Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Recondo Lavanderos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Carlos Bombal Otaegui
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- Hernan Larrain Fernandez
- Hosain Sabag Castillo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE SEÑORA MARÍA RUIZ-TAGLE , VIUDA DE FREI.
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DE EX SENADOR DON JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ .
- HOMENAJE : Julio Dittborn Cordua
- HOMENAJE : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- HOMENAJE : Zarko Luksic Sandoval
- HOMENAJE : Gustavo Alessandri Valdes
- HOMENAJE : Rodrigo Alvarez Zenteno
- HOMENAJE EN MEMORIA DE EX SENADOR DON JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ .
- RÉPLICA A PUBLICACIONES DE PRENSA. (Aplicación de artículo 34 del Reglamento).
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jaime Naranjo Ortiz
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- VI. ORDEN DEL DÍA
- NUEVA LEY DE PRENSA. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- NUEVA LEY DE PRENSA. Tercer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- INVESTIGACIÓN DE SITUACIÓN DEL MERCADO AÉREO NACIONAL.
- DESTRUCCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Jorge Soria Macchiavello
- Felipe Letelier Norambuena
- Fanny Pollarolo Villa
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Velasco De La Cerda
- Victor Barrueto
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Joaquin Palma Irarrazaval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VIII .INCIDENTES
- INVESTIGACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A EMPRESA DE LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
- LEGALIDAD DEL USO DE LOGO “GOBIERNO DE CHILE” POR LOS MINISTERIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS. Oficio.
- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA RUTA LA SERENA-VICUÑA. Oficio.
- AGRADECIMIENTO A CORREOS DE CHILE Y A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS POR SU LABOR EN LLANQUIHUE. Oficios.
- FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE VEDA EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- TRANSPARENCIA EN SISTEMA DE MEDICIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS. Oficio.
- REEMPLAZO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN ZONA AUSTRAL. Oficios.
- DEBATE
- PROGRAMAS ESPECIALES DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA PARA COMUNAS DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE EMPRESA SANITARIA DE ARICA Y RESPECTO DE LA PROPIEDAD DE ZOFRI S.A., DE IQUIQUE. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Krauss Rusque
- ADHESION
- CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIA EN POBLACIÓN DE RECOLETA. Oficio.
- EFECTOS DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD APLICADO EN COLEGIOS MUNICIPALIZADOS. Oficio.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PROTEGER PATRIMONIO FITOZOOSANITARIO. Oficio.
- DEBATE
- ANIVERSARIO DEL MATUTINO DE SAN ANTONIO “EL LÍDER”. Oficios.
- INSTALACIÓN DE CASETA EN FRONTERA CON PERÚ. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 51ª, en martes 10 de abril de 2001
(Ordinaria, de 11.13 a 15.52 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis; Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I. Asistencia6
II. Apertura de la sesión9
Minuto de silencio por fallecimiento de señora María RuizTagle, viuda de Frei9
III.Actas9
IV.Cuenta9
V.Homenaje.
Homenaje en memoria de ex senador don Jaime Guzmán Errázuriz9
Réplica a publicaciones de prensa. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento)18
Permiso constitucional19
VI.Orden del Día.
Nueva ley de prensa. Tercer trámite constitucional19
VII.Proyectos de acuerdo.
Investigación de situación del mercado aéreo nacional58
Destrucción de patrimonio cultural de la humanidad58
VIII.Incidentes.
Investigación sobre adjudicación de ejecución de obras públicas a empresa de la Novena Región. Oficio61
Legalidad del uso de logo “Gobierno de Chile” por los ministerios y servicios públicos. Oficio62
Condiciones de seguridad de la ruta La SerenaVicuña. Oficio62
Agradecimiento a correos de Chile y a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas por su labor en Llanquihue. Oficios62
Funcionamiento de sistemas de veda en Décima Región. Oficio62
Transparencia en sistema de medición de servicios telefónicos. Oficio63
Reemplazo de instrumento de medición de la radiación ultravioleta en zona austral. Oficios64
Programas especiales de absorción de mano de obra para comunas de la Cuarta Región. Oficios64
Información sobre empresa sanitaria de Arica y respecto de la propiedad de Zofri S.A., de Iquique. Oficios66
Canalización de aguas lluvia en población de Recoleta. Oficio66
Efectos de índice de vulnerabilidad aplicado en colegios municipalizados. Oficio67
Adopción de medidas para proteger patrimonio fitozoosanitario. Oficio67
Aniversario del matutino de San Antonio, “El Líder”. Oficios.68
Instalación de caseta en frontera con Perú. Oficios69
IX. Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que establece normas para las operaciones de crédito y otras operaciones de dinero que indica (boletín N° 260305)71
2.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto sobre firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica (boletín N° 257119)71
3.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales que se acojan a jubilación en periodo que indica (boletín N° 260906)71
Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
4.Modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones (boletín N° 262813)72
5.Adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscritos por Chile (boletín N° 242103)72
6.Crea la Dirección Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (boletín N° 228604)73
7.Modifica la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial (boletín N° 241603)73
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
Del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo el diputado señor Recondo reemplazará en forma permanente a la diputada señora González, doña Rosa.
Del diputado señor Naranjo, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 10 de abril en curso, para dirigirse a Europa.
2. Oficios:
De la Comisión Especial encargada de proponer medidas legales y administrativas en favor de los Cuerpos de Bomberos de Chile, por el cual solicita se envíe oficio a S.E. el Presidente de la República para que tenga a bien otorgar su patrocinio a las indicaciones al proyecto que modifica el decreto ley N° 1.757, de 1977, que establece beneficios e indemnizaciones a favor de los bomberos enfermos o accidentados en actos de servicio como, asimismo, a las demás materias indicadas en el referido oficio (boletín N° 112406).
I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Jaime Naranjo.
Asistieron, además, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza; de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear; de la secretaría general de Gobierno, señor Claudio Huepe, y de la secretaría general de la Presidencia, señor Álvaro García.
Concurrieron, también, los senadores señores Carlos Bombal, Andrés Chadwick, Sergio Díez, Hernán Larraín y Hosaín Sabag.'
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.13 horas.
El señor PARETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE SEÑORA MARÍA RUIZ-TAGLE , VIUDA DE FREI.
El señor PARETO (Presidente).-
Señores diputados, hace pocos instantes ha fallecido la ex Primera Dama de la Nación, doña María Ruiz-Tagle de Frei .
Ruego a los presentes observar un minuto de silencio.
Las señoras diputadas y señores diputados, funcionarios y asistentes a tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
III.ACTAS
El señor PARETO (Presidente).-
El acta de la sesión 44ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 45ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor PARETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DE EX SENADOR DON JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ .
El señor PARETO (Presidente).-
A continuación, se va a rendir homenaje en memoria del ex senador de la República don Jaime Guzmán Errázuriz.
(Aplausos en tribunas).
Se encuentran en la tribuna de honor su madre, señora Carmen Errázuriz Edwards , familiares, amigos y una delegación de la Fundación Jaime Guzmán, encabezada por su director ejecutivo.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .
El señor DITTBORN (de pie).-
Señor Presidente, señores diputados, familia, amigos de Jaime, de la Fundación Jaime Guzmán que hoy nos acompañan:
En estos días recordamos diez años de la muerte de Jaime Guzmán , el primer senador de la República asesinado durante el ejercicio de su cargo. Los autores intelectuales y materiales del asesinato, todos ellos extremistas de Izquierda, están plenamente identificados y ninguno de ellos cumple condena por tan alevoso crimen. Sin embargo, la familia de Jaime los ha perdonado, y nosotros, en la UDI, queremos que se haga justicia, pero no vociferamos odio ni manifestamos rencor contra aquellos que, presos de su ideología, nos quitaron la presencia física del líder indiscutido y del amigo.
Tal como tú lo hubieras querido, Jaime , jamás usaremos tu muerte para exacerbar el odio y alterar la paz social que Chile tanto necesita.
Amigo, durante estos diez años te hemos echado mucho de menos. Muchas veces habríamos querido conocer tu opinión sobre tantos temas, pero muchas veces más hubiéramos querido tenerte cerca y disfrutar de tu amistad. Aunque ya no estás físicamente con nosotros, sabemos que nos miras desde el cielo y que estás orgulloso de lo que hemos hecho con tu querida UDI.
¿Te acuerdas cuántas veces nos dijeron que los partidos que, a través de la historia, habían apoyado a los gobiernos autoritarios desaparecían junto con ellos? No sólo no desaparecimos, sino que hemos crecido y nos hemos consolidado como un partido importante e influyente en el país.
¡Cómo se han equivocado esos políticos profesionales, supuestamente expertos en vaticinios! Me sonrío cuando hoy todavía veo a los mismos, haciendo presagios, intelectualmente muy sofisticados, sobre el futuro político del país.
Pero la UDI no sólo no desapareció, sino que creció y se consolidó con tu inspiración y ejemplo, tal como tú lo hubieras querido. Nuestros adversarios no entienden nada de nada, como solías decir con un gesto tuyo tan característico.
Nos critican porque somos un grupo de amigos y no se dan cuenta de que ésa es precisamente una de las fuentes más importantes de nuestra fortaleza. Como un gran grupo de amigos que somos, hemos logrado lo que tú siempre quisiste: estar unidos alrededor de lo mejor de nosotros, que fueron tus enseñanzas y tu ejemplo de vida. Tú lo decías muy claramente: las instituciones exitosas, entre ellas los partidos políticos, no llegan a serlo por tener personas superiores a las de otras instituciones, sino porque son capaces de unirse alrededor de lo mejor de sus miembros. Y tú, amigo ¡qué duda cabe!, nos legaste un ejemplo y una historia personal que sacó lo mejor de nosotros para ofrecérselo a la UDI y a Chile.
La UDI lleva y llevará siempre tu sello en forma inconfundible, porque está construida sobre tu ejemplo y, finalmente, sobre tu sacrificio. Y, probablemente, una gran cosa entre nosotros, como lo hablamos algunas veces, es habernos convencido profundamente de que sólo podíamos tener éxito en política y también cumplir con nuestros sueños personales, si previamente éramos capaces de conformar una UDI unida y poderosa.
Los hombres solos rara vez llegan a forjar historia; los hombres unidos, guiados por valores y no por ambiciones personales destructivas, son capaces de construir instituciones sólidas, las que, a su vez, son el vehículo para influir en la historia y realizar los sueños.
Jaime, estoy seguro de interpretar a todos en la UDI cuando digo lo importante que fue para todos nosotros haberte conocido. Se conoce a mucha gente en la vida; pero conocerte a ti significó para nosotros cambiar el destino de nuestras vidas, tener una vida muy distinta de la que hubiéramos tenido si no te hubieras cruzado en nuestra existencia; conocerte nos permitió sacar lo mejor de nosotros y ofrecérselo a la UDI y a Chile. Fuiste un buscador de hombres, “un cazador de hombres”, como siempre lo he dicho, con la gran diferencia de que en este caso los cazados fuimos los privilegiados. Nos permitiste conocer a Chile; conociéndolo, lo amamos, y porque lo amamos, dedicaremos nuestras vidas a servirlo, tal como lo hubieras hecho tú si estuvieras entre nosotros.
He dicho.
Aplausos.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil .
El señor CARDEMIL (de pie).-
Señor Presidente, estimados colegas, distinguida familia de Jaime, señoras y señores:
Quisiera agradecer la oportunidad que se me ha brindado como diputado y presidente de Renovación Nacional, para intervenir en el homenaje al senador Jaime Guzmán Errázuriz , trágicamente asesinado hace diez años.
Jaime fue un amigo con quien compartí seis intensos años de carrera universitaria en la facultad de derecho de la Universidad Católica y también, como consecuencia de la encrucijada cultural, económica y social que vivió Chile entre 1963 y 1969, una visión y una acción política coincidente, a pesar de los naturales matices y distintas aproximaciones, propios de la vida.
Cuando evoco a Jaime Guzmán pienso en su dureza contra la demagogia y ratifico en mi mente la idea de que es urgente que nuestra República recupere el valor y la rigurosidad de la palabra dada. No podemos seguir aceptando autoridades y representantes, de cualquier orden que sean, que empeñen su palabra para conseguir votos, que anuncien su intención de llegar a los puestos públicos a servir, y que luego, desenfadadamente, usen y abusen de esos mismos cargos y de los dineros públicos que conllevan, sin dar explicaciones a nadie, o asuman simplemente el derecho de ser servidos.
La falta de compromiso con la verdad y la consecuencia nos está provocando un gran mal; la ciudadanía perderá la confianza en sus representantes si nos olvidamos de los deberes, de la abnegación y de la entrega, y aparecemos en una especie de teatro del absurdo, vociferándonos unos a otros sin que nadie entienda nada.
Cuando evoco a Jaime Guzmán pienso en el ardor con que defendía la impronta alessandrista de nuestra República; la necesidad de crear en Chile las condiciones necesarias para consolidar un sistema político estable y creador, capaz de generar las condiciones para una mejoría sustancial de la calidad de vida de los chilenos. Y me ratifico en la profunda preocupación con que advertimos la ausencia de ese espíritu en muchos actores de la vida pública, con serias dificultades para ver a largo plazo y que conocen exactamente las actitudes que ponen en riesgo un sistema democrático. Me refiero especialmente al deterioro sistemático del consenso, de la capacidad de acuerdo en nuestra sociedad, problemas muchas veces generados por la virulencia de algunas facciones que necesitan generar conflictos artificiales para subsistir en un esquema político que tiende a polarizarse continua e inconvenientemente.
Seamos francos. No hemos sido capaces de erradicar la costumbre de descalificar a nuestros adversarios políticos, y aún no podemos consolidar un estilo político que genere acuerdos, a pesar de las mayorías circunstanciales que un bloque logre obtener en la Cámara de Diputados o en el Senado.
Hoy, después de diez años de funcionamiento de nuestra institucionalidad, los partidos políticos nos encontramos en una situación en extremo compleja, y es necesario reflexionar sobre la necesidad de erradicar definitivamente la odiosidad y la violencia entre los chilenos, de las cuales Jaime Guzmán fue una víctima señera.
Es grave que la opinión pública desconfíe cada vez más de nuestro compromiso con el servicio público; es grave que los electores se sientan cada vez menos motivados para acudir a las urnas y expresar su voluntad; es grave que, mientras los problemas estructurales del país esperan solución, sigamos enfrascados en conflictos artificiales.
Pienso que el deseo, que tan bien señaló Jaime Guzmán , de generar un esquema político estable y creador sigue siendo una meta que estamos lejos de alcanzar. En Chile se está cuestionando repito nuevamente el consenso, es decir, aquello que permite a las sociedades desarrollarse en paz. La democracia no funcionará bien con los altos grados de polarización con que hoy vivimos, en que muchos se esfuerzan por gritar, porque, simplemente, así se logran más minutos en televisión.
Cuando evoco a Jaime Guzmán recuerdo una política cuya base eran las buenas razones. En alguna polémica memorable acerca del pluralismo, le oí decir que cualquier idea era aceptable, a condición de que tuviera consistencia lógica. No podemos seguir gobernando y ser gobernados por televisión con mensajes de 30 segundos, en los que no conviene hablar adecuadamente, sino que estamos obligados a jibarizar el lenguaje para lograr lo que como los asesores lo definen la mente promedio comprenda y asienta.
Cuando evoco a Jaime Guzmán recuerdo sus planteamientos sobre los caminos para superar la pobreza y sobre la función de la economía, tema tan debatido hoy y que parecía tan superado hasta hace muy poco tiempo. Ahí resurge toda su fuerza y convicción, en cuanto a que la senda debe ser la apertura a espacios de libertad emprendedora, convicción que se arraigó no sólo en sus seguidores gremialistas, sino en toda la Centroderecha.
La experiencia internacional es suficiente para describir el camino adecuado que debe seguir nuestra economía. Todos sabemos lo que debemos hacer; pero en los momentos decisivos, por una razón u otra, hemos privilegiado pequeños cálculos electorales en vez del bien común general. La economía no despegará si cuestionamos nuestro compromiso con la libertad y el ímpetu emprendedor; el Estado no tiene el derecho de asumir funciones que los privados están en condiciones de cumplir. Tampoco tiene derecho a entrar en la conciencia de las personas ni interferir en el curso natural de la vida humana. Jaime Guzmán logró consagrar ese principio, denominado “subsidiariedad”, en la Constitución Política de 1980.
Pero es lícito preguntarse: ¿son respetados hoy estos principios fundamentales de nuestra convivencia republicana consensuados por todo el pueblo de Chile en el plebiscito de 1989? En el fondo, la pregunta que flota hoy en esta Cámara es: ¿son hoy nuestros ciudadanos verdadera y auténticamente más libres? No hay más libertad con un Estado que amenaza con intervenir cada vez más; que no tiene tapujos para fortalecer servicios que no tienen contrapeso, que actúan como juez y parte; que privilegia intereses gremiales y sectoriales por sobre el bien común general; que obstaculiza la expansión de la propiedad privada; que rigidiza mercados que deberían ser abiertos; que se niega tenazmente a afrontar su propia y necesaria modernización, saliendo de donde sobra y entrando donde falta, que es garantizar la igualdad de oportunidades.
Cuando evoco a Jaime Guzmán , rememoro, por sobre todo, la fortaleza de sus concepciones cristianas, la creencia, de la más profunda raigambre occidental, de que la persona humana está por sobre el Estado e, incluso, por sobre todas las sociedades intermedias, convicción que compartimos con Jaime Guzmán , aun en situaciones muy complejas. En muchas oportunidades, el atentado directo contra esta creencia fundamental nos provocó conflictos que nunca más quisiéramos volver a vivir. Pero la inspiración cristiana de Jaime se selló con gran consistencia en la imagen del hombre dispuesto a dejar todo por cumplir con su ideal, que, compartido o no con nosotros, lo llevó a la muerte.
Hoy es tiempo de acabar con los dobles discursos, y, asimismo, es necesario abordar los problemas de frente. Todos debemos definirnos con claridad para cerrar, de una vez por todas, un período de confrontación que ya constituye una penosa tradición en el Chile de las últimas décadas; para abrir un período nuevo de colaboración y, sin excusas, optar por la sensatez, evitando las tentaciones de hacer prevalecer intereses mezquinos por sobre el bien del todo y de las partes, que es la definición del bien común general.
Señor Presidente, distinguidos colegas, distinguida familia de Jaime Guzmán , señoras y señores:
Aunque la política nos llevó por caminos diferentes, siempre Jaime Guzmán y quien habla, Renovación Nacional y la UDI, mantuvimos unidad en las metas y proximidad en los medios, y siempre deseamos y seguimos deseando compartir con todos los demás la buena voluntad de un Chile más próspero, más digno y más justo.
Espero y aspiro a que estas palabras, pronunciadas en memoria de un ilustre caído, sirvan para robustecer la coherencia de nuestro pensamiento y de nuestra acción.
He dicho.
Aplausos en la Sala y en tribunas.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic .
El señor LUKSIC (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del Partido Radical Social Demócrata y del Partido por la Democracia, rindo homenaje a don Jaime Guzmán Errázuriz , quien fue senador, a diez años de su horrendo asesinato.
Como líder de la Derecha chilena, su figura política fue gravitante en los acontecimientos que vivió nuestro país durante los últimos 30 años. Fue un político de poderosa inteligencia y poseedor de un notable espíritu como polemista. Fuimos adversarios en las ideas: él tenía una interpretación y acción divergente de la nuestra sobre los acontecimientos que se vivieron en la década del 70 y siguientes. Su concepción de la democracia y del respeto de los derechos humanos no era similar a la nuestra. Reconocemos en él un aporte en la visión ideológica del régimen militar que antecedió a nuestra actual democracia. Su huella se encuentra especialmente plasmada en el sustrato doctrinario e institucional de nuestra actual Constitución Política.
En este sentido, con la mirada puesta en el tiempo transcurrido, se observó en él gran responsabilidad en el itinerario institucional en que transitamos los chilenos para recuperar nuestra anhelada democracia. Una vez restablecida ésta y participando en la esfera parlamentaria, Jaime Guzmán contribuyó a la constitución de las Mesas del Senado y de la Cámara de Diputados. Tuvo la visión de coadyuvar a un entendimiento que daría mayor estabilidad al nuevo proceso de transición. Debo hacer resaltar, además, que en un momento en que la política y los políticos eran sistemáticamente vilipendiados, Jaime Guzmán tuvo la valentía, junto con otros, de crear un partido político: la UDI.
Fuimos adversarios del fundador de la UDI en las ideas y en el quehacer político contingente. Sin embargo, quiero destacar en él una gran consecuencia entre los ideales que profesaba y su actuación política. Nuestra actual democracia requiere de este tipo de líderes que recuperen de la política la consecuencia ideológica y de vida.
El país se estremeció por lo burda y repudiable de la acción que puso fin a su vida. Desde el primer momento, el gobierno de la época, presidido por don Patricio Aylwin , y mi propio partido, sin ninguna vacilación, rechazamos este horrendo crimen.
Destaco el hecho de que, precisamente, Jaime Guzmán cayó asesinado en el momento en que se retiraba de las aulas de la facultad de derecho de la Universidad Católica, luego de haber impartido su cátedra de derecho constitucional. Esto refleja en él su compromiso por los jóvenes y su vocación íntima de formarlos.
De Jaime Guzmán queda la imagen de un hombre apasionado, controvertido. No dejaba a nadie tranquilo: se le admiraba o se le reprochaba. Quienes lo admiraban, y aún lo admiran, ven en él también a un hombre sencillo en lo material; de mente lúcida; un fervoroso católico y una persona que se preocupaba de los detalles de la vida.
Pero, sin duda, lo más destacable de su vida, para quienes no lo conocimos, fue su consecuencia política. En un mundo cargado de materialismo, cada vez más egoísta e individualista, Jaime Guzmán , con una visión distinta a la nuestra, de plasmar el cristianismo en la política, nos muestra, con su vida, que el servicio público y la vocación política, a que nos llama nuestro ideario, tienen frutos.
Que la vida y la muerte de Jaime Guzmán nos sirvan de lección para encontrar nuevos pasos de acuerdo y unidad en aras de la patria y de los más pobres.
He dicho.
Aplausos.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri .
El señor ALESSANDRI (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, señoras diputadas y señores diputados e invitados:
Conocí a Jaime Guzmán Errázuriz durante la campaña presidencial de 1970, donde acompañó, con lealtad y sacrificio inigualable, a nuestro candidato de esa época.
Luego, me correspondió actuar con él, por varios años, en la comisión de estudio de las leyes orgánicas constitucionales, llamada Comisión Fernández. Por eso, puedo dar fe de que el homenaje que hoy rendimos a su memoria no sólo es merecidísimo, sino que, a la vez, constituye una mirada retrospectiva a nuestra evolución económica, social y política de fines del siglo XX, porque pese a su juventud, su carácter, su temple, su genio político, contribuyeron a forjar las sólidas bases de la nueva institucionalidad chilena, que habilitó a la nación para enfrentar con mayores bríos y sobre bases ciertas los desafíos del siglo XXI.
Jaime Guzmán fue una personalidad vigorosa, brillante, y un político poseedor de prácticas de buen gobierno que influyeron sensiblemente en las innovadoras medidas que lograron el rescate de Chile después del período que finalizó en 1973.
Indudablemente, Jaime Guzmán fue un personaje atípico. El destino lo puso en el ojo del huracán político cuando la docencia universitaria era su campo natural de acción. El pueblo, con su mágica intuición para descubrir al estadista, capaz de lograr los éxitos que el país reclamaba, lo llevó al Senado por una circunscripción en que nadie presagiaba su triunfo.
Más tarde, sólo la acción alevosa de sus asesinos pudieron acallar su voz de patriota y fecundo estadista. Sin embargo, el grueso de su obra alcanzó a quedar plasmado en una notable legislación dictada por la Junta de Gobierno de la República. Fue entonces, durante esos intensos años, cuando se dictaron leyes fundamentales para el desarrollo económico, social e institucional de Chile.
Cuando los historiadores de nuestra legislación de ese período examinen la trascendencia de este talentoso asesor de la honorable Junta de Gobierno, mensurarán en sus exactas dimensiones la importancia de Jaime Guzmán en la abundante y fecunda legislación dictada en esos años de febril actividad.
La Constitución Política, en especial la disposición que consagra la autonomía del Banco Central herramienta eficiente para el control de la inflación y la subsidiariedad, del Estado, principios impulsados y promovidos por Jaime Guzmán , han probado ser motores de nuestro desarrollo.
Por eso, en los momentos de reflexión, tendremos que reconocer cuán luminoso fue su aporte. Todo ello inspirado en el amor a Cristo y en un profundo afecto a su país y a sus compatriotas.
Hoy, cuando se cumplen diez años de su inmolación, sube hasta el infinito nuestra doliente plegaria de recordación y de profundo agradecimiento, que aspiramos llegue hasta su venerada madre y a sus hermanas, en un acto de ferviente solidaridad y de respeto en esta hora que nos duele, como al país todo.
He dicho.
Aplausos.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ (de pie).-
Y entonces habló el bravo Horacio, el valiente Horacio, el defensor de las puertas de Roma, y dijo: “¡La muerte, tarde o temprano, a todos llega. Y si esto es verdad, qué mejor forma de morir que luchando con valor ante desafíos invencibles por defender la patria en que vives, los templos de tus dioses y las cenizas de tus antepasados!”.
¡La muerte, tarde o temprano, a todos llega. Y si esto es verdad, qué mejor forma de morir que luchando con valor ante desafíos invencibles por defender la patria en que vives, los templos de tus dioses y las cenizas de tus antepasados!
Desde la alborada de la historia, desde el inicio de los tiempo, hombres y mujeres han sido capaces de entregar todas sus fuerzas, hasta la última gota de su sangre, por sus ideales, por sus valores, por sus sueños y esperanzas. A algunos, que han muerto por sus creencias o visiones de futuro, indefensos, en medio de un dolor desgarrador, pero sin que esto apagara el fuego de sus espíritus, los hemos llamado mártires.
“Tanto he sufrido que puedo llamarme mártir”, reza en un monumento barrido por el viento, a orillas del estrecho de Magallanes.
A otros, que han muerto valientemente, legándonos gestas de un coraje inmenso e indómito ante sus adversarios, los hemos llamado héroes. Cerca de un desfiladero griego aún resuenan los ecos inmortales del valor hasta el infinito: “Caminante, ve a decir a Esparta que aquí hoy hemos muerto por cumplir sus leyes”.
Pero a pocos, a muy pocos, podemos llamarlos héroes y mártires a la vez; héroes y mártires en su epopeya personal. Jaime Guzmán es uno de aquellos pocos. Todos nosotros y a veces, tristemente, lo olvidamos, compartimos con algunos de estos héroes y mártires. Prat y sus compañeros en Iquique o Ignacio Carrera Pinto y los hombres y mujeres valientes de La Concepción.
Hoy estoy aquí para homenajear a uno de mis héroes y mártires, a mi amigo Jaime Guzmán Errázuriz . Parlamentarios de distintas bancadas a las que represento, también tienen sus propios héroes y mártires. No son los míos; pero permítanme afirmar en esta hora, en los momentos en que recuerdo a uno de los nuestros al mejor de los nuestros, como decimos en la UDI, que sólo encontraremos el verdadero camino de la paz y la unidad cuando todos entendamos que muchos, muchos de los que regaron con su sangre las páginas de nuestros últimos treinta años de historia son mártires y héroes de todos los chilenos, son mártires y héroes de la Patria, y con la perspectiva del tiempo nos pertenecerán a todos, llámense Edmundo Pérez , Carol Urzúa , Orlando Letelier o Jaime Guzmán . Que el sacrificio de todos ellos ilumine el devenir de Chile y de sus herederos.
De Jaime Guzmán podríamos recordar decenas de imágenes, cualidades y momentos importantes de su vida. Podríamos recordar, como lo hacía algunos días atrás nuestro cardenal Errázuriz , su papel como precursor de la reconciliación nacional y protector de los indefensos. Podríamos pensar en su obra como político, como formador de jóvenes, como profesor; rememorar su brillo intelectual, su desbordante humor, su afecto inagotable. Pero hoy prefiero reflexionar sobre el profundo significado de la muerte de Jaime. Ante ella, una frase llega a la memoria de todos nosotros: “No sé si llorar o reír; no sé si llorar o cantar”. Hace diez años, eran las apasionadas palabras iniciales de monseñor Florencio Infante en la iglesia de San Ramón, a pocas horas del asesinato de Jaime. Eran esas palabras las que sabiamente reflejaban nuestro desconcierto, el desgarro de nuestras almas, el grito angustioso pidiendo respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a través de esa forma cruel y despiadada? Diez años después, esas mismas palabras siguen resonando en nuestras mentes y entibiando nuestros corazones, pues ellas traslucen plenamente toda la tristeza y, a la vez, toda la dicha que sentimos ante la partida hacia los brazos de Dios del amigo entrañable. Ellas reflejan para todos nosotros el sentido profundo de ese trance doloroso, el misterio de la vida y el misterio de la muerte, pues, como escribía Jaime : “La muerte es la única perspectiva realista desde la cual se dimensiona adecuadamente nuestra vida y nuestros actos”.
Cuántas veces en esta década deseamos que Jaime hubiera estado con nosotros para aconsejarnos con sabiduría; para iluminarnos cuando los caminos se cerraban y las esperanzas se desvanecían; para fortalecernos en cien momentos difíciles o para compartir las grandes alegrías de la UDI: el camino para servir a Chile que él nos legó. Pero, al mismo tiempo, cuántas veces, al desear su compañía, nos hemos sentido egoístas, pues sabemos, con la fuerza de la fe y de la razón, que Jaime se encuentra junto a Dios, en el lugar que su alma siempre había anhelado, pues nadie mejor que él representa el ardor católico que lleva a decir: “Mi alma está intranquila, mi corazón se agita y sólo reposará cuando descanse en ti, Señor”.
¿Cuántas veces en esta década anhelamos que, por el bien de Chile, su voz clara y valiente pudiera enfrentarse a las mareas del oportunismo o del odio? Pero, al mismo tiempo, cuántas veces nos dimos cuenta de que él se encuentra en el mejor lugar para servir a la Patria que tanto amó y por la que dio, en ofrenda eterna, su propia vida.
Pero la muerte no condena al olvido ni al silencio a los mártires y héroes; muy por el contrario, da fuerzas y vigor al testamento de aquellos que, con su cruz, su coraje y sufrimiento, fortificaron sus obras; pues, como nos recuerda el sagrado libro: “la semilla debe morir para dar muchos frutos” y, a veces, el grano más pequeño, como el de la mostaza, produce lo más grande. Y cuando esa muerte es por Chile, sin duda, la cosecha será inmensamente mayor. Esa cosecha será aún más abundante cuando entendamos que Jaime, desde siempre, estuvo valientemente dispuesto a enfrentar la muerte por su Patria. Ahora podemos percibirlo; desde muy joven Jaime se preparó para su martirio. Así le escribía a su madre veinte años antes de su asesinato, en líneas que no pueden dejar de estremecernos: “Creo más indispensable que nunca reforzar nuestra convicción de que después de Dios nos debemos a Chile que tanto nos significa en su pasado y de cuyo futuro tendremos que responder ante las generaciones que vengan. Cuanto podamos tener que sufrir y perder por el bien de Chile hay que tomarlo como un signo de la Providencia y como el necesario sacrificio que entraña el cumplimiento del deber”.
Resulta un misterio insondable la manera como Dios iguala a sus héroes, pues las palabras de Jaime a Simón Yévenes otro de nuestros mártires a la hora de su muerte, son las mismas que podríamos contarle a él diez años después. “Simón puede estar seguro, en el gozo de Dios, desde donde ya nos contempla, de que su sacrificio no será en vano, que seremos dignos de su legado. Y es que Simón fue asesinado; pero no muerto; porque los mártires no mueren, sino que su sangre fecunda la tierra para hacer brotar frutos que aquellos mismos nunca soñaron”.
Pero, en un sentido más amplio, la muerte de Jaime nos dio una lección todavía más eterna, más radical y más profunda, aun padeciendo el dolor insufrible que sus heridas le producían. Con la agonía de Cristo, Jaime tuvo una buena muerte; con el rosario en la mano, con la conciencia de que lo rodeaban sus amigos llorando y protegiendo su descanso; con la satisfacción de que moría por su Patria y sus convicciones. Pero es también una muerte que nos obliga a nosotros, a todos nosotros, a vivir una buena vida. Ante un sacrificio tan grandioso, nuestra obligación moral, nuestro compromiso ético es trabajar por la causa de Chile, por la causa de los más pobres y necesitados; la causa de ver a Cristo en el pobre, como recordaba nuestro Cardenal y sentía Jaime , la causa de igualdad de oportunidades se hacen más imperativas y acuciantes.
Muchos recordamos que Jaime en sus reflexiones sobre la muerte, pensaba en la calavera que enfrenta al que la observa y advierte: “Todo lo que eres, yo lo fui; todo lo que soy, tú lo serás”. A partir de esta realidad, que el buen Dios nos permita tener una vida de afirmaciones al servicio de Chile y una buena muerte por el porvenir del país y de nuestros hijos.
Desde la Antigüedad nos llega la sentencia inmortal: “Es de los hombres el atreverse a lograr sus propósitos y es maravilloso vivir con valentía y morir dejando un reconocimiento eterno y un recuerdo imperecedero”. Para nosotros, todo ello lo logró Jaime Guzmán .
Pero, finalmente, muchas veces, el dolor por la pérdida vuelve una y otra vez a nuestros corazones. Por eso, deseamos se nos permita comprender que para nuestro amigo fueron escritos versos como aquellos de “Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero”. Hoy, Jaime se regocija en la alta vida que deseó desde su nacimiento.
Señor Presidente, en nombre de la bancada de la UDI agradezco la presencia de todos los parlamentarios y de quienes han hecho uso de la palabra. Asimismo, agradezco a los amigos, a los familiares y a la Fundación Jaime Guzmán , que se encuentran presentes para acompañarnos en el recuerdo de nuestro amigo.
A veces se nos pregunta de dónde viene la fuerza de la UDI. Sólo podemos contestar que ella proviene de un hombre que, con su propia vida, nutrió nuestras raíces; que todos los que formamos este partido sentimos, al pensar en Jaime, que el dedo de Dios rozó nuestros rostros y que todos los que lo conocimos podremos, en las décadas que vendrán, contarles a nuestros hijos y nietos que un día, muchos años atrás, conocimos a un hombre cuyo ejemplo resuena en la historia y que podía sonreírle cara a cara a la muerte si ella llegaba por el bien de Dios, de Chile y de su gente.
Querido amigo, querido Jaime , descansa en paz, pues sabemos que el mejor homenaje que podemos hacerte es perseverar en tu misión. Ayúdanos a ser fuertes en el camino que con tu vida y tu sangre trazaste indeleblemente. Nosotros velaremos tu sueño. Bendícenos para que siempre hagamos realidad que la UDI, más que un partido, sea un camino para servir a Chile; para que siempre entendamos que no hay causa mayor que luchar con valor ante desafíos enormes por defender la Patria en que vives, los templos de tus dioses y las cenizas de tus antepasados.
He dicho.
Aplausos.
El señor PARETO (Presidente).-
De esta manera, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al ex senador Jaime Guzmán Errázuriz , asesinado en forma brutal hace diez años.
Muchas gracias.
Aplausos.
RÉPLICA A PUBLICACIONES DE PRENSA. (Aplicación de artículo 34 del Reglamento).
El señor PARETO (Presidente).-
La diputada señora María Victoria Ovalle ha solicitado la palabra amparada en el artículo 34 de nuestro Reglamento.
Tiene la palabra por cinco minutos.
La señor OVALLE (doña María Victoria) .-
Señor Presidente, honorable Cámara: con motivo de la votación, hoy, del veto presidencial al proyecto de ley sobre libertad de información y ejercicio del periodismo, quiero denunciar ante ustedes la tremenda campaña de desprestigio que lleva a cabo el diario “El Metropolitano” en contra del senador Errázuriz , de su familia, de quien habla y de sus empresas. Parece, definitivamente, que necesita injuriar y enlodar nuestra honra para poder vender algún ejemplar, ya que, gracias a Dios, los pocos que lo leen lo hacen porque se lo regalan.
Gonzalo Vial Correa, en un artículo del diario “La Segunda” sobre libertad de expresión, dice en uno de sus párrafos: Se puede sostener y es razonable hacerlo que la injuria que utilizan medios públicos pues hablamos de ésta y no de una simple crítica, es socialmente más grave cuando afecta a un hombre de Estado o autoridad que cuando hiere a un particular, y ello no mirando la consideración personal que merezca la autoridad ofendida, sino la trascendencia que tiene su buena fama y credibilidad, en orden a que pueda ejercer su cargo con eficiencia”.
Es, justamente, todo lo que nos está sucediendo hoy lo que quiero evitar que le suceda a cualquiera de ustedes y a cualquier particular, pues, en realidad, motivos para tanta infamia y mentira, salvo que le hayan pagado para eso, no se me ocurren.
Grandes titulares que se transmiten en los programas nocturnos de los noticiarios de televisión han sido el pan de cada día. Entre ellos: “Embargan supermercado Unimarc del Frafrá”. ¿Alguno de ustedes no ha podido entrar a un supermercado porque esté cerrado o embargado, que es lo que pretenden decir? “Frafrá atrapado en gran escándalo”. Jamás ha sido citado a declarar sobre el escándalo al que se referían. Y recién el sábado: “Cierran vertedero ilegal en terrenos de Frafrá”. ¿Cuándo hemos tenido vertedero? ¿Es ésa la prensa que queremos para Chile?
Nos querellamos por la ley de Seguridad Interior del Estado, pues querellarse por injurias y calumnias en la justicia ordinaria es una gran burla. Después de año y medio de presentada una querella contra la revista “Qué Pasa”, aún no hay ni siquiera orden de investigar.
Creíamos que, al menos, con la ley de Seguridad Interior del Estado existía la posibilidad de que estos malandrines y delincuentes no quedaran en la impunidad, pero ni siquiera el nombre de la ley me gusta. Digo malandrines, pues mi intuición de mujer, gracias al apoyo que he recibido a través de cientos de emails y de cartas, me llevaron a averiguar en Investigaciones sobre este conspicuo director y actual presidente del diario “El Metropolitano”, pasquín amarillo. (Algo me decía que para ser tan canalla no debía tener principios, valores ni, menos aún, honra, pues es esa clase de gente que juega con la honra ajena). ¡Oh!, cuál no sería mi sorpresa al encontrar que Patricio Enrique Ulloa Maturana , alias “el Pato”, según Investigaciones, tiene el siguiente prontuario: arraigo salida del país; ley Nº 5.687, por premio de boleta industrial; delito tributario en el Servicio de Impuestos Internos de Santiago; estafa en el 15º Juzgado del Crimen de Santiago; infracción ley prenda industrial en el 25º juzgado del crimen, por el cual fue detenido y declarado reo e ingresó a la Penitenciaría el 10 de enero de 1990. Después de haber pagado fianza, se fugó del país y regresó para entrar a trabajar en este “ilustre” medio de prensa.
¿Merece un diario ser dirigido por una persona así? ¿Ésa es la prensa que queremos, donde los derechos humanos se defienden y existen sólo cuando les conviene?
Lamento que los señores del Human Rights, que nos comparan con Cuba en cuanto a libertad de expresión, amparen esta clase de prensa amarilla y no exijan que la injuria y la calumnia inferida a una autoridad, o a cualquier particular, tenga un castigo más rápido y drástico que el que existe en nuestra legislación. Espero que la ley de prensa, que se aprobará hoy, que deja en igualdad de condiciones a todos, logre castigar a estos malhechores. Que la libertad de expresión sea ejercida en forma responsable, haciendo honor a la ética y a la verdad, principios que deben imponerse en Chile para el bien de todos.
He dicho.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor PARETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Jaime Naranjo ¿Habría acuerdo? Acordado.
VI.ORDEN DEL DÍA
NUEVA LEY DE PRENSA. Tercer trámite constitucional.
El señor PARETO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer las observaciones de su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley sobre libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Luksic .
Antecedentes:
-Observaciones del Presidente de la República, boletín Nº 1035-07. Sesión 28ª, en 16 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 15ª, en 14 de noviembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar sobre el veto del Presidente de la República al proyecto de libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.
Las siguientes observaciones requieren quórum especiales de votación:
Al artículo 4º, inciso segundo, en cuanto otorga determinadas atribuciones a los consejos regionales de desarrollo:
A los artículos 42 y 49, que inciden en la organización y atribuciones de los tribunales, y que tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales: una relativa a la ley orgánica de gobiernos regionales, y otra, a las leyes orgánicas referidas a la organización y atribuciones de los tribunales.
A los artículos 30, 31 y 32, que dicen relación con los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social; al artículo 44, que modifica la ley del Consejo Nacional de Televisión y establece limitaciones para la adquisición del dominio de servicios de televisión de libre recepción, y al 1º transitorio, que se refiere a la misma materia, y al artículo 50, que deroga la ley sobre Abusos de Publicidad, que tienen el carácter de normas de quórum calificado. Las demás son de quórum simple.
La Comisión acordó recomendar a la honorable Sala aprobar las observaciones, contenidas en el veto, formuladas por su Excelencia el Presidente de la República, con excepción de la signada con el número 10, que incorpora un artículo 10, nuevo, relativo a la obligación de las publicaciones escritas de señalar la tirada más conocido como tiraje cuando ésta sea superior a cinco mil ejemplares, la que por 10 votos a favor y una abstención, recomienda rechazar.
La referida observación, de carácter aditivo, se encuentra directamente relacionada con la observación Nº 31, por la cual se incorporan dos disposiciones transitorias, fijando la segunda la fecha de entrada en vigencia del mencionado artículo 10, seis meses después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.
Por lo tanto, de concordar la Sala con esta recomendación, ha de tenerse en consideración que de acuerdo con las normas que nos rigen, cuando no hubiere ley en la parte observada y ésta incidiere en una disposición principal del proyecto o del artículo, quedarán también sin efecto las disposiciones accesorias o dependientes de la parte afectada por la observación.
Eso significa que si se mantiene el rechazo del artículo 10, también deberá rechazarse el artículo segundo transitorio a que se refiere la observación 31, que fija en seis meses el plazo en el cual entraría en vigencia dicha norma.
Los demás acuerdos de la Comisión fueron adoptados por unanimidad, salvo los recaídos en las observaciones 23 y 27, que lo fueron por simple mayoría.
También hay una opinión de la Corte Suprema que dice relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
En ese sentido, el alto tribunal informó favorablemente la observación correspondiente al nuevo artículo 27, que entrega al juzgado con competencia en lo criminal del domicilio del medio de comunicación social, el conocimiento y resolución de las denuncias o querellas por infracción al título IV, que dice relación con el derecho de aclaración y de rectificación.
Observaciones o vetos.
El veto contiene 31 observaciones. La principal o sustantiva es la que incorpora, garantiza y reconoce el derecho a recibir información.
a) Derecho a recibir información.
Se reconoce el derecho que asiste a las personas a la información sobre asuntos de interés general, que forma parte natural y se encuentra implícito en la libertad de opinión y de información, porque de nada sirven estas libertades si ellas no tienen destinatarios reales, sin que esto signifique, en ningún caso, que pueda obligarse a alguna persona o a algún medio a entregar determinada información, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia del 30 de octubre del 1995, que resolvió un requerimiento de constitucionalidad sobre algunas materias específicas de esta iniciativa, entre ellas, el derecho que se analiza.
b) Recursos para difusión local.
La descentralización y desconcentración del país no es solamente un proceso político-administrativo; es también un proceso vinculado a desarrollar la libertad de información y de opinión.
El desarrollo sociocultural equilibrado del país requiere de una equidad comunicacional e informativa.
Para estos efectos, se propone contemplar en la ley de Presupuestos recursos destinados a programas y también a espacios de índole cultural o de interés regional.
c) Regulación del periodismo.
En relación con el periodismo, se establece un título especial relativo a su ejercicio, como una manera de entregar una señal clara de la importancia que para la sociedad tiene su función pública.
Se proponen diversas normas para dignificar la profesión periodística, como lo son la definición de periodista; la obligatoriedad para que los órganos centralizados y descentralizados del Estado, así como también las empresas públicas, contraten periodistas titulados para el ejercicio de estas funciones; normas referidas al secreto periodístico y a la protección intelectual del trabajo periodístico o cláusula de conciencia.
d) Pluralismo informativo.
Se aborda el pluralismo informativo como expresión de la relación existente entre la democracia plural y la economía de mercado, teniendo en consideración el debate y el consenso existentes, así como también las disposiciones vigentes y los fallos pronunciados en la materia.
La idea es acrecentar la transparencia en el mercado informativo, el que, además, debe ser pluralista y encontrarse sometido a las normas de la libre competencia. Es necesario establecer disposiciones que garanticen que ese pluralismo exista y se mantenga.
En opinión del Gobierno, la industria de los medios de comunicación no puede escapar a los mecanismos de control económico que nuestro sistema tiene, para asegurar la libre competencia y la no concentración monopólica.
En ese sentido, se clarifica el rol de la Fiscalía Nacional Económica en relación con los medios informativos. En los que están sujetos al sistema de concesiones, se establece la exigencia de un informe previo de la Comisión Preventiva a objeto de detectar oportunamente el efecto negativo que determinadas transacciones pudieren tener en la libre concurrencia.
e) Competencia de los tribunales.
En primer lugar, se propone que sea la justicia ordinaria la que siempre tenga competencia para conocer de los delitos cometidos por civiles en razón del ejercicio de las libertades de opinión e información consagradas en el número 12, artículo 19, de la Constitución Política de la República, y que esta norma prevalezca sobre cualquier otra.
De esta manera, no serán los tribunales de justicia militar los que conocerán de algunas de estas materias.
En ese sentido, se modifica el artículo 6º, letra b), de la ley de Seguridad del Estado, que deroga también privilegios de ciertas autoridades públicas en relación a los delitos de injuria y calumnia, lo que importa una adecuación del derecho interno al Derecho Internacional contractual que obliga a Chile.
Esto se complementa con una modificación al Código Orgánico de Tribunales, para hacer posible que los procesos que se sigan contra determinadas autoridades sean llevados por un ministro de corte de apelaciones.
Por último, se propone derogar la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad, con el fin de unificar toda la normativa atinente al ejercicio de las libertades de opinión e información en un solo cuerpo legal.
La derogación de dicha ley implicará, además, la eliminación de la facultad que tienen hoy los tribunales para decretar la prohibición de informar respecto de causas pendientes ante ellos.
Todas estas materias que incorpora el veto constituyen un gran avance hacia una amplia libertad de información en Chile para que no existan intocables, de manera que todos, ciudadanos comunes o autoridades, estemos sujetos de igual manera a la ley y a la Constitución.
Señor Presidente, no me voy a referir a todas las observaciones, sino que, de manera más detallada, sólo a tres.
Primero, la número 10, que introduce un artículo 10, nuevo, que dice relación con el tiraje, el que, como señalé, fue rechazado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Dicho artículo establece que las publicaciones escritas que tengan un tiraje superior a 5 mil ejemplares deberán señalar en un lugar destacado la cuantía de la edición inmediatamente anterior.
Se indica en el mensaje que esta norma se incorpora en aras de la necesaria transparencia que debe existir en estos medios. Dicha norma debería ser complementada con un mecanismo de verificación consensuado por todos los involucrados.
Para los efectos de resolver de manera adecuada esta materia, la Comisión estimó pertinente invitar a la Asociación Nacional de Avisadores, Anda; a la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Achap , y a la Asociación Nacional de la Prensa, ANP.
La Asociación Nacional de Avisadores, que agrupa el 90 por ciento de los avisadores del país, expresó que la industria de las comunicaciones comerciales está estructurada sobre la base de los avisadores, las agencias de publicidad y los medios de comunicación en sus diversas visiones.
Manifestó que si bien es cierto que para los avisadores es relevante tener información confiable, imparcial y objetiva acerca de la circulación para tomar decisiones de inversión publicitaria, ella es sólo uno de los factores por considerar en un sistema verificador de circulación como el que desean establecer los avisadores, las agencias de publicidad y los medios de comunicación social mediante la autorregulación.
En definitiva, la Anda se inclina más por establecer una autorregulación que por una regulación que incorpore diversos criterios, no solamente el del tiraje, para otorgar mayor transparencia a esta actividad, en especial en lo que se refiere a los medios de comunicación escrita.
Al respecto, varios diputados, entre ellos quien habla, solicitamos a la Anda y a la Achap que nos indicaran cuándo iban a incorporar ese sistema de verificación y de autorregulación.
Lamentablemente, han pasado los días y los meses, y aún no tenemos antecedentes ni señales sobre esa prometida verificación y autorregulación por parte de la industria de la publicidad.
Por otra parte, la Asociación Nacional de la Prensa se opone a esta obligación, entre otras consideraciones, porque, según ellos, establece una diferencia arbitraria en contra de lo dispuesto en el número 2º del artículo 19 de la Constitución, al imponer un sistema de medición cuantitativo únicamente a los medios escritos.
Esa imposición legal constituye una injerencia en un aspecto netamente comercial del negocio periodístico, que es el referido a las estrategias de las empresas para enfrentar el mercado publicitario, la que, según ellos, va a generar una grave distorsión, pues debilitará el factor cualitativo, propio de los medios escritos.
La insistencia de hacer pública la circulación de los medios escritos se basa en el error de suponer que ella es la principal variable que incide en la publicidad.
Estamos ante el mismo problema: aún no existe ningún medio ni método que establezca la verificación del tiraje de los medios de comunicación escritos, como sucede con las radios, respecto de las cuales hay encuestas permanentes que van señalando cuál es su “rating” de audiencia. Incluso, no solamente se refieren a las radios, sino también a sus programas. Vemos que se utilizan instrumentos de “rating” similares en televisión.
A pesar de que la gran mayoría de los señores diputados votó en contra de establecer que las publicaciones escritas con un tiraje superior a 5 mil ejemplares deberán señalar en un lugar destacado la cuantía de la edición inmediatamente anterior, reitero, aún no conocemos un sistema de verificación para los medios de comunicación escrita, lo que se hace necesario. Si no queremos que haya discriminación entre los medios de comunicación, resulta difícil entender que exista verificación en la radio y en la televisión, y no en los medios de comunicación escrita.
Señor Presidente, otra materia que también generó votación dividida es la contenida en la observación número 23, que introduce los artículos 38 y 39, nuevos.
El inciso primero del artículo 38 dispone: “Para efectos de lo dispuesto en el decreto ley Nº 211, de 1973, se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones, que tienden a impedir la libre competencia, los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación”.
Por su parte, el inciso primero del artículo 39 señala: “Cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad o control de un medio de comunicación social deberá ser informado a la respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central, según corresponda, dentro de treinta días de ejecutado”.
Algunos señores diputados formularon reservas o críticas al artículo 39, en particular a su inciso segundo, en cuanto podría entrabar el funcionamiento de radios pequeñas, de radios regionales, por el hecho de pedirse informe previo de la respectiva Comisión Preventiva sobre los hechos o actos relevantes relativos a la modificación o cambio en la propiedad o control de un medio de comunicación sujeto al sistema de concesión.
El inciso segundo del artículo 39, nuevo, establece lo siguiente: “Con todo, tratándose de medios de comunicación social sujetos al sistema de concesión otorgada por el Estado, el hecho o acto relevante deberá contar con informe previo a su perfeccionamiento de la respectiva Comisión Preventiva respecto a su impacto en el mercado informativo. Dicho informe deberá evacuarse dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud, en caso contrario se entenderá que no amerita objeción alguna”.
Este inciso fue aprobado por mayoría.
Por otra parte, la observación número 27, que incorpora un artículo 44, nuevo, modifica el artículo 15 de la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, con el fin de agregar un inciso en virtud del cual ninguna persona que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio. El texto es idéntico al aprobado por la Comisión Mixta, y este artículo debe entenderse complementado con el artículo primero transitorio, que se introduce en virtud de la observación Nº 31, el cual establece que en el período en el cual deban coexistir simultáneamente el sistema analógico y el digital, se podrá participar en la propiedad de uno analógico y de uno digital.
En este sentido, se hizo saber a la Comisión que la tecnología hace que una señal analógica pueda transformarse en varias digitales, produciéndose una situación muy compleja.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones está estudiando la legislación sobre la materia. Se informó que la ley definirá un período de coexistencia entre la señal analógica y la digital durante el cual el usuario necesitaría tener receptores distintos o comprar un aparato que tiene un costo importante.
Como dato ilustrativo técnico proporcionado por dicha Subsecretaría, puede decirse que la televisión digital futura tiene mejor calidad de imagen, y es similar al cine por su alta definición. La resolución de la pantalla de los televisores digitales aumenta de 525 líneas a 1.024 en el formato de alta definición.
Reitero, en esta materia hubo votación dividida y se recomienda aprobar esta observación, por seis votos a favor y cuatro abstenciones.
Más que una posición contraria a la norma, se generó un debate sobre el futuro de la regulación de este tipo de televisión. Por consiguiente, la materia queda pendiente y sobre ella está trabajando la Subsecretaría.
Entre otras materias de gran importancia, está la derogación de la ley sobre Abusos de Publicidad, con excepción de su artículo 49, lo que constituye un notable avance para el ejercicio de mayores libertades de información y de expresión. Sin embargo, se generó una gran discusión acerca del delito de injuria. Aquí entra en juego el artículo 22 de la ley Nº 19.048, el cual apunta a sustituir la legislación restrictiva de los artículos 21 A y 21 B, que castigaban la intrusión en la vida privada y ciertos actos que afectaban la fama de una persona por haberse imputado algo falso, aun cuando eso se hubiere hecho sin ánimo de injuriar, con lo cual había una responsabilidad objetiva brutalmente estricta, que los tribunales aplicaron de manera muy generosa.
En el artículo 22 se estableció un delito de injuria, referente a la imputación de hechos determinados relativos a la vida privada y familiar de una persona, difundidos a través de alguno de los medios señalados en el artículo 16 y sin autorización, en la medida en que provocaran algún daño o alguna forma de descrédito. Al lado de ese delito, se tipificó otro, que consistía en una conducta no sometida a legislación hasta entonces, salvo en lo que se refiere a las escuchas telefónicas, y que consistía en grabar o captar imágenes de otra persona no destinadas a la publicidad, sin consentimiento de ella, y divulgarlas por algunos de los medios señalados en el artículo 16, que, con la misma exigencia del caso anterior, provoque algún daño o desacredite, de alguna manera, al afectado.
Esta materia suscitó gran discusión y se resolvió incorporar un nuevo artículo 22, lo que debía hacerse mediante el envío de una iniciativa al Senado. El artículo 22 sigue la lógica de la protección de la vida privada, que es el fundamento del Nº 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que es la lógica análoga a la protección del honor.
No me referiré de manera detallada al respecto; sólo señalaré que la propuesta del Gobierno, compartida por la Comisión, es promover un proyecto de ley con un artículo único que disponga el restablecimiento del artículo 22 de la ley sobre Abusos de Publicidad, por un período más breve, de seis meses, y con el compromiso del Ejecutivo de que, dentro de ese lapso, estudiará y presentará un proyecto de ley sobre el tema de la privacidad e intimidad de las personas.
Nuestra Constitución establece la garantía constitucional del derecho a informar y de opinar, pero también consigna ciertas limitaciones, relacionadas con el derecho al honor y a la intimidad. Estas materias no han sido debidamente desarrolladas por el derecho y por nuestro Poder Legislativo.
Por ello, reitero que al respecto votaremos favorablemente, en el entendido de que un nuevo artículo 22 se está tramitando en el Senado y que en un lapso de seis meses el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para regular de una forma más propia, desarrollada e inteligente esta materia, pues hoy existe una confusión absoluta, en la restricción existente a la libertad de información y de opinión, en virtud de la garantía del valor jurídico del derecho al honor y a la intimidad de las personas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro secretario general de Gobierno.
El señor HUEPE (Ministro secretario general de Gobierno).-
Señor Presidente, en primer lugar, solicito la autorización de la Sala para que ingresen la subsecretaria de la cartera, señora Carolina Tohá , y el director jurídico, don Ernesto Galaz , quienes han asistido a todas las sesiones de la Comisión. Su presencia puede ser conveniente para aclarar algunos asuntos más técnicos y específicos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para proceder de la manera solicitada por el señor ministro?
Acordado.
Puede continuar el señor ministro.
El señor HUEPE (Ministro secretario general de Gobierno).-
Señor Presidente, en segundo lugar, haré una breve reflexión inicial.
Después de más de siete años de tramitación en el Congreso, estamos llegando al final de un largo y complejo proceso y a punto de despachar el veto presidencial.
Como es de conocimiento de los señores diputados, esta iniciativa se originó en un mensaje de 8 de julio de 1993. No es del caso analizar las razones de esta larga tramitación, pero, sin duda, influyeron diferentes factores, como la complejidad y variedad de materias incluidas en el proyecto, los importantes adelantos tecnológicos de los últimos años en la industria de los medios de comunicación y los diferentes criterios de los señores diputados y senadores, muy legítimos, sobre las diversas materias que considera esta iniciativa.
A pesar del tiempo transcurrido, debo afirmar que la propuesta inicial, que tenía por finalidad dotar al país de una legislación más coherente y moderna para garantizar la plena vigencia de la libertad de opinión y de información, consagrada en el Nº 12 del artículo 19 de la Constitución, como también para regular en forma adecuada el ejercicio del periodismo en el país, sigue vigente y enriquecida por el trabajo parlamentario.
En mayo del año pasado, por diversas razones, la Cámara de Diputados rechazó el informe de la Comisión Mixta, entre las cuales se destacan la de que algunos señores diputados no estaban de acuerdo en la forma como estaba redactado el concepto de “pluralismo” y sus implicancias prácticas; otros no estaban de acuerdo con el concepto de derecho de información, que se reducía sólo a poder fundar diarios y no al derecho de la gente a ser plenamente informada; otros manifestaron su posición negativa por la necesidad de que se aplicaran con más claridad las cláusulas de la legislación antimonopolio a los medios de comunicación. Otro rechazo se basó en una petición del Colegio de Periodistas, ya que no se consideraba la exclusividad de los periodistas titulados para ser contratados en los medios de comunicación.
Algunos diputados mostraron su desacuerdo con la derogación de la letra b) del artículo 6º de la ley de Seguridad Interior del Estado; a otros les pareció que no se resguardaba debidamente la vida privada y la libertad de información.
En definitiva, las más diversas razones llevaron a rechazar ese informe de la Comisión Mixta, el que luego fue aprobado por el Senado. Sin embargo, quiero reconocer la buena disposición de los parlamentarios de las distintas bancadas; de los representantes de la Federación de Medios, del Colegio de Periodistas, etcétera, porque después del rechazo nos pusimos a trabajar en el veto presidencial, respecto del cual logramos un gran acuerdo, que hoy estamos sometiendo a la consideración de esta Cámara.
El veto fue debatido en numerosas reuniones y representa un acuerdo generalizado reitero con diputados y senadores de todas las bancadas y con otros actores relacionados con el tema. Sé que algunos parlamentarios que participaron en algunas reuniones y contribuyeron a la discusión, expresaron sus discrepancias sobre algunas de sus disposiciones, las que seguramente se darán a conocer durante el debate; pero el hecho de que hayan intervenido en su estudio nos hace sentir que no han perdido ni enajenado su capacidad de decidir qué aspectos van a apoyar o a rechazar. Confío en que el veto obtenga la aprobación ojalá de la totalidad de la Sala, porque, repito, es fruto de un esfuerzo muy importante.
Ahora sólo quiero referirme a un tema específico, porque después, en el curso del debate sobre las distintas observaciones 31 en total, podría formular observaciones o dar respuestas a consultas. Por esa razón, prefiero, por razones de tiempo, dar una visión general sobre el proyecto y dejar pendiente el otro aspecto.
El debate del veto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fue tremendamente positivo y permitió despejar las dudas que quedaban en relación con algunos temas, como, por ejemplo, la disposición que establecía la declaración de circulación de los medios de prensa escrita la única rechazada en la Comisión Mixta; la necesidad de fortalecer los medios regionales de comunicación social; el secreto de la fuente informativa; la función de la comisión antimonopolios de la Comisión Preventiva en relación con los medios de comunicación; la derogación de la letra b) del artículo 6º de la ley de Seguridad Interior del Estado y, a su vez, la modificación introducida al Código Penal para designar ministros de fuero en algunos casos.
Tal vez el tema más complicado se produjo porque, al derogar la ley sobre abusos de publicidad, se incluyó también su artículo 22, como era obvio. Posteriormente, surgió una preocupación de los representantes de la Federación de Medios, que nunca había sido señalada en los siete años de debate del proyecto. Expresaron que, a su parecer, dicha derogación dejaba sin contrapeso el artículo 161 A del Código Penal, lo cual podría significar un menoscabo al periodismo investigativo.
Frente a esto, existió una disparidad de criterios entre connotados juristas. Sin embargo, hubo consenso en estimar que el tema central planteado era la colisión de dos derechos fundamentales: por una parte, el derecho a la intimidad y a la vida privada de las personas y de las figuras públicas, y, por otra, el derecho de los medios de comunicación a opinar e informar.
Dada la alta sensibilidad del Gobierno y de los parlamentarios de todas las bancadas sobre el tema, se acordó tramitar, a través del Senado, un proyecto de ley que repone por seis meses el citado artículo 22 de la ley de abusos de publicidad, con una redacción adecuada de la futura nueva ley, y el compromiso de que durante ese plazo se crearán las instancias más amplias de participación de la Federación de Medios, académicos, Colegio de Periodistas, parlamentarios y juristas, entre otros, período en el cual esperamos elaborar una propuesta legislativa que podría tomar como base la posición parlamentaria sobre el honor de las personas, que concilie de manera moderna y adecuada la intimidad de las mismas y el derecho a la información.
El proyecto que repone transitoriamente el artículo 22 de la ley sobre abusos de publicidad, ingresó al Senado el 13 de marzo de este año, fue aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esa Corporación y pasará a la Sala en los próximos días. Creo que eso permitirá despejar el tema planteado por la Federación de Medios, que necesitaba un contrapeso al artículo 161 A del Código Penal, la llamada ley Otero .
Finalmente, sólo me cabe reiterar que la aprobación por parte de esta Cámara del presente veto presidencial representará para nuestro país un fortalecimiento de la libertad de opinión, expresión e información y el ejercicio del periodismo, y permitirá adecuar nuestra legislación a disposiciones establecidas en acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Iniciando el debate, tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Sergio Elgueta , en el tiempo que le corresponde a la Democracia Cristiana.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, después de tanto tiempo se divisa el final de la tramitación de este proyecto, que debería llamarse “De libertad de expresión”.
En esta oportunidad, ya que en sus sucesivos trámites he intervenido varias veces sobre distintas materias, quiero referirme a algunos avances esenciales que el proyecto ha tenido a partir del rechazo, por parte de la Cámara, de las proposiciones de la Comisión Mixta.
En primer lugar, se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general. Este derecho de la sociedad tiene importantes efectos. En primer lugar, se dice que el titular de este derecho son todas las personas de la sociedad y que los sujetos obligados son, por una parte, el Estado, y por otra, los medios de comunicación social.
Un segundo efecto es que el mismo Estado aparece obligado, en el artículo 4º, al establecerse fondos a través de los cuales se apoyarán estudios sobre el pluralismo y la publicidad, propaganda o aviso que han de distribuirse en la prensa regional, provincial y comunal.
En tercer lugar, el Estado estará cumpliendo un deber, puesto que en el artículo 37 se establece un delito para sancionar al que, en el ejercicio de funciones públicas, obstacularizare o impidiere la libre difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social.
Otro efecto de este mismo principio es la supresión de la facultad de los jueces para impedir el libre acceso sobre hechos de interés general, para lo cual se elimina la prohibición de difundir informaciones sobre los procesos que lleven adelante. Por último, también produce efecto en relación con la práctica antimonopólica, puesto que se considera delito el hecho de entrabar u obstaculizar la producción de información.
En consecuencia, el principio establecido en el inciso final del artículo 1º, que deriva de la enseñanza de la Iglesia Católica en un documento pontificio del Concilio Vaticano II, llamado “Inter Mirifica”, establece el derecho de la sociedad y de las personas a ser informadas o, como se dice en otros países, a ser plena y verazmente informadas.
Otro avance importante, que no venía en el informe de la Comisión Mixta, es lo relacionado con el ejercicio del periodismo. En ese informe se señalaba: “podrán usar el título de periodista”, en circunstancias de que cabía definir derechamente quién era periodista. Eso es lo que hace el proyecto en estudio.
En seguida, se establece el secreto profesional o la reserva y, al revés de lo que se decía en el informe de la Comisión Mixta, en el veto presidencial se suprime la excepción que establecía, respecto de los delitos o conductas sancionados por la ley antiterrorista o la ley de drogas, que no estaban sujetos al derecho de reserva o del secreto profesional.
Por otro lado, el veto presidencial también constituye un avance, por cuanto, si bien es cierto no se logró la exclusividad para aquellos que tenían el título de periodista a quienes las leyes les reconocen ese derecho, no es menos cierto que esta exclusividad se establece respecto del Estado, pues cuando el Estado quiera incluir entre sus funcionarios a alguien que desarrollará actividades propias del periodismo, esa persona deberá estar en posesión de ese título o tener el reconocimiento legal.
Por otro lado, hay mucha más fuerza en relación con la transferencia de los medios de comunicación. Como se recordará, en su oportunidad planteamos que en nuestro país debía haber cuotas de propiedad de los mismos, proposición que, sin embargo, fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Hoy, en este veto presidencial, se obtiene un elemento mediante el cual ciertas transferencias deberán ser informadas a la Comisión Preventiva, o, por lo menos, dejar constancia de ellas, de tal manera que la sociedad chilena la opinión pública sepa realmente quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y cuáles son las transferencias o enajenaciones que se hacen al respecto.
De más está decir que también constituye un enorme avance en cuanto a la libertad de expresión la reforma de la ley de Seguridad Interior del Estado, restándole a ciertas autoridades el privilegio del proceso especial que se seguía por delito de difamación, materia que se traslada simplemente a la ley común. Sé que queda mucho por hacer. Tal vez deberían derogarse aquellos delitos de desacato consignados en el Código Penal, especialmente los que se refieren a la injuria y la calumnia.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Le resta un minuto, señor diputado.
El señor ELGUETA.-
Debo señalar que en un proyecto redactado por el diputado señor Juan Bustos , al que contribuimos varios diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y que está a punto de ser despachado, solamente se establece la responsabilidad civil para aquellos que incurran en delitos de injuria y calumnia. Esto implica el pago de una indemnización, eliminándose la posibilidad de que esas personas puedan ser encarceladas. Según el contexto que estamos analizando en la ley de prensa, esto significará un enorme avance para quedar con una legislación moderna, libre, que verdaderamente especifique, reglamente y perfeccione en nuestro país la libertad de expresión.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Le corresponde hacer uso de la palabra al diputado señor Francisco Bartolucci , en nombre de la UDI.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, quisiera partir con una cuestión que puede parecer adjetiva, pero que, a mi juicio, es bastante relevante, cual es señalar por qué este proyecto lleva si no me equivoco siete años de tramitación. No me parece menor entregar aquí en la Sala, por lo menos brevemente, una explicación, porque la ciudadanía después nos pregunta: “¡Cómo es posible que se hayan demorado siete años en sacar un proyecto de ley!”.
Al respecto, considero conveniente decir, desde esta Corporación, que cuando la tramitación de los proyectos se dilata no es por desidia del Congreso Nacional, sino porque son complejos tampoco es la razón de fondo, aunque es válida o, básicamente, porque no hay acuerdo político, lo que ocurrió con esta iniciativa. Es cierto que llevamos siete años; pero lo consideramos legítimo, por cuanto no nos pusimos de acuerdo durante todo este tiempo, lapso en el que fuimos construyendo un acuerdo político que, incluso, hasta este minuto, no deja necesariamente tranquilos y contentos a todos. Y en esta tarea todos hemos ido cambiando de criterio durante ese tiempo. Lo hemos modificado el Ejecutivo, nosotros; de alguna manera los periodistas, los colegios, las organizaciones gremiales, la Asociación Nacional de la Prensa, etcétera. Todos hemos ido cambiando lo que pensábamos en un comienzo. Y para quienes quieran hacerse la pregunta y conozcan la respuesta, este proyecto se ha demorado siete años, porque no ha habido acuerdo político desde el principio y ha sido muy difícil concordar en él, lo cual es parte de la diversidad y de la democracia.
Al votar este veto presidencial, quiero, en el breve tiempo del que dispongo, hacer algunas apreciaciones respecto de determinados artículos.
En primer lugar, el artículo 5º es el resultado del acuerdo o desacuerdo, como quiera llamarse al que llegamos para definir quiénes son periodistas, quiénes están autorizados para ejercer dicha función y, en definitiva, no establecer cierta exclusividad en el desempeño de esta actividad. Este es un tema larguísimo y podría ocupar todos los minutos de que dispongo para analizarlo. En lo personal, aunque voy a votar a favor esta disposición tal como ha quedado, no me llena completamente y pienso que pudimos haber conseguido algo mejor para dejar un derecho preferente y definir en exclusividad el ejercicio de la función periodística. Tal vez deberíamos haber establecido el criterio de la habitualidad, que fue lo que siempre nos estuvo rondando para resolver esta materia, como haber mantenido el derecho exclusivo para la función periodística luego de haber definido en la ley qué se entiende por ella. Luego de muchos años de debate sobre este punto, no fue posible avanzar más, de modo que, aun cuando no estoy plenamente conforme, repito que daré mi aprobación al artículo 5º del proyecto en la forma en que ha quedado. Vale la pena hacer esta precisión en la discusión final del proyecto.
A continuación, vamos a rechazar, en lo personal y como Partido, el veto número 10 del Ejecutivo, porque no nos parece conveniente la Comisión propone a la Sala rechazar esa observación que “las publicaciones escritas que tengan un tiraje superior a cinco mil ejemplares deberán señalar en un lugar destacado la cuantía de la edición inmediatamente anterior”. Estimamos que dicha norma es atentatoria para el buen desempeño de los medios regionales. Desde luego, en una región el medio local tiene un tiraje menor que el nacional cuando se considera el total de la edición del último, el cual no publica cuántas fueron para la región respectiva o cuántas vendió, sin indicar su tiraje nacional. Por ello aparece, entonces, inmensamente superior al tiraje que puede demostrar un medio local. O sea, no hay equivalencia ni igualdad para medir las cifras que publican tanto el medio nacional como el regional, lo que va en desmedro del último en relación con el avisaje que pueda captar. Consideramos que se distorsionará el mercado si no señalamos con claridad aspectos que puedan resultar importantes para las determinaciones que tomen las agencias o los avisadores.
También vamos a rechazar la observación número 23 como se señala en el informe y bien lo ha explicado el diputado señor Luksic porque creemos que entrabará el funcionamiento de las radios pequeñas y de las regionales. Volvemos al criterio regionalista para proteger a los medios locales, ya que con este artículo 39, en su inciso primero, quedarán en situación desmedrada respecto de radios de cobertura nacional.
Vamos a votar en contra de la observación Nº 27, porque no estamos de acuerdo aunque la Comisión propone su aprobación por 6 votos a 4 con que las personas que participen en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción no puedan participar en la propiedad de otros de igual naturaleza que cubran la misma zona de servicio. No vemos razón para hacer esa restricción en este proyecto.
Entiendo que también debemos rechazar la observación Nº 31, dado que se ha rechazado el artículo 10 del proyecto de ley. Entonces debe caer, reglamentariamente, el artículo 2º transitorio. Tal vez no sea necesario votarlo; la Mesa tomará esa determinación.
Asimismo, quiero hacer una referencia respecto del artículo 50, que deroga la ley de abusos de publicidad, por lo cual, como se ha explicado, cae su artículo 22, que dice relación con la imputación de hechos determinados relativos a la vida privada o familiar de una persona.
El Ejecutivo, para corregir la situación que se presentaría al no existir el artículo 22, propondrá un proyecto para reponer por seis meses esa disposición, mientras se hace un estudio más a fondo referido a la protección de la vida privada, de la vida familiar de una persona y del honor de los ciudadanos.
Al respecto, quiero señalar que no comprometo mi aprobación a esa iniciativa que el Ejecutivo nos enviará para reponer, por seis meses, el artículo 22. Creo que es mucho más conveniente ir al fondo del tema.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Le resta un minuto, señor diputado.
El señor BARTOLUCCI.-
Termino, señor Presidente, diciendo que es preferible ir al fondo de la discusión; o sea, cómo vamos a proteger lo dispuesto en el número 4º del artículo 19 de la Constitución Política, en lo relativo a la vida familiar, a la honra de las personas, a la vida pública y privada.
Lo dispuesto en el artículo 22 de la ley sobre abusos de publicidad, que permite la excepción de verdad que, en definitiva, no hace el artículo 161 A del Código Penal, que queda vigente, es una materia que requiere de una discusión mucho más profunda, que nos lleve a entender que la vida privada y pública y la honra de las personas y de su familia es una garantía constitucional que debe quedar perfectamente regulada y protegida por nuestra legislación, de acuerdo con lo que señala el texto fundamental que nos rige.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, hoy día sentimos una enorme satisfacción por el hecho de que, en menos de una semana, esta Cámara vuelve a tratar temas vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y de las libertades públicas, adecuando nuestro ordenamiento jurídico interno al derecho internacional humanitario, de origen convencional, que, libremente, como Estado soberano, hemos validado.
Primero, la defensa irrestricta del derecho a la vida, y ahora el aseguramiento de las libertades de información, expresión y opinión, son importantes avances jurídicos, que cambiarán definitivamente la faz de áreas enteras del derecho chileno.
De los múltiples contenidos y dimensiones de este proyecto, quisiera destacar dos aspectos que, a mi juicio, son esenciales.
En primer lugar, me refiero a la eliminación de todas aquellas normas sustantivas y procesales actualmente vigentes que implican sanciones draconianas a quienes son acusados de exceso en el ejercicio de sus funciones propias, como informadores, o incluso a quienes acceden a los medios de prensa por la vía del comentario especializado o de actualidad.
Chile entero creo ha visto con frustración lo que sucedió a la joven periodista chilena Alejandra Matus , quien debió exiliarse para escapar de la represión y persecución que ha emprendido en su contra un ministro de la Corte Suprema por los contenidos de un libro de investigación que, en verdad, puso al desnudo el nivel de descomposición moral de algunos altos funcionarios del Poder Judicial.
Pero, a pesar de lo que dijo el diputado señor Bartolucci , igual tenemos que hacernos un mea culpa por la latitud y lentitud del debate del proyecto y de lo que nos ha costado ponernos de acuerdo políticamente, ya que si estas normas que hoy día discutimos hubiesen estado aprobadas hace sólo un año, el libro a que nos referimos no habría sido requisado ni Alejandra Matus hubiera debido buscar asilo en una potencia extranjera.
Nos da vergüenza que el mundo entero nos vea como infractores a la libertad de expresión, situación mucho más grave porque ocurre en nuestros gobiernos democráticos.
Hoy, por suerte, tenemos claridad. El periodismo moderno es, y debe ser, el contrapeso del poder político de los gobernantes. El periodista es un verdadero Pepe Grillo , que actúa como conciencia y mandatario de la sociedad en su conjunto, ya que cumple una función pública esencial, como es la de crear las condiciones para el ejercicio de todos los ciudadanos en su derecho a informarse, para luego poder opinar y expresarse libremente.
Por eso también debe valorarse y protegerse con un estatuto de derecho sólido la profesión periodística, cuestión que también hacemos en este proyecto de ley.
Hay otros casos paradigmáticos que se pueden señalar, como el del libro “Impunidad Diplomática”, del periodista Francisco Martorell , o el del cientista político y ex oficial de la Armada de Chile Humberto Palamara, a quien defendí, por cierto sin éxito, ya que fue encarcelado y condenado por el delito de incumplimiento de deberes, por haber tenido la osadía de publicar su tesis “Ética y Servicio de Inteligencia”, libro que fue incautado en una verdadera operación de “desinteligencia” por personal de la Armada, lo que, quizás, frustró los sueños del entonces joven marino.
Señor Presidente, los países que respetan a sus periodistas y la libertad de expresión, sin lugar a dudas se tornan más impermeables a la corrupción y al abuso del poder público y, por cierto, también, del poder del dinero. Ésa es la esencia de este proyecto de ley. Por eso, no podemos perderla de vista en ningún momento.
Honorable Sala, debo decir también que estas normas que hoy derogamos nos permiten responder ante la comunidad internacional de naciones, que hace no mucho nos apuntaba con el dedo y nos reclamaba por las restricciones a las libertades de prensa y de opinión en Chile.
Lamentamos el hecho de que nuestros jueces de primera instancia y ministros de los tribunales superiores de Justicia hubieran sido tan refractarios, en su momento, a la normativa internacional suscrita por Chile, como el Pacto de San José, incorporado al artículo 5º de la Constitución y, por lo tanto, ley constitucional de la República. Si hubiéramos tenido una actitud distinta, de índole más humanitaria, hubiésemos evitado que hoy día comenzaran a proliferar los fallos condenatorios al Estado de Chile por violaciones al derecho internacional humanitario.
Más aún, suscribimos la tesis jurídica que postula que estas normas que hoy derogamos violan la carta constitucional, enriquecida desde la reforma de 1989, es decir, hace más de una década con el pacto de San José, que forma parte de ella.
Por ello, asumimos que, debido a las limitaciones de la jurisdicción constitucional chilena, no era posible defender esta postura de manera expedita y eficiente en los procesos penales inquisitorios, pues el único recurso judicial disponible hubiese sido el de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las disposiciones respectivas del Código Penal y de la ley de abusos de publicidad.
En este caso, la derogación es el medio más certero y rápido para evitar que se repitan hechos tan lamentables como los comentados.
Nuestro país, que hace unas décadas abrió su economía al mundo, hoy se globaliza estrechando sus vínculos políticos, culturales y también jurídicos con el resto de las naciones en el proceso de integración planetaria. Se convierte, entonces, en un imperativo político y ético presentarse ante la comunidad internacional con una institucionalidad política y jurídica respetuosa de los derechos individuales y colectivos de las personas.
En el siglo XXI sólo tendrán cabida y serán respetados los países de clara raigambre humanista, que protejan a sus ciudadanos, les permitan desarrollarse de manera íntegra y los apoyen en su camino existencial hacia la felicidad, máxima aspiración humana, como decían las cartas de derecho de finales del siglo XVIII, que inspiraron a los filósofos de la Ilustración francesa y que fueran recogidas con tanta claridad, primero, por los padres fundadores en los Estados Unidos de América, y luego por los reformadores de la primera enmienda y después por los constitucionalistas criollos de América Latina.
Pero la globalización jurídica también nos obliga a ser finamente respetuosos con las diversas realidades socioculturales, locales y regionales. La dialéctica entre lo global y lo local es muy compleja; debe haber un margen amplio para la mantención, el respeto y la promoción de las identidades locales. En esa perspectiva, la protección y el apoyo desde el sector público a los medios de comunicación regionales nos parece fundamental. Es en ellos donde el ciudadano común se encuentra, se identifica y se vincula con el resto de los miembros de su comunidad.
Cuando discutimos la semana pasada el proyecto que reformula el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, hicimos hincapié, como Cámara, en el fomento de la radiodifusión, incluso, de la televisión regional. Hoy debemos insistir en ello, y la respuesta que nos ha dado el Ejecutivo parece ir en la línea adecuada.
Queremos señalar que no se trata de financiamiento directo ni de subvenciones que pongan en jaque la independencia de los medios, sino de reconocer su importancia para la formación de la opinión pública regional y el progreso cultural de los territorios en donde se encuentran asentados.
Hay también un buen número de profesionales de la prensa que realiza una labor titánica por informar, entretener y entregar valores culturales y cívicos a los habitantes de las provincias. Cualquier apoyo a estos medios locales es un apoyo directo a las chilenas y chilenos que a diario hacen región y comuna a lo largo del país.
En buenas cuentas, hoy debemos alegrarnos y congratularnos porque hemos abrogado las disposiciones que daban privilegios irritantes a ciertos personeros y aprobado las que hacen plena la libertad de prensa. En verdad, todavía nos falta camino por recorrer, pero ya hemos dado un salto muy importante.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, para un estado de derecho democrático es fundamental el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información. Nadie puede erigirse en censor o contralor de las opiniones, de las manifestaciones o de las informaciones que deben darse en un país. Poner censores o limitadores, en forma directa o indirecta, implica justamente que en el país no existe una efectiva democracia y respeto por los derechos de todos.
Por eso, votaremos las observaciones del Presidente de la República al proyecto de ley de prensa, porque van, precisamente, en esa dirección, si bien no profundizan todo lo que quisiéramos, porque se podría avanzar mucho más en la libertad de expresión y de información. Lamentablemente no hemos tenido los votos suficientes para lograrlo. En todo caso, constituyen un gran avance, sobre todo en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, en el concepto de información propiamente tal, que no es sólo el derecho a la información, sino también a ser informado, como se señala en la observación al inciso tercero del artículo 1º. No tiene sentido el derecho a la información si no va acompañado del derecho a ser informado en forma adecuada en asuntos de interés público. Este derecho se ha visto claramente recortado en nuestro país. Ya se señaló que una periodista, por el solo hecho de informar a la población de lo que ocurría en un poder del Estado, tuvo que exiliarse. Es una vergüenza para el país que Alejandra Matus esté exiliada por haber atendido al derecho a informar y, a su vez, a ser informado.
Es importante destacar en las observaciones del Presidente de la República dos aspectos fundamentales, dirigidos a la efectividad del derecho a informar y a ser informado. En primer lugar, estos derechos requieren de una diversidad y pluralismo en la sociedad, es decir, que se atienda a las diferentes formas de expresión existentes en el país. Es sabido que a través de diversas formas y también en razón del desarrollo tecnológico, cada vez son menos los medios de comunicación de carácter regional y comunal en nuestro país; han desaparecido tanto los diarios como las radioemisoras, con lo cual la diversidad cultural, regional y local lamentablemente se ha ido perdiendo.
Las observaciones al proyecto, dirigidas a lograr o a propender a la diversidad, están dentro del deber del Estado de crear las condiciones necesarias para la diversidad y el pluralismo en el país. Por ello, felicitamos que, dentro de sus límites, se establezcan recursos en la Ley de Presupuesto, los que todavía son muy tenues, para estudiar la situación del pluralismo o para propiciar a los medios regionales y locales en materias culturales o de interés regional.
El aspecto económico es fundamental, porque una publicación no se puede sustentar con los suscriptores o las personas que compran un determinado diario o periódico o que oyen una determinada radio. Por eso, es importante establecer condiciones de carácter económico.
Gran parte de la publicidad, sea por medio de concursos o propuestas, se desarrolla a través de organismos del Estado, los que hasta el momento no se han preocupado de la diversidad y del pluralismo que debe existir y, generalmente, se concentran en determinados medios de comunicación.
Por eso, la observación del Presidente de la República es importante en el sentido de que a futuro se tomen en consideración los aspectos regionales y locales para los efectos de las publicaciones en relación con los concursos, propuestas o con la publicidad misma.
Las observaciones del Presidente de la República van dirigidas a hacer efectivo el derecho constitucional.
El segundo punto importante es el referente al control penal, como otra forma de elevarse en un censor especializado.
En esta materia, es importante la sustitución de la letra b) del artículo 6º de la ley sobre Seguridad del Estado, con el objeto de que en esta materia se apliquen las reglas de carácter penal general.
Por último, es bueno, tal como se ha propuesto, que los casos de infracción al honor y a la intimidad y privacidad sean sólo de responsabilidad civil. Lo importante es que vamos en esa dirección.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jocelyn-Holt .
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, concuerdo plenamente con el diputado señor Bartolucci , en cuanto a que existe una explicación razonable y obvia respecto de la demora en la tramitación del proyecto. En esto ha habido diferencias de opinión. Algunos piensan que ha sido por defender privilegios; otros, por frivolidad; algunos están convencidos de que hay una especie de bicho estatista que corroe a determinadas bancadas donde está la mayoría de nosotros o a una falta de convicción por la libertad de expresión.
Pero estos diez años no han pasado en vano. Tampoco la lenta tramitación del proyecto. Desde 1993 a la fecha, el proyecto ha cambiado de naturaleza: entre 1993 y 1995 en esta Cámara se discutió desde el estatuto del periodista hasta las cuotas de mercado; entre 1995 y 1999 el Senado cambió la filosofía al proyecto, lo dio vuelta, y un texto que ingresó al Congreso con muchas restricciones y con una lógica muy casuística, terminó completamente invertido. Pienso que el Senado hizo bien en crear un marco de confianza, donde las prohibiciones fueran la excepción. Luego, la Cámara rechaza el informe de la Comisión Mixta, y lo hace muy bien, porque va en beneficio de su tramitación cuando dice que no está dispuesta a despachar el proyecto sin el tema de la industria y sin discutir un conjunto de aspectos que no estaban en el texto original.
La iniciativa tiene la pluma de Patricio Aylwin , de José Joaquín Brunner , y es de esperar que en los próximos días también tenga la del ministro Claudio Huepe e identidad propia, porque ha ido sufriendo modificaciones. En el intertanto discutimos la ley Otero, se produjeron los casos del espionaje telefónico, de Martorell, de Alejandra Matus, de Jordán, de Gabrielli, que han ido determinando el escenario en el cual hoy se discute el proyecto.
Ha habido diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados. Hay que reconocer como muy bien dijo el diputado señor Bartolucci que el país ha cambiado de opinión, pero en general cada uno de esos cambios ha obedecido a una lógica común y se ha transformado en una profunda frustración el modo en que operan el mercado informativo y la libertad de expresión en Chile.
Cada una de las iniciativas ha buscado algún tipo de pivote que genere equilibrio.
Cuando ingresó por primera vez el proyecto al Congreso, según don Patricio Aylwin el estatuto del periodista equilibraría a los editores; José Joaquín Brunner propiciaba una ley del mínimo común denominador, o sea, tratar aquello en lo cual a lo menos estuviéramos de acuerdo y despejar lo que no concitara acuerdo. La Cámara dijo que no admitiría una tramitación por lonjas, sino que aprovecharía la coyuntura para legislar y generar un marco sistémico que le diera a todos confianza, sin excepción, porque a futuro no se presentaría una nueva oportunidad en la cual todos tuvieran interés en producir un acuerdo.
Alguien puede decir que el tiempo transcurrido ha tenido un enorme costo, porque ha habido periodistas presos y otros que han debido salir del país. Ese precio es real. Pero nadie se imagina los males que pueden sobrevenir con una mala legislación. Las lamentaciones serán mucho más agudas, porque no sólo estarán acompañadas con las experiencias de periodistas que han sufrido procesos penales, sino con un tipo de diseño imposible de revertir.
Reitero que la Cámara hizo muy bien en rechazar el informe de la Comisión Mixta. El ministro tendrá que reconocer finalmente que lo dijo, pero me gustaría que lo repitiera con más fuerza, a pesar de la majadería respecto del tiempo de tramitación del proyecto, se hizo bien.
Aparte de lo señalado en cuanto al derecho a la información no confundirlo con la libertad de empresa y el estatuto del periodista, que si bien no representa en un ciento por ciento el sentimiento de los periodistas, es mejor que lo ofrecido por la Comisión Mixta en su informe, porque aquí no admite excepción, también están los tema de los fondos para apoyar medios locales, las prohibiciones de informar, las facultades para requisar material impreso, la derogación de algunas normas de la ley de Seguridad del Estado, en fin.
A los colegas que aún tienen dudas respecto de la derogación de esas normas, quiero decirles que la ley ya se modificó en 1999, fruto de un acuerdo político, para generar su viabilidad a partir de un modelo más adecuado: la ley común, ministros de corte de apelaciones y un procedimiento más rápido. Eso debería generar un marco de confianza a cualquiera que tenga dudas, porque se introdujo acá, no en la Comisión Mixta. Por eso es importante aprobar la norma.
Me parece ridículo que nos digan que legislemos sobre todo lo que he mencionado, menos sobre la industria. En verdad, no aparecía en ningún texto, ni siquiera en el original, pero habría sido una enorme irresponsabilidad hacernos los lesos sobre el tema del mercado de medios. Cada una de las iniciativas ha ido buscando un tipo de pivote: el estatuto del periodista, los estudios académicos de José Joaquín Brunner que la Cámara despachó en 1995, o sea, cada año había universidades que nos decían si íbamos mal o bien en materia de libertad de expresión, lo que era ridículo, porque lo sabíamos. Por último, alguien se lleva la tajada de los honorarios para decirnos eso.
Algunos creen que los medios públicos deben ser el factor equilibrante todos sabemos lo mal que operan; para qué recordar las dificultades que hubo para proveer una vacante en el directorio del canal estatal; otros dirán que deben ser los medios extranjeros, pero se olvidan que Chile tiene un mercado muy chico para ser una plaza atractiva para que los consorcios internacionales quieran permanecer acá e influir en materia de medios de comunicación. Por el contrario, muchos se quieren ir o ya se han ido.
Para qué hablar de los subsidios, que pueden ser otra herramienta en la cual alguien esté pensando. Chile es una provincia en materia de libertad de expresión y de mercado informativo, y mientras antes nos demos cuenta de ello, antes empezaremos a hacer bien las cosas.
También estaban las cuotas de mercado, que existen en una cantidad de áreas de la economía. Incluso, se acaba de aprobar para los bancos indirectamente, a través de una facultad discrecional al superintendente, pero la Cámara lo declaró inconstitucional. Está bien. No es necesario crear un instrumento, pero hay que enfrentar el tema del mercado informativo y no hacerse los lesos respecto de él.
Si la ley no es capaz de anticipar la evolución del mercado y entender cómo está operando, se cometerá un enorme error. Hace cuarenta años, el país eligió, inicialmente, tener canales universitarios. Hoy, con el mayor advenimiento de la tecnología digital, tenemos una enorme controversia en el medio, quiebra de medios locales y nacionales, subsidios encubiertos, competencia desleal y acusaciones por subsidios cruzados de parte de medios que funcionan con consorcios en distintos ámbitos. Para qué hablar de la creciente integración entre el sector telefónico, la televisión por cable y la televisión abierta: tarifas del cable que comienzan a subir y operadores que empiezan a fusionarse. ¡Clásico! Es como de primer año de economía, y eso que yo no estudié economía.
El debate sobre el mercado de la publicidad ni siquiera se lleva a cabo desde el punto de vista del público, sino de los propios avisadores, que desean tener más información para decidir sobre sus inversiones. Medios gratuitos que empiezan a surgir, algunos con balances públicos, otros sin ellos; distintos regímenes tributarios, radioemisoras que se sienten amenazadas por consorcios que empiezan a entrar en el mercado. Cuando uno empieza a decir estas letanías le contestan que “internet” va a ser nuestra salvación, que cualquier persona puede entrar a la red y dar su opinión. ¡Por favor! En Chile, internet es un medio al cual sólo accede el 25 por ciento de la población y es probable que transcurran diez años, de acuerdo con las proyecciones, antes de que se masifique.
Cualquiera puede decir que todos los cambios tecnológicos que están ocurriendo al interior de los consorcios tienen por objeto no perder la posición relativa que hoy tienen. Entonces, si no somos capaces de entender cómo operará este mercado para que no se transforme en una selva, sino en algo racional, puede ocurrir que dichos cambios tecnológicos aumenten la brecha, en vez de convertirse en un factor de mayor oferta informativa. Por eso, de nosotros depende elaborar un buen diseño.
Para qué decir lo que está ocurriendo con las radioemisoras. Son asociaciones publicitarias que, eventualmente, negocian en conjunto los paquetes publicitarios. Se trata, además, de consorcios extranjeros que dejan fuera a los nacionales. Y falta poco para que eso entre en la televisión abierta. ¡Yo los quiero ver! Y esto tiene que ver con lo que se producirá muy pronto, cuando votemos el veto. ¿Por qué algunos colegas quieren oponerse a la prohibición de tener más de una concesión por área de servicio? Muy pronto tendremos alianzas estratégicas en la televisión abierta, contratos de publicidad celebrados entre canales de televisión. Quiero ver qué sucederá cuando ello ocurra. Ahora, eso del advenimiento es un modelo mexicano, una televisión segmentada, por grupos. Quiero ver qué pasará cuando eso ocurra. Somos un país que hace 40 años optó por una televisión universitaria y que es víctima de las teleseries. Sí, ¡somos víctimas de las teleseries! Pero vamos a añorar la época de las teleseries y un modelo distinto.
Por eso necesitamos una ley de medios y no una ley de prensa, y si éste es un proyecto de ley de medios, es gracias a nuestra majadería, a lo que hemos hecho y a la forma en que hemos enfrentado el asunto.
El tema de la industria está tratado en cuatro acápites del proyecto: en las concesiones de televisión, en el régimen antimonopolios, en el mercado de la publicidad de la prensa escrita y en los controladores.
Algunos miembros de la Oposición van a manifestar su interés por votar normas que ya aprobaron en 1995. Digo esto, porque votaron a favor de la prohibición de tener más de una concesión de televisión abierta en más de un área de servicio. Eso estaba en el proyecto de Brunner, ni siquiera en el actual. Lo que sucede es que, además, pretenden rechazar la norma que tiene que ver con el advenimiento de la tecnología digital. Nosotros fuimos partidarios de no cerrar la puerta a los actuales canales para que accedan a ella. Pero lo que desean los canales en este instante es algo mucho más preocupante: que les garanticemos el acceso a dicha tecnología, y que convirtamos mágicamente sus concesiones análogas en digitales. ¡No, no lo vamos a hacer! Una cosa es decirles que no a la entrada, y otra que les garantizamos el ciento por ciento de acceso. No lo vamos a hacer, y por eso aprobaremos la norma.
Respecto del régimen antimonopolios, también consideramos extraño que se vote en contra, porque la mayor parte de este estatuto es obra de José Joaquín Brunner , quien siempre exigió que la transferencia de propiedades de los medios fuera comunicada a la Comisión Preventiva Antimonopolios, lo que fue aprobado aquí, en 1995, con votos de parlamentarios de la Oposición y de Gobierno. Alguien podrá preguntar, ¿por qué los medios son sujetos de concesión? Porque son servicios públicos y, precisamente, por lo que está ocurriendo en esos mercados, pretendemos generar un esquema no sujeto a cuotas, en el cual alguien se haga responsable no estudios académicos o universidades de su análisis caso a caso.
¿Para qué ser más papista que el Papa? Cuando se empiezan a despejar las características de la norma, hasta la propia Archi y Anatel dicen que están de acuerdo con ella. Sin embargo, a pesar de que los propios afectados están de acuerdo, nuestros “custodios” dicen que no. Se trata de una norma que está sujeta a plazos, porque se entiende que las transacciones son aprobadas después de transcurridos ciertos plazos; de una norma que no entrega atribución alguna a las autoridades gubernamentales; ni siquiera entrega una nueva atribución, porque debe regirse por la actual ley. Entonces, nos dirán: “Vamos a rechazar esta norma, pero sigue vigente la ley antimonopolios”. No es así, porque todos conocemos las debilidades de nuestras autoridades que regulan esta materia. Pero, además, en este caso concreto, es preferible tener un espacio en que uno pueda reclamar ex ante por algunas transacciones. Por ejemplo, tenemos el caso de una de las más recientes: Megavisión con Metrópolis Intercom . De la noche a la mañana, se realiza una transacción de 200 millones de dólares que produce una integración entre dos segmentos muy importantes del mercado, y nadie dice nada. Lo ideal es que podamos pronunciarnos antes al respecto. Si los propios afectados están diciendo que sí, no entendemos por qué motivo alguien dice que no.
Por eso, pedimos un poco más de flexibilidad, porque se trata de una norma de capital importancia para nosotros, la que además incide en el régimen que pretendemos crear para generar confianza y avanzar.
El tema del IVC Instituto de Verificación de Circulación, para decirlo en forma breve, probablemente será rechazado. Pero no es un IVC propiamente tal, sino una declaración unilateral que no está sujeta a verificación mediante auditoría externa; es una norma discrecional, que sólo afecta a la prensa escrita y que, además, no tiene el impacto que se le supone. Pero el hecho de que esa norma caiga es algo muy distinto a que no deseemos crear un instituto de verificación de circulación. Ahora, si eso se puede hacer por vía privada, mejor. Pero si no se hace por ese medio ya lo dijo el diputado señor Luksic , nadie podrá quejarse. No se trata de reponer una norma de esta naturaleza, sino de orientar la publicidad fiscal a futuro. No se pueden destinar más de 600 millones de dólares a la publicidad fiscal, sin que ni siquiera podamos exigir que se efectúe en medios previamente verificados, y no sólo en la prensa escrita, y con auditorías previamente determinadas. ¿Por qué no? Eso es velar por los recursos públicos, no es discriminatorio ni inconstitucional.
Obviamente, habrá resistencia, de parte de los consorcios que dominan el 80 por ciento del mercado publicitario, a compartir la “torta” de la publicidad. Hoy día tal como lo dijo muy bien el diputado señor Bustos , esos medios no se financian con capital propio ni mediante suscripciones, sino de dos maneras, y es hora de empezar a reconocerlo: o las paga el Estado así se han construido los medios de comunicación en Chile, con recursos del Estado, no con el capital personal de alguien, o bien, digámoslo con toda sinceridad, se financian mediante publicidad.
Entonces, seamos claros en cuanto a que es necesario hacer transparente el mercado de la publicidad. Eso es lo que piden todos.
El señor PARETO (Presidente).-
¿Me permite, señor diputado? Ha terminado su tiempo.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, quería referirme a dos o tres ideas más, pero no tengo tiempo para ello.
Si su Señoría me lo permite, redondearé una última idea. Nosotros queremos generar un marco de confianza, el cual supondrá, básicamente, aprobar el veto y que, luego, sea aprobado por el Senado. Alguien me podrá decir que habrá votos en contra que se repetirán en el Senado. Yo confío en que se aprobará en el Senado, ¿saben por qué? Porque hay temas respecto de los cuales es necesario legislar. Y el clima de confianza, de abrirse a un adecuado diseño en materia de intimidad y honor de las personas que ha sido mencionado por varios colegas, supone mantener ese clima de confianza. Alguien dirá que son amenazas. No es una amenaza. Antes de hacer cambios tan drásticos en el mercado de medios en Chile, debemos confiar en que ese mercado operará de manera virtuosa y no viciosa.
Lo único que les pido a los colegas que nos solicitan a través de la prensa que votemos a favor determinados proyectos es probable que nosotros votemos a favor más artículos que ellos es que no vean este tema desde un punto de vista ideológico, sino práctico. Si estamos logrando un avance tan importante en una dirección determinada, lo único que les pido es que no echen a perder algo que es como una cristalería muy delicada, porque en este punto todos estamos cediendo un poco. Entonces, no lo echen a perder; sean maduros al tratar esta materia y contribuyan a despachar un proyecto decente, del cual podamos sentirnos orgullosos.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, no quiero referirme a las bondades de este proyecto de ley de prensa o de libertad de expresión e información, porque me parece que se han pronunciado muchos discursos mirando hacia atrás, en los cuales se ha hecho referencia a esta iniciativa.
Considero importante señalar que apoyamos el veto presidencial, que trabajamos en conjunto con el ministro señor Huepe el tenor del mismo, y que desde ese minuto, la bancada de Renovación Nacional presentó sus reparos a algunas normas, sin perjuicio de lo cual quedaron incorporadas en su texto.
A pesar del amplio consenso que existe respecto de estas normas, hay tres observaciones que Renovación Nacional votará en contra:
En primer lugar, vamos a votar en contra de la observación Nº 10, mediante la cual se incorpora un artículo 10, nuevo, que obliga a los medios escritos, con un tiraje superior a cinco mil ejemplares, a declarar la cuantía de la edición anterior. Se trata de crear por ley una suerte de verificación del tiraje de los medios escritos.
Nos oponemos a esta norma porque constituye una doble discriminación. Primero, es una discriminación dentro de los medios escritos, básicamente, entre aquellos que tienen un tiraje superior a cinco mil ejemplares y los que no lo tienen, lo que necesariamente influirá en la capacidad de captar avisadores.
También existe una segunda discriminación entre los medios escritos y los medios que no lo son, como la radio y la televisión, que tienen sistemas de verificación, pero que son de autorregulación impuestos por ellos.
En concreto, desde ya, hago reserva de constitucionalidad de esta norma, aunque entiendo que hay consenso para no aprobarla, como ocurrió en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. De todos modos, si se llegara a aprobar, hago la reserva de constitucionalidad, porque creo que se vulneran garantías establecidas en la Constitución.
Otra razón para rechazar el artículo 10, nuevo, la constituye la grave distorsión que produciría en el mercado de los medios escritos. Claramente, cuando se trata de privilegiar un factor de verificación, como es el del tiraje el número de ejemplares que tiene un medio, según el presidente de la Anda, Asociación Nacional de Avisadores, se está sesgando o introduciendo un elemento de distorsión en el mercado y en el desarrollo comercial de la prensa escrita. Básicamente, porque para saber en qué medios quieren avisar, no sólo toman en cuenta el tiraje, sino también lo que se llama el nivel de electoría. Es decir, se puede publicar un medio de tres mil ejemplares, pero con un nivel de electoría de seis personas por ejemplar, como podría ser una revista o un medio de cinco mil ejemplares con un lector por cada uno de ellos. Obviamente, es distinto para los avisadores tener ambos elementos en su conjunto.
Por lo tanto, se trata de no introducir una distorsión, una externalidad negativa en el desarrollo de la prensa escrita, privilegiando sólo el tiraje o el elemento cuantitativo, y dejando de lado los elementos cualitativos en el análisis de la verificación que se requiere para que los avisadores pongan publicidad en un medio.
Pero hay otro elemento muy importante, cual es que la norma del artículo 10, nuevo, constituye una barrera de entrada para la incorporación de nuevos medios escritos al mercado informativo. ¿Por qué? Porque una revista que recién nace no va a arriesgarse con cinco mil ejemplares. Va a testear, con una marcha blanca, con una edición de entre dos mil y tres mil ejemplares, y en la medida en que se posesione de un mercado determinado va a aumentar su tiraje.
Si se impone el límite de los cinco mil ejemplares, se va a establecer como una barrera de definición entre medios inferiores y superiores, y los que quieran entrar al mercado informativo no van a tener capacidad de captar publicidad, porque van a ser considerados entre los medios inferiores.
Esta medida también va a afectar a los medios regionales, que obviamente deberían competir con los de carácter nacional. El tiraje de éstos podrá ser, por ejemplo, en el caso de “El Mercurio”, de cien mil ejemplares; en el de “La Tercera”, de ochenta mil, sin perjuicio de que en la región se pueden estar vendiendo cien, doscientos u ochocientos ejemplares de ellos y los diarios regionales tengan un tiraje mucho mayor, pero inferior a los cinco mil.
Obviamente ahí se produce una distorsión que tiene que ver con el tema comercial y la publicidad que se contrate en esos medios.
En definitiva, el tiraje o la verificación del tiraje es un tema netamente comercial entre los medios escritos y los avisadores. Ellos tienen que ponerse de acuerdo en cuál es el sistema de verificación que les sirve a todos. Tratar de regular por ley ese aspecto va a generar más efectos negativos que positivos.
Por eso, vamos a rechazar esta observación.
También votaremos en contra de la observación contenida en el Nº 23. Lamentablemente, no tenemos problemas con el artículo 38 contenido en ese numeral, pero sí con el 39.
Sin perjuicio de lo señalado por mi colega Jocelyn Holt llevamos cerca de un año “peleando”, a veces de buena manera, otras de mala manera, sobre estas normas, la verdad es que no ha logrado convencer ni a mí ni a otros diputados que tienen que ver con el área económica y con quienes he consultado acerca de si, efectivamente, el artículo 39 introduce algún elemento nuevo respecto de lo que ya tenemos.
El artículo 39, nuevo, primero que todo, establece diferencias entre los medios que están sujetos a concesión y los que no lo están. En aquellos que no están sujetos a concesión, que básicamente son los medios escritos, cualquier traspaso de su propiedad va a tener que ser avisado hasta 30 días después que éste se haya verificado. Es decir, se notifica a la Comisión Preventiva Antimonopolio. Se trata, según las palabras del diputado señor Jocelyn-Holt , de prever la mayor posibilidad de concentración en la propiedad de los medios.
Y respecto de los medios que están sujetos a concesión radios y televisión, se establece directamente un informe previo. Es decir, antes del traspaso de la propiedad, la Comisión Preventiva Antimonopolio debe emitir un informe acerca de su impacto en el mercado informativo, para lo cual tiene un plazo de treinta días.
¿Qué es lo que sucede? Hoy la Comisión Antimonopolio tiene las facultades, establecidas en el decreto ley Nº 211, para realizar todo lo señalado después de que se haya realizado la operación. Además, en el caso de que haya concentración de la propiedad, como muy bien señala el diputado Jocelyn-Holt que asiente con la cabeza, aunque sea a posteriori, tiene la posibilidad, incluso, de pedir que se caduque la personalidad jurídica de la sociedad que haya concentrado la propiedad de un medio o de dejar sin efecto el negocio.
El artículo 39, nuevo, en consecuencia, establece normas inoficiosas, que ya están establecidas en una ley general antimonopolio y, asimismo, plantea una forma de burocracia que no es necesaria.
Además, respecto de los medios concesionados existe una agravante. A la Comisión Preventiva Antimonopolio se le pide que informe del cambio de la propiedad de un medio de comunicación en cuanto a su impacto en el mercado informativo. Pero lo que ella debe hacer es estudiar el impacto del traspaso de la propiedad de un medio en el mercado económico o, básicamente, en lo que tiene que ver con la concentración de la propiedad, pero en términos económicos. Eso es, según su naturaleza, lo que está llamada a hacer.
Por el contrario, lo que plantea la observación a través del artículo 39, nuevo, es que informe sobre su impacto en el mercado informativo. ¿Y qué es el mercado informativo? ¿Son los soportes, que generalmente están regulados por esta ley prensa, televisión y radio? ¿Se incorpora también en él a internet, los diarios que están en la red y toda otra información que se procesa en ella? ¿Se incorpora la televisión pagada, como la del cable y la satelital, y la directa? Pues bien, eso no está definido. Además, no es de su competencia, de acuerdo a su naturaleza.
Por lo tanto, este artículo 39, nuevo, va a producir muchas distorsiones y problemas de interpretación y va a complicar muchísimo las posibilidades de un mercado que requiere, justamente para tener un mayor pluralismo, que se incorporen más medios al mercado informativo y no restringir la llegada de quienes quieran invertir. Por el contrario, se requiere ampliarlo y flexibilizarlo y que muchas personas estén dispuestas a invertir para crear un mayor pluralismo en el mercado informativo.
Por último, Renovación Nacional también va a rechazar el artículo 44, nuevo, en que incide la observación Nº 27, por cuanto prohíbe a toda persona que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción y cualquier otro grado de participación en la propiedad de otro de igual naturaleza y que cubra la misma zona de servicio.
Actualmente, esta prohibición existe para los controladores de un servicio de televisión abierta. Es decir, una sociedad que controle un medio de este tipo no puede tener el control de otro medio de igual naturaleza. Por ejemplo, la sociedad que controla el Canal 9 no puede participar en una licitación para comprar el Canal 2. En concreto, se trata de evitar la concentración de controladores en la televisión abierta, pero con el artículo 44, nuevo, se obstaculiza la inversión en ella. Por ejemplo, con esta norma, si tengo ciertos ahorros familiares en fondos mutuos de una AFP y ésta tiene una participación en la propiedad de un servicio de televisión abierta supongamos del 0,1 por ciento en la sociedad respectiva, no puedo participar ni menos comprar, aunque sea minoritariamente, otro canal de televisión.
Esta fórmula se aplica cuando el espectro radioeléctrico está saturado y se requiere evitar una mayor demanda; pero sucede que desde hace diez años la televisión abierta no tiene utilidades, sino más bien pérdidas. Incluso, desde hace más de un año está a la venta el Canal 2. Se ha llamado a licitación y no ha habido interesados, sin perjuicio de otras alternativas que se han ido incorporando al mercado de la televisión.
Por lo tanto, el artículo 44, nuevo, va a significar un obstáculo para la participación de las personas que quieran invertir en la televisión abierta y una restricción al pluralismo que se ha tratado de reguardar en la propia Cámara, por cuanto habrá menos interesados en invertir, incluso en canales que hoy nadie ocupa.
En consecuencia, anuncio que Renovación Nacional votará en contra de estas tres observaciones, pero a favor de las restantes.
Por último, quiero señalar que la futura ley sobre libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo significará un gran paso, pues en materia de responsabilidad penal serán castigados en forma eficiente los abusos a la libertad de expresión, incluso con indemnizaciones por el daño moral. Es más, ayudará a canalizar el sistema democrático de mejor forma, porque por esta vía los ciudadanos podrán participar, a través de los medios de comunicación y mediante la manifestación de sus inquietudes y críticas, en el quehacer nacional y en el control a las autoridades, como corresponde.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Victoria Ovalle .
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señor Presidente, bien sabe la honorable Cámara cuál ha sido mi lucha por lograr una ley sobre libertad de opinión y de información que permita que el ejercicio del periodismo sea justo y refleje, con información fidedigna y responsable, las realidades de los acontecimientos, a fin de que la ciudadanía, correctamente informada, tome decisiones libres y tenga derecho a opinar.
Honestamente, debo decir que no me hubiera gustado que se derogase la ley de Seguridad Interior del Estado, pues, al menos, era la única posibilidad de que si efectivamente se injuriaba a una autoridad, la cual siempre está expuesta a que ello ocurra, ésta pudiese, al menos, defenderse, pues querellarse por injurias y calumnias es una chacota. Quería que se mantuviera no para que tuviésemos privilegios, sino porque realmente es imposible que en la justicia ordinaria se logre castigar al que ofende. Me preocupaba porque el ciudadano común quedaba completamente desprotegido. Pero, después de haber revisado y estudiado minuciosamente el veto presidencial, puedo decir que quedo tranquila, por cuanto creo que la lucha que dimos, con muchos de los presentes, no fue en vano.
Me alegro enormemente de que exista igualdad para todos, pero no como se quería en un comienzo, derogando facultades para que fueran sancionados aquellos periodistas que injuriaran impunemente.
La dignidad es un valor fundamental. La honra es el reconocimiento social de la dignidad, y todos tenemos el derecho a exigir que se nos respete ese patrimonio. Los periodistas tienen la obligación de defender y cuidar aquellos bienes inherentes a la personalidad, como son el honor, la honra, la fama y la imagen de las personas. Resulta tan fácil dañar estos bienes, pues basta una alusión injusta, errónea, falsa o sensacionalista para hacer trizas los sagrados derechos, que no sólo son personales, sino que involucran a la familia y lesionan su patrimonio moral.
El título III, que con las observaciones pasará a ser IV, Del derecho de aclaración y rectificación, en todos sus artículos, señala que toda persona natural y jurídica ofendida o injustamente aludida puede tener en forma rápida y efectiva su compensación.
El título IV, que por igual motivo pasará a ser V, De las infracciones y de los delitos en la aplicación del periodismo, no sólo regula los pasos por seguir en esta materia, sino que también da plazos para que el tribunal actúe, cosa que hoy no existe. Estos procesos se dilatan, con el consiguiente perjuicio para el querellante, que sigue recibiendo diatribas de la prensa o medio que se ve afectado por la querella, con la tranquilidad de que la ofensa a una autoridad no afecta la seguridad del Estado. Así, los jueces no siempre consideran la injuria como tal, porque realmente no afecta la seguridad del Estado.
Me parece sumamente bien la acotación de los plazos, porque el proceso será más rápido. Hoy puede eternizarse. Sin embargo, hay una cosa que me preocupa: todos los períodos están acotados con días, hasta que se llega a la corte de apelaciones. Se lo hice ver al ministro señor Huepe . ¿Qué pasará de la corte de apelaciones para adelante? Hay un vacío y no se considera que el querellante o el querellado puedan recurrir de casación a la Corte Suprema. No se fija plazo, no se considera a la Corte Suprema y todo lo que se ha avanzado en acelerar el proceso puede quedar en letra muerta, porque para que la Corte Suprema acoja un recurso de casación, pueden pasar fácilmente uno o dos años. Es decir, vuelve a quedar impune quien cometió delito de injuria, el que muchas veces se ríe y burla, porque no llega a ser condenado. Eso me preocupa tremendamente. Creo que vamos a tener que buscar la fórmula para acotar hasta el final el proceso.
Como me dijo el ministro, se va a tratar un proyecto de ley sobre la intimidad y la honra. Debemos ver el modo de acotar, aclarar y zanjar la totalidad del proceso. Si es así, me alegro enormemente de que haya igualdad para todos y que se dé el merecido castigo al periodista que no reconoce el derecho al honor. Es realmente importantísimo que esto quede muy claro en la ley. Creo de verdad que es un gran avance.
Si esto se aclara y se procuran las condiciones del caso, se habrá hecho un gran aporte al periodismo responsable, ético y profesional del país. Ojalá se eleve el nivel cultural de la información; que sea lo positivo y no lo negativo y sensacionalista el leit motiv que mueva a la prensa, pues así tendremos un Chile informado, sin odios, donde podamos vivir en paz todos juntos y trabajar para un mismo fin: salir del subdesarrollo social y de la pequeñez intelectual.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro señor Huepe.
El señor HUEPE (Ministro secretario general de Gobierno).
Señor Presidente, quiero referirme a los tres artículos respecto de los cuales la diputada señora Guzmán anunció que Renovación Nacional va a votar en contra. Obviamente, respeto su opinión y la de su bancada y de la UDI. Sin embargo, quiero explicar brevemente el sentido de esas disposiciones.
El artículo 10, nuevo, establece que las publicaciones escritas que tengan un tiraje superior a cinco mil ejemplares deberán señalar en un lugar destacado la cuantía de la edición inmediatamente anterior.
A nuestro juicio, en aras de la necesaria transparencia, eso sería bastante útil, porque es bueno que tanto la opinión pública como los avisadores sepan cuál es el tiraje efectivo de las distintas publicaciones.
Por esa razón, vamos a insistir en la aprobación de esta norma, a pesar de que fue rechazada en la Comisión, aunque quiero dejar constancia de que entonces se dio el argumento central de que en ese momento existían declaraciones de la Achap, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad; de la Anda, Asociación Nacional de Avisadores, y de la ANP, Asociación Nacional de la Prensa, en cuanto a que iban a estudiar un sistema voluntario de verificación de circulación. O sea, incluso iban más allá de lo nuestro, que es sólo la declaración de circulación. Iban a establecer un sistema de verificación de circulación de tipo privado, como sucede en muchos países del mundo.
Sin embargo, a pesar de que hubo una inserción en diversos medios escritos, esa disposición no se ha traducido en un compromiso formal. Confiamos en que se concrete y que en los próximos meses exista un mecanismo de verificación de circulación.
Varios diputados que votaron en contra de la norma lo hicieron pensando en que ese sistema privado funcionará. Dejaron expresa constancia de que en caso de que ahora se rechace, ojalá el sector privado establezca este mecanismo de verificación de circulación. De lo contrario, dentro de un plazo prudencial de seis o nueve meses, lo lógico sería que nosotros insistiéramos en la referida disposición, la que nos parece sumamente relevante.
No es menor que cada director o propietario de medios pueda decir la cifra que le parezca conveniente, porque no hay manera en el mercado de saberlo. Incluso, hay informaciones o anécdotas de que a determinados avisadores o empresas muy grandes que publican insertos se les dice que cierto fin de semana habrá un tiraje de tal magnitud. Éstos envían los insertos en esa cantidad y muchas veces, con posterioridad, deben ser destruidos, porque el número que efectivamente se reparte es menor.
Entonces, hay un problema de credibilidad y transparencia que nos parece esencial.
Por último, la cifra de cinco mil, respecto de la cual no se hacía la declaración, se estableció porque habíamos conversado con varios directores de medios regionales que señalaban que les parecía razonable. De esa manera, quedaban excluidos. Realmente, no tiene sentido comparar, porque el tiraje de un diario de circulación nacional va a ser muy superior al de una zona determinada. Se dice que el periódico de la zona quedaría en desmedro. Muy por el contrario, un diario local o regional que tenga menos de cinco mil ejemplares, obviamente va a poder competir con uno nacional de alta circulación, porque cumple un rol específico para la localidad determinada. Su venta se produce en función de que refleja la realidad local mucho mejor que el otro.
En resumen, esperamos que el artículo 10, nuevo, se apruebe, y le pedimos a la Cámara que así lo haga. De lo contrario, confío en lo que plantearon varios parlamentarios en la Comisión, en el sentido de que si el mecanismo privado de verificación de circulación no se concreta después de un plazo prudencial, insistiremos posteriormente.
Respecto de la observación Nº 23, que tiene que ver con los artículos 38 y 39, lo que se plantea es obvio. En el sistema económico vigente, la operación o mantención de los medios de comunicación social son también artículos de servicios esenciales. Por lo tanto, deben ser aplicables las disposiciones de la ley antimonopolio, el decreto ley Nº 211, que declara como actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia, entre otros, los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación.
¿Qué pasa si en una región determinada aparece un nuevo medio de comunicación y ese medio, que va a competir con un medio establecido, el cual le hace “dumping” con los costos del avisaje, bloquea los mecanismos de transporte? Obviamente, aquella persona que quiere la libertad de fundar un diario, como lo establece el artículo 1º de este proyecto, debe tener mecanismos a los cuales recurrir, y nos parece que la aplicación de la ley antimonopolio es indispensable.
Finalmente, en el artículo 39, a propósito de la modificación y cambio en la propiedad o control de un medio de comunicación social sujeto al sistema de concesión, lo único que se señala es que debe contar con un informe previo, que no es vinculante, de la comisión preventiva. Dicho informe deberá evacuarse dentro de los 30 días siguientes, y si no se evacua, corre el llamado silencio administrativo; es decir, se considerará que no tiene objeción alguna. O sea, no hay un plazo que se pueda prolongar indefinidamente. En un plazo de 30 días la Comisión Preventiva regional informaría si el traspaso de un medio de comunicación a otra propiedad puede incidir en una concentración monopólica poco aconsejable.
Aquí lo único que se pide es un informe a la comisión preventiva, el cual, reitero, no es vinculante a un plazo determinado y, por lo tanto, no veo cómo puede afectar la transferencia de ese medio de comunicación, que tiene una concesión, a otras manos.
El artículo 44, nuevo, cuestionado por la diputada señora Guzmán , dice: “Ninguna persona que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio”.
Aquí no estamos pensando en Santiago; no estamos pensando en el Canal 2. ¿Qué pasa si en una región determinada una persona tiene participación, a lo mejor no mayoritaria no tiene el control de la propiedad, pero en seguida participa en otra sociedad que también tiene otro canal? Entonces, resulta que habrá un vínculo pernicioso para una verdadera libertad de información. El hecho de que dos medios de información tan importantes, como pueden ser los canales abiertos de televisión regional estamos hablando de servicio de televisión de libre recepción, cuando hay influencia de un mismo propietario o de una misma persona en ambas empresas, obviamente constituye un atentado, a nuestro juicio, contra la libre competencia entre estos medios.
Por eso, debiera aprobarse esta disposición, que, como recordaba la diputada señora Guzmán , es muy similar a la disposición que ya existe respecto del Consejo Nacional de Televisión; sólo que aquí no hemos planteado el caso de una persona que controle, sino que participe en la propiedad de un servicio de televisión.
Eso significa que puede tener no más de 50 por ciento; pero no por eso la influencia de una persona que participa en dos sociedades, aunque tenga menos del 50 por ciento, puede ser relevante y atentar efectivamente contra la libre competencia entre los medios de comunicación.
En cuanto a estas tres disposiciones, cuyo voto negativo ha anunciado la diputada señora Guzmán , les pediría a los diputados de Oposición que, sobre la base de una reflexión profunda, ojalá pudieran aprobarlas, porque creo que contribuye al perfeccionamiento del proyecto.
En relación con lo que decía la diputada señora Ovalle , ella tiene mucha razón. Le agradezco la disposición que ha planteado para abrirse a aprobar el veto.
Como lo dijimos al comienzo de esta sesión, tenemos la intención de crear un grupo de trabajo que analice mucho más a fondo aquellos temas que queden pendientes, para perfeccionar la libertad de información.
Obviamente, ahora hay garantías. Si se aprueba ahora la derogación del artículo 6º b), cabe recordar que se introduce una modificación en el Código Penal por la cual se establece un ministro de fuero. Eso, sin duda, contribuye a acelerar los procesos y evitará el problema que ha señalado la diputada señora Ovalle , en el sentido de que a veces, estos procesos se eternizan. El hecho de haber un ministro de fuero sin duda alguna significará mayor rapidez en la resolución judicial cuando haya causas que tengan que ver con injurias o atentados contra el honor.
Por eso, esta disposición y el análisis que hagamos a futuro, permitirán enfrentar el problema que señalaba la diputada señora Ovalle .
Muchas gracias.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, en los breves minutos que tengo asignados, quiero abocarme a dos temas distintos desde un punto de vista conceptual.
En primer lugar, referirme a una materia sustantiva a que se refiere el veto y que al no estar bien definida en el texto que estamos analizando, puede generar algún problema, a menos que la precisemos en la historia del debate.
Esto tiene que ver con el artículo 4º, respecto de uno de los aportes más relevantes de esta nueva ley: el que establece los fondos dentro del presupuesto del Estado “destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal...”.
Esta disposición, tremendamente importante, hay que armonizarla con el inciso segundo, que determina a quiénes van estos recursos. Señala: “La asignación de estos recursos será efectuada por los respectivos Consejos Regionales, previo concurso público”. Hasta ahí estamos bien. Pero agrega: “Los concursos serán dirimidos por comisiones cuya composición, generación y atribuciones serán determinadas por reglamento”.
Planteé en la Comisión, en su momento, que la palabra “dirimir” en este caso tiene un efecto confuso, sobre todo si consideramos que el Diccionario de la lengua española establece, básicamente, que es la posibilidad de “concluir una controversia”, y, claramente, ése no es el espíritu de esta disposición.
Entiendo que las comisiones que se formen, en virtud de los reglamentos para la asignación de los recursos, no van a concluir, sino a decir cuáles son elegibles, manteniendo en los Consejos Regionales, Cores , la facultad de determinar, y eso no queda claro en el texto que estamos analizando.
Por eso, tal como lo planteé en la Comisión respectiva, quiero dejar en claro por lo menos en la discusión del proyecto por si hay alguna duda al momento de la determinación, cuál es el principio exacto. Así, además, lo conversamos con el ministro.
Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al señor ministro.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor HUEPE (Ministro secretario general de Gobierno).-
Señor Presidente, quiero ratificar lo que ha sostenido el diputado señor Coloma .
Efectivamente, hubo una discusión semántica sobre el significado exacto de la palabra “dirimir”; pero, también, el compromiso de señalar que por dirimir no se entiende la resolución final; porque en el mismo contexto del artículo está claro que, al final, decide el Consejo Regional. Incluso, en la página 12 del informe de la Comisión hay un breve análisis sobre este tema: “Al decir que serán dirimidos por comisiones, se está refiriendo la norma a las proposiciones que éstas deben hacer para que en definitiva el Consejo Regional resuelva”. O sea, está dirimiendo la proposición. Alguno podrá decir que se está haciendo una interpretación lata de la palabra “dirimir”.
“Como la palabra “dirimidos” puede prestarse a confusión, se sugirió reemplazarla por “preparados”, “propuestos” u otra más pertinente, llegándose a la conclusión de que esa modificación no puede efectuarse en este trámite.
“Con todo, se acordó dejar expresa constancia en este informe de que estas comisiones tendrán como misión evaluar todos los proyectos que se presenten al concurso; hecho lo anterior, se entregarán a los Consejos Regionales para que éstos, sobre la base de esa evaluación, decidan y asignen los recursos correspondientes”.
Creo que eso, reiterado en esta Sala y en el informe de la Comisión, deja absolutamente clara la preocupación del diputado señor Coloma .
Espero que, en retribución, él vote favorablemente los artículos 10, 37 y 39.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Recupera la palabra el diputado señor Coloma .
El señor COLOMA.-
Agradezco la aclaración. Precisamente, he ratificado ese criterio, porque, en otras ocasiones, al no estar claro en la discusión del proyecto el significado de un vocablo, surgen distintas interpretaciones, que después son dañinas.
En todo caso, ha quedado claro que la palabra “dirimir” no es la más adecuada, pero es la que se ha empleado y tratemos de darle el significado correcto.
La segunda línea de argumentación, para tristeza del señor ministro, es entender que las votaciones en contra del veto por todos los parlamentarios de la Oposición por lo menos así lo entiendo tienen un hilo conductor: el evitar restricciones que, en definitiva, afecten las libertades del ser humano; porque en este proyecto, a mi juicio, se incurre en contradicción. Se busca, por un lado, la libertad de prensa reforzando elementos que se hayan violado hacia atrás; pero, por otro lado, se crea una serie de restricciones a quienes ejercen el periodismo, las que, a nuestro entender, resultan absolutamente contrarias en su armonía. En efecto, sobre la base de la libertad, se defiende y se le plantea aquello como un punto central y eje de la legislación y, a renglón seguido, a nuestro entender, se consigna una serie de restricciones que van exactamente en el sentido contrario.
Por tanto, no es por una metodología práctica de caso a caso el votar determinadas disposiciones. Es por el hilo conductor de evitar restricciones que impidan libertades, y ése es el elemento que va uniendo un significado con otro.
La primera observación es la más clara: establecimiento de una obligación sólo para el tema del periodismo, sólo para el de los medios escritos, respecto de determinar el número de ejemplares de cada edición.
Aquí estamos entendiendo no solamente una discriminación que ha sido latamente explicada respecto de los medios regionales; estamos viendo no solamente un costo mayor de ingreso al negocio, dado que habrá dos tipo de medios bajo esta disposición: los que califican para ser grandes y los condenados a ser chicos. Obviamente, esto coloca una barrera de entrada tremendamente costosa a los que puedan emerger en el futuro.
No estamos hablando solamente de temas prácticos, sino de conceptos, como el de libertad y el de que las personas puedan editar o dictar los medios que estimen convenientes, sin que se establezcan normas que las minimicen respecto de los efectos sociales que esta disposición pueda tener.
Así, no se trata de un problema de tiraje de 5 mil, 8 mil o 10 mil ejemplares. Soy de los parlamentarios que no dejó ninguna constancia en cuanto a que iba a votar en un sentido o en otro, si lo voluntario funcionaba. Conceptualmente, como no quiero restricciones al tema de la libertad, voy a votar en contra de la norma, cualquiera sea el número de ejemplares por edición o tiraje que establezca o cualquiera sea el número que voluntariamente se pueda plantear.
Adicionalmente, también quiero dejar en claro que, a mi juicio, la redacción de esta disposición es errónea. De aprobarse, cosa que realmente no creo posible, establecería que las publicaciones escritas que tengan un tiraje superior a 5 mil ejemplares deberán señalar en un lugar destacado la cuantía de la edición inmediatamente anterior. Esto es absolutamente imposible de cumplir.
Por su intermedio, señor Presidente, deseo expresar al señor ministro que si mira con cuidado el Diccionario de la Lengua Española, lo que no me cabe duda que ha hecho más de alguna vez en su vida, verá que la palabra “tiraje”, que se usa en esta disposición, se define como: “número de ejemplares de que consta una edición.” A su vez, define el término “edición” como: “Impresión de una obra para su publicación”.
Bien sabemos que los medios escritos tienen varias ediciones durante un mismo día. Diarios como “La Tercera” y “El Mercurio”, me han informado que ellos no repiten una obra varias veces para los efectos de vender, sino que van haciendo distintas ediciones dentro de un mismo día, en cuyo transcurso sacan hasta cuatro ediciones. O sea, de aplicarse la ley en tramitación, los diarios tendrían que colocar el número de ejemplares que se imprimieron 5 minutos atrás, cuestión que, a mi entender, no tiene nada que ver con el objetivo del proyecto.
En consecuencia, la actual redacción de la norma me obliga a votarla en contra, porque genera una imposibilidad práctica, definitiva, para aplicarla.
Mi segundo comentario sobre las restricciones que impone el proyecto dice relación con la observación número 23, que señala que, de acuerdo con el artículo 39, inciso segundo, el hecho relevante sobre la modificación de la propiedad de los medios de comunicación social sujetos al sistema de concesión otorgada por el Estado, deberán contar con un informe previo de la respectiva comisión preventiva respecto de su impacto en el mercado informativo.
Aquí nuevamente vuelve el mismo concepto.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Diputado señor Coloma , se le acabó el tiempo.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, el diputado señor Álvarez me comunica que, generosamente, me concede más tiempo.
Aquí tenemos nuevamente el mismo concepto. La pregunta es: ¿por qué en este artículo se establece esta obligación a estos medios y no a otros?
La explicación que ha dado el señor ministro no me parece satisfactoria desde un punto de vista conceptual; porque la entendería si esta restricción se aplicase a todos los medios, pero no la puedo entender cuando se les aplica sólo a los que están sujetos al sistema de concesión otorgado por el Estado.
En consecuencia, una vez más estamos en presencia de una restricción, a mi juicio, profundamente inadecuada.
Lo mismo podemos decir respecto de la observación número 27, relacionada con el artículo 44, nuevo, que establece que “ninguna persona que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio”. O sea, aquí en vez de estar defendiendo los medios regionales, como se plantea, estamos creando nuevamente barreras respecto de cómo trabajar en los medios de comunicación.
Si se viola algún principio básico sobre esta materia, deberán operar las otras normas que existen para sancionar aspectos monopólicos; pero no se debe colocar en forma previa, a partir de estos conceptos.
Por eso y dado que usted me apura, señor Presidente, me pareció importante dejar en claro esta materia desde un punto de vista sustantivo.
Tenemos un acuerdo respecto de la forma de votar el artículo 4º. No obstante, insisto en que, por lo menos para mí, el resto de las observaciones no tienen que ver con números fijos, sino con conceptos, con principios, respecto de los cuales, por un lado, veo un esfuerzo por dar libertad a la prensa; pero, por otro lado, veo restricciones serias que la amenazan hacia adelante.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Diputado señor Coloma , ha ocupado el tiempo destinado al Comité de la UDI.
Tiene la palabra el ministro secretario general de Gobierno.
El señor HUEPE (Ministro secretario general de Gobierno).-
Señor Presidente, no es mi ánimo polemizar con el honorable diputado señor Juan Antonio Coloma , porque estos temas darían para un largo debate. Sin embargo, quiero hacer precisiones muy breves.
Primero, respecto del artículo 10, nuevo. Plantea que un diario puede publicar una edición de provincia y tres o cuatro ediciones más en el día; pero es obvio que cuando los ingenieros hablan de “edición del día anterior”, se están refiriendo al tiraje del día anterior.
Es efectivo que el editor o quien está decidiendo el tiraje no puede saber cuántos ejemplares se imprimirán durante el día, ya que éstos aumentarán si se presenta una noticia importante. No obstante, parece bastante razonable pedirle el tiraje del día anterior, lo que, obviamente, incluye las distintas ediciones.
En verdad, es la primera vez que escucho esta interpretación tan particular del diputado señor Juan Antonio Coloma , porque siempre entendimos que era el total del tiraje del día anterior.
La observación número 23 tiene que ver con los artículos 38 y 39, nuevos, y también con el artículo 44, nuevo, el cual establece que “ninguna persona que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio”.
Al respecto, considero que aquí existe una diferencia de fondo muy importante entre nuestra apreciación y la del diputado señor Juan Antonio Coloma . Al Ejecutivo le preocupa la posibilidad de la concentración de la propiedad de determinados medios de comunicación y los posibles abusos monopólicos que se puedan generar. Por ejemplo, todos sabemos lo que pasa con las dos grandes cadenas internacionales que están comprando un número enorme de radioemisoras nacionales. Si el día de mañana quieren comprarse una adicional en una región determinada, el propietario o alguien puede pedir que se pronuncie la Comisión Preventiva, porque puede llegar el momento de colocar coto a esta adquisición indiscriminada de radioemisoras regionales por dos grandes cadenas internacionales. Hoy no hay ninguna limitación. Nosotros creemos que en un sistema de mercado, el rol del Estado radica precisamente en impedir la concentración monopólica. Esta puede acontecer en la venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza; pero también se produce, y especialmente por su influencia política, en aspectos culturales en nuestra sociedad, en los medios de comunicación.
Por eso, al revés de lo que opina el diputado señor Juan Antonio Coloma , debiéramos tener especial preocupación de que, en la industria de medios de comunicación, exista una preocupación especial, valga la redundancia, por la concentración de los medios de comunicación. Lo mismo sucede en el caso de la televisión.
La diferencia fundamental con el diputado señor Juan Antonio Coloma radica en nuestra visión de cómo funciona el sistema de economía de mercado y la importancia del rol regulador que debe jugar el Estado respecto de la empresa privada, legítima, por supuesto, en este sistema, que esperamos se desarrolle y funcione adecuadamente; pero no estamos de acuerdo en que una sola persona o una sola empresa controlen los distintos medios de comunicación en una región determinada. Incluso se atenta contra una verdadera democracia cuando existe concentración de los medios de comunicación.
Ésa es la razón por la cual vamos a insistir en estos artículos, a pesar de lo que dice el diputado señor Juan Antonio Coloma .
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, creo que debemos avanzar en adecuar nuestro orden normativo interno a los cada vez más exigentes estándares internacionales sobre derechos de las personas, en estos tiempos de mundialización y de globalización de las relaciones jurídicas, políticas y económicas. Debemos ser capaces de competir en el mundo como un todo, incluyendo nuestra institucionalidad jurídica y política.
Lo ocurrido con Chile a raíz de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema de la censura cinematográfica, las observaciones que existen en la comunidad internacional y en estos organismos que velan por la libertad de información respecto de los límites para el ejercicio de la profesión y para el ejercicio de las libertades de información, son hechos significativos. Considero que resolvemos tales observaciones en forma fundamental con este proyecto, con esta ley de prensa que efectivamente condensa anhelos que mucha gente ha tenido, en el Gobierno y en el Congreso, de hacer avanzar las libertades de información y de opinión. A mi juicio, las observaciones del Presidente de la República al proyecto en estudio caminan en ese sentido. Quiero destacar, en primer lugar, que los mecanismos dispuestos en el proyecto de ley para dotar de un estatuto de derechos mínimos en el ejercicio profesional del periodismo, aseguran la plena libertad de los periodistas, su reconocimiento como profesionales que desempeñan una labor esencial en la sociedad abierta y, asimismo, salvaguardarlos de la persecución de grupos, de sectores poderosos, con la reserva de la fuente y de la cláusula de conciencia, elementos esenciales para que un periodista pueda ejercer libremente su profesión. También son importantes la eliminación de normas abusivas de la ley de Abusos de Publicidad y el sometimiento a los tribunales civiles de las causas que se puedan seguir en su contra por el abuso en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, es muy importante lo digo a la gente de regiones que está pendiente de nuestro debate el apoyo a los medios regionales y al periodismo en provincias y comunas. Ello es fundamental para asegurar un desarrollo cultural armónico en el territorio nacional, cuestión que no se logra sin los dispositivos concretos que vayan en ayuda de los medios regionales.
Ahora, deseo referirme a las observaciones planteadas por la Derecha y a sus anuncios que limitan la importancia, el significado y el impacto de este proyecto en materia de libertad. La decisión de Renovación Nacional al parecer, también de la UDI de votar en contra de la declaración de circulación, es extraña en sectores que promueven a ultranza la libertad en la economía. Es extraña, porque tratan de poner un velo sobre una actividad comercial con la finalidad de proteger intereses muy concretos de grandes conglomerados económicos que actúan en el ámbito de las comunicaciones.
La declaración de la circulación es un derecho, no sólo de quienes invierten, publican avisos o de los avisadores, quienes contratan la publicidad, sino también de los lectores, de los ciudadanos. El que compra un medio de comunicación debe tener claro en qué cantidad se vende, la circulación del día anterior y cómo se han difundido determinadas noticias.
Me sorprenden las afirmaciones de la diputada señora Pía Guzmán , de Renovación Nacional, y del diputado señor Coloma , de la UDI, en circunstancias de que esta disposición existe, incluso, en la prensa italiana. El diario “La Stampa”, de derecha, no tiene problema alguno para colocar la cantidad de ediciones que circula, como tampoco lo tienen “La República”, “Le Mond”, “El País” y muchos otros diarios en el mundo. Entonces, me parece rebuscado su argumento de que esto podría generar dificultades. Creo que la no existencia de ese dato daña la libertad de elección y la transparencia del mercado.
Además, invalido el argumento de la colega señora Pía Guzmán de que aquí se destaca sólo elementos cuantitativos y no los cualitativos, respondiéndole que estos últimos existen, los que pueden ser observados en cualquier medio. Sé que se refiere al efecto multiplicador de un medio, independientemente de cuántos diarios circulen, a la capacidad de entregar noticias. Eso, naturalmente, no depende sólo de la cantidad de diarios que circulen, pero ese dato falta. Los otros existen, son de valoración, de los publicistas, de los agentes, de quien invierte en un periódico, en publicidad, y también de los ciudadanos.
En segundo lugar, me parece imprescindible la aplicación de la ley antimonopolio. Al respecto, hago presente que pronto estudiaremos el proyecto sobre ley eléctrica, en el que buscaremos cómo evitar la integración vertical. Y cuando se habla de medios de comunicación, de libertad de opinión, se quiere, sin embargo, preservar formas de integración vertical, que dificultan la libertad de la existencia de los medios.
Al respecto, el ministro Huepe tiene toda la razón al afirmar que si un medio nuevo se topa con algunos de los circuitos existentes en la distribución, en la difusión, no tendrá posibilidad alguna de desarrollarse. De manera que requerimos que la ley antimonopolio también opere en este campo.
En tercer lugar, es absolutamente necesario evitar la concentración de los medios televisivos. Informo a los colegas señora Pía Guzmán y señor Coloma que Berlusconi no tiene dichos medios en Lombardía, sino en otras regiones. Además, no cuenta con un solo medio, pues tiene acceso a diarios, a televisión, etcétera. Pero, en definitiva, hasta los grandes empresarios europeos tienen en cuenta disposiciones como éstas.
Lamento el anuncio de la Derecha de votar en contra de estas normas, porque son indispensables para que la ley de prensa cautele en forma efectiva el pluralismo, la transparencia y la libertad.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Hago presente a los señores diputados que, en reunión de Comités, se acordó efectuar la votación de este proyecto, igual que la del que figura en el Nº 3 de la tabla, que concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales que se acojan a jubilación en el período que se especifica, al inicio de la sesión especial citada a las 16 horas.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha .
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, quiero formular sólo dos observaciones relacionadas con este importante proyecto.
El inciso segundo del artículo 4º de la observación Nº 3, señala: “Anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público contemplará los recursos necesarios para financiar la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional. La asignación de estos recursos será efectuada por los respectivos Consejos Regionales, previo concurso público”.
Al respecto, consulto qué se entiende por “recursos necesarios”. A mi juicio, el precepto debería establecer conceptos claros, sin ambigüedades, para que la expresión no se preste a malas interpretaciones, y, como consecuencia de esa indefinición semántica, tengamos un propósito no cumplido, porque nadie sabe qué es “recursos necesarios”. Tal vez habría sido mucho más claro consignar que “la Ley de Presupuestos contemplará recursos”. En caso contrario, no habrá claridad sobre la materia y corremos el riesgo como ha ocurrido tantas veces de que dichos recursos queden radicados en la capital, por los sectores más influyentes del país. Y esto desmejora un poco la imagen del proyecto.
La observación Nº 8, referida al artículo 8º, no fue cuestionada por el Ejecutivo. No obstante, quiero hacer una breve digresión sobre el tema.
El artículo 8º establece lo siguiente: “El medio de comunicación social que difunda material informativo identificándolo como de autoría de un periodista o persona determinados, con su nombre, cara o voz, no podrá introducirle alteraciones substanciales sin consentimiento de éste;...”.
El 16 de diciembre de 2000, apareció en “La Tercera”, de Santiago, el artículo titulado “Radiografía a la primera vuelta”, escrito por las periodistas Paola Sais y Gabriela de la Maza , en el cual se hace un análisis objetivo de la primera vuelta electoral de la campaña presidencial.
Al respecto, por una casualidad, porque es difícil que se dé esta circunstancia, tuve acceso a la edición de “La Tercera” enviada a provincias. Grande fue mi sorpresa al ver que en ese reportaje, con el mismo título, se omitía el nombre de las periodistas y que el artículo era absolutamente distorsionado. Tal vez se supone que los lectores de provincia poseen menos preparación y que carecen de las condiciones de los santiaguinos.
El hecho es grave y es el momento propicio para traerlo a colación. Siempre estuve buscando la oportunidad para darlo a conocer. A mi juicio, la actitud de “La Tercera” es abiertamente delictual al transformar lo que sostenían las periodistas, en que se destacaba con cierto equilibrio las posiciones tanto de los candidatos Lagos como de Lavín, y se envía a provincia algo absolutamente distinto con el simple expediente de omitir los nombres de las periodistas.
En la observación Nº 8 se hace clara referencia a este caso; pero la sanción que se menciona, a mi juicio, es inaplicable por una razón muy simple: los periodistas son empleados del diario, de modo que difícilmente podrían objetar una situación como ésa y representarla a su empleador sin riesgo de perder su empleo.
Los diputados radicales hemos intervenido con interés en este tema, porque creemos que contribuye, con mucha fuerza, al mejor desarrollo de nuestra democracia.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor HUEPE (Ministro secretario general de Gobierno).-
Señor Presidente, quiero decir al diputado señor Rocha que con la frase: “Anualmente la ley de Presupuestos del Sector Público contemplará los recursos necesarios para financiar la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional”, contenida en el inciso segundo del artículo 4º del veto, no estamos pensando en Santiago, sino en las regiones. Por ejemplo, en la ley de Presupuestos de este año se destinaron alrededor de 200 millones de pesos, y para su utilización están esperando que se despache este proyecto y se dicte su reglamento. A pesar de que está abierto a todos los medios de comunicación, la idea es concentrarse, fundamentalmente, en radios. Pero ese monto sería muy poco para la televisión y esperamos aumentarlo en los años siguientes.
Se piensa tener un criterio de distribución nacional en regiones y que efectivamente produzca efecto allí. Seguramente, en el reglamento, que someteremos a consideración de los señores diputados, serán tenidos en cuenta factores como dispersión de la población, densidad, etcétera.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cornejo .
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente, en primer lugar, nos alegramos de tener un ministro que participe tan activamente en la discusión parlamentaria de un proyecto como éste. No es común encontrarse con un ministro que demuestre tanto interés por participar en un debate.
En segundo lugar, después de escuchar la discusión que se ha generado en torno del proyecto y de hacer un análisis más riguroso a su respecto, uno debe concluir en que muchas de las diferencias que se producen entre el Gobierno y la Oposición emanan, en general, de distintas concepciones que tenemos respecto del rol de los medios de comunicación y no sobre la libertad que dichos medios deben tener. No me parece aceptable que para enfrentar este debate se pretenda hacer una construcción artificial entre quienes son más o menos contrarios a la libertad de expresión, porque, si esas diferencias existieran, este proyecto no sería aprobado.
Creo, más bien, que detrás de esto hay concepciones de carácter económico, porque si uno hace un análisis de las normas respecto de las cuales algunos señores diputados han dicho que se van a oponer, debo concluir en que todas ellas, más que aludir a la libertad de expresión o de opinión, se refieren a algún tipo de libertad que tiene una particular significación de carácter económico.
Por esa razón, no obstante compartir el texto del veto del Presidente de la República, no me satisface del todo que la definición de pluralismo tema tan complejo e importante en el funcionamiento de las sociedades democráticas se pretenda, siempre, asimilarlo más cercanamente a un concepto de libertad económica.
En consecuencia, más allá de libertades económicas, de libre iniciativa empresarial, para nosotros, el pluralismo está vinculado a un conjunto de medios de comunicación capaces de dar cuenta de las pluralidades política, religiosa, étnica, cultural, etcétera, que existen al interior de una sociedad. Desde esa perspectiva, me parece que esa definición es insuficiente.
En tercer lugar, a diferencia de lo que han dicho algunos colegas, creo muy importante el paso que se da en el tema de los fondos para la prensa regional. Uno de los grandes problemas de las regiones es, precisamente, la dificultad para que en ellas puedan existir medios regionales, y la mayor dificultad aúnestriba en que puedan financiarse y compartir con otros consorcios de carácter nacional.
Si bien este paso puede ser insuficiente, hay que valorarlo en el sentido de que una ley de esta significación comprende, además, que la libertad de prensa, de opinión, de alguna manera conlleva la posibilidad de que los medios regionales puedan subsistir no sólo para satisfacer una iniciativa empresarial, sino también para dar cuenta de una verdadera identidad regional. Un país que apunta a la profundización de la regionalización, a la mayor valoración de las regiones, también debe reconocer que en este mundo globalizado, particularmente de las comunicaciones, es importante, a mi juicio, para la autoridad, preservar y fomentar identidades regionales que no sólo son importantes desde el punto de vista económico, sino también cultural.
Finalmente, espero que los recursos que se asignen en la ley de Presupuestos para proyectos de orden regional no tengan el carácter de simbólicos, porque no ha sido nuestro propósito de que haya ciento, doscientos o trescientos millones de pesos para solucionar un problema, sino contribuir a la identidad regional, a resaltar las particularidades y riquezas de cada región, y, además, a fortalecer las libertades de expresión y de opinión; a que esos recursos tengan una significación relevante. De no ser así, no sólo va a haber menos identidad regional, expresada a través de un medio, sino también ¡por qué no decirlo con toda claridad! eso puede conducir a que la libertad de opinión, de expresión, en una región, cualquiera que sea, sea sólo la posibilidad de enterarse de debates sobre temáticas de carácter nacional, más bien vinculados a la Región Metropolitana. Baste señalar, a título de ejemplo, que si uno hace un análisis sobre cuánto rato ha ocupado en el debate de las regiones el tema de las vías del transporte en Santiago, podría concluir en que no sólo las regiones han estado ausentes en él, sino que las autoridades, que por definición deben velar por el Estado, terminan siendo autoridades de la Región Metropolitana.
Insisto en mi parecer de que en esta materia regional no debiera haber un saludo a la bandera excúsenme la expresión, sino una cantidad de dinero suficiente para hacer realidad una subsistencia de la prensa en regiones, hoy muy difícil, distinta de la Región Metropolitana.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Coloma .
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, quiero rebatir al ministro señor Huepe dos de sus comentarios.
En primer lugar, la interpretación del artículo 10 la planteé como duda en la Comisión. Es perfectamente posible, porque, en Derecho, las cosas son como aparecen y no como a uno le gustaría que fuesen. Claramente, hablar de la edición anterior y no del día anterior, produce un cambio absoluto respecto del contenido de la disposición. No es culpa mía, sino de quienes redactaron el veto.
En segundo lugar, el otro tema preocupa más, porque uno puede debatir, discutir, pero no cambiar el sentido de lo que plantea. He dicho que aquí hay restricciones a la libertad que no se dan en ningún otro medio, ámbito de acción ni en temas amparados por leyes generales, como la ley antimonopólica. Entonces, no veo por qué se trata de hacer aparecer que quienes nos oponemos a estos vetos estamos casi postulando a que empresas extranjeras, como las compradoras de radios, nos inunden o exuden como chilenos. Esa no es la idea. Estoy tratando de hablar en forma seria acerca de los principios que están envueltos y no veo por qué esta norma contiene un principio distinto de los temas antimonopólicos. Obviamente, si una empresa de los rubros lácteo, automotriz, empresarial o de medios de comunicación adquiere posiciones monopólicas, será sancionada por las disposiciones correspondientes y jamás hemos pretendido modificar, a partir de este artículo, las sabias normas que la ley antimonopolio establece.
Por eso, no me parece justo que, después de una reflexión suficientemente seria respecto del sentido conceptual y de la naturaleza de las objeciones, se trate de hacernos aparecer como que estamos buscando algún grado de defensa de quienes pueden concentrar o no concentrar medios. Repito que ésa no ha sido la idea ni jamás nuestra trayectoria. Por eso lamento usar el tiempo que tenía para dejar las cosas en su lugar. Primero, respecto del contenido del artículo 10, en cuanto a que no es culpa mía que haya un error y, segundo, para expresar que los conceptos son conceptos siempre y que nuestra posición es que estamos ante una ley antimonopolio que debe regir las situaciones correspondientes y no tiene por qué haber restricciones especiales a la libertad de prensa que, de otra manera, puede ser un remedio de aquélla.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor HUEPE (Ministro secretario general de Gobierno).-
Señor Presidente, de ninguna manera he pretendido usar una expresión peyorativa ni caricaturizar lo que el diputado Coloma dijo. Entiendo que su planteamiento es de acuerdo con su leal saber y entender. No he pretendido señalar en él la intención de buscar la concentración monopólica. No fue ese mi ánimo. Sólo quise clarificar la disposición correspondiente, porque nos parece peligroso podemos tener diferencia de apreciación el hecho de que una misma persona tenga influencia en dos sociedades que, por ejemplo, posean un canal de televisión abierto en la misma región. Eso puede llegar a atentar contra el pluralismo político, incluso, en una zona determinada. Supongamos que en un lugar pequeño, en las provincias de Aisén o de Arauco, una misma persona o empresa sea dueña de dos o tres radios; obviamente, los habitantes de esas comunas no van a tener otro medio de información, sino un solo mensaje, y eso nos parece peligroso. Por lo tanto, es importante que la Comisión Preventiva se pronuncie y entregue una opinión al respecto, que, además, no va a ser vinculante y puede ayudar a la autoridad correspondiente a tomar la decisión final; con mucha mayor razón en el caso de canales de televisión.
Esta materia está ligada con el artículo primero transitorio. Así, si se aprueba el artículo 44 que impide a una persona participar en empresas o canales de televisión en la misma región, será conveniente para todos que se apruebe el artículo primero transitorio, porque el período de transición tecnológico muy intenso que sobrevendrá en el futuro próximo va a permitir que esa persona pueda tener un canal analógico y un canal digital. Para este proceso de transformación es necesario dejar abierto el artículo primero transitorio. (Eso quería decirle al diputado señor Coloma ). Es conveniente saber que, dadas las transformaciones que están experimentando la televisión y la radio debido a la energía digital imagínense, en que la frecuencia modulada va a multiplicar siete veces sus canales, y en que la amplitud modulada lo hará doce o catorce veces, vamos a tener un espacio mucho mayor en el dial y para eso habrá que legislar. En esa oportunidad, en un plazo muy breve, seguramente a fines de este año o a principios del próximo, porque estamos ante un cambio tecnológico inevitable, entraremos a analizar más a fondo estos temas.
Por eso, dejo planteado en el artículo primero transitorio que, por lo menos, durante este período se permita que alguien pueda tener una concesión de un canal analógico y de otro digital.
Muchas gracias.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo , por un máximo de seis minutos.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, siete años nos hemos demorado para tener una ley pronta a ser promulgada, y el debate de la Sala y la activa e importante participación del señor ministro nos indican que estamos abordando cuestiones muy de fondo respecto de cómo concebimos instrumentos fundamentales en democracia. Aquí hablamos de las libertades de expresión y de información, del papel de los periodistas, instrumentos clave para dichas libertades, y, sobre todo, del pluralismo; es decir, de la gran pregunta acerca de si el sistema de comunicaciones en la sociedad permite o no su expresión plural. ¿Quién podría dudar, además, de que hoy, en un mundo mediático, el hecho de que se comunique o no al conjunto de la sociedad va a permitir una sociedad más integrada y con menos exclusiones?
No es raro que este debate se haya alargado, porque también estamos recuperando valores perdidos, y en medio de una sociedad en que en el tiempo, además, se han producido grandes concentraciones de la propiedad de los medios. Entonces, es un problema complejo, difícil.
Ahora, hemos llegado a un nuevo proyecto, que significa un gran avance, y lo vamos a aprobar con mucha satisfacción la mayor parte de su contenido y con la sensación de falencias en otros. Pero, sin duda, representa un gran avance.
Todos estamos de acuerdo en los avances sobre la libertad de expresión, de opinión y de información. Pero concuerdo con el diputado Aldo Cornejo en el sentido de que no se entienden los argumentos supuestamente libertarios de la Derecha cuando en los temas propios sobre el derecho de libertad de opinión, de expresión, estamos de acuerdo. Eso es muy importante. En el artículo 1, por ejemplo, se afirma el respaldo a los periodistas que hace posible ese derecho. Asimismo, las derogaciones de los delitos contra la seguridad del Estado, los abusos de publicidad, la prohibición judicial de informar y las cuestiones a favor del periodismo, aunque no van a satisfacer plenamente las demandas de esos profesionales, son un gran avance. La definición de periodista y la reserva de cargos en planta de los servicios públicos también me parecen importantes. De alguna manera se han recogido inquietudes, preocupaciones y reitero se da un respaldo a dichos profesionales.
Sin duda, lo más debatido, y que continúa siendo debatido, es lo relativo al pluralismo informativo o el tema de los medios como dijo el diputado Jocelyn-Holt. No es raro, porque estamos en una situación de gran concentración de la propiedad, de ausencia de un verdadero pluralismo interno y externo, y tenemos dificultades ideológicas, de poderes fácticos, de distinto tipo.
Ahora, el nuevo artículo 3º constituye un avance. No pudimos aceptar la distorsión o tergiversación conceptual tan grave que emanó de la Comisión Mixta, porque limitaba la libertad de empresa. Era como la expresión extrema sobre ideologismo, que es interesante recoger. Cómo puede estar tan en nuestras mentes esta sobreideologización, en el sentido de que es el derecho a la propiedad lo que define todo, y la libertad cursa por poder acceder o no a esa propiedad. Por lo demás, se trata de una libertad que todos sabemos no es tal, porque depende de la capacidad económica y de los poderes que están sustentándola detrás.
Indiscutiblemente, la reformulación es un avance. Concuerdo nuevamente con el diputado Cornejo en que no es lo óptimo. Lo buscamos en la primera etapa del debate en la Comisión y habría sido muy importante; pero reitero, es un avance, porque se enfatiza la función social y eso a nuestra bancada le satisface.
Ahora, hay dos temas de fondo: uno, si avanzamos en medidas de promoción, lo cual es fundamental para ir asegurando pluralismo, equilibrando el poder económico con quienes no lo tienen. Aquí, naturalmente, lo hecho es insuficiente en relación, por ejemplo, con lo que en las democracias europeas se han atrevido a hacer; pero es un avance respecto de la equidad regional. Estoy de acuerdo en que el avisaje de fondos públicos, de fondos presupuestarios para programas y suplementos regionales, son un gran avance. Se dan en forma transparente, plural, que da confianza a todos y no me parece que haya que introducir desconfianza. Esto fue muy discutido.
Ahora, ojalá que podamos hacer el estudio del pluralismo informativo; que esos recursos estén; que haya voluntad...
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Señora diputada, le quedan 30 segundos.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Termino, señor Presidente, aludiendo al problema que promueve más debate y discusión, cual es cómo vamos a controlar la concentración de propiedad y cómo no hemos tenido al respecto otro instrumento que los mecanismos de control monopólico.
Me parece muy importante la fundamentación del ministro señor Huepe . Nos preocupa la concentración de propiedad y los abusos monopólicos que provoca que algunos tengan libertad, pero no todos. Cuando hablamos de libertad, ¿para quién?
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señora diputada.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Estoy de acuerdo. Vamos a aprobar los tres artículos que dicen relación con esta materia; pero homologar los bienes culturales con el mercado de productos materiales presenta inconvenientes. A lo mejor, parte de esta discusión tenga que ver con eso. ¿Pero qué ofrece, entonces, la Derecha? ¿Con qué controlamos las tendencias monopólicas y la concentración? ¿Cómo avanzamos en el pluralismo a través de medidas prácticas, reales?
Este proyecto insisto es un gran avance. Lo vamos a aprobar con gusto, pero sabemos que quedan tareas pendientes.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Ignacio Walker .
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, hace pocos días nos enteramos de un informe verdaderamente preocupante en relación con el estado de la libertad de expresión en América Latina. En él, nuestro país aparecía sólo detrás de Cuba, desde el punto de vista de las restricciones existentes en materia de libertad de expresión.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es celebrar que, después de ocho años de discusión sobre el tema discusión rica, interesante, en un proceso que necesariamente es de aproximaciones sucesivas hacia la mayor protección y fortalecimiento del estatuto jurídico de la libertad de expresión, especialmente en lo que se refiere a la libertad de opinión y de información, hoy estamos conociendo, en la parte final del trámite, 31 observaciones del Presidente de la República contenidas en el veto.
Si uno quisiera graficar, ilustrar de manera sencilla, pedagógica, el verdadero sentido, no sólo de las 31 observaciones, sino del contenido mismo del proyecto, el solo enunciado de algunas de las normas que se derogan, que constituyen, ciertamente, un obstáculo, una traba hacia el pleno ejercicio de la libertad de expresión, por sí solo, demuestra su importancia.
En primer lugar, se deroga la ley sobre abusos de publicidad, dictada en 1967, es decir, hace más de 34 años, que ha quedado absolutamente superada por la realidad, por la evolución de la doctrina y, sobre todo, por la necesidad de ampliar y no restringir las normas sobre libertad de expresión.
En segundo lugar, se derogan las normas especiales que establecen fueros y privilegios de autoridades del Estado en materia de delitos de injuria y de calumnia, los cuales fueron establecidos en favor de las autoridades del Estado, como son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el fondo, nosotros nos encontramos amparados, privilegiados, en relación con el ciudadano común y corriente, lo que obviamente no se justifica. Junto con derogar esas normas se establece la competencia de un ministro de corte de apelaciones para conocer de estos casos, que, en estricto rigor, no beneficia a autoridades o a nosotros mismos, sino que a ese ciudadano común y corriente que puede haberse sentido ofendido y que, a la vez, va a sentirse protegido tanto por un juez como por un tribunal de mayor jerarquía.
En tercer lugar, se deroga la facultad de requisar libros contemplada en la ley de Seguridad Interior del Estado.
En estos dos últimos casos, hay que reconocer, lo que en su momento fue el proyecto, la moción parlamentaria de los diputados Gabriel Ascencio , Andrés Palma y de tantos otros, que alcanzamos a aprobar en la Cámara de Diputados y que, finalmente, se logró refundir en este proyecto en el segundo trámite legislativo en el Senado.
En cuarto lugar, se derogará la norma que otorga competencia a tribunales militares en delitos cometidos por civiles en razón del ejercicio de la libertad de expresión. Obviamente, ésta es una norma aberrante.
Sabemos que los tribunales militares deben conocer de delitos militares cometidos por militares. Ésa es la sana doctrina. Por lo tanto, la norma vigente es una clara anomalía y se hace bien en establecer en el proyecto la competencia de la justicia ordinaria en todos aquellos casos que involucren a civiles en razón del ejercicio de la libertad de expresión.
En quinto lugar, se derogan las normas que permiten decretar la prohibición de información, cual es también una restricción inaceptable en materia del ejercicio de la libertad de expresión establecida actualmente en el artículo 25 de la ley sobre abusos de publicidad.
En sexto lugar no menos importante, se derogan las normas sobre la llamada responsabilidad en cascada dispuesta en el artículo 29 de la ley sobre abusos de publicidad y también en la ley de Seguridad Interior del Estado. Se establece la responsabilidad exclusiva de los directores de medios, pero, incluso, se les permite excepcionarse si no ha habido negligencia de parte de ellos.
Creo que el solo enunciado de estos seis aspectos medulares que ensanchan, amplían, el marco del ejercicio de la libertad de expresión, y que derogan, terminan con trabas y con limitaciones absolutamente inaceptables sobre la materia, demuestran la importancia del proyecto y la necesidad de aprobarlo.
Hay otros aspectos fundamentales, como son:
El derecho a la información por parte de las personas. En ese sentido, se recoge el fallo del Tribunal Constitucional en cuanto a que éste forma parte natural y se encuentra implícito en la libertad de opinión e información.
La garantía del pluralismo, para recoger la diversidad social, cultural y política del país. Se establece, incluso, la obligatoriedad de que Conicyt, a través de concurso público, lleve a cabo el estudio del estado del pluralismo en nuestro país.
El fomento, desarrollo y fortalecimiento de los medios de comunicación a nivel regional, provincial o comunal. Se establecen fondos para que el Estado fortalezca estos aspectos tan importantes para quienes representamos a las provincias y regiones, y la necesidad de que en la ley de Presupuestos se disponga de recursos para facilitar la edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional. Perfeccionar el mercado informativo, haciéndolo más transparente y pluralista. En este sentido, se ha discutido mucho el contenido del artículo 10, en cuanto a la necesidad de establecer el número de ejemplares en circulación de cada medio.
No comparto esta norma; pero insto a los medios de comunicación para que, sobre la base de la autorregulación, puedan establecer un sistema de verificación de circulación efectivo en nuestro país.
El proyecto también considera normas sobre la Fiscalía Nacional Económica, la libre competencia y la ley antimonopolio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor diputado.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Termino, señor Presidente, diciendo que quedan asuntos pendientes, que sin duda alguna vez tendremos que enfrentar, como el efectivo pluralismo y la propiedad en los medios de comunicación, su autorregulación en materia de verificación de circulación; incentivos más reales y eficaces a los medios regionales de comunicación que luchan por sobrevivir.
En definitiva, éste es un gran proyecto que requiere de nuestro apoyo; por lo tanto, lo votaremos favorablemente para que sus disposiciones entren a regir tan pronto sea posible.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
El proyecto se votará a las 16 horas.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
INVESTIGACIÓN DE SITUACIÓN DEL MERCADO AÉREO NACIONAL.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 536.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Rechazado por falta de quórum.
Los proyectos de acuerdo Nºs 512, 515 y 532 están suspendidos por sus autores.
DESTRUCCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 537, de los diputados señores Urrutia, señora Saa, doña María Antonieta ; señores Soria, Letelier, don Felipe ; señora Pollarolo , doña Fanny ; señores Jaramillo , Velasco, Jeame Barrueto, Sánchez y Palma, don Joaquín.
“Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política de la República, y considerando:
1º Que es deber de todos los Estados que conforman la comunidad internacional de naciones velar por la protección, fomento y promoción de los valores culturales que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la Humanidad.
2º Que el mundo ha visto con estupor que el régimen de la autodenominada República islámica de Afganistán, controlada por miembros de la secta talibán, ha ordenado por razones seudorreligiosas la destrucción de dos esculturas que representaban la figura de Buda, construidas entre los siglos III y IV de nuestra era en la localidad de Bamiyan.
3º Que estas esculturas, únicas en el mundo, por haber sido esculpidas en la roca viva, entre los siglos II y IV de nuestra era y que tenían una altura de 55 y 36,5 metros respectivamente, eran las más grandes del mundo y ejemplos únicos de la representación de Buda en posición de pie y en tal condición eran consideradas en el mundo entero, como integrantes del patrimonio cultural común de la Humanidad.
4º Que los líderes talibanes hicieron caso omiso a las resoluciones y acciones emprendidas por el secretario general de Naciones Unidas, por la Unesco, por importantes naciones budistas del mundo, como el Japón, la India y Sri Lanka , las cuales sintieron violados sus más íntimos sentimientos religiosos.
5º Que los miembros de esta secta amenazan con insistir en su supuesta acción iconoclasta, con la destrucción de miles de obras de arte escultóricas y arquitectónicas, todas las cuales son piezas arqueológicas únicas, desoyendo los múltiples reclamos internacionales.
6º Que el derecho de autodeterminación de los pueblos, en ningún caso puede significar autonomía para cometer actos que agravien los derechos de las personas y tampoco los valores comunes de todos los habitantes del planeta.
7º Que nuestro país y especialmente el gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, asientan sus políticas de Estado, justamente, en la promoción de los valores de la cultura universal y nacional, lo que nos obliga política y éticamente, como Estado y en nuestro caso como parlamentarios, a expresar nuestro rechazo a tales prácticas y buscar, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y de otros foros internacionales, que se sancione a los responsables de esta clase de actos reñidos con las normas más básicas de convivencia internacional.
La Cámara de Diputados acuerda:
1º Sin efectuar reconocimiento alguno al autodenominado Gobierno Talibán de Afganistán, expresar nuestro rechazo y profunda preocupación por la destrucción de dos valiosas obras del arte universal, que representaban a la figura de Buda, en la localidad de Bamiyan.
2º Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que, como Jefe de Estado y conductor de nuestras relaciones internacionales, exprese idéntico rechazo a estos actos atentatorios contra el patrimonio cultural de la Humanidad.
3º Solicitar al Ejecutivo que, a través de nuestras representaciones diplomáticas permanentes en la Organización de las Naciones Unidas y en la Unesco, lleve adelante todas las acciones conducentes a sancionar política y jurídicamente a quienes han llevado a cabo semejantes actos de barbarie y se desplieguen todas las acciones que el derecho internacional autoriza para prevenir futuros atentados contra el patrimonio cultural de la nación afgana y de la Humanidad en su conjunto.
4º Oficiar a los parlamentos de Japón, India y Sri Lanka , y a sus embajadores en Chile, para expresarle nuestra solidaridad por estos actos, que sabemos lesivos para sus ciudadanos, pues constituyen graves injurias a sus profundas convicciones religiosas”.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo .
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, éste es un proyecto de acuerdo realmente importante, y dado que no hay quórum en la Sala, luego de lo largo de la presente sesión, deseo saber si es posible tratarlo en la próxima sesión.
El proyecto es muy significativo, pone énfasis en valores de enorme significado para nuestra construcción democrática y representa una reacción a expresiones extremas de fanatismo e integrismo religioso.
En concreto, solicito aunque no sé si reglamentariamente es posible que se discuta en la próxima sesión.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No es posible.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Es lamentable; quizás tengamos que volver a presentarlo.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Señora diputada, haga uso del tiempo para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, el proyecto se refiere a un tema muy relevante para nuestro país y surge de un planteamiento hecho por parlamentarios de distintas bancadas, tanto de Gobierno como de Oposición, lo que indica que en la Cámara de Diputados el valor del pluralismo, del reconocimiento de la diversidad y el rechazo a toda forma de fanatismo, sea religioso o de cualquier otro origen, es compartido, transversal y separado de definiciones políticas partidarias. Eso es de enorme valor.
Si tenemos la oportunidad de hablarlo más latamente, quizás hasta en una sesión especial, podremos reflexionar más sobre estos valores en nuestra propia sociedad.
Muchas veces nos vemos enfrentados a dificultades para reconocernos distintos, para asumir aquello que compartimos y aquello que nos diferencia y, sobre todo, para distinguir los límites de las autoridades religiosas en un estado laico.
El estado de Afganistán no es laico; su religión es la del estado. Pero en la actitud de los miembros de la secta talibán, que controlan la autodenominada República Islámica de Afganistán, vemos la distorsión extrema a que puede llevar esa realidad institucional.
Reitero la importancia del proyecto que dice relación con nuestros valores democráticos como Parlamento y nos hace reflexionar sobre nuestro funcionamiento democrático y nuestra capacidad para valorar el pluralismo y rechazar toda forma de fanatismo.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En votación.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No hay quórum.
En consecuencia, el proyecto de acuerdo se votará por última vez en la próxima sesión ordinaria.
VIII.INCIDENTES
INVESTIGACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A EMPRESA DE LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor José García .
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, la Dirección Nacional de Vialidad llamó a propuesta pública para la ejecución de la obra de mejoramiento ruta 5, en el sector que atraviesa por Temuco, la que fue adjudicada a la empresa Gender , Ingeniería y Construcciones Limitada.
La oferta de la propuesta fue de 4.973 millones de pesos. Sin embargo, a poco andar, el monto para la realización de la obra ha sufrido aumentos por más de 4.000 millones de pesos y disminuciones por más de 3.000 millones de pesos, valores todos que se han negociado directamente con la empresa, al margen del diseño y solución vial original.
A raíz de estos hechos debidamente confirmados por documentos oficiales que me han sido remitidos por el director nacional de Vialidad, mediante oficio Nº 2.281, de 12 de marzo recién pasado, solicité al Ministerio de Obras Públicas información sobre los contratos suscritos durante los últimos cinco años con la empresa Gender Limitada, especialmente aquellos pactados bajo las modalidades de trato directo y propuesta privada.
Mediante oficio Nº 815, de 26 de marzo del presente año, el subsecretario de Obras Públicas me remitió la información solicitada. Me encontré con la gran sorpresa de que sólo en la Novena Región de la Araucanía la empresa Gender Limitada ha sido favorecida con diecinueve contratos por las vías del trato directo y propuesta privada, desde el 7 de diciembre de 1993 al 26 de mayo de 2000, los que en valores históricos suman más de 7.300 millones de pesos.
En Temuco es vox pópuli que la empresa Gender Limitada colabora generosamente en el financiamiento de las campañas electorales de los candidatos de la Concertación, específicamente de la Democracia Cristiana. Resulta entonces, por decir lo menos, sospechosa la cantidad de contratos y los valores que el Ministerio de Obras Públicas le adjudica, saltándose el procedimiento general de llamado a propuesta pública para la ejecución de obras.
Por lo tanto, solicito oficiar al contralor general de la República, a fin de que se disponga de manera urgente una investigación que determine las razones por las cuales el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones ha obviado el procedimiento general de propuesta pública y ha adjudicado la ejecución de obras por las vías del trato directo y propuesta privada por más de 7.300 millones de pesos a la empresa Gender Limitada, y se pronuncie sobre si estas adjudicaciones se han ajustado a la legalidad vigente, porque llama poderosamente la atención que no se utilice el sistema de propuesta pública en contratos por 1.306 millones de pesos, como ocurrió por ejemplo con la ripiadura y tratamiento de la ruta E97, Freire-Mamuil Malal , o con un contrato por 821 millones de pesos para la construcción de dos puentes en la comuna de Lonquimay.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen a la Mesa.
LEGALIDAD DEL USO DE LOGO “GOBIERNO DE CHILE” POR LOS MINISTERIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS. Oficio.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, solicito oficiar al contralor general de la República, a fin de que se pronuncie sobre la legalidad del uso del logo “Gobierno de Chile” por los ministerios y servicios públicos, tal como fue solicitado por esta Cámara, mediante oficio Nº 5.925, del 13 de julio de 2000, el que hasta la fecha no ha tenido respuesta.
Resulta sorprendente que todo lo que se financia con recursos del Estado hoy lleve el logo de “Gobierno de Chile”. Si hasta los funcionarios públicos deben lucir en sus solapas una tarjeta de identificación, la que en su parte más visible lleva el señalado logo. Ahora los funcionarios públicos ya no son servidores del Estado, sino del Gobierno de Chile.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen a la Mesa.
CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA RUTA LA SERENA-VICUÑA. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Mario Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que informe en qué situación de seguridad se encuentra la ruta Gabriela Mistral , entre La Serena y Vicuña, a la altura de la variante tranque Puclaro , ya que en el último tiempo ha habido muchos derrumbes en los terraplenes del cerro.
En consecuencia, es necesario saber cuál es la seguridad de dicha construcción, la situación de las laderas del cerro y si hay un estudio al respecto, dado que este año ha habido varios temblores y es posible que el invierno sea lluvioso, lo que podría ocasionar derrumbes y bloquear el camino si no se prevé y mantiene la necesaria seguridad.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen a la Mesa.
AGRADECIMIENTO A CORREOS DE CHILE Y A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS POR SU LABOR EN LLANQUIHUE. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Carlos Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a Correos de Chile, para expresar mi agradecimiento a los funcionarios de dicho servicio por su buen desempeño en las distintas comunas de la provincia de Llanquihue
Asimismo, solicito que se oficie a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para expresar mi satisfacción por la forma en que se han regularizado los déficit de alimentación, particularmente en raciones de desayuno y almuerzo, en las comunas de la provincia de Llanquihue, en la Décima Región.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen.
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE VEDA EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, solicito que se envíen oficios al ministro de Economía, Minería y Energía, a fin de que informe sobre la actual situación y el funcionamiento previsto para los próximos años de los sistemas de veda de la merluza del sur, del loco y de otros recursos sujetos a veda en la región y las estimaciones aproximadas de las biomasas respectivas en los períodos considerados.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen.
TRANSPARENCIA EN SISTEMA DE MEDICIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, en esta ocasión quiero referirme a un tema que resulta muy sensible para todos los chilenos: las tarifas de los servicios básicos: telefónico, eléctrico y de agua.
Existe un clamor que se ha venido levantando últimamente en todas las ciudades del país, porque la gente se siente atropellada por el cobro de estos servicios. Debido a los escasos minutos de que dispongo, ahora me referiré específicamente al servicio telefónico.
En efecto, existe un pliego tarifario que, de acuerdo con la ley, tiene una vigencia de cinco años para los servicios telefónicos. El pliego actual rige desde 1999 hasta 2004. Esto significa que existen tarifas reguladas, que tienden a disminuir para el cargo fijo, servicio local medido, reposición, instalación y otros servicios que entregan las compañías telefónicas.
La principal compañía del sector, es decir, CTC, cubre el 84 por ciento del mercado nacional, lo que significa que es la empresa dominante y que no tiene competencia en estos momentos. Sin embargo, ése es, precisamente es decir, que existiría competencia, el argumento que utilizó para pedir a la Comisión Antimonopolios y a la Fiscalía Nacional Económica la posibilidad de derogar el pliego tarifario vigente, lo que, en pocas palabras, significaría tarifas libres que, a su vez, implicarían alzas en el suministro de esos servicios.
Sin duda, ello perjudicaría a toda la población, porque, tratándose de una compañía monopólica, no hay competencia y el público no tiene posibilidades de elegir. Pero la CTC aduce que existe competencia de la telefonía celular y de la tecnología PCS que hoy día está funcionando en el país. Sin embargo, está demostrado que se trata de servicios complementarios de telecomunicaciones que no representan competencia en el área telefónica, porque hoy día en la mayor parte de las ciudades el público tiene que recurrir a las prestaciones de dicha compañía.
Ante este hecho, hay reiterados reclamos de los usuarios que la compañía no acoge. Por ejemplo, muchas veces, a pesar de estar suspendido el servicio telefónico por no pago de la cuenta, se les sigue cobrando el cargo fijo con los respectivos intereses; incluso, se les aplica intereses sobre intereses. Otras veces, se les cobran llamadas telefónicas que nunca han efectuado.
Aparte de todo esto, la gente no entiende cómo se calcula el servicio local medido. Por ello, la Cámara ha solicitado en forma reiterada la instalación de instrumentos de medición, tanto para el servicio local medido como para las llamadas de larga distancia. Sin embargo, no hemos tenido una respuesta positiva de la empresa CTC, dominante en el mercado.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, transcribiéndole el texto de mi intervención, que fija mi posición sobre la materia, que creo será mayoritaria en esta Sala. En Chile existe un sentimiento de injusticia por estos cobros. La gente se considera perjudicada con ellos y que es injusto que continúen efectuándose. Si fuera necesario modificar la ley de Telecomunicaciones, sería precisamente para eliminar el cargo fijo; con un costo de mil o mil 500 pesos bastaría para mantener el servicio en funcionamiento.
Por otra parte, en distintas ciudades hemos escuchado decir a la gente que no entiende la boleta de cobranza, que es una verdadera caja negra. Por eso, queremos mayor transparencia sobre el particular, y hemos solicitado que exista una medición, a fin de que los usuarios sepan exactamente qué están pagando y que esa suma corresponda realmente al servicio recibido.
En otra ocasión continuaré refiriéndome a los problemas que existen en la cobranza de los servicios básicos, porque la gente no tiene posibilidad de elegir y debe someterse a las reglas fijadas por empresas monopólicas.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo soliciten.
REEMPLAZO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN ZONA AUSTRAL. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Restan treinta segundos al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Delmastro .
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, como se sabe, Chile, especialmente en la zona austral, es uno de los países más afectados por la disminución de la capa de ozono, principalmente en la ciudad de Punta Arenas. En noviembre del año pasado, el gobierno de Brasil retiró el único instrumento que existía en nuestro país para medir la capa de ozono en el continente, el que fue instalado posteriormente en la Antártica.
Pues bien, el instrumento tiene un costo de 200 mil dólares, recursos con que la Universidad de Magallanes no cuenta para reponerlo, de manera que sea posible tener un pronóstico diario de la radiación ultravioleta existente en la zona de Punta Arenas.
Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros del Interior y de Salud, a fin de que nos indiquen qué medidas se han tomado para reemplazar ese instrumento tan necesario para preservar la salud de las personas que habitan en la zona austral de nuestro país.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen.
El señor JARPA.-
Pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor JARPA.-
Solicito, señor Presidente, que recabe el acuerdo de los señores diputados para que la Comisión de Relaciones Exteriores pueda sesionar simultáneamente con la Sala.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
Se cita a reunión de Comités en forma inmediata.
PROGRAMAS ESPECIALES DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA PARA COMUNAS DE LA CUARTA REGIÓN. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Molina .
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, en esta oportunidad quiero referirme a una situación que afecta a la provincia del Choapa, Cuarta Región, que ha tocado fondo.
Las comunas de mi distrito han presentado, tradicionalmente, altos índices de desempleo y pobreza y bajos índices de productividad, los cuales se encuentran consignados en estudios efectuados por organismos internacionales. Como digo, es algo tradicional, y muchas veces hemos abordado el tema en esta Cámara.
A pesar de que en los últimos meses la situación de pobreza ha ido tocando fondo, hoy podemos apreciar que los índices de desempleo, a la vista de quienes recorremos y conocemos esos lugares, son absolutamente desproporcionados. En el más reciente informe del INE, la Cuarta Región aparece con una baja considerable de la tasa de desempleo. Sin embargo, puedo asegurar que en comunas como Illapel, capital de la provincia del Choapa, ocurre exactamente lo contrario. Tanto es así que, hace algunos días, se realizó un cabildo abierto, cubierto por Canal 13, que en un reportaje mostró la dramática situación que están viviendo los habitantes de ese lugar. Por televisión pudimos ver el comercio cerrado y en las plazas y esquinas de las ciudades a cientos de mujeres y hombres, jefes de hogar, sin trabajo.
Debido a ello, la comunidad constituyó un frente de defensa de la comuna de Illapel que se encuentra en reunión permanente. Además, está organizando diversas movilizaciones que, como parlamentario de la zona, apoyaré, porque creo que cuando existen situaciones excepcionales es responsabilidad del gobierno y de las autoridades aplicar planes, también excepcionales, que resuelvan la situación. Pero no se ha procedido de ese modo; por ejemplo, para cubrir la mano de obra desempleada, se crean programas municipales para 15 personas, en circunstancias de que los inscritos superan largamente varios centenares.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al Presidente de la República, don Ricardo Lagos , que precisamente en ese lugar es decir, Illapel , donde obtuvo una amplia mayoría que le permitió ser elegido, sus ciudadanos están esperando que recuerde esa circunstancia y se preocupe de solucionar algunos problemas que afectan a la comuna.
Tiempo atrás, en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados le planteamos al ministro la necesidad de que se preocupara de resolver problemas que hoy tienen entrampados a estos lugares, como, por ejemplo, la rebaja o eliminación del impuesto al oro.
En el mundo hay lugares que han resuelto su problema de productividad, los cuales se han desarrollado generando artesanía con algún mineral. Queremos, por ejemplo, que comunas como Illapel o Andacollo puedan progresar con ese tipo de alternativa, pero para eso necesitamos imaginación, creatividad del Gobierno y que aplique programas audaces.
Deseamos ver la misma preocupación, que, a veces, existe por las comunas o regiones extremas de nuestro país, en lugares como Illapel, Monte Patria y Combarbalá , que hoy viven una dramática situación.
¿Qué tenemos que esperar? ¿Que la gente salga a la calle, que se vaya a La Moneda, que venga acá, al Congreso, para que se adopten medidas excepcionales?
Lo que ahora estamos pidiendo es que la autoridad aplique planes de excepción en aquellos lugares que han sobrepasado los índices dramáticos de desempleo que vive el país, donde la gente prácticamente está sufriendo de hambre.
Por intermedio de la Mesa solicito que se envíe esta intervención al Presidente de la República y a los ministros de Hacienda y de Minería, con el objeto de que, ojalá, puedan tomar medidas a la brevedad.
Le pido al Presidente de la República recordar que en los lugares que le dieron la mayoría, hoy están esperando que se cumplan todas las promesas hechas durante la campaña presidencial, porque hay gente responsable por no cumplirlas. Al menos, yo no lo soy, porque voté por Lavín.
Gracias.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el discurso en los términos solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de cuyos nombres la Secretaría está tomando debida nota.
INFORMACIÓN SOBRE EMPRESA SANITARIA DE ARICA Y RESPECTO DE LA PROPIEDAD DE ZOFRI S.A., DE IQUIQUE. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, pido enviar tres oficios al Ministerio de Obras Públicas.
Por el primero, solicito que, por intermedio de ese ministerio, se envíe a la división sanitaria Essat , específicamente el oficio Nº 1449, de 12 de marzo de 2001, recibido en esta Sala y referido al tema del boro, que afecta a Arica. He retirado un proyecto que presenté mientras recibía esa información.
Por el segundo, solicito la nómina completa del directorio de Essat y de la planta de sus ejecutivos, en la cual se indique contratistas, subcontratistas y se acompañe copia de los contratos de empleo.
Por el tercero, deseo que Essat de Arica explique por qué en estos momento tiene las tarifas de agua potable más altas en Chile, en circunstancias de que el problema de los recursos hídricos ya fue solucionado.
También deseo que se remita oficio al Ministerio del Interior para que, oficialmente, informe si Zofri Sociedad Anónima, situada en Iquique, es una empresa pública. En estos momentos es propietaria del 82 por ciento de las acciones, pero sigue sosteniendo que es privada, por lo cual se niega a entregar cualquier tipo de información solicitada a través de esta Cámara.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en su nombre y en el del diputado señor Enrique Krauss .
CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIA EN POBLACIÓN DE RECOLETA. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leay , por dos minutos.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, pido enviar un oficio al ministro de Obras Públicas para que informe a esta Cámara si Vialidad tiene programado realizar obras para solucionar un problema de aguas lluvia existente desde hace mucho tiempo en la población “Héroes de la Concepción”, en especial en las intersecciones de las calles Américo Vespucio/Santa Ana , Américo Vespucio/María del Pilar y Américo Vespucio/Recoleta .
Había un compromiso de ese ministerio por solucionar el problema, pero hasta la fecha, teniendo en vista que se aproxima el invierno, no se ve ninguna obra ni se conoce algún antecedente que nos pueda asegurar la solución del problema que tienen los pobladores.
EFECTOS DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD APLICADO EN COLEGIOS MUNICIPALIZADOS. Oficio.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, solicito enviar oficio a la Junaeb, por intermedio del Ministerio de Educación, para recabar información acerca del índice de vulnerabilidad que se aplica en la mayoría de los colegios municipalizados para medir la situación económica de los jóvenes que asisten a esas escuelas.
En relación con el año pasado, el índice ha bajado en el 50 por ciento. Por ejemplo, una escuela de la población “Héroes de la Concepción”, de la comuna de Recoleta, tenía el año pasado un índice de vulnerabilidad del 80 por ciento. Hoy es de sólo el 40 por ciento.
Quiero saber por qué se ha producido este cambio, toda vez que la conducta social del país no ha variado, y, segundo, pido que la Junaeb explique qué efectos tiene, en términos prácticos, la baja experimentada por ese índice en los colegios.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en su nombre, con la adhesión de los diputados que así lo indican y de quienes la Secretaría está tomando debida nota.
Ha terminado el tiempo del Comité de la UDI.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PROTEGER PATRIMONIO FITOZOOSANITARIO. Oficio.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del PPD, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, tengo la impresión de que en nuestro país está en franco peligro el patrimonio fitozoosanitario, como se consigna en denuncias que señalan que el grueso de las provincias de la hermana República Argentina están siendo afectadas por la fiebre aftosa.
¿Sobre qué quiero llamar la atención? Hemos descubierto, especialmente en los meses de verano, que entre la Sexta, Séptima , Octava , Novena y Décima regiones tenemos más de treinta pasos fronterizos ilegales, que solamente los conocen y manejan los baquianos y los arrieros.
¿Cuál es mi mayor preocupación? Que el Servicio Agrícola y Ganadero y Carabineros de Chile, instituciones que resguardan las fronteras, especialmente en el tema fitozoosanitario, no se dan cuenta de todos los desafíos que debemos enfrentar.
Por eso, pido oficiar al ministro de Defensa Nacional para que consulte, en particular con el Ejército, la posibilidad de instalar en esos más de 30 pasos que hemos descubierto, especialmente en el verano, cuando se va la nieve, a militares para que los resguarden e impidan el ingreso de animales desde Argentina.
Señor Presidente, el caso más concreto se ha dado en Coihueco, provincia de Ñuble, cuyo alcalde ha denunciado el paso de ganado en pie desde Argentina por su comuna y también por otras.
Solicito a los colegas que me acompañen en el envío de este oficio para resguardar nuestro patrimonio fitozoosanitario.
Muchas gracias.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado con la adhesión de los diputados que están alzando la mano.
Los jefes de los Comités del PPD, del Partido Socialista, del Comité Mixto y del Partido Demócrata Cristiano han informado a la Mesa que no harán uso del tiempo de que disponen, por lo cual se da por concluido Incidentes.
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss .
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, el uso de la palabra en Incidentes es propio de los diputados. Entiendo los alcances que se están planteando y me sumo a ellos y los acepto, pero sí quiero que se complementen los mismos haciendo uso de la norma que existe en el Reglamento respecto de la discusiones de los proyectos, en orden a que se permita que aquellos diputados que estaban inscritos para hacer uso de la palabra en Incidentes puedan entregar sus intervenciones, a fin de que sean incorporadas en la versión y en el acta, enviándose los oficios que se pudieren solicitar al respecto.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Me parece procedente lo planteado por su Señoría. Por lo tanto, no hay problema para que su intervención y la de los demás señores diputados puedan ser insertadas en la presente sesión.
En conformidad con este acuerdo se incluyen los siguientes discursos:
ANIVERSARIO DEL MATUTINO DE SAN ANTONIO “EL LÍDER”. Oficios.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, el pasado domingo 8 de abril se celebró un nuevo aniversario del diario sanantonino “El Líder”, en el sexto año de circulación de este importante matutino, que ya ha marcado una huella en todo el litoral central.
El diario “El Líder”, de características pluralistas y respeto mutuo, tiene una línea editorial específica; sin embargo, en su afán por mantener la diversidad y el bien común, permite la expresión de otros sectores distintos al que ellos pregonan. Es así que este parlamentario y otras autoridades locales han tenido cabida para opinar y discutir abiertamente en las páginas que a diario circulan por la provincia.
Es más, este medio de comunicación ha estado realizando exitosamente unos importantes foros-desayuno, invitando a líderes del país en el rubro de los intereses propios del primer puerto de Chile.
Estas conversaciones han aportado con ideas al desarrollo de una comunidad, iniciativas loables que pocas veces se propone un medio de comunicación.
De esta manera, “El Líder” ha crecido acorde con su entorno. En estos momentos, San Antonio es el primer puerto del país, y el diario, perteneciente a la cadena periodística “El Mercurio”, ha destacado por su considerable tiraje y real crecimiento. Este desarrollo se ha conseguido a pesar de sus escasos 6 años de existencia, hecho que llena de orgullo a todo el equipo de este medio de comunicación, encabezado por su director, don Carlos Noli .
No es casualidad que este poderoso consorcio de las comunicaciones haya fijado sus intereses en levantar un medio en la ciudad puerto de San Antonio, pues las potencialidades que tiene esta provincia son considerables, y los que pensaron que este proyecto iba a ser de corta duración, ahora pueden ver lo equivocados que estaban, ya que las localidades de Casablanca, Melipilla y Navidad también han tenido la fortuna de poder tener entre sus manos un ejemplar de “El Líder” día a día.
El diario “El Líder” ha tenido un crecimiento importante como medio de comunicación con marcada influencia en el desarrollo social, cultural y artístico.
Protagonista ha sido este diario en su preocupación por hacer de nuestra provincia la más destacada y desarrollada de la región, aunque esto muchas veces haya significado una denuncia constante en materia de seguridad ciudadana, salud, educación, empleo e infraestructura; cumpliendo un rol fundamental dentro del quehacer de toda ciudad libre de corrupción.
Sin duda, “El Líder” ha tenido un rol social excepcional, y es la característica que más lo ha acercado a la gente, sobre todo a las personas comunes y corrientes, destacando su sección “Nuestra gente”.
La cultura es, asimismo, una de las áreas que más ha potenciado, seguramente debido al rico entorno que ha tenido a su alrededor y que es tan propio del litoral central, como son la Casa de Neruda, la tumba de Vicente Huidobro , el paseo de los poetas, el día comunal de la poesía, el festival de las artes en Cartagena y las múltiples manifestaciones que se han dado con gran esfuerzo. Se destacan ahora dos hechos sumamente relevantes:
1. La postulación del vecino de Las Cruces, Nicanor Parra , al Premio Nobel de Literatura, y
2. La implementación y funcionamiento del centro cultural estación Llolleo , ambas iniciativas que han contado con el apoyo irrestricto del diario “El Líder”.
Finalmente, quiero señalar una de las prioridades de este medio de comunicación, lo que habla del profesionalismo de su trabajo y labor diaria, como es su preocupación constante por la nueva normativa legal de la libertad de expresión y ley de prensa, así como por el hecho de privilegiar en sus contrataciones a profesionales universitarios de las comunicaciones.
Seis años de beneficio para la provincia, que espero se multipliquen por el bien de la misma y del diario “El Líder”, en particular. Creo, y es un sentido anhelo que así sea, que tenemos diario “El Líder” para rato.
Solicito enviar oficios con copia de mi intervención a los diarios “El Líder” y “El Mercurio” de Valparaíso.
INSTALACIÓN DE CASETA EN FRONTERA CON PERÚ. Oficios.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, recientemente se han vivido dos situaciones de gravedad en la Primera Región del país.
Por una parte, se ha adoptado una decisión que, a lo menos desde el punto de vista comunicacional, no se encuentra suficientemente esclarecida. Me refiero a la instalación de una caseta de información dispuesta por la Armada Nacional en ejercicio de sus atribuciones y en indubitable territorio chileno, instalación que se ha dispuesto abandonar como respuesta a incidentes de reclamo realizados por algunos ciudadanos peruanos. Hasta donde se sabe, el gobierno de ese país no ha formulado cuestionamiento de esta legítima decisión chilena que se inserta, por lo demás, en funciones propias de la Armada Nacional y, adicionalmente, en los propósitos humanitarios de prevenir el paso de personas por lugares que se encuentran minados. Un lamentable accidente producido en estos días ha demostrado lo justificado de esta labor.
La defensa de las prerrogativas de las instituciones nacionales, particularmente en el ámbito de nuestra soberanía territorial, es un requisito esencial en el respeto de nuestro ordenamiento y nuestra vinculación con la comunidad internacional. En este caso no se ha tratado de acciones tendientes a producir situaciones de tensión, sino, al revés, son medidas que tienden, precisamente, a evitar que esta tensión sea promovida por factores extraños.
Hemos sido informados verbalmente por la señora ministra de Relaciones Exteriores acerca de las medidas adoptadas y de sus fundamentos. Sin embargo, por la importancia de estos hechos que nos comprometen y preocupan y para los efectos de mantener el adecuado registro en los anales parlamentarios de lo sucedido, nos parece pertinente solicitar que, junto con transcribir estas observaciones, se solicite a los señores ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional un informe urgente acerca de esta situación y de la justificación de las medidas adoptadas.
En otro sentido, se ha tomado conocimiento, a raíz de una denuncia formulada por el alcalde de la municipalidad de Iquique, don Jorge Soria , de que en una reunión del organismo denominado Zona de Integración Centro Oeste Sudamericana (Zicosur) la representación nacional, integrada aparentemente por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha señalado que la definición chilena en cuanto a apertura hacia el Pacífico de esta zona subcontinental correspondería efectuarla por el puerto de Mejillones. Llama la atención que se haga esta propuesta, de la cual no fue informada, según nos dijo, la ministra de Relaciones Exteriores, por medio de la cual se promueve el funcionamiento de un puerto prácticamente inexistente y se desconoce la importancia, significado y eficacia de los existentes y reales puertos de Arica e Iquique. Tales puertos tienen en la actualidad una importante capacidad disponible y constituyen un potencial vigente de nuestra infraestructura portuaria, sin perjuicio de lo cual tienen una relevancia histórica en el territorio nacional que nadie puede ignorar.
Nos parece urgente contar con información sobre este particular, razón por la cual solicitamos que esta parte de nuestras observaciones sea remitida a los ministros de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas y se les solicite con urgencia un acabado informe sobre la materia.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
- Se levantó la sesión a las 15.52 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.