Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REINTEGRO A LABORES LEGISLATIVAS DE DIPUTADA ANTONELLA SCIARAFFIA. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento)
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Samuel Venegas Rubio
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Claudio Alvarado Andrade
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Pablo Galilea Carrillo
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Luis Monge Sanchez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Juan Pablo Letelier Morel
- INDICACIÓN
- AUTORIZACIÓN DE EMPRÉSTITO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Veto.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- CREACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- SUSPENSIÓN DE PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE TARAPACÁ.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Sergio Velasco De La Cerda
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Laura Soto Gonzalez
- Lily Perez San Martin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUSPENSIÓN DE PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE TARAPACÁ.
- VII. INCIDENTES
- AUMENTO DE RACIONES ALIMENTICIAS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS EN CURICÓ. Oficio.
- ADHESION
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- REUNIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ DE LA SEXTA REGIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Oficio.
- LANZAMIENTO DE TRECE FAMILIAS EN COMUNA DE LOS LAGOS. Oficios.
- RECHAZO A CIERRE DEL CENTRO REGIONAL DE DERECHOS DEL NIÑO. Oficios.
- INVESTIGACIÓN DE COBROS DE DEUDAS TELEFÓNICAS ATRASADAS. Oficio.
- RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA LILY PÉREZ.
- ALCANCE A EXPRESIONES DE DIPUTADO ORPIS EN RELACIÓN CON PRIVATIZACIÓN DE EMPRESA SANITARIA.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA RESOLVER SITUACIÓN DE TRIPULANTES PESQUEROS. Oficio.
- RECONOCIMIENTO POR MEDIDA ADOPTADA EN MATERIA DE TRANSPORTE AÉREO. Oficio.
- PARTICIPACIÓN DE CONJUNTO MUSICAL DE GRANEROS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. INCLUSIÓN DE ASIGNATURA DE AJEDREZ EN MALLA CURRICULAR. Oficios.
- REUNIÓN EN SAN CARLOS PARA TRATAR SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA. Oficios.
- AUMENTO DE RACIONES ALIMENTICIAS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS EN CURICÓ. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 344ª, ORDINARIA
Sesión 23ª, en martes 7 de agosto de 2001
(Ordinaria, de 11.18 a 14.18 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis,
y Valenzuela Herrera, don Felipe.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 10
III. Actas 10
IV. Cuenta 10
Reintegro a labores legislativas de diputada Antonella Sciaraffia. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento) 10
V. Orden del Día.
- Creación de registro nacional de transporte de carga terrestre. Primer trámite constitucional. (Continuación) 10
- Autorización de empréstito para construcción de parque científico-tecnológico de la Universidad de Chile. Veto 19
VI. Proyectos de acuerdo.
Suspensión de privatización de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá 33
VII. Incidentes.
- Aumento de raciones alimenticias de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en Curicó. Oficio 36
- Reunión de productores de arroz de la Sexta Región con el Presidente de la República. Oficio 37
- Lanzamiento de trece familias en comuna de Los Lagos. Oficios 37
- Rechazo a cierre del Centro Regional de Derechos del Niño. Oficios 38
- Investigación de cobros de deudas telefónicas atrasadas. Oficios 39
- Réplica a intervención de diputada Lily Pérez 40
- Alcance a expresiones de diputado Orpis en relación con privatización de empresa sanitaria 42
- Adopción de medidas para resolver situación de tripulantes pesqueros. Oficio 42
- Reconocimiento por medida adoptada en materia de transporte aéreo. Oficio 43
- Participación de conjunto musical de Graneros en celebración del Día del Niño. Inclusión de asignatura de ajedrez en malla curricular. Oficios 43
- Reunión en San Carlos para tratar situación de la agricultura. Oficios 44
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. Introduce modificaciones a la ley Nº 17.322, y a otras normas de seguridad social (boletín Nº 2765-13) 47
2. Cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal (boletín Nº 2766-07) 51
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que renueva vigencia de la facultad para condonación de deudas municipales, conferida en la ley Nº 19.704 (boletín Nº 2729-06) 59
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades de contratación, al derecho a sindicación, a los derechos fundamentales del trabajador y a otras materias que indica (boletín Nº 2626-13) 60
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma” para el despacho del proyecto que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal (boletín Nº 2766-07) 60
- Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
6. Establece normas sobre prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana (boletín Nº 2020-11) 61
7. Crea la Dirección Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (boletín Nº 2286-04) 61
8. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple” para el despacho del proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones (boletín Nº 2628-13) 62
- Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
9. Concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al religioso Francisco Javier Braun Hecht (boletín Nº 1855-17) 62
10. Concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote Manuel Bahl Sack (boletín Nº 1995-17) 62
11. Renueva la vigencia de la facultad de condonación de deudas municipales conferida en la ley Nº 19.704 (boletín Nº 2729-06) 63
Pág.
- Oficios del Senado, por los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos, iniciados en moción:
12. Concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a la religiosa Karoline Mayer Hofbeck (boletín Nº 2711-07) (S) 63
13. Concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote norteamericano Ricardo Sammon O’Brien (boletín Nº 2561-07) (S) 64
14. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto iniciado en moción sobre sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana (boletín Nº 2020-11) 64
15. Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto, iniciado en moción, que permite la revisión judicial de contratos civiles y mercantiles (boletín Nº 309-07) 70
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
-De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual comunica que fijó como sesión ordinaria los días martes de 17.30 a 20.30 horas.
-De las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia por el cual comunica que realizará sus sesiones ordinarias los días miércoles de 15.30 a 17.30.
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Vargas, ejecución de algunos proyectos presentados por la municipalidad de Nogales; instalación de tendidos eléctricos en la comuna de Nogales.
-Del diputado señor Rosauro Martínez, investigación en la municipalidad de Chillán.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor José García, electrificación rural Puente Negro , comuna de Imperial.
-Del diputado señor Kuschel, situación planteada en la Villa Los Poetas de Puerto Montt.
-De los diputados señores Lorenzini, Caminondo, Jaramillo, Jiménez, Felipe Letelier y Ojeda, información relativa a terremoto y posterior tsunami en la Séptima Región.
Ministerio de Relaciones Exteriores
-Del diputado señor Navarro, gestiones efectuadas por la Misión Binacional Chileno-Peruana a Europa.
Ministerio de Hacienda
-De los diputados señores Navarro, Felipe Letelier, Mulet, Reyes, Rocha y de la diputada señorita Sciaraffia, exención de impuesto al valor agregado para los pequeños productores de carbón.
-De la diputada señora Lily Pérez, copia de investigación ante presentación del señor Carlos Lean Casas Cordero.
-Del diputado señor Molina, condonación de parte de la deuda que mantienen con el Banco del Estado de Chile pobladores de la Cuarta Región.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Molina, personas que ejercen como directores o como docentes en establecimientos educacionales de la Cuarta Región.
-De la diputada señora Pollarolo y de los diputados señores Gutiérrez y Ojeda, medidas de prevención del sida.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Ibáñez, estado de postulación al programa de Vivienda Básica Serviu.
-Del diputado señor Delmastro, Villa Cau Cau de Valdiva.
-Del diputado señor Mora, ejecución de viviendas en la comuna de Tocopilla.
-De los diputados señores Ortiz, Gutiérrez, Jaramillo, Velasco y de las diputadas señoras Caraball, Cristi y Saa, programa Chile-Barrios en las comunas de Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante en la Octava Región.
-De los diputados señores Ascencio, Rosauro Martínez y Ojeda, programa de viviendas para Quellón.
-Del diputado señor Molina, Villa La Espiga, localidad Asiento Viejo, comuna de Illapel.
-De los diputados señores Villouta, Elgueta, Jaramillo, Lorenzini, Ojeda, Ortiz y Sánchez, recursos para pavimentación de calle de acceso a nueva cárcel de Angol.
-De los diputados señores Leay, Espina, Gutiérrez, Jaramillo, Jarpa, Seguel, Van Rysselberghe y Vilches, normativa vigente en áreas de riesgo.
-De los diputados señores Villouta, Gutiérrez y Ortiz, exigencia Dicom en sistemas de subsidio habitacional.
-De los diputados señores Ortiz, Jaramillo, Kuschel, Núñez y Van Rysselberghe, ejecución anticipada de pavimentación en calles de Concepción.
-Del diputado señor Kuschel, viviendas Villa Los Poetas de Puerto Montt; captación y canalización de aguas lluvia, ciudad de Calbuco.
-Del diputado señor Navarro, situación del campamento Las Camelias de Puerto Montt.
-De los diputados señores Núñez, Jaramillo, Felipe Letelier, Lorenzini, Ojeda y Ortiz, pavimentación Sexta Región.
-De los diputados señores Rincón, Jaramillo, Ojeda y Ortiz, número de subsidios entregados y prorrogados, viviendas construidas y cantidad de metros cuadrados adquiridos en territorio jurisdiccional del Serviu Sexta Región.
-De los diputados señores Alessandri y Pareto, conjuntos habitacionales en la comuna de Maipú.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (107)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Gabriel Ascencio y Andrés Palma.
-Asistieron, además, el ministro (S) de Transportes y Telecomunicaciones, señor Patricio Tombolini, y el senador señor Jorge Pizarro.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.18 horas.
El señor PARETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor PARETO (Presidente).-
El acta de la sesión 16ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 17ª queda a disposición de las señoras y señores diputados.
IV. CUENTA
El señor PARETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.
REINTEGRO A LABORES LEGISLATIVAS DE DIPUTADA ANTONELLA SCIARAFFIA. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento)
El señor PARETO ( Presidente ).- La Mesa da la bienvenida a la diputada señorita Antonella Sciaraffia al reiniciar sus actividades legislativas.
(Aplausos).
De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra su Señoría hasta por cinco minutos.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , deseo hacer uso del tiempo que me otorga el Reglamento de manera distinta de la habitual. Efectivamente, he sido aludida por la prensa, pero de manera muy positiva.
Quiero agradecer el cariño demostrado por mis colegas, por mi familia y, en especial, por el diputado señor Leopoldo Sánchez , quien me rindió un homenaje en la Cámara. No me siento merecedora de cosa semejante, pero como mujer chilena e iquiqueña deseo agradecer sus palabras y el cariño de los colegas que me visitaron en mi casa, que me llamaron y me dieron su apoyo en un momento muy difícil de la hermosa etapa que estoy viviendo.
Es bueno que la gente sepa que, a pesar de las diferencias políticas, aquí hay mucho afecto, mucha calidez humana, y eso es realmente lo que debe prevalecer.
Espero la bendición de tener un hijo a fin de año y poderlo compartir el año próximo juntos con el cariño de todos.
Muchas gracias.
-Aplausos.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor PARETO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión general del proyecto que crea el Registro Nacional de Transporte de Carga Terrestre.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , entre los antecedentes generales dados a conocer en la discusión anterior en la Sala quedó de manifiesto que no existe un Registro de vehículos de transporte de carga, lo cual no permite disponer de la información específica del sector, dificulta la fiscalización del transporte de carga mayor y obstaculiza el establecimiento de medidas de seguridad vial, tan necesarias para el desarrollo de esta actividad. Cabe señalar que en los países desarrollados existen registros de este tipo.
El debate de la iniciativa se ha centrado de modo fundamental en el deseo de algunos parlamentarios de incluir en este registro a los vehículos de tonelaje inferior a 3.600 kilos de carga.
La idea matriz del proyecto es establecer un registro para los vehículos de carga mayor. En ese sentido, no creo que los vehículos de menor tonelaje que eventualmente hagan transporte sean perjudicados, porque el objetivo que persigue el proyecto, como bien señaló el diputado señor René Manuel García , es tener los antecedentes técnicos que permitan mejorar la calidad de la información y la señalización de las carreteras por las cuales circulan los camiones de transporte de carga mayor.
En la actualidad existe el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, cuyo objetivo es consignar la individualización de los propietarios de vehículos motorizados, así como los gravámenes, prohibiciones, embargos y medidas precautorias que los afectan. Existen también el Registro Nacional de Vehículos de Transporte de Pasajeros y el Registro Municipal de Carros y Remolques. El mensaje hace hincapié en que el registro propuesto no sustituye a los existentes.
Es absolutamente necesario que se establezca, de una vez por todas, el Registro Nacional de Transporte de Carga Terrestre, que será una herramienta de utilidad para los transportistas.
Creemos que el gremio de los transportistas es el más representativo de los pequeños empresarios, incluso de los microempresarios, porque muchos son dueños de un solo vehículo. Pero lo concreto es que el registro permitirá que las autoridades del sector conozcan exactamente el parque existente y sus características. De esa manera se podrán aprobar medidas que beneficien al sector con más antecedentes de los que hoy poseemos.
Muchos camiones transitan por las carreteras cumpliendo con todas las normas de seguridad vigentes; pero también se da el caso de que muchos vehículos ingresaron totalmente desarmados y fueron integrados en Chile, acogiéndose a una ley que permitió la internación al país de vehículos usados que ya habían cumplido su período de trabajo.
La creación de este nuevo registro nos permitirá avalar la posición que hemos manifestado, en cuanto a que el tamaño de los camiones, así como las potencias de sus motores, justificarán la existencia de carreteras dobles en muchos sectores del país. Aprovechando la presencia de la autoridad de Gobierno, reitero que es absolutamente necesario construir una carretera doble entre Copiapó y Caldera , la cual estaba habilitada para el tránsito normal de todo tipo de vehículos, pero hoy es utilizada mayoritariamente por camiones de gran tonelaje, tanto para el transporte de concentrado como de materias primas que se usan en la fundición “ Hernán Videla Lira ”, en Paipote, y para el transporte de concentrado que se exporta desde el puerto de Caldera.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable al proyecto y a las indicaciones formuladas.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , la bancada de la Unión Demócrata Independiente tiene una percepción positiva acerca del proyecto en análisis.
Compartimos el criterio de que la iniciativa, de una u otra forma, permitirá ordenar la información de los vehículos de transporte de carga superior que realizan fletes en nuestro país y que, en su conjunto, transportan alrededor del 92 por ciento de la carga nacional, como asimismo posibilitará conocer la verdadera dimensión del parque de camiones, con el objeto de adoptar medidas para su ordenamiento.
Por otra parte, la información parcial que existe en la actualidad en diferentes organismos del Estado se concentrará en una sola unidad, en un solo registro, el que nos permitirá conocer la cantidad efectiva de vehículos de carga que circulan en el país, de qué vehículos se trata, cuáles son sus características, dónde se encuentran y en qué actividades operan. Sin embargo, consideramos que el proyecto, al ser amplio y genérico, de alguna forma podría complicar a las personas que poseen un vehículo de carga, pero que no realizan transporte como actividad profesional.
Por esa razón, junto con los diputados señores René Manuel García , Álvarez , Pablo Galilea y Kuschel hemos presentado una indicación con el objeto de que en el artículo 2º del proyecto, que establece la obligación de inscribirse en este registro, se exceptúe de tal obligación al vehículo de carga de uso exclusivo de su dueño. Se trata de no perjudicar a quienes poseen un pequeño camión como medio de transporte para realizar sus actividades particulares, sin que ellas sean su actividad habitual.
La bancada de la UDI considera positivo el proyecto, porque establece un registro que permitirá obtener información, ordenar el sector y facilitar su fiscalización. No nos imaginamos que en el futuro se cerrará este registro para crear una barrera de entrada en la actividad del transporte.
En consecuencia, la UDI votará favorablemente el proyecto.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto, cuya idea matriz es permitir que el Estado cuente con la información apropiada para disponer medidas que regulen la actividad del transporte de carga mayor y facilite su adecuada fiscalización.
Hoy existe una serie de registros, pero ninguno contiene la diversidad de vehículos considerados dentro del parque automotor de los camiones. No se sabe cuáles son, cuántos son los tractocamiones, los semirremolques y los remolques. Existe un registro municipal sobre remolques, referido fundamentalmente a los del sector agrícola, que poco tienen que ver con el transporte propiamente tal.
Otro aspecto importante en esta materia es el tipo de camión que podría inscribirse en este registro. En Chile siempre se ha estimado vehículo de carga aquel que pesa más de 1.500 kilos. Sin embargo, de acuerdo con los avances tecnológicos y con las diferentes normas, se ha elevado a 3.860 kilos el peso que debe tener un vehículo para ser considerado de carga, con lo cual queda un vacío en este aspecto que es bueno tener presente al momento de aprobar el proyecto, porque una cosa es el peso del camión y otra es su capacidad de transporte. En las ciudades es muy difícil controlar el peso del camión, porque no existen las suficientes balanzas para determinarlo. Por lo demás, para verificarlo habría que hacer retirar la carga, lo que sería muy complicado. En consecuencia, en el reglamento de la ley habría que agregar el límite de carga para permitir una mejor clasificación de los camiones, porque, por vía de ejemplos, aún no se ha establecido la carga máxima o el tamaño de los camiones que pueden repartir carga al interior de las ciudades. Sería importante incluir en el proyecto esta herramienta, ya que permitiría a la autoridad adoptar las medidas adecuadas al respecto de acuerdo con la normativa legal. Hoy circulan al interior de las ciudades camiones, incluso con containers, sin que existan pavimentos adecuados.
Sin embargo, para establecer una norma de tal naturaleza habría que estipular la relación entre la potencia del motor y la carga que pueden transportar, ya que en la actualidad los vehículos de 1.500, 2.000 ó 3.000 kilos transportan sobre los 8.000 kilos.
Coincido con el diputado señor Alvarado , en cuanto a que el sentido del registro es llevar una estadística respecto del número de camiones de diferentes tipos y no restringir, el día de mañana, el ejercicio de esta actividad económica. Eso se discutió en la Comisión y se aseguró, tanto de parte de los transportistas como de las autoridades del Ministerio de Transportes, que no iba a suceder; pero esa tentación está siempre presente, por lo que la reglamentación tendrá que ser bastante estricta al respecto.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, me alegra mucho lo planteado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, ya que el proyecto significa un justo reconocimiento para un gremio organizado, que ha sido el motor del desarrollo en el país.
En los últimos años, por diversas razones, ha habido una expansión del transporte por carreteras. La mayoría de los transportistas tienen un alto sentido de responsabilidad y gran conocimiento de su actividad. Muchos, incluso grandes empresarios de hoy, fueron ayer cargadores y conductores, por lo que conocen a fondo todo lo concerniente al manejo de la carga. El transporte de carga en Chile es seguro y ágil, lo que es especialmente importante cuando se trata de carga procedente del extranjero.
Es indispensable, entonces, que exista un registro del transporte de carga -sobre todo por la diversidad de vehículos existentes-, porque con ello se evitará que algunos vehículos funcionen al margen de la legalidad y del necesario control, para evitar, por ejemplo, accidentes en las carreteras o situaciones que signifiquen el deterioro de la carga o produzcan efectos nocivos en el ambiente, cuando se transportan productos químicos riesgosos, tales como ácido sulfúrico.
En la Comisión quedó de manifiesto -así lo hicieron ver los representantes del gremio- la necesidad de que esta iniciativa sea aprobada por el Congreso y puesta en práctica en el más breve plazo. Así, entre otras cosas, evitará el camuflaje de los vehículos que, al no ser autorizados para transportar carga, alteran el permiso de circulación, lo que es fácil de hacer. La existencia de un registro y la obligación del conductor de llevar consigo el documento que acredite la inscripción permitirá verificar en cualquier momento los antecedentes del vehículo.
Espero que no haya inconvenientes y que el proyecto se apruebe de acuerdo con lo conversado en el seno de la Comisión, ya que la creación del registro representa la aspiración de un gremio del cual me siento honrado de formar parte, aunque sea en forma muy pequeña, porque esta actividad nos apasiona, y es un sentimiento muy propio de quienes nos dedicamos ella. Por eso, me alegro mucho cuando veo a un pequeño empresario del transporte esforzándose por crecer, para contribuir de ese modo al engrandecimiento de su patria y de su pueblo.
Por lo tanto, anuncio el voto favorable de los radicales social demócratas a este proyecto de ley.
He dicho.
El señor PARETO ( Presidente ).-
Señores diputados, solicito el asentimiento unánime de la Sala para votar, al término del Orden del Día, los proyectos de quórum especial.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , antes de referirme al proyecto, quiero señalar que recibí del señor Tombolini una gentil invitación a la inauguración del nuevo servicio de buses de Villarrica a Ñancul; igual invitación le llegó al diputado señor Acuña , gesto que agradecemos enormemente en nuestra condición de diputados por ese distrito.
Al analizar el proyecto, hay dos cosas que nos llaman la atención. La primera se refiere al artículo 2º -es posible que ello se deba a la premura con que se discutió en la Comisión- que establece un peso bruto igual o superior a los 3.860 kilogramos. Ya presentamos una indicación para modificarlo.
¿Qué se entiende por peso bruto? El peso del vehículo más la carga. De manera que una camioneta grande, con patones, puede pesar unos 3 mil kilos -por dar una cifra-, y con lo transportado podría ser considerada vehículo de carga, no obstante tratarse de uno particular. Por eso digo que el peso bruto es diferente del neto, cuestión que podría crear más de algún problema.
Asimismo, hemos leído con mucha preocupación el artículo 10. Cuando se crea este tipo de registro, es para que exista un control. ¿Qué dice este artículo? Que el propietario del vehículo será responsable de inscribirlo en el registro. Estamos de acuerdo con eso. Pero más adelante agrega que el conductor será responsable de portar el respectivo certificado. Es decir, más burocracia. No debería exigirse portar el certificado para ser exhibido a Carabineros, porque la infracción a esta disposición será otro motivo de parte. ¿Qué proponemos nosotros? Que para obtener la revisión técnica todos los vehículos de carga exhiban el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos de Transporte de Carga Terrestre . Se supone que la persona que tiene su revisión técnica al día ha cumplido con los requisitos exigidos, y sólo con tenerla se evitará muchos problemas. Considero que no debemos taparnos los ojos, y esta iniciativa es una excelente oportunidad para decir sin problemas las cosas que pensamos.
Este proyecto habla de tractocamiones, camiones, automóviles de carga, remolques y semirremolques. Considero que, a corto plazo, tendremos que legislar para que exista un solo tipo de vehículo de carga. Por ejemplo, en países más desarrollados, como Estados Unidos, existe el tractocamión, al cual se acopla un remolque o carro grande. Sin embargo, en nuestro país, muchas veces los camiones remolcan un carro que puede moverse 50 centímetros o un metro hacia cada lado del camino. Muy pronto tendremos carreteras con doble vía y, seguramente, se aumentará la velocidad máxima permitida; por eso, podría acarrear problemas el tránsito de estos vehículos de carga. No digo que lo normemos ahora, pero sería conveniente empezar a analizar el punto con proyección de futuro, porque el día de mañana se podría decir que pretendemos cambiar el tipo de camiones de carga. No es así; hay que buscar soluciones. Por ejemplo, cuando los actuales camiones hayan cumplido su vida útil, no permitir más remolques y dar a los camioneros las facilidades del caso para que, poco a poco, se vayan modernizando.
Deseamos que este tipo de iniciativas entreguen mayor seguridad a las personas, porque podemos observar que en algunos lugares incluso las dobles vías están prácticamente colapsadas.
A mi juicio, si solucionamos estos problemas, estaremos en condiciones -como lo manifestaron todos los parlamentarios que han hecho uso de la palabra- de aprobar este proyecto, porque es positivo tener un catastro de los vehículos de carga.
En todo caso, me dio mucha tranquilidad que el ministro señor Cruz dijera en la sesión pasada que este proyecto no es para cerrar el parque de camiones de carga, cuando expresamos algunas aprensiones en cuanto a que podría ocurrir lo mismo que sucedió con los taxis; es decir, cerrar las inscripciones de camiones para que nadie más pueda entrar en el registro. Eso es algo que se va regulando solo. ¿Por qué me preocupa que se cierre la inscripción de vehículos de carga? Hace tres meses, a los agricultores de la Novena Región les cobraron 18 pesos por kilo por el transporte de sus cereales a Santiago. Hoy día, el mismo flete vale 10 y 11 pesos -incluso con el petróleo más caro-, es decir, un 80 por ciento más barato. Entonces, si cerramos el parque de camiones, lo más probable es que en tiempo de cosechas el flete llegue a un valor superior al ciento por ciento del que se cobra en esta época.
Por eso, nos interesa que el parque de camiones de carga no se cierre, que se regule solo, que existan muchas empresas de transportes con las cuales se pueda contratar, para que no haya aprovechamiento cuando aumente la demanda.
Tenemos buena disposición para aprobar este proyecto, siempre que se modifiquen los artículos a los cuales me he referido. En primer lugar, el artículo 10, porque generará más problemas que beneficios. Reitero que presentamos una indicación para que los camioneros puedan transitar sólo con la revisión técnica al día, porque se supone que para obtenerla fue necesaria la exhibición del certificado de inscripción. Ahora, si aparte de eso se les exige portarlo, su incumplimiento será otro motivo de parte y no representará ventaja alguna. Es una de las exigencias que debemos corregir.
El otro artículo es el 2º, que establece que deberán inscribirse en el registro todos los vehículos que tengan un peso bruto igual o superior a 3.860 kilogramos.
El diputado señor Caminondo concurrió especialmente a la Comisión a exponer un caso que le tocó vivir relacionado con camiones de carga. Nos alegramos de haber acogido sus sugerencias y de verlas reflejadas en un proyecto de ley que favorecerá a muchos transportistas.
Por lo tanto, votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , quiero señalar brevemente que aquí se crea un bien público que valoramos: el Registro Nacional de Vehículos de Transporte de Carga Terrestre.
Sin embargo, considero que las dificultades radican en la forma de compatibilizar los intereses de dos sectores de la economía: los que se dedican al transporte de carga terrestre mayor y quienes usan los camiones como instrumento de trabajo para transportar su propia carga y, a veces, la de otros, situación que se produce, en particular, en la agricultura.
Tanto el señor Héctor Moya como los dirigentes de la Confederación de Dueños de Camiones que concurrieron a la Comisión, se mostraron partidarios de incorporar en el registro a todos los camiones de carga existentes.
Desde un principio, en la Comisión hubo dudas sobre la conveniencia de esa proposición. El problema de fondo es el piso que debe existir para los vehículos de carga. En esa ocasión no debatimos -me lo consultó el colega Enrique Jaramillo - si era conveniente o no el tipo de transporte de carga terrestre mayor que existe en el país; tampoco si era buena o no la existencia de vehículos de carga con acoplados de arrastre que en algunos casos llegan a medir más de veinte metros de largo. Incluso, el colega Jaramillo preguntó por qué no habíamos estudiado la posibilidad de prohibir que estos vehículos usaran cualquier vía. Por eso, pido al señor Patricio Tombolini , ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante, que nos clarifique dos temas. Primero, cuáles son los parámetros para determinar -y así responder la inquietud del colega Jaramillo - las vías que pueden utilizar los vehículos de transporte de carga mayor, es decir, tractocamiones con acoplados, a veces bastante largos, y si en opinión del ministro , las vías existentes están en condiciones de brindar seguridad, no a esos camiones, sino a los otros vehículos que usan ese mismo camino. Como le comentaba al colega Jaramillo , aun cuando éste no es un tema propio de la ley, causa inquietud lo que pasará si se legitima la masificación o el registro de estos acoplados, como se les llama comúnmente.
En segundo lugar, ¿qué otro parámetro existe para fijar el piso del Registro Nacional de Vehículos de Transporte de Carga Terrestre? No cabe duda de que no está en la voluntad de los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ni tampoco en la de quienes representamos a zonas rurales o agrícolas, donde el camión pequeño se usa como un instrumento de trabajo, establecer una nueva carga. Por lo tanto, sería útil conocer qué otros estudios tiene el Ministerio para determinar, en el marco de esta ley y no de otras, el piso de lo que debe incluir este Registro Nacional, por cuanto, a nuestro juicio, entendemos que esto no era para los campesinos y pequeños productores que transportan su propia carga y, a veces, la de terceros -fletes menores a la vega o a un mercado-, sino que la intención de la Confederación de Dueños de Camiones era más bien para quienes se dedican al transporte de carga terrestre mayor de otro tipo de productos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , sólo para anunciar mi voto favorable a este muy buen proyecto. Prácticamente, el 92 por ciento de la carga nacional se hace a través de camiones, particularmente en las zonas extremas; por ello, es vital que el transporte terrestre sea eficiente y oportuno.
Este Registro Nacional de Vehículos de Transporte de carga permitirá conocer el verdadero parque de camiones, a fin de que la autoridad pueda tomar medidas acertadas respecto de este sector.
Además, cabe señalar que todos los dirigentes vinculados al área del transporte, junto con los dueños de camiones, han manifestado su disposición favorable al proyecto.
Por lo tanto, lo que debemos hacer es aprobar esta iniciativa a fin de que estas medidas -muchas de ellas se han estado esperando y en algunas ocasiones han generado conflictos-, con un conocimiento acabado de lo que es el parque de camiones en nuestro país, contribuyan a resolver los problemas del sector.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Patricio Tombolini, ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante.
El señor TOMBOLINI ( Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).-
Señor Presidente , tal como explicó el señor ministro la semana pasada, este proyecto es la concreción de un viejo anhelo del transporte de carga de nuestro país. Obedece a los acuerdos que se firmaron en 1999, que se trabajaron durante todo el año pasado y que ahora, para que sean ley de la República, requieren de la aprobación del Congreso Nacional.
El objetivo de esta iniciativa es tener dos tipos de antecedentes. Primero, conocer la totalidad del parque de vehículos de carga terrestre existente en nuestro país, a fin de definir políticas públicas precisas para el sector. Tal como señaló la diputada señorita Sciaraffia, sobre el 90 por ciento del transporte se hace a través de camiones. Por lo tanto, debemos ser capaces de crear las condiciones para que funcione bien.
El segundo tema tiene que ver con la información específica que requerimos para aplicar políticas que permitan el desarrollo de esa actividad económica. La creación de este Registro no restringirá la actividad, pues estará permanentemente abierto. Es necesario aclarar dos temas que se han planteado en esta discusión. El primero tiene que ver con la exigencia de seguridad en relación con el transporte mayor en nuestras carreteras. En los últimos años ha habido un esfuerzo permanente del Gobierno por aumentar las condiciones de seguridad del transporte de carga, no sólo creando carreteras más seguras, sino también adicionando exigencias, por ejemplo, el parachoques antiempotramiento. Cabe señalar que un número importante de los accidentes con resultados fatales que se producen en las carreteras obedecen a que vehículos se incrustan debajo de los camiones. Por otra parte, los acoplados deben cumplir con los requisitos establecidos por normas que son cada vez más estrictas.
El segundo tema dice relación con lo que dispone el artículo 2º de esta iniciativa respecto del peso vehicular, básicamente, para tener disposiciones uniformes que sean absolutamente compatibles entre ellas. Las normas sobre emisiones señalan que son livianos los vehículos de hasta 2.700 kilos; que son medianos los de 2.700 a 3.860 kilos, y pesados, aquellos sobre los 3.860 kilos. Adicionalmente, para obtener licencia profesional se exige que quienes conduzcan vehículos de más de 3.500 kilos cuenten con licencia profesional. Asimismo, la norma aduanera establece que son vehículos de carga aquellos que sean capaces de transportar sobre 2 mil kilos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este proyecto es tratar de que las normas que definen o caracterizan a los vehículos de nuestro país sean uniformes en la totalidad.
Muchas gracias.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En conformidad con lo acordado, este proyecto, al igual que el segundo, se votará al término del Orden del Día, es decir, a las 13 horas.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , la UDI no dio su aprobación a ese acuerdo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El señor Secretario , que es ministro de fe , me señala que el Presidente de la Cámara pidió la unanimidad de la Sala para ese acuerdo, la que fue otorgada.
El señor ÁLVAREZ .-
Sin embargo, señalé de manera expresa al Presidente de la Cámara que la UDI no daba la unanimidad para dicho acuerdo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señor diputado , reitero que en su oportunidad se pidió la unanimidad para dicho acuerdo, la que fue concedida por la Sala. En todo caso, el único que puede dar fe de ello, en uno u otro sentido, es el Secretario de la Corporación .
-Con posterioridad, la Sala votó el proyecto de la siguiente forma:
El señor PARETO ( Presidente ).-
En votación general el proyecto que crea el Registro Nacional de Transporte de Carga Terrestre , con excepción de su artículo 11, que tiene rango de ley orgánica constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor PARETO ( Presidente ).-
En votación el artículo 11, que tiene rango de norma orgánica constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Rechazado por no haberse logrado el quórum requerido.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor PARETO (Presidente).-
El proyecto volverá a Comisión para segundo informe.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , en mi calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, he consultado con varios jefes de bancadas acerca de la posibilidad de construir un acuerdo para tratar de inmediato una indicación en relación con uno de los temas polémicos del proyecto, con el objeto de que pase al Senado de una vez por todas.
La indicación tiene por objeto cambiar, en el artículo 2º, el guarismo “3.860 kilógramos” por “6.500 kilógramos”, con el fin de dejar fuera los vehículos de transporte que se usan en la agricultura.
El señor PARETO (Presidente).-
Señor diputado, hay tres indicaciones al proyecto.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Punto de Reglamento, señor Presidente .
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , las que formulamos con el diputado señor Alvarado , por lo menos, estamos dispuestos a retirarlas, pero propongo que la indicación sobre los 6.500 kilos pase a la Comisión para su estudio y análisis.
El señor PARETO ( Presidente ).-
Señor diputado , si no hay unanimidad para votarla ahora, de todas maneras el proyecto pasará a segundo informe.
Solicito la unanimidad de la Sala para votar las indicaciones de inmediato.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 2º
1. De los señores Alvarado, René Manuel García, Álvarez, Pablo Galilea y Kuschel para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 2º.- Deberán inscribirse en el Registro los camiones, tractocamiones, remolques y semirremolques, que transporten carga por caminos, calles y demás vías públicas, rurales o urbanas, y caminos vecinales o particulares abiertos al uso público, de todo el territorio de la República , cuyo peso vehicular sea igual o superior a 3.860 kilogramos. Se exceptúa de esta obligación, el transporte de carga que sirve de uso exclusivo para su dueño.”.
2. De los señores José Antonio Galilea y Monge para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 2º.- Deberán inscribirse en el Registro los camiones, tractocamiones, remolques y semirremolques, que transporten carga por caminos, calles y demás vías públicas, rurales o urbanas, y caminos vecinales o particulares abiertos al uso público, de todo el territorio de la República , cuyo peso bruto vehicular sea igual o superior a 6.000 kilogramos y siempre que estén destinados, preferentemente, al transporte de carga de terceros.”.
3. Del señor Juan Pablo Letelier para reemplazar el guarismo “3.860” por “6.500”.
AUTORIZACIÓN DE EMPRÉSTITO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Veto.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Corresponde tratar las observaciones del Presidente de la República al proyecto de ley que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un parque científico-tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Ortiz.
Antecedentes:
-Veto, boletín Nº 2454-19, sesión 12ª, en 4 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 13ª, en 5 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , paso a informar, en representación de la Comisión de Hacienda de la Cámara, sobre el veto aditivo al proyecto de ley que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un parque científico-tecnoló-gico.
Tal como lo señala el mensaje, el fundamento del veto corresponde a la imperiosa necesidad de hacer factible la idea matriz del proyecto. Al respecto, se indica que de acuerdo con el número 7) del artículo 60 de la Constitución Política de la República, la autorización para la contratación de empréstitos que se otorga a la Universidad de Chile es materia de ley, cuya aprobación requerirá de quórum calificado, ya que es previsible que los vencimientos de pago excedan el actual y el próximo período presidencial.
Además, se debe reiterar que el aval del Estado ya cuenta con autorización legislativa -disposición que no fue vetada- y está contenida en el artículo 4º del proyecto. Esto quiere decir que el endeudamiento que se asuma en cualquier plazo, corto o largo, siempre tendrá la garantía del Estado. De hecho, el artículo 4º del texto de la iniciativa aprobada por el Congreso Nacional señala en forma textual: “Autorízase al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones provenientes de los empréstitos que contrate la Universidad de Chile en virtud de la autorización que se le concede por esta ley.
“La autorización que se otorga al Presidente de la República , deberá ser ejercida mediante uno o más decretos expedidos a través del Ministerio de Hacienda. En tales decretos se establecerán las modalidades para el otorgamiento de la garantía del Estado, entre las que deberá considerarse el debido resguardo del interés fiscal involucrado y la facultad de pactar las estipulaciones y asumir los compromisos que sean usuales en los mercados financieros internacionales, en relación con las obligaciones que se contraigan. Además, deberá constar en ellos el grado de cumplimiento de todas y cada de las condiciones establecidas en el decreto Nº 350, de 1994, del Ministerio de Bienes Nacionales, en especial las que dicen relación con la creación del parque público y de la ciudad universitaria.”.
Asimismo, se debe insistir en que el endeudamiento que autoriza el Congreso Nacional, cualquiera sea su plazo, obliga a la Universidad de Chile, mediante lo dispuesto en el artículo 2º, a asumir la responsabilidad de servir la deuda contratada por esta ley con cargo a su patrimonio. Al respecto, dicho artículo señala: “El servicio de la deuda derivada de los empréstitos que se autorizan contraer por esta ley, deberá hacerse con cargo al patrimonio de la Universidad de Chile.”.
En la discusión del proyecto en las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado se demostró que este servicio de la deuda por hasta veinte millones de dólares es un compromiso que asumiría la Universidad de Chile, sobre la base de los ingresos devengados principalmente del arriendo de las instalaciones del parque tecnológico a las empresas de alta tecnología y a los emprendedores que utilicen la incubadora prevista en el parque.
Del mismo modo, se demostró que este pago y servicio de la deuda por parte de la Universidad de Chile sólo era financiable en un largo plazo de tiempo, es decir, en no menos de veinte años. De hecho, la información recibida por las Comisiones de Hacienda de ambas ramas del Congreso Nacional señalaba que los empréstitos se contratarían con algún organismo internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo u otra entidad que otorgue condiciones crediticias favorables de largo plazo, con período de gracia y tasa de interés convenientes.
Con este panorama de obligaciones y autorizaciones se debe analizar y valorar la coherencia del veto aditivo al artículo 1º del proyecto, así como el aval del Estado al artículo 4º y el establecimiento del compromiso de pago de la Universidad de Chile en el artículo 2º. Asimismo, se deben analizar las eventuales consecuencias de un rechazo al veto aditivo, el cual, de no aprobarse, puede dar lugar a situaciones no previstas ni deseadas por nadie, como un endeudamiento sólo de cuatro años, plazo en el que la deuda no podría ser servida con los ingresos del parque, lo que implicaría recurrir al aval del Estado, situación que nadie proyectó.
Otro efecto negativo podría ser la imposibilidad de recurrir a los organismos internacionales y obtener créditos mediante mecanismos financieros más onerosos, los cuales agravarían la situación anteriormente explicitada.
Por último, es evidente que si no se alcanzara el propósito inicial de esta iniciativa, cual es autorizar un endeudamiento que exceda el período presidencial, esto se traduciría en la aprobación de una legislación ineficaz y que no tendría aplicación práctica, que sólo significaría haber desperdiciado un valioso tiempo en su discusión, tanto en las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras como en los debates efectuados en las respectivas Salas.
En consecuencia, para hacer más eficiente la labor del Congreso Nacional, mediante el despacho de iniciativas que tengan beneficio general, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala la aprobación del veto aditivo.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En debate el veto.
Tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , sin perjuicio de que voy a apoyar el veto del Ejecutivo , quiero decir que lamento que este proyecto haya sido tratado estrictamente como un tema relacionado con la hacienda pública y no como una materia que tiene que ver con el urbanismo y con el sentido de ciudad. Por desgracia fue así, porque se trata de una iniciativa que establece la autorización de fórmulas de financiamiento, de contratación de empréstitos, de créditos y de garantías y que termina en una autorización para efectuar una transformación urbana enorme. En ese sentido, quiero recordar que en su momento propuse a la Sala que el proyecto pasara por la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. Lamentablemente, no obtuvimos el acuerdo de la Sala. Si discutimos permanentemente el tema urbano, como lo hacemos la totalidad de los miembros de la Comisión, sensibilizaremos cada vez más a nuestros parlamentarios en estos temas y seremos capaces de hacer buenas ciudades, en la medida en que les demos un sentido, lo cual no se consigue si se invade su territorio a través de una disposición de la hacienda pública. Se les da sentido en la medida en que sean intervenidas con propuestas de las actividades humanas que se desea desarrollar en ellas, las que dependen del dinero que se ocupa, pero su sentido no está dado por el origen de la hacienda pública, sino por la definición de lo que se desea que los seres humanos hagan en el territorio y cómo se quiere que lo desarrollen. Eso es así, al menos en las líneas generales que define el urbanismo.
Aquí estamos hablando de un territorio donde, a partir de esta decisión, podemos encontrarnos con enormes sorpresas. Siempre he dicho, a quienes apoyamos su preocupación por la Universidad de Chile y su parque tecnológico, que si no existen los resguardos adecuados, a partir de la idea de ese parque, terminaremos instalando, primero, los laboratorios de investigación; segundo, los territorios de experimentación; tercero, las industrias que acompañarán el ejercicio de la experimentación; cuarto, las poblaciones obreras de quienes trabajarán en las industrias; después, el comercio y la vialidad correspondientes. Es decir, sobre la base de una decisión de investigación tecnológica, haremos un pedazo de ciudad, cuando habría sido mucho mejor decirlo derechamente. Entonces, así no es la resultante de otras acciones, sino consecuencia de una decisión tomada, pensada, donde los seres humanos viven en un lugar con sentido. Podrá no gustar Brasilia, pero es una ciudad que tiene sentido; Washington podrá ser frío y ordenado, pero tiene un sentido; Boston es formal, pero tiene un sentido; París tiene reminiscencias antiguas, pero tiene un sentido. Si usted quiere una visión opuesta, vaya a Bahía, donde encontrará el sabor, la alegría, la cultura, la herencia portuguesa, la religiosidad popular: tiene un sentido. Acá tomamos decisiones sobre el erario y terminamos haciendo ciudades.
La lección que nos queda es que nuestras ciudades no por casualidad no tienen rumbo, sino por lo que dejamos de hacer. Tomamos decisiones particularizantes, hacemos maquillaje urbano y creemos que hacemos urbanismo. Creemos que porque repintamos una iglesia, plantamos un parroncito y ordenamos algo por ahí, estamos haciendo ciudad. Somos particularizantes. Pensamos que renovación urbana es lo mismo que desarrollo urbano; que las acciones aisladas, los hitos, los recuerdos faraónicos serán ciudad. No es así. La ciudad es algo complejo en que intervienen todas las actividades humanas.
En este territorio debería haberse fortalecido el sentido recreativo y valorado los proyectos inmobiliarios ya aprobados desde hace muchos años y que son extraordinarios. Hay empresas privadas que están haciendo puentes y pasos a niveles, ideas pensadas para muchísimas hectáreas, pero con sentido de ciudad. Apoyaré ese tipo de proyectos; es bueno que se hagan, porque están pensados y no son fruto de la casualidad.
En cambio, con la iniciativa en debate, a partir de la idea de un parque tecnológico se puede terminar en loteos inmobiliarios que acompañen a dicho parque. Los proyectos inmobiliarios en curso, estudiados y aprobados hace muchos años, serán buenos, y los que son fruto de la casualidad serán malos o, a lo mejor, buenos por casualidad, como sucede en muchas de nuestras ciudades.
Ésa es la consecuencia de hacer ciudad sobre la base de acciones aisladas. Según la interpretación del seremi, casi todo el territorio, desde el cruce Vespucio en el límite con la comuna de Pudahuel, que corresponde hasta el túnel Lo Prado y la zona del reactor nuclear de Lo Aguirre, no puede ser regulado por el plan regulador comunal.
Si alguien tiene otra respuesta, aparte de los reguladores comunales, que la dé. Pero no dejemos que sea la nada o cualquier cosa, o no nos hagamos los lesos en cuanto a que estamos dando autorizaciones financieras, en circunstancias de que se relacionan con ciudad.
Ojalá que en ese territorio, que no puede regular el plan comunal, podamos fortalecer lo que hoy existe: actividades recreativas, deportivas, culturales, los parques y los proyectos de vivienda que tienen el concepto de desarrollo condicionado, en que, además de la vivienda, hay escuela, un pequeño centro de atención de salud y comercio local, lo que, al final, hace que la gente tenga cierta autosuficiencia.
Esos son los conceptos de las “new towns” inglesas, de la ilusión de desarrollo condicionado que tenemos en muchas partes de Santiago. Felizmente, en el caso de la Región Metropolitana, el secretario regional ministerial está impulsando iniciativas justamente hacia estos territorios.
La interpretación de seremis anteriores de Vivienda y Urbanismo, que impedían a la comuna aledaña intervenir en este territorio, ha ido variando, y hoy la comuna de Pudahuel debe contribuir cada vez más para que tenga sentido de ciudad.
Creo que con esta experiencia nos quedará un sabor amargo que, espero, este Congreso pueda corregir en la medida en que comience a pensar que las decisiones normativas y legislativas, aunque pueden no hacer ciudades, a veces tienen la capacidad de destruirlas, de dañarlas, de afectar el espacio sagrado, que es la tierra donde vivimos y quisiéramos pasarlo bien. Lamentablemente, a medida que transcurre el tiempo, en nuestras ciudades lo pasamos más mal.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , tal como se ha dicho en más de una oportunidad durante la discusión del proyecto, pensamos que la idea central de la creación del parque científico-tecnológico de la Universidad de Chile es interesante, novedosa y quizás revolucionaria para los estándares de nuestro país.
El otorgamiento de esta autorización para que dicha Casa de Estudios contraiga un crédito externo por veinte millones de dólares es, sin duda, el tema de fondo. Es sabido y conocido que en su historia la Universidad de Chile jamás ha pagado un crédito. Sus deficiencias financieras siempre han sido suplidas con partidas extraordinarias del Presupuesto de la nación, lo que favorece justamente esta hegemonía no sólo intelectual, sino también económica sobre el resto de las universidades regionales. ¡Caramba que es necesario mejorar y perfeccionar la descentralización del poder a lo largo y ancho de Chile!
Por lo expuesto, habría votado en contra del proyecto, pero debo dejar consignado en la Sala que, por ser miembro del directorio de la Universidad Austral de Chile, me abstendré de votar.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer un comentario sobre la intervención del diputado señor Patricio Hales . Tanta razón tiene en cuanto a que, a la larga, esto se transformará en un proyecto inmobiliario y significará crear un pedazo de ciudad, porque primero se hace una actividad de comercio: ya están instalados, en lo que corresponde a este proyecto de parque tecnológico, tres locales a la salida de Santiago, con una bomba de bencina, una farmacia, un local de comida rápida, etcétera. Ello demuestra que habrá un desarrollo inmobiliario con comercio, poblaciones, industrias instaladas y, probablemente, con una incubadora de empresas o algo similar, si llega a producirse, cosa respecto de la cual también tenemos dudas.
Desde el punto de vista de la idea central, quiero volver a señalar los elementos que nos llevan, a la mayoría de la bancada de la UDI, a estar en contra del proyecto, tanto en su origen como en el veto del Presidente de la República.
Por las mismas razones que habitualmente nos oponemos todos los años a la entrega de cerca de 5.800 millones de pesos especiales para la Universidad de Chile todos los años en la ley de Presupuestos, de una manera específica y particular, también nos oponemos a esto.
Si se quería hacer un parque industrial y entregar todos los beneficios que se han dado -un enorme terreno a un costo muy barato, sin los debidos resguardos inmobiliarios, incluso de uso por parte de la ciudadanía, con un gran beneficio en cuanto a crédito, etcétera-, debió llamarse a concurso público para que las distintas universidades de todo el país pudieran participar. Este parque tecnológico perfectamente podría haber sido construido por la Universidad Austral de Valdivia, a la que recién mencionaba el diputado señor Roberto Delmastro , o por la Universidad de Concepción. No tendría por qué recibir esta gran cantidad de beneficios una universidad que, además, tiene serios problemas financieros. Recuerden que esto se proponía incluso cuando la Universidad de Chile estaba en primer plano en la opinión pública.
En el modelo universitario que tenemos y en el que debemos buscar, que necesariamente pasa por una reforma del sistema de financiamiento, no creo que sea bueno extender en forma indefinida la posibilidad de que la Universidad de Chile se endeude más allá de este período presidencial.
Creemos que hay una serie de ventajas absolutamente injustificadas, porque en este proyecto deberían competir otras universidades, sobre todos regionales.
Además, es necesario un estudio mucho más serio y acabado respecto del financiamiento de los centros universitarios, en especial del aporte que se dará a la Universidad de Chile en perjuicio de otras universidades tan legítimas que cuentan con financiamiento estatal, como las universidades de Concepción, Austral, la de Temuco o de Antofagasta.
Por lo tanto, la gran mayoría de los diputados de la Unión Demócrata Independiente votaremos en contra el veto.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , tal como lo hemos manifestado en el debate de este proyecto, nada más lejos de nuestra voluntad está adoptar cualquier acción en contra de la Universidad de Chile. Por el contrario, creemos que le ha dado prestigio al país en el mundo entero, lo que obliga al Congreso y a los otros Poderes del Estado a respaldar iniciativas tan importantes como la que estamos analizando.
Sin embargo, hemos planteado a lo menos dos observaciones, que intentaron ser corregidas, las cuales dejan un margen de arbitrariedad en cuanto al cumplimiento de los compromisos, lo que sólo se dilucidará en el futuro.
En primer lugar, el terreno fue donado por Bienes Nacionales a la Universidad de Chile para construir un parque urbano al servicio de la gente, que permitiera el esparcimiento, la creación de áreas verdes y la construcción de pulmones que se constituyeran en una contraofensiva a la contaminación de la ciudad.
Se trata de una donación que tenía como objetivo ser un parque metropolitano al servicio de la ciudad y no un parque tecnológico, acotado como se ha dicho, pero con las indudables prevenciones planteadas por el diputado señor Hales respecto de lo que puede llegar a ser.
Mantengo que la Universidad de Chile debe garantizar la creación de un parque metropolitano en las condiciones en que se obtuvo la donación por parte de Bienes Nacionales. Ese compromiso debe ser explícito, lo que no hemos escuchado, lo cual pone en cuestión que, a futuro, se miren estas decisiones con cierta liviandad para otorgar la aprobación a un proyecto que es importante, pero que requiere prevenciones.
En segundo lugar, necesitamos revisar nuestra política respecto del conjunto de entidades de educación superior, en particular las universidades públicas, a fin de que puedan optar a proyectos como el que analizamos.
¿Por qué la Universidad del Biobío, que es una de las estatales más grandes al sur del país, no puede proyectarse y pedir empréstitos al Estado con el fin de desarrollar proyectos? ¿Por qué el Congreso insiste en negociar por partes lo que debe ser una política de carácter nacional?
Creo que en esto hay discriminación, lo hemos dicho. Tuvimos el tiempo suficiente para discutir un proyecto sobre creación de un fondo nacional para las casas de estudios superiores que cumplen ciertos requisitos, como contar con patrimonio propio. En verdad, la que paga en este caso es la Universidad de Chile, pero también hay otras entidades que pueden contratar préstamos, pero requieren respaldo y garantías que no pueden otorgar con sus bienes o activos. Por lo tanto, estamos legislando a medias.
Parte importante de las críticas al Congreso se deben a situaciones como ésta, porque aquí claramente se legisla para la Universidad de Chile -¿quién podría oponerse?-, pero no se mira el bien común, el bien nacional de las universidades públicas. Cuando discutamos situaciones similares, el tema volverá a surgir.
Cuando se despachó el proyecto en esta Sala, con la aprobación de un préstamo con garantía por cuatro años, muchos pensamos que esto obligaría al Gobierno a rediscutir el tema, o, a lo menos, cuando se renovara la garantía, existiría la ocasión de exigir un proyecto más ambicioso, es decir, un fondo común nacional al que las universidades pudieran postular, previo cumplimiento de ciertos requisitos y garantías de pago.
Sin embargo, el veto nos pone en la obligación de votar un proyecto que tiene garantía total y, por lo tanto, no habrá una segunda oportunidad de discutir las observaciones que estamos planteando, a pesar de que la Universidad de Chile ha conversado con muchos parlamentarios y explicado la intencionalidad positiva del parque tecnológico.
Sin embargo, cambian las autoridades y las políticas. A quienes comprometieron su palabra yo podría creerles, por su trayectoria, su comportamiento humano y ético, pero una vez que ellos no estén, esos compromisos se olvidarán. Llegan nuevas autoridades, nadie responde por los compromisos, se argumenta que no los adquirieron ellos y que tratarán de responder.
Insisto en que el proyecto tiene una falencia, pues las universidades regionales son discriminadas. Hay gran necesidad de desarrollo tecnológico y se requiere una política especial de financiamiento de proyectos de esta naturaleza, ya que se requiere buscar fondos en el extranjero. Sin embargo, de nuevo estamos legislando de manera precaria, parcial, lo que va en contra de la imagen de nuestra institución que, por lo demás, está bastante venida a menos. Quiéranlo o no, más allá de la intencionalidad, iniciativas como ésta ratifican la percepción que tiene la ciudadanía de nosotros.
En verdad, no he decidido mi voto. En la última votación, me abstuve; pero por lo que plantean los parlamentarios de la UDI, concluyo que el proyecto podría ser rechazado. No es ésa la idea, pues creemos que debe aprobarse, pero con ciertas condiciones.
Señor Presidente , como jefe de bancada le pediré la suspensión de la sesión por algunos minutos antes de votar el proyecto, a fin de saber si contaremos con los votos para aprobarlo. Dado que es la tercera vez que se vota en la Sala, ahora con el veto aditivo, me gustaría saber las consecuencias directas tanto de su rechazo como de su aprobación.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Señor diputado, de rechazarse el veto no hay ley en ese punto. El proyecto se aprobaría en la forma en que fue despachado anteriormente.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , aparte de las aprensiones manifestadas por otros señores diputados, quiero agregar que, según lo que se publica hoy en la prensa, la Universidad de Chile está endeudada en 21 mil millones de pesos. El endeudamiento de veinte millones de dólares significa casi 14 mil millones de pesos adicionales, o sea, incrementar su deuda en un 70 por ciento.
Hoy la Universidad de Chile está pagando, sólo en intereses, casi 2 mil millones de pesos al año; o sea, en ocho años pagará en intereses más de lo que se endeudará adicionalmente ahora.
Esta información financiera de la universidad, cuya deuda no deja de crecer y que en términos reales no se reduce, nos preocupa enormemente, aparte de los aspectos urbanísticos ya indicados y la centralización que significa, en desmedro de todas las universidades regionales y de las regiones, destinar año a año tantos recursos adicionales a una universidad que no hace esfuerzos por ordenar su administración financiera.
Además, no hay información sobre la evolución del nivel de deuda ni del compromiso que hoy tiene la universidad, la capacidad de pago que ello significa y no sabemos si después de tres o cuatro años estaremos nuevamente tratando otro proyecto para darle aún más recursos a la Universidad de Chile, que es la casa donde estudié.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , el objeto del proyecto no es otro que autorizar a la Universidad de Chile para la contratación de un préstamo en el país o en el exterior.
Hace muchos años que esta universidad inició este gran proyecto de desarrollo tecnológico, que es de enormes proyecciones para el mundo académico nacional. Ésta es la razón que me hace apoyarlo.
Concuerdo en que se trata de un proyecto que permite la construcción de un parque. En consecuencia, estoy de acuerdo con el diputado señor Hales , quien señaló que el proyecto debió ser enviado a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. No obstante, lo que pide la Universidad de Chile es contar con recursos frescos, obtenidos a través de un crédito internacional, ya sea del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial, ya que estos grandes proyectos no pueden ser financiados a mediano plazo y deben contar con créditos por el total de la suma que se invertirá, porque su pago es oneroso, como señaló el diputado señor Kuschel . La dificultad de pago de los grandes proyectos no es sólo de la Universidad de Chile, sino del mundo empresarial y, por supuesto, del mundo académico, el que seguramente tendrá mayores problemas para pagar. Por eso, debe contar con el apoyo o con el aval del Estado para lograr su objetivo.
El Gobierno ha pedido que se analice la iniciativa con una visión de Estado. Se ve que no hay acuerdo para respaldarla, aunque el Presidente expresa en su veto con absoluta claridad que necesita contar con la autorización del Congreso para otorgar la garantía del Estado por un plazo que exceda el de su mandato.
No me parece conveniente discutir en forma tan negativa un proyecto que debiera llevarnos a meditar, porque va en beneficio de nuestro principal establecimiento universitario.
Concuerdo con la bancada del PPD en respaldar el proyecto y el veto del Presidente de la República.
Por lo anterior, anuncio desde ya mi voto favorable a este gran proyecto.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo enviar un cariñoso saludo a una delegación de Conchalí, por el afecto que nos muestra al estar presente en las tribunas durante la sesión.
(Aplausos).
Sin duda, el proyecto en debate es opinable. Quiero hacer un llamado a los colegas que han hecho presentes sus divergencias con la iniciativa.
Cuando en nuestro país, que está en camino al desarrollo, que tiene tantas falencias, que está atrasado en este mundo globalizado y no tiene posibilidades de avanzar, se presenta un proyecto para crear un parque científico-tecnológico bajo el alero de su principal casa de estudios, es decir, cuando tenemos la posibilidad de ir en ayuda de esta universidad, que ha formado a miles de profesionales durante su historia, lo que ha permitido a Chile liderar en muchas materias, surgen -no quiero calificarlas- diferencias entre los colegas y se critica su alto endeudamiento, en circunstancias de que ése es un problema de Estado, de país, pues son los gobiernos los que le otorgan los recursos para que los administre la principal universidad del Estado. Ésa es la verdad. No se trata de una universidad privada que pueda financiar un objetivo o un proyecto como éste con sus propios medios.
Se han planteado otras críticas, que también las entiendo, como la planificación de la ciudad a través de este tipo de proyectos.
Al respecto, debo hacer presente que muchas localidades de Chile se están formando gracias a las tomas, favorecidas por la debilidad que ha demostrado la autoridad en muchas ocasiones, y por la necesidad que tienen muchos chilenos en extrema pobreza de parar cuatro paredes para vivir.
La iniciativa contiene una propuesta para iniciar un proyecto de alto nivel, similar a los realizados en otros lugares, como en la ciudad de Monterrey, en México, donde se encuentra el más importante centro científico-tecnológico, que prepara no sólo a mexicanos, sino a profesionales de todo el mundo.
Ahora queremos dar un paso en ese sentido. Con esto, no quiero decir que antes no se hicieron esfuerzos en esta materia, ya que existe el Instituto Tecnológico de Chile, el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, el Instituto Pesquero, los que, con el esfuerzo y la visión de chilenos que merecen mucho respeto, fueron creados bajo el alero de la Universidad de Chile y después adquirieron autonomía para desarrollar y entregar su conocimiento y su aporte al desarrollo del país. Acepto que puedan equivocarse quienes no conocen esa información.
Hoy estamos discutiendo respecto de un monto que, en el contexto de los recursos del Estado, es mínimo: 20 millones de dólares. Además, se trata del aval del Estado y no de dinero que se tenga que sacar en este momento de la caja fiscal para apoyar el proyecto.
No rayemos en el egoísmo. El diputado señor Navarro ha preguntado por qué el proyecto no es realizado por la Universidad del Biobío. A lo mejor, es muy legítimo lo que él pide para su universidad; yo también podría solicitarlo para la Universidad de Atacama, institución legendaria y centenaria en el proceso educativo chileno, pues ha preparado miles de profesionales desde el siglo antepasado. Pero no podemos actuar de esa manera, con tanta limitación, para no aprobar lo que se necesita: el aval del Estado por un lapso superior a los seis años que durará el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos.
Soy un diputado de Oposición , pero quiero ayudar a construir el país, quiero que Chile avance, porque si le va bien, nos va bien a todos. No podemos cerrar las puertas a quienes tienen iniciativas para hacer país.
Apoyaré el veto aditivo, porque permite poner las cosas en su lugar al otorgar el aval del Estado a la Universidad de Chile por un lapso superior a los seis años que durará este Gobierno, con la finalidad de que concrete este objetivo para beneficio de todos los chilenos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Concuerdo con lo expresado por su Señoría.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA .-
Señor Presidente , después de la larga tramitación del proyecto, todavía estamos discutiendo cosas distintas. El debate debe centrarse exclusivamente en si la Universidad de Chile merece que una ley le permita un empréstito por un período superior a la duración del gobierno del actual Presidente . Ése es el problema. Si discutimos acerca de si el parque tecnológico cumple con las normas de construcción para realizar lo que allí se hará, estaríamos analizando el proyecto mismo, lo que, a mi juicio, no corresponde al Congreso, sino a la municipalidad de Pudahuel, a través de su Dirección de Obras, la Conama u otras instituciones que se deben preocupar de esos problemas; pero acá estamos resolviendo y analizando exclusivamente un empréstito que contratará la Universidad de Chile, y como se trata de una institución del Estado, requiere de una ley de quórum calificado para que la obligación exceda el tiempo que dura el actual Gobierno. Ése es el problema.
Si otras universidades quisieran acceder a algo similar, por diez, veinte o treinta millones de dólares pagaderos en un plazo que exceda -quince o veinte años- el período de cualquier gobierno, también requerirían de una ley de quórum calificado.
En ese sentido, nadie les ha amarrado las manos y no veo en el texto del veto ni menos en el del proyecto que haya una especie de prohibición a las demás universidades para que contraten un préstamo en las condiciones en que lo hará la Universidad de Chile. Nadie se los ha prohibido y lo pueden hacer. En consecuencia, ese argumento resulta absurdo.
Por otro lado, el diputado señor Kuschel se refirió a las deudas de la Universidad de Chile. Creo que cualquier empresa o institución, sea persona natural o jurídica, siempre tiene deudas. El punto es si las está pagando o no. Al respecto, puede decirse que el sector privado chileno ha contraído el 80 por ciento de la deuda externa. Es decir, hoy es este sector el que está endeudado en el extranjero, al contrario de lo que pasaba antes, cuando el deudor era el Estado, cuyo porcentaje en el actual nivel de deudas es muy pequeño. Sin embargo, en el caso de la Universidad de Chile los plazos no han vencido, el pago de sus deudas está corriendo y no está en quiebra ni en morosidad, y las personas que la integran siguen trabajando y desarrollando normalmente sus actividades. En consecuencia, el argumento de las deudas sólo tendría validez si estuviéramos frente a una cesación de pagos, a una quiebra o a una crisis económica abierta. Eso no ocurre en este momento con la Universidad de Chile.
Por lo tanto, sólo nos corresponde pronunciarnos sobre una autorización que requiere quórum calificados: la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Cámara. Todos los otros argumentos son especiosos, marginales, laterales; no van al meollo de la cuestión.
De manera que si alguien quiere oponerse, que lo diga derechamente, pero que no invoque argumentos que podría dar el director de obras municipales, personeros de la Corema o de la Conama, algún intendente o un representante de una entidad gubernamental a la cual estará sometida la ejecución de la iniciativa legal.
Así, si el empréstito de 20 millones de dólares no se aprueba por un plazo superior al período del actual Gobierno, como se propone en el veto aditivo, simplemente será inútil: no podrá pagarse, y no creo que sea intención de los señores parlamentarios que la Universidad de Chile no cumpla sus compromisos adecuadamente.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , el diputado que me antecedió en el uso de la palabra centró la finalidad del veto: resolver si el Congreso autoriza al Estado para constituirse en aval de la Universidad de Chile en un empréstito contratado por un plazo superior a seis años.
Concedo una interrupción al diputado señor Elgueta .
El señor PARETO (Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el señor Elgueta.
El señor ELGUETA .-
Señor Presidente , en realidad, no se trata de un aval ni de una garantía, sino de una autorización, como lo exige la Constitución, mediante una ley de quórum calificado.
El señor PARETO (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , para ser más preciso, se trata de una autorización por ley para que se contraten empréstitos cuyo vencimiento podrá ser superior a seis años, con la garantía del Estado, naturalmente, por parte de la Universidad de Chile.
Sin embargo, a los diputados de regiones nos resulta enormemente difícil y molesto conceder prebendas para instituciones del Estado, en particular para una que ha recibido muchas: la Universidad de Chile, y que, además, no ha sabido cumplir. Por eso, rechazaré la autorización que se nos pide, pero entregaré las razones por las cuales lo haré.
En un periódico de hoy se señala que en la Universidad de Chile existen discrepancias serias respecto de sus deudas. Un sector sostiene que el rector Riveros es el gran responsable de la enorme deuda de más de 22 mil millones de pesos. Todavía agrega que se están pagando “normalmente” los intereses de una deuda bancaria por mil 800 millones de pesos anuales. ¡Se están pagando “normalmente” mil 800 millones de pesos en intereses! Entonces, debe centrarse la discusión. Otro sector, encabezado por el propio rector Riveros , dice que la deuda histórica es de responsabilidad de quien fuera rector entre 1990 y 1995, es decir, del señor Lavados .
No me interesa si la responsabilidad de la actual deuda es del señor Riveros o del señor Lavados . Lo que está claro es que esa universidad ha sido incapaz de rebajarla y sigue pagando “normalmente” mil ochocientos millones de pesos en intereses.
A mi juicio, eso no es ni puede ser normal. Como muy bien preguntó el diputado señor Navarro , ¿por qué razón se insiste en autorizar un empréstito para esta entidad -que es valiosa-, y no a la Universidad del Biobío? ¿Por qué no a la Universidad de Atacama? ¿Por qué no a otras universidades?
Tampoco es verdad que no hayan presentado proyectos. Lo que está claro es que a la Universidad de Chile, incluso bajo cuerda, con pleno desconocimiento del Congreso, Hacienda le ha traspasado recursos directamente. Eso no ha ocurrido sólo una vez. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Se trata de la posibilidad de contraer una deuda por más de seis años. Los “normales” mil ochocientos millones de pesos que se están pagando, sin duda, van a incrementarse en una cantidad inmensamente superior. Desde esta perspectiva, no parece razonable lo que se pide, motivo por el cual no puedo acceder a la solicitud del Presidente de la República .
Por otra parte, discrepo de mi amigo Carlos Vilches cuando afirma que “él quiere construir”, pues todos queremos construir, pero deseamos hacerlo bien. No queremos que se siga construyendo este monstruo tan grande, que es Santiago y todas sus instituciones, y que el resto de Chile pague su costo.
En ese sentido, me parece inapropiado alargar el plazo para un empréstito con la garantía del Estado, razón por la cual rechazaré el veto del Ejecutivo.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente , esta discusión, que trató de centrar en su intervención el diputado señor Elgueta , ha discurrido por senderos peligrosos y escabrosos. Nos hemos ido a materias no contempladas por el autor de la iniciativa y hemos escuchado a vehementes regionalistas pronunciar discursos muy gratos para el oído, pero que han echado al olvido la tremenda significación de la Universidad de Chile para el país. Incluso, algunos ex alumnos de esa casa de estudios han expresado su posición contraria al veto, que sólo tiene por objeto aumentar el plazo de un compromiso en el cual es aval el Estado.
Hemos escuchado discursos que plantean consecuencias impredecibles, panoramas tenebrosos y desoladores que ocurrirán el día en que se construya este parque tecnológico. Pocos han dicho lo que esta obra significa para Chile. Quienes se han manifestado en ese sentido, olvidan lo que hemos hecho en cuanto a normativa ambiental, que implicará que cualquier proyecto adicional a este centro tecnológico deberá ser sometido a difíciles exigencias de cumplir y, naturalmente, a la opinión de directores de obras de ministerios y municipios.
En consecuencia, buena parte de la discusión de esta mañana se ha centrado en materias que no nos corresponde resolver. Se trata de la Universidad de Chile, la más importante del país, la que cumple tareas que no dan dinero, pues no crea sólo profesiones de pizarrón. Con seguridad, para muchos esto es un mal negocio, pero es la universidad que hace aportes al progreso del país, que mantiene redes sismológicas, orquestas y sedes regionales, que aplica la prueba de aptitud académica, materias todas que no dan dinero. Tal vez, pudo iniciar empresas más rentables, pero las mencionadas son las que el país requiere para su progreso. Y este centro tecnológico está concebido en ese sentido. Por eso, lo apoyaremos fervientemente.
No cabe duda de que la Universidad de Chile se endeuda y que también ha hecho malos negocios, pero eso no puede menoscabar su importancia para el crecimiento del país.
El beneficiario del proyecto es Chile, país que nos pertenece a todos y que mira el futuro más allá de las ideologías y de las pequeñeces. Por eso, los diputados radicales daremos nuestra aprobación al proyecto.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ .-
Señor Presidente , sólo para reafirmar la opinión vertida en las oportunidades anteriores en las que tratamos el proyecto, el que lleva bastante tiempo tramitándose en el Congreso y que, a mi juicio, ya debería haber sido aprobado y, más aún, despachado, porque se trata de una cosa de lógica elemental: es la Universidad de Chile, nuestra gran universidad, prestigiada en nuestro país y en el extranjero, la que presenta un proyecto de extraordinaria envergadura. Para ello, pide la autorización del Estado para contratar empréstitos en el plano nacional o en el extranjero, a fin de construir este parque tecnológico, que será un paso importante, gigantesco en lo concerniente a la vida académica de la universidad.
Me alegro mucho de la exposición del diputado señor Carlos Vilches , quien, a pesar de ser de Oposición, puso las cosas en su lugar al decir que el proyecto es importante y que se está viendo desde ángulos mezquinos. Al igual que muchos otros colegas, soy regionalista, pero, a mi modo de ver, no es el momento de poner ese problema en la balanza, pues lo que está en discusión es un propósito de la Universidad de Chile, que merece todo nuestro apoyo.
Como lo he expresado en oportunidades anteriores, quiero manifestar mi apoyo irrestricto al proyecto y que ojalá se logre la votación necesaria para la aprobación del veto, a fin de que se hagan realidad sus objetivos.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , deseo plantear tres ideas-fuerza. En primer lugar, como diputado informante de la Comisión de Hacienda , quiero decir que sus miembros votaremos a favor de este veto aditivo, que autoriza el endeudamiento más allá de este período presidencial, porque lo demás ya fue aprobado.
En segundo lugar, nadie puede desconocer que la Universidad de Chile tiene la mayor masa crítica de científicos e investigadores en áreas como biotecnología, ingenierías, informática, telecomunicaciones, ciencias ambientales y otras. Por lo tanto, esa casa de estudios puede realizar esta experiencia pionera e innovadora para responder al desafío de los tiempos y del avance del conocimiento.
Por otro lado, al escuchar la oposición del colega Rodrigo Álvarez , miembro titular de la Comisión de Hacienda y distinguido académico de la Pontificia Universidad Católica -dos de mis hijos son ex alumnos de esa universidad en mi región, el otro es de la de Concepción-, quiero decir que en los hechos la Universidad de Chile demuestra el espíritu de cooperación universitario.
Hace poco se firmó un importante convenio de cooperación con la Pontificia Universidad Católica, con lo cual la Universidad de Chile, que contribuye a la generación de profesionales y líderes, está demostrando en los hechos que sigue siendo el primer plantel de educación superior en Chile.
Por otro lado, algunos diputados que no han participado en la discusión parlamentaria, parecen no saber que el Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Chile deberá estar abierto a amplias posibilidades de asociación y cooperación, en especial con las universidades regionales. No tengo confusiones. Soy hijo de Concepción y parte de su Universidad, pero, como diputado de la República , debo legislar para el país y no sólo en función de mi distrito. Por eso, votaré a favor el veto aditivo para que se haga realidad dicho parque tecnológico.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
Corresponde votar.
En votación las observaciones de su Excelencia al proyecto que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un Parque Científico-Tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado.
El señor ROCHA.-
Pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente , quiero recordar a la Mesa que el diputado señor Navarro pidió reunión de Comités.
El señor AGUILÓ.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , ¿sería posible pedir una reunión de Comités por cinco minutos?
El señor PARETO ( Presidente ).-
Se suspende la sesión por cinco minutos para una reunión de Comités.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor PARETO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
En votación el veto de su Excelencia el Presidente de la República.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Por no haberse alcanzado el quórum constitucional requerido, queda rechazado.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
¿Cuántos votos se requerían, señor Presidente?
El señor PARETO (Presidente).-
Sesenta, señor diputado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
SUSPENSIÓN DE PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE TARAPACÁ.
El señor PARETO ( Presidente ).-
El señor Prosecretario procederá a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 586.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 586 de los diputados señores Rincón, Cornejo, Encina y Velasco, y de las diputadas señorita Sciaraffia, doña Antonella, y señoras Soto, doña Laura, y Pérez, doña Lily.
“Fundamentos:
1. Que con fecha 4 de febrero de 1998 se promulgó la ley Nº 19.549, que modificó el régimen jurídico aplicable al sector de los servicios sanitarios, permitiendo la privatización de las empresas dedicadas a esa área de la producción.
2. Que en septiembre de 1998 se produjo la privatización de la Empresa Sanitaria de Valparaíso , Esval, manteniendo la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), sólo el 38,4% de las acciones, en tanto que el porcentaje restante fue transferido a manos privadas por una suma cercana a los 120 millones de dólares. Con anterioridad, el Gobierno Regional de Valparaíso había demandado a Esval S.A. para obtener la devolución de fondos reembolsables que fueron aportados con cargo a los Fondos de Desarrollo Regional (Fndr) y de Desarrollo Nacional (Fnd), que de acuerdo a sentencia del Sexto Juzgado Civil de Valparaíso , dictada el 12 de junio del año 2000, ascendían aproximadamente a 20 mil millones de pesos.
3. Que lo anterior motivó que el 19 de julio del año 2000 esta Corporación aprobara el proyecto de acuerdo Nº 436, para constituir una Comisión Investigadora con el fin de examinar si en el proceso de venta de Esval S.A., se cautelaron adecuadamente los intereses patrimoniales del Estado y si se constituyó a Corfo como fiador de las resultas de todo juicio presente o eventual en contra de Esval S.A., y de ser efectivo, si se cauteló con celo el patrimonio fiscal.
4. Que con fecha 3 de octubre, la Cámara de Diputados dio su aprobación al proyecto de acuerdo Nº 471, según el cual se ampliaron las facultades de la Comisión Investigadora ya señalada, a objeto que analizara el proceso de licitación de la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, Essbío S.A., en razón de ciertas irregularidades y especialmente por el hecho que el Gobierno Regional en su esfuerzo por superar la extrema pobreza en las poblaciones sin alcantarillado, entregó a dicha empresa un porcentaje superior al 35% de los recursos nacionales del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), cantidad que superaría en más del 300% al nivel promedio del aporte de todas las sanitarias, públicas y privadas, a la cobertura de alcantarillado en aquellas localidades en que la obligación legal de construir la red de alcantarillado corresponde a las municipalidades, en tanto que las sanitarias sólo tienen la responsabilidad legal de entregar “factibilidad” de conexión del nuevo servicio a la matriz de agua potable y/o la conexión a los colectores de alcantarillado, según corresponda.
5. Que a la fecha la Comisión Investigadora no ha emitido su pronunciamiento sobre los procesos de licitación de Esval S.A. y Essbío S.A., encontrándose pendiente el respectivo informe.
6. Que en la Primera Región el Gobierno ha manifestado su intención de privatizar la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama, Essat S.A., región que se caracteriza por ser zona desértica y por ende, el agua constituye un bien de carácter estratégico.
7. Que en los últimos años el Gobierno Regional de la Primera Región ha invertido 7 mil millones de pesos para la provisión de agua potable de toda la región, y por lo tanto no existe justificación económica para entregar a manos de privados la distribución del agua; además, de concretarse la privatización quienes se adjudiquen la respectiva licitación se verán beneficiados por las inversiones ya realizadas cuyo costo debió soportar el Estado.
8. Que de privatizarse o concesionarse Essat, no existirá garantía respecto al mantenimiento de tarifas por agua potable y alcantarillado, ya que regirá un criterio eminentemente económico, que no es aplicable a un bien escaso de primera necesidad como lo es el agua, todo lo cual puede perjudicar directamente a los usuarios, y especialmente a las personas de escasos recursos. Además, durante años en la Primera Región Essat ha hecho cobros de sobreconsumo en la época estival, lo que ha perjudicado directamente la actividad turística, por lo que es necesario asegurar la eliminación de este sobreconsumo al momento de concesionarse Essat.
9. Que ha quedado de manifiesto con la constitución de una Comisión Investigadora para analizar la privatización de las empresas sanitarias Essbío y Esval, que el traspaso de empresas de este tipo a la administración privada es un proceso complejo que debe ser analizado resguardando los intereses fiscales, regionales, y de los usuarios.
10. Que en razón de lo expuesto, consideramos necesario paralizar el proceso de privatización ya iniciado en la Primera Región , con el objeto de analizar su conveniencia, con intervención de todos los actores involucrados. Consideramos que una decisión de tal envergadura debe suspenderse por lo menos hasta que la Comisión Investigadora de las Empresas Sanitarias evacue su informe final, para poder detectar las falencias del sistema, y de esa forma no incurrir en los mismos errores.
En virtud de lo señalado, venimos en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
Ofíciese al Presidente de la República solicitando la suspensión del proceso de privatización o concesión de la empresa de servicios sanitarios de Atacama, Essat S.A. hasta contar con antecedentes técnicos que justifiquen dicha privatización, una vez que se haya evacuado el informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre las privatizaciones de las empresas Esval S.A. y Essbío S.A.”.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer una aclaración básica.
Este proyecto de acuerdo no se opone al proceso general de privatizaciones que se lleva adelante, sino que, en particular, dice relación con el respeto que nos tenemos, como diputados, cuando estamos haciendo una investigación.
El Gobierno ha decidido, a mi juicio de manera un poco irresponsable, privatizar o concesionar la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá, Essat S.A., que administra el elemento más vital y estratégico en una zona desértica como la Primera Región , en circunstancias de que, además, dicha empresa ha demostrado una gestión eficiente durante la cual, en los últimos años, se han invertido más de 50 mil millones de pesos e incorporado siete mil millones de pesos correspondientes a recursos regionales.
Entonces, existe gran preocupación entre las comunidades afectadas, las cuales consideran que el Gobierno no debe deshacerse de ese elemento vital y estratégico en el desierto, a menos de que existan poderosas razones de carácter económico o técnico. Además, en nuestra región pagamos un tremendo sobreconsumo que perjudica enormemente a las familias de más escasos recursos y a la actividad turística.
Por esa razón, y por existir en la Cámara de Diputados una Comisión investigadora que analiza los procesos de privatizaciones de las empresas Esval S.A. y Essbío S.A., respecto de las cuales aún no tenemos claridad ni respuesta concreta, por lo cual no es posible que se pretenda realizar una nueva privatización. Por respeto a nosotros mismos, deberíamos tener suficiente claridad respecto de los anteriores procesos.
Por eso, por la región de Tarapacá por la comunidad de Iquique y porque se trata de una sentida preocupación de toda la zona norte, pido a mis colegas que aprueben el proyecto de acuerdo, que no apunta a que se termine con las privatizaciones, sino a que se suspendan hasta tener mayor claridad respecto de los otros procesos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , sin duda, podemos sumarnos a la inquietud planteada por la diputada señorita Sciaraffia, específicamente en lo que dice relación con la tarificación en la Segunda Región. No obstante compartir las privatizaciones de aquellas empresas deficitarias del Estado, uno de los problemas fundamentales es la tarificación o alto costo del servicio que entregan, en este caso el metro cúbico de agua en la zona norte, especialmente en Antofagasta, donde pagamos la tasa más alta. Por lo tanto, más allá de analizar las privatizaciones anteriores, existe la necesidad de considerar en el Norte Grande la rebaja de tarifas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Pese a estar muy de acuerdo con el planteamiento de su Señoría, es ajeno al contenido del proyecto de acuerdo. De manera que lo invito a que, conjuntamente, presentemos un proyecto de acuerdo en ese sentido.
Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, creo que en la actividad política hay que tener seriedad cuando se plantea este tipo de situaciones.
He visto lo que ha aparecido en los medios de comunicación respecto de este proyecto de acuerdo y, muchas veces, cuesta entender cómo se engaña a la opinión pública. ¿Dónde está el engaño?
En primer lugar, este proyecto es del gobierno de la Concertación, el cual, en definitiva, privatiza u otorga concesiones respecto de las empresas sanitarias.
En segundo lugar, aquellos que hoy postulan a suspender la privatización, en su oportunidad o votaron a favor del proyecto de ley o cuando la Comisión mixta evacuó su informe final, no estaban en el Congreso Nacional. Y hoy se presenta este proyecto de acuerdo para suspender la privatización o concesión, dando a entender a la opinión pública que ellos nunca han estado de acuerdo con este tipo de procesos, en circunstancias de que el proyecto es de su Gobierno, y cuando tuvieron la posibilidad de votar en contra, no lo hicieron o no estuvieron presentes en el Congreso.
El señor LORENZINI .-
¡Usted lo votó a favor!
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Diputado señor Lorenzini , debe solicitar la palabra cuando corresponda.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , a mi juicio, este tipo de proyectos debería suspenderse por otra razón, cual es que cuando se elaboran en medio de una contienda de carácter electoral ocurre este tipo de situaciones. Entonces, quienes lo gestaron, mientras ejercen el cargo están a favor del proyecto, y en épocas electorales, en contra.
Por lo tanto, creo que al ejercer la actividad política hay que tener mayor seriedad. Me voy a abstener porque este tipo de procesos no debe desarrollarse.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Nuevamente no hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
En votación, por tercera vez, el proyecto de acuerdo.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Por no haberse alcanzado el quórum respectivo, queda pendiente su votación para la sesión de mañana.
VII. INCIDENTES
AUMENTO DE RACIONES ALIMENTICIAS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS EN CURICÓ. Oficio.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , la semana pasada me referí a los altos índices de cesantía, especialmente al de la Séptima Región del Maule, que fue el más alto del país.
En esa oportunidad, señalé la necesidad de pedir al Gobierno y a las autoridades pertinentes que diferenciaran las regiones de mayor cesantía, tanto para el diseño de programas de empleo como para otras políticas nacionales.
Ahora quiero referirme a la urgencia de que el Gobierno planifique efectivamente la entrega de raciones alimenticias a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, puesto que con los actuales índices de desempleo, cercanos al veinte por ciento en algunas comunas, como la de Curicó, las raciones que entrega la dicha institución a los diferentes establecimientos educacionales también están siendo insuficientes. Es el caso del Liceo de Niñas de Curicó, donde muchas de sus alumnas llegan sin desayuno porque no tienen la alimentación indispensable en sus hogares.
Por eso, solicito que se envíe un oficio a la señora ministra de Educación con el objeto de que se implementen raciones alimenticias acordes con la cantidad de cesantes que existe en cada una de las comunas del país.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor Haroldo Fossa .
REUNIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ DE LA SEXTA REGIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Oficio.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , en la última visita que hizo su Excelencia el Presidente de la República a la Región del Maule, el lunes 23 de julio, tuve la oportunidad de hacerle presente la grave situación económica que afecta a los productores de arroz de la zona. Le manifesté que los bajos precios de ese producto impiden que los agricultores continúen con su cultivo. Le hice presente asimismo que, fundamentalmente, quienes se dedican a este cultivo son, en su mayoría, pequeños productores que lo realizan en una extensión no superior a diez hectáreas; que las tierras que utilizan para ese fin no tienen otras alternativas, por lo cual, no pueden reconvertirse, y que, en definitiva, de no encontrarse una solución a los bajos precios, llevaremos a la pobreza a no menos de diez mil personas de las comunas de Parral, de Retiro y de Longaví, y a no menos de veinte mil en el resto de la región. Finalmente, solicité al Presidente que el Gobierno actuara en la búsqueda de una solución que bien podría ser un tratamiento arancelario especial para el referido producto.
El señor Presidente recogió mi inquietud e instruyó al señor ministro de Agricultura , allí presente, para que convocara a una reunión en La Moneda con los representantes de la industria molinera del arroz y con los dirigentes agrícolas, a fin de tratar el tema.
Por lo tanto, en consideración a la urgencia de que esos agricultores planifiquen sus siembras en el futuro, pido que se envíe un oficio al señor ministro de Agricultura , con copia de mi intervención, para que tome las medidas, de manera que dicha reunión se realice a la brevedad posible y, finalmente, se concrete la instrucción dada por el Presidente de la República .
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que han levantado su mano y de los cuales se ha tomado nota.
LANZAMIENTO DE TRECE FAMILIAS EN COMUNA DE LOS LAGOS. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , quienes hemos vivido muchos años, podemos recordar la alegría que provocó un decreto presidencial en la década de los 40, que dispuso: “No a los lanzamientos en períodos cuando el clima sea en extremo riguroso”. Fue un tremendo éxito de los indefensos, de aquellos que no tenían justicia.
En aquella época, hubo resoluciones judiciales arbitrarias que prácticamente no admitían apelación porque decretaban los lanzamientos sin importar si nevaba o si llovía o si había otra contingencia propia de nuestra naturaleza, que siempre nos juega imprevistos terribles y desagradables.
Ayer sucedió uno de esos lamentables momentos que ninguna familia chilena debería vivir y que, sin embargo, muchas siguen lamentando. En la comuna de Los Lagos, localidad de Riñihue, a orillas del hermoso lago del mismo nombre, se produjo un lamentable hecho: por un fallo judicial, familias chilenas fueron lanzadas al camino público en momentos en que se vive el invierno en la Décima Región de Los Lagos. El sur de Chile es así: frío, lluvioso y triste en invierno.
Desde este Congreso Nacional hago llegar mi solidaridad a esas familias que han sufrido este atropello perpetrado por quienes lo tienen todo. Las familias afectadas por estos graves problemas son trece.
En consecuencia, he presentado una denuncia, en primer lugar, a la Contraloría General de la República -todavía para fallo-, y, en segundo lugar, al Consejo de Defensa del Estado, por la responsabilidad que les corresponde a quienes han logrado lanzar a la calle a estas familias con intervención de los tribunales.
En atención a que lamentablemente no se consideró mi denuncia, me he permitido hacer gestiones ante el Ministerio de Vivienda, las que afortunadamente llegaron a buen término, a fin de lograr la entrega de trece soluciones habitacionales a los pobladores que por muchos años habitan en el sector que antiguamente colindaba con la estación de ferrocarriles de Riñihue.
Como lo anterior no obsta a la paralización de los procesos judiciales incoados, solicito oficiar al Consejo de Defensa del Estado a fin de que emita un pronto pronunciamiento sobre la decisión judicial, la cual ha sido apelada en su oportunidad por el diputado que habla.
Además, solicito oficiar al ministro del Interior y a la gobernación de Valdivia a fin de que sigan de cerca el curso de los acontecimientos y eviten, si es posible, la concreción de las medidas de fuerza logradas por la falta de asesoría profesional de que adolecen personas que, por su pobreza, están indefensas ante quienes lo tienen todo.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo están indicando a la Mesa.
RECHAZO A CIERRE DEL CENTRO REGIONAL DE DERECHOS DEL NIÑO. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-
Señor Presidente , ayer nos impusimos por una información aparecida en el diario “Las Últimas Noticias”, del grave atentado contra los derechos de los educandos de nuestro país que representa el cierre del Centro Regional de Derechos del Niño , Creden . En representación de la bancada del Partido Socialista, quiero manifestar nuestra protesta por ese hecho.
En los últimos años, a través de este proyecto piloto del Ministerio de Educación, se han acogido múltiples denuncias por discriminación -en particular de estudiantes de la Región Metropolitana, aunque no exclusivamente de ésta-, tales como expulsión de alumnas embarazadas, de alumnos que no han pagado la matrícula porque sus padres están cesantes; expulsión de alumnos por no tener la apariencia física que una directora o un director, pasando por sobre las garantías constitucionales, exige a los educandos; malos tratos y abusos múltiples.
En la Región Metropolitana surgió Creden precisamente para defender los derechos del niño, entidad que en muchos casos logró generar, ante tales discriminaciones, una reacción de las autoridades provinciales o regionales que antes no se suscitaba.
Actualmente hay personas que no consideran necesario el Centro de Derechos del Niño, ya que, según ellas, su función puede ser absorbida por las instancias ordinarias del Ministerio de Educación. La experiencia de cada día nos señala que no es así. El joven Jorge Reyes que fue atendido por Creden -su intervención fue fundamental-, cuyo problema fue resuelto gracias a los profesionales que ahí laboran, lo que le permitió a este joven -expulsado del colegio Carlos Condell - terminar sus estudios, y hoy estar trabajando como contador profesional.
En Chile los alumnos sufren muchas discriminaciones, por razones de sexo, de condición económica y de apariencia física; incluso hemos visto cómo algunos colegios católicos han expulsado a niños por tener leucemia o alguna discapacidad, porque según ellos son un “mal ejemplo” para el resto de los alumnos.
Ante esta realidad y en atención a la experiencia que hemos conocido muy de cerca respecto del Centro Regional de los Derechos del Niño, solicito oficiar al Presidente de la República y a la ministra de Educación , a fin de que expliquen fundadamente las razones aducidas para terminar con un proyecto tan importante y valioso. Asimismo, para que vean la forma de revertir tal determinación, que no apunta en la dirección que Chile necesita, es decir, más defensores de los derechos de los ciudadanos, en particular de las niñas y niños, quienes muchas veces sufren discriminaciones arbitrarias por sesgadas decisiones. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley -el cual, por desgracia, sigue sin ser tramitado en el Senado, porque no ha concitado la comprensión que tuvo en esta Cámara de parte de todas las bancadas- para terminar con la discriminación, y ayudar a Creden en el trabajo que realiza.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando copia de su intervención.
INVESTIGACIÓN DE COBROS DE DEUDAS TELEFÓNICAS ATRASADAS. Oficio.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , la creación del defensor del ciudadano, ómbudsman, es muy importante porque cada día los ciudadanos están más desprotegidos. Es así como a pesar de que existen instancias donde se pueden efectuar reclamos, la situación respecto de las empresas telefónicas sigue siendo grave.
Solicito oficiar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a fin de que informe detalladamente sobre la situación de Entel S.A., ya que muchas personas de Talcahuano, Concepción y Coronel han recibido -aunque parezca increíble- cobranzas por supuestas deudas atrasadas: del 25 de abril de 1996, por 3.150 pesos; 25 de julio de 1996, por 4.259 pesos; 25 de diciembre de 1997, por 7.629 pesos. En el caso del señor Orlando Herrera , domiciliado en Talcahuano, el total es de 35.931 pesos.
Esta situación es grave, ya que resulta imposible, y me parece un exceso, que un usuario pueda recordar si efectivamente no le pagó a la compañía una cuenta de hace cinco años.
Las cobranzas se están efectuando a través de Assets Limitada, empresa que conmina a las personas a concurrir a la oficina a pagar dichas cuentas.
En consecuencia, solicito que se informe si las compañías telefónicas, particularmente Entel S.A., efectivamente tienen atribuciones para establecer un nivel de cobranzas por deudas de hace cinco años, las que, aun cuando son por montos menores, tales como 3.150 pesos, 4.000 pesos, 8.000 pesos, significan un saldo total muy elevado. Espero que la Subsecretaría de Telecomunicaciones detalle las condiciones en que se pueden cobrar dichas deudas y si existe algún tipo de irregularidad en la cobranza de las mismas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA LILY PÉREZ.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente , lamentablemente tengo que intervenir en esta oportunidad sobre un tema que, a mi juicio, no corresponde ni querría hacerlo.
La semana pasada, mientras me encontraba fuera del país, la diputada señora Lily Pérez entregó su versión sobre hechos ocurridos en un local público, relacionados con la vida privada de un parlamentario. Ella hizo prácticamente una exhibición pública de un asunto que ella desconocía, que no vivió, en el cual no estuvo presente y que conoció de oídas, seguramente, de su señor padre. Asimismo, utilizó todo el aparataje de la prensa y embarcó prácticamente a toda la Oposición en una nueva causa sin justificación ni motivo alguno, carente de toda realidad y objetividad.
A raíz de eso, quiero entregar mi versión de los hechos, a fin de dar por superada la situación. Junto con eso, lamento profundamente que especialmente la Unión Demócrata Independiente -al igual que Renovación Nacional- se haya sumado a esto, sin tener conocimiento de los hechos, sin esperar el justo, legítimo y debido proceso a que tiene derecho toda persona que es objeto de una acusación. Digo que en especial la UDI, porque sus diputados han sido quienes han levantado permanentemente la bandera del justo, legítimo y debido proceso. Creo que yo, como parlamentario y Vicepresidente de la Cámara , tenía derecho a ser escuchado y a defenderme.
Quiero dar las gracias a la diputada María Rozas y al jefe de bancada, diputado Zarko Luksic , que intervinieron en esa oportunidad, y a todos los partidos de la Concertación que, sin escuchar un testimonio de mi boca sobre los hechos ocurridos, obviamente confiaron en lo que dijo la diputada María Rozas , en cuanto a que yo me defendería en esta Sala. La colega -he leído todo el texto de su intervención- no dijo absolutamente nada sobre los hechos -al igual que el diputado Zarko Luksic - porque no los vivió; sólo se refirió a la oportunidad de defenderse que merece todo parlamentario, la cual no se me dio, y expreso mi preocupación por eso. Asimismo, me preocupa y me duele que el diputado Arturo Longton , a quien le tengo mucho aprecio y hemos viajado al extranjero con su esposa y la mía, la que se encuentra en las tribunas junto con mis hijos -nos conocemos y el colega sabe que no es mi forma de proceder-, que en su calidad de jefe de bancada haya intervenido y dicho lo que manifestó, sin haber tenido la más mínima preocupación -no quiero decir decencia- de tratar de ubicarme -o a mi señora, a quien también conoce-, para averiguar si los hechos fueron así.
Pero la diputada Lily Pérez consiguió su objetivo: paralizar la Cámara de Diputados por un día y arrastrarla a otro de sus escándalos, sin tener conocimiento de los hechos.
A continuación, haré un resumen de los hechos ocurridos, y con ello doy por superado el incidente.
Primero, el martes de la semana ante-pasada me reuní con un grupo de amigos -acostumbro hacerlo una vez al mes- que son funcionarios de mi oficina, además del abogado, en el local Inmobiliaria Unión Española, ubicado en calle Carmen, en Santiago, a jugar dominó y a comer. Éramos seis personas, de las cuales algunas están en las tribunas; seguramente, el abogado está en Santiago viendo esta sesión. Ingresamos al local a las 20.15 horas y pasamos a comer al segundo comedor. Comimos entre las 20.15 y las 21.45 horas. Nos paramos de la mesa a las 21.45 y fuimos al primer comedor para iniciar nuestro juego de dominó, que duró hasta las 23.45 horas.
Al lado de nuestra mesa, a no más de seis metros de distancia, había otra, en la cual estaban los dos señores que se encontraban allí cuando ingresamos al local. Cuando nos íbamos, aún continuaban allí. En ningún momento hablamos de política, porque si hay algo que le he pedido a la gente que trabaja conmigo cuando salimos a divertirnos o a entretenernos es que no hable de política ni de trabajo. Ni una sola palabra de política. Con esto, estoy desmintiendo todo lo dicho por la diputada Lily Pérez .
Segundo, ninguno de los dos señores de la mesa contigua se paró para decirnos algo, ni ninguna de las personas que estaba en nuestra mesa fue a hablar con ellos.
Tercero, a las 23.45 horas, nos paramos de la mesa de juego; las personas que me acompañaban se dirigieron hacia la puerta, y yo fui al baño. De repente, vi a mi lado a un señor de aproximadamente 1.66 ó 1.67 metros de estatura, de lentes, de unos 65 a 68 años de edad, y con la boca llena de saliva. Mientras estaba orinando me dijo algo que no le entendí.
Yo me reí. Después me fui a lavar las manos; él me siguió al lavamanos y me dijo: “Ningún ‘por la de su madre’ como vos va a salir electo diputado . Te apuesto cinco millones ‘por la de su madre’”. Mi respuesta: “No me haga ninguna apuesta; para eso es la democracia. En democracia la gente elige”. Salgo, y en la puerta me dice textualmente: “Ninguna rata ‘por la de su madre’ como vos va a salir electo diputado ”.
Soy una persona conocida, al igual que todos los diputados. Obviamente, no acepté esa ofensa. Lo tomé de la solapa -al parecer no se lo contó a su hija-, y cuando vi que estaba tan ebrio lo dejé ahí y le dije a su amigo, que se encontraba en una mesa, a cuatro metros, en similar estado etílico: “Cuide a su amigo porque de esta forma se va a meter en muchos problemas”.
Salgo, y al llegar a la puerta una persona que estaba en el local me dice: “ Diputado Seguel, ese señor, que hace un tiempo tuvo un problema más o menos parecido con una garzona, es el padre de la diputada Lily Pérez ”. Yo no tenía por qué conocerlo; sin embargo, él, por razones obvias, me conocía, y al parecer tenía muchos antecedentes de un discurso que yo había pronunciado en la Cámara para defender a la Concertación y a mi partido, de lo cual me siento orgulloso.
Entonces, regresé y en la puerta -de hombre a hombre- le dije varios “garabatos”. Creo que otra persona, en mi lugar, le habría pegado. Repito que le dije varios “garabatos”, de hombre a hombre. No fue capaz de responderme de hombre a hombre, porque en el estado etílico en que se encontraba no era capaz de defenderse, y yo no habría reaccionado en una situación semejante.
Señor Presidente , ahí terminan los hechos.
Sólo quiero decir que esto no habría ocurrido si el padre de la diputada Lily Pérez no hubiera estado tan borracho. No digo que sea un enfermo alcohólico; estoy afirmando que es una persona que estaba borracha, y en ese estado es odioso.
Señor Presidente , dejo aquí mis antecedentes. Me gustaría que la diputada Lily Pérez no engañe más a Renovación Nacional y a la UDI, y que cumpla su palabra y le pida a su padre que recurramos a la justicia, que me demande. Asimismo, me gustaría que la Comisión de Ética funcione, porque creo que personas como la señora Lily Pérez deben ser desenmascaradas aquí con hechos reales, tal como ocurrieron, y que no utilice a la Oposición, en general, para que tome partido en estas situaciones, para seguirse luciendo en la actividad pública con hechos bochornosos que sólo corresponden a una letrina.
He dicho.
-Aplausos.
ALCANCE A EXPRESIONES DE DIPUTADO ORPIS EN RELACIÓN CON PRIVATIZACIÓN DE EMPRESA SANITARIA.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , en primer lugar, expreso mi sorpresa ante las expresiones vertidas por el diputado señor Orpis -a quien aprecio y con quien hemos trabajado en la Comisión de Drogas-, durante la discusión del proyecto de acuerdo sobre la privatización de la empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá, Essat .
La defensa del suministro de agua potable y de las tarifas, en particular para favorecer a la gente más pobre y de escasos recursos, era compartida por toda la gente de la provincia. Por eso, los argumentos relativos a nuestra participación en el Gobierno de la Concertación no me identifican siempre con sus planteamientos, pues cuando no he estado de acuerdo con algo lo he manifestado firmemente. Sin perjuicio de que se trate de nuestro Gobierno, podemos discrepar de él, en particular cuando se toman decisiones equivocadas que afectan a la gente. Por eso, quiero enfatizar mi sorpresa frente a las expresiones del diputado señor Orpis .
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA RESOLVER SITUACIÓN DE TRIPULANTES PESQUEROS. Oficio.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
En segundo lugar, deseo manifestar la profunda preocupación suscitada en estos días por la veda del jurel. Recientemente se autorizó, en forma provisional, una cuota de captura que tiene muy afectados a los tripulantes pesqueros de nuestra región. Muchas veces, como en este caso, se toman -por la Subsecretaría de Pesca- decisiones arbitrarias que no obedecen a la realidad y que aumentan la cesantía en nuestra región. Lo que hoy piden los tripulantes pesqueros es tener claridad respecto de cuál será la política en el futuro, porque, a pesar de que se ha establecido una cuota de captura provisional, existe temor por lo que viene. Cuando se disponen cuotas de captura muy pequeñas, las empresas -por lógica- no permiten que los barcos salgan a trabajar, por lo cual estas personas dejan de percibir sus ingresos.
Por lo tanto, me han pedido que intervenga para solicitar al Gobierno que estudie seriamente una reconversión laboral, pero no para preparar a los desempleados en peluquería, gasfitería u otros trabajos que no tienen ninguna posibilidad de desarrollar. La idea es hacerla en áreas de concesiones marítimas para que estos trabajadores, mediante una empresa de cultivo con cierta proyección de futuro, puedan, verdaderamente, tener un sustento permanente y seguro para sus familias.
Asimismo, que se estudie la posibilidad de buscar una solución, tal como lo hizo el Gobierno con los portuarios y como se aprobó en esta misma Cámara, a fin de que estos trabajadores puedan jubilar anticipadamente, en particular los que están por sobre los cuarenta años, y que no tienen la posibilidad de reinsertarse en otro tipo de trabajo.
Por otra parte, pido oficiar a la Subsecretaría de Pesca para saber cuál será la política en el futuro, pues existe una permanente incertidumbre. Lo que verdaderamente piden los pescadores, en particular los tripulantes de las empresas pesqueras, es un cupo definido, ojalá de 300 mil toneladas al año y no estas cuotas que se van dando poco a poco y que en realidad -repito- generan demasiada incertidumbre.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
RECONOCIMIENTO POR MEDIDA ADOPTADA EN MATERIA DE TRANSPORTE AÉREO. Oficio.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Por último, deseo agradecer a don Patricio Tombolini , subsecretario de Transportes , por la decisión, adoptada junto con la Dirección Nacional de Aeronáutica, de autorizar el libre cabotaje de la empresa Lloyd Aéreo Boliviano; es decir, trasladar pasajeros de Santiago a Iquique y a Arica, y viceversa, a fin de enfrentar lo que hoy es un monopolio y así permitir la regulación de las tarifas aéreas. Como lamentablemente contábamos con una sola línea, con esta autorización habrá mayor competencia. Por lo tanto, los beneficiarios serán todos los usuarios de la región.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
PARTICIPACIÓN DE CONJUNTO MUSICAL DE GRANEROS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. INCLUSIÓN DE ASIGNATURA DE AJEDREZ EN MALLA CURRICULAR. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN .-
Señor Presidente , solicito que se oficie a la Presidencia de la República con el objeto de expresarle al Presidente don Ricardo Lagos los agradecimientos, tanto del alcalde de la municipalidad de Graneros , don Juan Pablo Díaz , como del conjunto Los Grillitos de esa localidad, por la oportunidad que se le dio a éste de participar en una de las actividades centrales que se realizaron en La Moneda durante la celebración del Día del Niño, reconocimientos a los cuales se suma el diputado que habla. Una de aquéllas consistió en una santa misa infantil, y, otra en un encuentro de ajedrez, en el que intervinieron importantes ajedrecistas nacionales.
Una segunda petición es para el Ministerio de Educación, a fin de que incorpore en la malla curricular, dada la extensión de la jornada escolar, la asignatura de ajedrez, por la importancia que ésta tiene para el desarrollo matemático, lógico y abstracto y, por esa vía, potenciar el desarrollo educacional de jóvenes, niños y niñas de nuestro país.
Las dos actividades realizadas por el Presidente de la República y su señora, en el marco de la celebración del Día del Niño -la santa misa, actividad no sólo religiosa, sino también folclórica y efectuada por niños, y las partidas simultáneas de ajedrez, en las cuales participaron Iván Morovic , Arturo Salah y otros excelentes ajedrecistas- dan cuenta de la preocupación real, concreta y sincera por él, pero también de la necesidad de reforzar la educación, principalmente a través de dicho Ministerio, con el juego de ajedrez como una asignatura más, al igual que en otros países. Es hora de que en Chile comencemos a analizar las ventajas y conveniencias que esta asignatura tendría en la generación de condiciones concretas para una mejor educación en Chile.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
REUNIÓN EN SAN CARLOS PARA TRATAR SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA. Oficios.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el tiempo que corresponde al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señor Presidente , no quisiera que mis palabras se interpretaran como una crítica política; nada más alejado de la realidad, pues no es mi estilo ocupar esta tribuna para lanzar diatribas en contra del Gobierno o para aprovechar las difíciles circunstancias que vive el país. Sí, me inspira el anhelo de hacer aportes concretos frente a temas de interés comunitario o denunciar, con fundamentos y energía, situaciones de abuso o de irresponsabilidad, particularmente donde aparecen involucrados agentes del Estado.
Quiero plantear un tema que, más allá de las visiones que cada uno tenga -respetables por cierto-, estoy convencido de que nos interesa a todos. Dice relación con el hecho noticioso más importante ocurrido hace ya algunas semanas, tanto por su convocatoria como por la naturaleza de la materia que involucra.
El viernes 13 de julio, a las 13.30 horas, en la medialuna de San Carlos, se dio cita una impresionante cantidad de personas, representativas del quehacer agrícola, comercial y transportista, de la provincia de Ñuble, Octava Región, y de otras regiones del país. Quienes allí estuvimos concordamos en que esta concentración no era sólo un acto de protesta más, sino un llamado desesperado por parte de los agricultores, quienes, día a día, ven que su fuente de trabajo muere en forma paulatina; de comerciantes que como consecuencia de ello tienen que cerrar sus locales; de transportistas que no tienen carga, y de cientos de miles de desempleados del sector que no ven ninguna solución a este dramático problema.
Hace ya siete años que, en esa importante comuna de Ñuble, se le pidió al Gobierno que se preocupara de toda la agricultura. En esa oportunidad, productores de todo el Chile agrícola -pobres, menos pobres y los más influyentes-, llegaron para decir: “Queremos ser escuchados y considerados. Nosotros también somos chilenos y, como tales, damos trabajo real, por vía directa e indirecta, al 35 por ciento de la población del país”. También para manifestar que la agricultura, por sus características, no puede ser tratada como un factor abierto a los vaivenes económicos. Es bueno que se sepa que en el curso de los últimos diez años las importaciones agropecuarias, que antes mantenían un nivel de contención adecuado, prácticamente se han duplicado desde el trienio 1990-1993 al trienio 1997-1999. Ello, en desmedro de las producciones de nuestros propios agricultores.
Esto ha traído como consecuencia la caída sostenida de los precios. Por ejemplo, en la década de los 90 éstos cayeron, en términos nominales, en 40 por ciento. Si a eso agregáramos el efecto real, la caída alcanza al 60 por ciento. Vale decir, por lo que en 1990 se pagaba 100, hoy se paga 40.
No hay que ser economista para comprender que esta situación no la resiste ninguna actividad económica. La razón: competencia desleal, originada por los subsidios que otorgan los gobiernos extranjeros a sus productores.
Lo digo con mucha responsabilidad. Aquí hace falta voluntad política para sacar esta actividad adelante. Prueba de ello es lo que ha ocurrido con los acuerdos de la mesa agrícola, donde los porfiados hechos demuestran que no ha habido mucho avance. Es más, no ha pasado nada con uno de los puntos claves que figuran en el diagnóstico y en las propuestas, cuyo objetivo era mejorar y potenciar la Comisión de Distorsiones, único filtro real para impedir que lleguen productos subsidiados que causan tanto daño a nuestra producción. De hecho, uno de los puntos del acta de acuerdo de la mesa agrícola establecía: “El Gobierno se compromete, en un plazo de 90 días, a evaluar y a proponer medidas que fortalezcan la Comisión Nacional de Distorsiones y que faciliten la presentación, por parte de los agentes privados involucrados, de solicitudes destinadas a corregir eventuales distorsiones en el funcionamiento de los mercados externos que afecten a productores nacionales”.
Sabemos que este acuerdo de la mesa agrícola venció el 1 de diciembre del año pasado, es decir, hace siete meses, y recién ahora, días antes de esta movilización, el Gobierno se comprometió a enviar el proyecto para modernizar la Fiscalía Económica, a crear grupos de trabajo para estudiar cambios a la Comisión de Distorsiones y a fijar un mecanismo que estabilice los precios de productos sensibles.
¿Por qué tiene que haber medidas de fuerza para hacer las cosas en este país? ¿Por qué no se respetan los compromisos ni se cumple lo que se firma? Así es difícil construir un país.
¿Cómo no preguntarse, en este análisis, quién es el responsable de esta situación? ¿Es culpa de los productores agrícolas, de los campesinos o es que la gente del campo olvidó producir o trabajar? La verdad es que Chile no ha sabido defender su agricultura. Aún más, ha promovido políticas agrícolas de acuerdos bilaterales que han traído consecuencias nefastas para la actividad agrícola. Por ejemplo, el acuerdo con Bolivia, que no fue consultado a este Congreso, para la importación de aceite de soja, significó simplemente el fin del cultivo de maravilla en todo el país. Qué decir del Mercosur, si en poco tiempo de aplicación nuestras exportaciones a los países parte se han mantenido estables, en circunstancias de que las importaciones, fundamentalmente de productos agropecuarios, se han triplicado en el mismo período.
Ahora tenemos en peligro el único cultivo relativamente rentable que nos va quedando: la remolacha, la cual, como a todos nos consta, Estados Unidos protege con un impuesto flexible para asegurarle un precio de sustentación invariable, aunque tenga que importar el 40 por ciento del azúcar que consume su población. Nosotros, en cambio, todavía no tenemos claridad sobre el resultado del arancel consolidado. Estos son hechos objetivos, reales, que están allí como fríos testimonios de una actividad que se muere.
Dijimos hasta el cansancio a las autoridades del Gobierno, en este mismo lugar, que tratados como el del Mercosur serán la ruina de nuestra agricultura tradicional. Sin embargo, ¿qué nos dijeron? Que estábamos en contra del progreso y que no entendíamos la modernidad. Eso está en las versiones oficiales de las sesiones de la Cámara y no son inventos ni fruto de la imaginación.
Por eso es que debemos tener la mayor amplitud posible para entender lo que ocurrió en San Carlos y no desgastarnos elaborando explicaciones teóricamente bien construidas, pero débiles al contrastarlas con la realidad. Lo real y lo concreto es que tenemos una agricultura en ruinas, un comercio en quiebra y una cesantía creciente, con lo que nos hemos estado empobreciendo, según nos revela la encuesta Casen, especialmente la llamada clase media, de la que forman parte agricultores, comerciantes y transportistas como los que se reunieron el viernes en San Carlos, a pesar del frío y de la lluvia.
Señor Presidente , hay aquí, en el “Llamado de San Carlos”, un clamor popular, de trabajadores que preguntan al país, particularmente al Gobierno, si desea mantener su agricultura, en qué condiciones y, sobre todo, sobre cuáles son los instrumentos que como país está dispuesto a utilizar en la búsqueda de esos objetivos.
Quiero tener fe en mi país y en sus autoridades, porque éste es un problema que nos involucra a todos, ya que afecta de manera transversal a la sociedad chilena, el que, si no lo enfrentamos ahora con la urgencia que se requiere, ciudades como Chillán, provincias como Ñuble y el vasto sector agrícola del país presenciarán cómo la otrora fuente de progreso y bienestar se muere con las consecuencias de pobreza y miseria que eso produce.
Este Congreso, a pesar de sus menguadas atribuciones, tiene la palabra. Por lo tanto, cumplamos con nuestra responsabilidad y
recordemos, cuando legislemos, que tras cada agricultor, campesino, comerciante o transportista existe una persona y también una familia, que, como todo hijo de esta tierra, merece una oportunidad para tener una mejor calidad de vida.
En consecuencia, pido que se oficie al Presidente de la República , al ministro de Agricultura y a la ministra de Relaciones Exteriores -quien está analizando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el tratado con la Comunidad Económica Europea-, adjuntándoles copia de mi intervención, a fin de solicitarles que se hagan todos los esfuerzos para hacer realidad el anhelo de crecer con igualdad. Quiero que sepan que para materializar ese ideal encontrarán todo nuestro respaldo y colaboración. También recuerden que nuestros agricultores no quieren privilegios, sino sólo aspiran a competir en igualdad de condiciones.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.18 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 17.322, y a otras normas de seguridad social. (boletín Nº 2765-13)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales someto a vuestra consideración un proyecto de ley, que tiene por objeto introducir diversas modificaciones a la ley Nº 17.322, destinadas a agilizar y facilitar la gestión administrativa del Instituto de Normalización Previsional.
Con ese propósito se proponen las siguientes modificaciones:
I. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO.
1. Faculta al director nacional del Instituto de Normalización Previsional para la firma mecanizada de resoluciones exentas de cobranza de deuda previsional y otros documentos.
2. Autoriza al mismo Instituto para el castigo en sus balances contables de aquellas deudas incobrables.
3. Autoriza al Instituto de Normalización Previsional para hacer el pago de las pensiones de gracia a un sector de trabajadores determinados, que son los de la ex Fábrica de Fideos “Carozzi”, uniformando institucionalmente el pago de todos los beneficios que corresponden a esos trabajadores.
4. Finalmente, incorpora a los trabajadores de la locomoción colectiva urbana y suburbana y a los suplementeros, al régimen de asignación familiar regulado por el D.F.L. Nº 150 de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
II. FUNDAMENTOS Y OBJETIVO DE LA INICIATIVA.
1. Inserción del proyecto dentro de la política de modernización del Estado.
Las modificaciones legales propuestas se insertan dentro de una política de modernización de la gestión del Estado y del objetivo de entregar una mejor y más expedita atención a los usuarios de sus servicios, la que ha sido prioritaria en la agenda de los Gobiernos de la Concertación. En este sentido ya se han promovido diversas iniciativas, destinadas a obtener una mejora sustancial de la gestión pública, situando a los usuarios como el centro de gravedad de las políticas en esta área.
Adicionalmente, las medidas que esta iniciativa propone no suponen costo para las arcas fiscales.
2. Se agiliza y facilita la gestión administrativa del INP.
Las medidas propuestas tienen por objeto agilizar y facilitar la gestión administrativa del Instituto de Normalización Previsional, en varios aspectos.
En primer lugar, se persigue agilizar la dictación de las Resoluciones de Cobranza Judicial de las imposiciones adeudadas por los empleadores a sus trabajadores dependientes, afiliados a los regímenes previsionales del antiguo sistema administrado por éste.
En segundo lugar, se busca perfeccionar algunos aspectos puntuales de la normativa previsional para facilitar la atención de sus usuarios.
III. CONTENIDO ESPECÍFICO DEL PROYECTO.
El proyecto que someto a vuestra consideración, propone las siguientes innovaciones:
1. Autorización al director nacional del INP para suscribir mediante firma mecanizada las resoluciones exentas de cobranza de deudas previsionales y otros documentos.
El artículo 2º de la ley Nº 17.322 facultó al director nacional del Instituto de Normalización Previsional para que, en su calidad de continuador legal de los jefes superiores de las ex Cajas de Previsión fusionadas en este organismo, determinara mediante resoluciones fundadas el monto de las imposiciones adeudadas por los empleadores, que no hubieran sido enteradas oportunamente, monto al que corresponde agregar los reajustes, intereses y multas que establece el mismo cuerpo legal.
La política de recuperación masiva de deudas previsionales implementada por el Instituto, se ha traducido en la dictación de una gran cantidad de resoluciones de cobranza de deudas previsionales, tanto judiciales como extrajudiciales y aun cuando la Dirección Nacional de la mencionada entidad previsional haya delegado la facultad de firmar las referidas resoluciones exentas en un número importante de funcionarios, es de imprescindible necesidad que la firma de esos instrumentos pueda realizarse en forma mecanizada, tomando los debidos resguardos. Sólo así se logrará hacer en forma oportuna el cobro de las sumas adeudadas.
Como es sabido, en derecho público sólo puede hacerse aquello para lo cual se está expresamente facultado y las mencionadas resoluciones constituyen instrumentos públicos debiendo, por ello, reunir los requisitos del artículo 1.699 del Código Civil, esto es, ser firmadas por el funcionario competente y con las formalidades legales.
Así, tratándose de la materialización de una función pública encomendada al Instituto por la ley Nº 17.322, el único medio que permite dar autenticidad a los instrumentos respectivos es la firma o rúbrica manuscrita mientras una norma legal expresa no autorice su reemplazo por un procedimiento mecanizado.
Cabe tener presente que se ha detectado que el director nacional no cuenta con facultades para firmar ningún tipo de documentos en forma mecanizada, con la salvedad de los cheques de las diversas cuentas corrientes que mantiene el Instituto, cuya autorización emana de la propia ley sobre Cuentas Corrientes bancarias y Cheques, contenida en el D.F.L. Nº 707, de 1982.
De ahí que se hace imprescindible introducir en el artículo 4º de la ley Nº 17.322 un nuevo inciso, que faculte al director nacional del Instituto de Normalización Previsional para firmar las resoluciones de que se trata en forma mecanizada, agregándose que la firma estampada de esa forma, se entenderá suscrita por la persona cuya rúbrica haya sido reproducida.
2. Se autoriza al INP para que proceda al castigo, en sus balances contables, de aquellas deudas incobrables, respecto de las cuales se hayan ejercitado y agotado las acciones destinadas a su cobro.
Para el Instituto de Normalización Previsional, es de la mayor urgencia contar con la facultad de proceder al castigo, en sus balances contables, de aquellas deudas incobrables, respecto de las cuales se hayan ejercitado y agotado las acciones destinadas a su cobro.
Lo anterior, considerando que el artículo 19 de la ley Nº 18.382, autoriza a las Instituciones y Organismos Descentralizados y a las Empresas del Estado, para que previa autorización de los ministros del ramo correspondiente y de Hacienda, castiguen en sus contabilidades los créditos incobrables, cuando se hayan agotado prudencialmente los medios para su cobro, exceptuando expresamente a las instituciones de previsión.
Por su parte, el artículo 35 de la ley Nº 17.322, faculta a las instituciones de previsión social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, entre las que se encuentra el Instituto de Normalización Previsional, para declarar incobrables las imposiciones, aportes u otras obligaciones morosas, previo informe favorable de la Superintendencia de Seguridad Social y autorización del Ministerio de Hacienda.
Ahora bien, esto genera una serie de nudos burocráticos que entorpecen la gestión del Instituto, sin que, por otra parte, se avizore el motivo para excluir de la facultad del artículo 19 de la ley Nº 18.382 aquellas deudas que no se refieren a cotizaciones previsionales y que debe cobrar el Instituto de Normalización previsional, exclusión que le impide regularizar sus partidas contables.
Por lo anterior se propone la supresión, en el texto del artículo 19 de la ley Nº 18.382, de la frase “exceptuadas las instituciones de previsión”.
3. Se radica en el Instituto de Normalización Previsional el pago de las pensiones de gracia otorgadas a los trabajadores de la ex Fábrica de Fideos “Carozzi”, de Quilpué.
La ley Nº 17.373, de 1970, reglamentada por el Decreto Nº 298, del mismo año, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, concedió por gracia una pensión vitalicia de cargo fiscal, a los trabajadores que prestaban servicios en la Fábrica de Fideos Carozzi de Quilpué, que el 24 de octubre de 1970, se vio afectada por un incendio que originó la pérdida de la fuente laboral de los referidos operarios.
El artículo 61 del citado texto legal dispuso que los trabajadores beneficiados con dicha pensión se entenderían incorporados al Servicio de Seguro Social, en calidad de imponentes, debiendo enterar las imposiciones correspondientes a la diferencia de cotizaciones que les faltara para obtener jubilación.
Las pensiones concedidas por dicho texto legal son pagadas por la Tesorería General de la República y la asignación familiar por la Sucursal de Viña del Mar del Instituto de Normalización Previsional, en virtud de lo dispuesto en el D.F.L. Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Con el objeto de facilitar el cobro de ambas prestaciones por parte de los referidos ex trabajadores, se propone agilizar el pago de tales beneficios previsionales, permitiendo que el Instituto de Normalización Previsional tenga control sobre las asignaciones familiares y las pensiones de sobrevivencia que generan estas pensiones de gracia. Para tal efecto, se estima conveniente agregar un artículo nuevo a la ley Nº 17.373, estableciendo que ambos beneficios sean pagados por el Instituto de Normalización Previsional.
Se evita así una dispersión de atribuciones, que tantas veces entorpece el adecuado desarrollo de las políticas de seguridad social.
4. Se incorpora a los trabajadores de la locomoción colectiva urbana y suburbana y suplementeros al régimen de asignación familiar previsto por el DFL Nº 150 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
En la misma lógica de entregar una mejor atención a los usuarios de los servicios estatales y, específicamente, en la de agilizar los trámites que deben efectuar los pensionados e imponentes del antiguo sistema de seguridad social para acceder a los beneficios previsionales que les corresponden, se propone en la presente iniciativa modificar las leyes Nº 14.139 y Nº 17.393.
Dichas disposiciones legales establecen que el beneficio de asignación familiar de los trabajadores de la Locomoción Colectiva Urbana y Suburbana, otorgado por la primera, y de los suplementeros, otorgada por la segunda, se paga directamente por la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares y ex Servicio de Seguro Social, respectivamente.
a. Caso de los trabajadores de la locomoción colectiva.
Teniendo los trabajadores de la Locomoción Colectiva la calidad de trabajadores dependientes, no se advierte la razón o conveniencia de continuar con el pago directo de la asignación familiar, toda vez que la regla general es que éstas sean pagadas por el empleador junto con las remuneraciones, compensándose luego con las imposiciones que éste debe enterar en la correspondiente institución de previsión.
b. Situación de los suplementeros.
En lo que atañe a los Suplementeros, la citada ley Nº 17.393 los incorporó al ex Servicio de Seguro Social , en calidad de independientes, disponiendo que gozarán del beneficio de la asignación familiar en iguales condiciones que los demás asegurados afectos al Fondo de Asignación Familiar, la que como se señaló, se paga directamente por el Servicio.
En ambos casos, el pago directo de la asignación familiar, representa para esta categoría de trabajadores la ocupación de su tiempo y recursos económicos escasos, en desplazamientos y movilización. En efecto, para obtener el pago de los beneficios indicados, tales trabajadores deben concurrir a las Agencias del Instituto a retirar los respectivos cheques y luego trasladarse a cobrarlos en una institución bancaria. Además, la actual modalidad de pago directo, implica gastos operacionales no menores para el Instituto, consistentes en el giro de los respectivos cheques y su reemplazo, cuando éstos caducan, por el no cobro oportuno.
Por las razones antes consignadas, se propone derogar esta modalidad de pago directo por el Instituto de Normalización Previsional, reemplazándola por la compensación que hará el trabajador al momento de efectuar la declaración y pago de sus imposiciones.
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Suprímese en el inciso primero del artículo 19 de la ley Nº 18.382 de 1984, la frase “exceptuadas las instituciones de previsión”, incluida la coma (,) que la precede.
Artículo 2º.- Intercálase en el artículo 4º de la ley Nº 17.322, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Las referidas resoluciones de cobranza de deudas previsionales podrán ser firmadas en forma mecanizada, siempre y cuando los procedimientos que se utilicen ofrezcan seguridad y se justifique su necesidad por el elevado número de resoluciones que deban dictarse. Para todos los efectos legales, la firma estampada mecánicamente se entenderá suscrita por la persona cuya rúbrica haya sido reproducida.”.
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 6º del Decreto Ley Nº 3.502, de 1980, agregando la siguiente letra f), nueva:
“f) Autorízase al director nacional del Instituto de Normalización Previsional para que las resoluciones que dicte, sea en forma directa o mediante delegación de facultades, puedan llevar una firma estampada a través de procedimientos mecanizados. Con ese propósito, se adoptarán los procedimientos mecanizados que ofrezcan los debidos resguardos de seguridad y en la medida que se justifique su necesidad por el elevado número de documentos que se deba firmar.
Para todos los efectos legales, todo documento que lleve una firma estampada en forma mecanizada, se entenderá suscrito por la persona cuya rúbrica se ha reproducido.”.
Artículo 4º.- Derógase la ley Nº 14.139.
A los trabajadores de la locomoción colectiva urbana, rural e interurbana, les serán aplicables las normas del D.F.L. Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre sistema único de prestaciones familiares.
Artículo 5º.- Modifícase el artículo 7º de la ley Nº 17.393, reemplazando la frase final del inciso primero, que dispone: “la que será pagada directamente por el Servicio”, por la siguiente: “en conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del D.F.L. Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
Artículo 6º.- Derógase el artículo 21 del Decreto Supremo Nº 69 de 1971, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Artículo 7º.- Intercálese, como artículo nuevo, de la ley Nº 17.373, el siguiente:
“Artículo 9º.- Las pensiones señaladas en la presente ley, serán pagadas por el Instituto de Normalización Previsional, en su calidad de Administrador del régimen previsional del ex Servicio de Seguro Social.”.
Artículo Transitorio.- Se considerarán válidas las firmas del director del Instituto de Normalización Previsional, que por motivos de buen servicio se hubieren estampado a través de procedimientos mecánicos hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; RICARDO SOLARI SAAVEDRA , Ministro del Trabajo y Previsión Social ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. (boletín Nº 2766-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, presento a vuestra consideración un proyecto de ley cuyo objeto es cambiar la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal.
I. LA REFORMA PROCESAL PENAL, UNA PAULATINA REALIDAD.
La reforma procesal penal ha comenzado a implementarse exitosamente en las regiones Cuarta de Coquimbo y Novena de La Araucanía, producto de un gran esfuerzo desplegado por el Poder Judicial , el Ministerio Público, por la Defensoría Penal Pública, el Ministerio de Justicia, las Policías de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, por Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal y el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Gran parte del éxito con que se viene implementando esta reforma se debe al trabajo desarrollado por estas instituciones, por las Corporaciones de Asistencia Judicial, por la Academia Judicial y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Bienes Nacionales, por el Ministerio de Planificación y Cooperación, por la Contraloría General de la República, por las autoridades de cada una de las regiones, instituciones todas que han tenido una relevante participación en el proceso de implementación, ya sea en relación con la capacitación de jueces, fiscales y defensores, de policías, peritos y otros actores relevantes; ya en la gran inversión en infraestructura que se viene realizando, ya en la inversión en informática, o en la gran apuesta en recursos humanos.
No podemos, tampoco, omitir la enorme importancia que han tenido los grupos organizados de la sociedad civil, las universidades, medios de comunicación, fundaciones y corporaciones privadas que han contribuido desde sus quehaceres respectivos al exitoso impulso que ha tenido esta gran reforma al sistema de enjuiciamiento criminal.
Tal y como se señaló en su oportunidad, se trata de la gran reforma a la justicia chilena, la reforma del siglo veinte, con la que se dio inicio al siglo veintiuno.
II. NORMATIVA VIGENTE QUE ESTABLECE LA GRADUALIDAD DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA REFORMA PROCESAL PENAL.
Desde el punto de vista de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, la Constitución Política de la República, a través de la Disposición Trigésima Sexta Transitoria, contenida en la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.519, de 1997, incorporó la noción de gradualidad; esto es, se indicó expresamente que la ley orgánica constitucional del Ministerio Público podría “establecer fechas diferentes para la entrada en vigencia de sus disposiciones, como también determinar su aplicación gradual en las diversas materias y regiones del país.”.
En efecto, la ley Nº 19.640, de 1999, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en su artículo 4º transitorio estableció la gradualidad con la que la reforma procesal penal entraría en vigencia, señalando al efecto que las “normas que autorizan al Ministerio Público para ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación y proteger a las víctimas y los testigos entrarán en vigencia con la gradualidad que se indica a continuación, plazos que se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente ley:
IV y IX Regiones 14 meses.
II, III y VII Regiones 24 meses.
Región Metropolitana 36 meses.
I, V, VI, VIII, X,
XI y XII Regiones 48 meses.”.
De esa manera, se fijó el orden en que las diversas regiones del país se irían incorporando al nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, señalándose los plazos en que ello ocurriría.
Luego, habiendo surgido interpretaciones diversas y con la finalidad de esclarecer la fecha exacta en que el nuevo proceso penal debía comenzar a regir en cada región, se incorporó al Código Procesal Penal el artículo 484, en el que se varió la técnica legislativa con la finalidad antes indicada, estableciendo:
“Art. 484. Entrada en vigencia respecto de hechos acaecidos en el territorio nacional. Este Código comenzará a regir, para las distintas Regiones del país, al término de los plazos que establece el artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. En consecuencia, regirá para las Regiones de Coquimbo y de la Araucanía desde el 16 de diciembre de 2000; para las regiones de Antofagasta, Atacama y del Maule desde el 16 de octubre de 2001; para la Región Metropolitana de Santiago desde el 16 de octubre de 2002 y para las Regiones de Tarapacá, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins , del Bío-Bío, de los Lagos, de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena, desde el 16 de octubre de 2003”.
III. EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA GRADUALIDAD FIJADA.
Se ha podido observar por los equipos técnicos de las diversas instituciones involucradas en la implementación, que la gradualidad señalada ofrece una serie de dificultades de tipo práctico, las que pueden sintetizarse en las siguientes:
1. En lo relativo a la incompatibilidad entre los plazos de diseño y construcción de los edificios necesarios para que funcionen los tribunales, fiscalías y defensorías, con los plazos de entrada en vigencia de la reforma procesal penal en cada una de las regiones.
Si analizamos este inconveniente en la Región Metropolitana, estamos hablando de habilitar edificios en toda la ciudad, con los costos respectivos en arrendamiento por todo el período que dura el diseño y construcción de un edificio, que de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Obras Públicas nunca baja de los dos años. Recordemos que en esta región se concentran 23 Juzgados de Garantía y 12 Tribunales del Juicio Oral en lo Penal; una Fiscalía Nacional, 4 Fiscalías Regionales y 23 Fiscalías Locales, y una Defensoría Nacional, 2 Defensorías Regionales y 15 Defensorías Locales.
2. Por otra parte, los plazos son también insuficientes para formar y capacitar a todo el personal que esta reforma procesal penal requiere. Recordemos, al respecto, que solamente la Región Metropolitana concentra a 152 jueces de garantía, 150 jueces de tribunal del juicio oral en lo penal, 267 fiscales adjuntos, 4 fiscales regionales, 37 defensores locales, 2 defensores regionales, más el personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar que ellos requieren.
3. Ahora bien, mirando la implementación desde una perspectiva más sustantiva, debemos decir que ella involucra un cambio sustantivo en la manera que el proceso penal se desarrolla, con nuevos diseños organizacionales de las diversas instituciones que participan del sistema de enjuiciamiento criminal, policías, gendarmes, peritos y otros funcionarios públicos incluidos. Ello involucra que de mantenerse la actual gradualidad, la Región Metropolitana entrará en vigencia con el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal en plena fase de adaptación, con las incertidumbres que ello genera en los actores más relevantes y en la población, que percibiría al nuevo proceso penal como un cambio cultural todavía sin consolidar, con eventuales fisuras, que podrían someter a la reforma a presiones inconvenientes e incluso forzarla a adoptar decisiones apresuradas, poco fundadas técnicamente.
Finalmente, en esta línea de reflexión, se ha optado por este cambio, permitiendo también que antes de regir en la Región Metropolitana el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, el proyecto de ley de normas adecuatorias al nuevo Código Procesal Penal se convierta en ley de la República y, por ende, sus normas hayan recibido suficiente aplicación, para que se entiendan ya asentadas en las prácticas cotidianas de fiscales, jueces y defensores.
En síntesis, aproximadamente un 40 % de la inversión total, un 41 % de los gastos de operación y un 37 % de la demanda de personal se genera en la Región Metropolitana, concentrándose en ella los proyectos de infraestructura de mayor tamaño y por ende, de mayor plazo de ejecución, lo que unido a la necesaria consolidación y asentamiento de una reforma de la magnitud que enfrentamos, hace inviable llevar adelante la gradualidad establecida en las disposiciones legales citadas.
IV. PROPUESTA DE CAMBIO DE GRADUALIDAD.
De allí que, conscientes del enorme desafío que significa implementar exitosamente la reforma procesal penal y de manera plenamente responsable, hemos decidido impulsar el presente proyecto de ley, con el objetivo de cambiar la gradualidad antes indicada, de manera que se minimice el impacto del ajuste, limitando la reprogramación a la menor cantidad de regiones. No solamente eso, sino que hemos optado por anticipar la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en tres regiones y postergar su entrada en vigencia sólo en la Región Metropolitana, que es precisamente la que ofrece mayor complejidad desde el punto de vista de la implementación, así como del funcionamiento práctico del sistema.
Se ha asumido, además, por todos los miembros de la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, en especial por el señor Presidente de la Excma . Corte Suprema, por el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público y por el señor Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, y por el Gobierno que encabezo, el compromiso de trabajar para que la Región Metropolitana ingrese al nuevo sistema de enjuiciamiento criminal con todos los recursos y herramientas necesarias para su funcionamiento y operación y con un proceso penal ya consolidado gracias a su aplicación práctica en el resto del país.
De lo que se trata es de hacer posible que el nuevo sistema se instale en las distintas regiones, se efectúe un adecuado seguimiento de su implementación, de manera de detectar a tiempo las principales debilidades y defectos, de modo de poder introducir las correcciones que pudieren estimarse necesarias. De esta manera se posibilitará, además, que las diversas instituciones asuman adecuadamente el impacto de normas legales aprobadas con posterioridad a la fijación del cronograma de la entrada en vigencia en las regiones de Coquimbo y la Araucanía, tales como el sistema de registro, la custodia de la evidencia, la seguridad de tribunales, etc. A su vez, se facilita con ello la correcta, oportuna y completa adecuación de las policías y demás servicios auxiliares de la justicia, tales como Gendarmería de Chile y Servicio Médico Legal, al nuevo sistema procesal penal.
Se ha buscado evitar la existencia de un año de vacancia en la implementación de la reforma, por lo que junto con postergar la Región Metropolitana para el año 2004, se ha optado por adelantar la entrada en vigencia para tres regiones que, de lo contrario, habrían debido esperar hasta el año 2003. Se trata de las regiones de Tarapacá, de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena, esto es, regiones extremas del país, de tamaño y complejidad mediana, que permite consolidar el nuevo sistema a lo largo de todo el país.
V. PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, ASOCIADAS AL CAMBIO DE GRADUALIDAD.
Por otra parte, se ha planteado también una importante modificación al asentamiento geográfico de los edificios que acogerán a las diversas instituciones involucradas directamente en el proceso penal, tales como fiscalías, tribunales y defensorías.
En efecto, se recoge una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, en orden a cautelar la seguridad de los ciudadanos y evitarles los riesgos asociados al traslado de personas imputadas de crímenes y simples delitos.
Con esta finalidad, se propone mantener la actual atribución que en el artículo 43 del Código Orgánico de Tribunales tiene el Presidente de la República para disponer, previo informe de la Corte de Apelaciones respectiva, el territorio jurisdiccional en el que los jueces de la provincia de Santiago ejercerán su competencia en materia criminal.
De esta manera, se evitará rigidizar en la ley los asientos en que deberán diseñarse y construirse los edificios que requiere la reforma procesal penal en la Región Metropolitana, que como se ha sostenido, concentra el 40 % del total de la inversión en infraestructura. Se permitirá, asimismo, el desarrollo de proyectos inmobiliarios integrales, que contemplen el concepto de seguridad, de manera que los juzgados de garantía, las fiscalías locales, las defensorías y los tribunales del juicio oral en lo penal se construyan alrededor de los establecimientos penitenciarios respectivos.
La presente iniciativa legal, que en lo medular modifica la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal y permite la agrupación de los tribunales con competencia en materia penal en la Región Metropolitana de Santiago, ha sido debatida con los miembros de la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, quienes, por unanimidad, han manifestado su plena conformidad con la misma, compartiendo íntegramente sus fundamentos y propuesta normativa.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público:
1) Incorpórase, al artículo 29, el siguiente inciso final, nuevo:
“En el caso de la Región Metropolitana de Santiago, si debieren proveerse dos o más cargos de fiscal regional, se efectuará un solo concurso público. Los postulantes indicarán el cargo en el que se interesaren y, si nada manifestaren, se entenderá que optan a todos ellos. El pleno conjunto de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel elaborará las ternas en series de dos, de manera que sólo una vez resuelta la primera de ellas por el Fiscal Nacional, confeccione la siguiente. Las propuestas se harán conforme al orden en que éste hubiere determinado la sede y la distribución territorial de las fiscalías. En lo demás, se aplicarán las reglas establecidas en los incisos precedentes.”.
2) Reemplázase el inciso primero del artículo 4º transitorio, por el siguiente:
“Las normas que autorizan al Ministerio Público para ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación y proteger a las víctimas y los testigos, entrarán en vigencia con la gradualidad que se indica a continuación:
IV y IX Regiones 16 de diciembre de 2000.
II, III y VII Regiones 16 de octubre de 2001.
I, XI y XII Regiones 16 de diciembre de 2002.
V, VI, VIII y X Regiones 16 de diciembre de 2003.
Región Metropolitana 16 de diciembre de 2004.”.
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.696, que establece el Código Procesal Penal:
1) Reemplázase, en el artículo 392, inciso primero, la frase “Tratándose de faltas que debieren sancionarse sólo con pena de multa”, por “Tratándose de faltas respecto de las cuales el fiscal solicite una pena de multa”.
2) Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 484, por el siguiente:
“En consecuencia, regirá para las Regiones de Coquimbo y de la Araucanía, desde el 16 de diciembre de 2000; para las Regiones de Antofagasta, Atacama y del Maule, desde el 16 de octubre de 2001; para las Regiones de Tarapacá, de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena, desde el 16 de diciembre de 2002; para las Regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Bío-Bío y de Los Lagos, desde el 16 de diciembre de 2003; y para la Región Metropolitana de Santiago, desde el 16 de diciembre de 2004.”.
Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.665, que reformó el Código Orgánico de Tribunales:
1) Sustitúyese, en el artículo 1º, el acápite relativo a la Región Metropolitana de Santiago, por el siguiente:
?Colina, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de Til Til, Colina y Lampa .
Puente Alto, con siete jueces, con competencia sobre las comunas de Puente Alto, San José de Maipo y Pirque.
San Bernardo , con diez jueces, con competencia sobre las comunas de San Bernardo, Calera de Tango , Buin y Paine .
Melipilla , con diez jueces, con competencia sobre las comunas de Melipilla, San Pedro , Alhué , Talagante , El Monte, Isla de Maipo, Peñaflor y Padre Hurtado .
Curacaví, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Curacaví y María Pinto .
Santiago, con ciento cincuenta y dos jueces, con la competencia que se les asigne por el Presidente de la República, previo informe de la respectiva Corte de Apelaciones. Estos jueces funcionarán en las unidades jurisdiccionales que se determine, mediante el mismo procedimiento.”.
2) Modifícase el artículo 4º del siguiente modo:
a) Sustitúyese, en el acápite relativo a la Sexta Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, el asiento correspondiente a Santa Cruz, por el siguiente:
? San Fernando , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de San Fernando, Placilla y Chimbarongo.
Santa Cruz , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de Santa Cruz, Navidad , Litueche, La Estrella, Pichilemu, Marchigüe, Paredones , Peralillo , Palmilla , Pumanque, Nancagua, Lolol y Chépica .”.
b) Sustitúyese el acápite relativo a la Región Metropolitana de Santiago, por el siguiente:
?Colina, con seis jueces, con competencia sobre las comunas de Til Til, Colina y Lampa .
Puente Alto, con nueve jueces, con competencia sobre las comunas de Puente Alto, San José de Maipo y Pirque.
San Bernardo , con nueve jueces, con competencia sobre las comunas de San Bernardo, Calera de Tango , Buin y Paine .
Melipilla , con doce jueces, con competencia sobre las comunas de Melipilla, San Pedro , Alhué , Curacaví, María Pinto , Talagante , El Monte, Isla de Maipo, Peñaflor y Padre Hurtado .
Santiago, con ciento cincuenta jueces, con la competencia que se les asigne por el Presidente de la República, previo informe de la respectiva Corte de Apelaciones. Estos jueces funcionarán en las unidades jurisdiccionales que se determine, mediante el mismo procedimiento.”.
3) Introdúcese, en el inciso final del artículo 7º, a continuación de las expresiones “a otro”, la frase “o a un juzgado de garantía”.
4) Modifícase el artículo 11, que introdujo diversas modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, del siguiente modo:
a) Sustitúyese, en el artículo 16, el acápite relativo a la Región Metropolitana de Santiago, por el siguiente:
?Colina, con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de Til Til, Colina y Lampa .
Puente Alto, con siete jueces, con competencia sobre las comunas de Puente Alto, San José de Maipo y Pirque.
San Bernardo , con diez jueces, con competencia sobre las comunas de San Bernardo, Calera de Tango , Buin y Paine .
Melipilla , con diez jueces, con competencia sobre las comunas de Melipilla, San Pedro , Alhué , Talagante , El Monte, Isla de Maipo, Peñaflor y Padre Hurtado .
Curacaví, con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Curacaví y María Pinto .
Santiago, con ciento cincuenta y dos jueces, con la competencia que se les asigne por el Presidente de la República, previo informe de la respectiva Corte de Apelaciones. Estos jueces funcionarán en las unidades jurisdiccionales que se determine, mediante el mismo procedimiento.”.
b) Modifícase el artículo 21 de la siguiente manera:
i.- Sustitúyese, en el acápite relativo a la Sexta Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, el asiento correspondiente a Santa Cruz, por el siguiente:
? San Fernando , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de San Fernando, Placilla y Chimbarongo.
Santa Cruz , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de Santa Cruz, Navidad , Litueche, La Estrella, Pichilemu, Marchigüe, Paredones , Peralillo , Palmilla , Pumanque, Nancagua, Lolol y Chépica .”.
ii.- Sustitúyese el acápite relativo a la Región Metropolitana de Santiago, por el siguiente:
?Colina, con seis jueces, con competencia sobre las comunas de Til Til, Colina y Lampa .
Puente Alto, con nueve jueces, con competencia sobre las comunas de Puente Alto, San José de Maipo y Pirque.
San Bernardo , con nueve jueces, con competencia sobre las comunas de San Bernardo, Calera de Tango , Buin y Paine .
Melipilla , con doce jueces, con competencia sobre las comunas de Melipilla, San Pedro , Alhué , Curacaví, María Pinto , Talagante , El Monte, Isla de Maipo, Peñaflor y Padre Hurtado .
Santiago, con ciento cincuenta jueces, con la competencia que se les asigne por el Presidente de la República, previo informe de la respectiva Corte. Estos jueces funcionarán en las unidades jurisdiccionales que se determine, mediante el mismo procedimiento.”.
c) Sustitúyese el artículo 389 G, por el siguiente:
“Artículo 389 G.- La autorización del mandato judicial será efectuada por el jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo la administración de causas del respectivo juzgado o tribunal.”.
Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública:
1) Sustitúyanse, en el artículo 33, los montos mensuales que se indican a partir de los profesionales grado 5, por los siguientes:
“$ 740.414
“$ 613.191
“$ 584.633
“$ 548.325
“$ 517.372
“$ 487.324
“$ 432.346
“$ 381.128
“$ 335.941
“$ 353.502
“$ 282.690
“$ 248.846
“$ 195.296
“$ 167.102
“$ 99.435
“$ 68.796
“$ 58.865
“$ 48.470
“$ 40.085
“$ 32.919
“$ 29.433
“$ 26.824
“$ 22.184
“$ 18.217
“$ 15.254 ”.
2) Sustitúyense, en el artículo 3º transitorio, los incisos 2º, 3º, 4º y 5º, por el siguiente inciso 2º, nuevo:
“Dentro de los plazos y en las regiones indicadas en el artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se conformarán gradualmente las defensorías regionales y locales, de acuerdo con los recursos que se aprueben en las respectivas leyes de Presupuesto del Sector Público .”.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA , Ministro de Justicia ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE CAMBIA LA GRADUALIDAD
DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA REFORMA PROCESAL PENAL
Mensaje Nº 121 - 344
La aplicación de la iniciativa en materia, que modifica la gradualidad de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal y permite la agrupación de los tribunales con competencia en materia penal en la Región Metropolitana de Santiago, no irrogará gasto fiscal adicional.
En efecto, el gasto asociado a las modificaciones incluidas en el proyecto de ley en comento, será financiado con cargo a los montos de recursos informados para la implementación de dicha reforma durante la tramitación de los cuerpos legales atingentes a ésta.
(Fdo.): SERGIO GRANADOS AGUILAR , Director de Presupuestos subrogante.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 3450, de fecha 2 de agosto de 2001, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que renueva vigencia de la facultad para condonación de deudas municipales conferida en la ley Nº 19.704. (Boletín Nº 2729-06).
En consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de esa honorable Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo. (Boletín Nº 2626-13).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. (Boletín Nº 2766-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señoras Fanny Pollarolo ; María Antonieta Saa y de los señores Jaime Naranjo e Ignacio Walker y del ex diputado señor Vicente Sota que establece normas sobre prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana. (Boletín Nº 2020-11).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley antes aludido, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. (Boletín Nº 2286-04).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
8. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones. (Boletín Nº 2628-13).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
9. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de agosto de 2001.
Tengo a bien comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al religioso señor Francisco Javier Braun Hecht , correspondiente al boletín Nº 1855-17.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 1.609, de 5 de agosto de 1997.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
10. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de agosto de 2001.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote Manuel Bahl Sack , correspondiente al boletín Nº 1995-17.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 1.949, de 12 de mayo de 1998.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
11. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 1 de agosto de 2001.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que renueva la vigencia de la facultad para la condonación de deudas municipales conferida en la ley Nº 19.704, correspondiente al boletín Nº 2729-06.
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto ha sido aprobado, en general y particular, con el voto afirmativo de 27 señores senadores, de un total de 47 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3448, de 31 de julio de 2001.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
12. Oficio del Senado.
Concede, por gracia, la nacionalidad chilena a la religiosa Karoline Mayer Hofbeck , boletín Nº 2711-07 (S).
Con motivo de la moción, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la religiosa Karoline Mayer Hofbeck .”.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
13. Oficio del Senado.
Concede, por gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote norteamericano Ricardo Sammon O’Brien, boletín Nº 2561-07 (S).
Con motivo de la moción, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote norteamericano Ricardo Sammon O’Brien.”.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
14. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 6 de agosto de 2001.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado el proyecto de ley de esa H. Cámara sobre sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, correspondiente al boletín Nº 2020-11, con las siguientes modificaciones:
-o-
Ha antepuesto al artículo 1º el siguiente epígrafe, nuevo:
“Capítulo I. Disposiciones generales.”.
-o-
ARTÍCULO 1º
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 1º.- La prevención, diagnóstico y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), como asimismo la asistencia y el libre e igualitario ejercicio de sus derechos por parte de las personas portadoras y enfermas, sin discriminaciones de ninguna índole, constituyen un objetivo sanitario, cultural y social de interés nacional.
Corresponde especialmente al Estado la elaboración de las políticas que propendan hacia dichos objetivos, procurando impedir y controlar la extensión de esta pandemia, así como disminuir su impacto psicológico, económico y social en la población.”.
ARTÍCULO 2º
Lo ha sustituido por el que se indica en seguida:
“Artículo 2º.- El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia.
Estas políticas deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial, con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando la realidad epidemiológica nacional, con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población y en especial para aquéllos de mayor vulnerabilidad.”.
-o-
Ha intercalado, a continuación del artículo 2º, el siguiente epígrafe, nuevo:
“Capítulo II. De la prevención, diagnóstico, investigación y atención de salud.”.
-o-
ARTÍCULO 3º
Lo ha suprimido.
ARTÍCULO 4º
Lo ha suprimido.
ARTÍCULO 5º
Ha pasado a ser artículo 3º, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 3º.- El Estado arbitrará las acciones que sean necesarias para informar a la población acerca del virus de inmunodeficiencia humana, sus vías de transmisión, sus consecuencias, las medidas más eficaces para su prevención y tratamiento y los programas públicos existentes con dichos fines.
Tales acciones se orientarán además a difundir y promover los derechos y responsabilidades de las personas portadoras y enfermas.”.
-o-
Ha considerado como artículo 4º al artículo 7º, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 4º.- El Estado promoverá la investigación científica acerca del virus de inmunodeficiencia humana, la que servirá de base para la ejecución de acciones públicas y privadas en la materia, y sobre las vías de transmisión de la infección, características, evolución y efectos en el país. Impulsará asimismo las medidas dirigidas a su prevención, tratamiento y cura.
Del mismo modo, fomentará la creación de centros públicos o privados orientados a la prevención e investigación de la enfermedad.”.
-o-
Ha considerado como artículo 5º al artículo 9º, sustituido por el siguiente:
“Artículo 5º.- El examen para detectar el virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial y voluntario, debiendo constar por escrito el consentimiento del interesado o de su representante legal. El examen de detección se realizará previa información a éstos acerca de las características, naturaleza y consecuencias que para la salud implica la infección causada por dicho virus, así como las medidas preventivas científicamente comprobadas como eficaces.
Sin perjuicio de ello podrá ser obligatorio, en la forma que establezcan los reglamentos respectivos, respecto de quienes se hallaren privados de libertad; de los personales regidos por el D.F.L. Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, por el D.F.L. Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. Nº 412, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, y por el D.F.L. Nº 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional. Asimismo deberá practicarse siempre en los casos de transfusiones sanguíneas, elaboraciones de plasma, trasplantes y cualesquiera otras actividades médicas que pudieren ocasionar contagio.
Sus resultados se entregarán en forma personal y reservada, a través de personal debidamente capacitado para ello, sin perjuicio de la información confidencial a la autoridad sanitaria respecto de los casos en que se detecte el virus, con el objeto de mantener un adecuado control estadístico y epidemiológico.
Serán aplicables en esta materia las disposiciones de la ley N 19.628 sobre protección de datos personales.
El reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales se realizará el examen, la entrega de sus resultados, las personas y situaciones que ameriten la pesquisa obligatoria y la forma en que se entregará la información de los casos detectados a la autoridad sanitaria.
-o-
Artículo 6º
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 6º.- El Estado deberá velar por la atención de las personas portadoras o enfermas con el virus de inmunodeficiencia humana, en el marco de las políticas públicas definidas en los artículos 1º y 2º de esta ley.
En todo caso, deberán proporcionarse las prestaciones de salud que requieran los beneficiarios de la ley Nº 18.469, de acuerdo con lo previsto en dicho cuerpo legal.”.
-o-
Ha intercalado, a continuación del artículo 6º, el siguiente epígrafe, nuevo:
“Capítulo III. De la no discriminación.”.
-o-
Artículo 7º
Ha pasado a ser artículo 4º, reemplazado por que el que se indicó en su oportunidad.
Artículo 8º
Lo ha suprimido.
Artículo 9º
Ha pasado a ser artículo 5º, reemplazado por que el que se indicó en su oportunidad.
-o-
Ha consignado como artículo 7º el artículo 10, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 7º.- No podrá condicionarse la contratación de trabajadores, tanto en el sector público como privado, ni la permanencia o renovación de sus empleos, ni su promoción, a los resultados del examen destinado a detectar la presencia del virus de inmunodeficiencia humana, como tampoco exigir para dichos fines la realización del mencionado examen.
En el caso de los personales regidos por el D.F.L. Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, por el D.F.L. Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. Nº 412, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, y por el D.F.L. Nº 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, se estará a lo que dispongan para el ingreso a las instituciones sus respectivos estatutos. Sin embargo, la permanencia de ellos en el servicio, la renovación de sus empleos y la promoción no podrán ser condicionadas a los resultados del examen.
De igual manera, no podrá condicionarse el ingreso a un establecimiento educacional, ni la permanencia o promoción de sus alumnos, a la circunstancia de encontrarse afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana. Tampoco podrá exigirse la realización o presentación del referido examen para tales efectos.
Asimismo, ningún establecimiento de salud, público o privado, cuando sea requerida su intervención de acuerdo con la ley, podrá negar el ingreso o atención a personas portadoras o enfermas con el virus de inmunodeficiencia humana o condicionar lo anterior a la realización o presentación de resultados del referido examen.”.
-o-
Ha intercalado a continuación del artículo 7º el siguiente epígrafe, nuevo:
“Capítulo IV. Sanciones y procedimientos.”.
-o-
Ha contemplado como artículo 8º el artículo 11, sustituido por el siguiente:
“Artículo 8º.- La infracción a lo dispuesto en el artículo 5º será sancionada con multa a beneficio fiscal de 3 a 10 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la obligación de responder de los daños patrimoniales y morales causados al afectado, los que serán apreciados prudencialmente por el juez.
Si la infracción fuese cometida por dos o más personas, podrá condenárselas a responder solidariamente de la multa y la indemnización.”.
-o-
Artículo 9º
Ha pasado a ser artículo 5º, con la redacción que se indicó anteriormente.
Artículo 10
Ha pasado a ser artículo 7º, reemplazado en la forma indicada en su oportunidad.
Artículo 11
Lo ha consignado como artículo 8º, sustituido en la forma indicada en su oportunidad.
-o-
Artículo 12
Ha pasado a ser artículo 9º, reemplazado por el siguiente:
“Artículo 9º.- La infracción a lo dispuesto en el artículo 7º será sancionada con multa a beneficio fiscal de 10 a 50 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños causados.”.
-o-
Artículo 13
Ha pasado a ser artículo 10, sin enmiendas.
Artículo 14
Ha pasado a ser artículo 11, sin modificaciones.
Artículo 15
Ha pasado a ser artículo 12, sustituido por el que sigue:
“Artículo 12.- Será competente para conocer de las infracciones sancionadas en este Capítulo el juzgado de policía local correspondiente al domicilio del afectado, sin perjuicio de la competencia que corresponda a los juzgados del trabajo y al tribunal aduanero o criminal respectivo, en su caso.”.
Artículo 16
Lo ha suprimido.
-o-
Ha agregado el siguiente epígrafe y artículos transitorios, nuevos:
“Artículos transitorios
“Artículo 1º.- A contar de la fecha de publicación del reglamento a que se refiere el inciso cuarto y hasta el 31 de diciembre del año 2004, las personas que reúnan los requisitos que más adelante se señalan podrán solicitar una bonificación fiscal. Dicha bonificación será equivalente hasta el monto de los derechos e impuestos que se hubieran pagado por la importación de los medicamentos de alto costo utilizados en el tratamiento específico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) determinados mediante decreto supremo del Ministerio de Salud, suscrito además por el ministro de Hacienda .
Podrán impetrar el beneficio establecido en este artículo, las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) que padezcan de VIH-Sida y para cuyo tratamiento los medicamentos determinados sean indispensables y ajustados en las dosis.
Lo anterior se acreditará mediante certificado emitido por un médico especialista, sin perjuicio de los informes y verificaciones adicionales que se dispongan en el reglamento;
b) que acrediten insolvencia económica en relación con el costo del tratamiento;
c) que no tengan acceso a los referidos medicamentos a través de los planes de salud públicos o del régimen de salud al que se encuentren afiliadas, y
d) que efectúen la importación a través de instituciones sin fines de lucro que se acrediten y registren ante el Ministerio de Salud y sus organismos competentes, quienes las representarán con las más amplias facultades conforme a lo que establezca el reglamento. La importación podrá ser considerada de despacho especial según lo determine el Servicio Nacional de Aduanas.
El beneficio podrá solicitarse respecto de los medicamentos determinados que se importen y sean prescritos a las personas beneficiarias a contar de la fecha de publicación del reglamento a que se refiere el inciso siguiente y su concesión sólo procederá hasta por el monto de recursos para su pago que se considere en el presupuesto correspondiente a la anualidad respectiva, debiendo darse prioridad a las personas de menores ingresos.
Un reglamento del Ministerio de Salud, suscrito además por el ministro de Hacienda , que se dictará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de publicación de esta ley, fijará los requisitos de constitución, objeto, finalidad, especialidad y demás que se estimen necesarios, que deberán reunir las instituciones señaladas en la letra d) anterior para su acreditación y registro y establecerá el modo de impetrar el beneficio, la documentación exigible, los criterios de prioridad en su otorgamiento, los procedimientos de concesión, pago y fiscalización de su uso y toda otra norma necesaria para la cabal aplicación de este artículo.
Con todo, la acreditación y registro de las referidas instituciones serán dispuestos mediante resolución conjunta de los Ministerios de Salud y de Hacienda.
Los montos que perciban las personas por aplicación de este artículo no constituirán renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no serán tributables ni estarán afectos a descuento alguno.
Las instituciones acreditadas y registradas para representar a los beneficiarios serán excluidas de su reconocimiento como tales, por el solo ministerio de la ley, cuando se compruebe que hubieren incurrido en contravención a este artículo y a la normativa legal y reglamentaria aplicable sobre la materia, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, tributaria o aduanera de los representantes de dichas entidades, del beneficiario de la bonificación y de las demás personas involucradas y de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas.
Artículo 2º.- Las personas que padezcan de las enfermedades catastróficas determinadas por reglamento del Ministerio de Salud, suscrito además por el ministro de Hacienda , podrán impetrar en idénticas condiciones, el mismo beneficio señalado en el artículo 1º transitorio, para lo cual se aplicarán todas las disposiciones contempladas en dicho precepto.
Para los efectos señalados en el inciso anterior, se entenderá por enfermedades catastróficas aquéllas con riesgo inminente de muerte y aquéllas incurables y con dicho riesgo.
Artículo 3º transitorio.- El beneficio que se establece en los artículos anteriores será de cargo fiscal y se financiará con los recursos que se contemplen al efecto en el programa 04 del presupuesto de la Subsecretaría de Salud. Durante el año 2001 se destinarán $ 700.000 miles mediante transferencia del ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público de la ley de Presupuestos vigente.”.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2834, de 13 de abril de 2000.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
15. Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que permite la revisión judicial de contratos civiles y mercantiles. (boletín Nº 309-07-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los diputados señores Sergio Ojeda Uribe y Víctor Reyes Alvarado y de los ex diputados señores Hernán Bosselin Correa , Baldemar Carrasco Muñoz , Juan Concha Urbina y Hugo Rodríguez Guerrero .
De conformidad a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en su sesión 14ª, de 10 de julio en curso, con la única indicación presentada y admitida a tramitación en la Sala, la que consta en la hoja de tramitación respectiva, elaborada por la Secretaría de la Corporación.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento, en este informe debe dejarse constancia de lo siguiente:
1. De las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la elaboración del segundo en la Comisión.
En esta situación se encuentra la totalidad de los artículos del proyecto, los que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento, deben entenderse aprobados por el solo ministerio de la ley.
2. De las disposiciones que tienen rango de ley orgánica constitucional o que deben aprobarse con quórum calificado.
La Comisión reiteró su parecer acerca de que el proyecto no contiene disposiciones que tengan este rango o que requieran aprobarse con dicho quórum.
3. De las disposiciones suprimidas.
No hubo disposiciones suprimidas.
4. De las disposiciones modificadas.
Ninguna de las disposiciones del proyecto sufrió modificaciones.
5. De los artículos nuevos introducidos.
No se introdujo artículo nuevo alguno.
6. De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Ninguna disposición se encuentra en esta situación.
7. De las indicaciones rechazadas por la Comisión.
En esta situación se encuentra la única indicación presentada al proyecto, originada en una proposición del diputado señor Salvador Urrutia Cárdenas , para agregar el siguiente artículo 6º, nuevo:
“Artículo 6º.- A partir de seis meses de publicada esta ley, todos los contratos civiles y mercantiles bilaterales conmutativos y unilaterales onerosos, de tracto sucesivo o de ejecución diferida deberán contener una cláusula que explicite si ante acontecimientos extraordinarios imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes, se realizará una revisión del contrato vía mediación o arbitraje o según los términos de esta ley.
“Si se omitiere esta cláusula se entenderá que ambas partes prefieren la revisión judicial.”.
La indicación, estimada innecesaria, se rechazó por unanimidad.
8. Texto de las disposiciones legales que el proyecto modifica o deroga.
El proyecto no modifica o deroga en forma expresa disposición legal alguna, pero cabe tener presente que, en la medida que establece disposiciones que hacen aplicable en la legislación los efectos de la teoría de la imprevisión, está modificando los alcances de diversas disposiciones civiles y comerciales que han servido de fundamento a la jurisprudencia y a parte de la doctrina para consagrar la llamada ley del contrato, es decir, la inmutabilidad de las disposiciones contractuales.
-o-
Por las razones expuestas y por las que dará a conocer oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Los contratos civiles y mercantiles, bilaterales conmutativos y unilaterales onerosos, de tracto sucesivo o de ejecución diferida, podrán ser revisados judicialmente si la prestación se hubiere convertido, por acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes, en excesivamente gravosa de ser cumplida. En tal evento, el tribunal estará facultado para modificar las cláusulas respectivas, restableciendo la equivalencia de las prestaciones existente al momento de contratar.
En subsidio de la acción de revisión, podrá demandarse la resolución o la terminación, en su caso, del contrato. Sin embargo, la parte demandada podrá enervar la acción respectiva, allanándose en la contestación de la demanda a aumentar su prestación o a que se reduzca la prestación de la contraparte.
Si la acción no es enervada o si el desequilibrio no es remediado con el aumento o disminución de la prestación, el juez deberá declarar la resolución o terminación del contrato, la cual no operará con efecto retroactivo.
Artículo 2º.- El ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo anterior, corresponderá al contratante perjudicado por el hecho imprevisible que haga excesivamente oneroso el cumplimiento de su obligación, siempre que:
1º Las obligaciones emanadas del contrato se encuentren pendientes en todo o parte;
2º No se encuentre en mora;
3º Exista relación de causa a efecto entre el hecho imprevisible y la excesiva onerosidad invocada, y
4º Se las entable dentro del plazo de seis meses contado desde que sobrevino tal hecho.
Del mismo modo, el ejercicio de estas acciones corresponderá a sus herederos y a los cesionarios, siempre que la cesión de derechos se hubiere verificado mediante escritura pública otorgada con antelación a la ocurrencia del hecho en que se fundan las acciones.
Artículo 3º.- La obligación cumplida en parte no dará derecho a la revisión, pero si habrá lugar a ella en lo que esté pendiente.
Artículo 4º.- Las acciones a que se refiere el artículo 1º son irrenunciables en forma anticipada.
Artículo 5º.- Las acciones previstas en esta ley se tramitarán conforme al procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, con las siguientes modificaciones:
1º No será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 681.
2º La demanda deberá ser acompañada por documentos y antecedentes que constituyan presunción grave del derecho que se reclama.
3º El comparendo será de conciliación y contestación, pudiendo el tribunal, atendido el mérito de los antecedentes, decretar la suspensión del cumplimiento de las obligaciones de la parte perjudicada.
4º Una vez contestada la demanda, el tribunal, de oficio o a petición de parte y siempre que se trate de obligaciones de dar o entregar, podrá determinar el monto de la obligación sobre el que no hubiere disenso y establecer su forma de pago. La resolución que se dicte al respecto será inapelable.
5º Si el actor no solucionare la deuda señalada en el número anterior, en su monto y forma ordenados, se le declarará desistido de la demanda y se le condenará en costas, cesando cualquiera medida precautoria decretada.
6º En estos juicios la prueba se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica.
7º Si en definitiva la demanda fuere rechazada, el actor pagará las costas, pudiendo el tribunal fijar en la misma sentencia una suma razonable a título de indemnización de perjuicios a favor del que obtuvo en el juicio.”.
Sala de la Comisión, a 31 de julio de 2001.
Se mantiene como diputado informante el señor Sergio Elgueta Barrientos.
Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los diputados señor Ignacio Walker Prieto ( Presidente ), señora Laura Soto González y señores Francisco Bartolucci Johnston , Alberto Cardemil Herrera , Enrique Krauss Rusque y Sergio Elgueta Barrientos .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Secretario ?.