Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- DECLARACIÓN DE FERIADO LEGAL DE LOS DÍAS DE REALIZACIÓN DE CENSOS OFICIALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- DEBATE
- ADECUACIÓN DE LEGISLACIÓN INTERNA A ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Nunez Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- DEBATE
- TRATAMIENTO DE PROYECTO SOBRE TABLA.
- DECLARACIÓN DE FERIADO LEGAL DE LOS DÍAS DE REALIZACIÓN DE CENSOS OFICIALES. Primer trámite constitucional.
- VI. INCIDENTES
- PROBLEMAS VIALES DEL DISTRITO Nº 33. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- CREACIÓN DE SEDES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- COBRO EXCESIVO EN TARIFAS DE AGUA POTABLE EN PROVINCIA DE BIOBÍO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Perez Arriagada
- PARALIZACIÓN DE FAENAS EN PUENTE NEGRO, VALDIVIA . Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- CAMBIO DE GOBERNADORA DE ARICA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rosa Gonzalez Roman
- ADHESION
- Jaime Orpis Bouchon
- Enrique Krauss Rusque
- Cristian Pareto Vergara
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Eduardo Diaz Del Rio
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rosa Gonzalez Roman
- COBRO DE TARIFAS DE AGUA POTABLE EN PANGUIPULLI. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- Roberto Delmastro Naso
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- IRREGULARIDADES EN COBRO DE MUTUOS A DEUDORES DE LA EMPRESA METALPAR S.A. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PROBLEMAS VIALES DEL DISTRITO Nº 33. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 24ª, en miércoles 9 de enero de 2002
(Ordinaria, de 10.53 a 12.14 horas)Presidencia de los señores Pareto González, don Luis Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia5
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
V.Orden del Día.
Declaración de feriado legal de los días de realización de censos oficiales. Primer trámite constitucional9
Adecuación de legislación interna a acuerdos suscritos por Chile con la Organización Mundial de Comercio. Primer trámite constitucional11
Tratamiento de proyecto sobre Tabla20
VI.Incidentes.
Problemas viales del distrito Nº 33. Oficio20
Creación de sedes regionales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Oficio20
Cobro excesivo en tarifas de agua potable en provincia de Biobío. Oficio21
Paralización de faenas en Puente Negro, Valdivia. Oficio22
Cambio de gobernadora de Arica. Oficio22
Cobro de tarifas de agua potable en Panguipulli. Oficio22
Irregularidades en cobro de mutuos a deudores de la empresa Metalpar S.A. Oficios23
VII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto que aprueba el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (servicios financieros) de la Organización Mundial de Comercio, adoptado en Ginebra, el 27 de febrero de 1998. (boletín Nº 286010)26
Oficios de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2.Modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. (boletín Nº 278703)32
3.Modifica la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. (boletín Nº 241603)33
4.Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que declara feriado legal y regula los días de realización de censos oficiales. (boletín Nº 285406)33
VIII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
De la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por el cual reitera solicitud formulada mediante oficio Nº 603, de 20 de junio de 2001, en el sentido de recabar el asentimiento de la honorable Corporación para archivar los siguientes proyectos de ley:
a) Por haberse legislado sobre la materia:
Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para establecer la incompatibilidad entre el consumo de drogas y la obtención y vigencia de licencia clase A (boletín Nº 2.38515), iniciado en moción de los diputados señores Mario Bertolino, Carlos Vilches, Osvaldo Palma y Baldo Prokurica, ingresado el 19 de agosto de 1999.
Proyecto de ley que prorroga la vigencia de las licencias de conducir que indica (boletín Nº 2.61115), iniciado en moción del diputado señor Waldo Mora, ingresado el 30 de octubre de 2000.
b) Por haber transcurrido el plazo de dos años sin que la Comisión se haya pronunciado sobre ellos, según lo dispone el artículo 17, inciso segundo, del Reglamento:
Proyecto de ley que dicta normas sobre indemnización de perjuicios a usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones, restricciones y racionamientos (boletín Nº 1.99809), iniciado en moción de los ex diputados señores Allamand y Latorre, ingresado el 19 de marzo de 1997.
Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para hacerla aplicable a todos los conductores (boletín Nº 2.35315), iniciado en moción de los diputados señores Tomás JocelynHolt y Andrés Palma, ingresado a tramitación el 22 de junio de 1999.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (90)
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Gabriel Ascencio.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.53 horas.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 16ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 17ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.ORDEN DEL DÍA
DECLARACIÓN DE FERIADO LEGAL DE LOS DÍAS DE REALIZACIÓN DE CENSOS OFICIALES. Primer trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que declara feriado legal y regula los días de realización de los censos oficiales.
Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior es la señora Rosa González .
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2854-06, sesión 22ª, en 8 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora diputada informante.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y de origen en un mensaje, para cuyo tratamiento el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia con fecha de hoy, calificándola de “suma”, que tiene por objeto declarar feriados los días del levantamiento de los censos oficiales que en esta oportunidad corresponde realizar el 24 de abril del año en curso, y establecer otras medidas tendientes a facilitar el mejor desarrollo de los procesos censales.
Cabe precisar que los dos artículos de que consta el proyecto son de quórum simple. Asimismo, hay que consignar que la iniciativa en informe no requiere trámite de Hacienda.
El mensaje hace presente, en primer lugar, que mediante el decreto Nº 685, de 2000, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se ordenó el levantamiento del XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda para todo el país durante el año 2002. Con tal objeto, en 2001 se constituyó la correspondiente comisión nacional encargada de coordinar la participación de los diversos organismos públicos y privados que deban intervenir en el levantamiento de los censos. Seguidamente, el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas dictó una resolución, en la cual fijó el 24 de abril de 2002 para la realización del próximo censo.
Respecto de la razón para la elección de esa fecha, el Ejecutivo hace ver, por una parte, que los trabajos de precenso y recuentos previos de viviendas y de personas, que incluyen la actualización de la cartografía tanto urbana como rural, se efectuaron en el transcurso de 2001, vale decir, con la mayor cercanía a la fecha del levantamiento del censo, y, por la otra, que la circunstancia de efectuarse esta actividad un día miércoles minimiza al máximo la movilidad de la población.
Desde esa perspectiva y sin perjuicio de la declaración del día de realización del censo como feriado nacional, que constituye la norma fundamental, pues garantiza la más amplia disponibilidad de los funcionarios y encuestadores, como asimismo la permanencia de los encuestados en sus hogares, se establece que el día del censo y en el horario del levantamiento se suspenderán los eventos y el funcionamiento de aquellos tipos de comercio que conllevan la concurrencia de público. Es decir, entre las 6 y las 18 horas todo permanecerá absolutamente cerrado.
No existiendo normativa ni ley que indique que el día del censo es feriado, han debido dictarse leyes con motivo de cada levantamiento censal en particular, como es el caso de la ley Nº 19.116, de 1992, que declaró feriado el 22 de abril de ese mismo año, fecha de realización del XVI censo nacional de población y V de vivienda.
El mensaje se refiere luego a la importancia de la realización, cada diez años, de un censo nacional de población y vivienda, expresando sobre el punto que los resultados que arroje la muestra permitirán efectuar diagnósticos certeros y, por consiguiente, implementar políticas públicas adecuadas en los más diversos ámbitos de la actividad del Estado. A su vez, el sector privado necesita información veraz y actualizada para el proceso de toma de decisiones en lo que atañe a la inversión en los distintos niveles territoriales. Por lo tanto, si bien ese día será feriado, de todas maneras el país estará produciendo al entregar información que servirá para tomar decisiones importantes.
Finalmente, el mensaje señala que la presente iniciativa legal no irroga gasto alguno al Fisco.
Al ser consultado el director del Instituto Nacional de Estadísticas en la Comisión de Gobierno Interior respecto de por qué no se realizaba el censo en domingo, expresó que ese día no se logra la permanencia en su domicilio de las personas que serán encuestadas, razón por la cual era necesario efectuarlo durante un día declarado feriado para ese efecto determinado.
También indicó que el censo se efectuará en un solo día, a diferencia de otros países en que dura tres o cuatro días. Citó especialmente el caso de Brasil, en que su realización demoró cuatro meses.
Asimismo, el director del INE indicó que la mayoría de las personas que levantarán el censo son estudiantes voluntarios y que, aunque se desempeñen durante un día feriado legal, de todas maneras estarán cubiertos por el seguro correspondiente.
Los cuestionarios, que contienen treinta y seis preguntas, ya están confeccionados y todo el sistema que se implementará tiene un costo de 14 mil millones de pesos. Asimismo, todos los funcionarios y personal de los órganos de la Administración del Estado que directa o indirectamente tengan alguna participación en el levantamiento censal estarán obligados a cumplir con las funciones que les sean encomendadas para tal efecto.
No hay artículos ni indicaciones rechazados.
El artículo transitorio establece: “Declárase que los estudiantes secundarios que efectuarán labores censales el día en que se realizará el próximo levantamiento censal del año 2002, estarán cubiertos por el seguro escolar que los protege, no obstante tratarse de un día feriado”.
El señor presidente de la Comisión determinó que no es necesario que el articulado del proyecto sea conocido por la Comisión de Hacienda y, debido a que dice relación con un evento muy próximo, se discutió en general y en particular a la vez, aprobándose por unanimidad en ambas votaciones.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que quiera referirse al proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Alessandri , Arratia , Ávila , Ceroni , Elgueta , Encina , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , González (doña Rosa) , Jaramillo , Jarpa , Krauss , Kuschel , Melero , Montes , Moreira , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Orpis , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Pareto , Paya , Pérez (don José) , Prokurica , Reyes, Riveros , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Venegas y Vilches .
Se abstuvo el diputado señor Van Rysselberghe .
ADECUACIÓN DE LEGISLACIÓN INTERNA A ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. Primer trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que adecua la legislación interna a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, OMC, suscritos por Chile.
Diputados informantes de las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo, y de Hacienda, son los señores Juan Núñez y Julio Dittborn , respectivamente.
Me permito recordar a la Sala que el 20 de marzo de 2001, a petición del Ejecutivo y de algunos parlamentarios que deseaban presentar una nueva indicación, se acordó que el proyecto volviera a Comisión antes de ser informado y debatido. Con posterioridad, no habiéndose presentado dicha indicación, con fecha 18 de julio de 2001, los Comités acordaron dejar sin efecto el informe complementario, quedando los informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda en estado de Tabla.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2421-03, sesión 12ª, en 9 de noviembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda, sesión 37ª, en 17 de enero de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 3 y 4, respectivamente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, como se ha señalado, el proyecto de ley fue discutido durante bastante tiempo y ahora su urgencia ha sido calificada de “suma”.
Su objeto es introducir en la legislación nacional las modificaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Chile a través de la ratificación de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En consecuencia, es un proyecto misceláneo, pues dice relación con una serie de materias que el Ejecutivo ha estimado conveniente adecuar a dichos acuerdos internacionales.
Al respecto, se propicia incorporar las normas del Acuerdo acerca de obstáculos técnicos al comercio y sobre notificación de normas técnicas obligatorias; establecer la suspensión del despacho aduanero de mercancía cuando ésta vulnere las disposiciones de las leyes de propiedad intelectual e industrial; adecuar la ley de propiedad intelectual a los Acuerdos sobre aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Adpic); derogar la reserva del cobre; dar aplicación al Acuerdo sobre valoración aduanera de la Organización Mundial de Comercio; derogar la tasa de despacho, y tipificar dos nuevas figuras penales constitutivas del delito de fraude aduanero.
Asimismo, mediante el proyecto se busca compatibilizar los tratados de libre comercio suscritos por Chile con Canadá y México con los acuerdos de la OMC.
A las sesiones de la Comisión de Economía asistieron la ministra de Relaciones Exteriores señora Soledad Alvear ; el jefe del Departamento OMC de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores señor Ricardo Lagos Weber ; el director de Asuntos Multilaterales de la Dirección Económica señor Mario Matus , y varios funcionarios de los Ministerios de Hacienda, de Economía y de Educación; de la Comisión Chilena del Cobre; de entidades privadas, como la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial, y representantes de empresas que se consideraban afectadas por ese proyecto, como es el caso de General Motors Chile S.A., de Arica, y de Peugeot Chile S.A., de Los Andes.
Los antecedentes generales señalan que la Organización Mundial de Comercio se creó por el Acuerdo de Marrakech, suscrito el 15 de abril de 1994. Este acuerdo, a su vez, puso término a la Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, creada en 1986.
Entre los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio se estableció que los países debían adecuar su legislación interna en un plazo determinado. En ese sentido, nuestro país está en mora, porque no ha cumplido con ese convenio.
En consecuencia, el Ejecutivo envió este proyecto, que fue aprobado por la Comisión de Economía el 24 de agosto de 2000. La tramitación fue detenida como consecuencia de la diferente interpretación que hubo sobre la situación de las empresas automotoras General Motors Chile y Peugeot Chile.
Sobre el resto del articulado, luego de una discusión muy técnica y profunda, en general hubo acuerdo, y de ello se da cuenta en el mismo informe.
Debido a que esta iniciativa es extraordinariamente técnica y ha sido colocada hoy en tabla sin información previa a los diputados informantes, no es posible hacer un detalle más específico de cada una de las materias que contiene. A pesar de que no es mi costumbre, porque me gusta preparar los informes, ésa es la razón por la cual lo estoy entregando de esta manera.
El tema es bastante complejo y fue resuelto por la Comisión de Economía hace más de un año. Los informes estaban preparados, pero había intereses contrapuestos de distintas empresas en relación con los compromisos que el país debía cumplir.
En consecuencia, creo que al respecto deberíamos hacer una simple discusión general y, si es posible reglamentariamente, reanudarla mañana con un análisis del articulado.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz , quien reemplaza al diputado señor Julio Dittborn , informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, el 15 de enero del año pasado la Comisión de Hacienda puso término a la discusión de este proyecto de ley que como toda iniciativa relacionada con compromisos internacionales que asume el país y que inciden directamente en temas arancelarios o con la baja de algún tipo de franquicia tributaria especial para algunas empresas ha significado serios problemas.
Por eso, a pesar de que hace más de un año que la Comisión técnica de Economía, como también la de Hacienda, terminaron sus informes, finalmente surgió el acuerdo de la Sala en el sentido de que el proyecto volviera a Comisión a fin de estudiar un complemento para la industria automotora, específicamente para la empresa Franco-Chilena, de la Quinta Región. Una vez más, no se han dado mayores antecedentes y en el fondo sigue vigente el estudio en detalle que se hizo en el momento oportuno.
¿Por qué comienzo expresando esto? Cuando tratamos este proyecto nos encontramos con la siguiente sorpresa: por un lado, nuestra canciller fue muy clara y explícita al señalar que el propósito de la iniciativa consistía en introducir en nuestra legislación las modificaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Chile mediante la ratificación de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y, después, de la Ronda de Uruguay, para lo cual se propiciaban los siguientes aspectos:
Primero, incorporar las normas del Acuerdo respecto de obstáculos técnicos al comercio, en cuanto a notificación de normas técnicas obligatorias.
Segundo, establecer la suspensión del despacho aduanero de mercancía cuando ésta vulnere las disposiciones de las leyes de propiedad intelectual industrial.
Tercero, adecuar esa ley a los acuerdos sobre aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
Cuarto, derogar la reserva del cobre.
Quinto, dar aplicación al acuerdo sobre valoración aduanera de la OMC.
Sexto, derogar la tasa de despacho.
Séptimo, tipificar dos nuevas figuras penales constitutivas del delito de fraude aduanero.
Ahí se planteó que, como resultado de la Ronda de Uruguay, se negoció y aprobó una serie de acuerdos multilaterales que regulan el comercio internacional en temas tan complejos como el dumping, los subsidios, la solución de diferencias entre países miembros, los servicios y otros, todos los cuales son conocidos como los Acuerdos de la OMC.
Se recordó que en 1995 nuestro país ratificó el Acuerdo de Marrakech; por lo tanto, es nuestra responsabilidad como Estado cumplir los acuerdos suscritos con la Organización Mundial de Comercio.
Los representantes de la empresa Franco-Chilena expresaron que se sentían discriminados, porque en el primer gobierno de la Concertación habría asumido el compromiso de mantener con carácter permanente el beneficio de que goza como empresa automotora, y que estudios de legislación comparada indicarían que éste opera en distintos países, sin que se considere un subsidio prohibido por las normas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, Gatt .
Además, manifestaron que se trata de un beneficio esencial para ellos, dado que estarían operando en un mercado muy competitivo, con márgenes de utilidad inferiores al 6 por ciento, porcentaje que representa el arancel que pagan por partes y piezas importadas, mientras que los vehículos que se importan por la competencia están exentos de él si provienen de países como México u otros, con acuerdos de desgravación.
Reitero que los representantes de la empresa Franco-Chilena se sienten absolutamente discriminados porque General Motors , al acogerse al régimen arancelario de la ley Arica, recibe ese tipo de subsidio y ellos no, lo que el día de mañana podría significar éste es un mensaje para los parlamentarios de la Quinta Región presentes en la Sala el cierre de su empresa. He tratado de ser lo más objetivo con respecto a esa discusión en la Comisión de Hacienda hace un año.
Cuando nuestra Comisión se abocó a analizar la parte que le correspondía, la Comisión de Economía consideró que sólo podíamos tratar el artículo 21, que dice relación con la derogación del artículo 190 de la ley Nº 16.464. Dicha disposición estableció la tasa de despacho que afecta con una tasa de 5 por ciento a las mercancías exentas de pago del derecho de exportación. Nuestra Comisión señaló que esa tasa ya no cumple el papel compensatorio para el cual fue creada, dada la reducción que han tenido los aranceles.
Efectuada la votación, se aprobó por unanimidad el texto íntegro del artículo 21.
Además, en el informe de la Comisión de Hacienda se expone que, a su vez, el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 26 de mayo de 2000, establece que el artículo 21 del proyecto deroga la tasa de despacho, prevista en el artículo 190 de la ley Nº 16.464, tasa equivalente al 5 por ciento del valor aduanero que se aplica a determinadas importaciones. La referida derogación significará un menor ingreso fiscal estimado en 5 millones de pesos anuales. Se precisa que las adecuaciones que contiene el proyecto no importan gasto social.
Eso es cuanto puedo informar en relación con este proyecto de ley, que tiene que ver con la adecuación de la legislación nacional a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio.
Durante el estudio de la Comisión asistieron la ministra de Relaciones Exteriores, el director de Asuntos Jurídicos, el jefe del Departamento OMC, el asesor del Ministerio de Hacienda, el subdirector de Fiscalización, los abogados del Servicio Nacional de Aduanas, el jefe del Departamento de Operaciones Comerciales de la Comisión Chilena del Cobre y representantes de Peugeot Chile, con sede en la Quinta Región.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, escuché con mucha atención las exposiciones de los diputados informantes, y no puede dejar de llamarme la atención el hecho de que ha transcurrido un año desde el tratamiento por las Comisiones de este proyecto de ley.
Hoy el concierto internacional económico es diferente, y curiosamente, cuando estos proyectos quedan pendientes durante cierto tiempo, dejan de ser indispensables en cuanto a los acuerdos primitivamente asumidos por los gobiernos. Incluso el menor ingreso fiscal no es el fondo del asunto.
Pienso que cuando los Estados, en ejercicio de su soberanía, celebran acuerdos vinculados con otros Estados de la comunidad de naciones, necesariamente se encuentran obligados a cumplirlos.
Desde muy antiguo, en el derecho internacional público se ha asentado el principio de que cuando un Estado se obliga debe adecuar su legislación interna. En el año transcurrido, nuestra legislación interna no lo ha hecho.
Nosotros cumplimos conscientemente con el Acuerdo de Marrakech, que dio nacimiento orgánico a la Organización Mundial de Comercio, hoy sucesora del Gatt, entidad que regula el comercio libre entre los países del globo. Nuestro país contrajo la obligación de modificar su legislación internacional en una serie de materias, muchas de carácter técnico relativas a los procesos de desregularización del comercio exterior chileno, o de dictar regulaciones más acordes con los estándares internacionales.
El diputado que habla y lo ha hecho durante cuatro años con bastante ímpetu ha tratado de dar una visión alternativa sobre estos temas de comercio internacional, de hacer entender incluso a los relatores de las comisiones respectivas que todo lo que brilla no es oro. Me refiero especialmente al tema argentino que hoy estamos observando. Ellos nos han dado lecciones a pesar del tremendo problema económico que están viviendo. Por eso, pienso que esto no se puede pasar por alto.
Cuando el señor Eduardo Duhalde , Presidente de la República Argentina, dice que es necesario hacer una opción patriótica y proteger la industria nacional, ¡por Dios que estoy de acuerdo con él! Ello implica no abandonar a los productores internos a su suerte en los competitivos mercados internacionales.
Chile, que ya se cree en desarrollo, ha optado muchas veces por dejar de lado el apoyo necesario a lo nuestro y a la defensa de la producción interna.
La crisis argentina, que es el ejemplo que me incentiva a intervenir, ha causado el término de la paridad cambiaria entre el peso y el dólar. Así, la nación trasandina ha devaluado su moneda, y ello implica, necesariamente, que dará protección especial a su producción interna. En el ámbito del comercio agrícola, aquello generará serios problemas para nuestros productores, especialmente a los del sur de Chile que represento en este hemiciclo, aunque se diga lo contrario.
Mi idea, por supuesto, es muy personal. No es la posición de la bancada del Partido por la Democracia.
En este esquema se nos pide aprobar este proyecto de ley. Para mí, la decisión no es fácil cuando, por una parte, está comprometida la palabra de Chile y, por supuesto, hay que cumplirla, y por otra, vemos cómo sigue el espejismo del libre comercio y de un orden fundado sobre el comercio internacional.
En esos casos creemos que el interés superior de la patria exige cumplir los acuerdos internacionales. No cabe duda de que Chile los cumple.
Se impone una pregunta. Nuestros vecinos y el resto de los países que participan en la OMC, con quienes comerciamos y llegamos al Acuerdo de Marrakech, ¿cumplen igual que nosotros?
Señor Presidente, por lo dicho, anuncio mi abstención al presente proyecto.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, estimo que sería una irresponsabilidad de la Cámara de Diputados aprobar este proyecto en las condiciones en que hoy se plantea.
En primer lugar digamos las cosas como son, fue puesto en tabla entre gallos y medianoche, lo que no ha dado tiempo a los integrantes de esta Cámara ni a los que somos miembros de algunas de las comisiones que lo estudiaron para refrescarnos la memoria acerca de su contenido, puesto que, como aquí lo han dicho los diputados informantes, hace más de un año que este proyecto se encontraba despachado tanto por la Comisión de Hacienda como por la Comisión de Economía, lo que habría hecho razonable que cada uno de los señores diputados hubiera tenido tiempo suficiente para volver a revisarlo en algunos casos, o por primera vez, en otros.
En segundo lugar, también me parece una irresponsabilidad porque lamentablemente en esta Sala, en el análisis de un proyecto tan importante como éste, no se encuentra presente ningún personero del Poder Ejecutivo a quien consultar. Por ejemplo, quiero preguntar qué ha ocurrido desde un año hasta ahora respecto de otros países en desarrollo que han tenido la obligación de adecuar sus normas legales a las reglas de la OMC. Quisiera saber si esos países han avanzado o no, o somos los chilenos, de nuevo, los inocentes que, como bien decía el diputado señor Jaramillo , damos cumplimiento cabal a todas las obligaciones que la OMC nos impone, pero otros países no actúan de la misma manera.
Señor Presidente, quiero recordar que no hay ninguna urgencia en aprobar este proyecto, a pesar de que parezca lo contrario. Lo digo porque el propio informe señala que “existe un acuerdo informal asumido por los países miembros de la OMC en el sentido de no recurrir al órgano de solución de diferencias de la Organización para solicitar la condena de aquellos países en desarrollo que aún no hayan completado la adecuación de sus legislaciones”. Ese acuerdo informal está plenamente vigente, y la prueba es que muchos países en desarrollo aún no adecuan sus normas legales a las obligaciones que les impone la OMC.
No me voy a referir al fondo de este proyecto porque no ha habido tiempo suficiente para revisar su normativa después de un año, y creo que no hay ningún genio en esta Cámara que, después de ese tiempo, tenga el mismo recuerdo de un proyecto y de su contenido que cuando fue tramitado.
Por lo tanto, solicito que el proyecto no se vote en esta ocasión, independientemente del debate que pudiera generarse, a fin de continuar su estudio en una sesión futura y de que los diputados podamos imponernos con mayor profundidad de su contenido y de las implicancias que tiene. Es más, daríamos ocasión para que esté presente en la Sala algún representante del Ejecutivo.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Quiero hacer presente una circunstancia a raíz de las palabras del diputado señor José Antonio Galilea .
Él ha señalado que no hay ninguna urgencia en aprobar el proyecto; pero debo expresarle que el Ejecutivo calificó ayer la iniciativa de “suma urgencia”, de tal manera que la Secretaría estaba en la obligación de ponerlo en Tabla de inmediato. No obstante, el proyecto tiene plazo legal para ser tramitado hasta el 18 de enero.
Por lo tanto, si existiera acuerdo unánime de la Sala, podríamos postergar su votación, sin perjuicio de ceder la palabra a cada uno de los diputados inscritos y de volverlo a tratar, ojalá con la asistencia del señor ministro respectivo, el próximo martes.
El señor PARETO (Presidente).-
Señores diputados, deseo reiterar las razones que se tuvieron en consideración para colocar al proyecto en Tabla.
Dado que el Ejecutivo calificó la iniciativa con “suma” urgencia, la Mesa tenía la obligación de ponerlo en la Tabla de esta sesión, pues el plazo para tramitarlo vence el 18 próximo, salvo que el Gobierno retire dicha urgencia.
Por lo tanto, no es irresponsabilidad de la Mesa el haber puesto el proyecto en la Tabla de esta sesión, más aún si los informes respectivos fueron despachados hace más de un año.
Por lo tanto, lo único que se podría hacer es mandar el proyecto a Comisión y despacharlo el martes en la Sala, salvo que el Ejecutivo le retire la “suma” urgencia.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, precisar lo que he dicho.
No he expresado que la Mesa de la Cámara haya sido irresponsable al colocar el proyecto en la Tabla de esta sesión, sino que sería irresponsabilidad de esta Cámara aprobarlo en estas condiciones.
En segundo lugar, más allá de la urgencia que el Ejecutivo pueda tener para el despacho de la iniciativa, lo que expresé al sostener que no existe urgencia para ello es que esto puede tener urgencia para el Ejecutivo, pero que, en términos de nuestras obligaciones con la OMC, esa urgencia no existe.
Por lo anterior, sería razonable postergar la votación del proyecto para el próximo martes y, mientras tanto, tomar contacto con el Ejecutivo para saber de dónde surge esta urgencia tan grande.
El señor PARETO (Presidente).-
Ésa es la intención de la Mesa, señor diputado: mandarlo a Comisión y hablar con el Ejecutivo para que le retire la urgencia.
Agradezco sus explicaciones, ya que permiten salvar la responsabilidad de la Mesa.
Tiene la palabra el diputado señor Orpis .
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, en verdad, no soy partidario de mandarlo a Comisión, sino de que continúe el debate ahora y se despache el próximo martes. Si los señores diputados analizan el contenido del proyecto, podrán ver que sus normas, básicamente, apuntan a establecer medidas de fronteras para evitar que entren mercancías falsificadas. El proyecto tiende a proteger la propiedad intelectual y fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Economía. Prácticamente, el único problema que se presentaba era con la industria automotora Franco-Chilena, por la discriminación que podía afectarla en el tema arancelario. Ésa era la única razón por la que se había postergado su tramitación.
Por lo tanto, propongo que no vuelva a Comisión, sino que se continúe con las exposiciones de los señores diputados y que sigamos debatiéndolo el próximo martes l5 de enero hasta votarlo, porque tenemos plazo hasta el 18 para despacharlo.
En general, son medidas que benefician y protegen la propiedad industrial y la intelectual, así como una serie de materias. Más que una adecuación es una protección que les conviene a los productores nacionales, pues evita que entren mercaderías con precios completamente distorsionados y protege la propiedad intelectual, lo que se logra a través de medidas de fronteras. Para apreciarlo, basta, por ejemplo, que los señores diputados lean la página 50 del informe de la Comisión de Economía, en la cual figura una cantidad importante de indicaciones propuestas por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, las que fueron aprobadas en forma unánime por la Comisión.
Propongo que el debate del proyecto continúe y que lo despachemos el próximo martes.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina .
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, coincido plenamente con que el proyecto debe seguir la tramitación normal, pues no tiene sentido postergar su debate.
Al margen de eso, le solicito invitar a los ministros respectivos, es decir, a la ministra de Relaciones Exteriores y al ministro de Hacienda o al de Economía, para que estén presentes en el debate, lo que me parece importante.
Por lo tanto, debemos seguir con la discusión del proyecto, que es de antigua data y que ha sido despachado por unanimidad en ambas Comisiones.
Reitero, coincido plenamente con que se vote el próximo martes, pero solicito que se invite a los ministros respectivos.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, dado que el proyecto responde a la globalización de nuestra economía, le encuentro plena razón a la argumentación del diputado Orpis .
No me voy a referir a lo que significa la Organización Mundial de Comercio, puesto que, de una u otra manera, alguien tiene que resolver y tomar medidas en el intercambio de mercaderías, de bienes, de inversiones o de otras materias que surgen en el tráfico comercial, intelectual, cultural y de otras especies en el mundo.
Me voy a referir especialmente al título II. No sé por qué en el derecho moderno se deja de lado el lenguaje tradicional y clásico que rige en nuestro derecho. En este título se trata de establecer un procedimiento que se llama o se conoce vulgarmente como “medida prejudicial precautoria”, medida cautelar que se interpone antes de iniciar la demanda, antes de efectuar la acción, y que nuestro Código de Procedimiento Civil norma en forma extensa.
Al respecto, aquí no hay ninguna novedad. No obstante, considero que existe una tremenda incorrección del lenguaje jurídico. Por ejemplo, en el artículo 7º de este título II, cuando se refiere a la competencia del tribunal, habla de “la mercancía infractora o presuntamente infractora”. Pregunto si hay algún bien que sea infractor, porque la infracción corresponde a una conducta humana, a un comportamiento humano. En consecuencia, no puede haber una mercadería, una mercancía, un inmueble o un bien material que esté infringiendo o que sea presuntamente infractor o declarado como tal. Creo que aquí se refiere a la mercancía materia de la infracción, pero no a que la mercadería misma sería la infracción, porque ¿cómo se sancionará después a la mercadería si existe una infracción? Indudablemente, este lenguaje empleado, asimismo, en los artículos 15 y 16 es inaceptable en el mundo jurídico. En el artículo 15 se dice “la mercancía que haya sido declarada como infractora”. Lo mismo sucede con el artículo 16, que expresa “mercancía que infringe el derecho que se reclama”.
Creo que eso debe ser materia de corrección, porque lo que infringe o puede infringir o violar las normas jurídicas es la conducta humana, de las personas, pero no los bienes, cualquiera que sea su denominación.
En seguida, en este mismo título, después de reglamentarse extensamente esta materia, el inciso final de su artículo 8º dispone que “el juez competente estará facultado para exigir a los solicitantes las pruebas que razonablemente acrediten su calidad de titulares”.
Estimo que aquí debiera decirse derechamente, tal como se establece en una medida prejudicial precautoria, que los solicitantes deben acompañar a esa petición los antecedentes que la hagan verosímil o que establezcan algunos hechos ciertos respecto de los fundamentos con que se está pidiendo esa medida prejudicial precautoria.
Luego, el artículo 13 consigna que el titular deberá presentar una “demanda o querella”. Al respecto, las dos expresiones no son sinónimas. Cabría presentar demanda si se tratare de una cuestión meramente civil. En el caso de aplicación de multas se podría hablar de infracción. Pero no se habla de multas, sino de una acción que se va a deducir y que se refiere a los derechos de la propiedad intelectual. En consecuencia, con las voces “demanda” o “querella” se está usando un lenguaje impropio.
¡Y qué decir del artículo 18, con el cual concluye el título II, que se refiere a la medida prejudicial precautoria y a la demanda o querella! Ese artículo establece que “las resoluciones dictadas por el juez competente sólo serán susceptibles de recurso de reposición ante el mismo tribunal”.
Entiendo que eso está exclusivamente referido a la medida prejudicial precautoria o a las del procedimiento de la demanda, que será una acción ordinaria, porque aquí éste no se modifica. Respecto de las resoluciones que se dicten en el curso de ese procedimiento, sólo cabrá el recurso de reposición. Pero ¿qué pasa con la sentencia definitiva que allí se dicte?
Es absurdo que haya una instancia única y se acepte reposición respecto de una sentencia definitiva que va a declarar si verdaderamente es correcta o no la internación o traslado de una mercadería de un país a otro.
Por lo tanto, hay que corregir el artículo 18 en el sentido de que el recurso de reposición sólo afecta a la medida prejudicial precautoria o al procedimiento, salvo la sentencia definitiva, la que podrá ser objeto del recurso de apelación o de casación, en su caso, porque aquí nadie ha dicho que se trate de una única instancia o de que se haya suprimido la jurisdicción de la Corte Suprema o de las cortes de apelaciones.
Se deben corregir todos los errores. En verdad habría que redactar completamente de nuevo el título II para tener un procedimiento claro y expedito, que no dé lugar a estos errores, imperfecciones o a malas interpretaciones que no conducen a una justicia eficiente, rápida y expedita.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina .
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, después de casi un año de tramitación, la discusión del proyecto tiene una base de sustentación, porque ha sido objetado por algunas empresas que podrían verse perjudicadas con su aplicación. Sin embargo, este acuerdo está vigente en Chile con la suscripción del Acuerdo de Marrakech, en 1994, el cual creó la Organización Mundial de Comercio, OMC. Chile ratificó dicho acuerdo en 1995 y tendría que haber adecuado su normativa al 31 de diciembre de 1999. Por lo tanto, tenemos una moratoria de dos años.
El proyecto es relevante no sólo porque regula una serie de situaciones al interior del país, sino porque, además, es prerrequisito básico para importantes tratados, tales como los de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea o con Corea.
Las personas que hoy objetan el proyecto no deben olvidar que muchos estudiosos del tema han señalado que esto podría significar hasta el uno por ciento de mayor crecimiento del producto geográfico bruto. Por lo tanto, estamos ante una situación que beneficia al país.
En definitiva, la aprobación del proyecto significa la no discriminación, un comercio mucho más libre y una política de promoción de las competencias, lo que es adecuado. Hoy, al ver la situación que enfrenta Argentina, es importante discutir estos temas. Nuestra administración, por este camino, ha conseguido crecimiento y seguridad, desde los puntos de vista financiero y monetario, incluso cambiario.
Por lo tanto, Chile debe adecuar su normativa. Están pendientes de tramitación este proyecto y el de propiedad industrial, que es fundamental para un tratado de libre comercio. La Cámara debe aprobarlos responsablemente, porque son beneficiosos para el desarrollo del país. Su no aprobación puede significar distintas sanciones, a las que Chile ya se ha expuesto en los paneles de controversia que funcionan en la OMC.
Hay situaciones muy atrasadas que deben ser modernizadas; entre ellas, las relacionadas con el Estatuto Automotor, con los obstáculos técnicos al comercio, con el despacho aduanero, con la tasa de despacho. Es decir, hay una serie de adecuaciones muy positivas para la inserción de Chile en el mundo globalizado.
Al margen de reclamar la presencia de los ministros en la Sala, es muy importante la aprobación del proyecto el próximo martes para contar con una normativa que nos permita establecer los diferentes tratados de libre comercio, tan necesarios para el desarrollo de nuestra economía.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
De acuerdo con lo planteado, solicito la unanimidad de la Sala para continuar el debate del proyecto en la próxima sesión y, luego, someterlo a votación el mismo martes. Además, se tendrá muy presente invitar al ministro respectivo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
TRATAMIENTO DE PROYECTO SOBRE TABLA.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para tratar, en cuanto sea despachado por la Comisión de Educación, el proyecto que modifica la ley Nº 19.712, de Chiledeportes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI.INCIDENTES
PROBLEMAS VIALES DEL DISTRITO Nº 33. Oficio.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, solicito el envío de un nuevo oficio al ministro de Obras Públicas para insistir en una solución para la salida sur de la comuna de San Francisco de Mostazal, donde se realizan obras en concesión.
La empresa concesionaria ha avanzado bastante su trabajo, pero la salida sur se encuentra totalmente bloqueada a la altura de las copas de la empresa sanitaria, dejando prácticamente sin acceso a la calle San Guillermo. Esta vía no generará problemas, desde el punto de vista de seguridad vial. Es una conexión totalmente natural para esa calle, que vincula San Francisco de Mostazal con las comunas de Graneros y de Rancagua, punto habitual de llegada y de contacto de la gente.
Asimismo, insisto en la necesidad de preocuparse de la avenida Independencia, la cual, debido al tráfico de camiones de gran tonelaje que se produce por los trabajos en la Ruta 5 Sur, ha sufrido el hundimiento de la losa y del pavimento, lo cual compromete incluso la seguridad de peatones y vehículos. Esta avenida es la conexión natural del camino longitudinal antiguo que corre por el poniente y permite unir San Francisco de Mostazal con Graneros .
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CREACIÓN DE SEDES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS. Oficio.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, deseo reiterar al superintendente de Servicios Sanitarios el compromiso adquirido durante la tramitación de la ley que permitió la privatización de empresas sanitarias, en el sentido de que en las regiones donde aquéllas fuesen privatizadas debía implementarse una sede de la superintendencia. Fue un compromiso lógico y natural, que permitirá a los usuarios de los servicios de empresas sanitarias privadas reclamar sin tener que trasladarse a la capital, donde la superintendencia tiene su sede única. Este compromiso se ha cumplido en algunas regiones, pero no en todas. De hecho, en la Sexta Región, donde Essel fue traspasada al sector privado, aún no hay sede.
Como constituye un buen instrumento para potenciar los reclamos y defensa de los consumidores respecto de los servicios sanitarios, pido reiterar el oficio a la Superintendencia, con el objeto de que cumpla el compromiso asumido.
Entiendo que esta materia es también de interés de parlamentarios de otras regiones donde se está viviendo el mismo proceso.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
COBRO EXCESIVO EN TARIFAS DE AGUA POTABLE EN PROVINCIA DE BIOBÍO. Oficio.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor José Pérez .
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, hace ya unos cuantos meses en la Octava Región se privatizó la empresa sanitaria Essbío . La medida fue rechazada por la comunidad, la cual hizo presentes los inconvenientes que ello acarrearía después de conocer lo ocurrido con Esval y Emos . Se reunieron muchas firmas en distintas ciudades de la región para impedir la privatización, porque con ella se produciría despido de personal y, por supuesto, aumento en las tarifas.
Desde hace algunos meses he recibido reiterados reclamos de parte de modestos habitantes de las distintas comunas de la provincia de Biobío, que me honro en representar, porque las tarifas por consumo de agua potable son realmente escandalosas. Personas que viven de un salario mínimo o de una pensión pagan, con mucha frecuencia, veinte mil, treinta mil y hasta cuarenta mil pesos por este concepto. Lo peor es que, muchas veces, las empresas cobran determinado monto por el consumo de agua potable y otra cantidad similar por el uso de alcantarillado, que en algunos casos ni siquiera existe. El cobro indebido por el uso de un servicio que no existe golpea fuertemente a muchos hogares modestos de la provincia de Biobío y, sin duda, también a diversos otros lugares de la Octava Región.
Al hecho de que la empresa Essbío esté haciendo negocio con un elemento tan vital como el agua, hay que agregar la circunstancia de que con las privatizaciones sólo ganarán los empresarios interesados en obtener más recursos de los usuarios, pero nunca la gente.
Por consiguiente, pido que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios para que se haga un detallado estudio de lo que acontece con la empresa sanitaria Essbío y se establezca a qué se debe el alza notable en las tarifas, fundamentalmente en las comunas de la provincia de Biobío, y el cobro por uso de alcantarillado, en circunstancias de que muchas veces no está en funciones o no existe.
Esperamos que no se siga repitiendo este tipo de abusos, puesto que afecta fuertemente a sectores muy modestos de la provincia de Biobío.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo requieran en la Secretaría.
Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Mixto.
Ofrezco la palabra.
PARALIZACIÓN DE FAENAS EN PUENTE NEGRO, VALDIVIA . Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Delmastro .
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, las faenas de reparación del puente Negro, ubicado en la doble vía de Lanco, Valdivia , se encuentran paralizadas desde hace más de un año. Corresponde al antiguo trazado de la Ruta 5 Sur y se está reparando para habilitarlo como segundo puente dentro de la doble vía concesionada.
El puente fue parcialmente demolido, pero ha pasado más de un año y aún persiste la paralización de faenas sin que exista explicación razonable para ello. En estas circunstancias, las personas que se desplazan por el lugar están sujetas al cobro de peaje por el uso de una vía simple, lo que no corresponde al servicio por el cual se paga.
Por lo anteriormente señalado, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas para que explique las razones de por qué se encuentra paralizada por más de un año una faena de tanta importancia.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CAMBIO DE GOBERNADORA DE ARICA. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, Chile ha sido conmocionado por los cambios de ministros, intendentes, gobernadores y secretarios ministeriales regionales. Para el distrito que represento en esta Sala resultó muy duro que cambiaran a la gobernadora señora Bronia Castillo , perteneciente al Partido Socialista, quien recibió el apoyo de la comunidad por ser una mujer tremendamente pluralista, trabajadora y preocupada de sus funciones.
Debo informar que todas las fuerzas vivas de Arica, sin ninguna excepción, se reunieron y enviaron cartas al Ministerio del Interior para apoyar a la gobernadora que, de todas maneras, fue removida de su cargo.
Por lo tanto, solicito al ministro que se sirva informarnos cómo se evaluó el trabajo de los gobernadores y, en particular, en qué antecedentes se basaron para cambiar a una mujer que, por mucho tiempo, se jugó por la comunidad, que fue absolutamente aceptada por todos los sectores y estaba dando a Arica los elementos necesarios para su desarrollo, con los escasos recursos que se otorgan a las gobernaciones.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Orpis , Krauss , Pareto , Jarpa y Eduardo Díaz .
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
COBRO DE TARIFAS DE AGUA POTABLE EN PANGUIPULLI. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo correspondiente al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, las tarifas de agua potable y de alcantarillado de la comuna y ciudad de Panguipulli son las más elevada de la Décima Región, en circunstancias de que cuenta con la mayor cantidad de ríos y lagos de todo Chile. Allí existen siete lagos grandes, cinco pequeños y doce ríos, pero la proporción del costo de este vital elemento es de un 236 por ciento más elevado en relación con el de las otras comunas de la Décima Región de Los Lagos.
Por lo expuesto, solicito que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que explique por qué los usuarios deben pagar estas altas tarifas en una de las zonas donde más llueve, hay más agua e incluso se produce electricidad gracias a la creación de lagos artificiales.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Delmastro .
En el tiempo del Comité del PPD, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
IRREGULARIDADES EN COBRO DE MUTUOS A DEUDORES DE LA EMPRESA METALPAR S.A. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo correspondiente al Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, absolutamente sorprendido he tomado conocimiento de una acción inédita emprendida en contra de algunas autoridades públicas. Se trata de un recurso de amparo económico presentado por la empresa Metalpar y patrocinado por el estudio jurídico Schaulsohn Asociados & Compañía Limitada, en el que se acusa a Gianni Lambertini , tesorero general de la República, de asociación ilícita por haber incurrido junto a algunos diputados, particularmente de quien habla en acciones de persecución en contra de la empresa Metalpar , por haberle denostado e impedido el cobro de mutuos.
Los términos en que el recurso de amparo económico se ha presentado en contra del tesorero general de la República son injuriosos y la acusación que se hace, no sólo al diputado que habla, sino a la Cámara de Diputados en circunstancias de que hemos ejercido nuestro derecho al exigir de la Tesorería General de la República hacer uso de todos los recursos que el Estado demanda a terceros particulares es extremadamente cuestionable e injusta.
Al respecto, quiero informar a la Sala que los términos en que Metalpar hace esta presentación son los siguientes:
Que un grupo de parlamentarios, encabezado por el diputado Alejandro Navarro , sumado al tesorero general de la República, con el pretexto de la defensa del interés fiscal se ha empeñado en una campaña persecutoria destinada a impedir que la representada, Metalpar , pueda obtener la caución de los créditos.
Se señala que dicha campaña “enroló exitosamente” al señor tesorero general de la República para que, utilizando de forma ilegítima medios jurídicos que le entrega la ley para otros objetivos, se haya empeñado en esta situación.
A su vez y esto es lo que causa perplejidad dice que “nos enfrentamos a la escandalosa situación de que el señor tesorero general de la República deba rendir cuentas al diputado Navarro de los juicios ejecutivos que ha logrado paralizar en los tribunales a mi representada”.
Señala también que en la sesión de la Cámara del día 19 de junio de 2001, cuyo texto, en lo pertinente se acompaña, este diputado solicita que se oficie a la Tesorería General de la República para que detalle exactamente cuántos y cuáles son los procesos que ha emprendido en contra de la empresa Metalpar S.A. Por lo tanto, se establece que hay una asociación ilícita de parte de algunos diputados con el tesorero general de la República.
La acusación de persecución es absolutamente improcedente e injusta, porque lo que hemos hecho es exigir al tesorero general de la República que persiga el cobro de recursos fiscales que han sido entregados a través del denominado “crédito fiscal” a cientos y miles de personas que han adquirido vehículos de la locomoción colectiva, pero en particular aquellos que han sido gestionados por la empresa Metalpar . Y lo que hizo el tesorero general de la República no fue más que cumplir con el mandato de la ley Nº 18.634, en términos de entablar juicios ejecutivos de cobro en conformidad con procedimientos judiciales claramente establecidos.
Es así como el artículo 26 del mencionado cuerpo legal, en el capítulo relacionado con el castigo de la deuda, señala muy claramente que: “Los bienes de capital adquiridos, sólo podrán enajenarse o arrendarse cuando el importador o el actual propietario, en su caso, hubiere pagado el total de la deuda o cuando el comprador o arrendatario asuma por escrito la obligación de pagar el saldo insoluto”.
El artículo 30 de la mencionada ley estipula: “La persona que exportare, enajenare o destinare a una finalidad no productiva los bienes respecto de los cuales se hubiera otorgado el beneficio del crédito fiscal, sin que hubiere pagado el total de la deuda, o sin haber obtenido autorización previa del Servicio de Aduanas, en el caso de la enajenación, será sancionada en la forma prescrita por el artículo 470, Nº 8, del Código Penal”.
Por su parte, el artículo 35 expresa claramente que el exportar, enajenar o destinar a una finalidad no productiva los bienes respecto de los cuales se hubiere obtenido el beneficio diferido de tributos aduaneros, sin que se hubiere pagado el total de la deuda, se hace merecedor de persecución de cobro.
La Aduana ha presentado diversos juicios en contra de Metalpar, porque de manera reiterada los vehículos de la locomoción colectiva han sido vendidos cinco, seis o siete veces y por cada venta se ha obtenido un crédito fiscal y, obviamente, un IVA diferido. Esta investigación ha sido emprendida por el Servicio Nacional de Aduanas, la Tesorería General de la República e Impuestos Internos.
Con respecto a este último servicio, pido que se le haga llegar oficio a fin de que aclare por qué en la respuesta que entregó hace algún tiempo, a raíz de la investigación sobre las operaciones de venta de vehículos llevadas a cabo por Metalpar S.A., señala que no existe pago de impuesto al mutuo porque éstas fueron hechas en base al pago con letras hipotecarias.
En su presentación judicial, Metalpar sostiene que la empresa otorga al adquirente del vehículo un mutuo para el pago del precio en un porcentaje que alcanza al 80 por ciento del valor total y que en el procedimiento anterior, usado en casi 20 años, obtenía el ciento por ciento del pago de los financiamientos otorgados para la adquisición de vehículos de transportes. Pero ha sido el propio Servicio de Impuestos Internos el que, en oficio dirigido a esta Cámara de Diputados, solicitado por el diputado que habla, ha dicho que en las operaciones que realiza Metalpar no existen ventas basadas en mutuos sino en letras hipotecarias.
Quiero, entonces, que el Servicio de Impuestos Internos explique en qué basó su investigación para determinar que no había mutuos, pero sí letras hipotecarias; que investigue, de manera clara y precisa, las ventas en los dos últimos años a través de este sistema que Metalpar reconoce como mutuo, pero que el Servicio de Impuestos Internos dice no conocer.
Asimismo, solicito que la Corporación insista en el conjunto de oficios, que aún no han tenido respuesta, ante el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y, particularmente, el Ministerio de Defensa Nacional. Tal como el informe de Carabineros lo acreditó en agosto de 2000, los receptores judiciales han actuado sin orden de los tribunales, sorprendiendo a funcionarios de la institución al embargar y retirar los vehículos de la vía pública.
Pido que Carabineros de Chile, a través del Ministerio de Defensa, nos informe sobre los sumarios internos realizados al interior de la institución, a fin de impedir que sea sorprendida por receptores judiciales que, usando documentos que no son órdenes judiciales, han logrado que sus funcionarios los acompañen en diligencias ilegales. Por lo tanto, solicito un informe completo a fin de determinar cuál ha sido su actuación durante los años 2000 y 2001 en torno del compañamiento de los receptores para el retiro de vehículos de la locomoción colectiva en base a presentaciones que no constituyen órdenes judiciales.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio de Defensa, con la adhesión de los señores diputados que han alzado la mano y de lo cual se está tomando debida nota.
Ha concluido el tiempo del Partido Socialista.
El señor ÁLVAREZ (don Rodrigo).-
Pido la palabra.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ÁLVAREZ (don Rodrigo).-
Señor Presidente, quiero pedirle, aunque ya se lo hice presente al señor Presidente titular que, si lo tiene a bien, cite a reunión de Comités a las 12.30 horas.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Señor diputado, voy a comunicar a los Comités que existe una solicitud de la UDI para efectuar una reunión de Comités a las 12.30 horas.
Ha concluido Incidentes.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.14 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.