Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- SECRETARIO DE LA SESIÓN
- Carlos Loyola Opazo
- Alfonso Zuniga Opazo
- SECRETARIO DE LA SESIÓN
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Julio Lagos Cosgrove
- Sebastian Pinera
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. FÁCIL DESPACHO
- ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON PARAGUAY, URUGUAY, FILIPINAS, POLONIA Y UCRANIA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- ACUERDO ENTRE CHILE Y PORTUGAL SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON PARAGUAY, URUGUAY, FILIPINAS, POLONIA Y UCRANIA. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- SISTEMA SATELITAL PARA NAVES PESQUERAS. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Samuel Venegas Rubio
- INTERVENCIÓN : Ivan De La Maza Maillet
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Correa De La Cerda
- Patricio Melero Abaroa
- Jorge Ulloa Aguillon
- INDICACIÓN
- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Martita Elvira Worner Tapia
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Ignacio Walker Prieto
- INDICACIÓN
- SISTEMA SATELITAL PARA NAVES PESQUERAS. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE INCLUSIÓN DE PROVINCIA DE CHACABUCO EN EL PLANO REGULADOR DEL ÁREA METROPOLITANA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Eugenio Tuma Zedan
- Martita Elvira Worner Tapia
- Anibal Perez Lobos
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Jose Luis Gonzalez Rodriguez
- Sergio Morales Morales
- Jorge Soria Macchiavello
- Jaime Rocha Manrique
- Guido Girardi Lavin
- Carlos Cantero Ojeda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- ANTECEDENTE
- FACULTADES DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL MERCOSUR
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Carlos Dupre Silva
- Baldo Prokurica Prokurica
- Arturo Longton Guerrero
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Salvador Urrutia Cardenas
- Carlos Cantero Ojeda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Eugenio Munizaga Rodriguez
- ANTECEDENTE
- ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE INCLUSIÓN DE PROVINCIA DE CHACABUCO EN EL PLANO REGULADOR DEL ÁREA METROPOLITANA.
- VIII. INCIDENTES
- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE FUTURA CENTRAL RALCO. Oficio.
- CONCEPCIÓN SOCIALISTA DEL ESTADO Y DE LAS ALIANZAS POLÍTICAS.
- HABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A CHIGUAYANTE. Oficios.
- ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN COQUIMBO Y OVALLE. Oficios.
- RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR ERRÁZURIZ. Oficio.
- ADHESION
- Jorge Pizarro Soto
- Jose Makluf Campos
- Sergio Morales Morales
- Juan Pablo Letelier Morel
- Salvador Urrutia Cardenas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- APOYO AL PROCESO DE PAZ EN MEDIO ORIENTE. Oficio.
- ADHESION
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Sergio Morales Morales
- Carlos Valcarce Medina
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Salvador Urrutia Cardenas
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE NUEVO POLIDUCTO ENTRE MAIPÚ Y SAN FERNANDO. Oficio.
- ADHESION
- Jose Makluf Campos
- Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- EXTENSIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA ESTABLECIDA EN LA LEY Nº 19.170 A LOS TRABAJADORES DE FERRONOR S.A. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Valcarce Medina
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Ramon Segundo Perez Opazo
- ADHESION
- AGILIZACIÓN DE INFORME DE LA CONTRALORÍA SOBRE EMPRESA CORDE-SERVIU. Oficio.
- DÍA INTERNACIONAL DE LA MATRONA. Oficio.
- PROBLEMAS ORIGINADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN EN SECTOR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY. Oficios.
- REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO QUE UNE ILLAPEL CON RUTA PANAMERICANA NORTE. Oficio.
- SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN CHACABUCO 2, COMUNA DE RECOLETA. Oficio.
- INVESTIGACIÓN SOBRE CURSO IMPARTIDO POR SENCE EN COMUNA DE COIHUECO. Oficio.
- PLANIFICACIÓN DE POLÍTICA ELECTROENERGÉTICA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON PARAGUAY. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON URUGUAY. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON FILIPINAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON POLONIA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON UCRANIA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON PARAGUAY. Primer trámite constitucional.
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 333°, ORDINARIA
Sesión 31ª, en jueves 29 de agosto de 1996
(Ordinaria, de 10.45 a 14.10 horas)
Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime, y Huenchumilla Jaramillo, don Francisco.
Presidencia accidental de los señores Dupré Silva, don Carlos, y Ortiz Novoa, don José Miguel.Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso
ÍNDICE
I.-ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.-ACTAS IV.- CUENTA V.-FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.-PROYECTOS DE ACUERDO VIII.-INCIDENTES
IX.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 6
III. Actas 6
IV. Cuenta 6
V.Fácil Despacho
-Acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones celebrados por Chile con Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania. Primer trámite constitucional 6
-Acuerdo entre Chile y Portugal sobre la promoción y protección recíproca de inversiones. Primer trámite constitucional8
VI.Orden del Día.
-Sistema satelital para naves pesqueras. Segundo trámite constitucional. (Continuación) 10
-Modificación del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal. Primer trámite constitucional. (Continuación) 21
VII.Proyectos de acuerdo.
-Estudio por la Comisión de Viienda de inclusión de provincia de Chacabuco
en el plano regulador del Área Metropolitana29
-Facultades de la Comisión Administradora del Mercosur 33
VIII.Incidentes.
-Estudio de impacto ambiental de futura central Ralco. Oficio 35
-Concepción socialista del Estado y de las alianzas políticas 36
-Habilitación de camino de acceso a Chiguayante. Oficios 37
-Estado de avance de proyectos de pavimentación en Coquimbo y Ovalle.
Oficios 38
-Réplica a intervención del Diputado señor Errázuriz. Oficio 39
Apoyo al proceso de paz en Medio Oriente. Oficio 39
-Antecedentes sobre nuevo poliducto entre Maipú y San Fernando. Oficio 41
-Extensión de la indemnización compensatoria establecida en la ley Nº 19.170 a los trabajadores de Ferronor S.A. Oficio 42
-Agilización de informe de la Contraloría sobre empresa Cordeserviu. Oficio43
Día Internacional de la Matrona. Oficio 43
Pág.
-Problemas originados en construcción de línea de alta tensión en sector Campanario, comuna de Yungay. Oficios 44
-Repavimentación de camino que une Illapel con ruta Panamericana Norte. Oficio 45
-Situación de la población Chacabuco 2, comuna de Recoleta. Oficio 45
-Investigación sobre curso impartido por Sence en comuna de Coihueco. Oficio 46
-Planificación de política electroenergética. Oficios 48
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que integra representantes del Congreso Nacional al Consejo de la Editorial Jurídica de Chile
(boletín Nº 1513-07). 51
2.Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que modifica el decreto ley Nº 1094, sobre refugiados (boletín Nº 1100-06) 55
3.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto que establece la pena de muerte para los delitos de violación con homicidio y homicidio a sueldo (boletín Nº 913-07) 60
4.Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que modifica la ley Nº 4.601, de caza, con el objeto de proteger la fauna. (boletín Nº 225-01) 65
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (77)
--Acuña Cisternas, Mario
--Alvarado Andrade, Claudio
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Calderón, Armando
--Ávila Contreras, Nelson
--Aylwin Azócar, Andrés
--Balbontín Arteaga, Ignacio
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Caminondo Sáez, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Cristi Marfil, María Angélica
--De la Maza Maillet, Iván
--Dupré Silva, Carlos
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Espina Otero, Alberto
--Estévez Valencia, Jaime
--Fantuzzi Hernández, Ángel
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--González Rodríguez, José Luis
--Gutiérrez Román, Homero
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Jara Wolf, Octavio
--Jürgensen Caesar, Harry
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Makluf Campos, José
--Martínez Labbe, Rosauro
--Matthei Fornet, Evelyn
--Melero Abaroa, Patricio
--Montes Cisternas, Carlos
--Morales Morales, Sergio
--Moreira Barros, Iván
--Munizaga Rodríguez, Eugenio
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prochelle Aguilar, Marina
--Reyes Alvarado, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soria Macchiavello, Jorge
--Sota Barros, Vicente
--Taladriz García, Juan Enrique
--Tohá González, Isidoro
--Urrutia Ávila, Raúl
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Villegas González, Erick
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Wörner Tapia, Martita
-Asistieron, además, los Senadores señores Julio Lagos y Sebastián Piñera.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.45 horas.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 27ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 28ª queda a disposición de los señores Diputados.
IV.CUENTA
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.FÁCIL DESPACHO
ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON PARAGUAY, URUGUAY, FILIPINAS, POLONIA Y UCRANIA. Primer trámite constitucional.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En la tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo, en primer trámite constitucional, relativos a la promoción y protección recíproca de inversiones, celebrados por el Gobierno de la República de Chile y los Gobiernos de las Repúblicas de Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Camilo Escalona.
Antecedentes:
-Mensajes del Ejecutivo: Boletín Nº 1750-10, sesión 19ª, en 21 de noviembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletín Nº 1797-10, sesión 49ª, en 5 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletines Nºs 1808-10, 1810-10, 1811-10, sesión 51ª, en 7 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nºs. 1, 3 y 4, respectivamente.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 27 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tengo entendido que rendirá el informe el Diputado señor Dupré.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DUPRÉ.-
Señor Presidente, quiero dar una explicación. En vista de que, en general, el contenido de estos tratados es muy parecido, en la Comisión de Relaciones Exteriores acordamos hacer un solo informe. Por eso, el informe versará sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados para la promoción y protección recíproca de las inversiones, celebrados por Chile con Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Tal como señalan los mensajes, Chile ha suscrito hasta la fecha un importante número de tratados bilaterales sobre la materia con países latinoamericanos, europeos y asiáticos, en función de la estrategia que se han propuesto la Cancillería y el Gobierno respecto de la política internacional, particularmente en lo que se refiere al comercio exterior y a las inversiones extranjeras.
Esos convenios han sido suscritos con los respectivos gobiernos durante visitas oficiales efectuadas fundamentalmente en 1995, en algunos casos con Jefes de Estado, y en otros a nivel de ministros. Es así como los celebrados con Paraguay y Filipinas fueron firmados con ocasión de la visita que realizara Su Excelencia el Presidente de la República a esos países, y el con Ucrania, durante la visita oficial a nuestro país de su Presidente, Excelentísimo señor Leonid Kuchma.
Quiero hacer un paréntesis para destacar que hoy esperamos la concurrencia de los señores parlamentarios a la conformación definitiva de la Comisión Interparlamentaria binacional chileno-ucraniana, hecho que en esta ocasión tiene especial realce con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la independencia de la República de Ucrania, a lo cual cabe agregar la Constitución libre y democrática que se dio después de dejar de pertenecer a la Unión Soviética.
El acuerdo celebrado con la República Oriental de Uruguay, con motivo de la visita que hizo a Chile su Ministro de Economía y Finanzas, y el convenido con Polonia, durante la visita que efectuó a dicha nación el Ministro de RelacionesExteriores, don José Miguel Insulza.
El propósito común de estos tratados es fijar un marco jurídico bilateral que determine los derechos y obligaciones del Estado receptor de las inversiones y los de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los legítimos intereses de ambas partes y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y movilidad internacionales de capitales.
En el articulado y en el protocolo complementario de estos tratados se imponen a los Estados contratantes los siguientes compromisos:
1. Promover, en sus respectivos territorios nacionales, las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación, y el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, ampliación, liquidación, venta o cualquier otra forma de enajenación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
2. Garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no discriminatorio, justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado.
3. Garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de las sumas relacionadas con la inversión, principalmente del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o la ampliación de la inversión y de las necesarias para el servicio y reembolso de los préstamos relacionados con una inversión.
4. No adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o de interés nacional, no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor del mercado de la inversión afectada y con una tasa comercial de interés ante cualquier atraso en su pago.
5. Reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
6. Resolver las controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante mediante consultas amistosas, que se llevarán a cabo por seis meses, al término de los cuales el inversionista podrá llevar la controversia a los tribunales locales de la parte contratante receptora de la inversión, o al arbitraje internacional del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
7. Resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de estos acuerdos, por la vía diplomática o el arbitraje internacional organizado en la forma que reglamenta el acuerdo, en términos análogos a los empleados en todos los comercios de su tipo.
8. Estos tratados permanecerán vigentes por un período de quince años, luego del cual se prolongará su vigencia indefinidamente, a menos que sea denunciado.
Estas son las principales disposiciones de los tratados mencionados.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión hace notar que algunos de ellos incurren en la impropiedad jurídica de señalar que los tratados han sido celebrados entre los Gobiernos, en circunstancias de que, de acuerdo con el Derecho Internacional, un tratado es un acto jurídico entre los Estados, como lo reconoce la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados.
Finalmente, se recomienda la aprobación de los proyectos de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los cinco proyectos de acuerdo.
Aprobados.
ACUERDO ENTRE CHILE Y PORTUGAL SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Portugal sobre promoción y protección recíproca de inversiones.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Fuentealba.
Antecedentes:
-Mensaje del Ejecutivo, boletín Nº 1675-10, sesión 29ª, en 17 de agosto de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 27 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Dupré.
El señor DUPRÉ.-
Señor Presidente, como creo que está en la conciencia de todos los señores parlamentarios, estos tratados son muy importantes y similares al que aprobamos en el caso del Mercosur. Algunos tienen debate publicitario o periodístico mayor que otros, pero todos son igualmente relevantes y el contenido de uno y otro no difiere sustancialmente para los efectos del gran interés que tiene el país en la concordancia de estos acuerdos.
Procederé a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado internacional entre Chile y Portugal sobre la promoción y protección recíproca de inversiones, que fue aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Como lo señala el mensaje, Chile ha convenido hasta la fecha una cantidad importante de tratados. El suscrito con la República de Portugal se enmarca en el contexto de la política de la Cancillería y del Gobierno y constituye un compromiso para estimular la efectiva transferencia de capitales y su adecuada protección, todo ello en conformidad con lo establecido en las respectivas legislaciones nacionales.
El propósito común es fijar un marco jurídico bilateral que regule los derechos y obligaciones del Estado receptor de las inversiones y los de los inversionistas extranjeros, compatibilizando sus legítimos intereses y favoreciendo, de este modo, la transferencia y movilidad internacionales de capitales. Estos instrumentos, cuyo contenido normativo paso a reseñar, regulan el flujo de capitales que nuestro país intercambia con la República de Portugal como un importante mercado de la economía mundial.
No me referiré en detalle a este tratado bilateral, ya que muchas de las materias fueron informadas anteriormente.
En el caso de Portugal, las partes se imponen los compromisos que se indican:
1. Promover, en su respectivo territorio nacional, las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación y el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, ampliación, liquidación, venta o cualquier otra forma de enajenación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
2. Garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no discriminatorio, justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado.
3. Garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de las sumas relacionadas con la inversión, principalmente, del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento.
4. No adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública, no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva.
5. Reconocer en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte.
6. Resolver las controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante mediante consultas amistosas que se llevarán a cabo por seis meses, al término de las cuales, si subsisten las controversias, el inversionista podrá llevarlas a los tribunales locales o al arbitraje internacional del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
7. Resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de este acuerdo, por la vía diplomática o el arbitraje internacional.
Finalmente, quiero destacar que las relaciones entre Chile y Portugal se han ido incrementando notablemente, por lo que nos parece fundamental el avance logrado con la firma de este tratado, pues, amén de lo ya indicado, como la estrategia general de la Cancillería, también nos parece muy importante tener una relación bilateral con los países que conforman la Unión Europea. En el caso de Portugal, nos parece fundamental, porque parte de la comunidad latinoamericana pertenece a la lusitana, y creemos que allí tenemos muy importantes intereses que la República de Portugal puede hacer valer internamente en el seno de la Unión Europea.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, por la importancia que tiene para nuestro país la firma de este acuerdo, nuestra bancada votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
Aprobado.
VI.ORDEN DEL DÍA
SISTEMA SATELITAL PARA NAVES PESQUERAS. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En el primer lugar del Orden Día corresponde continuar la discusión, en segundo trámite constitucional, del proyecto que establece la obligación de instalar un sistema de posicionamiento geográfico automático con apoyo satelital, en naves mayores.
Los informes de las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y de Hacienda, se rindieron en la sesión anterior, razón por la cual corresponde colocar en discusión el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en el período legislativo pasado, cuando aprobamos la ley de pesca, una de las grandes lagunas que quedó fue la forma de controlar las actividades extractivas en el mar.
Hoy se nos proporciona un instrumento que, a lo menos, controlará y fiscalizará la posición de las naves en sus respectivas áreas con mayor precisión y certeza, el cual se transformará en una prueba en caso de conflicto.
Según la FAO, el 70 por ciento de la masa de peces del mundo ha sido explotada de manera excesiva, o agotada, o se recupera tras haber sido sobreexplotada. Así, el total de las capturas mundiales ha pasado de 97 millones de toneladas en 1991 a 101.3 millones en 1993.
En nuestro país, las capturas también han aumentado durante el período 1980-1995. Por ejemplo, Chile capturaba 2.891.229 toneladas en 1980, las que se incrementaron a 4.988.663 en 1985, a 6.166.081 en 1990 a 8.021.043 en 1994. Este aumento se explica fundamentalmente por el desarrollo de la industria pesquera en la Octava Región, con sede en los puertos de Talcahuano, San Vicente, Coronel y Tomé.
En consecuencia, no cabe la menor duda de que una fiscalización en nuestro mar territorial o extraterritorrial se traducirá en mayor cuidado y preservará mejor nuestros recursos marítimos.
El control sobre un número considerable de naves también establecerá mayor seguridad en la navegación. Como aquí se ha dicho, no hay duda de que la aplicación de esta medición será extraordinariamente importante para estos fines.
El incremento de las pesquerías demuestra que si no hay control en el mar, la sola regulación de la administración de ellas no sirve o es sólo un débil paliativo para el creciente esfuerzo pesquero. La fiscalización de la veda, de los desembarques, guías, facturas y otros métodos se practican en tierra, pero nadie sabe en este momento lo que pasa en el mar.
En algunas oportunidades, sube a los barcos un funcionario del Sernap. Sólo a través de él y de informes radiales se pueden conocer las posiciones de las naves y los esfuerzos pesqueros realizados. Por lo tanto, el control satelital es absolutamente útil, práctico y eficiente.
El Senado dictó una norma que, lamentablemente, excluyó a la pesca pelágica, que es la de mayor envergadura en nuestro país, sobre todo en la zona norte y en la Octava Región, pues constituye casi el total de las exportaciones pesqueras a través de la harina de pescado. De este modo, el control satelital pasó a ser nulo respecto de este tipo de pesca.
Además, incluyó cinco tipos de naves que estarían sometidas al control automático.
En primer lugar, las naves mayores o menores no artesanales -la ley de navegación define su límite en 50 toneladas de registro grueso-, matriculadas en Chile, pueden operar siempre que lo hagan en aguas extrajurisdiccionales, es decir, fuera de las 200 millas que constituyen la zona económica exclusiva. Estas naves son muy pocas, prácticamente no existen, de manera que el control sería absolutamente inútil o no existiría. Además, ellas deben referirse a los llamados recursos hidrobiológicos declarados en regímenes de pesquerías en desarrollo incipiente o en recuperación, las cuales, como se sabe, están definidas en el artículo 2º de la ley de pesca, y comprenden escasísimas especies. La pesquería en desarrollo incipiente comprende sólo el langostino colorado y se efectúa con alrededor de 10 naves; la pesquería en recuperación tiene sólo al bacalao de profundidad y se realiza con 16 naves.
En segundo lugar, el Senado incluyó en este control las pescas extractivas en áreas sujetas a convenios internacionales de los que Chile sea parte. Allí no tiene aplicación alguna este control.
En tercer lugar, las naves matriculadas o no en Chile, autorizadas para pesca de investigación en aguas jurisdiccionales o internacionales. Ese punto también lo incluye en su propuesta la Cámara de Diputados.
En cuarto lugar, los sancionados reincidentes cuando pesquen ilegalmente, en naves mayores, en áreas reservadas a los pescadores artesanales, o los que cometieren las infracciones señaladas en el título IX de la ley.
En cambio, la Cámara de Diputados impone un control satelital mucho más amplio, que incluye la pesca pelágica, las naves mayores o menores no artesanales, matriculadas en Chile, que desarrollan actividades pesqueras en aguas jurisdiccionales sobre recursos hidrobiológicos declarados en regímenes de pesquerías en plena explotación, en desarrollo incipiente o en recuperación.
Según un estudio de la Subsecretaría de Pesca, las pesquerías en régimen de plena explotación no sujetas a cuotas, como es el caso de la sardina, el jurel y la anchoveta en la Primera y Segunda Regiones, y el jurel en la Quinta a Novena Regiones, comprenden 380 naves. El régimen de plena explotación sujeto a cuotas comprende, según la especie, la merluza común, 40 naves; la merluza del sur y el congrio, de las regiones Décima a Duodécima, 22 naves; el langostino amarillo, en las regiones Tercera y Cuarta, 30 naves; el camarón nailon de las regiones Segunda a Octava, 46 naves. Las pesquerías en recuperación, 10 naves, y las pesquerías en desarrollo incipiente, 16 naves.
En segundo lugar, incluye las naves matriculadas en Chile que operen en aguas no jurisdiccionales.
En tercer lugar, las que realizan pesca de investigación, al igual como lo hizo el Senado, estén o no matriculadas en Chile, para operar en aguas nacionales o fuera de ellas.
En cuarto lugar, los buques fábricas que operen en aguas jurisdiccionales o en alta mar.
Debo señalar que entre las regiones Décima y Undécima, los pescadores artesanales se quejan, protestan y han hecho paros, huelgas y movilizaciones, porque en el sector del Huafo estos barcos perforan el área artesanal. En consecuencia, resulta muy provechoso que estos buques fábricas, que operan en aguas jurisdiccionales o en alta mar, estén sujetos al control satelital.
En quinto lugar, las naves pesqueras o buques fábricas de pabellón extranjero que sean autorizados a recalar en Chile.
Por último, a los reincidentes en infracciones al área de pesca artesanal, siempre que se trate de naves mayores o que cometan infracción al título IX, situación que también considera el Senado.
Se ha dado una serie de razones para defender la propuesta del Senado y eliminar gran número de naves del control satelital. Por ejemplo, se ha dicho que de esta manera se va a vulnerar una especie de propiedad industrial, como es la determinación de los llamados caladeros, donde los barcos efectúan sus prospecciones y pesca.
Esa afirmación no es efectiva, porque con los actuales conocimientos científicos y tecnológicos no resulta difícil determinar en qué puntos se reúnen los cardúmenes o dónde existen determinadas especies. Eso se ha estudiado en profundidad. En consecuencia, no existe propiedad intelectual o industrial de una sola empresa, barco o persona, cuyo conocimiento o secreto pueda ser atropellado o violado. Cuando se habla de secreto, no sabemos si se trata de algo verdaderamente reservado, que debe tenerse con sigilo, o de algo clandestino. La idea es que la posición de los barcos no sea clandestina. La pesca clandestina es la que debe ser vigilada.
También se señaló que con este tipo de control, que será ejercido por la Armada de Chile, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, se estaría fomentando o induciendo a la corrupción de los funcionarios encargados de velar por dicho control, ya que estos secretos podrían venderse al mejor postor, a pesar de que ese hecho está sancionado por el Código Penal.
Esta argumentación no resiste ningún análisis, porque, se está imputando que los fiscalizadores de la Armada, de la Subsecretaría de Pesca y del Servicio Nacional de Pesca son susceptibles de ser “comprados”, lo que no puede servir de argumentación, porque los funcionarios públicos se rigen por estatutos severos, cuya infracción es penada en forma drástica. Además, nuestra Administración Pública goza de respeto por su probidad e idoneidad.
Si existiese un conato de corrupción o este argumento fuese cierto, en vez de preguntar quién vende estos secretos, cabría inquirir quién piensa comprarlos. Es otra imputación.
Cuando el Diputado señor Melero dice que se está fomentando la corrupción con esto, cabe preguntarse ¿quién piensa corromper? ¿Los armadores, los investigadores, las empresas pesqueras, los barcosfábricas?
Por ello, esta doble imputación, a los trabajadores de la Administración Pública y del sector privado, a quienes se podría sindicar como probables corruptores, no tiene mayor fundamento. Quizás, corresponda a un producto de la miseria humana; pero, en todo caso, son actos delictuales, penalizados por ley.
Tampoco es cierto, como se ha dicho, que se comete una especie de arbitrariedad o se rompe el principio de la igualdad al no aplicarse este control satelital a los pescadores artesanales, en atención a que tienen naves que, perfeccionadas, también podrían incurrir en infracciones al no pescar en las áreas que les corresponden.
Esto no es cierto, porque, en primer lugar, los pescadores artesanales tienen un área reservada para realizar su actividad establecida por ley y en segundo lugar, sus naves son pequeñas: las de tamaño máximo alcanzan las 50 toneladas de registro grueso. En consecuencia, es muy difícil que salgan a navegar a áreas donde la inseguridad es permanente. De manera que ése es otro argumento falso, que no se condice con la fiscalización que debe existir en los mares chilenos.
Para demostrar la utilidad de la aprobación de la posición de la Cámara, deseo comentar un anexo del informe del Senado sobre esta materia, el cual dice, por ejemplo, que las pesquerías de merluza del sur y de congrio dorado, especies muy codiciadas, por lo menos en las regiones australes, se encuentran sujetas al régimen de plena explotación. En ellas participa un total de 22 naves en aguas exteriores, y en las interiores, 14 naves en merluza del sur y 11 en congrio dorado.
En estas pesquerías, que se desarrollan en el sur, participan pescadores industriales y artesanales. Al comparar el trabajo de unos y otros, no cabe la menor duda de que la pesca de los industriales es inmensamente mayor que la de los artesanales. Además, tienen la facilidad de trasladarse de un lugar a otro, con lo que ocultan sus posiciones y no pueden ser controlados o fiscalizados.
Esta pesquería se encuentra en estado de sobreexplotación. Sus cuotas están establecidas para cuatro sectores: área norte, interior y exterior, al sur del Canal de Chacao y área sur, interior y exterior, entre los paralelos 47 y 50 grados de latitud sur.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Señor Diputado, resta un minuto y medio de su tiempo.
El señor ELGUETA.-
Me interesa comentar esta pesquería porque también trabajan en ella fábricas hieleras, las cuales deben dividir su cuota de acuerdo con las áreas norte y sur: dos tercios para las naves hieleras y un tercio para los barcos fábrica.
Además, gran parte de las naves que operan en la pesquería de la merluza del sur y de congrio dorado, también desarrolla o puede desarrollar actividades en la pesquería de bacalao de profundidad.
Deseo hacer presente esta situación porque tiene mucha importancia en nuestra región, ya que no es efectivo que los desembarques permitan controlar completamente el esfuerzo pesquero, porque la verificación sólo se produce en los puertos o en algunos lugares destinados al efecto, por lo que también existe sobreexplotación, sobrepesca y sobreextracción.
En consecuencia, vamos a respaldar el proyecto tal como lo despachó la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Encina.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, quiero manifestar la conformidad de la bancada del Partido Socialista con el informe emitido por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados sobre la iniciativa que establece la obligación de instalar un sistema de posicionamiento satelital.
Sin duda, el proyecto está dentro de los marcos de la modernidad del sector pesquero. Es un mecanismo establecido en numerosos países europeos y de América Latina; sin ir más lejos, en Argentina ya se está implementando. Se trata de un enorme avance respecto de la ley general de pesca y acuicultura, aprobada por el Congreso en el período pasado. En realidad, proyectos como éste complementan dicha ley, la cual requiere de una serie de reglamentos, que está estudiando y elaborando la Subsecretaría de Pesca. Sin embargo, todavía presenta vacíos que sólo pueden superarse con proyectos como éste, que establece un sistema de posicionamiento satelital, que ayuda, junto con otros, a mejorar dicha normativa.
También queremos que se avance en otros temas, por ejemplo, en los relacionados con la pesca artesanal, con las concesiones para la acuicultura y, sobre todo, con las áreas de manejo de los pescadores artesanales, que son materias de alta conflictividad en la actualidad, ya que tenemos problemas en muchas regiones, concretamente en la bahía de Tongoy, donde hay una superposición de peticiones sobre un área de acuicultura, donde prima un criterio distinto del establecido en la ley general de pesca respecto de los pescadores artesanales. Sin embargo, esperamos que estas situaciones se solucionen en el futuro.
La única forma de controlar las pesquerías declaradas en plena explotación o en desarrollo incipiente, o pesquería pelágica, es a través del sistema de posicionamiento satelital, el que permitirá fiscalizar la explotación de recursos que están colapsados.
Todo el mundo se da cuenta de cómo se vulneran las normas que regulan las áreas de pesca para determinadas naves en el mar territorial chileno. Sin ir más lejos, se inició uno en Valdivia por la permanente violación de las superficies asignadas para determinadas pesquerías en la Décima Región.
Por lo tanto, este posicionamiento satelital va en la dirección correcta. Podrá controlarse realmente a estas pesquerías declaradas en plena explotación, la pesca pelágica o la actividad pesquera que el país necesita para su desarrollo.
Aquí se ha señalado que establecer este sistema de control podría ser un posible factor de desconfianza de las autoridades hacia los industriales o naves pesqueras. Estamos convencidos de que autoridades responsables, la Armada de Chile, a través de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, y Sernap, las pueden efectuar. Confiamos en que la información será reservada como lo establece la ley; no tenemos por qué desconfiar a priori.
Por eso, nos extraña mucho que Diputados de la Unión Demócrata Independiente planteen que se está estableciendo un sistema de desconfianza sobre la posible explotación por parte de naves pesqueras. En definitiva, esa mala fe y desconfianza -al decir que puede ser un factor de corrupciónse les asignan a la Armada de Chile y al Sernap.
Hay que ser consecuente y no aplicar juicios valóricos a un actor y no a otro. Tenemos plena confianza en que la Armada de Chile y el Sernap administrarán bien el sistema.
Si no hay temor de infringir alguna norma de la ley de pesca, ¿por qué tanto temor respecto del control mediante el sistema de posicionamiento satelital, en circunstancias de que es un gran aporte para la pesca nacional?
Por este motivo, la bancada socialista concurrirá con sus votos para aprobar este proyecto que nos parece de enorme importancia para el desarrollo del sector pesquero del país.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Con la venia del Diputado señor Venegas, quien estaba inscrito antes, tiene la palabra el Diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, agradezco la gentileza del Diputado señor Venegas.
En nombre de los Diputados de Renovación Nacional, quiero señalar brevemente lo siguiente:
Somos partidarios de la idea de legislar en esta materia y, en consecuencia, votaremos desfavorablemente el proyecto.
También somos partidarios de que el proyecto vuelva a Comisión, razón por la cual hemos firmado una indicación, pues estimamos indispensable discutir detalladamente los efectos de este sistema de posicionamiento satelital sobre este sector de la economía. Por ejemplo, nos preocupa el beneficio o ventaja que se le otorga a las flotas extranjeras que compiten con las nuestras en el mismo recurso de pesca. Nos preocupa aumentar las regulaciones y que ellas signifiquen una nueva carga burocrática que encarezca y haga menos competitivas las actividades productivas y extractivas, como en este caso.
Asimismo, somos partidarios de defender nuestros recursos naturales, pero ello tiene que ser compatible con la necesidad de mantener la explotación racional de los recursos pesqueros, con el propósito de que puedan continuar generando las divisas para el progreso del país.
Concluyo reiterando que votaremos favorablemente la idea de legislar. Somos partidarios de perfeccionar la iniciativa; por ello vamos a hacer todos nuestros aportes, una vez que vuelva a Comisión.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, también quiero manifestar la plena aceptación de la decisión de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Cámara de Diputados, de aprobar este proyecto que establece que en las naves mayores deberá instalarse un posicionador satelital para controlar el cumplimiento de la normativa relativa a las pesquerías en nuestro litoral, contenida en la Ley General de Pesca y Acuicultura. Dicha ley señala prohibiciones, dispone la dictación de reglamentos y contempla disposiciones que apuntan a la preservación de los recursos de nuestros mares y a una lógica y controlada explotación de ellos, para hacerlos sustentables en el tiempo, como también que los trabajadores que se desempeñan dentro del área tengan estabilidad y puedan proyectar sus vidas, la organización y la educación de su familia, con la tranquilidad que todo ser humano requiere. Es insólito el hecho de que existan normativas, pero que no tengamos los elementos necesarios para hacerlas cumplir y controlar las actividades pesqueras, como lo establece la ley. Por lo tanto, este proyecto va a permitir, realmente, que la Armada, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y el Sernap, autoridades encargadas de corregir las irregularidades que se presentan en la actualidad, sean respetadas. De otra manera, nuestros mares serán depredados y las personas que han logrado acumular las más grandes fortunas en el país, seguirán dictando las normas que les acomoden, sin que les importe lo que les acontezca a otros. En este caso, me refiero a los pescadores artesanales que tradicionalmente son avasallados por las embarcaciones mayores. Sus caladeros tradicionales son arrasados en distintas horas del día o de la noche. Quienes lo hacen saben claramente que no hay control sobre el lugar que navegan, muchas veces en áreas absolutamente prohibidas y reservadas exclusivamente a la pesca artesanal, es decir, dentro de las cinco millas ligadas al continente.
La iniciativa es muy conveniente porque va a producir orden y un grado de tranquilidad en aquellas personas que respetan las normas. En este caso se estaba respetando la ley del más fuerte, y ocurre que son muchos más los débiles que los fuertes dedicados a esta actividad. Quedarán en la ley antecedentes expresos para que el día de mañana sean juzgados quienes violenten las normas. Los afectados podrán acudir a los juzgados de policía local correspondientes para plantear el problema y lograr que se sancione a los responsables.
Por otra parte, este sistema otorgará mayor resguardo a las tripulaciones de las embarcaciones mayores dedicadas a la pesca industrial, porque se sabrá exactamente el lugar donde navegan y las condiciones del mar. Por lo tanto, en un caso de accidente es mucho más fácil llegar con rapidez a entregar el auxilio requerido.
Son muchas las bondades del proyecto; por eso quiero destacar la forma acuciosa en que actuó la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, puesto que logró enfocar adecuadamente el tema y redactarlo en términos tales que no merece otra cosa que la aprobación absoluta.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el DiputadoIván De la Maza.
El señor DE LA MAZA.-
Señor Presidente, en repetidas oportunidades habrán escuchado la preocupación de este Diputado por el tema de la pesca en Chile y su reiterada afirmación sobre la falta de coherencia en materia de políticas pesqueras.
Por ello, nos alegramos mucho de la decisión tomada por Su Excelencia el Presidente de la República, en cuanto a nominar como Subsecretario de Pesca a don Juan Manuel Cruz -asumió ayer-, a quien deseamos el mayor éxito en el desarrollo de una política pesquera nacional, coherente y respetuosa de las reservas que el país necesita en materia hidrobiológica.
Hay una confusión bastante grave respecto de qué significa el posicionador satelital y cuál es su objetivo.
El país, con su política pesquera, ha posibilitado que en determinadas áreas, especialmente de la zona sur austral, se pesque el recurso de tal modo que, por no estar sujeto a cuotas y debido a la incapacidad de control por parte del Estado y de los organismos fiscalizadores, se ha producido -según palabras de la Subsecretaría- , ratificadas por el estudio del Instituto de Fomento Pesquero, por informaciones internacionales y por las cuentas del Banco Central que tengo en mi poder un deterioro grave de la biomasa, especialmente de la merluza del sur.
A mi juicio, esta explotación irracional no sólo atenta contra el país o el recurso, sino también contra los propios intereses económicos de los armadores que actúan sobre él. Es un fenómeno mundial. Según estudios internacionales de la más alta calidad, los recursos pesqueros del mundo están siendo explotados irracionalmente, lo que provoca no sólo deterioro de los recursos alimenticios e industriales, indispensables para la humanidad, sino también dificultades económicas a los países que desarrollan la actividad.
No sólo existe este tema, sino muchos más. Las pescas de investigación, que desde nuestra perspectiva muchas veces no han sido consideradas como investigación pura, sino como actividades de carácter económico, con privilegios especiales, que también están afectando, de manera irracional, recursos de alta calidad para el país. Nos referimos, fundamentalmente, al bacalao. Con la raya ocurrió algo parecido.
Por tanto, es indispensable buscar métodos de fiscalización en aquellos sectores donde la pesca destruye el recurso. El posicionador satelital parece ser la única medida para saber efectivamente dónde están actuando los buques hieleros y buques-fábrica de alta capacidad industrial.
A mi juicio, la zona sur austral es de depredación. Por ese motivo nos preocupaba tanto la dictación de la veda del recurso y, al mismo tiempo, la autorización de la Subsecretaría de Pesca para determinar su alzamiento, que implicaba que en momentos del desove de la merluza del sur se actuara con 15 barcos arrastreros, de los 22 que operan en la zona.
Además, existen otros recursos marinos como la merluza común que la Subsecretaría sujeta a cuotas; por tanto, los barcos industriales, lanchas y bongos pesqueros artesanales y no artesanales, actúan sobre un recurso limitado. La cuota la fija la Subsecretaría, de acuerdo con el Consejo Nacional de Pesca y los consejos zonales de pesca. Dicho acuerdo se funda en estudios que realiza el Instituto de Fomento Pesquero. Cuando la cuota, asignada en parte a industriales y en parte al mundo artesanal, se agota, aunque sea en un mes, no se puede seguir pescando. Incluso, como es posible que eso ocurra y se cree un grave deterioro en la actividad económica, en algunos casos se fijan cuotas trimestrales, de modo que no se termine la pesquería en el curso de una temporada de uno o dos meses. Pero, cuando decimos que se fija cuota, nos referimos a que la protección del recurso no está entregada al arbitrio de los pescadores, sino al de la Subsecretaría, y nos llama la atención que siempre que hay un conflicto de intereses, la Subsecretaría ha aumentado la cuota, poniendo en peligro la biomasa existente, sin tratar de racionalizar la pesca de un recurso cuyo límite de captura es fijado por ella.
Nos preocupa este tipo de contradicciones cuando se trata un tema de esta naturaleza. ¿El proyecto está destinado a mejorar la capacidad de fiscalización del país para proteger el recurso o constituye, simplemente, la actuación policial del país respecto del mundo pesquero industrial? Creemos que hay que actuar con tino. La actividad industrial es necesaria para el país. En aquellos lugares donde no existe capacidad de control gubernamental y no hay cuota delimitada, el Estado debe actuar sobre la base de una supervisión directa, y nos parece que lo más adecuado es el posicionador.
Cuando el Estado fija la cuota a través de sus organismos técnicos y, por tanto, no está en peligro la extinción del recurso, la justificación no puede ser ecológica ni ambientalista, ni debe tener sentido de preservación, sino, exclusivamente, la necesidad de fiscalizar bien la actividad pesquera.
En el caso de las zonas central y central norte, el problema radica en que algunos barcos calificados de industriales y algunas naves menores también participantes de este segmento, producen rupturas en el área de reserva de la pesca artesanal. Ése es un argumento distinto y, en consecuencia, el que nos debe motivar para hacer el análisis de nuestra incapacidad para determinar, por la vía de los organismos competentes del Estado en esta materia -la Armada, el Sernap y otros si las naves pesqueras industriales rompen el límite de cinco millas dentro de las cuales no están autorizadas a pescar.
Desde esta perspectiva, no queremos emitir juicios globales. Creemos que la totalidad de naves que traspasan las cinco millas de reserva son una ínfima minoría del total del esfuerzo industrial del país, por dos tipos de razones. Primero, porque el esfuerzo de pesca se hace en las zonas más rentables. Es imposible que barcos con redes de 200 metros de altura actúen en zonas costeras, sobre las cinco millas, donde la superficie de pesca no supera los cien metros de altura. Ello significa que del total de naves mayores existentes en el país, el 80 por ciento de las naves industriales que capturan jurel o merluza común no pueden operar dentro de las cinco millas. Por tanto, aquéllas susceptibles de entrar y perforar el área de reserva artesanal no representan más del 20 por ciento del total de la flota existente.
Por eso, nos preocupa el juicio global. Un proyecto de ley no puede fundarse sobre la base de creer que todo el segmento al cual se piensa aplicar está conformado por delincuentes o personas irracionales, desde el punto de vista de su actividad. Es como pensar, por ejemplo, que, como todas las fundiciones de minerales en Chile son contaminantes, la fórmula consistiría en que el Estado las cerrara y, probablemente, tendríamos un país con muy bajos índices de contaminación, especialmente en Santiago, en algunas áreas de Valparaíso, en el norte o en Rancagua. Pero el concepto de gradualidad es de la esencia de una política medioambientalista que busca construir crecimiento y desarrollo, preservando los recursos naturales.
Creemos indispensable que el proyecto vuelva a Comisión para que lo rediscutamos y profundicemos su estudio sobre la base de fundamentos técnicos, científicos y de políticas nacionales coherentes, de modo que el Estado, a través de sus mecanismos para supervisar el sector, no tome medidas que al día siguiente, por la vía de la excepción, se borran, y promueva políticas de largo plazo que permitan un desarrollo armónico y consistente del mundo artesanal y, a su vez, preserven y conserven los recursos hidrobiológicos del país.
Por ese motivo, estamos de acuerdo con la idea de legislar sobre la materia y concordamos con la necesidad de que la Comisión la estudie en profundidad, para proponer a la Honorable Cámara un proyecto coherente de largo aliento, complementario de la ley general de Pesca, que requiere modificaciones para su sustentabilidad en el tiempo.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, me sumo a las expresiones de varios señores Diputados que han destacado la importancia del proyecto.
Nuestro país tiene una excelente ley de Pesca y Acuicultura, pero su aplicación es imposible, porque no se cuenta con las herramientas que permitan fiscalizar la actividad pesquera en el mar. Es notoria la falta de instrumentos tecnológicos y científicos avanzados.
En materia pesquera, la fiscalización está conferida a la Dirección General del Territorio Marítimo, la que debe sobrevolar nuestro mar y, en especial, entregar información sobre el zarpe de naves y desembarque en los puertos donde recalan, pero se carece de elementos científicos.
Un instrumento nuevo, usado en varios países, permite una fiscalización ágil, oportuna, moderna y científica. Se trata de un transmisor, que deriva la información a un satélite que la entrega a un centro de recopilación de datos. Posibilita fiscalizar toda la actividad pesquera y es absolutamente necesario para dar cumplimiento a la ley de Pesca. De otra manera, será letra muerta, la fiscalización, nula, y el desorden en el mar, total.
Hay sobreexplotación de los recursos marítimos. Naves extranjeras invaden y se instalan en nuestro mar. Años atrás, algunas rusas en el sur los explotaron durante bastante tiempo sin que nadie pudiera realizar ninguna acción. También ha habido penetración de otras de tipo industrial en las cinco millas de recursos reservados a la pesca artesanal. Es un hecho absolutamente cierto. Para solucionar estos problemas se ha promovido este proyecto, feliz y acertada iniciativa de un grupo de señores Senadores.
Creí entender de las palabras del Diputado señor De la Maza que no es efectiva la intromisión de naves industriales en las cinco millas de reserva artesanal. En este aspecto, me sumo a lo expresado por el Diputado señor Venegas, quien, con su conocimiento y experiencia, afirma que ello ocurre permanentemente.
Tengo en mi poder una minuta de las denuncias cursadas por infringir las áreas de reserva artesanal a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En 1993, 148 naves industriales; en 1994, 58, y en 1995, aun cuando no transcurre todo el año, 81.
La incursión de naves industriales en el área de reserva artesanal no sólo es un atropello a la ley, sino que también significa destrucción de los recursos hidrobiológicos. En mi zona, algunos ya están agotados o sobreexplotados por esta razón.
También tengo una información del Ministerio de Economía, fechada en Valdivia el 14 de junio pasado, en relación con una consulta que se hizo al jefe provincial del Servicio Nacional de Pesca. Hay nueve procesos judiciales en los tribunales de dicha ciudad por operación de barcos industriales en el área de reserva de pesca artesanal.
Lo anterior significa que no es un mito la invasión de barcos industriales en el área de reserva, sino una irregularidad absolutamente verificada que podría corregirse con la aprobación del proyecto en estudio. Por esta razón, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, es una de las instituciones más interesada en ello.
Sus dirigentes, señores Marco Ide Mayorga y Humberto Mella, han escrito a todos los parlamentarios que integramos la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Han querido interesarnos en el tema con argumentos muy bien fundamentados y han hecho ver la necesidad de instalar el sistema de posicionamiento satelital para proteger el recurso que les posibilita su trabajo.
No comparto la opinión de algunos señores Diputados de que es necesario que el proyecto vuelva a la Comisión de Agricultura, ya que ha sido suficientemente discutido. Con respecto al artículo 64 B, que complementa el artículo 64 de la ley general de Pesca, puedo informar que se discutió en profundidad. Hubo una indicación de los Diputados señores Iván De la Maza y Villouta, que fue rechazada, y otra del Diputado señor Juan Pablo Letelier, que nos interpreta muy bien y que es la que está en el informe.
En mi opinión, el texto del proyecto es absolutamente satisfactorio y concordante con el espíritu que ha prevalecido entre nosotros. Por tanto, no veo necesidad de que vuelva a Comisión, salvo que reglamentariamente proceda en caso de que haya nuevas indicaciones. De lo contrario, podríamos aprobarlo para que a la mayor brevedad se convierta en un cuerpo legal que complemente la ley general de Pesca y Acuicultura.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Se ha pedido la clausura del debate y concurren los presupuestos reglamentarios para ello.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Punto de Reglamento.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, tengo entendido que se está llamando a votar a los señores parlamentarios que están trabajando en comisiones. No sé cuántos habrá inscritos para hacer uso de la palabra; pero, ¿puedo hacerlo yo antes de la votación?
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Señor Diputado, se ha pedido la clausura del debate y, por lo tanto, le Mesa debe someter a votación esa petición.
Han intervenido diez señores Diputados y, reglamentariamente, procede la petición de clausura del debate.
Por cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor León.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, ¿cuántos señores Diputados hay inscritos?
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tres.
En votación la petición de clausura del debate.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Aprobada la clausura del debate.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Cantero, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), De la Maza, Dupré, Encina, Espina, García (don José), Huenchumilla, Luksic, Melero, Montes, Ortiz, Reyes, Tohá, Valcarce, Venegas, Villouta, Walker y Wörner (doña Martita).
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Elgueta, Gutiérrez, Jara, León, Longueira, Makluf, Matthei (doña Evelyn), Morales, Moreira, Munizaga, Ojeda, Orpis, Palma (don Joaquín), Sota y Villegas.
-Se abstuvieron los Diputados señores:
Arancibia, Letelier (don Juan Pablo), Palma (don Andrés) y Rodríguez.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde votar el proyecto en general.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 38 votos; por la negativa 1 voto. Hubo 6 abstenciones.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Arancibia, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Cantero, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), De la Maza, Dupré, Elgueta, Encina, Gajardo, García (don José), Gutiérrez, Jara, Jürgensen, León, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Melero, Montes, Morales, Munizaga, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Reyes, Silva, Sota, Tohá, Vargas, Venegas, Villegas, Villouta, Walker y Wörner (doña Martita).
Votó por la negativa el Diputado señor
Valcarce.
-Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:
Espina, Longueira, Matthei (doña Evelyn), Moreira, Orpis y Rodríguez.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión para su segundo informe.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo primero Artículo 64 B 1. De los Diputados señores Correa de la Cerda, Melero y Ulloa “Los armadores pesqueros de naves mayores o menores no artesanales matriculados en Chile, deberán instalar a bordo y mantener en funcionamiento un dispositivo de posicionamiento y transmisión automática durante el desarrollo de sus actividades pesqueras, cuando dichas naves declaren operación en aguas extrajurisdiccionales sobre especies sujetas a cuotas individuales de pesca en aguas de jurisdicción nacional. Igual obligación deberán cumplir los armadores que operen sus naves en aguas extrajurisdiccionales sometidas a Convenciones Internacionales en que Chile sea parte y todos aquellos que realicen actividades de pesca de investigación autorizadas por Chile. Asimismo, esta obligación será aplicable a quienes operen sus naves en aguas extrajurisdiccionales sobre especies respecto de las cuales no estén autorizados para operar en aguas nacionales y para aquellos que operen sus naves sobre especies en plena explotación sujetas a cuotas globales en aguas contiguas a unidades de pesquerías con cuotas individuales, y para los que operen sus naves sobre especies demersales en plena explotación sujetas a cuotas anuales en unidades de pesquería colindantes. En los casos en que el Juez competente sancione como reincidente a cualquier nave pesquera, sea ésta industrial o artesanal, por actuar ilegalmente en un área no autorizada, su propietario deberá instalar un posicionador geográfico automático. Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable respecto de aquellas naves que operan exclusivamente sobre recursos transzonales o altamente migratorios.”.
El señor LONGUEIRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longueira, para una cuestión de Reglamento.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, no sé si existe algún acuerdo de votación para la presente sesión, por cuanto en la Comisión de Hacienda nos encontramos viendo el proyecto sobre Enacar. Quisiéramos saber si seremos llamados a votar otra iniciativa.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Señor Diputado, se están aplicando las normas reglamentarias. Es factible que luego tengamos que votar el siguiente proyecto. En todo caso, si fuera así, se avisará oportunamente.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Corresponde seguir tratando el proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en moción, que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal.
El informe de este proyecto ya ha sido rendido.
Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, como muy bien lo acaba de señalar Su Señoría, el tratamiento de este proyecto se inició en una sesión anterior. Tiene por finalidad modificar el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, que regula las normas sobre libertad provisional. Espero que lo votemos en la presente sesión, pues es la segunda oportunidad en que se debate en esta Sala y ya fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución.
Es un hecho que, durante los últimos años, el tema de mayor preocupación en la opinión pública, en todos los estratos sociales, es el de la seguridad ciudadana. Todas las encuestas y antecedentes demuestran que los delitos de mayor peligrosidad, particularmente los robos con violencia, los asaltos a mano armada y las violaciones, se han incrementado no sólo en el número, sino también en el grado de peligrosidad con que actúan los delincuentes. Ello está directamente vinculado con una preocupación de igual o mayor entidad, como es la necesidad de modificar todo el funcionamiento del proceso penal chileno.
El proyecto en debate modifica las normas sobre libertad provisional, adelantando exactamente lo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia resolvió en forma unánime respecto de las normas que regirán la libertad provisional cuando entre en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. Se reproduce con exactitud en la legislación vigente, el mismo articulado que hemos aprobado para el nuevo juicio penal que regirá en un futuro relativamente cercano.
La Constitución Política establece que la libertad provisional procede cuando respecto de una persona acusada de un delito y sometida a proceso -esto es, cuando existen presunciones probadas de que ha sido autor, cómplice o encubridor de un delito- el juez decreta la prisión preventiva, es decir, la deja detenida mientras dura la investigación. Al respecto, la Carta Fundamental en su artículo 19, Nª 7º, letra e), señala: “La libertad provisional procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.”
En otras palabras, cuando una persona comete un delito, o cuando se presume que lo cometió, y es sometida a proceso por estimar el juez que hay presunciones fundadas en su contra, la regla general es que, mientras dure el proceso, debe quedar en libertad provisional, pero a la vez la ley establece una serie de medidas que impiden que pueda eludir la acción de la justicia mientras se instruye el proceso.
Sin embargo, el constituyente ha dicho que esta norma tiene tres causales que permiten al juez no decretar la libertad provisional, sino mantener en prisión preventiva a una persona mientras dure el proceso.
¿Cuáles son esas tres causales? Primero, cuando a juicio del juez -únicamente a juicio del juez- existen antecedentes que demuestran que la prisión preventiva del delincuente es necesaria para el éxito de la investigación, porque se requiere que esta persona no impida que se lleven adelante una serie de diligencias u oculte pruebas, porque hay temores de que así ocurrirá o que así está ocurriendo. Segundo, cuando sea necesaria para dar protección a la víctima, porque se teme que el delincuente puede vengarse de ella si está el libertad. Tercero, cuando se estime que la persona constituye un peligro para la sociedad, esto es, que continuará delinquiendo.
Esta materia fue regulada en el Código de Procedimiento Penal, tal como lo dice la Constitución, donde se señala que el legislador debe regularla.
El artículo 363 de dicho Código fija orientaciones al juez respecto de dos de las tres causas que le permiten mantener a una persona en prisión preventiva. Dice: “Sólo podrá denegarse la libertad provisional, por resolución fundada, basada en antecedentes calificados del proceso, cuando la detención o prisión sea estimada por el juez estrictamente indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación -segunda hipótesis-, o cuando la libertad del detenido o preso sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido –tercera hipótesis-.”
Luego, señala: “Se entenderá que la seguridad de la víctima del delito se encuentra en peligro -es decir, le fija una orientación al juez- por la libertad del detenido o preso cuando existan antecedentes calificados que permitan presumir que éste pueda realizar atentados graves en su contra.”
O sea, el legislador le indica al juez cuáles son los criterios orientadores si va a limitar la libertad provisional y a decretar la prisión preventiva por la causal de seguridad de la víctima.
Luego dice: “El tribunal deberá dejar constancia en el proceso, en forma pormenorizada, de los antecedentes calificados que hayan obstado a la libertad provisional, cuando no pueda mencionarlos en la resolución, por afectar el éxito de la investigación.”
Es decir, el legislador regula dos de los casos fijándole orientaciones al juez: cuando se trate de la seguridad de la víctima y del éxito de la investigación. Pero no regula ni le indica al juez ninguna pauta orientadora de los casos en que la persona pueda ser estimada un peligro para la sociedad.
Sobre este punto, se ha producido una situación extraordinariamente polémica durante los últimos años. Se han hecho intervenciones en esta Cámara y se han publicado artículos en los diarios, expresando preocupación porque delincuentes habituales, por sumas bajísimas, de cinco o diez mil pesos, han recuperado su libertad bajo fianza, a veces decretada por los tribunales de primera instancia o por las cortes, y esas personas han vuelto de inmediato a cometer un delito.
Recordemos el asesinato de un menor de edad que se produjo hace no mucho tiempo en la comuna de La Reina, donde un delincuente que había recuperado su libertad, por una suma cercana a los cinco mil pesos, volvió a delinquir y lo asesinó. Evidentemente, se trata de un delincuente habitual. Estamos poniéndonos en esa hipótesis.
Un grupo de parlamentarios, autores de esta moción, que pertenecen a todas las tiendas políticas, entre ellos los Diputados señores Viera-Gallo, Luksic, Elgueta y el que habla, tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con el Presidente de la Corte Suprema, quien nos expresó que estimaba positivo -al igual que la mayoría de los jueces-, que en caso de constituir el detenido un peligro para la sociedad, se le fijara orientaciones al juez. Esas orientaciones no buscan obligarlo a decretar la prisión preventiva cuando considere que una persona es un peligro para la sociedad, sino fijar los criterios que debe tomar en cuenta para determinar si un delincuente queda en libertad provisional o en prisión preventiva.
El proyecto cumple con ese objetivo, pues se limita a fijar al juez criterios orientadores. El juez puede seguirlos o no; lo que no puede hacer es dejar de analizarlos. La labor del legislador es, precisamente, establecerlos. Ellos podrán ser complementados si se considera que existen otras causales.
¿Cuáles son estos criterios orientadores? El artículo único del proyecto señala: “El juez podrá -no “deberá”; lo resuelve él- estimar que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad tomando en consideración alguna de las siguientes circunstancias: la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios contemplados en la ley Nº 18.216 -se refiere a la reclusión nocturna o a la libertad vigilada-; la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente y, en general, si existieren antecedentes graves que permitan presumir que tratará de eludir la acción de la justicia.”
Es decir, en la hipótesis de que un delincuente cometa un delito que tiene una pena alta, sea reincidente, quebrante la libertad condicional o la reclusión nocturna -que es una forma alternativa de cumplir una pena-; quebrante condenas anteriores o tenga juicios pendientes por otro tipo de delitos, el juez deberá considerar estos factores, ponderarlos de acuerdo con la investigación y resolver si la persona quedará en libertad provisional o en prisión preventiva. En otras palabras, el legislador cumple con el rol de fijar orientaciones al tribunal o al juez.
Esta disposición fue incorporada textualmente al nuevo Código de Procedimiento Penal, por considerarse que mantiene la garantía de la libertad provisional, pero también -seamos francos- porque ayuda a evitar decisiones judiciales polémicas y dañinas que han significado, por ejemplo, la libertad de delincuentes que asaltan, cometen robos o hurtos, y que por 5 mil pesos recuperan su libertad, luego de lo cual continúan asaltando, robando y cometiendo delitos.
Más del 80 por ciento de los robos, asaltos y violaciones son cometidos por delincuentes habituales, no por primerizos. Nuestro sistema judicial presenta una especie de círculo vicioso: un delincuente comete un delito, es detenido por la policía, permanece 10 o 15 días preso, vuelve a quedar en libertad y delinque nuevamente. Así, los juicios se arrastran por años y las consecuencias las pagan víctimas inocentes, que son objeto de violación, asesinato, asalto, etcétera.
Por esta razón, estimamos procedente perfeccionar la norma y fijar disposiciones orientadoras. Debo hacer presente que, junto a este proyecto, con anterioridad se presentaron en el Parlamento otros bastante similares. Lo ideal sería que todos ellos pudieran acumularse en el Senado, sobre todo si se considera que tratan sobre la misma materia. En todo caso, me parece fundamental la fijación de criterios orientadores que ayuden al establecimiento de una jurisprudencia uniforme, para que, así, las personas puedan circular con tranquilidad por ciudades, campos y casas y evitar que delincuentes habituales queden permanentemente en libertad, con todas las consecuencias sociales que eso significa.
Por tal motivo, la bancada de Renovación Nacional solicita la aprobación del proyecto -se trata de un artículo único- y su votación en esta sesión, para no dilatar una materia respecto de la cual todos los señores Diputados han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación e interés, que esperamos que, en esta oportunidad, se manifiesten en acciones concretas.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Diversos señores Diputados han mostrado interés en que el proyecto se vote hoy -restan alrededor de 20 minutos para el término del Orden del Día y se encuentran inscritos para intervenir tres señores Diputados-, de modo que solicito que, en ese espíritu, colaboremos con tal propósito.
Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, por las razones que acaba de señalar, seré muy breve.
Considero -está de más decirlo- que el proyecto en comento se justifica plenamente, y los fundamentos señalados por el Diputado señor Espina así lo acreditan.
Esta moción parlamentaria viene a llenar un vacío legal y, sobre todo, a dar cuenta satisfactoria de un verdadero clamor popular -en el mejor sentido de la palabra-, por cuanto se percibe que las personas que han estado detenidas o presas o gozan de cierta impunidad.
Esto hay que analizarlo en el contexto de la garantía constitucional relativa a la libertad personal, una de cuyas manifestaciones es, precisamente, la libertad provisional que, como sabemos, constituye un derecho de la persona sometida a proceso, con las excepciones señaladas por la ley. Además, la Constitución señala expresamente que la ley establecerá los requisitos o modalidades para obtenerla. Es en esa dirección y en ese contexto que se inserta esta moción.
Por lo demás, como lo señala el propio informe, esta garantía constitucional está ratificada por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica.
Hago esta pequeña introducción porque en momentos en que estamos reglamentando -tal vez restringiendo-, clarificando o definiendo los requisitos para decretar la libertad provisional, no debemos perder de vista que todo ello debe ser entendido en el contexto de asegurar la efectiva vigencia de esta garantía constitucional fundamental.
En todo caso, la norma que rige más particularmente esta materia en los artículos 363 del Código de Procedimiento Penal -en especial después de las modificaciones introducidas por la ley Nº 19.047, de 14 de febrero de 1991-, que en realidad es bastante explícita al señalar, en primer lugar, que debe existir resolución fundada que niegue la libertad provisional; en segundo, que esté basada en antecedentes calificados del proceso y, tercero, prácticamente reproduce la letra e), número 7, del artículo 19 de la Constitución.
Por lo tanto, hay tres aspectos medulares a los que apunta la iniciativa.
En primer lugar, la amplia discrecionalidad que ha existido, tanto desde el punto de vista del legislador como del constituyente, para definir esta materia.
En segundo lugar, los fallos contradictorios y la jurisprudencia que al respecto empieza a surgir y que obviamente no satisface los requerimientos de una sociedad que ve con preocupación no sólo el aumento de ciertos tipos de delito, sino también la manga ancha que tienen los tribunales, precisamente por la falta de una definición legal más precisa, al momento de otorgar la libertad provisional.
Por último -tal como lo señaló el Diputado señor Espina-, el vacío existente en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a que no fija los criterios orientadores relacionados con una de las causales más discutidas, amplias y difíciles de definir para denegar la libertad provisional: aquella que se refiere al peligro para la seguridad de la sociedad.
Estoy muy de acuerdo con los criterios orientadores del proyecto, a saber: 1. El hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal -obviamente, si una persona está bajo esa restricción y sometida a proceso, hay una razón para estimar que constituye un peligro para la sociedad-; 2. Que se encuentre en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios consagrados en la ley Nº 18.216 -con mayor razón, en ese caso existirá motivo para negar fundadamente la petición de libertad provisional-, y 3. Con mayor razón aún, si existieren condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente.
Sin embargo, hay tres aspectos que cabe perfeccionar en el artículo único del proyecto que se somete a la consideración de la Sala, y en tal sentido, con el Diputado señor Elgueta presentamos una indicación.
En primer lugar, se habla de que “El juez podrá estimar que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, tomando en consideración algunas de las siguientes circunstancias: la pena asignada al delito,...” Consideramos que no basta con un enunciado tan amplio y vago, que se refiere a la pena asignada al delito. En realidad, ése no es un criterio orientador. Creemos que debemos explicitar que se trata de la gravedad de la pena asignada al delito por el cual una persona está presa. Penas menores por daños, hurtos, injurias y otros, no pueden ser consideradas para denegar la libertad provisional, sobre la base de que constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. Nuestra indicación es para que la frase quede así: “la gravedad de la pena asignada al delito”. Ése es el criterio orientador que queremos darle al juez.
En segundo lugar, a nuestro juicio tampoco basta con establecer: “el número de delitos que se le imputare”. Si son menores como los que he mencionado: hurtos de especies de bajo valor, injurias, daños u otros, no pueden llevar al juez, por muy numerosos que sean, a considerar que el procesado es un peligro para la sociedad.
De acuerdo con nuestra indicación, la frase debe decir: “el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos”, justamente para enfatizar la gravedad de la pena dentro de los criterios orientadores.
Tampoco basta con decir: “la existencia de procesos pendientes”. La indicación propone agregar: “atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren”. Cuando hay procesos pendientes relacionados con delitos de cierta gravedad, estamos hablando de peligro para la seguridad de la sociedad, y en ese caso el juez podría denegar la solicitud de libertad provisional.
Finalmente, nuestra indicación propone eliminar la frase final que dice “y, en general, si existieren antecedentes graves que permitan presumir que tratará de eludir la acción de la justicia.” Ello, por dos razones: primero, porque si lo que queremos evitar como se dice en el fundamento de la mociones la discrecionalidad, estimamos que esta causal es demasiado amplia. Segundo, porque también puede interpretarse que más que referirse al peligro para la seguridad de la sociedad dice relación con las diligencias necesarias para las investigaciones del sumario. Es decir, cuando una persona trata de eludir la justicia, en virtud de los artículos 19, Nº 7, letra e), de la Constitución, o 363, del Código de Procedimiento Penal, que en ese caso está bastante reglamentado, podría denegar la libertad provisional solicitada.
Por estas razones, manifestando mi opinión favorable a la idea de legislar, con el Diputado señor Elgueta presentamos indicación en el sentido que he señalado, porque creemos que perfeccionará la iniciativa propuesta.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Martita Wörner.
La señora WÖRNER.-
Señor Presidente, comparto las fundamentaciones dadas aquí para justificar la necesidad de legislar y de reglamentar debidamente la facultad del juez de conceder el beneficio de la libertad provisional, reconociendo la garantía constitucional en que se funda.
No obstante, junto con hacer presente que como integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia concurrí con mi voto para la aprobación unánime del proyecto, al meditar sobre las justificaciones y precisiones que el Diputado informante hizo presentes a la Corporación, tengo mis reservas.
Si bien esta norma es la misma que aprobó por unanimidad la Comisión en el nuevo Código de Procedimiento Penal, ello se da en un contexto en el cual será significativo separarla. Se aprobó en un procedimiento que garantizará que tanto la víctima como el victimario sientan la absoluta seguridad de que se respetarán sus derechos y prerrogativas. Y al aprobarse en ese contexto por la unanimidad de los miembros de la Corporación, se ha hecho presente que en la actualidad esas garantías no existen y que la reforma que se está impulsando se funda, precisamente, en la carencia de seguridad de aquéllas.
En un interesante debate sobre la pena de muerte en el cual participamos ayer y anteayer en la Comisión, se señaló que el procedimiento penal que hoy tenemos es ineficaz y no guarda relación con la exigencia de respetar la garantía constitucional del que está sometido a proceso y, por cierto, la víctima. Por esa razón, según se ha señalado, se impulsó esta gran reforma al Código de Procedimiento Penal.
Entonces, tengo temor y aprensiones, porque no creo conveniente adelantar una norma, dictada en otro contexto, para aplicarla hoy, cuando existe un procedimiento penal, lo que podría resultar aberrantemente atentatorio para los derechos de todo procesado. Hace pocos días esta Corporación trató un proyecto de acuerdo que buscaba conocer a cabalidad las razones de los amotinamientos de jóvenes en las cárceles. Con esta moción estamos generando nuevamente una suerte de reglamentación de tal magnitud que llevará a que los tribunales del crimen extrapolen sus facultades.
Por una parte, estamos denunciando la necesidad de reglamentar la situación, porque hoy los jueces actúan con manga ancha para conceder la libertad provisional lo que en la práctica significa que un delincuente habitual, a pesar de tener una seguidilla de procesos, obtiene con mucha rapidez la libertad provisional pagando una fianza de bajo monto. ¿No significará esto que el juez, por no verse enfrentado a los recursos pertinentes, aplica cómodamente la norma, con un criterio tan restrictivo que al poco tiempo los amotinamientos, los estancamientos en los procesos y el aumento explosivo en las cárceles nos demostrarán que el remedio ha sido peor que la enfermedad?
Por lo tanto, reiterando mis críticas a nuestro procedimiento penal y las fundamentaciones dadas para aprobar esta norma, pero en un contexto integral de cambio revolucionario de dicho procedimiento, anuncio la abstención de la bancada del Partido por la Democracia.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, como ya se ha señalado, el proyecto que conoce la Sala tiene como antecedente directo el número 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que se refiere al derecho de la libertad personal y a la seguridad individual, y concretamente la letra e), que regula la libertad provisional.
Si analizamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales, veremos que el principio general es que una persona que está siendo encausada, tiene derecho a la libertad provisional, y de esa forma está consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, a renglón seguido, se señalan las excepciones a dicha libertad que debe decretar el juez competente. En ese sentido, éste puede mantener la prisión preventiva y, por lo tanto, denegarle la libertad provisional.
Como se ha dicho, la Constitución Política señala de manera expresa y taxativa los criterios que debe considerar el juez para denegar dicha libertad provisional: cuando la detención o prisión sea estimada necesaria para la investigación del sumario, para la seguridad del ofendido o para la sociedad. Posteriormente, el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal desarrolló estos criterios, de acuerdo con el mandato expreso de la Carta Fundamental, y determinó los requisitos o modalidades para obtenerla.
Desde el punto de vista purista de una sana doctrina, en verdad, la moción que conocemos no debería ser necesaria para la buena interpretación de los tribunales de justicia. La norma jurídica es bastante clara respecto de los criterios o elementos para la denegación de la libertad provisional. Sin embargo, es necesario precisarlo, a petición expresa del presidente de la Corte Suprema, y como consecuencia de un caso que provocó conmoción en la sociedad y en la opinión pública: la muerte de un niño en La Reina. Por esa razón, los legisladores nos abocamos a regular lo que debe entenderse por seguridad del ofendido o de la sociedad.
Ése fue el origen de esta moción cuyo autor es el Diputado señor Espina, a la cual invitó a patrocinar a otros Diputados de diversas tendencias políticas.
Reitero que si esta norma jurídica hubiera sido bien interpretada por los tribunales de justicia, no sería necesaria la proposición que hoy discutimos.
Muchas veces, el problema de una norma jurídica es determinar los elementos o criterios para su aplicación, en este caso concreto, para denegar la libertad provisional del imputado por estimar que resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, porque pueden ser muchos o muy pocos, y la materia va a seguir siendo opinable y sujeta a la interpretación de los tribunales de justicia.
Los Diputados Walker y Elgueta han presentado algunas indicaciones para precisar más algunas de estas circunstancias. Se considera la gravedad de la pena asignada, el número de delitos, su carácter, etcétera.
En todo caso, siempre habrá nuevos antecedentes, circunstancias o datos que permitirán configurar el criterio general que establece la Constitución Política para denegar la libertad provisional: cuando resulte peligrosa para la seguridad de la sociedad.
A pesar de que esta norma igual va a estar sujeta a la interpretación de los tribunales, tiene la gran virtud de que, por lo menos, hay antecedentes para precisar más la actuación de los jueces al momento de decidir una petición de libertad provisional.
Además de las observaciones que he dado a conocer, aprovecho la ocasión y hago un llamado a los jueces para que interpreten la norma jurídica con suficiente pertinacia y libertad. Esto ayudará a su trabajo, pero –reitero- quedarán muchos elementos y circunstancias que harán necesaria la interpretación propia de los tribunales de justicia.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa que estimo será de gran utilidad en la tarea propia de los jueces de administrar justicia.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 14 abstenciones.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Allamand, Bombal, Cantero, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Espina, Fantuzzi, Gajardo, Galilea, García (don José), Gutiérrez, Huenchumilla, Jürgensen, León, Longueira, Luksic, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Melero, Morales, Moreira, Munizaga, Ortiz, Pérez (don Ramón), Rodríguez, Valcarce, Vargas y Villouta.
-Votó por la negativa el Diputado señor
Palma (don Andrés).
-Se abstuvieron los Diputados señores:
Arancibia, Ávila, Aylwin (don Andrés), Ceroni, González, Montes, Reyes, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Silva, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador) y Wörner (doña Martita).
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, el proyecto tiene sólo una indicación, de los Diputados señores Elgueta y Walker. Nuestra bancada comparte sus términos, y dado que se trata de un proyecto con un solo artículo, corresponde votarlo en particular y no enviarlo nuevamente a Comisión. De esa manera, el artículo puede ser despachado con la misma votación que se ha dado en la Sala.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Reglamentariamente no es así. Si se le formuló una indicación tiene que volver a la Comisión para segundo informe, a menos que exista unanimidad en la Sala para tratarla, la que en este momento no existe.
Tiene la palabra el señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, Su Señoría podría consultar si un proyecto que consta de un artículo único, se discute en general y en particular. No se trata de que haya una indicación, sino que de una iniciativa que tiene sólo un artículo. Puedo estar equivocado pero, según recuerdo, este tipo de proyectos se vota en general y en particular. Me gustaría que Su Señoría lo confirmara.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Señor Diputado, no necesito consultar para responder negativamente su inquietud.
Por lo tanto, el proyecto vuelve a Comisión para segundo informe.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo único De los señores Elgueta y Walker 1. Para intercalar entre el artículo “la” y el sustantivo “pena”, la expresión “gravedad de la”. 2. Para agregar a continuación de la forma verbal “imputare”, la frase “y el carácter de las mismas”. 3. Para agregar en seguida del vocablo “pendiente”, la expresión “, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren.”. 4. Para eliminar la oración final “y, en general, si existieren antecedentes graves que permitan presumir que tratará de eludir la acción de la justicia.”.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
ESTUDIO POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA DE INCLUSIÓN DE PROVINCIA DE CHACABUCO EN EL PLANO REGULADOR DEL ÁREA METROPOLITANA.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 440, de los Diputados señores Ceroni, Tuma, señora Wörner; Pérez, don Aníbal; señorita Saa; González, Morales, Soria, Rocha, Girardi y Cantero:
“Considerando:
1. Que la provincia de Chacabuco no quedó contemplada en el plano regulador del Área Metropolitana del año 1994.
2. Que el Ministerio de la Vivienda se encuentra elaborando un proyecto para incorporar a dicha provincia en el plano regulador.
3. Que en la provincia de Chacabuco se ubica el 30% de los suelos clase I y el 20% de los suelos clase II del país, es decir, los de más alta calidad para la actividad agrícola, los cuales se verían irreversiblemente destruidos si se aprueba la ampliación del plano regulador.
4. Que en 1960 Santiago ocupaba 17.900 hectáreas de suelos de calidad y en la actualidad se han expandido a 60.000 hectáreas, a las cuales se agregarían otras
20.000 de aprobarse la expansión del área urbana de la capital.
5. Que en la actualidad en el Área Metropolitana existen 5 millones de habitantes que ocupan 60.000 hectáreas de terreno, lo cual nos da una densidad aproximada de 90 habitantes por hectárea, es decir, una de las más bajas del planeta. Por lo mismo, se han diseñado planes tendientes a densificar aún más la superficie poblada para evitar el crecimiento de la ciudad hacia los costados, lo cual se vería gravemente contrariado al aprobarse nuevas zonas de expansión.
6. Que la expansión horizontal de la ciudad agrava seriamente los problemas de contaminación a que hoy se ve enfrentada la capital y además aumenta los costos para el Estado, el cual debe hacer nuevos gastos en infraestructura e instalaciones urbanas.
7. Que el mayor crecimiento del Área Metropolitana va en directo perjuicio de las regiones y de los procesos de descentralización, ya que al existir mayor concentración en Santiago, disminuye la inversión privada en regiones y los recursos fiscales destinados a ellas.
Los (as) Diputados (as) firmantes venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
“La Cámara de Diputados acuerda encomendar a la Comisión de Vivienda de la Corporación para que, en el plazo de treinta días, investigue y emita un informe acerca de la conveniencia de ampliar el plano regulador del Área Metropolitana a la provincia de Chacabuco; del impacto que dicha ampliación tendría sobre los suelos agrícolas, sobre la calidad del medio ambiente, y los efectos que produciría en el proceso de descentralización.”
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, en nuestra opinión, los fundamentos del proyecto de acuerdo son claros. Nos interesa, en forma especial, que se estudie el proyecto del Ministerio de la Vivienda para incluir a Chacabuco en el plan regulador del Área Metropolitana, determinación que estimamos que afectará a suelos agrícolas de muy buena calidad, especialmente de primera y segunda clase.
Por otra parte, Santiago tiene una densidad de población todavía bastante inferior, lo que puede solucionarse perfectamente aumentando la cantidad de habitantes con construcciones adecuadas ya que, en definitiva, su crecimiento va en directo perjuicio de las regiones. Lo importante es lograr una mayor descentralización de nuestro país, apoyando el crecimiento y fortalecimiento de las ciudades existentes en las regiones, con el fin de que muchos habitantes del país tengan una mejor calidad de vida.
Por eso, hemos pedido que la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano estudie esta materia y emita un informe sobre la conveniencia de ampliar el plano regulador del Área Metropolitana a la provincia de Chacabuco; sobre el impacto ambiental de este proyecto que pretende plantear el Ejecutivo y sobre los efectos que tendría la descentralización para nuestro país.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, este tema ha despertado polémica y, por cierto, existe interés en buscar mecanismos que permitan resolver de la mejor forma la controversia. Sin duda, se trata de una petición de antecedentes, de un estudio, de una información para que la Cámara se ilustre y se forme un juicio sobre el tema. Éste no tiene relevancia porque el proceso que abarcaría al sector de Chacabuco tiene repercusiones en todo el territorio nacional; porque, en definitiva, este crecimiento del Área Metropolitana, normalmente, se hace a expensas de los recursos generados por diversas zonas del país. Por lo general, para la construcción de la infraestructura e implementación de esta zona, se castiga el desarrollo de los sectores de la periferia del país.
También es interesante consignar que si bien es cierto que esto se relaciona con facultades del ámbito regional, no lo es menos que tiene que ver directamente con materias de descentralización, desconcentración y con el proceso de regionalización en general.
En consecuencia, que se pida a la Comisión de Vivienda una opinión me parece relevante, incluso, me atrevo a señalar que, con toda seguridad, una vez que se emita un pronunciamiento, la Comisión de Gobierno Interior tendrá interés en dar una opinión desde el punto de vista técnico respecto de lo que esto significa para el proceso de regionalización, descentralización y desconcentración de nuestro país.
Por esa razón, apoyaré el proyecto de acuerdo, ya que se trata de recabar antecedentes para formarse una mejor opinión.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Para impugnar el proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, a mi juicio, los fundamentos del proyecto de acuerdo no van en la dirección correcta, en primer lugar, porque la Comisión de Vivienda ya estuvo analizando el tema. Incluso concurrieron a ella, para estos efectos, el Subsecretario de Vivienda y otras autoridades. Entonces, es pertinente e importante que la Cámara lo analice.
Pero, habría una pugna con las facultades del Corede, que es la instancia que debe tratar estas materias, si se pretende que la Comisión de Vivienda emita un informe acerca de la conveniencia de ampliar el plano regulador del área metropolitana. La Cámara debe fiscalizar los actos del gobierno y no las decisiones que por ley corresponden a un organismo colegiado.
Por consiguiente, ahí existe una razón jurídica, legal, sobre cómo la Cámara podría influir si el día de mañana los consejeros regionales resolvieran algo distinto. No es una materia que corresponda estrictamente al Gobierno. Si bien es cierto que el Ministerio de la Vivienda es el que propone, los que deben resolver son los consejeros regionales, elegidos a través de un proceso democrático realizado en 1992. En los Coredes están representadas todas las tendencias políticas.
Ahora, el punto de fondo tiene relación con una posición mía, muy crítica respecto de la forma como se ha enfrentado el problema del plano regulador y una serie de proposiciones del Ministerio de Vivienda. No tienen asidero alguno y sería bueno que se modificaran, como muchos lo estamos planteando.
La pregunta es hacia donde ha crecido y debe seguir creciendo Santiago. Si tomamos las cifras de 1982 y 1992, se puede establecer que la población del país ha crecido en más de 2 millones de habitantes, a una tasa de 1,65 por ciento, y que la Región Metropolitana sola ha crecido en 1 millón de habitantes en 10 años; o sea, más o menos, 100 mil habitantes por año. El 82 por ciento de ese crecimiento se ha concentrado en el sector suroriente de Santiago.
En el plano intercomunal o regional de Santiago, la teoría era que Santiago creciera hacia adentro para aumentar la densidad urbana y evitar la expansión. Pero eso ha sido un fracaso, salvo en el caso de la municipalidad de Santiago, porque todos los demás municipios se han ido oponiendo al crecimiento en altura, a la mayor densidad. En definitiva, tenemos más de 250 mil chilenos que necesitan vivienda en la Región Metropolitana, y para algún lugar debe crecer la ciudad para cobijarlos.
Respecto de la protección del suelo agrícola a que alude el considerando del proyecto de acuerdo, a mi modo de ver, una cosa es defenderlo, y otra distinta es protegerlo para la agricultura. Hay vastos sectores de la provincia de Chacabuco, específicamente al sur de Colina, donde no hay posibilidades de agricultura, a 25 y a 40 millones de pesos la hectárea, regados por un canal contaminado, que obviamente le pone un sayo a los agricultores en vez de defenderlos.
De manera que hay que consolidar situaciones, y más que investigar lo que se está haciendo, cabría preguntarse ¿hacia dónde ha crecido Santiago -las cifras demuestran que lo ha hecho hacia el sector suroriente-, cuál es el déficit habitacional existente, hacia dónde debe crecer la ciudad y cómo proyectamos esto hacia nuestra provincia?
A mi juicio, no se amerita una comisión de este tipo, sin perjuicio -eso lo respaldo- de que la Comisión de Vivienda -como lo ha hecho- se interese por el tema, lo siga estudiando y cite a los ministros y autoridades para tratar este punto. Generar una acción paralela de la Cámara, en definitiva, puede ser perjudicial.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Resta un minuto para hablar en contra.
Tiene la palabra el Diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, lamento que quede tan poco tiempo. Creo que deberíamos reformar el Reglamento, a fin de intervenir en forma equitativa en esta parte de la sesión.
En cuanto al proyecto de acuerdo, creo que adolece de dos errores. En primer lugar, propone que la Comisión de Vivienda emita un informe acerca de la conveniencia de ampliar el plano regulador del área metropolitana a la provincia de Chacabuco.
De acuerdo con la ley y el ordenamiento jurídico, las regiones están obligadas a establecer un plano regulador. De manera que lo que se ha hecho en la provincia de Chacabuco es elaborar un plano intercomunal, a través del Ministerio de Vivienda, con previa consulta a las autoridades locales: alcaldes, concejos municipales y, en general, a todas las organizaciones de juntas de vecinos. Me consta que eso se ha hecho, porque hemos estado, al menos en cuatro o cinco reuniones, en la provincia de Chacabuco, analizando los diversos antecedentes y propuestas respecto del plan intercomunal de esa provincia.
Es importante que la Región Metropolitana mantenga ciertos bolsones donde se desarrolle una actividad agrícola, especialmente frente a una provincia en que un 60 ó 70 por ciento vive y se desarrolla a través de ella.
En segundo lugar, es preciso -y lo señala este plan intercomunal- establecer ciertos lugares de carácter urbano que logren autoabastecerse a través de una serie de proyectos de infraestructura, como los que están elaborando los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor Diputado. Le ruego redondear su idea.
El señor LUKSIC.-
El plan regulador que hoy conoce del Ministerio de Vivienda y del cual se impondrá el consejo regional de la Región Metropolitana, se ajusta a los criterios y a los principios que he mencionado, porque los habitantes de esta provincia quieren dejar de ser el lugar donde se instalen cárceles y vertederos, como ha ocurrido hasta ahora.
El tema está en conocimiento de la Comisión de Vivienda y se ha generado una discusión, como también se ha llevado a cabo a nivel de la provincia de Chacabuco.
Por lo tanto, votaré en contra del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 1 abstención.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 1 abstención.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se llamará a los señores Diputados por cinco minutos.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
FACULTADES DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL MERCOSUR
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 441 de los Diputados señores Munizaga, Dupré, Prokuriça, Longton, Ávila, Urrutia, don Salvador, y Cantero.
Considerando:
1. Que teniendo presente la firma del Convenio de Complementación Económica con el Mercosur, el cual deja encargada a una Comisión Administradora la consecución de una serie de tareas, como asimismo avanzar en temas que no se han resuelto, tales como el comercio de servicios, inversiones recíprocas y complementación energética, científica y tecnológica.
2. Que en el tratado no se especifica sobre la forma como esta Comisión Administradora cumplirá sus funciones y ejercerá su competencia.
3. Que para el Congreso Nacional es necesaria una definición sobre esta materia y establecer un mecanismo para poder fiscalizar la forma en que la Comisión desarrollará su labor, como asimismo establecer un procedimiento adecuado de información de la evolución de sus tareas.
4. Que es indispensable que esta Cámara pueda hacer un seguimiento del avance que dicha Comisión va a realizar en los próximos años en esta materia.
En virtud de lo anterior, venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que en la reglamentación de las facultades, organización y procedimientos de la Comisión Administradora, se disponga lo siguiente:
1º Que en virtud de las facultades que le confiere el Acuerdo, que en el futuro pudiesen ser objeto de aprobación, todas aquellas materias no contempladas específicamente en dicho Acuerdo y que sean materia de ley, sean sometidas al Congreso Nacional.
2º Que en su organización se considere formalmente la incorporación de representantes de las actividades productivas involucradas en las materias a debatir por la Comisión, y
3º Que proceda a informar semestralmente de las actividades de la citada Comisión a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Eugenio Munizaga R., Carlos Dupré, S., Baldo Prokuriça P., Arturo Longton.
El señor HUENCHUMILLA.-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dejar constancia de que este proyecto de acuerdo se extravió en Secretaría. En consecuencia, no aparecen registradas una serie de firmas. Esta situación debe aclararse, porque varios señores Diputados que quisieron adherir posteriormente no pudieron hacerlo porque el proyecto no se encontraba en Secretaría.
La Comisión Administradora del acuerdo con el Mercosur será un órgano bipartito, integrado, por una parte, por Chile y, por la otra, por los países del Mercosur, con facultades que podrían exceder los poderes que tradicionalmente se han reconocido a las organizaciones internacionales; es decir, podría alcanzar, en este caso, las características propias de un órgano supranacional, si no se delimita exactamente el real alcance de las funciones que se le reconocen en el acuerdo.
Según la letra de este instrumento del acuerdo, la Comisión Administradora podrá, en primer término, acordar el tratamiento arancelario a otorgar a los productos incluidos en el anexo 4 para el comercio recíproco.
En segundo lugar, se le confieren facultades para definir, antes del 31 de diciembre del año 2003, la incorporación al programa de liberación comercial de productos agrícolas fundamentales para la agricultura, como el trigo y la harina, de modo que la Comisión Administradora podría decidir modificar el cronograma de desgravación previsto en el acuerdo para estos productos, lo que importaría una modificación del tratado.
En tercer lugar, se autoriza a la Comisión Administradora para disponer, en cualquier momento, la aceleración del programa de desgravación arancelaria, en cualquiera de sus formas, tanto en el programa general como en los establecidos para productos sensibles, de especial sensibilidad o de alta sensibilidad, de manera que la desgravación pactada a diez años, por ejemplo, se reduzca a cinco, o la convenida a dieciocho, a nueve. Y esto, como lo señala el acuerdo, puede ser decidido en cualquier momento a partir de su vigencia. Como éste regirá desde el 1º de octubre del presente año, sería jurídicamente posible que, a partir del 1º de enero de 1997, la Comisión Administradora modificara el programa de liberación comercial tanto respecto de un producto como de una de las categorías de productos que se ha querido proteger especialmente, cambiando con ello aspectos fundamentales del tratado que la Honorable Cámara ha considerado.
En cuarto lugar, se entrega a la Comisión la responsabilidad de actuar en materias que no fueron consideradas en el acuerdo, dándole un carácter ejecutivo de especial importancia.
Todo lo anterior es de la mayor trascendencia para las actividades económicas nacionales, ya que el régimen convencional al que se las incorpora no da garantías de estabilidad y su permanencia en los tiempos previstos es incierta, lo que, naturalmente, hará muy complicada la formulación de proyectos de inversión o de reconversión productiva con miras a la inserción en los mercados del Mercosur.
Por otra parte, se puede observar que en la Comisión Administradora no se ha considerado para nada la representación de las entidades gremiales constituidas en las diferentes ramas de la producción, como la minería, la agricultura y la agroindustria.
Por las razones expuestas, me parece conveniente que quede establecido en forma clara el seguimiento que la Cámara puede hacer de la labor de dicha Comisión.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo. En consecuencia, queda pendiente el uso de la palabra para hablar en contra.
VIII.INCIDENTES
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE FUTURA CENTRAL RALCO. Oficio.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, he considerado oportuno aprovechar Incidentes para manifestar mi concordancia con la siguiente oración del Presidente Frei: “El Gobierno no busca reprimir las actividades económicas a través de las instituciones ambientales.” Creo que es un concepto correcto, pues el país y el Gobierno buscan que las empresas se sometan a la legalidad vigente, específicamente, a los procedimientos que aprobó el Congreso Nacional para garantizar un sano equilibrio entre el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental.
En fecha reciente, hemos sido testigos de un debate entre aquellos que promueven el proyecto de una central hidroeléctrica conocida como Ralco, que podría inundar más de 3.400 hectáreas en la Octava Región y la zona norte de la Novena, iniciativa que tiene un factor adicional que pondrá a prueba dos normas jurídicas de gran trascendencia en nuestro país: la que regula el estudio de impacto ambiental y la ley de pueblos indígenas.
Lo curioso es que esta empresa, probablemente una de las más grandes de nuestro país, que se ha expandido al exterior y que ha construido otra central hidroeléctrica en la cuenca del Biobío, Pangue, decidió voluntariamente, a través de un convenio con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, elaborar un estudio de impacto ambiental.
El informe fue analizado por la Conama, por los servicios públicos, por la opinión pública en general, y en particular por los pehuenches, organizados en varias comunidades del sector, por los grupos ambientalistas, universidades y partidos políticos. La sociedad civil organizada, usando los canales legales, ha emitido un juicio y consideramos que el estudio de impacto ambiental elaborado por Ralco es malo; es más, ¡es un pésimo estudio! Desconoce y hace caso omiso de los datos económicos respecto de las tarifas eléctricas, que igual bajarán con o sin la construcción de Ralco. Pero, lo más grave, es que desafía la ley de pueblos indígenas y en particular a la comunidad pehuenche, a la cual quiere arrollar con su prepotencia y poderío económico.
El Gobierno, porque no quiere reprimir la actividad económica, y la Conama, por ser responsable -según opinión de algunos-, han decidido proponer a Endesa una enmienda, un complemento a ese estudio. La reacción de Endesa en el día de ayer demuestra que en nuestro país hay empresarios que durante años actúan con una prepotencia que le hace muy mal a su imagen y a la institucionalidad democrática.
Endesa recibió un estudio de impacto ambiental que era malo y que debió haber sido rechazado, sin dar la oportunidad de agregar una enmienda, la cual es una oportunidad que quiso conceder el Gobierno. Soy contrario a que se haya abierto esta ventana, pero, aun así, me parece una falta de respeto la prepotencia de Endesa y su voluntad de no respetar el marco jurídico vigente, haciendo desafío incluso sobre si se va a no a someter a este estudio adicional.
Confío en que se velará por la institucionalidad democrática y el estado de derecho, y que, con o sin enmienda complementaria, el proyecto Ralco será rechazado, porque la ley de pueblos indígenas garantiza a quienes tienen su origen en este territorio y a nuestros antepasados, que sus cementerios y su cultura prevalecerán siempre que sean compatibles con los intereses nacionales y estratégicos.
Por ello, solicito que, en mi nombre, se oficie al Ministro Secretario General de la Presidencia para manifestarle mi desacuerdo con la enmienda al estudio de impacto ambiental del proyecto Ralco, y la voluntad de la bancada del Partido Socialista de rechazarlo.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al cual se adjuntará copia de su intervención.
CONCEPCIÓN SOCIALISTA DEL ESTADO Y DE LAS ALIANZAS POLÍTICAS.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Encina, quien dispone de dos y medio minutos.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, quiero plantear un tema de contingencia política.
En los últimos días, el Partido Socialista ha recibido una serie de ataques, fundamentalmente provenientes de Renovación Nacional, respecto de nuestra concepción económica, del Estado y, sobre todo, respecto del problema de las alianzas políticas.
Quiero plantear que aquí se desconoce parte de la historia mundial y que se ha olvidado, incluso, lo que significó el surgimiento de las alianzas políticas a raíz de la experiencia fascista en Europa. Sería bueno que quienes lanzaron esos arteros ataques en contra del Partido Socialista conocieran un poco la actualidad política a nivel mundial.
En Austria, por ejemplo, hay una alianza política entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, y en Italia existe una experiencia parecida. En definitiva, la experiencia histórica indica que después de un régimen autoritario surgen las alianzas políticas con mucha fuerza, sobre todo, porque quieren recomponer la democracia. Por lo tanto, recordamos a nuestros contrincantes que es necesario ser capaces de reconocer la experiencia histórica habida en otros países.
Plantearé un tema que me parece extremadamente importante en relación con esta problemática.
En primer lugar, tenemos pleno conocimiento de lo que significa la crisis del “estado providencia” en el mundo, típico de las décadas del 30 y del 60 como experiencia política, y del “estado bienestar”, como se ha llegado a denominar; pero no queremos que se reemplace la visión de “estado providencia” por los riesgos y la regresión que también puede representar el “mercado providencia”, como lo han planteado algunos teóricos en Europa y en América Latina.
La discusión no puede estar centrada en un escenario de disputas entre estatistas y antiestatistas, porque es un mal precedente y no apunta al meollo de la actual situación política chilena.
Reconocemos el movimiento conjunto entre el Estado y la sociedad civil. Creemos que por ese lado se camina hacia la reconciliación de la sociedad con el Estado en temas tan importantes como son la defensa nacional, los intereses esenciales de la nación, su rol regulador, sobre todo en cuanto a los monopolios naturales; la seguridad interior, la educación, la salud y la lucha contra la pobreza. Podría enumerar una serie de otras materias donde se hace evidente el rol fundamental del Estado.
El Estado es garante de este pacto social, y ésta es una concepción absolutamente moderna y dinámica. Están muy lejos de nuestra concepción las visiones que tienen algunos parlamentarios de otras situaciones. Por ejemplo, ayer el Diputado señor Raúl Urrutia criticó la posición del DiputadoViera-Gallo, señalándole que a él país lo recuerda con la cara de lo que significó la defensa de la deuda subordinada de los bancos en el verano de 1995. Creo que eso constituye una visión absolutamente retrógrada y restringida de lo que es el rol del Estado.
He dicho.
-o-
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Se encuentra presente en tribunas una delegación de parlamentarios canadienses de la Asamblea Nacional de Quebec, a quienes la Cámara les da una muy cordial bienvenida.
-Aplausos.
HABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A CHIGUAYANTE. Oficios.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, una de las grandes aspiraciones de los habitantes de Chiguayante se cumplió el día en que la Honorable Cámara de Diputados aprobó la creación de la comuna de Chiguayante, perteneciente al distrito 44, que me digno en representar, y que se ubica en la Región del Biobío.
Para quienes no la conocen, puedo decirles que es como nuestro país, larga y angosta. Sólo tiene una carretera central, que le sirve de acceso, por la cual prácticamente la totalidad de los trabajadores debe desplazarse a diario hacia otros lugares para cumplir con sus compromisos laborales.
Chiguayante, ubicada sólo a diez kilómetros de mi ciudad, Concepción, está sufriendo el costo del crecimiento. No me refiero precisamente al crecimiento económico, sino al demográfico.
Hace algunos años esta comuna contaba con algo más de 30 mil habitantes; hoy, sobrepasa los 90 mil. Ha tenido un aumento poblacional del 200 por ciento, con un parque automotor incrementado en esa misma magnitud, lo que ha colapsado su principal camino de acceso. Insisto: es una vía larga y extremadamente angosta.
El esfuerzo desplegado por Carabineros de Chile para contribuir al normal flujo de vehículos se hace insuficiente. Este problema no sólo se produce en épocas de gran tránsito de estudiantes y trabajadores, sino, además, los días sábados y domingos, aunque en menor grado. Para qué decir cuando se produce un accidente carretero; por desgracia tan comunes en ese sector.
Como se puede apreciar, los males de las grandes ciudades también son trasladados a las pequeñas localidades.
Pero no deseo referirme sólo al problema en sí. Lo más importante es que existen algunas soluciones que es necesario aplicar con prontitud.
A saber, la pronta habilitación de un camino, ya existente, que va detrás de la línea del ferrocarril, desde la calle Manuel Rodríguez hasta la intersección Caupolicán, y que llega a la nueva carretera, lo que permitiría a la comuna de Chiguayante contar con dos caminos de acceso, tan necesarios en la situación actual. Es menester que los profesionales de los organismos del Estado, como los Ministerios de Obras Públicas, de Transportes y Telecomunicaciones, de Vivienda y Urbanismo, se aboquen a la solución del problema.
Por eso, solicito que se oficie a los Ministros de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que nos informen sobre la posibilidad de habilitar ese camino, que daría una solución de emergencia, para más adelante llegar a un proyecto definitivo.
Además, solicito que se haga llegar copia de esta intervención a la agrupación de juntas de vecinos de la comuna de Chiguayante.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio y la intervención en la forma solicitada por Su Señoría.
ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN COQUIMBO Y OVALLE. Oficios.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, solicito que se envíen dos oficios al Ministerio de Obras Públicas:
Uno, para conocer el estado del proyecto de pavimentación del acceso sur de la localidad de Tongoy, en la panamericana norte, a la altura del kilómetro 403, de la comuna de Coquimbo.
Al respecto, hay un compromiso del señor Ministro de Obras Públicas de pavimentar ese acceso, que es muy importante para el movimiento y desarrollo turístico de la zona, antes de fin de año. Hasta el momento no hay indicios de que se hayan iniciado las obras.
Otro, para conocer el estado de avance del proyecto de pavimentación de Ovalle a la localidad de Quebrada Seca en su tercera etapa, que consiste en pavimentar 22 kilómetros desde la localidad de Trapiche hasta Quebrada Seca.
En este caso, también existe un compromiso del Ministro de Obras Públicas en el sentido de que las obras se iniciarán antes de fin de año. Me interesa saber si eso se va a cumplir.
También pido que se envíe copia de este oficio a las ilustres municipalidades de Coquimbo y de Ovalle y a las juntas de vecinos de Tongoy, Quebrada Seca, Limarí, Trapiche, Las Sozas, Latorre y Cerrillos de Tamaya.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría y se adjuntará el texto de su intervención a las instituciones mencionadas.
RÉPLICA A INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR ERRÁZURIZ. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.
El señor DUPRÉ.-
Señor Presidente, deseo referirme a algunas afirmaciones hechas por el Diputado señor Maximiano Errázuriz en Incidentes del martes recién pasado. Oportunamente le manifesté al señor Diputado que hoy haría una aclaración.
Lamento la referencia que hizo a las declaraciones del embajador de Chile en Colombia, señor Juan Pablo Lira, formuladas a la revista Aurora del Sur. Esas declaraciones fueron sacadas de contexto y se podrían entender en el sentido que le quiso dar el Diputado señor Errázuriz; pero, al leerlas en forma completa, a no dudarlo, tienen un carácter y sentido distintos del que le dio el señor Diputado.
Pretender vincular las declaraciones del señor embajador con los hechos de convulsión de orden interno que vive desde hace muchos años dicha república, producto de la existencia de guerrillas, grupos paramilitares y carteles de narcotráficos es, a mi juicio, una incalificable mala intención. Cada día resulta más intolerable que por el afán de hablar sobre cualquier cosa se llegue a utilizar el mecanismo de enlodar la honra de personas y de distinguidos chilenos como el embajador Lira.
El embajador señor Juan Pablo Lira es un diplomático de carrera, uno de los mejores representantes nuestros en el exterior, graduado en el extranjero y también en nuestra academia diplomática, de vasta trayectoria en el campo de la política internacional e hijo, además, de otro ilustre embajador de Chile en la misma República de Colombia, don Javier Lira.
El señor embajador es un gran demócrata, respetuoso del estado de derecho, comprometido con el respeto a los derechos humanos y está efectuando una ardua tarea diplomática para acercar la relación de nuestra nación con Colombia y aumentar nuestro comercio exterior con esa nación. Sus éxitos se reflejan en las cifras de crecimiento que dicha relación ha experimentado en los últimos años. Muchos de los empresarios chilenos que mantienen relaciones comerciales activas con Colombia han manifestado su satisfacción por la tarea que realiza el embajador señor Lira.
Señor Presidente, solicito que se remita mi intervención al señor Ministro de Relaciones Exteriores, como una respuesta al oficio que solicitara en la sesión del martes el Diputado señor Errázuriz.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Jorge Pizarro, José Makluf, Sergio Morales, Juan Pablo Letelier, Salvador Urrutia y José Miguel Ortiz.
APOYO AL PROCESO DE PAZ EN MEDIO ORIENTE. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Makluf.
El señor MAKLUF.-
Señor Presidente, en las últimas semanas hemos visto con mucha preocupación la verdadera escalada de hechos que amenazan gravemente el proceso de paz en el Medio Oriente, iniciado con mucho optimismo de parte de toda la comunidad internacional.
La comunidad internacional, incluido nuestro país, manifestó su interés y apoyó a un conjunto de iniciativas y negociaciones que se estaban desarrollando entre los países involucrados a partir de la Conferencia de Madrid, efectuada con el coauspicio de los Estados Unidos de Norteamérica y de la ex Unión Soviética, en octubre de 1991. Por primera vez, durante tres días, se reunió en un evento histórico a representantes de los países involucrados en un proceso de conflagraciones sucesivas en esa zona del mundo, tan relevante para todas las creencias religiosas y para muchos chilenos descendientes de árabes e israelíes que viven en nuestro país.
Este proceso se consolida con el reconocimiento mutuo en la Declaración de Washington, el 9 de septiembre de 1993, entre la Organización para la Liberación Palestina y el Estado de Israel, que da lugar a los denominados Acuerdos de Oslo y a su posterior implementación, con la retirada de fuerzas israelíes de las principales ciudades del margen occidental y de la Franja de Gaza y al establecimiento de la autoridad nacional palestina, a través de un proceso electoral abierto, limpio y democrático, al que tuvimos el honor de asistir, en representación de nuestro gobierno, celebrado en enero de 1996.
Con posterioridad, el Consejo Nacional Palestino modifica la Carta Fundamental y da lugar a la derogación de cláusulas que impedían el reconocimiento del Estado de Israel y la coexistencia de esos dos pueblos en esa tierra.
Paralelamente, las conversaciones bilaterales de Israel con Líbano, Siria y Jordania, que permitirían crear un clima de confianza y la posibilidad de incrementar el proceso de paz, se han visto dificultadas en las últimas semanas por distintas declaraciones y hechos que, a partir de julio de este año, con la elección de un nuevo gobierno en el Estado de Israel, han generado un clima de verdadera confrontación.
En los últimos días, el Primer Ministro de Israel, señor Netanyahu, ha anunciado el incremento de la presencia de colonos en los asentamientos israelíes del margen occidental y de la Franja de Gaza, contraviniendo un acuerdo de los llamados Acuerdos de Oslo, en el sentido de no producir mayor poblamiento en esa zona, con el objeto de dar lugar a un proceso de negociaciones en relación con la retirada de la fuerzas militares de esos sectores y el establecimiento definitivo de una negociación respecto de la soberanía, límites y status de la ciudad de Jerusalén.
Esta situación produjo una respuesta airada de la autoridad nacional palestina, que ha convocado a una manifestación en Jerusalén, con ocasión de las oraciones de los viernes, y también de parte del gobierno de Israel, que tratará de evitar la manifestación del pueblo palestino contra la consolidación de los asentamientos israelíes.
A los países amantes de la paz, el incremento de las diferencias entre ambos pueblos y la falta de avance en el proceso de paz con los otros países involucrados en la zona, nos debe preocupar y hacernos llamar a nuestras cancillerías y gobiernos a tomar iniciativas positivas en el sentido de solicitarle a los garantes del proceso de la Conferencia de Madrid, como Estados Unidos, la ex Unión Soviética, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sus autoridades y al conjunto de los países para que intervengan en acercar posiciones y evitar el incremento de distanciamientos que pueden conducir, si no fructifican las instancias de mediación y de apoyo al proceso de paz, a situaciones de conflagración como las que se dieron en el pasado.
En este sentido, quiero pedir que, en mi nombre, se oficie al Ministro de Relaciones Exteriores, acompañando copia de mi discurso. Otros señores Diputados, como el señor Francisco Bayo, del Grupo Parlamentario Chileno-Israelí, comparten estas inquietudes y podrán adherir al oficio, a fin de que el Gobierno y la Cancillería jueguen un papel favorable al acercamiento de posiciones y al mejoramiento de las condiciones que conduzcan a un proceso de paz justo en esa región.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Bayo, Morales, Valcarce, Ramón Pérez, Salvador Urrutia, Munizaga y Rosauro Martínez.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, para no ser acusado el día de mañana de interferencia en asuntos externos, sería conveniente que el oficio se orientara especialmente a expresar nuestra preocupación por la situación actual que se vive en esa zona, que con tanto acierto ha descrito el Diputado señor Makluf.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Si le parece al Diputado señor Makluf, se procederá de ese modo.
El señor MAKLUF.-
De acuerdo, señor Presidente.
ANTECEDENTES SOBRE NUEVO POLIDUCTO ENTRE MAIPÚ Y SAN FERNANDO. Oficio.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Morales.
El señor MORALES.-
Señor Presidente, desde mediados de la década de los sesenta se instaló en el sector oriente de la ciudad de San Fernando un conjunto de estanques de gran capacidad para almacenar combustibles de todo tipo. Su objetivo era proveer a Santiago en caso de que el oleoducto sufriera algún percance como el ocurrido hace algunas semanas en Quilpué, aparte de constituir un proceso intermedio entre el puerto de San Vicente y Maipú.
Durante estos treinta años la comunidad sanfernandina ha tenido sobre su conciencia la permanente preocupación de que esta verdadera bomba de tiempo produzca algún siniestro, lo que realmente ocurrió, causando la muerte de un funcionario de Sonacol y provocando un pánico colectivo de grandes proporciones. En esa ocasión quedó al descubierto la incapacidad del hombre y de sus instituciones para sofocar un incendio de tamaña magnitud.
Las instalaciones de Enap, Sonacol, Shell, Copec y otras empresas análogas, con sus baterías de estanques, cañerías y oleoductos, significó a la larga la limitación urbana de San Fernando hacia el oriente. Por lo tanto, su aporte al progreso y desarrollo ha sido contrario al deseado.
Ahora, el tema vuelve a cobrar vigencia debido al anuncio de que Petrox construiría un poliducto desde Maipú a San Fernando, a un costo de 23 millones de dólares, lo que junto con representar una inversión rentable para la empresa en razón de la saturación de las instalaciones en uso, convalidará las obsoletas instalaciones que amenazan el diario vivir de más de 15 mil familias.
Lo acontecido recientemente en la comuna de Quilpué -un alerta general, con un derrame cuantioso de combustible-, nos hace temer más que nunca respecto de la conveniencia de que las instalaciones de estanques y oleoductos se realicen en los sectores urbanos.
Por esas razones, solicito que se oficie al Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energíadon Alejandro Yadresic, para que se sirva informar sobre las autorizaciones de un nuevo poliducto en el tramo Maipú-San Fernando, así como la calificación técnica respecto de los estanques, especialmente los hidrorrefrigerados, los que, por los años de construcción y uso, carecen de técnicas modernas de seguridad. Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Se enviarán el oficio y la copia solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Makluf y Juan Pablo Letelier.
EXTENSIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA ESTABLECIDA EN LA LEY Nº 19.170 A LOS TRABAJADORES DE FERRONOR S.A. Oficio.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, por medio de un oficio de fecha 25 de julio pasado, relativo a la situación de los trabajadores de Ferronor S.A., el señor Ministro Vicepresidente de Corfo, don Felipe Sandoval, me comunicó que el Gobierno iba a dar soluciones adecuadas y justas a los problemas que pudieran suscitarse como consecuencia de la privatización de Ferronor S.A., cualquiera que fuera la fórmula que la Corfo asumiera.
Sin embargo, en reunión efectuada el 19 del presente, el señor José Luis Ramaciotti, presidente del directorio de la empresa Ferronor, comunicó a los representantes de los trabajadores la venta por parte de Corfo del ciento por ciento de las acciones de la empresa y el traspaso de ésta con continuidad laboral, lo que significa sin finiquito para los trabajadores.
Los trabajadores de Ferronor S.A. pertenecían originalmente a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, hasta que en 1989, por la ley Nº 18.871, se facultó a dicha empresa a vender el sector ferroviario trocha un metro, comprendido entre La Calera e Iquique, a la Empresa de Transportes Ferroviarios S.A., la que en un 99 por ciento le pertenece a Corfo. Por esa razón, los trabajadores de Ferronor tenían el mismo estatuto jurídico que los demás trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
Sin embargo, como se señaló anteriormente, dicha condición varió en el año 1989, al crearse la Empresa de Transporte Ferroviaria S.A. En esa oportunidad, los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado que fueron afectados por el traspaso laboral a la nueva empresa, no pusieron mayores inconvenientes, confiando en que sus derechos como trabajadores serían respetados íntegramente.
Posteriormente, en 1992, cuando comenzó la privatización de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, los trabajadores que pertenecían a ella se vieron beneficiados por la ley Nº 19.170, que les permitió acogerse a una indemnización compensatoria.
Sin embargo, y de acuerdo con la comunicación del señor Ramaciotti, los trabajadores de Ferronor han sido discriminados al no otorgárseles igual trato que a sus ex compañeros de trabajo.
Como resulta evidente, no se ha seguido el mismo criterio en la privatización de una y otra empresa, pues ahora no se contempla el beneficio de la indemnización compensatoria para un número de trabajadores muy inferior a los que se les aplicó la ley Nº 19.170.
Por lo anterior, solicito se oficie al señor Ministro Vicepresidente de Corfo, don Felipe Sandoval, a fin de que se otorgue un trato igualitario a los trabajadores de Ferronor con los de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, haciéndoles extensivo a los primeros el beneficio de acogerse a la indemnización compensatoria establecida en la ley Nº 19.170, por tratarse de trabajadores que en un comienzo estaban sometidos al mismo estatuto jurídico y por verse ahora enfrentados a similar proceso de privatización que el que afectó a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, y de esta manera no caer en una práctica discriminatoria en perjuicio de estos trabajadores. Asimismo, solicito a Su Señoría sea enviada al señor Ministro Vicepresidente de Corfo copia íntegra de esta intervención.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, acompañado de la copia de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Valcarce, Bayo y Pérez, don Ramón.
AGILIZACIÓN DE INFORME DE LA CONTRALORÍA SOBRE EMPRESA CORDE-SERVIU. Oficio.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Valcarce.
El señor VALCARCE.-
Señor Presidente, en diciembre de 1993 formulé una denuncia en uno de los juzgados de Arica respecto de una corporación de derecho privado llamada Cordenor, la cual formó una sociedad con el Serviu de la Primera Región, llamada Cordeserviu. Ello significó traspasar todos los límites de la legalidad vigente.
Asimismo, se ofició a la Contraloría General de la República, con la adhesión de 18 Diputados de Renovación Nacional, para que hiciera una investigación respecto al manejo de los fondos fiscales, por cuanto los montos involucrados son superiores a 1.800 millones de pesos, de los cuales 800 están “en el aire” y es necesario aclarar dónde se encuentran. Posteriormente, se ha usado de la palabra en reiteradas oportunidades en el hemiciclo para que esa instancia agilice los trámites pertinentes de la investigación.
Como ha transcurrido más de un año y medio desde que se envió el mencionado oficio y todavía no se ha recibido respuesta, solicito una vez más que se oficie al Contralor General de la República, para solicitarle que agilice el informe final respecto de Corde-serviu, Primera Región, por cuanto creemos que no hubo un manejo claro y limpio de esos fondos.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MATRONA. Oficio.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO (de pie).-
Señor Presidente, el 31 de agosto de cada año se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Matrona y, por consiguiente, el de un importante grupo de profesionales en nuestro país. Hoy, es oportuno rendir un homenaje de reconocimiento en esta Sala a quienes, excelentemente formadas y con gran idoneidad en el ejercicio de su profesión, anualmente traen 300 mil niños a este mundo, en un actuar pleno de sacrificio y, en muchos casos, de renuncia a su propia convivencia familiar.
Trabajé junto a ellas por muchos años, y el conocimiento acabado de su labor siempre digna, me permite asegurar que, como chilenos, podemos estar orgullosos de contar con profesionales de tan alto nivel.
Acorde con lo anterior, solicito que se envíe un oficio, en nombre de la Cámara, a la Presidenta Nacional del Colegio de Matronas, como a cada uno de los capítulos regionales del país, con nuestros saludos y felicitaciones.
He dicho.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, y se entregará a la Presidencia de la Cámara su proposición para remitirlo en nombre de la Corporación.
PROBLEMAS ORIGINADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN EN SECTOR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY. Oficios.
El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
Señor Presidente, quiero plantear una situación que se está produciendo en una importante localidad rural de la zona que tengo la honra de representar y que por sus características puede traer graves consecuencias para sus habitantes.
En efecto, desde hace algún tiempo se han venido realizando en el sector de Campanario, comuna de Yungay, provincia de Ñuble, trabajos que, con justa razón, tiene alarmada a toda la población del lugar, que alcanza aproximadamente a 3 mil habitantes, destinados al mantenimiento mayor de la línea de alta tensión de 154 mil voltios, Abanico Charrúa, sector Trupán-Charrúa, cuyo trazado cruza la propiedad de 13 familias en el sector de Campanario.
Tanto Endesa como la compañía de transmisión eléctrica Transelec han comunicado a los pobladores que el tendido de esa línea está regido por los decretos Nºs. 4.510, de 25 de octubre de 1994, y Nº 2.977, de 8 de junio de 1945, que entregan en concesión la señalada línea a la Empresa Nacional de Electricidad, la que, en virtud de ello, tendría la facultad de imponer servidumbres eléctricas de ocupación y paso de línea por los terrenos fiscales y particulares donde actualmente se encuentren emplazados.
El 1 de julio recién pasado, Endesa hizo una publicación en el Diario Oficial, donde informa de la ampliación de la capacidad de transmisión de energía de los actuales 154 mil voltios a 220 mil voltios, anuncio que ha causado alarma en la población, no sólo a las trece familias directamente afectadas por estar bajo la línea del tendido, sino a todos los habitantes del sector, que observan con preocupación el peligro que para su seguridad e integridad física conlleva tal anuncio.
Reconociendo que las disposiciones legales contenidas en los decretos Nºs. 4.510 y 2.977 facultaron a Endesa para imponer servidumbre eléctrica de ocupación y de paso de línea, el problema de fondo radica en lo peligroso e impracticable que resulta ser la normativa, en cuanto a que por ella la servidumbre de la línea debería ser, según Endesa, de un ancho total de 36 metros, en circunstancias de que los terrenos de los pobladores son de sólo 40 metros; es decir, a los habitantes le quedan 4 metros libres para sus vidas. Por eso, no es de extrañar que varios vecinos tengan torres en el propio patio de su casa. Si a ello agregamos el aumento de voltaje y los efectos de la radiación, estamos, sin exagerar, en presencia de un problema que reviste la mayor gravedad y respecto del cual la autoridad de gobierno no puede permanecer ajena.
Los vecinos, gente de esfuerzo y de trabajo, están dispuestos a realizar todas las acciones para encontrar una solución justa al problema y claman por que las autoridades y los directivos de Endesa escuchen sus planteamientos, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
En virtud de lo expuesto, solicito que, en mi nombre, se oficie al señor Ministro del Interior, para que se sirva estudiar el caso y arbitrar las medidas que correspondan, a fin de enfrentar esta situación y que en el entretanto comprometa a Endesa a suspender los trabajos.
Me parece oportuno, además, por las dudas existentes en la población, solicitar que se oficie al señor Contralor General de la República, para que, si lo tiene a bien, disponga una investigación destinada a determinar la calidad jurídica de los terrenos por donde atraviesa la línea, la aplicación de la servidumbre y el pago por concepto de indemnización.
Termino reiterando mi convencimiento de que se encontrará una salida justa al drama que viven los habitantes de Campanario, quienes, como tales y con toda razón, exigen el mismo tratamiento que se da a otros chilenos que, tal vez por vivir en ciudades grandes o disponer de mayores recursos económicos, concitan la atención de la opinión pública y sus dificultades encuentran pronta solución.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO QUE UNE ILLAPEL CON RUTA PANAMERICANA NORTE. Oficio.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que otorgue recursos que permitan continuar la repavimentación del camino que une a la ciudad de Illapel con la ruta Panamericana norte, dado que la falta de flujo presupuestario significaría la paralización de esos trabajos hasta el mes de diciembre, aproximadamente.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN CHACABUCO 2, COMUNA DE RECOLETA. Oficio.
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
Señor Presidente, ¿cuánto tiempo le resta al Comité de Renovación Nacional?
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Le queda un minuto y tengo entendido que la Unión Demócrata Independiente le ha cedido su tiempo.
El señor LEAY.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, como Comité, no tengo problema en ceder al Diputado señor Rosauro Martínez el resto del tiempo de la UDI después de mi intervención, puesto que él acaba de pedir algunos oficios.
En la Contraloría General de la República se encuentra en trámite un decreto supremo que permitirá a los deudores del Serviu renegociar nuevamente sus deudas.
Entre los múltiples beneficiados hay un sector muy importante, que proviene de las denominadas “operaciones sitio”. En la comuna de Recoleta existe la población Chacabuco 2, que es muy antigua. Data de 1966 y es la consecuencia de los programas de operación sitio que impulsó el Presidente de la República de la época, don Eduardo Frei Montalva. Durante su período presidencial, una vez que a las familias correspondientes se les asignó su sitio y entregó una mediagua, que contaba con un baño sin alcantarillado, una llave de agua por sitio, pero sin electricidad, se realizaron distintos procedimientos a fin de que autoconstruyeran.
En varios sectores de esa población, las autoconstrucciones se terminaron durante ese gobierno, porque algunas fueron realizadas con materiales no muy sólidos, pero otros habitantes quedaron con sus casas a medio terminar.
Con el cambio de Gobierno -del PresidenteFrei al Presidente Allende-, se puso término al programa de autoconstrucción y durante el nuevo período, concluyeron las obras una vez que finalizó el proyecto operación sitio. Hasta ahí todo iba bien.
El problema se ha suscitado en el actual período presidencial. Esta población es una herencia del PresidenteFrei Montalva. El PresidenteFrei Ruiz-Tagle, a raíz de un estudio que realizó el Ministerio de Vivienda, a través de Inverca S.A., ha señalado que la población Chacabuco 2 no proviene de una operación sitio, puesto que no se dio término a la construcción de las casas en la forma prevista. Lamentablemente, ese Ministerio, en su estudio, olvida que esas personas vivieron durante cuatro años en situación de operación sitio, en una mediagua, con pozo negro, sin electricidad, con una llave de agua potable; que hicieron prácticamente el 50 por ciento de sus casas con el sistema de autoconstrucción y que no las pudieron terminar, pero no por su culpa, sino porque en esa época avanzaban en el proceso de autoconstrucción en la medida en que el Estado, a través de la Corvi, les entregaba los materiales. Hoy se desconoce todo aquello y se considera a cada una de esas familias como cualquier ciudadano que ha recibido una casa Serviu, con alcantarillado y agua potable; es decir, que no han tenido que sufrir las “pellejerías” que vivieron en ese tiempo.
Por eso, pido que se oficie al Ministerio de Vivienda para que indique qué elementos de juicio tiene y qué antecedentes puede recopilar para considerar a la población Chacabuco 2 como no proveniente de una operación sitio.
Si el Ministerio no tuviera esos antecedentes, por el mismo oficio le pediría que reestudiara la situación para hacer justicia a ese grupo de 200 familias, a quienes, desde 1990 a la fecha, se les ha postergado la solución definitiva de su problema.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
INVESTIGACIÓN SOBRE CURSO IMPARTIDO POR SENCE EN COMUNA DE COIHUECO. Oficio.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
Señor Presidente, quiero hacer presente una situación producida en la comuna de Coihueco, provincia de Ñuble.
A comienzos de 1994, a través de la municipalidad de Coihueco se difundió información sobre un curso de cultivo de ajo rosado, correspondiente al programa de capacitación denominado “Chile Joven”, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ampliamente promocionado por los diferentes medios de comunicación como una forma de interesar a los jóvenes de escasos recursos a participar en él y de esa manera avanzar hacia la superación de la pobreza.
Como era de esperar, el curso de ajos rosados encontró acogida en 29 jóvenes, que fueron divididos en dos grupos: uno, correspondiente al sector de Coihueco urbano, y otro, a la localidad de Talquipén, pequeño poblado de la comuna. De esa forma, entonces, se dio forma al curso, quedando bajo la responsabilidad del Sence.
El curso consideraba una parte teórica y otra práctica. La primera, de tres meses, consistió en aspectos de gestión en el área de administración agrícola, y la segunda, se relacionó con el cultivo en sí del mencionado ajo rosado.
Es precisamente en la parte práctica donde comenzaron a producirse las dificultades que motivan esta intervención.
El primer problema se originó por la exigencia de plantar una superficie de 2.500 metros cuadrados y la obligación que ésta conlleva, en cuanto a aumentar a 60 UF el monto del crédito para adquirir la semilla (en principio, era de 30 UF).
El segundo problema fue ocasionado por la dificultad de conseguir la semilla (Se obtuvo después de varios días al valor de 1.170 pesos).
El tercer problema fue motivado porque la cantidad disponible de semilla no alcanzó a cubrir la superficie que exigía el curso.
Toda esta situación produjo demora en la fecha de plantación. Sólo se inició entre junio y julio, y hubo que esperar hasta agosto para completar la plantación, porque no se encontraba el resto de la semilla. (Se adquirió, según el organismo encargado de la capacitación, una de características similares).
No suficiente con lo anterior, se produjo un cuarto problema, ahora motivado por la suspensión de la asistencia técnica, que se originó en septiembre -casi al inicio de lo que se conoce como la bulbificación del ajo-, por la ausencia del instructor a cargo. En noviembre recién llegó un instructor de reemplazo. En ese lapso, los alumnos tuvieron que asumir por su propia cuenta el cuidado y tratamiento de la plantación, por lo que no extrañó la aparición de un hongo que causó la llamada pudrición blanca, enfermedad que es trasmitida por la semilla, según el informe sanitario N° 34 del Servicio Agrícola y Ganadero.
Como lógica consecuencia de esta verdadera aventura, la producción no sólo no cumplió con los objetivos teóricos del curso, al cual se incorporaron con tanto entusiasmo y esperanza los jóvenes coihuecanos, sino que también, y lo que es más grave, quedaron con una pesada carga como consecuencia del crédito otorgado por el Indap, el que a la fecha supera los 400 mil pesos por persona.
Esa deuda es motivo de desvelos para estos jóvenes, y no podría ser de otra manera, pues son personas de escasos recursos, en su mayoría jefes de hogar y con niños pequeños, por lo que la cifra es imposible de alcanzar.
Al revisar la información soportante que sucintamente he reseñado aquí, quedan en evidencia tantas irregularidades que de verdad exigen que el Supremo Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, asuma un rol más efectivo en la fiscalización de esos cursos que se han transformado en un medio para que inescrupulosos engañen a la población y, como en este caso, a jóvenes de escasos recursos.
En virtud de lo expuesto y por la gravedad de la situación, solicito que se oficie, en mi nombre, al Contralor General de la República para que disponga una investigación de los hechos denunciados, a fin de determinar el cumplimiento de las condiciones establecidas para el curso, la responsabilidad del Sence en la fiscalización del mismo, el estado actual del curso y la responsabilidad de sus resultados.
Asimismo, solicito que se envíe copia de esta intervención a Su Excelencia el Presidente de la República y al Ministro del Trabajo y Previsión Social.
No puedo dejar de solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la aplicación, para los jóvenes de Coihueco urbano, de la misma medida decretada para los jóvenes del sector de Talquipén, esto es, en la condonación total o de una parte del curso, en atención a que son parte del mismo y los resultados son igualmente desastrosos.
Termino reafirmando la convicción de que en este caso se actuará con justicia y equidad y, sobre todo, se protegerá a quienes, de buena fe y confiados en la política social del Gobierno, que creo seria, sólo deseaban un mejor futuro para ellos y para sus hijos.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con copia de la intervención.
Espero que los jóvenes de Coihueco tengan el mismo trato que los de Talquipén.
PLANIFICACIÓN DE POLÍTICA ELECTROENERGÉTICA. Oficios.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Octavio Jara.
El señor JARA.-
Señor Presidente, a propósito de la solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliación al estudio de impacto ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Ralco, requerida por la Comisión Nacional del Medio Ambiente a Endesa S.A., de nuevo se presenta el conflicto entre quienes se oponen a él y manifiestan su protesta y reclamo, y los que son partidarios resueltos, pese a todos los reparos formulados.
Creo que el conflicto, al igual que el que se produjo con la central Pangue, se da en forma sesgada y subjetiva y en un contexto de desconfianza y prejuicios.
Estimo necesario objetivar el debate, fijando un marco conceptual que racionalice e institucionalice el conflicto y permita superar esta contradicción, a partir sólo del verdadero interés general del país. Para ello se requiere hacer algunas precisiones que son indispensables para entender el fondo del problema.
La energía eléctrica constituye, desde luego, una de las infraestructuras básicas del desarrollo del país.
Según la Comisión Nacional de Energía, en los próximos diez años la demanda de electricidad tendrá un crecimiento superior al 8 por ciento anual.
Para orientar el buen desarrollo del sector eléctrico, la Comisión Nacional de Energía elabora un plan indicativo de obras o de expansión.
Para el sistema interconectado central, que abastece de electricidad desde la Tercera a la Décima regiones, donde habita el 93 por ciento de la población del país, el plan de expansión considera, de aquí al año 2006, la construcción de siete centrales a gas de ciclo combinado y de once centrales hidroeléctricas, entre las cuales no está la de Ralco.
En Chile, la industria eléctrica es casi enteramente privada, salvo, por ahora, Colbún-Machicura; pero, además, el país ha decidido que la expansión y desarrollo del sector se haga sólo a partir de proyectos e inversiones privadas, lo que me parece adecuado.
El problema está en que el plan de obras de la Comisión Nacional de Energía no compromete a los privados, y los interesados en construir nuevas centrales no necesitan de la aprobación o recomendación de la Comisión Nacional de Energía para desarrollar sus proyectos, ya que el plan de obras referido sólo tiene un carácter indicativo u orientador.
Además, es necesario precisar también que el plan de expansión se elabora exclusivamente desde la perspectiva sectorial de la demanda eléctrica y considerando sólo los aspectos técnico-económicos. En consecuencia, no tiene una visión global del desarrollo del país y no se sustenta en una política energética nacional.
Todo parece indicar que esta forma de abordar la necesaria expansión de la oferta de la energía eléctrica no es la más adecuada a los intereses generales del país.
En la actividad eléctrica se da una contradicción entre el interés privado, que es generar y vender energía, y el interés del país, que es ahorrar energía y hacer más eficiente el uso de la que ya tenemos.
La forma de abordar, racionalizar e institucionalizar estos conflictos de intereses es mediante una política de planificación energética, que en Chile no tenemos.
A mi juicio, éste es el problema de fondo y la causa que genera este tipo de conflictos en torno a los proyectos hidroeléctricos.
En consecuencia, corresponde diseñar una política y una planificación electroenergética que comprometa a los privados y que vincule la necesaria expansión del sector con un desarrollo nacional sustentable y equitativo.
Tal política y planificación electroenergética debe considerar, a mi juicio, a lo menos los siguientes elementos:
En primer lugar, un programa de ahorro y uso eficiente de la energía.
Diversos estudios han demostrado que es posible mejorar la eficiencia del uso en la energía entre un 20 y un 25 por ciento. La sola promoción del uso eficiente de la energía por los precios no es un mecanismo suficiente; es necesario establecer incentivos económicos o tributarios en ese sentido.
Un segundo elemento que se debe considerar es la necesidad de desarrollar y promover el uso de energías no convencionales. En el país existen grandes potencialidades para la producción y el uso de energías no convencionales, como la biomasa, la solar, la eólica y la geotérmica. Para desarrollar estas potencialidades se requiere de una ley que incluya también incentivos económicos y tributarios.
Un tercer elemento que se debe considerar es la necesidad de evaluar los proyectos electroenergéticos desde un punto de vista de país, considerando siempre las otras alternativas posibles que se puedan identificar. Esto tiene especial relevancia ahora, que es posible considerar no sólo la construcción de centrales hidroeléctricas, sino también de las termoeléctricas, que podrán usar gas natural que llegará a Chile a través de los proyectos gasíferos en curso.
Un cuarto elemento que se debe considerar es la incorporación a los costos y evaluación de los proyectos hidroeléctricos de los impactos y las variables territoriales, socioecómicas, culturales y ambientales.
Esta consideración tiene especial relevancia en los proyectos hidroeléctricos, en tanto provocan grandes impactos en los sistemas físicos naturales, alteran irreversiblemente el paisaje y pueden incluso provocar cambios en los asentamientos humanos, que es el caso de la central hidroeléctrica Ralco.
Por ello, es preciso incorporar las externalidades negativas a los costos de estos proyectos. Ellas son las necesarias inversiones que se deben hacer para mitigar los impactos ecológicos, proteger los recursos naturales e implementar las medidas de compensación económica en las zonas donde se emplazan.
Esta última consideración -la compensación económica- tiene plena justificación en el caso de las centrales hidroeléctricas, ya que es evidente que este tipo de proyectos no produce ningún efecto positivo permanente en las localidades donde se instalan; en tanto, para su operación no requieren otros insumos, aparte del agua, y, por ende, no dinamizan otras actividades económicas secundarias o marginales. Para su operación tampoco requieren de mano de obra y, por último, existe una clara disociación entre la localización de la central y su mercado, pues la energía generada se transmite y usa en todo el territorio que abarca el sistema eléctrico, sin vinculación alguna con la zona donde se genera. Luego, aquí se da una clara situación de inequidad territorial, en tanto las centrales hidroeléctricas benefician al país, pero afectan directamente a las localidades donde se instalan.
Por ello, creo necesario, como lo he planteado en otras oportunidades, afectar parte de los impuestos que pagan las empresas eléctricas o bien, por ejemplo, crear un mecanismo que permita que las empresas propietarias de centrales hidroeléctricas puedan destinar una parte de sus utilidades anuales 3 ó 5 por ciento-, por un lapso determinado de años -diez o quince-, para compensar a las comunas donde se emplazan, pudiendo descontar hasta el 50 por ciento de esos aportes de sus impuestos.
Así creo posible articular los proyectos de centrales hidroeléctricas con el desarrollo nacional -sustentable y equitativo- y con los desarrollos locales, promoviendo un crecimiento equilibrado.
En este marco conceptual y en el contexto de una política de planificación energética nacional se debe definir el proyecto Ralco. Desde esta perspectiva, dicho proyecto, por ahora, no es conveniente al interés general del país y, por lo tanto, estimo que no tiene legitimidad.
En suma, sólo en el contexto de una política y planificación electroenergética que considere la expansión eléctrica desde la perspectiva global del desarrollo del país y no únicamente desde la perspectiva económica y sectorial, será posible racionalizar los objetivos y los conflictos de intereses que se dan en torno a los proyectos hidroeléctricos y legitimarlos, en cuanto a que son absolutamente necesarios para el interés general del país -si lo son- y no sólo sirven al interés privado. Por último, podremos establecer una sana relación entre economía, naturaleza y comunidad humana, como lo ha sostenido recientemente el Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Solicito que se remita copia de mi intervención al Ministro Secretario General de la Presidencia, al Ministro de la Comisión Nacional de Energía y a la Directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el objeto de que se dé formal y oportuna respuesta a los planteamientos y propuestas hechas.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Se enviarán los oficios con copia de la intervención, como lo ha solicitado Su Señoría.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14.10 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
ANEXO SESIÓN
ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON PARAGUAY. Primer trámite constitucional.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En la tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo, en primer trámite constitucional, relativos a la promoción y protección recíproca de inversiones, celebrados por el Gobierno de la República de Chile y los Gobiernos de las Repúblicas de Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Camilo Escalona.
Antecedentes:
Mensajes del Ejecutivo: Boletín Nº 1750-10, sesión 19ª, en 21 de noviembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletín Nº 1797-10, sesión 49ª, en 5 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletines Nºs 1808-10, 1810-10, 1811-10, sesión 51ª, en 7 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nºs. 1, 3 y 4, respectivamente.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 27 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tengo entendido que rendirá el informe el Diputado señor Dupré.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DUPRÉ.-
Señor Presidente, quiero dar una explicación. En vista de que, en general, el contenido de estos tratados es muy parecido, en la Comisión de Relaciones Exteriores acordamos hacer un solo informe.
Por eso, el informe versará sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados para la promoción y protección recíproca de las inversiones, celebrados por Chile con Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Tal como señalan los mensajes, Chile ha suscrito hasta la fecha un importante número de tratados bilaterales sobre la materia con países latinoamericanos, europeos y asiáticos, en función de la estrategia que se han propuesto la Cancillería y el Gobierno respecto de la política internacional, particularmente en lo que se refiere al comercio exterior y a las inversiones extranjeras.
Esos convenios han sido suscritos con los respectivos gobiernos durante visitas oficiales efectuadas fundamentalmente en 1995, en algunos casos con Jefes de Estado, y en otros a nivel de ministros. Es así como los celebrados con Paraguay y Filipinas fueron firmados con ocasión de la visita que realizara Su Excelencia el Presidente de la República a esos países, y el con Ucrania, durante la visita oficial a nuestro país de su Presidente, Excelentísimo señor Leonid Kuchma.
Quiero hacer un paréntesis para destacar que hoy esperamos la concurrencia de los señores parlamentarios a la conformación definitiva de la Comisión Interparlamentaria binacional chileno-ucraniana, hecho que en esta ocasión tiene especial realce con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la independencia de la República de Ucrania, a lo cual cabe agregar la Constitución libre y democrática que se dio después de dejar de pertenecer a la Unión Soviética.
El acuerdo celebrado con la República Oriental de Uruguay, con motivo de la visita que hizo a Chile su Ministro de Economía y Finanzas, y el convenido con Polonia, durante la visita que efectuó a dicha nación el Ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza.
El propósito común de estos tratados es fijar un marco jurídico bilateral que determine los derechos y obligaciones del Estado de las inversiones y los de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los legítimos intereses de ambas partes y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y movilidad internacionales de capitales.
En el articulado y en el protocolo complementario de estos tratados se imponen a los Estados contratantes los siguientes compromisos:
1. Promover, en sus respectivos territorios nacionales, las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación, y el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, ampliación, liquidación, venta o cualquier otra forma de enajenación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
2. Garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no discriminatorio, justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado.
3. Garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de las sumas relacionadas con la inversión, principalmente del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o la ampliación de la inversión y de las necesarias para el servicio y reembolso de los préstamos relacionados con una inversión.
4. No adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o de interés nacional, no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor del mercado de la inversión afectada y con una tasa comercial de interés ante cualquier atraso en su pago.
5. Reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
6. Resolver las controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante mediante consultas amistosas, que se llevarán a cabo por seis meses, al término de los cuales el inversionista podrá llevar la controversia a los tribunales locales de la parte contratante receptora de la inversión, o al arbitraje internacional del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
7. Resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de estos acuerdos, por la vía diplomática o el arbitraje internacional organizado en la forma que reglamenta el acuerdo, en términos análogos a los empleados en todos los comercios de su tipo.
8. Estos tratados permanecerán vigentes por un período de quince años, luego del cual se prolongará su vigencia indefinidamente, a menos que sea denunciado.
Estas son las principales disposiciones de los tratados mencionados.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión hace notar que algunos de ellos incurren en la impropiedad jurídica de señalar que los tratados han sido celebrados entre los Gobiernos, en circunstancias de que, de acuerdo con el Derecho Internacional, un tratado es un acto jurídico entre los Estados, como lo reconoce la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados.
Finalmente, se recomienda la aprobación de los proyectos de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los cinco proyectos de acuerdo.
Aprobados.
ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON URUGUAY. Primer trámite constitucional.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En la tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo, en primer trámite constitucional, relativos a la promoción y protección recíproca de inversiones, celebrados por el Gobierno de la República de Chile y los Gobiernos de las Repúblicas de Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Camilo Escalona.
Antecedentes:
Mensajes del Ejecutivo: Boletín Nº 1750-10, sesión 19ª, en 21 de noviembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletín Nº 1797-10, sesión 49ª, en 5 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletines Nºs 1808-10, 1810-10, 1811-10, sesión 51ª, en 7 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nºs. 1, 3 y 4, respectivamente.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 27 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tengo entendido que rendirá el informe el Diputado señor Dupré.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DUPRÉ.-
Señor Presidente, quiero dar una explicación. En vista de que, en general, el contenido de estos tratados es muy parecido, en la Comisión de Relaciones Exteriores acordamos hacer un solo informe.
Por eso, el informe versará sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados para la promoción y protección recíproca de las inversiones, celebrados por Chile con Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Tal como señalan los mensajes, Chile ha suscrito hasta la fecha un importante número de tratados bilaterales sobre la materia con países latinoamericanos, europeos y asiáticos, en función de la estrategia que se han propuesto la Cancillería y el Gobierno respecto de la política internacional, particularmente en lo que se refiere al comercio exterior y a las inversiones extranjeras.
Esos convenios han sido suscritos con los respectivos gobiernos durante visitas oficiales efectuadas fundamentalmente en 1995, en algunos casos con Jefes de Estado, y en otros a nivel de ministros. Es así como los celebrados con Paraguay y Filipinas fueron firmados con ocasión de la visita que realizara Su Excelencia el Presidente de la República a esos países, y el con Ucrania, durante la visita oficial a nuestro país de su Presidente, Excelentísimo señor Leonid Kuchma.
Quiero hacer un paréntesis para destacar que hoy esperamos la concurrencia de los señores parlamentarios a la conformación definitiva de la Comisión Interparlamentaria binacional chileno-ucraniana, hecho que en esta ocasión tiene especial realce con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la independencia de la República de Ucrania, a lo cual cabe agregar la Constitución libre y democrática que se dio después de dejar de pertenecer a la Unión Soviética.
El acuerdo celebrado con la República Oriental de Uruguay, con motivo de la visita que hizo a Chile su Ministro de Economía y Finanzas, y el convenido con Polonia, durante la visita que efectuó a dicha nación el Ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza
El propósito común de estos tratados es fijar un marco jurídico bilateral que determine los derechos y obligaciones del Estado de las inversiones y los de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los legítimos intereses de ambas partes y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y movilidad internacionales de capitales.
En el articulado y en el protocolo complementario de estos tratados se imponen a los Estados contratantes los siguientes compromisos:
1. Promover, en sus respectivos territorios nacionales, las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación, y el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, ampliación, liquidación, venta o cualquier otra forma de enajenación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
2. Garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no discriminatorio, justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado.
3. Garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de las sumas relacionadas con la inversión, principalmente del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o la ampliación de la inversión y de las necesarias para el servicio y reembolso de los préstamos relacionados con una inversión.
4. No adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o de interés nacional, no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor del mercado de la inversión afectada y con una tasa comercial de interés ante cualquier atraso en su pago.
5. Reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
6. Resolver las controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante mediante consultas amistosas, que se llevarán a cabo por seis meses, al término de los cuales el inversionista podrá llevar la controversia a los tribunales locales de la parte contratante receptora de la inversión, o al arbitraje internacional del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
7. Resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de estos acuerdos, por la vía diplomática o el arbitraje internacional organizado en la forma que reglamenta el acuerdo, en términos análogos a los empleados en todos los comercios de su tipo.
8. Estos tratados permanecerán vigentes por un período de quince años, luego del cual se prolongará su vigencia indefinidamente, a menos que sea denunciado.
Estas son las principales disposiciones de los tratados mencionados.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión hace notar que algunos de ellos incurren en la impropiedad jurídica de señalar que los tratados han sido celebrados entre los Gobiernos, en circunstancias de que, de acuerdo con el Derecho Internacional, un tratado es un acto jurídico entre los Estados, como lo reconoce la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados.
Finalmente, se recomienda la aprobación de los proyectos de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los cinco proyectos de acuerdo.
Aprobados.
ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON FILIPINAS. Primer trámite constitucional.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En la tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo, en primer trámite constitucional, relativos a la promoción y protección recíproca de inversiones, celebrados por el Gobierno de la República de Chile y los Gobiernos de las Repúblicas de Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Camilo Escalona.
Antecedentes:
Mensajes del Ejecutivo: Boletín Nº 1750-10, sesión 19ª, en 21 de noviembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletín Nº 1797-10, sesión 49ª, en 5 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletines Nºs 1808-10, 1810-10, 1811-10, sesión 51ª, en 7 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nºs. 1, 3 y 4, respectivamente.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 27 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tengo entendido que rendirá el informe el Diputado señor Dupré.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DUPRÉ.-
Señor Presidente, quiero dar una explicación. En vista de que, en general, el contenido de estos tratados es muy parecido, en la Comisión de Relaciones Exteriores acordamos hacer un solo informe.
Por eso, el informe versará sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados para la promoción y protección recíproca de las inversiones, celebrados por Chile con Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Tal como señalan los mensajes, Chile ha suscrito hasta la fecha un importante número de tratados bilaterales sobre la materia con países latinoamericanos, europeos y asiáticos, en función de la estrategia que se han propuesto la Cancillería y el Gobierno respecto de la política internacional, particularmente en lo que se refiere al comercio exterior y a las inversiones extranjeras.
Esos convenios han sido suscritos con los respectivos gobiernos durante visitas oficiales efectuadas fundamentalmente en 1995, en algunos casos con Jefes de Estado, y en otros a nivel de ministros. Es así como los celebrados con Paraguay y Filipinas fueron firmados con ocasión de la visita que realizara Su Excelencia el Presidente de la República a esos países, y el con Ucrania, durante la visita oficial a nuestro país de su Presidente, Excelentísimo señor Leonid Kuchma.
Quiero hacer un paréntesis para destacar que hoy esperamos la concurrencia de los señores parlamentarios a la conformación definitiva de la Comisión Interparlamentaria binacional chileno-ucraniana, hecho que en esta ocasión tiene especial realce con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la independencia de la República de Ucrania, a lo cual cabe agregar la Constitución libre y democrática que se dio después de dejar de pertenecer a la Unión Soviética.
El acuerdo celebrado con la República Oriental de Uruguay, con motivo de la visita que hizo a Chile su Ministro de Economía y Finanzas, y el convenido con Polonia, durante la visita que efectuó a dicha nación el Ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza.
El propósito común de estos tratados es fijar un marco jurídico bilateral que determine los derechos y obligaciones del Estado de las inversiones y los de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los legítimos intereses de ambas partes y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y movilidad internacionales de capitales.
En el articulado y en el protocolo complementario de estos tratados se imponen a los Estados contratantes los siguientes compromisos:
1. Promover, en sus respectivos territorios nacionales, las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación, y el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, ampliación, liquidación, venta o cualquier otra forma de enajenación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
2. Garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no discriminatorio, justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado.
3. Garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de las sumas relacionadas con la inversión, principalmente del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o la ampliación de la inversión y de las necesarias para el servicio y reembolso de los préstamos relacionados con una inversión.
4. No adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o de interés nacional, no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor del mercado de la inversión afectada y con una tasa comercial de interés ante cualquier atraso en su pago.
5. Reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
6. Resolver las controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante mediante consultas amistosas, que se llevarán a cabo por seis meses, al término de los cuales el inversionista podrá llevar la controversia a los tribunales locales de la parte contratante receptora de la inversión, o al arbitraje internacional del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
7. Resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de estos acuerdos, por la vía diplomática o el arbitraje internacional organizado en la forma que reglamenta el acuerdo, en términos análogos a los empleados en todos los comercios de su tipo.
8. Estos tratados permanecerán vigentes por un período de quince años, luego del cual se prolongará su vigencia indefinidamente, a menos que sea denunciado.
Estas son las principales disposiciones de los tratados mencionados.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión hace notar que algunos de ellos incurren en la impropiedad jurídica de señalar que los tratados han sido celebrados entre los Gobiernos, en circunstancias de que, de acuerdo con el Derecho Internacional, un tratado es un acto jurídico entre los Estados, como lo reconoce la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados.
Finalmente, se recomienda la aprobación de los proyectos de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los cinco proyectos de acuerdo.
Aprobados.
ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON POLONIA. Primer trámite constitucional.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En la tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo, en primer trámite constitucional, relativos a la promoción y protección recíproca de inversiones, celebrados por el Gobierno de la República de Chile y los Gobiernos de las Repúblicas de Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Camilo Escalona.
Antecedentes:
Mensajes del Ejecutivo: Boletín Nº 1750-10, sesión 19ª, en 21 de noviembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletín Nº 1797-10, sesión 49ª, en 5 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletines Nºs 1808-10, 1810-10, 1811-10, sesión 51ª, en 7 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nºs. 1, 3 y 4, respectivamente.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 27 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tengo entendido que rendirá el informe el Diputado señor Dupré.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DUPRÉ.-
Señor Presidente, quiero dar una explicación. En vista de que, en general, el contenido de estos tratados es muy parecido, en la Comisión de Relaciones Exteriores acordamos hacer un solo informe.
Por eso, el informe versará sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados para la promoción y protección recíproca de las inversiones, celebrados por Chile con Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Tal como señalan los mensajes, Chile ha suscrito hasta la fecha un importante número de tratados bilaterales sobre la materia con países latinoamericanos, europeos y asiáticos, en función de la estrategia que se han propuesto la Cancillería y el Gobierno respecto de la política internacional, particularmente en lo que se refiere al comercio exterior y a las inversiones extranjeras.
Esos convenios han sido suscritos con los respectivos gobiernos durante visitas oficiales efectuadas fundamentalmente en 1995, en algunos casos con Jefes de Estado, y en otros a nivel de ministros. Es así como los celebrados con Paraguay y Filipinas fueron firmados con ocasión de la visita que realizara Su Excelencia el Presidente de la República a esos países, y el con Ucrania, durante la visita oficial a nuestro país de su Presidente, Excelentísimo señor Leonid Kuchma.
Quiero hacer un paréntesis para destacar que hoy esperamos la concurrencia de los señores parlamentarios a la conformación definitiva de la Comisión Interparlamentaria binacional chileno-ucraniana, hecho que en esta ocasión tiene especial realce con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la independencia de la República de Ucrania, a lo cual cabe agregar la Constitución libre y democrática que se dio después de dejar de pertenecer a la Unión Soviética.
El acuerdo celebrado con la República Oriental de Uruguay, con motivo de la visita que hizo a Chile su Ministro de Economía y Finanzas, y el convenido con Polonia, durante la visita que efectuó a dicha nación el Ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza.
El propósito común de estos tratados es fijar un marco jurídico bilateral que determine los derechos y obligaciones del Estado de las inversiones y los de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los legítimos intereses de ambas partes y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y movilidad internacionales de capitales.
En el articulado y en el protocolo complementario de estos tratados se imponen a los Estados contratantes los siguientes compromisos:
1. Promover, en sus respectivos territorios nacionales, las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación, y el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, ampliación, liquidación, venta o cualquier otra forma de enajenación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
2. Garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no discriminatorio, justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado.
3. Garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de las sumas relacionadas con la inversión, principalmente del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o la ampliación de la inversión y de las necesarias para el servicio y reembolso de los préstamos relacionados con una inversión.
4. No adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o de interés nacional, no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor del mercado de la inversión afectada y con una tasa comercial de interés ante cualquier atraso en su pago.
5. Reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
6. Resolver las controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante mediante consultas amistosas, que se llevarán a cabo por seis meses, al término de los cuales el inversionista podrá llevar la controversia a los tribunales locales de la parte contratante receptora de la inversión, o al arbitraje internacional del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
7. Resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de estos acuerdos, por la vía diplomática o el arbitraje internacional organizado en la forma que reglamenta el acuerdo, en términos análogos a los empleados en todos los comercios de su tipo.
8. Estos tratados permanecerán vigentes por un período de quince años, luego del cual se prolongará su vigencia indefinidamente, a menos que sea denunciado.
Estas son las principales disposiciones de los tratados mencionados.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión hace notar que algunos de ellos incurren en la impropiedad jurídica de señalar que los tratados han sido celebrados entre los Gobiernos, en circunstancias de que, de acuerdo con el Derecho Internacional, un tratado es un acto jurídico entre los Estados, como lo reconoce la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados.
Finalmente, se recomienda la aprobación de los proyectos de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los cinco proyectos de acuerdo.
Aprobados.
ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRADOS POR CHILE CON UCRANIA. Primer trámite constitucional.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En la tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo, en primer trámite constitucional, relativos a la promoción y protección recíproca de inversiones, celebrados por el Gobierno de la República de Chile y los Gobiernos de las Repúblicas de Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Camilo Escalona.
Antecedentes:
Mensajes del Ejecutivo: Boletín Nº 1750-10, sesión 19ª, en 21 de noviembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletín Nº 1797-10, sesión 49ª, en 5 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 2. Boletines Nºs 1808-10, 1810-10, 1811-10, sesión 51ª, en 7 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nºs. 1, 3 y 4, respectivamente.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 27 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tengo entendido que rendirá el informe el Diputado señor Dupré.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DUPRÉ.-
Señor Presidente, quiero dar una explicación. En vista de que, en general, el contenido de estos tratados es muy parecido, en la Comisión de Relaciones Exteriores acordamos hacer un solo informe.
Por eso, el informe versará sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados para la promoción y protección recíproca de las inversiones, celebrados por Chile con Paraguay, Uruguay, Filipinas, Polonia y Ucrania.
Tal como señalan los mensajes, Chile ha suscrito hasta la fecha un importante número de tratados bilaterales sobre la materia con países latinoamericanos, europeos y asiáticos, en función de la estrategia que se han propuesto la Cancillería y el Gobierno respecto de la política internacional, particularmente en lo que se refiere al comercio exterior y a las inversiones extranjeras.
Esos convenios han sido suscritos con los respectivos gobiernos durante visitas oficiales efectuadas fundamentalmente en 1995, en algunos casos con Jefes de Estado, y en otros a nivel de ministros. Es así como los celebrados con Paraguay y Filipinas fueron firmados con ocasión de la visita que realizara Su Excelencia el Presidente de la República a esos países, y el con Ucrania, durante la visita oficial a nuestro país de su Presidente, Excelentísimo señor Leonid Kuchma.
Quiero hacer un paréntesis para destacar que hoy esperamos la concurrencia de los señores parlamentarios a la conformación definitiva de la Comisión Interparlamentaria binacional chileno-ucraniana, hecho que en esta ocasión tiene especial realce con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la independencia de la República de Ucrania, a lo cual cabe agregar la Constitución libre y democrática que se dio después de dejar de pertenecer a la Unión Soviética.
El acuerdo celebrado con la República Oriental de Uruguay, con motivo de la visita que hizo a Chile su Ministro de Economía y Finanzas, y el convenido con Polonia, durante la visita que efectuó a dicha nación el Ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza.
El propósito común de estos tratados es fijar un marco jurídico bilateral que determine los derechos y obligaciones del Estado de las inversiones y los de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los legítimos intereses de ambas partes y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y movilidad internacionales de capitales.
En el articulado y en el protocolo complementario de estos tratados se imponen a los Estados contratantes los siguientes compromisos:
1. Promover, en sus respectivos territorios nacionales, las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación, y el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, ampliación, liquidación, venta o cualquier otra forma de enajenación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
2. Garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no discriminatorio, justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado.
3. Garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de las sumas relacionadas con la inversión, principalmente del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o la ampliación de la inversión y de las necesarias para el servicio y reembolso de los préstamos relacionados con una inversión.
4. No adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o de interés nacional, no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor del mercado de la inversión afectada y con una tasa comercial de interés ante cualquier atraso en su pago.
5. Reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
6. Resolver las controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante mediante consultas amistosas, que se llevarán a cabo por seis meses, al término de los cuales el inversionista podrá llevar la controversia a los tribunales locales de la parte contratante receptora de la inversión, o al arbitraje internacional del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
7. Resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de estos acuerdos, por la vía diplomática o el arbitraje internacional organizado en la forma que reglamenta el acuerdo, en términos análogos a los empleados en todos los comercios de su tipo.
8. Estos tratados permanecerán vigentes por un período de quince años, luego del cual se prolongará su vigencia indefinidamente, a menos que sea denunciado.
Estas son las principales disposiciones de los tratados mencionados.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión hace notar que algunos de ellos incurren en la impropiedad jurídica de señalar que los tratados han sido celebrados entre los Gobiernos, en circunstancias de que, de acuerdo con el Derecho Internacional, un tratado es un acto jurídico entre los Estados, como lo reconoce la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados.
Finalmente, se recomienda la aprobación de los proyectos de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los cinco proyectos de acuerdo.
Aprobados.