Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- V. ORDEN DEL DÍA
- INCORPORACIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PESQUERÍA AL RÉGIMEN DE CUOTAS MÁXIMAS DE CAPTURA POR ARMADOR. Enmienda a la ley Nº 19.713. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Dario Molina Sanhueza
- INTERVENCIÓN : Dario Molina Sanhueza
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Samuel Venegas Rubio
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Fulvio Rossi Ciocca
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INCORPORACIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PESQUERÍA AL RÉGIMEN DE CUOTAS MÁXIMAS DE CAPTURA POR ARMADOR. Enmienda a la ley Nº 19.713. Segundo trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CONCURSO NACIONAL PARA PROGRAMAS CULTURALES ORIENTADOS A NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Laura Soto Gonzalez
- Jose Antonio Kast Rist
- Pablo Galilea Carrillo
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Pablo Prieto Lorca
- Sergio Ojeda Uribe
- Javier Hernandez Hernandez
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- FONDO NACIONAL REGIONALIZADO PARA EL BICENTENARIO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Eduardo Saffirio Suarez
- Eugenio Bauer Jouanne
- Eduardo Lagos Herrera
- German Becker Alvear
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MAYOR UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL EN REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONCESIONADAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Pablo Prieto Lorca
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Eugenio Bauer Jouanne
- Jose Ramon Barros Montero
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Ivan Paredes Fierro
- INTERVENCIÓN : Carlos Hidalgo Gonzalez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONCURSO NACIONAL PARA PROGRAMAS CULTURALES ORIENTADOS A NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS.
- VII. INCIDENTES
- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Rosa Gonzalez Roman
- ADHESION
- IRREGULARIDADES EN DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD DE LA PRIMERA REGIÓN. Oficios.
- CONTRATACIÓN DE INSPECTORES REGIONALES DEL TRABAJO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PERCEPCIÓN DE RECURSOS POR MUNICIPIOS. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución. Oficio
- DEBATE
- PETICIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE MATERIAS DEPORTIVAS. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución. Oficios.
- DEBATE
- INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO. Aplicación del artículo 48, Nº 1), de la Constitución. Oficio.
- DEBATE
- ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMAS DE EMPLEO. Aplicación del artículo 48, Nº 1), de la Constitución. Oficios.
- DEBATE
- ASIGNACIÓN DE BENEFICIO ECONÓMICO A CICLISTAS DE CURICÓ. Aplicación del artículo 48, Nº 1), de la Constitución. Oficio.
- DEBATE
-
INFORMACIÓN SOBRE PENSIONES ASISTENCIALES. Aplicación del artículo 48, Nº 1), de la Constitución. Oficio.
- DEBATE
- PRECISIONES SOBRE ROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL CHILENO Y NECESIDAD DE MODIFICAR SU INTEGRACIÓN.
- REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 48, Nº 1), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, SOBRE ATRIBUCIÓN FISCALIZADORA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- REINCORPORACIÓN AL EJÉRCITO DE PERSONAS PROCESADAS. Oficio.
- ADHESION
- Mario Escobar Urbina
- ADHESION
- MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS.
- INFORMACIÓN ACERCA DE NUEVO MOBILIARIO DE LA ALCALDÍA DE PROVIDENCIA. Oficios.
- INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ. Oficios.
- EVALUACIÓN Y REFORMULACIÓN DE LA FICHA DE LOS COMITÉS DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNAL, CAS II. Oficio.
- INCLUSIÓN DE LOCALIDADES DE LA UNDÉCIMA REGIÓN EN DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE. Oficio.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON TEÓFILO GROB WERNER.
- IMPORTANCIA DE LA HORA DE INCIDENTES.
- DESPIDO DE DOCENTES POR MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI. Oficios.
- ADHESION
- Roberto Delmastro Naso
- Enrique Accorsi Opazo
- ADHESION
- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Edgardo Riveros Marin
- Felipe Letelier Norambuena
- Juan Pablo Letelier Morel
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Eduardo Saffirio Suarez
- Exequiel Silva Ortiz
- Boris Tapia Martinez
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Laura Soto Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOBRE LA INVESTIGACIÓN ENCOMENDADA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO MODELO, DE CONCEPCIÓN.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Eliana Caraball Martinez
- Lily Perez San Martin
- Sergio Aguilo Melo
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Pablo Longueira Montes
- Ivan Norambuena Farias
- Anibal Perez Lobos
- Alberto Robles Pantoja
- Boris Tapia Martinez
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Rosa Gonzalez Roman
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Felipe Letelier Norambuena
- Alejandro Navarro Brain
- Carlos Montes Cisternas
- Victor Perez Varela
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Carlos Caminondo Saez
- Jaime Rocha Manrique
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 346ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 12ª, en martes 16 de abril de 2002
(Ordinaria, de 11.07 a 14.28 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo, y Villouta Concha, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Autorización a Comisión de Defensa Nacional para sesionar simultáneamente con la Sala 12
- Réplicas a alusiones personales. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento) 12
V. Orden del Día.
Incorporación de nuevas unidades de pesquería al régimen de cuotas máximas de captura por armador. Enmienda a la ley Nº 19.713. Segundo trámite constitucional 15
VI. Proyectos de acuerdo.
- Concurso nacional para programas culturales orientados a niños menores de seis años 36
- Fondo nacional regionalizado para el bicentenario 37
- Mayor utilización de mano de obra local en realización de obras públicas concesionadas 40
VII. Incidentes.
- Incumplimiento de contrato de otorgamiento de alimentación escolar en la Primera Región. Oficio 43
- Irregularidades en Dirección Regional de Vialidad de la Primera Región. Oficios 44
- Contratación de inspectores regionales del trabajo. Oficio 45
- Información sobre percepción de recursos por municipios. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución. Oficio 45
- Petición de antecedentes sobre materias deportivas. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución. Oficios 46
- Información sobre gasto social del Gobierno. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución. Oficio 48
- Antecedentes sobre programas de empleo. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución. Oficios 49
- Asignación de beneficio económico a ciclistas de Curicó. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución. Oficio 50
Pág.
- Información sobre pensiones asistenciales. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución. Oficio 51
- Precisiones sobre rol del Tribunal Constitucional en el ordenamiento constitucional chileno y necesidad de modificar su integración 51
- Regulación reglamentaria de la aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución Política, sobre atribución fiscalizadora de la Cámara de Diputados 52
- Reincorporación al Ejército de personas procesadas. Oficio 53
- Mantención del sistema de bandas de precios 53
- Información acerca de nuevo mobiliario de la alcaldía de Providencia. Oficios 59
- Investigación de irregularidades en municipalidad de Conchalí. Oficios 60
- Evaluación y reformulación de la ficha de los Comités de asistencia social comunal, Cas II. Oficio 61
- Inclusión de localidades de la Undécima Región en declaración de zona de catástrofe. Oficio 62
- Homenaje en memoria de don Teófilo Grob Werner 63
- Importancia de la Hora de Incidentes 64
- Despido de docentes por municipalidad de Collipulli. Oficios 64
VIII. Documentos de la Cuenta.
- Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
1. Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (boletín Nº 2361-23) 66
2. Crea los Tribunales de Familia (boletín Nº 2118-18) 66
3. Moderniza la gestión y modifica las plantas del personal de Gendarmería de Chile (boletín Nº 2775-07) 67
4. Crea la Dirección Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (boletín Nº 2286-04) 67
5. Sobre sistema de inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia (boletín Nº 2811-02) 68
6. Modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores (boletín Nº 2787-03) 68
7. Modifica la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial (boletín Nº 2416-03) 69
8. Establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar (boletín Nº 2318-18) 69
Pág.
9. Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que modifica la ley Nº 19.713, que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador, incorporando a las unidades de pesquería que indica en las zonas que señala el citado régimen de administración (boletín Nº 2777-03) (S) 70
10. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en la investigación encomendada en relación con el proyecto de construcción de viviendas en el barrio modelo de Concepción 76
11. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley sobre normas adecuatorias del sistema legal chileno a la reforma procesal penal. (boletín Nº 2217-07-3) 117
12. Moción de los diputados señores Ascencio, Riveros, Letelier, don Felipe; Letelier, don Juan Pablo; Sánchez, Saffirio, Silva, Tapia, y de las diputadas señoras Mella, doña María Eugenia, y Soto, doña Laura, que establece una reforma constitucional para incluir a los miembros del Tribunal Constitucional entre las autoridades susceptibles de ser acusadas en juicio político (boletín Nº 2911-07) 224
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
-De la Comisión especial destinada a indagar los orígenes y causas del aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado a lo largo del país, por el cual comunica que ha modificado el horario de las sesiones ordinarias, las que se realizarán los días miércoles de 18 a 20 horas.
-De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que acordó reactivar los Grupos Interparlamentarios constituidos en el período 1998-2002 con los Parlamentos de Alemania, Argentina, República Popular China, República Helénica, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Cuba, Egipto, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Líbano, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Palestina, Paraguay, Perú, Polonia, Rumania, Siria, Suecia, Ucrania, Uruguay y Venezuela, y además solicita que los señores jefes de bancada distribuyan las presidencias respectivas antes del 6 de mayo próximo.
Contraloría General de la República
-De los diputados señores Villouta, Ojeda y Ortiz, respuesta de alcalde de Renaico a acusación presentada en su contra por los concejales de esa comuna, en relación con la construcción de un sitio de detención y atención de buses.
Ministerio de Relaciones Exteriores
-Del diputado señor Bertolino y ex diputado señor Fossa, asesoría prestada por ex embajador en Argentina señor Eduardo Rodríguez Guarachi.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del diputado señor Navarro, capacitación especial para encuestadores de próximo censo nacional.
Ministerio de Hacienda
-Del diputado señor Kuschel, situación que enfrenta cooperativa de viviendas Habitacoop.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Delmastro, posibilidad de priorizar escuela en la comuna de Lanco, Décima Región.
Ministerio de Justicia
-Del diputado señor Álvarez-Salamanca, problema de infraestructura y carencia de personal del Servicio Médico Legal de la Séptima Región .
-Del diputado señor Delmastro, posibilidad de financiamiento para la construcción de nuevas dependencias para la Brigada Antinarcóticos de la provincia de Valdivia.
Ministerio de Defensa Nacional
-De los diputados señores Juan Pablo Letelier, Jaramillo, Ojeda y diputada señora Adriana Muñoz, y ex diputados señores Gutiérrez, Naranjo, Reyes y Velasco, medidas para eximir a jóvenes egresados de Liceos Técnicos Profesionales del Servicio Militar Obligatorio .
Ministerio de Obras Públicas
-De los diputados señores Villouta y Ojeda y del ex diputado señor Gutiérrez, señales informativas de confirmación en caminos concesionados.
-De los diputados señores Navarro, Jaramillo y Venegas, damnificados por incendios forestales en comuna de Santa Juana, Octava Región.
-De los diputados señores Navarro y Ojeda y del ex diputado señor Urrutia, animales argentinos en territorio chileno.
Ministerio de Bienes Nacionales
-Programa de saneamiento de títulos de dominio en la Décima Región.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
-De la diputada señora Adriana Muñoz, fiscalización a empresa contratista Pedro Gallardo I. C. Ltda.
-Del diputado señor Mora, resultados de revisión a los descuentos efectuados a los socios de los sindicatos Nº 1, Nº 2 y Nº 3 de Codelco Chuquicamata.
-Del diputado señor Mulet, situación que afecta a ex trabajadores de estación de servicios Copec, de Vallenar.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor José Pérez, contrato reparaciones población Santiago Bueras, Los Ángeles.
-Del diputado señor Kuschel, atención a socios de cooperativa abierta de vivienda Habitacoop en las provincias de Llanquihue y Chiloé.
Intendencia de la Región de Los Lagos
-Del diputado señor Navarro, información sobre manejo y disposición de residuos urbanos.
-Del diputado señor Kuschel, avance de los trabajos en camino Chinquihue a Punta Panitao, comuna de Puerto Montt.
Intendencia de la Región de Coquimbo
-De la diputada señora Adriana Muñoz, informa sobre recursos de inversión del Gobierno Regional de Coquimbo.
Municipalidad de Calbuco
-Del diputado señor Kuschel, nómina de subvenciones municipales otorgadas a instituciones de la comuna durante los últimos cuatro años.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Patricio Walker.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.07 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 4ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 5ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor RECONDO.-
Señora Presidenta, pido la palabra sobre la Cuenta.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor RECONDO .-
Señora Presidenta , en la letra a) del número 1 de la Cuenta, su Excelencia el Presidente de la República retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo, no obstante que el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Francisco Vidal , había anunciado el retiro de la urgencia. En consecuencia, quiero saber si realmente ha sido retirada.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Señor diputado , el subsecretario no ha hecho presente a esta Cámara el retiro de la urgencia.
El señor RECONDO .-
Pero él lo anunció públicamente.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Lo debe hacer presente por escrito a esta Corporación.
El señor ASCENCIO .-
Señora Presidenta , los jefes de bancada debían hacer llegar a la Mesa el nombre de los diputados que integrarán la Comisión de Zonas Extremas. Quiero saber si el señor Secretario recibió la nómina. De ser así, pido a la Mesa instar a la pronta constitución de la Comisión, a fin de poder dar inicio a su cometido.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En reiteradas oportunidades la Mesa ha solicitado a los Comités indicar los nombres de los integrantes de dicha Comisión. No lo han hecho hasta ahora los Comités del Partido Socialista y Partido por la Democracia, a quienes reitero la petición.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , otras comisiones están en la misma situación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Así es, señor diputado .
Por lo tanto, pido a los jefes de bancada cumplir con ese requerimiento.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señora Presidenta , el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, diputado señor Jorge Ulloa , me encargó solicitar a la Mesa el acuerdo de la Sala para que dicha Comisión pueda funcionar simultáneamente con el plenario, ya que la ministra de Defensa sólo puede asistir hoy martes al mediodía y es imprescindible su presencia para el tratamiento de un proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales, en virtud del artículo 34 del Reglamento.
El señor HALES .-
Señora Presidenta , a propósito de la construcción del muro segregador en la comuna de Lo Barnechea, la diputada señora Pía Guzmán ha señalado en forma insistente y públicamente que la diputada señora Eliana Caraball y yo estamos absolutamente equivocados y que ese tema es desconocido para mí.
No discutiré con ella respecto de si estoy capacitado o no para hablar de arquitectura y urbanismo, sino, más bien, quiero decir con toda claridad en esta Sala (por sobre la descalificación del debate que pretende hacer la diputada , tildándolo de nimio y de baladí, ya que, según su criterio, se trata de una materia de construcción) que el muro en Lo Barnechea es una obra de arquitectura destinada a la segregación.
La diputada señora Pía Guzmán ha dicho que sería ideal que no hubiera segregación, pero que ya no es posible evitar que en este caso la haya. El muro de Lo Barnechea -ayer lo fuimos a ver con la diputada señora Eliana Caraball , a petición de la diputada señora Pía Guzmán , quien, además, dijo que iba a estar con el diputado señor Dittborn -, está construido exactamente en la cumbre de una colina para segregar y separar, ya que tiene una altura que impide ver desde los sectores de casas medio y medio alto hacia los sectores populares.
Estos son hechos humanos y no temas de arquitectura, la cual tiene por objeto la construcción de edificios destinados al desarrollo de actividades humanas. Pero la arquitectura incide en estados de ánimo, en el comportamiento de las personas; ayuda o dificulta el desarrollo e incide en la funcionalidad. Por eso hay arquitectura fabril, hospitalaria, habitacional y de esparcimiento.
A través de la historia de la humanidad y de la arquitectura, en cualquier parte del mundo el muro es un separador, un segregador. No es un invento mío. Por eso se construyó la muralla china, los muros de Jericó, incluso aquel muro de Berlín -respecto del cual todavía siento vergüenza por no haber alegado suficientemente por su supresión- que se construyó para que los más pobres no vieran a los alemanes más ricos. Pero por el muro de Lo Barnechea, diputada señora Pía Guzmán , debe avergonzarse usted, su alcaldesa, y todos los diputados de Derecha que estén a favor de eso, porque se ha construido para que los ricos no vean a los pobres. El mundo al revés o el muro al revés.
Le pido que con la misma franqueza con que hemos reconocido nuestra debilidad por no haber rechazado con más fuerza en su oportunidad el muro de Berlín, hoy asuma, con vergüenza, la construcción del muro de Lo Barnechea. Incluso, he escuchado a muchos otros diputados de Derecha y a vecinos decir que esa construcción es un hecho aberrante.
La arquitectura no es una actividad de románticos ni de artistas, sino de seres humanos. Por eso, en virtud del artículo 34 del Reglamento de la Corporación, quiero estampar en esta Sala mi rechazo no sólo al muro, sino a las palabras descalificatorias y minusvaloradoras con las que la diputada señora Pía Guzmán se ha referido a la diputada señora Eliana Caraball y a quien habla.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
El diputado señor Maximiano Errázuriz también ha solicitado hacer uso de la palabra en virtud del artículo 34 del Reglamento.
El señor ERRÁZURIZ .-
Señora Presidenta , en los nueve años que llevo como diputado es la primera vez que hago uso del Reglamento para responder a una injusta alusión de que he sido víctima por parte del diputado y amigo señor Gabriel Ascencio .
A raíz del fallo del Tribunal Constitucional, por 5 votos contra 1, el cual estimó que antes de aprobarse el Tratado de Roma, que contiene el estatuto de la Corte Penal Internacional, debe modificarse nuestra Constitución Política, el diputado señor Ascencio dijo: “Espero que diputados respetables, como don Maximiano Errázuriz , no intenten responsabilizar a nuestra canciller señora Soledad Alvear y a sus funcionarios, quienes trabajaron incansablemente para convencernos sobre la necesidad de aprobar la Corte Penal Internacional”.
Lo digo aquí como lo he dicho siempre y en todas partes: el Gobierno cometió un gran error, como lo ha señalado el propio senador Gabriel Valdés , presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y canciller del Presidente don Eduardo Frei Montalva durante todo su mandato. El error consistió en no considerar las advertencias que se le hicieron en orden a que, antes de someter a la aprobación el Tratado que contiene los estatutos de la Corte Penal Internacional, debía modificarse la Constitución Política.
El señor Alejandro Silva Bascuñán , mi querido profesor de derecho constitucional, uno de los constitucionalistas más destacados del siglo pasado en Chile, dice que un tratado no puede modificar una Constitución Política. Se le dijo a la canciller señora Soledad Alvear el 22 de junio de 1999, cuando en su calidad de ministra de Justicia concurrió a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, que se debía proceder de esa manera.
¿Cómo se puede permitir que, sin reforma constitucional, tribunales extranjeros juzguen delitos cometidos en Chile? ¿Dónde queda nuestra soberanía jurisdiccional? ¿Cómo se puede permitir que tribunales extranjeros juzguen a autoridades chilenas que tienen fuero, sin considerar este privilegio y sin modificar la Constitución Política? ¿Cómo se puede permitir que el fiscal de un tribunal extranjero pueda investigar un delito cometido en Chile, sin que se modifique la Constitución Política, que señala expresamente que sólo el Ministerio Público puede investigar un delito? ¿Cómo se puede permitir que Chile apruebe un Tratado que permite que un tribunal extranjero, que ha iniciado la investigación de un delito, suspenda la investigación porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas así lo ha resuelto, sin modificar nuestra Constitución Política, que señala que ningún tribunal puede excusarse de conocer las causas que le son sometidas a su conocimiento y juzgamiento? ¿Cómo se puede permitir que un tribunal extranjero castigue un delito que no ha sido previamente definido, como el crimen de agresión, sin modificar previamente nuestra Constitución Política, que prohíbe ese procedimiento?
El fallo casi unánime del Tribunal Constitucional no es un triunfo de la Derecha ni de los 35 diputados requirentes, ni de la Oposición. Es un triunfo del derecho, de la justicia y del país. Pretender que este es un problema de responsabilidad de la Derecha, como señala el diputado señor Ascencio , es un error.
¿Puede alguien sostener que el ministro del Tribunal Constitucional , señor Juan Agustín Figueroa , quien votó a favor del requerimiento, es de Derecha? Como dice hoy “El Mercurio”, Figueroa fue ministro del Gobierno del Presidente Aylwin y su tendencia política reconocida es el radicalismo. Dijo que las críticas que apuntan contra el fallo del Tribunal Constitucional, en el sentido de que fue una decisión política, no son exactas. El Tribunal actuó con criterio jurídico.
¿Puede alguien creer que el profesor Alejandro Silva Bascuñán , uno de los fundadores de la Falange, es de Derecha? Por otra parte, ¿puede alguien suponer que la diputada señora María Pía Guzmán y los diputados señores Carlos Vilches o Arturo Longton , que votaron favorablemente el Tratado en esta Cámara, son de Izquierda porque lo apoyaron?
Este no es un problema de Derecha o de Izquierda. Plantearlo así es rebajar el nivel del problema y rebajarse en la discusión.
No voy a decir que estoy feliz con el resultado del requerimiento. Estoy aliviado, porque veo que en Chile aún hay una herramienta capaz de hacer frente a quienes votan políticamente en esta Cámara.
Si se solucionan los problemas constitucionales, no hay inconveniente alguno en aprobar el Tratado, pero no podemos aceptar la fórmula que nos propuso la Cancillería treinta y seis horas después de conocido el fallo. Frente a un fallo de noventa páginas, la Cancillería envió una reforma constitucional que decía: “Facúltase al Presidente de la República para promulgar el Tratado de Roma, que contiene los estatutos del Tratado Penal Internacional, sin perjuicio de lo que disponga la Constitución Política de Chile”. En otras palabras, se pretendía...
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Ha terminado su tiempo de cinco minutos para hacer uso de la palabra.
El señor ASCENCIO.-
Señora Presidenta, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Se la doy sólo si se va a referir a materias de Reglamento y no para replicar.
El señor ASCENCIO.-
Señora Presidenta, sólo para una estricta materia de Reglamento.
El artículo 34 señala: “El Diputado cuya reputación o corrección de procedimientos se dañe por cargos formulados en algún medio de publicidad o por observaciones de otro Diputado , podrá, para vindicarse, usar de la palabra...”. Sin embargo, la intervención que acabo de escuchar no es una vindicación personal, sino que una respuesta a una crítica política que se hizo en Incidentes, cuando sostuve que la Derecha es la responsable de lo que ocurrió con la Corte Penal Internacional. La respuesta también debería darse en esa parte de la sesión.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Comparto su criterio. Los señores diputados, al hacer uso de la palabra en virtud del artículo 34 del Reglamento, deben atenerse rigurosamente a su texto y espíritu, y la Mesa velará por que así ocurra.
V. ORDEN DEL DÍA
INCORPORACIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE PESQUERÍA AL RÉGIMEN DE CUOTAS MÁXIMAS DE CAPTURA POR ARMADOR. Enmienda a la ley Nº 19.713. Segundo trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley Nº 19.713, que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador, incorporando a las unidades de pesquería que indica en las zonas que señala el citado régimen de administración.
Diputado informante de la Comisión de Pesca , Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor Darío Molina.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2777-03 (S), sesión 1ª, en 12 de marzo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 18.
-Informe de la Comisión de Pesca. Documentos de la Cuenta Nº 9, de esta sesión.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor diputado informante .
El señor MOLINA .-
Señora Presidenta , la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos pasa a informar acerca del proyecto, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, originado en una moción del senador señor Zaldívar, don Andrés , y de los ex senadores señores Bitar y Lagos, que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador incorporando a las unidades de pesquería que indica en las zonas que señala el citado régimen de administración.
Para el despacho de esta iniciativa legal, su Excelencia el Presidente de la República hizo presente la urgencia, a partir del 3 de abril de 2002, calificándola de “simple” para todos sus trámites constitucionales.
Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia del subsecretario de Pesca , señor Felipe Sandoval Precht , y de la jefa de la División de Desarrollo Pesquero, señora Edith Saa Collantes .
La idea matriz de esta iniciativa consiste en incorporar las pesquerías de la sardina, la anchoveta y el jurel del área marítima correspondiente a las regiones Primera y Segunda a la medida de administración pesquera denominada “límite máximo de captura por armador”, regulada en la ley Nº 19.713.
En la moción se señala que la medida de administración pesquera contenida en la ley Nº 19.713 ha tenido un adecuado funcionamiento para el desarrollo sustentable de las pesquerías de la Tercera Región al sur y que conviene extenderla a las pesquerías pelágicas de la anchoveta, la sardina y el jurel en el área de las regiones Primera y Segunda, únicas unidades en plena explotación que no están sujetas a límite máximo de captura.
Agregan los autores de la moción que la aplicación del límite máximo de captura por armador permite reducir costos, aumentar la competitividad de las empresas y dar mayor regularidad a las actividades laborales vinculadas al sector pesquero, como ha quedado demostrado en las áreas marítimas donde se ha aplicado este régimen.
En el debate habido en el seno de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, se recordó que durante el estudio del proyecto que estableció esta medida extraordinaria de administración pesquera se adujo que en las pesquerías sujetas al régimen de plena explotación, en las que se ha fijado una cuota global anual de captura...
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Perdón, solicito a los señores parlamentarios que, por favor, pongan atención a lo que está exponiendo el diputado informante , pues se trata de un proyecto sumamente importante.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , tengo entendido que se encuentra en el edificio de la Corporación el señor Felipe Sandoval .
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Voy a esperar que el diputado informante termine de hacer uso de la palabra y después pediré el acuerdo para que el señor Felipe Sandoval pueda ingresar a la Sala.
Puede continuar con el uso de la palabra el diputado informante .
El señor MOLINA .-
Como decía, en las pesquerías sujetas al régimen de plena explotación, a las cuales se les ha fijado una cuota global anual de captura, ocurre el fenómeno llamado “carrera olímpica”, que consiste en que todos los armadores que participan en la pesquería se esfuerzan por capturar el mayor número de especies con los medios de que disponen. Es decir, los armadores compiten entre sí para obtener la mayor cantidad de recursos del mar en el menor tiempo posible, lo cual puede traer como consecuencia que la cuota global se agote antes de la fecha prevista y se produzca una fluctuación en el precio de los peces en función del mayor o menor volumen de captura, lo cual incide en la oferta al mercado de los productos del mar.
La ley Nº 19.713, que instituyó como medida de administración pesquera el límite máximo de captura por armador, tuvo por objetivo poner término a esta situación al regular o fijar la cuota máxima que puede extraer un armador en la pesquería, ajustando así el esfuerzo pesquero al disminuir el movimiento de naves y el ahorro de recursos humanos y materiales. Además, esta medida permite a los armadores programar su actividad a lo largo del año y alcanzar mayor eficiencia en el esfuerzo pesquero aplicado a la pesquería.
Por otra parte, para lograr mayor eficiencia del esfuerzo pesquero es necesario disminuir el número de naves que operan en la pesquería y hacer los correspondientes ajustes en las plantas en tierra, todo lo cual significa la pérdida de puestos de trabajo, tanto en la actividad pesquera misma a bordo de los buques y plantas procesadoras como en los demás servicios auxiliares.
Se sostuvo que, si bien en la zona norte no existe cuota global anual de captura -y, por ende, se neutraliza la “carrera olímpica”-, es necesario extender a ella el límite máximo de captura, a fin de uniformar en un solo estatuto jurídico las grandes pesquerías nacionales. Además, una vez informadas las cuotas asignadas a cada armador, esta medida ordena a las pesquerías y permite una mayor planificación de la actividad pesquera, como ha ocurrido en la práctica, con la experiencia acumulada en un año de aplicación de la ley en el resto de las regiones.
Se reconoció, asimismo, que en una primera etapa, por disminución de la flota, se pueden generar situaciones de cesantía. Pero al mejorar la eficiencia de la explotación pesquera por la vía de incorporar un mayor valor agregado, transcurrido un tiempo se compensa la cesantía incorporando nuevos empleos en las diferentes fases de extracción y procesamiento de los recursos del mar.
Se tuvo en vista también que la pesquería del jurel en la zona norte está básicamente conformada con especies juveniles por ser ésta su área de crianza y porque la pesquería de la anchoveta es fluctuante, en razón de que depende de las condiciones oceanológicas de las áreas en que se desplaza, todo lo cual aconseja que se aplique en estas pesquerías una medida como la propuesta.
Durante el estudio en Comisión se conoció la opinión del subsecretario de Pesca , quien, en lo sustancial, explicó que la ley Nº 19.713 es transitoria y establece una medida de administración desde la Tercera a la Duodécima regiones, quedando excluidas de la aplicación las regiones Primera y Segunda. El proyecto pretende incluir a estas dos regiones para dejar a todo el sector industrial pesquero del país bajo el mismo régimen de administración.
Recordó que el proyecto de ley que estableció el sistema de administración denominado “límite máximo de captura por armador” surgió como consecuencia de la grave crisis por la que atravesaba la pesquería del jurel, lo que produjo serios problemas de administración.
Al analizar la situación de las naves pesqueras, se constató que todas las que tenían autorización para pescar jurel, también la tenían para pescar sardina y anchoveta. Por lo tanto, si se aplicaba la medida sólo a la pesquería del jurel, todo el esfuerzo se reorientaría hacia la sardina y la anchoveta, con los consiguientes problemas de sobreesfuerzo que se generarían sobre esas pesquerías. Por otra parte, esta misma flota estaba autorizada para pescar merluza de cola y merluza común, pesquerías que también debieron ser incorporadas al sistema.
A su vez, la mayoría de las naves que tienen autorización para pescar merluza común cuentan con autorización para capturar crustáceos y para la pesquería demersal sur-austral, que comprende la merluza del sur, el congrio dorado, la merluza de tres aletas y la merluza de cola. Por esa razón, desde el punto de vista de la administración de las pesquerías y de la incidencia del establecimiento del sistema de límite máximo de captura de un recurso en otro, se determinó aplicar esta ley desde la Tercera Región al sur.
Sin embargo, la pesquería de sardina y de anchoveta de la Primera y Segunda regiones no estaba tan relacionada con el resto de las pesquerías. Además, este sector estaba sufriendo un fuerte proceso de reestructuración, que culminó con una importante reducción de la flota industrial.
Consultado acerca de las consecuencias que esta iniciativa tendría para los pescadores artesanales en lo que dice relación con las perforaciones en su zona de reserva, agregó que la ley Nº 19.713 se aplica tanto a regiones que tienen perforaciones autorizadas como a aquellas que no las tienen. En efecto, la mencionada ley cerró la zona de reserva artesanal, pero sólo desde la Quinta Región al sur; en la Tercera y Cuarta regiones se encuentran autorizadas las perforaciones. Por lo tanto, este proyecto, comparado con la reseñada ley, no establece un régimen diferente.
En otro orden de materias, sostuvo que esta iniciativa no genera problemas especiales de administración de las pesquerías. Sólo es necesario que el Consejo Nacional de Pesca fije cuota a la sardina y a la anchoveta para lo que resta del año 2002.
Finalmente, el subsecretario de Pesca dejó a disposición de la Comisión un cuadro que contiene los porcentajes de participación de las flotas industrial y artesanal en los desembarques pelágicos de las regiones Primera y Segunda.
Analizadas en el seno de la Comisión las razones que motivan esta iniciativa, los señores diputados estuvieron de acuerdo en la necesidad de legislar sobre esta materia, por cuanto se hace extensivo a todo el país el mismo régimen de administración pesquera.
Sin embargo, varios señores diputados hicieron notar la aprensión de los pescadores artesanales de las regiones Primera y Segunda respecto de las consecuencias de la aplicación de esta medida si no se cierra el acceso de los industriales a su zona de reserva.
Asimismo, durante este estudio surgió inquietud respecto de la justificación de este proyecto en la zona norte del país, toda vez que en ella se da una alta concentración de la flota pesquera industrial, lo que hace inexistente la “carrera olímpica” que se produce en la zona centro-sur.
Puesto en votación general el proyecto propuesto por el Senado, la Comisión procedió a aprobarlo en los mismos términos, por 6 votos a favor y 3 en contra.
En la votación en particular, el artículo único y los dos artículos transitorios que modifican la ley Nº 19.713 fueron aprobados, en los mismos términos propuestos, por 6 votos a favor y 3 en contra.
En consecuencia, la Comisión recomienda a la Sala la aprobación del proyecto, el cual contiene disposiciones de quórum calificado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Solicito el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Pesca , señor Felipe Sandoval, y la jefa de la División de Desarrollo Pesquero, señora Edith Saa.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos aprobó en general y en particular -sin ninguna indicación- el proyecto de ley que incorpora a la Primera y Segunda regiones al régimen transitorio de administración pesquera denominado “límite máximo de captura”, establecido el año pasado por la ley Nº 19.713, para ser aplicado en el resto de las regiones del país.
La iniciativa, originada en moción del senador señor Andrés Zaldívar y de los entonces senadores señores Julio Lagos y Sergio Bitar , fue acogida por la Cámara Alta con un amplio respaldo.
De igual modo, el proyecto fue informado favorablemente el miércoles pasado por la Comisión de Pesca de la Cámara, luego de haber escuchado del subsecretario de Pesca , señor Felipe Sandoval , las razones que ameritan su aprobación. Al respecto, comparto plenamente los argumentos expuestos en la Comisión y, en consecuencia, voy a votar a favor del proyecto.
Me parece de toda lógica que las autoridades y los actores de la actividad pesquera se rijan por las mismas normas, independientemente de las regiones en que operen, sobre todo en casos como los que comentamos, en que la gran mayoría de las especies que se capturan en esas dos regiones también son capturadas en otras.
En razón de lo anterior, tiene pleno fundamento que las reglas del juego por las que deben operar los pesqueros sean las mismas, independientemente de las regiones en que inviertan.
De igual modo, me declaro a favor del proceso de modernización de nuestra legislación pesquera, materia que ha sido incluida en la llamada Agenda Pro Crecimiento, elaborada por el Gobierno y la Sociedad de Fomento Fabril.
Por otro lado, a ocho meses de que se extinga la ley transitoria que aprobamos el año pasado, ya deberíamos estar discutiendo el contenido de una ley definitiva que refleje los elementos principales que cuatro de los mayores expertos pesqueros del mundo nos explicaron en el seminario organizado por el Ministerio de Economía, que se dictó en el Congreso Nacional hace quince días.
En un mundo tan competitivo, Chile se ha convertido en uno de los cuatro principales países pesqueros. Para conservar esa posición necesitamos empresas sólidas, con un marco normativo de largo plazo y, por sobre todo, terminar con algunas pequeñas rencillas que a veces ocurren entre una región y otra, cuestión que nos exige, como parlamentarios, poner por encima de ellas el interés general del país.
Todos, sin excepción, deberíamos acatar la circunstancia de que una empresa o actividad esté radicada en aquel lugar en que su operación es más rentable o donde se presenten las mayores concentraciones de peces y evitar la política nefasta de fomentar artificialmente mayores inversiones en regiones que no son pesqueras, que tienen realidades diferentes.
También debemos ser muy cuidadosos en nuestras decisiones, pues en asuntos pesqueros ya ha ocurrido que se ha eliminado la fuente de trabajo de algunos de nuestros compatriotas por tratar de resolver los problemas de empleo de otros.
Sobre esta última cuestión, me habría gustado que estuviera el subsecretario de Pesca para formularle algunas preguntas, pero, lamentablemente, no se acordó su ingreso a la Sala.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Me permite? Volveré a pedir el asentimiento de los señores diputados.
Solicito el acuerdo para que ingrese a la Sala el subsecretario de Pesca, señor Felipe Sandoval, y la jefa de la División de Desarrollo Pesquero, señora Edith Saa.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Puede continuar el diputado señor Errázuriz.
-Ingresan a la Sala el subsecretario de Pesca , señor Felipe Sandoval , y la jefa de Desarrollo Pesquero, señora Edith Saa .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , aprovecho la presencia del subsecretario, don Felipe Sandoval , para hacerle algunas preguntas que han salido al debate público con motivo de la tramitación de este proyecto, de la ley transitoria a la que me he referido y del viejo tema de las cinco millas costeras que, como se recordará, se entregaron en términos preferentes a la pesca artesanal, mediante el artículo 47 de la ley general de Pesca de 1992.
Por intermedio de su Señoría, pido al subsecretario de Pesca , don Felipe Sandoval , que nos aclare algunas inquietudes:
1. ¿Es efectivo que a partir de la prohibición absoluta para que operen naves industriales, aun en las áreas costeras en que no hay presencia y captura de pesquería por naves artesanales, existen sectores en los que no pesca nadie?
2. ¿Es efectivo que ello ha producido miles de despidos en la Octava Región y han disminuido la producción y las exportaciones nacionales?
3. ¿Es efectivo que si este criterio se aplicara en las Primera y Segunda regiones, las empresas industriales procesadoras de harina de pescado serían inviables económicamente, y los pescadores artesanales no tendrían a quién vender sus capturas?
4. ¿Ha efectuado la Subsecretaría de Pesca estudios técnicos sobre esta materia para determinar seriamente dónde puede y debe operar una y otra flota?
Estimo necesario conocer la opinión de la autoridad reguladora de esta materia, por cuanto los parlamentarios, que permanentemente estamos recibiendo llamados para legislar sobre los recursos marinos, no siempre contamos con la información que nos permita determinar lo mejor para el bien común.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ .-
Señor Presidente , el proyecto de ley que se analiza pretende incorporar las pesquerías de la sardina, anchoveta y jurel de las regiones Primera y Segunda al régimen especial de “límite máximo de captura por armador”, vigente para el resto del país desde hace casi un año, luego de la dictación a la ley Nº 19.713. Estoy en desacuerdo con esta medida por las razones que paso a exponer.
Dicho mecanismo especial tuvo dos objetivos principales. El primero, directo, detener la denominada “carrera olímpica”, consistente en la maximización de los esfuerzos de las empresas pesqueras para obtener la mayor cantidad de recursos del mar en el menor tiempo, con lo cual las cuotas globales se agotaban en corto plazo.
El segundo, indirecto y consecuencial, al otorgar determinadas cuotas de pesca a los armadores, permite una mayor planificación de las capturas, optimizar los recursos productivos y brindar estabilidad para cumplir los compromisos financieros, particularmente en el caso de la pesquería del jurel en la Octava Región, que se encuentra en grave crisis. Dicho régimen especial fue pensado siempre en carácter de transitorio por el período de vigencia de la ley Nº 19.713. Así se expuso y se argumentó en reiteradas ocasiones. Por ello, en primer término, considero inoportuno, a meses de culminar su aplicación en el resto del país, extenderla a estas pesquerías que habían quedado excluidas, sin evaluar el funcionamiento del mecanismo y, fundamentalmente, sin atender y solucionar las principales críticas que se le han formulado. Más aún, dicha extensión resulta innecesaria si se considera que esas dos regiones no enfrentan el problema que originó su aplicación en el resto del país: la “carrera olímpica”.
Las pesquerías de la Primera y Segunda regiones pueden estar atravesando por muchas dificultades, pero ellas no dicen relación directa con este proyecto.
Los propios impulsores de la iniciativa argumentaron en la Comisión de otra forma. Señalaron la necesidad de uniformar las grandes pesquerías en todo el territorio y de contribuir a que las empresas de esa zona planifiquen sus esfuerzos pesqueros tal como ha ocurrido en el resto del país.
Ello tiene un solo resultado, que se reconoce en el informe: cesantía, menor empleo. Por eso, los diputados socialistas no estamos dispuestos a apoyar un proyecto de esta naturaleza.
El contraargumento de que la cesantía en la flota se recupera en la manipulación de los productos, no es efectivo. Todos sabemos que dichas labores cada vez conllevan menor cantidad de mano de obra de diversa calificación con sueldos miserables y por cortos períodos. Asimismo, la iniciativa en discusión dará respaldo legal a la excesiva concentración de los recursos en pocas manos en estas regiones, lo que ya se aprecia en el resto del país.
Por eso es imposible aceptar el argumento de la “carrera olímpica”, porque no hay competencia en los operadores industriales en las regiones Primera y Segunda.
Con la aplicación de esta normativa, se ha calculado que en las regiones Primera y Segunda, una empresa recibirá parte muy significativa de las cuotas, lo que, si bien puede resultar positivo para la fiscalización, económicamente es un despropósito, más aún si no se soluciona el problema del cálculo de las cuotas reclamadas en otras zonas donde actualmente se incluye la pesca de investigación en la captura histórica, lo que está más allá del espíritu de la ley Nº 19.713, por cuanto esas cuotas no se basan en el esfuerzo individual de la empresa, sino en una concesión de la autoridad pesquera.
Por último, quiero manifestar que este proyecto -y tal vez sea mi principal discrepancia con él- tampoco soluciona el gran problema de la pesca artesanal, que dice directa relación con la aplicación de este proyecto: la necesidad de cerrar las cinco millas de reserva del sector pesquero artesanal, medida ciertamente significativa para los miles de pescadores artesanales del país.
En conclusión, votaré en contra de este proyecto, por cuanto estoy convencido de que la extensión de esta medida a esas regiones, además de inoportuna, resulta innecesaria, porque conlleva a la concentración del esfuerzo pesquero en las grandes empresas sin solucionar los problemas que la ley Nº 19.713 ha mostrado, esto es, ocasionará cesantía y no garantizará el espacio exclusivo reservado a los pescadores artesanales.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , me alegra mucho lo que acaba de expresar el diputado señor Pedro Muñoz . Estoy en la misma línea y me parece de absoluta justicia lo que ha dicho.
Nos preocupamos de regular la actividad de las grandes pesqueras, pero siempre dejamos algún forado en lo relativo a los pequeños pescadores artesanales. En este momento, en el país hay más de un millón doscientas mil personas que viven de la pesca artesanal.
En consecuencia, a lo mejor el subsecretario tratará de convencer a los diputados que anunciamos votar en contra de que estamos equivocados, porque para el pescador artesanal la ley queda exactamente como está. Creemos que las cinco millas deben ser exclusivas para los pescadores artesanales. Eso lo he defendido y lo defenderé siempre. Hay que tener presente que con cualquier pretexto se pueden violar las cinco millas y los pescadores artesanales quedarán absolutamente desvalidos. Yo represento un pedazo de mar, en Quele, comuna de Toltén. En esa parte hay más de veinte o treinta barcos pescando diariamente y se ríen de los pescadores artesanales. Eso no lo acepto. Al respecto, mi conciencia está tranquila, pues siempre he estado con estos pescadores.
Sobre la materia, he escuchado voces que se alzan contra esto en distintas regiones.
Por lo tanto, para qué vamos a despachar una ley parche que no solucionará los problemas si podemos tener otra para proteger a los pescadores artesanales. Hay que consensuarlas y, después de eso, votar, pero en este momento, tal como está y mientras no haya protección para los pescadores artesanales, la voy a votar en contra. No es un capricho. Como tengo mis ideas claras, sé que esto es una expropiación. Para esa gente, las cinco millas constituyen su fuente de vida; si se las expropian, se dejará sin sustento a sus familias, que desde siempre o por muchos años han vivido del mar. Por lo tanto, una vez más voy a votar en contra de la violación de las cinco millas de la pesca artesanal.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS .-
Señor Presidente , una vez más quiero hablar en favor de un sector muy importante en la actividad productiva de nuestro país.
En el debate de la Comisión, de la cual formo parte, no hubo concordancia en los argumentos expuestos al analizar el mensaje del Ejecutivo, que plantea extender la medida vigente desde la Tercera Región al sur, a las regiones Primera y Segunda.
En esta materia, han ocurrido algunas situaciones de hecho que nos llevan a pensar que aquí se da lo que en nuestro lenguaje vulgar se conoce como “la cuerda se corta por lo más delgado”. Hubo sólo alabanzas del diputado informante para este acuerdo que logró la Comisión de Pesca en la sesión pasada. Aquí hay una omisión al no concordar lo aprobado allí con la ley que permite la captura máxima por armador, en la que se dispuso la eliminación de las perforaciones existentes y que no se fueran a llevar a cabo otras, para así proteger la actividad de los pescadores artesanales, la reproducción de la biomasa y muchas otras cosas que se consideran valiosas para mantener la estabilidad del quehacer pesquero, así como también el control sobre la biomasa.
Para esa zona no se plantea la reserva de las cinco millas para los pescadores artesanales, como está establecido en la ley, sino permitir la continuación de las perforaciones. Por lo tanto, serían alejados de esta actividad quienes la realizaron desde los inicios de nuestra historia y accionar como país.
En ese caso se cometería una arbitrariedad muy grande, por lo cual no estamos dispuestos a votar favorablemente una iniciativa que perjudica a los que tienen más carencias, a los que históricamente han realizado más esfuerzo, a quienes arriesgan sus vidas para llevar a cabo esta actividad. En esta normativa se pretende impedir que participen en ella, injusticia que no podemos permitir desde ningún punto de vista.
Anuncio el voto en contra de la bancada del Partido Radical Social Demócrata a este proyecto, por estimar que es un atropello para los pescadores artesanales, y que nuestro deber es protegerlos a fin de que obtengan lo que legítimamente les corresponde.
He dicho.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , la Comisión de Defensa va a funcionar de 12 a 13 horas para recibir a la ministra.
Su Señoría señaló que este proyecto se votará al final del Orden del Día o antes si habían terminado de hacer uso de la palabra los señores diputados. Por ello pido que se fije una hora para la votación.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Señor diputado, la sesión la dirige la Mesa.
En el momento oportuno y si correspondiera, suspenderemos la sesión por algunos minutos para que bajen los diputados que estén en la Comisión. Eso está considerado, señor Errázuriz.
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente , el proyecto de ley que nos convoca y que tiene por objeto incorporar las pesquerías de sardina, anchoveta y jurel en el área marítima de la Primera y Segunda regiones al régimen de administración pesquera denominado “límite máximo de captura por armador” es positivo, fundamentalmente por tres razones.
En primer lugar, se logra uniformar la legislación de las pesquerías, se las ordena y se les permite mayor planificación de la actividad.
En segundo lugar, las medidas establecidas en la ley Nº 19.713, que estableció el límite máximo de captura por armador pesquero industrial, ha tenido un buen funcionamiento en cuanto al desarrollo sustentable de las unidades de pesquería sujetas a esta normativa.
En tercer lugar, la experiencia de la zona sur, donde se ha aplicado el régimen de límite máximo de captura por armador, hace aconsejable extenderlo a la Primera y Segunda regiones, puesto que ha permitido a la industria pesquera, como ya se dijo, reducir sus costos, aumentar su competitividad y dar mayor regularidad a las actividades laborales.
Por otro lado, quiero rebatir las afirmaciones del diputado señor René Manuel García en torno de que aquí se estaría desprotegiendo a los pescadores artesanales. Esto no tiene nada que ver con ese tema, ya que nadie está en contra de los pescadores artesanales; aquí no están en juego tampoco las cinco millas ni las perforaciones. Eso ya está en la ley de Pesca vigente. Las atribuciones relativas a la solución de las perforaciones ya las tiene la Subsecretaría de Pesca y este proyecto específico no tiene nada que ver con los pescadores artesanales. Por lo tanto, sus argumentos para votar en contra de este proyecto no son atinentes.
Asimismo, no puedo dejar de destacar que este proyecto de ley se originó en una moción de tres distinguidos senadores, de distintas corrientes políticas, que al proponer esta iniciativa legal hacen un reconocimiento implícito de la acertada decisión de establecer un límite máximo de captura por armador en las modificaciones a la ley de Pesca, tan discutida hace poco tiempo, que trataba un tema eminentemente técnico al que muchas veces se le dio una connotación política innecesaria, lo que no contribuía a despachar una buena normativa.
Por lo expuesto, me alegro de que avancemos en el camino correcto. La señal de aunar criterios que nos dieron los autores de este proyecto puede ser un buen anticipo para la altura con que deberá ser discutida la nueva modificación a la ley de Pesca que está próxima a ingresar al Congreso.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , voy a reforzar algunos de los dichos que se han manifestado respecto de este proyecto de ley. Mi distrito -el número 2- y el sector pesquero de mi región se ven directamente afectados.
Cuando se aprobó la iniciativa que incluía todas las regiones, con excepción de la Primera y la Segunda, se hizo con la convicción de que con ella se podría evitar la “carrera olímpica”, ya mencionada, y estimular la competencia del sector pesquero, junto con mejorar la eficiencia y el rendimiento.
Ninguna de estas dos cosas se lograrán con la extensión de la aplicación de la norma a la Primera y Segunda regiones. En primer lugar, no existe competencia en esta zona, ya que prácticamente el 80 por ciento o más de las naves, que son cerca de 30, se encuentran en manos de Corpesca, de un solo sector.
En segundo lugar, no existe “carrera olímpica” en la Primera y Segunda regiones porque no hay cuota anual global de pesca. Por lo tanto, al no existir “carrera olímpica”, el argumento de que con esta iniciativa se fija un máximo de captura y de que podemos, de alguna manera, conservar más que preservar los recursos pesqueros, no es exacto.
Por otro lado, entre los riesgos que se corre al poner un límite máximo de captura está, como dice la ley, que se puede solicitar aumento de esa cuota varias veces en el año, lo cual se ha hecho en el resto del país, fundamentalmente por la presión social, por la cesantía que se genera al asignar una cuota global, ya que, por un malentendido concepto de eficiencia, se utilizan menos embarcaciones de las que existen y mucha tripulación queda en tierra, lo que aumenta los altos niveles de desempleo de las regiones Primera y Segunda.
Uno de los temas relevantes, y en esto me sumo a lo señalado por colegas de diversas bancadas, dice relación con las penetraciones o perforaciones de las cinco millas destinadas a la pesca artesanal, que se suponen inviolables. Al respecto, es indispensable legislar para evitar que se produzcan “negociaciones” entre algunos industriales y parte del sector artesanal, como ha sucedido. La ley dice que no se pueden penetrar las cinco millas de reserva exclusiva para la pesca artesanal. Pero al agregar: “No obstante, cuando el desarrollo de actividades extractivas industriales no interfieran con la actividad artesanal...”, da pie para que se penetre o perfore esa zona exclusiva.
Teniendo en cuenta los antecedentes que acabo de señalar, además de que se está discutiendo un nuevo proyecto de ley de Pesca, no tiene sentido legislar para dos regiones con una ley que tendrá una duración de dos o tres meses.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , el recurso marítimo de nuestro país es renovable. Por lo tanto, es necesario un manejo sustentable. ¿Qué significa “sustentable”? Que la pesca en Chile debe ser, en primer lugar, económicamente rentable en el corto, mediano y largo plazo. En segundo lugar, socialmente aceptable, es decir, debe dar trabajo digno y permanente a la gente involucrada en esa actividad económica.
En tercer lugar, debe ser medioambientalmente amigable, o sea, que no vaya contra sí misma en cuanto a su perduración en el tiempo.
Estos conceptos parecen muy simples, pero son muy difíciles de aplicar a recursos tan diversos, extensos e inconmensurables como los marinos.
En otras palabras, cuando se tiene un capital, que es el recurso marino, y sabemos que esa biomasa crece anualmente, podemos decir que el capital inicial tiene un interés anual y que la sustentabilidad se produce cuando sacamos solamente los intereses que produce ese capital, es decir, el crecimiento vegetativo de la biomasa debe ser la cuota extraíble anualmente. De esa forma se mantiene el capital inalterable en el tiempo, en beneficio de las generaciones futuras, dado que nuestra obligación es justamente asegurar esta riqueza, que es de todos los chilenos y, a la vez, de nadie. La única forma de determinar la cuota de interés mensual es mediante la investigación.
Quiero hacer un llamado y una reflexión respecto de este tema. No deseo ser peyorativo, pero si hay un país que desconoce sus recursos marinos es el nuestro, pues la inversión en investigación aún está lejos de permitir conocerlos a carta cabal, y no como sucede en países que son nuestra competencia y que participan en forma significativa en el rubro de la pesquería, como Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica , etcétera, que invierten en investigación y conocen exactamente sus recursos, de modo que la actividad económica y la explotación del recurso están basadas en estudios científicos bajo un esquema de sustentabilidad.
De acuerdo con la información que tenemos sobre el Presupuesto de este año, la Subsecretaría de Pesca contará con alrededor de 2.200 millones de pesos para investigación marina mediante fondos concursables, pero la mayor parte de los proyectos están dirigidos y enfocados hacia la investigación aplicada, industrial y de procesos.
Creo que está en carpeta la aprobación de un nuevo fondo de investigación marítima, Fondemar , destinado a apoyar e incentivar la investigación básica, que es la parte en que estamos más huérfanos de información.
Hace pocos días, en la zona de Valdivia se produjo el varamiento de una gran masa de peces, respecto del cual se da una serie de tesis e hipótesis, pero sin conocimiento real de lo que está sucediendo. Algunos señalan que es el presagio de un nuevo terremoto, como el de 1960, año en el que también se produjo un gran varamiento de especies marítimas en las costas de esa provincia. Esto demuestra, una vez más, que no sabemos qué está pasando con nuestro mar y con nuestras especies económicamente rentables.
La incorporación de las regiones Primera y Segunda al sistema de límite máximo de captura por armador contribuirá a mejorar y a homogeneizar la legislación que se aplica al país. La pregunta es: ¿por qué no se las incorporó en la modificación anterior a este sistema de manejo? La explicación que se dio fue que cualquier restricción a los límites de captura en las regiones Primera y Segunda podría favorecer a Perú, porque geográficamente compartimos esta zona de explotación pesquera y ellos no tienen ninguna regulación al respecto. Al establecer un límite, podríamos favorecer, por omisión, la actividad pesquera del vecino país. Ello obligaría a nuestro Gobierno a negociar para que Perú adoptase algún tipo de regulación al respecto, ya que, de lo contrario, sucederá lo que se pensó originalmente, cuando no se incluyó a dichas regiones en la ley anterior, porque se favorecería a la pesquería peruana.
De acuerdo con la escasa investigación que tenemos, la segunda razón por la cual no se incluyó a las regiones Primera y Segunda en la ley anterior fue porque se pensaba, y todavía se piensa, que esta zona es de crecimiento del jurel. Efectivamente, ahí se encuentra al jurel en su estado juvenil. Así, en cada tonelada siempre hay mayor cantidad de ejemplares juveniles que en la tonelada extraída en la zona sur.
Sin duda, es un asunto que debe preocuparnos, porque si esto se comprueba científicamente, tendremos que regular más la captura en esas regiones, porque se está operando sobre la población juvenil de un recurso de importancia económica para el resto del país.
Por último, me referiré a un tema que ya se ha tocado, pero que debe ser aclarado. Al incorporar a esas regiones del norte al sistema de límite máximo de captura, no se pone en el tapete la perforación de las cinco millas, zona reservada en forma exclusiva para los pescadores artesanales, asunto que preocupa, pues, de acuerdo con la legislación vigente, aún es prerrogativa y resorte de la autoridad. Es necesario aclarar que el proyecto no interfiere ni interferirá con nuevas autorizaciones de perforación, mucho menos en las regiones que están fuera del rango de esta iniciativa. Sería bueno conocer, ojalá antes del término de la discusión, dónde están ubicadas las perforaciones autorizadas en las regiones Primera y Segunda. Creo que ese tema ha sido resuelto en gran parte en los últimos quince meses, gracias a la implementación de los posicionadores satelitales que las naves deben portar en forma obligatoria, mediante la cual la autoridad maneja la información día a día, velando por el respeto de la norma de las cinco millas reservadas para los pescadores artesanales.
El proyecto es adecuado, no obstante su corta duración, pues, como ya se dijo, regirá sólo algunos meses, porque de aquí al 31 de diciembre del año en curso debería estar aprobada la nueva ley de pesca industrial.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , el nuevo sistema que propone la Subsecretaría de Pesca a través del proyecto en evaluación, aunque tiene aspectos interesantes, es muy complejo y, como es previsible, se refiere principalmente a aspectos administrativos.
Se consideran dos niveles, conformados por grupos de técnicos, agentes y expertos, con competencias que no aparecen muy claras, encargados de efectuar tareas no identificadas y asignadas por la Subsecretaría. Esto, que suena tan complejo, está hecho por un abogado experto en el tema, a quien le encargamos analizar el sistema.
No es posible opinar con propiedad sobre la propuesta, ya que ésta no profundiza en aspectos tales como la composición, atribuciones y responsabilidades de los diversos grupos que considera, las características de sus miembros, los mecanismos para seleccionarlos y, lo más importante, el financiamiento de las actividades, a fin de evitar la situación que afecta a los consejos de pesca, en los que existe una desigualdad evidente en el apoyo técnico que recibe el sector industrial respecto del artesanal. Mientras el primero cuenta con los medios para financiar asesorías, el segundo sólo recibe un apoyo técnico gratuito cuando lo puede obtener. Esta situación produce una desigualdad real en las competencias de ambos sectores, en cuanto a opinar acerca de las materias técnicas de los consejos. ¿Dónde está el apoyo que se brindará para la continuidad de los trabajos que emprendan los grupos? ¿Qué complementariedad hay entre la función y la responsabilidad de los diversos grupos de los consejos de pesca?
Con todo respeto, me parece que el sistema propuesto tiene como objetivo implícito sacar al subsecretario de turno del calvario periódico de la toma de decisiones acerca de las cuotas globales de captura, liberándolo de los costos políticos que representa decidir sobre la materia. Empero, el sistema hace perder al Estado la atribución de intervenir sobre el grado de utilización de los recursos, que no son propiedad de quienes los explotan. Con él se pretende que los afectados por medidas administrativas decidan sobre la amplitud de sus efectos, lo que podría ocurrir en un mundo perfecto, pero no en el mundo real del que estamos hablando.
Como decía mi colega Delmastro , al tomar estas decisiones en Valparaíso o en Santiago, a nivel central, muchas veces se ignora la diversidad de las regiones. Él dijo: “Estoy absolutamente claro”. Entonces, es claro que con el proyecto en estudio se afectará al Perú. Nosotros tenemos sólo medio mar. Por lo tanto, aquí hay un problema que debemos estudiar.
Por otra parte, es necesario preocuparse de la pesca artesanal en toda su dimensión, como lo han sostenido todos mis colegas.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , la diputada señora Rosa González nos ha demostrado la necesidad de discutir el proyecto que se presentará en los próximos días, mediante el cual podremos debatir en profundidad todas estas materias.
Al respecto surge la primera duda. En el período legislativo anterior aprobamos la incorporación de los límites máximos de captura como sistema de administración pesquera desde las regiones Tercera al sur, el que durará hasta diciembre. Entonces, cabe preguntarse por qué vamos a aprobar hoy un proyecto para incorporar a las regiones Primera y Segunda a un sistema que se discutirá en diciembre.
Es legítimo que algunos piensen que el límite máximo de captura ha sido una herramienta eficiente de administración pesquera, pero también es válido que otros crean lo contrario. Ésa será la discusión de fondo del próximo proyecto, que espero sea enviado al Congreso Nacional a la brevedad posible. Sé que la Subsecretaría de Pesca está trabajando con gran afán en ello. He ahí mi primera duda.
La segunda está relacionada con las cinco millas, respecto de las cuales ha habido una suerte de equivocación o malentendido. Hasta antes de la modificación del año pasado competía sólo a la autoridad administrativa definir las penetraciones que se podían hacer desde Arica hasta Punta Arenas. Fruto de la negociación realizada para aprobar la modificación a la ley de Pesca, le quitamos esa atribución a la autoridad administrativa desde la Quinta Región al sur, pero se mantuvo desde la Primera a la Cuarta por las razones que se explican: la cantidad de pescadores artesanales en la zona, la importancia de la industria pesquera, en particular de sardina y anchoveta en las regiones Primera y Segunda, especies que se ubican principalmente en las cinco millas, por los crustáceos en la Cuarta Región, etcétera. En consecuencia, aquí no se innova respecto de las cinco millas, pero sí hay un concurso de dos cosas que no se presentan en las otras regiones donde se aplica el límite máximo de captura: que exista la penetración en las cinco millas y que, además, se esté aplicando el límite máximo de captura. Mi segunda duda es cómo funcionarán estas dos herramientas que no están vigentes.
La tercera duda tiene que ver con el argumento fundamental que se dio para aprobar y aplicar el límite máximo de captura: terminar con la “carrera olímpica” que significaba establecer una cuota global, pues todos salían a pescar hasta completarla. En buen chileno, el pez más grande se comía al más chico.
Sumándome a la inquietud que planteaba el diputado señor Fulvio Rossi , me pregunto de qué carrera olímpica se habla si, en la práctica, el 90 por ciento está concentrado en manos de un solo armador. ¡No hay carrera olímpica! Se podría decir, a manera de justificación, que donde antes se estableció el límite máximo de captura había “carrera olímpica”, pero ahora no la habrá.
Esas son las tres dudas que quiero hacer presentes.
La eficiencia que ha tenido el límite máximo de captura, la necesidad de que los actuales sistemas de investigación constituyan verdaderas herramientas de administración pesquera, la composición de los consejos de pesca o su eliminación, etcétera, son temas que serán considerados en el proyecto que próximamente entrará en trámite legislativo y que discutiremos a fondo. Me parecería óptimo, entonces, discutir esta materia en esa ocasión y no en forma separada, como lo estamos haciendo ahora.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , tanto en la discusión de hoy como en las habidas antes, no sólo en este Congreso sino en todos los ámbitos, se reconoce que en el tema de la pesca extractiva ha habido una pérdida relativa en la importancia de esta actividad dentro de la economía, sobre todo porque los recursos han ido disminuyendo en forma sistemática. Por lo tanto, la necesidad de establecer medidas de administración que permitan, por una parte, compatibilizar este sector de la economía con la posibilidad de que los pescadores puedan seguir trabajando y, por otra, mantener los recursos que poseemos en nuestras costas, nos obliga a abordar proyectos como el que estamos viendo hoy, que no hace más que ampliar a las pesquerías de las regiones Primera y Segunda el régimen de administración que fijó cuotas máximas de captura por armador para las pesquerías de la Tercera Región al sur.
El motivo por el cual la autoridad estableció dicho sistema fue evitar la “carrera olímpica” en las pesquerías con cuota máxima de captura, con el ánimo de defender el recurso, sobre todo porque en ella la cuota se agotaba en pocos días y quedaba una gran cantidad de recursos ociosos, en términos de flota y de planta, lo cual provocaba una situación de inestabilidad en las regiones donde se desarrolla tal actividad. Por cierto, en la Octava Región tenía un impacto social muy importante.
Después de un año o más de funcionamiento del sistema, se concluyó que éste ha permitido, al menos, una mejor planificación del trabajo de la flota pesquera y de la industria en su conjunto y, además, dar estabilidad laboral. Las cuotas máximas por armador se establecieron sólo para la pesca de jurel, pero se estimó que en las regiones Primera y Segunda el esfuerzo podría concentrarse en las pesquerías de sardina y anchoveta. Por lo tanto, era recomendable -lo cual nos parece muy razonable-, ampliar el régimen a todas las pesquerías del país. En definitiva, el proyecto permite que en las regiones Primera y Segunda se utilice el mecanismo de cuotas máximas de captura por armador en las pesquerías de sardina y anchoveta.
Por esa razón, y como en la discusión anterior la bancada de la UDI estuvo mayoritariamente por incorporar este sistema de administración, ahora también votamos a favor la idea de incluir a las pesquerías de las regiones Primera y Segunda.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , en primer lugar, anuncio mi voto en contra del proyecto. Quiero fundar mi votación en las mismas consideraciones hechas por algunos parlamentarios, específicamente el diputado señor Delmastro .
Creo que cuando se generalizan las cosas los efectos deben recaer en todos por igual. Una de las ideas fundamentales del proyecto es extender la cuota de captura a todo el país. Al respecto, pido que se generalice también el cierre de las cinco millas en defensa de los pescadores artesanales, porque el informe señala que si hay un área en que se dan en abundancia el jurel y la sardina juveniles, ésta debe ser protegida, cosa que no está ocurriendo en nuestra zona, en especial en Antofagasta.
Sin duda, la actividad pesquera de las regiones Primera y Segunda tendrá escaso desarrollo porque se favorece sólo a dos grandes empresas, las cuales, como sabemos, están ligadas a determinado grupo.
Como próximamente ingresará al trámite legislativo un nuevo proyecto de ley de pesca, es importante que entonces discutamos en la Comisión estos temas con mayor profundidad, pues la situación de las regiones Primera y Segunda no es igual a la de la Octava y Novena, ya que, en materia pesquera, en la zona fronteriza con Perú, país hermano, no existe regulación respecto de las especies migratorias.
Creo inconveniente que una ley sea objeto de modificaciones que sólo se aplicarán durante un par de meses más. Sería preferible rechazar el proyecto, originado en una moción, con el objeto de discutir el tema en profundidad cuando ingrese a trámite legislativo el proyecto que modifica la ley general de Pesca.
Por lo tanto, por el bien de la pesca artesanal de la Segunda Región, votaré en contra la iniciativa.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , no quiero reiterar los argumentos dados en esta oportunidad, que son bastante sólidos, sino reiterar que la ley Nº 19.713, de 2001, que crea un instrumento de administración pesquera de límites máximos de captura por armador, pierde vigencia a contar del 31 de diciembre de 2002, es decir, en ocho meses más, por mandato de su artículo 23, con la sola excepción de las modificaciones permanentes en materia de registro pesquero y de la obligación de descuento de las capturas efectuadas por exceso de cuota.
La moción de los senadores Andrés Zaldívar y de los entonces senadores Sergio Bitar y Julio Lagos , busca ampliar la aplicación de este instrumento a las pesquerías de la anchoveta, la sardina y el jurel en las regiones Primera y Segunda. De hecho, la nueva ley tendría una vigencia menor a ocho meses. Es más, se ve difícil que se pueda terminar el trámite administrativo necesario para su implementación, como la fijación de cuotas, que está sujeta a un complejo sistema de acreditación de desembarque. Esto nos hace pensar en la posibilidad de que el Ejecutivo , que patrocina el proyecto, quiera extender la vigencia de la ley Nº 19.713, con lo cual el compromiso contraído en este Congreso, en el sentido de que el sistema sería esencialmente transitorio, podría quedar en nada, lo cual nos parece grave. Hasta el momento no se han discutido los problemas centrales de la ley de Pesca ni tampoco los de la industria pesquera nacional. ¿Hacia dónde va la actividad pesquera? ¿A los pescadores artesanales, a la industria y a la explotación de mares y ríos? Estos temas han sido discutidos, no obstante que el sistema de cuotas máximas por armador siempre se entendió como una medida de parche para hacer frente a un problema de paralización de la flota pesquera del Biobío, que durante años arrasó con los recursos pesqueros de las zonas central y sur del país.
En esta lógica, resultaría mucho más importante que el Ejecutivo nos indicara claramente cuáles serán las políticas que se aplicarán al sector a mediano y a largo plazos. Aquí se señalaban los recursos invertidos en investigación en un sector que mueve algo más de 3 mil millones de dólares y que, por lo tanto, hace un aporte muy importante a la balanza comercial de Chile. No es posible que las conclusiones de una investigación necesaria, pero que no existe, puedan orientar adecuadamente sobre las decisiones por tomar. Como hay cierta ceguera por falta de información, seguiremos, cometiendo errores, tanto en este ámbito como en otros similares.
No quiero abundar más en la materia. Tal vez este proyecto podría haber tenido algún grado de oportunidad hace un par de años, cuando se discutió la ley Nº 19.713. En esa oportunidad, se dijo que era una “ley de parche”, pero como en nuestro país todas las cosas provisorias pasan a ser permanentes, no sé qué sentido tenía dictar una ley de esa naturaleza. Pues bien, ahora se quiere agregar otro parche.
Por lo tanto, anuncio el voto negativo de la bancada del PPD al proyecto.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente , en lo que deberíamos tratar de ponernos de acuerdo, en definitiva, es en determinar cuál es el verdadero sentido de esta iniciativa. Digo esto porque respecto de la ley anterior teníamos relativamente claro cuál era su objetivo: establecer un nuevo sistema de administración de las pesquerías -en algún momento tendremos que evaluarlo-, a fin de impedir la denominada “carrera olímpica”.
Entonces, hay que responder por qué queremos aprobar esta iniciativa, respuesta que está pendiente. Hasta el momento, lo único que se ha señalado es que establecería un sistema ordenador; vamos a tratar que todo esté más o menos igualito, hasta cuando nos corresponda discutir, próximamente, el tema de fondo, es decir, la modificación de la ley de Pesca.
Sin embargo, tal como están las cosas, no hay muy buenos argumentos para votarla a favor; no tiene mucho sentido decir que queremos dictar una ley para que las regiones Primera y Segunda se incorporen a esta administración de límites máximos de captura.
Nuestros problemas siguen siendo, más o menos, los mismos. Todos estamos preocupados por la situación de los pescadores artesanales, y en algún momento tendremos que discutir todo lo relativo a su seguro, al sistema previsional, al buen manejo de las 5 millas, a las concesiones acuícolas, tema que está arrumbado sin que se le dé solución; a la protección del medio ambiente, que también deberíamos preocuparnos de analizar. Se trata de materias que se supone que discutiremos cuando llegue el proyecto. Entonces, no podemos aprobar esta iniciativa sólo porque permite ordenar el sistema. Además, los diputados del norte nos están diciendo que no hay competencia y que, si bien no es malo, no tendrá un efecto real. Por eso cabe preguntarse: ¿para qué estamos aprobando esta iniciativa?, ¿quién la quiere? Es ahí cuando uno empieza a pensar que hay alguna pillería, pero, para ser francos, tampoco hemos logrado descubrirla.
A menos que el subsecretario nos dé muy buenos argumentos para aprobarla, todo está indicando que no tiene sentido alguno dictar una ley para unos cuantos meses. Sería preferible que empezáramos a debatir de inmediato el tema de fondo -es decir, la modificación de la ley de Pesca- y que dejemos esto en suspenso. Si el Congreso se pronunciara por dejar en forma definitiva este nuevo sistema de administración, está bien, incorporémoslo; pero si nuestra evaluación del sistema implementado por la ley Nº 19.713, del año pasado, no es buena, podría producirse un cambio de opinión.
Por lo tanto, voy a votar en contra.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , parece evidente que lo más aconsejable es que este proyecto no se vote hoy y que se envíe nuevamente a Comisión. Personalmente, considero muy inoportuno haberlo traído a la Sala, y voy a tratar de explicar el porqué.
Tal como dijo el colega Ascencio , no sea cosa que haya una pillería. Los malos pensamientos de algunos pueden llevarlos a decir que el objetivo de la iniciativa va por la línea delgada -por momentos confusa o difusa- de los derechos históricos, según los cuales se fijan cuotas globales de captura a futuro. Sin duda, es una “pega” para los abogados de mañana, que deberán argumentar sobre la base del principio de los derechos adquiridos. No vaya a ser cosa -con todo el respeto que me merecen los abogados y abogadas presentes- que en virtud de estas pillerías de que se ha hablado, después nos encontremos con que las cuotas de investigación son parte de las cuotas históricas.
En verdad, resultó muy difícil establecer cuotas globales de captura como sistema extraordinario de administración de las doce pesquerías en plena explotación. Y digo que fue difícil, a lo menos, por tres razones.
En primer lugar, porque se asume que el sector pesquero industrial realiza una sobreinversión, y cualquier regulación tendría un impacto en el empleo. Pues bien, así ocurrió. Pero el principio que inspiró a la ley de Pesca es la conservación de un recurso que no pertenece a la actual generación, sino que a muchas, y nosotros tenemos la responsabilidad política e histórica de conservarlo para las futuras generaciones.
El segundo aspecto que se tuvo presente fue cómo regular la relación entre pescadores artesanales e industriales. Al respecto, siento cierta simpatía por quienes creen que los pescadores artesanales son los boteros de las caletas pequeñas; pero no es así, porque éstos tienen diversos grados de relación con la industria según la región del país en que desarrollen sus actividades. Por ejemplo, en el norte, que a principios de los años 90 sufrió una crisis dramática que tuvo gran impacto en el empleo, existe un tipo de relación que no se puede comparar con la de otras regiones del país. Ese tipo de relación siempre nos ha llevado a discutir cómo deben repartirse las cuotas globales de captura.
Resulta muy complejo hablar de la distribución de las cuotas globales de captura al norte de la Quinta Región, porque tenemos allí el fenómeno de las perforaciones autorizadas por los consejos zonales de pesca. A juicio de algunos, no es la instancia más adecuada para fijar dichas cuotas, porque hay intereses creados, en algunas ocasiones, de los diversos actores. No estoy emitiendo juicios de valor; simplemente quiero reflejar lo complejo que resultó el debate.
Por último, el tercer tema presente en la discusión dice relación con el norte que deberá tener la ley de Pesca en nuestro país en los próximos 20 años. Considero que no es bueno tener este debate utilizando la teoría del salame: no es prudente discutir lo que pasa sólo en el norte, sin empezar a debatir la modificación de la ley de Pesca. Durante esa discusión deberemos evaluar este sistema de administración que, a juicio de algunos, ha sido muy bueno; según otros, requiere perfeccionamiento, y, a juicio de terceros, aún está pendiente un tópico: cómo establecer el derecho de acceder a la extracción de un recurso que pertenece a todos los chilenos.
En el proyecto de ley anterior -para “dificultarles” el trabajo a algunos abogados- establecimos explícitamente que ninguna cuota podría ser considerada derecho adquirido.
Sin embargo, quedó pendiente el tema del registro histórico, que es un ámbito, a juicio de algunos, un poco gris. Algunos han pensado que tal vez sería necesario establecer un sistema para licitar el mar, para ver quién tiene derecho a acceder a la explotación de un recurso que pertenece a todos los chilenos. Otros creen que podrían quedar afuera algunos industriales.
Lo cierto es que no se ha establecido una política nacional respecto de cómo acceder a ese recurso. Lo discutimos en la Comisión en el período anterior. Considero que hay que ahondar en el debate, y para no incurrir en equivocaciones, no sería oportuno votar el proyecto hoy día. Creo que el ánimo general -ya escuchamos a los colegas del norte- es votar en contra, porque existen suspicacias en cuanto a que no se sabe a quién beneficia. Se habla de la concentración de la propiedad en las pesquerías del norte; todos sabemos de lo que estamos hablando.
Pero lo más importante es que si hoy damos una señal equivocada, podríamos afectar a la industria en su conjunto, la cual ha invertido gran cantidad de recursos y necesita señales más claras para aumentar sus inversiones en tierra, en particular al sur de la Quinta Región.
Creo que lo más prudente sería enviar el proyecto a Comisión para segundo informe y no continuar con su discusión en esta sesión. La iniciativa contiene disposiciones de quórum calificado -toda vez que establecen limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de bienes- y su puesta en votación podría llevar a su eventual rechazo.
No es oportuno legislar ni votar hoy por el impacto que puede tener en un sector que genera muchos empleos, que necesita señales claras para hacer más inversiones y cuyos actores, los artesanales, los industriales, la gente de mar y la que trabaja en las plantas, han hecho un gran aporte al desarrollo nacional.
Por lo tanto, pido formalmente que el proyecto no se someta a votación y que vuelva a Comisión para segundo informe.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El diputado señor Juan Pablo Letelier solicita que el proyecto vuelva a Comisión.
¿Habría unanimidad?
El señor MELERO.-
Pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , sería conveniente continuar el debate, pues todavía queda tiempo, y luego resolver sobre la petición del diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Me parece bien, señor diputado .
Tiene la palabra su Señoría, que está inscrito para hacer uso de la palabra.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero referirme a algunas cosas formales, especialmente para los parlamentarios, que, por estar recién incorporados, es posible que desconozcan algunos aspectos de la discusión de la ley de Pesca durante prácticamente doce años.
Quiero recordar que este proyecto se originó en moción de tres senadores, dos de los cuales eran del norte: los hoy ex senadores Sergio Bitar, del Partido por la Democracia, y Julio Lagos, de Renovación Nacional, quienes percibieron que este proyecto era positivo para su zona.
En segundo lugar, esta iniciativa también fue apoyada y avalada por su Excelencia el Presidente de la República , a través del subsecretario de Pesca , en el seno de la Comisión, haciendo presente la urgencia, que calificó de “simple” para todos sus trámites constitucionales.
En tercer lugar, este proyecto de ley beneficia a esa fracción que quedó al margen del nuevo sistema de administración aprobado por el Parlamento, para pasar de un sistema de captura de cuota global a una asignación de cuotas individuales por armador, originadas en la historia o en la capacidad de bodega, dependiendo de la zona y de la especie de que se tratara.
Cuando el año pasado el Congreso dio ese paso, fue algo trascendental en la administración de las pesquerías del país: terminamos con la “carrera olímpica”, le dimos estabilidad a los trabajadores que repletaron las tribunas para pedirnos que aprobáramos ese nuevo sistema de administración, porque veían con incertidumbre que su trabajo les duraba quince o veinte días o un mes, quedando cesantes el resto del año.
Esto ha sido muy importante para la clase trabajadora, en particular para quienes trabajan en las plantas procesadoras. Pueden preguntárselo a los representantes y parlamentarios de la Octava Región y de otras regiones, quienes han visto mayor ordenamiento y mayor estabilidad laboral. Asimismo ha permitido ordenar la captura y que las industrias puedan programar sus zarpes, mantener economías de escala y reducir -algo muy importante- el tamaño de nuestra flota, preocupación de algunos parlamentarios por su efecto conservacionista. Al establecerse en la ley un sistema de asignación de cuotas por armador, se redujo la flota industrial del país, que superaba las setecientas naves. En otras palabras, disminuyó el esfuerzo pesquero -en algunas oportunidades, depredador- que se alejó del sistema de administración, lo que significó el colapso de importantes pesquerías.
Recordemos que la ley se dictó, fundamentalmente, por la disminución de la captura del jurel de la Tercera Región al sur, que cayó de 4 millones a poco más de 1 millón de toneladas.
Asimismo, recordemos que la pesquería del norte quedó al margen porque las empresas estaban viviendo un profundo proceso de reestructuración, puesto que estaban viendo seriamente afectados sus desplazamientos, sus capturas y sus ingresos, a causa de un sobreesfuerzo pesquero instalado que había que reducir. ¿Y qué hicieron? Lo que cualquier empresario con dos dedos de frente haría en resguardo de su capital y de sus trabajadores: fusionarse, decisión que hoy ha mermado el esfuerzo pesquero en la zona.
Los estimados colegas pueden ver en el informe un cuadro que muestra la relación que existe, de 1996 a 2000, en la captura de la anchoveta, la sardina española y el jurel: mientras el sector industrial tiene una participación del 96, 92 y 99 por ciento, respectivamente, la del sector artesanal es mucho menor que en otras zonas del país.
A mí me molesta que la concentración económica sea el resultado -para ponerlo en términos éticos o morales- de la ambición, pero ¿qué tiene de malo que dicha concentración sea producto de un proceso de racionalización industrial llevado a cabo para achicar una empresa, a fin de que sea más eficiente y no vaya a la quiebra? Es cierto que hoy entre el 75 y 76 por ciento de la captura está concentrado en dos o tres grandes empresas que pertenecen -digámoslo también- a un importante grupo económico del país, que da mucho trabajo, genera muchas divisas y también paga muchos impuestos. Pero también hay un grupo de pequeñas empresas que tienen ese 20 ó 25 por ciento, a las cuales les conviene más un sistema de administración de cuotas por armador que seguir en la “carrera olímpica”.
No aprobar este proyecto de ley significa favorecer a los grupos concentrados y desproteger a los pequeños pescadores artesanales, que ven con gran satisfacción la posibilidad de acceder ordenadamente en el tiempo a una cuota de esa captura.
Por esa razón, se nos quedó afuera este aspecto, porque se estaban reestructurando.
Entiendo la sensibilidad que existe respecto del sector artesanal; pero también debemos decir que en diciembre próximo modificaremos la ley transitoria que estableció el sistema de cuota individual por armador, porque vence en ese mes. Les pregunto lo siguiente: ¿Es mejor tener que abocarnos en diciembre a la discusión de la ley definitiva con dos regiones importantes del país marginadas del sistema de administración global establecido en Chile, o abordar dicho debate -probablemente lo iniciaremos en octubre- con representantes de esta actividad de todo el país, tanto del sector artesanal como del industrial, en igualdad de condiciones?
El Gobierno se comprometió -así se señaló en la Sala y lo ratificó el subsecretario- a que la ley definitiva -debe estar lista en diciembre- contendrá un tratamiento especial para la pesca artesanal. ¿Qué duda cabe de que al sector artesanal deberemos darle la cuota justa para que pueda mantenerse y crecer, y al sector industrial, lo que le corresponde, de acuerdo con su historia o capacidad de bodega? En su oportunidad, veremos cuál sistema utilizamos.
Se dice que aquí puede haber pillerías. ¿Es pillo el Presidente de la República , don Ricardo Lagos ? ¿Es pillo el subsecretario de Pesca? ¿Es pillo el honorable Senado de la República que aprobó el proyecto? Recordemos que nuestra Corporación está actuando como Cámara revisora, puesto que el proyecto se originó en el Senado, donde se llevó a cabo una amplia y ardua discusión que está en sus actas. Todos opinaron y aprobaron el proyecto, porque consideraron que es bueno sistematizar y ordenar el sistema industrial y artesanal de pesca en el país.
De manera que no encuentro razón fundamentada alguna que no sean desconfianzas o situaciones que no logro comprender para oponerse a esta iniciativa, las que, desde mi punto de vista, durante el trámite legislativo han sido desvirtuadas. Sus detractores dicen que favorece a Angelini. Digamos claro que ése es el problema: que favorece al grupo económico Angelini , pero también a muchos más.
Pero yo pregunto: ¿Qué pasaría si no establecemos un sistema de cuotas individuales por armador, y el día de mañana otras empresas quieren incorporarse, o el mismo señor Angelini u otros quieren vender? Vamos al fondo del sistema, a la lógica, a la razón fundamental -esto para los colegas recién incorporados a la Cámara- de la evolución que ha experimentando el sistema de administración pesquera en Chile.
Partimos en 1990 con un proyecto de ley de Pesca que discutimos durante un año y aprobamos en 1991, que estableció un sistema de cuotas globales anuales por zonas. Comprobamos empíricamente que ese sistema no era bueno para Chile y lo cambiamos. Si la mayoría consideró que era necesario cambiarlo, ¿por qué hoy lo cuestionamos para dos regiones? ¿Acaso no había también concentración económica en la Octava y Quinta regiones? ¿Cuántos son en Chile los empresarios pesqueros grandes? ¿Diez, doce, quince? En todos los ámbitos sucede lo mismo. ¿Acaso no ocurre lo mismo en la banca o en otras industrias del país? ¿Acaso no es Codelco el gran productor en la minería?
Los invito a tener una mirada de futuro, una mirada conservadora que permita que esta industria, que genera más de 2 mil millones de dólares y más de 90 mil empleos al año, tenga la estabilidad que necesita. Y esa mirada de futuro es, sin duda, un país ordenado con un sistema de administración único que asuma las sensibilidades que existen hacia el sector artesanal, respecto del cual deberemos legislar de aquí a diciembre; una mirada que permita dar a los miles de trabajadores que hoy ven con preocupación que se cierran las plantas y que no tendrán trabajo, la seguridad de que tendrán trabajo y de que sus plantas permanecerán abiertas.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señor diputado ? El diputado señor Leay le solicita una interrupción.
El señor MELERO.-
Se la concedo, señor Presidente.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Con la venia de su Señoría, tiene la palabra el diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente , solicité una interrupción al diputado señor Melero porque, aunque no estoy en contra del proyecto, creo que debe existir claridad respecto de algunos puntos.
Me parece lógico poder contar con un sistema de administración nacional, pero hay algo que no logro entender, y por eso le quiero pedir al diputado Melero que me lo explique, porque él conoce muy bien la materia.
Estoy seguro de que cuando se estudió la ley de Pesca, las empresas de la zona norte no querían entrar al régimen, y creo que se la jugaron por no hacerlo. La explicación que se nos dio fue que ello se debió a que se estaban reestructurando, pero aquí me asalta un sentimiento negativo, porque pienso que en ese minuto se opusieron porque querían reorganizarse para fijar las cuotas entre ellos; hoy, cuando ya se reordenaron, quieren las cuotas. Puede ser que mi percepción del punto sea equivocada, y por eso le pido al diputado Melero que me lo explique, ya que no me quedó claro.
En segundo lugar, sin ser técnico en la materia, quiero saber por qué desde la Quinta Región al sur están limitadas las perforaciones y por qué el proyecto -que limita la perforación y protege la pesca artesanal- no establece lo mismo para el norte. Entonces, se pretende que exista una línea común, que no funciona en todos los casos.
Me gustaría que el diputado Melero me aclarara esos dos puntos, por su intermedio, señor Presidente.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para responder las inquietudes del diputado señor Leay, tiene la palabra el diputado señor Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, agradezco las preguntas formuladas por el diputado Leay, porque creo que contribuyen a esclarecer un poco más el debate.
A mi juicio, el norte quedó afuera -espero que el subsecretario de Pesca me ayude después en la argumentación-, porque cuando se impulsó el proyecto para cambiar la cuota global anual de captura por la cuota por armador, la iniciativa estaba fundamentalmente pensada para el recurso jurel, de gran importancia en la Octava Región.
En la Primera Región el jurel es importante, pero también lo son -no tengo las cifras en mi poder- la sardina española y la anchoveta. Para entender la razón por la cual en algunos casos es más fácil aplicar un sistema como el que se propone y en otros, uno más complejo, hay que explicar el ciclo biológico de los peces a que se refiere el proyecto.
El jurel es una especie altamente migratoria, que hace su ciclo biológico desde nuestras costas hasta Nueva Zelanda; que va y vuelve en un larguísimo período de más de tres años; que se captura más allá de las treinta, cuarenta, doscientas, setecientas millas -las que ustedes quieran-, es decir, en alta mar. Por el contrario, la anchoveta, y especialmente la sardina española, son recursos costeros, que tienen su zona de reproducción y su mayor volumen en la inflexión de las corrientes en la milla tres; ahí se encuentran esos recursos que, además -como bien se ha señalado-, migran entre Perú y Chile.
Además de las razones de reestructuración de la industria, importantes y potentes, era difícil asignar una cuota a un armador que iba a dejar de existir en pocos días porque iba a la quiebra o porque se estaba fusionando. ¿Para qué entregar lo que después no se iba a utilizar? ¿Por qué administrar, igual que el jurel, otras especies con problemas en su momento por razones biológicas o dado el ciclo propio?
En cuanto a las perforaciones, tenemos que distinguir las legales y las ilegales.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Le pido redondear la idea, señor diputado, porque ha terminado el tiempo del Orden del Día.
El señor MELERO .-
Sólo le pido dos minutos, señor Presidente .
El inciso segundo del artículo 47 de la ley de Pesca establece con mucha claridad que están permitidas las perforaciones en aquella zona de las cinco millas donde no exista una actividad artesanal relevante y previa aprobación del Consejo Zonal de Pesca.
El legislador hizo bien, porque en cuatro mil quinientas millas de costa sería enorme el lucro cesante si en cinco de ellas no hubiera pesca artesanal y sí pesca industrial, que genera una enorme cantidad de recursos que, de lo contrario, se perderían.
Por consiguiente, cuando se habla de perforaciones siempre se entiende como un acto ilegal o contrario a los recursos artesanales o a los beneficios de la pesca artesanal.
De manera tal que en la Quinta Región se prohibió la perforación a todo evento, legal o ilegal. En el caso de las regiones Primera y Segunda, el legislador estimó que las perforaciones son menos relevantes porque los pescadores artesanales de la zona son cuantitativa y cualitativamente menos que en el resto de Chile.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor MELERO .-
Por esa razón no se estimó, aun cuando, obviamente, el tema es discutible.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el proyecto vuelva a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ.-
Señor Presidente, uno de mis colegas de bancada, precisamente del norte, ha quedado sin hacer uso de la palabra.
En consecuencia, pediría que, en lo sucesivo, cuando diputados de una misma bancada hagan consultas a alguien de la propia bancada que interviene, éstas se resuelvan en forma privada.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , la Mesa dirige la sesión. Usted sabe que cada señor diputado tiene quince minutos para hacer uso de la palabra y puede conceder las interrupciones que estime convenientes, y eso es lo que ocurrió.
Quedaron inscritos los diputados señores Pedro Araya, Mario Escobar, Iván Paredes, José Miguel Ortiz y Cristián Leay. Como el proyecto vuelve a Comisión, en un próximo debate sobre el mismo pueden hacer uso de la palabra incluso quienes ya intervinieron.
Ha terminado el Orden del Día.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
CONCURSO NACIONAL PARA PROGRAMAS CULTURALES ORIENTADOS A NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 15, de las diputadas señoras Rosa González y Laura Soto y de los diputados señores Kast, Galilea, don Pablo; Urrutia, Prieto, Ojeda, Hernández, Sánchez e Ibáñez.
“Considerando:
1. El aumento en los niveles de violencia que se ha podido observar en los dibujos animados infantiles y, en general, en la programación dirigida a los niños, en la cual no hay una enseñanza correcta respecto a las consecuencias de la violencia física, en abierta y directa contravención al artículo 1º de la ley Nº 18.838, la que señala los límites y directrices de orden valórico a dichas programaciones.
2. Que es de la máxima importancia no descuidar las fuentes de información y conocimiento que tienen los niños, sobre todo en sus primeros años, siendo imposible no reconocer que la televisión es una de ellas.
3. Que el artículo 12 de la ley Nº 18.838 establece que las concesionarias de radiodifusión televisiva de libre recepción deberán transmitir a lo menos una hora de programas culturales a la semana, obligación que debe ser cumplida, de acuerdo al texto legal, en horas de alta audiencia. Para estos efectos, se consideran como horas de alta audiencia las comprendidas entre las 18.00 y las 23.00 horas.
4. Que, por regla general, los programas de orden cultural que transmiten los canales de televisión, no obstante estimular el interés de los adultos por las expresiones del ámbito cultural, no representan ningún real atractivo para los menores de edad, quienes, en consecuencia, no pueden gozar de espacios de tipo cultural ya que no están diseñados para un público de tan corta edad. En consecuencia, los niños no pueden verse beneficiados con la programación cultural nacional, quedando privados, de esta forma, de un rico y extenso material cultural nacional que les sería muy útil en sus posteriores años de enseñanza.
5. Que el Consejo Nacional de Televisión tiene la posibilidad de realizar al menos un concurso nacional para financiar hasta dos proyectos de programas televisivos orientados a público infantil.
Por tanto, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar al Consejo Nacional de Televisión la implementación de un concurso nacional que permita financiar programas culturales orientados a los niños menores de 6 años, en los cuales primen los valores y experiencias culturales nacionales.
2. Que las bases generales de dicho concurso contemplen, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El contenido de estos programas deberá contemplar información respecto a la realidad cultural de cada región del país, con identificación clara de los elementos distintivos que en materia cultural tiene cada una de ellas.
b) Deberá hacerse alusión especial y clara a la geografía de cada región del país, resaltando y dando a conocer los lugares más representativos de cada una de ellas.
3. Que el Consejo Nacional de Televisión debe garantizar que el horario de transmisión sea el adecuado para los niños a los cuales apunta la programación.
4. Solicitar, asimismo, al Consejo Nacional de Televisión, que vele por que el concurso contemple la participación de candidatos provenientes de las distintas regiones del país y no solamente de la Región Metropolitana”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
FONDO NACIONAL REGIONALIZADO PARA EL BICENTENARIO.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 16, de los diputados señores Valenzuela, Saffirio, Bauer, Lagos, Becker y Espinoza.
“Considerando:
1. Que históricamente han existido motivaciones políticas y espirituales para conmemorar con especial énfasis los aniversarios de independencia y autonomía política de las naciones de sus antiguas metrópolis coloniales o bien, del poder de su soberano absoluto, más aún, cuando estos aniversarios son centenarios. Es así como por ejemplo, países como Estados Unidos, Francia o Brasil han generado grandes proyectos de desarrollo y modernización en su infraestructura en beneficio de toda su ciudadanía y territorios que ellas habitan, con ocasión justamente de la celebración de estas importantes festividades patrias.
2. Que al asumir la Primera Magistratura de la Nación , el Presidente Ricardo Lagos se comprometió a impulsar un plan de desarrollo con miras al Bicentenario de la República (2010), denominado Plan Bicentenario. Este plan ha generado un gran consenso nacional en orden a proyectar, planificar y ejecutar una serie de iniciativas en ciudades designadas por una comisión de alto nivel constituida para la ocasión.
3. Que en nuestro país, se entiende por megaproyectos, inversiones superiores a los tres millones de dólares, en el ámbito de la modernización de las ciudades, la creación de infraestructura cultural y la realización de planes de renovación urbana que impliquen nuevos y mayores dinamismos sociales, políticos, económicos y culturales.
4. Que hoy como ayer, persiste la crítica en la ciudadanía regional por la excesiva concentración de estos proyectos en la ciudad capital o en un grupo selecto de ciudades, visto esto como una arbitrariedad del nivel central en la elección y designación de estos proyectos. Esto a la larga no hace más que profundizar las desigualdades entre las ciudades y regiones en el acceso al desarrollo armónico de la nación en general, postergando las iniciativas legítimas de las comunidades no incluidas en estos planes.
5. Que por ello, es que proponemos crear por ley un Fondo Nacional Regionalizado Bicentenario (Fnrb), que permita a cada región, vía Gobierno Regional, diseñar y proyectar megaproyectos de impacto en la ciudadanía y sus territorios durante la presente década, como un fondo distinto a las tareas rutinarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el cual se concentra en infraestructura media de desarrollo con énfasis tanto en lo social, como en infraestructura vial y proyectos de escala comunal.
6. Que para la existencia del Fondo Nacional Regionalizado que proponemos es esencial la estabilidad y permanencia de su financiamiento, la disposición de los ministerios a delegar funciones, y la autonomía regional para decidir sobre los proyectos en su órgano respresentativo expresado en el Consejo Regional (Core).
7. Que esta Corporación debe velar por los intereses generales de la Nación y ser un agente al servicio de la consolidación y profundización de la democracia hacia toda la sociedad y por tanto promotor de ella a todas las regiones.
Por tanto, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
A. Solicita que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República y al señor ministro de Hacienda , para que informen a esta Cámara sobre la viabilidad y factibilidad de la creación de un Fondo Nacional Regionalizado Bicentenario destinado a financiar megaproyectos urbanos y culturales, que se decidan y materialicen en las trece regiones del país.
B. Asimismo, y para el caso de que su Excelencia el Presidente de la República estimare viable la creación de dicho fondo, tenga en consideración las siguientes características del mismo:
a) Este fondo operaría entre los años 2003 y 2011, permitiéndose a la entidad administrativa comprometer obras por cuatro años, debidamente financiadas, destinando recursos por ley y/o fusionando partidas ministeriales.
b) El fondo se distribuiría, en función de la población, distancia y centros urbanos en las siguientes categorías:
-Tramo 22% Región Metropolitana.
-Tramo 10% Regiones V y VIII.
-Tramo 7% Regiones VI, VII, IX, X.
-Tramo 5% Regiones I, II, III, IV, XI y XII.
c) El fondo sería financiado por el presupuesto fiscal equivalente, en cuanto a su monto, al menos un 30 por ciento por sobre de lo que se destine al Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre los años 2003 y 2010”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo tiene por objeto que la celebración del segundo centenario de la República , fecha de gran significación para todos los chilenos, se realice de una forma distinta del primero, en que existían otras condiciones políticas y culturales y otro nivel de desarrollo de la conciencia nacional. No queremos que ocurra -a propósito del segundo centenario- lo que pasó en el primero, en que las grandes obras estatales sólo se concentraron en algunos centros urbanos. En esta ocasión, pretendemos que se realice un esfuerzo a lo largo y ancho de Chile.
Hemos presentado el proyecto para cumplir con un deseo y una demanda de equidad en la distribución de los fondos a nivel territorial. Se trata, a través de la colaboración pública y privada, de mejorar la calidad de la vida urbana en todo el país y de dar empleo a más profesionales, técnicos y trabajadores. Así, se busca fijar un criterio más objetivo que considere básicamente la población del conjunto de las regiones.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , como la semana pasada hablé, por equivocación, sobre este proyecto, cuando se discutía otro, en esta ocasión seré muy breve.
Simplemente, quiero insistir en un argumento. La idea es que la obra urbana con ocasión del bicentenario, que tendrá impacto económico, social y cultural, no se concentre en forma discrecional, pues, aunque no tengo nada en contra de la capital -por lo demás, una distinguida diputada de ella está sentada a mi lado-, me he enterado por la prensa de que en el proyecto de remodelación del barrio cívico se gastará la suma de mil millones de dólares en la década que sigue.
Por lo tanto, el Estado, a través del Gobierno central, debe hacer un esfuerzo para fusionar partidas ministeriales y recursos adicionales -en la medida que se retome el crecimiento económico-, mediante una instancia orgánica, a fin de que cada región tenga su portafolio de proyectos. Es decir, debiera aprovecharse la legalidad que hemos construido para que cada consejo regional, en su pluralidad, discuta y debata un portafolio de proyectos relevantes para cada una de las ciudades, de manera de evitar la discrecionalidad.
Como dijo el diputado señor Saffirio , el centenario se recuerda por algunas megaobras que se realizaron en el Gran Santiago, acordadas según los métodos de comienzos del siglo XX. Por eso, ahora debe hacerse un esfuerzo colectivo y regionalizado para invertir como país en megaproyectos, con la adecuada evaluación de los mismos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , sin duda, me parece positiva la posibilidad de generar el fondo nacional regionalizado para el bicentenario, pero los guarismos que se expresan en el proyecto nuevamente favorecen a la Región Metropolitana, en desmedro de las demás. Por lo tanto, ante esa situación, lo votaré en contra.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , coincido con el colega que me ha antecedido en el uso de la palabra. Sin embargo, para dar un ejemplo de regionalización, pienso que el 22 por ciento que se asigna a la Región Metropolitana debiera rebajarse al 5 por ciento, a fin de subir la escala a partir de las regiones Quinta y Octava, con un 22 por ciento, y así sucesivamente. De lo contrario, se mantendría la fuerza del centralismo que hoy ahoga al resto del país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
MAYOR UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL EN REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONCESIONADAS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 18, de los diputados señores Urrutia, Prieto, García, don René Manuel; Bauer y Barros:
“1. Que, todo el proceso de concesiones se encuentra regulado en el decreto Nº 900 del año 1996, por el cual se fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 164 ley de Concesiones y Obras Públicas.
2. Que, este mismo cuerpo normativo por tanto, establece el marco jurídico y técnico necesario para un eficiente y satisfactorio desarrollo del sistema de concesiones, tanto respecto de empresas nacionales como internacionales. Por ello y aplicándose correctamente estas normas se propenderá a un mejoramiento en la calidad de vida de la población; habrá un beneficio directo a los más postergados de nuestra sociedad; se fortalece la integración nacional y por último constituye un fuerte apoyo a los diversos sectores productivos nacionales.
3. Que, por ello las normas que regulan esta materia establecen una serie de estrictos mecanismos tendientes a seleccionar debidamente la seriedad e idoneidad de las empresas nacionales o internacionales que postulan a una determinada concesión. Y ello se realiza a través de un sistema de puntajes que se encuentran claramente señalado en la ley.
4. Que, por lo mismo y tomando en consideración la difícil situación por la que atraviesa la economía nacional y como una forma de paliar o atenuar el flagelo de la cesantía, es que se podría solicitar que dentro de los requisitos exigidos a las empresas concesionarias al momento de postular, sea el de otorgar una mejor evaluación si aseguran que el mayor porcentaje de mano de obra a contratar será de la zona donde se realizará la obra concesionada.
5. Que, se ha hecho una mala práctica de las empresas que obtienen una concesión, la de traer mano de obra externa a la zona en que se realiza dicha faena, frustrando de esta manera los legítimos intereses de la población local, en el sentido de que ellos aspiran a ocupar esos puestos de trabajo y ven con decepción que esta posible fuente laboral es ocupada por trabajadores de otras ciudades del país.
6. Que, por lo mismo, es necesario que al momento de realizarse la licitación pública y en el momento de la publicación de las bases en los periódicos locales o nacionales se exija que la mano de obra no especializada sea de la zona en cuestión.
Por tanto, la Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República que modifique la legislación vigente en materia de concesiones de obras públicas, para los efectos de exigir que la empresa concesionaria seleccionada para la realización de una determinada faena, debe desarrollar su labor mayoritariamente con gente de la localidad o zona en donde se realizará la obra.
Del mismo modo, solicitar que en el momento de la publicación de las bases de la licitación, se exija que en dicha obra se contratará preferentemente o mayoritariamente a gente de esa zona o localidad”.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , algunos colegas se las dan de constitucionalistas, pero nosotros, como somos realistas, presentamos el proyecto para que se ocupe mano de obra local. No queremos que se imponga a las empresas la contratación de sólo gente del lugar, porque sabemos que también requieren trabajadores especializados, como los que manejan la maquinaria pesada: grúas, camiones, etcétera, que no siempre hay en la zona.
Muchos ven con esperanza y encanto el inicio de algunas obras -no sólo públicas-, por cuanto creen que habrá contrataciones, pero sucede que las empresas tienen compromisos y llevan personal de otros lugares y copan la “banca laboral”.
Por lo tanto, es de extrema justicia establecer, en materia de concesiones de obras públicas, la obligación de las empresas de contratar mayoritariamente a gente de las comunas donde se realizan los trabajos, lo que no necesariamente es inconstitucional. Por ejemplo, especificar en las bases de la licitación que deberá considerarse de preferencia mano de obra de la localidad en la cual se realizarán las faenas.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URUTIA .-
Señor Presidente , como dijo el diputado señor René Manuel García , la mayoría de las concesiones de obras públicas son adjudicadas a empresas de ciudades grandes y, aunque no se crea, desde ellas trasladan toda la mano de obra -con el costo que eso significa-, en desmedro de los habitantes del lugar en que se ejecutará la obra.
Por eso, dentro de las bases de licitación de las futuras concesiones debe establecerse la obligación de contratar mano de obra de la localidad donde se efectuarán las faenas, sin perjuicio de traer trabajadores calificados.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente, en verdad, mi intención no es hablar en contra del proyecto.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , el Reglamento de la Corporación establece que sólo pueden hablar a favor de un proyecto de acuerdo dos diputados. Como ya lo hicieron, corresponde que hagan uso de la palabra dos diputados que lo impugnen.
Puede continuar el diputado señor Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente, voy a hablar en contra del proyecto, en el sentido de que no es legal que se discrimine a los trabajadores por el lugar donde nacieron.
Desde esa perspectiva, la única forma en que estaría dispuesto a apoyar el proyecto de acuerdo es si en las bases de licitación se incorporara algún requisito que diera puntaje a la contratación de gente de la zona donde se lleve a cabo una obra.
A modo de ejemplo, en Arica se da el caso de que la mayoría de las empresas que tienen a su cargo la ejecución de las obras públicas no son de la región, las que no siempre contratan gente de la zona.
Por lo tanto, voy a votar en contra del proyecto de acuerdo porque considero que lo que plantea es ilegal. En todo caso, si se acogiera mi propuesta estaría dispuesto a respaldarlo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hidalgo.
El señor HIDALGO.-
Señor Presidente, voy a hablar en contra del proyecto, porque a nadie le gusta que lo obliguen a determinadas cosas, especialmente a los que tienen una actividad empresarial.
En ese sentido, en lugar de lo que se plantea, me parece más lógico que dentro de las bases se establezca una especie de adenda o compensación adicional, en el sentido de que se contratará un porcentaje determinado de las personas de la zona donde se llevarán a cabo las obras.
Dentro de este contexto, los diputados debemos ser polivalentes, al igual que los alcaldes, concejales, intendentes y gobernadores. Muchos de nosotros, como representantes de distritos, debemos intervenir de manera personal ante quienes invertirán en un lugar determinado para solicitarles que contraten gente de la zona, pero sin obligarlos a ello. Creo que ésa es la manera efectiva de que en determinadas concesiones se contrate a gente del mismo lugar donde se llevará a cabo una obra.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VII. INCIDENTES
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista y Radical.
Tiene la palabra el diputado señor Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , quiero entregar algunos antecedentes sobre un grave hecho que acontece en la Primera Región y que dice relación con Alisur Ltda., la cual debe abastecer de alimentación diaria a más de 33 mil estudiantes de la Fundación Integra, de la Junji y de colegios básicos y liceos de la zona, empresa que se adjudicó esta actividad por un monto cercano a los 1.500 millones de pesos anuales, hasta el año 2005.
Son varias las deficiencias que existen en la fiscalización del normal desempeño de las empresas encargadas de abastecer de alimentación a los niños, no obstante el enorme esfuerzo que lleva a cabo el Gobierno a fin de entregar los recursos necesarios para la implementación de la reforma educacional, en particular de la jornada escolar completa, que ha significado un incremento de la cantidad de niños que deben alimentarse en los colegios.
El sistema de fiscalización a estas empresas se denomina Programa de Alimentación Escolar -PAE- y está a cargo de un profesor por establecimiento educacional. Sin embargo, dado que esa actividad no está contemplada en su contrato como trabajador de la educación, es muy deficiente la forma en que se fiscaliza.
En estos momentos, en la Primera Región hay una crisis que está poniendo en riesgo la alimentación de más de treinta mil estudiantes del sistema, tanto de establecimientos municipales como particulares subvencionados. Por lo tanto, pido que se oficie para que el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, señor Francisco Espejo , nos haga llegar la información referente al contrato que adjudica a la empresa Alisur Ltda. el abastecimiento de las colaciones en los colegios de la Primera Región , la cual tiene, por lo tanto, la obligación de entregar alimentación a 33.269 alumnos-
Dada la situación generada, también deberían revisarse los procedimientos de fiscalización y los criterios para adjudicar estos servicios a empresas que no siempre disponen de respaldo económico-financiero para llevar a cabo una actividad de esta envergadura.
Solicito que el director nacional de la Junaeb envíe a la brevedad los antecedentes sobre el contrato mediante el cual se otorga la licitación a esta empresa desde marzo de 2002 al 28 de febrero de 2005, el que le permite abastecer a estas escuelas de la Primera Región de alimentación diaria; que informe sobre los criterios de selección y fiscalización de la Junaeb a estas empresas, y que nos envíe los informes de la situación denunciada, en los que se consignen los nombres de los funcionarios responsables del funcionamiento de la Junaeb en la Primera Región , quienes también tienen la misión de fiscalizar.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la señora Rosa González , del mismo distrito, y de los diputados que así lo indican, de lo cual la Secretaría está tomando debida nota.
IRREGULARIDADES EN DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD DE LA PRIMERA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , en uso de la facultad fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados, hace más de un mes formulé una denuncia acerca de graves irregularidades que estaban ocurriendo en la dirección regional de Vialidad de la Primera Región , por cuanto su director había incurrido en causal de destitución, según lo establece el artículo 68, párrafo 3º, de la ley sobre probidad administrativa, aplicable a los órganos de la administración del Estado, relativo a la declaración de intereses.
Al momento de asumir su cargo, dicho funcionario público no declaró ninguna de las tres sociedades que tenía, según lo dispone el artículo precedentemente citado, el cual, en forma textual, señala lo siguiente: “La inclusión de datos relevantes inexactos y la omisión inexcusable de la información relevante requerida por la ley en la declaración de intereses se sancionarán administrativamente con la medida disciplinaria de destitución.”.
En segundo término, también basado en lo que dispone la ley sobre probidad, formulé una denuncia por negociación incompatible. Al respecto, tengo en mi poder cuatro de las varias facturas existentes, mediante las cuales consta que el señor Benito Sgro , director regional de Vialidad , contrató a una persona que es su socia en la empresa constructora Terranorte Contratistas y Subcontratistas en Obras Civiles para llevar a cabo obras de vialidad, mientras era director provincial de Vialidad. Acá figuran más de diez millones de pesos en facturas, en una operación que está tipificada claramente en la citada ley de probidad como negociación incompatible sancionada con la destitución.
¿Qué ha pasado? (Incluso el hoy senador Orpis , hace más de un año, hizo la misma denuncia).
El tema ha estado en la Contraloría y hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento debido a que la propia Dirección Nacional de Vialidad hizo un sumario interno y declaró absuelto al imputado. Hoy, la Contraloría General de la República, en nombre del contralor regional de Tarapacá, señor Mario Quezada , está solicitando que se reabra el sumario por adolecer de numerosas irregularidades y fallas de procedimiento.
Espero que la Mesa haga llegar al director nacional de Vialidad , señor Nelson Belmar , como asimismo al ministro de Obras Públicas y al contralor, estos antecedentes que entrego a la Cámara de Diputados, por cuanto la autoridad regional, en el matutino local “La Estrella” de Iquique, de hoy, dice: “No nos ha llegado ningún antecedente por lo que no haremos sumario ni nada por el estilo”. Me parece grave. Pone en juego mi credibilidad y lo único que está demostrando es que aquí hay compadrazgo, que funciona sobre la base de amistades personales y que está encubriendo una situación que, a mi juicio, es gravísima, y que lo único que amerita es la destitución de ese funcionario público.
Pido que la Cámara de Diputados, haciendo uso de su función fiscalizadora, entregue esta información al director nacional de Vialidad , y que, por otro lado, solicite a la Contraloría reabrir este sumario.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de los partidos Socialista, Demócrata Cristiano, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Partido por la Democracia, que así lo están indicando.
CONTRATACIÓN DE INSPECTORES REGIONALES DEL TRABAJO. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , en el marco de las últimas reformas laborales aprobadas por esta honorable Cámara de Diputados -las cuales debieran producir importantes cambios que contribuyan a asegurar los derechos previsionales y laborales de los trabajadores, y garantizar los derechos de las empresas-, uno de los temas en que más énfasis se puso fue en mejorar las condiciones para una más adecuada fiscalización, empezando por el incremento del número de fiscalizadores que proporcionalmente se distribuyen en las regiones del país.
Solicito que se oficie al ministro del Trabajo , señor Ricardo Solari , para que disponga la más pronta realización del estudio que permita determinar la cantidad de fiscalizadores que se requiere para cada región, de manera que se pueda poner en práctica, en el más breve plazo, esta medida acordada en el marco de las reformas laborales. Quiero saber cuántos serán los funcionarios que se contratarán y cómo serán distribuidos regionalmente en todo el país.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de su bancada y los presentes en la Sala que así lo indiquen.
INFORMACIÓN SOBRE PERCEPCIÓN DE RECURSOS POR MUNICIPIOS. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución. Oficio
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Longueira .
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , pido que se oficie al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , señor Francisco Vidal , en conformidad con el artículo 48, número 1), de la Constitución, con el fin de que entregue información -como lo ha hecho durante dos años- acerca de cuántos recursos recibiría cada comuna del país por la aplicación de la ley de Rentas II y cuántos con la no aplicación de la misma.
El subsecretario dio a conocer en el encuentro de alcaldes de Puerto Varas, hace un año, cuánto recibiría cada comuna de Chile con la ley de Rentas II, la que, según él, recaudaría alrededor de 43 mil millones de pesos.
El gobierno de la Concertación ha decidido perjudicar a la clase media adelantando unilateralmente el reavalúo de los bienes raíces no agrícolas a través de un decreto publicado el 6 de abril en el Diario Oficial. Según el señor Vidal , ese reavalúo significará una recaudación total de 152.000 millones de pesos en favor de los municipios. Por lo tanto, con la aplicación de la ley de Rentas II, las comunas más pobres del país recibirán menos recursos que aquellos que se recaudarían a través del reavalúo de los bienes raíces no agrícolas. Por eso queremos saber también el monto que recibiría cada municipio del país si se aprobara la ley de Rentas II.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 7 votos. No hubo abstenciones.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, de acuerdo con la norma constitucional citada.
PETICIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE MATERIAS DEPORTIVAS. Aplicación del artículo 48, número 1), de la Constitución. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Prieto.
El señor PRIETO .-
Señor Presidente , el deporte es algo que une a todos los chilenos, es puro y nos invita a caminar juntos en medio de tanta división que encontramos. No podemos permitir que se use una herramienta tan noble para pagar los intereses mezquinos de algunos o la negligencia de otros. Sería una enorme tristeza descubrir que estamos frente a un nuevo Indap.
Por eso solicito que, en virtud del artículo 48, número 1), de la Constitución, se oficie al señor ministro secretario general de Gobierno y al director de Chiledeportes en relación con lo que expongo a continuación.
Según lo dispuesto en la ley Nº 19.712, se estableció un plazo máximo de 180 días para la dictación de los reglamentos destinados a dar cumplimiento a las normas establecidas en ese cuerpo normativo; no obstante, a la fecha solamente se encuentran publicados cuatro de ellos.
Por tanto, solicito que se me informe sobre lo siguiente:
1º El motivo por el cual no se ha dado cumplimiento íntegro a lo dispuesto en esa ley y fecha estimativa de dictación de los reglamentos.
2º Cantidad de dinero asignada a los sistemas de concursabilidad, de asignación directa y de aquél conformado por el sistema mixto.
3º Nómina, individualización detallada y montos por región de proyectos financiados mediante el sistema de donaciones de particulares.
4º Nómina de personas naturales o jurídicas beneficiadas con cargo a la cuota nacional del fondo para los efectos de proyectos deportivos de carácter nacional o suprarregional.
5º Nómina de personas naturales o jurídicas beneficiadas con cargo a la cuota regional del fondo para los efectos de proyectos comunales, provinciales o regionales.
6º Los concursos de carácter nacional y regional deben ser evaluados por un comité nacional o comités regionales, respectivamente. Al respecto, requiero que se me informe si se conformaron dichos comités de evaluación. De ser así, pido una nómina detallada de las personas que los conforman a nivel nacional y en cada una de las regiones.
7º Nómina de proyectos financiados con cargo a la asignación directa, tanto a nivel nacional como regional y, en particular, individualización del proyecto y de las personas beneficiadas con esta asignación.
8º Si se han formado o no los respectivos consejos consultivos regionales y nacionales. Al respecto, pido que se me informe, detalladamente, sobre la fecha en que se constituyeron, qué consejos tuvieron participación en la asignación de proyectos, qué proyectos fueron asignados sin la participación de este consejo y de qué forma se eligieron los proyectos en las regiones donde no existía consejo consultivo.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Este oficio se ha solicitado en conformidad al artículo 48, número 1), de la Constitución Política, y requiere votación. El inciso segundo del referido artículo señala lo siguiente: “Cualquier diputado podrá solicitar determinados antecedentes al gobierno siempre que su proposición cuente con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara,”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ascencio y Lagos.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobada la petición del señor diputado , en la forma solicitada.
INFORMACIÓN SOBRE GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO. Aplicación del artículo 48, Nº 1), de la Constitución. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , aproximadamente el 9 por ciento del Presupuesto nacional se destina, a través de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para atender gran parte del denominado gasto social.
Al respecto, ha sido muy difícil obtener la información de cuántos son estos proyectos, sus montos, sus objetivos, sus evaluaciones, etcétera. Por lo tanto, en virtud de las atribuciones dispuestas en el artículo 48, número 1), de la Constitución Política de la República, solicito a esta Cámara que oficie al Presidente de la República para que, en el plazo de 30 días, los ministerios que correspondan nos informen acerca de lo siguiente:
1. Monto al que asciende el total de recursos asignados por el Presupuesto de la nación a programas, proyectos y fondos sociales concursables, incluidos tanto aquellos financiados con aporte fiscal como con recursos provenientes de convenios internacionales con su contraparte del aporte nacional.
2. Nómina de proyectos, programas y fondos sociales concursables, sus objetivos y montos dispuestos para cada uno de ellos y su dependencia del ministerio correspondiente u organizaciones que rijan su administración.
Por otra parte, hay importantes recursos destinados al Fondo para el desarrollo de la sociedad civil. Al respecto, necesitamos saber el monto total a que asciende, lo dispuesto para el año en curso y para los siguientes, los organismos que administran y seleccionan los proyectos financiados a través de ese fondo, y la nómina de proyectos, objetivos e instituciones que han sido beneficiados.
También queremos que se nos informe respecto a las evaluaciones realizadas a los proyectos ejecutados en años anteriores por el Fondo para el desarrollo de la sociedad civil.
Asimismo, acerca de las razones que tuvo el Ejecutivo para cambiar los programas de empleo que administraban los municipios en forma gratuita y eficiente; el monto que se destinará a los programas de empleo y el costo de la nueva administración, que será entregada a organizaciones no gubernamentales, el cual, obviamente, será alto.
Por último, con qué criterio se asignará el número de empleos en cada municipalidad o comuna.
He dicho.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, éste es un derecho que le asiste a cada parlamentario y no se puede abrir discusión.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobada la petición de oficio en la forma solicitada.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, quiero plantear un punto de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Estamos en Incidentes.
Los señores diputados que quieran contestar lo expresado, pueden usar el tiempo correspondiente a su bancada. No hay cabida para cuestiones de Reglamento en Incidentes.
ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMAS DE EMPLEO. Aplicación del artículo 48, Nº 1), de la Constitución. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente , el Gobierno anunció, hace poco más de dos semanas, la supresión de la participación municipal en los programas de empleo. Consideramos que ese cambio no tiene explicación técnica alguna, e hicimos la denuncia correspondiente por cuanto son los municipios los que tienen la información, la organización y el control para llevar a cabo esos programas.
En días recientes, alcaldes de la Concertación, como el de La Granja, señor Claudio Arriagada, de la Democracia Cristiana, se han plegado a esta denuncia y han expresado que son ellos quienes mejor llevan a cabo los programas de empleo.
En virtud del artículo 48, número 1), de la Constitución Política de la República, solicito que se envíen los siguientes oficios:
Al ministro del Trabajo para que informe sobre las normas por las que se regirán estos programas y los procedimientos aplicables para su puesta en práctica.
Al ministro de Hacienda para que informe acerca de los procedimientos adoptados por su ministerio para velar por el buen uso de estos dineros, así como la evaluación de los programas de empleo desarrollados durante 2001.
Al ministro del Trabajo para que entregue toda la información acerca de los planes de empleo desarrollados desde 2001 a la fecha, con indicación de los nombres de dichos planes y de los trabajadores beneficiados, del monto involucrado en cada programa y de los gastos en que se incurrió para su ejecución.
Al ministro del Interior para que informe sobre los montos asignados a cada municipalidad para la administración de programas de empleo y el número de beneficiados en cada uno de ellos desde 2000 a la fecha, así como sobre los criterios de asignación de recursos empleados en cada caso.
Además, en la forma que corresponda, también requerir del contralor general de la República antecedentes acerca de la legalidad de los nuevos programas de empleo y de los mecanismos de control que se han previsto para ellos.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En votación, en conformidad con el artículo 48, número 1), de la Constitución.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvo el diputado señor
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobados.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ASIGNACIÓN DE BENEFICIO ECONÓMICO A CICLISTAS DE CURICÓ. Aplicación del artículo 48, Nº 1), de la Constitución. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , la provincia de Curicó destaca por el gran número de ciclistas que entrega permanentemente al país y que sobresalen a nivel nacional. En 2001, un grupo de ciclistas de esa zona, entre ellos don Arturo Corvalán Galaz , fue postulado al programa deportivo para deportistas de alto rendimiento después de conseguir el título de vicecampeón Panamericano en Colombia y de tercer campeón en los Panamericanos de Colombia. A la fecha, dicha persona y el grupo de ciclistas que con ella postularon no han recibido todavía los dineros que ese programa otorga a deportistas top.
Por eso, solicito que, en virtud del artículo 48, número 1), de la Constitución Política, se envíe oficio al señor Arturo Salah , director nacional de Chiledeportes , a fin de que se les entregue los dineros que debieron haber recibido en agosto de 2001.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En votación la solicitud de envío de oficio de acuerdo con el artículo 48, Nº 1), de la Constitución.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PENSIONES ASISTENCIALES. Aplicación del artículo 48, Nº 1), de la Constitución. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , de acuerdo con el artículo 48, Nº 1), de la Constitución, solicito oficiar al señor ministro del Interior para saber qué está pasando con las pensiones asistenciales en las demás comunas y regiones del país, ya que en la Séptima Región, de 2.820 el año pasado, se rebajaron a 440 este año.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En votación en conformidad con el artículo 48, Nº 1), de la Constitución.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ascencio y Burgos.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
PRECISIONES SOBRE ROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL CHILENO Y NECESIDAD DE MODIFICAR SU INTEGRACIÓN.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Zarco Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , durante esta última semana se ha generado un debate y también, por qué no decirlo, un halo de duda sobre la misión y actuación del Tribunal Constitucional, especialmente en virtud de la publicación de una sentencia relativa a la ratificación de un tratado internacional por el cual Chile adhería a la creación del Tribunal Penal Internacional.
Al respecto, quiero plantear dos consideraciones.
En primer lugar, aclaro de manera categórica -así lo hizo también el creador de la institución del tribunal constitucional, Hans Kelsen - que ésta es una instancia jurídico-política o bien político-jurídica.
Durante estos diez años de democracia, el Tribunal Constitucional ha votado de manera permanente a favor de todas las instancias y acciones que han emanado de parlamentarios de Derecha y así también ocurrió con su última sentencia. Tanto es así que es una instancia política en la que quienes son titulares de la acción y le solicitan su intervención para la cuestión de constitucionalidad en la tramitación de una ley o control de dicha constitucionalidad, son órganos políticos: el Presidente de la República y un número de diputados y senadores.
Por lo tanto, decir que el Tribunal Constitucional es un órgano puramente jurisdiccional es una falacia, porque, precisamente, su creación fue para resolver, en la instancia jurisdiccional, problemas políticos.
En segundo lugar, el Tribunal Constitucional lamentablemente, conoce cuestiones que son tramitadas por el Congreso Nacional. Esa competencia de carácter invasivo en las facultades legislativas del Congreso Nacional, de participar en la tramitación de una ley de manera negativa, porque no propone indicaciones o materias para ser legisladas, sino que simplemente deroga lo tratado y resuelto por el Congreso Nacional, es única en el mundo.
Por último, se genera un cuestionamiento, no respecto de su legalidad, sino de la legitimidad de este órgano constitucional desde el punto de vista del origen de sus integrantes. Reitero a los miembros de esta Cámara que quienes integran el Tribunal Constitucional son siete magistrados: tres ministros de la Corte Suprema elegidos por ésta, un abogado designado por el Presidente de la República , dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional y un abogado elegido por el Senado. Claramente, la legitimidad de sus fallos está cuestionada por el origen de su integración. Por lo tanto, se hace más urgente que nunca, para dar real legitimidad a sus fallos, proceder a una reforma constitucional destinada, en primer lugar, a cambiar su integración de manera que sea auténticamente representado por órganos constitucionales cuya legitimidad reside en la voluntad soberana, como son el Senado y la Cámara de Diputados, que puedan proponer magistrados para su integración, y, en segundo lugar, a modificar esta absurda competencia del Tribunal Constitucional para invadir la esfera legislativa que es propia y exclusiva del Congreso Nacional.
He dicho.
REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 48, Nº 1), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, SOBRE ATRIBUCIÓN FISCALIZADORA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente , voté en forma negativa todos los oficios anteriores que la UDI y Renovación Nacional solicitaron en materia de fiscalización, fundamentalmente por lo siguiente:
En primer lugar, porque no quería ser par-te de una estrategia política de la Derecha, que tiene por objeto no fiscalizar, sino producir un impacto comunicacional. El ataque político al Gobierno de esta manera no se refleja en las ganas de utilizar bien las normas de la Constitución, sino que forma parte de una estrategia con el fin de obtener algunos frutos comunicacionales, porque casi todas las materias contenidas en los informes que se solicitaron o son públicos o figurarán en los respectivos proyectos que se discutirán acá.
A pesar de que no debiera, me sigue sorprendiendo la forma como la UDI arrastra a Renovación Nacional hacia sus propias estrategias. Parecería increíble pero, al parecer, la gente de Renovación Nacional no tiene mucha personalidad y, por lo tanto, se suma a una estrategia de la UDI como lo vimos recién.
En segundo lugar, el artículo 48, Nº 1), de la Constitución no establece el procedimiento para discutir estas materias. Entonces, podríamos recurrir al procedimiento general establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados respecto de los proyectos de acuerdo, lo cual podría permitir, por una parte, intervenir a los solicitantes del oficio de fiscalización respectivo, y por otra, a aquellos que eventualmente estuvieran en contra. Eso me parece mucho mejor.
REINCORPORACIÓN AL EJÉRCITO DE PERSONAS PROCESADAS. Oficio.
El señor ASCENCIO .-
Señor Presidente , en la misma idea, y aunque seguramente no voy a contar con el apoyo de la Derecha, solicito oficiar a la señora ministra de Defensa con el objeto de que informe acerca de si es efectivo que los señores Jaime Lepe Orellana y Miguel Krassnoff Marchenco han sido recontratados como parte del elemento civil del Ejército.
Estas personas no solamente aparecen inculpadas, sino incluso involucradas y procesadas en crímenes por violaciones a los derechos humanos. Me parecería muy malo para el Ejército la confirmación de esta noticia.
Como es una información aparecida en los medios de comunicación, pido que la ministra de Defensa , señora Michelle Bachelet , nos informe acerca de si es efectivo que estas dos personas fueron reincorporadas al Ejército -por el procedimiento que sea-, y si alguna otra, vinculada directamente a violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, ha sido recontratada por alguna de las tres ramas de la Defensa Nacional o, en su defecto, por Carabineros o Investigaciones.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, del Partido Radical Social Demócrata y del diputado señor Mario Escobar , de la UDI.
MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , en nombre de mi bancada, y en particular de los diputados que representamos zonas agrícolas, expongo nuestra preocupación por la impugnación del sistema de bandas de precios por parte de Argentina.
A nuestro juicio, dichas bandas son un mecanismo legítimo de estabilización de precios de productos sustituidores de importaciones frente a distorsiones importantes provocadas por terceros países, que operan en el largo plazo. No es un mecanismo de sustentación de precios o proteccionista, sino -repito- de estabilización, a fin de enfrentar las distorsiones del comercio internacional de productos agrícolas.
Nos parece que el mecanismo -regulado en Chile por el artículo 12 de la ley Nº 18.525- es transparente, no discrecional ni arbitrario. En el caso del trigo, su cálculo se hace sobre la base del precio internacional promedio de los cinco años anteriores, y del análisis de los principales mercados. Además, no produce distorsión en la asignación de mercado, como lo prueba la propia experiencia chilena.
Cifras al canto, obtenidas del documento “Aspectos económicos del sistema chileno de bandas de precios”, elaborado por el economista Eugenio Cubillos Espinoza , de la Oficina de Informaciones de la Cámara: “Entre 1986 y 1994, la superficie sembrada de trigo disminuyó en un 29 por ciento. Sin embargo, el aumento de rendimiento fue de 14 por ciento. Entre 1990 y 1998, los avances de productividad fueron tan importantes que se pasó de 30 a 40 quintales por hectárea. Esto prueba que no hay distorsión alguna en el juego del mercado con el sistema de las bandas”.
Es fundamental que los actores públicos y privados del país realicemos el máximo de esfuerzos políticos, diplomáticos y jurídicos para asegurar la mantención de las bandas. Esto tiene que ver con una política de Estado. Está en los acuerdos unánimes de la mesa agrícola y de la mesa para el desarrollo de la agricultura familiar campesina. No puede ser de otra manera. En Chile hay entre 80 mil y 90 mil productores de trigo, pequeños y medianos en lo fundamental, y aquí se generan más de 25 mil empleos, directos o indirectos.
Para la Concertación es muy importante hacer esta defensa a fondo, porque es un compromiso contraído, en 1999, por el entonces candidato Ricardo Lagos , hoy Presidente de la República , ante el mundo campesino de la Sexta Región.
Por lo tanto, expreso nuestra voluntad de mantener este sistema y llamamos a todos los actores públicos y privados a redoblar los esfuerzos políticos, diplomáticos y jurídicos para que no prospere ante la Organización Mundial de Comercio ese intento injusto, que busca desmontar las bandas de precios.
Por ello, pido insertar en el boletín de esta sesión el documento denominado “Aspectos económicos del sistema chileno de bandas de precios”, a que he hecho referencia.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se procederá de la manera solicitada por su Señoría.
-El documento cuya inserción se autorizó es del siguiente tenor:
“Aspectos económicos del sistema chileno de bandas de precios.
Valparaíso, abril de 2000.
Resumen ejecutivo
Con la finalidad de atenuar los efectos de fluctuaciones de precios significativas, en el mercado internacional de determinados productos agrícolas, nuestro país ha creado una política de bandas de precios, que no debe estimarse como una actitud proteccionista, tal cual se demostrará en lo que sigue de estas líneas, sino como una defensa legítima a los productores nacionales frente a distorsiones importantes provocadas por terceros países.
Las bandas de precios existentes, en la actualidad, se refieren al trigo y harina de trigo, azúcar y aceites vegetales comestibles. Su mecánica procedimental se encuentra regulada por la ley Nº 18.525, de 30 de junio de 1986.
En el presente estudio se describen las principales características de las bandas, su modo de operación y los efectos prácticos que han provocado sobre los productores y consumidores nacionales de los productos pertinentes.
Las principales conclusiones, que pueden desprenderse del análisis, apuntan a que las bandas han sido un eficiente mecanismo de protección a la producción nacional, que no implican una acción de proteccionismo en el largo plazo, pero sí una adecuada respuesta del país para atenuar los efectos de distorsiones de mercado provocadas por los países industrializados. Además, las bandas no han tenido efecto en la asignación del recurso suelo y han ocasionado un fuerte impacto sobre el incremento de la productividad agrícola de los cultivos sometidos a este sistema estabilizador de precios.
Las bandas de precios son, en la actualidad, calculadas por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y formalizadas, cada año, por decretos del Ministerio de Hacienda.
1. Fundamentos. Los productos agrícolas presentan una demanda inelástica que es acompañada de impredecibles y a menudo bruscos cambios en la oferta que generan fluctuaciones de precios significativos, en el corto plazo, que no corresponden, necesariamente, a la tendencia más moderada de la evolución de precios en el largo plazo. Se ha comprobado que una parte importante de estas fluctuaciones de precios corresponden a las políticas de subsidio a la producción agrícola implementadas por los países industrializados, y no al libre juego de las fuerzas del mercado.
En consecuencia, además de la inestabilidad propia de los precios agrícolas debida a los efectos meteorológicos y de la evolución de los ciclos económicos, existen distorsiones en los mercados internacionales que afectan a los productores locales.
Nuestro país, que presenta una amplia apertura al comercio exterior, veía cómo sus productores eran perjudicados por las prácticas desleales de otros países en el intercambio internacional de productos agrícolas.
Surge entonces la idea, a mediados de los ochenta, de generar un sistema que permitiera estabilizar en el tiempo los precios de los productos agrícolas más sustituidores de importaciones, con la finalidad de otorgar elementos de mayor seguridad a los productores locales y evitar que se vieran afectados por una competencia internacional que no se ajusta plenamente a las reglas del mercado. Tal sistema es el de las bandas de precios, que no constituyen un mecanismo de sustentación, sino de estabilización de precios en el largo plazo.
El desconocimiento respecto de los objetivos y alcances de las bandas de precios ha llevado a muchos a creer que se trata de un mecanismo tendiente a proteger a los productores a expensas de los consumidores, lo que se aparta de la realidad puesto que la banda tiende sólo a evitar fluctuaciones bruscas y en determinados momentos libera de todo arancel a los productos importados.
2. Concepto. Las bandas de precios constituyen un rango acotado por un valor mínimo y un valor máximo dentro del cual los costos de importación pueden variar sin que se produzcan variaciones en el pago del arancel uniforme de nuestra economía, que actualmente es del 9%. Al valor mínimo se le denomina, piso de la banda, en tanto que el valor máximo se designa como techo de la misma.
3. Las bandas existentes en Chile. El criterio para seleccionar los productos que se incorporan a una banda ha consistido en remitirlas a productos sustituidores de importaciones, que presentan una producción interna insuficiente y que están sujetos a bruscas fluctuaciones de precios internacionales debidas, en parte significativa, a distorsiones provocadas en los mercados por terceros países que introducen subsidios y otras formas de protección a favor de sus productores nacionales. Como consecuencia de la aplicación de este criterio, los productos afectos a bandas de precios son: trigo y harina de trigo, azúcar y aceites vegetales comestibles.
4. Formas de aplicación. Si el precio de importación del producto se encuentra por debajo del valor mínimo o piso de la banda, se aplican derechos específicos a la importación para que el costo efectivo de internación sea igual a ese piso. En caso de que el costo de importación supere el valor máximo o techo de la banda, se aplican rebajas al arancel general existente (9% para el año 2000), para que el costo de internación efectivo se iguale a ese techo.
El precio de referencia, para la aplicación de la banda, lo proporciona el Servicio Nacional de Aduanas y corresponde al menor precio relevante durante la semana en que se produce el embarque. El derecho específico adicional o la rebaja arancelaria se aplica a todas las partidas del producto embarcado esa semana, sin tener en cuenta el precio efectivo que haya registrado la importación. Sin embargo, en el caso del azúcar, el valor de referencia, para determinar los derechos específicos, corresponde al más bajo entre el precio de referencia y el precio FOB efectivo de una importación.
5. Vigencia de las bandas para cada temporada agrícola. Las bandas, que se fijan por decreto del Ministerio de Hacienda, difieren en su vigencia según el producto de que se trata y corresponden a los períodos siguientes:
Trigo: Desde el 16 de diciembre de un año hasta el 15 de diciembre del año siguiente. La banda de precios actual fue fijada por decreto Nº 148 del 8/5/99 y rige entre el 16 de diciembre de 1999 y el 15 de diciembre de 2000.
Aceites vegetales comestibles: Desde el 1 de noviembre de un año hasta el 31 de octubre del año siguiente. La banda de precios actual fue fijada por decreto Nº 149 del 8/5/99 y rige entre el 1 de noviembre de 1999 y el 31 de octubre de 2000.
Azúcar: Desde el 1 de abril de un año hasta el 31 de marzo del año siguiente. La banda de precios actual fue fijada por decreto Nº 150 del 8/5/99 y rige entre el 1 de abril de 2000 y el 31 de marzo de 2001.
Respecto de la harina de trigo, los derechos y rebajas son iguales a los de la banda del trigo multiplicados por el factor 1,56.
6. Metodología de cálculo de las bandas. El mecanismo de cálculo de las bandas de precios, queda especificado en el inciso tercero del artículo 12 de la ley Nº 18.525, de junio de 1986: Para la determinación de los costos a que se refiere el inciso anterior, se deberán considerar los precios internacionales promedios mensuales registrados en los mercados de mayor relevancia en un período inmediatamente precedente de cinco años calendario para el trigo, semillas de oleaginosas y aceites vegetales comestibles y de 10 años calendario para el azúcar. Los referidos promedios se reajustarán en el porcentaje de variación que ha experimentado el índice de precios promedio relevante para el comercio exterior de Chile habido entre el mes al que correspondan y el último mes del año anterior al de la determinación del monto de los derechos o rebajas, según lo certifique el Banco Central de Chile, y se ordenarán en series de mayor a menor, eliminándose de las mismas hasta el 25% de los valores más altos y hasta el 25% de los valores más bajos para el trigo, semillas de oleaginosas y aceites vegetales comestibles, y hasta el 35% de los valores más altos y hasta el 35% de los valores más bajos para el azúcar. A los valores extremos resultantes, se les agregarán los aranceles y gastos normales que se originen en el proceso de importación de dichos productos. Los derechos y rebajas que se determinen para el trigo regirán también para el morcajo o tranquillón y para la harina de trigo. En este último caso, los derechos y las rebajas se multiplicarán por el factor 1,56. [1]
Los precios para la aplicación de estos derechos y rebajas serán los que alcancen a la fecha del embarque las respectivas mercaderías. El Servicio Nacional de Aduanas informará semanalmente estos precios, pudiendo requerir, para tal efecto, antecedentes a otros organismos públicos. [2]
Se requirió, para implementar las bandas, la adopción de un mercado de referencia, que dispusiera de abundante y oportuna información histórica y actual para la construcción de las series de precios.
Actualmente, los mercados de referencia para las bandas de precios son los siguientes:
Trigo: Precio del trigo Hard Red Winter Nº 2, FOB Golfo de México , USA, expresado en US$ por tonelada.
Aceite: Precio del aceite de soya crudo a granel, FOB Nueva York, USA, expresado en US$ por tonelada.
Azúcar: Ponderación del 90% del precio del azúcar refinada, cotizado en la Bolsa de Londres, FOB Europa, y de 10% del precio del azúcar cruda FOB Nueva York (contrato Nº 14), valores ambos expresados en US$ por tonelada.
En los casos de las bandas del trigo y del aceite, tal cual lo señala la ley, se toman los precios de los 60 meses anteriores al momento del cálculo, actualizados a diciembre del año anterior. Para efectos de esta actualización, se utiliza el Índice de Inflación Externa del Banco Central de Chile. Los precios se ordenan de mayor a menor para permitir la eliminación de aquellos que representan el 25% de los valores más altos y más bajos. Los que finalmente quedan en los bordes superior a inferior, son los precios FOB que servirán de base para la determinación de los valores que servirán de techo y piso de la banda, respectivamente.
Estos valores FOB son complementados, para obtener el costo de importación, con todos los gastos en que normalmente se incurre en una importación: flete, seguro, apertura de carta de crédito, impuestos e intereses al crédito, derechos de aduana, descarga, flete a planta y normas generales. Los valores FOB complementados corresponderán al techo y piso de la banda, para el período en que se efectúa el cálculo.
En lo que concierne al azúcar, las diferencias, tal cual lo estipula la legislación correspondiente, consisten en que los precios corresponden a los 10 años anteriores y en que pueden eliminarse hasta el 35% de los valores más altos y más bajos.
Respecto de la harina de trigo, rigen los mismos valores de la banda del trigo multiplicados por el factor 1,56.
7. Resultados obtenidos mediante la aplicación de las bandas de precios en Chile.
Como instrumento de estabilización de precios de los productos con bandas:
Para analizar este tipo de impacto de las bandas de precios se han efectuado estudios entre los que merece citarse el de Vicuña y Farías [3], en que se constrastan las variaciones de los precios en el período 76-84 (sin banda) con los del período 85-93 (con banda). Entre otros aspectos se concluye en los siguientes resultados:
En el mercado del trigo, el precio internacional FOB Golfo presentó una variación similar a la del precio interno en el período sin banda, disminuyendo ambas entre 1985/1993. Sin embargo, esta reducción fue sustancialmente mayor en el caso del precio doméstico, llegando a ser el valor más estable durante el período con bandas...
El efecto estabilizador de la política de bandas en el mercado de los aceites es de una dimensión todavía mayor. Entre 1976/1984, los precios internacionales e internos de los aceites presentaban variabilidades similares. En cambio, durante el segundo período, la mayor fluctuación exhibida por los precios internacionales se redujo a un nivel bastante inferior en el caso del precio interno...
En el mercado del azúcar, los precios internacionales e internos revelan una alta variabilidad en 1976/1984, siendo el precio interno levemente inferior. Desde 1985 a 1993, la fluctuación de los precios internacionales disminuye significativamente, pero fue mayor el descenso observado en el precio interno. Como en el caso del cultivo de las oleaginosas, es notable la estabilización de precios alcanzada por la remolacha durante el período con bandas.
En resumen, los precios internos de los productos sujetos a bandas han mostrado un menor grado de variabilidad respecto de los internacionales registrados con posterioridad a 1985. De ello se concluye que la política de bandas ha sido exitosa en reducir las fluctuaciones de los precios internos en relación a los del mercado internacional.
Relación con los precios internacionales y neutralidad de la política.
Teniendo presente que las bandas se diseñan sobre la base de los precios internacionales, interesa saber en qué medida ha existido cierta similitud entre las variaciones de estos precios y la experimentada por los precios internos. Por otra parte, la neutralidad de esta política de bandas permitiría demostrar que no existe proteccionismo implícito en ella.
Vicuña y Farías[4] presentan estadísticas para el período comprendido entre enero de 1985 y marzo de 1994 que, en lo medular determinan que:
a) Respecto a los aceites comestibles, el 58% de los precios internacionales observados se situó dentro de la banda, es decir, entre los valores piso y techo; sólo el 12% de ellos estuvo sobre el techo, en tanto que el 31% se ubicó bajo el piso.
b) En lo que concierne al trigo, el 42% de los precios se mantuvo dentro de la banda; en tanto, en el 4% estos valores superaron el techo y en el 54% se ubicaron bajo el piso.
c) En el caso del azúcar el 26% de los precios internacionales observados fluctuaron dentro de la banda; en tanto, el 14% de estos valores se situó sobre el techo y el 5% bajo el piso.
Como puede observarse, de los tres productos fue el azúcar el que experimentó una mayor variación, y el que menos fluctuó dentro de la banda, siendo, en consecuencia, el que más requirió de la aplicación de derechos específicos o de rebajas arancelarias.
Tal cual lo señalan los autores del estudio, el hecho de que los valores se situaran con mayor frecuencia bajo el piso que sobre el techo, pudiera llevar a pensar que se trata de una medida de carácter proteccionista, ya que los derechos específicos son más comunes que las rebajas de arancel; sin embargo, esta situación la atribuyen a las distorsiones artificiales de precios en los mercados internacionales provocadas mayoritariamente por las potencias industrializadas dominantes.
Como consecuencia de lo anterior, no se puede determinar que la política de bandas de precios haya resultado neutral en su aplicación, lo que debería ocurrir en el muy largo plazo, ya que existen intervenciones indeseables en los mercados internacionales. Finalmente, puede agregarse que si bien contienen las bandas elementos proteccionistas, éstos constituyen una respuesta del país para neutralizar subsidios de otros países que pudieran tener nefastas consecuencias sobre los productores nacionales, de no mediar la existencia de esta política gubernamental.
Posibles distorsiones en la asignación de recursos por el mercado.
Dentro del marco de una economía social de mercado abierta, tal cual es el caso de nuestro país, se espera sea el mercado el que asigne los recursos en forma eficiente, es decir, hacia aquellas áreas y sectores de la economía respecto de los cuales el país presenta ventajas comparativas y/o competitivas.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿hasta qué punto la existencia de una política de banda de precios ha alterado la eficiente asignación de recursos por el mercado? Es decir, en qué medida las bandas han incidido en que el suelo agrícola se ocupe en mayor proporción en los cultivos asociados a ellas.
Vicuña y Farías [5]señalan que la evolución en el uso intensivo del suelo entre la temporada agrícola 86/87 y la 93/94, demuestra que respecto de los cuatro cultivos con bandas de precios (trigo, remolacha, maravilla y raps) la superficie que se les destinaba disminuyó en el 46%, cifra que es ostensiblemente mayor a la disminución del 3% registrada, para el mismo período por el resto de los cultivos anuales. Al mismo tiempo, los autores establecen que el ambiente de mayor estabilidad económica que han enfrentado los productores durante el período en que ha regido la política de banda... posibilitó además modernizar e introducir mayores niveles de tecnología en la producción. Un corolario de lo anterior es el incremento de la productividad nacional y la mayor eficiencia y competitividad logradas frente a la producción externa.
A modo de ejemplo, en relación al trigo se tiene que una reducción del 29% de la superficie destinada a este cultivo, entre 1986 y 1994, fue más que compensada por el incremento en los rendimientos, ya que la producción creció, en términos absolutos, en el 14% en el período analizado”.
INFORMACIÓN ACERCA DE NUEVO MOBILIARIO DE LA ALCALDÍA DE PROVIDENCIA. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente , en primer lugar, adhiero a lo expresado por el diputado señor Ascencio en el sentido de que es necesario reglamentar la aplicación del Nº 1) del artículo 48 de la Constitución.
Nadie discute la facultad de la que han hecho uso los diputados de la Derecha, pero en un Congreso, cuya esencia es el debate, me parece ilógico no analizar una materia de esa naturaleza aduciendo que la costumbre es que no se discuta. Las costumbres son buenas o malas. En este caso, ésta es mala.
En el hemiciclo parlamentario no se puede debatir este tema en virtud de que el Nº 1) del artículo 48 de la Constitución no dice que se pueda examinar. Toda ley indica que, en ese caso, se aplica la norma supletoria del debate, que es el reglamento. En consecuencia, debe revisarse eso que, a mi juicio, constituye una mala costumbre.
En segundo lugar, quiero referirme al artículo titulado “Mesa, mayordomo y embajador”, que aparece en la página Top Secret de “La Segunda” del 4 de abril del presente año. Dice: “El primer invitado a almorzar en la nueva mesa de la alcaldía de Providencia -traída desde la casa que habitó Pinochet en Londres, Virginia Waters - fue nada menos que el embajador de España , Juan Alfonso Ortiz . Por supuesto que el diplomático fue advertido del hecho y aceptó encantado. Además, la reunión sirvió para recomponer los vínculos entre la embajada y la municipalidad, que sufrieron algunos roces durante la detención en Londres de Pinochet, en el episodio de la recolección de basura”.
Recuerdo que en esa época el alcalde Cristián Labbé no daba cumplimiento a una ordenanza municipal al no retirar la basura acumulada en la Embajada de España.
Continúo con la lectura del artículo: “La mesa de comedor, larga y angosta, permite sentar cómodamente a ocho personas y la decisión de comprarla fue tomada únicamente por el alcalde Cristián Labbé -gran amigo de Pinochet- quien tiene facultades para ello”.
Al respecto, pido enviar oficio a la Contraloría General de la República para que nos informe si esa mesa -en apariencia traída directamente desde Londres- fue comprada mediante licitación, con fondos municipales o con el peculio personal del señor Labbé , cuestión en la que nadie podría inmiscuirse. Pero si no fue así, que se nos diga con qué dinero se compró.
Dado que el principal interesado en ir a almorzar a esa mesa fue el embajador de España, también solicito enviar oficio a la ministra de Relaciones Exteriores para que nos informe si esa embajada ayudó a traer la mesa desde Europa.
He dicho.
El señor VILLOUTA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados del Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Radical Social Demócrata y Partido Demócrata Cristiano, que así lo indican.
INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ. Oficios.
El señor VILLOUTA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , lamento que se hayan retirado los colegas de la UDI y que sólo quede uno, porque voy a denunciar graves irregularidades ocurridas en la municipalidad de Conchalí, encabezada por la señora Pilar Urrutia , militante de ese partido, y respecto de las cuales los concejales se han manifestado en contra en forma reiterada; por ejemplo, se compraron 21 vehículos sin licitación.
Ahora quiero referirme a otra grave irregularidad. Con motivo de la reforma educacional impulsada por el Gobierno, la Intendencia de Santiago aprobó doce proyectos de ampliación de infraestructura para establecimientos de la comuna de Conchalí. Para tal efecto, la municipalidad licitó cuatro de ellos, y fue adjudicada la licitación a la empresa Sercomet Ltda .
Varios concejales expresaron su aprensión acerca de la empresa, porque había efectuado terminaciones deficientes en otros establecimientos educacionales, pero, a pesar de ello, se le otorgó la licitación.
Lo grave es que a la empresa no se le exigió ningún certificado de antecedentes de endeudamiento, es decir, si ella contaba con el respaldo financiero adecuado para asumir el compromiso de ampliación de cuatro colegios de la comuna. Como consecuencia de ello, la empresa, al verse impedida de hacer uso del 25 por ciento de anticipo, recurrió a diferentes “factoring” y cedió las facturas de las obras señaladas.
Sus Señorías saben que para que el “factoring” aprobara el crédito, debió presentarse un certificado de la municipalidad mediante el cual aceptaba pagar las facturas a quien correspondiere.
Sercomet Ltda., en la práctica en quiebra, ha hecho abandono de las obras, que están inconclusas, ha dejado a decenas de trabajadores y acreedores impagos y a colegios sin poder continuar con su labor educativa.
Los concejales han exigido establecer claramente la responsabilidad administrativa y tomar las medidas que se estimen del caso, ya que resulta inminente una demanda por parte de algunos “factorings” contra el municipio por incumplimiento de contrato.
Sobre esta materia, la señora alcaldesa no ha dado ninguna respuesta.
La empresa acudió a cuatro “factorings” y obtuvo créditos que fueron cedidos mediante la emisión de facturas del municipio, para ser cobradas a la propia municipalidad de Conchalí, por más de 500 millones de pesos.
Dada la extrema gravedad que reviste esta situación, que daña seriamente el patrimonio de la corporación edilicia, concejales de Conchalí -señores Héctor Aravena , Julio Arancibia , José Porto , Carlos Sottolichio y Maruja Guajardo -, pusieron estos hechos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio de Educación y enviaron oficios a la Presidenta de la Cámara de Diputados y al Tribunal Electoral Regional, ya que aquí se está configurando, claramente, la figura de notable abandono de deberes por la autoridad local.
Esta es la segunda comunicación que se dirige a la Contraloría General con respecto a irregularidades cometidas en ese municipio. La primera se presentó el 4 de febrero de 2002, en relación con la compra de 21 vehículos sin licitación previa y de una serie de otras anomalías. Esperamos que la Contraloría General sea lo suficientemente ágil para llevar a cabo la investigación de estos hechos, porque la alcaldesa de Conchalí, de la Unión Demócrata Independiente, está poniendo en peligro el patrimonio de la municipalidad, lo cual resulta inconcebible.
Pido, por tanto, que se oficie al contralor general de la República , con el propósito de que se acelere la investigación de estos graves hechos, y que remita el informe a la Cámara de Diputados.
Aunque estos hechos ya fueron puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, sería bueno oficiarle para que también haga una investigación sobre esta irregularidad, que compromete el patrimonio del municipio de Conchalí.
He dicho.
El señor VILLOUTA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados presentes en la Sala que así lo indiquen.
EVALUACIÓN Y REFORMULACIÓN DE LA FICHA DE LOS COMITÉS DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNAL, CAS II. Oficio.
El señor VILLOUTA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal, representante de las comunas de Macul, La Granja y otras.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente , así como el Gobierno, muchos de nosotros, en esta Cámara, estamos muy interesados en responder a las sentidas y justas demandas de la población más desprotegida del país. Hemos venido conociendo iniciativas en esalud, como el Plan de acceso universal con garantías explícitas, Auge, que tiende a asegurar atenciones igualitarias y oportunas a costosas y graves enfermedades que, hasta ahora, resulta difícil y en muchas ocasiones imposible financiar por gran parte de las familias chilenas. Pronto conoceremos el proyecto de ley de rentas municipales II, que apunta a recaudar más recursos para los municipios. Espero que más allá de la demagogia que se advierte en algunas intervenciones anteriores, no perdamos el rumbo y representemos debidamente a las personas que nos eligen cuando debamos discutir esa iniciativa.
Por ello y obedeciendo a mis compromisos asumidos durante la reciente campaña parlamentaria en el distrito Nº 25, me permito pedir a la Mesa que se oficie a la ministra de Planificación y Cooperación con el objeto de conocer en detalle las condiciones en que se ha desarrollado el proceso de licitación relativo a la ficha CAS II, Comité de Asistencia Social Comunal.
Estoy segura de que con esta solicitud estaré respondiendo a la reiterada demanda de los vecinos de Macul, San Joaquín y La Granja, con los cuales en varios meses de campaña redactamos un documento que llamamos “Recabar Parlamento”, con el propósito de responder a las inquietudes planteadas por los miles de beneficiarios de subsidios sociales y municipales a lo largo del país.
Como es de público conocimiento, la ficha CAS, instrumento de medición de la pobreza, requiere de una nueva revisión que la perfeccione y acerque al óptimo de objetividad y refleje las condiciones de vida de la gente con menos recursos. Sólo así podremos impulsar desde el Parlamento, y ejecutar desde el Estado, las medidas, iniciativas y beneficios sociales que esta parte de la población merece y necesita.
Por ello, pido que se oficie a la ministra ya mencionada a fin de que informe sobre cuál empresa se adjudicó la licitación para el estudio de evaluación y reformulación de la ficha CAS II, así como la propuesta de trabajo que presentó para dicho objeto, plazo de ejecución y elementos considerados durante su desarrollo. De este modo nos estaremos sumando al propósito del Gobierno de responder a las personas de escasos recursos, y velando por la transparencia de un proceso que requiere, además de rigurosidad técnica, sentido social y solidario.
He dicho.
El señor VILLOUTA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio al Ministerio de Planificación y Cooperación, con los antecedentes entregados por su Señoría y la adhesión de los diputados presentes en la Sala que lo están solicitando.
INCLUSIÓN DE LOCALIDADES DE LA UNDÉCIMA REGIÓN EN DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE. Oficio.
El señor VILLOUTA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , de acuerdo con la ley Nº 16.282, que establece disposiciones para casos de sismos o catástrofes y para la reconstrucción de las zonas afectadas, el Presidente de la República , dentro de un plazo de 60 días contado desde la fecha del sismo o catástrofe, puede dictar diferentes normas que tiendan a ir en auxilio de las zonas que resultaron gravemente afectadas.
Traigo a colación esta ley con ocasión de la declaración de zona de catástrofe de cuatro comunas de la Décima Región, a raíz del fenómeno de marea roja, que firmó el Presidente de la República hace poco más de una semana.
La marea roja, que ocasionó esta declaración de catástrofe dada la gravedad de la situación que afecta a la economía familiar de miles de pescadores, principalmente buzos mariscadores de la Décima Región, es un fenómeno que se presentó mucho antes en la Undécima Región. Por desgracia, como las autoridades de ésta no han resaltado debidamente el problema, esa zona quedó marginada de la declaración de zona de catástrofe hasta que, finalmente, en la semana pasada, el Gobierno reconoció la omisión y accedió a extender la declaración, en magnitud limitada, a la Undécima Región.
Aunque ayer el contralor general tomó razón del decreto de declaración de zona de catástrofe en las localidades de Melinca, Repollal, Puerto Raúl Marín Balmaceda , Melimollo y Santo Domingo, pido que se oficie al ministro del Interior con el objeto de que incorpore, en el decreto Nº 250, o en un decreto adicional, las localidades de Puerto Aguirre, Caleta Andrade y Estero Copa , del archipiélago de las islas Huichas, pertenecientes a la comuna de Puerto Aisén, que inexplicablemente quedaron fuera del decreto, situación que ha ocasionado la molestia, absolutamente justificada, de la gente que vive en esa zona, ya que se encuentra tremendamente afectada por una situación económica dramática, derivada de la repetida presentación del fenómeno marea roja. No obstante haber aparecido recientemente el fenómeno en la Décima Región, ésta ha recibido un trato de apoyo absolutamente privilegiado de parte del Gobierno, que contrasta con el discriminatorio dado a la Undécima Región.
He dicho.
El señor VILLOUTA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al ministro del Interior , con los antecedentes entregados y la adhesión de los diputados presentes en la Sala que lo están haciendo presente.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON TEÓFILO GROB WERNER.
El señor VILLOUTA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro , de Valdivia.
El señor DELMASTRO (de pie).-
Señor Presidente , me permito hacer uso del podio para rendir un emotivo homenaje a don Teófilo Grob Werner , ilustre ciudadano de la comuna de La Unión, recientemente fallecido.
Este empresario, hijo ilustre y ex alcalde de La Unión , fue un hombre de bien que dejó profundas huellas en el sur de nuestro país; pero sobre todo este hijo de esta tierra, supo prodigar sus virtudes y fortalezas al servicio de la comunidad contribuyendo significativamente al progreso y desarrollo del sur y de sus habitantes.
Largo sería, en los pocos minutos disponibles, recorrer el extenso y prolífico camino que don Teófilo forjó en su paso por esta tierra.
Fue cofundador del club aéreo de La Unión, cofundador de la empresa Lácteos La Unión -hoy Colún-, cofundador de la cooperativa eléctrica Río Bueno-Lago Ranco, alcalde de La Unión , gerente general y presidente de la Sociedad Industrial Teófilo Grob .
La Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, lo galardonó en 1982 con el premio agrícola del año. Fue cofundador de la feria de ganaderos, de Berrys La Unión y de la fundación Los Lagos; presidente de la Corporación para el progreso y desarrollo de La Unión; miembro del directorio del Liceo Agrícola San Javier y del Liceo Industrial Ricardo Fenner, etcétera.
Don Teófilo, el sur del país agradece su paso por esas tierras y reconoce en usted un ejemplo y un modelo de hombre de bien que nos deja un legado de gran riqueza para nuestros hijos y las generaciones venideras.
Desde este lugar de la Cámara de Diputados, saludo y expreso mis sinceras condolencias a su señora esposa Nora, y a sus hijos Augusto, Virginia y Roberto, y a toda la gran familia Grob de la comunidad de La Unión.
He dicho.
El señor VILLOUTA ( Vicepresidente ).-
Se hará llegar la transcripción de su discurso a los familiares del señor Teófilo Grob Werner .
IMPORTANCIA DE LA HORA DE INCIDENTES.
El señor VILLOUTA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO .-
Señor Presidente , en principio sólo quería hacer uso de la palabra para pedir el envío de un oficio, pero con motivo de la experiencia vivida en estos minutos, en Hora de Incidentes, quisiera aprovechar esta oportunidad para sugerirles a los parlamentarios nuevos que permanezcan en la Sala para escuchar las intervenciones, porque es la hora en que se pueden exponer fundadamente las inquietudes de nuestros distritos.
Contradiciendo las aseveraciones inconducentes, hoy presenciamos y aplaudimos la preocupación de una diputada por lo que sucede en la comuna de Conchalí. Recuerdo que igual inquietud sucedió en el pasado con un escándalo más grave acontecido en el Serviu de Concepción. Los resultados del sumario incoado son inciertos hasta el día de hoy. Escuchamos a otro parlamentario referirse a una situación que afecta a una municipalidad de la Región Metropolitana; además, tuvimos el honor y agrado de escuchar a un distinguido parlamentario que ha tributado, un emotivo homenaje a un hombre del sur de Chile, recientemente fallecido, que se merece ese reconocimiento y muchos más.
Es bueno sugerir, sobre todo a los parlamentarios nuevos, estar presentes en la Hora de Incidentes, porque no sólo aprenderán mucho, sino que, además, fortalecerán su espíritu de servicio público e incrementarán su acervo político cultural.
DESPIDO DE DOCENTES POR MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI. Oficios.
El señor BAYO .-
Señor Presidente , en mi calidad de representante del distrito Nº 48, he tomado conocimiento de múltiples reclamos de profesores municipalizados que, después de haber ejercido durante muchos años en diferentes municipios de dicho distrito - Angol , Collipulli, Los Sauces , Renaico , Ercilla , Lumaco y Traiguén-, inesperada y muy livianamente son notificados del término de sus funciones. Se aducen diversas razones. La más común de ellas es la readecuación del personal o la falta de recursos para seguir contando con sus servicios, pero resulta que la mayor parte de las veces eso no es cierto. Ello sucedió con la señora Tatiana García , profesora en Collipulli, docente en la escuela Thomas Alva Edison desde el año 1999, a cuyas funciones se puso término, prescindiendo de sus servicios, por readecuación del personal y problemas presupuestarios.
Si esto fuera efectivo, está bien; incluso esta facultad se halla dentro de las atribuciones de los municipios. Pero precisamente cuando a ella se la obligaba a alejarse de sus funciones, era contratada en el mismo establecimiento educacional una seudoprofesional, porque no tiene título habilitante. O sea, no hay plata para que la persona que lleva 3 a 5 años en la municipalidad de Collipulli siga trabajando en el área docente, pero sí la hay para contratar a otra persona que no tiene título profesional.
No se trata de un hecho aislado, aunque sé del espíritu que anima a la señora ministra de Educación , quien realmente quiere darles a los chilenos una mejor calidad en su formación.
Por ello pido que se oficie a la ministra de Educación para informarle sobre esta situación, y solicitarle que se sirva investigar los hechos denunciados, porque -reitero- no son aislados.
Solicito que se envíe copia de este oficio, adjuntando esta intervención, al señor alcalde de Collipulli.
He dicho.
El señor VILLOUTA ( Vicepresidente ).-
Conforme a lo solicitado, se oficiará a la señora ministra de Educación , con copia de su intervención al alcalde de Collipulli , y la adhesión de los diputados señores Delmastro y Accorsi .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.28 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Ascencio , Riveros , Felipe Letelier , Juan Pablo Letelier , Sánchez , Saffirio , Silva , Tapia y las diputadas señoras María Eugenia Mella y Laura Soto .
Reforma constitucional para incluir a los miembros del Tribunal Constitucional entre las autoridades susceptibles de ser acusables en juicio político. (boletín Nº 2911-07)
A. Fundamentos.
La presente moción tiene por objeto introducir una reforma a la Constitución Política que permita la acusación por notable abandono de deberes de los miembros del Tribunal Constitucional.
Los motivos que fundan esta modificación son: establecer el principio de responsabilidad por parte de sus miembros y crear una situación de mayor balance de poder entre el Congreso y el Tribunal Constitucional.
a. El principio de responsabilidad.
La Constitución Política crea y organiza los diversos poderes y órganos del Estado. A ellos les confiere atribuciones, facultades y deberes, sin que puedan esos órganos ejercer otros poderes que aquellos que expresamente se les hayan conferido, tal como lo indica el artículo 7 de la Ley Fundamental.
Junto con la atribución de facultades y deberes, la misma Constitución establece el principio general de que la infracción de aquéllos genera responsabilidades, tal como lo señala el inciso final de su artículo 6. Este principio es la consecuencia necesaria de la vocación imperativa que posee el ordenamiento constitucional o principio de supremacía constitucional. Es decir, éste se crea para que sus normas tengan pleno efecto y sean acatadas por todos los órganos y personas. Tal cosa sería ciertamente ilusoria, convirtiéndose el texto supremo en lo que se ha denominado por la doctrina en una constitución semántica, si las infracciones al mismo quedaran sin sanción.
A fin de aplicar el principio de responsabilidad, la Constitución ha creado una serie de mecanismos que permiten hacerla efectiva. Entre ellos, el juicio político tiene particular importancia como mecanismo para hacer efectiva esa responsabilidad. Esto, tanto por las personas que pueden ser objeto del mismo como por las causales que lo hacen aplicable. De esta forma las más importantes autoridades de la nación son susceptibles de ser enjuiciadas. Se cuentan entre ellas el propio Presidente de la República y los magistrados de los tribunales superiores de justicia y el contralor general.
Dos son las excepciones a esta regla general: los diputados y senadores y los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, las justificaciones que se han dado para este privilegio constitucional son de distinta naturaleza, y como se verá, no apoyan la mantención de aquel respecto a los miembros del Tribunal Constitucional.
b. El control de los parlamentarios.
La naturaleza propiamente política del juicio político explica que aquel sólo pueda ser efectuado por órganos de carácter político o donde este rasgo sea predominante. De ahí que universalmente se haya descartado que sean tribunales de derecho los que tengan tal atribución. Es por esta razón que en Chile la acusación se inicia en la Cámara de Diputados y sólo por iniciativa de miembros de dicho cuerpo colegiado. No otra autoridad ni persona puede dar comienzo a un juicio político.
Esta naturaleza específica hace que no exista en nuestro ordenamiento un órgano equivalente al propio Congreso que pueda hacer efectivo el juicio político contra miembros de aquél. De ahí que los parlamentarios no estén sujetos a este juicio.
Sin embargo, esta circunstancia de orden fáctico no significa que los parlamentarios estén exceptuados de responder políticamente, pues ellos están siempre sujetos al veredicto último de los ciudadanos, pues los parlamentarios deben someterse en forma periódica al juicio inapelable de las urnas.
Pero junto con lo anterior, ellos están también sujetos a una serie de controles, tanto en su comportamiento personal, a través de las minuciosas causales de cesación en el cargo que establece el artículo 57 de la Constitución, como en sus actuaciones legislativas. Ellas son también una forma de hacer efectiva la responsabilidad cuando un parlamentario infringe alguno de los deberes que la constitución le impone.
Sin embargo, el principal control a que están sometidos los parlamentarios es aquel que se ejerce respecto a lo que constituye el centro de sus actuación, es decir, la producción de normas de carácter obligatorio. Y ellas están sujetas al control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.
Estas dos circunstancias demuestran que también en el caso del Congreso se aplica el principio de la responsabilidad que la Constitución impone a todos sus órganos.
c. La anómala situación de excepción del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la misma Constitución ha exceptuado al Tribunal Constitucional del juicio político y, aún más, de cualquier forma de hacer efectiva la responsabilidad de sus integrantes. Ante ella pareciera que sus miembros, quizás como efecto de sus elevadas funciones, les fuera imposible cometer infracción alguna a los deberes que la Constitución les impone.
Tal situación sin duda que resulta anómala.
d. El argumento de “evitar presiones” es falso.
Para justificar este superprivilegio, se podría argumentar que dado que el Tribunal controla los actos de las cámaras, la existencia del juicio político surtiría un potencial efecto inhibidor en el ejercicio de sus funciones.
Este argumento, sin embargo, no tiene suficiente fuerza como para justificar que un órgano de la importancia del Tribunal Constitucional sea el único que esté exento de responder por sus actos y omisiones. Por sí solo no lo tiene, pues la responsabilidad es un principio constitucional fundamental.
1º Lo pone al margen del principio de responsabilidad.
La eventualidad del abuso del juicio político y de su hipotético efecto en el tribunal, que como se verá más adelante puede ser fácilmente contrarrestado por el propio Tribunal, no se compara con los gravísimos efectos que se producirían a toda la institucionalidad si el Tribunal dejara de ejercer sus atribuciones o las hiciera en franca infracción a sus deberes.
Adicionalmente, las atribuciones del Tribunal no sólo se ejercen respecto a actos del Congreso, sino que también a los actos del Ejecutivo , como en la forma del control de los decretos o resoluciones del Presidente de la República . ¿Qué tipo de control, y más aún, salida política, existe si el tribunal se coloca en una disposición de directa e injustificada confrontación con el Presidente en esta materia? ¿O qué sucede si el Tribunal cae en serio abandono de sus deberes en la resolución de las otras vastas atribuciones que posee, como son el declarar la inconstitucionalidad de los partidos políticos o resolver las inhabilidades que afecten a los ministros de Estado?
Esta situación de irresponsabilidad se hace más seria aún si se considera que en las reformas constitucionales recientemente acordadas por la Comisión de Constitución del Senado se aumentan las atribuciones de este órgano. Con ello se hace más grave la eventual infracción a sus incrementados deberes constitucionales. Más aún cuando la nueva atribución que se pretende otorgarle, el conocer del recurso de inaplicabilidad, es hoy día susceptible de control si es que la Corte Suprema cae en notorio abandono de deberes respecto a su enjuiciamiento.
2º El contrapeso necesario.
La debilidad del argumento de la presión que podría ejercer un congreso sobre el Tribunal se hace más patente si se toma en consideración que es el Tribunal Constitucional el que conoce de las causales de cesación en el cargo de los parlamentarios. De esta forma, y haciendo uso del mismo razonamiento, se podría decir que los miembros del Tribunal, que conocen de estas causas apreciando en conciencia los hechos que las constituyen, podrían también amenazar a los parlamentarios que quisieran acusarlos.
El hecho de que el Tribunal Constitucional conozca de estas causales provee la segunda razón por la cual la reforma propuesta es conveniente. Y ésta es que ella crea un adecuado balance de poderes entre Congreso y Tribunal. En el presente, como se ha visto, el Tribunal posee omnímodos poderes respecto a lo que hagan los parlamentarios. Controla sus actos y puede hacerlos cesar en sus cargos. En cambio, no hay forma en que las Cámaras, depositarias directas de la voluntad popular, puedan controlar los posibles abusos en que caiga el Tribunal. Entre ningún otro órgano superior del Estado se produce tal asimetría de atribuciones y potestades.
B. Contenido de la reforma.
Las anteriores consideraciones nos llevan a proponer una reforma constitucional que hace aplicable a los ministros del Tribunal Constitucional la acusación constitucional por “notable abandono de deberes”.
Esta es la misma causal aplicable a los magistrados de la Corte Suprema. Con ello se mantiene la simetría de causales para órganos semejantes.
“Artículo único.- Intercálase en el artículo 48 letra c) de la Constitución Política, entre las palabras “justicia” y “Contralor” la expresión “, los miembros del Tribunal Constitucional”.
INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOBRE LA INVESTIGACIÓN ENCOMENDADA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO MODELO, DE CONCEPCIÓN.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informaros acerca de la investigación que le fuera encomendada en virtud del acuerdo adoptado en sesión 2a, ordinaria, de la legislatura ordinaria de sesiones, celebrada el 6 de junio de 2001, en relación con la materia singularizada en el epígrafe.
I.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
Esta honorable Cámara de Diputados, en virtud del proyecto de acuerdo N° 560,[1] resolvió constituirla “como Comisión investigadora, con el propósito de que, en un plazo máximo de treinta días, informe respecto de los alcances que tendrá el término del contrato con la empresa Tecsa S.A.; la adjudicación de las obras a una nueva empresa; señale los costos que significa para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacerse cargo de los gastos de las reparaciones y obras adicionales del proyecto Barrio Modelo, y entregue una opinión respecto de las posibles responsabilidades administrativas y contractuales, especialmente con la empresa Tecsa, que cabe en este caso”.
Se tuvo en consideración lo obrado por la Comisión investigadora de las actuaciones de los servicios públicos relacionados con la entrega, por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de la VIII Región, de más de mil quinientos millones de pesos a la empresa Inversiones Bilbao S.A., en el marco del desarrollo de un proyecto habitacional de carácter social.[2]
Se fundamentó tal encargo en la situación de preocupación social, trascendencia y proyecciones que genera el denominado Barrio Modelo, en Concepción. Este proyecto contempla la construcción de 805 viviendas sociales -gran parte de ellas destinadas a las personas afectadas por la mencionada empresa-, y cuya ejecución debió suspenderse debido a fallas estructurales del terreno, que significaron el hundimiento de dos bloques de viviendas y el deslizamiento del cerro, luego de las precipitaciones producidas en el invierno de 2000.
Se tuvo en cuenta, especialmente, la existencia de un informe de la Contraloría Regional del Bío-Bío, de 30 de abril de 2001, que se pronuncia sobre lo obrado en esta materia.
Por otra parte, se hizo presente que, con fecha 31 de mayo de 1999, se verificó la apertura de la licitación pública de dicha obra, en la cual no se presentaron oferentes, quedando constancia en ese mismo proceso de los fundamentos en que apoyaron su no comparecencia las empresas Tecsa S.A. y García Popelaire S.A.
Posteriormente, el mencionado Servicio inició conversaciones con la firma Tecsa S.A., las que concluyeron con la celebración de un contrato de construcción en virtud del cual la entidad pública le encomendó a aquélla la ejecución de la obra, por trato directo y a suma alzada, encargando al contratista la elaboración del proyecto y el diseño del mismo. Formaron parte de dicha convención las mismas bases de las licitaciones anteriores, incluidos los informes sobre la deficiente calidad de los suelos y los nuevos estudios sobre condiciones de terreno elaborados por cuenta de esa empresa.
Lo anterior se agrava por la existencia de un sumario interno en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene como objetivo la determinación de responsabilidades tanto en los niveles regional como nacional, a propósito de la ejecución del proyecto Barrio Modelo, impulsado como una forma de compensar a las 405 familias estafadas anteriormente en el denominado caso Bilbao.
Pese al término del contrato del mencionado Servicio con la empresa Tecsa S.A., con la activación del cobro de la boleta de garantía presentada por ésta, cuyo monto sólo alcanza a nueve mil novecientas unidades de fomento, no se cubren los gastos derivados de las reparaciones y las obras adicionales, los que aparentemente serán asumidos íntegramente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
A pesar de que las viviendas del proyecto Barrio Modelo están definidas como viviendas sociales y, por lo tanto, consideran un aporte estatal de 300 unidades de fomento por cada una, las reparaciones y nuevas obras que habría que desarrollar harían llegar la inversión del Estado a unas 1.000 unidades de fomento por casa construida.
Se ha estimado que los costos de las reparaciones alcanzarán un monto similar o superior a las 170.000 unidades de fomento, lo que equivale a más del cincuenta por ciento del total de la inversión proyectada para la construcción del denominado Barrio Modelo, estimada en 320.000 unidades de fomento.
Se han contratado a lo menos dos nuevas empresas para efectuar las mencionadas reparaciones, lo cual, sin duda, origina nuevos costos para el Serviu respectivo.
Se hace constar que, a petición de la Comisión, la honorable Cámara, en sesión 32a, ordinaria, de 4 de septiembre de 2001, acordó prorrogar en treinta días el plazo que tiene para finalizar la investigación encomendada. Asimismo, en sesión 25a, ordinaria, de 15 de enero de 2002, accedió a otorgar un nuevo plazo de treinta días, con objeto de abocarse a la discusión y votación de las consideraciones y conclusiones de la Comisión.
II.- LABOR DESEMPEÑADA POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión, en cumplimiento del mandato encomendado, celebró un total de once sesiones y una reunión en comité, durante el período comprendido entre el 4 de julio de 2001 y el 10 de abril de 2002. [3]
Con antelación al mandato otorgado por la Corporación, vuestra Comisión tomó conocimiento de los hechos, en sesión 71a, ordinaria, celebrada el 3 de mayo de 2000, oportunidad en la cual recibió a las presidentas de los comités La Ilusión y La Esperanza. Al mismo tiempo, dirigió oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo con objeto de que se arbitraran las medidas tendientes a corregir las falencias técnicas detectadas en relación con la construcción de 805 viviendas básicas y su urbanización, en el denominado Barrio Modelo, de Concepción.[4]
Además, con fecha 27 de julio de 2000, realizó una visita inspectiva a las obras de construcción que se encontraba desarrollando la empresa constructora Tecsa S.A. en el mencionado Barrio Modelo, oportunidad en la cual se hizo presente a los representantes de aquélla la existencia de graves problemas de mecánica de suelos, debido al desprendimiento de los taludes y a que la obra estaba siendo construida en una excavación que fue rellenada en terrazas.[5]
Para la investigación de los hechos señalados, la Comisión contó con la asistencia y participación del ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet; de la asesora ministerial señora Jeannette Tapia; del jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional de dicha Secretaría de Estado, señor Héctor López; del secretario regional ministerial de la VIII Región, señor Aldo Ramaciotti; del director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la misma Región, señor Juan Pablo Gramsch; de su asesor jurídico, señor Ricardo Fredes; del contralor regional del Bío-Bío, señor Óscar Aedo; del jefe del Departamento de Control Externo, señor Guillermo Parada, y del inspector técnico de dicho organismo fiscalizador, señor Octavio Cádiz; de los gerentes generales de las empresas Tecsa S.A. y Echeverría, Izquierdo, Ingeniería y Construcción S.A., señores Enrique Loehnert y Fernando Echeverría, respectivamente; del gerente de construcción de la empresa constructora García Popelaire, señor Enrique Pérez, y de los presidentes de los comités de pobladores La Ilusión, Lo Galindo y Mi Casa, señora Verónica Lagos, señores Roberto Macías y Freddy Montero, respectivamente, y del vicepresidente del Comité La Ilusión, señor Freddy Cabrera.
III.- MARCO REGULATORIO.
El decreto ley N° 1305, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que reestructura y regionaliza dicha Secretaría de Estado, en el artículo 23 establece que “las Secretarías Ministeriales Regionales y Metropolitana tendrán como misión concretar la política nacional de vivienda y urbanismo en sus respectivas jurisdicciones....” y que “deberán velar, además, por el estricto cumplimiento por parte de los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización en sus respectivas jurisdicciones, de todos los planes, normas e instrucciones impartidas por el Ministerio...”.
Por otra parte, el artículo 27 dispone que “los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización estarán encargados, en su jurisdicción, de materializar los planes que les encomiende el Ministerio, para lo cual podrán adquirir los terrenos, formar loteos y preparar subdivisiones prediales, proyectar y ejecutar las urbanizaciones de los mismos, proyectar y ejecutar las remodelaciones y la edificación de las poblaciones, conjuntos habitacionales, barrios o viviendas individuales y su respectivo equipamiento comunitario y toda otra función de preparación o ejecución que permita dar cumplimiento a las obras contempladas en los planes y programas, todo ello en conformidad con los presupuestos asignados”.
La normativa aplicable a la materia que ha sido objeto de esta investigación está contenida, principalmente, en el decreto supremo N° 29, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de 11 de junio de 1984, que aprueba las bases generales reglamentarias de contratación de obras a suma alzada.[6]
El artículo 3° preceptúa que la contratación de la construcción o ejecución de obras regidas por las mencionadas bases generales se hará mediante licitación pública, [7] como regla general. Excepcionalmente, puede disponerse la contratación de obras mediante propuesta privada [8] o trato directo [9] en los casos que el mismo precepto señala, a saber, si a las propuestas públicas no se hubieren presentado interesados; si se tratare de trabajos que correspondan a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratista u otras causales; en situaciones de emergencia, calificadas por el director del Serviu, previa autorización por escrito del ministro o del subsecretario de Vivienda y Urbanismo; cuando se trate de obras de conservación, recepción o mejoramiento habituales de inmuebles de propiedad del Servicio, y cuando se trate de encargar obras al Cuerpo Militar del Trabajo.
Por su parte, el artículo 20 establece que “el contratista responderá por cualquier perjuicio que ocasione a terceros con motivo de las obras que ejecute”, en tanto que el artículo 21 dispone que “por el solo hecho de presentarse a una propuesta o de formular una oferta, se entenderá que el contratista deja establecido que conoce todas las condiciones de la zona y lugar en que se ejecutarán las obras respectivas (...) y que ha tenido presente en el estudio de su propuesta u oferta la topografía y calidad del terreno”.
El artículo 25 dispone que “los terrenos podrán ser proporcionados por el Serviu o por el contratista,...”en tanto que el artículo 27 dispone que, en el primer caso, el Serviu “deberá incluir en los antecedentes, los informes de factibilidad de los servicios correspondientes y podrá proporcionar, cuando le sea posible, los antecedentes técnicos de que disponga, tales como, el estudio de mecánica de suelos, el levantamiento topográfico, u otros, todos los cuales deberán ser verificados por el contratista, asumiendo éste, en todo caso, la responsabilidad de los mismos”.
El artículo 34 preceptúa que “los contratos regidos por las presentes Bases Generales Reglamentarias no contemplarán el pago de obras extraordinarias”.
El inciso primero del artículo 36 estatuye que “antes de suscribir el contrato correspondiente, el contratista deberá entregar una boleta bancaria de garantía, expresada en Unidades de Fomento o en pesos, por el equivalente al 3 por ciento del monto del contrato, para garantizar el oportuno y total cumplimiento de él, la que le será devuelta al término de las obras”. En tanto, el artículo 37 dispone que “terminadas las obras y en condiciones de ser recibidas, el contratista deberá entregar una boleta bancaria de garantía, por un valor equivalente al 3% del monto del contrato, expresada en Unidades de Fomento o en pesos, por un período de un año, contado desde la fecha de recepción de las mismas, para caucionar su buen comportamiento y ejecución. Vencido dicho plazo, le será devuelta una vez verificado por la unidad técnica pertinente el buen estado de conservación de las obras y previa dictación de la correspondiente resolución...”.
A su vez, los artículos 40 [10] y 41 [11] aluden a la inspección técnica de la obra, en especial a quienes están a cargo de efectuarla y a la obligación de supervisarla.
El artículo 80 establece las causales de terminación de los contratos de construcción, a saber, por el cumplimiento de las obligaciones y contraprestaciones recíprocas contraídas; por la resolución administrativa con cargo del contrato, en los casos señalados en las bases generales que establece la ley; por el traspaso del contrato a otro contratista, previamente aceptado por el Serviu; de común acuerdo por los contratantes, y por liquidación anticipada en caso de fallecimiento del contratista.
La resolución administrativa con cargo [12] se encuentra regulada en los artículos 82 al 89.
El artículo 82 dispone que “si el contratista no diere cumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato.... el director del Serviu, podrá disponer la resolución administrativa con cargo del contrato y aplicarle una sanción de suspensión del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el período de 5 años”.
El artículo 85 determina las causales por las cuales el director del Serviu podrá declarar resuelto administrativamente el contrato con cargo, sin forma de juicio, haciendo efectivas de inmediato todas las garantías que obren en su poder. [13]
El artículo 86 preceptúa que “resuelto administrativamente con cargo un determinado contrato, el Serviu deberá contratar la terminación de las obras materia del mismo, de acuerdo a las normas de las presentes bases generales, procurando mantener, en lo posible, el mismo número, calidad y especificaciones de las obras contratadas primitivamente”.
A su vez, el artículo 87 preceptúa que “el Serviu dispondrá de un plazo de 90 días, contados desde la fecha de tramitación de la resolución que disponga la medida a que se refieren los artículos precedentes, para recontratar la terminación de las obras. Vencido dicho plazo, si no se hubiere dictado la resolución que recontrate las obras, se deberá pagar al contratista lo efectivamente ejecutado y se le devolverá hasta el 70% de las garantías que obren en poder del Serviu si las hubiere”.
Por otra parte, el artículo 89 regula la liquidación contable del contrato resuelto administrativamente con cargo, una vez terminadas y recibidas por el Serviu las obras contratadas. [14]
IV.- RELACIÓN DE LOS HECHOS INVESTIGADOS.
En abril de 1991, el ex Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, señor Arturo Pérez, autoriza al director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío-Bío, señor Eduardo Cerda, para disponer de los terrenos ubicados en el sector Puntilla Lo Galindo y Santa Rufina, al costado norte de la autopista a Talcahuano, de Concepción, con objeto de iniciar los estudios que permitiesen definir su grado de utilización y factibilidad de uso en futuros programas habitacionales.
En enero de 1992, el ex Secretario Regional Ministerial, señor Sergio Moffat, encarga al ingeniero civil señor Jorge Araneda un primer estudio de mecánica de suelos para el loteo y urbanización del mencionado sector.
El 9 de abril de 1992, se crea la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa de Barrio Norte, [15] constituida por 405 familias, reunidas en 8 comités de allegados, de las cuales 334 habían optado por la alternativa del subsidio de vivienda básica, a través de la Sociedad Inversiones Bilbao S.A., y las 71 restantes se habían incorporado al Programa Especial de Trabajadores (PET), por medio de la Cámara Chilena de la Construcción.
El 10 de septiembre de 1992, la Secretaría Regional, a través del jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura, solicita al señor Jorge Araneda que modifique su informe, con objeto de posibilitar el establecimiento de recomendaciones técnicas para construir en altura, ya sea viviendas de dos pisos de madera, o con un primer piso en albañilería reforzada y un segundo piso de madera.
En noviembre de 1992, el señor Araneda, sin modificar su estudio, elabora lo que se denomina “Recomendaciones técnicas para el movimiento de tierra”, en el cual precisa que la propuesta de construir viviendas de madera era sólo una recomendación y que, desde su óptica profesional, era en absoluto desfavorable construir en altura, pero que en tal alternativa correspondía al ingeniero calculista determinar si las viviendas debían tener uno o dos pisos. [16]
Posteriormente, en 1993, la misma Secretaría Regional contrata al consultor arquitecto señor Boris Aptecar la ejecución de estudios de loteo y urbanización en dichos terrenos, lo cual dio origen a los proyectos de loteos para ese sector.
Ese mismo año, estando en desarrollo el loteo, por parte del señor Aptecar, se produjo un deslizamiento que afectó a dos manzanas, es decir, aproximadamente a 20 mil metros cuadrados.
El 6 de septiembre de 1993, el ex Secretario Regional Ministerial, señor Sergio Moffat, solicita al ex director del Serviu, señor Ignacio Soler, la contratación de los estudios que sean necesarios para prevenir los riesgos de deslizamiento que aparentemente presentaban los terrenos de Santa Rufina y Puntilla Lo Galindo.
El 14 de septiembre de 1993, el ingeniero civil señor Héctor Cerón, dependiente de la Unidad de Ingeniería del Departamento Técnico del respectivo Serviu, recomienda contratar un estudio especial para asegurar la estabilidad del talud en condiciones de asumir nuevas cargas (casas), o bien no ejecutar el proyecto en ese sector, dado el riesgo de deslizamientos en una zona que debía definirse con la mayor precisión posible.
El 16 de septiembre de 1993, en reunión celebrada en la Secretaría Regional, con la asistencia del ex ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez, del Gobernador Provincial de Concepción y de la Directiva de la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa “Barrio Modelo de Concepción”, se acuerda que la mencionada Agrupación adquiera el lote N° 2 de Puntilla Lo Galindo, -con la finalidad exclusiva de resolver la demanda habitacional de sus socios-, y que la Secretaría Regional solicite a la de Bienes Nacionales la transferencia gratuita del lote N° 1, con objeto de ejecutar las obras de macroinfraestructura que factibilizarán desde el punto de vista sanitario al denominado lote N° 2, a través del Serviu respectivo.
En octubre de 1993, el mismo Secretario Regional Ministerial pide al señor Boris Aptecar un estudio de la estabilidad de taludes proyectados en el loteo, el cual fue confeccionado por el ingeniero Ramón Nazar.
El 14 de octubre de 1993, el ex director del Serviu, señor Ignacio Soler, informa al Secretario Ministerial que, al efectuarse el llamado a licitación de viviendas en el sector, se tendrá presente contratar los estudios geotécnicos respectivos.
El 18 de octubre de 1993, el mismo Secretario Ministerial, señor Sergio Moffat, solicita al director precitado contratar los mencionados estudios con la mayor brevedad, teniendo presente el compromiso contraído con antelación a la visita del ministro de Vivienda y Urbanismo.
El 20 de noviembre de 1993, el ex ministro de Bienes Nacionales, señor Luis Alvarado, ratifica la voluntad de dicha Secretaría de Estado en orden a enajenar el lote N° 2 en favor de la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa de Barrio Norte.
El 29 de marzo de 1994, la Dirección de Obras Municipales de Concepción aprueba la subdivisión del predio Puntilla Lo Galindo en tres lotes.
El 7 de abril de 1994, el Serviu encomienda al ingeniero civil señor Rafael Calderón un estudio de mecánica de suelos respecto de una porción de terreno que posteriormente será utilizada en el proyecto Barrio Modelo.
El 12 de noviembre de 1994, la arquitecto del Subdepartamento de Estudios del Serviu, señora Mildred Castillo, hace presente los altos costos por vivienda en la contención de cortes y estabilidad de taludes y concluye que parecería recomendable suspender las gestiones de traspaso de terrenos, hasta disponer de estudios de suelo para todo el sector.
El 28 de noviembre de 1994, se llama a propuesta privada para la realización de un estudio geotécnico global de los sectores de La Puntilla Lo Galindo y Santa Rufina, en los cuales tanto la Secretaría Regional como el Serviu pretendían desarrollar conjuntos habitacionales.
En la misma fecha, el Serviu, representado por el ex director señor Ignacio Soler, adquiere el lote N° 1 del mencionado inmueble, por transferencia gratuita efectuada por el Fisco- Ministerio de Bienes Nacionales, representado por el ex secretario regional don Rubén Muñoz. [17]
El 11 de enero de 1995, el mismo director del Serviu contrata nuevamente al señor Jorge Araneda y al Laboratorio A.T. y C. Liem Ltda. con objeto de que elaboren el “Estudio de Exploración Geotécnica, sectores Santa Rufina y Puntilla Lo Galindo”.
El 8 de febrero de 1995, el ex secretario regional, señor Waldo Martínez (s), responde al director del Serviu que es criterio de dicho Servicio resolver la confirmación, suspensión u otra decisión del traspaso del mencionado lote una vez finalizados los estudios de exploración geotérmica contratados al Laboratorio A.T. y C. Liem Ltda.
El 16 de febrero de 1995, la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa de Barrio Norte, representada por el señor Freddy Cabrera, adquiere el lote N° 2, del Fisco-Ministerio de Bienes Nacionales, representado por el ex secretario regional ministerial, señor Rubén Muñoz, con una superficie de 96.987 metros cuadrados, por la suma de $ 35.624.328. [18]
En marzo de 1995, el Laboratorio A.T. y C. Liem Ltda. evacua el “Estudio de Exploración Geotécnica Sector Puntilla Lo Galindo y Santa Rufina”.
En junio de 1996, la mencionada Agrupación celebra un contrato para la construcción de sus viviendas con la Sociedad Inversiones Bilbao S.A., endosando 278 certificados de subsidio habitacional en favor de dicha empresa. Los pobladores financiarían la construcción de las viviendas básicas con un ahorro de 20 unidades de fomento, un subsidio estatal de 140 unidades de fomento y un crédito hipotecario de 100 unidades de fomento. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse, por incumplimiento de parte de esa empresa.
El 26 de agosto de 1997, el ex ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez, en razón de la problemática del caso Bilbao, instruye al director del respectivo Serviu con objeto de que contrate “un estudio de factibilidad técnico-económica del terreno de los pobladores afectados y el predio colindante que pertenece al Servicio (Puntilla Lo Galindo y Santa Rufina), el cual deberá analizar la mecánica de suelos del cerro en que se encuentran estos terrenos, determinar su aptitud para el emplazamiento de construcciones, la cantidad máxima de metros cuadrados a construir y los trabajos de movimiento de tierra que se requieren para factibilizar la construcción en ellos”. Sin embargo, ninguna empresa se presentó a la licitación convocada para adjudicar la elaboración del mencionado estudio, en razón del monto y de las dificultades del terreno. [19]
El 17 de febrero de 1998, el ex director suplente del Serviu, señor Guillermo Besser, contrata directamente a la consultora Folch y Asociados Arquitectos Ltda. el estudio denominado “Estudios Generales y Proyectos para la creación de un Barrio Modelo”, por un monto de $ 74.248.535, [20] con objeto de analizar la factibilidad técnico-económica del proyecto. El contrato tuvo un desarrollo irregular: parte del informe se emitió en octubre de 1998 y terminó siendo desahuciado anticipadamente el 24 de junio de 1999, por la suma de $ 52.373.974. [21]
El 25 de enero de 1999, la ex directora del Serviu (s), señora Roxana Kuschel, informa los valores unitarios de las viviendas y los costos de urbanización de las mismas -del orden de 115.015 unidades de fomento-, y menciona la posibilidad de adquirir el lote N° 2 a la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa del Barrio Norte.
El 3 de febrero de 1999, se conoce de la ocupación de aproximadamente 160 familias en el terreno de propiedad de la mencionada Agrupación.
El 5 de mayo de 1999, el ex Secretario Regional, señor Rinaldo Marisio, informa al ex director suplente del Serviu, señor Guillermo Besser, que, una vez aprobado el decreto presupuestario correspondiente al programa habitacional de 1999, se procederá a adquirir el mencionado lote N° 2.
El 31 de mayo de 1999, el Serviu efectúa la apertura de la licitación pública destinada a la construcción del conjunto habitacional Barrio Modelo, compuesto de 805 viviendas básicas y su urbanización, sin que se presentaran oferentes. Se excusaron las empresas García Popelaire y Tecsa S.A. [22]
El 9 de junio de 1999, la empresa García Popelaire manifiesta su interés en participar en un futuro llamado a licitación, siempre y cuando se modifiquen los montos mínimos por vivienda.
El 30 de julio de 1999, la empresa Tecsa S.A. presenta su oferta por un monto de 305.583,5 unidades de fomento, condicionada en cuanto a plazos y costos al resultado de un nuevo estudio mecánica de suelos del terreno.
En julio de 1999, se emite el Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos, elaborado por Empro Ltda., a petición de Tecsa S.A. [23]
El 7 de septiembre de 1999, Tecsa S.A. comunica que el monto de su oferta aumenta a 330.123,59 unidades de fomento.
El 14 de septiembre de 1999, el ex ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez, autoriza la contratación de las obras mediante trato directo.
El 25 de octubre de 1999, se dispone la adquisición a título oneroso del lote N° 2, por parte del Serviu, a la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa de Barrio Norte, en el precio de 3.649 unidades de fomento, con el propósito de construir en ambos terrenos un Barrio Modelo de, a lo menos, 405 viviendas, que se destinarían a todos y cada uno de los que integraban o habían integrado dicha Agrupación.
En el mismo mes, el Laboratorio Empro Ltda., a petición de Tecsa S.A., elabora su estudio definitivo denominado “Informe de Mecánica de Suelos N° 38448-99, Proyecto San Gregorio, Sector La Puntilla Lo Galindo, Concepción”.
El 5 de noviembre de 1999, el ex director suplente del Serviu, señor Guillermo Besser, se dirige al representante de Tecsa S.A., con objeto de aclarar que, respecto de eventuales aumentos de obras, la situación tiene el carácter de local y debería ser resuelta conforme a la normativa que sustenta la contratación de obras.
El 11 de noviembre de 1999, el Serviu, representado por su director señor Guillermo Besser, encomienda la ejecución de las obras a la empresa constructora Tecsa S.A., mediante trato directo, [24] bajo la modalidad de precio fijado por el Servicio y proyecto proporcionado por el oferente. El monto fue de 330.123,59 unidades de fomento, con un plazo de ejecución de cuatrocientos cincuenta días corridos, contado desde la entrega del terreno, es decir, desde el 21 de diciembre de 1999.
A partir del 4 de enero de 2000, los fiscalizadores señora Paulina Andrades y señor Octavio Cádiz, de la Contraloría Regional del Bío-Bío, se constituyen en el Serviu, con objeto de realizar una inspección técnica a la obra “805 viviendas básicas y su urbanización, sector Barrio Norte, comuna de Concepción”. Este trabajo culmina en el documento denominado “Informan sobre inspección técnica a obra ejecutada por Serviu, Región del Bío-Bío”.
El 21 de enero de 2000, se produce un deslizamiento de tierras, registrándose la presencia de agua y disponiéndose la ejecución de sondajes adicionales en los sectores afectados.
Los días 1 y 3 de febrero de 2000, se constata la presencia de suelos de mala calidad con alta plasticidad y de terreno poco consolidado, con grietas en los sectores 2 y 3; como, asimismo, un escurrimiento de agua en los cortes del sector del condominio 17.
El 7 de febrero de 2000, se evacúa el Informe de Mecánica de Suelos N° 40284-00, sobre Deslizamiento de Tierras, elaborado por Empro Ltda., a petición de Tecsa S.A.
En abril de 2000, los dirigentes de la Agrupación manifiestan a las autoridades regionales su disconformidad con el diseño de las viviendas, a pesar de que, antes de contratar a la empresa constructora, se les había exhibido el proyecto en planos y maquetas. Además, reclaman contra la inexistencia de patios de uso exclusivo, ofrecidos con antelación, lo que, en opinión del Secretario Regional Ministerial, no ha sido posible cumplir debido a la topografía del terreno y a la ubicación de las viviendas.
El 5 de junio de 2000, después de un temporal de viento y lluvias, se producen deslizamientos de terreno en ocho lugares de la obra, tres de los cuales presentan longitudes de 25 ó 28 metros, con una grieta en todo el frente de la plataforma.
El 21 de junio de 2000, se repiten los deslizamientos, siendo los más importantes los ubicados frente a los condominios 18-1 y 18-2, donde se debió demoler una vivienda colindante y colocar gaviones: el de ambos costados de calle del Cerro, en el sector comprendido entre los edificios 1-1 al 4-2, y en el edificio 1-3, afectando el talud existente. El 22 del mismo mes, se registra la caída de 8 metros de pandereta en otra vivienda, debido al desplazamiento del terreno.
El 27 de junio de 2000, concurren a la obra el Intendente Regional, y la Gobernadora Provincial, conjuntamente con el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, señor Aldo Ramaciotti, y el ex director suplente del Servicio de Vivienda y Urbanización, señor Guillermo Besser.
En esa misma fecha, en una inspección practicada por el agente público señor Víctor Mansilla y tres representantes de la empresa, se detecta la aparición de una serie de grietas paralelas en el camino de acceso a los estanques de Essbío y grietas profundas por asentamientos transversales a dicho camino.
El 28 de junio de 2000, Tecsa S.A. ejecuta una prospección en el lugar, detectando un importante flujo subterráneo, al cual se le atribuye la falla y se acuerda excavar un dren interceptor. Las grietas son rellenadas con tierra del lugar y se colocan barreras con sacos de arena, dejando salidas de agua para proteger los edificios del condominio 17.
El 29 de junio de 2000, se deja constancia de que el talud está en corrimiento y que los edificios se están apuntalando.
El 4 de julio de 2000, se emite el Informe Preliminar de Mecánica de Suelos, elaborado por el ingeniero civil señor Antonio Fernández, asesor geotécnico de Essbío S.A.
El 5 de julio de 2000, se observa un corrimiento de suelo y grietas en el pasaje, así como también en el muro de contención y en el terreno adyacente a las viviendas números 1315 y 1321, de Villa Los Escritores.
El 6 de julio de 2000, Tecsa S.A. atribuye los problemas detectados al mal diseño del muro y a la mala calidad de los rellenos de la Villa Los Escritores, ejecutada por Serviu en años anteriores.
El 18 de julio de 2000, el agente público señor Víctor Mansilla declara la obra en estado de emergencia y recomienda que el sector sea cercado y señalizado y que se paralice todo trabajo, como resultado de la evaluación practicada por expertos del Servicio Nacional de Geología y Minería.
El 25 de julio de 2000, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano visita la obra y señala que es urgente la asesoría de mecánicos de suelos que instruyan sobre el procedimiento por seguir para evitar daños que la simple inspección ocular indica que pueden producirse, y formula sugerencias en el sentido de que es necesario colocar protecciones en los taludes, lo cual es corroborado, dos meses después, cuando se produjeron los desprendimientos, el desmoronamiento y el quiebre de dos edificios. [25]
El 27 de julio de 2000, se reanudan los trabajos en las áreas restringidas, adoptando medidas de seguridad previamente aprobadas por el Serviu.
Desde julio de 2000 hasta marzo de 2001, la empresa Tecsa prácticamente paralizó las obras y las mantuvo a un ritmo muy bajo.
En agosto de 2000, se evacua el Proyecto de Estabilidad de Taludes Barrio Modelo, Lo Galindo, Informe Técnico I Etapa, elaborado por el ingeniero señor Ricardo Valdebenito, por encargo del Serviu regional.
El 12 de septiembre de 2000, se recomienda descargar lo antes posible los edificios 17-2, 17-3 y 17-4, debido a la aparición de fisuras que indicaban un gran esfuerzo de corte en desarrollo, pero sin que se apreciaran elementos colapsados, aparte de un muro frontal que haría peligrar la estabilidad del edificio.
El 21 de septiembre de 2000, colapsa la estructura del primer piso del bloque 17-3, presentando grietas y un desplazamiento horizontal en el nivel de losa y el desplome del primer nivel. Después del 25 del mismo mes y año, se constata que dichos daños son irrecuperables.
A partir de octubre de 2000, la obra se encuentra relativamente paralizada, con escaso personal trabajando y con un avance físico estimado en el 35 por ciento, en circunstancias de que el avance programado para la misma fecha era del 62 por ciento.
El 17 de octubre de 2000, en Santiago y, posteriormente, el 23 del mismo mes y año, en Concepción, el ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet, recibe a los dirigentes de la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa Barrio Modelo, que representan a 250 familias, y de dos comités disidentes, que conforman un nuevo grupo y representan a 145 familias, con objeto de informarles sobre las obras de mejoramiento del terreno, las alternativas de resolución del contrato con Tecsa S.A. y las distintas soluciones habitacionales, a corto, mediano y largo plazo, para que los pobladores puedan obtener sus viviendas.
A comienzos de 2001, los comités disidentes manifiestan interés en algunos terrenos de la comuna de Penco, respecto de los cuales el Serviu contrata estudios de factibilidad técnica y económica. En el primer llamado a licitación de viviendas se incluye el proyecto, al cual no se presentaron oferentes. Posteriormente, se ha vuelto a incluir en un segundo llamado, estándose en espera de los resultados.
El 8 de marzo de 2001, el Serviu otorga a Tecsa S.A. un plazo adicional de ochenta y cuatro días corridos, teniendo presente que el retardo dice relación con la presencia de pobladores que ocupaban parte del terreno.
El 12 de abril de 2001, el Serviu dicta una resolución mediante la cual pone término al contrato con la empresa Tecsa S.A. con cargo, de la cual toma razón la Contraloría Regional.
En ese mismo mes, dicho organismo fiscalizador inicia un sumario administrativo en el respectivo Serviu, a cargo del jefe del Departamento de Control Externo, señor Guillermo Parada.
El 24 de mayo de 2001, se contrata a la empresa Echeverría, Izquierdo, Ingeniería y Construcción S.A. para ejecutar las obras de emergencia del sector Estanques y otros, por un plazo de cuarenta días corridos y un monto de 57.401,67 unidades de fomento. Dichas obras fueron recibidas el 22 de octubre de 2001.
El 6 de junio de 2001, 164 familias manifiestan su rechazo al proyecto, por cuanto es un fracaso desde el punto de vista técnico-constructivo y hacen presente la responsabilidad compartida del Ministerio y de Tecsa S.A., pues dicha empresa tenía conocimiento del estado del terreno en el cual se iba a construir.
El 15 de junio de 2001, se contrata a la empresa constructora García Popelaire Hnos. S.A. para la terminación de 208 viviendas básicas, por un plazo de noventa corridos, a partir del 23 de julio, y un monto de 50.825,58 unidades de fomento. Estas obras fueron recibidas el 12 de diciembre de 2001.
El 28 de junio de 2001, la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa de Barrio Norte interpone una demanda por incumplimiento de contrato, con indemnización de perjuicios, en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El 16 de julio de 2001, se contrata a la empresa Echeverría, Izquierdo, Ingeniería y Construcción S.A. para ejecutar las obras de estabilización y contención de taludes en el sector, por un plazo de ciento cincuenta días corridos y un monto de 139.989,42 unidades de fomento. En la actualidad, dicha obra tiene un 91 por ciento de avance físico y deben contratarse obras adicionales por el 10 por ciento del contrato original.
El 22 de noviembre de 2001, el contralor regional de Bío-Bío, en relación con el sumario administrativo incoado en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la VIII Región, ratifica las sanciones propuestas en primera instancia y propone al señor ministro de Vivienda y Urbanismo que se apliquen las medidas disciplinarias que se indican a los funcionarios y ex funcionarios que se señalan en la resolución correspondiente.
Actualmente, se encuentran pendientes las obras de terminación de 344 viviendas básicas, para completar un total de 552, que se acordó construir en el predio. Este contrato se adjudicó a la Empresa A. Manzano y Asociados Ltda., por un monto de 206.723 unidades de fomento.
V.- LO OBRADO POR ORGANISMOS CON COMPETENCIA EN LA MATERIA.
1. Ministerio de Bienes Nacionales.
El inmueble denominado Puntilla Lo Galindo, en el cual se desarrollan las obras de construcción de 805 viviendas básicas y su urbanización, en el sector Barrio Norte, comuna de Concepción, formó parte del patrimonio fiscal, según inscripción efectuada a fojas 6.610 N° 5.014, del año 1992, del Registro de Propiedad de 1992 del Conservador de Bienes Raíces de Concepción.
A partir de ese año, el Ministerio de Bienes Nacionales recibe peticiones de compra respecto de una parte de dicho predio del Comité de Allegados La Ilusión N° 17; de la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa de Barrio Norte, y de un particular, por otra porción del terreno destinada a la ampliación de un colegio particular. Asimismo, el Serviu regional solicita la transferencia gratuita de otro lote para la ejecución de obras de macroinfraestructura sanitaria.
Para acoger estas solicitudes, se procede a subdividir el terreno en 3 lotes, lo cual es aprobado por resolución N° 172-2-035, de 29 de marzo de 1994, de la Dirección de Obras Municipales de Concepción.
Dicha Secretaría de Estado, mediante decreto supremo N° 1.455, de 29 de septiembre de 1994, autoriza la venta directa del lote N° 2, de 9,6 hectáreas, a la mencionada Agrupación, según las condiciones que se establecen en el mismo instrumento. [26]
Del mismo modo, con fecha 3 de octubre de 1994, se transfiere gratuitamente al Serviu respectivo el lote N° 1, con una superficie de 12, 5 hectáreas. [27]
2.- Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El 26 de agosto de 1997, el ex ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez, instruye al ex director del Serviu Región del Bío-Bío, señor Jaime Champin, para que contrate un estudio de factibilidad técnico-económica, el cual debería analizar la mecánica de suelos, tanto del predio de propiedad del Serviu como del de los pobladores, y confeccione un “plan maestro” con objeto de generar un Barrio Modelo que incorpore a las 405 familias integrantes de la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa de Barrio Norte, más obras de equipamiento, de vialidad y áreas verdes. [28]
Posteriormente, las autoridades ministeriales resuelven atenderlas, a través de un programa sectorial, atendidas las características topográficas del terreno y los elevados costos de urbanización. Para ello, se hace necesario que el Serviu respectivo adquiera el inmueble, de propiedad de la mencionada Agrupación, con objeto de adosarlo al que ya había adquirido con antelación y posibilitar, de este modo, la ejecución de un programa mayor de viviendas y la factibilización económica del proyecto.
El ex ministro, señor Sergio Henríquez, autoriza la contratación de la empresa Tecsa S.A. el 14 de septiembre de 1999.
El actual ministro, señor Jaime Ravinet, recibe a los dirigentes de la Agrupación y de dos comités que se separaron de ella, los días 17 de octubre de 2000, en Santiago, y 23 del mismo mes y año, en Concepción, con objeto de informarles sobre las obras de mejoramiento del terreno, las alternativas de resolución del contrato con Tecsa S.A. y las distintas soluciones habitacionales, a corto, mediano y largo plazo, para que los pobladores puedan obtener sus viviendas. Hace constar que, cualquiera sea la decisión de los pobladores, se mantendrán las condiciones de un mayor subsidio y un derecho preferente frente a postulantes de los programas regulares. En total, se presentan y evalúan 8 alternativas distintas, además del proyecto de Barrio Norte, lo que implica terminar la obra en construcción, con una ampliación en el primer piso, y asegurar su estructura y estabilidad.
Posteriormente, el 2 de marzo de 2001, el ministro señor Ravinet dirige una comunicación a la directiva de la Agrupación, en la cual ratifica los compromisos contraídos en materia de futuras ampliaciones de 252 viviendas y de las condiciones de financiamiento, así como también le informa que se han adoptado todas las medidas para garantizar que la fecha de término de las obras no exceda el 30 de marzo de 2002.
3.- Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Bío-Bío.
En 1992, el ex Secretario Regional Ministerial, señor Sergio Moffat, contrata con el consultor arquitecto, señor Boris Aptecar los proyectos de loteo y urbanización del sector, en los cuales se consideran 114 viviendas en el lote 1 y 400 viviendas en el lote 2.
El ex Secretario Regional, señor Jaime Champin, solicita, el 5 de abril de 1994, a su similar de Bienes Nacionales, la transferencia gratuita del lote 1 al Serviu y, al mismo tiempo, requiere información respecto de la intención de la Agrupación de Comités de Allegados de adquirir el lote 2.
El 8 de febrero de 1995, el mismo Secretario Regional responde al ex director del Serviu, señor Ignacio Soler, que el traspaso del mencionado lote debe resolverse una vez finalizados los estudios del Laboratorio A.T. y C. Liem Ltda., que fueron contratados para el sector.
4.- Servicio de Vivienda y Urbanización de la VIII Región.
El Serviu, representado por el señor Ignacio Soler, adquiere, el 3 de octubre de 1994, el lote N° 1 del plano de subdivisión del predio denominado “Puntilla Lo Galindo”, con una superficie de 13,4 hectáreas, por transferencia gratuita del Fisco-Ministerio de Bienes Nacionales. [29]
Se contrata a la consultora Folch y Asociados Arquitectos Ltda. para que elabore un estudio de factibilidad técnico-económica del predio conformado por los lotes 1 y 2, el cual es evacuado en el mes de octubre de 1998. Este estudio tuvo el propósito de analizar la mecánica de suelos del cerro y determinar su aptitud para el emplazamiento de construcciones, con objeto de desarrollar un “plan maestro” en aquél, el cual tuvo un desarrollo irregular, con atrasos en la entrega y corrección de antecedentes, siendo liquidado anticipadamente.
Posteriormente, el 25 de octubre de 1999, el ex director del Serviu respectivo, señor Guillermo Besser (s), dispone la compra del lote N° 2 a la Agrupación de Allegados y Sin Casa, en el precio de 3.649 unidades de fomento. [30]
Seguidamente, el 31 de mayo de 1999, se efectúa la apertura de la licitación pública convocada para el proyecto de construcción de 805 viviendas básicas y su urbanización, sin que se presenten oferentes. Las empresas García Popelaire [31] y Tecsa S.A. [32] presentaron sus excusas por escrito.
El ex director del Serviu, señor Guillermo Besser (s), solicita al ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez, aprobar la contratación de las obras mediante trato directo, lo cual fue autorizado, como se ha dicho, por el citado señor ministro.
De este modo, se contrata a la empresa Tecsa S.A., mediante trato directo, bajo la modalidad de precio fijado por el Serviu y proyecto presentado por el oferente. Este último asume la responsabilidad por la elaboración y ejecución de su proyecto de loteo y, por ende, de los correspondientes proyectos de urbanización y de defensa del terreno, sobre la base de un estudio geotécnico contratado por la misma empresa.
El contrato contempla la ejecución de 805 viviendas básicas mejoradas y sus respectivas obras de urbanización, distribuidas en 58 edificios que constituyen 19 condominios, 17 de los cuales corresponden a 766 viviendas básicas de tres pisos, con una superficie total por vivienda de 56,36 metros cuadrados. Los otros 2 condominios están conformados por 39 viviendas de menor costo, de dos pisos, con una superficie total de 41,04 metros cuadrados por vivienda. La urbanización incluye la construcción de las correspondientes redes públicas de alcantarillado de aguas servidas, agua potable, alcantarillado de aguas lluvia, pavimentación, alumbrado público y las respectivas obras de adecuación y de defensa del terreno.
El diseño del proyecto de loteo involucra la ejecución de fuertes volúmenes de movimientos de tierra a fin de adecuar la topografía y pendientes del terreno para emplazar los edificios de viviendas en condominio y sus correspondientes obras de urbanización, incorporándose en las bases técnicas un anexo con un párrafo titulado “muros de contención” [33]
Dicho proyecto de loteo y sus respectivos proyectos de urbanización y edificación son elaborados sobre la base del estudio de mecánica de suelos contratado por dicha empresa al Laboratorio Oficial de Control Técnico Empro Ltda., en particular al ingeniero señor Eduardo Ebensperger, con objeto de corroborar la información geotécnica aportada por el Serviu. [34] El 5 de noviembre de 1999, el ex director del Servicio, señor Guillermo Besser (s), dirige una nota a la empresa Tecsa S.A., en relación con su inquietud por los eventuales aumentos de obras derivados de la ejecución de los sistemas de drenaje y obras de construcción, señalando que la situación planteada tiene el carácter de local.
El 10 del mismo mes y año, el ingeniero civil del Serviu señor Héctor Cerón comunica al jefe de la unidad de Arquitectura, señor Juan Paulo Sanzana, que, dada la gran abundancia de obras de terracería y taludes, es necesario que el proyecto cuente con la dedicación exclusiva de un ingeniero experto en geotecnia.
El 22 de diciembre de 1999, se designa al arquitecto señor Octavio Quiroz, al ingeniero señor Víctor Mansilla y a otros profesionales del Departamento Técnico, para apoyar a la Unidad de Ingeniería en la revisión de los proyectos de la obra “805 Viviendas Básicas y su Urbanización”.
En definitiva, el contrato fue controlado a través del Departamento Técnico y del agente público señor Víctor Mansilla, en tanto que la revisión y el visto bueno de los proyectos de arquitectura, ingeniería y especialidades recayó en el arquitecto señor Octavio Quiroz.
El 23 de diciembre de 1999, se designa como director de la Obra al funcionario suplente, constructor civil señor Pedro Flores, labor que cumple entre el 23 de diciembre de 1999 y el 30 de septiembre de 2000.
A partir del 7 de enero de 2000, el ingeniero civil señor Víctor Mansilla, contratado en la misma fecha anterior, se hace cargo de la coordinación, programación y control de la ejecución del proyecto, hasta el 30 de septiembre de 2000, fecha en la cual presenta su renuncia voluntaria.
El 28 de septiembre de 2000, se designa como director de la Obra al arquitecto señor Octavio Quiroz.
El ex director del Serviu, señor Rubén Muñoz, en minuta de 14 de marzo de 2001, señala que se han remitido dos comunicaciones a Tecsa S.A.: una, con idea de resolver parcialmente el contrato, disminuyendo el número de edificios para no seguir interviniendo en el cerro, y la segunda, relativa a la urgente necesidad de estabilizar el cerro, sobre la base de un informe del Idiem respecto de la proposición de estabilizar taludes elaborada por Arcadis Geotécnica por encargo de Tecsa S.A.
5.- Dirección de Obras Municipales de Concepción.
Mediante resolución N° 172-G-35, de 29 de marzo de 1994, aprueba la subdivisión del predio, denominado “Puntilla Lo Galindo” en 3 lotes, que fueron posteriormente transferidos por el Fisco-Ministerio de Bienes Nacionales al Serviu VIII Región, a la Agrupación de Comités de Allegados y a un particular, respectivamente.
El loteo proyectado por la empresa Tecsa S.A., correspondiente a los lotes 1 y 2, es aprobado por medio de la resolución N° 28-N-04, de 25 de mayo de 2000. Anteriormente, la mencionada Dirección de Obras había formulado varias observaciones, entre las cuales destaca que era necesario que la empresa proporcionara un estudio complementario de mecánica de suelos y de protección de taludes, indicando los muros de contención por realizar, el sistema de protección de las superficies de taludes y su relación con los sistemas de drenaje de aguas lluvia e informe de riesgos mitigados. [35]
6.- Contraloría Regional del Bío-Bío.
El contralor regional del Bío-Bío, señor Óscar Aedo, por resolución N° 5, de 4 de enero de 2000, dispone que los fiscalizadores, señora Paulina Andrades y señor Octavio Cádiz, se constituyan en el Serviu VIII Región, con objeto de realizar una inspección técnica a la obra “805 viviendas básicas y su urbanización, sector Barrio Norte, comuna de Concepción”.
Mediante el informe A-47, de 22 de marzo de 2001, los funcionarios aludidos dan a conocer al contralor regional diversos problemas detectados antes y durante el desarrollo de la citada obra, siendo el principal de ellos el relativo a los deslizamientos de tierra habidos en el período comprendido entre enero y julio de 2000, arribando a las siguientes conclusiones:
“1a- En los diseños presentados por la empresa Tecsa S.A., carentes casi en absoluto de muros de contención y con cortes de gran altura en la ladera del cerro, y aceptados en el hecho por el Serviu, se habría subvalorado la problemática de la gran heterogeneidad y lo errático del subsuelo, y las propiedades intrínsecas de los suelos presentes en el lugar.
En los mismos diseños se habría ignorado, además, la posibilidad de flujos subsuperficiales estacionales, que el buen sentido indica que se presentarían con alta probabilidad en el plazo mediato, dadas las características climáticas locales, y con certeza obligada dentro de la vida útil de un conjunto habitacional constituido por laderas de cerro, quebradas y quebradillas y pajonales en su zona más baja, pretendiendo para éstos el carácter de imprevisibles y puntuales o localizados y, no se analizó debidamente la estabilidad de los taludes que se postulaba, para condiciones de humedad altas o saturadas.
2a- Además, la empresa Tecsa S.A. acometió las correspondientes obras de movimiento de tierras, sin una mentalidad previsora en el sentido de implementar con antelación un sistema de recolección, conducción y evacuación de aguas lluvia, que sirviese, durante el período de construcción de las obras, para aminorar la infiltración de agua al subsuelo, y la socavación del mismo, así como también, la implementación de obras de drenaje profundo subsuperficiales.
3a- La empresa constructora Tecsa S.A., deberá asumir su responsabilidad por las deficiencias del proyecto y los daños derivados de ello, correspondiendo al Serviu aprobar las soluciones y fiscalizar su correcta ejecución de lo cual se deberá informar a esta entidad de control.
4a- Esta Contraloría Regional considera que es indispensable e ineludible que los peritajes contratados en materias geotécnicas, establezcan y constaten fehacientemente las causas del problema materia de este informe, además del estado de las obras ejecutadas. En base a sus resultados, se deberían proyectar soluciones integrales y definitivas para las obras en comento, que resguarden debidamente la seguridad de los futuros habitantes del conjunto habitacional, así como también, la de los habitantes de las poblaciones vecinas existentes.
5a- Las actuaciones del Serviu, como servicio, respecto de la elaboración del denominado “Plan Maestro” para el sector y, en particular, con la elaboración y construcción del proyecto de loteo inmobiliario de viviendas sociales que se ha dado en denominar Barrio Modelo, no han guardado consonancia con la óptima calidad profesional que solicitó en su oportunidad el ministro de Vivienda, señor Sergio Henríquez Díaz, en sus ordinarios números 5531 y 5532, ambos del 26 de agosto de 1997.
6a- El Serviu Región del Bío-Bío, en sus actuaciones, ha transgredido los principios contenidos en los artículos 3°, 5° y 10 de la ley N° 18.575, ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, [36] como son la eficiencia, eficacia, coordinación y control que, entre otros, debe observar la Administración del Estado, así como el control jerárquico permanente que deben ejercer las autoridades y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda.
7a- Las Autoridades que correspondan deberían evaluar el real nivel de la capacidad profesional a disposición del Serviu Región del Bío-Bío, habida consideración de la naturaleza de las observaciones desarrolladas en el cuerpo del presente informe y que evidencian indubitablemente una gestión deficitaria de este importante proyecto constructivo.
8a- También se evidencian deficiencias respecto de la debida fiscalización y supervigilancia sobre el proyecto urbano en materia, por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 27 de la misma ley y, además, al tenor de lo previsto en el artículo 4° y demás disposiciones pertinentes de la ley general de Urbanismo y Construcciones.
9a- El Serviu VIII Región, como titular del proyecto, deberá someterlo al sistema de evaluación del impacto ambiental, de conformidad con lo establecido en la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental aprobado por decreto supremo N° 30/97, de la Secretaría General de la Presidencia de la República.
10a- Esta Contraloría Regional instruirá un proceso sumarial tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas, que puedan afectar a las jefaturas y funcionarios de los distintos organismos de la Administración del Estado involucrados en los hechos descritos”.
Como consecuencia de lo anterior, la Contraloría Regional del Bío-Bío, en abril de 2001, inició un sumario administrativo en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la VIII Región.
El 23 de octubre de 2001, el jefe del Departamento de Control Externo, señor Guillermo Parada, en su calidad de fiscal instructor del sumario administrativo incoado en el Serviu VIII Región, dicta la Vista Fiscal, en la cual concluye lo siguiente:
“1a- En este proceso se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad administrativa de D. Rinaldo Marisio Valdés, ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, de la VIII Región y actual profesional de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, sede VIII Región; de don Osvaldo Díaz Mardones, ex jefe del Departamento Técnico y actual Profesional del Serviu VIII Región; de don Pedro Flores Donoso, ex director de la obra y actual profesional del Serviu Metropolitano, y de Rubén Muñoz Vera, ex director de Serviu VIII Región y ex profesional de la municipalidad de los Ángeles, por cuanto con sus actuaciones, omisiones o incumplimiento de sus deberes y obligaciones funcionarias en materias vinculadas a los procesos de estudio, contratación, desarrollo y control de la obra “805 Viviendas Básicas y su Urbanización, sector Barrio Norte de Concepción”, posibilitaron la ocurrencia de los diversos hechos irregulares establecidos en este proceso administrativo y con ello vulneraron normas contenidas en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y en la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.
2a- Se confirman todas las conclusiones contenidas en el informe A-47/2000 de esta Contraloría Regional (fojas 47, 48 y 49 del cuaderno separado 1), que corresponde a la inspección técnica realizada a la obra “805 Viviendas Básicas y su Urbanización, sector Barrio Norte de Concepción” y que constituye la pieza inicial de este procedimiento disciplinario instruido en el Serviu VIII Región.
3a- Considerando que la construcción de las 805 viviendas y su urbanización corresponde a una obra cuyo contrato estaba regido por las normas contenidas en el Decreto Supremo N° 29, de 1984, del Minvu, que aprueba las bases generales reglamentarias de contratación de obras a suma alzada, y que la alternativa de contratación fue con proyecto proporcionado por el oferente, Tecsa S.A. es la única responsable del mismo.
Ahora bien, teniendo presente lo expuesto anteriormente y de acuerdo con las causas de los deslizamientos de taludes y plataformas que conforma el proyecto habitacional denominado Barrio Modelo en el sector Puntilla Lo Galindo, Barrio Norte de Concepción, establecidas por el consultor geotécnico, don Ricardo Valdebenito a través del informe técnico denominado “Proyecto Estabilidad de Taludes Barrio Modelo, Lo Galindo, Concepción” (aguas lluvia, criterio de diseño, características y composición del terreno) y por la empresa Graham Miller Ltda. designada por la Compañía de Seguros Cruz del Sur S.A. como liquidadores de seguros para atender los siniestros ocurridos en dicha obra durante el año 2000 (error de diseño), no cabe duda alguna que la empresa constructora Tecsa S.A. es la principal responsable de tales deslizamientos y de los eventuales daños ocasionados a terceros.
4a- En cuanto a los deslizamientos de tierra en dicha obra, al Serviu VIII Región también le cabe responsabilidad, pero en menor medida que Tecsa S.A, debido a que en primer lugar decidió construir demasiadas viviendas y en terrenos inadecuados desde el punto de vista estructural y constructivo por ser limo-arcillosos; en segundo término, aceptó sin objeciones un proyecto deficitario en materia de contención de terrenos, y, por último, permitió que la empresa contratista ejecutara los taludes sin adoptar las medidas necesarias para protegerlos superficialmente y tampoco instaló con antelación un sistema de recaudación, conducción y evacuación de aguas lluvia en torno de los mismos.
5a- En lo sucesivo, Serviu VIII Región deberá solicitar la correspondiente autorización al ministro de Hacienda para pactar, en las adquisiciones de terreno que efectúe, el pago de todo o parte del precio en un plazo que exceda del correspondiente ejercicio presupuestario, aspecto que no se cumplió respecto de la compra del terreno de la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa del Barrio Norte de Concepción efectuada en 1999 y cargada en su totalidad al presupuesto del año 2000”.
El mismo contralor regional, mediante resolución de 22 de noviembre del mismo año, ratifica las sanciones propuestas en primera instancia y propone al ministro de Vivienda y Urbanismo que, en definitiva, se apliquen las medidas disciplinarias que se indican a los mencionados funcionarios y ex funcionarios.
7.- Los estudios de los consultores contratados con ocasión del proyecto.
7.1.- Estudios anteriores al trato directo.
7.1.1.- Por encargo de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo, durante 1992, 1993 y 1994, el consultor arquitecto señor Boris Aptecar elabora dos proyectos de loteo para el sector Santa Rufina y Puntilla Lo Galindo.
7.1.2.- En enero de 1992, el informe de mecánica de suelos contenido en el “Estudio de Loteo y Urbanización, Sector Puntilla Lo Galindo y Santa Rufina”, de Concepción, evacuado por el ingeniero civil señor Jorge Araneda, a petición del ex Secretario Regional, señor Sergio Moffat, “recomienda utilizar las zonas cuya pendiente no supere el 25%, con vías de circulación de pendiente máxima 12,5%”. “Por tratarse de un suelo relativamente inestable, se recomienda construir viviendas de un piso, ojalá en madera”. “Sería prudente considerar viviendas de madera en zonas con pendiente mayor a 10 por ciento y albañilería, sólo en aquellas zonas con pendientes bajas, menores al 10 por ciento. En todo caso, arquitectónicamente se pueden construir, por ejemplo, viviendas con desniveles, pero que, sin embargo, parecieran inapropiadas desde el punto de vista de su costo” [37]
7.1.3.- En octubre de 1993, el ingeniero señor Ramón Nazar, a solicitud del ex director del Serviu, señor Ignacio Soler, elabora un “Estudio de Estabilidad de Taludes, Sector La Puntilla y otros”, sobre la base del informe de mecánica de suelos N° 9310-789, confeccionado por A.C.T. Liem Ltda. En dicho estudio mencionó que en el pozo de exploración que ejecutó, para los efectos de su diseño, encontró un estrato representativo de la zona, de corte de profundidad no determinado y que se clasifica como una arcilla de alta compresibilidad, y que, repetidamente, se ha calificado al terreno como gredoso y arcilloso. Sin embargo, aquél es esencialmente una matriz limosa con trazos de arcilla, que no es apropiado desde el punto de vista de sus propiedades en ingeniería.
7.1.4.- En junio de 1994, el “Estudio de Exploración Geotécnica Sector Puntilla Lo Galindo”, emitido por la consultora “R.C. Ingenieros”, encabezada por el ingeniero civil señor Rafael Calderón, a petición del ex director del Serviu, señor Ignacio Soler, concluye que todos los “ensayes de terreno y laboratorio indican que el suelo no tiene capacidad de soporte adecuada para admitir la construcción de viviendas y calles sobre éste, y que cualquier intento de cargar el suelo significará el aumento de los desplazamientos de suelo afectado a menos que se ejecuten labores de mejoramiento del suelo”. Por lo tanto, “cualquier tentativa por estabilizar el suelo y construir las viviendas y calles sobre este sector, significará un elevado costo por unidad de superficie, que no se justifica, considerando la reducida superficie involucrada y el tipo de construcción que se proyecta. [38]
7.1.5.- En marzo de 1995, el Estudio de Exploración Geotécnica Sector Puntilla Lo Galindo y Santa Rufina, elaborado por el ingeniero civil señor Jorge Araneda, a petición del ex director del Serviu, señor Ignacio Soler, señala que “en consideración a las características del terreno, de baja calidad estructural, resulta indispensable proyectar estructuras livianas y flexibles, de modo que las fundaciones tuviesen un costo acorde con el resto de la obra y que, a su vez, presentasen capacidad para absorber cierto margen de deformaciones, ante los asentamientos esperables para el suelo del sector, el cual, en estado natural presenta una importante humedad y un alto índice de plasticidad”.
En cuanto a la alternativa de construir edificios de 3 ó 4 pisos, la señala como poco atractiva. No obstante, por requerimiento del Serviu, “se deberá considerar que los emplazamientos de los bloques y por ende de las terrazas, deben seguir las curvas de nivel, logrando, en todo caso, pendientes longitudinales no superiores a un 5%”.
En lo que se refiere a la estabilidad de los taludes, “el estudio recomendó taludes de corte no mayores a 2 m y cortados con una inclinación máxima de 45°. Respecto de taludes de 4 m y 8 m de altura y ángulo de corte de 45°, señala que son inestables en consideración a la existencia de arenisca cementada a los 7 m de profundidad” [39]
7.1.6.- En octubre de 1998, la consultora Folch y Asociados Arquitectos Ltda. evacua un “Informe Geotécnico y un Diagnóstico. Estudio de Alternativas Barrio Modelo. Puntilla Lo Galindo y Santa Rufina. Barrio Norte de Concepción”, a petición del director suplente del Serviu, señor Guillermo Besser. En dicho estudio concluye que “resulta indispensable proyectar estructuras livianas y flexibles de modo que las fundaciones sean de costo acorde con el resto de la obra y a su vez sean capaces de absorber la deformación ante los asentamientos característicos en un suelo que en estado natural presenta un importante índice de plasticidad y elevada humedad”, y “que no parece atrayente la alternativa de construir edificios dada la pésima calidad estructural del subsuelo inmediato a la superficie y a la malograda topografía del terreno” [40]
7.1.7.- En junio de 1999, Tecsa S.A. contrata a Empro Ltda. para que confeccione un “Estudio Preliminar de Mecánica de Suelos”, el cual es emitido en octubre del mismo año. En aquél, que suscribe el ingeniero civil señor Eduardo Ebensperger, se concluye que “en el informe ejecutado por A.T. y Liem no se detectó el horizonte 2 ubicado entre cotas 2.75 y 3.70 el cual en condiciones de saturación pierde drásticamente su resistencia al corte pudiendo generar de acuerdo a la inclinación que presente, un plano de falla”. “Esta situación indica la necesidad de evaluar y considerar en el proyecto la construcción de drenes interceptores de las napas subterráneas”, y la “necesidad de verificar las condiciones del subsuelo y los parámetros de diseño entregados por A. T. Y C Liem, ya que éstos se dedujeron sólo a través del índice de penetración normal de algunos sondajes y no de los ensayes de comprensión unidimensional (consolidación) y triaxial, ensayes esenciales para la determinación de los parámetros de diseño”.
7.2.- Estudios de mecánica de suelos referidos a los deslizamientos.
7.2.1.- En junio de 2000, el consultor geotécnico señor Ricardo Valdebenito elabora el informe técnico del “Proyecto Estabilidad de Taludes Barrio Modelo, Lo Galindo, Concepción”, a petición del ex director del Serviu, señor Guillermo Besser. En aquél se indica que “es claro, desde la óptica geotérmica, que la “arcilla superficial” producto de la meteorización de la arenisca presenta características geotécnicas más débiles a las asumidas en el Informe de Mecánica de Suelo elaborado en 1999, por Empro, por encargo de Tecsa” y que “los resultados de dicho estudio muestran que los parámetros de resistencia fueron evaluados de manera muy optimista, lo que significa que los análisis de estabilidad no presentan factores de seguridad adecuados para una obra habitacional, bajo condiciones de una alta meteorización de la arenisca y alta saturación” [41]
Además, “señala que el criterio de diseño aplicado en el informe de Tecsa, calcula la estabilidad de taludes con valores medios, criterio que, dadas las características heterogéneas del suelo del área no es conveniente ni recomendable aplicar en este caso”, y que “los cortes artificiales que se practicaron al pie de los taludes para dar cabida a calles o edificios, que en el caso particular del condominio 17, significó una altura de corte de 14 m con una berma intermedia localizada a 8 metros desde el pie del talud y con una inclinación de 45°, lo que desestabilizó una importante masa de suelo meteorizada” y que “el ángulo de talud de corte en 45° es inadecuado cuando la meteorización de la arenisca es alta”.
Dicho informe concluye en “la necesidad de un nuevo estudio de parámetros resistentes con el objeto de definir los factores de seguridad de los taludes de acuerdo con exigencias mínimas para construir viviendas al pie de los mismos, verificando su estabilidad en condiciones de saturación del suelo y eventuales saturaciones sísmicas” [42].
7.2.2.- El 3 de julio de 2000, la empresa de Servicios Sanitarios Essbío, por su parte, solicita un informe a los ingenieros civiles señores Antonio Fernández y Mauricio Poblete, quienes señalan en el estudio denominado “Ingeniería de Detalles para la estabilización de taludes en Barrio Modelo Lo Galindo”, que “en principio el deslizamiento se habría gatillado al debilitar el corte afectado al pie de la ladera, desequilibrando las tensiones y describen el mecanismo de falla como el deslizamiento de un suelo fino arcilloso de espesor relativamente uniforme sobre la arenisca cementada que la subyace y que mantea directamente a favor del deslizamiento, y con presencia de agua subterránea en la zona de contacto entre la arcilla y la arenisca subyacente y el incremento del suelo saturado y una sobrepresión hidráulica a lo largo de la superficie de falla” [43]
7.2.3.- La consultora Arcadis Geotécnica emite el informe denominado “Análisis e Informe de Evaluación de Estudio Geológico-Geotécnico del Proyecto San Gregorio-Cerro Lo Galindo, Comuna de Concepción”, a petición de Tecsa S.A. En dicho informe [44] se concluye que si se hubieran incorporado en los estudios previos las características geomorfológicas y geológicas del terreno, es muy probable que se hubiera contado con una herramienta adicional de toma de decisiones en cuanto a la factibilidad de llevar a cabo el proyecto o a la necesidad de realizar estudios más específicos y detallados del sitio. En efecto, tales estudios hubieran alertado sobre la problemática y la calidad de los suelos residuales presentes; sobre la presencia de estructuras geológicas que favorecen los deslizamientos; sobre el impacto en la intervención de las quebradas naturales evacuadoras de aguas lluvia existentes, etcétera”.
7.3.- Contrataciones posteriores al trato directo.
7.3.1.- En agosto de 2000, el ex director del Serviu, señor Rubén Muñoz, contrata a la consultora VST Ingenieros Ltda., específicamente al ingeniero señor Ricardo Valdebenito, para la Asesoría para el Análisis y Revisión de las Obras Propuestas para Estabilidad de Taludes y Plataformas Cerro Lo Galindo, Concepción.
7.3.2.- El 1 de febrero de 2001, el ex director del Serviu, señor Rubén Muñoz, solicita al Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales de la Universidad de Chile (Idiem), un informe de evaluación y un pronunciamiento sobre la factibilidad, efectividad y suficiencia de las soluciones propuestas por Arcadis Geotécnica.
VI.- DECLARACIONES FORMULADAS EN LA COMISIÓN.
1.- Ministro de Vivienda y Urbanismo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet, asiste a la sesión 100a, ordinaria, de 11 de julio de 2001, oportunidad en la cual respalda lo obrado por las actuales autoridades del sector en la Región del Bío-Bío.
En primer lugar, informa que, a partir de enero de 2001, se dispuso que las compras de terrenos, por parte de los Servicios de Vivienda y Urbanización, que tuvieran posibilidades de riesgo, fueran objeto de estudios previos de tipo geotécnico y geológico, toda vez que se ha demostrado que, en el caso del Barrio Modelo, el costo de las reparaciones y de la preparación del terreno excede considerablemente el valor de las viviendas.
En segundo término, anticipándose a la vigencia de la ley sobre revisión de cálculo estructural, se instruyó que en las edificaciones que se iniciaron desde esa fecha se exigiera a los oferentes cálculos estructurales y supervisión, de manera de asegurar la calidad de las propuestas.
En tercer lugar, se ha tomado conocimiento de la presentación que hiciera el Serviu regional, en la cual reclama el pago de la póliza de seguros contra todo riesgo que tomó la empresa Tecsa S.A. con la Compañía de Seguros Cruz del Sur. Dicha póliza incluía los riesgos exigidos por las bases de licitación y otros no exigidos en ellas, es decir, que fueron tomados en forma voluntaria por parte de la citada empresa, no obstante lo cual el beneficiario era el Serviu.
A fines de diciembre de 2000, Tecsa S.A. cobró esa póliza de seguros sin notificar al Serviu respectivo, lo cual resulta extraño. Una vez notificado del pago del siniestro a dicha empresa, se presentaron dos alternativas. La primera, consistía en iniciar un juicio ordinario, para que la compañía aseguradora pagara el siniestro al Serviu. A su vez, la segunda, suponía reclamar a la Superintendencia de Valores y Seguros el incumplimiento de un contrato, por el cual la empresa podía ser apremiada o sancionada.
En definitiva, se optó por la segunda alternativa. Si el pronunciamiento es favorable, esto es, si se logra comprobar que la Compañía de Seguros Cruz del Sur habría incurrido en falta en el pago de la póliza, sin perjuicio de las acciones civiles y, eventualmente, penales que se puedan iniciar, la Superintendencia de Valores y Seguros ejercería una acción de tipo administrativo, lo cual parece ser más conveniente para los efectos de cobrar el seguro. [45]
Hace presente que viajó especialmente a la zona y dispuso que se contrataran, a un gran costo -de 2 mil millones de pesos-, las reparaciones del terreno, de manera de contener los estanques de Essbío en peligro de caerse y que lo mismo se hizo respecto de los taludes. Se efectuaron una parte de los trabajos de emergencia con la mayor rapidez y, pese al mal tiempo, ni los taludes ni los estanques han sufrido daños.
La labor que se está haciendo no sólo beneficia la construcción del Barrio Modelo, sino que favorece a un conjunto de poblaciones muy consolidadas construidas en la parte baja del cerro donde se asienta esta población, toda vez que en caso de aluviones éstas podrían verse seriamente afectadas. El Ministerio está ejecutando una parte de estas obras, absorbiendo en su propio presupuesto el costo que ello significa, sin perjuicio de las acciones legales que puedan ejercerse con posterioridad.
Admite no tener claridad respecto de la forma en que se venderán las casas, pero aseguró que en el precio de venta no pueden incluirse los costos de tratamiento del terreno. Debe buscarse algún mecanismo administrativo para abrir una cuenta con aquéllos y cobrarlos al contratista a través de los juicios que se iniciarán próximamente. Sería injusto hacer pagar a los pobladores -quienes han estado esperando sus viviendas durante cinco años- los errores que cometió la empresa contratista y, eventualmente, el Serviu.
Lo más adecuado sería que esa vivienda tuviera un valor estándar de construcción, para que el resto sea absorbido por el Estado, si se ha cometido una falta por parte del Serviu regional, o bien, por quienes resulten responsables en el juicio respectivo. No obstante lo anterior, el Ministerio está dispuesto a ejercer las acciones legales contra quienes corresponda, sean éstos funcionarios públicos, ex funcionarios públicos o privados.
Se continuará la construcción de las viviendas tan pronto se terminen las labores de contención del terreno, para evitar que se repita la tragedia que se vivió hace dos años. En un plazo no superior a noventa días, se iniciará la construcción de cuatrocientas viviendas, que deberían estar listas aproximadamente en agosto o septiembre de 2002, mientras que las otras doscientas estarán terminadas en el mes de marzo o abril de este año.
2.- Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío-Bío.
El Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, señor Aldo Ramaciotti, concurre a la sesión 99a, ordinaria, de 4 de julio de 2001.
En un marco de conversaciones efectuado el año 2001 entre el ministro de la época y ambos grupos de comités, éstos ratificaron su voluntad de exigir otro proyecto. En cambio, los otros cinco comités fueron partidarios de permanecer en el proyecto y exigir su construcción en forma adecuada. En ese momento, se asumió el compromiso de buscar y ofrecer una alternativa distinta para los dos comités disidentes y de terminar el proyecto en forma adecuada para los cinco comités restantes. En la actualidad, se está estudiando un proyecto en la comuna de Penco, destinado a las familias de los dos comités disidentes.
Una vez finiquitados los cuatro contratos que se encuentran en ejecución y determinado el saldo negativo, dado que quedará una diferencia por este alto costo, la empresa Tecsa S.A. deberá restituirlo al Serviu regional, porque se trata de un contrato con cargo. Si la empresa no paga, se recurrirá a las instancias judiciales del caso, por cuanto su obligación es pagar las sumas gastadas por concepto de estas obras adicionales o del nuevo diseño.
3.- Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la VIII Región y su asesor jurídico.
El director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la VIII Región, señor Juan Pablo Gramsch, acompañado del asesor jurídico señor Ricardo Fredes, asiste a la sesión 99a, ordinaria, de 4 de julio de 2001.
Tecsa S.A. elaboró su propio proyecto, cambiando ciertos parámetros, fundamentalmente de diseño y de densidad, lo cual significó, de acuerdo con su propia evaluación, adecuar los fondos con que contaba para su proyecto. Uno de los cambios importantes consistió en el diseño para intervenir el cerro y la inclinación de los taludes, que resultó ser mayor a la de los otros estudios recomendados.
No tiene conocimiento de que haya habido un aumento de financiamiento entre la licitación pública y el trato directo, no obstante lo cual admite el incremento en el costo y que el cambio en los parámetros de diseño y la forma de intervenir el cerro trae como consecuencia un ahorro en la urbanización.
El total del contrato asciende a aproximadamente 330 mil unidades de fomento, de las cuales se habrían pagado alrededor de 135 mil unidades de fomento.
A raíz de la conmoción pública que se produjo en 1997, los pobladores hicieron huelgas de hambre y el Serviu asumió un proyecto de vivienda básica privada como propio.
Tanto el Serviu como el Ministerio asumieron las obras, celebrando la primera entidad mencionada cuatro contratos, con dos empresas: una para obras de emergencia y taludes -urbanización y contención de cerros- y otra para la terminación de las viviendas. Ello se debió a que en un sector, que era el más peligroso, había una falla que amenazaba los estanques de la Empresa de Servicios Sanitarios Essbío.
Dado que esa falla era relativamente importante y resultaba un peligro inminente, se contrató a la empresa Echeverría, Izquierdo, Ingeniería y Construcción S.A. para que, en un plazo breve, elaborara un proyecto de ingeniería, que fuera respaldado por el Idiem. Posteriormente, se le pidió a la misma empresa que completara los diseños de ingeniería para las otras áreas del terreno que presentaran fallas, lo cual implicaba una demora. Una vez cotizados los otros proyectos, se procedió a celebrar el segundo contrato con dicha empresa para completar la urbanización y el talud de sujeción del cerro.
Al mismo tiempo, se solicitó a la empresa García-Popelaire que terminara las viviendas que estaban más avanzadas y fuera de las áreas de peligro, para que no sufrieran daños durante el invierno. De este modo, se celebró un primer contrato de 208 viviendas y, además, se estudia la posibilidad de celebrar un segundo contrato con dicha empresa, mediante licitación privada para terminar la urbanización y el resto de las viviendas.
Con estos cuatro contratos se terminan las obras, lo cual da como resultado que el monto total dividido por el número de viviendas es de aproximadamente 900 unidades de fomento por cada una de ellas, costo que no deberían asumir los pobladores.
Según la normativa vigente, el proyecto es del oferente y la obra es a suma alzada; por lo tanto, caducado el contrato con cargo, los mayores valores que pudieran resultar en la obra deben ser pagados por Tecsa S.A. En consecuencia, el Serviu, cuando se liquiden los cuatro contratos que ponen término a la obra, traspasará a dicha empresa la cuenta o el saldo positivo.
Por otro lado, el artículo 30 del decreto supremo N° 62, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1982, [46] admite la posibilidad de aumentar el subsidio, sin límite, cuando las circunstancias de construcción lo ameriten en localidades particulares, razón por la cual es posible, en una situación justificada como la que se analiza, incrementarlo, mediante una resolución del ministro de Vivienda y Urbanismo, de manera que ese costo no sea asumido por los vecinos.
El seguro contratado por Tecsa S.A. fue cobrado en diciembre de 2000, según se tomó conocimiento con posterioridad, por un monto de 34 mil unidades de fomento, es decir, algo más de 500 millones de pesos. En esta materia, normalmente el Serviu solicita un seguro contra sismos, terrorismo, desórdenes populares e incendios, en tanto que esa empresa, a su vez, al percatarse de que estaba en un terreno complicado, incluyó un seguro a todo riesgo.
Existe un informe técnico del liquidador del seguro -Graham Miller- que es bastante preciso, en el cual se efectúa un recuento de los otros informes técnicos y concluye claramente que los daños, los deslizamientos y los demás problemas son producto de errores de diseño, los que llevaron a Tecsa S.A. a no cumplir su propio proyecto.
Admite el presunto apresuramiento por parte del Ministerio en la realización del proyecto, dada la presión social y la necesidad de solucionar lo antes posible el problema de los pobladores, así como también reconoce que el diseño de las viviendas elaborado por Tecsa S.A. fracasó.
Las viviendas tienen 50 metros cuadrados de superficie, en circunstancias de que el promedio de las viviendas construidas con subsidio habitacional es de alrededor de 46 metros cuadrados, con lo cual son superiores en cuanto a tamaño y calidad. El problema del diseño estriba en que son de orientación única, razón por la cual considera más acertada la idea de construir un tercer piso habitacional o de dormitorio que la de tener un solo piso en el cual se incluya todo.
El señor Fredes, por su parte, explica que, una vez que el contrato es resuelto con cargo -como ocurrió en el mes de abril, respecto de la empresa Tecsa-, empiezan a correr ciertos plazos para recontratar la obra. Sin embargo, la determinación final de los costos reales se producirá una vez que se recepcionen las obras recontratadas y que se efectúe una liquidación contable del contrato.
De acuerdo con el artículo 89 del mencionado decreto supremo N° 29, [47] se paga si existe un saldo a favor del contratista; por el contrario, si hay que hacerle un cargo a la empresa, se le cobra y se le otorga un plazo de treinta días para que pague esos valores. Debido a que la garantía tampoco lo cubriría en este caso, porque es notoriamente inferior a los valores que se han estimado, lo más probable es que, transcurrido el plazo de treinta días, se demande a la empresa para obtener su pago.
Se instruyó una investigación interna en el Servicio y poco después la Contraloría Regional del Bío-Bío resolvió instruir un sumario, razón por la cual se habría decidido esperar los resultados de este último, porque es externo y más objetivo.
4.- Contralor Regional y funcionarios de la Contraloría Regional del Bío-Bío.
El contralor regional del Bío-Bío, señor Óscar Aedo, acompañado del jefe del Departamento de Control Externo, señor Guillermo Parada, y del inspector técnico, señor Octavio Cádiz, asisten a la sesión 102a, ordinaria, celebrada el 1 de agosto de 2001.
El señor Aedo señala que el Serviu regional, en el llamado a propuesta pública del denominado Barrio Modelo, de Concepción, tuvo en consideración tres informes de los ingenieros Calderón, Araneda y Folch, quienes habían realizado estudios de mecánica de suelos, los cuales fueron incorporados en las bases administrativas para conocimiento de los posibles oferentes.
En los mencionados estudios se estableció que, dada la calidad y las características del terreno, el tratamiento de los taludes debía hacerse con mucho cuidado. Cuando Tecsa presentó el proyecto, a través de un estudio de ingeniería que efectuó Empro, se estableció que el terreno podía soportar taludes de hasta diez o doce metros, en circunstancias de que anteriormente se había hablado de taludes de un metro y medio o dos metros como máximo. Por otra parte, en el análisis efectuado, no se consideró la construcción de muros de contención; por lo tanto, el comportamiento de los taludes fue dejado a merced del comportamiento del terreno mismo, lo cual provocó el daño.
Por otra parte, los informes aludidos fueron conocidos por Tecsa en el momento de comprar las bases de la propuesta; pero, como no fueron satisfactorios, dicha empresa encargó un informe especial a la consultora Empro.
El hecho de que el diseño haya sido presentado por la empresa implica que, de acuerdo con la normativa vigente, ella asume todos los riesgos que se puedan producir durante la ejecución de la obra. De este modo, existe una responsabilidad de Tecsa S.A. respecto de todos los deslizamientos. Asimismo, puede configurarse la responsabilidad del Serviu, el cual aceptó un proyecto y un diseño de Tecsa, sin ajustarse a los estudios previos que habían realizado las empresas.
En el momento en que el Serviu contrató a Tecsa S.A. mediante trato directo a suma alzada, de acuerdo con el mencionado decreto supremo 29, no había posibilidad de contratar obras extraordinarias. De manera que, si el Servicio colocó una cláusula para proceder en un momento determinado a hacer trato con la empresa respecto de determinados muros, ello es absolutamente ilegal e inaplicable, pues se vulnera dicho cuerpo reglamentario. [48]
El señor Cádiz, por su parte, acota que durante las conversaciones entre Tecsa S.A. y el Serviu, la primera siempre manifestó su interés en que lo referente a los muros de contención y a las obras de saneamiento quedasen como partida abierta. Por su parte, el Servicio señaló que el contrato debía ser de suma alzada, por lo cual no podía quedar abierto. En razón de ello, Tecsa S.A. contrató sus sondajes con Empro y realizó su oferta final, mientras que el Serviu entendió que, con esos estudios, la propuesta de dicha empresa era a suma alzada.
Con todo, la empresa logró que en las bases administrativas quedara expresado que, en la eventualidad de que se presentaran casos puntuales de napas de agua, la solución técnico- económica sería estudiada para cada caso.
Con posterioridad al siniestro, la empresa Tecsa S.A. contrató un estudio geotécnico a la empresa Arcadis Geotécnica, el cual nunca fue conocido en detalle por los profesionales del Serviu. Tanto es así, que el Servicio contrató al Idiem para efectuar la inspección técnica del proyecto, cuya ingeniería conceptual y de desarrollo correspondía a Arcadis Geotécnica y a Soletanche Bachy, respectivamente. Paralelamente, el Serviu contrató a la empresa Terratest, que actualmente está ejecutando los trabajos.
En opinión del señor Parada la empresa Tecsa S.A. sabía que ocurrirían situaciones imprevistas, dadas las características del cerro, lo cual hace posible pensar que para ella el negocio estaba en ejecutar obras extraordinarias, ya que éstas le iban a proporcionar los recursos necesarios para solventar los costos de cada obra.
5.- Gerente general y el asesor jurídico de la empresa constructora Tecsa S.A.
El gerente general de la empresa constructora Tecsa S.A., señor Enrique Loehnert, acompañado del abogado señor Juan Pomés, concurre a la sesión 103a, ordinaria, de 22 de agosto de 2001.
El señor Loehnert informa que, para la licitación y el trato directo, se tuvieron en consideración estudios de mecánica de suelos y de factibilidad del proyecto, aportados por el respectivo Serviu. Entre los primeros, se encuentra el estudio de Rafael Calderón sobre mecánica de suelos, en los cuales se concluye que el proyecto es factible para un total de 1.200 viviendas, y entre los segundos los efectuados por Folch y Arquitectos Asociados y por A.T.C. Liem-Jorge Araneda.
Dado que el problema de deslizamientos ocurridos en el terreno tuvo su origen en la conformación geológica del mismo, Tecsa S.A. detuvo las faenas y acordó con el Serviu efectuar un trabajo de sostenimiento de los suelos, para lo cual se celebraría un segundo contrato, llevando a cabo, previamente, un estudio geológico-geotécnico con la empresa consultora Arcadis Geotécnica, el cual permitió conocer a cabalidad la conformación del terreno y las causas de los deslizamientos ocurridos.
Con los resultados de este estudio, tanto el Ministerio como el Serviu concluyeron que, para efectuar este proyecto, era imprescindible realizar previamente obras de estabilización del terreno, para lo cual era necesario materializar un nuevo contrato, independientemente del referido a la construcción de las 805 viviendas, con su urbanización, las cuales tendrían un costo aproximado de 175.000 unidades de fomento.
Para ello, el ministro del ramo, señor Jaime Ravinet, definió la participación del Idiem como organismo verificador de las soluciones técnicas propuestas, por lo cual el proyecto fue revisado y aprobado por dicha entidad.
Cumplida esta etapa técnica, junto con la aprobación por parte de la autoridad de los presupuestos correspondientes, el 12 de febrero de 2001, el Serviu envió un oficio, en el cual se indicaba que éste “contratará las obras de contención propuestas por Tecsa S.A. complementadas por el Idiem y aprobadas por este Servicio, mediante la celebración de un contrato de suma alzada y de trato directo”. Adicionalmente, estableció en el punto N° 8, que: “Ello habilita a este Servicio a instarle a proceder en el sentido indicado, esto es, dar inicio a las faenas necesarias y conducentes, sin perjuicio de la formalización posterior de los actos administrativos pertinentes...”.
Tecsa S.A., haciendo fe de la mencionada comunicación, inició de inmediato y en forma acelerada las faenas y trabajos de ingeniería para la contención del terreno, junto con la firma especializada Soletanche Bachy, sin tener aún firmados los contratos respectivos.
Con fecha 18 de abril de 2001, encontrándose la faena en plena actividad, se recibió la resolución N° 118, de 12 de abril de 2001, por la cual el Serviu regional puso término al contrato con cargo. Las principales razones invocadas oficialmente por el Serviu consistieron en el abandono de faenas y los incumplimientos de Tecsa S.A., en relación con las actividades de sostenimiento del terreno. Es decir, eran incumplimientos de un contrato pactado, en circunstancias de que aún no se firmaba exclusivamente por causas imputables al Serviu.
Con respecto al seguro, dicho Servicio exige la cobertura de incendio ordinario con los siguientes adicionales: incendio y explosión a consecuencia directa de huelga o desorden popular, daños materiales a consecuencia directa de huelga o desorden popular, saqueo durante la huelga o desorden popular, y daños materiales causados por sismo. En cambio, Tecsa S.A., por normativa intema, contrata seguros contra todo riesgo de construcción para protegerse ante cualquier evento que pudiere ocurrir durante la ejecución de las obras.
En relación con los deslizamientos, los siniestros ocurridos en las obras corresponden a problemas geológicos del terreno, incrementados con los temporales del invierno de 2000. Esto es lo que el liquidador denominó error de diseño. Adicionalmente, ocurrieron otros siniestros, que afectaron a viviendas y algunas otras partes del proyecto.
Tecsa S.A. llevó a cabo todo el proceso de reclamación y cobro con la Compañía de Seguros Cruz del Sur. El liquidador estimó que el pago de 36.102 unidades de fomento, correspondiente a daños en los taludes, en las viviendas, en la infraestructura de la urbanización y a terceros, debía efectuarse a la empresa, por ser ella la asegurada del riesgo respectivo y no el Serviu. Su empresa cobró el seguro y reinvirtió más de la totalidad de la indemnización en la reparación de los daños sufridos en las obras.
Normalmente, en todo tipo de construcción de menos de cuatro pisos se realiza un estudio de mecánica de suelos, el cual consiste en efectuar una indagación de hasta dos o tres metros de profundidad para evaluar si el terreno sirve, es decir, se obtiene la capacidad soportante con el propósito de hacer un cálculo de cuánto resiste. Por el contrario, un estudio geotécnico significa profundizar en el terreno 10, 15 y hasta 20 metros, a fin de analizar las distintas capas. El hecho es que estos estudios sólo abordaron la parte superior, salvo uno, que el Servicio no presentó, el cual determinó que existían distintas capas en donde se producía este roce.
En orden a las razones por las cuales Tecsa S.A. se había excusado de participar en la licitación, tras los estudios efectuados, presentó una carta argumentando que los costos eran muy altos en relación con ese tipo de viviendas. Posteriormente, hubo un replanteamiento y se comenzaron a rediseñar las urbanizaciones, de manera de minimizar el costo del movimiento de tierra, pero que, en ningún caso, el Serviu les informó que García Popelaire se había desistido de participar en la licitación. Según los informes de mecánica de suelos que manejaba, se trataba de un proyecto factible de realizar en cualquier parte de Chile.
Por otra parte, reconoce que Tecsa S.A. encargó un estudio del terreno a Empro, que hizo un informe muy optimista. Aclaró que no se trató de un estudio geotécnico-geológico, ya que este último alcanza a profundidades mucho mayores, donde se podrían haber apreciado las diferencias de material arcilloso que resbalaba uno encima del otro. De este modo, nunca se tuvo conocimiento acerca de lo que pasaba a más de cuatro metros debajo del nivel del terreno.
Posteriormente, el Serviu solicitó esos estudios, pero nunca fueron considerados como base, lo cual afectó muchísimo, por cuanto se habría enfrentado de otra forma el problema, si se hubiera conocido cuáles eran las variables que había que considerar.
Reconoce que se mantuvo el valor de 330 mil unidades de fomento por vivienda en el trato directo, por cuanto se modificó el tamaño y la agrupación de las casas y el diseño de la urbanización, con objeto de rebajar el costo del movimiento de tierras, en tanto que las obras de mitigación se hicieron en conjunto con el Serviu.
Durante la negociación entre la empresa y dicho Servicio se acordó ajustar el número de casas para disponer del máximo de dinero necesario para una urbanización razonable. En ese momento, habría sido conveniente contar con la información sobre la mecánica de suelos para haber resuelto la no ejecución de la obra. Incluso, en ese terreno se pudieron haber construido 400 casas a 150 mil unidades de fomento.
En relación con el perjuicio poblacional, el señor Pomés, don Juan, trae a colación que, en opinión del Idiem y de Geotécnica, el terreno costaba la mitad del total de la construcción, o sea, se trataba de una inversión muy alta. Los ingenieros sostenían que debían introducirse en la tierra unos pernos de gran profundidad y colocar mallas contenedoras. Tecsa S.A. nunca previó que ello era necesario, porque las 330 mil unidades de fomento no permitían gastar 175 mil unidades de fomento para sostener el terreno.
Tecsa S.A. negoció con el Serviu durante enero y febrero de 2001. El ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet, se dio cuenta de que la única solución era construir los muros de contención, que eran parte de un segundo contrato.
De este modo, comenzaron las obras antes de firmarlo, y mientras se negociaba la redacción del contrato, se envió a la Contraloría el decreto mediante el cual se resolvía el contrato primitivo, a pesar de que las obras no estaban paralizadas, puesto que estaban trabajando 260 obreros.
Por su parte, Tecsa tomó riesgos adicionales, entre los cuales estaba el de error de diseño. En todo caso, quien contrató y pagó el seguro fue Tecsa S.A.; pero, en realidad, los asegurados fueron el Serviu y la empresa. Cuando el liquidador pagó el seguro analizó la causa del siniestro; si hubiera sido un incendio, el Serviu habría recibido el pago; pero, dado que se determinó que fue un error de diseño, se resolvió que debía pagarse a Tecsa.
Posteriormente, la empresa incrementó el ritmo de trabajo, pues debió corregir con recursos propios todo lo que se había destruido como consecuencia de los temporales. Atendido que el seguro fue pagado en diciembre de 2001, Tecsa S.A. adelantó los dineros para reparar las casas, el alcantarillado y la red de agua potable.
6.- Gerente de Construcción de la empresa García Popelaire Hermanos S.A.
El gerente de construcción, señor Enrique Pérez, concurre, en representación del gerente general, señor Alejandro García Popelaire, a la reunión en comité celebrada el 5 de septiembre de 2001.
El señor Pérez expresa que, frente al llamado a licitación, por tratarse de un cerro, se solicitó la asesoría de proyectistas de la zona para recopilar más antecedentes acerca del lugar en que se iba a construir. En esa oportunidad, se tuvo acceso a un informe de los ingenieros señores Pizarro y Petinelli, en el cual dejaban constancia de lo riesgoso que era construir en ese lugar.
Sin embargo, si se efectuaban todos los trabajos que debían realizarse -como se están haciendo hoy-, perfectamente se puede construir en el lugar. No obstante ello, el Serviu no les informó respecto de la calidad del suelo.
7.- Gerente general de la empresa Echeverría, Izquierdo Ingeniería y Construcción.
El gerente general de dicha empresa constructora, señor Fernando Echeverría, asiste a la reunión en comité celebrada el 5 de septiembre de 2001.
El señor Echeverría informa que fueron convocados para efectuar las reparaciones y los trabajos de contención, los cuales se están ejecutando, a través de dos contratos directos que la empresa celebró para resolver los problemas de la estabilidad de los cerros y de unos estanques que se venían hacia abajo, por lo cual miles de personas quedarían sin abastecimiento de agua.
Estas obras tienen por objeto proteger los taludes que estaban comprometidos, a fin de construir las casas mediante un sistema de colocación de pernos en el momento en que se incorpora el cemento, para luego cubrirlas con una malla de acero rociada con un hormigón proyectado. Este trabajo finalizaría el 2 de enero de 2002 y el contrato implica un monto de alrededor de 180 ó 190 mil unidades de fomento.
8.- Los comités de pobladores afectados.
Los presidentes de los comités La Ilusión, Villa Lo Galindo y Mi Casa, señora Verónica Lagos, y señores Roberto Macías y Freddy Montero, conjuntamente con el vicepresidente del Comité La Ilusión, señor Freddy Cabrera, asisten a la sesión 105a, ordinaria, de 3 de octubre de 2001.
El señor Freddy Montero (Presidente del Comité Mi Casa), en representación de la Agrupación de Comités del Barrio Norte, manifiesta su preocupación por la situación que les afecta, así como también respecto de ciertas irregularidades del Serviu VIII Región y de la empresa Tecsa S.A., que debieran ser determinadas en el ámbito administrativo y judicial.
El Serviu, en su calidad de mandante, no asesoró ni supervisó en forma adecuada el desarrollo del proyecto en el terreno, dadas las características geológicas del mismo.
Trae a colación la celebración de un contrato con el Serviu, en el cual se resguardaban los intereses de los pobladores. Sin embargo, el compromiso de entregar las casas en marzo de 2001 no se verificó, de manera que en el mes de octubre de ese año aún continúan en espera de sus viviendas.
El Ministerio se ha comprometido por escrito a asumir los costos adicionales del proyecto y a terminarlo en las condiciones establecidas, incluidas las ampliaciones necesarias para hacer más habitable la primera planta del primer piso. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que efectivamente se cumpla lo prometido.
Cuando los pobladores vendieron los terrenos al Serviu para que este último construyera las viviendas, en conjunto con el Ministerio, se establecieron condiciones que no fueron cumplidas por este último, razón por la cual se interpuso una demanda judicial.
Las autoridades han argumentado que la demanda en orden a cumplir con los compromisos de elección preferencial, ampliación de la primera planta y las 100 unidades de fomento adicionales es inapropiada para los intereses del Serviu, lo cual le parece un chantaje. Además, en una carta, el ministro señor Ravinet señaló que están plenamente vigentes las condiciones referentes a ampliación de las viviendas y la posibilidad de que las personas que se encuentran en una situación grave se incorporen en proyectos que están en la etapa de ser entregados en Hualqui y Lagunillas. Sin embargo, condicionan el acceso a esa opción al retiro de la demanda.
El señor Roberto Macías (Presidente del Comité Villa Lo Galindo), en su calidad de secretario general de la Agrupación de Allegados de Barrio Norte, acota que el Serviu cometió un grave error al poner término al contrato de la empresa que estaba a cargo de la construcción de las viviendas, si se tiene en consideración que este proyecto le cuesta al Estado en la actualidad un 40 por ciento más del valor inicial.
Hace presente que el ministro de la época les habría comunicado, en 1999, su decisión de llevar a cabo el proyecto, prometiéndoles que las viviendas tendrían patios exclusivos y colectivos, lo que fue aceptado por los pobladores.
El señor Freddy Cabrera, comenta que, en el momento de celebrar el contrato con la empresa Tecsa S.A., el Serviu no formuló ninguna observación al proyecto desde el punto de vista técnico, por lo cual está comprometida su responsabilidad, así como la del Ministerio, y de la Secretaría Regional Ministerial, debido a que no adoptaron las medidas correspondientes.
Propusieron al Ministerio la construcción de un parque, en lugar de viviendas, toda vez que, según los estudios geotécnicos, nadie garantizaría la seguridad del proyecto.
Respecto del informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aclara que, en el proyecto para construir en terrenos de la comuna de Penco, se presentaron dos empresas, las cuales, luego de recoger la propuesta, no se interesaron, por encontrarse pendiente la situación del Barrio Norte.
VII.- VISITA INSPECTIVA AL BARRIO MODELO DE CONCEPCIÓN.
El día martes 25 de julio de 2000 se lleva a cabo la visita de vuestra Comisión a las obras del denominado Barrio Norte, de Concepción, presidida por el diputado señor Patricio Hales e integrada por los diputados señores Felipe Letelier, Víctor Pérez y Jorge Ulloa.
En primer término, se reunió con las autoridades regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señores Aldo Ramaciotti y Rubén Muñoz, Secretario Regional Ministerial y director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la VIII Región, respectivamente.
Posteriormente, la Comisión inspeccionó en el conjunto habitacional en construcción los bloques de cuatro viviendas, con tres pisos cada una, con una superficie de 56,36 metros cuadrados, con terminaciones de estuco a la vista y cantería. El primer piso está destinado a “living”-comedor; el segundo, a dos dormitorios con un baño, y el tercero, a una sala de uso múltiple.
Se observa que existen graves problemas de mecánica de suelos, debido al desprendimiento de los taludes y a que la obra está siendo construida en una excavación que fue rellenada en terraza. Se trata de un terreno inestable, con problemas estructurales, respecto del cual se desconocen las especificaciones técnicas y se concluye que es necesario efectuar un análisis del suelo y permitir el acceso a las especificaciones técnicas para conocer los problemas de diseño que han detectado los pobladores.
Seguidamente, se visitaron los bloques de viviendas de mayor superficie, de 57,56 metros cuadrados, que tienen las mismas características de las anteriores, en los cuales se constata humedad en el muro que accede al cerro donde hubo un aluvión. Se aprecia que en uno de los bloques existe un cerro que no es roca, sino que está conformado por arcilla, tierra, sedimento y minerales. Se advierte, además, que existen problemas en el emplazamiento de las viviendas y en el suelo utilizado, debido a que se trata de un conjunto habitacional que se está construyendo entre dos cerros.
Finalmente, la Comisión recibe a las señoras Verónica López y Wilma Manríquez, dirigentes de los comités de “La Ilusión” y “La Alborada”, respectivamente, y al presidente de la Junta de Vecinos “Los Escritores”, señor Jorge Figueroa, en su calidad de afectado por movimientos de tierra. Asisten, además, la jefa del Departamento Técnico, señora Rossana Kuschel; el jefe del Departamento Jurídico, señor Ricardo Fredes, y al abogado señor Pablo Sepúlveda, todos del Serviu de la VIII Región.
La señora Verónica López, en representación de los dirigentes poblacionales, expresa que la forma en que están emplazadas las viviendas no les da seguridad, por la cercanía del cerro; que hubo irresponsabilidad en la forma como se intervino el cerro y que no se hizo la urbanización en forma previa. Sin embargo, considera que se puede mejorar el proyecto, con muros de contención, con la extensión de 1,30 metros cuadrados y con una losa sobresaliente en el primer piso, lo cual permitiría en lo futuro construir una terraza en el segundo piso.
VIII.- CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión, aprobó, por la unanimidad de sus integrantes presentes, la propuesta de conclusiones presentada por la diputada señora Pérez, doña Lily, y los señores diputados Galilea, don José Antonio; Longueira, don Pablo; Norambuena, don Iván; Pérez, don Víctor, y Uriarte, don Gonzalo, que hicieron suya la diputada señora Caraball, doña Eliana (Presidenta), y los diputados señores Aguiló, don Sergio; Hales, don Patricio; Jiménez, don Jaime; Pérez, don Aníbal; Robles, don Alberto, y Tapia, don Boris.
CONSIDERACIONES
1.- Que, en virtud del mencionado proyecto de acuerdo N° 560, se constituyó como Comisión investigadora, con objeto de evacuar un informe respecto de los alcances que tendrá el término del contrato con la empresa Tecsa S.A.; la adjudicación de las obras a una nueva empresa; señale los costos que significa para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacerse cargo de los gastos de las reparaciones y obras adicionales del proyecto Barrio Modelo, y entregue una opinión respecto a las posibles responsabilidades administrativas y contractuales, especialmente con la empresa Tecsa, que cabe en este caso”.
2.- Que, con antelación al mandato otorgado por la Corporación, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano tomó conocimiento de los hechos, en sesión 71a, ordinaria, celebrada el 3 de mayo de 2000, oportunidad en la cual recibió a las presidentas de los comités La Ilusión y La Esperanza. En esa ocasión acordó dirigir oficio al señor ministro de Vivienda y Urbanismo con objeto de que se arbitraran las medidas tendientes a corregir las falencias técnicas detectadas en relación con la construcción de 805 viviendas básicas y su urbanización, en el denominado Barrio Modelo, de Concepción.
3.- Que, durante la visita inspectiva efectuada por miembros de vuestra Comisión al denominado “Barrio Modelo”, se hizo presente a la empresa constructora la existencia de graves problemas de mecánica de suelo, debido al desprendimiento de los taludes y a que la obra estaba construida en una excavación que fue rellenada en terraza. Por otra parte, en esa misma oportunidad se solicitaron los estudios de mecánica de suelo realizados y se formuló una sugerencia en el sentido de que, aparentemente, era necesario colocar protecciones en los taludes, lo cual fue corroborado, posteriormente cuando se produjeron los desprendimientos, el desmoronamiento y el quiebre de dos edificios.
4.- Que, en la investigación efectuada por vuestra Comisión ha podido constatarse que, a partir del mes de abril de 1991, se iniciaron gestiones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de sus autoridades regionales en orden a disponer de los terrenos ubicados en el sector Puntilla Lo Galindo y Santa Rufina, al costado norte de la autopista a Talcahuano, de Concepción, para iniciar los estudios que permitiesen definir su grado de utilización y factibilidad de uso en futuros programas habitacionales.
5.- Que antes de que se iniciaran las acciones para desarrollar el proyecto de Barrio Modelo, existían diversos estudios sobre los terrenos del sector, como los de los consultores señores Boris Aptecar, Jorge Araneda, A.T. y C. Liem Laboratorios, Ramón Nazar y Rafael Calderón, que señalaban, en forma reiterada y coincidente, que se estaba en presencia de tipos de suelos muy heterogéneos y en general malos desde el punto de vista estructural y constructivo porque eran predominantemente limo-arcillosos, de alta sensibilidad y muy susceptibles a cambios en sus propiedades y comportamiento mecánico ante las variaciones en su contenido de humedad, cuya eventual utilización imponía el desarrollo de tratamientos previos y especiales ante cualquier edificación que se deseara ejecutar en ellos, que eran necesarios para evitar consecuencias tanto en cuanto a las obras realizadas como a la seguridad de las personas. [49]
6.- Que debe tenerse presente que, con anterioridad, la sociedad Inversiones Bilbao había iniciado la construcción de un proyecto habitacional en el sector, producto de la adjudicación de subsidios habitacionales denominados básicos privados a igual número de familias. Sin embargo, aquélla incurrió en incumplimiento de contrato al no ejecutar los trabajos convenidos con la Agrupación de Allegados Barrio Norte, en circunstancias de que los pobladores afectados le endosaron y anticiparon sus subsidios.
7.- Que, en razón de la problemática del caso Bilbao, el ex ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez, instruyó al director del Servicio de Vivienda y Urbanización VIII Región, con fecha 26 de agosto de 1997, a fin de que contratase un estudio de factibilidad técnico-económica del terreno, el cual debía analizar la mecánica de suelos, tanto del predio de propiedad del Serviu como del de los pobladores, y confeccionara un “Plan Maestro” con objeto de generar un Barrio Modelo que incorpore a las 405 familias integrantes de la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa de Barrio Norte, más obras de equipamiento, de vialidad y áreas verdes.
8.- Que, sin embargo, ninguna empresa se presentó a la licitación convocada para adjudicar la elaboración del mencionado estudio, en razón del monto y de las dificultades del terreno, como lo expresara el arquitecto señor Antonio Zelada, en nota de 19 de noviembre de 1997, ocasión en la cual manifestó: “con la experiencia que me ha dado mi ya largo ejercicio profesional, que los terrenos no tienen factibilidad económica para el plan habitacional que su Servicio desea implementar allí. Son terrenos muy complejos en su morfología, con muchas pendientes y vertientes casi multidireccionales, y la calidad del suelo es inepta para edificar en ellos, debiéndose, en rigor, hacer un reemplazo de suelos”.
9.- Que, a pesar de lo anterior, el Serviu regional convocó a una licitación pública destinada a la construcción del conjunto habitacional Barrio Modelo, compuesto de 805 viviendas básicas y su urbanización, la que tuvo lugar el 31 de mayo de 1999, cuyas bases administrativas incluyeron los estudios de exploración geotécnica de los consultores señores Rafael Calderón, Jorge Araneda y Folch y Asociados Arquitectos Ltda. Dicha propuesta fue declarada desierta sin que se presentaran oferentes.
10.- Que, en esa oportunidad, se excusaron las empresas García Popelaire y Tecsa S.A. La primera de ellas comunicó por carta de 26 de abril de 1999, su decisión de no participar, por cuanto todos los estudios del terreno indicaban que era extremadamente malo y, que tenía una alta probabilidad de sufrir deslizamientos producto de un sismo, todo lo cual implicaba consecuencias desastrosas para los pobladores, adjuntando al efecto un informe de los ingenieros señores René Petinelli y Alejandro Pizarro. Por su parte, Tecsa S.A., hizo presente que no se presentó debido al alto costo de urbanización de los terrenos Ser- viu, al gran movimiento de tierra, muros de contención, manejo de taludes y evacuación de aguas lluvia.
11.- Que, no obstante lo anterior, el Serviu inició conversaciones con la empresa Tacsa S.A. que culminaron el 11 de septiembre de 1999, con una contratación directa, autorizada por el ex ministro señor Sergio Henríquez, bajo la modalidad de precio fijado por el Servicio y proyecto proporcionado por el oferente. El monto fue de 330.123,59 unidades de fomento, con un plazo de ejecución de 450 días corridos contado desde la entrega del terreno, es decir, desde el 21 de diciembre de 1999.
12.- Que no existe constancia en la investigación, de que el respectivo Serviu hubiere formulado observaciones o reparos sobre los diseños elaborados por la empresa Tecsa S.A., no obstante los informes sobre condiciones de terreno que había requerido con antelación y los tratamientos que su utilización exigía, lo cual implicó aceptar de hecho un proyecto deficitario en materia de contención de terrenos en que se emplazarían las 805 viviendas y su urbanización. [50]
13.- Que, a contar del 4 de enero de 2000, los fiscalizadores señora Paulina Andrades y señor Octavio Cádiz, de la Contraloría Regional del Bío-Bío, se constituyen en el Serviu regional, con objeto de realizar una inspección técnica a las obras, la cual culmina con la elaboración de un documento nominado “Informan sobre inspección técnica a obra ejecutada por Serviu, Región del Bío-Bío”, que constituyó la pieza inicial del sumario administrativo instruido por dicho órgano de control.
14.- Que, durante el desarrollo de la obra, en el período comprendido entre enero y julio de 2000 se realizaron cortes de cerro o taludes, sin haberse adoptado las precauciones del caso para protegerlos superficialmente, a medida que éstos se iban ejecutando, mediante un tratamiento que asegurara su estabilidad ante la acción de las aguas lluvia y de los fuertes vientos. [51]
15.- Que, en el mismo período se produjeron deslizamientos de tierra, registrándose la presencia de suelos de mala calidad con alta plasticidad y de terreno poco consolidado, con grietas en algunos sectores, que obligan a demoler una vivienda colindante y colocar gaviones; se registra la caída de una pandereta de ocho metros en otra vivienda debido al desplazamiento del terreno; se deja constancia de que el talud está en corrimiento y que los edificios se están apuntalando, y se observa un corrimiento de suelo y grietas en el pasaje, así como también, en el muro de contención y en el terreno adyacente a las viviendas de la Villa Los Escritores, y se recomienda descargar lo antes posible algunos edificios debido a la aparición de fisuras; colapsa la estructura del primer piso del bloque, presentando grietas y un desplazamiento horizontal en el nivel de losa y el desplome del primer nivel.
16.- Que el director de la Obra, durante el período comprendido entre diciembre de 1999 y septiembre de 2000, señor Pedro Flores, no consignó en el libro de obras ni informó por escrito a la jefatura superior del Serviu que la empresa contratista no estaba ejecutando obras de estabilización del terreno para superar los problemas derivados de los deslizamientos de tierra que hubo entre enero y julio de 2000, con la finalidad de obligarla a efectuar tales trabajos que eran de responsabilidad de ella o bien para que se estudiara la posibilidad de ponerle término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. [52]
17.- Que, en abril de 2000, los dirigentes de la Agrupación de Comités de Allegados y Sin Casa de Barrio Norte manifestaron a las autoridades regionales su disconformidad con el diseño de las viviendas, a pesar de que, antes de contratar a la empresa constructora, se les había exhibido el proyecto en planos y maquetas. Además, reclamaron la inexistencia de patios de uso exclusivo, ofrecidos con antelación, lo que, en opinión del Secretario Regional Ministerial, no ha sido posible cumplir debido a la topografía del terreno y a la ubicación de las viviendas.
18.- Que, posteriormente, el 12 de abril de 2001, el Serviu puso término anticipado al contrato que mantenía con Tecsa S.A. para la construcción de 805 viviendas en el sector, en circunstancias de que debió hacerlo mucho antes, ya que transcurrió casi un año sin que la empresa contratista se abocara a ejecutar las obras de mitigación que eran de su responsabilidad, conforme a la normativa establecida en el decreto supremo N° 29, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1984. [53]
CONCLUSIONES
El problema que ha sido objeto de esta investigación, que dice relación con el denominado Barrio Modelo, de Concepción, ha afectado a 405 familias de esa comuna, las que, reunidas en ocho Comités, constituyen en el año 1993 la Agrupación de Allegados y sin Casa del Barrio Norte. Cabe tener presente que dichas familias fueron objeto de acciones dolosas conocidas públicamente cuando la empresa constructora Inversiones Bilbao S.A. cobró los subsidios respectivos y no construyó las viviendas.
En otras palabras, el denominado Barrio Modelo fue la respuesta dada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a las diversas penurias que aquéllas han padecido durante años.
Sin embargo, si bien dicha respuesta fue bien intencionada, tuvo un desarrollo político, profesional y técnico deplorable, que aumentó el dolor y el sufrimiento de familias modestas que realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtener su vivienda propia.
Como es de conocimiento público, los pobladores afectados cuestionaron dicho proyecto por tratarse de un diseño incompatible con la vida de una familia y por la inseguridad del terreno, en el cual se produjeron deslizamientos y alteraciones que dañaron seriamente las viviendas en construcción, lo cual se tradujo en la demolición de varias de ellas.
Dichas apreciaciones de los pobladores beneficiarios de este programa habitacional fueron ratificadas por un informe de la Contraloría Regional del Bío-Bío, de 30 de abril de 2001, cuya copia fue entregada al diputado don Jorge Ulloa Aguillón y al señor ministro de Vivienda y Urbanismo. Las conclusiones de dicho estudio fueron las siguientes:
1.- Respecto de los terrenos, el órgano fiscalizador verificó la existencia de sucesivos informes que datan de 1989 en adelante, los cuales en forma reiterada y coincidente, concluyeron que se trataba de tipos de suelos muy heterogéneos y, en general, malos desde el punto de vista estructural y constructivo. En el informe se señala que su eventual utilización imponía a cualquier edificación que se pretendiera ejecutar en los mismos, el desarrollo de tratamientos previos y especiales indispensables para evitar grandes y negativas consecuencias en relación con las obras realizadas y la seguridad de las personas.
2.- Pese a la existencia de dichos antecedentes, que obraban en poder del Serviu de la VIII Región, esta entidad convocó a licitaciones públicas, cuya apertura se verificó el 31 de mayo de 1999, sin que se presentaran oferentes.
3.- En dicha ocasión, las empresas Tecsa S.A. y García Popelaire S.A. justificaron su decisión de no participar en dicho proceso argumentando el alto costo que implicaba la urbanización, debido al gran movimiento de tierras que llevaban aparejadas las obras; a los muros de contención; al manejo de los taludes, y a la evacuación de aguas lluvia.
4.- Con antelación, García Popelaire S.A., ofició al Serviu de la VIII Región expresando que “no participará en la licitación pues todos los estudios del terreno en el cual se piensa construir el conjunto habitacional, indican que es extraordinariamente malo, con una alta probabilidad de sufrir deslizamientos producto de un sismo, y por lo tanto, con consecuencias desastrosas, para los que allí están habitando”.
5.- A pesar de lo anterior, el Serviu de la VIII Región, con la autorización del ministro de Vivienda y Urbanismo de la época, señor Sergio Luis Henríquez Díaz, celebró un trato directo con la firma Tecsa S.A., la cual asumió el compromiso de elaborar el proyecto y el diseño respectivo.
6.- La empresa Tecsa S.A. presentó diseños que subvaloraron la problemática de la gran heterogeneidad de los terrenos y de sus propiedades intrínsecas, pese al conocimiento que tenía acerca de las dificultades y restricciones advertidas en los diversos informes de mecánica de suelos evacuados a petición de la propia administración.
Lo anteriormente señalado derivó en el comportamiento adverso que, en definitiva, tuvo la obra.
7.- El Serviu de la VIII Región aprobó diseños elaborados por el contratista, sin manifestar objeciones ni reparos, a pesar de lo señalado en los informes que dicha entidad solicitó en relación con las condiciones del terreno, lo cual implicó validar un proyecto deficitario en lo que respecta al tratamiento del mismo.
Lo descrito por la Contraloría Regional del Bío-Bío determina responsabilidades de la empresa Tecsa S.A. que deben ser perseguidas judicialmente por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también debe revisarse su situación como contratista del Registro Nacional de Contratistas de esa Secretaría de Estado.
Además, existen responsabilidades del Serviu de la VIII Región y de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la VIII Región, las que fueron establecidas por la Con- traloría Regional del Bío-Bío, el 23 de octubre de 2001, en la vista fiscal del sumario administrativo incoado en el Serviu de la VIII Región. En efecto, se determinó que en las actuaciones de dicho servicio se transgredieron principios contenidos en los artículos 3°, 5° y 10° de la ley 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Ello se traduce en que fue acreditada la responsabilidad administrativa de, a lo menos, tres funcionarios que continúan prestando servicios en la Administración Pública, por cuanto sus actuaciones, omisiones y el incumplimiento de sus deberes y obligaciones funcionarias en materias vinculadas a los procesos de estudios, contratación, desarrollo y control de la obra “805 viviendas básicas y su urbanización, sector Barrio Norte de Concepción”, posibilitaron la ocurrencia de los diversos hechos irregulares establecidos en ese proceso administrativo.
Es preciso destacar que la Contraloría Regional del Bío-Bío determinó que Tecsa S.A. es la principal responsable de los deslizamientos de terreno y de los eventuales daños producidos a terceros, pero que también el Serviu de la VIII Región tiene responsabilidad, aunque en menor grado que la empresa, debido a que, en primer lugar, decidió construir demasiadas viviendas en terrenos inadecuados desde el punto de vista estructural y constructivo; en segundo término, aceptó sin objeciones un proyecto deficitario en materia de contención de terrenos, y por último, permitió que la empresa contratista ejecutara los taludes sin adoptar las medidas necesarias para protegerlos superficialmente y no se preocupó de instalar con antelación un sistema de recaudación, conducción y evacuación de aguas lluvia en torno a los mismos.
Es necesario enfatizar que no es aceptable para la Cámara de Diputados que, en virtud del sumario incoado por la Contraloría Regional del Bío-Bío, se sancione solamente a funcionarios de rango intermedio, dado que esta situación ha causado un grave perjuicio al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual es avaluado en más de 3 mil millones de pesos.
En razón de lo anterior, la Cámara de Diputados debe exigir, verificar y constatar que se ejerzan las acciones judiciales en contra de la empresa Tecsa S.A., con objeto de obtener la reparación de los perjuicios y de los daños sociales que generó su actuación.
En segundo lugar, la Cámara de Diputados debe exigir, verificar y constatar que las sanciones propuestas por la Contraloría Regional del Bío-Bío a los funcionarios públicos sean concretadas, para evitar así la práctica recurrente de los diversos Ministerios en orden a dejar sin respuesta a las proposiciones de ese órgano de control.
En tercer término, cabe destacar que la responsabilidad política del fracaso del proyecto del denominado Barrio Modelo de Concepción, recae en el ministro de Estado que lo autorizó e impulsó con las falencias y debilidades que se han determinado en el transcurso de esta investigación y que han causado un gran daño social a cientos de pobladores.
IX.- CONSTANCIAS.
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:
1.- Las consideraciones y las conclusiones de este informe fueron aprobadas por unanimidad.
2.- Atendida la gravedad de los hechos investigados y la trascendencia social del problema que afecta a los pobladores que se encuentran postulando a las viviendas del denominado Barrio Modelo, de Concepción, se acordó, por la misma votación, poner este informe en conocimiento de S.E. el Presidente de la República, del contralor general de la República y del ministro de Vivienda y Urbanismo.
3.- Se designó diputado informante a la señora Caraball, doña Eliana.
Sala de la Comisión, a 10 de abril de 2002.Acordado en las sesiones de fechas 20 de marzo, 3 y 10 de abril de 2002, con la asistencia de la Diputada señora Caraball, doña Eliana (Presidenta); de la Diputada señora Pérez, doña Lily, y de los diputados señores Aguiló, don Sergio; Galilea, don José Antonio; Hales, don Patricio; Jiménez, don Jaime; Longueira, don Pablo; Norambuena, don Iván; Pérez, don Aníbal; Robles, don Alberto; Tapia, don Boris, y Uriarte, don Gonzalo Durante el tratamiento de esta investigación, concurrieron, además, la Diputada señora González, doña Rosa, los diputados señores García, don René Manuel; Letelier, don Felipe; Navarro, don Alejandro; Montes, don Carlos; Pérez, don Víctor, y Ulloa, don Jorge, y los ex diputados señores Caminondo, don Carlos, y Rocha, don Jaime
(Fdo.) ELENA MELÉNDEZ URENDA, Abogado Secretaria de la Comisión”.
DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN
1.- Oficio N° 1665, de 10.07.01, del Minvu (cuenta sesión 100a, 11.07.01)
a) Síntesis cronológica de hechos relevantes.
b) Liquidación de seguro de la oficina Graham Miller de la Compañía de Seguros Cruz del Sur.
2.- Oficio N° 5519, de 13.07.01, del Serviu de la VIII Región (cuenta sesión 101a, 18.07.01)
a) Resolución N° TE 342, de 11.11.99 del Serviu Región del Bío-Bío, que constituye el contrato con la empresa aludida, vía trato directo y a suma alzada.
b) Resolución N° 118, de 12.04.01, que declara resuelto administrativamente con cargo el contrato de construcción pactado con Tecsa S.A., las obras que sea necesario ejecutar para la contención de los taludes.
c) Resolución N° TE 154, 24.05.01, de la que tomó razón la Contraloría Regional del Bío-Bío, con fecha 31.05.01, y que contrata a la empresa “Echeverría e Izquierdo Ingeniería y Construcción S.A.”, para obras de emergencia de contención.
d) Fotocopia de ampliación de reclamo (Ord. 3316, de 20.04.01, formulado por Serviu VIII Región a la Superintendencia de Valores y Seguros).
e) Copias de varios estudios técnicos efectuados respecto del terreno en el que se ejecutan las obras.
3.- Oficio N° 8466, de 14.09.99, del Serviu VIII Región, por el que informa y solicita al Minvu autorización de trato directo para la obra (sesión 102a, de 01.08.01).
4.- Oficio N° 50-CGG-01, de 19.04.01, de Tecsa S.A. a Minvu, por la que le hace llegar el número de trabajadores que laboraron en las obras, durante el mes de abril del presente año, lo que habría sido de conocimiento del Serviu de la Región del Bío-Bío (sesión 103a, 22.08.1)
5.- Contrato de construcción de las 805 viviendas básicas y su urbanización (sesión 103a, 22.08.1)
6.- Oficio N° 5175, de 02.08.01, de la Superintendencia de Valores y Seguros (cuenta sesión 103a, 22.08.01).
a) Antecedentes que permiten ilustrar cómo operan este tipo de seguros y las diversas variables, sus montos y la forma en que funcionan respecto de las empresas y del Fisco.
b) Diversos modelos de pólizas, de cláusulas adicionales, alternativas y opcionales, que dicen relación con las coberturas del reclamo en análisis.
7.- Oficio N° 095-CGG/01, de 06.08.01, de la empresa constructora Tecsa S.A. (cuenta sesión 103a, 22.08.01).
-Copia de las demandas que en juicio ordinario Tecsa S.A. ha deducido en contra del Serviu Regional del Bío-Bío.
8.- Oficio N° 1874, de 30.08.01, de Seremi Región del Bío-Bío (cuenta sesión 104a,
12.09.01)
a) Copia del oficio N° 1445, de 10.09.92 del jefe del Departamento de Desarrollo Urbano del Minvu de la VIII Región al señor Boris Aptecar González.
b) Copia del documento denominado “anexo terreno trato directo”, que formó parte de las bases del contrato.
c) Copia del informe técnico sobre mecánica de suelos, elaborado por el señor Jorge Araneda Ruiz.
9.- Informe cronológico complementario de las obras, desde el 24 de mayo al 10 de septiembre, emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (Cuenta sesión 105a, 03.10.01)
10.- Oficio 04677, de 19.10.01, de la Contraloría Regional del Bío-Bío (cuenta sesión 106a, 09.01.02)
-Copia del informe N° VE-6/01, evacuado por el fiscalizador de dicha entidad, en relación con la situación de las obras.
11.- Oficio reservado N° 79, de 28.11.01, de la Contraloría Regional del Bío-Bío (cuenta sesión 106a, 09.01.02)
-Copia de la resolución que aprueba el sumario administrativo instruido en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la VIII Región y la respectiva vista fiscal que propone medidas disciplinarias para funcionarios y ex empleados públicos que en ella se indican.
12.- Oficio reservado N° 85, de 21.12.01, de la Contraloría Regional del Bío-Bío (cuenta sesión 106a, 09.01.02)
-Copia del informe A-47/2001, referido a la inspección técnica de la obra y que constituyó la pieza inicial del sumario administrativo instruido en el Serviu de la VIII Región.
13.- Ord.Gabm. N° 1426.01, de 09.10.01, del Ministerio de Bienes Nacionales (cuenta sesión 106a, 09.01.02)
-Antecedentes relativos a la forma en que operó el contrato de venta de los terrenos en que fueron construidas las viviendas, así como su precio y estudios técnicos realizados con anterioridad a su venta.