Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I .ASISTENCIA
- II .APERTURA DE LA SESIÓN
- III .ACTAS
- IV .CUENTA
- V .ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI .ORDEN DEL DÍA
- FACILIDADES E INCENTIVOS PARA REPROGRAMACIONES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y MODIFICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- DEBATE
- FECHA PARA ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES. Primer trámite constitucional. Proyecto sobre Tabla.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Gutenberg Martinez Ocamica
- DEBATE
- FACILIDADES E INCENTIVOS PARA REPROGRAMACIONES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y MODIFICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. Primer trámite constitucional.
- VII .PROYECTOS DE ACUERDO
- SUSPENSIÓN DE REMATES POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES TERRITORIALES IMPAGAS Y REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Jose Garcia Ruminot
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Osvaldo Palma Flores
- Rafael Arratia Valdebenito
- Haroldo Fossa Rojas
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MAYORES RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Felipe Valenzuela Herrera
- Mario Bertolino Rendic
- Waldo Mora Longa
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Antonio Leal Labrin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUSPENSIÓN DE REMATES POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES TERRITORIALES IMPAGAS Y REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS.
- VIII. INCIDENTES
- INVESTIGACIÓN DE COMPRAVENTA DE TERRENO POR LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. Oficio.
- AUMENTO DE NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE OBRAS SANITARIAS EN LA COMUNA DE TOMÉ. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE ANUNCIO DE ALZAS DE TARIFAS DE AGUA POTABLE EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- AYUDA ECONÓMICA Y ASESORÍA TÉCNICA PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS DE ADOBE EN COMUNAS DEL NORTE, AFECTADAS POR RECIENTE TERREMOTO. Oficios.
- MANTENCIÓN DE CAMINOS DE TIERRA EN LA PROVINCIA DE BIOBÍO. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA (SAESA) DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- AUMENTO DE SUBSIDIOS RURALES PARA LA PROVINCIA DE PALENA. Oficio.
- ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA CHILEBARRIOS EN FUTALEUFÚ Y ALTO PALENA, Y PARA AGUA POTABLE EN ANCUD, DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- PERFECCIONAMIENTO DE PROYECTOS PRESENTADOS AL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
- VERIFICACIÓN DE MALLAS CURRICULARES DE CARRERAS IMPARTIDAS POR INSTITUTO PROPAM. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DEL FONDART EN LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO ENTRE EL SERVIU Y ESSEL DE LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
- IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TEATRO DE RENGO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN CARELMAPU, COMUNA DE MAULLÍN. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO. Oficio.
- ACLARACIÓN DE TÉRMINOS EN CONTRATOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Oficio.
- CANCELACIÓN DE ANTICIPOS A EMPRESAS MEDIANTE CERTIFICADOS DE PAGOS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL INIA DE LA CUARTA REGIÓN RESPECTO DE DENUNCIAS FORMULADAS POR LUIS URZÚA AYALA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 344ª, ORDINARIA
Sesión 17ª, en martes 17 de julio de 2001
(Ordinaria, de 11.20 a 16.20 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis; Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia ........................................................................................................7
II.Apertura de la sesión .....................................................................................10
III.Actas ................................................................................................................10
IV.Cuenta .............................................................................................................10
V.Acuerdos de los Comités................................................................................10
VI.
Orden del Día.
Facilidades e incentivos para reprogramaciones de créditos hipotecarios y
modificación de normas tributarias. Primer trámite constitucional .................10
Fecha de elección de diputados y senadores. Primer trámite constitucional.
Proyecto sobre Tabla........................................................................................33
VII.
Proyectos de acuerdo.
Suspensión de remates por concepto de contribuciones territoriales impagas
y reprogramación de deudas.............................................................................46
Mayores recursos presupuestarios para la pequeña y mediana minería...........47
VIII.
Incidentes.
Investigación de compraventa de terreno por la municipalidad de Longaví.
Oficio ...............................................................................................................49
Aumento de número de beneficiarios de obras sanitarias en la comuna de
Tomé. Oficio ....................................................................................................51
Antecedentes sobre anuncio de alzas de tarifas de agua potable en la Octava
Región. Oficio..................................................................................................51
Ayuda económica y asesoría técnica para propietarios de viviendas de adobe
en comunas del norte, afectadas por reciente terremoto. Oficios.....................52
Mantención de caminos de tierra en la provincia de Biobío. Oficios ..............52
Fiscalización de la empresa distribuidora de energía (Saesa) de la Décima
Región. Oficio..................................................................................................53
Aumento de subsidios rurales para la provincia de Palena. Oficio..................53
Asignación de recursos para proyectos del programa ChileBarrios en
Futaleufú y Alto Palena, y para agua potable en Ancud, Décima Región. Ofi
cios ...................................................................................................................54
Perfeccionamiento de proyectos presentados al Fondo Nacional de Desarro
llo Regional de la Región de la Araucanía. Oficios .........................................55
Verificación de mallas curriculares de carreras impartidas por instituto
Propam. Oficio .................................................................................................55
Pág.
Información sobre proyectos del Fondart en la Sexta Región. Oficio .............56
Información sobre el convenio entre el Serviu y Essel de la Sexta Región.
Oficio ...............................................................................................................56
Implementación de infraestructura para teatro de Rengo. Oficios...................57
Información sobre estado de avance de proyectos de obras públicas en Carelmapu, comuna de Maullín. Oficios ......................................................... 57
Fiscalización de la Contraloría General de la República en municipalidad de Paihuano. Oficio............................................................................................... 58
Aclaración de términos en contratos del Ministerio de Obras Públicas. Oficio59
Cancelación de anticipos a empresas mediante certificados de pagos. Oficio.59
Información sobre medidas adoptadas por el Inia de la Cuarta Región respec
to de denuncias formuladas por Luis Urzúa Ayala. Oficios ............................59
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que establece fecha de elección para diputados y senadores (boletín Nº 2757
06) ....................................................................................................................61
2.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que otorga gratuidad en las atenciones de salud que requieran funcionarios de la atención primaria afiliados al sistema públi
co de salud (boletín Nº 275611) .....................................................................66
Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3.Establece temporalmente una exención del impuesto de timbres y estampillas, rebaja en los pagos de derechos en la reprogramación de deudas hipote
carias y modifica normas tributarias que indica (boletín Nº 274105) ............68
4.Renueva vigencia de la facultad para condonación de deudas municipales conferida en la ley Nº 19.704 (boletín Nº 272906).........................................68
Oficios de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho los siguientes proyectos:
5.Modifica la ley N 17.798, sobre control de armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y rea
liza otras modificaciones (boletín Nº 221902)................................................69
6.Sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (boletín Nº 243920) ...................................................69
Pág.
7.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que establece temporalmente una exención del impuesto de timbres y estampillas, rebaja en los pagos de derechos en la reprogramación de deudas hipotecarias y mo
difica normas tributarias que indica (boletín Nº 274105)...............................70
8.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 (boletín Nº 2667
10) ....................................................................................................................81
9.Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto que establece fecha de elección para diputados y senadores
(boletín Nº 275706) ........................................................................................97
X.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
Ministerio del Interior
Del diputado señor Kuschel, avance de proyectos de pavimentación de Avenida Brasil y calle PresidenteIbáñez, de Calbuco.
De los diputados señores Felipe Letelier, Caminondo, Cardemil, Huenchumilla, Jaramillo, y Jocelyn-Holt, medidas para esclarecer circunstancias de muerte de don Domingo Durán Neumann.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Del diputado señor Sánchez, proyecto de salmonicultura en lago Buenos Aires, sector argentino del lago General Carrera.
Ministerio de Hacienda
De la Corporación, subsidio para deudores del Banco del Estado que adquirieron créditos para reparar viviendas dañadas por terremoto de la Cuarta Región.
Del diputado señor Mora, informe sobre antecedentes y justificaciones patrimoniales que han operado en adquisición, efectuada por particulares, de terrenos en localidad de ChiuChiu, San Pedro de Atacama.
De la diputada señora Pollarolo, beneficios a deudores del Banco del Estado de Chile que suscribieron obligaciones acogidos al programa de chilenos retornados.
Del diputado señor Mora, compraventa de inmueble urbano ubicado en la ciudad de Calama, sector Potrero La Villa.
Del diputado señor Naranjo, regulación a que está sujeta la importación y rotulación de productos químicos que tengan contacto con la piel.
Del diputado señor Mora, situación tributaria de empresa Comseg Ltda.
De los diputados señores Ortiz, Rocha, Velasco y de la diputada señora Caraball, sucursal del Banco del Estado de Chile para comuna de San Pedro de la Paz.
Del diputado señor José Pérez, fiscalización a importación de los denominados “embutidos”.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
De los diputados señores Patricio Walker, Ascencio, Gutiérrez, Ojeda, Ortiz y Andrés Palma, reunión bilateral con Presidente de Telefónica España.
Televisión Nacional de Chile
De los diputados señores Lorenzini, diputada señora Caraball, diputados señores Bertolino, Hernández y Vilches, emisión de noticiario regional.
Consejo de Defensa del Estado
De los diputados señores Ascencio, Bertolino y Mulet, denuncia de ex funcionario de la municipalidad de Paihuano.
Municipalidad de Puerto Octay
Del diputado señor Kuschel, situación de vertederos municipales.
Municipalidad de Monte Patria
Del diputado señor Molina, terreno para Club de Adulto Mayor y Enfermos Crónicos Luz y Paz.
Municipalidades de Quillota, Puerto Octay, Quinchao, Romeral, Huechuraba, Las Cabras, Peñaflor, Putre, Recoleta y Requínoa
De los diputados señores José García, Fossa, Víctor Pérez, Prokurica y Ulloa, número de desempleados en la comuna.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados:(113)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza; de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; de la Secretaría General de Gobierno, señor Claudio Huepe, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.20 horas.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 10ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 11ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor PARETO (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Pareto, adoptaron los siguientes acuerdos:
1º Tramitar el proyecto que establece fecha de elección para diputados y senadores a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por un lapso de 30 minutos. El informe será oral.
2º Cada bancada dispondrá de hasta 10 minutos para el debate de la iniciativa.
3º Facultar al Presidente de la Cámara de Diputados para que al término del debate ponga en votación el proyecto, entre las 13.00 y las 13.30 horas.
El señor PARETO (Presidente).-
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia está facultada para sesionar simultáneamente con la Sala durante los 30 minutos de análisis de la iniciativa.
VI.ORDEN DEL DÍA
FACILIDADES E INCENTIVOS PARA REPROGRAMACIONES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y MODIFICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. Primer trámite constitucional.
El señor PARETO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece, temporalmente, una exención del impuesto de timbres y estampillas, rebaja de derechos en la reprogramación de deudas hipotecarias y modificación de normas tributarias.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Eugenio Tuma.
Antecedentes:
- Mensaje, boletín Nº 2741-05, sesión 11ª, en 3 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2.
- Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 7, de esta sesión.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el proyecto de ley, de origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata” y de “suma”, según el caso, establece temporalmente una exención del impuesto de timbres y estampillas, rebaja derechos en la reprogramación de deudas hipotecarias y modifica normas tributarias.
Durante su estudio, asistieron a la Comisión el señor Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda; la señora María Eugenia Wagner, subsecretaria de Hacienda; los señores Enrique Marshall, Gustavo Arriagada y Gustavo Plott, superintendente, intendente y director de normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, respectivamente; el señor Juan Alberto Rojas, jefe del departamento de técnica tributaria del Servicio de Impuestos Internos; el señor Benjamín Villena, asesor de macroeconomía de dicha cartera; la señorita Claudia Martínez y el señor Carlos Estévez, asesores del mismo ministerio.
Concurrieron, especialmente invitados, los señores Sebastián del Campo, gerente de la banca comercial de personas del Banco del Estado de Chile; Leonardo Aguilera, gerente hipotecario del Banco Santander, y Arnaldo Vera, gerente de vivienda del Banco del Desarrollo.
La iniciativa tiene por objeto establecer, por un período de nueve meses, una exención del impuesto de timbres y estampillas y una rebaja en los derechos notariales y del conservador de bienes raíces, asociados a las reprogramaciones de deudas hipotecarias que señala, y rectificar dos omisiones de la ley Nº 19.738, sobre la fiscalización del IVA y la tasa del impuesto a los bienes suntuarios.
El proyecto consta de cinco artículos permanentes.
Idea matriz o fundamental.
En lo principal, la idea matriz del proyecto consiste en facilitar e incentivar las reprogramaciones de créditos hipotecarios, de manera que a las rebajas en las tasas de interés se sume una disminución en los costos adicionales asociados al impuesto de timbres y estampillas y a los gastos notariales y del conservador de bienes raíces.
Antecedentes presupuestarios o financieros.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que la aplicación de las medidas que contiene el proyecto no producirán costo fiscal, por cuanto las operaciones de que da cuenta no se habrían realizado de no existir la exención y rebajas que se vienen otorgando.
Disposiciones legales que modifica el proyecto.
El artículo 1º del decreto Nº 587 exento, de 1998, del Ministerio de Justicia, y los incisos segundo y tercero de la letra a) del Nº 1 del artículo 1º del decreto Nº 588 exento, de 1998, del Ministerio de Justicia, que fijan los aranceles para los notarios y conservadores de bienes raíces y de comercio, respectivamente.
El artículo 40 del decreto ley Nº 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios, que grava con una tasa del 50 por ciento a los bienes suntuarios.
El inciso segundo del Nº 4 del artículo único de la ley Nº 18.320, sobre las facultades del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar el cumplimiento del IVA, cubre los últimos veinticuatro períodos mensuales.
Constancias previas.
El proyecto no requiere de quórum especial para su aprobación; no contiene disposiciones ni indicaciones rechazadas, y no fueron aprobados por unanimidad los artículos 1º y 2º.
Discusión y votación en general.
En el análisis que realizó la Comisión del proyecto, intervino el ministro de Hacienda señor Nicolás Eyzaguirre, quien destacó que, gracias a la política fiscal rigurosa que se ha mantenido durante este Gobierno, ha sido posible tener bajas tasas de interés para los créditos a corto y a largo plazo. Afirmó que en el sector de créditos a largo plazo, los más comunes son los hipotecarios. Hizo notar que, en este caso, la rebaja de tasas no ha beneficiado a los deudores en forma automática, pues para ello es menester reprogramar el crédito, lo que implica rescatar las letras primitivas y programar uno nuevo.
Agregó que, a su vez, la reprogramación implica un costo, el que se relaciona con el pago del impuesto de timbres y estampillas y con los gastos notariales y del registro del conservador de bienes raíces, y dio algunos ejemplos.
Expresó que de lo anterior se desprende que en la actualidad el costo de reprogramar asciende, aproximadamente, al 30 por ciento del ingreso mensual del deudor, lo que constituye un obstáculo serio para que pueda reprogramar sus deudas.
Manifestó que en el proyecto de ley en estudio se propone una rebaja en el impuesto citado y una limitación a los gastos notariales y del Conservador, de acuerdo con el mensaje, por un período de 9 meses.
Sostuvo que el ahorro para el público se ha estimado, tanto en lo referente al mencionado impuesto como en los gastos en cuestión, en 66 mil millones de pesos, lo que mejorará el consumo de las familias y, con ello, se impulsará el crecimiento económico. El diputado que habla manifestó su aprensión en cuanto a que con el proyecto sólo se beneficia en forma directa a los deudores hipotecarios y no se permite la renegociación de créditos en otros sectores importantes de la economía, como en el caso de las pymes.
Además, el proyecto no establece el beneficio en la reprogramación de deudas en caso de ampliación de viviendas o de autoconstrucción.
El diputado señor Carlos Montes expresó que el proyecto de ley sólo favorecerá a los sectores ABC1 y no a los C2 y C3, ya que éstos no tendrán acceso a nuevos préstamos. El diputado señor Pablo Lorenzini opinó que los beneficios de la iniciativa no debieran limitarse a un período de nueve meses, sino establecerlos con carácter de permanentes, de modo de aplicarlos cada vez que exista una baja en las tasas de interés.
El diputado señor José García opinó que no existe fundamento para no extender los beneficios propuestos en el proyecto a los deudores de créditos de consumo.
El diputado señor José Miguel Ortiz comentó que la rebaja de tasas de interés por parte del Banco Central de Chile no se ha extendido por los bancos comerciales a sus clientes.
El señor ministro de Hacienda se hizo cargo de las inquietudes de los señores parlamentarios. Expresó que las deudas de las pymes y las deudas hipotecarias son de naturaleza diversa, por lo que requieren instrumentos distintos. Al respecto, dijo que la reprogramación de créditos por parte de las pymes ha resultado un éxito, esperándose que se realicen unas 16 mil.
Reconoció que los beneficios propuestos, en términos de magnitud, serán mayores para los sectores ABC1; sin embargo, como lo demuestran los ejemplos citados, los sectores de menores ingresos se benefician proporcionalmente en mayor medida.
A continuación, puso a disposición de la Comisión un cuadro en el que se exponen diversos ejemplos respecto de la magnitud del beneficio que se propone, según tramo de ingresos, el cual se agrega a este informe como anexo.
Expresó asimismo que el plazo de nueve meses que establece al proyecto es un incentivo para reprogramar, el cual desaparece si se hace permanente. Además, estimó que no es el momento para introducir modificaciones permanentes en la ley de timbres y estampillas por su alto costo.
Cabe hacer presente que el fisco recibe un ingreso del orden de los 300 millones de dólares por concepto de dicho impuesto.
El señor Juan Alberto Rojas argumentó que el proyecto de ley se refiere sólo a los préstamos hipotecarios, entre otras razones, porque sería más fácil su fiscalización. Agregó que, en el caso de los préstamos de consumo, resulta muy difícil conocer el destino de los recursos.
Manifestó que en el caso de los préstamos hipotecarios la renegociación es compleja, puesto que debe concurrir un nuevo crédito para liberar el antiguo, lo que implica el rescate de las letras en poder de su tenedor, que es un tercero. En cambio, en el caso de los préstamos de consumo, es el propio banco acreedor el que renegocia directamente con el deudor.
Diversas otras consultas dieron lugar a un debate consignado en las actas de la Comisión sobre temas tales como si la reprogramación implica pagar las tasas de interés originalmente pactadas; si la reprogramación se podrá efectuar por más de un crédito y por más de un bien, y si se conoce la disposición de la banca en cuanto a otorgar nuevos créditos para poder renegociar.
Por otra parte, en relación con algunas observaciones al proyecto entregadas a la Comisión por los representantes de las entidades bancarias, cabe destacar las siguientes:
El señor Arnaldo Vera planteó que la letra a) del artículo 1º no incorpora al beneficio propuesto los créditos otorgados para la adquisición de viviendas nuevas acogidas al DFL Nº 2, de 1959, que hayan hecho uso de la exención del 50 por ciento del monto máximo del impuesto, establecida en el Nº 3 del artículo 1º del decreto ley Nº 3.475, de 1980. Con ello, se excluye del beneficio a una cantidad significativa de deudores hipotecarios del sistema financiero. En la misma letra, se incorpora al beneficio a quienes se hubieran amparado en la exención establecida en el artículo 3º del decreto ley Nº 2.552, de 1970, sobre viviendas sociales, no siendo necesario, ya que “los actos, contratos, actuaciones y documentos que se celebren, otorguen o suscriban con relación a viviendas sociales están exentos de la ley de timbres y estampillas”, según lo dispuesto en el artículo 3º, inciso final, del citado decreto ley.
Las letras b) y d) del artículo 1º requieren, para su aplicación, que el monto del crédito a prepagar sea un dato conocido al momento de otorgarse el nuevo crédito. Al respecto, puntualiza que ello no es así, ya que el producido de este último se liberará una vez perfeccionados los nuevos gravámenes que se constituyan sobre el inmueble, lo que es un plazo esencialmente variable, durante el cual el crédito a prepagar devengará dividendos con sus respectivos intereses; además, es posible que al liquidar las letras del nuevo crédito se produzca una pérdida respecto del valor par de ellas. En su opinión, la solución por el lado de un crédito de enlace no parece suficiente, ya que serían créditos de montos altos que serán girados sin garantía inscrita.
Los prepagos de créditos con tasas relativamente altas podrían producir pérdidas en las carteras de letras de crédito y bonos securitizados con respaldo de mutuos hipotecarios. Sobre el particular, dijo que este efecto debiera ser considerado al promoverse prepagos de créditos hipotecarios, principalmente con relación a prever el comportamiento futuro de los inversionistas institucionales frente a estos instrumentos.
El señor Leonardo Aguilera expresó que la aplicación de la exención sobre el impuesto al mutuo es clara y de fácil aplicación, no así tratándose de la rebaja sobre derechos notariales y del conservador de bienes raíces. En efecto, en estos dos casos, al aplicarse la rebaja sólo al tramo del crédito comprendido en las primeras 3 mil UF, se hace engorroso y complicado el cálculo de los derechos a pagar y, por ende, puede dilatar los respectivos procesos de cierre de copias e inscripción conservatoria. Estimó que, tanto en el caso de derechos notariales como en el de derechos conservatorios, la rebaja debiera aplicarse sobre el ciento por ciento del crédito, sin importar su monto.
Sostuvo que los requisitos de la letra d) del artículo 1º, respecto del contenido del certificado que deben emitir los bancos para su inserción en las respectivas escrituras, prácticamente son imposibles de cumplir.
Las distintas observaciones al proyecto fueron recepcionadas por los representantes del Ejecutivo y quedaron de formular las indicaciones para aclarar que el beneficio comprende los créditos en que son titulares marido y mujer, a la autoconstrucción y ampliaciones de viviendas, entre otras.
Sometido a votación general el proyecto, se aprobó por 11 votos a favor y 1 abstención.
Discusión y votación en particular.
En el artículo 1º se establece que los documentos o instrumentos señalados en el Nº 3 del artículo 1º del decreto ley Nº 3.475, de 1980, que se suscriban con ocasión del otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria destinados a pagar otro crédito anterior de igual naturaleza que se hubiera destinado a adquirir una vivienda, se liberarán del impuesto establecido en la norma señalada hasta por el equivalente a 36 unidades de fomento, según el valor vigente de esta unidad al día en que se suscriban u otorguen los documentos respectivos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones en forma copulativa:
a)Que por el crédito original se hubiera pagado el monto máximo del impuesto establecido en el Nº 3 del artículo 1º del decreto ley citado, o se hubiere amparado en la exención establecida en el artículo 3º del decreto ley Nº 2.552, de 1979.
b)Que el monto del nuevo crédito sea equivalente al saldo adeudado por el crédito anterior que se pague por el nuevo crédito, adicionando los intereses que se capitalicen como consecuencia del pago anticipado, tasaciones y otros gastos relacionados con dicho pago, incluyendo este mismo tipo de gastos cobrados por la nueva entidad que otorga el crédito cuando corresponda.
c)Que en la escritura pública que dé cuenta del nuevo crédito con garantía hipotecaria se haga expresa mención de que el crédito está destinado a pagar un crédito anterior, individualizando el inmueble adquirido con el crédito que se pague.
d)Que si el nuevo crédito es otorgado por una entidad distinta de aquella que otorgó el crédito que se paga, además deberá cumplirse con lo señalado en la letra anterior, insertarse un certificado del otorgante del crédito original, el cual estará obligado a emitirlo. En dicho certificado deberá expresarse: el monto del saldo adeudado a la fecha en que se anticipa el pago, de acuerdo con lo señalado en la letra b); el hecho de que se paga con el nuevo crédito que se otorga, con clara identificación de la entidad que lo realiza, y de haberse pagado el impuesto o haberse acogido a la exención señalada en la letra a) de este artículo.
e)La garantía hipotecaria que caucione el nuevo crédito deberá recaer sobre el mismo bien raíz sobre el que se constituyó la hipoteca que caucionó el crédito original.
En el inciso segundo se señala que la exención dispuesta en este artículo será aplicable también a los documentos que se emitan o suscriban en relación al crédito de enlace que se otorgue mientras se perfecciona la operación hipotecaria definitiva, aunque no sea de esta naturaleza, siempre que en el documento que dé cuenta de dicho crédito se señale que se concede en relación con un crédito hipotecario destinado a extinguir uno anterior que haya servido para adquirir una vivienda, individualizando debidamente el bien raíz. Para que proceda esta exención, la tasa de interés del crédito de enlace no podrá ser mayor que la del crédito hipotecario que se conceda en definitiva al deudor.
En el inciso tercero se preceptúa que por el otorgamiento de las escrituras respectivas, por las inscripciones, anotaciones, alzamientos y cancelaciones que se deban practicar, y por los certificados y copias que deban entregar, los notarios públicos y los conservadores de bienes raíces, respectivamente, no podrán cobrar una suma superior al 50 por ciento de la cantidad fijada para la actuación en el arancel vigente. Los conservadores de bienes raíces sólo podrán cobrar el 25 por ciento del recargo y el 25 por ciento del aumento a que se refieren los incisos segundo y tercero de la letra a) del Nº 1 del artículo 1º del arancel fijado en el decreto Nº 588, exento, del Ministerio de Justicia, de 27 de noviembre de 1988. Con todo, los límites señalados sólo se aplicarán hasta por un monto equivalente a 3 mil unidades de fomento, según el valor de esta unidad a la fecha en que se otorguen o inscriban los documentos, pudiendo cobrar por el exceso de dicha cantidad el total de los derechos que procedan conforme al respectivo arancel.
En el inciso cuarto se dispone que los deudores hipotecarios a que se refiere el inciso primero, que se encuentren afectos al beneficio establecido en la ley Nº 19.622, mantendrán dicho beneficio, debiendo dejarse constancia en la escritura que dé cuenta del nuevo crédito de que éste se ampara en la citada ley, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.
El Ejecutivo formuló indicación para sustituir la primera parte del inciso primero hasta los dos puntos, a fin de ampliar el destino de los créditos que tendrán el beneficio a la “construcción o ampliación” de la vivienda, cubriendo el “conjunto de créditos con garantía hipotecaria que se otorguen durante el período señalado en el artículo 3º”.
Asimismo, el Ejecutivo formuló indicación para sustituir la letra d) con el objeto de satisfacer las observaciones formuladas por la banca, en el sentido de hacer factible cumplir con los requisitos que exige la norma.
También formuló una indicación para permitir el beneficio en las operaciones en que participen el marido y la mujer.
Se solicitó votación separada de las letras de este artículo con sus indicaciones, siendo aprobada por unanimidad la indicación sustitutiva de la primera parte del inciso primero y de la letra d), y el resto del artículo con la indicación que agrega un inciso segundo, por 5 votos a favor y 1 abstención.
En el artículo 2º se señala que las reprogramaciones de créditos hipotecarios que se realicen conforme al artículo 1º del proyecto, cuyo objeto sea amortizar créditos complementarios del subsidio habitacional, mantendrán la garantía estatal a que se refiere el artículo 28 del decreto supremo Nº 44, de 1988, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 5 votos a favor y 1 abstención. El Ejecutivo también formuló una indicación para sustituir el artículo 3º, en el sentido de que el beneficio rija para más de una oportunidad y no como se estableció originalmente en el mensaje, y extender el período de su vigencia, de nueve a doce meses.
Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad.
En el artículo 4º se introducen las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 825, de 1974. En definitiva, son de concordancia. La primera dice relación con la ley “tapón” y aumenta de 24 a 36 meses la facultad de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. Se refiere al impuesto del valor agregado. La segunda rebaja el impuesto a los suntuarios, de 50 a 15 por ciento.
Por último, el Ejecutivo formuló una indicación para suspender a petición unánime de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, desde el 1 de julio de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002, la condición de usar el IVA como crédito fiscal. Ello, en atención a la demanda de una multiplicidad de gremios que se han visto perjudicados por tener que pagar el IVA antes de usarlo como crédito.
Precisamente, esta suspensión se hizo en atención a que el mecanismo que se usa para la fiscalización es engorroso y de alto costo para el contribuyente. En definitiva, el principio que había servido de inspiración no se puede comprobar al verificar que los grandes compradores someten al proveedor a plazos eternamente largos para el pago de los servicios o de la mercadería, no obstante que el IVA debe ser pagado dentro de 30 días.
Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad.
Además, se han introducido algunas modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto.
En virtud de lo expuesto y de los antecedentes que he dado a conocer, solicito la aprobación de la iniciativa.
Por último, agradezco el aporte y la colaboración del personal de la Comisión de Hacienda y, en particular, de su secretario señor Javier Rosselot.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, a pesar de que en el informe se dice que varios artículos fueron aprobados por unanimidad, en verdad me abstuve en la votación de cada uno de ellos; en seguida, daré a conocer mis razones.
Como señala el informe, la idea matriz del proyecto es facilitar e incentivar las reprogramaciones de créditos hipotecarios, de manera que a las rebajas en la tasa de interés se sume una disminución en los costos asociados al impuesto de timbres y estampillas, gastos notariales y del conservador de bienes raíces.
Me abstuve, en primer lugar, porque la iniciativa deja al grueso de los deudores hipotecarios fuera de los beneficios que establece. Ello, debido a que es muy difícil que los bancos estén dispuestos a prestar a la mayor parte de los deudores es decir, a 476 mil de 567 mil, según las estimaciones que se nos entregaron el monto que deben, porque tienen créditos menores de 300 uefes. Lo manifestaron sus representantes que asistieron a la Comisión. Por lo tanto, la masa de deudores no será favorecida.
Además, en muchos casos los deudores son antiguos, razón por la cual hoy no reúnen condiciones de ingresos para solicitar un crédito bancario que les permita reprogramar su deuda.
Durante el debate en la Comisión, manifestamos la necesidad de que hubiera estímulos para que los bancos otorgaran más facilidades o posibilidades a ese segmento de deudores, y sostuvimos que, si bien el proyecto favorecía a sectores de los grupos socioeconómicos A, B y C1, difícilmente deudores de los sectores C2 y C3 podrían acceder a nuevos préstamos.
En segundo lugar, me abstuve porque planteamos la necesidad de que en las reprogramaciones de deudas, en general, se pueda incorporar la cónyuge del deudor. Es absurdo que en las reprogramaciones, la mujer, propietaria de la vivienda igual que su marido porque éste no puede venderla sin su consentimiento, no participe y sólo pueda reprogramar el hombre, quien generalmente es el titular del crédito. Muchas veces, después de un quiebre matrimonial, de una separación o de cualquier otra situación, el marido no está dispuesto a reprogramar, y me ha tocado conocer casos en que algunas mujeres han perdido sus casas por ese motivo. En consecuencia, solicitamos que se incorpore dentro de la normativa la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, puedan reprogramar las mujeres.
Se sugirió la posibilidad de efectuar, en el caso que nos ocupa, una publicación en un periódico, a fin de que, si no hubiese reclamaciones, la mujer pueda reprogramar, en el entendido de que no hay cambio patrimonial, puesto que el bien raíz seguirá perteneciendo al matrimonio. El Ministerio de Hacienda está estudiando esa posibilidad, pero en el proyecto las mujeres siguen excluidas de efectuar reprogramaciones.
En tercer lugar, hicimos ver que la ley Nº 19.003 comprendía a un conjunto de deudores que vivieron una situación muy difícil y crítica entre 1990 y 1991, pero que por rigideces de dicha normativa, sus créditos no pueden ser reprogramados en ningún momento. Entonces, lo único que pedimos es que, mediante este proyecto, se faculte a la Tesorería General de la República para que autorice a los bancos aceptar la reprogramación de dichos créditos. El gran problema es que esa deuda fisco tiene una cláusula de aceleración, por lo que si un deudor no paga las cuotas oportunamente, se declaran cumplidos todos los plazos y no hay posibilidad de reprogramar. Esta peculiaridad ha generado muchas dificultades tanto al Banco del Estado como al resto de las instituciones bancarias. Por eso reitero solicitamos que se incluya una norma que permita que la Tesorería General autorice a reprogramar la deuda fisco en casos particulares o con bancos específicos.
En cuarto lugar, me abstuve en la votación en el entendido de que el proyecto favorece a un segmento muy limitado, al de más altos ingresos de la población, el cual ha accedido a viviendas de más alto valor, por lo que ocurre con la reprogramación de deudas hipotecarias hechas por el Banco Central en 1981 ó 1982, a través de los acuerdos Nºs 1517, 1583 y 1719. Esos acuerdos, que se le ocurrieron a alguien entre gallos y medianoche, fueron muy perjudiciales para los deudores hipotecarios, por cuanto se les permitió que pagaran sólo el cuarenta por ciento de la deuda y que el resto lo traspasaran al final, con lo cual el saldo resultó superior al valor comercial de la propiedad. Por lo tanto, hay que buscar algún tipo de solución para esos deudores.
Hemos sostenido, desde hace mucho tiempo, que el Banco Central debería hacer una propuesta de reprogramación en ese sentido. Hoy, como las tasas de interés están bajas, se dan las condiciones para hacer una mejor oferta a los deudores. Por ejemplo, el Banco Central podría plantear que paguen el 60 por ciento de la deuda ahora, y que, a través de créditos bancarios, con las tasas actuales, prepaguen el resto. Si eso se hizo con la deuda subordinada y con los bancos privados, ¿por qué no se puede hacer con los deudores? Lo hicimos presente en el debate que hubo a propósito de la deuda subordinada.
Hemos sostenido reuniones con el Ministerio de Hacienda sobre esos tres temas: que las mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal puedan reprogramar las deudas hipotecarias; que se faculte a la Tesorería General de la República para reprogramar las deudas fisco a través de la ley Nº 19.003, y la solicitud de que el Ministerio de Hacienda negocie con el Banco Central una alternativa para los deudores comprendidos en los acuerdos Nºs 1517, 1583 y 1719. Este Ministerio ha informado que está abocado al estudio de estas proposiciones y que espera incorporarlas en el debate de este proyecto en el Senado. No obstante, uno teme que, al final, la iniciativa se apruebe como está, con lo cual se beneficia a un segmento muy reducido de deudores que, en muchos casos, están en una situación de ingresos que les permite solicitar créditos a tasas más bajas, ya que con el diferencial que ganan pueden cubrir los impuestos de timbres y estampillas y otros gastos.
En consecuencia, solicitamos que se incorporen al proyecto las materias señaladas, incluyendo alguna forma de estímulo que incentive a los bancos para reprogramar, con las actuales tasas, este tipo de deudas.
No quiero persuadir a nadie a que se abstenga: el proyecto es positivo para un segmento y, por lo tanto, cada uno debe decidir. Espero que el ministro de Hacienda asuma los temas y ojalá que lo planteado en privado se establezca en público, a fin de que el Senado pueda perfeccionar la iniciativa.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mora.
El señor MORA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al Gobierno por haber acogido la solicitud, planteada hace más de diez meses, de enviar a tramitación legislativa este proyecto de ley. Su objetivo, como lo señalé en la hora de Incidentes, y después en un consejo de la Democracia Cristiana, en presencia del ministro de Hacienda, apunta a reactivar la demanda en el país. En ese sentido, señalé que el Estado no perdía plata al permitir renegociar las deudas hipotecarias en la forma que se indica, porque los compradores pagaron los impuestos cuando efectuaron la adquisición de su propiedad. Al renegociar dichas deudas y eliminar el pago del impuesto de la ley de timbres y estampillas, serán beneficiadas todas aquellas personas que compraron propiedades hace tres, cuatro, cinco o más años, en UF más diez u once por ciento de interés en algunos casos, lo que significaba pagar una tasa de interés anual promedio de 15 por ciento.
Como una manera de reactivar la economía, se ha llegado al convencimiento de que la baja en las tasas de interés determinada por el Banco Central en los últimos meses es posible traspasarla a los deudores hipotecarios, a fin de permitir que quienes renegocien aquí tengo una diferencia con el diputado señor Montes, porque no es tan cierto que sólo se beneficiarán sectores de altos ingresos puedan rebajar sus dividendos hipotecarios hasta en 30 por ciento.
No participé en el debate de la Comisión de Hacienda, pero conozco el proyecto tal como se lo presenté al Gobierno. Por supuesto, éste lo modificó y mejoró sobre la base de la idea original, en la cual debo reconocer que colaboraron los diputados señores Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Andrés Palma y Julio Dittborn. Este último colega, cuando me referí a las deudas hipotecarias en la Sala, aportó otras ideas con el fin de reactivar la demanda.
Al respecto, he propuesto varias iniciativas de ley que apuntan al mismo objetivo: que la Superintendencia de Bancos controle que la baja de las tasas de interés dispuestas por el Banco Central sea efectivamente traspasada a los clientes de los bancos, porque hasta hoy esas entidades han sido las únicas beneficiadas.
También he planteado la necesidad de controlar las tasas de interés que se cobran por las tarjetas de crédito de consumo, porque ellas fluctúan, en promedio, entre 3 y 3,5 por ciento mensual, en tanto que a los ahorrantes que depositan dinero en los bancos les están dando el 0,10 ó 0,15 por ciento de interés mensual, lo cual me parece absurdo. Mientras los bancos efectúan préstamos por los que en algunos casos cobran hasta el 50 por ciento de interés anual, a los ahorrantes les dan apenas el 1,2 por ciento. La diferencia es muy grande.
Insisto en que el país necesita fomentar la demanda para reactivar la economía, idea que se recoge en este proyecto. La observación formulada por el diputado señor Montes respecto de que las mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal o separadas, puedan renegociar sus deudas, es atendible y no la habíamos considerado.
Lamento que el Gobierno, en el mensaje, no haya mencionado a los autores de la idea matriz del proyecto, porque aquí se está gobernando, en conjunto, por el bien común y del país. Cuando uno realiza aportes legislativos, lo menos que se debe hacer es reconocer la propiedad intelectual.
Voy a votar favorablemente.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, en verdad, muchos parlamentarios veníamos exigiendo, desde hace algún tiempo, la presentación de un proyecto como éste, porque, en un momento en que la economía chilena vive una situación difícil, había que tratar que la mayor cantidad posible de deudores aprovechara la ventaja de nuestra economía, que significa tener tasas de interés bajas respecto de la situación histórica.
Entonces, junto con el diputado señor Longueira planteamos, el 7 de abril de 2001, que el Gobierno patrocinara un proyecto de ley que permitiera prepagar créditos hipotecarios sin tener que pagar por el nuevo préstamo el impuesto de timbres y estampillas que, como todos sabemos, es muy alto: 1,2 por ciento, el cual, entre paréntesis para que lo sepan los contribuyentes que me están escuchando, subirá al 1,6 por ciento a partir del 1 de enero del año próximo, como un legado más de la gestión del ex ministroEduardo Aninat.
Encuentro que el proyecto está bien concebido, por cuanto se rebaja, en los conservadores de bienes raíces, el 50 por ciento de los derechos de inscripción de las propiedades cuyo crédito hipotecario se haya reprogramado.
Sin embargo, el proyecto ha quedado obsoleto con la próxima aprobación en la Cámara, probablemente en las próximas semanas, del proyecto de rebaja de impuesto a las personas que, como todos sabemos, contiene el gran beneficio aquí no está incluido de reducir, de la base imponible del impuesto global complementario, los intereses pagados por los créditos hipotecarios. Ese proyecto es muchísimo más amplio en cuanto a beneficios que el que estamos discutiendo.
Por lo tanto, creo que el Gobierno ha estado legislando muy desordenadamente respecto de estos temas. El proyecto que hoy nos ocupa prácticamente perdió interés por una razón muy simple: una vez que aprobemos la iniciativa que rebaja el impuesto a las personas se producirá un tremendo incentivo para prepagar los créditos hipotecarios vigentes, pero no por no pagar el impuesto de timbres y estampillas, sino porque, al prepagar un crédito hipotecario vigente, se cambia el pago de intereses, pero se pagan muchos más por el nuevo crédito.
El proyecto que contiene esa disposición generará se lo mencionamos al señor ministro de Hacienda en la Comisión, un tremendo incentivo para renegociar los créditos hipotecarios, porque en esa clase de préstamo el deudor paga intereses al comienzo, y al final del plazo del crédito, capital. Ahora, como el beneficio es respecto de los intereses pagados, es evidente que el incentivo para prepagar créditos vigentes y tomar nuevos créditos será tremendamente alto; pero no por el beneficio que da este proyecto, sino por el que otorgará el que conoceremos luego. De manera que este proyecto no tendrá gran impacto en el mercado hipotecario. Lo habría tenido antes de que conociéramos la iniciativa sobre rebaja del impuesto a las personas.
Antes de terminar, quiero agradecer al Ejecutivo la incorporación en este proyecto de algunas ideas que expusimos en la Comisión de Hacienda, entre otras, la ampliación del beneficio de nueve a doce meses; su extensión a la construcción y ampliación de viviendas, y la incorporación de una indicación en el sentido de incluir a personas que han comprado bienes en comunidad. En una ley anterior, de beneficio hipotecario en relación con el DFL Nº 2, que aprobamos hace algunos meses, sólo se favoreció a personas naturales individuales que hubieran comprado una vivienda, con lo cual creamos un gran problema. En esta oportunidad, el Gobierno, acogiendo nuestra inquietud, introdujo una indicación que dice textualmente: “En el caso que se hubiere otorgado un crédito de los señalados en los incisos anteriores es decir, hipotecarios, a más de una persona es decir, a una comunidad, para adquirir, construir o ampliar una misma vivienda, podrán acogerse a la exención establecida en esta ley por los nuevos créditos...”, etcétera.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, en su segundo discurso, el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, quiero precisar algunas cosas.
No sé de qué Chile hablamos según el diputado señor Dittborn, ya que este proyecto beneficia a mucha gente. El otro, el de rebaja de impuestos, es sólo para quienes tienen un ingreso individual de más de 380 mil pesos. Eso significa que el 80 u 85 por ciento de los chilenos no entran dentro de esa categoría y, por lo tanto, no se les resuelve su problema de dividendos.
Quiero preguntarles a los diputados presentes si este proyecto beneficia a los 275 mil deudores de vivienda básica que las adquirieron en esta década. No los favorece.
¿Beneficia a los 311 mil deudores que han accedido a las viviendas PET en esta década? No. ¿Favorece a los 500 mil deudores que han accedido al subsidio unificado en la década? Tampoco. Si a ellos les sumamos los 150 mil deudores de arrastre, 1.150.000 no se beneficiarán con este proyecto. Eso es lo que sostengo.
Entonces, necesitamos que se extiendan beneficios de este proyecto a las mujeres, a los deudores que para repactar se acogieron a la ley Nº 19.003, que contiene una cláusula rígida, deuda fisco, y a los deudores del Banco Central, porque afrontan una situación anómala que se arrastra desde la crisis de 1982. Es lo único que se pide.
No magnifiquemos. Esto favorece a un segmento de la población, a una fracción que no va más allá del 10 ó 15 por ciento de los deudores hipotecarios, pero no generalicemos. A los demás ni siquiera les dan crédito, porque deben muy poco y a los bancos no les conviene otorgar préstamos por tan baja cantidad, o porque, en el caso de los adultos mayores, sus ingresos no corresponden hoy a lo que se requiere para conceder créditos de esa naturaleza.
Por lo tanto, digamos lo que realmente representa este proyecto para no generar falsas expectativas.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, parece que hoy estamos un poco “álgidos” en la Cámara.
El diputado Waldo Mora dice que este proyecto lo conversamos hace algunos meses, a raíz de una iniciativa suya, lo que es efectivo. El diputadoJulio Dittborn habla de que fue originado en otros ámbitos parlamentarios y lo relaciona con el impuesto a la renta. Yo también paso mi avisito: la rebaja de impuesto a la renta fue presentada oficialmente en esta Cámara, por el diputado señor Krauss y el que habla, mucho antes de que lo hicieran los senadores señores Foxley y Boenninger. Lo señalo, dado que estamos mezclando temas. Es bueno reconocer quiénes son los autores de los proyectos de ley, porque después muchos se suman a ellos.
Estamos mezclando este proyecto con el de impuesto a la renta y quiero que mis colegas se preparen para lo que viene, porque quiero que lo que hoy sostienen lo reiteren mañana, cuando veamos lo relativo al impuesto a la renta.
Las cifras no avalan lo que sostiene el diputado Montes. Este proyecto de ley significa una rebaja de entre 27 mil y 126 mil pesos para 476 mil deudores hipotecarios de un total de 556 mil. O sea, estamos hablando que un 85 por ciento de los beneficiados están en los tramos 1 y 2, quienes ganan menos de 435 mil pesos. Si el diputado Montes desmiente estas cifras, le señalo que ellas fueron entregadas por el Ministerio de Hacienda. Si no confiamos en ese ministerio, ¡Dios nos valga cuando discutamos la ley de Presupuestos!
En los tramos altos, las cifras indican que quienes ganan entre 2 millones de pesos y más de 4 millones hay 21 mil deudores que representan el 4 por ciento del total. Es decir, el 90 por ciento está entre los que ganan menos. Me referiré a lo mismo cuando discutamos la rebaja al impuesto a la renta.
Como decía el otro día, seguimos con la política de las top models: 906090; 90 para los ricos, 90 para los pobres, a través de los subsidios de asistencia del gobierno de la Concertación, y 60 para la clase media.
¿Cuál clase media? Nos dirán que la integran los que ganan menos de 300 mil pesos. No, la tradicional clase media chilena la conforman el profesional, el joven y el hombre que está en los supermercados y la niña que trabaja en una tienda, quienes ganan entre 350 mil, 400 mil y 1.200.000 ó 1.300.000 pesos. La gran clase media no figura en este proyecto ni lo estará en la rebaja de impuesto, porque no se ha considerado a nadie que se encuentre entre los tramos 5 y 35.
En eso radica la discusión y no en aquélla que pueda tener cada uno en su distrito. A lo mejor yo represento un distrito rural donde todos están en el primer, segundo o tercer decil. ¿Qué decía la encuesta Casen? Lo mismo. Los de arriba suben el uno por ciento en diez años; los de abajo, se mantienen. Para eso focalizamos el gasto. Cualquiera que sea el gobierno: socialista, demócrata cristiano, etcétera, la clase media queda afuera.
Así es que no juguemos con las cifras, porque dan para mucho y depende de cómo se agrupen, si en los primeros o en los últimos deciles. Los primeros corresponden al 10, 20 ó 30 por ciento. No somos tontos en esta Cámara.
Éste es un gran proyecto. Concuerdo con el diputado señor Dittborn en el sentido de que lo podemos complementar con la rebaja del impuesto a la renta.
Los bancos no han traspasado a la gente la rebaja en la tasa de intereses. Habría que buscar la manera de que esos 556 mil deudores tengan realmente la “chance” de entusiasmarse, a lo menos. Creo que muchos no la tendrán. Se ha estimado que el ahorro público sería de 66 mil millones de pesos si todos los bancos lo hicieran, lo cual contribuiría a que hubiera menos gastos y, por ende, como lo mencionaba el diputado señor Mora, más reactivación y más consumo, por lo menos en los niveles medio a bajo.
El proyecto fue estudiado en la Comisión de Hacienda y felicito al diputado señor Tuma y a los demás integrantes de ella por el trabajo realizado.
Gracias a nuestro aporte, y a la gentileza del señor ministro en escucharnos, pudimos introducir indicaciones para extender el beneficio a la construcción y ampliación de viviendas, como asimismo para considerar como sujetos de la reprogramación al matrimonio, esto es, tanto al hombre como a la mujer. Escuchamos a la banca, porque queremos que la normativa sea operativa. Los bancos dicen que la propuesta es interesante, pero que representa serios inconvenientes. Repito que no han traspasado a la gente la rebaja de intereses. Escuchamos sus planteamientos y el ministro accedió a incluir una par de indicaciones al respecto. Es decir, se hizo un trabajo eficiente y claro.
Planteé en la Comisión la necesidad de que el beneficio fuera permanente porque, como sólo funciona cuando las tasas de interés están bajas, si alguien piensa que en los próximos años se reducirán más, me parece que eso es no saber de economía. Ya verán cómo en los próximos días el Banco Central especulará tratando de subir las tasas, porque asusta la crisis de Argentina. Pasará como la vez anterior, cuando se produjo la crisis asiática, en que se elevó a 14 por ciento y dejaron la escoba en el país. Ya veremos al Banco Central presionando para subir las tasas, cosa que no corresponde todavía, porque primero está el país.
En ese sentido, ojalá que hubiéramos mantenido el proyecto no sólo por nueve o doce meses, sino en el futuro, pero el Ministerio no lo aceptó. Siempre que hubiera una baja razonable en las tasas de interés, la gente podría acceder a los beneficios del proyecto. Este beneficio, más que coyuntural es de justicia; sin embargo, el proyecto crea optimismo, por cuanto da a la gente chilena normal, esperanza, ya que ve que en algo la favorece; que no sólo legislamos para los empresarios a través de proyectos de mercado de capitales o de inversiones, sino que también lo hacemos para los más pobres del país.
Si analizamos en forma racional los números, comprobaremos que no estamos legislando para la clase media, criterio que comparten muchos de mis colegas. Espero que cuando discutamos el proyecto sobre rebaja de impuestos, el Ejecutivo acepte un par de indicaciones que hemos propuesto.
No se trata de ahorrarnos cinco o diez millones de dólares. Aquí hay un proyecto real que, además dicho por el propio ministerio, no representa costo para el fisco, aparte de que se supone que, en las actuales condiciones, nadie hará uso de las disposiciones del proyecto.
Por lo tanto, creo que debemos motivar a la gente para que se acerquen a los bancos, a fin de que ellos reestudien su caso en particular. Somos parlamentarios y debemos ser responsables: aquí hay una oportunidad. Concuerdo con el diputado señor Montes en que quien tiene un ingreso mensual de 87 mil pesos está ahorrando 27 mil pesos; aquel cuyos ingresos son de 4 millones de pesos, está ahorrando 700 mil pesos, ahorro que va en proporción con las rentas. Debemos demostrar que aquí hay una posibilidad cierta, real, aunque la gente ocupe mediodía o un día en efectuar todos los trámites. A la banca esto no le gustará, porque ya hemos conversado con ellos sobre este tema. En todo caso, hay cierta disposición para aceptar el proyecto.
Fue una lástima que no pudiéramos introducir una modificación para favorecer a las pymes. Así lo señalaron los diputados señores Ortiz, Tuma, y otros parlamentarios; pero, aun así, el proyecto es positivo y, por lo tanto, lo vamos a respaldar como lo hicimos en la Comisión, porque todo es mejorable. Espero que cuando discutamos la iniciativa sobre rebaja del impuesto a la renta, podamos beneficiar a la gran clase media chilena, que no está siendo favorecida.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, tal como se ha señalado durante la discusión del proyecto, de su lectura se desprende que tiene buena intención y lógica: disminuir el costo del crédito para mucha gente endeudada por la adquisición de una vivienda.
Sin embargo, también debemos tener claro que un crédito con letras hipotecarias no es simple, sino de suyo complejo en cuanto a su implementación, porque, respecto de él, existe burocracia administrativa, la que no hace tan fácil la liquidación del crédito anterior cuando se trata de contratar uno nuevo para reemplazarlo. Además, hay que considerar la serie de gastos adicionales que la nueva operación acarreará.
Aquí se pretende, con muy buena intención, liberar durante un período de tiempo a estas operaciones del impuesto del 1,2 por ciento que establece la ley de timbres y estampillas, así como limitar los gastos notariales y del conservador de bienes raíces en que debe incurrir el deudor hipotecario. Pero nos hemos olvidado de un aspecto, cual es que esto significa un nuevo estudio de títulos y una nueva escritura, lo que significará un costo adicional que, a lo mejor, desincentivará la reprogramación de los créditos.
Señor Presidente, si queremos ayudar de verdad a los deudores y contribuir a la reactivación de la economía, no debemos olvidar que el actual impuesto del 1,2 por ciento de la ley de timbres y estampillas constituye un porcentaje muy alto respecto del costo real del crédito.
Muchos colegas han propuesto extender el beneficio a los créditos de consumo y a las deudas de las pymes, posibilidad que se podría estudiar. En consecuencia, dejo planteada esa inquietud. Ojalá que se pudiera considerar esa situación y hacer un estudio en el Ministerio de Hacienda, porque tengo la íntima convicción de que la eliminación de este impuesto del 1,2 por ciento para la totalidad de los créditos permitirá abaratar los costos, dinamizar la economía y llevar un gran alivio a los deudores.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, es obvio que en esta Corporación tenemos una tremenda discrepancia respecto de cuál es la clase media. Después de escuchar al colega Pablo Lorenzini, he llegado a la convicción de que su visión y comprensión sobre lo que se entiende por clase media es muy distinta de la nuestra.
Si uno examina la distribución de ingresos por hogar contenido en la última encuesta Casen, llega a la conclusión de que más del 70 por ciento de los hogares tiene un ingreso promedio menor de 430 mil pesos. Cuando hablamos de un ingreso promedio, estamos señalando que más de una persona aporta al mismo.
Si los profesores escucharan la concepción del colega sobre la composición de la clase media, quizás se espantarían, porque la mayoría percibe un ingreso de 380 mil a 420 mil pesos después de 30 ó 40 años de servicio; muchos psicólogos que trabajan 44 horas semanales en la salud pública tienen ingresos de 280 mil pesos. Es decir, evidentemente tenemos percepciones y convicciones distintas sobre lo que es la clase media.
Teniendo presentes esas visiones distintas respecto de cuál es la clase media, uno debe entender que este proyecto y sus medidas complementarias son para ayudar a los sectores medios que han contraído deudas hipotecarias y que requieren de un apoyo, de alivio y de consideración.
Muchas personas podrán resultar beneficiadas con esta exención del impuesto de timbres y estampillas propuesta por el Gobierno. El colega Waldo Mora y otros diputados quizás fueron los primeros en plantearla en el consejo de su partido o al ministro correspondiente. Podemos hacer un examen de ADN para determinar quién es el padre de la iniciativa, o la madre, como acota la colega Adriana Muñoz. Lo cierto es que algunos piensan que el proyecto es la panacea para la clase media, pero yo no creo que sea así.
El diputado señor Carlos Montes ha planteado nuestra visión en cuanto a la clase media. Estamos hablando de los sectores C2 y C3 que tienen deudas hipotecarias, pero que no serán beneficiados con esta medida, porque al sistema financiero no le interesa renegociar sus deudas por el bajo monto de sus remuneraciones y por los costos internos que significa hacer el papeleo de la reprogramación.
Esta propuesta, que puede beneficiar a unas 20 mil o 30 mil familias con la rebaja de tasas de interés que existe en el mercado, lo que resulta justo si se comparan las ganancias del sistema financiero, debe ser complementada con acciones que permitan beneficiar a la clase media real, que no está compuesta por quienes ganan más de un millón de pesos; la gran mayoría de esos hogares tienen entre 300 mil y 500 mil pesos de ingreso, tal como lo indica la encuesta Casen; o sea, es un estrato que se ubica desde el cuarto hasta el séptimo decil en nuestro país.
El diputado señor Montes ha formulado un conjunto de propuestas, que han sido respaldadas por la bancada socialista. Esperamos que el ministro de Hacienda las tome en cuenta, igual que lo que plantearemos en relación con la rebaja de impuestos para los sectores medios, materia que figura en otro proyecto de ley, con el objeto de que se transformen en beneficios concretos para los sectores medios, que son los que en la actualidad están cargando una mochila difícil de soportar si no hay un alivio por parte del Estado y del conjunto de actores del país.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, quiero formular un par de consultas al diputado informante o al señor ministro de Hacienda, presentes en la Sala, respecto de algunas dudas que me surgen al leer el texto del articulado y de las diversas intervenciones que hemos escuchado aquí.
En primer lugar, quiero saber cuál es el sentido exacto de la norma del artículo 1º, que señala que la liberación del impuesto establecido en el decreto ley Nº 3.475, ley sobre impuesto de timbres y estampillas, será “hasta por el equivalente a 36 unidades de fomento,”. Mi pregunta es: ¿qué significa exactamente ese concepto? ¿Que el crédito tiene que ser hasta 36 unidades de fomento o que en el supuesto de que se tenga que pagar un impuesto de 40 unidades, la exención solamente correría hasta las 36 unidades de fomento? En consecuencia, entiendo que el máximo de impuesto que dejará de pagar, según esta norma, será de 36 unidades de fomento, de manera que si en una reprogramación el deudor tuviera que pagar 37 unidades de fomento, en teoría o en la práctica, según el proyecto, pagaría sólo una unidad de fomento.
Entiendo que ése es el sentido de la norma, pero, como está redactada, podría producir equívocos en cuanto a que el máximo de reprogramación sería de 36 unidades de fomento. Sin embargo, entiendo que el correcto sentido es que el impuesto que dejará de pagar la persona que reprograma será de hasta 36 unidades de fomento. Es conveniente aclarar esa norma y el sentido de la redacción del artículo 1º del proyecto.
La segunda cuestión apunta a que, de acuerdo con la redacción del artículo 1º, en términos jurídicos estamos beneficiando aquella fórmula que se denomina novación por cambio de obligación; o sea, cuando permanecen el mismo acreedor y el mismo deudor, pero se extingue una obligación al contraerse una distinta.
Si uno mira la realidad del endeudamiento de muchas personas, lo más probable es que quien desee reprogramar para aprovechar la rebaja de las tasas de interés, tratará de resolver su problema de endeudamiento, pero cuando existe exclusivamente una novación por cambio de obligación, manteniendo el mismo deudor, probablemente no favoreceremos a aquellos deudores que se encuentran en mora y que podrían beneficiarse con la reprogramación, porque ningún banco prestará plata a quien ya se encuentra endeudado.
Por lo tanto, sería bueno pensar si también podría producirse la novación por cambio de deudor, en la medida en que éste fuera el cónyuge, el hijo o algún pariente cercano, con lo cual beneficiaríamos a muchas más personas y, de esa manera, ampliaríamos el beneficio de acuerdo con lo que se ha señalado durante la discusión del proyecto.
Por último, pensamos que una buena posibilidad sería que el proyecto entrara a regir retroactivamente a contar del 1 de julio, con el objeto de hacer más expeditas las reprogramaciones en el curso del presente mes. Eso contribuiría a favorecer a un conjunto de otras personas y, con ello, se cumpliría la finalidad que tuvieron los autores del proyecto en esta materia.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, quiero referirme a lo planteado por el diputado señor Montes respecto de la capacidad de crédito y de reprogramación de las deudas hipotecarias de las mujeres.
El régimen de sociedad conyugal, como lo hemos explicado a propósito de la tramitación de la modificación del régimen patrimonial, deja a las mujeres en incapacidad especial. Entonces, es muy importante una modificación en ese sentido, porque ahora las mujeres casadas en sociedad conyugal no tienen capacidad de obtener crédito, dado que los bienes los administra el marido y, en general, figuran a su nombre; además, tampoco pueden reprogramar sus deudas, ya que, como decía el diputado señor Montes, la casa familiar, si bien es de propiedad de ambos, el marido es el titular de ella.
He querido llamar la atención sobre el tema porque es importante buscar una solución para la mujer, a fin de que pueda reprogramar. Para resolver en definitiva esta situación, deberemos aprobar el proyecto que figura en el tercer lugar de la Tabla de hoy y que dice relación con la modificación de la sociedad conyugal, en términos de que cada cónyuge administra sus bienes y puede decidir en forma independiente respecto de ellos.
Quería que los señores diputados tomaran nota de este hecho.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, en el debate de esta mañana, los colegas parlamentarios plantearon su interés en que la rebaja de tasas de interés aplicada en los últimos meses por el Banco Central de Chile se traspase a las personas y, en especial, a nuestra clase media.
El proyecto tiene por objeto establecer por el período de nueve meses una exención del impuesto de timbres y estampillas y la rebaja de los derechos notariales y de los conservadores de bienes raíces, todo esto asociado a la reprogramación de las deudas hipotecarias.
El diputado señor Mora señaló que originalmente propuso la idea de legislar en esta materia, lo que es absolutamente cierto. También es veraz que él planteó esa idea en el Consejo Nacional de nuestro Partido y asimismo en la hora de Incidentes de una de las sesiones.
El diputado señor Juan Pablo Letelier expresó que había varios padres del proyecto, y la colega Adriana Muñoz dijo que faltó mencionar a las diputadas que también propusieron legislar sobre esta iniciativa, tema que se trató in extenso en la Comisión de Hacienda hace un año, oportunidad en la cual estuvieron presentes los diputados señores Jaramillo, Montes, Andrés Palma, Silva, Álvarez, Dittborn, José García, Alvarado y quien les habla.
¿Por qué expreso esto? El tema fue de amplia discusión cuando el Consejo del Banco Central entendió que se le había pasado la mano en las tasas de interés. Entonces se planteó la posibilidad de alivianar los costos de las reprogramaciones de las deudas hipotecarias. Es decir, esta iniciativa a la cual accedió el Ejecutivoes obra de muchas personas que estamos abocados a tratar en la Comisión de Hacienda temas de esa índole, y de otros parlamentarios que también se han interesado en la materia.
Sin embargo, ello no habría sido posible si no existiera claridad en el manejo económico del país. Todos estamos viendo la situación por la que está pasando la hermana República Argentina, donde se han rebajado los salarios, los aportes a las gobernaciones y, lo que es peor, ni siquiera cuenta con caja para pagar a los acreedores más directos, como Estado argentino.
También es el momento de reconocer algo muy importante. Muchas veces se expresa con bastante liviandad y en función de éxitos a corto plazo, que la caja fiscal es prácticamente un bolsillo sin fondo. Este tipo de proyecto, en el cual se ha accedido a los planteamientos de varios parlamentarios, es posible por la conducción económica del país, dirigida por el Presidente de la Repúblicadon Ricardo Lagos y efectuada por el ministro de Haciendadon Nicolás Eyzaguirre.
¿Por qué expreso esto? Porque en varias ocasiones hemos aprobado algunos proyectos de ley cuyo financiamiento nos habría gustado aumentar; pero hemos tratado de ser disciplinados al respetar las líneas diseñadas en la macroeconomía, ya que, como políticos, cada cuatro años estamos expuestos a la aprobación o rechazo de nuestros electores.
Es cierto que el proyecto no favorece a todos los sectores, pero también es una realidad que beneficia a más de quinientos mil deudores hipotecarios con deudas a largo plazo, a quienes se les rebaja la tasa de interés. En ese aspecto, es más importante dar a conocer las cifras. Por ejemplo, a una persona con un ingreso mensual de 433.863 pesos y una deuda hipotecaria de 540 unidades de fomento, una posible reprogramación le significará un gasto de 138.370 pesos, el cual, con esta moción acogida por el Ejecutivo, reduce esa cifra a 11.966 pesos. Es importante que los telespectadores del canal de televisión de la Cámara tengan claridad en esta materia.
Daré otro ejemplo relativo a una persona con un ingreso de 1.006.999 pesos y una deuda hipotecaria de 1.253 unidades de fomento. En este caso, el costo de la reprogramación ascendería a 315.215 pesos, pero con el proyecto en estudio la deuda baja a 24.802 pesos.
Es cierto que este beneficio es sólo por una vez, pero si hay voluntad para efectuar las reprogramaciones por parte de los bancos y de las personas con deuda, esto puede significar que 66 mil millones de pesos se destinen al consumo de la familia, lo que redundará en un crecimiento económico.
Por eso, votaré favorablemente el proyecto en debate, que favorece a importantes sectores del país.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, existen discrepancias en la mayoría de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra yo tampoco podría ser absolutamente claro en el análisis de este enredado proyecto, pero entiendo perfectamente que favorece a sectores con un buen pasar económico.
Sin ánimo de ser pesimista, una buena práctica sería preguntar a las familias chilenas si en estos momentos están en situación de renegociar acogiéndose al proyecto en debate. Creo que serían muy pocas, por cuanto debemos recordar que para hacerlo hay que calificar de nuevo para un crédito. Eso requiere la no existencia de anotaciones comerciales vigentes y tener la calidad de sujeto de crédito, o sea, en el fondo, ser solvente, condición que hoy en día tienen muy pocos hogares. Siempre hay excepciones, pero ellas corresponden sólo a quienes gozan de una remuneración mayor. Entonces, la banca ¿con quién renegociará? Con quienes encuentre económicamente idóneos.
¿Quién se podría oponer a una medida inspirada en la idea de expandir el efecto de la baja de las tasas de interés decretada por el Banco Central a los deudores hipotecarios del país?
No cabe duda de que el valor del crédito hipotecario ha bajado. Sin embargo, en la práctica, el alto costo de los impuestos a las operaciones desincentiva la renegociación. Esto es lo fundamental del proyecto, pero hay que ser claros.
Sin ánimo de ser pesimista, me pregunto: ¿cuántos deudores hipotecarios, de los 570 mil que hay en el país, serán favorecidos? ¿Cuántos de ellos no figuran en el Dicom? ¿Cuántos de aquellos que ganan 280 mil pesos mensualmente podrán renegociar?
Por supuesto, como se trata de conceder beneficios, debemos aprobar la iniciativa; pero, con el debido respeto a los legisladores que la estudiaron en las comisiones, les manifiesto que, entre otras cosas, les faltó considerar la situación de la mujer, porque, en las sociedades conyugales separadas de hecho, la mujer que vive en una casa con deudas hipotecarias, no puede reprogramar.
Eso es injusto y no debiera ser así. Esa situación debió quedar establecida en algún artículo.
Estoy confuso, pero igual le prestaré mi aprobación al proyecto, dejando de manifiesto que debió ser mejor.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, el proyecto en discusión es importante para los sectores sociales económicamente de nivel medio alto, que son los que obtendrán este beneficio, que representa una aspiración muy sentida de muchos ciudadanos. Fue propuesto por diversos señores diputados.
Al primero que escuché hablar sobre el tema, hace mucho tiempo, fue al diputado señor Waldo Mora, pero con otro énfasis: con la idea de suprimir el impuesto de timbres y estampillas. Esa proposición también ha sido formulada por parlamentarios de la Derecha. A lo mejor, el país estaría en condiciones de acceder a ella, siempre y cuando fuese compensada por otra vía la enorme recaudación que genera ese impuesto.
Nuestro país tiene un alto nivel de pobreza; entonces, se debe dotar al Estado de fuentes de recursos para que diseñe políticas que vayan en disminución de ella. Las reformas de la salud y de la educación, la extensión de la jornada escolar, los sistemas gratuitos de atención de parto y de vacunación, el acceso universal a internet, etcétera, requieren de financiamiento. Por lo tanto, hay que recaudar dinero.
Desde esa perspectiva, no era sensato eliminar este importante impuesto que recauda alrededor de 320 millones de dólares al año. Sin embargo, en la actual coyuntura económica, este impuesto es un obstáculo para que las personas que quieren aprovechar la baja de las tasas de interés puedan reprogramar sus deudas hipotecarias. Como se señala en el informe, y ése fue el planteamiento del Ejecutivo, una reprogramación no es una nueva deuda. Por lo tanto, es razonable suprimir transitoriamente, para las reprogramaciones, la vigencia de este impuesto.
Todo eso está muy bien. Pero, como se ha señalado con antelación, al menos por el diputado informante y por el colega Carlos Montes, si bien el proyecto significa un gran beneficio para algunos sectores, sabemos que es difícil que se extienda a los deudores hipotecarios de rentas menores. Esa fue la gran preocupación que manifestamos en la Comisión de Hacienda durante la discusión del proyecto.
Lamentablemente, no hemos sido capaces de imaginar una fórmula para obligar a los bancos a bajar los costos administrativos de estas renegociaciones. Lo único que podríamos hacer al respecto es apelar a los bancos, los terceros que generan mayores utilidades en los últimos años en el conjunto de la economía, después de las administradoras de fondos de pensiones y de las isapres así lo revela un estudio del diario “Estrategia”, por lo cual podrían ser un poco solidarios y renegociar también con los deudores de más bajos ingresos, lo que no es poco rentable.
Se encuentra de visita en nuestro país el señor Muhammad Yunus, creador del banco de la esperanza, Grameen Bank, en Bangladesh, que cobra tasas de interés equivalentes al resto de los bancos y comisiones mucho más bajas, lo cual facilita a dos y medio millones de personas el acceso al financiamiento bancario.
Los bancos también podrían mirar las cosas desde una perspectiva distinta, pero a los parlamentarios lo único que les cabe es apelar a su comportamiento. Lamentablemente, esas instituciones siempre consideran que deben otorgarse subsidios estatales para la atención de los más pobres. No entienden mucho de negocios en el largo plazo, sino sólo de ganancias en el corto plazo.
Vamos a aprobar el proyecto aunque sólo ayuda a resolver el problema de un sector de la población. En efecto, a un conjunto importante de deudores les permitirá acogerse a un nuevo programa de crédito con una tasa de interés sustancialmente más baja así lo esperamos, como la que está vigente en la actualidad, lo cual significará un alivio importante en sus deudas.
Estamos conscientes de que la iniciativa no resuelve los problemas de todos los grupos económicos. Ojalá que eso quede claro y que así sea entendido para que no se genere una expectativa que no es posible cumplir. En todo caso, la última palabra respecto del número de personas que podrán reprogramar sus deudas, bajar sus dividendos, pagar menos intereses y mejorar su nivel de bienestar no provendrá del proyecto, sino de los bancos. Para muchos chilenos, eso podrá concretarse, pero para la gran mayoría dependerá de la actitud de los administradores bancarios.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, no es bueno crear enormes expectivas o esperanzas en relación con el proyecto. Se trata de una iniciativa que votaremos favorablemente, porque beneficiará a un sector de deudores de créditos hipotecarios, aunque en ningún caso, como han dicho algunos diputados, a 400 mil o 500 mil personas. Las exposiciones de representantes de varios bancos en la Comisión de Hacienda intentan prepararnos, a lo menos, para una renegociación muchísimo menor.
Insisto, es una buena iniciativa para un sector y por eso la apoyaremos, pero faltan medidas en favor de deudores de créditos hipotecarios de montos bajos. Concuerdo plenamente con muchas de las expresiones del diputadoCarlos Montes, en el sentido de que, si bien el proyecto es bueno y hay que votarlo favorablemente yo, al menos, así lo haré, está dirigido a cierto sector, pero en ningún caso beneficiará, ni muy cercanamente, a un número tan grande de personas como el que se ha mencionado.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, estamos frente a una iniciativa del Ejecutivo que no nos merece reparos, pero que, curiosamente, tampoco constituye un motivo de alegría o una gran noticia para los deudores hipotecarios.
En verdad, es positiva la suspensión de la vigencia del impuesto de timbres y estampillas en los casos de reprogramación de deudas hipotecarias, la cual dependerá, en gran medida, del valor en que se vendan las letras de los nuevos créditos.
Se trata de aprovechar la rebaja en las tasas de interés en la emisión de las nuevas letras hipotecarias. Si ellas se venden al ciento por ciento, el ahorro en el dividendo mensual oscilará entre 226 pesos cuando se trate de ingresos de 87 mil pesos, y de alrededor de 15.800 pesos cuando se trate de ingresos promedios de 3.757.000 pesos.
¿Qué ocurre si las letras se venden al 95 por ciento? Automáticamente, la rebaja en los dividendos desaparecerá, porque los deudores hipotecarios tendrán que enterar la diferencia entre el valor en que se vendan en el mercado y el nuevo crédito que les otorguen por efecto de la reprogramación.
Por lo tanto, no sabemos si el proyecto, que suspende la aplicación del impuesto de timbres y estampillas, surtirá efecto, resultará realmente beneficioso y significará una rebaja en los dividendos.
En todo caso, ante la posibilidad de que algunos se puedan beneficiar, los diputados de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente el proyecto.
Pero hay otra razón poderosa por la cual votarlo a favor, en particular el artículo 6º, que es una indicación formulada por el Ejecutivo para superar una grave situación que se generó con la dictación de la ley sobre evasión tributaria. Concretamente, para usar el crédito fiscal, el 18 por ciento correspondiente al IVA de las facturas debería encontrarse pagado.
Esta iniciativa del diputadoEugenio Tuma, a mi juicio bien intencionada, iba en ayuda de los pequeños agricultores, quienes generalmente venden sus productos a los supermercados, los que demoran 90 días en pagar las facturas, aun cuando se ven obligados a enterar inmediatamente el IVA. Como se trata de pequeños campesinos que no tienen capital, se pensó en que ésta podía ser una buena solución, pero esto terminaba con todo el sistema de ventas al crédito, porque exigía que, a lo menos, estuviera pagado el impuesto al valor agregado. Lo anterior significó una protesta de las cámaras de comercio a lo largo y ancho del país. El hecho fue comprendido por el ministro de Hacienda, la Comisión de Hacienda y por el propio diputadoTuma, quien coordinó con dicha cartera la indicación al artículo 6º, a fin de suspender, desde el 1 de julio del presente año hasta el 31 de diciembre del próximo, la vigencia de la disposición que obligaba a tener pagado el IVA de las facturas para poder hacer uso del crédito fiscal.
Me parece que esta norma da tranquilidad a miles y miles de personas que se dedican al comercio, a la industria, a la artesanía, al transporte y a las más diversas actividades económicas del país.
En verdad, sin darnos cuenta y reconociendo nuestros errores, en la normativa sobre evasión tributaria aprobamos una norma que esperábamos que favoreciera a los pequeños contribuyentes, la cual puede perjudicarlos seriamente. Durante el lapso que dure la suspensión, se pretende buscar una solución más inteligente que no tenga otros efectos colaterales para aliviar la situación de los pequeños agricultores que carecen de capital y se ven obligados a enterar el IVA que ellos todavía no reciben.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, nuestra bancada va a apoyar sin reservas este proyecto de ley, aun cuando estamos conscientes de que favorece solamente a un sector de los muchos endeudados que quieren acogerse a renegociaciones.
Considero que más temprano que tarde tendremos que revisar la ley que establece el impuesto a la ley de timbres y estampillas, por cuanto tiene su origen en una norma de hace más de 400 años y no responde a las necesidades ni a la lógica actual. No se justifica que los contribuyentes continúen pagando un impuesto que no tiene absolutamente ningún sentido al no regir ni los timbres ni menos las estampillas.
Este proyecto permitirá a un sector importante de deudores hipotecarios repactar sus obligaciones con una tasa de interés más baja. Sin embargo, los bancos no tienen transparencia en las tasas de interés que están ofreciendo. Al respecto, debe existir una regulación. Además, nos estamos basando en un supuesto absolutamente falso: que en el mercado financiero existe gran movilidad de deudores para trasladarse de una institución a otra con el objeto de repactar sus deudas. Eso no es cierto, porque cuando un deudor quiere cambiarse de banco debe pagar su deuda anterior, presentar al nuevo banco sus estados financieros contables y su historia económica para que éste evalúe su viabilidad, aparte de tener que empezar a conocer a las personas que laboran en él, entre ellos, su ejecutivo de cuentas. En definitiva, es muy difícil que un usuario, por la rigidez que existe en los mercados financieros, tome la decisión de cambiarse de banco. Estamos ante un desafío para la Cámara de Diputados, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en orden a establecer mayor transparencia en las tasas de interés, en los cobros que hacen los bancos y que explican gran parte de las utilidades que han obtenido en los últimos años.
Sin embargo, no quiero que quede la impresión de que este proyecto no tiene mérito, porque realmente lo tiene. Nos queda pendiente la tarea de efectuar una regulación más eficaz en favor de los usuarios de los bancos, de hacer más transparente el sistema financiero y de realizar una mayor fiscalización. Debemos saber por qué razón ahora a los usuarios se les cobran ciertas comisiones, en circunstancias de que antes no se hacía. Por otra parte, las rebajas de las tasas de interés no se han traspasado a los usuarios.
Como decía el diputado señor Mora, ahora tenemos un avance, un beneficio tributario durante un año para quienes quieran repactar.
Por último, debo reconocer que el diputadoJosé García me ahorró parte de mi intervención porque explicó, nítida y claramente, los objetivos que se tuvieron en la ley de evasión tributaria al incorporar una medida tendiente a corregir la distorsión que significa que los pequeños proveedores, que están obligados a pagar el IVA dentro de 30 días, no reciban el importe de la factura hasta 90, 120 y 150 días después. Una vez que fue promulgada la ley, nos dimos cuenta de que la norma era ineficaz porque su fiscalización resultaba engorrosa; además, era oneroso para el contribuyente mantener un libro aparte y hacer un programa distinto. Tampoco resulta eficaz, porque quienes tienen una posición dominante en el mercado pueden decirle a los proveedores pequeños: “Conforme, les pagaré el IVA dentro de los 30 días para que puedan hacer uso del crédito fiscal, pero sus servicios o mercaderías se los pagaré en 120 ó 150 días”, cuando antes lo hacía en 90 o en 120 días.
Valoro que el Ejecutivo haya acogido, primero, la idea de intentar regular esta distorsión y, luego, la iniciativa planteada por los miembros de la Comisión de Hacienda para suspender la aplicación de la medida, con el fin de buscar algún mecanismo que solucione esta inequidad entre los pequeños contribuyentes y los grandes compradores.
Hago un llamado a los bancos para que cumplan con las disposiciones de este proyecto.
Todos están aportando para solucionar el problema: el fisco, el Gobierno y el Congreso, menos los bancos, es decir, las instituciones más importantes que intervienen en el negocio bancario.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, voy a ser extremadamente breve para no abusar de la paciencia de los señores diputados.
Las intervenciones se han centrado en las bondades de este proyecto, aunque ello no impide entender que no soluciona todos los problemas de los deudores, especialmente de los hipotecarios.
Hoy los deudores se ven afectados por varias situaciones, entre otras, por la carencia de empleo, el bajo nivel de la demanda y el reducido monto de sus ingresos, lo que complica bastante a la gente para acceder al crédito.
También es cierto que este proyecto no garantiza que en la nueva situación que enfrentan los deudores, los bancos tengan interés en reprogramar.
Pero el proyecto remueve un obstáculo fundamental, a fin de que las personas disfruten de tasas de interés mucho más reducidas en nuestro mercado.
Es típico que en las economías más desarrolladas las bajas tasas de interés se reflejen rápidamente en reactivación, porque las personas pueden reprogramar sus créditos, circunstancia que no está ocurriendo con la velocidad que necesitamos en nuestro país.
Este proyecto, como se ha señalado, potencialmente puede beneficiar a 550 mil deudores. Por lo tanto, por la vía indirecta ayudará a la reactivación.
Respecto de consultas planteadas, las 36 UF no son más que el 1,2 por ciento de las 3.000 UF, que es el tope reprogramable.
A su vez, al diputado señor Huenchumilla debo señalarle que el artículo 3º contempla la reprogramación de los créditos vigentes y morosos.
Sólo me resta agradecer que la iniciativa haya sido mejorada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Sé que con este proyecto no estamos solucionando todos los problemas de Chile, pero, sin duda, estamos dando un paso adelante.
Espero que el proyecto sea aprobado y que también se discuta esta semana la iniciativa sobre rebaja de impuestos a las personas.
Muchas gracias.
El señor PARETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
Como no ha sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Rozas (doña María), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Mesías, Monge, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Muñoz (don Pedro) y Ovalle (doña María Victoria).
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, agradezco la disposición de todos los señores diputados.
Para terminar, quiero señalar, respecto del planteamiento expuesto por el diputado señor Carlos Montes relativo a la situación de determinados deudores hipotecarios, específicamente la de aquellos cuyos créditos se vinculan a los acuerdos 1517, 1583 y 1719 del Banco Central de Chile, y de los que emanan de la ley Nº 19.003, que he dispuesto la formación de un grupo de trabajo en el Ministerio de Hacienda, el que se encuentra en pleno funcionamiento, como le consta al diputado señor Montes, recabando la información necesaria de los entes involucrados. Me refiero al Banco Central de Chile hoy autónomo, al Banco del Estado de Chile, a la banca privada acreedora y a la propia Dirección de Presupuestos, a fin de determinar tanto los costos fiscales como la viabilidad, oportunidad y conveniencia de posibilitar a este grupo de deudores los beneficios que en virtud del proyecto aprobado le estamos otorgando a un gran universo de deudores hipotecarios.
Muchas gracias.
El señor ÁLVAREZ.-
Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, quiero que cite a reunión de Comités para acordar el procedimiento para el despacho del próximo proyecto que debatiremos.
El señor PARETO (Presidente).-
Se cita a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por 15 minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
FECHA PARA ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES. Primer trámite constitucional. Proyecto sobre Tabla.
El señor PARETO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que establece fecha de elección para diputados y senadores, calificado con urgencia de “discusión inmediata”.
Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es la señora Laura Soto.
Antecedentes:
- Mensaje, boletín Nº 2757-06. Documentos de la Cuenta Nº 1.
- Certificado de la Comisión de Constitución. Documentos de la Cuenta Nº 9.
El señor PARETO (Presidente).-
Informo a la Sala que el debate comienza a las 14 horas y que el tiempo máximo para despachar el proyecto vence a las 14.50 horas.
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, paso a informar el proyecto enviado por su Excelencia el Presidente de la República, que define un nuevo método para determinar la fecha en que debe realizarse toda elección periódica de diputados y senadores, y establece el día en que deberá efectuarse la próxima elección parlamentaria.
El Jefe del Estado hace diversas disquisiciones de tipo filosófico y democrático, trayendo a colación la tremenda importancia del día de la elección, que involucra a muchos actores y moviliza a todo el país.
Señala que, por ello, muchas veces se prefiere que la elección se realice un día domingo, pues en día hábil habría que suspender las actividades normales, lo que produciría tremendos e ingentes gastos que nuestro país no está en condiciones de solventar.
No obstante esos análisis, el mensaje señala que el ordenamiento vigente, acogiendo normas tradicionales de nuestro sistema electoral, por regla general define el día de una elección en base a la fecha en que deba concluir el período normal de las autoridades en ejercicio. De este modo, la fecha de la elección corresponde a un día cierto y determinado: el que anteceda en un cierto plazo a la fecha en que deban expirar en el cargo las autoridades en ejercicio. Se trata, entonces, de una fórmula rígida. La elección sólo puede efectuarse aquí está el quid del asunto el día que conforme a esta regla se determine, no existiendo posibilidad de trasladarlo a un día domingo o a otro feriado próximo.
Es así como la próxima renovación de la Cámara de Diputados y del Senado debe producirse el 11 de marzo de 2002. Al aplicar la norma vigente, contenida en el artículo 174 de la ley orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la elección periódica debería realizarse noventa días antes de esa fecha, esto es, el 11 de diciembre de 2001, no obstante corresponder a un día martes.
La definición de la fecha de las elecciones periódicas de parlamentarios es una materia de regulación legal, específica de la ley orgánica constitucional citada y, por lo mismo, la modificación del mecanismo, forma o procedimiento aplicable al efecto es resorte del legislador orgánico constitucional.
El Ejecutivo considera que para el normal desarrollo de las actividades nacionales es determinante especificar ahora el día en que se debe llevar a cabo la elección de diputados y senadores.
En consecuencia, el objetivo del proyecto es definir un nuevo método o fórmula para determinar la fecha en que deba realizarse toda elección periódica de senadores y diputados. Es decir, se pretende que, de ahora en adelante, todo acto electoral de este tipo deba realizarse en día domingo.
En segundo término, el proyecto busca adecuar, de conformidad con la nueva norma, el día en que deberá realizarse la próxima elección parlamentaria, trasladando la fecha de la elección desde el 11 de diciembre al domingo 16 de diciembre.
El precedente y la declaración de inconstitucionalidad de que tuvo conocimiento la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El pasado 17 de mayo de 2001, el honorable Congreso despachó un proyecto que disponía que las elecciones de diputados y senadores que corresponde verificar el próximo 11 de diciembre de 2001, se realizarían el domingo 2 de diciembre del mismo año.
Con ocasión del control de constitucionalidad previo efectuado por el Tribunal Constitucional, el proyecto de ley descrito fue declarado contrario a la Constitución y se concluyó que las normas mencionadas disminuían la duración de los plazos establecidos en los artículos 44, 46 y 47 de la Constitución y, por tal razón, las declaró inconstitucionales, extendiendo tal declaración al resto de las disposiciones del proyecto por entender que carecían de todo sentido por sí solas.
En consecuencia esto es muy importante, el efecto invalidado o considerado inconstitucional no puede llegar a producirse en el evento de que la fecha de la elección sea postergada, en la medida que lo sea dentro del ámbito de libertad configuradora que corresponde al legislador. Esto es, debe ser antes de que corresponda la renovación de las Cámaras y con la anticipación suficiente para que el proceso electoral esté afinado en esa fecha.
De este modo, todos los plazos que de acuerdo con la Constitución se cuentan desde el día de la elección hacia atrás, no se ven disminuidos ni modificados en cuanto a su amplitud o término.
El proyecto que se somete a consideración de la Cámara consta de un artículo único y de un artículo transitorio, del siguiente tenor:
“Artículo único.- Modifícase la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de la siguiente manera:
“1) Agrégase al inciso primero del artículo 174, después del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:
“En caso de que esta fecha corresponda a un día hábil, la elección se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.
“2) Agrégase la siguiente disposición transitoria, nueva:
“Artículo 18.- Las elecciones de diputados y senadores a verificarse el día 11 de diciembre de 2001 se realizarán el día domingo 16 de diciembre del mismo año.
“Para dicho efecto, el acto de constitución de las mesas receptoras de sufragios a que se refiere el artículo 49 de la ley Nº 18.700, se llevará a cabo a las 9 horas del día sábado 15 de diciembre del año 2001.
“Las actuaciones electorales y administrativas cuya oportunidad debe determinarse en consideración al día de la elección, se llevarán a efecto sobre la base de la nueva fecha establecida en el inciso primero.”.
El proyecto fue conocido hoy por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y aprobado por unanimidad.
Es todo cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Se suspende la sesión hasta las 14.00 horas.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor PARETO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, en nombre de la bancada socialista, anuncio nuestro voto favorable a este proyecto enviado por su Excelencia el Presidente de la República, que establece fecha de elección para diputados y senadores.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional desea fijar su posición sobre el proyecto en discusión.
Hay que tener presente que todo el sistema de justicia electoral el sistema electoral público y el sistema de partidos políticos, está establecido sobre la base de dos instancias, elementos esenciales de la garantía constitucional del debido proceso.
Es así como el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, es requerido constantemente al tenor de disposiciones de leyes orgánicaspara ejercer jurisdicción electoral, sea en primera o en segunda instancia. En materia de organización y funcionamiento interno de los partidos políticos, el Tricel es el órgano llamado a ser la segunda instancia cuando el director del Servicio Electoral ejerce la primera.
El artículo 14 de la ley Nº 18.603 dispone que el rechazo por el director del Servicio Electoral de una inscripción de partido político es apelable ante el Tricel. El artículo 35 establece que el rechazo por parte de dicho director del balance de la contabilidad de un partido político también es apelable ante el Tricel, y el artículo 43 señala que la cancelación de la inscripción de un partido político por el mencionado director también es apelable ante el Tricel.
Pero podemos seguir. El artículo 57 consigna que las reclamaciones por la generación defectuosa del tribunal supremo de un partido político son conocidas por el Tribunal Electoral.
Esta regulación jerárquica entre el Tricel y el director del Servicio Electoral es tan clara y natural que el artículo 60 de la ley Nº 18.603 establece un recurso de queja por las actuaciones del director, que conocerá y resolverá el Tricel. En el inciso segundo de este artículo se señala que “el Tribunal Calificador de Elecciones podrá imponer al Director del Servicio Electoral las sanciones que señala el artículo 537 del Código Orgánico de Tribunales”. En este contexto, el caso de las inscripciones de las candidaturas de la Democracia Cristiana debería resolverse por los canales establecidos por la justicia electoral, que, reiteradamente, se ha declarado parte integrante del Poder Judicial.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
Este proyecto, en primer trámite legislativo, soluciona un error cometido por la Democracia Cristiana, el cual debería ser resuelto vía justicia electoral, pues ahora se puede estar configurando el ejercicio indebido de una función jurisdiccional por medio de la ley, dado que el precepto legal propuesto resuelve un caso concreto controvertido.
Dentro del concepto “causas civiles”, se incluyen todas aquellas controversias jurídico-administrativas que se puedan suscitar, debiendo ser resueltas por autoridades que, si bien no están establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, ejercen jurisdicción y resuelven cuestiones que afectan los derechos de las personas. Es así como el artículo 85 de la Carta Fundamental, refiriéndose a los tribunales electorales regionales y al Tribunal Calificador de Elecciones, les entrega la facultad de proceder como jurado y de resolver este tipo de controversias.
Por lo tanto, nos vamos a abstener en la votación de este proyecto presentado por el Gobierno; estamos por una solución distinta, más integral y que resuelva los problemas del país. Por eso, esta mañana hemos propuesto al Ejecutivo que las campañas electorales, que hoy duran seis meses, se reduzcan a 60 ó 90 días. Creo que ello sería una buena señal de austeridad, atendida la difícil situación económica por la que hoy atraviesa nuestro país.
Repito: anunciamos nuestro voto de abstención y reiteramos que si el Gobierno remite un proyecto con las características que hemos solicitado esta mañana rebajar el período eleccionario, estaremos gustosos en ceder y en aportar nuestro voto.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, da lo mismo si se trata de un problema que aqueja a la Democracia Cristiana o a otra colectividad política, pues el día de mañana podría afectar a un partido de la Oposición. Para nosotros, el proyecto incide en un tema de fondo y en un asunto absolutamente ético. Además, al margen de las dudas de constitucionalidad que ha presentado el diputado señor Longton, existen artículos, tanto en el Código de conductas parlamentarias como en la ley orgánica del Congreso Nacional, que establecen, en forma meridiana, que, obviamente, existe incompatibilidad entre nuestra condición de legisladores y el votar por proyectos que beneficien a un particular, o adoptar decisión que favorezca, como en este caso, a un grupo político.
El argumento que más hace fuerza para nuestra abstención es que no puede ser que en Chile existan dos tipos de personas: los ciudadanos comunes y los políticos. Es decir, aquí hay grupos que pueden compensarse con altas indemnizaciones, hay autoridades de la Corte Suprema que pueden infringir la restricción vehicular y no les pasa nada, autoridades de Gobierno que pueden votar con la licencia de conducir y no con el carné de identidad, como se nos obliga a todos los chilenos, y, ahora, hay un grupo político que puede cometer un tremendo error, pero que sabe que éste no importa porque siempre habrá otro grupo o políticos en general que van a tenderle la mano para solucionarlo.
Me hubiera encantado ver ayer al Presidente de la República y a varios de sus ministros concentrados, por más de tres horas en La Moneda, para resolver con la misma fuerza y energía los problemas de desempleo y delincuencia que hoy nos afectan; pero no, se han juntado para resolver un problema que aqueja a un partido político de la Concertación. Es decir, los chilenos comunes y corrientes no tienen ninguna posibilidad de que les arreglen, mediante una ley, su situación en Dicom, a pesar de que se sabe que, si se atrasan en el pago de un dividendo, de inmediato, muchas veces, les rematan sus casas.
Por lo tanto, en Renovación Nacional creemos que no pueden existir dos tipos de leyes: una, para el “club de los políticos intocables”, y otra, para la gente común y corriente. Nos parece pésimo que se siente este precedente de ilegalidad, y que se elabore un mensaje presidencial absolutamente mentiroso. En efecto, aquí se nos habla ahora de las bondades de votar un día domingo, en circunstancias de que, hace años, muchos diputados de la Oposición presentamos un proyecto similar. Hoy, por conveniencia política, sí se pueden hacer las cosas. Creemos que éstas no se pueden hacer por conveniencia o por parche.
Cabe agregar que el presidente de la Democracia Cristiana afirmó, el viernes recién pasado, en el diario “La Segunda”: “Antes de morirme, voy a firmar en un partido de Derecha, porque prefiero que se muera un derechista antes que un democratacristiano”. Pues bien, la soberbia se paga, porque este mismo presidente hoy le pide apoyo al grupo de Derecha que él tanto denuesta y desprecia. Pero como nosotros estamos acostumbrados a ganar los votos en las urnas, porque nos va estupendamente en las elecciones populares, queremos, obviamente, que la Democracia Cristiana pueda competir; porque deseamos competencia no para ganar por secretaría, sino con un proyecto que no altere la constitucionalidad, que no sea mentiroso frente al país y con el compromiso de que el Gobierno, tal como se la juega hoy con esta iniciativa para arreglar un problema de un partido político, haga lo mismo con otros proyectos sociales.
Por eso, queremos impulsar la idea de que se pueda ampliar el plazo de inscripción, pero no que se tenga más plazo para las campañas electorales. Además, este proyecto adolece de un inconveniente increíble: quieren cambiar la fecha para el domingo 16 de diciembre, en circunstancias de que ese día hay reconocimiento de Sala, pues el 17 es la Prueba de Aptitud Académica. O sea, al Gobierno le importa un bledo lo que pase con los estudiantes. Creemos que proyectos cuyo objetivo es acomodar políticamente a un grupo de personas, son realmente lamentables.
Por las razones expuestas, nos vamos a abstener. No queremos ser cómplices de espalda al paísde enmendar una situación puntual, consecuencia de la equivocación de un grupo de dirigentes de un partido. Repito: esto no tiene que ver con la Democracia Cristiana, sino con un problema creado por dirigentes que hacen las cosas mal; y no puede ser que en Chile dé lomismo hacer las cosas bien o mal, porque los chilenos necesitan parlamentarios de todos los partidos comprometidos por el bien común de la sociedad y no con un partido político.
He dicho.
Aplausos.
El señor PARETO (Presidente).-
En el minuto que resta, tiene la palabra la diputada señora María Victoria Ovalle.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señor Presidente, ojalá me pueda exceder en el tiempo para fundamentar debidamente mi voto.
El señor PARETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordaría.
Acordado.
Tiene la palabra su Señoría.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Gracias, señor Presidente.
Realmente, creo que la opinión pública tiene a la clase política en el nivel que se merece: del desprestigio máximo, y la iniciativa en debate corrobora ese desprestigio.
¿Qué hubiera pasado si esto le hubiese sucedido a un partido pequeño o a un independiente? ¡Inmediatamente lo hubieran borrado del mapa! Entonces, ¡hasta cuándo! Hagamos las cosas como se deben hacer. Los políticos no podemos estar legislando en 48 horas para favorecernos. La gente no es tonta. Esto es una vergüenza ante todo el país. Por eso, que Chile sepa que no me presto para los arreglines de ninguna naturaleza. ¡Hasta cuándo! Cambiemos el sistema electoral binominal, tengamos valentía, enfrentemos a la opinión pública como se debe. Que gane el partido político que obtenga la mayor votación y terminemos con los arreglines. ¡Hasta cuándo! Voy a votar en contra, pues no acepto que esto se apruebe en esta Cámara, porque hacerlo desprestigia a la política, que ya me tiene asqueada.
He dicho.
Aplausos.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, en mi calidad de jefa de la bancada del Partido por la Democracia, expreso nuestro total respaldo a este proyecto de ley.
Resulta inconcebible y lamentable que cada vez que se suscitan debates de esta naturaleza, algunos parlamentarios y parlamentarias de la Oposición muestren muy fácilmente la hilacha. Lo señalo porque en las intervenciones que he escuchado se ha expresado tanto el desprecio fascista por la política como el desprecio absoluto por lo que representa la actividad política del país. Por esa razón, quiero preguntar a los colegas presentes hombres y mujeres que así lo han manifestado: ¿para qué, entonces, vienen a este Parlamento?, porque aquí no estamos en una amasandería ni en un lugar donde se vendan mermeladas, sino donde se lleva a cabo una actividad netamente política. ¡Métanse ese hecho en la cabeza! De lo contrario, mejor váyanse para sus casas.
En verdad no entiendo cómo esa clase política que está aquí sentada, la cual durante diecisiete años representó a la dictadura más brutal y asesina que ha habido en el país, hoy venga con argumentos de esa naturaleza.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PARETO (Presidente).-
Le ruego que se refiera al tema, señora diputada.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Palabras sacan palabras, señor Presidente.
No es posible que las dos señoras diputadas que han intervenido se expresen de esa manera.
El señor PARETO (Presidente).-
Ruego a su Señoría referirse al tema.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Las palabras de la diputada señora Lily Pérez son inadmisibles en este hemiciclo.
El señor GARCÍA (don René Manuel).
¡Piense positivo, señora diputada!
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Pensemos todos positivo, pero sin agresiones y sin el ánimo de señalar siempre que aquí hay una clase política inmunda. Si así fuera, entonces los invito a que no seamos clase política. Sin embargo, en ningún caso se debe dar ese tipo de diálogos frente al país.
Lo que hoy ocurre es que se ha cometido un grave error, el cual debe reconocerse de cara al país. En todo caso, felizmente, en democracia los errores se conocen, se debaten y se transparentan frente a la opinión pública.
Por esa razón, no cabe aprovechar este momento para seguir atacando a la clase política, porque de lo contrario deberíamos cerrar el Congreso y las instituciones democráticas del país. ¡Estamos frente a un error en que ha incurrido nuestro sector, hecho que reconocemos, como le podría haber ocurrido a cualquier otro partido en estas mismas circunstancias! Sin perjuicio de eso, queremos invitar a la clase política a reflexionar sobre nuestro quehacer. Por ejemplo, es un buen momento para discutir sobre el sistema electoral binominal existente y sobre sus inflexibilidades.
Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente, pido que suspenda la sesión, porque no puedo continuar hablando en estas condiciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Ruego a la Sala guardar silencio.
Puede continuar su Señoría.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
La situación suscitada no habría ocurrido si no tuviéramos un sistema de inscripción de candidatos del nivel de inflexibilidad existente.
Asimismo, debemos discutir por qué no podemos ser capaces de elaborar una normativa que nos permita corregir errores cuando los cometemos. Lo planteo, porque los diputados y los senadores, es decir, la clase política, está conformada por seres humanos. No creo que seamos una casta especial de dioses y diosas infalibles. Por lo tanto, debemos cambiar esas situaciones que nos impiden corregir los errores que podamos cometer, razón por la que respaldaremos plenamente esta iniciativa.
Dado que la Unión Demócrata Independiente ha tenido una posición absolutamente distinta de la planteada por el jefe de bancada de Renovación Nacional, estimo que podemos abrir un debate incluso dentro de las diferencias existentes. No obstante, eso no significa aprovechar la situación para pronunciar un discurso como el de la diputada señora Lily Pérez, inadecuado para enfrentar con seriedad un debate sobre una situación que hoy afecta a un partido de la Concertación, pero que mañana podría afectar a otros partidos.
Por lo tanto reitero, aquí no hay seriedad para debatir estos temas; porque una vez más la diputada señora Pérez ha salido con la cantinela del desprestigio de la clase política y nos trata de enemistar con el país, como si no fuera a pedir el día de mañana el voto de la ciudadanía para ocupar un escaño de la Cámara de Diputados, que es una cámara política. Entonces, si ella se siente tan incómoda con la clase política, mejor que se vaya a un centro de madres.
Queremos tener un debate serio, como lo hemos sostenido con el diputado señor Longueira y con tantos otros representantes de la UDI, respecto de la necesidad de efectuar modificaciones a ciertas situaciones.
En ese sentido, reiteramos que vamos a apoyar a nuestros colegas y al Partido Demócrata Cristiano, porque somos parte de una alianza y porque venimos trabajando con la Democracia Cristiana desde antes de que existiera la Concertación, desde los oscuros días en que nos tocaba reunirnos en la clandestinidad.
Por eso y porque reconocemos en ellos el partido más importante de Chile, no podemos permitir que no se pueda corregir el error cometido, situación que impide la legislación electoral inflexible que tenemos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona incurre en un error al inscribirse en la universidad, caso en el cual dispone de unos días para enmendar los datos. A cualquiera de los presentes en la Sala le puede ocurrir que en el futuro cometa un error en la inscripción de candidaturas a cargos de representación popular, en circunstancias de que no existe la posibilidad de corregir errores para una situación tan seria como lo es aquélla. No es admisible que por secretaría se puedan eliminar candidaturas. De hecho, cualquier persona puede inscribirse, aunque sea independiente. Sin embargo, la peor forma de eliminar a personas como representantes populares es que, cuando cometan un error en su inscripción, no lo puedan rectificar.
El tema da para un debate extenso, pero serio, no oportunista ni demagógico, en el que no se aprovechen de las cámaras de televisión y de la prensa para seguir insultando a la clase política. ¡Me siento orgullosa de ser política, de ser diputada y de representar a la gente como parlamentaria, porque si así no fuera desde hace rato que estaría tejiendo en mi casa!
He dicho.
Aplausos.
El señor PAYA.-
Pido la palabra sobre un punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente, quedan serias dudas sobre cuál es la intención de fondo del discurso de la diputada, razón por la que pedimos suspender la sesión por diez minutos.
El señor PARETO (Presidente).-
Se suspende la sesión por diez minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor PARETO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra, por tres minutos y medio, el diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, hace tres meses conocimos un proyecto de ley del Ejecutivo, respaldado por algunos parlamentarios, cuyo objeto era cambiar la fecha de la elección, del martes 11 al domingo 16 de diciembre.
Con los diputados señores Juan Ramón Núñez, Patricio Hales y Jaime Jiménez presentamos una indicación para anticiparla al día 2 de diciembre, y fue acogida por el Ejecutivo en un proyecto de ley aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados y por el Senado.
Posteriormente, se declaró su inconstitucionalidad por cuanto alteraba los derechos de los candidatos respecto de los plazos previos que se exigen para inscribirse y participar en la elección.
En verdad, no me gusta el día 16, como lo dije en esa oportunidad, porque se interrumpen materias importantes para muchos ciudadanos: económicas, comerciales, festividades religiosas; la realización de la Teletón y, sobre todo, de la Prueba de Aptitud Académica.
Por esas razones, el Congreso consideró la inconveniencia de realizar la elección el día 16 y optó por el día 2 de diciembre. De manera que la fecha no es nueva.
Sin embargo, todos los inconvenientes para realizarla el día 16 son menores frente al hecho de dejar sin participar en la elección parlamentaria a la fuerza política más importante, constituida por las bancadas de la Democracia Cristiana en ambas ramas del Congreso Nacional, lo que iría en desmedro del sistema democrático y de todas las colectividades.
Reconozco el respaldo que la UDI ha dado a la iniciativa para resolver un problema que se ha originado en un lamentable error; pero de ningún modo puede sacrificarse la transparencia y representatividad del sistema democrático.
Por eso, nuestra bancada aprobará el proyecto de ley.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, la bancada de la UDI, tal vez hubiese votado en contra del proyecto si sólo se tratara de cambiar la fecha para el 16 de diciembre. Sin embargo, lo votaremos a favor porque soluciona el problema de un partido importante que, por error, no podría inscribir a sus candidatos al Parlamento.
Es muy fácil hablar de democracia y de demócratas; es muy fácil hablar de seriedad y de rectitud en política. Por fortuna, en la vida siempre hay ocasiones en que uno puede acreditar si es caballero, si cumple su palabra, si es demócrata, decente y serio, y creo que hoy estamos frente a una de ellas.
Muchos quisieran hacer trampa para continuar en el Parlamento. El club de los políticos evitaría que postularan los buenos candidatos e impediría la competencia y que el pueblo de Chile eligiera.
A aquellos que han levantado su voz para decir que el club de los políticos aprueba algunos proyectos con gran velocidad, les manifiesto que, a lo mejor, muchos de nosotros no volveremos, precisamente por el proyecto que aprobaremos, pero preferimos actuar con legitimidad.
Es muy fácil buscar miles de razones constitucionales, jurídicas, políticas, todas muy rimbombantes; pero la UDI prefiere ser decente y votará a favor del proyecto que soluciona un error de gran envergadura.
Vuelvo a insistir: si se tratara de no solucionar un problema, lo más probable es que los diputados de la UDI votáramos en contra del cambio de la elección para el día 16 de diciembre.
Es fácil hablar de democracia, pero es muy difícil ser consecuente, y la mejor forma de demostrar que uno es consecuente es votando a favor del proyecto. El desprestigio de los políticos deriva, precisamente, de la inconsecuencia.
Cuando la directiva de la Democracia Cristiana, a primera hora del lunes no tuve conocimiento del problema hasta ese día en la mañana, me pidió el concurso de la UDI, ni siquiera se me pasó por la cabeza el rechazo de un proyecto en este sentido, y así se lo dije a los dirigentes de la Democracia Cristiana. Sin embargo, tengo la convicción de que si a nosotros nos hubiese ocurrido, no habría solución, lo que demuestra más aún la consecuencia nuestra.
También le dije a la directiva de la Democracia Cristiana que no tienen que pagar ningún favor en el futuro. A aquellos que están pensando cómo nos van a devolver la mano, les digo que no tienen nada que de volver. No hemos pedido absolutamente nada. Nos parecería indecente que nos aprovecháramos de un error para que algunos llegaran al Parlamento si no tienen los votos para hacerlo. A él se llega conquistando la voluntad de la gente, el alma y el corazón de los chilenos. Así se prestigia la política.
Algunas personas se preguntan cómo la UDI tiene esta actitud con un presidente de la Democracia Cristiana que no ha perdido oportunidad para injuriarla. Ya se citó una entrevista del día viernes, efectuada a un fanático, a un señor al que no le aporta nada la política chilena. Pero la soberbia también se paga aquí.
Por lo tanto, los diputados de la UDI votaremos a favor del proyecto, porque somos demócratas, decentes y serios.
He dicho.
Aplausos.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, en nombre de los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana, quiero partir reconociendo que se cometió un error, al menos una omisión, por la incompetencia de algunos, y pedir disculpas por el tiempo que estamos dedicando a un proyecto electoral en lugar de abocarnos a materias de mayor relevancia para nuestro pueblo, especialmente para los desposeídos. Pero, con la misma convicción y la misma fuerza, afirmo que la Democracia Cristiana tiene el derecho y el deber de llevar candidatos en la próxima elección. El sistema político lo demanda.
La democracia se prueba especialmente en los momentos en que podría haber un aprovechamiento y un interés mezquino para ganar algunos cupos, pero, como bien dijeron algunos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, esa actitud sería indecente y poco caballerosa. La democracia se sustenta en la amistad cívica y en el derecho de todos de competir. Creo que sería bastante feo e impresentable que perdiéramos por secretaría.
Por eso, valoro las palabras del honorable diputado señor Pablo Longueira, quien ayer dijo que prefiere una Democracia Cristiana que compita en las urnas a que sea derrotada por secretaría o administrativamente.
También en estos momentos se prueba la hidalguía. Por eso, les pido perdón. Pido perdón en representación de mi bancada, de todos y cada uno de mis colegas, porque ninguno ha venido con un discurso de soberbia o basado en ingeniería electoral o en una fundamentación constitucional. Éste es un momento ético, de amistad cívica, de fortalecer nuestra democracia.
Además, quiero agradecer, porque ser demócrata también es ser agradecido, la buena disposición de todos ustedes para resolver esta impasse. En verdad, también siento vergüenza y me cuesta hablar de este tema, pero quiero agradecer.
La conducta de los parlamentarios en esta Sala prestigia a la Cámara y a la clase política. Esta actitud solidaria, de confianza que ponen en nosotros no va a ser en vano y va a traer consigo el restablecimiento de vínculos, de una sana competencia, de una sana convivencia.
Por último, quiero citar las palabras de nuestro gran profeta, de nuestro gran pensador, Eduardo Frei Montalva: “Quien pide perdón, no se humilla cuando lo hace por el bien de la democracia y del país”.
He dicho.
Aplausos.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, estamos abocados a buscar salida a un problema que preocupa a uno de los partidos más importantes del país: el Partido Demócrata Cristiano. Ha sido una sesión interesante, con sus altos y bajos, la que hemos presenciado en esta oportunidad. Vamos a terminarla demostrando la grandeza de los representantes de las distintas colectividades y también de los independientes que conforman esta Sala.
Los radicales hemos mantenido grandes relaciones con los parlamentarios, diputados y senadores de las diversas bancadas. Una gran amistad y un gran respeto tenemos con quienes representan en el Congreso al Partido Demócrata Cristiano, el más grande de nuestro país en este momento, con el que mantenemos también muy buenas relaciones. Hacemos votos por que ellas se conserven a través del tiempo.
Queremos que estén inscritos todos quienes deseen participar en la próxima elección parlamentaria y que sea el pueblo, en las urnas, el que decida quien lo representará en el Parlamento, en la forma en que lo estimen conveniente.
Aquí hemos escuchado a la Oposición, la que, con la grandeza que la ha caracterizado, con generosidad y transparencia ha dicho categóricamente que va a apoyar el proyecto. Quiero felicitarla por este gran gesto. Aquí no hay soberbia. Hay entendimiento respecto de que se ha cometido un error y que todos estamos dispuestos a buscar una salida.
En representación de mi bancada, hago presente nuestro voto favorable, porque queremos que exista una competencia real en el país; pero una competencia con altura de miras y con mucho respeto, porque eso fortalece a la política y le hace bien al país y a la Cámara de Diputados.
Lamentamos la situación por la que atraviesa nuestro partido amigo y aliado, el Demócrata Cristiano, y esperamos que el proyecto cuente con el voto de la gran mayoría de los diputados, con el objeto de lograr una solución que nos deje a todos satisfechos.
He dicho.
Aplausos.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gutenberg Martínez, por tres minutos.
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que es un tiempo particularmente difícil para la Democracia Cristiana como institución y para cada uno de nosotros en particular. Y no cabe ninguna duda de que, desde ese punto de vista, es un minuto histórico para la Democracia Cristiana y para cada uno de nosotros. No es fácil, es complejo; a ratos, doloroso y, como ha dicho nuestro jefe de bancada, con más de alguna dosis de bochorno.
A su vez, es cierto que queremos competir y participar en las elecciones; es cierto que tenemos derecho a hacerlo, pero también es cierto que cuando experimentamos esta situación, nuestra directiva encomendó a algunos de nosotros tomar contacto con los partidos aliados, con el Gobierno y con los partidos de la Oposición. Todos, sin excepción, nos dijeron que entendían que éste era un problema del sistema y que más allá de nuestros errores, por una concepción y práctica de la democracia, estaban por apoyar lo que eso significara, en forma transparente ante el país.
Señor Presidente, porque el minuto es especial y porque cada uno ha actuado responsablemente en sus decires, hay que dar a conocer las cosas tal como han sucedido.
Por supuesto, nuestros aliados y el Gobierno nos respaldaron. Lo mismo nos expresó de inmediato el presidente de la UDI cuando se lo planteamos cara a cara, junto con un senador de ese partido. Igual contestación recibió quien directamente hizo el planteamiento al presidente de Renovación Nacional.
Por lo tanto, quiero agradecer al Partido Socialista, al PPD, al Partido Radical, a mi Gobierno y a la UDI. Nobleza obliga.
Son tiempos difíciles para los democratacristianos, pero no vamos a olvidar a quienes dieron su opinión y apoyo en momentos difíciles, y fueron capaces de cumplirla democráticamente en la Cámara, también en un momento difícil, como es hoy.
Nos sentimos más demócratas y más chilenos.
He dicho.
Aplausos.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor INSULZA (ministro del Interior).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero aclarar que existían distintas alternativas cuando se planteó este problema; pero nos pareció más apropiado volver sobre una iniciativa que ya habíamos planteado. La Cámara conoció una indicación presentada por un grupo de diputados estaban los señores Velasco, Jiménez y algunos otros, entre los que me parece recordar al señor Tuma que planteaba que la elección se realizara el domingo 16 de diciembre. Discutimos aquí y llegamos a la conclusión de que era mejor hacerla el 2 de ese mes, y se votó esa fecha.
A raíz de la intervención del diputado señor Longton, de paso quiero recordar que existe una salvaguardia para todos los problemas que señaló. El artículo 82 de la Constitución Política establece que son atribuciones del Tribunal Constitucional: “1º) Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales...”. Por lo tanto, ese problema no debería preocupar. Ciertamente, hay que legislar bien, pero el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar de inmediato respecto de la constitucionalidad de esta reforma.
En aquella época, ese tribunal declaró que, en atención a un conjunto de disposiciones que enumeró, los artículos 44, 46 y 54 de la Constitución Política, ese proyecto era inconstitucional, por cuanto acortaba los plazos.
Por esa razón, cuando nos vimos enfrentados a este problema, no tuvimos ninguna duda en presentar este proyecto porque, primero, es constitucional, a nuestro juicio seguimos sosteniendo eso y haciéndonos responsables de lo que decimos, y además, porque era un bien que ya habíamos buscado, cual era hacer la elección un día domingo por ser mucho más favorable para el país, para sus ciudadanos y para su economía.
Entonces, lo primero que deseo aclarar es la legitimidad del proyecto en sí: que su constitucionalidad no nos merece dudas y que, en todo caso, tiene que ser visto por el Tribunal Constitucional.
Ante la preocupación de algunos señores diputados que me han preguntado respecto de sus inscripciones los que se inscribieron normalmente, entregando mandatos para ser inscritos en la elección del 11 de diciembre, quiero aclarar también que, por esa misma razón, la redacción del artículo que hemos presentado es cuidadosa, y dice: “Las elecciones de diputados y senadores a verificarse el día 11 de diciembre de 2001 se realizarán el domingo 16 de diciembre del mismo año”. Así queda de manifiesto absolutamente esto ha sido consultado con todos los expertos del caso que se trata de la misma elección y, por lo tanto, quien se inscribió válidamente, no tiene que hacerlo de nuevo, porque ya lo hizo para la elección a verificarse el 11 de diciembre de 2001, que ahora se efectuará el domingo 16.
Eso es lo esencial del proyecto muy simple, que busca solucionar un gran problema, el cual se soluciona con grandeza.
Cabe preguntarse, simplemente, si es bueno modificar las leyes. Ciertamente, no es bueno; tampoco, elaborar un artículo transitorio. Uno quisiera hacer muchas de las cosas que aquí se han planteado: acortar el período electoral soy partidario de eso o modificar los trámites; pero si un candidato alguien señalaba ese caso queda marginado porque no tiene licencia secundaria, no está inscrito en los registros electorales o no reunió las firmas necesarias, ello se debe a requisitos de fondo que la ley exigió. Uno podrá discutirlo o no, pero son requisitos de fondo; una escritura pública frente a un poder notarial es un asunto esencialmente administrativo.
Quiero decir con sinceridad que el Gobierno no habría legislado jamás para eliminar un requisito de la esencia de un parlamentario; no habría venido al Parlamento a decir: “Por favor, apurémonos en cambiar esto, dado que este señor no se puede inscribir porque no cumple tal requisito”. Pero en este caso se trata de un error administrativo.
¿Es bueno modificar? No, no es bueno; es malo, pero mucho peor es que tengamos durante cuatro años un Congreso cuestionado permanentemente por no haber sido elegido por la ciudadanía.
Aquí no estamos hablando de los derechos de la clase política; hablamos de los derechos de los ciudadanos. Si quieren votar por su partido, a lo mejor, votan menos por uno y mucho más por otro. ¡Enhorabuena por aquel que gana¡ Nada es inmutable, y los partidos pueden crecer o disminuir. Lo importante es que todos nos comprometamos con nuestro sistema. Aquí se usó muy bien la expresión “amistad cívica”.
Espero sinceramente que sirva esta experiencia, y me siento francamente orgulloso y feliz de haber escuchado hoy algunas de las intervenciones, porque así uno cree realmente que es posible reponer un clima de amistad cívica en el país, en que nos peleamos y nos decimos cosas tremendas, en que nos atacamos, pero estamos todos por cuidar nuestro sistema democrático; estamos todos por ganarnos unos a otros con hidalguía, con decencia, como se ha dicho aquí. ¡Qué importante para la democracia del país es lo que hemos escuchado hoy!
Quiero agradecer sinceramente a los diputados que han puesto el acento en ese punto, a los que han reconocido que se ha cometido un error, pero que han sostenido que sacar provecho de él sería malo para la democracia, para el país, para el futuro.
En ese sentido, el Gobierno concurre con este proyecto; no para sacar ninguna ventaja porque, evidentemente, no hay ninguna, sino para corregir algo que dañaría nuestro proceso democrático. Así lo he afirmado esta mañana cuando, al igual que el diputado señor Gutenberg Martínez, agradecí públicamente a los presidentes de los dos partidos de oposición por la actitud que habían tenido y dije que ninguno de ellos había puesto ninguna condición. Pude haberme equivocado en parte, pero le sigo agradeciendo al presidente de la UDI, porque ha mantenido la misma actitud desde ayer en la mañana hasta hoy en la tarde, sin llegar ni una sola vez a preguntar si no se podría hacer esto o lo otro. Tenían otras ideas; a nosotros nos gustaban ésas; sin embargo, nuestros expertos nos dijeron que no tenían la misma certeza de que fueran constitucionales como de éstas, y por eso no las propusimos; pero son ideas constructivas. Me parece que cuando uno actúa así, finalmente reporta los beneficios, porque hoy éstos no son tangibles, no se miden en votos, sino que en la solidez de la democracia, en la respetabilidad ante el electorado, en mostrar la voluntad de hacer las cosas por el bien de Chile.
Creo que si la Cámara entrega hoy ese ejemplo y también el Senado, habrá salido ganando toda la clase política; habrán salido ganando todos los que ejercen esta noble profesión, no los que la desprecian.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
En votación general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 20 abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado en general, con el quórum constitucional respectivo.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Dittborn, Elgueta, Encina, García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votó por la negativa la diputada señora
Ovalle (doña María Victoria).
Se abstuvieron los diputados señores:
Alessandri, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Caminondo, Delmastro, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Kuschel, Longton, Martínez (don Rosauro), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Prokurica, Vargas, Vega y Vilches.
El señor PARETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en particular con la misma votación, dejando constancia de haberse obtenido el quórum requerido.
Aprobado en particular.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
SUSPENSIÓN DE REMATES POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES TERRITORIALES IMPAGAS Y REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS.
El señor PARETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Es el Nº 577, de los señores Prokurica, Elgueta, José García, René Manuel García, Osvaldo Palma, Arratia, Fossa y Vilches:
“Considerando:
1.Que producto de la recesión económica que ha afectado en el último tiempo a nuestro país y que ha desembocado en un alto nivel de cesantía, diversos propietarios de bienes raíces se han visto impedidos de pagar oportunamente las contribuciones territoriales pertinentes, a raíz de lo cual se han visto enfrentados a juicios ejecutivos, que han culminado con los remates de los respectivos inmuebles.
2.Que, de este modo, se han rematado propiedades, por concepto de deudas de este tipo de gravámenes, cuyo monto de adjudicación no se compadece en modo alguno con el valor real del respectivo bien raíz.
3.Que esta situación implica, por una parte, frustrar los ingentes sacrificios que en muchos casos han debido desplegar los propietarios de estos inmuebles para acceder a su casa propia, que constituye, sin lugar a dudas, el legítimo anhelo de todos los hombres y mujeres de trabajo en nuestro país, y por otra, que sujetos inescrupulosos hagan pingües negocios, a costa de esta dramática contingencia.
4.Que, en tal virtud, se hace necesario que se suspendan los remates, y que asimismo se permita a los deudores de este tipo de impuestos, reprogramar el servicio de la deuda, en condiciones similares a las que se han implementado para los deudores de las Pymes.
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la aprobación de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de acuerdo:
Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de solicitarle se sirva instruir al Tesorero General de la República, para que, atendida la situación económica nacional imperante, arbitre las medidas pertinentes en orden a disponer la suspensión de remates por concepto de contribuciones territoriales impagas, y que, asimismo, se permita a los contribuyentes morosos que puedan acogerse a reprogramación del pago de sus deudas, en condiciones similares a las que se han implementado para los deudores de las pymes”.
El señor PARETO (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, es un hecho público y notorio que el país está viviendo una realidad económica muy difícil que ha motivado que miles de chilenos no puedan pagar sus contribuciones de bienes raíces. El Gobierno y el Congreso Nacional han realizado un gran esfuerzo para permitir que la pequeña y mediana empresa renegocien su deuda tributaria; sin embargo, a muchos particulares que adeudan sus contribuciones les están rematando sus casas.
Por eso, mediante este proyecto de acuerdo se pide al Presidente de la República instruir al tesorero general de la República para que suspenda los remates y permita a deudores de contribuciones renegociar sus deudas a fin de no perder el bien material más preciado de todo ser humano: su casa habitación.
Si se ha dado una oportunidad a la pequeña y mediana empresa para renegociar su deuda, nos parece que esa alternativa también debe extenderse a los particulares.
Por eso, insisto, pedimos oficiar al Presidente de la República a fin de que la Tesorería suspenda los remates en los procesos por deuda de contribuciones de bienes raíces impagas y se permita una renegociación al estilo de la pequeña y mediana empresa.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA.-
Señor Presidente, voy a concurrir con mi voto favorable al proyecto de acuerdo porque, desde el punto de vista social, apunta a corregir un grave problema, que afecta fundamentalmente a la gente de los estratos más bajos de la clase media, que es la que sufre las consecuencias de la situación económica que hoy vive el país.
Si el Gobierno ha mostrado voluntad como lo señalaba el diputado Prokurica para buscar soluciones que reactiven la economía y la demanda, ello es consecuente con un proyecto de ley que, junto con varios diputados entre ellos el señor Prokurica, le hicimos llegar al Gobierno a fin de que se suspendan los remates de bienes raíces y se prorrogue la renegociación de la deuda por un plazo de tres años.
Este proyecto de acuerdo constituye un espaldarazo, desde el punto de vista político, en cuanto a manifestarle al Gobierno la voluntad de esta Cámara para legislar en favor de los más desprotegidos: la gente de la clase media y de los sectores más pobres. Pido a la mayoría que, por favor, le dé su aprobación.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
MAYORES RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 578, de los señores Prokurica, Vilches, Valenzuela, Bertolino, Mora, García-Huidobro y Leal.
“Considerando:
1º Que el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, durante su campaña para las elecciones presidenciales del año 1999, aseguró, reiteradamente, que aumentaría los recursos destinados a la pequeña y mediana minería.
2º Que no obstante lo anteriormente expuesto, cabe señalar que en la ley de Presupuestos aprobada para el año 2001, se pudo constatar que en la partida 17, del Ministerio de Minería, correspondiente al fomento de la pequeña y mediana minería, se rebajaron los fondos, desde US$ 9.200.000 que se contemplaban en el presupuesto para el año 2000, a US$ 7.400.000 por este concepto, para el presente año.
3º Que la mencionada rebaja afecta significativamente a este postergado sector productivo, que reviste gran importancia para el desarrollo económico y social de la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta regiones, donde existían más de 4.500 productores que le entregaban a la Empresa Nacional de Minería, en los años 90, de los cuales hoy no quedan más de 400 en todo el país.
4º Que un número no menor a quince comunas del norte y centro del país, se han visto fuertemente afectadas, elevándose el índice de cesantía y de indigencia, producto de que en ellas no existen alternativas en las que sus habitantes puedan conseguir trabajo y desarrollo.
En mérito de las consideraciones expuestas, la Cámara acuerda:
Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, a fin de que disponga el aumento de los fondos destinados al fomento de la pequeña y mediana minería, que se contemplan en la partida 17, del Ministerio de Minería, correspondiente al Presupuesto para el año 2002, de manera que se asigne una cantidad de recursos que sea mayor que la destinada para el presupuesto actual”.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, hemos presentado este proyecto de acuerdo, junto con parlamentarios de todos los sectores políticos, porque en la ley de Presupuestos, en los últimos ocho años, se han reducido los recursos para el fomento de la pequeña y mediana minería, desde 22 millones de dólares hasta 7.200.000 dólares.
Esta actividad es indispensable no sólo para el sector minero, sino también, por lo menos, para quince comunas del norte y del centro del país, donde la gente no tiene trabajo.
Por eso, hemos pedido al Presidente de la República que, en esta fecha, en que se está trabajando en la elaboración de la ley de Presupuestos, se sirva restituir la situación histórica, esto es, los 20 millones de dólares que se destinaban en 1992, a fin de evitar que en esas quince comunas Taltal, Tocopilla, Chañaral, Diego de Almagro, Vallenar, Inca de Oro, Domeyko, Freirina, Illapel, Tierra Amarilla, etcéterase paralice la actividad de la pequeña y mediana minería, que constituye uno de los elementos básicos para generar empleo. Pedimos que se mejoren los recursos que, por lo demás, se generan en los negocios que la Empresa Nacional de Minería hace con los mineros y no en los recursos de todos los chilenos. En la práctica, queremos evitar que esas comunas sigan siendo las “top ten” de la cesantía del país y que los trabajadores puedan ganarse el sustento con dignidad. Muchas veces les hemos dicho a las autoridades que todos los recursos que el Estado ahorra en la ley de Presupuestos para fomentar esta actividad, los entrega como dádiva o como paquete de comida a través de las municipalidades.
Llamo a aprobar este importante proyecto para todas esas comunidades, el cual hemos presentado con parlamentarios de todos los sectores políticos, como los diputados Carlos Vilches, Felipe Valenzuela, Ricardo Rincón, Waldo Mora, Mario Bertolino y todos los demás que representamos a zonas del norte.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón por dos minutos.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, quiero respaldar lo dicho por mi colega Prokurica. El tema nos involucra a todos y, como siempre hemos señalado, todo peso invertido en la pequeña y mediana minería genera una fuente de trabajo. El proyecto es productivo e impide destinar recursos que, en definitiva, son compensaciones a la incapacidad para generar empleo.
La pequeña y mediana minería son relevantes, eficientes y trabajan con esfuerzo. Además, gran parte del norte por no decir todose ve beneficiado con los recursos que, a través de la ley de Presupuestos, entregamos para generación de empleos o para proyectos productivos en el sector.
Por eso, la Democracia Cristiana respalda este proyecto de acuerdo y pedimos la unanimidad de la Sala para su aprobación.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
El señor LEAY.-
¡Que se vote!
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 31 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
En votación.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Queda pendiente su votación para mañana.
VIII. INCIDENTES
INVESTIGACIÓN DE COMPRAVENTA DE TERRENO POR LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En Incidentes, en el tiempo correspondiente al Comité del Partido por la Democracia tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, me veo en la obligación de intervenir con el objeto de exponer un tema que me parece extremadamente grave y delicado. Dice relación con la falta de transparencia con que actuó el alcaldeCristián Menchaca, de Longaví, una de las comunas del distrito Nº 40, que represento.
En ese municipio fue necesario implementar el programa ChileBarrios para cumplir con el programa del Presidente de la República sobre erradicación de campamentos, para lo cual se puso a disposición del municipio de Longaví alrededor de 86 millones de pesos a fin de que adquiriera un terreno donde emplazar las viviendas del campamento denominado Bajos de Llollinco, ubicado en la comuna; pero en todo el acto de compra del terreno hay varias situaciones oscuras que deben ser aclaradas.
Entre los antecedentes que algunos concejales han puesto a mi disposición, existe una carta oferta de la empresa Inversiones La Estampa Limitada, de 14 de febrero de 2001, por la cual ofrece al alcalde un terreno que, en teoría, cumpliría con las condiciones para instalar las viviendas. Su precio prácticamente coincide con el máximo de dinero posible de utilizar a través del programa ChileBarrios. Lo curioso es que no indica lugar, superficie, deslindes, rol de avalúo, nada, porque a esa fecha, según los antecedentes que voy a exponer, esa empresa no era dueña del terreno.
Más adelante, nos encontramos con que el alcalde solicitó al Serviu inspeccionar dicho terreno y le indicó un sector que en ese momento pertenecía al señor Pedro Peña. El Serviu, el 9 de marzo de 2001, lo visitó, lo examinó y dio su visto bueno desde el punto de vista técnico; es decir, era apto para construir viviendas; pero emitió su informe en relación con terrenos que eran de propiedad del señor Pedro Peña.
Finalmente, la transacción se realizó en
96.500.000 pesos, pero aparece vendiendo el terreno la empresa Inversiones La Estampa Limitada, que hizo la oferta. Dado que el municipio tenía 86 millones de pesos del programa ChileBarrios, tuvo que poner 10 millones de pesos más de su patrimonio, con el objeto de concretar la compra.
Lo curioso es que la empresa vendió al municipio, en 96.500.000 pesos 18 hectáreas del terreno que compró al señor Peña, cuya superficie era de 48 hectáreas, pero sin derechos de agua. No cabe duda de que esa empresa hizo un gran negocio, por cuanto por las 48 hectáreas pagó 60 millones de pesos.
Llama la atención que el alcalde no estuviera informado de que el señor Pedro Peña, propietario original del sitio, quería vender. A lo mejor, pudo haberlo comprado a un valor mucho más bajo, ahorrado cuantiosos recursos fiscales del programa ChileBarrios, sin utilizar 10 millones de pesos del municipio.
Más increíble todavía es el hecho de que en las escrituras analizadas, que tengo en mi poder, aparece, como representante legal de la empresa que efectuó el gran negocio, un vecino de la comuna de Longaví el señor Rodrigo Azócar Zubicueta. Eso tampoco sería problema; lo grave es que de otras escrituras se desprende que ese señor ha actuado en conjunto con el alcalde en negocios particulares, ya sea rematando bienes en su beneficio o haciendo negocios en los cuales tienen participación.
Entonces, no hay duda de que estamos ante una situación muy poco transparente, porque aparece una empresa comprando un terreno una vez que el municipio da a conocer la necesidad de adquirirlo sobre la base de una información privilegiada, y después nos imponemos de que quien representa a la empresa es amigo o socio del alcalde.
El alcalde deberá dar una explicación al respecto y, para ese efecto, envié el oficio correspondiente al contralor general de la República, a quien le adjunté toda la documentación. Como esta situación me parece de extrema gravedad, he estimado conveniente pedir al Consejo de Defensa del Estado el diputado señor Naranjo pidió con anterioridad remitirle un oficio que estudie estos antecedentes, con el objeto de que investigue a fondo esta situación y determine si existe algún tipo de fraude al fisco, para hacer efectivas las responsabilidades correspondientes.
Hago entrega a la Mesa de todos los antecedentes que poseo, a fin de que se adjunten al oficio al Consejo de Defensa del Estado.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los señores parlamentarios que han alzado su mano, de lo cual la Secretaría ha tomado debida nota.
AUMENTO DE NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE OBRAS SANITARIAS EN LA COMUNA DE TOMÉ. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie, en mi nombre, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a fin de que nos informe sobre una situación crítica que viven los vecinos de Cerro Alegre, comuna de Tomé, quebrada Lawrence. Ellos postularon a un programa de mejoramiento de barrio del cual 52 familias quedaron fuera de él porque resulta evidente que requieren la habilitación de casetas sanitarias y conexión de alcantarillado. La empresa contratista señala no tener inconvenientes técnicos para construir las casetas y conectarlas al alcantarillado, pero, según la envergadura del proyecto, surge el problema económico. Se exige a las familias pagar tres UF como depósito anticipado alrededor de 48 mil pesos, cuyo aporte iría a un fondo común para realizar obras en la propia población, de acuerdo con lo que decidan los propios pobladores.
Esa situación es altamente injusta. Puede no ser arbitraria, dados los procedimientos de inscripción que ha realizado el municipio; pero lo concreto es que, más allá de su voluntad y preocupación permanente del municipio, hay 32 familias que quedan fuera del beneficio.
Por tanto, pedimos que la Subdere, en conjunto con la ilustre municipalidad de Tomé, adopten las medidas con el fin de aumentar el número de obras necesarias para incluir a esas 32 familias.
Asimismo, en la junta de vecinos 2A, de Almirante Latorre, ocurre una situación similar. Allí, por idénticos motivos, 38 familias han quedado sin caseta sanitaria. Forman parte del programa ChileBarrios y el costo adicional para incorporarlas es de 233 millones de pesos; el proyecto asciende a más de mil millones. Entendemos que cuando se pretende sanear una población como Cerro Alegre, que durante más de 50 años jamás tuvo alcantarillado ni pavimento, debe darse igualdad de oportunidades al conjunto de sus habitantes.
Al respecto, solicito que se oficie al subdirector de Desarrollo Regional para que nos dé a conocer los procedimientos que aplicará, tanto por la vía del aumento de las obras como del financiamiento adicional, lo que permitirá terminar el ciento por ciento del trabajo en ambas localidades para mejoran la calidad de vida de esa gente.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los parlamentarios que han alzado su mano y de los cuales se ha tomado debida nota.
ANTECEDENTES SOBRE ANUNCIO DE ALZAS DE TARIFAS DE AGUA POTABLE EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor NAVARRO.-
En segundo lugar, señor Presidente, pido que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que nos informe, en forma detallada, sobre el alza de tarifas de agua potable que ha anunciado Essbío S.A., en la Octava Región, las cuales aumentarían en 25 por ciento, lo que parece brutal. Debemos considerar que no ha transcurrido más de un año desde la privatización de esta empresa, y ya está anunciando un alza tarifaria de 25 por ciento.
Al respecto, existe profunda preocupación en las unidades comunales y nos gustaría conocer en detalle todo el proceso de fijación de tarifas: plazos, montos, restricciones y regulaciones que puede imponer la Superintendencia de Servicios Sanitarios para proteger a los usuarios.
Queremos un buen servicio, pero también solicitamos protección para los usuarios, por lo cual exigimos una buena explicación de Essbío respecto de su anuncio, porque la gente está sufriendo escasez de ingresos por el desempleo y este aumento de precio de un elemento tan básico como es el agua potable es una amenaza a su subsistencia diaria.
Señor Presidente, cedo el resto de mi tiempo al diputado señor Salvador Urrutia.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los parlamentarios que han levantado su mano y de los cuales se ha tomado debida nota.
AYUDA ECONÓMICA Y ASESORÍA TÉCNICA PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS DE ADOBE EN COMUNAS DEL NORTE, AFECTADAS POR RECIENTE TERREMOTO. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, pido que se oficie al señor ministro de Vivienda y a los alcaldes de las comunas de General Lagos, Putre, Camarones y Arica, para que se haya llegar ayuda extraordinaria y asesoría técnica especializada en construcción de adobe a los propietarios de viviendas dañadas por el último terremoto.
Considerando que la reparación y reconstrucción de viviendas de adobe requiere de asesoría de especialistas, y como los propietarios tienen muy mala situación económica, pido también apoyo en recursos, a través de subsidios extraordinarios. De esta forma, esos pobladores podrán volver a habitar sus viviendas con garantías de seguridad, comodidad y bienestar.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo están manifestando.
MANTENCIÓN DE CAMINOS DE TIERRA EN LA PROVINCIA DE BIOBÍO. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo correspondiente al Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, me voy a referir a la situación que preocupa a los habitantes de la provincia de Biobío, la que dice relación con el mal estado de sus caminos de tierra.
Sin duda, nuestra provincia es una de las que tiene mayor cantidad de flujo de camiones de alto tonelaje que circulan en diversas direcciones. Ello obedece a que cuenta con el mayor porcentaje de recursos forestales exóticos, de pinos, de eucaliptos y también de bosque nativo. De ahí que se deterioren con mucha facilidad estos caminos. Además, la Dirección Provincial de Vialidad no cuenta con la maquinaria suficiente para hacerles la debida mantención. Por ese motivo, se vuelven intransitables, hasta el extremo de que las ambulancias no pueden llegar al domicilio de los particulares para buscar enfermos.
Considero que es el momento de analizar seriamente la situación que preocupa y afecta a la provincia de Biobío, porque son muchos los miles de kilómetros de tierra que están intransitables en este momento en las más diversas comunas de nuestra provincia, entre ellas Los Ángeles, Tucapel, San Rosendo, Mulchén, etcétera. En todas las comunas tenemos serias dificultades de desplazamiento, en especial de vehículos menores.
Solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y a la Dirección de Vialidad para que pongan debida atención en aquellas empresas privadas han extraído que el compromiso de hacer mantención a estos caminos de tierra, que hoy se encuentran en pésimas condiciones. El Estado ha entregado recursos importantes para este efecto; pero muchas veces las máquinas no llegan a esos lugares, lo cual impide que la gente pueda transitar con la comodidad y expedición que se requiere. Con motivo de las últimas lluvias, hemos visto, en algunos lugares cercanos a la ciudad de Los Ángeles, caminos inundados en una longitud superior a los 400 metros.
De ese modo, cuando el país progresa en materia vial, en la provincia de Biobío estamos impedidos de hacer una adecuada mantención de los caminos, que se encuentran en pésimas condiciones.
Por lo tanto, pido que la Dirección Nacional de Vialidad informe sobre los estudios tendientes a destinar nuevos recursos para la adecuada mantención de la red caminera de la provincia de Biobío.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Mixto.
FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA (SAESA) DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo referirme a la escandalosa actuación de la Empresa Distribuidora de Energía, Saesa, en la provincia de Chiloé. Esta empresa ha cometido una serie de irregularidades que infringen la ley eléctrica, que tienen que ver con la mala lectura de medidores de centenares de pobladores de la ciudad de Castro, con una aplicación incorrecta de las tarifas de invierno, con la entrega a destiempo de las boletas o facturas de pago de los consumidores, todo lo cual les ha ocasionado gravísimos perjuicios. Tanto es así que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en Puerto Montt, ha recibido más de 215 reclamos referidos a problemas o a irregularidades producidas en la ciudad de Castro.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al superintendente con el objeto de que envíe personal técnico capacitado a Puerto Montt para realizar una investigación profunda a la empresa Saesa, en relación con la aplicación de la ley eléctrica y de todos los demás elementos o necesidades que la dirección de la Superintendencia tenga en la ciudad de Puerto Montt.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
AUMENTO DE SUBSIDIOS RURALES PARA LA PROVINCIA DE PALENA. Oficio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, en segundo lugar, estimo conveniente que el Ministerio de Vivienda estudie la posibilidad de asignar la mayor cantidad de subsidios rurales a las comunas de Futaleufú, Alto Palena, Chaitén y Hualahué, de la provincia de Palena, con el objeto de que los pequeños campesinos puedan mejorar sus viviendas.
Hace pocos días, aquí tuvimos una discusión acerca de todo el problema que deben enfrentar los colonos en la provincia de Palena, derivado del tema del parque Pumalín.
Sería bueno que, como una acción importante del Estado, se pudiera entregar la mayor cantidad de subsidios rurales, a fin de que esos pequeños campesinos puedan mejorar sus casas y vivir en mejores condiciones en las cuatro comunas de la provincia de Palena.
En relación con este punto, solicito que se envíe un oficio al señor ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, con el propósito de que provea de los recursos necesarios para el programa de subsidios rurales en la provincia de Palena.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA CHILEBARRIOS EN FUTALEUFÚ Y ALTO PALENA, Y PARA AGUA POTABLE EN ANCUD, DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, en tercer término, quiero que se oficie al intendente de la Décima Región de Los Lagos, don Carlos Tudela, y al señor ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, respecto de la necesidad de realizar, tanto en Fautaleufú como en Alto Palena, comunas de la provincia de Palena, el programa de mejoramiento de barrios.
Hay dos proyectos: uno, por más de 400 millones de pesos para la comuna de Alto Palena, y otro, por más de 500 millones de pesos para Futaleufú, para lo cual se necesita en forma urgente la recomendación técnica de la Secretaría de Planificación de la Décima Región.
Luego de la recomendación técnica, el Ministerio de Vivienda, a través del Programa ChileBarrios, podría entregar recursos por alrededor de mil millones de pesos para estas dos comunas, lo que permitiría hacer allí alcantarillado, conexiones a las redes de agua potable, aceras y soleras.
Por lo tanto, solicito que se oficie al intendente regional, con el objeto de contar lo antes posible con la recomendación técnica para esos proyectos, y al ministro de la Vivienda y Bienes Nacionales, a fin de que asigne los recursos para que este año puedan ejecutarse los proyectos relacionados con el Programa ChileBarrios.
Por último, en Ancud, la comunidad de Pumanzano ha solicitado mi intervención, con el propósito de colaborar en obtener de parte del Ministerio de Obras Públicas, a través del Departamento de Agua Potable Rural, el financiamiento para un proyecto de agua potable. Se trata de beneficiar a más de 70 familias del sector de Pumanzano, de la comuna de Ancud; son pequeños agricultores y gente de gran esfuerzo que necesita, en forma urgente, una red de agua potable que les permita mejorar sus condiciones de vida, tener agua dentro de la casa y también agua para el campo. Eso es algo sumamente importante para ellos.
Para lograr ese objetivo, el ministro de Obras Públicas y el intendente regional de la Décima Región deben preparar primero el proyecto, y luego asignar los recursos para ver si este año se inician las obras.
Por lo tanto, solicito que se oficie al intendente regional y al ministro de Obras Públicas, con la finalidad antes indicada.
Muchas gracias.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
PERFECCIONAMIENTO DE PROYECTOS PRESENTADOS AL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, quiero referirme a una situación verdaderamente dramática ocurrida en la Región de la Araucanía. Recientemente se ha dado a conocer el resultado de las postulaciones de financiamiento para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde el 67 por ciento de los proyectos no cumplieron con los requisitos solicitados, lo que resulta verdaderamente increíble. Este hecho impide que las comunas que presentaron proyectos puedan alcanzar un nivel de progreso verdaderamente efectivo, teniendo en vista que esa región, en la última encuesta, resultó ser la más pobre de todo el país.
Quiero instar a los municipios afectados, especialmente a sus alcaldes, para que se preocupen de mejorar los Serplac, que son los organismos que tienen que ver con estos proyectos, porque no puede ser que profesionales, que se supone cuentan con título, que han hecho estudios y las consultas relacionadas con los proyectos, no sepan concretarlos.
Esto, en alguna medida, no me llama la atención, porque también ha sucedido algo parecido con el Fondo del Libro y con Fondart que se resolvió hace poco, en que muchos proyectos fueron rechazados porque la información que se entregaba era incompleta.
Solicito que se envíe al ministro del Interior y al presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades copia de esta intervención, para los efectos de que exijan a los municipios una preocupación mucho más notoria y más firme respecto de la revisión de los proyectos antes de postularlos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, porque, indudablemente, el común de la gente se forma una ilusión cuando sabe que se está postulando un proyecto, pero después viene la desilusión, cuando advierte que no se ha concretado y tiene que esperar un año más para que el problema se resuelva.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
VERIFICACIÓN DE MALLAS CURRICULARES DE CARRERAS IMPARTIDAS POR INSTITUTO PROPAM. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, también quiero referirme a una denuncia por la dictación de una carrera fantasma, en la que nuevamente figura el Instituto Propam, que ya había estado impartiendo carreras de técnicos auxiliares médicos que no fueron acogidas por el Ministerio de Salud.
Solicito al ministro de Educación que verifique las mallas curriculares y cómo se otorgan cursos que simplemente son una verdadera estafa.
Tengo en mi poder los antecedentes, por ejemplo, de 17 alumnos, quienes, tras dos años de estudio y tres de práctica, han pagado $ 51.882 mensuales para recibir un cartón que tendrán que colgar en cualquier parte de su casa, el cual no les sirve absolutamente de nada.
Pido que el ministro de Educación ponga coto a esta situación, ya que pasa exactamente lo mismo con lo que he reclamado en múltiples oportunidades respecto de los cursos docentes que se imparten a distancia para titular a profesores y que exigen asistir a clases sólo los sábados. Es obvio que con esa mínima exigencia es imposible obtener profesores de buena calidad.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DEL FONDART EN LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, en primer lugar, solicito que se oficie al ministro de Educación para que nos informe sobre todos los concursos realizados por el Fondart en la Sexta Región en los últimos diez años, en todas sus categorías.
Muchos creemos que no existe suficiente apoyo al folclor típico de nuestra zona, a nuestras raíces, a nuestra cueca, a nuestras tradiciones de baile más hermosas que se cultivan permanentemente en la Sexta Región, en especial en mi distrito durante todo el año y no sólo para Fiestas Patrias.
El conjunto Los Grillitos, de Graneros, recibió el premio regional de la cultura, lo que habla muy bien de su aporte y constituye un reconocimiento al trabajo de Miguel Gutiérrez, gran folclorista, y al conjunto Los Grillitos, quienes nos han distinguido con su expresión artística, su música, su canto, su folclor y su religiosidad, no sólo en mi distrito, sino en Graneros y también más allá de la región e incluso allende Los Andes.
Nos parece importante que exista una correlación entre una distinción meritoria, como la que les ha otorgado el Consejo Regional, y la posibilidad de acceder a los recursos del Fondart.
Creemos necesario impulsar y apoyar a este tipo de conjuntos en todos sus aspectos, no sólo en términos de reconocimiento institucional, sino también de otorgamiento de recursos concretos del Estado.
Por ello, queremos contar con toda la información relativa a los criterios que utiliza el Fondart en la Sexta Región, qué proyectos han sido asignados y quiénes han sido beneficiados.
No dudamos de la buena intención de este Fondo en términos de generar recursos para proyectos culturales y podríamos dar muchos ejemplos de ello, incluso en la asignación de este año, pero creemos que deben existir criterios sólidos respecto del apoyo al folclor y a nuestras tradiciones, que vayan permeando cada una de nuestras posibilidades de desarrollo folclórico, como es precisamente el conjunto al que he hecho mención y que tan dignamente siempre nos ha representado.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Educación, con el propósito de que nos haga llegar la información solicitada para trabajar en conjunto con ellos sobre este particular, lo que evidentemente nos interesa.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO ENTRE EL SERVIU Y ESSEL DE LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Vivienda para que instruya al Serviu a fin de que nos informe de todos los proyectos existentes para dar cumplimiento a las deudas financieras con cargo al convenio actualmente vigente entre el Serviu y Essel. La Empresa Sanitaria de la Sexta Región tenía deudas con el Estado, las que al momento de la privatización de dicha empresa debían explicitarse en un convenio y comenzar a saldarse.
Dicho convenio ha significado alrededor de 800 millones de pesos, lo que significa que en cinco años las platas que debía la empresa sanitaria por concepto de aportes al Serviu deben devolverse con cargo a obras, de manera de sanear la deuda, por una parte,
y por la otra, contribuir a proyectos de desarrollo en el ámbito sanitario, que interesan al Serviu y obviamente al Ministerio de Vivienda, puesto que al dedicarse al tema de la vivienda, el sanitario es fundamental.
Deseo saber cómo está operando dicho convenio, cuántos recursos se asignan por año, qué proyectos se han seleccionado, cuáles se han ejecutado y cuáles están en proceso de selección o en vías de ejecución. En síntesis, toda la información con cargo al proyecto vigente a la fecha, puesto que su plazo de vigencia es de cinco años y comenzó a operar recién el año 2000.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que nos haga llegar la información respecto del convenio entre el Serviu regional y Essel, empresa sanitaria de la Sexta Región.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TEATRO DE RENGO. Oficios.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la Comisión Presidencial por el Bicentenario, que está abordando distintos proyectos de infraestructura en nuestro país, la cual entendemos que se coordina a través del Ministerio del Interior.
Solicito que se nos informe respecto de la capacidad de la Comisión para respaldar en mejor forma la implementación del teatro de Rengo, recién remodelado y que el Presidente de la República inaugurará mañana.
Ésta es una obra de infraestructura relevante para la Sexta Región, la cual convierte a Rengo y a su teatro prácticamente en la capital cultural de la Sexta Región, puesto que es la mejor infraestructura pública y me atrevería incluso a decir que es la única, si la comparamos con la que existe en el sector privado para desarrollar espectáculos culturales, artísticos y musicales de envergadura.
El proyecto ha representado una inversión de más de 300 millones de pesos, lo que permite contar con una infraestructura para 800 personas; además, está ubicado en un lugar estratégico de la región, intermedio entre las provincias de Colchagua, de Cardenal Caro y de Cachapoal, pero requiere implementarse en forma adecuada.
La licitación de la calefacción está en marcha, por lo cual entendemos superado ese tema; pero faltan la cortina de boca, la tramoya, el escenario para la orquesta y todo lo relativo a la red comunicacional interna; es decir, una implementación fundamental para habilitar en debida forma al teatro.
Creo que la Comisión Presidencial perfectamente puede ayudarnos en la consecución de ese logro, o darnos directrices para avanzar en la implementación de la mejor infraestructura cultural de la Sexta Región, pero que en la actualidad requiere aportes por casi 200 millones de pesos para ser una realidad, como Dios manda.
Solicito que se oficie a la Comisión Presidencial por el Bicentario y al intendente de la Sexta Región, por intermedio del Ministerio del Interior, para que nos ayuden a hacer realidad esto.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN CARELMAPU, COMUNA DE MAULLÍN. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, solicito oficiar a las siguientes autoridades para que informen sobre el estado de avance de proyectos relacionados con la localidad de Carelmapu:
Al alcalde de Maullín y al ministro de Educación, a fin de que informen sobre el estado de avance de los proyectos del nuevo liceo de Carelmapu y la implementación de la jornada única.
Al presidente del Banco del Estado de Chile, a fin de que considere la posibilidad de estudiar la creación de una sucursal bancaria en la localidad de Carelmapu.
Al alcalde de la comuna y al ministro de Vivienda, a fin de que informen sobre el estado de avance del proyecto de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvia.
Al alcalde y al ministro de Vivienda, a fin de que informen sobre el estado de avance de la construcción de veredas y calles de Carelmapu.
Al ministro de Obras Públicas y al intendente de la Décima Región, a fin de que informen sobre el estado de avance de la próxima etapa de construcción del muelle de los pescadores artesanales y buzos de Carelmapu. Al alcalde, a fin de que informe sobre el estado de la ambulancia adquirida en Carelmapu para el traslado de pacientes desde el consultorio a los hospitales de Maullín y Puerto Montt.
Al alcalde y al intendente regional, a fin de que informen sobre la evolución y cobertura de los subsidios únicos familiares y las pensiones asistenciales, de ancianidad e invalidez en la localidad de Carelmapu y alrededores rurales, y sobre el estado de avance de los proyectos de electrificación rural, telefonía y agua potable en los sectores cercanos a Carelmapu.
Por último, al intendente de la Décima Región, a la ministra de Educación y al alcalde de Maullín, a fin de que informen sobre el estado de avance de los proyectos de conmemoración del bicentenario, especialmente respecto de la recuperación de la capilla de Carelmapu, monumento nacional.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Bertolino.
FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, respecto de una denuncia que formulé días atrás sobre el lamentable fallecimiento del director de tránsito de la municipalidad de Paihuano, quiero que se oficie al contralor general de la República para que, a la brevedad, disponga el envío de fiscales inspectores desde Santiago a dicho municipio, a fin de que se hagan cargo de la investigación.
La petición fue conversada con el contralor general. Sin embargo, el director regional de la Contraloría ha dicho a través de un semanario regional que se ha nombrado fiscal a una funcionaria municipal, ya que es imposible una acción inmediata en terreno por falta de funcionarios de la Contraloría. Más aún, ha dicho que tenía conocimiento de la situación que afectaba a la municipalidad de Paihuano respecto de los combustibles.
Desgraciadamente, la denuncia sobre los combustibles es una de las tantas hechas por la persona que puso fin a sus días a consecuencia de la red de corrupción existente en la municipalidad de Paihuano, según señala en su declaración jurada. Además, es muy difícil que una funcionaria subalterna se transforme en fiscalizadora de la propia municipalidad, cuando en dichas denuncias aparece inmiscuida la primera autoridad comunal.
Esto ha causado mucha molestia y desilusión en la comunidad de Paihuano, porque ve poca transparencia en este accionar, sobre todo cuando se le ha dado tiempo más que suficiente a la municipalidad para que ordene su desorden desde que el contralor regional dijo que él tenía conocimiento de la denuncia.
En consecuencia, solicito la presencia inmediata de fiscales inspectores de Santiago en la zona, a fin de que no exista en el ambiente la sensación de que a nivel de la Contraloría Regional habría una supuesta protección de ciertos funcionarios de la municipalidad de Paihuano.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ACLARACIÓN DE TÉRMINOS EN CONTRATOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Oficio.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, solicito oficiar al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que aclare los términos de los contratos que mantiene en ejecución en la Cuarta Región, al 31 de diciembre de 2000, planteados en el oficio Nº 1.177, de 30 de abril de 2001.
En la última columna, donde se habla de “pagado”, aparece una subcolumna “obra” y otra “reajuste”.
En consecuencia, pido que se aclare a qué se refiere la columna de “reajuste”.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CANCELACIÓN DE ANTICIPOS A EMPRESAS MEDIANTE CERTIFICADOS DE PAGOS. Oficio.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe si es efectivo que en la Cuarta Región no se están pagando los anticipos según avance de obrasen los distintos trabajos que mantiene con empresas privadas, lo cual se estaría haciendo mediante certificados de pagos, que obligan a los propietarios de dichas empresas a pedir créditos bancarios para solventar sus trabajos y pagar los salarios de sus empleados, con el consiguiente detrimento de la empresa, lo que va en perjuicio de las fuentes laborales.
Esto ocurre cuando el Gobierno ha hecho una serie de declaraciones pro empleo, incluso ha inventado una serie de programas en ese sentido, gastando gran cantidad de recursos.
El Estado no cumple con sus compromisos, con todo lo que ello significa para la economía regional, ya que dichas empresas mueven actualmente gran parte de ella, debido a la depresión en que está sumida la Cuarta Región, al igual que Chile.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL INIA DE LA CUARTA REGIÓN RESPECTO DE DENUNCIAS FORMULADAS POR LUIS URZÚA AYALA. Oficios.
El señor BERTOLINO.-
Solicito oficiar al ministro de Agricultura y al contralor general de la República, a fin de que informen sobre las investigaciones y sumarios realizados en el Inia, Cuarta Región, referente a las denuncias hechas por el señor Luis Urzúa Ayala, subdirector regional de Finanzas y Administración y administrador del campo experimental Intihuasi, de Vicuña. A pesar de que se han hecho varias denuncias, hasta el momento no ha llegado ninguna respuesta.
Además, para que informen sobre la situación contractual en que se encuentra el señor Luis Urzúa Ayala: si fue destituido mediante la petición de renuncia al cargo de subdirector regional de Administración y Finanzas; si dicho cargo fue llenado por concurso público o por designación del director regional, y si ello se ajusta al manual organizacional del Inia.
Asimismo, con el objeto de que se informe sobre la situación del comodato de una parcela, ubicada en Rapel, comuna de Limarí, hecho por Inia para desarrollar un proyecto. ¿Qué profesionales están a cargo de la parcela y del proyecto?
También que se informe sobre el resultado del proyecto ProvaltLimarí, que ha llevado adelante el Inia en la Cuarta Región, sobre su financiamiento y situación actual del mismo.
Por último, que se informe sobre la relación y dependencia profesional que pueden haber tenido o tienen el director nacional con el director regional del Inia.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 16.20 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.