Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PARA FAVORECER REINSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Haroldo Fossa Rojas
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- MEJORAMIENTO DE LOS INCENTIVOS MACROECONÓMICOS DERIVADOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Modificación del decreto ley Nº 824, de 1974. Tercer trámite constitucional. (Votación).
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PARA FAVORECER REINSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DEL SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CONDENADOS (Votación).
- DEBATE
- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA CREAR INSTITUTOS DE SALUD ESCOLAR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Victor Barrueto
- Sergio Aguilo Melo
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Laura Soto Gonzalez
- Rosa Gonzalez Roman
- Enrique Jaramillo Becker
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Victor Barrueto
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- CREACIÓN DEL SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CONDENADOS (Votación).
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ARICA. Oficios.
- APOYO A PROTOCOLO SOBRE ELIMINACIÓN DE FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.
- RESTRICCIÓN DE ACCESO A PLAYAS LACUSTRES EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Victor Reyes Alvarado
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- DESAPARICIÓN DE CIUDADANO CHILENO EN FRONTERA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. Oficios.
- RECHAZO A PRETENSIÓN DE POSICIONAR A PUERTO MONTT COMO ENTRADA A LA PATAGONIA CHILENA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE TALA DE ÁRBOLES DE LA PLAZA DE MULCHÉN. Oficios.
- APLICACIÓN DE CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE COMERCIO Y TRÁFICO DE ESPECIES SILVESTRES. Oficios.
- FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS PARA CHIGUAYANTE. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- SUBROGACIÓN DE ALCALDE DE LA COMUNA DE EL BOSQUE POR CANDIDATO A DIPUTADO. Oficios.
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE POBREZA Y DE EDUCACIÓN EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
- RECONOCIMIENTO POR COLABORACIÓN EN EL ESCLARECIMIENTO DE DESAPARICIÓN DE VECINO DE MARÍA PINTO. Oficios.
-
BAJA DEL PRECIO DEL COBRE. Oficios.
- ADHESION
- Rosa Gonzalez Roman
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Haroldo Fossa Rojas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- ELIMINACIÓN DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL DE LOTA. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Mario Bertolino Rendic
- ADHESION
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA. Oficios.
- RÉPLICA A EXPRESIONES DE DIPUTADO RODOLFO SEGUEL.
- AGILIZACIÓN DE CONVENIO DE DOCENCIA Y ASISTENCIA SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE Y EL SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE RECURSOS A MUNICIPALIDAD DE COIHAIQUE. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Rosa Gonzalez Roman
- ADHESION
- DESARROLLO DE MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN ARICA Y PARINACOTA. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Juan Masferrer Pellizzari
- ADHESION
- PAGO DE CONTRIBUCIONES POR TERRENOS EN LAGO RAPEL. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rosauro Martinez Labbe
- Carlos Caminondo Saez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Homero Gutierrez Roman
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Arturo Longton Guerrero
- Baldo Prokurica Prokurica
- Victor Reyes Alvarado
- Jaime Rocha Manrique
- Edmundo Villouta Concha
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 344ª, ORDINARIA
Sesión 25ª, en miércoles 8 de agosto de 2001
(Ordinaria, de 10.49 a 15.09 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis, y Valenzuela Herrera, don Felipe.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Orden del Día.
- Modificación de ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para favorecer reinserción laboral de personas desempleadas. Primer trámite constitucional 9
- Mejoramiento de los incentivos macroeconómicos derivados del sistema tributario. Modificación del decreto ley Nº 824, de 1974. Tercer trámite constitucional. (Votación) 33
VI. Proyectos de acuerdo.
- Creación del sistema de reinserción social de condenados. (Votación) 34
- Implementación de medidas para crear institutos de salud escolar 34
VII. Incidentes.
- Información sobre modernización del puerto de Arica. Oficios 38
- Apoyo a protocolo sobre eliminación de formas de discriminación contra la mujer 39
- Restricción de acceso a playas lacustres en Décima Región. Oficio 40
- Desaparición de ciudadano chileno en frontera entre México y Estados Unidos. Oficios 40
- Rechazo a pretensión de posicionar a Puerto Montt como entrada a la Patagonia chilena. Oficios 42
- Información sobre tala de árboles de la plaza de Mulchén. Oficios 43
- Aplicación de convención internacional de comercio y tráfico de especies silvestres. Oficios 44
- Financiamiento de proyectos de obras públicas para Chiguayante. Oficios 45
- Subrogación de alcalde de la comuna de El Bosque por candidato a diputado. Oficios 46
- Solución a problemas de pobreza y educación que afecta a la Séptima Región. Oficio 47
- Reconocimiento por colaboración en el esclarecimiento de desaparición de vecino de María Pinto. Oficios 48
- Baja del precio del cobre. Oficios 50
- Eliminación de maternidad del hospital de Lota. Oficios 52
Pág.
- Solución a problemas de la pequeña y mediana minería. Oficios 52
- Réplica a expresiones de diputado Rodolfo Seguel 54
- Agilización de convenio de docencia y asistencia suscrito entre la Universidad Católica del norte y el servicio de salud de Coquimbo. Oficio 54
- Información sobre entrega de recursos a municipalidad de Coihaique. Oficios 55
- Desarrollo de minería y construcción de obras públicas en Arica y Parinacota. Oficios 56
- Pago de contribuciones por terrenos en lago Rapel. Oficios 58
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica el decreto ley Nº 824, de 1974, sobre tributación a la renta (boletín Nº 2751-05) 60
2. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto iniciado en moción que extiende el ámbito de aplicación de las normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales (boletín Nº 2490-07) 61
3. Moción de los diputados señores Martínez, don Rosauro; Caminondo, García, don René Manuel; Gutiérrez, Hales, Longton, Prokurica, Reyes, Rocha y Villouta, que modifica el artículo 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza y consagra los títulos de constructor civil e ingeniero constructor como títulos universitarios (boletín Nº 2769-04) 64
IX. Otros documentos de la Cuenta.
Oficios:
-De la Comisión de Salud por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para que le sea remitido el proyecto que modifica la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, con el objeto de analizar el impacto de sus modificaciones en la industria farmacéutica nacional (boletín Nº 2416-03).
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Soria, exámenes de validación de enseñanza media en Iquique.
Ministerio de Defensa Nacional
-De los diputados señores Núñez, Jaramillo, Ojeda, Ortiz y Tuma, ampliación a subcomisaría de la actual tenencia de Carabineros Diego Portales.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-De los diputados señores Hales, Gutiérrez, Mesías, Navarro, Ojeda, Ortiz y José Pérez, situación urbana sector faldeos cerro San Cristóbal.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-De los diputados señores Juan Pablo Letelier, Gutiérrez, Ojeda, Luksic, Ortiz y de las diputadas señoras Caraball y Cristi, antena de telefonía móvil ubicada en el cerro La Compañía de la comuna de Graneros.
-Del diputado señor Mulet, señales de televisión en comunas de la Tercera Región.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Sánchez, espacios territoriales compartidos con países vecinos.
-Del diputado señor Molina, propiedad de terreno de multicancha del Club Deportivo Estrella Azul en la localidad de El Pedregal.
Municipalidades de Ercilla, Río Ibáñez, Mulchén, San Carlos, Talcahuano, Curacautín, Yerbas Buenas, Bulnes, Cauquenes y Lautaro
-Del diputado señor Navarro, información relativa a bibliotecas.
Municipalidad de Palena
-De los diputados señores José García, Fossa, Víctor Pérez, Prokurica y Ulloa, nómina de inscritos en el registro de la Oficina Municipal de Información Laboral.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Gabriel Ascencio y Andrés Palma.
-Asistieron, además, los ministros de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre; de Justicia, señor José Antonio Gómez, y de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.49 horas.
El señor PARETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor PARETO (Presidente).-
El acta de la sesión 18ª se declara aprobaba por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 19ª queda a disposición de las señoras y señores diputados.
IV. CUENTA
El señor PARETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor PARETO ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Salud, en orden a que se le remita el proyecto que modifica la ley Nº 19.129, luego de ser despachado por la Comisión de Economía.
No hay acuerdo.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PARA FAVORECER REINSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS. Primer trámite constitucional.
El señor PARETO ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer el informe complementario de la Comisión de Hacienda, recaído en la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Tuma.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2735-05, sesión 12ª, en 4 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 14ª, en 10 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Informe Complementario de la Comisión de Hacienda, sesión 22ª, en 1 de agosto de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , me corresponde dar a conocer el informe complementario de la Comisión de Hacienda respecto del proyecto que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas.
La iniciativa tiene su origen en una moción de quien habla, copatrocinada por la diputada señora Muñoz , doña Adriana , y por los diputados señores Bartolucci , Elgueta , Encina , García, don René Manuel ; Montes, Ortiz , Pérez, don Aníbal , y Rocha .
Su objetivo central es facilitar la reinserción laboral de las personas cesantes que se ven impedidas de postular y, eventualmente, de ser seleccionadas para puestos de trabajo por tener anotaciones comerciales.
A su vez, la iniciativa pretende sumarse a un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para ir en apoyo de las familias que han perdido su única fuente de ingreso, por ejemplo, los planes de absorción de mano de obra pagados con recursos fiscales, la creación de instrumentos especiales de fomento para las actividades productivas o medidas para aliviar la situación de la pequeña y mediana empresa, como la repactación de deudas tributarias y previsionales.
La idea matriz del proyecto consiste en reducir los casos en que las empresas administradoras de información de terceros puedan comunicar a sus clientes los datos por incumplimiento de las obligaciones de los deudores del sistema financiero o de casas comerciales.
El proyecto modifica únicamente la ley Nº 19.628, a la que agrega un artículo 4º transitorio.
Respecto de esta materia, se han planteado dos iniciativas: la primera versión señala que en ningún caso podrán comunicarse los datos relativos a obligaciones con el sistema financiero o con casas comerciales después de transcurridos tres años desde que la respectiva obligación se hizo exigible -eso es lo que establece actualmente la ley-, ni continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de transcurrido un año del pago o de su extinción por otras causales legales.
Se trataba de reducir de tres años a uno la permanencia en los registros de aquellas personas que pagaren su deuda. Todo esto por tiempo restringido y limitado por un tope máximo del deudor de hasta 120 unidades de fomento.
En el debate de la Comisión propuse, con la finalidad de evitar la utilización abusiva de esta normativa de excepción, que fueran beneficiarios del proyecto sólo aquellos deudores que, al momento de la presentación de este proyecto de ley -esto es, al 20 de junio de 2001-, tengan anotaciones comerciales, sean del deudor moroso que ha pagado sus deudas o del que no lo ha hecho.
También expresé mi convencimiento de que estas normas debían restringirse a un monto de protesto o incumplimiento de hasta 120 unidades de fomento, más o menos 2 millones de pesos, con el objeto de evitar que se beneficiaran con esta ley aquellos deudores que han hecho un hábito del incumplimiento comercial.
Según la información que recibí del Boletín Comercial, a la fecha existe un millón trescientos mil personas naturales con anotaciones. El proyecto original beneficiaría aproximadamente a 500 mil personas.
Sometido a votación general, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda.
Durante la discusión particular, se aprobó la propuesta inicial de este parlamentario en todos sus términos y se agregó una indicación de los honorables diputados señores José García , Pablo Lorenzini , José Miguel Ortiz y del que habla, para eximir de la exigencia del tope máximo -esto es, 120 unidades de fomento- a las deudas derivadas del crédito universitario u otro sistema de financiamiento de estudio de educación superior de pregrado, no importando, en consecuencia, el monto de tales deudas.
Puesto en votación el artículo único con la indicación y modificaciones precedentes, fue aprobado por unanimidad.
Una vez que la Sala debía conocer este informe que acabo de relatar, por acuerdo unánime de la Cámara se reenvió el proyecto a la Comisión de Hacienda para un informe complementario, motivado por la presentación de una indicación sustitutiva que más adelante explicaré en detalle.
Después de la discusión complementaria, la Comisión sometió a discusión y votación en particular el proyecto, dejando sin efecto la que consta en el informe original, en consideración a la presentación de indicaciones nuevas y a las opiniones y antecedentes entregados por los invitados señores Alfonso Muga , en representación del Consejo de Rectores de las universidades chilenas; Francisco del Río , asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Juan Carlos Scapini , asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Claudio Ortiz , Francisco Argüello y Cristián García-Huidobro , gerente general, gerente de sucursales y asesor jurídico de la Cámara de Comercio de Santiago, respectivamente, y la señora Pilar Armanet , jefa del Departamento de Educación Superior del Ministerio de Educación.
En el debate intervino el señor Claudio Ortiz, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, quien planteó como alternativa que se acogieran las ideas siguientes para conciliar el texto propuesto con los objetivos de la iniciativa:
a) En lugar de que exista un registro histórico de un año, limitar a cero la comunicación de incumplimientos que hayan sido pagados o que se hubiesen extinguido por otras causas legales.
b) En consideración a que tres años es poco tiempo para aquellas personas que nunca han pagado sus obligaciones y, dado que por esta iniciativa serán beneficiadas tanto las personas que registran antecedentes por situaciones puntuales como quienes tienen una conducta fraudulenta, sugiere que el plazo sea de cinco años en estos casos.
c) Cree conveniente considerar como condiciones necesarias para acceder a los beneficios de la moción, tal como vienen en la indicación sustitutiva, las siguientes: primero, que las anotaciones hayan estado vigentes a la fecha de la presentación de esta iniciativa -esto es, al 20 de junio-; segundo, que la sumatoria de los incumplimientos vigentes no debe exceder de 120 unidades de fomento por persona, y, tercero, que las anotaciones comprendidas por esta iniciativa tengan una antigüedad no mayor de 36 meses.
Respecto a la indicación que incorpora los créditos universitarios, afirmó que se debilitarán las bases del sistema de financiamiento de la educación superior al carecer las universidades de una herramienta efectiva de recuperación de sus créditos.
Por su parte, el diputado señor Carlos Montes argumentó que en Chile no existe un sistema apropiado de calificación de riesgos como el de Estados Unidos, que pondera numerosas variables para hacer tal calificación. A su juicio se debe avanzar en esta materia, por lo cual estimó que se debe distinguir entre el almacenamiento de información, indispensable para perfeccionar el sistema de calificación de riesgos, y la entrega de ella a terceros.
Añadió que en el sistema norteamericano tal información permite ponderar un factor de riesgo que es entregado a quien lo solicite.
A su vez, el diputado señor Julio Dittborn opinó que una alternativa para no perjudicar a los deudores de créditos universitarios sería contemplar la incorporación al Boletín de Información Comercial de las deudas que superen determinado monto.
El señor Alfonso Muga , rector de la Universidad Católica de Valparaíso, en representación del Consejo de Rectores, expuso que la indicación sobre deudas por créditos universitarios genera consecuencias serias sobre la recuperación de los fondos destinados al crédito universitario. Explicó que dicho fondo se financia mediante tres fuentes: a) Por el Estado, mediante la ley de Presupuestos; b) A través de la recuperación de las carteras de crédito universitario, y c) Con recursos de las propias universidades.
Agregó que de cada 100 pesos provenientes del Estado para financiar el fondo solidario que administra la Universidad Católica de Valparaíso, 85 pesos son recuperados. Señaló que, en promedio, la tasa de recuperación de las deudas de crédito universitario alcanza a 45 ó 50 por ciento.
Concluyó que cualquier modificación a la legislación que regula la información de los registros comerciales generará un incentivo al no pago, que tendrá un impacto fiscal, por lo cual la cantidad de recursos asignados a las universidades mediante la ley de Presupuestos tendría que aumentar.
El diputado señor Álvarez, don Rodrigo , consideró que al eliminarse las herramientas “suaves”, se obligará a utilizar medidas más drásticas para lograr el pago de las deudas.
El suscrito, a su vez, acotó que aun cuando no se protesten las letras y pagarés, la nómina del Sicom -organismo que tiene convenio con las universidades del Consejo de Rectores respecto de la información de morosidad- termina por cerrar las puertas a quienes pretenden reinsertarse laboralmente, porque de todos modos este organismo va filtrando la información a otras bases de datos.
El señor Francisco del Río , representante del Ministerio del Trabajo, sostuvo que esa cartera de Estado está de acuerdo con esta iniciativa, por cuanto existe una especie de discriminación respecto de las personas que buscan trabajo y que tienen antecedentes comerciales negativos, sin considerar que muchos han dejado de cumplir sus obligaciones a causa de la crisis económica que ha vivido el país.
El señor Juan Carlos Scapini explicó que el manejo de los antecedentes del Boletín de Informaciones Comerciales permite que funcione el sistema financiero al valorar los riesgos de sus deudores. Manifestó, sin embargo, su acuerdo con la iniciativa, ya que al favorecer solamente a personas naturales logrará la deseada reinserción laboral de éstas.
La señora Pilar Armanet hizo presente que, si bien comparte los objetivos de la moción en estudio, es necesario tener presente la situación especial de los créditos universitarios. Destacó que dichos créditos se otorgan mediante la celebración de un convenio entre la universidad y el alumno. La tasa de interés es de sólo 2 por ciento anual; el plazo de pago es de 15 años y, además, cada cuota no puede superar el 5 por ciento de los ingresos del deudor. Agregó también que si un deudor acredita que está sufriendo una situación de desempleo, se lo libera de la obligación de pagar el préstamo.
El diputado señor García, don José , planteó que en la práctica quienes han perdido su fuente laboral y no han informado su situación a la universidad, aparecen en mora.
En cuanto a los aspectos normativos, el debate se basó en una indicación sustitutiva, presentada por quien habla, la cual puede resumirse de la siguiente forma.
En cuanto a las normas permanentes, se pretendía modificar el artículo 18 de la ley sobre protección de la vida privada de las personas, estableciendo en el inciso primero que, en caso de no pago de las obligaciones, el plazo de permanencia en los registros se reducirá de siete a cinco años, y en su inciso segundo, que en caso de cumplimiento o pago de las mismas, este registro será eliminado una vez aclarada la respectiva anotación. Es decir, para el que no paga bajará la norma permanente de siete a cinco años y para el que sí lo hace, no se seguirá informando de esa morosidad, ya que está cancelada.
Una segunda materia importante dice relación con las normas transitorias, que son las que tienen mayor impacto sobre el objetivo fundamental, que es facilitar la reinserción laboral de las personas. Al respecto, se propone agregar un artículo 4º transitorio, que señala que para los deudores que registren anotaciones vigentes en el Boletín Comercial, esto es, personas que no han pagado sus deudas y que aparecen en los registros al 20 de junio del presente año, y cuando éstas no excedan en capital la suma de 120 unidades de fomento, deberán ser eliminados de estos registros si han cumplido tres años desde que se hizo exigible la obligación.
En relación con la situación de las deudas originadas en créditos otorgados para el financiamiento de la educación superior, la indicación eximía a los deudores del tope máximo de 120 unidades de fomento para gozar de los beneficios de la disposición transitoria que he comentado.
En la votación particular, insisto, en este segundo informe, por 4 votos a favor y 5 votos en contra, se rechazó la modificación al inciso primero del artículo 18 de la norma permanente, que establecía una reducción del plazo de permanencia en el Boletín Comercial de siete a cinco años para quienes no hubiesen pagado sus obligaciones.
En relación con el inciso segundo del artículo 18 permanente, por 5 votos a favor y 4 votos en contra se aprobó la norma que permite la eliminación total de los antecedentes una vez efectuado el pago o extinguida la obligación por otra causal legal.
Junto con los diputados señores Alvarado y Dittborn presentamos una indicación para agregar un número 3 al artículo único de la indicación sustitutiva, con el objeto de agregar el siguiente inciso nuevo al artículo 18: “No se podrá publicar la morosidad de las obligaciones comerciales antes de un plazo de 30 días contado desde la fecha de vencimiento de la obligación”.
Esta norma fue aprobada por 3 votos a favor y 2 abstenciones.
Luego, el artículo 4º transitorio, referido a la hipótesis de los deudores con anotaciones comerciales vigentes al 20 de junio de 2000, que no hubieren pagado sus deudas, que, además, cumplían con la condición de tener una morosidad igual o inferior a 120 unidades de fomento y que eran beneficiados del derecho de que no se informara sobre sus deudas luego de transcurridos tres años desde que se hicieran exigibles estas obligaciones, fue aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra.
Los diputados señores Álvarez , Dittborn , José García y Ortiz formularon una indicación para reemplazar el inciso tercero, referido a las deudas vinculadas al financiamiento de la educación superior, por una disposición que impide aplicar los beneficios de la norma transitoria a este tipo de deudores, fundada en las razones expuestas por los invitados relacionados con el sector educacional.
En conclusión, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del proyecto de ley, que se encuentra contenido en las páginas 10 y 11 del informe complementario.
Por último, cabe señalar que el proyecto no tiene disposiciones que deban aprobarse con quórum especial.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , quiero expresar mi reconocimiento y felicitación al diputado señor Eugenio Tuma por la iniciativa legal que estamos analizando y que nos proponemos aprobar en esta oportunidad.
Aunque no hemos intervenido en los debates de la Comisión, es un tema que nos preocupa y merece nuestra atención, toda vez que beneficia a más de 500 mil personas que están en los respectivos registros por antecedentes comerciales.
Este problema sobre los registros, los antecedentes comerciales, el Dicom y todo eso, tiene una larga historia, y ahora se está procurando dar otro paso más para solucionar el problema de los deudores que figuran en ellos.
El 14 de marzo de 1991, en el Congreso Nacional, junto con los entonces diputados Gustavo Ramírez y Eduardo Cerda , presentamos el primer proyecto de ley sobre la materia. Disponía la cancelación inmediata, de pleno derecho, de las anotaciones existentes en las instituciones financieras, Boletín Comercial y Superintendencia de Bancos, anteriores al 31 de diciembre de 1986. Se establecía lo mismo para aquellas que cumplían cinco años desde su registro.
La motivación de la iniciativa fue un ambiente de caos, de confusión, de problemas económicos, de interrupción de planes y de proyectos en la actividad económica. La necesidad imperiosa de regular y solucionar el entrabamiento de la actividad comercial por las anotaciones en los boletines respectivos, derivados de la crisis económica producida entre 1978 y 1982, que se denominó “la gran depresión económica”, justificaban la eliminación de anotaciones respecto de miles de personas que habían incumplido sus obligaciones y figuraban en dichos registros. Además, considerábamos que el advenimiento de la democracia requería condiciones para emprender y desarrollar una nueva forma de vida.
Ese proyecto de ley quedó en nada en el Senado de la República.
Por fortuna, se presentó otra iniciativa, que se convirtió en la ley Nº 19.628, de 18 de agosto de 1999, sobre protección de la vida privada, que reglamenta en gran forma este problema de los informes comerciales.
Hoy discutimos un proyecto de ley que tiene por objeto favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas y rechazadas por los sectores empresarial y público porque figuran con anotaciones en el Boletín de Información Comercial.
Para acogerse a este beneficio, la deuda no debe superar las 120 unidades de fomento, es decir, aproximadamente, 1.900.000 pesos. Es un monto pequeño si se lo compara con las obligaciones de otras personas o empresas. O sea, se trata de favorecer sólo a desempleados y no al sector productivo o a quienes tienen deudas mayores. No obstante, considero que deberíamos habernos preocupado del sector productivo o empresarial que está en similares condiciones.
En todo caso, estimo importante legislar para la gente, para el funcionario, para el hombre común, para el que postula a un empleo, porque no entendemos qué relación puede existir entre el incumplimiento de una deuda y la capacidad o idoneidad de una persona para asumir y desempeñar una función. Molesta e irrita que la aptitud para trabajar se mida por los incumplimientos comerciales que aparecen en el Dicom o en registros similares, como si el no pago de algunas cuotas de créditos, como en el caso de los universitarios, disminuyera o anulara su competencia laboral.
Primitivamente, el proyecto contemplaba la eliminación del registro de las deudas de los universitarios, pero la indicación sustitutiva suprimió ese beneficio. No se repara en que el incumplimiento es sólo la consecuencia de la falta de ingresos por las contingencias que provoca una crisis económica, de las que nadie puede evadirse y que escapan del control del deudor, como la crisis asiática que hemos vivido, que tiene las mismas características, quizás menores, que la que se produjo entre 1978 y 1982.
Celebro que de inmediato se libere de las anotaciones a quien paga y que no se continúe comunicando los datos relativos a esas obligaciones.
Siempre nos preguntamos por qué quien paga sus deudas morosas debe esperar tres años -antes de la ley que he señalado, eran cinco años- para que se borren sus antecedentes comerciales, en lugar de hacerlo de inmediato. A veces resulta más fácil eliminar los antecedentes penales que los comerciales.
Este proyecto es un acierto, un acto de justicia y de racionalidad. Esperamos que se cumplan sus disposiciones y que no subsistan las listas negras a las que recurren las empresas y los negocios para informarse de los deudores morosos, que en la actualidad permanecen en esos registros aunque hayan pagado.
También considero razonable el plazo de treinta días, contado desde la fecha de vencimiento de la obligación, para publicar la morosidad de las obligaciones comerciales. No nos cabe duda de que este plazo de treinta días que se concede a los morosos es suficiente para resolver su problema y así no ser objeto de la anotación en el respectivo boletín, lo que impedirá ese daño y, a la vez, disminuirá el volumen de las anotaciones. También evitará la arbitrariedad y el perjuicio que puede sufrir un deudor con una anotación hecha al día siguiente del incumplimiento.
El Boletín Comercial no es solamente un mero registro que da cuenta de anotaciones de incumplimientos o de morosidades, sino que representa la importancia que actualmente se asigna al lucro, a la ganancia, a la utilidad o al riesgo de perder plata, en desmedro de otros elementos más trascendentes y más humanos. Eso parece lógico, porque estamos en una economía social de mercado, de libre competencia y de supervivencia de los más pobres. El más fuerte se asegura, tiene más resguardos y utiliza una serie de factores, como el de la calificación del riesgo para evitar amenazas a sus esperanzas o expectativas de ganancias. En consecuencia, existe una gran rigurosidad respecto del suministro de antecedentes comerciales de las personas que transan y adquieren bienes y servicios en el mercado.
El Dicom es un “registro maldito” para mucha gente, y más que perjudicar a la persona, la denigra. Se trata de pequeños y medianos agricultores, comerciantes, industriales, profesionales y estudiantes que están entrampados en el Dicom.
Voy a votar favorablemente porque creo que el proyecto soluciona en parte el problema, es decir, sólo es un paso más de los tantos que tendremos que dar para resolverlo en su totalidad.
Con la misma fuerza que he señalado lo anterior, quiero afirmar que, además de preocuparnos del registro y de las anotaciones comerciales de la gente, también deberíamos abordar la arbitrariedad y el abuso que se comete con los préstamos de consumo -denuncia que aparece hoy en un medio de comunicación-, por los altos intereses y subidos gastos por servicios que se cobran. No olvidemos que en la actualidad se cobran intereses sobre intereses, por lo que resulta difícil castigar la usura.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , la tramitación de esta moción parlamentaria es una muy buena noticia para miles y miles de chilenos y de chilenas, para quienes es una verdadera crucifixión aparecer en Dicom. La mayoría de nuestros compatriotas son honestos, honrados y pagan sus deudas.
Por otra parte, es muy fácil acceder al listado de deudores morosos, al cual se recurre no sólo para decidir asuntos financieros, sino, desgraciadamente, otros, como por ejemplo, cuestiones laborales. Por ello, intervenir y hacer más humana la relación con el Dicom es una muy buena noticia y un alivio para miles de chilenos que hoy se encuentran afectados por anotaciones.
Junto con personeros del Movimiento por la Tolerancia, que organizó una recolección de firmas, en la que participé, pude palpar el gran interés de la ciudadanía por modificar ese registro. Ella siente -así ha sido- que perjudica absolutamente su reinserción laboral. Tengo innumerables testimonios que indican que el solo hecho de aparecer en Dicom, incluso habiendo pagado sus deudas, ha afectado a las personas en su acceso al trabajo. Muchas empresas y organismos oficiales asumen las anotaciones en el Dicom como algo absolutamente perjudicial en términos del comportamiento laboral.
Por lo tanto, me parece muy importante lo que estamos haciendo: ayudar a nuestros conciudadanos a llevar una vida más tranquila, menos angustiosa y a enfrentar períodos de crisis económica y de falta de empleo, como los que actualmente vivimos, de manera mucho más serena, sin sentirse perjudicados.
A mi juicio, la normativa es muy relevante y creo que deberíamos darle nuestro apoyo unánime.
Me parece muy justo que no se continúe comunicando los datos relativos a alguna obligación después de ser pagada o de extinguirse por otra causal legal. Resulta inaceptable que después de un gran esfuerzo, de haber pagado la deuda y los derechos -ese es otro tema de revisión- para ser retirado del listado de morosos, la persona permanezca en el registro histórico. Sin duda, es una injusticia tremenda. En definitiva, es de estricta justicia disponer que esos datos se supriman y no se informe de ellos una vez pagada la deuda.
También me parece muy importante el establecimiento de un plazo de treinta días, contado desde la fecha del vencimiento de la obligación para que se consigne el hecho en los respectivos registros. Ese plazo es el mínimo que se puede dar para pagarla, y destaca los esfuerzos de la gente por cubrir sus deudas.
Asimismo, es muy importante la disposición que se refiere al registro histórico, respecto del cual se fija un límite de tres años para comunicarlos. Creo que también es un gran alivio para la gente, y me parece justo que no se den a conocer aquellas deudas inferiores a 120 unidades de fomento.
He tratado de entender, a través de la explicación del diputado informante y del informe, lo referido al crédito universitario y que la Comisión no haya aprobado la indicación al respecto.
Conozco innumerables casos sobre la materia. Sé que es complicado y difícil de comprender que el sistema del fondo solidario tenga una recuperación del 46 por ciento, pero no estoy al tanto de estudios sobre las causas del no pago del 54 por ciento restante. Es cierto que no podemos poner en peligro esos recursos, que vayan a un hoyo negro y no se recuperen en un alto porcentaje, pero también sabemos que no pagarlos y, en consecuencia, aparecer en Dicom perjudica enormemente a muchas personas en su inserción laboral y en sus intenciones absolutamente honestas de retribuir ese crédito solidario.
A mi juicio, deberíamos contar con mayor información sobre la causa de esa recuperación de sólo un 46 por ciento y ver de qué forma la no inserción laboral pone en peligro el fondo solidario, que hoy permite a una inmensa mayoría de estudiantes acceder a la educación superior.
Lamento que no se haya podido tomar esa determinación y entiendo las razones por las cuales algunos diputados no acogieron la indicación correspondiente. Creo que debemos contar con mayores antecedentes al respecto, por lo cual propongo profundizar en ese tema, asumiendo que no se puede poner en peligro ese fondo solidario, tan importante para la educación superior de miles y miles de chilenos y chilenas.
En todo caso, sigo calificando esta iniciativa de muy buena. Es muy importante lo que vamos a hacer. Este proyecto, junto con el relacionado con los derechos de aseo, que van en paralelo con el de la disminución de los impuestos personales, que el Senado despachó ayer y que luego verá la Cámara, son noticias que hacen justicia a miles de chilenos que realmente quieren seguir contribuyendo con el país y que muchas veces se sienten limitados y angustiados por situaciones que no pueden superar por circunstancias ajenas a los problemas que se plantean.
Por último, llamo a los señores diputados a aprobar por unanimidad la moción parlamentaria en discusión, y felicito a sus autores.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , en realidad, durante bastante tiempo muchas personas han esperado este proyecto, puesto que su objetivo y propósito fundamental es colaborar, por la vía de darles ciertas facilidades para la eliminación de las anotaciones en los boletines de información comercial, a fin de que postulen de mejor manera a un empleo, y evitar así algunas situaciones que generaron esas publicaciones, debido a la pérdida del trabajo o a otras causas, de manera que puedan ser superadas de mejor forma y con ello contribuir al gran objetivo en el que estamos empeñados: dar posibilidades de empleo a todos los chilenos.
En ese sentido, durante la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda se implementaron varias cosas que resultaron total y absolutamente positivas. Así, logró ser consensuada la indicación que establece que el envío de los datos al Boletín de Informaciones Comerciales se retrasará por un período de tiempo. Hoy, esa información es totalmente automática; se produce el protesto o la morosidad e inmediatamente -a la semana siguiente- aparece la anotación. En aquella indicación, que originalmente pretendía dar un plazo de noventa a ciento veinte días, concordamos en treinta días, con el ánimo y el propósito de que aquellas personas que no pagan una obligación por alguna circunstancia especial, porque un hijo está enfermo o porque se produjo algún imprevisto y debieron dejar de cumplir sus compromisos comerciales, pero lo hacen al mes siguiente, después de la emergencia no se vean en la necesidad de aclarar en el Boletín Comercial esa información que, al margen de las molestias e incomodidades, genera un costo adicional.
En el mismo sentido, es razonable que la persona que cumple con su obligación y se pone al día, deje de aparecer en esos informes, previa aclaración, porque muchas veces esa carga de información negativa perdura en el tiempo y afecta la vida cotidiana, la búsqueda de empleo, la iniciación de una actividad comercial o la confianza ante una institución financiera.
Son dos materias relevantes, que compartimos plenamente y estamos dispuestos a apoyarlas.
Por último, quiero decir que es un proyecto razonable, que viene a aliviar y a resolver problemas concretos que afectan a muchas personas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , desde el punto de vista de la reactivación, el proyecto va en la dirección correcta, y ayudará a acceder a un empleo a muchos jefes y jefas de hogar, cuyas deudas no superen las 120 unidades de fomento, objetivo principal de la iniciativa.
Es fundamental legislar al respecto, porque sabemos lo que significa el drama de no encontrar trabajo o de hallarlo y luego ser despedido por figurar en los listados de Dicom. Digo esto, porque muchas veces el sistema financiero ha cuestionado este tipo de leyes o de instrumentos que se dan para dar facilidades a la gente para que encuentre trabajo.
Otro de los grandes problemas es el altísimo interés que se aplica a las deudas. Todo el mundo sabe que la renegociación de las pymes se ha visto dificultada porque los bancos no quieren renegociar deudas chicas de los pequeños y microempresarios. Además, la gente se ha enterado del costo del crédito mediante una serie de antecedentes aparecidos en la prensa. Sin ir más lejos, “El Mercurio” de hoy señala que el costo efectivo de los préstamos de consumo llega al 7,7 por ciento, incluyendo tasas de interés y otros gastos adicionales. Se ha detectado el cobro de intereses abusivos de hasta 93 por ciento en créditos de consumo, como publica “La Nación” de hoy.
Por lo tanto, para un mínimo equilibrio, sería bueno aprobar este proyecto que ayudará a la gente a encontrar trabajo y terminará con verdaderas tragedias familiares de jefas y jefes de hogar cesantes.
Por otra parte, es de mínima justicia que la persona que paga la deuda, aunque lo haga en forma atrasada, con intereses y costos de cobranza prejudicial, desaparezca de los listados. Eso será un alivio para cientos de familias chilenas que viven momentos de angustia por su deuda.
En segundo lugar, también me parece buena la reducción del plazo de siete a tres años para poder informar sobre la anotación. Ello facilitará que la persona encuentre trabajo.
A mi juicio, es muy importante que se establezca que las deudas no pueden ser publicadas antes de treinta días de su vencimiento. Es una indicación muy importante que permitirá que las personas que tengan la intención de pagar, aunque sea con atraso, lo hagan dentro de los treinta días, a fin de que no sean incluidas en estos listados de las distintas empresas de información comercial.
Este proyecto es bueno, porque beneficia a pequeños deudores y ayudará a la reactivación de la economía. Además, es muy importante para muchas personas que hoy pasan por la angustiosa situación de no encontrar trabajo o de ser despedidos por aparecer en los listados de Dicom o de otras empresas, que se han constituido en verdaderas dictaduras de información comercial que afecta a muchas familias y a cientos de chilenos. Este proyecto constituye una posibilidad real de solucionar el problema.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , al igual que todos los señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, valoro la iniciativa en estudio.
Como representante de la bancada Democrata Cristiana y de la provincia de Iquique, quiero decir que mi zona, en particular en el último tiempo, ha sido fuertemente golpeada por un índice de cesantía al cual no estábamos acostumbrados. Al respecto, las anotaciones comerciales han sido un impedimento permanente para las personas que desean reincorporarse al mundo laboral, ya que se las discrimina si las tienen. Por eso, la reducción de los plazos para informar los incumplimientos me parece una señal muy positiva y seria para la reactivación económica.
Asimismo, es muy positiva la incorporación de las deudas por crédito fiscal universitario a los beneficios de esta iniciativa de ley, gracias a una indicación del diputado señor José García , por lo cual lo felicito. Muchos jóvenes profesionales que han tenido dificultades para pagar sus créditos se ven impedidos de acceder al mundo del trabajo por figurar en los boletines comerciales.
Por todo ello, el proyecto me parece muy positivo, pues viene a resolver un grave problema y permite aumentar la fuerza laboral y la ocupación de mano de obra. Creo que su aprobación debería ser por unanimidad, a fin de facilitar la vida de miles de personas que esperan una solución a este problema que se arrastra ya por muchos años y que, además, constituye un abuso permanente y genera mucha discriminación.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero expresar mi apoyo a la iniciativa en estudio, porque sin que constituya una solución definitiva o sin que conlleve la idea de crear falsas expectativas sobre su significado, pienso que es un alivio para muchos deudores, en particular para quienes buscan una oportunidad laboral, que se encuentran con la sorpresa de que, a pesar de reunir todos los requisitos, no son contratados porque aparecen con informe negativo en Dicom o en otras empresas que administran información financiera.
Eso es muy injusto e inhumano, pues muchas veces las personas no han pagado precisamente porque llevan un largo período desempleadas. Entonces, entramos en un círculo vicioso: por estar cesantes no han podido cumplir sus compromisos y, por lo mismo, no pueden encontrar una nueva oportunidad laboral. Desde ese punto de vista, el proyecto contribuirá a que muchas personas tengan la legítima posibilidad de incorporarse al campo del trabajo.
En segundo lugar, también es positivo el plazo de treinta días que se da para que la persona pague su deuda antes de que la información sea enviada a alguna entidad que maneje la información financiera.
En tercer lugar, es muy positiva la disposición transitoria que establece que se reduce a tres años el plazo para comunicar por los boletines comerciales las obligaciones exigibles que estaban pendientes al 20 de junio de 2001. Estas anotaciones, por lo tanto, no se podrán informar en la medida en que su monto total no supere un valor de 120 unidades de fomento.
De esta forma se demuestra que no se busca premiar a una persona que sistemáticamente no paga, por ser su costumbre, sino apoyar a las que, en razón de la crisis económica y de las altas tasas de desempleo que ha tenido el país, no han podido pagar.
Sin embargo, quiero pedir votación separada para el inciso final del artículo 4º transitorio que se agrega. Me parece que la discriminación que se hace con los estudiantes deudores de créditos universitarios es profundamente negativa y no tiene ninguna razón de ser.
Es muy curioso nuestro doble estándar. Somos generosos con el dinero de los privados y decimos que si son deudas privadas no se pueden informar; pero cuando se trata de deudas con el Fisco, de estudiantes universitarios que se han hecho merecedores al crédito, por la situación socioeconómica de sus padres y porque no tienen dinero para financiar esos estudios de educación superior, entonces decimos que sí vale la anotación en los registros de Dicom o de otras instituciones que administran información financiera.
Es verdad que el crédito universitario tiene una tasa de interés privilegiada; es verdad que existe un procedimiento para que las personas afectadas concurran a la universidad y digan que no han podido pagar por no tener trabajo, pero también es verdad, porque así fue reconocido por la encargada del programa de crédito universitario del Consejo de Rectores, que hay un desorden tremendo en la administración del sistema. Por esa razón, la Comisión de Hacienda ha citado para esta tarde a los personeros que intervienen en la administración para que nos expliquen por qué este sistema está fracasando, por qué tiene tantos problemas, por qué una universidad actúa de manera A y otra de manera B, por qué algunas protestan los pagarés y otras no.
Siento que si a alguien debemos brindar oportunidades y posibilidades de incorporarse al campo del trabajo es a los jóvenes que, hayan o no terminado sus estudios universitarios, tienen anotaciones comerciales porque la universidad mandó la información del no pago de alguna cuota o protestó algún pagaré respecto del crédito fiscal universitario o del crédito universitario.
Llamo a mis colegas a que rechacemos esta disposición. La juventud es la que más oportunidades necesita. Una reciente encuesta del Instituto Nacional de la Juventud demuestra que los jóvenes son los que tienen la peor opinión de nosotros como parlamentarios y políticos. Demostremos ahora que les podemos tender una mano; demostremos ahora que podemos ayudarlos y que no es cierto lo que ellos piensan; demostremos que estamos preocupados por su futuro, por brindarles verdaderas oportunidades y ofrecerles mejores expectativas.
Por eso, si bien apoyo en general los términos del proyecto, llamo a mis colegas a rechazar el inciso tercero que se propone agregar al artículo 4º transitorio.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señores diputados, la Mesa hará una proposición respecto de la forma de trabajar en esta mañana, a raíz de que acaba de llegar del Senado el proyecto aprobado ayer, en segundo trámite constitucional, sobre la reforma tributaria.
lº Dar por cerrada la inscripción para intervenir respecto del proyecto en debate. Quedan doce parlamentarios inscritos.
2º Cerrada la inscripción, reducir de diez a cinco minutos el tiempo de cada parlamentario, con lo cual tendríamos una hora más antes de votar el proyecto, lo cual se hará alrededor de las 12.50 horas.
3º A continuación, votar las modificaciones del Senado.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal, hasta por cinco minutos.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , desde hace ochenta años existe en nuestro país un sistema de recopilación, archivo y comunicación de los antecedentes comerciales de las personas, diseñado en aquellos tiempos como un mecanismo para facilitar la realización de operaciones comerciales y financieras entre particulares y disminuir el riesgo de la contratación.
El sistema, administrado hoy por múltiples instituciones, unas de naturaleza gremial, como la Cámara de Comercio, y otras de índole empresarial, privada e incluso extranjera, como Dicom, se ha transformado, con el correr de los años, en una dificultad para la operación económica de muchos chilenos y, en particular, de los que tienen mayores necesidades de carácter económico y financiero.
En la actualidad, en nuestro país se presenta la paradoja de que contar con antecedentes comerciales puede ser casi más grave que tener antecedentes penales, toda vez que se han multiplicado los actos y negocios jurídicos en los cuales se exige contar con una certificación de no estar incorporado a los registros de deudores morosos o con documentos protestados.
Así, por ejemplo, en trámites tan esenciales para la vida de los ciudadanos como postular a un empleo, arrendar una casa, matricular a un hijo en un establecimiento particular pagado, acceder a cualquier clase de sistema de crédito, es obligatorio no tener anotaciones comerciales vigentes o no haberlas tenido en el pasado, por la presencia que los deudores tienen en el registro histórico. Es decir, los registros históricos del Boletín Comercial y de Dicom o las anotaciones cotidianas en estos sistemas entran directamente a limitar, a vulnerar derechos constitucionales de todos los chilenos.
El Congreso Nacional, en especial esta Cámara de Diputados, desde hace algunos años ha recogido la gran demanda ciudadana de hacer más justo y equitativo el sistema. De esta manera, se han generado iniciativas parlamentarias que, por ejemplo, han permitido aprobar un marco jurídico más acorde con las nuevas realidades tecnológicas y normativas, como la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, promulgada en 1999, más una serie de proyectos en trámite, la mayor parte de origen parlamentario, como el que se presentó a principios de esta legislatura ordinaria, que tiene por finalidad obtener, como medida de apoyo al proceso de reactivación económica, un blanqueo de los antecedentes comerciales de las personas naturales y jurídicas, que se encuentra pendiente en la Comisión de Economía de la Cámara.
Las anotaciones comerciales están significando, en la actual crisis que vive el país, una enorme dificultad, especialmente para los pequeños y medianos empresarios.
También se presenta una segunda paradoja: mientras el Gobierno crea un bono de capacitación para el empleo, entrega recursos a los pequeños y medianos empresarios para que contraten trabajadores y asigna recursos para que la Corfo se transforme en una especie de garante en la repactación de las deudas y obtención de nuevos créditos, los bancos más importantes de nuestro país siguen exigiendo a los pequeños y medianos empresarios, para repactar sus deudas, no tener anotaciones cotidianas ni aparecer en el registro histórico de Dicom. Es decir, estamos frente a un obstáculo real.
Al respecto, hemos conversado con el superintendente de Bancos, señor Enrique Marshall, y realizado innumerables gestiones. Se nos dijo que nueve bancos ya no exigen informes comerciales. Sin embargo, en regiones como la de Atacama, todos los bancos continúan haciendo esta exigencia.
Lo mismo ocurre con la reinserción laboral, en cuyo caso este certificado de Dicom, que acredita la no existencia de anotaciones comerciales, se ha convertido en un segundo papel de antecedentes que se pide para cualquier actividad económica, comercial y financiera de las personas.
Considero que estamos ante una iniciativa muy importante, y felicito a los diputados señores Tuma, Elgueta, René Manuel García y otros por haberla presentado.
Hoy en la mañana, junto con la diputada señora Muñoz y los diputados Elgueta , Encina y Pérez , presentamos un proyecto de ley relativo a la gratuidad de la aclaración en la información comercial.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Han terminado sus cinco minutos, señor diputado .
El señor LEAL .-
En las plazas de Copiapó, Chañaral , Diego de Almagro , El Salvador, El Salado e Inca de Oro se reunieron más de 17 mil firmas de apoyo a dicho proyecto, lo que demuestra también el sentimiento de la población en torno de una iniciativa que suprime del registro histórico a quien paga su deuda y reduce el plazo para comunicar las anotaciones por los boletines comerciales que se hicieron exigibles transcurridos tres años.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , ya se ha dicho que la situación de desempleo o caída de los ingresos por la que atraviesan muchas familias y empresas obliga a asumir el problema de los que se encuentran morosos.
Desde esa perspectiva, me parece muy importante el proyecto en debate, del cual soy uno de sus patrocinantes, por cuanto un artículo transitorio que se agrega a la ley Nº 19.628 permite que quienes estén al día en sus pagos o tengan más de tres años sus deudas exigibles no aparezcan en Dicom. Esta es una medida transitoria para enfrentar una situación específica de crisis.
Estoy consciente de que el hecho de aparecer con anotaciones en Dicom genera una discriminación muy fuerte, principalmente en aspectos laborales, como los señalados por el diputado señor Leal, en los arriendos y en un conjunto de situaciones cotidianas.
Para efectos laborales, esta discriminación es inconstitucional: no debería exigirse este antecedente para trabajar en un determinado lugar. Se está cometiendo una ilegalidad y lo que pretendemos es que no aparezcan en este listado las personas que han pagado y las que llevan tres años con un crédito moroso.
Estoy de acuerdo en que hoy las anotaciones comerciales se han convertido en algo peor que el certificado de antecedentes, pero como son ilegales, estamos reforzando su ilegalidad al señalar que el Dicom no debe comunicar esas anotaciones.
Es muy importante tener presente que el problema de fondo radica en que estamos ante un sistema muy primitivo y precario de calificación de riesgo. A veces, por el atraso en el pago de una cuota de 20 mil pesos, a la persona se la trata como si fuera una estafadora, sin tomar en cuenta los factores que llevaron a ese atraso ni dar los tiempos correspondientes para ponerse al día y hacer las rectificaciones, si fuera del caso. El hecho de aparecer en estos registros lleva a que no tenga acceso al crédito y sufra las restricciones que conocemos en lo laboral y en otros aspectos.
En verdad, se trata de un sistema muy primitivo y no comparto los cambios que el proyecto introduce en la ley. No podemos limitar la discusión a precisar cuánto tiempo después se borrarán los antecedentes de Dicom, porque el problema es más de fondo. Debe haber un sistema de calificación de riesgo adecuado, donde se conjugue una ecuación de factores tales como patrimonio, ingresos, conjunto de deudas, morosidad, comportamiento histórico, desempleo o enfermedad que pueden estar influyendo en la actuación de la persona. En otros países la calificación de riesgo es una cifra, un “score”, una cantidad que determina el grado de riesgo de la persona. Existe una ponderación de un conjunto de factores, y esos antecedentes se pueden obtener en distintas empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay tres empresas que se dedican a calificar el riesgo de las personas. Una de ellas es Dicom Equifax. Por tanto, nosotros no podemos tener un sistema tan primitivo en que por un solo atraso se trate a la persona como si fuera una estafadora. Aquí se requiere una ponderación más general y también la posibilidad de rectificar.
En Chile hay tres empresas que se dedican a esto. Dicom es la más grande, y por ello debemos exigir un avance hacia otra etapa mucho más sofisticada de calificación.
Es importante destacar que los bancos tienen su propio sistema para calificar el riesgo, e independientemente de lo que acordemos acá, seguirán aplicando el que tienen para decidir si el deudor presenta tal o cual problema. Por lo tanto, esta iniciativa sólo tiene aplicación para efectos laborales u otros, no para los bancarios.
El Congreso aprobó una disposición relativa a la deuda subordinada, que obligaba a los bancos y casas comerciales a ponerse de acuerdo para generar un sistema mejor, con información positiva y negativa; pero el Tribunal Constitucional, a requerimiento de algunos parlamentarios de la Oposición, rechazó dicha norma. Es fundamental reponerla, porque nuestro país debe tener un sistema más elaborado de calificación de riesgo, con información positiva y negativa, porque no podemos considerar sólo la negativa.
Por otra parte, me extrañan las palabras del diputado señor José García . Encuentro poco serio lo que ha hecho. En la Comisión de Hacienda dijimos que en materia de deuda universitaria falta claridad, que se debe profundizar más la información y que, para no retrasar la tramitación del proyecto, era fundamental no incluir a los deudores del crédito universitario.
Esto no quiere decir que algunos estén por proteger a los estudiantes universitarios y otros en contra. Me parece demagógico y poco serio plantearlo en esos términos, porque así no se planteó el debate que tuvimos en la Comisión de Hacienda. Tenemos un problema pendiente, que la Comisión abordará, igual como lo hizo con el tema de las aclaraciones de las deudas, para tener un sistema permanente.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, al leer el informe, uno advierte que el proyecto realmente obedece a una necesidad del país. Por eso, me complace ser uno de sus patrocinantes.
En el debate en la Comisión intervino el señor Claudio Ortiz , asesor jurídico de la Cámara de Comercio, quien señaló con mucha claridad que el sistema vigente exige modificaciones. Por ejemplo, dijo que se está estudiando el desarrollo del servicio “Tarjeta Amarilla Boletín”, para que las personas naturales y jurídicas puedan verificar semanalmente la información personal que será publicada en el Boletín de Informaciones Comerciales. Agregó que el sistema vigente constituye una simplificación de los antecedentes de los deudores, al interpretar los datos, según él, como blanco o negro. Es decir, se tiene o no se tiene anotaciones en el Boletín, sin considerar factores como la cantidad de documentos, el monto de los mismos, el tipo, la antigüedad, etcétera.
Esto revela que el sistema requiere de modificaciones importantes, y el proyecto apunta justamente a eso. Por ello, constituye una necesidad aprobarlo.
Lo que nos preocupa, y quiero plantearlo porque con el diputado señor Mesías estamos estudiando una indicación, es que en el artículo 4º transitorio se establezca como límite para que se den las condiciones y no se entregue la información al boletín, que las anotaciones no superen un valor de 120 unidades de fomento, que significan menos de dos millones de pesos. Creemos que esta cantidad debe aumentarse para favorecer derechamente a la clase media, que a través de la compra de un vehículo o de un computador puede deber sumas superiores. Con el guarismo que proponemos se llegaría a 4.800.000 pesos.
Eso sería un aporte al proyecto, que consideramos muy importante y valioso y que será muy bien recibido por quienes estiman que no legislamos para las personas, porque sí lo estamos haciendo en esta oportunidad.
Los diputados del Partido Radical Social Demócrata lo apoyaremos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente , quiero comenzar mi breve exposición felicitando a los autores de este proyecto, que aborda un tema que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo y en el que se ha visto involucrado, en mayor o menor medida, gran parte de nuestro país.
En primer lugar, debemos ampliar el ámbito de aplicación del proyecto, que se refiere solamente a los desempleados que encuentran limitaciones y problemas para reincorporarse al mundo laboral, a raíz de informes negativos que aparecen en los boletines comerciales o de algún otro tipo.
Creo que el país tiene algo más que desempleados con problemas. La crisis económica, que ha durado más de lo que todos esperábamos, nos está llevando a que muchas personas, en particular pequeños y medianos empresarios, se encuentren con antecedentes comerciales negativos, debido a la crisis, a la falta de demanda, al endeudamiento exagerado y a un colapso de las propias actividades.
Concuerdo con mi estimado colega señor Jaime Rocha en que el límite puesto por los autores del proyecto -120 unidades de fomento, prácticamente 2 millones de pesos-, es absolutamente insuficiente. Creo que deberíamos revisar este límite.
En este sentido, ojalá el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda, a fin de que sea revisado, ya que no es sólo un problema de límite de dinero, sino de actividades naturales y jurídicas que se ven comprometidas con esta información.
Por otro lado, quiero manifestar que el único órgano autorizado para poseer información negativa es la Cámara de Comercio. Sin embargo, existe la compra de datos a través de sistemas que se desconocen y que están a disposición de todo el mundo. Ya no hay privacidad, lo que ha quedado demostrado por quienes me precedieron en el uso de la palabra. Por ejemplo, quien se atrasa en el pago de una cuota marginal, aparece igual que quien acostumbra deber o no cumplir sus compromisos. Esto no puede ser.
Por eso, me alegro de decir que la información de quien paga debe suprimirse automáticamente de los perversos sistemas de comunicación de datos. Ésa es la primera medida a la cual debe apuntar el proyecto, sin considerar límites de endeudamiento, de plazos ni de nada.
Debo recordar que la gente que reprograma sus deudas y paga las anteriores sigue apareciendo en el famoso Dicom y en la deuda histórica como una persona que no ha cumplido. Entonces, esto debemos calificarlo de perverso y de mal intencionado.
Por otro lado, el uso y abuso que se hace de los datos nos deja a merced de interpretaciones inadecuadas que no nos permiten actuar y nos tienen colapsados en materia de información.
Insisto en que el proyecto debe volver a la Comisión de Hacienda, pero no sólo para revisar los límites que han colocado sus autores, de 120 UF, cantidad que encuentro insignificante, sino porque también me hace fuerza lo que explicaba el diputado señor José García respecto del último inciso del artículo 4º transitorio. Dejar una parte de posibles deudores fuera, me parece que puede llamar a confusión.
También hay que hacer una separación adecuada entre quienes cumplen y quienes no pueden cumplir. No podemos pensar que todos tratan de estafar, de hacerse los lesos o de no cumplir con sus compromisos. Todos creemos que los sistemas deben ser positivos para solucionar nuestros problemas.
Por lo tanto, solicito una revisión del proyecto en el sentido indicado.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , deseo anunciar mi voto favorable al proyecto en estudio, que con un articulado simple sale al paso de una situación muy compleja, a la cual está sujeta gran cantidad de personas que por haber tenido alguna vez una morosidad quedan, por decirlo de alguna manera, marcadas no sólo en su prestigio desde el punto de vista comercial, sino también impedidas de acceder a un trabajo, como ha quedado de manifiesto en la discusión del proyecto en la Comisión y en las intervenciones de algunos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.
El articulado permanente de la iniciativa establece un punto que, a todas luces, es el correcto. Si una persona ha caído en morosidad y paga, no debe permanecer como incumplidora. Ése es el punto central que debemos valorar del proyecto y, por supuesto, felicitar a sus autores.
También estimo lógico que si no han transcurrido al menos treinta días desde que la persona debió pagar determinada cuota, no se publique la morosidad de sus obligaciones, porque, de otra manera, se generaría un hecho arbitrario que no se condice con las prácticas generales en materia de puntualidad. Por eso, este artículo único merece todo nuestro apoyo.
Respecto del artículo transitorio, debo observar su inciso primero, que exige tres condiciones copulativas para acceder a que las deudas de los últimos tres años sean eliminadas de las bases de datos, entre ellos, la magnitud de la deuda.
El diputado señor Rocha señaló que el monto de la deuda no debe exceder las 120 unidades de fomento -se excluyen los intereses y los reajustes-, es decir, una suma cercana a los dos millones de pesos.
El artículo 4º transitorio, que se agrega por el número 3 del artículo único del proyecto, beneficiará a las personas naturales que no hubieren pagado sus obligaciones transcurridos al menos tres años desde que éstas se hicieron exigibles, que al 20 de junio de 2001 tengan anotaciones de incumplimientos comerciales y cuyo monto total de anotaciones no supere las 120 unidades de fomento. Sin embargo, surge una duda respecto de su último inciso, que deja fuera del beneficio a las deudas derivadas del crédito universitario o de otro sistema de financiamiento de estudios de la educación superior.
En su momento, pediremos votación separada de esta disposición, toda vez que, desde la perspectiva general, parece ser un factor discriminatorio. Sin duda, debe estudiarse el informe en su conjunto, pues el sistema de crédito universitario tiene su propio procedimiento y características. Entonces, si se vota en forma separada, en ese momento cada uno de nosotros deberá considerar las peculiaridades a las cuales está sujeto el crédito universitario.
Hecha la salvedad de votación separada del último inciso del artículo 4º transitorio, creo que debemos aprobar por unanimidad el proyecto.
Sin perjuicio de lo anterior, deseo hacer una precisión sobre un punto que planteó el diputado señor Montes. El sistema de calificación de riesgos requiere de un análisis de mayor envergadura, de manera que se aplique tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA .-
Señor Presidente , así como antiguamente ocurría con los impuestos, hoy los bancos de datos son como las sombras de las personas: las siguen desde que nacen, desde el Registro Civil .
En consecuencia, cuando la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, reglamentó la existencia de los bancos de datos, no hizo sino certificar lo que estaba ocurriendo de facto en la vida del país. Entre las regulaciones, al reconocer el registro de datos comerciales, financieros, económicos, señaló implícitamente el derecho de los acreedores de examinar los riesgos -como dijo el diputado señor Montes- respecto de las personas en las cuales se puede confiar la concesión de un préstamo o de un crédito.
En esas circunstancias, hoy nos abocamos a evitar los abusos que se cometen con las citadas anotaciones.
En otro proyecto que presenté, sobre revisión judicial de los contratos, que también figura en tabla, -éste lo presenté con el diputado señor Tuma -, hicimos mención a las épocas de crisis que sobrevienen después de la locura del crédito, del otorgamiento de millones de tarjetas de crédito, después de las facilidades. Las personas que no cumplen los compromisos adquiridos -por distintas razones, muchas veces por necesidad- figuran en las anotaciones financieras. A mi juicio, lo más lógico sería establecer la premisa de que a deuda pagada, deuda borrada.
El inciso primero del artículo 6º de la ley 19.628 señala: “Los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado”.
Un dato es caduco cuando se ha pagado la obligación. Esto lo reconoce indirectamente el artículo 86 de la ley Nº 18.092, sobre letras de cambios y pagarés, y que también se extiende a los cheques. Dice: “Pagada la letra de cambio, el portador otorgará recibo de la misma y la entregará al pagador”. Basta ese documento para que esa deuda se borre de los registros.
No me gusta la redacción que se propone para reemplazar el inciso segundo del artículo 18 de la ley Nº 19.628. Dice: “No se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o de haberse extinguido por otro modo legal”. A mi juicio, ya que su inciso primero establece una prohibición, debería iniciarse con la expresión “tampoco se podrá continuar”.
Al igual como se ha señalado, deseo destacar que el proyecto prohíbe la comunicación o la circulación de los datos, no la acumulación de ellos. En consecuencia, por un milagro de la tecnología se dará el caso de que en la memoria siempre estarán almacenados los datos.
En mérito del artículo 6º de la ley 19.628, también debería suprimirse el almacenamiento de datos, de manera que no pueda revivirse una situación absolutamente extinguida.
Tampoco me parece muy exacto -así lo quiero entender- que la obligación, después de haber sido pagada, se refiera a todas las clases de pago que existen en el Código Civil y no sólo al pago en efectivo. Dejo en claro esta situación para la interpretación posterior.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , el proyecto se basa en la certeza de que el que debe y no ha pagado no tiene por qué ser tratado como un delincuente. No es un delincuente ni un estafador. Podría existir un estafador organizado para no pagar deudas, pero por lo general todos los deudores que están registrados en Dicom son gente que no ha podido pagar, no gente que se ha organizado delictualmente para no pagar.
Con el proyecto anterior que presentamos con el diputado señor Tuma , que se aprobó y se convirtió en ley, las deudas que se pagan deben borrarse de los registros a los tres años, pero en caso contrario existe esa posibilidad a los siete años. Es decir, con este proyecto conseguimos mucho menos de lo que queríamos, porque se pretendía lo que se discute hoy: la posibilidad de suprimir del Boletín de Informaciones Comerciales las deudas de quienes paguen; y no que permanezcan en él por tres años.
Estoy dispuesto a discutir el establecimiento de un sistema de información serio y riguroso que garantice el buen funcionamiento de las relaciones comerciales, pero, en tiempos normales, porque también hay deudores que se aprovechan de la situación y cometen abusos.
Sin embargo, los tiempos no son normales. Se vive una crisis y corresponde tomar medidas que incentiven el trabajo, la actividad y el consumo. La ausencia de capital, la falta de dinero de quienes deben producir más para contratar mano de obra y, sobre todo, la enorme carga de deudas que afecta a muchas personas y a sus familias, que tienen contratos con clínicas, universidades, colegios, casas comerciales, etcétera, lleva a que todos terminen registrados en el boletín.
Por tanto, debe tomarse una decisión de justicia a fin de dar oportunidades en momentos de crisis. Si en los próximos años es preciso buscar fórmulas que aseguren el funcionamiento del comercio y que eviten los abusos de parte de los deudores, lo haremos sin premura, porque alguien me preguntaba por qué tener una discusión tan apresurada del proyecto. Desgraciadamente, la crisis que hoy vive el país necesita medidas rápidas y acciones certeras y casi instantáneas, pues las informaciones comerciales afectan gravemente la producción, la industria, el comercio, la contratación de fuerza de trabajo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor HALES .-
¿Terminó el tiempo de mi primer discurso, señor Presidente?
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El acuerdo fue que cada diputado o diputada hiciera uso de la palabra sólo por cinco minutos.
El señor HALES.-
Muy bien, señor Presidente.
Por último, no estoy de acuerdo con el último inciso del artículo 4º transitorio que se agrega, que dispone: “Esta disposición no se aplicará a las deudas derivadas del crédito universitario o de otro sistema de financiamiento de estudios de la educación superior.”, porque sería una discriminación tremendamente odiosa. Por el contrario, se debe incluir a quienes tengan deudas en el sistema educacional, de todos los niveles, incluida la educación superior, de manera que los universitarios también puedan gozar del beneficio.
Con el proyecto que presentamos con el diputado señor Tuma se logró un avance: la rebaja a tres años para quienes han pagado sus deudas, y a siete para quienes no lo han hecho. Con este proyecto se pretende llegar a cero para quienes paguen, y a tres años para quienes no lo hagan.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , el proyecto en discusión, de iniciativa del diputado señor Tuma -soy uno de sus coautores-, será de gran utilidad para miles de chilenos, ya que ayudará a sobrellevar la crisis que vive nuestra economía desde el punto de vista micro, específicamente del desempleo.
Los informes comerciales perjudican a las personas, y no basta el esfuerzo del Gobierno para crear ciento cincuenta mil empleos, entregar subsidios, asignaciones y otros instrumentos, reactivar especialmente las pymes y apoyar a la clase media. Por eso, la situación nos causa mucha preocupación.
En el proyecto original no se mencionaron las deudas derivadas del crédito universitario, ya que en 1990 -entonces, 220 mil alumnos de las 25 universidades que dependen del Consejo de Rectores tenían acceso a él-, por una indicación de la que fui autor -con mucho orgullo-, se modificó la materia. En ese momento aparecían en el Boletín Comercial ochenta mil chilenos, alumnos o apoderados, por no haberlo pagado, quienes incluso sufrieron hasta el embargo de sus casas, pero se tuvo el patrocinio del Presidente de la República , don Patricio Aylwin , y del entonces ministro de Hacienda don Alejandro Foxley , para un proyecto de ley que prorrogó el pago de esas deudas. En la actualidad, cuatrocientos treinta mil alumnos tienen crédito fiscal universitario.
En los últimos dos años se han presentado dos proyectos sobre la materia -lo sabe el diputado señor José García , porque tenemos once años como parlamentarios-, que hoy son leyes de la República: la Nº 18.053 y la Nº 19.287. Otorgaron la posibilidad a los deudores de créditos universitarios de acordar las cuotas por pagar, abonando el 5 por ciento de sus ingresos o quedando exentos de pago en caso de no haber percibido ingresos o de haber sido éstos inferiores a 200 mil pesos mensuales. Es más, en caso de quedar cesantes, sólo tienen que comunicarlo a la universidad y dejan de pagar hasta conseguir un nuevo empleo. Por lo tanto, es un problema resuelto. Debido a eso manifesté mi oposición a la inclusión de este inciso, porque nada tiene que ver con la situación que estamos discutiendo. Asimismo, no estamos discriminando porque ya legislamos sobre la materia.
Lo que me interesa es que en lugar de los 430 mil alumnos favorecidos con el crédito fiscal universitario el próximo año sean 500 mil. Hay que tener presente -al parecer algunos colegas no se acuerdan de eso- que existen tres fuentes de financiamiento del crédito fiscal universitario: la ley de Presupuestos de cada año, la recuperación de las carteras del crédito universitario y los recursos propios de las universidades. Se ha hecho un gran esfuerzo al respecto. Todos los presupuestos de la nación, desde 1990 hasta ahora, han aumentado los recursos para la educación en más del 150 por ciento, en moneda actual. Por su parte, las universidades también han hecho un gran esfuerzo para otorgar una serie de beneficios a los alumnos universitarios. Quiero dar una cifra. En la actualidad, en las 25 universidades que dependen del Consejo de Rectores, por lo menos uno de cada tres alumnos recibe algún beneficio real y efectivo. Me consta que a ningún alumno de la Octava Región se le ha coartado la posibilidad de continuar con sus estudios porque sus padres o familiares no pueden pagar sus cuotas. Siempre se ha buscado una solución para esos casos.
Por lo tanto, no me parece serio mezclar una situación agobiante, preocupante, traumática y dramática que afecta a 450 mil chilenos -por eso se establece que quienes pagaron sus deudas serán borrados del Boletín Comercial y a quienes no las han podido pagar se les dará un plazo de tres años para hacerlo- con un problema que ya fue resuelto con mucha seriedad, a través de leyes de la República.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , ante todo, debo reconocer y agradecer el respaldo de todas las bancadas a este proyecto que, no obstante ser muy simple, resolverá un grave problema que afecta a muchos ciudadanos de nuestro país.
Conocemos las dificultades de miles de personas para acceder a una fuente laboral por figurar en los registros comerciales históricos, sin considerar que ello se debió a que no pudieron pagar o a que no lo hicieron oportunamente, no porque no lo quisieran. Sin embargo, ese solo hecho les ha impedido acceder a un trabajo.
Desde ese punto de vista, considero que este proyecto reviste gran importancia para miles y miles de personas que buscan trabajo, que no tuvieron la intención de incurrir en un acto doloso por incumplimiento, atraso o postergación de un pago. En ese sentido, esta iniciativa recoge dos ideas muy simples. Mientras el deudor estuvo en mora, permaneció en el registro histórico, lo que le impidió acceder a fuentes de financiamiento de crédito comercial o financiero y a la fuente laboral. En virtud de esta iniciativa, nunca más un deudor que salde su deuda continuará apareciendo en el fatídico registro.
Asimismo, incluimos un artículo 4º transitorio. En atención a la situación de crisis que ha vivido el país y a la alta tasa de desempleo existente, las personas que no han podido pagar sus deudas, que aparecen en los registros de Dicom al 20 de junio y siempre que éstas no superen las 120 unidades de fomento, no permanecerán en los registros siete años como antes, sino una vez que hayan transcurrido tres años desde que éstas se hicieron exigibles.
Algunos parlamentarios han planteado que el monto establecido es bajo; pero, en realidad, el promedio de las deudas de las personas naturales que tienen anotaciones comerciales no sobrepasan los 350 mil pesos. De manera que, al fijar como tope una suma cercana a los 2 millones de pesos para ser excluido del listado de deudores, estamos beneficiando a una inmensa mayoría de chilenos que han visto limitada su capacidad de pago y, por lo tanto, pueden salir de ese registro y limpiar sus antecedentes comerciales.
Respecto de la norma que establece que el que paga sale de los registros, para el establecimiento de la historia fidedigna de la ley habría que precisar que, para lograrlo, no basta con pagar, sino que es necesario hacer la respectiva aclaración en el banco de datos que comunicó el incumplimiento. Por eso, con este proyecto estamos sacando de los registros históricos a quienes pagan y hacen la aclaración respectiva, para los efectos de limpiar sus antecedentes comerciales. No basta con pagar. ¿Cómo sabrá la base de datos que pagó si no se hace la aclaración? Entonces -reitero-, hay que dejar en claro que, para los efectos de salir de los registros, la persona que paga deberá acreditarlo mediante una aclaración.
Por último, considero inadecuado incluir en esta normativa a los estudiantes universitarios -idea formulada mediante indicación-, porque deberíamos resolver de otro modo los problemas que tienen las universidades que dependen del Consejo de Rectores en materia de crédito universitario. Es necesario ir al fondo del problema, saber por qué los alumnos no han podido pagar y cuál es la capacidad de las universidades para otorgar créditos.
Por eso, deberíamos eliminar la parte relativa a los estudiantes universitarios y, por lo tanto, votaré en contra de esa disposición.
Reitero que este proyecto es muy importante y agradezco el respaldo que le ha dado la Cámara.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, obviamente, acojo con alegría este proyecto de ley, porque considero que hace justicia en una materia muy bien fundamentada por mis colegas.
En estos breves minutos de que dispongo, quiero referirme a un aspecto del mismo.
En primer lugar, el Boletín Comercial se ha transformado en un verdadero prontuario para los chilenos y chilenas que caen en él. Tengo en mis manos la ley Nº 18.216, que establece el cumplimiento de penas alternativas para las condenas privativas de libertad. Pues bien, hoy día, estar en Dicom se ha transformado en algo más grave que cometer un delito por primera vez. Quiero hacer resaltar ese hecho.
Por eso, es muy importante aprobar este proyecto de ley. La persona que comete alguno de los delitos establecidos en la ley Nº 18.216 tiene derecho, una vez cumplida la pena, a limpiar sus antecedentes penales para fines laborales. Está bien consagrar ese derecho que se otorgó hace muchos años y que hoy es usado por quienes tienen esa posibilidad. Pero, además del certificado de antecedentes o del extracto de filiación, en todas partes -como lo han dicho algunos colegas- se exigen antecedentes comerciales, los cuales son más difíciles de eliminar que los penales.
En verdad el Boletín Comercial se degeneró, se desvirtuó, se desnaturalizó. Su objetivo netamente financiero se transformó en otra cosa. Por eso es muy importante aprobar este proyecto de ley que reduce el plazo para eliminar los antecedentes comerciales una vez que se haya pagado, extinguido o aclarado la obligación. Llamo a mis colegas parlamentarios a apoyarlo firmemente.
En segundo lugar, me habría gustado que la norma del artículo 4º transitorio también hubiese permitido no entregar datos e información de personas con deudas de más de 120 unidades de fomento; pero creo que constituye un avance para muchos trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos empresarios que han caído en Dicom o en el Boletín Comercial, fundamentalmente debido a la situación económica que se ha vivido en los últimos años.
No quisiera terminar mis palabras sin antes hacer las siguientes observaciones:
Me parece grave que se excluyan las deudas derivadas del crédito universitario o de otro sistema de financiamiento de estudios en la educación superior. Creo que los estudiantes, o quienes lo fueron, también deberían acogerse al artículo 4º transitorio.
Por último, quiero denunciar el abuso que se hace con las bases de datos de los créditos fiscales o universitarios. Digo esto porque la situación me ha afectado en forma personal.
Estudié con crédito fiscal, lo pagué como corresponde, en diez años; nunca incurrí en incumplimiento de los pagos, pero todavía me llegan cartas de la Universidad Católica y del Banco del Desarrollo -los señalo con nombres y apellidos- en las que me dicen que recuerde -leo textual-: “que su deuda está actualmente publicada en el Boletín de Informaciones Comerciales y en Dicom”, lo cual es falso, porque no debo nada; pero me siguen amenazando. Repito que estudié con crédito fiscal y lo pagué. No obstante, usan las bases de datos para decirme que estoy en Dicom. De manera que la exclusión de deudores provenientes de las universidades fiscales o privadas es un hecho negativo en este proyecto de ley.
Por las razones expuestas, anuncio mi voto favorable a la iniciativa, porque beneficia a miles de chilenos. En mi región de Atacama, miles de personas han firmado una petición para que se acabe el registro histórico de Dicom , lo cual sería un paso importante.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , quizá ya se ha dicho todo sobre este proyecto que, personalmente, encuentro de trascendencia, pero un poco tímido, porque en la actualidad hay un millón trescientos mil chilenos que aparecen en el Dicom o en el Boletín Comercial, lo cual les impide reinsertarse en las actividades económicas. Repito que el proyecto es tímido, porque no ayudará a ese mundo joven que se inicia con tanto entusiasmo en la vida profesional. Me refiero a los universitarios. Y me llama enormemente la atención que en el número 2 del informe complementario se señale: “Disposiciones aprobadas por unanimidad. Ninguna”. Por lo tanto, como hay muchas diferencias, me parece que debe ser revisado un tanto más. El mundo universitario no puede quedar fuera de este proyecto de iniciativa del diputado señor Eugenio Tuma . Considero importante su autoría, pero también debo preguntar: ¿qué pasa con los antecedentes indiscutibles sobre deudas que los bancos, las financieras y las casas comerciales mantienen en forma privada? Por supuesto, ahí no hay nada que hacer. Sin embargo, esas entidades llaman histórico a ese registro y por figurar en él las familias chilenas que dieron un mal paso comercial durante la crisis, no pueden acceder a la reinserción laboral.
Por ello, insisto en que el proyecto debe ser revisado, porque el clamor universitario no ha sido considerado, ya que lo que a ellos concierne, ha sido rechazado. Por lo tanto, concuerdo con el diputado señor Tuma en que esto debiera resolverse mediante la votación separada del artículo 4º transitorio.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señores diputados, sólo falta que exponga sus comentarios el diputado señor Salvador Urrutia, quien no se encuentra presente en la Sala.
Como acordamos votar a las 12.50 y aún faltan cinco minutos, suspendo la sesión hasta esa hora.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor PARETO (Presidente).-
Continúa la sesión.
En votación general el proyecto que modifica la ley Nº 19.628.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor PARETO ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas, en general, todas las disposiciones del proyecto, con excepción del inciso tercero del artículo 4º transitorio, para el cual se pidió votación separada.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PARETO (Presidente).-
Se suspende la sesión por un minuto.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor PARETO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Informo a la Sala que se ha solicitado a la Mesa votación separada de los numerales del artículo único.
En votación el número 1.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor Montes.
El señor PARETO (Presidente).-
En votación el número 2.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor PARETO ( Presidente ).-
En votación los incisos primero y segundo del artículo 4º transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobados los dos primeros incisos del artículo 4º transitorio.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa el diputado señor
El señor PARETO ( Presidente ).-
En votación el inciso final del artículo 4º transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 58 votos. No hubo abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Rechazado el inciso.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
MEJORAMIENTO DE LOS INCENTIVOS MACROECONÓMICOS DERIVADOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Modificación del decreto ley Nº 824, de 1974. Tercer trámite constitucional. (Votación).
El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto que modifica el decreto ley Nº 824, de 1974, sobre impuesto a la renta.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2751-05. Documento de la Cuenta Nº 1 de esta sesión.
El señor PARETO (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para votarlas en conjunto?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobadas las modificaciones del Senado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , solicito que se incluya mi voto favorable, porque no apareció en el tablero electrónico.
El señor PARETO ( Presidente ).-
Así se hará, señor diputado .
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DEL SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CONDENADOS (Votación).
El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 587.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor PARETO (Presidente).-
Rechazado el proyecto por falta de quórum.
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA CREAR INSTITUTOS DE SALUD ESCOLAR.
El señor PARETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 588, de los señores Jeame Barrueto, Aguiló, Ulloa, señoras Soto, doña Laura, y González, doña Rosa, y señores Jaramillo y Van Rysselberghe.
“Considerando:
1. Desde el año 1999, en la comuna San Pedro de la Paz, ha estado en funcionamiento el Instituto de Salud Escolar. Este instituto ha sido creado a instancias del municipio local como una manera de dar respuesta nueva, más efectiva, ágil y de plena cobertura a los serios problemas de salud de la comunidad escolar de los establecimientos municipalizados.
2. Se trata de una iniciativa de colaboración interinstitucional que apunta a una gestión integrada Salud/Educación de alto impacto en los usuarios desde el punto de vista educacional, así como en la prevención, fomento y rehabilitación en salud de los escolares de la comuna. Se ha creado así, un nuevo tipo de servicio de atención médica integral con la consiguiente mejoría cualitativa y cuantitativa en la atención de los escolares de la comuna.
3. Este es un instituto único en su género y es novedoso por múltiples razones pues se otorga atención médica integral a los escolares en una unidad única y diseñada especialmente para dicho efecto, cuyo resultado es una atención de plena cobertura, específica, oportuna, eficaz y expedita. Lo anterior permite detectar la problemática intrafamiliar, desencadenándose un mecanismo intrainstitucional propio de la red asistencial que alerta y promueve la intervención del Centro de Salud Familiar respectivo, transformándose así el Instituto en una verdadera estación centinela de Salud Pública y que conlleva a la participación de la casi totalidad de los departamentos municipales.
4. La existencia de una sala de clases y otra de educación y autocuidados al interior del Instituto y considerando el traslado de cursos completos (1ºs. básicos), con su propio profesor, con transporte escolar municipal, permite la interacción y colaboración interinstitucional, salud-educa-ción, más aún considerando que se efectúa una adaptación curricular con temáticas y contenidos relativos a salud durante el período que sea necesario para el tratamiento de un curso determinado. Es lo que se denomina currículum instrumental en y para la salud.
5. El alto impacto en los usuarios se observa por la magnitud de los resultados obtenidos así como por la amplia recepción a nivel de los escolares, padres y apoderados, profesores y comunidad en general.
6. Este proyecto tiene un alto valor innovativo, por cuanto permite dar continuidad a las políticas públicas de salud y educación al mismo tiempo. Ello da la oportunidad de complementar la acción del Estado a partir de la preocupación y atención de niños y niñas de 6 a 14 años. Lo anterior significa la articulación de políticas públicas y la prolongación de sus efectos o impactos en un importante segmento de la población.
7. Lo anterior provoca la complementariedad entre salud, educación, municipio y comunidad, asociado a la implementación de los procesos de desarrollo iniciados en el marco de la descentralización y modernización del Estado.
8. Por otra parte, esta iniciativa una articulación de acciones referidas a la formulación de políticas comunales sobre salud pública, educación e infancia, todas ellas con énfasis en el desarrollo del ser como sujeto integral.
9. El impacto del Instituto radica en la oferta de servicio directa para los escolares de la comuna de San Pedro de la Paz, el que representa una población de 7.800 niños (as) de establecimientos municipalizados, cifra que puede ser incrementada casi en un 100% si el servicio se proyecta para toda la población escolar de la comuna, esto es, incluyendo las escuelas particulares subvencionadas. La metodología del proyecto también representa un impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos (as), por cuanto estos (as) pueden asumir el aprendizaje de las acciones de salud en materia de prevención y autocuidado de su cuerpo, logrando visibilizar contenidos académicos que generalmente en aulas tradicionales resulta muy abstractos. Por otra parte, no es menor el dato que significa la rehabilitación de la salud de los estudiantes, los cuales pueden acceder fácilmente a la atención médica que se brinda en el Instituto. Los Centros de la Salud de la comuna se ven altamente descongestionados por cuanto las prestaciones de este segmento de la población se canalizan a través del Instituto, el cual ofrece un ambiente grato, cálido y exclusivo para niñas y niños.
10. Ha sido tal el éxito de este instituto que en el año 1999 recibió el Premio Nacional de Innovación de la Modernización en la Gestión Pública.
11. El financiamiento de este instituto ha recaído exclusivamente en el municipio local que carece de recursos suficientes para replicar el proyecto en la comuna y de este modo ampliar su cobertura y acción.
12. La experiencia piloto realizada en la comuna de San Pedro de la Paz es altamente replicable en el ámbito comunal y debiera constituirse en un indicador de políticas nacionales de salud en este ámbito pues representan nuestro principal capital humano y social para el presente y futuro del país.
Por lo tanto, vengo en solicitar a la honorable Cámara la aprobación del siguiente proyecto de acuerdo:
Requerir a los Ministerios de Salud y Educación para que, conjuntamente con las municipalidades, implementen las medidas necesarias para la creación de los institutos de salud escolar a través de todo el país e inicialmente, apoyo financiero y técnico al Instituto de Salud Escolar de la I. Municipalidad de San Pedro de la Paz”.
El señor PARETO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto, por cinco minutos tiene la palabra el diputado señor Jeame Barrueto.
El señor JEAME BARRUETO .-
Señor Presidente , la iniciativa, muy innovadora y original en la región, ha introducido la idea de la atención de los escolares como tales, educándolos en la prevención, fomento y rehabilitación de la salud. Es una experiencia que en 1999 ganó el Premio nacional de innovación en la modernización de la gestión pública, y me parece interesante que los Ministerios de Salud y de Educación la transformen en política oficial y la impulsen en los distintos municipios del país; asimismo, que respalden la experiencia del municipio de San Pedro de La Paz que hasta ahora ha sido realizada exclusivamente con recursos municipales.
Ése es el sentido y objetivo del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor PARETO ( Presidente ).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , es obvio que cualquier iniciativa tendiente a apoyar a los estudiantes en materia de educación sobre una vida saludable, me parece tremendamente positiva. Probablemente, la iniciativa que patrocina el diputado señor Jeame Barrueto tiene el mejor objetivo, en el sentido de que nuestros niños puedan ser educados para tener una vida más saludable, sin consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, y llevar una vida sexual sana.
Creo que en Chile los niños no están siendo educados sobre materias de salud que competen a sus vidas.
No entiendo -y esta única razón por la cual creo que el proyecto está mal redactado- por qué se piden dos cosas: una, que se creen institutos de salud escolar en todo el país, y otra, que se apoye financiera y técnicamente al Instituto de Salud Escolar de San Pedro de La Paz. Si ya está funcionando, lo podríamos apoyar, pero no crear otros. Para eso existen los Ministerios de Educación y de Salud y las corporaciones municipales. Cada municipalidad debería estudiar la forma para educar a los niños para llevar una vida saludable.
Cada vez creamos en el país nuevas funciones administrativas, nuevos fondos, corporaciones y organizaciones que, a la larga, significan un alto costo en administración y poco en efectividad. Por lo tanto, no estoy en desacuerdo con la idea, sino con la forma en que se plantea ejercer esta acción.
Además, hay mucho más que eso. En materias educacionales debiera haber un cambio en los objetivos transversales, que considerara, dentro de los fundamentales, iniciar a los niños en una vida saludable.
Esto va más allá de un instituto; debe ser un objetivo de la educación. Es así como en esta misma Cámara, en los años 1992, 1994 y 1996, aprobamos proyectos de acuerdo a fin de solicitar al Gobierno, y especialmente a los Ministerios de Salud y de Educación, crear instancias curriculares para que los niños fueran educados en forma más efectiva para prevenirlos contra el consumo de alcohol, de droga y de tabaco.
Personalmente, no apoyo el proyecto en su conjunto, sino que sólo lo realizado en San Pedro de La Paz. Sin embargo, pido al Gobierno que asuma la responsabilidad, a través de la educación, asumir la prevención de estos males y darles a los niños todos los cuidados necesarios, desde el punto de vista de la salud, para que tengan una mejor calidad de vida.
Por lo tanto, votaré en contra del proyecto de acuerdo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , el señor Víctor Jeame Barrueto , diputado por Talcahuano , me solicitó que copatrocinara este proyecto. No lo hice por una razón muy simple. El problema de fondo es que la salud municipal está desfinanciada en San Pedro de La Paz. El Instituto de Salud Escolar fue una feliz iniciativa, pero no contó con recursos.
Entonces, la solución de fondo es no crear estos institutos en todo el país, sino elaborar un proyecto en que solicitemos financiamiento para que el año 2002 pueda seguir funcionando el Instituto de Salud Escolar, sugerencia que hago, por intermedio de su Señoría, al diputado señor Jeame Barrueto .
Como representante de San Pedro de La Paz y uno de los autores de la creación de esa comuna, votaré favorablemente el proyecto de acuerdo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra por dos minutos para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
No se ha alcanzado el quórum requerido.
Se va a llamar por cinco minutos a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Por no haberse alcanzado nuevamente el quórum requerido, queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo Nº 588 para la próxima sesión.
El Vicepresidente da la bienvenida a los alumnos del segundo año medio del Instituto Santa María, de Chillán, que concurren con las profesoras señoras Angélica Mora y Cecilia Quiroga; y en forma muy especial, a la delegación de la Federación Nacional de la Juventud de la República China, presidida por la señora Huang Dan Hua, invitada por la bancada del Partido por la Democracia.
-Asimismo, saluda a las delegaciones de los clubes de adulto mayor Aire Folclórico y Cristo Libertador, de la comuna Pedro Aguirre Cerda, presentes en las tribunas, invitados por el diputado señor Rodolfo Seguel.
VII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ARICA. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, me sumo a sus saludos a los clubes del adulto mayor que nos visitan correspondientes al distrito que representa el diputado señor Rodolfo Seguel.
Pido oficiar al ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones con el fin de que haga llegar a la Cámara, a la brevedad, un detalle de cómo se invertirán los 15 millones de dólares destinados a la modernización del puerto de Arica.
Esta excelente noticia la dio a conocer ese secretario de Estado la semana pasada, junto con indicar que no se licitará el puerto al sector privado, debido a sus especiales características; entre otras, por estar ligado a sendos tratados internacionales con Perú y Bolivia, lo que crea una realidad muy diferente a la del resto de los puertos de Chile.
Lo anterior hace necesario que el Gobierno asuma la tarea de modernizar el puerto de Arica, petición que se había formulado durante muchos años y que ahora, ¡por fin!, se ha acogido mediante una declaración explícita del Ministerio de Transportes de que el Estado invertirá con tal finalidad.
Esa buena noticia debe ser complementada con el paso que falta: que la gente de Arica participe respecto de la forma en que se invertirán los 15 millones de dólares, punto de partida para la inversión estatal.
Desde luego, lo que pase en este puerto interesa a toda la comunidad de Arica y de Parinacota, e incluso, a todo Chile, por lo cual las obras que se realicen en forma óptima no puede ser sólo responsabilidad de los tres directores de la Empresa Portuaria de Arica y de su cuerpo ejecutivo. Creemos que aquí debe haber absoluta transparencia sobre cómo se piensa invertir estos recursos. Para ello se debe recibir la retroalimentación de todos los interesados en el tema: el sector privado que explota el puerto, los trabajadores de éste, que tienen mucho que decir, los clientes del mismo, especialmente del sector boliviano. La información que llegue de esos sectores permitirá optimizar la inversión del dinero que el Estado destinará al puerto de Arica.
Al respecto, el primer paso que se debe dar es informar a la Cámara pormenorizadamente sobre el plan de la Empresa Portuaria de Arica y del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para utilizar estos recursos en la modernización del puerto.
En segundo lugar, solicito oficiar al Ministerio de Obras Públicas con el objeto de que instruya a la Empresa Portuaria de Arica para iniciar jornadas de información detallada con el objeto de que los diversos actores que participan en la actividad portuaria y la comunidad de Arica conozcan su plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo, y para que, consecuentemente, abra canales de recepción para las sugerencias e indicaciones que se le planteen con el fin de optimizar la inversión.
Considero que ambas acciones permitirán que la excelente decisión del Gobierno de no privatizar el puerto y de invertir como Estado para modernizarlo, tengan los mejores resultados.
Finalmente, pido que se adjunte copia de mi intervención a los oficios solicitados.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia del texto de su intervención.
APOYO A PROTOCOLO SOBRE ELIMINACIÓN DE FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa, por cinco minutos.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , el lunes recién pasado, junto con el presidente de la juventud de nuestro partido, don Marcelo Andrews , y con los candidatos radicales a diputados Macarena Carvallo y Lorenzo Cubillos , invitamos a los medios de comunicación a fin de dar a conocer nuestro apoyo, como partido, al Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual representa la declaración internacional de sus derechos, instrumento adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. Según los expertos, este Protocolo es la carta magna en esta materia y ya lo han suscrito 168 países.
Por vía de ejemplo, cabe señalar que la brecha salarial que existe en nuestro país entre hombres y mujeres alcanza al 31 por ciento, mientras que los costos laborales en las mujeres llegan sólo al 68,4 por ciento, es decir, son 30 por ciento inferiores a los de los hombres.
El Protocolo establece un comité internacional que sólo puede hacer recomendaciones y sugerencias generales a los Estados parte, pues éstos no tienen carácter vinculante.
Es así como dicho Comité elaboró un informe acerca de nuestro país en 1999, en el que expresa su preocupación por:
a) La inexistencia en Chile de disposiciones relativas a la disolución del vínculo matrimonial.
b) La alta tasa de embarazos de adolescentes registrados en el país.
c) La inexistencia del reconocimiento de los derechos reproductivos de la mujer en Chile, en particular por la prohibición y penalización de todo tipo de aborto en nuestro país, por lo que recomienda legislar sobre el aborto por problemas médicos.
Al respecto, la ministra Delpiano señaló en la Comisión técnica que durante el gobierno del Presidente Lagos no se promoverán iniciativas legales en relación con este tema.
Coincido con la ministra en que en este momento no existen las condiciones para abordar el tema en el Congreso.
En esa ocasión señalé, sin embargo, que la sociedad civil no puede cerrar los ojos ante la dramática realidad de la constatación de miles de abortos clandestinos, que, según estadísticas del Ministerio de Salud, bordean los 40 mil al año; otros estudios señalan que llegan a 154 mil casos, de los cuales un alto porcentaje corresponde a adolescentes, quie-nes en su mayoría, corren riesgo vital, pues provienen de sectores de menores recursos.
Esto dio lugar para que en la primera página del diario “Las Últimas Noticias” de ayer se dijera: “Polémico apoyo del Partido Radical a aborto terapéutico”.
Señor Presidente , soy partidario de la vida. Como humanista, mi compromiso es luchar por la igualdad de las mujeres y mi condición de médico me obliga a proteger y defender la vida de ellas.
Permanecen aún en mi retina, a pesar de haber transcurrido más de treinta años, imágenes nítidas de mutilación y muerte de mujeres, como consecuencia de abortos clandestinos que me correspondió atender como estudiante de medicina.
Por una parte, mi conciencia me impide guardar silencio y permanecer indiferente, mientras que, por otra, me obliga a hacer todo lo posible para que nuestra sociedad abra sus ojos y su corazón ante esta triste realidad, con el fin de que se realicen todos los esfuerzos posibles para prevenir los embarazos no deseados, a través del conocimiento de la sexualidad humana a la edad más precoz y de una educación para el amor.
He dicho.
RESTRICCIÓN DE ACCESO A PLAYAS LACUSTRES EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , sólo pido oficiar al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales debido a una cruda realidad que viven los habitantes de lugares cercanos a tantos lagos del distrito 54, que represento, de la Décima Región de Los Lagos.
Tanto los lugareños y visitantes como los turistas que llegan al sur de Chile no tienen acceso a los lugares más privilegiados de la naturaleza: las hermosas playas de tantos lagos. Por eso, con el diputado señor Girardi estamos tratando de modificar las leyes relativas a las playas lacustres y marítimas del país.
Específicamente, solicito al ministro ya mencionado que informe sobre los accesos, que están cerrados, a los lagos Pirihueico, Neltume , Pellaifa, Panguipulli , Riñihue , Calafquén , Pullinque, Ranco y Maihue .
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Reyes, Navarro y de quienes lo pidan.
DESAPARICIÓN DE CIUDADANO CHILENO EN FRONTERA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , solicito oficiar en mi nombre a la ministra de Relaciones Exteriores y al ministro del Interior a fin de expresarles nuestra preocupación por la falta de informaciones sobre el paradero de Claudio Edgardo Valdés Larenas , cédula de identidad Nº 12.625.867-4.
El joven desapareció en Matamoros, en la frontera de México con Estados Unidos, a la altura de Houston, en agosto de 2000, y forma parte de la lamentable pero real y vívida cadena de chilenos que ha emigrado para ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
El destino de Claudio es absolutamente incierto para su familia. Lleva más de un año desaparecido, después de haber llamado desde Matamoros, México , señalando a sus familiares -esto es lo grave- que se había contactado, a través de la Policía Federal mexicana, con los “coyotes”, que, por un valor de dos mil dólares, iban a ayudarlo a cruzar la frontera para ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
A la situación de Claudio Valdés se suman otras de chilenos, mujeres y hombres, que han sido llevados a México con engaño, con la propuesta de ingresarlos ilegalmente y conseguirles empleos también ilegales pero altamente remunerados si se los compara con las remuneraciones que se perciben en Chile.
Todo indica que a Claudio Valdés le ha ocurrido algo grave. Sus familiares residentes en Estados Unidos le financiaron el pasaje, fueron a México y le proporcionaron el dinero para que pagara y cruzara la frontera. Entonces, es inexplicable que no haya dado, desde hace un año, noticias a su familia que reside en Estados Unidos o a la que está en Valparaíso.
Por ello, se ha presentado una denuncia a los tribunales de Valparaíso, los cuales han denegado la obtención de las huellas dactilares que permitan a un grupo de chilenos residentes en California preocuparse por la situación de miles de inmigrantes, en circunstancias de que, lamentablemente, cada vez más chilenos están intentando cruzar la frontera.
Tanto el Servicio de Registro Civil e Identificación como la Cancillería han estado preocupados del tema. Hemos conversado con el subsecretario de Relaciones Exteriores señor Heraldo Muñoz , y hemos estado trabajando con los funcionarios, pero lamentablemente la situación continúa sin solución. Además, hemos proporcionado a Investigaciones de Chile todos los antecedentes que permitan investigar y descubrir este tráfico ilegal de personas, en especial cómo son embaucados estos chilenos y llevados a México, contactados por los “coyotes”.
Lo grave en el caso de Claudio Valdés radica en que hubo intervención de la Policía Federal mexicana.
Por eso solicito que la Cancillería, aparte de pedir las huellas dactilares de los dedos de ambas manos de Claudio Valdés , según los datos que he señalado, también recabe formalmente una investigación al Departamento de Estado mexicano para iniciar su búsqueda en México, en las cárceles mexicanas, donde centenares de ilegales de todas las nacionalidades, particularmente de Centroamérica, esperan ser deportados a sus países. Como han entrado ilegalmente, no revelan jamás sus nombres y, por lo tanto, están consignados como detenidos, sólo con su fecha de nacimiento y su país de origen.
Esta situación hace extremadamente difícil a nuestros cónsules la búsqueda basada en la identidad verdadera; pero, en concreto, hemos conocido claramente hace pocos días situaciones que han terminado con la muerte.
La emigración de compatriotas, mediante “coyotes” chilenos que los embaucan para ir a México, es un pasaje a la muerte. Las denuncias que ha realizado la prensa, los documentos que hemos entregado a la Cancillería y a Investigaciones de Chile así lo revelan. Las atrocidades que han debido vivir chilenos y chilenas que han regresado a Chile después de esta amarga experiencia no pueden ser narradas en esta Sala, dado lo que han tenido que vivir las mujeres, los niños y particularmente los hombres. El hecho de permanecer días y semanas a temperaturas de más de 48 grados, hacinados en un número mayor de 40 personas en una pieza no superior a 30 metros cuadrados, revela que los chilenos deben ser advertidos sobre esta situación.
Por eso, también solicito que a través de la Cancillería, particularmente de Extranjería e Investigaciones, se advierta a los chilenos que van rumbo a México que, al llegar a la frontera de ese país con Estados Unidos, permanecen allí ilegalmente, de acuerdo con la legislación mexicana. Muchos chilenos no saben, porque no son advertidos, que la Secretaría de Interior, que es el Ministerio del Interior de México, establece que cualquier persona que vaya a la frontera de México con Estados Unidos sin autorización expresa mexicana, está en situación de ilegal. Por lo tanto, los chilenos tienen que ser advertidos de esa condición, porque, una vez allá, son fácil presa de estos “coyotes” que les cobran para pasar; luego, los asaltan, violan a las mujeres, y los dejan abandonados en el desierto. Eso es lo que sucede.
Por ello, debe haber una preocupación proactiva de advertencia y de difusión de parte de la Cancillería, de las líneas aéreas y de las agencias de viaje, sobre tales riesgos, porque este lucrativo negocio, que pensábamos que estaba instalado sólo en América Central y en México, se ha instalado también en Chile.
En ese sentido, las denuncias que hemos recibido se refieren a jóvenes provenientes de todo el país, y vamos a hacerlas llegar oportunamente a la ministra de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo están manifestando.
RECHAZO A PRETENSIÓN DE POSICIONAR A PUERTO MONTT COMO ENTRADA A LA PATAGONIA CHILENA. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Muñoz .
El señor MUÑOZ .-
Señor Presidente , quiero referirme a un tema que ha causado un significativo revuelo en la Región de Magallanes y motivado algún conflicto entre sus principales autoridades y las de la Décima Región, fundamentalmente con el alcalde de Puerto Montt señor Rabindranath Quinteros .
Desde el inicio de su gestión edilicia, el citado alcalde y anterior intendente de esa zona incluyó, entre sus objetivos, el posicionamiento de Puerto Montt como destino turístico de interés. Para ello buscó consolidar a su ciudad como representativa de la Patagonia, calificándola como capital de esa macrorregión o, en otro sentido, como su puerta de entrada.
Un encuentro de autoridades municipales de la Patagonia, iniciativas ante el Servicio Nacional de Turismo y un sinnúmero de notas de prensa y alocuciones, dan cuenta de esa obsesión geográfica del alcalde Quinteros , que ha merecido un inmediato rechazo de las autoridades, organizaciones y comunidad en general de Punta Arenas.
La pretensión de la capital de la Región de Los Lagos, si bien es comprensible desde el punto de vista económico, adolece de notorias falencias argumentales, por cuanto es muy cuestionable la pertenencia geográfica de Puerto Montt a la zona que geógrafos e historiadores han definido como Patagonia. Así, el Premio Nacional de Historia Mateo Martinic nos señala que ella se extiende desde el fiordo del Reloncaví al sur, trazándose una línea imaginaria que abarca también diversas provincias argentinas, unidas por vínculos culturales e históricos evidentes.
El autor ha señalado que en ese mismo sentido podría entenderse la pretensión de Puerto Montt en cuanto a ser la puerta de entrada a la Patagonia, pero en ningún caso su pertenencia y, menos aún, un rol protagónico.
Sin duda, este tipo de disquisiciones locales pueden parecer a algunos un exceso de celo o chovinismo; sin embargo, considero importante abordarlas por cuanto lesionan la integración y coordinación permanente que debe existir entre nuestras regiones. Ellas deben actuar en forma complementaria, sobre todo en aspectos como el turismo, y buscar que los visitantes adquieran un cabal conocimiento de vastas regiones de nuestro territorio y que aprecien los rasgos fundamentales de cada una de ellas, pero sin motivar, en caso alguno, la confusión acerca de nuestras raíces e historia.
Por ello, los planteamientos del alcalde Quinteros resultan preocupantes. Para los magallánicos el asunto no pasa por un problema de marketing turístico ni se trata de una competencia estéril. Estamos acostumbrados a ello y enfrentamos el de Ushuaia, y el de otras ciudades de la patagonia argentina.
En nuestro caso, se trata de la identidad cultural de una región forjada en un clima agreste y constituida por un crisol étnico de diversas razas y culturas. No se puede pretender invocar lo ajeno para obtener pequeñas ganancias económicas.
Si se trata de elaborar un circuito turístico común aprovechando las ventajas de cada zona, por cierto estaremos dispuestos a apoyarla; así lo ha señalado el alcalde de Punta Arenas don Juan Morano .
Eso es lo que corresponde para nuestras regiones. Ciertamente podemos crear rutas ingeniosas que combinen las bellezas de la Región de Los Lagos, el atractivo natural y virgen de Aisén y Coihaique y los atractivos de Magallanes, como esperamos también hacerlo, en cuanto a la promoción conjunta de la Patagonia, con regiones del sur argentino. Para ello, tenemos que respetar la identidad cultural de cada región, como un patrimonio que se debe preservar.
Por lo anterior, ruego enviar oficio al director del Servicio Nacional de Turismo y al intendente de la Región de Los Lagos, con copia de mi intervención, a fin de expresarles la inquietud de los habitantes de Magallanes frente a estos hechos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE TALA DE ÁRBOLES DE LA PLAZA DE MULCHÉN. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , quiero referirme a una situación que afecta a Mulchén, una de las comunas que represento por el distrito Nº 47. En esa hermosa ciudad, que cuenta con una importante cantidad de habitantes y que se encuentra a pocos kilómetros al sur de Los Ángeles, se pretende fomentar el desarrollo del turismo. Sin embargo, para ello hay que contar con condiciones especiales, preocuparse de la no contaminación de sus aguas, mostrar calles y plazas acordes con lo que requiere el turista.
Este fin de semana, Mulchén se movilizó después de conocer una medida autoritaria, inconsulta, antojadiza y sin respaldo técnico de parte de su alcalde Francisco Jara Delgado , quien ordenó derribar árboles más que centenarios de la plaza. Se trata de olmos de más de un metro de diámetro, que entregaban belleza y sombra acogedora en el verano, estación en la cual hombres, mujeres y personas de la tercera edad disfrutaban de la paz y tranquilidad de su plaza.
Los árboles fueron derribados sin suficiente respaldo técnico, por lo que se creó un tremendo problema no sólo en ese lugar, sino también a sus habitantes, quienes a través de décadas fueron testigos de su majestuosidad.
Medidas de esta naturaleza -inconsultas- deben ser sancionadas drásticamente, porque en la actualidad el alcalde no es el dueño del fundo de ninguna de las comunas del país. Simplemente es la primera autoridad municipal que debe administrar los bienes públicos de la mejor forma posible. Esa plaza nunca ha estado bien arreglada en los últimos años. No tiene prados, plantas ni flores, entre otras cosas, que la hagan más bella a los ojos de sus habitantes y de los eventuales turistas.
Se dice que la sombra de los árboles no permitía tener prados adecuados. ¡Qué ignorancia más grande! Hay prados para sol, para semisombra y para sombra. Hay que consultar a los paisajistas o a los especialistas antes de tomar una medida de esta naturaleza.
Reitero, el derribamiento de esos árboles sin sustento técnico serio fue lamentable. Por ello, una cantidad importante de sus habitantes realizó una velatón el viernes y sábado en la noche, pese al frío y a la lluvia, para protestar por la muerte de esos árboles que acompañaron a través de décadas a muchas generaciones. Se aplicó una medida que no beneficiaba en nada a la comunidad, la cual será recordada como una decisión equivocada de su edil.
El alcalde, con humildad y sin soberbia, debiera dar las disculpas públicas del caso, porque los hombres que reconocen sus errores son más hombres, pero para eso hay que tener una condición muy especial.
Quiero saludar a los habitantes de Mulchén, a los hombres, mujeres y jóvenes que han sido ofendidos con esta medida inconsulta de su alcalde, entregarles a la distancia mi solidaridad y decirles que siempre estaré con ellos, sobre todo cuando se cometen abusos y aberraciones como la señalada.
Por lo expresado, solicito enviar oficio al Comité pro Defensa de la Flora y Fauna de Mulchén y al concejo de la municipalidad respectiva para que informen al respecto.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados con copia de su intervención.
APLICACIÓN DE CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE COMERCIO Y TRÁFICO DE ESPECIES SILVESTRES. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN .-
Señor Presidente , es de público conocimiento que el fin de semana, junto a Investigaciones de Chile y por orden emanada del 2º Juzgado de Policía Local de San Miguel , realizamos la incautación de un oso yogi a un circo de Santiago. Se trata de una especie en peligro de extinción, que está protegida por la Convención Internacional de Comercio y Tráfico de Especies Silvestres, Cite, suscrito y ratificado por Chile. De ahí la importancia de nuestra preocupación por su protección.
Sin embargo, han aparecido documentos del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, que permiten a ese oso, en peligro de extinción, retornar al lugar en que estaba.
Nuestra acción no va contra los circos -ése no es el objetivo-, sino que pretende proteger una especie en peligro de extinción y a exigir el respeto de un convenio ratificado y suscrito por Chile en 1975, el que, en consecuencia, es ley en nuestro territorio.
La única excepción podría ser que este animal u otro cualquiera, clasificado en la categoría Cite-1, especie de máxima protección, fuera preconvención, lo cual no puede ocurrir, puesto que la Convención tiene más de 20 años y este animal no más de 10.
No obstante ello, la autoridad administrativa de Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero, no ha hecho absolutamente nada para hacer respetar una convención internacional y cautelar que una especie en peligro de extinción se encuentre en condiciones adecuadas y que, de acuerdo con lo establecido en la convención, sea repatriada a su país de origen.
Esto es tremendamente sorprendente y por ello pedimos que se oficie al ministro de Agricultura , del cual depende el SAG, Servicio Agrícola y Ganadero, para que explique qué significa la resolución 2717 exenta, del director nacional del SAG, que posibilita esta situación, por qué ello está ocurriendo en nuestro país, qué significa la resolución 45, de 1996, que constituye un aval de la anterior y que también posibilita esa situación, y de qué manera se está aplicando esa convención.
Consecuentemente con lo anterior, pido, primero, que también se oficie a la Contraloría General de la República para que vele por la legalidad de las resoluciones del SAG, que a nuestro juicio contraviene una convención internacional.
Segundo, a la Secretaría Ejecutiva de la Cite , en Suiza, a través de la Cancillería, para que tome conocimiento de esta situación, intervenga y nos ayude en un tema tan importante como éste. No se trata sólo de un animal, lo que por cierto nos preocupa, sino, en especial, de la violación de un tratado internacional que no está siendo aplicado en nuestro país.
Tercero, a la autoridad administrativa del Perú, concretamente al Instituto Nacional de Recursos Naturales para que mediante el Departamento de Vida Silvestre informe, a través de nuestra Cancillería, dónde están los certificados que avalarían una excepción a la Cite, convención suscrita y ratificada por Chile.
Por último, al jefe del departamento jurídico de la Secretaría Cite en Suiza don Juan Carlos Vasquéz , abogado colombiano, con el objeto de que nos pueda ayudar en esta materia.
Lo que está ocurriendo es francamente increíble y el no tener una respuesta hasta ahora por parte del SAG, no obstante habernos entrevistado con su director nacional, es, a lo menos, sorprendente.
Pido adjuntar a los oficios el texto de esta intervención.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se accederá a cada una de sus peticiones, con la adhesión de los diputados que lo soliciten, entre los cuales me incluyo. Se adjuntará el texto de su intervención.
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS PARA CHIGUAYANTE. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en estos once años y meses que me ha tocado representar a Concepción en esta Cámara de Diputados, nuestro primer objetivo fue hacer posible la creación de las comunas de Chiguayante y de San Pedro de la Paz. Hace más o menos 35 días celebramos los cinco años de publicación de la ley que creó las mencionadas comunas.
Chiguayante tiene una característica muy especial. Cuando las personas te estiman, lo hacen de verdad. Eso ayuda en muchas cosas. Somos seres humanos.
En estos años, por ejemplo, hemos hecho posible la ejecución de muchísimas obras, tanto en Chiguayante como en San Pedro de la Paz. El lunes recién pasado, junto con los senadores José Antonio Viera-Gallo y Hosain Sabag y el alcalde de la comuna, reelecto por segunda vez con una inmensa mayoría, Tomás Solís Nova , ex diputado de la República , estuvimos en el Ministerio de Obras Públicas con todo el equipo del Ministerio de Hacienda - ministro , subsecretaria, subdirector de Presupuestos y técnicos respectivos- analizando dos grandes temas: la interconexión vial Concepción-Chiguayante, es decir, la costanera desde el puente viejo hasta Chiguayante.
Como anunció el intendente de la Octava Región , Jaime Tohá , representante del Presidente de la República , este proyecto se terminará de analizar el 7 de septiembre, día en que se hará un anuncio oficial sobre comienzo de la construcción de la costanera Puente Viejo-Chiguayante.
En segundo lugar, analizamos el tema relativo al tratamiento de aguas lluvia en Chiguayante. Se terminó el plan maestro de esa comuna. Como se necesita un financiamiento importante para llevar a cabo estas obras, hemos dado los pasos necesarios para que se establezcan en las glosas respectivas del Presupuesto de la Nación de 2002.
Dado que nobleza obliga, quiero hacer un especial reconocimiento a don Francisco Vidal , gran servidor público que, desde que asumió la Subsecretaría de Desarrollo Regional, siempre ha estado dispuesto a solucionar los problemas en San Pedro de la Paz, Chiguayante y Concepción.
Deseamos pedir al señor Vidal , una vez más, que en el programa de mejoramiento urbano, emergencia 2001, considere tres proyectos de la comuna de Chiguayante: deslizamiento del terreno en pasaje 9, población Valle del Sol, con un costo de 5.471.464 pesos; mejoramiento del canal Papen , cruce línea férrea, con un costo de 27.508.030 pesos, y el proyecto de emergencia, calle Manquimávida, con un costo de 23.117.144 pesos.
Conversamos respecto de estas solicitudes con el alcalde de Chiguayante don Tomás Solís y con el intendente de la Región del Biobío don Jaime Tohá González , pero creí conveniente hacer un reconocimiento a don Francisco Vidal , subsecretario de Desarrollo Regional , por haber accedido a varias de nuestras peticiones, antes de plantearle estos tres proyectos para el desarrollo de la hermosa comuna de Chiguayante.
Reitero mi petición de enviar oficio al subsecretario de Desarrollo Regional , con copia de mi intervención.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de la diputada Caraball .
SUBROGACIÓN DE ALCALDE DE LA COMUNA DE EL BOSQUE POR CANDIDATO A DIPUTADO. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , mi intervención tiene por objeto dejar constancia de una situación poco transparente que afecta a un candidato y a un municipio del distrito 27 de la Región Metropolitana, compuesto por las comunas de La Cisterna, El Bosque y San Ramón .
El secretario de la ilustre municipalidad de El Bosque señor Osvaldo Andrade ha venido actuando como alcalde subrogante desde hace mucho tiempo, cada vez que el alcalde titular señor Sadi Melo se ausenta, situación por lo demás normal hasta el momento en que el señor Andrade se ha inscrito como candidato a diputado del Partido Socialista para las próximas elecciones parlamentarias. Me parece que este hecho atenta contra la debida transparencia que debe rodear toda actuación de un funcionario público en el desempeño de su cargo y en cuanto a la necesaria independencia que debe tener un candidato.
Es imposible que la ciudadanía distinga, o no se confunda, cuando el señor Andrade actúa como alcalde o como candidato, particularmente en la entrega de aportes y/o servicios municipales que realiza con patrimonio municipal.
La ley de probidad que aprobamos en la Cámara apunta exactamente a evitar estas irregularidades, ya que no basta la excusa de decir que existe un vacío legal con respecto a la subrogación del alcalde por un candidato a diputado , respuesta que me fue dada en el municipio ante la advertencia de esta anomalía.
Pienso que el espíritu de la ley, que obliga a los alcaldes a renunciar un año antes si quieren postular a diputado o a senador, es claro, pues con ello se asegura transparencia en el manejo de los recursos públicos. Lo mismo sucede en el caso de un alcalde subrogante, porque en lo administrativo actúa con los mismos derechos y deberes que los alcaldes titulares, según mi manera de entender el espíritu de la ley.
Dicha actuación debe ser nítida en cualquier municipio o servicio público, cualquiera que sea el partido a que pertenezcan los funcionarios que postulan a algún cargo de elección popular.
En consecuencia, solicito que se oficie al contralor general de la República para que se pronuncie al respecto, como también al ministro del Interior para que esté informado de esta anormalidad y disponga las acciones que corresponda para corregir la situación a la brevedad.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia del texto de su intervención.
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE POBREZA Y DE EDUCACIÓN EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ .-
Señor Presidente , la encuesta Casen, dada a conocer por Mideplan, ubica a la Séptima Región del Maule en el más bajo nivel de escolaridad del país; es decir, la región tiene, en promedio, el menor número de años de escolaridad por habitante, lo cual, según la encuesta que cito, es de 8,5 años. Lo anterior se suma a otros índices negativos que he dado a conocer en otras sesiones de la Cámara. Por ejemplo, hace poco señalé que tenemos el más alto índice regional de desempleo, que es del 13,6 por ciento, con algunos lugares muy críticos, tales como Curicó, Linares y Talca, que superan el 15, 16 y hasta el 17 por ciento. Tenemos el más alto índice de pobreza, que asciende al 28 por ciento, en circunstancias de que el promedio nacional es de 20 a 22 por ciento. Según el Programa para el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, también estamos en el nivel más bajo.
Los últimos datos que ha dado a conocer la encuesta Casen no hacen más que ratificar el nivel crítico y de deterioro en que ha venido cayendo la Séptima Región, como consecuencia de la crisis que afecta al sector agrícola, que no es estacional ni pasajera, sino muy de fondo; una crisis estructural que tiene que ver con los avances tecnológicos de la productividad agrícola y que, para resolverla, requiere medidas muy excepcionales y novedosas, ya que con las tradicionales es imposible lograr nada.
Así como hay una legislación que favorece a las regiones extremas del país, debería elaborarse otra para beneficiar a las regiones deprimidas. Si revisamos los antecedentes, nos encontraremos con que permanentemente hay cuatro regiones que acusan índices de profunda depresión. Estas son la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.
En intervenciones anteriores he pedido que se formen comisiones especiales para que se dediquen a elaborar programas de desarrollo para estas regiones y ahora deseo solicitar lo mismo en materia de educación, toda vez que la región figura con el índice más bajo de escolaridad nacional.
Al respecto, solicito que se oficie a la ministra de Educación para que adopte medidas educacionales especiales para la Séptima Región, por cuanto no se puede mirar con indiferencia estos hechos, que se van acumulando, y que, posteriormente, dejan a estas zonas al margen del desarrollo.
La situación educacional en la región hace necesario tomar medidas más de fondo, como el cambio de autoridades educacionales regionales y provinciales. Se requiere una mano fuerte para aplicar las modificaciones que deben hacerse, como también una mayor inversión, especialmente en el sector profesional, con el objeto de preparar a nuestros jóvenes para el desempeño laboral.
Todas estas informaciones sobre índices negativos forman un conjunto de hechos que nos duele y preocupa a quienes somos de la Séptima Región.
En anteriores ocasiones he solicitado que se envíen oficios para designar comisiones especiales que estudien la situación de zonas deprimidas. Ahora estoy pidiendo que se oficie a la señora ministra de Educación , a fin de que adopte las medidas tendientes a solucionar el problema.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que lo indiquen a la Mesa.
RECONOCIMIENTO POR COLABORACIÓN EN EL ESCLARECIMIENTO DE DESAPARICIÓN DE VECINO DE MARÍA PINTO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , hace pocos días, en la comuna de María Pinto, provincia de Melipilla -que represento en la Cámara de Diputados-, ocurrió un hecho bastante lamentable que conmocionó a esa zona: la desaparición de Álex Vera Cofré, quien perdió su vida en trágicas circunstancias, luego de salir de una discoteca de esa comuna la madrugada del domingo 22 de julio pasado.
Álex Vera Cofré , hijo de una concejal del Partido Demócrata Cristiano, desapareció en circunstancias que la justicia tendrá que aclarar. Pereció ahogado en un estero de esa comuna. Su cuerpo estuvo perdido durante trece días, lo que ocasionó un estado de gran preocupación y una trágica incertidumbre, con idas y venidas; peregrinaje de su familia, de su madre, de su padre y de su hermana en la búsqueda, hasta que, finalmente, su cuerpo fue encontrado en el estero Puangue.
Esta tragedia, junto con hacernos reflexionar sobre la fragilidad de la vida, el tiempo que dedicamos a escuchar a nuestros hijos, a querernos, a apoyarnos y a desarrollarnos como familias -no es del caso aludir a esta buena familia golpeada por el dolor de perder a un hijo-, quiero decir que los seres humanos estamos preparados para despedir a miembros de las generaciones anteriores a la nuestra, pero no para ver partir a un hijo, lo cual ocasiona una pena indescriptible.
Como soy amigo de la familia Vera Cofré, los acompañé en su dolor. Conocí a “Lalo” -así lo llamaban cariñosamente sus padres y hermana- desde que tenía tres años; prácticamente lo vi nacer.
Junto con hablar del dolor y de la situación angustiosa que les tocó vivir y que obviamente los marcará toda la vida, quiero reflexionar sobre el tema de fondo. Muchas veces apostamos a lo material, al poder, a cosas vanas, y no nos preocupamos de dedicar tiempo a las personas, a la familia, a nuestros hijos y padres para ser así verdaderamente familias. Ese es el gran llamado de atención a esta sociedad que construimos en forma tan acelerada, con tantos avatares, con una economía de mercado que parece centrar más la atención en el tener que en el ser. Ésa es la gran lección.
Pero este caso también nos entrega lecciones de solidaridad.
Dentro de la situación angustiosa y desgraciada que le tocó vivir a la familia Vera Cofré , hubo manos generosas, palabras de aliento, sin distinción de colores políticos, de religión o de posición social, que se sumaron a la búsqueda de ese hijo, con el fin de que su desaparición no se transformara en otro caso como el que su Señoría ha vivido tan de cerca en Concepción y que afecta a la familia de Jorge Matute. No queríamos por ningún motivo, que éste fuera un caso Matute II, hecho que cumplirá lamentablemente dos años desde que se produjo, sin que su familia pueda saber aún qué sucedió con su hijo.
Junto con comprender el dolor que la familia Matute Johns debe sentir, esto nos ha hecho reflexionar en torno de distintas materias y conocer muchos gestos solidarios.
Por lo expuesto, quiero que se oficie a quienes estuvieron al lado de la familia Vera Cofré, a quienes tendieron sus manos generosas y a quienes abrieron sus puertas con la esperanza de hallar a Álex, hijo de don Patricio Vera y de doña Margarita Cofré , quien, como señalé, es concejala de la comuna de María Pinto.
Además, quiero destacar el buen desempeño de Carabineros de Chile y de Investigaciones -en especial, de su director-, instituciones que se sumaron, sin escatimar esfuerzos, darse tregua y con todos los medios humanos y técnicos posibles, a la búsqueda del joven.
Por ello, pido que se oficie al ministro del Interior, con el objeto de que haga llegar nuestro agradecimiento y reconocimiento por las actuaciones del director de Investigaciones y de las jefaturas de las unidades de Melipilla y Talagante, representadas por los señores Carlos Alcaíno y Edgardo Sufán.
También solicito que se transmita nuestro reconocimiento a la labor cumplida por Carabineros de Chile -Gope y unidades policiales- y, en particular, por la actuación del jefe de la tenencia de María Pinto señor Javier Brito .
Asimismo, deseo que en el oficio al ministro del Interior se destaque nuestro reconocimiento a la buena disposición y a las medidas que, en algún minuto, se coordinaron con el subsecretario del Interior don Jorge Correa Sutil.
Además, pido que se haga llegar una nota de agradecimiento al presidente de la Corte Suprema don Hernán Álvarez , quien, en un gesto de mucha humanidad, estuvo dispuesto a nombrar, no sólo un ministro con dedicación exclusiva para investigar el caso, sino que también fue capaz de acoger a la familia y fortalecerla en momentos tan difíciles, lo que habla bien de su persona.
También pido que se haga llegar una nota de agradecimiento al obispo de la Diócesis de San José de Melipilla monseñor Enrique Troncoso , por la asistencia espiritual permanente que se le brindara a la familia.
Finalmente, solicito oficiar a la alcaldesa de María Pinto señora Jessica Marín y al alcalde de Curacaví don Pedro Julio Maturana para que expresen ante los concejos respectivos nuestro reconocimiento y el de la familia de Álex por toda la colaboración que ambos municipios prestaron en forma desinteresada.
Antes de concluir, agradezco a la Cámara por permitirme hablar sobre un caso que no tiene nada que ver con materias legislativas, pero que ha afectado a una familia, como a muchas otras que, en algún minuto, han perdido a un ser querido y no han descansado hasta hallarlo, para proceder al legítimo proceso sicológico del duelo, tan necesario para cerrar una herida que afecta al corazón de una familia chilena.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que lo indiquen a la Mesa.
BAJA DEL PRECIO DEL COBRE. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , quienes somos del norte, y en mi caso de la Región de Atacama, a la que tengo el honor de representar en el Congreso Nacional, en los últimos días hemos visto cómo se ha agravado la situación que afecta a la principal fuente de ingreso no sólo de Atacama, sino del país entero. Me refiero a la caída del precio del cobre y cómo esta circunstancia está perjudicando a la ya alicaída actividad de la pequeña y mediana minería que aún subsisten y se desarrollan en nuestra Región.
La situación es grave. La ciudad de Vallenar, por ejemplo, tiene el tercer índice más alto de desempleo, con un 17,5 por ciento. Freirina, Tierra Amarilla , Copiapó y la región entera se ven afectadas por el flagelo del desempleo, hecho que ocurre fundamentalmente porque la pequeña y la mediana minería no logran reactivarse. El escenario de los pocos pequeños y medianos mineros que trabajan es aún más grave.
En esta oportunidad, hago mía la proposición de algunas medidas sugeridas al Gobierno por un grupo de empresarios de la pequeña minería para que se reactive y pueda subsistir un sector tan importante para la economía regional.
Es bueno precisar que la mediana minería es nacional, y que es poca la que va quedando, a excepción de la actividad ligada a Codelco. La minería privada fundamentalmente está en manos chilenas, como bien sabe el diputado señor Carlos Vilches , presente en la Sala.
Es necesario que subsista la mediana minería y, a la vez, la pequeña, ya que ellos abastecen, junto a los pequeños mineros, las plantas de la Empresa Nacional de Minería.
Voy a dar lectura al texto preparado por un grupo de empresarios de la pequeña minería de la Región de Atacama -que hago mío- sobre la materia:
“La caída del precio internacional del cobre es extraordinariamente delicada y resulta insostenible para la pequeña y mediana minería de Atacama. Sin duda, conduce a las empresas del sector, primero, a la reducción de personal, y luego, a la paralización de faenas.
Para evitar el colapso del sector minero y una crisis de insospechadas proporciones en Atacama, es indispensable que el Gobierno, a través de la Empresa Nacional de Minería, adopte las siguientes medidas:
La Enami debe rebajar las maquilas de 90 dólares a 75 dólares por tonelada en fusión y de 9 centavos de dólar la libra a 7,5 centavos de dólar la libra en refinación.
De mantener la Enami sus actuales maquilas, los mineros deberán cerrar sus faenas y la Enami se verá obligada, como ocurrió en 1998 y 1999, cuando los productores de Taltal cerraron, a suscribir contratos con compañías extranjeras, con maquilas más bajas que las que aplica hoy a los productores chilenos.
Además, para la pequeña minería la maquila de fusión de oro debe bajar de 110 dólares a 80 dólares la tonelada, y de 11 dólares a 8 dólares por onza en refinación.
Con un precio inferior a 75 centavos de dólar la libra de cobre los medianos productores mineros no pueden funcionar en forma normal.
El promedio de julio fue de 69 centavos de dólar la libra. Hoy la situación se ve más grave. En estas condiciones, no se concibe que la Enami pretenda obtener utilidades con sus maquilas.
El año pasado, la Enami, con un promedio de precio del cobre de 82 centavos de dólar la libra, cobraba 82 dólares por tonelada en fusión; hoy, con un promedio mucho más bajo, les cobra a los medianos y pequeños mineros tarifas más altas.
En cuanto al precio de sustentación, es indispensable que la Enami mantenga un precio de 85 centavos de dólar la libra para la pequeña minería y al menos de 75 centavos de dólar la libra para la mediana minería, a fin de evitar el colapso de la minería chilena y de la misma Enami . Sin mineros, esta empresa no se justifica.
El precio de sustentación no significa un subsidio para la minería. Esto debe quedar muy claro, puesto que, una vez recuperado el precio del cobre, la Enami descuenta a los mineros los créditos, con los intereses correspondientes, en las liquidaciones que les hace mes a mes o semana a semana.
La implementación de estas dos medidas pequeñas, pero muy importantes para Atacama, evitará trastornos sociales y pérdidas para la economía nacional y regional, derivados de los altos costos de paralizar faenas que, en muchos casos, no vuelven a funcionar.
La tarifa o precio de sustentación se ha aplicado en otras oportunidades sin menoscabo alguno para los intereses del Estado, puesto que todos los créditos de enlace otorgados a la minería fueron recuperados, incluso con intereses más altos que los del sistema financiero, lo que significó un beneficio adicional para la Enami.
Se sostiene que hay mineros que le deben a la Enami, pero esas deudas no corresponden a tarifas de sustentación, sino a otras operaciones que la propia Enami puede y debe aclarar.
La mediana y pequeña minería son indispensables y deben caminar juntas. La mediana minería es el soporte para que la Enami pueda atender a la pequeña minería.
Atacama debe tener de nuevo muchos pequeños mineros; si eso no es posible, sin duda que no podremos derrotar la cesantía ni crecer a tasas como las que tuvimos en el pasado reciente.
Por ello, necesitamos que se rebajen las maquilas para seguir abasteciendo las plantas de la Enami. La maquila, durante el período de precios inferiores a 75 centavos de dólar la libra, debe ser rebajada a 75 dólares por tonelada en fusión y a 7,5 centavos de dólar la libra en refinación. Posteriormente, cuando el precio del cobre supere los 80 centavos de dólar la libra, podrá volver a los valores actuales.
Asimismo, solicitamos una tarifa o precio de sustentación de 85 centavos de dólar la libra para los pequeños mineros y de 75 centavos de dólar la libra para la mediana minería.
Pido que se envíe oficio, con copia de mi intervención, a su Excelencia el Presidente de la República y al ministro de Economía , Minería y Energía señor Jorge Rodríguez Grossi . Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención a los señores alcaldes, en su calidad de presidentes de los concejos de las nueve municipalidades de la Región de Atacama.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Rosa González y de los diputados señores Carlos Vilches , Haroldo Fossa y de quien habla.
ELIMINACIÓN DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL DE LOTA. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente , una vez más me referiré a un aspecto puntual de la querida y sufrida comuna de Lota, de la Octava Región, la que, como todos lo sabemos, vive los embates de una tremenda cesantía -está en el primer lugar de este ranking negativo-. Sin embargo, estamos empeñados en cambiar dicha situación para sacarla adelante, para lo cual hemos trabajado incansablemente en nuevos proyectos y legislado en su favor. Se creó un comité intersectorial, en el que participamos activamente, ha llegado la Fundación Chile, que mantiene un circuito muy interesante con el parque Lota -por todos conocido- y con las minas Chiflón del Diablo y Chibilingo . Dicho circuito es administrado por gente tremendamente eficiente, como son los señores Marcos Ferrán y Sergio Carmona .
Se conservan monumentos, museos y antiguos campamentos, se crea un centro de formación técnica, se construye un centro para informática y se activa un parque industrial para atraer inversionistas emprendedores.
Sin embargo, han sucedido cosas que por estas circunstancias parecen una paradoja. Por ejemplo, se pierde el hospital de Lota Alto -cuyo edificio actualmente está destinado a otras funciones privadas-, cuando el sueño de los lotinos y de quien les habla ha sido la creación de un hospital de alta especialidad; además, se le da escasa o nula atención a los pescadores artesanales de las caletas de Lota, que tienen un gran potencial. Pero hoy vemos con preocupación que también se quiere eliminar la maternidad del hospital de Lota, lo que resulta paradójico, porque es necesario crear actividades y mantener las que existen, sobre todo aquello que refleja la base de la identidad de los lotinos y lotinas. Puede que esto obedezca a alguna idea racional del Ministerio de Salud, pero no parece adecuado hacerlo en este momento, sobre todo cuando Lota necesita reactivar al máximo su economía para disminuir la cesantía.
El hospital de Lota está dotado de una maternidad absolutamente moderna, con capacidad para atender todo tipo de problemas, con médicos obstetras, pediatras, matronas y enfermeras de alto nivel, lo que hace improcedente tal decisión. Se ha dicho que ésta se trasladaría a Coronel, pero desconozco los motivos.
En este sentido, solicito oficiar a la ministra de Salud, al director de Salud de la Octava Región doctor Sergio Castro, y al director del hospital de Lota, un distinguido médico, doctor Boris Oporto Ortiz, para hacerles presentes mis aprensiones -que reflejan el sentir de toda Lota- respecto de la situación de este hospital. Asimismo, al alcalde de Lota don Patricio Marchant y a los concejales.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia del texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Vilches y Bertolino .
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , en la Tercera Región de Atacama, represento al distrito 5, que comprende la ciudad de Copiapó, la comuna de Diego de Almagro con las localidades de Salvador, Potrerillos, Inca de Oro, y la comuna de Chañaral, con la localidad de El Salado. En todas zonas mineras es absolutamente necesario un plan de emergencia para la pequeña y mediana minería, que aún tienen desarrollo y producción.
Como se ha señalado en esta Sala, desde 1995 -época en que alcanzó un promedio de 133 centavos de dólar la libra-, el precio del cobre ha sufrido bajas en forma sostenida y hoy el promedio no va más allá de los 66 ó 67 centavos de dólar la libra, lo que sin duda causa un daño enorme e irreparable al país por la pérdida de ingresos, lo cual es irremediable.
El presupuesto de la Nación para el año 2001 se calculó sobre la base de 88 centavos de dólar la libra de cobre, y el promedio actual anual supera levemente los 74 centavos de dólar la libra, con lo cual para fin de año se puede pronosticar un déficit fiscal con los inconvenientes que ello significa, porque el fisco tendrá que recurrir a los ahorros del Fondo del Cobre para suplir dicho déficit.
Tal vez en esta ocasión los visionarios o las personas responsables de fijar el precio de la libra de cobre a futuro se equivocaron, porque el promedio actual está lejos de las cifras estimadas en el presupuesto de la Nación. Si a esto se agregan los casi 100 millones de dólares que ingresan al país por cada centavo por libra de cobre de promedio anual, el déficit de este año puede ser entre 700 y 800 millones de dólares, lo que va en perjuicio del país, sobre todo del Gobierno, porque deja de recibir recursos para sus planes sociales.
Ante tal situación, el sector más golpeado es la pequeña minería. Sin embargo, pueden adoptarse medidas para enfrentar esta crisis.
En primer lugar, abrir en la localidad de El Salado un poder de compra de minerales oxidados de cobre, aun cuando en reiteradas oportunidades las autoridades del sector han señalado que no es posible. En esta ocasión insistiré en la posibilidad de abrir un poder de compra para esos minerales, a fin de que sean procesados con la tecnología instalada en la localidad de El Salado por la Empresa Nacional de Minería, que son plantas de extracción por solvente, con un costo mucho menor.
Sin embargo, de acuerdo con el programa de la Enami, durante los próximos tres años no se abrirá poder comprador, lo cual ha causado gran preocupación a todos los mineros de la provincia de Chañaral, quienes han demandado un cambio urgente en tal decisión.
En segundo lugar, es necesario bajar las maquilas, ya que están directamente relacionadas con los precios internacionales de los metales. Así ha funcionado la Enami. El precio de 90 dólares por tonelada de fusión, con 9 dólares por refinación, significa un precio muy alto. Se ha pedido rebajarlo a 75 dólares por tonelada de fusión y a 7,5 centavos por refinación, lo que traerá consigo una mejoría en las tarifas que se les paga a los mineros y que contribuirá a superar la crisis.
Existe una solicitud, como lo señaló anteriormente el diputado señor Mulet y que hago mía en esta ocasión, que dos empresas han hecho a las autoridades del sector. Espero que el próximo viernes 10 de agosto, Día de la Minería , en su visita a la Tercera Región, el Presidente de la República don Ricardo Lagos anuncie la adopción de medidas en favor del sector de la pequeña y mediana minería.
En esta oportunidad, no puedo dejar de señalar el esfuerzo realizado por los señores Segundo Gómez , gerente de la Compañía Minera “Carola”, y Fernando Harambillet , de la Sociedad Minera “Punta del Cobre”, que han sido los gestores de la solicitud en la cual se pide, con justicia, bajar el precio de las maquilas y disponer los recursos necesarios para comprar los concentrados de cobre a un precio de sustentación superior a los 75 centavos de dólar la libra. De esa manera, se podría paliar en parte la crítica situación, y cuando el precio promedio supere los 75 centavos de dólar la libra se iniciaría la devolución de los recursos aportados.
Por lo tanto, podemos afirmar que esto no es un regalo, sino una inversión, un crédito transitorio, mientras se recupera el precio internacional del cobre. Como se trata de una solicitud justa, es absolutamente necesario aplicarla. Según informaciones que tenemos en este instante, el Presidente de la República don Ricardo Lagos lo anunciaría mañana en su visita a la localidad de El Salvador, Tercera Región.
Por último, es absolutamente necesario que las operaciones en las cuales se usa nueva tecnología, como la extracción de mineral con solvente, también se lleven a cabo en algunas localidades como Vallenar, puesto que existe allí una planta regional. Esta tecnología permitiría un nuevo y floreciente desarrollo de la pequeña y mediana minería, a pesar de la crisis originada por el bajo precio del cobre. Así, se podría iniciar una etapa distinta, que es muy necesaria.
Pido que mi intervención sea enviada al ministro de Economía , Minería y Energía don Jorge Rodríguez Grossi; a las asociaciones mineras existentes en la Tercera Región y al vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería , a fin de que esta solicitud se materialice en medidas concretas que sean aprobadas en el más corto plazo.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión del diputado señor Mario Bertolino .
RÉPLICA A EXPRESIONES DE DIPUTADO RODOLFO SEGUEL.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , en primer lugar, en nombre de la bancada de Renovación Nacional, quiero dejar constancia de lo sucedido en la hora de Incidentes de la sesión de ayer, en la cual el diputado señor Seguel emitió duros y descalificadores juicios en contra de una persona que no es parlamentaria y que, por lo tanto, no tiene fuero ni la misma posibilidad del diputado para defenderse en esta Sala.
Asimismo, quiero dejar constancia de que en ese momento ningún integrante de la Mesa dijo nada y que en esta Sala se pisotearon los derechos de una persona que no pudo defenderse ni emitir opiniones. Esto es más grave aún si consideramos que se trata del padre de una colega de nuestra bancada, la señora Lily Pérez .
AGILIZACIÓN DE CONVENIO DE DOCENCIA Y ASISTENCIA SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE Y EL SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO. Oficio.
El señor BERTOLINO .-
En segundo término, solicito que se oficie a la ministra de Salud , a fin de que informe a la honorable Cámara sobre el avance del convenio docente y asistencial suscrito por el Servicio de Salud de Coquimbo con la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo.
Es sabido que esa universidad presentó un proyecto para crear la carrera de medicina en la Cuarta Región. Como parlamentario por uno de sus distritos, considero un éxito y un logro, tanto en el aspecto científico como humano, la posibilidad que tendrá la ciudadanía de la Cuarta Región de acceder a una facultad que formará médicos. Por su parte, la Universidad de La Serena también presentó un proyecto para impartir la misma carrera. Felicito a ambas casas de estudios superiores por el interés demostrado en crear una carrera que va en directo beneficio de los habitantes de la Cuarta Región.
Por desgracia, antes de que esas universidades, que ya tienen aprobados los estudios correspondientes, puedan iniciar la inscripción de alumnos y la enseñanza de la carrera, deben cumplirse ciertos plazos. Si bien el Servicio de Salud de Coquimbo ha fijado un itinerario, los plazos fijados no permitirían iniciar la enseñanza de las carreras en cuestión una vez aprobado el convenio mencionado; menos aún si consideramos que en fecha reciente tres universidades privadas de la Región Metropolitana, más otra regional, han anunciado la apertura de la carrera de medicina.
En este escenario, junto con la carrera de medicina que creó otra universidad privada que suscribió un convenio con una clínica privada de Santiago, y la existencia de otros proyectos similares que postularán las posibilidades de crear la carrera de medicina en la Región de Coquimbo podrían estar próximas a extinguirse, ya que la proyección del número de médicos que egresarán cada año, cuando empiecen a funcionar estas cinco o seis escuelas a que me referí anteriormente, podría estar en el límite adecuado para atender las necesidades de la población, de acuerdo con el desarrollo del país. De modo que carecería de su principal justificación.
Por eso, solicito que se oficie a la ministra de Salud , a fin de que tenga a bien tomar las medidas tendientes a lograr la pronta aprobación del convenio de docencia y asistencia suscrito por el Servicio de Salud de Coquimbo, en virtud del cual se puedan desarrollar los campos clínicos que requiere una facultad de medicina. De esa forma se cumplirán las expectativas que motivaron a la Universidad Católica del Norte para presentar el proyecto.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al cual se adjuntará el texto de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE RECURSOS A MUNICIPALIDAD DE COIHAIQUE. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente , de conformidad con lo establecido en el artículo 6º transitorio de la ley Nº 19.715, publicada en el Diario Oficial de fecha 31 de enero de 2001, la municipalidad de Coihaique ha solicitado en forma reiterada al subsecretario de Educación que se le otorgue un anticipo de la subvención estatal para solventar los gastos que demanda la indemnización de los docentes incorporados al proceso de jubilación regulado por la ley antes señalada.
El monto solicitado alcanza a los 71.224.030 pesos, y a la municipalidad de Coihaique se le ha informado que la resolución que aprueba la entrega de estos recursos se encuentra en trámite en el Ministerio de Hacienda, con el número 8607.
Dada la importancia que reviste para el municipio mencionado la asignación de estos recursos para dar cumplimiento a los compromisos contraídos con los profesores -solicitados sobre la base de una ley de la República- y proyectar el ahorro efectivo que producirían en el presupuesto de educación de ese municipio, solicito que se oficie a los subsecretarios de Educación y de Hacienda, transcribiéndoles el texto de mi intervención, a fin de que nos informen sobre la fecha en que serán entregados los recursos señalados.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado señor Vilches y de la diputada señora Rosa González .
DESARROLLO DE MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN ARICA Y PARINACOTA. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el turno correspondiente al Comité de la UDI, tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente , comenzaré mi intervención repitiendo las palabras de una empresaria ariqueña, quien dijo: “Los momentos más difíciles ponen a prueba nuestra fortaleza y, por sobre todo, nuestra capacidad para esforzarnos en la búsqueda de caminos que sigan inspirando nuestro diario andar, un camino no exento de problemas. Arica vive esos momentos.
“La naturaleza hace sus demostraciones para que podamos advertir cuán grande es su fuerza y cuán pequeños somos nosotros. Sin embargo, a pesar de los embates y de las dificultades propias de esta época de grandes cambios, de la globalización, del poder de la información, de la alta competitividad, de la agresividad con que los puertos alternativos para Bolivia asumen esta competencia, estamos aquí reunidos en torno a un nuevo desafío que nuestra compañía ha decidido emprender.
“Los procesos de cambios a los que hacía mención, nos indican lo imperioso que es asumir los nuevos paradigmas que la tecnología impone en el desarrollo del negocio naviero.
“Pareciera que los momentos actuales no son los más oportunos para invertir. Sin embargo, nuestra mayor motivación ha sido inspirada en un signo desde una perspectiva emocional, con alcances casi irracionales. Es que confiamos en esta tierra y guardamos una profunda fe en su renacer.
“Para Naviera Portuaria, una empresa netamente ariqueña, que forma parte de su historia, no puede ser de otra manera. Esta empresa, que hoy, a pesar de las circunstancias, otorga aproximadamente 350 empleos directos y más de 200 indirectos, expresa en esta acción presente, su confianza en las bondades de una ciudad sin igual.
“Pero estamos convencidos de que la confianza y la fe deben ir acompañadas de acciones concretas, de iniciativas, de acoger los nuevos paradigmas con una visión emprendedora.
“Queridos amigos, al proceder a inaugurar nuestra máquina portacontenedores Taylor, no puedo negar mi alegría y satisfacción por este nuevo paso y gran desafío que nos hemos autoimpuesto. Nuestra acción está en acoger estos cambios asumidos a través de una atención integral, de un acercamiento más personalizado con nuestros clientes chilenos, bolivianos y peruanos, de incursionar con la captación de nuevos mercados. Hoy, las distancias están más cercanas, sólo resta aceptar el desafío.
“Desde esta perspectiva, creemos estar en condiciones de invitar a cada uno de los presentes a que desde su propio lugar y espacio hagan también lo suyo. Llamo a las autoridades ejecutivas, a los legisladores, a los candidatos, a los empresarios, a los servicios públicos y privados, a los ciudadanos, para asumir con una visión de fe el porvenir, para afrontar esta época de cambios en la certeza de que poseemos la capacidad para provocarlos o bien asumirlos”.
Con este discurso, la señora Alicia Solari de Hannsen inauguró las nuevas instalaciones de esta empresa en el puerto de Arica. Mientras ella, llena de fe en el porvenir, como lo dice en su discurso, y con todas las autoridades, ejecutivos y trabajadores presentes, tuvo que cerrar los portones, porque afuera se desarrollaba una protesta de la gente que se encuentra cesante, ya que en este momento el puerto de Arica no funciona debido a la catástrofe natural que sufrimos en febrero. Aún no se ha resuelto el problema de ferrocarriles, que los empresarios privados no pueden solucionar por tratarse de un asunto netamente del Estado. El Gobierno se comprometió a entregar recursos en febrero para solucionar el problema y ya estamos en agosto y, lamentablemente, sigue pendiente.
Arica tiene tres destinos: primero, la minería; otro, la agricultura y, por último, el turismo, agregado a una real integración con países vecinos.
En esta misma Sala se presentó un proyecto de acuerdo para investigar por qué no funcionaban las leyes de exención para las zonas extremas. Hoy, por cuarta vez, hemos tenido que suspender una sesión, porque el ministro de Economía , Minería y Energía nuevamente no pudo asistir para explicarnos las razones por las cuales no se han desafectado los terrenos que no nos permiten desarrollar la minería en el altiplano. Este problema no lo pueden resolver los empresarios privados, sino el Estado.
Por otra parte, aún tenemos sin construir el complejo fronterizo de Visviri. Hay que ver las condiciones en que viven los agentes de aduana, policía internacional, Investigaciones y Carabineros de Chile, a 4.200 metros de altura, para entender lo sacrificada que es su vida arriba. No podemos comprender por qué aún no se construye ese complejo fronterizo, cuyas obras estaban contempladas en el presupuesto de 1998, problema que tampoco pueden resolver los empresarios privados.
Sería largo enumerar todos y cada uno de los temas que corresponden al Estado, pero la señora Alicia Solari de Hannsen dio un ejemplo como empresaria privada, como lo están dando muchos otros empresarios privados y la gente de Arica. Por lo tanto, creo que ahora corresponde instar a que el Ejecutivo , el Gobierno, responda en forma específica sobre los motivos por los cuales aún no se han implementado estas obras. A veces, ni siquiera se requiere de tantos recursos para que funcionen las zonas extremas, sino de una real decisión política.
Por las razones expuestas, solicito que se oficie al ministro de Economía , Minería y Energía para que nos indique cuándo dictará los decretos a que se comprometió hace bastante tiempo, a fin de que efectivamente se pueda desarrollar la minería en nuestra región, en especial en la zona del altiplano, provincia de Parinacota.
Asimismo, pido que se oficie al ministro del Interior , con el objeto de que responda a la brevedad a lo solicitado en tantos oficios anteriores respecto de la disponibilidad de recursos para iniciar la reconstrucción de las obras dañadas, no sólo ahora por la catástrofe natural de febrero, debido al invierno altiplánico, sino también por lo ocurrido en el segundo terremoto, porque tuvimos la desgracia de sufrir dos catástrofes naturales en seis meses.
Por último, solicito que se envíe a la señora Alicia Solari de Hannsen copia de mi intervención, porque es importante que los empresarios ariqueños sepan que sus acciones se conocen y que estamos conscientes de que son el motor de desarrollo, por supuesto con el debido respaldo que debe darles el Ejecutivo .
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Carlos Vilches y Juan Masferrer .
PAGO DE CONTRIBUCIONES POR TERRENOS EN LAGO RAPEL. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , desde hace varios años me he venido reuniendo con distintas autoridades del sector económico, en especial del Ministerio de Hacienda, a través del ex ministro señor Aninat , a fin de plantear algo que me parece bastante injusto. El embalse del lago Rapel, que era patrimonio del Estado, ubicado en el territorio de la comuna de Las Cabras, Pichidegua, Litueche y La Estrella, fue construido en 1968, bajo la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva , con recursos del Estado, de la Corfo, con el objeto de instalar allí una central hidroeléctrica.
A través del tiempo, como consecuencia de los distintos criterios sobre manejo económico, dicha central se traspasó al sector privado y en la actualidad está en manos de capitales extranjeros. Sin embargo, se cometió una injusticia muy grande, pues se expropiaron aproximadamente 8 mil hectáreas, las más productivas de la comuna de Las Cabras, con el propósito de generar energía eléctrica para el país.
Sin embargo, esas tierras, que a veces quedan sin agua por problemas climáticos, no pagan contribuciones. Si bien para todos constituye un gran beneficio que una empresa genere energía y la entregue al país, no se debe olvidar que en la actualidad es un muy buen negocio administrar las empresas generadoras de electricidad. Por esa razón, una de las maneras de allegar recursos a esas comunas modestas, dedicadas a la agricultura y que están sufriendo una tremenda crisis es que las empresas paguen contribuciones por los terrenos que utilizan.
Pido que se oficie al ministro de Hacienda y al subsecretario de Desarrollo Regional , a fin de que dispongan el enrolamiento de los terrenos correspondientes al lago Rapel, con el propósito de que por ellos se paguen contribuciones, porque los dineros que irán al Fisco por concepto de ese impuesto permitirán incrementar el fondo común municipal y serán de gran ayuda para las municipalidades correspondientes.
Asimismo, quiero señalar que he sostenido entrevistas con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señor Francisco Vidal para plantearle el tema, quien, en principio, ha tenido una muy buena acogida a mis planteamientos. De hecho, ha señalado que esa es la forma en que los diputados debemos dar cuenta de ciertas anomalías que existen en el país, como la existencia de franquicias tributarias que nadie entiende.
Creo que es el momento de hacer llegar a esas dos autoridades de Gobierno los planteamientos que este diputado ha venido señalando desde hace muchos años. La manera de hacer justicia con las comunas mencionadas es la de allegar recursos legítimos, porque se trata de territorios que forman parte de las mismas y, a la vez, ello permitirá aportar recursos al fondo de desarrollo regional para favorecer a otras comunas, porque, como sabemos, la redistribución de los recursos obtenidos del pago de contribuciones beneficia a las comunas más pobres del país.
Hoy, sin ir más lejos, se aprobó el proyecto que rebaja los impuestos de las personas y aumenta el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, no me parece lógico que una empresa como Endesa, que prácticamente es un monopolio en el negocio de generación de energía eléctrica en el país, utilice para sus instalaciones terrenos ubicados en distintas comunas y no pague contribuciones, como lo hace todo habitante del país que posee un bien raíz. De hecho, cualquier persona que adquiere un terreno agrícola, aunque sea de muy mala calidad, debe pagar contribuciones. Si invierte en mejorarlo, por ejemplo, mediante la plantación de árboles, aumentan sus contribuciones, a raíz de su valorización.
A Endesa se le fijan por ley las tarifas, de las cuales todo el mundo se queja, porque las encuentra injustas. Sin embargo, el país entero le está haciendo un regalo al no cobrarle un impuesto que todos los chilenos que tienen una propiedad deben pagar.
Solicito que los oficios se despachen a la mayor brevedad, a fin de que las autoridades mencionadas envíen un proyecto para que las empresas generadoras de electricidad como Endesa, que utiliza las instalaciones del embalse del lago Rapel, obra financiada con plata de todos los chilenos y que pertenece al sector privado, paguen los tributos correspondientes por los terrenos donde embalsa el agua.
Con las medidas señaladas, espero que se lleve un alivio a las comunas que me honro en representar en la Cámara, como Las Cabras y la querida Pichidegua.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.09 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 8 de agosto de 2001.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 824, de 1974, sobre Impuesto a la Renta, correspondiente al boletín Nº 2751-05, con las siguientes modificaciones:
Artículo único
Número 2
Letra a)
Ha reemplazado la cifra “11,5” por “13,5”.
Número 3
Ha eliminado la frase “e increméntase en 2 el guarismo “11,5” de la letra a) del número anterior”.
Número 4
Letra a)
Ha reemplazado la cifra “11,5” por “13,5”.
Número 5
En el inciso tercero del artículo 55 bis propuesto ha sustituido las expresiones “copropiedad” y “copropietario” por “comunidad” y “comunero”, respectivamente.
Número 6
Ha eliminado la frase “e increméntase en 2 el guarismo “11,5” de la letra a) del número 4 anterior”.
Artículo 3º transitorio
En su inciso segundo ha sustituido las expresiones “copropiedad” por “comunidad”; “copropietarios” por “comuneros”, las dos veces que aparece, y “copropietario” por “comunero”.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3430, de 18 de julio de 2001.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
2. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que extiende el ámbito de aplicación de las normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales. (boletín Nº 2490-07)
“Honorable Cámara de Diputados
Honorable Senado:
La Comisión Mixta, constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver la divergencia surgida entre el Senado y la Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el rubro, originado en moción parlamentaria.
La Cámara de Diputados, en sesión del 16 de mayo de 2001, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los honorables diputados señores Francisco Encina Moriamez , Jaime Orpis Bouchón, José Miguel Ortiz Novoa , Carlos Vilches Guzmán y Edmundo Villouta Concha .
El Senado, por su parte, en sesión del 5 de junio de 2001, designó como miembros de la misma, a los honorables senadores que integran la Comisión de Economía, señora Evelyn Matthei Fornet y señores Jorge Lavandero Illanes , Jovino Novoa Vásquez , Hosaín Sabag Castillo y Enrique Zurita Camps .
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 13 de junio de 2001, con asistencia de sus miembros los honorables senadores señores Jorge Lavandero , Jovino Novoa , Francisco Prat y Hosaín Sabag , y los honorables diputados señores Francisco Encina , José Miguel Ortiz , Carlos Vilches y Edmundo Villouta . En la oportunidad indicada, se eligió, por unanimidad, como presidente al honorable senador señor Jovino Novoa y de inmediato la Comisión Mixta se abocó el cumplimiento de su cometido.
A las sesiones en que se consideró este asunto, asistieron, además de los miembros de la Comisión, el señor Alberto Undurraga , director del Servicio Nacional del Consumidor, y el señor Jaime Lorenzini , jefe de Gabinete del director mencionado.
-o-
A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de esta iniciativa.
La Cámara de Diputados, cámara de origen, aprobó en primer trámite constitucional un artículo con el siguiente texto:
“Artículo único.- Agrégase el siguiente artículo 39 C, nuevo, a la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:
Artículo 39 C.- No obstante lo señalado en el epígrafe del presente párrafo 3º, se aplicará lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 39 B y en los incisos segundo y quinto del artículo 37 a todas las operadoras de consumo regidas por esta ley, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor.”.”.
El Senado, en segundo trámite constitucional, introdujo ciertas modificaciones al artículo único aprobado por la Cámara de Diputados. La primera consiste en una modificación formal, cual es escribir con mayúscula la palabra “párrafo”.
La segunda, que incide en lo sustantivo de la disposición, reemplaza la frase “los incisos primero y segundo del artículo 39 B y en los incisos segundo y”, por la expresión “el inciso”. Dicha modificación se realizó con el objeto de que la iniciativa sólo tenga relación con las prácticas abusivas de cobranza, dejando de lago lo relativo a las cobranzas extrajudiciales por resultar inútil e innecesario, puesto que en ningún caso se pretende constituirlo en un trámite obligatorio.
En efecto, los dos primeros incisos del artículo 39 B citado, prescriben que el consumidor contra quien se dirige la cobranza extrajudicial de un crédito de consumo, siempre puede pagar directamente al proveedor, y que por la recepción del pago -que incluso puede ser en cuotas- termina el mandato para cobrar otorgado a un tercero.
El inciso segundo del artículo 37, por su parte, fija límites porcentuales, por tramos, a los gastos de cobranza, que sólo podrán aplicarse pasados quince días desde el atraso en el pago de un crédito de consumo. El inciso quinto del mismo precepto prohíbe, específicamente, determinados actos constitutivos de cobranza extrajudicial ilegal.
La Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, rechazó las modificaciones introducidas por el Senado.
-o-
El honorable diputado señor Francisco Encina expresó que el Senado tiene razón en algunos de los fundamentos en virtud de los cuales se introdujeron modificaciones al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, por cuanto existen, efectivamente, normas legales especiales que regulan la cobranza, suspensión y reposición de la mayoría de los servicios básicos, pero se debe tener en cuenta que existen otros, como televisión por cable y satelital, telefonía celular y colegiaturas, que no tienen normas que regulen su cobro.
Manifestó en seguida, el honorable diputado señor Encina , que el Servicio Nacional del Consumidor recibe una gran cantidad de reclamos por este concepto, pero no cuenta con las herramientas efectivas para actuar en defensa del consumidor afectado, razón por la cual es necesario legislar al respecto, puesto que la cobranza extrajudicial de los servicios básicos no regulados es una realidad, y el consumidor está, en la actualidad, totalmente desprotegido frente a este problema.
El honorable senador señor Jovino Novoa hizo presente que la Comisión de Economía del Senado, en el segundo trámite constitucional, tuvo en cuenta que la finalidad de la moción no apunta a los servicios básicos, que ya se encuentran regulados, y la razón por la cual la Cámara revisora propuso un texto más restringido radicó, básicamente, en que no existe ninguna obligación de proceder a la cobranza extrajudicial. Entrar a regularla, agregó, significaría exponer al consumidor a una situación peligrosa, puesto que se estaría dando a las cobranzas extrajudiciales el carácter de un derecho del acreedor, con la obligación correlativa del deudor, lo que no corresponde ni ha sido nunca la intención del legislador.
Manifestó, además, que los deudores que son víctimas de un abuso en la cobranza tienen siempre el camino expedito para rehusar al pago y ocurrir a la justicia para pagar por consignación, o para que en el juicio de cobro se fijen las costas, conforme a parámetros consolidados por la práctica judicial.
Los personeros del Servicio Nacional del Consumidor señalaron que se debe hacer una diferencia entre los servicios regulados y los no regulados. Respecto de estos últimos, el Servicio ha tenido conocimiento de prácticas abusivas en la cobranza extrajudicial sólo por vías indirectas, y no a través de reclamos formales, por cuanto, al no existir una normativa que regule la materia, el Sernac no puede intervenir y no tiene cifras o índices sobre este tipo de problema. Informaron a la Comisión Mixta que recientemente la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha resuelto que, en el caso de las empresas proveedoras de servicios básicos sujetos a regulación de precios, los gastos de cobranza están incluidos en las respectivas tarifas, por lo que cobrarlos en forma adicional resulta improcedente.
La honorable senadora señora Matthei agregó que es conveniente que, junto con proteger al consumidor frente a cobranzas abusivas, se dispusiera, correlativamente, una obligación para él, en cuanto a sancionarlo si falsea su auténtica situación económica, ya que esto suele generar un sobreendeudamiento irresponsable. Opinó que dejar la solución de estos problemas a la justicia ordinaria puede resultar ineficaz, en vista de la duración y el costo de los procedimientos, por lo que sería deseable establecer una vía administrativa para la solución de controversias.
La Comisión Mixta estimó necesario brindar protección a los deudores de ciertos servicios que no están actualmente amparados por el marco de la ley Nº 19.496, aunque constató que la naturaleza misma del asunto, eminentemente casuística, impide resolverlo por ley; además, utilizar el sistema de porcentajes que fija el artículo 37 del citado cuerpo legal podría dar origen a cobros irrisorios o excesivos.
El Director del Sernac informó que este servicio está preparando un proyecto que modifica y actualiza la ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y que probablemente se presente a tramitación durante el mes de agosto. En dicho proyecto, entre otras materias, se definen las cláusulas de los contratos de adhesión susceptibles de ser anuladas por abusivas, entregándose la resolución de los conflictos al juez.
En consideración a lo expuesto, la Comisión Mixta, en forma unánime, aceptó la alternativa de texto aprobada por el Senado en el segundo trámite constitucional y os propone aprobarla. Este acuerdo fue adoptado con los votos de los honorables senadores señora Matthei y señores Lavandero , Novoa y Sabag , y de los honorables diputados señores Álvarez, don Rodrigo , Encina , Ortiz y Villouta .
El proyecto que proponemos aprobar es del siguiente tenor:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Agrégase el siguiente artículo 39 C, nuevo, a la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:
“Artículo 39 C.- No obstante lo señalado en el epígrafe del presente Párrafo 3º, se aplicará lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 37 a todas las operaciones de consumo regidas por esta ley, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor.”.”.
-o-
Acordado en sesiones con fechas 13 de junio y 1 de agosto de 2001, con asistencia de los honorables senadores señor Jovino Novia Vásquez ( Presidente ), señora Evelyn Matthei Fornet ( Francisco Prat Alemparte ) y señores Jorge Lavandero y Hosaín Sabag ; y de los honorables diputados señores Rodrigo Álvarez , Francisco Encina Moriamez , José Miguel Ortiz Novoa , Carlos Vilches Guzmán y Edmundo Villouta Concha .
Sala de la Comisión Mixta, a 3 de agosto de 2001.
(Fdo.): FERNANDO SOFFIA CONTRERAS , Secretario ?.
Moción de los diputados señores Rosauro Martínez , Caminondo , René García , Gutiérrez , Hales , Longton , Prokurica , Reyes, Rocha y Villouta .
Modifica el artículo 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza y consagra los títulos de constructor civil e ingeniero constructor, como títulos universitarios. (boletín Nº 2769-04)
El artículo 52 de la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, Nº 18.962, publicada en el Diario Oficial de 10 de marzo de 1990 establece en la primera parte de su inciso 1º, que las nuevas universidades que se creen, deberán iniciar sus actividades docentes ofreciendo, a lo menos, uno de los títulos que, en conformidad a esta ley, requieren haber obtenido previamente a su otorgamiento, el grado académico de licenciado en una disciplina determinada.
Por su parte, el inciso 3º del mismo artículo, dispone que los títulos profesionales que requieren haber obtenido el grado de licenciado a que se refiere el inciso primero son los que indica, enumerando dieciséis de ellos.
Lamentablemente, la citada ley no consideró las carreras de construcción civil y de ingeniería en construcción, entre aquellas que requieren haber obtenido previamente el grado académico de licenciado, lo que se traduce en que ambas carreras pueden ser impartidas por Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
Las universidades, especialmente las tradicionales, en virtud del principio de la autonomía universitaria, otorgan el grado académico de Licenciado en Ciencias de la Construcción y el de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Construcción.
Desde el año 1944, cuando la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, resolvió la creación de la carrera de construcción civil, hasta principios de la década del noventa cuando las universidades deciden crear la carrera de ingeniería en construcción, ambas carreras han tenido una instrucción universitaria.
La actual ley de Urbanismo y Construcciones, que establece las disposiciones relativas a planificación urbana, urbanización y construcción, que regirán en todo el territorio nacional, señala que toda obra sometida a sus disposiciones debe ser proyectada y ejecutada por profesionales legalmente autorizados para ello, entre los que considera a los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros constructores y constructores civiles.
Que nuestro país, de manera habitual, es azotado por eventos naturales extremos (crecidas fluviales, terremotos) que afectan la infraestructura pública y privada, poniendo a prueba la idoneidad de los ingenieros de la construcción.
Por tanto, en la medida en que la formación de éstos sea más rigurosa y sólida, se estará cautelando de mejor forma la fe pública en su desempeño y se lograrán obras de ingeniería más adecuadas a la realidad del país, lo que indudablemente impactará positivamente sobre la seguridad de las personas y sobre la economía.
La obligatoriedad de que estas carreras posean el grado académico de licenciado y, por ende, rango universitario exclusivo, es consecuente con este principio.
Por tanto, existen razones fundadas para estimar que la omisión de ambas carreras del artículo 52 de la ley Nº 18.962, debe ser reparada en atención a las crecientes necesidades sociales y como una forma de salvaguardar la excelencia académica de estas profesiones.
En consecuencia, resulta altamente recomendable que los títulos profesionales otorgados por ambas carreras tengan rango exclusivamente universitario y, por ende, que se exija el grado académico previo de licenciado.
En razón de lo expuesto, sometemos a la consideración del Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Modifícase el inciso 3º del artículo 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en los siguientes términos:
1º Sustitúyese en la letra o) la coma (,) y la conjunción “y” que siguen a las palabras “Licenciado en Educación”, por un punto y coma (;).
2º Sustitúyese en la letra p) el punto final (.) por un punto y coma (;).
3º Agréganse las siguientes letras, con el texto que se indica:
“q) Título de Constructor Civil; Licencia en Ciencias de la Construcción, y
r) Título de ingeniero constructor; licenciado en Ciencias de la Ingeniería en Construcción.
Artículo transitorio.- Los Institutos Profesionales que se encuentren impartiendo la enseñanza de la carrera de Construcción Civil, e Ingeniería en Construcción, sólo podrán otorgar el título respectivo, hasta un plazo máximo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de la presente ley.
Las instituciones a las que se refiere el inciso anterior, no podrán ingresar nuevos alumnos a la carrera de Construcción Civil o Ingeniería en Construcción, a contar de la fecha de publicación de la presente ley”.