comisión, por cuanto se aprobó una indicación que lo substituye.
-o-
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que dará a conocer la señora diputada informante , la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agrégase el siguiente artículo 14 bis, nuevo, en la ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria:
“Artículo 14 bis.- Las construcciones o transformaciones de arquitectura que afecten el volumen de aire disponible en los espacios utilizables por las personas o en superficies destinadas a la ventilación, como asimismo, las obras que alteren las instalaciones de gas y los conductos colectivos de evacuación de gases, sean en bienes de dominio común o en las unidades de los condominios, deberán ser ejecutadas por una persona o entidad autorizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con el acuerdo de la asamblea de copropietarios y el permiso de la Dirección de Obras Municipales, cuando corresponda.
El propietario, arrendatario u ocupante a cualquier título de una unidad sólo podrá efectuar dentro de ésta instalaciones de artefactos a gas, de ventilaciones, de inyectores o extractores que modifiquen el movimiento y circulación de masas de aire, a través de la persona o entidad autorizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y previa comunicación al administrador o a quien haga sus veces.
Si el propietario, arrendatario u ocupante a cualquier título de una unidad no cumpliere con lo prevenido en este artículo será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 32”.”.
-o-
Se designó diputada informante a la señora Caraball , doña Eliana.
Sala de la Comisión, a 3 de julio de 2002.
Tratado y acordado, en sesiones celebradas los días 19 de junio y 3 de julio de 2002, con asistencia de la señora Caraball , doña Eliana ( Presidenta ), y de los señores Aguiló, don Sergio ; Galilea, don José Antonio ; Hales, don Patricio ; Jiménez, don Jaime ; Longueira, don Pablo ; Norambuena, don Iván ; Pérez, don Víctor ; Robles, don Alberto , y Tapia, don Boris.
(Fdo.): ELENA MELÉNDEZ URENDA , Abogada Secretaria de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Álvarez-Salamanca y Palma.
Establece obligatoriedad de etiquetar origen de los productos transgénicos. (boletín Nº 2985-11)
“Considerando:
1. Chile forma parte del Convenio Internacional sobre Biodiversidad aprobado por decreto 1963 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 6 de mayo de 1995.
2. Que hay gran cantidad de organismos, alimentos o materias primas alimentarias que son o contienen organismos o parte de los mismos a los que se ha introducido material genético, de una manera que no se produce en la naturaleza por multiplicación o combinación natural, y que se encuentran en el mercado nacional e internacional (se adjunta listado).
3. Que el desarrollo de las investigaciones y aplicaciones de la biotecnología ha adquirido un poder efectivo como para cambiar la diversidad de las especies vivas en el planeta obtenidas por procesos de selección natural, o dirigida entre las mismas especies para fines productivos.
4. La conveniencia de preservar las distintas especies vivas de la naturaleza y las relaciones entre ellas y su medio ambiente y el que las personas puedan distinguirlas.
5. La conveniencia de cuidar que las especies vinculadas a las actividades productivas agrícolas, ganaderas, forestales o piscícolas, realizadas en modalidad de producción limpia, orgánica o natural, no se vean expuestas en sus ciclos y procesos reproductivos con organismos genéticamente modificados y se puedan distinguir y discriminar por parte de los consumidores.
6. Que los organismos genéticamente modificados utilizados en alimentación tienen riesgos de ocasionar daños a la salud pública como son baja en el sistema inmunológico, producción de alergias, toxicidad y enfermedades aún desconocidas (informe Ministerio de Salud adjunto).
7. Que existen en Chile extensas zonas aisladas, rodeadas de montañas, fiordos y canales que pueden constituir áreas de protección ecológica, así como de los sistemas productivos tradicionales y naturales que se realizan en ellas y que tienen un alto valor por el creciente mercado de productos de tipo orgánico y natural (Oficio Nº 150, 26-II-2001 del ministro de Agricultura y conclusiones Seminario-Taller Aisén por una producción limpia, una iniciativa para las regiones de Chile, Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y Ministerio de Agricultura XI Región, que se adjuntan).
8. La certificación de validez nacional e internacional de productos naturales u orgánicos requiere que no haya riesgos de intervenciones que afecten su condición o de que se incorporen organismos genéticamente modificados y que se tenga la información pertinente.
9. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de velar por que este derecho no sea afectado y de tutelar la preservación de la naturaleza, según señala el número 8 del art. 19 de la Constitución Política de la República de Chile.
10. El derecho natural y legal de conocer y de informarse de toda persona, a fin de decidir por sí mismos.
Es que venimos en presentar la siguiente:
MOCIÓN
OBLIGATORIEDAD DE SEÑALAR EN LAS ETIQUETAS
DE ALIMENTOS SU ORIGEN TRANSGÉNICO
Artículo 1
Por organismo genéticamente modificado o transgénico se entiende para los efectos de esta ley cualquier alimento o materia prima alimentaria que sea o contenga organismos en cualquier proporción, a los que se les haya introducido material genético de manera en que no se produce en la naturaleza por selección, multiplicación o combinación natural.
Artículo 2
Todos los productos alimentarios que sean o que en su elaboración se hayan usado total o parcialmente elementos, ingredientes o aditivos genéticamente modificados o transgénicos, deberán llevar en un lugar destacado de su envase o etiqueta, una leyenda impresa que establezca claramente este origen, y el de sus ingredientes la que deberá señalar en forma destacada lo siguiente: “Alimento de origen transgénico”.
Artículo 3
Los alimentos transgénicos que se expandan a granel sin envase deben incorporar una indicación claramente visible para el público consumidor que señale “alimento de origen transgénico”.
Artículo 4
La contravención a esta norma se penalizará con el inmediato retiro de los productos del mercado, en caso de reiteración con multas de 1 a 50 Unidades Tributarias Mensuales y si reincidiere en la infracción, se condenará al productor o fabricante con pena de presidio menor en su grado mínimo”.
Moción de los diputados señores Aníbal Pérez , Felipe Letelier , Hales y de la diputada señora Ximena Vidal.
Modifica la ley Nº 17.336 para combatir de mejor forma los delitos en contra de la propiedad intelectual y los derechos de autor. (boletín Nº 2986-07)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo previsto en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
Considerando:
1º Que la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual, tiene un estatuto propio que nace a partir de la propia Constitución Política de la República, que en su catálogo de derechos especialmente garantidos, contempla, en el artículo 19 Nº 25 “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular”.
Más aún, la Carta Fundamental, incluso se preocupa de especificar cuál debe ser el alcance de esta protección, al decir a renglón seguido que “El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley”.
2º La norma anterior debe entenderse complementada necesariamente con lo dispuesto en el artículo 19 Nº 10 inciso 6º que establece como un deber estatal el fomento de la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación, lo cual es muy relevante, por cuanto, es precisamente, la creación artística nacional, la que se ve limitada por el desarrollo de prácticas criminales que atenta contra los derechos de autor y de propiedad intelectual, ante lo cual, el estado y todos sus órganos, incluyendo este Parlamento, tienen el deber de actuar para prevenir y reprimir esta clase de hechos.
3º Que, por otra parte, el Constituyente ha dejado a la ley el desarrollo y el establecimiento de los dispositivos jurídicos concretos de protección, los que se encuentran en la ley Nº 17.336 “Sobre propiedad intelectual”, que data del año 1970, la que hoy se ve complementada por una serie de acuerdos internacionales suscritos por Chile, algunos ya ratificados por el Congreso Nacional y otros que aún están en el Senado en su trámite de aprobación legislativa; como son, por ejemplo, el “Convenio que aprueba el tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), sobre interpretación o ejecución y fonogramas, adoptado en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996. Aprueba tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ompi, sobre interpretación o ejecución y fonogramas, adoptado en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996.
4º Que, desde hace por lo menos 15 años, se han agudizado los problemas referidos a la protección efectiva de estos derechos. Ha sido por una parte la mayor producción de obras artísticas e intelectuales, que emplean una variedad cada vez más amplia de soportes (papel impreso, fonogramas, videogramas, programas computacionales, etc.); sumado a una mayor demanda efectiva de bienes de naturaleza cultural por parte de la población, lo que ha generado o contribuido al menos a generar una verdadera industria sumergida de la falsificación y comercialización ilegal de los productos que nacen fruto de la creación artística humana. Este fenómeno conocido comúnmente como piratería, encuentra a un aliado excepcional, en los nuevos instrumentos tecnológicos que permiten editar, copiar, grabar o regrabar en distintos soportes, con similar e igual calidad; instrumentos estos, que se venden libremente en el mercado sin ninguna clase de resguardo y protección, pues, obviamente han sido concebidos para fines distintos, de aquellos de índole criminal.
5º La piratería, que hoy se expresa más masivamente en la producción y comercialización de discos compactos de música, de imágenes o de programas computacionales, y en la edición de libros, es una actividad ilícita, que es llevada a cabo por verdaderas organizaciones criminales, que ordenan medios materiales (recursos financieros y tecnología) y humanos (grabadores, distribuidores, almacenadores y vendedores), para llevar a cabo estos delitos, ya sancionados por la legislación vigente.
De hecho, se calcula que sólo en Chile, los daños que ocasiona la piratería exceden la suma de los 200 millones de dólares, existiendo una curva ascendente, tanto en relación a los perjuicios que se ocasionan a los titulares de derechos patrimoniales, como en relación a la incidencia estadística de los delitos (más delitos con más efectos globales sobre las finanzas de la industria).
6º Que, lamentablemente, hasta el momento, la lucha contra esta clase de prácticas, que se lleva a cabo por parte de las policías, con la colaboración estrecha de los propios afectados, creadores, artistas, compañías discográficas y un sinfín de asociaciones de personas vinculadas a la industria cultural, no se ha detenido en un aspecto criminológico esencial, cual es que esta clase de ilícitos, actualmente contenidos en tipos precisos de nuestro Código Penal y de la Ley de Propiedad Intelectual, se cometen ya no sólo por personas individuales, sino que por verdaderas organizaciones criminales, por entes creados en vistas de lograr una asociación para cometer delitos. En definitiva y eso es lo que queremos dejar en evidencia al presentar este proyecto de ley, ya no se trata de abordar la represión por medio de la persecución del vendedor callejero, que tiene en su poder unas cuantas piezas piratas, sino que de lograr identificar a las organizaciones nacionales o extranjeras, con toda su compleja red de relaciones y centrar a partir de ello, los esfuerzos para desmantelar estas redes, en los niveles superiores, incluyendo a las personas que actúan como financistas de estas organizaciones y a quienes ejercen roles de mando y dirección superior. No hacerlo, significará poner en jaque el desarrollo de una floreciente industria, sino lo que es peor, el impedir que grupos y personas, talentosas, vean frustradas sus esperanzas de ser editados, al tener necesariamente los editores y empresas, que concentrar sus recursos y esfuerzos en asegurar un financiamiento de la actividad que es permanentemente amenazado por esta industria delictual paralela.
7º Que en Chile, lamentablemente, no contamos con una ley general que establezca instrumento o medios legales para luchar contra el crimen organizado. Son leyes penales especiales las que contiene dichos dispositivos, atendida la naturaleza del agente delictual, como sucede en el caso de la ley Antiterrorista y de la ley que sanciona el Tráfico de Drogas y Substancias Estupefacientes y Sicotrópicas.
En el caso de estas dos normas citadas y sobre todo en la ley de Drogas, hay instituciones, recogidas de la experiencia legislativa comparada, que permiten tanto a las policías como a los jueces ser más eficaces en la investigación de los delitos y la sanción de los responsables, las que a nuestro juicio deberían ser incorporadas a un título especial de la actual ley sobre Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, de forma tal, de dotarla de medios jurídicos eficaces para combatir en sus raíces los delitos contra los derechos de autor y propiedad intelectual.
8º Atendido lo anterior, es que en este proyecto de ley, los diputados que suscribimos, proponemos crear un título especial, en el cual se tipifiquen los delitos vinculados a la piratería, tanto la producción de las copias falsas como su comercialización, se aumenten sus penas y al mismo tiempo se incorporen modificaciones en materia de iter criminis y de participación criminal, para hacer más gravosa la sanción a estos delitos. Acto seguido, planteamos la autorización a utilizar algunas de las figuras investigativas que han demostrado ser más eficaces en la lucha contra el crimen organizado y que se encuentran actualmente contempladas en la ley de Drogas, y que tienen el mérito de ser institutos probados y conocidos por las policías y los jueces del crimen en Chile, por lo que su empleo para perseguir esta clase de ilícitos no debería generar mayores problemas.
9º En relación a la alteración de las normas generales sobre responsabilidad e iter delictual, postulamos la existencia de presunciones que faciliten la prueba de los delitos y de la responsabilidad de los sujetos que delinquen, de suerte tal de poder sancionar como autor de los delitos de falsificación y reproducción ilegal a quienes tengan en su poder los elementos necesarios para la reproducción ilegal de las obras o a quienes porten material falsificado, cuando por su volumen, sólo pueda entenderse que tiene fines de comercialización.
10º En relación a los mecanismos que permiten una lucha más eficaz contra las bandas organizadas, creemos razonable incorporar al menos las siguientes:
a) El establecimiento de la figura del agente encubierto, esto es, funcionarios policiales que ocultando su identidad oficial, son capaces de penetrar las bandas criminales para recoger pruebas o poder indagar sobre las estructuras organizativas y operacionales de las bandas.
b) Utilización de informantes pagados, o sea, de sujetos que no siendo agentes del Estado, pueden, previa autorización oficial, infiltrarse en las organizaciones e incluso fingir que cometen ilícitos, para luego entregar pistas a la autoridad judicial o policial.
c) La entrega vigilada, que es un medio para poder suspender la represión efectiva de un delito, con la finalidad de hacer un seguimiento de las mercancías de tráfico o comercialización ilícitas, para poder indagar la red de distribución o venta de una organización criminal y
11º Que en relación a la cuantía de la pena, estimamos imprescindible, perfeccionar los dos tipos penales sobre la materia, que permite reprimir esta clase de delitos.
En efecto, en primer lugar hay que modificar el artículo 79 letra b) de la ley sobre Derechos de Propiedad Intelectual, que solamente sanciona con la pena de presidio o reclusión menores en su grado mínimo (esto es, de 61 a 540 días de privación de libertad) y multa de 5 a 50 UTM, a quienes cometen delitos contra la propiedad intelectual, como es la reproducción y la adquisición con fines de venta y ánimo de lucro de las obras. Creemos, que este delito debería ser penado, al menos, con presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años y con presidio menor en su grado máximo, o sea, de 3 años a 5 años, en el caso de la existencia de asociación para cometer el delito, o cuando no existiendo ésta los daños económicos derivados de la falsificación excedan de 500 Unidades de Fomento. Asimismo, creemos necesario mantener las penas pecuniarias de multa, pero aumentarlas desde los márgenes actuales (5 a 50 UTM), a 10 a 50 UTM para las figuras individuales, y para las asociaciones criminales de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales.
12º Que a juicio de los autores, las modificaciones propuestas, que sin duda agravan las consecuencias legales de este delito, son razonables y sobre todo proporcionales a la gravedad de la lesión a los bienes jurídicos protegidos, que no son sólo el derecho de propiedad sobre los derechos autorales e intelectuales o sobre el derecho a la edición y comercialización exclusiva de los fabricantes y distribuidores, sino que también dicen relación de manera directa con la protección de la creación artística y la libre y completa difusión de la creación cultural, que es el valor superior que debería estar detrás de toda esta nueva legislación que venimos en proponer.
13º Que, finalmente, no podemos dejar pasar la oportunidad de insistir en el hecho de que es un deber del Estado hacerse cargo del combate de estos fenómenos delictuales cada vez más complejos. Nuestra experiencia reciente demuestra que cuando el aparato público no lo hace de manera eficaz y eficiente, se da pábulo para que organizaciones que legítimamente se sienten violentados en sus derechos, asuman actitudes impropias en la materia, generando campañas publicitarias, que buscan amedrentar a quienes se dedican a esta clase de actividades, pero que muchas veces, tienen un efecto contrario al buscado, toda vez que generan solidaridad con los delincuentes y crean animadversión en contra de quienes aparecen defendiendo sus derechos. Nos referimos a las campañas de “Tolerancia Cero” emprendidas por empresas del rubro informático, que incluso se han valido de medios que limitan en los márgenes de la legalidad para identificar a los falsificadores y comercializadores de copias de programas computacionales sin licencia. Con esas acciones, se hace un flaco favor a una causa noble, que debe ser apoyada desde el sector privado, pero que en los aspectos penales es resorte exclusivo del Estado, de los tribunales de justicia y de las policías.
Confiando en que la honorable Cámara entienda y comparta esta iniciativa legal, los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 17.336 “Sobre propiedad intelectual”.
1. Reemplázase el artículo 79 por el siguiente:
Artículo 79.- Cometen delito contra la propiedad intelectual y serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales:
a) Los que, sin estar expresamente facultados para ello, utilicen obras de dominio ajeno, protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18;
b) Los que, sin estar expresamente facultados para ello, utilicen las interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, con cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios establecidos en el Título II de esta ley;
c) Los que con ánimo de lucro, y en perjuicio de terceros, falsifiquen, reproduzcan, editen, plagien, distribuyan, comercialicen o comuniquen por cualquier medio, incluyendo los electrónicos y telemáticos, obras protegidas por esta ley, sean literarias, artísticas o científicas, o las editen, reproduzcan o vendan ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto;
d) Los que porten o tengan en su poder material falsificado o adulterado, y cuya posesión sólo sea explicable, atendida la existencia de un móvil de comercialización directa o distribución al público.
e) Los que fabriquen, pongan en circulación y tengan en su poder, cualquier medio destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de toda clase de dispositivos técnicos utilizados para la protección de programas computacionales, cuando ello tenga por la finalidad la comercialización con fines de lucro de tales productos.
f) Los que intencionalmente importen, exporten o almacenen ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la competente autorización.
g) Los que, obligados al pago de retribución por derecho de autor o conexos derivados de la ejecución de obras musicales, omitieren la confección de las planillas de ejecución correspondiente, y
h) Los que falsificaren o adulteraren una planilla de ejecución.
En los casos en que estos delitos se cometan por una asociación criminal, la pena se aumentará en un grado y la multa irá de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales.
Cuando existieren fundadas sospechas de que los delitos que se investigan puedan haber sido cometidos por organizaciones criminales, el juez podrá utilizar los mecanismos de investigación contemplados en la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, incluyendo dentro de ellos agentes encubiertos, informantes pagados, entregas vigiladas de efectos de los delitos. En estos casos la procedencia, procedimientos de autorización y las medidas de protección de la identidad de las personas y de los agentes públicos, se regirán por lo dispuesto en la ley Nº 19.366.
Estos delitos se sancionarán como consumados desde que haya principio de ejecución.
2. Elimínese la letra B) del artículo 80 de la ley”.
Moción de los diputados señores Tuma, Leal, Hales y Encina.
Establece normas para asegurar el derecho a la no discriminación de los usuarios y consumidores en las operaciones de crédito. (boletín Nº 2987-05)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 19, 60 y 62 de la Constitución Política de la República, en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la honorable Cámara.
Considerando:
1º Que la Carta Fundamental, al establecer el catálogo de derechos especialmente garantidos, considera el derecho a la igualdad ante la ley y la igualdad de trato de todas las personas, por parte de los órganos públicos como de parte de toda clase de entes privados.
2º Que en una economía social de mercado, la libertad y el acceso universal al crédito, es un derecho esencial de los actores económicos, los cuales no pueden ver limitado ni restringido su acceso al financiamiento de sus operaciones de crédito, sino que por razones objetivas, de aplicación general a toda una categoría de personas, por lo que resulta absolutamente contrario al orden público económico y a las bases de la institucionalidad comercial y financiera todas aquellas actuaciones que importen discriminación arbitraria de los sujetos, en base a parámetros irracionales, no igualitarios o evidentemente injustos.
3º Que, en los hechos, es posible advertir que fruto de una interpretación abusiva de las disposiciones del derecho común sobre libertad contractual muchas veces, las personas sufren menoscabos en sus derechos más esenciales, fruto de la acción de entes privados de índole comercial y financiero, sin que los medios previstos por nuestro ordenamiento jurídico sean efectivos y eficientes para impedir esa clase de actuaciones.
En efecto, resulta a todas luces absurdo, que en operaciones de crédito, se pretenda por la vía, por ejemplo, de las acciones constitucionales de protección doblegar la voluntad de los posibles acreedores, pues ellos siempre tendrán vías para limitar el otorgamiento de crédito a sus clientes, usuarios o consumidores.
4º Que, en consecuencia, para fortalecer el derecho a la no discriminación arbitraria en las operaciones de crédito, se hace necesario crear nuevos dispositivos jurídicos que sean idóneos y sobre todo, posibles de implementar en los hechos.
5º Que en esa línea de ideas, consideramos oportuno y conveniente presentar esta propuesta normativa, en virtud de la cual consagramos el derecho a la no discriminación arbitraria en las operaciones de crédito, tanto de bancos, financieras u otras entidades análogas como de parte en general de los establecimientos comerciales y al mismo tiempo se establezcan mecanismos para asegurar este derecho, el que a nuestro juicio, debe ser la publicidad anticipada de las condiciones generales de contratación, incluyendo las condiciones objetivas de selección de los deudores, de suerte tal que cualquier persona, sepa en base a qué parámetros objetivos va a ser calificado como sujeto de crédito por las instituciones crediticias.
Creemos que esta vía es la que más se amolda a nuestra institucionalidad, pues no lesiona el derecho de selección que tienen los acreedores en base a la evaluación del riesgo, pero al mismo tiempo previene los abusos y anomalías en la determinación de los cocontratantes.
Asimismo, hemos creído conveniente que el sistema de evaluación de riesgo sea público, esto es, generado a partir de una actividad de regulación administrativa por las instancias técnicas que correspondan y además publicitado, exhibido, en las pizarras de los organismos, de suerte tal que las decisiones de rechazo en el otorgamiento de los créditos, se funden justamente en esos parámetros objetivados, previamente conocidos por los solicitantes del crédito.
Finalmente, hemos establecido mecanismos de reclamo y tutela jurisdiccional del derecho a la no discriminación de los consumidores, los que se hacen efectivos mediante una acción ante los juzgados de letras en lo civil, que no tienen en su tramitación forma de juicio, por lo cual deberían ser suficientemente ágiles y efectivos para la tutela oportuna de los derechos.
6º Que, en consecuencia, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Primero.- Esta ley asegura a todas las personas la no discriminación en las operaciones de crédito que realicen con toda clase de entidades financieras, crediticias o establecimientos de comercio.
Artículo Segundo.- En los establecimientos comerciales, en los bancos, instituciones financieras y otras entidades crediticias, se deberán fijar en un lugar visible al público, las condiciones generales de la contratación y los requisitos para el otorgamiento del servicio determinados por cada institución.
Artículo Tercero.- La negativa al otorgamiento de crédito debe ser fundada, y formalizada por escrito, en base a los criterios objetivos determinados previamente por las instituciones otorgantes de los créditos.
Artículo Cuarto.- En caso de contravención a las disposiciones de esta ley, el postulante al crédito podrá ocurrir por sí, sin necesidad de patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, ante el juez de letras en lo civil de su domicilio, con la finalidad de interponer reclamo.
El juez conocerá del reclamo, sin forma de juicio, y previo traslado a la institución crediticia o establecimiento comercial, podrá llamar a las partes a una audiencia de conciliación y prueba. En caso de no producirse la conciliación podrá desechar el recurso o imponer una multa que ascenderá al monto del crédito solicitado, la que será a beneficio fiscal.
El juez para resolver apreciará la prueba de conformidad a las normas de la sana crítica.
La resolución del Juez de Letras será inapelable”.
8. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 001562
Ant.: AD-18.479.
Santiago , 1 de julio de 2002.
Por oficio Nº 3809 de 19 de junio último la Presidenta de la Cámara de Diputados, ha remitido a esta Corte, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para su informe, copia del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos. (Boletín Nº 2975-07).
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte de la materia consultada, en sesión del día 28 de junio último, presidida por su titular don Mario Garrido Montt y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Libedisnky , Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Marín , Yurac , Espejo, Medina , Kokisch , Juica y señorita Morales, acordó emitir el siguiente informe:
Las normas respecto de las cuales le corresponde a esta Corte emitir opinión, son las siguientes:
“Artículo 2. La Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, tendrá las siguientes atribuciones y funciones, las que podrá desarrollar y ejercer en cualquier lugar del territorio nacional.
Letra d) Solicitar informes, documentos y cualquier otro antecedente a entidades públicas y privadas, las cuales estarán obligadas a proporcionarlos en el término que se les fije, bajo el apercibimiento de aplicarse la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cien Unidades Tributarias Mensuales, a quien haya intervenido en la negativa u omisión.
En caso que estos informes, documentos y antecedentes estén amparados por el secreto o reserva corresponderá al juez de garantía autorizar esta solicitud, quien deberá resolver dentro del plazo de veinticuatro horas, sin audiencia ni intervención de terceros. La resolución que rechace la solicitud será someramente fundada, pudiendo la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera apelar de ella. La apelación será conocida en cuenta y sin más trámite, por la Sala de Cuenta de la Corte de Apelaciones respectiva, tan pronto se reciban los antecedentes. La solicitud se tramitará en forma secreta.
El otorgamiento de los informes, documentos y antecedentes será gratuito y libre de toda clase de derechos e impuestos”.
Artículo segundo transitorio. Para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra d) del artículo 2º de esta ley, en aquellas regiones en que no haya entrado a regir el Código Procesal Penal establecido por la ley Nº 19.696, la autorización a que dicho artículo se refiere será otorgada por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago , designado mediante sorteo por el presidente de dicha Corte al momento de presentarse la respectiva solicitud.
Esta Corte acordó informar favorablemente el mencionado proyecto de ley en lo que dice relación con las normas legales transcritas.
Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno al proyecto en examen.
Saluda atentamente a V.S.,
(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; CARLOS A. MENESES PIZARRO , Secretario.
A LA SEÑORA PRESIDENTA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
9. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 001571
Ant.: AD-18.424.
Santiago , 2 de julio de 2002.
Por oficio Nº 3762, de 4 de junio último, la Presidenta de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para su informe copia del proyecto de ley iniciado en Mensaje, que establece un régimen de garantía de salud. Boletín Nº 2947-11.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte de la materia consultada, en sesión del día 28 de junio último, presidido por su titular don Mario Garrido Montt y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Libedinsky , Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Marín , Yurac , Espejo, Medina , Kokisch , Juica y señorita Morales, acordó emitir el siguiente informe.
El artículo 15 del proyecto de ley, crea la Superintendencia de Garantías en Salud, organismo funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Salud (inciso primero).
Corresponderá a la Superintendencia fiscalizar y controlar el Fondo Nacional de Salud en el cumplimiento del Régimen de Garantías en Salud que se otorgue a los beneficiarios de la ley Nº 18.469 (inciso segundo).
El artículo 17 establece las funciones específicas de la Superintendencia.
El artículo 19 dispone que “en contra de las resoluciones o instrucciones administrativas que dicte la Superintendencia, podrá deducirse recurso de reposición ante esa misma autoridad dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de la resolución o instrucción”. (inciso primero).
“La Superintendencia deberá pronunciarse sobre el recurso, en el plazo de cinco días hábiles, desde que se interponga”. (inciso segundo).
El artículo 20 establece que “resuelto por la Superintendencia el recurso de reposición, el afectado podrá reclamar de ella dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación de la medida, ante la Corte de Apelaciones que corresponda, la que deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del reclamo y si éste ha sido interpuesto dentro del término legal. Admitido el reclamo, la Corte dará traslado por 15 días hábiles a la Superintendencia. Evacuado el traslado, la Corte ordenará traer los autos en relación, agregándose la causa en forma extraordinaria a la tabla del día siguiente, previo sorteo de Sala cuando corresponda. Si el tribunal no decretare medidas para mejor resolver, dictará sentencia dentro del plazo de treinta días, y si las ordenare, en el plazo de diez días de evacuadas ellas”. (inciso primero).
“Para reclamar contra resoluciones que impongan multas u ordenen la devolución de sumas de dinero, deberá consignarse, previamente, en la cuenta del tribunal, una cantidad igual al veinte por ciento del monto de dicha multa o devolución, que no podrá exceder de cinco unidades tributarias mensuales, conforme al valor de estas a la fecha de la resolución reclamada, la que será aplicada en beneficio fiscal si se declara inadmisible o se rechaza el recurso. En los demás casos, la consignación será equivalente a cinco unidades tributarias mensuales, vigentes a la fecha de la resolución reclamada, destinándose también a beneficio fiscal, en el caso de inadmisibilidad o rechazo del recurso”. (inciso segundo).
“La resolución que expida la Corte de Apelaciones será apelable en el plazo de cinco días, recurso que conocerá en cuenta una Sala de la Corte Suprema, sin esperar la comparecencia de las partes, salvo que estime traer los autos “en relación”. (inciso tercero).
“La notificación de la interposición del recurso no suspende los efectos de lo ordenado por la Superintendencia, sin perjuicio de la facultad del tribunal para decretar una orden de no innovar. Las resoluciones que apliquen multa u ordenen la devolución de sumas de dinero, sólo deberán cumplirse una vez ejecutoriada la sentencia respectiva”. (inciso cuarto).
“El Superintendente podrá delegar para estos efectos la representación judicial de la Superintendencia. En este caso las personas en quienes haya recaído tal delegación prestarán declaraciones ante los tribunales a que se refiere este artículo, mediante informes escritos, los que constituirán presunciones legales acerca de los hechos por ellos personalmente constatados, sin perjuicio de la facultad del tribunal de citarlos a declarar personalmente como medida para mejor resolver”. (Inciso quinto).
“La Superintendencia estará exenta de la obligación de efectuar consignaciones judiciales”. (Inciso sexto).
En opinión de esta Corte Suprema, el reclamo contemplado en el artículo 20 del proyecto de ley que se interpone ante la respectiva Corte de Apelaciones, debería ser conocido “en cuenta” por dicho tribunal, porque de adoptarse la modalidad de tramitación que se propone, se originará una evidente alteración y grave postergación en el despacho o conocimiento oportuno y eficaz de una serie de materias que por ley ya gozan de preferencia y van a tabla extraordinaria, previo sorteo de la Sala.
Por otra parte, cabe destacar que en la especie tampoco se guarda una lógica armonía procesal en la tramitación del reclamo, toda vez que mientras en las Cortes de Apelaciones su conocimiento implica traer los autos en relación, con agregación extraordinaria a la tabla, previo sorteo de Sala, en la Corte Suprema el reclamo se conoce “en cuenta” por una Sala del tribunal y de manera excepcional, se puede disponer que se traigan los autos en relación” cuando así lo estime la Corte Suprema.
En todo caso, y reiterando el parecer de esta Corte, creemos que resulta más conveniente y atinado que el conocimiento del reclamo previsto en el artículo 20 del proyecto de ley, en las dos instancias judiciales, sea “en cuenta” por las fundadas razones que se han esgrimido anteriormente y que conducen indudablemente a velar por el mejor y expedito desenvolvimiento de las ya suficientemente recargadas labores jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia.
El que suscribe y los ministros señores Rodríguez, Espejo, Medina, Kokisch y Juica, sugieren que el reclamo que se contempla en el artículo 20 del proyecto de ley sea conocido en primera instancia por los jueces de letras y en segunda instancia por las Cortes de Apelaciones respectivas.
Sin perjuicio de todo lo anteriormente expresado preocupa a este Tribunal la creciente instauración de procedimientos de reclamo y nuevos recursos, destinados a impugnar las resoluciones que adopta la Administración, cuyo conocimiento y resolución se entrega a las Cortes de Apelaciones, dada la ya recargada labor de estos tribunales colegiados, lo que en definitiva impedirá que puedan cumplir eficientemente con todas sus funciones. Lo anterior conduce a solicitar, como se ha hecho presente en otros informes evacuados sobre proyectos de leyes, que se creen los tribunales contencioso-administrativos, para poder dar una solución uniforme e integral a todos los problemas o conflictos que se generan entre la Administración y sus administrados.
Finalmente como se ha consignado reiteradamente en informes anteriores, tratándose de proyectos de ley que implican aumentar los asuntos que conocen los tribunales, como ocurre en el presente y, por ende, involucra iniciativas que importan mayores gastos en la gestión de los órganos del Poder Judicial , deberían suplementarse los recursos que financian su actividad, acorde también con el principio que consagra el inciso 4º del artículo 64 de la Constitución Política de la República.
Es todo cuanto puede informar este Tribunal, en torno a la presentación legislativa contenida en el Mensaje que establece un régimen de garantías de salud.
Saluda atentamente a V.S.,
(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; CARLOS A. MENSES PIZARRO , Secretario.
A LA SEÑORA PRESIDENTA
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.