Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INFORME DE LA DELEGACIÓN DE DIPUTADOS A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA.
- INTERVENCIÓN : Edmundo Salas De La Fuente
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Gutenberg Martinez Ocamica
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Edmundo Salas De La Fuente
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Gutenberg Martinez Ocamica
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INFORME DE LA DELEGACIÓN DE DIPUTADOS A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- POSTERGACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.353, SOBRE CONDONACIÓN DE DEUDAS CORA. Primer trámite constitucional
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- DEBATE
- CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE. Primer trámite constitucional.
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- POSTERGACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Primer trámite constitucional.
- VI .PROYECTOS DE ACUERDO
- INCLUSIÓN DE AJEDREZ EN MALLA CURRICULAR DE ENSEÑANZA BÁSICA.
- COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE DROGAS PARA CONOCIMIENTO DE MATERIAS PROPIAS DE SU COMPETENCIA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- HALLAZGO DE RESTOS DE NIÑAS DESAPARECIDAS EN ALTO HOSPICIO. Condolencias a familias. Oficios.
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Antonio Leal Labrin
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Salvador Urrutia Cardenas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe sobre la violación de los derechos humanos en Cuba 2000-2001.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Edmundo Salas De La Fuente
- Cristian Antonio Leay Moran
- Haroldo Fossa Rojas
- Juan Antonio Coloma Correa
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Sergio Paez Verdugo
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 5ª, en martes 9 de octubre de 2001
(Ordinaria, de 15.17 a 17.05 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis; Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia5
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Informe de la delegación de los diputados a la Conferencia anual de la Unión Interparlamentaria sobre los derechos humanos en Cuba9
V.Orden del Día.
Postergación de la determinación de coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal. Primer trámite constitucional22
Modificación de la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas Cora. Primer trámite constitucional27
Creación del Registro Nacional de Transporte de Carga Terrestre. Primer trámite constitucional31
Autorización a Comisión especial para sesionar simultáneamente con la Sala31
VI.Proyectos de acuerdo.
Inclusión de ajedrez en malla curricular de Enseñanza Básica31
Comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Drogas para conocimiento de materias propias de su competencia31
Hallazgo de restos de niñas desaparecidas en Alto Hospicio. Condolencias a familias. Oficios33
VII.Documentos de la Cuenta.
1.Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto que posterga para el año 2002 la determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal (boletín Nº 280506)35
2.Moción de los diputados señores Leal, Cornejo, don Patricio, y Urrutia, que modifica el artículo 19 de la ley Nº 19.284, sobre integración social de las personas con discapacidad, incorporando de manera obligatoria el lenguaje de señas (boletín Nº 280304)37
3.Moción del diputado señor Navarro, que establece una ley de protección al comercio y medidas sobre normas extraterritoriales extranjeras (boletín Nº 280403)38
4.Informe del diputado señor Salas sobre violación de los derechos humanos en Cuba, en el período 2000200148
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (101)
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistió, además, el ministro del Interior, señor José Miguel Insulza.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 15.17 horas.
El señor PARETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor PARETO (Presidente).-
El acta de la sesión 36ª de la legislatura 344ª ordinaria, se declara aprobada.
El acta de la sesión 37ª, de la misma legislatura, se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor PARETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.
INFORME DE LA DELEGACIÓN DE DIPUTADOS A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA.
El señor PARETO (Presidente).-
De conformidad con lo acordado por la Sala, la delegación de diputados que asistió a la Conferencia de la Unión Interparlamentaria, en Cuba, dará a conocer los antecedentes recopilados en relación con el proyecto de acuerdo Nº 543.
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Salas.
Antecedentes:
Informe de la delegación. Documentos de la Cuenta Nº 4, de esta sesión.
El señor SALAS.-
Señor Presidente, el informe sobre la violación de los derechos humanos en Cuba se encuentra en los escritorios de los señores diputados.
En un resumen ejecutivo, se hace un relato de la violación de los derechos humanos en las prisiones de ese país, de la violación al derecho de asociación, de reunión y de garantías procesales, de la violación a los derechos políticos y civiles, de las detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones, hostigamiento a las personas, de la violación a la libertad de expresión, de los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Como el informe es largo, quiero ocupar algunos minutos para exponer ante la Sala la situación en Cuba, la que pudimos conocer a través de las distintas conversaciones de la delegación con habitantes de dicha isla.
Tuvimos oportunidad de reunirnos con algunas personas disidentes y logramos información de que en Cuba no se respetan los derechos humanos, los derechos de las personas. Incluso, el Parlamento tiene tantos candidatos como cupos disponibles, porque existe un solo partido político.
Tampoco hay libertad religiosa, porque ese país no goza de plena democracia y aún impera la ley del más fuerte.
En una reunión con diputados de la UDI y de Renovación Nacional en la casa de nuestro embajador en Cuba, el señor Payá nos informó sobre la persecución de que son objeto los dirigentes disidentes, que nada tiene que ver con la imagen que muchas veces se quiere presentar de Cuba como un país democrático en el que no se violan los derechos humanos.
Solicito a los señores diputados que lean el acucioso informe que hemos preparado, que más que informe es un documento de todo lo que pudimos auscultar en la Conferencia de la Unión Interparlamentaria en Cuba, en la que se reunieron cerca de 800 parlamentarios de todo el mundo, quienes constatamos la necesidad de cooperación de los países en los cuales impera la democracia para que Cuba algún día recupere la democracia perdida.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay , por cinco minutos.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, como complemento al informe entregado por el diputado señor Edmundo Salas , básicamente deseo manifestar que al inicio de nuestra participación en la asamblea anual de la Conferencia de la Unión Interparlamentaria en Cuba, nos llegó un proyecto de acuerdo que nos mandataba representar en ese país el tema de los derechos humanos, manifestar nuestra preocupación por su incumplimiento por el régimen cubano y hacerle llegar los antecedentes proporcionados por la Cámara. Asimismo, se nos solicitaba tener un diálogo fluido con las autoridades cubanas.
A pesar de la insistencia de nuestro embajador por tratar de reunir a la delegación chilena con algunas autoridades del gobierno de Fidel Castro, ello fue absolutamente imposible; no fuimos recibidos por ninguna de ellas y sólo pudimos dar a conocer el parecer de la Cámara de Diputados a los miembros de la delegación cubana ante la Conferencia de la Unión Interparlamentaria, en una reunión absolutamente informal, porque tampoco fue posible reunirnos con ellos formalmente. Eso fue todo lo que pudimos hacer, porque las autoridades del gobierno de Fidel Castro son absolutamente cerradas a que se les planteen esos temas.
Del mismo modo, en cumplimiento del mandato que nos hiciera la Cámara de Diputados, expresamos nuestro apoyo al término del embargo que sufre la isla.
Finalmente, y gracias a la diligencia de nuestro embajador, logramos reunirnos con la disidencia cubana y darle nuestro apoyo al proyecto Varela , que consiste en un referéndum libre que se quiere hacer en Cuba, basado en la constitución que rige al Estado cubano, manifestarle nuestra solidaridad como pueblo y como Cámara de Diputados y también darle nuestro apoyo para que algún día ese proyecto se lleve a cabo y efectivamente el pueblo cubano pueda expresarse libre y democráticamente acerca de lo que piensa.
Eso es lo que solicitaba el proyecto de acuerdo aprobado por la Corporación. Hemos hecho un resumen de las gestiones realizadas para dar cumplimiento a lo mandatado.
Es todo cuanto puedo informar.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, como miembro de la delegación chilena que asistió a la Conferencia Interparlamentaria que se celebró en La Habana, entre el 1 y el 6 de abril de este año, para complementar lo planteado por los diputados señores Salas y Leay deseo aportar mi visión sobre el mandato adoptado por la Corporación por acuerdo mayoritario, cuyo propósito era cumplir dos misiones muy específicas.
En primer lugar, expresar la solidaridad del Congreso Nacional con el esfuerzo de disidentes cubanos en aras de llevar a cabo lo que se llama el proyecto Varela , fórmula para generar un plebiscito respecto de los derechos políticos en la isla cubana.
La segunda misión era plantear a los representantes del parlamento cubano dos situaciones: una, nuestra preocupación por los derechos humanos, y dos, la inquietud que nos asiste por los disidentes cubanos que ejercen sus derechos en esa instancia.
Es importante dejar en claro que el 3 de abril, estando en Cuba, la delegación recibió, a través del Secretario de la Cámara, el mandato propuesto por la Sala a los integrantes de la delegación chilena.
En cumplimiento de lo mandatado, hicimos dos gestiones importantes. En la primera, junto con los diputados señores Salas, Leay y Fossa , más los senadores señores Chadwick y Páez , solicitamos al embajador chileno en Cuba don Germán Guerrero , a quien rindo homenaje por su diligencia, que contactara a algún dirigente de la disidencia cubana para testimoniarle personalmente el mandato de la Cámara.
El embajador, con grandes esfuerzos porque realmente fue una odisea épica, logró comunicarse con el disidente señor Osvaldo Payá , quien concurrió a la sede de la embajada chilena a una reunión con nuestra delegación.
Debo ser muy preciso en reconocer que ha sido una de las conversaciones más emocionantes que he tenido en mi vida, básicamente por oír de boca del disidente que ésa era la primera vez que un parlamento expresaba su solidaridad a la disidencia cubana por el esfuerzo que estaban realizando para institucionalizar, en paz y en armonía, lo que sucediera en la isla.
El señor Payá es una persona muy humilde y llegó a la embajada chilena sorteando todo tipo de obstáculos, con seguimiento de la policía local, a pesar de lo cual no tuvo duda alguna en recibir y agradecer nuestra solidaridad, la que iba a transmitir al resto de la disidencia.
Por lo tanto, debo señalar, en nombre de quienes integramos la delegación, que la primera parte de nuestra misión fue plenamente cumplida y creo que constituye un elemento testimonial profundamente importante en la lucha que realizan los disidentes cubanos en aras de cumplir con su proyecto.
En segundo lugar, también a través de la embajada, solicitamos una reunión con el presidente del parlamento cubano para hacerle presente la otra parte del encargo encomendado por la Corporación, esto es, la preocupación por los derechos humanos y el proceso de institucionalización democrática de la isla.
Lamentablemente, en esta ocasión el parlamento cubano, a pesar de que existen plenas relaciones con la isla, no aceptó nuestra propuesta de reunirse, sin perjuicio de lo cual el embajador le hizo entrega personal del oficio que nos fuera remitido por el señor Secretario de la Cámara y que contenía el acuerdo en cuestión. De manera que la segunda parte de nuestra misión fue cumplida sólo parcialmente, toda vez que en un acto que no nos atrevemos a calificar, pero poco amistoso a todo evento con el Congreso de Chile, el representante del parlamento cubano se negó a recibir a parte de nuestra delegación, que intentó cumplir, ni más ni menos, un encargo oficial.
De esta manera, junto al completo informe entregado por el diputado señor Edmundo Salas y que suscribimos plenamente, como participante de la Conferencia de la Unión Interparlamentaria entrego a la honorable Cámara de Diputados una sugerencia personal, en orden a no dejar de lado el tema, ya que a pesar de que quienes estuvimos allí no participamos en el debate que se produjo en la Sala, a iniciativa del diputado señor Gutenberg Martínez el objetivo apunta a un elemento muy central e importante, desde el punto de vista de la consolidación democrática que se puede producir en la isla. Se trata de apoyar a un grupo de personas que, dentro de la legalidad y por medios pacíficos, tratan de institucionalizar el país, y de representar al parlamento cubano, como Congreso democrático, la necesidad de hacer un cambio muy profundo respecto de su actual estructura.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gutenberg Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente, es muy pertinente conocer el informe, que la Sala se pronuncie sobre él y tome acuerdos respecto del mismo.
La Corporación está consciente de que la democracia y los derechos humanos son temas internacionales y que ya no están situados en la esfera interna de los países.
Cuando se analizó en el extranjero el caso del general Pinochet, colegas de distintas bancadas coincidimos en que ello significaba un avance del derecho internacional, en términos de entender que quienes violan los derechos humanos, cualquiera sea su status o condición, no tienen derecho a protegerse en lo que en las acepciones antiguas significan las soberanías territoriales de los Estados-nación
En la misma lógica se inscriben los distintos acuerdos y tratados internacionales que el país ha suscrito y que la Cámara ha respaldado, en el sentido de incluir la cláusula democrática en lo que significan los acuerdos comerciales y de otro tipo generados a nivel mundial, regional o subregional.
Por tanto, le corresponde a una Cámara política como es la nuestra pronunciarse, en mayor medida, sobre la democracia y las violaciones eventuales en materia de derechos humanos respecto de un país del continente americano.
En ese contexto, es evidente que en Cuba no hay democracia, no hay libertades públicas, no se respeta el Pacto de San José de Costa Rica ni la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; además, por el informe entregado a la Sala y por distintos antecedentes que constan en nuestro poder, es evidente que hay una violación permanente de lo que significan y constituyen otros derechos humanos esenciales.
En consecuencia, al estar en conocimiento del informe y de la propuesta del diputado señor Salas también la han suscrito otros colegas, corresponde manifestar nuestro rechazo a lo que representan la falta de democracia y las violaciones de derechos humanos producidas en Cuba.
Junto con expresar esa opinión, es importante que la Sala envíe a la Cancillería todos los antecedentes reunidos durante la visita de los diputados chilenos a ese país, con el fin de que el Gobierno de Chile los haga presentes en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la cual nuestro país este año tiene un cupo y una representación directa, a fin de que sean considerados en la resolución final que se adopte.
En resumen, hago esa moción concreta y anuncio mi voto a favor del informe.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, en esta ocasión, deseo emitir un juicio sobre el acuerdo de la Cámara logrado cuando la delegación ya no estaba en el país y el acto que está a punto de consumarse.
Es evidente que respecto de la realidad cubana hay diferencias de criterio, que son legítimas, y que sobre el tema de derechos humanos, particularmente en Cuba, hay opiniones de organismos internacionales que se dieron a conocer hace mucho tiempo y de cuyos informes hay diferentes juicios. Sin embargo, me referiré a un tema que tiene que ver con cómo se origina el mandato de la Corporación para una delegación que ya estaba mandatada para un fin distinto.
La Corporación mandató emitir un informe; pero el colega Gutenberg Martínez ha dicho que, después de un trabajo importante, se le debe dar cierta finalidad al informe preparado por la delegación.
Tengo la convicción, porque estuve presente en el momento en que se dio a conocer, de que el mandato tiene errores de forma. Pero, más allá de lo formal, la delegación no hizo un trabajo como tal, en representación del Congreso, y sólo algunos parlamentarios hicieron suyo el acuerdo de la Sala no todos, porque había una discrepancia, en primer término, respecto de la legitimidad del mandato.
En segundo término, sobre el contenido, en cuanto a si la conversación con un cubano era suficiente para elaborar un informe para la Cámara de Diputados de Chile sobre la realidad de los derechos humanos de un país de millones de habitantes, tengo serias dudas acerca de la seriedad y legitimidad que se le quiera dar y de si es correcto lo que se pretende hacer, independientemente del juicio que uno tenga sobre la realidad política y de derechos humanos de Cuba, incluso más allá de las críticas que en muchos ámbitos se pueden hacer respecto de las libertades políticas y civiles en ese país, que en distintos momentos ha emitido nuestro Gobierno en el foro de las Naciones Unidas.
Me llama la atención que se quiera utilizar un documento trabajado después de un mandato de la Corporación, en circunstancias de que en La Habana, con motivo de la Conferencia Interparlamentaria, sólo hubo dos conversaciones una verdadera y la otra fallida, las que no sustentan la presentación a la Sala del informe elaborado por la delegación que estuvo en Cuba.
En ese sentido, creo que se debe evaluar, en primer término, el alcance de este documento como un trabajo de la delegación y, en segundo término, si corresponde considerarlo como un trabajo representativo del viaje a Cuba, porque no lo fue.
Seré muy cauto respecto de lo propuesto por el diputado señor Gutenberg Martínez , por cuanto se puede fijar un precedente, en el sentido de que si hay voluntades políticas respecto de ciertas materias que me parecen legítimas, la Cámara de Diputados debe lograr una opinión mayoritaria al respecto sin usar el informe de una delegación parlamentaria en La Habana, ya que no es producto de un trabajo hecho allá.
Incluso, un señor diputado señaló que a la conversación con el señor Payá se le asignó mucho valor juicio que me parece absolutamente legítimo, pero eso no se puede considerar como base para hacer un informe sobre la realidad de los derechos humanos de todo un país, a fin de que sea adoptado por esta Corporación como oficial. Me parece, por lo menos, poco serio. No quiero hacer un juicio de valor y espero que tampoco moleste la forma de expresarlo. Este informe no tiene la sustentabilidad ni la legitimidad para que lo asumamos como de la delegación. Sería inoportuno que la Sala lo aprobara como un informe sobre la realidad de los derechos humanos en Cuba, porque, en esencia, no es otra cosa que un refrito de informes hechos por agencias y organismos internacionales muy prestigiosos, pero reitero no por eso podemos aspirar a que sea considerado como un informe de esta Corporación.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA.-
Señor Presidente, me alegra que hoy la Cámara se haya tomado un tiempo, aunque sea breve, para analizar y debatir en profundidad un tema relevante, cual es ser consecuentes. ¿Somos o no defensores de los derechos humanos? No puede haber ningún parlamentario, que vivió y sufrió este problema, que hoy no apoye con la misma fuerza los derechos humanos en Cuba, la defensa de su democracia y de la libertad.
Hace dos años, en 1999, tuve la oportunidad de visitar ese país con dos colegas parlamentarios, y me tocó ver cómo la represión y el miedo formaban parte, minuto a minuto, del diario vivir del pueblo cubano. Allí los sueldos son miserables. Por ejemplo, un empleado administrativo gana 7 dólares al mes; un profesional, médico, ingeniero o arquitecto gana mensualmente 16 ó 17 dólares, y un policía, 30 dólares. Para que tengan una referencia, un televisor cuesta 500 dólares para quien pueda comprarlo. Todos los días se entrega a cada familia un pan por persona, dos kilos de arroz y dos litros de aceite al mes, y hoy Cuba se ha transformado con ofensa a la dignidad de su pueblo cubano en el prostíbulo del mundo. Muchas veces escuché que La Habana era el prostíbulo de los americanos; hoy es una cosa tremenda lo que pasa allí.
Me junté con Osvaldo Payá , del Movimiento Cristiano de Liberación, que es pacifista, no violentista. El proyecto Varela no hace otra cosa que exigir al gobierno el respeto de la Constitución que Cuba se dio y que fue hecha por Fidel Castro , quien no la respeta para nada.
Se dice que en Cuba no hay presos políticos, que los reclusos son delincuentes, pero resulta que a los presos políticos les dan el mismo trato que a los delincuentes comunes y, en realidad, son sólo vulgares presos políticos. Me reuní en capillas con varios disidentes en la clandestinidad, que están expuestos a 20 años de cárcel, porque a quienes descubren en reuniones clandestinas se les condena a esa pena. En esas oportunidades, me dieron a conocer la persecución más horrorosa que pude conocer. Y aquí nos queremos tapar los ojos, no queremos ver la realidad.
En Chile somos implacables en la defensa de los derechos humanos. Por eso, debemos apoyar con fuerza y sacar la voz por los oprimidos en Cuba; defender la libertad de ese país con la misma fuerza con que luchamos por la nuestra y la de otros países. Por lo tanto, a este Parlamento le corresponde, ética y moralmente, aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, no puedo sino manifestar mi sorpresa por el alcance, el tenor y el contenido del informe, y lamentar que se pretenda hacer un debate sobre un tema importantísimo, relativo a la violación de los derechos humanos, problema que a nuestro país y a la mayoría de los integrantes de este Parlamento les tocó vivir. Siento como que nos queremos ver un poco la suerte entre gitanos, porque escuché al diputado Coloma referirse a ese tema y conocí el informe, redactado, sin duda, por una persona que está permanentemente preocupada por los derechos humanos en nuestro continente, pero no escuché ninguna referencia no sé si lo hicieron los diputados Coloma o Gutenberg Martínez a que después de una visita y de conversaciones, como lo dijo el diputado Juan Pablo Letelier , se presente un “contundente informe” sobre casos que, en verdad, vale la pena discutir, evaluar e investigar. Para eso están los organismos internacionales ante los cuales deben hacerse estas denuncias, de manera que puedan ser investigadas y avalar que los hechos acaecieron.
Ahora bien, no sólo quiero dar a conocer un informe formal sobre los objetivos del proyecto de acuerdo que mandata a una delegación de diputados de Chile que asistió a la Conferencia de la Unión Interparlamentaria, en Cuba, para que haga presente, en primer lugar, su rechazo al embargo criminal que Estados Unidos de América mantiene contra Cuba y reclamar su término inmediato.
La primera pregunta que deseo formular a la Comisión es si hablaron con las autoridades cubanas y dieron a conocer el mandato de la Sala que reclama por el embargo que durante más de 37 años se efectúa en contra de la isla. Además, expresar la necesidad de que la comunidad internacional condene la violación de ese derecho esencial en dicho país; pero los parlamentarios que han hecho uso de la palabra no han dado cuenta sobre si conversaron o no con autoridades cubanas y, si fue así, con cuáles lo hicieron. Al menos, eso no aparece en lo que pude leer del informe, porque lo hemos tenido a la vista sólo hace algunos minutos.
Nos interesa saber también si conversaron o no con las organizaciones de la disidencia democrática. Si lo hicieron, con quiénes y con cuáles; en particular, nos interesa saber dónde se realizaron esas actividades.
El diputado señor Waldo Mora , quien ha tenido el privilegio de estar en Cuba al menos dos veces en una oportunidad, lo hicimos de manera conjunta, pudo disponer de toda la libertad para conversar, reunirse y transitar libremente, sin ningún tipo de restricción. Efectivamente, ahora cualquier ciudadano del mundo que quiera hacerlo puede ir allá, visitar, conversar y conocer estos hechos de manera libre y sin restricciones. Por lo demás, muchos chilenos lo hacen en calidad de turistas y, en mi opinión, el mejor juicio que la sociedad chilena puede tener es a través de los más de 30 mil compatriotas, muchos de ellos opositores al régimen cubano, de la derecha tradicional chilena, política y económica, que viajan anualmente a conocer Cuba , para formarse también una opinión sobre la sociedad cubana.
Me parece un exceso pretender que la Cámara de Diputados apruebe un informe de esta envergadura, como se pide: de condena al régimen cubano y de solidaridad con los opositores democráticos que hay en Cuba, más un conjunto de antecedentes que es necesario investigar y por los cuales las Naciones Unidas y nuestro país ya condenaron a Cuba. Sólo quiero recordar que Chile, en el penúltimo año, votó a favor de una condena contra Cuba en las Naciones Unidas, y el propio Presidente Lagos señaló que era la última vez que el país se prestaba para ese tipo de acciones, por cuanto, en un foro político internacional, un voto de condena era absolutamente inconducente porque no tenía ningún efecto práctico. Repito que el Presidente Lagos manifestó que era la última vez que Chile participaba en ese tipo de votaciones. Yo, independientemente de encontrar legítimo que la Comisión de esta Cámara pueda conocer los hechos para los cuales fue mandatada, es decir, respecto de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, considero absolutamente improcedente que se pretenda votar un informe con estos alcances. Efectivamente, se pidió un informe que debemos debatir, y quiero desafiar a la UDI y también a mis colegas, amigos y camaradas de la Democracia Cristiana, a que abramos debate sobre este tema, que afecta a Cuba; a que invitemos a la Comisión de Relaciones Exteriores...
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señor diputado, ha terminado su tiempo de cinco minutos.
El señor NAVARRO.-
...al embajador de ese país en Chile y discutamos en torno del alcance exacto del acuerdo de la Cámara de Diputados, es decir, al embargo y bloqueo de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, en contra de una pequeña isla del Caribe, que no ha querido someterse a sus designios por más de 37 años, con los daños morales y económicos que le ha significado. Abramos debate sobre el tema de los derechos humanos, porque en la Cámara de Diputados hay un grupo de amistad chileno-cubano.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Reitero a su Señoría que ha terminado su tiempo.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, termino inmediatamente.
Si se pretende votar este informe como está, sin considerar la opinión del presidente de la Comisión, diputado Juan Pablo Letelier , sin duda que nos veremos forzados a pronunciarnos en contra.
Más que eso, quiero que se abra un debate amplio y transparente, que incluya todas las opiniones sobre estos temas, no sólo respecto del pasado, no sobre la posición de aquellos que apoyaron la violación sistemática de los derechos humanos en Chile, que callaron durante diecisiete años y que hoy se atreven a levantar una voz de crítica, aunque legítima, en contra de un régimen que, efectivamente, puede haber violado los derechos humanos...
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
¡Amonesto al diputado señor Navarro !
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, hágalo también con los diputados de la UDI. Si no lo hace, nadie sabe dónde va a estar el diputado Mora.
El señor MORA.-
No la emprenda conmigo, colega Navarro.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
¡Amonesto también al diputado señor Mora!
Tiene la palabra el diputado señor Salas, para que, en su calidad de diputado informante, responda la consulta del diputado señor Alejandro Navarro cuando leyó el proyecto de acuerdo.
El señor SALAS.-
Señor Presidente, más allá de contestar esa pregunta, es imposible defender lo indefendible. Hay cosas en la vida que no tienen precio político. No puedo decir que este informe no tiene ninguna validez porque mis colegas chilenos, que estuvieron en Cuba, son de otro partido. Recibimos un mandato de la Cámara, el cual no fue cumplido por el resto de la delegación, por cuanto se adujo que era extemporáneo y que el análisis debió haberse realizado en nuestro país. Sin embargo, estábamos representando a la Cámara de Diputados y al Congreso Nacional, que es de todos los chilenos.
Además, he obviado aspectos que me repugna explicar. Este informe no está basado en cosas supuestas, conversadas con una persona entre gallos y medianoche, sino que fue elaborado luego de haber auscultado y hablado con la gente del pueblo cubano que, en definitiva, sabe lo que está ocurriendo en su país.
¿Es posible que en Cuba no haya libertad religiosa, que las mujeres tengan que venderse para poder vivir, que haya gente que gane doce dólares al mes, y que el gobierno, después de que dolariza todo, repudiando a Estados Unidos, pague en moneda nacional? Asimismo, hay mercado negro en el campo, donde se vende la comida mínima a los trabajadores porque ganan doce dólares al mes más una canasta familiar, en circunstancias de que los precios son iguales a los de Chile.
Entonces, no tiene absolutamente nada que ver el planteamiento de mi estimado colega Navarro , en el sentido de que el informe señala cosas superficialmente, las cuales son sabidas. ¿Por qué quienes estamos en un gobierno democrático no podemos repudiar a un país que no tiene democracia, donde los parlamentarios que se eligen son los mismos que después vuelven a presentarse como candidatos? ¿Es ésa una democracia? No se puede justificar lo injustificable ni los errores de otros, debido a que quienes los critican los cometieron en el pasado, porque, al final, de los arrepentidos es el reino de los cielos, según lo señalan las Sagradas Escrituras, planteamiento legítimo y válido para siempre.
No puedo creer que los miembros de la delegación que visitó Cuba no hayan podido auscultar lo mismo que nosotros. No sostuvimos una reunión con sólo una persona. Cada cubano con el que conversamos en los automóviles, en las calles, nos repetía lo mismo: “Aquí no estamos en democracia; no hay libertad de expresión. Aquí hasta nuestras mujeres tienen que venderse para poder vivir”. ¡Por Dios! ¿Eso es lo que vamos a proteger? Si queremos manifestar desde un punto de vista político que ése es un gobierno de izquierda, digámoslo así, pero no le echemos la culpa a los norteamericanos para justificar lo injustificable.
Nosotros condenamos a todos quienes violan los derechos humanos, sin importar el lugar donde estén ni el partido político al que pertenezcan. Esa es nuestra meta. Y si en Chile hoy impera una democracia, no podemos pretender tapar lo malo porque otros lo hicieron alguna vez, porque, reitero, el ser humano en algún momento de su vida tiene derecho a expresar su arrepentimiento o a pensar, cuando se hace la luz, que a veces incurrió en errores. Sin embargo, ahora no podemos justificar lo que nuestros hermanos cubanos están viviendo en esa isla. ¡Por eso, reclamo de esta Cámara la aprobación del voto condenatorio al gobierno de Cuba, porque allí no hay democracia!
He dicho.
Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, después de las palabras del colega Salas puede sonar repetitivo lo que voy a decir; pero, si es obvio que en Cuba se violan los derechos humanos, ese hecho debe ser claramente condenado. Cuando uno lee el informe, no puede sino ratificar lo que sabe, sea por la historia, por los medios de comunicación o porque ha tenido vivencias personales en esa isla.
Yo estuve allí en una marcha de protesta. Efectivamente, participaron alrededor de un millón de cubanos, pero la mitad no habla cuando uno se suma a esas marchas. Me dijeron: “Amigo, usted es extranjero y no tiene ningún problema; pero yo no puedo hablar porque tengo familia”. Y la otra mitad, algunos de los cuales estaban dispuestos a hablar, claramente condenaron lo que en ese momento era evidentemente el manejo político de un conflicto internacional. Me refiero al que hace poco tiempo ocurrió cuando un niño de la isla tuvo problemas para salir de Estados Unidos, lo que motivó que Fidel Castro convocara a manifestaciones políticas.
En esa época estuve en Cuba y puedo decir que el país se divide entre quienes lo condenan y aquellos que comparten el sesgo ideológico del régimen marxista.
Debemos estar dispuestos a condenar cualquier tipo de terrorismo o de conducta dictatorial, como la que reprobamos en nuestro país, actitud que compartimos con el colega Navarro en la Universidad de Concepción, en la que caminamos juntos por sus calles y por el foro universitario. Recuerdo que cuando los estudiantes no se atrevían a reunirse, fuimos los primeros en generar convocatorias en el famoso foro universitario de esa universidad. Lo hicimos por principios, los que deben defenderse sin distinciones, menos aún con cálculos políticos, los que evidentemente son deleznables. Por lo tanto, lo que en Chile se condenó en una época, se debe condenar en todo tiempo. Lo señalo porque mientras Fidel Castro esté vigente siempre ganará las elecciones, porque no se pierde ninguna cuando no hay democracia.
A modo de ejemplo, basta leer lo que señala el informe sobre lo ocurrido con Jesús Joel Díaz Hernández , recluido en la prisión de Canaleta, quien solicitó atención médica por encontrarse con hepatitis y fiebre muy alta, pero no la recibió.
Casos como ése se repiten en forma permanente. Jorge Luis García Pérez , “Antúnez”, recluido en la prisión Nieves Morejón de Sancti Spíritus , a pesar de presentar dolores de tórax, falta de aire, infección renal avanzada y continuos ataques de hipoglicemia, no recibió atención médica.
Podría enumerar muchos casos como ésos. Este informe no es somero, liviano, simple o sencillo. Es cuestión de dedicarle algunos minutos a su lectura para darse cuenta de eso.
En consecuencia, las conclusiones son objetivas y no sesgadas, mucho más que los mismos casos que, evidentemente, demuestran padecimiento y dolor. Es un hecho que el gobierno de Cuba aumentó la represión, así como que no tomó durante el año 2000 ninguna medida encaminada hacia la apertura democrática. Ni siquiera la tan esperada apertura religiosa, con motivo de la visita papal, ha podido ser concretada, y el gobierno cubano continúa violando los derechos humanos.
Por lo tanto, trátese de Cuba o de otra nación, sin distinción política alguna, la bancada de la Democracia Cristiana condena esos hechos. Por eso anunciamos nuestro voto favorable al informe.
He dicho.
Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, el diputado señor Navarro , en ejercicio de su derecho, preguntó si nosotros cumplimos con la primera parte del mandato. Probablemente, el colega no estaba presente cuando los diputados señores Salas, Leay y quien habla, dimos un acabado informe.
Respecto del primer caso, nos reunimos con parte de la disidencia cubana en la oficina de la embajada chilena.
En cuanto al segundo caso, las autoridades cubanas no quisieron recibirnos. Esa es una situación objetiva que, obviamente, revela falta de voluntad de esas autoridades por respetar el derecho del Congreso chileno, por lo menos, a expresar una inquietud.
En relación con el segundo tema, creo que las cosas hay que decirlas por su nombre. Cuando llegó el acuerdo a que hacemos referencia en este mandato, se produjo claramente lo que aquí estamos viendo: que las bancadas del PS y del PPD se las arreglaron para decir que el mandato no era legítimo. Por la vía de la formalidad, del contenido, se negaron a aceptar parte del mandato. El resto de la delegación lo acogió, porque entendimos que nos obligaba.
Como ocurre ahora, nuevamente vemos que estamos discutiendo un formalismo. Las bancadas del PS y del PPD, que tienen complicaciones bastante serias para condenar al gobierno cubano, están tratando de dilatar la aprobación de una resolución que propone el resto de los parlamentarios que concurrimos a la conferencia, en uso del poder que nos dio la Corporación. Es parte de nuestra obligación. El proyecto de acuerdo, aprobado por mayoría, obliga a entregar un informe especial a esta Corporación respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba. Aquí está ese informe. Puede que a algunos no les guste; pero, ¡por favor!, no utilicemos subterfugios para hacer lo mismo que se efectuó el 3 de abril: tratar de que el mandato no sea cumplido por parte de la delegación. Si tenemos responsabilidad y vamos a cumplir con nuestro mandato, obviamente debemos votarlo y cada uno debe definir su posición respecto de este tema tan candente en Cuba.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gutenberg Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente, en primer lugar, es bueno hacer un pequeño relato previo.
De buena fe, me consta que en todos los sectores políticos de la Corporación hay interés sobre el tema de los derechos humanos. De hecho, el proyecto de acuerdo original fue firmado por los jefes de todas las bancadas, y así fue presentado a la Corporación. Por consideraciones políticas legítimas, algunos jefes de las bancadas del PS y del PPD retiraron sus firmas; pero no hicieron cuestión para que en la Sala el informe pudiera ser discutido, votado y aprobado en su oportunidad. Digo esto porque lo que pareció un buen criterio de todos sigue teniendo vigencia hasta hoy.
En segundo lugar, este informe estuvo en la Mesa de la Corporación hace alrededor de un mes. El colega Navarro , legítimamente, pidió que fuera discutido y analizado en una sesión posterior, en la que estuviera presente el colega Juan Pablo Letelier para que nos entregara su importantísima opinión, por su experiencia y compromiso en el tema. Así se hizo. El informe, reitero, ha estado a disposición de todos los colegas por más de un mes y medio.
Quiero hacer notar que, transcurrido ese plazo, nadie ha dicho en la Corporación que una palabra del informe no sea cierta. Nadie ha indicado que cada una de los casos expuestos no sea cierto.
Se plantea un tema de oportunidad. Me pregunto: ¿acaso queremos inaugurar una nueva tesis en materia de derechos humanos, en el sentido de que debemos ser oportunos para plantear el problema? ¿O sea, el tema del derecho a la vida, de las libertades públicas, de estar preso sin juicio previo, de no poder presentar candidaturas, de no tener derecho a libertad de religión, es un problema de oportunidad? ¿Hay que ser oportunos para plantear las violaciones a los derechos humanos?
Quienes vivimos un tiempo histórico en este país hace algunos años, no esperábamos instancias de oportunidad para que alguien hiciera presente lo nuestro.
Soy fraterno y amigo de todos mis compañeros de la Cámara de Diputados, en especial de los que son miembros de mi coalición; pero insisto hay cuestiones en las que hay que ser extremadamente rigurosos. En materia de derechos humanos no deben existir problemas de oportunidad. Cuando uno conoce una violación de ellos, tiene la obligación política y ética de plantearla, de defender tales derechos y de reiterarlo cuantas veces sea necesario.
¿Vamos a pedir que cada observación en materia de derechos humanos en Cuba, o en cualquier país, indique la persona que hizo el comentario, el día, la hora y el lugar? ¿Acaso cuando se discutían los informes en la Comisión de Derechos Humanos respecto de Chile se pedía el nombre, el domicilio y el lugar? Si alguien así lo sostiene, que lo diga. ¿Alguien cree que en un país donde hay dictadura y no existe democracia el requisito para que una denuncia sea válida y oportuna es entregar antecedentes del disidente u opositor, el cual, si da su opinión con su nombre, día, hora, lugar y domicilio será perseguido?
Las consideraciones que uno debe tener presentes en cualquier Estado o lugar son las mismas que debe considerar respecto de este tema.
En tercer lugar, el colega Navarro anticipa y dice que es malo e inconducente condenar a un país por violaciones a los derechos humanos. Me encantaría rebatir ese punto, con la misma extremada seriedad con que él lo plantea. ¿Cuándo es válido condenar a alguien por violación a los derechos humanos? ¿Vamos a inaugurar ahora una nueva tesis, en el sentido de que no es bueno condenar a un país por ese concepto, por cuanto es inconducente? O sea, ¿nos limitaremos a comentarios periodísticos o a análisis académicos?
Si un país viola los derechos humanos y falta a la democracia en lo que se refiere a nuestros acuerdos internacionales como el Pacto de Derechos Políticos de San José de Costa Rica, que nos obliga a todos, y si en esta Sala los diputados de la Concertación hicimos cuestión para fundamentar acusaciones constitucionales en contra de ministros de la Corte Suprema, la misma validez que reclamamos para ese propósito se aplica para otros efectos.
No tengo ningún problema en que el tema se siga debatiendo. El mejor favor que hacemos a la democracia y a la vigencia de los derechos humanos en Cuba es que esta materia se discuta cuantas veces sea necesario.
Por eso, he sugerido al colega Salas quien está de acuerdo y me atrevo a pedir el voto a los otros colegas que conformaron la delegación, para que enviemos estos antecedentes a la Comisión de Relaciones Exteriores a fin de que emita otro informe al respecto en 30 días. Propongo que se invite al embajador cubano para que entregue su parecer y que todos los colegas que cuenten con información sobre la materia la entreguen a dicha Comisión. Así se dispondrá de todo el tiempo necesario, la discusión será todo lo transparente que sea conveniente y todo el mundo, al menos en la Corporación, conocerá los hechos, de modo que la resolución final no tendrá problemas de “oportunidad”, porque será el resultado de la discusión de fondo. Repito que, con el acuerdo del colega Salas me atrevo a pedírselo también a los colegas Coloma y Leay, solicito la unanimidad de la Corporación para entregar todos estos antecedentes a la Comisión de Relaciones Exteriores y, a su vez, pedirle a la misma que invite, si lo tiene a bien, al señor embajador de Cuba para que entregue su opinión. Asimismo, todos los colegas deberemos emitir nuestros juicios y opiniones y proporcionar los antecedentes que tenemos sobre la materia, con el objeto de que dicha Comisión, en el plazo de 30 días, entregue un informe a la Sala.
Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala al respecto para, eventualmente, seguir con el resto de los temas de la sesión.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El diputado señor Navarro me ha solicitado el uso de la palabra en el tiempo de su segundo discurso. Haré la consulta tan pronto termine.
Tiene la palabra el señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda, la última propuesta del diputado señor Gutenberg Martínez es coherente con la responsabilidad de tratar un tema tan delicado como éste, porque, tal como en el pasado, no hicimos ninguna condena a priori, sino sobre hechos concretos, documentación e investigaciones que permitieron demostrar aunque muchos lo negaron durante muchos años que en Chile sí se persiguió, torturó y asesinó. Es necesario, cuando se hace un debate sobre acusaciones relativas a que no hay respeto de los derechos humanos, sino violación sistemática de los mismos, y se sostiene que existe tortura, que haya la posibilidad de debatir el tema de manera más seria y no sobre la base de un informe que, tal como su carátula lo indica, está desde el “2.10.2001” a disposición” de los diputados, a lo que se agrega una firma ilegible.
En definitiva, no hemos tenido tiempo suficiente para conocerlo, por lo que me parece pertinente enviar este documento a la Comisión de Relaciones Exteriores para que se pueda debatir, porque ni un solo caso de desaparecido o torturado ha podido ser demostrado, y si hay posibilidad de comprobar aquello, hagámoslo.
Efectivamente, el diputado señor Salas ha hablado con legitimidad, y respeto su opinión y ésta no es una materia que vaya a dividir a la Concertación, pero hay que ser justos y señalar que en Cuba ningún niño se muere de hambre, que la salud es gratuita...
Hablan varios señores diputados a la vez.
...y todos tienen derecho a ella. Por lo demás, varios colegas de la Derecha han ido a buscar salud a Cuba.
Asimismo, deben compararse sueldos de un país con un sistema capitalista o de mercado, como el nuestro, con el de otro país en que rija el que se aplica en Cuba. Además, hay un elemento esencial que ignora el informe presentado por los diputados señores Gutenberg Martínez y Juan Antonio Coloma : la ley Torricelli y Helms-Burton, cuarenta años de bloqueo que han impedido el desarrollo económico de Cuba. Ni siquiera se menciona una sola palabra respecto de que la Cámara de Diputados condena ese procedimiento, situación que el informe no recoge.
Quiero debatir sobre el bloqueo norteamericano sin perjuicio de expresar nuestra solidaridad a Estados Unidos por los brutales atentados criminales cometidos en Nueva York, porque, a mi juicio, la actitud de ese país con Cuba debe ser revisada, por cuanto se traduce en un acto inaceptable en materia de libertad económica cada nave que desembarca alimentos y medicinas en Cuba, durante seis meses no puede recalar en ningún puerto norteamericano. El bloqueo le ha significado a Cuba un impacto negativo de más de 100 mil millones de dólares, y sobre eso el informe no dice ninguna palabra, a pesar del mandato del proyecto de acuerdo. Por lo tanto, cuando hablemos de Cuba, hagámoslo en cuanto a la totalidad de su realidad sobre la cual exijo que investiguemos y no sólo de una parte.
Me parece prudente la propuesta. Efectivamente, podemos hacer un debate mayor. El tema de los derechos humanos debe interesar a Chile, pero de un tiempo a esta parte nuestro país sólo se ha preocupado de si nos conviene económicamente tener relaciones internacionales con algunos países. Mi gobierno ha sido incapaz, en diez años, de tener una oficina que se preocupe de los refugiados y perseguidos políticos del mundo. La mayoría de las autoridades también fueron exiliados y recibieron la solidaridad internacional, pero nosotros no hemos tenido la capacidad para responder en la misma medida a los perseguidos políticos del mundo. No hay un departamento en la Cancillería ni en otra Cartera que se preocupe de traer a los afectados.
Es un deber ético y moral que la Concertación tiene pendiente y yo quiero que se cumpla. Ojalá este debate sirva para establecer una política exterior que no solamente se preocupe de hacer negocios, de invertir en el extranjero y de incentivar las inversiones, sino que también de promover los derechos humanos y defenderlos, sobre todo por nosotros, que sufrimos las consecuencias de una dictadura; pero hagámoslo con responsabilidad y no intentemos sorprender a nadie con este informe, absolutamente incompleto. Al respecto, tenemos puntos de diferencia y de acuerdo, pero no voy a regalarles los de acuerdo si no hay un debate más amplio y completo sobre un tema que es realmente importante y que la Cámara de Diputados debería conocer en mayor plenitud.
Por lo tanto, participo de la propuesta del diputado señor Gutenberg Martínez y espero consultarlo con mi bancada, como subjefe, para apoyar un acuerdo de Comités o de la Sala a fin de evitar una votación sobre un informe respecto del cual no hay consenso, sino disparidad de opiniones, y que elude el tema de fondo: la sagrada defensa de los derechos humanos en cualquier país del mundo.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición del diputado señor Gutenberg Martínez para que el informe pase a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 4 votos. No hubo abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Aprobado el informe.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri , Álvarez-Salamanca , Bertolino , Caminondo , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Delmastro , Díaz , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro , Huenchumilla , Ibáñez , Leay , Longton , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Melero , Molina , Monge , Mora , Núñez , Ojeda , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Prokurica , Recondo , Rincón , Riveros , Rocha , Salas, Ulloa , Van Rysselberghe , Vega , Velasco , Vilches y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Gutiérrez , Navarro , Pollarolo ( doña Fanny ) y Valenzuela.
El señor MORA.-
Señor Presidente, pido copia de la votación.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señor diputado, nunca se le ha negado a nadie copia de las votaciones y está en su derecho solicitarla. Puede pasar por la Secretaría cuando lo estime pertinente.
V.ORDEN DEL DÍA
POSTERGACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Primer trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señores diputados, solicito el asentimiento de la Sala para tratar sobre tabla el proyecto de ley que posterga para diciembre del año 2002 la determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Sánchez.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2805-06, sesión 4ª, en 9 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, este proyecto de ley posterga para el año 2002 la determinación de los coeficientes trienales de distribución del Fondo Común Municipal.
Cabe señalar que, de acuerdo con el cronograma que impone la vigencia de la ley de Rentas Municipales, corresponde en el presente año efectuar una nueva determinación de los coeficientes de distribución del 90 por ciento del Fondo para cada municipalidad del país, coeficiente que deberá regir, según contempla dicha ley, durante los próximos tres años, a partir de enero del año 2002.
En este contexto, hay que recordar que el 90 por ciento del Fondo Común Municipal se distribuye por criterios de pobreza, es decir, el elemento poblacional y sus características socioeconómicas constituyen un factor determinante en el cálculo de los coeficientes de participación en el Fondo. Por lo demás, según prescribe la propia ley de Rentas Municipales, deben considerarse fuentes de información basadas en cifras oficiales del censo del año 1992.
En el año 2002 debe practicarse un nuevo censo en el país, el cual, sin duda, mostrará una realidad nueva, diferente, a nivel de población comunal, y por ello se ha estimado oportuno así lo propone la presente iniciativa, posponer hasta el próximo año la nueva determinación trienal de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, de forma tal que en los factores de determinación de los coeficientes se reflejen las nuevas cifras que arroje el censo del año 2002.
Por el contrario, perseverar en efectuarla en el presente año implicaría amarrar a los municipios por los próximos tres años con coeficientes basados en cifras censales y realidades comunales que tienen su origen en el año 1992.
Por esto, se ha propuesto este proyecto de ley, que en su artículo único señala: “Postérgase para el mes de diciembre del año 2002 la determinación de los coeficientes trienales de distribución de los recursos correspondientes al 90 por ciento del Fondo Común Municipal, consagrado en el artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales”.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
No hay informe de la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, este proyecto básicamente tiene por objeto postergar el recálculo de los parámetros de participación en este Fondo porque el próximo año se realizará el censo en Chile se efectúa cada 10 años, cuya información evidentemente constituye un input de primer orden para un buen recálculo de aquellos coeficientes que se utilizan en la distribución del Fondo Común Municipal y que benefician a todas las municipalidades de nuestro país y, por lo tanto, a los distritos que representamos los diputados. De ahí la unanimidad de la Sala para tratar sobre tabla este importante proyecto.
Como la modificación sólo tiene por objeto hacer calzar el recálculo de dichos coeficientes con la información del censo del 2002, solicito a la Sala la aprobación unánime del proyecto, con lo cual se prorrogará en un año más la vigencia del actual cálculo. Así, al ser repotenciados los coeficientes de redistribución con los antecedentes que aportará el censo de 2002, esperamos beneficiar a todas las comunas que cuentan con mayores índices de pobreza.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la prórroga que establece la iniciativa; pero quiero solicitar al Ministerio de Hacienda, a través del Ministerio del Interior, la posibilidad de ayudar, de alguna forma y durante el próximo año, a las municipalidades que han perdido plata por el comportamiento del Fondo. Daré un ejemplo. La comuna de Independencia fue considerada en forma equivalente a la de Providencia, lo que le ha significado pérdidas anuales cercanas a los 600 millones de pesos, tema que conoce perfectamente el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
Concuerdo con la proposición, ya que, de lo contrario, se aplicaría la misma fórmula en los próximos tres años. No obstante, esta modificación le significará al municipio de Independencia un nuevo recorte para 2002 de un monto similar al mencionado, situación en la que se encuentran muchos municipios. Esa municipalidad no es viable desde el punto de vista económico, pues ni siquiera tiene los recursos para pagar la planta fija.
Por ello, junto con esta prórroga, me gustaría que se estableciera algún criterio para que el Ministerio de Hacienda, a través del Ministerio del Interior, ayude a los municipios que se encuentran en esta situación, a los cuales la fórmula que hoy se les aplica les ha significado un tremendo castigo económico, que no sólo afecta al municipio respectivo, sino que a los vecinos que debe atender.
Los parámetros usados son erróneos, afirmación con la que concuerda la Subsecretaría. Por lo tanto, se debe esperar el establecimiento de los nuevos, los cuales se basarán en los datos que entregue el censo del próximo año. Estoy de acuerdo con todo eso, pero los municipios afectados por esta situación deberían recibir ayuda económica para hacerlos viables, con el objeto de que puedan, a lo menos, pagar los sueldos y los compromisos que han asumido, para lo que no cuentan con recursos suficientes. Un caso concreto de ello, que ya cité, es el del municipio de Independencia, que deja de percibir 600 millones de pesos en la actualidad por culpa de esta distribución, lo que le impide pagar sus deudas, una de ellas ascendente a 290 millones de pesos, originada en el contrato de extracción de basura. Esto no se debe a una mala administración, a que se esté botando la plata o que se haya gastado en otra cosa, ya que esta municipalidad incluso está al día en el pago de las imposiciones de sus trabajadores. Lo que pasa es que no le alcanzan los recursos que recibe, porque el criterio que se aplica para acceder al Fondo Común Municipal la deja en una situación similar a la de Providencia. Me encantaría que Independencia fuera igual que Providencia, pero no es así. No obstante, este mecanismo las iguala en la distribución de los recursos del Fondo.
Señor Presidente, quiero dejar planteada esa inquietud. He puesto como ejemplo a Independencia, pero es necesario tener claro que muchos municipios han perdido recursos realmente significativos durante los últimos tres años por el mecanismo de distribución del Fondo, lo que afecta duramente la gestión municipal y el desarrollo socioeconómico de los vecinos de esas comunas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, la inmensa mayoría de los parlamentarios está de acuerdo en aprobar el proyecto.
En consecuencia, ya que el tiempo de que disponemos para legislar es escaso, me parece del todo necesario agilizar el trámite de esta iniciativa, con el objeto de tratar otros proyectos que son tan trascendentes como éste.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito la clausura del debate y la votación de esta iniciativa, con el fin de ocuparnos de otro proyecto de la tabla que, a mi juicio, es tan importante como éste. Me refiero al que concede un nuevo plazo para acogerse a la condonación de deudas Cora. Lo grave de esa situación es que existen cobranzas judiciales y se ha fijado el 27 de octubre como fecha de remate, por lo que los deudores sólo esperan que el Congreso apruebe esa iniciativa de una vez por todas.
Por lo anterior, señor Presidente, le pido que consulte a la Sala si está de acuerdo en que votemos de inmediato este proyecto, para tratar ese otro a continuación, ya que, de lo contrario, no nos alcanzará el tiempo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señor diputado, los procedimientos reglamentarios son muy claros: esto tiene que pedirlo un Comité, y en ese instante debemos decidir.
Mientras tanto, no puedo hacer la petición que plantea su Señoría, porque hay tres diputados inscritos para hablar.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, como lo han señalado el diputado informante y casi todos los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, éste es un proyecto importante para muchas comunas del país, porque, al postergar el recálculo de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal para 2002, se aclara el horizonte de planificación de esas comunas, ya que sabrán con cuántos recursos contarán el próximo año, lo que facilita el trabajo de planificación y de aprobación de su presupuesto.
Sin embargo, junto con contribuir a aprobar el proyecto con la celeridad que el diputado Naranjo invocaba, quiero señalar que hay dos temas que el Gobierno debe abordar en relación con el Fondo Común Municipal.
Aprovecho la presencia del señor ministro del Interior para recordar al Ejecutivo que tiene un compromiso muy importante para casi todas las comunas del país, cual es el envío del proyecto de ley de rentas municipales II, que significará una redistribución de recursos más equitativa entre las comunas del país, con el objeto de que, como señalaba el diputado Leay , Independencia se parezca un poco más a Providencia, así como Macul, San Joaquín y La Granja a Santiago o a Vitacura.
No basta para ello con postergar la aplicación de estos coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, ya que resulta muy necesario contar con esa normativa. Por eso, ojalá se envíe con la misma celeridad con que se remitió la iniciativa en discusión. Me gustaría saber cuándo el Ejecutivo hará llegar ese proyecto al Congreso, porque estoy seguro de que lo despacharemos con mucha rapidez.
A su vez, pido al Ejecutivo que aproveche este año de plazo para que se haga un estudio más acucioso sobre la materia y a fin de que revise cómo se calculan estos coeficientes y la composición del Fondo Común Municipal, porque hay municipios que se comportan más eficientemente de lo que les exigen las leyes que hemos dictado. Por ejemplo, La Granja, pese a la crisis económica que nos afecta, ha aumentado sus ingresos propios, porque tiene una buena gestión, y los vecinos la valoran. En definitiva, el municipio y los vecinos cumplen con sus obligaciones.
Sin embargo, este municipio, que aumenta sus ingresos propios, por la calidad de su gestión disminuirá su participación en el Fondo Común Municipal al cabo de un año.
Reitero que los municipios que mejoran la calidad de su gestión y, al mismo tiempo, el servicio que prestan a la ciudadanía, aun siendo pobres, como en el caso de La Granja serán perjudicados por el sistema de cálculo; empero, aquellos más ineficientes, que prestan menos servicios a su comunidad, se beneficiarán. Eso es un absurdo. Si en nuestro sistema de ponderación del Fondo estimulamos la ineficiencia, ningún municipio querrá recaudar los derechos de aseo, preocuparse de las patentes municipales ni cobrar las multas correspondientes, porque ello incrementaría los ingresos propios y, al final, los perjudicaría en la solidaridad que debieran tener.
Con la aprobación de esta iniciativa, tendremos un año de plazo para volver a estudiar la manera de ponderar la composición del Fondo Común Municipal y no castigar las buenas gestiones municipales, como las de La Granja, Macul y San Joaquín , que aportan a los vecinos y no a costa de los chilenos de otras comunas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional va a votar a favor del proyecto, pues lo considera absolutamente ajustado a las razones que se han dado. Es preferible esperar la realización del censo, a fin de tener la cantidad exacta de personas, el número de habitantes y el grado de pobreza, para fijar un factor correspondiente a esa realidad. También quiero reclamar y siempre es propicia la ocasión más autonomía para las municipalidades. Cuando digo más, no significa que exista algún grado, porque en este momento no tienen autonomía, y permanentemente estamos aprobando leyes para dar facultades provisorias a los alcaldes. Queremos que tengan más atribuciones y autonomía, que las municipalidades tomen sus decisiones, que ojalá el financiamiento sea autónomo en los próximos años y que los impuestos que generan sean administrados por ellas mismas, de modo que la participación de que tanto habla el Gobierno pueda ser una realidad.
Por último, las más pobres son las que hoy están sufriendo los efectos de la cesantía, y aprovecho para decir que comunas como las que represento: Olmué , Limache , Villa Alemana y Quilpué , necesitan, obviamente, un mejoramiento en el Fondo Común Municipal.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señores diputados, ya han participado en el debate todos los Comités. Se ha solicitado el cierre del debate.
El señor MELERO.-
¿Cuántos diputados se han inscrito para hablar?
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Cuatro, pero se ha pedido el cierre del debate, lo que procede, pues han intervenido más de tres Comités. La UDI ya participó, a través del diputado señor Leay.
En votación la petición de clausura del debate.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Ascencio , Ávila , Bertolino , Rozas (doña María) , Bustos , Cardemil , Coloma , Delmastro , Dittborn , Elgueta , Espina , Girardi , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Huenchumilla , Ibáñez , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Leal , Letelier ( don Juan Pablo) , Martínez ( don Rosauro) , Molina , Mora , Muñoz (don Pedro) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don José) , Pollarolo (doña Fanny) , Rincón , Saa (doña María Antonieta) , Sánchez , Soto (doña Laura) , Tuma , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vega , Velasco , Venegas , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez , García-Huidobro , Leay , Monge , Ovalle (doña María Victoria), Prokurica , Recondo y Vilches.
Se abstuvo el diputado señor Palma (don Andrés ).
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En votación general y en particular el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Ascencio , Ávila , Rozas (doña María) , Bustos , Cardemil , Coloma , Delmastro , Dittborn , Elgueta , Espina , García-Huidobro , Girardi , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Huenchumilla , Ibáñez , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Jocelyn-Holt , Leal , Leay , Letelier ( don Juan Pablo) , Martínez ( don Rosauro) , Molina , Monge , Mora , Muñoz (don Pedro) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prokurica , Recondo , Reyes, Rincón , Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Sánchez , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Valenzuela , Vega , Velasco , Venegas , Vilches , Villouta y Walker (don Ignacio).
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro del Interior, señor José Miguel Insulza.
El señor INSULZA (Ministro del Interior).-
Señor Presidente, agradezco la rapidez con que la Cámara ha aprobado el proyecto; lo hizo en menos de 40 minutos y no en siete horas, como ocurrió con un proyecto anterior. Quiero decir al diputado señor Andrés Palma , por intermedio de su Señoría, que esperamos tener el proyec to de rentas municipales II en el mes de enero.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Gracias, señor ministro.
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.353, SOBRE CONDONACIÓN DE DEUDAS CORA. Primer trámite constitucional
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En conformidad con lo acordado, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas Cora.
Diputados informantes de las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Hacienda son los señores Álvarez-Salamanca y Silva , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2759-01, sesión 20ª, en 31 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, sesión 32ª, en 4 de septiembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nºs 12 y 13, respectivamente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez-Salamanca.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura, paso a informar acerca del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas Cora.
La idea matriz que inspira a esta proposición tiene por objeto modificar la normativa sobre condonación de deudas ex Cora, en términos de otorgar un nuevo plazo para acogerse a ese beneficio, y también modificar algunos requisitos que han impedido una aplicación más extensiva y justa de la ley.
La ley Nº 19.353, modificada por la ley Nº 19.508, permitió a los propietarios de bienes raíces derivados del proceso de reforma agraria solicitar la condonación de la deuda fiscal ex Cora hasta por dos predios, parcelas o sitios originados en ese proceso, siempre que cumplieran determinados requisitos, entre ellos, que los predios hubieran sido adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1992 y que el interesado no fuera dueño de más de dos predios derivados directamente del proceso de reforma agraria.
La redacción de esa última exigencia provocó, por una parte, que no pudieran acogerse a la condonación aquellos que, siendo propietarios de un predio Cora, tenían, además de su casa habitación, otro bien raíz, como un estacionamiento o sitio urbano, en circunstancias de que no fue ése el objetivo de la ley. Por otra parte, esa norma permitió la condonación de las deudas de dos parcelas Cora en su integridad, que, en términos de superficie, equivalían a una extensión de 24 hectáreas de riego básico, pero excluyó de la condonación a aquellos propietarios de tres o más retazos de una parcela, lo cual, en superficie, es siempre inferior a 12 hectáreas de riego básico. Además, el plazo para acogerse a ese beneficio expiró el 19 de agosto de 1999.
Con el fin de solucionar el problema, el proyecto busca, en primer lugar, suprimir la exigencia de que las deudas ex Cora por condonar correspondan a predios derivados del proceso de reforma agraria y adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1992; es decir, los que compraron después de 1992, ahora también podrán acogerse al beneficio, porque tal limitación carece de fundamento, en especial si el plazo para acceder al beneficio se extendió hasta el 19 de agosto de 1999 con la dictación de la ley Nº 19.508.
Asimismo, la iniciativa tiene por objeto precisar el alcance del requisito establecido en el artículo 1º, Nº 2, de la ley, que exige al interesado no ser dueño de más bienes raíces que de dos predios derivados directamente del proceso de reforma agraria, a fin de permitir que se acojan a la condonación tanto aquellos que tienen, además de su casa habitación, otro bien raíz, como un estacionamiento o sitio urbano, y aquellos propietarios de más de dos retazos de parcelas.
Finalmente, la iniciativa permite que se acojan al beneficio las sociedades de personas constituidas por campesinos, y otorga un nuevo plazo de dos años para acogerse a la condonación.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En reemplazo del diputado informante de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar acerca del proyecto que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas Cora.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República.
Durante el estudio del proyecto, asistió a la Comisión el señor Eduardo Carrillo , abogado jefe del Ministerio de Agricultura.
El propósito de la iniciativa consiste en modificar la normativa sobre condonación de deudas ex Cora, contenida en la ley Nº 19.353 y sus modificaciones, mediante el otorgamiento de un nuevo plazo de dos años para acogerse a ese beneficio e incorporando a otros segmentos de deudores entre sus beneficiarios.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos estima que la deuda de los potenciales beneficiarios del proyecto ascendería a un monto aproximado a los mil millones de pesos, siendo equivalente al 50 por ciento de dicha cantidad para los años 2002 y 2003, en cada uno de ellos.
Según información del Servicio de Tesorerías, la deuda ex Cora al 19 de julio de 2001 está formada por 12.017 deudores y alcanza a 62.012.084.000 pesos.
Durante el análisis del proyecto en la Comisión, intervino el señor Eduardo Carrillo , quien destacó, entre las modificaciones propuestas, la incorporación como beneficiarios a los dueños de retazos de parcelas Cora, estimándola como una omisión de la normativa que se viene modificando; la eliminación de la exigencia de haberse adquirido el predio con anterioridad al 31 de diciembre de 1992, ya que en la actualidad carecería de fundamento dicha referencia, y la incorporación de las sociedades de personas constituidas por campesinos entre los potenciales beneficiarios.
Explicó que la interrupción de los plazos de prescripción de las acciones de cobro y el hecho de que no proceda el abandono del procedimiento, según lo preceptuado en el artículo transitorio, tiene por objeto proteger los intereses fiscales, ya que el Fisco suspenderá los procesos de cobro por el plazo de dos años.
Sobre el fundamento para incorporar otros bienes raíces que no provienen del proceso de reforma agraria, en los términos del numeral 3 del artículo único, se produjo un intenso debate en la Comisión referido al alcance del espíritu original de la iniciativa de ley. El diputado señor Andrés Palma estimó que éste sería el de beneficiar a los adquirentes directos de los predios Cora, focalizado el beneficio específicamente en las personas que no tienen otros activos.
Por su parte, el diputado señor Exequiel Silva , informante del proyecto en estudio, que en este momento está en la primera Subcomisión Mixta de Presupuestos, argumentó que el espíritu original de la ley Nº 19.353 ya fue modificado al establecerse, mediante una norma posterior, que no era necesario que fuera primer adquirente el beneficiario y resaltó que muchos de los propietarios originales de los predios han adquirido pequeñas propiedades en otro lugar, no obstante seguir siendo personas de pocos recursos.
La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural dispuso que la de Hacienda tomara conocimiento del proyecto aprobado por ella.
En cuanto a la votación, el diputado señor Andrés Palma formuló indicación para suprimir el numeral 3 del artículo único, pasando los numerales 4 y 5 a ser 3 y 4, respectivamente.
Sometido a votación el artículo único con exclusión del número 3 y el artículo transitorio, fueron aprobados por unanimidad.
Puesta en votación la indicación para suprimir el numeral 3 del artículo único, fue rechazada por 3 votos a favor y 4 votos en contra, siendo aprobado el número 3 del proyecto por 4 votos a favor y 3 votos en contra.
La Comisión de Hacienda consideró positivo el proyecto, pues solucionará una situación pendiente de no menos de 12.017 deudores.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Los Comités me han informado que hay unanimidad para votar el proyecto.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al diputado señor Lorenzini , pues, al parecer, es la única persona que desea intervenir.
A mi juicio, lo más importante es votar hoy el proyecto. Por ello, le cedo mi derecho al diputado señor Lorenzini , quien no dio la unanimidad para votarlo.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la interrupción que me ha concedido el diputado señor Naranjo.
En segundo lugar, deseo expresar mi molestia. Hasta este minuto, con el ministro y sus asesores estábamos discutiendo el presupuesto de Agricultura en el Senado. Aquí hemos presentado dos indicaciones, que pueden ser inadmisibles desde el punto de vista formal e interno de la Cámara, pero se trata de un tema planteado por las asociaciones de pequeños agricultores de todas las regiones del sur del país.
Esto se ha hecho con mucho tiempo, pero ha habido mala voluntad del Ministerio de Agricultura. Al parecer, todo lo que huele a pequeño agricultor o a tiempos más antiguos les molesta. Quiero dejar consignada mi molestia porque no ha habido ningún intento por solucionar el problema. Las autoridades no están aquí, sino en otro lado.
No obstante ser positivo el proyecto en ese sentido concuerdo con lo que decían los diputados señores Ortiz , por la Comisión de Hacienda, y Álvarez-Salamanca , por la de Agricultura, y Naranjo , quiero dejar expresa constancia de mi molestia por la falta de apertura para escuchar. Sólo vale lo que dicen los ministerios en esta situación. Me parece que de esa manera no seguiremos caminando muy bien.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señor diputado, quiero hacer presente que su Señoría retiró personalmente las indicaciones que ha mencionado.
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, los Comités acordaron votar sin discusión el proyecto. El Reglamento nos obliga a respetar dichos acuerdos, los cuales fueron dados a conocer a la Mesa a través del diputado señor Naranjo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señor diputado, dado que fui informado en forma oral de dicho acuerdo, pedí el asentimiento de la Sala. Como el diputado señor Lorenzini se opuso, le cedí la palabra.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Votemos, señor Presidente!
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Aprobado en general el proyecto.
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Ascencio , Bertolino , Caminondo , Ceroni , Coloma , Galilea (don Pablo) , Girardi , Gutiérrez , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Kuschel , Leay , Lorenzini , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Molina , Monge , Naranjo , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma ( don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Rincón , Riveros , Rocha , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Tuma , Valenzuela , Vargas , Vega , Vilches y Villouta .
CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE. Primer trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En segundo lugar, comprende tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que crea el Registro Nacional de Transporte de Carga Terrestre.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es la señora Eliana Caraball.
Si le parece a la Sala, el informe quedará pendiente para otra oportunidad, dado que sólo restan tres minutos para el término del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El presidente de la Comisión especial encargada de analizar las actuaciones de los funcionarios públicos que han colaborado en el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Matute Johns , diputado señor Sergio Ojeda Uribe , solicita el acuerdo de los señores diputados para sesionar el miércoles 10 de octubre, a las 11.00 horas, en forma simultánea con la Sala, con el objeto de recibir a las personas citadas, las cuales entregarán antecedentes valiosos para la Comisión.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
INCLUSIÓN DE AJEDREZ EN MALLA CURRICULAR DE ENSEÑANZA BÁSICA.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 605.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Por no haberse reunido el quórum necesario, queda rechazado el proyecto de acuerdo.
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE DROGAS PARA CONOCIMIENTO DE MATERIAS PROPIAS DE SU COMPETENCIA.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 606, del señor Rincón .
“Considerando:
1. Que esta Corporación acordó que las sesiones de Sala y de Comisiones se realizarán sólo los días martes y miércoles hasta diciembre del año 2001.
2. Que lo anterior ha significado que en la práctica no es posible el funcionamiento normal de todas las Comisiones, viéndose perjudicada la labor legislativa de la Cámara de Diputados, pues se deja sin horario adecuado a la Comisión especial de Seguridad Ciudadana.
3. Que las Comisiones especiales de Seguridad Ciudadana y de Drogas tienen dentro de su respectiva competencia materias comunes, lo que hace conveniente su trabajo conjunto.
En virtud de lo expuesto venimos en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 de su Reglamento, encargar a las Comisiones especiales de Seguridad Ciudadana y de Drogas el conocimiento de las materias propias de su competencia como Comisiones Unidas hasta el término del período legislativo 1998-2002”.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, el proyecto es sumamente simple. La Corporación acordó sesionar los martes en la tarde para suplir la sesión de los jueves, lo cual ha generado que las comisiones que se reunían ese día en la tarde hayan debido desplazar sus reuniones, en general, para las 18 horas y, a veces, hasta más tarde. Ello ha imposibilitado el funcionamiento de las Comisiones especiales de Seguridad Ciudadana y de Drogas, que funcionaban los martes en la tarde.
Dado que la Comisión especial de Drogas ya despachó su segundo informe para modificar integralmente la ley Nº 19.366, de Drogas, hemos considerado oportuno que ambas funcionen unidas, a fin de solucionar, acogiéndonos al Reglamento de la Corporación, el problema que enfrentan para debatir las materias que les son propias.
En conclusión, se trata de una solución reglamentaria, práctica y sólo hasta el término del período legislativo 19982002.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Restan dos minutos para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Durante la votación:
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, tengo la impresión de que no corresponde tratar en la Sala este proyecto de acuerdo. En realidad, la petición debería hacerse a la Comisión de Régimen Interno o a los Comités para que resolvieran la situación.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Señor diputado, está bien su argumentación, pero no corresponde hacerla en este momento.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se va a llamar por cinco minutos a los señores diputados.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo Nº 606.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Por no haberse reunido el quórum necesario, queda pendiente su votación para la sesión de mañana.
HALLAZGO DE RESTOS DE NIÑAS DESAPARECIDAS EN ALTO HOSPICIO. Condolencias a familias. Oficios.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para hacer uso de la palabra.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para conceder la palabra a la diputada señora Rosa González.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra su Señoría.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, hoy apareció una noticia que ha conmovido a todo Chile, respecto de un tema que no era desconocido para esta Cámara.
Cuando se formó la Comisión especial investigadora del caso Matute, solicité la ampliación de su cometido para que se investigaran los hechos ocurridos en Iquique, que comenzaron con el suicidio de una mujer después de haber entrado dos hombres encapuchados a su casa, quienes la violaron. Estos hechos tan viles motivaron que a los tres días se suicidara.
También había aparecido en un basural una niña de 18 años, asesinada. Además, en Iquique empezaron a desaparecer niñas de entre 14 y 16 años, sin que nadie tuviera idea de su paradero.
En el día de hoy, con mucho dolor, nos hemos enterado, a través de la prensa, de que un sicópata violó a una niña de 12 años, la cual sobrevivió. Luego de contar ella lo ocurrido, se procedió a detener al autor de los hechos, quien se encuentra confeso. En una operación candado, realizada por Carabineros de Chile, hasta el momento se han encontrado cuatro cuerpos de las niñas que habían desaparecido en noviembre de 1999.
En su oportunidad, solicitamos la designación de un ministro en visita y, junto con la diputada señora María Angélica Cristi , sostuvimos reuniones con el director general de Investigaciones señor Nelson Mery , y con el general director de Carabineros señor Manuel Ugarte.
En innumerables ocasiones estuvimos en Iquique, donde no existía ningún indicio ni pista al respecto. La mayoría decía que las niñas se habían ido de su hogar en busca de destinos mejores, porque efectivamente en Alto Hospicio, en este momento, hay mucha miseria.
En el día de hoy, después de una acuciosa investigación de Carabineros, se han encontrado cuatro cuerpos; pero, de acuerdo con lo que me acaban de informar, serían siete los cuerpos que estaban en un pique minero, a 20 kilómetros al sur de Iquique, en Huantajaya.
Es lamentable que recién ahora se pida un ministro en visita para esclarecer estos hechos. A lo mejor, si hubiera sido designado cuando se pidió, se habría evitado una violación y la muerte de otras mujeres.
A través de la Cámara quiero hacerles llegar mis condolencias a todos los padres de esas niñas, que están sufriendo terriblemente en estos momentos.
También solicito el apoyo de todos mis colegas para pedir que el ministro en visita determine, a la mayor brevedad posible, por qué, a pesar de haber transcurrido dos años, no se había ubicado al culpable de estos espeluznantes hechos.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se harán llegar las condolencias solicitadas por su Señoría, con la adhesión de todos los diputados presentes en la Sala.
Hemos hecho una excepción, con la unanimidad de la Sala, por tratarse de un caso muy particular y porque los acontecimientos ocurridos en el norte así lo ameritan.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 17.05 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Leal, Patricio Cornejo y Urrutia.
Modifica el artículo 19 de la ley Nº 19.284, sobre integración social de las personas con discapacidad, incorporando de manera obligatoria el lenguaje de señas. (boletín Nº 2803-04)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República, lo prescrito en la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la honorable Cámara.
Considerando:
1ºQue la ley Nº 19.284 sobre integración social de las personas, con discapacidad dedica un título especial, el cuarto, a la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad física o mental. Que incluye la igualdad en acceso a la cultura y a la información, para lo cual, su artículo 19 prevé que el Consejo Nacional de Televisión dicte normas para que el sistema nacional de televisión ponga en aplicación mecanismos de comunicación audiovisual que proporcionen información a la población con discapacidad auditiva, en los informativos.
2ºQue el año 1994, el referido Consejo estableció las normas generales aplicables a los canales de televisión de señal abierta, en virtud de los cuales se les obliga para que en la transmisión de informativos de producción nacional, al menos en uno de los informativos que se emitan de tal forma que puedan las personas con discapacidad auditiva acceder a ellos.
3ºQue la norma legal citada y la resolución del Consejo Nacional de Televisión adolece de varias falencias, por cuanto, en primer lugar estas disposiciones normativas no se aplican de manera imperativa a los canales de televisión y en segundo lugar porque se satisface la obligación legal y reglamentaria con sólo emitir un informativo con subtítulos escritos, lo cual, es un error y un sin sentido, toda vez que un porcentaje no menor de las 200 mil personas con discapacidad auditiva severa, por razones obvias, no ha podido acceder a sistemas idóneos de educación y no han podido aprender a leer y escribir, por lo que el analfabetismo, les impide acceder a los contenidos informativos, que les garantiza la ley.
4ºEn atención a lo anterior, creemos que se hace necesario precisar los alcances y contenidos del artículo 19 de la ley sobre integración social de las personas con discapacidad, para lo cual, proponemos a la honorable Cámara, este proyecto de ley, establece la obligatoriedad de contemplar en la emisión de al menos uno de los noticiarios emitidos por la televisión de señal abierta chilena, la traducción simultánea mediante el lenguaje de señas.
Por tanto,
El diputado que suscribe viene en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Modifícase el artículo 19 de la ley Nº 19.284 sobre integración social de las personas con discapacidad. Luego del punto y final que pasa a ser punto y seguido, la frase:
“En estos casos la emisión del informativo deberá contar con traducción simultánea mediante el lenguaje de señas”.
Moción del diputado señor Navarro.
Ley de protección al comercio y medidas sobre normas extraterritoriales extranjeras. (boletín Nº 2804-3)
La llamada ley Helms-Burton, denominada en propiedad Acta para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, fue promulgada el 12 de marzo de 1996 por el Presidente Bill Clinton, provocando el rechazo inmediato y generalizado de la comunidad internacional por su vulneración del Derecho Internacional.
La tensión histórica existente entre ambos países constituye la base sobre la que se asienta esta ley norteamericana.
La ley Helms-Burton reforzó las sanciones aplicadas por Estados Unidos a Cuba, originadas en el período posrevolucionario que siguió al derrocamiento de Fulgencio Batista, por medio de la internacionalización y aumento del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba.
La ley Helms-Burton no derogó la legislación anterior, sino que introduce nuevas medidas en los códigos norteamericanos, que requieren una Executive Order (orden ejecutiva) para su aplicación práctica.
La ley se divide en cuatro capítulos. En el primero de ellos contiene un catálogo de sanciones y amenazas de Estados Unidos contra Cuba, que en muchos casos son repetición o ampliación de medidas ya existentes. Cabe destacar que el principal cambio es que se otorga un carácter formal “legal” a dichas medidas, antes de la competencia exclusiva del Ejecutivo. Sólo el Congreso tiene la capacidad de anularlas, vía nueva ley, con las dificultades que ello entraña desde el punto de vista político. Se ha operado, así, una importante transferencia de competencias políticas que reduce notoria y duraderamente el margen de acción del Presidente en este ámbito.
En el capítulo II, Asistencia para una Cuba Libre e Independiente se establecen los rasgos fundamentales de la política estadounidense frente a los gobiernos cubanos esperados, sin Fidel ni Raúl Castro, especificando el tipo de régimen político y la forma de organización económica cubana (economía de mercado), y exigiendo “progresos palpables en la devolución o indemnización de las propiedades estadounidenses expropiadas” para el levantamiento paulatino de las sanciones. Este conjunto de normas ha sido estimado por muchos analistas como lo más grave de la ley Helms-Burton, ya que otorga un campo de acción a Estados Unidos para imponer sus intereses en Cuba, pasando ésta a la tutela del Congreso de EE.UU., lo que claramente dificultaría una apertura política gradual y digna para la dirigencia y funcionarios cubanos.
Dentro de las medidas de la ley se cuentan las siguientes:
-Obligar al Presidente de los Estados Unidos a rendir un informe anual al Congreso sobre asistencia y comercio de terceros países con Cuba, y
-Obligar al gobierno de los Estados Unidos a votar contra la admisión de Cuba en el FMI y el Banco Mundial, entre otras instituciones financieras, hasta que resurja la democracia en Cuba.
La ley, en este capítulo, también entrega una serie de definiciones y soluciones de lo que sería un gobierno democrático; faculta al Presidente estadounidense para suspender la efectividad de la ley por un período de seis meses, prorrogables, si lo considera necesario para los intereses de los Estados Unidos y la transición democrática en Cuba. Con todo, el levantamiento del embargo debe ser aprobado por el Congreso y se condiciona a la existencia de una transición política en Cuba sin Fidel ni Raúl Castro.
La ley Helms-Burton y el Derecho Internacional
a) Análisis de las normas de la ley Helms-Burton en relación con su vulneración al Derecho Internacional.
El Capítulo III de la ley, Protección de los Derechos de Propiedad de los Nacionales Estadounidenses, permite a los ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba la posibilidad de demandar, ante tribunales norteamericanos, a personas o compañías que estén explotando propiedades expropiadas a los primeros por el Gobierno cubano.
Tales normas vulneran el derecho internacional, pues violan el principio de soberanía al pretender aplicar extraterritorialmente las leyes de Estados Unidos a compañías, entidades o nacionales de terceros países que, sin estar sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, comercian, invierten o mantienen de cualquier otra manera intereses en Cuba (“trafican”).
En Derecho Internacional debe aceptarse la ley del territorio de Estado donde la pro-piedad está situada, en lo que se refiere a la determinación de la propiedad de los activos ubicados en tal territorio, expresión del principio de soberanía de un Estado sobre las propiedades, Lex Rei Sitae, y las personas que se encuentran en su territorio. Tal regla es el punto de partida de las relaciones económicas internacionales, pues proporciona certeza respecto de la propiedad sobre los bienes, fundamental para el comercio internacional.
Por otra parte, la sección 103 -que, entre otras cosas, prohíbe el otorgamiento de préstamos, créditos o financiamiento por parte de ciudadanos o residentes de los Estados Unidos en transacciones de propiedades confiscadas- y, en general, todo el espíritu de la ley en cuanto al uso de la extraterritorialidad puede violar el común entendimiento del Derecho Internacional y diferentes tratados e instrumentos internacionales suscritos por Estados Unidos, por ejemplo, los acuerdos del FMI (artículos 8 y 9), el Banco Mundial (Artículos 6 y 10), el BID (artículo II y XI), el ordenamiento del Tratado de Libre Comercio (Nafta), y el de la Organización Mundial de Comercio.
En la actualidad, en estricto derecho, no existiría propiedad alguna de los Estados Unidos en Cuba, por cuanto el Gobierno que decretó las expropiaciones estaba legítimamente constituido y, reconocido por los Estados Unidos, y actuó de acuerdo al principio Lex Rei Sitae. La fórmula habitual en Derecho Internacional para resolver las reclamaciones por expropiaciones o nacionalizaciones es la de los acuerdos globales compensatorios, práctica seguida por Cuba y Estados Unidos. El que Estados Unidos se aparte de esta práctica puede significar una vulneración de su obligación de observar la buena fe en las relaciones internacionales.
En cuanto al Título Cuarto de la Ley, Exclusión de Ciertos Extranjeros -consiste en negar visas y expulsar a los empresarios (y sus familias) y los accionistas mayoritarios de compañías extranjeras que compren, arrienden u obtengan algún beneficio de propiedades confiscadas en Cuba a ciudadanos estadounidenses- se ha estimado que si bien el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del territorio de un país, corresponde generalmente a la jurisdicción interna del mismo, se cuestiona en este caso, ya que se funda en una legislación que vulnera el Derecho Internacional.
Debe señalarse que el Presidente de Estados Unidos ha suspendido permanentemente la aplicación del Capítulo III, en cumplimiento de negociaciones llevadas a cabo con la Unión Europea, desde la entrada en vigencia de la ley. La última suspensión fue a fines del mes de julio del año 2000 y terminó en enero de 2001. Sin embargo, se ha señalado que su carácter de ley la convierte en foco fácil de manipulaciones políticas.
Reacciones en la comunidad internacional
La postura oficial del Gobierno chileno ha sido de total rechazo a la ley Helms-Burton, por considerar que la mantención del embargo empeora la situación cubana y que dichas normas entraban los principios de Derecho Internacional y libre comercio.
El Grupo de Río, en marzo de 1996, emitió una declaración señalando que la ley Helms-Burton atenta contra los principios que rigen la convivencia regional y el objetivo de integración hemisférica y condenando cualquier intento de un país de establecer sanciones o restricciones económicas a otro, reiteró su postura en el encuentro de ministros de Relaciones Exteriores, celebrado en mayo en Cochabamba, Bolivia, por considerar que dicha ley obstaculiza el comercio internacional, la inversión de otros países con terceros Estados y el libre tránsito de personas. Igual repudio se expresó en la Cumbre Presidencial, realizada en Cochabamba, en septiembre de 1996.
La Asamblea General de la OEA en su XXVI período de sesiones, realizado en Panamá, en junio de 1996, aprobó una resolución sobre la Libertad de Comercio e Inversión en el Hemisferio, con la sola excepción de Estados Unidos, incluyendo al Comité Jurídico Inter-americano para que en su próximo período de sesiones y de forma prioritaria, examinara y presentara su opinión al Consejo Permanente de la OEA sobre la validez, conforme al Derecho Internacional de dicha ley. Dicho Comité resolvió que la ley Helms-Burton no guarda conformidad con el Derecho Internacional. Sus puntos más destacados son:
-La ley Helms-Burton no se conforma al Derecho Internacional, pues los tribunales nacionales de un Estado no son el foro competente para la resolución de reclamaciones de Estado a Estado, porque (Estados Unidos) no tiene derecho de arrogarse reclamaciones de personas que no eran sus nacionales en el momento de ocurrir el daño, porque no tiene el derecho de atribuir responsabilidad a nacionales de terceros Estados por una reclamación que tuviere en contra de otro Estado o por la utilización de bienes expropiados situados en territorio del Estado expriante, porque no tiene el derecho de estatuir una responsabilidad de terceros involucrados en una nacionalización, y porque no tiene derecho de imponer compensación por cualquier monto que exceda el daño efectivo;
-En cuanto a la extraterritorialidad de la ley, se recuerda que tales medidas incurren en responsabilidad, ya que las normas del Derecho Internacional no permiten ejercer poder en forma alguna en el territorio de otro Estado, con la única excepción de que un acto ocurrido fuera del territorio tenga un efecto directo, sustancial y previsible dentro de su territorio;
-El “tráfico” de propiedad confiscada no se conforma con las normas que el Derecho Internacional establece;
-En resumen, la conclusión establece que los fundamentos y la eventual aplicación de esta ley no guardan conformidad con el Derecho Internacional.
Por otra parte, el Grupo de los Siete, en junio de 1996, en reunión celebrada en Lyon, Francia, criticó a los Estados Unidos por interferir en los asuntos internos de los países miembros al amenazar a empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con Cuba.
Canadá
Canadá ha desafiado abiertamente a Estados Unidos en su deseo de aplicar las disposiciones de la ley respecto de terceros países al reforzar su política comercial con La Habana, convirtiéndose en uno de sus mayores socios comerciales, y al aprobar su Parlamento el 30 de diciembre de 1996, una ley que modificó la ley sobre Medidas Extraterritoriales Extranjeras, Foreing Extraterritorial Measures Act, (Fema), de 1985, que entró en vigor el 1 de enero de 1997, para proteger a las compañías canadienses de las disposiciones de la ley Helms-Burton, por medio de medidas como las siguientes:
-Permitir al Procurador General de Canadá dictar Blocking Orders, declarando que las medidas adoptadas en virtud de leyes extranjeras cuestionables, no serán ejecutadas o reconocidas en Canadá;
-Crear y, en el futuro, complementar un listado de legislación extranjera que, en opinión del Procurador General de Canadá, viole la ley internacional;
-Declaración de que no son ejecutables en Canadá las sentencias de tribunales estadounidenses que pretendan aplicar dicha ley;
-Permitir que ciudadanos canadienses, en las Cortes locales, demanden a las personas o empresas que hayan intentado en Estados Unidos demandas contra personas o empresas canadienses en virtud de la ley Helms-Burton para recuperar cualquier suma que éstas hayan tenido que pagar por concepto de indemnización en virtud de la legislación extranjera, incluidos los costos del proceso tanto en Canadá como en el extranjero (Clawback), y
-Sancionar con penas de multa de hasta un millón y medio de dólares canadienses y prisión hasta por cinco años a quienes cumplan en Canadá las medidas extraterritoriales de la ley Helms-Burton. Para aumentar la efectividad del Acta se actualizará el sistema de multas para hacerlas equivalentes a aquéllas de la legislación estadounidense.
Estas normas fueron invocadas cuando las tiendas de la cadena estadounidense Wal-Mart en Canadá retiraron de sus anaqueles prendas de vestir al averiguar que eran de origen cubano.
México
Ante la aprobación de la ley Helms-Burton, el canciller mexicano señaló que no era aceptable la aplicación extraterritorial de las leyes de un país a otro, y argumentó que dicha ley ignoraba el principio de respeto a la soberanía de los Estados, que se trataba de una medida unilateral, no apegada al Derecho, que podría tener implicancias en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) existente entre ambos países y Canadá.
Por su parte, el subsecretario de Negociaciones Internacionales de México indicó que usaría los mecanismos del TLC (Capítulo XVIII) para anular los efectos de la ley Helms-Burton, que establece que los países tienen que notificar a sus contrapartes con anticipación de cualquier medida que se propongan adoptar, para darles tiempo de formular recomendaciones u objeciones.
El 10 de octubre de 1996, México aprobó la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, publicada en su Diario Oficial el día 23 del mismo mes. Algunas de sus medidas son:
-Prohibición a las personas naturales o jurídicas, que se encuentren en el territorio nacional o cuyos actos ocurran o surtan efectos en el mismo, “realizar actos que afecten el comercio o la inversión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras”. Entre los que se menciona “imponer un bloqueo económico”, “permitir reclamar pagos a particulares con motivo de expropiaciones realizadas en el país al que se aplica el bloqueo”, “restringir la entrada al país que expide la ley”. (Artículo 1º);
-Prohibición de proporcionar cualquier información requerida por tribunales extranjeros por medio de resoluciones basadas en leyes de efectos extraterritoriales (Artículo 2);
-Obligación de informar al gobierno mexicano sobre los casos de perjuicios y notificaciones mencionados anteriormente (Artículo 3);
-Autorización a los tribunales de México a denegar el reconocimiento y ejecución de sentencias u otros actos jurídicos emitidos con base a las leyes extranjeras referidas.
-Reconocer a quienes hubieren sido condenados al pago de indemnizaciones por sentencia con base a las leyes extranjeras mencionadas, el derecho a demandar a su vez en los tribunales mexicanos el pago correspondiente en concepto de daños y perjuicios a los demandantes extranjeros, y
-Establecimiento de multas a los infractores en una escala que llega hasta el equivalente a cien mil días de salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal, y al doble en caso de reincidencia.
Argentina
El Congreso de la República Argentina aprobó el 20 de agosto de 1997 la ley Nº 24.871, que establece el marco normativo referido a los alcances de las leyes extranjeras en el territorio nacional, conteniendo entre sus disposiciones las que establecen lo siguiente:
-No son aplicables ni generan efectos jurídicos en el territorio argentino las leyes extranjeras que, directa o indirectamente, tengan por objeto restringir o impedir el libre comercio y la libre circulación de capitales, bienes o personas en detrimento de algún país o grupo de países, o que de algún modo permitan el reclamo de pagos o indemnizaciones con motivo de expropiaciones realizadas en un tercer país;
-Ninguna persona puede invocar derechos ni ser obligada a obedecer medidas, directivas, instrucciones o indicaciones que sean consecuencia de leyes extranjeras en base de leyes de alcance extraterritorial.
-Las autoridades públicas, judiciales o administrativas deberán abstenerse de proporcionar la información que les fuere requerida por tribunales o autoridades extranjeras en base a leyes de alcance extraterritorial;
-La persona afectada debe denunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien dispondrá lo conducente para prestarle asesoramiento.
-Los jueces deben abstenerse de reconocer o ejecutar sentencias, requerimientos de pago o laudos arbitrales emitidos en base a leyes de alcance extraterritorial, y
-Las personas que hubieren sido condenadas por un tribunal extranjero al pago de indemnización o multa por aplicación de dichas leyes pueden demandar la restitución de lo pagado al demandante del juicio extranjero, más daños y perjuicios.
Unión Europea
Ante la aprobación de la ley Helms-Burton, la Unión Europea inició acciones dentro de su Consejo con la finalidad de adoptar medidas en contra de los Estados Unidos por considerar a dicha ley atentatoria a principios fundamentales del Derecho Internacional. El Consejo acordó solicitar a la Administración Clinton que renuncie a la aplicación de las disposiciones de extraterritorialidad de dicha ley.
Finalmente, no habiendo resultado exitosas las consultas entra la UE y EE.UU., iniciadas en abril de 1996 en el marco del mecanismo de solución de controversias de la casi recién nacida Organización Internacional de Comercio (OMC), sucesora del Gatt, la Unión Europea presentó una demanda contra los EE.UU. en octubre de 1996, solicitando la formación de un Penal de Expertos para dictaminar acerca de la conformidad de las disposiciones de la ley Helms-Burton con la normativa de la OMC. Canadá, México, Japón, Malasia y Tailandia se asociaron al procedimiento como terceros interesados.
El 22 de noviembre de 1996, el Consejo de la Unión Europea aprobó un Reglamento contra la aplicación de la ley norteamericana, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella. El Reglamento contiene medidas protectoras tendientes a la no aceptación de los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton, siendo las principales:
-Proporcionar protección contra la aplicación extraterritorial de las leyes (Artículo 1º):
-Obligar a los afectados a informar, bajo confidencialidad, a la Comisión los daños directos o indirectos que las leyes extraterritoriales les hubieren causado. (Artículo 2º);
-Ninguna sentencia de tribunales ajenos a la Unión Europea relativa a estas leyes (Helms-Burton y Torricelli, entre otras) será reconocida reconocida y persona alguna deberá cumplir con sus requisitos y prohibiciones (Artículos 4º y 5º), y
-Conferir derecho a cualquier persona afectada a ser compensada por los daños causados por la aplicación de dichas leyes, pudiendo demandar para ello ante los tribunales europeos (Artículo 6º).
La Unión había advertido que la sola suspensión del Capítulo III era insuficiente, ya que el resto de la ley violaba los principios del intercambio comercial garantizados por la OMC. Los Estados Unidos declararon que el tema no era de la competencia de la OMC, pues las limitaciones comerciales a Cuba eran un tema de seguridad nacional, por lo que invocarían el Artículo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1947 y 1984, y el artículo XIV del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios.
La Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos en abril de 1997, acordaron un compromiso que neutralizaba temporalmente la ley Helms-Burton (por medio del compromiso del presidente Clinton de renovar la suspensión de su Capítulo III cada seis meses y de gestionar la derogación del Capítulo IV ante el Congreso), a cambio de que la Unión Europea retirarse la demanda interpuesta ante la OMC, lo que bajó la tensión el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea y sus socios del Tratado de Libre Comercio, México y Canadá.
Sin embargo, debe tenerse presente que, al mismo tiempo, la UE ha endurecido su política hacia Cuba, aclarándose a los EE.UU. en esta materia, al formular exigencias en materia de derechos humanos y libertades políticas para otorgarle ayuda económica. Lo que se refleja en la Posición Común de 2 de diciembre de 1996 definida por el Consejo en virtud del artículo J.2 del Tratado de la Unión Europea, sobre Cuba.
Aparentemente, EE.UU. y la EU han encontrado un modus vivendi, ya que la UE, mientras las medidas no se apliquen, no tiene necesidad apremiante de acuart, y EE.UU., por su parte, al renovar la suspensión del Capítulo III cada seis meses, evita una oleada de demandas y contrademandas de los afectados que sería altamente costosa y desgastante, pero mantiene la espada de Damocles suspendida sobre la cabeza.
Efectos de la ley Helms-Burton respecto de Cuba
El rechazo mundial a la ley Helms-Burton, que pretende aplicar normas de carácter extraterritorial y viola principios del Derecho Internacional, ha permitido a países como Canadá y México reiterar sus compromisos hacia Cuba. La Unión Europea, aunque ha paralizado los procesos de negociación con Cuba, ha sido firme al señalar a Estados Unidos que no permitirá que las leyes extranjeras afecten a sus connacionales. Lo que también ha ocurrido en los países latinoamericanos, especialmente del Grupo de Río.
Estados Unidos ha demostrado que desea mantener su papel hegemónico mundial, aun cuando las circunstancias que originaron la Guerra Fría ya no constituyan peligro latente para su integridad nacional, lo que es un elemento que beneficia a Cuba.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, aprobó el 24 de diciembre de 1996, la ley Nº 80, denominada “Ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas”, la cual, entre otras disposiciones:
-Declara ilícita, inaplicable y sin valor jurídico alguno a la ley Helms-Burton, considerando nula toda reclamación amparada en ella;
-Señala que la indemnización por la nacionalización de propiedades estadounidenses podrá formar parte de un proceso negociado entre los gobiernos de EE.UU. y Cuba, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, las cuales deberán ser examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Estado y pueblo cubanos tienen derecho con motivo de los daños causados por el bloqueo y otras agresiones del gobierno de los EE.UU.
-Excluye de esas posibles negociaciones, a las personas naturales o jurídicas que hayan utilizado los procedimientos o mecanismos de la ley Helms-Burton, se hayan acogido a ellos o los hayan utilizado en perjuicio de otros, y
-Encarga al gobierno de Cuba la adopción de disposiciones, medidas y facilidades necesarias para la protección de las inversiones en Cuba y la defensa de los intereses del inversionista extranjero a empresas fiduciarias, entidades financieras o fondos de inversión.
Además de los efectos puramente económicos provocados por la Ley en Cuba, se señala que el gobierno de Castro la habría utilizado políticamente para atacar duramente a los disidentes y reducir antiguos espacios libres, especialmente a los centros de estudio académicos de La Habana, que habían estado desarrollando una discusión intensa sobre una reforma del sistema cubano desde adentro y de signo socialista; pidiendo declaraciones de lealtad a todos los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, que incluye una mención expresa a Fidel y Raúl Castro como “nuestros jefes y guías indiscutibles”, y disminuyendo la cautelosa apertura de la economía interior, del trabajo por cuenta propia. Así, esta ley habría contribuido a la solidificación del status quo político, en vez de su debilitamiento o reforma. Como se ha dicho, hace aún más difícil la reforma desde adentro y con dignidad, haciéndola prácticamente imposible. Se trata de jugar al “todo o nada”, al descartar las vías o soluciones intermedias.
Efectos respecto de terceros países
Las compañías, entidades y personas físicas que mantengan intereses en Cuba pueden verse afectadas por la ley Helms-Burton, si estos intereses se relacionan a propiedades que pertenecieron a ciudadanos estadounidenses y que fueron expropiadas tras el 1 de enero de 1959 por el Gobierno cubano:
Los afectados jurídicamente podrían recurrir de protección diplomática a sus respectivos gobiernos. Nuestro país no posee legislación ad hoc para solicitar la responsabilidad patrimonial afectada.
Las empresas de terceros países que no mantienen activos en los Estados Unidos tienen poco riesgo de sufrir las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton.
Con todo, sería recomendable adoptar medidas corporativas tendientes a diferenciar las actividades empresariales en Cuba, de aquéllas en los Estados Unidos, en especial por parte de las empresas que poseen activos en ambos países.
Por otra parte, debe tenerse presente que esta ley y otras anteriores han tenido graves dificultades de aplicación, ya que requiere de principios o elementos probatorios de difícil acceso al demandante en Estados Unidos.
Como se mencionó anteriormente, el 16 de enero de este año, el Presidente Clinton notificó al Congreso de su país de una nueva extensión de la suspensión de la ley Helms-Burton, cumpliendo el acuerdo tomado con la UE, a cambio de que los países europeos “estimulen una transición pacífica la democracia en Cuba”. Tal suspensión fue renovada en julio pasado y perdurará hasta mediados de enero del próximo año. Con todo, es indudable que la suspensión del polémico Capítulo III de la ley, pendiente de la sola voluntad política del Presidente de los EE.UU., es una materia altamente volátil ante los resultados de la elección presidencial de hoy, en que el cambio de un presidente demócrata a uno republicano podría significar dejar de lado el “compromiso” asumido por el presidente saliente ante la Unión Europea.
Principios y normas del derecho internacional
La jurisdicción de un Estado se manifiesta fundamentalmente a través del ejercicio de la soberanía, que se expresa jurídicamente por medio del principio de territorialidad (facultad que tiene un Estado para aplicar dentro de su territorio la legislación que estime conveniente para sus intereses, en términos generales). Tal principio es plenamente aceptado en el derecho internacional, salvo lo establecido respecto de personas o bienes dotados de inmunidad de jurisdicción.
Por otra parte, el principio de la nacionalidad acepta la extraterritorialidad de la ley en determinados casos.
El principio de protección autoriza a un Estado a sancionar actos cometidos, por nacionales o extranjeros, que afecten importantes intereses nacionales, como la seguridad y el crédito financiero del Estado.
En la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 2.1) y en la resolución 2.625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que contiene la declaración de principios del derecho internacional que rige las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, se establece lo siguiente:
“Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales debe-res y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole”.
“En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes:
a) Los Estados son iguales jurídicamente.
b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía.
c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados.
d) La integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables.
e) Cada Estado tiene el derecho a elegir y llevar adelante su sistema político, social, económico y cultural.
f) Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados”.
Deriva de los anteriores principios, en particular del principio de igualdad soberana de los Estados, la independencia y la prohibición de injerencia en los asuntos de los otros Estados. Respecto del principio de no intervención se señala que:
“Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado con el fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos nacionales y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún Estado”.
Por otra parte, dentro de las competencias derivadas de la soberanía está la que con-templa la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (Artículo 2.2c).
“Todo Estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el estado considere pertinentes. En cualquier caso en que la cuestión de la compensación sea motivo de controversia, ésta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que todos los Estados interesados acuerden libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y de acuerdo con el principio de libre elección de los medios”.
Por las razones expuestas venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
LEY DE PROTECCIÓN AL COMERCIO Y MEDIDAS SOBRE NORMAS EXTRATERRITORIALES EXTRANJERAS
Artículo 1.- No son aplicables ni generan efectos jurídicos en el territorio nacional, las leyes extranjeras que, directa o indirectamente, tengan por objeto restringir o impedir el libre ejercicio del comercio y la libre circulación de capitales, bienes o personas en detrimento de algún país o grupo de países, o que de algún modo permitan el reclamo de pagos o indemnizaciones con motivo de expropiaciones realizadas en un tercer país.
Las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo económico, la limitación de inversiones en un determinado país, o la restricción a la circulación de personas, bienes, servicios o capitales, con el fin de provocar el cambio de la forma de gobierno de un país, o para afectar su derecho a la libre autodeterminación.
Artículo 2.- Ninguna persona natural o jurídica, puede realizar actos que afecten el comercio o la inversión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras, señaladas en el artículo precedente.
Artículo 3.- Prohíbese a las autoridades públicas, judiciales o administrativas, proporcio-nar cualquier información requerida por tribunales o autoridades extranjeras por medio de resoluciones basadas en leyes como las indicadas en el artículo 1 de la presente ley.
Artículo 4.- Los afectados jurídicamente, en forma directa o indirecta, por la aplicación de alguna de las normas referidas en el artículo 1, están obligados a denunciar el hecho al Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dispondrá lo propio para prestarle asesoramiento.
Artículo 5.- Los tribunales chilenos, denegarán el reconocimiento y ejecución de sentencias u otros actos jurídicos emitidos sobre la base de las leyes extranjeras como las enuncia-das en el artículo 1.
Artículo 6.- Los afectados jurídicamente por la aplicación de normas referidas en el artículo primero, tienen el derecho a de demandar a su vez en los tribunales chilenos el pago correspondiente en concepto de daños y perjuicios a los demandantes extranjeros.
Será competente para entender en dichas causas la Corte de Apelaciones.
Artículo 7.- Aquellos que cumplan en Chile las medidas de las leyes referidas en el artículo 1, serán sancionadas con multa de hasta 1.000 UTM”.
Informe sobre la violación de los derechos humanos en Cuba 2000-2001.
Resumen Ejecutivo
Tomando en consideración el desenvolvimiento de los acontecimientos dentro de Cuba durante el año 2000 y principios de 2001, y a la luz de los puntos que componen el llamado de la Resolución condenatoria del gobierno de Cuba por la violación de los derechos humanos, aprobada durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2000, podemos concluir que:
1. El gobierno de Cuba aumentó la represión en las prisiones políticas y en las calles, ostentando un crecimiento de más del doble en el número de arrestos y actos represivos en comparación con 1998 y 1999.
2. El gobierno de Cuba no tomó durante el año 2000 ninguna medida encaminada a la apertura democrática y a asegurar el respeto de los derechos de sus ciudadanos, burlando así los acuerdos firmados por el propio gobierno cubano en la Sexta y la Novena Cumbres Iberoamericanas, así como los contenidos en la Declaración de Río de 1999.
3. El gobierno de Cuba en el campo de la libertad religiosa ha retrocedido incluso en cuanto a los pequeños espacios que había concedido a la Iglesia Católica después de la visita a Cuba del Papa Juan Pablo II en enero de 1998.
4. El gobierno de Cuba continúa violando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo de Cuba.
5. El gobierno de Cuba mantiene vigentes leyes violatorias como la Ley de Protección de la Independencia y la Economía conocida como Ley 88.
6. El gobierno de Cuba ha realizado cientos de arrestos arbitrarios a opositores pacíficos ascendiendo a una cifra sin precedentes en los últimos 10 años de acuerdo a los informes salidos desde dentro de la Isla.
7. El gobierno de Cuba no ha dado ninguna muestra de querer iniciar un diálogo abierto e incluyente con las fuerzas opositoras internas y, por el contrario, de acuerdo a sus declaraciones, cada día se cierra más y se muestra reacio a cualquier tipo de entendimiento.
8. El gobierno de Cuba no ha tomado con beneplácito la idea de que extranjeros vayan a Cuba para abrir el flujo de ideas y experiencias y, por el contrario, ha detenido a varios extranjeros, acusándolos de conspirar contra el Estado cubano por simplemente reunirse con miembros de la oposición cívica o con periodistas independientes.
9. El gobierno de Cuba no ha permitido, como le ha sido aconsejado en numerosas ocasiones, que los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en cuanto a la libertad de expresión y a la tortura, visiten la Isla.
10. El gobierno de Cuba, al no mostrar intenciones claras de mejorar la situación de los derechos humanos en la Isla, debe ser condenado por estas violaciones ante la comunidad internacional y en beneficio moral y reconocimiento de los cientos de activistas y prisioneros políticos que ponen en peligro su seguridad personal para denunciar estos atropellos.
INFORME SOBRE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA 20002001
De acuerdo a los informes y reportes sumarios acerca de la situación de los derechos humanos en Cuba durante los últimos dos años, es evidente que las violaciones se han seguido perpetrando y no solamente esto, sino que ha aumentado el número de arbitrariedades tanto en las prisiones contra los presos políticos y comunes, así como contra los opositores al régimen.
Durante el año 2000, numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron llamamientos, denuncias y acciones urgentes en solicitud del cese de las violaciones a las libertades ciudadanas en la Isla. Sin embargo, la represión continuó en ascenso.
a. Diciembre de 2000: Reporte Anual de Violaciones a los Derechos Humanos de Human Rights Watch, denunció “las restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos en Cuba”, citando casos específicos de violaciones.
b. Noviembre de 2000: Ochenta líderes políticos y activistas de derechos humanos reunidos en la Asamblea Mundial por la Democracia en Sao Paulo firman un documento pidiendo la libertad para el opositor Marcos Lázaro Torres León.
c. Noviembre de 2000: La Confederación Mundial del Trabajo, denuncia la represión contra sindicalistas independientes en Cuba y aboga por la libertad de Pedro Pablo Álvarez Ramos.
d. Septiembre de 2000: Pax ChristiHolanda, publica su quinto informe sobre Cuba donde denuncia los abusos contra los trabajadores en las llamadas empresas mixtas a la luz de la política de inversiones extranjeras del régimen de La Habana.
e. Junio de 2000: La Sociedad Interamericana de Prensa urge a las autoridades cubanas a prestar atención médica a los periodistas independientes encarcelados Jesús Joel Díaz Hernández y Manuel Antonio González Castellanos, y a los que se les ha negado la asistencia médica.
f. Junio de 2000: Reporteros Sin Fronteras denuncia el acoso y encarcelamiento de periodistas independientes en Cuba.
g. Junio de 2000: Amnistía Internacional denuncia en su informe anual de la situación de los derechos humanos en el mundo, el “fuerte hostigamiento, los juicios sin garantías y las nuevas leyes para reprimir a la oposición”.
h. Abril de 2000: La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprueba una Resolución condenatoria a la violación de los derechos humanos en Cuba.
i.Enero de 2000: La Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos y Reporteros Sin Fronteras difunden un comunicado expresando su preocupación por la cantidad de arrestos y el incremento en el número de presos políticos en Cuba.
Lo que exponemos a continuación a la honorable Cámara de Diputados de Chile, es un resumen de las principales violaciones cometidas por el régimen de La Habana, a la luz del llamado de la última resolución condenatoria aprobada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en abril de 2000, y cuyos enunciados han sido burlados de forma clara y connotada por las autoridades cubanas en el último año.
1. “Pide al gobierno de Cuba una vez más el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales y la provisión de un marco adecuado que garantice un estado de derecho a través de instituciones democráticas y un sistema judicial independiente”.
VIOLACIONES EN LAS PRISIONES
Las violaciones a los derechos humanos en Cuba en las prisiones se han caracterizado por la negación de asistencia médica y religiosa, la suspensión de visitas, el aislamiento en celdas de castigo y el traslado de los prisioneros a prisiones remotas algunos de cuyos ejemplos expondremos a continuación.
a. Negación a la Asistencia Médica:
i. Febrero, 2000. El prisionero político Armando Sosa Fortuny, recluido en la prisión Kilo 8 en Camagüey, presentó serios problemas de salud después de haber permanecido por dos meses en la Sede Provincial del Departamento de Seguridad del Estado en Camagüey en una celda tapiada sin tomar sol, y no se le brindó ninguna asistencia al respecto. (Fuente: Informe de Violaciones a los Derechos Humanos en Cuba, septiembre de 1999 a agosto de 2000, confeccionado por el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel).
ii. Abril, 2000. El prisionero político Marcel Valenzuela Salt, confinado en la prisión 1580 en La Habana se declara en una huelga de hambre por negársele asistencia médica al no poder asimilar los alimentos pésimos y en mal estado que allí ofrecen. De acuerdo a las informaciones en más de una ocasión el prisionero político se dirigió a las autoridades del penal entre ellas al jefe de la prisión para que lo trasladasen a un hospital. (Fuente: Alejandro Chang Cantillo, Presidente de la Hermandad Cívica, La Habana)
iii. Mayo, 2000. El preso común José David Germán Aguilera, quien se ha unido a los reclamos de los presos políticos recluidos en la prisión Kilo 8 en Camagüey, padeció de dolores apendiculares y dolencia en una pierna, y por su actitud cívica, le fue negada la asistencia médica. (Fuente: Informe de Violaciones a los Derechos Humanos en Cuba, septiembre de 1999 a agosto de 2000, confeccionado por el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel).
El prisionero político y de conciencia Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, recluido en la prisión Nieves Morejón de Sancti Spíritus presentó dolores en el tórax, falta de aire, infección renal muy avanzada y continuos ataques de hipoglicemia. La negativa de las autoridades del penal a la asistencia médica requerida propició que Antúnez junto a varios familiares y opositores en las afueras del penal, iniciaran una huelga de hambre el 23 de mayo, exigiendo su traslado a un hospital. La huelga se prolongó hasta el 1 de junio cuando las autoridades del penal se comprometieron a brindarle la asistencia. En los momentos de preparar este informe (Feb 2001) Antúnez se encuentra en una huelga de hambre, en un grave estado de salud, exigiendo nuevamente que se le brinde la asistencia médica necesaria. (Fuentes: Informe de Violaciones a los Derechos Humanos en Cuba, septiembre de 1999 a agosto de 2000, confeccionado por el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, Amnistía Internacional, mayo 2000).
iv. Junio, 2000. El periodista independiente encarcelado Jesús Joel Díaz Hernández, recluido en la prisión de Canaleta, Ciego de Ávila, solicitó atención médica por encontrarse con hepatitis, fiebre muy alta y no la recibió. En la misma situación se encontraba el periodista independiente Manuel Antonio González Castellanos, encarcelado en la Prisión Provincial de Holguín, quien no recibió atención médica a pesar de que se encontraba enfermo desde mayo con una fuerte gripe. (Fuente: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) comunicado emitido el 27 de junio de 2000).
v. Agosto, 2000. El 21 de agosto todos los prisioneros en celdas de castigo de la Prisión Las Alambradas de Manacas, en Villa Clara realizaron una protesta para exigir asistencia médica para el recluso Pavel Acosta quien se encontraba en estado crítico de salud y las autoridades lo que hicieron fue reforzar la guarnición y traer perros amaestrados para agredir a los presos. Este informe llegó a manos del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica gracias al preso político Leoncio Rodríguez Ponce, recluido en dicha prisión. Asimismo, en un informe recibido desde la prisión Nieves Morejón en Sancti Spíritus, de manos del prisionero político Jorge Luis García Pérez “Antúnez” se pudo conocer una relación de prisioneros comunes que por no darles la debida atención médica, murieron. Estos son los casos de: Alexander Bojiano Paseiro (22 años de edad, natural de Trinidad), estuvo quejándose de dolores intestinales y tanto el médico como las autoridades carcelarias le negaron la atención médica; Reinier Díaz (29 años de edad, Natural de Cabaiguán), era asmático y tuvo una fuerte crisis de asma, al pedir atención médica a los oficiales de guardia llamados Julio y Enron, le dijeron que no podían atenderlo, horas después murió asfixiado en el puesto médico de la prisión; Rubén Fragoso Quintero (28 años de edad), este joven era hemofílico y murió en el Hospital Provincial de Sancti Spíritus donde le negaron las transfusiones de sangre necesarias para salvar la vida; Yosmani Muñoz Rodríguez (natural de Sancti Spíritus) murió sin asistencia médica, aunque no se especifica cuál fue la causa; y Alexander Tati (29 años, natural de Trinidad) se quejó de un dolor en el pecho y no fue atendido, sobreviniéndole un infarto al miocardio que lo mató. (Fuente: Informe de Violaciones a los Derechos Humanos en Cuba, septiembre de 1999 a agosto de 2000, confeccionado por el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel).
vi. Noviembre, 2000. El prisionero político Lázaro Alejandro García Farah, recluido en la Prisión El Típico en la provincia de Las Tunas se encontraba escupiendo sangre producto de un padecimiento de tuberculosis y las autoridades no le brindaron asistencia médica. Hasta el momento en el que se escribe este informe las condiciones de este prisionero continúan igual. Esta información la suministró su madre la Sra. Gladys Farah, quien reside en La Habana, 700 kms al oeste de dicha prisión. Durante este mismo mes el prisionero político René Montes De Oca Martijas reportó desde la prisión habanera 1580 que las autoridades de la misma reprimen a los reclusos que solicitan asistencia médica, la que en la mayoría de los casos es negada. En la nota del prisionero se explica, entre otros, el caso del preso común Ángel Luis Chacón, de 60 años, a quien el médico de la prisión llamado Ariel le manifestó que mientras él ocupe esa plaza en el penal no le dará más atención médica. (Fuente: Carta de René Montes De Oca Martijas, reportada por la periodista independiente Ohalis Victore, CubaVoz).
b. Suspensión de visitas:
i. Octubre, 1999Diciembre, 2000. El prisionero político y de conciencia Francisco Chaviano González, recluido en la prisión Combinado del Este en La Habana fue llevado a celdas de aislamiento y se le prohibió recibir cualquier tipo de visitas de su esposa o familiares durante más de un año, sólo por mantener su actitud de no vestir el uniforme de preso común, pues es un preso político. (Fuente: Jorge Omar Lorenzo Pimienta, Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba, Dic. 2000).
ii. Marzo, 2000. Al preso político Jorge Luis García Pérez “Antúnez” le suspendieron las visitas a partir de enero de 2000 debido a que el 19 de ese mes se expresó contrario a las ideas que se exponían en una clase de “educación patriótica militar”. Esta situación se mantuvo hasta el momento en el que inició una huelga de hambre protestando por la negativa a ofrecerle atención médica. (Fuente: Alejandro García Sardiñas, cuñado del prisionero político. Marzo, 2000). Asimismo, la dirección de la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila le quitó la visita familiar al preso político Jesús Joel Díaz Hernández, quien es periodista independiente y fue acusado de un supuesto delito de “peligrosidad pre delictiva”.
iii. Agosto, 2000. El 22 de agosto en la prisión de Ariza, Cienfuegos se denunció que al preso político Vladimiro Roca Antúnez, presidente del Partido Social Demócrata Cubano y el único de los cuatro firmantes del documento “La Patria es de Todos” que continúa encarcelado, se le suspendió nuevamente la visita familiar. De acuerdo a las informaciones provistas por su esposa la Sra. Magaly De Armas, “hace dos meses que le suspenden las visitas familiares por decisión de las autoridades del penal”. (Fuente: Mercedes Moreno, Nueva Prensa Cubana).
iv. Noviembre, 2000. Al preso político Lázaro Alejandro García Farah se le suspendieron las visitas hasta febrero del 2001, debido a su negativa a participar en las clases de adoctrinamiento político que imparten en el penal El Típico, en Las Tunas. (Fuente: Gladys Farah, madre del prisionero político, Dic. 2000).
c. Reclusiones en prisiones alejadas del lugar de residencia.
i. Preso Político Dr. Óscar Elías Biscet González Prisión Cuba Sí, Holguín Lugar de Residencia, La Habana.
ii. Preso Político Luis Campos Corrales Cárcel de Morón, Ciego de Ávila Lugar de Residencia, La Habana.
iii. Preso Político Andry Frómeta Cuenca Prisión Kilo 51/2, Pinar del Río Lugar de Residencia, Guantánamo.
iv. Preso Político Leoncio Rodríguez Ponce Prisión Alambradas de Manacas, Villa Clara Lugar de Residencia, Guantánamo.
v. Preso Político Rodolfo Barthelemy Coba Prisión Kilo 8, Camagüey Lugar de Residencia, Guantánamo.
vi. Preso Político Ángel Moya Acosta Prisión 1580, La Habana Lugar de Residencia, Matanzas.
vii. Preso Político Humberto Real Suárez Prisión Kilo 8, Camagüey Lugar de Residencia, Matanzas.
viii. Presa Política Belkis Barzaga Lugo Prisión de Mujeres de Matanzas Lugar de Residencia, La Habana.
ix. Preso Político Lázaro Alejandro García Farah Prisión El Típico, Las Tunas Lugar de Residencia, La Habana.
VIOLACIONES AL DERECHO DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y GARANTÍAS PROCESALES
El año 2000 estuvo caracterizado por actos contra el derecho de asociación y reunión de los ciudadanos cubanos que se encuentran activos en organizaciones independientes y de corte civilista. Los encarcelamientos para impedir que se realizaran reuniones en casas o lugares públicos fueron práctica regular de la policía política en toda la Isla. Asimismo, la celebración de juicios sin las garantías procesales fue otra de las prácticas continuadas por el gobierno de La Habana durante el año 2000. Algunos casos son reseñados en este informe.
a. Reunión y Asociación:
i. Enero, 2000. El 24 de enero fue atacada la casa de la familia opositora Sigler Amaya en el poblado de Pedro Betancourt, Matanzas. El ataque perpetrado por 25 miembros de la Seguridad del Estado se realizó para impedir que continuase una jornada de ayuno y oración que los opositores habían iniciado para pedir por la libertad de los presos políticos. Miembros de la familia fueron golpeados salvajemente, mientras los atacantes rompían fotos de Jesucristo, José Martí y letreros que decían “La Patria es de Todos”, “Libertad para todos los prisioneros políticos” (Fuentes: Miguel Sigler Amaya, Matanzas). Esa misma semana los opositores Oswaldo Payá Sardiñas, presidente del Movimiento Cristiano Liberación y Héctor Palacios, Director del Centro de Estudios Sociales, fueron detenidos el día 25 para impedir su participación en una reunión de opositores en la casa de Palacios, donde se planificaba darle seguimiento a esfuerzos de coordinación entre organizaciones no gubernamentales. (Fuente: CubaNet).
ii. Mayo, 2000. Los opositores Alejandro Chang Cantillo y Marlon Cabrera Rivero de la Hermandad Cívica fueron arrestados el 25 de mayo cuando se dirigían a una actividad conmemorativa al Cementerio Colón de la Ciudad de La Habana, donde rendirían tributo a Pedro Luis Boitel frente a su tumba. Otros activistas detenidos para impedir su participación en ésta y otras actividades fueron: Carlos Alberto Domínguez y Joana González, así como decenas de otros activistas fueron hostigados y amenazados por la misma razón. (Fuente: CubaNet, Oswaldo De Céspedes, CPI y Ohalis Victore, CubaVoz)
iii. Septiembre, 2000. El opositor Librado Linares García, presidente del Movimiento Cubano Reflexión (MCR), fue detenido el 16 de septiembre para evitar su participación en una reunión de organizaciones opositoras de la zona central que se celebró en Báez. Días después, el 29 de septiembre, el mismo opositor junto a Joaquín Cabezas De León, activista de la misma organización fueron arrestados y dejados en lugares apartados de la ciudad para impedir su asistencia al acto de premiación del Concurso Literario “Espuela de Plata”, convocado y organizado por el MCR.
iv. Octubre, 2000. El 13 de octubre es detenido el líder sindical independiente Pedro Pablo Álvarez Ramos, para impedir que se desarrollara un Congreso del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba (Cutc). Es mantenido en prisión hasta principios de febrero del 2001 sin ninguna explicación legal. En meses anteriores se habían producido numerosos arrestos de activistas sindicales en todo el país para impedir reuniones en La Habana con miras a dicho Congreso. (Fuente: CubaNet, Periodista Independiente Ricardo González Alfonso y Elizabeth Pruneda Balmaseda, esposa de Álvarez Ramos). El presidente del Colegio de Pedagogos Independientes Roberto De Miranda es detenido el 22 de octubre en su residencia en La Habana para impedir una reunión preparatoria del Primer Congreso de Pedagogos Cubanos después de 1959, a pesar de todo la reunión se realiza, y De Miranda es amenazado por oficiales de Villa Maristas de que si continúa estas reuniones será encarcelado. (Fuente: Roberto De Miranda, La Habana).
v. Noviembre, 2000. El opositor Marcos Lázaro Torres León, Coordinador General del Partido Democrático 30 de Noviembre (PD30N) fue detenido el 1 de noviembre para impedir que asistiera a la Asamblea Mundial por la Democracia, evento internacional celebrado del 12 al 17 de noviembre en Sao Paulo, Brasil. Marcos Lázaro fue excarcelado el 2 de febrero del 2001 y detenido nuevamente cinco días después para impedir su participación en una actividad de su organización. (Fuente: Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País). Ese mismo mes, el día 29, fueron arrestados en Placetas, Villa Clara los activistas de esta misma organización Martiza Lugo Fernández, José Orlando González Bridón, Pedro Batista, Reynaldo González y Ramón Santiago López Saborit para impedir la conmemoración al día siguiente del aniversario de la muerte del líder cubano Frank País (Fuente: Edel José García, Agencia de prensa independiente CNP, Fara Armenteros, Agencia de Prensa Independiente Upeci). El activista Ángel Moya Acosta, fue detenido el 3 de noviembre cuando se disponía a asistir a una reunión de conmemoración del encarcelamiento de Óscar Elías Biscet y luego en diciembre 4 cuando se disponía a asistir a una misa para honrar a la Virgen Santa Bárbara, para impedir su participación en la caminata de diez cuadras desde la parroquia.
vi. Diciembre, 2000. El 15 de diciembre la presidenta en funciones del Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País, Maritza Lugo Fernández fue detenida junto a otro grupo de activistas para evitar su presencia en la celebración el 17 de diciembre del día de San Lázaro en el nacionalmente concurrido Rincón de San Lázaro en La Habana. Maritza Lugo había sido detenida en noviembre de 1999 y permaneció encarcelada hasta el 1 de junio de 2000. Entre junio y diciembre fue detenida en varias ocasiones para impedir su participación en actividades de defensa de los derechos humanos.
El 19 de diciembre en La Habana, 100 funcionarios del Ministerio de Agricultura de Cuba y agentes de la Seguridad del Estado ocuparon la Finca Baraguá, finca con más de una caballería de tierra que pertenece a la familia Lugo, y está ubicada en el municipio San Miguel del Padrón en la ciudad de La Habana, formando parte de la Cooperativa Independiente de igual nombre. Además, en esa finca radica la sede del Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País. Ese día los agentes de la policía cercaron la tierra de la finca con excepción del perímetro de las tres viviendas familiares donde reside la familia Lugo. De acuerdo a las declaraciones de Secundino Lugo, la intervención se llevó a cabo sin la presentación del requerido documento legal, dejando a la familia Lugo sin medios de manutención. De acuerdo a Lugo, la finca fue ocupada de forma arbitraria simplemente porque servía como punto de reunión para el Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País (Fuente: Secundino Lugo, La Habana/Oswaldo De Céspedes, CPI, CubaNet).
Ese mismo día, en el Tribunal Popular Municipal de Boyeros, en la ciudad de La Habana, el activista René Montes De Oca Martijas, Presidente del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov, fue condenado a 1 año y 9 meses de prisión debido a que organizó y participó durante el mes de junio, en un ayuno cívico para demandar libertad para los presos políticos. De acuerdo a las fuentes independientes dentro de la Isla, fueron detenidos para impedirles su asistencia al juicio los activistas del mismo partido: Emilio Leyva, Lázaro Miguel Rodríguez Capote, Roberto Castillo Rivera y Antonio Esquijarrosa González.
El 21 de diciembre son arrestados Ramón Humberto Colás Castillo, Berta Mexidor, fundadores del Proyecto de Bibliotecas Independientes de Cuba, así como Reinaldo Jiménez Yanse coordinador de la Alianza Nacional de Agricultores Independientes en la terminal de ferrocarril de Santiago de Cuba, cuando se dirigían a una reunión provincial de bibliotecarios independientes en esa ciudad, para impedir la presencia de éstos en dicha reunión (Fuente: Ricardo González Alfonso, periodista independiente).
El 29 de diciembre, oficiales de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey amenazaron con apedrear la vivienda de Dulce María Suárez, Vicepresidenta del Partido Cubano Demócrata Cristiano en esa ciudad. De acuerdo a las informaciones dadas por el miembro de esa organización, Adolfo Lázaro Guos Hinojosa en una detención e interrogatorios a los que fue sometido, la policía política le advirtió que si realizaban alguna reunión en la vivienda de Dulce María, ellos activarían un local de la oficialista Unión de Jóvenes Comunistas, para desde allí tomar posición y apedrearlos. (Fuente: Normando Hernández, Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey Cpic).
El 28 de enero la policía política de Pinar del Río detuvo, golpeó y dejó abandonado en una zanja a la orilla de la carretera central al activista Tomás Felipe Arrastía López, miembro del Partido Democrático 30 de Noviembre en esa provincia. De acuerdo a las informaciones, Arrastía se preparaba para viajar a La Habana junto a otros activistas de la localidad a fin de asistir a un encuentro con periodistas extranjeros. (Fuente: Centro de Información por la Democracia en La Habana, Rafael Ferro Contreras).
vii. Febrero, 2001. El 8 de febrero veinte activistas de la Fundación Cubana de Derechos Humanos (Fcdh) en Ciego de Ávila fueron arrestados por oficiales de la Seguridad del Estado y el presidente de la Fcdh Juan Carlos González Leyva fue el blanco principal de los ataques de los oficiales. González Leyva es invidente. De acuerdo a sus propias declaraciones, le partieron la boca, le rompieron los espejuelos, le torcieron los brazos y le apretaron el cuello como para estrangularlo, su única defensa fue gritar “¡Vivan los Derechos Humanos!”. El motivo de la operación militar fue impedir la reunión mensual de la Fcdh. También fueron arrestados el padre y el hermano de González Leyva que no tienen ninguna actividad en el movimiento de derechos humanos.
b. Garantías Procesales
viii. Julio, 2000. El 21 de julio son juzgados en el Tribunal Popular Provincial de Santiago de Cuba los activistas Néstor Rodríguez Lobaina y Eddy Alfredo Mena González acusados de “desorden público”, “desacato a la figura del Comandante en Jefe” y “daños y traspaso”. Los activistas son el presidente y el coordinador, respectivamente, del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, organización civilista que lucha por la autonomía universitaria. Las acusaciones estaban basadas en un incidente en el que miembros de la organización oficialista Comités de Defensa de la Revolución trataron de golpear a Mena González luego de que éste junto a Néstor Rodríguez Lobaina hablaran en plena calle sobre el respeto a los derechos humanos. Durante el proceso judicial las Brigadas de Respuesta Rápida, órgano paramilitar de la policía política así como un gran número de oficiales de la Seguridad del Estado, llenaron la sala dejando solamente espacio para algunos de los familiares de los acusados. La defensa sólo pudo presentar un solo testigo, mientras que la fiscalía presentó cinco.
En un recuento de los hechos dado por Reynaldo Salmón Olivero, único testigo oral de la defensa y recopilado por el periodista independiente José Ramón Castillo éste explica: “el último en atestiguar fui yo, que fui el único que permitió la fiscalía, a los testigos de la fiscalía, a los que supuestamente Rodríguez Lobaina y Mena González habían ocasionado daños y lesiones, les preguntaron de forma amenazante, tenían que responder, ya amenazados, obligatoriamente. No concretaron el juicio sobre la base de los hechos, sino que buscaron una forma de culpar a toda costa a los acusados. La fiscalía pidió 4 años y medio de condena para Néstor Rodríguez Lobaina y 10 años de prisión para Eddy Alfredo Mena González. El 10 de agosto se pudo conocer que Rodríguez Lobaina había sido condenado a 6 años de prisión (un año y medio más que la petición fiscal) por las figuras de “desacato a la figura de Fidel Castro”, “desorden público” y “daños”, mientras que Mena González a 5 años de prisión por “desacato”, “desorden público” y “daños”. Amnistía Internacional emitió el 20 de julio un comunicado urgente pidiendo un juicio justo para los activistas, petición que no se cumplió.
En los momentos que se realiza este informe, Néstor Rodríguez Lobaina acaba de terminar una huelga de hambre en protesta por permanecer once meses en celdas de aislamiento, y por los maltratos y humillaciones que han tenido que pasar los miembros de su familia durante todo este proceso. (Fuentes: Ramón Rodríguez Azahar, padre de Néstor Rodríguez Lobaina; José Ramón Castillo, periodista independiente en Santiago de Cuba, Luis Díaz Sánchez, Vicepresidente del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia).
ix. Octubre, 2000. El 25 de octubre los ciudadanos Adonis Zamora Mustelier y Juan Grimau Cueto fueron acusados y juzgados injustamente en la ciudad de Bayamo por un supuesto delito de “robo con violencia”, de acuerdo a los informes de José Ángel Peña Correa, periodista independiente de esa zona. Zamora fue condenado a 15 años de prisión y Grimau a 8. Estas duras condenas fueron impuestas por la acusación del ciudadano Víctor Fonseca de que ambos habían tratado de robarle la merienda, consistente en un bocadito y un refresco. De acuerdo a las informaciones el día de los hechos, Fonseca provocó una discusión con Zamora y Grimau, y luego golpeó a Zamora ayudado por un policía. Fonseca, activista en la zona del partido comunista es recordado en Bayamo porque cumplió 12 años de cárcel por asesinar a su esposa. (Fuente: Aimeé Cabrera, Nueva Prensa Cubana).
El 30 de octubre el activista Yosvany Aguilar Camejo, miembro del grupo Hermanos Fraternales, fue enjuiciado en el Tribunal Municipal de Santiago de las Vegas por participar en una marcha pacífica frente al edificio de Cárceles y Prisiones en La Habana solicitando la libertad para los presos políticos. El supuesto delito cometido por Aguilar Camejo es “desorden público”. La sanción quedó pendiente, aunque, de acuerdo a los informes, no se espera una absolución ya que los juicios que se realizan a activistas de derechos humanos carecen de rigor profesional. (Fuente: Jorge Olivera, Habana PressNueva Prensa Cubana).
x. Noviembre, 2000. Los invidentes Reyniel Chapman y Milton López así como el minusválido Antonio Betancourt se encuentran confinados en la cárcel de Valle Grande por un presunto delito de “desacato”. La condena fue dictada en un juicio sumarísimo el 16 de noviembre en el Tribunal Popular Municipal de Centro Habana. Los limitados físicos fueron arrestados cuando vendían bisuterías en la intersección de las calles Águila y Dragones en la ciudad de La Habana, y la venta fue interrumpida por un operativo policial para que no realizaran esta actividad. Al protestar los implicados, la policía los golpeó, y arrestó a una decena de impedidos. En estos momentos se encuentran compartiendo celdas con peligrosos criminales. La tipificación delictiva “desacato” se le ha impuesto a personas por disentir de la ideología oficial o por reclamar sus derechos como ciudadanos. (Fuente: Juan Carlos González Leyva, Fraternidad de Ciegos Independientes).
xi. Diciembre, 2000. El 3 de diciembre fue detenido el activista Leonardo Bruzón Ávila, presidente del Movimiento 24 de febrero y director de la biblioteca independiente que lleva ese mismo nombre. Los supuestos delitos de los que se le acusa son: “desacato” y “asociación ilícita”. De acuerdo a los informes, la primera acusación está basada en que Bruzón Ávila se negó a que lo arrestaran, ya que no le fue presentada una orden oficial de detención. La segunda responde a que en su vivienda cada domingo de noviembre se ofrecieron cultos religiosos, presididos por el pastor Ibrahim Pina Borges, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Cuba, en los cuales se rezó por los presos políticos y de conciencia y se solicitó la amnistía general para los mismos. (Fuentes: Sra. Mercedes Lam Lee, esposa de Bruzón Ávila; Reinaldo Cosano Alén, CubaNet).
El mismo día 4 de diciembre, detienen a la activista Julia Cecilia Delgado para impedir que asistiera a una misa por el Día de Santa Bárbara. El 12 de diciembre es juzgada junto al activista Ángel Moya Acosta, ocho días después de haber sido arrestados ambos para impedir su participación dicha misa. De acuerdo al Tribunal Popular Municipal de Arroyo Naranjo, Julia Cecilia cumplirá 1 año de prisión por “desacato” y Moya cumplirá 1 año de prisión por “desacato” y 10 años de prohibición de entrada a la ciudad de La Habana, donde residen su esposa e hijos menores de edad.
2. “Pide al gobierno de Cuba que cumpla los compromisos con la democracia y el respeto a los derechos humanos contraídos en la Sexta Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, 1996, compromiso reiterado en la Novena Cumbre Iberoamericana en La Habana, 1999 y nuevamente contraído en la Cumbre entre América Latina y la Unión Europea y que está contenido en la Declaración de Río de 1999”.
A todos los acuerdos a los que hace referencia el punto Nº 2 de la Resolución el gobierno de Cuba ha hecho caso omiso. En el tema de los derechos humanos como han demostrado los ejemplos expuestos en referencia al punto Nº 1 no se vislumbra intención alguna de tomar pasos positivos. En cuanto al respeto a los derechos de sus ciudadanos, la pluralidad democrática y la participación en la vida política del país, elementos manifiestos explícitamente en los acuerdos de la Sexta Cumbre Iberoamericana, no se nota tampoco ningún avance.
VIOLACIONES A LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES
Son numerosos los ejemplos del silencio del régimen ante las solicitudes de legalización de organizaciones de derechos humanos, sociedad civil independiente y partidos políticos, aun cuando estas organizaciones siguen todos los pasos legales pertinentes para inscribirse ante la ley. Asimismo, tampoco miembros de la oposición han podido participar como candidatos en las votaciones nacionales que se realizan en la Isla, y son sólo los miembros del Partido Comunista los únicos que pueden participar. De acuerdo al informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba durante el año 2000, publicado por la Fundación Cubana de Derechos Humanos, organización basada en la Ciudad de Ciego de Ávila, en la Isla, en el período de votaciones “se utilizó sobre la población todo tipo de amenazas y presiones para obligar a la ciudadanía a concurrir a las urnas”.
El reporte menciona los ejemplos del activista Marcelo Tier Pérez, quien fue visitado en su domicilio de Ciego de Ávila en tres ocasiones, recibiendo amenazas de encarcelamiento si no acudía, y el activista Ramón González Leyva, quien se negó a votar porque esas votaciones son “carreras de un solo caballo” y recibió amenazas por esta razón. Además de esto, el informe afirma que “gran cantidad de disidentes son borrados de los Registros Electorales por el gobierno para evitar que afecten el porcentaje de votos negativos”.
Las declaraciones del propio Fidel Castro en las que consideraba el pluripartidismo como “pluriporquería”, son sintomáticas de la forma en la que el gobierno de Cuba valora el compromiso con la democracia contraído en los foros internacionales antes mencionados.
Otros puntos importantes en este sentido son las restricciones de movimiento a las que está sometida la ciudadanía, específicamente los activistas de derechos humanos y opositores. Existen numerosos ejemplos en los que opositores han sido expulsados de ciudades y se les ha prohibido la entrada a ellas. Específicamente los casos de Néstor Rodríguez Lobaina, al que a principios del año 2000 le prohibieron la entrada a la ciudad de Santiago de Cuba, pesándole una restricción anterior en la que le prohibían la entrada a la ciudad de La Habana; Ramón Humberto Colás Castillo, a quien detuvieron en varias ocasiones durante el año 2000 por encontrarse en la ciudad de La Habana, advirtiéndole en su última detención en esa ciudad que no iban a tolerar nuevamente su presencia allí; Ángel Moya Acosta, fue condenado en diciembre de 2000 a 10 años sin poder pisar la ciudad de La Habana.
En noviembre de 2000 Maritza Lugo Fernández, fue expulsada de la ciudad de Placetas en Villa Clara y le dijeron que no podía volver a esa provincia; anteriormente la opositora había cumplido condena de limitación de libertad lo que implicaba que no podía salir de su municipio.
En cuanto al acceso a los medios de comunicación, en la Isla todos los medios de comunicación masiva se encuentran en manos del Estado. Los periodistas independientes, las organizaciones independientes de la sociedad civil, e incluso instituciones como la Iglesia Católica y otras iglesias y denominaciones religiosas no tienen acceso a los medios de comunicación.
Por otro lado, el sistema educativo continúa siendo controlado por el Estado, y es utilizado como instrumento de adoctrinamiento y control. Durante el año 2000 el gobierno arreció su campaña de adoctrinamiento político. De acuerdo a los informes, en las escuelas los niños son obligados a ver los noticieros de la Televisión Cubana.
Muchos ciudadanos fueron reprendidos y amenazados por emitir criterios sobre Elián González que fuesen diferentes a los trazados por la línea oficial. En el reporte de la Fcdh se expone el caso de Jorge Enrique Rivas Peña, quien fue sancionado a 7 meses de prisión por “atentar contra el normal desarrollo de la niñez”, al negarse a que su hijo de 9 años de edad, fuera adoctrinado políticamente en su centro escolar. Como ése está el ejemplo de la joven Claribel Febles Cabrera, expulsada de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana por no participar en las actividades políticas convocadas por la dirección de ese centro de estudios superiores. Esta información fue difundida por el periodista Independiente Oswaldo De Céspedes, de la Cooperativa de Periodistas Independientes (CPI) en La Habana, y en la misma se explica que la joven fue sometida a una “Comisión Disciplinaria” que determinó su separación definitiva “por no mantener una posición política acorde a los principios de la revolución y el socialismo”. La sanción de que fue objeto Febles Cabrera no le permitirá cursar estudios superiores de ninguna clase.
En una información difundida desde La Habana por Héctor Maseda, del Grupo Decoro, Roberto De Miranda, presidente del Colegio de Pedagogos Independientes denunció en marzo de 2000 que los alumnos de Décimo y Onceno Grado de la Escuela Vocacional Lenin fueron forzados a participar en las llamadas “Tribunas Abiertas” que se iniciaron durante el conflicto con el niño Elián González. Los estudiantes eran trasladados a los actos después de su décimo período de clases, finalizando la tarde. Los estudiantes se quejaban de tener hambre y cansancio a esas horas, y en la mayoría de los casos no regresaban hasta la 1 de la madrugada para levantarse nuevamente a las 6.00 AM.
4. “Nota algunas medidas tomadas por Cuba para mejorar la libertad religiosa y pide a las autoridades cubanas que continúe tomando las medidas apropiadas en este respecto”.
Cuando el Papa Juan Pablo II visitó Cuba en enero de 1998 pidió al gobierno cubano espacio para la actividad religiosa dentro de la Isla. Entre las demandas del Vaticano se cuentan la necesidad de tener espacio en los medios de comunicación masiva y de tener escuelas católicas, ya que en Cuba las únicas escuelas que existen son las estatales, así como que se permitieran las procesiones religiosas y que se oficializara la celebración de la Navidad.
Durante el año 2000, a pesar de que desde 1998 se hizo oficial en Cuba la celebración de la Navidad, y que ese mismo año se le permitió realizar una alocución televisiva al Cardenal Jaime Ortega, en esencia las demandas del Papa Juan Pablo II se han mantenido sin respuesta por parte del régimen, o con respuestas negativas, como es el caso de muchas de las procesiones que fueron canceladas por la policía política cubana o las agresiones contra el Obispo de Pinar del Río Monseñor José Siro González Bacallao y contra Dagoberto Valdés, director del Centro de Formación Cívico Religiosa en esa misma ciudad, y único laico miembro de la comisión internacional de la Iglesia Católica, Justicia y Paz. En enero de 2000, el Canciller Cubano Felipe Pérez Roque visitó el Vaticano, y el Papa Juan Pablo II instó al gobierno de La Habana a “conceder más libertad religiosa”; en esa ocasión, el ministro del Exterior cubano “reiteró la voluntad de su gobierno de favorecer una colaboración mutua y armoniosa”, de acuerdo al vocero del Vaticano Joaquín Navarro Valls. (El Nuevo Herald, 18 de enero, 2000).
Sin embargo, de acuerdo al Informe de Violaciones a los Derechos Humanos confeccionado por el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, en las cárceles cubanas se “continúan rompiendo folletos religiosos y prohibiéndoles la tenencia de Biblias a los prisioneros, además de negarles el derecho a la asistencia religiosa a ciertos reclusos, principalmente a los prisioneros políticos”.
Asimismo, durante el año 2000 se conocieron denuncias de violaciones contra líderes y creyentes de la Iglesia Protestante en Cuba.
A continuación algunas denuncias de las prácticas violatorias del gobierno cubano en cuanto a la libertad religiosa.
Febrero, 2000. La policía política cubana reprime de forma directa e indirecta la celebración del Día de la Virgen de la Candelaria en el poblado de Vueltas, Villa Clara. De acuerdo a los informes de fuentes independientes en la Isla: turbas al servicio del régimen se concentraron frente a la Iglesia Católica del lugar durante la celebración de la misa, colocando altavoces con música a todo volumen que impedían la celebración normal del servicio religioso. Anteriormente se había negado el permiso para realizar una procesión con motivo de este día, a pesar de que la solicitud fue realizada en tiempo y forma de acuerdo a los requisitos establecidos. (Fuente: Librado Linares García, Movimiento Cubano Reflexión, Villa Clara, 2 de febrero, 2000).
Abril, 2000. Agencia del Vaticano denuncia campaña contra la Iglesia Católica. “La agencia Fides subraya en su denuncia que agentes de la inteligencia cubana se hacen pasar por jóvenes comprometidos con la iglesia para vigilar las homilías y los movimientos de los católicos en la isla”. Fides también señaló que el régimen de Castro está seriamente preocupado porque cada día son más los militantes de la oposición que se reúnen con los católicos para analizar la situación de los derechos humanos en la isla y por el alto número de personas que acuden a las iglesias y comunidades cristianas. (Fuente: Artículo de Pablo Alfonso, El Nuevo Herald, abril 5, 2000).
Obispos cubanos dicen que no habrá procesiones religiosas durante semana santa en el año 2000. Medios de información independientes desde la Isla informan que el gobierno comunista está ahora revocando algunas de las libertades de expresión religiosa que fueron permitidas a raíz de la visita del Papa Juan Pablo II a la Isla de Cuba. (Fuente: CubaNet, abril 12, 2000).
Choque entre la Iglesia y el gobierno cubano por la suspensión de varias procesiones de Semana Santa. Las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano han salido a la luz pública en vísperas de las celebraciones de Semana Santa. Un portavoz oficial del gobierno desmintió la información dada por los obispos cubanos. Se cree que en otro momento la decisión del gobierno no hubiese tenido relevancia, pero que la obtiene en el marco de la Cumbre presidencial. (Fuente: Artículo por Mauricio Vincent/Juan Jesús Aznarez, Diario de las Américas. Abril 15, 2000).
Mayo, 2000. Acusa Granma a la Iglesia de conspirar junto con el gobierno de Polonia para realizar supuestos planes subversivos en la Isla. Granma acusó al senador polaco Zbigniew Romazewski de alentar a un grupo de opositores católicos a “que se preparen para asumir la alta responsabilidad de gobernar el país”. El órgano oficial del Partido Comunista también involucró al obispo de Pinar del Río, José Siro González Bacallao, presidente de Caritas Cuba y miembro del Comité Permanente de la Conferencia de Obispos, quien también se reunió con el senador polaco. (Fuentes: Editorial de Granma, 16 de mayo de 2000; El Nuevo Herald, Pablo Alfonso, 17 de mayo de 2000).
Cuba: arrecian ataques contra dirigente laico Dagoberto Valdés, presidente del Centro de Formación Cívico Religiosa de la provincia de Pinar del Río. El diario oficial Granma arreció sus ataques contra el dirigente laico cubano al que se acusó de sostener reuniones con conspiradores polacos y agentes de la CIA, a espaldas de la Iglesia Católica. (Fuentes: Editorial de Granma, 24 de mayo de 2000; Artículo, Diario de las Américas, mayo 26 de 2000.)
Junio, 2000. La Iglesia exige tener acceso a la prensa. Las declaraciones del Cardenal Jaime Ortega surgen a raíz de la censura a Dagoberto Valdés, editor de la revista católica Vitral. (Fuente: Artículo por Gerardo Tena, El Nuevo Herald, junio 5, 2000.)
Julio, 2000. En los primeros días del mes al prisionero político Leoncio Rodríguez Ponce le quitaron todas sus pertenencias religiosas al ser trasladado desde la Prisión Kilo 8 en Camagüey hasta La Pendiente en Villa Clara. El hecho sucedió en el intento de la policía política de desmembrar el Presidio Político Pedro Luis Boitel en la Prisión Kilo 8, por llevar a cabo actividades conmemorativas del Jubileo Carcelario. (Fuente: Informe del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel (septiembre 1999agosto 2000)
Agosto, 2000. En la Prisión Nieves Morejón de Sancti Spíritus, el Jefe de Orden Interior, Teniente Carlos Bernal Rubio, le arrancó del cuello, de forma violenta, un rosario al recluso Ibrahim Rodríguez Zubaurre. En este mismo mes, en un informe desde la Prisión Alambradas de Manacas en Villa Clara se informó que las autoridades del penal prohibieron tanto los servicios de asistencia religiosa así como la tenencia de Biblias y materiales homólogos, prohibiendo además cualquier alusión al Jubileo Carcelario, planeado para celebrarse en las iglesias del interior de Cuba el 24 de septiembre. (Fuente: Informe del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, septiembre 1999 agosto 2000)
Octubre, 2000. Cortado el correo del reverendo cubano Ibrahim Pina Borges, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Cuba, al parecer por órdenes de la policía política. Según el reverendo, el gobierno está tratando de desestabilizarlo a él y a su familia por medio de la incomunicación. Como precedente, está el caso del reverendo Santos Osmani, predecesor de Pina quien fue acosado con el mismo procedimiento. (Fuente: Artículo de Reinaldo Cosano Alén, CubaNet, noviembre 1, 2000.)
Noviembre, 2000. Ponen en libertad a reverendo cubano Pedro Crespo Jiménez, canciller de la Iglesia Católica Ortodoxa de Cuba y presidente de la asociación ecológica Naturpaz después de interrogarlo durante siete horas. El sacerdote fue interrogado por su actividad en la Cátedra Martin Luther King y por su labor aglutinadora con organizaciones civilistas y de derechos humanos. La Seguridad del Estado lo amenazó con separarlo de sus actividades en la Iglesia. El reverendo contestó que su labor es fiel al evangelio de Jesús quien abogó por los pobres, los presos, los marginados y los perseguidos. (Fuente: Artículo de Ángel Pablo Polanco, El Nuevo Herald, noviembre 2, 2000).
Reprimen a preso por hablar del Jubileo del Mundo Carcelario.
Maximiliano Rodríguez, un preso común encarcelado en la cárcel Cerámica Roja en la provincia de Camagüey, fue confinado por enviar notas a otros prisioneros del penal en las que explicaba en qué consistía el Jubileo del Mundo Carcelario de la Iglesia Católica. La jefatura del penal le comunicó que sería encausado “por incitar al motín” y un oficial lo amenazó con un encierro más riguroso. El régimen de Cuba, según un precepto de la Constitución socialista, dice que respeta la libertad de creencias. (Fuente: Artículo por Juan Carlos González Leyva, Fcdh, CubaNet, noviembre 2, 2000.)
Denuncias de violaciones de los derechos humanos fueron sacadas clandestinamente por el Presidio Político Pedro Luis Boitel. Un ejemplo es el del preso común Leovanis Vidal Ortiz a quien le impiden recibir visita de religiosas. Vidal Ortiz está siendo coaccionado para que no predique la fe cristiana a la población de Mar Verde. Un reeducador ideológico del penal instiga a los integrantes del reclusorio a que intimiden a Vidal Ortiz. También se ha negado la predicación religiosa en grupos. El teniente coronel Manuel García, jefe de Mar Verde informó que se podía creer y no estaban en contra, pero que no se podía difundir y menos en grupo. “Los reclusos consideran inconcebible que se prohíban las visitas humanitarias de la Pastoral,…y se preguntan dónde está la libertad de religión que tanto pregona la difusión estatal.” (Fuente: Artículo por Luis Alberto Rivera, Aplo, CubaNet. Noviembre 14, 2000).
Néstor Carbonell Cortina quien asistió como invitado a la conferencia de altos dignatarios de la Iglesia Católica en Nueva York el 26 de Julio del año 2000 escribe “Reflexiones sobre la Iglesia en Cuba”. En su reporte denuncia, entre otros, que el estado comunista ha usado todo su poder para expulsar a los sacerdotes cubanos, terminar con la enseñanza religiosa en la Isla y ejercer la presión ateísta sobre los desamparados ciudadanos. (Fuente: Artículo publicado en el Diario de las Américas. Noviembre 11, 2000.)
Diciembre, 2000. Funcionarios penales impiden servicio religioso a un preso político en huelga de hambre. Las autoridades del penal de la provincia de Las Tunas “El Típico” negaron la asistencia religiosa al preso político Lázaro Alejandro García Farah, ya que el reverendo que le prestaría los servicios pastorales estaba vinculado a la oposición. (Fuente: Artículo por Ricardo González Alfonso, CubaNet, diciembre 21, 2000).
5.“Pide al gobierno cubano que acceda a la implementación de los instrumentos de derechos humanos a los cuales no ha accedido aún, en particular el Convenio Internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio Internacional de los derechos Civiles y Políticos”.
El quinto informe sobre Cuba publicado por Pax Christi-Holanda a fines del año 2000, está dedicado en su totalidad a analizar el impacto de las inversiones extranjeras en la Isla a la luz del derecho laboral internacional. En una revisión general del año 1999 y la primera mitad de 2000, Pax Christi afirma que: “Con la intención de controlar los efectos de la presencia de empresas foráneas en la Isla, el gobierno ha reaccionado limitando aún más las libertades e incrementando las medidas internas de control [...] contrariamente a lo afirmado por abogados del sector inversionista, la sociedad cubana no ha experimentado grandes reformas, los beneficios de la inversión fortalecen al régimen que cada vez se aleja más de los cambios políticos y económicos necesarios en el país”.
Varias denuncias de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) e informes de las organizaciones sindicales independientes dentro de Cuba proveen los casos más relevantes de las prácticas violatorias del gobierno cubano en el terreno laboral. Una de las denuncias más difundidas internacionalmente ha sido el arresto el 13 de octubre de 2000 del secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (Cutc) Pedro Pablo Álvarez Ramos. En un comunicado desde Bruselas en noviembre de 2000 acerca de la detención arbitraria de Álvarez Ramos la CMT calificó de falsa la acusación de “resistencia al arresto” que pesa sobre el sindicalista. En el mismo documento la CMT afirmó que “la ausencia de libertad sindical es total en ese país”.
De acuerdo a Pax Christi-Holanda, Cuba ha ratificado todos los convenios laborales de la OIT, y sin embargo viola la gran parte de ellos, especialmente los Convenios 87, 98 y 111 sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, el derecho a la negociación colectiva, y sobre la discriminación en cuanto a empleo y ocupación.
En enero de 2000, Teidy Betancourt González fue expulsada de su trabajo como Ayudante de Maestra de Prescolar por ser la esposa de un opositor. En ese mismo mes Julio César Muñoz un joven de 19 años que estaba empleado en la empresa suplidora de materiales técnicos del Ministerio de Transporte fue expulsado de su trabajo al día siguiente de haberse negado a participar en una de las numerosas manifestaciones de reclamo del niño Elián González. (Fuentes: Marcos Llanes y Mery Miranda, Cuba Press).
En mayo, el profesor y aspirante a Master en Biología Valentín Almaral Miranda fue expulsado de su centro de trabajo en la Dirección Municipal de Educación del municipio San Juan y Martínez en Pinar del Río, al ser acusado por el Consejo de Dirección Metodológico del mismo de “ser cómplice de asociaciones ilícitas y de no participar en las actividades políticas programadas por las diferentes instancias del gobierno”. Almaral Miranda es el presidente de la organización pinareña independiente Movimiento de Reconciliación Nacional. (Fuentes: Mery Miranda, Cuba Press, CubaNet).
Asimismo, sería importante resaltar el hostigamiento contra las Bibliotecas Independientes de Cuba durante todo el año, hecho que resalta la violación contra los derechos culturales del pueblo cubano de obtener información libremente así como de intercambiar opiniones y realizar actividades culturales.
De acuerdo a un resumen de los principales actos represivos cometidos contra las ya cerca de 70 Bibliotecas Independientes que existen en Cuba, los fundadores y directores de este proyecto publicaron una nota de denuncia a principios de enero del 2001. En la nota se documenta el decomiso de cientos de libros, revistas y folletos, con documentos de la Aduana General de la República donde se identifica a un grupo de obras como “contrarrevolucionarias” y no permite que lleguen a las Bibliotecas. Ejemplos de estos casos existen en bibliotecas de todo el territorio nacional. Por otro lado, los bibliotecarios denunciaron que su correspondencia es violada y sellada por un sello oficial de la oficina de Correos de Cuba.
En el verano de 2000, la Biblioteca Independiente “Grito de Baire” en Santiago de Las Vegas, Provincia Habana fue reprimida cuando se disponía a iniciar una exposición de artes plásticas para el disfrute de la comunidad de esa localidad. La policía política le ocupó todas las obras de arte. En diciembre, dos bibliotecarios independientes, Julia Cecilia Delgado y Leonardo Miguel Bruzón Ávila fueron detenidos, y la primera juzgada y condenada a 1 año de prisión, mientras el segundo se encuentra encarcelado y pendiente a juicio. Estos ejemplos sin contar el desalojo de los fundadores del proyecto Ramón Humberto Colás y Berta Mexidor Vázquez, en agosto de 1999 y de la Biblioteca “Félix Varela” que ellos dirigían, de la cual la mitad de los fondos bibliográficos fueron robados por los agentes de la policía política que llevaron a cabo este acto represivo en la ciudad de Tunas, al oriente del país. (Fuente: Berta Mexidor y Ramón Colás, enero, 2001).
6. “Expresa una vez más su preocupación por las consecuencias prácticas de la adopción de la ‘Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba’, y rechaza los otros pasos tomados por el gobierno cubano que son inconsistentes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos relevantes”.
7. “Reitera su preocupación acerca de la represión continua contra miembros de la oposición política y por las detenciones de disidentes, incluyendo a los miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna y reclama del gobierno de Cuba la liberación de todas las personas detenidas o encarceladas por expresar sus opiniones políticas, religiosas y sociales y por ejercer su derecho a participar íntegramente en la vida pública del país”.
Tanto la Ley 88 como otras leyes violatorias continuaron durante el año 2000 pendiendo sobre el cuello de los opositores y activistas de derechos humanos en la Isla. En el reporte publicado por Amnistía Internacional “Cuba: detenciones y hostigamiento a disidentes” se denuncia que José Orlando González Bridón presidente de la Ctdc, y redactor de la Agencia de Prensa Independiente Cuba Press fue detenido e interrogado el 20 de enero de 2000 durante varias horas sobre su trabajo periodístico, y fue amenazado con acusarlo de desacreditar al Estado cubano en aplicación de la Ley 88. En estos momentos González Bridón se encuentra detenido y con una causa pendiente. Como este caso hay otros, así como las acusaciones del delito de “peligrosidad social”, impuesto, por ejemplo, al periodista independiente de Ciego de Ávila Jesús Joel Díaz Hernández.
En mayo de 2000 fueron puestos en libertad condicional tres de los miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, encarcelados en julio de 1997, hecho que técnicamente les correspondía a los cuatro de acuerdo al código penal vigente en Cuba: Marta Beatriz Roque Cabello sentenciada a 3 años de prisión; René Gómez Manzano y Félix Bonne Carcasés sentenciados a 4 años de prisión. Sin embargo, Vladimiro Roca Antúnez, sentenciado a 5 años de prisión aún permanece en la cárcel. Aunque el excarcelamiento de estos tres opositores fue tomado a nivel internacional como un gesto positivo del gobierno cubano, la realidad es que la ola masiva de hostigamiento (de la que también fueron víctimas los tres disidentes recién liberados) y la represión que caracterizó los meses posteriores deja mucho que desear de la buena voluntad del régimen de La Habana.
De acuerdo al documento “Llamamiento desde La Habana”, firmado en enero de 2000 por representantes de las principales organizaciones opositoras dentro de Cuba, “durante el año 2000 se registraron más de 1.000 actos de represión política contra pacíficos disidentes y por lo menos 18 de ellos permanecen en prisión provisional [..] En el pasado mes de diciembre, la desproporcional maquinaria represiva del gobierno de Cuba rompió todos los récords al registrarse más de 300 acciones de represión política de las cuales por lo menos 270 fueron detenciones arbitrarias de opositores no violentos”.
DETENCIONES ARBITRARIAS, AMENAZAS, AGRESIONES Y HOSTIGAMIENTO
Enero, 2000. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn) difunde un informe parcial de violaciones a los derechos humanos donde afirma que: “en noviembre pasado al menos 121 pacíficos opositores fueron detenidos mientras otros 100 sufrieron restricciones de movimiento; en diciembre, las cifras fueron 141 y 96”, lo que suma un total parcial de 237 disidentes detenidos, de acuerdo a este informe.
El 22 de enero la familia opositora Sigler Amaya fue atacada en su residencia mientras se celebraba un ayuno. Encabezados por Andrés Noriega, jefe ideológico del Partido Comunista en el Municipio Pedro Betancourt, Ciro Lamoya, presidente del llamado Poder Popular del mismo municipio y por Carmen Gusmely, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas en esa localidad, unos 25 individuos participaron en el hecho de fuerza. La madre de los Sigler Amaya, una mujer de 68 años fue golpeada y tirada al suelo, Juan Francisco Sigler Amaya fue golpeado repetidamente en la cabeza con un pedazo de madera, Miguel Sigler Amaya sufrió varias costillas fracturadas. Efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado estuvieron presentes en el lugar sin intervenir, y una vez concluido el asalto, arrestaron a los agredidos: Juan Francisco Sigler Amaya, Juan Alberto Mora, Pedro Hildo Roa Roque, Gulliver Sigler González, Antonio Berrier, Ulises Sigler González y Roberto Noriega Ibáñez. Miguel Sigler Amaya, Juan Rogelio González y Juan Francisco Martínez fueron multados con 30 pesos cada uno. Todos los detenidos son integrantes del Movimiento Opción Alternativa de Pedro Betancourt, Matanzas. (Fuente: Miguel Sigler Amaya, Reportaje en “The Economist”, marzo 20, 2000).
El 25 de enero fueron detenidos Héctor Palacios Ruiz, Gisela Delgado Sablón y Oswaldo Payá Sardiñas para impedir su participación en un encuentro de ONGs.
El 29 de enero Néstor Rodríguez Lobaina en los momentos en los que se preparaba en el aeropuerto de Santiago de Cuba para abordar un vuelo con destino a la capital fue obligado a entrar a un baño y fue desnudado por funcionarios del aeropuerto quienes intentaron introducir un sobre con polvo blanco dentro de su ropa, al percatarse de esto Rodríguez Lobaina los increpó, exigiéndoles que abrieran el sobre inmediatamente y denunciándolos en alta voz como agentes encubiertos de la policía política, lo que neutralizó cualquier maniobra que hubieran tenido preparada. A fines de diciembre de 1999, a Rodríguez Lobaina lo detuvieron en Guantánamo y fue conducido a las afueras de la ciudad donde le practicaron un simulacro de fusilamiento. (Fuentes: Ángel Pablo Polanco, NotiCuba, Néstor Rodríguez Lobaina, desde la Isla).
El 28 de enero son detenidos en su domicilio en la ciudad de Placetas los activistas Alejandro García Sardiñas, delegado del Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba y Berta Antúnez Pernet, presidenta del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel para impedir la celebración del natalicio de José Martí, en esa ciudad.
El 29 de enero un operativo policial se presentó en la vivienda de la suegra del activista Jorge Omar Lorenzo Pimienta, Vicepresidente del Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba, en la zona rural del municipio de San Antonio de los Baños con el objeto de realizar un registro, ya que el activista permanece regularmente en ese lugar. Decomisaron varios artículos personales como jabones, detergente y cajas de cigarro (todo legalmente obtenido), argumentando que era “acaparamiento”, y arrestaron a los dos cuñados del activista acusándolos de “acaparamiento y lucro personal”. Fueron multados con 300 y 400 pesos cubanos. A uno de ellos lo amenazaron con expulsarlo de su centro laboral y luego determinaron rebajarlo de su puesto de trabajo para uno de categoría inferior sin haber cometido ninguna indisciplina laboral. El otro es investigado por agentes de la Seguridad del Estado. En los primeros días de febrero, como parte de la campaña de hostigamiento contra la familia de este activista, es visitado el hermano del mismo activista por agentes de la Seguridad del Estado y le dicen que está siendo considerado un enemigo potencial de la Revolución por ser hermano de un opositor. Durante esos días, un amigo de Lorenzo Pimienta, Raúl Collazo es amenazado con expulsarlo de su trabajo y expedientarlo como contrarrevolucionario si no cesaba la amistad con el activista, y que no permitiera que éste lo visitara. De la misma manera sucedió con Carlos Estrada, pequeño agricultor y vendedor por cuenta propia, quien fue citado por la Seguridad del Estado y fue acusado de contrarrevolucionario y de colaborador de Lorenzo Pimienta, amenazándolo con quitarle las tierras que posee y la licencia de vendedor de productos agrícolas en el mercado. Además, le retuvieron el carnet de pequeño agricultor por espacio de un mes, causándole problemas en su trabajo. Este es sólo un ejemplo de la forma en la que la policía política cubana hostiga a los opositores a través del acoso a sus familiares y amigos. (Fuente: Declaración grabada del activista).
Febrero, 2000. A principios del mes, el opositor y Coordinador del Movimiento Social Cristiano en Cuba, Oswaldo Payá Sardiñas comunicó al periódico El Nuevo Herald que tanto él como su familia llevaban una semana de “hostigamiento, persecución y amenazas”. Payá explicó que durante su detención ocurrida a fines de enero “el oficial Francisco Estrada me dijo: tu mamá está enferma, nosotros lo sabemos y tu tienes niños chiquitos, ellos te necesitan, si tú continúas o te pasas de la raya tu familia es la que va a sufrir las consecuencias.” Además añadió que su casa está visiblemente vigilada todo el tiempo, los agentes de la Seguridad del Estado siguen a sus hijos con walkietalkies, y que inclusive los autos que lo seguían le cortaron el paso en varias ocasiones, teniendo éste que parar su bicicleta. (Fuente: El Nuevo Herald, Feb. 4 de 2000, AFP).
El 23 de febrero, se desató una ola represiva en las diferentes provincias del país deteniendo a cientos de opositores y periodistas independientes, algunos de los detenidos en esta fecha son: Alejandro Chang Cantillo, presidente de la Hermandad Cívica; Ángel Pablo Polanco, periodista independiente, director de la agencia NotiCuba; René Montes De Oca Martijas, presidente del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov; Gahlman Rodríguez Acosta, presidente del Partido Unión Nacional de Opositores; Filiberto González Chávez, presidente del Movimiento Unión de Activistas 24 de Febrero en Manzanillo, y José Antonio Rebustillo Méndez, vicepresidente de la misma; Jesús Labrador Arias, periodista independiente de Cuba Press; Salvador Mesa, delegado del Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País en Manzanillo; Cruz Delia Aguilar Mora, José Antonio Valdés Guerra, Leonardo Cansino Santana y Miguel Antonio Núñez de la Unión de Activistas del Golfo de Guacanayabo; Juan Escala y José Saborit, del Movimiento Pro Derechos Humanos La Demajagua; Rafael Peraza Pontes, activista de Artemisa; Librado Linares García, Fernando Ocampo Alonso y Manuel Sarduy Segredo del Movimiento Cubano Reflexión en Villa Clara, otro número de activistas fueron detenidos en Santiago de Cuba, Matanzas, Isla de Pinos, Pinar del Río y Ciego de Ávila (Fuente: Reporte de la Agencia de Prensa Independiente NotiCuba).
El 25 de febrero se desata otra redada de la policía política para impedir a los opositores que quedaban en la calle su asistencia al juicio del Dr. Óscar Elías Biscet González, cuyo caso lo vamos analizar más adelante.
El 27 de febrero la organización internacional Reporteros Sin Fronteras denunció la detención de periodistas independientes, especialmente los casos de Ángel Pablo Polanco (NotiCuba) y Omar Rodríguez Saludes (Nueva Prensa).
Marzo, 2000. Ya a principios de marzo, los informes de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn) afirmaban que entre noviembre de 1999 y febrero de 2000 cerca de 592 personas fueron arrestadas o sufrieron restricción de movimiento y concluían que “durante los pasados cuatro meses tuvo lugar el mayor número de acciones de represión política en los últimos 10 años”. Por su parte Oswaldo Payá Sardiñas dijo que una decena de los miembros y simpatizantes de su organización habían sido hostigados y detenidos en sus domicilios y centros de trabajo después de que en octubre de 1999 solicitaran la legalización del Movimiento Cristiano Liberación. (Fuente: Diario Las Américas, marzo 5, 2000).
A mediados de marzo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la nueva modalidad de arrestos domiciliarios contra periodistas independientes, afirmando que “el acoso, la intimidación y prisión son algunos de los métodos más frecuentemente utilizados por las autoridades para suprimir el derecho a informar y expresarse de los periodistas que no se ciñen a la línea oficial”. (Fuente: Diario Las Américas, marzo 14, 2000).
El 22 de marzo, el Departamento de Seguridad del Estado amenazó a opositores que participarían en una misa en la Iglesia de Santa Bárbara en La Habana, afirmando que arrestarían a todos los disidentes que persistan en promover misas a favor de los presos políticos, de acuerdo a las informaciones provistas por el opositor Alejandro Chang Cantillo, presidente de la Hermandad Cívica. Las misas se celebran todos los miércoles para pedir por la salud de los prisioneros políticos. (Fuente: Sonia González, Aplc, CubaNet).
A fines de ese mes, Amnistía Internacional denunció el creciente acoso a los disidentes. En su informe “Encarcelamiento breve y hostigamiento de los disidentes”, la reconocida ONG afirmó que “si bien cambian las medidas aplicadas para silenciar la disidencia, el hecho es que en Cuba se sigue restringiendo gravemente la libertad de expresión, de organización de reuniones y de crear organizaciones que entren en conflicto con la política del Gobierno”. El informe señala las medidas represivas como el exilio forzoso, los actos de intimidación y agresión, los desalojos, despidos, las restricciones de la libertad de circulación, interrogatorios, arrestos y registros domiciliarios y el monitoreo de las llamadas telefónicas. (Informe de Amnistía Internacional, EFE).
Abril, 2000. En la primera semana de abril, en la provincia de Villa Clara, detienen a 6 opositores, impiden a 4 salir de sus domicilios y otros dos son amenazados en su hogar para impedir una reunión de las organizaciones opositoras del centro del país planificada para el día 7 de ese mismo mes con miras a analizar su posición ante la Cumbre SurSur a celebrarse en La Habana a mediados de mes y en la cual participarían delegados de diversos países a nivel mundial. Los detenidos: Luis Ramón Hernández, Adalberto Rodríguez Rangel, Tomás González Coyas, Librado Linares García y Manuel Sarduy Segredo. Arrestados en sus domicilios: Alejandro García Sardiñas, Bertha Antúnez Pernet, Omar Pernet y Amado Ruiz Moreno.
Mayo, 2000. El 3 de mayo de 2000 en la ciudad de Ciego de Ávila, el secretario ejecutivo de la Fundación Cubana ProDerechos Humanos, Emilio Martín Morales, fue arrestado en su domicilio en horas de la noche. También, varios pedazos de bloques para la construcción de paredes fueron lanzados violentamente contra la planta alta de su casa y le arrancaron dos tablillas en una ventana. Por otra parte, el oficial Ritz Lenin, del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), había citado a Martín Morales el 29 de abril para el Hotel Morón donde le hizo varias amenazas. “¿Qué esperas para abandonar el país?”, dijo el gendarme, y agregó: “Ya se te está acabando el tiempo”. (Fuente: Juan Carlos González Leyva, Fracic, CubaNet).
El 12 de mayo de 2000 Ana María Espinosa Escobedo fue hostigada por agentes de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba por sus actividades y las de su esposo José Manuel Escobedo Yasser en favor de la democracia. Ana María Espinosa Escobedo relata cómo a su esposo lo habían detenido continuamente en las últimas semanas. “Mi esposo fue detenido el día 26 de abril a las 5 de la tarde. Vino un agente y le dijo que lo acompañara a la Cuarta Unidad de la Policía para tomarle una declaración. Al ver que eran ya las 10 de la noche y no regresaba, me dirigí a la unidad policíaca, pero allí no se encontraba sino que lo llevaron a Versalles, la sede de la policía política de esta región, donde lo incomunicaron y sólo después de ocho días es que pude verlo” declaró. (Fuente: Lucas Garve, CPI, CubaNet).
Ese mismo día Ana Lourdes Caballero, denunció cómo es continuamente hostigada por agentes de la policía política que le prohibieron las visitas de disidentes a su domicilio, así como frecuentar lugares públicos después de las cinco de la tarde. La policía política registró su vivienda el pasado 23 de marzo, luego de lo cual fue arrestada durante 13 horas por un official de la Seguridad del Estado que dijo llamarse Pedro Linares. (Fuente: Lucas Garve, CPI, CubaNet News).
Yoana González Herrera, miembro de la Unidad Femenina fue detenida y puesta en libertad el mismo 22 de mayo de 2000 después de ser advertida en la unidad policial del Capri en La Habana, que no asistiera a la convocatoria de reunión frente a la sede de Cárceles y Prisiones, en 15 y K, en el Vedadeo, para pedir el día 24 la liberación de los presos políticos así como a una vigilia convocada al efecto. El 23 de mayo de 2000 fue sacada de su domicilio por oficiales de la policía política, que la condujeron hacia la 9ª. Unidad Policial donde fue encerrada hasta altas horas de la madrugada tratando de evitar su participación en dichas actividades (Fuente: CPI, CubaNet).
También el 23 de mayo de 2000 en una operación iniciada por el Departamento de la Seguridad del Estado fueron arrestados Carlos Alberto Domínguez, presidente del Movimiento Hermanos Fraternales por la Dignidad y su organizador nacional Yosvany Aguilar Camejo por la presunta participación de estas dos personas en algunas actividades convocadas por diferentes organizaciones de la oposición interna. (Fuente: Ohalis Víctore, Cuba Voz, CubaNet).
Los periodistas independientes Amarilis Contina Rey y José Antonio Fornaris Ramos, ambos de la agencia Cuba Verdad fueron amenazados en sus respectivas viviendas por oficiales de la policía política el 24 de mayo de 2000. El Departamento de Seguridad del Estado tuvo como fin advertir a los reporteros que no asistieran a un acto de desobediencia civil del Movimiento Hermanos Fraternales por la Dignidad en favor de los presos políticos y de conciencia. (Fuente: María Elena Rodríguez, CubaVerdad, CubaNet).
Junio, 2000. El activista Justo Julio Sierra Silva, que reside en el poblado Bolondrón en Matanzas, fue amenazado por un funcionario del Partido Comunista de que lo iba a agredir físicamente. Después de esta amenaza, el activista fue hostigado, acosado y perseguido por un Teniente Coronel retirado de las Fuerzas Armadas y por el jefe del departamento ideológico del Partido Comunista de esa región, Andrés Noriega, el mismo que agredió físicamente a la familia Sigler Amaya. (Fuente: Denuncia del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, Matanzas).
Julio, 2000. El 4 de julio de 2000, fuerzas policíacas arrestaron en la ciudad de La Habana a cinco disidentes que ayunaban en protesta contra el régimen de Fidel Castro. Los arrestados fueron Horacio Piña Delgado, Jorge Pérez Rodríguez, Pedro Serrano Acanda, Carlos Ruiz Marínez y Omar Hernández, todos integrantes del Partido ProDerechos Humanos de Cuba afiliado a la Fundación Andrei Zajarov. (Fuente: Ohalys Víctore, Cuba Voz, CubaNet News).
El 9 de julio de 2000, en horas de la noche, fue agredido físicamente por elementos de la Seguridad del Estado, el activista del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (Cutc) Manuel Lantigua Domínguez quien recibió fuertes golpes en la cara, tórax, abdomen y espalda, y sufrió una fractura de costilla por el impacto de una piedra. Después de la golpeadura Lantigua Domínguez fue trasladado a la estación policial, donde fue encarcelado sin asistencia médica ninguna. (Carmelo Díaz Fernández, Apsic, CubaNet).
El 12 de julio de 2000 la policía política arrestó a Leonardo Bruzón Ávila y a su esposa Mercedes Lam Lee debido a la supuesta participación de éstos en los actos de resistencia cívica previstos en conmemoración del sexto aniversario del hundimiento del Remolcador 13 de Marzo. (Fuente: Ricardo González Alfonso, CubaNet).
El 13 de julio de 2000 fueron arrestados 31 disidentes para impedir que recordaran a las víctimas del hundimiento del Remolcador 13 de Marzo, en el municipio Sandino, Provincia de Pinar del Río. (Fuente: Alida Viso Bello, CubaNet News). Ese mismo día, más de 30 disidentes fueron agredidos cuando se disponían a lanzar una ofrenda floral en la bahía de Santiago de Cuba. Aproximadamente 80 personas todos miembros de la Seguridad del Estado o de las Brigadas Paramilitares de Respuesta Rápida atacaron a los opositores. La banda policíaca emprendió a puñetazos y patadas con los disidentes. Varias mujeres, entre ellas, Marilyn Lahera Fernández, del Foro Feminista Aliadas Democráticas, recibió golpes de kárate en el rostro y la nuca. Los agredidos cantaron el himno nacional y los militares le gritaban a las mujeres: “¡Cállense, putas!”, y a los hombres les vociferaban: “¡Ladrones, delincuentes!” (Fuente: Luis Alberto Rivera, Aplo, CubaNet).
El 22 de julio de 2000 el disidente Jorge Luis González Estanquero fue citado por la Seguridad del Estado a la Unidad de la Policía, y fue advertido con ser encarcelado si continuaba transmitiendo información para los medios de prensa extranjeros. (Fuente: Juan Carlos González Leyva, Fracic, CubaNet).
En una denuncia difundida por el Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel (Mdplb), se conoció que la vivienda del activista de Las Tunas Rigoberto Díaz Cutiño fue apedreada a altas horas de la noche del domingo 31 de julio. De acuerdo al activista no se trata de un hecho aislado, sino que es la continuidad de actos de abuso contra su persona por las actividades civilistas que desempeña.
Agosto, 2000. En agosto, varios integrantes del Comité de Apoyo a Presos Políticos y del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel (Mdplb) en Matanzas, sufrieron intimidaciones por parte de la policía. El activista Juan Pedroso Esquivel, dio a conocer que 10 activistas fueron citados el 17 de agosto en el poblado de San José de los Ramos, en el municipio de Colón, por agentes de la policía política, para advertirles acerca de sus vínculos con el Mdplb e increparlos por, según los oficiales, “estar recogiendo limosnas para ayudar a delincuentes que se encuentran presos”. El interrogatorio terminó amenazando a los activistas con una acusación de “peligrosidad social”, y precisándolos a firmar dos actas de advertencia. De acuerdo a los informes del Mdplb, este comité ha realizado intensas campañas de recogida de alimentos para entregar a familiares de presos políticos. (Fuente: Denuncia del Mdplb, agosto, 2000).
Asimismo, se conoció a través del periodista independiente Ricardo González Alfonso, que el 31 de agosto, agentes de la Seguridad del Estado en Las Tunas arrestaron al dirigente campesino Reynaldo Jiménez Yance, antes de excarcelarlo los gendarmes le quitaron su carnet de identidad para impedir que viajara a La Habana. Este activista es el coordinador provincial en Las Tunas de la Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba (Anaic).
Septiembre, 2000. El 13 de septiembre agentes de la Seguridad del Estado arrestaron a la opositora Maritza Lugo Fernández, y fue conducida al Cuartel General de la Seguridad del Estado, Villa Maristas. El arresto se produjo con la intención de interrogar a la opositora para que dijera dónde estaban unos videos sobre democracia que se habían estado pasando en la Finca Baraguá, sede del Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País, del cual ella es vicepresidente. (Fuente: Marcos Lázaro Torres León, La Habana).
Octubre, 2000. En este mes comienza la segunda oleada represiva. De acuerdo a los informes, cerca de 85 activistas fueron arrestados entre los días 5 y 20 de octubre. El 25 de octubre, el activista invidente Juan Carlos González Leyva, fue arrestado en la ciudad de La Habana y deportado a su lugar de residencia en Ciego de Ávila para impedir que llevara a cabo una protesta cívica en la cual él junto a otros invidentes se encadenarían al edificio donde se encuentra la presidencia de la Empresa Telefónica de Cuba con el objetivo de denunciar el espionaje, acoso y represión de los que a través del teléfono es víctima. Los agentes condujeron a González Leyva a la unidad de policía en el municipio capitalino de Marianao y luego lo trasladaron a una casa en las afueras de La Habana donde permaneció por 22 horas. (Fuente: Ricardo González Alfonso, periodista independiente, CubaNet).
Noviembre, 2000. El 1º de noviembre fue detenido el activista del Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País (Pd30n), Pedro Batista, en la ciudad de La Habana. Otros miembros de la misma agrupación fueron amenazados y advertidos de que no asistieran a una actividad convocada para el 3 de noviembre en Matanzas, como es el caso de Belsis Cabrera, Ileana González y Adalberto Chávez. El 2 de noviembre, y con el propósito de impedir un homenaje en la tumba de Pedro Luis Boitel, en el Cementerio Colón de La Habana, siete activistas fueron arrestados.
El 3 de noviembre fueron arrestados cuando trataban de llegar a Matanzas los activistas del Pd30n: Secundino Lugo, Miguel López Santos, Orlando Benavides Alpízar y Frank García Llerena. (Fuente: Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre Frank País, Nueva York).
El mismo día 3 de noviembre fue detenido en Matanzas el presidente del Partido Paz, Amor y Libertad Diosdado González Marrero, y el vicepresidente, Ramón Díaz Hernández. También fueron arrestados los activistas del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, Juan Felipe de la Torre, Julio Sierra y Valentín Noriega. Durante estos mismos días, son arrestados tres activistas del Movimiento Libertad Democrática por Cuba, entre ellos su presidente Ángel Moya Acosta. Los otros activistas son: Roberto Noriega Ibáñez y Juan Rogelio González Ibáñez. (Fuente: Ricardo González Alfonso, periodista independiente, CubaNet).
También se pudo conocer la campaña de hostigamiento del régimen contra la menor Janet Matos Rodríguez, quien es hija de la activista miembro del Movimiento Seguidores de Chibás, Iris Rodríguez Manzaneri. Matos Rodríguez, de 17 años, y quien reside en La Habana, narró que en ausencia de su madre, personas desconocidas la llaman por teléfono a cualquier hora, incluyendo la madrugada para molestarla, asimismo le han cortado la comunicación en varias ocasiones cuando se encuentra utilizando el teléfono, y a fines de septiembre le tiraron huevos en la puerta de su casa y dejaron una nota ofensiva contra su madre. (Fuente: Marilín Lahera, Nueva Prensa).
De acuerdo a una noticia de la Agencia de Prensa Independiente NotiCuba, fechada 10 de noviembre, con el arresto del periodista independiente Omar Rodríguez Saludes, el 9 de noviembre, el número de arrestos en lo que iba del mes ascendió a 32, como parte de la fuerte oleada represiva iniciada en octubre contra la oposición pacífica y la prensa independiente. La nota puntualiza que los arrestados han sido 27 activistas, pero tres de ellos habían sido arrestados en dos ocasiones y en el caso de Ángel Moya Acosta, en tres ocasiones. (Ángel Pablo Polanco, NotiCuba).
El 27 de noviembre en la Finca Baraguá, sede del Pd30n, se caracterizó por arrestos, expulsiones, limitación de movimiento, insultos y amenazas, empleados por miembros de la policía política para impedir una reunión de esa organización.
Diciembre, 2000. De acuerdo a los informes, entre los días 3 y 4 se realizaron cerca de 70 actos represivos entre restricciones de movimiento hasta detenciones. Los actos represivos ocurrieron en todas las provincias del país, incluyendo Isla de Pinos, donde fue detenido el activista Húber Rodríguez Tudela, presidente del Comité Pinero Pro Derechos Humanos, entre otros ejemplos. (CubaNet)
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos fue celebrado por las organizaciones independientes en más de 15 localidades del país, lo que ocasionó de acuerdo a las declaraciones de Elizardo Sánchez Santacruz, de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, “que en 72 horas las autoridades arrestaron a más de un centenar de activistas”. (Ricardo González Alfonso, Alida Viso Bello, CubaNet, Diario Las Américas).
Amnistía Internacional emitió un comunicado fechado diciembre 14 en el que denunciaba los arrestos masivos, y afirmaba que cerca de 200 personas habían sido detenidas con motivo de los actos de celebración del 10 de diciembre. Además, el comunicado hacía mención de los juicios de Ángel Moya Acosta y Julia Cecilia Delgado. A fines del mes, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reportó 250 arrestos durante el mes de diciembre. (Fuente: AFP, El Nuevo Herald, CubaNet).
Enero, 2001. El 8 de enero la policía política de la ciudad de Camagüey desalojó a un matrimonio de activistas, miembros del Partido Cubano Demócrata Cristiano. Roberto Peraza Rico y su esposa se encontraban en La Habana y la policía política montó sus pertenencias en un camión trasladándolas a un almacén además de impedirles a los mismos seguir viviendo en la ciudad de Camagüey. (Fuente: Juan Carlos González Leyva, Fraternidad de Ciegos Independientes).
En un informe difundido desde Pinar del Río por el periodista independiente Víctor Reynaldo Arroyo se supo que durante el año 2000, los integrantes del Partido Pro Derechos Humanos Afiliado a la Fundación Andrei Sajarov en esa localidad sufrieron 455 acciones represivas por parte de la Seguridad del Estado. De acuerdo al informe preparado por el Delegado Provincial de esa organización Horacio Julio Piña, resaltan 9 operaciones policíacas que culminaron con arrestos masivos, 3 de las cuales ocurrieron en diciembre de 2000, y que incluyeron investigaciones policiales a cientos de los activistas detenidos; 93 activistas recibieron actas de advertencia; 7 fueron expulsados de sus centros de trabajo y una decena de viviendas de activistas del Ppdh fueron sometidas a registros. (Víctor Rolando Arroyo, CubaNet).
Por otro lado, el activista invidente Juan Carlos González Leyva, Presidente de la Fundación Cubana Pro Derechos Humanos (Fcdh), sufrió dos agresiones físicas severas. La primera ocurrió el 16 de enero cuando fue secuestrado por cuatro agentes de la Seguridad del Estado cuando se disponía a abandonar la Terminal de Omnibús de Sancti Spíritus para participar en una reunión organizativa con el objetivo de fundar una agencia de prensa independiente y una biblioteca en esa provincia. De acuerdo a las declaraciones del propio activista: “los secuestradores me doblaron las manos y me lanzaron de cabeza dentro de un auto y me llevaron a un solitario paraje en las afueras de la provincia, en el lugar me arrastraron y me lanzaron contra arbustos espinosos. Acto seguido me despojaron de mi bastón de ciego y de mis documentos personales, me quitaron el portafolio y lo llenaron de piedras lanzándolo a unos metros de mí. Antes de retirarse me amenazaron con unos pinchos y con ahorcarme con una soga, diciéndome que ellos me van a demostrar que son más terroristas que la ETA”.
La segunda agresión ocurrió el 8 de febrero, cuando fue arrestado violentamente frente a su domicilio en la ciudad de Ciego de Ávila, en compañía de su esposa, por más de 100 policías y agentes de la Seguridad del Estado. Los gendarmes lo agredieron rompiéndole la boca y los espejuelos, doblándole los brazos y golpeándolo en la cabeza y el cuerpo. Posteriormente, fue conducido a los calabozos de la Primera Unidad de Policía de la ciudad donde fue sometido a varias horas de interrogatorio. De acuerdo a los informes, ese mismo día, más de 30 activistas de la Fcdh sufrieron represión. (Fuente: Informe de Juan Carlos González Leyva sobre los hechos, CubaNet).
8. “Pide al gobierno de Cuba que abra un diálogo con la oposición política, como ya ha sido demandado por varios grupos”.
Contrario a los pronósticos de algunos observadores de la realidad cubana e incluso algunos diplomáticos en La Habana que a principios del año 2000 aseguraron que el régimen iba a preferir la intimidación de baja intensidad para mantener las voces disidentes a raya, y a los opositores más persistentes les ofrecería abandonar el país, lo que ha acontecido es el aumento de la represión en una escala en muchos años no vista.
Sin embargo, al revisar algunas de las declaraciones oficiales, discursos o intervenciones públicas de los más altos funcionarios del gobierno incluyendo al propio Castro, no sorprende el aumento de las acciones represivas, pues el régimen, aunque necesita de la aceptación internacional, su prioridad es el control interno. Al aumentar los grupos de oposición y las actividades de desobediencia civil llevadas a cabo por éstos, la estabilidad interna del gobierno se ve mermada, y no existe otro camino que la represión. ¿Por qué? Porque en realidad, a los efectos del régimen no se trata de buscar una solución a la crítica situación política, económica y social que vive el país, se trata de mantener el poder.
Muchos han sido los emplazamientos en el terreno político que grupos pacíficos y civilistas han realizado al régimen sin obtener alguna señal positiva. Desde la iniciativa del Movimiento Cristiano Liberación del Proyecto Varela que busca la transformación del Código Penal vigente en Cuba, o la recogida de firmas por este movimiento para postular a algunos de sus miembros a las votaciones del llamado Poder Popular, o los recientes emplazamientos por parte del Grupo de Trabajo de la Disidencia para debatir temas tan importantes como las verdaderas razones del éxodo, o la participación en la vida pública del país, la respuesta ha sido represión directa contra los opositores, o ataques a través del programa de televisión “Mesa Redonda” que ha sido tribuna en varias ocasiones para atacar y desacreditar a opositores y periodistas independientes.
En noviembre de 2000, miembros de la disidencia emplazaron a Castro a dejarlos participar en un debate propuesto por él con opositores políticos venezolanos a los que éste invitó a la Isla a debatir temas políticos. En una conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, quien acompañó a Castro en su visita a Venezuela, Pérez Roque expresó que “el gobierno de Cuba debate con los jefes y no con sus empleados”, describiendo a la oposición como los empleados del gobierno de los Estados Unidos.
Esta ha sido la línea oficial mantenida por el gobierno cubano en todo momento. No reconocen la existencia de prisioneros políticos, ni tampoco de oposición ante las cámaras internacionales; sin embargo, internamente se dedican a atacar, hostigar y encarcelar a los que se atrevan a disentir de la política oficial.
El gobierno cubano promueve el concepto de que en Cuba existe una democracia de un solo partido, como expresara Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, en unas declaraciones a la televisión cubana en abril de 2000. “Como ha dicho Fidel, si aquí existiera un partido sería el de los yanquis, cuyos embriones son todos estos grupúsculos que contados en toda la república no pasan de mil militantes”.
En numerosas ocasiones, el gobierno cubano se ha amparado en lo que llama su “soberanía” para no permitir críticas a las violaciones de los derechos humanos y a la falta de libertades políticas en Cuba. La Viceministra del Exterior, María de los Ángeles Florez, declaró en referencia a la situación de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que la Isla “no acepta injerencias en sus asuntos internos ni mucho menos un tratamiento selectivo y discriminatorio”.
Se trata de una inteligente maniobra en la que conceptos claves para el mundo libre como democracia, pluripartidismo y soberanía son trastrocados por la propaganda del régimen para darles una definición conveniente. Sin embargo, como advirtiera el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, en la Cumbre Iberoamericana celebrada en La Habana, la democracia tiene una sola forma de practicarse, con participación abierta de los ciudadanos en los asuntos públicos y con el respeto a las libertades y derechos fundamentales.
De manera que el punto Nº 8 de la Resolución, ha sido incumplido completamente por el gobierno de La Habana, pues éste no ha mostrado disposición alguna para abrir un diálogo franco y abierto con las cada vez mayores fuerzas opositoras que lo retan desde dentro del país.
9. “Invita al gobierno de Cuba mantenga el país abierto al contacto con otros países para asegurar el disfrute de todos los derechos humanos por parte del pueblo de Cuba a través de la cooperación internacional, y permitiendo el libre flujo de personas e ideas enriqueciéndose con la experiencia y el respaldo de otras naciones”.
En el año 2000, fueron varios los casos de extranjeros que sufrieron detenciones por visitar a opositores, así como los ataques de la prensa oficialista a países que de una u otra forma hubiesen realizado declaraciones o contribuido en alguna sanción internacional al gobierno de la Isla.
En marzo de 2000 se iniciaron los ataques contra la República Checa, en el umbral de las votaciones en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La República Checa junto a Polonia presentaron la iniciativa de una Resolución de condena a la violación de los derechos humanos en la Isla que fue aprobada en 1999. Castro dijo que prefería romper relaciones con la República Checa que aceptar este tipo de “cosas”. Luego de ser aprobada la Resolución en abril de 2000, el gobierno comenzó una serie de manifestaciones frente a la Embajada Checa en La Habana, así como acusaciones directas contra diplomáticos checos, entre ellos el encargado de negocios Josef Amrsicek, quien fue denunciado en la Mesa Redonda de “actividades subversivas e injerencistas” por mantener vínculos con grupo de la oposición interna.
Ese mismo mes, un turista belga, Dirk Van den Broeck, fue arrestado por efectivos de la Seguridad del Estado que lo amenazaron con acusarlo de colaboración con el enemigo, luego que el extranjero visitó varias bibliotecas independientes y se entrevistó con opositores. El gobierno cubano le confiscó todas las notas tomadas durante sus entrevistas, así como cintas de video.
En mayo de 2000, el periódico Granma denunció “actividades conspirativas de Polonia en Cuba” que involucraban al senador polaco Zbigniew Romaszewski, quien había tenido reuniones con grupos opositores y con líderes de la Iglesia Católica en Pinar del Río, en el marco de una visita de éste y su esposa a Cuba. Dos extensos editoriales del Granma fueron dedicados al tema, uno publicado el 16 y otro el 24 de mayo. “¿De qué hablaron durante tan prolongada entrevista? Posteriormente, en unión del prelado se reunieron con los elementos contrarrevolucionarios”, se preguntaba en el editorial refiriéndose a una entrevista entre el senador polaco y el Obispo de Pinar del Río, Monseñor José Siro González Bacallao, y la posterior reunión con líderes opositores en Pinar del Río.
A principios del mes de agosto, fue detenido en La Habana un ex funcionario de la Secretaría de Gobernación de México. Reynaldo César Chávez estuvo un mes detenido en la Isla, y el gobierno de Cuba aseguró que “se internó en la Isla para realizar actividades de apoyo a la contrainsurgencia”, de acuerdo a lo que publicara a principios de septiembre el periódico mexicano Reforma. Después de que fue publicado el artículo, Chávez fue deportado a México, sin más comentarios ni cargos en su contra.
El 29 de agosto, tres periodistas suecos fueron arrestados en La Habana por agentes de la Seguridad del Estado. Peter Gotell, Birger Thureson y Helena Soderquist llegaron a La Habana con la intención de reunirse con sus colegas del periodismo independiente en esa ciudad, y con la finalidad de ofrecer un seminario sobre el desarrollo del periodismo en Suecia, la ética profesional y la libertad de expresión. Con anterioridad, el 17 de agosto, la periodista francesa Martine Jacot, de Reporteros Sin Fronteras había sido detenida e interrogada en el aeropuerto de La Habana por seis miembros de la policía política cuando iba de regreso a París. Le incautaron una cámara de video y documentos. El Secretario General de Reporteros Sin Fronteras dirigió una carta al ministro del Interior, General Abelardo Colomé Ibarra donde pedía la inmediata excarcelación de los periodistas suecos. El 1 de septiembre, los periodistas suecos fueron deportados a su país y el gobierno cubano los acusó de querer “alentar acciones subversivas”.
Sin embargo, el caso que hizo estallar la opinión pública internacional fue el de dos checos que fueron detenidos en la ciudad de Ciego de Ávila en enero del 2001, tras reunirse con opositores de esa región. Los detenidos fueron, Iván Pilip, un legislador del parlamento checo y ex ministro de Finanzas y Jan Bubenik, un ex parlamentario y reconocido líder estudiantil de la Revolución de Terciopelo. La detención y procesamiento de los checos fue por un supuesto delito de “subversión y otros actos contra la Seguridad del Estado”. Sin embargo, el supuesto gran delito de los checos fue haberse encontrado con dos periodistas de la Agencia de Prensa Independiente Patria, radicada en Ciego de Ávila, y quienes también fueron detenidos y excarcelados después. Esta vez Reporteros Sin Fronteras dirigió una nueva carta al ministro del Interior cubano donde demandaba que se “pusiera fin a las presiones ejercidas por la Seguridad del Estado sobre los dos hombres” y más adelante afirmaba el temor de que “estas presiones sirven para conseguir falsos testimonios y estamos consternados por el arresto de los dos checos, lo cual significa que encontrarse con un periodista se vuelve un delito en Cuba”.
En una intervención del oficial del Ministerio del Interior Manuel Hevia, del llamado Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, en la “Mesa Redonda”, el 24 de enero del 2001, éste afirmó: “Entre 1993 y 1999 se estima que ocurrieron al menos 325 operaciones desde el exterior para abastecer financiera y materialmente a los cabecillas de dichos grupúsculos”.
Estos casos ponen de manifiesto la verdadera respuesta que puede ofrecer el gobierno cubano ante la petición de abrir Cuba a la influencia y afluencia de extranjeros que quieran ofrecer sus experiencias e intercambiar ideas.
12. “Requiere del gobierno de Cuba que extienda invitaciones a los mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos los cuales han solicitado visitar Cuba, incluyendo el Relator Especial sobre Libertad de Expresión y el Relator Especial para la Tortura”.
Tanto el Relator Especial sobre Libertad de Expresión como el Relator Especial para la Tortura, a pesar de haber solicitado visitar Cuba, no han recibido respuesta afirmativa de parte del gobierno cubano. Además, específicamente en estos dos campos el gobierno cubano ha cometido atropellos, de los cuales a continuación ofrecemos algunos ejemplos.
VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Enero, 2000. Castro hace declaraciones públicas amenazando a los medios de comunicación internacionales acreditados en La Habana. Acusó a algunos periodistas de transmitir mentiras e insultos contra la Revolución. “Si hay que sacar a alguien que está siendo tolerado durante años y todo es deliberado, todo es en complicidad con el enemigo imperialista, en ese caso sería más razonable cancelar el permiso de esa agencia para informar desde Cuba”. Estas declaraciones se produjeron después que en medios oficiales se acusara a un periodista británico, colaborador de una agencia de ese país de transmitir informaciones tendenciosas. (El Nuevo Herald, enero 19, 2000).
Por otro lado, el periodista independiente Víctor Reynaldo Arroyo es condenado a 6 meses de privación de libertad por un supuesto delito de “acaparamiento de mercancías”, simplemente porque éste había sido elegido para representar un proyecto de repartición de juguetes a los niños de la provincia de Pinar del Río. De acuerdo a los informes, el juicio se celebró en medio de irregularidades en el procedimiento judicial. Amnistía Internacional emitió un comunicado solicitando solidaridad internacional para Arroyo y lo nombró prisionero de conciencia.
Febrero, 2000 El 25 de febrero se celebró el juicio del opositor Óscar Elías Biscet donde fue juzgado y sentenciado a 3 años de privación de libertad por los supuestos delitos de “ultraje a los símbolos de la patria”, y “desórdenes públicos”. De acuerdo a los informes “todos los hechos que dieron origen a esas acusaciones son acciones pacíficas de protesta en contra del aborto, la pena de muerte y en pro de la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos”. La acusación de “ultraje a los símbolos” está basada en que durante una conferencia de prensa convocada por Biscet en La Habana en octubre del año 1999, se utilizó una bandera cubana invertida como símbolo de protesta ante la situación represiva en la Isla. Esta acusación, es una violación flagrante del derecho a la libre expresión de este activista. Tanto Amnistía Internacional como otras organizaciones internacionales han intercedido por la excarcelación del Dr. Biscet. (Fuentes: Oswaldo De Céspedes, CubaNet, El Nuevo Herald).
Marzo, 2000. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la puesta en práctica en Cuba de una nueva modalidad para controlar la prensa que consiste en el arresto domiciliario “de facto” de periodistas independientes. (Fuente: EFE, México).
El Comité de Protección de Periodistas, organización basada en Nueva York publicó un informe detallado de las violaciones contra periodistas en La Habana, no solamente independientes, sino también corresponsales internacionales. Asimismo, el reporte que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en febrero 25th, expone algunos de los casos en los que periodistas extranjeros han sido agredidos en varias ocasiones por los medios de comunicación social de Cuba y por el propio Castro. Uno de estos ejemplos es el periodista Dennis Rousseau, de la Agencia France Press, quien fue atacado por Castro en varias intervenciones televisivas.
Abril, 2000. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó preocupación por el “constante hostigamiento” a que son sometidos los periodistas independientes en Cuba. (Fuente: EFE, Miami)
Junio, 2000. La organización internacional de periodistas Reporteros sin Fronteras denunció el acoso y encarcelamiento que enfrentan los periodistas independientes en Cuba. De acuerdo al informe, comenzando el año 2000, hubo tres periodistas encarcelados: Bernardo Arévalo Padrón, Manuel Antonio González Castellanos, y Jesús Joel Díaz Hernández. (Fuente: El Nuevo Herald, 18 de junio, 2000)
Julio, 2000. En este mes se denunció la constante vigilancia y hostigamiento contra el periodista independiente Luis Alberto Rivera Leyva de la agencia de prensa independiente Aplo, en Santiago de Cuba. El 13 de julio un oficial de la policía política lo interceptó y lo amenazó con la cárcel si divulgaba los actos represivos desatados por las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, grupo paramilitar del régimen que ese mismo día atacó físicamente a pacíficos manifestantes en un parque de esa ciudad. A partir del 18 de julio el periodista denunció que lo siguen a todas partes.
Septiembre, 2000. El periodista independiente Juan Carlos Garcell fue objeto de amenazas por parte de oficiales de la Seguridad del Estado en la ciudad de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín, de acuerdo a informes de la prensa independiente en Santiago de Cuba. Un oficial llamado Riquelme le dijo a Garcell: “Tú con tus noticias has puesto en evidencia internacionalmente a la prestigiosa empresa canadiense Sherrit”, mientras que Garcell le ripostó que él sólo había difundido las declaraciones de los cubanos que laboran en esa empresa mixta entre el gobierno de Cuba y capitalistas canadienses. Después de esta respuesta, Riquelme le dijo con tono amenazante que se cuidara porque cualquier cosa le podría pasar. (Fuente: El Nuevo Herald, septiembre 3, 2000).
De acuerdo a las declaraciones de la periodista independiente Tania Quintero de la agencia de prensa independiente Cuba Press, “la prensa independiente es una amenaza para el gobierno cubano.” En una entrevista con ella y con Raúl Rivero, director de Cuba Press, en septiembre 23 de 2000, éstos relataron las dificultades que tienen los periodistas independientes para realizar su trabajo informativo desde la Isla. En ese mismo mes, en un artículo publicado por el periódico oficialista “Trabajadores”, el periodista Lázaro Barredo afirmó “Con los periodistas independientes nadie se va a meter [...] mientras ellos no violen ninguna ley”. De acuerdo a Rivero esta afirmación significa que los periodistas independientes están a la merced de lo que el gobierno piense que viola una ley, sobre todo con la Ley 88 en vigencia. (Fuentes: Trabajadores, AP).
Octubre, 2000. Un oficial de la policía política retuvo la grabadora del periodista independiente Luis Alberto Rivera Leyva de la Agencia de Prensa Libre Oriental (Aplo) cuando éste se dirigía a cubrir el juicio contra dos disidentes en la ciudad de Santiago de Cuba. (Aplo, CubaNet).
El 25 de octubre en la ciudad de Matanzas, el activista Ismael Ortega Cruz fue visitado por miembros del Partido Comunista en esa ciudad. Los visitantes en tono algo prepotente y amenazante trataron de intimidar a Ismael para que retirara de la pared exterior de su domicilio los carteles que tenía expuestos, los cuales decían: “Libertad para los presos políticos” y “Respeto para los derechos humanos”. Al no poder lograr su objetivo se marcharon, pero ese mismo día en la noche irrumpieron en su domicilio cinco oficiales del Ministerio del Interior, maltratándolo física y verbalmente, destruyeron los carteles y detuvieron al activista, llevándolo a una estación policial donde permaneció toda la noche, hasta que fue excarcelado con un acta de advertencia por el supuesto delito de “desobediencia”.
Noviembre, 2000. El gobierno cubano prohíbe la participación del poeta y periodista independiente cubano Raúl Rivero en la Feria del Libro en Miami, donde se presenta un libro suyo. (EFE, Miami)
CASOS DE TORTURAS Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES
En el informe preparado por los familiares de los presos políticos organizados en el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, sobre la violación de los derechos humanos en Cuba entre septiembre de 1999 y agosto de 2000, se afirma que “las autoridades del Ministerio del Interior, desde la más alta jerarquía hasta los funcionarios del nivel más bajo, violan a diario las leyes promulgadas por el propio régimen que ellos representan y defienden”. Más adelante el informe manifiesta que “el gobierno dictatorial de nuestro país no se cansa de criticar, impúdicamente, el sistema penitenciario de otros países, especialmente el de los Estados Unidos; sin embargo, no tiene el coraje de abrir las puertas de las prisiones cubanas a las comisiones y organismos internacionales para que vean en qué condiciones infrahumanas viven y cómo son maltratados nuestros presos”.
Las golpizas, los encierros en celdas de castigo, las torturas psicológicas sobre todo contra los prisioneros políticos son prácticas comunes en las prisiones cubanas. Asimismo, se debe mencionar como forma de tortura las malas condiciones higiénicosanitarias, los alimentos en mal estado, y en muchas ocasiones la escasez de alimentos.
Enero, 2000. El prisionero político Francisco Herodes Díaz Echemendía, recluido en la prisión de Boniato envió una comunicación donde expresaba que temía que las autoridades del penal le hubiesen inoculado el virus del SIDA o alguna otra enfermedad, luego de ser obligado a que se le extrajera sangre sin que éste esté enfermo. Díaz Echemendía fue amenazado y luego agredido por oficiales de la prisión para someterlo a la extracción, quienes le practicaron una llave de estrangulación que hizo al prisionero perder el conocimiento. (Fuente: Luis Alberto Rivera, Aplo).
Marzo, 2000. El 11 de marzo, el prisionero político Carlos Luis Díaz Fernández, recluido en ese momento en la prisión Kilo 8 en Camagüey, fue amenazado en su celda con una advertencia que si seguía participando en ayunos y actividades contestatarias en la prisión sería condenado por un nuevo delito de “desorden”. Acto seguido el prisionero fue esposado y arrastrado por más de 30 metros con las esposas lo que le ocasionó graves lesiones en las muñecas. (Fuente: denuncia del prisionero recibida por el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel).
En una información dada a conocer por la familia de la prisionera política Maritza Lugo Fernández , se conoció que la activista, detenida en la sede de la Seguridad del Estado, Villa Maristas, había sido ingresada en el hospital, sin conocer por qué motivos. Maritza fue visitada el 20 de marzo por su padre y hermana y no recordaba ni siquiera qué día del mes era en ese momento, su estado psíquico era depresivo y además su semblante era muy pálido. La familia desconoce el tipo de tratamiento médico que recibió la activista, quien ha sido hasta el momento expuesta a una fuerte presión psicológica al tener a su esposo en prisión y a sus dos hijas menores solas en el hogar. (La Habana, Nueva Prensa Cubana).
Abril, 2000. El preso político Lázaro Constantín Durán recluido en la prisión Valle Grande en La Habana, es sometido a tortura psicológica según manifestó su madre la señora Noris Durán. Estos métodos han sido utilizados para que Constantín Durán abandone una huelga de hambre que realiza a favor de la libertad de los presos políticos cubanos. Las torturas consisten en celdas que se mantienen con una bombilla eléctrica todo el tiempo para que el prisionero pierda el sentido del tiempo, interrogatorios de varias horas, así como celdas muy frías o casi sin oxígeno, de acuerdo a lo que le relató el prisionero a la madre. (Noris Durán, CubaNet).
Mayo, 2000. Son confinados en celda de castigo los prisioneros políticos Alejandro Mustafá Reyes y Jorge Pelegrín Ruiz recluidos en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. La medida de aislamiento se produjo por orden expresa de la Dirección de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior conjuntamente con la Seguridad del Estado para impedir manifestaciones en la prisión. De acuerdo a la información, el caso de Mustafá es crítico pues padece de hipertensión arterial, artritis y de la próstata, y en los calabozos de castigo no se le suministra ningún medicamento. (Luis Alberto Rivera Leyva, Aplo).
Junio, 2000. El prisionero político Miguel Eumelio Sánchez Valiente recluido en la prisión Combinado del Este y de 68 años de edad, fue llevado por reclusos del penal, al hospital de esa prisión vomitando sangre y casi sin conocimiento, las autoridades solamente le pusieron un suero y lo mandaron nuevamente para su celda. Después de negarle la asistencia médica que necesitaba, éste se declaró en huelga de hambre y pasó 6 días sin que se le diera asistencia. Casi al borde de la muerte, fue nuevamente llevado al hospital donde se le dijo que le darían asistencia médica, pero no fue así, pues las autoridades utilizaban esta situación como medida de castigo por ser un prisionero político. (Carta del prisionero político del 21 de junio, CubaNet).
Por otro lado, el 30 de junio confinaron en celda de castigo al prisionero político Óscar Elías Biscet González quien se encuentra en la prisión Cuba Sí, en la provincia de Holguín por iniciar una jornada de ayuno y oración para pedir por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. (El Nuevo Herald, 4 de julio, 2000).
Julio, 2000. La señora Yolanda González García, madre del prisionero político Eddy Alfredo Mena González fue maltratada el 7 de julio cuando efectuaba la visita reglamentaria a su hijo en la Cárcel de Aguadores, Santiago de Cuba. Tanto a ella como a una amiga que la acompañaba no las dejaron entrar con el resto de los familiares, sino que las condujeron a un local donde las desnudaron y las hicieron agacharse para efectuarles un registro corporal y comprobar que no llevaban nada en el recto o en la vagina. (Fuentes: Yolanda González, Aplo, CubaNet).
Agosto, 2000. El prisionero político Cecilio Monteagudo Sánchez logró sacar fuera de la prisión Guamajal, en Villa Clara, una carta donde denuncia las condiciones inhumanas a las que someten a los prisioneros políticos en las cárceles de Cuba, haciéndolos convivir con reclusos de alta peligrosidad, o con personas con enfermedades infecciosas. (Fuente: Librado Linares García, Movimiento Cubano Reflexión).
Octubre, 2000. El 8 de octubre en la prisión Provincial de Guantánamo, el Teniente Jesús Boulit golpeó salvajemente al prisionero político Carlos Luis Díaz Fernández, por no pararse en firme al paso del funcionario. El 15 de octubre, en la prisión Boniato, en Santiago de Cuba, se reportó que el prisionero político Francisco Herodes Díaz Echemendía fue salvajemente golpeado a manos de presos comunes y por órdenes de los militares de la prisión, la acción represiva fue en represalia por las actividades realizadas por los presos políticos de Boniato en conmemoración del 10 de octubre, Día del Grito de Yara en la historia de Cuba. (Fuente: Informe del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, septiembre 1999agosto 2000).
En una nota sacada de la prisión Combinado del Este, en La Habana, se informa cómo el prisionero político Jorge Luis Larrazábal Zulueta fue arrastrado por el piso por el destacamento 1B, porque según los oficiales de la prisión, el prisionero pretendía “rebelar al destacamento 1B”; sin embargo, la nota aclara que los prisioneros políticos solamente usan métodos de resistencia cívica para enfrentar las torturas y tratos crueles en los penales. La misma nota informa que el prisionero político Rafael Perera Gómez está siendo continuamente amenazado de muerte por el Teniente Eusebio Caraballo de la mencionada prisión. Aparentemente el oficial ha reiterado en varias ocasiones que cuando ocurra cualquier situación en el país que se lo permita, él mismo matará a todos los prisioneros políticos con su arma reglamentaria. Las autoridades del penal han hecho caso omiso a las quejas de los prisioneros políticos respecto a este oficial. (CubaNet).
Noviembre, 2000. Desde la prisión Combinado del Este en La Habana se pudieron conocer las nuevas regulaciones impuestas a los prisioneros recluidos en la misma. Se restringieron las visitas familiares a 8 al año, se ratificó que no permitirán ninguna literatura de ningún género, ni la asistencia religiosa en esa prisión. Asimismo se prohibió la posesión de medicamentos, a pesar de que la prisión no posee prácticamente ninguno. (Fuente: María Elena Rodríguez, Cuba Verdad, CubaNet).
Diciembre, 2000. Los prisioneros políticos Reynaldo y Jesús Soler Galindo recluidos en la prisión Combinado del Este, en La Habana no tienen familiares que los puedan visitar, por lo que la activista de derechos humanos Celia Jorge, de avanzada edad, pidió los permisos para responsabilizarse por las visitas. Después de obtener el debido permiso, viajar una larga distancia con dos bolsas pesadas con alimentos y ropa para los prisioneros, le negaron la posibilidad de verlos. (Fuente: María de los Ángeles González, Upeci, CubaNet).
En este mismo mes se pudo conocer un informe del Presidio Político Pedro Luis Boitel en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, y en la prisión Kilo 8 en Camagüey. El informe señala que el Teniente Ramiro Tamayo Gómez ha autorizado a los carceleros a que le den golpes a los prisioneros políticos. Los prisioneros son esposados con las manos detrás y los carceleros les propinan golpizas salvajes, estos últimos se autodenominan entre ellos mismos “el escuadrón de la muerte”.
Desde la prisión Kilo 8, en Camagüey, se informó que al prisionero político Humberto Real Suárez, lo han intentado envenenar en varias ocasiones, además de negársele la asistencia médica. En el informe aparece referido que el 6 de octubre, a este prisionero por oponerse al reglamento de afeitarse con la misma cuchilla que es utilizada por varios reclusos, lo esposaron con las manos en la espalda, y fue sujetado por siete carceleros, uno de ellos lo cogió por el cuello y trató de estrangularlo al tiempo que otro le introducía por la nariz un tubo de gas lacrimógeno hasta que el prisionero se desmayó después de haber sido golpeado en el rostro por el Jefe de Orden Interior conocido por Pimentel. (Presidio Político Pedro Luis Boitel, CubaNet).
Además, en una carta recibida por el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y escrita por el prisionero político Andry Frómeta Cuenca, se conoce que este prisionero fue golpeado salvajemente el 29 de julio junto con el prisionero político Carlos Luis Díaz Hernández, cuando se encontraban recluidos en la prisión Kilo 8, en Camagüey. Luego fue trasladado a la prisión Combinado del Este, en La Habana donde le propinaron otra golpiza en presencia del prisionero político Rodolfo Barthelemy Coba, quien protestó por el hecho. La otra golpiza se la propinaron en la Cárcel Provincial de Pinar del Río, conocida como La Cenicienta. Todas las golpizas se las propinaron durante una huelga de hambre que realizó el prisionero político y que duró 36 días, en protesta por la incomunicación a que ha sido sometido, y por encontrarse a cientos de kilómetros de su lugar de residencia en la provincia de Guantánamo. (Juan Carlos González Leyva, Fcdh, CubaNet).
La discriminación racial en las prisiones políticas
Hemos querido reservar un lugar para comentar un acápite incluido en el ya citado informe del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel. Se trata de la discriminación racial en las prisiones, teniendo en cuenta que, como afirma el informe, “los medios de comunicación en Cuba atacan continuamente el problema del racismo en las cárceles estadounidenses, basándose según ellos en que la mayoría de los prisioneros son negros o latinos, y que por eso reciben un trato degradante en su dignidad humana; sin embargo, en Cuba el número de presos negros [...] se estima entre el 70 y el 80 por ciento de la población penal”.
El informe señala los casos de presos políticos que por el color de su piel reciben un mayor maltrato en las prisiones, como los son: Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, Cecilio Monteagudo Sánchez, Vladimiro Roca Antúnez, Dr. Óscar Elías Biscet, Francisco Herodes Díaz Echemendía, Abelardo Guzmán Gaínza, entre otros.
Por ejemplo, a Jorge Luis García Pérez “Antúnez” durante su largo encarcelamiento de cerca de 11 años, en numerosas prisiones lo han humillado y le han negado asistencia médica expresándole que “un negro contrarrevolucionario no merece ser atendido por un médico”. Las golpizas que este prisionero ha recibido siempre van acompañadas de la palabra negro unida a adjetivos de connotación desagradable.
De acuerdo a los informes cuando el 1 de abril del presente año el prisionero político Abelardo Guzmán Gaínza, recluido en la prisión Provincial de Holguín, recibió una golpiza salvaje, el Sargento Jaime lo injuriaba diciéndole “¡Negro de m... te vamos a matar!”.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Tomando en consideración el desenvolvimiento de los acontecimientos dentro de Cuba durante el año 2000 y principios del 2001, y a la luz de los puntos principales que componen la Resolución condenatoria del gobierno de Cuba por la violación de los derechos humanos, durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobada en Ginebra en abril de 2000, podemos concluir que:
11. El gobierno de Cuba aumentó la represión en las prisiones políticas y en las calles, ostentando un crecimiento de casi el doble de acuerdo al número de arrestos y actos represivos reportados, en comparación con 1998 y 1999.
12. El gobierno de Cuba no tomó durante el año 2000 ninguna medida encaminada a la apertura democrática y a asegurar el respeto de los derechos de sus ciudadanos, burlando así los acuerdos firmados por el propio gobierno cubano en la Sexta y la Novena Cumbres Iberoamericanas, así como los contenidos en la Declaración de Río de 1999.
13. El gobierno de Cuba en el campo de la libertad religiosa ha retrocedido incluso en cuanto a los pequeños espacios que había concedido a la Iglesia Católica después de la visita a Cuba del Papa Juan Pablo II en enero de 1998.
14. El gobierno de Cuba continúa violando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo de Cuba.
15. El gobierno de Cuba mantiene vigente leyes violatorias como la Ley de Protección de la Independencia y la Economía conocida como Ley 88.
16. El gobierno de Cuba ha realizado cientos de arrestos arbitrarios a opositores pacíficos ascendiendo a una cifra sin precedentes en los últimos 10 años de acuerdo a los informes salidos desde dentro de la Isla.
17. El gobierno de Cuba no ha dado ninguna muestra de querer iniciar un diálogo abierto e incluyente con las fuerzas opositoras internas y, por el contrario, de acuerdo a sus declaraciones, cada día se cierra más y se muestra reacio a cualquier tipo de entendimiento.
18. El gobierno de Cuba no ha tomado con beneplácito la idea de que extranjeros vayan a Cuba para abrir el flujo de ideas y experiencias y, por el contrario, ha detenido a varios extranjeros, acusándolos de conspirar contra el Estado cubano por simplemente reunirse con miembros de la oposición cívica o con periodistas independientes.
19. El gobierno de Cuba no ha permitido, como le ha sido aconsejado en numerosas ocasiones, que los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en cuanto a la libertad de expresión y a la tortura, visiten la Isla.
20. El gobierno de Cuba, al no mostrar intenciones claras de mejorar la situación de los derechos humanos en la Isla, debe ser condenado por estas violaciones ante la comunidad internacional y en beneficio moral y reconocimiento de los cientos de activistas y prisioneros políticos que ponen en peligro su seguridad personal para denunciar estos atropellos.
Es por estas razones que pedimos un Voto condenatorio de la honorable Cámara de Diputados de Chile al Gobierno de Cuba y la solidaridad con todos los opositores democráticos de esa hermana república, quienes desde su Patria están luchando por la Democracia, la Libertad y el respeto pleno a los Derechos Humanos.
Solicito, además, que se entreguen todos los antecedentes aportados a la Cancillería de nuestro país. Estos antecedentes han sido recogidos como fruto de mi visita junto a la Comisión parlamentaria que visitó la República de Cuba este año.
Es todo cuanto puedo exponer como cuenta de mi gestión como parlamentario permanentemente preocupado por la defensa de los derechos humanos, principalmente en nuestro continente.
(Fdo.): Salas, Leay, Fossa, Coloma, Chadwick, Páez.