Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- AMNISTÍA A INFRACTORES DEL TRÁNSITO Y SUSPENSIÓN DE VIGENCIA DE FOTORRADARES. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Dario Molina Sanhueza
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Rosa Gonzalez Roman
- Eduardo Diaz Del Rio
- Julio Dittborn Cordua
- Pablo Longueira Montes
- Carlos Recondo Lavanderos
- Manuel Rojas Molina
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- AMNISTÍA A INFRACTORES DEL TRÁNSITO Y SUSPENSIÓN DE VIGENCIA DE FOTORRADARES. Segundo trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión investigadora encargada de analizar los incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente, y de las facultades y recursos adicionales que requieren los organismos públicos para garantizar el cumplimiento de la ley.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Carlos Montes Cisternas
- Mario Bertolino Rendic
- Julio Dittborn Cordua
- Haroldo Fossa Rojas
- Juan Pablo Letelier Morel
- Carlos Montes Cisternas
- Jaime Mulet Martinez
- Adriana Munoz D'albora
- Juan Nunez Valenzuela
- Dario Paya Mira
- Marina Prochelle Aguilar
- Maria Rozas Velasquez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Rodolfo Seguel Molina
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Informe de la Comisión investigadora encargada de analizar los incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente, y de las facultades y recursos adicionales que requieren los organismos públicos para garantizar el cumplimiento de la ley.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 31ª, en miércoles 23 de enero de 2002
(Especial, de 17.15 a 18.24 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis; Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia
II. Apertura de la sesión
III. Actas
IV. Cuenta
V. Objeto de la sesión.
Amnistía a infractores del tránsito y suspensión de vigencia de fotorradares. Segundo trámite constitucional
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones
2. Oficio del Senado mediante el cual comunica que ha aprobado el proyecto, originado en mensaje, que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y suspende por noventa días la vigencia de los equipos deregistro de tales infracciones. (boletín Nº 288915) (S).
3. Informe de la Comisión investigadora encargada de analizar los incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente, y de las facultades y recursos adicionales que requieren los organismos públicos para garantizar el cumplimiento de la ley
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (85)
-- Acuña Cisternas, MarioPDC IX 52
-- Aguiló Melo, SergioPS VII 37
-- Alessandri Valdés, GustavoRN RM 20
-- Álvarez-Salamanca Büchi, PedroRN VII 38
-- Allende Bussi, IsabelPS RM 29
-- Arratia Valdebenito, RafaelPDC VI 35
-- Ascencio Mansilla, GabrielPDC X 58
-- Ávila Contreras, NelsonPPD V 11
-- Bartolucci Johnston, FranciscoUDI V 13
-- Bertolino Rendic, MarioRN IV 7
-- Rozas Velásquez, MaríaPDC RM 17
-- Bustos Ramírez, JuanPS V 12
-- Caraball Martínez, ElianaPDC RM 27
-- Cardemil Herrera, AlbertoRN RM 22
-- Ceroni Fuentes, GuillermoPPD VII 40
-- Coloma Correa, Juan AntonioUDI RM 31
-- Cornejo González, AldoPDC V 13
-- Cornejo Vidaurrazaga, PatricioPDC V 11
-- Correa De la Cerda, SergioUDI VII 36
-- Díaz Del Río, Eduardo IX 51
-- Dittborn Cordua, JulioUDI RM 23
-- Elgueta Barrientos, SergioPDC X 57
-- Encina Moriamez, FranciscoPS IV 8
-- Fossa Rojas, HaroldoRN VIII 46
-- Galilea Carrillo, PabloRN XI 59
-- García García, René ManuelRN IX 52
-- García Ruminot, JoséRN IX 50
-- García-Huidobro Sanfuentes, AlejandroUCCP VI 32
-- González Román, RosaIND I 1
-- Gutiérrez Román, HomeroPDC VII 37
-- Guzmán Mena, PíaRN RM 23
-- Hales Dib, PatricioPPD RM 19
-- Ibáñez Santa María, GonzaloIND V 14
-- Jaramillo Becker, EnriquePPD X 54
-- Jarpa Wevar, Carlos AbelPRSD VIII 41
-- Jeame Barrueto, VíctorPPD VIII 43
-- Jiménez Villavicencio, JaimePDC RM 31
-- Kuschel Silva, Carlos IgnacioRN X 57
-- Leay Morán, CristiánUDI RM 19
-- León Ramírez, RobertoPDC VII 36
-- Letelier Norambuena, FelipePPD VIII 42
-- Longueira Montes, PabloUDI RM 30
-- Lorenzini Basso, PabloPDC VII 38
-- Luksic Sandoval, ZarkoPDC RM 16
-- Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
-- Melero Abaroa, PatricioUDI RM 16
-- Mesías Lehu, IvánPRSD VIII 42
-- Molina Sanhueza, DaríoUDI IV 9
-- Monge Sánchez, LuisIND IX 48
-- Montes Cisternas, CarlosPS RM 26
-- Mora Longa, WaldoPDC II 3
-- Muñoz Aburto, PedroPS XII 60
-- Muñoz D'Albora, AdrianaPPD IV 9
-- Navarro Brain, AlejandroPS VIII 45
-- Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
-- Ojeda Uribe, SergioPDC X 55
-- Olivares Zepeda, CarlosPDC RM 18
-- Ortiz Novoa, José MiguelPDC VIII 44
-- Palma Flores, OsvaldoRN VII 39
-- Palma Irarrázaval, AndrésPDC RM 25
-- Palma Irarrázaval, JoaquínPDC IV 7
-- Pareto González, LuisPDC RM 20
-- Paya Mira, DaríoUDI RM 28
-- Pérez Arriagada, JoséPRSD VIII 47
-- Pérez Varela, VíctorUDI VIII 47
-- Pollarolo Villa, FannyPS II 3
-- Prochelle Aguilar, MarinaRN X 55
-- Prokurica Prokurica, BaldoRN III 6
-- Recondo Lavanderos, CarlosUDI X 56
-- Reyes Alvarado, VíctorPDC X 56
-- Rocha Manrique, JaimePRSD VIII 46
-- Rojas Molina, ManuelUDI II 4
-- Saa Díaz, María AntonietaPPD RM 17
-- Salas De la Fuente, EdmundoPDC VIII 45
-- Seguel Molina, RodolfoPDC RM 28
-- Silva Ortiz, ExequielPDC X 53
-- Tuma Zedan, EugenioPPD IX 51
-- Ulloa Aguillón, JorgeUDI VIII 43
-- Urrutia Cárdenas, SalvadorPPD I 1
-- Valenzuela Herrera, FelipePS II 4
-- Vargas Lyng, AlfonsoRN V 10
-- Velasco De la Cerda, SergioPDC V 15
-- Venegas Rubio, SamuelIND V 15
-- Villouta Concha, EdmundoPDC IX 48
-- Walker Prieto, IgnacioPDC V 10
-- Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Tomás Jocelyn-Holt, Enrique Krauss, Gutenberg Martínez y la señora Laura Soto.
Asistieron, además, los ministros de Justicia, señor José Antonio Gómez, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Mario Fernández.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 17.15 horas.
El señor PARETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor PARETO (Presidente).-
El acta de la sesión 23ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 24ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor PARETO (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
AMNISTÍA A INFRACTORES DEL TRÁNSITO Y SUSPENSIÓN DE VIGENCIA DE FOTORRADARES. Segundo trámite constitucional.
El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley del Senado, en segundo trámite constitucional, que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y suspende por noventa días la vigencia de los equipos de registro de tales infracciones.
Antecedentes:
Proyecto del Senado, boletín Nº 2889-15 (S). Documentos de la Cuenta Nº 2, de esta sesión.
El señor PARETO (Presidente).-
Hago presente a la Sala que los Comités acordaron que cada bancada puede hacer uso de la palabra hasta por diez minutos. Una vez concluido el tiempo destinado para ese fin, se procederá a votar la iniciativa.
En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor José García .
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, quiero anunciar que vamos a dar nuestra aprobación a este proyecto de ley.
Asimismo, deseo dejar expresa constancia de que, de acuerdo con el tenor de su artículo 1º, la amnistía que se concede a todos los conductores de vehículos motorizados que hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones, comprende no sólo aquellas infracciones cursadas a través de fotorradares, sino también las cursadas mediante el uso de radares portátiles o de puño. Es importante que esto quede establecido en la historia fidedigna de la ley.
Prueba de ello es que el artículo 2º, referido a la suspensión del uso de fotorradares, deja expresamente excluida de dicha suspensión a los radares portátiles o de puño utilizados por Carabineros de Chile. Como esta exclusión no se señala en el artículo 1º, es evidente que la amnistía es mucho más amplia que la referida sólo a infracciones cursadas mediante el uso de fotorradares.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, la bancada del PPD va a apoyar este proyecto de ley porque corrige una serie de injusticias que se han cometido con el uso de estos instrumentos técnicos para cursar infracciones. Tenemos conciencia de que el empleo de dichos instrumentos se ha prestado para abusos y que, en muchas ocasiones, han sido utilizados por algunos municipios con el fin de obtener ingresos. El hecho de reglamentar el tránsito, que implica también cursar infracciones, tiene el sentido de prevenir accidentes y no de andar a la caza de las personas con el objeto de recolectar dinero. Se trata de que el funcionamiento de estos instrumentos sirva como una forma de evitar accidentes y proteger así la vida de las personas, pero no hay duda de que no han sido utilizados correctamente.
Desde ese punto de vista, y en consideración a que está muy próxima la entrada en funcionamiento del registro de multas, con lo cual habría un gran número de personas con multas impagas, y por ese motivo impedidas de renovar sus licencias de conducir, no hay duda de que debemos buscar una solución al respecto.
Nos parece que la solución correcta es amnistiar todas las infracciones que se han cursado sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro. Por supuesto, hay muchas personas que pagaron sus multas; pero la amnistía, al menos, les servirá para que se elimine cualquier antecedente registrado como consecuencia de la infracción.
Ahora debemos establecer una reglamentación lo más estricta y transparente posible sobre el uso de estos aparatos técnicos, de manera que su utilización no se preste para abusos y se regule claramente la forma en que deben instalarse las señalizaciones en los caminos y para que, finalmente, su uso sea una forma de prevenir mediante la indicación clara de las velocidades que correspondan en diferentes carreteras. Ahora, si las personas no cumplen con esas advertencias lógicas, pueden caer en infracciones que se deben sancionar. Pero debemos reglamentar el uso de los fotorradares en forma transparente, con el objetivo repitode prevenir los accidentes y no andar a la caza de recursos para los distintos municipios.
No hay duda de que la suspensión del uso de esos instrumentos por el plazo de 120 días permitirá que la autoridad respectiva elabore un reglamento adecuado para su utilización en el futuro. No estamos en contra del uso de esos aparatos, sino que queremos que se empleen de manera transparente y que realmente sirvan a la gente, protejan la vida y no signifiquen obtener recursos en forma indebida.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, cuando este proyecto se discutió largamente en la Comisión y después en la Sala, dije que era un buen proyecto por una razón muy sencilla: los fotorradares son más imparciales que el ser humano, es decir, que Carabineros, porque sacan fotos a todos los infractores sin distinción. Pregunto a los diputados, ¿cuando abren esta maquinita y llegan al juzgado, a cuántos buses les sacan partes? Les garantizo que a ninguno, porque la situación se presta para que el conductor del bus diga que llamará a tal o cual persona. Entonces se discrimina, porque la persona que selecciona las fotos determina a quiénes les cursarán partes, en circunstancias de que dijimos que todos los infractores deberían estar en este cuento.
Fue tan buen negocio que después se dispuso que debía haber un ministro de fe, y las municipalidades pusieron a funcionarios de planta para que certificaran que tal persona pasó a tal hora, que se prendió la luz de la máquina, por lo cual le pasaban el parte. Así fue creciendo este negocio.
Señor ministro, hay que ahorrar palabras, porque todos estamos de acuerdo en suspender el uso de los fotorradares y en amnistiar a los infractores por los partes que se han cursado.
Sin embargo, no puedo dejar pasar la forma y la fuerza con que el señorTombolini ha defendido la permanencia de los fotorradares. No quiero ser mal pensado, pero detrás de esto se está protegiendo muchos intereses. No es la primera ocasión en que ocurre, porque cada vez que ha habido un problema con los fotorradares el señor Tombolini ha sido el primero en defenderlos, incluso a costa de mentiras, puesto que afirmó haber hablado con parlamentarios de todos los colores políticos de la Cámara, en circunstancias de que no había hablado con ninguno. Para conseguir la transparencia que el Gobierno quiere, es menester investigar esa situación.
Hace pocos meses, en la Séptima Región, se licitaron todas las plantas de revisión técnica. Ganó una empresa, pero echaron para atrás la licitación pública porque cobraba muy barato y, según los cálculos de la Subsecretaría, no daba para absorber los gastos.
¿Hasta eso controlan?
Cuando hablamos de transparencia, me gustaría que el propio Gobierno no metiera los pies con estos subsecretarios que instalan y defienden cosas que nos hacen pensar mal, no del Gobierno, sino de la persona que hoy las están defendiendo. No es la primera vez que lo hace.
De manera que, con gusto y con mucha fuerza, vamos a votar para que el funcionamiento de esos equipos se suspenda, ojalá hasta que haya una reglamentación que dé garantías a todos los ciudadanos, hasta que se conozca quiénes son los dueños de los fotorradares, cuáles son las municipalidades que los utilizan, qué destino tienen los fondos recaudados y en qué porcentaje se reparten, porque, según los antecedentes que manejamos, en este momento una parte es para el dueño de la máquina, otra para la municipalidad y otra para Carabineros. Es decir, me pregunto si los fotorradares son para proteger a la ciudadanía de accidentes de tránsito o para hacer un negociado que va en desmedro de los trabajadores, en este caso de la gente que ocupa sus automóviles. Los fotorradares se han instalado en lugares estratégicos, como cazabobos, y no para proteger a la gente.
En estas condiciones, me alegra enormemente que a algunas personas le echemos a perder un negocio tan lucrativo. Estamos hablando de 4 mil millones de pesos, cantidad a la que ascienden los partes cursados por la utilización de los fotorradares.
Por lo tanto, votaremos a favor de esta amnistía y de la suspensión del uso de fotorradares hasta que haya absoluta claridad y transparencia en su aplicación.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Zarko Luksic .
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, me alegro mucho de que estemos tratando este proyecto de ley.
Quiero hacer dos consideraciones. La primera dice relación con el contenido mismo del proyecto. Sin lugar a dudas, votar por la amnistía de todos los conductores de vehículos motorizados que a la fecha de publicación de esta norma hayan recibido un parte cursado mediante el uso de algún equipo de fotorradares es un verdadero alivio. Además, hacemos justicia respecto de un sistema que ha sido controvertido desde sus inicios y que ha generado una serie de dudas y situaciones irregulares en su aplicación.
Para la opinión pública está muy claro que el sistema de fotorradares, lejos de cumplir con su objetivo lo cumple en países europeos, en Australia o en Estados Unidos, cual es evitar accidentes de tránsito y ayudar a generar ciertos hábitos de buen conducir, se ha transformado en un verdadero cazabobos, en un instrumento para aumentar las arcas de los municipios que hacen convenios con empresas cuyo único objetivo es obtener pingües ganancias.
He sabido, por la opinión pública y por los colegas, de los escándalos que han generado muchas de esas empresas. Hemos recibido denuncias de parte de sus empleados y empleadas, quienes señalan que han realizado tareas para influir en directores de tránsito, a fin de que el sistema se ponga precisamente en arterias, avenidas o calles donde no hay ningún peligro de accidente de tránsito, pero sí todas las condiciones para que un conductor, ante la seguridad que significa transitar por esa arteria, aumente la velocidad de su vehículo. Por consiguiente, la amnistía es de toda justicia.
En cuanto a la suspensión del sistema por 120 días, me parece un plazo ajustado. Es la oportunidad para que parlamentarios, expertos en el tema, representantes de entidades, como la Agrupación de Automovilistas de Chile, Adach , que preside el señor Precht , y de otras asociaciones, puedan opinar respecto de un dispositivo que, reitero, per se no es malo. Es como si dijéramos en el siglo pasado que los semáforos eran malos per se. De ninguna manera. Son instrumentos modernos que pueden ayudar mucho, pero su uso y abuso por parte de las referidas empresas simplemente han desvirtuado su funcionamiento.
No puedo dejar pasar algunas actitudes de incompetencia e ineficacia que han mantenido las autoridades administrativas de la Subsecretaría de Transportes en su tarea fiscalizadora y supervisora del sistema de fotorradares. Nos parece extraño y nos preocupa que el fin de semana pasado el señor subsecretario haya hecho una defensa de las empresas de fotorradares señalando que no podemos legislar sobre la materia porque hay amenazas de demandas y querellas para resarcir perjuicios por eventuales daños. Me parece que ésa no es la función de la autoridad administrativa, la cual sí debe velar por el buen funcionamiento de un instrumento tan importante como es el fotorradar, y fiscalizar, precisamente, a las empresas privadas involucradas para que no se cometan las irregularidades conocidas por todos.
En segundo lugar, me parece inapropiada e inoportuna la decisión, tomada por la autoridad, de retirar un proyecto que venía del Senado y que estaba en la convocatoria extraordinaria. Me parece que eso demuestra, una vez más, la situación de desventaja en que se encuentra este poder del Estado. Si uno analiza las facultades que el Ejecutivo tiene en materia colegisladora, de utilizar instrumentos como la convocatoria extraordinaria, como las urgencias, como el veto, como la participación del Tribunal Constitucional que no es del Ejecutivo, nos encontramos con que el Congreso Nacional no es un poder legislativo. Muchas veces somos simplemente buzones de lo que nos envía el Ejecutivo. Es una materia que, como Cámara de Diputados, debemos estudiar para hacer las reformas del caso.
El señor PARETO (Presidente).-
Señor diputado, ha terminado su tiempo.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, por último, cabe señalar que el subsecretario de Transportes claramente ha faltado a la verdad al afirmar que el retiro del proyecto original fue consecuencia de un acuerdo entre él y los jefes de bancadas. Eso no es verdad; es una falsedad, y lo digo públicamente.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Señor diputado, ha ocupado medio minuto más del tiempo de su Comité.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor FERNÁNDEZ (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar muy brevemente que el propósito del Gobierno cuando retiró el proyecto aprobado por el Senado respecto de esta materia, no fue otro que enfrentar con seriedad, y tomándose el tiempo necesario, este tema, que, como ya se ha visto en esta discusión, es completamente controvertido.
Agradezco la buena disposición, tanto del Senado como de esta Corporación, para acoger la petición que el Gobierno ha hecho, a través de la presentación de un nuevo proyecto de ley, de abordar esta materia con algún tiempo, de aquí hasta que termine el receso parlamentario de verano. Pero después de escuchar al diputado señor Luksic quisiera precisar que el sistema político que nos rige permite a los poderes públicos ejercer una serie de prerrogativas, y que el uso de la prerrogativa por parte del Ejecutivo no debe entenderse, en ningún caso, como la alteración de las buenas relaciones entre ambos poderes del Estado, sino más bien como un mecanismo para contribuir mejor a que la legislación sea útil para la ciudadanía. Ése ha sido el propósito del Gobierno; en ningún caso pasar a llevar a otro poder del Estado ni menos agraviar a sus miembros. Si así hubiese sido percibido por los honorables diputados, yo presento mis excusas. Nuestro único propósito ha sido mejorar esta legislación sobre un tema que preocupa tanto a la ciudadanía.
Muchas gracias.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Darío Molina .
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, en primer lugar, valoramos el cambio de actitud que ha tenido el Gobierno ante la insólita situación acontecida en el día de ayer al retirar el proyecto aprobado en el Senado y que debía ver esta Corporación, hecho que ha sido justamente calificado por el Presidente del Senado como una actitud infantil al recordar que así actúan los niños cuando van perdiendo el partido de fútbol y se llevan la pelota para la casa.
La verdad es que este proyecto, sin perjuicio de no ser exactamente igual al que debíamos discutir inicialmente, al menos hace justicia al amnistiar todas las infracciones que se han cursado en forma ilegítima por los municipios que han trabajado con el sistema de los fotorradares.
¿Por qué ha habido tanto revuelo por este problema? La verdad es que tanto las actuaciones del Gobierno, en especial las del subsecretario, aquí recordadas, como todas las situaciones erráticas al corregir reglamento tras reglamento, al modificar leyes, siendo incluso obligados por este Parlamento a hacerlo, obedecen a que éste ha sido un pingüe negocio y queremos saber quiénes están detrás de él.
Hay antecedentes que apuntan a que desde el año 1997 a 2000, los 47 municipios que tuvieron o, hasta la fecha, han tenido este sistema, recaudaron 4 mil millones de pesos y a que 30 de estos contratos han sido firmados sin una licitación pública anterior, como lo exige la ley; es decir, la fiscalización realizada en esta materia por el Ministerio de Transportes ha sido prácticamente nula y quisiéramos saber por qué.
En el día de ayer, parlamentarios no necesariamente de la Oposición, señalaron que esto ameritaba una comisión investigadora, porque ha trascendido, a través de medios de opinión pública, que personeros de Gobierno están detrás de las empresas que han prestado o prestan este servicio a los municipios.
Ha habido alta corrupción de funcionarios municipales, a quienes les han pagado honorarios por cursar estos partes en sábados y domingos, cosa absolutamente prohibida por la ley.
Estamos frente a una situación tan irregular que se ha llegado al extremo de que con motivo de una querella presentada por el diputado señor Julio Dittborn y de quien habla, sustanciada por un ministro de fuero, se perdió extrañamente el expediente. También desapareció en circunstancias extrañas el expediente que contenía una investigación hecha por la policía de Investigaciones, en la cual claramente se establecían responsabilidades penales de funcionarios municipales y, asimismo, de algunas de las empresas privadas que han prestado este servicio.
Ante la denuncia formulada al presidente de la Corte de Apelaciones, ese expediente apareció por partes, desmembrado. Se encontró en la oficina de archivos, donde están las causas terminadas; es decir, una mano negra, evidentemente, ha pretendido que este juicio termine antes de que se establezcan las responsabilidades de quienes están detrás de este negocio.
No quiero entrar al fondo del tema porque el fotorradar, en sí mismo, no puede ser malo; es un objeto y su utilidad depende del uso que se le dé.
En este caso, se han violado los derechos de los conductores durante estos últimos cuatro años; el Estado ha avalado la obligación de pagar multas por infracciones cursadas en forma ilegítima e ilegal, y las autoridades de gobierno permanentemente han echado tierra a esto. Hoy se han visto obligadas a modificar su actitud y a presentar este proyecto de ley, que, si bien no termina con el abuso en la utilización de equipos de registro de infracciones, lo suspende por ciento veinte días.
Por esa razón, este sistema, por su ilegitimidad, ha caído en desprestigio ante la opinión del país y ha perdido la fe pública. Por ello, los conductores hoy sienten violados sus derechos al ser sancionados por este procedimiento, que les merece desconfianza. Creemos fundamental aprobar este proyecto, que amnistía a todos aquellos que han sido víctimas de este mecanismo mal usado y amparado por autoridades de Gobierno.
Finalmente, la suspensión por ciento veinte días del uso de estos equipos nos permitirá conocer, al menos, las investigaciones que aún realizan la Contraloría General de la República y la Fiscalía Nacional Económica. Ojalá pudiéramos obtener la aprobación de esta Cámara para constituir una comisión investigadora que nos informe de todas las denuncias sobre personeros de gobierno involucrados en las empresas que han prestado este servicio.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma por cinco minutos.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, sin duda alguna, el carácter de esta discusión ha cambiado totalmente después de la intervención del diputado Molina . Nosotros esperábamos analizar fundamentalmente dos cosas: primero, que, de acuerdo con las facultades del Presidente de la República, no está en discusión el retiro del Congreso de cualquier proyecto de ley. Nosotros observamos que era inapropiado hacerlo sin el acuerdo de las bancadas o al menos de las Mesas de la Cámara y del Senado, cuestión que esperamos no vuelva a ocurrir, ya que, del mismo modo como el Gobierno ha estado dispuesto a resolver el tema de fondo a través de este proyecto de ley me alegra que lo haya hecho, se hubiera podido lograr ese acuerdo con anticipación.
Decía que el diputado Molina ha cambiado el carácter de la discusión del proyecto, porque ha entregado elementos difusos y genéricos; acusaciones al voleo respecto de autoridades de Gobierno, en las que no da nombres ni antecedentes y supone que hay corrupción vinculada al uso de estos instrumentos, lo que, sin duda, puede existir. Me habría gustado que el señor diputado hubiera entregado nombres de municipios y de alcaldes que han participado en actos de corrupción, porque alcaldes de todos los colores políticos han contratado con empresas que prestan este servicio. Me parece poco serio e irresponsable que el diputado pretenda acusar a autoridades y al Gobierno de estar involucrados en hechos delictuosos.
En segundo lugar, respecto del tema de fondo, nuestra bancada apoyará la suspensión del uso de estos instrumentos y la concesión de amnistía para que las personas denunciadas por infracciones a las normas del tránsito con base en elementos probatorios obtenidos mediante fotorradares puedan obtener permiso de circulación. Sin embargo, quiero puntualizar que muchos parlamentarios han hablado, sin motivo, en contra de este instrumento producto de la tecnología, lo que me parece inaceptable. La comunidad está pidiendo que Carabineros se dedique fundamentalmente al combate de la delincuencia. Hay sectores que dicen: “Mire, prefiero eliminar los fotorradares y que Carabineros vuelva con la maquinita”. Me parece que no debiéramos entregar esta facultad a los municipios, los cuales han desnaturalizado este instrumento para proveerse de fondos y financiar sus presupuestos, en lugar de velar por la seguridad de las personas; sólo están obteniendo recursos de una mala fuente para sus propios presupuestos municipales. La facultad para firmar los contratos con las empresas que otorgan estos servicios debiera entregarse a Carabineros, sistema que quedaría resguardado mediante un reglamento estricto, con el objeto de que no utilicemos al personal de Carabineros para colocarlo en las carreteras, dado que la comunidad quiere, primero, que se controle la velocidad, especialmente en los sectores densamente poblados y, segundo, que Carabineros se dedique fundamentalmente al combate de la delincuencia, más que estar controlando automovilistas. De ese modo, compatibilizaremos ambos intereses: destinar las fuerzas de Carabineros a la seguridad de las personas y usar la tecnología para controlar a quienes infringen las normas de velocidad.
Ésta es una buena salida que se le ha dado al problema, por lo que nuestra bancada va a aprobar el proyecto de ley que amnistía a los infractores descubiertos mediante los fotorradares y que suspende la aplicación del uso de éstos hasta marzo, mes en que podremos concordar un proyecto integral que resuelva este tema, tomando en consideración la destinación de Carabineros para el resguardo de la seguridad de los ciudadanos y el control de la velocidad de los vehículos motorizados mediante la tecnología de los fotorradares.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, en mi calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y en representación de la bancada del Partido Socialista, debo manifestar mi sorpresa por la irresponsabilidad con que un colega ha tratado esta materia, porque ni él ni los representantes de su bancada en la Comisión han colocado este tema en discusión. Lo que corresponde hacer respecto de un asunto que concita la inquietud de la opinión pública es tratarlo con responsabilidad. A mi juicio, a la torpeza que acabamos de escuchar podría responderse diciendo que quien encabeza la recaudación por los fotorradares en el país es la municipalidad de Santiago y, por tanto, la conclusión tendría que ser que Joaquín Lavín es un ladrón;...
(Hablan varios señores diputados a la vez).
…pero no creo que ésa sea la forma de abordar este debate. Lo que corresponde es entender que aquí hay un doble fenómeno: primero, el problema de conceder la amnistía tiene que ver con la posibilidad de que el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados funcione con igualdad para todos en el país. No hay un sistema nítido y con una fecha de inicio para la entrega de información a dicho Registro, lo que, retroactivamente, puede producir situaciones en las que exista falta de igualdad ante la ley.
Por cierto, apoyaremos la iniciativa de los senadores Andrés Zaldívar y Ríos, porque consideramos importante ordenar un tema que ha sido tremendamente polémico durante dos años y porque creemos que es fácil entender que la suspensión del uso de los fotorradares es una necesidad urgente.
En opinión de nuestra bancada, el plazo de ciento veinte días es insuficiente. Entendemos que debe ser mayor para poder realizar un debate más a fondo. El problema no es la tecnología en sí, pero no cabe duda alguna de que el uso que se le ha dado ha generado tremendas distorsiones en un bien que todos perseguimos: la seguridad en el tránsito. En la actualidad, la principal causa de muerte en nuestro país son los accidentes de tránsito. Por ello, toda medida que apunte a disminuirlos es importante. No obstante, los dueños de las empresas de fotorradares han distorsionado el sentido de esa tecnología. Probablemente, hay algo de cierto en lo que señalaban algunos colegas, en el sentido de que ha habido corrupción entre los dueños de las empresas y algunos municipios para abusar de esta tecnología. Sin duda alguna, deberíamos investigar esto y, por tanto, darnos más de esos ciento veinte días que se otorgan en el proyecto para suspender el uso de fotorradares, con el objeto de entender por qué esa tecnología ha sido tan mal usada y por qué hoy no goza de legitimidad en la sociedad para cambiar conductas y para tener mayor seguridad en el tránsito. Sin duda, la existencia de los fotorradares carece de legitimidad en nuestra sociedad, porque han sido más bien un instrumento para recaudar fondos en favor de los municipios, permitir el enriquecimiento de las empresas que proveen esta tecnología y, dado el monto de los recursos involucrados, probablemente para alterar voluntades y generar prácticas ilícitas en algunos municipios en que se firman estos contratos.
Lo publicado en “El Mercurio” y los antecedentes entregados por algunos colegas en cuanto a que muchos municipios han firmado contratos sin licitaciones, sin duda nos indican que los posibles ilícitos están en el ámbito de los municipios, los que posiblemente no han estado motivados por el fin de lograr seguridad en el tránsito, sino por otras razones, tal vez vinculadas a la recaudación de ingresos por este medio, en favor de las municipalidades.
Creemos necesaria la postergación del uso de esta tecnología, ya que no puede seguirse utilizando un instrumento que no genera consenso, como ha sucedido con éste en los dos últimos años.
Tendremos que ver cómo construimos una práctica social para aumentar la seguridad en el tránsito, porque no podemos caer en el juego de desconocer que los conductores de nuestro país tenemos prácticas y conductas que han permitido que la principal causa de muertes en Chile sean los accidentes de tránsito.
Las medidas propuestas por la Corporación Nacional de Seguridad de Tránsito, Conaset , son muy importantes; las actitudes asumidas por asociaciones, como las que mencionaba el diputado señor Zarko Luksic , también lo son. Necesitamos tomar medidas que fortalezcan la seguridad del tránsito, no caer en actitudes irresponsables, y entender que si esta tecnología es mal usada, más vale que no sea aceptada sin una debida regulación. Los socialistas estamos dispuestos a reconsiderar el uso de esta tecnología, pero con otra regulación.
Por último, también es importante precisar que debates de esta naturaleza requieren de un tiempo suficiente para no caer en el juego de calificar o descalificar. En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones nunca aconteció lo que ocurrió en la Sala, en la cual se trató de presentar esto como un debate entre la Oposición y el Gobierno. Siempre el tema fue motivo para preocuparse de los derechos del ciudadano, por un lado, y de la seguridad del tránsito, por el otro.
Como Corporación nos hace bien situar el debate en ese nivel. Eso fue lo que incentivó a los senadores Ríos y Andrés Zaldívar , y eso es lo que también debería motivarnos a nosotros.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, lamento mucho que este controvertido tema involucre directa y personalmente al Presidente de la República, porque fue él quien, con su firma, patrocinó una moción en el período extraordinario, y también fue él quien, con su firma, la retiró el mismo día en que se trataría. Y es nuevamente él, quien, en un proyecto de parche, presentado a última hora, nos tiene en estos momentos buscando una salida digna a este lamentable suceso.
Estimo que esto es legislar mal y que es un proyecto que no va en la línea del cumplimiento que se debe dar a las leyes, porque acá se está favoreciendo, una vez más, a quienes no han cumplido con el pago de sus multas. ¿Y qué pasa con quienes cumplieron?
Sabemos que el sistema de los fotorradares, desde sus inicios, fue y es turbio, ilegal y abusivo, porque el Congreso tuvo que legislar después de que fueron puestos en práctica. Por lo tanto, tengo derecho a abrigar las mismas dudas que manifestaba mi colega Molina , sobre todo si se considera que en la prensa de hoy se dice que se cree que hubo serias presiones por algunas personas que están ligadas a la Concertación, quienes aparecerían supuestamente vinculadas a las empresas que operan los fotorradares.
A mi juicio, debe hacerse una aclaración a fondo. Hoy, en Incidentes, pedí al Ministerio de Transportes el nombre de las empresas, quiénes las forman, sus Rut, la razón social, las direcciones, los contratos y sus montos, porque no podemos seguir legislando para, primero, tapar hoyos y, segundo, para cohonestar incluso actos de corrupción. Lo digo porque hace cuatros meses, aproximadamente, un diputado de la bancada de la Democracia Cristiana pidió en la Sala que se investigaran las cuentas bancarias del subsecretario de Transportes, debido a las serias sospechas de corrupción en el ejercicio de su cargo.
¿Es ésta la forma de legislar de nuestro Congreso? Creo que no. Con seguridad, una vez más tendremos que optar por el mal menor, pero, a mi juicio, Chile no se merece eso.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Alessandri .
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, con entusiasmo anuncio mi voto favorable al proyecto, porque, como se ha dicho aquí, los fotorradares han pasado a constituir un negocio inmoral y repudiable efectuado por algunas municipalidades.
Quiero llamar la atención sobre otro problema. Con frecuencia el Congreso Nacional debe despachar leyes para blanquear las deudas, incluidas las multas e intereses, de bienes raíces y, asimismo, las multas e intereses de diversos servicios que prestan organismos del Estado o las municipalidades.
El diputado Darío Molina nos explicó cómo las municipalidades han recaudado 4 mil millones de pesos por el sistema de fotorradares. Entonces, sería conveniente preguntarse qué sucede con la gente que pagó en forma oportuna las multas por tal concepto; a cuánto asciende lo pagado y lo que queda pendiente. De una vez por todas, no debemos seguir castigando al que paga en forma oportuna, en beneficio del que no paga jamás.
Hecha esta aclaración, con entusiasmo expreso mi voto favorable a este proyecto, ahora llamado de amnistía; ayer era de condonación, porque estas idas y venidas por tratar el asunto con el Congreso ha constituido un verdadero payaseo del Gobierno.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rocha .
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, quiero plantear una consulta por una cuestión formal. En el epígrafe del proyecto de ley se habla de noventa días de suspensión del uso de estos equipos, y en el artículo 2º se consigna un plazo de ciento veinte días.
El señor PARETO (Presidente).-
Son ciento veinte días, señor diputado.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, sin duda alguna, compartimos el reclamo expresado por los señores diputados en cuanto a la forma en que estos instrumentos han sido explotados por los municipios dirigidos por representantes de todos los colores políticos. Entonces, en el debate debe quedar en claro que el reclamo no es contra los fotorradares. No podría serlo, porque este instrumento, bien utilizado, está destinado a hacer más seguras nuestras calles, avenidas y caminos.
Quiero citar algunas estadísticas. El año pasado se redujo en un 18 por ciento la cantidad de accidentes gracias a los fotorradares, y en 50 por ciento el número de fallecidos y lesionados. Así, en 2001 se registraron 138 muertes menos que en 2000, debido al uso adecuado de estos medios tecnológicos. En consecuencia, aprobaremos el proyecto de ley.
Ante la posibilidad de que continúe en el debate la descalificación grosera en contra del subsecretario de Transportes, queremos expresarle públicamente nuestra solidaridad, respeto y confianza, y lamentamos que la facultad fiscalizadora, que debe ser ejercida con responsabilidad, decencia, valentía y con todos los elementos que nos da la Constitución, sea practicada hoy a caballazos y en forma irresponsable y cobarde.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier hasta por dos minutos.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, el espíritu del proyecto es prevenir los accidentes de tránsito. Se hicieron grandes esfuerzos para lograr la regulación del funcionamiento de los fotorradares, pues durante mucho tiempo se usaron en forma ilegal, violando la ley de Tránsito. Algunos parlamentarios, entre ellos el diputado Elgueta y quien habla, pusimos el grito en el cielo para pedir su regulación. Pero cuando un proyecto nace con estas características, uno se da cuenta de que su objetivo es lucrar, hacer caja en algunos municipios. De hecho, cuando quisimos hacer una regulación, no fue fácil, porque nos encontramos con ciertas presiones.
Nos corresponde perfeccionar la propuesta del Senado, que apunta a buscar una solución; sin embargo, no lograremos nada si para ello no existe la voluntad de parte de quienes manipulan y administran estos avanzados y eficaces instrumentos, pero que son mal usados.
Fui uno de los primeros que pidió la regularización del empleo de fotorradares, y quien, junto con otros colegas, denunciamos la ilegalidad en su uso. Creo que, más allá de las descalificaciones, existe amplia voluntad para corregir esta situación.
Estoy de acuerdo con las críticas del Senado por el retiro del proyecto. Para que existan mejores relaciones, armonía y podamos hacer mejor las cosas, el Congreso Nacional uno de los poderes del Estado debe ser respetado.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Longueira por cuatro minutos.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, por cierto, vamos a votar favorablemente el proyecto, aunque el problema de fondo es mucho más profundo.
Detrás de cada fotorradar se construye una fábrica para cursar partes. Se ha hecho mal uso de la ley, pues a su amparo se han establecido restricciones de velocidad cuando no son necesarias; se han fijado velocidades absurdas y ridículas en relación con el mejoramiento que han tenido las carreteras del país; se colocan, en forma inadecuada, todo tipo de limitaciones y señalizaciones para que, finalmente, los conductores incurran en infracciones. Ésa es la verdad. En Chile existe una red de fábrica de partes.
A la gente le irrita esa distorsión de la ley de Tránsito. Al respecto, basta recordar que en ciertos lugares se fija una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, donde es evidente que el que circula a esa velocidad genera un accidente de tránsito. En muchos sectores es más peligroso cumplir algunas de estas disposiciones que no cumplirlas.
No soy partidario de que existan los fotorradares y por eso presenté indicación lo más probable es que se rechace como consecuencia de la forma y la velocidad en que estamos legislando, porque no tengo ninguna duda de que en 120 días más veremos un proyecto que consistirá en prorrogar este plazo.
Lo correcto sería aprobar un plazo indefinido para que legislemos bien. No es un problema de los fotorradares, sino del hecho de colocar, donde no corresponde, “No adelantar”, rayas blancas, letreros que indican que se debe reducir la velocidad, que digan: “Fin de restricción a tantos kilómetros”, después de las reducciones.
En definitiva, es todo un manejo de la ley, que, repito, se ha usado mal por muchas décadas. Este no es un problema ni del gobierno militar, ni de la Concertación, ni del alcalde Lavín , ni de ustedes, ni de nosotros, sino de todos. Lo que quieren los chilenos es terminar con la fábrica de partes, porque esto no es otra cosa que más impuestos a nuestros compatriotas muchos de ellos muy modestos, a nuestra clase media que ha accedido a un vehículo, que sale de vacaciones pero regresa con partes cuyo pago le cuesta más que veranear. ¡Es ridícula la situación que están viviendo los chilenos!
El problema de fondo insistoes la fábrica de partes que se han construido con una ley que está siendo mal usada en el país, igual que los fotorradares. Tampoco es presentable que Carabineros esté escondido arriba de los árboles o detrás de un semáforo o de una vereda, asaltando a los chilenos, pues de repente aparecen con pistola como si todos los que conducen en el país fuéramos delincuentes.
El problema es mucho más profundo. Si este Congreso quiere legislar bien, debe suspender indefinidamente el uso de los fotorradares hasta terminar con la fábrica de partes, que tiene molesta a la gente que con mucho esfuerzo ha adquirido un vehículo y a quien le sale más caro que mantenerlo, pagar los partes que todos los días nos llegan por situaciones inexplicables.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, nos hemos visto obligados a celebrar esta sesión con el fin de reparar un grave error cometido durante el trámite legislativo de un proyecto.
Nuestro Gobierno, si hubiese querido, habría podido corregir el problema sin retirar el proyecto que venía del Senado originado en moción de los senadores Andrés Zaldívar y Ríoscon una indicación e, incluso, con un veto aditivo. Así se habría conseguido el objetivo y evitado el bochorno que la opinión pública ha observado.
Aprovecho la presencia del ministro señor Fernández para señalar que con él no sólo logramos una solución al problema mediante el proyecto presentado, sino que, además, el compromiso de suspender el funcionamiento de los fotorradares en estos 120 días, plazo que nos hemos dado para avanzar en una legislación mejor en una mesa de trabajo.
Quiero asumir lo señalado por los colegas Juan Pablo Letelier y Longueira , en el sentido de que éste es un problema nacional, no para abordarlo desde el punto de vista partidario ni de ninguna trinchera, puesto que afecta a todos los chilenos.
Hoy los ciudadanos podrán salir con tranquilidad a veranear olvidándose de la pesadilla de los fotorradares, puesto que está suspendido del pago de las multas por las faltas detectadas con esos aparatos, ya que habrá amnistía, pero nosotros quedamos para las vacaciones con un problema que no es menor.
Sobre la materia, hay muchas situaciones objetivamente irregulares, que algunos han tenido la valentía de denunciar, como es el caso del juez de policía local de Lampa, si no me equivoco, que en un momento determinado dijo que las empresas de fotorradares llegaban al extremo de incentivar a los funcionarios del Poder Judicial, de la misma manera como lo estaban haciendo con los municipios. Algo está pasando en este proceso tan poco transparente, y no nos pueden dejar indiferentes las denuncias formuladas. Debemos recogerlas.
Esta no es una norma que tienda a corregir una mala actuación en el tránsito, sino que más bien se ha transformado, en la práctica, en un sistema de recolección de fondos para los municipios e incentivos para los jueces de policía local. Asimismo, deberemos preocuparnos de ciertas actuaciones de estas empresas, las que “generosamente” no sólo han ofrecido facilitar, mediante contrato oneroso, las máquinas de fotorradares, sino que, además, realizar algunas labores administrativas que corresponden al Poder Judicial, que no dispone de funcionarios para notificar todos los partes que se cursan, y hasta enviar las certificaciones por correo a los domicilios de los infractores.
Un ejemplo claro es lo que vi hace pocos días en un parte de la municipalidad de Cartagena, enviado al juzgado de policía local, que a su vez notifica a un ciudadano que ha cometido determinada infracción. Ni siquiera se le cita ante el juez para explicar por qué transgredió la ley, sino que se le dice, a continuación, que si tiene dificultades para acudir a sus oficinas, vaya al Banco Edwards y pague la cantidad correspondiente. Esa no es forma de legislar ni una medida que tienda a impedir las infracciones de tránsito.
Para colmo, esto se ha visto adornado con una situación que me parece tan grave como la anterior. Se ha dicho públicamente que había acuerdo para retirar el proyecto del Congreso. En otros países del mundo, si un funcionario del Estado, un ministro o un subsecretario miente, genera un gran problema y un cambio inmediato de quien faltó a la verdad, pero aquí no pasa nada.
Se ha dicho que en esta recolección de fondos hay un entramado que nadie conoce y por eso la bancada de la Democracia Cristiana insistirá en la formación de una comisión investigadora que se encargue de esclarecer estos temas: recaudación de fondos por los municipios, incentivos económicos denunciados por los jueces de policía local, adjudicación de los contratos sin licitación previa y las notificaciones de que he dado cuenta.
Esperamos tener la unanimidad de la Sala para la formación de esa comisión, porque este no es un problema de trincheras de Gobierno y de Oposición, sino un saneamiento básico en el funcionamiento de nuestras autoridades.
Quiero decir al ministro que hay algunas contradicciones básicas en el texto del proyecto, como la señalada por el colega Rocha , tal vez como consecuencia de la presión con que hemos legislado. En el encabezado se dice que se suspende por 90 días el uso de los fotorradares, pero en el artículo 2º se habla de un plazo de 120 días. Me parece necesario corregirlo.
En segundo lugar esto es importante para la historia de la ley y para conocimiento de los jueces que deban aplicarlase dice que se concede amnistía a todos los conductores. A mi juicio, la amnistía debe ser para quienes han cometido las infracciones de tránsito, según lo señalado en el título. De lo contrario, tendrán que citar a los conductores, cuando la idea es amnistiar de inmediato por todas las infracciones.
Por último, me parece importante que quede claro si esta amnistía también alcanza a las infracciones que han sido cursadas por Carabineros, porque el artículo 1º no lo precisa muy bien. Como el texto se refiere a todas las infracciones, me gustaría que el señor ministro nos precisara si se refiere solamente a los partes cursados por infracciones detectadas con los fotorradares licitados por los municipios o también usando los fotorradares administrados por Carabineros de Chile.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Señores diputados, estamos tratando el proyecto que viene del Senado.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor FERNÁNDEZ (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, me parece importante hacer una aclaración. La discrepancia entre los 90 y 120 días se entiende por la modificación del plazo que hizo el Senado. El proyecto original contemplaba 90 días y el Senado los aumentó a 120. Quizás por razones de la elaboración del texto que mandaron a la Cámara se produjo esta diferencia.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, respecto del tema que aborda el proyecto está todo dicho y, sin duda, vamos a concordar en la necesidad de eliminar de manera definitiva este mecanismo.
Sólo quiero referirme al objetivo que se tuvo en vista para instalar los fotorradares. Hoy, en nuestro país, cada cinco horas fallece una persona en accidentes de tránsito. La pérdida anual alcanza a los 500 millones de dólares. Además, la principal causa de muerte entre jóvenes de 18 a 23 años siguen siendo las consecuencias de lesiones o golpes recibidos en accidentes de tránsito. Sin embargo, la Corporación Nacional de Seguridad de Tránsito, Conaset , contaba con un presupuesto de 600 millones de pesos, menos de un millón de dólares. O sea, tenemos graves insuficiencias en el aspecto preventivo de los accidentes. Al respecto, recuerdo a la Sala que necesitamos innovar fuertemente en materia de prevención. Considero que esta iniciativa tenía sentido en la medida en que educaba a los conductores, porque eso no ocurre en nuestro país. Menos del 2 por ciento de los 4 millones de estudiantes que cursan la educación básica y media tienen acceso a conocer las normas de tránsito. Existen aproximadamente 2.500 institutos privados que enseñan esas normas, con la participación aproximada de 67 mil jóvenes.
También quiero recordar que en 1997 la Cámara despachó al Senado un proyecto de ley que hacía obligatoria la enseñanza de las normas de tránsito en la educación básica y media, para lo cual se proponía la modificación de la actual ley orgánica constitucional de Enseñanza. Dicho proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación y en la Sala de la Cámara, se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. Una de las patrocinantes del proyecto fue la actual ministra de Educación, Mariana Aylwin .
Insisto en que debemos perseverar en la prevención de los accidentes y en el conocimiento de las normas del tránsito. El proyecto tendría un fondo sostenible si existiera una adecuada institucionalidad dentro del aparato del Estado para prevenir los accidentes de tránsito. Sobre la materia, no se han hecho campañas desde hace muchos años. Desde ya, anunciamos nuestro rechazo a la forma “pedagógica” de educar a los conductores.
Por tanto, solicito que los proyectos aprobados por unanimidad en la Cámara, que enviamos al Senado y que allí duermen por años, sean reactivados.
Pensamos que prevenir es la clave esencial para evitar los accidentes de tránsito.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
¿Me permite señor Presidente?
El señor PARETO (Presidente).-
No corresponde, pero le concedo un minuto, señor diputado.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, para que no haya confusión, quiero aclarar que el título señala 90 días, pero en el articulado de la iniciativa se indican 120 días. Como lo que se aprueba es el artículo y no el título, no hay problema.
Gracias.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, la consulta que hizo el diputado señor Jiménez en relación con el artículo 1º, se refiere a un aspecto respecto del cual deberíamos tener claramente establecida nuestra intención, por cuanto en el artículo 2º hay una excepción.
Él preguntó si la amnistía era para todas las infracciones y contravenciones detectadas por algún mecanismo de registro, es decir, fotorradares y los aparatos portátiles. Es importante aclarar que así lo vamos a votar, por cuanto en el artículo 2º hay dos excepciones. Cuando votemos, lo haremos pensando que se refiere a toda infracción en la forma argumentada por el diputado señor Jiménez . Se lo consultamos al señor ministro porque es importante que no haya confusión en la Sala.
El señor PROKURICA.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Es importante advertir a quienes pueden beneficiarse con esta norma que, para cumplir con las disposiciones reglamentarias, deben abstenerse de votar.
El señor PARETO (Presidente).-
Es una norma general, señor diputado.
El señor ELGUETA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, un punto no menor es la responsabilidad subsidiaria que señala el artículo 1º. Este adjetivo “subsidiario” no corresponde al artículo 175. Y lo digo porque tengo en mi poder la ley de Tránsito. No sé si la Comisión de Estilo podrá suprimir esa palabra, pues la responsabilidad del conductor es principal y no subsidiaria. No sé por qué el Senado introdujo un adjetivo que puede producir problemas de interpretación. Bastaría con citar la responsabilidad establecida en el artículo 175 de la ley de Tránsito.
El señor PARETO (Presidente).-
Pero no afecta la norma, señor diputado. Solamente es un calificativo.
Corresponde votar en general el proyecto que suspende la aplicación de fotorradares y amnistía las infracciones, con excepción del artículo 1º que, por referirse a materias propias de ley de quórum calificado, requiere votación separada y el voto favorable de 59 señores diputados y señoras diputadas para su aprobación.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguientes resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Alessandri , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Bertolino , Rozas (doña María) , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Fossa , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Leay , León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Masferrer , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes , Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Silva , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Velasco , Venegas , Villouta y Walker (don Ignacio) .
Se abstuvo el diputado señor Álvarez-Salamanca .
El señor PARETO (Presidente).-
Si les parece a los señores diputados, el artículo 1º se dará por aprobado en general con el mismo resultado de la votación anterior, dejándose constancia del quórum.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
Si le parece a la Sala, el artículo 1º se dará por aprobado en particular, con la misma votación que lo fuera en general, dejándose constancia del quórum.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
En votación el artículo 2º, que tiene una indicación, a la cual dará lectura el señor Secretario. Posteriormente, se votará el artículo con la indicación.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Indicación de la señora Rosa González y de los señores Díaz , Dittborn , Longueira , Recondo y Rojas para reemplazar en el artículo 2º, las expresiones “por el plazo de 120 días”, por el término “indefinidamente”.
El señor LUKSIC.-
¡Es inconstitucional!
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PARETO (Presidente).-
Si se rechazara el artículo con la indicación, se votaría el artículo por separado.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 49 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri , Álvarez-Salamanca , Bertolino , Cardemil , Coloma , Dittborn , Fossa , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Leay , Masferrer , Melero , Molina , Monge , Palma (don Osvaldo) , Pérez (don Víctor) , Prokurica , Recondo , Rojas , Ulloa y Vargas .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Rozas ( doña María) , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Elgueta , Encina , Gutiérrez , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez, León , Letelier ( don Juan Pablo) , Luksic , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Reyes , Riveros , Rocha , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Silva , Tuma , Urrutia , Valenzuela , Velasco , Venegas , Villouta y Walker (don Ignacio) .
Se abstuvieron los diputados señores:
García (don José ) y Letelier (don Felipe) .
El señor PARETO (Presidente).-
En votación el artículo, sin la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado el artículo.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Alessandri , Álvarez-Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Rozas ( doña María) , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Fossa , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Leay , León , Longueira , Luksic , Masferrer , Melero , Molina , Monge , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes , Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Silva , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Velasco , Venegas , Villouta y Walker (don Ignacio) .
Votó por la negativa el diputado señor Bertolino .
Se abstuvo el diputado señor Letelier (don Felipe) .
El Señor PARETO (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 18.24 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe de la Comisión investigadora encargada de analizar los incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente, y de las facultades y recursos adicionales que requieren los organismos públicos para garantizar el cumplimiento de la ley.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión investigadora encargada de analizar los incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente, y de las facultades y recursos adicionales que requieren los organismos públicos para garantizar el cumplimiento de la ley, pasa a informar a la honorable Cámara de Diputados acerca del cometido que ella tuvo a bien encomendarle.
I. INTRODUCCIÓN.
1.Origen de la Comisión.
La Cámara de Diputados, en sesión 54ª, de la Legislatura Extraordinaria de Sesiones, celebrada en día 17 de abril de 2001, aprobó un proyecto de acuerdo suscrito por los diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Montes, don Carlos; Muñoz, doña Adriana; Pérez, don José; Seguel, don Rodolfo, y Silva, don Exequiel, por el cual se proponía la creación de una Comisión investigadora sobre el incumplimiento empresarial de la normativa laboral vigente y la necesidad de fortalecer las facultades y recursos de los organismos públicos competentes.
2.Proyecto de acuerdo.
El tenor literal del citado proyecto de acuerdo es el que se transcribe a continuación:
PROYECTO DE ACUERDO:
“Considerando:
Que existen diversas formas de violación de la libertad de asociación de los trabajadores, en particular, a través de amenazas y prácticas de despido.
Que se cometen abusos con las diversas formas de subcontratación, que no responden a una lógica productiva y que se utilizan a fin de presionar ilegítimamente sobre los derechos de los trabajadores para:
Impedir la formación de sindicato;
Debilitar sustancialmente a los existentes;
Atomizar o impedir la negociación colectiva;
Bajar remuneraciones o precarizar el empleo;
Evitar el pago de gratificaciones, etc.
Que existen diversas formas de fraude para evitar el cumplimiento de derechos laborales, como por ejemplo:
Ocultación del verdadero empleador;
Generalización de falsos contratos a honorarios;
Masificación del cargo de “trabajador de exclusiva confianza”, con el objeto de excluirlos de las normas sobre jornada de trabajo y negociación colectiva, etc.
Que es preocupante la realidad de la jornada laboral y sus múltiples formas de violación, especialmente en los sectores con alto empleo femenino.
Que se constatan rebajas unilaterales de remuneraciones y de condiciones de trabajo bajo la amenaza del despido.
Que la justicia laboral funciona con muchas limitaciones en sus procedimientos, con gran demora en la tramitación de los procesos, con serias dificultades de acceso, etc.
Que los trabajadores sienten impotencia frente a diversas maniobras empresariales: los créditos incobrables ante empresas que terminan el giro “de hecho”, sin patrimonio; las tercerías, los créditos laborales frente a la quiebra.
Que en muchos casos se prefiere pagar multas, o quedar debiéndolas, ante la limitada potestad coercitiva de los organismos públicos. Hay empresas que, en menos de un año, han recibido 188 multas por diversas infracciones de la normativa laboral. Hay otras que acumulan multas por más de 15 millones de pesos, pero que dilatan y postergan su pago por años.
La Cámara de Diputados acuerda:
Constituir una Comisión investigadora de los incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente, y de las facultades y recursos adicionales que requieren los organismos públicos para garantizar el cumplimiento de la ley.
La Comisión deberá desarrollar la investigación en un plazo máximo de setenta y cinco días desde su constitución y considerar entre sus invitados a:
Organizaciones sindicales superiores: Central Unitaria de Trabajadores, confederaciones, federaciones y sindicatos nacionales;
Poder Judicial;
Ministerio de Justicia; Corporación de Asistencia Judicial; Fiscalía Nacional de Quiebras; Organizaciones de Asistencia Judicial;
Fiscalía Nacional de Quiebras.
Organizaciones de empleadores;
Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Dirección del Trabajo, y Organización Internacional del Trabajo.
La Secretaría de la Cámara establecerá las medidas necesarias para recabar y recibir antecedentes de trabajadores y sindicatos”.
3.Integración de la Comisión.
Reglamentariamente, la Comisión se constituyó el día 15 de mayo de 2001, eligiendo como su Presidente al diputado don Carlos Montes Cisternas. Fue integrada por los diputados señores, Bertolino, don Mario; Dittborn, don Julio; Fossa, don Haroldo; Letelier, don Juan Pablo; Montes, don Carlos; Mulet, don Jaime; Muñoz, doña Adriana; Núñez, don Juan; Paya, don Darío; Prochelle, doña Marina; Rozas, doña María; Saa, doña María Antonieta, y Seguel, don Rodolfo.
En su sesión constitutiva del martes 15 mayo, la Comisión acordó sesionar semanalmente y recibir en audiencias en el Palacio Ariztía, de la ciudad de Santiago, a los representantes de los distintos organismos señalados en el acuerdo, para escuchar y conocer las opiniones y antecedentes respecto de la materia investigada, y crear una ficha de denuncia en la página web de la Corporación, destinada a registrar infracciones de carácter laboral.
Asimismo, aprobó un programa de trabajo que consideraba las siguientes etapas en su desarrollo:
PRIMERA ETAPA
Diagnóstico Básico
1.Solicitar informe a la Dirección de Trabajo.
Casos específicos.
Situaciones generales.
Acción Dirección del Trabajo.
2.Solicitar informe a Tribunales del Trabajo.
3.Abrir diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores y Organizaciones Laborales. (Celebrar audiencias con trabajadores del comercio, de la banca, fiscales, municipales, etc.)
Santiago
Valparaíso
Otros lugares.
4.Escuchar a la Asociación de Abogados Laboristas.
5.Abrir Canal de recolección de información:
Ficha
Página Web
SEGUNDA ETAPA
Diagnóstico Analítico
1.Diálogo con organizaciones empresariales: Sofofa-Conupia-Confederación Nacional de la Producción y el Comercio.
2.Diálogo con iglesias e instituciones morales.
3.Diálogo con Partidos Políticos.
4.Diálogo con Centros Académicos.
TERCERA ETAPA
Conclusiones y Propuestas
1.Acciones para cambiar mentalidad cultural
2.Acciones legislativas
3.Acciones presupuestarias
CUARTA ETAPA
Sistematizar información
1.Ramas productivas, tamaño de empresa, localización.
2.Tipos de violación a la legislación laboral.
3.Tipos de respuesta y resultados.
4.Trabajo desarrollado.
a)Sesiones y asistencia.
La Comisión celebró 8 sesiones ordinarias y 13 sesiones especiales, además de la sesión constitutiva, las que contabilizan un total de 21 sesiones desde que comenzó su trabajo el día 15 de mayo de 2001.
El total de horas de sesión alcanzó a 25 horas 55 minutos, con un promedio de duración de cada sesión de 1 hora 21 minutos.
b)Personas invitadas.
Fueron invitados y concurrieron a las audiencias, entre otros, la Dirección del Trabajo, representada por su directora nacional; la Asociación Gremial de Abogados Laboristas A.G., representada por su directorio; la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, representada por su directorio; Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores del Comercio, Confección de Vestuario, Producción, Consfecove, representada por su directorio; Sindicato Unimarc; Sindicato Ripley; Federación de Sindicatos Jonhson’s; Sindicato Jonhson’s; Sindicato Nº 1 de Calzado Calpany; Sindicato Almacenes París; Sindicato Trabajadores Falabella; Central Unitaria de Trabajadores; Confederación Bancaria; Sindicato Banco Bhif; Sindicato de Trabajadores Banco Internacional; Sindicato Banco de Santiago; Sindicato Banco Dresdner Bank Nationale de París; Sindicato de Trabajadores Aetna Ing. Seguros de Vida; Sindicato de Pilotos de LAN Chile S.A.; Sindicato de Azafatas y Tripulantes de Cabina de LAN Chile S.A.; Sindicato de Futbolistas Profesionales; Presidente CUT-Rancagua; Sindicato Clínica Las Dalias; Sindicato Imprenta Meza; Sindicato de Trabajadores CPD Cachapoal; Repartición Manipuladores Servicios Alimentación; Sindicato Constructora Gran Rancagua; Sindicato Empresa Unda y Roche; Sindicato Matarifes de la IV Región; Federación de Sindicatos Fusat; Federación Sindicatos Trabajadores Locomoción Colectiva VI Región; Asociación Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji de Rancagua; vicepresidenta nacional de Trabajadores Asistentes de la Educación; Federación Campesina Bernardo O’Higgins; Federación El Progreso Campesino; Sindicato de Trabajadores de Ripley; Sindicato Trabajadores Nº 8 de Codelco División El Teniente; Sindicato Agrosuper S.A.; Comité Trabajadores Cesantes de Rancagua; Sindicato Nº 5 de Codelco División El Teniente; Sindicato de Trabajadores Hospital del Profesor; Sindicato Médico Unidad Coronaria Móvil; Sindicato de Trabajadores Unidad Coronaria Móvil; Sindicato Clínica Las Lilas; Sindicato Isapre Cigma (exUnimed); Sindicato Clínica Indisa; Sindicato Nacional Asociación Chilena de Seguridad; Sindicato Avansalud Providencia; Sindicato Avansalud Vespucio; Federación y Sindicatos de Empresas e Interempresas de Trabajadores del Transporte Terrestre y AfinesConatrach; Federación Nacional de Sindicatos de Conductores de Camiones de Chile, Fenasichoch; Sindicato de Trabajadores Nº 1 de Textiles Pollak S.A.; Confederación Nacional de Trabajadores de la Minería; Sindicato de Trabajadores de Enami Ventana; Sindicato Cía. Minera La Escondida.; Sindicato Cía. Minera Maricunga; Sindicato Cía. Minera Mantos de Oro; Sindicato Cía. Minera El Indio; Federación de Sindicatos de Televisión Nacional Confetra; Sindicato Nº 1 de Televisión Nacional; Sindicato Nº 2 de Televisión Nacional; Sindicato Nº 3 de Televisión Nacional; Sindicato Locutores Profesionales de Chile; Sindicato Radio Controladores; Sindicato de Trabajadores Canal 13; Sindicato Nº 1 de Trabajadores de Chilevisión; Sindicato Nº 2 de Chilevisión; Sindicato Nº 1 de Trabajadores de Empresa Periodística La Nación; Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile; Asociación Chilena de Seguridad Achs; Asociación Gremial de Clínicas, Hospitales y Otros Establecimientos Privados de la Salud; Empresa Jhonson’s, representada por su director de personal; Empresa Ripley, representada por su gerente de recursos humanos; Vicaría Pastoral de Trabajadores, representada por su vicario y sus asesores; Gran Logia Masónica de Chile, y el señor subsecretario del Trabajo.
c)Personas invitadas y que no asistieron a la Comisión.
Las siguientes personas y/o organizaciones gremiales, entre otras, fueron especialmente invitadas a la Comisión a fin de escuchar sus planteamientos respecto del trabajo de ella y, en especial, de un preinforme de su cometido que se les dirigió con tal objeto y, por diversas razones, no concurrieron a ella:
1.Confederación de la Producción y el Comercio.
2.Sociedad de Fomento Fabril.
3.Asociación Gremial de Supermercados.
4.Almacenes París S.A.
5.Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
6.Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo.
7.Lan Chile S.A..
8.Cámara Chilena de la Construcción.
9.Confederación del Comercio Detallista y Turismo.
10. Conupia.
11. Sociedad Nacional de Agricultura.
12. Sociedad Nacional de Minería.
13. Sideco.
14. Asexma.
15. Asimet.
16. Asociación de Isapres.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
1.Opiniones recibidas.
En las diferentes sesiones celebradas por vuestra Comisión los invitados tuvieron la oportunidad de dar su opinión acerca del tema al que fueron convocados a exponer, así como a precisar las características que el incumplimiento a la normativa laboral adopta en sus respectivos ámbitos, los efectos directos e indirectos que produce tal incumplimiento, las medidas que han adoptado, la respuesta que han recibido de las autoridades judiciales y administrativas cuando se trata de organizaciones o trabajadores afectados por las infracciones, la política judicial y administrativa para enfrentar las prácticas ilegales cuando se trata de órganos del Estado, el impacto que le atribuyen al incumplimiento en el sistema general de relaciones laborales, esto es, si se trata de conductas aisladas o si son sistemáticas, las materias en las que se observa un mayor nivel de incumplimiento, las probables vías de solución, etcétera.
Los miembros de la Comisión, por su parte, tuvieron oportunidad de formular preguntas a los asistentes, requerir precisiones, solicitar informes, luego de lo cual, se dio por agotada la recopilación de antecedentes, encontrándose en condiciones de sistematizar la información recibida según se da cuenta en el presente informe.
Del contenido de las reuniones se levantó acta, y los invitados remitieron informes escritos a la Comisión, los que quedaron a disposición de los interesados en la Secretaría de ella.
Por especial acuerdo de ella, los informes remitidos por la Dirección del Trabajo y la Central Unitaria de Trabajadores se acompañan a este informe como un anexo de él.
2.Los incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente.
El trabajo de la Comisión permitió identificar que los incumplimientos más graves y recurrentes a la normativa laboral se concentran en los siguientes aspectos:
a)El concepto de empleador y de empresa y sus efectos en los derechos de los trabajadores.
Las formas que adopta la ocultación de la identidad del empleador y la evasión de su responsabilidad, afecta transversalmente derechos individuales y colectivos de los trabajadores Esta situación se ha masificado extendiéndose a sectores formales de la economía como las empresas de telecomunicaciones, la banca y la minería, a través de lo que se ha dado en llamar “suministro de personal” o “externalización del personal”, entre otras denominaciones, y se expresa de las siguientes formas:
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El sindicato de empresa, se organiza en torno de ésta. Como consecuencia de la división de la empresa, se afecta el destino de la organización sindical de la empresa dividida, pues para mantener la afiliación al sindicato es requisito la existencia de una relación laboral vigente.3 Los trabajadores que pertenecen al sindicato de una empresa que se divide, la mayoría de las veces deben firmar un finiquito con su empleador y suscribir un nuevo contrato con la nueva empresa resultante de la división. Como consecuencia, se extingue su afiliación sindical.
Ello es particularmente grave cuando la división tiene sólo una expresión jurídica y no se manifiesta en la prestación de los servicios, pues los trabajadores de la empresa dividida, aunque adscritos a distintas individualidades jurídicas, se mantienen trabajando para una sola y misma unidad productiva, cumpliendo las mismas funciones, en las mismas condiciones precedentes, sujetos al mismo poder de dirección y realizando labores en el mismo lugar o establecimiento. A pesar de estas circunstancias fácticas, no pueden organizarse en un solo sindicato, ni celebrar un contrato colectivo común.
En muchos casos, esta división significa la imposibilidad de organizarse o de negociar por parte de los trabajadores, puesto que no alcanzan a cumplir los quórum mínimos que exige la ley para ejercer tales derechos.
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A este respecto, se planteó por los organismos consultados, la urgencia de poner fin a la indeterminación respecto de la identidad del empleador, situación que afecta a un 25% de los trabajadores de Chile a través de los siguientes instrumentos:
Precisar la definición de empresa, en clara aplicación del principio de la primacía de la realidad.
Establecer la obligación de enviar una copia del contrato de trabajo a la Dirección del Trabajo, cuestión que permitirá fiscalizar y llevar estadísticas reales y completas.
Regularizar el arrendamiento o suministro de trabajadores que hoy se esconde tras la figura de la subcontratación.4
Implementar un “fondo de garantía salarial” para garantizar los créditos laborales que quedan impagos, como consecuencia del abuso de las formas jurídicas que adoptan las empresas.
La reciente modificación del artículo 478 CT que tipifica y sanciona las prácticas destinadas a esconder la identidad o el patrimonio del empleador, y a interponer intermediarios en la relación laboral, lo que contribuirá a terminar o limitar estas prácticas.
b)Modalidades de contratación.
Diversas formas contractuales contribuyen a disminuir o eliminar la aplicación de las normas tutelares del derecho del trabajo a los trabajadores. Las que esta Comisión constató como más comunes son las siguientes:
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c) Jornada de trabajo.
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d) Disminución del costo del trabajo extraordinario de los trabajadores con remuneración variable.
El mayor costo de la hora extraordinaria que desincentiva al empleador a contratarlas, no favorece a aquellos trabajadores que trabajan a trato, a comisión, o en base a resultados, formas de remuneración que se han incrementado significativamente durante los últimos años. Para estos trabajadores, el sueldo base es menor que la retribución que regularmente tienen, pero sólo el sueldo constituye la base de cálculo para el pago de horas extraordinarias. (Art. 32 inc. 3º CT).
Las personas y organizaciones que expusieron ante la Comisión, plantearon como solución, desde su punto de vista, a estas problemáticas, las siguientes:
El encarecimiento progresivo de la jornada extraordinaria.
La reforma a la norma que limita su base de cálculo al sueldo, por la remuneración total.
El que la remuneración por concepto de jornada extraordinaria, se considere en la base de cálculo de las indemnizaciones por años de servicio.
e) Cambios unilaterales en las remuneraciones y condiciones contractuales.
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Las limitaciones que la reforma laboral impone a la aplicación de la causal del art. 161 CT que autoriza poner término al contrato de trabajo invocando las necesidades de funcionamiento de la empresa, puede contribuir a que los trabajadores no se sientan presionados a aceptar estos cambios por temor a perder el trabajo.
f) Sistema de representación sindical.
Además del efecto en la sindicalización producto del proceso de desconcentración productiva y de división de empresas reseñado más arriba, persisten otras formas de incumplimientos de las normas laborales que afectan al sistema de representación de los trabajadores.
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g) Sistema de negociación colectiva.
Se denunció ante la Comisión que las normas legales relativas a los convenios colectivos y la negociación de grupos de trabajadores no sindicalizados contribuyen a debilitar la negociación colectiva y favorecen las prácticas antisindicales.
Los abusos se expresan de las siguientes formas:
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III. CONCLUSIONES.
Sobre la base de los antecedentes reseñados anteriormente, la Comisión ha constatado un alto nivel de incumplimiento de la normativa laboral, muy superior en número y gravedad que el previsto al constituirse. Además de los efectos que estos incumplimientos provocan en aquellos que ven vulnerados sus derechos, se constata un generalizado desencanto, frustración, decepción y desconfianza de los trabajadores en la eficacia del sistema legal para garantizar sus derechos.
Los invitados coinciden en considerar que la actual situación es de mayor desprotección frente al fraude y el abuso, que la registrada en décadas pasadas, antes de la reforma al Código del Trabajo que tuvo lugar a principios de los años 90.
Ello se explica por un conjunto de razones que contribuyen, según los distintos actores, a dificultar el ejercicio de los derechos de los trabajadores y a hacer inoperante el sistema de solución de conflictos establecido en la ley.
Destacan entre las causas del incumplimiento a la normativa laboral, las siguientes:
a) El control judicial.
Los datos y antecedentes allegados a esta Comisión investigadora coinciden en señalar que los problemas que enfrenta la justicia laboral dicen relación especialmente con la larga tramitación de los procesos, cuya duración promedio en Santiago se extiende a 356,8 días en la primera instancia. Se agregan antecedentes que señalan que el promedio de tramitación de una causa laboral, hasta su cumplimiento efectivo es de dos años, y que en algunos casos más complejos o que involucran a un gran número de trabajadores, se extienden por tres y cuatro años. Algunas denuncias conocidas por esta Comisión señalan que algunos empresarios, favorecen la judicialización de los conflictos en la confianza que la dilación de los juicios se convertirá en impunidad.
Las materias de las que conocen los tribunales del trabajo son en su mayoría causas ejecutivas por cobranzas previsionales (88%), en las cuales no se persigue la declaración de un derecho, sino que la ejecución de un derecho ya declarado o constituido.
Es una opinión compartida que la justicia laboral no cumple sus objetivos, ni aplica los principios rectores del Derecho del Trabajo, al verse su órganos jurisdiccionales sobrecargados de trabajo.
Sólo un 46% de los casos terminan por una sentencia o un avenimiento. La relación entre carga de trabajo y la forma anómala de término de los juicios es directa y evidente.
Esto se debe al escaso número de tribunales del trabajo. En el año 1938 existían más de 30 tribunales del trabajo, hoy hay sólo 20, y el 80% de su trabajo lo constituyen las cobranzas de AFP. En Santiago hay actualmente 9 Juzgados del trabajo, y en el año 70 había 10 para atender un número significativamente menor de conflictos. [16]
Para su solución se hace necesario el incremento significativo de juzgados y una reforma similar a la procesal penal, por lo que debe alentarse e impulsarse por todos los sectores interesados el trabajo que desarrolla el Foro para la Reforma Procesal Laboral. [17]
La tutela judicial exige un procedimiento especial donde estén presentes los principios de economía procesal, la inmediación del juez, y el oportuno restablecimiento del derecho vulnerado. La ausencia de estos principios en nuestra práctica procesal laboral tiene como consecuencia que una parte importante de las infracciones no se denuncian, y las denuncias en muchas ocasiones son desistidas durante el procedimiento. Aquellas que llegan a ser objeto de una decisión administrativa o judicial, resultan muchas veces ineficaces incluso en el caso de ser acogidas, por ser decisiones extemporáneas como consecuencia de los largos procedimientos.
A pesar de la alta incidencia que tienen los despidos antisindicales, sea de los representantes protegidos por fuero, o de aquellos fundados en la afiliación sindical de los trabajadores, en la intención de éstos de constituir un sindicato, o de quienes han participado en una huelga legal, durante el año 2000 sólo se registran seis sentencias recaídas en demandas por prácticas antisindicales.
Así, el trabajador o la organización afectada por una práctica antisindical o desleal debe asumir el costo del juicio para obtener pobres resultados, pues aunque tenga éxito en la acción, la declaración judicial que dispone se subsanen o enmienden los actos antisindicales, por extemporánea no impedirá que un sindicato se disuelva como consecuencia de prácticas antisindicales, o que los trabajadores se vean privados de su derecho a negociar cuando han debido aceptar la imposición empresarial por la vía de exigir la suscripción de convenios individuales múltiples.
La reforma laboral aprobada recientemente modificó el artículo 294 inc. 2º del Código del Trabajo, el que dispone que si las prácticas antisindicales o desleales, han implicado el despido de trabajadores no amparados por fuero laboral, éste no producirá efecto alguno. Hasta su reforma, los jueces están inhibidos de disponer la reincorporación del trabajador objeto de un despido antisindical. [18]
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión se ha impuesto de dos sentencias en las cuales recientemente se ha declarado la nulidad de despidos antisindicales por los tribunales, fundados en la vigencia de los Convenios OIT y en la prohibición de discriminación establecida en el Código del Trabajo.
En definitiva, hasta ahora los trabajadores no obtienen en sus demandas por justicia, más que una eventual multa al infractor a favor del Sence, lo que obviamente desestimula la denuncia de las prácticas antisindicales y favorece la impunidad del infractor.
Lo anterior redunda en que tratados internacionales ratificadas por Chile como los Convenio OIT Nºs 87 y 98, normas del rango de las contenidas en los artículos 19 Nº 16 y 19 de la CPE, y las normas de los libros III y IV del Código del Trabajo, todas las cuales garantizan la efectiva vigencia de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, tengan escasa eficacia práctica cuando se trata de dar tutela a quienes ven perturbados, amenazados o derechamente violados estos derechos, que si bien les son reconocidos ampliamente por nuestro sistema jurídico, están privados de instrumentos procesales que garanticen su vigencia.
Se denuncia que los derechos laborales fundamentales como la libertad sindical no cuentan con instrumentos judiciales eficaces que permitan su protección y amparo. Se ejemplifica que las empresas recurren de protección a las Cortes de Apelaciones, recurso rápido y eficaz que garantiza la vigencia de las garantías constitucionales, para inhibir las funciones fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo, fundado en la libertad de empresa, en el derecho de propiedad y en el principio de legalidad. Sin embargo, los trabajadores y sus representantes se ven privados de tales procedimientos, por considerar las Cortes que deben ejercer sus derechos dentro del juicio ordinario establecido por la ley, de larga tramitación, alto costo y escasa eficacia.
La ausencia de sanciones explícitas de nulidad de los despidos que vulneren derechos fundamentales como la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente, el derecho a huelga y la no discriminación en el trabajo, también contribuyen a debilitar el sistema legal de control de las normas laborales.
Entre las posibles soluciones en el ámbito del control judicial de las normas laborales destaca:
La definición de empresa a los fines de la atribución de responsabilidad en materia laboral.
La creación de nuevos juzgados del trabajo.
La cobranza administrativa de las deudas previsionales.
La creación de un sistema de garantías de los créditos laborales.
Las reformas al procedimiento y a la judicatura donde se garantice la tutela judicial efectiva y los principios de la economía procesal y de la inmediación.
El establecimiento de recursos de amparo o protección destinados a restablecer oportunamente derechos laborales fundamentales.
Reformas sustantivas a la normativa laboral que permitan al juez la aplicación de una sanción eficaz de las prácticas antisindicales, y otras violaciones de derechos laborales fundamentales.
b) El control administrativo.
La función fiscalizadora de la Dirección del Trabajo es fundamental en el cumplimiento de la normativa laboral, cuando el temor al despido y el importante desempleo que se registra desde hace años, inhiben a los trabajadores el ejercicio de los derechos que les reconoce la ley a través del sistema judicial.
El control administrativo, sin embargo, se ve sobrepasado por el alto nivel de incumplimiento, así como por las limitaciones a su competencia producto de decisiones de los tribunales superiores, para pronunciarse sobre materias que puedan incidir sobre la vigencia o validez de contratos individuales o colectivos. [19] [20]
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Una mejor tutela administrativa de la normativa laboral exige:
El reconocimiento judicial de las competencias legales de la Dirección del Trabajo, cuyas decisiones deberán ser objeto de control judicial a requerimiento de la parte afectada con sus decisiones, terminando así con la limitación de sus facultades por parte de los tribunales.
Una dotación acorde con la población objeto de la fiscalización.
Establecimiento de sanciones disuasorias y un eficaz sistema de cobranza de las multas o de aplicación de las demás sanciones que dispone. [21]
c) El control sindical.
La baja sindicalización limita el cumplimiento de las finalidades que la ley les atribuye a los sindicatos en orden a velar por el cumplimiento de la legislación laboral, denunciar su incumplimiento, así como la de representar los derechos colectivos de sus asociados. [22] Los problemas que en el ejercicio de su función de control encuentra la organización sindical, al requerir la aplicación de la ley ante los órganos estatales, contribuyen a desperfilar al sindicato como un órgano de control del cumplimiento de la legislación laboral. [23]
Se constata que en aquellas empresas donde existe una organización sindical sólida como en la gran empresa, los incumplimientos a la normativa laboral son inferiores que en aquellas empresas que por el escaso número de trabajadores no cuentan con organización sindical o esta es débil. [24]
Por su parte, los sindicatos activos disminuyen significativamente su número, incrementándose en la misma proporción en que aumentan los sindicatos inactivos o en receso. Fuente: Departamento de Relaciones Laborales. Dirección del Trabajo.
d) El marco legal.
Las normas aplicables a las relaciones de trabajo (Normas constitucionales, Código del Trabajo y normas complementarias, y los Convenios de la OIT ratificados por Chile), constituyen un marco normativo relativamente adecuado al funcionamiento de relaciones laborales que compatibilicen la tutela de los derechos de los trabajadores con las necesidades productivas de las empresas en el entorno económico en el que se desenvuelve el país.
Aunque en algunas materias, como las señaladas en este informe se precisen de reformas legales, se concluye que la sola reforma legislativa no es condición suficiente para mejorar el respeto de los derechos de los trabajadores.
Profunda inquietud produce entre los miembros de esta Comisión la constatación de que las reformas introducidas en la última década al sistema legal de relaciones laborales no se expresen en una mejor y más eficaz cobertura de la normativa laboral.
Por el contrario, esta Comisión ha venido a ratificar las consideraciones que se tuvieron en cuenta para constituirla, por cuanto ha llegado la convicción que la normativa laboral tiene un bajo nivel de cumplimiento en las materias y en las formas que se describen más arriba.
Esta situación de incumplimiento de aspectos significativos de la normativa laboral, no sólo afecta los derechos de los trabajadores que son directamente vulnerados con la infracción También constituye una práctica desleal para aquellos empleadores diligentes que cumplen las normas laborales para los cuales el incumplimiento empresarial constituye una desventaja competitiva, que altera la transparencia del mercado, víctimas de lo que se ha llamado “dumping social”.
Habida consideración del desequilibrio estructural que está presente en las relaciones entre trabajador y empleador, desequilibrio que justifica el carácter tutelar y protector del derecho del trabajo, el incumplimiento de la normativa laboral resulta especialmente grave, sobre todo cuando la mayoría de la población está directa o indirectamente afecta a esta normativa, sea en calidad de trabajador o pensionado, sea en calidad de económicamente dependiente de éstos.
Por otro lado, el incumplimiento masivo de la normativa laboral atenta contra la vigencia de un estado de derecho, donde las conductas de los ciudadanos se ajustan mayoritariamente a las normas legales. La infracción sistemática de normas dificulta su cumplimiento forzado y congestiona la función fiscalizadora y jurisdiccional. El aumento de la conflictividad laboral expresa o latente es también una consecuencia directa de ello.
En forma indirecta, estos efectos inciden negativamente en la inversión, que atiende especialmente a la estabilidad, contenido y eficacia del régimen laboral, así como al sistema de solución de conflictos previsto en él y su funcionamiento.
Asimismo, la presencia masiva de enfermedades mentales asociadas a las largas jornadas y a las malas condiciones de trabajo es, entre otras, un efecto del incumplimiento de las normas destinadas precisamente a cautelar la salud del trabajador.
La reforma laboral aprobada recientemente, se sustenta en la necesidad de un marco laboral estable y con reglas claras, lo que se garantiza mediante normas eficaces y efectivas, de aplicación generalizada.
Otro de los pilares de la reforma laboral es la necesaria flexibildad que se exige al régimen laboral, flexibilidad que se expresa en la adecuación de sus instituciones a las especiales características de la producción actual. La flexibilidad supone que la función tutelar del Estado hasta ahora monopolizada por la ley laboral, sea compartida con las partes de la relación laboral, por la vía de reconocer en los representantes de los trabajadores y sus organizaciones representativas, y en los empleadores, sujetos aptos para autorregular materias hoy reservadas exclusivamente al ámbito de la ley. El instrumento que en todo el mundo ha sido el canal de la flexibilidad es la negociación colectiva.
Resulta pues incompatible promover la flexibilidad laboral si no se consolidan sus instrumentos centrales: una negociación colectiva de ámbito, contenido y eficacia compatible con su ambición de sustituir aspectos de la regulación legal, y sujetos negociadores de rango y representatividad suficientes para llevar a cabo esa función.
La flexibilidad exige, en consecuencia, un sistema sólido de representación de los trabajadores y de negociación colectiva donde estén ausentes las prácticas antisindicales y desleales, y que por el contrario promueva la constitución de órganos representativos y el respeto a ellos.
Lamentablemente, esta Comisión constató el alto número de prácticas destinadas a evitar el ejercicio de derechos como el de negociación colectiva y sindicalización, lo que conspira gravemente contra cualquier intento de flexibilización. Paradojalmente, estos derechos se encuentran constitucionalizados [25], y su importancia y vigencia ha sido ratificada por la adopción de los respectivos Convenios OIT.[26]
e) La actitud de los actores o el factor cultural.
También se atribuye a este factor responsabilidad en el nivel de incumplimiento de la normativa laboral. El poder que las empresas han adquirido en el sistema económico repercute en el menor impacto que la tutela estatal tiene sobre los derechos de los trabajadores.
El empresariado o parte importante de él no reconoce la importancia ni la función de la organización sindical en el sistema de relaciones laborales, y considera que el sindicalismo y la normativa laboral constituyen trabas al crecimiento económico, lo que justifica actitudes como las conocidas por esta Comisión.
De otra forma no se explica que grandes empresas altamente formalizadas incurran en prácticas como las que se atribuyen a Almacenes París y simultáneamente se le reconozca como “mejor empresa” por Icare.
Por su parte, otros actores sociales como los estudiantes, o la Iglesia, tradicionalmente vinculados al tema laboral, desde hace por lo menos una década han dejado de atender al mundo del trabajo, o lo han hecho con menos énfasis.
Los mecanismos destinados a garantizar el ejercicio de los derechos de los trabajadores, en la medida que se tornen eficaces, incidirán en la conducta de los infractores para que en el mediano plazo, el cumplimiento forzado se limite a casos excepcionales. Para que se produzca este cambio cultural, es necesario que los trabajadores tengan conciencia de sus derechos y adquieran confianza en la eficacia de los instrumentos disponibles para su reconocimiento.
Para los empleadores, este cambio supone el reconocimiento de derechos fundamentales de los cuales los trabajadores son titulares, derechos que como el de propiedad y el de libertad de asociación, constituyen los pilares de nuestra convivencia, y la base de la paz social, por lo que deben ser respetados por las partes involucradas en la función productiva y garantizados con los instrumentos de los que dispone el Estado.
Se designó diputada informante a doña Adriana Muñoz D’Albora.
Sala de la Comisión, a 18 de octubre de 2001.
Acordado en sesión de fecha 18 de octubre de 2001, con asistencia de los honorables diputados y diputadas, Letelier, don Juan Pablo; Montes, don Carlos (Presidente); Mulet, don Jaime; Muñoz, doña Adriana; Nuñez, don Juan Ramón; Rozas, doña María; Saa, doña María Antonieta, y Seguel, don Rodolfo.
Se hace presente a la honorable Cámara de Diputados que la Comisión acordó, en su última sesión, encomendar a la señora Rozas, doña María, y al señor Montes, don Carlos, la revisión final del presente informe con el objeto de adicionarlo y/o modificarlo en aquellos aspectos que estimaran pertinentes, sin que a la fecha se haya recibido en la Secretaría de ella sugerencia alguna en uno u otro sentido.
Valparaíso, 23 de enero de 2002.
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado Secretario de la Comisión”.