Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Antonella Sciaraffia Estrada
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- RENUNCIAS DE MIEMBROS DE LA MESA.
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE DONACIONES CON FINES CULTURALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE DONACIONES CON FINES CULTURALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- RESPALDO A DECISIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO DE HACERSE PARTE EN PROCESOS JUDICIALES.
- DEBATE
- COMISIÓN INVESTIGADORA DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL PETRÓLEO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Osvaldo Palma Flores
- Baldo Prokurica Prokurica
- Gustavo Alessandri Valdes
- Cristian Antonio Leay Moran
- Manuel Rojas Molina
- Dario Molina Sanhueza
- Haroldo Fossa Rojas
- Maria Angelica Cristi Marfil
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SESIÓN ESPECIAL CONJUNTA DE COMISIONES DE TRANSPORTES Y DE EDUCACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Sergio Correa De La Cerda
- Felipe Letelier Norambuena
- Felipe Valenzuela Herrera
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Jorge Ulloa Aguillon
- Sergio Velasco De La Cerda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Varela
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RESPALDO A DECISIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO DE HACERSE PARTE EN PROCESOS JUDICIALES.
- VII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE AUMENTO DE DOTACIÓN POLICIAL EN PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y CREACIÓN DE JUZGADO DE MENORES EN PUERTO VARAS. Oficios.
- INSUFICIENCIA DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. Oficio.
- INDEFENSIÓN DE CHOFERES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE CONCEPCIÓN ANTE DELINCUENCIA. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE EN EL RÍO LLUTA Y DEL COMPLEJO FRONTERIZO DE CHUNGARÁ. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Ojeda Uribe
- Luis Pareto Gonzalez
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Alejandro Navarro Brain
- Felipe Letelier Norambuena
- Ivan Mesias Lehu
- ADHESION
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ANEXAS EN EL TRAMO CONCESIONADO TALCA-CHILLÁN DE LA RUTA 5. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Luis Pareto Gonzalez
- Enrique Jaramillo Becker
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Alejandro Navarro Brain
- Salvador Urrutia Cardenas
- Ivan Mesias Lehu
- ADHESION
- DISTRIBUCIÓN DE CUOTA DE CAPTURA DE MERLUZA DEL SUR EN REGIÓN DE MAGALLANES. Oficio.
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- Juan Pablo Letelier Morel
- Enrique Jaramillo Becker
- Luis Pareto Gonzalez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ivan Mesias Lehu
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
-
IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE RECURSOS POR INDAP A ORGANIZACIONES CAMPESINAS.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Luis Pareto Gonzalez
- Sergio Ojeda Uribe
- Ivan Mesias Lehu
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- RECHAZO A INSTALACIÓN DE VERTEDERO EN LA COMUNA DE MAIPÚ. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- PRÓRROGA DE PLAZO PARA EXIGENCIA DE CURSO ESPECIAL A CONDUCTORES DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Jaramillo Becker
- Jaime Mulet Martinez
- Ivan Mesias Lehu
- ADHESION
- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA PARA FACILITAR ENTREGA DE PERTENENCIAS A TERCEROS. Oficios.
- ADHESION
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Jaramillo Becker
- Ivan Mesias Lehu
- ADHESION
- RESTABLECIMIENTO DE SERVICIO DE FERROCARRILES EN EL SUR DEL PAÍS. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Ivan Mesias Lehu
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE SITUACIÓN DE CONSULTORIOS EN IQUIQUE. Oficio
- ADHESION
- Patricio Walker Prieto
- Mario Bertolino Rendic
- Sergio Ojeda Uribe
- Enrique Jaramillo Becker
- Ivan Mesias Lehu
- ADHESION
-
RESTABLECIMIENTO DE FERROCARRIL A PUERTO MONTT. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Ivan Mesias Lehu
- ADHESION
- INCONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO SUPREMO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Nuevo informe de la Comisión especial investigadora de la administración que hace la empresa metropolitana de residuos sólidos (Emeres) del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, en la comuna de San Bernardo, y otras materias afines.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Pablo Lorenzini Basso
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Gustavo Alessandri Valdes
- Maria Isabel Allende Bussi
- Arturo Longton Guerrero
- Alejandro Navarro Brain
- Lily Perez San Martin
- Edgardo Riveros Marin
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Claudio Alvarado Andrade
- Francisco Bartolucci Johnston
- Juan Masferrer Pellizzari
- Dario Molina Sanhueza
- Manuel Rojas Molina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nuevo informe de la Comisión especial investigadora de la administración que hace la empresa metropolitana de residuos sólidos (Emeres) del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, en la comuna de San Bernardo, y otras materias afines.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 33ª, en martes 21 de marzo de 2000
(Ordinaria, de 11.11 a 14.34 horas)
Presidencia del señor Montes Cisternas, don Carlos.
Presidencia accidental de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Mesías Lehu, don Iván.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 8
III.Actas 8
IV.Cuenta 8
- Permiso constitucional 8
- Renuncias de miembros de la Mesa 8
V.Orden del Día.
- Modificación de la ley sobre donaciones con fines culturales. Primer trámite constitucional. (Continuación) 9
- Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Primer trámite constitucional 26
VI.Proyectos de acuerdo.
- Respaldo a decisión del Consejo de Defensa del Estado de hacerse parte en procesos judiciales 34
- Comisión investigadora del fondo de estabilización del petróleo 34
- Sesión especial conjunta de Comisiones de Transportes y de Educación sobre seguridad en vehículos de transporte escolar 37
VII.Incidentes.
- Antecedentes sobre aumento de dotación policial en provincia de Llanquihue y creación de juzgado de menores en Puerto Varas. Oficios 39
- Insuficiencia de recursos para la atención primaria de salud. Oficio 40
- Indefensión de choferes de locomoción colectiva de Concepción ante delincuencia. Oficios 41
- Construcción de embalse en río Lluta y del complejo fronterizo de Chungará. Oficios 42
- Construcción de obras anexas en el tramo concesionado Talca-Chillán de la ruta 5. Oficio 42
- Distribución de cuota de captura de merluza del sur en Región de Magallanes. Oficio 43
- Irregularidades en entrega de recursos por Indap a organizaciones campesinas 44
- Rechazo a instalación de vertedero en la comuna de Maipú. Oficio 45
Pág.
- Prórroga de plazo para exigencia de curso especial a conductores de la locomoción colectiva. Oficio 46
- Modificación del reglamento de seguridad minera para facilitar entrega de pertenencias a terceros. Oficios 47
- Restablecimiento de servicio de ferrocarriles en el sur del país. Oficio 48
- Antecedentes sobre situación de consultorios de Iquique. Oficio 49
- Restablecimiento de ferrocarril a Puerto Montt. Oficio 49
- Inconstitucionalidad de decreto supremo. Oficio 51
VIII.Documentos de la Cuenta.
1. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la promoción y protección recíproca de las inversiones (boletín N° 2460-10) 52
2. Nuevo informe de la Comisión Especial investigadora de la administración que hace la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (Emeres), del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, en la comuna de San Bernardo, y otras materias afines 56
3. Moción de los Diputados señores Alvarado, Bartolucci, Masferrer, Molina y Rojas, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, prorrogando las licencias de conducir de conductores profesionales (boletín N° 2477-15) 65
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-De la diputada señorita Sciaraffia, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 22 de marzo en curso, para dirigirse a México.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistió, además, la ministra de Planificación y Cooperación, señora Alejandra Krauss.'
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.11 horas.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
El acta de la sesión 28ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 29ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor MONTES ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por la diputada señorita Antonella Sciaraffia para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 22 de marzo en curso, para dirigirse a México.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
RENUNCIAS DE MIEMBROS DE LA MESA.
El señor MONTES (Presidente).-
A continuación, corresponde pronunciarse sobre las renuncias presentadas a sus cargos por el Presidente y Primero y Segundo Vicepresidentes de la Cámara de Diputados.
Si le parece a la Sala, se aprobarán dichas renuncias.
Varios señores DIPUTADOS.-
No; votación.
El señor MONTES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se votarán las tres renuncias en conjunto.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor MONTES (Presidente).-
En votación la renuncia presentada a su cargo por el Presidente de la Cámara de Diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación la renuncia presentada a su cargo por el Primer Vicepresidente de la Cámara , don Mario Acuña.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor MONTES (Presidente).-
En votación la renuncia presentada a su cargo por el Segundo Vicepresidente de la Cámara, don Patricio Hales.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE DONACIONES CON FINES CULTURALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MONTES (Presidente accidental).-
En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto de ley sobre donaciones con fines culturales.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor WALKER (don Ignacio) .-
Señor Presidente , entiendo que en la última sesión se agotó la discusión de este proyecto y que lo que se acordó fue votarlo ahora.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Está equivocado, señor diputado. Hay seis diputados inscritos.
El señor WALKER (don Ignacio) .-
¿Se votaría al final del Orden del Día?
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Se votaría una vez terminado el debate, como es normal, a menos que se tomara el acuerdo de votarlo al finalizar el Orden del Día.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor MONTES (Presidente accidental).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, la semana recién pasada comenzamos a discutir este proyecto de ley, que modifica la ley sobre donaciones con fines culturales.
En esta oportunidad, quiero referirme, en particular, a la discusión de esta iniciativa en la Comisión de Hacienda, de la cual formo parte desde hace cuatro años.
Nos preocupamos, en especial, de la situación relativa a las becas para los hijos de los trabajadores. Como es bueno demostrar en los hechos el rol que cumplen los dirigentes sindicales de nuestra patria, debo informar que este tema fue planteado en esta Corporación por el dirigente don Salvador Castro , antiguo hombre de servicio público, presidente del Consejo Ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Electrometalúrgicos y Automotores, Fentema , y por el presidente del sindicato Nº 2 de Cemento Melón, don Juan Aguilera .
En las tribunas también están presentes el presidente del sindicato Nº 1 de Armac , don Pedro Julio Farías, y don Víctor Ríos , director del sindicato Nº 2 de la Empresa Cemento Melón La Calera. Aquí están, precisamente, los parlamentarios que representan a ese distrito.
¿Qué significa este proyecto de ley? En primer lugar, respecto de las donaciones con fines culturales, implica una ampliación del número de los beneficiarios; es decir, cuando sea ley de la República existirá la posibilidad de que los museos públicos y privados también accedan a este tipo de donaciones. Además, están las organizaciones comunitarias funcionales, como, por ejemplo, las juntas de vecinos y, por otra parte, el Consejo de Monumentos Nacionales.
Asimismo, esta iniciativa posibilita que se efectúen donaciones en especies; por ejemplo, en obras de arte. Hasta el momento la ley sólo permitía donaciones en dinero. Además, establece que se puede ofrecer una serie de espectáculos pagados, lo que en la actualidad tampoco está permitido. Ello posibilita también asistir a compañías de teatro, concurrir a escuchar grandes conciertos, a la gente que desea cultivarse y puede pagar. Con ello, efectivamente, se fomenta el arte y la cultura.
Como integrante de la Comisión de Hacienda, agregaré algo que no fue planteado por ninguno de los expositores el jueves recién pasado. En dicha Comisión, cuando se trató este proyecto, quedó absolutamente claro que en el presupuesto de 2001 se deben considerar recursos para promover instituciones culturales de las doce regiones del país, es decir, por primera vez se está haciendo regionalismo, pues se excluye a la Región Metropolitana.
Se calcula -porque se trató en la Comisión de Hacienda, con la participación de personeros del ministerio respectivo- que en el presupuesto de 2001, cuyo debate comenzará en septiembre de este año, se tendría que fijar, más o menos, un monto de un millón de dólares para distribuirlo en instituciones culturales de las doce regiones. Esto es un gran avance y va por el camino correcto.
En el tema de las becas para los hijos de trabajadores, hay un problema de fondo. El Servicio de Impuestos Internos aceptaba como gasto todo lo relacionado con becas a hijos de trabajadores -estudiantes de la enseñanza básica, media y superior-; pero un fallo de la Corte Suprema dictaminó que aquello no es gasto necesario para producir la renta. Debido a esto, en la Comisión de Hacienda -y quiero hacer un reconocimiento al presidente de la Comisión de Trabajo , diputado señor Rodolfo Seguel , quien me planteó el tema como titular de la Comisión de Hacienda-, cuando se recibió a los dirigentes gremiales, se planteó que se cometía una gran injusticia, porque iban a quedar 12 mil hijos de trabajadores adscritos a la Confederación y Federación Nacional de Trabajadores Electrometalúrgicos, Mineros y Automotrices, sin este beneficio, que posibilitaba que miles de jóvenes accedieran a la educación superior. Por ello, presentamos y se aprobó una indicación en la Comisión de Hacienda, que enmendaba tal injusticia. Esto demuestra que nos interesan las cosas reales y no las cámaras de los canales de televisión ni los titulares de diarios. Teníamos que preocuparnos de que no quedaran en la indefensión esos 12 mil hijos de trabajadores.
En la sesión Nº 130 de la Comisión de Hacienda de esta Corporación, celebrada el 14 de diciembre del año recién pasado, en la cual me correspondió ejercer como presidente accidental , expresé que, según el Servicio de Impuestos Internos, la aplicación del beneficio tributario ha sido incorrecta por parte de algunos empresarios, por lo que sería adecuado modificar el sistema. Agregué que no es correcto que los trabajadores deban asumir costos por el mal uso que hacen algunos empresarios de franquicias de esta naturaleza.
El artículo 6º bis, propuesto en el proyecto original, era muy restrictivo, toda vez que disponía un monto máximo, que es muy pequeño, para el uso de las franquicias. Debido a eso, solicitamos al Ejecutivo que patrocinara una indicación para aumentarlo, situación que se materializó. Al respecto, hago el reconocimiento de que solucionamos el problema.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Señor diputado, le resta un minuto.
El señor ORTIZ .-
Se plantea que este beneficio de una beca será de un monto equivalente a cinco y media unidades tributarias anuales, que comenzará a regir, con efecto retroactivo, a contar del 1 de enero del año en curso.
Por último, quiero expresar públicamente que si no hubiera sido por la inquietud, perseverancia, constancia y esfuerzo de estos dirigentes, no sería posible que estos doce mil hijos de trabajadores sigan haciendo uso de este beneficio, que es justo, legítimo y necesario.
Por este motivo, la bancada del Partido Demócrata Cristiano votará a favor del proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora María Victoria Ovalle.
La señora OVALLE (doña María Victoria) .-
Señor Presidente , el proyecto que tratamos en el día de hoy, referido a las modificaciones a la ley de donaciones con fines culturales, llamado también “ley Valdés”, adolecía de varios defectos.
Aquí, en las anteriores intervenciones, nuestros colegas han expresado que con este proyecto se progresa considerablemente respecto de los beneficios de donaciones, ya que se agregan como beneficiarios los museos -sean éstos estatales, municipales o privados-, el Consejo de Museos Nacionales y los departamentos culturales de las municipalidades. Es así como se crea una gran esperanza en las regiones, sedientas de cultura, que la sienten tan lejana.
También se autoriza para que sean beneficiarios de estas donaciones aquellos proyectos en que la asistencia del público no sea gratuita. Se podrán incluir dos o más espectáculos o exposiciones pagados, en la medida en que se trate de idéntico contenido u obra de sus mismos expositores o artistas.
Celebro también que los desembolsos para las becas de estudios que se otorguen a los hijos de trabajadores sean consideradas como donaciones o créditos en los impuestos.
Ante todos estos beneficios, que indudablemente son un aporte para la cultura, considero que, desgraciadamente, el proyecto volvió a quedar con falencias que entraban, al final, el desarrollo y la mantención de nuestro patrimonio cultural.
A mi juicio, el hecho de que las donaciones en especies queden reducidas a aquellas que no forman parte del activo realizable de una empresa -por desconfianza de la autoridad tributaria, en cuanto a que le sería muy difícil fiscalizar-, no me parece correcto. No podemos legislar presumiendo mala fe en las personas, ya que esto limita enormemente todo lo que pueden ser reparaciones de museos, monumentos, casonas coloniales, teatros, entre otros, que, generalmente, están en pésimo estado en nuestras regiones, como resultado de tantos terremotos. Todos estos monumentos forman parte de nuestro patrimonio cultural y no podemos dejarlos morir.
Las donaciones como maderas, pinturas, focos, hubiesen servido en la reparación de dichos monumentos; pero si estas indicaciones no se aprueban, será mucho más difícil hacerlo.
Me da la sensación de que faltó visión y de que estas restricciones hacen que el proyecto, en poco tiempo más, resulte insuficiente.
En Estados Unidos, el grueso de la inversión cultural la hacen los privados, y las donaciones son deducibles de impuestos en el ciento por ciento, siempre que estén destinadas a teatros y museos, los cuales han sido declarados, por esencia, instituciones sin fines de lucro. Así, toda donación que cualquier ciudadano haga a un museo o teatro está exenta de impuestos. Si el valor donado es muy alto, tiene plazo de hasta 5 años para deducirlo de sus tributos.
Es así como el Estado invierte grandes sumas para promover la música, el ballet, la ópera, el teatro, etcétera. Sólo en 1997 invirtió 7 mil millones de dólares. Así es como se financian las grandes obras en un país que tiene un gran interés cultural.
Lamentablemente, en nuestro país, la falta de recursos para el fomento del arte ha sido una constante. Espero que con estas modificaciones algo se logre en beneficio de nuestro patrimonio cultural.
No estoy del todo contenta, porque cuesta resignarme a lo mediocre; pero como se dice siempre “que lo mejor es enemigo de lo bueno”, daré mi voto favorable a este proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI .-
Señor Presidente , el tiempo y la experiencia, sin lugar a dudas, como siempre se ha señalado, son buenos consejeros. Por eso, las modificaciones contenidas en el proyecto constituyen un perfeccionamiento de la ley de donaciones con fines culturales, vigente desde hace algunos años.
Me tocó hacer un informe respecto de esta materia en mi calidad de presidente de una corporación cultural; pero fundamentalmente en el Senado, y por algunas personas, se hicieron presentes cuáles son las falencias de la actual ley con fines culturales para perfeccionarla a la luz de la experiencia y del paso de algunos años.
Hoy tenemos el resultado de ese trabajo, complementado, desde luego, con el aporte hecho en los trámites que el proyecto ha debido cumplir en nuestra Corporación y en el Senado. Creo que avanzamos. Evidentemente, se trata de una legislación que ayudará al fomento y al desarrollo de la cultura en nuestro país.
Ya el diputado informante ha sido claro en señalar cuáles son los aspectos fundamentales del proyecto para modificar la ley de donaciones. El diputado informante de Hacienda ha indicado los aspectos técnicos y financieros del proyecto, y varios señores diputados ya han precisado los beneficios que esta iniciativa significa, lo que me permite, entonces, abreviar mi intervención.
La cultura en nuestro país será beneficiada, puesto que a través del proyecto se amplía el número de personas que, para fomentarla, pueden ser donantes.
Se amplía también el número de instituciones que podrán ser beneficiadas, pues serán más quienes pueden donar y quienes pueden recibir, en los términos que señala el proyecto. Así, estamos logrando que haya más actividad cultural y se fomenten las expresiones del arte en nuestro país.
El hecho de que las donaciones puedan ser en especies, constituye un avance, sin perjuicio de lo que ha señalado la diputada señora Ovalle , de que ojalá esta modalidad pudiera perfeccionarse. Pero, desde luego, que ahora las donaciones puedan ser en especies y no sólo en dinero, ayudará a muchas organizaciones culturales, corporaciones, fundaciones, en fin, a recibir un instrumento musical, materiales para montar una exposición, etcétera.
Otro avance del proyecto radica en que también puedan gozar de los beneficios de esta ley organizaciones cuyas actividades constituyen espectáculos pagados, lo que antes no podía hacerse. Ya no se necesita que la actividad cultural sea gratuita. Con esta modificación, podrán beneficiarse organizaciones de teatro o teatros municipales, museos.
Vale la pena hacer resaltar el aporte fiscal que se realizó a través de los fondos regionales; o sea, fondos que no son para la Región Metropolitana, sino que se trata de recursos consultados en la ley de Presupuestos de cada año para financiar proyectos que se ejecuten en las regiones. Ese es también un beneficio importante del proyecto, como también otros que han puntualizado parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, lo cual me ahorra referirme a ellos.
Vale la pena señalar tres aspectos de fondo del proyecto desde otra perspectiva más general. En primer lugar, como he dicho, hay un fomento a la cultura. Comprender la importancia del desarrollo cultural de un país, de una sociedad que es más culta, que alcanza formas más refinadas de vida, que va desarrollando la espiritualidad, nos hace más humanos, nos hace mejores, y esta ley tiende, precisamente, a permitir que haya más actividad cultural en el país.
En segundo lugar, el proyecto consagra lo que se ha dado en llamar la democracia tributaria, que es otro principio interesante que se debiera ampliar en nuestro país. Vale decir, la posibilidad de que los contribuyentes decidan el destino o aplicación de sus impuestos. En Chile existe la posibilidad de que las personas señalen que sus impuestos vayan, por ejemplo, a actividades educacionales o relacionadas con la educación y también con la cultura. Ahora, esto se mejora aún más en la ley en tramitación. Hacemos más patente el principio de la democracia tributaria, que debiéramos ir ampliando para establecer un sistema en que, cada vez más, los contribuyentes, los ciudadanos pudieran señalar dónde quieren que sus impuestos sean invertidos por el Fisco. Desde luego, no pueden ser todos los impuestos que un ciudadano paga, pero sí tal vez los impuestos directos podrían utilizar este sistema, denominado democracia tributaria.
Finalmente -y esto para mí es muy importante-, el proyecto tiene un enfoque que es correcto: ayuda a la sociedad para que genere cultura. Este es un principio de libertad muy importante. El Estado fomenta la actividad cultural de las organizaciones de la sociedad sin direccionismo, sin centralismo, sin buscar una cultura oficial, que suele ser uno de los riesgos más grandes que se presentan cuando se trata de legislar en estas materias.
Dentro de poco discutiremos el proyecto de ley sobre dirección nacional de la cultural, que va en un sentido completamente diverso al de este proyecto. Allí es el Estado el ente que tiende a centralizar, a dirigir; es la cultura oficial, que se entiende centralizada; la cultura no voy a decir única, pero sí oficial. Una dirección nacional que toma el control de alguna manera o que busca direccionar el sentido de la cultura en el país.
Este proyecto, en cambio, entrega fondos para que sean los propios privados, los particulares, las corporaciones, las fundaciones, los municipios los que hagan cultura desde su propia concepción. Es un proyecto bien enfocado. Lo fue desde el comienzo y, ahora, en su perfeccionamiento no ha caído en ese riesgo, que siempre existe, de direccionar la cultura por parte del Estado.
Se ha mantenido el criterio original; se ha perfeccionado y continua con este enfoque correcto, que es de libertad. Así, las organizaciones sociales y la sociedad misma encuentran apoyo para hacer cultura, pero su cultura, la que cada organización quiere realizar sin direccionismo, sin proteccionismo y sin estar, de ninguna manera, condicionada por el Estado, idea que -reitero- encontraremos en cambio establecida -en mayor o menor medida, lo discutiremos- en la denominada Dirección nacional de la cultura, que pronto esta Sala estudiará.
Felicito a todos quienes han trabajado en este proyecto y, desde luego, anuncio no sólo mi voto favorable, sino también el de los miembros de mi partido.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , es muy satisfactorio ver que la iniciativa que modifica la ley de donaciones con fines culturales está llegando al final de su tramitación en la Cámara de Diputados. Esto forma parte de una trilogía de proyectos que tiene una historia que es importante destacar.
En la Cámara de Diputados, un grupo de parlamentarios por las artes y la cultura organizamos, hace dos o tres años, un seminario al que concurrieron representantes de las diferentes ramas artísticas y culturales. Se juntaron alrededor de mil o más personas; en comisiones se analizaron todas las carencias existentes en el mundo cultural y se estudió de qué manera se podían modificar algunas leyes o presentar algunos proyectos que significaran que realmente la cultura y las artes en nuestro país tuvieran un espacio de desarrollo en absoluta libertad, sin dirigismo ni oficialismo, y que después de tantos años de oscuridad cultural, donde la dictadura abortaba cualquier tipo de creación artística, se pudiera avanzar en la materia en democracia.
Muchas veces me sorprendo cuando algunos diputados hablan de oficialismo y dirigismo, y se olvidan que durante diecisiete años, en que ocuparon cargos de gobierno, la cultura estuvo absolutamente aplastada, pues no existía ni libertad de expresión ni de creación, costo que estamos pagando hoy día; la cultura chilena, en suma, se identificaba con las expresiones más chabacanas y vulgares.
La importancia de este proyecto es que recoge la inquietud de amplios sectores. Por un lado, se ha llegado a la modificación de la ley de donaciones con fines culturales y, por otro, la semana pasada aprobamos el proyecto de fomento a la música, y en este momento se está discutiendo el proyecto sobre la institucionalidad cultural.
A partir del encuentro en la Cámara de Diputados, el Presidente Frei formó una comisión presidencial en la cual se planteó la necesidad de esta institucionalidad cultural, no para dirigir una cultura oficialista, sino para dar los espacios necesarios a la creación, y creo que ese proyecto formará el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes -y no la dirección nacional-, independiente, con participación de todos los sectores, con descentralización y fondos regionales, complementando la iniciativa que discutimos y la del fomento a la música.
Asimismo, debemos avanzar hacia una ley de fomento al cine chileno, que ha manifestado una gran fuerza, a pesar de las dificultades que enfrenta para su desarrollo. Creo realmente que debemos una respuesta a la ciudadanía.
En los últimos días, el país ha sido testigo de la fuerza de las expresiones culturales, del espacio que logran, de la decisión de, en verdad, avanzar en la creación y en todo lo que significa ampliar las libertades. Ojalá esto lo complementemos derogando todo tipo de censura, porque hemos dado tristes espectáculos, que castran el alma nacional, cuando algunos artistas han sido cercenados y censurados en su creatividad. ¡Ojalá que ello no ocurra nunca más!
Soy una convencida de que la creatividad artística y la cultura desarrollan la sociedad con mucha pujanza en todos los sentidos. Es un pilar fundamental de la democracia, del desarrollo económico, del desarrollo humano y, en general, de la sociedad.
En esta modificación a la ley se amplía el número de beneficiarios. Por ejemplo, es muy importante que se puedan financiar los museos estatales, municipales y privados; eso es un tremendo avance. De la misma manera se favorece al Consejo de Monumentos Nacionales que, muchas veces, tiene enormes dificultades porque el erario no le entrega los recursos para mantener el patrimonio artístico monumental del país.
Por otra parte, también me parece muy importante apoyar los departamentos culturales de las municipalidades cuando se trata de proyectos específicos.
En la alcaldía que ejercí en el municipio de Conchalí, tuvimos enormes dificultades para financiar espectáculos artísticos que la gente realmente quería. Cuando se presentó el pianista Roberto Bravo asistieron cinco mil personas, pero lo pudimos hacer porque fue gratis; en el presupuesto municipal no había dineros para financiar ese tipo de eventos, para llevar a la Orquesta Sinfónica, realizar festivales de teatro, en fin. Es muy importante, entonces, que los empresarios de las distintas comunas puedan dar su apoyo a estas actividades.
También quiero destacar la donación en especies, que era una demanda muy grande del sector cultural en cuanto a apoyar los espectáculos pagados. No siempre es posible llevar a provincias un espectáculo de calidad, porque los costos son altísimos. Se puede cobrar una entrada, pero nunca lo que realmente vale un espectáculo artístico. Por eso, es muy importante el apoyo y la donación en especies en los espectáculos pagados, por supuesto con el debido resguardo del erario y haciendo las tasaciones necesarias para que no se cometan abusos.
Por último, quiero destacar las becas de estudios para los hijos de trabajadores.
Si bien hubo una discusión que me pareció trascendente respecto de si era atinente o no con las ideas matrices, me parece que esta medida es de fundamental relevancia. Hoy día la aspiración educacional es grande y debemos avanzar en las oportunidades para todos.
Espero que en el Senado se establezca que esta franquicia no sólo alcance a los hijos de los trabajadores, puesto que hay innumerables casos de trabajadores que estudian en universidades o en institutos de educación superior completando su carrera profesional, por ejemplo, técnicos que pasan a ser ingenieros, y eso no está contemplado en la capacitación o en el financiamiento del Sence. Por eso, sería interesante que el Senado ampliara esta franquicia y desde ya pienso conversar con los senadores de mi partido para que presenten una indicación en este sentido, es decir, que favorezca a trabajadores que cursan estudios superiores y que no estén financiados por el Sence.
Quiero señalar que la bancada del PPD apoyará absolutamente todos estos avances y modificaciones a la “ley Valdés”, que ha demostrado ser eficiente e importante en el desarrollo de la cultura y, además, apoyaremos toda iniciativa que signifique un avance en abrir espacios a la cultura en Chile.
Aprovecho la ocasión para felicitar al gobierno del Presidente Lagos, que ya nombró a una persona reconocida en este campo, el ex rector Agustín Squella , para que sea el coordinador en el avance de esta institucionalidad cultural que abra los espacios necesarios a fin de que nuestro país sea creativo y nos saquemos de encima las tremendas capas que silencian el alma nacional o que la desvían hacia expresiones castradas en términos de la libertad de creación.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Informo a los asistentes a las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones. Les ruego respeten el funcionamiento de la Corporación.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , antes de iniciar mi intervención, quiero señalar que resulta lamentable que algunas personas, para llamar la atención, interrumpan una sesión de la Cámara de Diputados. Se trata de dos o tres individuos que no tienen mayor representatividad, avisan con antelación a los medios de comunicación para que los filmen y les tomen fotografías, con la finalidad de que sus actos aparezcan luego como manifestaciones al interior de la Cámara de Diputados en favor de una determinada idea.
El proyecto de ley en debate, que establece los receptores de donaciones culturales con beneficio tributario, es de extraordinaria relevancia, ello por cuanto la cultura en un país es de gran importancia, a pesar de que no siempre se le reconoce ese carácter.
Cuando se redactó la ley orgánica de Municipalidades, se señaló que el Consejo de Desarrollo Comunal, Codeco , tendría por objeto hacer efectiva la participación de la comunidad en el desarrollo económico, social y cultural de la nación; sin embargo, ese aspecto cultural no pasaba de ser una mera declaración programática. Aquí estamos analizando un proyecto real y efectivo que va a permitir que no sólo instituciones del Estado, sino también personas naturales y jurídicas, puedan hacer donaciones con fines culturales.
Me alegro de que organizaciones comunitarias y funcionales sean beneficiarias. En Puente Alto, La Pintana , Pirque y San José de Maipo , organizaciones conformadas por pocas personas y con escasos recursos llevan adelante distintos proyectos. Es cierto que la ley orgánica de Municipalidades señala que el municipio podrá otorgar subvenciones y aportes a personas jurídicas sin fines de lucro, entre ellas a las organizaciones territoriales y funcionales; sin embargo, en la práctica, las municipalidades no cuentan con recursos para ello, al menos en la cuantía necesaria. Por eso, esta iniciativa permitirá sumar a los pocos recursos que entregan las municipalidades, los aportados por particulares.
Con todo, quiero hacer notar un punto. En el número 1) del artículo 1º se señala, a propósito de las organizaciones comunitarias y funcionales, que éstas fueron constituidas de acuerdo a la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en circunstancias que ellas -el señor Presidente lo sabe bien, por cuanto es un experto en esta materia- están regidas, para los fines de su constitución y obtención de personalidad jurídica, por la ley Nº 19.418, sobre juntas de vecinos. De manera que para una adecuada redacción del artículo, solicito la unanimidad de la Sala para sustituir la alusión a la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, por la referencia a la ley Nº 19.418, sobre juntas de vecinos.
Por otro lado, constituye un gran avance el hecho de que también se consideren beneficiarios de la ley los departamentos de cultura de las municipalidades para proyectos específicos aprobados por el “respectivo concejo municipal”. La indicación originó esta disposición y surgió del hecho de que en Puente Alto se organizó, a través del municipio y en jornadas llevadas adelante los sábados, diversas actividades de carácter cultural en los colegios de la comuna. Conversando con las personas encargadas de este departamento, nos dimos cuenta de que en la ley no aparecían como beneficiarios de las donaciones. En consecuencia, si esos departamentos culturales podían ser beneficiarios de la ley -no para cualquier proyecto, sino para los aprobados por el concejo municipal-, ello sería positivo. Me alegro de que la indicación fuera aprobada por unanimidad en la Comisión.
Por otra parte, nos parece muy bueno que las empresas afectas al impuesto de primera categoría puedan entregar becas de estudio a los hijos de sus trabajadores, pudiendo deducir hasta 1 y media unidad tributaria mensual -aproximadamente 40.000 pesos- de los ingresos brutos para determinar la renta líquida imponible. Es cierto que puede discutirse si esta materia se apartaba de la idea matriz, ¡pero cómo no va a ser importante dar facilidades a las empresas a fin de que puedan obtener beneficios tributarios por entregar esas becas de estudio! Incluso, el beneficio lo habría extendido a trabajadores de otras empresas. Puede ocurrir que una determinada empresa no tenga trabajadores con hijos en situación de estudiar o no pueda copar el monto equivalente a 1 y media UTM; sin embargo y en forma paralela, puede existir otra que no tiene ingresos suficientes para otorgar el beneficio. Evidentemente, ello mejoraría la calidad de la educación de los sectores más necesitados.
Por último, es importante que los particulares puedan escoger los proyectos que quieren financiar. Tenía el temor de que se formara una especie de banco de proyectos culturales y se estableciera una prioridad entre ellos, de modo que los particulares sólo pudieran financiar el proyecto que les correspondiera en orden de prelación. Sin embargo, la posibilidad de que puedan escoger qué proyecto financiar es extraordinariamente positiva, por cuanto un particular puede mostrar mayor interés en un determinado proyecto, y otro, en uno distinto.
Quiero manifestar mi alegría por la tramitación de este proyecto de ley, por cuanto el tema de la cultura nos interesa a todos. Don Agustín Squella es un hombre extraordinariamente capaz y tengo mucha confianza en lo que pueda hacer en esta materia. Por otra parte, los recursos que considera el proyecto van a colaborar en la consecución de sus objetivos.
Por último, quiero reiterar mi petición de recabar la unanimidad de la Sala a fin de sustituir la referencia a la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, por la relativa a la ley Nº 19.418, que establece la forma en que se constituyen y obtienen personalidad jurídica las organizaciones territoriales, esto es, las juntas de vecinos y las organizaciones funcionales.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , en su momento recabaré la unanimidad de la Sala a fin de sustituir la referencia aludida por su Señoría.
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , este proyecto constituye una contribución importante al desarrollo de la cultura en nuestro país, pues entrega una serie de elementos que facilitan el financiamiento de actividades relacionadas con ese ámbito. Quiero destacar cómo en la discusión habida en la Comisión de Hacienda fueron surgiendo algunos elementos que van a permitir que la cultura pueda llegar a todos los sectores del país. Por ejemplo, la iniciativa de incorporar como beneficiarias de la ley a las organizaciones comunitarias y funcionales constituidas bajo el alero de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, respecto de lo cual el colega señor Errázuriz acaba de hacer una precisión que sería bueno considerar. Pero el espíritu y el fondo de la idea de considerarlas como beneficiarias es, precisamente, que en las ciudades pequeñas, los grupos que se organizan con un objetivo cultural también tengan la posibilidad de acceder a otras alternativas de financiamiento.
Otro punto importante es el relacionado con las donaciones en especie. Al decir, como propone la Comisión de Hacienda, “y siempre que no formen parte del activo realizable”, se establece una limitación que sería importante considerar a futuro, pues se restringen las opciones de financiamiento. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la comercialización de instrumentos musicales no quedaría afecta a los beneficios de la ley si dona instrumentos para fines culturales. Entiendo las razones de Impuestos Internos para colocar la limitante -que se dificulta la fiscalización-, pero creo que el tema amerita seguir siendo analizado, a fin de establecer mecanismos de control que faciliten tal posibilidad, porque ello va en directo beneficio de las actividades culturales.
Otro punto relevante para quienes representamos distritos de regiones es la constitución de doce fondos regionales, que permitirán obtener recursos para el desarrollo de actividades culturales a lo largo y ancho del país. Es importante que en la distribución de los mismos no sólo se considere el número de habitantes -porque así quedan claramente marginadas aquellas zonas con gran extensión territorial, pero baja densidad poblacional, como las ciudades de la zona sur austral-, sino también el concepto de territorio. La incorporación de este aspecto como factor de distribución es significativo y denota una preocupación por todos los habitantes del país.
Junto con las consideraciones mencionadas, quiero destacar la reposición de un beneficio del que gozaban los trabajadores, pero que por una interpretación de la Corte Suprema dejó de otorgarse. Se trata de las becas de estudio que se pagan a los hijos de los trabajadores de la empresa y que pueden ser rebajadas de la base tributaria.
En definitiva, creo que el proyecto contribuirá al desarrollo de la actividad cultural en el país y me alegro de que en el Parlamento haya existido una discusión franca y abierta, que permitió perfeccionar la idea primitiva del Ejecutivo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , esta modificación a la ley de donaciones culturales se inscribe en un intento por perfeccionar y mejorar la institucionalidad cultural de nuestro país. La semana pasada tratamos el proyecto sobre fomento a la música chilena y pronto debatiremos otras normas que apuntan a lo mismo: fortalecer la institucionalidad cultural.
La ley relativa a donaciones con fines culturales, conocida como la “ley Valdés”, tuvo como propósito abrir un canal para allegar mayores recursos a las actividades culturales. Por ende, esta modificación debe entenderse como un esfuerzo por perfeccionar, después de la experiencia habida, una parte de nuestra institucionalidad cultural.
En ese contexto, quiero destacar que la enmienda relativa a los beneficiarios y el debate para abrir la posibilidad de que las organizaciones comunitarias sean objeto de donaciones culturales son de la mayor relevancia. Cuando la propusimos, junto con otros colegas, estábamos pensando en la realidad geográfica y territorial del país. Con el señor Elgueta y otros parlamentarios siempre hemos conversado, por ejemplo, sobre la realidad de Chiloé. De igual forma, con el señor Ascencio y otros diputados hemos hablado sobre la forma de conseguir recursos para evitar la pérdida del patrimonio cultural, pues, muchas veces, las grandes instituciones no están interesadas en estos proyectos, pero sí las organizaciones comunitarias. Por ello, quiero subrayar la importancia de ampliar el ámbito de los beneficiarios, ya que la propuesta original era bastante más acotada. En la Sexta Región, a la cual represento, hay una de las experiencias recientes más exitosas de museos privados. En la comuna de Santa Cruz existe un museo espectacular, de trascendencia nacional, hecho por empresarios particulares. El que puedan acogerse a esta normativa será positivo; pero, lo más importante es que pueda hacerlo la gente sencilla, modesta, que se preocupa de la actividad y del patrimonio cultural del país.
Los esfuerzos por facilitar los trámites para acogerse a la ley significan un avance, pero hay un área que requiere seguir siendo evaluada: las donaciones en especies. Si bien puede haber buena voluntad de parte de los donantes, el criterio del Ejecutivo, en particular de Impuestos Internos, es mantener esa ventana bastante estrecha, por el temor de lo que puedan hacer algunos inescrupulosos. Al respecto, creo que es bueno ir avanzando hacia una mayor confianza en los actores privados, en lo relativo a las donaciones para fines culturales.
Sin duda, nuestras reflexiones deben ir acompañadas del debate relacionado con la democracia tributaria. Como bancada, tenemos muchas dudas sobre el mal uso de la democracia tributaria, ya que hasta ahora las donaciones para fines culturales se han concentrado en algunos municipios, zonas o tipos de instituciones. Tal como lo discutimos con el diputado señor Espina cuando tratamos las donaciones para fines deportivos, por cierto existe una duda sobre el uso político de las donaciones que puedan efectuar los privados. Eso está presente y no sincerar ese debate constituye un gran error, aun cuando no con igual fuerza en el proyecto sobre donaciones culturales.
Por ello, nos alegramos del perfeccionamiento introducido en esta iniciativa. Creemos importante avanzar en los criterios de la regionalización, porque consideramos absolutamente insuficiente lo propuesto, y tanto los fondos como el criterio e, incluso, el concepto son limitantes.
A mi juicio, se equivocan quienes proponen excluir a la Región Metropolitana. Aun cuando no soy diputado por sus distritos, creo que no debemos olvidar que comienza en Paine y termina bastante al norte de Colina. La visión de que está constituida por Santiago, Providencia y Las Condes es muy distorsionada en lo que se refiere a la oferta cultural para un territorio donde vive un porcentaje importante de chilenos.
No puedo dejar de mencionar el perfeccionamiento de criterios respecto de las becas de estudio. Sin duda, no es materia propia del proyecto, pero se tuvo que tratar debido a un dictamen de la Corte Suprema. Espero que a futuro podamos perfeccionar los instrumentos para el otorgamiento de becas, sin dejarlos limitados sólo a los hijos de trabajadores sindicalizados que, a través de una negociación colectiva, han logrado tener este beneficio.
En esta materia, hay que perfeccionar las normas sobre donaciones o facilitar la entrega de recursos para estudios superiores. El debate está abierto y no tengo la menor duda de que la ministra de Educación podrá acompañarnos en él. Hoy lo iniciamos con esta norma, pero es una inquietud de muchos jóvenes de nuestro país.
Votaremos a favor de las últimas modificaciones, en el entendido de que en el futuro seguiremos revisando estas normas para perfeccionarlas cada vez más y asegurar, así, que los recursos lleguen a la gente de las organizaciones de base, en las que más cultura se hace y donde hay más limitaciones para acceder a la diversidad de la creación artística en el país.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente , hoy es un día muy grato para la política y la cultura nacionales. Al contrario de lo que piensa el diputado señor Errázuriz , al incidente que recién pudimos observar en la Cámara le veo un fondo positivo, porque revela la importancia de la cultura en todos los niveles de la población y la fuerza con que son tomadas las iniciativas y los problemas culturales. Hay que considerarlo en forma positiva.
Los proyectos relacionados con la cultura tienen mayor importancia y atienden más necesidades de la gente que las que normalmente suponemos. La cultura no es un elemento secundario para la población, sino uno de primera importancia; pero ocurre que los gobiernos -y quizás nosotros mismos- la han ido postergando, aunque, de hecho, nuestro país es riquísimo en cultura. Están las demostraciones de nuestros notables artistas, que son recibidos, escuchados y aplaudidos en todo el mundo. Sin necesidad de iniciativas legislativas, han desarrollado un arte que nos alienta, deleita y causa admiración en todos los países.
Por lo tanto, el proyecto de donaciones culturales sólo viene a servir de un estímulo más, de apoyo, para que la cultura se desarrolle en mejores condiciones.
En ese sentido, la iniciativa recoge la experiencia de la ley Nº 18.985, que ha demostrado ser eficaz en cuanto a las donaciones, con las cuales, bien utilizadas, se pueden fomentar y apoyar los eventos culturales en todo el país.
Además, la iniciativa en debate recoge las deficiencias y limitaciones de la ley. Por ejemplo, los espectáculos que se presentan al público, financiados con donaciones, deben ser gratuitos y no pagados. Esa es una limitante, porque hay espectáculos de alto costo en que los recursos correspondientes a las donaciones y los que pone el Fisco no alcanzan para financiarlos. El proyecto considera esa situación, en cuanto a que para fomentar la cultura no se pueden hacer tantas exigencias, y dispone que algunos espectáculos públicos -no todos- puedan ser pagados, sin perder por eso el apoyo fiscal, a través de las donaciones.
También esta iniciativa recoge una aspiración observada en todas partes: que las empresas puedan hacer donaciones en especies y no únicamente en dinero. Esto no sólo es una novedad legislativa, sino un elemento nuevo en nuestra experiencia cultural, a lo mejor modesto, pero de enorme importancia, significado y riqueza, que puede tener enorme proyección hacia el futuro, porque quienes trabajan en el ambiente cultural saben que muchas veces se va a una empresa a pedir apoyo para montar un espectáculo, una exposición o hacer trabajos en talleres, donde les dicen que los pueden ayudar con los elementos que tienen, los cuales no se podían donar. Con esta futura ley, se podrá hacer.
El tercer elemento, a mi juicio destacadísimo, consiste en que, por primera vez, se trata de una iniciativa absolutamente regionalizada, porque señala que se podrán aprobar hasta doce proyectos anuales por Región, además de doce proyectos interregionales. Esto es de una potencialidad enorme y un fuerte apoyo que se da a la cultura y al arte en las regiones.
Además, como lo señaló el diputado Alvarado , se trata de hacer una distribución muy justa desde los puntos de vista del territorio y de la población.
Finalmente, se incorpora algo -también se mencionó- notable y novedoso: las becas de estudio que pueden otorgar las empresas para los hijos de trabajadores, a través de la donación de 1,5 unidad tributaria mensual.
Entonces, este proyecto viene a suplir una deficiencia nuestra. No aprobarlo -pongámonos en esa posibilidad- no significa que la cultura dejará de existir en el país, porque tiene gran potencialidad; pero esta iniciativa es necesaria, positiva y favorable para estimular a nuestros artistas, a la gente que hace cultura en el campo, en la ciudad, en las poblaciones, en las empresas y en cualquier lugar, y para que sientan que tienen un apoyo del Estado. Eso es estimulante y positivo.
Por ello, creo que habrá unanimidad para aprobarla.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente , quiero partir expresando mi satisfacción por el avance y perfeccionamiento que significa el proyecto respecto de la aplicación de la ley vigente. La iniciativa refuerza el principio de democracia tributaria y, de este modo, permite que los contribuyentes decidan por ellos mismos el destino de parte de los tributos que deben pagar.
Considero importante avanzar en esa dirección, ya que asegura una mejor asignación de los recursos, en la medida en que el particular efectúa la donación sólo si está seguro de la finalidad y efectividad de la misma, produciéndose una suerte de sociedad entre el contribuyente y el Estado, pues la exención es sólo por el 50 por ciento, asumiendo el Fisco que si es razonable para el particular donar su dinero, también lo es para el Estado.
Quiero hacer un breve comentario respecto de lo razonable que para la gran mayoría de los colegas resulta el proyecto y su posición respecto del proyecto de ley del deporte, el cual, teniendo el mismo principio rector para las donaciones en cuanto a otorgar beneficios tributarios, no ha encontrado el mismo apoyo.
Esta iniciativa perfecciona la legislación vigente, ya que contribuye a aumentar los recursos destinados a la cultura. Primero, permite que parte de las donaciones que no puedan utilizarse como crédito sea rebajada como gasto en la determinación de la base afecta a impuestos. Segundo -otro elemento importante por destacar-, crea fondos regionales y amplía el universo de beneficiarios, incorporando los museos y el Consejo de Monumentos Nacionales. Por último, establece una exención del impuesto a las herencias y donaciones en favor de las entidades beneficiarias de la ley que se modifica.
También es importante destacar la flexibilidad que se da para las donaciones en especies y la ampliación limitada de beneficios a espectáculos no gratuitos.
Por las razones antes señaladas, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, sin duda, estamos frente a un proyecto de ley de gran relevancia para el mundo de la cultura.
Sus artículos, que han sido aprobados en las Comisiones respectivas, incluyen entre los nuevos beneficiarios de las donaciones del sector privado a los museos estatales y municipales, así como a los privados abiertos al público en general, lo que, por cierto, será de gran provecho para ellos. También los monumentos nacionales podrán ser conservados, mantenidos, reparados, restaurados e, incluso, reconstruidos con el aporte del sector privado y también del Estado.
Por otra parte, se autoriza a las instituciones culturales para que reciban donaciones en especies, lo que les permitirá sacar adelante obras y espectáculos públicos que se realicen en provincias.
Además, permite que los espectáculos públicos, artísticos, científicos o culturales que cobran entrada, se beneficien también con los aportes del sector privado, cosa que actualmente es incompatible. Esto ayudará a realizar numerosos conciertos que no podían recibir el apoyo del sector privado, porque se cobraba entrada, a pesar de que ambas cosas eran necesarias.
Al mismo tiempo, permite que la parte de las donaciones que no podía deducirse como crédito contra el impuesto de primera categoría o el global complementario, en el futuro se pueda imputar como gasto. Es otra modificación relacionada con lo que se ha denominado “democracia tributaria”, la que, sin duda, hará factible o facilitará la realización de actividades culturales, especialmente en regiones.
Por eso señalo que estamos ante un proyecto que otorga grandes beneficios, especialmente a las organizaciones culturales regionales, las que recibirán un fuerte impulso del sector privado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , el proyecto debiera haberse llamado “Chile se abre al arte y a la cultura”.
Quiero hacer notar que estas normas, que se han incorporado al texto de esta iniciativa legal por razones puramente prácticas, han sido comentadas tan positivamente por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que me hace pensar que serán mayoritariamente aprobadas.
Después de la brillante exposición del diputado informante de la Comisión de Hacienda , señor José Miguel Ortiz , creo que queda muy poco que agregar, sobre todo en lo relacionado con las donaciones con fines educacionales que pueden hacer las empresas a los hijos de sus trabajadores, lo que considero un fomento a la cultura.
Esta norma, que forzadamente cabe dentro de las ideas matrices del proyecto, pretende subsanar una compleja situación derivada de recientes interpretaciones de la Corte Suprema, que han impedido a los empleadores efectuar descuentos sobre la base imponible del impuesto a la renta de las empresas. Es un aspecto novedoso del proyecto.
También queda muy claro que no hay discriminación en la creación de doce fondos regionales para la cultura, porque ésta es universal.
En la Comisión de Hacienda tratamos la asignación de recursos para los proyectos de las regiones, materia respecto de la cual hubo ciertas diferencias, en cuanto a que los fondos debieran ser regionales, es decir, concursables en las propias regiones y con artistas de las mismas.
También se señaló en esa Comisión que estas donaciones debían realizarse en el marco general de las prestaciones laborales para asegurar la igualdad, a fin de que no se produjera una discriminación arbitraria en el acceso al beneficio y en la proporcionalidad del mismo, evitando que se utilice este medio como una herramienta de presión o práctica patronal desleal.
Respecto de esta materia, debo reconocer la inclaudicable posición de los dirigentes de los trabajadores. ¡Bien por ellos y por sus hijos!
Señalo este hecho, con el objeto de que quede establecido en la historia fidedigna de la ley, ya que es fundamental y no puede llamar a dudas al futuro intérprete administrativo-judicial. Esta excepción al régimen tributario general tiene su sustento fundamental en el establecimiento de condiciones justas y no discriminatorias del beneficio. Sin ellas no existirá la posibilidad de descontarlo de la base imponible del impuesto a la renta.
El proyecto es una apertura moderna a la cultura, porque creo -con esto termino, señor Presidente- que la cultura no constituye un gasto, sino un deber.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la honorable diputada Antonella Sciaraffia, quien cerrará el debate.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , también quiero valorar el significado que tiene la discusión de un proyecto de esta naturaleza para todos los integrantes de la Comisión de Hacienda y para los parlamentarios en general, iniciativa que vamos a aprobar por lo positivo que resulta apoyar, fortalecer y difundir de manera mucho más amplia la cultura en nuestro país.
Este proyecto apunta a cosas muy fundamentales, ya que, en el tema de los beneficiarios de las donaciones culturales, incluye no sólo a los museos y a los departamentos culturales de los municipios, sino también a los organismos comunitarios funcionales que se forman de acuerdo con la normativa que la gente conoce como “ley de justas de vecinos”, que podrán recibir estas donaciones culturales, lo cual, evidentemente, dará oportunidad de acceso a la cultura a la juventud y a la gente de escasos recursos, lo que apunta, en el fondo, al desarrollo integral de la persona.
Además, el proyecto es muy positivo, porque fortalece la descentralización, que siempre planteamos y defendemos en los distintos lugares y tribunas del país, al crear los fondos regionales de la cultura. Sabemos que muchas decisiones que se adoptan en forma centralizada en Santiago, la capital de nuestro país, no reconocen ni se condicen con las realidades de las regiones. La creación de esos fondos permitirá que las autoridades regionales apoyen a grupos musicales o a gente que practica danza, canto u otras expresiones de la cultura en las regiones, porque los conocen y están comprometidos con ellos.
En un principio hubo mucha resistencia de parte del Ministerio de Hacienda para que los empresarios hicieran donaciones en especies, pero finalmente se accedió a ello, así como a que el donante no financie el peritaje que debe hacerse para establecer el valor de este tipo de donaciones, lo cual será de cuenta del beneficiario.
Votaré a favor del proyecto, porque significa un compromiso real de las autoridades y de la ley con la cultura, sentimiento que, espero, comparta en forma unánime la Sala, con el objeto de que ojalá todos los chilenos puedan acceder a la cultura.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar.
Debo informar a los señores diputados que se declara aprobado el artículo 2º, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En relación con el artículo 1º, el diputado señor Maximiano Errázuriz ha presentado una indicación que requiere el acuerdo unánime de la Sala para ser votada.
Si le parece a la Sala, el señor Secretario dará lectura a la indicación.
Acordado.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
La indicación del honorable señor Errázuriz es para sustituir, en el número 1 del artículo 1º del proyecto, la expresión “de acuerdo a la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades” por “de acuerdo a la ley Nº 19.418, sobre organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales”.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Como se requiere la unanimidad de la Sala, ¿habría acuerdo para votar la indicación?
El señor ERRÁZURIZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
El diputado señor Errázuriz quiere hacer una pequeña aclaración sobre el contenido de la indicación.
¿Habría acuerdo para que hiciera uso de la palabra?
Acordado.
El señor ERRÁZURIZ.-
Nada más que para hacer una precisión sobre la referencia.
Entre los donatarios están las organizaciones territoriales y funcionales, y el proyecto dice: “constituidas de acuerdo a la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades”; pero en verdad esas organizaciones se constituyen de acuerdo con la ley Nº 19.418, sobre organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
¿Habría acuerdo para votar la indicación?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Aprobada la indicación.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
En relación con el artículo 1º, también hay indicaciones de la Comisión de Hacienda a los numerales 2 y 4 del artículo 1º.
Todas las opiniones emitidas en el curso del debate fueron favorables a esas indicaciones.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Aprobadas las indicaciones de la Comisión de Hacienda.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
En relación con el nuevo artículo 3º, referido a las becas de estudio, la Comisión de Hacienda presentó una indicación que amplía el límite del gasto en el caso de la educación superior.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Aprobado el nuevo artículo 3º.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
-En votación el nuevo artículo transitorio, que se refiere a la entrada en vigencia del artículo 3º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Aprobado el nuevo artículo transitorio, con lo cual queda aprobado y despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor Correa.
CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Carlos Abel Jarpa.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 233-10, sesión 26ª, en 8 de enero de 1991. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Informes de las Comisiones de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, sesión 14ª, en 11 de noviembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 5 y 6, respectivamente.
El señor ALESSANDRI.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , antes de entrar al debate del proyecto, deseo llamar la atención de la Mesa y de la Cámara, en orden a que su tramitación se encuentra inconclusa por las siguientes razones.
En su origen, el proyecto fue enviado a las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía; de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Constitución, Legislación y Justicia. Despachado por la de Derechos Humanos y cuando se tramitaba en la de Relaciones Exteriores, quedó constancia de que iba a la de Constitución. Entonces, el diputado señor Kuschel , que votó en contra del proyecto, dijo que era indispensable tramitarlo en la Comisión de Constitución, pero cinco señores diputados se abstuvieron, en espera de este informe. Al evacuarse más tarde, señala lo siguiente: “Teniendo presente que la honorable Cámara ha dispuesto que esta iniciativa también sea informada por la honorable Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en cuyo seno podrán ser analizadas con mayor propiedad las incidencias constitucionales y legales de este convenio, inclusive la reserva de constitucionalidad de que se os informa más adelante...”.
Esta fue la razón por la cual la Comisión de Relaciones Exteriores no señaló en las menciones reglamentarias que la aprobación o despacho del proyecto requería trámite de ley de quórum calificado, dado que se estaba modificando la ley orgánica de Minería.
Abusando de la paciencia de la Sala y sólo por un minuto, quiero recordar que el artículo 118 de nuestro Reglamento dice: “Todo proyecto de ley sometido a la consideración de la Cámara deberá ser informado por la Comisión competente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 228”. Esta disposición se refiere a las comisiones unidas.
Como se me puede observar que la Cámara acordó no solicitar el informe de la Comisión de Constitución, señalo que el inciso segundo del artículo 118 expresa: “El Presidente , a petición de un diputado , podrá solicitar el acuerdo unánime de la Cámara para omitir el trámite de Comisión cuando se trate de un asunto obvio y sencillo o de tan perentoria urgencia que no admita demora...”.
Es de toda evidencia que el proyecto no es obvio ni sencillo y que tampoco se requiere de una urgencia absoluta, porque ingresó a la Cámara en 1991. En consecuencia, ya lleva 9 años de tramitación.
Por todas estas razones y más que todo por prudencia legislativa, pido al señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala para enviarlo por un plazo determinado -diez, veinte o treinta días- a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que después sea conocido por el plenario de la Cámara.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Para acoger la solicitud del diputado señor Alessandri se requiere la unanimidad de la Sala.
Deseo aclarar que el 8 de enero de 1991, el Presidente de la Cámara de la época, sin ninguna objeción de la Sala, lo remitió a las Comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores. El 6 de junio de 1991, la Comisión de Constitución solicitó que el proyecto le fuera remitido, y el 9 de noviembre de 1999, por oficio, pidió dejar sin efecto su petición anterior. Por lo tanto, es un tema que ha tenido distintas discusiones en la Sala y en comisiones. En definitiva, llegó al plenario con informes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores y sólo si la Sala lo acuerda por unanimidad tendría que remitirse nuevamente a la Comisión de Constitución.
Solicito el acuerdo de la Sala para pronunciarse sobre lo solicitado por el diputado señor Alessandri.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señor Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar a la Corporación sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptado en Ginebra en 1989, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Después de una larga discusión, en que participaron representantes de trabajadores y empleadores de los países miembros de la OIT, y de diversas organizaciones indígenas no gubernamentales internacionales, se logró aprobar este proyecto, en la septuagésima sexta reunión de la Conferencia General de la OIT, por 328 votos a favor, 1 voto en contra y 49 abstenciones.
Debo hacer notar, en el caso de Chile, el voto favorable del representante de los trabajadores y la abstención de los dos representantes del Gobierno.
La clara mayoría que se dio en esta conferencia demuestra la preocupación de la comunidad internacional por readecuar el régimen de protección de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes, establecido en el Convenio Nº 107, de 1957, de la OIT.
El proyecto tiende a prevenir, en armonía con los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la discriminación que muchas veces sufren los pueblos indígenas y tribales.
El objetivo del proyecto es reconocer que estas poblaciones aspiran a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, así como a mantener y fortalecer sus identidades, cultura, lenguas y religiones, dentro del marco correspondiente a países independientes. En muchos de esos países ellas sufren segregaciones, discriminaciones, con el consiguiente deterioro de sus valores y culturas.
Asimismo, se hace presente que esas poblaciones han tenido un rol fundamental en la diversidad cultural, la armonía social y ecológica, y en la cooperación y comprensión internacionales.
En la elaboración del proyecto participaron también representantes de organizaciones -especializadas- de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO; para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco ; de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y de otros organismos internacionales, cuya contribución fue fundamental.
Se requiere que, a través de un estatuto jurídico, las referidas poblaciones puedan asumir el control de sus instituciones, formas de vida, desarrollo económico, y mantener y fortalecer su identidad, cultura y religión -reitero-, dentro del marco de los países independientes.
La iniciativa consta de 44 artículos que, agrupados en seis partes, versan sobre política general; tierras; contratación y condiciones de empleo; formación profesional, artesanía e industrias rurales; seguridad social y salud; educación y medios de comunicación, y contactos y cooperación internacionales.
Se aplicará en los países que la han ratificado.
En primer lugar, a los pueblos tribales, cuales son aquellos que, teniendo su propia condición social, económica y cultural, se rigen total o parcialmente a través de una legislación especial.
En segundo lugar, a los pueblos que, por su origen, se consideran indígenas, es decir, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica de él en épocas de la conquista o la colonización y que hoy ocupan un territorio, total o parcialmente, con fronteras propias.
Los países que firman el proyecto de acuerdo se obligan, en primer lugar, a reconocer a esas poblaciones indígenas y tribales el derecho a su cultura, a desarrollarse espiritualmente y -lo que es muy importante- a su territorio.
Junto con ello, se les reconoce, a través de sus propias instituciones, la forma de decidir en organismos administrativos y participar en elecciones. Es decir, su derecho de participación.
También es importante la relación de su cultura para desarrollarse en los territorios que hoy ocupa.
Con respecto a las sanciones por delitos -en que se aplique la legislación del país-, deberán reconocerse, en lo posible, sus tradiciones y condiciones sociales, económicas y culturales.
En cuanto a las tierras que tradicionalmente ocupan, se les reconoce el derecho de propiedad y de posesión, como, asimismo, junto con el de salvaguardar dichas tierras, se les respeta el mecanismo de transmisión de tales derechos entre sus miembros.
Del mismo modo, se les reconocen los derechos que les asistan en territorios de su propiedad sujetos a programas de prospección o explotación de recursos minerales -sobre cuyas actividades deberán ser informados-, como también los correspondientes a beneficios e indemnización.
Se expresa, además, que ningún pueblo indígena o tribal puede ser trasladado del territorio que ocupa sin su consentimiento. En caso de que fuera necesario, deberá ser informado y, de ser afectado, plenamente indemnizado.
En este sentido, cuando el proyecto fue visto por la Comisión de Relaciones Exteriores, en 1991, el entonces ministro subrogante de Relaciones Exteriores , señor José Miguel Insulza , con relación a lo que ha ex-puesto nuestro colega Gustavo Alessandri , expresó que el gobierno se había comprometido a que el Presidente de la República , cuando ratificara este proyecto, introduciría las modificaciones necesarias para conciliar la ley Nº 19.253, sobre indígenas, con el derecho de propiedad, a fin de no vulnerar el artículo 19 de la Constitución.
También concurrieron a la Comisión representantes de las diferentes organizaciones de pueblos indígenas -entre otras, Nehuenmapu, Admapu y Ayní-, quienes hicieron ver la urgente necesidad de la ratificación del convenio, ya que de esa forma se posibilita a la población indígena el reconocimiento de su derecho a asumir el propio control de su forma de vida y a mantener y fortalecer su identidad, religión y cultura. De esta forma, habrá mayor tolerancia y armonía. Además, se evitará su segregación social.
Por todo esto, en vista de los antecedentes recibidos, la Comisión de Relaciones Exteriores, por mayoría, acordó aprobar el proyecto. Asimismo, se comprometió a evitar las incompatibilidades que podrían suscitarse entre el derecho de la propiedad minera y la Constitución.
Por otro lado, dejo constancia de que la iniciativa no contiene normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado ni artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Se cita a reunión de Comités en la Sala de Lectura, la que se efectuará simultáneamente con esta sesión.
Tiene la palabra el señor Ojeda, diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, paso a informar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 169, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, el 27 de junio de 1989.
El proyecto ingresó a la Cámara, por mensaje del Presidente de la República , el 3 de enero de 1991, y fue aprobado por la Comisión el 12 de marzo de 1991, hace nueve años. Con posterioridad, fue archivado y sólo hoy es tratado en la Sala.
Como dato informativo, señalo que estuvieron presentes en la Comisión, en 1991, dando su aprobación al proyecto, las diputadas señoras María Maluenda , como presidenta, y Marina Prochelle , y los diputados señores Sergio Elgueta , Jaime Naranjo , Jaime Orpis , Carlos Vilches y quien habla.
En esa oportunidad, ingresaron al Congreso Nacional tres proyectos: el que estamos analizando, uno que establecía normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas y que creaba la Conadi -hoy ley Nº 19.253, publicada en el Diario Oficial del 5 de octubre de 1993- y otro, de reforma constitucional, que consignaba el concepto de pueblos indígenas y su reconocimiento constitucional, el que fue aprobado en general y cuyo estudio en particular ya está concluido en la comisión técnica.
La Comisión de Derechos Humanos conoció este proyecto en virtud del acuerdo de la Sala y por su ámbito de competencia, fijado por la honorable Cámara, que consiste en “informar los proyectos de ley y los tratados internacionales que contemplen normas sobre derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía”, y a la vez “defender y promover los derechos fundamentales del hombre, consagrados en la Carta Fundamental y en los tratados internacionales”. Por tal razón, el estudio de la Comisión se basó fundamentalmente en el análisis y enfoque en cuanto al cumplimiento de las normas y principios en materia de derechos humanos, más que en el detalle de sus disposiciones normativas, contenidas en sus 44 artículos y 10 partes en que se encuentra dividido.
El texto del convenio se encuadra y dice relación con el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que consagra en su artículo I que “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y “deben obrar en relación unos con otros con espíritu de fraternidad”; y con su artículo II, que profesa: “Todo hombre tiene capacidad para gozar de los derechos y las libertades establecidas en esta Declaración, sin distinción de ninguna especie, sea de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen nacional o social, riqueza, nacimiento o cualquier otra condición”. De la misma manera, nuestro ordenamiento jurídico, específicamente nuestra Constitución Política, reafirma el principio de dicha Declaración Universal.
Sobre estas consideraciones jurídicas y doctrinales, documentación recibida y otros tratados internacionales que se mencionan más adelante, se hizo el correspondiente análisis.
La aprobación de este Convenio por la Organización Internacional del Trabajo está de acuerdo con la evolución jurídica experimentada por el tema en estudio. La Conferencia aprobó el convenio en informe para salvaguardar los vitales derechos e intereses de los pueblos indígenas y tribales. Se dice que el Convenio Nº 107, adoptado en 1957 por la Conferencia Internacional del Trabajo, fue el primer instrumento jurídico internacional concebido para tratar estos derechos. Pero con el transcurso del tiempo ha habido muchos cuerpos legales internacionales que abordan la materia, aparte de la Declaración Universal, mencionada con anterioridad. En la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, de 1948, y en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se consigna la igualdad entre todos los seres humanos y la no discriminación. Sin embargo, recién en la Carta Interamericana de Garantías Sociales, de 1948, la OEA habla de los derechos de los grupos étnicos o pueblos indígenas, pero muy tangencial o referencialmente.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la aprobación, en diciembre de 1966, de los Pactos Internacionales de Derechos Económicos , Sociales y Culturales y los Derechos Civiles y Políticos, se avanzó de manera considerable en el reconocimiento de los derechos de los pueblos, que entraron a regir en 1976. Chile los ratificó en 1989 y se publicaron en el Diario Oficial el 30 de abril y 27 de mayo, respectivamente.
No obstante el reconocimiento que establecían, estos Pactos fueron cuestionados no sólo por los estudiosos indigenistas, sino también por las propias organizaciones indígenas; sobre todo, porque en el artículo 27 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos se emplea el término “minorías”, cuando sostiene: “En los Estados en los que existían las minorías”. Porque, según los representantes de los Estados latinoamericanos, la situación de las minorías no puede identificarse con la problemática de los pueblos indígenas, pues estos últimos constituyen entidades sociales distintas.
Hay Estados que niegan la existencia de minorías dentro de sus fronteras. Dado que este concepto no impone obligación alguna de apoyar el derecho de estas minorías a disfrutar de su propia cultura o idioma o de practicar su propia religión, los indígenas, según estudios de Eduardo Castillo y Jorge Senderson , consideran que no se les reconoce la calidad de tal y de ser tratados como pueblos indígenas.
En 1971, en un trabajo del relator especial de la subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías, del diplomático chileno don Hernán Santa Cruz , titulado “Estudio del problema de discriminación contra las poblaciones indígenas”, se entra de lleno a hablar de los indígenas. Se define el concepto de “poblaciones indígenas” como aquellas que están constituidas por los descendientes actuales de los pueblos que habitan el presente territorio de un país, total o parcialmente, en el momento que llegaron a él personas de otra cultura y origen étnico provenientes de otras partes del mundo y que los dominaron y los redujeron, por medio de la conquista, asentamiento u otros medios, a condición no dominante o colonial; que viven hoy más en conformidad con sus particulares costumbres y tradiciones sociales, económicas y culturales que con las instituciones del país del cual forman parte ahora, bajo una estructura estatal en que se incorporan principalmente características nacionales, sociales y culturales de otros segmentos, predominantes de la población; y se considera como población indígena, aunque no hubieran sufrido conquista ni colonización, a los que desciendan de grupos que se encontraban en el territorio del país en la época de llegada a él de otros grupos, de culturas y origen étnico distinto de los que han conservado casi intactas sus costumbres y tradiciones ancestrales, afines a las características como indígenas, debido, precisamente, a su aislamiento de los otros segmentos de la población del país y porque están, sólo formalmente, colocados bajo la estructura estatal en que se incorporan características nacionales, sociales y culturales ajenas.
Estos conceptos de población indígena también fueron objetados. Son muy generales y se refieren al sujeto indígena colectivo. El concepto de pueblo es más apropiado, dicen las organizaciones indígenas, porque en él se incorpora un elemento diferenciador, que es el territorio, al que se agrega el de la conciencia étnica. En los estados multiétnicos, la población es el conjunto de pueblos que se encuentran bajo la soberanía de un estado.
El estudio de este relator sirvió para entrar en el tema. No obstante, hay una profusa legislación internacional que lo acompaña.
Así, Chile, junto a otras 123 naciones, ratificó, el 20 de noviembre de 1971, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1965.
En 1970, fue ratificada por el Estado chileno la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, en la que se reconoce a los miembros de las minorías el derecho a emplear y enseñar su propio idioma.
En 1948, la OEA aprobó la Carta interamericana de garantías sociales, en la que se impone a los estados miembros la obligación de prestar protección, asistencia y amparo de la vida, la libertad y la prosperidad de la población aborigen; de preservar, mantener y desarrollar el patrimonio y procurar la emancipación económica de las agrupaciones autóctonas; de hacer respetar sus tierras, legalizar su posesión por ellos mismos y evitar la invasión de tales tierras por extraños.
En 1978, la Unesco aprobó la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, que insta a reconocer que se debe respetar el derecho de todos los grupos humanos a la identidad cultural y al desarrollo de su propia vida cultural en el marco nacional e internacional.
Sin embargo, el convenio Nº 107, de 1957, de la OIT, es el primero y único instrumento de carácter universal que trata de un modo sistemático y reconoce la especificidad de la problemática de los indígenas y tiene por finalidad proclamar la protección de los individuos que integran esas agrupaciones.
Ese convenio impulsó a la OIT a aprobar el convenio Nº 169, por el cuestionamiento, casi unánime, que se le hizo.
Chile no ha ratificado el convenio Nº 107. Hasta 1988, sólo 27 estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo lo habían hecho.
Los movimientos indígenas nacionales y extranjeros que han logrado consolidarse en organizaciones reconocidas a nivel internacional, se han constituido en los principales analistas y detractores de algunos conceptos del convenio Nº 107.
Los reparos son ostensibles. Se le critica, primero, su carácter etnocéntrico, en el sentido de considerar a los pueblos indígenas como aquellos que se encuentran en una etapa menos avanzada frente a los otros sectores de la colectividad nacional, lo que involucra una noción minorante y, por ende, discriminatoria; y, segundo, su carácter asimilacionista, porque plantea la necesidad de integrar progresivamente las poblaciones indígenas a la vida de sus respectivos países.
La tercera crítica proviene de autores que han desarrollado la moderna doctrina de los derechos humanos y sus seguidores. Según ellos, se diferencian dos grupos en esta materia: por una parte, los derechos civiles y políticos individuales o clásicos, llamados derechos de primera generación, como el derecho a la vida, a la seguridad y al ejercicio de las libertades públicas, y, por otra, los derechos económicos, sociales y culturales, a los que se clasifica como derechos colectivos o de segunda generación, como el derecho al trabajo y a la seguridad social, el derecho a la vivienda y a la educación.
La necesidad de reconocer la íntima relación del individuo con la cultura del pueblo al cual pertenece y de respetar la identidad cultural de ese individuo junto a la de todos los que conforman ese grupo, hace surgir la concepción de un nuevo derecho humano colectivo, cuyo sujeto receptor es el pueblo o grupo étnico del cual forma parte. Este derecho humano colectivo, por constituir un desarrollo doctrinario, ha sido llamado de tercera generación.
Hay que entender que el fenómeno de la cultura comprende las formas específicas de percibir y conceptualizar el mundo, la forma de expresarlo a través de su lengua o idioma, la manera de asimilar, por la enseñanza y el aprendizaje, las normas y sistemas de comportamiento.
En consecuencia, es válido que exista el convenio Nº 169, que está en estudio. Es el resultado de la evaluación del tratamiento de los indígenas con la utilización de los conceptos adecuados en su verdadera amplitud y dignidad.
La existencia de las etnias en Chile, que han sobrevivido al transcurso del tiempo, ha permitido mantener su identidad cultural, su idioma y una relativa homogeneidad territorial. Con toda la dureza del trato, las discriminaciones y marginaciones las han llevado a un verdadero estado de pobreza.
Estimaciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, de 1973, y de algunas organizaciones mapuches, indican que existiría una población aproximada al millón de personas, de las cuales 600 mil habitan en sectores rurales y 400 mil en áreas urbanas. El grupo más importante es el mapuche. Hay grupos muy pequeños, como el aimara y quechuas, con doscientas cincuenta personas, y el alacalufe, en Puerto Edén, con un poco más de dos docenas de nativos. En el grupo yagán o yámana sobreviven entre cuatro y cinco personas. El grupo pascuense está formado por unas dos mil personas. El mapuche-pehuenche es también numeroso, como lo es el subgrupo mapuche-huilliche, cuya mayor concentración poblacional está en San Juan de la Costa, provincia de Osorno.
Ante tan precaria situación y ante el trato injusto que ocurre en todos los países que suscriben el convenio, bien vale la pena aprobarlo tal como aparece en el texto. Ello, por los términos de la Declaración universal de los derechos humanos, tratados y pactos internacionales; por la evolución del derecho internacional, desde 1957, y los cambios registrados en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo; por comprender las aspiraciones de esos pueblos para asumir el control de sus propias situaciones y formas de vida y de su desarrollo económico y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los estados en que viven; y porque esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los estados en que viven, en los cuales sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión.
El convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes y a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o región geográfica a la que pertenece el país desde la época de conquista, de colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales.
La utilización del término “pueblos” en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga aplicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.
El texto contiene disposiciones de goce y de ejercicio de los distintos derechos y prerrogativas en materia de trabajo, cultura, medio ambiente, salud, previsión social, religión, espiritual; en materia de participación al derecho consuetudinario, protección de sus recursos naturales, derechos sobre la tierra, derecho al trato igualitario con los demás miembros de la población, a la educación y a los medios de comunicación.
Los diputados pueden tomar conocimiento, a través del texto que obra en su poder, del contenido y sentido de las disposiciones correspondientes.
El convenio Nº 169 establece los derechos de los indígenas y considera sus costumbres ascentrales, su organización, su historia. Constituye una aspiración no sólo de los indígenas de Chile, sino también del resto de América y forma parte del pliego de peticiones de esos pueblos y, por lo tanto, es necesario que sea aprobado en nuestro país.
Por ello, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por la unanimidad de sus miembros, acordó aprobarlo en toda su extensión y contenido.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Saludo a la ministra de Planificación, señora Alejandra Krauss, quien por primera vez comparte con nosotros en esta Sala.
Nuestros saludos, señora ministra.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , mi bancada quiere saludar al padre de la señora ministra. Estamos seguros de que debe sentir un legítimo orgullo de que su hija esté hoy en esta Sala como ministra.
(Aplausos).
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
En reunión de Comités se acordó continuar mañana con el debate de este proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
RESPALDO A DECISIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO DE HACERSE PARTE EN PROCESOS JUDICIALES.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 378, que plantea respaldar decisión del Consejo de Defensa del Estado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Rechazado.
COMISIÓN INVESTIGADORA DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL PETRÓLEO.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 379, de los señores Vilches, Kuschel, Palma, don Osvaldo; Prokurica, Alessandri, Leay, Rojas, Molina, Fossa y señora Cristi.
“Considerando que:
1º Desde agosto de 1999, hasta enero recién pasado, los precios internacionales del petróleo aumentaron desde 16 hasta 27 dólares el barril, determinando un alza de un 70%.
2º En ese período, el Fondo de Estabilización del Petróleo absorbió íntegramente las alzas.
3º La autoridad no adoptó oportunamente las medidas adecuadas que se imponían, como resultaba ser la aplicación de aumentos paulatinos y graduales de los precios a los consumidores.
4º Los bruscos aumentos decretados por la Enap y las eventuales futuras alzas provocan un trastorno grave a las actividades productivas, particularmente a nivel de usuarios y de pequeños y medianos empresarios.
5º El inadecuado uso del Fondo de Estabilización del Petróleo obliga a una revisión total de este instrumento y conocer las razones de las autoridades del gobierno para postergar hasta agosto de 1999 el empleo de este fondo, en circunstancias que desde enero de ese año el precio del petróleo en los mercados internacionales había aumentado en un 50%.
La Cámara de Diputados acuerda:
Constituir, en conformidad al artículo 297 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados, una Comisión especial investigadora que determine:
1º Cuáles fueron las equivocaciones en la utilización del Fondo de Estabilización del Petróleo, que significaron al país un gasto de más de 120 millones de dólares, por concepto de uso del Fondo hasta diciembre de 1999 y un suplemento de 200 millones de dólares a principios de enero.
2º Determinar y obtener una explicación del gobierno sobre los criterios que ocupa en la recaudación y aplicación de los impuestos que gravan los combustibles. Ya que, por una parte, aplica altos impuestos (50% en gasolinas y 30% en petróleo diesel) y, por el otro, subsidia con el Fondo de Estabilización.
3º Aclarar por qué sólo el 40% de los recursos del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo se destina a su incremento, mientras el 60% restante vuelve nuevamente al fisco como impuesto.
Esta Comisión deberá cumplir su cometido en el plazo de 60 días a contar de su constitución”.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , la economía del país se ha visto seriamente afectada por las alzas que ha tenido el crudo en los mercados internacionales.
Esta situación, que no depende del gobierno chileno ni de lo que puedan hacer los países compradores, sino sólo de una decisión de los productores de petróleo, debe regularse con transparencia.
Para ello, durante el gobierno del Presidente Aylwin, en 1991, se legisló sobre la materia a fin de tener un Fondo -Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo- que permitiera aminorar las fluctuaciones del precio del petróleo en los mercados internacionales. En los últimos años hubo un alza de un 160 por ciento.
El Fondo fue muy mal administrado en Chile. Costó al país los 200 millones de dólares iniciales, quedando 120 millones para 1999. Lo más probable es que también sean consumidos los 200 millones de dólares que se aprobaron en los primeros días de enero del presente año. Tan cierto es lo que estoy diciendo, que en la Cámara de Diputados se encuentra en trámite legislativo un proyecto que tiene por finalidad aumentar los recursos del Fondo.
Estamos convencidos de que el Fondo ha sido mal administrado, pues en vez de servir para aminorar las fluctuaciones ha actuado como subsidio, con lo cual se ha gastado una importante cantidad de recursos que pudieron utilizarse en fines que beneficiaran a los sectores más modestos del país.
Por ello, solicito que la honorable Cámara de Diputados apruebe la formación de la comisión investigadora propuesta, con el objeto de extraer de los resultados de la investigación mejores formas para administrar el Fondo, a fin de que cumpla con su rol de evitar que el consumidor se vea afectado por las violentas alzas de precio que experimenta el petróleo en los mercados internacionales.
Debo señalar que fue bien administrado hasta 1997, pero en 1998 y 1999 su manejo deja mucho que desear y eso requiere ser investigado. Por eso, pido que los diputados voten a favor del proyecto.
He dicho.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Para hablar a favor, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA ( don Andrés) .-
Señor Presidente , no me opongo al propósito del proyecto defendido por el colega Vilches , quien también ha participado en sesiones de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que se encuentra abocada a los temas que plantea el proyecto de acuerdo.
En este mismo momento se está llevando a cabo una reunión con la participación de los diputados señores José García , Julio Dittborn, José Miguel Ortiz , Enrique Jaramillo y de autoridades del Ministerio de Hacienda, para ver las mismas modificaciones que el diputado señor Vilches plantea que hay que hacer al funcionamiento del Fondo; que, además, fueron analizadas en la Comisión de Hacienda en la semana pasada, con un conjunto de expertos en energía y economía, para recibir apreciaciones tanto del sector público como del privado. Además, existe un compromiso del Gobierno para introducir modificaciones al funcionamiento del Fondo.
Si se alcanza un acuerdo en esa materia, en un plazo inferior a sesenta días -probablemente en la primera semana de abril-, en esta Sala discutiremos las modificaciones al funcionamiento del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, es decir, lo mismo que indica el proyecto de acuerdo.
En consecuencia, aun cuando coincido con el objetivo del proyecto de acuerdo, lo voy a votar en contra, precisamente, porque se está estudiando un proyecto de ley por medio del cual se pide un aporte de fondos adicionales para el Fondo de Estabilización del Petróleo.
En consecuencia, dar sesenta días a una comisión especial para estudiar una materia que ya está en conocimiento de la Comisión de Hacienda a través de un proyecto de ley -con la participación de diputados de las distintas bancadas representadas en esta Cámara y con la voluntad del Gobierno-, en orden a introducir cambios en el mismo sentido que propone este proyecto de acuerdo, a mi juicio es realizar un trabajo adicional y poco productivo.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ávila .
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo representa el ánimo de sacar un último hervor a una materia que está siendo objeto de tratamiento en diversas instancias de esta Corporación.
En consecuencia, aun cuando comparto -tal como señaló el diputado don Andrés Palma- las razones de fondo que han inspirado a quienes suscribieron el proyecto de acuerdo, lo razonable es permitir que culmine el estudio que se está llevando a cabo y respecto del cual hay coincidencia plena sobre la necesidad de superar las dificultades por las que ha atravesado el Fondo en los últimos meses.
Existe un consenso muy amplio para abordar esta materia, por lo que no es el momento de dar pie a una expresión meramente publicitaria de algo que está siendo abordado con seriedad.
He dicho.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa; 15 votos. No hubo abstenciones.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 12 votos. No hubo abstenciones.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
SESIÓN ESPECIAL CONJUNTA DE COMISIONES DE TRANSPORTES Y DE EDUCACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 380, de los diputados señores Van Rysselberghe, Correa, Letelier, don Felipe; Valenzuela, Jaramillo, García-Huidobro, Ulloa y Velasco.
“Considerando:
1. Que durante el año 1999 se verificaron 322 accidentes de tránsito en que se vieron involucrados vehículos de transporte escolar, lo que constituye un aumento de un 12% en relación a los accidentes ocurridos en el año 1998. Los 322 accidentes se desglosan en 180 colisiones, 51 choques, 76 atropellos, 14 caídas y un volcamiento.
2. Que producto de los accidentes antes indicados, sólo el transcurso del año recién pasado se debió lamentar la muerte de 4 personas y la existencia de 513 lesionados, 57 de ellos graves.
3. Que el número de vehículos de transporte escolar ha tenido un fuerte incremento en nuestro país. Según cifras entregadas por la Federación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile (Fentetuch), en 1993 existían más de 10 mil vehículos destinados a este tipo de transporte, mientras que el año pasado esta cifra se incrementó a 23 mil. El promedio de traslado por furgón es de 40 pasajeros y el número de niños transportados cada año es de 920 mil.
4. Que durante el año 1999 se realizaron 1.659 controles, constatándose que un 10,1% de los vehículos escolares fiscalizados por el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes no cumplía con los requisitos exigidos para un adecuado y seguro traslado de niños a los establecimientos educacionales. Algunas de las fallas detectadas consisten en llevar el extintor descargado, conducir con licencia inapropiada e incluso revisiones técnicas vencidas.
5. A lo anterior, hay que sumar que en estas mismas fiscalizaciones se detectó la existencia de cerca de 49 furgones, equivalentes a un 3% del universo de vehículos de transporte escolar, que funcionaban como clandestinos. Sin embargo, esta cifra es conservadora si se considera las cifras que maneja la Federación Gremial Nacional de Transporte Escolar y Turismo, la que asciende a un 20% (4.600 vehículos de un universo de 23.000). Incluso en ciudades como Curicó o Los Ángeles el número de vehículos de transporte escolar ilegales circulando alcanza al 40 ó 50%, según cifras de la propia Federación.
6. Que no existe un catastro nacional que determine el número de vehículos dedicados a esta actividad. Sólo se sabe que según el Departamento de Fiscalicalización del Ministerio de Transportes existen 22 mil revisiones técnicas que acreditan la calidad del transporte escolar, pero no se conoce la cantidad de vehículos que efectivamente están dedicados a esta actividad.
7. Que una materia tan importante como la señalada, en que está en juego la vida de muchos niños, no basta con la fiscalización anunciada por las autoridades policiales y del Ministerio, sino que resulta fundamental revisar la legislación existente y evaluar los procesos de fiscalización del cumplimiento de las medidas vigentes.
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Comisión de Transportes y Educación citen a una sesión especial conjunta destinada a analizar y evaluar la normativa vigente en materia de seguridad en vehículos de transporte escolar, su efectividad y la forma en que se fiscaliza su cumplimiento. En el desempeño de este mandato, la Comisión Unida podrá citar a las autoridades que estime pertinentes, para luego informar a esta Sala de sus conclusiones”.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el honorable diputado señor Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
Señor Presidente , en nuestro país se ha institucionalizado el transporte escolar, servicio que ha venido a satisfacer una necesidad fundamental, en particular para aquellas familias de escasos recursos en que ambos padres se ven obligados a trabajar.
Desgraciadamente, en el último tiempo hemos debido lamentar un considerable aumento de la tasa de accidentabilidad de los vehículos de transporte escolar, que se han visto involucrados en distintos accidentes. Además, es de público conocimiento que cerca del 20 por ciento de los vehículos que ofrecen este servicio lo hacen en forma clandestina, sin ningún tipo de fiscalización. No debe escapar al criterio de la Cámara que en una materia en que está en juego la vida de los niños de nuestra patria no basta con la fiscalización anunciada por las autoridades; resulta fundamental revisar la legislación existente y evaluar los procesos de fiscalización de cumplimiento de las medidas de seguridad vigentes.
En atención a lo anterior, anuncio mi voto favorable y, por su intermedio, solicito a la honorable Sala que apruebe por unanimidad el proyecto de acuerdo leído por el señor Prosecretario .
He dicho.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el honorable diputado señor Velasco.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , sin duda, la situación descrita en el proyecto de acuerdo se ejemplariza aún más con el último desgraciado accidente protagonizado por un vehículo de transporte escolar en la zona de San Felipe, Quinta Región, en el cual murieron dos personas y quedaron gravemente heridos alrededor de diez niños.
Considero menester que la Cámara se preocupe de la materia y tome las precauciones del caso, dado que existen miles de vehículos de transporte escolar que no cumplen con lo establecido en la ley de Tránsito y en las reglamentaciones respectivas, desplazándose a una velocidad realmente innecesaria. Además, transportan más niños que lo permitido por la ley.
Por eso, dada la gravedad de los acontecimientos que ocurren día tras día, relacionados con accidentes de vehículos de transporte escolar, anuncio que mi voto también será favorable a este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Para argumentar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).- Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
No hay quórum.
Por lo tanto, la votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE AUMENTO DE DOTACIÓN POLICIAL EN PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y CREACIÓN DE JUZGADO DE MENORES EN PUERTO VARAS. Oficios.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el honorable diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, en esta oportunidad quiero denunciar hechos de violencia que, por desgracia, ya están siendo habituales en la comuna de Puerto Varas, provocados por pandillas juveniles que, desde hace un tiempo a esta parte, literalmente se han tomado las poblaciones de esa comuna.
Los actos de esas pandillas que, por lo general, llevan a cabo durante la noche, en realidad, tienen amedrentada a la población y entre los pobladores existe un temor generalizado por la actuación de esos grupos, que anteayer llegaron al extremo de apedrear la casa del jefe policial de la comuna, a la cual le quebraron los vidrios. De manera que la situación ha llegado a tal límite, que ha desbordado la posibilidad de controlar a esas pandillas.
Lo más grave de todo es que esta situación ha ocurrido en reiteradas oportunidades, por la no presencia de carabineros durante las horas de la noche, lo que, lamentablemente, se debe al círculo vicioso a que están sometidos: ellos no pueden patrullar las poblaciones donde las pandillas cometen todo tipo de desmanes, debido a que no existe suficiente dotación y corren el peligro de ser sobrepasados por esas pandillas; por lo tanto, no van a las poblaciones. Es el peor círculo vicioso en que nos movemos. El resultado es que no hay ningún control sobre esos grupos, que tienen amedrentado a todo el sector poblacional de la comuna.
Hoy no sólo existe la presencia de pandillas, sino también de lugares clandestinos que toda la población conoce e identifica; pero, por temor, nadie se atreve a denunciarlos.
Este problema, que aparentemente ha sido de la Región Metropolitana y de los grandes centros poblados, hoy es una realidad en comunas que son consideradas muy tranquilas, a la luz de los observadores, como Puerto Varas, en donde también se vive una situación de violencia y delincuencia juvenil, de pandillaje, en especial en sectores poblacionales.
Por esta razón, pido que se oficie al ministro del Interior y al general director de Carabineros , en el sentido de que informen a la Cámara de Diputados en cuánto ha aumentado la dotación policial en los últimos dos años en la Décima Región, particularmente en la provincia de Llanquihue. En caso de que no haya habido ninguno, que nos digan si existe algún programa definido de incremento de esa dotación para ese sector.
Puerto Varas ha estado sufriendo esta situación desde hace mucho tiempo, y ahora en mayor grado debido a los hechos que estoy denunciando. Por eso, pido que se oficie el ministro de Justicia para que estudie, evalúe y, si está en su programa, informe sobre la posibilidad de crear un juzgado especializado, como los de menores, en la comuna de Puerto Varas, donde existe una demanda muy creciente en esta materia, porque los tribunales están sobrepasados en sus funciones.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INSUFICIENCIA DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. Oficio.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , en esta ocasión, me quiero referir a un tema que ha estado de mucha actualidad durante estos últimos días, como es el relativo a la salud primeria de nuestra población.
A raíz de los anuncios presidenciales y de las promesas electorales hechas durante la campaña de los candidatos Ricardo Lagos y Joaquín Lavín , este tema está cobrando mucha actualidad y vigencia, de lo que me alegro, porque dentro de los derechos humanos, sin duda, el principal de ellos es el de la salud.
Hemos visto que en los últimos años la atención primaria ha ido desmejorando notablemente. Por ello, el Presidente de la República , en sus primeras declaraciones, le pidió a la ministra de Salud que solucionara, en el plazo de tres meses, el problema de las colas en los consultorios.
A raíz de estas declaraciones del Presidente , quien después tuvo que bajarle el perfil por la imposibilidad, a lo mejor, de resolver ese problema en tan breve plazo, se han conocido declaraciones del Colegio Médico, en las que señala que debe aumentarse la cantidad de horas médicas en los consultorios. Con tal objeto, propone una serie de medidas.
También se ha pedido a la ministra de Salud que adopte las medidas urgentes que el caso requiere. A mi juicio, creo que el tema no se ha abordado con un criterio de coordinación mínima, ya que no he escuchado versiones en tal sentido.
El problema se suscita porque las municipalidades no tienen los recursos necesarios para financiar la salud primaria. Eso no se ha dicho lo suficientemente claro en los últimos tiempos.
La subvención que entrega el Ministerio de Salud para la atención primaria es del orden del 5 por ciento del presupuesto total de dicho ministerio, lo cual es insuficiente. Para entregar esos recursos a las municipalidades, las comunas se dividen en urbanas y rurales y, además, en pobres y no pobres. Muchas veces existe el contrasentido de que el Ministerio de Salud considera a una misma comuna como no pobre, y el Ministerio de Planificación y Cooperación, Mideplan, como pobre. Es decir, existe una contradicción notoria respecto de la clasificación que hace uno y otro ministerio sobre una comuna.
El monto de la subvención, de alrededor de 500 pesos per cápita por población atendida, es absolutamente insuficiente. No permite contratar médicos, enfermeras, ni dentistas, ni tampoco comprar los medicamentos necesarios para atender a la población.
Por eso es de primera necesidad que en esta labor -en la que nos hallamos comprometidos, como Poder Legislativo, los parlamentarios que permanentemente estamos en contacto con nuestros distritos- exista coordinación. No se les está dando la importancia debida a las municipalidades, que tienen mucho que decir, porque los recursos que se les entregan para solucionar los problemas de salud primaria son insuficientes. Las municipalidades tienen grandes déficit por esta situación y sólo recibirán más aportes a través de una subvención acorde con sus necesidades. Y eso debe provenir del ministerio de Salud.
Por ello, pido a la ministra de Salud que tome medidas que tengan directa relación con el problema que se origina con las municipalidades, las cuales no obtienen los recursos necesarios para paliar, en alguna forma, este problema que afecta a la salud primaria.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INDEFENSIÓN DE CHOFERES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE CONCEPCIÓN ANTE DELINCUENCIA. Oficios.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
Señor Presidente , es de todos conocida la situación ya planteada hace poco por nuestro colega señor Carlos Recondo .
El problema de la delincuencia que afecta a nuestro país no sólo ocurre en Santiago, sino a lo largo de todo Chile. También existe, con inusitada violencia, en el distrito que represento: Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz.
Me preocupa particularmente cómo afecta este problema a los choferes de la locomoción colectiva de Concepción, ya que son agredidos por bandas de delincuentes que continuamente les roban con extrema violencia, llegando, incluso, a lamentar la muerte de algunos de ellos.
Prueba de lo que estoy diciendo son las graves declaraciones que aparecen hoy en el diario “El Sur”, de Concepción, del presidente regional de la Federación Regional de Choferes , don Diego Ibáñez , quien hace propuestas, en realidad muy preocupantes, como responder con armas de fuego a las agresiones, ya que se ven en la indefensión.
Ante esta situación, pido que se oficie al ministro del Interior , don José Miguel Insulza , para que se refuerce la vigilancia en lugares específicos en dichas comunas y se tomen medidas especiales ante la grave situación que afecta a los choferes y a sus familias, que ven con impotencia cómo la autoridad no toma las medidas necesarias para la seguridad de esos trabajadores.
Además, pido que se envíe copia de este oficio al general director de Carabineros , don Manuel Ugarte . Asimismo, anuncio que me reuniré en los próximos días con el jefe de la Octava Zona de Carabineros para plantearle mi preocupación sobre esta situación que están viviendo esos trabajadores de mi distrito, y poder consensuar con él alguna forma de solución, la cual creo que pasa por aumentar, si no la dotación de Carabineros, al menos la implementación en motos y en vehículos para que puedan patrullar. De esa manera, se multiplica la presencia de estos servidores públicos, que son tan escasos hoy día en nuestro país.
He dicho.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados.
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE EN EL RÍO LLUTA Y DEL COMPLEJO FRONTERIZO DE CHUNGARÁ. Oficios.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, para que el distrito que represento siga progresando, es muy importante dotarlo de la infraestructura que influya en el factor productivo y de servicios.
Hay dos obras de infraestructura importantísimas que han quedado pendientes en los gobiernos anteriores de la Concertación. Uno es el embalse en el río Lluta, absolutamente necesario para ampliar la agricultura de ese valle, evitar el daño a las playas en el sector costero turístico y también los graves deterioros que provocan las crecidas de verano producidas por el llamado invierno boliviano. Se hace indispensable reactualizar el estudio del proyecto, que ya está en etapas avanzadas, para construirlo en la Angostura de Chironta.
En consecuencia, solicito al ministro de Obras Públicas y Transportes que dé un vigoroso impulso al reestudio y redefinición de las ventajas que esta obra tiene para la zona -el valle de Lluta- y el país.
Al mismo tiempo, solicito que se oficie al ministro del Interior para que considere en el presupuesto del próximo año los recursos para la ejecución del proyecto del complejo fronterizo en Chungará, que une a Chile con Bolivia.
El proyecto se ha ido atrasando y ello demora, a su vez, la integración con Bolivia, lo que daña al país, a Arica y a Parinacota. La construcción permitirá dar un paso gigantesco en la integración real, porque el tema diplomático podrá esperar, pero éste, en el cual hay consenso en Chile y en Bolivia, debe llevarse a cabo. Naturalmente, Chile debe dar el paso más importante, porque si bien ambos países son beneficiados por el intercambio económico, el nuestro lo está siendo en mayor medida.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de la diputada señora Caraball y los diputados señores Jaramillo , Ojeda , Pareto , Muñoz , Navarro , Letelier, don Felipe , y de quien habla.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ANEXAS EN EL TRAMO CONCESIONADO TALCA-CHILLÁN DE LA RUTA 5. Oficio.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , pido oficiar al ministro de Obras Públicas , don Carlos Cruz , con el objeto de que en el tramo concesionado Talca-Chillán, de la ruta 5, se construyan las calles de servicios, los cruces, las paradas de buses, las garitas y las pasarelas, en especial en los sectores densamente poblados como son San Carlos, San Gregorio y puente Ñuble. En estos trabajos hay un atraso, por lo que, a mi entender, existe incumplimiento del contrato existente entre la empresa concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas.
También es muy importante que la empresa concesionaria cumpla el punto establecido en el contrato, relacionado con los aparcaderos. Hay un compromiso de que cada 50 u 80 kilómetros tiene que haber un aparcadero para los camioneros, de manera que éstos puedan descansar. En esa forma se evitan los accidentes, por cansancio, de los choferes de los camiones.
Solicito oficiar -reitero- al ministro de Obras Públicas para que nos haga llegar a esta Corporación un detalle de todo lo indicado. Me interesa que se cumplan esas cláusulas, especialmente respecto del tramo comprendido entre el río Perquilauquén y Concepción, del distrito que represento en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de la diputada señora Caraball y los diputados señores Ojeda , Pareto , Jaramillo , Muñoz , Navarro , Urrutia y de quien habla.
DISTRIBUCIÓN DE CUOTA DE CAPTURA DE MERLUZA DEL SUR EN REGIÓN DE MAGALLANES. Oficio.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Muñoz .
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , sabido es que la pesca pasa por un difícil momento en diversas regiones del país, principalmente a raíz de la baja en la masa disponible, derivada tanto de factores estacionales como de la sobreexplotación de algunas especies. Ello ha motivado la preocupación de los pescadores artesanales, quienes han reclamado insistentemente, desde hace meses, soluciones a los problemas que les origina esta situación.
En este caso, las facultades de las autoridades se restringen a la administración de los recursos, buscando conciliar la rentabilidad actual de la actividad con la conservación de las especies, objetivos cuya consecución y mecanismos se encuentran sujetos a diversas interpretaciones de las partes involucradas en torno a su eficacia.
Pues bien, en los últimos días se han registrado diversas manifestaciones del sector pesquero artesanal, fundamentalmente en las regiones del sur del país, undécima y duodécima, con movilizaciones callejeras, huelgas de hambre y actos de protestas, con el objeto de demandar de las autoridades el aumento de la cuota de captura del recurso merluza del sur que les permita mantener la actividad y el sustento de sus familias.
En lo que respecta a Magallanes, ayer fue bloqueada la carretera que une Punta Arenas con Puerto Natales, registrándose el consiguiente atochamiento vehicular, que sólo puede resolverse mediante el diálogo de los manifestantes con las autoridades provinciales y la subscripción de un documento con sus principales planteamientos. Entre éstos se encuentra fundamentalmente mejorar en favor del sector pesquero artesanal la distribución de la cuota de captura de la merluza del sur, que actualmente se divide en un 40 por ciento para éste y el porcentaje restante para la flota industrial.
Además, los pescadores artesanales reclaman la falta de herramientas efectivas para administrar la cuota asignada a cada una de las regiones, estimándose que los pescadores de Magallanes se encuentran en condición desmedrada en relación con las de otras regiones del sur, en cuanto no se considera adecuadamente la cantidad de trabajadores destinados a esta labor.
Además, existe dificultad en la aplicación de la norma referida a la exigencia de posicionador satelital para las naves y, por último, se deben tener presentes las contingencias de comercialización y precios en los productos internacionales.
Personalmente he realizado diversas gestiones en este campo, entre las que se cuenta haber planteado un proyecto de ley que, en términos generales, en la Región de Magallanes, como quiera que la geografía así lo permita, se deja las aguas interiores para la pesca exclusiva de la flota artesanal y las aguas exteriores para la flota industrial, logrando una armónica distribución del esfuerzo pesquero.
Hace mucho tiempo que se viene requiriendo soluciones para el sector pesquero artesanal, principalmente en cuanto a la disponibilidad y administración de los recursos, debiendo esto abordarse definitivamente, para lo que resulta fundamental establecer los diálogos y confianza necesarios entre autoridades y trabajadores.
Por lo anterior, considero indispensable que las nuevas autoridades del sector pesquero se aboquen a la brevedad a buscar soluciones a las problemáticas planteadas, entendiendo que algunas de ellas se originan más en fenómenos naturales estacionales que en deficiencia administrativa, sin perjuicio de lo cual resulta muy útil aunar las posiciones a través de la conformación de una instancia especial de diálogo, en que se representen todos los sectores y que se aboquen, a la vez, a analizar en forma global los desafíos y requerimientos del sector pesquero, pero también a estudiar proposiciones concretas que permitan atender problemas puntuales, como el que afecta a la zona austral y que he reseñado anteriormente.
Para ese efecto, pido oficiar al subsecretario de Pesca , con el objeto de solicitar información respecto de las medidas adoptadas para atender los planteamientos señalados por los pescadores de la región de Magallanes, acompañándole copia de esta intervención, con el fin de analizar la propuesta de crear una comisión especial que analice tanto en general como en particular esta materia.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados Navarro , Letelier, don Juan Pablo ; Jaramillo , Pareto , Ortiz , Mesías y la señora Eliana Caraball .
IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE RECURSOS POR INDAP A ORGANIZACIONES CAMPESINAS.
El señor MESÍAS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier, por tres minutos.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , ayer recibí una carta que quiero dar a conocer. Tiene como título: “Organizaciones campesinas solicitan comisión investigadora”, y señala lo siguiente:
“Ante las denuncias presentadas por la Contraloría General de la República y los sumarios administrativos llevados a cabo por este organismo contralor en distintas regiones del país, originadas en dineros entregados por Indap a empresas y campesinos con problemas de endeudamiento, solicitamos que estas situaciones, conocidas por campesinos y funcionarios públicos de Indap, sean denunciadas a la Contraloría General de la República y a los tribunales competentes, proporcionándoles todos los antecedentes necesarios para el establecimiento del derecho.
“Esta petición se funda en que los hechos investigados afectan a un indeterminado número de campesinos y funcionarios públicos que se ven en la obligación de hacer abandono de sus funciones habituales para estar a disposición de las autoridades señaladas, lo que los perjudica tanto sicológica como económicamente.
“Hacemos un llamado especial tanto a la Contraloría General de la República como a la contraloría interna de Indap para que cumplan sus funciones y resguarden debida y oportunamente los recursos del Estado; pedimos que las sanciones aplicadas como resultado de los sumarios administrativos sean ejemplarizadoras para evitar la repetición de los hechos, esto es, que la mala gestión de los servicios afecten a una cantidad de personas ajenas a él y aparte se dejen de cumplir los objetivos de Indap, que son propender al desarrollo de los pequeños agricultores y campesinos del país.
“Pedimos al Gobierno capacitar a los funcionarios de las organizaciones campesinas y a sus asociados para que no se otorguen créditos que no corresponden por los primeros y se sepan administrar por parte de los segundos. En suma, que esos recursos lleguen a quienes son destinados y se cumplan con los objetivos perseguidos.
“Pedimos, con suma urgencia, al Presidente de la República estudiar una política de Estado sobre la ruralidad en su integridad, con la participación de los sectores rurales, lo cual en alguna medida ya se ha iniciado por el actual ministro de Agricultura , para que se haga realidad el compromiso hecho a la gente y para terminar con las irregularidades y poder superarlas, evitando que los campesinos se vean en la necesidad de concurrir a los tribunales de justicia; pedimos al diputado Juan Pablo Letelier la intervención en la Cámara de Diputados con el objeto de que a través de una Comisión investigadora se esclarezcan los hechos denunciados, se precisen las irregularidades y se sancione a los responsables”.
Esta carta me la hizo llegar don Eugenio León , presidente de la Confederación Nacional Campesina; Pedro Castañeda , presidente de la Confederación El Surco; Omar Jofré , presidente de Conaproch . También la firman René Astudillo , director de la Confederación Nacional Campesina; María Moya , secretaria de Relaciones Internacionales de la misma Confederación, y Pedro Minay , secretario de Capacitación .
Esta organización es tremendamente representativa de los campesinos y éstos sienten los problemas.
Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se pida al presidente de la Comisión de Agricultura que reciba a los representantes de las organizaciones campesinas y, si es pertinente, que se busque solución a sus problemas.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se hará llegar su solicitud, aunque lo podría hacer usted mismo.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Disculpe, señor Presidente .
En el Congreso no tenemos el mecanismo para que una organización que pide la formación de una Comisión investigadora pueda hacerlo por iniciativa propia.
Aquí estamos frente a una presunción de irregularidades, porque se trata de una cantidad muy relevante de recursos, los cuales, según la denuncia, no llegaron a sus beneficiarios, esto es, a las organizaciones campesinas.
Por eso, le agradezco que haya acogido mi petición.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se procederá en la forma solicitada, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Pareto , Ojeda , Mesías y de la señora Caraball
RECHAZO A INSTALACIÓN DE VERTEDERO EN LA COMUNA DE MAIPÚ. Oficio.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Luis Pareto .
El señor PARETO .-
Señor Presidente , se pretende instalar -yo diría en forma muy inusual- un vertedero en Maipú, una de las comunas más pobladas de la Región Metropolitana.
En la actualidad, Maipú tiene aproximadamente 440 mil habitantes, y de acuerdo con las estadísticas que obran en poder del Gobierno y de la propia municipalidad, en diez años más tendrá cerca de un 1 millón 100 mil habitantes; y no es menor que Maipú, que tiene aún cerca de 2 mil hectáreas disponibles para viviendas, sea una de las pocas comunas agrícolas donde no existen parcelas de agrado y sólo se han construido viviendas fundamentalmente para gente modesta y de clase media.
La empresa El Olivo S.A. pretende instalar en el área norponiente de esa comuna, al lado del cementerio, un vertedero. Hace pocos días visité el terreno, y pude constatar que existen innumerables viviendas y la posibilidad vial es nula, porque Maipú está realmente aislado. Las únicas alternativas son la avenida Pajaritos , la Ruta 68 desviándose frente al aeropuerto Arturo Merino Benítez y posiblemente por calle 5 de Abril. Las personas que deben trasladarse, tanto de ida como de vuelta, demoran aproximadamente una hora de Maipú a Estación Central.
Por eso, solicito que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que instruya a la directora de la Conama para que sea muy rigurosa en los estudios que está realizando y los que le han llegado, porque creo que es imposible instalar un vertedero en ese sector y en esa comuna, primero, por la imposibilidad vial; segundo, porque no cumple con los requisitos de distancia de las viviendas que allí existen y, además, porque consideramos
que esa comuna ya hizo un gran esfuerzo y es la más grande del país: ella sola abarca prácticamente tres regiones, y ahora se pretende instalar en su territorio un vertedero que afectaría a más de 400.000 habitantes.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de la diputada señora Caraball y de los diputados señores Ojeda y Jaramillo.
PRÓRROGA DE PLAZO PARA EXIGENCIA DE CURSO ESPECIAL A CONDUCTORES DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Oficio.
El señor PARETO .-
Señor Presidente , está vigente una disposición legal que considero buena. Me refiero a la que establece que los choferes de vehículos de la locomoción colectiva deben hacer un curso especial en una escuela de conductores.
Lamentablemente, desde que se dictó esa disposición no se han instalado las suficientes escuelas de conductores, y las pocas que hay cobran precios exorbitantes. El valor del curso es de 400 mil pesos, suma que para esos trabajadores es imposible solventar. Por lo tanto, somos partidarios de otorgar un plazo mayor. No es culpa de los conductores el hecho de que no se hayan instalado las escuelas. En verdad, lo que sucede es que no existe mucho interés en invertir en ellas por lo oneroso que resultan. En tanto no se implementen en buena forma en todas las ciudades del país, el Gobierno deberá prorrogar la libertad para trabajar sin necesidad de cumplir el requisito de prepararse en estas escuelas o hasta que el Ministerio de Transportes verifique que existen las suficientes que impartan tales conocimientos o destrezas.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , a fin de que envíe a la brevedad el proyecto de ley respectivo para prorrogar estas disposiciones legales.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Caraball y de los diputados señores Ojeda , Jaramillo , Mulet y quien habla.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA PARA FACILITAR ENTREGA DE PERTENENCIAS A TERCEROS. Oficios.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el honorable diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , diversas asociaciones gremiales mineras y empresarios mineros de la Tercera Región de Atacama , uno de cuyos distritos represento, me han expresado la necesidad de modificar el decreto supremo Nº 72, de Minería, que contiene el reglamento de seguridad minera. El artículo 21 de ese reglamento dispone, entre otras materias, que “el traslado de una faena minera o parte de ella a terceros, a cualquier título que no sea traslaticio de dominio, no exime a la empresa minera de sus obligaciones relacionadas con la conservación de la faena ni de sus responsabilidades hacia terceros”. Esta última frase inhibe a empresas mineras de envergadura a solicitar, a través de una concesión de exploración o explotación, hacerse cargo de grandes extensiones territoriales y entregar en arriendo, o a título que no sea traslaticio de dominio, esas pertenencias mineras. Esas empresas ocupan gran parte del territorio minero o pertenencias que, por el momento, no tienen mayor interés en desarrollar, aunque se encuentran en etapa de investigación y exploración. Reitero: muchas veces esas empresas desean arrendar pertenencias mineras a terceros, o entregarlas a título que no sea traslaticio de dominio a pequeños, medianos y mineros artesanos; sin embargo, el artículo 21 del referido reglamento las inhibe, por cuanto las hace responsables no sólo de la conservación de la faena minera, sino también de cualquier situación que les ocurra a terceros, en virtud de un contrato que celebren con una pequeña empresa minera, lo cual no permite la movilidad requerida en cuanto a autorizar a terceros la explotación de territorios de las características mencionadas.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Economía , Minería, Pesca y Energía, señor José De Gregorio , a fin de que estudie la modificación del decreto supremo Nº 72, de Minería, para facilitar la entrega de pertenencias mineras a terceros, sin que ello implique traslado del dominio ni que las empresas dueñas de las propiedades se hagan responsables ante terceros. En esto debe siempre tenerse presente la seguridad de los trabajadores, de los mineros y, en general, de las personas que laboran en el ámbito minero. Para ello, hay que recurrir a la vigilancia especial del departamento de seguridad minera, pues de ninguna manera hay que correr el riesgo de que la mina pueda “florearse”, o de ser explotada en mala forma o irresponsablemente. Esto permitiría a muchos mineros artesanales y pequeños mineros -se trata de una aspiración muy sentida de ese sector- explotar yacimientos a través de la modalidad de regalía o arrendamiento procurada por las grandes empresas mineras dueñas de concesiones.
Además, solicito que se envíe copia de mi intervención a los concejos de Copiapó, Vallenar , Tierra Amarilla, Freirina, Chañaral , Diego de Almagro , a fin de que los señores concejales y alcaldes de esas comunas se informen de esta gestión. Se trata de autoridades que han estado permanentemente preocupadas de este tema, pues las afecta directamente.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Sciaraffia , y de los diputados señores Ojeda , Jaramillo y de quien habla. Asimismo, se enviará copia de su intervención a los concejos por usted señalados.
RESTABLECIMIENTO DE SERVICIO DE FERROCARRILES EN EL SUR DEL PAÍS. Oficio.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , en la edición del diario “Austral” de Osorno, de fecha 16 de marzo del presente año, se publicó una información relativa a ferrocarriles del Estado cuyo titulo reza: “¿Retorno del tren al sur? Una esperanza no totalmente abandonada ni olvidada”. La noticia se relaciona con la necesidad de expansión de ferrocarriles al sur de Chile, inquietud que, tal vez, no se siente en otras partes como en lo profundo del alma de quienes añoramos su presencia y deseamos su restablecimiento.
Es evidente que falta la presencia de ferrocarriles y que su necesidad es manifiesta. El país avanza, progresa y busca mejores opciones; sin embargo, en esa evolución se requiere la existencia y presencia de ferrocarriles del Estado.
Es claro que se ha dado mayor importancia al tema del transporte en la zona central y metropolitana. De hecho, se invierten millones de pesos en el Metro y en otros medios de transporte; en cambio, para el sur de Chile, en ferrocarriles, nada. Esto refleja una injusticia y un menosprecio respecto de lo que necesitamos en términos de medios de transporte. Prácticamente, las carreteras están colapsadas: camiones, buses y automóviles se multiplican a diario, y el parque automotor se encuentra sobredimensionado, tal como se observa en los interminables “tacos” y caravanas vehiculares en las distintas carreteras. Es ahí donde se echa de menos un medio de transporte como el ferrocarril. Por otra parte, los accidentes de tránsito no van a disminuir mientras no lo hagan las posibilidades de riesgo, se logre descongestionar las vías y se implementen ferrocarriles. Incluso, la doble vía ya es insuficiente. Por eso, la necesidad de instalar el servicio de ferrocarriles sigue latente y alzamos nuestra voz para que ello ocurra.
Se dice que se están realizando trabajos de Temuco al sur, a fin de restablecer y reparar vías férreas. No sabemos en qué consiste todo ello, pero si se trata de un trabajo serio, pido que se financie y ayude a quienes allí laboran, pues aún se guarda la esperanza de recuperar este medio de transporte.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Transportes , con el objeto de que informe sobre qué pasa realmente con ferrocarriles, si existe un proyecto serio de restablecimiento de ese medio de transportes de Temuco al sur, y nos diga cuál es la actitud y el espíritu del nuevo gobierno en relación con Ferrocarriles del Estado.
Instamos a las nuevas autoridades de gobierno a adoptar una política seria de recuperación y modernización de Ferrocarriles, con el fin de no seguir preguntándonos qué pasa o cuándo reivindicaremos este medio de transporte que era tan único, propio y especial para la zona sur, sobre todo para las ciudades pequeñas, los pueblos, las villas; para los campesinos, los habitantes de lugares alejados, donde no pasan los buses ni menos llegan los aviones.
Si no existe una política o hay ambigüedad al respecto, exigimos que se adopte una política de recuperación y restablecimento de Ferrocarriles del Estado, desde Temuco al sur, o de modernización de lo ya existente.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señor Jaramillo , señorita Sciaraffia , doña Antonella , y de quien habla.
ANTECEDENTES SOBRE SITUACIÓN DE CONSULTORIOS EN IQUIQUE. Oficio
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , a través del las vías normales de la Cámara de Diputados, quiero solicitar información respecto de la conformación de los profesionales y de la situación de los consultorios de la ciudad de Iquique.
Contamos con cinco consultorios, uno de los cuales es muy importante, ubicado en la localidad de Alto Hospicio, con más de cincuenta mil habitantes. En una fiscalización que efectué hace algún tiempo, encontré muchas falencias de funcionamiento, falta de profesionales, de equipamiento e, incluso, con elementos que no están siendo utilizados; por ejemplo, hay dos ambulancias y un chofer, lo cual ha provocado el fallecimiento, en dicha localidad, de personas por no ser atendidas oportunamente. También hay dificultades derivadas de las colas que se forman en esos centros asistenciales.
Ahora que se estableció un plazo para resolver el problema, quiero conocer la situación de los consultorios del distrito que represento, a fin de abordar el asunto y contribuir con más profesionales.
Por lo anterior, solicito que se oficie a la ministra de Salud , con el objeto de que nos informe respecto de los consultorios Cirujano Aguirre, Cirujano Guzmán , Cirujano Videla , Sector Sur y Cirujano Pedro Pulgar, este último ubicado en Alto Hospicio. La salud es una de las necesidades más vitales de la población, y la atención primaria es la más cercana a la gente de menores recursos. Si se está tratando de implementar un plan a nivel nacional, es fundamental resolver los problemas del consultorio de Alto Hospicio, ubicado a 16 kilómetros de la ciudad de Iquique, pues la gente no tiene otra forma de ser atendida.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Walker, don Patricio ; Bertolino , Ojeda , Jaramillo y Mesías.
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. Por lo tanto, el diputado señor Jaramillo no podrá usar del tiempo cedido por este Comité.
RESTABLECIMIENTO DE FERROCARRIL A PUERTO MONTT. Oficio.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , cedo dos minutos de mi tiempo al diputado señor Jaramillo .
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en nombre de la bancada del PPD, agradezco al diputado señor Bertolino el tiempo que me ha cedido.
En verdad, es muy positivo escuchar que no estamos solos en este debate sobre ferrocarriles al sur. Hoy, de nuevo insisto en lo que debiera llamarse, seriamente, regionalización. Descentralización sí, pero no como una referencia general, sino hablando en concreto de lo que significa dicho concepto. Y aquí entra el tema abordado por el diputado señor Ojeda , que me permito complementar para referirme a la situación de Ferrocarriles del Estado.
Señor Presidente , por su intermedio le solicito dos minutos adicionales al diputado señor Bertolino .
El señor BERTOLINO .-
Con mucho gusto.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Puede continuar su Señoría.
El señor JARAMILLO .-
Muchas gracias, señor diputado .
Ferrocarriles del Estado, empresa pública, autónoma, ha sido “reconstruida” por los gobiernos democráticos con mucho esfuerzo. Entrecomillo esa palabra, porque es lo que se dice y se lee. Lamentablemente, como es de público conocimiento, hay un abandono continuo de esta gran empresa que dio fuerza, valor, vigor, riqueza al país y que permitió el nacimiento de una enorme cantidad de villas, pueblos y ciudades, en especial en la zona sur.
Como diputado del distrito 54, una vez más utilizo esta alta tribuna para hacer ver a las autoridades nacionales el clamor de los habitantes de las provincias de la Décima Región y, en general, de todo el sur, que anhelan la restitución de los servicios entre la capital y la ciudad de Puerto Montt. Hasta ahora, y fruto de cuantiosas inversiones, se ha restablecido el servicio de pasajeros en el tramo Santiago-Temuco, pero a medias. Las mejoras en las vías férreas, la mantención, las máquinas, los coches antiguos, no proporcionan un servicio eficaz. Seamos concretos y realistas. Los estándares de rapidez y comodidad que existen en el mundo de hoy y la seguridad de los tiempos actuales no llegan a Temuco ni al resto de Chile.
Es sabido que el nuevo ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones, señor Carlos Cruz , ha solicitado a esta empresa una reformulación de las políticas de expansión, con lo cual, eventualmente, se podrían lograr metas más ambiciosas que en el denominado plan trienal de inversiones para los años 2000, 2001 y 2002. Aplaudimos cualquier iniciativa en este sentido, pues constituye, por una parte, una inversión en la seguridad de las personas que se desplazan de un punto a otro del país y que hoy viven presas de las salvajadas del mercado del transporte sobre ruedas. Chile debe invertir en la seguridad de sus habitantes.
Considero que el transporte ferroviario apunta en la dirección correcta, pues así lo demuestra la experiencia comparada en Europa y en todos los países desarrollados en donde el Estado se ha preocupado de manera continua de montar verdaderas redes de transporte sobre rieles que son dignas de admirar. Hoy se puede recorrer desde Algeciras, en el sur de España, hasta Estambul y de ahí a Moscú, o cruzar al norte boreal europeo sobre un tren, con seguridad, rapidez y comodidad. Desde el siglo pasado las costas este y oeste de los Estados Unidos están unidas no por una, sino por varias redes de ferrocarriles de alta velocidad. Incluso, hay razones de seguridad geoestratégicas que también justifican la reutilización de las vías en el tramo Temuco-Puerto Montt . Basta mirar el mapa de las denominadas fronteras interiores, desarrollado por el Ejército de Chile, para darse cuenta de la situación de abandono y estancamiento en que quedaron las antiguas ciudades nacidas en los ramales del ferrocarril al sur. El tren es integración, y el sur de Chile lo necesita. Mucho se habla de descentralizar política y administrativamente el país, pero se siguen privilegiando inversiones cuantiosas en infraestructura ferroviaria para la Región Metropolitana. No nos oponemos a los trenes suburbanos; sólo demandamos equidad con el resto de las provincias. Esto es hablar de descentralización. Los del sur también generamos riqueza.
Por lo anterior, solicito que se oficie, en nombre de la bancada del PPD, al ministro de Transportes y Obras Públicas , con el objeto de pedirle que me informe sobre los posibles cambios en los planes de inversión de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y sobre la viabilidad de restablecer, en el mediano plazo, lo anhelado: el tramo Temuco-Puerto Montt, que, insisto, es una demanda sentida por los habitantes del sur del país, por no decir una demanda histórica.
Nuevamente agradezco a la bancada de Renovación Nacional el haberme cedido parte de su tiempo.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado Ojeda y de quien habla.
INCONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO SUPREMO. Oficio.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable diputado señor Bertolino .
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , el miércoles 1 de marzo se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo Nº 273, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija procedimientos para determinar la línea de la playa de mar o de las más altas mareas.
A juicio del parlamentario que habla y de otros colegas, el decreto es inconstitucional, ya que vulnera la norma constitucional sobre el derecho de propiedad y el derecho a ésta. Además, se infringe lo relativo al racional y justo procedimiento, contenido en el Nº 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental. También se violentan las normas sobre igualdad ante la ley.
Pero, además, se conculcan las disposiciones constitucionales que determinan las materias de ley y la facultad constitucional de ambas ramas del Congreso Nacional de concurrir a la formación de la ley.
Eso es algo que, con mucha frecuencia, se ha venido dando en el último tiempo. Creemos que al Poder Ejecutivo no le corresponde legislar ni menos tratar este tipo de materias tan importantes mediante decretos supremos, con los cuales se está pasando por encima de la capacidad legisladora del Congreso Nacional.
Es sabido que nuestras facultades no son muchas; incluso, a veces bastante pocas, motivo por el cual solicito que la Mesa se pronuncie sobre el referido decreto supremo y la solicitud que he planteado, preferentemente en los últimos dos puntos; y de ser acogida mi petición y estar de acuerdo en que se están infringiendo los preceptos constitucionales relativos a las materias de ley y las facultades de ambas ramas del Congreso Nacional para concurrir a la formación de las leyes, se haga parte en el requerimiento que haremos al Tribunal Constitucional en los próximos días.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.34 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto aprobatorio del acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la promoción y protección recíproca de inversiones. (boletín Nº 2460-10)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado bilateral denominado “Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la promoción y protección recíproca de las inversiones” y su protocolo, suscritos en la ciudad de San José, Costa Rica, el 11 de julio de 1996, y sometido a la consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional, sin urgencia.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
1. Al tenor del mensaje, el propósito fundamental de este tratado es regular los derechos y las obligaciones tanto del Estado receptor de los capitales como de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los intereses de éstos con los del Estado receptor de las inversiones y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y la movilidad de capitales entre ambos países.
2. A partir de la incorporación de Chile al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, que creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi o Icsid), nuestro país ha suscrito 45 acuerdos internacionales de este tipo, 22 de los cuales han sido celebrados con países de Europa, 14 con países de América Latina, 5 con países de Asia y Medio Oriente, 2 con países de Oceanía y 2 con países africanos, 29 de los cuales ya han sido aprobados por el Congreso Nacional y 26 publicados en el Diario Oficial.
Actualmente se encuentran en proceso de negociación seis acuerdos, 3 en Europa (Eslovenia, Suiza y la Federación Rusa) y 3 en la región de Asia y de Medio Oriente (Israel, El Líbano y Tailandia), según antecedentes publicados por el Comité de Inversiones Extranjeras en su informe titulado “Trayectoria de la inversión extranjera en Chile. 1974-1999”.
Entre los efectos asociados a la suscripción de estos acuerdos, se señala que ellos permiten establecer un marco jurídico claro, estable y transparente, que garantiza un trato mínimo a las inversiones extranjeras y contribuye a determinar la decisión económica de invertir.
El informe del Comité de Inversiones Extranjeras agrega otros antecedentes que, a propósito del Acuerdo internacional en trámite, se estima oportuno poner en conocimiento de la honorable Cámara.
La inversión extranjera directa materializada a través del Estatuto de la Inversión Extranjera, como porcentaje del Producto Interno Bruto, ha llegado a niveles significativos, hasta alcanzar en 1999 una participación estimada del 13,9% y del 14,9%. Si se considera el total de la inversión extranjera ingresada, incluida la vía del capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (Cnci) del Banco Central de Chile, alcanzan, en valores nominales, en el período 1974-1999, a US$ 46,1 mil millones, según datos de la publicación antes citada.
Entre 1985 y 1991, además de los mencionados mecanismos de inversión directa, regía el programa de conversión de deuda externa establecido en el capítulo XIX del Cnci, a través del cual se autorizaron operaciones por US$ 3.600 millones, canalizados principalmente hacia los sectores de la industria y de los servicios.
Por otra parte, de los US$ 40.660 millones ingresados a través del Estatuto de la Inversión Extranjera a diciembre de 1999, el 87,5% fue materializado a contar de 1990, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual del orden del 28,0%.
El universo de países inversionistas en Chile se ha mantenido relativamente estable. Si bien en la actualidad suman ya cerca de setenta los países con inversión en Chile, seis de ellos figuran permanentemente entre los principales inversionistas: Estados Unidos, España , Canadá , Reino Unido, Sudáfrica y Japón .
La presencia dominante que caracterizó a Estados Unidos en el período 1974-1989 (44%) paulatinamente ha ido cediendo espacio a la participación de otros países, para llegar a representar el 28,1% del total de la inversión extranjera materializada en el período 1995-1999. Otros países que muestran una actividad relevante en el último período son España (27%); Canadá (11,7%); Reino Unido (4,8%); Sudáfrica (4,1%); Francia , Holanda y Japón , cada uno de ellos con una presencia de 3,2%.
En cuanto a los destinos de la inversión extranjera, se indica que ellos han experimentado cambios significativos. En el período 1974-1989, el interés de las empresas extranjeras se orientaba fundamentalmente hacia el sector minero (47,0%), la industria (22,4%) y los servicios (20,1%). Esta situación comienza a modificarse en el período siguiente, 1990-1994, con mayor actividad de capitales externos en las áreas de pesca y acuicultura, silvicultura, electricidad, gas y agua.
Entre los años 1995 y 1999, esta tendencia se consolidó. Si bien la minería continuó siendo el principal destino de la colocación de capitales extranjeros (28,3%), las transformaciones implementadas por el Gobierno en la normativa reguladora de los servicios financieros, así como los procesos de licitación en infraestructura vial, portuaria y servicios sanitarios, generaron una nueva y significativa presencia en los sectores de servicios (26,2%), electricidad, gas y agua (24,9%), transportes y comunicaciones (5,8%).
3. Los tratados internacionales sobre promoción y protección recíproca de inversiones son, prácticamente, de un mismo tenor, regulando en su articulado materias comunes a todos ellos, como ocurre con el tratado o acuerdo internacional sometido a la consideración de la honorable Cámara, cuyo contenido se os pasa a reseñar.
II. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL TRATADO INTERNACIONAL EN TRAMITACIÓN.
Este tratado consta de doce artículos y un protocolo complementario, que imponen a los Estados Contratantes los compromisos principales siguientes:
1. El de incentivar, en sus respectivos territorios nacionales, las inversiones de inversionistas del otro país, con sujeción a su política general en el campo de las inversiones extranjeras, y el de protegerlas y no obstaculizarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, venta y liquidación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias (artículo III).
2. El de garantizar a los inversionistas de la otra Parte Contratante un tratamiento justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios inversionistas o a los de un tercer Estado, si este último fuere más favorable (Nºs 1, 2 y 3 del artículo IV).
Se excluyen del tratamiento de la nación más favorecida las ventajas especiales que una de las Partes Contratantes haya concedido en virtud de su participación en un área de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, una unión económica o cualquier otra forma de organización económica regional, o en virtud de un acuerdo relacionado con materias tributarias (Nº 4 del artículo IV).
Tampoco se extenderá a deducciones, exenciones fiscales ni a otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes a la inversión de los inversionistas de terceros países en virtud de un acuerdo para evitar la doble imposición o de cualquier otro acuerdo en materia de tributación (Nº 5 del artículo IV).
3. El de garantizarles a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de los fondos relacionados con la inversión, en moneda de libre convertibilidad, en particular, aunque no exclusivamente, intereses, dividendos, rentas, utilidades y otros rendimientos; amortizaciones de préstamos del exterior relacionados con la inversión, el capital o el producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión y las compensaciones por causa de nacionalización o expropiación (artículo V).
El capital invertido podrá ser transferido sólo después de un año, contado desde su ingreso al territorio de la Parte Contratante, lo que hace concordar esta normativa con las disposiciones del decreto ley Nº 600, de 1974, sobre Estatuto del Inversionista Extranjero (normas adicionales al artículo V que se contemplan en el Protocolo).
4. El de no adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o interés nacional, no sean discriminatorias, y vayan acompañadas del pago de una indemnización, al inversionista o a su derechohabiente, pronta, adecuada y efectiva, basada en el valor de mercado de la inversión afectada y con una tasa comercial establecida con base en el valor de mercado, en moneda convertible, y efectivamente realizable y libremente transferible (Nºs 1 y 2 del artículo VI).
Para estos efectos, el “valor de mercado” en Costa Rica corresponderá al concepto de “justo precio” utilizado en la legislación costarricense y determinado por el procedimiento que se fija en las normas adicionales al artículo VI contempladas en el protocolo.
5. El reconocimiento del derecho del inversionista a reclamar en procedimiento judicial ordinario de la legalidad de la nacionalización, expropiación o de cualquiera otra medida que tenga efecto equivalente y del monto de la compensación (Nº 3 de artículo VI).
6. El de otorgar a los inversionistas de la otra Parte un tratamiento no menos favorable que el concedido a sus nacionales o a nacionales de terceros Estados, en la reparación de las pérdidas que sufrieren en su inversión a causa de una guerra o cualquier otro conflicto armado, de un estado de emergencia nacional, de disturbios civiles u otros acontecimientos similares producidos en el territorio de la otra Parte Contratante (artículo VII).
7. El de reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la Parte Contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra Parte Contratante (artículo VIII).
8. El de resolver las controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante mediante consultas amistosas o recurriendo a los tribunales locales de la Parte Contratante receptora de la inversión o al arbitraje internacional de un Tribunal de Arbitraje ad hoc establecido conforme al reglamento de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, vigente en Chile como ley de la República (Nºs 1 y 2 del artículo VIII).
La elección de un procedimiento u otro será definitiva; el recurso al arbitraje será unilateral, sin exigencia de agotamiento previo de los recursos judiciales internos, y las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias (Nºs 3 y 4 del artículo VIII).
Las Partes Contratantes se comprometen a no tratar, por medio de canales diplomáticos, asuntos relacionados con controversias sometidas a proceso judicial o a arbitraje internacional, hasta que ellos estén concluidos, salvo el caso de incumplimiento de sentencia judicial o arbitral (Nº 6 del artículo IX).
9. El de resolver las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y aplicación de estos acuerdos por la vía diplomática o el arbitraje internacional de un Tribunal Arbitral ad hoc integrado por miembros designados por las Partes, con el concurso de la Corte Internacional de Justicia, en caso de haber acuerdo en su designación. Las decisiones del Tribunal serán definitivas y vinculantes para ambas Partes Contratantes (artículo X).
10. Este tratado permanecerá vigente por el período de diez años, luego del cual se prolongará su vigencia indefinidamente, a menos que sea denunciado (Nº 2 del artículo XI).
III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
a) Aprobación del tratado.
En mérito de los antecedentes expuestos, vuestra Comisión acordó, por la unanimidad de los diputados presentes, proponer a la honorable Cámara la aprobación del acuerdo internacional y su protocolo informados en este acto, para lo cual os sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo contenido en el mensaje, con modificaciones formales de menor entidad; es decir, en los términos siguientes:
“Artículo único.- Apruébanse el “Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la promoción y protección recíproca de las inversiones” y su protocolo, suscritos en la ciudad de San José, Costa Rica, el 11 de julio de 1996”.
b) Designación de diputado informante .
Esta nominación recayó en la honorable diputada señora Isabel Allende Bussi .
c) Menciones reglamentarias.
Este tratado internacional no contiene normas que justifiquen las menciones indicadas en los Nºs 2 y 4 del artículo 287 del Reglamento de la honorable Corporación.
-o-
Discutido y despachado en la sesión del día 14 de marzo de 2000, con asistencia de los diputados señores Urrutia Cárdenas, don Salvador ( Presidente de la Comisión ); Allende Bussi , doña Isabel ; Caminondo Sáez, don Carlos ; Errázuriz Eguiguren, don Maximiano ; González Román, doña Rosa ; Jarpa Wevar, don Carlos Abel ; Kuschel Silva, don Carlos Ignacio ; Leay Morán, don Cristián ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Palma Irarrázaval, don Joaquín ; Reyes Alvarado, don Víctor , y Riveros Marín, don Edgardo .
Sala de la Comisión, 14 de marzo de 2000.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.
Nuevo informe de la Comisión especial investigadora de la administración que hace la empresa metropolitana de residuos sólidos (Emeres) del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, en la comuna de San Bernardo, y otras materias afines.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión especial investigadora de la administración que hace la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (Emeres) del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, en la comuna de San Bernardo, y otras materias afines, reconstituida por mandato del acuerdo de la honorable Corporación, adoptado en su sesión del 4 de agosto de 1999, pasa a informaros de los nuevos antecedentes que sobre dicha administración ha sometido a vuestra consideración el señor Contralor General de la República después de haber practicado las investigaciones correspondientes a las conclusiones del primer informe de esta Comisión, aprobadas por la honorable Cámara en su sesión del 13 de enero del mismo año.
Se os informa, además, de las principales irregularidades en la administración de Emeres observadas en la auditoría financiera correspondiente al ejercicio 1997 efectuada por la Contraloría General de la República, en respuesta a solicitudes efectuadas, separadamente, por esta Comisión y por los honorables diputados Guido Girardi Lavín y Alejandro Navarro Brain .
Cabe señalaros que la proposición de reconstituir la Comisión fue formulada por los honorables diputados Alessandri, don Gustavo ; Allende , doña Isabel ; Longueira, don Pablo ; Lorenzini, don Pablo ; Pérez , doña Lily , y Sánchez, don Leopoldo , quienes también la integraron, conjuntamente con los señores Coloma, don Juan Antonio ; Girardi, don Guido ; Longton, don Arturo ; Luksic, don Zarko ; Mora, don Waldo ; Navarro, don Alejandro , y Riveros, don Edgardo , conforme al acuerdo adoptado por la Sala en su sesión del 2 de septiembre de 1999.
En su sesión de reconstitución, la Comisión eligió su presidente , recayendo esta nominación, por unanimidad, en el honorable diputado Lorenzini, don Pablo .
En calidad de reemplazantes de algunos de sus titulares asistieron los señores Aguiló Melo, don Sergio ; Palma Flores, don Osvaldo , y Bertolino Rendic, don Mario .
En esta etapa de sus trabajos la Comisión escuchó a las siguientes personas:
-A los señores Hugo Castillo Aguilera y José Mario González Álvarez , Jefe del Departamento de Auditoría de la División de Municipalidades de la Contraloría General de la República y Abogado de la Asesoría Jurídica de la misma División, respectivamente;
-A los señores Pedro Pierry Arrau y Víctor Rojas Aguirre, abogados del Consejo de Defensa del Estado;
-Al señor Mauricio Ilabaca Marileo , Director del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente , y
-A los señores Luis Navarro Avilés , Fernando Amengual y Héctor Pineda , Alcalde , Concejal y Asesor Urbanista de la Municipalidad de San Bernardo, respectivamente.
I. NUEVOS ANTECEDENTES RESULTANTES DE LAS INVESTIGACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN VIRTUD DE LAS CONCLUSIONES DEL PRIMER INFORME DE ESTA COMISIÓN APROBADAS POR LA HONORABLE CÁMARA.
Estos nuevos antecedentes emanan de los informes elaborados por la División de Municipalidades del Organismo Contralor Nºs 3.721 y 4.761, remitidos por el señor Contralor General de la República al conocimiento de la honorable Corporación mediante sus oficios 26.697 y 30.218, fechados el 23 de julio y el 17 de agosto, ambos de 1999, y se relacionan con las materias que la honorable Cámara le solicitó que investigara a la luz de las conclusiones del primer informe de esta Comisión.
Los oficios señalados, con sus correspondientes anexos, rolan entre las fojas 52 y 380, y entre las fojas 381 y 441 (a), del archivo de documentos recibidos por la Comisión. En adelante, al hacer referencia a alguno de estos documentos sólo se indicará el número de la foja correspondiente.
a) Sobre la ampliación del objeto social de Emeres (fs. 437).
Al respecto, la honorable Cámara solicitó al Organismo Contralor que se pronunciara acerca de si hay ampliación del objeto social de Emeres, en la cláusula quinta de la escritura pública de su constitución, a la luz de la autorización concedida a los municipios socios por la resolución Nº 27, de 1986, del Ministerio del Interior, ya que a las atribuciones originalmente permitidas por la autoridad se agregan, en dicha cláusula, la de ejecutar obras de industrialización de sus basuras y desperdicios y, en general, la de celebrar cualquier negocio relacionado, directa o indirectamente, con los anteriores, que los municipios socios acuerden dentro del ámbito de la competencia municipal.
Los nuevos antecedentes proporcionados por la Contraloría General de la República indican que la materia en cuestión ha sido puesta en conocimiento de los tribunales de justicia, a raíz de una demanda interpuesta por un particular ante el 27º Juzgado Civil de Santiago en contra de Emeres , con el fin de que se declare la nulidad de la empresa, considerando, entre otros argumentos, que la cláusula quinta de la escritura de constitución ha ampliado el giro para el cual ha sido autorizada.
En tal circunstancia, la interpretación del alcance jurídico de la cláusula en cuestión ha devenido en un asunto litigioso en el cual el Órgano Superior de Control no puede intervenir ni informar, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6º de la ley Nº 10.336.
Procede, en consecuencia, que la representación de los intereses del Estado en el juicio señalado sea asumida por el Consejo de Defensa del Estado, conforme lo permite el artículo 1º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1993, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, para lo cual los antecedentes del caso deberían ser puestos en su conocimiento por el señor Contralor General de la República .
b) Sobre cómo es efectivo que la auditorías que el Organismo de Control efectúa o ha efectuado en Emeres impiden o han impedido a esta empresa proporcionar antecedentes de su administración solicitados por esta Comisión (fs. 436).
La Contraloría General de la República responde que no es efectivo que su labor fiscalizadora haya impedido a Emeres entregar los antecedentes solicitados por esta Comisión, toda vez que la auditoría financiera desarrollada se basó en procedimientos técnicos que en modo alguno dificultaron su acceso a su propia información contable, haciendo presente, además, que el Organismo de Control jamás fue requerido formalmente sobre el tema.
Este desmentido formal del impedimento alegado por Emeres para justificar su negativa a entregar antecedentes de su administración solicitados por esta Comisión demuestra irrefragablemente el reiterado propósito de los directivos de Emeres de obstruir la investigación ordenada por la honorable Cámara. No obstante esta constatación, las responsabilidades administrativas que podrían derivarse de una situación tan grave como la señalada no ha podido ser perseguida por el Organismo Contralor por no revestir los trabajadores de dicha empresa la calidad de funcionarios públicos, según lo señala el informe de la División de Municipalidades Nº 4761, del 30 de julio de 1999, de la Contraloría General de la República, remitido a la honorable Cámara por el señor Contralor mediante su oficio Nº 30.218, del 17 de agosto del mismo año.
La Comisión estima que, para evitar la repetición de este caso y otros análogos, es conveniente perfeccionar la normativa que rige el deber de informar al Congreso Nacional, a las Cámaras o a sus organismos internos, que pesa sobre los organismos de la Administración del Estado, según lo dispuesto por los artículos 9º y 10 de la ley Nº 18.918, con el objeto de extenderlo no sólo a las personas jurídicas creadas por ley o a las empresas en que el Estado tenga representación o aportes de capital mayoritario, ya previstas en el artículo 8º entre las entidades obligadas a remitir al Congreso Nacional toda información sobre hechos relevantes concernientes a sus actividades, sino también a las empresas municipales.
Tal propósito sería posible alcanzarlo si se aprobara un proyecto de ley que haga exigible el deber de informar establecido en el artículo 9º a los organismos de las personas jurídicas creadas por ley, de las empresas en que el Estado tenga representación o aportes de capital mayoritario y de las empresas que los municipios constituyan o en las que participen, y que sancione con las penas del artículo 10 al jefe superior del organismo responsable de su cumplimiento, cualquiera que fuere el régimen laboral que lo vincule con el organismo.
La iniciativa para legislar en tal sentido corresponde, exclusivamente, a su Excelencia el Presidente de la República , al tenor de lo dispuesto por el Nº 2 del artículo 62 de la Constitución Política, de manera que la Comisión propone a la honorable Cámara que acuerde solicitar al Jefe del Estado que tenga a bien someter a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley que contemple las enmiendas legales antes señaladas.
c) Sobre el monto de las devoluciones de Impuesto al Valor Agregado , obtenido por Emeres y los abonos efectuados a sus municipios socios (fs. 435).
Antecedentes proporcionados por la indagatoria practicada por la Contraloría General de la República señalan que Emeres ha efectuado estudios orientados a la redacción de convenios y determinación de los montos por devolver a cada municipio y que algunas municipalidad afectadas ya han suscrito los convenios respectivos.
Agrega el Organismo Contralor que diversos antecedentes que obran en su poder demuestran que las sumas a restituir, determinadas por Emeres y aceptadas mediante convenios firmados por algunos alcaldes, son inferiores a aquellas establecidas por los propios municipios.
Informes proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos a esta Comisión señalan que los procedimientos administrativos conducentes a las devoluciones señaladas se encuentran actualmente en curso, ya que la resolución exenta Nº 233 de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos, fechada el 25 de febrero 2000, ha prorrogado por 30 días, a partir del 14 del mismo mes, el plazo dado a Emeres para presentar al Servicio los antecedentes que acrediten que, de conformidad al artículo 128 del Código Tributario, ha restituido íntegramente a cada Municipalidad la totalidad de las sumas que indebidamente les ha recargado por concepto de IVA por servicio de procesamiento y eliminación de basuras en el periodo comprendido entre febrero de 1995 y enero de 1999.
Por lo anterior, la Comisión propone a la honorable Cámara que acuerde solicitar a la Contraloría General de la República que informe, una vez afinados tales procedimientos, sobre la legalidad de los convenios celebrados, para estos efectos, entre Emeres y sus municipios socios.
d) Sobre si se cumplen las normas referidas al distanciamiento que debe existir entre el vertedero Lepanto y las viviendas más próximas a él (fs. 375 a 377).
Al respecto, Contraloría General de la República da a conocer, como lo hizo esta Comisión en su primer informe, que el Fundo Lepanto es utilizado, a lo menos desde 1978, para el vertido de residuos sólidos domiciliarios de algunas comunas de la Región Metropolitana y que sólo desde el 22 de agosto de 1990 cuenta con la autorización sanitaria correspondiente, otorgada por el Servicio de Salud del Ambiente a través de la resolución Nº 7.973.
Agrega que dicha facultad se entregó en el entendido que se daría cumplimiento a las resoluciones Nºs 7.539/76 y 2444/80, del Ministerio de Salud, que establecieron normas sanitarias mínimas para la operación de basurales en el Gran Santiago.
Una de dichas normas se refiere a que ningún basural podrá funcionar dentro del límite urbano y que los mismos deberán ubicarse a más de 300 metros de cualquier vivienda o local habitable y a más de 600 metros de toda población o grupo de viviendas, establecimientos de fabricación o comercio de alimentos y fuentes de suministro de agua.
Ahora bien, el Organismo Contralor señala que, de acuerdo con las validaciones practicadas, se determinó que existen viviendas del loteo denominado “La Herradura” emplazadas a menos de 300 metros desde la zona en que actualmente se acopian residuos y a una distancia aún considerablemente menor de otro sector del vertedero, el cual fue utilizado como depósito de basura, apreciándose en él tubos de ventilación y, aparentemente, de extracción de gas.
Asimismo, uno de los propietarios de las viviendas del sector “La Herradura” facilitó una copia del documento denominado “acta de diligencia”, suscrita ante Notario Público el 4 de diciembre de 1997, en que se deja constancia sobre la distancia que media entre algunas de esas viviendas y las zonas de acopio de basura, cuyas conclusiones son similares a lo determinado en las validaciones efectuadas por el Organismo Contralor.
A mayor abundamiento, el Director de Obras de la Municipalidad de San Bernardo , en oficio Nº 139, de 22 de marzo de 1999, informó que el área de la primera etapa del vertedero se encuentra en actividad, con el proceso de acopio de residuos, faena que se desarrolla como a 200 metros de las viviendas más próximas, las que forman parte del loteo “La Herradura”, el cual fue autorizado el 12 de mayo de 1981. Indica también que la vivienda más próxima al vertedero se encuentra a una distancia aproximada de 120 metros.
Por lo antes expuesto, la Contraloría General de la República sostiene que el vertedero Lepanto se autorizó vulnerando la normativa establecida por la propia autoridad sanitaria, toda vez que la Municipalidad de San Bernardo aprobó, en 1981, el loteo “La Herradura”, el cual, como se precisó, está a menos de trescientos metros de las zonas utilizadas como destino final de los residuos domiciliarios.
e) Sobre el cumplimiento por Emeres de las disposiciones legales y reglamentarias exigibles al funcionamiento del relleno sanitario (fs. 373 a 375).
La Contraloría General de la República informa que la resolución Nº 7.973, de 1990, del Servicio de Salud del Ambiente, que autorizó el funcionamiento del vertedero Lepanto , se extendió sin perjuicio de las autorizaciones que correspondían a otros servicios, identificando en ese sentido a los Ministerios de la Vivienda y Urbanismo y de Agricultura.
Agrega que el Director del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag)), por oficio Nº 7.045, de septiembre de 1998, ha señalado que, dado que el Fundo Lepanto se encontraba en el sector rural de la comuna de San Bernardo, para el desarrollo de actividades del vertedero era necesario contar con lo informes previos del SAG y de la Secretaría Ministerial de la Vivienda y Urbanismo, agregando que nunca se le consultó sobre el particular y que jamás ha emitido informe técnico alguno para el funcionamiento de dicho vertedero.
También señala, que por resolución Nº 20, de 1994, del Gobierno Metropolitano, se modificó el Plan Regulador Metropolitano, estableciendo que el sector del Fundo Lepanto donde se ubica el relleno sanitario, es un “área de restricción”, definida como de alto riesgo, con uso exclusivo destinado a áreas verdes y esparcimiento.
Expresa su informe manifestando que, en opinión técnica del Sag, el funcionamiento del vertedero es incompatible con la protección de los recursos renovables del sector, por lo que no debe continuar su funcionamiento.
Añade que en el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana al señalar en la parte considerativa de la resolución exenta Nº 197-B, de febrero de 1995, por medio de la cual rechazó el “Proyecto Relleno Sanitario Lepanto”, que según decreto supremo Nº 113, de 1989, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, aprobatorio del Plan Regulador Intercomunal de Santiago , el sector del Fundo Lepanto era ya en esa época una zona de restricción y definía como zona de “preservación” el área del relleno sanitario, fijando toda esa zona como de “uso exclusivo, destinado a áreas verdes y esparcimiento”.
No obstante lo señalado en ese informe, el 22 de noviembre de 1991, la Municipalidad de San Bernardo otorgó al propietario del Fundo Lepanto la patente comercial, contando para ello con la resolución Nº 7.973/90 del Sesma y el informe favorable para el uso del suelo de su Dirección de Obras.
De todo lo expuesto, la Contraloría General de la República colige que Emeres tomó en arriendo y ha operado el vertedero Lepanto al margen de la legislación que regula este tipo de actividad.
f) Sobre los permisos otorgados para la extracción de áridos en el Fundo Lepanto (fs. 371 a 373).
La Contraloría General de la República informa que de acuerdo con antecedentes obtenidos durante la indagatoria practicada, en el Fundo Lepanto desde tiempos muy remotos se encuentran en operación pozos de extracción de áridos, actividad que se ha desarrollado al margen de la normativa que le es aplicable, a lo menos desde 1990 a la fecha.
En efecto, los instrumentos de planificación urbana antes referidos, esto es, el Plan Regulador Metropolitano y el Plan Regulador Intercomunal de Santiago, señalan que, hasta 1979, el Fundo Lepanto se encontraba en el sector rural de la comuna de San Bernardo, por lo que la actividad de extracción de áridos requería para su funcionamiento de los informes previos favorables del SAG y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, los cuales no fueron solicitados.
En fecha posterior, por decreto supremo Nº 420, de 1979, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, se incorporó al Plan Regulador Metropolitano toda la comuna de San Bernardo, estableciéndose también que el sector donde se encuentra el Fundo Lepanto tiene asignado un uso agrícola, exigiéndose por ende, para la extracción de áridos, los informes favorables de los servicios estatales antes mencionados, exigencia que desde esa fecha tampoco se ha concretado.
A mayor abundamiento se señala que por resolución Nº 20, de 6 de octubre de 1994, del Gobierno Regional Metropolitano, se modificó el plan Regulador Metropolitano, definiéndose el sector del Fundo Lepanto donde se encuentran los pozos de extracción de áridos como área de restricción, de alto riesgo, cuyo destino exclusivo es área verde y esparcimiento, por lo que a partir de la vigencia de esta normativa, no está permitido la extracción de que se trata en aquél predio, otorgándose un plazo de dos años para que los pozos mal emplazados dieran término a su actividad, plazo que podría extenderse si los interesados presentaban al municipio un Plan de Recuperación de Suelo.
Ahora bien, la Municipalidad de San Bernardo, el 13 de febrero de 1992, otorgó al propietario del Fundo Lepanto , la patente rol Nº 101447 para la extracción de áridos en el citado predio, sin exigir los informes a que se ha hecho referencia y sin el informe correspondiente de la Dirección de Obras.
Por lo expuesto, el Organismo Contralor estima que la Municipalidad de San Bernardo otorgó irregularmente patente para la extracción de áridos en el Fundo Lepanto.
No obstante, dicho Organismo, hace presente que la Corte Suprema, al fallar un recurso de protección en contra de los decretos municipales que habían dispuesto la cancelación de la patente y la clausura del establecimiento en que se desarrolla la actividad, declaró que estas medidas no podrían fundarse en el Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya que sus disposiciones son aplicables sólo al área urbana.
En suma, del incumplimiento de la normativa legal y administrativa aplicable al emplazamiento y funcionamiento del vertedero y a la extracción de áridos en el Fundo Lepanto, se derivan responsabilidades administrativas que deben ser determinadas mediante el sumario administrativo de rigor, como lo señala la Contraloría General de la República en su informe. A este respecto, la Comisión propone a la honorable Cámara solicitar al Organismo Contralor que de acuerdo con las facultades que le concede el artículo 133 de la ley Nº 10.336, proceda a instruirlos e informar a la honorable Corporación de los resultados correspondientes.
g) Sobre las eventuales autorizaciones del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente -Sesma- para depósitos de la empresa montaje industrial Socopel Ltda. y otros (fs. 434).
La resolución Nº 7.973, de 1999, del Sesma, que autorizó al funcionamiento del vertedero Lepanto, prohibió a esta empresa recibir residuos industriales sin su expresa autorización. Sin embargo, durante la primera investigación efectuada por esta Comisión se tuvo conocimiento de facturas Emeres por depósitos de toneladas de residuos industriales efectuados por la empresa Montaje Industrial Socopel Ltda., con fechas 20 de febrero de 1998 y 13 de mayo de 1997, la primera por 4 toneladas y la segunda por 7.050 kilogramos.
A proposición de la Comisión, acordó solicitar a la Contraloría General de la República que investigue si el Sesma había otorgado las autorizaciones correspondientes.
La indagatoria desarrollada por el Organismo Contralor permitió comprobar que el Sesma no otorgó tales autorizaciones a Socopel Ltda . durante 1998.
Con fecha 3 de diciembre de 1999, el Presidente de Emeres dirigió a la Comisión una comunicación en la que informa de los depósitos industriales efectuados en el vertedero Lepanto por diversas empresas, entre las cuales se registra el depósito hecho por Socopel el 20 de febrero de 1998, no obstante no presentar la autorización Sesma .
A esta situación, cabe agregar que la auditoría financiera a Emeres, correspondiente al ejercicio 1997, remitida al conocimiento de la honorable Cámara por oficio del señor Contralor General de la República Nº 20.895, de junio de 1999, da cuenta, a propósito de correcta percepción y depósito de los ingresos provenientes de los municipios socios, no socios y particulares con convenio; que en las cuentas correspondiente se ha determinado una diferencia en lo atinente a vertido de basuras de particulares sin convenio, en relación con los cuales se precisó un ingreso físico de aproximadamente 110 toneladas de basura, cuyo importe estimado en $ 1.000.000.-, no figura ingresada a en la empresa.
La Comisión propone a la honorable Cámara que acuerde solicitar al señor Contralor General de la República que ordene investigar estas irregularidades para determinar las responsabilidad correspondientes.
h) Sobre irregularidades administrativas implícitas en el incumplimiento de plan de retiro del vertedero Lepanto (fs. 434).
La Contraloría General de la República señala que las facultades fiscalizadoras de esta materia competen al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente.
El Director de dicho Servicio, por oficio ord. Nº 11.874, de 16 de noviembre de 1999, informa a esta Comisión que por resolución 24/98 ordenó a Emeres dejar de recibir residuos sólidos domiciliarios en la etapa I de relleno sanitario Lepanto , a contar del 31 de enero de 1999, y que le presentara un plan de cierre de la aludida etapa, lo que fue cumplido por la empresa. Sin embargo, el Sesma no emitió pronunciamiento al respecto debido a que por resolución Nº 22.308, de 1 de octubre de 1999, se le permitió que Emeres, transitoriamente, continuara depositando tales residuos en la referida etapa, en una superficie aproximada de 102.896 metros cuadrados, y que sólo luego de presentados los estudios geotécnicos que aseguren la estabilidad estructural de la etapa se pueda continuar con las siguientes sobreceldas: de 5 metros en la zona norte y de 7 metros en la zona sur.
Además, informó que el Sesma ha solicitado a la Intendencia de la Región Metropolitana que se adopten medidas para trasladar el 30% de los residuos sólidos domiciliarios que hoy se depositan en el relleno sanitario Lepanto a la Estación de Transferencia de Quilicura, para su depósito en el relleno sanitario de Loma Los Colorados, ya que con las autorizaciones otorgadas en Lepanto este vertedero no podrá tener una vida útil superior a abril del año 2000. Sostiene que de esta manera se podrá prevenir una real emergencia sanitaria, dado que se encuentran agotadas las posibilidades de establecer nuevas alternativas de densificación del depósito en las etapas reglamentarias de Lepanto (etapas I y II).
La Comisión deja constancia de las reiteradas e infructuosas citaciones hechas al Intendente de la Región Metropolitana para que concurriera a las sesiones de la Comisión a informar sobre el estado en que se encuentran los estudios orientados a evitar la emergencia sanitaria inminente que afectará a la población de la Región.
Los antecedentes expuestos demuestran que en el tratamiento de los problemas producidos por el funcionamiento Lepanto hay reiterados incumplimientos de compromisos contraídos con la comunidad de San Bernardo, tanto por Emeres como por las Autoridades competentes, lo que constituye un grave atentado contra la fe pública.
Por lo señalado, la Comisión propone a la honorable Cámara transmitir a S.E. el Presidente de la República la profunda preocupación de la Corporación por la no solución de este grave problema sanitario que amenaza a los habitantes de la Región Metropolitana.
II. IRREGULARIDADES OBSERVADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL EFECTUAR EN EMERES AUDITORÍA DEL EJERCICIO FINANCIERO 1997.
El examen de las cuentas y egresos del ejercicio 1997, efectuado por la Contraloría General de la República en Emeres y sometido al conocimiento de la honorable Corporación por oficio del señor Contralor General Nº 20.895, fechado el 8 de junio de 1999 (fojas 5 a 51), da cuenta de las irregularidades principales siguientes:
a) Desembolsos sin documentación de respaldo por concepto de viáticos: $ 9.596.080, y fondos sin rendir: $ 800.000;
b) Honorarios no acreditados. A personas naturales: $ 23.216.606, y a personas jurídicas: $ 15.818.788;
Posteriormente, por oficio Nº 6.692, de fecha 25 de febrero de 2000, del Jefe de la División de Municipalidades del Organismo Contralor , señor Omar Moreno Arriagada , informa que las irregularidades señaladas fueron respondidas por el Presidente de la empresa, y que del análisis de sus argumentos se desprende que procede mantener las observaciones relacionadas con desembolsos y giros bancarios sin documentación de respaldo por $ 10.936.080 y $ 4.263.550, respectivamente; y honorarios no acreditados de personas naturales por $ 23.216.606, y de personas jurídicas por $ 15.818.788, que afectarían la responsabilidad pecuniaria del Presidente y Gerente General de la empresa.
c) Giros bancarios efectuados por el Presidente de la empresa a través de tarjetas VISA sin respaldo documental: $ 2.429.154; y por la Gerente de la empresa: $ 1.834.396.
Anuncia que en tales circunstancias, y en conformidad con lo acordado con esta Comisión y representantes del Consejo de Defensa del Estado, se procederá a coordinar las acciones que permitan determinar, por la vía judicial, las responsabilidades correspondientes.
La Comisión propone a la honorable Cámara que retire al señor Contralor General de la República que, conforme lo dispone el artículo 139 de la ley Nº 10.336, pase estos antecedentes al conocimiento de la autoridad judicial competente.
III. PROYECTO DE ACUERDO QUE LA COMISIÓN SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA HONORABLE CÁMARA.
Por lo informado, más las consideraciones que podrá agregar el señor diputado informante , la Comisión propone a la honorable Cámara aprobar el siguiente
Proyecto de acuerdo:
“La Cámara de Diputados
Teniendo presente las conclusiones del informe de la Comisión Especial Investigadora de la administración que hace la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (Emeres) del vertedero ubicado en el Fundo Lepanto, en la comuna de San Bernardo, y otras materias afines, aprobadas por la Corporación en su sesión del 13 de enero de 1999;
Considerando que las investigaciones efectuadas por la Contraloría General de la República en virtud de dichas conclusiones, revelan nuevos antecedentes que confirman la existencia de graves irregularidades en la gestión administrativa y financiera de Emeres, según lo informa el señor Contralor General de la República en sus oficios Nºs 20.895, 26.697 y 30.218, de fechas 8 de junio, 23 de julio y 17 de agosto, de 1990, respectivamente, los que ameritan iniciar los procedimientos administrativos y judiciales que contempla la ley Nº 10.336 para establecer las responsabilidades correspondientes;
Atendido que la Comisión Especial Investigadora de la administración que hace Emeres del vertedero ubicado en el Fundo Lepanto, reconstituida por acuerdo de la Cámara de Diputados, adoptado en sesión del 4 de agosto de 1999, ha entregado un nuevo informe sobre el alcance de las referidas irregularidades, con las proposiciones pertinentes,
Acuerda:
1º Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que proponga un proyecto de ley que extienda el deber de informar al Congreso Nacional, sus Cámaras y sus órganos internos, regulado por el artículo 9º de la ley Nº 18.918, haciéndolo exigible a los organismos de las personas jurídicas creadas por ley, de las empresas en que el Estado tenga representación o aportes de capital mayoritario y a las empresas que los municipios constituyan o en las que éstos tengan participación, y sancione su incumplimiento por los jefes respectivos con las penas establecidas en el artículo 10 de dicho cuerpo legal.
2º Solicitar al señor Contralor General de la República :
a) Que transmita al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes relativos a la ampliación del objeto social de Emeres y del juicio que por tal motivo se sigue en los tribunales de justicia, para los efectos que asuma la representación de los intereses del Estado que corresponda;
b) Que informe a la honorable Cámara, una vez afinados los procedimientos administrativos correspondientes, sobre la legalidad de los convenios celebrados entre Emeres y sus municipios socios para la devolución del Impuesto al Valor Agregado percibido por los servicios de recepción y tratamiento de residuos sólidos domiciliarios;
c) Que ordene iniciar los procedimientos administrativos y judiciales establecidos en los artículos 131 y siguientes de la ley Nº 10.336, para hacer efectivas las responsabilidades de los directivos de Emeres:
-Por el no cumplimiento de las normas referidas al distanciamiento que debe existir entre el vertedero Lepanto y las viviendas más próximas;
-Por el no cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias exigibles para el funcionamiento del relleno sanitario, conforme lo dispuesto por la resolución Nº 7.973, de 1990, del Servicio de Salud del Ambiente;
-Por la recepción de residuos industriales sin autorización del Sesma y la percepción de dineros por concepto de depósitos de particulares, no ingresados en las cuentas de la Empresa, y
-Por los desembolsos sin documentación de respaldo, por los fondos sin rendir, por los honorarios no acreditados y los giros bancarios efectuados a través de tarjetas de crédito, sin respaldo documental, observados en la auditoria del ejercicio 1997.
3º Solicitar al Intendente Regional de la Región Metropolitana que informe del estado en que se encuentran los planes del Gobierno Regional para resolver, definitiva y totalmente, el problema del vertedero Lepanto y del depósito de residuos sólidos domiciliarios de los municipios socios de Emeres.
IV. DESIGNACIÓN DE DIPUTADO INFORMANTE .
La Comisión acordó, por unanimidad, designar diputado informante al honorable diputado Pablo Lorenzini Basso.
-o-
Discutido y despachado en las sesiones de fecha 15 de septiembre, 20 de octubre, 3 y 10 de noviembre de 1999, y 26 de enero y 15 de marzo de 2000, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini Basso, don Pablo ( Presidente de la Comisión ); Alessandri Valdés, don Gustavo ; Allende Bussi, doña Isabel ; Longton Guerrero, don Arturo ; Navarro Brain, don Alejandro ; Pérez San Martín , doña Lily , y Riveros Marín, don Edgardo .
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión.
Moción de los diputados señores Alvarado , Bartolucci , Masferrer , Molina y Rojas.
Modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, prorrogando la vigencia de las licencias de conducir de conductores profesionales. (boletín Nº 2477-15)
“1. Considerando que en la actualidad la ley Nº 18.290, de Tránsito, establece los requisitos necesarios para obtener las diferentes clases de licencias de conducir, entre ellas, encontramos la A-3, la cual se entrega a conductores profesionales, lo que en la práctica habilita para conducir buses y camiones, es decir, vehículos de carga mayor y de transporte de personas, y también la licencia A-5, que habilita para conducir carrosbomba o todo tipo de vehículos motorizados, simples o articulados destinados al transporte de carga cuyo peso bruto sea superior a 3.500 kilogramos. Sin duda, la ley exige a estas licencias mayores requisitos por la pericia que deben tener los conductores tanto física como sicológicamente.
2. Que, en nuestro país los conductores profesionales que manejan este tipo de vehículos deben cumplir una serie de requisitos legales para obtener dichas licencias, entre otros “El haber estado en posesión, durante a lo menos 2 años de la licencia clase A-2 o clase A-1 para la obtención de la licencia clase A-3 y dos años en posesión de licencia A-4 para la obtención de la licencia A-5 respectivamente”.
3. Que hoy en día son 25.000 los conductores profesionales que se encuentran en el imperativo legal de renovar sus licencias de conducir, por cuanto obtuvieron su licencia después del 8 de marzo de 1999. La validez de éstas es de un año, de acuerdo al D.S. Nº 15/99, que restringió el período de la licencia profesional, por no encontrarse a esa fecha en funcionamiento las escuelas de conductores.
4. Que la autoridad ministerial al restringir, por un año, vía administrativa la validez de las licencias obtenidas por primera vez, no consideró que con esa disposición afectaría a los mismos conductores, dado que éstos se ven impedidos de renovar sus licencias profesionales, al no cumplir con los requisitos que exige la ley de Tránsito, para la obtención de las licencias profesionales (artículo 13 Nº 5).
5. Que la ley, a partir del 8 de marzo de 2000, obliga a cumplir con todas las nuevas exigencias, lo que, en el caso de quienes obtuvieron su licencia después del 8 de marzo de 1999, es imposible de alcanzar respecto del requisito de haber estado en posesión de licencias por dos años, por lo que es está produciendo un serio problema en todas las direcciones de tránsito del país, respecto del cual los conductores no tienen ninguna responsabilidad, y con el agravante de que se les está conculcando su derecho al trabajo.
Por tal motivo es que los diputados aquí firmantes venimos en agregar un nuevo artículo 10 transitorio en la ley de Tránsito Nº 18.290.
PROYECTO DE LEY
Artículo 10 transitorio.- “La vigencia de las licencias profesionales obtenidas por primera vez entre el 7 de marzo de 1999 y el 7 de marzo de 2000, se prorrogará por el período necesario para dar cumplimiento al requisito establecido en el Nº 5 conducente a la obtención de licencias de este tipo, contenido en el artículo 13 de la presente ley”.