Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jaime Gazmuri Mujica
- Jaime Orpis Bouchon
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
-
INTEGRACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maria Isabel Allende Bussi
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Enrique Accorsi Opazo
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Jose Antonio Kast Rist
- Antonio Leal Labrin
- Juan Pablo Letelier Morel
- Arturo Longton Guerrero
- Patricio Melero Abaroa
- Carlos Olivares Zepeda
- Osvaldo Palma Flores
- Pablo Prieto Lorca
- Manuel Rojas Molina
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Marcela Cubillos Sigall
- Maria Pia Guzman Mena
- Ximena Vidal Lazaro
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Mario Escobar Urbina
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Zarko Luksic Sandoval
- Dario Paya Mira
- Patricio Walker Prieto
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Carmen Ibanez Soto
- Pedro Araya Guerrero
- Jose Ramon Barros Montero
- Mario Bertolino Rendic
- Enrique Jaramillo Becker
- Fernando Meza Moncada
- Waldo Mora Longa
- Jaime Mulet Martinez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Carlos Recondo Lavanderos
- Fulvio Rossi Ciocca
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Eliana Caraball Martinez
- Rosa Gonzalez Roman
- Adriana Munoz D'albora
- Claudio Alvarado Andrade
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Pedro Araya Guerrero
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Pablo Galilea Carrillo
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Ivan Paredes Fierro
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Pia Guzman Mena
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Laura Soto Gonzalez
- Enrique Accorsi Opazo
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Jorge Burgos Varela
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Waldo Mora Longa
- Pablo Prieto Lorca
- Felipe Salaberry Soto
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Lily Perez San Martin
- Eduardo Diaz Del Rio
- Andres Antonio Egana Respaldiza
- Felipe Letelier Norambuena
- Alejandro Navarro Brain
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jose Perez Arriagada
- Victor Perez Varela
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Alfonso Vargas Lyng
- Edmundo Villouta Concha
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rosa Gonzalez Roman
- German Becker Alvear
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Rosauro Martinez Labbe
- Juan Masferrer Pellizzari
- Carlos Montes Cisternas
- Ivan Moreira Barros
- Jaime Mulet Martinez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Eugenio Tuma Zedan
- Eduardo Saffirio Suarez
- Samuel Venegas Rubio
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- REEMPLAZO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, DE LA REFERENCIA A LA PENA DE MUERTE POR LA DE PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Carolina Toha Morales
- INTERVENCIÓN : Marcela Cubillos Sigall
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Maria Eugenia Mella Gajardo
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- DEBATE
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DE LA CORPORACIÓN.
- INTEGRACIÓN
- Eliana Caraball Martinez
- Mario Bertolino Rendic
- Claudio Alvarado Andrade
- Eugenio Tuma Zedan
- Juan Pablo Letelier Morel
- INTEGRACIÓN
- REEMPLAZO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, DE LA REFERENCIA A LA PENA DE MUERTE POR LA DE PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO. Proposición de la Comisión Mixta.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- RENOVACIÓN DE FACULTAD OTORGADA A LAS MUNICIPALIDADES SOBRE CONDONACIÓN DE DEUDAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Edgardo Riveros Marin
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Carlos Montes Cisternas
- Julio Dittborn Cordua
- Cristian Antonio Leay Moran
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Exequiel Silva Ortiz
- Ximena Vidal Lazaro
- Juan Pablo Letelier Morel
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RENOVACIÓN DE FACULTAD OTORGADA A LAS MUNICIPALIDADES SOBRE CONDONACIÓN DE DEUDAS.
- VIII. INCIDENTES
- AUTORIZACIÓN A ALCALDESA DE CONCEPCIÓN PARA CONTRATAR UN PRÉSTAMO Y PAGAR DEUDA A LOS PROFESORES. Oficio.
- DENUNCIAS DE MALTRATO A FUNCIONARIOS Y DE DEFICIENCIAS EN LAS RELACIONES HUMANAS EN EL CONGRESO NACIONAL.
- RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR LUKSIC.
- DEFICIENCIAS EN EJECUCIÓN DE OBRA VIAL EN LA COMUNA DE LONGAVÍ. Oficio.
- RECHAZO DE TÉRMINOS VERTIDOS POR LA ALCALDESA DE LO BARNECHEA CONTRA ACCIONES FISCALIZADORAS.
- MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO EN LO RELATIVO A SU CORTE Y REPOSICIÓN Y AL COBRO DE CARGO FIJO. Oficio.
- PETICIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE PLAN DE RACIONALIZACIÓN QUE SUPRIME RETENES DE CARABINEROS EN ZONAS RURALES. Oficios.
- OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES PARA FUNCIONAMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN SANTA MARTA DE LONQUÉN. Oficios.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON TEÓFILO GROB WERNER. Notas de condolencia.
- ANTECEDENTES SOBRE NUEVOS CONTRATOS DE INTENDENCIA REGIONAL DE AISÉN. Oficios.
- CONFLICTO DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RENCA. Oficio.
- UTILIZACIÓN DE LOGOTIPO EN LUGAR DE EMBLEMA NACIONAL. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA EN POBLACIÓN BAQUEDANO, COMUNA DE COQUIMBO. Oficio.
- OTORGAMIENTO DE PENSIONES ASISTENCIALES A PIRQUINEROS DE ANDACOLLO. Oficio.
- INVESTIGACIÓN DE COMISIÓN DEL BANCO CENTRAL SOBRE AUTOCOMPRA DE LETRAS HIPOTECARIAS. Oficio.
- INDEMNIZACIÓN POR DIAGNÓSTICO ERRÓNEO DE SIDA. Oficios.
- RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADA SEÑORA MARÍA ANTONIETA SAA.
- PROCEDIMIENTO APLICADO PARA FIJACIÓN DE TARIFAS DE AGUAS ANDINAS. Oficio.
- PAGO DE PENSIONES DE GRACIA A CAMPESINOS AFECTADOS EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE TIERRAS. Oficios.
- MANTENIMIENTO DE CERROS DE MACHALÍ COMO PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD. Oficio.
- RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
- RECURSOS PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio.
- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
- INICIATIVA DE LEY PARA REGULARIZAR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONAS RURALES. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE TRABAJOS DE TELEFONÍA RURAL REALIZADOS Y PENDIENTES EN COMUNAS DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- PROPOSICIÓN PARA PAGAR DEUDA A PROFESORES DE LA EDUCACIÓN MUNICIPALIZADA DE CONCEPCIÓN.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Hidalgo Gonzalez
- German Becker Alvear
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Carmen Ibanez Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 346ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 13ª, en miércoles 17 de abril de 2002
(Ordinaria, de 10.35 a 14.14 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo, y Villouta Concha, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 8
III. Actas 8
IV. Cuenta 8
- Réplica a alusión personal. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento) 8
- Integración de Comisiones especiales 9
V. Acuerdos de los Comités 10
VI. Orden del Día.
- Reemplazo en la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, de la referencia a la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado. Proposición de la Comisión Mixta 11
- Integración de Comisión Revisora de Cuentas de la Corporación 26
VII. Proyectos de acuerdo.
Renovación de facultad otorgada a las municipalidades sobre condonación de deudas 26
VIII. Incidentes.
- Autorización a alcaldesa de Concepción para contratar un préstamo y pagar deuda a los profesores. Oficio 32
- Denuncias de maltrato a funcionarios y de deficiencias en las relaciones humanas en el Congreso Nacional 33
- Réplica a intervención del diputado señor Luksic 34
- Deficiencias en ejecución de obra vial en la comuna de Longaví. Oficio 35
- Rechazo de términos vertidos por la alcaldesa de Lo Barnechea contra acciones fiscalizadoras 35
- Modificación de reglamento del servicio público telefónico en lo relativo a su corte y reposición y al cobro de cargo fijo. Oficio 38
- Petición de antecedentes sobre plan de racionalización que suprime retenes de Carabineros en zonas rurales. Oficios 39
- Obligaciones medioambientales para funcionamiento de relleno sanitario en Santa Marta de Lonquén. Oficios 40
- Homenaje en memoria de don Teófilo Grob Werner. Notas de condolencia 41
- Antecedentes sobre nuevos contratos de intendencia regional de Aisén. Oficios 42
Pág.
- Conflicto de trabajadores de la salud de la Corporación Municipal de Renca. Oficio 43
- Utilización de logotipo en lugar de emblema nacional. Oficio 44
- Construcción de multicancha en población Baquedano, comuna de Coquimbo. Oficio 44
- Otorgamiento de pensiones asistenciales a pirquineros de Andacollo. Oficio 45
- Investigación de comisión del Banco Central sobre autocompra de letras hipotecarias. Oficio 45
- Indemnización por diagnóstico erróneo de sida. Oficios 45
- Réplica a intervención de diputada señora María Antonieta Saa 46
- Procedimiento aplicado para fijación de tarifas de Aguas Andinas. Oficio 47
- Pago de pensiones de gracia a campesinos afectados en proceso de asignación de tierras. Oficios 47
- Mantenimiento de cerros de Machalí como patrimonio de la comunidad. Oficio 48
- Recursos para construcción de defensas fluviales en la Sexta Región. Oficio 48
- Recursos para la mantención y reparación del sistema de agua potable rural. Oficio 49
- Ejecución de proyectos de pavimentación en la Sexta Región. Oficio 49
- Iniciativa de ley para regularizar construcción de viviendas en zonas rurales. Oficio 49
- Información sobre trabajos de telefonía rural realizados y pendientes en comunas de la Décima Región. Oficio 50
- Proposición para pagar deuda a profesores de la educación municipalizada de Concepción 50
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado por el cual remite informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto, iniciado en moción, que modifica el número 1° del artículo 17 del decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, con el propósito de reemplazar la pena de muerte (boletín N° 2847-07) (S) 53
2. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el comercio de servicios, adoptado en Ginebra el 15 de abril de 1997 (boletín N° 2827-10) 56
3. Moción de los diputados señores Hidalgo, Becker, Monkeberg y de la diputada señora Ibáñez, doña Carmen, que incorpora mayores requisitos a transacciones celebradas por el Consejo de Defensa del Estado (boletín N° 2914-07) 62
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Rebolledo González, Víctor Manuel PPD IV 7
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Patricio Walker.
-Asistieron, además, los senadores señores Jaime Gazmuri y Jaime Orpis, y el ministro del Trabajo y Previsión Social , señor Ricardo Solari.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 5ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 6ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán , quien ha pedido la palabra en conformidad con el artículo 34 del Reglamento.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , ayer fui aludida por el diputado señor Patricio Hales , en relación con el famoso muro de Lo Barnechea.
Quiero contestar que él y la diputada señora Caraball se constituyeron en terreno el lunes y afirmaron que uno de los puntos más discutidos había sido el hecho de que los diputados de la Alianza representantes de ese sector, no estuvieron presentes.
Debo señalar que no concurrimos debido a que no queríamos someternos a un montaje político. Aunque el diputado señor Hales sostiene que le avergüenza que no estuviéramos presentes, debo decirle que lo que me avergüenza es el hecho de que dos parlamentarios, a los que considero serios todavía, se presten para esto.
El señor Hales y la señora Caraball hablaron con representantes de las poblaciones Ermita I y II. Esos dirigentes -uno de ellos es don Juan Vargas , presidente de Ermita I, a quien conozco desde hace mucho tiempo-, señalaron que este tema se había arreglado hace dos semanas. O sea, se había acordado entre los dirigentes de las dos etapas, más los de Monseñor Escrivá de Balaguer y la alcaldesa, un compromiso para reconstruir el muro, rebajándolo en su primera etapa porque había quedado muy alto, y colocar una reja que permitiera la visión entre ambos sectores.
Se acordó también construir un acceso peatonal con material sólido, instalar iluminación y barandas de protección, dotar el lugar de áreas verdes e instalar casetas especiales y cámaras de seguridad, emplazadas en un lugar de acceso peatonal, a fin de cubrir todo el perímetro en resguardo de los vecinos.
Tengo las firmas de todas las personas que participaron en dicho acuerdo. Por lo tanto, como diputados representantes de Lo Barnechea, nos preocupa la utilización de este tema.
Hay un informe que contiene el acuerdo de todos los concejales respecto de lo realizado por la alcaldesa.
Sentimos que la presidenta de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, señora Caraball , y el diputado señor Patricio Hales , no hayan querido hablar con la alcaldesa en su minuto, a fin de informarse de lo que verdaderamente importa en Lo Barnechea, cual es la construcción de la tercera etapa de estas viviendas, que son ejemplo en relación con las que se están construyendo en toda la Región Metropolitana.
Hay un acuerdo con el ministro de Vivienda que no está siendo respetado. No se ha construido la tercera etapa, lo cual impide trasladar a viviendas dignas a los pobladores que viven en mediaguas. Ese problema compete a la Comisión de Vivienda y no lo ha querido conocer la diputada señora Eliana Caraball y el diputado señor Patricio Hales .
Es obvio, entonces, que lo que les interesa es hacer un show político relacionado con una materia que realmente no les importa. Al parecer, su propósito es instrumentalizar la pobreza. Hay acuerdos sobre la materia, los cuales no pueden ser desconocidos ni instrumentalizados por los diputados.
Queremos que no haya segregación, pero también queremos seguridad para los vecinos, y si éstos privilegian la seguridad, tal como lo expliqué con anterioridad, en cuanto a que no tengan que subir un talud -para eso es la construcción del muro, para evitar un talud, entre otras cosas, que pueda provocar una avalancha de tierra sobre las nuevas construcciones entregadas- para llegar a la avenida Las Condes. Por eso la construcción de la escalera.
Por último, pido que la presidenta de la Comisión de Vivienda, diputada señora Eliana Caraball , les entregue a todos los diputados interesados en la materia la carta que le envió la alcaldesa de Lo Barnechea , a fin de que se conozca en su totalidad el trabajo que se realiza desde hace mucho tiempo en esa municipalidad en resguardo y provecho de sus vecinos.
He dicho.
El señor SAFFIRIO.-
Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor SAFFIRIO .-
Señora Presidenta , solicito que la Mesa haga respetar estrictamente el artículo 34 del Reglamento, porque tanto en la sesión de ayer como en la de hoy se ha abusado de él haciendo intervenciones que nada tienen que ver con lo que señala la norma citada.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Señor diputado , la Mesa ha tomado en cuenta esa opinión y está trabajando en un aspecto relacionado con el Reglamento.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señora Presidenta , pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Señora diputada , está concluido el tema del Reglamento.
INTEGRACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Me permito proponer a la Sala la integración de las Comisiones especiales con las señoras diputadas y los señores diputados que en cada caso se indica.
La Comisión especial de Discapacidad quedaría integrada por las diputadas señoras Isabel Allende y Alejandra Sepúlveda y por los diputados señores Enrique Accorsi, Patricio Cornejo, José Antonio Kast, Antonio Leal, Juan Pablo Letelier, Arturo Longton, Patricio Melero, Carlos Olivares, Osvaldo Palma, Pablo Prieto y Manuel Rojas
.
Se propone integrar la Comisión de Seguridad Ciudadana con las diputadas señoras Marcela Cubillos, Pía Guzmán y Ximena Vidal y con los diputados señores Juan Bustos, Andrés Egaña, Francisco Encina, Mario Escobar, Patricio Hales, Jaime Jiménez, Carlos Ignacio Kuschel, Zarko Luksic, Darío Paya y Patricio Walker.
La Comisión especial de Turismo estaría integrada por las diputadas señoras María Angélica Cristi y Carmen Ibáñez y por los diputados señores Pedro Araya, Ramón Barros, Mario Bertolino, Enrique Jaramillo, Fernando Meza, Waldo Mora, Jaime Mulet, Ramón Pérez, Carlos Recondo y Fulvio Rossi
.
La Comisión especial de Zonas Extremas quedaría integrada por las diputadas señoras Eliana Caraball, Rosa González y Adriana Muñoz, y por los diputados señores Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez, Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Pablo Galilea, Pedro Muñoz, Iván Paredes, Ramón Pérez, Leopoldo Sánchez y Carlos Vilches.
La Comisión especial de Drogas se integraría con las diputadas señoras Isabel Allende, Pía Guzmán, María Eugenia Mella y Laura Soto, y con los diputados señores Enrique Accorsi, Francisco Bayo, Jorge Burgos, Eduardo Díaz, Alejandro García-Huidobro, Carlos Abel Jarpa, Waldo Mora, Pablo Prieto y Felipe Salaberry
.
La Comisión especial del caso Matute estaría integrada por la diputada señora Lily Pérez y por los diputados señores Eduardo Díaz, Andrés Egaña, Felipe Letelier, Alejandro Navarro, Sergio Ojeda, José Miguel Ortiz, José Pérez, Víctor Pérez, Leopoldo Sánchez, Jorge Ulloa, Alfonso Vargas y Edmundo Villouta.
La Comisión especial de Bomberos aún no se constituye y la Mesa no ha recibido los nombres de quienes la integrarán.
La Comisión especial de Pymes quedaría integrada por la diputada señora Rosa González y por los diputados señores Germán Becker, Rodrigo González, Rosauro Martínez, Juan Masferrer, Carlos Montes, Iván Moreira, Jaime Mulet, José Miguel Ortiz, Ramón Pérez, Eugenio Tuma, Eduardo Saffirio y Samuel Venegas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señora Presidenta , cuestión de Reglamento. Usted tiene la obligación de darme la palabra.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Señora diputada , la Mesa ya ha recogido las observaciones relativas al Reglamento y vamos a dar curso a la Tabla.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señora Presidenta , pido la palabra.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Señora diputada , ya hemos escuchado sus argumentos.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señora Presidenta , no voy a hablar sobre el Reglamento. He sido aludida y por eso quiero intervenir.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Señora diputada , no corresponde el diálogo. Ya hemos recogido las observaciones y vamos a hacer una propuesta de orden reglamentario.
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Se suspendió la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Continúa la sesión.
Los Comités parlamentarios adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Discutir el proyecto en Tabla, que modifica el número 1º del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones, hasta el término del Orden del Día;
2. Trasladar la sesión ordinaria del jueves 2 de mayo al martes 30 de abril, de 16.00 a 18.30 horas, para considerar los informes de las Comisiones especiales encargadas de analizar los incendios forestales y los créditos otorgados por el Indap.
3. Por la naturaleza de la materia a debatir, se acordó autorizar a las Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala.
VI. ORDEN DEL DÍA
REEMPLAZO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, DE LA REFERENCIA A LA PENA DE MUERTE POR LA DE PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO. Proposición de la Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el número 1º del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 2847-07 (S). Documentos de la cuenta Nº 1, de esta sesión.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta, cuestión de Reglamento.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta, no tenemos el texto del comparado del proyecto.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
No hay texto comparado, señor diputado .
El señor RECONDO.-
Es informe de Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-
Señora Presidenta , con el proyecto se pretende homologar la penalidad de los crímenes de que eventualmente puedan ser objeto miembros en servicio activo de la Policía de Investigaciones, con la normativa general relacionada con la pena de muerte. La disposición que se propone modificar establece como sanción posible la pena de muerte para aquellos crímenes de que son víctimas miembros de la Policía de Investigaciones cuando están en actos de servicio, cometidos por quienes saben que están en esa calidad.
A mi juicio, se debe rechazar la proposición de la Comisión Mixta e insistir en mantener abierta la posibilidad de que se aplique la pena de muerte para este delito.
Hoy hemos tomado conocimiento del asesinato cruel e inhumano de un escolta del Presidente de la República. Por ser miembro de Carabineros, no se podrá aplicar a sus asesinos la pena de muerte, pero se debe tomar como ejemplo para lo que puede suceder con miembros de la policía de Investigaciones de Chile.
Una sociedad no puede dejar a sus policías sin respaldo. Sus funcionarios deben saber que en el cumplimiento de sus funciones, en la cual ponen en peligro su vida, cuentan con el apoyo de la sociedad. Por lo tanto, impedir que al asesino de un policía se le aplique la pena de muerte significa dejar desprotegida a nuestra policía y decirle que la sociedad no la respaldará en el cumplimiento de su deber. Por eso votaré en contra de la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señora Presidenta , es necesario que especialmente en la Cámara actuemos con coherencia legislativa. Si hemos avanzado con la reforma procesal penal, si hemos eliminado la pena de muerte, cuestión muy relevante para quienes sostenemos que no es el mejor instrumento para que una sociedad se defienda de los crímenes, en la misma línea debemos proceder en este caso.
Estoy de acuerdo en que el ser humano debe recibir una sanción condigna al delito que comete y por algo se aprobó el presidio perpetuo calificado, con 40 años de prisión efectiva, sanción que me parece mucho más ejemplarizadora y con posibilidades -cosa que también es importante, desde el punto de vista del ser humano- para intentar reformar al ciudadano que cometió un delito grave.
Después de escuchar las palabras del colega señor Ibáñez , a mi juicio, una vez más, estamos retrocediendo a la discusión sobre la pena de muerte que ya tuvimos en esta Corporación. Luego de oír sus argumentos, me doy cuenta de que vuelve a surgir el tema, quizás con la idea de reponer la pena de muerte o, por lo menos, de sustentar aún su existencia. En aquella ocasión se dieron suficientes argumentos para eliminarla. Incluso, con las estadísticas entregadas por el Ministerio de Justicia quedó demostrado que en muchos países donde se restableció o donde todavía existe, no disminuyó la criminalidad, sino que incluso aumentó. Por lo tanto, no es efectivo, como se pretende, que sólo bastaría con aplicar la pena de muerte para rebajar las tasas de criminalidad. Eso es profundamente erróneo, sobre todo desde un punto de vista valórico o de la concepción que tenemos de los seres humanos y de la vida, si realmente la respetamos y la consideramos lo más preciado que podemos tener, y de que el hombre puede cambiar, reformarse o rehabilitarse.
Además, el sentido común nos dice que si hubo un error debemos rectificarlo. Es completamente absurdo, si ya se eliminó la pena de muerte, no aprobar con el quórum necesario una iniciativa tan simple como ésta, que lo único que hace es adecuar una legislación. En este momento sería imposible sostener que, en el caso de que un funcionario de Investigaciones fuera asesinado, se puede aplicar la pena de muerte, en circunstancias de que esta sanción ya se abolió. Además, como a Carabineros se le aplica la nueva legislación, estaríamos haciendo diferencias. Eso es completamente absurdo. Por eso llamo a los colegas a meditar sobre lo que estamos haciendo, que no es otra cosa que un acto de coherencia legislativa: adecuar la ley orgánica de la Policía de Investigaciones a lo que nosotros mismos aprobamos por mayoría suficiente. Es decir, excluir de ella la pena de muerte. Con esto, lejos de desconocer la notable labor que realizan ambas policías, lo que estamos haciendo -repito- es un acto de coherencia. Por eso no me parece razonable que se diga a quienes estamos por esta coherencia y por hacer consistente nuestra legislación, que no respaldamos la labor que realizan las policías de Investigaciones y de Carabineros. Insistir en lo contrario es una cosa completamente absurda, que no resiste el menor análisis. Tenemos la mejor concepción del trabajo de nuestras policías. Además, los Gobiernos de la Concertación, a partir de 1990, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente, han dado un claro respaldo a ambas instituciones policiales al dotarlas de elementos necesarios para su mejor funcionamiento. Nos interesa tener policías que actúen con transparencia respecto de la sociedad civil y, por supuesto, de acuerdo con los cánones democráticos que las rigen.
Por lo tanto, lejos de aceptar lo señalado por el colega señor Ibáñez , quienes estamos por esta coherencia legislativa, por adecuar este artículo a fin de terminar con el absurdo que hoy existe, rechazamos el argumento de que no respaldamos, no reconocemos o no somos capaces de entender la importancia que tiene para cualquier sociedad el funcionamiento de sus policías. En estos años de gobierno de la Concertación se ha ido dotando a las policías de los elementos necesarios para su mejor funcionamiento, se han destinado más recursos para renovar sus equipos, vehículos, etcétera. Ello demuestra que sentimos que es importante respaldar a las policías en las diferentes funciones que deben cumplir diariamente.
La mínima coherencia legislativa hace casi absurda esta discusión y aconseja aprobar, por unanimidad, la proposición de la Comisión Mixta a fin de reemplazar la pena de muerte que contempla la ley orgánica de la policía de Investigaciones por la de presidio perpetuo calificado, por lo grave que es el crimen de un funcionario de la policía en el cumplimiento de sus funciones.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señora Presidenta , no me gustaría que se repitiera el debate de fondo, porque, obviamente, no es el que corresponde. Ahora bien, más allá de que nos guste o no la derogación de la pena de muerte, es un hecho. Lo que importa es que en la Cámara tengamos la consistencia suficiente, como legisladores, para corregir una omisión que no se advirtió oportunamente.
¿Por qué fuimos a Comisión Mixta? No porque hubiera un problema de fondo, sino porque no se alcanzó el quórum necesario para la aprobación del proyecto. Además, debo señalar que en el debate de esta Comisión se expresó que la finalidad de la modificación era salvar omisiones de la ley que derogó la pena de muerte para delitos contemplados en la ley común y en la legislación militar aplicada sólo en tiempos de paz.
Ahora bien, el reemplazo de la pena de muerte por presidio perpetuo calificado en la ley orgánica de Carabineros, también fue considerado. Por lo tanto, lo que correspondía era que ello fuera aplicado a la policía de Investigaciones. Ése es el origen de este proyecto: armonizar la legislación.
Se puso de relieve que de no aprobarse la proposición de la Comisión Mixta se produciría una discriminación entre Investigaciones de Chile y Carabineros.
La modificación propuesta en el artículo 1º del proyecto, respecto de la ley orgánica de la policía de Investigaciones de Chile, fue aprobada por la Comisión por seis votos a favor y dos en contra.
En cuanto al artículo 2º, que suprime la alusión a la pena de muerte contemplada en el artículo 208 del Código Penal, la Comisión consideró que dicha modificación era sólo una referencia superflua, por lo que fue aprobado por unanimidad.
Respecto del tema del carabinero asesinado ayer -hecho que todos condenamos con mucha fuerza-, debo señalar que al autor del delito se le aplicará la pena de presidio perpetuo calificado, y que sólo podrá ser objeto de algún beneficio en casos muy especiales, siempre y cuando la Corte Suprema lo acuerde por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.
En relación con el tema, quiero recordar un hecho al que se refirió el abogado penalista señor Alfredo Etcheberry cuando la Comisión debatió el proyecto que propuso la derogación de la pena de muerte.
Por los homicidios que cometió, el “Chacal de Nahueltoro” fue condenado a la pena de muerte y ejecutado en 1963. Sin embargo, si se le hubiera aplicado la pena de presidio perpetuo calificado, recién este año, es decir en 2002, tendría la posibilidad, de acuerdo con su grado de rehabilitación y de reinserción social, de optar al beneficio que la Corte Suprema, reitero, por la mayoría absoluta de sus miembros, podría -no debería- otorgarle.
A mayor abundamiento, quiero leer el mérito que entrega a este proyecto el Instituto Libertad y Desarrollo, el cual, como todos sabemos, es muy conservador en este tipo de materias. Al respecto, señala que habiéndose adoptado la decisión de derogar la pena de muerte, mantener vigente esta pena para el caso antes indicado, es decir, el de Investigaciones de Chile, no es concordante con esta decisión. El proyecto, por tanto, es procedente, ya que se limita a seguir el criterio fijado por el Congreso Nacional al aprobar la ley Nº 19.734, que sustituyó la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado.
Agrega que la procedencia de esta iniciativa también se deriva de considerar que la citada ley reemplazó la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado respecto de quienes dieren muerte a miembros de Carabineros de Chile y que la moción consigue salvar una falta de concordancia que obedeció a una omisión involuntaria.
Por lo tanto, creo que tenemos los argumentos de derecho y de hecho necesarios como para aprobar la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Burgos.
El señor BURGOS.-
Señora Presidenta , tanto lo expresado por la diputada señora Allende como lo señalado por la diputada señora Guzmán me permiten abreviar mi intervención.
Tengo la impresión de que estamos repitiendo un ejercicio intelectual que ya se llevó a cabo y se resolvió legislativamente en ambas Cámaras. En esa ocasión manifestaron sus puntos de vista tanto los que creen que es procedente la pena de muerte en determinadas ocasiones como los que estiman que no lo es, que fue el criterio de la mayoría. Por lo tanto, lo que hoy debemos hacer es exclusivamente corregir un error de hecho.
Sin entrar en la discusión de fondo, el diputado señor Ibáñez se refirió al brutal hecho delictual ocurrido ayer, que costó la vida a un carabinero, el cual, no obstante ser miembro de la escolta presidencial, al ver la comisión de un delito, persiguió a los delincuentes y uno de ellos lo asesinó. Casi toda la banda involucrada fue capturada y puesta a disposición de la justicia. En virtud de lo que establece la ley que reemplaza la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado, el autor del homicidio permanecerá en la cárcel mucho más tiempo de lo que habría estado con la legislación derogada, porque todos sabemos que en Chile las condenas a pena de muerte eran muy pocas, sin contar los indultos. No obstante hoy, si las pruebas demuestran que se trata de un homicidio calificado, con las agravantes pertinentes, es probable que el delincuente pase, como mínimo, cuarenta años en la cárcel.
En consecuencia, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y del respaldo a nuestros agentes policiales víctimas de este tipo de delitos, la seguridad para ellos es hoy aun mayor respecto de lo que antes existía, pues una persona condenada a presidio perpetuo, a los veinte años podía obtener la libertad cumpliendo con requisitos mínimos relacionados con su comportamiento. En la actualidad, eso no ocurre. Por lo tanto, la legislación actual da más seguridad a los agentes del Estado y a la ciudadanía en general.
En consecuencia, lo que corresponde es votar este proyecto de ley que tiene como único objetivo corregir un asunto de forma, en el que inopinadamente se incurrió al momento de aprobarse la ley que derogó la pena de muerte.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Cardemil .
El señor CARDEMIL .-
Señora Presidenta , fui uno de los que votó en contra de la derogación de la pena de muerte, pues me parecía, y me sigue pareciendo, una mala decisión.
Si bien en el debate llevado a cabo sobre el tema se entregó mucha argumentación doctrinaria, quiero señalar que la pena de muerte obviamente tiene que ver con la legítima defensa de la sociedad, la cual es un análogo colectivo del ser humano, el que también tiene derecho a su legítima defensa.
En Chile, la pena de muerte estaba sujeta a resguardos: debía ser aprobada por la unanimidad de los ministros, ratificada por la Corte Suprema, podía ser indultada por el Presidente de la República ; también debían concurrir agravantes y no existir atenuante alguna y, además, era una pena que estaba reservada para delitos gravísimos que afectaban y estremecían los fundamentos de la convivencia, como el parricidio y la violación con homicidio.
Es decir, en nuestro país la pena de muerte se aplicó con sumo cuidado y en determinados casos. Fundamentalmente constituía una señal, un techo, un costo para delinquir, nítido, preciso y que causaba aprensión en toda la sociedad.
Eso fue lo que desapareció. En definitiva, la decisión de derogar la pena de muerte fue, en sentido estricto, más bien ideológica que política. Ella estuvo basada, más bien, en principios teóricos que en la eficacia de las políticas públicas. Creo que dicha derogación tuvo, ha tenido y seguirá teniendo como efecto la señal de que se ablandó la mano con el delincuente. Es decir, que el costo de delinquir se abarató, lo cual, en un país como el nuestro, en que la delincuencia nos agobia y que la seguridad ciudadana es una obligación de todos, obviamente no constituye una buena señal, hecho que no me canso de repetir.
Por lo tanto, es importante que en la discusión que hoy llevamos a cabo recordemos esos argumentos, porque esta es una Cámara política, en la cual se deben debatir y analizar los temas permanentes de la sociedad.
Sin embargo, a la hora de votar uno entiende claramente los argumentos a favor del proyecto de ley que hoy se nos presenta. Obviamente, dejar la pena de muerte para los autores de homicidio de policías, delito horrible, sin duda, pero no para los que cometen parricidio o violación, es una cuestión que no tiene equilibrio ni armonía jurídica. Nuestro Estado de derecho quedaría con una flagrante desarmonía. Si ya se eliminó -a mi juicio, mal eliminada- donde debió aplicarse, no hay argumentos para mantenerla en casos como el que se plantea en este proyecto de ley. Por lo tanto, uno queda sujeto a una difícil decisión. Si voté en contra de la derogación de la pena de muerte, la tendencia natural sería votar en contra de este proyecto; pero hacerlo es una inconsecuencia y uno queda como autor o coautor de una incoherencia difícil de mantener.
Por todas esas razones, me voy a abstener. Además, me parece justo y correcto que el quórum necesario para aprobar esta iniciativa lo reúnan quienes fueron partidarios de la derogación de la pena de muerte.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra a la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta , claro que somos legisladores, pero no legislamos en una burbuja. Por cierto -como dijo el diputado señor Ibánez -, nos duele mucho que un policía, escolta del Presidente de la República , haya sido asesinado; también nos duele que se atente contra menores, porque, más allá de ser legisladores, particularmente somos padres y madres. Esos hechos nos llegan fuertemente, como también que los médicos expongan su vida al ejercer la medicina, particularmente los radiólogos, y no tengan ningún resguardo para ejercer su profesión, al igual que los mineros que deben bajar a la mina exponiendo su vida.
Es cierto que se hizo un lato debate respecto del tema de la pena de muerte. Se planteó la defensa de la sociedad con penas humanitarias, dándole al delincuente la posibilidad de que se reinserte, mejore, perfeccione. Como decía Aristóteles , el ser humano es esencialmente perfectible, no podemos dejarlo totalmente abandonado. La humanidad ha pasado por etapas. En algún momento de la historia hasta a los niños pequeños se les ahorcaba por crímenes, a veces, insignificantes. Pero hace ya mucho que superamos eso.
El debate que se hizo fue muy profundo y, sobre todo, pensamos en el Chile nuestro. Es verdad -como dice el diputado señor Cardemil - que para la aplicación de la pena de muerte habría resguardos, pero también es cierto que hacía más de veinte años que no se aplicaba.
Me tocó conocer y defender a los familiares de las víctimas -los más jóvenes- de los psicópatas de Viña. Sin embargo, siendo tan horrorosos esos crímenes -caso único en los anales de la historia procesal chilena-, no pedimos la pena de muerte. Ésa fue la última vez que se aplicó. Incluso todo el mundo sabe que hubo murmuraciones, ciertas o no, respecto de que, a lo mejor, esas condenas no se habrían cumplido. Hoy, como una especie de contrición -está de moda- las personas que participaron en aquella época en que se aplicaba la pena de muerte, ahora, al parecer, tienen una opinión distinta. Es loable que esto se vuelva a plantear en profundidad, pero lo cierto es que ya lo dimos por superado.
Fue un debate muy largo y la decisión de abolir la pena de muerte, principalmente a nosotros, los que somos defensores de los derechos humanos, nos costó mucho. Exigíamos, por el bien de la sociedad, que el presidio perpetuo calificado fuera efectivo, y no como ocurría en ese momento, en que transcurrido un tiempo, si se daban ciertos requisitos, si se tenía una conducta sobresaliente, comenzaban a operar los beneficios y, finalmente, la pena terminaba siendo casi una burla. Nos pusimos muy firmes, y nos costó, porque efectivamente tenemos fe en el ser humano. Pensamos que puede ser objeto de beneficios, pero también que la sociedad debe defenderse. Hoy no estamos en ese debate -aunque es bueno volver a ponerlo en el tapete-, sino que, sencillamente, hay que concordar la legislación.
El debate legislativo fue muy intenso, incluso respecto del quórum necesario para eliminar la pena de muerte. Dijimos con claridad que requería quórum simple, porque la Constitución exige quórum calificado para imponerla, pero no para suprimirla. En este caso, nos encontramos con una disyuntiva especial. Por una concordancia particular -de eso se trata el proyecto- hoy se exige quórum calificado. Así lo determinó la Mesa y debemos aceptarlo, pero se trata de armonizar la legislación.
Por lo tanto, anuncio que nuestra bancada va a votar favorablemente este proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señora Presidenta , se han entregado una serie de argumentos que avalan la aprobación de la proposición de la Comisión Mixta. Sólo quiero señalar -quizá voy a caer en una reiteración- que ya se hizo el debate sobre la conveniencia de mantener o no como sanción máxima la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico. Fue un debate muy largo y no sólo se desarrolló en esta Corporación, sino también en el Senado. El Congreso Nacional, que representa la voluntad soberana, resolvió eliminar la pena de muerte. Volver sobre las razones de dicha decisión me parece majadería. La actitud del diputado señor Ibáñez es de testarudez, como el que nunca pierde, porque este debate ya se hizo. Sin embargo, él volvió a reiterar que la aplicación de la pena de muerte, como mencionó el diputado señor Cardemil , requería unanimidad del pleno de la Corte Suprema, que existieran las agravantes del delito y que, además, el Presidente de la República no hubiera indultado. Transcurrieron más de veinte años y nunca se aplicó la pena de muerte, porque en los hechos era inaplicable. Por eso, resolvimos de manera soberana derogarla. Lo que hoy tenemos a la vista es sólo un complemento, una cuestión accesoria, secundaria, que no va al fondo, a lo sustantivo del asunto, porque ya hay una decisión al respecto. Además, no me parece pertinente traer a colación la trágica muerte del carabinero escolta ocurrida ayer.
Como se ha señalado, el presidio perpetuo calificado es una pena verdadera y no esa suerte de sanciones virtuales que eran el presidio perpetuo y la pena de muerte inaplicable. Por eso -reitero-, hay una actitud majadera, de terquedad y testarudez al oponerse a armonizar una decisión que ya fue tomada por esta instancia legislativa y política. Volver a un debate que la sociedad ya resolvió cuando derogamos la pena de muerte, me parece pequeño y lo digo con mucho respeto. Se ha tomado una decisión y lo serio y responsable es que la asumamos, efectuemos las adecuaciones del caso y adoptemos las posiciones armónicas y de complemento que se requieren para que la decisión ya tomada se mantenga.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señora Presidenta , varios de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra pusieron el énfasis en algo que no trata esta iniciativa. La discusión no es sobre la pena de muerte. Ése fue un debate muy importante y seguramente a muchos de los diputados electos nos habría gustado haber tomado parte en él; pero el punto ya se zanjó.
Sin embargo, la discusión no es sólo acerca de corregir un error o asegurar la coherencia de la ley, sino también si es justo y correcto que un país que tomó la decisión de derogar la pena de muerte para todos los delitos, incluso los más graves y atroces, mantenga una excepción. Quisiera que reflexionáramos acerca de qué principio de justicia penal, qué valor justifica mantener esta excepción en la legislación chilena.
Si el proyecto es rechazado y mantenemos la legislación actual, consagraremos no sólo un error legislativo, sino una gran injusticia, una grave incoherencia desde el punto de vista de cómo los ciudadanos evalúan el trabajo de este Congreso y la capacidad de corregir nuestros propios errores.
Sé que la discusión sobre la pena de muerte fue muy intensa y que hay opiniones distintas -es legítimo que así sea-, pero creo que debemos aprender a ganar y a perder. A quienes les fue bien en esa ocasión y lograron aprobar la eliminación de la pena de muerte, deben reconocer que en ese proceso se cometió este error, esta falta; pero a los que perdieron les corresponde reconocer que esa discusión ya fue zanjada, y que hoy lo que buscamos es eliminar una injusticia, una situación en la cual se establecía una norma distinta para el mismo delito.
Creo que la discusión sobre la pena de muerte no es ideológica, como se planteó, sino valórica y de efectividad también, por el impacto y las consecuencias que tiene una política penal en el comportamiento y desarrollo del problema de la delincuencia. Desde ambos puntos de vista, ético y de política penal, quiero saber qué lógica tiene, qué se defiende, qué justicia se plantea con el hecho de que en nuestra legislación siga existiendo la pena de muerte en este único caso.
Junto con mi voto favorable al proyecto, pido a todos los señores diputados hacer un esfuerzo para dar al país una señal de coherencia, de consistencia y de justicia en este sentido.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos.
La señora CUBILLOS (doña Marcela).-
Señora Presidenta , mucho se ha hablado de que se está corrigiendo una desarmonía jurídica. Quiero ser muy clara y precisa en cuanto a que no sólo se está corrigiendo una desarmonía jurídica, sino abordando el fondo de un asunto de la mayor gravedad. Se está eliminando la sanción de la pena de muerte para un delito. El hecho de que en el pasado se haya cometido el error de eliminarla respecto de otros delitos no es razón suficiente o un argumento incontrastable como para plantear que se vuelva a cometer el error en relación con este delito.
Se ha señalado que Chile avanza, que pasan etapas. Creo que hay una etapa que, por desgracia, Chile aún no pasa: la de la delincuencia y la de la violencia. La diputada señora Soto señaló que los hechos de violencia aún nos duelen y nos llegan. Como personas, nos duelen, nos llegan, pero como legisladores nuestro deber es crear y establecer mecanismos legales apropiados para dar señales al país de combate a esa delincuencia y violencia.
Es un deber de la mayor justicia mantener para delitos de tanta gravedad, como el que hoy se discute, la sanción de la pena de muerte. No me parece que sólo sea un tema de armonía jurídica o de corregir un error, como se ha planteado. Estoy contenta de que hoy se pueda zanjar el tema y corregir el error no por la vía fácil de asimilarlo al error cometido en el pasado, sino de mantener la sanción de la pena de muerte para un delito de tanta gravedad.
Por las razones expuestas, votaré en contra la propuesta de la Comisión Mixta.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes .
El señor PAREDES.-
Señora Presidenta , quiero expresar mi preocupación y sorpresa por lo que he escuchado durante la discusión de la materia que nos ocupa.
Tal como se ha señalado, creo que debemos proyectar coherencia en relación con lo que el país ha visto y escuchado. Podemos tener opiniones distintas sobre la aplicación de la pena de muerte y entregar fundamentos a favor o en contra.
Pero, por ninguna circunstancia, aprovechándonos del problema de la delincuencia y de la sensación de carencia de protección y seguridad de la población en ese sentido, sacar cuentas con una calculadora en mano para obtener beneficios políticos sobre una cuestión tan sensible como la pena de muerte.
Quiero reflexionar sobre la intervención de la diputada señora Cubillos . Ella calificaba como un error de la Cámara de Diputados -que también lo cometieron muchos senadores-, el hecho de haber votado en contra de la pena de muerte. En mi opinión, pasa por encima de cuestiones filosóficas y religiosas que, seguramente, fueron el sustento de la fundamentación de muchos parlamentarios. En esa medida, es un análisis simplista que no va al fondo de lo que hoy se está discutiendo. Lo que estamos debatiendo es enmendar un error que se cometió. La pena de muerte está abolida en Chile y es una contradicción tremenda que aparezca como sanción en algún caso excepcional.
Sin duda, no podemos aprovecharnos de esta situación para buscar beneficios menores en un tema que requiere grandeza de parte del Congreso. Estamos legislando para el país, que nos está mirando. Debemos tener generosidad y grandeza y tratar estos temas con altura de miras. Por eso me sorprende enormemente lo estéril del debate que se está generando, porque evidencia un contrasentido tremendo.
Por todo lo anterior, respaldo la proposición de abolir la pena de muerte en el caso que se está analizando.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta , se nos propone votar la proposición de la Comisión Mixta que sugiere reemplazar la pena de muerte por la de presidio perpetuo a quien, a sabiendas, violentare o maltratare de obra a personal de la policía de Investigaciones de Chile en el ejercicio de sus funciones policiales. Esta conducta tiene en la actualidad asociada la pena de presidio mayor en su grado medio a muerte, si el autor causare la muerte al funcionario policial.
Es cierto que la pena de muerte fue derogada en Chile y que lo que se nos pide es eliminarla también respecto del que asesine a un funcionario de la policía de Investigaciones de Chile en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, creo que debe mantenerse la pena de muerte en este caso.
Los funcionarios de Investigaciones, al igual que los de Carabineros, están arriesgando todos los días sus vidas por defender a las personas y los bienes de los demás. Yo también habría sido partidario de mantenerla en el caso de Carabineros.
Respecto de Investigaciones, conozco muy de cerca la tarea que cumplen. Mantengo un permanente y estrecho contacto con la policía de Investigaciones de Puente Alto y de La Pintana. En La Pintana hay menos de diez funcionarios en la calle para una población superior a 250 mil habitantes. En el caso de Puente Alto, para 600 mil habitantes hay menos de treinta funcionarios en la calle.
No puede compararse el riesgo diario y permanente de un policía en la calle, enfrentado a delincuentes que se ocultan en la oscuridad de la noche o en el anonimato para matar, con la situación de una persona que esporádicamente podría ser atacada.
En este último caso, también debiera ser condenado a muerte quien mata a una víctima inocente si concurren circunstancias agravantes. En la policía hay muchos mártires y víctimas caídos en el cumplimiento del deber.
En su memoria, votaré en contra la propuesta de la Comisión Mixta para expresar mi apoyo a que se mantenga la pena de muerte para aquellos que maten a un policía de Investigaciones de Chile en el ejercicio de sus funciones policiales.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO .-
Señora Presidenta , hablo de la confusión creada, porque lo que hoy modificamos no es otra cosa, como muy bien lo ha dicho el diputado señor Jorge Burgos , que un error de hecho.
Lo que veo es la coherencia entre la ley madre y lo que hoy debiéramos aprobar, con el fin de eliminar la pena de muerte en los casos de maltrato con resultado de muerte del personal de Investigaciones de Chile.
Hablaré ya de recuerdo por el tiempo transcurrido, un tiempo más que prudente en que se aprobó la ley madre, que eliminó en general la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico, reemplazándola por la de presidio perpetuo calificado.
Volver a decir que esta norma es armónica con los pactos internacionales suscritos por Chile es materia de recuerdo. Sin duda, es bueno recordar. Esto ya se dijo, y como muy bien señala la diputada señora Laura Soto, la pena es un presidio perpetuo efectivo. Pero no me abstengo de opinar y de hacer un par de reflexiones.
Primero, ¿cómo es posible que hayamos discutido en general el tema y el Congreso Nacional se haya percatado recién de que existía una norma en vigencia y que por ello debamos hacer la corrección legal pertinente? Es bueno reconocer errores, pero cuando está de por medio una Cámara de Diputados, un Senado de la República, un Ministerio de Justicia, que cuentan con los profesionales del más alto nivel en el tema, ¿quién le responde a la ciudadanía por estos errores? Esto, por lógica, genera dudas sobre la legislación que aprobamos.
La segunda reflexión tiene por finalidad impedir que pase al olvido, pues está pendiente la decisión del gobierno sobre la eliminación de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar. Como se trata de recuerdos, es bueno enunciarlo de nuevo. Me refiero a la materia sobre delitos militares en tiempo de guerra.
Hubo un compromiso con los Ministerios de Defensa y de Justicia de avanzar en el tema. Me gustaría saber de su avance. Pido a las autoridades de Gobierno y de los ministerios respectivos poner atención a este hecho para no deshonrar la palabra empeñada ante el Congreso Nacional.
Termino diciendo lo obvio: hay que aprobar la proposición porque es conveniente para el país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio .
El señor SAFFIRIO .-
Señora Presidenta , quiero sumar mi voto favorable a la propuesta de la Comisión Mixta recaída en un proyecto que, como ha quedado claro en el debate, lo que busca simplemente es salvar un error, una incoherencia, una desarmonía, una falta de simetría en el ordenamiento jurídico chileno.
Se ha recordado aquí que no estamos realizando el debate de fondo, que ya se llevó a cabo y se resolvió, sobre la pena de muerte.
Hay poderosos argumentos, de distinto orden, para votar a favor la proposición. Una cuestión obvia tiene que ver con la seriedad en el tratamiento legislativo que las Cámaras de la República deben dar a las distintas iniciativas. Esto no se puede prestar para juegos o maromas, porque arriesgamos el prestigio de los parlamentarios y demostraríamos una falta de seriedad completa si a propósito de un error o de una omisión, como la que ocurrió, no estuviéramos disponibles para hacer las correcciones que el sentido común de cualquier chileno compartiría, más allá de su posición frente al tema de fondo.
Hay un viejo aforismo jurídico: “Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”. Eso es particularmente vinculante en el caso de la legislación penal y desde el punto de vista de la historia del derecho. Aquí estamos reponiendo, si mantenemos esta excepción, el derecho foral, el derecho estamental, tema resuelto hace siglos en la historia de la República.
¿Por qué un delincuente que mata a un miembro de la policía de Investigaciones tendrá un tratamiento distinto del que asesina a uno de Carabineros? Es absurdo. Así de ilógico son los argumentos que a veces se escuchan aquí.
Por otra parte, si hay gente, sobre todo de la UDI, que desea reponer la discusión, está en su legítimo derecho.
Debo recordar que la moción que propuso la derogación de la pena de muerte, en este caso se originó en el Senado, de modo tal que si se quiere debatir el tema de fondo, no debe hacerse a propósito de lo que estamos discutiendo hoy, pues existen los mecanismos legislativos para que la UDI realice la discusión de fondo y las correcciones que, a su juicio, requiere el sistema. Lo único coherente desde el punto de vista de la imagen de las Cámaras, de la técnica legislativa y de la seriedad en el tratamiento de los problemas públicos es que hoy votemos a favor la proposición de la Comisión Mixta. Quienes quieran reponer el debate, tienen los medios, los mecanismos que les provee el ordenamiento constitucional y legal para hacerlo. Sería absurdo no votar favorablemente.
Quiero recordar que sólo subsiste la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico en el caso de los crímenes cometidos en tiempo de guerra, y que la situación pendiente nada tiene que ver con ese estado excepcionalísimo, como es el caso de un conflicto bélico.
Manifiesto mi voto favorable que recae finalmente en un proyecto que no hace más que armonizar la legislación y terminar con una incoherencia que subsiste por un error de hecho en el debate legislativo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .
El señor AGUILÓ .-
Señora Presidenta , quiero referirme a una dimensión que me preocupa y que, seguramente, a los colegas les sorprenderá que pueda estar relacionada con el tema que estamos discutiendo: me refiero al censo.
Como han dicho los diputados señores Paredes, Saffirio y varios otros, se trata de hacer coherente un cuerpo legal con disposiciones que fueron establecidas en su oportunidad, luego de una muy profunda y seria reflexión en la Cámara de Diputados y que se aprobaron por la mayoría del Parlamento chileno: la derogación de la pena de muerte.
Sin embargo, diputados y diputadas de esta Corporación, como la señora Marcela Cubillos y los señores Gonzalo Ibáñez y Maximiano Errázuriz , han insistido en retomar la discusión de fondo y, si fuera posible -ciertamente no lo es a propósito de este proyecto-, restablecer la pena de muerte.
¿Cuál es la vinculación con el censo? Una sola, porque uno se hace la siguiente reflexión: monseñor Medina en todas sus incursiones de los últimos tiempos ha expresado categóricamente que no pueden considerarse católicos quienes no acepten los principios de la doctrina de la Iglesia Católica, la que ha señalado que uno de sus principios doctrinarios fundamentales es la defensa de la vida -estuvo a favor de la derogación de la pena de muerte- y que ningún ser humano puede disponer de la vida de otro. Ése es el principio básico.
En consecuencia, entiendo que la diputada señora Cubillos y los señores Ibáñez , Errázuriz y quienes piensan como ellos se declararán no católicos en el próximo censo. Se está generando una situación difícil, porque monseñor Medina tiene una palabra bien estricta en esta materia y sé que los señores diputados, además de ser rigurosos lectores de sus diversos planteamientos, son muy amigos de él.
Señalo lo anterior, para que después no se responsabilice a ningún e-mail, porque simplemente son planteamientos hechos en la Cámara de Diputados. Es decir, hay un conjunto de parlamentarios que, seguidores de la doctrina de monseñor Medina , se declararán no católicos, porque están contradiciendo un principio básico de su Iglesia, probablemente el más importante si se pudiesen jerarquizar los principios: el derecho a la vida, el derecho a que ningún ser humano pueda ser violentado o serle arrebatado este bien que Dios nos entregó, cual es la existencia.
Considero que esa posición tiene una derivación no planteada, con efectos también sobre una acción que el Estado llevará a cabo en los próximos días.
Espero, tanto por los efectos del proyecto como de este instrumento tan importante con que cuenta el Estado chileno para hacer políticas públicas con apego a diagnósticos serios, que los parlamentarios católicos reflexionen, ya que en esta materia están contradiciendo radicalmente la doctrina de su propia Iglesia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella .
La señora MELLA (doña María Eugenia) .-
Señora Presidenta , en mi hogar aprendí el significado de la justicia y el valor de la vida de cualquier persona. Por ello, creo que la vida de un detective no puede estar por encima del valor de la vida de otras personas. Me atrevo a afirmarlo porque mi padre, jefe de ese hogar, fue detective y entregó toda su vida a Investigaciones de Chile.
Como algunos parlamentarios que votarán en contra del proyecto han dado testimonios respecto de su cercanía con dicha institución, quiero afirmar que tengo una ligazón de toda una vida con una persona que siempre me enseñó a valorar la vida y que hoy estaría orgulloso de que apoyáramos esta iniciativa, que pretende igualar el valor de su vida con la de cualquier otra persona.
Mantener una desigualdad de esta naturaleza significa una injusticia. Por lo tanto, apoyaré el proyecto, pues permite la equidad en las medidas que se toman cuando se atenta contra cualquier ser humano, y porque creo que la sanción que reemplazó a la pena de muerte produce un efecto más ejemplarizador que la de muerte como un castigo social. No estamos en una sociedad del “ojo por ojo y diente por diente”.
Por lo tanto, en memoria de mi padre, además de todos los otros aspectos planteados, apoyaré el proyecto para que la pena de muerte sea abolida en todos los casos, con el objeto de que haya equidad y justicia, cualquiera sea la persona que vea tronchada su vida.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta , me parece increíble que sea tan evidente el torpedeo o baipaseo, como se dice popularmente, del que hemos sido testigos hace ya dos sesiones con respecto a esta modificación del número 1º del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, ley orgánica de la policía de Investigaciones de Chile.
Me parece insostenible que quienes se oponen a esta modificación pretendan volver a la discusión sobre la pena de muerte. A la luz de los hechos, una ley la derogó. Ateniéndonos a esa realidad, solicito coherencia y sentido común a mis colegas, para no entorpecer el avance en la aplicación de la ley.
No soy abogada, pero como representante de una mayoría de personas del distrito 25, solicito votar a favor de la modificación, que es justa y necesaria, para mejorar la aplicación de la ley, que es lo que esperan los miles de chilenos que nos eligieron.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señora Presidenta , quiero pronunciarme a favor de la propuesta de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley que reemplaza la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado, como sanción aplicable a quien violentare o maltratare de obra a personal de la policía de Investigaciones de Chile, con resultado de muerte. Lo hago porque mi formación filosófica y doctrinaria siempre me ha hecho valorar la vida y la persona por su condición de ser humano.
Preferiría hablar más de la vida que de la muerte. Quienes están por la vida deberían ser consecuentes y estar en contra de la pena de muerte. La Constitución Política es muy perentoria al referirse a la vida como un derecho casi absoluto. Su artículo 19 señala: “La Constitución asegura a todas las personas: “1.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Esta discusión ya se realizó antes. En el Congreso Nacional -durante los tres períodos legislativos después de la vuelta a la democracia- la vida ha sido un bien jurídico que ha tenido un tratamiento trascendente y privilegiado, y quienes valoramos la vida hemos defendido su existencia como tal.
El proyecto trata de corregir un error, una omisión del legislador que, aunque suele ser sabio y tomar precauciones, a veces se equivoca. Es un hombre y, por lo tanto, se equivoca y yerra. Por eso ahora queremos salvar esa omisión que, sin duda, termina con la pena de muerte. En Chile no hay grupos ni clases privilegiadas. La generalidad es una característica fundamental de la ley; por lo tanto, debe extenderse a todos por igual, sin excepciones.
Los fundamentos para derogar la pena de muerte en el caso de la policía de Investigaciones son los mismos que se esgrimieron cuando se discutió el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Cámara, el cual fue publicado como ley Nº 19.734, de 5 de junio de 2001.
Hablar de pena de muerte es hablar de una sanción contra natura y contra todos los principios. Mucho se ha dicho al respecto, entre otras cosas, que ella no repara errores. Cuando los tribunales de justicia cometen un error -la justicia es impartida por los hombres y éstos se equivocan- y una persona es ejecutada, después no hay reparación. Tampoco es ejemplarizadora, porque no se ha comprobado que los delitos hayan disminuido con su aplicación. Por último, atenta contra la rehabilitación. Las tendencias modernas en materia de régimen penitenciario o penalidad persiguen la rehabilitación o readaptación social de los condenados. Por lo tanto, es una pena inútil, que va en contra de todos los principios filosóficos y cristianos. Por ello, estoy en contra de dicha pena y a favor del proyecto en debate.
El reglamento penitenciario detalla con minuciosidad el ajusticiamiento de un condenado, el que constituye un verdadero espectáculo; sólo faltan las tarjetas de invitación para que la gente vaya a ver ese verdadero show. Al final, se crea un ambiente de lástima en torno del condenado y la sociedad se angustia, se siente presionada y la gente hace vigilias por él. De manera que se trata de una pena inútil, que va contra todos los principios que sustentan la vida como valor fundamental de la persona humana.
Por lo tanto, debemos reparar esa omisión, a fin de armonizar nuestra legislación y establecer un ordenamiento jurídico acorde con los principios, tendencias y orientaciones modernas en materia de derechos humanos, entre los cuales está el derecho a la vida. Yo estoy por ese derecho y por los demás derechos humanos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI .-
Señora Presidenta , creo que ya se dieron todos los argumentos de fondo cuando nos correspondió discutir el proyecto que eliminó la pena de muerte en la ley común. Es bueno recordarlos, porque se trata de argumentos contundentes que deben ser tomados en consideración para aprobar esta iniciativa.
Quienes rechazaron la abolición de la pena de muerte dicen que ésta es una mala señal para la delincuencia y que la sociedad queda desprotegida. A mi juicio, ese argumento no es sustentable porque contradice todas las experiencias conocidas a nivel mundial: la pena de muerte jamás ha inhibido la acción de los delincuentes. Incluso, en Inglaterra, se aplicó en ciertos períodos y se abolió en otros, sin que ello produjera cambio alguno en la conducta delictual. Como se sabe, el delincuente actúa motivado por una serie de factores personales, relacionados con su formación y su estructura sicológica, y por el medio. Por eso, la existencia de la pena de muerte no asegura la protección de la sociedad ni inhibe al delincuente.
En Chile, la pena de muerte se aplicó en muy pocos casos -si mal no recuerdo, en no más de 80-, porque existía un sistema que hacía difícil su aplicación. ¿Qué ocurría al final? Que el delincuente recibía una condena muy inferior y a los 20 años ya estaba en libertad. En ese caso la sociedad corría peligro.
Junto con la derogación de la pena de muerte hicimos lo más correcto: establecimos un presidio perpetuo efectivo de 40 años, sentencia que puede ser revisada sólo después de transcurrido ese lapso. ¿Qué mejor garantía para la sociedad? Esto hay que decirlo, porque a veces se cree que en el Congreso hacemos las cosas a la ligera, pero no es así.
Por otra parte, consideramos varios argumentos de peso, como el hecho de que se pueden cometer errores, y así ha ocurrido. En Estados Unidos, algunos de sus estados abolieron la pena de muerte después de comprobar que se había aplicado a personas inocentes. En esa oportunidad, se dieron estos argumentos, que creo necesario reiterar ahora.
Por eso, el Congreso Nacional aprobó la derogación de la pena de muerte para la legislación penal común, y después de ocurrido eso, no existe un argumento sólido para mantenerla en una ley especial, en este caso, la ley orgánica de la policía de Investigaciones de Chile. Como legisladores, debemos preocuparnos de que la legislación sea coherente y de que tenga un verdadero espíritu de justicia. La no aprobación de este proyecto implicaría que los legisladores estamos olvidando que la justicia debe imperar en toda la legislación.
¿Existe alguna razón para mantener la pena de muerte en esta ley especial? Ninguna, y mantenerla significaría seguir insistiendo, con un ánimo de venganza e irracionalidad, en argumentos que fueron rechazados en forma contundente en una votación democrática.
Por eso debemos aprobar esta iniciativa, como consecuencia de la aprobación de la ley que derogó la pena de muerte. Anuncio los votos favorables del Partido por la Democracia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Agradezco al diputado Osvaldo Palma que me haya inscrito, pero en honor al tiempo había pensado en no intervenir.
Señora Presidenta, esta es una gran oportunidad para demostrar que somos racionales y consecuentes como Poder del Estado. Este proyecto ha despertado muchas dudas, lo que me llama la atención.
El Congreso Nacional ya derogó la pena de muerte, y me alegro de que sea así. Hemos evolucionado como sociedad al terminar con una pena que, si bien no se había aplicado durante muchos años, de mantenerse nos ponía a la misma altura de las personas que delinquen. Me alegro también de que hayamos establecido en su reemplazo el presidio perpetuo calificado, pues con ello la sociedad queda resguardada frente a los delitos y crímenes cometidos por algunas personas.
Sin embargo, quiero decir dos cosas. En primer lugar, creo que el autor del proyecto que suprimió la pena de muerte, es decir, el Ejecutivo , debió haber sido más minucioso y prolijo en un tema tan delicado y haberla derogado en todos los textos legales en los cuales existía. Eso habría evitado las dudas surgidas hoy día, y que los defensores acérrimos de la pena de muerte aprovecharan cualquier coyuntura para tratar de mantenerla, aunque sólo sea en algunas normativas, en este caso, la ley orgánica de la policía de Investigaciones de Chile. De manera que sería una gran aberración eliminar la pena de muerte y mantenerla sólo respecto de un reducido sector, como es la policía de Investigaciones, porque eso nos colocaría a la altura de países mucho más subdesarrollados que el nuestro.
En segundo lugar, me llama la atención que esta materia haya generado tanta discusión, pero es bueno que todos podamos manifestar nuestra opinión y poner nuestros puntos de vista sobre la mesa. No cabe duda de que es necesario aprobar el proyecto, y anuncio que así lo haremos
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Por último, tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señora Presidenta, resulta sorprendente comprobar que hoy nuevamente estemos discutiendo un tema que creíamos superado.
En su momento, se dieron todos los argumentos, y por lo mismo no es posible que hoy estemos debatiendo la misma materia, después de iniciado el siglo XXI y de todo lo que sufrió la humanidad durante el siglo XX: los crímenes contra la humanidad y la forma horrorosa en que fue aplicada la pena de muerte; después de todas las convenciones sobre derechos humanos, en que la vida de la persona humana -especialmente después de la Segunda Guerra Mundial- aparece como fundamental y esencial. Por lo demás, el hombre nace y muere desnudo y, por lo tanto, lo único que tiene es su vida: el Estado no puede tener el derecho de matar. Si no le concedemos ese derecho a ninguna persona, con mayor razón no se lo podemos entregar al Estado para que mate a otro ser humano.
Por eso resulta sorprendente que nuevamente estemos en esta discusión de fondo, y así se ha considerado. Creo que dentro de un Estado de derecho ningún legislador o persona puede dejar de considerar que un mínimo grado de coherencia y racionalidad indica que no puede existir una excepción para determinado grupo de personas.
Si se ha establecido en forma general que no se puede aplicar la pena de muerte en los casos de parricidio, de violación con homicidio, de secuestro seguido de muerte o del asesinato de carabineros en actos de servicio, nos transformaríamos en un país irracional o al borde del absurdo al mantenerla cuando la víctima sea un funcionario de policía de Investigaciones, más allá de todas las consideraciones que nos merezcan las fuerzas de seguridad del Estado. Si ya quedó establecida la eliminación de la pena de muerte, no podemos caer en tal grado de irracionalidad e incoherencia, que no se merece el Congreso, y mantenerla respecto de un servicio de seguridad.
El proyecto fue aprobado en el Senado por amplia mayoría -incluso por quienes estuvieron en contra de la abolición de la pena de muerte- porque se trata de una cuestión de racionalidad y de coherencia mínima dentro de un Estado de derecho.
Por las razones expuestas y por una cuestión de racionalidad de un sistema, daremos nuestros votos favorables a la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar.
El señor Secretario dará cuenta de un pareo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
En la Secretaría de la Corporación se registró el pareo de la diputada señora Lily Pérez con la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación la proposición de la Comisión Mixta.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 25 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobada la proposición de la Comisión Mixta.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DE LA CORPORACIÓN.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento propone integrar la Comisión Revisora de Cuentas con la diputada señora Eliana Caraball y con los diputados señores Mario Bertolino, Claudio Alvarado, Eugenio Tuma y Juan Pablo Letelier.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
RENOVACIÓN DE FACULTAD OTORGADA A LAS MUNICIPALIDADES SOBRE CONDONACIÓN DE DEUDAS.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El diputado señor Riveros ha solicitado a la Mesa que recabe el acuerdo unánime de la Sala para tratar, en primer lugar, el proyecto de acuerdo Nº 21.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor Prosecretario le dará lectura.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Del señor Riveros, señora María Antonieta Saa, señores Montes, Dittborn, Leay, Kuschel, Silva, señora Ximena Vidal y señor Juan Pablo Letelier:
“Considerando:
1º Lo dispuesto en la ley Nº 19.704, publicada el 28 de diciembre de 2000, que modificó la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades; el DL Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley Nº 19.756, publicada en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2001, que renovó la facultad municipal de condonar las deudas de los habitantes de las distintas comunas con los municipios, respecto de diversos derechos, entre ellos los de aseo (extracción de basura domiciliaria).
2º Que dicha ley estableció como facultad de los municipios condonar hasta el 50% del monto de las deudas, incluidas las multas e intereses, y que la parte no condonada podía ser pagada al municipio en cuotas mensuales y, a la vez, otorgó la facultad de condonar hasta el 100% de los derechos de aseo adeudados en cuatro casos:
-Desempleados inscritos en el registro de cesantes de la municipalidad;
-Mayores de 65 años, beneficiarios de las categorías A, B, C y D del Fondo Nacional de Salud.
-Beneficiarios de las categorías A y B del Fondo Nacional de Salud de cualquier edad, y
-Beneficiarios de viviendas sociales.
3º Que el plazo para acogerse a los beneficios de la mencionada ley Nº 19.756 venció el 2 de marzo último.
4º Que muchas personas no pudieron hacer uso de la mencionada ley por diversas razones, entre ellas la falta de una adecuada información y el tener que acogerse de manera individual a los beneficios.
5º Que los municipios aplicaron la ley de manera heterogénea, tanto en cuanto a las cuotas para responder por el saldo adeudado, como para otorgar el 100% de condonación en los casos especificados.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Ejecutivo , a través de los ministros del Interior y secretario general de la Presidencia , que envíe al Congreso Nacional, con la máxima urgencia, un proyecto de ley que permita renovar, por un plazo adecuado, la facultad otorgada a las municipalidades en la ley Nº 19.756, incluyendo, además, una disposición que no obligue a las personas a tramitar individualmente los beneficios otorgados”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , trataré de ser muy breve porque algunos de los diputados que concurrieron a firmar este proyecto de acuerdo también quieren hacer uso de la palabra.
El proyecto de acuerdo tiene un objetivo muy concreto: renovar los efectos de la ley Nº 19.704, modificada por la ley Nº 19.756, publicada el 13 de septiembre de 2001, toda vez que su vigencia expiró el 2 de marzo recién pasado.
Dicho cuerpo legal facultaba a los municipios para condonar el pago de diferentes derechos municipales devengados desde 1995 hasta diciembre de 2000. Entre tales derechos, adeudados por una importante cantidad de habitantes, está la extracción de basura domiciliaria. Ahora bien, deben pagar este derecho todas las personas que, por imperio de la ley, no están exentas y aquellos que no pagan impuesto territorial. (Si tuvieran que pagarlo, en el formulario respectivo aparecería el cobro por extracción de basura). De manera que nos referimos a un segmento de personas que tienen propiedades con avalúos que oscilan entre 1 millón y 10 millones de pesos.
La citada ley Nº 19.756 facultó a las municipalidades para condonar el 50 por ciento de las deudas y para efectuar el cobro del 50 por ciento restante en cuotas mensuales. Además, autorizó a los municipios para condonar el 100 por ciento de los derechos de aseo adeudados en cuatro casos: a los desempleados inscritos en el registro de cesantes de la municipalidad; a los mayores de 65 años beneficiarios de las categorías A, B, C y D del Fondo Nacional de Salud; a los beneficiarios de cualquiera edad de las categorías A y B del Fonasa y a los beneficiarios de viviendas sociales.
Desgraciadamente, no hubo uniformidad entre los distintos municipios en la aplicación de la ley y no existió una adecuada información, lo que significó que muchas personas no pudieran acogerse a los beneficios otorgados por la ley.
Como son numerosas las personas que se encuentran en esta situación, pedimos al Ejecutivo -que tiene iniciativa exclusiva en esta materia- que proceda a reponer, por un plazo adecuado, la vigencia de la tantas veces mencionada ley Nº 19.756.
Es cuanto deseo expresar para no agotar el tiempo destinado a apoyar el proyecto de acuerdo, porque -insisto- otros diputados que participaron en su redacción también querrán hacer uso de la palabra.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Como hay tres diputados inscritos para hablar a favor del proyecto de acuerdo y ninguno para impugnarlo, solicito el asentimiento unánime de la Sala para concederles la palabra a los tres.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , tal como lo señaló el diputado Riveros , presentamos este proyecto de acuerdo porque en la extracción de basura domiciliaria existe un tremendo desorden: primero, las personas estaban exentas; después, se les cobró y, por último, las volvieron a eximir del pago. Pero ellas no supieron que durante un lapso les habían cobrado; es decir, las deudas se acumularon hacia atrás, creando serios problemas.
Frente a todo este desorden, la aplicación de la ley -como dijo el diputado Riveros- fue tremendamente desigual, porque algunas personas ni siquiera supieron que eran deudores morosos.
Ahora estamos proponiendo que, respecto de las deudas acumuladas, no se faculte a los municipios para condonarlas, sino simplemente que se renueve la vigencia de la ley, con el objeto de eximir hasta en el ciento por ciento del cobro los derechos por extracción de basura a las personas que reúnen los requisitos y características ya enumerados.
Con respecto a las exenciones a futuro, planteamos que la solicitud no se formule sólo en forma individual, sino que para todo un conjunto habitacional o población, como una manera de evitar burocracia y trámites. Así, una municipalidad podría determinar, por ejemplo, que toda la población Amador Nemme quedara exenta.
En síntesis, solicitamos que se prorrogue la vigencia de la ley, incluyendo la posibilidad de que las municipales acuerden exenciones en forma colectiva y no sólo individualmente. Un dictamen de la Contraloría General de la República permitía acogerse al beneficio sólo a las personas, lo que generó burocracia y lentitud.
Creemos que este proyecto de acuerdo es muy importante, porque la exención del pago de derechos por extracción de la basura permitirá que exista un ordenamiento. Si no se renueva esta posibilidad, muchas personas no podrán pagar, porque no tienen los ingresos para hacerlo.
Por eso pensamos que hacia atrás hay que reabrir las condiciones para solucionar ese problema, y dar facilitades para acogerse al trámite que establece este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente , si bien concurrí a firmar el proyecto de acuerdo, considero que no es la solución, por cuanto ésta debe pasar por la eliminación de este pago que se hace a los pobres.
Cuando a mediados de los años 90 discutimos el proyecto de ley que establecía el cobro de este derecho, los diputados de la UDI votamos en contra, porque estimamos absolutamente injusto aplicar un nuevo cobro a personas de escasos recursos. Y dijimos que iba a ser letra muerta, porque la gente no iba a tener los dineros para pagar. ¿Qué pasó? El año pasado, con la presión de muchos parlamentarios que han hablado aquí, impulsamos una iniciativa sobre la materia y convencimos al subsecretario de Desarrollo Regional para que la enviara al Congreso.
Sin embargo, quiero solicitar al subsecretario de Desarrollo Regional -ojalá exista acuerdo unánime al respecto- que se vuelva a aplicar el antiguo sistema: este derecho sólo se les cobraba a las personas que pagaban contribuciones de bienes raíces, o sea, a quienes tienen un nivel económico que les permite pagar. Pero hoy se ha llegado al límite de que solamente quedan exentas del pago de la extracción de basura aquellas personas cuyas casas tienen un avalúo de 25 UTM, o sea, alrededor de 600 mil o de 700 mil pesos. A todo el resto se le cobra, salvo en algunos casos en que los municipios adoptaron algunos criterios que avalan la supresión.
Vamos a apoyar este proyecto de acuerdo y también a presentar otro -ojalá todos los partidos lo suscriban-, para pedir, finalmente, al subsecretario de Desarrollo Regional que inste por la eliminación de este impuesto a los pobres. Ellos tienen demasiada carga para que hoy, además, les entreguemos otra, con lo cual estaremos en el año 2005 discutiendo un nuevo proyecto de ley para condonar deudas. Más burocracia y más impuestos para los pobres son dos aspectos que debemos eliminar.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , quiero adherir a este proyecto y a las razones expuestas por los diputados Montes y Riveros .
Con respecto a la condonación, hay que suplir una falencia y revisar los criterios empleados por las municipalidades, las que poseían todas las facultades para eximir de este pago a personas con problemas, lo cual no se hizo rigurosamente.
Se pide al Ejecutivo aplicar en forma retroactiva la condonación de la deuda, criterio que refleja la voluntad de esta Cámara. Con respecto a la deuda hacia adelante, es fundamental subir el piso de la exención. Hasta ahora están eximidos los que tienen viviendas de menos de 1 millón de pesos. Hemos conversado de que puede subirse la exención hasta a viviendas de 4 millones. Hay que analizar fórmulas de exención. Hay un tema de pobreza involucrado y tenemos que ser extremadamente rigurosos.
Llamo a todos mis colegas a votar por unanimidad este proyecto que amplía la facultad de los municipios para condonar las deudas mencionadas en la citada ley.
Muchas gracias.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , este proyecto me parece de toda justicia, pero se cree que depende de uno proponer la fórmula de solución del problema. Ésta es mucho más fácil. En primer lugar, debemos tener una ley permanente que otorgue facultades a las municipalidades y no cambiarla todos los años.
Esto lo hicimos y aprobamos hace poco tiempo. Fui uno de los autores del primer proyecto. Nos sentimos orgullosos, pero no voy a estar discutiendo lo mismo, tal como ocurre en los reavalúos agrícolas. Todos los años estamos discutiendo cosas que afectan a la gente.
Según mi parecer, la fórmula correcta es que las casas progresivas y básicas automáticamente queden exentas del pago de extracción de basura. Así nos ahorraremos todos los problemas. La exención regiría para las casas que ocupan los pobladores más modestos del país.
Por lo tanto, no le demos más vueltas al asunto. Pidámosle al Ejecutivo que mande un proyecto de ley en el sentido -insisto- de que las casas progresivas y básicas queden automáticamente fuera del cobro de extracción de basura para aliviarnos del problema de estar todos los años viendo lo mismo.
Con mucho entusiasmo, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo, en el fondo, no soluciona nada.
Digamos las cosas por su nombre. Hace cerca de ocho años, el gobierno de la Concertación de entonces presentó un proyecto de ley por el cual los municipios tuvieron derecho a cobrar por el aseo a aquellas personas exentas del pago de contribuciones de bienes raíces no agrícolas.
¿Qué norma existía antes? Estaban exentos de pagar por el retiro de la basura aquellos propietarios de viviendas que pagaban contribuciones de acuerdo con la tasación que fijara el Servicio de Impuestos Internos o la ley, finalmente. Parte de las contribuciones correspondían a aseo.
¿Qué ocurrió? Reitero que la Concertación presentó un proyecto en que incorporó el impuesto del aseo a aquellos bienes raíces cuyos propietarios no pagaban contribuciones. Después se estableció un límite de tasación y se dejó a los bienes raíces avaluados en un millón de pesos; luego se modificó e incorporamos a los de la tercera edad. Es decir, hemos incorporado a distintos grupos a la exención.
Lo que debemos hacer es eliminar la norma que estableció el impuesto al aseo de los bienes raíces exentos de contribuciones. La gente paga contribuciones de acuerdo con un cierto monto que se va reajustando -es parte de la discusión de los reavalúos de los bienes no agrícolas-. Se fija un monto y, a partir del mismo, la gente queda exenta.
A la Concertación, hace algunos años, se le ocurrió crecer con equidad. Dispuso el impuesto al aseo y durante años hemos estado entregando facultades a los alcaldes. Finalmente, todos tenemos el problema, todos lo vivimos. Si la gente no puede pagar el agua, imagínense cómo va a pagar el aseo. ¡No tienen cómo pagar el agua, la luz y, más encima, les incorporamos el aseo!
El Congreso Nacional, por unanimidad -porque estamos todos contestes-, debe determinar que el rol subsidiario del municipio consiste, precisamente, en retirar gratuitamente la basura a la gente exenta del pago de contribuciones. Eso tenemos que hacer. Reitero que este proyecto no soluciona nada.
(Aplausos).
Señor Presidente, me ahorro comentarios sobre estos aplausos que nunca había logrado en este hemiciclo.
¡Solucionemos los problemas! Esto no soluciona nada, por lo que seguiremos dilatando el asunto. ¡Condonemos las deudas que han derivado de esto! Tenemos la facultad. Todos somos partidarios de hacerlo. Quienes están exentos de pagar contribuciones no deben pagar esa extracción. Los municipios les deben prestar el servicio en forma gratuita. Debe suprimirse la disposición que así lo estableció hace alrededor de diez años. Que les quede claro a todos: voté en contra de ella en esa época, porque no tenía sentido agregar el pago de la luz y del agua, a la gente más pobres del país. Y ahora se les adiciona el impuesto al aseo.
Ojalá logremos un acuerdo unánime. Basta con que me oponga, para que todos digan: “Longueira se opone a esto”. No, señor, la solución de fondo es volver a la norma original: que la gente que no paga contribuciones -el Estado y el Congreso no lo hacen- no pague impuesto al aseo, y que quienes, de acuerdo con el avalúo de su propiedad, deben hacerlo, le paguen ese servicio al más pobre. Ése es el rol subsidiario del municipio en la prestación de ese servicio.
Esto significa dilatar el problema y discutir de nuevo el día de mañana cómo lo solucionamos. Díganme: ¿qué hace un municipio dirigido por un alcalde del Partido por la Democracia, por ejemplo, o de la Unión Demócrata Independiente, Demócrata Cristiano o de Renovación Nacional con alguien que no paga? ¿Qué puede hacer? ¿Le va a hipotecar la casa? ¿Lo va a detener? Vayamos al problema de fondo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, como hubo acuerdo para que hablaran todos los señores diputados, porque es un proyecto importante, y quedan sólo dos inscritos, solicito la unanimidad de la Sala para que puedan intervenir.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , hay varios proyectos de acuerdo pendientes y dimos la unanimidad para que se tratara el que está en discusión. Con posterioridad, su Señoría pidió la unanimidad para que hablaran tres diputados más que estaban inscritos. Ya han hablado cuatro, a lo que debemos sumar la demagogia del diputado señor Longueira .
En estas circunstancias, no estoy dispuesto a dar la unanimidad para que sigamos dando la palabra en relación con este proyecto.
El señor ROJAS.-
Hablaron tres a favor y ahora tienen derecho a hablar tres en contra.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Diputado señor Silva, cuando solicitó la palabra yo ya había aprobado la petición anterior.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , es necesario hablar con la verdad, pero, a veces, hay quienes acostumbran a distorsionarla, a decir las cosas a medias para provocar confusión y en esa confusión tratar de ser pescadores a río revuelto. El colega Longueira , en el último tiempo, se ha caracterizado por esa práctica, que tiene que ver con la falsedad con la cual se relatan ciertos hechos.
Existe una facultad, establecida en la ley, que los alcaldes -amigos del colega Longueira - aplicaron mal al cobrarles plata a los pobres, cosa que no debieron haber hecho.
Primero, hay que decir, para ser honestos, que hubo alcaldes conscientes que nunca cobraron extracción de basura a quienes estaban exentos del pago de contribuciones. También hubo alcaldes que no aplicaron bien la ley.
En el debate sobre los subsidios, recordemos que la Derecha eliminó el subsidio generalizado para el pago del agua, con la consiguiente reducción de recursos para ese fin. ¡Qué bueno que hoy estemos dispuestos a reabrir ese debate! Pero para hacerlo, hay que ser consecuentes y dar recursos a los municipios; no negarles la sal y el agua, como hace el colega Longueira , que quiere dejarlos sin el beneficio de la ley de Rentas II, que les permitirá obtener recursos. Más adelante, nos podremos poner de acuerdo.
Estoy de acuerdo con el diputado señor Longueira en que se debe eximir del cobro por extracción de basura a los propietarios de viviendas que no pagan contribuciones. Siempre lo he planteado así, pero como el colega señor Longueira no es tonto -es inteligente, dicen algunos, al menos ilustrado en algunas materias-, sabe que los municipios, para condonar deudas ya devengadas, requieren de una ley, porque no tienen dicha facultad. En las comunas que él representa, en las cuales hay colegas de su partido como alcaldes, se necesita de una ley para que esos alcaldes no estén obligados a cobrar a los pobres.
Si él vota en contra del proyecto de acuerdo, estará diciendo que quiere que sus alcaldes sigan cobrando la deuda con efecto hacia atrás, la deuda de los pobres. Ésa es demagogia.
Estoy de acuerdo con el colega Leay en que hay divisiones al interior de la UDI. Nada de raro en este tiempo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Por fallas en el sistema electrónico, la votación no pudo ser impresa.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En virtud de lo dispuesto en el artículo 113, solicito la unanimidad de la Sala para prorrogar el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo en diez minutos.
No hay acuerdo.
VIII. INCIDENTES
AUTORIZACIÓN A ALCALDESA DE CONCEPCIÓN PARA CONTRATAR UN PRÉSTAMO Y PAGAR DEUDA A LOS PROFESORES. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , en los últimos días hemos sido informados de que la señora Jacqueline van Rysselberghe , alcaldesa de Concepción , está a punto de ir a la cárcel debido a una antigua deuda del municipio con algunos profesores, la que se arrastra desde 1982, es decir, desde hace veinte años.
Una vez asumida la alcaldía de Concepción, la señora Van Rysselberghe abordó directamente la solución del problema: que el municipio pagara los mil quinientos millones de pesos que se adeudan a los profesores.
Durante casi doce años, los alcaldes de la Concertación que estuvieron en el municipio de Concepción, como los señores Augusto Parra , De la Barra, el doctor Aste, Ariel Ulloa , por dos períodos, nada hicieron al respecto.
La alcaldesa pidió al Ministerio de Hacienda que se le autorizara para contraer un préstamo a fin de pagar la deuda a los profesores y servirla en un plazo de veinte años, el mismo tiempo que ha transcurrido desde que se originó; pero el ministerio le respondió que la reembolsara sólo en cinco años.
Quiero decir, como dato ilustrativo, que la municipalidad de Concepción, para inversión anual, cuenta con 300 millones de pesos, de los cuales 200 millones de pesos están comprometidos para los próximos dos años en pavimentos participativos. El Gobierno y el Ministerio de Hacienda pretenden dejar a esa comuna incapacitada, durante cinco años, para poner siquiera una flor, retirar la basura o hacer alguna mejora o inversión en beneficio de los vecinos.
Por esa razón, pido que se oficie al ministro de Hacienda a fin de que explique las razones que ha tenido para no acceder a la petición formal de la alcaldesa de Concepción , señora Jacqueline van Rysselberghe , en el sentido de autorizarla a pagar en un plazo mayor una deuda que ella no contrajo.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de su bancada, la UDI, y de los demás parlamentarios que así lo indiquen a la Mesa.
DENUNCIAS DE MALTRATO A FUNCIONARIOS Y DE DEFICIENCIAS EN LAS RELACIONES HUMANAS EN EL CONGRESO NACIONAL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , luego de algunas semanas de funcionamiento del Congreso en el presente año, me he podido percatar de una grave situación que creo conveniente dar a conocer y de la cual no es posible mantenernos ajenos.
A raíz de informaciones entregadas por funcionarios del Congreso y parlamentarios, además de lamentables episodios que me ha tocado presenciar, puedo afirmar que muchos de los funcionarios que trabajan en ambas Cámaras son víctimas de maltrato, de trato poco digno, que proviene, según informaciones que he constatado, de los propios parlamentarios, tanto de nuestra Corporación como del Senado.
No es aceptable que permanezcamos indiferentes frente a graves hechos que ocurren a diario en las dependencias del CongresoNacional. Trato poco digno, comentarios irrespetuosos y violencia verbal son sólo algunas de las formas de comportamiento poco ético que he podido observar en estas cortas semanas de funcionamiento del Congreso en el presente año. Esta situación no sería nueva y se arrastraría por años, por lo cual me parece que no es posible que esperemos un solo día más sin tomar las medidas del caso.
Los parlamentarios estamos llamados y obligados a mantener un comportamiento consistente con las directrices que la ética y las buenas costumbres recomiendan. Es momento de recordar que nadie está eximido del cumplimiento de esta obligación y que, justamente por el hecho de haber sido elegidos por el país para representar los intereses de los ciudadanos, debemos ser en cada momento ejemplo fiel de los valores democráticos y humanos que deben inspirar la acción de quienes legislamos en busca de un Chile más digno.
La institución que mejor demuestra el funcionamiento de una democracia en un país es su Parlamento y, por lo mismo, en nuestro caso somos los primeros llamados a garantizar que no haya trato discriminatorio respecto de nadie, sin importar la función que cumpla.
En ese sentido, estamos en un sistema feudal, en que los vasallos comen aparte y entre ellos mismos se sectorizan y discriminan de acuerdo con los cargos que representan. Ni hablar de los “señores y señoras feudales”, que son capaces de hacer parar un ascensor para que se baje el acompañante de un parlamentario. Ni hablar de los acosos sexuales que son cuento viejo.
Se nos dice honorables y democráticos, provenientes de los votos del pueblo, y la actitud de algunos es muy poco honorable, es antidemócrata, impropia e indigna de la investidura que representamos.
Solicito, por vuestro intermedio, a la instancia que corresponda, hacer una encuesta, a través de una empresa externa y seria, que permita saber el comportamiento de los honorables y efectuar los cambios necesarios para mejorar la convivencia entre quienes trabajamos en el Congreso Nacional.
Lo solicito en esa forma porque hay temor entre los funcionarios de hablar. De esa forma, tal vez podamos conocer esta realidad que callada y veladamente se conoce y no se remedia.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , debe plantear ese problema en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, y sería bueno que lo hiciera con nombres y apellidos para poder corregir esa situación.
El señor ESCOBAR .-
No puedo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Esta Sala no es la instancia, sino la Comisión de Régimen Interno, compuesta por los Comités de todas las bancadas políticas de esta Cámara de Diputados.
El señor ESCOBAR .-
Señor Presidente , me niego a hacerlo de esa manera, porque, obligadamente, debería dar nombres y hay funcionarios que temen ser echados por esta situación. Por eso solicito una encuesta a fin de que, anónimamente, puedan representar lo que planteo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , la Sala no puede pronunciarse sobre ese tema, menos en Incidentes. Por lo tanto, le ruego que haga su petición, formalmente, a la Comisión de Régimen Interno, sin nombres si así lo prefiere, la cual será tratada como corresponde puesto que está apoyada por su bancada y otras.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR LUKSIC.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-
Señor Presidente , durante esta mañana fui aludido por diputados de otras bancadas, especialmente por uno que me llamó “tozudo” porque mantuve mi posición de no aceptar la proposición de la Comisión Mixta en el sentido de reemplazar la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado, como sanción aplicable a quien causare la muerte a un funcionario policial.
En verdad me siento muy honrado de sostener mi posición. Creo que la pena de muerte es extremadamente excepcional, que sólo se puede aplicar en casos muy contados; pero el delito de que se trata es uno de esos casos en que el país no puede despojarse de la facultad de aplicarla.
Como sociedad, tenemos el deber de respaldar a quienes arriesgan cotidianamente sus vidas para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias. Una sociedad que permanece impasible frente al asesinato de funcionarios de la policía, que están en comisión de servicio cumpliendo con su deber, se arriesga a males mayores porque no es capaz de solidarizar con sus servidores más fieles.
Por eso, a pesar de que algunos me califiquen de “tozudo”, en este caso estoy muy orgulloso de mi tozudez y no la dejaré de lado.
He dicho.
DEFICIENCIAS EN EJECUCIÓN DE OBRA VIAL EN LA COMUNA DE LONGAVÍ. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero decirle al diputado Mario Escobar , por su intermedio, que a mí también me han planteado esa situación varios funcionarios de esta Cámara. Por lo tanto, tengo la seguridad más absoluta de que es cierta.
Sin embargo, en esta oportunidad me referiré a un tema de mi distrito.
En un lugar denominado Punta de Monte, en el sector de Miraflores de la comuna de Longaví, se está asfaltando un camino, pero se han cometido algunas irregularidades.
En ese sector existe agua potable para cuarenta y cuatro familias, pero la matriz quedó debajo del asfalto; por consiguiente, el día de mañana será imposible sacar un nuevo arranque, porque habría que retirar el asfalto.
Además, la copa de agua potable no se puede limpiar porque su desagüe también quedó enterrado bajo el asfalto.
Asimismo, el camino de Miraflores quedó levantado por la colocación del asfalto y no cuenta con alcantarillas de desagües en sus costados; por lo tanto, las casas quedaron allí en desnivel hacia abajo, lo que provocará su inundación con las lluvias del invierno.
Solicito que se oficie al señor ministro de Obras Públicas para que vea la forma de remediar estas anomalías. Aún es tiempo porque no se ha terminado de poner todo el asfalto.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
RECHAZO DE TÉRMINOS VERTIDOS POR LA ALCALDESA DE LO BARNECHEA CONTRA ACCIONES FISCALIZADORAS.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el turno que corresponde al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , desgraciadamente, una vez más, debo referirme al tema del muro de Lo Barnechea.
La diputada señora María Pía Guzmán , en su intervención del miércoles 3 de abril, al tratar de explicar lo inexplicable sobre la construcción de este muro-barrera, concluyó solicitando: “que se me oficiara, como presidenta de la Comisión de Vivienda , a fin de que, cuando la Comisión se constituyera en dicho lugar, por favor, la citáramos a ella y al diputado señor Dittborn , a fin de estar presentes y demostrar -según dijo- que lo que se ha hecho en conjunto con la alcaldesa es para el bienestar de todos los vecinos”.
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, integrada por diputados de todas las tendencias políticas presentes en este Parlamento, resolvió, por la unanimidad de sus miembros, realizar una visita en terreno, junto con oficiar a la alcaldesa, señora Marta Ehlers , a la diputada señora Guzmán y al diputado señor Dittborn , a fin de invitarlos a la sesión que celebraríamos en ese lugar. Ésta se efectuó el lunes 15 recién pasado, y de acuerdo con lo que señala el Reglamento, concurrió la Comisión junto con el personal de Secretaría, encabezado por su secretaria abogada, señora Elena Meléndez , quien actuó de ministra de fe de lo acontecido en dicha oportunidad. Sin embargo, la diputada señora Guzmán nos ha informado hoy que no concurrió a esa sesión, a la que pidió expresamente ser invitada, para no prestarse a un show. Realmente es inaceptable que, con tal pueril pretexto, una diputada se niegue a concurrir a una sesión formal de una Comisión que ejerce su facultad fiscalizadora.
En abierto contraste con lo que ha sido la publicitada campaña a favor del muro, desarrollada por la señora alcaldesa y la propia diputada señora Guzmán , que en una semana han hecho más de diez publicaciones en distintos diarios y revistas, además de las notas de televisión de los canales 13, 7 y otros, la Comisión concurrió sin ningún medio de comunicación a cumplir su tarea, salvo el personal de la Cámara de Diputados. Cabe puntualizar que tampoco concurrieron la señora alcaldesa ni el diputado Dittborn , sin perjuicio de lo cual la señora Marta Ehlers mandó ayer una carta, a la Comisión, vía fax, dirigida a mi persona, como su presidenta, con copia a cada uno de los integrantes de ella y, además, a la diputada Guzmán y al diputado Dittborn , comunicación en la cual emplea términos descalificatorios personales, junto con acusarnos de “montaje de un show”.
En los más de ocho años que llevo como diputada , jamás había visto una reacción tan descomedida y descalificatoria ante un legítimo acto parlamentario de fiscalización, lo que se agrava aún más por lo expresado por la diputada Guzmán , quien no sólo avala esta conducta, sino que también trata de desvirtuar la legítima función fiscalizadora que nos corresponde realizar como Cámara de Diputados. La Comisión de Vivienda continuará su tarea y tomará las resoluciones que correspondan, dándolas a conocer según lo establecido en el Reglamento de la Corporación.
En mi caso particular -no como presidenta de esa Comisión, sino como Eliana Caraball, en mi calidad de arquitecta, de ex subdirectora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, de ex presidenta del Colegio de Arquitectos , de profesora por más de veinte años en la universidad y como directora del Seminario de Vivienda Social de la Universidad Católica de Chile-, no puedo sino lamentar la falta de conocimiento y la agresividad que demuestra la alcaldesa en la carta dirigida a la Comisión. Leo textualmente: “Quizás su motivación política -dice dirigiéndose a mí- la ha hecho olvidar que la preocupación por los más pobres se inicia con viviendas dignas, las que probablemente nunca ha visitado”. Además, continúa adjudicándose méritos que no tiene, pues señala que “es importante aclarar que todas las viviendas de La Ermita I y II fueron estudiadas y construidas bajo mi administración, desde 1994 a la fecha. Quizás, y así lo espero -señala la alcaldesa-, usted confunde por desconocimiento las viviendas de La Ermita con las del cerro 18”. Pero le recuerdo a la señora alcaldesa que es difícil confundirlas, porque las viviendas del cerro 18 las construyó el general Pinochet, y las viviendas de La Ermita las hizo la arquitecta Ana Luisa Devés , hija del eximio ingeniero y ex alcalde de Las Condes, don Raúl Devés , quien fue el primero que se preocupó de los habitantes de las riberas de los ríos, toda vez que construyó dos poblaciones, en las cuales acogió a los areneros, las que hasta hoy existen. Ella siguió esa vocación paterna y en conjunto con su marido, Cristián Undurraga , proyectaron estas viviendas, de las que hoy la señora alcaldesa con razón se jacta de que son muy buenas.
Entre 1990 y 1994 fui diputada por Las Condes e hicimos un notable esfuerzo por dejar a los vecinos en ese lugar para que no fueran expulsados, como sí lo fueron los otros campamentos que había en Las Condes, en Vitacura y en Lo Barnechea. Logramos que el ministro de la época, señor Alberto Etchegaray Aubry , se constituyera con la Fundación San José de La Dehesa y con el alcalde de la época, don Eduardo Cuevas Valdés , camarada nuestro, a fin de que cedieran los terrenos municipales necesarios para hacer estas obras. Entonces, mal podría afirmarse hoy que la única que se ha preocupado por los pobladores es doña Marta Ehlers . Sin duda, ella continuó la tarea -de eso no cabe la menor duda y la felicitamos por ello-; pero esta es una tarea a la cual, además, concurrió el Ministerio de Vivienda, porque son casas del Serviu. Entonces, aquí no se trata de quién hace más o quién hace menos, sino de que aquí se ha construido un muro -todos quienes lo visiten lo podrán constatar- de más de tres metros de altura, lo cual es un atentado, porque no existe ninguna razón para levantarlo. No existe el desnivel a que se refiere la diputada Guzmán , señalando que se caerá la gente por la pronunciada pendiente que hay en el lugar. En esa parte, precisamente donde se está haciendo el muro, no existe tal pendiente. En ambos lados hay áreas desocupadas; se ha pensado que la parte de arriba sea área verde, y la de abajo, que corresponda a los pobladores; pero aún no se determina nada al respecto. Por lo demás, ella aduce que esos son terrenos de equipamiento, pero no señala si corresponden a equipamiento deportivo, escolar o eclesial. ¿Qué son o a qué corresponden?
La construcción de este muro se paralizó debido a la denuncia que hicimos, y se llegó a un acuerdo con los vecinos para que pudieran circular, porque es su único acceso para tomar locomoción hacia Las Condes.
Para no abusar de la paciencia de los señores diputados, termino diciendo que todas las publicaciones de prensa hablan de que esto es realmente un atentado urbano. Ésa es la razón por la que la Comisión de Vivienda se ha preocupado del tema; indudablemente, también la Comisión de Derechos Humanos tendrá algo que decir, más aún cuando se está atropellando el derecho de estas personas. Son mil setecientas familias las que deben vivir entre el río y el muro, y quiera Dios que no ocurra un aluvión, porque estos vecinos no tendrán un lugar por donde escapar debido a que se encuentran encerrados entre dos murallas. Les recuerdo que en esa parte del río Mapocho también existe un muro de contención de más de cinco metros de altura, por la construcción de la Costanera Sur. Entonces, efectivamente, como dice una pobladora: “nos han enterrado entre dos muros”.
Señor Presidente , quiero manifestar mi molestia por los términos con que la señora Marta Ehlers , alcaldesa de la municipalidad de Lo Barnechea, se ha referido a mi persona y a la Comisión, descalificando nuestro legítimo derecho de fiscalizar; asimismo, quejarme por las palabras vertidas por la diputada Guzmán , en cuanto a que la Comisión habría ido al lugar a “montar un show”. Repito, no fue ningún medio de comunicación a esta visita, en circunstancias de que, con legítimo derecho, la Comisión podría haber acordado concurrir con todos los medios de comunicación. Sin embargo, preferimos constituirnos de manera discreta en el lugar, sin la presencia de los medios, a fin de constatar lo que sucedía.
He dicho.
MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO EN LO RELATIVO A SU CORTE Y REPOSICIÓN Y AL COBRO DE CARGO FIJO. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , uno de los valores que actualmente se cobran en la cuenta única telefónica es el cargo fijo, el que se debe pagar todos los meses, se haya o no prestado el servicio. Sin embargo, el problema radica en que el artículo 56 del decreto Nº 425, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba el Reglamento del Servicio Público Telefónico, faculta a las compañías prestadoras de servicios telefónicos para que corten el suministro a los suscriptores que no han pagado el servicio cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para hacerlo, previo aviso de a lo menos quince días al domicilio del usuario.
Transcurridos los primeros días del corte del suministro del servicio telefónico, sólo se pueden recibir llamadas y no efectuar ninguna comunicación de salida. Sin embargo, luego de aproximadamente una semana, también se agrega el impedimento de recibir llamadas, por lo que el servicio de la compañía telefónica resulta inservible, ya que el suscriptor no recibe beneficio alguno. En ese sentido, como lo esencial al suscribir ese tipo de servicios es poder recibir y realizar llamadas, al menos se debería permitir recibirlas.
Sin perjuicio de tener claro que el derecho de suspender el servicio asegura el cumplimiento de la principal obligación del suscriptor, esto es, pagar la tarifa telefónica, consideramos que no es equitativo que la compañía telefónica corte el servicio y, a la vez, siga percibiendo ingresos por concepto del cobro del cargo fijo mensual por línea telefónica, además del pago que debe hacerse por el corte y reposición del servicio, tarifa que recientemente ha sido rebajada.
Por lo tanto, estimamos que las compañías telefónicas, como medida coercitiva, para asegurar el cumplimiento de la obligación del suscriptor -el pago del servicio-, sólo deberían impedir las comunicaciones de salida, es decir, las que generan gastos, pues éstas, por consiguiente, aumentan la deuda; pero deberían seguir suministrando a los usuarios el servicio de recibir llamadas, pues al impedirlo éstos no reciben ningún beneficio. Peor aún: todos los meses en que el servicio estuvo cortado -repito- se debe pagar por concepto de cargo fijo.
A modo de ejemplo, una persona que tuvo seis meses cortado el servicio telefónico debe pagar seis meses de cargo fijo, en circunstancias de que no recibió prestación alguna. Además, debe pagar por la reposición del mismo, lo cual resulta altamente inequitativo.
La compañía telefónica -una de las partes del contrato-, percibe ingresos sin prestar servicio alguno al suscriptor cuando se da el caso de corte de suministro por falta de pago, situación que es urgente corregir en un país moderno, a fin de buscar, en definitiva, mayor igualdad en las relaciones contractuales, por lo que se debe modificar el derecho de las compañías telefónicas de cortar el servicio en su totalidad, pues eso impide realizar y recibir llamadas. En consecuencia, para subsanar el problema planteado, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones a fin de que disponga modificar el artículo 56 del decreto Nº 425 para establecer que las compañías telefónicas sólo cobren el cargo fijo mensual por la línea telefónica si el suscriptor recibe llamadas.
Asimismo, quiero solicitar que se estudie la factibilidad de una fórmula o un sistema técnico para impedir que las personas que tengan cortado el suministro queden aisladas, tal como ocurre en zonas rurales o en otros lugares donde no hay posibilidades de contar con una conexión rápida, para lo cual debería mantenerse el servicio para llamar a los teléfonos de urgencia, ya sea a la ambulancia, bomberos o a la policía.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PETICIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE PLAN DE RACIONALIZACIÓN QUE SUPRIME RETENES DE CARABINEROS EN ZONAS RURALES. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En los cinco minutos que restan al Comité de la Unión Demócrata Independiente, puede usar de la palabra, por dos minutos y medio, el diputado señor Forni.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
No corresponde en Incidentes, señor diputado.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, no me parece justificado que le otorgue la palabra a un diputado de un Comité que ya hizo uso de su tiempo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Como la situación no está reglamentada, eso queda a criterio de la Mesa. De hecho, ha ocurrido en otras ocasiones que cuando correspondía hacer uso de la palabra no estaban los diputados del Comité respectivo presentes en la Sala, quienes, con posterioridad, retomaron el uso de la palabra. Por lo tanto, no hay inconvenientes en proceder de esa manera.
Tiene la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.-
Señor Presidente , quiero exponer un problema que podría afectar potencialmente a muchos compatriotas de zonas rurales.
Me refiero a los insistentes rumores de un plan de Carabineros que eliminaría retenes en diferentes ciudades y comunas del país. Según informaciones extraoficiales, dicho plan afectaría, entre otras comunas, a sectores rurales de Putaendo, Llaillay, Santa María , Catemu, El Monte, Peñaflor y Padre Hurtado .
La importancia de los retenes en las zonas rurales es evidente, y excede en mucho el ámbito de la seguridad ciudadana, pues la gente acude a ellos a solucionar problemas familiares y una serie de situaciones que van más allá de la delincuencia.
Por eso consideramos muy perjudicial y pésima señal que Carabineros, en un eventual plan de racionalización, elimine estos destacamentos, porque se teme que ello se traduzca en un aumento de delitos tan graves como los ataques sexuales y el abigeato, el cual, lamentablemente, ha cundido en nuestros campos.
Junto al diputado señor Uriarte, en representación de la bancada de la UDI, sostuvimos una reunión con el subsecretario del Interior , señor Jorge Correa Sutil, quien nos manifestó su compromiso de que al menos este año no se eliminarán retenes de zonas rurales. Sin embargo, como queremos tener certeza del contenido de este plan, pido que se oficie al subsecretario de Carabineros a fin de que nos haga llegar el plan de racionalización que considera la eliminación de retenes y de otros destacamentos en el país.
Asimismo, pido que se envíe copia de esta intervención a los alcaldes y concejales de las comunas de Melipilla, El Monte, Peñaflor , Padre Hurtado , Santa María , Putaendo, Catemu y Llaillay, así como a los presidentes de las juntas de vecinos del sector El Tártaro y Rinconada de Los Andes, de Putaendo.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, junto con las copias de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES PARA FUNCIONAMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN SANTA MARTA DE LONQUÉN. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos y medio, el diputado señor Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente , el 17 de mayo del año pasado un modesto y emprendedor comerciante de Rancagua presentó un proyecto de ampliación de su taller mecánico para poder distribuir combustible.
Este comerciante, en vez de tramitar su proyecto ambiental durante los sesenta días que señala la ley, lo hizo en un plazo de ciento sesenta días, cumpliendo con la exigencia de treinta y tres condiciones ambientales que la autoridad de la Sexta Región le impuso.
La situación que tuvo que vivir ese modesto comerciante, cuyo caso ha pasado a ser emblemático dentro de los entendidos en el tema, contrasta fuertemente con lo que ha ocurrido -por lo que se ha podido conocer a través de los medios de prensa- con los vertederos o rellenos sanitarios de la Región Metropolitana.
En efecto, en el caso del vertedero de Santa Marta de Lonquén, la resolución de calificación ambiental Nº 433, de 2001, impuso cerca de cien condiciones para que él pudiera funcionar. Hasta la fecha, no ha habido ninguna autoridad técnica que haya certificado el total cumplimiento de esos requisitos o condiciones ambientales. Sin embargo, hemos podido conocer, en todos los medios de comunicación, de una suerte de vértigo de la autoridad política por proclamar a los cuatro vientos que este vertedero empezará a funcionar en el día de hoy. Este doble estándar nos molesta sobremanera. En primer lugar, porque las instituciones que están en la propia ley de bases del medio ambiente, llamadas a emitir su opinión, ya la dieron y en forma categórica. En efecto, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Conaf, la subsecretaría de Transportes y la secretaría regional ministerial de Agricultura señalaron lo mismo: que este proyecto no cumple con las condiciones ambientales que debe tener uno de esta envergadura.
El lunes 15 de abril, el director del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana informó a la Corte de Apelaciones de San Miguel que este proyecto sigue sin cumplir con todas las condiciones ambientales. Sin embargo, nos topamos con que hoy se pretende nuevamente montar el funcionamiento de un vertedero; además, según se ha publicado en el Diario Oficial del día 15 de abril, sus propias sustancias y líquidos percolados se trasladarán ahora a la Sexta Región, sin ningún informe ni estudio que ampare o avale esta medida.
Por lo tanto, solicito oficiar al director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente , señor Guillermo Díaz , para que nos informe sobre la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la resolución de calificación ambiental aludida. Asimismo, al ministro de Obras Públicas , con el fin de que informe sobre la idoneidad técnica de la solución de ingeniería que ha desarrollado el proyecto y sobre los permisos que el proponente no ha obtenido para ejecutar las obras del relleno.
Termino señalando que mañana a las 13.30 horas se constituirá la Comisión de Medio Ambiente en el mismo relleno sanitario para controlar lo que los propios órganos de la autoridad gubernamental no han fiscalizado durante el tiempo y el plazo que la ley les impone para hacerlo.
Muchas gracias.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de la UDI, de Renovación Nacional y del Partido por la Democracia, que están levantando la mano.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON TEÓFILO GROB WERNER. Notas de condolencia.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO (de pie).-
Señor Presidente , la ciudad de La Unión se encuentra en la comuna de la provincia de Valdivia, que nació hace 181 años. Inserta en un bello valle, la rodean dos pequeños ríos: Llollelhue y Radimadi, que desembocan, a escasos kilómetros, en el gran río Bueno. Esta ciudad, La Unión, hoy está triste, porque uno de sus hijos, un hombre ejemplar, don Teófilo Grob Werner , ha fallecido.
En esa ciudad, fundada por colonos alemanes que la hicieron importante y próspera, se estableció, en 1864, un ciudadano alemán, don Federico Grob , quien construyó un pequeño molino de trigo que, al correr de los años, sería uno de los más importantes del país: el molino Grob . Poco a poco fue naciendo lo que sería la sociedad industrial Teófilo Grob , que se transformó en el motor de desarrollo de la comuna, de la región y de la ciudad de La Unión. Allí nació un descendiente de esa familia, también hijo predilecto de la ciudad, don Teófilo Grob Werner , quien, además de seguir la tradición familiar y la de los grandes benefactores, hombres y mujeres de la zona, como fueron sus padres don Augusto Grob Westermeier y la señora Elvira Werner Wiswede , creó y mantuvo varias empresas, entre ellas los primeros viveros forestales y frutales del sur, además de la primera gran turbina que dio luz tempranamente a la ciudad, cuando la electricidad era todavía un sueño en el sur de Chile. Pero don Teófilo no sólo dio luz artificial, sino también la luz de un hombre íntegro, querido, jamás discutido.
Teófilo Grob Werner , entre sus muchos méritos, se destacó como un empresario comprometido con el desarrollo de su tierra. Fue un hombre de preocupaciones públicas. En política fue fundador y militante de Renovación Nacional, alcalde de La Unión , dirigente fundador de innumerables instituciones y de empresas de la zona, presidente de la gran Cooperativa Agrícola y Lechera Colun, presidente de la Corporación para el Desarrollo y Progreso de La Unión, miembro del directorio del liceo Agrícola, del liceo Industrial, etcétera. Toda esta vasta actividad desarrollada en los ámbitos privado y público, le valió ser galardonado con el premio “Empresario Agrícola” por la Sociedad Nacional de Agricultura. Hace pocos años, en 1998, lo declararon hijo ilustre de La Unión.
En esta tarde recuerdo su figura de caballero, cuando llegaba tempranamente a su oficina caminando por su pueblo, al que tanto quiso, rodeado del cariño de su gente que lo estimaba y admiraba. Con el fallecimiento de don Teófilo termina una parte de la historia de La Unión, justamente la que dice relación con sus años de gloria, progreso y pujanza económica, de los que él y su familia, en buena parte, fueron artífices; esa ejemplar familia encargada de vincular a la agricultura y a la industria mediante molinos, viveros y un sinfín de actividades conexas, que le dieron valor agregado a las ciudades del sur, a las fértiles tierras sureñas. Sin duda, Teófilo Grob Werner pasó a la historia del sur de Chile, a la historia de su pueblo, al cual tanto entregó: La Unión.
Ya no está físicamente entre nosotros, pero su espiritualidad seguirá guiando el quehacer unionino. Quienes vivimos en La Unión comenzamos nuestra labor diaria temprano, con el toque de sirena del molino Grob , y terminamos la jornada de trabajo con el toque de sirena de las seis de la tarde. Ese pequeño detalle nos recordará por siempre la figura de don Teófilo . Miles de familias estuvieron ligadas a él en lo laboral e institucional.
Señor Presidente , con tristeza y recogimiento envío mis condolencias a sus hijos Augusto , Roberto y Virginia ; a sus nietos y bisnietos, que orgullosos llevan su nombre y su sangre, y especialmente a su señora esposa, Nora Fuchs Asenjo o señora Nory, como en La Unión la llaman cariñosamente. A esa familia distinguida la acompaño en su dolor.
Don Teófilo Grob Werner se encuentra en el lugar de los que han hecho grande la sociedad en que vivimos.
Señor Presidente, pido que copia de esta intervención sea enviada a la familia.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán notas de condolencia con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados de las bancadas del Partido por la Democracia, de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional, de la UDI y del Partido Socialista.
ANTECEDENTES SOBRE NUEVOS CONTRATOS DE INTENDENCIA REGIONAL DE AISÉN. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , en el distrito Nº 59 de Aisén, que represento en esta Sala, la cesantía, tal como ha ocurrido en el resto del territorio nacional -a veces se olvida-, está provocando estragos.
A los problemas generales de la nación, derivados de la crisis económica internacional y de la contracción de los mercados, se suman, en la zona austral, los problemas económicos estructurales de una economía local que casi no cuenta con mercados, con lo cual la generación de empleos productivos y dignos es un asunto político y ético de primer orden, sin nombrar, además, la masiva invasión del fenómeno de la marea roja en todo el litoral de Aisén, que ha venido a agravar la situación. Trabajamos por fortalecer los programas de empleo y poder aplacar en parte los efectos nefastos de este drama social y económico.
En ese marco he visto con preocupación cómo, a partir de la llegada de una nueva autoridad regional -me refiero a la intendenta, señora Nelda Rivera -, se ha despedido a muchos funcionarios de diversas reparticiones públicas y se ha contratado a otros, apreciándose, al menos a simple vista, ni su justificación ni menos sus méritos para ser beneficiados con contratos por fuertes sumas de dinero.
En atención a lo anterior, solicito que se envíen oficios, en mi nombre, al ministro del Interior y a la Contraloría General de la República para que se me informe lo siguiente:
1. Nómina de funcionarios de exclusiva confianza cuyos nombramientos y/o contratos han sido revocados a contar de la asunción de la nueva intendenta regional de Aisén;
2. Nómina de nuevos funcionarios contratados por el gobierno regional y en cada una de las direcciones regionales de la administración del Estado, con indicación de cargos y grados asignados, justificación técnica de las contrataciones y calificación profesional de los mismos, y
3. Nómina de contratos de asesoría suscritos con personas jurídicas por el gobierno regional y cada uno de los organismos públicos de la zona, monto de esos contratos y copia de los mismos.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados de las bancadas de los Partidos por la Democracia, Socialista, Renovación Nacional, Demócrata Cristiano y Unión Demócrata Independiente.
CONFLICTO DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RENCA. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , quiero expresar mi profunda preocupación por lo que está sucediendo en la comuna de Renca.
Desde el lunes, los funcionarios de salud de esa corporación municipal están en huelga, porque han solicitado el respeto de la carrera funcionaria. La huelga se ha generado debido a que no fueron recibidos por la alcaldesa, señora Vicky Barahona.
El domingo anterior al movimiento, los funcionarios municipales señores Hugo Espinoza , jefe de Organizaciones Comunitarias , y Marcelo Carrere , director de Dideco , junto con otros funcionarios municipales, se encontraban repartiendo panfletos en la feria, en los que calificaban de político el paro.
El lunes en la mañana aparecieron todos los consultorios de Renca sin las rejas, pero con personas que provocaban enfrentamientos con los funcionarios de salud. Ayer, una funcionaria fue agredida, por lo cual se han interpuesto recursos de protección y de amparo en contra de la alcaldesa. Hoy, hay noticias de que se han contratado cien personas para reemplazar a los funcionarios de salud en huelga y se han habilitado tres locales para atender.
Durante estos tres días, la alcaldesa no ha recibido a los funcionarios. Para mediar en el conflicto, han intercedido el seremi de Salud y el director del Servicio de Salud Occidente , sin obtener ningún resultado, porque la alcaldesa suplente señaló que tanto ella como el gerente de la corporación de Salud no tienen facultades para adoptar medidas.
Entonces, estamos frente a la actitud de la alcaldesa de Renca, señora Vicky Barahona, de la UDI, que no quiere solucionar el conflicto y está creando una crisis enorme al interior de la comunidad de Renca.
Hay problemas de funcionamiento en la corporación. Existe un déficit de más de 400 millones de pesos, por lo que el Servicio de Salud Occidente ha hecho una presentación ante la Contraloría General. Tampoco se ha cumplido con una rendición de cuentas clara en términos del plan de mejoramiento de la atención primaria de Renca. No se le ha pagado a la Universidad de Chile los servicios de capacitación de sus funcionarios. En proyectos, hay inversiones que ascienden a 180 millones de pesos, los cuales fueron entregados al señor Julio Tuma , hermano del chofer de la alcaldesa, que no ha rendido cuenta de esa suma. Se está haciendo una presentación a la Contraloría con ese objeto.
Quiero denunciar a la alcaldesa de montar un servicio de salud paralelo y de aducir un esguince en el tobillo para no conversar con los funcionarios en conflicto, lo cual está llevando a una radicalización peligrosa del conflicto, situación que le sirve para tapar las irregularidades existentes en la corporación.
Por lo tanto, solicito que se envíe oficio al ministro de Salud para expresar mi preocupación por esta situación. La Contraloría ya está en conocimiento de estos problemas.
Asimismo, quiero dejar en claro en esta Cámara que si ocurrieran hechos más graves en Renca, incluso enfrentamientos, ello se debe a la actitud política y de descriterio enorme de la alcaldesa.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas del Partido por la Democracia, y de los partidos Socialista y Demócrata Cristiano.
UTILIZACIÓN DE LOGOTIPO EN LUGAR DE EMBLEMA NACIONAL. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro .
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , me preocupa que por parte de la mayoría de los ministerios y de todas las dependencias del Estado se esté empleando un emblema compuesto por diversos cubos tricolores, asemejando la bandera nacional en cuanto a la distribución de sus colores.
El artículo 2º de nuestra Constitución Política señala: “Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional”.
El uso profuso de este nuevo emblema conduce a pensar que ha sido autorizado por alguna autoridad de Gobierno, contraviniendo lo establecido en la Constitución, por cuanto también se ha empleado como bandera y estandarte. Aún más, he tenido conocimiento de que ha sido usado en sedes diplomáticas en el extranjero en reemplazo de nuestra bandera nacional.
En atención a lo expuesto, solicito que se envíe un oficio al ministro del Interior para que informe en virtud de qué decreto o con el beneplácito de qué autoridad se ha autorizado el uso de este símbolo, constituido por cubos de colores, en remplazo de la bandera nacional y del escudo de armas de la República, como consta en todas las ceremonias, actos y documentos oficiales de Gobierno, en que nuestro emblema patrio está totalmente ausente y ha sido completamente olvidado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA EN POBLACIÓN BAQUEDANO, COMUNA DE COQUIMBO. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , la junta de vecinos Baquedano Nº 6, de la comuna de Coquimbo, en noviembre de 1999 cedió a la municipalidad de esa comuna un terreno de alrededor de 6.500 metros cuadrados para que lo donara a la Teletón y allí se estableciera un centro regional.
Esta loable cesión e iniciativa de la junta de vecinos fue gracias a un compromiso que asumió la municipalidad, en la persona de su alcalde y concejo, para construir una multicancha en el saldo de ese terreno.
Han transcurrido dos años y medio, pero hasta el momento no se ha desarrollado ningún proyecto, lo cual va en desmedro de los vecinos del sector, y particularmente de los dirigentes, quienes, en un gesto loable, hicieron esta cesión a cambio del compromiso adquirido por la municipalidad.
Por ello, solicito que se envíe oficio a la Contraloría General de la República para que haga llegar a esta honorable Cámara las sesiones Nº 25, ordinaria, de 17 de octubre de 2001, y Nº 27 del concejo municipal, a fin de conocer los compromisos asumidos por el alcalde y el concejo y adoptar las medidas para darles cumplimiento.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
OTORGAMIENTO DE PENSIONES ASISTENCIALES A PIRQUINEROS DE ANDACOLLO. Oficio.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , durante su presidencia, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle se comprometió a entregar a los pirquineros de la ciudad de Andacollo 300 pensiones asistenciales.
Después de transcurridos cuatro años, solamente se han dado 56, debido a la difícil situación por la que atraviesa el país, y es muy necesario que se otorgue el saldo a la gente que reunió sus antecedentes y los hizo llegar al ministerio.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro del Interior para que informe sobre el listado de las personas que ya se han hecho acreedoras a ese beneficio y el de las que se encuentran pendientes, y cuándo ellas podrán contar con estas pensiones asistenciales que les ayudarán a superar la aflicción laboral que sufren.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se dirigirá el oficio pedido por su Señoría.
INVESTIGACIÓN DE COMISIÓN DEL BANCO CENTRAL SOBRE AUTOCOMPRA DE LETRAS HIPOTECARIAS. Oficio.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , por último, pido que se oficie al presidente del Banco Central para que informe sobre los resultados de la comisión que formó hace ya más de un año, cuando la Comisión de Hacienda de la Cámara investigaba la autocompra de letras hipotecarias. Es importante conocer la conclusión a que se llegó.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen.
INDEMNIZACIÓN POR DIAGNÓSTICO ERRÓNEO DE SIDA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA.-
Señor Presidente , quiero referirme a la situación que afecta a don Luis Palma Núñez, ex reo de la cárcel Colina 2, porque él, su familia y el país merecen una explicación.
Recordemos que se trata del caso de un hombre de 43 años, condenado por robo con intimidación en 1994, que cuando iniciaba el cumplimiento de la pena de siete años y un día por su delito, fue llamado por la asistente social del penal para notificarle de un supuesto contagio de sida. Ahora está libre y con una comprobada buena salud.
El diagnóstico, que la lógica médica y el sentido común indican que fue errado, lo ha llevado a pedir una indemnización por 210 millones de pesos que el Noveno Juzgado Civil de Santiago rechazó hace un mes, ratificando la negativa del Consejo de Defensa del Estado.
El organismo estatal suele rechazar este tipo de solicitudes, pero sus argumentos resultan insólitos y escandalosos, en el sentido de que el hombre sí padeció la enfermedad, pero que sanó gracias a su religiosidad y a la especial combinación de medicamentos que recibió para tratarse. En definitiva, el Consejo de Defensa del Estado se ha escudado en lo que se llama “curación de naturaleza transpersonal”, que en otras palabras no es otra cosa que un milagro.
Luego de su diagnóstico, don Luis Palma Núñez fue aislado del resto de la población penal y ubicado junto a una veintena de reos contagiados con el virus del sida. Él ha señalado que fue recluido en un sitio de menores dimensiones, sin posibilidad de hacer deporte o compartir con otras personas, como le correspondía. Vio cómo sus compañeros se iban deteriorando y muriendo. Así pasó cinco años de prisión en medio de un entorno que significó que sus parientes fueran aplazando las visitas, aislándolo.
Además, su defensa hace notar que su esposa estuvo a punto de abortar el hijo que esperaba en el momento en que se le diagnosticó el sida por temor a que el niño estuviera también contagiado. Por eso, el señor Núñez Palma estima que no fue la única víctima del error en el hospital penitenciario y de allí que esté pidiendo esta indemnización para su grupo familiar.
Esta situación constituye una vergüenza y falta de respeto para Chile, que hace pensar que estamos en un país tercermundista donde se puede engañar a la ciudadanía diciendo cualquier cosa. Se puede entender que el Consejo de Defensa del Estado procure cumplir con su objetivo principal, que es la defensa judicial de los intereses del Estado, pero eso no puede ser a costa de decir que el señor Palma Núñez es el primer afortunado que se libra de un mal que causa millones de muertes cada año y que a la fecha suma en el planeta 36,1 millones de portadores del sida, con los científicos de todo el mundo de cabeza tratando de encontrar una cura.
No quiero opinar respecto del monto solicitado por esta persona, pero deseo insistir en que, como todo chileno, tiene derecho a ser compensado por los daños que se le han causado.
No podemos aceptar que se intente evadir la posibilidad de compensarlo económicamente con argumentos que el sentido común indica que son cuestionables. Este tipo de situaciones desacredita nuestras instituciones y un país sin una institucionalidad seria, sólida y respetable tiene problemas mayores.
Muchísimos años, quién sabe cuántos, podría esperar este señor para que se solucione el caso por el tribunal de alzada de Santiago y se pronuncie sobre su apelación.
La presidenta del Consejo de Defensa del Estado debe hacerse cargo de las resoluciones del organismo que encabeza y no puede intentar evadirlas como hasta ahora. Ella debe asumir sus responsabilidades y dar una explicación al país, independientemente de que los datos de salud de esa persona deben ser contrastados con la opinión de científicos expertos.
Por lo tanto, solicito oficiar sobre este problema al Presidente de la República y a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado para gestionar una reparación justa en este insólito caso.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente y del Partido Socialista que lo indiquen.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE DIPUTADA SEÑORA MARÍA ANTONIETA SAA.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , me llamó la atención la crítica que hizo la diputada señora María Antonieta Saa a la alcaldesa de Renca , Vicky Barahona , a quien no conozco, pero de todas las denuncias que hizo, no entregó ningún antecedente que permita probarlas.
Atribuyo su actitud más a la inquina que puede tener en contra de su compañero de distrito y presidente de la Unión Demócrata Independiente, que impidió que la Concertación doblara nuevamente en ese distrito, que a fundamentos verdaderos. No me lo explico de otro modo. En todo caso, el diputado señor Longueira se hará cargo de las denuncias que planteó.
PROCEDIMIENTO APLICADO PARA FIJACIÓN DE TARIFAS DE AGUAS ANDINAS. Oficio.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , se ha dicho que Aguas Andinas es responsable del alza del agua potable en Santiago. Quiero señalar que, de acuerdo con los antecedentes que poseo, es la Superintendencia de Servicios Sanitarios la que propone a las empresas las tarifas de agua, las cuales tienen la posibilidad de aceptarlas o de rechazarlas. Si las rechazan, como ocurrió con Aguas Andinas y otras empresas, se nombra una comisión formada por un representante designado por la empresa, otro por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y un tercero proveniente de una lista elaborada previamente por la Superintendencia y las propias empresas.
En el caso que nos ocupa, tengo entendido que la negociación comenzó cuando Aguas Andinas era la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, Emos. En esa oportunidad, ese tercero fue precisamente don Alejandro Jadresic , ministro director de la Comisión Nacional de Energía . En otras palabras, había dos representantes, uno del Estado y otro de la empresa.
En los últimos dos años, entre marzo de 2000 y noviembre de 2001, el valor del agua potable, en el caso de Aguas Andinas, que tiene prácticamente el monopolio en la Región Metropolitana, ha subido en 29 por ciento, y para dentro de dos años aumentará en 14 por ciento.
En consecuencia, solicito oficiar al superintendente de Servicios Sanitarios para que indique:
1. Si la negociación por las tarifas de agua potable, en el caso de Aguas Andinas, comenzó cuando era la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias;
2. Si cuando se designó la comisión para determinar las tarifas de agua potable, en el caso de Aguas Andinas, el tercero designado entre la Superintendencia y la empresa fue don Alejandro Jadresic;
3. Si esa comisión acordó que Aguas Andinas subiera sus tarifas en 29 por ciento entre marzo de 2000 y noviembre de 2001, y
4. Si en el año 2004 las tarifas de Aguas Andinas subirán nuevamente en 14 por ciento.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente que así lo indican.
PAGO DE PENSIONES DE GRACIA A CAMPESINOS AFECTADOS EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE TIERRAS. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , quiero aprovechar esta ocasión para solicitar varios oficios.
En primer término, a los ministros de Hacienda y del Interior para que informen a esta Corporación respecto de las razones por las cuales no se ha materializado el compromiso presidencial de pagar pensiones de gracia a los miles de campesinos afectados por el decreto ley Nº 208, de 1973, mediante el cual se impidió que participaran en el proceso de asignación de tierras, propio del proceso de reforma agraria que se llevaba a cabo en ese tiempo. Deseo saber cuándo se materializará ese pago.
Según las estadísticas, los campesinos afectados por esta situación son 5.065. Ya se han beneficiado con pensiones de gracia cerca de 3 mil, pero un conjunto de otras pensiones están pendientes desde hace años, a pesar de que existía el compromiso y la orden presidencial para que se cursaran esas pensiones.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría.
MANTENIMIENTO DE CERROS DE MACHALÍ COMO PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD. Oficio.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
En segundo término, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales , señor Jaime Ravinet , con el objeto de que adopte las medidas que estén dentro de sus facultades legales para impedir que se cometa una aberración en la comuna de Machalí, como es el intento de particulares de inscribir un patrimonio de esa comuna y de la región, los cerros de Machalí, que forman parte integrante del cerro San Juan , históricamente usados por un pequeño grupo de comuneros y ganaderos de esa comuna como lugar de paseo para las comunidades rancagüinas y machalinas.
Reitero, con mucha sorpresa hemos visto que esta semana se ha intentado inscribir parte de esos cerros comuneros en beneficio de un grupo de seis u ocho particulares, lo que atenta en contra de los intereses de todos.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Seremi de Bienes Nacionales de la Sexta Región a fin de que tome todas las medidas legales para impedir que se concrete esa aberración.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
En tercer término, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , con el objeto de que disponga las medidas del caso para evitar un drama en la Sexta Región, que, por razones geográficas, es una de las que requiere de las mayores inversiones en defensas fluviales.
Hace un par de años, cuando hubo gran cantidad de lluvias, vimos cómo el estero Codegua y el río Tinguiririca se llevaron puentes y caminos, lo que causó alarma en grandes grupos de habitantes de las comunas de Codegua y de San Fernando.
Señor Presidente , se requiere hacer inversiones en defensas fluviales. Desde que soy parlamentario, y creo que por primera vez en la historia de la Sexta Región, el gobierno regional está destinando más de 500 millones de pesos para esos trabajos, pero las inversiones sectoriales están muy por debajo del aporte del gobierno regional. Habitualmente, éstos hacen un convenio de programación y ponen una parte de los recursos, pero nunca más del 80 por ciento de las inversiones necesarias para la construcción de estas defensas. En consecuencia, es necesario que se aumenten los recursos que ha destinado el Ministerio de Obras Públicas para la ejecución de estas obras, que bordean los 325 millones de pesos, tendientes a proteger las tremendas inversiones que se han hecho para la construcción de caminos, las poblaciones y las fuentes de empleo de miles de personas que laboran en torno de las tierras agrícolas, los packings y las propiedades que dan fuente de trabajo en la Sexta Región.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se remitirá el oficio en nombre de su Señoría.
RECURSOS PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
De la misma forma, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones con el objeto de que informe qué ha pasado con el presupuesto para agua potable rural.
En esta ocasión, solamente se iniciarán obras nuevas para dos proyectos en la Sexta Región. Esto es grave, por cuanto sólo se han destinado recursos para obras nuevas, en circunstancias de que las que se construyeron en los años 60, que hoy están prácticamente colapsadas, requieren de nuevos recursos para reparación y mantención de los servicios de agua potable rural, que sirven a miles de familias de asentamientos de todo el país.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor ministro a fin de que señale las razones que fundamentan esta restricción de recursos y si es necesario redefinir el marco presupuestario para que este programa, que fue tan exitoso y tan aplaudido por todos los sectores políticos durante los gobiernos de los presidentes Aylwin y Frei , continúe cumpliendo el rol social que le corresponde.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se dirigirá el oficio solicitado por su Señoría.
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Solicito oficiar al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos explique por qué los proyectos de pavimentación que fueron licitados el año pasado todavía no se han adjudicado a las empresas respectivas a esta altura del año, particularmente en el caso del camino longitudinal antiguo Lo Miranda, también conocido como “Punta de Cortés Plaza Lo Miranda”, así como otros tres proyectos respecto de los cuales había un compromiso para su ejecución.
Solicito oficiar en este sentido con el fin de que el ministro del ramo informe a la Corporación sobre el motivo del atraso y, en especial, para que garantice que se llevará a cabo la ejecución de las obras.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio en nombre de su Señoría.
INICIATIVA DE LEY PARA REGULARIZAR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONAS RURALES. Oficio.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , recién ha dejado de regir la “ley del mono”, que benefició a las zonas urbanas. Quienes somos parlamentarios de zonas rurales, lamentamos que no haya beneficiado a los dueños de viviendas y construcciones emplazadas fuera del radio urbano.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor ministro de Vivienda y Bienes Nacionales con el objeto de darle a conocer que estamos presentando un proyecto de ley para poner en vigencia una “ley del mono” para las viviendas y construcciones emplazadas fuera del radio urbano, con el fin de que los habitantes de las zonas rurales no sean tratados como ciudadanos de segunda categoría y también puedan regularizar la situación de sus viviendas.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo están indicando, de lo que se está tomando debida nota.
INFORMACIÓN SOBRE TRABAJOS DE TELEFONÍA RURAL REALIZADOS Y PENDIENTES EN COMUNAS DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Lagos.
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , deseo comentar uno de los constantes problemas denunciados por la gente de los sectores rurales de las comunas de Puerto Montt, Calbuco , Maullín y Cochamó , que represento, y que se refieren a la situación de la telefonía rural.
Hemos detectado que este servicio tiene una pésima cobertura y que existe poca claridad en cuanto a los trabajos que se han venido realizando no sólo en las comunas que represento, sino también en la mayor parte de las correspondientes a la Región de Los Lagos.
Los trabajos se han adjudicado a tres empresas: GTH Chile S.A., Megacom S.A. y CTR S.A. Han sido financiados a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y se vienen ejecutando desde junio de 1998. Hasta el momento se han realizado alrededor de 115 estaciones de comunicaciones.
Pese a esos avances, son constantes las denuncias por la mala cobertura y por lo excesivamente caro que resulta el servicio para los usuarios.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de que nos informe sobre los trabajos que se han realizado hasta el momento, en cuanto a características técnicas y montos pagados a estas empresas. Asimismo, que nos dé a conocer los trabajos pendientes y a qué se debe el retraso en la ejecución de las obras.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo están señalando, de lo que se está tomando debida nota.
PROPOSICIÓN PARA PAGAR DEUDA A PROFESORES DE LA EDUCACIÓN MUNICIPALIZADA DE CONCEPCIÓN.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , el diputado Egaña , quien representa a Concepción, hizo una dura crítica hace algunos minutos a los alcaldes de la Concertación que administraron el municipio en la década de los años 90, antes de la llegada de la alcaldesa Van Rysselberghe, en relación con un tema que nos impacta a todos, cual es la deuda que tiene ese municipio con los profesores desde 1980, cuando se realizó el traspaso al sistema municipal.
Quiero dejar constancia de que sus apreciaciones son injustas, toda vez que se le olvida decir que Claudio Arteaga , candidato a diputado por la UDI en 1990, era alcalde en esa oportunidad y que este proceso de traspaso de la educación al sistema municipalizado lo hizo la dictadura, es decir, los hombres que hoy día son las caras públicas de la UDI. Pero, más que nada, se olvida de mencionar a los profesores. El aspecto principal de este problema es que los profesores puedan recuperar lo que les pertenece, para lo cual han esperado demasiado tiempo.
El señor Ortiz, diputado por Concepción, ha estado preocupado largamente de este tema y ha planteado de manera reiterada que debe pagarse esta deuda a los profesores.
Por otra parte, se ha planteado la deuda que mantiene la municipalidad de Florida con los profesores desde 1981, comuna de la Octava Región que represento junto con quien preside la sesión en este momento. Hace más de 25 años que la UDI administra ese municipio, por lo que no resulta políticamente adecuado que se acuse a los alcaldes de la Concertación cuando se habla de este problema, ya que ésta es una deuda que se contrajo durante el gobierno militar, cuando había alcaldes de la UDI, que hoy siguen siendo grandes dirigentes a nivel nacional de ese partido.
Se ha planteado que el Gobierno no quiere ayudar al municipio de Concepción .
La alcaldesa de Concepción ha expresado que el Ejecutivo no quiere autorizarla para que se endeude, mediante un “leasing” o un “leaseback” a fin de que cumpla esa obligación. Los oficios del director de Presupuestos , don Mario Marcel , dicen otra cosa.
Quiero aclarar que recién el 14 de marzo de 2002 la municipalidad de Concepción envió oficio al Ejecutivo en el que plantea el tema, en circunstancias de que la resolución de pago es del 13 de diciembre de 2001. Y en el presupuesto municipal no se asignó ni un peso, ni un ítem para el financiamiento de la deuda, que ya había sido notificada al municipio y a la alcaldesa.
El 3 de abril se solicitó autorización para la utilización del “leaseback” y para un crédito hipotecario, pero no se indica el plazo de pago del mismo. Veinticuatro horas después, a través de Mario Marcel , el Gobierno le comunicó la disposición para ello, pero por un plazo de cinco años, por los motivos que daré a conocer más adelante.
La alcaldesa contestó mediante una carta fechada el 5 de abril, pero que extrañamente llegó el 15 de abril a la Dirección de Presupuestos. Es decir, tardó diez días desde Concepción hasta la Dirección de Presupuestos, ubicada frente a la Plaza de la Constitución. No había apuro, no había apremio. La carta, que solicitaba autorización para endeudarse por un plazo de veinte años, demoró diez días en llegar.
El Gobierno le respondió el 16 de abril, nuevamente veinticuatro horas después de recibida. Le manifiestó que tanto para el “leaseback” como para el crédito hipotecario existe un detalle que debe cumplirse. Los abogados de esa municipalidad no lo pueden desconocer, porque si ignoraran esa disposición sería mejor que se fueran, pues ponen en riesgo los tributos y al propio municipio. Es decir, tal como sucedió con la Universidad de Chile, que la autorización para endeudarse debe otorgarse mediante ley. Así lo establece la Constitución y así lo expresa Mario Marcel en la carta del 16 de abril. Por lo tanto, le señala que si la ilustre municipalidad de Concepción solicitara la dictación de una iniciativa legal de este tipo, tendría que indicarlo formalmente para que fuera considerada por el Ejecutivo.
A mi juicio, se ha tratado de montar un verdadero show, porque nadie quiere que la alcaldesa vaya, con su preciada niña en los brazos, a la cárcel de El Manzano, de Concepción. El Gobierno ha sostenido que si la alcaldesa desea que la municipalidad se endeude por más de cinco y por hasta veinte años, está dispuesto a enviar un proyecto al Congreso para solicitar la autorización, pero debe pedirlo. Creo que este Poder -por tanto, también mi bancada y las de la Concertación- están dispuestos a discutir un tema que a todos nos interesa: el pago de lo adeudado a los profesores.
Es injusto acusar al Gobierno, en particular a la Dirección de Presupuestos, de que no tiene ánimo de pagar. Al contrario, existe el deseo de autorizar el préstamo y de que la alcaldesa no vaya a la cárcel, porque, y debemos reconocerlo, el incumplimiento no es de su responsabilidad directa. Los alcaldes de la UDI de la región de Concepción fueron a verla. En definitiva, se intenta hacer un uso político del drama que viven los profesores.
Si la alcaldesa lo solicita, haremos todo lo posible para que el Gobierno envíe un proyecto al Congreso, pues existe la voluntad a fin de aprobarlo rápidamente.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.14 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 16 de abril de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica el número 1 del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, para reemplazar la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado, correspondiente al boletín Nº 2847-07.
Hago presente a vuestra Excelencia que el referido informe fue aprobado con el voto conforme de 27 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento de este modo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Acompaño la totalidad de los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
Modifica el número 1º del artículo 17 del decreto de ley Nº 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, con el propósito de reemplazar la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado. (boletín Nº 2847-07) (S)
INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA
La Comisión Mixta, constituida de conformidad a lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponeros la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en una moción del ex senador señor Juan Hamilton Depassier .
La iniciativa legal que recomendamos debe ser aprobada con quórum calificado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 19, Nº 1º, inciso tercero, de la Constitución Política; el artículo 63, inciso tercero, y la Disposición Quinta Transitoria de la misma Carta Fundamental.
-o-
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo de la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, al proyecto de ley aprobado en el primer trámite por el Senado.
Dicho proyecto fue informado favorablemente por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, en los mismos términos en que había sido despachado en el primer trámite constitucional, con la sola excepción de estimar que la iniciativa requería de mayoría simple para su aprobación, y no de quórum calificado como la aprobó el Senado, siguiendo el criterio establecido al despachar la ley Nº 19.734.
Al ser sometido a votación por la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 13 de marzo recién pasado, la Mesa estimó que el proyecto requería ser aprobado con quórum calificado, es decir, la mayoría absoluta de los señores diputados en ejercicio. Recibió 50 votos a favor, 4 en contra y 37 abstenciones, con lo cual quedó rechazado, al no lograr el mencionado quórum de aprobación.
La Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2002, designó como integrantes de la Comisión Mixta a las honorables diputadas señoras María Pía Guzmán Mena y Laura Soto González , y a los honorables diputados señores Juan Bustos Ramírez , Zarko Luksic Sandoval y Darío Paya Mira .
El Senado, por su parte, en sesión celebrada el día 2 de abril, nombró para este efecto a los honorables senadores miembros de su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La Comisión Mixta se constituyó el 9 de abril de 2002, con la asistencia de los honorables senadores señores Chadwick , Espina y Moreno , honorables diputadas señoras Guzmán y Soto , y honorables diputados señores Bustos , Luksic y Paya. Eligió como presidente , por unanimidad, al honorable senador señor Andrés Chadwick Piñera y se dedicó de inmediato a dar cumplimiento a su cometido.
DEBATE EN LA COMISIÓN MIXTA
La iniciativa legal consta de dos artículos, que modifican el número 1 del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, y el artículo 208 del Código Penal.
Dichas enmiendas tienen por finalidad salvar las omisiones en que se incurrió con ocasión de la discusión de la ley Nº 19.734, publicadas el 5 de junio de 2001, que derogó la pena de muerte en todos aquellos delitos que la contemplaban en la legislación común y en la legislación militar aplicable al tiempo de paz, reemplazándola por la de presidio perpetuo calificado.
ARTÍCULO 1º
Modifica el número 1 del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, para sustituir la frase “a muerte”, por la siguiente: “a presidio perpetuo calificado”.
El propósito es reemplazar la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado como sanción aplicable a quien, a sabiendas, violentare o maltratare de obra a personal de la Policía de Investigaciones de Chile en el ejercicio de sus funciones policiales. Esta conducta, en la actualidad, tiene asociada la pena de presidio mayor en su grado medio a muerte, si el autor le causare la muerte al funcionario policial.
La mayoría de los honorables señores integrantes de la Comisión Mixta se inclinó por aprobar esta disposición.
Para ello, tomaron en consideración, en cuanto al fondo, los mismos argumentos que llevaron al Congreso Nacional a aprobar la ley Nº 19.734 y establecer, para los casos que allí se señalan, la pena de presidio perpetuo calificado en lugar de la pena de muerte. Anotaron que el rechazo por parte de la Cámara de Diputados respondió, solamente, a una cuestión de forma, al no haberse reunido el quórum calificado que la Mesa estimó que se requería constitucionalmente.
Adicionalmente, tuvieron presente la desarmonía en el ordenamiento jurídico que significaría la conservación de la actual regla, por cuanto la pena de muerte prevista en esta disposición de la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, no se concilia con la sustitución de dicha pena por la de presidio perpetuo calificado que se ordenó en la ley Nº 19.734, para quien realice similar conducta respecto de un miembro de Carabineros de Chile.
La minoría de los honorables señores integrantes de la Comisión Mixta advirtió que no está en juego solamente una cuestión de forma, como es la obtención del quórum de aprobación, sino que un aspecto sustantivo, puesto que la cantidad de votos en contra y de abstenciones que recibió esta iniciativa en la Cámara de Diputados demuestra que no cuenta con el respaldo de un alto número de parlamentarios.
Declararon ser partidarios de mantener la pena de muerte para quienes cometan el delito de que se trata, y pusieron de relieve que esta decisión no es la que produciría una discriminación con quienes dan muerte a carabineros en servicio, ya que el trato dispar (que preferirían que no existiera) deriva de la sustitución de dicha pena para este último caso, ordenada por la ley Nº 19.734.
Sometido a votación, resultó aprobado por seis votos a favor y dos en contra. Votaron a favor los honorables senadores señores Chadwick y Moreno , las honorables diputadas señoras Guzmán y Soto ; y los honorables diputados señores Luksic y Bustos . Votaron en contra el honorable senador señor Espina y el honorable diputado señor Paya .
ARTÍCULO 2º
Suprime la alusión a la pena de muerte que se contempla en el artículo 208 del Código Penal, conforme al cual, si en virtud del falso testimonio se hubiere impuesto al acusado, una pena mayor que las determinadas en el artículo precedente, se aplicará la misma al testigo falso, “salvo el caso de ser la de muerte, que se reemplazará por el presidio perpetuo”.
Los honorables señores integrantes de la Comisión Mixta coincidieron en que esta modificación es sólo de referencia, e incluso podría considerarse superflua, en virtud de la eliminación de la pena de muerte en la escala de penas del Código Penal, dispuesta por la referida ley Nº 19.734.
No obstante lo anterior, se declararon partidarios de acogerla, atendido el hecho de que también se ha resuelto suprimir las referencias a dicha pena en el Código Procesal Penal, mediante el artículo 62 del proyecto de ley sobre normas adecuatorias del sistema legal chileno a la reforma procesal penal (Boletín Nº 2217-07), ya aprobado por el Congreso Nacional.
Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.
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En consecuencia, como forma y modo de resolver la controversia suscitada entre ambas Cámaras, la Comisión Mixta os recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Sustitúyese, en el número 1 del artículo 17 del decreto ley Nº 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, la frase “a muerte”, por la siguiente: “a presidio perpetuo calificado”.
Artículo 2º.- Suprímese, en el artículo 208 del Código Penal, la frase “salvo el caso de ser la muerte, que se reemplazará por el presidio perpetuo”, y el punto y coma (;) que la antecede.
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Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los honorables senadores señores Andrés Chadwick Piñera ( Presidente ), Alberto Espina Otero y Rafael Moreno Rojas ; de las honorables diputadas señoras Pía Guzmán Mena y Laura Soto González , y de los honorables diputados señores Juan Bustos Ramírez , Zarko Luksic Sandoval y Darío Paya Mira .
Sala de la Comisión, a 9 de abril de 2002.
(Fdo.): JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA , Secretario ”.
2. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el “Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios” (Telecomunicaciones básicas), adoptado en Ginebra, el 15 de abril de 1997. (boletín Nº 2827-10)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios”, adoptado por los Estados Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 15 de abril de 1997, sometido a la consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional, sin urgencia.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
a) Sobre el origen y alcance del Protocolo.
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (Agcs), aprobado en la Ronda Uruguay del Gatt, como Anexo 1B del Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la OMC, se propone lograr la liberalización del comercio de servicios a través de rondas sucesivas de negociaciones multilaterales encaminadas a promover los intereses de todos los Estados participantes, sobre la base de ventajas mutuas y un equilibrio general de derechos y obligaciones, respetando debidamente los objetivos de las políticas nacionales. Ambos instrumentos jurídicos se encuentran vigentes en el orden interno como ley de la República, en virtud de su promulgación por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 16, de 1995, publicado en el Diario Oficial del 17 de mayo del mismo año.
Como lo señala el mensaje, la primera ronda de dichas negociaciones culminó entre el 15 de febrero de 1997, con la participación de 69 países, entre ellos Chile.
Las ofertas de los países se consignan en 55 listas de compromisos específicos anexas al Cuarto Protocolo en tramitación legislativa, que suman 455 páginas. La lista presentada por Chile se registra entre las páginas 96 a 100, más un documento de referencia que contiene las definiciones y principios relativos al marco reglamentario de los servicios de telecomunicaciones básicas, incluido entre las páginas 101 y 103.
En términos generales, la lista chilena establece, según lo informado por el mensaje, las condiciones por las cuales los operadores extranjeros deberán regirse para acceder al mercado local para prestar los servicios comprendidos en ella. Destaca el mensaje, que a pesar de que no todos los países miembros de la OMC participaron en estas negociaciones, los compromisos asumidos se hacen extensivos a todos ellos en virtud de la cláusula de la nación más favorecida. Este tratamiento se contempla en el artículo II del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, a cuyo texto se anexa el Protocolo en tramitación.
Este Protocolo contempla, además, las listas de Alemania, Antigua y Barbuda , Argentina, Australia, Austria , Bangladesh, Bélgica, Belice , Bolivia , Brasil , Brunei , Bulgaria, Canadá , Colombia, Costa de Marfil, Comunidades Europeas, República de Corea, República Checa, Dominica , República Dominicana , República Eslovaca, Ecuador, El Salvador, España , Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana , Grecia , Granada , Guatemala, Hong Kong , Hungría , Islandia , India, Indonesia , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Luxemburgo, Malasia , Mauricio , México , Marruecos , Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán , Papúa Nueva Guinea , Perú, Polonia , Rumania , Senegal , Singapur, República de Sudáfrica, Sri Lanka , Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino de Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía y Venezuela.
El mensaje informa que todos los países industrializados del mundo participaron en las negociaciones, conjuntamente con más de 40 países en desarrollo, tanto grandes como pequeños, de prácticamente todas las regiones del mundo, así como seis de las economías en transición de Europa Central y Oriental. Así, considerando cifras de 1995, los mercados participantes en las negociaciones representaron más del 91% de los ingresos mundiales procedentes de las telecomunicaciones.
El resultado de estas negociaciones -dice el mensaje- constituyó un buen balance entre las obligaciones y los derechos adquiridos por los participantes. El acuerdo reafirma la intención de los miembros de liberalizar el sector de las telecomunicaciones, pese a que un número importante de países aún mantiene restricciones a la participación local y/o establecen restricciones a la participación del capital extranjero en las compañías del sector.
b) Sobre los propósitos del Protocolo.
Mediante este instrumento se persigue aprobar los compromisos contraídos por los Estados miembros de la OMC para la liberalización progresiva del comercio de redes y servicios de transporte de telecomunicaciones, llevadas a cabo por el Grupo de Negociación sobre Telecomunicaciones Básicas (Gntb), en virtud de la Decisión Ministerial que con tal fin se adoptó en Marrakech, el 15 de abril de 1994.
II. PRINCIPALES COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR CHILE.
El mensaje informa que estos compromisos consolidan la liberalización en sectores tales como la telefonía de larga distancia (nacional e internacional), los servicios celulares y los servicios PCS. Además, incorporan el concepto de neutralidad tecnológica, que significa que el proveedor es quien decidirá cuál es la tecnología más adecuada para la prestación de un servicio particular, ajustándose a las regulaciones pertinentes. Un aspecto que destaca el mensaje, es la adopción, casi en su totalidad, por parte de Chile, del documento de referencia, que forma parte integral de la oferta, estableciendo aspectos importantes en materia regulatoria, como, por ejemplo, la independencia que debe mantener el ente regulador respecto del ente regulado.
La única modificación al documento de referencia hecha por Chile, fue la eliminación de la palabra “oficiales “ en el número 6, relativo a la asignación y utilización de recursos escasos. Esta modificación, según el mensaje, se debe a que la legislación chilena contempla la asignación de frecuencias de uso delicado a privados, como por ejemplo, las frecuencias asignadas a las empresas de seguridad.
En la lista chilena se elimina la entrada que limita la participación de mercado de operadores de larga distancia internacional de acuerdo a un porcentaje máximo de un total de minutos tasables de larga distancia internacional establecidos en la ley. La razón para eliminar esta restricción es que se trata de una limitación que expiró en septiembre de 1997 y no es la intención del Ejecutivo renovarla.
Por otra parte, la lista chilena de compromisos excluye por las razones técnicas que señala el mensaje, los servicios de telefonía local, los servicios de transmisiones unidireccionales por satélite, los servicios de radiodifusión directa de televisión y los servicios de radiodifusión de libre recepción. Se precisa que los servicios de televisión están sujetos a la regulación del Consejo Nacional de Televisión, por lo que su inclusión podría haber colisionado con la ley Nº 18.838.
Por último, el mensaje señala que en la lista chilena se consigna que “Los servicios de telecomunicaciones consisten en el transporte de señales electromagnéticas (sonido, datos, imagen y cualquier combinación de éstas) independientemente del tipo de tecnología empleada.
Esta definición no cubre la actividad económica consistente en la prestación de un servicio cuyo contenido requiere la utilización de servicios de telecomunicaciones para su transporte. La prestación de un servicio cuyo contenido es transportado vía servicios de telecomunicaciones, está sujeto a los términos y condiciones establecidos en la lista de compromisos específicos suscritos por Chile en ese sector, subsector o actividad.”.
III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
a) Personas escuchadas por la Comisión.
Vuestra Comisión escuchó al subsecretario de Telecomunicaciones , señor Christian Nicolai ; al jefe de la Asesoría Jurídica de Entel , señor Cristián Maturana ; al gerente corporativo de Regulación Telefónica de Telefónica CTC Chile, señor Raimundo Beca , y al jefe del Departamento de Análisis Jurídicos Internacionales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones , señor Andrés Culagovski , de cuyas exposiciones se os reseña lo sustancial.
El señor subsecretario de Telecomunicaciones explicó que mediante este instrumento los Estados Partes del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios adoptan diversos compromisos específicos para liberalizar el acceso a sus mercados de los servicios de telecomunicaciones básicas, los que, en el caso de Chile, favorecen el acceso de los servicios de telefonía de larga distancia, nacional e internacional; de servicios móviles; de servicios de transmisión de datos, télex, telégrafos y facsímiles, y de servicios de satélites.
Precisó que de estos compromisos se excluyen los servicios de telefonía local; de televisión satelital directa al hogar; de radio digital y de radiodifusión de libre recepción.
Sostuvo que el Protocolo armoniza con el principio de no discriminación en materia de concesiones, que se extiende a la igualdad jurídica entre chilenos y extranjeros, consagrado en los artículos 8º, 12,13,14 y 15 de la ley Nº 18.168, ley general de Telecomunicaciones, agregando que la única excepción a tal principio se encuentra en el inciso tercero del artículo 9º de la ley Nº 19.733, ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo , que establece un requisito de reciprocidad para la propiedad de más de un 10% del capital de una concesión de radiodifusión sonora por parte de extranjeros, pero hace ver que esta disposición se refiere a una materia que no fue objeto de compromiso por parte de Chile.
Informó que una gran cantidad de empresas de telecomunicaciones que operan en Chile es, parcial o totalmente, propiedad de empresas extranjeras. Agregó que empresas nacionales del rubro están operando en mercados externos, como Telex Chile y Americatel.
El jefe de la Asesoría Jurídica de Entel , por su parte, informó que es una realidad a nivel mundial que, especialmente en materia de telecomunicaciones, los mercados se abren, pero manteniendo resguardos en orden a garantizar la libre competencia, frente a quienes posean una posición dominante en el mercado.
Afirmó que los principios contenidos en este Protocolo no son diferentes de los que se contemplan en las negociaciones en marcha con Estados Unidos y la Unión Europea.
Aseveró que los principios que ordenan el Protocolo se encuentran ya consagrados en nuestro ordenamiento jurídico interno, citando, a modo de ejemplo, lo siguiente:
a) En materia de salvaguardias ante prácticas anticompetitivas, los artículos 6º y 29 de la ley Nº 18.168, ley general de Telecomunicaciones, permiten recurrir a tribunales de justicia y organismos especiales creados por el decreto ley Nº 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.
b) A propósito de las prohibiciones de subsidios cruzados en la telefonía local, señala que la ley Nº 18.168, ley general de Telecomunicaciones, dispone que los cargos de acceso deben fijarse según las tarifas eficientes.
c) En lo relativo al manejo de información sobre los servicios públicos de telefonía, el artículo 24 bis de la ley Nº 18.168, ley general de Telecomunicaciones, establece, entre otras medidas, que el concesionario de servicio público telefónico deberá ofrecer, dar y proporcionar a todo concesionario de servicios intermedios que provea servicios de larga distancia, igual clase de accesos o conexiones a la red telefónica.
Manifestó su desacuerdo con la exclusión de los servicios de telefonía local, por cuanto los principios del Protocolo son plenamente aplicables a ellos de acuerdo con nuestra legislación interna. Además, considera que esta exclusión no es coherente con las negociaciones comerciales que se sostienen con Estados Unidos de América y la Unión Europea.
Dijo que otras razones para que se asuma el compromiso indicado se fundamenta en el hecho de que el resto de los países latinoamericanos han abierto sus mercados de telefonía local.
Añadió que esta exclusión no puede importar una derogación de normas sobre la materia en nuestro derecho interno, porque si así fuera, por ejemplo, se podría entender que el servicio de telefonía local quedaría excluido de las prácticas anticompetitivas, modificando las facultades de los órganos de libre competencia. En suma, sostiene que esta exclusión no podría significar que los criterios liberalizadores del Protocolo no son aplicables a la telefonía local conforme a nuestra legislación.
Finalmente, opinó que la exclusión de la telefonía local implica que el Protocolo nada aporta, porque éste está dirigido, fundamentalmente, a la protección respecto de quien posee una posición dominante en el mercado; considera, además, que la exclusión es discriminatoria y no aporta a las telecomunicaciones en el país y a su desarrollo por empresas nacionales en el exterior, dando una señal negativa en un mercado en el cual Chile tiene el prestigio de ser líder.
El gerente corporativo de Regulación Telefónica de Telefónica CTC Chile, precisó que los compromisos asumidos por Chile contemplan los servicios de acceso a telefonía de larga distancia nacional e internacional; servicios móviles; servicios de transmisión de datos, télex, telégrafos y facsímiles, y los servicios de satélites.
Sostuvo que Chile está siendo castigado por no haber ofrecido liberalizar el servicio local.
Dijo que nuestro país no ha cumplido otros compromisos, como ha sucedido con la conexión de circuitos privados internacionales con la red pública o con las tarifas de interconexión. Respecto a esto último, observa que las tarifas de interconexión debieran ser simultáneas, simétricas y debieran asegurar el autofinanciamiento.
Informó que se acordó iniciar una nueva ronda de negociaciones el año 2000, iniciándose el año 2001. Varios países, entre ellos Chile, han formulado propuestas referentes a telecomunicaciones.
En lo que se refiere a estas nuevas negociaciones, sostuvo que las ideas fuerza de las propuestas son, entre otras, la ampliación de la cobertura de los compromisos en telecomunicaciones básicas; la necesidad de formular compromisos respecto de internet y el establecimiento de compromisos en materia de comercio electrónico.
Afirmó, por último, que para que Chile pueda negociar, debe ratificar este Protocolo, pues ratificando lo mínimo siempre queda la opción de hacer más.
El jefe del Departamento de Análisis Jurídicos Internacionales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que Chile excluyó las telecomunicaciones básicas a la espera de nuevas negociaciones.
Agregó que se excluyó la telefonía local del Protocolo, porque no existía una solicitud expresa de apertura y por ser un área que no presenta conflictos internamente. De esta forma se dejó un espacio de negociación importante.
Expresó su acuerdo con lo manifestado por el representante de Telefónica CTC Chile, en cuanto a la pertinencia de ratificar este Protocolo, lo cual constituirá una señal importante y positiva que emitirá nuestro país.
Relató que Chile es el único país en desarrollo que ha sido invitado a integrarse a la organización denominada “Países Amigos de las Telecomunicaciones ”. Esto responde al hecho de que Chile se caracteriza por su apertura y compromiso con la liberalización. Los miembros de dicha organización han manifestado que la limitación a la telefonía local no compromete los principios que Chile ha respetado y desarrollado. La imagen variará si no aprobamos un instrumento de la importancia del que está en actual estudio.
b) Aprobación del proyecto de acuerdo.
Atendidos los antecedentes expuestos, vuestra Comisión compartió los propósitos liberalizadores del mercado de las telecomunicaciones perseguidos por el instrumento internacional en trámite, así como la afirmación que hace el mensaje en cuanto a que los compromisos asumidos por Chile no implican ningún cambio a la Nº 18.168, ley general de Telecomunicaciones, y, por otra parte, ni afectan las disposiciones de la ley Nº 18.838, que creó el Consejo Nacional de Televisión.
En consecuencia, decidió por unanimidad recomendar a la honorable Cámara la aprobación del Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, adoptado por los Estados Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 15 de abril de 1997, para lo cual os propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo con modificaciones formales que tienen por objeto precisar el título del instrumento en trámite de aprobación parlamentaria, así como la Organización en cuyo seno fue adoptado.
El texto del artículo único que os sugiere la Comisión, es del tenor siguiente:
“Artículo único.- Apruébase el “Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios” (Telecomunicaciones Básicas), adoptado en la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, el 15 de abril de 1997.”.
c) Designación de diputado informante .
Vuestra Comisión acordó, por unanimidad, designar diputado informante a la honorable diputada Isabel Allende Bussi .
d) Menciones reglamentarias.
Para los efectos de los Nºs 2 y 4 del artículo 287, se os hace constar que este instrumento internacional no contiene disposiciones que se encuentren en las situaciones previstas en dichas normas.
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Debatido y despachado en las sesiones celebradas en los días 8 y 15 de enero, y 5 de marzo de 2002, correspondientes al período legislativo 1998-2002, con la asistencia de los diputados señores Jarpa Wevar, don Carlos Abel ( Presidente de la Comisión ); Alessandri Valdés, don Gustavo ; Allende Bussi, doña Isabel ; Ascencio Mansilla, don Gabriel ; Kuschel Silva, don Carlos Ignacio ; Leay Morán, don Cristián ; Longton Guerrero, don Arturo ; Moreira Barros, don Iván ; Palma Irarrázaval, don Joaquín ; Reyes Alvarado, don Víctor ; Riveros Marín, don Edgardo , y Urrutia Cárdenas, don Salvador , y en las sesiones de los días 20 de marzo, y 9 de abril de 2002, correspondientes al período legislativo 2002-2006, con la asistencia de los diputados señores Tarud Daccarett, don Jorge ( Presidente de la Comisión ); Aguiló Melo, don Sergio ; Allende Bussi, doña Isabel ; Ibáñez Santa María, don Gonzalo ; Ibáñez Soto, doña Carmen ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Kuschel Silva, don Carlos Ignacio ; Leay Morán, don Cristián ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Melero Abaroa, don Patricio ; Mora Longa, don Waldo ; Moreira Barros, don Iván ; Pareto Vergara, don Cristián ; Rebolledo González, don Víctor Manuel , y Riveros Marín, don Edgardo .
Sala de la Comisión, a 9 de abril de 2002.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
Moción de los diputados señores Hidalgo , Becker , Monckeberg y la diputada señora Carmen Ibáñez .
Incorpora mayores requisitos a transacciones celebradas por el Consejo de Defensa del Estado. (boletín Nº 2914-07)
“Antecedentes.
Después de un largo litigio, que se extendió por más de cinco años, el Fisco indemnizó en 1.225 millones de pesos a familiares de 26 de las 27 víctimas y al único sobreviviente de la tragedia del estero Minte. El accidente carretero de 1995, en la ruta Puerto Varas-Ensenada, se produjo luego de que en medio de torrenciales precipitaciones colapsara una alcantarilla que encauzaba el citado estero en su trayecto hacia el lago Llanquihue. Una fosa de 15 metros de largo por 15 de profundidad, se convirtió en una trampa fatal para seis automóviles y camionetas y un camión cargado de maderas.
Un fallo de primera instancia del Primer Juzgado de Puerto Montt, dictado el 11 de mayo de 1999 por la entonces titular del tribunal, María Concha, estableció una indemnización de $ 3.674 millones.
La sentencia fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el elevado monto y denunció a la jueza a la Comisión de Ética de la Corte Suprema por tener antecedentes de que ella mantenía una relación con el ingeniero Miguel Concha , quien realizó los peritajes. La jueza renunció al Poder Judicial tras abrirse un cuaderno para su remoción.
Posteriormente, el CDE llegó a un acuerdo extrajudicial con los familiares de las víctimas, el que catalogó como una “transacción razonable” considerando los costos que para ambas partes implicaba seguir el litigio.
Puede estimarse que el CDE se anticipó a pagar la indemnización sin esperar el informe pericial que determinaba las responsabilidades. El documento establece que el accidente fue fortuito, que tuvo su origen en causas naturales y que, por lo tanto, no hubo responsabilidad de terceros ni cabe delito.
De acuerdo a ello, el CDE cometió un importante error, ya que finalmente se estableció que el Estado no tuvo responsabilidad alguna en el accidente. Es decir, si bien el CDE se ciñó a las normas legales, no esperó un trámite indispensable para la determinación de monto de la indemnización.
De esta forma, celebrada la transacción, el CDE requirió la aprobación del Ministerio de Hacienda, la que fue dada el 17 de diciembre de 2001. En el mes de febrero recién pasado los cheques fueron girados a los indemnizados.
El derecho:
Según la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, esta institución tiene por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado (art. 2º). Entre las funciones generales que se le establecen se encuentra la defensa en todos los juicios y en los actos no contenciosos de cualquier naturaleza, y la defensa del Estado en los juicios que afecten a bienes nacionales de uso público, cuando la defensa de estos bienes no corresponda a otros organismos (art. 3º).
Los órganos del CDE son el Consejo, el Presidente, y los departamentos de Defensa Estatal y de Defensa de la Ley de Alcoholes (art. 10). El Consejo se compone de 12 abogados, quienes son inamovibles en sus cargos. La remoción, por el Presidente de la República, debe contar con el acuerdo del Senado (art. 12).
Según la ley, el CDE, con el voto de las tres cuartas partes de sus miembros en ejercicio y en sesión especialmente convocada con tal objeto, podrá acordar transacciones, en los procesos en que intervenga. Los acuerdos deben ser aprobados por resolución del Ministerio de Hacienda, cuando se trate de sumas superiores a tres mil unidades tributarias mensuales.
Dada la situación descrita, y en resguardo del patrimonio fiscal es que vengo en presentar un proyecto de ley que exige la firma de ministro de Justicia , del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y del ministro sectorial respectivo en la resolución aprobatoria que luego de la transacción debe dictar el ministro de Hacienda .
En base a lo precedentemente expuesto someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- Agrégase en el inciso final del artículo 7º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, después del punto aparte, que pasará a ser punto seguido, lo siguiente: “Dicha resolución deberá ser suscrita, además, por el ministro de Justicia , por el ministro secretario general de Gobierno y por el ministro sectorial respectivo”.”.