Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- REINTEGRO DE PEAJES POR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- DEBATE
- NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA PARA PROYECTO QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN CAUSADA POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA.
- INTEGRACIÓN
- Fanny Pollarolo Villa
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Sergio Ojeda Uribe
- Osvaldo Palma Flores
- Patricio Melero Abaroa
- INTEGRACIÓN
- CREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Tercer trámite constitucional.
- VI .PROYECTO DE ACUERDO
- PETICIÓN DE “SUMA” URGENCIA PARA PROYECTO QUE CREA SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS CONDENADOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PETICIÓN DE “SUMA” URGENCIA PARA PROYECTO QUE CREA SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS CONDENADOS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Adriana Munoz D'albora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 2ª, en martes 2 de octubre de 2001
(Ordinaria, de 15.19 a 17.12 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis; Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia4
II.Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
V. Orden del Día.
Creación de juzgados de policía local. Tercer trámite constitucional7
Reintegro de peajes por vehículos de transporte terrestre. Tercer trámite constitucional8
Normativa sobre instalación de antenas de telefonía móvil. Primer trámite constitucional. (Continuación) 10
Integración de Comisión Mixta en proyecto que establece normas sobre prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana29
VI. Proyecto de acuerdo.
Petición de “suma” urgencia para proyecto que crea sistema de reinserción social de los condenados29
VIII.Documentos de la Cuenta.
1. Moción de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que establece normas especiales para la elaboración artesanal del queso de cabra (boletín N° 279711)33
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
--Acuña Cisternas, Mario
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza; de Transportes y Telecomunicaciones, señor Carlos Cruz, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 15.19 horas.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 33ª de la legislatura 334ª, ordinaria, se declara aprobada.
El acta de la sesión 34ª de la misma legislatura queda a disposición de las señoras y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.
V.ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Tercer trámite constitucional.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las comunas que indica.
Hago presente que el Senado sólo ha introducido enmiendas a los artículos 92, 101 y 102. Los demás han sido aprobados en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, por lo que no corresponde abrir debate sobre ellos.
-Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 1789-06, sesión 1ª, en 2 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 17.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, ¿sería posible iniciar el Orden del Día con el proyecto que establece el reintegro parcial de los peajes, que figura en el Nº 2 de la tabla, y facultar a la Mesa para poner en votación las anunciadas modificaciones del Senado cuando haya quórum?
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
Debo advertir a los colegas que la discusión de ese proyecto está agotada. En consecuencia, propongo proceder a la votación de las modificaciones en el momento en que haya quórum.
¿Habría acuerdo?
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Moción de orden, señor Presidente.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, debido a la importancia que tiene el proyecto para muchas comunas, solicito que la Mesa fije una hora para votar las modificaciones. Puede ser en treinta minutos más, pero lo importante es que se sepa para evitar el problema del quórum de 69 diputados.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Propongo votarlas en el momento en que exista el quórum requerido. De lo contrario, la votación quedaría pendiente para el próximo martes.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Hoy lo veo difícil. Por eso, si a las 16 horas hay quórum, se votarán. De lo contrario, quedará pendiente ese trámite.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
De conformidad con el acuerdo de la Sala, corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las comunas que indica, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de sesenta y nueve señores diputados.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobadas las modificaciones del Senado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Alessandri , ÁlvarezSalamanca , Ascencio , Ávila , Rozas (doña María) , Bustos , Caminondo , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Correa , Delmastro , Dittborn , Elgueta , Encina , Espina , García (don René Manuel) , García (don José) , GarcíaHuidobro , Girardi , González (doña Rosa) , Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales , Huenchumilla , Ibáñez , Jarpa , JocelynHolt, Leal , Leay, León , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Masferrer , Molina , Monge , Montes, Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro), Navarro , Ojeda , Olivares , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prokurica , Recondo , Reyes, Rincón , Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Silva , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
REINTEGRO DE PEAJES POR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. Tercer trámite constitucional.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que establece el reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados y establece facultades para facilitar la fiscalización sobre combustibles.
-Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 2592-15, sesión 1ª, en 2 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 18.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Caraball .
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, las modificaciones del Senado son de fondo. Por ejemplo, en el artículo 1º, inciso primero, ha suprimido la expresión “de cargo o”, y ha reemplazado las palabras “vehículos pesados, tendrán derecho al reintegro por parte del fisco de”, por las siguientes: “buses, que presten servicios”, etcétera.
En la práctica, esto significaría que la devolución parcial de los peajes pagados en las vías concesionadas por vehículos pesados se limitaría exclusivamente a los buses, al transporte de pasajeros, en circunstancias de que el proyecto fue el resultado de los acuerdos que logró el Gobierno con los dirigentes del transporte de carga. O entiendo mal la modificación cosa que es posible o, simplemente, su redacción no corresponde, en cuyo caso tendría que ir a una Comisión Mixta porque cambia el sentido del proyecto.
El texto aprobado por la Cámara de Diputados se refiere a las empresas de transporte de carga o de pasajeros que sean propietarias o arrendatarias. El Senado, al reemplazar la expresión “de carga o” por “buses, que presten servicios de transporte público rural, interurbano”, etcétera, deja fuera al transporte de carga.
Por lo tanto, pediría que se votara en contra esta modificación del Senado, con el fin de que en una Comisión Mixta se aclarara definitivamente el punto, porque el acuerdo se adoptó con los transportistas de carga y no solamente con los de pasajeros.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, tal vez el ministro del ramo podría clarificar el sentido de la modificación que señaló la diputada señora Caraball , de manera de proceder en consecuencia.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor CRUZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, el proyecto tiene una larga historia. Partió con una solicitud del gremio que agrupa al transporte interurbano de carga y pasajeros, en cuanto al reconocimiento de los pagos de impuestos que se realiza para el financiamiento de la vialidad interurbana.
Con el tiempo, se reconoció que en la medida en que haya que pagar un impuesto por el uso de las vías concesionadas, los impuestos específicos para la reparación de vías son supernumerarios. En consecuencia, los gremios del transporte solicitaron que, por lo menos, les sea reintegrado un porcentaje del impuesto que se recauda para el financiamiento de las vías troncales.
La forma de reintegro puede ser la devolución a través de dos vías: una, de un porcentaje del impuesto específico, y otra, de un porcentaje de los pagos de peaje que se generan por el uso de las vías concesionadas.
El año pasado, como consecuencia del paro del transporte, se optó por seguir adelante con el proyecto original que reconocía que el transporte de pasajeros pagaba un impuesto supernumerario a través del impuesto específico y del peaje por el uso de las vías. En consecuencia, se sacó al transporte de carga.
Cuando se reanudaron las conversaciones sobre la devolución de los recursos recaudados por el Estado o pagados a las concesionarias, el gremio de transporte de carga optó por plantear la devolución del impuesto específico. Esta es la razón por la cual se incorporó como indicación al proyecto que aprueba la devolución del peaje la devolución del impuesto específico al petróleo.
Así, se produjo la dualidad de criterio en la aplicación de la devolución. Desde el punto de vista del presupuesto público, es neutra. Desde el punto de vista de los beneficios que reporta a los operadores del transporte de carga aparece más atractivo el procedimiento que se plantea, pero para el gremio del transporte de pasajeros lo es la devolución del peaje.
Desde el punto de vista del Estado, la devolución es neutra, con la diferencia de que en las modificaciones se reconocen las preferencias por las cuales optaron los gremios, materia que se discutió en el Senado.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Senado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Alessandri , Alvarado , ÁlvarezSalamanca , Álvarez , Arratia , Ascencio , Ávila , Bertolino , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Elgueta , García (don René Manuel) , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hales , Jiménez , Leay, León , Lorenzini , Mesías , Moreira , Muñoz (don Pedro) , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Paya , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Rincón , Riveros , Rocha , Saa (doña María Antonieta), Sánchez , Seguel , Soto ( doña Laura) , Ulloa , Urrutia , Vargas , Venegas , Vilches y Villouta .
Se abstuvieron los diputados señores:
Monge y Rojas.
NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley que regula la instalación de antenas de telefonía móvil.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, si es posible, pido que se me avise el término del primer discurso y el comienzo del segundo.
En primer lugar, sostengo que la materia en discusión no es de telecomunicaciones, sino de urbanismo. El problema central con las antenas de telefonía celular radica en que su ubicación no se hace con la acuciosidad del caso para proteger el buen orden de la ciudad.
En realidad, tal como se lo he planteado al ministro y a los diputados autores de la moción, nosotros deberíamos defender la ciudad y a las personas que habitan los territorios urbanos, según el espíritu de la ley de Urbanismo y Construcciones.
La Ordenanza General de Construcciones no la ley misma, sino su reglamento, en su artículo 263, que conocemos de memoria quienes ejercemos la arquitectura, especifica los distanciamientos.
En las calles Lircay , El Roble, Recoleta al llegar a Américo Vespucio , Los Ángeles e Independencia, para proteger a los vecinos hemos impedido que se coloquen antenas porque el mencionado artículo 263 dispone que la llamada “rasante y distanciamiento” unos conos que giran en torno de los ejes de los límites de los predios que permiten imaginar un plano inclinado indica cuál es la altura máxima a la que puede llegar un cuerpo que se levante al lado del vecino.
Esta norma es diferente para las distintas regiones del país.
No nos oponemos a la telefonía celular, pero no puede ser que un vecino sea sancionado por la Dirección de Obras Municipales cuando levanta 20 centímetros su pandereta y no una empresa que levanta 70 metros de estructura metálica para instalar una antena.
A un vecino se le prohíbe que levante la pandereta 20 centímetros, pero a una empresa de celulares, en cambio, se lo autoriza por parte de la Dirección de Obras a fin de que levante un adefesio de 70 metros. El Parlamento no tiene un nivel cultural que permita preocuparnos de la poesía y la belleza, que, para algunos, son temas baladíes, pero debemos procurar que se cumpla la ordenanza y la ley de Urbanismo y Construcciones.
Por lo tanto, valoro la inspiración de los autores de la moción. Sin embargo, invito a mis colegas a reflexionar sobre la posibilidad de incorporar esta materia en un proyecto que dé origen a la nueva ley de Urbanismo y Construcciones o, en subsidio, en la modificación de la normativa actual.
Por último, hago presente que reservo mi segundo discurso para la discusión de las definiciones por comunas.
Muchas gracias.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez .
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, en la discusión del segundo informe del proyecto de ley que regula la instalación de antenas de telefonía móvil quiero hacer algunos alcances.
Se han presentado dos proyectos en forma simultánea: uno, del que soy autora con los diputados señores Víctor Pérez y Gonzalo Ibáñez , y otro, el que se debate hoy en primer trámite constitucional y en segundo informe en la Comisión de Obras Públicas.
En realidad, los dos proyectos son bastante parecidos, porque los intereses que se pretende defender son similares. Por una parte, se considera la necesidad de instalar antenas de telefonía móvil y, por otra, se resguardan los derechos de las personas frente a ellas.
A mi juicio, es estrictamente necesario proteger los derechos de las personas ante la instalación de antenas. Por un lado, está el derecho de propiedad y, por otro, el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, sin perjuicio del derecho a la salud consagrado en la Constitución Política.
Por esa razón, algunos diputados hemos presentado varios recursos de protección, con bastante éxito en mi caso. En La Florida se logró paralizar la instalación de antenas o dejarlas sin funcionar.
Pero, más allá de las cosas individuales, es muy necesario contar con una legislación eficiente y efectiva que regule los derechos de las empresas a colocar antenas, porque son indispensables para el desarrollo de la telefonía móvil, y que resguarde los derechos de las personas.
Hay algo irregular en la instalación de antenas por parte de empresas privadas: una especie de operación comando, generalmente de madrugada en sectores residenciales. En pocas horas, colocan una antena de 30 metros, con todo el riesgo que conlleva para la salud es un punto discutible, al que me voy a referir con posterioridad y para la seguridad, porque se sabe de competencias de jóvenes y niños que han intentado escalarlas. Repito, por lo general se trata de una operación estilo comando. Llegan y las instalan. Los vecinos son sorprendidos con antenas sin estética, como decía el diputado señor Hales , que no hacen ningún aporte a las diversas comunas.
El problema no sólo afecta a la Región Metropolitana o a las ciudades cabeceras regionales, sino que a todo el país.
Por desgracia, en la Séptima Región, según lo que he sabido por el diputado señor ÁlvarezSalamanca , algunas direcciones de obras han autorizado la instalación de antenas sin considerar el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la propiedad ni el derecho a la salud.
Las propiedades cercanas al lugar donde se instalan las antenas pierden toda su plusvalía y valor comercial. Un propietario que desea venderla o arrendarla, se encuentra con que su valor ha bajado prácticamente a cero.
Con respecto a la salud, el asunto es muy discutible. Atelmo, la asociación que agrupa a las empresas de instalación de telefonía móvil, sostiene que no hay ningún estudio que acredite que la emisión de ondas electromagnéticas provenientes de estas antenas ocasione daño permanente en la salud.
He leído estudios internacionales, sobre todo europeos, que acreditan que realmente existen daños en personas mayores y, sobre todo, en niños que viven expuestos por largo tiempo a la emisión de ondas electromagnéticas. Un caso bastante particular es el de aquella persona que tenía instalado un marcapasos y que falleció hace dos años en la comuna de Peñalolén.
Por tanto, repito, el tema es muy discutible. Quienes insisten en que la emisión de ondas electromagnéticas no produce ningún daño a la salud sostienen, como argumentación, que eso no se ha podido demostrar; pero quienes sostenemos lo contrario, decimos que mientras no nos demuestren que no lo produce podemos seguir afirmando lo contrario. De hecho, en junio pasado, en Barcelona, España , un tribunal, después de ponderar diversos estudios, concluyó que las antenas de telefonía móvil ocasionaban daño a la salud. Por tanto, este tema no sólo se debate aquí: en otros países del mundo ha ocasionado mucha controversia.
Entonces, la cuestión es cómo llegar a un punto de encuentro.
Hoy vemos que, incluso, en un campanario de Providencia se ha instalado una antena de telefonía móvil; también en muchos colegios y en lugares cercanos a consultorios de salud; es decir, en lugares de mucha concurrencia. Entendemos que problemas económicos hayan traído como consecuencia que directores de colegios arrienden espacios dentro de sus escuelas como una de Quinta Normal para la instalación de este tipo de antenas. El punto es que deben existir requisitos y reglas claras para todas las empresas, de manera que la instalación de antenas no sea discrecional, no dependa sólo de la oferta de arriendo del espacio ni de la falta de fiscalización de los municipios.
Por esas razones es tan importante contar con una legislación que, por una parte, cautele los derechos de las personas y, por otra, dé posibilidades de desarrollo tecnológico a un rubro que cada día se hace más necesario. Insistimos en que es importante cautelar los derechos de la ciudadanía y no permitir que se altere la armonía del medio ambiente.
Uno advierte una especie de discriminación social en algunas comunas, porque en muy pocos lugares del sector oriente de la Región Metropolitana se ven antenas visibles; sin embargo, en sectores populares se han instalado muchas. Entonces, no es porque allí haya mayor necesidad de ellas, sino porque la menor o mayor plusvalía de un sector permite que en algunos lugares se instalen más antenas que en otros.
Por eso, pensamos que el proyecto debe ser acotado o modificado, probablemente por la vía de las indicaciones, porque es muy necesario que haya regulación de una vez por todas y no tengamos que recurrir ante los tribunales para conseguir algo.
Escuché atentamente al diputado Hales cuando intervino, incluso lo mencioné en mi intervención, y lamento que esté conversando de otro tema. Debo señalarle que el proyecto que nos convoca nos compete a todos, y de hecho lo hemos conversado muchas veces. Disculpo su actitud, pero le pido que preste atención al desarrollo de la sesión, porque de otro modo me desconcentra. Uno trata de hacer una intervención seria, pero no puede llevarla a cabo cuando todos están conversando.
Deseo agregar que el tema nos parece muy importante en la bancada de Renovación Nacional lo hemos discutido mucho porque involucra a las 342 comunas del país. No es privativo de algunos sectores; incluso, más allá de ser urbanos o rurales, es absolutamente masivo. Nos preocupa que en algunos lugares hayan proliferado de manera increíble las antenas, emplazadas sin ningún orden, como también nos llama la atención que ciertas municipalidades se la jueguen por impedir que se instalen y no les dan los permisos de obra, pero en otras no sólo se los otorgan, sino que en algunos municipios algunas empresas exhiben los permisos correspondientes.
Por ello, nos parece importante que exista una regulación rápida.
El año pasado, junto con los diputados señores Víctor Pérez y Gonzalo Ibáñez , tuvimos una reunión con el subsecretario de Telecomunicaciones señor Christian Nicolai , quien nos dio varias respuestas más bien de índole técnica, pero, transcurrido más de un año, no hemos visto mayor precisión del Ejecutivo sobre esta materia, que nos parece relevante. Una cosa son las mociones parlamentarias y otra distinta es la posición del Ejecutivo.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, quiero despejar una duda, porque permanentemente uno escucha comentarios de la gente, hechos sin mala intención, en el sentido de que el Gobierno, el ministerio del ramo o la subsecretaría jamás se han preocupado del tema. En verdad, este tema fue abordado incluso antes que existiera un proyecto de ley por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. El 5 de mayo de 2000, esa Subsecretaría, mediante resolución Nº 505, fijó la norma técnica que establece los requisitos de seguridad aplicables a la instalación de antenas de telecomunicaciones que emitan ondas electromagnéticas, con el fin de velar por que todos los servicios de telecomunicaciones y sistemas radiantes, cualquiera sea su naturaleza, sean instalados, operados y explotados de modo que no causen daños a las personas o a las cosas.
Dicha resolución exige que las antenas correspondientes al servicio público de telefonía móvil se instalen de manera tal que la densidad de potencia, medida en los puntos en los cuales tengan libre acceso las personas en general, sea inferior a 435 microvatios por centímetro cuadrado. Esta norma técnica dicho sea de paso es bastante más exigente que la de otros países, como Estados Unidos.
He querido hacer esa salvedad porque es bueno reconocer cuando hay una autoridad que en el ámbito de su competencia no en el de otras correspondientes a otros organismos actúa en concordancia y realiza lo que debe. Esta norma no existe sólo para que figure en el papel, sino para que sea fiscalizada y cumplida a fin de resguardar a la población de posibles peligros, acreditados o no, que pueden generar las ondas electromagnéticas.
También es evidente y un hecho de la causa que a todos los parlamentarios, alcaldes y concejales se nos plantea, en forma permanente, el surgimiento extraño, insólito, o a lo menos con poco aviso, de antenas que se instalan en nuestras localidades de la noche a la mañana como señalaron el diputado Prokurica y otros al parecer sin mayores permisos o autorizaciones. En mi caso, he conocido situaciones bastante conflictivas, como las de las comunas de Requínoa y de Doñihue, y creo que todos los parlamentarios pueden señalar otros lugares donde también ha ocurrido lo mismo.
También es bueno señalar, con toda claridad, que eso no sería posible si no hubiera habido un particular o una organización, de cualquier tipo, que posibilitara lo anterior por mera liberalidad o porque, a cambio de ello, se obtiene una retribución económica. Digo esto porque, de repente, la sociedad civil pretende que el Congreso resuelva los problemas que ella misma genera, como consecuencia de sus relaciones. La antena instalada a pocos metros de un colegio de la comuna de Requínoa no sería realidad si no hubiera habido un particular dispuesto a que se levantara en su terreno.
Entonces, es bueno también hacer hincapié en estas circunstancias, porque son una realidad que debemos constatar y plantear.
Me he dado el tiempo para intervenir en esta materia, porque sería fácil estar en contra de la instalación de todas las antenas y aprobar proyectos que nos sirvan en términos de imagen, pero que no solucionan el problema.
Esta materia tiene muchas aristas, porque no se trata de una industria cualquiera, sino de una en permanente crecimiento, incluso en épocas de crisis, que genera bastantes empleos en el país y cuya normativa y regulación tampoco pueden ser tan sencillas. Con esto quiero recoger lo señalado por nuestro colega Hales: hasta qué punto debe ser tratada en un proyecto especial y mucho más genérico, que no sólo aborde la onda electromagnética de determinadas antenas, sino la de muchas otras, y que considere más bien temas de orden urbanístico que de telecomunicaciones, ya que la resolución Nº 505, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, salvaguarda bastante el problema.
No se puede permitir la instalación indiscriminada de antenas, a veces con aberraciones para una población, considerada en forma colectiva, en su totalidad, lo cual, en suma, genera consenso en el rechazo de esa práctica, pero tampoco se puede caer en cualquier tipo de legislación. Me gustaría que el señor ministro, presente en la Sala, dijera si está de acuerdo con esa proposición.
El artículo 116 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda, ley general de Urbanismo y Construcción, no tiene modificaciones y establece que la ordenanza deberá ser aprobada por los dos tercios del concejo municipal.
¿Cómo es posible que sistemas radiales y técnicamente bastante complejos de explicar en esta Sala tengan autorizaciones distintas en las más de trescientas comunas que existen en Chile? Digo esto porque, de repente, la Cámara revisora rechaza una iniciativa por cuanto no entiende que se apruebe algo que carece de lógica. Yo no estoy dispuesto a respaldar algo que no tiene lógica. En Chile, más de trescientas comunas pueden fijar criterios distintos porque sus concejos municipales, con antecedentes y problemas diferentes, votaron sistemas radiales diversos, cuando deben estar interrelacionados unos con otros, ya que el teléfono es para comunicarse con todas las comunas y no sólo con algunas.
Quiero hacer una salvedad sobre este punto. Entre los parlamentarios existe preocupación por el surgimiento indiscriminado de antenas, que pueden causar daño a la salud de toda una comunidad o localidad, incluidos obviamente los establecimientos educacionales. Por eso, el proyecto hace distinción en los plazos respecto de los establecimientos educacionales.
Sin embargo, no estoy dispuesto a respaldar las atribuciones de más de trescientos concejos para que, en función de lo que algunos concejales creen conveniente para sus comunas lo que no se correlacionará necesariamente con lo que es beneficioso para las restantes, originemos una disparidad técnica tal que, en definitiva, el sistema de telecomunicaciones móvil termine cayéndose. No queremos infligir afrentas a localidades por la instalación indiscriminada de antenas ni otorgar atribuciones que causen un posible colapso del sistema. No estoy dispuesto a aprobar una disposición en ese sentido.
Es legítimo plantear en la Sala lo señalado por el colega Hales , en el sentido de si no sería mejor aun cuando entiendo la voluntad del legislador y el fin noble de los parlamentarios que han promovido el proyecto, que todos reconocemos, estudiar la conveniencia de insertar una norma sobre el tema en la ley general de Urbanismo y Construcciones.
En consecuencia, salvo el artículo 116, respecto del cual pediré votación separada porque me opondré, el resto de las disposiciones las votaré favorablemente.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señor Presidente, aun cuando el proyecto ha sido ampliamente discutido en otras oportunidades, hay una indicación del Ejecutivo referida a la salud y que requiere la unanimidad de la Sala por la cual propone incluir un artículo 4º, a fin de que Conicyt lleve a cabo un programa de investigación primaria o secundaria sobre el impacto que provoca en la salud de las personas todo tipo de ondas de telefonía.
Lo fundamental es que el programa recoja el debate habido a nivel mundial sobre todo tipo de investigaciones, con el objeto de que esa comisión entregue informes anuales para tomar decisiones sobre toda clase de ondas de telefonía, ya sea celular o de transmisión fija inalámbrica.
Es muy importante aprobar por unanimidad la indicación del Ejecutivo. Además, sería bueno saber en qué situación se encuentra el acuerdo al que llegó el Gobierno con los dueños de las empresas. El presidente de la Asociación de Telefónicas Móviles, don Guillermo Pickering y los dueños de las cuatro empresas, manifestaron estar dispuestos a entregar dos mil unidades de fomento anuales para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. A pesar de que ese ofrecimiento no puede constituir un imperativo legal, es importante que exista un acuerdo entre el Gobierno y esas empresas.
Eso es relevante, porque debemos informar en nuestros distritos si las antenas provocan daño, a pesar de que hemos previsto ciertos efectos sobre la salud de los niños en los colegios. Sin embargo, para estar al día en la reflexión y en el debate, es fundamental seguir la investigación, a fin de tomar después las medidas pertinentes. Quiero insistir en este punto y pedir al Gobierno un pronunciamiento al respecto.
En relación con las observaciones planteadas por el diputado señor Rincón , le pediría que leyera bien el artículo al cual se ha referido, ya que en la actualidad los municipios están facultados para autorizar la instalación de antenas la municipalidad de La Cisterna ha sido la más dura porque ha prohibido la existencia de ellas en su territorio; pero el proyecto sólo regula en el marco de la ordenanza municipal. Por eso los municipios deben definir las zonas donde se pueden instalar antenas, y hacer un análisis, porque las comunas son muy distintas unas de otras. Hay que estudiar la realidad de cada una de ellas y ver en qué lugares se pueden instalar, por supuesto dentro del marco de la normativa legal.
Por lo tanto, las observaciones del diputado Rincón respecto de este artículo no son pertinentes, porque, aun cuando los municipios tienen facultad para otorgar la autorización, debe determinarse dónde se pueden instalar las antenas.
En relación con las observaciones del diputado señor Hales , comparto lo dicho por otros parlamentarios en cuanto a que esta actividad ha crecido muy rápido, por cuanto sólo este año se han instalado 400 antenas adicionales. Además, se está licitando toda la telefonía fija inalámbrica, sobre la cual no se sabe qué normas deben seguirse, aun cuando provocan el mismo tipo de ondas y de emisión. Entonces, no podemos continuar postergando una decisión al respecto. Nuestra responsabilidad es establecer normas básicas reguladoras tanto sobre el impacto urbano como en la salud. Si en el camino encontramos más antecedentes y conocemos experiencias mejores de otros lados, es posible perfeccionarlas, pero ahora algo debemos hacer porque la decisión no se puede seguir postergando.
La tramitación del proyecto en la Cámara demoró más de lo normal porque hubo que recoger distintos puntos de vista, pero sería lamentable que ocurriera lo mismo en el Senado.
A través de esta iniciativa se le entrega mayor responsabilidad a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, sobre todo por el impacto de las antenas en la salud. Con los antecedentes que ha tenido en vista, estableció la norma de 435 microvatios por centímetro cuadrado. Aquí se dice que es muy alta, pero en otras partes se señala que no es así. La Unión Europea considera que esas condiciones provocan mucho daño.
Por eso, es preciso continuar los estudios a fin de actualizar la normativa, lo cual es materia de decreto. Se le dice al municipio que debe contar con una ordenanza para regular el impacto urbano, disminuirlo, mitigarlo, etcétera; al Conicyt se le solicita realizar las investigaciones y poner los resultados a disposición del Ministerio y de las empresas, con el objeto de no provocar daños.
A pesar de que con esto no estamos dando un paso definitivo, porque debe acumularse más información, no se puede aceptar que el peso de la prueba recaiga en el afectado y no en las empresas. Sobre la base de ese principio, hemos hablado con la coordinadora de las empresas para que realicen un aporte anual a fin de hacer los estudios correspondientes, ya que ellos deben demostrarnos, a través de la investigación, que las antenas no producen daño.
Por último, insisto en que aquí no sólo estamos discutiendo el tema de las antenas que ya están instaladas. Las ciudades se llenarán de antenas de telefonía fija inalámbrica, lo que en este momento se está licitando, y si no legislamos al respecto seguirá existiendo el vacío legal y ellas podrán instalarse en cualquier parte.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, cuando uno escucha hablar a los colegas queda con la impresión de que se trata de un problema que afecta sólo a las ciudades, pero, en verdad, no es así. Esta normativa es para todo el país, ya que el problema se presenta tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Por ejemplo, en muchos lugares turísticos o lacustres, cercanos a los lagos, ubicados en la parte baja de una zona, puede no verse ninguna antena, pero ello es porque las instalan en los cerros. En consecuencia, quienes estamos protegiendo la ecología, la estética y el paisaje también estamos preocupados de que estas antenas tengan la mejor ubicación posible.
Ahora, respecto de que se pretende hacer de esta iniciativa un proyecto odioso, en realidad hay que tener mucho cuidado, porque aquí no se trata de instalar antenas o de hablar de temas a fin de que la gente se pueda o no defender. Quiero advertir a los colegas que la comuna que tiene más antenas en Santiago es la de Providencia, a pesar de que no se ve ninguna, porque están bien colocadas y camufladas en los edificios; en definitiva, están instaladas en lugares donde no se pueden ver y no molestan a nadie. Por lo demás, prestan un servicio espectacular, porque están ubicadas en altura, aprovechando el tamaño de los edificios. Por lo tanto, no confundamos el fondo del problema.
Por otra parte, dentro de las ciudades existen dos áreas. Una en la cual se permite la instalación de antenas, porque es la menos poblada; la otra es residencial, donde con el tiempo también se podrán colocar, pero con el debido permiso municipal. En consecuencia, cuando aquí se habla de que cada comuna tendrá sus criterios para fijar cómo se instalarán las antenas, eso no es así, por cuanto se establece plenamente cómo deben ser presentados a la municipalidad los planos, con el objeto de que dicha antena sea segura y quede instalada en el lugar correcto para que nadie tenga problemas. Es decir, las normativas estarán dadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y desde ese prisma las empresas deberán hacer sus proyectos para instalar sus antenas. Por lo tanto, no habrá 364 proyectos diferentes para colocar las antenas.
Ahora bien, en relación con lo que señaló el diputado Montes, en el sentido de que con este proyecto habrá más antenas, considero que también podrán disminuir, porque existe la posibilidad de ocupar una multiantena. ¿Por qué una antena debe ser sólo para una empresa? Por ejemplo, ¿por qué Entel, CTC, Smartcom o Bellsouth no se ponen de acuerdo para que todas ocupen una sola antena? Sería lo ideal y creo que técnicamente se puede hacer. Lo que no es posible efectuar dice relación a las distancias, que van limitando el sistema. Algunos dicen que no es factible, pero pienso que todo es posible de realizar. En Santiago, la torre de Entel tiene más de quinientas antenas que favorecen a todos. Estimo que el único problema que debemos resolver es que los alcaldes y las municipalidades tengan facultades para solucionar este problema, porque hasta el momento no existe una normativa que impida la instalación de antenas.
Dentro de los colegios, las principales defensoras de las antenas son algunas instituciones subvencionadas por algo muy sencillo: permiten la instalación a cambio de almuerzos, onces o algún pago de arriendo del local, sin tomar en cuenta que aún no se ha comprobado el daño que la antena puede producir a un niño.
También se establece en el proyecto de ley que no podrá haber antenas a menos de ciento cincuenta metros de escuelas y hospitales. Esa, en realidad, es la normativa que queremos aprobar. Si bien es cierto no hay estudios que digan que la salud se podría ver perjudicada, mientras estemos en la duda es preferible que tengamos una normativa para que este sistema no funcione como hasta ahora. Por lo tanto, lo único que se pretende con esta iniciativa es normar los lugares donde se instalarán las antenas, a fin de hacer las ciudades un poco más acogedoras, por supuesto respetando las normas de urbanismo. También hay mucha gente que dice que esto irá en contra del empleo o de las empresas. Quiero dejar absolutamente en claro que no hay nada más mentiroso que esto, pues deseamos colaborar con estas empresas, porque estimamos que constituyen grandes fuentes de trabajo, con importantes proyecciones para el país. Justamente, la mayor modernización que hemos tenido se debe a que estas empresas han dado trabajo y progreso a nuestra patria. Normar esta situación no es actuar en desmedro de esas empresas, sino que en favor de ellas.
Por lo tanto, vamos a votar favorablemente este proyecto, por cuanto creemos que ordenará la ciudad en lo que se refiere a la correcta instalación de antenas, como debieron haber quedado y no que cada uno las ubique donde quiera.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball .
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, hago un llamado a los colegas para que escuchen las argumentaciones que se están dando, porque estamos legislando sobre una cuestión bastante compleja.
La única y primera legislación que rige esta materia es la ley general de Telecomunicaciones, que entrega a la Subsecretaría de Telecomunicaciones la facultad única de otorgar la concesión a los servicios de telefonía móvil, radiodifusión y permitir todo tipo de instalaciones para dar cumplimiento a tales concesiones.
Estas concesiones se fueron entregando en función de esta ley y las empresas fueron cumpliendo con su contrato instalando las antenas necesarias para cubrir sus campos específicos. Hasta el momento no existe ninguna norma o legislación que obligue a esas empresas a someterse a algún tipo de ordenamiento, desde el punto de vista urbanístico o de localización de las antenas respecto del entorno que las rodea. Por eso, encontramos antenas dentro de colegios, hospitales y poblaciones, y en cualquier momento, al amanecer un día, podemos encontrarnos con antenas instaladas en el terreno del lado de nuestra casa. Para esto no se requiere otra cosa que la autorización del propietario de ese terreno y, después, someterse a una exigencia mínima de la ley general de Urbanismo y Construcciones, en cuanto a que no se vaya a caer, o la torre no se derrumbe encima de una construcción. Sin embargo, el daño que provoca al vecino y al entorno en general, hasta ahora no lo cautela nadie.
El objeto de esta iniciativa no es regular hasta en el último detalle los problemas que implica la telefonía móvil, las telecomunicaciones o la telefonía celular, pues sólo pretende establecer el mínimo de salvaguardia para que los municipios, los encargados de llevar adelante una política de protección a la población que vive dentro de los ámbitos de su comuna, puedan tener injerencia en determinar dónde se ubicarán las antenas, respetando naturalmente todo lo relativo a los problemas técnicos derivados de esas antenas. Recientemente se preguntó: ¿por qué no pueden usar una sola antena todas las compañías para así aminorar el impacto visual o urbanístico? De acuerdo con la información que nos proporcionaron los gerentes de las distintas empresas, como esto se mide por punto de saturación, el lugar donde quede la antena debe tener un máximo de emisión, por lo cual no es posible ceder ese porcentaje de emisiones a otra compañía, porque iría en contra de sus propios intereses.
Estos son algunos de los problemas que debemos armonizar para un desarrollo no sólo agradable para la gente, sino también seguro y responsable respecto de las inversiones que el sector privado y en particular la gente más modesta hace para habitar en sus propias poblaciones.
También quiero referirme a un tema que señaló el diputado señor Patricio Hales , en el sentido de que esto debiera ser motivo de una modificación del decreto con fuerza de ley Nº 458, ley general de Urbanismo y Construcciones. Eso es así. Se prefirió que la modificación se hiciera por intermedio de la ley de Telecomunicaciones, la cual establece que las concesiones las otorga la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Para manejar lo anterior de manera orgánica se requeriría introducir modificaciones a dicha ley.
Por otro lado, como es lógico, se dispone que la ordenanza municipal será establecida de acuerdo con la realidad geográfica y física del entorno de la propia comuna. Por lo tanto, el que haya trescientas cuarenta y dos ordenanzas distintas, que responden a la realidad de cada una de las comunas, no dice relación con la altura ni con las características de las antenas, sino con las zonas o lugares específicos en que éstas se pueden ubicar.
Queda pendiente una materia de eterna discusión, referida al ámbito de la salud. Aunque hasta ahora no haya sido probado que las emisiones de las antenas de telefonía móvil sean nocivas, no quiere decir que no lo sean. Tampoco se había probado eso respecto del tabaco, pero hemos visto los efectos devastadores que tiene para sus adictos.
No estamos por impedir que siga adelante el desarrollo de la telefonía móvil, sino que se haga con el máximo de garantías para la seguridad de las personas y la protección del entorno en que ellas viven. En ese sentido, los espacios urbanos y rurales se vuelven cada vez más agresivos para las personas y su estabilidad emocional. Por esa razón, como decía el diputado señor Hales , pareciera casi un adorno y un lujo pensar en un equilibrio para las personas que viven en las ciudades.
Por último, el Ejecutivo se comprometió con la Comisión a formular una indicación, con el objeto de incorporar un artículo nuevo que establezca que la Comisión Nacional Científica y Tecnológica deberá desarrollar un programa de investigación del impacto que genera en las personas la emisión y recepción de señales de telecomunicaciones, con recursos que podrán provenir especialmente de aportes que efectúan las empresas concesionarias de telefonía móvil y otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Se dispone que estos recursos, con destinación específica, se asignarán íntegramente a dicho programa, de conformidad con las normas que rigen a la Comisión Nacional Científica y Tecnológica.
El 24 de septiembre pasado ingresó a la Cámara la indicación señalada, la que será tratada en la próxima sesión de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones o en el Senado, porque quiero pedir a los señores diputados que aprobemos el proyecto en esta sesión.
No cabe duda de que lo podemos seguir perfeccionando, pero mientras tanto las ciudades y el país se llenarán de antenas que después es probable que no podamos mover, toda vez que el efecto retroactivo de la ley será otra de las grandes discusiones que tendremos, a fin de determinar hasta qué punto la normativa que aprobemos se aplicará sobre lo ya actuado.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, tal como se ha señalado, existe gran expectativa en la ciudadanía por el proyecto, porque es parte de los compromisos que muchos parlamentarios han asumido, junto a los alcaldes, cada vez que se ha suscitado una crisis por la instalación en veinticuatro horas de una de estas antenas. Por lo tanto, lo importante es despachar el proyecto, aunque en el Senado pueda tener un futuro incierto.
La retroactividad de las normas del proyecto, abordada en el artículo transitorio, será el tema fundamental del debate. ¿Qué ocurrirá con las antenas ya instaladas? Se debe determinar si tendrán o no que ser retiradas o reubicadas y en qué período de tiempo.
Es sabido que la mayoría de las empresas de telecomunicaciones han apresurado la instalación de antenas. En muchos lugares donde había una o dos, hoy existen hasta cinco. De hecho, durante el tiempo que la Cámara ha tomado en discutir el proyecto, las empresas han aprovechado para instalar antenas, sin perjuicio de que después habrá una dura batalla para mantenerlas. Por lo tanto, la tramitación de la iniciativa requiere la urgencia con que el Congreso se comprometió a despacharla a principios de año.
Además, como lo señaló la diputada señora Caraball , en el ámbito de las ordenanzas municipales hay una dispersión que podría ser perjudicial. Hemos tenido innumerables casos, acaecidos principalmente en la Región Metropolitana, en los que la frontera entre una comuna y otra es una calle, como en el caso de la empresa Marchiesen Molipack , que se encuentra entre las comunas de San Bernardo y Lo Espejo. Por eso, si las ordenanzas son diferentes una permisiva y otra restrictiva la antena estará cruzando la calle, pero el área de influencia en la zona de fronteras, que se da en todas las regiones, sin duda dará lugar a situaciones muy complejas, porque se buscará una ordenanza municipal más flexible y en comunas con menores ingresos. Claramente el criterio ha sido instalar antenas en zonas donde los propietarios, ante una buena oferta, venden sus terrenos en perjuicio de sus vecinos. Por lo tanto, espero que el Senado establezca mayor precisión respecto de las ordenanzas municipales.
En segundo lugar, el artículo 116 bis B, nuevo, que se agrega a la ley general de Urbanismo y Construcciones establece que será el concejo el que, por dos tercios, determine la ordenanza y la exclusividad o excepción para instalar antenas en sectores residenciales. Tal como lo planteé oportunamente, lamento que en este tema se deje fuera a los vecinos. A través de los senadores de mi partido espero incorporar una indicación, que ha sido rechazada por la Sala. En ella propongo que la decisión se adopte por los dos tercios del concejo y por el consejo económico y social comunal, a fin de que la medida adoptada no tenga sólo un carácter exclusivamente político, sino que se haga con conocimiento de la ciudadanía. Sin participación ciudadana tendremos nuevamente conflictos, porque la decisión se perderá en la nebulosa del concejo aquejado por constantes peleas políticas.
Espero que los senadores de la bancada socialista apoyen la indicación en el debate del Senado. La otra posibilidad es que el proyecto vuelva a Comisión, porque también tenemos una indicación del Ejecutivo que señala que habrá estudio sobre el gran tema de fondo, que se realizará con financiamiento de entidades públicas, privadas, nacionales o extranjeras: los daños a la salud.
Me interesa que los fondos que financien esta investigación no sean como los que se pagaron en Estados Unidos para analizar los efectos del tabaco en la salud, manejados para buscar resultados extraordinariamente favorables a las tabacaleras. Debe haber garantía en la materia, porque si la plata la pone el que quiere instalar las antenas, surge de inmediato la duda en la ciudadanía y, al menos, en el parlamentario que habla.
En tercer lugar, en el último inciso del artículo 116 bis, nuevo, se establece una excepción para edificios de cuatro pisos; es decir, en todo lo anterior decide el municipio: una antena por kilómetro cuadrado. Se señala que debe haber una ordenanza, pero después vienen las excepciones y se especifica que no se aplicará a las torres que se instalen en azoteas de edificios de cuatro pisos, y que todos los gastos comunes de edificios con esas antenas los pagará la concesionaria de telefonía móvil. Por lo tanto, muchos propietarios, más allá del riesgo, están interesados en que esas antenas sigan existiendo. En verdad, esos edificios están rodeados de casas y, por consiguiente, es injusto y arbitrario que se pueda excepcionar a los edificios de más de cuatro pisos, porque el impacto de la antena en su perímetro de irradiación afectará a otra comunidad. No me parece adecuado que, para burlar la normativa, se instalen antenas en edificios que quedan exceptuados.
Los diputados de la Comisión podrían informarnos por qué se incorporó la excepción de excluir de la obligatoriedad de que haya una antena por kilómetro cuadrado cuando ella se instale en azoteas de edificios de cuatro o más pisos. Por lo menos, es una situación arbitraria.
Por último, nadie está en contra del desarrollo, y lo hemos dicho repetidamente. En Chile hay más teléfonos celulares que fijos: tres millones ochocientos mil aparatos, y la cifra sigue subiendo. Nos interesa que la situación se regule. No es un ataque al desarrollo de las telecomunicaciones. Queremos que el país se comunique y lo haga con tarifas adecuadas, tema que quedará pendiente, porque el proyecto se refiere a la instalación de antenas.
Seamos francos: los tres años tendrán un vía crucis muy duro en el Senado, porque significa que en ese plazo debe autorizarse la instalación de la inmensa mayoría de las antenas. Muchos no cumplirán los requisitos porque, por ejemplo, en el Cerro Alegre de Tomé no hay una, sino tres; o en Penco, donde se colocaron tres juntas frente al liceo, a menos de cien metros. Entonces, habrá un debate sobre ese punto.
Debe mantenerse el plazo, porque tres años son suficientes para ordenar. Si el proyecto vuelve del Senado sin el artículo transitorio o con un plazo que resulte ridículo, no tendrá ningún sentido. El tema no es sólo normar para adelante, porque ya quedan muy pocas antenas por instalar. El diputado señor Montes decía que viene un nuevo tipo de telefonía que generará de nuevo una invasión de antenas. Sin embargo, las que ya están causan problemas que deben ser resueltos en su justa medida. El plazo de tres años era partidario de uno es realista para que los municipios adecuen su normativa, hagan los estudios para determinar dónde deben quedar, y a fin de que las empresas ajusten sus costos, generen los recursos y puedan efectuar los cambios necesarios.
Espero que el Senado ratifique el proyecto; si no es así, volverá a Comisión. La indicación del Ejecutivo deberá ser explicada por el ministro, que ya nos había adelantado que hay una definición en cuanto al financiamiento, lo que nos debe dar tranquilidad.
Reitero que en la aplicación de la ordenanza municipal acerca de dónde deben quedar ubicadas las antenas, tiene que haber participación de la ciudadanía.
La mayoría de las leyes que la Cámara sigue aprobando se alejan de la resolución y participación de la gente. Hay un déficit de participación, y lamento que con este proyecto lo ahondemos. Se debe escuchar al Cesco. La ciudadanía debe saber escuchar y tomar decisiones. Yo sólo planteo que el Cesco esté en sesión conjunta, no el derecho a voto. Muchos alcaldes los colegas que me están mirando lo saben no hacen participar a los Cescos, los cuales no funcionan, porque no los convocan, por cuanto no tienen mayoría en ellos. Dejar esta materia sólo a la decisión de los municipios se podría prestar para muchas arbitrariedades.
Esperando que esta iniciativa sea ley muy pronto, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, el tema puede ser complejo, pero la solución que se ha establecido en la Cámara de Diputados me parece simple.
Estamos ante una industria que ha tenido un desarrollo importante y significativo, como lo hemos visto en nuestras ciudades y comunas. Han aparecido antenas en distintos lados y la telefonía móvil está incorporada en la vida diaria de las personas; pero creo que ha faltado un actor, toda una instancia que tenga una expresión: la gente, la comunidad. A mi juicio, el municipio es el lugar adecuado para que esa comunidad pueda expresarse y dar su opinión respecto del desarrollo de su ciudad, de su comuna, de una industria tan dinámica como ésta.
Creo que las empresas de telefonía móvil cometieron un error al no llegar a una alianza estratégica con los distintos municipios para haber desarrollado adecuadamente con las comunidades, con la gente, las instalaciones de antenas.
La percepción de que estamos ante una situación absolutamente indiscriminada ha generado molestias, además del temor de que la instalación sin control de estas antenas genera problemas para la salud de las personas.
La mejor manera de enfrentar el tema es siendo prudentes. Si bien es cierto que los pasos dados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones han tenido esa característica prudencia, no han sido suficientemente fundados para terminar con el problema de la instalación indiscriminada de antenas en nuestras ciudades y comunas. Como decía el diputado señor René Manuel García , no sólo en los sectores urbanos, sino también en los rurales, como en el caso de las comunas que represento, aparecen de un día para otro antenas al lado de viviendas, de establecimientos educacionales y de salud, sin que el municipio, que representa a la comunidad, tenga ninguna opinión al respecto.
Me parece fundamental que avancemos en esa línea: aumentar las atribuciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero también regular adecuadamente las atribuciones de los municipios.
En la actualidad, los municipios pueden dictar ordenanzas, pero no lo pueden hacer sin un marco regulatorio. El proyecto le entrega uno adecuado.
No comparto los prejuicios planteados aquí, en el sentido de que las municipalidades resolverán mal el tema. Creo todo lo contrario. Las municipalidades tendrán muchos incentivos para solucionarlos adecuadamente. Por un lado, la gente quiere tener una telefonía móvil eficaz y eficiente y acceso al teléfono celular. Pero eso hay que coordinarlo con el desarrollo urbanístico. Por lo tanto, las municipalidades que resuelvan mal el tema, de una u otra manera serán castigadas. Considero que habrá incentivos adecuados para que ellas, en representación de la comunidad, establezcan zonas, porque eso si uno lee adecuadamente el artículo 116 bis B, concluirá en que deben fijar zonas o lugares específicos.
Con la votación del concejo y las decisiones técnicas del municipio, generaremos ordenanzas municipales que regulen y ordenen adecuadamente una industria que hoy, en nombre del desarrollo y de la generación de empleo, no consulta a la comunidad ni respeta a sus autoridades e institucionalidad, ya que instala las antenas donde quiere. Eso, a mi juicio, no es aceptable.
Soy muy optimista y tengo confianza en que los municipios actuarán en forma razonable y con fundamento, para establecer las áreas que permitan, por un lado, el desarrollo adecuado de la industria de telefonía móvil y, por otro, proteger como corresponde los intereses de la comunidad, no como ocurre hoy, en que la gente se ve agredida por la instalación de antenas al lado de los establecimientos educacionales donde estudian sus hijos, o al lado de sus viviendas, sin que la municipalidad tenga ninguna atribución para defender a su comunidad, a pesar de que ella ha elegido a sus autoridades.
Por lo tanto, la bancada de la UDI anuncia el voto favorable a este proyecto, porque, en primer lugar, se genera un instrumento adecuado para ordenar el desarrollo de esta industria, pero, por sobre todas las cosas, regula adecuadamente la defensa de los derechos de las personas y de las familias que, de la noche a la mañana, se han visto agredidas muy fuertemente en aras del desarrollo y de la generación de empleos. Eso es bueno, pero hay que conjugarlo con los intereses que este proyecto de ley trata de defender y regular adecuadamente.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, los diez diputados autores del proyecto, de distintas bancadas, nos unimos precisamente porque estuvimos contestes en que había un problema que resolver en la instalación de antenas. La ciudadanía pedía, de manera objetiva, la intervención del Poder Legislativo ante este hecho, realizado en forma legítima por parte de las empresas, pero que provocaba problemas a los vecinos, fundamentalmente en áreas urbanas de alta densidad.
Desde que el proyecto ingresó en la Cámara, en las comunas o distritos que representamos hay gran cantidad de nuevas antenas.
Muchos de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra lo han dicho correctamente: nada más lejos del proyecto que colocar obstáculos a la empresa privada. Sin embargo, también es necesario que ella reconozca que efectivamente se altera un vecindario o un área urbana cuando se instalan estas antenas, que para algunos podrán ser feas y para otros, no tanto el diputado señor Ibáñez dice que son horribles, porque, de paso, se afecta la estética del vecindario y esto es lo más importante el valor de las viviendas y del barrio.
Poco estético se ven los cerros David Fuentes y Centinela, de Talcahuano, con la inmensa cantidad de antenas que en ellos se han instalado, lo que evidencia que la tecnología avanzó bastante más rápido que el trámite legislativo.
Se hace estrictamente necesario establecer un marco regulatorio, no sólo por los eventuales daños a la salud, sino porque es necesario que se les señale a todos los municipios del país la conveniencia de establecer una ordenanza sobre la materia.
Algunas municipalidades han dictado ordenanzas, pero otras todavía no las tienen. Desde luego, como señalaba la diputada señora Eliana Caraball , ni siquiera se requieren grandes esfuerzos ni probar ante el municipio la necesidad de colocar antenas, porque bastaba el cumplimiento de normas básicas para hacerlo.
Es preciso que la tecnología siga avanzando. Los teléfonos celulares y las empresas que los operan no sólo son bienvenidos, sino indispensables en nuestro país, pero también es necesario que sean un apoyo real a toda la comunidad y que no terminen por dañar un sector de ella. Por esa razón, nos hicimos parte y somos autores de este proyecto, porque, en definitiva, creemos que hubo alteración en los barrios, en el vecindario, donde el impacto es mucho mayor que en las zonas rurales.
Es absolutamente necesario que despachemos hoy el proyecto y que, a la vez, pidamos al Gobierno dos cosas.
En primer lugar, que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones dé cuenta en la Cámara de las medidas adoptadas para crear un fondo que permita contar con recursos para estudiar el efecto de las radiaciones que emiten las antenas en la salud humana, es decir, que nos aclare si esa medida se concretará o no.
En segundo lugar, solicito que formalmente la Cámara de Diputados pida al Presidente de la República que califique la urgencia que el proyecto tendrá en el trámite que debe cumplir en el Senado, porque si se toman igual tiempo que nosotros para despacharlo, en verdad no se avanzará con la diligencia necesaria.
Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción el diputado señor Cristián Leay .
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leay .
El señor LEAY.-
Señor Presidente, quiero hacer presente dos cosas importantes.
La primera dice relación con el artículo transitorio. Lo que se ha dicho en esta Sala es cierto, porque hoy los vecinos, de la noche a la mañana, se encuentran con que se instaló una antena mientras dormían. Nadie los consultó y, además, ella provoca un efectivo trastorno en el vecindario.
Del mismo modo, el plazo que se está dando para modificar la ubicación de las antenas ya instaladas es excesivo; ojalá que en los siguientes trámites legislativos se pueda acortar. Estas antenas, así como las colocan en una noche, las pueden sacar en menos de tres años y colocarlas en los lugares que corresponden, de acuerdo con las ordenanzas municipales. No puede ser que el daño ya provocado se extienda por el plazo excesivo de tres años desde que se promulgue la ley.
Me parece que se ha pasado a llevar a la ciudadanía y también a los propios municipios, porque si uno quiere hacer una pandereta, debe pedir permiso municipal y pagar una ordenanza. Sin embargo, estos señores no hacen nada de eso. La Subsecretaría de Telecomunicaciones, para autorizar la instalación de la antena, ve las coordenadas de un plano, pero no le importa lo que hay en el lugar. En consecuencia, aquí se ha aplicado la ley de la selva.
Es obvio que debemos apoyar el proyecto para mejorar esa situación; pero, por otra parte, también debemos reducir el plazo de tres años que fija el artículo transitorio para que las empresas concesionarias trasladen las antenas a un lugar autorizado, en caso de no obtener los permisos correspondientes para que permanezcan donde están instaladas.
Agradezco al diputado señor Ulloa la interrupción que me concedió.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Recupera la palabra el honorable diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, sólo deseo señalar nuestro más entusiasta apoyo al proyecto.
Por intermedio de su Señoría le concedo una interrupción a la diputada señora Cristi , después de lo cual daré por finalizada mi intervención.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi , por un minuto.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, presentamos una indicación fuera de plazo, por lo cual pedimos a la Mesa solicitar la unanimidad de la Sala para incorporarla al trámite legislativo. Dicha indicación tiene por objeto disminuir el plazo de tres años a menos de uno, justamente por los motivos planteados por el diputado señor Leay . No sé si cuando se vote el proyecto se podrá pedir la unanimidad de la Sala para que acepte la indicación.
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El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señora diputada, así está establecido. En el momento en que se vote en general el proyecto, se pedirá la unanimidad de la Sala para acceder a la solicitud de su Señoría.
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, en honor al tiempo y como tenemos interés en que el proyecto sea votado ahora, reiteraré mi aprensión respecto de la aprobación de ordenanzas por los dos tercios de cada concejo, las que, repito, impactarán no sólo a la comuna, ya que, por tratarse de sistemas radiantes, debe haber una coherencia territorial provincial, regional y nacional.
Por lo anterior, solicito votación separada de ese artículo.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, estamos conociendo, en segundo trámite reglamentario, el proyecto que regula la instalación de antenas de telefonía móvil en nuestras ciudades. Sin duda, urge un pronunciamiento legal definitivo acerca del tema.
En la discusión habida en la Comisión, según se consigna en el informe respectivo, ejecutivos de las empresas de telefonía móvil manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se apruebe este proyecto, porque, a su juicio, traba el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones y se funda en el falso supuesto de que la instalación de las antenas afecta la salud de las personas.
Sobre el segundo punto, hay información contradictoria e insuficiente para afirmar que estas antenas producen daños a la salud. Lo más probable es que no los haya y, por lo tanto, podamos tener un poco más de flexibilidad en torno de este punto.
Por una parte, quiero ser enfático en apoyar el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, y por otra, en felicitar a las empresas que han “vehiculado” ese desarrollo, por la forma como lo han hecho y por haber provisto a una inmensa cantidad de nuestros conciudadanos de un servicio que hasta hace pocos años era absolutamente desconocido. Por ejemplo, sabemos que cerca del 20 por ciento de la población dispone de telefonía móvil y que ese porcentaje puede subir fácilmente al 50, 60 ó 70 por ciento, o sea, pasará de 3 millones de teléfonos celulares a cerca de 10 millones. Lo mismo sucederá con otras formas de telecomunicación.
Por lo tanto, estamos frente a una actividad muy progresista, modernizadora y tremendamente generadora de empleo. En consecuencia, debemos tener muchísimo cuidado con la regulación que impongamos, porque podemos afectar la modernización, el progreso y el empleo del país.
Sin embargo, debido a la expansión de esta actividad, todos hemos visto que se han generado situaciones inaceptables en nuestras ciudades. Quiero recordar el caso de la población Nueva Aurora, en Viña del Mar, que por su ubicación geográfica tiene muy buenas posibilidades para la instalación de estas antenas, las que han sido generosamente aprovechadas hasta el punto de dañar, no la salud, lo que puede ser discutible, pero sí el paisaje, el entorno y el valor de las propiedades de este sector, que es eminentemente popular. Ahí se han instalado más de cincuenta antenas en menos de dos años, lo que ha cambiado totalmente el perfil de este antiguo barrio viñamarino.
Además, debemos recordar que existen peligros anexos, como el que la juventud o los niños se dediquen a trepar los postes que sirven de apoyo a este tipo de antenas.
Por lo tanto, desde todo punto de vista es indispensable que la comunidad trate de coordinar, por un lado, los intereses del progreso, de la modernidad y del empleo y, por el otro, los intereses de la ciudadanía y de los vecinos, que se ven seriamente afectados por la instalación de estas antenas.
Sin duda, este proyecto es perfectible, porque es muy probable que contenga omisiones o errores; pero creo que no podemos esperar ni un minuto más en aprobar un texto legal que establezca una cierta regulación en esta materia y, sobre todo, que dote a las municipalidades del poder suficiente para discernir adecuadamente los lugares donde deben instalarse estas antenas y proceder en consecuencia.
Por eso, señor Presidente, votaremos a favor de este proyecto, dejando, por supuesto, abierta la posibilidad para futuras modificaciones.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, en primer lugar, no creo necesario tener que fundamentar por qué es importante legislar sobre la instalación de las antenas. Aquí he pronunciado alrededor de seis discursos sobre el tema en el transcurso de estos años y he dado varias conferencias de prensa sobre la materia. En definitiva, estoy totalmente convencido de la necesidad de legislar sobre este asunto.
En segundo lugar, quiero que el cuerpo legal que despachemos sea aplicable en la práctica. Tengo el temor de que algunas de las disposiciones de ciertas letras del articulado transformen el espíritu de la iniciativa y dificulten su aplicación a la hora de definir los aspectos arquitectónicos y urbanísticos. Por ejemplo, la modificación del artículo 116 bis B señala específicamente: “Una ordenanza municipal establecerá, a lo menos, la o las zonas o lugares específicos de la comuna donde se podrán instalar torres destinadas a soportar antenas para proveer servicios de telecomunicaciones...”. Esto significará que tendremos alrededor de trescientas y tantas normativas distintas para la localización de las antenas. Ni siquiera se establece una definición general de las zonas donde se podrán instalar, ya que señala “o lugares específicos”. Es decir, el concejo de cada una de las trescientas y tantas comunas tendrá que decir, por ejemplo, como podría suceder en el distrito que represento: “Gamero esquina Teniente Bisson”. No es posible proceder así en trescientas y tantas comunas.
Me parece delicado e insuficiente que nosotros digamos que una comuna, a través del concejo, tomará esta decisión. Aquí un diputado dijo: “La Cisterna es una comuna muy dura a la hora de aplicar la normativa”. Le pregunto: ¿Habrá territorios donde esta industria no podrá prosperar, y otros en que los concejos sí estarán dispuestos a que se instalen estas antenas, lo que se resolverá por los dos tercios?
En tercer lugar, la letra e) del artículo 116 bis B señala: “Excepcionalmente, en zonas exclusivamente residenciales, las concesionarias de servicios de telecomunicaciones podrán solicitar a la municipalidad respectiva autorización para instalar torres destinadas a soportar antenas de servicios de telecomunicaciones. Dichas instalaciones deberán cumplir con una rasante de 70 grados...”. Me pregunto, ¿por qué este artículo especifica 70 grados si la ordenanza, que es el reglamento de la ley general de Urbanismo y Construcciones dice claramente que hay distintos tipos de rasantes?
Ello quiere decir exactamente la multiplicación del valor de la tangente trigonométrica del ángulo, por el distanciamiento en que se ubica el cuerpo que se levanta. Es decir, un ángulo no puede ser sobrepasado por el cuerpo que se levanta.
¿Por qué setenta y no sesenta? ¿Por qué no se cambia por las diferencias regionales establecidas en la ordenanza? ¿De dónde salió la idea de que solamente debía ser setenta? Lo señalamos, además, en este cuerpo legal.
El artículo 1º establece que la Subsecretaría de Telecomunicaciones es la que deberá a la letra “promover las medidas de mitigación del impacto visual y paisajístico...”.
No quiero que nos dejemos llevar por el entusiasmo de regular el suelo urbano con toda la dedicación que hemos tenido para combatir las antenas.
Recuerdo que con el diputado señor Leay hemos estado montados arriba de una antena en la calle Los Ángeles, porque hay verdaderos comandos piratas que en la sombra ponen su base, y luego, en un día, con grúas la instalan. Sólo quisimos impedir, casi físicamente, que se instalara la antena. Eso no puede continuar.
Sin embargo, si el despacho de este cuerpo legal es apresurado, podemos terminar con una ley impracticable o que no resuelva los problemas, como pasa y así lo decía el diputado señor Navarro con la ley de violencia en los estadios que, al final, no resolvió nada.
No quiero ser despectivo, pero pareciera que porque vemos que el problema es grave no nos damos el tiempo.
Por ello pido a la Sala aplicar el artículo 111 del Reglamento para tener la oportunidad de que el asunto vuelva nuevamente, por tercera vez, a la Comisión, antes de que el proyecto se vote en particular. El Reglamento lo permite y puede ser una oportunidad para que volvamos a discutirlo. No me es posible asistir a cuatro comisiones, pero no sólo mi presencia es necesaria. Puedo no estar en ninguna, pero los señores diputados son capaces de construir fórmulas para resolver el tema.
No quiero entregar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones sus funcionarios no lo desean, ni nosotros, ni nadie la función de ordenadora del suelo urbano. Por favor, esa repartición debe dedicarse a fiscalizar a las empresas telefónicas, a eliminar el cargo fijo, a establecer la norma de regulación monopólica en teléfonos, a reglamentar la telefonía celular, a dar facilidades a las empresas para que se instalen. Pero en el radio urbano, la prohibición de que la antena se coloque en cualquier parte y perjudique una casa habitación, un negocio o que un predio se vea afectado por ese artefacto extraño, no es atribución de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. No quiero ser parte de una votación en la que debo decidir que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a la letra, tendrá que “mitigar el impacto visual y paisajístico”. ¡Por favor! Esa labor no la deben hacer los veterinarios, ni los médicos, ni los ingenieros, sino los que saben de urbanismo, de arquitectura y de estas materias, pero no la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Esto no lo hago por deformación profesional ni por cariño a mi carrera, sino por amor a la gente, al suelo y a lo que inspira a todos los señores parlamentarios a la hora de discutir el tema. No lo pongan así, a la letra. Incluso, ¿por qué tendrá una ubicación específica? ¿Cómo será determinada? ¿Por qué no fijamos una disposición mejor, capaz de operar desde la norma de la ley general de Urbanismo y Construcciones, sobre arquitectura, construcción, uso del suelo y urbanismo? Es decir, una regla general de país, no general, de espíritu, que en la práctica termine siendo municipal.
¿Imaginan, honorables colegas, lo que significará la discusión del tema en todo Chile, en cada municipio, a la hora de invertir en telefonía celular?
¿Saben lo que le pasó a una vecina de la calle Lircay? Le dijeron: “Le pago 500 mil pesos mensuales y usted me permite instalar la antena”. Por supuesto, la señora estaba feliz.
¿Imaginan lo que pasará cuando una empresa de celulares le diga a un modesto municipio que quiere instalar una antena, lo cual puede representar la posibilidad de invertir y lograr determinado beneficio? O sea, se formularán ofertas a los municipios, como las que hoy se hacen a la población.
Por ello, reitero a mis colegas que, a la hora de tomar la decisión sobre la iniciativa, no debemos dejar esta materia sujeta a 340 ordenanzas distintas, sino a una norma general, como se intentó, tanto cuando se elaboró la ley de Urbanismo y Construcciones, como al hacerse la ordenanza.
Nada me ha inspirado más que este tema al igual que al resto de los colegas, hasta el punto que he llegado a decir que, desde los tiempos de Leonardo da Vinci, en vez de avanzar en el resguardo de la belleza en el espacio urbano, la hemos destruido, porque en esos años se había descubierto la relación entre la armonía del cuerpo y la de la arquitectura, por lo cual la consagraron en el número de oro, en la raíz de cinco, en normativas de armonía para que existieran proporciones. Era el renacimiento que los griegos ya habían usado, pero aquí vamos para atrás.
Eso sucede hoy con la barbarie de las antenas, pero ¡cuidado con creer que el entusiasmo legislativo es capaz de resolver ese tema!
Señor Presidente, solicito a la Sala la oportunidad de utilizar el artículo 111 del Reglamento para tener la ocasión de discutir el tema más en detalle, desde el punto de vista del urbanismo, para que el ciudadano quede protegido y resguardado de estos artefactos extraños que, como extraterrestres, han invadido la ciudad y sorprenden a la gente, desvalorizan sus propiedades y liquidan los barrios. Además, se dice materia que no entiendo que las antenas producen cáncer; por lo menos, es un cáncer a la belleza y al precio de la propiedad.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El diputado señor Hales ha hecho una petición en virtud del artículo 111 del Reglamento, en el sentido de que, estando en discusión particular, el proyecto vuelva nuevamente a la Comisión.
En razón de que hay cinco indicaciones y de que no existe unanimidad, de acuerdo con el inciso final del artículo 111 procede que se vote la petición para que el proyecto pase a Comisión.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, reglamentariamente no corresponde votar la petición. Debe haber unanimidad para que vuelva a la Comisión.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
No es una materia que requiera la unanimidad lo dice con mucha claridad el artículo 111 cuando la indicación está referida a la letra B. Procede que se vote.
Tiene la palabra el diputado señor Longton .
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, quiero reiterar la solicitud de reunión de Comités que le planteé personalmente, para resolver el tema.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Sólo quedan tres minutos para el término del Orden del Día.
El señor LONGTON.-
Pero podemos ponernos de acuerdo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Debo resolver la petición del diputado señor Hales ; en seguida, llamaré a reunión de los Comités.
En votación la petición del diputado señor Hales para que la iniciativa vuelva a Comisión.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Gutiérrez , Hales , Muñoz ( doña Adriana) , Ovalle (doña María Victoria), Pérez (don José) , Pollarolo (doña Fanny) , Prokurica , Ulloa , Urrutia , Valenzuela y Vilches .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri , ÁlvarezSalamanca , Bertolino , Rozas ( doña María) , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Correa , Delmastro , Dittborn , Elgueta , Fossa , Hernández , Ibáñez , Jarpa , Jiménez , Leal , Longton , Longueira , Martínez ( don Rosauro) , Molina , Montes, Moreira , Mulet , Naranjo , Ojeda , Orpis , Ortiz , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Reyes, Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Silva y Villouta .
Se abstuvieron los diputados señores:
García (don René Manuel) , García (don José ), Leay y Navarro .
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Ha llegado a su término el Orden del Día.
Quedan inscritos para intervenir los diputados señores Salvador Urrutia , Carlos Vilches , señora María Angélica Cristi y todos los que lo indiquen en este momento.
Se cita a reunión de Comités por una petición del diputado señor Longton , jefe de bancada de Renovación Nacional.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, ya no tiene objeto la reunión de Comités, pues tendría que haberse realizado antes de la votación anterior.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Entonces, se deja sin efecto.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, el Orden del Día debería terminar en 20 minutos más.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El señor Secretario me indicó que ésa era la hora de término.
El señor LONGTON.-
Está equivocado el señor Secretario.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El señor Secretario recuerda que, mediante un acuerdo de Comités, se estableció que la sesión de los martes, que comienza a las 15 horas, debe finalizar a las 17.
Ruego al jefe de bancada de Renovación Nacional tomar nota de ello.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA PARA PROYECTO QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN CAUSADA POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA.
El señor PARETO (Presidente).-
Propongo que la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley sobre prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana quede integrada por la diputada señora Pollarolo y por los diputados señores Patricio Cornejo , Ojeda , Osvaldo Palma y Melero .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI.PROYECTO DE ACUERDO
PETICIÓN DE “SUMA” URGENCIA PARA PROYECTO QUE CREA SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS CONDENADOS.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 601.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 601, de los señores Navarro y Jaramillo .
“Vistos:
Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la honorable Cámara, y
Considerando:
1.El proyecto de ley presentado por los honorables senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, conocido públicamente como “Proyecto Jubileo 2000” y que luego de aprobado, fue publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de julio de 2001 como ley Nº 19.736, y que en lo medular establece un indulto general a los condenados por sentencia ejecutoriada que estuvieren cumpliendo sus penas, en forma efectiva o acogido a alguno de los beneficios contemplados en la ley Nº 18.216.
2. Que estos beneficios consisten en reducir dos meses por año de fracción igual o superior a seis meses las penas privativas o restrictivas que tuvieren más de 70 años, al igual que a las madres condenadas que tuvieren hijos menores de 18 años, a las que además se les adiciona una reducción de 6 meses, indulto general para todo condenado por cualquier causa mayor de 80 años.
3.Que esta normativa estableció como únicas restricciones y excepciones a estos beneficios el estar cumpliendo con una o más condenas, que tuvieren la calidad de reincidentes o que se encontraran condenados por delitos de secuestro, robo con violencia o intimidación de personas o fuerza en las cosas, sustracción y corrupción de menores, aborto, violación, abusos deshonestos, sodomía, los contemplados en los artículos 361 a 367 del Código Penal, conducción en estado de ebriedad causando la muerte y homicidio, y aquellos delitos tipificados como conductas terroristas y aquellas tipificadas en las leyes que sancionan el tráfico de drogas y estupefacientes.
4. Que, lamentablemente, esta ley, con la que se esperaba beneficiar a un gran número de encarcelados, sólo favoreció a 600 personas, de las cuales algunas ya gozaban de los beneficios carcelarios.
5. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a trámite legislativo el 5 de junio de 2001, que actualmente se encuentra en primer trámite legislativo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta honorable Cámara, mediante el cual crea un sistema de reinserción social de los condenados, en base a la observancia de buena conducta, buscando estimular a los penados a modificar positivamente su conducta, para así obtener una rebaja en las penas a las que fueron condenados.
6. Que en lo medular establece la rebaja en las condenas en dos meses por año de pena impuesta, y en el caso de aquellos que ya hayan cumplido más de la mitad de su condena la rebaja propuesta es de 3 meses por año de condena, especificando que este beneficio cesará en el caso de que el procesado modifique su conducta evaluada positivamente.
7. Que este proyecto considera como requisitos para la evaluación de la conducta la participación de los reclusos en talleres generales, de labores y especialmente antidrogas y de tratamiento del alcoholismo, y el desarrollo de estudios.
8.Que el avance legislativo en esta materia, provocaría un descongestionamiento progresivo en las cárceles chilenas, en las cuales existe un hacinamiento actual que se calcula en un 45% de la población penal, aproximadamente, y que los anuncios de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en los próximos años, de no resolverse el tema del hacinamiento hoy, sólo significará postergar este debate hasta ese momento, en que por el crecimiento porcentual anual de los índices de detención, reproducirá proporcionalmente el hacinamiento actualmente existente.
9. Que, para el desarrollo adecuado de políticas de rehabilitación y reinserción existe en la actualidad un importante freno: la falta de los espacios físicos adecuados, en los cuales se pueda desarrollar y potenciar “la buena conducta sobresaliente”, requisito fundamental para optar a beneficios carcelarios de todo tipo, especialmente de potenciales rebajas de penas. De acuerdo a estadísticas de Gendarmería de Chile, el espacio físico disponible para el uso positivo del tiempo por parte de los procesados sólo alcanzaría a un 10%.
10. Que entre otras cosas, de esta manera, se crearían espacios necesarios para la creación de talleres de trabajos, escuelas y lugares adecuados para el desarrollo de terapias antidrogas y de tratamiento o de tratamiento del alcoholismo, etc., convirtiéndose en un mecanismo eficaz de evaluación para los internos, no siendo indispensable esperar hasta la creación de nuevos penales, para la construcción de los espacios físicos que posibiliten “la buena conducta sobresaliente”, que se espera con esta ley.
La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su Excelencia el Presidente de la República, se le asigne “suma” urgencia al proyecto de ley que crea un sistema de reinserción social de los condenados, en base a la observancia de buena conducta, en razón de la operatividad y eficacia práctica de la propuesta que lo fundamenta y porque ella permitiría disminuir la tensión que hoy enfrentan los recintos penitenciarios del país debido al alto grado de hacinamiento existente en ellos”.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, cuando se presentó por primera vez este proyecto de acuerdo, llevaba la firma de casi todos los jefes de comités. Faltó el de la UDI, que manifestó que debía consultarlo con su bancada. Se perdió en la Sala por falta de quórum hace aproximadamente unos 30 días. Tomamos la decisión de reponerlo en virtud de sus considerandos, los cuales dan cuenta de una necesidad imperiosa.
El proyecto enviado por el Ministerio de Justicia en forma conjunta con Gendarmería, que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia establece un mecanismo de reinserción social de los condenados, premiando con una reducción de dos meses a quienes observen una conducta de excelencia.
Esto permitiría, si bien no un gran alivio a quienes permanecen en las cárceles, establecer un mecanismo para posibilitar a quienes cumplen su deuda con la sociedad, observen conducta de excelencia, previamente calificada en un reglamento de Gendarmería; a quienes hayan participado en talleres de trabajo, en especial en materia de readaptación, de terapia antidrogas y de tratamiento de alcoholismo, después de ser evaluados por Gendarmería, que se acojan a los beneficios planteados por este proyecto, el cual se encuentra en la Comisión de Constitución.
Solicitamos al Ejecutivo calificar de “suma” la urgencia del proyecto, dado los sucesos vividos en las cárceles, en particular en la de Iquique, y la huelga de hambre realizada en todo Chile. Estos hechos se dan porque en la mayoría de las cárceles se vive en forma inhumana. Por ejemplo, en la de hombres de El Manzano, diseñada para 900 reclusos, hay más de 2.100, y en la de mujeres, construida para 40, hay más de 150.
Aquellos que están por la vía de la reinserción, asumiendo la conducta de excelencia, y con el deseo de saldar su deuda con la sociedad, siguen viendo aplazada esa posibilidad. La iniciativa establece requisitos muy rigurosos respecto de quienes pueden aspirar a este beneficio. En definitiva, queremos que su tramitación sea más rápida, a fin de abocarnos luego al proyecto que reestructura Gendarmería de Chile. Estamos por una iniciativa que permita premiar la buena conducta de los detenidos, incentivando un comportamiento adecuado al interior de las cárceles.
El ministro de Justicia está plenamente de acuerdo con el proyecto, por lo cual solicito el apoyo de la Sala para su aprobación, petición que formulo en nombre de la mayoría de los Comités que firmaron este proyecto hace 30 días. Sus firmas no aparecen en esta iniciativa, porque el proyecto fue repuesto.
Tengo entendido que el tema ha sido tratado por muchos parlamentarios en cada una de sus regiones.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 4 votos; no hubo votos por la negativa. Hubo 2 abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 8 votos; no hubo votos por la negativa. Hubo 3 abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No hay quórum de votación. Se va a llamar a los señores diputados durante cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Queda pendiente la votación para la próxima sesión.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 17.12 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de la diputada señora Adriana Muñoz.
Establece normas especiales para la elaboración artesanal del queso de cabra. (boletín Nº 2797-11)
“Considerando:
1. La agricultura familiar campesina que, como sistema productivo que data de la Antigüedad y desarrollado en zonas rurales, ha subsistido en forma paralela a la producción de la mediana y gran propiedad agrícola y, posteriormente, a la producción agroindustrial. Sólo en Chile, esta agricultura familiar campesina está formada por 220.000 pequeñas empresas que dan empleo a más de 330.000 personas. Se caracteriza, por una parte, por utilizar formas artesanales de producción, careciendo de modernas tecnologías que permitan mejorar la cantidad y calidad de la misma, disminuir costos y diversificar los productos y, por otra, porque no dispone de información ni experiencia para insertarse en los mercados con mejores oportunidades para comercializar sus productos.
2. La producción artesanal de queso de cabra en la IV Región, que corresponde a la tradicional actividad agrícola familiar, cuenta, según el censo agropecuario de 1997, con el 41,5% de las cabezas de ganado caprino que existen en el país, las que en aquel año alcanzaban a 306.046 cabezas. El manejo de la ganadería caprina es el mismo de hace siglos; adquiere su alimentación en la pradera natural, es decir, se trata de un manejo extensivo en terrenos propios, arrendados o ajenos, que incorpora el encierro nocturno y el ordeñamiento matinal en corrales.
3. La gran mayoría de los productores de ganado caprino de la IV Región no cumplen con las normas sanitarias a que obliga el Reglamento Sanitario contenido en el decreto Nº 977 del Ministerio de Salud, publicado el 13 de marzo de 1997, el que entró en vigor un año después.
Si bien el decreto Nº 977 buscó resolver un problema de salud demostrado por diversos estudios, cual es evitar intoxicaciones causadas por el queso de cabra artesanal, también ocasionó graves consecuencias económicas y sociales a la mayoría de 5.937 productores artesanales de la IV Región que subsisten de este producto. Se generó una situación de agudización de la pobreza que, por el momento, no tiene alternativas de solución eficaces, ya que quienes se dedican a esa actividad carecen de recursos económicos y de conocimientos tecnológicos para mejorar la explotación de ganado caprino y alcanzar la calidad sanitaria exigida, mejorando, paralelamente, la comercialización y generando excedentes económicos que la conviertan en una actividad sustentable.
4. Los esfuerzos ampliamente reconocidos, emprendidos por el Gobierno Regional y distintos organismos estatales, han paliado de alguna forma la situación de los productores artesanales de queso de cabra; no obstante, tales medidas han sido insuficientes, evidenciando la necesidad de un proyecto integral, de largo plazo, que requiere de un fuerte apoyo del Estado y de particulares para su implementación.
La diputada que suscribe, presenta ante la honorable Sala de Cámara de Diputados, para su discusión y aprobación, el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- La materia prima para elaborar el queso de cabra debe ser obtenida de
ganado criollo, mejorado por selección, y proveniente de rebaños bajo control sanitario.
Estos animales deben ser declarados libres de tuberculosis, bruselosis y enfermedades de glándulas mamarias.
La autoridad respectiva, en el ejercicio de las facultades que le son propias, certificará el estado sanitario del ganado caprino.
Artículo 2º.- La ordeña de los animales se deberá realizar bajo condiciones de total higiene: las ubres deben ser aseadas previamente y la recepción de la leche en recipientes higienizados y de fácil aseo; la ordeña debe ser en altura o tarimas o en recintos que tengan un piso lavable.
Artículo 3º.- La elaboración de los quesos deberá realizarse en lugares registrados y autorizados por el Servicio de Salud respectivo yde acuerdo a las facultades de que dispone. Estos recintos podrán estar instalados en el entorno de la casa familiar como una caseta individual de elaboración de queso, siempre que cumplan a lo menos con las siguientes condiciones: a) Que sea un recinto cerrado con techo; b) Paredes aisladas con material inerte y lavable; c) Mesas y moldes de material neutro y de fácil aseo; d) Aseo de utensilios con agua potable o clorada y e) Estantería para la maduración de los quesos.
Artículo 4º.- Para mejorar la fiscalización, se propenderá al fortalecimiento a) de las organizaciones de crianceros a través de fondos regionales especiales, que permitan a los propios productores controlar el clandestinaje en la producción y comercialización de los quesos y b) de los departamentos de higiene ambiental de la región, a fin de ejecutar tareas de fiscalización y certificación de calidad sanitaria por parte de terceros.
A la autoridad competente le corresponderá determinar la realización de un censo anual obligatorio de propietarios y ganado y la constitución de un registro de marcas.
Artículo 5º.- Dentro de las facultades de que ya disponen, los Servicios de Salud respectivos propenderán a la autorización de:
a) Bodegas con almacenaje y comercialización sólo de los quesos cuyos productores tengan registro vigente en la comisión regional de ganado caprino.
b) Bodegas para la comercialización asociativa de los quesos, cuyos productores tengan registro vigente en la Comisión de Ganado Caprino.
El cumplimiento de las normas contenidas en las letras a) y b) de este artículo, quedará sujeto a la fiscalización de la autoridad competente.
Artículo 6º.- La autoridad competente propenderá a la creación de un Fondo Económico Regional orientado al desarrollo y fomento de la producción artesanal de queso de cabra, favoreciendo:
a) La dictación de normativas que permitan a los gobiernos regionales destinar un porcentaje del presupuesto regional a la creación de este fondo.
b) Proyectos concursables de inversión en capacitación y casetas queseras individuales, para las organizaciones de crianceros.
c) El diseño e implementación de un proyecto de denominación de origen del queso de
cabra de la Cuarta Región”.