Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Nicolas Monckeberg Diaz
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DE SALAS EN CORTES DE APELACIONES DE SANTIAGO, SAN MIGUEL, VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- DEBATE
- DEBATE
- REGULACIÓN DEL DERECHO REAL DE HABITACIÓN PERIÓDICA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Ramon Segundo Perez Opazo
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- CREACIÓN DE SALAS EN CORTES DE APELACIONES DE SANTIAGO, SAN MIGUEL, VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN. Segundo trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CONDENA A VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CUBA. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Jorge Tarud Daccarett
- DEBATE
- SITUACIÓN DE PEAJES LATERALES EN OBRAS VIALES CONCESIONADAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Felipe Letelier Norambuena
- Jaime Quintana Leal
- Jose Ramon Barros Montero
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONDENA A VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CUBA. (Continuación).
- VII. INCIDENTES
- NEGATIVA DE BANCA PRIVADA PARA TRASPASAR A USUARIOS REBAJA DE TASA DE INTERÉS.
- RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA EN ARROCERA TUCAPEL. Oficio.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA CENSAR COLONIA DIGNIDAD. Oficio.
- DEUDA DEL FISCO CON EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
- PETICIÓN DE INFORME SOBRE INVERSIONES ESPAÑOLAS EN CHILE. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE PROCEDIMIENTO MÉDICO Y SUMARIO INSTRUIDO EN HOSPITAL HERMINDA MARTÍN, DE CHILLÁN. Oficio.
- PAGO DE ASIGNACIÓN DE EQUIDAD EN COMUNAS FRONTERIZAS. Oficio.
- CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE ACUERDO EN CONSTRUCCIÓN DE RUTA 5 EN LA PROVINCIA DE VALDIVIA. Oficio.
- ADHESION
- Exequiel Silva Ortiz
- ADHESION
- ANEGAMIENTO DE CARRETERA PUERTO MONTT-PARGUA. Oficio.
- CATASTRO, EVALUACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SANITARIOS EN ALTO HOSPICIO. Oficios.
- RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CODEINFA, EN SU SÉPTIMO ANIVERSARIO. Oficio.
- AUTORIZACIÓN DE LA ARMADA PARA INSTALAR ELECTRICIDAD EN CALETA LA CATA, COMUNA DE PENCO. Oficio.
- PETICIÓN DE INFORME SOBRE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE ALCANTARILLADO EN DICHATO. Oficios.
- RETIRO DE CARABINEROS DE LOS FURGONES DE SEGURIDAD CIUDADANA. Oficio.
- FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA CERRAR PUENTE VIEJO DEL RÍO BIOBÍO. Oficio.
- RESTITUCIÓN DE GASTOS A BOMBEROS DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALETA TUMBES, TALCAHUANO. Oficios.
- AGRAVIO A HÉROE DE IQUIQUE EN PUBLICACIÓN PATROCINADA POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS ARTES. Oficios.
- REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOTA ALTO. Oficios.
- INCLUSIÓN EN CENSO 2002 DE CONSULTAS SOBRE PREFERENCIAS RELIGIOSAS. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Pedro Araya Guerrero
- Edmundo Villouta Concha
- Boris Tapia Martinez
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- ALCANCES A DECISIÓN DE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN CENSO 2002. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Boris Tapia Martinez
- Pedro Araya Guerrero
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
-
RESULTADO DEL PROGRAMA SEXUALIDAD RESPONSABLE. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Boris Tapia Martinez
- Pedro Araya Guerrero
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- AGILIZACIÓN DE PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA LUCÍA PROSPERIDAD DE CURICÓ. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Pedro Araya Guerrero
- Edmundo Salas De La Fuente
- ADHESION
- SALUDOS A BOMBEROS DE ANTOFAGASTA EN SU 127º ANIVERSARIO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Pia Guzman Mena
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Isabel Allende Bussi
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Camilo Escalona Medina
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pedro Hector Munoz Aburto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 346ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 10ª, en miércoles 10 de abril de 2002
(Ordinaria, de 10.36 a 14.03 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo, y Villouta Concha, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Orden del Día.
- Creación de salas en cortes de apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción. Segundo trámite constitucional 9
- Regulación del derecho real de habitación periódica. Primer trámite constitucional 21
VI. Proyectos de acuerdo.
- Condena a violación de derechos humanos en Cuba. (Continuación) 33
- Situación de peajes laterales en obras viales concesionadas 36
VII. Incidentes.
- Negativa de banca privada para traspasar a usuarios rebaja de tasa de interés 40
- Resultado de investigación de la Fiscalía Nacional Económica en arrocera Tucapel. Oficio 41
- Adopción de medidas para censar Colonia Dignidad. Oficio 42
- Deuda del Fisco con empresas constructoras de la Novena Región. Oficios 42
- Petición de informe sobre inversiones españolas en Chile. Oficio 43
- Antecedentes sobre procedimiento médico y sumario instruido en hospital Herminda Martín, de Chillán. Oficio 43
- Pago de asignación de equidad en comunas fronterizas. Oficio 44
- Cumplimiento de protocolos de acuerdo en construcción de Ruta 5 en la provincia de Valdivia. Oficio 45
- Anegamiento de carretera Puerto Montt-Pargua. Oficio 45
- Catastro, evaluación y solución de problemas sanitarios en Alto Hospicio. Oficios 45
- Reconocimiento a la labor de la Corporación de Desarrollo Integral de la Familia, Codeinfa, en su séptimo aniversario. Oficio 46
- Autorización de La Armada para instalar electricidad en caleta La Cata, comuna de Penco. Oficio 47
- Petición de informe sobre recursos destinados a obras de alcantarillado en Dichato. Oficios 47
- Retiro de Carabineros de los furgones de seguridad ciudadana. Oficio 48
- Fundamentos técnicos para cerrar Puente Viejo del río Biobío. Oficio 48
Pág.
- Restitución de gastos a Bomberos de la Octava Región. Oficios 49
- Proyecto de abastecimiento de agua potable en caleta Tumbes, Talcahuano. Oficios 50
- Agravio a héroe de Iquique en publicación patrocinada por el Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes. Oficios 50
- Reparación de muro de contención en Lota Alto. Oficios 51
- Inclusión en censo 2002 de consultas sobre preferencias religiosas. Oficio 52
- Alcances a decisión de municipalidad de San Antonio sobre su participación en Censo 2002. Oficio 53
- Resultado del programa Sexualidad responsable. Oficio 53
- Agilización de programa de construcción de viviendas en Santa Lucía Prosperidad de Curicó. Oficio 54
- Saludos a bomberos de Antofagasta en su 127º aniversario. Oficio 54
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio relativo a la importación temporal, adoptado en Estambul, el 26 de junio de 1990 y sus anexos A, B1, B2 y B3 (boletín Nº 2794-10) 56
2. Oficio del Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a las modificaciones propuestas al proyecto que modifica la ley general de Cooperativas, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República (boletín Nº 855-03) 56
3. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que crea nuevas salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción (boletín Nº 2852-07) (S) 57
4. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que crea nuevas salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción (boletín Nº 2852-07) (S) 63
5. Moción de la diputada señora Guzmán, doña María Pía, y del diputado señor Walker, que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil (boletín Nº 2906-07) 65
6. Moción de la diputada señora Allende, doña Isabel, y de los diputados señores Bustos, Escalona, Letelier, don Juan Pablo, y Muñoz, que, reforma la ley Nº 18.575 en materia de inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio de cargos públicos (boletín Nº 2907-07) 70
7. Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que establece un sistema de incentivos de remuneraciones a los funcionarios municipales (boletín Nº 2677-06) 75
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del jefe de bancada de Renovación Nacional por la cual informa que en la Comisión de Familia la diputada señora Guzmán, doña María Pía, será reemplazada permanentemente por el diputado señor Monckeberg.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Alvarado, investigación sobre construcción de viviendas Serviu, Programa Chile-Barrios, emplazadas en calle Padre Hurtado, sector Pudeto Bajo, comuna de Ancud.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Leal, situación de abastecimiento de agua potable en comuna de Diego de Almagro.
Ministerio de Obras Públicas
-De los diputados señores Juan Pablo Letelier y Navarro, aplicación de decreto tarifario de Essel, Sexta Región.
-Del diputado señor Kuschel, camino Chinquihue-Punta Panitao, Décima Región.
-De los diputados señores Palma, Bertolino y del ex diputado señor Fossa, construcción paso superior Loma Las Tortillas, provincia de Linares.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Navarro, información sobre vertederos de la Décima Región.
Consejo de Defensa del Estado
-Del diputado señor Navarro, información sobre juicios incoados por el Consejo de Defensa del Estado en materia ambiental.
Intendencia de la Región de Aisén
-Del diputado señor Navarro, información sobre subsidio al consumo de agua potable urbano y rural.
Municipalidad de Palena
-Del diputado señor Kuschel, casos pendientes de regularización de dominio.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (117)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Escobar Urbina, Mario UDI II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa UDI I 1
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hidalgo González, Carlos ILC V 15
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND-UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen IND-RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Lagos Herrera, Eduardo PRSD X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 17
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND-RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Pareto Vergara, Cristián PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Rebolledo González, Víctor Manuel PPD IV 7
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio IND-PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND-PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina ILE RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio ILC VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ILC X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistieron, además, el senador señor Juan Antonio Coloma, y el ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 2ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 3ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE SALAS EN CORTES DE APELACIONES DE SANTIAGO, SAN MIGUEL, VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN. Segundo trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto que crea nuevas salas en las cortes de apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Juan Bustos, y de la de Hacienda, el señor José Miguel Ortiz.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín: Nº 2852-07 (S), sesión 28ª, en 22 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informes de las Comisión de Constitución, y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 3 y 4, de esta sesión.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS .-
Señora Presidenta , la reforma general llevada a cabo por el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, trata justamente de promover, en la mayor medida posible, el acceso a la justicia. Dentro de ese objetivo se encuentra toda la reforma procesal penal, la reforma de los Códigos Penal y Civil, y la reforma laboral, que aún se encuentra en ciernes.
Existe un nudo bastante grave dentro de nuestro sistema procesal actual, pues gran cantidad de causas quedan sin ser consideradas durante largo tiempo en las cortes de apelaciones, lo cual perjudica la labor de estos tribunales y el acceso a la justicia. Por ejemplo, en el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, el atraso en la vista de las causas, tanto criminales como civiles, es de aproximadamente dos años, especialmente cuando se trata de juicios sobre menores, lo cual implica un serio perjuicio a la ciudadanía, un grave desamparo de las víctimas que recurren a los tribunales y el desprestigio de nuestra justicia.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión. Si bien en un primer momento los diputados de la UDI se abstuvieron, porque no contaban con los datos estadísticos sobre el retraso de las causas, una vez que los antecedentes fueron recibidos, también lo apoyaron.
El proyecto consta de cinco artículos permanentes y uno transitorio.
El artículo 1º crea en la Corte de Apelaciones de Santiago seis cargos de ministros, más los correspondientes de relatores y otros funcionarios, lo cual implica dos nuevas salas.
El artículo 2º crea en la Corte de Apelaciones de San Miguel tres cargos de ministros, más los correspondientes cargos de relatores y funcionarios, lo que significa una nueva sala.
El artículo 3º crea en la Corte de Apelaciones de Concepción tres cargos de ministros, con los respectivos cargos de relatores y funcionarios anexos, es decir, se forma una nueva sala.
El artículo 4º crea en la Corte de Apelaciones de Valparaíso tres cargos de ministros, así como los de relatores y funcionarios correspondientes, lo que también implica una nueva sala.
El artículo 5º introduce modificaciones a determinadas disposiciones del Código Orgánico de Tribunales para los efectos de compatibilizar y concordar la reforma que se ha llevado a cabo.
El proyecto debería contar con la unanimidad de la Sala, porque su objetivo y su espíritu son promover al máximo el acceso a la justicia, lo cual apunta justamente en la dirección que han seguido las reformas procesal penal, civil y laboral.
De esta manera, se está contribuyendo no sólo a la agilización de los procesos penales, civiles, laborales, tributarios, etcétera, en las cortes de apelaciones, sino a un mayor acceso a la justicia por parte de la ciudadanía y a una mayor protección de las víctimas.
Por las razones expuestas, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó por unanimidad el proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , el día de ayer la Comisión de Hacienda tramitó el proyecto que crea nuevas salas en las cortes de apelaciones de Santiago, San Miguel , Valparaíso y Concepción. Espero que hoy pongamos término a su segundo trámite constitucional, a fin de que sea despachado y en pocos días más se convierta en ley de la República.
En los doce años que llevo como diputado , me ha correspondido participar en el tratamiento legislativo de iniciativas que implican fortalecer las herramientas que permiten dar a cada ciudadano un mejor acceso a la justicia. Sin embargo, quedaba un tema por resolver.
El proyecto, que tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , ingresó al Senado de la República el 21 de diciembre de 2001 y a la Cámara de Diputados el 17 de enero de 2002.
Tal como lo señaló el diputado informante , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que preside el diputado señor Jorge Burgos , dio un rápido trámite al proyecto en la sesión de 2 de abril. Lo mismo hizo el día de ayer el diputado señor Pablo Lorenzini , en su calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda .
¿Por qué nos interesa que la iniciativa tenga una rápida tramitación? Porque ha quedado comprobado que hay un tema preocupante, de lo cual pueden dar fe todos los ministros de las cortes de apelaciones, quienes ahora tendrán una leve disminución de su carga de trabajo con la creación de nuevas salas en Santiago, San Miguel , Valparaíso y Concepción.
Por ejemplo, a principios del presente siglo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso registraba un ingreso promedio anual de 34.900 causas; la de Concepción, de alrededor de 27.600; la de San Miguel, de aproximadamente 49 mil, mientras que la de Santiago se acercaba a las 99 mil causas. Cada una de ellas registra una cifra levemente inferior de resoluciones, diferencial que a la fecha ha generado un retardo, que en ocasiones excede el año y medio de demora en el despacho de cada causa, situación que no es de responsabilidad del Poder Judicial .
En la Comisión de Hacienda se advirtió que las personas que tenían más dificultades eran, por lo general, las de nuestra sufrida clase media, en procesos iniciados en reconocimiento de sus legítimos derechos, los cuales, debido a la recarga de trabajo de los tribunales, presentaban una demora muy grande en su tramitación.
La problemática se hace más patente en las cortes de apelaciones cuya competencia jurisdiccional se focaliza en grandes centros urbanos, como es el caso de las que tienen su asiento en las ciudades de Santiago, Concepción, Valparaíso y en la comuna de San Miguel.
Estimé conveniente dar a conocer esos antecedentes, porque creo que tanto el Poder Judicial como las tres grandes ciudades y la comuna mencionada están esperanzados en que hoy pongamos término al trámite legislativo de esta iniciativa.
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión los señores Jaime Arellano , subsecretario de Justicia , y Francisco Maldonado , jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia .
Tal como lo expresó el diputado informante de la Comisión de Constitución, el propósito de la iniciativa consiste en facilitar a la ciudadanía un mejor acceso a la administración de justicia, permitiendo la formación de nuevas salas y la creación de nuevos cargos en las cortes de apelaciones de Santiago, San Miguel , Valparaíso y Concepción.
El proyecto tiene como fundamento subsanar las dificultades que enfrentan dichas cortes para dar una expedita sustanciación a los procesos. Esperamos que con esta reforma la sobrecarga de causas y de materias por tratar disminuya y que los procesos se lleven a cabo con mayor rapidez.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos estima que el proyecto implica un mayor gasto fiscal en régimen de 1.248.432.000 pesos, que se desglosan como sigue:
1
Agrega que la aplicación del proyecto irrogará un gasto fiscal para el año 2002 de 970.451.000 pesos, que se financiará con cargo al presupuesto aprobado para el Ministerio de Justicia en dicho año.
Tal como siempre se ha planteado en la tramitación de estos proyectos, el mayor gasto que implique el funcionamiento de las nuevas salas se financiará con cargo a la partida Tesoro Público que aprobamos año a año en la ley de Presupuestos de la nación.
La Comisión de Hacienda consideró conveniente incorporar a su conocimiento los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, aparte del artículo transitorio que la Comisión de Constitución le pidió conocer.
Todos los artículos fueron aprobados por unanimidad. Tal como lo dijo el diputado informante de la Comisión de Constitución, esto significa un nuevo paso que permitirá mejorar la justicia y agilizar los procesos; es decir, prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
La Comisión de Hacienda la presidió el diputado señor Pablo Lorenzini , y estuvo integrada por los diputados señores Rodrigo Álvarez , Alberto Cardemil , Julio Dittborn , Camilo Escalona , Carlos Hidalgo , Enrique Jaramillo , Eduardo Lagos , Exequiel Silva , la señora Carolina Tohá ( Enrique Accorsi) , Gastón von Mühlenbrock y quien habla, el diputado José Miguel Ortiz .
Solicito a la Sala poner término hoy a la tramitación del proyecto, que llevará alegría a nuestra ciudad de Concepción y, sobre todo, al esforzado Poder Judicial .
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta, compartimos plenamente el objetivo del proyecto de asegurar un mayor y mejor acceso a la justicia.
Puedo hablar con mayor precisión y conocimiento de uno de los aspectos del proyecto: la creación de una nueva sala en la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal de segunda instancia que sirve a un vasto sector de la Región Metropolitana, tanto suroriente como surponiente. La creación de una nueva sala ayudará a resolver los problemas de acceso a la justicia en ese sector, que se producen, entre otros motivos, por la acumulación de causas, debido a la falta de salas y de funcionarios que ayuden en la administración de justicia.
Este aspecto ha sido estudiado y es el fundamento de la presentación del proyecto en debate. Por lo tanto, lo mismo que uno conoce respecto de la Corte de Apelaciones de San Miguel, también ocurre en los casos de Santiago, Valparaíso y Concepción.
Considero absolutamente válido lo señalado por los diputados informantes señores Bustos , de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y Ortiz , de la Comisión de Hacienda, en el sentido de no dilatar la discusión del proyecto y aprobarlo hoy, con el objeto de que siga su tercer trámite constitucional, si procede, y así crear estas nuevas salas en las cortes de apelaciones, con el propósito fundamental de asegurar, a quienes la demandan, un mejor acceso a la justicia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ceroni .
El señor CERONI .-
Señora Presidenta , no hay duda de que el proyecto en estudio es muy interesante e importante para ayudar a solucionar los problemas concretos de la gente. Un mejor acceso a la administración de justicia dice relación, precisamente, con los anhelos diarios y cotidianos de las personas. Nuestra gente necesita que la justicia sea más ágil, eficiente y lo más independiente posible en su actuar. Desde ese punto de vista, lo hecho en los últimos años significa un gran aporte: las reformas a nuestros códigos; la reforma procesal penal, que poco a poco la gente comprenderá mejor, implica un avance muy importante y va en la línea de agilizar el funcionamiento de los tribunales y de lograr una mejor justicia en Chile.
El tema que aborda el proyecto es uno de los que necesitábamos resolver, pues el atraso en la vista de las causas es lo que más molesta a la gente y hace que no crea en la justicia. Para que haya una real justicia, ésta debe ser pronta y expedita. Nada sacamos con hacer justicia después de cuatro, cinco o más años. La prontitud es importante y, obviamente, el atraso tiene que ver, en gran medida, con la falta de personal y de ministros. En segunda instancia, existe gran acumulación de trabajo y las causas, según estudios efectuados, a veces demoran dos años en ser falladas. Queremos impedir que eso siga sucediendo con este proyecto, que apunta a crear nuevas salas y a tener más ministros, relatores y oficiales que permitan hacer más expedito el accionar de la segunda instancia. Ésa es la razón por la cual el PPD apoya esta iniciativa.
En cuanto a la argumentación que se nos entregó al principio, en cuanto a que para poner en práctica el proyecto era necesaria una mejor infraestructura, en la Comisión se nos explicó que ello no era así. Dado que en muchos casos las cortes de apelaciones funcionan en la mañana, es perfectamente posible que lo hagan en la tarde las nuevas salas que se crearán. De manera que cuando entre en vigencia la ley, el problema de la infraestructura no será un impedimento para lograr lo que pretendemos: agilización de la justicia de segunda instancia.
El PPD considera que la tramitación del proyecto debe ser lo más expedita posible y esperamos que sea aprobado por la unanimidad de la Sala.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señora Presidenta , tanto en esta Sala como en la opinión pública ya es común señalar que nuestra justicia no está cumpliendo con sus objetivos porque es lenta, tramita demasiado a la gente e, incluso, la constituye en víctima por segunda vez.
El problema que aquí enfrentamos atañe a lo mismo: la lentitud y, básicamente, grandes atochamientos de causas en las cortes de apelaciones. No voy a citar números, pero vale la pena poner un ejemplo. Las causas civiles o laborales que se ventilan en la Corte de Apelaciones de Santiago permanecen allí durante casi tres años, y las penales, sin reo preso, pueden demorar hasta dos, lo que genera una incertidumbre muy grande en las personas que acceden a la justicia para resolver sus conflictos. Aquí cobra plena vigencia el antiguo adagio que se aprende en las escuelas de derecho: “Más vale una buena transacción que llegar a la justicia”.
La sobrecarga señalada se explica por el hecho de que las cortes de apelaciones se han mantenido intactas desde hace muchos años, y las que más necesitan ampliar su número de salas son las de Santiago, Valparaíso y Concepción, porque son los centros urbanos con mayor población y, por lo tanto, donde se produce mayor número de conflictos. Además, son las que reciben mayor cantidad de causas penales. Recordemos que el 80 por ciento de los delitos se cometen en Santiago, Concepción y la Quinta Región. Por lo tanto, tenemos aquí un elemento básico y necesario para adelantar en una materia que tiene que ver no sólo con la seguridad ciudadana, sino también con el acceso real de las personas a la justicia.
Supimos a través del Senado -también fue publicado por los diarios- que la Corte Suprema, que debía ser oída en este trámite, manifestó que el proyecto era una solución de parche, y que lo que debía hacerse, por ejemplo en el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, era dividirla en dos: una para la zona oriente, y otra, para la poniente.
Debemos tener en consideración -así lo hizo el Senado, que aprobó por unanimidad la iniciativa del Ejecutivo- que la reforma procesal penal se aplicará en la Quinta y Octava regiones el próximo año, y dentro de dos años, en la Región Metropolitana. Se ha demostrado en forma empírica que la reforma procesal penal disminuye notablemente la carga de trabajo de las cortes de apelaciones. Un importante número de causas penales se resuelve mediante procedimientos especiales y no en los tribunales orales propiamente tales. Por lo tanto, las apelaciones, que se traducen en la carga de trabajo más importante de dichas cortes, disminuyen notablemente. En este sentido, la opinión de la Corte Suprema no se ajusta a lo que realmente sucederá de aquí a dos años.
Así las cosas y quedando en evidencia que este proyecto resolverá la situación de aquí a dos o tres años más, lo único que cabe es aprobarlo. Se ha planteado el tema de la infraestructura, pero ya existe un acuerdo, por ejemplo, con la Corte de Apelaciones de Santiago -debo decirles que, a diferencia de lo señalado por la Corte Suprema, aprueba decididamente esta iniciativa-, en cuanto a que las dos nuevas salas, en lugar de trabajar en la mañana lo harán en la tarde, ocupando la infraestructura existente. De manera que todos los problemas relacionados con esta materia quedarán resueltos.
Por lo tanto, anuncio que la bancada de Renovación Nacional aprobará el proyecto en forma unánime, tal como sucedió en el Senado y en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta , el proyecto en discusión es de absoluta necesidad práctica.
¿Qué sucede en las salas de las cortes de apelaciones que se encuentran atochadas de causas, muchas de las cuales están pendientes desde hace dos años? Que muchos de sus miembros han sido designados ministros en visita o asignados a causas especiales, lo que va recargando, naturalmente, su trabajo. Por lo general, quienes han sido designados para ver dichas causas deben ocupar todo su tiempo en ellas. Por ende, aunque integren las salas, no pueden participar en los acuerdos, con lo cual se empieza a recargar notablemente el trabajo.
La parlamentaria que habla puede dar fe de que en la Corte de Apelaciones de Valparaíso se ventilan causas que recaen sobre asuntos que constituyen verdaderos dramas para la gente modesta. Por ejemplo, está el caso de padres que se van de allegados a la casa de sus hijos para arrendar la suya e intentar vivir del pago de ese arriendo. Pues bien, cuando no les pagan e inician un juicio, las apelaciones demoran una eternidad. Son verdaderos dramas que afectan a las personas modestas. Además, en las cortes de apelaciones, aunque se da preferencia a las causas con reo preso, es decir a las causas criminales, la demora impide que queden absueltos los inculpados inocentes que permanecen recluidos, los que, si estuvieran libres, serían cuestionados, mal mirados, no tendrían posibilidades de trabajo, de créditos, etcétera, esto es, quedarían indefensos en una sociedad que les apunta con el dedo.
Debo señalar que este problema fue comprendido en forma cabal. Sí se debatió el hecho de que en algunas cortes de apelaciones los ministros pedían con frecuencia los días administrativos que les corresponden. Sin embargo, cuando el presidente de la corte pone orden, eso se termina, y si con este proyecto les damos nuevas salas es, precisamente, para que cada presidente tome las precauciones del caso.
Por lo tanto, pido que se ponga en votación el proyecto que, sin duda, será muy positivo para todos.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.
El señor FORNI.-
Señora Presidenta, la bancada de la UDI votará favorablemente la iniciativa.
Tal como lo explicó el diputado señor Juan Bustos , quien habla y la diputada señora Marcela Cubillos nos abstuvimos en la Comisión porque al momento de votarse el proyecto no estaban a nuestra disposición los antecedentes necesarios, que conocimos posteriormente.
Por eso reitero que la bancada de la UDI votará favorablemente, y, al igual que la diputada señora Laura Soto, pido que se vote de inmediato porque existe unanimidad.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Le corresponde hacer uso de la palabra al diputado señor Camilo Escalona, pero el diputado señor Riveros le solicita una interrupción para hacer una aclaración.
El señor ESCALONA.-
Muy bien, señora Presidenta .
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta , agradezco al colega Escalona su gentileza.
Es simplemente para hacer una aclaración. Cuando hablé de evitar un segundo trámite, me refería a un segundo trámite reglamentario en esta Corporación, toda vez que el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional. Por lo tanto, la rapidez con que legislemos permitirá que sea promulgado y publicado como ley de la República.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta , tratándose del diputado Riveros le podríamos ceder la totalidad de nuestro tiempo, porque su intervención ha dejado en evidencia no sólo la conveniencia de aprobar este proyecto, sino la de acelerar su tramitación.
Efectivamente, la iniciativa permite la concreción de uno de los aspectos del proceso de modernización de la justicia que se ha estado llevando a cabo durante los últimos años, constituyendo, tal vez, el proceso más importante, desde el punto de vista institucional, vivido por el país. La reforma procesal penal y el conjunto de modificaciones legales que están en curso, requieren la urgente solución de algunos problemas que restan eficacia a la modernización. En particular, los plazos excesivos, el atochamiento en el trabajo de los tribunales y la necesidad de que las cortes de apelaciones cuenten con un número suficiente de jueces, saltan a la vista como problemas de la mayor relevancia.
En consecuencia, no sólo nos sumamos a la aprobación del proyecto, sino que hacemos nuestras las palabras del diputado Riveros, en el sentido de que sea aprobado por unanimidad, como una forma de agilizar su despacho.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señora Presidenta , debo recordar que los artículos permanentes requieren quórum especial, de manera que, tal como lo manifestaron los diputados Escalona y Riveros , habría que ver si en este momento contamos con los votos necesarios.
Asimismo, aprovecho de felicitar al ministro de Justicia , al subsecretario de Justicia , don Jaime Arellano , a don Francisco Maldonado ; en fin, a todo el equipo que trabajó en esta materia.
A continuación, deseo hacer algunas aclaraciones y profundizar en otros temas colaterales.
Como se puede ver, en algunas regiones se crea mayor número de salas. Otras, como por ejemplo la del Maule, no las requieren porque ya está en aplicación -lo decía la diputada señora Guzmán - la reforma procesal penal, que luego se aplicará en la Región Metropolitana. Por lo tanto, las causas allí están disminuyendo; no es que se haya olvidado a regiones como la Cuarta, la Séptima y otras, sino que, al hacer un análisis, se concluyó que la reforma está dando frutos en dichas regiones y, por lo tanto, por el momento no es necesario aumentar el número de salas.
Me preocupan dos cosas. En primer lugar, la desproporción en la asignación de los recursos: se destinan 1.114 millones de pesos, en régimen, a gasto de personal, y solamente 132 millones -lo decía el diputado señor Ceroni - a equipamiento e infraestructura.
En general, en el sistema uno recibe continuas sugerencias -simpáticas e informales, si se quiere- de ministros de cortes de apelaciones, que revelan que a través del país está faltando equipamiento adecuado, computadoras, etc. De manera que no sé si destinar sólo el 15 por ciento al gasto de funcionamiento de las salas es razonable o no. Me parece que es un tema que deberemos considerar a futuro cuando nos corresponda discutir otro proyecto de ley, de estas características, porque los recursos destinados a equipamiento e infraestructura me parecen un poco exiguos.
En segundo lugar, aquí se habla de nuevas salas para disminuir la cantidad de causas acumuladas que versan sobre toda clase de materias; sin embargo, también debemos recordar que hay salas especializadas. Al respecto, quiero recordarle al ministro un compromiso del Presidente de la República relacionado con los tribunales tributarios. Sabemos que en primera instancia las causas tributarias quedan radicadas en el Servicio de Impuestos Internos, pero, en segunda instancia, deben ser conocidas por las cortes de apelaciones, y son muchas las causas tributarias acumuladas.
Entonces, es evidente que las cortes de apelaciones no sólo deben conocer las causas ordinarias mencionadas aquí, sino que también muchas causas tributarias, por lo que, a futuro, se requerirá que existan salas especializadas en la segunda instancia. Por eso, aparte de la creación de nuevas salas, existe un problema de especialización. Espero que muy pronto podamos discutir en la Cámara el proyecto sobre tribunales tributarios, a fin de que la iniciativa que hoy aprobaremos tenga más sentido. No podemos pensar sólo en la justicia ordinaria, puesto que hay otro tipo de justicia especializada. Por eso quería llamar la atención sobre el atraso en la discusión del proyecto sobre tribunales tributarios.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta , ante todo, anuncio que aprobaré este proyecto con mucho entusiasmo. Lo único que lamento es que no se haya incluido a la Corte de Apelaciones de Valdivia, que también está muy atrasada en su trabajo por la cantidad de causas que debe ver y porque no hay suficientes salas para tratarlas. Incluso, durante mucho tiempo debió trabajar con funcionarios en comisión de servicio.
La Corte de Apelaciones de San Miguel demora 6, 7 y hasta 8 meses en dictar sentencia respecto de algunos juicios civiles porque el atolladero es tremendo. Cuando algunas personas de Puente Alto o de La Pintana van a hablar conmigo para plantearme que las van a echar de sus casas, les digo que esperen a ser demandadas y que ni siquiera se preocupen, porque, a veces, el demandante está patrocinado por la Corporación de Asistencia Judicial, y el demandado no puede recurrir a ella porque está inhabilitada para defender a las dos partes. Les digo que no se preocupen, y que cuando se dicte sentencia apelen, porque su apelación estará pendiente en la Corte de Apelaciones de San Miguel 4, 5 ó 6 meses.
Quiero contar una anécdota. Tengo una fundación en La Pintana para atender a personas de escasos recursos; tenemos médicos, matronas, etcétera. Hace cinco años adquirimos una camioneta que fue pagada, pero nunca se entregó. La persona que la vendió está demandada y declarada culpable. Pues bien, la causa está en la Corte de Apelaciones de Santiago desde hace tres años y medio. El presidente de esa fundación soy yo, que además de diputado soy abogado; sin embargo, sigo esperando.
Ésa es la situación procesal de una persona confesa y que sale en libertad bajo fianza, porque, como lo señaló la diputada señora Laura Soto , sólo se les da relativa urgencia a las causas criminales con reo preso. Entonces, en verdad a las salas de las cortes de apelaciones les resulta casi imposible funcionar porque están absolutamente atochadas de causas.
Me alegro mucho porque, evidentemente, éste no es un proyecto rentable electoral ni políticamente para el Gobierno, pero solucionará el problema de mucha gente de escasos recursos.
Me preocupa la demora de los juicios porque, por muy diligente que sea la primera instancia, por muy rápido que se dicten las sentencias -no siempre es así-, por mucha diligencia que ponga el juez del Undécimo Juzgado del Crimen de San Miguel, don Emilio Tagle , a quien le corresponde toda la jurisdicción de la comuna de La Pintana, si los juicios llegan a la cortes de apelaciones y éstas no tienen salas ni ministros suficientes, dormirán allí indefinidamente.
Espero que la Corporación Administrativa del Poder Judicial cuente con recursos no sólo para crear más salas en las cortes de apelaciones, sino también para crear más tribunales. Por ejemplo, en Puente Alto hay un solo juzgado de policía local; se necesita otro. En La Pintana sucede lo mismo. En Puente Alto tenemos más de 600 mil habitantes; en La Pintana, 260 mil habitantes. Entonces, lo que la gente está pidiendo, además de justicia, es que ésta sea rápida y ágil.
El otro día conversaba con una jueza de menores de Puente Alto, quien me manifestó que le gustaría que yo fuera a ver la cantidad de causas que tenía pendientes. En teoría, de acuerdo con la nueva reforma, cuando una persona demanda por alimentos se deben fijar los alimentos provisorios dentro de los doce días siguientes. En la práctica, eso no se puede hacer, porque los tribunales no tienen el personal necesario para dictar e implementar esas medidas. De manera que si eso ocurre en la primera y también en la segunda instancia, la única posibilidad de solucionar este problema es entregando más recursos.
Sé que actualmente hay problemas de recursos, pues el país está creciendo al 3 o al 3,1 por ciento. Si consideramos que la población de Chile aumenta en 1,5 por ciento, el crecimiento real de nuestro país es del 1,5 ó 1,6 por ciento.
Por eso hay que hacer un esfuerzo, tal como está ocurriendo en educación: el presupuesto del Ministerio de Educación aumentó este año en 9 por ciento respecto del año pasado. Creo que también es necesario asignar más recursos a la justicia, y no estoy hablando de gravar a las personas con nuevos impuestos, sino de fiscalizar mejor su pago, porque, al final, los únicos que pagan son los trabajadores que viven de un sueldo o de un salario porque les son descontados por planilla, y quienes trabajan en forma independiente son los que tienen más posibilidades de eludirlos. De modo que cuando hablo de recaudar impuestos para entregar más recursos a la justicia, a educación, a salud y a vivienda, me estoy refiriendo a mayor fiscalización y no a aplicación de nuevos impuestos.
Una parte de mi corazón está en Valdivia, donde hago clases en la Universidad Austral desde 1992. Por eso lamento que no se haya incluido a la Corte de Apelaciones de esa ciudad en la lista de las nuevas salas que se crean, pero confío en que más adelante también se considerarán recursos para dicha corte.
Por eso, reitero que voy a aprobar el proyecto con mucho entusiasmo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende .
El señor MEZA .-
¿Me permite, señora Presidenta ?
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MEZA .-
Señora Presidenta , se ha producido una situación de emergencia, porque trece diputados debemos ausentarnos de la Sala para asistir a una sesión conjunta con la Comisión de Agricultura del Senado.
Como existe un sentimiento generalizado de apoyo a este proyecto, le solicito que lo ponga en votación lo antes posible.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Solicito la unanimidad de la Sala para cerrar el debate.
No hay acuerdo.
La diputada señora Isabel Allende desea hacer uso de la palabra, y el diputado señor Luksic se opone al cierre del debate.
Puede hacer uso de la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE ( doña Isabel).-
Señora Presidenta , no cabe duda alguna de que todos los diputados presentes, incluso quienes se abstuvieron en la Comisión, vamos a votar a favor del proyecto.
No puedo dejar de manifestar mi satisfacción por su aprobación, porque aquí se ha señalado con absoluta claridad que una verdadera democracia no funciona bien si los ciudadanos no tienen confianza en la justicia y se sienten postergados, sobre todo los de menores recursos.
Represento a un distrito de la zona sur de Santiago -como lo señaló el colega Maximiano Errázuriz - que presenta una de las mayores concentraciones urbanas de población. Me refiero a la comuna de Puente Alto que, de 600 mil habitantes, es posible que en estos momentos llegue -el censo lo establecerá en forma definitiva- a los 700 mil, y a la de La Pintana, que cuenta con más de 260 mil habitantes.
Por lo tanto, es urgente aprobar un proyecto de estas características, porque nos permitirá contar con más salas, jueces, relatores y funcionarios, que servirán para paliar, en parte, las deficiencias señaladas aquí. Por ejemplo, el fallo de algunas causas en segunda instancia puede demorar más de dos años.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora ALLENDE ( doña Isabel).-
Sería conveniente que los colegas prestaran atención, porque estamos hablando de permitir el acceso a la justicia de personas que muchas veces son discriminadas. Para qué hablar de los habitantes de La Pintana, que son doblemente discriminados: además de vivir en una comuna con muchas carencias son estigmatizados, porque cuando un ciudadano digno y honorable de esa comuna busca trabajo, basta con que diga que vive allí para que, muchas veces, sea rechazado. A todo lo anterior se debe agregar el atochamiento de causas existente en la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Por lo tanto, creo que en la medida en que este proyecto aumente el número de las salas, jueces, relatores y funcionarios, permitirá subsanar parcialmente uno de nuestros dramas, cual es la falta de acceso a la justicia de las personas de menores recursos.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
¡ Diputado señor Mora ! ¡ Diputado señor Lorenzini!
La señora ALLENDE ( doña Isabel).-
Señora Presidenta , al parecer no todo el mundo está interesado en que nuestros ciudadanos, particularmente los de escasos recursos, se sientan respaldados por legisladores que son capaces de entender la trascendencia que reviste aprobar rápidamente este proyecto para que se transforme en ley.
Celebro mucho que, de una vez por todas, en este país hayamos tomado el toro por las astas y entendido que la justicia no podía seguir funcionando como hasta ahora. Me parece fundamental haber aprobado la reforma procesal penal; pero lamento, una vez más, que ésta se vaya a aplicar en la Región Metropolitana sólo dentro de dos años, porque es la zona donde vive el 42 por ciento de la población del país, y sus comunas -como las mencionadas- tienen una tremenda densidad poblacional. Por eso resulta extraordinariamente injusto que a las carencias de sus habitantes se agregue el hecho de que se sientan discriminados y sin poder acceder a la justicia.
Con este proyecto -confío que todos los disputados lo aprobarán-, al menos, daremos una respuesta parcial a estos problemas, mientras se aplica en forma plena la reforma procesal penal, de manera que los juicios orales sean más expeditos y hagamos sentir a nuestros ciudadanos que nos importa lo que ocurre con su acceso a la justicia.
Es realmente dramático -creo que todos los colegas parlamentarios lo han vivido en sus oficinas y distritos- cuando los pobladores se acercan a nosotros para pedirnos orientación o asesoría, porque la labor de la Corporación de Asistencia Judicial, de la cual tengo la mejor opinión, es acotada y realiza un esfuerzo que no es suficiente para solucionar la totalidad de los problemas.
Una de las falencias de nuestra sociedad son las enormes desigualdades existentes, entre otras, la relativa a la justicia. Creo que la democracia sólo podrá avanzar más si somos capaces de profundizar en ese sentido y dar reales posibilidades de acceso a la justicia a los sectores más postergados.
Espero que con el mayor número de jueces, relatores, funcionarios y salas que entregará el proyecto, los ciudadanos de La Pintana, de Puente Alto y de la zona sur de Santiago sientan que se facilitará su acceso a la justicia, la que hasta ahora les resultaba extraordinariamente lenta, engorrosa y difícil, lo que les hacía pensar que eran doblemente discriminados.
Por lo tanto, pido a la señora Presidenta que recabe la unanimidad de la Sala, con el fin de que podamos expresar claramente que nos interesa avanzar en la modernización y en el acceso de la justicia a nuestros ciudadanos.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Se ha solicitado el cierre del debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 13 votos. No hubo abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Aprobado el cierre del debate.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Meza, del Comité del Partido Radical Social Demócrata, por ser el único que no ha intervenido.
El señor MEZA.-
Señora Presidenta, pedí la palabra para solicitar el cierre del debate a fin de votar el proyecto.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
En votación general el proyecto, que necesita 69 votos para ser aprobado, pues contiene disposiciones de ley orgánica constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en particular con la misma votación.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señora Presidenta , simplemente para dar las gracias a los honorables diputados por la aprobación de este proyecto, cuya finalidad es mejorar el acceso y la resolución de las causas que hoy están en los tribunales de justicia, que se demoran en demasía en las cortes de apelaciones.
No es la solución definitiva, como muchos lo han planteado. Trabajaremos otra iniciativa en forma conjunta con las cortes de apelaciones para agilizar procedimientos y evitar que las personas que llevan sus causas, que a veces no son criminales, no demoren dos o tres años en su resolución. Se necesita avanzar en el tema.
Se trata de un proyecto simple, pero importante para la ciudadanía, al igual que el aprobado hace poco tiempo acerca de las notificaciones en los recintos penales, lo cual ha significado una baja del 50 por ciento en los traslados de personas detenidas en todo el país. Por lo tanto, agradezco a la Cámara de Diputados el apoyo mayoritario que le ha prestado al proyecto.
Gracias.
REGULACIÓN DEL DERECHO REAL DE HABITACIÓN PERIÓDICA. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece protección para los adquirentes de derechos de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido.
Diputado informante de la Comisión especial para el desarrollo del Turismo es el señor Recondo.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2015-23, sesión 60ª, en 15 de abril de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 10.
-Informe de la Comisión especial de Turismo, sesión 8ª, en 4 de abril de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 8.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor diputado informante .
El señor RECONDO .-
Señora Presidenta , el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, establece un sistema de protección para los adquirentes de derechos en régimen de tiempo compartido.
La iniciativa tiene su origen en una moción de los diputados señores Encina y Longton y de los ex diputados señores Munizaga , Prokurica y señora Marina Prochelle .
Entre otras consideraciones, la iniciativa fue presentada por el contundente crecimiento económico del país en las décadas de los ‘80 y de los ‘90; además, por el aumento de las posibilidades de vastos sectores de la población del más amplio espectro para acceder a la adquisición de derechos sobre inmuebles de régimen de tiempo compartido. Asimismo, por la necesidad de garantizar de manera eficaz los derechos que emanan en forma muy particular de la utilización de inmuebles de ese régimen.
Para ilustrar a los señores diputados, entregaré algunos antecedentes generales que tuvo en vista la Comisión.
Definir certeramente la institución denominada “tiempo compartido” no es tarea difícil. En sus aspectos esenciales, puede entenderse como un sistema en que el uso de un mismo inmueble está dividido entre distintas personas mediante un sistema de turnos anuales, logrados sobre la base del fraccionamiento del año solar en períodos de igual o de diferente duración, en el que cada adquirente resulta titular de esa facultad que le permite el goce de este bien año por año, pero exclusivamente en el turno preciso establecido en el momento de la adquisición.
En esencia, se trata de un fenómeno simple, pero lo que complica esta figura es la forma en que se constituye un sistema de esta naturaleza y la configuración jurídica del derecho comprometido.
Entre los elementos esenciales del sistema de tiempo compartido se pueden destacar varios, entre los cuales los más relevantes son:
a) La existencia de un promotor y de un adquirente y, eventualmente, junto a ellos, de un propietario, un administrador o comercializador.
El promotor es quien crea el sistema de tiempo compartido y transfiere los respectivos derechos al público. Normalmente es el propietario del inmueble o quien controla de alguna forma la sociedad.
El adquirente es la persona natural o jurídica titular del derecho a usar y gozar del inmueble y de cada una de las instalaciones y mobiliario del complejo vacacional, en el período de tiempo determinado en el contrato.
b) El turno o período de ocupación se puede definir como el espacio temporal exclusivo y excluyente en el que el adquirente puede usar y gozar del inmueble sometido al sistema de tiempo compartido, mediante una adecuada distribución de turnos y de épocas reservadas a labores de mantenimiento del inmueble.
c) El derecho del adquirente corresponde a la utilización, goce y uso del inmueble o de una unidad determinada de él y de sus servicios comunes por un período determinado del año, normalmente por un número de años previamente determinados o bien en forma perpetua.
d) Otro factor es el mantenimiento del inmueble. Es fundamental a la hora de configurar adecuadamente esta institución, en atención al elevado costo de inmuebles que admiten esta explotación, el que debe ser soportado por el conjunto de los adquirentes. Estos gastos son distintos del precio que se pagó por el derecho a disfrutar del inmueble y pueden compararse a los gastos comunes en un régimen de propiedad normal. Éste es el elemento que determina la presencia de un administrador, quien velará por el mantenimiento del inmueble en su conjunto y por su adecuado uso.
Por otra parte, la determinación de la naturaleza jurídica del derecho del adquirente se constituye en un aspecto por resolver en la perspectiva de optar por alguna de las tendencias existentes en derecho comparado. Por lo mismo, la Comisión opta por la creación de un derecho real nuevo, de origen o consagración legal, básicamente en atención a la seguridad que el estatuto de los derechos reales otorga a sus adquirentes, la que gira, entre otras cosas, sobre su protección en el registro y facilidad en el sistema de tradición por inscripción.
Las ideas matrices tienen por finalidad establecer una legislación especial para regular la materia, pues resulta mucho mejor una regulación particular que recoja adecuadamente el perfil de la institución de tiempo compartido, le otorgue un marco jurídico y establezca claramente los derechos y obligaciones de las partes contratantes; por otro lado, evitar las indicaciones engañosas o incompletas en la información relativa a la venta de los derechos de utilización en régimen de tiempo compartido de uno o más inmuebles, y precisar las obligaciones mínimas que los vendedores deben cumplir con respecto a los adquirentes.
Tales ideas matrices se encuentran desarrolladas en 34 artículos permanentes y dos artículos transitorios.
El artículo 1º define el ámbito de aplicación; el artículo 2º establece una definición de la terminología utilizada en el articulado; el artículo 3º estatuye la nulidad de la renuncia del adquirente a los derechos que ella le confiere; los artículos 4º al 8º tratan del objeto, duración, transmisión y extinción del derecho de habitación periódica; los artículos 9º al 13 se refieren básicamente a la constitución del régimen de habitación periódica; los artículos 14 al 16 tratan de los derechos y de las obligaciones del titular del derecho de habitación periódica; los artículos 17 al 20 versan sobre los derechos y obligaciones del propietario del inmueble; los artículos 21 al 23 estatuyen sobre los derechos y obligaciones del administrador; los artículos 24 al 30 regulan la promoción, contratación y desistimiento del derecho de habitación periódica; finalmente, los artículos 31 al 34 tratan de la fiscalización, sanciones y competencia del organismo encargado de velar por su cumplimiento, y los dos artículos transitorios tratan de la vigencia de la ley y de la adecuación de los actuales regímenes de tiempo compartido a las disposiciones de la nueva ley.
La Comisión estimó que el proyecto no contenía normas de carácter orgánico constitucionales o de quórum calificado, ni contiene normas o artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
En la discusión general, la totalidad de los integrantes de la Comisión manifestaron, por unanimidad, la necesidad de legislar sobre esta materia, habida consideración de que la estabilidad y el crecimiento de la economía chilena, junto a la capacidad de crédito y facilidad de endeudamiento de un importante sector de la población, al menos hasta hace algunos años, han contribuido al desarrollo de transacciones sobre inmuebles que permiten adquirir derechos sobre éstos en régimen de tiempo compartido, las que se llevan a cabo al amparo de la legislación común, al no existir disposiciones especiales que regulen la materia y eviten las indicaciones engañosas o incompletas en la información.
En dicho contexto, la Comisión, sin perjuicio de considerar y valorar adecuadamente las ideas y planteamientos formulados por los invitados que participaron en ella, abordó el estudio de la iniciativa mediante el encargo de un informe acerca del proyecto a la Fundación Fernando Fueyo, de la Universidad Diego Portales, que fue recepcionado en esta Comisión en julio de 1999. Tal determinación fue adoptada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión.
Como resultado de dicho estudio, además de otras consideraciones, se hizo hincapié en que el primer punto que se debe resolver es la naturaleza jurídica de la institución del régimen de tiempo compartido, pues de ella derivarán las distintas formas de protección para los adquirentes de derechos sobre inmuebles en dicho régimen.
En resumen, la Comisión, siguiendo la recomendación del estudio aludido, estimó conveniente establecer entre otras materias, un sistema de derecho real especial denominado “derecho real de habitación periódica sobre bienes inmuebles”, por ser éste el que mejor protege los derechos de los adquirentes, puesto que el mismo se constituiría por escritura pública y la transferencia se haría por inscripción en el conservador de bienes raíces.
La Comisión sometió dicho estudio a la consideración del Servicio Nacional de Turismo, organismo público que, a través de su director nacional, formuló distintas apreciaciones sobre el carácter marcadamente inmobiliario del proyecto.
Finalmente, la Comisión resolvió, por unanimidad, patrocinar en carácter de indicación sustitutiva -y esto es importante escucharlo y atenderlo-, el proyecto elaborado por la Fundación Fueyo, por estimar que contiene los elementos necesarios para regular adecuadamente dicha actividad y brindar la debida protección a los adquirentes de derechos en régimen de tiempo compartido. Aprobó en general la idea de legislar sobre la materia y acordó someter a la consideración de la honorable Sala el texto del proyecto que se propone, sin que ello signifique, en modo alguno, desmerecer la iniciativa original, que tiene, como lo dije al principio, su gestación y origen a partir de la moción de los diputados que mencioné al inicio de este informe.
No existen disposiciones rechazadas por la Comisión en este trámite reglamentario.
De acuerdo con el resumen anterior, el proyecto consta de un título I, en cuyo artículo 1º se plantean las disposiciones generales y se detalla su ámbito de aplicación; en el artículo 2º se establecen definiciones, de las cuales las más importantes son las de administrador, adquirente o titular y de propietario o promotor.
En el artículo 4º, correspondiente al título II, se establece el derecho real de habitación periódica; en el artículo 5º, la duración mínima que puede tener este derecho; en el artículo 6º, los actos y contratos entre vivos por los que se constituyan o transfieran los derechos de habitación periódica, los cuales deberán constar en escritura pública y serán transmisibles; en el artículo 7º se establece que el propietario, sin perjuicio de las limitaciones que resulten del régimen y de las facultades de los titulares de los derechos de habitación periódica, podrán disponer de su derecho de propiedad con arreglo a las normas del derecho privado; el artículo 8º establece, sin perjuicio de las causas generales, la forma de extinguirse el derecho de habitación periódica.
En el título III están las normas relativas a la constitución del régimen de habitación periódica.
Se dispone en el artículo 10, como una cosa importante, que no será válida ninguna modificación al régimen ya constituido que no cuente con el consentimiento de los administradores, si existieren, y del número de comuneros que señalen los estatutos de derechos de habitación periódica.
Por su parte, el artículo 12 señala que la escritura pública en la que se constituya el régimen de habitación periódica, deberá contener, a lo menos, una serie de exigencias que aquí se detallan, tales como la descripción del inmueble en que se constituye el régimen y del o los edificios que en él existan, individualización y numeración correlativa de cada una de las unidades habitacionales que integren las edificaciones, referencia a los servicios que se han de prestar y que son inherentes a los derechos de habitación periódica, insertar en la escritura el contrato celebrado con el administrador y, por último, los estatutos a los que se somete el régimen de habitación periódica, etcétera.
El artículo 13 indica que en el caso de que el régimen se haya constituido sobre un inmueble en construcción, su terminación deberá hacerse constar al margen de la inscripción necesaria para la constitución del régimen en un plazo de tres meses a contar de dicha conclusión.
El título IV del proyecto se refiere a los derechos y obligaciones inherentes a los intervinientes en el régimen de habitación periódica, estableciendo en el número 1 los derechos y obligaciones de este titular, entre los cuales se encuentra tanto el derecho a utilizar la mitad habitacional respectiva por el período establecido en el contrato, como también la obligación del titular de pagar las prestaciones periódicas correspondientes a los gastos derivados de la conservación, mantenimiento, reparación y limpieza que devengue el inmueble.
El numeral 2 contempla los derechos y obligaciones del propietario, en tanto que el numeral 3 se refiere a los derechos y obligaciones del administrador.
El título V del proyecto crea las normas destinadas a la promoción y contratación de este derecho.
Al respecto, es importante detenerse un segundo, porque una de las motivaciones de los autores de la moción y también de la Comisión en cuanto a aprobar unánimemente las normas contenidas en este proyecto es que en la etapa de promoción de los inmuebles de régimen compartido se ha detectado que ha habido muy poca transparencia en la difusión y propaganda, como también algo de publicidad engañosa. Por lo tanto, se ha considerado importante dar seguridad a quienes demandan este tipo de beneficio, por lo cual se han establecido en este título las normas a que deben atenerse la promoción y contratación de los inmuebles de régimen de tiempo compartido.
Uno de los artículos importantes es el 25, pues señala que la escritura pública por la que se constituya el derecho de habitación periódica expresará, al menos, las menciones a que deben ajustarse para el régimen de la promoción y contratación.
El artículo 27 trata un tema que fue el más controvertido, pero fue aprobado finalmente. Dice: “El adquirente de derechos de habitación periódica tiene un plazo de diez días contados desde la firma del contrato, para dejarlo unilateralmente sin efecto. Si el último día del mencionado plazo fuese inhábil, el plazo se extenderá hasta el día hábil inmediatamente siguiente. Ejercitado el desistimiento, el adquirente abonará sólo los gastos que necesaria y preceptivamente hayan debido realizarse antes del vencimiento de este período”.
Al respecto, se produjo una discusión en cuanto a si era válido poner esa consideración en esta norma, pero finalmente se aprobó por la unanimidad de la Comisión.
Por medio del título VI del proyecto se fijan normas referentes a la fiscalización, sanciones y la competencia respecto de este régimen nuevo y de este derecho real nuevo, establecido en el proyecto que contiene estas normas que regulan la propiedad de régimen de tiempo compartido.
Con respecto al artículo 31, quiero hacer una observación, ya que a través de esta norma se está entregando una facultad de fiscalización del cumplimiento de esta ley al Servicio Nacional de Turismo. En verdad, con esta norma, que fue acordada por la Comisión, tengo la duda, o más bien el convencimiento, de que se trata de una facultad que le corresponde al Ejecutivo , porque se está entregando una competencia nueva a un servicio público, como es el Sernatur. Por lo tanto, dicha norma debiera venir con el patrocinio del Gobierno para que sea aceptada como constitucional. Dejo planteada mi duda respecto de la constitucionalidad del citado artículo al señalar que la obligación de fiscalización del cumplimiento de esta ley recaerá en el Servicio Nacional de Turismo.
Finalmente, el proyecto contiene dos disposiciones transitorias, las cuales establecen que los actuales inmuebles que sean transferidos bajo el régimen de tiempo compartido puedan adecuar sus normas y estatutos a los preceptos contemplados en esta iniciativa, con el objeto de uniformar el sistema de transferencia de régimen de tiempo compartido.
Como dije, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto que ha sometido a la consideración de esta honorable Sala.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS .-
Señora Presidenta , en primer lugar, coincido con la Comisión -y particularmente con el diputado informante - en el sentido de que estamos ante un proyecto novedoso, interesante, que viene a reglar una cuestión que no lo estaba en nuestro derecho y que establece un sistema de protección para los adquirentes de los derechos de régimen de tiempo compartido.
Este sistema es bastante nuevo en nuestro país y el hecho de que no haya prendido tiene que ver con la falta de un estatuto claro y preciso que garantice a las personas que ingresan a esta forma de adquirir propiedad periódica, fundamentalmente por razones de turismo y veraneo. Sin embargo, no por tratarse de un proyecto novedoso, no debemos hacer el intento, atendida su especialidad, de tratar de que salga lo mejor posible.
En virtud de lo anterior, me atrevo a hacer algunas consideraciones, luego de intentar efectuar un análisis riguroso del texto que estamos analizando. Sin ser un civilista ni nada que se parezca, creo que hay ciertas cuestiones de derecho que son importantes de precisar en una conclusión que voy a hacer al final.
Aunque parece buena la opción y el camino de la creación de un nuevo derecho real, habría que analizar las implicancias que en el contexto general de nuestra legislación conlleva dar este paso: convertir esto en un derecho real.
Otros aspectos sobre los que cabría legislar -no figuran en este proyecto- es si estos derechos reales serán susceptibles de constituirse en garantía o soportar gravámenes. En caso afirmativo, qué tipo de garantía o de gravamen tendrán: ¿hipoteca o prenda? ¿Pueden darse estos derechos en usufructo? ¿Cómo se embargarán estos derechos en el evento de que haya necesidad de embargo? ¿Se requerirá de autorizaciones judiciales u otras para la enajenación de los derechos que pertenezcan o pasen a pertenecer a incapaces? ¿Será un derecho mueble o inmueble, en definitiva? En lo que se refiere a aspectos hereditarios, ¿cuál será el modo de evaluación de este derecho? O en su caso, si se demanda que en el mismo proyecto se introduzcan modificaciones a otros cuerpos legales, por ejemplo a un régimen especial para este tipo de derechos en el Conservador de Bienes Raíces y la creación por ende, de algún nuevo Registro.
A pesar de que, según el diputado informante , se escucharon en la Comisión a muy buenos civilistas, sobre estos puntos sería prudente volverlos a escuchar porque, a mi juicio, no están reglados.
Ahora, en un análisis no pormenorizado, pero relativamente riguroso del proyecto en cuestión, cuando el artículo 1º habla del derecho real de habitación habría que agregar el término “periódica”, que se usa muchas veces en el proyecto, pero no así en el artículo 1º.
En el inciso tercero del artículo 1º, que señala que determinados actos o contratos celebrados al margen de la futura ley serán nulos, habría que precisar la situación del arrendamiento, del comodato y del usu-fructo.
El artículo 2º contiene la enumeración de una serie de términos con su significado, que se mencionan más adelante.
Cuando se habla de “red de intercambio”, me parece prudente definirla como “sistema por el que se intercambia, temporalmente, el uso de los derechos de los adquirentes de derechos reales de habitación periódica por los derechos que puedan tener otros titulares en diversos inmuebles, sea en el país o en el extranjero”. Es pertinente agregar esta última frase, porque la gracia fundamental de este sistema es el intercambio por períodos en el territorio nacional y en el extranjero. Así funciona en todas partes del mundo.
Después, en el título II “Del derecho de habitación periódica”, a mi juicio debe optarse por un solo criterio: o se menciona en todo el texto como “derecho real de habitación periódica”, en concordancia con la definición del concepto señalada en el artículo 2º, número 5, como también en los artículos 4º y 5º, o se utiliza la versión simplificada “derecho de habitación periódica”, que se repite en otras partes del texto. Tenemos que usar un solo término para no llevar a equívoco al intérprete de la ley.
En el artículo 10 se habla de “comuneros”; sin embargo, no hay ninguna definición de “comunero” en el texto. Sería la oportunidad de incorporarlo en el artículo 2º, en que se da el significado de varios términos. En el artículo 12, en su penúltimo párrafo, se indica: “En dichos estatutos deberá preverse la existencia de una asamblea de titulares,”. Se utiliza el término “titulares”, en circunstancias de que antes se usó “comuneros”. Es bueno clarificarlo.
En el artículo 14 se presenta una cuestión meramente formal. Dice: “El titular del derecho de habitación periódica tendrá el derecho a utilizar la mitad habitacional respectiva...”. Entiendo que debe ser “la unidad habitacional”.
En el artículo 16, a mi entender, debería haber una remisión a la norma que establece las obligaciones indicadas en el estatuto de los comuneros o titulares.
En el artículo 19 también hay una cuestión meramente de forma, una redundancia. Se habla de “período de tiempo”, pero basta con que sólo se aluda a “período”, puesto que éste siempre se refiere al tiempo.
Después, en el artículo 21, inciso final, se menciona la obligación de pagar al titular los gastos comprobados en que haya incurrido, en circunstancias de que se le debe “reembolsar”.
El número 7 del artículo 24 señala: “Precio medio de los derechos de habitación periódica y precio de los que lo tengan más alto”. Esa redacción es bastante confusa y compleja, desde el punto de vista de la interpretación jurídica que se debiera producir de las acciones contenciosas o no contenciosas que se originen cuando esta iniciativa sea ley de la República.
El artículo 26 dispone: “En el contrato no podrá pactarse arbitraje para la solución de ningún tipo de conflicto entre el titular y cualquiera de los intervinientes en la propiedad o gestión del régimen de habitación periódica, sin perjuicio de que después de surgido el conflicto los interesados acuerden voluntariamente hacerlo”.
Modestamente, no creo que se divise razón para ello. Podría ser razonable que no se señalara nominativamente el árbitro, pero sí que se fije la posibilidad de designarlo de común acuerdo y, a falta de éste, establecer un mecanismo o mandato para que los tribunales o alguna instancia hagan la nominación.
En el artículo 27 hay otras consideraciones más bien de forma.
Por lo tanto, en un proyecto de esta naturaleza, tan especial, específico y útil desde el punto de vista de la transferencia de bienes en el mercado, incentivador del turismo, objetivo que persigue la Comisión, debe hacerse un esfuerzo por mejorarlo a fin de que su articulado se apruebe por el Poder Legislativo en la forma más clara posible para evitar en el futuro cualquier tipo de interpretación y, por consiguiente, de conflicto.
En tal virtud, me parece que sería importante, con el acuerdo de la Sala, si correspondiere, enviarlo de nuevo a la Comisión de Turismo, teniendo presentes estas modestas sugerencias y algunas otras que pudieren surgir del debate.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , tengo especial interés en intervenir en la discusión de este proyecto, ya que con los entonces diputados Eugenio Munizaga y Baldo Prokurica y el actual diputado Francisco Encina , fui uno de sus patrocinadores.
Hace dos días se cumplieron cinco años desde su presentación y es importante hacer presente ese hecho porque tiene que ver con el trabajo que realizamos los diputados. Lamentablemente, nuestras mociones tienen escasa cabida y sólo se tramitan cuando no hay proyectos del Ejecutivo. Por lo tanto, es un tiempo escaso el que se dedica a la tramitación de nuestras iniciativas. Me interesa mencionarlo.
Aquí hay una situación que es necesario regular. Si hablamos de una moción presentada hace cinco años, ha pasado mucho tiempo y los derechos de los adquirentes han sido conculcados permanentemente. Hemos sido testigos de muchas presiones, especialmente de carácter psicológico, sobre personas de escasos recursos, las cuales, deslumbradas por los planes que les presentan empresas promotoras y ante la excesiva promoción, aceptan las ventas y después son incapaces de hacer frente a los pagos.
Personalmente recibí más de 400 denuncias que fuimos derivando a distintas instancias nacionales, a fin de que solucionaran los problemas. Se trata de denuncias de personas con bastantes problemas económicos, de gente muy modesta, y por eso surge la necesidad de regular el sistema.
Quiero hacer varias observaciones.
En primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo con las sugerencias del diputado Burgos , pero mientras éstas no se traduzcan en indicaciones, la Comisión no las acogerá. Es necesario formularlas, por cuanto creo que las compartiremos.
No concuerdo, porque ese criterio puede transformarse en una costumbre poco deseable, en que nuestra moción sea sustituida por un proyecto elaborado por la Fundación Fueyo. Por la vía de la contratación de servicios de fundaciones o de instituciones podríamos ser reemplazados en nuestro trabajo legislativo, lo que me parece una mala práctica. Es bueno contar con asesorías externas, pero no que éstas nos hagan la pega.
Hoy el régimen de tiempo compartido es frecuente en Chile, como también en la mayoría de los países donde se ha ido desarrollando el turismo. Se entiende por tiempo compartido el uso de un inmueble, durante un lapso que puede ser de quince días o de un mes, al que el comprador tiene derecho por diez, quince, veinte o más años, en su período de vacaciones.
Echo de menos que la Fundación Fueyo en ninguna parte tomara en consideración esta denominación, salvo en el epígrafe del informe. Se habla de tiempo compartido, expresión que se cambia por la de “derecho de habitación periódica”. Si a una persona común y corriente se le habla de tiempo compartido, sabrá de qué se trata, pero si se le menciona el derecho a “habitación periódica” no tendrá idea. Entonces sería importante -habría que presentar las indicaciones en su momento- hablar del derecho de habitación periódica o de tiempo compartido para que la gente se pueda familiarizar con estos términos.
Es importante legislar para el ciudadano común y corriente, que no es legislador, ni abogado, ni quien maneja vocabulario jurídico.
Decía que los montajes publicitarios engañosos ocasionaron que muchas personas firmaran contratos que no resguardaban su inversión o contrajeran deudas que sobrepasaban su poder adquisitivo. Eso ha sido lo común al ser sorprendidos con la argumentación de vendedores de empresas poco serias que se dedican a este rubro. La mayoría de ellas no vende directamente su producto, pues saben que, por la simple vía del razonamiento, son pocos los consumidores que estarían dispuestos a hipotecar sus ingresos por vacaciones futuras.
Por lo tanto, sus vendedores utilizan diversas técnicas para captar la atención de sus potenciales clientes, echando mano a toda clase de maniobras, algunas reñidas con la ética, para vender su producto, por lo cual ofrecen almuerzos, desayunos, vehículos BMW y una serie de cosas que finalmente deslumbran a las personas que no tienen preparación para hacer frente a esta situación.
Existe gran cantidad de empresas que se dedican al negocio del tiempo compartido. Sin embargo, algunas no cuentan con el respaldo económico y legal suficiente que ofrezca garantías a sus clientes.
El proyecto pretende llenar el vacío legal existente en la normativa chilena sobre la materia, por no haberse dictado ninguna disposición que regule la oferta del bien “tiempo compartido”, que no se conocía en nuestro país hasta hace una década. El Servicio Nacional del Consumidor, Sernac , ha confirmado las irregularidades y ha indicado la necesidad de que se legisle acerca de la materia.
Ante esa realidad, hace cinco años presentamos un proyecto que pretende poner fin a los engaños e imprevistos que actualmente abundan en esta actividad. La idea central de la iniciativa -fue cambiada, pero entiendo que persiste- es establecer claramente las causales de nulidad del contrato y así velar por la transparencia y real compromiso entre las partes. Además, el proyecto busca terminar con la carencia de ética en algunas técnicas de ventas.
Si analizamos el proyecto, en él el adquirente tiene la oportunidad de arrepentirse o de darse cuenta de que su situación económica no le permite hacer frente a un contrato como el que ha firmado, a veces engañosamente.
La iniciativa no apunta a frenar la venta de tiempo compartido -es importante decir esto-, sino, por el contrario, llenar los vacíos legales para que este sistema se convierta en un nuevo elemento de apoyo al desarrollo del turismo. En ese sentido, Chile se verá muy favorecido.
En otros países, como Estados Unidos y México, que cuentan con una legislación apropiada, la iniciativa ha tenido pleno éxito, siendo los consumidores los más favorecidos.
La cuestión de fondo es otorgar una protección eficaz al consumidor durante todas las fases de contratación, desde la información veraz sobre el servicio ofrecido hasta las tácticas de persuasión que utilizan los vendedores para convencer a los clientes.
Una de las medidas del proyecto es que el adquirente pueda dar término al contrato cuando éste no contenga los datos mínimos expresados en él, como la descripción precisa del bien y de la situación en la que se encuentra, hasta el monto que debe pagar el consumidor por concepto de impuesto, contribuciones y gastos administrativos del inmueble, entre otros.
Otro aspecto fundamental es dar al comprador la posibilidad de rescindir el contrato, sin expresión de motivo, dentro de los diez días siguientes a su firma, o cuando éste no contenga los datos mínimos allí señalados.
En este último aspecto se han presentado los mayores problemas en el país, ya que los adquirentes, al constatar que en ocasiones se les hizo firmar un contrato bajo algunas novedosas formas de presión, intentan -o han intentado- rescindirlo, pero en los contratos hay cláusulas leoninas que, en el mejor de los casos, permiten que el cliente ponga fin al acuerdo, pero perdiendo una importante cantidad de dinero.
Ésta y otras materias, todas destinadas a proteger a los consumidores de los derechos de tiempo compartido, están contenidas en el proyecto.
Finalmente, me alegro de que después de cinco años hagamos frente a una situación que ocurre todos los días. Estamos bastante retrasados en esta materia, pero si comparamos otras mociones presentadas por diputados que están aquí y otros que se han ido, estimo que la tramitación de ésta ha sido relativamente rápida, pero pienso que lo importante es hacer bien nuestro trabajo, aunque recomendaría a las Comisiones empeñarse más y no encomendar su trabajo a empresas externas porque, en definitiva, esos informes son pagados por la Cámara y hemos sido elegidos para legislar y no para que otros nos hagan el trabajo, aun cuando sea muy bueno el realizado por ellas. Es bueno tener esto en cuenta.
Anuncio que votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez .
El señor PÉREZ ( don Ramón) .-
Señor Presidente , el proyecto en análisis, que establece protección a los adquirentes de derechos de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido y que se encuentra en primer trámite legislativo, aprobado por unanimidad en general y en particular por la Comisión especial para el desarrollo del Turismo, busca definir certeramente la institución llamada “tiempo compartido” o “multipropiedad”.
Este fenómeno puede definirse como un sistema en que el uso de un mismo inmueble está dividido entre distintas personas, mediante un sistema de turnos anuales logrado sobre la base del fraccionamiento del año, en períodos de igual o diferente duración, en el que cada adquirente resulta titular de la facultad que le permite goce de este bien, pero exclusivamente en el turno preciso establecido en el momento de la adquisición.
Como podemos darnos cuenta, no se trata de un simple arriendo de una casa particular como tantas que se ofrecen para veranear algunos días. Es más que eso: se trata del uso anual de un inmueble que se divide entre varias personas, en formas sucesivas y periódicas. Sin embargo, lo que en verdad complica esta figura, en apariencia sin mayor complejidad, es la forma en que se constituye un sistema de esta naturaleza y la configuración jurídica del derecho, que permite la utilización del inmueble en ese determinado período, a lo que evidentemente están aparejados los temas de su duración, enajenación y transmisión.
El sistema presenta también ventajas que lo han hecho atractivo para un gran número de personas. En general, los individuos disponen de un período fijo de vacaciones al año, lo que les permite, con antelación, determinar la época en que podrían optar a un sistema de turnos de esta naturaleza.
La mayor demanda en las temporadas de verano se ve compensada por las necesidades del sector pasivo de la población que, teniendo mayor disponibilidad de tiempo y por lo general menor disponibilidad de recursos, puede acceder con éxito a los turnos ofrecidos en las temporadas de menor demanda.
Ahora bien, en nuestro país no existen disposiciones especiales que regulen esta materia, como en tantos otros países. Las transacciones para la adquisición de derechos sobre inmuebles en régimen de tiempo compartido las llevamos a cabo al amparo de la legislación común.
El proyecto otorga una protección eficaz a los adquirentes en este ámbito durante las fases de contratación, precisando las obligaciones mínimas que deben cumplir los vendedores.
Respecto de los adquirentes, fija el derecho de habitación periódica; dispone que el propietario del inmueble, mediante escritura pública debidamente inscrita en el conservador de bienes raíces, constituya el régimen de habitación periódica, y fija los derechos y obligaciones del adquirente, como el pago de los gastos comunes, por ejemplo; establece las obligaciones del administrador; exige a los promotores la edición de un documento informativo sobre el régimen, el que será entregado gratuitamente a cualquier persona que lo solicite.
También se le entrega al Servicio Nacional de Turismo la fiscalización del cumplimiento de esta ley, servicio que creará un registro de todos los regímenes de habitación periódica que se constituyan en el país.
Por estimar necesario que se legisle al respecto, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , quiero hacer un reconocimiento por esta iniciativa -el diputado señor Longton decía que se inició hace cinco años-, especialmente al ex diputado don Eugenio Munizaga , quien fuera su principal autor; además, reconocer el rol jugado durante la larga tramitación del mismo por la ex diputada señora Marina Prochelle .
A raíz de lo planteado por el diputado señor Burgos , pienso que el proyecto debiera volver a la Comisión para un segundo informe, ya que hay muchas materias de orden jurídico que son posibles de mejorar. Aun cuando fue latamente debatido e incluso hubo una consultoría realizada a través de una institución dedicada al tema, el proyecto pretende valorar el sistema de tiempo compartido como un instrumento que dinamiza el turismo, como un elemento que gatilla el desarrollo del sector turístico en Chile, como sucede en el resto del mundo.
Con el proyecto no se le quiere poner trabas al desarrollo del sistema de tiempo compartido, sino que exista una normativa especial que lo rija, al igual que en otras partes del mundo, donde muchas de estas empresas tienen asiento en paraísos financieros. Sin embargo, la legislación chilena no interviene en la firma de los contratos ni menos en la tuición jurídica, la que incluso se ha entregado a los países de origen. Por tanto, es necesario que Chile cuente con una legislación propia al respecto, y es lo que se pretende lograr a través de esta iniciativa.
Por ello, es importante valorar el trabajo realizado por la Comisión de Turismo y, por supuesto, el de las instituciones a las cuales se les pidió apoyo desde los puntos de vista jurídico y técnico para poder redactar el proyecto.
Es importante que el proyecto vuelva a Comisión, a fin de analizar las indicaciones que le formule el diputado señor Burgos, y que la Sala lo pueda discutir nuevamente en un plazo breve, porque es un instrumento que el país necesita.
El proyecto surgió debido al cúmulo de personas que se vieron estafadas por malas empresas que ofrecen el sistema de tiempo compartido, pero que muchas veces no es real e, incluso, imposible de utilizar.
Desde el punto de vista de los usuarios, el proyecto contiene una disposición muy importante, que es la cláusula de retracto, es decir, la posibilidad de que exista un período determinado para dejar unilateralmente sin efecto el contrato. Actualmente no está regulado por ninguna norma, lo que ha hecho que muchas personas hayan sido sometidas a presiones a través de invitaciones con almuerzos, cocteles y música fuerte; a la vez, se les pide llevar tarjeta de crédito o chequera, lo que hace que, influida en ese ambiente, la persona firme, pero al otro día se da cuenta de que está metida en un problema de varios miles de dólares, ya que el precio anual es de 5 mil dólares o más.
Con ello se asegura totalmente lo estipulado en el artículo 27 del proyecto, por medio del cual la persona tiene un plazo de diez días para arrepentirse del contrato, lo que, desde el punto de vista de los derechos del consumidor, representa uno de los aspectos relevantes.
Es importante que el proyecto vuelva a la Comisión de Turismo, ya que, desde un punto de vista jurídico, podría tener alguna insuficiencia o inconsistencia, lo que se aclararía en un segundo informe. Asimismo, es preciso analizar las indicaciones que el diputado señor Burgos le formulará al proyecto, o las que surjan de la discusión durante el segundo informe, a fin de que la Sala lo pueda despachar con la mayor brevedad, ya que esta regulación es esperada por muchos chilenos que han contratado el sistema de tiempo compartido, se han visto sometidos a esta presión y han perdido mucha plata, en algunos casos sus casas, y nadie ha podido ayudarlos. De ahí la necesidad de continuar su tramitación en forma urgente.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , quiero adherir a lo señalado por el diputado señor Burgos y por quienes me han precedido en el uso de la palabra, en el sentido de que el proyecto vuelva a Comisión, ya que del análisis se advierte la importancia de esta materia, que significa una nueva actividad comercial que está surgiendo con mucha fuerza en el país, fundamentalmente para el desarrollo del turismo.
Sin perjuicio de ello, el proyecto presenta algunas falencias. Por ejemplo, en el número 5 del artículo 21 se establece una indemnización para compensar a la persona afectada por no poder utilizar la propiedad en el momento que le corresponda. A mi juicio, no es conveniente que se establezca por ley, sino que esta materia sea regulada por los tribunales de justicia, ya que puede prestarse para abusos por ambos lados.
En segundo lugar, en cuanto a la fiscalización, sanción y competencia, es necesario concordar las normas con lo que establece la ley del consumidor y otorgar al Servicio Nacional del Consumidor atribuciones en esta materia, fundamentalmente de fiscalización, en cuanto a las promociones que realizan las compañías que ofrecen el sistema de tiempo compartido. Asimismo, si bien es cierto que se establece una posible cláusula de arbitraje, es necesario un procedimiento breve y sumario para resolver los conflictos que lleguen al ámbito jurídico; concretamente debe ser materia de competencia de los juzgados de policía local conocer las infracciones causadas por una contravención de la norma legal, con el objeto de obtener una mayor celeridad en la resolución de los conflictos producidos; en su defecto, de ser juzgados civiles, establecer expresamente que se conocerán a través de un procedimiento sumario, ya que, al no hacer mención la ley sobre el procedimiento a aplicar, se caería en las reglas del juicio ordinario, lo que demoraría tres o cuatro años en ser resuelto mediante sentencia. Lo que acá se necesita es prontitud para solucionar los conflictos.
Finalmente, un asunto de igual importancia y no menor es saber qué ocurre con el tema tributario frente al sistema de tiempo compartido, porque el proyecto no menciona si está afecto al IVA, al impuesto a la renta o si hay alguna exención. Por tanto, es necesario coordinar con el Servicio de Impuestos Internos una forma de gravar esta actividad o, en su defecto, ver si queda sujeta a alguna exención a la actividad comercial que realizan los resorts.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Quedan tres minutos para el término del Orden del Día.
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero felicitar la visión que tuvieron los patrocinantes de esta moción, ya que viene a solucionar un problema que existía y que en el futuro puede ser fuente de gran desarrollo y, sobre todo, de trabajo.
Es muy fácil darse cuenta en qué forma se desarrollan estos proyectos. Las ciudades turísticas, particularmente de la Cuarta Región -a la cual represento-, con sesenta kilómetros de playa, tendrán la opción de poder invertir en este tipo de resort a fin de que las personas compren para vacacionar por semanas -incluso las pueden canjear por otras zonas, tanto nacionales como internacionales-, lo cual le da gran dinamismo al sistema.
Todos sabemos que la construcción tiene un gran efecto multiplicador. Por lo tanto, estaríamos creando las condiciones para dar trabajo y producir crecimiento, que es lo que Chile hoy necesita. Más aún, al existir una reglamentación que rija el sistema, habrá millones de chilenos que tendrán confianza en su inversión. Es mucho más fácil comprar una o dos semanas en 10 mil o en 15 mil dólares, por veinte o treinta años, que adquirir un bien inmueble en una cantidad muy superior, además del costo de la mantención necesaria durante el año, época en que no se ocupa, como es el caso de una segunda vivienda en una zona costera. En este caso, cada semana estaría asignada; incluso el intercambio permitiría que los extranjeros que viven en la otra punta del hemisferio puedan pasar en Chile sus vacaciones.
Por tanto, felicito a los autores del proyecto y, a su vez, el trabajo realizado por la Comisión, aun cuando nos hubiera gustado despacharlo en forma más rápida. Además, es bueno que una fundación participe en alguna forma en la legislación, ya que tiene experiencia en un tema que para Chile es complejo y desconocido, lo que puede permitir sacar adelante un proyecto totalmente viable.
Por tanto, invito a la Sala a votar favorablemente este proyecto.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Ha terminado el Orden del Día. En consecuencia, la discusión de la iniciativa continuará en el Orden del Día de la sesión de mañana.
Quedan inscritos para hacer uso de la palabra los diputados señores Manuel Rojas y Enrique Jaramillo.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , sugiero recabar la unanimidad de la Sala a fin de que las indicaciones que hemos propuesto puedan volver a Comisión y así preparar un segundo informe. La otra solución sería votar la idea de legislar.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Habíamos conversado ese punto con el señor Secretario , pero el problema radica en que, como no hay quórum, no es posible adoptar acuerdos.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
CONDENA A VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CUBA. (Continuación).
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el proyecto de acuerdo Nº 11, sólo se encuentra pendiente hacer uso de la palabra para hablar en contra.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra señora diputada.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , en la sesión de ayer, la Democracia Cristiana planteó una proposición que fue aceptada tanto por la UDI como por Renovación Nacional. Por lo tanto, esperamos que este proyecto sea aceptado en esos términos, es decir, apoyarlo con la modificación solicitada por el diputado señor Edgardo Riveros . Ahora bien, en subsidio de que no fuera aceptado en esas condiciones, solicitamos que el proyecto de acuerdo de Renovación Nacional se fusione con el Nº 14, presentado por la UDI, al cual también se le agregaría lo propuesto por el diputado señor Edgardo Riveros .
Por último, como se trata de un tema que lleva demasiado tiempo en discusión y en que la dinámica es muy rápida, sugiero votarlo hoy en forma favorable, considerando que, claramente, se ha aceptado el criterio postulado por el Gobierno de Chile, y en el entendido de aceptar la proposición del Comité Demócrata Cristiano y de nuestra bancada.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , el Reglamento de la Cámara de Diputados es bastante preciso y claro en cada uno de sus artículos. En cuanto a la materia a que nos estamos refiriendo, señala que los proyectos de acuerdo deberán ser suscritos por parlamentarios de manera específica e individual. Por consiguiente, no existen proyectos de bancada; por ejemplo, de la UDI o de la Democracia Cristiana. Se trata de una terminología que puede utilizarse políticamente, pero que, desde el punto de vista de nuestro Reglamento, no tiene asidero normativo.
Por lo tanto, señor Presidente , le pediría que nos recordara los artículos reglamentarios pertinentes, por cuanto se requiere el concurso de cada uno de los diputados o diputadas patrocinantes para aceptar la proposición de la colega señora María Pía Guzmán .
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Señores diputados, conforme con lo establecido en el artículo Nº 113 del Reglamento, este proyecto de acuerdo no se puede modificar, por cuanto ya se le dio lectura e hicieron uso de la palabra dos diputados para hablar a favor.
Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , la petición que hice en subsidio fue fusionar los proyectos de los diputados de Renovación Nacional, de la UDI y de la Democracia Cristiana. ¿Es eso posible?
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para acceder a esa petición, se requiere de la unanimidad de la Sala.
¿Habría acuerdo para ello?
No hay acuerdo.
Señora diputada, en estos casos es recomendable buscar un acuerdo antes de votar el proyecto, por cuanto en esta instancia sólo nos queda la alternativa de pedir la unanimidad de la Sala.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo Nº 11, tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , vamos a votar en contra de este proyecto, porque nos parece un contrasentido hacerlo a favor en un período en que se produce una nítida normalización de las relaciones económicas, culturales y políticas entre las Repúblicas de Chile y de Cuba.
Nos parece claramente un contrasentido, incluso por la abundante información de prensa sobre las actividades que han desarrollado diversos parlamentarios. Por ejemplo, hemos sabido que el honorable senador de la UDI don Andrés Chadwick ha pasado sus vacaciones en la localidad de Varadero, gozando de las delicias del clima de Cuba, y que luego ha regresado al país para manifestar su más enérgica condena a las inequidades que se producen en aquella nación.
Del mismo modo, también hemos podido observar, en la prensa, uno de los acontecimientos políticos más publicitados durante este verano: la visita a ese país del alcalde de Santiago , don Joaquín Lavín , quien también gozó de la hospitalidad del gobierno cubano. Incluso, la prensa nos dio a conocer con minuciosos detalles cómo se entrevistó con Fidel Castro y cómo fue testigo de cuando éste redactó la declaración de su gobierno en relación con un acontecimiento muy importante ocurrido en esos días con respecto a México, o de cómo fue trasladado en el automóvil, marca Lada , del Vicepresidente de Cuba, don Carlos Lage , o cómo, junto con el alcalde de La Habana , se fotografió delante del monumento de Salvador Allende. Francamente, no conozco precedentes en nuestro país de una visita tan publicitada a Cuba como fue la del alcalde Lavín , además de la celeridad con que él logró amistad con Fidel Castro. Repito, fue francamente impresionante. Creo que fue un amor a primera vista.
Posteriormente, uno se encuentra con la sorpresa de que, después de todos estos acontecimientos, se quiere condenar a Cuba. Estimo que la opinión pública tampoco lo entiende. Honestamente, creo que esto es una burla. Después de este “show” publicitario; después de que Joaquín Lavín expresa su propósito de traer a nuestro país, a la comuna de Santiago, el sistema de salud cubano -el llamado médico de familia, que consiste en visitar a los pacientes en sus respectivas casas, lo que, sin duda, resulta importante y significativo, dado que ayuda a la gente, iniciativa que incluso respaldamos, porque beneficia a nuestros compatriotas-. Después de todo este esfuerzo y de que nuestros empresarios viajan a hacer sus negocios para buscar las áreas comerciales de desarrollo entre ambos países, se nos propone este proyecto de acuerdo que condena a Cuba.
Señor Presidente, francamente esto es digno de Ripley, y porque no nos prestamos para esta burla y para este “show”, vamos a votar en contra de este proyecto de acuerdo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Tarud.
El señor TARUD.-
Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, quiero manifestar que también vamos a votar en contra de este proyecto.
En primer lugar, aquí se ha confundido -y así se señaló en la petición que se hizo al Presidente de la República - la relación bilateral que debe mantener Chile, con sus obligaciones multilaterales. Junto con once países latinoamericanos, Chile es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano interno que consta de cincuenta y tres integrantes. Por consiguiente, debemos actuar en estas comisiones, a las cuales muchas veces le cuesta llegar a nuestro país, porque se necesita una acción diplomática muy eficaz para estar presente en ellas. Sin embargo, debemos actuar con la responsabilidad que tenemos como nación, es decir, analizar las situaciones que se generan en relación con los derechos humanos en muchas naciones, no sólo en Cuba, a fin de votar en forma consciente. Aquí se confunden realidades, por cuanto se señala: “considerando las especialísimas condiciones actuales de nuestro país con Cuba”. Esto es un error conceptual por lo que significa la política exterior que debe seguir Chile, porque una cosa es arreglar los problemas que podamos tener con Cuba en el ámbito bilateral, y la otra, nuestra obligación como país. Ahora bien, ser patrocinantes de una propuesta como ésta, no me parece lógico, porque también debemos mirar nuestro pasado, y creo que tenemos un techo muy débil en materia de derechos humanos como para ser paladines en el tema. Por lo tanto, debemos ser más cuidadosos.
Por último, es importante considerar que Chile es independiente para tomar sus propias decisiones, por lo que no seremos inducidos por ningún otro país, sea o no potencia mundial, para que nos diga lo que debemos hacer.
En consecuencia, somos absolutamente contrarios al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Por problemas en el sistema electrónico, el resultado de esta votación no salió impreso.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , solicito que mi voto sea registrado en contra del proyecto de acuerdo, no a favor, como apareció consignado por error en el tablero electrónico.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
El hecho de que su Señoría se haya equivocado al momento de votar no cambia el resultado de la votación, por lo que éste se da por sancionado.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un punto de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Felipe) .-
Señor Presidente , hago presente que los jefes de los Comités parlamentarios concurrieron con su firma para que el proyecto de acuerdo Nº 17 pueda ser tratado y votado a continuación.
El señor MUÑOZ (don Pedro).-
Señor Presidente, pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , respecto de lo que acaba de ocurrir en la reciente votación, quiero recordar que en la reunión de Comités celebrada ayer, una de las quejas que señalamos los diferentes jefes de los Comités parlamentarios, en particular la Presidenta de la Corporación , diputada señora Adriana Muñoz , decía relación con que el sistema electrónico no estaba funcionando bien. Lo señalo porque no puede ser que haya habido dos diputados que votaron en contra del proyecto de acuerdo y que, no obstante, su voto haya aparecido consignado en forma positiva. En todo caso, cuando en la reunión de Comités se dio cuenta de los problemas que se estaban suscitando con el tablero electrónico, usted estaba presente.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Hemos discutido el tema muchas veces en la Sala. Al respecto, que uno o dos diputados en esta oportunidad se hayan equivocado en su votación, no altera el resultado. Por lo tanto, el de la última votación ya está sancionado.
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la solicitud planteada por el diputado señor Felipe Letelier para cambiar el orden de los proyectos de acuerdo y considerar, a continuación, el proyecto de acuerdo Nº 17, en lugar del Nº 12.
Acordado.
SITUACIÓN DE PEAJES LATERALES EN OBRAS VIALES CONCESIONADAS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
EL señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 17, de los señores Letelier, don Felipe; Quintana, Barros, García, don René Manuel; Valenzuela y Espinoza.
“Considerando:
1º Que en los últimos decenios la infraestructura vial del país se ha desarrollado hasta niveles nunca antes vistos en la historia patria, permitiendo hoy en día tener conectado a casi todo el país con una doble vía, que se iguala en cuanto a su calidad a los estándares internacionales más exigentes.
2º Que para el desarrollo vial del país ha sido fundamental la utilización de novedosos instrumentos, como es la concesión de obras públicas al sector privado, que, por una parte, estimula el desarrollo de los mercados y de la actividad privada, y por otra, evita que el Estado desvíe los siempre escasos recursos financieros que deben ser utilizados preferentemente en la inversión social, para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, especialmente de los más pobres y vulnerables.
3º Que las concesiones de obras públicas al sector privado han traído también algunas consecuencias negativas, como es la proliferación de las plazas de peaje de las concesionarias, que son justamente las que permiten recuperar las inversiones y generar las utilidades de las firmas concesionarias.
Actualmente a lo largo de las rutas estructurantes de carácter nacional, existen los denominados peajes troncales, que son usados mayoritariamente por los usuarios de las vías, pero también peajes secundarios o laterales, que son los destinados a financiar obras de acceso a decenas de ciudades y pueblos del país.
4º Que es justamente en relación con los peajes laterales, en donde más problemas se producen, pues, los habitantes de las ciudades y localidades, sienten, con justa razón, que el acceso a su tierra está limitado, fruto de las tarifas que se cobran por la utilización de estas vías.
5º Que especialmente en la actual coyuntura económica, los peajes laterales se pueden constituir en un excesivo gravamen para los ciudadanos y en una traba al desarrollo económico y comercial de las comunas asentadas en los márgenes de rutas tan importantes como es la Carretera Panamericana en sus secciones norte y sur.
6º Que, en consecuencia, es recomendable que el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, busque los medios para evitar o al menos aminorar los impactos negativos de estas obras civiles. La forma de hacerlo no siempre es sencilla, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico nos impide cambiar las reglas del juego, que han tenido a la vista los inversionistas al momento de decidir sus inversiones en el país y entrar en relaciones jurídicas con el Estado, por lo cual venimos en proponer en este proyecto de acuerdo, que el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas renegocie los contratos, pidiendo la exención o al menos una rebaja sustantiva de los precios de los peajes laterales a cambio de un aumento de los peajes troncales o de aumentos proporcionales de los plazos de la concesión, de suerte tal de no causar daños a las concesionarias y al mismo tiempo reparar los perjuicios que se causan a los habitantes de pequeñas comunidades, poblados y ciudades asentadas a la vera de las grandes autopistas concesionadas.
Por tanto,
Los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente oroyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda oficiar a su Excelencia el Presidente de la República y al ministro de Obras Públicas y Transportes , con la finalidad de hacerles presente, las serias dificultades por las que atraviesan los miles de chilenos, que viven en las ciudades aledañas a las grandes obras viales concesionadas al sector privado, que deben pagar fuertes sumas de dinero en peajes laterales para poder acceder hasta sus hogares o lugares de trabajo, lo que redunda en perjuicios serios para las economías locales y regionales.
Asimismo, se acuerda solicitar al Primer Mandatario, que se estudie la factibilidad económica y jurídica de que el Estado renegocie con las empresas concesionarias, las condiciones de las actuales concesiones, con la finalidad de eliminar o rebajar sustantivamente los costos de los denominados peajes laterales, a cambio de extender los plazos de las concesiones o en su defecto de aumentar el tarifado de los peajes troncales”.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , en los últimos dos años hemos conocido, a través de la prensa, innovadoras iniciativas para celebrar el Bicentenario de la República , mediante la construcción de obras de relevancia en Santiago y en otras tres ciudades del país.
El objetivo del proyecto de acuerdo es proponer al Ejecutivo que celebremos el Bicentenario como lo hacen los Estados democráticos avanzados en el siglo XXI, no como se celebró el Centenario de la República , con el estilo del siglo XIX, época en la que dicha celebración se redujo a tres o cuatro obras emblemáticas en el ámbito de la arquitectura y de la cultura en la ciudad de Santiago. Para ser más precisos, dichas obras se llevaron a cabo en determinadas manzanas de la capital, las cuales estaban comprendidas entre el río Mapocho, la Plaza Italia, la actual Avenida Santa Isabel y lo que hoy conocemos como la carretera Norte-Sur.
Creemos que las obras relevantes que el país debe llevar a cabo para la celebración de su Bicentenario no pueden reducirse a iniciativas que se resuelven discrecionalmente por comisiones interministeriales. Por lo tanto, lo que propone el proyecto de acuerdo es que exista un esfuerzo presupuestario por parte del Ejecutivo para la creación de un fondo que empezaría a operar a contar de 2003, el cual permita que la totalidad de las regiones cuenten con un fondo distinto del Fondo Nacional Regionalizado. El que se creará deberá ser financiado con recursos del Estado, a fin de que cada región pueda desarrollar, concursar y presentar proyectos relevantes de impacto urbano, cultural y en favor del equilibrio económico-social en sus territorios.
Hay que evitar el resentimiento fundado que se incuba en regiones. Debemos lograr que este proyecto no culmine con la construcción de museos en el subsuelo frente al palacio de La Moneda y con un cúmulo de obras ejecutadas sólo en algunas comunas. Debemos celebrar el Bicentenario de la República con narrativas épicas, sueños y con la articulación de proyectos relevantes en cada una de las capitales regionales, lo cual requiere la creación de un fondo y no sólo de una opinión discrecional.
Por lo tanto, pido a la Sala que apruebe el proyecto de acuerdo Nº 16.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Hago presente a su Señoría que ha hecho uso de la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo Nº 16, no del Nº 17, a cuya lectura se ha procedido por acuerdo de la Sala para debatirlo a continuación del Nº 11.
El señor VALENZUELA.-
Doy mis excusas a la Sala por la confusión, señor Presidente.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Ruego a los señores diputados estar atentos a la materia que se está tratando, porque el diputado señor Esteban Valenzuela se refirió a otro proyecto de acuerdo y no al que acordó la Sala. En virtud de que el proyecto en análisis es importante, se descontará el tiempo empleado por el señor diputado .
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe) .-
Señor Presidente , nuestro proyecto, Nº 17, es muy sencillo. Hemos señalado que, en los últimos años, la infraestructura del país en carreteras ha cambiado diametralmente. Es cierto que la ley de Concesiones -la valoramos, así como también el esfuerzo hecho- ha permitido que el capital privado nacional o extranjero participe de estas obras. Prácticamente todas las bancadas y Comités hemos pedido que este proyecto se discuta ahora porque en las distintas provincias y regiones que comprende la carretera concesionada, desde La Serena a Puerto Montt, hay un muro de lamentaciones. Consideramos injusto endosar el costo de ella a comunas rurales -campesinas y agrícolas-, en circunstancias de que el artículo 19 de la Constitución Política consagra claramente la libertad de desplazamiento, de tránsito, de cada uno de los chilenos y chilenas.
Prácticamente el proyecto cuenta con la unanimidad de las bancadas y de los Comités. Lo que estamos solicitando al Presidente de la República y al ministro de Obras Públicas -como lo informara el señor Prosecretario- es que los peajes laterales sean reestudiados para que la gente de esas zonas, provincias y comunas no paguen la cuenta que debe solventar quien usa la carretera. Entregamos como alternativas aumentar el valor de los peajes troncales en cincuenta o cien pesos, o alargar proporcionalmente los plazos de la concesión.
Por eso, pido que este proyecto, firmado por todos los Comités sea aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo recoge una sentida aspiración que tenemos todos los parlamentarios, porque no sólo en nuestros distritos, sino en todo el país, constatamos una dolorosa realidad. Muchas personas han perdido la vida por estos peajes laterales que deben pagar, por ejemplo, las ambulancias, las que, al no hacerlo, no han podido pasar, lo que consideramos absolutamente injusto. En estricto rigor, se debiera proceder como en Europa y en Estados Unidos, donde al conductor le pasan un “ticket” a la entrada y paga de acuerdo con el tramo o distancia recorrido en la carretera. Sin embargo, en Chile, por uno, dos o tres kilómetros se paga lo mismo; es decir, la gente se ve obligada a pagar tanto el peaje troncal como el lateral -cuatrocientos pesos más- para entrar en una ciudad o salir de ella.
En verdad, ese pago está dentro de las bases de la licitación de las carreteras concesionadas y constituye una realidad que conocemos. ¿Qué se debe hacer? Se puede suprimir el cobro del peaje en algunos casos, como en el de los vehículos de emergencia, y el Gobierno tendría que subsidiar a la empresa: “Señor, usted perderá al año diez millones de pesos. Aquí está esa suma de dinero”.
También tenemos el problema de las vías alternativas, dado que, como la mayoría de las carreteras con peaje lateral no las tienen, el usuario está obligado a pagar para pasar por el camino troncal y, además, debe devolverse hasta veinte o treinta kilómetros para volver a su punto de origen. Por tanto, creemos que es de estricta justicia modificar tanto los peajes como las concesiones. Además, hay una cosa mucho más perversa. Hoy, como están las cosas, la gente no puede reclamar, porque las reclamaciones prescribieron. ¿Por qué? Porque se inscribieron en 1998, inmediatamente después de que las carreteras se licitaron. En consecuencia, es de justicia llegar a un acuerdo para subsanar este problema que tenemos hoy a lo largo de todas las grandes vías terrestres.
Dado que todas las bancadas han firmado este proyecto de acuerdo, vamos a votarlo favorablemente.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Debo aclarar a los señores diputados nuevos que, cuando estamos en el tiempo de proyectos de acuerdo, se conceden cinco minutos para hablar a favor y cinco en contra, y que no pueden hablar dos diputados del mismo comité. Por tanto, diputado señor Monckeberg, aunque quedare tiempo, el Reglamento no le permite hacer uso de él.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
VII. INCIDENTES
NEGATIVA DE BANCA PRIVADA PARA TRASPASAR A USUARIOS REBAJA DE TASA DE INTERÉS.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , el domingo en la noche gran parte del país observó con preocupación cómo, en el noticiario central de Televisión Nacional, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, señor Hernán Somerville , defendía en forma sistemática la posición de la banca privada respecto del tema económico que hoy enfrenta el país. ¡Con qué desparpajo, con qué frescura y con qué contumacia el señor Somerville señalaba que la banca no estaba en condiciones de traspasar, en los créditos de consumo y en los créditos de los microempresarios, la rebaja de la tasa de interés determinada por el Banco Central!
Hoy el señor Somerville se queja de que la clase política lo está hostigando, lo está persiguiendo. Le pregunto: ¿acaso la banca nacional no ha perseguido, hostigado, embargado, rematado y liquidado en el país a miles de pequeños empresarios? ¡Cómo se condice una posición con la otra! ¿Cómo es posible que hoy la banca privada, y por cierto el Banco del Estado, hayan obtenido utilidades como nunca en la historia del país con seiscientos mil cesantes y mil empresas quebradas? Se podría cuestionar el componente ético de los cerca de 800 mil millones de pesos de utilidades de la banca nacional, las que, en gran parte, se deben a que hay miles de cesantes en la banca nacional. ¿Cuántos cesantes quedaron con la fusión de los bancos privados en este país? Las utilidades también son la consecuencia de que hoy miles de pequeños empresarios estén quebrados, embargados y liquidados, sin poder responder a los créditos obtenidos en la banca privada.
Por eso llama la atención que en este debate nacional no tengamos, de parte de quien maneja el sector financiero, una respuesta patriótica y solidaria frente a la situación que afecta a gran parte de los pequeños y medianos empresarios.
No olvidemos que quien hoy dirige la banca nacional renegoció la deuda externa del país y que también estuvo presente cuando el pueblo chileno se puso con la banca privada para salvarla de una quiebra inminente. ¿Cuál es hoy la contraparte y su respuesta a una situación que afecta a muchos pequeños y medianos empresarios? Simplemente son empresarios que están a favor del lucro, a quienes no les interesa la solidaridad ni el aspecto social. ¿Puede crecer un país con la mentalidad que demuestra la banca nacional? ¿Puede dar una respuesta positiva a miles de chilenos que están permanentemente golpeando las puertas de los bancos para buscar una posibilidad de crecimiento o de renegociar su deuda? Es obligación de los parlamentarios, en particular de los de Gobierno, persistir en una actitud crítica hacia la banca privada. No es posible que las utilidades que han generado se hayan producido en un país que arrastra problemas económicos de la magnitud que todos conocemos.
Como diputados del PPD, una vez más queremos hacer un llamado a la banca privada, a fin de que entienda que el país se construye entre todos y que ella también forma parte importante de la reactivación económica. Si no actúa con ese predicamento, podríamos decir, como muchos chilenos, que hoy la banca privada se parece mucho a la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones.
He dicho.
RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA EN ARROCERA TUCAPEL. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , no hay duda de que en nuestro país son muchos los que abusan de los pequeños y medianos empresarios, práctica que debemos solucionar. En el caso de la agricultura, constatamos con gran preocupación cómo las grandes empresas lecheras abusan de los productores, y en el caso del arroz -ése es el tema que abordaré ahora-, cómo los grandes poderes compradores hacen lo propio con los pequeños y medianos productores.
Hace casi un año denunciamos ante la Fiscalía Nacional Económica a la gran industria arrocera Tucapel . Todo el mundo sabe que esa empresa concentra más del 50 por ciento del poder de compra y que es la que fija de manera abusiva los precios de ese cereal. Lamentablemente, hasta este momento no hemos obtenido resultados de esa investigación o una resolución de esa Fiscalía. No hay duda de que con instituciones tan poco dinámicas para proteger al productor y al consumidor no llegaremos a ninguna parte.
En esta temporada, nuevamente los abusos de estas grandes industrias se vuelven a repetir. En la actualidad, no existe ninguna razón para que al productor se le pague un precio inferior a 10 mil pesos el quintal. Lo más preocupante es que la arrocera Tucapel ni siquiera ha fijado precios, con lo cual crea confusión y distorsiona totalmente el mercado. Esa empresa es la que fija el precio y está esperando el momento de hacerlo. Son muchos los productores que ya han cosechado y quieren entregar su producción; lamentablemente, no lo pueden hacer, pues carecen del referente precio. Este es un ejemplo de los abusos que cometen las grandes empresas en nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito que se oficie al Fiscal Nacional Económico, a fin de manifestar mi preocupación por la tardanza en la entrega de resultados en la investigación que lleva a cabo, la que se inició el año pasado a propósito de los abusos de los poderes compradores. También pido que investigue lo que está sucediendo en el mercado en relación con la arrocera Tucapel .
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo requieran en la Secretaría.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA CENSAR COLONIA DIGNIDAD. Oficio.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , pido que se oficie al director del Instituto Nacional de Estadísticas , con el objeto de que tome todas las medidas para que el censo que se practicará próximamente en el país se haga como corresponde, en especial en Colonia Dignidad. En ese lugar, en años pasados se han practicado censos absolutamente fuleros. Las personas responsables de censar Colonia Dignidad deben entrar en los terrenos e interrogar a la gente que vive en las distintas casas que están en su interior.
Es importante saber con claridad quiénes viven en Colonia Dignidad, cuál es su situación, cuántos hijos tiene cada familia, cómo son éstas, de qué material están construidas las viviendas y, en general, consignar todos los datos que el censo debe registrar.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo requieran en la Secretaría.
DEUDA DEL FISCO CON EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , uno escucha con mucha atención cuando el Gobierno pide que haya trabajo e inversiones y hace votos por que las zonas salgan adelante, tengan un mejor pasar y ocupen a sus trabajadores. Pero hemos visto con mucha preocupación -aquí se critica tanto a los “grandes”- que el más grande de los sinvergüenzas es el propio Fisco. Y lo voy a señalar con conocimiento de causa.
Hace pocos días, el “Diario Austral” de Temuco publicó una noticia que señalaba que once empresas habían quebrado porque el Fisco no les pagaba hacía más de un año. Se trata de empresas constructoras que se dedican a hacer caminos, con trato y pago directo con el fisco.
Por lo tanto, y para no entrar más en estas contradicciones que a veces se producen entre empresarios y el fisco, solicito que se oficie al los ministros de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas con el objeto de que nos señalen cuántas son las empresas que han construido caminos y no han recibido estados de pago, cuánto tiempo han demorado esos pagos y cuántas empresas relacionadas con Obras Públicas están involucradas.
Daré un solo ejemplo. A la empresa Valko, que construyó el camino Cunco-Melipeuco, no se le ha pagado y ha tenido que actuar con fondos propios. El fisco hace lo que quiere, lo que luego lo inhibe para exigir que las obras se hagan como corresponde.
Esto ha atrasado el llamado a postulación de las empresas que participan en los programas de subsidios habitacionales en la Novena Región. Si los honorables colegas examinan casos similares en sus respectivas zonas, verán que ocurre exactamente lo mismo. Debemos saber qué está pasando, dónde está la plata y en qué se ha gastado. Creemos que el presupuesto de la Nación debe ser bien empleado y deben pagarse las obras. El Fisco debe dar el ejemplo, por lo cual no corresponde venirse aquí a levantar banderas cuando el propio Estado es el que no paga.
Concedo el resto de mi tiempo al diputado señor Errázuriz.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo requieran en la Secretaría.
PETICIÓN DE INFORME SOBRE INVERSIONES ESPAÑOLAS EN CHILE. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , sólo para solicitar que se oficie al Comité de Inversiones Extranjeras para que informe en forma detallada las inversiones de los españoles en Chile durante los últimos 15 años, y a fin de que señale en qué rubros han incursionado.
Estoy extremadamente preocupado, porque una cosa es la inversión extranjera y otra es irse quedando con una parte de Chile.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Comités de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Democracia Cristiana, Socialista y Radical y Partido por la Democracia.
ANTECEDENTES SOBRE PROCEDIMIENTO MÉDICO Y SUMARIO INSTRUIDO EN HOSPITAL HERMINDA MARTÍN, DE CHILLÁN. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , hace algunas semanas recibí en mi oficina a don Víctor Vera González , que llegó a plantearme una situación que afligía a su esposa, la señora Flor Henríquez Muñoz , quien había ingresado el día 9 de marzo de 2002 al hospital Herminda Martín con un embarazo de término, siendo atendida por los profesionales que en ese momento estaban de turno.
Según la información entregada por el esposo, y que consta también en el carné de embarazo, por expresa indicación médica procedía realizar cesárea, situación que no se produjo y que sería la causante de las secuelas que se evidencian en su hijo.
Lo extraño es que a esta mujer se la tuvo más de 9 horas y media en trabajo de parto, período en el cual se dan cuenta de que era imposible el nacimiento por vía natural. Hechos todos los esfuerzos posibles, incluido fórceps, se apela como último recurso a la cesárea, que era precisamente lo que prescribía el profesional en el documento que ella portaba y que se supone es una información vital para el médico de turno al momento de tomar la decisión.
Lo concreto es que no se consideraron los antecedentes entregados por el esposo, que indicaban que había sido controlada en el departamento de alto riesgo obstétrico -aquí están los documentos-, que señalaban que había tenido una cesárea anterior, hacía 12 años, y que por el volumen y la edad de la madre se aconsejaba la adopción de igual medida.
Se sometió a la madre a esfuerzos inhumanos para que diera a luz en forma natural y, como salida de emergencia, cuando ya no quedaban recursos, se procedió a hacer la cesárea. El procedimiento anterior, sobre todo la demora, produjo un daño neurológico en el niño, el cual se iría acentuando con el transcurso de los años, no obstante que todos los controles y ecografías realizados demostraban que era un niño absolutamente sano. En consecuencia, estamos frente a un hecho grave de negligencia médica.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Salud para que instruya a la Dirección de Salud de Ñuble, a fin de que con la mayor brevedad entregue todos los antecedentes de que disponga y, fundamentalmente, el resultado del sumario instruido en el hospital Herminda Martín , de Chillán.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Comités de Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Unión Demócrata Independiente, Socialista y Radical Social Demócrata y Partido por la Democracia.
PAGO DE ASIGNACIÓN DE EQUIDAD EN COMUNAS FRONTERIZAS. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente , deseo referirme a la situación que vive la educación municipal de la comuna de Río Ibáñez, en la región de Aisén.
A poco más de un mes de iniciado el año escolar, el municipio, que es sostenedor de los cinco colegios básicos que existen en la comuna, ha constatado la dramática disminución de las matrículas, la cual, en diez años de municipalización de la educación, ha descendido de 800 alumnos a menos de 400.
La razón de la desmedrada situación económica que vive el municipio de Río Ibáñez se debe básicamente a la emigración de los habitantes desde el campo hacia las ciudades. Este fenómeno ha provocado una pérdida de 20 millones de pesos sólo por concepto de matrículas. Si esta tendencia continúa, simplemente la situación de la educación en la comuna se hará insostenible. Hasta hoy la municipalidad ha mantenido sus esfuerzos por cubrir los déficit de educación a costa de no invertir en otros sectores de la comuna.
En concreto, solicito que se oficie a la ministra de Educación para que adopte medidas para solucionar los déficit de educación en municipios pequeños y fronterizos a través de una asignación de equidad que complemente la actual subvención.
Esta asignación debiera orientarse a aquellas comunas pobres, con baja densidad poblacional, dispersión de su población y clima adverso, donde sea imprescindible agotar las instancias para el arraigo de su escasa población. Por lo general, son comunas de las regiones extremas, ubicadas cerca de la cordillera de los Andes; es decir, son comunas fronterizas donde urge acentuar las bases de la nacionalidad y soberanía, características que reúne, entre otras cosas, la comuna de Río Ibáñez.
Los avances de la educación en nuestro país en infraestructura, en programas como el P-900, Mece Rural, informática educativa, jornada escolar completa, son muy destacables. Sin embargo, si no se toman las providencias del caso, si se sigue indiferente en cuanto a su financiamiento, contrastando con el principio de equidad que sustenta el Supremo Gobierno, comunidades escolares pequeñas podrían verse afectadas en su desarrollo y gestión.
Por lo tanto, pido que se envíe copia de mi intervención y que se oficie a la ministra de Educación para que se pronuncie sobre la materia.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Comités de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Democracia Cristiana, Socialista y Radical y Partido por la Democracia.
CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE ACUERDO EN CONSTRUCCIÓN DE RUTA 5 EN LA PROVINCIA DE VALDIVIA. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que envíe a esta Cámara un listado de los textos de todos los protocolos de acuerdo que firmó con los municipios de Lanco, San José de la Mariquina , Máfil , Los Lagos, Paillaco , Río Bueno y La Unión, todas comunas de la provincia de Valdivia, especialmente un detalle pormenorizado del grado de cumplimiento de ellos. Queremos fiscalizar el grado de compromiso que ha contraído el ministerio con motivo de la construcción de la Ruta 5, concesionada, y que debió haber concluido en un plazo determinado.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Exequiel Silva de la Democracia Cristiana y de los Comités de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Socialista y Radical y Partido por la Democracia.
ANEGAMIENTO DE CARRETERA PUERTO MONTT-PARGUA. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Lagos.
El señor LAGOS .-
Señor Presidente , me voy a referir a un tema muy importante que afecta a la región que represento: la evacuación de aguas lluvia.
En la carretera que comunica a Puerto Montt con la localidad de Pargua, a la salida de la ciudad, con pequeñas lluvias se produce la saturación del terreno y, lamentablemente, se generan pozas de agua que impiden el tránsito vehicular.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para saber, en primer lugar, qué programa aplicará para solucionar este problema y, en segundo lugar, de qué forma esto se complementará con la enorme inversión realizada por el municipio de Puerto Montt.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CATASTRO, EVALUACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SANITARIOS EN ALTO HOSPICIO. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , es conocida por todos la dramática situación que se vive en la localidad de la comuna de Iquique llamada Alto Hospicio, donde actualmente existen tres sectores: La Pampa, La Negra y El Boro, en los cuales se está desarrollando un plan de erradicación de la gente que allí habita para solucionar en forma definitiva el problema habitacional. A eso se suma la “toma” de Laguna Verde, ubicada en la falda del cerro Dragón, de la ciudad de Iquique, lo que totaliza más de 3 mil familias.
En una inspección que realicé el fin de semana pasado, pude constatar que muchos de los pozos sépticos de estas viviendas están colapsados, lo que trae, como todos comprenderán, graves consecuencias desde el punto de vista de la salud pública y medioambiental de la población que vive en las “tomas” ubicados en esos sectores.
Por lo tanto, solicito oficiar a la municipalidad de Iquique, a la Gobernación Provincial y al Departamento de Salud Ambiental del Servicio de Salud de dicha provincia, con el objeto de que se realice un catastro, una evaluación de esta situación y que se resuelva este grave problema que afecta, como dije, a muchas familias de nuestra comuna.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que se está tomando debida nota.
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CODEINFA, EN SU SÉPTIMO ANIVERSARIO. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal, a quien el Comité Socialista y Radical le ha cedido parte de su tiempo.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, tengo que agradecer la solidaridad del Partido Radical, en especial del diputado Eduardo Lagos.
Como miembro de la Comisión de Familia y como mujer, es mi obligación compartir con mis colegas diputados y diputadas la preocupación por la violencia al interior de los hogares. Señalo esto a raíz del séptimo aniversario de la Corporación de Desarrollo Integral de la Familia, Codeinfa , en cuya ceremonia participé el jueves recién pasado.
Codeinfa atiende a toda la zona sur de Santiago y funciona en la comuna de San Joaquín, ubicación física que no da cuenta de su trascendente y largo trabajo de apoyo a las vecinas y vecinos de comunas como San Ramón, San Miguel, La Granja , Pedro Aguirre Cerda , La Pintana y otras del área sur de Santiago, en las que viven decenas de personas que son víctimas de este tremendo problema que no distingue sexo, edad ni condición económica. Atender estos casos -hablamos de 500 personas afectadas directamente en 2001-, así como evitar este tipo de violencia es avanzar en una mejor calidad de vida para nuestra comunidad, una condición a la que tienen derecho los niños maltratados, las mujeres violentadas y los hombres afectados por algún problema social, a veces estigmatizados y, en muchas ocasiones, ocultados por miedo a la venganza o a la vergüenza.
Deseo destacar la entrega de los profesionales de esa corporación, la cual, desde 1994, ha recibido el apoyo de naciones europeas, del BID, de la Presidencia de la República, de la municipalidad de San Joaquín y, de un tiempo a esta parte, del Sernam.
Desde que existe esta corporación se han atendido 2.250 casos de violencia intrafamiliar y 140 de maltrato infantil. Por ello, se hace necesario que los legisladores, las autoridades y la comunidad reconozcamos la importancia de seguir tomando medidas sociales, económicas, legales y educativas que eviten o ayuden a superar este problema, con el objeto de que no nos sorprendamos ante denuncias mediáticas, que figuran en las primeras planas de los periódicos y que llevan el horror diario de miles de chilenos.
Por lo tanto, solicito que mis colegas se unan al envío de un reconocimiento escrito de esta honorable Cámara a Codeinfa, para que siga entregando sus esfuerzos de prevención y atención en el tema de la violencia intrafamiliar.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que están alzando la mano y de la Mesa, de lo que se está tomando debida nota.
AUTORIZACIÓN DE LA ARMADA PARA INSTALAR ELECTRICIDAD EN CALETA LA CATA, COMUNA DE PENCO. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , deseo plantear un problema que usted, como diputado del distrito 45, conoce muy bien, cual es la situación de la caleta La Cata, en el sector de Lirquén, comuna de Penco. Durante mucho tiempo se ha retrasado la posibilidad de llevar luz eléctrica y adelanto a esa caleta de pescadores, que se habitó hace más de cincuenta años, debido a su precario emplazamiento. Se han hecho esfuerzos para llevar electricidad al lugar, en los que ha participado quien preside la sesión en este momento. Ferrocarriles del Estado ha permitido servidumbres sin ningún costo y la Compañía General de Electricidad ha elaborado un proyecto de electrificación.
No es posible que un sector de más de dieciocho familias no posea luz eléctrica en pleno siglo XXI y que su habilitación esté en una situación de precariedad tal que pone en riesgo la integridad física de esas familias.
Por lo tanto, se ha pedido reiteradamente autorización de la Armada de Chile para llevar adelante este proyecto. Allí hay que regularizar. Se necesita localizar en forma permanente a dichos pescadores y establecer planes y programas que permitan el desarrollo de esa caleta, para lo que se requiere dicha autorización. Siempre hemos contado con la voluntad de la Armada. Espero que en esta oportunidad se den las condiciones para que se autorice la servidumbre para atravesar un terreno que, prácticamente, es una ladera de cerro, de propiedad fiscal y administrado por la Armada, con el objeto de hacer posible el proyecto de electrificación. El municipio de Penco también ha hecho esfuerzos al respecto, por lo que estamos a la espera de esa autorización.
Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Defensa, a fin de que la Armada de Chile nos dé una respuesta a esta solicitud, que esperamos sea positiva, así como también otorgue las condiciones que permitan que el proyecto se concrete a la brevedad.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que se está tomando debida nota, y con mi adhesión, por ser diputado de ese distrito y conocer el problema planteado por el diputado señor Alejandro Navarro. Además, con la venia de la Sala, se enviará un oficio del mismo tenor a la municipalidad de Penco.
PETICIÓN DE INFORME SOBRE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE ALCANTARILLADO EN DICHATO. Oficios.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , me quiero referir a otro tema que usted conoce muy bien, cual es la situación del proyecto de alcantarillado del Programa de Mejoramiento de Barrios para el sector de Dichato, la más importante playa de la Octava Región, cuestión en la que ha trabajado permanentemente el municipio.
Deseamos que la Subsecretaría de Desarrollo Regional nos informe exactamente sobre la disponibilidad de financiamiento para este proyecto y su estado de tramitación, porque el municipio de Tomé se ha preocupado permanentemente del proyecto. Existe cierta incertidumbre respecto de la generación de los fondos y de las fechas definitivas para culminar con éxito este preciado sueño de los habitantes de ese balneario.
Por lo tanto, solicito oficiar a la Subdere y al municipio de Tomé, a fin de obtener la información señalada.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que se está tomando debida nota, y con mi adhesión, por ser diputado de ese distrito y conocer el problema planteado por el diputado señor Alejandro Navarro.
RETIRO DE CARABINEROS DE LOS FURGONES DE SEGURIDAD CIUDADANA. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente , el Gobierno de la Concertación nos sorprende una vez más con señales basadas en una lógica equivocada. En los últimos días, nos hemos enterado de que ha decidido retirar a los carabineros que acompañan a los funcionarios municipales en los furgones de seguridad ciudadana.
Me pregunto: ¿no nos sentimos más seguros cuando hay carabineros cerca? El propio Presidente Lagos ha recorrido recientemente la población La Legua, ubicada en el distrito que represento, sólo porque iba acompañado de carabineros, con los cuales se sentía seguro. En caso contrario, no habría entrado en esa población.
Las vecinas y vecinos de mi distrito se sienten seguros cuando hay carabineros o ven los furgones municipales de seguridad ciudadana acompañados por uno de ellos. Reconozco que no todos los municipios trabajan de la misma manera. La Granja lo ha hecho, pero, con la medida adoptada, estos vecinos verán muy perjudicado el grado de seguridad ciudadana.
Por lo tanto, pido enviar oficio al ministro del Interior a fin de que explique las razones para tomar tan lamentable medida.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA CERRAR PUENTE VIEJO DEL RÍO BIOBÍO. Oficio.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
El señor EGAÑA .-
Señor Presidente , el pasado mes de marzo el nuevo ministro de Obras Públicas visitó la Octava Región. En esa oportunidad, informó que en abril se cerraría para el uso vehicular el antiguo Puente Viejo , que cruza el Biobío y sirve a las comunas de San Pedro de La Paz, Concepción, Santa Juana, Lota y a la provincia de Arauco.
Lo más grave es que esta medida ni siquiera ha sido comunicada al alcalde de San Pedro de La Paz ni a la alcaldesa de Concepción , así como tampoco se ha entregado la documentación técnica que avale la necesidad de cerrar este importante puente.
Una vez más estamos frente a la descoordinación del poder central con las autoridades regionales, al centralismo en la toma de decisiones que afectan a las regiones, algo que hemos criticado muchas veces.
Ayer, a petición del alcalde y del concejo de San Pedro de la Paz se realizó una reunión a la que se invitó a la alcaldesa de Concepción , a los concejales, a las juntas de vecinos del Recodo y San Pedro Viejo y al director de Vialidad , como representante de la autoridad regional. Preguntado acerca de los informes técnicos de la repartición para decretar el cierre del puente, el director de Vialidad contestó que no disponía de ningún antecedente y que haría las consultas pertinentes al poder central.
Algo tan importante como el cierre del Puente Viejo que cruza el Biobío, requiere de un respaldo técnico. Eso piden los vecinos afectados por la medida.
Por ello, solicito el envío de un oficio al ministro de Obras Públicas , don Javier Etcheberry , a fin de que nos comunique los fundamentos técnicos que respaldan el cierre del Puente Viejo , y si el Ministerio dispone de otros informes que indiquen que ese puente puede seguir siendo usado por vehículos de carga menor.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo señalen.
RESTITUCIÓN DE GASTOS A BOMBEROS DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en un oficio enviado a la señora intendenta subrogante de la Región del Biobío por don Lientur Grandón Inda , presidente del Consejo de los cuerpos de bomberos de la Octava Región -quien tuvo a bien enviarme una copia-, se indican los gastos en que se incurrió en la última temporada para combatir los incendios forestales.
Haré un resumen por provincia, pues es importante que la Corporación se dé cuenta de lo que significó para Bomberos de Chile apoyar una labor que va más allá de la propia: los incendios estructurales y urbanos, fundamentalmente. En la provincia de Arauco se gastaron 4.486.776 pesos. A modo de ejemplo, señalo que el cuerpo de bomberos de Curanilahue gastó 500.580 pesos, y el de Los Álamos, 634.800 pesos.
Espero que sus Señorías sepan lo que significa para el cuerpo de bomberos de una comuna pequeña el desembolso de 600 mil pesos para combatir los incendios forestales.
La provincia de Biobío gastó 18.557.588 pesos. Sólo los cuerpos de bomberos de Mulchén y Quilaco gastaron 2.100.000 y 1.320.000 pesos, respectivamente, para enfrentar los incendios. Es decir, estamos hablando de gastos que casi triplican los ingresos que obtienen mediante la subvención estatal.
En la provincia de Concepción se gastaron 37.247.450 pesos. En este caso, el cuerpo de bomberos de San Pedro de La Paz, muy noble y joven, gastó 4.718.243 pesos. O sea, hablamos de cantidades exorbitantes.
Por último, en la provincia de Ñuble se gastaron 29.269.886, lo que determina un total regional de 89.561.700 pesos.
Estos antecedentes son preocupantes. En la práctica son recursos de los cuales carecen los bomberos, quienes fueron a ayudar en una función que debía cumplir el Ministerio de Agricultura a través de la Conaf.
Por lo tanto, solicito enviar oficio a los ministros del Interior y de Agricultura para que informen si se restituirán los fondos usados por bomberos para enfrentar los incendios forestales de la temporada recién pasada.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas del Partido Demócrata Cristiano, de la Unión Demócrata Independiente, de Renovación Nacional, del Partido por la Democracia y de quien preside.
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALETA TUMBES, TALCAHUANO. Oficios.
El señor ULLOA .-
También quiero pedir que se oficie a la municipalidad de Talcahuano para que nos informe acerca de los montos y, si es posible, fecha de ejecución del proyecto definitivo destinado a dar solución a la falta de abastecimiento de agua potable en Tumbes, importante caleta de Talcahuano.
Asimismo, solicito que se envíe oficio a la Empresa de Servicios Sanitarios de Biobío, Essbío , para que nos dé a conocer si alguno de sus proyectos dice relación con abastecer de ese vital elemento a la citada caleta, donde viven aproximadamente más de mil personas.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la Democracia Cristiana, de la Unión Demócrata Independiente, de Renovación Nacional, del Partido por la Democracia y de quien preside.
AGRAVIO A HÉROE DE IQUIQUE EN PUBLICACIÓN PATROCINADA POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS ARTES. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez .
El señor PÉREZ ( don Ramón) .-
Señor Presidente , como diputado y representante de Iquique , tierra llena de historia y heroísmo, quiero alzar mi voz para, con dolor, tristeza, impotencia y rabia, denunciar un hecho que, desde mi perspectiva patriótica y de respeto a nuestros héroes, raya en lo antichileno.
Algunos, bajo el argumento fácil de apoyo al arte y sobre la base de que en democracia las libertades cultural y artística no tienen límites, quizás quieran defender lo indefendible.
Mi denuncia se basa en una carta abierta de la Corporación de Defensa de la Soberanía y en recortes de prensa en que se señala que, con el apoyo del Ministerio de Educación, a través del Fondart, Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes, se publicó una historieta cuyo autor es Rodrigo Salinas , en la cual se ridiculiza y agravia la figura heroica del capitán Arturo Prat Chacón .
Tal como señala la corporación aludida, es grave, acaso gravísimo, que una cartera de Gobierno, creada precisamente para velar por la educación y la cultura nacional, haya apoyado, directa o indirectamente, un relato que pretende exponer una interpretación insolente, a mi juicio, de hechos históricos de nuestra patria, una versión en la cual se coloca al capitán Prat sobreviviendo a su caída y, a continuación, asistiendo a su propio funeral e intentando detener una presunta idolatría que se habría generado en torno de su persona, tras una muerte irreal que, sin lugar a dudas, lleva a pensar que esta burda historieta fue escrita por un antipatriota.
El diario “Las Últimas Noticias”, bajo el título “Irreverente historieta sobre Arturo Prat provoca indignación”, ya ha dado muestras de la indignación que puede provocar una publicación como la descrita. En la crónica se señala que un licenciado en arte creó una delirante aventura, con caricaturas y fotos, en la que el héroe nacional no salta al Huáscar sino que cae al mar, queda inconsciente durante la batalla y asiste a su propio funeral.
Además, en el mismo medio, pero con fecha 18 de noviembre, se señala: “Estamos cometiendo un crimen de lesa patria por ser creativos”, reproduciendo las expresiones vertidas por Francisco Prat , descendiente del héroe de Iquique.
No se trata de ser tolerante o no con el arte moderno, tampoco de poner trabas a los artistas que, para desarrollarse, necesitan el apoyo económico del Estado. Por el contrario, se trata de defender el honor de un hombre que dio su vida por nuestro país.
Todo en la vida tiene un límite, y en el caso que hoy denuncio se sobrepasó. Nadie, por muy artista que sea, puede ridiculizar a un héroe nacional que forma parte de Iquique, donde el 21 de mayo de 1879, 199 hombres pasaron a la inmortalidad en esa rada.
Creo, por respeto a la mayoría de los chilenos, que la directora nacional del Fondo para el Desarrollo de las Artes le debe una explicación al país, sobre todo cuando están en juego valores tan preciados como el amor a la patria y a sus héroes. No debemos olvidar que con recursos del Estado, es decir de todos los chilenos, se financia este tipo de mal llamadas “creaciones artísticas”. No es apropiado que la directora nacional del Fondart, Nivia Palma , opine que se debe respetar la libertad de creación aunque nos duela.
Es preciso señalar en esta oportunidad que no es la primera vez que el Fondart es puesto en tela de juicio. Basta señalar, por poner algunos ejemplos, el apoyo económico para una obra teatral en la cual se presentaba un acto sexual explícito, la famosa Casa de Vidrio, con una muchacha duchándose y defecando en público, y tantas otras “muestras de arte y cultura”, que han hecho noticia en estos últimos años.
Dada la existencia de este currículo se podría pensar que el Ministerio de Educación tal vez está siendo utilizado como herramienta con objetivos absolutamente contrarios a la cultura histórica de nuestro país, en que una Gabriela Mistral y un Pablo Neruda nos llenaron de orgullo.
Por lo expuesto y ante la gravedad de los hechos denunciados, pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para que instruya a quien corresponda a fin de que se realice una investigación sobre estos hechos.
A la ministra de Educación , para que informe a esta Corporación acerca de los recursos con que cuenta el Fondart para el presente año, indique qué proyectos han recibido apoyo del Estado por esta vía y se den públicas explicaciones al país, a la Armada de Chile y muy especialmente a la ciudadanía de Iquique, tierra que con mucho orgullo represento en esta Cámara.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios correspondientes, con la adhesión de los diputados de las bancadas Demócrata Cristiana, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, presentes en la Sala.
REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOTA ALTO. Oficios.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente, recientemente me he impuesto del lamentable drama que viven unos vecinos de la calle Esmeralda del sector alto de Lota, y es importante que nuestros colegas lo conozcan.
Hace poco meses se levantó un muro de contención, de concreto, para separar la calle pública y la calzada de las casas-habitación del sector, proyecto muy deseado por aquellos vecinos. Sin embargo, grande fue su sorpresa y desazón cuando, con las primeras lluvias otoñales, más específicamente las del sábado 6 de abril en curso, se removió el pavimento instalado y la baranda de la escalera se destruyó completamente.
En general, este tipo de situaciones no deben admitirse. Sin embargo, ese sentimiento cobra especial fuerza cuando se recuerda que Lota es una ciudad sumamente deprimida y que aquí se invirtió una cifra nada despreciable, cercana a los 72 millones de pesos. Los recursos públicos siempre se deben usar en buena forma, pero cuando la realidad del lugar afectado es la descrita, la urgencia de ello es aún mayor.
Las obras fueron construidas por la empresa de don Carlos Montino , con fondos de Chile-Barrios y la inspección técnica fue encomendada a la ilustre municipalidad de Lota. Como antecedente adicional, cabe destacar que, a causa de estos hechos, no sólo resultó dañado el espacio público, sino también los bienes particulares correspondientes a las viviendas aledañas e, incluso, corrió riesgo la integridad física de quienes viven en ellas.
Existen deficiencias estructurales manifiestas que permitieron que esto sucediera. Por lo tanto, pido que se envíen los siguientes oficios:
1. Al ministro de Vivienda y Urbanismo para que informe a la honorable Cámara acerca de cuáles fueron las especificaciones técnicas en base a las que se realizaron estas construcciones,
2. A las autoridades del Programa Chile-Barrios para que nos informen sobre qué condiciones fue entregada la ejecución de la obra a la empresas constructora, si se realizaron o no las correspondientes inspecciones de fiscalización y si se cumplieron o no las especificaciones técnicas respectivas.
3. Al ministro de Vivienda y Urbanismo para que nos informe cuál será la solución concreta para esta emergencia que, aparentemente por negligencia, afecta a varias familias de Lota. No es posible que, una vez más, se dilapiden recursos de todos los chilenos en obras mal efectuadas.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la UDI, de la Democracia Cristiana y del PPD.
INCLUSIÓN EN CENSO 2002 DE CONSULTAS SOBRE PREFERENCIAS RELIGIOSAS. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , en los últimos días se ha generado una fuerte polémica a través de los medios de comunicación con motivo de la realización del censo el día 24 de abril, particularmente con aquella pregunta que se refiere a nuestras preferencias religiosas.
En censos anteriores jamás supe de tal polémica, con la cual algunos han pretendido desacreditar el censo que se realizará en los próximos días y que constituye un importante instrumento para el país.
Si analizamos la finalidad y objetivo del censo, vemos que sus resultados servirán, por un lado, para orientar las políticas públicas y, por otro, para orientar al sector privado en sus inversiones. Entonces, ¿qué sentido tiene preguntarle a la gente la religión que profesa? Si se pregunta eso, también podría consultarse por las adscripciones ideológicas que cada uno de los chilenos pudiese tener, o si pertenece o no a la masonería.
Tengo serias dudas respecto de la necesidad de que una pregunta como ésa tenga que estar contenida en el censo. Y al consultar el tema con algunos colegas, me han dicho que siempre se ha hecho así, lo que no me parece argumento valedero. Seguramente se incluyó cuando la Iglesia estaba unida con el Estado, cuestión que hace muchos años ya se superó en nuestro país. En segundo lugar, se me ha respondido que sirve para considerar en alguna ley la información que se obtenga, y que se utilizó mucho en la ley de culto.
Al respecto, quiero expresar que no apoyé la ley de culto porque el porcentaje de la iglesia evangélica o protestante fuera determinantemente alto, sino que por la firme convicción democrática de que, sin importar el porcentaje que representan en nuestro país, debe existir cierta libertad para que la gente exprese sus preferencias religiosas, siempre que éstas se enmarquen dentro de la ley.
Pienso que toda esta polémica, que raya en lo extraño -por decir lo menos-, se habría evitado si esta pregunta no se hubiera incluido en la encuesta.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Economía para que, a través de dicha Cartera, se consulte al director del Instituto Nacional de Estadísticas , INE, acerca de los criterios o motivaciones para que preguntas como éstas sigan considerándose en los censos.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados señores Ortiz, Araya, Villouta, Tapia y de quien preside.
ALCANCES A DECISIÓN DE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN CENSO 2002. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , quiero referirme a una decisión -materia también relacionada con el censo 2002-, recientemente adoptada por el municipio de San Antonio en cuanto a negarse a entregar información para el censo, medida vinculada con un problema de dragado del puerto, resolución aún pendiente, cuya no ejecución irá en perjuicio de sus habitantes. Esa materia ya ha sido explicada por parlamentarios del distrito.
El censo es un instrumento importante para todas las comunas de nuestro país y no es bueno que un concejo tome una decisión de este tipo.
Considero que al no conocerse lo que piensa la mayoría -antecedentes que se obtienen a través de estos formularios-, esa ciudad quedará desmejorada cuando las autoridades adopten determinaciones con la finalidad de superar las necesidades.
Por lo tanto, solicito que se oficie al concejo de San Antonio pidiendo que se rectifique esa medida y, por el contrario, pongan el mayor empeño para que todas las personas participen en este censo con responsabilidad, por cuanto sus resultados son importantes para ellos y para todo el país.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Tapia , Araya y de quien preside.
RESULTADO DEL PROGRAMA SEXUALIDAD RESPONSABLE. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
También pido que se oficie a la ministra de Educación para que nos informe del resultado del programa de sexualidad responsable -la que deben tener los jóvenes para evitar problemas- que, según tengo entendido, se ha estado impartiendo en varios establecimientos educacionales de algunas regiones. Solicito esa información con el objeto de saber cuál ha sido su efecto y el interés de la juventud en la materia.
Lo anterior se debe a la información conocida esta semana en términos de que más del 50 por ciento de los hijos inscritos en este programa han nacido fuera del matrimonio.
En mi concepto, y siempre lo he señalado, la violencia intrafamiliar se origina en que la mayor parte de los hijos no son de la pareja de convivientes o del matrimonio. De modo que si no tomamos medidas urgentes, así continuará sucediendo, con nefastos resultados para muchos niños, que son los que más sufren con esta situación.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Tapia , Araya y de quien preside.
AGILIZACIÓN DE PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA LUCÍA PROSPERIDAD DE CURICÓ. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Boris Tapia.
El señor TAPIA.-
Señor Presidente , en la última semana distrital fui invitado por los pobladores del sector Santa Lucía Prosperidad de Curicó. Se trata de un lugar muy modesto que fue muy afectado por los temporales y condiciones climáticas del año 2000. Ello nos impulsó a invitar al entonces ministro de Vivienda , don Claudio Orrego ; además, tuvimos la suerte de contar en esa oportunidad con la presencia de su Excelencia el Presidente de la República , don Ricardo Lagos .
Al comprobar las condiciones en que viven estos pobladores -más de 500- el Jefe de Estado instruyó al ministro de Vivienda para que buscara una fórmula que permitiera mejorar la calidad de las viviendas y casetas en que habitan estos pobladores.
Esta visita tuvo resultados el 22 de agosto de 2000 cuando se firmó un convenio entre el obispado de Talca y el ministro de Vivienda , mediante el cual dicha cartera se comprometió a otorgar 500 subsidios de 40 unidades de fomento, y el obispado -en representación de la fundación San José de la Dehesa- 30 unidades de fomento. También se estableció que los pobladores debían aportar como ahorro 5 unidades de fomento en el transcurso del año. Pasó el invierno del año 2000, también el del 2001 y estamos a las puertas del invierno del presente año y aún no se inicia este programa.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales , con el objeto de que se adopten las medidas pertinentes para que las instituciones involucradas en ese compromiso agilicen dicho programa y este invierno no nos encontremos con que los pobladores siguen viviendo en las mismas condiciones precarias en que se encuentran.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Pedro Araya y de quien preside.
SALUDOS A BOMBEROS DE ANTOFAGASTA EN SU 127º ANIVERSARIO. Oficio.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , solicito oficiar a la autoridad que corresponde a fin de felicitar al cuerpo de bomberos de Antofagasta, que acaba de cumplir 127 años.
Como antofagastino, he conocido la labor abnegada que cumplen los “caballeros del fuego” en nuestra ciudad, muchas veces con materiales precarios, pero siempre procediendo con corazón para ayudar y servir a la gente de Antofagasta.
En especial, quiero que se destaque la labor de don Juan Fernández Robledo , a quien se le entregó un premio por 72 años de servicios. El señor Fernández , pese a su edad, se mantiene activo en la Compañía y, según me comentaban otros bomberos, su ejemplo los motiva a seguir adelante.
Pido que se adjunte copia de mi intervención, en la cual los felicito e insto a continuar su noble tarea.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Boris Tapia y de quien preside.
El señor ORTIZ.-
Pido la palabra.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , quiero hacer presente que el diputado señor Pedro Araya tenía preparada una intervención más extensa, pero al Comité de la Democracia Cristiana sólo le restaba un minuto.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.03 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 9 de abril de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio relativo a la importación temporal, adoptado en Estambul, el 26 de junio de 1990, y sus anexos A, B1, B2 y B3, correspondiente al boletín Nº 2794-10.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3650, de 5 de marzo de 2002.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 9 de abril de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa honorable Cámara a las modificaciones propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que modifica la ley general de Cooperativas, correspondiente al boletín Nº 855-03, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los honorables senadores miembros de la Comisión de Economía concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3694, de 3 de abril de 2002.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
3. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que crea nuevas salas en las cortes de apelaciones de Santiago, San Miguel , Valparaíso y Concepción. (boletín Nº 2852-07) (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República .
Para el despacho de esta iniciativa, el Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de simple, razón por la que esta Cámara cuenta con un plazo de treinta días para afinar su tramitación, término que vence el día 11 del mes en curso por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el 12 de marzo recién pasado.
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas:
- Don José Antonio Gómez Urrutia , ministro de Justicia .
-Don Jaime Arellano Quintana , subsecretario de Justicia .
-Don Francisco Maldonado Fuentes, Jefe de la División Jurídica del Ministerio mencionado.
OBJETO
La finalidad del proyecto se orienta a dar a la ciudadanía un mejor acceso a la administración de justicia por la vía de superar las dificultades existentes en las Cortes de Apelaciones para la tramitación y despacho de los conflictos judiciales en segunda instancia.
ANTECEDENTES
1. El Mensaje comienza realizando una breve reseña de las diversas medidas y legislaciones adoptadas para mejorar y fortalecer el acceso de la ciudadanía a la administración de justicia, señalando que desde los inicios del actual Gobierno ha existido la preocupación de culminar este proceso modernizador abordando aspectos propios de la justicia civil y laboral, tocando la reforma al Código Penal, la creación de una nueva justicia tributaria y de familia, la reforma al sistema de tratamiento asistencial de los conflictos que afectan a los menores de edad por la vía de crear un nuevo servicio de protección a sus derechos y un sistema de responsabilidad penal por los delitos que cometan, guardando en todos estos temas la necesaria especialización que deben detentar los órganos llamados a ejercer justicia.
Agrega más adelante que las condiciones actualmente existentes, permiten tomar iniciativas para enfrentar en forma rápida y eficiente, aspectos defectuosos que es posible corregir, indicando como uno de tales aspectos, la tramitación que sufren los conflictos judiciales en segunda instancia, consistente en la imposibilidad en que se encuentran las Cortes de Apelaciones de dar una expedita substanciación a los procesos, en razón de la sobrecarga de causas y materias por tratar que las afecta.
Lo anterior se traduce en que causas de normal tramitación, demoran largo tiempo en ser vistas por el tribunal de segunda instancia, no solamente por el atoche de asuntos, sino también por la preferencia que debe darse a causas que se agregan extraordinariamente a la tabla ordinaria.
Tal situación afecta también a las demás funciones que deben cumplir los ministros y demás funcionarios de las Cortes de Apelaciones, en razón de la substanciación de procesos determinados de primera instancia que se entregan al conocimiento de ministros en visita.
Añade el mismo Mensaje, que el problema resulta más notorio en aquellas zonas del país en que la competencia de las Cortes se centra en grandes centros urbanos como es el caso de las ciudades de Santiago, Concepción y Valparaíso, siendo precisamente las Cortes con asiento en tales ciudades, incluida por tanto la de San Miguel, las que muestran mayores falencias en este sentido, afectando por tanto la agilidad que debe tener la administración de justicia, especialmente en sectores en que la alta densidad poblacional origina un elevado índice de conflictividad.
Todo lo señalado justifica la necesidad de aumentar el número de salas en que se dividen las Cortes mencionadas y el incremento en el número de ministros, relatores y funcionarios que deberán desempeñarse en ellas, introduciéndose, en consecuencia, las correspondientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales.
2. El Código Orgánico de Tribunales.
a) Su artículo 56 se refiere al número de miembros que tendrán las distintas Cortes de Apelaciones, indicando, en lo que interesa a este informe, en sus números 3º, 4º y 5º lo siguiente:
“3º Las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción tendrán 13 miembros:
4º La Corte de Apelaciones de San Miguel tendrá dieciséis miembros, y
5º La Corte de Apelaciones de Santiago tendrá veinticinco miembros.”.
b) Su artículo 59 indica el número de relatores que tendrán las Cortes de Apelaciones, asignando ocho a las Cortes de Valparaíso y Concepción; diez a la Corte de Apelaciones de San Miguel y dieciocho a la de Santiago.
c) Su artículo 61 señala, en su primera parte, el número de salas en que se dividirá cada Corte de Apelaciones para los efectos de su trabajo, estableciendo que las Cortes de Valparaíso y Concepción se dividirán en cuatro salas; la de San Miguel en cinco salas y la de Santiago en siete salas.
IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO,
CONSTITUCIONALIDAD DE LAS MISMAS Y SÍNTESIS DE SU CONTENIDO
La idea central del proyecto busca dar a la ciudadanía un mejor acceso a la administración de justicia por la vía de superar las dificultades existentes en las Cortes de Apelaciones para la tramitación y despacho de los conflictos judiciales en segunda instancia, permitiendo, al efecto, la formación de nuevas salas y la creación de nuevos cargos en las Cortes que presentan mayor atraso, es decir, las de Santiago, San Miguel , Valparaíso y Concepción.
Tal idea, la que es propia de ley al tenor de lo establecido en el artículo 60 Nºs 1, 2 y 3 de la Constitución Política, en relación con los artículos 62, inciso cuarto Nº 2 -norma que le da el carácter de ser de exclusiva iniciativa presidencial- y 74 de la misma Carta Fundamental, el proyecto la concreta por medio de cinco artículos permanentes y uno transitorio que señalan, en síntesis, lo siguiente:
Por el artículo 1º crea en la Corte de Apelaciones de Santiago seis cargos de ministros; cuatro cargos de relatores; dos cargos de oficiales terceros; cuatro cargos de oficiales cuartos, y dos cargos de oficiales de sala.
Por el artículo 2º crea en la Corte de Apelaciones de San Miguel tres cargos de ministros; dos cargos de relatores; un cargo de oficial tercero; dos cargos de oficiales cuartos y un cargo de oficial de sala.
Por el artículo 3º crea en la Corte de Apelaciones de Concepción tres cargos de ministros; dos cargos de relatores; un cargo de oficial tercero; dos cargos de oficiales cuartos, y un cargo de oficial de sala.
Por el artículo 4º crea en la Corte de Apelaciones de Valparaíso tres cargos de ministros; dos cargos de relatores; un cargo de oficial tercero; dos cargos de oficiales cuartos, y un cargo de oficial de sala.
Por el artículo 5º se modifican los artículos 56, 59 y 61 del Código Orgánico de Tribunales para:
-en el caso del artículo 56, aumentar el número de ministros en las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción de trece a dieciséis; en la Corte de Apelaciones de San Miguel de dieciséis a diecinueve, y en la Corte de Apelaciones de Santiago de veinticinco a treinta y uno.
-en el caso del artículo 59, aumentar el número de relatores en las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción de ocho a diez; en la Corte de Apelaciones de San Miguel de diez a doce, y en la Corte de Apelaciones de Santiago de dieciocho a veintidós.
-en el caso del artículo 61, aumentar el número de salas en que pueden funcionar las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción de cuatro a cinco; en la Corte de Apelaciones de San Miguel de cinco a seis, y en la Corte de Apelaciones de Santiago de siete a nueve.
Por el artículo transitorio se imputa el gasto que signifique el proyecto durante su primer año de aplicación, a los recursos asignados al Poder Judicial durante dicho año y, en lo que faltare, a la partida presupuestaria Tesoro Público del mismo año.
DISCUSIÓN DEL PROYECTO
a) Discusión en general.
Durante la discusión en general, los representantes del Ejecutivo junto con explicar el contenido del articulado de la iniciativa, señalaron que ella se fundamentaba en la necesidad de hacer frente al gran atraso que se observa en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel , Valparaíso y Concepción para el conocimiento de las causas en segunda instancia, debido, especialmente, a la excesiva carga de trabajo que deben soportar. Agregaron que tal situación afectaba a muchas personas como puede fácilmente comprenderse si se tiene en cuenta que juicios de arrendamiento en segunda instancia, tardan dos a tres años en ser vistos por las Cortes.
Ante una consulta de la diputada señora Guzmán , relativa a la posible reacción adversa de la Corte Suprema, hicieron presente que el Ejecutivo había presentado una serie de proyectos para agilizar la administración de justicia durante el tiempo que falta para la plena vigencia de la reforma procesal penal en el país, tales como el que contempla la disponibilidad de jueces del crimen durante las veinticuatro horas del día o ministros con dedicación exclusiva y el que se trata en esta oportunidad, respecto de los cuales no había existido oposición del máximo tribunal, sino sólo la consideración de no parecer necesaria tales modificaciones en razón de que la inminente entrada en vigor de la reforma, significaría que su aplicación sería por muy corto tiempo.
En el caso específico del proyecto en trámite, la Corte Suprema, sin oponerse a él, había estimado más apropiado dividir la Corte de Apelaciones de Santiago en cuatro nuevas Cortes, lo que a largo plazo sería la solución ideal, pero que no parecía posible en la actualidad por razones presupuestarias y porque los resultados de la reforma procesal penal arrojan, en los lugares donde hoy se aplica, una notoria disminución de las causas que llegan a segunda instancia.
Asimismo, sostuvieron que el problema de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las nuevas salas no era tal, por cuanto funcionando las Cortes en las mañanas, las nuevas salas podrían hacerlo en las tardes.
Por último, hicieron presente que los ministros de las Cortes de Apelaciones se encontraban plenamente de acuerdo con la iniciativa y que, incluso, el Presidente de la Corte de Santiago estimaba que la pronta entrada en vigencia del proyecto permitiría superar el problema de los retrasos a fines de año.
Los diputados señora Cubillos y señor Forni , no obstante coincidir con la justeza de la iniciativa, estimaron necesario contar con más antecedentes para ilustrar debidamente su decisión, motivo que los llevó a solicitar el acuerdo para aplazar la resolución, el que como no se obtuvo los indujo a anunciar su abstención.
Cerrado finalmente el debate, la Comisión aprobó la idea de legislar por mayoría de votos (7 votos a favor y 2 abstenciones).
b) Discusión en particular.
Durante la discusión pormenorizada del articulado, la Comisión trató en forma separada cada disposición, sin que se produjera mayor debate respecto de ellas, razón que la llevó a aprobar en los mismos términos propuestos por el Senado y por mayoría de votos, los seis artículos que conforman el proyecto. (7 votos a favor y 2 abstenciones).
INFORME DE LA CORTE SUPREMA
La Excma. Corte Suprema por oficio Nº 3327, de 22 de enero del año en curso, remitido al Senado, informó, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política, el proyecto en análisis coincidiendo con él, en votación dividida, en términos generales, aun cuando estimó que solamente satisface en parte las necesidades urgentes de los tribunales de alzada para desarrollar una mejor gestión y poder brindar un eficiente servicio a la comunidad. Sostuvo que el notable incremento producido en el ingreso de causas a las Cortes capitalinas, hacía necesaria la creación de nuevos tribunales de alzada, recordando al efecto un estudio realizado durante el año 2000 a instancias del Ministerio de Justicia, el que propiciaba dicha solución.
Igualmente, consideró que el mayor número de salas en que deberían funcionar las Cortes afectadas por el proyecto, hacía recomendable aumentar proporcionalmente el número de abogados integrantes, como también que el gran volumen de causas que se tramitan en Valparaíso y Concepción hacía urgente la creación de un nuevo cargo de Secretario para tales tribunales, los que hoy solamente cuentan con uno.
CONSTANCIA
Para los efectos de lo establecido en los números 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 289 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
a) Que la Comisión coincidió plenamente con la resolución del Senado en cuanto a que los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º tienen rango de ley orgánica constitucional por cuanto inciden en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
b) Que el artículo transitorio es de la competencia de la Comisión de Hacienda.
c) Que no hubo artículo ni indicaciones rechazados por la Comisión.
d) Que el proyecto fue aprobado en los mismos términos propuestos por el Senado.
-o-
Por las razones expuestas y por las que dará a conocer oportunamente el señor diputado informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto en los mismos términos propuestos por el Senado, de conformidad al siguiente texto:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Créanse, en la Corte de Apelaciones de Santiago, los cargos que a continuación se indican, con sus respectivos grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Poder Judicial:
a. Seis cargos de ministros, de la segunda categoría del Escalafón Primario, Grado IV;
b. Cuatro cargos de relator, de la tercera categoría del Escalafón Primario, Grado V;
c. Dos cargos de oficiales terceros, de la tercera categoría del Escalafón de Empleados, Grado XII;
d. Cuatro cargos de oficiales cuartos, de la cuarta categoría del Escalafón de Empleados, Grado XIII, y
e. Dos cargos de oficial de sala, de la séptima categoría del Escalafón de Empleados, Grado XVI.
Artículo 2º.- Créanse, en la Corte de Apelaciones de San Miguel, los cargos que a continuación se indican, con sus respectivos grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Poder Judicial:
a. Tres cargos de ministros, de la segunda categoría del Escalafón Primario, Grado IV;
b. Dos cargos de relator, de la tercera categoría del Escalafón Primario, Grado V;
c. Un cargo de oficial tercero, de la tercera categoría del Escalafón de Empleados, grado XII;
d. Dos cargos de oficiales cuartos, de la cuarta categoría del Escalafón de Empleados, grado XIII, y
e. Un cargo de oficial de sala, de la séptima categoría del Escalafón de Empleados, grado XVI.
Artículo 3º.- Créanse, en la Corte de Apelaciones de Concepción, los cargos que a continuación se indican, con sus respectivos grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Poder Judicial:
a. Tres cargos de ministros, de la segunda categoría del Escalafón Primario, Grado IV;
b. Dos cargos de relatores, de la tercera categoría del Escalafón Primario, Grado V;
c. Un cargo de oficial tercero, de la tercera categoría del Escalafón de Empleados, grado XII;
d. Dos cargos de oficial Cuarto, de la cuarta categoría del Escalafón de Empleados, grado XIII, y
e. Un cargo de oficial de sala, de la séptima categoría del Escalafón de Empleados, grado XVI.
Artículo 4º.- Créanse, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, los cargos que a continuación se indican, con sus respectivos grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Poder Judicial:
a. Tres cargos de ministros, de la segunda categoría del Escalafón Primario, Grado IV;
b. Dos cargos de relator, de la tercera categoría del Escalafón Primario, Grado V;
c. Un cargo de oficial tercero, de la tercera categoría del Escalafón de Empleados, grado XII;
d. Dos cargos de oficial cuarto, de la cuarta categoría del Escalafón de Empleados, grado XIII, y
e. Un cargo de oficial de sala, de la séptima categoría del Escalafón de Empleados, grado XVI.
Artículo 5º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:
1. Sustitúyese el artículo 56 por el siguiente:
“Artículo 56.- Las Cortes de Apelaciones se compondrán del número de miembros que a continuación se indica:
1º Las Cortes de Apelaciones de Iquique, Copiapó , Chillán , Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas tendrán cuatro miembros;
2º Las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua , Talca, Temuco y Valdivia tendrán siete miembros;
3º Las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción tendrán dieciséis miembros;
4º La Corte de Apelaciones de San Miguel tendrá diecinueve miembros, y
5º La Corte de Apelaciones de Santiago tendrá treinta y un miembros.”.
2. Sustitúyese el artículo 59 por el siguiente:
“Artículo 59.- Cada Corte de Apelaciones tendrá dos relatores. Las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua , Talca, Temuco y Valdivia tendrán cuatro relatores; las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción tendrán diez relatores; la Corte de Apelaciones de San Miguel tendrá doce relatores; y la Corte de Apelaciones de Santiago tendrá veintidós relatores.”.
3. Sustitúyese, en el artículo 61, la oración que va hasta el primer punto seguido, por la que sigue: “Las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua , Talca, Temuco y Valdivia se dividirán en dos salas; las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción en cinco salas; la Corte de Apelaciones de San Miguel en seis salas; y la Corte de Apelaciones de Santiago en nueve salas.”.
Artículo transitorio.- El mayor gasto que irrogue esta ley durante el primer año de su aplicación se financiará con cargo a los recursos asignados al Poder Judicial en el presupuesto de dicho año, y, en lo que no alcanzare, con cargo a la Partida presupuestaria Tesoro Público del mismo año.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 2 de abril de 2002.
Se designó diputado informante al señor Juan Bustos Ramírez .
Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los diputados señor Jorge Burgos Varela ( Presidente ), señoras Marcela Cubillos Sigall , María Pía Guzmán Mena y Laura Soto González y señores Juan Bustos Ramírez , Guillermo Ceroni Fuentes , Eduardo Díaz del Río , Marcelo Forni Lobos , Zarko Luksic Sandoval , Nicolás Monckeberg Díaz y Jaime Mulet Martínez .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Secretario ?.
4. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea nuevas salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel , Valparaíso y Concepción. (boletín Nº 2852-07) (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “simple urgencia” para su tramitación legislativa.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Jaime Arellano , subsecretario de Justicia , y Francisco Maldonado , jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia .
El propósito de la iniciativa consiste en facilitar a la ciudadanía un mejor acceso a la administración de justicia, permitiendo la formación de nuevas Salas y la creación de nuevos cargos en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel , Valparaíso y Concepción.
Tiene como fundamento el proyecto las dificultades de las Cortes de Apelaciones señaladas de dar una expedita sustanciación a los procesos, debido a la sobrecarga de causas y materias por tratar, lo cual se ve influido por el alto índice de conflictivilidad social existente en zonas densamente pobladas.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos estima que el proyecto implica un mayor gasto fiscal en régimen, de $ 1.248.432 miles, de acuerdo al detalle siguiente:
Miles $
-Gastos en Operación en régimen
Gastos en personal 944.763
Bienes y Servicios de Consumo 169.720
-Inversiones
Equipamiento 51.734
Infraestructura (remodelaciones) 82.215
Agrega que la aplicación del proyecto irrogará un gasto fiscal para el año 2002 de $ 970.451 miles, y se financiará con cargo al presupuesto aprobado al Ministerio de Justicia, para dicho año.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del artículo transitorio del texto aprobado por ella. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 1º al 4º, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.
El señor subsecretario de Justicia fundamentó el proyecto en la acumulación de casos que se vienen produciendo en las Cortes de Apelaciones que se verán beneficiadas con la iniciativa y en la factibilidad de aprovechar la infraestructura actual de las Cortes que podrán trabajar a plenitud en las tardes con la integración que se propone.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
Por el artículo 1º, se crean en la Corte de Apelaciones de Santiago seis cargos de ministros, cuatro cargos de relatores, dos cargos de oficiales terceros, cuatro cargos de oficiales cuartos y dos cargos de oficiales de sala.
Por el artículo 2º, se crean en la Corte de Apelaciones de San Miguel tres cargos de ministros, dos cargos de relatores, un cargo de oficial tercero, dos cargos de oficiales cuartos y un cargo de oficial de sala.
Por el artículo 3º, se crean en la Corte de Apelaciones de Concepción tres cargos de ministros, dos cargos de relatores, un cargo de oficial tercero, dos cargos de oficiales cuartos y un cargo de oficial de sala.
Por el artículo 4º, se crean en la Corte de Apelaciones de Valparaíso tres cargos de ministros, dos cargos de relatores, un cargo de oficial tercero, dos cargos de oficiales cuartos y un cargo de oficial de sala.
En el artículo transitorio, se establece que el mayor gasto que irrogue el proyecto durante el primer año de aplicación, se financiará con cargo a los recursos asignados al Poder Judicial en el presupuesto de dicho año y, en lo que no alcanzare, con cargo a la Partida presupuestaria Tesoro Público del mismo año.
En el debate de la Comisión, se hizo presente que el informe financiero al señalar que el gasto fiscal para el año 2002 que irroga el proyecto sería financiado con cargo al presupuesto aprobado al Ministerio de Justicia, para dicho año, no es concordante con el artículo transitorio que imputa el mayor gasto ocurrido durante el primer año a los recursos asignados al Poder Judicial en el presupuesto de dicho año.
Se sostuvo sobre el particular, que la norma legal tendría preeminencia en este caso. Sin perjuicio de solicitar a través de los representantes del Ejecutivo que la Dirección de Presupuestos emitiera una aclaración en la materia.
Sometidos a votación los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y transitorio, fueron aprobados por unanimidad.
Sala de la Comisión, a 9 de abril de 2002.
Acordado en sesión de igual fecha, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini, don Pablo ( Presidente ); Álvarez, don Rodrigo ; Cardemil, don Alberto ; Dittborn, don Julio ; Escalona, don Camilo ; Hidalgo, don Carlos ; Jaramillo, don Enrique ; Lagos, don Eduardo ; Ortiz, don José Miguel ; Silva, don Exequiel ; Tohá , señora Carolina ( Accorsi, don Enrique) , y Von Mühlenbrock, don Gastón .
Se designó diputado informante al señor Ortiz, don José Miguel .
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción de la diputada señora María Pía Guzmán y del diputado señor Patricio Walker .
Modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil. (boletín Nº 2906-07)
FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIÓN
En los años recientes se han producido una serie de notables avances tecnológicos en materia de impresión gráfica y de medios de registro audiovisual, con lo cual hoy se acrecientan y perfeccionan las posibilidades de captar, conservar, modificar y reproducir escritos, dibujos, imágenes y sonidos en las más diversas formas, quedando atrás el tiempo en que se requerían complejos y costosos procedimientos para lograr estos mismos efectos y resultados. Los nuevos medios tecnológicos, además, se han hecho fácilmente accesibles a los usuarios, lo que les permite manejar por sí mismos los respectivos procedimientos de impresión gráfica o de registro y procesamiento audiovisual, sin requerir los servicios externos de otras personas o de empresas especializadas.
Paralelamente se ha producido en el mundo un rápido y masivo desarrollo del sistema de Internet, reconocido como un nuevo espacio virtual de comunicación en redes computacionales conectadas. Este nuevo espacio de comunicación aumenta la velocidad de las interacciones, y permite que quienes las realizan puedan ocultar o simular sus identidades. También es posible que a través de este medio las personas se organicen y se asocien para diversos fines, incluso para propósitos criminales.
En el contexto descrito se han comenzado a manifestar conductas que vulneran o amenazan importantes bienes jurídicos de las personas, aprovechando la ausencia de control del sistema, las características propias de los nuevos medios tecnológicos utilizados, y principalmente los vacíos o deficiencias en la legislación de cada país.
Los niños han sido particularmente vulnerables a las conductas realizadas por los adultos a través del empleo de las tecnologías señaladas. Se han multiplicado considerablemente los casos de niños utilizados en la producción de material pornográfico, el cual es posteriormente difundido, reproducido, intercambiado o vendido en diversas formas y medios, incluyendo Internet.
La pornografía infantil es casi siempre el registro de un delito que se acaba de cometer. Los niños que aparecen en este tipo de imágenes han sido sometidos en el momento en que se toma la fotografía, a un acto degradante y humillante de naturaleza delictiva. (La Pornografía Infantil: Registro de un crimen. Documento de Ecpat -End Child Prostitution, Child Pornography and Traffickking of Children for Sexual Purposes- en Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Yokohama 2001).
Gran impacto mundial han causado casos como los de la denominada “operación Catedral” que permitió la detención de decenas de pederastas en varios países de Europa, implicados en una red internacional de pornografía infantil, que había producido y traficado imágenes de miles de niños y niñas.
En Chile se han descubierto los primeros casos. En agosto de 2001, en un procedimiento policial que causó gran conmoción pública, le fueron incautadas miles de imágenes de pornografía infantil a un ciudadano norteamericano que había establecido su residencia en una comuna de la ciudad de Santiago. Sin embargo, a dicho ciudadano se le otorgó la libertad y se le permitió salir del país como consecuencia de controvertidas resoluciones judiciales dictadas por la juez del crimen a cargo de la investigación.
La gravedad y complejidad de los delitos relacionados con la pornografía infantil, el carácter de internacionalización que adquieren y sus devastadoras consecuencias para las víctimas, han llevado a que los Estados intenten uniformar y perfeccionar sus legislaciones. Es así como el Parlamento Europeo ha adoptado acuerdos y efectuado recomendaciones con estos propósitos (documento A5-0206/2001 informe sobre la propuesta de decisión marco relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil). En años recientes la mayoría de los países europeos han dictado leyes relativas a la pornografía y explotación sexual infantil que han ampliado y perfeccionado los tipos penales y establecido normas de procedimiento para la investigación eficaz de estos delitos. Un ejemplo notable en esta tendencia del derecho comparado lo constituye la ley italiana de agosto de 1998 (Publicada en Gazzetta Officiale Nº 185) y la ley irlandesa de 29 de junio de 1998 ( Child Trafficking and Pornography Act 1998).
En Chile si bien en el año 1999 se dictó la ley Nº 19.617 que modificó el Código Penal en materia de delitos sexuales, las normas respectivas han demostrado contener importantes vacíos y ser insuficientes e imperfectas para enfrentar adecuadamente el problema de la pornografía infantil, principalmente por las siguientes razones:
1. El artículo 266 quater del Código Penal que se refiere al delito de utilización de menores en la producción de material pornográfico, no define lo que debe entenderse por pornografía infantil, con lo cual el concepto queda entregado a las reglas generales de hermenéutica legal.
2. El artículo 366 quater establece criterios diferenciados de protección legal en relación con la edad de la víctima y de la concurrencia de determinadas circunstancias en la ejecución del delito.
Se establece en 12 años la edad de protección legal para el delito de utilización de menores en la producción de material pornográfico, sin exigir otros requisitos o elementos de tipicidad penal.
Respecto de las víctimas de edad superior a 12 años y hasta 18 años, se exige que el delito se cometa con violencia o intimidación o con alguna de las circunstancias previstas en el artículo 363 del Código Penal que se refiere al estupro.
Estas distinciones contradicen la tendencia del derecho comparado, y afectan la protección de las víctimas con edad entre 12 y 18 años, pues si no concurren las circunstancias legalmente especificadas la conducta será impune.
Es posible que los pederastas busquen niños con edad superior a los 12 años y eviten deliberadamente la concurrencia de las circunstancias que harían punible su conducta al producir pornografía. Esta situación se dará en relación a niños sin vínculo de dependencia con el autor de las acciones. En estos casos el “consentimiento aparente” de la víctima permitirá que el autor quede en zonas de impunidad legal.
3. El artículo 366 quater no sanciona como delito el tráfico de pornografía infantil, entendiendo por tal la distribución, difusión o transmisión de pornografía infantil.
4. El artículo 366 quater no sanciona como delito la posesión de pornografía infantil, con lo cual esta conducta queda impune.
5. El artículo 366 quater establece la sanción de reclusión menor en cualquiera de sus grados para el delito de utilización de menores en la producción de material pornográfico.
Estas penas cuyos límites teóricos se extienden entre 61 días y 5 años de reclusión, en su fijación concreta quedarán sin embargo determinadas en los niveles inferiores de dichos rangos, por disposición de las reglas de aplicación de penas que regulan el ejercicio de la facultad judicial para el establecimiento de penas al dictar sentencias condenatorias (artículos 67 y siguientes del Código Penal). Lo anterior determinará a su vez que a los condenados se les otorguen beneficios que permiten medidas alternativas a las penas privativas de libertad (remisión condicional o libertad vigilada reglamentadas en la ley Nº 18.216).
Las penas no cumplen, en consecuencia, con las condiciones de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias en los casos de pornografía infantil.
Al existir penas más altas en la legislación de otros países, es posible que los nacionales o residentes de dichos países se trasladen a Chile para la comisión de este tipo de delitos, pues las consecuencias legales serán de menor entidad y en la práctica no se traducirán en general en un cumplimiento efectivo de las condenas.
Al situarse en este margen las penas, tampoco es posible la utilización de métodos de interceptación de comunicaciones en la investigación del delito de utilización de menores en la producción de material pornográfico, pues según lo dispuesto en el artículo 222 del Nuevo Código Procesal Penal, es necesario que se trate de delitos que tengan asignada penas superiores a 5 años de presidio o reclusión (que se trate de crímenes de acuerdo a la clasificación del artículo 21 del Código Penal).
6. La actual legislación no contempla la sanción especial de las organizaciones criminales que se constituyan para la perpetración de delitos relacionados con pornografía infantil. Sólo es posible aplicar las normas establecidas en los artículos 292 y siguientes del Código Penal que sancionan las asociaciones ilícitas.
7. La actual legislación no establece sanciones de carácter patrimonial como el comiso de los bienes utilizados o que se hayan obtenido como “beneficios lucrativos” en los delitos de pornografía infantil.
8. La legislación actual no contempla normas de procedimiento que otorguen a fiscales del ministerio público, jueces y agentes de la policía facultades especiales para la investigación de los delitos de pornografía infantil.
9. La legislación actual no contiene normas sobre extraterritorialidad para la sanción de nacionales o residentes en Chile que hayan cometido delitos de pornografía infantil en el extranjero.
En el presente proyecto de ley se formulan en consecuencia modificaciones a los textos normativos correspondientes, teniendo presente las obligaciones contraídas por el Estado de Chile al suscribir la Convención Internacional de los derechos del Niño que en su artículo 34 establece que: “...los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: ... c) La explotación del niño en espectáculos y materiales pornográficos.
En lo esencial el presente proyecto de ley propone:
-Incluir un concepto legal de pornografía infantil: Se ha estimado útil definir la expresión “pornografía infantil” pues así se pueden incluir supuestos fácticos que han sido incorporados en la legislación comparada, tales como las imágenes con “niños virtuales”. Es necesario también que el concepto de pornografía infantil abarque todas formas en que se puede cometer el delito, para evitar que de otro modo queden impunes.
-Establecer en 18 años la edad de protección legal de las víctimas en los delitos de pornografía infantil: Se sigue así la tendencia del derecho comparado en orden a aumentar la edad de “consentimiento” válido en las acciones relacionadas con la producción de material pornográfico. Se establece de este modo concordancia con la Convención Internacional de los derechos del Niño que fija en 18 años el margen de protección legal.
-Sancionar como delito la distribución, difusión, transmisión, importación, exportación, con o sin fines de lucro de pornografía infantil: Es conveniente incluir esta conducta en la respectiva tipificación penal por cuanto se trata de acciones directas relacionadas con la “red de oferta y demanda” de pornografía infantil. La pornografía infantil existe y se genera porque hay quienes la distribuyen o son intermediarios entre productores y destinatarios.
-Sancionar la posesión de pornografía infantil: La tendencia sostenida del derecho comparado es sancionar penalmente la adquisición y posesión dolosa de la pornografía infantil, excluidas bajo determinados supuestos, las situaciones de recepción accidental o no solicitada. Quienes poseen pornografía infantil son parte de la cadena criminal que destruye la dignidad de los niños y promueve su utilización en prácticas sexualmente abusivas y dañinas.
-Aumentar las penas aplicables a los que participan en delitos de pornografía infantil: Atendida la naturaleza y características de las acciones, la entidad de los bienes jurídicos protegidos y la necesidad de que las penas sean proporcionadas, efectivas y disuasorias. Se tiene también en consideración el carácter internacional de los delitos, y que atendida la movilidad y desplazamiento de los autores se debe evitar que éstos busquen los países con legislaciones que contemplen penas más bajas.
-Establecer una sanción penal especial para quienes integren organizaciones criminales dedicadas a prácticas relacionadas con pornografía infantil: Se considera la particular situación de las organizaciones criminales que se constituyen para fines relacionados con la pornografía infantil.
-Establecer el comiso de los bienes que provengan de las actividades relacionadas con la pornografía infantil: Se hace necesario que los bienes utilizados u obtenidos con las utilidades ilícitas del “negocio de la pornografía infantil” caigan en comiso y se destinen a los servicios o instituciones dedicadas a combatir estos delitos.
-Establecer normas de procedimiento que otorguen facultades especiales a fiscales del ministerio público, jueces y agentes policiales para investigar y acreditar los delitos relacionados con la pornografía infantil: Es necesario que se puedan interceptar comunicaciones o facilitar las investigaciones a través del “agente policial encubierto” teniendo en consideración que estos delitos se cometen en el contexto de organizaciones criminales.
-Establecer normas que permitan juzgar a nacionales y residentes que cometan delitos de pornografía infantil en el extranjero: La tendencia del derecho comparado es establecer normas de extraterritorialidad, considerando la movilidad y desplazamiento de los autores de estos delitos y el fácil traspaso de fronteras que existe en la actualidad.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.- Deróganse los incisos tercero y cuarto del artículo 366 quater del Código Penal.
Artículo 2.- Agrégase como Artículo 367 ter, el siguiente:
Artículo 367 ter
El que empleare a un menor de 18 años en la producción de material pornográfico será castigado con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.
El que fuera del supuesto anterior por cualquier medio produjere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, difusión o exhibición de pornografía infantil, incluso a título gratuito y aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuera desconocido, será castigado con presidio menor en su grado máximo.
Artículo 3.- Agrégase como artículo 367 quater el siguiente:
Art. 367 quater
El que fuera de los supuestos previstos en el artículo anterior ejerciere conscientemente la tenencia o posesión de pornografía infantil, será castigado con presidio menor en su grado medio.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente y en el artículo 367 ter se entenderá por pornografía infantil todo material en forma de texto escrito, audio, dibujo, fotografía, fotomontaje, película, cinta de video, cinta de cine, programa informático, creado por medios digitales, electrónicos, mecánicos, químicos o de otro tipo que representen a menores de 18 años o creen la impresión de que las personas representadas son menores de edad participando en actos explícitamente sexuales o presenciándolos, o tengan como contenido principal la exposición de los genitales o la zona púbica o anal de los menores, con fines sexuales.
Artículo 4.- Agrégase como artículo 367 quinquies el siguiente:
Artículo 367 quinquies
En los delitos previstos en los artículos 367 ter y 367 quater se impondrá la pena superior en grado cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de las actividades allí señaladas.
Sin perjuicio de las reglas generales, caerán especialmente en comiso los bienes inmuebles, muebles, dinero y todo instrumento que haya servido o hubiere estado destinado a la comisión de cualquiera de los delitos penados en los artículos 367 ter y 367 quater, los efectos que de ellos provinieren y las utilidades que hubieran originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica o las transformaciones que hubieren experimentado.
Artículo 5.- Agrégase como artículo 226 bis al Código Procesal Penal, el siguiente:
Artículo 226 bis:
Cuando el procedimiento tuviere por objeto la investigación de los delitos previstos en los artículos 367 ter, 367 quater y 367 quinquies del Código Penal, el juez de garantía podrá ordenar a petición del Ministerio Público la interceptación y registro de comunicaciones telefónicas, de correo electrónico o en foros de conversación a través de Internet. El juez de garantía, a petición de Ministerio Público, podrá autorizar a la policía y con el único objetivo de adquirir elementos de prueba relativos a los delitos previstos en los artículos señalados, para que proceda a la compra simulada de pornografía infantil, actúe de manera encubierta, active sitios en la red de Internet, instale o participe en foros de conversación en el mismo medio.
Artículo 6.- Agrégase como artículo 113 ter del Código de Procedimiento Penal mientras dure su vigencia, el siguiente:
Artículo 113 ter:
Cuando el procedimiento tuviere por objeto la investigación de los delitos previstos en los artículos 367 ter, 367 quater y 367 quinquies del Código Penal, el juez podrá ordenar la interceptación y registro de comunicaciones telefónicas, de correo electrónico o en foros de conversación a través de internet. El juez podrá autorizar a la policía y con el único objetivo de adquirir elementos de prueba relativos a los delitos previstos en los artículos señalados, para que proceda a la compra simulada de pornografía infantil, actúe de manera encubierta, active sitios en la red de internet, instale o participe en foros de conversación en el mismo medio”.
Moción de la diputada señora Isabel Allende y de los diputados señores Bustos , Escalona , Juan Pablo Letelier y Muñoz .
Reforma a la ley Nº 18.575 en materia de inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio de cargos públicos. (boletín Nº 2907-07)
I. Sobre el rol de las empresas del Estado en el marco de la legislación fundamental de la administración del Estado. Necesidad de trazar un horizonte de proyección sobre la base del principio de probidad.
Las empresas estatales pueden configurarse como sociedades anónimas y es conveniente que así sea, pues se trata de otorgarles las mayores condiciones de autonomía, flexibilidad y eficiencia, de modo de poder competir en un plano de igualdad con las empresas privadas. Pero lo que no se puede olvidar es que son estatales, esto es, han de cumplir una función pública, están para servir a la sociedad y obtener un beneficio al Estado, pero no están para el lucro de los que las dirigen, sin perjuicio que obtengan la remuneración que corresponda a sus cargos y capacidades. Es por eso que las empresas estatales, si bien debieran regirse por la ley de sociedades anónimas, deberían, a su vez, estar reguladas por un estatuto especial que garantizara su función pública.
En esta perspectiva se requiere un estatuto especial, que responda a los objetivos de la función pública y que sea complementario de la ley de sociedades anónimas. Es cierto que nuestro país tiene una superintendencia que vela por la corrección administrativa de las sociedades anónimas y establece, en su caso, sanciones cuando corresponde, pero a diferencia de todo país moderno, todavía no se ha legislado sobre los delitos societarios. Sin embargo, no basta con la existencia de una superintendencia, pues ella está concebida en relación a una empresa privada y no es suficiente para garantizar la función pública que ha de ejercer cualquier empresa estatal. De ahí, entonces, que en el ámbito de acción del director de empresa estatal no puede ser igual que el de una empresa privada, pues su cargo en la primera le otorga una posición de responsabilidad diferente en la sociedad y una posibilidad de influencia en el ámbito público mucho mayor.
Un sistema jurídico siempre ha de evitar otorgar condiciones para que puedan desarrollarse corruptelas o corrupciones en el ámbito estatal, pues en distintas partes del mundo, y no sólo en Latinoamérica, tenemos muchos ejemplos de abismo económico y social en que se cae si no se toman a tiempo las medidas preventivas que corresponden. Por otra parte, entre una empresa estatal y una privada hay intereses abiertamente contrapuestos. El hecho que puedan adoptar una misma forma de organización, en modo alguno hace desaparecer la contradicción de intereses entre la función pública (que no se opone a obtener utilidades) y el legítimo afán de lucro lícito que persigue una empresa privada. Es por eso que el Presidente o el director de una empresa estatal no puede, al mismo tiempo, ser presidente o director de una empresa privada. De lo contrario podría generarse una gran farsa, pues la totalidad o la gran mayoría del directorio de una empresa estatal podría estar constituido, a su vez, por los directores de empresas privadas, con lo cual mediante la pretendida justificación que se trata de sociedades anónimas, en la práctica estarían con tal subterfugio la privatización de las empresas estatales.
Modernización no significa confusión ni tampoco echar por la borda los objetivos de dignificar la función pública y construir un país en que el desarrollo económico no sea para el beneficio de algunos, sino que establezca seguridad social y un sistema de equidad para todos los chilenos.
1. Algunas consideraciones sobre el principio de probidad administrativa.
El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, como lo expresa el artículo 54 de la ley Nº 18.575.
Este principio tiene múltiples expresiones normativas, por ejemplo, todas las normas recientemente promulgadas sobre declaración de intereses o sobre publicidad de los actos administrativos y acceso a la información pública, trasuntan este principio básico del derecho público chileno.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico chileno aún presenta deficiencias fuertes en materia de probidad administrativa; de hecho la ley Nº 19.653 que incorporó materias como las recién señaladas, dejó al mismo tiempo fuera una serie de otras materias de igual o mayor importancia, tales como la declaración de patrimonio de las autoridades públicas y muchas otras incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones de desempeño del cargo público.
En materia de incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones de desempeño del cargo público la legislación chilena ha dejado vacíos y desregulaciones enormes que requieren ser prontamente subsanados.
En efecto, se nos presentan periódicamente casos o situaciones de autoridades políticas que ingresan a la administración del Estado habiendo ejercido u ocupado altos cargos estratégicos en el ámbito empresarial privado y, viceversa, autoridades que dejan los sillones de la administración pública para, al día siguiente, ocupar el sillón situado justamente enfrente del escritorio en que ejercían la función pública.
II. Breve panorama del derecho comparado sobre inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones al ejercicio de la función pública.
El derecho comparado, puede ser útil, a objeto de examinar cómo ha sido regulado el principio de probidad administrativa, y una de sus derivaciones que dicen relación con las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en el ejercicio de la función pública.
1. Sistema argentino.
En el año 1999 se dictó la ley de Ética de la función pública, ley Nº 25.188, que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública destinado a ser aplicado a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los empleados del Estado.
En el Capítulo V de la ley se establecen normas relativas a incompatibilidades y conflictos de intereses, dentro de las cuales cabe destacar las siguientes incompatibilidades con el ejercicio de la función pública:
-dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;
-ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones, y
-Actuar en entes o comisiones reguladoras de empresas o servicios públicos, habiendo tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de su privatización o entrega en concesión.
Adicionalmente la ley modifica una serie de normas penales, con la finalidad principal de tipificar ciertas conductas atentatorias contra le ética pública por lesionar los intereses del Estado.
2. Sistema Español.
“La Ley Nº 12/1995 establece los siguientes principios generales aplicables a los funcionarios públicos:
a) Dedicación absoluta al ejercicio de sus funciones;
b) Incompatibilidad con el desempeño, por sí o mediante sustitución o representante, de cualquier otro cargo, representación, profesión o actividad de carácter público o privada, por cuenta propia o ajena;
c) Prohibición de percibir otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o entidades vinculadas a o dependientes de las mismas, ni cualquier otra percepción que provenga, directa o indirectamente, de una actividad privada;
d) Tener, por sí o junto a su cónyuge e hijos dependientes y personas tuteladas, participaciones superiores a un diez por ciento en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local;
e) Obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieren intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieren tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona dentro de la familia dentro del segundo grado civil;
f) Período de dos años a contar del cese en el cargo en que no pueden realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, asesoría, de servicios o similares con las Administraciones Públicas;
g) Período de dos años a contar del cese en el cargo en que no pueden intervenir en actividades privadas directamente relacionadas con la competencia del mismo, si percibieron retribuciones, indemnizaciones u otros tipos de prestación compensatoria como consecuencia de dicho cese, restricción que no se extingue por la renuncia a la prestación económica.;”
3. Sistema estadounidense.
El programa de Ética a cargo de la OGE -la Office of Government Ethics (OGE) establecida por la ley de Ética en el Gobierno (Ethics in Government Act., EGA) de 1978- se fundamenta en dos conceptos fundamentales: los empleados no pueden usar su cargo público para obtener ganancias privadas, y que los empleados deben ser imparciales, debiendo abstenerse de brindar tratamiento preferencial a alguna persona natural o jurídica. La función pública debe enmarcarse dentro de catorce principios basados en los conceptos antes señalados y que fungen como pautas orientadoras del comportamiento de los empleados, así éstos deben:
1) Ser leales al orden público y a los principios éticos por sobre el beneficio personal;
2) Carecer de intereses financieros en conflicto con el desempeño concienzudo de sus deberes;
3) Abstenerse de participar en transacciones financieras usando información gubernamental que no sea pública, ni permitir el uso de esta información en beneficio de particulares;
4) Abstenerse de solicitar o aceptar regalos, o artículos de valor, de quienes procuren una acción oficial en la repartición en la cual trabajen, o a la que afecten sus actos u omisiones, salvo excepciones previstas normativamente;
5) Cumplir sus tareas empeñándose en hacer un esfuerzo honesto;
6) Abstenerse de comprometer o hacer promesas que obliguen al gobierno, sin autorización;
7) Abstenerse de usar su cargo para obtener un rédito particular;
8) Actuar imparcialmente y no dar tratamiento preferencial a organizaciones privadas o individuos determinados;
9) Proteger y conservar la propiedad federal y abstenerse de usarla para actividades ajenas a las autorizadas;
10) Abstenerse de desempeñar actividades fuera del cargo, o buscar negociar empleos que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades públicas.
11) Denunciar cualquier despilfarro, fraude, abuso y corrupción a las autoridades correspondientes;
12) Cumplir, de buena fe, sus deberes como ciudadanos, incluyendo las obligaciones financieras justas, especialmente las impuestas por ley, como los impuestos federales, estatales o locales;
13) Observar la normativa que reconoce la igualdad de oportunidad a los ciudadanos, sea cual fuera la raza, el color, la religión, el sexo, el origen nacional, la edad o el impedimento, y
14) Esforzarse por evitar cualesquiera acciones por las cuales se dé la apariencia de que se están transgrediendo las leyes o las normas de ética estipuladas.
III. Ideas matrices del proyecto.
1º El presente proyecto propone la incompatibilidad en el ejercicio de un cargo público simultáneo cuando se trata de empresas públicas y privadas en que exista conflicto de intereses o se desarrollen funciones de servicio público.
2º El presente proyecto de ley que tiene como idea matriz la modificación de la normativa nacional vigente en lo referido a la incompatibilidad que existe entre aquellas personas que pasan a desempeñar responsabilidades desde el sector público al privado ejerciendo importantes funciones directivas o ejecutivas de confianza -especialmente en el caso del sistema público- y manejando información estratégica para una misma área determinada, estableciendo una prohibición de dos años para el ejercicio de tales funciones.
3º La infracción a tal precepto es castigada con una pena de multa.
Por estas razones es que sometemos a vuestra consideración el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.575, modificada por ley Nº 19.653.
1. Agréguese en el inciso segundo del artículo 58, después del punto aparte, la siguiente frase:
“Así también, será incompatible con la función pública el ejercicio en un cargo similar, en calidad de gerentes, subgerentes, directores, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración, en una entidad de carácter privado del mismo rubro o respecto de la cual exista un conflicto de intereses. También será incompatible el ejercicio de un cargo simultáneo en empresas del estado y otra privada que desarrollen un servicio público. Toda infracción a lo dispuesto en este artículo significará la cesación de pleno derecho en el cargo público”.
2. Reemplázase el inciso final del artículo 58 por el siguiente:
“Del mismo modo, les está prohibido a los ex funcionarios públicos que ostenten cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República , desarrollar funciones en calidad de gerentes, subgerentes, directores, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración, en entidades del sector privado sujetas a la fiscalización del organismo público al que perteneció el funcionario, por el período de 2 años a contar de la cesación en el cargo público”.
3. Agréguese el siguiente inciso final al artículo 58, pasando a ser el anterior cuarto:
La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, será castigada con la pena de multa de 1.500 a 3.000 UTM”.
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, abril 3 de 2002.
Oficio Nº 1.729.
Excelentísima señora Presidenta
de la Cámara de Diputados:
Remito a vuestra Excelencia copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal, en los autos Rol Nº 348, relativos al proyecto de ley que establece un sistema de incentivos de remuneraciones a los funcionarios municipales, remitido a este Tribunal para su control de constitucionalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .
“Santiago, tres de abril de dos mil dos.
Vistos y considerando:
1º Que, por oficio Nº 3.659, de 12 de marzo de 2002, la Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que establece un sistema de incentivos de remuneraciones a los funcionarios municipales, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 6º, 8º, 9º y 10, permanentes, y 1º, transitorio, del mismo;
2º Que, el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal: “Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”;
3º Que, las disposiciones del proyecto remitido sometidas a control de constitucionalidad, establecen:
“Artículo 6º.- El alcalde someterá a acuerdo del concejo, conjuntamente con el proyecto de presupuesto, el programa de mejoramiento de la gestión municipal. Dicho programa determinará, a lo menos, los objetivos específicos de gestión, de eficiencia institucional y las metas a alcanzar por las diversas direcciones, departamentos y unidades de trabajo del municipio durante el año siguiente”.
“Artículo 8º.- Corresponderá al concejo municipal evaluar y sancionar el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño colectivo por áreas de trabajo, según el informe que al efecto le presente el encargado de la unidad de control del municipio.
Con todo, si la parte de los recursos provisionados para el componente por gestión institucional, atendido el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, resultaren insuficientes para solventar el pago de esta asignación a todos los funcionarios con derecho a percibirla, las municipalidades deberán ajustar, en la parte que corresponda, los porcentajes diferenciados de esta parte de la asignación, hasta enterar el total de recursos inicialmente aprobados en el presupuesto para tal efecto”.
“Artículo 9º.- La aplicación del incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo a que se refiere la letra b) del artículo 2º, el alcalde la acordará con la o las asociaciones de funcionarios de la municipalidad respectiva, en el mes de diciembre de cada año, con la aprobación del concejo.
La bonificación no podrá exceder del 4% de las remuneraciones indicadas en el artículo 3º, siempre que la dirección, departamento o unidad haya alcanzado un grado de cumplimiento igual al 100% de las metas anuales comprometidas en el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Si dicho grado de cumplimiento fuere inferior al 100% pero igual o superior al 90%, el porcentaje de esta bonificación será de un 2%. En todo caso, no existirá incentivo por desempeño colectivo por área de trabajo cuando el grado de cumplimiento sea inferior al 90%.
A falta de acuerdo sobre la aplicación del incentivo de desempeño colectivo, se aplicará un incentivo de desempeño individual. Para este efecto, el alcalde podrá acordar con la o las asociaciones de funcionarios, en el mes de diciembre de cada año, los procedimientos y parámetros de cumplimiento y evaluación del desempeño individual de los funcionarios para el ejercicio siguiente, previa aprobación del concejo. A falta de acuerdo sobre la materia, la aplicación de este incentivo se efectuará en consideración al sistema de calificación de desempeño vigente en el municipio.
En el caso del incentivo de desempeño individual, la bonificación no podrá exceder del 4% para el primer tercio mejor calificado de cada escalafón, y hasta el 2% para los funcionarios que les sigan en orden descendente de evaluación, hasta completar el 66% de los mejor evaluados de cada escalafón. Con todo, cualquiera sea el mecanismo de evaluación que adopte la municipalidad, el reglamento respectivo deberá garantizar una adecuada objetividad e imparcialidad en sus resultados.
Lo prescrito en el presente artículo, se entiende sin perjuicio de la atribución municipal establecida en el inciso final del artículo 2º.
Con todo, si la parte de los recursos provisionados para el componente por desempeño colectivo o desempeño individual, según corresponda, atendido su grado de cumplimiento, resultaren insuficientes para solventar al pago de esta asignación a todos los funcionarios con derecho a percibirla, las municipalidades deberán ajustar, en la parte que corresponde, los porcentajes diferenciados que se hubieren establecido para esta parte de la asignación, hasta enterar el total de recursos inicialmente aprobados en el presupuesto para tal efecto”.
“Artículo 10.- El sistema de incentivos establecido en la presente ley se regulará en cada municipalidad mediante un reglamento interno, que el alcalde deberá someter a la aprobación del concejo municipal.
El referido reglamento interno deberá considerar, a lo menos, los siguientes elementos:
a) Los instrumentos, la metodología y los plazos para la formulación de los objetivos institucionales del programa de gestión municipal.
b) La forma de medición y ponderación de los objetivos comprometidos.
c) Los mecanismos y procedimientos de evaluación y control del grado de cumplimiento de los referidos objetivos.
d) Los mecanismos y procedimientos para la medición, control y evaluación del cumplimiento de metas por áreas de trabajo, vinculadas al desempeño colectivo.
e) Los procedimientos para la medición y evaluación del desempeño individual”.
“Artículo 1º, transitorio.- Los objetivos institucionales que corresponda cumplir durante el año 2002, deberán ser propuestos al alcalde por el Comité Técnico y aprobados por el concejo municipal, dentro de los 60 días siguientes de publicada la presente ley.”;
4º Que, de acuerdo al considerando segundo, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;
5º Que, las normas comprendidas en los artículos 6º, 8º, 9º y 10, permanentes, y 1º, transitorio, del proyecto en estudio, son propias de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades puesto que contienen normas que, por una parte, otorgan una atribución al concejo municipal y, por la otra, exigen el acuerdo del mismo, en relación con la asignación de mejoramiento de la gestión municipal a que se refiere el proyecto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, incisos segundo y tercero, de la Constitución Política;
6º Que, no obstante que la Cámara de origen ha sometido a control, en conformidad al artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política, sólo las normas aludidas en el considerando anterior, este Tribunal, como lo ha declarado en oportunidades anteriores, debe pronunciarse, igualmente, sobre los artículos 1º, 2º, 4º y 5º, permanentes, puesto que dichas disposiciones establecen la asignación antes mencionada y el denominado “Comité Técnico Municipal”, al cual le corresponde proponer al alcalde el programa de mejoramiento de la gestión municipal, que es esencial para el otorgamiento de los incentivos que contempla el proyecto en análisis.
Resulta evidente, entonces, que dichos preceptos no sólo se refieren a la misma materia, sino que, además, se encuentran indisolublemente vinculados a aquellos sujetos a control preventivo de constitucionalidad, que aluden al procedimiento para el otorgamiento de la asignación que el proyecto establece, razón por la cual, al igual que éstos, tienen naturaleza orgánica constitucional;
7º Que, consta de autos que los preceptos a que se ha hecho referencia han sido aprobados en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República, y que sobre ellos no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad;
8º Que, las normas del proyecto en análisis, antes mencionadas, no son contrarias a la Constitución Política de la República.
Y, vistos, lo dispuesto en los artículos 63, 82, Nº 1º e inciso tercero, 107, 108 y 114 de la Constitución Política de la República, y lo prescrito en los artículos 34 al 37 de la ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, de 19 de mayo de 1981,
Se declara:
Que los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º y 10 permanentes y 1º, transitorio, del proyecto remitido son constitucionales.
Devuélvase el proyecto a la Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal, oficiándose.
Regístrese, déjese focotopia del proyecto y archívese.
Rol Nº 348.
Se certifica que el ministro señor Servando Jordán López concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, pero no firma por estar ausente.
Pronunciada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional, integrado por su presidente don Juan Colombo Campbell , y los ministros señor Eugenio Valenzuela Somarriva , señora Luz Bulnes Aldunate , señores Servando Jordán López , Hernán Álvarez García , Juan Agustín Figueroa Yávar y Marcos Libedinsky Tschorne .
Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional , don Rafael Larraín Cruz .
Conforme con su original.
A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA PRESIDENTA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ADRIANA MUÑOZ D’ALBORA
PRESENTE”.