Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Waldo Mora Longa
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Paez Verdugo
- Jaime Naranjo Ortiz
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTO QUE MODIFICA LA CAUSAL DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS DE LOS AVALÚOS DE BIENES RAÍCES.
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Enrique Accorsi Opazo
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE BOMBEROS.
- INTEGRACIÓN
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Eduardo Lagos Herrera
- Ivan Moreira Barros
- Ivan Norambuena Farias
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Anibal Perez Lobos
- Jaime Quintana Leal
- Boris Tapia Martinez
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTEGRACIÓN
-
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN DE CONDUCTAS PARLAMENTARIAS.
- INTEGRACIÓN
- Enrique Accorsi Opazo
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Carlos Olivares Zepeda
- Jose Perez Arriagada
- Carlos Recondo Lavanderos
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Edmundo Villouta Concha
- INTEGRACIÓN
- V. ORDEN DEL DÍA
- ENVÍO A COMISIÓN DE PROYECTO MODIFICATORIO DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE MULTAS DE TRÁNSITO. Acuerdo de los Comités.
- ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUECES DE TURNO Y DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y AGILIZACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- DEBATE
- DEBATE
- AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS EN FAVOR DE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES. Modificación del decreto ley Nº 3.516, DE 1980. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Maria Eugenia Mella Gajardo
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Nicolas Monckeberg Diaz
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Zarko Luksic Sandoval
- INDICACIÓN
- DEBATE
- PROTECCIÓN DEL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES. Enmienda al Código del Trabajo. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA RESPECTO DEL PRÓXIMO CENSO. (Continuación).
- MECANISMO DE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES REALIZADOS EN CUBA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carolina Toha Morales
- Alejandro Navarro Brain
- Camilo Escalona Medina
- Sergio Aguilo Melo
- Ivan Paredes Fierro
- Fulvio Rossi Ciocca
- Alberto Robles Pantoja
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Exequiel Silva Ortiz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- NEGOCIACIÓN POR VENTA DE TERRENO EN IQUIQUE EN FAVOR DE EX AFILIADOS DE HABITACOOP.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Fulvio Rossi Ciocca
- Ivan Paredes Fierro
- Alejandro Navarro Brain
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Eugenio Tuma Zedan
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Maria Isabel Allende Bussi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMPLIACIÓN DE BENEFICIOS OTORGADOS POR EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY Nº 19.583, “LEY DEL MONO”, A VIVIENDAS RURALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Carlos Montes Cisternas
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VII. INCIDENTES
- OBJECIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE ESPAÑA A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBMARINOS CHILENOS. Oficio.
- CREACIÓN DE OFICINAS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA TEMPOREROS EN REGIONES SEXTA Y SÉPTIMA. Oficios.
- CONVENIO ENTRE EMPRESAS DEL ESTADO, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS PARA PROTEGER A TRABAJADORES. Oficio.
- SOLUCIÓN DE DEUDA A CORTO PLAZO DE EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. Oficio.
- CONSECUENCIAS DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA PARA LA AGRICULTURA TRADICIONAL. Oficios.
- PETICIÓN DE INFORMES SOBRE RECURSOS UTILIZADOS EN PUBLICIDAD Y ENCUESTA DEL PLAN AUGE. Aplicación del artículo 48, Nº 1, de la Constitución.
- DEBATE
- RESPETO DE ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA DE 200 MILLAS MARINAS POR LA UNIÓN EUROPEA. Oficio.
- INSPECCIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES EN COLEGIO DE COPIAPÓ. Oficio.
- SALUDO A TRABAJADORES AL CONMEMORARSE EL DÍA DEL TRABAJO.
- TRANSPORTE DE GAS DESDE TARIJA, BOLIVIA, A PUERTO DE MEJILLONES. Oficios.
- MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA EVITAR INUNDACIONES EN LOCALIDADES DE TOLTÉN Y DE CURARREHUE. Oficio.
- CONEXIÓN DE TENDIDO DE LA SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., SAESA, A LA CENTRAL CANUTILLAR. Oficio.
- RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO POR ACUERDO POLÍTICO, ECONÓMICO Y DE COOPERACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA. Oficios.
- IMPORTACIÓN Y USO DE PRODUCTOS EDULCORANTES. Oficios.
- IMPORTACIÓN Y USO DE PRODUCTOS EDULCORANTES. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE RECURSOS INVERTIDOS EN EL SECTOR LA LEGUA EMERGENCIA. Oficios.
- EVENTUAL CIERRE DE TRAMO FERROVIARIO ENTRE SANTIAGO Y CONCEPCIÓN. Oficio.
- ESTADO DE CONSTRUCCIÓN DE QUINTA COMISARÍA DE CARABINEROS DE TALCAHUANO. Oficios.
- INVESTIGACIÓN DE PROCEDIMIENTO POLICIAL EN COMUNA DE FRUTILLAR. Oficios.
- IMPORTACIONES QUE AFECTAN A SECTOR REMOLACHERO. Oficios.
- PROLONGACIÓN DE PISTA DE AEROPUERTO CAÑAL BAJO, DE OSORNO. Oficios.
- ADHESION
- Javier Hernandez Hernandez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jaime Mulet Martinez
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- ADHESION
- CONSTRUCCIÓN DE NUEVO AEROPUERTO PARA LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Pablo Letelier Morel
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rosauro Martinez Labbe
- Mario Bertolino Rendic
- Pablo Galilea Carrillo
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 346ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 15ª, en martes 30 de abril de 2002
(Ordinaria, de 11.05 a 14.30 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo, y Villouta Concha, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 10
III. Actas 10
IV. Cuenta 10
- Archivo de proyecto que modifica la causal del procedimiento de reclamos de los avalúos de bienes raíces 10
- Permiso constitucional 10
- Integración de Comisión especial de Bomberos 10
- Integración de Comisión de Conductas Parlamentarias 10
V. Orden del Día.
- Envío a Comisión de proyecto modificatorio de disposiciones en materia de multas de tránsito. Acuerdo de los Comités 11
- Establecimiento del sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva y agilización de la segunda instancia. Segundo trámite constitucional 11
- Autorización de subdivisión de predios rústicos en favor de ascendientes y descendientes. Modificación del decreto ley Nº 3.516, de 1980. Segundo trámite constitucional. (Continuación) 22
- Protección del pago de cotizaciones previsionales. Enmienda al Código del Trabajo. Primer trámite constitucional 31
VI. Proyectos de acuerdo.
- Información a la ciudadanía respecto del próximo censo. (Continuación) 34
- Mecanismo de homologación y convalidación de estudios superiores realizados en Cuba 34
- Negociación por venta de terreno en Iquique en favor de ex afiliados de Habitacoop 36
- Ampliación de beneficios otorgados por el artículo 2º de la ley Nº 19.583, “ley del mono”, a viviendas rurales 38
VII. Incidentes.
- Objeción del Tribunal de Cuentas de España a contrato de construcción de submarinos chilenos. Oficio 39
- Creación de oficinas de intermediación laboral para temporeros en regiones Sexta y Séptima. Oficios 40
- Convenio entre empresas del Estado, contratistas y subcontratistas para proteger a trabajadores. Oficio 41
Pág.
- Solución de deuda a corto plazo de Empresa Nacional de Minería. Oficio 41
- Consecuencias del acuerdo entre Chile y la Unión Europea para la agricultura tradicional. Oficios 41
- Petición de informes sobre recursos utilizados en publicidad y encuesta del Plan Auge. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución 42
- Respeto de zona económica exclusiva de 200 millas marinas por la Unión Europea. Oficio 43
- Inspección de daños estructurales en colegio de Copiapó. Oficio 44
- Saludo a trabajadores al conmemorarse el Día del Trabajo 44
- Transporte de gas desde Tarija, Bolivia, a Puerto de Mejillones. Oficios 47
- Medidas precautorias para evitar inundaciones en localidades de Toltén y de Curarrehue. Oficio 48
- Conexión de tendido de la Sociedad Austral de Electricidad S.A., Saesa, a la central Canutillar. Oficio 48
- Reconocimiento al Gobierno por acuerdo político, económico y de cooperación con la Unión Europea. Oficios 49
- Importación y uso de productos edulcorantes. Oficios 50
- Antecedentes sobre recursos invertidos en el sector La Legua Emergencia. Oficios 52
- Eventual cierre de tramo ferroviario entre Santiago y Concepción. Oficio 52
- Estado de construcción de Quinta Comisaría de Carabineros de Talcahuano. Oficios 53
- Investigación de procedimiento policial en comuna de Frutillar. Oficios 53
- Importaciones que afectan a sector remolachero. Oficios 54
- Prolongación de pista de aeropuerto Cañal Bajo, de Osorno. Oficios 54
- Construcción de nuevo aeropuerto para la Región de Atacama. Oficios 55
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto retirar y hacer presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de multas de tránsito (boletín Nº 2904-06) 57
2. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de multas de tránsito (boletín Nº 2904-06) 57
3. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de multas de tránsito (boletín Nº 2904-06) 76
4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia (boletín Nº 2850-07) (S) 79
Pág.
5. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia (boletín Nº 2850-07) (S) 89
6. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (Servicios Financieros), de la OMC, adoptado en Ginebra el 27 de febrero de 1998 (boletín Nº 2860-10) 91
7. Moción del diputado señor Letelier, don Juan Pablo, que regulariza la construcción de viviendas y construcciones emplazadas fuera del radio urbano (boletín Nº 2918-14) 101
8. Moción de los diputados señores Martínez, don Rosauro; Bertolino, Galilea, don Pablo; Monckeberg y Vilches que modifica el artículo 37 de la ley Nº 16.618, de Menores, para garantizar la doble instancia jurisdiccional en materia de menores (boletín Nº 2919-07) 102
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-Del diputado señor Mora, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 19 de abril próximo pasado, para dirigirse a los Estados Unidos y México.
-Del diputado señor Accorsi, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 30 de abril en curso para dirigirse a Francia.
2. Oficios:
-De la Comisión de Hacienda por el cual solicita el acuerdo de la Sala para remitir al archivo el proyecto, iniciado en moción, que modifica la causal del procedimiento de reclamos de los avalúos de bienes raíces, por cuanto dicha materia se encuentra legislada (boletín Nº 1925-05).
-De la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por el cual solicita el asentimiento de la Sala para que se le remita, para su estudio, el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de multas de tránsito (boletín Nº 2904-06).
Ministerio de Defensa
-Del diputado señor Navarro, elaboración, dictación y entrada en vigencia de resolución Nº 12600/2226, de fecha 18 de octubre de 2001, que obliga a toda persona que requiera embarcarse en algún tipo de nave, a realizar un curso básico de seguridad y familiarización a bordo.
-Del diputado señor Navarro, detención de miembros de comunidades mapuches Wenteche y Trif Trifco.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor Juan Pablo Letelier, basural ubicado en la zona de Cascada, lado norte del lago Llanquihue, comuna de Puerto Octay.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Delmastro, exigencia de certificado Dicom a beneficiarios de créditos para viviendas básicas.
-Del diputado señor Delmastro, contratación de pobladores de campamentos beneficiados con construcción de población Sedeño, de Valdivia.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Escalona, llamados a propuesta pública para construcción del puerto de Lota.
Ministerio de Planificación y Cooperación
-De la diputada señora Muñoz, información sobre Fosis Cuarta Región.
Municipalidad de Puerto Montt
-Del diputado señor Kuschel, aportes entregados a instituciones de beneficencia, sociales y otras, correspondientes a los años 1998-2001.
Intendencia V Región
-Del diputado señor Navarro, antecedentes sobre Programa Subsidio al Consumo de Agua Potable.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Rebolledo González, Víctor Manuel PPD IV 7
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Enrique Accorsi.
-Asistieron, también, los senadores señores Sergio Páez y Jaime Naranjo
-Concurrieron, además, los ministros de Justicia , señor José Antonio Gómez, y de Obras Públicas, señor Javier Etcheberry.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.05 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 7ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 8ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.
ARCHIVO DE PROYECTO QUE MODIFICA LA CAUSAL DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS DE LOS AVALÚOS DE BIENES RAÍCES.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición de la Comisión de Hacienda de archivar el proyecto que modifica la causal del procedimiento de reclamo de avalúos de bienes raíces, por haberse legislado sobre la materia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Enrique Accorsi a fin de ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 30 de abril en curso, para dirigirse a Francia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE BOMBEROS.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Me permito proponer a la Sala la siguiente nómina de diputados para integrar la Comisión especial de Bomberos: señores Andrés Egaña, Maximiano Errázuriz, José Antonio Galilea, Carlos Abel Jarpa, Eduardo Lagos, Iván Moreira, Iván Norambuena, Sergio Ojeda, José Miguel Ortiz, Aníbal Pérez, Jaime Quintana, Boris Tapia y Jorge Ulloa.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN DE CONDUCTAS PARLAMENTARIAS.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Me permito proponer a la Sala la siguiente nómina de diputados para integrar la Comisión de Conductas Parlamentarias: señores Enrique Accorsi, Rodrigo Álvarez, José Antonio Galilea, Pedro Muñoz, Carlos Olivares, José Pérez, Carlos Recondo, Carlos Vilches y Edmundo Villouta.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
ENVÍO A COMISIÓN DE PROYECTO MODIFICATORIO DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE MULTAS DE TRÁNSITO. Acuerdo de los Comités.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Los Comités parlamentarios, bajo mi presidencia, acordaron, por unanimidad, enviar el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de multas de tránsito (boletín Nº 2904-06) a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de que ésta emita un informe antes del próximo lunes 6 de mayo. Se autoriza a los señores diputados y diputadas para formular indicaciones. Asimismo, se acordó efectuar la discusión de la iniciativa en la sesión de Sala del próximo martes 7 de mayo.
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUECES DE TURNO Y DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y AGILIZACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA. Segundo trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional, del proyecto, iniciado en mensaje, que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia en materia penal.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Marcelo Forni, y de la de Hacienda, el señor Alberto Cardemil.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2850-07 (S), sesión 8ª, en 4 de abril de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informes de las Comisiones de Constitución y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, de esta sesión.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor diputado informante de la Comisión de Constitución .
El señor FORNI.-
Señora Presidenta , honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia me ha encomendado informar a esta Sala, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia.
Como el proyecto ha sido calificado por el Ejecutivo con “simple” urgencia, la Cámara dispone de treinta días para concluir su tramitación, plazo que vence el próximo 4 de mayo.
Durante su análisis, la Comisión contó con la colaboración del ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez , y del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia , señor Francisco Maldonado .
Su objetivo es muy simple: mejorar la justicia en materia criminal en aquellos lugares en que aún no entra en vigencia el nuevo sistema procesal penal. Se introducen para ello algunas modificaciones a los Códigos de Procedimiento Penal y Orgánico de Tribunales.
En términos simples, el proyecto propone tres cosas:
En primer lugar, establece un sistema de jueces de turno destinado a facilitar el acceso a los tribunales de justicia, cualquiera sea el día u horario en que deba recurrirse a ellos, a fin de que realicen las primeras diligencias de instrucción del sumario, aunque naturalmente no tengan competencia.
En segundo término, crea un mecanismo de jueces de dedicación exclusiva con el objeto de dar a los casos judiciales de mayor relevancia un tratamiento especial y focalizado.
Por último, introduce una serie de adecuaciones de procedimiento para agilizar la tramitación de los procesos en segunda instancia.
El proyecto se enmarca en el esfuerzo del Ejecutivo y del Congreso de potenciar la actividad del Poder Judicial, dotándolo de mejores elementos para el cumplimiento de sus funciones y de optimizar su capacidad de gestión. En este contexto se encuentran también la reforma procesal penal y el estudio, por este Parlamento, de un proyecto que crea los tribunales de familia.
Sin embargo, y a propósito de los lamentables sucesos ocurridos en la localidad de Alto Hospicio, el Ejecutivo estima en el mensaje que aún falta mucho por realizar, especialmente en lo que se refiere a la adopción de medidas que permitan a los jueces perfeccionar sus posibilidades de actuación en el cumplimiento de sus labores.
El proyecto busca avanzar en tres materias básicas:
1. Dar a los casos judiciales de mayor relevancia un tratamiento especial y focalizado.
2. Regular el acceso a los tribunales de justicia en materia penal, cualquiera que sea el día u horario en que deba recurrirse a ellos.
3. Realizar adecuaciones de procedimiento para agilizar la tramitación de los procesos en segunda instancia.
En relación con los casos judiciales de mayor relevancia, que requieren de un tratamiento especial y focalizado, el proyecto pretende superar la actual sobrecarga de trabajo de los jueces. Esta sobrecarga y el excesivo formalismo son los que muchas veces impiden entregar un tratamiento preferente a procesos complejos. A juicio del Ejecutivo , si bien muchos de estos problemas desaparecerán con el nuevo sistema procesal penal, mientras éste no tenga una aplicación generalizada parece lógico abordar el problema mediante lo que el proyecto denomina jueces de dedicación exclusiva en materia penal. Para materializar lo anterior, se incorpora en el título III del libro I del Código Procedimiento Penal, a continuación del actual artículo 66, un párrafo 3, nuevo, que regula este funcionamiento extraordinario.
El proyecto faculta a las cortes de apelaciones para disponer que los jueces de su jurisdicción que ejerzan competencia en materia penal se aboquen exclusiva y extraordinariamente a la tramitación de las causas de competencia de su tribunal relativas a delitos en que se encuentra comprometido un interés social relevante o que produzcan alarma pública. También podrá adoptarse este procedimiento extraordinario respecto de ciertas causas cuando se advierta retardo en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal y, en general, siempre que las necesidades de mejor servicio judicial así lo exijan.
Asimismo, en uso de esta facultad, las cortes de apelaciones podrán ordenar que el juez titular de un juzgado de letras de competencia común se aboque exclusivamente al conocimiento de los asuntos de naturaleza criminal que se ventilen en dicho tribunal.
La resolución que decrete el funcionamiento extraordinario señalará la periodicidad con que el juez deberá informar acerca de los avances obtenidos en el curso de cada proceso.
Cuando se inicie este funcionamiento extraordinario, se entenderá, para todos los efectos legales, que el juez falta en su despacho. En esa oportunidad, el secretario del mismo tribunal asumirá las demás funciones que le corresponden al juez titular, en carácter de suplente, y por el solo ministerio de la ley.
En relación con el segundo objetivo del proyecto, o sea, la facilitación del acceso a los tribunales penales en días y horas distintos a los de funcionamiento ordinario, si bien en la actualidad el Código de Procedimiento Penal establece que no existen días y horas inhábiles en materia penal y que cualquier tribunal con competencia en materia penal, aun cuando no sea el naturalmente competente, está facultado para efectuar las primeras diligencias en la investigación, no ha sido posible lograr un adecuado funcionamiento que permita distribuir equitativamente la carga de trabajo y contar con una información clara cuando sea necesario requerir la intervención judicial.
Para solucionar estas deficiencias, el proyecto propone agregar un artículo 7º bis al Código de Procedimiento Penal, en virtud del cual será la corte de apelaciones respectiva la que establecerá un sistema de turnos para atender las primeras diligencias de la instrucción, durante los días y horas en que no funcionan los tribunales, respecto de delitos cuyo conocimiento no se encuentre radicado en el tribunal competente. En estos turnos se incorporará a los secretarios de los juzgados con competencia en materia penal, quienes se entenderán habilitados para desempeñar estas funciones por el solo ministerio de la ley.
El turno es semanal, sin perjuicio de establecerse una modalidad diversa en aquellas localidades donde sólo exista un juez con competencia en materia penal.
Por último, el proyecto otorga algunas facilidades al juez de turno que se constituya en el sitio del suceso, en el recinto del tribunal o en un recinto policial, disponiendo que podrá ausentarse al día siguiente hábil del despacho del tribunal, por el número de horas que hubiera ocupado en dicho procedimiento. Las actuaciones que se practiquen en estos casos serán válidas aun sin la intervención de un ministro de fe.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial informará anualmente, tanto a las cortes de apelaciones como al Ministerio de Justicia, sobre la aplicación del sistema de turnos y las disponibilidades presupuestarias para el año siguiente.
La Corte Suprema, mediante un auto acordado, podrá impartir instrucciones generales para el buen funcionamiento del sistema.
En cuanto a las adecuaciones del procedimiento en segunda instancia, el proyecto contempla, en primer término, la supresión del trámite de la consulta, tratándose de sobreseimientos temporales, cuestión que en nada afecta los derechos de las partes, pues conservan la facultad de ejercer los recursos ordinarios para reclamar de tal decisión.
En segundo lugar, se suprime el derecho a recusar abogados integrantes sin expresión de causa, mecanismo de frecuente utilización para dilatar la vista de la causa. Además, el Código Orgánico de Tribunales contempla causales para hacer efectivas las legítimas observaciones que los abogados integrantes puedan merecer a las partes.
Por último, se rebaja el tiempo de duración de los alegatos en la vista de los recursos de apelación o en la consulta de la resolución que se pronuncia sobre solicitudes de libertad provisional, desde los treinta minutos actuales a sólo quince, tiempo que la Comisión y el Ejecutivo han estimado suficiente, puesto que se mantiene el derecho de las partes a pedir que dicho lapso se amplíe al doble.
El proyecto concreta estas ideas por medio de dos artículos permanentes y uno transitorio. Además de lo ya expuesto, la iniciativa introduce algunas modificaciones interesantes al Código de Procedimiento Penal y al Código Orgánico de Tribunales.
Dentro de las primeras diligencias que debe realizar el juez en la instrucción del sumario se agrega la de resolver sobre la libertad de los detenidos. Se sustituye la redacción del artículo 7º del Código de Procedimiento Penal en la siguiente forma: “dispondrá la atención prioritaria del ofendido por los servicios públicos pertinentes, decretará su resguardo policial o el de los testigos, interrogará a estos últimos”.
Finalmente, como consecuencia de una indicación de los senadores Hernán Larraín y Jorge Arancibia , se agrega un nuevo inciso tercero al artículo 215 del Código Orgánico de Tribunales, que dispone que las salas de las cortes de apelaciones no podrán funcionar con mayoría de abogados integrantes, tanto en su funcionamiento ordinario como extraordinario.
El artículo transitorio establece que el mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley durante el año 2002 se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia aprobado para dicho año, considerando el correspondiente a los años posteriores en los respectivos presupuestos anuales.
Consultada sobre esta iniciativa, la Corte Suprema manifestó, en dos oficios remitidos a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, su opinión disidente, salvo respecto de dos puntos: la disminución de la duración de los alegatos y la supresión de la consulta en el caso de los sobreseimientos temporales. Consideró poco oportuna la modificación de estas normas ante la inminencia de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal y por el hecho de que en nuestra legislación existen normas que establecen los turnos.
En relación con la indicación de los senadores señores Larraín y Arancibia , la Corte Suprema estimó que su aprobación dificultaría el trabajo de las cortes de apelaciones, particularmente en el caso de su funcionamiento extraordinario.
Para los efectos de lo dispuesto en los números 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 289 del Reglamento, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1º) Que los números 3), 6) y 8) del artículo 1º, y el artículo 2º tienen rango de normas orgánicas constitucionales, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política;
2º) Que no hubo artículos ni indicaciones rechazados por la Comisión;
3º) Que el proyecto se aprobó en los mismos términos propuestos por el Senado, y
4º) Que el artículo transitorio es de competencia de la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia coincidió plenamente con los fundamentos del proyecto, aprobó por unanimidad la idea de legislar y, sin debate y también por unanimidad, cada uno de los artículos en los términos propuestos.
El presente informe fue aprobado con el voto favorable de las diputadas señoras Marcela Cubillos , Laura Soto y Pía Guzmán , y de los diputados señores Jorge Burgos , Juan Bustos , Guillermo Ceroni , Zarko Luksic , Nicolás Monckeberg y de quien habla.
También asistió a la Comisión el diputado señor Gabriel Ascencio .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil, informante de la Comisión de Hacienda .
El señor CARDEMIL .-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre los aspectos financieros del proyecto cuyo informe técnico acaba de exponer, en forma muy completa, el diputado señor Forni .
A juicio de los diputados de Renovación Nacional y de la UDI, se trata de una excelente iniciativa, por cuanto está en la línea de dar eficacia, transparencia y rapidez a la justicia con medidas muy simples y prácticas.
La primera de ellas consiste en establecer un sistema de turnos durante los días y horas inhábiles para la resolución de las primeras diligencias de una investigación. Todos tenemos, de alguna manera, la experiencia de situaciones policiales que se producen los fines de semana y quedan sin ser resueltas procesalmente hasta el lunes. Interminables fines de semana deben permanecer los detenidos en los lugares de detención, a la espera de que el juez resuelva sólo el lunes sobre hechos ocurridos los viernes en la noche o los sábados en la mañana. Esto produce atochamiento en los tribunales los lunes y, desde luego, atenta contra el legítimo derecho de las personas de que sus asuntos sean resueltos en forma expedita.
Tal como ya se dijo, el proyecto crea un sistema de turnos durante los días y horas inhábiles, a fin de que siempre haya un juez que pueda resolver sobre situaciones ocurridas durante los fines de semana.
Otro elemento importante del proyecto es el establecimiento, mediante resolución fundada, de un sistema de jueces de dedicación exclusiva. Todos sabemos que en los tribunales existen causas verdaderamente importantes que van quedando postergadas porque el juez debe atender también otros asuntos de su competencia. Entonces, a través de este sistema, el juez podrá dedicarse exclusivamente a los asuntos de mayor relevancia, y el secretario del tribunal asumirá las demás funciones que le corresponden al juez titular.
De manera que con estas dos medidas se logrará dar mayor eficacia y rapidez a la administración de justicia.
¿Cuánto le cuesta este proyecto al sufrido contribuyente chileno? El mayor gasto fiscal para el año 2002 es de 787 millones de pesos; 926 millones de pesos para 2003, 354 millones de pesos para 2004, y 88 millones de pesos para 2005.
¿En qué se gastan estos recursos? Fundamentalmente en pago de remuneraciones para las suplencias de los secretarios y oficiales primeros en ambos eventos: turnos en días y horas inhábiles y jueces con dedicación exclusiva. Además, en elementos de infraestructura, tales como computadores, teléfono y locomoción.
Por lo tanto, no con mucho dinero -787 millones de pesos durante 2002, que equivalen a poco más de 1 millón de dólares- y sólo mejorando la misma infraestructura de los 170 juzgados del crimen existentes en Chile, se puede lograr rapidez y eficacia. Un eficiente sistema de turnos para que todos los días de la semana estén cubiertos más el mecanismo de jueces con dedicación exclusiva permitirán que los tribunales puedan seguir desarrollando su trabajo normal.
La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el proyecto, y en mi condición de diputado de Renovación Nacional -creo interpretar a mi bancada-, sólo me resta recomendar a la Sala su rápida aprobación, porque beneficiará la seguridad ciudadana.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señora Presidenta , tal como se ha dicho, este proyecto es muy importante porque permite agilizar la justicia criminal, fundamentalmente en las regiones donde aún no opera la reforma procesal penal.
Los ministros de la Corte Suprema manifestaron, a través de dos oficios, que era inoportuno efectuar esta modificación por la inminente entrada en vigencia de dicha reforma. Sin embargo, debo señalar que faltan dos años para que se aplique en las regiones Quinta y Octava, y tres, en la Metropolitana. Es más, a pesar de su entrada en vigencia, muchas causas antiguas seguirán su trámite en forma paralela al nuevo sistema, porque éste operará sólo para los delitos cometidos con posterioridad. Por lo tanto, se espera que el nuevo sistema rija en forma integral no antes de cinco años, período en el cual es absolutamente necesario agilizar la tramitación de los juicios pendientes, objetivo que se logra mediante este proyecto de ley.
Considero necesario detenerse en algunos aspectos a fin de lograr una mayor y mejor comprensión del proyecto.
Además de incorporarse, en virtud del artículo 7º bis, el sistema de jueces de turno para atender las denominadas primeras diligencias del sumario (dar protección a los afectados, reunir las pruebas del delito, identificar a los delincuentes, etcétera) se agrega entre las facultades del juez la de resolver sobre la libertad de los detenidos. Esto es sumamente importante, pues uno de los problemas más graves en este tema es que muchas veces durante los fines de semana -específicamente los viernes-, muchas de las personas detenidas son enviadas al recinto de detención “ Capitán Yáber ” o, incluso, a la Penitenciaría, a pesar de no haber cometido un delito que merezca pena restrictiva o, al final, de ser absueltas. Por lo tanto, es una medida muy positiva en favor de aquellas personas que no han cometido delitos, sino cuasidelitos o faltas.
Ahora, entre las primeras diligencias de instrucción del sumario se agrega al actual artículo 7º del Código de Procedimiento Penal que el juez deberá disponer la atención prioritaria del ofendido por los servicios públicos pertinentes y decretar su resguardo policial. Por lo tanto, la atención prioritaria del ofendido deberán realizarla todos los servicios públicos pertinentes, incluido, obviamente, Carabineros, institución que decretará su resguardo y el de los testigos.
Quiero hacer mención a un proyecto de ley que presenté en octubre del año pasado, justamente a propósito de los hechos que ocurrieron en Alto Hospicio, para que Carabineros investigara la desaparición de menores inmediatamente, sin esperar las 48 horas, como es habitual.
Aquí se dispone la atención prioritaria, específicamente por parte de Carabineros, del ofendido, y ello implica, obviamente, buscar a los menores que han desaparecido y que, muchas veces, son sometidos a una serie de ilícitos, como la pornografía infantil.
Además, se señala que la corte de Apelaciones respectiva establecerá un sistema de jueces de turno, materia que regulará la Corte Suprema mediante un auto acordado.
Por otro lado, una cosa muy importante. Los tribunales que ejercen competencia en materia penal deberán remitir un informe anualmente a la corte de apelaciones del caso, en el que darán cuenta del estado de las causas pendientes en este ámbito.
También se hace más expedito lo referente a las apelaciones, consultas, etcétera. Se agrega lo que se ha denominado funcionamiento extraordinario de los tribunales que ejercen competencia en lo penal, los cuales se podrán abocar exclusivamente y en forma extraordinaria a la tramitación de causas o grupo de causas que estén concatenadas, con el objeto de dar seguridad a la población cuando esté comprometido un interés social relevante o se produzca alarma pública. En casos específicos esto ya ha ocurrido en torno de los derechos humanos y en el caso Matute, cuya investigación ha sufrido muchas vicisitudes.
El proyecto es muy importante, pues permitirá que se designen menos ministros en visita, en lo cual es absolutamente concordante con la iniciativa que se aprobó, destinada a aumentar salas en las cortes de apelaciones de Santiago, San Miguel , Valparaíso y Concepción, donde las causas estaban muy atochadas.
Sin embargo, tengo una seria duda en cuanto al artículo 66 bis, en la parte que establece que también se podrá disponer el funcionamiento extraordinario cuando en ciertas causas hubiera retardo en los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal y, en general, siempre que el mejor servicio judicial así lo exigiere, pues, obviamente, todo ello es materia de competencia de los ministros visitadores y de las quejas disciplinarias. No deseo retardar el despacho del proyecto de ley, que es muy necesario, pero quiero dejar constancia de que esta medida no puede sobreponerse al nombramiento de los ministros en visita y a las quejas disciplinarias que correspondan. Sólo debe ser subsidiaria de estos dos expedientes que desde hace más de cien años contempla el Código de Procedimiento Penal. Espero que esto quede en la historia de la ley justamente en razón de la necesidad de que esta iniciativa se promulgue con prontitud y de evitar el trámite de una comisión mixta.
Por último, respecto de que las salas de las cortes de apelaciones no podrán funcionar con mayoría de abogados integrantes, debo expresar que esto es posible básicamente en las de Santiago. Pero ¿qué sucederá en aquellas salas de corte de apelaciones de regiones, que tienen muy pocos ministros y funcionan con mayoría de abogados integrantes? Además, los abogados integrantes cumplen un doble rol: son profesionales que litigan ante los tribunales, conocen y son amigos de los jueces e integran la sala. Obviamente, representan un atentado a la imparcialidad con que se debe juzgar.
Por lo tanto, como su aprobación fue unánime en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, hago un llamado a la Sala para que apruebe el proyecto de igual forma.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS .-
Señora Presidenta , con el ánimo de avanzar, por cuanto las intervenciones anteriores, particularmente la del diputado informante , han sido completísimas y han resaltado la importancia del proyecto, debo añadir que lo relevante de él -la diputada señora Pía Guzmán decía que se asemeja al que proponía la creación de más salas en tres ciudades- es que mejora la justicia penal, de manera de enfrentar con rapidez el problema delictual que afecta a nuestra sociedad.
Quiero hacer resaltar una modificación propuesta por el Ejecutivo. Quienes hemos ejercido la profesión de abogados, sabemos la importancia de que, a contar de la aplicación de la futura ley, el funcionamiento de las salas de las cortes de apelaciones sea exactamente igual que en la Corte Suprema, en el sentido de que siempre haya mayoría de jueces. En la actualidad, todas las salas de las cortes de apelaciones son constituidas mayoritariamente por abogados integrantes, de muy buena disposición, pero eminentemente auxiliares para cuando falta un ministro titular. Como ejercen la profesión, muchas veces se da la situación de que, en sala contigua a la que uno integra, se ve un asunto de su interés profesional.
Me parece que esta disposición es de sanidad mínima. Se intentó incluir en otros proyectos de ley, pero no se aprobó. Se proponía aplicarla en materias de delitos terroristas, por lo que no había razón para rechazarla.
El proyecto amerita su aprobación por unanimidad, por cuanto es de fácil comprensión y se justifica plenamente. Es más, felicito a las diferentes bancadas por el hecho de que hayan anunciado su aprobación unánime. Ciertamente, la de la Democracia Cristiana va a votarlo en la misma forma.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS .-
Señora Presidenta , este proyecto es muy importante desde el punto de vista del acceso a la justicia. Es cierto que con el nuevo sistema procesal penal, que ya está en vigencia en gran parte del territorio chileno -todavía no se aplica en regiones más populosas, como la Metropolitana, la Quinta y la Octava-, va a carecer de significación. Por lo tanto, es necesario establecer determinadas reglas que vayan, justamente, en la dirección de las nuevas orientaciones del juzgamiento criminal vigente en las demás regiones.
Por eso se justifica una medida muy obvia que, además, ya es parte de los sistemas de derecho procesal criminal que se aplican en países latinoamericanos y europeos: que los jueces atiendan los asuntos de urgencia los sábados y domingos y en aquellos lapsos que van más allá de las horas ordinarias de trabajo, es decir, en la noche o en la mañana de cada día, porque la comisión de delitos no tiene hora y las víctimas de una desgracia necesitan acceder a la justicia.
Es imprescindible establecer jueces de turno, con el objeto de que ellos puedan atender las primeras diligencias de instrucción, como son la declaración del ofendido y de los testigos, la interrogación al inculpado, etcétera; es decir, todas aquellas primeras diligencias dentro de la tramitación de un proceso, que son fundamentales para el esclarecimiento posterior de los hechos y cuya tardanza implica, generalmente, la demora en los procesos, a veces el no esclarecimiento de los hechos delictivos y también, por lo tanto, dejar a la víctima en completo desamparo.
Por eso, la designación de jueces de turno era una medida imprescindible, sobre todo si se considera que éstos ya existen en otras regiones. De esta manera, este proyecto cumple una doble función, porque, por una parte, permite el acceso de todos a la justicia, especialmente al ofendido, y, por otra, le permite actuar con mayor rapidez y prontitud.
Sin embargo, no sólo hay que considerarlo desde esa perspectiva, sino que también de aquella que permite que los secretarios de los tribunales tengan la función que les corresponde. Actualmente, de acuerdo con nuestro antiguo sistema inquisitivo, sólo tenían funciones de carácter administrativo, con lo cual se desperdiciaba el hecho de que se trataba de abogados titulares y con una larga experiencia en tribunales. Entonces, con este nuevo sistema, con la designación del juez de turno, es posible que los secretarios asuman las funciones del juez.
Del mismo modo, en este proyecto, con el objeto de que haya mayor rapidez en los procesos y prontitud en el esclarecimiento de los hechos, se establecen los jueces especiales para determinadas materias, según lo que determine la corte de apelaciones respectiva. En este caso, el juez titular es reemplazado por el secretario del tribunal en las demás materias de su competencia. Además, de esta manera hay una economía desde el punto de vista de todo el sistema judicial, en su conjunto, porque, en el fondo, se gana un juez más para abocarse al conocimiento de las diferentes causas radicadas en el tribunal.
En consecuencia, tanto los sistemas del juez de turno y el del juez especial, como la incorporación de los secretarios propiamente a la administración de justicia -éste ya no sólo verá los aspectos de carácter administrativo del tribunal-, permiten un mayor acceso a la justicia en éste, nuestro viejo sistema procesal de carácter inquisitivo, y también mayor amparo de la víctima.
Evidentemente, este proyecto implica un salto cualitativo desde el punto de vista de la atención a la gente, al ciudadano, respecto de hechos de carácter criminal.
Asimismo, contiene una norma fundamental: que las salas de las cortes de apelaciones se constituyan mayoritariamente por ministros y no por abogados integrantes, como ahora, lo cual desmerece la función de la administración de justicia, puesto que el abogado integrante es una institución extraordinaria en cuanto a que sólo es coadyuvante en las labores de administración de justicia. Por eso, la norma es muy adecuada -también está en el nuevo Código Procesal Penal- al establecer que las salas en el futuro deberán contar con mayoría de ministros, y sólo de manera excepcional con abogados integrantes. Más aún, existe un proyecto de ley complementario a éste, en el sentido de señalar que los profesionales que ejerzan la profesión no podrán ser abogados integrantes, porque eso se presta o da oportunidad para que haya determinado tipo de favores o abusos en la administración de justicia. Como ocurre en otros países, los abogados integrantes siempre deben ser abogados que no estén en el ejercicio de su profesión, para evitar cualquier tipo de suspicacia o de corruptela. De manera que también esta norma es bastante importante desde el punto de vista de la administración de justicia.
Con este proyecto ganan tanto la administración de justicia como el ofendido o la víctima, quien no se sentirá desamparada frente al delito y a su derecho de justicia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señora Presidenta , tal como ha señalado el diputado informante , señor Marcelo Forni , como también quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto busca resolver, al menos, una de las mayores críticas que recibe nuestra administración de justicia, cual es la lentitud en la tramitación de las causas. Esta crítica aumenta y se potencia precisamente respecto de las causas criminales, ya sea porque son muchas las que conocen nuestros tribunales, en especial en zonas donde hay mayor densidad de población, ya sea porque afectan bienes jurídicos importantes de las personas, como su vida, su integridad física y síquica, y su seguridad. Por eso, el proyecto es de la mayor relevancia. Se ha dicho acá que quizás esta materia se vería debilitada frente a la reforma procesal penal que se está aplicando en la mayoría de las regiones. No es tan así, porque son miles las causas que se conocen en regiones donde no está rigiendo dicha reforma. Es el caso de la Región Metropolitana. Entonces son decenas de miles las causas que, iniciadas en el proceso penal anterior a la reforma procesal penal, tendrán que acogerse y someterse al procedimiento que votaremos hoy, de los jueces de turno, de la participación del secretario en la administración de justicia y de la restricción en la integración de abogados en las cortes de apelaciones.
Por último, no puedo dejar de reiterar un tema que tratamos con ocasión del proyecto de ley que creó nuevas salas de cortes de apelaciones, cual es la necesidad de su especialización. He consultado al respecto sobre lo que ocurre en otros países y he concluido en que efectivamente, para una mejor, eficiente y correcta administración de justicia en los tribunales superiores, dicha especialización es necesaria.
En la actualidad, la Corte Suprema tiene el sistema de salas especializadas, y, por su intermedio, señora Presidenta , pregunto al señor ministro de Justicia si ha conversado acerca de la posibilidad de llevar a cabo esa especialización en las cortes de apelaciones. Ella contribuiría notablemente a la más rápida y eficiente tramitación de las causas criminales y, además, a que los fallos que emanen de dichas cortes sean más acertados y precisos que los dictados por salas de jurisdicción común.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor ministro .
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señora Presidenta , desde el punto de vista de la estructura de los tribunales, estamos planteando una reforma bastante estructural en relación con la especialización global de los tribunales de justicia. Queremos que los secretarios asuman la calidad de juez. Éste es un primer paso en el procedimiento para introducir la especialización, pensando en que, con la definitiva asunción de los secretarios en calidad de jueces, podremos especializar tribunales a lo largo de todo el país. Faltan tribunales laborales y de familia -el tema lo estamos discutiendo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia-. La mayoría de nuestros tribunales son de jurisdicción común, es decir, ven todo tipo de materias: laboral, civil, penal, etcétera.
En relación con las cortes de apelaciones, estamos en un proceso de análisis con la Corte Suprema y con las mismas cortes con la finalidad de establecer el sistema de salas especializadas, a fin de que la resolución de las causas en la segunda instancia sea más rápida y expedita.
La aprobación del proyecto de ley, hace poco menos de un mes, sobre el aumento de salas en distintas cortes del país, permitirá trabajar en la especialización con mayor prontitud.
Estamos en ese camino y, desde el punto de vista de la gestión, nos parece que es la forma más eficiente de utilizar los recursos en el Poder Judicial.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta , así como los médicos saben que la asistencia que se brinda a un accidentado durante los primeros minutos es vital para la conservación de su vida, así también los abogados penalistas sabemos que las primeras actuaciones del tribunal, después de cometido un asesinato, un delito o un cuasidelito son muy importantes para contar con la evidencia de huellas o rastros tanto de la víctima como del inculpado. En ese sentido, este proyecto va en la línea correcta al establecer jueces de turno que podrán disponer de inmediato la práctica de las primeras diligencias de la investigación. No pocas veces se cometen delitos en días viernes, y como el Código contempla un juez competente, de ahí a que se le ubique, muchas veces las huellas, incluso el cuerpo del delito, han desaparecido, con lo cual se frustra la eficaz acción de la justicia.
En Valparaíso tenemos el caso dramático de Lenin Zúñiga, cuyo cadáver fue lanzado al mar proceloso -aunque se llama océano Pacífico-, y nunca fue encontrado por no ubicarse al juez de turno con oportunidad, en el momento preciso; y hasta el día de hoy, después de años de investigación, no ha podido encausarse al verdadero culpable, no obstante su confesión detallada. Incluso -a lo mejor es simplemente un rumor- se dijo muchas veces que el cadáver fue cambiado de lugar porque no se quería que el juez competente encontrara el cuerpo del delito. Hechos como éste no pueden volver a ocurrir, y ésa es la finalidad del proyecto. Con esta iniciativa estamos resguardando con mucho celo el escenario del crimen y también damos la posibilidad de que el inculpado de un cuasidelito o de un delito menor tenga derecho a una pronta libertad.
Otra materia importante es el establecimiento de un sistema de jueces de dedicación exclusiva, que para nosotros ha sido gravitante en el tema de los derechos humanos, sistema que permite el conocimiento de situaciones dramáticas que involucran a toda la sociedad, como los delitos contra menores, que provocan una repulsa muy fuerte. Si no hay dedicación exclusiva, la justicia tarda, y como dijo ayer el ministro Libedinsky , “cuando tarda mucho, ya no es justicia”.
En la Quinta Región también tenemos el caso del conscripto Soto Tapia , en el que, porque no se resguardó el escenario del crimen, desaparecieron las huellas. Este caso ha estado en manos de dos ministros en visita -hoy día hay un tercero- y ya se está hablando de una nueva “bomba” en este tema. Hechos como éste no debieran volver a ocurrir si contamos con jueces con dedicación exclusiva.
Otro tema importante es el de los abogados integrantes y de su permanente recusación. Para tal efecto, el proyecto suprime el derecho a recusar sin expresión de causa. En Valparaíso, una vez más, tenemos un caso en que, estando procesados los hechores, no se ha podido dictar sentencia porque se recusa en forma permanente a los abogados integrantes, y ya llevamos dos años en esta historia.
Por último, la supresión del trámite de la consulta en el caso de los sobreseimientos temporales también va en la línea correcta.
En definitiva, este buen proyecto fue debatido y aprobado por unanimidad en la Comisión. Esperamos, en nombre del Partido por la Democracia, que se apruebe también en la Sala, porque así habrá más justicia, particularmente para la gente más pobre.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; no hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, con la misma votación se aprobará en particular el proyecto.
Aprobado.
Tiene la palabra el ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señora Presidenta , simplemente quiero señalar que lo que ha aprobado la Cámara de Diputados -iniciativa que en su oportunidad contó con la aprobación del Senado-, será ley dentro de pocos días si el Tribunal Constitucional aprueba rápidamente las modificaciones propuestas.
Es importante señalar que esta iniciativa agiliza la gestión judicial, dado que los tribunales de justicia actuarán con mayor prontitud en la decisión de las causas que sean sometidas a su conocimiento.
A pesar de que la Corte Suprema hizo presente en un oficio su desacuerdo con el proyecto, distintos magistrados, tanto de esa instancia como de cortes de apelaciones, me han manifestado su interés en los contenidos de la iniciativa a fin de mejorar el trabajo que realizan con la comunidad. El hecho de que pueda haber jueces que se dediquen exclusivamente al conocimiento de causas especiales y que en los casos de la jurisdicción común -la mayoría de los tribunales de provincia tienen esa característica-, los magistrados puedan dedicarse básicamente a las causas criminales y hacerlo con prontitud, mejora la calidad de la justicia en relación con la percepción que en la actualidad existe de ella.
En resumen, considero que el proyecto aprobado es importante, puesto que da cuenta de una de las modificaciones vinculadas con el tema de la seguridad ciudadana. En este sentido, existe otro proyecto -espe-ramos que llegue pronto a la Cámara de Diputados- relativo al examen de ADN, en relación con las personas que cometen determinados hechos delictuales, el cual posibilita determinar con certeza la culpabilidad o la inocencia de un inculpado.
Estos proyectos, que mejoran la gestión y la calidad de la justicia, ayudan mucho a disipar la percepción que existe en la sociedad en cuanto a que la justicia es muy lenta, sobre todo en el caso de los tribunales antiguos, en los cuales todavía no rige la reforma procesal penal.
Por último, agradezco la votación unánime que tanto diputados como senadores han prestado a esta iniciativa.
He dicho.
AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS EN FAVOR DE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES. Modificación del decreto ley Nº 3.516, DE 1980. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley que autoriza la subdivisión de un predio rústico en favor de las personas que indica.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señora Presidenta , sobre este proyecto ya se ha debatido mucho. Solamente he pedido la palabra para solicitar votación separada en el artículo primero, de la siguiente oración: “Los lotes que se transfieran tendrán prohibición legal de gravar y enajenar por quince años, la que deberá ser inscrita de oficio por el respectivo Conservador de Bienes Raíces”.
Me parece excesivo el plazo de quince años. Creo que cinco años es lo más adecuado porque este proyecto de ley es justamente para favorecer a los pequeños agricultores que quieren darle un sitio a su hijo.
Según algunas consultas que he hecho, no hay ninguna posibilidad de hacer negocio con la subdivisión de un predio, porque no se podrá transferir una superficie inferior a los quinientos ni superior a los mil metros cuadrados por una sola vez a los parientes por consanguinidad en primero o segundo grado. No hay otra alternativa. En consecuencia, no se puede prestar para hacer ningún tipo de transferencias destinadas a condominios o parcelaciones, sino sólo a los parientes en primer grado. Entonces, no veo cuál es la aprensión de algunas personas para sostener que esto se prestará para negociado.
Sí tememos, y lo quiero decir con mucha fuerza, que, como en estos días se está llamando a postular a los subsidios habitacionales rurales, esta iniciativa de ley no esté vigente en el momento de la postulación y volvamos a caer en lo mismo.
Se dice que el artículo 57 vigente subsana el problema, pero resulta que deben reunirse más condiciones. Ahí sí que los pequeños agricultores tienen las mismas condiciones que para hacer los loteos. Por consiguiente, es interesante despacharlo rápidamente y pido que lo votemos ahora.
Señora Presidenta , pido votación separada para que no se establezcan quince años, sino los cinco años que contemplaba el proyecto original.
Anuncio que votaré favorablemente este proyecto.
Muchas gracias.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Quiero informar a los colegas que la semana antepasada quedó una lista de diputados inscritos, a quienes vamos a dar prioridad en el uso de la palabra.
Atendiendo la necesidad de despachar con rapidez este proyecto y otro que está en tabla, solicito a los colegas que ya intervinieron sobre este tema no hacerlo nuevamente.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-
Señora Presidenta , aunque estoy de acuerdo en votar favorablemente este proyecto, he presentado una indicación que, de alguna manera, supera una grave omisión que contiene.
Creo importante consignar en el proyecto la necesidad de que las subdivisiones se ajusten, de alguna manera, a un determinado plano que contemple los accesos de los nuevos predios a las vías públicas tradicionales. Suele suceder en estos casos que los nuevos predios quedan absolutamente encerrados y sin comunicación.
Señora Presidenta , en la sesión ordinaria anterior varios señores diputados de las comunas rurales manifestaron que los parlamentarios de las comunas urbanas no entendíamos los problemas que sucedían en esos lugares. He presentado la indicación como una contribución de un parlamentario de una comuna netamente urbana a un proyecto netamente rural.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señora Presidenta, se trata de un proyecto cuya necesidad es muy sentida por los campesinos y por la gente sencilla del mundo rural, quienes esperan con ansia su despacho.
A pesar de que también comparto algunas objeciones que han formulado algunos diputados, estoy dispuesto, en aras de lograr que este proyecto se apruebe a la brevedad, a aprobarlo tal como está redactado.
No cabe duda alguna de que el objetivo es sólo para satisfacer la necesidad cierta de que las personas puedan postular al subsidio y construir su vivienda.
También concuerdo en que es exagerada la prohibición de no gravar ni enajenar durante quince años los lotes que se transfieran, pero ella es buena en la medida en que evita el mal uso de la iniciativa para la subdivisión de predios, lo que tranquiliza a muchos diputados. Entiendo que la prohibición obedece a ese peligro evidente.
Como estoy consciente de que esto se usará sólo para vivienda y que no entorpecerá la postulación a los subsidios -a pesar de que se les prohíba vender por quince años-, prestaré mi aprobación al proyecto tal como está redactado, e invito al resto de los señores diputados a hacer lo mismo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA .-
Señora Presidenta , debido a que el proyecto fue latamente discutido en las Comisiones unidas de Agricultura y de Vivienda, se disiparon todas las dudas y problemas que podrían suscitarse con su aprobación.
Durante esta semana distrital, he tenido la oportunidad de reafirmar mi convicción absoluta de que con esta iniciativa se solucionará definitivamente el problema habitacional que afecta a mucha gente en el campo.
Los parlamentarios de sectores rurales, como es mi caso, hemos comprobado el hacinamiento en que muchas veces conviven los campesinos que se casan, pues siguen viviendo en la casa de sus padres y, por no contar con un terreno, no pueden acceder al subsidio rural. Con ello, terminan en una situación psicológica y socialmente molesta, sin contar algunos casos en que han sucedido situaciones de otro orden, también lamentables.
De manera que en vista de la aprobación del proyecto por las Comisiones unidas de Agricultura y de Vivienda, del drama social existente y de la prohibición de enajenar por quince años, que resguarda cualquier uso distinto del espíritu de la iniciativa, solicito a la Cámara su pronunciamiento favorable, con lo que se llevará alegría a miles y miles de campesinos que podrán optar a una vivienda propia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ .-
Señora Presidenta , es bueno señalar -no sólo para aclarar el espíritu de la iniciativa, la discusión habida en las Comisiones unidas y las expectativas que se puedan generar en las personas que viven en sectores rurales- que este proyecto no soluciona en forma definitiva la carencia de viviendas.
Digo esto porque algunas personas piensan que con esta iniciativa obtendrán su vivienda en forma automática, en circunstancias de que esa pretensión está lejos de ser el objetivo de la futura ley. Es más, tal como lo dije en las Comisiones unidas, me parece que el proyecto es redundante, pues otras legislaciones ya autorizaron a la gente para subdividir sus predios, sea entre sus familiares o no. Existe el denominado derecho real de uso del suelo, tal vez no muy conocido por su poca difusión, como lo expresaron algunos colegas. Este sistema permite cumplir en forma expedita los requisitos exigidos a las personas que deseen postular a la vivienda rural, mediante la inscripción, en la notaría, del terreno cedido por parte del padre o de algún familiar.
Manifesté mi rechazo al proyecto porque, además, apunta a disminuir la 0,5 hectárea que hoy exige la ley para subdividir los predios rurales. Es la antesala y el argumento que se tendrá presente en un tiempo más cuando se materialicen las subdivisiones, con lo cual aumentará la cantidad de pequeños sitios en el sector rural y, por lo tanto, la destrucción de predios productivos. Hoy es mucho más rentable el negocio de la tierra, en términos de subdividirla y venderla, que hacerla producir.
He criticado abiertamente el proyecto porque, según mi parecer, no aporta nada nuevo a los sistemas de postulación, dado que ya existen mecanismos para postular a viviendas utilizando el derecho de uso de suelo, que permite al interesado contar con el terreno que le cede un familiar.
Dicho esto y no obstante estar aprobado el proyecto por las Comisiones unidas de Agricultura y de Vivienda -algunos colegas podrán creer legítimamente que constituye por lo menos un instrumento más, pero no una respuesta sobre algo que no existe-, la restricción que evita que se pueda enajenar durante 15 años, es un resguardo respecto del cual la Comisión estuvo de acuerdo. No es un tema que haya sido enfocado con criterio distinto por colegas de la Concertación o de Oposición, sino que hubo unanimidad en estimar necesaria la restricción por 15 años. Me llama la atención que en el paso del proyecto desde la Comisión a la Sala, el plazo se haya reducido a cinco años. En mi opinión, con ello se crea un precedente para bajar la exigencia de subdivisión en el sector rural, de manera que estoy por mantener los 15 años, con el objeto de no entrar en este juego del comercio del terreno y no cumplir con el objetivo que dice tener el proyecto. Habrá que creer que el objetivo es facilitar otro mecanismo para contar con un terreno que permita postular a una vivienda.
Este no es un instrumento nuevo, significativo, porque ya existen vías para postular a una vivienda en el sector rural.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señora Presidenta , el dicho de que “Los cuidados del sacristán mataron al señor cura” puede ser muy cierto en esta ocasión, porque aquí hay dos bienes que se quieren proteger, los cuales, dependiendo de a quien uno representa, tienen una finalidad absolutamente distinta en el proyecto.
No comparto los cuidados excesivos previstos en el texto. Me parece una aberración establecer plazos de cinco, diez o quince años y que se diga que tiene que ser, como superficie mínima, 500 metros cuadrados.
El valle de Cachapoal, Sexta Región, que representamos varios colegas en la Sala, fue objeto de una intensiva reforma agraria. La mayoría de los asentamientos rurales que allí se establecieron -es probable que así haya sido también en buena parte de la Séptima Región- surgieron en ese contexto. Las personas que requieren subdividir predios rústicos son, en su mayoría, familias de trabajadores agrícolas, asalariados rurales, que no quieren emigrar desde sus localidades hacia la ciudad, pero se ven obligados a hacerlo porque acceder a un subsidio habitacional tiene un costo excesivo, debido a que la ley establece una exigencia que no pueden cumplir.
Se trata de familias numerosas, como era costumbre en aquellos tiempos -mujeres más valientes, dicen otros- con seis, siete o diez niños, a quienes sus padres quieren ceder parte de su terreno de 5.000 metros cuadrados, producto de la reforma agraria, para que puedan postular a un subsidio habitacional. Muchas veces, sin embargo, las exigencias que ponemos dificultan que familias de trabajo puedan acceder al subsidio de vivienda. Por lo tanto, establecer este mínimo de 500 metros no tiene ninguna razón de ser.
En el Ministerio de Vivienda usan como parámetros los 300 metros cuadrados. Me gustaría saber cuál es la razón técnica o práctica para establecer una superficie distinta de la que tiene Vivienda.
Si la causa fuera el problema sanitario, que fue lo que planteó el Ministerio de Vivienda, ello es incluso discutible, porque actualmente a las personas que postulan al subsidio de vivienda se les exige una solución sanitaria en relación con la evacuación de las aguas servidas, que no era requerida años atrás. Hoy no se aceptan las letrinas o el pozo negro, de manera que están obligadas a hacer fosa y pozo. Cualquier persona informada sabe que en un terreno de menos de 200 metros cuadrados se pueden hacer esas instalaciones, ya que no se produce la contaminación de las norias con la evacuación de las aguas servidas.
Fijar esta restricción de 500 metros cuadrados como mínimo, dificulta al padre de una familia numerosa repartir a varios hijos un terreno para acceder al subsidio. Se ve en la obligación de dejar a algunos fuera del proceso de subdivisión. Adicionalmente, fijar esta restricción de tiempo para enajenar el patrimonio, me parece una aberración porque se trata a la gente de trabajo como incapaces. Entiendo que ésa no es la razón por la cual se puso esta restricción. Más bien, se estableció pensando en que puede haber algunos inescrupulosos que subdividirán sus tierras para hacer una gestión inmobiliaria, pero el dueño de un paño mayor de tierra no tiene mayores problemas para afrontar costos o recurrir a otros mecanismos legales para hacer el cambio de uso de suelo. Los empresarios que hacen gestión inmobiliaria tienen recursos para pagar un arquitecto, hacer la subdivisión y el cambio de uso de suelo. Gastar 500 mil o un millón y medio de pesos para ese efecto no les importa mayormente. Estoy hablando de lo que sucede en la Sexta Región -quizás en otras partes del país es distinto-, pero imponer estas restricciones a una familia trabajadora temporera, eso sí importa.
Entiendo que el sentido y el espíritu de quienes promovieron esta iniciativa fue beneficiar a las familias rurales. Por tanto, hay otras formas de evitar el presunto mal uso que se puede hacer de esta transferencia, sin recurrir a los mecanismos que se han establecido aquí. Se pueden fijar superficies máximas a los terrenos por subsidiar. Por ejemplo, 500 metros cuadrados, porque en las zonas rurales cualquier familia de trabajo puede construir su vivienda con el subsidio a que le da derecho esa cantidad de metros cuadrados. Nadie estará pensando en grandes gestiones inmobiliarias o en parcelas de agrado en terrenos de 500 metros cuadrados o menos.
Las personas de ingresos medios que quieran acceder a una segunda vivienda en una zona rural pensarán en terrenos más grandes.
Otra posibilidad sería establecer, como condición para materializar la enajenación, que el subsidio se otorgue sólo para viviendas sociales, las que ya están definidas en la ley. De esta manera, los terrenos se subdividirán sólo con un propósito concreto, en cuyo caso se materializará la escritura.
Señora Presidenta , las intenciones del proyecto son buenas, pero no la solución. Como dicen los arquitectos: “Era brillante la idea, pero terminó mal porque no se construyó de buena forma”. Esto se lo digo con todo respeto al arquitecto que hoy tengo como edecán.
El señor HALES .-
¡Como guía, no como edecán!
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Sí, es un buen guía.
Considero útil acoger la indicación para eliminar la restricción del tiempo, revisar lo relativo a la superficie y también lo de los bienes comunes establecidos en el artículo 2º.
Hoy deberíamos dar un paso adicional en el uso de los bienes comunes, no sólo en el alcance que se les ha dado aquí. Los clubes deportivos quieren hacer uso de los bienes comunes, pero los dueños de los derechos no desean incurrir en gastos para hacer la transferencia.
Podríamos otorgar facilidades para que estos terrenos, que son campos deportivos y no pueden cambiar su destino, sean objeto de transferencia al subdividirlas, sin que esa operación sea onerosa para los dueños de los derechos, los cuales no son las comunidades o los clubes deportivos. Quizás se pueda establecer el criterio de donación, que debe ser amplio.
El diputado señor Patricio Hales me ha solicitado una interrupción, la que, con la venia de su Señoría, le concedo.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Señor diputado , ¿ha concluido su intervención?
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Sí, señora Presidenta .
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Reitero lo que señalé hace un rato: existe una lista de colegas inscritos y quiero que se respete el orden.
Le corresponde el uso de la palabra a la diputada señora María Eugenia Mella y, luego, a los diputados señores Andrés Egaña y Patricio Hales.
Tiene la palabra la señora diputada.
La señora MELLA (doña María Eugenia) .-
Señora Presidenta , quiero hacer hincapié en algo que no se ha planteado: actualmente existe una situación de hecho, en la cual los padres les han ido otorgando a sus hijos pedazos de terrenos, quienes construyen mediaguas o edifican lo que les sea posible. Existe un decreto ley de excepción, el Nº 2.695, que permite regularizar la situación de esa gente con una restricción de sólo dos años. Pueden postular no sólo al subsidio, sino también al crédito; la propiedad puede ser enajenada después de dos años.
La moción ordena una situación -se los digo porque fui seremi de Bienes Nacionales- prevista en un decreto ley al que los interesados pueden recurrir si cumplen los requisitos. Por eso tenemos legislaciones que se contradicen. Ese decreto ley está vigente y se aplica respecto de predios para clubes deportivos, como se ha dicho acá.
Los clubes deportivos que obtienen la transferencia o donación de predios de gente beneficiada con la reforma agraria, según el decreto ley Nº 2.695, pueden regularizar la situación, sin que les cueste un peso, porque el costo del saneamiento está subsidiado por el Estado con programas especiales.
Si se establecen 15 años de restricción y limitantes a la subdivisión, que igual se tendrá que pagar, les aseguro que las situaciones de excepción seguirán existiendo. Por lo tanto, la única manera de ordenar este sistema es a través del texto inicial de la moción.
Insisto en que si la gente cumple con los requisitos de cinco años de posesión material ininterrumpida, no discutida, etcétera, y tiene un documento de cesión de derechos de su progenitor, no existirá ningún inconveniente para sanear el predio a su nombre. Estamos obligados a aplicar el decreto ley Nº 2.695, de 1978.
Por lo tanto, siento que estamos discutiendo algunos temas sobre bases inexactas. Es cierto que todavía existe gente que no ha dividido sus propiedades, pero en la mayoría de los casos que conocí en mi larga experiencia, en el sector rural se les han ido otorgando espacios a los trabajadores, a sus hijos o a otras personas, que construyen viviendas de muy bajo nivel, lo que posteriormente les sirve para postular a los subsidios habitacionales. Es decir, el problema se ha ido solucionando de acuerdo con lo dispuesto en ese decreto ley, normativa de excepción, es decir, con limitantes, que prohíbe la enajenación del predio durante dos años. Por consiguiente, si la iniciativa original que debatimos planteaba cinco años, como plazo durante el cual no se puede enajenar, creo que es tiempo más que suficiente. También establece exclusividad en la subdivisión sólo para el uso habitacional, a fin de poder postular al subsidio. En resumen, se está dando un ordenamiento para no recurrir a ese decreto ley de excepción, manteniendo a los campesinos la posibilidad de acceder a la propiedad de un predio.
Por tanto, lo votaré favorablemente, pero me parece que el texto inicial era mejor.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Quiero recordar a los señores diputados y señoras diputadas que este proyecto tiene una larga historia. Del 13 de julio de 2000 ha vuelto dos veces a Comisiones: primero, a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y posteriormente, a las Comisiones unidas de Vivienda y de Agricultura. Resulta lamentable que aún los señores diputados no se pongan de acuerdo, retardando la tramitación de este proyecto.
Por lo tanto, solicito que se realicen intervenciones tendientes a abreviar el debate a fin de lograr una pronta votación. La lista de los diputados que han solicitado la palabra se ha extendido, porque ahora todos dicen que estaban inscritos desde la última sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señora Presidenta , en esta Corporación hemos terminado discutiendo un proyecto de subdivisión de suelo y no de subsidio. ¡A esa barbaridad hemos llegado! Aquí está reflejada, según la visita que nos hiciera la semana pasada la representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la incapacidad de este Gobierno -por el que yo voté- y de los anteriores para resolver el tema del subsidio. No puedo ser más breve en decir que el Gobierno no fue capaz de solucionarlo y, en el fondo, lo que se ha hecho es presentar un proyecto de subdivisión de suelo.
Si queremos subdividir el suelo rural, que representa el 98 por ciento del territorio nacional, se requiere un proyecto que sea estudiado por la Comisión de Desarrollo Regional, a fin de que dispongamos de informes de planificación, de regulación y así tener un debate como el que señaló el diputado señor Hidalgo sobre derechos económicos, libertad de emprender, la libertad de hacer negocios y de subdividir los suelos rurales.
Por lo tanto, no voy a votar a favor del proyecto si no es con la aprobación de la indicación que propone una prohibición de gravar y enajenar por quince años, porque, por último, con ella se puede controlar la aplicación de lo dispuesto por esta normativa. Si se quería resolver el tema del subsidio, no debió presentarse un proyecto de subdivisión rural.
Quiero conservar el destino agropecuario de ese suelo y escuchar a los diputados rurales que están de acuerdo con ello. Si desean que se elimine, díganlo claramente. Quiero conservar el destino turístico, los paisajes, los recursos naturales, el sentido de regionalización y no que la inmobiliaria de los urbanos, de la gente de la ciudad, expulse a los campesinos con un cañonazo de diez veces más el valor del suelo proveniente de esa subdivisión. ¿Por qué no se dijo claramente que este proyecto no era para el subsidio, sino para subdividir el 98 por ciento del territorio agrícola?
Si los diputados rurales y campesinos quieren efectivamente transformar el agro y el suelo agrícola en territorio inmobiliario, entonces presenten una iniciativa sobre la materia, pero no disfracen un proyecto de subdivisión de suelo. Ello refleja la incapacidad que hemos tenido para otorgarle el subsidio al campesino.
Por último, la regulación rural debe existir. Por eso me alegra la intervención del diputado señor Hidalgo . Se refirió al tema de la libertad económica. Estoy de acuerdo con la regulación del noventa y ocho por ciento del territorio nacional, pero discutámoslo en su mérito y no debatamos sobre subdivisión de suelo a partir de un proyecto de subsidio.
Como digo, estoy a favor de establecer la prohibición de gravar y enajenar por quince años los lotes transferidos, a fin de que quede absolutamente claro que lo que estamos disponiendo para el sector rural no es la planificación del noventa y ocho por ciento del territorio de Chile, sino que el acceso de los campesinos al subsidio. Con ello les decimos: “Como nadie ha sido capaz de dárselos, vamos a establecerlo en esta normativa, pero no para permitir que se hagan negocios inmobiliarios, urbanizar ni transformar en ciudad los territorios del campo”.
En consecuencia, quiero proteger los territorios rurales para que no se transformen en zonas urbanas. Eso sería un desastre, y lo señalo como diputado de la República , no sólo de un distrito ubicado en el territorio urbano del centro de Santiago.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El Comité Demócrata Cristiano ha solicitado a la Mesa el cierre del debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 4 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada la petición.
Cerrado el debate.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Secretario va a dar lectura a la primera indicación.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Indicación de los diputados señores Galilea, don José Antonio; Hidalgo, Álvarez-Salamanca, Monckeberg, Bayo y Palma para eliminar en el párrafo segundo de la nueva letra j) la expresión “gravar y” y para reemplazar la palabra “quince” por “cinco”, de tal manera que el párrafo quedaría redactado en los siguientes términos: “Los lotes que se transfieran tendrán prohibición legal de enajenar por cinco años, la que deberá ser inscrita de oficio por el respectivo Conservador de Bienes Raíces.”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Secretario va a dar lectura a la segunda indicación.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La segunda indicación es del diputado señor Ibáñez, para agregar al final del párrafo segundo de la nueva letra j) la siguiente oración: “La subdivisión deberá incluir, expresamente, las vías a través de las cuales o de la cual los nuevos predios que resulten de esta subdivisión se conectarán con las vías públicas. Esas vías tendrían, a lo menos, un carácter vecinal.”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 4 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Secretario va a dar lectura a la última indicación.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Indicación de la diputada señora Sepúlveda y de los diputados señores Luksic, Burgos y Montes para reemplazar el artículo 2º por el siguiente:
“Artículo segundo.- Agréganse los siguientes incisos, cuarto y quinto, nuevos, al artículo 2º de la ley Nº 19.386.
Las organizaciones deportivas o comunitarias con personalidad jurídica inscritas en el registro establecido en el artículo 38 de la ley Nº 19.712 de las localidades correspondientes, que usen permanentemente bienes comunes derivados del proceso de reforma agraria o retazos de los mismos para actividades deportivas, podrán postular al subsidio que dispone el inciso tercero del artículo 52 de ese mismo cuerpo legal. Para el solo propósito de lo dispuesto en el inciso anterior se considerará el inmueble libre de gravámenes, prohibiciones y embargos”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votó por la negativa la diputada señora
-Se abstuvieron los diputados señores:
PROTECCIÓN DEL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES. Enmienda al Código del Trabajo. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde discutir el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica el artículo 162 del Código del Trabajo para establecer que el finiquito deberá suscribirse ante un funcionario de la inspección del trabajo.
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el diputado señor Rodolfo Seguel.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Trabajo, boletín Nº 2835-13, sesión 14ª, en 18 de abril de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor diputado informante .
El señor SEGUEL.-
Señora Presidenta , hace tres semanas este proyecto fue discutido en general por la Sala y aprobado prácticamente por la unanimidad de los señores diputados, ya que hubo sólo una abstención.
En esa oportunidad, después de una larga discusión en la que intervinieron alrededor de treinta señores parlamentarios, se presentaron tres indicaciones, las que fueron rechazadas: la primera, por 11 votos en contra y 1 a favor; la segunda, del diputado señor Salaberry , fue declarada inadmisible, y la tercera, fue rechazada por unanimidad.
Los miembros de la Comisión de Trabajo recomiendan la aprobación de la modificación del artículo 177 del Código del Trabajo, mediante la cual se agrega, a continuación de su inciso segundo, con punto seguido, el siguiente párrafo:
“Estos Ministros de Fe -se refiere a los notarios-, previo a la ratificación del finiquito por parte del trabajador, deberán requerir al empleador les acredite mediante certificado del órgano competente o las copias de las planillas de pago respectivas, que se ha dado cumplimiento íntegro al pago de todas las cotizaciones para fondos de pensiones, de salud y de seguro de desempleo si correspondiere, hasta el último día del mes anterior al del despido. Con todo, deberán dejar constancia de que el finiquito no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo si el empleador no hubiere efectuado el íntegro de las restantes cotizaciones previsionales.”.
La Comisión, por unanimidad, estimó conveniente aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hiciera en su primer trámite reglamentario.
De esta forma, con la aprobación de este proyecto, la Cámara de Diputados, en una señal de reconocimiento, saluda a todos los trabajadores chilenos en el Día Internacional del Trabajo.
Es cuanto puedo informar.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señora Presidenta , tal como planteó el diputado informante en la última sesión de la Comisión de Trabajo, básicamente se discutió sobre la admisibilidad de ciertas indicaciones. Sin embargo, en esta oportunidad sólo haré referencia a lo que señalé en representación de los diputados de la bancada de la UDI sobre el proyecto.
En primer lugar, en el Orden del Día -a lo mejor por la técnica legislativa que uno tiene que acostumbrarse a manejar- se nos invita a discutir un articulado que no dice relación con lo que finalmente aprobó la Comisión. De hecho, en la suma del proyecto se habla de modificar el artículo 162 del Código del Trabajo para eliminar a los ministros de fe estableciendo que el finiquito deberá suscribirse ante un funcionario de la inspección del trabajo. Sin embargo, al interior de la Comisión se discutió una modificación al artículo 177.
En ese sentido, la Comisión estimó razonable acoger la moción sustitutiva del diputado señor Seguel , quien lamentablemente no estuvo en la última sesión que aquélla celebró.
Personalmente presenté una indicación que facultaba a los ministros de fe para que, al momento de firmarse el finiquito, además de verificar la existencia de los certificados y planillas correspondientes al pago de las cotizaciones previsionales, aceptaran que los empleadores pudieran suscribir un convenio de pago. El presidente de la Comisión la declaró inadmisible por estimar que versaba sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
Sin embargo, el ministro de Trabajo , refiriéndose a la indicación, señaló que el actual sistema previsional, a la par de proteger al trabajador en lo que respecta a sus cotizaciones, prevé la posibilidad de que ellas puedan declararse y pagarse después, y el sistema opera bien en términos generales. Por tanto, en la indicación también quedaba abierta la puerta en términos de que, declaradas las cotizaciones previsionales, ellas pudieran pagarse en el plazo que el empleador acordare con la institución previsional correspondiente.
En consecuencia, nuestra bancada votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señora Presidenta , en la sesión anterior se señaló que hubo la intención de resolver, por dos vías, las irregularidades producidas con los finiquitos ante ministros de fe distintos de los de la inspección del trabajo.
Esta inquietud fue planteada por el presidente de la CUT, don Arturo Martínez , a varios parlamentarios. A raíz de ello, un grupo de diputados presentamos indicaciones, unas para modificar el artículo 162 -iniciativa original del diputado Seguel - y otras para modificar el artículo 177, que es lo que estamos haciendo en esta ocasión. Por tanto, estamos contestes en la idea de precisar el rol de los ministros de fe.
Algunos fuimos partidarios de eliminar a los notarios y a los oficiales civiles como ministros de fe, y de que el finiquito se materializara ante la inspección del trabajo. Sin embargo, hubo reservas al respecto y al final se establecieron nuevas exigencias para que los oficiales civiles y los notarios se pudieran desempeñar como ministros de fe. Si el objetivo es asegurar que los ministros de fe cumplan bien su trabajo -porque el finiquito tiene efectos legales muy determinados, respecto de los cuales no cabe posterior reclamo-, es importante precisar cuáles son los requisitos que deberán cumplir. Por ello, a continuación del inciso segundo del artículo 177 del Código del Trabajo se agrega lo siguiente: “Estos Ministros de Fe, previo a la ratificación del finiquito por parte del trabajador, deberán requerir al empleador les acredite mediante certificado del órgano competente, que se ha dado cumplimiento íntegro al pago de todas las cotizaciones...”. Eso me parece muy bien, pero no así la frase “o las copias de las planillas de pago respectivas”.
Por tanto, le pediría al diputado informante precisar más el punto, porque eso se podría interpretar como que sólo se exige la declaración de los pagos y no los pagos en sí. Es necesario aclarar, para la historia de la ley, que sólo se aceptarán -en todos los ámbitos- las copias de los pagos efectivos de las cotizaciones previsionales y no su declaración.
A mi juicio, el establecimiento de esos requisitos imposibilita que los oficiales civiles actúen como ministros de fe, porque no tienen la formación necesaria ni manejan todos los elementos del derecho del trabajo; se les estaría imponiendo una carga muy difícil de cumplir.
Sin perjuicio de lo anterior, votaré a favor del proyecto, porque es importante dar mayor certeza a los derechos de los trabajadores, que es lo que inspiró a quienes presentamos el proyecto -el diputado señor Seguel , la ex diputada señora María Rozas y quien les habla- y lo que, a su vez, nos planteó la CUT y un grupo de buenos empresarios, quienes entienden que el finiquito tiene un valor legal importante, por lo que no se debe abusar de él, como lo hacen algunos malos empresarios al no pagar a tiempo los derechos previsionales de los trabajadores.
Existe convicción respecto de la necesidad de cambiar la cultura laboral de nuestro país. Por eso, y como un homenaje al Día del Trabajador, que se celebra mañana, votaremos a favor del proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación particular el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 1 abstención.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bayo,
-Se abstuvo el diputado señor
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA RESPECTO DEL PRÓXIMO CENSO. (Continuación).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Corresponde ocuparnos de los proyectos de acuerdo.
El proyecto de acuerdo Nº 19 se refería a la franja televisiva del censo. Por haber pasado su oportunidad, solicito archivarlo por diez años más.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
MECANISMO DE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES REALIZADOS EN CUBA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 20.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 20, de la diputada señora Carolina Tohá y de los diputados señores Navarro, Escalona, Aguiló, Paredes, Rossi, Robles, Espinoza, Sánchez y Silva.
“Visto:
Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la honorable Cámara, y
“Considerando:
1. Que cada año más de doscientos jóvenes chilenos se integran a planteles de educación superior en la República de Cuba, especialmente a la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, con el fin de ingresar a la carrera de medicina, claramente motivados por el alto nivel de desarrollo que esta área tiene en la mayor de Las Antillas.
2. Que como es sabido, durante todo el período de estudio los estudiantes chilenos permanecen desarrollando sus carreras en estos centros de educación superior y no pagan absolutamente nada, ni por concepto de matrícula ni de arancel básico.
3. Que Chile y Cuba han acercado en los últimos años su interés por desarrollar el intercambio entre ambas naciones, especialmente en las áreas de la educación, la salud y el deporte.
4. Que hasta 1973 existía un convenio que permitía a los chilenos la homologación, reconocimiento y convalidación de los estudios realizados en Cuba, sin que existieran mayores requisitos que la adecuada acreditación del cumplimiento cabal de los mismos.
5. Que actualmente los estudiantes chilenos que regresan al país luego de haber concluido exitosamente su formación deben someterse a un proceso que se extiende entre uno y dos años, para conseguir la certificación y reconocimiento de su calidad de médicos, retardando innecesariamente la integración de estos profesionales, con fuerte vocación de servicio social, al mercado laboral nacional.
6. Que esta situación afecta particularmente a los estudiantes de medicina, cuyos padres incluso se han constituido en agrupación para hacer un planteamiento común sobre la necesidad de regular adecuadamente el esfuerzo que hacen sus hijos por alcanzar una formación profesional que, por razones económicas, difícilmente lograrían en Chile, pero también alcanza a profesionales de otras áreas de las ciencias naturales y sociales.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que instruya al Ministerio de Educación de Chile para que agilice los mecanismos que permitan agilizar los procesos de reconocimiento, homologación y convalidación de los estudios superiores realizados en la República de Cuba, especialmente en el área de la medicina, que en la actualidad se prolonga hasta por dos años”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).- N
o hay quórum.
Se va a llamar a votar a los señores diputados hasta por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
NEGOCIACIÓN POR VENTA DE TERRENO EN IQUIQUE EN FAVOR DE EX AFILIADOS DE HABITACOOP.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 22, de los diputados señores Fulvio Rossi, Iván Paredes, Alejandro Navarro, Juan Bustos, Eugenio Tuma, Fidel Espinoza, Pedro Muñoz y señora Isabel Allende.
“Considerando:
1. Que la quiebra de la Cooperativa Habitacional Habitacop dejó a más de 250 familias, agrupadas en el conjunto Reina del Mar, segunda etapa de Iquique, sin posibilidad de acceder a la casa propia, perdiendo de esta manera sus ahorros acumulados durante años.
2. Que por el grave perjuicio que este hecho causó a nivel nacional, el Gobierno, asumiendo en parte la responsabilidad por conocer previamente la situación financiera de la cooperativa y no informarla a los socios que siguieron ahorrando en Habitacop, resolvió otorgar a cada familia un subsidio vía contrato de “leasing” de hasta 100 unidades de fomento.
3. Que esta propuesta es insatisfactoria para la situación de las familias iquiqueñas, toda vez que el sistema de “leasing” no ha operado en esta región y, lo más relevante, el monto de los dineros ahorrados y perdidos por los socios de Iquique superan ampliamente dicha cantidad.
4. Que las 120 familias de las 250 afectadas se han organizado y determinaron hacer una contraparte al Gobierno, la cual sugiere la venta de un terreno de 5 hectáreas, ubicado en un sector aledaño al lugar donde inicialmente Habitacop construiría sus viviendas. El referido sitio es de propiedad del Serviu de la región de Tarapacá y las 120 familias aludidas, que están solicitando la venta, piden que ésta se les otorgue a un valor de 0,35 UF el metro cuadrado.
5. Que, siendo dueños del terreno, la empresa constructora Loga estaría dispuesta a vender viviendas de similares características a las del proyecto inmobiliario original en un precio inferior.
6. Que sin perjuicio de que se trate de 120 familias que luchan por esta propuesta, la idea de compra del terreno considera la construcción de 250 viviendas, es decir, se estaría incluyendo a la totalidad de las familias que se encuentran afectadas por el caso Habitacop en Iquique.
Proyecto de acuerdo:
1. La Cámara de Diputados acuerda oficiar al Director Regional del Serviu , sección Tarapacá, al objeto de que informe sobre el proceso de negociación por la venta del terreno señalado con las agrupaciones de familias iquiqueñas afectadas por la quiebra de Habitacop.
Además, la Cámara de Diputados sugiere, como caso excepcional bajar el precio por metro cuadrado del mencionado terreno, a fin de que se pueda resolver este complejo y dramático problema”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , después de la quiebra de Habitacoop quedaron muchas familias sin lograr la solución habitacional tan requerida por ellas, para lo cual habían ahorrado durante mucho tiempo. La situación en Iquique, en Los Andes y en otros lugares del país fue dramática, pues la cantidad ahorrada era muy significativa. Estamos hablando de que para postular a viviendas de 1.500 uefes algunas personas habían ahorrado entre 350 y 400 uefes. Incluso, los postulantes de la primera etapa tenían pagada la totalidad de la casa.
La quiebra de Habitacoop dejó a 300 familias agrupadas en torno del proyecto habitacional Reina del Mar, que se encuentra en su segunda etapa, sin conseguir una solución habitacional definitiva.
Lo que se está buscando a través del proyecto de acuerdo -ya se ha conversado con autoridades regionales del Serviu y también del Ministerio de Vivienda- es que, por esta vez y debido a que la situación perjudica fundamentalmente a gente de clase media que han hecho un gran esfuerzo para obtener su vivienda, se llegue al acuerdo de bajar el precio del metro cuadrado del terreno a la misma cifra en que estaba tasado cuando se construyó la primera etapa, pues la solución de dar un subsidio de 100 uefes vía leasing nunca se ha aplicado en la Primera Región para viviendas de estas características.
Quiero señalar que la cifra de 0,35 uefes, que aparece en el proyecto de acuerdo, es el valor que originalmente tenía ese terreno. Obviamente, después de la construcción de la primera etapa del proyecto de Habitacoop en el terreno colindante, aumentó su plusvalía, por lo que actualmente está en cerca de dos a tres veces el valor primitivo.
En el fondo, la idea del proyecto de acuerdo es tratar de resolver un problema que, si bien no tiene una directa relación con el Gobierno, pues estamos hablando de empresa privada, sí la tiene con el Estado chileno, ya que las cooperativas aún no tienen un sistema de fiscalización adecuado y sólo dependen de un departamento del Ministerio de Economía.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se repetirá la votación.
-Repetida la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se llamará a votar hasta por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
La votación del proyecto queda pendiente para la próxima sesión.
AMPLIACIÓN DE BENEFICIOS OTORGADOS POR EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY Nº 19.583, “LEY DEL MONO”, A VIVIENDAS RURALES.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Debo informar a la Sala que algunos señores diputados, entre ellos don Juan Pablo Letelier, me han pedido que solicite el asentimiento de la Sala para tratar de inmediato y sin discusión el proyecto de acuerdo Nº 27, sobre la llamada “ley del mono rural”, que beneficiaría a personas de esa zona.
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González para plantear un asunto reglamentario.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , no tenemos ese proyecto de acuerdo en nuestros escritorios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señora diputada , el proyecto de acuerdo Nº 27 otorga un beneficio similar al de la “ley del mono urbano”, pero para el sector rural.
¿Habría acuerdo para tratarlo de inmediato?
Acordado.
El señor Prosecretario le va a dar lectura.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 27, de los diputados señores Juan Pablo Letelier y Carlos Montes.
“Considerando:
1º Que, teniendo presente el hecho de que muchos propietarios de viviendas emplazadas en lugares fuera del radio urbano no se han acogido a los beneficios establecidos en la ley Nº 19.583 y sus leyes complementarias (ley del mono).
2º Que atendido lo anterior se hace necesario ampliar el grupo de beneficiarios a que se refiere la ley en cuestión.
3º Que como consecuencia de lo antes expuesto, resulta imprescindible prorrogar la vigencia de la citada disposición a objeto de que este numeroso segmento de la población pueda resultar beneficiado con esta ley, sin perjuicio de que los beneficiados por la referida ley puedan ser favorecidos con la nueva prórroga.
1. La Cámara de Diputados acuerda oficiar a su Excelencia el Presidente de la República a fin que a la brevedad tome las medidas legislativas del caso, remitiendo al Congreso Nacional un mensaje de manera de ampliar el segmento de beneficiarios a que se refiere el artículo 2 de la ley Nº 19.583, a aquellas viviendas emplazadas en sectores fuera del radio urbano, así como para aumentar el plazo de regularización hasta el 31 de marzo de 2003”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, pido que se repita la lectura del proyecto de acuerdo dada su importancia para la comunidad nacional, porque las conversaciones entre los diputados no nos permitieron escuchar con claridad su texto.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura de nuevo al proyecto de acuerdo Nº 27.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario )
lee nuevamente el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Además, entregaremos copia del proyecto de acuerdo a todos los señores diputados.
El señor LONGTON.-
Quiero hacer una aclaración y dar una información.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LONGTON.-
En el mes de diciembre, a raíz de este tema le presenté un proyecto al ministro de Vivienda y Urbanismo . Entonces, me extraña que se plantee una solicitud similar a la formulada a ese secretario de Estado. La Mesa podría investigar qué ocurre, o bien el señor Ravinet podría informar por qué no tramita la iniciativa de la Oposición, pues me extraña que diputados de la Concertación se permitan hacer una petición parecida en un proyecto de acuerdo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ya pedí el acuerdo de la Sala para votar el proyecto. Está bien su aclaración, pero si su Señoría quiere apoyarlo, en este momento tiene la oportunidad de hacerlo.
El señor VILCHES.-
Pero no dio la palabra para apoyarlo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , pedí el acuerdo de votarlo sin debate, porque estábamos fuera del tiempo que corresponde para tratar los proyectos de acuerdo.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VII. INCIDENTES
OBJECIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE ESPAÑA A CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBMARINOS CHILENOS. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI .-
Señor Presidente , el año recién pasado, esta Cámara le encargó a la Comisión de Defensa que investigara una materia relacionada con la denuncia que se formuló en España en cuanto a que el Tribunal de Cuentas de ese país habría objetado la rendición de cuentas dada por la empresa nacional Bazán , que se dedica a la construcción de naves y que estaba a cargo, junto con otra empresa, de la fabricación de los submarinos chilenos Scorpene, porque no estaría clara la rendición de los dineros utilizados y se habría suscrito un contrato no suficientemente fundado y justificado con la empresa Enterprises.
La Comisión de Defensa, con el objeto de tener mayor claridad sobre la materia, envió un oficio a la ministra de Relaciones Exteriores para que ese ministerio hiciera todas las gestiones a fin de obtener los antecedentes del Tribunal de Cuentas español relacionados con dicha objeción. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta.
Estoy especialmente preocupado por los últimos estudios dados a conocer por la prestigiosa organización internacional Transparency International, de Londres, que mencionan que el 40 por ciento de los recursos destinados a la compra de armas están dirigidos al pago de sobornos a los Estados compradores. Esto es extremadamente delicado. Por eso debemos tener todos los antecedentes solicitados, a raíz de la investigación realizada por la Comisión de Defensa.
Solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores a fin de que insista ante el Tribunal de Cuentas español para que se le proporcionen los antecedentes necesarios y así tener claridad sobre por qué se objetaron los contratos con Bazán, a raíz de la venta de submarinos Scorpene a Chile, y contar con antecedentes nítidos y transparentes que nos permitan adoptar una posición como Cámara de Diputados frente al tema.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas del PPD, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, de la UDI, del Partido Radical y de Renovación Nacional.
CREACIÓN DE OFICINAS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA TEMPOREROS EN REGIONES SEXTA Y SÉPTIMA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , en víspera de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y considerando el incremento que tendrá la actividad frutícola de nuestro país con ocasión de la asociación comercial y política con la Unión Europea, si este Congreso así la aprueba, deseo expresar mi preocupación por un singular segmento de trabajadores: los temporeros.
Gran parte de los trabajadores agrícolas de temporada que se desempeñan en las regiones Sexta y Séptima provienen de la Región de la Araucanía y, en su mayoría, son de origen mapuche. Los contratos de trabajo no garantizan las condiciones mínimas de seguridad social para los trabajadores, en especial en lo referente a salud y accidentes laborales. Hace poco, un trabajador agrícola de la comuna de Vilcún, que se desempeñaba en Los Niches, debió ser internado durante tres semanas en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional de Curicó por no contar con atención oportuna en una primera instancia.
Tan grave como lo anterior es lo ocurrido con un convenio firmado por tres intendentes el 6 de septiembre del año recién pasado, que en lo medular señalaba que en las gobernaciones provinciales de las regiones Sexta y Séptima se crearían oficinas de intermediación laboral y de contacto, en definitiva, de apoyo a los trabajadores en las más diversas materias. Nada de esto se ha hecho y ya han transcurrido ocho meses.
Por lo tanto, solicito que se envíe copia de mi intervención al ministro del Trabajo y a los intendentes de las Regiones del Maule, del Libertador Bernardo O’Higgins y de la Araucanía.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría con copia de su intervención.
CONVENIO ENTRE EMPRESAS DEL ESTADO, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS PARA PROTEGER A TRABAJADORES. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , esta mañana asistí, junto con el diputado señor Carlos Vilches y el senador señor Ricardo Núñez , a un importante acontecimiento: la firma de un convenio entre Codelco, la Federación de Trabajadores del Cobre, el Ministerio del Trabajo y la Inspección del Trabajo para beneficiar a los trabajadores que laboran con contratistas y subcontratistas.
Dada su importancia, solicito que se oficie al ministro del Trabajo, con el objeto de que el ejemplo dado por Codelco y la Federación de Trabajadores del Cobre se extienda al resto de las empresas del Estado y a los servicios en que se están externalizando funciones, para así proteger a los trabajadores que laboran en empresas contratistas y subcontratistas.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo solicitan.
SOLUCIÓN DE DEUDA A CORTO PLAZO DE EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. Oficio.
El señor LEAL .-
En segundo lugar, solicito que se oficie al ministro de Minería a fin de acelerar la solución y la fórmula que el Gobierno debe entregar en relación con la deuda de corto plazo de la Empresa Nacional de Minería, para lo cual pido escuchar a la Federación de Trabajadores de la Enami.
Esta mañana le propusimos al Presidente de la República que reciba pronto a dicha Federación, a fin de encontrar una fórmula para saldar la deuda de la Empresa, con el objeto de que pueda seguir con su labor de sustento y fomento de la pequeña minería, esencial en materia de empleo y desarrollo económico de Atacama, de la zona norte y de todo el país. Es importante que ello se realice sobre la base de tener en cuenta el compromiso entre los trabajadores y la empresa, considerando las propuestas que ellos hicieron.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados del Partido por la Democracia, del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y de Renovación Nacional que se encuentran presentes.
CONSECUENCIAS DEL ACUERDO ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA PARA LA AGRICULTURA TRADICIONAL. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , en los últimos días el Ministerio de Relaciones Exteriores ha anunciado con mucha alegría el término de las negociaciones de Chile con la Unión Europea para suscribir un tratado integral de libre comercio con los países del viejo continente.
Anoche, esa alegría no la pude compartir. Al final de su intervención, la señora ministra dijo que ahora podríamos comer exquisitos quesos franceses con cero arancel, es decir, muy baratos. De inmediato pensé en Río Bueno, Paillaco , Futrono , Los Lagos, La Unión, Lago Ranco y Panguipulli . Todas esas comunas se dedican a la agricultura tradicional, en especial a la producción de leche. Al parecer, esta celebración tan adelantada puede ocultar consecuencias negativas para muchos chilenos, por cuanto, lamentablemente, se ha tomado con cierta liviandad esta importante negociación. Esto lo señalo con respeto, como también espero que se respete mi opinión. Hoy sucede lo mismo que con el tratado del Mercosur, que se llevó a cabo cuando el parlamentario que habla no formaba parte de esta Corporación; de lo contrario, hubiera dicho lo mismo que hoy. Quiero recordar que igual situación se vivió cuando se votaron los acuerdos sobre aranceles. Hoy tenemos divergencias y complicaciones, algunas graves, por estos acuerdos.
Estimados colegas, los acuerdos deben beneficiar al país y no sólo a una mayoría; las minorías también deben ser consideradas, no sólo en materias políticas, sino también económicas.
Hago un paréntesis. En lo económico es donde complicamos de inmediato a las agroindustrias lácteas, en las cuales trabajan miles de chilenos. A mi juicio, al momento de celebrar debería haberse dado una respuesta a quienes serán perjudicados con esta clase de acuerdo, muy concretamente a un sector de la economía nacional, la agricultura tradicional, que ya atraviesa por momentos difíciles y que tenía puestas sus esperanzas en sus peticiones de compensaciones para hacer frente a la competencia ilegítima de productos importados. Hoy, las producciones de carne, de leche, de productos lácteos, de remolacha y de trigo quedarán en situación de riesgo y de desprotección.
Las mujeres y hombres del sur no podemos estar ajenos a lo que está sucediendo. Mientras el Ministerio y el Gobierno celebran, en estas provincias comienza la decepción. Con mucho pesar pienso cómo se posterga una vez más aquello que todos ustedes y todo Chile consideran hermoso: la Región de Los Lagos y un millón y medio de personas. El 10 por ciento de los chilenos no debe ser ignorado en este acuerdo. No hemos sido invitados a participar, como tampoco las agroindustrias lácteas. La Unión, esa ciudad del sur, que produce el más alto porcentaje de quesos de Sudamérica, tampoco ha participado en estas conversaciones.
Solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores y al ministro de Agricultura sobre esta materia, adjuntando el texto de mi intervención.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, de la UDI, de la Democracia Cristiana y Radical.
PETICIÓN DE INFORMES SOBRE RECURSOS UTILIZADOS EN PUBLICIDAD Y ENCUESTA DEL PLAN AUGE. Aplicación del artículo 48, Nº 1, de la Constitución.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO .-
Agradezco al Comité de Renovación Nacional el tiempo que me ha cedido.
Señor Presidente , con motivo de la campaña publicitaria iniciada por el Gobierno con el fin de promover el llamado Plan Auge de salud, tanto en medios televisivos como radiales y escritos -si los hubiera-, en virtud del artículo 48, número 1), de la Constitución Política de la República, ruego a su Señoría oficiar al ministro de Salud a fin de que nos entregue la siguiente información:
1. Monto total de los recursos comprometidos por el Gobierno en la ejecución y difusión de dicha campaña publicitaria.
2. Origen presupuestario de los recursos; sobre qué ítem se están efectuando los gastos tanto del Ministerio de Salud como de otros ministerios o reparticiones públicas, si los hubiere.
3. Canales de televisión y radioemisoras con los cuales se ha contratado la transmisión de los mensajes, así como también montos comprometidos con cada uno de los medios de difusión utilizados y también con diarios, si hubiera mensajes escritos.
4. Duración de la campaña en cada uno de los medios audiovisuales o escritos contratados, si los hubiera.
5. Agencias publicitarias o profesionales contratados para la elaboración del mensaje, e indicación de los recursos económicos involucrados, en detalle.
6. Costo y origen de los recursos comprometidos en la encuesta pública que se encuentra desarrollando Fonasa con motivo del Plan Auge, desglosados por regiones, así como también los objetivos de dicha encuesta y sus resultados.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación la solicitud presentada por el diputado señor Melero.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
RESPETO DE ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA DE 200 MILLAS MARINAS POR LA UNIÓN EUROPEA. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo.
El señor HIDALGO.-
Señor Presidente, deseo hacer algunas consideraciones relacionadas con el reciente acuerdo comercial entre Chile y la Unión Europea.
No dudo de que, en general, dicho acuerdo será beneficioso para la gran mayoría de los chilenos. Sin embargo, hay un aspecto que resulta preocupante, relacionado específicamente con el capítulo pesquero, que es, sin duda, el más débil para Chile, puesto que adolece de un desequilibrio en favor de la Unión Europea, lo que puede afectar intereses nacionales marítimos.
El acuerdo hace tres grandes concesiones a la Unión Europea. En primer lugar, un régimen de inversiones para las empresas que se constituyan como sociedades chilenas, lo que les permitirá tener el control de las mismas. En segundo término, un régimen de preferencia para estas sociedades chilenas de origen comunitario, expresado en porcentaje de nacionales de la Unión Europea o de Chile, relacionado con capital, operación y otras características de sus barcos pesqueros que quieran beneficiarse con el acuerdo. Por último, normas de origen en favor de los barcos, en principio, desde la misma costa.
Las contrapartidas son casi inexistentes. El régimen arancelario vigente en la Unión Europea para las exportaciones pesqueras -el peor es para América Latina- es mejorado escasamente para algunos productos.
Además, las negociaciones sobre normas de origen tienden a favorecer la causa de los pesqueros de aguas distantes, representados por los poderes del barco del pabellón que navega frente a las costas de los países ribereños, cuya fuerza reside en sus espacios marítimos soberanos.
Don Gabriel González Videla , en un acto histórico para nuestra nación, logró proclamar las 200 millas, tema que fue ratificado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar, en 1982. La tenaz oposición mantenida por los grandes países que son fuertes en la actividad pesquera y la “alambrada” que puso Chile al declarar como zona económica exclusiva las 200 millas, ha permitido que los recursos, la producción pesquera y su administración pertenezcan al Estado chileno.
Lo anterior significa que el rol protagónico de Chile en el concierto internacional ha permitido el desarrollo de nuestra industria pesquera y de las zonas costeras, aportando inversión y trabajo y, por ende, desarrollo económico y social gravitante.
Como aún faltan algunas etapas antes de que se concrete definitivamente dicho acuerdo, solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores , con el objeto de que en las futuras negociaciones se efectúe una declaración conjunta de Chile y de la Unión Europea, en el sentido de que ambas partes acogen y respetan plenamente lo establecido en el artículo 51 de la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos del mar, relacionado con los derechos del Estado costero sobre la zona económica exclusiva de las 200 millas marinas.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI.
INSPECCIÓN DE DAÑOS ESTRUCTURALES EN COLEGIO DE COPIAPÓ. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , en esta oportunidad, quiero que se oficie a la ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , con el objeto de que ordene agilizar los trámites para la reparación de un colegio de Copiapó que tiene una matrícula de más de 1.500 alumnos.
Con motivo del último terremoto, ese establecimiento sufrió daños que es posible que hayan comprometido su estructura. Por eso es necesario que se le practique una inspección por personas calificadas, en el más breve plazo.
Para tener un cabal conocimiento de la situación debo decir que esa escuela, que cuenta con 20 salas, hoy día sólo puede utilizar 10, que se ocupan en tres turnos por niños de 1º a 8º básico: de 8 de la mañana a 12 horas; de 12 a 16 horas, y de 16 a 20 horas.
Por eso solicito el envío del oficio para que la situación se resuelva lo antes posible.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de la UDI y de Renovación Nacional que se encuentran presentes.
SALUDO A TRABAJADORES AL CONMEMORARSE EL DÍA DEL TRABAJO.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , en esta oportunidad, en víspera del 1º de mayo, ocasión en que se conmemora el Día del Trabajo a nivel internacional, en mi calidad de jefe de la bancada del Partido Radical Social Demócrata deseo saludar a todos los trabajadores de mi país y, en forma muy especial, a los esforzados hombres y mujeres de la provincia de Biobío, a quienes represento en este Parlamento.
Los trabajadores son, y sin duda seguirán siendo, la preocupación principal del Gobierno, de la Concertación y de los partidos que pertenecen a ella. Por eso, los saludo con afecto, cariño y reconocimiento por el inmenso esfuerzo que hacen para mantener la actividad normal del país.
Señor Presidente, en atención a que por razones de tiempo no pude dar lectura a mi discurso, solicito que sea insertado en la versión oficial.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se procederá en la forma solicitada por su Señoría.
-El texto del discurso que se acordó insertar es el siguiente:
“Señor Presidente , honorables colegas:
En nombre del Partido Radical Social Demócrata, colectividad política más que centenaria, deseo manifestar mi adhesión a la conmemoración del Día del Trabajo, con un saludo a todos los trabajadores de Chile, especialmente a los hombres y mujeres de la provincia de Biobío.
La historia del trabajo está estrechamente ligada a las permanentes aspiraciones de los trabajadores por un futuro mejor.
En el transcurso de esta evolución, los instrumentos del trabajo han desempeñado un papel esencial. Mientras la herramienta fue el principal elemento de la producción, mientras sólo fue accionada por la fuerza muscular del hombre, el rendimiento del trabajador fue mediocre. El advenimiento de la mecanización permitió un aumento considerable de la productividad. La cantidad de bienes puestos a disposición de la humanidad para la satisfacción de su bienestar aumentó en proporciones tales que apenas podía imaginarse hace dos siglos. Sin embargo, la condición de los trabajadores no siguió la curva de la productividad. Sólo a fuerza de luchas y sufrimientos innumerables lograron los asalariados obtener un mejoramiento progresivo de su suerte. La revolución de la técnica, acontecimiento fundamental para la historia del mundo, tuvo también como consecuencia desplazar el trabajo de los campos a las ciudades. El crecimiento de la población obrera y su concentración en los grandes centros dieron al trabajo una importancia y una preponderancia que nunca había tenido hasta entonces.
En el caso particular de Chile, acontecimientos como la Guerra del Pacífico , la Revolución de 1891, el auge del salitre, el despoblamiento de los campos, el desarrollo de la Administración Pública, el agudizamiento de los problemas de vivienda por las grandes migraciones hacia las ciudades, en especial Santiago , y la creación consecuencial de cordones de miseria; el predominio de las ideas liberales, el incremento de los medios de comunicación y la incorporación de nuevos grupos sociales a la vida política por la extensión de la educación, configuraron todo un nuevo orden de cosas, del cual hubo que hacerse cargo, todo lo cual se tradujo en una legislación que contemplara las demandas de los trabajadores, y se intentara poner fin a los abusos y arbitrariedades que se cometían en el trabajo.
Junto con ello, la incorporación de Chile a la Organización Internacional del Trabajo por la ley Nº 3.557, de 1919, marcó un hito decisivo en la revolución de nuestra legislación laboral. Son las normas y la influencia de esta institución las que dieron forma a las inquietudes que concretó el proyecto del Código del Trabajo de 1921, derivándose de él las leyes de 1924, recopiladas luego en el primer Código del Trabajo chileno de 1931.
Desde entonces, la legislación laboral chilena ha evolucionado cada vez más, poniéndose a tono con la de los países más desarrollados, avanzando durante los últimos 12 años, aunque todavía queda mucho por hacer.
Por otra parte, se ha escrito que ningún ámbito de nuestra existencia en sociedad refleja tan nítidamente, como el del trabajo, las virtudes y limitaciones de nuestra convivencia. La gran mayoría de nuestros ciudadanos trabaja diariamente como organizador de factores productivos cuando está a cargo de una empresa, contratado por un empleador, o en un oficio o profesión que ejerce en forma independiente.
Los impresionantes cambios registrados en la organización económica y política actual han impactado fuertemente en el mundo del trabajo. En países como el nuestro, las profundas transformaciones en el mundo del trabajo tienen importantes impactos en el desarrollo de las ciudades, en la organización de la familia, en la vida en pareja, en la educación de los hijos. En una palabra, en cómo vivimos. Trabajo y vida personal, trabajo y afectos, trabajo y dimensión ética de la vida constituyen cuestiones inseparables.
Es necesario observar de manera periódica y sistemática estos profundos y complejos procesos de cambio, a fin de identificar el tipo de sociedad que estamos construyendo, así como las políticas e iniciativas necesarias para enfrentar con criterios de eficiencia y equidad los desafíos que ella nos plantea.
Junto a lo anterior, también se ha sostenido que las relaciones de trabajo tienen una ineludible dimensión ética que ninguna sociedad, consciente de su historia y de su porvenir, puede olvidar en nombre de la necesaria consideración de las leyes del libre mercado, ni de las certezas técnicas, ni de la legítima y compartida aspiración a ser más eficientes, más competitivos y más productivos. Separar el desarrollo de su dimensión ética arriesga romper la unidad entre los frutos del crecimiento y la valoración moral que de ellos haga la comunidad en su experiencia cotidiana individual y colectiva. La historia nos enseña que la estabilidad y la perdurabilidad del desarrollo se basan, en definitiva, en las convicciones morales que los hombres y mujeres de una sociedad se forman acerca de la calidad humana que el desarrollo les ofrece a ellos y a sus familias en el presente y en el futuro.
El mundo del trabajo es un mundo de personas y nada que tenga relación con las personas puede enfocarse prescindiendo de criterios de principio, sin un marco de valores. El mundo del trabajo no puede ser sólo el ámbito de desarrollo y utilización de un factor productivo, ni puede ser un espacio que se rige por el predominio de los criterios del lucro y la maximización de la ganancia. Es, principalmente, un ámbito de relaciones humanas. Por eso, la dignificación del trabajo debe ser una tarea fundamental de una sociedad como la nuestra.
Hace algunos años que planteaba que se requería una ética del trabajo para los tiempos actuales y los por venir, a fin de que ellos no nos dejen sin la ética del trabajo. El desafío fundamental es siempre bregar para humanizar el trabajo, lo que significa conciliar las exigencias de la economía con las necesarias para una vida humanamente buena. Es decir, una vida laboral que permita la creatividad, facilite la vida familiar, asegure el descanso necesario, evite las discriminaciones de cualquier signo, proteja la vida y la seguridad de quienes trabajan.
Este propósito es más fácil de lograr si existe diálogo, capacidad de acuerdo, respeto por los derechos y las obligaciones de cada cual. La experiencia de países socialmente más avanzados que el nuestro nos señala que su prosperidad se construyó conjugando estas exigencias de eficiencia y humanización del trabajo”.
TRANSPORTE DE GAS DESDE TARIJA, BOLIVIA, A PUERTO DE MEJILLONES. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , los colegas se habrán percatado, en las últimas semanas, del debate generado por la existencia de gas en el famoso “pozo Margarita”, ubicado en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia, y de las negociaciones que se están llevando a cabo para sacarlo por la costa del océano Pacífico, ya sea a través de los puertos de Ilo y Matarani , en Perú, o de Arica, Iquique , Tocopilla o Mejillones , en nuestro país.
En un viaje que realicé junto con otras autoridades, entre ellas el alcalde de la comuna de Iquique, don Jorge Soria , el senador Jaime Orpis , empresarios de la zona y representantes de diversos gremios, nos sorprendió el hecho de que se haya avanzado bastante en las negociaciones para sacar por Chile el gas del departamento de Tarija. Sin embargo, nos llama particularmente la atención que en el lobby realizado por las autoridades diplomáticas chilenas en Bolivia se haya preferido decididamente el puerto de Mejillones, sin considerar un elemento tan importante como es la distancia que media entre el punto de origen y el de destino. Cabe recordar que Mejillones se encuentra 300 kilómetros más lejos que otras alternativas, lo que significa agregar el mismo porcentaje de metros de tubería para el transporte del gas.
En segundo lugar, tenemos un puerto en funcionamiento en bahía Patillos , en el cual opera el salar Punta de Lobos, que exporta más toneladas de sal que todo el cobre que produce Chuquicamata. Además, los terrenos colindantes y aledaños que alcanzan a las 400 hectáreas son fiscales y en ellos debería emplazarse la planta licuefactora de gas, en consideración a que la mayoría de los terrenos de Mejillones son privados.
Por otra parte, la salida del gas por la Primera Región implicaría estar exento de varios impuestos por ser zona franca industrial: 18 por ciento de IVA, aranceles aduaneros y 17 por ciento por concepto de impuesto de primera categoría.
Podría citar muchas otras ventajas, pero sólo quiero mencionar la profundidad de calado de la bahía Patillos , que va de tan sólo 23 metros, medida desde la orilla del mar, a 150 metros, a diferencia de Mejillones, donde alcanza a los 700 u 800 metros.
Si bien es cierto que no puedo asegurar que existan intereses creados, es mi deber y obligación fiscalizar. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales y al secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de la Segunda Región , a fin de que me informen quiénes son los actuales propietarios de los terrenos ubicados en la bahía de Mejillones, latitud 23 grados, 6 minutos, 15 segundos sur; longitud, 70 grados, 27 minutos, 30 segundos, sur.
Si alguien compró esos terrenos, quiero saber quiénes son los propietarios actualmente, y si hay un segundo comprador después de que Bienes Nacionales los ha transferido.
Formulo esta petición en virtud de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
Señor diputado , le pido acompañar los antecedentes para mejor comprensión de su solicitud.
El señor ROSSI.-
Muy bien.
MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA EVITAR INUNDACIONES EN LOCALIDADES DE TOLTÉN Y DE CURARREHUE. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA .-
Señor Presidente , la naturaleza nos ha regalado en nuestra patria múltiples paisajes de indudable belleza. Mientras nos encontramos en esta Sala ataviados con ropa ad hoc al clima de la zona, hay chilenos en otras latitudes que ya se encuentran sufriendo los primeros rigores de las estaciones otoño e invierno que se avecinan.
El año pasado, el Presidente de la República visitó las zonas de la Novena Región que sufren con mayor fuerza la ira del clima. Las inundaciones de Toltén y de Curarrehue son tremendas.
Dentro de un par de meses, es posible que miles de personas vean arrasadas sus casas por las aguas y sepultadas debajo de las mismas las postas, los colegios, los caminos, las siembras, las cosechas. Por eso hoy, a dos meses de que probablemente ocurra de nuevo esa desgracia, levanto mi voz en esta Sala, como médico, con el objeto de prevenir antes que curar, es decir, para evitar que sucedan esos hechos que, por producirse todos los años, constituyen algo casi habitual.
En la zona de Curarrehue, cercana al límite con Argentina, el río Trancura, de indudable belleza, se desborda de tal manera que su caudal aumentado inunda la zona de Palguín, Cavedaña , Casa de Lata, Catripulli, Loncofilo, Rinconada, San Luis , Angostura y Pichi Curarrehue , y más de mil personas sufren los rigores y, además, las consiguientes enfermedades.
Al otro extremo, apegado al océano Pacífico , en Toltén, en los lugares Pocoyán , Punta Riel, isla Licán y otros, miles de personas también sufren inundaciones. Esto sucede todos los años.
Quiero llamar la atención del ministro de Obras Públicas y, a través de él, la del propio Presidente de la República , quien visitó la zona el año pasado y prometió soluciones para desviar el curso de estos ríos mediante espigones que permitan salvar a esas personas de esta desgracia, para que, a dos meses de que nuevamente tengamos que lamentar estos hechos, se tomen las medidas a fin de que esto no suceda otra vez.
Como es imprescindible adelantarse a estas desgracias y tomar las medidas ahora, solicito que se envíe oficio al ministro de Obras Públicas para que tome las providencias del caso.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, del PPD, de Renovación Nacional y de la UDI que lo manifiestan.
CONEXIÓN DE TENDIDO DE LA SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A., SAESA, A LA CENTRAL CANUTILLAR. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Eduardo Lagos.
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , hace algunos días denuncié el cobro excesivo que afecta a las personas que utilizan el servicio de telefonía rural en los sectores que represento.
En esta ocasión, quiero hacer extensiva la denuncia al cobro por consumo de energía eléctrica en la comuna de Cochamó, donde, según constaté personalmente, llega hasta un 300 por ciento más caro que en las demás comunas de la propia provincia.
A modo de ejemplo, en el mes de octubre del año pasado en la comuna de Puerto Varas se cobraba 70 pesos por kilovatio de consumo, y en el mismo mes, en la comuna de Cochamó, el kilovatio tenía un costo de 212 pesos. Sin duda, éste es un problema delicado, por cuanto los habitantes de la comuna de Cochamó son gente de altísima pobreza.
Esta situación pasa por analizar la posibilidad real de que Saesa, Sociedad Austral de Electricidad S.A., se conecte definitivamente con la central Canutillar , a fin de utilizar el sistema interconectado central. En la actualidad, la energía eléctrica que se consume en la comuna de Cochamó proviene de motores.
También se sabe que los alcaldes de Cochamó, don Silverio Morales ; de Hualaihué, don Eduardo Sanhueza , y el intendente de la Décima Región, don Patricio Vallespín , junto al gerente de Saesa, don Jorge Brahm , han tenido conversaciones sobre la problemática planteada.
Por lo tanto, solicito enviar oficio para que las autoridades antes señaladas informen si es factible que Saesa pueda utilizar el sistema interconectado central y de qué manera piensan abaratar el costo de consumo para las personas que habitan en Cochamó. Asimismo, pido que expliquen si existe factibilidad técnica para que los sectores de Puelo y Puelche puedan conectarse al sistema vía terrestre.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados del Partido Radical Social Demócrata, PPD, Democracia Cristiana y UDI que así lo indican.
RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO POR ACUERDO POLÍTICO, ECONÓMICO Y DE COOPERACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , creo que hoy es importante celebrar el hecho de que el equipo negociador de Chile, encabezado por la Canciller, señora Soledad Alvear , y bajo la conducción del Presidente de la República , don Ricardo Lagos , haya conseguido un acuerdo trascendental para el desarrollo del país, como es la asociación política, económica y de cooperación con la Unión Europea.
Este hecho confirma, además, la excelente estrategia de nuestro Gobierno de llevar adelante negociaciones simultáneas con estas tremendas potencias, como son la Unión Europea y Estados Unidos de América. De esta manera se ha podido avanzar en forma paralela y, cuando ha sido necesario, se ha puesto énfasis en el tratado que tiene mayores posibilidades, como ha ocurrido en esta ocasión.
Con ello, quiero expresar que debemos mirar ambas negociaciones en su conjunto. A todos los chilenos nos interesa un acuerdo con Estados Unidos -en el caso de la Octava Región, especialmente por los rubros textil y del calzado- y negociar con los quince países, tan importantes, que conforman la Unión Europea.
Ahora bien, el Gobierno está en la etapa final de la negociación con Estados Unidos. Se han logrado avances en el texto del Tratado de Libre Comercio, pero falta abordar con mayor profundidad algunos temas. Hay un manifiesto interés por ambas partes para terminar las negociaciones a la brevedad, aunque todos hemos insistido en que nos interesa un acuerdo de calidad.
Por ejemplo, ayer el Presidente de la República se reunió con todos los presidentes de partidos con representación parlamentaria, quienes le aseguraron un rápido trámite legislativo del Congreso Nacional para ratificar el acuerdo con la Unión Europea.
En el diario “Estrategia”, de hoy, aparece una declaración de don Juan Claro, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril . En ella afirma en forma categórica que el acuerdo con la Unión Europea permitirá ampliar nuestros contactos comerciales y, adicionalmente, fortalecer todo el proceso de inversiones europeas en Chile.
Expreso esto porque el tema es de gran importancia para el país. Cabe señalar, a modo de ejemplo, que en la Octava Región sólo las exportaciones de muebles llegarían a más de 50 millones de dólares en el gran mercado de la Unión Europea.
El tratado nos permitirá un acceso privilegiado al mercado de 15 países industrializados, con 370 millones de consumidores de elevados ingresos, libre de aranceles nacionales y extranjeros para el 90 por ciento del comercio recíproco y una liberación gradual, de hasta ocho años, para el resto de las tarifas de intercambio.
Tan importante como los aspectos comerciales convenidos con la Unión Europea son las instancias de diálogo y de cooperación acordadas y, más aún, sus consecuencias para estimular la inversión del viejo continente y el fortalecimiento de la imagen externa del país, que lo distingue en medio de las adversidades que prevalecen en Latinoamérica.
Exportadores, inversionistas, proveedores de servicio y consumidores tendrán condiciones más favorables para el suministro de productos nacionales y la adquisición de bienes europeos a menores precios.
No quiero dejar de lado la preocupación del sector pesquero, tema que deberemos analizar en el tratado final para ver la forma de encontrar la mejor salida, en especial en lo que toca a la Octava Región.
En el tiempo que corresponde a mi bancada, he creído conveniente hacer un reconocimiento a la señora Canciller y al Presidente de la República , por estimar que este tratado constituye un gran éxito de la diplomacia chilena y del Gobierno de la Concertación, ya que los únicos favorecidos serán los más de quince millones de chilenos que podrán tener acceso a un gran mercado.
En mérito de lo anterior, pido que se oficie, en mi nombre y en el de la bancada de Partido Demócrata Cristiano, al Presidente de la República , don Ricardo Lagos , y a la canciller, señora Soledad Alvear , para expresarles nuestras felicitaciones por el éxito obtenido hace pocos días.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de su bancada, de quien habla y del Segundo Vicepresidente de la Cámara , señor Edmundo Villouta .
IMPORTACIÓN Y USO DE PRODUCTOS EDULCORANTES. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro .
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , ante innumerables comentarios surgidos en las últimas horas respecto de que la Iansa, Industria Azucarera Nacional, Sociedad Anónima, estaría en cesación de pagos con los productores de remolacha del sur, pido que se envíen los siguientes oficios:
a) Al ministro de Economía , en relación con las importaciones de productos edulcorantes, que han significado la perforación de la banda de precios del azúcar, lo cual afecta, según explicaciones de la Iansa, la determinación de los precios a pagar a los productores, debido a que, a la fecha, el precio no está establecido con anticipación, sino de acuerdo con los meses del año;
b) Al Presidente del Banco Central de Chile a fin de que tenga a bien informarnos acerca de las cantidades, tipo de productos edulcorantes y montos importados, y
c) Al ministro de Salud para que nos informe acerca de las autorizaciones concedidas a fin de reemplazar las azúcares naturales por esos productos edulcorantes en las bebidas de fantasía y derivados.
Es importante que el ministro de Economía nos responda a la brevedad, por cuanto en este momento la empresa Iansa está usando como excusa esta posible perforación en la banda de precios para no pagar a los productores de remolacha, quienes, después de tantos meses de trabajo, están recién empezando con la cosecha y entrega de sus productos a las plantas procesadoras.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la UDI, de la Democracia Cristiana, del PPD y de quien habla.
IMPORTACIÓN Y USO DE PRODUCTOS EDULCORANTES. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo correspondiente al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, con respecto a la misma materia a la que acaba de referirse el diputado señor Delmastro, quiero hacer algunos alcances.
Durante el año pasado y en lo que va corrido de éste, el Servicio Nacional de Aduanas ha permitido la entrada de productos elaborados a base de azúcar refinada, que son los que están provocando la situación descrita. Es así como hace 15 días llegó un barco procedente de Colombia con 30 mil toneladas de mezcla de azúcar con distintos rangos. Por ejemplo, una de ellas, llamada edulcorante, contiene un 99,5 por ciento de azúcar refinada y un 0,5 de aspartame.
Otra, denominada decolate, contiene el 95 por ciento de azúcar refinada, el 4 por ciento de leche en polvo y el uno por ciento de cacao.
Una tercera mezcla, llamada ácido cítrico, tiene el 97 por ciento de azúcar refinada y el 3 por ciento de ácido cítrico.
Independientemente de lo señalado, desde Argentina ha estado entrando, durante el último tiempo, un producto denominado fructosa, cuya base es maíz transgénico, lo cual da una gravedad extra al tema.
Por lo tanto, pido, en primer lugar, que se oficie al ministro de Hacienda para que nos informe por qué el Servicio Nacional de Aduanas, organismo de su dependencia, está permitiendo el ingreso de estas mezclas de azúcar que provocan grave daño a la industria nacional.
En segundo lugar, que se oficie al ministro de Salud para que también nos informe sobre la razón de por qué se permite el ingreso al país de fructosa proveniente de Argentina, toda vez que se trata de un producto transgénico que produce grave daño a la salud.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de su bancada y de las de Renovación Nacional y del PPD.
ANTECEDENTES SOBRE RECURSOS INVERTIDOS EN EL SECTOR LA LEGUA EMERGENCIA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente , el jueves 18, alrededor de las 15 horas, en el sector denominado La Legua Emergencia ocurrió una balacera frente al jardín infantil La Caleta en momentos de mucha afluencia de público, porque, además, se instala una feria libre en dicho lugar.
Ese hecho hizo que recordara algunas promesas del Gobierno de la Concertación, en el sentido de intervenir en La Legua dada la implicancia que allí existe en el tráfico de drogas.
Hace seis meses, el Gobierno anunció la inversión de cerca de mil millones de pesos para sacar de la situación en que se encuentra la denominada Legua Emergencia . Con ese anuncio, a mi juicio un signo más de su intervención electoral durante la pasada campaña parlamentaria, no hizo sino abusar de la confianza de los vecinos y vecinas de dicho sector.
En esa oportunidad, el Gobierno anunció también el traslado del consultorio actual a la dependencia de un colegio en el sector de La Legua Emergencia que involucraba alrededor de 500 millones de pesos. Ese consultorio, a fines de marzo recién pasado, fue trasladado a un edificio de colegio, una construcción bastante precaria, puesto que no cuenta con la infraestructura necesaria para atender a los vecinos de La Legua Emergencia y a miles de vecinos y habitantes de San Joaquín. Por lo tanto, ese traslado ha obviado, hasta hoy, la construcción de un nuevo consultorio denominado Baeza Goñi en el sector.
Dados los dos hechos relatados, tanto la balacera ocurrida a una hora del día con mucho tráfico y el tema del consultorio, solicito que se oficie al subsecretario del Interior para que informe a la Cámara respecto de cuántos recursos, desde la fecha en que se anunció el plan de inversión, se han invertido en La Legua Emergencia, y cuál es el estado actual de avance de las obras allí contempladas.
Asimismo, solicito que se oficie al director de la Policía de Investigaciones a fin de que nos informe sobre esa balacera y si, como consecuencia de ella, hubo o no detenidos.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de su bancada, la Unión Demócrata Independiente.
EVENTUAL CIERRE DE TRAMO FERROVIARIO ENTRE SANTIAGO Y CONCEPCIÓN. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , solicito, por su intermedio, que el ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones nos informe acerca del eventual cierre del tramo de la línea del ferrocarril expreso llamado El Nocturno, muy tradicional en Chile, que circula entre Santiago y Concepción.
Pido que el ministro de Obras Públicas nos entregue la información que a su vez le pueda entregar el director de Ferrocarriles al respecto, la cual me parece muy importante, pues se trata de un medio de transporte todavía utilizado y que sirve a muchas personas que viven en la Octava Región, incluido su Señoría.
Espero que nos comunique si hay algo de cierto en esta materia y, si no lo hubiere, que en forma oficial nos señale lo que todos esperamos, cual es que continúe en servicio el ferrocarril y se mejore dentro de lo posible.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ¿su petición se refiere al cierre del tramo Chillán-Concepción del tren nocturno?
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , no sé si corresponde al tramo Chillán-Concepción. Sí está claro que nosotros, la gente de la provincia de Concepción, hablamos del tren nocturno Concepción-Santiago, que es el que nos interesa.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de su bancada, de la Democracia Cristiana y de quien habla.
ESTADO DE CONSTRUCCIÓN DE QUINTA COMISARÍA DE CARABINEROS DE TALCAHUANO. Oficios.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , además, solicito que, por su intermedio, se oficie al señor ministro del Interior y al general director de Carabineros -a través de la ministra de Defensa -, con el objeto de que nos informen respecto del término de la construcción de un edificio que está inconcluso desde hace ya más de siete años en Talcahuano y que corresponde a la Quinta Comisaría de Carabineros.
Les recuerdo que Talcahuano es la ciudad más poblada de la región del Biobío y que, cuando hablamos de cerca de 300 mil habitantes, no es normal que en su radio central no exista una sola unidad de Carabineros. Esta institución, con gran esfuerzo, mantiene en esa comuna la Segunda Comisaría, en el sector denominado Higueras , y la Cuarta Comisaría, que cubre el extenso y populoso sector de Hualpencillo. Sin embargo, en su radio central y para cubrir los distintos cerros de la comuna de Talcahuano, donde viven entre 60 mil y 80 mil personas, no hay servicio policial, ya que -reitero- se carece de una unidad en el sector. El edificio de la Quinta Comisaría está a medio terminar desde hace más de siete años, y no puede funcionar porque no se cuenta todavía con los fondos necesarios. Con esfuerzo y sacrificio se han podido conseguir dineros para terminar el edificio de la Prefectura, pero falta la unidad operativa que es la Quinta Comisaría. Por eso solicito que se nos informe al respecto.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de su bancada, de la Democracia Cristiana y de quien habla.
INVESTIGACIÓN DE PROCEDIMIENTO POLICIAL EN COMUNA DE FRUTILLAR. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo correspondiente al Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , quiero denunciar un hecho desgraciado que ocurrió en la madrugada del domingo 21 de abril en la comuna de Frutillar, de la Décima Región.
El ciudadano Víctor Arismendi , quien a altas horas de la noche se encontraba en un local nocturno, fue requerido por cuatro Carabineros que cumplían una labor de ronda. Se le hizo salir del local y, una vez afuera, lo agredieron violentamente. Adujeron que el motivo de su detención era por su estado de ebriedad, pero el hecho desgraciado es que sobre el referido ciudadano, pudiendo haberse encontrado en estado de ebriedad, se ejerció violencia innecesaria y un alto grado de agresividad al ser detenido. Fue encerrado en un calabozo y sólo tres horas después el propio personal de Carabineros lo trasladó al hospital, pero no para efectuar el test de alcoholemia, sino para verificar las lesiones causadas en su detención. Una vez en el hospital, el médico de turno emitió un informe muy superficial y le pidió a la familia del afectado que lo llevara a su casa. Sin embargo, la familia, no conforme con el diagnóstico, lo trasladó a una clínica privada donde quedó hospitalizado en forma inmediata dado el carácter de las lesiones que presentaba y fue sometido a intensos exámenes para verificar su gravedad.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro del Interior y al general director de Carabineros para que, de acuerdo con las normas de la institución, se inicie una investigación al interior de la Subcomisaría de Frutillar a fin de determinar el procedimiento por el cual fue detenido dicho ciudadano, si éste fue regular o si los funcionarios policiales recurrieron a inusitada e innecesaria fuerza. Esta investigación debe ser lo más profesional y profunda posible y, además, su resultado debe ser conocido por esta Cámara de Diputados.
Me parece que la alta valoración y aprecio que tiene la ciudadanía por la institución de Carabineros de Chile no pueden ser empañados por algunos funcionarios que -como probablemente ocurrió en este caso- cometieron abuso de poder y utilizaron en forma excesiva la fuerza, lo que provocó un grave daño al ciudadano afectado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de la bancada de la UDI que así lo indican a la Mesa.
IMPORTACIONES QUE AFECTAN A SECTOR REMOLACHERO. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Von Muhlenbrock.
El señor VON MUHLENBROCK.-
Señor Presidente , tal como lo señaló el diputado señor Urrutia , lamentablemente estamos siendo afectados por la entrada de ciertos productos que contienen prácticamente 99,5 por ciento de azúcar, como la fructosa y el azúcar líquido, situación que está deteriorando fuertemente la banda de precios de éste.
Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros de Economía y de Hacienda , a fin de que efectúen una investigación sobre lo que está pasando en el sector de la remolacha, pues, a raíz de lo que he señalado, la mayoría de las plantas productoras del sector podrían cerrar, eventualidad que lleva a que nuestros agricultores remolacheros se sientan absolutamente desincentivados a seguir produciendo ese vital elemento, además del consecuente impacto que sufriría nuestra región como consecuencia del aumento del desempleo.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados del Comité de la UDI y de la Democracia Cristiana que así lo indican a la Mesa.
PROLONGACIÓN DE PISTA DE AEROPUERTO CAÑAL BAJO, DE OSORNO. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , el jueves 25 de este mes se inauguró en Osorno una obra de gran importancia: la reparación, consolidación y mayor consistencia efectuados en la pista del aeropuerto de Cañal Bajo. No obstante, dicha inauguración se vio empañada por una serie de críticas efectuadas a raíz de algunos malentendidos sobre el tema, pues ellas señalaban que las obras contemplaban la ampliación del aeropuerto, y no sólo los trabajos de mantención y consolidación de las pistas que se llevaron a cabo.
La obra construida, cuyo costo asciende aproximadamente a setecientos millones de pesos y que dio trabajo a aproximadamente 271 personas, constituye, sin duda, un gran paso en la conservación y mantención de nuestros aeropuertos. Sin embargo, queremos más. Nos gustaría materializar la prolongación del aeropuerto, con el objeto de dar satisfacción a los modernos requerimientos de transporte aéreo, con la finalidad de que puedan aterrizar y despegar aviones de gran tonelaje, como los Airbus 320.
El aeropuerto de Osorno es importante, debido a que se están implementando en la Décima Región, particularmente en esa provincia, vías de gran espectacularidad, las cuales procuran dar mayor fluidez y expedición al transporte, como la gran carretera de doble vía existente, aunque aún nos falta el ferrocarril, medio fundamental para el transporte terrestre.
La despiadada crítica formulada contra las autoridades de gobierno -a causa de un malentendido, pues se consideró un engaño el no haber entregado las obras con la prolongación de la pista- ha menoscabado y desvirtuado la trascendencia de la importante obra ejecutada. Tanto es así que, si no se hubiese llevado a cabo, el aeropuerto se debería cerrar.
Por otro lado, ha quedado en entredicho la credibilidad de las autoridades públicas. Hoy, el aeropuerto está adecuado para dar mayor seguridad al transporte de los pasajeros; establece las condiciones para proyectar el desarrollo y el progreso de la zona; da al turismo mayor comodidad, y dinamismo y rapidez a los viajes de la gente de negocios. Por ello, la obra es fundamental. Sin embargo, falta lo otro: una promesa de prolongación del aeropuerto para aumentar su radio de operatividad.
Este diputado , que fue el artífice de la gestión y consiguió los setecientos millones de pesos para consolidar la pista, insiste y pide derechamente al Ministerio de Obras Públicas la implementación de un proyecto que contemple la prolongación definitiva del aeródromo. A la vez, solicita informes sobre el programa de reacondicionamiento y adecuación del aeródromo de Cañal Bajo, la envergadura y la importancia de los trabajos realizados; qué sucedió con el proyecto de prolongación de este aeropuerto; qué motivos o circunstancias lo impidieron, y sobre la indemnización que procedía por expropiación por razones de utilidad pública. Asimismo, que se oficie al ministro de Defensa con el fin de que la Dirección de Aeronáutica informe acerca de las características que el aeródromo de Cañal Bajo debe tener para que opere y pueda recibir los aviones de mayor capacidad. Por último, es necesario precisar cuál es la intención de las líneas aéreas en cuanto a si operarán en él o no, y cuáles son las exigencias para establecer la claridad de los hechos y la verdad de todo lo ocurrido.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de su colega de distrito, diputado señor Javier Hernández , y de los diputados señores José Miguel Ortiz , Jaime Mulet y Gastón Von Muhlenbrock .
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO AEROPUERTO PARA LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra por dos minutos el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , quiero señalar que en dependencias del Ministerio de Obras Públicas se ha dado hoy un paso muy importante en el proceso de construcción del nuevo aeropuerto regional de Atacama, en la comuna de Caldera, que tengo el honor de representar en esta Cámara: se ha procedido a la apertura de las ofertas técnicas, y el próximo 31 de mayo se procederá a la apertura de las licitaciones. Significa que, si todo sigue como va hasta ahora, la concesión partiría en agosto del presente año, y la construcción, el primer semestre de 2003. Sin duda alguna, constituirá un moderno aeropuerto para la Tercera Región , con una demanda, estimada al año 2005, de 175 mil pasajeros al año.
Este proyecto, de enorme importancia regional y fundamental para el desarrollo económico de la comuna de Caldera, ha sido una de las preocupaciones prioritarias que he tenido en mi desempeño como diputado en lo que se refiere a obras públicas o de desarrollo en esta comuna.
Felicito a las autoridades preocupadas por este hecho: al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección de Aeropuertos del mismo, porque se ha cumplido con los plazos, condiciones y cronogramas determinados por ellos.
Reitero que este aeropuerto es muy importante para el desarrollo turístico y costero de la comuna de Caldera y de la región de Atacama.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y al director de Aeropuertos , dependiente de ese ministerio, a fin de que la apertura de la oferta económica se haga en la comuna de Caldera el próximo 31 de mayo -fecha en que corresponde-, por la importancia económica de este futuro aeropuerto concesionado en la región de Atacama, obra que levantará el ánimo de sus habitantes.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Ojeda , Ortiz y de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.30 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de multas de tránsito. (Boletín Nº 2904-06).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR , Presidente de la República ; MARIO FERNÁNDEZ BAEZA , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de multas de tránsito. (boletín Nº 2904-06-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en un Mensaje, que cumple su primer trámite constitucional, y para cuyo tratamiento el Ejecutivo hizo presente la urgencia el día 9 de abril, renovándola con fecha de hoy, y que calificó de “suma”.
La iniciativa legal persigue dos objetivos básicos, a saber: mejorar la operatoria de los equipos de detección y registro de infracciones (estos últimos llamados también “fotorradares”) y reemplazar el sistema de destinación de las multas generadas por contravención a la normativa existente en materia de velocidad vehicular.
Cabe precisar que los artículos 2º, 3º, 4º y transitorio de la iniciativa legal son de carácter orgánico constitucional, en virtud de los artículos 107 y 111 de la Carta Fundamental.
Asimismo, hay que consignar que el proyecto requiere trámite de Hacienda.
Durante el estudio de ésta, la Comisión contó con la asistencia y participación del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , señor Francisco Vidal , y de los asesores de esa repartición, señores Eduardo Pérez , Rodrigo Cabello y Alexis Yáñez ; como asimismo de los señores Patricio Bell , del Ministerio de Transportes, y Hernán Moya , de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito.
Atendida la urgencia con que esta iniciativa debe ser tratada por la Comisión de Hacienda, se estimó pertinente, sin más, acompañar en anexo sendos documentos que entregó el Ejecutivo , referentes a los siguientes tópicos: a) número de infracciones a la ley de Tránsito cursadas por Carabineros en el período 1998-2001; b) montos -desglosados por comunas- de las multas de tránsito correspondientes al año 2000, y c) minuta relativa al empleo de fotorradares en otros países.
I. ANTECEDENTES.
Según recuerda el Mensaje, en el mes de enero recién pasado se promulgó la ley Nº 19.791, que otorgó una amnistía general a todas las personas que a la fecha de publicación de la misma -6 de febrero de 2002- habían sido denunciadas por haber cometido infracciones a las normas de tránsito, sobre la base de elementos probatorios obtenidos a partir de equipos de registro de infracciones, también conocidos como “fotorradares”. En este sentido, el mencionado cuerpo legal prescribía que, respecto de las personas que hubieren sido objeto de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados o en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas , debía procederse a eliminar tales inscripciones.
La ley en cuestión dispuso, por otra parte, la suspensión, por el plazo de 120 días, y a contar también del 6 de febrero de 2002, del uso de los fotorradares, exceptuándose los equipos portátiles o de puño utilizados por Carabineros de Chile.
Destaca luego el Mensaje que la expedita aprobación por el Parlamento de la ley Nº 19.791 obedeció en gran medida a la inquietud suscitada por la forma en que algunos municipios estaban ejerciendo la atribución de operar el sistema de registro de infracciones a través de los fotorradares. No obstante, la normativa de marras significó una superación meramente temporal del problema planteado.
A la luz de estos antecedentes, y con miras a una solución definitiva, el Ejecutivo propone un enfoque que se sustenta en los siguientes tres pilares:
1. Modificación de la operación de los equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja.
Respecto de este tópico, se pone de relieve la distinta naturaleza que poseen los Equipos de Registro de Infracciones (fotorradares) y los Equipos Detectores de Velocidad. Los primeros registran la infracción -sea a los límites legales de velocidad o el no respeto a la luz roja del semáforo-, mientras que los segundos se limitan a constatar la velocidad a que se desplaza un vehículo en un momento determinado, pero sin dejar registro de ese hecho. Es importante dejar establecido que el actual artículo 4º de la ley Nº 18.290 otorga un reconocimiento legal a los Equipos de Registro de Infracciones . Distinta es la situación de los Equipos Detectores de Velocidad, cuya única fuente normativa se encuentra en el Decreto Supremo Nº 67, de 2001, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que permite su utilización por Carabineros, Inspectores Fiscales e Inspectores Municipales.
El proyecto de ley tiende a superar esta dispar regulación normativa de unos y otros implementos proponiendo, a través de la modificación del citado artículo 4º de la ley Tránsito, que los Equipos Detectores, al igual que los Equipos de Registro de Infracciones relativas a velocidad y luz roja, sólo podrán ser operados por Carabineros e Inspectores Fiscales, gozando ambos medios técnicos de un reconocimiento legal expreso, y reconociéndose, desde otra perspectiva, su eficiencia para fines de prevención de accidentes de tránsito.
Un segundo aspecto que subraya el Mensaje en torno al punto enunciado en el epígrafe, se refiere a sustraer en forma permanente desde el ámbito municipal la facultad para instalar y operar los equipos de registro y detección de infracciones aludidos, confiriendo tal atribución exclusivamente a Carabineros de Chile e Inspectores Fiscales. Este cambio de fondo se fundamenta en la escasa legitimidad que los municipios han podido exhibir a lo largo del proceso de puesta en marcha y posterior consolidación del sistema. De este modo, se pretende también coadyuvar al restablecimiento de la imagen institucional de las municipalidades ante la comunidad.
Finalmente, y vinculado también a la reforma del sistema de operación de los equipos de registro y detección de infracciones, se logrará superar la disparidad de criterios con que operaba aquél bajo la administración de los municipios.
2. Destino de los fondos obtenidos por multas por infracciones a las normas de tránsito relativas a exceso de velocidad.
A este respecto, el Mensaje reconoce que la mayor crítica de que ha sido objeto el sistema de fotorradares consiste en la desnaturalización del objetivo que se tuvo en vista al crearlo, ya que ha sido utilizado principalmente como fuente de mayores ingresos municipales, relegándose a un segundo plano la finalidad de prevenir accidentes a través de este medio. En otros términos, ha existido una distorsión motivada por incentivos económicos, lo que determinó que algunos municipios operaran los fotorradares alentados por el auspicioso horizonte financiero que significaba la utilización de este medio, prescindiendo de razones técnicas y de políticas de tránsito.
Para erradicar este incentivo perverso del sistema, el Ejecutivo propicia que los recursos que se obtengan por las multas provenientes de infracciones de tránsito relativas a velocidad se incorporen al Fondo Común Municipal (FCM), fondo que, atendido su carácter solidario, se reparte en términos equitativos entre las diferentes comunas del país.
3. Gradualidad en la vigencia del nuevo destino de los fondos provenientes de las multas de tránsito a que se refiere el proyecto.
Por último, mediante una disposición transitoria, se establece que las modificaciones sobre el destino de los fondos por las multas de tránsito comprendidas en el número 2 precedente, tengan una distinta entrada en vigencia, según el medio probatorio empleado para su detección.
Así, el nuevo destino de los recursos provenientes de las multas que se sustenten -desde el punto de vista probatorio- en los fotorradares comienza a regir conjuntamente con el presente proyecto de ley. Por su parte, las multas que tienen su origen en la prueba aportada por medios distintos de los equipos de registro de infracciones comenzarán a enterarse al FCM a partir del año 2004.
-o-
Abundando en el tópico, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo subrayó en primer lugar que el proyecto en referencia responde al clamor unánime de la Cámara de Diputados, expresado en enero de este año, oportunidad en que se determinó suspender el uso de los fotorradares, a la vez que se instó al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley para despejar el punto. De este modo, la tramitación de la iniciativa con el carácter de “suma” urgencia acoge el sentir de los parlamentarios y de la ciudadanía, que quieren zanjar luego el tópico, desvinculando a las municipalidades de la administración del sistema.
Tocante a las multas, precisó que las que cobran los juzgados de policía local por concepto de infracciones a la ley de Tránsito (incluyendo las cursadas empleando el sistema de fotorradares) alcanzaron a un monto de 30 mil millones de pesos el año 2001. De esa cifra hay que descontar el 18%, esto es, unos 5 mil millones, que por ley corresponde al Sename. De acuerdo a estimaciones, pues no hay estudios con información desagregada sobre el tema, los fotorradares reportan anualmente unos 3 mil millones. La gran mayoría de las infracciones por exceso de velocidad son detectadas utilizando los implementos conocidos como “pistolas”. Ahora bien, del total de 341 municipios que hay a lo largo del país, 95 perciben un alto porcentaje de los 25 mil millones, suma que equivale al 8% del FCM. Más específicamente, el primer decil -que abarca 34 municipalidades- concentra el 55% de la recaudación consignada. La lista la encabeza Santiago , con 3 mil millones, y sigue Providencia con 1.800 millones. El objetivo del gobierno es poner término a las sospechas que ha debido enfrentar el mecanismo de los fotorradores, y la forma de hacerlo es desvincular el empleo de estos aparatos de los municipios en cuyo territorio se cursa la infracción, proponiéndose que el 100% de las multas se encaucen al FCM. Dicha solución, a la vez, permite mantener en el sistema municipal los recursos obtenidos a través de este tipo de multas.
Finalmente, dijo que sin perjuicio del reparo a los fotorradares, particularmente por el potencial efecto nocivo que conlleva su aplicación, a la Subdere le asiste la seguridad de que el abuso en materia de multas por infracciones de tránsito no se circunscribe a aquéllos, sino que se hace extensivo a otros instrumentos que miden el exceso de velocidad.
-o-
El artículo 62 inciso cuarto Nº 2 de la Carta Fundamental otorga al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tienen por objeto crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, como asimismo fijar sus funciones o atribuciones; hipótesis esta última aplicable en la especie, toda vez que a través del proyecto en informe se le están otorgando nuevas atribuciones a los municipios en materia de administración de las multas que reciban por aplicación de las normas del proyecto.
Por su parte, el artículo 111 de la Constitución Política encomienda a una ley orgánica establecer un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades con la denominación de Fondo Común Municipal, materia en que incide directamente la iniciativa legal del Ejecutivo , pues agrega un nuevo componente a dicho Fondo.
-o-
II. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL.
La iniciativa legal tiene por objeto propender a una mejor gestión en lo que atañe a la operación de los equipos de registro y detección de infracciones de normas de tránsito relativas a límites de velocidad, así como a garantizar mayores niveles de transparencia en la destinación de los fondos provenientes de las multas cursadas por el quebrantamiento de tales normas, estableciendo al efecto una modalidad que opera independientemente del sistema empleado para la medición de dichas infracciones.
III. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN.
1) DISCUSIÓN.
Atendida la circunstancia de que el Ejecutivo dispuso el despacho del proyecto con carácter de “suma urgencia”, la Comisión lo discutió en general y en particular a la vez.
2) VOTACIÓN.
A) En General.
La Comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre el tópico, compartiendo los argumentos esgrimidos en el Mensaje y complementados por el representante del Ejecutivo.
B) En Particular.
Durante la discusión pormenorizada del articulado del proyecto, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos:
Artículo 1º
Éste, que modifica el artículo 4º de la ley Nº 18.290 -denominada ley de Tránsito-, recibió el siguiente trato:
-La letra a), que reemplaza el inciso segundo de dicho artículo, disposición que faculta a Carabineros de Chile, inspectores fiscales y municipales para operar directamente equipos de registro de infracciones, por una norma que señala que las referidas autoridades podrán emplear no sólo elementos de registro, sino también de detección de infracciones, dando así consagración legal a estos últimos, fue aprobada por once votos a favor y uno en contra.
-Su letra b), que sustituye el inciso sexto -el cual, en síntesis, establece que los equipos empleados para los fines a que se refiere el mismo precepto pueden ser de propiedad de particulares, regulando asimismo las modalidades y prohibiciones de los contratos que al efecto sean celebrados con éstos-, por una disposición que prescribe que los aludidos equipos podrán ser operados únicamente por Carabineros e inspectores fiscales, fue aprobada por ocho votos a favor, uno en contra y una abstención; conjuntamente, y por idéntico quórum, con una indicación de la señora González , doña Rosa , y de los señores Rojas y Silva , que suprime la referencia a los inspectores fiscales.
Artículo 2º
Este artículo, que modifica el artículo 14 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, relativo a la composición del Fondo Común Municipal, en el sentido de agregarle un nuevo componente, que consiste en el 82% de las multas impuestas por los juzgados de policía local derivadas de contravenciones a las normas sobre exceso de velocidad vehicular, fue aprobado por nueve votos a favor y dos en contra.
Artículo 3º
Éste reemplaza el artículo 55 de la ley sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, que preceptúa que las multas que éstos impongan serán a beneficio municipal, pero reservando el 18% del monto de las mismas al Sename para los fines que indica.
El nuevo texto, aprobado por once votos afirmativos y uno en contra, mantiene como principio general que las multas cursadas por tales juzgados son a beneficio de la comuna en cuyo territorio se cometió la infracción, exceptuando solamente la multa consignada en el artículo precedente del proyecto en informe que, como se expresó, va al FCM en un 82%, conservando el 18% para el Sename.
Artículo 4º
Este precepto incorpora una enmienda al inciso cuarto del artículo 24 de la ley sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, que otorga a la municipalidad receptora del pago de una multa aplicada por un tribunal de otra comuna, una suma equivalente al 20% del importe de aquélla, debiendo remitir el remanente al Registro de Multas del Tránsito .
La disposición que se agrega al mencionado inciso, y que exceptúa del susodicho procedimiento a las multas de que trata el presente proyecto, en términos de que la municipalidad receptora del pago debe enterar directamente el monto total de la multa al FCM, pero manteniendo la reserva del 18% del monto de aquélla en beneficio del Sename, fue aprobado por idéntico quórum que el anterior.
Artículo Transitorio
Éste, que establece un régimen diferenciado para integrar al FCM las multas a que se refiere el nuevo Nº 6 del inciso segundo del artículo 14 de la ley orgánica de Municipalidades, según los elementos probatorios que sirvieron de base para cursar la infracción por exceso de velocidad, fue aprobado por siete votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
IV. NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
Los artículos 2º, 3º, 4º y transitorio son orgánicos constitucionales, según lo determinara la Comisión, basándose en lo dispuesto en los artículos 107 y 111 de la Constitución Política.
V. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 287 Nº 4 del reglamento, el señor Presidente de la Comisión determinó que el proyecto requiere cumplir este trámite, particularmente en lo que respecta a sus artículos 2º, 3º, 4º y transitorio, dada su incidencia en la administración financiera y presupuestaria del Estado, tal como lo señala el artículo 17 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
No hay.
-o-
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras consideraciones que dará a conocer el señor diputado informante , la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4º de la ley Nº 18.290 de Tránsito:
a) Reemplázase el inciso segundo, por el siguiente:
“Para los efectos del inciso anterior, podrán utilizarse equipos de registro y de detección de infracciones”.
b) Reemplázase el inciso sexto, por el siguiente:
“Los equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja sólo podrán ser operados por Carabineros de Chile.”.
Artículo 2º.- Modifícase el inciso segundo del artículo 14, de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, de la siguiente forma:
a) Reemplázase, en el numero 4 la conjunción “y” final y la coma (,) que la antecede, por un punto y coma (;).
b) Sustitúyese, en el número 5, el punto aparte (.) por una coma (,) seguida de la conjunción “y”.
c) Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
“6.- Un 82% de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía Local, por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito relativas a exceso de velocidad, cualquiera sea el medio empleado para su detección.”.
Artículo 3º.- Reemplázase el artículo 55 de la ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, por el siguiente:
“Artículo 55.- Las multas que los juzgados de policía local impongan no estarán afectas a recargo legal alguno y serán a beneficio de la comuna en cuyo territorio se cometió la infracción, salvo aquellas que, según dispone el número 6 del inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 18.695, deben ser destinadas al Fondo Común Municipal. Con todo, un 18% de todas dichas multas se destinará al Servicio Nacional de Menores para la asistencia y protección del menor en situación irregular, para cuyo efecto, las municipalidades deberán poner a disposición del señalado Servicio a lo menos quincenalmente estos recursos.”.
Artículo 4º.- Agréganse en el inciso cuarto del artículo 24 de la ley Nº 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), las siguientes oraciones finales: “No obstante, tratándose de aquellas multas a que se refiere el número 6 del inciso segundo del artículo 14, de la ley Nº 18.695, la municipalidad que reciba el pago, enterará directamente al Fondo Común Municipal la parte de la multa que a éste corresponda, en cuyo caso no procederá la deducción del 20% antes señalado. Con todo, la municipalidad que reciba el pago deberá remitir al Registro , dentro de los treinta días siguientes, el arancel que a éste corresponda para que proceda a eliminar la anotación respectiva. Lo dispuesto en el presente inciso se entiende sin perjuicio de la deducción previa del 18% de beneficio del Servicio Nacional de Menores, establecido en el artículo 55 de la ley Nº 15.231, y cuya remisión al señalado Servicio corresponderá al municipio que reciba el pago.”.
Artículo Transitorio.- La integración al Fondo Común Municipal de los recursos a que se refiere el número 6 del inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, incorporado por el artículo 2º de la presente ley, se efectuará a partir de la vigencia de esta última. Se exceptúan de lo anterior, los recursos por multas de tránsito por infracciones relativas a exceso de velocidad, sobre la base de elementos probatorios distintos a los equipos de registro de infracciones, los cuales deberán enterarse al Fondo Común Municipal a partir del 1 de enero del año 2004.”.
-o-
Se designó diputado informante al señor Silva, don Exequiel .
Sala de la Comisión, a 16 de abril de 2002.
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 9 y 16 de abril, con asistencia de los señores Valenzuela, don Esteban ( Presidente ); Ascencio, don Gabriel ; Becker, don Germán ; Caraball , doña Eliana ; Egaña, don Andrés ; González, doña Rosa ; Letelier, don Juan Pablo ; Longton, don Arturo ; Montes, don Carlos ; Quintana, don Jaime ; Rojas, don Manuel ; Silva, don Exequiel , y Varela, don Mario .
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión ”.
***CUADROS***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MINUTA
Equipos detectores de velocidad e infracción a la luz roja
1. Se ha demostrado a nivel internacional y nacional la eficiencia incorporar este tipo de tecnología en las labores de fiscalización y prevención, siendo las más importantes:
1.A. A nivel internacional, un gran número de países de los cinco continentes utiliza este sistema de fiscalización. Entre ellos se cuentan:
América
África
Europa
Argentina
Sudáfrica
Alemania
Brasil
Austria
Chile
Asia
España
Canadá
Singapur
Países Bajos
Estados Unidos
Israel
Reino Unido
Puerto Rico
Malasia
Noruega
Islas Vírgenes Americanas
China
Suecia
Finlandia
Oceanía
Australia
Nueva Zelanda
Además, el uso de los equipos de registro de infracciones ha demostrado ser altamente efectivo en la disminución del número de accidentes de tránsito y en la cantidad de heridos y lesionados que en ellos se producen.
Cuadro resumen
Resultados de Programas Internacionales
en la aplicación de fotorradares
Año
País
Ciudad o
Provincia
Efecto en los accidentes
Referencia
Canadá
Britisch Columbia
-25% colisiones en el día
1
-17% colisiones con muerte
1983
Australia
Victoria
-32% colisiones cruzadas
2
-10% lesionados
2
1994
Australia
Victoria
-16% Colisiones
1
-21% Lesionados
-30% Muertos
Australia
South Australia
-10,4% accidentes con muerte
5
-24% accidentes de lesionados
EE.UU.
Oxnard, California
-42% violación luz roja
2-3
EE.UU.
San Francisco
-40% violación luz roja
4
California
-9% accidentes con lesionados
5
EE.UU.
Nueva York N.Y.
-38% violación luz roja
4
-60% a -70% colisiones cruzadas
5
EE.UU.
Fairfax, Virginia
-44% violación luz roja
5
1988
Noruega
-20% accidentes con lesionados
1
Reino Unido
West London
-19% Colisiones
1
-20% lesionados
-29% Muertos
1993
Nueva Zelanda
-3% Colisiones
1
1994
-5% Lesionados
1.B. A nivel nacional:
( Proyecto piloto desarrollado por Conaset y la I. municipalidad de Santiago (período 1998-1999) a través del cual se instalaron tres fotorradares en intersecciones comprobadamente de alta accidentalidad, señalizando el área de fiscalización, cuyos resultados avalan su efectividad en la prevención de accidentes, obteniéndose una disminución en 56% de los accidentes de tránsito y 47% de las víctimas.
2. En intersecciones semaforizadas de la Región Metropolitana se registró durante el año 2000 la siguiente estadística de accidentes:
Base geo-referenciada.
Nº
Muertos
Graves
Menos
Leves
Total
Accidentes
Graves
Lesionados
884
6
114
132
718
964
Esta cantidad de accidentes puede disminuirse con la utilización de equipos de registros de infracciones a porcentajes similares a los ya expuestos.
3. Este sistema de fiscalización, además, destaca por las siguientes características:
-Garantiza la igualdad ante la ley.
-Todos los infractores son detectados.
-Sus parámetros son objetivos y queda evidencia fotográfica de ello.
-Representa un cambio de los sistemas manuales de control, subjetivos y discutibles, a uno automático, de alta tecnología y con las características de objetividad y exactitud antes descritas.
-Si bien este tema afecta a los conductores, hay otros actores tanto o más importantes que no han dado su opinión y que se ven afectados positivamente por la presencia del fotorradar: peatones, ciclistas, zonas de escuelas.
4. Los problemas generados por la presencia de fotorradares tienen que ver con el uso que se les ha dado, y no con su eficacia como elemento fiscalizador y preventivo en materias de accidentes de tránsito. Esta opinión es sostenida también por la División Ingeniería de Transporte del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
3. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de multas de tránsito. (boletín Nº 2904-06)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma urgencia” para su tramitación legislativa.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Francisco Vidal , subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo ; Eduardo Pérez , Rodrigo Cabello y Alexis Yáñez , asesores de dicha Subsecretaría.
El propósito de la iniciativa consiste en optimizar la operación de equipos de registro y detección de infracciones de normas de tránsito relativas a límites de velocidad y a luces rojas semaforizadas, así como, reemplazar el sistema de destinación de las multas generadas por contravención a la normativa existente en materia de velocidad vehicular.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos sostiene que el proyecto no implica costo fiscal.
El señor Francisco Vidal , subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo explicó que el origen de esta iniciativa está vinculado con la ley Nº 19.791, promulgada en enero de este año y que dio cuenta de un malestar ciudadano provocado por el mal uso de los “fotorradares”. Añadió que, entre otras cosas, dicha ley suspendió la vigencia de los fotorradares como instrumento de registro de infracciones, por 120 días, medida que vence el 6 de junio de este año. En consecuencia, y considerando tal plazo, este proyecto de ley y su urgencia obedece a una petición formulada al Ejecutivo para que legisle y regule el uso de este instrumento, así como su vinculación con el financiamiento municipal.
Precisó que no se trata de eliminar el fotorradar como instrumento, ya que constituye un elemento inhibidor de faltas al tránsito y de prevención de accidentes de tránsito, hecho validado por numerosos estudios nacionales e internacionales sobre la materia. No obstante lo anterior, la iniciativa legislativa propuesta en el Mensaje plantea sustraer en forma permanente desde el ámbito municipal, la facultad para instalar y operar los equipos de registro y detección de infracciones, entregando tal atribución exclusivamente a Carabineros de Chile y a inspectores fiscales, quienes también tienen responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, especialmente en los caminos públicos y carreteras.
Puso de relieve que los recursos que se obtengan por las multas provenientes de infracciones de tránsito relativas a exceso de velocidad, incluidas las de fotorradares, se incorporarán al Fondo Común Municipal. Señaló que del 100% recaudado por multas, hay que descontar el 18%, que por ley corresponden al Sename.
Por otra parte, afirmó que se contempla modificar gradualmente el destino de los fondos provenientes de las multas del tránsito, mediante una disposición transitoria. En su virtud, el nuevo destino de los fondos provenientes de las multas por “fotorradares”, sólo entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2004, con el fin de no producir un desequilibrio en las finanzas municipales y dar a los municipios la posibilidad de adecuar su financiamiento de manera paulatina a la nueva normativa.
Se solicitó en la Comisión que el subsecretario precisara cuál es el abuso que se puede originar con las medidas vinculadas al uso de los fotorradares por las municipalidades.
El señor Vidal manifestó que el abuso está en el sistema que se pretende cambiar y que ha consistido en que se desvirtuó la verdadera finalidad del fotorradar utilizándose, primordialmente, como fuente de mayores ingresos municipales y no para efectos de la prevención de accidentes. Con la iniciativa se pretende terminar con los incentivos perversos vinculados a la recaudación, pero, también, pretende que tal recaudación sea más equitativa al aplicarse los mecanismos del FCM en su distribución.
Explicitó el caso de municipios en que los ingresos están conformados en un alto porcentaje por los dineros provenientes de multas de tránsito. Sobre el particular, acotó que, del total de 341 municipios que hay a lo largo del país, 95 percibieron un alto porcentaje de los 25 mil millones de pesos que los juzgados de policía local recaudaron en 2001, suma que equivale al 8% del FCM, descontado lo que corresponde al Sename. El primer decil -que abarca 34 municipalidades- concentra el 55% de la recaudación consignada. La lista la encabeza Santiago , con 3 mil millones de pesos y sigue Providencia con 1.800 millones de pesos.
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 2º, 3º, 4º y transitorio aprobados por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
Por el artículo 2º, se modifica el inciso segundo del artículo 14, de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, de la siguiente forma:
Por la letra a), se reemplaza, en el número 4 la conjunción “y” final y la coma (,) que la antecede, por un punto y coma (;).
Por la letra b), se sustituye, en el número 5, el punto aparte (.) por una coma (,) seguida de la conjunción “y”.
Por la letra c), se agrega el siguiente número 6, nuevo:
“6.- Un 82% de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía Local, por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito relativas a exceso de velocidad, cualquiera sea el medio empleado para su detección.”.
-Puesto en votación este artículo fue aprobado por 7 votos a favor y una abstención.
Por el artículo 3º, se reemplaza el artículo 55 de la ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, por el siguiente:
“Artículo 55.- Las multas que los juzgados de policía local impongan no estarán afectas a recargo legal alguno y serán a beneficio de la comuna en cuyo territorio se cometió la infracción, salvo aquellas que, según dispone el número 6 del inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 18.695, deben ser destinadas al Fondo Común Municipal. Con todo, un 18% de todas dichas multas se destinará al Servicio Nacional de Menores para la asistencia y protección del menor en situación irregular, para cuyo efecto, las municipalidades deberán poner a disposición del señalado Servicio a lo menos quincenalmente estos recursos.”.
-Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
Por el artículo 4º, se agrega en el inciso cuarto del artículo 24 de la ley Nº 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), las siguientes oraciones finales:
“No obstante, tratándose de aquellas multas a que se refiere el número 6 del inciso segundo del artículo 14, de la ley Nº 18.695, la municipalidad que reciba el pago, enterará directamente al Fondo Común Municipal la parte de la multa que a éste corresponda, en cuyo caso no procederá la deducción del 20% antes señalado. Con todo, la municipalidad que reciba el pago deberá remitir al Registro , dentro de los treinta días siguientes, el arancel que a éste corresponda para que proceda a eliminar la anotación respectiva. Lo dispuesto en el presente inciso se entiende sin perjuicio de la deducción previa del 18% de beneficio del Servicio Nacional de Menores, establecido en el artículo 55 de la ley Nº 15.231, y cuya remisión al señalado Servicio corresponderá al municipio que reciba el pago.
Explicó el señor Eduardo Pérez que en virtud de esta disposición se está agregando, en el referido inciso cuarto, una oración que otorga a la municipalidad receptora del pago de una multa aplicada por un tribunal de otra comuna, una suma equivalente al 20% del importe de aquélla, debiendo remitir el remanente al Registro de Multas del Tránsito . Añade que con la disposición propuesta dicha municipalidad receptora del pago debe enterar directamente el monto total de la multa al FCM, pero manteniendo la reserva del 18% del monto de aquélla en beneficio del Sename. Agregó dicho asesor que junto con cobrar la multa el municipio cobra un arancel que permite remunerar los servicios prestados a la empresa administradora de las multas impagas y que las comunica en línea a todos los municipios.
-Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
Por el artículo transitorio, se establece que la integración al Fondo Común Municipal de los recursos a que se refiere el número 6 del inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, incorporado por el artículo 2º del proyecto, se efectuará a partir de la vigencia de esta última. Se exceptúan de lo anterior, los recursos por multas de tránsito por infracciones relativas a exceso de velocidad, sobre la base de elementos probatorios distintos a los equipos de registro de infracciones, los cuales deberán enterarse al Fondo Común Municipal a partir del 1 de enero del año 2004.
-Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
Sala de la Comisión, a 25 de abril de 2002.
Acordado en sesión de fecha 17 de abril de 2002, con la asistencia de los diputados señores Ortiz, don José Miguel ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Cardemil, don Alberto ; Cornejo, don Patricio ; Dittborn, don Julio ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos ; Jaramillo, don Enrique ; Lagos, don Eduardo (Jarpa, don Carlos) ; Silva, don Exequiel ; Tohá , señora Carolina , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Se designó diputada informante a la señora Carolina Tohá .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia. (boletín Nº 2850-07) (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República .
Para el despacho de esta iniciativa, el Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de “simple” para todos sus trámites legales, contando, en consecuencia, esta Corporación con un plazo de treinta días para afinar su tramitación, término que vence el 4 de mayo próximo, por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 4 de abril recién pasado.
Durante el análisis de este proyecto, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas:
- Don José Antonio Gómez Urrutia , ministro de Justicia .
- Don Francisco Maldonado Fuentes , jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia .
OBJETO
La idea central del proyecto se orienta a mejorar la justicia en materia penal en aquellos lugares en que no entra en vigencia aún el nuevo sistema procesal penal, introduciendo diversas modificaciones al Código de Procedimiento Penal y al Código Orgánico de Tribunales.
-En tal sentido, establece un sistema de jueces de turno destinado a facilitar el acceso a los tribunales de justicia en materias penales, cualquiera sea el día u horario en que deba recurrirse a ellos, a fin de que realicen, aun cuando no tengan naturalmente competencia, las primeras diligencias de instrucción del sumario.
-Crea un mecanismo de jueces de dedicación exclusiva con el objeto de dar a los casos judiciales de mayor relevancia un tratamiento especial y focalizado.
-Introduce diversas adecuaciones de procedimiento para agilizar la tramitación de los procesos en segunda instancia.
ANTECEDENTES
1. El Mensaje comienza señalando que se ha hecho un gran esfuerzo para potenciar la actividad del Poder Judicial, asumiendo la necesidad de dotarlo de mejores elementos para el cumplimiento de sus funciones y de optimizar su capacidad de gestión.
Añade que como consecuencia de lo anterior, se ha iniciado un paulatino proceso de transformación orientado no sólo a suplir las falencias puntuales que suelen hacerse patentes, sino también a redimensionar el rol, funciones y medios con que debe contar un poder judicial en el seno de un estado democrático.
Enumera y comenta en seguida, la implementación de diversas modificaciones tales como la reforma procesal penal, que ha permitido dar transparencia y ha acelerado la resolución de conflictos penales, y el proyecto que crea los tribunales de familia, destinado a dar solución judicial a temas de la mayor importancia.
Agrega más adelante, que, no obstante tales modificaciones y proyecto futuros, situaciones como la acontecida en la localidad de Alto Hospicio, demuestran que aún falta mucho por realizar, especialmente en lo que se refiere a la adopción de medidas que permitan a los jueces perfeccionar sus posibilidades de actuación en el cumplimiento de sus labores.
En tal sentido, mediante este proyecto se busca avanzar en tres materias básicas, cuales son la de dar a los casos judiciales de mayor relevancia un tratamiento especial y focalizado; la de regular el acceso a los tribunales de justicia en materias penales, cualquiera sea el día u horario en que deba recurrirse a ella, y la de realizar adecuaciones de procedimiento para agilizar la tramitación de los procesos en segunda instancia.
a) En el caso de las cuestiones judiciales de mayor relevancia, el proyecto busca superar el problema que plantea la sobrecarga de trabajo que afecta a los jueces y que no resulta posible paliar con la asistencia que les proporcionan los actuarios, razón por la que parece necesario multiplicar la capacidad resolutiva de los tribunales, sobre la base de aumentar la capacidad de decisión y resolución de cada tribunal. Esta misma situación y el excesivo formalismo impiden entregar un tratamiento preferente a procesos más complejos.
Agrega el Mensaje que estos defectos desaparecen con el nuevo sistema procesal penal, pero mientras éste no tenga una aplicación generalizada en todo el país, parece lógico entregar una respuesta similar a la totalidad de la población, para lo cual se establece un sistema de jueces de dedicación exclusiva que funcionarán extraordinariamente en los tribunales con competencia en materia penal.
El sistema permite al juez abocarse al conocimiento exclusivo de causas radicadas en su tribunal, que revistan mayor importancia o tengan una mayor trascendencia para su territorio, tales como delitos que generen conmoción pública o se trate de investigaciones que justifiquen un tratamiento preferencial o en que esté comprometido el interés público o en los casos de reiteración de delitos determinados o de notable retardo en el despacho de materias sometidas al conocimiento del tribunal.
Por último, cabe señalar que de acuerdo al nuevo mecanismo que se propone, los secretarios de estos tribunales asumen las funciones que corresponden a los jueces respecto de las demás materias radicadas en el tribunal.
b) En lo que se refiere a la facilitación del acceso a los tribunales penales en días y horas distintos a los del funcionamiento ordinario, el Mensaje recuerda que de conformidad al sistema vigente, no existen los días y horas inhábiles por lo que los funcionarios judiciales afectos a los tribunales con competencia en lo penal, deberían ser funcionarios de tiempo completo. Asimismo, con el propósito de dar lugar a la pronta y oportuna intervención de la justicia, el sistema vigente permite a cualquier tribunal con competencia en lo penal, aun cuando no sea el naturalmente competente, efectuar las primeras diligencias de la investigación.
Sin embargo, tal mecanismo no logra un adecuado funcionamiento, especialmente ante la falta de un eficiente proceso de distribución del trabajo, que, además de distribuir con equidad, permita a la policía contar con una clara información para cuando corresponda requerir la intervención judicial.
Por ello el proyecto encomienda a cada Corte de Apelaciones fijar los turnos correspondientes una vez al año para los funcionarios judiciales con competencia en materia criminal, optimizando la información que debe entregarse a quienes deban recurrir a tales tribunales.
c) Finalmente, en lo que se refiere a las adecuaciones del procedimiento en segunda instancia, se contempla:
1. la supresión de la consulta tratándose de sobreseimientos temporales, cuestión que en nada afecta los derechos de las partes por cuanto conservan la facultad de ejercer los recursos ordinarios para reclamar de tal decisión;
2. se suprime el derecho a recusar abogados integrantes sin expresión de causa, mecanismo de frecuente utilización y que se presta, fundamentalmente, para dilatar la vista de la causa, algo que el Mensaje estima fuera de lugar, puesto que actualmente se dan las condiciones necesarias de transparencia como para hacer efectivas las legítimas observaciones que puedan merecer a las partes involucradas los integrantes, utilizando las causales que señala el Código Orgánico de Tribunales, sin necesidad de recurrir a mecanismos que, por lo general, son puramente discrecionales.
3. finalmente, se rebaja el tiempo de duración de los alegatos en la vista de recursos de apelación o en la consulta de la resolución que se pronuncia sobre solicitudes de libertad provisional, desde los 30 minutos actuales a sólo 15 por cuanto la práctica demuestra que, normalmente, no resulta necesario tanto tiempo, modificación que se efectúa sin alterar el derecho de las partes a pedir se prolongue dicho término hasta el doble.
2. El Código de Procedimiento Penal.
En lo que interesa a este informe, cabe señalar que:
-su artículo 7º , ubicado en el Libro Primero, referido a las “Disposiciones Generales Relativas al Juicio Criminal”, se refiere a la práctica de las primeras diligencias de instrucción del sumario, señalando que se considerarán como tales dar protección a los perjudicados, consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuando conduzca a su comprobación y a la identificación de los delincuentes, decretar el arraigo y detención de los inculpados.
Su inciso segundo añade que para los efectos anteriores, el juez que prevenga en el conocimiento de estas materias, deberá interrogar a los testigos y a los inculpados y practicar los careos y reconocimientos que fueren necesarios.
-su artículo 63 bis A, ubicado en el Título III del Libro Primero, sobre Reglas aplicables a todo juicio criminal, establece que las alegaciones de los abogados de cada parte, se limitarán a una hora en las apelaciones y consultas de la sentencia definitiva y a media hora en los asuntos incidentales, pudiendo el tribunal autorizar una prórroga hasta por el doble de ese tiempo.
-su artículo 414, ubicado en el Título XII, Primera Parte del Libro II, que trata del sobreseimiento, establece que el auto de sobreseimiento deberá consultarse cuando recae en un juicio en que se ventila un delito al que la ley señala pena aflictiva o cuando se dictare contra la opinión del Ministerio Público.
Su inciso tercero señala los casos en que se efectuará la consulta tratándose de sobreseimientos parciales.
-su artículo 415 se refiere en su inciso tercero al trámite de la consulta tratándose de autos de sobreseimiento temporal.
3. El Código Orgánico de Tribunales.
Su artículo 215, ubicado en el Título VIII que trata de la subrogación e integración de los tribunales, señala que en caso de inhabilidad o falta de alguno de los miembros de una Corte de Apelaciones o de alguna de sus salas y que, como consecuencia de ello, no pudiere tomar conocimiento o resolver las causas que le estuvieren sometidas, deberán integrarse con los miembros no inhabilitados del mismo tribunal, con sus fiscales o con los abogados que se designen con tal objeto.
Sus incisos segundo y tercero indican el orden del llamado a integrar, refiriéndose este último a la situación específica de la Corte de Santiago.
IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO,
CONSTITUCIONALIDAD DE LAS MISMAS Y SÍNTESIS DE SU CONTENIDO
La idea central del proyecto se orienta a mejorar la justicia en materia penal en aquellos lugares en que no entra en vigencia aún el nuevo sistema procesal penal, introduciendo diversas modificaciones al Código de Procedimiento Penal y al Código Orgánico de Tribunales.
-En tal sentido, establece un sistema de jueces de turno destinado a facilitar el acceso a los tribunales de justicia en materias penales, cualquiera sea el día u horario en que deba recurrirse a ellos, a fin de que realicen, aun cuando no tengan naturalmente competencia, las primeras diligencias de instrucción del sumario.
-Crea un mecanismo de jueces de dedicación exclusiva con el objeto de dar a los casos judiciales de mayor relevancia un tratamiento especial y focalizado.
-Introduce diversas adecuaciones de procedimiento para agilizar la tramitación de los procesos en segunda instancia.
Tales ideas, las que son propias de ley al tenor de lo establecido en los artículos 60 Nºs 1, 2 y 3 y 62, inciso cuarto, Nº 2 de la Constitución Política, en relación con los artículos 73 y 74 de la misma Carta Fundamental, el proyecto las concreta por medio de dos artículos permanentes y uno transitorio, los que en síntesis señalan:
Por el artículo 1º introduce ocho modificaciones al Código de Procedimiento Penal
-Por la primera, agrega al inciso primero del artículo 7º, una nueva diligencia comprendida dentro de las primeras que deben realizarse en la instrucción del sumario, cual es la de resolver sobre la libertad de los detenidos.
-Por la segunda, siempre dentro de dichas primeras diligencias, modifica la redacción del inciso segundo del citado artículo 7º, para comprender en ellas la obligación de disponer la atención prioritaria del ofendido por los servicios públicos pertinentes y su resguardo policial o el de los testigos.
-Por la tercera incorpora un nuevo artículo 7º bis para disponer que las Cortes de Apelaciones establecerán un sistema de jueces de turno para atender las primeras diligencias de instrucción durante los días y horas en que no funcionen los tribunales, respecto de delitos cuyo conocimiento no se encontrare radicado en el tribunal competente.
Dispone, asimismo, esta nueva norma, que en los turnos quedarán comprendidos también los secretarios de los tribunales del crimen, quienes se entenderán habilitados por el solo ministerio de la ley.
El sistema de turno será semanal, salvo en el caso de lugares en que existiere sólo un juzgado con competencia en lo penal.
Añade, asimismo, esta norma que las actuaciones que en estos casos se practiquen, valdrán sin la intervención de un ministro de fe, debiendo la Corporación Administrativa del Poder Judicial informar anualmente a las Cortes de Apelaciones y al Ministerio de Justicia acerca de la aplicación del sistema de turnos y de las disponibilidades presupuestarias para el año siguiente.
Por último, su inciso final establece que la Corte Suprema, mediante auto acordado, podrá impartir instrucciones generales para el buen funcionamiento del sistema.
-Por la cuarta modificación, suprime en el artículo 8º el adverbio “además” .
-Por la quinta modificación, incorpora al inciso primero del artículo 63 bis A una oración para limitar la duración de los alegatos en la vista de la causa sobre apelación o consulta de resoluciones relativas al beneficio de la libertad provisional, a sólo 15 minutos.
-Por la sexta modificación introduce un nuevo párrafo tercero al Título III del Libro I, para tratar sobre el funcionamiento extraordinario de los tribunales que ejercen competencia en materia penal.
Mediante esta modificación introduce cuatro nuevos artículos, que tratan de lo siguiente:
a) El artículo 66 bis faculta a las Cortes de Apelaciones para disponer que los jueces de su jurisdicción, que ejerzan competencia en materia penal, se aboquen exclusiva y extraordinariamente a la tramitación de las causas, de competencia de su tribunal, relativas a uno o más delitos en que se encontrare comprometido un interés social relevante o que produzcan alarma pública.
También podrá adoptarse este procedimiento, respecto de ciertas causas o grupo de causas, cuando hubiere retardo en el despacho de las materias sometidas al conocimiento del tribunal o cuando el mejor servicio judicial así lo requiera.
Dentro de esta facultad, las Cortes de Apelaciones podrán disponer que los jueces de su jurisdicción que ejercen competencia civil y criminal, puedan abocarse exclusivamente al conocimiento de las materias penales que se ventilen en su tribunal.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá informar anualmente a las Cortes de Apelaciones y al Ministerio de Justicia respecto de la aplicación de este sistema y de las disponibilidades presupuestarias para el año siguiente.
b) El artículo 66 bis A dispone que cuando se iniciare el funcionamiento extraordinario señalado, se entenderá que el juez falta en su despacho, debiendo asumir sus funciones, en calidad de suplente y por el solo ministerio de la ley, el secretario del tribunal. Éste, a su vez, deberá ser suplido por quien corresponda de acuerdo a las reglas generales, quien deberá hacer las veces de secretario del juez titular y de quien lo supliere o reemplazare.
c) El artículo 66 bis B impone la obligación a los tribunales que ejercen competencia en materia penal, de informar, a lo menos en el mes de noviembre de cada año, a la Corte de Apelaciones que corresponda, del estado de las causas pendientes en el tribunal que pudieren ser objeto del funcionamiento extraordinario. Podrán, asimismo, en caso de variar las circunstancias, remitir nuevos informes para que se considere la adopción de las medidas que correspondan.
d) El artículo 66 bis C dispone que las atribuciones de que trata este párrafo deberán ser ejercidas únicamente por una sala integrada por ministros titulares.
-Por la séptima modificación introduce cambios en los incisos primero y tercero del artículo 414 para precisar que sólo deberá consultarse el auto de sobreseimiento definitivo.
-Por la octava modificación deroga el inciso final del artículo 415 que señala el procedimiento para la consulta de los autos relativos al sobreseimiento temporal.
Por el artículo 2º agrega un nuevo inciso tercero al artículo 215 del Código Orgánico de Tribunales, para establecer que las salas de las Cortes de Apelaciones no podrán funcionar con mayoría de abogados integrantes, tanto en su funcionamiento ordinario como extraordinario.
Por el artículo transitorio imputa el gasto que signifique la aplicación de este proyecto al presupuesto del Ministerio de Justicia para el presente año, dejando el correspondiente a los años posteriores a los respectivos presupuestos anuales.
DISCUSIÓN DEL PROYECTO
a) Discusión en general.
Durante la discusión en general, la Comisión recibió el parecer del señor ministro de Justicia quien recordó que el origen mediato de este proyecto había sido la situación ocurrida con los desaparecimientos y crímenes cometidos en la localidad de Alto Hospicio, en que se pedía la designación de un ministro en visita para investigar tales hechos.
Asimismo, antes de eso se había formulado una petición a la Corte Suprema para que arbitrara las medidas necesarias para el establecimiento de jueces del crimen de turno, disposición que la ley establece, pero que, en la práctica, se cumple muy imperfectamente.
Explicó que el proyecto establecía un turno de 24 horas para los jueces con competencia en lo criminal y, además, jueces de dedicación exclusiva, medidas que la Corte Suprema en sus informes había considerado improcedentes porque los turnos ya estaban establecidos en la ley y, en el segundo caso, por carecer de sentido ante la inminencia de la vigencia total de la reforma procesal penal.
La diferencia con lo actual en el caso de los turnos es que las Cortes deben establecerlos semanalmente y deben, además, ser conocidos por todos. Es decir, debe haber un juez de turno que estará obligado a responder a la policía o a las víctimas y que será responsable del turno, contrariamente a lo que hoy sucede, en que es necesario comenzar a ubicar a los jueces desde el primero hasta el último -y son 34 en el caso de la Región Metropolitana- hasta encontrar al que está de turno, lo que resulta muy difícil de conseguir. Esta situación provoca anormalidades como es el caso de la persona que es detenida por conducir, sin causar daño, en estado de ebriedad, en un día sábado: normalmente deberá esperar hasta el día lunes para ser puesta a disposición de los tribunales y recuperar su libertad.
En estos casos, además, se establecen otras modificaciones, permitiendo que las primeras diligencias de la instrucción que deba efectuar este juez, puedan hacerse sin la presencia de un ministro de fe, es decir, puede prescindirse del Secretario del tribunal.
Igualmente, se establece también la posibilidad de que sea el Secretario quien realice esta actividad, duplicando así las personas que podrán cumplir con el turno. Agregó que estas enmiendas, sin ser de gran trascendencia, revestían gran importancia porque permitirán una labor efectiva durante los turnos, los que estarán sujetos a control de la autoridad judicial.
En cuanto a los jueces de dedicación exclusiva, señaló que la situación actual es la existencia de un juez y un secretario, ambos con formación jurídica, pero uno de ellos dedicado a las labores administrativas del tribunal. Con el nuevo sistema que propone el proyecto, se permite que, en el caso de situaciones que tienen connotación social como el tráfico de drogas, pueda designarse a un juez dedicado exclusivamente a tratar e investigar el asunto a tiempo completo. Actualmente, los jueces se excusan señalando tener una enormidad de causas a su cargo y por ello estar impedidos de actuar más efectivamente. En estos casos, sobre la base de las indicaciones que el mismo juez deberá hacer a la Corte, será ésta quien designe la exclusividad para el conocimiento de determinadas causas. Una vez dispuesta la exclusividad, el Secretario del tribunal, por el solo ministerio de la ley, entrará a suplir al juez y continuará conociendo de los demás asuntos radicados en el tribunal. Esta facultad que se otorga a las Cortes, también permite disponer la exclusividad en el caso de tribunales con competencia penal y civil, debiendo el juez titular abocarse exclusivamente al conocimiento de las causas criminales.
El otro tema que trata el proyecto es la modificación que introduce, a proposición de los senadores Larraín y Arancibia, al Código Orgánico de Tribunales, para establecer que las salas de las Cortes de Apelaciones no podrán funcionar con mayoría de abogados integrantes, es decir, al igual que en la Corte Suprema, dos ministros y un abogado integrante. Dijo creer el ministro que, a pesar de la opinión contraria de la Corte Suprema, si existe una adecuada gestión en las Cortes de Apelaciones, no podría producirse problema alguno.
La otra modificación, que en este caso sí cuenta con el beneplácito de la Corte, es la supresión del trámite de la consulta en el caso de los sobreseimientos temporales, trámite sin ningún sentido porque las partes cuentan con los recursos legales en caso de sentirse afectadas y que significará una gran cantidad de causas que se ahorrarán las Cortes de ver.
Por último, se disminuyen los tiempos de los alegatos en materias incidentales y excarcelaciones, sin perjuicio de la posibilidad de pedir siempre la ampliación del tiempo. Estas materias se ven como causas agregadas, las que gozan de preferencia para su vista e impiden tratar las que figuran en la tabla ordinaria, con el consiguiente retardo para la resolución de las materias.
Terminada la intervención del ministro , la Comisión coincidió plenamente con los fundamentos del proyecto y, una vez cerrado el debate, sin mayor discusión, procedió a aprobar la idea de legislar por unanimidad.
b) Discusión en particular.
La Comisión, al tratar el proyecto artículo por artículo, concordó plenamente con cada una de las modificaciones introducidas y, sin debate, procedió a aprobar, separadamente, cada artículo, en los mismos términos propuestos, por unanimidad.
CONSTANCIA
Para los efectos de lo establecido en los números 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 289 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1º Que los números 3), 6) y 8) del artículo 1º y el artículo 2º tienen rango de normas orgánico constitucionales por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Carta Política. Igual mención efectuó el Senado.
2º Que el artículo transitorio es de la competencia de la Comisión de Hacienda.
3º Que no hubo artículos ni indicaciones rechazados por la Comisión.
4º Que el proyecto se aprobó en los mismos términos propuestos por el Senado.
INFORME DE LA CORTE SUPREMA
La Excma. Corte Suprema en dos oficios remitidos a la Comisión correspondiente del Senado, manifestó su opinión disidente con el proyecto, salvo en lo que dice relación con la restricción de los alegatos y la supresión de la consulta en el caso de los autos de sobreseimiento temporal.
Fundó su disidencia en el hecho de ser poco oportuna la modificación ante la inminencia de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal y por el hecho de existir normas en la legislación vigente que establecen los turnos, circunstancia que haría innecesario legislar al respecto.
En el caso de la integración de las Cortes de Apelaciones, las que de acuerdo al proyecto no podrán funcionar con mayoría de abogados integrantes, consideró que tal exigencia dificultará sobremanera el trabajo de las mismas, especialmente en el caso de su funcionamiento extraordinario.
-o-
Por las razones expuestas y por las que dará a conocer oportunamente el señor diputado informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto en los mismos términos propuestos por el Senado, de conformidad al siguiente texto:
“PROYECTO DE LEY:
Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Penal:
1) Agrégase, en el inciso primero del artículo 7º, entre las palabras “Libro Segundo” y el punto aparte (.) que le sigue, la siguiente frase: “y resolver sobre la libertad de los detenidos”.
2) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 7º, la expresión “interrogará a los testigos”, por las siguientes frases: “dispondrá la atención prioritaria del ofendido por los servicios públicos pertinentes, decretará su resguardo policial o el de los testigos, interrogará a estos últimos”.
3) Incorpórase, a continuación del artículo 7º, el siguiente artículo 7º bis, nuevo:
“Artículo 7º bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º precedentes, la Corte de Apelaciones respectiva establecerá un sistema de jueces de turno para atender las primeras diligencias de la instrucción, durante los días y horas en que no funcionan los tribunales, respecto de delitos cuyo conocimiento no se encontrare radicado en el tribunal competente.
En dichos turnos, se incorporará a los secretarios de los juzgados con competencia en materia penal, quienes se entenderán habilitados para desempeñar tales funciones por el solo ministerio de la ley.
El sistema de turno será semanal, excepto en aquellas localidades donde sólo exista un juez con competencia en materia penal, caso en el cual podrá establecerse una modalidad diversa.
Las actuaciones, providencias o comunicaciones del juez de turno serán válidas para todos los efectos legales, sin la intervención de ministro de fe.
Cuando resultare necesaria la constitución del juez de turno en el sitio del suceso, en el recinto del tribunal o en un recinto policial, se encontrará habilitado para ausentarse al día siguiente hábil, en el despacho del tribunal, el número de horas que hubiere ocupado en dicho procedimiento.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial informará anualmente a las Cortes de Apelaciones y al Ministerio de Justicia respecto de la aplicación que hubiese tenido el sistema de turno y de las disponibilidades presupuestarias para el año siguiente.
En el ejercicio de sus facultades, la Corte Suprema, mediante auto acordado, podrá dictar instrucciones generales para el buen funcionamiento del sistema a que se refiere este artículo.”.
4) En el inciso primero del artículo 8º, suprímese el adverbio “además” y las comas (,) que lo anteceden y suceden.
5) Incorpórase, en el inciso primero del artículo 63 bis A, a continuación del punto seguido (.) que sigue a la palabra “incidentales” la siguiente oración: “En el caso de la vista de la causa, en apelación o consulta, de resoluciones que recaigan sobre la libertad provisional, los alegatos se extenderán por un término de hasta quince minutos.”.
6) Incorpórase, en el Título III, del Libro I, a continuación del artículo 66, el siguiente párrafo 3, nuevo, pasando los actuales párrafos 3 y 4 a ser 4 y 5, respectivamente:
“& 3. Del funcionamiento extraordinario de los tribunales que ejercen competencia en materia penal.
Artículo 66 bis.- Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales, las Cortes de Apelaciones podrán ordenar que los jueces que ejercen jurisdicción en materia penal en su territorio jurisdiccional se aboquen exclusiva y extraordinariamente a la tramitación de las causas, de competencia de su tribunal, relativas a la investigación y juzgamiento de uno o más delitos en los que se encontrare comprometido un interés social relevante o que produzcan alarma pública.
En todo caso, el funcionamiento extraordinario podrá adoptarse respecto de ciertas causas o grupo de causas, cuando hubiere retardo en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal y, en general, siempre que el mejor servicio judicial así lo exigiere.
Asimismo, en uso de esta facultad, las Cortes de Apelaciones podrán ordenar que el juez titular de un juzgado de letras de competencia común se aboque exclusivamente al conocimiento de todos los asuntos de naturaleza criminal que se ventilen en dicho tribunal.
La resolución que decrete el funcionamiento extraordinario señalará la periodicidad con que el juez deberá informar de los avances obtenidos en el curso de los procesos de que se trate.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial informará anualmente a las Cortes de Apelaciones y al Ministerio de Justicia respecto de la aplicación que hubiese tenido el sistema de funcionamiento extraordinario y de las disponibilidades presupuestarias para el año siguiente.
Artículo 66 bis A.- Cuando se iniciare el funcionamiento extraordinario, se entenderá, para todos los efectos legales, que el juez falta en su despacho. En esa oportunidad, el secretario del mismo tribunal asumirá las demás funciones que le corresponden al juez titular, en carácter de suplente, y por el solo ministerio de la ley.
Quien debiere cumplir las funciones del secretario del tribunal, de acuerdo a las reglas generales, las llevará a efecto respecto del juez titular y de quien lo supliere o reemplazare.
Artículo 66 bis B.- Los tribunales que ejercen competencia en materia penal deberán, a lo menos en el mes de noviembre de cada año, remitir un informe a la Corte de Apelaciones respectiva, dando cuenta del estado de las causas pendientes en el tribunal que pudieren encontrarse en alguno de los casos previstos en el artículo 66 bis.
Podrán, asimismo, cuando las condiciones hubieren variado, remitir nuevos informes para que se considere la adopción de las medidas que corresponda.
Artículo 66 bis C.-. Las atribuciones de las Cortes de Apelaciones previstas en este párrafo serán ejercidas por una sala integrada solamente por ministros titulares.”.
7) Agrégase, en los incisos primero y tercero del artículo 414, a continuación de la palabra “sobreseimiento”, el vocablo “definitivo”.
8) Derógase el inciso final del artículo 415.
Artículo 2º.- Introdúcese en el artículo 215 del Código Orgánico de Tribunales el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:
“Las salas de las Cortes de Apelaciones no podrán funcionar con mayoría de abogados integrantes, tanto en su funcionamiento ordinario como en el extraordinario.”.
Artículo transitorio.- El mayor gasto que irrogue esta ley durante el año 2002 se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia aprobado para dicho año, y en los años posteriores se considerará en los respectivos presupuestos anuales.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 16 de abril de 2002.
Se designó diputado informante al señor Marcelo Forni Lobos .
Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los diputados señor Jorge Burgos Varela ( Presidente ), señoras Marcela Cubillos Sigall , María Pía Guzmán Mena y Laura Soto González y señores Juan Bustos Ramírez , Guillermo Ceroni Fuentes , Marcelo Forni Lobos , Zarko Luksic Sandoval y Nicolás Monckeberg Díaz .
Asistió también a la sesión el diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Secretario ?.
5. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que establece el sistema de jueces del turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia en materia penal. (boletín Nº 2850-07) (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Francisco Maldonado y Fernando Londoño, asesores del Ministerio de Justicia.
El propósito de la iniciativa es establecer el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introducir modificaciones a la tramitación de la segunda instancia en materia penal, con el objeto dar a los casos judiciales de mayor relevancia un tratamiento especial y focalizado; así como, mejorar el acceso a los tribunales de justicia en materias penales, cualquiera sea el horario o día en que sea necesario demandar su actuación.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que el proyecto tendrá vigencia entre los años 2002 y 2005, siendo derogada cada año la norma en aquellas regiones que incorporen la Reforma Procesal Penal.
Se especifica que el mayor gasto fiscal del proyecto para el año 2002 es de $ 787.881 miles, para el año 2003 de $ 926.089 miles, para el año 2004 de $ 354.238 miles y para el año 2005 de $ 88.515 miles.
Finalmente, puntualiza que el mayor gasto fiscal del proyecto para el año 2002, se financiará con cargo al presupuesto aprobado al Ministerio de Justicia para dicho año.
El señor Francisco Maldonado , asesor del Ministerio de Justicia profundizó en los objetivos del proyecto.
En relación con el sistema de turnos durante días y horas inhábiles para la resolución de las primeras diligencias de la investigación, sostuvo que existen en la actualidad una gran cantidad de detenciones por ilícitos menores practicadas durante los fines de semana que quedan resueltos recién el día lunes.
Respecto del sistema de jueces de dedicación exclusiva, que otorga al juez la posibilidad de abocarse al conocimiento exclusivo de aquellas causas que se encuentran radicadas en su tribunal o que llegaren en el futuro a su conocimiento, y que detenten mayor importancia o trascendencia o que por su naturaleza y complejidad ameriten un tratamiento preferente, hizo presente que el secretario abogado asumirá el tratamiento y la resolución de las demás funciones que correspondan al tribunal, con lo cual se duplicará la capacidad decisoria del mismo, sin modificar su estructura de competencias e integración, y
En cuanto a la mayor eficiencia en la gestión que realicen las Cortes de Apelaciones en la tramitación de las causas que conocen en segunda instancia, mencionó que se contempla restringir el tiempo de duración de los alegatos de las partes en las causas agregadas de 30 a 15 minutos. También, se refirió a la supresión del trámite de la consulta respecto de los autos de sobreseimiento temporal.
Planteó que para evitar problemas prácticos en materia de costos, se establece un Fondo que permite a los jueces de turno contar con los recursos para infraestructura necesarios, además de financiar las suplencias del secretario y del oficial primero del tribunal respectivo cuando el juez esté con dedicación exclusiva.
Finalmente, señaló que el mayor gasto fiscal de esta iniciativa va decreciendo con los años debido a que cada año la norma será derogada en las regiones que se incorporen al nuevo Sistema Procesal Penal.
Consultado respecto de la entidad encargada de la administración de los referidos recursos y la razón de consignar dineros destinados a pagar las suplencias, el señor Maldonado explicó que será la Corporación Administrativa del Poder Judicial quien administre tales recursos y que el dinero destinado a las suplencias persigue que el secretario reciba la remuneración por los reemplazos que efectúe, ya que no contemplar esta norma implicaría que una vez terminada la subrogación, que dura sólo 15 días, la Corte de Apelaciones respectiva deba dictar una resolución que designe a los funcionarios suplentes, lo que privaría en la práctica al secretario de percibir el sueldo de juez.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del artículo transitorio aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo transitorio, se establece que el mayor gasto que irrogue el proyecto durante el año 2002, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia aprobado para dicho año, y en los años posteriores, se considerará en los respectivos presupuestos anuales.
Puesto en votación el artículo transitorio fue aprobado por unanimidad.
Sala de la Comisión, a 26 de abril de 2002.
Acordado en sesión de fecha 17 de abril de 2002, con la asistencia de los diputados señores Ortiz, don José Miguel ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Cardemil, don Alberto ; Cornejo, don Patricio ; Dittborn, don Julio ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos ; Jaramillo, don Enrique ; Lagos, don Eduardo (Jarpa, don Carlos) ; Silva, don Exequiel ; Tohá , señora Carolina , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Se designó diputado informante al señor Cardemil, don Alberto .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
6. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el “Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios” (servicios financieros), adoptado en Ginebra el 27 de febrero de 1998. (boletín Nº 2860-10)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Quinto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios” (Servicios Financieros), adoptado por los Estados Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 27 de febrero de 1998, y sometido a la consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional, sin urgencia.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
a) Contenido fundamental del “Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios” (Agcs).
El Agcs, aprobado en la Ronda Uruguay del GATT, como Anexo 1B del Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la OMC, se propone lograr la expansión del comercio de servicios en condiciones de transparencia y de liberalización progresiva, como medio de promover el crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los países en desarrollo. Para alcanzar niveles cada más elevados de liberalización de este comercio, los Estados se comprometen a desarrollar rondas sucesivas de negociaciones multilaterales encaminadas a promover los intereses de todos los participantes, sobre la base de ventajas mutuas y a lograr un equilibrio general de derechos y obligaciones, respetando los objetivos de las políticas nacionales (artículo XIX).
Ambos instrumentos jurídicos se encuentran vigentes en el orden interno como ley de la República, en virtud de su promulgación por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 16, de 1995, publicado en el Diario Oficial del 17 de mayo del mismo año.
Los servicios que los Estados miembros de la OMC presten en otro Estado miembro, en virtud del Agcs, son cubiertos por el siguiente tratamiento:
1) El trato de nación más favorecida (NMF), según el cual cada miembro debe otorgar, inmediata e incondicionalmente, a los servicios de cualquier otro miembro, un trato no menos favorable que el que conceda a los servicios y proveedores de servicios de cualquiera otro país (artículo II);
2) El acceso a los mercados, para lo cual cada Estado miembro debe otorgar a dichos servicios y proveedores un trato no menos favorable que el que establezca en sus listas de compromisos específicos (artículo XVI), y
3) El tratado nacional, consistente en que el Estado miembro debe otorgar a tales servicios y proveedores, un trato no menos favorable que el que concede a sus propios servicios o proveedores de servicios (artículo XVII).
Estos servicios pueden ser de suministro transfronterizo: prestado del territorio de un miembro al territorio de cualquier otro miembro; de consumo en el extranjero: prestado en el territorio de un miembro a un consumidor de servicio de cualquier otro miembro; de presencia comercial: prestado por un proveedor de servicio de un miembro mediante presencia comercial en el territorio de cualquier otro miembro, y de presencia de personas físicas: prestado por un proveedor de servicios de un miembro mediante presencia de personas físicas de un miembro en el territorio de cualquier otro miembro (letras a) a d) de Nº 2 de artículo I).
b) Origen y alcance del Protocolo.
Las negociaciones relativas a la liberalización de servicios financieros iniciadas con la adopción del AGCS, que quedaron inconclusas al término de la Ronda de Uruguay, de 1994, finalizaron el 12 de diciembre de 1997, con la suscripción del Quinto Protocolo anexo al AGCS, que contiene los compromisos, en materia de acceso a mercado y trato nacional, que cada Estado parte asume en su respectiva lista.
En dichas negociaciones participaron Alemania , Australia, Austria , Bahrein , Bélgica, Bolivia , Brasil , Bulgaria, Canadá , Chile, Colombia, Costa Rica , Chipre, Ecuador , Egipto , El Salvador , Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana , Honduras, Hong Kong-China , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Kenya , Kuwait, Luxemburgo, Macao , Malasia , Malta , Mauricio , Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria , Pakistán , Perú, Polonia , Portugal, Reino de Dinamarca, Reino de España, Reino de Noruega , Reino de los Países Bajos, Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino de Suecia, Reino de Tailandia, República Checa, República de Corea, República Dominicana, República Helénica , República Eslovaca, República de Eslovenia , República de Sudáfrica, Rumania , Senegal , Singapur, Sri Lanka , Suiza , Túnez , Turquía , Uruguay , Venezuela y Comunidad Europea,
El Quinto Protocolo en informe consta de 5 disposiciones, numeradas en el texto español de 6 a 10, las que, en lo sustancial, incorporan al AGCS, como instrumentos anexos, las Listas de Compromisos Específicos y la Lista de Exenciones del artículo II en materia de servicios financieros ofrecidas por los países participantes en las negociaciones; regulan su vigencia; asignan la función de depositario del Protocolo al Director General de la OMC , y ordenan su registro en la Secretaría General de la ONU, conforme lo dispuesto por el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
Dichas listas conforman un texto de 753 páginas, las que contienen los compromisos de Chile se ubican entre las páginas 102 a 122.
El mensaje, al destacar la importancia de estos compromisos, señala que un sector financiero abierto, competitivo, profundo y moderno, tiene enormes beneficios para el país; las fuentes de financiamiento se abaratan, se amplían los márgenes de cobertura y se mejora el desarrollo de los agentes económicos más pequeños. Por ello, agrega, Chile emprendió un decidido proceso de apertura gradual, incluso unilateral, que considera un número cada vez mayor de instrumentos de financiamiento así como la posibilidad de nuevos proveedores, en el que existen reales posibilidades de internacionalización para los agentes, acompañado ello de una regulación prudencial adecuada, necesaria para la estabilidad del sistema.
Informa, además, que la participación de nuestro país en estas negociaciones internacionales, se orientó a la búsqueda de mecanismos que permitieran un mayor desarrollo y fortalecimiento del sector de servicios financieros, así como a una liberalización gradual del mismo, resguardando dos aspectos esenciales:
1) Mantener un conjunto de instrumentos prudenciales para resguardar la habilidad de las entidades reguladoras y fiscalizadoras para llevar a cabo sus funciones en forma adecuada. En este sentido, se buscó sustraer de los compromisos internacionales de Chile aquellas materias respecto de las cuales aún no existe acuerdo en cuanto a su tratamiento en este tipo de acuerdo que por su limitado tiempo de funcionamiento no permiten conocer el alcance que tienen respecto de estos aspectos.
2) Por otra parte, la lista de compromisos de Chile refleja los resultados de las negociaciones que sostuvo con sus principales socios comerciales y la voluntad e interés del resto de los miembros de la OMC por asumir niveles equivalentes de obligaciones. En este sentido, cabe recordar que las negociaciones multilaterales en el marco de la OMC buscan promover los intereses de todos sus miembros, sobre la base de ventajas mutuas, y de lograr un equilibrio general de derechos y obligaciones, respetando los objetivos de sus políticas nacionales, entre las que figuran los distintos procesos de negociación que enfrentará Chile en los próximos meses, incluidas en materia de servicios en la OMC.
c) Evaluación general que hace el mensaje de las negociaciones internacionales que dieron origen al Quinto Protocolo anexo al Agcs.
Al tenor del mensaje, las negociaciones que dieron origen al Quinto Protocolo anexo al AGCS tuvieron como objetivo la creación de un entorno de mayor certidumbre jurídica y transparencia a la vez que promover la liberalización progresiva del sector. Es así como naciones que representan más del 95% del comercio de servicios bancarios, seguros, valores e información financiera, han incluido los servicios financieros en el ámbito de las normas internacionales. El conjunto de las ofertas comprende 18 billones de dólares en préstamos bancarios nacionales en todo el mundo y 2,2 billones de dólares en primas de seguro también en todo el orbe.
Un análisis de los compromisos adquiridos en materia de servicios financieros nos indica, dice el mensaje, que casi todos los miembros de la OMC han contraído compromisos en tales servicios. Sólo algunos lo han hecho en actividades como la intermediación de seguros y el suministro y transferencia de información financiera, y sólo la mitad de los países que contrajo compromisos en servicios financieros lo hizo en el comercio de productos derivados. En cuanto a la cobertura de los compromisos contraídos en lo que se refiere a los modos de suministros, siguen predominando los compromisos relativos a la presencia comercial (modo 3, según el artículo número 2 del Agcs) frente a los relativos al suministro transfronterizo de servicios.
En los sucesivos intentos por concluir estas negociaciones se introdujeron diferentes mejoras a los compromisos de los países. Dichas mejoras son, entre otras: la eliminación o reducción de las limitaciones a la propiedad extranjera de instituciones financieras nacionales, a la modalidad jurídica de la presencia comercial (sucursales, filiales, oficinas de presentación, etc.) y a la expansión de las operaciones existentes.
Con relación a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida (NMF), se eliminaron en gran medida las exenciones generales del trato NMF basadas en la reciprocidad (o requisitos similares), aunque siguen figurando en las listas de exenciones muy acotadas que no perjudicarían de manera importante los intereses de la industria chilena.
En definitiva, el Protocolo sobre Servicios Financieros constituye un buen balance entre las obligaciones y los derechos adquiridos por los participantes, donde se establecieron normas multilaterales que regularán el sector de servicios financieros, sobre la base de un tratamiento de la cláusula NMF pleno y permanente.
II. RESEÑA DE LOS COMPROMISOS NEGOCIADOS POR CHILE.
Según lo indican el mensaje y los antecedentes proporcionados por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en minuta Nº 1835, de 12 de abril de 2002, la lista chilena consigna los términos y condiciones en que los proveedores de servicios financieros pueden operar en nuestro país, lo que no es incompatible con nuestra legislación internacional; es decir, refleja los grandes principios que regulan el sector financiero chileno en la actualidad, manteniendo al mismo tiempo espacios para enfrentar los múltiples procesos de negociación que deberá abordar Chile en el futuro próximo.
La lista chilena de compromisos empieza por anunciar que el sector de servicios financieros en Chile contempla una segmentación parcial. Esto es, que las entidades, nacionales y extranjeras, autorizadas a operar en el país como bancos no pueden incursionar en el negocio de seguros o valores, y viceversa. Sin embargo, los bancos nacionales y extranjeros que operan en Chile, previa autorización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pueden crear empresas filiales, con capital propio, para proveer algunos servicios financieros complementarios al giro principal. Se precisa que este giro permite al banco, captar o recibir en forma habitual dinero del servicio y otorgar créditos en dinero representados por valores mobiliarios o efectos de comercio, o cualquier otro título de crédito.
La lista, según lo señala el mensaje, representa un nivel de consolidación que asegura al proveedor de servicios financieros o a los inversionistas extranjeros del sector, un escenario estable y preestablecido para el futuro desarrollo de sus actividades. Así como los compromisos asumidos por los miembros de la OMC representan oportunidades de negocios para nuestros proveedores de servicios financieros, con niveles de estabilidad y un marco conocido para el desarrollo de los mismos.
En términos generales, nuestro país se compromete a permitir el acceso al mercado interno y a otorgar el trato nacional para determinadas actividades del sector financiero. En cuanto a la cláusula de la nación más favorecida, Chile no listó excepciones en materia de servicios financieros a dicha obligación, por lo cual los compromisos de acceso y trato nacional se aplicarán, inmediata e incondicionalmente, a todos los miembros de la OMC. De hecho, acota el mensaje, muy pocos miembros de la OMC establecieron condicionamientos a la aplicación de esta cláusula que es, por lo demás, fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema y para resguardar un trato equitativo entre miembros de nivel de desarrollo y tamaño relativo.
En lo que respecta a los compromisos horizontales previamente asumidos en la negociación de servicios de la Ronda Uruguay, como por ejemplo los que se refieren a la presencia de personas físicas, o a la posibilidad de establecer plazos a la repatriación de capitales, el mensaje informa que se mantienen los compromisos asumidos por Chile en el marco de la OMC. Efectivamente, la lista chilena afirma que los inversionistas extranjeros que participen en el sector de servicios financieros podrán transferir al exterior sus capitales una vez transcurridos dos años desde su ingreso.
En cuanto a los términos y condiciones horizontales o generales, los compromisos asumidos por Chile se aplican a las distintas categorías de servicios financieros: banca, seguro y reaseguros y valores. Quedan excluidas las áreas concernientes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las isapres.
El primer compromiso, referido al principio de acceso a los mercados, comprende todas las formas de suministro, con reserva de las medidas adoptadas o que adopte el Banco Central de Chile de conformidad con su ley orgánica constitucional, la ley Nº 18.840, u otras normas legales, con el objeto de conservar un marco regulatorio que resguarde las facultades de las autoridades monetarias para desarrollar sus funciones de acuerdo con lo establecido en los cuerpos legales que la regulan.
En virtud de dicha reserva, el Banco Central de Chile conserva la plenitud de sus atribuciones para velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y, en su ejercicio, adoptar medidas que tengan por objeto regular la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, dictar normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales. Se declara en la lista que son parte de estas medidas, entre otras, el establecimiento de requisitos que restrinjan o limiten los pagos y transferencias desde y hacia Chile, así como las operaciones que tienen relación con ellas, como por ejemplo, establecer que los depósitos, inversiones o créditos que provengan o se destinen al exterior, queden sometidos a la obligación de mantener un encaje (“reserve requirement”).
Por otra parte, también en materia de acceso a los mercados, pero aplicable sólo al modo de suministro “presencia comercial”, la lista chilena reconoce la facultad de las autoridades reguladoras para autorizar la prestación de servicios por medio de una presencia comercial. Ello implica, en definitiva, sostiene el mensaje, que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) hacen reserva del derecho de autorizar previamente, el inicio, suspensión o término de las operaciones de prestación de un servicio financiero vía presencia comercial.
A propósito de lo anterior, la lista nacional declara que el proveedor de servicios financieros que opere por medio de una presencia comercial podrá estar sujeto a una prueba de necesidad económica; esto es, deberá obtener una autorización previa para iniciar, suspender o poner término a sus operaciones por parte de una u otra Superintendencia, según se trate de servicios bancarios o servicios de valores y seguros.
En tales casos, la autorización para prestar servicios financieros se otorgará en la medida en que la que la entidad postulante garantice el funcionamiento, integridad y estabilidad del mercado, cumpla con los requisitos que establezca la ley y sirva al interés nacional. Adicionalmente, se podrá restringir o prescribir, en forma no discriminatoria, el tipo de presencia comercial que deberán adoptar las entidades que operen en Chile en el sector de valores y seguros.
Tratándose de instituciones bancarias extranjeras, éstas deberán ser sociedades bancarias legalmente constituidas en su país de origen y constituir el capital que fije la ley en Chile. Además, sólo pueden operar:
i) A través de la participación accionaria en bancos chilenos establecidos como sociedades anónimas en Chile;
ii) Constituyéndose en Chile como sociedades anónimas, o
iii) Como sucursales de sociedades anónimas extranjeras, caso en el que se reconoce la personalidad jurídica del país de origen.
Para efectos de la operación de las sucursales de bancos extranjeros en Chile, se considera el capital efectivamente incorporado en Chile y no el de la casa matriz.
Se declara, además, que ninguna persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, puede adquirir directamente o a través de terceros, acciones de un banco que, por sí solas o sumadas a las que ya posea, representen más del 10% del capital de éste, sin que previamente haya obtenido autorización de la SBIF. Asimismo, los socios o accionistas de una institución financiera no podrán ceder un porcentaje de derechos o de acciones de su sociedad, superior a un 10%, sin haber obtenido una autorización de la SBIF.
Los servicios bancarios se dividen en servicios del giro bancario y los servicios complementarios al giro bancario.
En general, los servicios del giro bancario comprenden: la captación de depósitos, el otorgamiento de créditos, la compra de valores de oferta pública, la emisión y operación de tarjetas de crédito, el descuento o adquisición de letras de cambio y pagarés y la custodia de valores.
Entre los complementarios al giro bancario se listan el leasing financiero, los servicios de asesoría y otros servicios financieros auxiliares, con el mismo trato aplicado al giro bancario, con la única diferencia de tener mayores exigencias en lo que se refiere a presencia comercial.
Respecto de los servicios de seguros y reaseguros, la lista declara que el negocio de seguros en Chile está dividido en dos grupos de empresas: en el primer grupo se encuentran comprendidas las compañías que aseguran los riesgos de pérdidas o deterioro en las cosas o el patrimonio. En el segundo grupo, las que cubren los riesgos de personas o que garantizan a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios. Una misma entidad aseguradora no puede organizarse para cubrir riesgos comprendidos en los dos grupos.
Agrega que las compañías de seguros de crédito, aun cuando están clasificadas dentro del primer grupo de empresas, deben constituirse como sociedades anónimas que tengan por objeto exclusivo cubrir este tipo de riesgo, es decir, pérdida o deterioro en el patrimonio del asegurado, producto del no pago de una obligación en dinero o de crédito de dinero pudiendo además cubrir los riesgos de garantía y fidelidad.
El subsector seguros comprende:
-La venta de seguros directos de vida, excluidos los seguros vinculados al sistema de seguridad social;
-La venta de seguros directos generales, excluidos los administrados por las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), entendiéndose por tales, aquellas personas jurídicas que tienen por finalidad otorgar prestaciones y beneficios de salud a personas que opten por incorporarse a ellos y cuyo financiamiento proviene de la cotización legal del porcentaje que establece la ley sobre la remuneración imponible o una remuneración superior según él convenga. También se excluye el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), servicio público, financiado con aporte estatal y la cotización del porcentaje que establece la ley sobre la remuneración imponible, el cual tiene a su cargo el copago de las prestaciones del régimen de salud de libre elección a que pueden acceder las personas no afiliadas a una Isapre.
La lista indica que los servicios de seguros sólo pueden prestarse por sociedades anónimas de seguro constituidas en Chile, en conformidad a las disposiciones de la ley de Sociedades Anónimas, y que tengan por objeto exclusivo el desarrollo del giro correspondiente, ya sea seguros directos de vida o seguros directos generales, contratados directamente o por intermedio de corredores de seguros inscritos en el Registro de la SVS.
En el sector reaseguro y retrocesión se comprometieron como formas de suministro, además de la presencia comercial, la posibilidad de proveer éstos por medios transfronterizos. En el primer caso se especifica que el proveedor debe estar inscrito en la SVS y cumplir con los requisitos que ella fije; en el segundo, se consigna la opción de un impuesto a la compra de reaseguros en el exterior de hasta un 6%.
En lo que respecta a presencia comercial, se establece que el servicio sea pagado por sociedades anónimas y autorizadas por la SVS o reaseguradoras extranjeras inscritas en registro de la SVS. Por último, se permite a las compañías de seguro prestar los servicios de reaseguros como actividad complementaria a su giro si sus estatutos así lo establecen.
El sector de servicios de valores, la lista lo incluye con las observaciones generales siguientes:
1. La intermediación de valores de oferta pública puede ser efectuada por personas jurídicas que tengan por objeto exclusivo el desarrollo del corretaje de valores, las que podrán actuar como miembros de una bolsa de valores (corredores de bolsas) o fuera de bolsa (agentes de valores), instituciones que deberán estas registradas en la SVS. No obstante lo anterior, la intermediación de acciones o valores derivados de éstas (opciones de suscripción), sólo puede ser realizada en bolsa por corredores de ésta. Los valores no accionarios pueden ser intermediados por corredores de bolsa o agentes de valores registrados en la SVS.
2. La administración de carteras financieras tiene por objeto la diversificación de inversiones, por mandato de terceras personas, en un conjunto de instrumentos, y puede ser efectuada por intermediarios de valores, (corredores de bolsa y agentes de valores), como actividad complementaria para sus clientes.
3. Los servicios de clasificación de riesgo de valores de oferta pública son efectuados por clasificadoras de riesgo que deberán constituirse con el objeto exclusivo de clasificación de valores de oferta pública, y deberán estar inscritas en el Registro de Entidades Clasificadoras de Riesgo de la SVS. La fiscalización de éstas corresponde a la citada Superintendencia. Por su parte, la fiscalización de las clasificadoras de riesgo, respecto de clasificaciones de valores emitidos por bancos e instituciones financieras, corresponde a la Sbif.
4. La custodia de valores, consistente en el resguardo físico de títulos-valores, puede ser desarrollada por intermediarios de valores (corredores de bolsa y agentes de valores), como actividad complementaria al objeto exclusivo. La lista chilena en el sector valores no incluye los servicios ofrecidos por entidades que efectúen la custodia, compensación y liquidación de valores conjuntamente (depósitos centralizados de valores).
5. El servicio de asesoría financiera, que comprende actividades dirigidas a proporcionar un consejo en el ámbito financiero respecto de alternativas de financiamiento, evaluación de proyectos, presentación de alternativas de inversión, proposición de estrategias de repactación de deudas, puede ser llevada a cabo por intermediarios de valores (corredores de bolsa y agentes de valores) como actividad complementaria al objeto exclusivo.
6. Los servicios de valores que pueden prestar las instituciones bancarias directamente o a través de filiales, se listan en el sector de servicios bancarios de la lista y se excluyen de la sección de servicios de valores.
El mensaje precisa que en este sector sólo se aborda como forma de suministro el de presencia comercial y que no se consolidan los modos de prestación de suministro transfronterizo ni de consumo en el extranjero.
Las actividades que se listan en el sector comprenden la intermediación de valores de oferta pública y acciones de sociedades anónimas de oferta pública. Para operar en bolsa, los intermediarios (corredores) deberán estar constituidos como una sociedad anónima en Chile, adquirir una acción del respectivo centro bursátil, ser aprobados como miembros de dicha bolsa y estar inscritos en el registro de corredores de bolsa y agentes de valores que mantiene la SVS.
También se lista la actividad de clasificación de riesgo de títulos-valores. Los operadores deberán estar constituidos, en Chile, como sociedad de personas. Entre los requisitos específicos a cumplir, la lista destaca el hecho de que el capital de la sociedad debe pertenecer, a lo menos, en un 60% a los socios principales (personas naturales o jurídicas del giro con un mínimo de 5% de los derechos sociales de la clasificadora). Además, deben inscribirse en el registro correspondiente que lleva la SVS y el consejo de clasificación de riesgo debe estar integrado por profesionales universitarios o con estudios superiores equivalentes, con antecedentes comerciales intachables, y en que la mayoría cuente con una experiencia laboral no inferior a tres años en el área económica-financiera.
Respecto de la custodia de valores y de la prestación de servicios de asesoría financiera, prestados por intermediarios de valores, la lista dispone que éstos deberán estar constituidos como sociedad anónima en Chile, inscritas en la SVS y conforme a las exigencias patrimoniales que la SVS les formule.
Finalmente, la lista señala que respecto del servicio de Almacenes Generales de Depósitos (warrants), que corresponde al servicio de almacenamiento de mercancías acompañado de la emisión de un certificado de depósito y un vale prenda, deberá ser prestado por personas jurídicas, legalmente constituidas en Chile, que tengan como giro exclusivo la prestación de este servicio.
III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
a) Personas escuchadas e informes recibidos por la Comisión.
La Comisión escuchó opiniones favorables a la aprobación del Quinto Protocolo en tramitación de parte de la ministra de Hacienda subrogante, señora María Eugenia Wagner , y del economista del Banco Central de Chile, señor Luis Ahumada , quien lo hizo en representación del Presidente de dicha institución bancaria.
Recibió informes escritos, también favorables, de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros.
La señora ministra de Hacienda subrogante señaló, en lo sustancial de su exposición, que en este Protocolo Chile no ha comprometido nada que vaya más allá de lo contemplado en la normativa legal vigente y que se han dejado espacios de negociación para el futuro, sin necesidad de cambiar la ley actual.
Agregó que la liberalización de los servicios financieros es una temática nueva en la OMC, por lo que el equipo negociador chileno fue cauto, sin perjuicio de lo cual la oferta nacional, comparada con la de otros países, es muy superior al promedio.
Respondiendo a consultas de los señores diputados se refirió, a diversas materias, las que se consignan sólo en lo sustancial:
-Informó que las facultades reguladoras del Banco Central de Chile y de las Superintendencias del área quedan plenamente resguardadas, las que, por lo demás, incluso las reglas de Basilea las exige.
-Precisó que el tema de fondo en este instrumento es el compromiso de los Estados partes a otorgar a los operadores extranjeros de servicios financieros un trato no discriminatorio respecto del trato otorgado a los operadores nacionales o de terceros países.
-Destacó que en la OMC se actúa de forma positiva, de tal forma que aquello que no está explícitamente comprometido en la lista de compromisos no se encuentra comprendido en el Protocolo.
-Señaló que el tema de los servicios financieros es un tema nuevo para la OMC, el que, junto con otros, ha de ir evolucionando en la medida que sea posible acordar la Ronda del Milenio, no obstante lo cual, es el ámbito en el que se ha avanzado en forma más concreta en las negociaciones comerciales que se llevan a cabo con Estados Unidos y la Unión Europea.
-Explicó que en este Protocolo no se modifica, en modo alguno, la ley interna, y que, por tal razón, se pensó en algún momento que no era necesaria su aprobación por el Congreso Nacional. No obstante, se concluyó que ella era procedente por los compromisos que implica para el país.
-Afirmó que entre los beneficios concretos que la aprobación de este instrumento produce para el país, está el favorecer a los inversionistas nacionales en servicios financieros con los compromisos de liberalización que asumen otros países, ya que ello les permitirá acceder a mercados internacionales sin el riesgo de que les cambien las reglas correspondientes, lo que constituye una garantía importante.
-Hizo notar que los países con un mercado de capitales más desarrollado generan muchas posibilidades de inversión y de créditos más baratos, lo cual determina una gran capacidad para hacer crecer a una economía. También debe cuidarse la confianza y la fe pública, para lo cual se necesitan determinadas restricciones. Hasta los más ortodoxos están de acuerdo con esto, porque un quiebre de la banca es un hecho catastrófico.
-Aseveró que un país con una banca y una ley que la regule, suficientemente vigorosas, puede pensar en ejercicios de liberalización. Este es el caso de Chile, que quiere aumentar la competencia del sector y crear otras formas de obtener créditos.
-Afirmó que nuestro sistema financiero es sano, solvente y creíble. Que verificado ese elemento, se puede apreciar que si hay suficiente competencia se generarán créditos a un menor costo. Señaló que la reforma de capitales apunta en esa dirección, en la medida en que se incorporan nuevas formas crédito, como es a través de las compañías de seguros, lo que lleva a la banca a buscar más clientes.
-Opinó que el sistema financiero está regulado y que se debe tener cuidado de no hacer ella sea excesiva, ya que inhibiría la competencia. Consideró importante dar transparencia al mercado, mediante una adecuada y clara información para quien contrata un préstamo, porque, a su juicio, la gente muchas veces no tiene una idea clara de lo que le están cobrando. Por tanto, sostiene que hay que introducir competencia e información al mercado financiero, lo cual hace que la gente busque la mejor oferta.
-Estimó que cuando un mercado financiero se abre o liberaliza, se genera más competencia en su interior.
-Sostuvo que no obstante haberse liberalizado la normativa respecto a la creación de nuevos bancos, la ley exige requisitos de solvencia para ello, y que el Protocolo garantiza que si un extranjero cumple con las exigencias de nuestra normativa, pueda instalar un banco en nuestro país.
-Opinó que Chile puede iniciar la apertura de su sistema financiero, porque ha logrado tener una banca y un sistema financiero sólido, con una situación distinta a la existente el año 1982, época en la que Chile enfrentó una crisis internacional parecida a la experimentada recientemente, tal vez de menor fuerza, no obstante sus efectos devastadores para la banca nacional.
-Indicó que existen varias teorías para explicar la denominada crisis asiática. Así, se dice que las normas del sistema financiero tailandés tenían pocas regulaciones para el calce de plazos específicos. Así, una entidad prestaba una suma de dinero a diez años plazo, pero se endeudaba a un plazo más corto, lo que le impedía disponer de recursos para responder a esta última obligación al momento de hacerse exigible. Añadió que en Japón existió un problema semejante.
-Sostuvo que la legislación chilena regula bien el sistema financiero, respeta las normas de Basilea sobre la materia y que la estabilidad de nuestro sistema financiero es un activo nacional que tiene un enorme valor.
-Señaló, en cuanto a cómo hacer para que los beneficios del sistema financiero lleguen a la gente, que el gasto social es un tema distinto. No obstante, un buen sistema financiero es una de las variables que ayudan a crecer. Así, por ejemplo, es posible inyectar competencia en el mercado financiero para bajar sus costos. En la actualidad las medidas en tal sentido no se han reflejado en los créditos de menor monto, pero sí en los créditos hipotecarios. Este no traspaso está relacionado con la falta de transparencia en la información que llega al cliente, de forma tal que pueda entender cabalmente qué es lo que le están cobrando y cuánto ha de pagar realmente. Así, la Superintendencia de Bancos exigirá que se informe al cliente no sobre el interés que ha de pagar mes a mes, sino sobre el interés anual.
-Informó que los seguros relacionados con la previsión social, básicamente los de invalidez y sobrevivencia, han quedado fuera de los compromisos contraídos en el Protocolo porque la idea ha sido no modificar la legislación vigente en la materia, mientras no se efectúe una evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos internacionales. Agregó que los recursos ligados a las Administradoras de Fondos de Pensiones constituyen un gran activo para el país, razón por la cual es un tema que se ha guardado para futuras negociaciones.
El señor Ahumada , representante del Presidente del Banco Central de Chile , explicó que el Protocolo resguarda las facultades que el Banco tiene en virtud de su ley orgánica, como de otras normas vigentes en materias cambiarias y monetarias y aseveró que los compromisos contraídos por nuestro país reflejan la posición del Banco.
b) Decisión de aprobar el proyecto de acuerdo y texto sustitutivo propuesto por la Comisión.
En consideración a los antecedentes expuestos y atendidas las consideraciones de mérito expuestas por el mensaje, respaldadas por las opiniones recibidas, la Comisión decidió por unanimidad recomendar a la honorable Cámara que preste su aprobación al proyecto de acuerdo aprobatorio del Quinto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (servicios financieros), para lo cual os propone adoptar su artículo único con modificaciones formales de menor entidad que se salvan con el texto que se sugiere a continuación:
“Artículo único.- Apruébase el Quinto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (servicios financieros), adoptado en el marco de la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, el 27 de febrero de 1998.”.
Concurrieron con su voto favorable a la aprobación unánime de este proyecto de acuerdo las honorables diputadas señoras Allende , doña Isabel , e Ibáñez , doña Carmen , y los honorables diputados señores Jarpa, don Carlos Abel , Leay, don Cristián ; Masferrer, don Juan ; Moreira, don Iván ; Pareto, don Cristián ; Riveros, don Edgardo , y Tarud, don Jorge .
c) Designación de diputado informante .
Esta nominación recayó por unanimidad en el honorable diputado Ibáñez Santa María, don Gonzalo .
d) Menciones reglamentarias.
Para los efectos reglamentarios pertinentes se os hace constar que este instrumento internacional no contiene disposiciones que requieran quórum orgánico constitucional o calificado para su aprobación o ser conocidas por la honorable Comisión de Hacienda.
-o-
Discutido y despachado en sesiones de los días 9 y 16 de abril de 2002, con la asistencia de los diputados señores Tarud Daccarett, don Jorge ( Presidente de la Comisión ); Allende Bussi , doña Isabel ; Ibáñez Santa María, don Gonzalo ; Ibáñez Soto, doña Carmen ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Kuschel Silva, don Carlos Ignacio ; Leay Morán, don Cristián ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Mora Longa, don Waldo ; Moreira Barros, don Iván ; Pareto Vergara, don Cristián ; Rebolledo González, don Víctor Manuel , y Riveros Marín, don Edgardo .
Sala de la Comisión, a 16 de abril de 2002.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
Moción del diputado señor Juan Pablo Letelier .
Regularización de viviendas y construcciones emplazadas fuera del radio urbano. (boletín Nº 2918-14)
Que la finalidad de la ley Nº 19.583 permite regularizar la situación legal y administrativa ante los organismos técnicos competentes de aquellas viviendas y construcciones en las cuales se hayan realizado ampliaciones y nuevas construcciones con o sin permiso municipal de edificación.
Esta ley trae consigo una serie de beneficios, entre los cuales cuenta la simplicación y facilitación de los trámites de regularización, así como el pago de sólo un porcentaje de los derechos municipales establecidos en el artículo 130 de la ley general de Urbanismo y Construcciones.
Teniendo presente el hecho de que muchos propietarios de viviendas emplazadas en lugares fuera del radio urbano no se han acogido a los beneficios establecidos en la ley Nº 19.583 y sus leyes complementarias, se hace necesario ampliar el grupo de beneficiarios a que se refiere la ley en cuestión, y como lógica consecuencia, prorrogar la vigencia de la citada disposición a objeto de que este numeroso segmento de la población pueda resultar beneficiado con esta ley, sin perjuicio que los segmentos considerados con antelación en la referida ley puedan ser favorecidos con la nueva prórroga.
Ideas matrices del proyecto
1º Establecer un mecanismo extraordinario para regularizar aquellas viviendas y construcciones, emplazadas en sectores fuera del radio urbano.
2º Aumentar el plazo de regularización que se contemplaba en la ley Nº 19.583.
En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modifícase la ley Nº 19.583 en lo siguiente:
1. En el artículo 2º, inciso primero agréguese el siguiente numeral 5; “A viviendas y construcciones cuya superficie total edificada no supere los ciento veinte metros cuadrados y se encuentren emplazadas fuera del radio urbano”.
2. La vigencia de la presente ley será de 18 meses desde su fecha de publicación”.
Moción de los diputados señores Rosauro Martínez , Bertolino , Pablo Galilea , Monckeberg y Vilches .
Modifica el artículo 37 de la ley Nº 16.618, de Menores, para garantizar la doble instancia jurisdiccional en materia de menores. (boletín Nº 2919-07)
La doble instancia jurisdiccional es el mecanismo que han encontrado los sistemas procesales aspirando a la adecuada resolución de los conflictos, garantizando que un asunto sea analizado por tribunales diferentes y la persona perjudicada o agraviada con un fallo tenga la posibilidad de obtener la enmienda de él, recurriendo a un Tribunal de mayor jerarquía.
Armonizar lo anterior con otros principios rectores del proceso judicial, como la celeridad en la resolución de un conflicto, la meta intrínseca de llegar a la “cosa juzgada” y la certeza jurídica, resultan siempre una ecuación compleja para lograr el objetivo de todo sistema procesal, que no es otro que culminar en una sentencia definitiva que resulte justa y resguarde debidamente los derechos de las personas.
Por otra parte, en nuestro país, como una forma de estimular se recurra a los tribunales para resolver los conflictos, ampliar el acceso a la justicia de las personas de bajos ingresos, inhibir la tentación de la auto-tutela y hacerse justicia por “propia mano”; o bien, porque se estima que en procedimientos simples resulta suficiente la comparecencia personal de los afectados para una adecuada defensa de sus intereses, en algunos casos; se ha prescindido de la exigencia de comparecer patrocinado por abogados.
Es así como la ley Nº 18.120, que establece normas comparecencia en juicio, luego de señalar la regla general de que los interesados para comparecer ante los tribunales deben ser patrocinados por abogados habilitados para el ejercicio de la profesión; señala a continuación en el artículo 2º una larga lista de tribunales y situaciones donde no es exigido dicho requisito. Entre las excepciones se encuentran los asuntos de que conozcan los Juzgados de Menores.
Sucede que, generalmente, en las causas de menores en que se apela de una sentencia definitiva o de una sentencia interlocutoria que ponga término al juicio o haga imposible su continuación, se declara desierto en recurso, la Corte no revisa el fallo, la sentencia de primera instancia queda firme, la causa se devuelve a su Juzgado de origen y el fallo queda en situación de cumplirse. De esta forma se está faltando al principio procesal de la doble instancia y se está permitiendo que las partes queden con una sensación de injusticia, que no está en el espíritu de la ley.
Esto ocurre porque las partes que apelan no “se hacen parte” en el recurso, como lo disponen las normas que reglamentan el recurso de apelación en el Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, acorde con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley de Menores, que señala en su inciso final:
“Este recurso se tramitará como incidente de acuerdo con las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil, y tendrá preferencia para su vista y fallo”.
La referencia contenida en la norma anterior hace aplicables los artículos 200 y 201 del mencionado Código que establecen: que las partes tendrán el plazo de cinco días para comparecer ante el Tribunal superior a seguir el recurso interpuesto, contado este plazo desde que se reciban los autos en la Secretaría, y si el apelante no comparece dentro de plazo, deberá declarar su deserción previa certificación que el Secretario deberá efectuar de oficio.
La aplicación de estas normas a los juicios de menores resulta injusta y estaría llevando a infringir el debido proceso, puesto que al no exigírsele a las partes el patrocinio de abogados y pudiendo éstas apelar por sí solas, ellas como legos, ignoran que deben concurrir a las Cortes de Apelaciones a “hacerse parte”, con el riesgo de declararse desierto su recurso, como ocurre en la mayoría de los casos.
Resulta indispensable, por lo expresado, eliminar la exigencia de hacerse parte y asimilarla al tratamiento que se ha dado a la resolución de conflictos en otras áreas específicas del derecho procesal, como lo es en materia laboral en que las partes igualmente no tienen la exigencia de comparecer con abogado, y por tanto expresamente eximidos de este trámite burocrático de “hacerse parte en segunda instancia” acorde con lo dispuesto en el artículo 468 del Código del Trabajo que dice “; En lo demás, la apelación se regirá por las normas que establece el Código de Procedimiento Civil, con la salvedad de que no será necesaria la comparecencia de las partes en segunda instancia”.
Por lo anterior venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Modifícase el Artículo 37 de la ley de Menores Nº 16.688 en la forma que sigue:
Sustitúyese el punto aparte del inciso primero, por una coma y agréguese en seguida la siguiente expresión: “no siendo necesario que quien lo interpone, se haga parte en la segunda instancia”.