Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Paez Verdugo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON FERNANDO SANHUEZA HERBAGE .
- HOMENAJE : Sergio Ojeda Uribe
- HOMENAJE : Jose Francisco Encina Moriamez
- HOMENAJE : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL SOBRE DISCAPACITADOS.
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON FERNANDO SANHUEZA HERBAGE .
- VI. ORDEN DEL DÍA
- CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Joaquin Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTO DE LA TABLA.
- CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS. Segundo trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DE SANTUARIO INTERCONTINENTAL DE BOSQUES GONDWANA EN CHILE. (Votación).
- PETICIÓN DE ENVÍO DE PROYECTO SOBRE PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LICENCIAS PROFESIONALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Gustavo Alessandri Valdes
- Waldo Mora Longa
- Sergio Ojeda Uribe
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Edmundo Salas De La Fuente
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Felipe Valenzuela Herrera
- Laura Soto Gonzalez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- ANTECEDENTE
- VIII. INCIDENTES
- ADELANTO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUA POTABLE A POBLADORES DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- EXENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTO TERRITORIAL A ADULTOS MAYORES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Antonio Leay Moran
- CAUSAS Y EFECTOS DEL DESEMPLEO EN CHILE.
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- TRASPASO DE FONDOS PREVISIONALES DE TRABAJADORES DE ASMAR A CAPREDENA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- ADHESION
- Claudio Alvarado Andrade
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- URGENCIA PARA PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. Oficios.
- CONTAMINACIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Lorenzini Basso
- NECESIDAD DE REGULAR EL GASTO ELECTORAL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Homero Gutierrez Roman
- HABILITACIÓN DE PASO INTERNACIONAL DE AGUA NEGRA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Segundo trámite constitucional.
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Claudio Alvarado Andrade
- Carlos Recondo Lavanderos
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Gustavo Alessandri Valdes
- Carlos Caminondo Saez
- Pablo Galilea Carrillo
- Jose Garcia Ruminot
- Waldo Mora Longa
- Victor Perez Varela
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 12ª, en miércoles 31 de octubre de 2001
(Ordinaria, de 11.10 a 13.21 horas)
Presidencia de los señores Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia ........................................................................................................ 7
II.Apertura de la sesión ..................................................................................... 9
III.Actas................................................................................................................ 9
IV.Cuenta ............................................................................................................. 9
V.Homenaje.
Homenaje en memoria del ex diputado
don Fernando Sanhueza Herbage
...... 9
Prórroga de plazo a Comisión especial sobre discapacitados.......................... 15
VI.Orden del Día.
-Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo.
Segundo trámite constitucional........................................................................ 15
-Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometi-
dos con bombas. Segundo trámite constitucional ............................................ 15
-Suspensión de tratamiento de proyecto de la Tabla......................................... 24
VII.Proyectos de acuerdo.
-Creación de santuario intercontinental de bosques
Gondwana en Chile. (Vo- tación)............................................................................................................... 24
-Petición de envío de proyecto sobre prórroga de vigencia de licencias profe-
sionales............................................................................................................. 24
VIII.Incidentes.
-Adelanto de subsidio para pago de agua potable a pobladores de la Octava
Región. Oficio.................................................................................................. 25
-Exención del pago de impuesto territorial a adultos mayores. Oficio ............. 27
-Causas y efectos del desempleo en Chile......................................................... 28
-Traspaso de fondos previsionales de trabajadores de Asmar a Capredena.
Oficios.............................................................................................................. 29
-Urgencia para proyecto que modifica la ley general de Pesca y Acuicultura.
Oficios.............................................................................................................. 30
-Contaminación del agua potable en la Región del Maule. Oficios.................. 31
-Necesidad de regular el gasto electoral. Oficio................................................ 33
-Habilitación de paso internacional de Agua Negra. Oficio.............................. 34
Pág.
IX.Documentos de la Cuenta.
-Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Asuntos Interparlamenta rios e Integración Latinoamericana recaídos en los siguientes proyectos, con
urgencia calificada de “suma”:
1.Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo,
adoptado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 (boletín Nº 2799-10) (S) 36
2.Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas co-
metidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en Nueva York el 15 de diciembre de 1997 (boletín Nº 2800-10) (S) 42
3.Moción del diputado señor
Errázuriz
que reforma la Constitución Política de
la República impidiendo indultar a condenados a cadena perpetua (boletín
Nº 2820-07)...................................................................................................... 51
4.Moción de los diputados señores
Alvarado
y Recondo que modifica la ley
general de Pesca y Acuicultura para que pescadores artesanales de las Re-
giones Décima y Undécima puedan operar indistintamente en ambas (boletín
Nº 2819-21)...................................................................................................... 52
5.Moción de los diputados señores
Prokurica , Alessandri , Caminondo , Galilea , don José Antonio ; García, don José ; Mora , Pérez, don Víctor ; Rincón, Ulloa y Vilches , que establece una reforma constitucional para modificar el artícu- lo 22 de la Carta Fundamental (boletín Nº 2818-07) ....................................... 53
X.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones
-De la Comisión especial destinada a analizar la legislación que establece beneficios para los discapacitados, por la cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para prorrogar por 60 días el plazo para el cumplimiento de su mandato.
-De los diputados patrocinantes del proyecto que modifica la normativa sobre vigilantes privados, por el cual solicitan el retiro de dicho proyecto (boletín Nº 2754-07).
2.Oficios:
Contraloría General de la República
-Del diputado señor
Kuschel
, evolución de aportes fiscales efectuados entre 1990 y 2001.
Ministerio del Interior
-De los diputados señores Ascencio, Jaramillo, Kuschel, Masferrer,Nuñez,Ortiz,Van Ryselberghe y Vilches
, aporte extraordinario de recursos para reconstrucción de pasarela en comuna de Palena.
-De los diputados señores Urrutia, Acuña, Jaramillo, Felipe Letelier, Navarro y Sanchez , participación de la municipalidad de Arica en la empresa Hipódromo Arica S.A.
S.A.
Ministerio de Relaciones Exteriores
-De los diputados señores Sanchez, Jaramillo, Navarro, Ortiz y de la diputada Caraball, acuerdo de cooperación nuclear Atgentina y Australia.
-De la diputada señora Gonzalez y de los diputados señores Diaz y Ortiz, conversaciones reservadas entre los gobiernos de Chile y Bolivia.
Ministerio de Educación
-De los diputados señores Navarro y Jaramillo, antecedentes de escuela F-584 Vipla, de la comuna de Penco.
-Del diputado señor Navarro,sumario administrativo a docente de escueka E-677 de coronel.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del diputado señor José Antonio Galilea, asignacion de motocicletas a retén de Melipeuco, Novena Región.
Ministerio de Obras Públicas
-Del diputado señor Alavarado, estado de avance del proyecto puente El cisne N°2.
-De los diputados señores Rincón y Velasco, reparación problemas viales en provincia de San Antonio.
-De los diputados señores Navarro, Gutierrez, Ojeda y Urrutia, situación actual proyecto mejoramiento servicio de agua potable.
-Del diputado señor Bertolino, pagos de contratos Cuarta Región.
-Del diputado señor Recondo, mejoramiento Ruta V-46, sector FresiaParga-Las Cañitas, Décima Región.
-Del diputado señor Encina, sistemas de APR de localudad de Serón, comuna de Río Hurtado.
-Del diputado señor Delasmtro, situacion puente Manuel Rodriguez sobre río cruces, comuna de Lanco.
-De los diputados señores Kuschel y Bertolino, proyecyo en Carelmapu, Decima region.
-Del diputado señor Jarpa, acceso a la localidad de Rucapequén, Octava Region.
-De los diputados señores Ascencio, Jaramillo, Kuschel, Masferrer, Nuñez, Ortiz, Van Rysselberghe y Vilches, reconstruccion pasarela sector El Tigre, comuna de Palena.
-De los diputados señores Jaramillo y Ortiz, marcha blanca peaje troncal La Union.
-Del diputado señor Navarro, presupuestos conservación de caminos comunales año 2001, Octava region.
-Del diputado señor Kuschel, calles de Michimahuida sector La Paloma, décima region.
-De los diputados señores Navarro, Jaramillo, Ojeda, Ortiz y Rincon, mantencion de grifos por Cuerpos de Bomberos.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor Pablo Galilea, cámara hiperbárica para Hospital de Puerto Aisén.
-De los diputados señores Fossa, Bertolino y Vilches, situacion hospitales de Lota y Coronel.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-De los diputados señores Delamstro, Alvarado, Jaramillo, Masferrer y Vilches, situacion poblacion San Pablo de Valdivia.
-Del diputado señor Pareto, proyecto relleno sanitario Santiago Poniente Maipú, Región Metropoltana.
Ministerio Secretaría General de Gobierno
-De los diputados señores Vilches, Prokurica, Nuñez y Valenzuela, transmision de noticieros regionales.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-De los diputados señores Rincón, Jaramillo, Lorenzini, Mulety Ojeda, adecuada fiscalizacion de empresas de la Sexta Región.
-De los diputados señores Gutierrez, Fossa, Ojeda, Ortiz, Villouta, Navarro, Delmastro, Jarpa, Kuschel,Nuñez,Osvaldo Palma, Joaquin Palma, Urrutia y de la diputada señora Caraball, depósito de basura domiciliaria y funcionamiento de vertederos en la ciudad de Talca.
Dirección Nacional de Estadísticas
-Resultados preliminares de la “Encuesta Nacional del Empleo”, realizado en la Quinta Región.
Instituto Nacional de Deportes
-Del diputado señor Kuschel, mejoramiento gimnasio Alerce.
-De la diputada señora Rozas y de los diputados señores Acuña, Gutierrez, Felipe Letelier, Mulet, Navarro y Olivares, disposiciones legales que rigen la instalacion del Instituto.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
-De los diputados señores Victor Perez, Masferrer y Rosauro Martinez, investigación en Bancos del Estado de Chile, Bhif y Chile.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (58)
--Acuña Cisternas, Mario
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Dittborn Cordua, Julio
--Encina Moriamez, Francisco
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Paya Mira, Darío
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Saa Díaz, María Antonieta
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, la ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear, y el senador señor Sergio Páez.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 5ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 6ª queda a disposición de las señoras y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON FERNANDO SANHUEZA HERBAGE .
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
A continuación se rendirá homenaje al ex diputado y ex Presidente de la Cámara de Diputados de Chile don Fernando Sanhueza Herbage , recientemente fallecido.
Se encuentran presentes en la tribuna de honor sus hijos, familiares y distinguidas personalidades.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA (de pie).-
Señor Presidente, nuestra Corporación rinde hoy un sentido homenaje a quien fuera uno de sus más destacados integrantes, don Fernando Sanhueza Herbage , un gran hombre y un gran político.
Don Fernando Sanhueza nació en Santiago en 1929. Sus padres fueron don Humberto Sanhueza Correa y doña Carmen Herbage Salas . Contrajo matrimonio con doña Isabel Romero Riveros , con quien tuvo dos hijos: Fernando y María Valeria.
Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Instituto de Humanidades Luis Campino. Posteriormente ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, en la cual llegó a ser, entre los años 19531954, presidente de la Federación de Estudiantes; también fue presidente de la Organización Universitaria de Estudiantes Latinoamericanos. Su dedicación y esfuerzo traspasaron nuestras fronteras y le significaron ser elegido secretario general de la Organización de Universidades Católicas de América Latina. Egresó en 1955. Entre ese año y 1962 se desempeñó como ayudante, primero, y luego como profesor de arte. Formó a varias generaciones de profesionales, las cuales recuerdan con cariño la dedicación con que les enseñaba. En 1956 formó la empresa Sopined , Sociedad de Pinturas de Edificios y Construcciones. Después fue consejero de Tecnicoop. A continuación de sus estudios universitarios y ya iniciada su actividad profesional, comenzó a incursionar en lo que serían sus pasiones más grandes: el fútbol -su amor por el club Universidad Católica- y la política, en la que comenzó a los 19 años, primero en la Falange Nacional y posteriormente en la Democracia Cristiana.
Fue destacado militante de la Falange Nacional desde 1946, en la que llegó a ser secretario nacional.
Hombre de convicciones sólidas, desde su juventud abrazó la causa democratacristiana.
Desde su profesión de arquitecto aportó con lucidez a la creación empresarial, pero su vocación era el servicio público, inspirado en el humanismo cristiano en el que se había formado junto a destacados maestros de la Falange, como Frei y Tomic. Basado en los ideales de la Democracia Cristiana, pronto destacó por su abnegación y servicio. En 1955, fue secretario general del primer Congreso Latinoamericano de este partido; también fue presidente de la Séptima Comisión de Santiago y director nacional de pobladores en la campaña presidencial del Presidente Eduardo Frei Montalva . Además, en dos oportunidades desempeñó el cargo de vicepresidente del Partido.
Reconocido por la ciudadanía, fue elegido diputado durante tres períodos legislativos, desde 1965 a 1973, siempre por el primer distrito de Santiago. Su dedicación al servicio público y su destacada labor parlamentaria hicieron que fuera elegido Presidente de la Cámara de Diputados, cargo que desempeñó entre el 20 de julio de 1971 hasta mayo de 1973. Desde la testera de la Corporación se esforzó en buscar salidas políticas a la grave crisis que afectó a la República y que terminó en horas aciagas de dolor y de muerte.
Tras el desmoronamiento de la democracia, vivió en Venezuela, tierra que lo acogió generosamente, donde desarrolló su labor profesional, aunque siempre tuvo su corazón en los aconteceres de nuestra patria.
Restablecida la democracia, se desempeñó como agregado civil en la embajada de Chile en Venezuela entre 1990 y 1992; luego, desde 1992 hasta su muerte, fue cónsul de Chile en Puerto Ordaz.
Muchas podrían ser las iniciativas que hoy debiéramos recordar para evocar su vida y accionar. Entre ellas, la que otorgó la asignación familiar a los empleados particulares, el apoyo al actuar de centros de padres y apoderados en la realización de giras de estudio, a las actividades deportivas y de alta competición, a la artesanía y pequeña industria, a iniciativas que favorecían a las escuelas rurales, a la condonación de deudas fiscales a la escuela técnica femenina Santa Teresita , al establecimiento de franquicias para la internación de elementos destinados al Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile, a los hospitales y clínicas y, también, a la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile. Además, presentó proyectos de ley para eximir de impuesto la venta de artesanías en la localidad de Pomaire; para otorgar franquicias en la locomoción a los profesores primarios de las escuelas rurales; para restituir terrenos fiscales y muchos otros.
Su actividad legislativa se destacó por promover la ayuda a los sectores más desposeídos y fomentar el desarrollo económico, cultural y social del país.
Participó en diferentes Comisiones de la Cámara de Diputados: Vivienda y Urbanismo, Hacienda, Educación, Economía y Comercio; en varias especiales, como la que investigó la crisis del fútbol profesional de los años 1967 y 1968; en las comisiones investigadoras sobre Televisión Nacional, la industria automotriz y muchas otras.
Podríamos mencionar muchas obras de este gran hombre, pero hoy lo más importante es recordar su calidad humana y su lealtad con los ideales partidarios, que siempre sirvió más allá de consideraciones personales. Fue notable su interés por incrementar el profesionalismo e incentivar la excelencia en los funcionarios de la Corporación. La generación de esos días recuerda con afecto su afabilidad e imparcialidad; asimismo, su calidad de hombre dedicado a su familia y a su patria, a la que sirvió con abnegación dentro de sus fronteras y fuera de ellas.
Sus obras retratan su vida: un apostolado de bien público para el país en un contexto histórico de graves y profundos desencuentros en la política chilena.
En un ambiente que ya anunciaba los tristes desenlaces sufridos por nuestra institucionalidad, fue un político de planes y proyectos, una huella imborrable de consecuencia y vocación, de hechos y actos con dedicación y esmero, con la altura de los grandes hombres que van dejando ejemplos, inspiración y fortalezas. Fue un servidor de la patria, al cual agradecemos su entrega y disposición por el Congreso, en especial por la Cámara; su lucha por mantener la tradición y la continuidad democrática, el prestigio y la consolidación del sistema de representación. En fin, fue un hombre que lo dio todo por la patria, actitud que deberíamos imitar.
Don Fernando Sanhueza estará siempre en nuestra mente. Nuestro espíritu se apoya y alimenta con su aporte y la visión que él nos enseñó del mundo. No lo veremos más, pero sí lo sentiremos con gran profundidad y afecto y, además, lo recordaremos con ese cariño y esa amistad que él siempre entregó.
La bancada de la Democracia Cristiana, su partido, le rinde homenaje y hace llegar un muy cariñoso y afectuoso saludo a todos sus familiares y amigos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de las bancadas del Partido Socialista y del Partido por la Democracia intervengo en el merecido homenaje que esta Corporación rinde a un destacado servidor público de la segunda mitad del siglo XX, a don Fernando Sanhueza Herbage .
Resulta difícil resumir en pocas palabras la prolífica vida pública de Fernando Sanhueza sin correr el riesgo de omitir algunas de las múltiples actividades que emprendiera en beneficio de la comunidad. La fuerza moral que demostró tener, unida a su proverbial inteligencia y capacidad le permitieron desempeñar con brillo las más altas responsabilidades durante su participación en la vida pública de nuestro país, entre otras, miembro de la Falange Nacional desde 1946, presidente de la Federación de Estudiantes, diputado de la República en repetidas oportunidades.
Fernando Sanhueza es un fiel exponente de los servidores públicos que, pudiendo optar por lucrar con el ejercicio de sus respectivas profesiones, prefirieron entregarse por entero al servicio del país, aun cuando ello les significara un pasar económico menos privilegiado.
Nacido en Santiago en 1929, hijo de doña Carmen Herbage Salas y de don Humberto Sanhueza Correa , cursó sus estudios secundarios en el Instituto de Humanidades Luis Campino. Posteriormente, inició la carrera de arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue presidente de la Federación de Estudiantes, Feuc , de 1953 a 1954, y este último año llegó a ser presidente de la Organización Universitaria de Estudiantes Latinoamericanos. En el plano académico, destacó con singular maestría. Fue ayudante académico en su carrera, de la cual egresó en 1955. Con posterioridad se desempeñó como profesor de arte.
Su reconocida capacidad y talento, así como su innegable calidad humana, lo llevaron rápidamente a desempeñar altos cargos al interior del Partido Demócrata Cristiano. En dos oportunidades fue su vicepresidente y, en otras tantas, consejero.
Durante su gestión como parlamentario a partir de 1965, se aprobaron iniciativas legales en las que tuvo un rol fundamental, entre ellas, la relacionada con la asignación familiar de empleados particulares, la que estableció franquicias en materia de locomoción colectiva para el transporte de profesores primarios, la que otorgó franquicias tributarias para la pequeña industria, las modificaciones a las leyes de arrendamiento y otras en materia de vivienda. También es destacable su participación en las Comisiones permanentes de Educación Pública, de Vivienda y Urbanismo y de Economía.
La culminación de su relevante labor parlamentaria se refleja en su elección como Presidente de la Corporación desde julio de 1971 hasta mayo de 1973. Ese mismo año, por la desoladora tragedia que abatió a nuestro país, de esas que conjugan con mano maestra encierro, entierro y destierro, la voz fuerte y valiente de Fernando Sanhueza se alzó una y otra vez para denunciar el autoritarismo del régimen de facto, así como las más graves violaciones a los derechos humanos que la historia de nuestro país recuerde. Con otros parlamentarios de su partido, alzó su voz, y mediante una carta pública repudió el golpe de Estado y a sus principales responsables, actitud consecuente entre lo que se piensa y lo que se hace, que contrasta con la asumida por otros parlamentarios.
Para finalizar, en nombre de las bancadas del Partido Socialista y del Partido por la Democracia expresamos nuestro más sincero reconocimiento por su dedicación y entrega desinteresada y sin límites al servicio del país, así como su resuelta vocación, propia de un hombre honesto, bondadoso, inteligente y de delicado espíritu.
Queremos hacer extensivo nuestro reconocimiento a sus familiares, y manifestarles nuestras condolencias más sentidas, en especial porque, en mi caso personal, don Fernando fue muy amigo de mi padre, compañero de profesión y de partido; trabajaron muy juntos en el período de la Falange Nacional y, posteriormente, en el Partido Demócrata Cristiano.
Señor Presidente, no podemos hablar de que una persona está muerta si permanece en la memoria de todos nosotros. Fernando Sanhueza , gracias por tu actitud desinteresada, justa y valiente durante tu vida, pero, muy en especial, en los momentos más difíciles de nuestra historia.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL (de pie).-
Señor Presidente, honorables colegas, distinguida familia y amigos de don Fernando Sanhueza : En representación de Renovación Nacional, cúmpleme la honrosa tarea de rendir homenaje póstumo a nuestro ex colega Fernando Sanhueza Herbage . Para quien habla es especialmente emotivo hilvanar estas palabras ante su familia y sus amigos, por haber sido Fernando tres veces electo diputado por el primer distrito que corresponde actualmente a Santiago Centro, al que represento en la Cámara. Fernando lo fue en los períodos 1965-1969, 1969-1973 y 1973, período que terminaba en 1977.
Nacido en Santiago en 1929, nuestro homenajeado, como aquí se ha recordado, después de egresar del prestigioso Instituto de Humanidades Luis Campino, formador de tantos dirigentes sociales y políticos de la segunda mitad del siglo XX, egresó en 1955 de la carrera de arquitectura, cursada en la Universidad Católica de Chile. Realizó en su juventud una importante tarea en la dirigencia gremial estudiantil. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en 1953, la hasta ahora prestigiosa Feuc; fue presidente de la Organización Universitaria de Estudiantes Latinoamericanos en 1954, y secretario general del Congreso de Universidades Católicas en 1956. Después de una importante y fructífera vida política de la que ya hablaremos, Fernando Sanhueza , a los 36 años, fue elegido miembro de nuestra Cámara, la que llegaría a presidir entre julio de 1971 y mayo de 1973. En ese alto cargo, fue presidente de la delegación del Parlamento de Chile al Congreso Mundial Parlamentario celebrado en Roma en 1972.
Cuando uno analiza la hoja de servicios parlamentarios de Fernando Sanhueza , como rasgos trascendentes saltan a la vista su intensa preocupación por lo social y por lo cultural. Su preocupación social se traduce en su constante orientación hacia la promoción y dignificación de nuestra sufrida clase media. Legisla sobre la internación de elementos para hospitales y clínicas, en 1969; para la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos, en 1968; para mejorar la dotación de las escuelas rurales y los beneficios de los profesores primarios, en 1970.
A esta misma preocupación social corresponden leyes de beneficio para los empleados particulares, para los arrendatarios y subarrendatarios de locales comerciales, en 1972, y para los deudores habitacionales en 1970.
Con la modernización del sistema económico, que enhorabuena se ha producido prácticamente por consenso, tal vez hoy algunas de las normas dictadas en esas décadas pueden parecer arqueológicas, pero en esos tiempos constituían quizás la única forma de buscar una efectiva igualdad de oportunidades.
Para quien habla es especialmente grato recordar, dentro de la labor parlamentaria de Fernando Sanhueza , la denominación de calles de la comuna de Santiago, que hoy transitamos a menudo, como la calle Regidora Sara Gajardo , principal de la población Presidente Ríos; la iniciativa que dotó de recursos a la municipalidad de Santiago para adquirir equipos destinados a la pavimentación urbana, necesidad que hoy nos parece de una enorme actualidad, que se concretó en la ley Nº 17.430.
De la preocupación cultural de Fernando Sanhueza también nos ha quedado una importante huella legislativa, de la que no es ajena su vocación de arquitecto y su desempeño como ayudante y profesor de arte en la Universidad Católica de Chile entre 1956 y 1962.
Especialmente grato es para mí citar su moción que dio origen a la ley Nº 17.064, de 1969, que al establecer la exención de impuestos para los artesanos de Pomaire facilitó el desarrollo y cultivo de nuestra artesanía nacional, de justa fama popular y foco de un auténtico estilo de vida criollo.
En este mismo sentido cultural y ligándose a un espíritu auténticamente progresista de integración nacional y respeto a la diversidad, elemento constitutivo de la chilenidad, Fernando patrocinó, en 1969, la ley Nº 17.061, que permite el libre acceso de los ministros de las diversas religiones y congregaciones a hospitales e instituciones benéficas.
El trasfondo decisivo de toda una vida volcada al servicio público está constituido, en el caso de Fernando Sanhueza , por su sólida y marcada orientación doctrinariopolítica. Ocupó cargos importantes en la Falange, que después daría origen al Partido Demócrata Cristiano; fue presidente de la juventud, consejero nacional y secretario general de la Falange hasta 1957; director nacional de pobladores, consejero nacional en tres oportunidades y vicepresidente del Partido a partir de 1958. En una época como la actual, en que por diversas razones, lícitas o ilícitas, culpables u originadas en culpas ajenas o incomprensiones, se genera un constante y creciente menosprecio hacia la labor política y los cargos e instituciones del Estado, vale la pena revalidar los trabajos y los días de un hombre público tan completo y tan consecuente como Fernando Sanhueza , aunque no hayamos tenido con él coincidencias políticas.
Al igual que hoy, en las décadas que corresponden al inicio de la segunda mitad del siglo XX, el país necesitaba una urgente renovación de los proyectos, de los hábitos, de la capacidad de servicio a los demás; al igual que hoy, hacia 1950 el país requería de nuevas ideas y objetivos nacionales, de una mística de reemplazo para afrontar el futuro; al igual que hoy, a mediados del siglo pasado estaba terminando una fase de la política y de la sociedad, por lo que urgía conducir a una nueva mayoría que surgía con propuestas potentes y eficaces hacia metas de futuro.
Pues bien, cualquiera que sea la opinión y el balance que hoy uno haga sobre la acción de la Falange y del Partido Demócrata Cristiano, que llegarían a gobernar con don Eduardo Frei Montalva entre 1964 y 1970, no cabe duda de que abrió un cauce profundo en la historia de Chile, desató una dinámica que aún fluye, trazó un curso en la historia que, como toda historia, no cesa y tiene nuevas urgencias y necesidades. En esa tarea, Fernando Sanhueza actuó con convicción, con humildad, con corrección, con valentía, jugándose con pasión en el aspecto más noble de nuestra labor política, que es el esfuerzo por servir, por imaginar, por construir, por abrir caminos a las generaciones que vendrán.
Quiero hoy, desde otro tiempo, desde otras realidades, desde otras posiciones, desde otra formación, pero desde las bancas comunes de la Cámara de Diputados de Chile y desde las comunes preocupaciones sobre nuestro país y sobre los chilenos, rendir nuestro homenaje al ejemplo de su consecuencia. He dicho.
-Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
De esta forma, la Corporación ha rendido homenaje en memoria del ex presidente de la Cámara de Diputados y diputado por tres períodos, don Fernando Sanhueza Herbage.
Entregamos nuestra adhesión espiritual y de reconocimiento a la labor parlamentaria de nuestro homenajeado a su viuda señora Isabel Romero , a sus hijos, a sus hermanas, como también a sus nietos.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión Mixta que está analizando el Presupuesto de la Nación, deseo exponer, brevemente, un hecho que me preocupa, sobre todo porque en este momento en el Senado se procederá a votar la última parte, correspondiente a los ministerios. Quiero poner sobre aviso a la Mesa respecto de un tema, para el cual solicito una reunión de Comités, ya que no se han cumplido las promesas hechas durante el año a esta Corporación, en cuanto a la situación específica de sus funcionarios, de los diputados en ejercicio y de los que asumirán en el próximo período.
Aun cuando avanza el proceso, quienes debemos aprobar el presupuesto de todo el país no hemos sido considerados en la aprobación del que corresponde a la Cámara de Diputados.
A mi juicio, el tema reviste gran seriedad. Por tanto, debo anticipar que no daré mi aprobación en esta Sala a un presupuesto que no ha sido discutido, sobre todo cuando las soluciones correspondientes han sido anteriormente aceptadas.
En consecuencia, pido a la Mesa una reunión de Comités y, mientras tanto, la suspensión de la tramitación del Presupuesto en esta Sala, hasta que no se tenga de las autoridades una respuesta acorde a nuestros cargos. He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
La Mesa citará a la reunión de Comités solicitada por el señor diputado.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, aun cuando respeto la opinión del diputado señor Lorenzini , debo aclarar que la Comisión Mixta de Presupuestos está citada, en cinco minutos más, para tratar el proyecto hasta su total despacho.
Lo planteado por el diputado señor Lorenzini está entre los últimos temas que se analizarán hoy. Espero que nazca la luz sobre el punto.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI .-
Señor Presidente, pido a la Mesa ver la posibilidad de tratar, conjuntamente, los proyectos que figuran en el primer y segundo lugar del Orden del Día.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señor diputado, la Mesa ya ha considerado esa posibilidad, lo que se verá en el momento oportuno.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL SOBRE DISCAPACITADOS.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
La Comisión especial destinada a analizar la legislación que establece beneficios para los discapacitados solicita el asentimiento de la Sala para prorrogar por 60 días el plazo para el cumplimiento de su mandato.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI.ORDEN DEL DÍA
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS. Segundo trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que se informen, en conjunto, los proyectos que figuran en los puntos 1 y 2 de la Tabla, calificados con “suma” urgencia y relacionados con las mismas materias, para que se voten luego de emitido el informe y de la intervención de la señora ministra de Relaciones Exteriores.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, en ambos proyectos, es el señor Joaquín Palma.
Antecedentes:
-Proyectos del Senado, boletines Nºs 2799-10 (S) y 2800-10 (S), sesión 6ª, en 10 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 3 y 2, respectivamente.
-Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 2, de esta sesión.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, pido a la Mesa ver la posibilidad de que cada Comité pueda usar de la palabra por dos minutos antes de proceder a la votación.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor PALMA (don Joaquín).-
Señor Presidente, paso a informar sobre los convenios internacionales que reprimen la financiación del terrorismo y los atentados terroristas cometidos con bombas, los cuales se tramitan simultáneamente, pues tienen un mismo origen y persiguen análogos propósitos, es decir, combatir el terrorismo internacional.
Por lo anterior y en cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Comisión, informaré acerca de ambos proyectos en forma conjunta, sin perjuicio de que la votación sea separada, ya que se trata de diferentes iniciativas.
Tanto el Convenio que reprime la financiación del terrorismo como el que reprime los actos terroristas cometidos con bombas se fundamentan -según lo expresan los respectivos mensajes- en la imperiosa necesidad de intensificar la cooperación internacional entre los Estados, con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir el terrorismo, así como para reprimirlo mediante el enjuiciamiento y el castigo de los autores.
Conforme a las declaraciones que los Estados formulan en sus preámbulos, los fines de estos instrumentos son comunes, de manera que coinciden en invocar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la preocupación de la sociedad internacional por la intensificación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y coinciden en recordar las diversas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y quienquiera los cometa, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazan la integridad territorial y la seguridad de los mismos.
En el caso del Convenio que reprime la financiación del terrorismo, se agregan resoluciones especiales que sobre la materia ha adoptado la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhortan a los Estados, por una parte, a examinar disposiciones jurídicas internacionales que aseguren la existencia de un marco jurídico global que abarque todos los aspectos de la cooperación internacional para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo y, por otra, a adoptar medidas internas apropiadas para prevenir y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospecha puedan hacerse con fines terroristas, sin impedir, de modo alguno, la libertad de los movimientos legítimos de capitales, para intensificar el intercambio de información acerca de los movimientos internacionales de ese tipo de fondos.
Según los compromisos de tipificar y sancionar que contrae el Estado en virtud del primero de estos Convenios, cometerá el delito de financiación del terrorismo quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, o aun cuando no hayan sido efectivamente usados, para cometer uno de los delitos comprendidos en el ámbito de los tratados enumerados en su anexo, esto es, en alguno de los que reprimen el apoderamiento ilícito de aeronaves, los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, los delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos; la toma de rehenes, los actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, los actos ilícitos en contra de la navegación marítima, los actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental y los atentados terroristas con bombas; además, del que tiene por objeto la protección física de los materiales nucleares. También cometerá el delito de financiación del terrorismo quien provea o recolecte fondos, para que sean utilizados en actos destinados a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de tales actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
Por otra parte, incurrirá en el delito de atentado terrorista cometido con bombas, quien ilícita e intencionalmente entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales o una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico. Además, quien organice o dirija a otros a los efectos de la comisión del delito de atentado terrorista cometido con bombas y el que contribuya de algún otro modo a la comisión de uno o más de estos delitos por un grupo de personas que actúe con un propósito común y la contribución sea intencional y obedezca al propósito de colaborar con los fines o la actividad delictiva general del grupo.
Al 10 de octubre de 2001, 57 Estados habían suscrito el Convenio que reprime la financiación del terrorismo y cuatro lo habían ratificado. En cambio, el Convenio que reprime los atentados terroristas cometidos con bombas había sido suscrito a la misma fecha por 58 Estados y ratificado por 29, por lo que se encuentra ya vigente desde el 23 de mayo de este año.
Para hacer efectiva la represión de estos delitos, los Estados deberán tipificarlos en su legislación interna y sancionarlos con penas adecuadas a su gravedad, junto con adoptar medidas para que actos criminales, en particular los que obedezcan a la intención o el propósito de crear un estado de terror en la población general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean sancionados con penas acordes a su gravedad. Además, deberán establecer su jurisdicción respecto de estos delitos cuando ellos sean cometidos en el territorio del Estado, a bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado en el momento de la comisión del delito, o por un nacional del Estado.
Será facultativo para el Estado establecer su jurisdicción respecto de delitos cometidos contra uno de sus nacionales, contra una instalación gubernamental en el extranjero, inclusive una de sus embajadas u otro de sus locales diplomáticos o consulares. Lo mismo cuando sean cometidos por un apátrida que tenga residencia habitual en su territorio, o cometido con el propósito de obligar al Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto, o cometido a bordo de una aeronave que sea explotada por el gobierno del Estado.
La persona involucrada en estos hechos tendrá derecho a ponerse en comunicación con el representante más próximo del Estado de su nacionalidad y a ser visitada por él, sin perjuicio de todo Estado parte a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.
El Estado que detenga a una persona involucrada en estos actos delictivos notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen a todos los Estados parte interesados, directamente o por intermedio del secretario general de las Naciones Unidas.
Estimo necesario destacar el caso de los delitos de financiación del terrorismo. Cada Estado parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos internos, las medidas necesarias para establecer la responsabilidad penal, civil o administrativa de una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en el Convenio, sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas naturales que hayan cometido los delitos.
El establecimiento de las responsabilidades de las entidades jurídicas deberá comprender la aplicación de sanciones penales, civiles o administrativas eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluso sanciones monetarias.
También se contempla el compromiso de adoptar medidas para la identificación, la detección, aseguramiento, incautación y decomiso de los fondos, y el producto obtenido de los delitos reprimidos por el Convenio. No se podrá considerar el secreto bancario como justificación para rechazar una petición de asistencia judicial, ni los Estados podrán invocar, como único motivo, el carácter fiscal del delito para rechazar una solicitud de asistencia judicial o de extradición. Por último, los Estados parte deberán exigir a las instituciones financieras y a quienes ejerzan estas profesiones que intervengan en las transacciones financieras, que utilicen las medidas más eficientes de que se disponga para la identificación de sus clientes habituales u ocasionales, así como de los clientes en cuyo interés se abran cuentas, y que presten atención especial a transacciones inusuales o sospechosas y reporten transacciones que se sospeche provengan de una actividad delictiva.
A estos efectos, los Estados parte considerarán:
Prohibir la apertura de cuentas cuyos titulares o beneficiarios no estén ni puedan ser identificados y velar por que se verifique la identidad de los titulares reales de esas transacciones.
Exigir a las instituciones financieras que adopten medidas para verificar la existencia jurídica y la estructura del cliente mediante la obtención, de un registro público, del cliente o de ambos, de prueba de la constitución de la sociedad, incluida la información sobre el nombre del cliente, su forma jurídica, su domicilio, sus directores y las disposiciones relativas a la facultad de la persona jurídica para contraer obligaciones. Obligar a las instituciones financieras a reportar con prontitud a las autoridades competentes toda transacción compleja, de magnitud inusual y todas las pautas inusuales de transacciones que no tengan, al parecer, una finalidad económica u obviamente lícita, sin temor de asumir responsabilidad penal o civil por quebrantar alguna restricción en materia de divulgación de información, si reportan sus sospechas de buena fe. Además, se insta a establecer un sistema de licencias para todas las agencias de transferencia de dinero y a controlar el transporte fronterizo físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, salvaguardando una utilización adecuada de la información y sin que ello obstaculice de modo alguno la libre circulación de capitales.
Me parece importante destacar que el Convenio que reprime los atentados terroristas con bombas no será aplicable en dos situaciones muy especiales.
Primero, cuando el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente y las víctimas sean nacionales de ese Estado y el presunto culpable se halle en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer jurisdicción con arreglo a las normas de este Convenio. Segundo, tampoco será aplicable a las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado, según se entienden esos términos en el derecho internacional humanitario y que se rijan por ese derecho, y tampoco lo será respecto de las actividades realizadas por las fuerzas militares de un Estado en el cumplimiento de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras normas del derecho internacional.
El alcance de esta norma lo precisa el último considerando del preámbulo, en el que los Estados parte “Observando que las actividades de las fuerzas militares de los Estados se rigen por normas de derecho internacional situadas fuera del marco del presente Convenio” declaran que “...la exclusión de ciertos actos del ámbito del Convenio no condona ni legitima de manera alguna actos ilícitos, ni obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras leyes,”.
Además, debe tenerse presente que el Convenio define expresamente que por “fuerzas militares de un Estado se entienden aquellas que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la legislación nacional primordialmente para los efectos de la defensa y la seguridad nacionales y las personas que actúen en apoyo de esas fuerzas armadas que estén bajo su mando, control y responsabilidad oficiales”.
En cuanto a la extradición, ambos Convenios adoptan principios comunes a diversos tratados internacionales que tienen por objeto prevenir y reprimir delitos internacionales, especialmente a propósito del apoderamiento ilícito de aeronaves, de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, contra la seguridad de las personas internacionalmente protegidas y la toma de rehenes, entre otros, de todos los cuales Chile es Estado parte y rigen en el orden interno como ley de la República, en virtud de su promulgación correspondiente. La regla general es que los delitos enunciados en estos Convenios se considerarán incluidos en todo tratado de extradición celebrado entre Estados parte con anterioridad a la entrada en vigor de estos instrumento, y los Estados parte deberán incluirlos en todo tratado posterior sobre la materia, según los compromisos que contraigan. Por último, me referiré a dos puntos importantes en el esquema de ambos convenios: los derechos de las personas involucradas en actos de terrorismo y los principios jurídicos internacionales que el Estado debe observar en su acción contra el terrorismo.
En cuanto al primer aspecto, toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a estos Convenios gozará de un trato equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de derechos humanos. Además, nada de lo establecido en los Convenios menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de los individuos con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.
En cuanto a la acción de los Estados parte, ellos cumplirán las obligaciones que les incumben de manera compatible con los principios de la igualdad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Consecuentemente con lo anterior, se establece que nada de lo dispuesto en los Convenios facultará a un Estado parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado parte por su derecho interno.
Por los antecedentes expuestos, la Comisión decidió, por unanimidad, proponer a la honorable Cámara que preste su aprobación a los proyectos de acuerdo correspondientes, en los mismos términos en que ya lo hizo el honorable Senado.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra de Relaciones Exteriores señora Soledad Alvear.
La señora ALVEAR, doñaSoledad (Ministra de Relaciones Exteriores).-
Señor Presidente, han sido sometidos a consideración de la Sala de la Cámara de Diputados dos importantes convenios contra el terrorismo que, creemos, deberían ser aprobados por unanimidad, tal como ocurrió en el Senado hace un par de semanas. Se trata de dos convenios aprobados en el ámbito de Naciones Unidas, los cuales, dentro del universo de los tratados que se refieren a estos temas, son los únicos que faltan que nuestro país incorpore dentro de su legislación.
Creemos que ambos convenios, que contienen los aspectos ya informados por el diputado señor Joaquín Palma , son relevantes desde el punto de vista de buscar abarcar, en el ámbito del derecho internacional, el conjunto de elementos que deben ser sancionados para una actividad de tal envergadura que, en los últimos días, a partir de los hechos acontecidos el 11 de septiembre pasado, requieren de gran firmeza, tanto en el ámbito del derecho internacional como en la legislación doméstica, para su adecuada represión.
Como se señaló, ambos convenios permiten facilitar las normas para investigar y someter a la justicia a los responsables de estos delitos, a aquellos que efectúen atentados con bombas, así como también a las personas que contribuyan a la financiación de actividades terroristas.
Los convenios contemplan normas eficientes en materia de extradición y asistencia mutua en el ámbito penal, entre otras, por ejemplo, el compromiso que asumen los países en torno de juzgar a los responsables de estos delitos si éstos no son extraditados, con independencia de si el delito ha sido cometido en el país de esas personas o en el extranjero. Lo que se busca con ello es facilitar el juzgamiento de las personas que hayan cometido este tipo de delitos. Creo importante destacar que ninguno de esos delitos se considerará como delito político ni inspirado en motivos políticos. También es importante subrayar, como lo hace el convenio, que no puede haber razón de ningún tipo, ya sea de carácter político, filosófico, ideológico, racial, étnico, religioso u otro similar que jamás justifique un acto de carácter terrorista. Así se explicita en ambos convenios.
El convenio para reprimir la financiación de actividades terroristas establece el compromiso que los Estados asumen en cuanto a hacer los ajustes necesarios en su legislación para establecer las responsabilidades pertinentes, así como también la calidad del delito que el tratado describe.
En efecto, tratándose de nuestro país, es importante adelantar, desde ya, que será necesario tipificar este delito, que hasta el momento no se encuentra contemplado en nuestra legislación penal, el cual, por cierto, adquiere en estos momentos una relevancia fundamental para adecuar nuestra legislación, a fin de asumir el desafío que ha llegado, al inaugurar este siglo, como una amenaza muy grave, que nos ha impactado a todos.
Los países se comprometen, a través de estos convenios, a adoptar todas las medidas que sean necesarias para la identificación, detección y aseguramiento de incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer este tipo de delitos, así como del producto que de ellos se obtenga. Es importante destacar que se contempla utilizar los fondos provenientes de decomisos para indemnizar a las víctimas de los actos terroristas, lo que constituye un aspecto importante de considerar para aliviar, en parte, los efectos tan dañinos que generan este tipo de acciones.
Es importante hacer notar que los Estados se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias que permitan exigir a las instituciones financieras la identificación de sus clientes y la detección de transacciones inusuales o sospechosas que provengan de la actividad delictiva.
En algunos días más, a partir del 10 de noviembre, se llevará a efecto la próxima asamblea de Naciones Unidas. El Presidente de la República concurrirá personalmente a ella, al igual que la mayoría de los jefes de Estado, precisamente porque en dicha asamblea se tratará este tema tan relevante del terrorismo.
Es importante para nosotros depositar en las Naciones Unidas los instrumentos de ratificación de estos dos convenios, manifestando el interés de todo el país y de todas sus instituciones, incluyendo al Congreso Nacional, de adherir a dichos tratados, asumiendo en las próximas sema- nas el compromiso de adecuar nuestra legislación interna, a fin de cumplir los compromisos contraídos a través de estos tratados.
Por eso consideramos de gran importancia aprobar estos dos tratados, que contaron con un rápido despacho en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que ayer se abocó a su estudio. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Gracias a usted, señora ministra. Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, sólo para anunciar el voto favorable de la bancada del Partido Demócrata Cristiano porque, ciertamente, en dos minutos es muy poco lo que se puede señalar. En segundo lugar, están las condiciones para que los tratados sean aprobados unánimemente por la Corporación, tal como ocurrió en el Senado de la República en el primer trámite constitucional.
En tercer lugar, hago presente que estos acuerdos fueron adoptados en 1998 y 1999, de manera que son anteriores a los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre. Sin embargo, muestran la intencionalidad de la comunidad internacio- nal de hacer frente al flagelo del terrorismo.
En todo caso, hay que señalar que lo ocurrido el 11 de septiembre ha provocado un cambio trascendente en el cuadro de relaciones en el ámbito internacional, que estaba estructurado esencialmente en las relaciones de los Estados naciones. En la actualidad, aparecen otros componentes, algunos de ellos difusos, que deben ser considerados en función del desarrollo de los ámbitos políticos y, particularmente, jurídicos, que son los que hoy están presentes en el ámbito internacional. Considero que, como Estado, debemos hacer un esfuerzo significativo para desarrollar un aporte en ese sentido. Concluyo reiterando que la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente ambos tratados: el relativo a la represión de la financiación del terrorismo y el que se refiere a la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, los diputados de Renovación Nacional votaremos favorablemente ambos convenios, porque consideramos que son una herramienta eficaz que permite a los Estados luchar en conjunto contra el terrorismo y actuar con prontitud en la prevención, control y represión del mismo. Si deseamos vivir en un mundo civilizado, como país y como ciudadanos, debemos reprimir en forma ejemplar toda acción terrorista. Sabemos que contamos con la ley Nº 18.314 -que, lógicamente, es perfectible-, que norma, establece la penalidad y define las conductas terroristas.
Ayer, un grupo de parlamentarios presentamos un proyecto de ley que crea una nueva figura delictiva: la amenaza terrorista, y apunta a penalizar a quien, a título de broma, burla o chanza, sin intención o voluntad de delinquir, proclame a viva voz o por actos o ademanes, que se dispone a ejecutar un acto terrorista o de violencia física en contra de cualquier persona.
Es un proyecto muy sencillo, suscrito por diputados de las diversas bancadas, y espero que en su oportunidad merezca la aprobación de la Cámara.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, el terrorismo que la comunidad internacional se propone reprimir definitiva y drásticamente ha alcanzado las características de un terrorismo global, que genera reacciones universales inéditas en la comunidad internacional y obliga a los Estados a luchar contra enemigos que son diferentes a los de una guerra tradicional.
Ésta es la situación que enfrenta la humanidad después de los horrorosos atentados del 11 de septiembre pasado, que han demostrado a la faz del mundo cómo el terrorismo puede afectar el derecho de los pueblos a vivir en paz y en democracia, con respecto de las libertades públicas y de los derechos humanos.
Tal como lo dijera recientemente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, los actos terroristas representan el más grave desafío a la seguridad colectiva que nos haya correspondido vivir desde que surgieron las instituciones interamericanas, mediante las cuales hoy se expresa la solidaridad continental con Estados Unidos de América.
La adhesión a estos convenios que reprimen la financiación del terrorismo y los atentados terroristas cometidos con bombas son parte de un proceso normativo de las organizaciones de Naciones Unidas que empieza en la década del 70, con motivo de los primeros secuestros de aviones de pasajeros en vuelos internacionales y que, día a día, se ven superados por actos cada vez más crueles y horrorosos, como los que hoy condena unánimemente el mundo entero.
Manifiesto mi total aprobación a estos convenios internacionales, que no sólo son represivos del terrorismo, sino que también cumplirán una importante función preventiva. Para lograr estos fines la cooperación internacional será fundamental y su eficacia dependerá de la prontitud con que los países procedan a adoptar sus legislaciones nacionales, a fin de impedir que en sus territorios se prepare y organice la comisión de estos delitos.
La señora ministra de Relaciones Exteriores anunció en la Comisión de Relaciones Exteriores que el Gobierno ha formado equipos de trabajo para proponer al Congreso Nacional las modificaciones penales necesarias para cumplir a la brevedad el compromiso de tipificar y sancionar los delitos enunciados en estos convenios.
Señor Presidente, permítame reiterar a la señora ministra nuestro interés en que, con la misma urgencia con que se aprueban estos tratados, se elaboren y remitan al Parlamento los proyectos de ley que implementarán su aplicación.
De esta tarea interna que queda pendiente deberemos informar al Secretario General y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues sería inexcusable que el día de mañana Chile dejara sin aplicación estos tratados por falta de una legislación interna que estamos obligados a dictar. Quiero destacar que el convenio que reprime la financiación del terrorismo deja claramente establecido que las medidas de control de las actividades financieras que deberán adoptar los Estados respecto de las transacciones inusuales o sospechosas de estar vinculadas al terrorismo, no deberán afectar, en ningún caso, la libre circulación de capitales, indispensables para el desarrollo de la economía nacional de los Estados. Finalmente, estos convenios, como es la regla general en el derecho internacional, regirán a partir del momento en que se reúnan las ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia, y no serán aplicables a situaciones anteriores, como hubiera sido justificable si quisiéramos reprimir el terrorismo con la severidad que la comunidad internacional espera.
Por todo lo señalado, anuncio el voto favorable de la Unión Demócrata Independiente a los dos proyectos que estamos discutiendo.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para finalizar el debate, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, es muy importante la aprobación de estos dos proyectos por cuanto Chile y la comunidad internacional tienen la obligación de prevenir y sancionar todos los actos terroristas, que traen tanta inseguridad a la población mundial.
En segundo lugar, no hay ninguna causa que justifique estos actos que habitualmente traen destrucción o la muerte de personas inocentes. No hay ninguna razón ideológica, filosófica, religiosa, racial o de cualquier otra índole que justifique crímenes tan perversos como los ocurridos el 11 de septiembre recién pasado.
Todo esto debe realizarse bajo ciertos parámetros, porque creemos que todos los actos que se sancionan, especialmente los terroristas, deben estar insertos en el respeto de los derechos humanos, de manera que todas las personas involucradas en estos delitos sean sometidas a un debido proceso. Otro hecho muy importante es que la legítima defensa, colectiva o individual, también debe estar dentro de los parámetros y propósitos de las Naciones Unidas. En ese sentido, los Estados parte deben velar para que se cumplan todos los tratados y acuerdos, de modo que la defensa y la justicia ejercidas en contra de estos actos no se transformen en venganza.
Por todo lo expuesto, anuncio el voto favorable de la bancada Radical Social Demócrata, con la certeza de que estos proyectos serán aprobados por unanimidad, tal como ocurrió en el Senado y en la Comisión de Relaciones Exteriores el día de ayer.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad los proyectos que aprueban los convenios internacionales para la reprensión de la financiación del terrorismo y la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.
Aprobados.
SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTO DE LA TABLA.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
A continuación, correspondía tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 18.902, que creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y deroga la ley Nº 3.133, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales.
En atención a que faltan dos minutos para el término del Orden del Día y a que en el Senado está sesionando la Comisión Mixta de Presupuestos, propongo a la Sala suspender el tratamiento de este proyecto y pasar a los proyectos de acuerdo.
Acordado.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DE SANTUARIO INTERCONTINENTAL DE BOSQUES GONDWANA EN CHILE. (Votación).
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 610.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Rechazado.
PETICIÓN DE ENVÍO DE PROYECTO SOBRE PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LICENCIAS PROFESIONALES.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 611, de los diputados señores Prokurica, Alessandri, Mora, Ojeda, Álvarez-Salamanca, Salas, Ulloa, Valenzuela y de la señora Soto, doña Laura.
“Antecedentes:
La ley Nº 19.495, que modificó la ley de Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias de conducir, reemplazó el artículo 13 de este último texto legal, imponiendo para el caso de quienes postulan a una licencia profesional, la exigencia de aprobar cursos teóricos que impartan las escuelas de conductores profesionales debidamente reconocidas por el Estado.
Los referidos cursos tienen una duración que fluctúa entre 45 y 60 días, lapso durante el cual los conductores postulantes a la obtención de este nuevo tipo de licencias, se ven impedidos de desempeñar su cometido, por carecer, precisamente, del documento habilitante para este efecto.
Esta circunstancia está produciendo a los diversos conductores que postulan a obtener las mencionadas licencias, una desmedrada situación económica, que se ve agravada, si se tiene en cuenta el contexto de la situación general por la que atraviesa el país.
Por tal motivo, consideramos que se hace necesario permitir, como ya se hizo en la ley Nº 19.710, promulgada en el mes de enero del presente año, que los directores de Tránsito, puedan prorrogar las licencias a los conductores profesionales, mientras realizan el curso que establece la ley, para cuyo efecto se les exigirá el respectivo certificado de matrícula.
Por tratarse de una situación actualmente imperante, que ha sido advertida por la casi totalidad de los directores de Tránsito de las municipalidades del país, se requiere de una solución inmediata, por lo cual se precisa de un proyecto de ley de rápida tramitación, que sólo es posible debatir, mediante la urgencia que el Poder Ejecutivo pueda aplicar, en la presente legislatura extraordinaria.
En tal virtud, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de acuerdo:
Se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que remita a este Congreso, un proyecto de ley, con carácter de “suma” urgencia, que modifique la ley de Tránsito, facultando a los respectivos directores de Tránsito de las municipalidades del país, para prorrogar la vigencia de las licencias profesionales de aquellos conductores que deban realizar el curso obligatorio en las escuelas de conductores autorizadas oficialmente, para cuyo efecto, los interesados deberán exhibir el certificado de matrícula pertinente”.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, se trata de un proyecto de acuerdo muy obvio y sencillo, en virtud del cual se pretende que las Direcciones de Tránsito de las respectivas municipalidades puedan prorrogar las licencias por plazos muy breves, a fin de que los conductores, en ese mismo plazo, puedan hacer los cursos a que los obliga la nueva legislación.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra. Se ha propuesto dejar pendiente el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Propongo a la Sala adoptar el mismo criterio para el resto de los proyectos de acuerdo y pasar a Incidentes.
Acordado.
VIII.INCIDENTES
ADELANTO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUA POTABLE A POBLADORES DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
Señor Presidente, en nuestro país suceden cosas que verdaderamente no se comprenden si se contrastan con la realidad que estamos viviendo, particularmente en comunas como las que represento.
Hace aproximadamente una semana, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, entregó la tasa de desempleo del trimestre, que a nivel nacional alcanzó al 10,1 por ciento, lo que en términos concretos significa -es lo que verdaderamente nos interesa- que existen, según datos oficiales, 595 mil compatriotas sin trabajo.
Sabemos que la metodología aplicada para medir la tasa de desempleo no refleja la realidad, la que supera largamente esa cifra, como lo demuestran los estudios realizados por la Universidad de Chile en la Región Metropolitana, y que podemos extrapolar al resto del país.
Según los datos del INE, nuestra región tiene una tasa de desempleo del 12 por ciento, la cuarta del país después de la Séptima, Primera y Quinta regiones. En Chillán llegó a 13,7 por ciento, cifra superior en más de dos puntos a la registrada en el trimestre inmediatamente anterior. En la provincia de Ñuble ascendió al 9,7 por ciento, índice que -como he dicho-, si bien refleja una circunstancia, en la práctica no es tan real, pues quien conoce y conversa permanentemente con la gente sabe que el número de personas en esta situación es infinitamente superior.
Lo anterior es consecuencia, entre otros factores, de la crisis que está afectando gravemente a la agricultura -actividad económica principal de la provincia de Ñuble-, lo que se traduce en empobrecimiento general de las familias ñublensina y chillaneja. Este hecho es preocupante y requiere -como lo he dicho tantas veces- de una política que, al menos, permita a nuestros agricultores competir en igualdad de condiciones con cualquier productor del mundo. No se trata de obtener privilegios ni consideraciones especiales, sino sólo un punto de partida en igualdad de condiciones que les permita desarrollar su actividad y capacidad de trabajo.
Éstos son hechos reales. Las cifras oficiales están ahí y no son invento ni consecuencia de campañas electorales, como más de alguien podría pensar. En definitiva, son la constatación de una realidad dramática que estamos viviendo.
Pues bien, si hay cesantía y pobreza, no se pueden comprender medidas como las que están afectando a las familias de la Región del Biobío, en particular a los habitantes de las comunas de Yungay, Pemuco , El Carmen, San Ignacio , Pinto , Coihueco , Chillán Viejo y Chillán . Me refiero a las nuevas tarifas de los servicios sanitarios, que muestran un incremento del 35 por ciento en las boletas de consumo de agua potable correspondientes al período agostoseptiembre.
Cuando se publicaron las nuevas tarifas de la Empresa de Servicios Sanitarios Biobío S.A. en el Diario Oficial del 14 de septiembre pasado, las cuales regirán durante el período 2001-2006 para las prestaciones de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas, hice ver que esas medidas eran absolutamente incomprensibles en momentos de crisis económica y de empobrecimiento como los que estamos viviendo. Por eso, aunque Essbío es una sociedad anónima, resulta imperioso hacer todos los esfuerzos necesarios para encontrar alternativas que eviten este impacto en la familia ñublensina, porque, simplemente, su presupuesto no resiste más.
Una de las alternativas que considero más viable consiste en adelantar el subsidio comprometido por el Gobierno para el año 2002, a través del Ministerio de Economía, Minería y Energía, e incrementarlo, de manera que permita cubrir en los mismos términos el porcentaje de alza registrado en las cuentas.
Por lo tanto, solicito oficiar al Presidente de la República, con el objeto de que disponga que el ministro de Economía, Minería y Energía adelante este subsidio, que beneficiará directamente a cientos de miles de compatriotas que no tienen cómo enfrentar dicha alza, porque ésa es la realidad. De lo contrario, ¿cómo será posible que en vez de 11 mil pesos, ahora una familia deba pagar casi 20 mil pesos, o que la tarifa de sectores modestos aumente de 2 mil o 3 mil pesos a casi 10 mil pesos.
Si no hacemos algo al respecto, seguiremos distanciándonos de las personas y de sus problemas reales y cotidianos, situación que nadie desea, menos nuestras autoridades de Gobierno, a quienes pedimos que piensen lo que significa vivir el drama de la pobreza y la cesantía sin tener recursos para solventar gastos tan básicos y vitales como son los correspondientes al consumo de agua potable.
Señor Presidente, como siempre, concluyo mi intervención esperanzado en que nuestras autoridades acogerán este planteamiento y solucionarán este grave problema que está viviendo la mayoría de los chilenos.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen a la Mesa.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
EXENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTO TERRITORIAL A ADULTOS MAYORES. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, creo que con esta intervención lo voy a interpretar totalmente, porque el problema que quiero plantear se relaciona con comunas muy similares, como son San Miguel , Independencia y Recoleta , que tienen un común denominador: en ellas viven muchos adultos mayores; como no han experimentado expansión urbana, los jóvenes han tenido que emigrar a otras comunas en las cuales se construye, lo que ha provocado una situación, a mi juicio, bastante preocupante. Es sabido por todos los chilenos que muchos de nuestros adultos mayores viven de pensiones muy pequeñas, que escasamente les alcanzan para sobrevivir. Por otra parte, no tienen posibilidad alguna de allegar nuevos recursos a su hogar, debido a que por motivos de edad o de salud no encuentran un trabajo que les permita incrementar sus ingresos. No obstante, esas personas deben seguir soportando una carga importante de gastos, entre los cuales figura el pago del impuesto territorial.
Hoy día, esa persona, que después de 40 ó 50 años de trabajo pudo adquirir su casa, debe vivir con una pensión muy baja. Esa casa es habitada por su dueño y su señora, o sólo por ésta -si quedó viuda-, que debe seguir pagando las contribuciones de bienes raíces, a pesar de que, muchas veces, su montepío es inferior a 50 mil o 60 mil pesos.
Entonces, aquí se produce una injusticia muy grande, porque si ella no paga esa contribución, incluso corre el riesgo de que el Estado, a pesar de ser el deudor una persona de edad avanzada, le quite su bien raíz -que es el hogar que le da seguridad- que adquirió junto a su familia.
El ministro del Interior ha venido anunciando que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de rentas municipales, después de hacer un estudio completo sobre muchas exenciones tributarias que favorecen a fundaciones, clubes deportivos profesionales, Club Hípico de Santiago, etcétera. Es decir, se reestudiará el pago del impuesto territorial de una enorme cantidad de instituciones.
Quiero aprovechar esta oportunidad para solicitar al ministro que en el proyecto de rentas municipales incluya una propuesta que exima del pago del impuesto territorial a nuestros adultos mayores que tienen pensiones bajas y habitan su vivienda, porque puede haber personas que, como fruto de su trabajo, hayan adquirido tres, cuatro o cinco inmuebles, que explotan como rentistas. No me refiero a esas personas, sino a quienes tienen una pensión baja, que habitan dicho inmueble y que se ven imposibilitados de pagar contribuciones y corren el riesgo de que mañana el Estado les remate su bien raíz.
Entonces, formalmente pido que se oficie en mi nombre al ministro del Interior, a fin de que en el proyecto que modifica la ley de rentas municipales, que está en estudio, se incluya una propuesta para eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores que tienen una pensión baja y que habitan el inmueble afecto a ese impuesto territorial. Si no podemos aumentar las pensiones, constituirá un gran aporte la disminución de la carga a los adultos mayores. Estoy cierto de que el señor Presidente va a apoyar mi propuesta al ministro del Interior y que mañana contaré con su voto a favor de esta iniciativa que beneficia a los adultos mayores.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo están manifestando, de lo cual se toma debida nota.
Señor diputado, no voy a apoyar lo que ha propuesto, porque hace mucho tiempo que lo planteé.
CAUSAS Y EFECTOS DEL DESEMPLEO EN CHILE.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, las últimas cifras de desempleo, dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas, son desalentadoras. En el país, por primera vez después de mucho tiempo, ese flagelo supera los dos dígitos y nuestra Quinta Región se mantiene como una de las más castigadas, en especial las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y Concón.
Lo que hace cuatro años parecía un simple resfrío se ha convertido en una verdadera y gravísima pulmonía, que parece no tener remedio. Más grave aún, tengo la impresión de que, poco a poco, el país ha ido resignándose a esta situación, e incluso ha llegado a considerarla normal.
Esto no puede ser, sobre todo porque los más afectados son los jóvenes que, en gran cantidad, se ven privados de todo horizonte para construir sus vidas, sus familias, su progreso humano integral. La cesantía -lo he dicho antes y lo repito ahora- es el quinto jinete del Apocalipsis, que viene a sumarse a los cuatro tradicionales, tristemente conocidos: la peste, el hambre, la muerte y la guerra.
La cesantía alta y crónica, como la que tenemos, muestra un país incapaz de activarse hasta el modesto nivel, al menos para dar trabajo a todos sus habitantes. Esto es una vergüenza y un drama porque, de hecho, quienes se ven afectados por esta situación quedan fuera de la vida del país. No sólo dejan de contribuir a la salud del cuerpo social, sino que sienten que son una carga para el resto de la sociedad. La demolición personal y familiar es la consecuencia siguiente.
Quien ha causado esta gravísima situación es el mismo Gobierno -éste y el anterior, por lo menos- y los partidos de la Concertación. Por una parte, han atacado el ahorro de las empresas al gravar con impuestos, incluso las ganancias destinadas a la inversión. Así, han debilitado la principal fuente de empleos y han esterilizado los recursos obtenidos por esos impuestos al traspasar su administración a una burocracia que se mueve por motivos electorales y partidistas. Por otra parte, han tratado de revivir la estrategia de los conflictos sociales, impulsando un enfrentamiento entre los empresarios -pequeños, medianos y grandes- y los trabajadores. Obviamente, esos empresarios, especialmente los más pequeños, no quieren hacerse de futuros adversarios y por eso tienden a evitar toda contratación que no sea estrictamente indispensable.
Hoy, el Gobierno y la Concertación, asustados por los efectos de tamaños desatinos, tratan de apagar el incendio con el gotario de los planes de emergencia, que sólo sirven, en un período electoral como el que vivimos, para tratar de conquistar los votos de la desesperación.
La Concertación y sus sucesivos gobiernos han hecho todo lo necesario para provocar este desastre. No serán ellos quienes puedan devolver al país el dinamismo que tenía hasta hace cinco años. Recordemos que durante más de una década Chile creció a más del 7 por ciento anual. Éramos los jaguares de América del Sur y comenzábamos a dejar atrás décadas de subdesarrollo y marginalidad.
Hoy, nos arriesgamos a volver al Tercer Mundo, pero ya quedó demostrado que Chile puede mucho más: vencer la cesantía y asegurar un futuro digno para toda su gente, sin exclusiones, pero ello no será posible sin un cambio político mayor.
Ésa es la opción que para las elecciones parlamentarias de diciembre próximo ofrece la Alianza por Chile, con el liderazgo de Joaquín Lavín.
He dicho.
TRASPASO DE FONDOS PREVISIONALES DE TRABAJADORES DE ASMAR A CAPREDENA. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en Talcahuano, primer puerto militar, industrial y pesquero de Chile, que me honro en representar, se encuentra el astillero más grande del país, con su principal instalación: Asmar, planta Talcahuano. En consecuencia, Astilleros y Maestranzas de la Armada tiene en Talcahuano su planta más importante, la que hoy, con un nivel muy grande de eficiencia y aplicación tecnológica, es capaz de construir navíos de distintos tonelajes, cada vez mayores, y se encuentra preparando su planta y su estrategia con el objeto de hacer posible la construcción de fragatas que se necesitan para reponer lo que se ha ido perdiendo debido a la antigüedad de la flota, particularmente de la Escuadra Nacional.
En Asmar de Talcahuano trabajan alrededor de tres mil personas. Sin embargo, una situación afecta aproximadamente a ciento cuarenta de ellas, así como también al personal de algunas de sus plantas más pequeñas de Valparaíso y Punta Arenas. En realidad, no más de 160 personas deberían estar afectadas por el problema que pasaré a describir, motivo por el cual he debido oficiar al señor contralor general de la República, luego de haberme entrevistado con él para solicitarle su intervención.
En 1985 se dictó la ley Nº 18.485, que permite el traspaso de personas contratadas por Asmar entre 1981 y 1985 y que estaban cotizando en las AFP, para que eventualmente puedan volver a ser imponentes de Capredena, Caja de Previsión de la Defensa Nacional. La situación es enormemente compleja. Después de haberse hecho un estudio, alrededor de ciento cuarenta personas plantearon, en virtud de cumplir los requisitos establecidos en esa ley de 1985, la posibilidad de traspasar sus fondos desde las AFP a Capredena.
Inicialmente, Capredena aceptó ese traspaso. Sin embargo, con posterioridad -incluso los fondos habían sido trasladados-, envió a sus imponentes una nota en la que les decía que era improcedente su incorporación a Capredena. Da como argumento que la ley orgánica de Asmar, de 1960, sólo permite la afiliación de los empleados. En consecuencia, los obreros no pueden incorporarse.
Ese documento, que obra en mi poder, entre muchos otros, desde luego, se encuentra fuera del marco constitucional. Hoy ya no se estila hablar de obreros y empleados, puesto que la ley reconoce sólo la acepción “trabajadores”, en igualdad de condiciones. Con ello, se puso término a la odiosa diferencia que existía hasta antes del gobierno militar. En consecuencia, es errónea la argumentación que entregó la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
Tuve la oportunidad de conversar por teléfono con el vicepresidente de Capredena, doctor Patricio Silva , quien me manifestó que la información entregada por sus abogados asesores le impedía aceptar este traslado. Por eso, decidí que la Contraloría General de la República resolviera este impasse, determinación que comuniqué al vicepresidente de Capredena.
El día lunes recién pasado, me entrevisté con el señor contralor general de la República, oportunidad en que le expuse esta situación, en la cual por una interpretación errónea se afectan las posibilidades que la ley otorga a un gran grupo de trabajadores. Por ello, solicito enviar esta intervención, en primer lugar, al señor contralor, a quien ya le mandé un oficio con los antecedentes respectivos, mediante el cual le solicitaba un pronunciamiento; al vicepresidente de Capredena doctor Patricio Silva ; al director de Astilleros y Maestranzas de la Armada, contraalmirante don Hernán Barría , y al administrador de la planta Asmar-Talca-huano, comandante señor Heins Pearce , a fin de dar solución a este problema. Asmar ha prestado toda su colaboración para que los fondos previsionales de estos trabajadores puedan ser traspasados a Capredena, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Claudio Alvarado .
URGENCIA PARA PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, de nuevo quiero referirme a los problemas que en forma permanente se suscitan en la comunidad de Quellón, como consecuencia de los recursos de protección que los dirigentes gremiales, pescadores artesanales, alcaldes de las comunas de la Undécima Región y parlamentarios de la zona interponen ante los tribunales de justicia para inhabilitar resoluciones de la Subsecretaría de Pesca e impedir que los buzos mariscadores y pescadores artesanales de la Décima Región puedan operar, tal como lo han hecho históricamente al sur del golfo de Corcovado.
En ese sentido, no es posible que esa gente no pueda ejercer su actividad laboral en forma normal, y día a día tenga que estar pendiente de los medios de comunicación para saber si existe o no un recurso que les impida seguir trabajando.
A fin de solucionar en forma definitiva este problema, que se arrastra por bastante tiempo y que ha generado una serie de conflictos sociales, entre ellos la pérdida de empleo de numerosas familias, la poca posibilidad de seguir abasteciendo las plantas de proceso, lo cual, en definitiva, provoca un daño económico importante en la comunidad de Quellón, ayer presenté un proyecto para modificar la ley general de Pesca y Acuicultura, en el sentido de que los pescadores artesanales de las regiones Décima y Undécima puedan operar indistintamente en ambas zonas. La legislación vigente establece que esta operación se puede realizar sólo si la Subsecretaría de Pesca la autoriza por una resolución fundada, previo informe técnico de los consejos zonales de pesca. Eso ha sucedido en el último tiempo, y está de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la ley general de Pesca y Acuicultura. Diversos personeros de la Undécima Región, que no se conforman con este tipo de decisiones, interponen recursos en los tribunales de justicia, los que dan orden de no innovar, con lo cual se paraliza la actividad económica productiva de nuestra zona.
Para terminar con este problema, hemos propuesto agregar al artículo 51 de la ley general de Pesca y Acuicultura la siguiente letra e), nueva: “Se entenderá que para los efectos de los pescadores artesanales que realicen actividades extractivas respecto del recurso erizo y recursos bentónicos en el área de la Décima y Undécima regiones, la acreditación del domicilio en cualquiera de las dos regiones será válida para operar indistintamente en ambas”. Esta modificación permitirá solucionar el problema de la operación en las zonas contiguas y, asimismo, que los derechos históricos y la actividad permanente que realiza la gente en la Undécima Región queden al margen de las dificultades que provocan los recursos de protección que se interponen en los tribunales. Además, se asegurará que el ejercicio de la actividad pesquera se lleve a cabo según las medidas de la administración pesquera establecidas por la Subsecretaría. Existen acuerdos para realizar investigaciones científico-biológicas que determinen la cantidad de biomasa. Por último, permitirá establecer planes de manejo para la explotación de los recursos.
En esa perspectiva, solicito enviar oficio al ministro de Economía, de quien depende la Subsecretaría de Pesca, a fin de que acoja la iniciativa presentada ayer y el Ejecutivo le fije urgencia para despacharla rápidamente. A mi juicio, esta nueva legislación es necesaria para solucionar de manera definitiva la situación que afecta a los pescadores artesanales y a los buzos mariscadores de la Décima Región sur, que, desde hace mucho tiempo, están viendo interrumpido el ejercicio de su actividad laboral, porque los recursos de protección interpuestos impiden la aplicación de la ley de Pesca, lo que genera conflictos sociales, produce un estado de incertidumbre permanente en la comunidad y el daño económico se transforma en menores posibilidades de ingreso, de trabajo y de sustento para muchas familias.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría a los ministros de Economía y de la Secretaría General de la Presidencia, que es donde se fijan las urgencias a los proyectos.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el turno del Comité del Partido Socialista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CONTAMINACIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, en la zona del Maule se ha descubierto una situación que puede causar alarma pública. En muchas casas sale agua contaminada con cobre, y aquí voy a entrar en un tema muy especial y peligroso para el país. Sabemos que el cobre es nuestra principal fuente de ingreso y que su precio en los últimos meses ha estado muy deprimido. Uno de los aspectos planteados se refiere a si procede o no el reemplazo de las cañerías de cobre por su impacto en la salud humana. Se dice que cuando hay más cobre del necesario en el agua que uno consume puede haber problemas en el organismo, tanto hepáticos como renales. En las últimas semanas, en algunos sectores de Talca se ha detectado cobre en el agua para consumo humano. Se han realizado varios estudios e investigaciones, muy superficiales, algunos a través del Servicio de Salud del Maule, otros a través de las universidades, y se ha determinado, específicamente, que el problema provendría del agua que se saca de pozos y, a través de cañerías de cobre, se traslada para el uso y consumo humano.
¿Por qué me preocupa esta situación? Porque ya no son uno, dos, tres o cuatro, sino decenas de casos. La autoridad poco interviene, no obstante estar hablando de vidas humanas. Quiero dejar un testimonio de cara al futuro por si algo sucede.
¿Quién vende las cañerías de cobre? Una conocida empresa del mercado que se llama Madeco . ¡Cuidado! Entiendo que la Unión Europea -hago un llamado a los expertos que están estudiando tratados internacionales- es muy estricta con cierto tipo de cañerías de cobre e incluso en algunos países las está prohibiendo. De manera que cuidado con el impacto económico que podemos tener con nuestro principal metal de exportación. El punto es quién hace un diagnóstico real y cierto acerca de lo que está sucediendo. Por un lado, es el Servicio de Salud del Maule. Sin embargo, quien debe controlar los efectos del cobre en el agua, con sus medias entre 0,55 y 1 y otras normas técnicas, es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero resulta que sus informes quedan escondidos.
No puedo aseverarlo, pero tengo información de que Madeco no estaría utilizando cobre chileno. Sería de tremendo impacto internacional si hoy dijéramos que el cobre chileno utilizado en cañerías produce efectos en la salud de la gente que bebe agua en sus casas. ¡Sería la muerte del cobre nacional! Según mis antecedentes, Madeco estaría importando cobre de muy baja calidad desde Perú , China u otros países, que no cumple con los requisitos exigidos. Me parece que esta situación nos puede llevar a catástrofes por intoxicaciones y a que cunda el pánico entre la gente, razón por la cual advierto, como medida preventiva, ¡cuidado con el agua que se toma al pasar por la Región del Maule!
No hemos tenido una respuesta exacta. Sé que es un problema nuevo, complicado y demasiado técnico, pero, en resguardo de la vida de las personas, de los hepáticos, de aquellos que pueden tener problemas renales, de los niños, pido que se envíen los siguientes oficios:
a)Al ministro de Hacienda, para ver si existe la posibilidad de que el Banco Central de Chile nos informe acerca de las importaciones de cobre efectuadas por la empresa Madeco en los últimos tres o cuatro años. Esto, porque los informes de la empresa se entregan en forma subterránea.
b)Al superintendente de Servicios Sanita-rios, a través del ministro de Economía, a fin de requerirle un estudio y diagnóstico serio, técnico y bien fundamentado acerca de la utilización de cañerías de cobre en el país y, específicamente, en los casos denunciados en la Región del Maule.
c)A la ministra de Salud, para que nos in-forme cuáles son las normas y medidas técnicas internacionales aceptadas para este tipo de cañerías y sus efectos en las personas por consumo de agua potable. Es evidente que estamos frente a un problema serio que no ha sido atacado con la prolijidad requerida y que involucra a varios ministerios y servicios, pero al final hay una superintendencia que debe controlar. No vamos a proteger empresas, mercados de exportación o tratados internacionales a costa de la gente que bebe agua que es conducida a través de estas cañerías.
Si del proceso resulta que el cobre no es adecuado para la conducción de agua de consumo humano, habrá que verlo con seriedad. Ahora, si estamos exportando cobre que no cumple con las características establecidas, alguien debe tomar medidas en resguardo de las personas. Normalmente, en estas situaciones el derecho del consumidor es el último, ya que prevalecen los derechos internacionales y de las empresas. Pero ¿quién defiende al consumidor?
Hay un riesgo serio que queremos evitar y, por lo tanto, pido que, en mi nombre, se envíen los tres oficios.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría a los ministros de Hacienda, de Economía y de Salud, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano.
NECESIDAD DE REGULAR EL GASTO ELECTORAL. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, quiero referirme a un problema extraordinariamente importante y delicado en estos momentos, respecto del cual considero necesario decir algunas palabras. Me refiero a la forma como se están llevando a cabo las campañas parlamentarias. Para la mayor parte de la ciudadanía resulta escandolosa la forma en que se están realizando las campañas políticas para la próxima elección de diputados y senadores. La profusión de propaganda es inmensa, con los elementos más sofisticados y letreros extraordinariamente costosos; existe un verdadero bosque de letreros en muchos lugares, costosísimos, a todo lujo y de gran tamaño. En general, el costo es excesivamente alto y desatado.
La gente puede observar cómo en las calles se desplazan camiones con letreros. Incluso se ha llegado a casos curiosos y atípicos, como contratar circos para hacer propaganda o numerosos espectáculos con el objeto de atraer políticamente al electorado.
¿Qué pasa con esta situación? Golpea la sensibilidad de un pueblo que sufre una enorme cesantía, vive muy dificultosamente y gana escasos sueldos y salarios; sin embargo, ve cómo se derrocha en las campañas políticas. Con justicia y con razón, la gente se pregunta por qué tanta pelea por un cargo de senador o diputado. Creo que eso desprestigia y hace enorme daño a la política.
Por ello, felicito al Gobierno por el anuncio de enviar al Congreso, con urgencia calificada de “simple”, un proyecto sobre limitación del gasto electoral. A mi juicio, una ley de este tipo resulta absolutamente necesaria para llevar transparencia y control al proceso político.
El ministro precisó que de ninguna manera la futura ley sería aplicable en este período, pero cuando hay interés los proyectos pueden tener una tramitación rápida, y el Congreso ha tramitado algunos en uno o dos días cuando ha sido requerido. El control hay que hacerlo ahora.
Pido que se envíe oficio al ministro secretario general de Gobierno para que solicite al Presidente de la República que califique de extrema urgencia este proyecto de ley, de manera que, en lo posible, tenga vigencia en este período, porque es ahora cuando se están apreciando los efectos de este gasto desmesurado, que la gente no entiende.
Los senadores Pizarro y Ruiz-Esquide, quienes informaron de esta situación a la Secretaría General de Gobierno, dieron a conocer cifras alarmantes. En la Primera Región norte se calcula que ya hay un gasto de más de 3 mil millones de pesos; en otras regiones los montos son similares. Se requiere una señal clara del Gobierno en esta materia: hacer un llamado a los parlamentarios y a todas las personas implicadas en la campaña política para que controlen y limiten los gastos electorales, porque existe contradicción entre la realidad que está viviendo el país en cuanto a escasez y falta de recursos en todo sentido, y el derroche en la campaña.
Por eso, felicito al Gobierno por su iniciativa de enviar este proyecto de ley -según se dice, en los próximos días-; pero, al mismo tiempo, pido que se despache con la máxima celeridad con el fin de que tenga aplicación durante este período de campaña electoral.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
HABILITACIÓN DE PASO INTERNACIONAL DE AGUA NEGRA. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Palma .
El señor PALMA (don Joaquín).-
Señor Presidente, en junio solicité al ministro de Obras Públicas que me informara acerca del costo que representa para nuestro país el tiempo que permanece cerrado el paso Los Libertadores, principal camino que nos conecta con Argentina, debido que, al existir una economía tan intercomunicada entre Chile, Argentina y Brasil, a través de la cordillera de los Andes, la no utilización de ese paso significa costos bastante relevantes para el país. La respuesta que acabo de recibir, en un oficio del Ministerio de Obras Públicas firmado por el ministro don Carlos Cruz , confirma mis aprensiones al respecto. El análisis de estos datos debe motivar a que en el Ministerio de Obras Pública se tomen algunas definiciones de tipo económico en cuanto a inversiones en los caminos entre Chile y Argentina. La estadística de los días de cierre del paso Los Libertadores, desde 1990 a 2000 -once años en total-, indica que el camino internacional permanece cerrado un promedio anual de 35 días. O sea, dicho camino queda intrasitable cada año durante 35 días, porque cae mucha nieve. Quedan bloqueados los camiones y cerrado el tránsito comercial y turístico. El récor se alcanzó en 1993, cuando ese único camino hábil para el comercio entre Chile y Argentina estuvo cerrado 69 días, es decir, más de dos meses.
Ahora, en cuanto al costo, se adjunta cuadro estadístico de los días de cierre de este paso internacional. En un estudio de prefactibilidad, denominado “Mejoramiento conexión internacional zona central Chile y la región de Cuyo, Argentina”, realizado por una consultora, en abril de 1996, con motivo de la construcción de un posible túnel en ese paso -antes de que empezara el crecimiento comercial como consecuencia de la firma del tratado del Mercosur-, se evaluaron los costos sociales que representaría para Chile el cierre del camino, y se tomaron en cuenta los tiempos de operación, la velocidad media y los días promedio de cierre al año. La conclusión de este informe es que la pérdida por día de camino cerrado asciende a 1,4 millones de dólares por costos sociales. Se dice que, además de lo anterior, debe considerarse también el costo de oportunidad asociado a los días de cierre del camino, el cual puede llegar a duplicar o triplicar la cifra indicada precedentemente. Esto significa que durante la década del 90 hemos perdido, como mínimo, 49 millones de dólares al año por el solo hecho de tener el camino inhabilitado. De acuerdo con este informe, dicha cifra podría llegar hasta alrededor de 150 millones de dólares al año si se incluye el costo de oportunidad. Por lo tanto, no estamos hablando de cantidades menores.
Tengo entendido que un túnel de baja altura está desechado en estos momentos y me imagino que, después de la tragedia habida hace dos semanas en el túnel largo de San Gotardo, bajo los Alpes, donde hubo cientos de muertos debido a un incendio, es inviable también la posibilidad de que se construya un túnel de 10 ó 15 kilómetros por el paso Los Libertadores. El Gobierno ha estado estudiando la posibilidad de aumentar los cobertizos y se habla de una cifra de 50 millones de dólares para ese efecto; sin embargo, no será una solución para los días en que se corte el camino, puesto que depende de la cantidad de nieve caída.
Existe una solución. El ministerio no ha querido entender la posición de la gente de la Cuarta Región, en el sentido de que el paso de Agua Negra es una alternativa viable, barata y abierta todo el año, porque, según me han informado, cae diez veces menos nieve en la zona del interior de La Serena, en el valle del Elqui, que en el paso Los Libertadores. Por lo tanto, es un camino que estaría abierto todo el año sin ninguna dificultad, incluso en épocas o períodos de alta caída de nieve. El hecho de que se pierdan, en promedio, 50 millones de dólares anuales a causa del cierre del paso referido, hace que cualquier habilitación de un camino alternativo seguro sea atendible. Estoy pensando en el norte donde hay menos nieve, porque en el sur las circunstancias climáticas son más difíciles. El diputado Homero Gutiérrez siempre plantea que por Talca también existe una alternativa, pero el problema es que en el sur hay mucha más nieve que en Santiago y el norte. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que considere seriamente habilitar en forma definitiva un paso por el interior de Vicuña, que termine en el puerto de Coquimbo, porque la inversión que debe hacerse allí, comparada con los tremendos costos que ha representado para el país el cierre del actual camino internacional, se podría pagar en dos años.
Hemos estimado que un túnel a 4 mil metros de altura, más la pavimentación y arreglo del camino completo hacia Argentina, desde La Serena hasta San Juan , implican una inversión que podría llegar hasta 120 millones de dólares. Eso, en la práctica, se paga con dos años del desembolso que ha significado para Chile tener cerrado el paso Los Libertadores. En consecuencia, desde el punto de vista económico es muy fácil entender que esa solución conviene mucho. Indudablemente, los valores indicados por el ministerio deben haber subido mucho, por cuanto se calcularon en 1996, antes de que empezara a operar el tratado del Mercosur, que provocó un crecimiento enorme del comercio.
Ahora, un camino en buenas condiciones por el norte de Santiago también presenta algunas ventajas. Gran parte de la carga que llega por el paso Los Libertadores proviene de Brasil, y una parte de ella se transporta hacia el Perú por la costa del Pacífico. Por lo tanto, en un porcentaje importante dicha carga tampoco significa un costo mayor en cuanto a cantidad de kilómetros transitados en forma normal.
Reitero mi petición de oficio al ministro de Obras Públicas, en el sentido de que revise las prioridades de inversiones establecidas para el paso de Agua Negra y la calificación de una alternativa viable y permanente de ese paso en relación con el actual camino internacional hacia el paso Los Libertadores, entre Mendoza y Los Andes.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 13.21 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
ANEXO SESIÓN
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Segundo trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que se informen, en conjunto, los proyectos que figuran en los puntos 1 y 2 de la Tabla, calificados con “suma” urgencia y relacionados con las mismas materias, para que se voten luego de emitido el informe y de la intervención de la señora ministra de Relaciones Exteriores.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, en ambos proyectos, es el señor Joaquín Palma.
Antecedentes:
- Proyectos del Senado, boletines Nºs 279910 (S) y 280010 (S), sesión 6ª, en 10 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 3 y 2, respectivamente.
- Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 2, de esta sesión.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, pido a la Mesa ver la posibilidad de que cada Comité pueda usar de la palabra por dos minutos antes de proceder a la votación.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor PALMA (don Joaquín).-
Señor Presidente, paso a informar sobre los convenios internacionales que reprimen la financiación del terrorismo y los atentados terroristas cometidos con bombas, los cuales se tramitan simultáneamente, pues tienen un mismo origen y persiguen análogos propósitos, es decir, combatir el terrorismo internacional.
Por lo anterior y en cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Comisión, informaré acerca de ambos proyectos en forma conjunta, sin perjuicio de que la votación sea separada, ya que se trata de diferentes iniciativas.
Tanto el Convenio que reprime la financiación del terrorismo como el que reprime los actos terroristas cometidos con bombas se fundamentan según lo expresan los respectivos mensajes en la imperiosa necesidad de intensificar la cooperación internacional entre los Estados, con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir el terrorismo, así como para reprimirlo mediante el enjuiciamiento y el castigo de los autores.
Conforme a las declaraciones que los Estados formulan en sus preámbulos, los fines de estos instrumentos son comunes, de manera que coinciden en invocar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la preocupación de la sociedad internacional por la intensificación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y coinciden en recordar las diversas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y quienquiera los cometa, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazan la integridad territorial y la seguridad de los mismos.
En el caso del Convenio que reprime la financiación del terrorismo, se agregan resoluciones especiales que sobre la materia ha adoptado la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhortan a los Estados, por una parte, a examinar disposiciones jurídicas internacionales que aseguren la existencia de un marco jurídico global que abarque todos los aspectos de la cooperación internacional para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo y, por otra, a adoptar medidas internas apropiadas para prevenir y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospecha puedan hacerse con fines terroristas, sin impedir, de modo alguno, la libertad de los movimientos legítimos de capitales, para intensificar el intercambio de información acerca de los movimientos internacionales de ese tipo de fondos.
Según los compromisos de tipificar y sancionar que contrae el Estado en virtud del primero de estos Convenios, cometerá el delito de financiación del terrorismo quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, o aun cuando no hayan sido efectivamente usados, para cometer uno de los delitos comprendidos en el ámbito de los tratados enumerados en su anexo, esto es, en alguno de los que reprimen el apoderamiento ilícito de aeronaves, los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, los delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos; la toma de rehenes, los actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, los actos ilícitos en contra de la navegación marítima, los actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental y los atentados terroristas con bombas; además, del que tiene por objeto la protección física de los materiales nucleares.
También cometerá el delito de financiación del terrorismo quien provea o recolecte fondos, para que sean utilizados en actos destinados a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de tales actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
Por otra parte, incurrirá en el delito de atentado terrorista cometido con bombas, quien ilícita e intencionalmente entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales o una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico.
Además, quien organice o dirija a otros a los efectos de la comisión del delito de atentado terrorista cometido con bombas y el que contribuya de algún otro modo a la comisión de uno o más de estos delitos por un grupo de personas que actúe con un propósito común y la contribución sea intencional y obedezca al propósito de colaborar con los fines o la actividad delictiva general del grupo.
Al 10 de octubre de 2001, 57 Estados habían suscrito el Convenio que reprime la financiación del terrorismo y cuatro lo habían ratificado. En cambio, el Convenio que reprime los atentados terroristas cometidos con bombas había sido suscrito a la misma fecha por 58 Estados y ratificado por 29, por lo que se encuentra ya vigente desde el 23 de mayo de este año.
Para hacer efectiva la represión de estos delitos, los Estados deberán tipificarlos en su legislación interna y sancionarlos con penas adecuadas a su gravedad, junto con adoptar medidas para que actos criminales, en particular los que obedezcan a la intención o el propósito de crear un estado de terror en la población general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean sancionados con penas acordes a su gravedad. Además, deberán establecer su jurisdicción respecto de estos delitos cuando ellos sean cometidos en el territorio del Estado, a bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado en el momento de la comisión del delito, o por un nacional del Estado.
Será facultativo para el Estado establecer su jurisdicción respecto de delitos cometidos contra uno de sus nacionales, contra una instalación gubernamental en el extranjero, inclusive una de sus embajadas u otro de sus locales diplomáticos o consulares. Lo mismo cuando sean cometidos por un apátrida que tenga residencia habitual en su territorio, o cometido con el propósito de obligar al Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto, o cometido a bordo de una aeronave que sea explotada por el gobierno del Estado.
La persona involucrada en estos hechos tendrá derecho a ponerse en comunicación con el representante más próximo del Estado de su nacionalidad y a ser visitada por él, sin perjuicio de todo Estado parte a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.
El Estado que detenga a una persona involucrada en estos actos delictivos notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen a todos los Estados parte interesados, directamente o por intermedio del secretario general de las Naciones Unidas.
Estimo necesario destacar el caso de los delitos de financiación del terrorismo.
Cada Estado parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos internos, las medidas necesarias para establecer la responsabilidad penal, civil o administrativa de una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en el Convenio, sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas naturales que hayan cometido los delitos.
El establecimiento de las responsabilidades de las entidades jurídicas deberá comprender la aplicación de sanciones penales, civiles o administrativas eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluso sanciones monetarias.
También se contempla el compromiso de adoptar medidas para la identificación, la detección, aseguramiento, incautación y decomiso de los fondos, y el producto obtenido de los delitos reprimidos por el Convenio. No se podrá considerar el secreto bancario como justificación para rechazar una petición de asistencia judicial, ni los Estados podrán invocar, como único motivo, el carácter fiscal del delito para rechazar una solicitud de asistencia judicial o de extradición.
Por último, los Estados parte deberán exigir a las instituciones financieras y a quienes ejerzan estas profesiones que intervengan en las transacciones financieras, que utilicen las medidas más eficientes de que se disponga para la identificación de sus clientes habituales u ocasionales, así como de los clientes en cuyo interés se abran cuentas, y que presten atención especial a transacciones inusuales o sospechosas y reporten transacciones que se sospeche provengan de una actividad delictiva.
A estos efectos, los Estados parte considerarán:
Prohibir la apertura de cuentas cuyos titulares o beneficiarios no estén ni puedan ser identificados y velar por que se verifique la identidad de los titulares reales de esas transacciones.
Exigir a las instituciones financieras que adopten medidas para verificar la existencia jurídica y la estructura del cliente mediante la obtención, de un registro público, del cliente o de ambos, de prueba de la constitución de la sociedad, incluida la información sobre el nombre del cliente, su forma jurídica, su domicilio, sus directores y las disposiciones relativas a la facultad de la persona jurídica para contraer obligaciones.
Obligar a las instituciones financieras a reportar con prontitud a las autoridades competentes toda transacción compleja, de magnitud inusual y todas las pautas inusuales de transacciones que no tengan, al parecer, una finalidad económica u obviamente lícita, sin temor de asumir responsabilidad penal o civil por quebrantar alguna restricción en materia de divulgación de información, si reportan sus sospechas de buena fe.
Además, se insta a establecer un sistema de licencias para todas las agencias de transferencia de dinero y a controlar el transporte fronterizo físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, salvaguardando una utilización adecuada de la información y sin que ello obstaculice de modo alguno la libre circulación de capitales.
Me parece importante destacar que el Convenio que reprime los atentados terroristas con bombas no será aplicable en dos situaciones muy especiales.
Primero, cuando el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente y las víctimas sean nacionales de ese Estado y el presunto culpable se halle en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer jurisdicción con arreglo a las normas de este Convenio.
Segundo, tampoco será aplicable a las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado, según se entienden esos términos en el derecho internacional humanitario y que se rijan por ese derecho, y tampoco lo será respecto de las actividades realizadas por las fuerzas militares de un Estado en el cumplimiento de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras normas del derecho internacional.
El alcance de esta norma lo precisa el último considerando del preámbulo, en el que los Estados parte “Observando que las actividades de las fuerzas militares de los Estados se rigen por normas de derecho internacional situadas fuera del marco del presente Convenio” declaran que “...la exclusión de ciertos actos del ámbito del Convenio no condona ni legitima de manera alguna actos ilícitos, ni obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras leyes,”.
Además, debe tenerse presente que el Convenio define expresamente que por “fuerzas militares de un Estado se entienden aquellas que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la legislación nacional primordialmente para los efectos de la defensa y la seguridad nacionales y las personas que actúen en apoyo de esas fuerzas armadas que estén bajo su mando, control y responsabilidad oficiales”.
En cuanto a la extradición, ambos Convenios adoptan principios comunes a diversos tratados internacionales que tienen por objeto prevenir y reprimir delitos internacionales, especialmente a propósito del apoderamiento ilícito de aeronaves, de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, contra la seguridad de las personas internacionalmente protegidas y la toma de rehenes, entre otros, de todos los cuales Chile es Estado parte y rigen en el orden interno como ley de la República, en virtud de su promulgación correspondiente.
La regla general es que los delitos enunciados en estos Convenios se considerarán incluidos en todo tratado de extradición celebrado entre Estados parte con anterioridad a la entrada en vigor de estos instrumento, y los Estados parte deberán incluirlos en todo tratado posterior sobre la materia, según los compromisos que contraigan.
Por último, me referiré a dos puntos importantes en el esquema de ambos convenios: los derechos de las personas involucradas en actos de terrorismo y los principios jurídicos internacionales que el Estado debe observar en su acción contra el terrorismo.
En cuanto al primer aspecto, toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a estos Convenios gozará de un trato equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Además, nada de lo establecido en los Convenios menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de los individuos con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.
En cuanto a la acción de los Estados parte, ellos cumplirán las obligaciones que les incumben de manera compatible con los principios de la igualdad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Consecuentemente con lo anterior, se establece que nada de lo dispuesto en los Convenios facultará a un Estado parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado parte por su derecho interno.
Por los antecedentes expuestos, la Comisión decidió, por unanimidad, proponer a la honorable Cámara que preste su aprobación a los proyectos de acuerdo correspondientes, en los mismos términos en que ya lo hizo el honorable Senado.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra de Relaciones Exteriores señora Soledad Alvear.
La señora ALVEAR, doña Soledad (Ministra de Relaciones Exteriores).-
Señor Presidente, han sido sometidos a consideración de la Sala de la Cámara de Diputados dos importantes convenios contra el terrorismo que, creemos, deberían ser aprobados por unanimidad, tal como ocurrió en el Senado hace un par de semanas.
Se trata de dos convenios aprobados en el ámbito de Naciones Unidas, los cuales, dentro del universo de los tratados que se refieren a estos temas, son los únicos que faltan que nuestro país incorpore dentro de su legislación.
Creemos que ambos convenios, que contienen los aspectos ya informados por el diputado señor Joaquín Palma, son relevantes desde el punto de vista de buscar abarcar, en el ámbito del derecho internacional, el conjunto de elementos que deben ser sancionados para una actividad de tal envergadura que, en los últimos días, a partir de los hechos acontecidos el 11 de septiembre pasado, requieren de gran firmeza, tanto en el ámbito del derecho internacional como en la legislación doméstica, para su adecuada represión.
Como se señaló, ambos convenios permiten facilitar las normas para investigar y someter a la justicia a los responsables de estos delitos, a aquellos que efectúen atentados con bombas, así como también a las personas que contribuyan a la financiación de actividades terroristas.
Los convenios contemplan normas eficientes en materia de extradición y asistencia mutua en el ámbito penal, entre otras, por ejemplo, el compromiso que asumen los países en torno de juzgar a los responsables de estos delitos si éstos no son extraditados, con independencia de si el delito ha sido cometido en el país de esas personas o en el extranjero. Lo que se busca con ello es facilitar el juzgamiento de las personas que hayan cometido este tipo de delitos.
Creo importante destacar que ninguno de esos delitos se considerará como delito político ni inspirado en motivos políticos. También es importante subrayar, como lo hace el convenio, que no puede haber razón de ningún tipo, ya sea de carácter político, filosófico, ideológico, racial, étnico, religioso u otro similar que jamás justifique un acto de carácter terrorista. Así se explicita en ambos convenios.
El convenio para reprimir la financiación de actividades terroristas establece el compromiso que los Estados asumen en cuanto a hacer los ajustes necesarios en su legislación para establecer las responsabilidades pertinentes, así como también la calidad del delito que el tratado describe.
En efecto, tratándose de nuestro país, es importante adelantar, desde ya, que será necesario tipificar este delito, que hasta el momento no se encuentra contemplado en nuestra legislación penal, el cual, por cierto, adquiere en estos momentos una relevancia fundamental para adecuar nuestra legislación, a fin de asumir el desafío que ha llegado, al inaugurar este siglo, como una amenaza muy grave, que nos ha impactado a todos.
Los países se comprometen, a través de estos convenios, a adoptar todas las medidas que sean necesarias para la identificación, detección y aseguramiento de incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer este tipo de delitos, así como del producto que de ellos se obtenga. Es importante destacar que se contempla utilizar los fondos provenientes de decomisos para indemnizar a las víctimas de los actos terroristas, lo que constituye un aspecto importante de considerar para aliviar, en parte, los efectos tan dañinos que generan este tipo de acciones.
Es importante hacer notar que los Estados se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias que permitan exigir a las instituciones financieras la identificación de sus clientes y la detección de transacciones inusuales o sospechosas que provengan de la actividad delictiva.
En algunos días más, a partir del 10 de noviembre, se llevará a efecto la próxima asamblea de Naciones Unidas. El Presidente de la República concurrirá personalmente a ella, al igual que la mayoría de los jefes de Estado, precisamente porque en dicha asamblea se tratará este tema tan relevante del terrorismo.
Es importante para nosotros depositar en las Naciones Unidas los instrumentos de ratificación de estos dos convenios, manifestando el interés de todo el país y de todas sus instituciones, incluyendo al Congreso Nacional, de adherir a dichos tratados, asumiendo en las próximas sema nas el compromiso de adecuar nuestra legislación interna, a fin de cumplir los compromisos contraídos a través de estos tratados.
Por eso consideramos de gran importancia aprobar estos dos tratados, que contaron con un rápido despacho en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que ayer se abocó a su estudio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Gracias a usted, señora ministra.
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, sólo para anunciar el voto favorable de la bancada del Partido Demócrata Cristiano porque, ciertamente, en dos minutos es muy poco lo que se puede señalar.
En segundo lugar, están las condiciones para que los tratados sean aprobados unánimemente por la Corporación, tal como ocurrió en el Senado de la República en el primer trámite constitucional.
En tercer lugar, hago presente que estos acuerdos fueron adoptados en 1998 y 1999, de manera que son anteriores a los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre. Sin embargo, muestran la intencionalidad de la comunidad internacio nal de hacer frente al flagelo del terrorismo.
En todo caso, hay que señalar que lo ocurrido el 11 de septiembre ha provocado un cambio trascendente en el cuadro de relaciones en el ámbito internacional, que estaba estructurado esencialmente en las relaciones de los Estados naciones. En la actualidad, aparecen otros componentes, algunos de ellos difusos, que deben ser considerados en función del desarrollo de los ámbitos políticos y, particularmente, jurídicos, que son los que hoy están presentes en el ámbito internacional. Considero que, como Estado, debemos hacer un esfuerzo significativo para desarrollar un aporte en ese sentido.
Concluyo reiterando que la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente ambos tratados: el relativo a la represión de la financiación del terrorismo y el que se refiere a la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, los diputados de Renovación Nacional votaremos favorablemente ambos convenios, porque consideramos que son una herramienta eficaz que permite a los Estados luchar en conjunto contra el terrorismo y actuar con prontitud en la prevención, control y represión del mismo.
Si deseamos vivir en un mundo civilizado, como país y como ciudadanos, debemos reprimir en forma ejemplar toda acción terrorista. Sabemos que contamos con la ley Nº 18.314 que, lógicamente, es perfectible, que norma, establece la penalidad y define las conductas terroristas.
Ayer, un grupo de parlamentarios presentamos un proyecto de ley que crea una nueva figura delictiva: la amenaza terrorista, y apunta a penalizar a quien, a título de broma, burla o chanza, sin intención o voluntad de delinquir, proclame a viva voz o por actos o ademanes, que se dispone a ejecutar un acto terrorista o de violencia física en contra de cualquier persona.
Es un proyecto muy sencillo, suscrito por diputados de las diversas bancadas, y espero que en su oportunidad merezca la aprobación de la Cámara.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, el terrorismo que la comunidad internacional se propone reprimir definitiva y drásticamente ha alcanzado las características de un terrorismo global, que genera reacciones universales inéditas en la comunidad internacional y obliga a los Estados a luchar contra enemigos que son diferentes a los de una guerra tradicional.
Ésta es la situación que enfrenta la humanidad después de los horrorosos atentados del 11 de septiembre pasado, que han demostrado a la faz del mundo cómo el terrorismo puede afectar el derecho de los pueblos a vivir en paz y en democracia, con respecto de las libertades públicas y de los derechos humanos.
Tal como lo dijera recientemente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, los actos terroristas representan el más grave desafío a la seguridad colectiva que nos haya correspondido vivir desde que surgieron las instituciones interamericanas, mediante las cuales hoy se expresa la solidaridad continental con Estados Unidos de América.
La adhesión a estos convenios que reprimen la financiación del terrorismo y los atentados terroristas cometidos con bombas son parte de un proceso normativo de las organizaciones de Naciones Unidas que empieza en la década del 70, con motivo de los primeros secuestros de aviones de pasajeros en vuelos internacionales y que, día a día, se ven superados por actos cada vez más crueles y horrorosos, como los que hoy condena unánimemente el mundo entero.
Manifiesto mi total aprobación a estos convenios internacionales, que no sólo son represivos del terrorismo, sino que también cumplirán una importante función preventiva. Para lograr estos fines la cooperación internacional será fundamental y su eficacia dependerá de la prontitud con que los países procedan a adoptar sus legislaciones nacionales, a fin de impedir que en sus territorios se prepare y organice la comisión de estos delitos.
La señora ministra de Relaciones Exteriores anunció en la Comisión de Relaciones Exteriores que el Gobierno ha formado equipos de trabajo para proponer al Congreso Nacional las modificaciones penales necesarias para cumplir a la brevedad el compromiso de tipificar y sancionar los delitos enunciados en estos convenios.
Señor Presidente, permítame reiterar a la señora ministra nuestro interés en que, con la misma urgencia con que se aprueban estos tratados, se elaboren y remitan al Parlamento los proyectos de ley que implementarán su aplicación.
De esta tarea interna que queda pendiente deberemos informar al Secretario General y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues sería inexcusable que el día de mañana Chile dejara sin aplicación estos tratados por falta de una legislación interna que estamos obligados a dictar.
Quiero destacar que el convenio que reprime la financiación del terrorismo deja claramente establecido que las medidas de control de las actividades financieras que deberán adoptar los Estados respecto de las transacciones inusuales o sospechosas de estar vinculadas al terrorismo, no deberán afectar, en ningún caso, la libre circulación de capitales, indispensables para el desarrollo de la economía nacional de los Estados.
Finalmente, estos convenios, como es la regla general en el derecho internacional, regirán a partir del momento en que se reúnan las ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia, y no serán aplicables a situaciones anteriores, como hubiera sido justificable si quisiéramos reprimir el terrorismo con la severidad que la comunidad internacional espera.
Por todo lo señalado, anuncio el voto favorable de la Unión Demócrata Independiente a los dos proyectos que estamos discutiendo.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para finalizar el debate, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, es muy importante la aprobación de estos dos proyectos por cuanto Chile y la comunidad internacional tienen la obligación de prevenir y sancionar todos los actos terroristas, que traen tanta inseguridad a la población mundial.
En segundo lugar, no hay ninguna causa que justifique estos actos que habitualmente traen destrucción o la muerte de personas inocentes. No hay ninguna razón ideológica, filosófica, religiosa, racial o de cualquier otra índole que justifique crímenes tan perversos como los ocurridos el 11 de septiembre recién pasado.
Todo esto debe realizarse bajo ciertos parámetros, porque creemos que todos los actos que se sancionan, especialmente los terroristas, deben estar insertos en el respeto de los derechos humanos, de manera que todas las personas involucradas en estos delitos sean sometidas a un debido proceso.
Otro hecho muy importante es que la legítima defensa, colectiva o individual, también debe estar dentro de los parámetros y propósitos de las Naciones Unidas. En ese sentido, los Estados parte deben velar para que se cumplan todos los tratados y acuerdos, de modo que la defensa y la justicia ejercidas en contra de estos actos no se transformen en venganza.
Por todo lo expuesto, anuncio el voto favorable de la bancada Radical Social Demócrata, con la certeza de que estos proyectos serán aprobados por unanimidad, tal como ocurrió en el Senado y en la Comisión de Relaciones Exteriores el día de ayer.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad los proyectos que aprueban los convenios internacionales para la reprensión de la financiación del terrorismo y la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.
Aprobados.
Moción del diputado señor Errázuriz.
Reforma constitucional que impide indultar a condenados a cadena perpetua. (boletín Nº 2820-07)
“Considerando:
1ºQue la Constitución Política, en el número 16º del artículo 32 establece lo siguiente:
“Artículo 32.- Son atribuciones especiales del Presidente de la República:
“16º.- Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso”.
2ºQue la ley Nº 19.734, de 2001 derogó la pena de muerte sustituyéndola por la de presidio perpetuo calificado y estableciendo que “no se podrá conceder la libertad condicional sino una vez transcurridos cuarenta años de privación de libertad efectiva”.
3ºQue la referida ley Nº 19.734 señala que “no se favorecerá al condenado por las leyes que concedan amnistía ni indultos generales, salvo que se le hagan expresamente aplicables. Asimismo, sólo procederá a su respecto el indulto particular por razones de Estado o por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable, debidamente acreditado, que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo. En todo caso el beneficio del indulto deberá ser concedido de conformidad a las normas legales que lo regulen”.
4ºQue lo anterior significa, en la práctica, que el condenado a cadena perpetua puede ser indultado, ya sea a través de un indulto general que se le haga expresamente aplicable, o ya sea a través de un indulto particular “por razones de Estado” que no se precisa quién las califica ni qué se entiende por tales.
5ºQue el modo más eficaz de impedir que un condenado a cadena perpetua salga en libertad, es cerrando la única puerta que puede abrir, cual es la del indulto presidencial.
Vengo en proponer el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único.- Sustitúyese en el Nº 16 del artículo 32 de la Constitución Política la expresión: “El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso” por “el indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso y, aun en tal caso, respecto de quienes hayan sido condenados a cadena perpetua, cualquiera sea el tiempo que lleven privados de libertad”.
Moción de los diputados señores Alvarado y Recondo.
Modifica la ley general de Pesca y Acuicultura para que pescadores artesanales de las regiones X y XI puedan operar indistintamente en ambas. (boletín Nº 2819-21)
“Considerando:
1.Que los instrumentos de que provee la ley de Pesca en la actualidad son muy limitados para focalizar adecuadamente las acciones de ordenamiento de la pesca a una escala geográfica distinta de las regiones.
2. Que estas limitaciones no han permitido garantizar una explotación razonable de los recursos bentónicos que se encuentran en la X y XI regiones.
3. Que los pescadores artesanales de la X Región han realizado histórica y frecuentemente actividades pesqueras extractivas respecto de recursos bentónicos en el área de la XI Región.
4. Que existen medidas de administración pesquera para los recursos bentónicos que se explotan en la X y XI regiones que garantizan su preservación y que se complementan con un adecuado y oportuno control de la autoridad fiscalizadora tanto en las actividades extractivas como de transporte y proceso de los recursos que protegen la sobreexplotación de los mismos.
5.Que existe acuerdo entre los actores pesqueros de ambas regiones (pescadores artesanales, buzos mariscadores, armadores, industriales) y autoridades administrativas del sector pesquero para destinar recursos a la investigación biológica pesquera y de esta forma obtener información científica relevante que permita adecuar las actuales medidas de administración pesquera para el recurso erizo y otras especies bentónicas que se explotan en la X y XI regiones como asimismo para establecer planes de manejo que aseguran la sustentabilidad de los recursos en el tiempo.
6. Que es un hecho notorio y manifiesto que las resoluciones administrativas de la Subsecretaría de Pesca fundadas en informes técnicos de los Consejos zonales de Pesca de la X y XI regiones han sido sistemática y permanentemente impugnadas en tribunales de justicia decretándose órdenes de no innovar que impiden el trabajo y la obtención de ingresos familiares a un número aproximado de 1.600 pescadores artesanales y buzos mariscadores de la X Región. Así sucedió por ejemplo con la resolución Nº 2118 del 5 de octubre de 2001 que extiende el área de operaciones de los pescadores artesanales de la X Región a la XI Región.
7.Que las estadísticas de desembarque registradas en la X Región establecen clara y fehacientemente que los recursos provienen de zonas de pesca de la XI Región, práctica que se viene realizando por más de 15 años en pesquerías como loco, erizo, almeja, culengue, huepo, caracoles, lapa, cholga, chorito y jaivas.
8. Que el acceso a las zonas de pesca de la XI Región por parte de la X Región son fundamentales para la mantención inmediata de la pesquería del erizo y del resto de recursos bentónicos en su escala actual, y de su industria asociada, y con ello mantener los niveles de actividad económica de la zona y de esta forma evitar conflictos sociales, aumento de los niveles de cesantía y problemas socioeconómicos derivados de la falta de oportunidades laborales:
Se propone el siguiente proyecto de ley:
Agréguese al artículo 51 de la ley general de Pesca y Acuicultura la siguiente letra “e” nueva:
e) Se entenderá que para los efectos de los pescadores artesanales que realicen actividad extractiva respecto del recurso erizo y recursos bentónicos en el área de la X y XI regiones, la acreditación del domicilio en cualquiera de las dos regiones será válida para operar indistintamente en ambas”.
Moción de los diputados señores Prokurica, Alessandri, Caminondo, José Galilea, José García, Mora, Víctor Pérez, Rincón, Ulloa y Vilches.
Reforma constitucional con el objeto de modificar el artículo 22 de la Carta Fundamental. (boletín Nº 2818-07)
“Antecedentes:
Se ha hecho una costumbre bastante frecuente que, cuando diversos sectores de la comunidad que se ven afectados por situaciones apremiantes, pero fundamentalmente de carácter económico, ejercen presiones sobre el aparato estatal, a fin de que el Poder Ejecutivo, actuando dentro de su rol subsidiario, les preste auxilio.
Esta actuación se concreta mediante iniciativas legislativas que condonan o rebajan las deudas correspondientes.
Si bien aparece justificable que se alivie la carga de personas que se encuentran en estas desmedradas condiciones, debe también premiarse a quienes, estando igualmente afectados, se han esforzado al máximo por cumplir oportuna y cabalmente todas sus obligaciones, con gran sacrificio personal y desprendimiento.
Consideramos que es ésta la legítima forma de conciliar los intereses de quienes se vean favorecidos con estos beneficios legales, con el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política, que impide establecer diferencias arbitrarias.
Para tal efecto, se requiere reformar la Carta Fundamental, en el Nº 22 del citado artículo 19, norma que asegura a todas las personas la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.
De este modo, el estatuto constitucional deberá asegurar que cuando se promulguen este tipo de leyes, las personas que estén en la misma categoría de los beneficiados, y hubieren efectuado oportunamente el pago respectivo, deberán ser favorecidos con un beneficio económico equivalente, sea como imputación a pagos periódicos futuros o como crédito contra impuestos que las afecten.
En tal virtud, venimos en someter a la aprobación del honorable Congreso Nacional el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.- Agrégase, a continuación del inciso segundo del Nº 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el siguiente inciso tercero, sustituyéndose el punto y coma (;) que sigue al término “Presupuestos”, por un punto final:
“Cuando un beneficio económico consista en condonar cantidades de dinero que una determinada categoría de personas está obligada a pagar al Estado o a sus organismos, por cualquier causa, la ley que otorgue dicha condonación, deberá también otorgar a quienes, perteneciendo a esa misma categoría de personas y hubieren efectuado oportunamente el pago, un beneficio económico equivalente, sea como imputación a pagos periódicos futuros o como crédito contra impuestos que las afecten”.