Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Paez Verdugo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- FIJACIÓN DE HORA PARA TRATAMIENTO DE PROYECTO.
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Y DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Maria Rozas Velasquez
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Primer trámite constitucional.
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Maria Rozas Velasquez
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Y DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Pia Guzman Mena
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Laura Soto Gonzalez
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Sergio Ojeda Uribe
- Patricio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 11ª, en martes 30 de octubre de 2001
(Ordinaria, de 15.22 a 18.35 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis, y Valenzuela Herrera, don Felipe.
Presidencia accidental del señor Aguiló Melo, don Sergio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.Asistencia4
II.Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
Fijación de hora para tratamiento de proyecto7
V.Orden del Día.
Creación del Consejo Nacional de Cultura y del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. Primer trámite constitucional. (Continuación)7
Anticipos del Fondo Común Municipal. Primer trámite constitucional24
VI.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y autoriza la condonación de deudas que señala (boletín Nº 281406)465
2.Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y autoriza la condonación de deudas que señala (boletín Nº 281406)45
3.Certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y autoriza la condonación de deudas que señala (boletín Nº 281406)48
4.Moción del diputado señor Navarro, que reforma el DFL Nº 120, de Hacienda, ley orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia (boletín Nº 281505)49
5.Moción de las diputadas señoras Guzmán, doña María Pía; Cristi, doña María Angélica, y Soto, doña Laura, y de los diputados señores Cardemil, Elgueta, Ojeda y Walker, don Patricio, que establece inmediatez de la investigación en caso de desaparecimiento de menores de 18 años (boletín Nº 281607)52
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (90)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Dittborn Cordua, Julio
--Encina Moriamez, Francisco
--Espina Otero, Alberto
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, Jose
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, los ministros de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García. También estuvo presente el senador señor Sergio Páez.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 15.22 horas.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 4ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 5ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
FIJACIÓN DE HORA PARA TRATAMIENTO DE PROYECTO.
El señor PALMA (don Andrés).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, en forma accidental he asumido la presidencia de la Comisión de Hacienda, la que está abocada al estudio del proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica y autoriza la condonación de deudas que señala.
Al respecto, quería informar que aproximadamente a las 16 horas podemos terminar el estudio que iniciamos esta mañana, e ingresar el proyecto a la Sala, por lo que pido que recabe el acuerdo de los señores diputados para comenzar en ese momento su discusión.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá en los términos señalados.
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Y DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Corresponde continuar con el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural.
Tiene la palabra la diputada señora María Victoria Ovalle.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señor Presidente, entre los deberes que la Constitución impone al Estado se encuentra el de estimular la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Por ello, me parece muy bien que se cree el Consejo Nacional de Cultura, con el fin de darle toda la importancia y auge que merece a todo lo artístico y cultural de nuestro país, que enriquece el espíritu y da libertad, cosas muy necesarias, especialmente en un período de crisis. ¡Quién no goza con una expresión artística, por humilde que sea! Desde la actuación de un malabarista en la calle a una representación de una ópera, todos tenemos derecho a gozar del arte. Por ello considero que el proyecto debe ser aprobado.
La creación de los consejos regionales de cultura permitirá, de una vez por todas, descentralizar las actividades culturales, que siempre se realizan en la Región Metropolitana y muy a lo lejos en las demás, ya que, al estar muy desprovistas de recursos, su juventud queda muy alejada del arte, por mucho que le guste. Habrá recursos provenientes del Fondo Nacional de la Cultura, los que serán distribuidos según los requerimientos de cada región.
Celebro todo esto, pero las cosas podrían haber sido mejor. Una de ellas es la composición del directorio del Consejo cuyo presidente será designado por el Presidente de la República y tendrá rango de ministro. Lo integrarán, además, el ministro de Educación, el ministro secretario general de Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, el subsecretario de Desarrollo Regional, quien estará en contacto con las regiones; también dos representantes del Presidente de la República, de libre designación, de destacada y reconocida trayectoria en las distintas actividades del quehacer cultural, y cuatro personalidades de la cultura, designadas también por el Presidente de la República, a propuesta de las organizaciones culturales del país.
Considero que al tener el Presidente de la República la facultad de designar a tantos miembros del directorio, el consejo dependerá del Primer Mandatario.
¿Por qué tememos que los miembros de fundaciones y de las diferentes ramas artísticas elijan a sus representantes? Eso no lo he entendido nunca y sería una muy buena solución acoger una indicación que oportunamente presenté al respecto, cuyo tenor es el siguiente:
“Cuatro personalidades de la cultura que tengan una reconocida vinculación y una destacada trayectoria en distintas actividades, tales como creación artística, patrimonio, industrias culturales, universidades, gestión cultural, deberán ser representativas de tales actividades, aunque no tendrán el carácter de representantes de las mismas.
“Un reglamento establecerá la forma y plazos mediante los cuales serán elegidas estas cuatro personalidades de la cultura. En dicha elección podrán participar las instituciones y organismos inscritos en un registro que se abrirá especialmente al efecto.
“Estas personalidades durarán cuatro años en sus cargos y no podrán ser reelegidas”.
Considero que debe existir cierta autonomía para que esta entidad tenga fuerza y las representaciones artísticas estén realmente presentes y no sean todas designadas por el Presidente. Eso es crucial.
Tampoco me parece bien que el Consejo tenga su sede en la ciudad de Valparaíso. Sé que hay muchos parlamentarios regionalistas, entre los que se encuentra el diputado informante señor Nelson Ávila. Me encanta Valparaíso , pues es una ciudad preciosa. No tengo nada en su contra. Puede ser digna representante de la cultura, pero no creo que sea acertada la descentralización en esta materia. El hecho de que el Consejo esté en Valparaíso y los ministerios en Santiago originará, por ejemplo, gastos en bencina para asistir a las reuniones del directorio.
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para que todo funcione en Valparaíso o, si no, dejamos las cosas como están? Si la mitad opera en Santiago y la otra acá, se producirán problemas.
Volvemos siempre a lo mismo: el traslado del Ejecutivo y de los ministerios a Valparaíso. Bueno, traslademos todo, pero tomemos una decisión de una vez por todas. Esta cosa ambigua no puede seguir.
Creo que el Consejo debería funcionar en Santiago. De lo contrario, ¿por qué no en Rancagua?, si todos tenemos una región preferida.
Otro tema importante es el Comité Consultivo con el cual muchos de los colegas no están de acuerdo. Yo, contrario a lo que los otros piensan, creo que es muy bueno. Será ad honorem, es decir su desempeño en él no será remunerado. Es importante destacar que se le da la posibilidad de participar a mucha gente relacionada con el arte. El Comité Consultivo estará formado por personas de reconocida trayectoria de las diferentes áreas de la creación artística. Seis provendrán, concretamente, de los ámbitos de las artes musicales, artes plásticas, artes visuales, teatro, danza y las artes populares. Dos provendrán del patrimonio cultural, tan abandonado en las regiones, cuya participación es necesaria; dos representantes de las culturas de los pueblos originarios y uno de los siguientes ámbitos: universidades, industrias culturales, gestión de corporaciones y fundaciones culturales de derecho privado, y empresa privada.
El Comité Consultivo elegirá lo que es muy importante a los jurados que seleccionarán los proyectos ganadores y a quienes se les otorgarán los recursos concursables del Fondo Nacional de Cultura.
Pido al Ministerio de Hacienda que sea generoso con los recursos, para que este proyecto tenga éxito, se haga realidad y no quede solamente en el papel, como desgraciadamente ocurre con muchas cosas. Por los recursos es por lo que lloran todos nuestros artistas y los organismos que se van a relacionar con este Consejo, como son la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Consejo de Monumentos Nacionales.
Todas esos organismos funcionan precariamente en las regiones. No tienen recursos para nada. Si Hacienda no se “cuadra” con el Consejo Nacional de Cultura y no coopera para que el fondo alcance para todos, este proyecto no se concretará, lo que será una lástima.
Muchas gracias.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, he querido participar en el debate de este importante proyecto a fin de manifestar nuestra complacencia por su rápida tramitación. Se está dando un paso muy significativo y espero, como la mayoría del país, que la iniciativa pronto se convierta en ley.
Afortunadamente, estamos frente a un Gobierno que ha hecho de la cultura una preocupación fundamental y primordial. En repetidas ocasiones, el Presidente Lagos ha manifestado su interés por apoyar las manifestaciones de la cultura. Y este proyecto de ley viene a ser una expresión más de su interés por el desarrollo cultural a lo largo de todo Chile.
Los diputados de la Región del Maule hemos recibido una nota, fechada el 4 de octubre del presente año, suscrita por un conjunto de escritores, artistas e historiadores, en la cual nos expresan su interés en que el proyecto se convierta en ley rápidamente. En parte de la carta nos dicen:
“Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar su presencia y participación en los trámites que restan, a fin de que muy pronto veamos el fruto de más de una década de reflexiones en el seno de instancias que se han caracterizado por el pluralismo de sus miembros y de una actitud transversal y generosa que habla de una misma aspiración: el ver pronto coronado los esfuerzos para dotar al país de un organismo de creciente participación, que fortalezca el ejercicio de los derechos ciudadanos a gozar de los bienes culturales”.
Esta nota la firman don Roberto Gómez , delegado regional de la cultura; don Gabriel Rodríguez , de la Sociedad de Escritores de Chile; doña Loreto Pérez , artista visual; don Matías Rafide , conocido poeta, académico y escritor, y numerosas otras personalidades del ámbito de la cultura.
Esta carta muestra que el interés en que este proyecto de ley se convierta pronto en una realidad, no solamente está en el Área Metropolitana o en el “reducto” de los políticos y parlamentarios, sino que se extiende a lo largo de todo Chile.
Y justamente uno de los aportes novedosos e interesantes de esta iniciativa es su clara manifestación regional. Si hay un proyecto que ponga énfasis en la realidad regional es éste. No solamente se crea el Consejo Nacional de la Cultura, sino los consejos regionales de cultura. Es decir, en cada región habrá uno, cuyo domicilio estará en la capital regional; será presidido por un director y lo integrarán, además, autoridades y personalidades de la región.
Se tratará de incorporar, en definitiva, al mayor número posible de intelectuales, de artistas, de gente interesada en el desarrollo de la cultura. Esto es tremendamente importante, porque las manifestaciones culturales no se producen sólo en el Área Metropolitana, sino que tienen una fuerte presencia en nuestras regiones.
Espero que este proyecto de ley no sean palabras al vacío, sobre todo si se considera que junto con el Consejo Nacional de la Cultura integrado por representantes de todos los artistas e intelectuales y los Consejos Regionales de Cultura, se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. Es decir, no sólo se generan las instancias intelectuales, sino que en forma paralela esto es importantísimo y lo reclamaban todos quienes tenían interés en el proyecto se destinan los recursos necesarios para la concreción del proyecto.
En consecuencia, habrá recursos determinados en el Presupuesto nacional para apoyar las expresiones culturales. Esto es de extraordinaria importancia, porque por primera vez se dispondrá de una partida para financiar las actividades culturales a niveles nacional y regional.
El Fondo también estará constituido por donativos y aportes internacionales para apoyar la cultura, y se desglosará, a lo menos, en algunas líneas específicas de funcionamiento, que define el proyecto, como el fomento de las artes con recursos asignados por concurso público y el desarrollo cultural regional a través del financiamiento de proyectos que incentiven la búsqueda de lo tradicional en las regiones e investiguen su identidad folclórica, artística o cultural.
También se plantea la conservación del patrimonio, el desarrollo cultural de pueblos originarios, cosa de extraordinaria novedad e importancia; el desarrollo de las “industrias culturales”, para que la cultura llegue a todos los sectores.
Finalmente, consagra un sistema de becas para apoyar a los artistas destacados en las artes plásticas y musicales que necesiten apoyo para desarrollar en mejor forma sus talentos.
En síntesis, estamos ante un proyecto largamente esperado por todos los chilenos.
Durante el estudio del proyecto en la Comisión de Educación asistieron muchas personalidades de los ámbitos artístico y cultural, incluso de la actividad circense, quienes apoyaron la creación de esta instancia, sobre todo por las posibilidades que les ofrecen los concursos.
El proyecto era muy esperado no sólo por los artistas y creadores, sino por todo un país, riquísimo en expresiones culturales. Es una iniciativa interesante, regionalista, que consagra un efectivo apoyo económico a las manifestaciones culturales, de manera que no son palabras lanzadas al vacío, sino que es un buen punto de partida para que la cultura tenga el desarrollo que merece en nuestro país.
En consecuencia, anuncio nuestro voto favorable.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, no sólo de pan vive el hombre, y aunque Valparaíso tiene el segundo lugar en el índice de cesantía del país, hoy siente la satisfacción espiritual de ser considerada la capital de la cultura y, como dijo la diputada señora Isabel Allende , esto puede ser la antesala y complemento de la iniciativa para declarar a Valparaíso patrimonio de la humanidad.
Razones hay de sobra. Esta es una cuestión de justicia con el puerto, que entre sus originalidades tiene la de no haber sido fundado nunca y ser multicultural, porque entre los siglos XVIII, XIX y XX recibió inmigraciones importantes de alemanes, ingleses, españoles e italianos que han enriquecido nuestra cultura y contribuido a que nuestra gente no sólo sea una “amalgama de polvo de estrellas y de espuma del mar más bravío”, sino creadores natos. Basta con darse una vuelta por los cerros para comprobar que Valparaíso es un museo abierto, legado que dejaron los muchos artistas que nos visitaron. Eso fue una cosa maravillosa. Tuvimos aquí a Sara Bernhardt y a otras grandes figuras del arte, lo que fue incubando en gente nuestra, por generaciones, el sentido de la genialidad artística. Eso lo vemos a diario en los cerros y también en el plano, donde se pueden apreciar variadas manifestaciones de la creación y del arte.
Éste es un reconocimiento para Valparaíso, ciudad que nadie puede ignorar, salvo que tenga un criterio muy centralista. En esta ciudad, Pablo Neruda dejó una de sus casas más importantes, La Sebastiana , visitada todos los días por estudiantes y turistas que vienen a admirar no sólo el “techo natural” de Pablo Neruda mirando al mar, sino también la obra de María Martner , quien desgraciadamente nunca ha conseguido que le faciliten la sala de exposiciones del Congreso Nacional para dar a conocer sus grandes obras artísticas. Ojalá que esa situación cambie en los próximos días.
Estamos muy contentos de que Valparaíso, por fin, sea considerado y tenga el sitial que le corresponde.
Para terminar, una “pildorita” para los que reniegan o lanzan un manto de sospecha peyorativo sobre el burócrata. Con ello no hacen más que agraviar tremendamente al genio, al creador natural. La creatividad y la genialidad nunca estarán interferidas por los gobiernos de turno ni por nadie. De lo contrario, nunca habríamos tenido en Chile a un Claudio Arrau , a una Gabriela Mistral , esa modesta maestra que nos trajo la gloria por toda una eternidad; a un Pablo Neruda , hijo de un ferroviario pobre, pero que nos ha dado las mayores satisfacciones.
Creo que hay pequeñas cosas que pulir o excluir del proyecto. Sin duda, es una gran iniciativa y nosotros, por Valparaíso, estamos realmente muy contentos y lo vamos a apoyar con todo.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra han manifestado su opinión con bastante claridad. A la vez, quiero referirme a dos cosas que dilataron la tramitación del proyecto: la primera es la situación funcionaria de los personales del Consejo Nacional de Cultura y del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural.
Si bien el artículo 2º transitorio habla del personal de planta y lo incluye en la nueva institucionalidad, los integrantes del Bafona y de la orquesta del Ministerio trabajan a honorarios. En innumerables oportunidades se ha pedido terminar con esta situación, que les acarrea inestabilidad laboral, sobre todo porque al carecer de un contrato de trabajo de plazo indefinido les dificulta la obtención de créditos comerciales o bancarios.
Por otra parte, nunca se ha señalado en forma taxativa el número de funcionarios de planta de esos servicios, ya que se traspasa personal de los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, lo que no es bueno, porque ello satisface a quienes serán trasladados de acuerdo con la ley, pero no al que se desempeña a honorarios.
El proyecto viene a descentralizar las acciones culturales, dado que se crean los organismos regionales correspondientes, incluso con sistemas para la obtención de recursos y becas; asimismo, favorece la labor del Fondart, cuya acción en favor de los creadores y conjuntos artísticos hemos reconocido en más de una oportunidad. Desgraciadamente, son pocos los conjuntos de cierto prestigio que pueden tener acceso al financiamiento que les permita una actividad permanente, sobre todo de los que se dedican a difundir el arte, la cultura y el folclor.
Es de esperar que la entrega oportuna de recursos dé satisfacción a este segmento relevante de nuestra idiosincrasia y nacionalidad. Además, la cultura bien propagada, bien difundida y bien financiada mejorará todo lo relacionado con el turismo. No cabe duda de que Chile puede atraer a muchos visitantes extranjeros sobre todo por la actual situación que vive Estados Unidos, especialmente de Europa, cuyas naciones son desarrolladas culturalmente y de las cuales podemos obtener valiosas experiencias, aunque difícilmente podríamos aplicar por ejemplo en Chile el cobro por entrar a los museos y bibliotecas, como existe allá. En Angol hay dos museos que nadie sabe cómo sobreviven, porque muchas veces ni siquiera los municipios les entregan recursos medianamente razonables. La futura ley permitirá que establecimientos como ésos reciban un financiamiento acorde con su actividad; en definitiva, facilitará el desarrollo de la cultura y la conservación de nuestras tradiciones, terminando con la situación precaria de hoy.
Me sentí muy a gusto durante el estudio del proyecto, realizado en largas sesiones y por más de dos años, ya que muchos ciudadanos nacidos en Angol han recibido premios nacionales. Entre ellos se cuenta al historiador y poeta don Pedro de Oña , pintores y otros artistas de diversos campos, especialmente de la música folclórica, quienes le han dado nombradía y prestigio a la región.
Quienes nos hemos involucrado permanentemente con el arte y la cultura esperamos que el proyecto sea aprobado y que en los futuros presupuestos se entreguen los aportes que verdaderamente se necesitan. Esperamos también que los fondos de cultura que se crearán a través de otra iniciativa logren que las empresas entreguen una mayor cantidad de aportes no sólo en Santiago, sino que también en regiones, donde pequeñas instituciones funcionan con tanta dificultad.
Por lo tanto, votaré favorablemente el proyecto por ser muy necesario para los artistas chilenos, sobre todo para los de mi distrito.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, la diputada señora Laura Soto señaló que Valparaíso tiene la segunda tasa de cesantía más alta del país, pero ese honor del cual rehuimos todos, hoy lamentablemente se lo disputan varias ciudades del país, con tasas de cesantía extraordinariamente superiores.
La bancada de la Unión Demócrata Independiente está dispuesta a votar favorablemente un proyecto que tienda a crear una institucionalidad de carácter cultural. Sin embargo, con la misma firmeza debo señalar la necesidad de eliminar cualquier posibilidad de dirigismo en una materia tan compleja como es la cultura. No hay nada peor que la elaboración de una entelequia jurídica para crear una institucionalidad que intente dirigir la cultura desde las más altas esferas gubernamentales, cualquiera sea su signo político.
En ese mismo sentido, el profesor y filósofo chileno don Jorge Millas decía que la cultura es producto de la acción conformadora y finalista del hombre. Consideraba, en consecuencia, que cualquier actividad que desarrollara el hombre podía entenderse por cultura. En ese sentido le otorgaba al concepto una acepción extraordinariamente amplia, materia que se restringe en el proyecto, y así lo señala, por lo demás, la intención del Ejecutivo.
Así, aun cuando la Unión Demócrata Independiente está de acuerdo con la creación de una institucionalidad, es imprescindible corregir en el proyecto determinadas materias.
Desde luego, lo primero que hicimos ver al Gobierno junto con colegas de los distintos partidos políticos representados en esta Corporación, oficialistas y de Oposición, fue la necesidad de resolver dos grandes temas.
En primer lugar, la situación, completamente irregular en que desde hace muchos años, treinta o más, se encuentran las personas que ejecutan una labor artística y de difusión cultural en el Bafona. Se le hizo ver al Ejecutivo que no consideraba dentro de la institucionalidad a los artistas del Bafona y de otros grupos, a los cuales se les paga a honorarios, dejándolos en una situación laboral extraordinariamente débil, no obstante reunir todos los requisitos para ser trabajadores formales y con contrato indefinido, pues cumplen un horario, tienen una labor determinada, trabajan en equipo, etcétera. Es decir, todos los requisitos que señala el Código del Trabajo para ser reconocidos como tales. Como nunca había existido preocupación por ellos, todos los diputados que integramos la Comisión de Educación estuvimos por resolver, de alguna manera, su situación.
Después de haber recibido nuestra sugerencia durante largo tiempo y, al final, nuestra presión así fue, bajo presión el Presidente de la República envió el artículo 36, mediante el cual se autoriza al Consejo Nacional de Cultura, entidad que estamos creando, para integrar y participar en la constitución y financiamiento de una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto principal será la promoción, fomento y gestión directa de las actividades culturales a través de los grupos artísticos estables. En consecuencia, una vez que aprobemos el proyecto y se cree esta corporación de derecho privado, sin fines de lucro, por primera vez dichos trabajadores tendrán la condición de dependientes.
Esto no fue un regalo del Ejecutivo, sino que es fruto del trabajo, la dedicación y el tesón de todos los parlamentarios de la Comisión de Educación o, al menos, de la gran mayoría de ellos. Claramente primó la voluntad de dar esta solución. Además, y esto es importante de reconocer, la diputada señora María Rozas , junto con el diputado señor Rojas y quien habla, hicimos ver al Gobierno que era necesario resolver el problema del gran número de trabajadores a honorarios que integran los distintos servicios que, precisamente, ahora pasarán a formar el Consejo Nacional de Cultura. En ese sentido, debemos reconocer que no pudimos doblarle la mano al Ejecutivo, ya que el inciso tercero de ese mismo artículo 36 medianamente resuelve el problema. No obstante, nunca supimos el número de trabajadores que se encuentran en dicha condición, ya que no cuadraron las cifras que tenía la diputada señora María Rozas con las que entregó el Ejecutivo ni con las de los distintos invitados que asistieron a la Comisión. La diputada señora María Rozas utilizó como argumento, junto con quienes la apoyamos, algo que hasta hoy no ha sido desmentido. Ella dijo que no daría la aprobación a esta materia, porque no estaba dispuesta a que el Gobierno no cumpliera, como no ha cumplido con los trabajadores de la Digeder. Eso lo reconocieron todos los diputados en la Comisión de Educación. Es decir, el Ejecutivo hizo una promesa cuando se efectuó el traspaso de funcionarios de la Digeder a Chiledeportes, que hasta hoy no se ha cumplido. En ese sentido, debemos reconocer que tuvimos que ceder a esta propuesta que, en realidad, es bastante menor de lo que habíamos planteado inicialmente con la colega señora María Rozas.
Estos dos grandes problemas fueron el centro de la discusión del proyecto durante largo tiempo. Es importante dejar claro, para la historia fidedigna de la ley, que la voluntad de los parlamentarios era legislar respecto de una institucionalidad cultural que debía tener, en particular, según la visión de la Unión Demócrata Independiente, un grado tal que evitara que la institución que creábamos pudiera ser intervencionista.
En ese sentido, anuncio que presentaremos indicaciones, porque el artículo 5º, que se refiere a la composición de la dirección superior del Consejo Nacional de Cultura, mantiene una excesiva predominancia del Ejecutivo en el nombramiento del directorio, o sea, cae en el dirigismo, que es exactamente lo que siempre hemos querido evitar. Propondremos una indicación para reducir la participación del Presidente de la República, porque de acuerdo con el numeral 6) del artículo 5º, puede designar a cuatro personalidades de la cultura y, según el numeral 7), a dos representantes. Es decir, de un total de once personas, nombra a seis, lo cual claramente revela la intención de privilegiar una determinada visión de la cultura, que será precisamente la del gobierno de turno. Es necesario evitar esta situación. Por eso, junto con el colega Ibáñez , presentaremos una indicación para reducir la participación de personas designadas por el Presidente de la República.
También deseo referirme a un tema que los diputados señores Homero Gutiérrez y Villouta consideran como la gran fórmula de descentralización. Ellos sostienen que habrá consejos regionales, y es verdad. Ello obedece a que la Comisión de Educación les dio no sólo la facultad, sino también un papel resolutivo, mediante la fórmula de manejar recursos. Sin embargo, es importante que la opinión pública sepa y dejarlo establecido en la historia fidedigna de la ley, que el Gobierno se jugó por lo contrario y la Comisión de Hacienda suprimió el artículo 31, es decir, la norma que asignaba recursos regionales se acabó, se terminó. ¡Ésa es la vocación regionalista del gobierno de la Concertación! Suprimió la única opción mediante la cual se pueden desarrollar actividades culturales en las regiones. No habrá cultura en las regiones si no existen recursos para ello. Sin embargo, en una actitud absolutamente centralista, el Gobierno establece que los fondos sólo sean asignados por el Consejo Nacional de Cultura. Señores diputados, ¿de qué regionalismo me están hablando?
Señor Presidente, por su intermedio solicito al diputado señor Gutiérrez que responda por qué el Gobierno eliminó el artículo 31 establecido por la Comisión de Educación, mediante el cual asignábamos cuotas regionales para el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural.
Estos temas no son menores, sino que, en verdad, interesarán a nuestros representados. Quienes somos de regiones, ¿con qué cara llegaremos ante nuestros representados, en mi caso los de Talcahuano, de la provincia de Concepción, o de Los Ángeles, en el caso del distrito que representa el diputado señor Víctor Pérez , a decirles que la Comisión de Educación de la Cámara estableció asignaciones regionales, pero que fueron eliminadas por el Presidente de la República con el voto favorable de los diputados miembros de la Comisión de Hacienda de la Concertación?
Los temas que nos deben interesar son los que dicen relación con la forma de desarrollar la cultura, para lo cual se requieren condiciones objetivas, que en la actualidad no se dan.
Con el diputado señor Ibáñez presentaremos una indicación para restituir las asignaciones regionales. Pido a los colegas de todos los partidos que apoyen lo que inicialmente estableció la Comisión de Educación: asignar cuotas regionales. Estos son los signos que necesita el país para descentralizarse; no hay descentralización posible cuando sólo hablamos en teoría, pero en la práctica, en términos reales, no entregamos un peso a las regiones. Así no se hace cultura. Tampoco se hace cultura al fijar el domicilio y la sede del Consejo Nacional de Cultura en la ciudad de Valparaíso.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de su primer discurso, señor diputado. Puede continuar en el de su segundo discurso.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, lo que interesa es que tanto en la Quinta Región como en la Octava, uno de cuyos distritos represento, tengamos la capacidad de decidir la asignación de recursos, la opción de desarrollar proyectos y programas culturales, y no que esto lo decidan el Presidente de la República o el presidente del Consejo Nacional de Cultura, a quien, además, se otorga el rango de ministro de Estado. Resulta curioso que nosotros le demos ese rango, en circunstancias de que el Presidente de la República redujo los ministerios mediante el nombramiento de biministros y de un triministro. Señores de la Concertación, es tiempo de que se pongan de acuerdo, ¿quieren más ministerios o menos ministerios? Es muy importante que entendamos a que debemos apuntar.
Anuncio que mi bancada votará a favor el proyecto, pero solicito a los diputados de la Concertación que acojan estas inquietudes y se pronuncien sobre lo que hemos señalado: si tendremos cuotas asignadas regionalmente o si optaremos por lo que quiere el Gobierno, o sea, que las regiones no tengan participación alguna en la asignación del presupuesto.
Presentaremos indicaciones, porque queremos una institucionalidad cultural seria, no un manoseo de la misma ni que haya dirigismo. De hecho, si alguien quiere revisar cuál ha sido el aporte financiero en el ámbito cultural, podrá constatar, sin duda alguna, que los privados son los que más aporte han hecho al desarrollo de la cultura y a la conservación del patrimonio cultural. A modo de ejemplo, si uno ve lo que han hecho la señora Maya Castro de Wescott y algunas instituciones privadas, podrá darse cuenta de que el aporte del Estado, en proporción, es absolutamente minoritario y marginal.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, todos aquí han reconocido que estamos ante un proyecto de gran trascendencia e importancia, porque se refiere a un tema crucial, que representa no sólo un derecho, sino también el desarrollo de una de las dimensiones más propias del ser humano.
Los seres humanos no tenemos sólo una dimensión biológica y económica, sino también necesidades espirituales, ideales, sentimientos y capacidad de crear. Eso lo vemos en todos los niveles, no sólo en las grandes expresiones del arte y de la cultura. De hecho, lo observamos en nuestros distritos, en el trabajo concreto con la gente. Incluso, cuando la vida es dura, difícil, la necesidad del ser humano de crear está presente.
La importancia del proyecto en estudio radica en que constituye la expresión del trabajo realizado en la última década por los gobiernos de la Concertación. En ese sentido, es posible que la intervención del diputado señor Ulloa , con quien trabajamos juntos en la Comisión de Educación en el estudio de la iniciativa, esté cargada de una mirada pequeña, me atrevería a decir mezquina, chica, quizás por encontrarnos en un período cercano a las próximas elecciones. Él no está siendo para nada justo, ni siquiera con sus propias expresiones. Reconoce que estamos ante un gran tema y que se trata de una iniciativa de enorme trascendencia. Por lo tanto, quiéralo o no, tendrá que reconocer que los diputados de la Concertación tenemos derecho a sentirnos orgullosos de un gobierno que ha desarrollado el tema cultural después de años de oscuridad en ese ámbito, que ahora culmina con un proyecto muy importante, el cual, como todos, es perfectible. Sin embargo, se trata de una iniciativa trascendente.
Creo que la mirada claramente sesgada por las necesidades electorales, ha hecho decir al diputado señor Ulloa cosas inexactas. Por ejemplo, lo que señaló sobre el aporte privado está muy alejado de la realidad. Lo que se pretende es que los privados, quienes acumulan la riqueza en el país, se coloquen frente a la cultura con una generosidad que hasta ahora no han tenido. De hecho, según entiendo, el aporte privado al Fondart y al arte en general no va más allá del cinco por ciento, en circunstancias de que todos sabemos perfectamente que en un modelo económico acumulador ellos tienen en sus manos el setenta u ochenta por ciento de la riqueza del país.
Sobre ese marco, quiero subrayar lo que señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es decir, la trascendencia del proyecto.
Entre todos los avances y la experiencia acumulada en esta década, es importante destacar muy especialmente el trabajo realizado por el Fondart. Creo que nadie puede dejar de valorar, destacar y subrayar lo que ha significado el Fondart como apoyo y respaldo a lo que hoy estamos viviendo y evidenciando en todos los niveles. Por ejemplo, a nivel nacional, el desarrollo de la cinematografía, que hace algunas décadas no tenía posibilidad alguna de expresarse. A nivel local, hay que señalar lo que significa su trabajo para nuestros creadores en todas las comunas y localidades.
Ahora, lo que busca el proyecto es darle viabilidad política e igualdad de rango con las otras actividades sectoriales de la administración del Estado. Por eso, también resulta extraña la sorpresa sobre el rango de ministro que se otorga al director ejecutivo del organismo que se crea y que esto se quiera colocar en debate en relación con la reducción y la modernización del aparato del Estado.
Modernización no quiere decir jibarización, señor diputado, sino una correcta adecuación de un Estado que tiene que ir ajustando su estructura. Creo que nadie podría discutir eso, a menos que el diputado señor Ulloa quiera quitarle ese rango y minimizar la capacidad de la institucionalidad cultural. No lo creo. No era ésa su posición en la Comisión y espero que en algún minuto la aclare.
Además, el proyecto tiene la importancia de recoger las aspiraciones, el pensamiento y las propuestas de nuestros artistas y creadores.
En cuanto a la descentralización, creo que el tema está muy bien abordado y fue parte de nuestro trabajo en la Comisión. Respecto a la crítica del colega Ulloa en relación con el tema de los recursos, de que esto sea algo más formal que real, es cierto que el asunto fue discutido y que hay dos posiciones en el proyecto: de las Comisiones de Educación y de Hacienda, razón por la cual se necesitará una nueva discusión. No es un tema sencillo, porque la solución que le dimos en la Comisión de Educación también es discutible: no es tan fácil concordar la decisión del Parlamento en la discusión del Presupuesto. De manera que vamos a una segunda discusión, pero no utilicemos el tema para negar que estamos dando pasos muy importantes en la descentralización, en la facultad de que sean los consejos regionales los que manejen sus recursos.
Quiero hacer otro tipo de reflexión, más bien de compromiso de los propios parlamentarios en las regiones: debemos lograr que dentro de la región se produzca una distribución equitativa. Todos sabemos que la equidad geográfica no sólo tiene que ver con el centralismo de la Región Metropolitana, sino también con el que se produce en la propia región. Este es un tema que queda abierto y que reviste gran importancia para nosotros.
Me alegro de que el diputado señor Ulloa haya anunciado que su bancada aprobará el proyecto, porque, en verdad, en la Comisión de Educación siempre votaron en contra. No quiero dejar de mencionar las críticas y las razones que allí se dieron, aunque aparentemente ya han quedado en el pasado, de lo cual me alegro. Sin duda, hablar del rol subsidiario y no del rol activo del Estado, obedece a viejas ortodoxias libremercadistas que, en la práctica, sólo significan que quien tiene derecho a hacer cultura es el que cuenta con dinero, cuestión absolutamente contradictoria con las necesidades de países donde la distribución del ingreso sigue tan desigual como en Latinoamérica y en Chile.
Por otra parte, hablar de intervencionismo o dirigismo me parece que ése fue el término que escuché significa confundir los conceptos, porque el abuso político siempre es inaceptable en cualquier actividad o gobierno. Frente al abuso político existe la fiscalización y el control. Así funciona el sistema democrático y los poderes públicos.
Deseo subrayar la importancia, la trascendencia, el significado del proyecto, que puede ser mejorado, porque ésta es su primera discusión y en ella lo votaremos en general. Estos aspectos deben ser destacados, no la cosa pequeña, que ya veremos cómo la abordaremos, si fuera necesario, en la segunda discusión.
Reitero que como parlamentaria de Gobierno me siento orgullosa de estar cumpliendo un compromiso democrático adquirido con nuestro pueblo.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Rozas.
La señora ROZAS (doña María).-
Señor Presidente, voy a iniciar mi intervención con la última frase de la diputada señora Pollarolo respecto del proyecto.
El compromiso es cómo hacer que la cultura se democratice en el buen sentido de la palabra, o sea, que todos tengan acceso a ella, pues cuando hablamos de cultura, de arte, de recreación, una gran mayoría de chilenos está ajeno a esos términos, porque siente la sensación de que es necesario tener recursos para acceder a estas manifestaciones, los que no están al alcance del chileno común y corriente.
Se trata, en definitiva, y es la promesa del Presidente de la República, de cómo hacer que la cultura sea también un derecho básico de todos los chilenos. En esa línea, el proyecto viene a satisfacer, en términos globales, la necesidad de usar recursos del Estado para hacer cultura, centralizándolos en una sola institución, a fin de focalizarlos y utilizarlos de mejor forma.
Tengo la percepción de que con la iniciativa en debate no solucionaremos todos los problemas, pero estamos dando el primer paso para que en Chile la cultura sea parte de una necesidad vital de las personas, de la cual muchas están carentes. No nos debemos crear expectativas, en el sentido de que al establecer la institucionalidad está todo resuelto. Primero, debemos crear conciencia sobre la necesidad de invertir en cultura, tanto por parte del Estado como de los privados. Ese es un tema no menor.
Además, debemos crear conciencia de que la cultura no es sólo lo que se hace en Santiago o en las capitales de regiones, ya que también en los pueblos más lejanos se están desarrollando actividades culturales que deben ser difundidas, conocidas y de las cuales debemos ser partícipes todos.
Por tanto, primero, se está cumpliendo el compromiso de crear una institucionalidad cultural; segundo, maximizar los recursos y, tercero, hacer conciencia tarea que deberá efectuar la institución que se crea respecto de que la cultura es tan importante como la educación y la salud para el desarrollo de nuestro país.
Hay algunos puntos con los cuales no concuerdo, pero comparto absolutamente lo grueso, lo esencial y el objetivo del proyecto, que trata de dar a la cultura un rango particular.
En ese sentido, debo recordar al diputado señor Ulloa que, en el texto original, el Gobierno no había dado la condición de ministro al director del Consejo Nacional de la Cultura. Fuimos nosotros, como miembros de la Comisión, que pedimos darle tal rango, con el objeto de subir el nivel de discusión en la que podía participar. O sea, hubo una definición, en la cual participó el diputado señor Ulloa , de que tuviera un rango particular y mejores condiciones. Ahora veo una contradicción e ignoro por qué cambió de opinión, pero claramente comparto la necesidad de que el director de esta institución tenga rango de ministro para que pueda involucrarse con las distintas instancias que participan a nivel de Gobierno.
En esa línea, al conocer los informes de las Comisiones de Hacienda y de Educación, en la cual me correspondió participar, quiero reconocer que hay avances que, como decía el diputado señor Ulloa , habíamos logrado respecto de los trabajadores. No cabe duda de que todos hubiéramos querido ofrecer una solución mucho más radical a los trabajadores; pero viendo su lado positivo, creo que el proyecto subsana como lo dijo el diputado señor Ulloa una situación irregular que se arrastraba por muchos años. Por ejemplo, desde hace 30 años que los artistas del Bafona estaban en una condición de inestabilidad laboral. Ahora, gracias a este proyecto que crea una corporación privada, tendrán estabilidad y el respeto que se merecen.
Además, resuelve otro problema que no es menor y que para nosotros también es importante: la deuda que existía desde hace más de 30 años con los trabajadores del sector fiscal a contrata, dados los cambios efectuados en la Comisión de Hacienda mantendrán su puesto laboral, a la vez que se les reconocerán sus años de servicio.
Hay que decir que esto fue consecuencia de la experiencia que nos dejó el tratamiento del proyecto de la Digeder, cuando no fuimos capaces de incorporar, con la misma fuerza, esta materia. Ahora, logramos hacer entender al Gobierno que el proyecto no puede partir cojeando y que debe contar con el acuerdo de los trabajadores que han desarrollado labores durante tantos años.
En esa línea, estoy de acuerdo con que la indicación de la Comisión de Hacienda es mejor que la que presentamos en la de Educación; sin embargo, tengo aprensiones respecto de la distribución de las cuotas regionales. Al respecto, anuncio que presentaré una indicación que compatibilice ambos textos, de manera de asegurar que los recursos lleguen a regiones, pero también, cuando no existan proyectos importantes en regiones, que éstos vayan a un fondo nacional, a fin de fortalecer a otras regiones, incluyendo la Metropolitana. Considero que es posible buscar un mecanismo que mejore el proyecto.
Sin duda, si comparamos el proyecto que llegó a la Cámara con el aprobado en las Comisiones de Hacienda y de Educación independientemente de que reconozca que existen problemas de forma podremos comprobar que fue modificado sustancialmente con el aporte de las personas y parlamentarios que participaron en su discusión, hecho que no baja el perfil o el nivel del trabajo realizado en forma transversal por los parlamentarios de todos los partidos.
Asimismo, debo reconocer que el coordinador cultural señor Squella a quien hicimos pasar muchos dolores de cabeza tuvo la flexibilidad de recoger opiniones que muchas veces no compartió y de formular proposiciones. En política, que es practicada por personas, es de mucha hidalguía y digno de reconocer una equivocación o que no se está en la línea correcta o en la de la mayoría, y hacer los cambios necesarios para enmendar rumbos. Él lo hizo, al principio con dificultad, pero después con cordialidad, y fue capaz de recoger el espíritu de quienes legislamos en la Comisión.
Considero que éste es un tremendo paso para asegurar que la cultura, de una vez por todas, y con el apoyo de los privados y del Estado, que debe seguir mejorando sustancialmente, llegue a los sectores en que hoy sólo existe como una utopía de esa gran mayoría que son los trabajadores del país.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, después de más de un año de debate llega a esta Sala el proyecto denominado de institucionalidad cultural.
En verdad, las expectativas que ha generado parecen desproporcionadas frente a sus posibilidades efectivas, y en este sentido temo que, de alguna manera, nos encontremos frente a una especie de parto de los montes: mucho ruido y, en definitiva, pocas nueces.
Creer que los problemas se arreglan mediante la dictación de leyes es una vieja costumbre chilena, que se mantiene a pesar de haber demostrado su ineficiencia en tantas ocasiones.
En este caso, suscribo prácticamente en su totalidad el voto disidente de la Comisión, expresado por el diputado señor Sergio Correa , en el sentido de que debemos evitar la creación de estructuras que posibiliten el intervencionismo político en la actividad cultural, que siempre requiere el mayor grado posible de libertad, autonomía e independencia.
Sin embargo, a pesar de las dudas que me asisten acerca de la eficacia que pueda tener este reordenamiento de la institucionalidad cultural y de los servicios públicos que tienen por objeto esa acción, voy a votar favorablemente la idea de legislar, en el sentido de que me parece oportuno abrir un debate sobre la materia y sobre las posibilidades efectivas que tiene un organismo como el que se propone de hacer algo en beneficio de la cultura.
En tal sentido, preferiría ahondar, por ejemplo, en las franquicias tributarias, en aumentar sus posibilidades y sus beneficiarios, en eliminar las trabas existentes, a fin de promover las donaciones de particulares. Desde esa perspectiva, la iniciativa privada tiene mayor eficacia y alcance del que podría tener una institucionalidad cuyo financiamiento estará dado, básicamente, por el Presupuesto de la República.
Por eso podemos hacer grandes disquisiciones sobre la cultura, la función del Gobierno respecto de ella, etcétera, pero no me parece del caso realizarlas ahora. Frente a este proyecto, que es un organigrama administrativo para el manejo de fondos que como digo van a ser provistos por el Presupuesto de la República, son pocas las cosas de fondo que se pueden decir.
Sin embargo, me interesa dejar en claro algunas contradicciones que se advierten en el proyecto y que me parecen extraordinariamente graves.
La diputada señora María Rozas hacía hincapié en el hecho de que el presidente del Consejo Nacional de Cultura tiene el rango de ministro de Estado. El artículo 5º dispone que: “La Dirección Superior del Consejo corresponderá a un Directorio integrado por: 1) El presidente del Consejo, quien tendrá el rango de ministro de Estado;”.
Otro de sus miembros es el ministro de Educación. Sin embargo, en el artículo 1º se señala lo siguiente: “Créase el Consejo Nacional de Cultura, en adelante el Consejo, como un servicio público descentralizado y territorialmente desconcentrado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Educación”.
Por lo tanto, ese Consejo está subordinado al Ministerio de Educación según el artículo 1º; pero, de acuerdo con el artículo 5º, números 1) y 2), el ministro de Educación es subordinado del presidente del Consejo. Aquí hay un tema de la mayor importancia que es menester dilucidar.
A mi juicio, es inoficioso dar rango de ministro de Estado a ese funcionario, y lo mejor sería atenerse a lo señalado en el artículo 1º: la subordinación de este servicio público descentralizado y territorialmente desconcentrado corresponde al Ministerio de Educación.
Por eso, también es necesario dar sentido al primer inciso del artículo 7º, que establece: “El Presidente del Consejo será designado por el Presidente de la República, presidirá también el directorio y responderá directamente ante el Presidente de la República de la gestión del Consejo”, pues está en contradicción con el artículo 1º, que consigna que el Consejo está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.
En este predicamento, creo que la política más acertada es que el ministro de Educación sea el presidente del Consejo, supervigile directamente su actividad y, a través de él, se rinda cuenta al Presidente de la República.
Por lo tanto, ante la contradicción que se da entre entre el artículo 5º, números 1) y 2) y el inciso primero del artículo 7º, por una parte, y el artículo 1º, por otra, me quedo con lo que señala este último, y en ese sentido presentaré una indicación para establecer una adecuada armonía. Respecto de lo demás, es poco lo que se puede decir.
Sin embargo, quiero referirme al tema de los representantes de las culturas de los pueblos originarios. Creo que aquí hay una concepción que es menester precisar con mucha atención. En el último tiempo, hemos sido testigos del abuso, tanto de lo que significa ser un pueblo originario como del estatuto jurídico que se daría a sus miembros que, en muchos casos, pretenden estar por encima de la ley.
El tema es de la máxima importancia. Nuestro país tiene una sola gran cultura, formada con el aporte de pueblos de distinta procedencia, que debemos tratar de preservar, fortalecer y proyectar al futuro, sin perjuicio de las manifestaciones artísticas o de índole cultural que deriven de alguno de estos pueblos, que no necesariamente por ser originarios están más atados a la tierra que otros.
Dejaré hasta aquí mis reflexiones, anunciando las indicaciones señaladas y mi intención de votar favorablemente en general, sin perjuicio de discutir después en particular algunas de las premisas del proyecto.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, no pensaba intervenir en la discusión de este proyecto de ley, pero las expresiones de distinguidos colegas de la Derecha me obligan a formular algunas reflexiones.
En primer lugar, quiero recordar que el tema de la cultura ya se incluyó en un proyecto presentado en 1998 durante la administración del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. No es un proyecto aislado, pues está inscrito en el proceso de modernización del Estado, y la Concertación estima que en este proceso no sólo debe considerarse la institucionalidad económica, la infraestructura o las relaciones internacionales, sino también la cultura del pueblo.
Ahora bien, el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó tres proyectos casi en forma simultánea: la institucionalidad cultural, el fomento de la música y la ampliación de la ley Valdés. Dentro de este concepto repito debe entenderse la institucionalidad cultural.
Por tratarse prácticamente de una iniciativa de fácil despacho, tramitamos y convertimos en ley de la República el proyecto sobre fomento de la música. Es así como ya se han conseguido fondos para llevar a cabo importantes proyectos relacionados con el desarrollo de la música clásica y la popular y hemos premiado a los hombres más destacados en este campo.
Asimismo, hicimos ley de la República el proyecto que amplió el ámbito de las donaciones, incorporando a nuevos beneficiarios como los museos, y permitió entregar algunos recursos especiales en estas materias.
Por último, para complementar este cuadro, que a lo mejor debió ser tratado dentro de los tres temas, se crea un Consejo Nacional de Cultura y un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural.
No quiero repetir conceptos vertidos por los colegas, pero, ante las palabras del diputado señor Jorge Ulloa , debo destacar que el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural no está representado sólo por el fondo que crea el proyecto, sino que se complementa para entender mejor los aportes que se entregan con los importantes recursos que entrega el Estado a los fondos que recibe cada una de las trece regiones del país. Dentro de esos fondos, hay importantes recursos que se entregan para el desarrollo de la cultura. Incluso, para centralizar más nuestra institucionalidad cultural, tal vez sería mejor que se informara sobre los recursos entregados a cada consejo regional, a fin de cuantificarlos dentro del Fondo a que he hecho referencia.
Frente a la afirmación de que el sector privado ha sido el que más ha entregado fondos, en honor a la verdad debo reconocer que su aporte ha sido importante. Lo que algunos hemos criticado es su orientación, porque los fondos entregados por diversas instituciones han ido en beneficio de sus propios funcionarios o, como en el caso de Santiago, de quienes viven más arriba de la plaza Italia; pero los recursos aportados por los benefactores de la cultura benefician en escasa medida a los sectores más populares.
Por eso, los fondos que reciba el Consejo estarán destinados a hacer justicia en el financiamiento cultural, entregando más financiamiento a quienes tienen menos posibilidades de acceder a la cultura, y un poco menos a quienes en forma habitual reciben más apoyo, ya sea por motivos familiares o porque viven en determinado sector.
Respecto de las críticas formuladas por el diputado señor Ulloa en cuanto a que, por un lado, el Gobierno suprime ministerios y, por otro, crea un nuevo cargo de ministro, debo hacer presente que ello es concordante con lo que expresé al principio de mi intervención, en el sentido de que este proyecto está enmarcado dentro de la modernización del Estado. Obviamente, modernizar el Estado significa juntar varios ministerios en uno solo, como es el caso del Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales, porque para construir viviendas el ministro debe tener claridad respecto de la disponibilidad de terrenos fiscales. Lo mismo ocurre en el caso de Economía, Minería y Energía, porque el triministro debe estar preocupado de todas las materias de su área. En verdad, al decir de algunos expertos como el profesor Di Girólamo , da vergüenza cuando en algunos foros internacionales sobre cultura se reúnen los ministros de Cultura de todos los países del mundo, a los cuales nosotros sólo podemos enviar un funcionario de nivel terciario.
De aprobarse este proyecto, ahora podremos decir que junto al ministro de Cultura de Francia o de Inglaterra, también habrá un chileno con ese rango. Ese solo hecho amerita aprobarlo, tal como lo va a hacer nuestra bancada y espero el Parlamento.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, ya se han dado suficientes argumentaciones.
Es indudable que este proyecto representa un avance en materia cultural en Chile. Junto con sumarme a su aprobación, espero que sea mejorado en sus próximos trámites legislativos, uno de los cuales será, por supuesto, su reenvío a comisiones, para recoger allí las indicaciones presentadas en la Sala, con el objeto de mejorar los detalles cuestionados por algunos colegas.
Legislar sobre la cultura significa ayudarla, en absoluto limitarla o rigidizarla. Una normativa sobre la materia en democracia nada tiene que ver con una normativa similar en dictadura. No podemos comparar lo que pasará en Chile con normas legislativas sobre cultura, con lo que ocurría en los regímenes soviético o nazi, en que la legislación tenía por objeto obligar a los artistas y a la gente ligada a la cultura a ponerse a las órdenes de los gobernantes de turno. Por el contrario, en nuestro caso, el hecho de que un Congreso democrático y plural defina la forma en que se manejará la institucionalidad del Consejo Nacional de Cultura y el destino del Fondo Nacional de Cultura, garantiza absolutamente que constituirán un apoyo al mundo de la cultura y no un cepo o un marco rigidizante o discriminatorio.
Por eso, el proyecto en análisis constituye un gran paso en favor del desarrollo de la cultura chilena y, por lo mismo, lo aprobaremos con entusiasmo.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, nos encontramos frente a un proyecto originado en un mensaje del Ejecutivo, relacionado con uno de los temas más sentidos durante años por los actores del mundo cultural de nuestro país y, tal vez, con uno de los aspectos respecto de los cuales, en la etapa de transición a la democracia y de restitución del sistema democrático, como país, tenemos una deuda muy grande.
A continuación, quiero responder algunas de las críticas formuladas aquí.
Me sorprende la del colega Ibáñez , a quien considero un académico valioso, en cuanto a los pueblos indígenas y a la cultura. En verdad, no hay una sola cultura en Chile. Vivo en una región donde existe la cultura atacameña, que ha configurado una entidad. Si miramos cada una de las regiones y las zonas geográficas de nuestro país, nos encontraremos con que hay mucho más que una cultura.
Es cierto que existe la cultura criolla, la cultura chilena, configurada durante la época de la Independencia de nuestro país; pero no se puede negar la existencia de los pueblos originarios y, por lo tanto, el Consejo debe incorporar a las culturas mapuche, coya, aimara, atacameña y otras formaciones prehispánicas que están presentes en nuestra cultura y que podemos ver, sobre todo quienes vivimos en contacto con la realidad de las regiones.
En consecuencia, me parece que ésa es una crítica infundada, y es de esperar que el Consejo pueda interpretar las culturas autóctonas de manera más integral, porque eso permite que podamos tener mayor identidad como país.
Quiero responder también a quienes han dicho que es un proyecto que instala el dirigismo cultural. En todos los países de Europa existe un ministerio de la cultura o una instancia institucional dedicada a ese fin. No podemos acusar a Francia seguramente uno de los países del mundo con mayor desarrollo cultural de ejercer dirigismo a través del Ministerio de Cultura en algún momento fue dirigido por Jacques Lange , y hoy también es dirigido por un gran intelectual francés, porque la conclusión a la cual llegan los Estados es que en la cultura no basta el mercado.
Fíjense ustedes en que hoy estamos exportando un nuevo producto llamado cine. Pues bien, el cine chileno habría sido imposible se lo pueden consultar a Galaz , a Littin, a Larraín y a los grandes directores que están difundiendo el cine en los más importantes festivales del mundo sin el Fondart, sin el aporte del Estado, porque, tal como ocurre con otras disciplinas del arte y de la cultura, para promover el cine no basta con el mercado. Desde el punto de vista del número de habitantes, somos un mercado pequeño, tenemos pocas posibilidades de que nuestros intelectuales salgan al mundo; si el Estado no apoya a nuestros escritores, poetas, cineastas, pintores y escultores para contribuir al desarrollo de algo que es muy fértil en nuestro país, no tenemos posibilidades de efectuar una colocación internacional adecuada.
Este es un país de poetas. Más que de futbolistas lo digo con tristeza porque me encanta el fútbol y soy un diputado colocolino, de grandes deportistas, somos un país de gente de la cultura. Tenemos grandes poetas y pintores, y cuando uno va a Europa y se encuentra con la obra de Roberto Matta , último surrealista vivo en el mundo, se da cuenta del tremendo impacto de nuestra cultura y de las posibilidades potenciales que tienen nuestros artistas, si detrás de nuestros creadores existe una institucionalidad cultural que los respalde.
Por eso, pido a los colegas que sin mala intención han pensado que detrás de esto podría haber dirigismo del Estado, que no adopten esa posición, porque aquí se deberá conjugar, por una parte, el mercado, que opera con sus leyes drásticas respecto de los gustos y la calidad en el ámbito de la cultura, y por otra, una política de Estado que apoye el desarrollo cultural en nuestro país.
Por otro lado, me parece muy importante la constitución del Consejo Consultivo, hecho que debería disipar la preocupación manifestada por algunos colegas, porque en él estarán representadas las regiones me parece un hecho relevante y los rectores de las universidades, habrá premios nacionales de literatura y de otras categorías culturales, y estarán presentes instituciones culturales que representan a la sociedad, con una visión pluralista y diferenciada de lo que significa la cultura, sea por contenido o por disciplina. Está garantizado que en el organismo que se crea no sólo tendrá un presidente con rango de ministro, sino también un consejo consultivo que se preocupará de la cultura y elaborará, en conjunto, lo que podría denominarse identidad cultural, la cual, como país, debemos esforzarnos por lograrla en el marco de la globalización.
En medio de los conflictos que está viviendo el mundo, deberíamos pensar cuán importante es que los países no se diluyan, desde el punto de vista de la cultura. Para eso debe haber presencia y preocupación del Estado, calidad de creación, memoria histórica desde la perspectiva de desarrollar lo que significa la cultura de nuestros pueblos originarios. Ojalá pudiéramos reconstruir en el norte el camino del inca, desde mi región hasta el Perú, porque eso sería una gran contribución a la memoria histórica de nuestros pueblos que, además, nos une con los andinos; ojalá pudiéramos reconstruir nuestra historia dispersa. Esto es parte de un esfuerzo colectivo que debemos realizar en la perspectiva del Chile de 2010.
Por eso, tal como lo hará la mayoría de los parlamentarios, voy a aprobar el proyecto.
Sólo quería lanzar estas pinceladas de diferenciación y distinción sin afán polémico, sino buscando un entendimiento cada vez mayor respecto de los temas culturales.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado don José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, el proyecto que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural es de gran importancia para nuestro país.
Algo se ha hecho en los últimos meses en relación con la cultura, que tiene múltiples facetas, pero debemos hacer mucho más. Por consiguiente, es bueno tener un proyecto de ley que regule este tema.
Además, nos importa que haya un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, de manera que disminuya la centralización del país y se evite que todo quede en la Región Metropolitana. Las cabeceras de regiones sufren por el centralismo y carecen de recursos para realizar actividades culturales en las provincias.
Debemos ser absolutamente justos. En la ciudad de Los Ángeles, provincia de Biobío, se han realizado actividades culturales en los últimos meses, pero, lamentablemente, los encargados de ellas tienen poco menos que pedir limosna para financiar los eventos. Esto no puede continuar. Tampoco es aceptable que se siga proporcionando recursos sólo a las cabeceras de regiones o a la Región Metropolitana.
Esperamos que este proyecto regule adecuadamente esta materia y contribuya al desarrollo de la cultura, razón por la cual la bancada radical lo aprobará.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Queda pendiente la discusión y votación del proyecto.
ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Primer trámite constitucional.
El señor PARETO (Presidente).-
Señores diputados, el Presidente de la República, en uso de sus facultades, viene a poner en nuestro conocimiento que ha resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica, y autoriza la condonación de las deudas que señala.
Si le parece a la Sala, quedará pendiente su tratamiento para el próximo martes, día en que figurará en el primer lugar de la Tabla del Orden Día.
¿Habría acuerdo?
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités, porque este proyecto debe votarse.
El señor MONTES.-
¡Pero no hubo acuerdo para votarlo!
El señor HERNÁNDEZ.-
¡Que se vote ahora! Ése fue el acuerdo de los Comités.
El señor PARETO (Presidente).-
¿Habría unanimidad para votarlo ahora?
El señor HERNÁNDEZ.-
Sí, señor Presidente.
El señor VALENZUELA.-
Para votarlo y aprobarlo.
El señor MELERO.-
¿Está planteando que se vote sin discusión?
El señor PARETO (Presidente).-
Estoy pidiendo la unanimidad para despacharlo, señor diputado.
El señor MELERO.-
¿Para votarlo con discusión o sin discusión?
El señor PARETO (Presidente).-
Sin discusión.
El señor MELERO.-
No hay acuerdo.
El señor PARETO (Presidente).-
No hay acuerdo.
Si le parece a la Sala, se tratará el próximo martes, en el primer lugar de la Tabla.
¿Habría acuerdo?
El señor GARCÍA (don José).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, debo recordarle que el próximo martes estará en Tabla el proyecto de ley de Presupuestos, que no es de Fácil Despacho. Por tanto, no sé si será posible tratar las dos iniciativas. Quizás sería más razonable debatir ésta ahora y sólo dejar su votación para el próximo martes.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se iniciará el debate del proyecto y se votará el martes, como lo ha planteado el diputado señor José García.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Considerando que el señor subsecretario de Desarrollo ha estado absolutamente al tanto de este proyecto, ¿habría acuerdo para que ingresara a la Sala?
No hay acuerdo.
El señor RIVEROS.-
Pido la palabra.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, me da la impresión de que el acuerdo no ha quedado claro en cuanto a la discusión y aprobación del proyecto. Sugiero que reúna a los Comités para lograr unanimidad al respecto, incluso para votarlo hoy.
El señor LUKSIC.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, quiero consultar si este proyecto de ley requiere quórum de ley orgánica constitucional.
El señor PARETO (Presidente).-
Sí, señor diputado.
El señor LUKSIC.-
Entonces, que se vea la próxima semana.
El señor PAYA.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PAYA.-
Señor Presidente, un comentario de sentido común. El hecho de que un parlamentario no haya entendido el acuerdo que ya se adoptó, ¿hace que quede sin vigencia?
Entiendo que el diputado Riveros está pidiendo que se le explique bien el alcance del acuerdo que se adoptó hace un par de minutos.
El señor PARETO (Presidente).-
La Mesa considera que la proposición de iniciar la discusión del proyecto en esta oportunidad y votarlo el martes, debido a que en dicha oportunidad se tratará el proyecto de ley de Presupuestos, es lo más conveniente para la Corporación.
De todos modos, reitero, si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, sugiero tomar el acuerdo de suspender la votación de los proyectos de acuerdo correspondientes al día de hoy, en atención a que vamos a iniciar la discusión de este proyecto.
El señor PARETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Leopoldo Sánchez , y de la de Hacienda, el señor Exequiel Silva.
Antecedentes:
- Mensaje, boletín Nº 2814-06, sesión 10ª, en 30 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 1.
- Certificados de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 2 y 3, de esta sesión.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Lepoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, el proyecto de ley permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, y sobre la materia cabe hacer las siguiente reflexiones.
Debido a la ley de Rentas I, el Fondo Común Municipal dispondrá de más dinero aproximadamente 5 mil millones de pesos, por repartirse entre los 341 municipios del país.
En estricto rigor, con estos nuevos ingresos, cada municipio podrá ordenar lo que se refiere a sus obligaciones previsionales, porque de los 341 municipios, 21 concentran el grueso de la deuda previsional, la que asciende, según informaciones oficiales, a 14 mil millones de pesos a la fecha.
Al Instituto de Normalización Previsional se le adeudan 8.500 millones y 6 mil millones a las AFP y mutuales. Por ley, los municipios pueden rebajar multas e intereses hasta por el 60 por ciento de lo adeudado al INP.
Las tasas de interés y multas que hoy están pagando los municipios deudores son altísimas. De los 14 mil millones que se adeudan, la deuda nominal es de alrededor de 5 mil millones de pesos; el resto corresponde a multas e intereses. Para evitar que esta situación se vuelva a repetir, se establece en el proyecto la sanción por notable abandono de deberes y malversación de fondos.
Por lo tanto, la idea es ser flexible desde septiembre de 2001 para atrás con las deudas pendientes, e inflexible y rígido a partir de octubre de 2001 para adelante. Se ha consultado a la Asociación de Municipalidades y, no obstante haber solicitado un mayor plazo 4 años, en lo posible, sus representantes consideran que es un buen proyecto. También plantearon que la educación y la salud se hacen cada vez más difíciles de afrontar dentro del manejo financiero de los municipios.
La suma global que se destina para el objetivo de esta iniciativa será de 5 mil millones de pesos. Por su parte, el municipio deudor debe suscribir un convenio con el Fisco con la Subdere y la Dirección de Presupuestos por medio del cual se compromete a restituir, en cierto número de cuotas, los fondos anticipados en un plazo máximo de tres años. El pago de dichas cuotas se efectuará mediante el descuento o retención que hace la Tesorería General de la República en la parte del Fondo Común Municipal que a dicho municipio corresponde y de acuerdo con las cuotas pactadas en el convenio.
Las deudas previsionales por cubrir con los anticipos estarán limitadas a aquellas existentes al 30 de septiembre de 2001. El municipio, al momento de celebrar el convenio, debe estar al día en sus compromisos previsionales a partir de octubre en adelante. El surgimiento de nuevas deudas previsionales por parte del municipio durante la vigencia del convenio esto es muy importante constituirá causal de resolución del convenio y hará exigible la restitución total de las sumas anticipadas, lo que se ha llamado cláusula de aceleración.
Considerando que el monto de recursos para la ejecución de la ley es limitado, se definen ciertas condicionantes que permiten a la Subsecretaría de Desarrollo Regional determinar el monto que se le anticiparía a cada municipio, el porcentaje de la deuda que la municipalidad se encuentra dispuesta a asumir, conforme a sus propias disponibilidades financieras; la existencia de convenios de pago vigentes o por celebrar, respecto de parte de la deuda, las acciones realizadas para generar recursos tendientes a la solución de la respectiva deuda previsional, como la venta de activos municipales, la reasignación de fondos y, finalmente, el orden de presentación de las solicitudes de suscripción de convenios.
Las autoridades municipales deben destinar estos recursos sólo al pago de la deuda previsional pendiente. Destinarlos a un fin distinto, constituiría la causal de delito de malversación que contempla una sanción penal artículo 233 del Código Penal y, además, haría incurrir al alcalde respectivo en la causal de notable abandono de deberes.
El proyecto también contiene dos normas finales, que serán de general aplicación en el ámbito municipal y no sólo para los municipios que se acojan a este mecanismo de anticipo. Están dirigidas a incentivar una correcta, eficaz y transparente gestión de las autoridades municipales, contribuyendo, asimismo, a evitar la generación o repetición de los problemas que han requerido la dictación de estas leyes de auxilio y de carácter excepcional.
El proyecto de ley consta de ocho artículos, que fueron tratados en la Comisión de Gobierno Interior.
El artículo 1º se aprobó por unanimidad, sin objeciones.
El artículo 2º se aprobó.
El artículo 3º se aprobó por unanimidad, con una indicación: en su tercer párrafo se elimina la frase “contado desde la vigencia de esta ley”.
El artículo 4º se aprobó por unanimidad.
El artículo 5º también se aprobó por unanimidad.
Los artículos 6º y 7º también.
El artículo 8º y último se aprobó, eliminándose en el primer párrafo, cuarta línea, la frase: “y a iniciativa del alcalde”.
Finalmente, en el último párrafo del artículo 8º, en vez de “ciento veinte días contado desde la fecha de publicación de la presente ley”, por indicación de la Comisión se cambió por “ciento ochenta días contado desde la fecha de publicación de la presente ley”.
Los artículos 2º, 6º, 7º y 8º requieren de 69 votos, por contener materias de ley orgánica constitucional.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva , informante de la Comisión de Hacienda.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, el proyecto tiene como finalidad efectuar anticipos del Fondo Común Municipal a aquellos municipios que tienen deuda previsional.
Es necesario señalar que ella está concentrada en muy pocos municipios, y que la solución sólo es posible dada la recaudación como lo señalaba mi colega Sánchez de la ley de Rentas Municipales, que ha sido mayor de lo que se pretendía.
Esta ley rindió 12 mil millones de pesos más, de los cuales 5 mil millones solucionarán el problema de la deuda previsional con las administradoras de fondos de pensiones y mutuales, es decir, con el sector privado. El resto de la deuda, de 8 mil millones, es con el Instituto de Normalización Previsional.
¿En qué consiste este proyecto? En que los municipios deudores puedan firmar un convenio, de una duración de tres años, por el cual se adelanta fondo común municipal para pagar las deudas previsionales con el sistema privado de pensiones.
Con el INP los plazos son aún mayores, más aún cuando se contempla que este organismo está facultado, por ley, para condonar las multas e intereses.
La principal discusión en la Comisión se centró en cómo hacer justicia en relación con aquellos municipios que mantienen una deuda durante mucho tiempo y son administrados por alcaldes que heredaron la deuda original de sus antecesores.
Hubo algunas indicaciones. Una, presentada por el diputado señor Julio Dittborn , para impedir que continúen los alcaldes que originaron la deuda, la cual fue rechazada. Otra en el mismo sentido, del diputado Andrés Palma , para establecer un castigo pecuniario a aquellos municipios que se endeudaron con las previsiones, mediante intereses, pero igualmente fue rechazada.
Sin embargo, hay diferencias con la Comisión de Gobierno Interior, particularmente en el artículo 2º, donde la Comisión de Hacienda determinó reponer la frase “contado desde la vigencia de esta ley”, que había sido eliminada por la Comisión de Gobierno Interior, bajo el supuesto de que no quiere traspasarle al alcalde que venga la situación que se trata de resolver y que el plazo que señalaba originalmente el proyecto se circunscribía al período del municipio vigente.
Asimismo, se aprobó una indicación para eliminar, en el artículo 6º, la expresión “injustificadamente”. Es decir, aquellos que hayan adquirido deudas previsionales injustificadamente, sufrirán las penalidades que el proyecto estipula.
El diputado señor Espina , entre otros, señaló que la palabra “injustificadamente”, de alguna manera, avalaba que hubiera mecanismos para saltarse el pago previsional, que es obligatorio para cualquier empleador, sea éste del Estado o del sector privado, y, por lo tanto, fue acogida por unanimidad.
Finalmente, la Comisión de Hacienda decidió eliminar y votar en contra el artículo transitorio, dado que manifiesta que la presente ley entrara en vigencia a partir del 1 de enero de 2002, ya que puede hacerlo de inmediato, independientemente de que los fondos estén disponibles a partir del 1 de enero de 2002, con lo cual se facilitará que se empiecen a cursar los convenios y no quedarán nulos los actos contraídos antes de la fecha que se estipula.
Es cuanto debo informar.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, rendidos ambos informes, me quiero referir a un hecho político que fija el escenario de este proyecto de ley.
Valoramos que el Gobierno lo enviara y solicitara urgencia para su tramitación. Es de público conocimiento que se apuró su envío por un hecho judicial, por decirlo de alguna forma: el alcalde de Victoria, Jorge Saffirio , fue recluido en la cárcel de Temuco durante ocho días, por una demanda interpuesta por un deudor respecto de cotizaciones previsionales y de salud impagas por el municipio. Frente a esa situación, se agilizó el envío del proyecto, cuyo objetivo es resolver el problema de las deudas previsionales y de otra índole de una buena cantidad de municipios.
Debemos resaltar este hecho político y decirlo con todas sus letras: fue necesario que un alcalde estuviera preso durante ocho días para que el Gobierno se sensibilizara respecto de la situación que afecta a una buena cantidad de municipios y resolviera el envío del proyecto.
Es de esperar, por los argumentos que voy a intentar dar a continuación, que hechos como el descrito no se repitan, porque es lamentable y genera muy mala imagen, como gobierno y como país, que alcaldes sean detenidos por hechos como éste.
Desde mi punto de vista, las deudas previsionales, en muchas oportunidades, tienen su origen en una mala administración de los gobiernos comunales, concretamente de los municipios. En el caso de la municipalidad de Victoria, el alcalde anterior recibió una deuda de alrededor de 60 millones de pesos, y por mala administración en su período la aumentó a 260 millones de pesos. Hablo de deudas nominales, no de costas, intereses o multas, porque la deuda que tiene hoy ese municipio asciende a alrededor de mil millones de pesos.
Aquí queda en evidencia la responsabilidad de las autoridades comunales, específicamente de los alcaldes. ¿Qué pasa con los alcaldes que endeudan a sus municipios y pierden las elecciones? ¿Quedan absolutamente libres de polvo y paja? ¿No asumen ninguna responsabilidad? El proyecto algo establece al respecto, pero es insuficiente.
También queda de manifiesto la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del Estado respecto de los recursos que entrega a los municipios para financiar el sistema municipal de educación, el cual no es bueno.
Asimismo, es evidente que el sistema de financiamiento que el Estado entrega a los municipios no es capaz de financiar a cabalidad el sistema municipal de educación. El hecho de que se paguen subvenciones por alumno sentado implica necesariamente que ante realidades como la de la Novena Región, donde los inviernos son duros, llueve mucho y hace bastante frío, haya muchos niños de sectores rurales que no puedan llegar a clases. Se mantienen los gastos generales, pero los ingresos por concepto de subvención disminuyen sustantivamente, lo que genera un déficit que en el tiempo se transforma en cifras inmanejables.
He creído necesario dejar al descubierto, clarificar, transparentar el hecho político que generó el envío del proyecto con la urgencia que le ha dado el Gobierno y la diligencia con que lo trataron las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda de la Cámara, pero lamento profundamente que en la Sala no se haya podido votar, porque, sin lugar a dudas, varios municipios y acreedores de ellos por deudas previsionales y de salud esperan la promulgación de la ley para resolver sus dificultades.
El proyecto genera un llamado de atención de las responsabilidades de las autoridades políticas, que se hacen cargo de administraciones ante las cuales, luego del término de sus períodos, no tienen ninguna responsabilidad. Ahí hay un vacío legal, que si bien el proyecto de alguna manera toca, lo hace de manera muy tangencial y no es lo suficientemente claro.
Finalmente, la iniciativa abre un tremendo signo de interrogación una vez más, e invita a la reflexión, al debate y al análisis del financiamiento estatal del sistema de educación municipal, en el que hay tremendos déficit, fundamentalmente en regiones como la de La Araucanía, cuyos recursos no alcanzan a cubrir los requerimientos que el sistema de educación municipal solicita con urgencia.
Aunque parezca extraño y fuera de contexto lo que voy a decir, el proyecto tiene nombre. Desde mi punto de vista, generará la ley Saffirio, porque si no hubiera sido por el encarcelamiento de ese alcalde, a causa de la demanda interpuesta por una AFP o isapre por deudas previsionales, sin lugar a dudas hoy no se estaría tratando con la urgencia calificada por el Ejecutivo.
He dicho.
El señor AGUILÓ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, coincido con el diputado señor Hernández en que tuvo que ser detenido el alcalde de la comuna de Victoria para que la voluntad política del Ejecutivo se materializara en el proyecto que está en debate.
También creo necesario decir que en más de una oportunidad parlamentarios de la Corporación solicitamos que un proyecto de similares características fuera enviado a trámite legislativo, precisamente para prever lo que en su momento pudiera ocurrir no sólo en un municipio del país, sino en varios de ellos. Muchos alcaldes, de no mediar una solución al problema de endeudamiento que afecta a sus municipios, están a las puertas de ser detenidos.
También lamento profundamente que no podamos despachar el proyecto. Si lo votáramos hoy, lo podría ver el Senado mañana y se convertiría en ley con la celeridad que el caso amerita. Es lamentable que por razones de ausencia de parlamentarios en la Sala no logremos reunir el quórum necesario para despacharlo.
También creo que no puede ser excusable el tiempo que el Ejecutivo se tomó para enviar el proyecto, más aún cuando en la Comisión de Gobierno Interior hemos sabido hoy que las conversaciones entre la Asociación de Municipalidades y las autoridades de Gobierno sobre la materia se han sostenido por más de un año.
Entonces, tiene razón el diputado señor Hernández cuando señala que, en definitiva, lo que motivó al Ejecutivo a enviar el proyecto a trámite es el peligro ya no sólo de uno de que muchos alcaldes sean detenidos, en la mayoría de los casos por deudas que no contrajeron, y queden impunes quienes, en definitiva, por mala administración, generaron ese enorme endeudamiento.
Quiero entregar una opinión respecto del proyecto en particular. Estimo que los tres años así lo hice ver en la Comisión de Gobierno Interior que durará el convenio resultarán insuficientes para los municipios más complicados en sus niveles de endeudamiento. En ese tiempo, los alcaldes y los municipios deberán pagar las cotizaciones oportunamente, deberán pagar el convenio del pago de las cotizaciones previsionales que correspondan y, además, deberán pagar los aportes al Fondo Común Municipal.
Me pregunto, ¿con qué recursos los alcaldes de esas comunas harán las gestiones propias del municipio? Si establecemos un plazo de tres años, notificamos a los alcaldes que en los próximos tres años únicamente deberán cumplir la tarea de administrar un municipio para pagar su endeudamiento, pues no tendrán recursos para atender las necesidades sociales que en muchas comunas son realmente muy urgentes, en particular en comunas de la Novena Región, en la que se concentra un enorme número de aquellas calificadas como las más pobres del país.
Esos alcaldes, dado el número de años que les daremos para cumplir sus compromisos, se verán imposibilitados de administrar sus municipios en funciones distintas, en particular en educación.
Considero eso tan injusto como caer detenido por una deuda que no se contrajo; injusto, porque esos alcaldes, legítimamente, pretenden que sus municipios promuevan el adelanto y desarrollo de las comunas, y sin recursos eso es prácticamente imposible.
Respaldo el proyecto, porque es el único camino para apagar un incendio que comienza a tomar proporciones en muchas comunas. No queda más que votarlo a favor y lo haré con mucho gusto, porque no me gustaría, ni por un momento, haber estado en los pantalones de los alcaldes que debieron enfrentar a la justicia y caer detenidos injustamente, como ocurrió con el alcalde Saffirio de la comuna de Victoria.
No obstante, falta la discusión de fondo, y algo mencionó al respecto el diputado señor Hernández. En algún momento la discusión de fondo debe estar orientada al tema de la subvención en educación. Tenemos que avanzar hacia un sistema de subvenciones diferenciadas. No cuesta lo mismo educar a un niño en Arica que en Coihaique o en un sector rural que en otro urbano. Incluso, entre establecimientos educacionales de una misma comuna, los costos de la educación para cada uno de ellos también son diferentes. Por lo tanto, en su momento, debiéramos discutir sobre la necesidad de tener una subvención diferenciada.
De más está decir que estoy de acuerdo con que también avancemos en el tema de que la subvención se pague por matrícula y no por niño presente. Aquí se genera una discriminación absolutamente odiosa respecto de quienes viven en sectores rurales. La mayoría de los niños de sectores urbanos pueden llegar todos los días a su establecimiento educacional, con lo cual se beneficia el municipio, porque cobra la subvención; pero eso no ocurre en los sectores rurales. Una vez más, con esta discriminación arbitraria se posterga a las familias y, particularmente en este caso, a los alumnos o niños que viven en sectores apartados, en centros o lugares rurales, donde muchas veces sus familias deben hacer enormes esfuerzos para enviarlos al colegio.
También debemos avanzar sin duda, es parte de la discusión de fondo en diseñar fórmulas que permitan perseguir a los alcaldes que, como consecuencia de sus malas administraciones, generan deudas gigantescas imposibles de pagar.
El caso del municipio de Victoria es paradigmático, porque el nivel de su deuda está a la par con el monto de los recursos que administra, es decir, con su presupuesto. Técnicamente como me señala el diputado señor Prokurica , es un municipio quebrado; sin embargo, el o los alcaldes que generaron ese endeudamiento hoy observan desde sus casas cómo resolvemos el problema que originaron. Además, no es ningún secreto cómo lo generaron, porque, para mejorar salarios, entregaron extensiones horarias a profesores en forma indiscriminada, muchas veces sin necesidad, porque pasaron por la planilla de educación a cuanto funcionario querían contratar para destinarlo a cumplir otras funciones. En el mundo real, eso es lo que está pasando en las municipalidades, y por eso se generan los tremendos endeudamientos, amén de otros problemas relativos a la subvención.
En definitiva, debe existir un mecanismo para que, al término de su período, las autoridades que dejen los municipios en esas condiciones de endeudamiento puedan ser responsables por el cometido que les correspondió en el tiempo que ocuparon el cargo de alcalde. De lo contrario, es factible hacer una mala administración y endeudar a los municipios hasta el infinito, porque al término de su período le “entregan la pelota” al nuevo alcalde y, como bien dicen en el campo, “si te he visto no me acuerdo”. Nadie asume ninguna responsabilidad.
Por eso es muy necesaria una norma legal es indispensable el patrocinio del Ejecutivo a fin de que un alcalde que utilice los recursos de la subvención escolar en asuntos distintos pueda ser perseguido por malversación de fondos. De lo contrario, no creo equivocarme al decir que el problema que hoy estamos solucionando a través del proyecto deberemos discutirlo nuevamente en unos años más.
He dicho.
El señor AGUILÓ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, me correspondió participar en el análisis y debate de este proyecto de ley en la Comisión de Hacienda y tengo la más íntima convicción de que su aprobación no sólo es necesaria sino que, por una razón de fondo, es urgente.
Resulta absolutamente inaceptable que a los profesores no se les pague su previsión. Muchos han trabajado en municipalidades por años y no tienen su previsión al día. Eso, obviamente, les produce un daño respecto del cual no tienen ninguna responsabilidad directa ni indirecta.
De manera que el aspecto de fondo del proyecto apunta esencialmente a que se haga justicia con aquellos profesores que trabajaron normal y honradamente, y a los cuales, finalmente, no se les hizo sus aportes previsionales.
Otro punto es: ¿en qué condición quedan los alcaldes que han vivido la situación de tener deudas previsionales atrasadas? Víctimas de la situación son aquellos que heredaron, de alcaldes anteriores, una deuda previsional respecto de la cual no han tenido arte ni parte. Por esa razón, varios parlamentarios nos opusimos a que para la devolución del adelanto del Fondo Común Municipal se cobrara intereses, porque es absolutamente inaceptable que a un alcalde que recibe una municipalidad, que desde ya deba pagar intereses por la deuda previsional existente y, además, por el préstamo que se le haga, se le pida pagar nuevos intereses. Ahí hay una cuestión legal de fondo. No es posible que en la legislación chilena se exima de responsabilidad a quien genera una obligación de esta gravedad, como la deuda previsional, y que quien hereda el cargo asuma toda la responsabilidad e, incluso, en una situación excepcionalísima del derecho penal chileno, se establezca la responsabilidad penal objetiva, porque un elemento esencial de la responsabilidad penal o del apremio es que la persona que lo sufre tenga responsabilidad subjetiva en el caso que se aplica, esto es, que actúe con dolo o mala fe o participe en el acto. Resulta inaceptable que, en definitiva, termine preso un alcalde que no tuvo participación alguna en la génesis de la obligación que finalmente deriva en un apremio que consiste en días de arresto.
Quiero adherir a lo siguiente: el alcalde Saffirio , de Victoria lo conocí a raíz de mi campaña senatorial es democratacristiano yo soy de Renovación Nacional, pero es un hombre honesto, honrado, un alcalde que ha hecho una gestión transparente, participativa e integrativa de su comunidad. Es bueno que en esta Cámara quede ese testimonio. Considero una inmoralidad que un alcalde de esas características tenga que estar preso por algo que no hizo. Por lo tanto, concito el apoyo de partidarios y adversarios, desde un punto de vista ideológico, pero coincidentes todos en que su gestión merece el reconocimiento de la comunidad de Victoria, más allá de las diferencias políticas.
Como él, hay otros alcaldes que figuran en una nómina, que tengo consolidada, de otros municipios de la circunscripción a la que estoy postulando. No sé si se trata de deudas de mucho arrastre o del último mes; pero allí aparecen los alcaldes de Angol, de Purén, de Lautaro, de Los Sauces, de Ercilla, de Collipulli y de Curacautín. Este último me ha hecho presente que su deuda está al día y que, por lo tanto, no tiene deuda de arrastre. Probablemente haya otros en la misma situación, como el alcalde de Renaico.
Es bueno que en esta Sala se nombren esas municipalidades para que quede constancia de la realidad que viven los municipios pobres en Chile.
Quiero hacer mención también a que los alcaldes de comunas pequeñas que no pagaron las deudas en su momento, quienes reciben una presión gigantesca de parte de su comunidad para que respondan por una serie de deficiencias sociales respecto de las cuales ellos deben poner la cara: cesantía, pobreza, carencias en salud, en educación y, en algunos casos, hasta en seguridad ciudadana, los cuales, con escasísimos recursos, deben afrontar esa demanda gigantesca. Ahí el tema de fondo es la distribución que en Chile se hace del Fondo Común Municipal. No es correcto que haya municipios que generen 50 mil millones de pesos, y otros, mil millones de pesos. Los primeros no tienen pobreza o sus índices son bajos, pero los segundos presentan mucha pobreza. Eso, desde el punto de vista de la equidad social, es injusto.
Por eso, el Fondo Común Municipal debe ser objeto de un análisis para ver dónde se está concentrando la pobreza en Chile y dónde tienen que destinarse los recursos para paliar esa pobreza.
Además, quiero referirme al tema de las sanciones, puesto que hay una cuestión que el proyecto resuelve a medias.
En primer lugar, para aquellos alcaldes que reciban recursos anticipados del Fondo Común Municipal y no los destinen al pago de la previsión de sus profesores se tipifica el delito de malversación de fondos públicos establecido en el artículo 233 del Código Penal. Y respecto de aquellos alcaldes que en el futuro no paguen los convenios de previsión suscritos con las AFP, o que destinen a otros ítem los recursos que corresponden a educación y a la previsión de profesores, pueden ser acusados de notable abandono de sus deberes.
A mi juicio, esto adolece de un vacío, porque un alcalde que haya hecho una pésima gestión y que le falta seis meses para dejar su cargo, durante los cuales quiera aparecer bien ante la comunidad gastará los recursos de la previsión de los profesores en ese tiempo y cuando se le quiera hacer efectiva su responsabilidad por notable abandono de sus deberes, probablemente la ciudadanía no lo habrá elegido y quedará igualmente impune. Habrá terminado su cargo y cuando se le quiera hacer efectiva la sanción no tendrá cómo cumplirla. De manera que ahí el ministro y el subsecretario del Interior tienen el compromiso de avanzar en cuanto a un mecanismo que realmente garantice la imposibilidad de que estos fondos se destinen. Pero hago una salvedad. ¡Ojo!, gran parte del drama de las comunas pobres del país se debe a que no reciben recursos para responder a las demandas. Filas y filas de personas cesantes se presentan todos los días ante la municipalidad y los alcaldes no tienen recursos. Sin embargo, en comunas ricas, esa plata sobra para obras que no debieran ser prioritarias frente a un país que tiene niveles de pobreza como los que se viven en la Novena Región. Y hay que decir con todas sus letras: al pan, pan y al vino, vino.
Comparto lo que ha dicho el diputado señor José Antonio Galilea en el sentido de que el plazo de tres años, que se introdujo para no dejar al futuro alcalde nuevamente con deudas de arrastre, tiene el problema de que las comunas pequeñas no podrán cumplirlo, porque se les pone una mochila de tal magnitud que, finalmente, lograrán evitar que el alcalde vaya preso; pero, en la práctica, es tal la cantidad de dinero que deben devolver al Fondo Común Municipal que la posibilidad de contar con recursos para inversión social es mínima. Entonces, vuelve la presión sobre los municipios pobres de Chile, mientras insisto hay comunas que cuentan con muchísimos recursos y no tienen pobreza. Ahí hay un nudo de conflictos que debemos resolver si queremos tener equidad social, particularmente en las zonas más pobres del país.
Repito, comparto plenamente las palabras del diputado José Antonio Galilea , quien tiene vasta experiencia sobre un tema que muchas veces hemos comprobado en terreno. La subvención educacional en Chile es un desastre. Ahora, el hecho de que exista una subvención pareja para todos los municipios, no tiene nada que ver con la realidad que existe en regiones. No se puede comparar el costo en educación en Rarirruca, en Collipulli, en Purén o en cualquier comuna de regiones con la que tiene un joven que vive con toda la infraestructura y posibilidades de desarrollo en las grandes ciudades. Lo sé, porque representé a comunas de grandes ciudades; por lo tanto, hablo porque conozco la realidad de las comunas de las grandes ciudades y tengo el privilegio de conocer la de comunas de regiones pequeñas.
Además, la exigencia de que la subvención sea por alumno que asiste a clases, les garantizo que la hizo alguien sentado en un escritorio en Santiago, que en su vida ha recorrido una comuna rural. Objetivamente, suponer que el joven que va a clases deja de asistir voluntariamente y, por lo tanto, castigar a la escuela no pagándole la subvención, es no entender lo que ocurre en el campo. La gente no asiste a clases porque las condiciones climáticas se lo impiden, porque los niños están enfermos o porque los niveles de atención de salud son bajos, pero no porque no quieran. Entonces, aquí hay un tema que hasta ahora no se ha abordado como corresponde en el Parlamento.
Finalmente, quiero referirme al artículo transitorio, que afortunadamente fue suprimido, el cual señalaba que todas las normas empezarán a regir a contar del 1 de enero del año 2002. En la práctica, significaba que toda gestión que se hiciera antes de esa fecha era de nulidad absoluta, porque sólo la ley podía regir, salvo el artículo 8º, a contar del próximo año y toda la gestión para firmar los convenios, para lograr sacar adelante los acuerdos, tenían que iniciarse recién en esa fecha.
Quiero señalar un compromiso importante que nos dio a conocer el señor subsecretario, a quien, entre paréntesis, felicito por su gestión en el sentido de apurar el proyecto. Hay alcaldes que hoy están con apremios y los recursos sólo llegarán el 2002. El señor subsecretario nos dijo en la Comisión de Hacienda que las AFP pido que de esto quede constancia en acta entendían que se postergaba todo apremio hasta el año 2002, porque podemos despachar una ley fantástica, pero los apremios se seguirán aplicando pasado mañana. Con eso, la situación de los alcaldes no está resuelta y, obviamente, la de los profesores tampoco. De manera que me alegro que ese punto se haya resuelto en los términos señalados.
Finalmente, quiero expresar que esta materia debe ser aprobada con urgencia. Según me informó la Secretaría, hoy había 92 diputados presentes. Entiendo que es probable que se tuvieran en consideración distintos factores para postergar su aprobación para el próximo martes, pero la realidad de las cosas es que el proyecto es urgente por el drama que están viviendo muchos alcaldes de todos los colores políticos que hoy, de manera austera, tratan de conducir sus municipalidades. Francamente, están en una situación muy compleja, porque no pueden responder a las legítimas demandas sociales que les hace la gente, debido a la pobreza y a la cesantía que existe y, simultáneamente, mantienen a sus municipios con deudas previsionales. Espero que este proyecto podamos despacharlo a la brevedad para que sea ley y comenzar a regularizar la situación de las municipalidades.
He dicho.
El señor AGUILÓ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, sin duda alguna, este proyecto es necesario, pero bastante complejo.
Quiero partir hablando, no de las comunas que se han mencionado hasta ahora, sino de Antofagasta, en la región de Antofagasta; de Chillán Viejo, en la región del Biobío; de Combarbalá, en la región de Coquimbo; de Coihaique, en la región de Aisén; de Diego de Almagro, en la región de Atacama; de Empedrado, en la región del Maule; de LlayLlay, en la región de Valparaíso; de Nueva Imperial, en la región de la Araucanía; de Palena, en la región de Los Lagos; de Pichilemu, en la región del Libertador General Bernardo O’Hiiggins; de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá; de Puerto Natales, en la Región de Magallanes, y de La Granja, en la región Metropolitana. ¿Qué tienen en común esas comunas? Que sólo deben asumir costos con este proyecto, pero ningún beneficio. No sé quiénes son sus alcaldes, salvo los excelentes alcaldes de las comunas de La Granja y de Antofagasta, señores Claudio Arriagada y Pedro Araya , respectivamente, quienes son mis amigos y sé de sus esfuerzos por el progreso de sus comunas, por superar la pobreza. ¿Y qué tienen en común? Que no tienen deudas previsionales, pese a lo mala que pueda ser la subvención educacional, igual que las comunas rurales de Galvarino, Gorbea , Padre Las Casas, Perquenco , Pucón , Toltén , Traiguén y Villarrica , en la Novena Región, comunas de mucha pobreza que, reitero, no tienen deudas previsionales. Por lo tanto, insisto, la situación es compleja.
Aquí estamos ayudando a resolver un problema que no se debe a la subvención educacional. Soy partidario de que ella sea diferenciada, tema que está en el programa del Presidente Lagos. Sin duda, debemos avanzar en el sentido de que haya subvención educacional diferenciada para los niños con más riesgo y más pobreza, pero estas deudas previsionales no son culpa de dicha subvención. Aquí hubo alcaldes algunos de comunas pobres, pero no todos que optaron por dejar de pagar la previsión para usar esos recursos en otras actividades de sus comunas.
Así como he señalado comunas que tienen cero deuda previsional, voy a mencionar, arbitrariamente, la lista de las que deben cien millones de pesos o más por ese concepto, con lo que los honorables colegas, los funcionarios presentes y quienes sigan esta sesión a través del canal de la Cámara, podrán formarse su propia idea de si estamos hablando o no de las comunas más pobres del país: Valparaíso, San Miguel , Quilpué , Viña del Mar, Santiago , Victoria, El Bosque, Lota , Tomé, Conchalí , Nogales , San Fernando , Villa Alemana, Curarrehue , Estación Central, Puente Alto, Providencia, Linares , Chimbarongo y San Joaquín. Algunas de ellas no presentan problemas financieros ni de pobreza, pero tienen deudas previsionales.
Coincido con el diputado Espina debatimos al respecto en la sesión que me tocó presidir en forma circunstancial en la Comisión de Hacienda, en que se debe analizar quién y por qué causó estas deudas.
Hay municipios que tienen recursos de sobra. Entonces, ¿por qué no están pagando las imposiciones de sus profesores y funcionarios de la salud? ¿En qué están gastando esos recursos?
Otros se han beneficiado con esto, porque el Estado pagaba las deudas previsionales, medida que constituye un castigo para los alcaldes que, teniendo pobreza en su comuna, pagaron esa deudas. ¿Qué beneficios les entregaremos con esta ley? Ninguno, porque los recursos saldrán del Fondo Común Municipal. Es decir, como nos explicó el diputado informante señor Exequiel Silva , dicho Fondo ha tenido un crecimiento superior a lo previsto, de 12 mil millones de pesos, pero en lugar de asignarlos a todos los municipios en la forma usual, sólo repartiremos siete mil millones de pesos y los otros cinco mil millones de pesos los distribuiremos entre los municipios que tienen deudas previsionales.
No digo que no haya que pagar las deudas previsionales. Está bien. Aquí hay personas perjudicadas, como son aquellas que tienen deudas con el INP, con las AFP, con las cajas de compensaciones o con las mutuales y que, por lo tanto, no pueden hacer uso de los beneficios. Sin duda, hay que ayudar a resolver ese problema.
Este proyecto representa un avance respecto de los anteriores que hemos aprobado en relación con la materia, porque establece límites muy estrictos. Por ejemplo, dispone una sanción que puede significar la pérdida del cargo a algún alcalde, la cual se debe perfeccionar. Por esa razón, enhorabuena si hoy no votamos el proyecto, porque permitirá que el Gobierno envíe las indicaciones que le solicitamos en la Comisión de Hacienda. No basta que un alcalde pueda ser sancionado por notable abandono de deberes. Lo dijo el diputado Montes en la Comisión de Hacienda; lo acaba de repetir el diputado Espina : ¿qué pasa si un alcalde se pega la gran farra en los últimos seis meses de su gestión? No alcanzará a ser sancionado por notable abandono de deberes. Al respecto, el diputado Montes planteó la proposición, que respaldo, de que debe existir un compromiso o responsabilidad patrimonial para que ningún alcalde incurra en actos indebidos. Es importante el límite de los tres años, porque estamos hablando de la actual gestión municipal. Es cierto que esto puede traer complicaciones a algunos, pero los recursos se gastaron en sus municipios. De lo contrario, beneficiarían a chilenos que no eligieron a las autoridades que adoptaron esas determinaciones.
Es muy importante hacer transparencia completa y decir las cosas como son. Si uno examina la lista puede ver que hay municipios que aparecen con deudas de cien mil pesos. Eso está dentro del margen normal de demora en la declaración y pago de la previsión. En lo personal, los sacaría de la lista. Hasta un municipio muy pequeño, por un problema de declaración y pago, puede aparecer como deudor de dicha cifra. Eso significa que, a pesar de todas las restricciones, más de la mitad de los municipios está al día. Es decir, con la misma subvención educacional, con los mismos recursos per cápita en salud, algunos, sin embargo, hacen el esfuerzo.
Debemos comenzar a pensar en aquellos municipios que cumplen con la tarea, a los cuales hay que premiar. Aquí, de alguna manera, estamos premiando a aquellos que no han cumplido. Por eso quise iniciar mi intervención mencionando un conjunto de municipios que sí lo han hecho. Entre los de mi distrito, encontré uno que figura en la lista que podríamos denominar mala y dos que aparecen en la lista buena, la de los que cumplen.
Comparto el análisis que hicieron los diputados señores Espina , José Antonio Galilea y Hernández sobre el alcalde de Victoria, señor Eduardo Saffirio. Desde que él llegó al municipio, a pesar de que heredó una deuda, ha pagado todo lo que corresponde en materia previsional. Por esa razón, debemos ayudar a sacar a estos municipios de los problemas en que se encuentran, pero no podemos obviar que hay municipios que, con esfuerzo, siempre han cumplido, a los cuales debemos destacar. Así como el actual alcalde de Victoria ha cumplido, hay otros que siempre lo han hecho y no los podemos perjudicar.
Por lo tanto, aprovechando los días que tendremos antes de la votación del proyecto, quiero solicitar al Gobierno que revise la posibilidad de que los recursos que se asignarán para el programa de salvataje destinado a municipios con problemas, puedan salir de algún otro lugar que no sea el de los municipios que han cumplido, los cuales, aun cuando sea en poco, se verán perjudicados por este proyecto.
He dicho.
El señor AGUILÓ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, sin duda, las municipalidades, al igual que los países, no pueden quebrar; sin embargo, tampoco cabe ninguna duda de que muchas de ellas están absolutamente insolventes.
He escuchado a algunos colegas decir que es lamentable que, a pesar de haber noventa y dos diputados en la Sala, el proyecto no haya sido sometido a votación. Quiero consultar las razones por las cuales se quitó al proyecto la urgencia calificada de “suma”, en circunstancias de que en la Comisión de Gobierno Interior esta mañana nos preocupamos de despacharlo en la forma más rápida posible.
Casi los dos tercios de los excedentes de las rentas municipales deberán ser entregados a las municipalidades de Valparaíso, de San Miguel y de Quilpué, las que, en conjunto, tienen deudas previsionales por 8.743.678.666 pesos. Si agregamos la municipalidad de Viña del Mar, que no es precisamente una de las más pobres del país, la cantidad asciende a 9.649.224.752 pesos. Estas cifras, para la gente de las municipalidades rurales, son absolutamente inalcanzables.
Expresaba, en la mañana, en la Comisión de Gobierno Interior que a mi juicio se trata de un proyecto de ley que no debe ser analizado y votado con tanta prisa. Como versa sobre una materia compleja, que amerita mucha atención, pierde relevancia el hecho de que nos demoremos algunos días más en debatirlo en la Sala. Sabemos perfectamente que lo votaremos la próxima semana, pues estamos esperando las indicaciones del Ejecutivo. Es necesario que así se proceda, porque creo que respecto de una iniciativa sobre la cual no tenemos discusión constante, mayores antecedentes y que será objeto de muchas indicaciones, más vale tomarse un tiempo para elaborar una ley que sea buena y no una normativa que después tengamos que rectificar, como ha ocurrido en muchas ocasiones.
En esto hay que ser muy claros. Aquí no se están poniendo recursos frescos. Son excedentes de las rentas municipales, o sea, los municipios pagarán deudas previsionales cuya cobertura, con toda razón, necesitan los funcionarios, los profesores y toda la gente. Eso lo tenemos absolutamente claro; pero pienso que con esta proposición de ley, al igual que con muchas otras en que hemos concedido perdonazos, se está castigando a los cumplidores y premiando a los que no cumplen.
Tenemos no sólo el caso de las deudas previsionales. Ya que estamos analizando el tema, creo que también se podrían presentar indicaciones respecto de otras deudas que dejan los alcaldes referentes a profesores y de distinta naturaleza.
En la municipalidad de Arica hay juicios entablados contra alcaldes anteriores por más de 847 millones de pesos, acciones judiciales ganadas al alcalde precedente, pero que, con muchas argucias, no se tradujeron en pagos; por lo tanto, es responsabilidad del alcalde actual asumir tales compromisos. Lógicamente, por pagar estas deudas el actual alcalde no puede cumplir con muchos otros compromisos, como son, principalmente, generar empleos que, en este momento todos lo sabemos, se necesitan en forma urgente.
Estoy de acuerdo con lo expresado por el diputado señor Galilea, don José Antonio , respecto de que la única misión de los alcaldes en estos años será reunir fondos para pagar estas deudas.
Me gustaría mucho consultar al Ejecutivo acerca de quién proveerá de otros recursos a las municipalidades para que puedan atender todas y cada una de las propuestas que a diario reciben en todas las funciones que deben desempeñar.
Señor Presidente, me habría gustado mucho votar hoy este proyecto de ley, pero le reitero que estimo preferible discutirlo a fondo. Es necesario que a la comunidad, a la gente, y especialmente a los municipios, les quede muy claro que si hoy no se votó esta iniciativa no fue por culpa de estos diputados, que generalmente son responsables, sino porque se le retiró la “suma” urgencia para posibilitar la presentación de indicaciones con el objeto de perfeccionarla.
He dicho.
El señor AGUILÓ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, no voy a reiterar algunas de las observaciones que aquí han sido formuladas. Particularmente, suscribo en plenitud la expresada por el diputado señor Andrés Palma. Sin embargo, quiero señalar adicionalmente dos aspectos. Primero, que legislar sobre la deuda previsional no es una cuestión inédita en esta Cámara. Ya lo hemos hecho, con anterioridad, en relación con los municipios y con las pymes en cuanto a conceder plazos especiales de suscripción de convenios para cubrir tal deuda; pero no puedo dejar de expresar mi preocupación en torno de este tema, porque esto no debe transformarse en una situación que genere precedentes y que, en definitiva, cada vez que se producen problemas tengamos que legislar en función de situaciones de excepcionalidad.
Digo esto porque hay un punto esencial y significativo que no ha sido señalado en este debate: que quienes pagan la previsión no son los empleadores, sino los mismos trabajadores. Por lo tanto, lo que ha ocurrido aquí no es una deuda propia del empleador en este caso un municipio a través de las corporaciones o de los departamentos de educación municipal, sino que él no ha enterado los recursos descontados a los trabajadores, y ése es el punto que, a mi juicio, también debe llamarnos a preocupación; porque en el fondo lo que ocurre en casos de esta naturaleza, sea quien fuere el empleador, es una suerte de apropiación indebida, y eso debemos siempre dejarlo de manifiesto, independientemente de todas nuestras críticas al sistema previsional de administradoras de fondos de pensiones y de las que hemos formulado reiteradamente a la forma en que se lleva el proceso de capitalización individual. El hecho concreto radica en que el funcionamiento del sistema previsional de capitalización individual es de responsabilidad del trabajador, y, al no integrarse sus recursos, se le está provocando una doble lesión: por una parte, no cumplir con la obligación de enterar sumas que no le corresponden al empleador y, por otra, el impacto negativo sobre la acumulación de los fondos previsionales.
Esto que afirmamos respecto de la previsión para responder ante la contingencia de invalidez, sobrevivencia y vejez, también, obviamente, es válido en el tema de salud, porque todo el sistema previsional hoy en Chile es de responsabilidad y de cargo del propio trabajador.
Señor Presidente, quiero reiterar este hecho precisión que ya hicimos frente a las situaciones excepcionales sobre las cuales hemos legislado, porque no señalarlo, a mi juicio, sería dejar un vacío en torno del tema básico que aquí está presente.
No es una obligación circunscrita al pago de la deuda, sino que reviste gravedad el hecho de no enterar dineros que no pertenecen al empleador en los sistemas de previsión que el país posee.
Por cierto, adhiero a las manifestaciones de comprensión hacia aquellos alcaldes que no tienen responsabilidad propia porque la deuda sobre la cual deben responder fue generada con anterioridad a la asunción de su mandato. Pero, así y todo, creo que en lo que a la previsión se refiere debemos dejar de manifiesto elementos como aquellos a los cuales me he referido en mi intervención.
He dicho.
El señor AGUILÓ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, en verdad hoy estamos debatiendo se votará el próximo martes un proyecto de ley que, estoy seguro, todos quisiéramos no haber discutido, ni siquiera votado, dado el fundamento que lo inspira.
El diputado señor Andrés Palma preguntaba qué ganaría la mayoría de los municipios con este proyecto de ley. Él se contestaba que “nada”. En verdad, la mayoría de los municipios rigurosamente cumplidores van a perder. Habrá 12 mil millones de pesos más para repartir entre los municipios a través del mejor rendimiento del Fondo Común Municipal y, por lo tanto, los municipios cumplidores verán reducidos los recursos que podrían ingresar a sus arcas en el último trimestre del año 2001 o al principio de 2002.
Represento a trece comunas de la provincia de Biobío hay alcaldes de distintos colores políticos, las cuales, con gran esfuerzo, porque tienen mucha pobreza rural, alta cesantía y una serie de dificultades, han cumplido adecuadamente con todas y cada una de las normas legales en la administración de los establecimientos educacionales; y una de ellas, fundamental, es el pago a los profesores no sólo de sus remuneraciones, sino también de sus cotizaciones previsionales. Y a esas municipalidades, que habían previsto una determinada cantidad del Fondo Común Municipal como ingresos, les decimos hoy que ésta se verá rebajada como consecuencia de que hay que traspasar cinco mil millones de pesos a municipalidades o alcaldías que malgastaron o administraron clara y francamente mal los recursos que la ley puso a su disposición para los establecimientos educacionales.
Aquí hay que ser claros. Tanto en el debate del proyecto de ley de 1999 como en éste, nadie ha dicho que estamos frente a un problema estructural, dado que el sistema está generando dificultades por mala gestión. Es más, en la mañana escuchábamos decir al alcalde de Victoria señor Saffirio , que, desde que asumió esa alcaldía, ha pagado religiosamente las cotizaciones previsionales, y estoy seguro de que los ingresos de aquella comuna no han sido modificados sustancialmente respecto de los de la administración anterior.
En los últimos días he hablado con el alcalde de San Miguel señor Eduardo Ramírez , que es la segunda municipalidad con mayor deuda previsional: más de 2.500 millones de pesos. Desde que él asumió esa alcaldía ha pagado puntualmente las remuneraciones y las cotizaciones previsionales; pero hoy se ve enfrentado a que debe pagar una deuda contraída por la alcaldía anterior, que no sólo no enteró las cotizaciones previsionales, sino que tampoco pagó al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, para la segunda comuna más endeudada del país en materia previsional, el proyecto tampoco considera ninguna ventaja real, porque el alcalde anterior, muy famoso porque estuvo a cargo de las inscripciones electorales de los candidatos de la Democracia Cristiana, dejó la deuda previsional y la del Fondo Común Municipal. Sigue siendo destacado dirigente de ese partido. Pensé que lo habrían pasado a un comité de disciplina o de ética. ¡Nada! No les pasa absolutamente nada a quienes han generado esta deuda tan significativa, que, sin duda, daña a profesoras y profesores, con nombres y apellidos.
Estamos frente al típico proyecto en que se castiga a los cumplidores, pero debemos votarlo a favor porque un sinnúmero de profesores requiere que se les pague su previsión con estos recursos, porque distinguidos señores alcaldes prefirieron gastar en otras cosas lo que estaba destinado a ese mismo fin en su momento.
Por ende, hay que hacer claridad sobre lo que votaremos. Estamos castigando a los responsables y ayudando a los irresponsables, que, en la mayoría de los casos, ya fueron sancionados por la ciudadanía. Por lo tanto, también debemos ayudar a los alcaldes que ganaron legítimamente en elecciones populares y que hoy se ven enfrentados a enmendar errores de sus antecesores.
El proyecto, de acuerdo con las cifras y estimaciones entregadas por el Ministerio del Interior, nos permitirá resolver el problema de las AFP. Quedará pendiente el del Instituto de Normalización Previsional, INP. Hay una promesa de solución a ocho años, mediante convenios con ese organismo, de una ley que rebajará las multas y los intereses. Pero siguen presentes las dificultades con el INP y, por lo tanto, es absolutamente dable requerir del Gobierno urgencia y diligencia en el tema, para poder resolverlo a la brevedad.
Los puntos del proyecto que verdaderamente deberíamos discutir con mayor latitud se refieren a las sanciones. Me parece bien sancionar drásticamente a aquellos alcaldes que recibieron fondos anticipados a través de convenios de pago y no los destinan al pago de las deudas previsionales.
Me parece bien castigar a los alcaldes que recaudan recursos para el Fondo Común Municipal y no se los entregan. Es un poco la situación de la municipalidad de San Miguel, en que no hay responsables por no haberse pagado más de dos mil millones de pesos por el alcalde anterior Juan Claudio Godoy , lo que tiene hoy a ese municipio en una situación dramática.
En la Comisión de Gobierno Interior se analizó la posibilidad de sancionar o de declarar como notable abandono de deberes el no pago injustificado de las cotizaciones previsionales.
Quienes defienden esa posición argumentan que la palabra “injustificadamente” del artículo 6º podría precaver toda suerte de permanentes acusaciones de concejales en cuanto a que los alcaldes están en una situación de notable abandono de deberes, porque muchas veces las municipalidades y, en este caso, las más pequeñas y las rurales, tienen dificultades, incluso para pagar sus remuneraciones, si no les llegan oportuna y adecuadamente recursos del Fondo Común Municipal. Es una situación que se da permanentemente en municipios medianos y pequeños de regiones. De manera que dictar una disposición de esa naturaleza puede generar muchas dificultades. Me gustaría mucho más introducir, en la ley de Subvenciones, una normativa fiscalizadora, ejercida por el Ministerio de Educación, mucho más estricta sobre el pago de cotizaciones previsionales con el objeto de no entregar las subvenciones cuando esas cotizaciones no se paguen. Es una medida más estricta que la relativa a las AFP, el INP y la Superintendencia respectiva, para accionar en contra de quien no entere las cotizaciones. Eso me parece más eficaz que dejar aquella norma que, en determinado momento, podría generar dificultades al interior de los concejos e incentivar diferencias de carácter político, lo que puede no ser sano para la adecuada administración de un municipio.
En definitiva, el martes próximo votaremos un proyecto que castiga a muchos municipios que han cumplido con gran esfuerzo; que salva a municipalidades que tuvieron la mala suerte de ser administradas por alcaldes que hicieron una pésima o mala gestión; que beneficia a profesores que tuvieron la mala suerte de trabajar en comunas dirigidas por alcaldes que se apropiaron o gastaron indebidamente los recursos destinados al pago de la previsión de los docentes.
Por ende, estamos trabajando en un proyecto de ley que, reitero, ojalá nunca hubiéramos tenido que tratar ni menos votar.
He dicho.
El señor AGUILÓ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora María Rozas.
La señora ROZAS (doña María).-
Señor Presidente, cuando alguien quiere torcer la historia, lo hace de cualquier manera, y cada vez que escucho al diputado señor Víctor Pérez lamento que haya salido de la Sala percibo que tiene una memoria histórica muy corta, pequeña, porque la deuda previsional de los profesores él debe saberlo, ya que fue parte del régimen militar viene de 1985 en adelante, cuando los profesores fuimos obligados a perder nuestra previsión y tuvimos que incorporarnos en este negocio, la mal llamada “nueva previsión chilena”. Insisto en el tema, aunque me quede sola en esta discusión.
Los profesores, desde 1985 en adelante, dejamos de tener previsión social, porque la de ahora es una obligación de ahorrar en una cuenta individual.
Entonces, si queremos discutir el tema de fondo, no tengo ningún problema en hacerlo.
Los profesores fueron obligados a cambiarse al sistema de las AFP, ya que no se les permitió optar por el sistema antiguo.
En segundo lugar y no siendo el tema en debate, estamos discutiendo sobre la responsabilidad que tienen los alcaldes; los concejales, obviamente, constituyen un organismo fiscalizador en las municipalidades, y los que hoy se han convertido en alcaldes aducen no tener ninguna responsabilidad en lo acontecido; a pesar de que permitieron la apropiación indebida de las platas de los profesores y se hicieron parte de eso, no fueron capaces de denunciarlo a tiempo. Es cosa de escuchar a los concejales y alcaldes que están en la misma posición.
En esa línea, comparto la afirmación de que en la mayoría de los casos están pagando justos por pecadores. Es cierto que hoy algunos alcaldes, como el de Victoria, están asumiendo una responsabilidad cuyo cumplimiento no aceptaron en forma directa. Pero me hago la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo seguimos discutiendo cómo solucionar un problema derivado de un tema que sigue pendiente?
Lo dijo el diputado Riveros tangencialmente: aquí hay apropiación indebida de recursos ajena a la decisión de las municipalidades.
Si bien es cierto que comparto el criterio del diputado señor Espina en cuanto a que debemos modificar la legislación sobre subvención escolar, la cual no es suficiente para solventar todo el sistema educacional municipal y para hacer los cálculos de manera distinta, no lo es menos que los Ministerios de Hacienda y de Educación entregan los sueldos íntegros a los municipios.
Los alcaldes, a través de los funcionarios de confianza, o destinados para ello, hacen los descuentos de las platas de los profesores, y se quedan con ellas, usándolas para otros fines.
Entonces, no le sigamos cambiando los títulos a los problemas y simulando situaciones inexistentes, pues no se puede seguir hablando de “deuda previsional”. Voy a usar los mismos términos que utilicé cuando hemos hablado de la apropiación indebida o robo a los trabajadores del sector privado. No es deuda porque los profesores del país no han prestado sus fondos. No conozco ningún profesor que haya autorizado al alcalde o a las autoridades competentes para que le descuenten sus imposiciones y la plata sea ocupada en otra cosa. Si autorizo, presto, y el no pago de ese préstamo es deuda, como también lo es la suma que no se haya pagado, a pesar de estar estipulada en bonos que no se han entregado por el Gobierno. En este caso, no existe ningún profesor que haya autorizado a autoridad alguna para que le hagan el descuento y se queden con su plata.
En este tema, que no es menor, no haré diferencia alguna entre el caso privado y el municipal, respecto de los cuales efectuaré otro alcance en relación con esta iniciativa.
¿Qué agilidad tienen las AFP para apremiar a los alcaldes “con deuda previsional”, que es apropiación indebida de fondos? ¿Cuántos empresarios están presos por apropiación indebida de la plata de sus trabajadores? Se trata de 130 mil millones de pesos de deuda previsional en época normal, no en tiempo de crisis.
¿Por qué tanta diligencia de las AFP por apremiar y tomar detenidos a los alcaldes? ¿Cuántos empresarios, que deben mucho más y que cuentan con más recursos, están presos? Ninguno, porque las AFP han hecho de esto un negociado, porque saben que el Estado tendrá que solucionar el problema de alguna manera. En cambio, a los privados, por mucha plata que tengan, no se les toca ni siquiera un pelo en situaciones de esta naturaleza.
Comparto el objetivo de solucionar la situación de los profesores no de los alcaldes, quienes no tienen ninguna responsabilidad en toda esta historia, pues no han autorizado que les malversen su dinero. Aquí lo que está haciendo el Estado es responderle a los profesores, pero, al igual que el diputado señor Andrés Palma , creo que debiera buscarse de aquí al martes un mecanismo para que aquello no se haga a expensas del Fondo Común Municipal, el cual debe ser repartido como mecanismo de estímulo a aquellos alcaldes, de Derecha o de la Concertación ¡qué bueno que los haya de todas partes!, que con muchas dificultades han hecho un tremendo esfuerzo por respetar los derechos de los trabajadores de los municipios y también han pagado sus deudas, pero que tienen otro tipo de déficit. Este fondo los puede ayudar a solucionar sus problemas. El Estado debe estimular a aquellos municipios que están haciendo bien su trabajo.
Aunque no soy integrante de la Comisión de Hacienda, quería hacer este alcance. En primer lugar, aquí no se está pagando una deuda a los profesores, sino devolviéndoles dineros que les han quitado sin su autorización.
Insisto, este proyecto no beneficia a los alcaldes, sino a los profesores, quienes no han tenido arte ni parte en este cuento, pero cuyos recursos no fueron utilizados en la cobertura de sus derechos previsionales o de salud.
En segundo lugar, la ley debe sancionar al alcalde que comete este delito; pero también debe responsabilizar al concejo, que muchas veces escucha los argumentos, entiende las ideas y termina respaldando la actuación del alcalde. Hablo del caso de San Miguel, cuyo actual alcalde fue parte y corresponsable de esto, porque en su condición de concejal conoció la situación y respaldó la gestión del ex alcalde en su oportunidad.
A mi juicio, cada uno en su papel debe asumir su responsabilidad cuando se cometen delitos de apropiación indebida de recursos, pues no se trata de una deuda previsional, como se ha mal llamado a este tipo de situaciones.
Expreso mi respaldo al proyecto en general, aunque reconozco que ésta no es la solución. Una iniciativa similar presentó en 1992 y en 1994 don Patricio Aylwin ; luego, en 1997, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , y, hoy, el Presidente Lagos con el mismo objetivo: pagarles a los profesores. Pero no podemos seguir usando los dineros destinados a repartirlos entre las comunas más pobres, en cubrir compromisos de quienes han abusado, sin responsabilidad alguna.
Por encargo del diputado señor Andrés Palma , quiero solicitar urgencia para el despacho del proyecto de rentas II, con el que se pretende solucionar un problema de fondo de los municipios, a fin de que no aduzcan la excusa de que deben emplear sin autorización la plata de los profesores para pagar otras deudas.
Insisto: si no hay autorización de los profesores para emplear los recursos de sus cotizaciones, eso, en cualquier parte, se llama malversación de fondos, tanto en el sector privado como en el público.
Espero que las AFP tengan para con el sector privado la misma diligencia que han mostrado para con los alcaldes. Así se recuperaría mucha más plata, que harta falta hace para solucionar los problemas del sector. Estamos hablando de las empresas grandes, a las cuales hasta hoy no se les cobran multas. Además, no conozco ningún empresario que, habiendo malversado los fondos de los trabajadores, esté preso por esa situación.
He dicho.
El señor AGUILÓ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra en la misma línea de argumentación de la diputada María Rozas sobre el tema de las “herencias” del sistema de educación municipal.
El proyecto trata exclusivamente sobre los recursos del Fondo Común Municipal que se pondrían a disposición de los municipios con grandes deudas previsionales hasta por un monto total de 5 mil millones de pesos. Sin embargo, quiero aprovechar para plantear ojalá que el Ejecutivo lo tome en consideración el tema de la deuda histórica que arrastran los municipios con motivo del traspaso de la educación pública a ellos, sin los respectivos respaldos económicos.
Es así como el decreto Nº 3.551, de 1981, traspasó a los municipios la obligación de mantener los colegios públicos. Y con el correr del tiempo, en 1985, a raíz de un acuerdo del gobierno militar con los profesores sobre la forma de pagarles los reajustes y las asignaciones que les correspondían ese año tiempo en el cual aconteció el terremoto, no se pagó en su oportunidad una parte de estas asignaciones y reajustes que hoy han generado un problema mayúsculo a la mayoría de los municipios, por cuanto los profesores que resultaron perjudicados por la falta de pago de imposiciones han iniciado querellas, con distintos resultados. A la fecha, algunos juicios se encuentran ya con sentencia ejecutoriada que obliga a los municipios a hacerse cargo de una deuda multimillonaria, porque se les ha aplicado IPC, reajustes, multas, etcétera. Es el caso de una de las comunas de mi distrito, San Ramón , donde, por sentencia ejecutoriada, el municipio debe pagar a los profesores, de lo cual se hace responsable al alcalde Pedro Isla , quien, tal como ocurrió al alcalde Saffirio no por mala administración de él, sino que porque esto viene arrastrándose desde 1985, ha debido afrontarlo en un municipio con un presupuesto sumamente reducido. Tiene alrededor de 3 mil millones de pesos para pagar los gastos en salud, en educación, hacer inversiones, personal, etcétera, para una población que supera los 100 mil habitantes.
Ante el impacto económico que este año significa pagar la cuota que se acordó con los profesores para que el alcalde pudiera salir de la cárcel, el Ejecutivo se comprometió a efectuar anticipos del Fondo Común Municipal que no se han cumplido, razón por la cual el alcalde se verá en la dura necesidad de enfrentar el mismo problema del año anterior.
Pienso que los problemas se deben afrontar de una vez por todas, así como se está haciendo con este proyecto, porque, si bien es cierto que acojo todo lo dicho respecto de los que cumplen o no cumplen o de los que administran bien o administran mal, los perjudicados son personas que nada tienen que ver con el problema: los profesores. Se buscó una fórmula y se llegó a acuerdo con las administradoras de fondos de pensiones, para que se pueda hacer así.
Ese mismo espíritu reclamo para esta otra situación, que es exactamente igual, que está condenando a municipios muy pobres a destinar gran parte de sus presupuestos a salvar situaciones en las que nada tiene que ver la administración municipal, porque, vuelvo a repetir, el gobierno de 1985 tomó la decisión de no pagar estas asignaciones, lo cual ha generado deudas multimillonarias.
Pido que el Ejecutivo, ojalá dentro de los días que faltan para el martes próximo, introduzca, por la vía de la indicación, un artículo que agregue al Fondo mil millones adicionales para ser repartido en los municipios que han sido notificados de la sentencia ejecutoriada que deben cumplir.
He dicho.
El señor AGUILÓ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, con respecto al último punto mencionado por la diputada Caraball , quiero decir que el municipio de Concepción, que perdió el juicio, debe pagar ahora 4 mil millones de pesos. Otros municipios lo han ganado, lo que quiere decir que hay jurisprudencia para uno u otro lado.
Si bien es cierto debe pagarse la deuda, el municipio no está en condiciones de hacerlo. Tengamos presente que la municipalidad de Concepción debe 4 mil millones. Imaginemos lo que eso serviría a la municipalidad de Talca, por ejemplo.
Por lo expuesto, ojalá que en este proyecto el Gobierno pueda incluir algún apoyo para los municipios que perdieron el juicio, para que tengan la oportunidad de pagar, tal como se les está dando a los que dejaron de pagar la previsión a sus trabajadores, en este caso, de la educación.
He dicho.
El señor AGUILÓ (Presidente accidental).-
De esta forma queda cerrado el debate sobre este proyecto, el cual se votará al término del Orden del Día de la sesión del martes 6 de noviembre, en la mañana.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.35 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
ANEXO SESIÓN
Moción del diputado señor Navarro.
Proyecto de reforma al DFL Nº 120, de Hacienda, ley orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia. (boletín Nº 2815-05)
Entre las instituciones que conforman la administración del Estado tenemos una que pocos podrían asociar directamente con el Fisco y con funciones de orden público. Se trata de la “Polla Chilena de Beneficencia”, institución fundada en 1934 y que hoy tiene la forma de una sociedad anónima del Estado, que constituye jurídicamente una empresa del Estado, creada por ley y sujeta a las leyes y demás normas que rigen a la administración del Estado.
Su objeto específico es administrar juegos de azar, garantizar la fe pública y generar recursos al Estado y a las instituciones que su estatuto jurídico contempla.
El referido estatuto comprende en primer término a la ley Nº 5.443 de 1934 que crea la Polla Chilena de Beneficencia, el decreto con fuerza de ley Nº 120 de Hacienda de 1960 que “fija normas por las cuales se regirá la empresa del Estado denominada Polla Chilena de Beneficencia”, el decreto ley Nº 2413 que introduce diversas e importantes modificaciones al DFL Nº 120/60, el decreto supremo Nº 152 de Hacienda de 1980 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 120/60, y diversos cuerpos legales más dictados a partir de la existencia legal de la Polla que modifican o complementan en parcialidades a esta institución o sus juegos.
Conforme a su estatuto jurídico, Polla Chilena paga de los ingresos líquidos percibidos por concepto de las ventas de sus 6 juegos de azar, un 15% al Fisco por concepto de impuesto especial contemplado en el art. 2 de la ley Nº 18.110 (art. 10 del DFL 120). Del remanente, esto es del 85%, un 60% son destinados a premios de los juegos, un 5% nuevamente va al Fisco bajo el concepto de “rentas generales de la Nación” (art. 10 DFL 120), un 30% ingresa al patrimonio de la Polla y el 5% restante se distribuye entre los beneficiarios que establece la propia ley y en la forma que ella indica en su art. 13.
Los denominados “beneficiarios” son, conforme al art. 13 del DFL 120, 14 instituciones, la mayoría privadas sin fines de lucro -corporaciones o fundaciones- que cumplen funciones públicas y sociales relevantes y que en su conjunto tienen el privilegio de percibir la no despreciable suma de 7.239 millones de pesos según otras de Polla para 1999.
Estos montos son desproporcionada y arbitrariamente distribuidos entre los beneficiarios legales sin un criterio claro y lógico, que no es susceptible de modificar si no es por ley, por cuanto ha sido el legislador de la época -Junta de Gobierno- el que determinó en los años 80 los porcentajes de distribución.
Entre los beneficiarios encontramos instituciones como Fonasa, Bomberos, instituciones de menores, ancianos y discapacitados que son beneficiados con cifras anuales tan dispares que van de los 6 millones anuales a los 122 millones. Al respecto, lo que no deja de llamar la atención y sorprender es que, por ejemplo, la cifra más elevada la lleva Cema-Chile, con 122 millones anuales, en tanto instituciones como Fonasa sólo lleva 15 millones.
El presente proyecto de ley, consciente del capricho de la ley en comento, tiene por objeto revisar y corregir precisamente esta situación consagrada en el DFL 120 por medio de una enmienda a las disposiciones que se refieren a los beneficiarios.
El objeto es replantear quiénes pueden ser beneficiarios de estos fondos públicos y proponer una nueva distribución de los dineros fiscales. Ello por cuanto no aparece plenamente justificado el porqué se beneficia a determinadas instituciones privadas que figuran en la ley de Polla, en desmedro de cientos de otras que integran el quehacer nacional y que no son destinatarias del beneficio, y por otro lado, terminar con un sistema distributivo totalmente arbitrario y desigual entre los beneficiarios existentes.
Beneficios justificados e injustificados
En el listado de instituciones beneficiarias de la ley de Polla existen algunas que aparecen injustificadamente y que en consecuencia deben salir del listado en beneficio de aquellas otras que sí merecen el apoyo económico estatal y que además debieran incrementar sus fondos para así cumplir mejor su labor en favor de la comunidad.
Los criterios que se proponen para la inclusión y exclusión son los siguientes:
1. En primer término deben mantenerse aquellas instituciones que trabajan y realizan labores de beneficencia y asistencia a menores. Ellas como señalamos además se beneficiarán con los mayores aportes de las que se excluyen. Estas instituciones son:
-Comité Nacional de Jardines Infantiles y de Navidad.
-Consejo de Defensa del Niño.
-Corporación de Ayuda al Menor, Cordam.
2. De igual modo debe beneficiarse e incrementarse el beneficio para aquellas instituciones que trabajan y asisten a discapacitados. Ellas son:
-Corporación de Ayuda al Niño Limitado Coanil.
-Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado.
3. En tercer término también ha de mantenerse el apoyo a la única institución que figura en apoyo a la ancianidad denominada “Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad”.
4. Finalmente, debe mantenerse otro importante grupo misceláneo de instituciones que, sin lugar a dudas, cumple funciones sociales muy deficitarias desde el punto de vista presupuestario. Ellas son:
-Fonasa.
-Cruz Roja de Chile.
-Bomberos de Chile.
5. Deben excluirse las demás instituciones en atención a que respecto a ellas concurre una o más de las consideraciones siguientes:
a) No van en ayuda de grupos de riesgo o altamente vulnerables como los anteriormente mencionados: menores, discapacitados, ancianos.
b)Corresponden a entidades con fines particulares y a instituciones privadas de educación que no tendrían por qué beneficiarse de manera especial por un fondo estatal, existiendo muchas otras instituciones públicas o privadas que cumplen los mismos o similares fines sin percibir beneficio alguno de esta ley.
c) Sus balances o estados financieros, informados al Ministerio de Justicia no son satisfactorios, ya sea porque no han informado sus movimientos o porque éstos no están actualizados o porque estando al día no reflejan claramente la forma en que se han invertido sus recursos.
d) Su situación financiera consolidada no los hace merecedores de un aporte fiscal directo y especial.
Cema Chile
Mención especial merece Cema Chile, la institución que conforme a sus estatutos persigue “el bienestar material y espiritual de la mujer chilena”, siendo la más beneficiada con los aportes de la Polla con un 20%.
Sobre ella y sus actividades habría que señalar que el Estado, con el advenimiento de la democracia, se ha hecho cargo de manera importante, masiva y al más alto rango de la multiplicidad de la problemática que rodea a la mujer creando y destinando importantes recursos a nivel ministerial y de servicios públicos para este sector de la sociedad, a través del Servicio Nacional de la Mujer entre otras instituciones.
Paralelamente, Cema Chile ha logrado un nivel de autonomía y financiamiento tal -que bordea los US$ 2 millones anuales- con fuertes aportes municipales a lo largo de todo el país que no resultan compatibles con la exigua subvención fiscal de Polla destinada a asistir a instituciones benéficas con permanentes problemas de financiamiento.
Atendido ello es que no resulta muy justificable una subvención especial por parte del Estado a Cema Chile.
En consecuencia, proponemos por este proyecto de ley eliminar aquellas instituciones que no se ajustan a los criterios antes señalados, para luego redistribuir los ingresos originalmente asignados, entre las instituciones restantes con lo que se logra un efecto muy importante, cual es fortalecer presupuestariamente a quienes realmente exigen del aporte estatal.
De este modo, por el presente proyecto de ley dejan de tener la calidad de beneficiarios de los ingresos de la empresa estatal Polla Chilena de Beneficencia, las siguientes instituciones:
1. Fundación Graciela Letelier de Ibáñez Cema Chile.
2. Fundación Septiembre.
A su vez, y como consecuencia de la derogación de los anteriores beneficiarios, se propone una reasignación de los recursos que ellas perciben entre las instituciones que Conail, Cordam, Bomberos y Cruz Roja las que se verán fortalecidas y beneficiadas en lo financiero sin tener que generar recursos fiscales nuevos y por medio de una predestinación legal de recursos que nos parece justa y fundamental. Todas las instituciones beneficiadas por este proyecto aumentarán sus ingresos llegando en el caso de Bomberos de Chile a un 26%.
Por estas consideraciones es que sometemos a vuestra consideración el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Refórmase el decreto con fuerza de ley Nº 120 de Hacienda, ley orgánica de la Polla Chilena de Beneficencia, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por decreto supremo Nº 152 de 1980, en el siguiente sentido:
1. Elimínanse del art. 13 los siguientes numerales y las instituciones que en ellos se hace referencia:
“9.- Fundación Graciela Letelier de Ibáñez-Cema Chile 20%”.
“11.- Fundación Septiembre 1,5%”.
2. Modifícanse los restantes numerales del art. 13 en cuanto a sus expresiones numéricas de la forma que se indica a continuación:
-Modifícase en el numeral 5 “Corporación de Ayuda al Menor Cordam” la expresión “10%” por “13%”.
-Modifícase en el numeral 6 “Corporación de Ayuda al Niño Limitado Coanil” la expresión “10%” por “13%”.
-Modifícase en el numeral 7 “Cruz Roja de Chile” la expresión “2%” por “10%”.
-Modifícase en el numeral 8 “Cuerpo de Bomberos de Chile” la expresión “15,5%” por “23%”.
Moción de las diputadas señoras Pía Guzmán, María Angélica Cristi y Laura Soto y de los diputados señores Cardemil, Elgueta, Ojeda y Patricio Walker.
Establece inmediatez de la investigación en caso de desaparecimiento de menores de 18 años. (boletín Nº 2816-07)
1. Que los últimos acontecimientos ocurridos en Alto Hospicio, comuna de Iquique, han demostrado fehacientemente que el trabajo policial en la búsqueda de menores desaparecidos no sólo es tardío, deficiente, sino que -además- discriminatorio. Tardío, porque la investigación policial sólo se inicia 48 horas después del desaparecimiento del menor, sin que exista norma legal alguna que así lo establezca. Deficiente, porque la investigación se limita a una serie de interrogatorios a los familiares de las víctimas y sus amistades, sin que exista una efectiva movilización y coordinación policial para la inmediata búsqueda del menor. Y discriminatorio, porque es sabido que si el menor desaparecido es hijo de un empresario, político o personaje público, jamás se esperarán las 48 horas y las fuerzas policiales se movilizarán ágilmente y con la mayor presteza para encontrarlo.
2. Que lo sucedido en Alto Hospicio es una dramática comprobación de lo dicho anterior-mente respecto de nuestras policías, así como de la indiferencia de otras autoridades a quienes recurrieron los familiares. La pobreza y la marginalidad no pueden ser un impedimento para ejercer el máximo rigor en el ejercicio de la labor investigativa. Lo que allí sucedió nos avergüenza y como legisladores nos obliga a buscar soluciones concretas que, lamentablemente ya no pueden ayudar a las víctimas ni a sus familiares, pero sí pueden evitar otros dramas. Este es un caso en que una moción parlamentaria puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de un niño o una niña.
3. Que el problema concreto es que nadie se hace responsable de lo que le suceda a estos menores dentro de las 48 horas en que la policía no actúa. Se sabe que en nuestro país existe una gran cantidad de menores desaparecidos, por diversas causas, una de las cuales es la pornografía infantil, la pedofilia y un incipiente turismo sexual que afecta a estos niños y adolescentes.
4. Lo sucedido en Alto Hospicio es una alerta, pero no olvidemos los numerosos casos de niños que son raptados, violados, a veces torturados, mientras son filmados, para pasar a ser las indefensas víctimas de una red u organización con ramificaciones internacionales, que se dedica a dar placer sexual a los pederastas que se mueven por el mundo, que acumulan videos con pornografía infantil o que navegan en Internet para encontrar los portales que les dan dicha satisfacción.
5. Lo anterior sucede casi siempre dentro de las 48 horas en que la policía espera que el menor aparezca. A veces sucede, pero en condiciones físicas y sicológicas que nunca podrá superar en su vida. Otras, es encontrado muerto, como tantos que hemos conocido en los últimos años.
Por lo tanto, queremos aportar con una modificación legal concreta, que incorporada al nuevo Código Procesal Penal, como también al antiguo, mientras éste rija, a fin de que las policías y los fiscales (en el primero de los casos), estén obligados a investigar de inmediato cuando el desaparecido sea un menor de edad.
En base a las consideraciones precedentes, someto a la aprobación de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- Agrégase al Código de Procedimiento Penal, en su versión oficial aprobada mediante decreto Nº 3.579, de 1944, y sus modificaciones posteriores, a continuación del artículo 137, el siguiente artículo 137 bis, nuevo:
“Artículo 137 bis.- En caso de desaparecimiento de menores de 18 años la investigación deberá iniciarse inmediatamente de presentada la denuncia o querella”.
Artículo 2º.- Agrégase al Código Penal, aprobado mediante ley Nº 19.696, el siguiente inciso segundo al artículo 77:
“En caso de desaparecimientos de menores de 18 años la investigación deberá iniciarse inmediatamente de presentada la denuncia ante el fiscal o cualquiera de las policías”.