Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Waldo Mora Longa
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- RÉPLICA A CRÍTICAS A BANCADA DEL PARTIDO SOCIALISTA. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- V. ORDEN DEL DÍA
- REGULARIZACIÓN DE POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES FISCALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Mario Alberto Acuna Cisternas
- INTERVENCIÓN : Marina Prochelle Aguilar
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- DEBATE
- DEBATE
- PROHIBICIÓN DE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE FUNCIONES DE CONDUCTOR Y DE COBRADOR EN LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- MODIFICACIONES A LA LEY Nº 17.322 Y A OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- DEBATE
- REGULARIZACIÓN DE POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES FISCALES. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCORPORACIÓN A DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS RURALES A BENEFICIO DE LEY Nº 19.715. (Votación).
- DEBATE
- RECURSOS PARA PROGRAMAS DE EMPLEO EN COMUNAS DE LOTA Y CURANILAHUE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Haroldo Fossa Rojas
- Maria Pia Guzman Mena
- Edmundo Villouta Concha
- Pablo Galilea Carrillo
- Pablo Lorenzini Basso
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Ivan Moreira Barros
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCORPORACIÓN A DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS RURALES A BENEFICIO DE LEY Nº 19.715. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- INFORMACIÓN SOBRE LAS BRIGADAS ESCOLARES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- REPOSICIÓN DE ASFALTO EN CAMINO DE ANGOL A LOS SAUCES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE DE TELÉFONOS RURALES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- ADHESION
- Sergio Velasco De La Cerda
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Edmundo Villouta Concha
- ANOMALÍAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCTORES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Velasco De La Cerda
- ENVÍO A COMISIÓN ESPECIAL DE ANTECEDENTES DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Oficio.
- INTERVENCIÓN : Victor Reyes Alvarado
- ENTRADA EN VIGENCIA DE REFORMA PROCESAL PENAL EN LA REGIÓN DEL MAULE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Homero Gutierrez Roman
- DEFENSA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE CHILOÉ EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL CANAL DE CHACAO. SALUDOS A CLUBES DEL ADULTO MAYOR. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD SATÉLITE EN QUELLÓN. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- MEDIDAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE SALUD EN CHILOÉ. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- TRASPASO DE PROFESORES A ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Miguel Ortiz Novoa
- HOMENAJE A LA CIUDAD DE CHAÑARAL EN SU 168º ANIVERSARIO. Oficios.
- HOMENAJE : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- FACILIDADES PARA LA JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Masferrer Pellizzari
- OBRAS PÚBLICAS EN COMUNA DE SAN FERNANDO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Masferrer Pellizzari
- INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSOS DE LA INTENDENCIA DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Masferrer Pellizzari
- ADHESION
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Masferrer Pellizzari
- ESTABLECIMIENTO DE NORMA SIMILAR A LA DETENCIÓN POR SOSPECHA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- ADHESION
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- RECURSOS PARA TERMINACIÓN DE LA QUINTA COMISARÍA DE TALCAHUANO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- ADHESION
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INFORME SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- SUSPENSIÓN DE REMATE DE VIVIENDAS POR DEUDAS HIPOTECARIAS. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Tuma Zedan
- SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL ACERO.
- INTERVENCIÓN : Victor Barrueto
- INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gutenberg Martinez Ocamica
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Francisco Bartolucci Johnston
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Zarko Luksic Sandoval
- Jaime Rocha Manrique
- Laura Soto Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 9ª, en miércoles 17 de octubre de 2001
(Ordinaria, de 10.50 a 14.33 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis, y Valenzuela Herrera, don Felipe.
Presidencia accidental del señor Villouta Concha, don Edmundo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia ........................................................................................................ 7
II.Apertura de la sesión ..................................................................................... 11
III.Actas................................................................................................................ 11
IV.Cuenta ............................................................................................................. 11
-Réplica a alusión personal. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento) ....... 11
-Réplica a críticas a bancada del Partido Socialista. (Aplicación del artículo
34 del Reglamento) .......................................................................................... 11
V. Orden del Día.
-Regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales. Primer trámi-
te constitucional ............................................................................................... 12
-Prohibición de desempeño simultáneo de funciones de conductor y de
cobrador en la locomoción colectiva. Segundo trámite constitucional............ 28
-Modificaciones a la ley Nº 17.322 y a otras normas de seguridad social. Pri-
mer trámite constitucional................................................................................ 30
VI.Proyectos de acuerdo.
-Incorporación a directores de establecimientos rurales a beneficio de ley
Nº 19.715. (Votación) ...................................................................................... 33
-Recursos para programas de empleo en comunas de Lota y de Curanilahue .. 33
VII.Incidentes.
-Investigación y fiscalización de procesos de licitación y construcción de
establecimientos educacionales. Oficios.......................................................... 36
-Información sobre las brigadas escolares. Oficio ............................................ 38
-Reposición de asfalto en camino de Angol a Los Sauces. Oficio.................... 39
-Funcionamiento deficiente de teléfonos rurales. Oficio................................... 39
-Anomalías en el funcionamiento de escuelas de conductores. Oficios............ 40
-Envío a Comisión especial de antecedentes de convención interamericana
sobre las personas con discapacidad. Oficio.................................................... 41
-Entrada en vigencia de reforma procesal penal en la Región del Maule. Ofi-
cio..................................................................................................................... 42
-Defensa de la identidad cultural de Chiloé en construcción de puente sobre el
canal de Chacao. Saludos a clubes del adulto mayor. Oficios......................... 43
-Construcción de ciudad satélite en Quellón. Oficio......................................... 44
-Medidas para mejorar la atención de salud en Chiloé. Oficios........................ 45
-Traspaso de profesores a antiguo sistema previsional. Oficios........................ 45
Pág.
-Homenaje a la ciudad de Chañaral en su 168º aniversario. Oficios................. 47
-Facilidades para la jubilación de los empleados públicos. Oficio.................... 48
-Obras públicas en comuna de San Fernando. Oficio ....................................... 48
-Información sobre destino de recursos de la intendencia de la Sexta Región.
Oficios.............................................................................................................. 48
-Establecimiento de norma similar a la detención por sospecha. Oficios ......... 49
-Recursos para la terminación de la Quinta Comisaría de Talcahuano. Oficios 50
-Informe sobre adjudicación de proyecto de estabilización de residuos peli-
grosos. Oficios ................................................................................................. 51
-Suspensión de remate de viviendas por deudas hipotecarias. Oficio............... 52
-Situación de la industria del acero ................................................................... 53
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, re-
caído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que crea el Conse-
jo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (boletín
Nº 2286-04)...................................................................................................... 55
2.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia
calificada de “simple”, que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo
Nacional de Desarrollo Cultural (boletín Nº 2286-04) .................................... 87
3.Moción de los diputados señores
Martínez, don Gutenberg
;
Bustos
,
Bartolucci
,
Cardemil
,
Elgueta
,
Luksic
,
Rocha
, y de la diputada señora
Soto, doña Laura
,
referida a las acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de pro-
tección (boletín Nº 2809-07)............................................................................ 98
4.Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual remite copia autorizada de la
sentencia dictada en el proyecto que introduce adecuaciones de índole tribu-
taria al mercado de capitales y flexibiliza el mecanismo de ahorro voluntario
(boletín Nº 2720-05) ........................................................................................ 108
5.Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto
del proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos
de los consumidores (boletín Nº 2787-03)....................................................... 110
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del jefe de la bancada de la Democracia Cristiana por la cual informa que el diputado señor Mora reemplazará en la Comisión de Presupuestos, Subcomisión de Defensa, al diputado señor Silva, y el diputado señor Rincón reemplazará en la Primera Subcomisión al diputado señor Jocelyn-Holt.
2. Oficios:
-Por los cuales se solicita cambio de Comisiones de los señores diputados que se indican:
a) En la Comisión Mixta de Salud, (boletín Nº 2020-11), se reemplaza al diputado señor Ojeda por el diputado señor Lorenzini.
b) En la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, se reemplaza al diputado señor Dittborn por la diputada señora Guzmán, doña María Pía, y
c) En la Primera Subcomisión Especial de Presupuestos el diputado señor Ortiz reemplazará al diputado señor Jocelyn-Holt.
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Kuschel, aportes fiscales y endeudamiento de universidades estatales.
-De los diputados señores Delmastro, Kuschel, Ortiz, Tuma y Rosauro Martínez, cobro de peaje en la doble vía de la Ruta 5, tramo Temuco y Río Bueno. (036356 al 8592)
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Masferrer, planes de desarrollo agrícola rural. (0651 al 10870)
Ministerio de Justicia
-De los diputados señores Caminondo, Kuschel, Rosauro Martínez y Delmastro, eliminación del Registro Nacional de Conductores. (4162 al 8125 y 11079)
Ministerio de Defensa Nacional
-Del diputado señor Reyes, diputada señora Rozas, diputados señores Gutiérrez, Jaramillo, Luksic, Ojeda, Rincón y Villouta, instalación de unidad policial en sector de Puerto Varas. (1492 al 10854)
-Del diputado señor Navarro, varamiento y encallamiento de naves. (4583 al 10481)
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor García-Huidobro, fiscalización planta de limpieza de gases Nº 2, Caletones. (841 al 10785)
-De los diputados señores Ceroni, Sánchez, Jaramillo, Navarro y Álvarez-Salamanca, reunión de Comisión Nacional del arroz. (820-A al 10614)
Ministerio de Salud
-De los diputados señores Rincón y Velasco, inversión en comunas de Graneros y San Francisco de Mostazal. (6528 al 10567)
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Delmastro, pavimentación de Parque Saval, Isla Teja. (2493 al 10788)
-De los diputados señores Ortiz, Caraball y José García, informe sobre pavimentos participativos. (2466 al 11001)
-Del diputado señor José Pérez, procedimientos empleados en construcción de viviendas en Alto Biobío. (2444 al 10921)
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del diputado señor Kuschel, niveles y evolución de cargos por servicio de línea telefónica. (35163 al 10608)
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (87)
Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Díaz Del Río, Eduardo DEL
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos,
Sergio Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
-Asistió, además, la ministra directora de la Oficina de Planificación Nacional, señora Alejandra Krauss.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.50 horas.
El señor PARETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor PARETO (Presidente).-
El acta de la sesión 2ª se declara aprobada. El acta de la sesión 3ª queda a disposición de las señoras y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor PARETO (Presidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
El señor PARETO (Presidente).-
Para los efectos establecidos en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri .
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, en la mañana de hoy el diputado señor Eduardo Díaz del Río formuló violentas declaraciones a una radioemisora, por medio de las cuales criticó la actuación de los diputados del Partido por la Democracia y del Partido Socialista en la sesión de ayer, cuando se votó el artículo 21 del proyecto que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de drogas. El señor diputado agregó que era doblemente lamentable que diputados de la Alianza por Chile, presentes en la Sala, no hubieran votado. Y dijo, específicamente, “deseo señalar al diputado Gustavo Alessandri ”.
Al respecto, quiero aclarar que en esa sesión voté dos veces el artículo 21, y luego, requerido con urgencia para atender una llamada telefónica, me ausenté de la Sala dejando mi tarjeta puesta en el escritorio, sin saber que la Mesa llamaría por tercera vez a votar la misma disposición. Posteriormente, cuando me reintegré al hemiciclo, voté una disposición que era mucho más dura: la sugerencia que hizo la Comisión especial de Drogas a la Cámara de Diputados.
Lamento esta situación. Podría decirse que el diputado Díaz es muy joven, pero también que es un alumno mediocre, ya que, después de haber estado durante cuatro años en esta Corporación, debiera haber aprendido cuál es el trato que corresponde entre los parlamentarios.
Termino recordando a quien corresponda aquel viejo dicho popular: “¡Qué sabe de mala ralea el que empuerca su propio nido!”.
He dicho.
RÉPLICA A CRÍTICAS A BANCADA DEL PARTIDO SOCIALISTA. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
El señor PARETO (Presidente).-
En virtud del artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista ha sido criticada por su votación en el artículo 21 del proyecto que sustituye la ley de drogas. Al respecto, quiero aclarar que votamos contra esa disposición por su errada redacción, la que permitiría que un gerente de banco, de una institución hospitalaria, de una empresa de productos alimenticios, de una institución dedicada a los medicamentos o el director de una escuela puedan consumir cualquier tipo de drogas y en la cantidad que quieran, sin tener ninguna responsabilidad. Por eso, por el carácter eminentemente discriminatorio, votamos en contra de esa disposición. En cambio, nos pronunciamos a favor del inciso tercero de ese artículo, que establece la posibilidad de realizar controles -exámenes- de consumo de drogas, porque estimamos que es lo que corresponde. Esa fue nuestra posición; en cambio, la Derecha no votó este inciso.
He dicho.
V.ORDEN DEL DÍA
REGULARIZACIÓN DE POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES FISCALES. Primer trámite constitucional.
El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde conocer el proyecto, en primer trámite constitucional, que regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales. Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Mario Acuña, y de la de Hacienda, la señora Marina Prochelle.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2758-12, sesión 20ª, en 31 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Recursos Naturales y de Hacienda, sesión 4ª, en 9 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 12 y 13, respectivamente.
El señor PARETO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para votar la iniciativa a las 12.30 horas, por cuanto en este momento no existe el quórum requerido para ningún proyecto?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado informante señor Mario Acuña .
El señor ACUÑA.-
Señor Presidente, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente informa, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales.
Origen y fundamentos del proyecto. Las situaciones que el proyecto pretende resolver pueden reunirse en tres grupos:
-Inmuebles que han sido objeto de actos de disposición por parte del Estado, pero cuya propiedad nunca se ha consolidado en los beneficiarios;
-Ocupaciones irregulares de inmuebles fiscales de larga data, ubicados en la Región de Aisén y en las provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue , e
-Inmuebles adquiridos por el Fisco producto de la erupción del volcán Hudson en la Región de Aisén.
Objetivos del proyecto:
1.Permitir consolidar su propiedad a quienes fueron beneficiados por un título gratuito de dominio de inmuebles fiscales;
2.Declarar como no disponibles para el Fisco los terrenos objeto de las medidas propuestas;
3.Validar en forma condicionada las ocupaciones actuales de los terrenos entregados;
4.Dictar una normativa excepcional para eximir a ocupantes irregulares de requisitos que les impiden acceder al dominio de inmuebles, y
5.Establecer un mecanismo que permita, a sus dueños originales, adquirir nuevamente los predios que fueron afectados por la erupción del volcán Hudson .
Beneficiarios del proyecto:
a) Personas naturales que adquirieron inmuebles fiscales a título gratuito, los cuales se encuentran sin inscripción.
El Ministerio de Bienes Nacionales ha detectado catorce mil casos de beneficiarios de títulos gratuitos o de otros modos de transferencia de inmuebles fiscales que no cuentan con la correspondiente inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, porque nunca perfeccionaron sus títulos, lo que les impidió ser dueños y adquirir las propiedades estatales. Esta situación se presenta principalmente en las Regiones de Aisén, Los Lagos -Chiloé-, Tarapacá , Antofagasta , Biobío y La Araucanía.
La vía administrativa no da una solución integral al problema, por cuanto no constituye el sistema idóneo para convalidar los títulos originalmente entregados, puesto que no resuelve el caso de los beneficiarios que hubieran fallecido.
Tampoco es aplicable el decreto ley En muchos de estos casos, los ocupantes han solicitado al Ministerio de Bienes Nacionales una venta directa, pero se han encontrado con la imposibilidad de pagar el valor comercial de los inmuebles que ocupan, dado que en la mayoría de los casos se trata de personas de escasos recursos, en que sus ingresos provienen de economías de subsistencia de tipo agropecuaria y que, dada la calidad de los terrenos que ocupan, no les es posible lograr un desarrollo ganadero de envergadura que les permita solventar el valor que el ministerio está obligado por ley a fijar.
En otros casos, los beneficiarios mientras ocupan los bienes fiscales han adquirido otra propiedad, ya sea a través de programas subsidiados de compra de viviendas, por herencia u otros medios, lo que Nº 2.695, de 1979, que regulariza la posesión de la pequeña propiedad raíz para constituir el dominio sobre ella, por cuanto se trata de bienes fiscales, los cuales quedan expresamente excluidos de dicha normativa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º de ese cuerpo legal.
Otra situación que tampoco puede resolverse es la que dice relación con los casos en que el beneficiario ha transferido sucesivamente acciones, mejoras y derechos a terceros adquirentes de buena fe.
En una gran cantidad de casos, los herederos o descendientes que ocupan dichos inmuebles, se han visto privados de la posibilidad de regularizar sus títulos, debido a que ellos o sus cónyuges poseen otras propiedades.
b)Dar solución a otras situaciones que se repiten en mayor medida en la Undécima Región de Aisén y en las provincias de Chiloé, Palena y en las comunas de Cochamó, Maullín , Los Muermos y Fresia , de la provincia de Llanquihue, Décima Región.
los inhabilita para optar a un título gratuito, por cuanto uno de los requisitos es que no posean ni ellos ni sus cónyuges parte, cuota o derecho en otro bien raíz.
c)Personas que fueron afectadas por la erupción del volcán Hudson .
Durante agosto de 1991, los terrenos aledaños fueron cubiertos con una gruesa capa de cenizas. El Fisco, a modo de compensación por las pérdidas sufridas, ofreció comprar los terrenos más afectados por el siniestro a 10 mil pesos la hectárea, lo que se materializó a través de la dictación de veintiún decretos de compra de inmuebles particulares. Hubo cinco desistimientos. En definitiva, fueron 7.936.400 hectáreas, con un desembolso fiscal de 79.362.400 pesos.
Con el tiempo dichos terrenos fueron objeto de una notoria recuperación en lo que dice relación con la cubierta vegetal, debido a la combinación de las cenizas y las condiciones medioambientales. Ello, unido a las inversiones realizadas por Vialidad, se tradujo en una revalorización de la propiedad.
Discusión y votación general del proyecto. A la discusión general concurrió el ministro de Bienes Nacionales señor Jaime Ravinet ; el jefe de la División jurídica y la jefa del Departamento de constitución de la propiedad raíz, señor Eduardo Correa y señora Lorena Escalona , respectivamente, quienes, en síntesis, explicaron los objetivos de la iniciativa.
El ministro de Bienes Nacionales expresó que el proyecto obedecía a una aspiración de los parlamentarios y autoridades de la zona, en lo que dice relación con tres situaciones claramente definidas, lo que produciría un beneficio a catorce mil familias, dentro de un plazo de cinco años, especialmente en la zona de Chiloé.
Mediante la iniciativa se daría solución a personas de la Región de Aisén, eximiéndolos de los requisitos del decreto ley Nº 1.939, de 1977, es decir, acta de radicación y prohibición de tener otro bien raíz, parte o cuota, y a quienes se vieron afectados por la erupción del volcán Hudson , en 1991, cuestión que muchos de los diputados presentes y quienes nos observan a través del canal de la Cámara recordarán. Los diputados integrantes de la Comisión manifestaron su acuerdo con el proyecto, porque soluciona el problema de un alto número de personas. Sin perjuicio de ello, hicieron presentes algunas observaciones, como la formulada respecto del artículo 9º, en que se señala que el valor comercial del inmueble no podrá ser superior a 1.200 unidades de fomento. Se expresó que era una cifra muy baja, por lo que se excluiría a un alto número de personas del beneficio. Al respecto, el Ejecutivo, acogiendo lo anterior, envió una indicación sustitutiva. Puesto en votación general el proyecto, fue aprobado por unanimidad.
Discusión y votación particular. El Ejecutivo formuló indicaciones a los artículos 6º, 9º, 11 y 13.
El resto de los artículos fueron aprobados en los mismos términos. La indicación al artículo 6º fue de carácter formal. Se aprobó por unanimidad. En el artículo 9º, el Ejecutivo, recogiendo las observaciones formuladas durante la discusión general, presentó una indicación para sustituir este artículo, de manera de incorporar el sector sur del río Chamiza y reemplazar la expresión “valor comercial” por “avalúo fiscal”.
El objeto de la segunda indicación a este artículo, formulada por los miembros de la Comisión, es reemplazar en la letra a) el numeral “30” por el guarismo “90”, a fin de ampliar el plazo para presentar las solicitudes respectivas ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales u oficina provincial correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley.
Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad.
El artículo 11 fue objeto de una indicación destinada a perfeccionar su redacción. Se aprobó por unanimidad.
El artículo 13 también fue objeto de una indicación sustitutiva, destinada a reparar un error que podía perjudicar a los afectados por la erupción del volcán Hudson, pues en algunos casos los terrenos habían sido arrendados a terceros, lo que podría ser considerado como actos de administración por parte del Fisco, impidiendo de esta manera la regularización a través de la iniciativa legal.
La indicación fue aprobada por unanimidad.
En virtud de los antecedentes expuestos, la Comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los términos consignados en el informe. He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Hacienda.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda paso a informar respecto de la iniciativa originada en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, cuyo objetivo es, a través de medios jurídicos de excepción, resolver aspectos vinculados con la posesión y ocupación irregular de bienes raíces fiscales, irregularidad que tiene su origen en tres situaciones distintas: inmuebles que han sido objeto de actos de disposición por parte del Estado, pero cuya propiedad nunca se ha consolidado en los beneficiarios; ocupaciones irregulares de inmuebles fiscales de larga data, ubicados en la Región de Aisén y en las provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue , e inmuebles adquiridos por el Fisco como consecuencia de la erupción del volcán Hudson en la Región de Aisén.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que la iniciativa pretende regularizar y entregar, aproximadamente, 14 mil títulos de dominio en las Regiones Décima y Undécima. Estima, por lo tanto, que para el presente año no se considera gasto efectivo y que en los tres próximos años se tendría el siguiente flujo de gastos: en 2002, 500 millones de pesos; en 2003, 500 millones de pesos, y en 2004, 457 millones de pesos.
En el debate de la Comisión, la señora Paulina Saball , subsecretaria de Bienes Nacionales, precisó las tres situaciones pendientes, señaladas anteriormente, en relación con la regulación de títulos de dominio de bienes fiscales que el proyecto pretende resolver.
Por su parte, la diputada que informa en este momento hizo presente que un grupo de personas de la comuna de San Juan de la Costa, ubicada en la Décima Región, se encuentra en una situación similar a la que afecta a los beneficiarios del proyecto, razón por la cual solicitó que el Ejecutivo considerara su incorporación en la iniciativa.
La subsecretaria manifestó la buena disposición del Ejecutivo para estudiar el planteamiento, cuestión que se ha resuelto con una indicación que hizo llegar ayer. La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 15 y 18 del proyecto. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 2º, 9º, 10 y 14, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.
En relación con la discusión particular, cabe señalar que el Ejecutivo formuló una indicación al artículo 2º, que tiene por objeto hacer más precisa su redacción, del siguiente tenor:
“Artículo 2º.- Los interesados en los beneficios que establece este Título, deberán acreditar su vinculación con el título original y la ocupación efectiva en la forma que establece el artículo 1º. El nuevo título se otorgará respecto del terreno en el que se acredite la ocupación efectiva del solicitante, siempre que no exceda los límites de la superficie originalmente entregada”. En el artículo 9º se exime de los requisitos que señala a las personas naturales chilenas que tengan solicitudes pendientes de ventas directas o de títulos gratuitos de inmuebles fiscales ubicados en las regiones y sectores que indica, para optar a títulos gratuitos de dominio, siempre que cumplan con los requisitos que enumera.
En el inciso segundo se dispone que mientras se encuentre pendiente una de las solicitudes presentadas, no se realizarán apremios o desalojos de los predios solicitados.
Se señaló por la señora subsecretaria que en la Comisión técnica se incluyó el sector sur del río Chamiza hasta el límite oeste de la comuna de Cochamó en este artículo y se modificó la expresión “valor comercial” por la siguiente: “avalúo fiscal” del inmueble de actual dominio del solicitante o su cónyuge, o de la parte o cuota de derechos que recaigan sobre éste, lo cual implica ampliar su ámbito de aplicación.
En el artículo 10 se faculta a las personas que vendieron al fisco inmuebles afectados por la erupción del volcán Hudson, entre los años 1992 y 1994, para solicitar la resolución del respectivo contrato a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales correspondiente. La forma de restituir el precio y las demás condiciones de dicha resolución serán establecidas por decreto supremo conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Bienes Nacionales. El monto de los reintegros ingresará a Rentas Generales de la Nación.
En el inciso segundo se dispone que los inmuebles objeto de la operación quedarán afectos a la prohibición de enajenar, a cualquier título, por un plazo de diez años contados desde la fecha de suscripción de la respectiva escritura.
En el artículo 14 se establece que los beneficios y demás derechos contemplados en el proyecto sólo podrán ser ejercidos por una sola vez, cualesquiera que sean los inmuebles por regularizar, previa declaración jurada de no ser parte en ningún juicio pendiente en que se discuta su posesión o dominio y dentro del plazo que establece el proyecto.
En el artículo 15 se estipula que los gastos que demande el procedimiento de regulación que establece el proyecto, determinados por el Ministerio de Bienes Nacionales, serán de cargo del solicitante. Con todo, quienes no contaren con recursos suficientes podrán optar a su financiamiento parcial con cargo a los recursos públicos que se destinen al efecto.
En el artículo 18 se señala que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación del proyecto será financiado con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Bienes Nacionales. En caso de que éste fuere insuficiente, podrá ser suplementado con cargo a la partida Tesoro Público.
Puestos en votación los artículos precedentes, fueron aprobados por unanimidad, incluida la indicación del Ejecutivo al artículo 2º.
Deseo informar a la Sala que el ministro de Vivienda y Bienes Nacionales señor Jaime Ravinet , quien estuvo presente ayer en la tarde para participar en la discusión del proyecto, ha hecho llegar a la Mesa y a los diputados informantes sus excusas por no poder estar presente hoy, debido a situaciones de emergencia que ocurrieron en la capital del país.
La Comisión de Hacienda informa que todos los artículos del proyecto fueron aprobados favorablemente e insta a la Sala a sancionarlos de la misma manera.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en la historia del país siempre ha sido una dificultad deslindar la propiedad fiscal de la particular. Hasta la fecha, nuestro conservador de bienes raíces se ha visto sobrepasado, puesto que el número de propiedades ocupadas ha superado el de las que en un momento determinado estaban inscritas. Esta iniciativa y las modificaciones introducidas al decreto ley Nº 2.695, sobre saneamiento de la pequeña propiedad, en el fondo demuestran que hay una “crisis de modernización” del conservador de bienes raíces, pues cada cierto tiempo debemos dictar leyes para subsanar los problemas que se presentan.
El Ministerio de Bienes Nacionales ha hecho una enorme labor, sobre todo en la última década. Ha entregado nada menos que 188.420 títulos de dominio a través de todo el país: en la Región de los Lagos, 33.390, más los 2 mil que se entregarán este año, con lo cual superará los 35 mil títulos de dominio, que corresponden a una superficie superior a 266 mil hectáreas. En la Región de Aisén se han entregado 1.794 títulos de dominio, correspondientes a una superficie superior a 76 mil hectáreas.
Esta labor ha sido difícil, compleja, cara, costosa, y lo peor de todo es que, en muchos casos, cuando muere el titular del dominio, a sus herederos les cuesta obtener la posesión efectiva, trámite que también hay que modificar, modernizar y agilizar. Por otro lado, está el tema de la partición cuando son varios los herederos o comuneros que esperan recibir una parte de lo que les corresponde en la comunidad de bienes que se crea.
Se trata de operaciones complejas para los interesados. En consecuencia, este círculo vicioso no se romperá mientras no se modernice el conservador de bienes raíces y no se simplifiquen los procedimientos para obtener la posesión efectiva y todo lo relativo a la partición de los bienes.
En esta situación se encuentran cientos de pobladores de las provincias de Chiloé y Palena , y de las comunas de Cochamó, Maullín , Los Muermos y Fresia , de la provincia de Llanquihue, en la Décima Región. Señalé que también deberían solucionarse los problemas que en este sentido afectan a habitantes de una parte de la comuna de Puerto Montt, al sur del río Chamiza y con el límite oeste de la comuna de Cochamó. Por cierto, esto fue bien apreciado por el Ejecutivo y se modificó el artículo 9º con el propósito de incluir a ese sector mediante una indicación del siguiente tenor:
“Artículo 9º.- Se exime de los requisitos establecidos en los artículos 89 y 90 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, para optar a títulos gratuitos de dominio, a las personas naturales chilenas que tengan solicitudes pendientes de ventas directas o de títulos gratuitos de inmuebles fiscales urbanos o rurales ubicados en la Undécima Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y en la Décima Región de Los Lagos, en las provincias de Palena, Chiloé y en las comunas de Cochamó, Maullín , Fresia , Los Muermos y la comuna de Puerto Montt, en el sector al sur del río Chamiza hasta el límite oeste de la comuna de Cochamó, todas de la provincia de Llanquihue, y que cumplan además con los siguientes requisitos:”.
Esta situación obedece a que muchas personas intentaron comprar al Fisco dichos terrenos en su oportunidad. Cuando se ordena la venta directa y se hace el avalúo fiscal, que realiza el Servicio de Impuestos Internos, dicho avalúo resulta bastante similar al valor comercial de los inmuebles y, en consecuencia, a las personas de escasos recursos que viven en lugares aislados, generalmente en cerros, quebradas, zonas fronterizas, y que obtienen un escaso ingreso de su actividad agropecuaria, les es imposible adquirirlos. Muchas de ellas fallecieron, algunos adquirieron otra propiedad, porque necesitaban una vivienda o recibieron una herencia y todas esas adquisiciones nuevas constituían un impedimento para comprar una propiedad fiscal. Eso es lo que trata de solucionar esta iniciativa, porque la ley Nº 18.270 señalaba que no pueden ser propietarios ni ellos ni sus cónyuges de otros bienes raíces rurales que en conjunto tengan un avalúo superior a 150 unidades de fomento. En consecuencia, el proyecto en estudio resulta sumamente beneficioso para las comunas que represento y para el país, ya que permitirá a muchos chilenos consolidar sus derechos de propiedad y tener, de una vez por todas, el título de dominio.
Al igual como lo han hecho los diputados informantes, solicito que se apruebe en general y en particular el proyecto, con la indicación relativa a la comuna de San Juan de la Costa.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas el proyecto que analizamos, que regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales, es largamente esperado y anhelado por muchas familias, especialmente de la zona sur austral del país y, en particular, de las provincias de Chiloé y Palena .
La iniciativa pretende resolver un problema que se arrastra desde las décadas de los 30 y de los 40 por la dictación de la ley de propiedad austral.
El gobierno de la época estimó necesario desarrollar políticas de asentamiento poblacional en las zonas extremas del país. Con ese propósito, asignó propiedades a muchos vecinos, cuya entrega se materializó a través de un decreto supremo y un plano del respectivo predio, y la familia beneficiaria debía cumplir con el requisito de inscripción en el conservador de bienes raíces para ser dueña y tener el uso, goce y disposición de la propiedad.
Si nos remontamos a aquella época, en zonas aisladas del país, con problemas de comunicación, de información y de acceso, era muy difícil cumplir el requisito de inscribir aquellos decretos supremos y los planos que entregaba el Ministerio de Tierras y Colonización de la época en el conservador de bienes raíces.
Por estas razones, no obstante radicarse en los terrenos que se les asignaron, las familias no cumplieron el trámite, y con el paso de los años esos predios que les entregó el gobierno de la época pasaron nuevamente a dominio fiscal. Cuando quisieron regularizar definitivamente sus derechos de propiedad, el Fisco consideró que eran personas naturales que ocupaban un bien fiscal y solamente les ofreció como alternativa la venta. Era absurdo y casi ridículo que estas familias, a las cuales se les asignó la propiedad, con el paso de los años tuvieran que comprarla, sobre todo por estar ubicadas en lugares donde no existían caminos cuando llegaron, por lo cual debieron invertir en la construcción de su casa y en crear praderas para mantener a sus animales.
Hoy han llegado las vías de comunicación, la telefonía rural y la energía eléctrica, pero les resulta imposible comprar a un valor comercial la propiedad que el Estado les había asignado.
¿A qué quedaban expuestas estas personas? A que terceros, que tuvieran intereses de carácter turístico o de otra naturaleza, adquirieran esa propiedad en forma directa, privándolas del predio donde habían vivido por muchos años.
El proyecto en debate viene a solucionar el problema. De las quince mil familias beneficiadas, doce mil se encuentran en las provincias de Chiloé y Palena .
¿En qué consistirá la solución? En primer lugar, en que todas aquellas familias que fueron beneficiadas por los decretos supremos pero que no los inscribieron, podrán hacerlo ahora a título gratuito, una vez publicada la ley.
En segundo lugar, si los beneficiarios directos han fallecido, sus herederos las podrán regularizar también a título gratuito. Por último, si no está el beneficiario original y los herederos no tienen el dominio o el uso de la propiedad porque han transferido las mejoras, quien las adquirió también podrá regularizar.
En esa perspectiva, se cumple lo que la ley de propiedad austral en las décadas de los 30 y de los 40 señalaba en su espíritu y en la letra: radicar definitivamente, entregándoles la propiedad y el dominio de bienes raíces, a familias que quisieran hacer patria, soberanía y forjar su vida y la de su familia en la zona sur del país.
El proyecto también se hace cargo de otra situación que no es menor. Muchas familias han ocupado durante muchos años inmuebles fiscales, sin tener título o documento alguno. Como la legislación no permitía regularizar estas situaciones, hoy el Estado se hace cargo de ellas, exigiéndoles simplemente a esas familias estar radicadas en la propiedad a lo menos cinco años para acogerse al beneficio de regularizarla.
Además, incorpora una variable muy importante: que todas aquellas personas que en su oportunidad regularizaron un bien a título gratuito puedan hacerlo con una segunda propiedad, porque en las provincias de Chiloé y Palena , por ejemplo, cuando se saneó a título gratuito muchas familias primero aseguraron el lugar donde vivían, donde tienen su construcción, su casa, donde está su familia; pero, además, a dos o tres kilómetros de distancia tenían otro predio, inscrito a nombre del fisco, donde mantenían sus animales y realizaban su actividad económica productiva y no podían sanearlo porque ya habían obtenido ese beneficio del Estado. Hoy podrán tener la tranquilidad de ser propietarios del lugar donde realizan su actividad económica productiva, porque el proyecto da la posibilidad a quien haya regularizado una propiedad anteriormente, cuyo avalúo fiscal no sea superior a 1.200 uefes, de sanear el terreno fiscal que ocupe por más de cinco años. Quiero destacar la buena disposición del Gobierno para acoger esta moción parlamentaria que ingresó a la Cámara de Diputados en 1998. Como los parlamentarios no tenemos la facultad de disponer de los inmuebles fiscales, la Mesa la declaró inconstitucional. No obstante, esa iniciativa, presentada por quien habla y por los diputados Recondo y Orpis , la llevamos a consideración del ministro Ravinet , quien se comprometió a buscar una alternativa de solución al problema, por considerarlo de justicia social y una necesidad imperiosa para llevar tranquilidad y paz social a las familias que requerían con urgencia sus títulos de dominio después de muchos años de tramitación. Hoy se comienza a concretar ese anhelado sueño y aspiración, ya que 15 mil familias de la zona sur austral, 12 mil de ellas radicadas en las provincias de Chiloé y de Palena, una vez publicada la ley tendrán una solución definitiva y la tranquilidad que necesitan para vivir en el lugar en que siempre lo han hecho.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, anuncio que votaré favorablemente el proyecto por el cual tanto ha luchado mi distinguido colega Leopoldo Sánchez . La regularización de la posesión y ocupación de inmuebles fiscales es una iniciativa nuestra que ha logrado concretarse y que hoy espero que sea aprobada. Normalizar la situación de miles de predios fiscales ocupados es un anhelo tremendamente sentido en las regiones de Aisén y de Los Lagos, cuyos distritos representamos el diputado Leopoldo Sánchez y yo, respectivamente. Por eso hablo en su nombre y en el mío. Considero que con la aprobación de este proyecto los ocupantes de predios que se encuentran en una situación irregular, podrán eximirse de los requisitos exigidos hasta la fecha y optar a sus respectivos títulos de dominio de predios ubicados tanto en zonas urbanas como rurales, lo que les permitirá inscribir esas posesiones y normalizar su situación, la que les había impedido acreditar la propiedad de las tierras en las cuales generalmente desarrollan apenas economías de subsistencia. O sea, estamos hablando de mínimas propiedades, tal como lo ha dicho la diputada informante de la Comisión de Hacienda, señora Marina Prochelle . Los beneficios que ofrece el proyecto me parecen sumamente interesantes, ya que se extienden a los herederos o descendientes del titular y a quienes puedan acreditar la transferencia de derechos cedidos por el beneficiario original. Con esto se armoniza la normativa vigente de la ley Nº 18.270, porque se legalizan derechos de propiedad adquiridos por los ocupantes originales. Los terrenos objeto de transferencia por parte del Fisco no pueden superar las 3 mil hectáreas en la Undécima Región ni las mil hectáreas en la Décima.
En lo que dice relación con el aspecto sustantivo, en particular para la Región de Aisén, el proyecto del Ejecutivo representa no sólo el reconocimiento del valor de la propiedad privada y de sus potencialidades para impulsar el desarrollo de esas tan apartadas localidades -de allí su gran valor-, sino también una expresión de la voluntad política de reafirmar nuestra soberanía en tierras fiscales que cubren una franja de 10 kilómetros de nuestras fronteras. Por eso insisto en decir que esto significa afianzar nuestra soberanía.
La iniciativa busca legitimar la noción de ocupación efectiva, para lo que será exigible, mediante la acreditación en el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales, la posesión total o parcial del inmueble durante un lapso de cinco años, previo a la entrada en vigencia de la nueva ley, como requisito esencial para optar a ese título de dominio de propiedad inscrito en el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces. Quiero hacer resaltar que la obtención de un título de dominio gratuito por las personas que no poseen recursos, a fin de afrontar los gastos que implique la regularización, es consistente con el criterio de equidad definido en las políticas sociales del Gobierno, principalmente en cuanto a focalizar la subvención de tales gastos en el grupo objetivo al que se dirigen los nuevos beneficios de este proyecto, mayoritariamente integrado por personas de escasos recursos que sólo viven de la tierra, como ya se ha hecho notar por otros señores diputados y por quien habla.
Entonces, ¿quién puede ser dueño de esas propiedades? ¿Quién puede optar a ellas? Hasta el día de hoy, en la Décima Región pueden hacerlo quienes tienen más. Adicionalmente, si aprobamos esta iniciativa, irá en directo beneficio de la Undécima Región, en especial al eximir a los aiseninos de los requisitos del decreto ley Nº 1.939, de 1977, que establece la obligatoriedad de estar en posesión del acta de radicación y la prohibición de tener otro bien raíz, parte o cuota de un predio. Asimismo, beneficia a quienes tuvieron que ceder derechos al Fisco o enajenar a muy bajo precio sus tierras con ocasión de la erupción del volcán Hudson, en 1991. En consecuencia, esta iniciativa sólo corrige un error o injusticia.
Por las razones señaladas y en consideración a los efectos positivos que generará el proyecto, sobre todo en la Región de Aisén, que representa el honorable diputado señor Leopoldo Sánchez , gran impulsor de la iniciativa, le daré mi respaldo, porque en mi región está siendo acogido con un ánimo muy favorable, por cuanto de esta forma se contribuirá a materializar un gran anhelo de las regiones ya mencionadas.
La bancada del PPD anuncia su voto favorable a este importante proyecto, que tanto ha costado que sea tratado en esta Sala.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea .
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, la Región de Aisén, con sus l07 mil kilómetros cuadrados y apenas 80 mil habitantes, es una de las zonas de Chile con mayor superficie y con la menor densidad poblacional. Su colonización, que comenzó en 1920, es un proceso que aún está inconcluso. En relación con el resto del país, Aisén sigue retrasada en, a lo menos, cien años. Cuando en otras partes de Chile se están inaugurando dobles vías, los vecinos de Caleta Tortel y de Puerto Raúl Marín Balmaceda esperan con ansias que se termine una senda de penetración. Cuando en el resto del país cualquier vecino cuenta con la totalidad de los servicios básicos y con comunicaciones expeditas para conectarse con el resto del mundo: internet, telefonía celular, discado directo nacional e internacional, en la Patagonia, los habitantes de Villa O’Higgins o de Lago Verde hacen verdaderas rogativas para que el único teléfono público del poblado no deje de funcionar. Otro de los aspectos que hay que considerar es la deprimida actividad económica de la zona. La ganadería, que desde el punto de vista de la cantidad de personas que involucra es la actividad más importante, tiene una rentabilidad cada día más baja, hecho que afecta gravemente la estabilidad colonizadora.
Todo lo anterior incide en un verdadero éxodo de colonos, lo que hace absolutamente necesarios nuestros esfuerzos por arraigarlos a su territorio. Al ver tan escasa preocupación del Estado por su situación, optan por abandonarlo.
No menos importante es el significado estratégico y geopolítico de la región. Así, se echan por tierra los esfuerzos integradores, como el de la ruta Austral o los llamados corredores bioceánicos, cuya finalidad es potenciar el poblamiento de la extensa Patagonia occidental.
Por lo expresado, valoro que el Ministerio de Bienes Nacionales por fin haya comprendido el antiguo anhelo de los colonos de la zona en relación con la obtención de títulos de dominio gratuitos, el saneamiento de los mismos y la restitución de predios que hace justicia a los propietarios de los afectados por la erupción del volcán Hudson.
Asimismo, deseo manifestar mi preocupación en el sentido de dotar de recursos económicos, personal e implementación necesarios para realizar la mensura de muchos predios que podrían acogerse a la ley, respecto de los cuales no existen los planos ni las mensuras correspondientes.
Por otro lado, aprovecho la oportunidad para expresar que es necesario eliminar la exigencia de un contrato de arrendamiento a los ocupantes de bienes fiscales, por cuanto esos recursos carecen de significación para las arcas fiscales; en cambio, representan una suma muy importante para los colonos que deben pagar, pues, en caso contrario, pierden la ocupación.
Además, valoro la acogida que se dio a la petición de algunos parlamentarios, en cuanto a cambiar el valor comercial por el de avalúo fiscal de las propiedades que poseen los ocupantes de los predios que serán favorecidos por la futura ley con la obtención del título de dominio gratuito. De esa manera se beneficiará a mucha más gente. Por último, dada la importancia que reviste esta iniciativa para las zonas extremas, pido a los colegas que la voten a favor.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, son pocos los proyectos que benefician en forma tan directa a la gente y a sus familias. Esta iniciativa regulariza la situación de inmuebles que carecen de título de dominio, hecho que frustra los proyectos de vida de las personas. Por ello, valoramos su objetivo, cual es la creación de diversos mecanismos que resuelven la posesión y ocupación irregular de inmuebles fiscales, eximiendo a sus ocupantes de los requisitos exigidos para acceder a su dominio.
Como lo dice el informe, hay un reconocimiento a la voluntad del Fisco de disponer de bienes fiscales en favor de sus ocupantes. Se intenta solucionar un conjunto de ocupaciones irregulares de larga data, en atención a que las familias que serán beneficiadas con este proyecto no cumplen con algunos requisitos. Por eso es fundamental regularizar su situación en la forma en que se propone, concediéndoles títulos gratuitos de dominio. En nuestro Estado de derecho, con la inscripción de los bienes raíces ocurre algo muy parecido a lo que sucede con el registro de nacimiento de las personas: en primer lugar, debe existir un reconocimiento legal, en virtud del cual se adquieren derechos y se contraen obligaciones. Por desgracia, en nuestro país la situación irregular de los títulos constituye una generalidad, lo que entraba o retrasa proyectos, el progreso, etcétera. Muchas circunstancias, que no son de responsabilidad de los ocupantes, impiden acceder a la propiedad del inmueble, y es el Estado, que posee los instrumentos y los recursos legales necesarios, el que debe crear las condiciones o los cuerpos legales para esos efectos.
Por eso, celebro la concesión gratuita de títulos de dominio que propone el proyecto, porque durante años muchas personas que ocupan predios fiscales en forma irregular han procurado solucionar este problema, pero se han encontrado con trabas burocráticas, administrativas y legales que les han impedido cumplir con los requisitos exigidos. Muchas veces resulta difícil cumplir con las exigencias legales establecidas en el decreto ley Nº 1.939, de 19 de noviembre de 1977, y en el Nº 2.695, de 1979, a fin de regularizar o conceder títulos gratuitos de dominio a los actuales ocupantes de predios.
A pesar de ello, el ministerio ha informado que en mi región de Los Lagos se han entregado 30.390 títulos de dominio, correspondientes a una superficie superior a las 260 mil hectáreas, y que en todo el país se han concedido aproximadamente 188.420 títulos. Por supuesto, no son suficientes, porque hay zonas en las cuales las situaciones irregulares son muchas, por los motivos que se expresan en el proyecto de ley. Quiero expresar mi reconocimiento al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales don Jaime Ravinet , a la subsecretaria doña Paulina Saball , al ministerio en general, y a todos quienes han intervenido en este proceso -entre ellos, los parlamentarios que tuvieron la visión de solicitar el envío de este proyecto-, por este beneficio que se entrega, sobre todo a los residentes de las zonas australes, donde los títulos irregulares abundan. La solicitud fue recogida por el ministerio en muy buena forma, y estamos a punto de sancionar esta iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión, por lo cual esperamos que no exista inconveniente alguno para su aprobación en la Sala.
En mi provincia, concretamente en la comuna de San Juan de la Costa, zona pobre y apartada, las situaciones irregulares son una característica generalizada, tanto en el interior como en la costa, hecho que ha retrasado su progreso. Hemos detectado que la precariedad del título va aparejada con la pobreza; nadie hace proyectos porque no puede entregar su inmueble como garantía para un proyecto de desarrollo productivo. En el sector costero de Maicolpué hay personas que por 20, 30 ó 40 años han ocupado predios contando sólo con títulos precarios, en los cuales han contruido viviendas, lo que ha mejorado su plusvalía, pero eso no les ha permitido desarrollarse plenamente y permanecen estancados por la precariedad de sus títulos. Por eso, celebro la presentación de una indicación del ministro de Vivienda y Bienes Nacionales al artículo 9º, mediante la cual se entregan beneficios a una serie de localidades de la zona austral y de la Décima Región, que considera a la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno. Creo que con ello se hace justicia y se responde a la necesidad de sanear y conceder gratuitamente los títulos de dominio que durante muchos años han solicitado los ocupantes o poseedores de esos terrenos. San Juan de la Costa ocupa el quinto lugar entre las comunas del país en situación de extrema pobreza. No recibe ingresos por contribuciones, que le servirían mucho, porque sus habitantes no son propietarios de las tierras. Es un contrasentido que se repite en muchas otros lugares.
A Bahía Mansa , puerto pesquero artesanal, se le inyectarán recursos por 900 millones de pesos para modernizar y ampliar su infraestructura. Resulta absurdo e injusto, entonces, que la totalidad de predios y sitios no tengan títulos de dominio. El atraso de San Juan de la Costa está relacionado también con la precariedad de los títulos y con el hecho de que los ocupantes de los predios por tantos años no tengan la propiedad de la tierra. Este verano llegará a Bahía Mansa y a Maicolpué el asfalto. Como hemos logrado asfaltar el camino hacia el mar, pensamos que junto con ello llegará el progreso, mayores necesidades y requerimientos. Sin embargo, la riqueza de esa infraestructura vial se contrapone con la precariedad de no tener título de propiedad. ¿De qué sirve, si la irregularidad del dominio impide que el inmueble sea usado para construir cabañas, restoranes u otros complejos turísticos para recibir a los visitantes? El desarrollo del país no puede permitirse estos verdaderos bolsones de pobreza. La irregularidad de la posesión es también imagen de desorden y, a veces, de falta de preocupación por parte de los organismos del Estado.
Con este proyecto se completa la visión de Estado, se cumple la necesidad de regular u ordenar las diferentes áreas del país y se crean las condiciones de progreso y desarrollo. El país no se desarrolla ni progresa cuando hay sectores que no están potencializados y a los cuales no se les entregan los instrumentos que contribuyan al desarrollo. Esta iniciativa constituye un real aporte para el desarrollo rural y permite avanzar en otras áreas.
Me alegro enormemente y me siento muy satisfecho con la presentación de la iniciativa, sobre todo por los 800 ó 900 ocupantes de los sectores costeros de Maicolpué y de Bahía Mansa, que durante muchos años han luchado por que se les entreguen sus títulos de dominio. En su oportunidad, fueron objeto de tramitaciones y, además, se les fijaron precios exorbitantes a los predios, los que, por supuesto, no están a su alcance. Creo que el proyecto interpreta perfectamente el espíritu y las ideas matrices que tuvo en vista el Ejecutivo en su mensaje, porque para calificar la ocupación efectiva se estará a lo dispuesto en el artículo 925 del Código Civil, que para estos efectos prescribe que la posesión del suelo se deberá probar con hechos positivos, con aquéllos a que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios y de cerramientos, las plantaciones o sementeras y otros de igual significación. En verdad, en esos lugares ha habido construcción de cercos y viviendas, se ha creado una infraestructura y un entorno valioso con el esfuerzo y el aporte de las personas que hoy los ocupan. Por lo tanto, anuncio que voy a aprobar el proyecto en general y en particular por los beneficios que otorga y los efectos que tiene para el desarrollo del país.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo .
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, no obstante que el proyecto que nos ocupa esta mañana no concita el interés de todos los diputados -así podemos percibirlo en la Sala-, soluciona problemas reales de las personas, aspiración común de todos los parlamentarios que recogemos el reclamo permanente de nuestros ciudadanos, en cuanto a que los servidores públicos deben centrar su acción en los problemas que preocupan a la gente.
Esta iniciativa aborda una realidad existente en la zona sur austral y en la Décima Región -en forma muy particular en algunas comunas que represento en la Cámara, como Fresia y Los Muermos , y sectores de la cordillera de la Costa, de Chiloé continental, de Palena y de la Undécima Región-, que se ha tornado muy compleja para sus habitantes, en su mayoría pequeños agricultores que, dada la situación actual, se encuentran muy empobrecidos y con escasas alternativas de producción, así como también de desarrollo de sus familias.
Hasta aquí, uno de los problemas más importantes que han tenido durante largo tiempo es la imposibilidad de regularizar la propiedad de la tierra que ocupan y de ejercer los atributos de la propiedad, es decir, el uso y goce del suelo. Si bien reconozco que se han hecho reiterados intentos por regularizar la propiedad en esos sectores, debo recordar que se trata de ocupantes de terrenos fiscales, que tienen alguna inscripción, pero que deben compartir con ocupantes muy antiguos de terrenos particulares, que alguna vez tuvieron alguna inscripción privada, los cuales, de alguna manera, se han ido regularizando a través del decreto ley Nº 2.695, de 1979. Recordemos que dicho cuerpo legal, dictado en la época del gobierno militar, permitió un saneamiento masivo de la propiedad rural y urbana, pero, por distintas razones, otros ocupantes de predios no pudieron regularizar su dominio.
El proyecto permite solucionar una serie de inconvenientes que los habitantes rurales de esos sectores han tenido por largo tiempo. Como ocupantes de terrenos fiscales, su única posibilidad de sanearlos era a través de la compra directa al Fisco, pero con el inconveniente de tener que pagar el valor comercial, por una parte, y financiar los gastos de inscripción y escrituración, por otra, hecho que les ha imposibilitado materializar la regularización de sus propiedades. La iniciativa permite, entonces, que esos pequeños productores y habitantes rurales puedan sanear su propiedad.
En verdad, uno siente mucha satisfacción cuando se da solución real a este tipo de problemas, sobre todo en sectores en los cuales, dada mi dedicación al servicio público, he podido contribuir desde distintos ángulos a resolver parte de los problemas de la gente que será beneficiada con este proyecto. Estoy pensando en sectores de la cordillera de la Costa como las comunas de Fresia y, en particular, de Los Muermos, donde me correspondió ser alcalde. En su oportunidad, beneficiamos a los habitantes de esos sectores con un proyecto de saneamiento de títulos, los cuales se acogieron a los beneficios del decreto ley Nº 2.695, porque eran ocupantes de tierras que tenían inscripción particular. Dicha regularización se llevó a cabo con un subsidio municipal que permitió a cientos de familias tener el título de dominio de su propiedad. Hoy son muchos los pobladores de esos mismos sectores que, no obstante ser ocupantes de terrenos fiscales, no habían tenido acceso al mismo beneficio otorgado a sus vecinos a través del programa municipal implementado en el pasado. Por lo tanto, estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida y a dar más oportunidades a la gente de los sectores de la cordillera de la Costa y de otros sectores rurales. Es importante también hacer presente en esta Sala -donde tenemos la opción de referirnos a problemas que afectan a habitantes rurales de sectores aislados- que junto con esta normativa, que les permitirá obtener algo tan importante como un título de dominio que los convertirá en propietarios de los terrenos que ocupan, es necesario implementar medidas complementarias que les permitan tener mayores oportunidades en los sectores donde viven. Empecé diciendo que se trataba de sectores con diversos problemas, que están empobrecidos por sus limitaciones de desarrollar actividades productivas importantes.
Una de las medidas complementarias podría ser la entrega masiva de subsidios forestales a esos sectores. Desde el punto de vista agrícola, no tienen muchas opciones de desarrollo, debido a que se han convertido en zonas forestales. Por lo tanto, podemos ayudarlos a incorporarse a la actividad forestal mediante el otorgamiento de subsidios.
Adicionalmente, hago un llamado a las autoridades de Gobierno, en particular a las del Ministerio de Agricultura, para que se califiquen las urgencias necesarias a fin de contar con una legislación de fomento al bosque nativo, que ha sido la labor natural de los pobladores a quienes estamos beneficiando con este proyecto. Su actividad natural ha sido vivir de la explotación del bosque nativo y de la leña. Sin embargo, dadas las restricciones propias de su explotación, se han visto restringidos en sus posibilidades de ingresos y de desarrollo. Son sectores que están viviendo situaciones de empobrecimiento, precisamente por no tener alternativas reales de producción.
La dictación definitiva de una norma legal que permita el fomento y uso del bosque nativo en forma adecuada generaría incentivos para que esos sectores que serán beneficiados con este proyecto de ley puedan acceder también a opciones de producción que les permita contar con los ingresos necesarios para mantener su actividad. Aquí corremos el riesgo que involucra entregarles el beneficio real y concreto de que se conviertan en propietarios de los terrenos que ocupan; pero, paralelamente, corremos el riesgo de que se vean obligados a abandonar esas tierras por falta de alternativas de desarrollo o de producción que les permitan ofrecer seguridad a sus familias.
Por lo tanto, considero que un complemento adecuado podría ser la implementación de subsidios forestales a los sectores que estamos beneficiando, además de la necesidad de implementar pronto una ley de fomento al bosque nativo que les permita explotarlo.
Finalmente, quiero manifestar la satisfacción que representa para mí poder contribuir a la aprobación de este proyecto. Debo recordar que se originó en una moción parlamentaria presentada en 1998, en conjunto con los diputados Orpis y Alvarado . Dadas las restricciones que tenemos para presentar este tipo de iniciativas parlamentarias -obviamente escapaba a nuestro ámbito-, celebramos que el Gobierno la haya acogido. En una entrevista que junto con el diputado Alvarado sostuvimos con el ministro Ravinet , que acababa de ser nombrado en su cargo, le planteamos la urgencia de esa situación. De manera que agradecemos al Gobierno que haya recogido nuestra moción y que la haya transformado en este proyecto de ley que hoy debatimos, pues, sin duda, representa un beneficio importante para muchos chilenos que habitan en los sectores rurales, particularmente en la parte cordillerana de la zona austral de nuestro país, y en forma muy especial para los habitantes de las comunas de Los Muermos y de Fresia que represento en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Por último, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, como decía el diputado Carlos Recondo , este proyecto beneficia en forma directa, con nombres y apellidos, a aproximadamente 15 mil ciudadanos chilenos de la zona sur, la gran mayoría de los cuales viven en Chiloé y Palena : en Chiloé, unos 8 mil; en Palena, 4 mil; el resto, en Aisén, Puerto Montt y Llanquihue .
Si este proyecto se aprueba, el mecanismo que establece funciona y el trabajo que realicen las oficinas de Bienes Nacionales para materializar esta idea es el adecuado, se resolverá un problema que afecta a muchas personas.
Quiero sumarme a los agradecimientos al Ministerio de Bienes Nacionales, porque la iniciativa del ministro recoge las distintas opiniones que los parlamentarios le hicimos llegar. Conversamos muchas veces con él y con otros ministros acerca de este problema, haciéndonos eco del anhelo de miles de pequeños campesinos que nos plantearon su inquietud por el hecho de no tener títulos de dominio de la propiedad fiscal que ocupaban o porque la única solución era adquirirla a un precio absolutamente inalcanzable para ellos.
Entonces, el ministro Ravinet y la subsecretaria de Bienes Nacionales Paulina Saball, tomaron la iniciativa de reunir a todos los parlamentarios de la zona que representan a las distintas opiniones políticas del país para que nos sentáramos alrededor de una mesa y nos pusiéramos de acuerdo respecto de este proyecto. Ésa es la gracia del proyecto. Llegó a la Cámara prácticamente consensuado, salvo algunas modificaciones e indicaciones menores o de procedimiento tendientes a beneficiar a más personas. Por eso, por sobre todas las cosas, quisiéramos que fuera aprobado por unanimidad. Todos los representantes políticos están de acuerdo en aprobarlo porque beneficia a miles de compatriotas que viven en el sur.
En segundo lugar, resuelve otro gran problema: que la persona sea dueña del lugar donde vive, gran aspiración de todos. Además, tiene otros efectos. Mucha gente murió sin que su tierra quedara inscrita a su nombre.
La ley de propiedad austral permitió que se dictara un decreto supremo y se entregara un plano azul -con el que la gente se movía por todos lados-, pero nunca pudieron inscribir su propiedad, por distintas razones, en el conservador de bienes raíces, y siempre fue de dominio fiscal. Lo único que tenían era el decreto supremo y ese plano, pero no el título. La situación de esas personas -existen muchos herederos, hijos y parientes de ellas- derivó hacia otras circunstancias. Muchos fueron a una notaría y vendieron acciones y derechos del terreno, pero otros lo único que querían tener era el título.
El título, además del significado de ser dueño de la propiedad, les reporta beneficios. El Estado otorga una gran cantidad de beneficios y no es posible que esas personas puedan acceder a ellos, simplemente porque su propiedad no está inscrita a su nombre. Beneficios de Indap, de Conaf, del SAG y del propio Ministerio de Bienes Nacionales, a través de los subsidios rurales para la vivienda; beneficios para que se realice cualquier obra de infraestructura del Estado, por ejemplo, de agua potable. Cualquiera de esos beneficios resultan inalcanzables porque los títulos no están inscritos a su nombre y siempre las tierras han sido fiscales. Otro problema consistía en que mucha gente ocupaba tierra fiscal y tenía 2, 3, 4, 5 ó 6 hectáreas en otro lado, de su propiedad o de su cónyuge, pero no podía acceder a ella aunque la hubiesen ocupado por años, por cuanto la única solución era que el Fisco se las vendiera, mas no a un precio inalcanzable. Eso se soluciona con la simple aplicación del proyecto si se convierte en ley. Por lo tanto, con él se beneficiará directamente a miles de personas de Quemchi, Ancud , Dalcahue , Futaleufú , Alto Palena , Hualaihué , Castro , Queilén y Quellón , para lo cual el Ministerio de Bienes Nacionales tendrá que poner un equipo a trabajar.
Si tenemos suerte, el proyecto se aprobará hoy en general y en particular. Luego, pasará al Senado, y si alcanza a despacharlo durante el mes de noviembre significará que habrá un plazo de unos meses y que el Ministerio de Bienes Nacionales deberá ponerse a trabajar a todo ritmo con los funcionarios y con muchos recursos. Dependerá de la operatividad de las oficinas provinciales y regionales para acoger la gran demanda por la solución de los problemas de los vecinos. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en la forma como lo hemos hecho. En Palena y en Chiloé la gente tiene la posibilidad de quedarse en el campo. Sus posibilidades de acceso a educación, a salud, a caminos, a electricidad, a agua potable y a beneficios de Indap, a través de distintos subsidios, hacen que tenga más ganas de quedarse en el campo. Quiere que sus hijos continúen en el lugar, pero con un futuro cierto y promisorio. Esto la ayudará muchísimo.
Por eso es tan importante este proyecto, la iniciativa del ministro señor Ravinet y de la subsecretaria señora Saball , y que hayan acogido las peticiones que hicimos durante mucho tiempo, porque, en definitiva, se trata de una especie de complemento. Además, se requiere la infraestructura adecuada para que los pequeños agricultores puedan seguir viviendo donde están.
Ayudará muchísimo contar con una ley para regularizar la propiedad de la tierra. Realmente es importante lo que hará la Cámara hoy: despachar un proyecto de ley para que miles de personas resuelvan situaciones pendientes relacionadas con la regularización de títulos de dominio de bienes raíces fiscales.
Felicito al Gobierno, al ministro y a la subsecretaria. Naturalmente, deben estar muy contentos y orgullosos por haber participado en este proyecto de ley que significará una ayuda para la gente de Chiloé y de Palena.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate. El proyecto se votará a las 12.30 horas.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
En votación general el proyecto que regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales en la forma que indica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Alvarado , Ascencio , Bertolino , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Elgueta , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Krauss , Kuschel , Letelier (don Juan Pablo) , Luksic , Masferrer , Molina , Monge , Montes, Mulet , Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Seguel , Urrutia , Valenzuela , Velasco , Vilches y Villouta .
El señor PARETO (Presidente).-
El Ejecutivo formuló una indicación que tiene por objeto hacer más precisa la redacción del artículo 2º.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
El Presidente de la República formuló una indicación que incluye a la comuna de San Juan de la Costa, de la provincia de Osorno.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Pido que se vote.
El señor PARETO (Presidente).-
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Alvarado , Ascencio , Bertolino , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Elgueta , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Krauss , Kuschel , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Lorenzini , Luksic , Masferrer , Montes, Mulet , Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Seguel , Tuma , Urrutia , Velasco, Villouta y Walker (don Ignacio) .
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado el proyecto en general y en particular.
Despachado el proyecto.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Solicito la autorización de la Cámara para que la Comisión de Familia pueda sesionar en forma simultánea con la Sala el miércoles 31 de octubre del año en curso.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, en estos momentos no tenemos quórum para acordarlo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Entonces, pediré la autorización cuando exista el quórum suficiente.
Muchas gracias.
PROHIBICIÓN DE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE FUNCIONES DE CONDUCTOR Y DE COBRADOR EN LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Segundo trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Corresponde continuar tratando el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, que amplía el plazo de entrada en vigencia de la prohibición de desempeñar simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Samuel Venegas Rubio .
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, boletín Nº 2291-15 (S), sesión 7ª, en 16 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier , quien rendirá el informe.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, este proyecto precisa la disposición de la ley Nº 18.290, en el sentido de establecer la separación de las funciones de conductor de vehículos de transporte de pasajeros y de cobrador de boletos.
No cabe duda que detrás del hecho de que el conductor cobre el boleto se esconden muchas cosas. Es una “caja negra” de cómo funciona el sistema de remuneración de los choferes del transporte de pasajeros y de otros procedimientos que se han ido revelando a través del tiempo.
Por ello, cuando el Ejecutivo procuró hacer efectiva la ley que aprobó el Congreso Nacional para separar la función de conductor de la de cobrador -no puede cumplir la función de cobrador el chofer y, en subsidio, se estableció la alternativa de un cobrador humano o de un cobrador mecánico o automático-, se desató una tremenda resistencia y hubo dificultades, en particular en la Región Metropolitana, donde inicialmente se implementaría la modalidad.
Ése es el origen del proyecto que hoy discutimos. Es decir, se trata de dar cuenta de las dificultades que han surgido en el país, pero muy en particular en la Región Metropolitana, para separar la función de conductor de la de cobrador. El proyecto establece que en los vehículos de transporte público de pasajeros con capacidad para más de 24 personas y que presten servicios urbanos -y subrayo el concepto servicio urbano- en las ciudades de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, es decir, en la Región Metropolitana, quedará prohibido que el conductor desempeñe simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos. En estos vehículos -dice el texto que se propone- deberá existir un cobrador o instalarse un sistema de cobro automático de la tarifa. En las demás ciudades de más de doscientos mil habitantes, el Presidente de la República, por decreto fundado, podrá exigir el cumplimiento de esta obligación en los plazos y condiciones que determine. Ello significa que una vez publicada la futura ley no podrá continuar el forcejeo en la Región Metropolitana, en especial de algunos dirigentes gremiales. Quiero subrayar que se trata sólo de algunos, porque no son todos los empresarios de transporte público de pasajeros que prestan servicio urbano en la Región Metropolitana. En consecuencia, será obligatoria la separación de funciones en la Región Metropolitana y se facultará al Presidente de la República para extender esa obligación a las demás grandes ciudades donde se liciten los servicios de transporte público mayor de pasajeros.
Por ahora, la separación de funciones debe regir sólo en la Región Metropolitana, específicamente en las ciudades de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.
El diputado señor Orpis formuló una indicación para establecer de inmediato la separación de funciones de conductor y cobrador en todo el país, entiendo que inspirado en las normas de seguridad, para brindar un mejor servicio a los pasajeros.
Sin embargo, la separación de funciones no tiene la misma importancia en ciudades pequeñas que en las grandes, menos cuando se pretende hacer una transición paulatina, por cuanto la adecuación de esta modalidad en algunos lugares puede significar un costo alto para los prestadores del servicio.
En comunas pequeñas, de treinta mil o cuarenta mil habitantes, forzar la separación de funciones constituye una carga que los miembros de la Comisión consideraron inoportuno establecer de inmediato. Por ello la indicación del diputado señor Orpis fue rechazada. El diputado señor Navarro presentó una segunda indicación para establecer el mecanismo de cobro automático que se debe usar en el futuro, pensando que en la Octava Región, entre otras, se licitará próximamente el recorrido de transporte mayor de pasajeros. Propuso que el sistema de cobro automático sea de lectura de cintas magnéticas. La Comisión desestimó la propuesta del diputado señor Navarro , puesto que la tecnología específica no debe ser materia de ley sino de reglamento, ya que la ley debe limitarse a establecer la separación entre las funciones de conductor y de cobrador automático.
El proyecto exige su aplicación inmediata a las empresas que presten servicios urbanos en la Región Metropolitana, basado en las utilidades de dichas empresas. Es preciso señalar que la separación de funciones fue un compromiso de los dirigentes gremiales. En ningún momento fue una imposición unilateral, sino una propuesta aceptada plenamente por los dirigentes, quienes con posterioridad han manifestado resistencia a su aplicación. Hemos insistido en la necesidad de separar las funciones de conductor y de cobrador, atendidas las normas de seguridad que señalan la conveniencia de que los conductores se dediquen sólo a conducir y que no manejen dinero para que no sean objeto de asaltos. Asimismo, para una mejor transparencia en el servicio, es conveniente que el usuario se preocupe de pagar la tarifa a través de un sistema mecánico, tal como ocurre en otras partes del mundo.
Por último, debo señalar que en el debate en la Comisión se sugirió que en el futuro se tipifique el delito de no pago del pasaje. Es decir, si hay un sistema de cobro, mecánico o automático, independientemente de la tecnología que se aplique, y los usuarios no pagan el pasaje, existiría ese delito, a fin de que paulatinamente se introduzca en la cultura ciudadana, tal como en otros países, la responsabilidad del usuario de comprar su boleto. En definitiva, el propósito final es terminar con la “caja negra” que hay detrás de la relación muy peculiar del conductorcobrador, porque en ella se definen los ingresos del conductor, lo que produce peligro no sólo para la seguridad de los pasajeros, sino también para la suya, por cuanto maneja recursos.
Por todas esas consideraciones, la Comisión solicita a la Sala la aprobación del proyecto para que cuanto antes se introduzcan mejores condiciones para los usuarios del transporte público de pasajeros de Santiago.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Hago presente a la Sala que en virtud del inciso cuarto del artículo 131 del Reglamento, no procede la discusión particular, de manera que el proyecto queda en condiciones de votarse a las 12.30 horas, tal como está programado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
En votación general el proyecto que amplía la entrada en vigencia de la prohibición de desempeñar simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos. Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 17.322 Y A OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Primer trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Corresponde conocer el proyecto, en primer trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley Nº 17.322 y a otras normas de seguridad social.
Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Riveros .
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2765-13, sesión 23ª, en 7 de agosto de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Trabajo, sesión 1ª, en 2 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 20.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, introduce modificaciones a la ley Nº 17.322 y a otras normas de seguridad social. Al estudio de la iniciativa concurrió el director nacional del Instituto de Normalización Previsional señor Jorge Norambuena Hernández .
El Ejecutivo señaló que el proyecto se inserta dentro de las políticas de modernización de la gestión del Estado y del objetivo de entregar una mejor y más expedita atención a los usuarios de sus servicios. Las ideas matrices de la iniciativa se encuentran desarrolladas en siete artículos permanentes y uno transitorio, que, entre otras medidas, proponen:
1.Facultar al director nacional del Instituto de Normalización Previsional para la firma mecanizada de resoluciones exentas de cobranza de deuda previsional y otros documentos.
2.Autorizar al instituto para castigar en sus balances contables las deudas incobrables.
3.Autorizar al Instituto de Normalización Previsional para pagar las pensiones de gracia a los trabajadores de la ex fábrica de fideos Carozzi , uniformando institucionalmente el pago de todos los beneficios que corresponden a esos trabajadores.
4.Incorporar a los trabajadores de la locomoción colectiva urbana y suburbana y a los suplementeros al régimen de asignación familiar regulado por el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
En cuanto a las medidas relacionadas con la gestión del Instituto de Normalización Previsional, ellas están dirigidas específicamente a agilizar la dictación de resoluciones de cobranza judicial de cotizaciones previsionales impagas y a autorizar al instituto para castigar en sus balances contables las deudas incobrables, respecto de las cuales se hayan agotado las gestiones pertinentes. La primera medida apoya directamente la política de recuperación masiva de deudas previsionales emprendida por el Instituto de Normalización Previsional. En efecto, diariamente se dicta gran cantidad de resoluciones de este tipo, las cuales deben ser firmadas manualmente por el director, dado que se trata de instrumentos públicos. Esto retrasa considerablemente la operatividad de estas resoluciones y, en consecuencia, la cobranza de las sumas adeudadas por concepto de cotizaciones previsionales a los trabajadores afiliados al antiguo sistema previsional.
Se trata, entonces, de permitir que la firma del director del Servicio pueda estamparse en forma mecanizada en las resoluciones de cobranza de deudas previsionales para favorecer así su oportuna recuperación. Dado que en derecho público sólo puede hacerse aquello para lo cual se está expresamente facultado, es necesario conceder, por ley, al director del Instituto de Normalización Previsional la facultad de estampar su firma en forma mecanizada en dichas resoluciones. La segunda medida, en tanto, suprime una norma de excepción contenida en el artículo 19 de la ley Nº 18.382, que impide a este organismo regularizar sus partidas contables, lo que no corresponde a ningún motivo plausible y provoca grandes dificultades de administración, impidiendo a la institución regularizar contablemente sus estados financieros y presentarlos debidamente depurados.
Por otra parte, en el contenido del proyecto hemos mencionado las medidas que favorecen a grupos de trabajadores, activos o pasivos, facilitando los siguientes trámites que deben realizar para cobrar prestaciones sociales que les corresponden: Primero, la radicación en el Instituto de Normalización Previsional del pago de las pensiones de gracia otorgadas a los ex trabajadores de la fábrica de fideos Carozzi , de Quilpué. Actualmente, estos trabajadores, que son doscientos cuarenta, deben cobrar en la Tesorería General de la República la pensión vitalicia, concedida por gracia, por la ley Nº 17.373, de 1970, en consideración a que la fábrica en que laboraban se vio afectada ese año por un incendio, lo que privó a los referidos operarios de su fuente de trabajo.
Por otra parte, los mismos trabajadores deben cobrar las asignaciones familiares en la sucursal Viña del Mar del Instituto de Normalización Previsional.
Así, la medida que se propone evita a estos trabajadores tener que acudir a dos servicios diferentes, con el consiguiente gasto de tiempo y de dinero, para cobrar sus pensiones y sus asignaciones familiares. Segundo, la incorporación de los empleados de la locomoción colectiva urbana, rural e interurbana, y de los suplementeros, al régimen de asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
La medida implica la derogación de la modalidad de pago directo del beneficio de asignación familiar a esos trabajadores, reemplazándola por el sistema de compensación al momento de efectuar la declaración y pago de sus imposiciones. En la práctica, ello permite a estos trabajadores evitar el trámite de cobro directo ante la ex caja respectiva, con el consiguiente ahorro de tiempo y de recursos económicos. La medida beneficia a más de tres mil personas, considerando a ambos grupos de trabajadores.
La Comisión estimó que el proyecto no contiene normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado y lo aprobó por unanimidad en una sola sesión. En consecuencia, la Comisión recomienda a la Sala la aprobación del proyecto, por ser breve, claro y con objetivos muy beneficiosos para el trabajo del Instituto de Normalización Previsional y para grupos concretos de trabajadores.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para votar en general el proyecto que introduce modificaciones en la ley Nº 17.322 y a otras normas de seguridad social.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto. Por no haber sido objeto de modificaciones, queda también aprobado en particular.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Allende (doña Isabel) , Ascencio , Bertolino, Cardemil , Coloma , GarcíaHuidobro , Hales , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Krauss , Leal , Letelier ( don Juan Pablo) , Lorenzini , Luksic , Masferrer , Molina , Montes, Mulet , Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Reyes, Riveros , Rocha , Rojas , Seguel , Tuma , Urrutia , Valenzuela , Velasco y Villouta .
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
INCORPORACIÓN A DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS RURALES A BENEFICIO DE LEY Nº 19.715. (Votación).
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 608.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Rechazado por falta de quórum.
RECURSOS PARA PROGRAMAS DE EMPLEO EN COMUNAS DE LOTA Y CURANILAHUE.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 609.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 609, del diputado señor Fossa , de la diputada señora Pía Guzmán y de los diputados señores Villouta , Galilea, don Pablo ; Lorenzini , Kuschel , Moreira , Rincón y Vilches :
“Considerando:
Que recientemente la opinión pública nacional ha sido testigo, a través de la prensa, de los crecientes niveles de pobreza que afectan a las comunas de Lota y Curanilahue, producto del incremento sostenido de la cesantía. Que la preocupación de la comunidad, entendible por cierto, es evidente ya que las fuentes laborales son cada día más escasas y no permiten a las familias vivir dignamente. Que cuando debatimos las reformas laborales no pudimos permanecer ajenos al clamor de miles de compatriotas que esperan la puesta en marcha de programas que les permitan enfrentar el futuro sin los altibajos económicos provocados por la falta de trabajo. Que las Mipymes, principales generadoras de empleo del país, están enfrentando la falta de recursos a fin de reactivar proyectos innovadores, herramientas que les permitirían contratar nuevos trabajadores.
Que es necesario crear el concepto de capacitación y contrato juvenil, masa laboral que vislumbra un oscuro futuro sin las armas que la modernidad les otorga para enfrentar de manera óptima los eventuales desafíos de los trabajos del siglo XXI. Que, actualmente la fuerza laboral de la comuna de Lota alcanza a las 20 mil personas, con una desocupación superior a las 8.180 personas, es decir, el 40,9%. En Curanilahue en tanto, la fuerza de trabajo asciende a las 12,107 personas y los desocupados alcanzan las 2.248 personas, equivalente al 18,6%.
En razón de las consideraciones expuestas, la Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República el otorgamiento, vía Presupuesto de la nación, de nuevos recursos que permitan, tanto la mantención de los actuales programas pro-empleo, como la creación de nuevas iniciativas que apoyen a las empresas, medianas o pequeñas, la concreción de los proyectos pendientes que generen fuentes laborales, especialmente para las dos comunas mencionadas, Lota y Curanilahue”.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, voy a apoyar este proyecto que presentaron diputados de Derecha, con excepción de los diputados Villouta , Lorenzini y Rincón , a pesar de que me llama la atención que la Derecha solicite al Estado que resuelva los problemas de empleo. Me hubiese gustado haber escuchado en estos años a los diputados de la UDI y de Renovación Nacional llamar a la empresa privada a jugar el rol motor fundamental que debe tener en este modelo económico que ellos han defendido con tanto esfuerzo. A mi juicio, esta insistencia permanente tiene carácter electoral. Voy a votar a favor del proyecto, y llamo a hacerlo, porque existe voluntad del Gobierno de apoyar estos planes de empleo, como una cuestión de emergencia, proyecto que debiera haber sido acompañado por considerandos donde se dijera que la responsabilidad central de otorgar trabajo en Chile la tiene la empresa privada. Hoy, al revés, algunos malos empresarios están abusando de los trabajadores aprovechándose de la cesantía, de manera que, en vez de que ésta se transforme en un acicate para que hagan Patria dando más trabajo, es una oportunidad para aprovechar de bajar sueldos y no pagar leyes sociales.
La Derecha tiene al respecto un discurso hipócrita. Cuando le pide al Gobierno que ayude a los trabajadores, va a contar con mi voto a favor, pero no por su inspiración, en el sentido de que no hay en ellos una actitud honesta en relación con su doctrina. Dicen que la empresa privada es el “motor de Chile” y, a la hora de las dificultades, le echan la culpa al Estado, al Gobierno. Incluso, en las discusiones presupuestarias, cuando se analiza el Presupuesto, lo único que piden es empequeñecer o achicar el Estado. Estos planes de empleo se logran sólo gracias a la existencia de recursos del Estado. Cada vez que los señores diputados de la Derecha piden un Estado más pequeño, están disminuyendo estos planes de empleo y dificultando las posibilidades de que el Estado pueda ser un factor de desarrollo y de focalización social.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Pablo Galilea .
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, sorprenden las palabras del colega Hales , porque aquí, una vez más, estamos haciendo uso de una demagogia increíble para defender lo indefendible. La incapacidad del Gobierno para generar condiciones de trabajo favorables a los trabajadores debe ser resuelta hoy, tratando, una vez más, de que la falta de condiciones para que la empresa privada pueda seguir desarrollando empleos sea paliada con el esfuerzo que el Estado debe hacer, sobre todo en comunas que están pidiendo recursos, las cuales, además, pertenecen a zonas muy pobres, donde el esfuerzo del Estado ya ha sido bastante importante en los últimos años, pero, sin duda, insuficiente. Prueba de ello es que se trata de zonas que tienen los más altos índices de cesantía.
Cuando un tema tan importante como la falta de trabajo, sobre todo para la gente más humilde, para nuestros trabajadores, se presta para actitudes demagógicas como la del colega Hales , se resta seriedad a nuestra función parlamentaria, por lo que pido que la unidad que se requiere para enfrentar el problema del desempleo sea una de las tareas a las cuales debamos abocarnos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Por falta de quórum, se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Nuevamente, no hay quórum. Se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Por no haberse alcanzado nuevamente el quórum requerido, queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo Nº 609 hasta la próxima sesión.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tengo el agrado de hacer presente que se encuentra en las tribunas al alcalde de la ilustre municipalidad de Mejillones don Marcelino Carvajal Ferreira , quien visita el Congreso Nacional con el objeto de recibir el reconocimiento como gran alcalde de Chile, distinción que le será entregada esta tarde en una ceremonia que se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Esta gran distinción, que se otorga una vez al año, le ha sido conferida por el Centro de Expresión Ciudadana de Chile. Acompañan a tan ilustre visita su cónyuge, sus padres y hermanos, directivos del municipio nortino y diversas autoridades representativas de esa comuna, entre las cuales se encuentran tres concejales.
(Aplausos).
Es un honor para quien habla saludarlo y darle la bienvenida, en mi condición de diputado del cuarto distrito, que incluye obviamente la ciudad-puerto que se convertirá en la sede del megapuerto principal de nuestra patria.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco .
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, quiero adherir al saludo del gran alcalde de Mejillones que hoy será galardonado en el Congreso Nacional. Sólo pertímame aclararle que, modestamente, el primer puerto de Chile es San Antonio.
Hoy, gracias a la labor que han realizado los trabajadores portuarios, ocupamos el primer lugar en carga y descarga. Es un orgullo, en mi caso, como representante de la ciudad-puerto de San Antonio, ejercer el cargo de representante popular de ese puerto, que con muchas dificultades está trabajando para el bienestar de nuestro país en conjunto con el futuro puerto de Mejillones, como usted lo ha señalado señor Presidente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Con el respeto que se merece la señora alcaldesa de San Antonio, me permito hacer una corrección o un téngase presente, en el sentido de que, a contar de noviembre, el puerto de San Antonio tendrá que abandonar el título que usted le ha atribuido por el inicio de las obras del megapuerto de Mejillones.
VII.INCIDENTES
INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista. Tiene la palabra el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ayer me referí a una declaración muy importante del contralor general de la República, formulada con ocasión del vigésimo noveno aniversario de la Contraloría Regional de Valparaíso.
Es necesario que los señores diputados y la ciudadanía, en general, sepan valorar el alcance de las declaraciones del contralor señor Arturo Aylwin Azócar , quien señaló que la Contraloría no puede limitarse a verificar el cumplimiento de reglas atingentes a la competencia y formalidades, sino que su fiscalización tiene que ver también con el correcto y efectivo empleo de los recursos y el buen funcionamiento de cada servicio. Agregó que nadie puede discutir que la eficiencia debe ser fiscalizada por la administración, pero que también correspondía que la fiscalizara la Contraloría, porque nada se lograría si, en definitiva, los recursos se emplearan ajustados al presupuesto -porque son dinero del Estado, es decir, de todos los chilenos-, pero se operaran con ineficiencia absoluta, con dispendio grosero y con manifiesta negligencia en el cumplimiento de los objetivos que encomienda la ley. Asimismo, expresó que por eso planteaba, además, que la auditoría concebida como instrumento de control de legalidad incluye fiscalizar la eficiencia, tanto más cuanto que el organismo contralor debe velar por el cumplimiento de las normas -contenidas en la ley orgánica constitucional de Bases generales de la Administración del Estado- que están operando.
Lo señalado por el Contralor General de la República es de suma importancia, toda vez que ese organismo, requerido su parecer en materias legislativas que le conciernen, ha dado a conocer sus limitaciones. Ese criterio nuestro, sin duda debe cambiar luego de esta clara, firme, contundente y gran reiteración que ha hecho el señor Arturo Aylwin sobre los preceptos que la rigen, a fin de poder investigar también aspectos como el uso eficiente de los recursos.
En el programa de reposición de establecimientos educacionales que el Gobierno ha desarrollado, de los 1.400 millones de dólares de que dispone el programa de reforma educacional, más del setenta por ciento será transferido a particulares, a colegios dependientes de la Iglesia Católica, de corporaciones industriales afiliadas a la Sofofa y a un conjunto de organismos privados que trabaja en educación, pero que, como actividad principal, se dedican a otro rubro. Esos recursos serán entregados a título gratuito con la sola salvedad de que durante treinta años se destinen a fines educacionales y luego pasarán a incorporar el patrimonio de dichas instituciones. Es decir, el Estado regalará dinero para que privados operen y generen desarrollo en el ámbito de la modernización de la reforma educacional, que todos queremos, para que en Chile haya igualdad en la educación y, por lo tanto, cada cual tenga mejor capacidad para ascender socialmente, no de acuerdo al bolsillo de sus padres, sino de su propia capacidad. En ese sentido, el Presidente Lagos ha dicho que quien posea capacidades y deseos de aprender tendrá oportunidad de estudiar, aun cuando su padre sea obrero y esté cesante. Muchos de los parlamentarios presentes, incluso nuestros ministros y el Presidente de la República, estudiaron gratuitamente en la universidad todos lo sabemos- porque era gratuita. Hoy tiene un costo. Estamos trabajando por que la universidad esté al alcance de todas las familias mediante un sistema de becas y de cobro de aranceles, de manera que no tengan necesidad de endeudarse. La educación superior requiere de modificaciones, pero la reforma de la educación básica y media representa el esfuerzo estatal que menciono. Estamos entregando muchos recursos para que municipios y sostenedores privados puedan impartirla de verdad. En materia de nuevos establecimientos educacionales estamos construyendo mucho, pero no lo hacemos bien. Por eso, pido que la Contraloría realice una investigación administrativa acabada en la totalidad de las regiones del país, desde la Primera hasta la Duodécima, respecto de los procesos de licitación y de ejecución, como asimismo una fiscalización técnica de cada uno de los establecimientos educacionales que se construye, porque hemos tenido severos problemas. Por ejemplo, en Florida, comuna que represento, está la nueva y preciosa escuela F-634. Cuando la gente pasa por la carretera rumbo a Copiulemu, cree que es una universidad o instituto profesional porque lo parece; hay universidades que tienen la mitad de su infraestructura, construida con plata del gobierno de la Concertación en un terreno que al parecer tiene problemas, puesto que su infraestructura se debilitó y se quebró el muro central después de una copiosa lluvia. Ahí existen responsabilidades.
En las aulas que construimos no puede ocurrir, por ejemplo, lo que ha pasado con las viviendas del barrio modelo que estamos investigando en la Comisión de Vivienda. Durante muchos años, los niños de escuelas y liceos rurales han debido asistir a salas de clases sin vidrios, con puertas que se caen y baños insoportables. Hoy estamos construyendo, con mucho dinero, establecimientos educacionales de gran calidad, pero deben hacerse bien y por las mejores empresas constructoras. Ya no existe la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, sino licitaciones públicas.
Solicito que la Contraloría establezca si es necesario -como creo- que exista una evaluación de cada empresa que construya liceos o escuelas, porque no es lo mismo que hacer una casa, una pieza o una fábrica. Se requieren capacidades especiales y, sobre todo, garantías de que su estructura sea adecuada para los fines pedagógicos. Varios diputados profesores lo saben. No hay aula que no requiera condiciones especiales. La mayoría de ellas son cajones cuya capacidad acústica impide que los alumnos escuchen al profesor, o bien su luminosidad no cumple con ningún requisito.
Tengo gran duda sobre si estamos construyendo escuelas y liceos que reúnan las condiciones ergonómicas, es decir, con la estructura y bienes materiales al servicio de la mayor comodidad para el aprendizaje y seguridad de los estudiantes.
Claramente tenemos graves problemas. Cada proyecto debe ser evaluado. Por ejemplo, el liceo de Los Ángeles, después de terminado, se llovía entero. También las escuelas construidas en Florida. En Rahuil, se levantó una bonita escuela, pero sus terminaciones son pésimas y cada vez que llueve hay que repararla. Las empresas que construyen establecimientos educacionales y no cumplen deben ser sancionadas y borradas de los registros. Ocurre -es el gran debate que hemos tenido en la Comisión de Vivienda, con Carlos Montes a la cabeza- que cambian de nombre, de razón social y vuelven a ganar una licitación, pero hacen las cosas mal, no las terminan y quedan abandonadas. Eso sucede con las construcciones de hospitales, de casas y ahora con las de establecimientos educacionales.
La Contraloría debe investigar los procesos de licitación y la ejecución de todas las escuelas en el país. Sé que es una tarea enorme, pero la transparencia y la credibilidad del proceso de reforma educacional así lo requieren para poder establecer dónde se están haciendo bien las cosas o hay fallas, para aplicar las sanciones administrativas correspondientes cuando los municipios incurran en errores al hacer las licitaciones, en fallas administrativas o, derechamente, en corrupción.
En el caso de la Octava Región se está construyendo un número importante de escuelas y liceos destinados a la jornada completa, pero, en mi opinión, las construcciones no tienen fiscalización adecuada. Se necesita más apoyo técnico, que no tienen las municipalidades pequeñas. Los departamentos de obras sólo cuentan con un constructor civil y un ayudante y, en consecuencia, no tienen capacidad para fiscalizar estas obras de manera permanente. Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Educación para que nos entregue el detalle exacto de todas las obras que ha financiado desde la entrada en funcionamiento de la reforma. Asimismo, al Ministerio de Hacienda para que nos indique, en detalle, cuántos recursos ha entregado, a qué municipios y los costos correspondiente, y cuál es su evaluación acerca del funcionamiento del programa de reposición de escuelas.
En cuanto a la jornada completa, discrepo profundamente de la evaluación y de las conclusiones optimistas que ha entregado el Ministerio de Educación sobre su cumplimiento técnico. Los representantes de los centros de padres de mi distrito me señalan que hay graves problemas en la administración del tiempo completo de dicha jornada. Los chicos no tienen dónde almorzar. Más aún, los de básica y de media van sólo a jugar, a darse vueltas, porque sin implementación pedagógica es imposible que el tiempo de aula hasta las cuatro o cinco de la tarde sea bien usado.
Solicito que se envíen los oficios a que me referí, en particular a la Contraloría General de la República, a fin de que inicie la investigación a la brevedad posible.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría con la adhesión de los señores diputados que lo están indicando.
INFORMACIÓN SOBRE LAS BRIGADAS ESCOLARES. Oficio.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, como las brigadas escolares no funcionan, solicito que se oficie al Ministerio de Educación para que informe al respecto. Estaban integradas por más de 62 mil estudiantes, pero su número ha disminuido porque el tiempo de la tarde se ocupa en la jornada escolar completa.
Además, en las escuelas y liceos no existe la asignatura sobre educación del tránsito. Los programas respectivos no se cumplen, como tampoco la ley que promoví durante más de cinco años para hacer obligatoria la enseñanza del tránsito en la educación básica y media, de manera de contar con buenos peatones, pasajeros y conductores que no sólo sepan manejar, sino que también tengan valores como el respeto a la vida.
Hemos discrepado con el Ministerio de Educación. La ministra señora Mariana Aylwin firmó el proyecto. Es algo increíble.
Se lo he dicho a la ministra.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido que se envíe, en mi nombre, el oficio al Ministerio de Educación, para que informe detalladamente respecto de estos temas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo señalan.
REPOSICIÓN DE ASFALTO EN CAMINO DE ANGOL A LOS SAUCES. Oficio.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta .
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, me voy a referir a una situación que me tiene bastante molesto y preocupado. Se relaciona con el estado del camino que une las ciudades de Angol y Los Sauces. Hace aproximadamente cuatro años que se realizó su pavimentación, pero en este momento presenta una serie de fallas bastante notorias. Es desagradable cuando, al transitar por allí en vehículo antecedido por otro, no se alcanza a visualizar los baches que están adelante. Además, hay grietas longitudinales, grietas de piel de cocodrilo, segregación, ahuellamiento y baches. Tengo aquí el oficio Nº 4063, del 10 del presente, de la Dirección Regional de Vialidad de la Novena Región, en respuesta a una solicitud de mejorar las condiciones del bacheo que se está haciendo, trabajo que es muy rudimentario. Había pedido que se enviara un equipo más especializado que tiene la Dirección Regional de Temuco, lo que en alguna medida se ha hecho, pero resulta que cada día se generan mayores problemas.
Aquí tengo el estudio de la monografía del camino Angol-Los Sauces , con los anchos y los metros cuadrados de bacheo, y resulta que existirían 17 mil metros cuadrados del mismo. Me llama mucho la atención el alto costo que significa la demolición de pavimentos existentes, remoción y colocación de base granular, imprimación de mezcla asfáltica y tratamiento superficial doble, que representa 345 millones de pesos, suma que me parece excesivamente alta.
Por lo tanto, solicito que se oficie al director regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para que señale específicamente el monto exacto que costaría la reposición y mejoramiento de este asfalto. Se asevera que habría que hacer un compromiso estructural para que pueda aumentar de manera considerable la transitabilidad de la ruta, que a la fecha tiene cuatro años de servicio.
Pido también que se indique si existe alguna garantía entregada por la última empresa que construyó ese camino, para los efectos de cobrar el daño notorio que se ha generado desde hace bastante tiempo en el trabajo realizado.
Recuerdo que hace algún tiempo formulé también esa consulta, y se me dijo que había algunos cobros en relación con esto, pero, posteriormente, no se concretó la información.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE DE TELÉFONOS RURALES. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, también quiero referirme a la falla de los teléfonos rurales, servicio prestado por la Compañía Telefónica Rural, CTR. Con frecuencia, cuando uno llega a un sector y ve las instalaciones de teléfonos, se alegra del progreso que ello ha representado para el sector rural, pero resulta que muchas veces la gente afirma que están malos, a pesar de que vinieron a arreglarlos hace poco. Funcionan bien un par de días y vuelven a fallar.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para saber cuál es el control que se ejerce sobre el estado de funcionamiento de estos teléfonos rurales, si hay un plazo determinado en que la compañía debe informar de la revisión que hace de los teléfonos, si se puede obtener el control y chequeo del estado de los teléfonos rurales instalados en el distrito 48 mi distrito-, como una forma de revisar y comprobar la efectividad de la información que entrega la compañía.
Quiero saber si la Secretaría Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones tiene esta información, porque no sacamos nada con entregar subsidios importantes a las empresas para que presten un servicio que posteriormente no sirve o que no está de acuerdo con lo que la gente requiere y necesita.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Sergio Velasco .
ANOMALÍAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCTORES. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco .
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, quiero plantear un grave problema que se está suscitando en todas las municipalidades pequeñas del país, y particularmente en las del distrito 15. En las comunas de Casablanca, Algarrobo , El Quisco, El Tabo, Cartagena y también Santo Domingo, incluida la ciudad-puerto de San Antonio, nos encontramos con una serie de escuelas fantasmas de conductores.
Me he entrevistado, en distintas comunas del país, con dirigentes de los colectivos, de los taxis, con las personas que trabajan en el traslado de estudiantes y con los camioneros y dirigentes de camiones para informarme sobre las exigencias de los cursos obligatorios de conductores que deben realizar los choferes a fin de obtener las licencias clase A-1 y A-2. Sobre esa base, he concluido que habría algunas instituciones que no están cumpliendo con lo dispuesto en la ley que esta Cámara de Diputados tramitó para regularizar una situación que afectaba a miles de conductores que, a través de esa función, ganan el sustento para sus hogares. Además, los encargados de impartir estos cursos no entregan certificados para renovar la documentación. Los dirigentes agregaron que estos organismos, aparte de cobrar sumas excesivas, no figuran con ningún domicilio estable.
Hoy existe una serie de promotores, en distintas comunas del país, que han estado publicitando y realizando esta actividad en representación de algunas escuelas fantasmas de conductores, quienes están coludidos, muchas veces, con algunos funcionarios que desarrollan actividades en los municipios y en las oficinas respectivas para renovar certificados. Esta situación se ha repetido reiteradamente en Casablanca, como también en la provincia de San Antonio. Por lo tanto, pido que se oficie al contralor general de la República y al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de que tomen las medidas administrativas necesarias para que no se continúe con este sistema de engaño y de estafa que está afectando a los conductores, quienes concurren ilusionados a estas escuelas fantasmas para acreditar su calidad de choferes profesionales, tan necesaria para poder ejercer su actividad de transportistas.
He sostenido y voy a sostener reuniones no sólo con los seremis, sino también con el señor subsecretario de Transportes don Patricio Tombolini , para poner atajo a estos hechos que distorsionan las disposiciones de la ley y que posibilitan engañar a modestos conductores, quienes, a través de su profesión, se ganan la vida en esta actividad tan noble como cualquiera otra.
Quiero manifestar, alarmado, que esta anomalía está afectando el bolsillo de los choferes de nuestro país, por lo que solicito que se requiera la presencia de inspectores que fiscalicen estas escuelas, con el objeto de evitar que estos hechos se transformen en un escándalo que explote por falta de probidad administrativa.
Señor Presidente, hemos visto cómo se han instalado estas escuelas fantasmas de conductores a lo largo y a lo ancho de nuestro país, las que están afectando en forma seria a quienes realizan una labor tremendamente importante y significativa. Además, muchos jóvenes que andan en busca de trabajo se encuentran con que los están engañando para obtener sus licencias de conducir clase A-1 o A-2.
Por consiguiente, solicito que, con la mayor agilidad posible, el contralor general de la República y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones tomen cartas en este asunto, que se está transformando en un escándalo en todo el país, lo que no podemos permitir como legisladores y representantes de nuestros respectivos distritos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los colegas que así lo señalan.
ENVÍO A COMISIÓN ESPECIAL DE ANTECEDENTES DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Oficio.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Reyes .
El señor REYES.-
Señor Presidente, hace algunos días esta Corporación aprobó el proyecto de acuerdo, propuesto por su Excelencia el Presidente de la República, referido a la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en Ciudad de Guatemala en 1999.
Por razones ajenas a mi voluntad, no pude participar en el debate respectivo. Por lo mismo, quiero dejar constancia en esta oportunidad de mi posición favorable a dicha Convención, la que, por lo demás, había dado a conocer en la Comisión de Relaciones Exteriores, que informó sobre este proyecto de acuerdo, posición que ahora ratifico, toda vez que me parece de la máxima importancia que la Cámara de Diputados haya dado su aprobación al acuerdo mencionado, a través del cual se reafirma la igualdad de las personas con discapacidad en sus derechos humanos y en sus libertades fundamentales.
En virtud de la referida Convención, los Estados Parte, entre los que se cuenta Chile, se comprometen a adoptar todas las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquiera otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad, y propiciar, en consecuencia, su plena integración a la sociedad.
Del mismo modo, los Estados Parte se comprometen a trabajar de manera prioritaria en la prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles, en su detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación educacional y en el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para estas personas, así como a sensibilizar a la población a fin de eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando así el respeto y la convivencia que se merecen las personas con discapacidad. Para dar cumplimiento a lo anterior, los Estados Parte concuerdan en esta Convención en cooperar entre sí y se obligan a promover la más amplia participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, de organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o de las propias personas discapacitadas en la elaboración, ejecución, evaluación de medidas y políticas para la aplicación del Convenio.
En lo que dice relación con nuestro país, se han dado pasos significativos previos a este acuerdo, en el ámbito legislativo, como la aprobación de la ley Nº 19.284, sobre plena integración de las personas con discapacidad, y de la ley Nº 18.600, en cuanto a personas que sufren de deficiencias mentales.
Señor Presidente, como esta Cámara de Diputados acordó hace algún tiempo la creación y funcionamiento de una Comisión especial encargada de abordar el problema de la discapacidad y de analizar y evaluar la legislación vigente, le solicito que esta Convención internacional sea remitida a esa Comisión especial para que sus disposiciones, acuerdos y compromisos sean considerados en el trabajo que dicha Comisión debe realizar.
Reitero mi solicitud formal para que estos antecedentes, específicamente este acuerdo internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, sea hecho llegar, para su consideración y análisis, a la Comisión especial constituida por esta honorable Corporación.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se harán llegar los antecedentes entregados por su Señoría a la Comisión especial correspondiente.
ENTRADA EN VIGENCIA DE REFORMA PROCESAL PENAL EN LA REGIÓN DEL MAULE. Oficio.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar mi adhesión al oficio solicitado por el diputado señor Víctor Reyes .
En segundo lugar, deseo dar cuenta en esta Sala de que ayer, 16 de octubre, entró en vigencia la reforma procesal penal en tres regiones de nuestro país: Antofagasta , Atacama y del Maule. Quiero dejar constancia de este hecho porque, a nuestro juicio, es de extraordinaria importancia.
Por otra parte, agradecemos al Gobierno que estas regiones sean de las primeras en poner en vigencia esta trascendental reforma de nuestro sistema judicial. Las personas interesadas y todos los chilenos estábamos anhelantes de una reforma profunda a nuestro sistema procesal penal. El ministro de Justicia don José Antonio Gómez y el fiscal nacional señor Guillermo Piedrabuena concurrieron a dar el vamos a esta reforma procesal penal en la Región del Maule, en un acto masivo realizado en la Plaza de Armas, con asistencia de todas las autoridades, pobladores, estudiantes y público en general. Ello, porque es bueno que todos estemos en conocimiento de la partida, en estas regiones, del nuevo sistema de justicia, de tan alto significado.
Creo que la mayoría espera que esta reforma sea exitosa, porque el sistema existente no nos satisfacía, pues era burocrático, lento, costoso y los juicios demoraban muchos años; además, la gente modesta, precisamente por lo oneroso, tenía poco acceso a ella y era muy mal defendida en los juicios en que se veía involucrada. De manera que son muchos los cambios.
Por otro lado, quedan pendientes muchos casos graves de homicidio y delincuencia en la Región del Maule, porque el sistema judicial en vigencia no supo investigar y llevar a juicio a los responsables de atroces delitos ocurridos en el país. Entre ellos, el crimen de la Calchona, en el cual durante años no pasó nada y después se acusó a tres jóvenes, quienes estuvieron cumpliendo condena por cinco años, en circunstancias de que eran inocentes, al comprobarse lo cual fueron puestos en libertad. También está el caso de Paul Schaefer , quien continúa prófugo; todas las diligencias han resultado ineficaces para dar con esa persona, una de las más buscadas.
En fin, por una u otra razón, teníamos un sistema judicial inoperante. De manera que hay muchas esperanzas cifradas en este nuevo sistema judicial, en el sentido de que corrija los vicios del anterior y signifique un aliento y una esperanza, sobre todo para quienes cuentan con menores recursos.
No existe convicción de ello, porque hay que evaluar el funcionamiento del sistema con el paso del tiempo y ver cómo se van dando las cosas. No hay seguridad completa de que la situación se resolverá en cuanto se ponga en práctica el nuevo sistema de justicia; pero, por lo menos, existe una luz en el camino que indica que la corrección del sistema judicial constituye una alternativa positiva, una salida y una mejor comprensión del mismo por la gente. Además, se da un voto de confianza a los jueces para que dictaminen como corresponde.
Por otra parte, esta reforma es una de las empresas más costosas que ha emprendido el Gobierno. La nueva etapa que se inicia tiene un costo de 260 mil millones de pesos a nivel nacional. Significa la incorporación de 7.540 nuevos empleos y la construcción de 363 edificios en el país. En la Región del Maule, la inversión será de 15 mil millones, la mitad del presupuesto de la segunda etapa. De éstos, 5.500 millones se destinarán a la construcción de tribunales de juicio oral en lo penal, y de garantía en Talca, Curicó , Linares y Cauquenes ; juzgados de garantía en Constitución, Molina , San Javier y Parral , y la remodelación de los juzgados de letras de Chanco, Licantén y Curepto . Es una tremenda inversión, un gran esfuerzo, que ojalá rinda los frutos que la gente espera. Por ello, pido oficiar, en mi nombre, al ministro de Justicia, destacando y agradeciendo la aplicación de la reforma procesal penal en la Región del Maule. Ojalá que la iniciativa sirva para revisar algunos juicios pendientes, que han conmocionado a nuestra región y a la opinión pública en general.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
DEFENSA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE CHILOÉ EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL CANAL DE CHACAO. SALUDOS A CLUBES DEL ADULTO MAYOR. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, hace algunos días el Presidente de la República don Ricardo Lagos visitó Chiloé con el objeto de anunciar el próximo llamado a licitación para la construcción de un puente sobre el canal de Chacao, una de las obras de ingeniería más imponentes, más grandes y espectaculares que se realizarán en el país. El canal de Chacao siempre ha representado un obstáculo natural, una barrera para las aspiraciones de crecimiento de la provincia de Chiloé. Había tres formas de resolver el problema: mediante el mejoramiento del sistema de transbordadores, la construcción de un túnel bajo las aguas del canal o la construcción de un puente. Se optó por esta última posibilidad, en la cual hemos estado trabajando desde 1994, cuando conversamos con el entonces Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle .
En esa ocasión se señaló que junto con estas obras de infraestructura, el trabajo del Estado debería estar orientado a defender la identidad cultural del lugar, quizás el patrimonio más grande de Chiloé, el que ha sido formado por miles de personas. Es obvio que la cultura de un pueblo es cimentada por los hombres y mujeres que habitan un lugar geográfico determinado; y esa cultura, basada en valores como la solidaridad, ha hecho que en Chiloé todavía existan las mingas, el quelcún, el medam, las tiraduras de casas y notoriedades tan grandes que hacen que sea conocido en todo el mundo con su particular visión y forma de ser y, en suma, por su identidad cultural. Todo fue construido por nuestros mayores: miles de chilotes, que hoy viven en la Patagonia, en la Isla Grande de Chiloé o en las adyacentes, construyeron el Chiloé de hoy.
A todas esas personas que trabajaron durante mucho tiempo por la construcción de nuestra provincia; a los adultos mayores, quienes durante este mes estuvieron de aniversario; a los hombres y mujeres que pusieron todo su esfuerzo, trabajo y abnegación para construir el actual Chiloé, quiero saludarlos en la celebración del día y mes del adulto mayor.
Saludo a todos los clubes del adulto mayor de Castro, de Ancud, de Quellón, de Curaco de Vélez, de Quinchao y de Queilén, que hoy se organizan para trabajar juntos en fraternidad y solidaridad, y siguen los mismos valores con los que construimos Chiloé . Por lo tanto, solicito enviar oficio, en mi nombre, para que los alcaldes de Quellón, de Castro, de Ancud, de Curaco de Vélez, de Quinchao y de Queilén remitan nuestros saludos a todos los clubes del adulto mayor existentes en estas comunas, porque se lo merecen.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD SATÉLITE EN QUELLÓN. Oficio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, continuando con el llamado a licitación para la construcción de un puente sobre el canal de Chacao, obra de infraestructura enorme, hablábamos también acerca de la necesidad de que el Estado se involucrara directamente en algunas obras de infraestructura que Chiloé requiere.
Por ejemplo, es muy importante que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo adquiera unas 50 hectáreas alrededor de Quellón, las urbanice con luz, agua, electricidad, cables telefónicos, plantas de tratamiento de agua y lo que sea necesario para que la gente viva, a fin de que en los próximos cinco o seis años se construyan en ellas l.500 ó 2000 viviendas para los habitantes de esa comuna que no tienen casa.
Como consecuencia de la construcción del puente sobre el canal, Quellón se convertirá en una de las ciudades más importantes, debido a que el Chile continental de hoy ya no terminará en Puerto Montt. Por eso, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que considere, en los presupuestos del sector de los próximos años, los recursos suficientes para que esa cartera adquiera unas 50 hectáreas de terreno, que permitan la construcción de una ciudad satélite en los alrededores de Quellón y se solucione la demanda habitacional existente en ese sector.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio en nombre de su Señoría.
MEDIDAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE SALUD EN CHILOÉ. Oficios.
El señor ASCENCIO.-
Por último, algo que también conversamos en la visita del Presidente Ricardo Lagos .
Mucho más importante que cualquier cosa es resolver el problema de la salud en Chiloé; mucho más importante que cualquier obra de infraestructura es necesario resolver el problema humano que afecta a miles de chilotes que no pueden acceder a especialidades médicas complejas ni a alguna capacidad resolutiva en nuestros hospitales para solucionar los problemas de asistencia médica que los aquejan en estos momentos. Los chilotes siguen viajando a Puerto Montt a conseguir que un especialista oftalmólogo, cirujano cardiovascular u otros, puedan atenderlos.
Durante la campaña, el Presidente Lagos se comprometió conmigo y con la gente de Quellón, Ancud y Castro a que al término de su período presidencial tendríamos autonomía suficiente en relación con el servicio de salud Llanchipal y que, además, íbamos a tener un hospital en Castro, con infraestructura y capacidad suficiente y los especialistas que la gente de Chiloé demanda. Hoy estamos trabajando en la infraestructura del hospital de Castro y con el doctor Omar Béjar tratamos de que se construya el nuevo establecimiento hospitalario. Por lo anteriormente señalado, pido que se oficie a la ministra de Planificación para que dé su aprobación al proyecto de modernización del hospital de Castro, y al intendente de la Región de Los Lagos para que en el próximo consejo regional asigne los recursos que el diseño del nuevo hospital requiere.
De esta manera estaremos avanzando con los trámites necesarios para cumplir con la palabra del Presidente y con lo que el gobierno de la Concertación ofreció a Chiloé: salud adecuada para todos los chilotes antes del término del mandato del Presidente Ricardo Lagos .
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán oficios a la ministra de Planificación subrogante y al intendente de la Décima Región.
TRASPASO DE PROFESORES A ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, ayer se celebró el Día del Maestro. El colega diputado Enrique Jaramillo tuvo una emotiva y vibrante intervención en homenaje a los maestros del país e hizo un reconocimiento especial a su esposa y compañera por muchísimos años.
Mi amigo Carlos Vilches , diputado de Renovación Nacional, me ha concedido cuatro minutos de su tiempo para plantear la siguiente materia.
Hay momentos especiales. Ayer nos impusimos por la prensa de que, a tempranas horas de la mañana, el Presidente de la República don Ricardo Lagos Escobar invitó a tomar desayuno a ex profesores que lo ayudaron en su formación. Lo mismo hicieron la ministra Mariana Aylwin , el ministro Mario Fernández y otros connotados personajes públicos de la vida nacional. ¡Linda señal, muy positiva y emotiva!
Los conductores de nuestro país, comenzando por el Primer Mandatario, dan a conocer a la opinión pública el gran rol que los maestros de Chile han cumplido en la construcción de nuestro país. Han formado jóvenes y han entregado conocimientos a todos, sin ningún tipo de discriminación.
Son homenajes dignos, vitales e importantes, pero, fuera de eso, hay que demostrarlo en los hechos.
Los diputados de Gobierno estamos aquí para colaborar con la noble profesión del maestro. En ese contexto, entre 1990 y 1998 me correspondió ser coordinador de la bancada de la Democracia Cristiana en la Comisión de Educación, donde, junto con el diputado Carlos Montes , quien también fue miembro de la citada Comisión, tuvimos la entereza y la valentía suficientes para defender el Estatuto Docente, no obstante que todos lo motejaron de “estatuto indecente”, con una perspectiva pequeña y con un punto de vista electoralista. El tiempo nos ha dado la razón. Hubo allí una gran visión de dos hombres: Patricio Aylwin , como Presidente de Chile, y Ricardo Lagos, en ese tiempo ministro de Educación. Los resultados están a la vista.
Es cierto que falta mucho por hacer en la educación chilena, pero se ha avanzado una enormidad. Primero, defendimos el Estatuto Docente, ley Nº 19.070; después, nos alegramos con la dictación de la ley Nº 19.200, que cambió la forma de calcular la jubilación, con lo cual el promedio de las 60 últimas rentas se rebajó a las 36 últimas rentas. Más adelante, se despacharon dos proyectos de ley que modificaron el Estatuto Docente, los cuales contenían artículos transitorios que permitieron a más de 6 mil profesores jubilar con la última renta y con 15 ó 16 meses de indemnización. Sin embargo, los profesores que están en el sistema de las Administradoras de Fondos Previsionales, no han podido jubilar con la última renta y, por lo tanto, hacer uso de un beneficio debidamente consensuado. En dos o tres ocasiones he expresado en esta Sala que no es justo que mientras colegas que estuvieron en el sistema antiguo puedan jubilar en forma digna, los que se encuentran en el sistema de las administradoras de fondos previsionales hasta hoy no pueden impetrar el beneficio de la jubilación, porque sus rentas bajan a la mitad.
He expresado en esta Sala la necesidad de que el Ejecutivo patrocine un proyecto de ley para que, por una sola vez y por el plazo de seis meses, otorgue a los profesores la posibilidad de cambiarse de las AFP al antiguo sistema para que puedan jubilar con la última renta. Aproximadamente cinco mil maestros en el país se encuentran en condiciones de impetrar este beneficio.
En Concepción, distinguidos profesores me han reiterado que ellos no se acogerán a jubilación porque no pueden bajar sus rentas a la mitad. Es cierto que el senador Andrés Zaldívar presentó un proyecto en estos términos para todos los funcionarios públicos, pero todos sabemos que debe venir patrocinado por el Ejecutivo. No me opongo a eso, pero comencemos con algo.
No me cabe la menor duda de que todos los parlamentarios que están en la Sala van a apoyar mi petición de oficiar al Presidente de la República, al ministro de Hacienda, a la ministra de Educación y al ministro del Trabajo para que se pronuncien acerca de la posibilidad de autorizar, por una sola vez, el traslado de las cotizaciones de las AFP al sistema antiguo para que los colegas maestros que cumplen con los requisitos puedan jubilar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo están manifestando y de lo cual Secretaría está tomando debida nota.
HOMENAJE A LA CIUDAD DE CHAÑARAL EN SU 168º ANIVERSARIO. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, en esta ocasión quiero rendir un sentido homenaje a la comuna de Chañaral, que el día 26 de octubre cumple 168 años de existencia. Esta ciudad fue fundada en el siglo XIX, a partir de la explotación cuprífera del yacimiento de Las Ánimas. En 1824 se iniciaron las labores de extracción de los minerales de los yacimientos, lo que dio origen a la localidad-puerto de Chañaral. Más tarde, se desarrolló la explotación del gran mineral de El Salado.
El avanzado que llegó a estas tierras fue el español Diego de Almeyda , quien en 1833 fundó Chañaral y, para la historia de esta Cámara de Diputados, realizó las primeras exportaciones de cobre del país.
Esta ciudad-puerto de Chañaral, que también tuvo un desarrollo muy importante en la pesquería, ha cobijado a familias muy importantes, por lo cual hoy sus herederos se sienten orgullosos de ellas. Vayan mis saludos a la familia Vecchiola , por intermedio de Miriam Vecchiola , ex alcaldesa de la ilustre municipalidad de Chañaral; a la familia Palma , a través de su integrante más relevante, don Julio Palma, quien ha hecho mucho por esta ciudad; a la familia Campusano , por medio de la señora Marta Campusano ; a la familia Ciccardini , en la persona de doña Elba Ciccardini ; asimismo, reciba mi salutación la familia Aróstica . Quiero destacar a familias que han cimentado una tradición en Chañaral, tales como los Pérez Rivera , quienes por muchos años fueron dueños del Hotel Jiménez, el principal de la ciudad.
También están los Soza; los Arredondo Bugueño , en los que sobresale el nombre de un gran personaje y ex concejal de la comuna de Chañaral, don Óscar Arredondo . Además, es importante para mí mencionar a las familias Kong , Carmona y Tonsic , que han sido señeras en esta ciudad-puerto.
Por ello solicito oficiar, en nombre de la Cámara, al señor alcalde don Héctor Volta . Aun cuando no compartimos las mismas ideas políticas -él es representante del Partido Radical-, le hago llegar mis cariñosos y respetuosos saludos con motivo del aniversario de Chañaral. Asimismo, a la señora gobernadora doña Clara Ossandón , quien realmente ha desempeñado una significativa labor en la provincia. Hago llegar a ellos mi reconocimiento, saludos y deseos de que les vaya muy bien en todo lo que emprenda esta ciudad-puerto.
Aprovecho la oportunidad para rendir un pequeño homenaje a un conjunto musical que hizo del canto una noble obsesión, lo que le ha permitido entregar su talento a la región de Atacama durante 38 años. Me refiero al grupo “Los del Chañar”, hoy compuesto por cinco integrantes: Santiago O’Brien , los hermanos Jaime y Ricardo Ireland , Nolberto Pérez y Renato Alarcón , el cual ha sido un orgullo para Atacama por la interpretación de los temas que lo han hecho famoso. Ha actuado en los principales escenarios del país divulgando composiciones como “Atacama, tierra mía”, “Cerro de la Cruz”, “Copiapó, tierra olvidada”, que emocionan a la gente de la región. Por ello, he querido rendirle este merecido homenaje, porque ha sido gran embajador de la música y ha dejado muy bien puesto el nombre de nuestra región, especialmente de Copiapó.
Solicito que también se salude a este conjunto por los años que ha dedicado a la música, y por su indiscutido arte y talento.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios de saludo solicitados por su Señoría, en nombre de la Cámara, a la gobernación, alcaldía y al grupo musical señalado.
FACILIDADES PARA LA JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Oficio.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer .
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, desde este asiento me permito saludar a los maestros rurales que se encuentran en las tribunas y que pertenecen a la escuela Abel Bouchón de la localidad de Angostura, comuna de San Fernando. ¡Felicitaciones, queridos profesores, en su día! Por otra parte, quiero reiterar la necesidad de que el Presidente de la República envíe un proyecto para ayudar a mucha gente, funcionarios públicos -incluyendo a los maestros-, para que puedan acogerse a un merecido descanso, pero con una renta digna.
Como es de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo patrocinar un proyecto de ley de esa naturaleza, pido oficiar al Presidente de la República para hacerle presente la necesidad de legislar para que los funcionarios que laboran en la Administración Pública puedan acogerse a un merecido descanso, con lo cual también se abre a muchos chilenos la posibilidad de trabajar en el sector público.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
OBRAS PÚBLICAS EN COMUNA DE SAN FERNANDO. Oficio.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas para señalarle que el camino La Ramada, que une Lo Moscoso en la continuación de la calle Yumbel, de la comuna de San Fernando -más bien parece una huella-, está totalmente abandonado. Tal situación es de responsabilidad de la Dirección Regional de Vialidad. Se trata de un sector tremendamente populoso, de gente muy modesta, que no puede sacar sus productos por ese camino para comercializarlos. En la visita que realicé a la población José Miguel Carrera , de San Fernando, que colinda con el río Antivero, pude comprobar que aún no se construyen las defensas fluviales del sector donde viven muchas familias, las cuales todos los inviernos se ven amenazadas por el aumento del caudal. Nunca se ha dado una solución definitiva al problema.
Los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas podrán informar al señor ministro sobre el estado en que se encuentra la ribera del río que tanto daño les causa a esos buenos vecinos.
De una vez por todas se debe construir el puente Antivero . El proyecto está aprobado y sólo falta aportar los recursos para reponer el puente, que tuvo más de 70 años de vida útil.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSOS DE LA INTENDENCIA DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, con mucho dolor digo que los consejeros del gobierno de la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins autorizaron al intendente, que es el representante del Presidente de la República y presidente del gobierno regional, para utilizar una suma cercana a los 500 millones de pesos a fin de solucionar problemas puntuales en escuelas, postas, clubes deportivos, juntas de vecinos y hogares de ancianos.
Me ha llamado la atención que el intendente don Raúl Herrera no haya entendido o escuchado bien lo planteado por el contralor sus responsabilidades, para promover candidaturas.
Me anima en esta denuncia el propósito de hacer las cosas más transparentes frente al pueblo, especialmente de mi distrito. La comunidad de San Fernando me eligió para proponer proyectos de ley y fiscalizar. En esa función, quiero saber cómo se gastan los recursos.
Quiero manifestarle a doña Alejandra general de la República señor Arturo plata de todos los chilenos y, además, no de-Sepúlveda que es malo hacer regalos con Aylwin en una intervención que efectuara en Valparaíso, sede del Poder Legislativo, con motivo del aniversario de ese organismo, en el sentido de que debemos cuidar los recursos porque no son del Gobierno, sino de todos los habitantes del territorio nacional. También me llama la atención el hecho de que no sea ésta la primera vez que se le entregan recursos a candidatos de la Concertación muy ligados a la Democracia Cristiana.
El domingo tuve la oportunidad de asistir a un club deportivo de la comuna de Peumo, que cumplía 74 años de existencia. Yo hice una donación con recursos propios, con el objeto de que sus socios se conectaran al cable y, así, ayudar a tantos jóvenes a comunicarse con el resto del mundo. También apareció en la celebración de la festividad doña Alejandra Sepúlveda , actual candidata, con el objeto de entregar un televisor pagado por la Intendencia con recursos de todos los chilenos. Lo peor fue que dijo que ella lo había comprado.
Quiero que se envíen oficios al ministro del Interior y al intendente de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, con el propósito de que nos informen cómo se han ocupado estos casi 500 millones de pesos y a qué instituciones y personas se han entregado artefactos o implementos. No podemos hacernos los lesos. El Primer Mandatario ha dicho a sus ministros que no pueden usar horas que deben dedicar a cirlo. Cuando alguien desea realizar una donación, la debe pagar con sus propios recursos, como lo hace cualquier ser humano.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Jorge Ulloa .
ESTABLECIMIENTO DE NORMA SIMILAR A LA DETENCIÓN POR SOSPECHA. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, quiero referirme a una noticia que parece casi sin importancia. Sin embargo, para mí reviste la mayor trascendencia. Un medio de prensa de circulación nacional, el día de ayer titulaba un artículo: “Estudian reponer figura similar a la detención por sospecha”. Hace varios meses encabecé la lista de patrocinantes de un proyecto de ley destinado a reponer una herramienta de prevención en la comisión de delitos. Se pretende que las policías cuenten con un instrumento mucho más eficiente y eficaz, como sería perfeccionar una norma similar a la de detención por sospecha.
Hubo parlamentarios que aquí casi hicieron berrinches, pero que hoy mantienen silencio. Es más, este medio de prensa dice que, consultado el diputado señor Leal sobre el particular, señaló que hoy estaría dispuesto a establecer una figura similar a la que he planteado. Es absolutamente imprescindible y necesaria frente a una política de mano abierta mantenida lamentablemente por la Concertación, que ha sido incapaz de manejar el tema de la delincuencia.
Con la mano en el corazón, pero también con el cerebro, pidamos al Gobierno que estudie el restablecimiento, mediante nuevas fórmulas como las que he sugerido, de la norma sobre detención por sospecha.
El Gobierno no se verá disminuido ni incapaz si reconoce que el proyecto que presenté hace unos meses, en conjunto con otros señores diputados, permitirá impedir que hechos tan penosos, graves y atroces como los de Alto Hospicio -entre tantos otros que se han cometido- vuelvan a ocurrir. El policía y el carabinero que están en la calle no cuentan ahora con esta herramienta eficiente y eficaz para prevenir el delito.
La Fiscalía Nacional y la Defensoría Pública deben reconocer que ni siquiera consultaron si una iniciativa sobre la materia se encontraba en trámite legislativo. Hoy nos hemos enterado por la prensa de que están estudiando proponer alguna medida similar.
Solicito que se oficie al ministro del Interior para que plantee la posición al Gobierno y señalé, en definitiva, si se incluirá en la convocatoria el proyecto que presenté, aunque se le hagan modificaciones. Asimismo, pido que se oficie al fiscal nacional y al defensor público para que sepan que un proyecto similar al que están estudiando ya fue presentado, incluso perfeccionando la institución, precisamente para evitar los problemas que ocasionaba.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Alejandro García-Huidobro .
RECURSOS PARA TERMINACIÓN DE LA QUINTA COMISARÍA DE TALCAHUANO. Oficios.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, hace más de un año me entrevisté con el ministro del Interior para hacerle presente la necesidad de que el centro de Talcahuano -una de las cuatro o cinco comunas más pobladas del país, con cerca de 300 mil habitantes- contara con una unidad policial. En la actualidad, en la calle Colón, en pleno centro de Talcahuano, existe un edificio a medio construir para la Quinta Comisaría de Talcahuano, pero faltan alrededor de 600 millones o 700 millones de pesos para terminarlo.
Solicito oficiar al ministro del Interior, a fin de que nos informe si para terminar la construcción de la Quinta Comisaría de Carabineros de Talcahuano se destinarán fondos del presupuesto del próximo año, o si para ello le pedirán al intendente de la región del Biobío don Jaime Tohá -a quien también pido que se le oficie para este efecto, en su calidad de presidente del consejo regional- que disponga recursos provenientes de la privatización de Essbío, como se señaló en una oportunidad. La terminación de esta obra es fundamental para la tranquilidad y paz ciudadana de una inmensa cantidad de habitantes de las poblaciones Los Lobos, Nueva los Lobos y villa Badarán , de los cerros Centinela , San Francisco y La Gloria.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Alejandro García-Huidobro .
INFORME SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. Oficios.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro .
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, permanentemente hemos exigido transparencia en la utilización de los recursos públicos. Por desgracia, hasta hoy no la hay en las empresas del Estado, las cuales utilizan fondos de todos los chilenos. Sus directivos deberían preocuparse del cumplimiento de ese requisito en la licitación y adjudicación de obras por ejecutar.
Al respecto, estoy profundamente preocupado por la situación que ocurre en la división El Teniente de Codelco-Chile. En esta empresa, desde 1995, se recuperan los polvos de la Fundición Caletones a través de un proceso de extracción por solventes en la planta de tratamiento de residuos sólidos, cuyo funcionamiento está autorizado -según se dice- por el Servicio de Salud O’Higgins, de acuerdo con un proyecto presentado ante ese servicio.
En dicho proyecto se suponía que la planta, luego de la recuperación del cobre, produciría como residuo un lodo o fango inerte, lo cual no ha ocurrido, porque empezó a generarse un precipitado, el cual lixivia metales pesados, principalmente arsénico, cadmio y plomo, considerados peligrosos. Por lo demás, es conocida la toxicidad del arsénico, del cromo y del plomo.
Debido a la no estabilización del precipitado, se construyeron dos piscinas impermeabilizadas en la División El Teniente, de aproximadamente 40 por 40 metros y de 6 metros de profundidad, denominadas megapozos, en las cuales se depositaron los residuos peligrosos, aproximadamente 20 mil toneladas.
Al parecer los megapozos no cuentan con la autorización del Servicio de Salud O’Higgins, porque no se contemplaban en el proyecto original. En la actualidad, se encuentran totalmente colmatados y es obvio que cuando llueve o cae nieve los derrames producen algún efecto en el medio ambiente y los lixiviados fuera de los depósitos pueden llegar a las aguas de la Sexta Región. Por ello se empezó a construir un tercer megapozo para recibir los precipitados. A mediados del presente año, la División El Teniente encomendó a la compañía minera Cochrane , de Valparaíso, un proyecto que estabiliza los residuos peligrosos para su disposición final.
De acuerdo con la ley Nº 19.300, de Bases del Medio Ambiente, el proyecto debió haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo cual no ocurrió. Aún más, la adjudicación se habría hecho en forma directa por una suma aproximada de 2 mil millones de pesos. El capital de la empresa seleccionado no es superior a 18 millones de pesos, según lo declarado. Además, no tiene ninguna experiencia en el tratamiento de residuos peligrosos, como tampoco ningún reconocimiento previo de quienes conocen el tratamiento de los residuos peligrosos.
El Servicio de Salud O’Higgins no cuenta con ninguna información adicional a la que yo poseo respecto de la autorización para el tratamiento de los residuos. Por lo anterior, solicito que se oficie a Codelco a fin de que nos informe por qué no se llamó a licitación sobre el proyecto y se adjudicó en forma directa a una empresa sin experiencia, con un capital de 18 millones de pesos; qué obras se consideraron para fijar el monto del contrato, porque la información que poseo es que sólo incluía el tratamiento de residuos peligrosos y no su disposición final.
Asimismo, pido que se oficie a Cochilco, con el propósito de que nos explique si está dentro de las normas internas de la empresa adjudicar la ejecución de obras por más de 2 mil millones de pesos en forma directa, sin licitación.
También pido que se oficie a la Conama, a fin de que informe por qué el proyecto, que ameritaba un estudio, no ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, solicito que Conama y el Servicio de Salud señalen quién fiscaliza la efectividad de la inertización de estos residuos peligrosos.
En aras de la transparencia que debe existir en una empresa del Estado que ocupa recursos de todos los chilenos, debe aclararse por qué se contrató esa obra, en forma directa, por 2 mil millones de pesos, sin licitación -uno no logra explicarse ese hecho-, a una empresa creada el año 2000, cuyo capital es de 18 millones de pesos, lo que, a la luz de los antecedentes que poseo, demuestra su inexperiencia en el tema, ya que desconoce el sistema de tratamiento de residuos peligrosos, lo cual hace altamente sospechosa la asignación de esos fondos y, a la vez, induce a dudar sobre su verdadero destino. He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención.
SUSPENSIÓN DE REMATE DE VIVIENDAS POR DEUDAS HIPOTECARIAS. Oficio.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, factores internacionales, como pocas veces antes se habían visto en la historia de Chile, han condicionado el devenir económico y financiero del país, con un alto impacto sobre la tasa de crecimiento de la actividad productiva. Al mismo tiempo, han generado una merma en la oferta de empleos en el mercado, el que objetivamente se ha contraído, y se mantiene el ciclo a la baja, sin que en el corto plazo se vea una posibilidad cierta de salir de esta situación. A diferencia de lo que sucede con el resto de los agentes económicos, que han disminuido sus utilidades, el sistema financiero las ha aumentado de manera absolutamente anormal. Ello da cuenta de una actitud corporativa que no se condice con las reales necesidades de todos los chilenos, especialmente de quienes en los tiempos de bonanza se endeudaron y sobreendeudaron con los bancos y financieras.
En esta línea de ideas, me referiré a la situación de los miles de deudores hipotecarios del país, quienes hoy no pueden cumplir de manera oportuna y total con sus compromisos económicos. Muchas veces se ha solicitado a los bancos y a la asociación que los agrupa, que así como el Estado permanentemente genera condiciones normativas para su desarrollo mediante leyes reguladoras esenciales para el buen desempeño del giro bancario y financiero -abre el mercado, dan facilidades y crean oportunidades para los inversionistas- es necesario que ahora ellos asuman políticas más generosas en favor de los miles de deudores hipotecarios morosos.
Hasta la fecha, nada se ha obtenido; muy por el contrario, los remates se suceden día a día, sin que nadie ponga algún límite. Sin embargo, hoy quiero apelar al sentido social del BancoEstado -como ahora se denomina-, entidad que, por órdenes presidenciales, ha derivado fuertemente en un banco de fomento de la iniciativa privada, con un rol social activo y responsable, pero que también debe tener en cuenta el actual estado de la economía nacional y la condición de sus deudores. En consecuencia, solicito que se oficie al BancoEstado a fin de que resuelva, como ya lo ha hecho en oportunidades anteriores, la suspensión inmediata del remate de las viviendas que garanticen créditos mientras se estudian soluciones de refinanciamiento para los deudores que hoy no pueden cumplir con sus obligaciones, no por malas costumbres comerciales o porque no quieran pagar, sino porque no cuentan con los recursos para ello, debido a la situación de la economía nacional.
En Chile, la vivienda familiar es una institución casi sagrada para las capas medias y populares. La gente sencilla no hace negocios con ella ni especula comprando y vendiendo sus casas; cuando se compra una vivienda es para mantenerla en el tiempo, para que un matrimonio y sus hijos vivan en ella toda la vida. La gente es respetuosa de esta clase de obligaciones económicas familiares.
Por ello, pido que se tenga en cuenta ese factor al momento de resolver esta petición, que confío será atendida con la premura que amerita con el propósito de dar tranquilidad y bienestar a miles de hogares chilenos. He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL ACERO.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jeame Barrueto .
El señor JEAME BARRUETO.-
Señor Presidente, el país deberá enfrentar un desafío en lo inmediato: la defensa de la industria nacional.
La situación de Huachipato, industria del acero, pone el dedo en la llaga por la actitud débil de nuestras autoridades y del país para defender el producto nacional de la competencia desleal, del dumping y de los subsidios, ante lo cual hemos pecado de ingenuidad y hemos dejado que esto suceda, con los consiguientes costos que ello implica para el país. Desgraciadamente, las autoridades toman medidas tardías, cuando los efectos y los daños ya se han producido.
La industria del acero está enfrentando una situación crítica por la competencia desleal que se ha producido, la cual va en aumento y pone en riesgo la principal empresa de producción de acero, Huachipato , en Talcahuano, con las consecuencias sociales y económicas que eso conlleva.
La razón de esta competencia desleal -que se arrastra desde hace tiempo- es que la oferta de acero ha aumentado y la demanda ha disminuido, como consecuencia de la recesión mundial. Esto ha empeorado porque algunos países, como Rusia, Ucrania , Turquía , Bulgaria , Corea del Sur, Brasil y Argentina, están poniendo sus excedentes a precio de costo -depredatorio- en el mercado internacional, imposibles de enfrentar.
Un último factor que incide es que países como Canadá, Estados Unidos, México y Venezuela han tomado medidas para protegerse y Chile no lo ha hecho, y los excedentes de producción a precios de costo tienden a irse, con más facilidad, a un mercado desprotegido como el nuestro.
Esto puede tener consecuencias inmediatas muy graves, ya que en Huachipato trabajan directamente dos mil ochocientas personas, y vía contratistas, aproximadamente mil quinientas más.
Para la Región del Biobío y para Talcahuano, en particular, será insoportable agregar la crisis de la industria del acero a la difícil situación económica que hoy vive el país y a la crisis pesquera que sufrimos desde 1998 por sobreexplotación del recurso, que ha significado la disminución de la cantidad de gente contratada en el sector, de 15 mil personas en el “peak” a más o menos 7 mil. No quiero que se hable de Talcahuano como de una nueva Lota; eso se puede impedir si se toman las medidas adecuadas.
Por consiguiente, llamo a actuar con mayor voluntad política y decisión de proteger los productos nacionales. No pido protección para una industria ineficiente, ya que en los últimos años Huachipato ha invertido 700 millones de dólares, se ha modernizado y es eficiente, pero frente a esa competencia desleal es imposible competir. No pido subsidios, sino proteger a una industria eficiente respecto de las distorsiones del mercado nacional e internacional.
Mediante el proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad en la sesión de ayer solicitamos que se tomen medidas semejantes a las adoptadas para la producción de la remolacha. Se trata de un proyecto inédito que estamos tramitando con celeridad para proteger esa actividad.
Queremos que se establezcan sobretasas arancelarias que permitan proteger la industria del acero, lo cual está permitido por la Organización Mundial de Comercio, por cuanto dentro de sus acuerdos se dispone con toda claridad que, cuando hay sobreoferta de un producto a precios imposibles de competir y que ponen en riesgo a la industria nacional, el país afectado puede tomar medidas de protección.
Debe procederse ahora, porque después de ocho meses o de un año será demasiado tarde. En la sesión de la Comisión de Economía de ayer, celebrada con la presencia de representantes de las empresas y de los dirigentes sindicales, se manifestó la necesidad de tomar todas las medidas a fin de acelerar al máximo el estudio del pronunciamiento de la Comisión de Distorsiones. De más está decir que esto nos plantea, una vez más, la modificación de nuestra institucionalidad para la libre competencia, ya que la actual claramente no es capaz de responder. Por eso también hemos solicitado el pronto envío del proyecto que crea el tribunal de la libre competencia.
Termino señalando que el país y nuestra Región del Biobío necesitan un esfuerzo de decisión para defender y crear nuevas fuentes laborales.
Lo que ahora debemos hacer con la industria del acero ya lo estamos realizando con la actividad pesquera, que por fin comienza a reconvertirse hacia una producción con mayor valor agregado, pero, además, debemos actuar con creatividad para desarrollar un polo de crecimiento en la industria del plástico en la actividad petroquímica en Talcahuano. Para ello también necesitamos que el Gobierno promueva y establezca incentivos tributarios o subsidios que hagan viable el traslado de la industria del plástico desde Santiago hacia Talcahuano, con el fin de fortalecer a Talcahuano, eje y polo de desarrollo de la Región.
Señor Presidente, esta intervención es para respaldar el acuerdo unánime que la Cámara de Diputados tomó en la sesión de ayer y que fue adoptado, a su vez, por la Comisión de Economía, en la que participaron el diputado señor Tuma y su Señoría.
Muchas gracias.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.33 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Gutenberg Martínez, Bustos, Bartolucci, Cardemil, Elgueta, Luksic, Rocha y la diputada señora Laura Soto.
Proyecto de ley sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección. (boletín Nº 2809-07)
Este proyecto de ley tiene su iniciativa, en el trabajo de un conjunto de destacados profesores de Derecho Constitucional y Derecho Procesal, coordinados por el doctor en Derecho Humberto Nogueira Alcalá, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, e integrado por los decanos y profesores de Derecho Público Fernando Saenger G. de la Universidad de la Santísima de Concepción y Juan Carlos Ferrada de la Universidad Austral; los profesores de Derecho Constitucional o Administrativo, José Luis Cea E., de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Chile; Domingo Hernández E., de la Universidad Diego Portales y Universidad de Talca; Salvador Mohor de la Universidad de Chile y Universidad Central; Emilio Pfeffer U., de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Talca; Lautaro Ríos A., de la Universidad de Valparaíso; Juan Pablo Beca F., de la Universidad Católica de Temuco; Francisco Zúñiga U., de la Universidad Central; Christian Suárez C., de la Universidad de Talca; Ricardo Sánchez V., de la Universidad de Talca; Francisco Cumplido C., ex ministro de Justicia; y los profesores de Derecho Procesal, Dr. Alex Caroca P., y ministros de la I. Corte de Apelaciones de Talca, Hernán González G., Eduardo Meins O.; y Rolando Hurtado G.
El valioso trabajo académico que los diputados patrocinantes hemos asumido en su totalidad, pretende llenar un vacío jurídico de la mayor relevancia, permitiendo con su aprobación la existencia de un ordenamiento jurídico en materia de protección de los derechos fundamentales más sistemáticos y claro, con un conjunto de disposiciones comunes, además de las específicas correspondientes a las acciones constitucionales de amparo, protección, indemnización por error judicial y del recurso de reclamación de nacionalidad, armonizándolos con los derechos de los tratados internacionales, ratificados por Chile y vigentes, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
Los principios que iluminan y orientan el cuerpo normativo que proponemos son los de asegurar el derecho a la jurisdicción o tutela efectiva de los derechos por los tribunales de justicia; la interpretación de las normas jurídicas de manera de otorgar la mayor y más eficaz protección de los derechos asegurados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados y vigentes; el carácter público, breve, gratuito e informal de los procedimientos que regula esta ley; el carácter preferente de la tramitación de estas acciones protectoras de derechos; la actuación de oficio y con celeridad de los tribunales competentes; la improrrogabilidad de los plazos establecidos, y el conocimiento de las apelaciones cuando corresponda, por la Sala Constitucional de la Excelentísima Corte Suprema.
Este proyecto de ley sobre acciones y recursos protectores de derechos fundamentales es el siguiente:
Título I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º.- La presente ley regula el derecho a ser amparado por los tribunales de justicia competentes en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales y de los asegurados por los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile y vigentes que sean de ejecución directa e inmediata; y, establece los procedimientos para obtener su uniforme interpretación y aplicación.
Artículo 2º.- Le corresponde a los tribunales competentes proteger y restablecer la vigencia de los derechos asegurados por la Constitución Política y los derechos humanos asegurados por el derecho internacional vigente en Chile, cuando han sido amenazados o conculcados, mediante los recursos de Amparo; de Protección; de indemnización por error judicial; de reclamación por pérdida de la nacionalidad; de amparo económico; y el derecho de declaración o rectificación de las personas ofendidas o injustamente aludidas por medios de comunicación social.
Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre de manera de otorgar la mayor y más eficaz protección a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos, ratificados por la República de Chile y los principios generales del derecho.
Artículo 3º.- Toda persona tiene acceso a los tribunales de justicia competentes según los procedimientos que esta ley establece, para obtener el respeto de estos derechos, incluidos los colectivos o difusos, y obtener con celeridad la decisión jurisdiccional respectiva.
Artículo 4º.- Los procesos constitucionales que reglamenta esta ley serán públicos, breves, gratuitos e informales, teniendo la autoridad jurisdiccional competente la potestad para restablecer inmediatamente el imperio del derecho y los derechos afectados del justiciable.
Artículo 5º.- Para los efectos de estos procesos constitucionales, todo tiempo será hábil y el tribunal competente los tramitará con preferencia frente a cualquier otra gestión o asunto.
Artículo 6º.- Una vez requerido el tribunal competente en estas materias, deberá actuar de oficio y con la mayor rapidez, sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el desarrollo del procedimiento. El Tribunal competente ordenará que se corrijan por quien corresponda, las deficiencias de presentación y tramitación que aparezcan en estos procesos constitucionales.
Artículo 7º.- Los plazos establecidos por esta ley no podrán ser prorrogados por ningún motivo. Todo retardo en su cumplimiento será sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad funcionaria.
Artículo 8º.- Los plazos para las actuaciones y resoluciones judiciales se contarán desde el día de recibo de la gestión judicial que los motive, y para las partes, desde la notificación de las resoluciones judiciales que las causen. Ninguna de estas actuaciones o resoluciones y los plazos o términos de su ejecución podrán suspenderse o interrumpirse por ningún incidente ni actuación que no esté expresamente señalada en la presente ley.
Artículo 9º.- Las sentencias que dicte el tribunal competente podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo cuando ellas se interpongan contra las resoluciones que acojan la respectiva acción constitucional.
El tribunal apreciará los antecedentes que se acompañan a la acción y pronunciará su sentencia valorando libremente la prueba producida, debiendo fundamentar su resolución, exponiendo el o los hechos que se dan por acreditados y señalando los medios de prueba mediante los cuales alcanzó esa convicción, sin que pueda contradecir las reglas de la lógica, de la sana crítica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.
La fundamentación deberá hacerse cargo de todos los antecedentes probatorios reunidos y deberá ser expuesta con tal claridad que permita la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar esa convicción.
Artículo 10º.- Las sentencias dictadas por el tribunal competente podrán ser aclaradas, a petición de parte, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida que sea necesario para dar acabado cumplimiento al contenido del fallo.
Las sentencias se notificarán personalmente a las partes y por el Estado a los terceros coadyuvantes.
En lo no previsto en esta ley se aplicará supletoriamente las normas del Libro Primero del Código de Procedimiento Penal, en lo que no fueren contrarios a ella e interpretadas en armonía con la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos incorporados válidamente al derecho chileno.
TÍTULO II
De la acción constitucional de amparo o habeas corpus
Artículo 11.- Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.
El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
Artículo 12.- La acción de amparo podrá ser interpuesta por el agraviado o por cualquier persona a nombre del afectado, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al lugar en que se haya cometido el acto o la emisión arbitraria o ilegal que afecta el legítimo ejercicio de la persona afectada.
Esta competencia específica es sin perjuicio de que la acción pueda iniciarse ante cualquier tribunal de la jurisdicción criminal, el que deberá dictar las primeras medidas provisionales a excepción de decretar la libertad, que en cada caso se requiera, a excepción de decretar la libertad del agraviado o afectado, remitiendo sin demora el conocimiento del asunto con informe de las diligencias practicadas al tribunal competente.
Artículo 13.- Las alegaciones efectuadas en la acción de amparo referidas a infracciones a otras garantías relacionadas con la libertad personal o la seguridad individual, en cualquiera de sus formas, se resolverán en el mismo procedimiento.
Artículo 14.- La acción de Amparo se podrá interponer por cualquier medio, sin formalidad alguna, pudiendo en casos urgentes interponerse verbalmente, levantándose el acta respectiva por la secretaria del tribunal competente.
Artículo 15.- El tribunal competente pedirá informe y antecedentes de inmediato a la autoridad o personas que correspondan, los que deberán evacuarse dentro del plazo que la magistratura determine y que no podrá exceder de cuarenta y ocho horas, desde el momento de dicha solicitud. Asimismo la autoridad, funcionario o persona obligada a dicho informe, acompañará una explicación de la medida adoptada y las disposiciones legales en las que se funda.
Si el informe no fuere rendido dentro del plazo o término correspondiente, se prescindirá del mismo, debiéndose continuar con la tramitación de la acción.
Todo ello sin perjuicio de la facultad del tribunal de citar a una audiencia especial al actor y a la autoridad o persona que hubieren ordenado o practicado la privación, perturbación o amenaza de la libertad personal, dentro de cuarenta y ocho horas. Finalizada esta audiencia, salvo que el tribunal decrete de oficio medidas para mejor resolver, las que se cumplirán de inmediato, quedando ipso facto sin efecto si no se cumplen dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, el tribunal deberá pronunciar su sentencia.
Artículo 16.- El tribunal competente podrá ordenar de oficio, toda gestión útil destinada a restablecer de inmediato el imperio del derecho y asegurar los derechos del afectado, entre ellos el obtener que la persona sea traída a la presencia del tribunal; o que sea puesta a disposición del integrante que se hubiere comisionado por el tribunal, pudiendo tomarle declaración y adoptar las resoluciones necesarias para el legítimo resguardo de sus derechos, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para darles cumplimiento si fuere necesario.
Podrá el tribunal comisionar a uno de sus integrantes para que, trasladándose al lugar en que se encuentra el arrestado, detenido o preso, oiga a éste, y, en vista de los antecedentes que obtenga, disponga o no su libertad o subsane los defectos reclamados. El magistrado comisionado dará cuenta inmediata al tribunal de las resoluciones que adoptare, acompañando los antecedentes que la hayan motivado.
Artículo 17.- El tribunal competente podrá ordenar en el procedimiento, que respecto al amparado no se ejecute ningún acto mientras se encuentre pendiente la resolución del amparo que pudiera dar como resultado un entorpecimiento o incumplimiento de lo que en definitiva resuelva el tribunal.-
Artículo 18.- Las resoluciones dictadas por el tribunal serán obedecidas por todos los encargados de las cárceles o del lugar en que se encontrare el arrestado, detenido o preso y la demora en darles cumplimiento o la negativa para cumplirlas sujetará al culpable a las penas determinadas por el artículo 149 del Código Penal si fueren funcionarios públicos, y con la pena determinada en el artículo 269 bis) del Código Penal si no tuvieren tal calidad.
Artículo 19.- El funcionario público que tuviere conocimiento de que una persona se encuentra arrestada, detenida o secuestrada en lugares que no sean los destinados a servir de casa de detención o de prisión, estará obligado a denunciar el hecho ante la Corte de Apelaciones respectiva, bajo la responsabilidad penal que pudiere afectarle.
En virtud del aviso recibido o en noticia adquirida de cualquier otro modo, se trasladará un magistrado comisionado por la Corte respectiva, en el acto, al lugar en que se encuentra la persona arrestada, detenida o secuestrada y la hará poner en libertad. Si se alegare un motivo legal de detención, dispondrá que sea conducida a su presencia e investigará si efectivamente la medida de que se trata es de aquellas que en casos extraordinarias o especiales autorizan la Constitución o las leyes.
Artículo 27.- El recurso se interpondrá ante el tribunal que ha pronunciado la sentencia, para ante la Corte Suprema.
Artículo 28.- Interpuesto el recurso, la Corte de Apelaciones respectiva elevará los autos dentro del día hábil siguiente a la Corte Suprema la que, dentro de los dos días hábiles siguientes, señalará la fecha para la vista de la causa. La vista de la causa deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal.[1]
La sentencia deberá pronunciarse inmediatamente de concluida la vista de la causa, salvo la facultad del tribunal para decretar diligencias para mejor resolver, en el término fijado en el artículo 15. El plazo para dictar sentencia es de veinticuatro horas, desde que el asunto queda en estado de fallo.
Título III
Del recurso y la acción de protección
Artículo 29.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1, 2, 4 inciso 4º, 4, 5, 6, 9, 9 inciso final, 11, 12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso 4, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.
Procederá, también, el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario o ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.
Artículo 30.- La acción de protección garantizará además, de acuerdo con la presente ley, a las personas contra las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que la amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de un derecho o garantía asegurado por la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile o las leyes, ya sea que dicha situación provenga de personas o entidades de derecho público o de personas o entidades de derecho privado, con o sin personalidad jurídica.
Artículo 31.- Cualquier persona afectada ilegal o arbitrariamente en el legítimo ejercicio de sus derechos, o cualquier persona en su nombre, aun cuando no tenga poder, ni cuente con patrocinio de abogado, podrá interponer el recurso o la acción de protección.
Podrá ser deducido el recurso de protección o la acción de protección, en las mismas condiciones por las asociaciones que sin revertir el carácter de personas jurídicas, mediante la exhibición de sus estatutos, justifiquen que no contrarían finalidades de bien público.
Del tribunal competente
Artículo 32.- Será competente para conocer de estas acciones la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del afectado, con el objeto de eliminar las amenazas, perturbaciones o privaciones del legítimo ejercicio de derechos del agraviado y restablecer el imperio del derecho.
Artículo 33.- El recurso o la acción de protección se podrá establecer ante el tribunal competente mientras subsista la amenaza, perturbación o privación arbitraria o ilegítima en el ejercicio de un derecho y hasta sesenta días después que hayan cesado los efectos directos respecto del agraviado, a excepción de los derechos patrimoniales, en cuyo caso, la acción caducará dentro del plazo de seis meses desde que el afectado tomó conocimiento fehaciente del hecho, acto u omisión ilegal arbitraria que lo perjudica, o desde que se le notifique el acto respectivo estando en posibilidad legal de interponer la acción de protección.
De la formalización del recurso y de la acción de protección
Artículo 32.- El recurso o la acción de Protección se interpondrá por escrito, por cualquier medio sin formalidad alguna, sin necesidad de autentificación, pudiendo en casos urgentes interponerse verbalmente, levantándose el acta respectiva por la secretaría del tribunal competente.
En dicho recurso o acción deberá constar el nombre y apellido del solicitante o de la persona que lo represente, nacionalidad y domicilio; la persona a favor de quién se recurre, con su nombre y apellido, nacionalidad y domicilio si se conociere; especificación de la autoridad, funcionario, persona o entidad contra quien se recurre de protección o los datos que permitan identificarlo si fuere posible, la relación de los hechos que motivan la protección; las normas jurídicas o tratados en que se apoya la petición o la identificación del derecho lesionado, el objeto perseguido con la acción y las peticiones concretas que se solicitan al tribunal.
En el acto de interposición del recurso o acción de protección, el accionante acompañará la prueba documental pertinente, individualizará aquella de la cual no dispone, con la indicación de la persona o lugar en que se encuentre, señalando los otros medios de prueba de que pretende valerse.
Artículo 33.- El Ministerio Público tiene legitimación activa para interponer la acción de protección a fin de proteger los intereses que le han sido encomendados.
Artículo 34.- Cuando la persona que solicita la protección haya omitido uno o más requisitos en la interposición de la demanda o ésta sea defectuosa, el tribunal competente resolverá iniciando la tramitación de la acción de protección, ordenando al solicitante subsanar las omisiones dentro del término de tres días, haciendo lo posible para no suspender su tramitación, o subsanando de oficio los defectos si ello fuere posible.
El tribunal podrá aumentar este plazo, cuando lo considere necesario, sin que pueda exceder en ningún caso de 10 días.
Si no se subsanaren los errores o vacíos imprescindibles para sustanciar la acción o recurso de protección dentro del plazo determinado por el tribunal competente, ella deberá se rechazada de plano.
De la admisibilidad del recurso o acción de protección
Artículo 35.- No se admitirá a tramitación la acción de protección:
a) cuando haya cesado la amenaza, perturbación o privación ilegal o arbitraria del goce o ejercicio del derecho o garantía constitucional que la hubiesen causado;
b) cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucional no sea real, realizable e inminente;
c) cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia;
d) cuando esté pendiente de decisión jurisdiccional una acción de protección ejercida ante un tribunal competente con los mismos hechos y partes en que se hubiese fundado la acción presentada.
Artículo 36.- Cuando un mismo hecho, acción u omisión ilegal o arbitraria en perjuicio del goce o ejercicio de algún derecho afectare el derecho de diversas personas o grupos de personas, conocerá estas acciones el tribunal competente, ordenándose, sin dilación procesal y sin incidentes, la acumulación de autos.
De la tramitación del recurso o de la acción de protección
Artículo 37.- El recurso y la acción de protección se sustanciará en forma preferente para lo cual se pospondrá cualquier otro asunto, a excepción de la acción de amparo.
Artículo 38.- En la acción de protección el tribunal competente deberá mantener la absoluta igualdad entre las partes y cuando el agraviante sea una autoridad pública quedarán excluidos del procedimiento los privilegios procesales.
Artículo 39.- Se tendrá como parte en el proceso constitucional de protección al tercero que tuviere derechos que deriven de la norma o del acto que cause el proceso de protección.
A su vez, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso constitucional, podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado.
Artículo 40.- La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto a instancia de parte o de oficio. El tribunal competente, en la primera resolución que dicte, aun cuando ello no hubiere sido solicitado, resolverá sobre la suspensión del acto, resolución o procedimiento reclamado, cuando las circunstancias lo hagan necesario.
Siempre deberá decretarse la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento impugnado si resultare peligro de privación de la vida, la integridad física o psíquica; daño grave o irreparable para los derechos del sujeto activo de la acción de protección; cuando se trate de actos o resoluciones cuya ejecución haga inútil sea protección o haga gravosa o imposible la restitución de la situación a su estado anterior; o cuando la entidad, autoridad o persona contra quien se interponga la acción de protección actúe con clara ilegalidad, falta de competencia o jurisdicción.
Artículo 41.- La Corte de Apelaciones respectiva podrá dictar todas las medidas de seguridad o de conservación que sean pertinentes, con el objeto de prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otro tipo de daños como consecuencia de los hechos realizados, de acuerdo con la evolución de las circunstancias de cada caso.
Artículo 42.- En cualquier estado del procedimiento, antes de dictarse el fallo y a petición de parte o de oficio, el tribunal competente tiene la facultad de revocar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamados, cuando no se justifique a criterio del tribunal el mantenimiento de dicha medida, siempre que no se encuentre dentro de las situaciones de suspensión obligada.
Artículo 43.- Si la persona, autoridad, funcionario o responsable de la entidad a la que se haya notificado la suspensión provisional del acto, desobedeciere la orden judicial y continuare con la concreción del acto u omisión arbitraria o ilegal, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público para que inicie la investigación por el delito de desacato, sin perjuicio de imponerle una multa de entre 10 a 30 Unidades Tributarias Mensuales.
Artículo 44.- Cuando se sometiere a tramitación la acción de protección, el tribunal competente deberá pedir informe a la autoridad, órgano, funcionario, institución privada o personas que se indiquen como autores del agravio, amenaza o perturbación del derecho, sin perjuicio de poder solicitar la documentación u otras pruebas en que consten los antecedentes del asunto sometido a la consideración del tribunal, lo que deberá hacerse por el medio escrito más rápido posible, el que no podrá exceder de siete días. La omisión injustificada del envío de dichos antecedentes al tribunal generará las responsabilidades consiguientes por desacato.
Los antecedentes entregados se considerarán otorgados bajo juramento, por lo cual, toda inexactitud o falsedad hará incurrir a la autoridad, funcionario o persona responsable en las penas correspondientes al delito de perjurio o falso testimonio, de acuerdo con la naturaleza de los hechos contenidos en el informe.
Artículo 45.- Si el informe no fuere rendido dentro del plazo determinado por esta ley, se resolverá la protección sin más trámite, salvo que el tribunal estime conveniente y necesario practicar alguna medida para mejor resolver, todo ello sin perjuicio de oficiar al Ministerio Público, para iniciar la acción por el delito de desacato y las demás responsabilidades en que incurre la autoridad, funcionario o persona que omitió el envío del informe.
Artículo 46.- La autoridad, funcionario o persona requerida para informar, junto con presentar su informe y acompañar los antecedentes solicitados podrá hacerse parte del proceso.
Artículo 47.- Si en el informe se confirmara la efectividad de los hechos formulados por el requirente o agraviado, se declarará con lugar la protección, procediendo conforme a derecho.
Si el informe fuere negativo y se planteara controversia sobre los hechos, se podrá fijar una audiencia para la recepción de la prueba, para no más allá de cinco días hábiles, en la cual se podrá oír directamente a las partes y a los terceros coadyuvantes.
Artículo 48.- El juez podrá decretar medidas para mejor resolver, cuya práctica no podrá exceder de cinco días.
Artículo 49.- El recurrente o agraviado podrá desistirse de la acción de protección sólo en el caso que estén comprometidos derechos patrimoniales u otros que tengan un carácter renunciable. Si los derechos comprometidos son irrenunciables el tribunal continuará la tramitación del proceso.
Si el desestimiento se basa en una satisfacción extraprocesal de los derechos afectados y reclamados por el recurrente o agraviado, el proceso podrá reabrirse en cualquier tiempo si se demuestra que la satisfacción acordada ha sido incumplida o tardía.
De la sentencia de la acción de protección
Artículo 50.- El tribunal competente deberá emitir la sentencia respecto de la protección solicitada dentro del plazo de treinta días contados desde la presentación de la demanda de protección al tribunal competente.
Artículo 51.- Cuando se concede la protección por un acto impugnado que sea de carácter positivo, la sentencia que conceda la protección deberá ordenar restituir o garantizar el agraviado en el pleno goce de sus derechos y restablecer el imperio del derecho.
En el caso de que la protección fuere acogida en virtud de la denegación de un acto o de una omisión, la sentencia ordenará realizarlo, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si se tratare de una conducta o actuación material, o de una amenaza, el fallo ordenará su cesación inmediata, como asimismo de evitar toda nueva amenaza, perturbación o privación del ejercicio del derecho semejante en el futuro.
Si la protección estableciere que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que ordena un precepto jurídico, dicha autoridad tendrá treinta días para cumplir el fallo.
El tribunal competente podrá establecer los demás efectos jurídicos de la sentencia respecto del caso concreto.
Artículo 52.- Si se fallare dando lugar a la protección y el acto se hubiere consumado de forma en que no sea posible restablecer al agraviado en el goce de su legítimo derecho, el sujeto pasivo de la obligación o agraviante determinado por la sentencia deberá indemnizar los daños y perjuicios causados, los que serán determinados por el mismo tribunal, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales o administrativas correspondientes.
Artículo 53.- Toda sentencia judicial que acoja la acción de protección condenará a la parte agraviante al pago de las costas del proceso, reservándose su liquidación para la ejecución de la sentencia.
Si la acción de protección fuere desistida por el recurrente o rechazada por el tribunal, éste condenará al demandante de protección al pago de las costas solamente en el caso que se estimare fundadamente que incurrió en temeridad.
Artículo 54.- Una vez que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada, el órgano, autoridad, funcionario o persona responsable del agravio deberá cumplir el fallo sin demora.
Si no se cumpliere el fallo dentro de las cuarenta y ocho horas desde la sentencia firme, el magistrado se dirigirá al superior jerárquico del funcionario o autoridad respectiva para que haga cumplir la sentencia, solicitará la apertura del respectivo procedimiento disciplinario contra el funcionario afectado, además de solicitar que se abra proceso penal por desacato.
El tribunal enviará copia certificada de su sentencia a la autoridad competente a fin de que resuelva sobre la procedencia o no de la medida disciplinaria sobre el funcionario público culpable de la vulneración o de la amenaza ilegal o arbitraria contra el derecho cuyo goce y ejercicio está asegurado constitucionalmente. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles por los daños y perjuicios ocasionados o la imputación por los eventuales delitos cometidos de acuerdo con las acciones y recursos correspondientes.
Artículo 55.- La sentencia firme de protección producirá efectos de cosa juzgada formal respecto al derecho o garantía objeto del proceso, sin perjuicio de las demás acciones o recursos que legalmente correspondan a las partes.
Del recurso de Apelación
Artículo 56.- La apelación de la sentencia del tribunal de primera instancia se concretará para ante la Corte Suprema de Justicia. El término para apelar es de dos días hábiles.
Artículo 57.- Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones de inadmisibilidad o rechazo de plano del recurso o acción de protección, las que dispongan medidas de no innovar o de suspensión de efectos del acto impugnado.
Artículo 58.- Interpuesta la apelación, el tribunal elevará los autos dentro del día hábil siguiente, quedando las partes citadas a segunda instancia. La sala de la Corte Suprema que corresponda, señalará la fecha para la vista de la causa, oyendo a las partes y resolviendo la causa, todo ello dentro del plazo máximo de cinco días hábiles.
Título IV: De la jurisdicción internacional
De los organismos internacionales competentes
Artículo 61.- Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos asegurados por la Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, de acuerdo con el artículo 5º inciso 2º de la Constitución, puede recurrir a los organismos y tribunales internacionales a los que el Estado de Chile ha reconocido expresamente jurisdicción o competencia en tales convenciones; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como a aquellos que en el futuro el Estado de Chile reconozca a través de tratados internacionales que ratifique y se encuentren vigentes en el orden internacional.
Ejecución y cumplimiento de las resoluciones
de organismos y tribunales internacionales
Artículo 62.- La resolución del organismo o corte internacional a cuya jurisdicción obligatoria se encuentra sometido el Estado de Chile, no requiere para su validez y eficacia de reconocimiento previo alguno. La Corte Suprema de la República recepcionará las resoluciones emitidas por el organismo o Corte Internacional, disponiendo su ejecución y cumplimiento inmediato de conformidad con las normas y procedimientos internos vigentes para ejecución de sentencias de la misma Corte.
Artículo 63.- Es obligación de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional de la República, el de cumplir con la remisión a los organismos y tribunales internacionales señalados en el artículo respectivo, las resoluciones, documentos y demás antecedentes utilizados en el o los procesos que originaron la petición, así como todos los otros elementos que a juicio del organismo o Corte Internacional requiere para su ilustración o para mejor resolver el asunto sometido a su jurisdicción y competencia”.