Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Joaquin Palma Irarrazaval
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Leopoldo Sanchez Grunert
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Guillermo Ceroni Fuentes
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Pizarro Soto
- Andres Zaldivar Larrain
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN PARA INFORMAR.
- V. FÁCIL DESPACHO
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y FRANCIA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- DEBATE
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y FRANCIA. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DE COBROS POR SERVICIOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO ELÉCTRICO. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Nunez Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- DEBATE
- CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- REGULACIÓN DE COBROS POR SERVICIOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO ELÉCTRICO. Proposición de la Comisión Mixta.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- SESIÓN ESPECIAL CONJUNTA DE COMISIONES DE TRANSPORTES Y DE EDUCACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Sergio Correa De La Cerda
- Felipe Letelier Norambuena
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Jorge Ulloa Aguillon
- Sergio Velasco De La Cerda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE CASO MATUTE JOHNS.
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Sergio Ojeda Uribe
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jorge Ulloa Aguillon
- Sergio Velasco De La Cerda
- Haroldo Fossa Rojas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Edmundo Salas De La Fuente
- Victor Barrueto
- Alejandro Navarro Brain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- DEBATE
- RESTABLECIMIENTO DEL PODER COMPRADOR DE MINERALES EN LA COMUNA DE TOCOPILLA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Mulet Martinez
- Baldo Prokurica Prokurica
- Waldo Mora Longa
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Felipe Valenzuela Herrera
- Cristian Antonio Leay Moran
- Arturo Longton Guerrero
- Jaime Mulet Martinez
- Waldo Mora Longa
- Mario Bertolino Rendic
- Lily Perez San Martin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SESIÓN ESPECIAL CONJUNTA DE COMISIONES DE TRANSPORTES Y DE EDUCACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
- VIII. INCIDENTES
- ANTECEDENTES SOBRE MERCADO ARROCERO. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ivan Mesias Lehu
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Pablo Lorenzini Basso
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- INVESTIGACIONES EN INDUSTRIAS CONTAMINANTES. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Ivan Mesias Lehu
- Pablo Lorenzini Basso
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Eduardo Diaz Del Rio
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- PROGRAMA UNIVERSIDADES-GOBIERNOS REGIONALES. Oficios.
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PAÍS. Oficio.
- ADHESION
- Pablo Lorenzini Basso
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- ADHESION
- PRIVATIZACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SÉPTIMA REGIÓN Y MODIFICACIÓN DE ACTUAL MARCO TARIFARIO. Oficios.
- AMPLIACIÓN DE BERMAS EN CAMINO MELIPILLA-BOLLENAL. Oficios.
- ADHESION
- Eduardo Diaz Del Rio
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pablo Lorenzini Basso
- ADHESION
- RESULTADO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE HECHOS DELICTUALES EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Eduardo Diaz Del Rio
- ADHESION
- SUBVENCIÓN ESCOLAR EXTRA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Eduardo Diaz Del Rio
- ADHESION
- DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA PARA LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
- IRREGULARIDADES EN CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE GASODUCTO. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE MERCADO ARROCERO. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y PORTUGAL. Primer trámite constitucional.
- ANEXO SESION
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y PORTUGAL. Primer trámite constitucional.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 34ª, en miércoles 22 de marzo de 2000
(Ordinaria, de 10.42 a 14.44 horas)
Presidencia accidental de los señores Montes Cisternas don Carlos, Hales Dib, don Patricio, y Tuma Zedandon Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III.Actas 9
IV.Cuenta 9
- Prórroga de plazo a comisión para informar 9
V.Fácil Despacho.
- Convenio de seguridad social entre Chile y Francia. Primer trámite constitucional. Convenio de seguridad social entre Chile y Portugal. Primer trámite constitucional 9
VI.Orden del Día.
- Regulación de cobros por servicios asociados al suministro eléctrico. Proposición de la Comisión Mixta 14
- Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Primer trámite constitucional. (Continuación) 21
VII.Proyectos de acuerdo.
- Sesión especial conjunta de Comisiones de Transportes y de Educación sobre seguridad en vehículos de transporte escolar 35
- Constitución de Comisión especial sobre caso Matute Johns 37
- Restablecimiento del poder comprador de minerales en la comuna de Tocopilla 44
- Cumplimiento de normas de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional 46
VIII.Incidentes.
- Antecedentes sobre mercado arrocero. Oficio 49
- Investigaciones en industrias contaminantes. Oficios 50
- Programa universidades-gobiernos regionales. Oficios 52
- Constitución de comisión para el estudio de la nueva estructura administrativa del país. Oficio 54
- Privatización de empresa de servicios sanitarios de la Séptima Región y modificación de actual marco tarifario. Oficios 55
- Ampliación de bermas en camino Melipilla-Bollenal. Oficios 56
Pág.
- Resultado de trabajo de investigación sobre hechos delictuales en la Región Metropolitana. Oficios 57
- Subvención escolar extra para niños de escasos recursos de la Tercera Región. Oficios 60
- Declaración de zona de emergencia agrícola para la Novena Región. Oficios 61
- Irregularidades en construcción y explotación de gasoducto. Oficio 63
IX.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que incrementa el fondo a que se refiere la ley Nº 19.030 y modifica disposiciones que indica de dicho cuerpo legal (boletín Nº 2475-05) 65
2. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, ley general de Servicios Eléctricos, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios (boletín Nº 2280-03) 65
X.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, acordó aceptar la renuncia del diputado señor Urrutia a la Presidencia de la Comisión y eligió como reemplazante al diputado señor Palma, don Joaquín.
-De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Sánchez.
-De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, mediante la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió en calidad de Presidente al diputado señor Ceroni.
-De la Comisión de Hacienda, mediante la cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Ortiz.
2. Oficios:
-De la Comisión de Hacienda, por el cual solicita una prórroga de 30 días para emitir el informe acerca del mandato conferido por el proyecto de acuerdo Nº 316, de 2 de noviembre de 1999, para investigar la legalidad de las operaciones de venta de acciones de la Sociedad Anónima O’Higgins Central Hispanoamericana.
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Mora, cursos de capacitación impartidos en Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.
-Del diputado señor Pérez, don José, recursos públicos asignados a Gobernación Provincial de Biobío para contrarrestar efectos de sequía.
-Del diputado señor Alvarado, gestiones de ministro de Agricultura en apoyo de candidato presidencial.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-De los diputados señores Arratia, Sánchez y Galilea, don Pablo, solicitudes de acuicultura cursadas sin haber dado cumplimiento a ley Nº 19.300.
Ministerio de Hacienda
-Modificaciones presupuestarias en organismos del sector público.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Masferrer, convenio suscrito con Sociedad E.C. Estudios y Consultorías Ltda.
Ministerio de Bienes Nacionales
-De los diputados señores Acuña y Girardi, desafectaciones Parque Nacional isla de Pascua.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor Ávila, construcción de hospital San José en la Región Metropolitana.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
-De los diputados señores Velasco y Ortiz, proyectos en Programa de Pavimentación Participativa en San Antonio.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Navarro, instalación de relleno sanitario en comuna de Maipú.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistieron, además, la ministra de Planificación y Cooperación, señora Alejandra Krauss, y los senadores señores Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente accidental).-
El acta de la sesión 29ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 30ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN PARA INFORMAR.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Hacienda, destinada a ampliar el plazo para investigar la legalidad de las operaciones de venta de acciones de la sociedad anónima O’Higgins Central Hispanoamericana.
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y FRANCIA. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, los proyectos de acuerdo que aprueban los convenios de seguridad social entre las Repúblicas de Chile y de Francia, y entre las Repúblicas de Chile y de Portugal.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Urrutia.
Antecedentes:
-Mensaje, boletines Nºs 2440-10 y 2441-10, sesión 20ª, en 15 de diciembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 2, respectivamente.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 25ª, en 15 de diciembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 15.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar a la honorable Sala sobre los dos proyectos de acuerdo aprobatorios de los convenios de seguridad social celebrados por Chile con las Repúblicas de Francia y de Portugal, suscritos en Santiago, el 25 de junio de 1999, y en Lisboa, el 25 de marzo del mismo año, respectivamente.
Los dos convenios obedecen al mismo propósito y su contenido normativo es prácticamente igual. En consecuencia, haremos la exposición de ambos en una sola presentación, con el fin de abreviar y agilizar los procedimientos legislativos.
Estos convenios se enmarcan en la política permanente del Gobierno de Chile, destinada a asegurar a los trabajadores migrantes el debido acceso a los sistemas previsionales, en cuya ejecución se han celebrado tratados de este tipo con diversos países europeos y americanos, como Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil , Canadá , Dinamarca , España , Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza.
Según los respectivos mensajes, ambos convenios son cuerpos armónicos y cohesionados, que están de acuerdo con los anteriores tratados que Chile ha celebrado con los países que ya cité, es decir, orientados fundamentalmente a garantizar la protección de los derechos de orden previsional reconocidos por la legislación de las partes contratantes.
A través de estos convenios se permite que los nacionales de los Estados Partes se beneficien de las cotizaciones previsionales que han efectuado con una entidad laboral en el territorio de la otra Parte, manteniendo de esta forma la continuidad de su historia previsional y el goce de los derechos de seguridad social correspondientes.
Informaciones proporcionadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social señalan que la aplicación del convenio con la República de Francia podría beneficiar a 20 mil chilenos que han trabajado o trabajan en ese país. En el caso de la República Portuguesa, serían 160 los favorecidos.
Estos tratados se orientan por principios jurídicos de universal aceptación, que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha codificado en su Convenio Nº 157, denominado “Convenio sobre el Establecimiento de un Sistema Internacional para la Conservación de los Derechos en Materia de Seguridad Social”.
Esos principios, básicamente, son cuatro: primero, igualdad de trato entre los nacionales de las Partes contratantes; segundo, mantenimiento de los derechos previsionales adquiridos en los países Partes; tercero, conservación de los derechos previsionales en curso de adquisición, y cuarto, colaboración administrativa entre las instituciones previsionales de los Estados y, en general, de toda la estructura administrativa de cada Parte.
Estos convenios regulan su ámbito de aplicación, el derecho a la exportación de pensiones, la legislación aplicable para determinar la procedencia de las prestaciones, las normativas relativas a las prestaciones de salud y a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y la cooperación administrativa que ya he descrito.
En el ámbito de aplicación material, se dispone, en lo esencial, que estos convenios se aplicarán en Chile a la legislación sobre el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, basado en la capitalización individual; a los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Normalización Previsional, INP, y a los regímenes de prestaciones de salud y de prestaciones familiares.
Los sistemas de cálculo son, en lo esencial, el que cada país se hace cargo, a prorrata, del lapso de tiempo en que el afectado trabajó en su territorio, y las fórmulas de cálculo están, como dije, normadas por los convenios tipo que se han celebrado para este efecto.
Finalmente, para adoptar las decisiones de aprobación o rechazo que corresponda tomar, la Comisión propone votaciones separadas, a fin de que cada convenio, tanto el celebrado con Francia como el suscrito con Portugal, sea aprobado en su propio mérito.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Debo informar a los señores diputados que estos dos convenios contienen normas de quórum calificado. En consecuencia, solicito el acuerdo de la Sala para votarlos al final de la sesión.
Acordado.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , como ha señalado el señor diputado informante , estos convenios internacionales tienen por objeto asegurar a los trabajadores migrantes el debido acceso a los sistemas previsionales, en forma similar a lo acordado con otros países europeos y americanos, como Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil , Canadá , Dinamarca , España , Finlandia, Noruega y Suecia.
En el caso del convenio celebrado con la república francesa, los beneficiados podrían ser alrededor de veinte mil chilenos, y de ciento sesenta, en relación al suscrito con la república portuguesa.
Destaco que el convenio con la república francesa se aplicará en sus departamentos europeos y de ultramar, y el suscrito con la república portuguesa lo será en su territorio, en el continente europeo y en los archipiélagos de las Azores y Madera, y en Chile, en el territorio de la República.
Además, la aplicación del convenio con la república francesa se extenderá a las aguas territoriales y a la zona ubicada más allá de los mares territoriales en los que Francia o Chile pueden ejercer sus derechos soberanos con fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales biológicos o no biológicos, y al territorio de Chile.
Las autoridades nacionales competentes encargadas de aplicar los convenios serán el ministro del Trabajo y Previsión Social , en Chile; los ministerios encargados de aplicar la legislación interna correspondiente a las prestaciones a que dará lugar el convenio, en la república francesa, y el ministro , los ministros o cualquier otra autoridad competente responsable de la referida legislación, en la república portuguesa.
En el ámbito de aplicación material, se dispone, en lo esencial, que en Chile estos convenios se aplicarán a la legislación sobre el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia basado en la capitalización individual; a los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y a los regímenes de prestaciones de salud y de prestaciones familiares, lo que favorecerá a los trabajadores chilenos que han desarrollado actividades laborales en Francia o Portugal en los últimos años, gracias al reconocimiento en Chile de los períodos de cotización previsional registrados en esos países.
El señor diputado informante ha abundado en los aspectos técnicos de la normativa internacional, de manera que, fundado en los efectos sociales importantes que su aplicación producirá en los trabajadores chilenos, anuncio mi voto favorable y también el de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, a estos convenios.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , anuncio mi voto favorable y el de mi bancada a la aprobación de los convenios con las repúblicas francesa y portuguesa, que tienen por objeto acordar aspectos relativos a la seguridad social en ambos países.
El voto favorable a estos convenios se fundamenta en que en ellos están presentes principios esenciales, como los del acceso a los sistemas previsionales y, a la vez, garantizan la protección de los derechos previsionales reconocidos por las partes contratantes, en este caso, Francia, Portugal y Chile, toda vez que permiten que los nacionales de los estados partes se beneficien de las cotizaciones previsionales que hayan efectuado por el desarrollo de alguna actividad laboral, en el entendido que ello ocurrió en el territorio de las partes vinculadas por estos convenios.
De esta forma, se produce un hecho muy significativo: la continuidad previsional y el goce de los derechos de seguridad social correspondiente. Esto ha quedado de manifiesto en el informe entregado por el diputado informante, señor Urrutia.
Es conveniente destacar que el número de beneficiados por estos convenios, en el caso de Francia, llega estimativamente a más de veinte mil chilenos.
Por otra parte, es significativa la manera en que estos convenios concretan principios jurídicos de universal aceptación, que la Organización Internacional del Trabajo ha codificado en el Convenio Nº 157, conocido como “Convenio sobre el Establecimiento de un Sistema Internacional para la Conservación de los Derechos en Materia de Seguridad Social”.
Por todas estas consideraciones, reitero el voto favorable de la bancada democratacristiana a estos proyectos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , también quiero anunciar el voto favorable de la bancada del Partido Socialista, porque nos parece extraordinariamente relevante que avancemos en convenios de este tipo, como los suscritos con la república francesa y la república portuguesa, que son similares, por lo cual -como se ha mencionado- los estamos tratando conjuntamente.
Son convenios que permiten mantener la continuidad previsional a los trabajadores chilenos radicados y contratados en otros países, en este caso Francia y Portugal. Con ellos se les da un marco de seguridad para su vejez o, eventualmente, en casos de invalidez o sobrevivencia. Por lo tanto, nos parecen muy importantes.
Además, quiero señalar que convenios similares se han suscrito con los siguientes países: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil , Canadá , Dinamarca , España , Suecia, Suiza, Finlandia y Noruega, lo que deseo destacar en la Sala, porque me parece relevante, dado el inmenso número de chilenos que viven en el exterior. De sobra es sabido que, a partir de 1973, este número se acrecentó con la cantidad de compatriotas que salieron al exilio y, por lo tanto, ha sido extraordinariamente importante que, acogiéndonos al marco general de la OIT, podamos celebrar convenios de este tipo que favorecen a chilenos que por largos años han estado radicados en el exterior, que fueron contratados y han ejercido funciones profesionales y no profesionales en otros países señalados.
Entonces, es de extrema justicia que la Sala -así lo espero- apruebe por unanimidad los convenios que, como hemos señalado y por suerte, se han suscrito con diversos países, lo que ayuda a nuestros compatriotas.
También quiero destacar que considero muy interesante que en Francia actualmente esté en proceso una nueva legislación sobre lo que llama “cobertura de enfermedad universal”, como principio, que de alguna manera va a acoger a los enfermos, con el fin de garantizar la salud como derecho universal en el territorio de la república francesa.
Espero que nuestro país también estudie cuidadosamente ejemplos de este tipo para que vea que siempre es posible y necesario que un Estado sea capaz de velar por sus ciudadanos y ojalá en Chile pudiéramos decir que hasta el último de sus habitantes tiene garantizada su salud y no como ocurre hoy, desgraciadamente, en que tenemos un sistema privado y un sistema público, sin satisfacer ese derecho universal, en especial, de los que tienen menos.
Por estas razones, porque el convenio -como se ha señalado- favorece a más de veinte mil chilenos radicados en Francia y a ciento sesenta en Portugal, lo estimamos de extraordinaria importancia y, por lo tanto, la bancada del Partido Socialista votará favorablemente los proyectos de acuerdo aprobatorios.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , debo agregar que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad ambos convenios y sugiere a la honorable Sala proceder de la misma manera.
Por otra parte, en mi calidad de miembro de la bancada del PPD, anuncio su voto favorable a los dos proyectos de acuerdo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En conformidad con lo acordado, los dos proyectos de acuerdo aprobatorios, de quórum calificado, se votarán al final de la sesión.
-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre estos asuntos en los siguientes términos:
El señor ( Presidente accidental ).-
En votación los proyectos de acuerdo que aprueban los convenios de seguridad social entre Chile y la república francesa y entre Chile y la república portuguesa.
Si le parece a la Sala, se hará para ambos una sola votación.
Acordado.
Los dos proyectos requieren quórum calificado, es decir, que a lo menos 61 diputados voten a favor.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , solicito que quede registrado mi voto, porque no ocurrió.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Así se hará.
Aprobados los dos proyectos de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
VI. ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE COBROS POR SERVICIOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO ELÉCTRICO. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta, encargada de proponer la forma de resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara recaído en el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, ley general de Servicios Eléctricos, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 2280-03. Documentos de la Cuenta Nº 2, de esta sesión.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
En relación con este proyecto, el acuerdo de Comités es que hable, hasta por 10 minutos, un parlamentario de cada bancada.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Ramón Núñez .
El señor NÚÑEZ .-
Señor Presidente , sólo para anunciar que los diputados del Partido Demócrata Cristiano vamos a votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta y recordar que mi primera intervención en la Cámara de Diputados fue en relación con los medidores. Para hacer justicia, esta materia tan importante ya había sido planteada por la diputada señora Isabel Allende y por el ex diputado señor Armando Arancibia , actual intendente de la región de Atacama.
El punto central es que la ley va a señalar la posibilidad de que los servicios que prestan las empresas eléctricas -que se indican en el proyecto- puedan ser fijados por la autoridad, a petición de las personas o de la institución a cargo de estas materias.
Todos somos testigos de que se cobra una determinada cantidad por la mantención y/o arriendo de los medidores y otros servicios, la cual no tiene ninguna relación con el costo de dichos servicios. Además, se constituye en un cobro indebido, porque, habitualmente, tales servicios no se prestan.
En consecuencia, se requería determinar un criterio -se establece en el informe de la Comisión Mixta- para que la autoridad fije los precios de los servicios que entregan las empresas eléctricas dado que no existe competencia en el mercado.
Reitero mi anuncio de los votos favorables de la Democracia Cristiana al informe de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , este proyecto de ley es extraordinariamente importante y de amplio significado social. Su aplicación pondrá fin al abuso de un servicio monopólico donde el usuario no tiene alternativa alguna. Es decir, en Santiago, el millón trescientas mil personas que tienen contrato con Chilectra no puede decir, a la hora de prender la luz: “Apague ese interruptor y prenda este otro que no es de Chilectra”. Está obligado porque, repito, el servicio es monopólico. Por eso se regula el consumo.
Sin embargo -como se ha expresado en esta Sala-, hay un conjunto de otros servicios agregados en la cuenta de la luz y que no tienen tarifa. Este proyecto obliga a que la tengan.
Me alegro de la discusión que tuvimos en la Comisión Mixta -presidida por el senador Novoa -, donde el conjunto de senadores aceptó la decisión de la Cámara, que en su oportunidad fue rechazada por el Senado -razón por la cual, entre otras divergencias, fue analizada en comisión mixta-, en el sentido de que en un artículo transitorio se ordene que en el plazo de 15 días contado desde la publicación de la ley se dé inicio al proceso para llegar a la fijación de tarifas respecto de los siguientes servicios: corte y reposición, pago de cuentas fuera de plazo, arriendo de medidor, conservación de medidor, mantenimiento o conservación de empalmes, retiro de medidor, retiro de empalmes, resellado de cajas, conexión a la red, duplicado de facturas e, incluso -por una indicación que hicimos con el diputado Eugenio Tuma en la Comisión de Economía-, el servicio de apoyo en postes. Si se llega a tarifar este último servicio, puede significar al usuario una rebaja, incluso, en el servicio de telecable que se apoya en los postes, porque hoy no es materia de precio tarifado; es decir, le pueden cobrar cualquier precio.
De no haberse aprobado el artículo transitorio -por eso, me alegro de que el Senado haya aceptado la disposición de la Cámara-, hubiésemos aprobado una buena iniciativa de ley, pero con un procedimiento extremadamente largo y dilatorio para la fijación de precios, incluso con la intervención, en cualquier momento, de la comisión resolutiva, lo que habría significado una demora de uno, dos o tres años.
Con las tarifas determinadas, el usuario nunca más va a tener sorpresas en su cuenta de luz. Pero para estas cosas no basta la ley. Ya lo experimentamos con la normativa sobre Dicom, cuya aplicación ha tenido dificultades prácticas. No basta que elaboremos iniciativas para que den buen resultado.
Esta normativa necesita del concurso de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, la cual se tiene que hacer cargo de presentar ante la comisión resolutiva antimonopolios todos los antecedentes necesarios, que, por lo demás, ya están estudiados. Desde hace un par de años, la diputada Allende , el diputado Núñez y muchos otros hemos presentado denuncias en ese sentido; es decir, la Superintendencia ya conoce de la existencia de estos abusos. Hay un dossier del tamaño de una guía de teléfonos que permite argumentar con toda facilidad y claridad para que la comisión resolutiva despache, en un santiamén, rápidamente, la decisión de que estos precios son monopólicos y que, efectivamente, no pueden quedar “por la libre” a la hora en que llega la boleta de la cuenta de luz.
Pongo el ejemplo de Chilectra, pero es válido para todas las empresas del rubro que existen en Chile. En ninguna parte del país podrá -lo dice el proyecto- dejar de hacerse la presentación suficiente en la comisión resolutiva para que finalmente se fijen estos precios.
La totalidad de nuestra bancada piensa que la decisión que tomó la Cámara de consagrar inmediatamente en el texto del proyecto que a los 15 días debe iniciarse el proceso, no significa un saludo a la bandera en materia de regulación, porque el proyecto era bueno, estaba bien inspirado, pero dejaba establecida una idea de la regulación más un procedimiento que significaba decirle al usuario: “Si tiene problemas, vaya y presente una denuncia ante la Comisión Antimonopolios”. ¿Se imagina la Sala, por ejemplo, a la señora María Moya , de la calle El Roble de Recoleta, llegando a la Comisión para presentar la denuncia? ¿Se imagina a un ciudadano de cualquier parte de Chile acudiendo a dicha Comisión para esperar sus resoluciones en función de la petición formulada? Antes de que tome la decisión se va a empantanar el proceso.
Además, establecía que la SEC podía efectuarlo; o sea, quedaba facultada para hacerlo, si quería. Ahora, gracias a este artículo transitorio aprobado en la comisión mixta, se dispone que dentro de los próximos 15 días, contados desde la publicación de la ley, deberá hacerse una presentación en la que se incorpora la totalidad de servicios que mencioné con anterioridad y que figuraban en el proyecto original.
Por lo tanto, aquí se agrega una orden instantánea al principio, a la doctrina, a la idea, al procedimiento general regulatorio, contribución formulada por la Cámara durante la discusión de la iniciativa, mediante la cual se agrega un procedimiento que permite al usuario quedar asegurado y no con esa desconfianza que se produce tantas veces en la gente, cuando dice: “Se acabó la ley del Dicom”, en la creencia de que con la sola aprobación de un proyecto por esta Corporación se pone en práctica la medida.
Muchas veces la ley establece normas que no sólo permiten, sino que obligan y ordenan, pero, a pesar de ello, después no es respetada por quienes están cometiendo un abuso. Con esta disposición, cuando el monopolio incurra en una infracción, de inmediato se iniciará una acción en beneficio de la gente.
Señor Presidente , con su venia, concedo una interrupción al diputado señor Tuma .
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Reglamentariamente, no corresponde.
¿Habría acuerdo para darle una interrupción por dos minutos al diputado señor Tuma, en cuyo caso también debería concederse la interrupción al diputado señor Mulet , quien la solicitó antes, privadamente, en el tiempo restante del Comité Demócrata Cristiano?
Acordado.
Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco a la Sala la unanimidad para concederme la interrupción a fin de referirme a este proyecto de mucha importancia para la ciudadanía.
Con la aprobación del artículo transitorio por parte de la comisión mixta, estamos dando un paso importante en el avance de los derechos de los usuarios frente a las empresas monopólicas por naturaleza. Desde ese punto de vista, algunos servicios, como los señalados por el diputado señor Hales , distorsionaban los precios que los usuarios pagan por el consumo eléctrico. Dichos servicios son prestados sólo por el único concesionario, y podría ocurrir que la tarifa correspondiente al consumo fuese burlada a través de estos servicios no regulados que los usuarios mantienen con la empresa.
De modo que reitero mi complacencia por el acuerdo a que llegó la comisión mixta, a fin de aplicar el sentido común en defensa de los intereses de los usuarios, para que haya un equilibrio efectivo entre los consumidores y los proveedores. De esta manera, con la ratificación de este acuerdo, la Cámara estará dando una señal muy potente al país.
La bancada del Partido por la Democracia apoyará unánimemente la iniciativa.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , en la comisión mixta emití el único voto disidente y, en verdad, lo seguiré haciendo.
El proyecto en debate consta de dos disposiciones, pero lo relevante es el artículo único, es decir, la disposición permanente. Distintos señores diputados, en las intervenciones anteriores, reconocieron que existe monopolio en cuanto a la distribución eléctrica. Sin embargo, no se dijo que en los servicios anexos no debiera darse este privilegio, pero existe, pues éstos son prestados por las propias distribuidoras.
Aquí cabe preguntarse por qué es monopólica un área que, por su naturaleza, no debiera serlo. La respuesta es simple. Se debe al poder monopólico que imponen las empresas distribuidoras en el sentido de impedir el nacimiento de nuevas empresas que presten los servicios anexos. Por ejemplo, la venta de medidores puede ser realizada por cualquier empresa; pero, en general, no existen empresas distintas a las distribuidoras que ofrezcan dichos servicios anexos.
Por otra parte, tal como lo planteé en la Sala, el tema no es menor. Debería darse en la sociedad chilena un debate que apunte a si queremos un sistema económico en que sigamos profundizando y consolidando los monopolios y la concentración de capital o no. Al respecto, tengo una tesis absolutamente distinta: donde puedan generarse condiciones de competencia, hay que darles cabida, pues es la única manera de distribuir la propiedad y evitar la concentración del capital. Y el artículo permanente iba en esa dirección. Pero como está concebido ahora, no hace más que consolidar un monopolio, pues como hay una actitud monopólica por parte de las distribuidoras, en vez de generar condiciones de competencia, fijamos precios. ¿A quién? A las distribuidoras monopólicas, con lo cual les aseguramos un negocio y mercado en los servicios anexos.
En términos económicos, tengo una lógica muy distinta. Por eso, en el curso del debate, planteé que debería segmentarse el mercado de los servicios anexos, tal como respaldé la moción de segmentar el sector eléctrico, ya que es la única manera de defender a los consumidores cuando no se cuenta con concentraciones monopólicas.
Por estas razones, mi voto fue disidente. Y lo seguirá siendo, porque hay que ser consecuente con los planteamientos formulados durante el estudio de un proyecto de esta naturaleza. Por lo tanto, votaré en contra de lo resuelto por la comisión mixta. Soy enemigo de la concentración del capital y de seguir concentrando monopolios en Chile en el sector eléctrico. En resumen, hoy existe monopolio en el sector eléctrico desde la generación, pasando por la transmisión hasta la distribución. Con este proyecto, consolidamos el monopolio en los servicios eléctricos, es decir, existe una integración vertical total, con la que no puedo estar más en desacuerdo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , me alegro mucho de que el diputado señor Ramón Núñez recordara que en el origen de esta preocupación, junto a nosotros estuvo el ex diputado don Armando Arancibia , hoy intendente de la Región de Atacama. Me alegro mucho que lo haya mencionado, porque no siempre se recuerdan los orígenes de las buenas iniciativas y la inquietud de algunos diputados.
En términos generales, el origen y espíritu de la legislación propuesta fue la preocupación que nos asaltó a diversos diputados cuando, viendo en detalle lo que sucedía con los servicios asociados, uno podía percatarse de que el vacío legal, la falta de legislación específica, ha permitido, por años -como se sabe-, a las empresas eléctricas hacer cobros no regulados, cobros por servicios prestados algunas veces y otras no, de los que el usuario nunca se entera, porque no tiene la menor idea qué se entiende por el supuesto servicio de mantención y/o reparación.
La situación ha sido citada en varias oportunidades. Por lo tanto, sólo falta reforzar algo sobre lo que en nuestro país ahora estamos tomando más conciencia, cual es que los legisladores debemos preocuparnos del ciudadano que difícilmente tiene acceso a la Comisión Antimonopolios, aunque debemos reconocer que el origen de la iniciativa se basó en la denuncia de un ciudadano del norte que se atrevió a protestar al percatarse de que se le estaba cobrando por el arriendo del medidor, en circunstancias que era dueño del mismo.
Los ciudadanos no cuentan, de manera normal, con la asesoría indicada ni tienen acceso a esa información o a otras instancias, tales como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, o al Servicio Nacional del Consumidor. Sólo ahora último contamos con una ley que permite que los ciudadanos reclamen cuando existen claras fallas en los servicios que están garantizados por un contrato.
En resumen, debe destacarse nuestra preocupación, que ha sido y es cómo proteger al usuario del abuso que cometen las empresas de servicios, claramente monopólicas en el sector eléctrico.
Respecto de los argumentos del diputado señor Orpis , debemos compartir el que se refiere al monopolio de las eléctricas, que no sólo son responsables de la generación, sino también de la distribución. Sin embargo, como se lo dije en su oportunidad, nos gustaría llegar a la transparencia real, incluso en los servicios asociados, pero, de aquí a que existan las empresas A, B, C y Z para comprar un medidor, por ejemplo, pasará muchísimo tiempo.
Por eso, no puede seguir ocultándose que el consumidor -todos nosotros-, durante años, ha sido responsable de las ganancias de las empresas por los servicios asociados, razón por la cual le digo al diputado señor Orpis que, sin perjuicio de compartir el argumento de que no deben existir ni menos reforzarse los monopolios, ya que tenemos una economía abierta y competitiva, es un aporte de la Cámara señalar el procedimiento para regular los precios de los servicios asociados, de modo de proteger a los consumidores.
La preocupación de los legisladores se concretará, a través de un procedimiento adecuado y de un plazo determinado, en algo que todos queremos: regular los servicios asociados de las empresas encargadas del suministro eléctrico, en este caso.
En consecuencia, anuncio el voto favorable de los diputados de la bancada del Partido Socialista a la proposición de la comisión mixta.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , aprobaremos la proposición de la comisión mixta sobre el proyecto que modifica el DFL Nº 1, de 1982, de Minería, ley general de servicios eléctricos, cuyo objeto es regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios.
Según el análisis hecho sobre la base de la realidad monopólica de las empresas de suministro eléctrico, es imposible pensar en la competencia, es decir, que los usuarios puedan elegir a aquella que le entregue el servicio. Eso está muy lejos. Por eso, ha sido necesario legislar para regular las tarifas de los servicios asociados.
Es enorme la cantidad de ellos: corte y reposición del suministro a usuarios morosos, pago de la cuenta fuera de plazo, arriendo de medidores, mantenimiento y conservación de los medidores, mantenimiento y conservación de los empalmes, retiro de empalme, retiro de medidor, resellado de cajas, conexiones a la red, servicio de apoyo en postes y duplicado de boletas o facturas.
Las empresas, de carácter monopólico y sin ninguna regulación al respecto, han cobrado por los servicios asociados, y el usuario, realmente, no ha sabido a qué corresponden, hecho que se ha prestado para los reiterados abusos que se han señalado en el debate.
En este sentido, quiero aportar el caso de algunos pequeños empresarios mineros que han comprado sus transformadores, pero que, mes a mes, las empresas les han cobrado por su uso. Esto quedó superado después de los respectivos reclamos.
Por lo tanto, se justifica la regulación de los cobros por servicios asociados, para que la verdadera “caja negra” que significa su origen tenga transparencia. Ese es el sentido del proyecto.
Comprendo que mi colega Jaime Orpis quiera segmentar, es decir, separar los servicios para que empresas pequeñas puedan competir con las grandes distribuidoras de energía y ofrecer precios con los cuales se beneficie el usuario. Sin duda, con el monopolio que existe, es imposible que en el mediano plazo haya competencia.
La obligación de la autoridad es cumplir con los plazos que se estipulan para debatir y fijar los precios de los servicios asociados. Por lo tanto, las disposiciones del proyecto serán de beneficio para los usuarios.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Tal como se señaló hace un rato, el diputado señor Mulet solicitó hacer uso del resto del tiempo de la Democracia Cristiana. Entiendo que no hay objeciones al respecto.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MULET.-
Muchas gracias. Agradezco también la disposición de la bancada del Partido Radical para otorgarme tiempo.
Señor Presidente , sólo quiero señalar un par de cosas adicionales, sin perjuicio de compartir la casi unanimidad que se vislumbra para apoyar la proposición de la comisión mixta.
En primer lugar, con un sentido didáctico, repetiré que el proyecto persigue tarificar los servicios asociados al suministro eléctrico, cuestión, como ya se ha indicado, de vital importancia para los usuarios, ya que aquellos, muchas veces, son más caros que la energía.
Algunos servicios asociados son arriendo y conservación de equipos de medida, colocación y retiro de equipos, ejecución y retiro de empalmes, desconexión, reconexión, arriendo o conservación de interruptores de horario, transformadores de medidas, empalmes, resellado de caja, verificación de lectura, inspección de servicios a pedido de cliente, cambio de interruptores, duplicado de boletas o facturas, revisión, calibración, sellado de equipos, etcétera.
No es menor el tema, porque estos servicios son, de alguna manera, mucho más que la cuenta de energía eléctrica, en muchos casos, cuando los usuarios lo comprueban.
¿Cómo se van a fijar o determinar las tarifas de estos servicios? La ley también lo indica. Debe haber un fallo de la Comisión Resolutiva Antimonopolios.
¿Quién puede pedir a la referida Comisión que se pronuncie? La propia autoridad a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o cualquier particular. Si así lo determina una resolución de la Comisión, éste acude a la Superintendencia para que el servicio se regule y tarifique, si es que no existe la competencia que debe haber en él.
¿Quién puede otorgar este servicio asociado al suministro de energía eléctrica, materia que fue parte de la discusión en la comisión mixta? ¿Sólo pueden hacerlo las concesionarias de distribución de energía eléctrica o también empresas que no sean concesionarias?
El Senado pretendía que sólo fuesen las concesionarias; la Cámara deseaba que también pudieran hacerlo las no concesionarias, y la indicación del diputado señor Orpis señalaba cierta segmentación de empresas que puedan otorgarlo.
El acuerdo a que se llega es abierto y conveniente para los usuarios, ya que los servicios asociados al suministro eléctrico podrán otorgarlo empresas concesionarias y no concesionarias de distribución de energía eléctrica, con el objeto de introducir mayores niveles de competencia y de facilidades que vayan en beneficio directo de los usuarios.
La otra pregunta que cabe formularse, la más importante, dado que el proyecto ha generado muchas expectativas entre los usuarios, es la siguiente: ¿Cuándo veremos tarificados los servicios asociados al suministro de energía eléctrica?
Por eso es importante el artículo transitorio respecto del cual insistió mucho el diputado Hales -le reconozco mucho mérito en eso-, porque obliga, una vez que entre en vigencia la ley, a que la Superintendencia, dentro del plazo de quince días, solicite a la Comisión Resolutiva un pronunciamiento sobre determinado servicio, a fin de que sea tarificado.
Quiero detenerme un poco en este punto, porque no deseo crear falsas expectativas. El fallo que emita la Comisión Resolutiva podrá ser recurrido por las partes involucradas que se sientan perjudicadas, como las empresas distribuidoras de servicios eléctricos, o bien, demorar en la instancia superior, la Corte Suprema, más allá de lo que suponen los consumidores.
De manera que, siendo muy responsable, creo que como legisladores hemos hecho lo máximo. Hay, además, un acuerdo prácticamente unánime de las distintas bancadas, de acuerdo con las intervenciones que hemos escuchado hoy, pero existe el inconveniente de que cuando esto pase por la Comisión Resolutiva se podría judicializar y seguramente demorar, más allá de lo que quisiéramos, la rebaja que deseamos ver reflejada en la cuenta de los consumidores.
Deseo terminar con algo asociado al tema y que considero importante. Creo que también debemos avanzar en materia de la defensoría de los usuarios. Cada vez que discutimos proyectos relacionados con los servicios públicos, tenemos el deber de insistir en la creación de la defensoría de los usuarios, que permitirá su defensa organizada frente a los abusos de los cuales hemos sido testigos durante muchos años por parte de los empresas monopólicas -monopolios naturales, muchas de ellas-, que han tenido por años, como señaló muy bien el senador Zurita en la comisión mixta, utilidades escandalosas en algún tipo de los servicios que prestan, que a veces sobrepasan el 50 por ciento.
En mi opinión, el proyecto constituye un paso importante en esta materia y por ello los diputados de la Democracia Cristiana lo votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Cerrado el debate.
La votación se llevará a efecto al término del Orden del Día.
-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos:
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
En votación la proposición de la comisión mixta sobre el proyecto de ley general de Servicios Eléctricos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
Ibáñez y
CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
A continuación, procede continuar la discusión en general sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , lamento que en el despacho del proyecto estemos aplicando una suerte de barbarie procesal-legislativa, al no haber aceptado ayer la Cámara que éste fuera conocido por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tanto más cuanto que se está modificando la ley minera, proyecto que requiere ser aprobado con quórum calificado. Además, se está cayendo en una clara inconstitucionalidad por faltar a lo establecido en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política, razón por la cual, de aprobarse el proyecto, recurriremos al Tribunal Constitucional.
El Convenio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, suscrito en junio de 1989, sustituye el anterior de 1957, sobre la misma materia, que basaba sus disposiciones en el principio de la asimilación de la población indígena o descendiente de ella al país del cual formaba parte.
Por el contrario, el Convenio cuya ratificación tratamos hoy, tiende, sin rodeos, a fortalecer minorías y a consagrar el principio de que las etnias son una parte de la nación, impermeable a su integración y a toda política de fusión cultural. Éste es, precisamente, el porqué de que el proyecto sea altamente inconveniente para países que, como el nuestro, están siendo objeto en estos días de una labor de zapa en su dignidad nacional y paz social.
El tratado en debate otorga a los pueblos indígenas, entre otros, los siguientes derechos.
-Asumir el control de su desarrollo económico.
-Participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas que pudieran afectarlo.
-El derecho de los pueblos indígenas a los recursos existentes en sus tierras.
-También deberán ser consultados en cualquier programa de prospección o explotación de los recursos minerales.
En su enunciado, estas disposiciones aparecen atrayentes y hasta dignas de aplauso, pero, en realidad, constituyen una suerte de derecho a veto sobre cualquier proyecto relacionado con trazados de camino, centrales hidroeléctricas, gasoductos, explotaciones mineras, etcétera.
Desde mi punto de vista, el problema de fondo es que, en virtud de esta legislación y otras que se ha intentado poner en vigencia últimamente, se está segregando nuestra nación y no integrándola, como debería suceder.
Ayer, la ley indígena de octubre de 1993 limitó el derecho de propiedad y estableció un sistema de subsidios para la adquisición de tierras y aguas, lo cual ha causado profunda indignación y resentimiento en importantes grupos de indígenas que aspiraban a una justa e igualitaria integración. De aprobarse el convenio, esta situación se verá notablemente incrementada.
En realidad, la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi, ha sido parcelada políticamente en su administración, y los escándalos financieros derivados del mal uso del Fondo de Tierras y Agua ha llevado a la desesperanza a muchos de quienes esperaban ser beneficiados con su accionar.
Pero hay algo más grave: se ha avivado la odiosidad existente no sólo entre algunos grupos mapuches, sino también en la zona norte, con los aimaras y los atacameños, y en isla de Pascua, con los rapa nui, constituyendo un serio factor de desestabilización de nuestra institucionalidad y, más que eso, un nuevo atentado a la unidad del Estado Nación.
Los conflictos que observamos en el mundo -donde se sembraron vientos y ahora se están cosechando tempestades- nos hacen meditar con seriedad. Ahí está el de Chechenia, ayer fue el de Kosovo, y con menos brutalidad, los de Gales y Escocia; hay que señalar también los anhelos de independencia del país vasco y de Cataluña, teniendo como actor principal a la ETA y su seguidilla de crímenes y asesinatos. Todo esto, bajo las banderas de redención de los derechos ancestrales y la autodeterminación de las etnias, esquema fuertemente apoyado y financiado por grupos internacionales a los cuales no están ajenos dirigentes o pseudodirigentes de nuestras comunidades indígenas.
Conociendo de esta ofensiva internacional, nuestro Gobierno ha querido sumarse a la nueva posición. Es así como, por ejemplo, frente a la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas del año 1994, el Gobierno chileno fue, tal vez, la única república latinoamericana que no manifestó reserva o preocupación por el hecho de que este documento reconoce una doble ciudadanía: la indígena y la del país donde vive. Asimismo, establece derechos colectivos de los indígenas sobre la tierra y sus recursos hídricos y minerales.
Últimamente, hemos observado con suma preocupación los episodios acontecidos en el sur del país, donde se ha cuestionado el estado de derecho, se ha atacado criminal y concertadamente a Carabineros, se han ocupado propiedades ajenas, se ha robado y se han incendiado bienes fiscales y privados. Frente a esto -que para mí constituye una suerte de estado prerrevolucionario-, las autoridades han preferido negociar soluciones, como entregar más tierras, modificar la actual ley indígena, aprobar el Convenio Nº 169 -que hoy nos ocupa-, y otras dádivas que nos han de conducir a una desestabilización de nuestro estado de derecho, que tendrá repercusión nacional e internacional, paralizando o restringiendo seriamente las actividades forestales, mineras, eléctricas, industriales, los gasoductos, etcétera, lo que redundará en mayor cesantía, en mayor pobreza, en inseguridad social y en toda suerte de calamidades tal vez imposibles de superar y a las cuales será difícil poner atajo.
Si no queremos la independencia de la isla de Pascua, la paralización de la minería a través de los aimaras y atacameños -a quienes, a pesar de ser tan pocos, se les está vitalizando con una campaña de odios y rencores-; si no deseamos más agitación y muertes en los entornos mapuches, debemos implementar, con urgencia, una política de integración y no de segregación de los indígenas, que supere realmente sus problemas de marginalidad y pobreza; que preserve su cultura y tradiciones y les otorgue posibilidades ciertas de acceder a la educación, a estudios superiores y a los adelantos tecnológicos, como única forma de lograr una efectiva independencia. Así, estaremos solucionando el problema indígena sin necesidad de crear más leyes de excepción, que separan definitivamente nuestros pueblos primitivos del resto de la comunidad nacional, y sin ausencia de normas constitucionales.
En consecuencia, reitero nuestra reserva de constitucionalidad, por cuanto este Convenio Nº 169 altera el número 24º del artículo 19 de la Constitución Política.
Señores miembros de esta Cámara, el Convenio OIT Nº 169 es altamente perjudicial para la unidad de los chilenos y su sentido de nación, porque crea claramente una división, atendiendo a conceptos espurios de raza sepultados en el siglo pasado bajo los escombros del nazismo.
Por las razones expuestas, los diputados de Renovación Nacional votaremos en contra del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente , concuerdo plenamente con lo expresado por el diputado señor Alessandri , en orden a que este Acuerdo contiene artículos absolutamente incompatibles con las necesidades de los grupos étnicos chilenos.
Por ejemplo, me preocupa altamente lo establecido en el artículo 15 del Convenio, respecto de un punto de fondo, en cuanto a la desafectación de terrenos para la minería. Su número 2, dice: “2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.
Hace muchos años que en la región se está tratando de desafectar terrenos en una zona que tiene el 48 por ciento de áreas protegidas, donde gran parte de ellas pertenece a la comunidad aimara. Si en Arica, y especialmente en Parinacota, queremos tener un desarrollo sustentable de la minería ¿cómo vamos a compatibilizar este tema con algunos artículos de este Convenio? En mi región, los aimaras y atacameños tienen toda la razón en tratar de ejercer todos sus derechos.
Por otra parte, el artículo 10 del Convenio establece: “1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberá tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
“2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Con esto se entra a temas bastante complejos. Por lo tanto, pienso que esta materia debe ser analizada más en profundidad antes de dar nuestra aprobación a este proyecto de acuerdo, ya que son temas que van mucho más allá de una simple aprobación.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , desde luego, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes que promueve la OIT apunta a uno de los objetivos principales que tiene la acción política de cada país, en orden a prevenir, adelantarse a los problemas.
Si este Convenio hubiera estado vigente en Chile desde hace 20 ó 30 años, no existiría el problema mapuche que hoy sufre el país con tanta intensidad y al cual se han referido algunos colegas, porque el Estado habría adoptado las conductas o acciones a fin de que el pueblo mapuche hubiera salido del abismante estado de atraso y discriminación en que se encuentra en la actualidad. Sin embargo, recién ahora, sobre la marcha, se empiezan a montar acciones que permitan abordar en corto tiempo un problema que debió haberse solucionado hace muchos años.
Pero más vale tarde que nunca y, sobre la mesa, tenemos un Convenio que apunta a evitar problemas como los que hoy vive el país: un enorme grupo humano, casi medio millón de personas, vive, en nuestro territorio, discriminado en forma absoluta respecto de sus posibilidades de progreso, de educación, de salud, de vivienda, de trabajo; en último término, de su dignidad.
Por eso, apoyamos con entusiasmo este convenio, porque permitirá dar un testimonio a los pueblos indígenas -también al aimara, que habita mayoritariamente en el distrito de Arica y Parinacota, que represento- de que el Gobierno y el Congreso Nacional están por respaldar la búsqueda de una solución a sus problemas. Desde luego, Chile ya ha avanzado en ese sentido, porque, en la práctica, la ley que creó la Conadi acoge plenamente el espíritu del convenio; pero sería bueno decirles a los pueblos indígenas que estamos dispuestos a hacer mucho más por ellos, a ayudarlos a controlar sus propias instituciones, sus formas de vida, a respetar su idioma, su cultura, y a darles la posibilidad de tener una vida mejor, igual que al resto de los habitantes de nuestro país.
Aunque este convenio llega atrasado, es útil porque permite afianzar la política que los gobiernos de la Concertación, desde Patricio Aylwin en adelante, iniciaron con mucha fuerza y que consiste, precisamente, en respetar su dignidad y en apoyar el bienestar, la libertad y el derecho a buscar la felicidad que tienen los pueblos indígenas de nuestro país.
Por eso, al igual que mi bancada, votaré favorablemente este proyecto aprobatorio del convenio.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , como es de conocimiento de la Sala, este proyecto de acuerdo no está en discusión desde hace algunos meses o años, sino que desde hace muchos años; para ser más exacto, desde 1991. Al observar la ficha del proyecto se puede comprobar que su larga tramitación va desde 1991 al 2000. Iniciado un nuevo siglo, uno se pregunta: ¿cómo es posible que hayan transcurrido diez años? El 8 de enero de 1991 se dio cuenta del proyecto en las Comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, y hoy estamos a 22 de marzo de 2000. De manera que se trata de un convenio que ha sido postergado permanentemente por los gobiernos de la Concertación -a la cual pertenezco-, debido a la necesidad de discutir una ley indígena específica, es decir, de una normativa nacional.
Pues bien, cumplimos con dictar una ley indígena, que es posible que tenga falencias -considero que las tiene- y que puede haber tenido un proceso de discusión un tanto precipitado, lo que, en definitiva, ha sido la causa de que tenga vacíos importantes. Pero estamos en una etapa en que, aparte de la legislación nacional -además, es parte de la política económica y de los derechos humanos-, también es necesario dar un vistazo a la legislación internacional; porque Chile está inserto en un mundo globalizado, económica, política y socialmente. De manera que los chilenos no podemos estar ajenos a lo que sucede en el resto del mundo.
Por eso, este Convenio Nº 169 está radicado en la Organización Internacional del Trabajo. Estamos hablando de que este convenio, que pretende establecer un piso general que en el mundo entero se considere básico para los efectos de respetar los derechos humanos, laborales y de otro tipo, también sea ratificado por Chile. Pero dicho reconocimiento implica una profunda reforma del ordenamiento jurídico, político y constitucional de nuestro país, por las obligaciones que, sin duda, impondrá la legislación internacional. Cuando un país los ratifica, los convenios de esta naturaleza pasan a constituirse en ley de la república, lo que no es un dato menor. Se trata de que lo que nuestro país ha avanzado en materia de reconocimiento indígena, a través de una ley especial, gracias a la preocupación constante del Gobierno sobre la materia, sea refrendado con una participación en el ámbito internacional, con conceptos que garanticen que Chile sí respeta los derechos de los indígenas.
Estimo que hay un elemento clave: reconocer que la identidad indígena debe ser considerada como criterio fundamental para determinar el accionar del Estado. El concepto “pueblo”, que en muchas oportunidades ha sido motivo de preocupación, de alarma y de denuncia de la Derecha criolla, sólo se establece en el ámbito de esta legislación; no se entra en otras definiciones o aplicaciones. El convenio es exacto al establecer que el concepto “pueblo” se aplica, única y exclusivamente, al ámbito contenido en él; no está referido a derechos conferidos en otro terreno internacional. El concepto “pueblo” es una denominación que se introduce para definir la presencia de grupos étnicos, originarios, en cada una de las naciones que adopten el convenio; no tiene otra connotación que la enunciada en forma cabal en el convenio.
Los gobiernos que suscriban este convenio deben responsabilizarse también de su contenido y obligaciones. Los contenidos más importantes -que cabría destacar- le causan mucha preocupación al diputado señor Alessandri , la que, por cierto, no comparto. Podemos estar de acuerdo en otras cosas; así ha ocurrido, por ejemplo, en materia de medio ambiente; pero me voy a referir a eso más adelante.
Afortunadamente, la doctrina de los derechos humanos -estamos hablando del derecho de los pueblos indígenas al trabajo, a la educación, a la salud, en igualdad de condiciones, sin discriminación- ha ido evolucionando, y hoy día la legislación internacional reconoce tres generaciones de derechos. La primera dice relación con los clásicos derechos civiles y políticos, fundamentalmente de carácter individual, como el derecho a la vida, a la seguridad, al ejercicio de las libertades públicas; es decir, se trata de los derechos que se han defendido desde la Revolución Francesa. La segunda generación se refiere a los derechos económicos, sociales, culturales, de carácter eminentemente colectivo, como el derecho al trabajo, a la seguridad ciudadana, a la vivienda, a la educación. Hasta aquí, todo el mundo estaba completamente de acuerdo. Pero, debido a la globalización y a la mayor evolución y reflexión de todo el mundo, ha surgido una tercera generación de derechos, que también son de carácter colectivo, tales como la libre determinación de los pueblos -reconocido por la Carta Fundamental de la Organización de las Naciones Unidas-, el derecho al desarrollo, al medio ambiente y a la paz. Esto implica reconocer el derecho a la diversidad al interior de los Estados, a determinados grupos, a veces llamados minorías, que también tienen derechos que deben ser reconocidos.
Considero que los artículos 13 al 19 del convenio van a fortalecer la ley indígena, puesto que reconocen la relación especial de los indígenas con sus tierras y territorios, les reconocen el derecho a la posesión de tierras que tradicionalmente han ocupado, no necesariamente en forma física, sino que durante el desarrollo de sus tradiciones. Se habla de pueblos nómades; en el caso chileno, de los pehuenches, quienes, en las veranadas, aunque físicamente no ocupan muchos territorios en el Alto Biobío, durante el verano realizan actividades de pastoreo, que los obliga a ocupar territorios que no les pertenecen.
Además, el convenio estipula que los pueblos indígenas no deben ser trasladados desde las tierras o territorios que ocupan sin ser consultados. Si debido al desarrollo del país es necesario reubicarlos, ello debe realizarse con su libre y pleno consentimiento y con la máxima información. El convenio no establece que son inamovibles, sino sólo que deben ser consultados, que tienen los mismos derechos de los ciudadanos que poseen títulos de dominio de su propiedad. De manera que esas tierras quedan protegidas, de acuerdo con la legislación nacional -artículo 13 de la ley indígena-, y también en virtud de la legislación internacional, fortaleciendo el derecho de esos pueblos a ser consultados.
Hay otros aspectos, como el reconocimiento del autogobierno, del autodesarrollo en los estados en que habitan, el derecho a mantener su lengua, su identidad religiosa; reconocer que hay que proteger su valor, cultura y costumbres; proteger la promoción de sus derechos económicos socioculturales, como, por ejemplo, que los niños puedan estudiar, si lo desean -expresamente así lo dice el convenio-, su lengua originaria, para lo cual el Estado debe velar para que exista esa posibilidad.
En nuestro país, aún ninguna escuela tiene profesores de mapudungún. Ningún hijo de mapuche, aimara, huilliche, pehuenche, lafquenche, huenteche, puede hoy en la enseñanza básica, que es obligatoria, tener la posibilidad de aprender su lengua, de especializarse en ella. No hay profesores contratados por el Estado que puedan cumplir la función que ya la ley indígena establece y que hoy queremos ratificar. Si los hay -como dijo el diputado señor Kuschel -, son escasos. Los programas pilotos son buenos, pero los invitamos a fortalecerlos.
Lo esencial en este convenio Nº 169, es reconocer la historia del Nº 107, que Chile, paradójicamente, se había negado a firmar. Ese convenio de la OIT -que establecía la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras tribales- había sido ratificado, en 1988, sólo por 17 Estados, entre los cuales figuraban 14 Estados latinoamericanos, y Chile no lo había hecho.
La necesidad de que Chile ratifique el Convenio Nº 169 se da en el marco de que en el año 1989, oportunidad en que se votó en las Naciones Unidas, nuestro país fue una de las 29 abstenciones y hubo un total de 328 votos aprobatorios. Sólo logro entender el proceder de Chile, de junio de 1989, como una acción de un gobierno autoritario todavía en plena vigencia.
Chile no puede repetir lo ocurrido en junio de 1989, cuando después de 10 años de democracia, tenemos la posibilidad de debatir y aprobar dicho proyecto.
El Estado en conflicto a que hacía referencia el diputado señor Alessandri , sin duda, debe ser nuestra preocupación. Diez años han transcurrido desde que el Presidente Aylwin firmara, en Nueva Imperial, en la Novena Región, un estatuto de garantías. Ese tratado, en mi opinión, se ha agotado y debemos elaborar urgentemente uno nuevo, como, asimismo, velar por generar condiciones de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Chile será acusado, en los próximos meses, ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el incumplimiento de salvaguardar el debido proceso en juicios que se han llevado adelante por los tribunales chilenos en casos de acciones de comunidades indígenas en la Novena Región, pues no se ha garantizado la posibilidad de la defensa. En las próximas semanas estaremos abocados a una situación extraordinariamente compleja en el ámbito internacional. Chile no sólo es conocido en el ámbito internacional porque quiere juzgar a Pinochet, al que quieren defender los de la bancada de enfrente. Nuestro país debe estar en el ámbito internacional defendiendo valores, derechos, principios. Por eso, sorprende la opinión del diputado señor Alessandri .
Quiero recordarle que su posición de calificar esta situación de ofensiva internacional, de atentado criminal que se realiza en el sur, de estado prerrevolucionario, de intento de independencia de la isla de Pascua, de agitación y muerte, de política de integración y de una negativa a las leyes de excepción, contrasta absolutamente con las tendencias mundiales y con lo que la propia Derecha, a través de toda su historia, ha tenido en su relación con los mapuches.
Para nadie es desconocido que el porcentaje de votos mapuches para Ricardo Lagos fue muy inferior al de los que obtuvo Joaquín Lavín . Las comunidades indígenas votaron por la Derecha. No es extraño, y así la historia lo reafirma. Los diputados de origen mapuche que ha tenido este Congreso han ratificado una línea que sería interesante analizar. Saber, por ejemplo, por qué Venancio Coñuepán , entre otros, ha estado aliado al Partido Agrario Laborista, al Partido Conservador, al ibañismo, o por qué pensaron dichos diputados -que allá por 1927 al 1941, en diversas oportunidades, integraron este Parlamento- que aliados con la Derecha podían obtener avances en el logro del respeto de sus derechos.
Extraña profundamente la posición del diputado señor Alessandri , no sólo por la historia conservadora de la Derecha -que ha estado siempre de la mano con el movimiento indígena, con las comunidades indígenas-, sino por sus términos descalificadores, que revelan una mentalidad retrógrada para entender la evolución de la historia, que no está cercana a la integridad ética de principios del diputado señor Alessandri , quien, sin duda, ha pretendido con sus palabras ideologizar un problema y excluir la historia del mismo.
Sólo quiero hacer presente a la Sala y al diputado señor Alessandri que tengo en mis manos el informe final de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, documento que se refiere a los derechos humanos de las poblaciones indígenas, a estudios sobre los tratados, convenios y acuerdo constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas. La preparación de este informe, presentado por Miguel Alfonso Martínez , relator especial, duró nueve años. Fue entregado en junio de 1999 a la Subcomisión de Derechos Humanos de Prevención, de Discriminaciones y Protección de las Minorías de las Naciones Unidas.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Señor diputado, le resta un minuto.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor NAVARRO .-
No es extraña la reacción de la Sala respecto de quienes, tradicionalmente, se han preocupado, en el Parlamento, de estos temas, lo que es un poco lo planteado por el diputado señor Alessandri .
Me extraña, sí, que en una bancada cristiana y progresista pueda haber este tipo de opiniones. Sin embargo, la opinión del diputado señor Seguel no es la de la Democracia Cristiana ni representa su actitud permanente.
El relator especial -y esto es muy emblemático- señala estar plenamente convencido de que la actual problemática indígena, en general, tiene asimismo un carácter ético. Cree que la humanidad ha contraído una deuda para con las poblaciones indígenas, por los daños que, históricamente, se les ha causado. Por consiguiente -dice el relator en el informe especial a la Comisión de Discriminación de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas-, por razones de equidad y de justicia histórica, es preciso compensarlos por los daños causados; y se da perfecta cuenta de la imposibilidad práctica de retrotraer el mundo a la situación que existía hace siglos, cuando se produjeron los primeros desencuentros con los pueblos indígenas y no indígenas. Como es imposible retrotraer dicha situación, hay que repararla.
Ya la Iglesia Católica de Chile -y esto el diputado señor Seguel debiera conocerlo- ha anunciado -y me alegro por ello, porque seguramente lo hará con la misma exactitud, prolijidad y el mismo convencimiento con que defendió los derechos humanos durante la dictadura- que, por instrucción del Papa, se pedirá perdón por los abusos cometidos contra los pueblos originarios en el mundo entero y también en Chile, por una forzada evangelización.
Por último, espero que este convenio sea aprobado para empezar un proceso de reparación que durará mucho tiempo; esto es sólo el inicio. Se encuentra en la Cámara de Diputados un proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos autóctonos. Chile es el único país de América Latina que aún no reconoce, en su Constitución, la existencia de un millón y medio de chilenos que tienen origen indígena, y trabajaremos sobre los problemas que pueden afectar la relación entre el Estado chileno y el mundo indígena.
Espero que la opinión del diputado señor Alessandri no predomine en las bancadas de Oposición; porque las conceptos de verdad histórica, de derechos humanos, de libre autodeterminación, de reconocimiento del daño inferido y de la posibilidad de reparar esta situación histórica cometida contra los indígenas de mi país, pasa por adaptar la legislación nacional a las convenciones internacionales. Es un primer paso.
El Gobierno, el Ministerio de Planificación y Cooperación, Mideplan, y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, deben realizar acciones concretas que impidan que este convenio sea letra muerta, generando espacios para avanzar en reformas legislativas, en programas especiales y, sobre todo, en lo que hemos llamado un nuevo trato con el mundo indígena, que tengo la confianza en que el Presidente Ricardo Lagos impulsará.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado Miguel Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , primero, quiero hacer una reflexión de carácter político respecto al tema, y lo haré con mucho respeto porque me referiré a un colega a quien estimo mucho.
Las palabras del diputado Gustavo Alessandri , desde el punto de vista político, no reflejan en lo más mínimo lo que es el sentimiento generalizado de los mapuches, de los aimaras y de todas las etnias de nuestro país; y lo digo con propiedad porque represento a una zona mayoritariamente poblada por indígenas: la región de La Araucanía.
El tema en discusión es prioritario porque los mapuches nuestros no sólo quieren resolver sus problemas sociales de pobreza y marginalidad, sino que, también, y de una vez por todas, que este país y esta sociedad entiendan que detrás de nuestras etnias hay una cultura, rasgos antropológicos y una cosmovisión que debemos respetar, pero que nunca lo han sido porque corresponden a grupos que son parte de nuestra nación.
Espero que esta reflexión política ayude a entender un poco cuál es la realidad que se vive en aquellos sectores y lugares de nuestro país donde el tema de las etnias ¡por Dios que es interesante!
Siempre en la línea política, pero en la de carácter electoral, quiero recordar que la posición del candidato Lavín en la última campaña presidencial respecto de los pueblos indígenas, fue diferente a lo expresado por nuestro distinguido colega Gustavo Alessandri en esta Sala.
En un mundo globalizado como el que vivimos, el tema de las etnias no es menor; muy por el contrario, y fue asumido con mucha fuerza por los países del mundo entero, y este Convenio Nº 169 así lo demuestra.
¿Cómo nos podemos extrañar, reitero, de que en este mundo globalizado haya influencias en nuestras etnias de lo que está pasando en otros países más adelantados en cuanto a la relación de la sociedad con sus pueblos originarios? Por eso, me sorprende mucho que se hable aquí de que hay extremistas políticos que tienen como única intención revolver el gallinero, por decirlo de alguna manera, con nuestros pueblos originarios, y no entender que este tema ha adquirido una gran importancia en el mundo entero; y obviamente, muchos dirigentes mapuches hoy día no sólo están circunscritos a sus comunidades o lugares territoriales -provincias o regiones-, sino que están insertos en este mundo globalizado a través de contactos personales o de todo aquello que la tecnología pone a nuestra disposición.
Quiero reiterar que debemos entender que el problema de este país con las etnias no es un tema menor; muy por el contrario. Nuestros pueblos originarios no sólo desean resolver los problemas de marginalidad y pobreza en que hoy viven, sino que aspiran a ser entendidos en lo que representan, en lo que es su historia, su cultura y su cosmovisión, y las vías de solución para los conflictos que hoy son incipientes están centradas, precisamente, en dar señales claras y fundamentalmente desde el punto de vista político, de que esta sociedad en su conjunto está buscando caminos reales para enfrentar y resolver esas dificultades.
En el informe de la Comisión de Derechos Humanos se dice con claridad algo que creo nos debería dar confianza y tranquilidad para aprobar este proyecto de ley y que leeré textualmente: “Según los analistas especializados, la Conferencia que aprobó el Convenio en informe, adoptó un texto que, junto con salvaguardar los vitales derechos e intereses de los pueblos indígenas y tribales, fuera lo suficientemente realista para poder ser ratificado más tarde por los Estados miembros y utilizado para una acción nacional e internacional en beneficio de dichos pueblos”.
Me parece que a nuestra sociedad y al Congreso no le cabe sino la responsabilidad de acoger el proyecto de acuerdo aprobatorio de este Convenio, y de esa manera, como aquí ya se ha expresado, estaremos dando los primeros pasos para reparar la injusticia y el daño que la sociedad chilena, de la cual todos nosotros somos parte, ha ocasionado a nuestros pueblos originarios, esencia de nuestra raza y nacionalidad, y que se merecen el mayor respeto.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado don René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , al comenzar a discutir este proyecto debemos hacernos un par de preguntas: ¿Se elaboró una iniciativa discriminatoria?
Claramente, sí, por las condiciones del pueblo mapuche. Hablamos de una discriminación positiva, y hablar en esta Sala de derecha o izquierda es no entender nada del problema político, ¡absolutamente nada!
El pueblo mapuche tiene problemas latentes de izquierda, de derecha, de centro. En consecuencia, no confundamos ni metamos la política en los verdaderos problemas de los mapuches.
Cuando se aprobó la ley indígena en el Congreso, me atrevería a decir que fue una de las pocas normativas aprobadas por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. ¿Y eso qué significa? Muy simple, ¿existen problemas por resolver en el pueblo mapuche? Claramente, los hay.
Cuando uno analiza las leyes y estos convenios, siempre piensa en las tomas de fundos, en los revoltosos, en la gente que está detrás de la efervescencia que se está produciendo; pero los que representamos zonas mapuches como la Novena Región, donde hay 900 mil de ellos, sabemos que el 90 por ciento del pueblo mapuche es gente trabajadora y honesta que quiere surgir y que quiere condiciones para un mejor pasar, una mejor educación, respeto a sus tradiciones y al pueblo mapuche. Entonces, no me vengan a decir a mí que estos son problemas de Izquierda o de Derecha.
Con entusiasmo, amor y cariño aprobaré en lo personal este proyecto, porque creo de verdad y estoy convencido de lo que estoy diciendo: que el pueblo mapuche necesita una atención especial.
Cuando vemos alguna efervescencia, los llamados a resolver los problemas son las autoridades del gobierno de turno; siempre los habrá con alguna etnia, pero debemos solucionarlos. Por ello no tengamos miedo de dar los instrumentos para ello.
No entraré a descalificar a nadie, pero me preocupó cuando aprobamos el convenio de tierras, los fondos de aguas, los fondos de electrificación, las expectativas creadas más allá de las normales en un pueblo que necesita angustiosamente ser atendido. Desgraciadamente, las normas que con entusiasmo y cariño hemos aprobado, no han dado las soluciones concretas que necesita el pueblo mapuche. Por eso, cuando uno ve la desesperación de la gente y lo que está sucediendo en la Novena Región, lo único que se quiere es que esto se solucione. Créame, señor Presidente : cuando uno habla y siente lo que está diciendo, no piensa en este convenio, lo digo de verdad. Veo la cara de cada comunero, de cada amigo que tengo en las comunidades mapuches diciendo: “hasta cuándo no dan solución a nuestros problemas”. En consecuencia, aquí estamos aprobando -y perdónenme la expresión- algo que se cae de maduro. Si quieren instrumentos para solucionar los problemas del pueblo mapuche, no seré yo quien me oponga a esas pretensiones.
Cuando se habla del pueblo mapuche, nadie puede desconocer que en nuestro país existen etnias diferentes. ¿Es tan tremendo reconocer eso? ¿Es rebajarse? ¡No! ¿Es discriminar? ¡No! Lo que estamos haciendo es reconocer a los pueblos originarios de los cuales cada nación debe sentirse orgulloso. Ésa es la diferencia cuando uno siente, vibra y conoce los problemas de los pueblos indígenas. De modo que no me vengan a decir aquí que esta es una ley discriminatoria o de Derecha o de Izquierda. ¡No! Aquí hay un problema no resuelto respecto del pueblo mapuche.
Quiero hacer una confidencia.
Para mí, si hay una autoridad que entiende y conoce los problemas del pueblo mapuche ese es monseñor Sixto Parzinger , uno de los hombres más respetables de la Araucanía. Me acerqué a él y le pregunté cómo podíamos solucionar los problemas del pueblo mapuche. Me preguntó -con esto quiero pasar un mensaje a los honorables colegas- si conocía la ley indígena. “Sí, monseñor”, respondí. “Ahí está la solución”, me dijo. Y continuó: “Pero cuidado, hay que ponerle plata para que esto funcione”. La educación, la salud, el respeto a las tradiciones y los fondos de tierra se logran con dinero.
Quiero dar algunos datos.
En la Novena Región, hace dos o tres años, había 30 mil inscritos para el subsidio de tierras; sin embargo, había 15 millones de pesos para repartir entre 30 personas o 7 millones para distribuir entre 60 personas. ¿Qué pasaba con el resto? Había que esperar mil años para recibir su dinero y satisfacer sus necesidades.
Créanme, el pueblo mapuche no puede esperar. Con entusiasmo, sin complejos, debemos dar una solución. Quizá, no sea ésta, pero al menos es un reconocimiento y un paso que no podemos desconocer.
Señora ministra, usted, que recién comienza en estos temas difíciles y deberá atender al pueblo mapuche, no tenga miedo ni deje que le tiemble la mano. El pueblo mapuche quiere soluciones, trabajo y salir de la pobreza en que está sumido. Ésa es, también, la misión de todos quienes formamos parte de esta Corporación.
De modo que no vengan a argumentar ahora que se trata de un problema de Izquierda o de Derecha. Yo, en particular, tengo un gran cariño y aprecio por el pueblo mapuche. Por eso, jamás me ha temblado la voz ni la mano cuando hay que firmar un convenio o aprobar alguna medida que favorezca a las razas originarias de nuestra patria.
Aquí hay muchos diputados que deben su elección al pueblo mapuche; que durante la campaña hablan con los indígenas, pero aquí no levantan la voz para defenderlos y decir lo que realmente sucede. Hay gente trabajadora que también quiere ver gestos de quienes los representan, de modo de salir de su pobreza, educarse y tener una clara conciencia nacional, como la han tenido hasta hoy. Quizás, ellos tengan más conciencia que nosotros, porque son los pueblos originarios, los que le han dado vida a este país. Lo digo porque lo siento, lo creo y así va a ser siempre.
Por eso, una vez más y con mucho orgullo de representar al pueblo mapuche de la Novena Región, votaré favorablemente el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio, pues estimo que es parte de la solución que buscamos. Ojalá no quede en letra muerta, se aplique y se alleguen los recursos necesarios para sacar al pueblo mapuche de la pobreza.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , se somete a consideración de la Sala el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes. Me abstuve de votar el proyecto en la Comisión y así lo haré también en esta Sala, basado en las siguientes consideraciones:
En primer lugar y no obstante que el Convenio parece bien intencionado, lo cierto es que más que establecer derechos concretos que pueden ser invocados por sus destinatarios, es una declaración de intenciones que, obviamente, poco contribuye a resolver los problemas que afectan a las comunidades mapuches. Hemos sido testigos en este Parlamento de numerosas declaraciones de buenas intenciones que no se traducen en ningún beneficio concreto y que, por el contrario, suelen generar expectativas desmedidas. El mejor ejemplo de ello lo constituye la ley dictada durante la administración Aylwin , con el supuesto de mejorar la situación de este sector de la comunidad.
En segundo lugar, el Convenio se inspira en el criterio de la discriminación positiva, de la cual nunca he sido partidario, pues pienso que cuando se consagran normas que favorecen a una minoría, cualquiera sea su naturaleza, mediante el acceso a privilegios o a determinados beneficios, en especial de tipo laboral, se corre el riesgo de que se produzca el efecto contrario al deseado y buscado por quienes, probablemente con buenas intenciones, suscriben estos acuerdos.
En tercer lugar, el proyecto, tal como ha sido aprobado, requiere de una declaración expresa del Ejecutivo al momento de la ratificación, con el objeto de compatibilizar sus normas con nuestra legislación interna. El informe que se encuentra en nuestros escritorios deja constancia de que el ministro de Relaciones Exteriores de la época se comprometió a que se efectuarían algunos aportes luego de la declaración mencionada. Lamento que la ministra de Relaciones Exteriores no esté presente, dado que no sabemos si se mantendrá el mismo criterio o variará. Si se llegara a un acuerdo respecto de lo que se adjuntará al convenio, podríamos salvar una serie de discrepancias que han surgido hoy en la Sala, ello sin considerar los eventuales problemas de constitucionalidad que generan algunas de sus normas, especialmente en lo relativo a la propiedad de las minas, cuestión respecto de la cual algunos colegas parlamentarios han hecho expresa reserva. En consecuencia y no obstante estar de acuerdo con el objetivo y fondo del proyecto, las razones antes expresadas no contribuyen eficientemente al logro de su objetivo.
Por último, expreso reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 9º y 10, por estar en contradicción con el número 2) del artículo 19 de la Constitución Política.
Por lo tanto y como ya anuncié, me abstendré a la hora de votar el proyecto.
He dicho.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Restan 10 minutos para que finalice el tiempo destinado al Orden del Día. Los diputados que así lo estimen conveniente, pueden inscribirse para usar de la palabra en la próxima sesión.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente , escuchando las palabras de mi colega René Manuel García , las que comparto en gran medida, no puedo dejar de recordar las sabias palabras que un jefe Seattle dirigió al Presidente de Estados Unidos que, alrededor de 1850, ofreció comprar sus tierras: “Como yo soy un salvaje, no lo puedo entender”. Ése ha sido el problema en este diálogo de sordos entre nuestras etnias y la autoridad a través de los siglos.
Quiero decir un par de cosas que apuntan a lo que se está discutiendo hoy.
Son múltiples las formas de abordar el complejo tema de los pueblos indígenas. En mi caso, como diputado integrante de la Comisión de Recursos Naturales , Bienes Nacionales y Medio Ambiente, deseo hacer ver mis puntos de vista sobre la relación de estos pueblos y territorios y la manera en que esta Convención permitirá, de ser aprobada, establecer nuevas condiciones -un nuevo trato, como decía el diputado señor Navarro - para mantener la armonía casi natural con la que estas comunidades se han relacionado con su entorno inmediato, y su vinculación esencial con la tierra, como ha sido durante toda su historia.
En todas las partes del globo, la cultura, la identidad y, por ende, la existencia misma de los pueblos primigenios están determinadas por su asentamiento sobre territorios, sobre el suelo. Sus modos de producción, que determinan su economía, normalmente están relacionados con la agricultura intensiva y con el pastoreo, cuando no con la recolección de frutos, como sucede con nuestros mapuches pehuenches y su dependencia del piñón o pehuén, fruto de la araucaria.
Es en la tierra donde desde hace cientos de años, cuando no miles, se han desarrollado estos pueblos. Basta apreciar cómo los pueblos andinos han endiosado a la madre tierra, la Pachamama, a la cual le deben todo lo que son. Es justamente esta relación entre la tierra y los indios a la cual el conquistador europeo y luego los estados nacionales han tratado de afectar, primero, con el desplazamiento forzoso, la usurpación avasalladora en nombre de la corona, con la justificación de la cruz y la espada y, luego, a través de la violencia sistémica, que en Chile, tierra acostumbrada desde antiguo a los eufemismos, se le llamó indecorosamente “la pacificación”.
Lo que se buscaba en los tiempos de la economía agraria era la fuente de la riqueza, la tierra, sin importar el hecho de que sin ella los pueblos quedaban condenados a la desaparición. Hoy, varios siglos después, la tierra es el principal reclamo de estos pueblos, pues saben que sin ella no sólo están condenados a la miseria, sino también a la pérdida de su identidad.
El régimen militar y su extremismo ideológico quiso hacer de Chile un país de propietarios y no de proletarios, como tan profusamente se difundió en aquellos tiempos. Como muchas veces, el plomo fue más fuerte que la razón, y los indígenas, agrupados en comunidades y cooperativas campesinas, se transformaron de la noche a la mañana, en aquella época, en pequeños propietarios agrícolas, con un título individual de dominio que, con el correr de los años, se convirtió en el principal escollo para su desarrollo. El régimen de derecho común sucesorio ha ido, poco a poco, expulsando a los campesinos indígenas de sus tierras. Primero se hizo por la fuerza; ahora, mediante los exquisitos dispositivos jurídicos del derecho privado. Tras cada muerte, los predios fueron dividiéndose entre los herederos hasta hacer inviable la producción agrícola en ellos. ¿Se puede subsistir como campesino con media hectárea, con un cuarto de hectárea? Quien sepa de campo, advertirá de inmediato que con media hectárea difícilmente se logra, incluso aplicando alta tecnología. La carencia de recursos y tecnología provoca migraciones forzadas, desarraigo y, finalmente, la pérdida de identidad. Es un etnocidio lento pero seguro. La asimilación a las grandes urbes -pienso en Temuco, Santiago , Concepción- y la integración a la sociedad nacional chilena es tremendamente fácil, lo que provoca la desaparición de estos pueblos.
No se trata de pretender conservar comunidades indígenas como objeto de admiración y regocijo estético, como simples postales pintorescas, sino de integrarlas al desarrollo respetando sus culturas, cosmovisiones particulares, historia, tradición y los derechos históricos, entre ellos, el derecho a la tierra.
Chile debe ser un país integrado, pero diverso. En los hechos lo es, por mucho que se haya tratado de negarlo durante siglos.
En lo referente a las tierras, la Convención en estudio establece claramente, en su artículo 17, que las modalidades y normas tradicionales de transmisión de los derechos sobre ellas entre los miembros de los pueblos indígenas deben ser respetadas. Con ello se asegura la protección de las tierras indígenas, un asunto que ha sido casi borrado recientemente por un decreto del Presidente de la República saliente, que no sólo abrió las puertas definitivas para la construcción de la central Ralco , sino también, pocos días antes, se modificaron los límites del parque nacional Lauca para permitir la actividad minera, que amenaza severamente la subsistencia de los pueblos aimaras radicados en la zona.
Espero mayor consecuencia de parte de las nuevas autoridades, pues no se puede mantener incorporada a la legislación esta Convención y, al mismo tiempo, insistir en políticas lesivas para los intereses de los pueblos indígenas del país. La consecuencia se demuestra con hechos y no con discursos, comisiones o mesas de diálogo.
Anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo aprobatorio de este Convenio.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Díaz.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , sólo deseo afirmar lo señalado por el diputado señor René García , en cuanto a apoyar toda legislación que tienda a terminar con uno de los problemas que tiene nuestro pueblo chileno mapuche: el de la discriminación o autodiscriminación que siempre hemos sufrido los chilenos, el de una nación acomplejada -no el de dos naciones, como algunos diputados han dado a entender- que nunca ha sabido reconocer sus raíces.
Junto con anunciar mi voto favorable al proyecto, debo señalar que el principal problema que aflige a nuestro pueblo chileno mapuche no está en las leyes o tratados internacionales, sino en la pobreza y, ahora, en la situación de la agricultura, pues en la primera quincena de febrero la siembra de trigo y de otros productos agrícolas de los cuales depende el sustento de estos campesinos quedó arruinada. Sin embargo, la reacción nuestra, de las autoridades y de los medios de comunicación ha sido ignorar el problema, ya que la visión de lo que aflige a nuestros campesinos chilenos mapuches es la que figura en grandes tratados internacionales, las que tienen las ONGs y los organismos que giran alrededor de este tema.
Por eso, junto con dejar en claro que debemos prestar mayor atención al problema social y económico, a la extrema pobreza que afecta a nuestros campesinos chilenos mapuches, que dependen básicamente de la agricultura, anuncio que apoyaré el proyecto en estudio, pues al igual que la iniciativa que hoy ve la Comisión de Derechos Humanos, relativo al delito de discriminación, creo que favorecerá a nuestros pueblos originarios, en especial al mapuche.
Tal como lo señaló el diputado señor Masferrer , me gustaría saber si se mantienen los compromisos que el ministro de Relaciones Exteriores mencionó en la Comisión, en cuanto a que el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas no afectará los derechos de los demás habitantes del país. En primer lugar, las discriminaciones positivas deben estar relacionadas con el nivel de pobreza y no con la raza de una persona. En segundo lugar, los derechos se reconocen a los individuos y no a los pueblos como sujetos de derecho. En tercer lugar, el reconocimiento del derecho a la tierra debe estar orientado a permitir que sea ejercido por los individuos, de conformidad con la legislación nacional y en armonía con el principio de igualdad ante la ley con los demás miembros de la comunidad nacional. En cuarto lugar, en el derecho interno el juez no tiene facultad para discriminar, en materia de sanciones penales, según la raza del individuo.
Con todas estas salvedades, que es necesario considerar, anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día. Algunos señores diputados han solicitado el acuerdo de la Sala para que los inscritos puedan hacer uso de la palabra respecto del Convenio Nº 169 por cinco minutos, para votarlo hoy.
No hay acuerdo.
Un señor DIPUTADO.-
Señor Presidente, por favor, recabe nuevamente la unanimidad.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
¿Habría acuerdo para que cada inscrito pueda hacer uso de la palabra por cinco minutos, a fin de votar el convenio hoy en la mañana?
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , lo más importante
es que hable la señora ministra.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
No hay acuerdo.
El señor AGUILÓ.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , había otra proposición que le pido que someta a consideración de la Sala: que se puedan insertar los discursos de los parlamentarios que no han hecho uso de la palabra y votar hoy. De esa manera podemos cubrir la proposición que usted ha hecho.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
No hay acuerdo, señor diputado .
Entonces, en el primer lugar del Orden del Día de mañana continuaremos el debate sobre este convenio.
Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
SESIÓN ESPECIAL CONJUNTA DE COMISIONES DE TRANSPORTES Y DE EDUCACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo. El señor Prosecretario dará lectura al Nº 380, que se encuentra pendiente y que se votará por última vez.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 380, de los señores Van Rysselberghe, Correa, Letelier, don Felipe; Jaramillo, García-Huidobro, Ulloa y Velasco.
“Considerando:
1. Que durante el año 1999 se verificaron 322 accidentes del tránsito en que se vieron involucrados vehículos de transporte escolar, lo que constituye un aumento de un 12% en relación a los accidentes ocurridos en el año 1998. Los 322 accidentes se desglosan en 180 colisiones, 51 choques, 76 atropellos, 14 caídas y un volcamiento.
2. Que producto de los accidentes antes indicados, sólo en el transcurso del año recién pasado se debió lamentar la muerte de 4 personas y la existencia de 513 lesionados, 57 de ellos graves.
3. Que el número de vehículos de transporte escolar ha tenido un fuerte incremento en nuestro país. Según cifras entregadas por la Federación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile (Fentetuch), en 1993 existían más de 10 mil vehículos destinados a este tipo de transporte, mientras que el año pasado esta cifra se incrementó a 23 mil. El promedio de traslado por furgón es de 40 pasajeros y el número de niños transportados cada año es de 920 mil.
4. Que durante el año 1999 se realizaron 1.659 controles, constatándose que un 10,1% de los vehículos escolares fiscalizados por el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes no cumplía con los requisitos exigidos para un adecuado y seguro traslado de niños a los establecimientos educacionales. Algunas de las fallas detectadas consisten en llevar el extintor descargado, conducir con licencia inapropiada e incluso revisiones técnicas vencidas.
5. A lo anterior hay que sumar que en estas mismas fiscalizaciones se detectó la existencia de cerca de 49 furgones, equivalentes a un 3% del universo de vehículos de transporte escolar, que funcionaban como clandestinos. Sin embargo, esta cifra es conservadora si se considera las cifras que maneja la Federación Gremial Nacional de Transporte Escolar y Turismo, la que asciende a un 20% (4.600 vehículos de un universo de 23.000). Incluso en ciudades como Curicó o Los Ángeles el número de vehículos de transporte escolar ilegales circulando alcanza al 40 ó 50%, según cifras de la propia Federación.
6. Que no existe un catastro nacional que determine el número de vehículos dedicados a esta actividad. Sólo se sabe que según el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes existen 22 mil revisiones técnicas que acreditan la calidad de transporte escolar, pero no se conoce la cantidad de vehículos que efectivamente están dedicados a esta actividad.
7. Que una materia tan importante como la señalada, en que está en juego la vida de muchos niños, no basta con la fiscalización anunciada por las autoridades policiales y del Ministerio, sino que resulta fundamental revisar la legislación existente y evaluar los procesos de fiscalización del cumplimiento de las medidas vigentes.
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Comisión de Transportes y Educación citen a una sesión especial conjunta destinada a analizar y evaluar la normativa vigente en materia de seguridad en vehículos de transporte escolar, su efectividad y la forma en que se fiscaliza su cumplimiento. En el desempeño de este mandato, la Comisión unida podrá citar a las autoridades que estime pertinentes, para luego informar a esta Sala de sus conclusiones”.
El señor HALES (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo, por última vez.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo
En votación.
El señor HALES (Presidente accidental).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Hernández, para plantear un asunto de Reglamento.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , solicito que recabe la unanimidad de la Sala para tratar el proyecto de acuerdo Nº 385, referido a un tema que ha originado conmoción pública, tanto en el nivel regional, en la Octava Región, como en el nacional, cual es el caso del desaparecimiento del joven Matute Johns .
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , en la misma línea, quiero señalar que todas las bancadas estamos adhiriendo al proyecto indicado por el diputado señor Hernández .
El señor HALES (Presidente accidental).-
Eso es parte de la defensa del proyecto de acuerdo. Estoy preguntando sobre observaciones de Reglamento.
Sobre Reglamento, tiene la palabra la diputada señora González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente , en el mismo contexto de lo solicitado por mi colega sobre el caso Matute, también pido la unanimidad de la Sala para que se investiguen los casos de las señoras Sonia Torrico , Gisela Melgarejo y Sara Vásquez , desaparecidas en la Primera Región .
El señor HALES (Presidente accidental).-
Diputada señora González, estamos en observaciones de Reglamento.
Hay una petición de unanimidad de la Sala para tratar el proyecto de acuerdo Nº 385, referido al caso Matute Johns.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MULET.- Reglamento, señor Presidente.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MULET.-
Señor Presidente , entiendo perfectamente la urgencia del caso Matute Johns y, por cierto, estamos de acuerdo en que se le dé prioridad; pero hay otro caso que también conmueve a la ciudadanía, cual es la situación de los mineros de Tocopilla.
Al respecto, hoy hemos presentado un proyecto de acuerdo en la Secretaría, y la idea es tratarlo con la urgencia necesaria, para pedir algunos oficios a las autoridades del sector minero.
Por lo tanto, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para tratar dicho proyecto de acuerdo.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
¿Hay acuerdo para tratar el proyecto de acuerdo en esta oportunidad, sin discusión?
Tiene la palabra el diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente , doy la unanimidad, pero como se está pidiendo considerar en forma adelantada otros proyectos, solicito que se trate el Nº 381, que sigue en la Tabla.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Tiene razón el diputado señor Leay, por lo que se tratará. Se verá en primer lugar el proyecto que corresponda.
Acordado.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE CASO MATUTE JOHNS.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 385.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 385, de los señores Ojeda, Ceroni, Ulloa, Velasco, Fossa, Ortiz, Van Rysselberghe, Salas, Barrueto y Navarro.
“Considerando:
1. Que el día 20 de noviembre del año recién pasado, desapareció misteriosamente desde un recinto bailable denominado discotheque “La Cucaracha”, el joven Jorge Matute Johns, estudiante de ingeniería forestal de la Universidad de Concepción, soltero, de 24 años de edad, por lo que desde esa fecha se desconoce absolutamente su actual paradero, como asimismo el estado y condiciones en que se encontraría.
2. Que este hecho ha provocado en la opinión pública conmoción y preocupación, dadas las características, informaciones y contradicciones que reviste el hecho mismo, sobre todo tratándose de un joven, hijo de un dirigente gremial del petróleo, que desaparece sin dejar rastro alguno, y sin existir motivo que pueda justificar una situación grave en su contra.
3. Que no obstante tratarse de un hecho policial que investigan los tribunales de justicia, en que se presume la comisión de un delito, desde su desaparición o secuestro hasta el presunto homicidio, otros antecedentes ligados a este hecho, sugieren incluso connotaciones de carácter político y/o de terrorismo o de otra naturaleza.
4. Que pese a la excelente labor que realiza la jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción que instruye el sumario, señora Flora Sepúlveda en la investigación del hecho, no ha habido claridad respecto a lo ocurrido, ni determinación de la identidad del o de los presuntos partícipes, por lo que no hay pistas que permitan disipar y establecer lo ocurrido y/o dar con el paradero del joven Matute Johns.
5. Que se ha formado en la opinión pública la impresión de que personas o grupos estarían haciendo uso o influencias que tiendan a hacer fracasar la investigación por parte de la justicia o que simplemente existirían elementos o antecedentes extrajudiciales que estarían comprometidos en los hechos.
6. Que la no resolución del caso, pese a los grandes esfuerzos, hacen dudar, también, de la eficacia de los organismos encargados de investigar y colaborar en la acción de la justicia, peligrando su credibilidad y poniendo en evidente riesgo la impunidad de un hecho de estas connotaciones, en el caso de que finalmente fuera un hecho delictivo, creándose un grave y funesto precedente.
7. Que es un deber de la Cámara de Diputados, como organismo fiscalizador el velar por el correcto funcionamiento de los servicios del Estado, controlando su actuación o constriñendo su actuar, de acuerdo con la ley y la Constitución Política de la República de Chile en resguardo de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado de Derecho que dé a las personas garantías de seguridad pública y protección.
Por este motivo es que venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de acuerdo:
Que se constituya en esta honorable Cámara de Diputados, una Comisión Especial cuyo objetivo sea el determinar de qué manera los organismos jurisdiccionales y auxiliares de la administración de justicia u otros conexos, han colaborado en la investigación del llamado “Caso Matute”. Se deberá precisar, además, si ha habido expedición y diligencia, si han intervenido o no elementos ajenos a lo judicial, que interfieran la investigación. La Comisión Especial deberá precisar también la infraestructura puesta al servicio de los organismos encargados de la investigación, recursos humanos y técnicos, y la intervención que los demás organismos del Estado han tenido para colaborar en éxito de la investigación”.
Varios señores DIPUTADOS.-
Votémoslo sin discusión.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, se votará el proyecto de acuerdo sin debate.
Acordado.
Además, solicito la unanimidad de la Sala para aprobarlo.
No hay unanimidad.
En votación.
-Durante la votación:
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta para formular una observación.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , participo de este proyecto de acuerdo, pero creo que debe suprimirse un párrafo completo, porque no podemos investigar al Poder Judicial , salvo que estemos en presencia de una acusación constitucional. Me refiero al párrafo que dice que la Comisión especial que se pide formar investigue los organismos jurisdiccionales y auxiliares de la administración de justicia u otros conexos. Creo que, en ese plano, estamos interfiriendo en las labores correspondientes al Poder Judicial . Estoy de acuerdo con la parte que habla sobre las precisiones que deberá establecer la Comisión especial respecto de la policía, así como de la infraestructura puesta al servicio de los organismos encargados de la investigación.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Nos encontramos en la siguiente situación: la Mesa está obligada a poner en votación este proyecto. Aquí se ha resuelto, por unanimidad de la Sala, que se votará sin debate. En consecuencia, usted debe votar a favor, en contra o abstenerse, porque no existe otra posibilidad.
El señor ELGUETA.-
Es que estoy señalando que se trata de un proyecto inconstitucional, señor Presidente.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Ya escuché su observación, honorable diputado .
El señor SILVA.-
Pero la Mesa se debe pronunciar sobre la constitucionalidad del proyecto de acuerdo, señor Presidente.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Está equivocado, honorable diputado , porque no me corresponde pronunciarme sobre eso, sino ponerlo en votación.
En votación.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Pido la palabra.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Honorable diputado, estamos en votación, por lo que no corresponde que le conceda el uso de la palabra.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Quiero saber qué estamos votando, señor Presidente .
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Honorable diputado , estamos votando el proyecto de acuerdo Nº 385, que acaba de ser leído por el señor Prosecretario , respecto del cual se aprobó, por unanimidad, omitir la discusión.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Pido la palabra.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Honorable diputado, no puedo concederle el uso de la palabra, porque no se abre debate en medio de una votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 19 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, no estamos votando porque el proyecto de acuerdo es inconstitucional.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Los señores diputados autores del proyecto han solicitado modificar la parte que se observó al momento de la votación.
Por lo tanto, solicito la unanimidad de la Sala para que el señor Prosecretario dé lectura al nuevo texto del proyecto, el que se votaría por primera vez.
Acordado.
El señor Prosecretario le dará lectura nuevamente.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 385, de los señores Ojeda, Ceroni, Ulloa, Velasco, Fossa, Ortiz, Van Rysselberghe, Salas, Barrueto y Navarro, que en su parte pertinente dice:
“Que se constituya en esta honorable Cámara de Diputados una Comisión Especial, cuyo objetivo sea el determinar de qué manera los organismos pertinentes han colaborado en la investigación del llamado “Caso Matute”. Se deberá precisar, además, si ha habido expedición y diligencia, si han intervenido o no elementos ajenos a lo judicial, que interfieran la investigación. La Comisión Especial deberá precisar también la infraestructura puesta al servicio de los organismos encargados de la investigación, recursos humanos y técnicos, y la intervención que los demás organismos del Estado han tenido para colaborar en el éxito de la investigación”.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Votemos sin debate, señor Presidente!
El señor KRAUSS.-
Sin debate.
El señor HALES (Presidente accidental).-
¿Habría unanimidad de la Sala para votar el proyecto de acuerdo sin debate?
No hay unanimidad para omitir la votación, pero sí para que se vote sin debate. Por tanto, llamo a votación del proyecto de acuerdo.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Señores diputados, se han solicitado dos unanimidades: para que no se discuta, es decir, para que nadie hable a favor ni en contra.
El señor KRAUSS.-
No di el acuerdo para ese objeto.
El señor HALES (Presidente accidental).-
¿Tampoco está de acuerdo en eso? Entonces, no hay unanimidad.
Tiene razón en su observación, diputado señor Krauss.
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , el 20 de noviembre del año pasado desapareció misteriosamente don Jorge Matute Johns , hecho que ha causado impacto nacional y gran conmoción pública no sólo en la ciudad de Concepción, sino que a través del país.
Por supuesto, este hecho debe ser investigado hasta las últimas consecuencias con el objeto de evitar que quede sin castigo o pueda tratarse de un acto delictivo que permanezca impune. Sería lamentable y muy nefasto para el país que sucediera eso porque se estaría creando un grave y funesto precedente.
Más grave aún es que, cuando se estaba investigando esta situación, se hayan encontrado siete u ocho cadáveres en una laguna, en Concepción. Entonces, no queremos que ocurra lo mismo con esos cuerpos que, seguramente, una vez desaparecieron y no hubo determinación de culpables.
Como organismo fiscalizador, queremos que determinemos de qué manera los organismos policiales del Estado o demás pertinentes han colaborado en la investigación con la jueza que está sustanciando el proceso; de qué forma han intervenido, si se le han suministrado todos los elementos e infraestructura necesaria para el efecto.
Por ello, queremos que se apruebe el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco a todas las bancadas el amplio consenso que han brindado a esta preocupación nacional, como ha señalado el colega que me antecedió en el uso de la palabra.
Lo que más me llama la atención y preocupa a todo el país es que, a raíz de este lamentable suceso, en la laguna donde los policías han investigado, se han encontrado, a lo menos, seis o siete cráneos o cadáveres. Esto no es algo menor, y quiero llamar la atención de la Sala, y particularmente de la opinión pública, porque, al parecer, estamos perdiendo la capacidad de asombro en esta materia.
Por eso el proyecto de acuerdo tiene tremenda importancia para que la Corporación, en el marco que le corresponde fiscalizar y apoyar, lo haga y valoro que diputados de todas las bancadas, de la Oposición y de la Concertación, estemos preocupados del tema y en buena línea para apoyar la iniciativa, por cuanto se trata de una situación que constituye un escándalo de proporción mayor.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , es difícil plantearse, en términos que pudiéramos entender, que se están formulando apreciaciones en el sentido de que pudiéramos aparecer como que estamos por escabullir la búsqueda o el respaldo para que se investigue un hecho que ha conmovido profundamente al país entero, que ha llevado al dolor más profundo y a la agonía más extensa a una familia respetable -ligada, incluso, con nuestra representación partidaria-, con la cual hemos permanecido lealmente a su alrededor: de su padre, de su madre y de su familia; o para que los culpables sean descubiertos y adecuadamente sancionados. Ninguna duda cabe respecto de que estamos en esa línea.
Sin embargo, hay que cuidar las actuaciones del Congreso Nacional, igual que la de todos los chilenos, pero más la de quienes tienen la investidura que nos corresponde, estamos abocados a respetar la normativa institucional vigente, pues desde siempre, desde los viejos principios del barón de Montesquieu, existe una separación entre los Poderes del Estado. Eso nos obliga a respetar las actuaciones que se están realizando y a no inmiscuirnos en ellas.
Expresamente, el artículo 73 de la Constitución nos señala que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
Es evidente que los considerandos del proyecto de acuerdo y su parte resolutiva conducen, inevitablemente, a que el Congreso Nacional, a través de una comisión especial investigadora, se involucra en el tratamiento de un proceso judicial tremendamente complejo y difícil.
Estamos de acuerdo en respaldar todas las acciones; reclamar por que, efectivamente, todos los organismos del Estado trabajen en forma adecuada; pero la función tiene que cumplirse dentro de los espacios institucionales correspondientes.
Por ese motivo, entendiendo cabalmente el espíritu que anima a los autores del proyecto, vamos a votar en contra porque el resultado general de la proposición, a nuestro juicio, no sólo es inconstitucional, sino también inconveniente respecto del propósito final de lograr que, efectivamente, los responsables del asesinato del joven Matute Johns sean identificados y sancionados adecuadamente.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Quedan dos minutos para hablar en contra del proyecto de acuerdo presentado, con lo cual se termina el tiempo destinado a proyectos de acuerdo.
A instancia de diversos señores diputados, solicito la unanimidad de la Sala para tratar en esta sesión los proyectos de acuerdo Nº 381 y siguientes, y votar el proyecto en debate.
Tiene la palabra el diputado Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , al inicio de la hora de proyectos de acuerdo, la Sala, previamente, dio su unanimidad para tratar los proyectos sobre el “caso Matute”, y Nº 393, respecto de Tocopilla. Entiendo que dicho acuerdo fue para discutirlos hasta su total despacho, independientemente de que nos demoremos 20 minutos o algo más.
Por eso, creo que ya existe unanimidad de la Sala para esos dos proyectos. Entonces, debe votarse el que discutimos y tratarse el correspondiente a Tocopilla, puesto que, reitero, existe consentimiento de la Cámara.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Luksic para plantear una observación de Reglamento.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , su Señoría ha solicitado a la Sala que se pronuncie sobre el conocimiento y resolución de un proyecto de acuerdo; pero ello no obsta a la misión de la Presidencia , dado que cuando se está en presencia de un proyecto de acuerdo de flagrante inconstitucionalidad, es, de oficio, no conocerlo.
He dicho.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , ¿me permite usar de la palabra en los dos minutos que restan?
El señor HALES (Presidente accidental).-
Diputado Ávila, no procede. Estoy consultando respecto del tiempo de los proyectos de acuerdo.
El señor ÁVILA .-
Usted mismo, señor Presidente , dijo que quedaban dos minutos del tiempo correspondiente a la discusión de este proyecto.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Discúlpeme; no entendió lo que informé y se lo voy a explicar después.
El señor ÁVILA .-
O su Señoría no se explica bien. Esa es la otra posibilidad.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar el tiempo destinado a proyectos de acuerdo. En verdad, la observación del diputado Mulet es razonable; pero, en rigor, yo no pedí a la Sala su unanimidad para ampliar el tiempo, sino sólo para alterar el orden en el sentido de no tratar el proyecto Nº 381, pero sí los otros dos.
¿Se entendería que la interpretación del diputado Mulet es correcta y, por lo tanto, de aprobar la Sala el tratamiento a los dos proyectos de acuerdo se subentiende que se aprueba también extender el tiempo de discusión?
¿Hay unanimidad para entenderlo así?
No hay unanimidad.
Sobre la materia, tiene la palabra el diputado José García.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , le pido que aclare cuáles son los proyectos de acuerdo que vamos a votar y despachar en esta sesión.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , estoy solicitando unanimidad para tratar los dos proyectos que leyó el señor Prosecretario , más los dos que se pusieron sobre lista.
¿Hay acuerdo de la Sala para tratarlos?
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , no tengo ningún inconveniente en dar el acuerdo; pero no sabemos cuáles son los proyectos a que se refirió el señor Prosecretario .
El señor HALES (Presidente accidental).-
Los dos proyectos solicitados, más el Nº 381.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente , entonces, quiero solicitar que, por favor, incorporemos el proyecto de acuerdo Nº 382, del diputado Sergio Velasco , relacionado con problemas sociales extraordinariamente serios para los choferes de la locomoción colectiva y es urgente despacharlo.
El señor HALES ( Presidente accidental ).
Discúlpeme, señor diputado . Me parece que lo razonable sería tratar los proyectos que hemos acordado, porque si todos los diputados consideran importantes los suyos, habría que agregarlos.
¿Hay acuerdo para agregar otro proyecto además de los tres que se van a tratar?
No hay acuerdo.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, se ampliará en 15 minutos el tiempo para despachar los tres proyectos de acuerdo mencionados.
Acordado.
Diputado Ávila, ahora sí tiene los dos minutos que solicitó para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , propongo a la Sala, por la inspiración enteramente humanitaria y muy loable -desde luego- que implica el proyecto de acuerdo, que acordemos rectificarlo de los profundos errores formales y de fondo que contiene. No prestigia a esta rama del Parlamento aprobar un proyecto en esos términos. Estoy enteramente de acuerdo con las objeciones de fondo que ha planteado el diputado señor Enrique Krauss .
En consecuencia, sugiero que se constituya una comisión, un grupo de diputados representantes de todas las bancadas, a fin de que elabore un planteamiento más acorde con la realidad de esta investigación y, fundamentalmente, no transgreda los principios básicos del ordenamiento jurídico del Estado.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Nuevamente no hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor HALES (Presidente accidental).-
No se ha alcanzado el quórum requerido.
Se llamará por cinco minutos a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor HALES (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo Nº 385.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Como no hay quórum, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
RESTABLECIMIENTO DEL PODER COMPRADOR DE MINERALES EN LA COMUNA DE TOCOPILLA.
El señor HALES (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-Proyecto de acuerdo Nº 393, de los diputados señores Mulet, Prokurica y Mora.
“Considerando:
1º Que los graves problemas que viven y que padecen pequeños y medianos mineros, desde hace más de 3 años.
2º La medida extrema que han adoptado un grupo de mineros de la comuna de Tocopilla, que ante la desesperación por la indolencia mostrada por la Empresa Nacional de Minería, en la administración de don Patricio Artiagoitía que acaba de terminar.
3º El riesgo cierto de que otros grupos de mineros que se enfrentan a situación idéntica a la de los de Tocopilla, tomen o adopten decisiones similares.
4º Teniendo presente además que urge que las autoridades del Ejecutivo que han asumido la conducción del sector minero, en especial el señor vicepresidente de la Enami y su consejo o directorio, tomen medidas urgentes para motivar un sector viable de nuestra economía.
La honorable Cámara de diputados acuerda:
1º Oficiar con urgencia al señor ministro de Economía , Minería y Energía, para que adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para restablecer el poder comprador de minerales en la comuna de Tocopilla, en condiciones similares a las de las otras zonas mineras del país”.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, en realidad lo que está sucediendo en Tocopilla, puede repetirse en otros lugares donde existen situaciones similares a las de esta ciudad.
Los pequeños y medianos mineros de las regiones Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta están viviendo situaciones graves, extremas. La Empresa Nacional de Minería, desde la administración del señor Patricio Artiagoitía , y también antes, no ha tomado las medidas conducentes a solucionar los graves problemas que aquejan a los mineros.
Existe el riesgo de que esta situación se repita en otras regiones mineras. Por eso, la Corporación debe tomar una decisión al respecto. Hoy está de por medio la vida e integridad física de quienes se han encerrado en una mina.
Teniendo presente que la asunción de las nuevas autoridades del sector, nos brinda la oportunidad de que por fin se comprenda a cabalidad el tema minero, es necesario que éstas y el directorio de la Empresa Nacional de Minería tomen las medidas conducentes a la reactivación de la pequeña y mediana minería, tan importantes en la economía de las regiones citadas con anterioridad y a las que me he referido en tantas oportunidades en esta Cámara.
En general, todos los integrantes de la Comisión de Minería han manifestado su preocupación por este problema; no sólo los autores del proyecto de acuerdo -diputados señores Mora, Prokurica y quien habla-, sino también los diputados señores Molina y Rojas, el último de los cuales está o estuvo ayer en Tocopilla, hablando con los mineros.
Por eso, pedimos que se oficie al ministro de Economía , Energía y Minería, para que se adopten las medidas necesarias tendientes a restablecer, en Tocopilla, el poder comprador de minerales que operó hasta hace unos meses, en condiciones similares a las que existen en otros lugares del país.
Se trata de que Tocopilla recupere el poder comprador de minerales que perdieron los mineros hace dos o tres meses, por una decisión del vicepresidente que acaba de dejar su cargo.
Por último, agradezco la unanimidad de los parlamentarios para tratar el proyecto de acuerdo en esta ocasión.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, el drama de cuatro mineros que se han sepultado vivos en Tocopilla debe preocupar a la honorable Cámara.
El proyecto de acuerdo no tiene color político. Es producto del trabajo de la Comisión de Minería. Sin embargo, no puedo perder la oportunidad de decir que el drama que viven los pequeños mineros del país es responsabilidad de los gobiernos de la Concertación, que han impedido que este sector salga adelante.
La medida que se aprobó en febrero recién pasado fue la gota que rebasó el vaso. Los pequeños mineros no pueden sustentarse ni vivir con las tarifas que se fijaron. La pequeña minería es importantísima para el país, y quienes la conforman sólo conocen el pirquén para trabajar.
Por eso, solicito a los colegas que aprobemos el proyecto de acuerdo, de manera que se pueda intervenir en esta situación.
He dicho.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo es bueno y viable. Pero ¿por qué no se exige a Cotrisa que compre a los agricultores el trigo que se les nació o a Indap que adquiera las papas a los productores de la zona costera de la Novena Región, a los cuales se les ofrece nada más que dos mil pesos por saco?
El problema no sólo es de los pequeños mineros. Son muchos los sectores afectados. ¿Será más fácil que los mineros se taponeen en una mina o que los agricultores se metan debajo de un saco de trigo o de papas? ¿Acaso los agricultores no tienen las mismas necesidades que los mineros? Se picotean los problemas. El caso de la agricultura de la Novena Región también debiera incorporarse en estos proyectos de acuerdo.
Los agricultores y los mineros tienen los mismos derechos. Por eso, el proyecto de acuerdo que se debate representa únicamente a un sector, y me abstendré. No lo votaré en contra porque aprecio a los mineros y creo en la justicia de lo que hacen.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor HALES (Presidente accidental).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo número 381.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-Es de los señores Prokurica, Vilches, Valenzuela, Leay, Longton, Mulet, Mora y Bertolino y de la señora Pérez, doña Lily
“Considerando:
1º Que mediante oficio Nº 04644, de fecha 8 de febrero próximo pasado, el Contralor General de la República ha transcrito al Presidente de esta Cámara de Diputados, el dictamen emitido en relación a las actuaciones realizadas por diversas empresas públicas, tendientes a impedir la aplicación de los artículos 9 y 10 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
2º Que en el referido dictamen, el Contralor General reitera y ratifica la jurisprudencia administrativa existente, en lo que a esta materia interesa, en el sentido de que la administración del Estado se encuentra constituida, entre otros servicios, por las empresas públicas creadas por ley.
3º Que en el mismo documento se señala que a algunas empresas estatales que no han proporcionado los informes y antecedentes requeridos por esta Cámara, como lo ordena el artículo 9 de la ley antes citada, se les ha aplicado el procedimiento sancionatorio contemplado en el artículo 10 de la misma ley, sin que se haya informado del cumplimiento efectivo de lo resuelto.
4º Que también se consigna en el mencionado dictamen que dos de las empresas estatales sancionadas, además de no cumplir lo resuelto, han interpuesto, respecto de los indicados procedimientos, demandas en juicio ordinario de mera certeza, dirigidas en contra de la Contraloría General.
5º Que el Contralor General señala que tales acciones tienen por finalidad el obtener que se declare judicialmente que los artículos 9 y 10 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, no son aplicables a las empresas públicas recurrentes.
6º Que a juicio del titular de la entidad contralora, tal actitud reviste la mayor gravedad, toda vez que, más allá de la implícita falta, consistente en que organismos de la Administración del Estado se resistan a proporcionar los informes y antecedentes que les son requeridos en conformidad con el ordenamiento jurídico, lo que en definitiva se pretende con las referidas demandas es que un Juzgado de Letras resuelva, con carácter vinculante, el alcance de las atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso confiere a las Cámaras y sus organismos internos, esto es, a otro poder del Estado, sin que este otro poder del Estado sea debidamente emplazado.
7º Que el Contralor General concluye en su dictamen que ha adoptado las medidas de coordinación correspondientes con el Consejo de Defensa del Estado, para que esgrima, en el ámbito judicial, las defensas jurídicas necesarias, con el objeto de que las atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional confiere a sus cámaras y organismos internos, sean debidamente resguardadas.
8º Que lo expuesto en el referido dictamen y que sucintamente se ha descrito, no sólo reviste la mayor gravedad, como lo asevera el Contralor General, sino que, además, resulta inaceptable, por cuanto con dicha actitud, determinadas empresas estatales, a través de sus agentes, pretenden, mediante el expediente de emplear la vía judicial, hacer tabla rasa de las facultades de que está investido este Poder Legislativo.
9º Que de este modo, se hace necesario que el Presidente de la República , en su calidad de Jefe Superior de la Administración del Estado , asuma esta insólita situación y, en consecuencia, instruya a los presidentes y/o directores de las empresas estatales -en su carácter de funcionarios de su exclusiva confianza- para que cumplan en forma irrestricta las disposiciones legales que los obligan a proporcionar informes y antecedentes a este Congreso, sin que les sea permitido desvirtuar la letra y el espíritu de la ley, mediante el ejercicio de acciones judiciales que sólo constituyen maniobras dilatorias, destinadas a burlar las claras atribuciones de que está investido el Poder Legislativo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Cámara acuerda:
Oficiar al señor Presidente de la República , con el objeto de que instruya a todos los presidentes y/o directores de empresas estatales, con el objeto de que den estricto cumplimiento a las normas contenidas en los artículos 9 y 10 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, a fin de que las atribuciones del Poder Legislativo sean debidamente respetadas y resguardadas, absteniéndose, en consecuencia, de ejercer acciones judiciales que sólo tienen por finalidad burlar tales prerrogativas”.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , con parlamentarios de la Comisión de Minería, hemos presentado este proyecto de acuerdo ante la insólita situación de la que hemos tomado conocimiento a través de un dictamen reciente de la Contraloría General de la República y cuyos antecedentes más relevantes se describen en su parte considerativa.
Resulta absolutamente inaceptable e ilegal y extremadamente grave que los ejecutivos de empresas estatales, además de resistirse a proporcionar los informes y antecedentes a que legalmente están obligados, no cumplan efectivamente con las sanciones pecuniarias que la entidad contralora, en este caso la Contraloría General de la República, les imponga de acuerdo con los artículos 9º y 10º de la ley orgánica del Congreso Nacional. Asimismo, que pretendan desconocer disposiciones de claro tenor, establecidas en el mismo texto legal, y que, por ende, no admiten interpretaciones antojadizas, pese a lo cual ejercen, en forma absolutamente abusiva y fuera de contexto, acciones judiciales destinadas a desvirtuar el espíritu de la ley.
La situación reviste la mayor gravedad, si se considera que hemos tomado conocimiento de esta absurda actitud a través del dictamen del ente contralor, sin que esta Corporación haya sido debidamente emplazada. El propio Contralor ha debido requerir al Consejo de Defensa del Estado para que asuma la defensa judicial pertinente para que las facultades del Poder Legislativo sean debidamente resguardadas.
Esta situación no puede calificarse sino de aberrante, sin precedentes en nuestra historia parlamentaria, y, por cierto, constituye un deliberado atropello a las atribuciones del Congreso Nacional, que ninguno de sus miembros puede ni debe aceptar.
La Contraloría General de la República cita en su dictamen más de diez pronunciamientos anteriores, en que se ha establecido, inequívocamente, que las empresas estatales son parte de la Administración del Estado y, por lo tanto, sus agentes están obligados a dar cumplimiento a las normas de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Es obvio que los ejecutivos de dichas empresas o, al menos, sus asesores legales, deben tener cabal conocimiento de esta jurisprudencia administrativa. Sin embargo, insisten en desvirtuar el espíritu de la ley mediante estas verdaderas tinterilladas que obligan al Consejo de Defensa del Estado a defender y resguardar nuestras facultades. Algo digno de Ripley.
Por esta razón, se hace necesario e indispensable que el Presidente de la República asuma esta situación e instruya a todos los ejecutivos de empresas estatales respecto a que abandonen esta actitud y den cumplimiento irrestricto a lo establecido en la ley, de manera que no se repitan estos hechos absurdos, que convierten en letra muerta las atribuciones que nos corresponden como Poder Legislativo y que atropellan nuestra dignidad parlamentaria, por lo cual insto a nuestros colegas a aprobar por unanimidad el proyecto.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente , quiero hacer presente, simplemente, que apoyaré esta iniciativa porque está en juego el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados.
El problema no sólo dice relación con Codelco, sino que también hemos tenido dificultades con el Banco del Estado y otros organismos de esa naturaleza, de los cuales ha sido imposible obtener respuestas a las consultas que se les han formulado.
Incluso, hace dos años oficié al Banco del Estado para pedirle algunos antecedentes. Como no me los envió, recurrí a la Contraloría, que impuso una multa al presidente de esa institución bancaria. Así y todo, hasta la fecha, aún no he recibido respuesta a dichos oficios.
Considero sumamente importante representar esta situación al Presidente de la República , por cuanto, en aras de una mayor transparencia y de un buen funcionamiento, las empresas autónomas del Estado necesitan ser fiscalizadas por la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Terminada la hora de votación de los proyectos de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
VIII. INCIDENTES
ANTECEDENTES SOBRE MERCADO ARROCERO. Oficio.
El señor HALES (Presidente accidental).-
En incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , en estos días los agricultores arroceros del país están iniciando sus cosechas. La producción de arroz está centrada, fundamentalmente, en la Séptima Región y parte de las Sexta y Octava Regiones. La comuna con mayor producción de arroz es Parral.
Existe gran preocupación de los agricultores, debido a los bajos precios que se anuncian para el arroz en este año. Se habla de alrededor de 9.500 pesos, valor que, de concretarse y hacerse efectivo, causaría un enorme perjuicio a los productores, ya que en la mayoría de los casos no obtendrían utilidades en sus cosechas.
El mercado del arroz es muy poco transparente, en particular, porque existen muy pocos poderes compradores, muy pocos molinos que lo compren y la posibilidad cierta de que se concierten al momento de establecer su precio.
Por otra parte, siempre hemos estado expuestos a recibir importaciones de arroz que, a veces, vienen subsidiadas, con la agravante de que, en la actualidad, algunos supermercados, concretamente el Líder, compran arroz en Argentina y en otros países, de muy mala calidad, que envasan y venden a muy bajo precio.
Para lograr que este mercado sea transparente y fiel reflejo de lo que corresponde, se hace necesario que el Gobierno se preocupe de esta materia, razón por la cual pido que se oficie al ministro de Agricultura , con copia de mi intervención, primero, para que ordene realizar un análisis previo sobre la posible existencia de una concertación o acuerdo en los precios de parte de los poderes compradores; segundo, para que informe si existen arroces importados en esta temporada, con posibles subsidios, y tercero, para que se investigue a los supermercados que envasan y venden arroz elaborado, a fin de determinar si cumplen con la normativa establecida para ese efecto.
He dicho.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo , José Miguel Ortiz, Iván Mesías , Patricio Hales , Pablo Lorenzini , Carlos Vilches , Jaime Jiménez y Eugenio Tuma
INVESTIGACIONES EN INDUSTRIAS CONTAMINANTES. Oficios.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , al comenzar mi intervención, pido que se oficie al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente , a la ministra de Salud , a la ilustre Municipalidad de Independencia, con el objeto de entregarles los antecedentes que señalaré, y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Alguien debe poner orden en la relación armoniosa que tiene que existir en las ciudades entre industrias y viviendas habitacionales; entre los que en un mismo sector ofrecen trabajo y quienes tienen una casa para vivir con su familia, descansar, dormir y lograr una adecuada calidad de vida.
Alguien tiene que poner orden en este tema, porque quienes queremos que la gente viva bien en las ciudades, no propiciamos la desaparición de las industrias, sino su ordenación en armonía y en una adecuada relación.
De acuerdo con antecedentes que conocemos respecto de lo que día a día sucede en las ciudades que progresan, al final la gente comienza a odiar ese progreso porque afecta su vida diaria. Así pasa en todas las grandes ciudades de Chile y, sobre todo, en Santiago, donde está la mayor cantidad de concentración industrial.
Es necesario poner orden en esto, porque la gente tiene derecho a vivir bien y tener sus fuentes de trabajo. Chile no es Suecia, donde hay un vertedero y un procesador de basura en pleno centro de Estocolmo, al lado de edificios habitacionales. Pero eso ocurre en tal grado de condiciones tecnológicas que el vertedero parece que fuera una clínica. No sólo no emite olor, sino que, además, al procesar la basura se obtiene alcohol y parece una industria más en la que nadie sabe qué pasa adentro. Nadie ve una basura.
En Chile, en cambio, nuestro progreso es anárquico, desordenado. En Independencia, la industria Maderama ha hecho un enorme esfuerzo por resolver los problemas en el barrio de Mirador Viejo, que se han prolongado por mucho tiempo, sin que todavía los resuelva.
Tengo en mi poder cartas de Irene Ibarra, Inés Pizarro , Óscar Villagrán , Carlos Sáez , en fin, de distintos ciudadanos, que firman y firman solicitudes para que en Nueva Tres o Nueva de Matte se elimine el polvillo del aserrín que permanentemente entra en sus casas o el ruido que emite la empresa. La industria ha progresado, pero no ha resuelto todos sus problemas. Peor es el caso de lo que está sucediendo con la empresa Ecogroup.
Pido también que se incluya copia de mi intervención al oficio que se dirija a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama , y al Servicio de Salud Metropolitano, con el objeto de que conozcan los argumentos que hacemos valer para pedirlos. Queremos que nos acompañen a ese barrio y vean qué está pasando allí después de las investigaciones que se han hecho.
En 1999, el Servicio de Salud del Ambiente investigó una denuncia de los vecinos. A pesar de ello, tengo en mi poder los antecedentes de centenas de vecinos del sector que hoy reclaman por lo que está sucediendo con una empresa que, a través de un sistema extraordinario, tiene la habilidad de dar trabajo procesando tarros de bebida para transformarlos en aluminio, que luego lo vende a la industria pesada. Es indudable que se debe promover la instalación de este tipo de fuentes laborales en los barrios, porque además de hacer reciclaje da trabajo a un gran número de personas; ello, siempre que las condiciones de producción no afecten la salud y la vida de los vecinos. Es importante que existan más industrias en los barrios, pero sus actividades deben estar normadas y su tecnología debe ser adecuada.
¿Por qué es necesario realizar una nueva investigación? Hay que recordar que debido a denuncias hechas el año pasado, el 24 de noviembre de 1999 el Servicio de Salud del Ambiente llevó a cabo una investigación, dejando al parecer todo en orden. Sin embargo, en enero de 2000, el alcalde , don Antonio Garrido , solicitó al Servicio de Salud del Ambiente una nueva investigación.
El 5 de marzo de 2000, en una reunión que tuve con algunos vecinos del sector, don Mario Avello Sánchez me señaló que sentía acidez en la garganta, un olor tipo cloro, había humo negro en las habitaciones; una madre dijo que a su hijo Joel le dolía la guatita; otra vecina expresó que su piscina se llenaba de pelusilla; don Miguel Ángel Alzérreca y los señores Urbina , Garcés y Atencio manifestaron que no habían podido comer la uva de sus parrones; otro me dijo que trabajaba de noche y que trataba de dormir hasta las dos de la tarde durante el día, pero, desgraciadamente, despertaba con náuseas producidas por los gases que entraban a su casa; don José Soto me dijo, con tristeza: “me cambié hace 25 años para vivir tranquilo, y se ha instalado en el barrio esta industria que no me permite la más mínima calidad de vida”.
Es increíble que el 5 de marzo de 2000 se hayan quejado conmigo por lo que les estaba ocurriendo, cuando en enero de 2000 se llevó a cabo una nueva investigación y cuando en el informe del Servicio de Salud del Ambiente, de 24 de noviembre de 1999, se establece que el taller que generaba el ruido fue retirado, las máquinas se anclaron, rebajando notoriamente la vibración en su entorno; otros elementos fueron dotados de las protecciones adecuadas, los ductos fueron reemplazados por filtros y que el sonómetro Quest 2.800, determina que los niveles de ruido no sobrepasan la norma. Además, el inspector del Servicio de Salud del Ambiente expresó que, después de la investigación, los vecinos le señalaron que la industria ya no les ocasionaba molestias ni los perjudicaba. Es decir, sólo faltaba que el Servicio de Salud del Ambiente declarara que las actividades de la industria Ecogroup poco menos que limpiaban los bronquios, la vista, el aire y que los vecinos estaban contentos.
En consecuencia, si en noviembre de 1999 el Servicio de Salud del Ambiente emitió un informe en tal sentido, no es posible que en marzo de 2000 los vecinos nuevamente estén reclamando. Algo funcionó mal: o fue mala o insuficiente la inspección, o todos los vecinos han entrado en una psicosis colectiva, incluidos el municipio y el diputado que habla.
Por lo tanto, pido a cualquier persona que escuche esta intervención que vaya a ver lo que pasa en Mirador Viejo, lugar donde los vecinos están afectados por esta situación. ¡Hasta cuándo vamos a tener que vivir este tipo de situaciones! Alguien ha dicho que la solución es que se vayan las industrias. ¡No es así! La solución está en implementar las industrias con la tecnología adecuada a fin de que puedan convivir industrias y vecinos en la mejor forma posible, ya que además existe una gran necesidad de trabajo, y es obvio que esto trae un gran progreso económico a la comuna, ya que estas industrias pagan patente, con lo cual fortalecen el municipio además, se genera la ventaja de una mayor seguridad ciudadana. En todas partes del mundo se ha comprobado que cuando se tienen barrios mixtos, es decir, con dos funciones, por ejemplo, comercio y habitación, o industria y habitación, hay menos delincuencia por mayor presencia; en cambio, en los barrios uniformes, sólo dormitorios, la gente se ausenta durante el día y el sector queda abandonado; por lo tanto, las probabilidades son mayores de que sea atacado por delincuentes. Las zonas industriales sin habitación sólo se ven ocupadas durante el horario en que funciona la industria. Con un sistema mixto, el barrio se ve ocupado día y noche por sus habitantes, lo que hace más difícil que pueda actuar la delincuencia; pero no es posible que los vecinos tengan una calidad de vida atroz, como la que enfrentan en este momento esas personas.
Aun cuando ésta es una situación que se extiende a todas las ciudades del país, en esta ocasión se debe asumir el problema con un estudio caso a caso, a fin de que los vecinos tengan la posibilidad de vivir en armonía. Incluso, están conscientes de que estas industrias generan trabajo para la comuna, por eso están contentos de tenerlas en sus barrios, pero siempre y cuando no les provoquen problemas graves de salud. Lo único que estos vecinos quieren es que las industrias procesen adecuadamente sus productos y no que se retiren a otro lugar.
Agradezco al Comité del Partido Socialista por haberme cedido su tiempo.
He dicho.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Mesías, Lorenzini , Van Rysselberghe , Díaz y Tuma .
PROGRAMA UNIVERSIDADES-GOBIERNOS REGIONALES. Oficios.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor Mesías.
El señor MESÍAS.-
Señor Presidente , el Programa Universidades-Gobiernos Regionales, creado hace un lustro por el Gobierno que acaba de completar su mandato, ha tenido significativos logros en el proceso de descentralización y regionalización del país, aunque aún falta mucho por hacer.
La cooperación creciente entre las universidades y los gobiernos regionales ha contribuido a profundizar la conciencia sobre la regionalización, a visualizar sus dificultades y escollos, a crear o desarrollar una intelectualidad regional hoy más inclinada a abrir caminos, a fortalecer la institucionalidad regional y a capacitar mejor a sus funcionarios a través de iniciativas curriculares o realización de diplomados, a producir aportes teóricos especializados de indudable valía, a desarrollar expertos, a proponer soluciones, a detectar los grandes problemas, a criticar las propias debilidades o retrasos y a desnudar las insuficiencias. El curso de esta cooperación nos hace confiar en que muy pronto se pueda contar con cátedras universitarias de regionalización.
La universidad es potencialmente la principal fuerza productiva en el nuevo modelo de desarrollo, basado en el conocimiento y la información.
Las universidades regionales, sin perder su carácter universal, tienen un rol fundamental que cumplir desde la propia realidad donde están insertas. Por eso, aplaudimos con entusiasmo lo obrado hasta ahora y las proyecciones que se visualizan.
Durante el año recién pasado se constituyeron cinco comisiones de trabajo del programa para abordar:
a) Estrategia de desarrollo regional.
b) Globalización e internacionalización de las regiones.
c) Educación superior, ciencia y tecnología para el desarrollo regional.
d) Cultura, artes y patrimonio.
e) Los temas jurídico-institucionales y económico-financieros de la regionalización y descentralización.
En la Octava Región, el Programa Universidades-Gobiernos Regionales ha funcionado con creciente interés y participación. A lo ya ejecutado mencionaremos:
1. Programa de tesis de grado.
Este programa se encuentra en la etapa de ponerlo en ejecución a contar del presente mes y comprenderá sesenta tesis en el año con las cuatro universidades del programa: de Concepción, del Biobío, Católica de la Santísima Concepción y Técnica Federico Santa María . En un proyecto aparte participa la Universidad San Sebastián.
2. Proyecto de biotecnología con la Corfo y la Universidad de Concepción. En etapa de gestación.
3. Proyecto destinado a la pequeña y mediana empresa con la Universidad de Concepción. En etapa de gestación.
4. Programa de estudiantes en práctica de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Participan las facultades de arquitectura de las universidades de Concepción y Biobío. En etapa de ejecución.
5. Programa de capacitación a municipalidades para planos reguladores. En etapa de gestación.
6. Iniciativas en desarrollo.
a) Control o certificación de calidad de productos agroindustriales con las universidades de Concepción.
b) Tecnologías del mueble y la madera, con Sercotec y Universidad del Biobío.
c) Pequeña y mediana empresa, con todas las universidades.
d) Producción limpia, con Corma, Universidad de Concepción y Conama.
e) Con Conama y facultades de arquitectura de universidades de Concepción y Biobío.
Finalmente, está el proyecto para promover las inversiones en la Región del Biobío, entre la Universidad de San Sebastián, Corfo y la Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción, Asociación Gremial. Interesante proyecto de dos instituciones privadas con la Corporación de Fomento.
Asimismo, debemos consignar que se han establecido contactos con diversos países. Por ejemplo, con Francia, región de Lorena, acuerdo de cooperación muy adelantado; con China, convenio firmado, y con Alemania, borde costero, GTZ, convenio en ejecución.
En resumen, estamos en presencia de una herramienta muy eficaz para contribuir al crecimiento sostenido de la gran empresa, privilegiando los intereses regionales y borrando aceleradamente la enorme disparidad aún existente.
La estrecha colaboración de los gobiernos regionales con las universidades creará las condiciones para acceder a un mayor equilibrio nacional y a un desarrollo más armónico que permitirá plasmar una realidad regional más justa y más digna para sus esforzados habitantes.
Señor Presidente , le agradezco el tiempo que me ha dispensado, y pido que se oficie al ministro del Interior y al subsecretario de Desarrollo Regional , acompañando copia de mi intervención.
He dicho.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PAÍS. Oficio.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
El tuno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el honorable diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , durante muchos años, diversos parlamentarios, en particular quienes representamos a las provincias de Valdivia y Arica, hemos venido reclamando por la rigidez y antigüedad del actual sistema de regionalización del país, que lo divide en trece regiones, el cual ha permanecido invariable desde su creación, hace 25 años.
Los profundos cambios producidos en Chile durante ese largo período, tanto en población como en desarrollo económico, social y político, unidos al fenómeno de la globalización e integración, hacen que la actual estructura regional rigidice y entrabe la administración y coordinación de los sectores público y privado, demorando la toma de decisiones y dañando la eficiencia, lo que perjudica la competitividad regional y al país como un todo.
Por lo tanto, es urgente modernizar y flexibilizar la estructura regional para corregir las fallas que se evidencian hoy día, y así lograr una nueva estructura que facilite el desarrollo de las regiones y mejore su competitividad. Esta modernización necesariamente requiere, entre otras medidas -así lo han planteado Arica , Parinacota y Valdivia -, aumentar el actual número de regiones.
El Presidente de la República expresó durante su campaña electoral que era necesario crear una comisión que en un plazo de 90 días analizara el tema de la estructura regional y propusiera una reforma o redefinición que corrigiera sus problemas y fortaleciera su eficiencia, lo que podría servir como base de apoyo a un proyecto de ley de reforma constitucional que sería enviado al Congreso Nacional, satisfaciéndose así una demanda regional largamente solicitada: la necesidad de que una comisión recoja las inquietudes, planteamientos y esperanzas de una ciudadanía regional que vive al amparo de una estructura administrativa que nunca le fue consultada.
Por eso, en nombre propio y del diputado Salvador Urrutia , pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República , a fin de que, en cumplimiento del compromiso contraído con las provincias de Arica y Valdivia , se conforme esa comisión a la mayor brevedad posible, con el objeto de que realice el estudio pertinente, elabore un proyecto de reforma constitucional y proponga las medidas administrativas que se requieren para materializar la nueva estructura administrativa del país.
He dicho.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los honorables diputados señores Lorenzini y Jiménez .
PRIVATIZACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SÉPTIMA REGIÓN Y MODIFICACIÓN DE ACTUAL MARCO TARIFARIO. Oficios.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable diputado señor Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, en las últimas semanas hemos visto que a pesar de que un pueblo organizado ha hecho presentes sus aspiraciones, ese mismo pueblo no ha sido escuchado.
Me refiero a la situación de Essbío, Empresa de Servicios Sanitarios de la Región del Biobío. Allí se invitó a todos sus habitantes a participar en un cabildo municipal y a una consulta que se realizará en mayo próximo, a fin de que expresen su opinión respecto de la procedencia de la privatización de esa empresa sanitaria. Allí partieron tarde porque la decisión estaba tomada, pero no queremos que suceda lo mismo con la Empresa de Servicios Sanitarios del Maule, Essam , de la Séptima Región.
El Presidente de la República , en cuya campaña participamos todos para que nos dirigiera durante los próximos seis años, dijo: “Voy a escuchar a la gente”. Eso es lo que queremos: que el Presidente escuche a la ciudadanía. Desde ayer los propios dirigentes y trabajadores de Essam, en respuesta a una invitación a la ciudadanía del parlamentario que habla, se reunieron en la Plaza Cienfuegos, de 11 a 13 horas, para recolectar firmas. Pues bien, recogieron más de 3 mil firmas en dos horas y sólo en Talca, que es una de las treinta comunas de la región.
Nuestra aspiración es reunir para el viernes -es decir, pasado mañana- 7 u 8 mil firmas para entregárselas personalmente al Presidente de la República , que tendremos el agrado de que nos visite para la inauguración de la Feria Internacional de Talca , Fital . Allí le diremos: “ Presidente , ésta es la opinión de la ciudadanía expresada en tres o cuatro días”.
Todo esto, porque todos hemos visto lo que sucedió con el tema tarifario y la reciente fijación de tarifas para Emos y Esval . Lo decía el propio superintendente, que ha sido confirmado: “Dada la gran diferencia entre los planteamientos de la empresa y la superintendencia, se recurrió a la comisión de peritos. Al final, la cifra resultante -dice el superintendente-, si se mira grosso modo, concuerda más con las cifras de la Superintendencia que con las de las empresas”.
Estamos hablando del cobro de tarifas a todos los chilenos -yo me estoy refiriendo sólo a las de la Séptima Región-, las cuales concuerdan más con las de la Superintendencia que con las de las empresas. Miles de millones de pesos no pueden ser concordados. El sistema tarifario vigente, aprobado por el Parlamento hace algunos años, debe ser modificado. Hay que volver a reglamentar; no pueden existir tantas interpretaciones de la ley, tantas posibilidades de que intervengan los peritos. Me han informado que cada uno de los tres peritos cobró 57 millones de pesos por realizar el estudio que demoró un par de meses -no sé quién paga eso-, pero el punto es que el marco regulatorio tarifario debe ser cambiado.
La empresa Essam , de la Séptima Región, es eficiente; acaba de licitar la planta de tratamiento de aguas de Curicó, y si se compara la mayor con la menor de las sumas ofrecidas por los postulantes, podremos ver que éstas van de 4.658 millones de pesos a 8.172 millones de pesos; es decir, casi el doble. La actual administración nos garantiza que se eligió la más baja. También nos decían que cuando estuvieran los privados, las tarifas iban a ser negativas; pero ya vimos lo que pasó. ¿Qué vamos a hacer mañana, cuando estas plantas de tratamiento, en vez de 4 mil millones nos cuesten 8 mil millones? La empresa tiene un patrimonio de más de ochenta millones de dólares. Necesitamos diez, doce o catorce millones para las plantas de tratamiento en los próximos siete u ocho años. Reitero que se trata de una empresa sin endeudamiento y con gran rentabilidad.
Queremos que el Presidente de la República nos escuche y tener la oportunidad, no como sucedió en Essbío con posterioridad, de defender, con nuestros técnicos, nuestra empresa regional.
En ese sentido, pido que se oficie al ministro de Economía para que, por su intermedio, el Consejo de la Corfo y el presidente del SAE , sistema de administración de empresas, nos informen cuál es hoy la situación de los planes privatizadores para la empresa sanitaria de la Séptima Región. También que se estudie la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de ley a fin de modificar el actual marco tarifario para las empresas sanitarias.
Asimismo, con todo respeto, pido que se oficie al Presidente de la República para que considere la posibilidad de congelar la privatización de la empresa sanitaria de la Séptima Región hasta que tengamos un marco tarifario adecuado y se hayan escuchado los argumentos de la gente.
La gran ciudadanía maulina quiere opinar. No estamos en contra de las privatizaciones, sino por un proceso claro, pero que la gente participe de una empresa que tiene un patrimonio regional y que hoy constituye un baluarte en la defensa de las zonas rurales, las más pobres de nuestro país. Confiamos en que este viernes, cuando el Presidente de la República se encuentre en Talca, reciba estas firmas que avalan esta posición, la que, además, es concordada por el senador señor Gazmuri y los diputados señores Aguiló y Gutiérrez .
En resumen, este tema es regional y debemos tener la oportunidad de conversarlo. La respuesta está en las más de tres mil firmas recolectadas en tan sólo dos horas en una de las treinta comunas de nuestra región. A esa gente debemos escucharla: que ella decida.
He dicho.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
AMPLIACIÓN DE BERMAS EN CAMINO MELIPILLA-BOLLENAL. Oficios.
El señor HALES (Presidente accidental).-
En el tiempo de nueve minutos y cinco segundos que restan a la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , voy a hacer uso de la palabra para describir una situación que tiene que ver con los costos del progreso y que dice relación con una obra de pavimentación o de recuperación de un camino que se está haciendo en la comuna de Melipilla, que une la parte urbana de esa localidad con el sector rural de Bollenal.
Este camino, que en una primera etapa ya había sido asfaltado hace algunos años, ha cumplido su vía útil. El Ministerio de Obras Públicas, dentro de la obligaciones que tiene de conservar los caminos, ha destinado una cantidad importante de recursos para la recuperación de esa vía.
Por ese camino transitan muchas personas de distintas localidades, desde el cajón de Mallarauco, parte de Chorombo, de comunas vecinas de Curacaví, de María Pinto , hasta parte de Melipilla. De manera que es una vía con bastante flujo vehicular; también, en los tramos que atraviesan diversas localidades, existe mucho tránsito o desplazamiento peatonal.
Por ello no podemos dejar de hacer uso de esta tribuna para llamar la atención sobre una situación que, a lo mejor, tiene que ver con muchos de esos proyectos que se realizan en zonas rurales de nuestro país. Muchas veces se piensa que se soluciona el tema de un camino tirando una capa asfáltica para que puedan transitar sin mayores problemas los vehículos; pero no se preocupan, o no hay la suficiente diligencia o delicadeza en brindar comodidades a los peatones, a las familias que deben desplazarse, ya sea para que las dueñas de casa puedan comprar, los jefes de hogar vayan al trabajo o para que los niños caminen cuando van a su escuelita rural. Entonces, lo deben hacer por la misma vía donde transitan los vehículos, porque no se ha dejado berma, el espacio suficiente para que puedan transitar a pie o en bicicleta, como se hace habitualmente en estos sectores rurales.
A raíz de estas reparaciones que se están realizando, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para solicitarle dos cosas:
En primer lugar, aprovechando la iniciación de las obras de reparación, la cual se encuentra en la etapa de sacar la antigua capa de asfalto para colocar la nueva, solicito que se destinen los recursos suficientes y se modifique el proyecto para que se considere la construcción de una amplia berma que permita a la gente transitar, sin poner en peligro su vida, porque, hasta el día de hoy, utiliza el camino por el que se desplazan los vehículos. Además, para que en esa misma berma se habilite un espacio para el desplazamiento de bicicletas.
Me estoy refiriendo a obras que es necesario considerar en forma urgente, ahora que se están desarrollando los trabajos de reparación del camino.
En segundo lugar, solicito que se adopten las medidas administrativas pertinentes por parte del MOP, con el objeto de que instruya a la empresa constructora para que estas reparaciones, que ya han comenzado hace algunos días, se efectúen de manera diligente, porque hay una infinidad de cortes en el trayecto, lo cual hace, muchas veces, que las personas que transitan por esas localidades deban esperar largo tiempo tras las casetas camineras que se instalan para poder continuar su trayecto, por cuanto no existe ningún tipo de tecnología, sino sólo bandereros.
Asimismo, solicito al ministro de Obras Públicas que, aparte de habilitarse amplias bermas para el tránsito peatonal y de bicicletas, se realicen by pass que permitan a la gente, mientras se efectúa esta reparación del camino de Melipilla a Bollenal, transitar sin ningún tipo de dificultades, como las que está sufriendo hoy con la congestión, lo cual no sólo ocasiona molestias, sino que agrava el cumplimiento de ciertos trámites, como ir al hospital, lo que no puede hacer por este grado de dificultad.
He dicho.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por el diputado señor Jiménez, con la adhesión de los diputados señores Díaz , Van Rysselberghe , Vilches y Lorenzini .
En el tiempo del comité del Partido Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
RESULTADO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE HECHOS DELICTUALES EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina .
El señor ESPINA .-
Señor Presidente , a comienzos de esta semana, junto con el presidente de Sideco , don James Raby , dimos a conocer un trabajo de investigación en terreno respecto de lo que había ocurrido con los principales casos de robos, asaltos y hurtos cometidos en locales comerciales y casas particulares en la Región Metropolitana, durante los años 1998 y 1999, publicados por los medios de comunicación.
Este trabajo tuvo por objeto conocer, de acuerdo con la información proporcionada por cada una de las víctimas, las características que rodearon la perpetración de estos delitos, los hechos ocurridos con posterioridad a su comisión y la forma en que han actuado las instituciones policiales y los tribunales de justicia para el esclarecimiento de los mismos.
La investigación se realizó como consecuencia del aumento sostenido que, durante los últimos años, han tenido los robos con violencia o con intimidación en las personas y los robos con fuerza en las cosas perpetrados en establecimientos comerciales y casas particulares.
Se tomaron como base para esta investigación los casos de robos y asaltos cometidos en locales comerciales y casas particulares durante los años 1998 y 1999 en la Región Metropolitana y que, por su gravedad, causaron, en su momento, conmoción pública, razón por la cual fueron difundidos a través de los medios de comunicación.
La metodología del trabajo consistió en tomar toda la información que los medios de prensa habían difundido respecto de los robos y asaltos en los dos últimos años; hacer un catastro con esos delitos y, posteriormente, con un equipo de jóvenes ir a terreno supervigilados por el suscrito y entrevistarse con cada una de las víctimas de estos delitos para saber qué había ocurrido. Hubo casos en que no fue posible tomar contacto debido a que las víctimas habían cambiado de domicilio, muchas a raíz de los reiterados asaltos de que habían sido objeto y otras, especialmente de casas particulares, no quisieron hablar ni referirse más al tema.
Quiero dar a conocer los resultados de este trabajo de investigación. En definitiva, fueron 144 asaltos perpetrados de un catastro que involucraba mayor número de delitos, pero, como he señalado, no pudimos contactar a las personas. ¿Cuál es el resultado de este trabajo de investigación?
En primer lugar, un 83,3 por ciento de los delitos se cometieron en locales comerciales y un 16,7 en casas particulares; un 59,9 por ciento corresponde a robos con violencia e intimidación a las personas; un 35,4 por ciento, a robos con fuerza en las cosas, y un 4,9, a hurtos. Respecto del horario en que se cometieron los delitos, un 7 por ciento fue en la mañana; un 8,3 por ciento, al mediodía; un 48,6, en la tarde, y un 36 por ciento, en la noche.
Consultados sobre la vigilancia policial en los horarios en que se cometieron los delitos, en un 76 por ciento de los casos las víctimas declararon que los delitos se cometieron en las horas en que no hay vigilancia policial. Si consideramos que entre la tarde y la noche se cometieron el 84,7 por ciento de los delitos, es posible concluir que en ese horario, por regla general, la vigilancia policial es escasa y deficiente. Prueba de ello es que, como se consignó, un 76 por ciento de los afectados declaró que fueron víctimas de delitos en un horario en que no había vigilancia policial.
Luego les consultamos si después de cometidos los delitos había mejorado la vigilancia policial, y la respuesta fue, en un 75,7 por ciento, que no hay vigilancia policial después de cometido el delito, de manera que, en la práctica, en las zonas afectadas no se incrementa la prevención policial ni se adoptan medidas especiales para proteger a la población.
En cuanto a la investigación del delito, el 54 por ciento de las víctimas declaró que, con posterioridad a la denuncia, la policía no vuelve al lugar para interrogar a la víctima, sea Investigaciones o Carabineros, ni tampoco los testigos. Por lo tanto, no se cumple con la orden de investigar que debió emanar del tribunal competente. Esto significa que más de la mitad de los delitos denunciados, lisa y llanamente, no se investigan por la policía y quedan los delincuentes, desde el mismo instante en que cometieron el delito, en la más absoluta impunidad.
Esta cifra aumenta considerablemente al comprobar que en cerca del 98,5 por cien-to de los casos los afectados no saben ni creen que los delincuentes hayan sido detenidos.
Respecto al número de veces que en los dos últimos años las víctimas han sido asaltadas y robadas, el 64 por ciento declara que fue dos o más veces, y, de esa cifra, un 36,1, tres o más veces.
En cuanto al conocimiento de otros delitos cometidos en el mismo sector en los últimos dos años, un 96 por ciento de las víctimas conoce de otros delitos de similar naturaleza cometidos en el mismo sector, mientras que un 68,5, tres o más casos; un 16 por ciento, dos casos, y un 15 por ciento, un caso.
Respecto de la actitud temeraria y peligrosidad de los delincuentes, un 98,8 por ciento cometió el delito a rostro descubierto, esto es, sin tomar ningún resguardo para intentar ocultar su identidad, lo que demuestra el alto grado de seguridad de que no serán detenidos y de que su acción delictual quedará impune. La gran peligrosidad de los delincuentes queda de manifiesto al comprobar que el 88,4 por ciento utiliza armas de fuego y sólo el 8 por ciento arma blanca, en tanto que en un 3,5 de los casos las personas fueron intimidadas con ambos tipos de armas o el delincuente amenazó con ellas, pero no las exhibió.
En cuanto al procedimiento policial para identificar a los asaltantes, en un 69,8 por ciento, es decir, prácticamente en el 70 por ciento de los casos, las víctimas aseguran que pueden identificar a los asaltantes, a pesar de lo cual sólo en un 25,6 por ciento de los casos que se investigan se muestran fotografías de los delincuentes a los afectados y en un 64 por ciento simplemente no se cumple con esta diligencia. Es decir, no obstante que a lo menos dos de cada tres víctimas de asalto están en condiciones de colaborar con la policía identificando a los delincuentes, sólo a uno de cada cuatro se le solicita esta gestión, lo que contribuye directamente a la impunidad de la mayoría de los asaltantes.
En cuanto a la reincidencia, un 85 por ciento declaró que no son los mismos delincuentes los que asaltan por segunda vez un local comercial o una casa particular; sólo cerca de un 4,7 por ciento reincide en el mismo domicilio, y un 10,5 no puede asegurar si se trata del mismo antisocial o de otro.
De las conversaciones sostenidas con las víctimas, es posible afirmar que los delincuentes se pasan los datos de la zona en que asaltan y roban y de esa manera logran actuar en perjuicio de los vecinos del lugar.
Por último, la actuación de los tribunales y el resultado de la investigación arroja que un 98,5 por ciento de las víctimas no sabe ni cree que los delincuentes han sido detenidos; en un 95 por ciento de los casos, ni el juez ni otro funcionario concurrieron al lugar para interiorizarse de la forma en que se cometió el delito; en un 57 por ciento, ni siquiera el afectado ha sido citado a declarar al tribunal, y del 42 por ciento de los casos en que sí lo fueron, sólo un 3 por ciento declaró ante el juez y un 75 por ciento lo hizo ante el actuario.
Finalmente, un 72 por ciento de las víctimas no se ha hecho parte en el juicio para investigar el delito a través de una querella criminal, y de ese porcentaje, un 3,8 por ciento no lo hizo por temor y un 83 por ciento por falta de confianza en la justicia y/o evitar pérdida de tiempo en trámites burocráticos que no arrojan resultados positivos.
En treinta segundos quiero hacerme cargo de los argumentos con que se ha criticado este trabajo.
En el primero, se ha señalado que se le pretende descalificar por el número de casos. Lo que hemos hecho es simplemente una labor de fiscalización, de búsqueda en concreto de los casos de delitos que se han cometido en la Región Metropolitana, lo hemos expuesto con el ánimo de que las deficiencias que se denotan en la función de las policías y del propio Poder Judicial se enmienden y corrijan. Aquí no está en juego el profesionalismo de la policía ni de los tribunales de justicia; pero un país que desea enfrentar la delincuencia con éxito es un país que no esconde la cabeza como el avestruz, sino que expone con crudeza los antecedentes para superarla.
Por lo tanto, solicito que se remita oficio sobre este trabajo a las autoridades de Carabineros, al general director, al director de Orden y Seguridad, al prefecto de Santiago y a los comisarios de la Región Metropolitana. Y en el caso de Investigaciones, al director general, al subdirector Policial, al prefecto jefe del área metropolitana y a los prefectos, al igual que al presidente de la Corte Suprema y a los ministros de las Cortes Suprema y de Apelaciones.
De esta forma, con la entrega de estos antecedentes a las autoridades, podremos en conjunto buscar las medidas para terminar o aminorar los graves efectos de la delincuencia.
He dicho.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Vilches y Díaz.
El señor ESPINA .-
Señor Presidente , que se envíen los oficios en nombre del Comité de Renovación Nacional.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Así se procederá, con las adhesiones mencionadas.
SUBVENCIÓN ESCOLAR EXTRA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA REGIÓN. Oficios.
El señor HALES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , quiero agradecer la posibilidad que me da el diputado don Alberto Espina , a quien le acabamos de escuchar una interesante intervención sobre un tema de tanta sensibilidad como es la seguridad ciudadana.
Señor Presidente , la grave crisis económica que afecta al país y que aún no ha sido posible superar, con crudeza se refleja en la Tercera Región de Atacama, en la que cientos de niños y jóvenes se han visto impedidos de asistir a clases por carecer de sus respectivos uniformes y útiles escolares.
Este derecho constitucional que constituye la educación es obligatorio para todos los niños del país, y con amargura he comprobado que muchos niños no tienen uniforme reglamentario, zapatos y equipamiento para hacer deportes; y como si esto fuera poco, no poseen los materiales indispensables para trabajar en los talleres implementados en las jornadas completas. Lamentablemente, sus padres se han visto impedidos de adquirir los elementos indispensables. Por consiguiente, al no contar con los mínimos recursos para comprar uniformes, zapatos y útiles, se han visto obligados a aceptar que sus hijos no asistan a sus escuelas y liceos.
La crisis económica de los dos últimos años ha empobrecido a muchas familias chilenas y generado una cesantía sin precedentes, la que se refleja en este mes de marzo, período en que los niños inician sus respectivos ciclos de clases. En muchas familias se vive con lo mínimo para pasar el día y se debe escoger entre comer o comprar los útiles escolares por todos conocidos. Atendida esta situación, es imprescindible tomar cartas en el asunto.
Esta situación que he planteado se repite en muchas escuelas del país. En mi distrito, he constatado en forma personal estos hechos al reanudar la campaña que cada año realizo en bien de los estudiantes al entregar una importante cantidad de cuadernos a las escuelas más pobres. En cada curso hay una cantidad considerable de niños que provienen de hogares de extrema pobreza, razón por la cual es urgente contar con los recursos para aminorar esta deficiencia que causa frustraciones, resentimientos y deserción escolar.
En consideración a los antecedentes señalados con anterioridad, vengo en solicitar a su Excelencia el Presidente de la República , don Ricardo Lagos , y a la señora ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , que envíen al Congreso una iniciativa que permita que por una sola vez en el año, específicamente en marzo, se entregue una subvención escolar extra destinada a solventar la compra de implementación escolar para los niños de más escasos recursos, focalizando el gasto en las escuelas municipalizadas más modestas del país.
En la actualidad, se registra una asistencia diaria de 3 millones 200 mil alumnos en 9.400 establecimientos educacionales subvencionados, donde la subvención escolar tiene un valor que depende del nivel de educación. Por ejemplo, el Estado paga a los párvulos la suma de 17.779 pesos; a cada estudiante de educación básica, con jornada completa, 24.176 pesos, y a los estudiantes de enseñanza media con jornada completa, 28.803 pesos. Existen otras subvenciones escolares, pero las más relevantes son las descritas.
Ahora bien, estos valores indicados se pagan por la asistencia de cada alumno. Anualmente, queda un remanente en el establecimiento respectivo que se reintegra al erario nacional, el que bien podría ocuparse en el financiamiento de esta iniciativa.
Hago un llamado a las autoridades del sector para enfrentar este grave problema. Asimismo, solicito que se envíe esta intervención a la ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , con el propósito de que indique las medidas que se adoptarán en el corto, mediano y largo plazo para solucionar los serios problemas que representan las situaciones ya descritas.
He dicho.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los honorables diputados señores van Rysselbergue y Díaz
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA PARA LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Díaz .
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , antes de iniciar mi intervención, quiero saludar a los loncos que se encuentran en las tribunas: “mari mari pu peñi”.
A través de esta tribuna, quiero reiterar mi petición al supremo Gobierno a fin de que declare la Novena Región de La Araucanía zona de emergencia agrícola. Aún estamos a tiempo de impedir la catástrofe que se avecina para miles de agricultores que perdieron todas sus cosechas de trigo como consecuencia de los grandes temporales que azotaron a la zona en febrero del año en curso.
De estos miles de agricultores, grandes medianos y pequeños, la gran mayoría son chileno-mapuches, quedando estos últimos doblemente afectados, pues además de haber perdido sus cosechas de trigo, se encuentran sin poder comprador para el lupino, el segundo producto agrícola en importancia para los mapuches.
Se ha dicho que el estado de emergencia agrícola no se justifica, pero tengo la convicción de que esta medida no sólo se justifica, sino que es la única herramienta que existe para salvar del hambre a miles de agricultores, la mayoría de ellos campesinos mapuches.
Comunicacionalmente, hoy ocupa un destacado lugar la denominada mesa de diálogo mapuche, que busca solucionar los problemas de este pueblo; sin embargo, creo que la agenda temática incluye muchos problemas artificiales o, en el mejor de los casos, secundarios, como por ejemplo la llamada recuperación de tierras. Con todo, en esta mesa de diálogo se excluyen los verdaderos problemas de los chileno-mapuches, que están muy lejos de buscar la posesión de más tierras, pues esas dificultades se vinculan principalmente con la falta de dinero, de “cullín” para trabajar las tierras que ya poseen.
Con mi petición de declaración de zona de emergencia agrícola para la Araucanía busco solucionar uno de los más graves y angustiosos problemas que afectará en muy breve plazo a la gran mayoría de las familias chileno-mapuches: el hambre. Y cuando digo hambre me refiero a la más terrible, a la que ni siquiera puede ser mitigada por un mate y una tortilla de rescoldo, pues no olvidemos que los pequeños agricultores mapuches perdieron toda su cosecha y no pudieron guardar para el invierno ni siquiera unos pocos quintales de harina. Tampoco obtuvieron dinero para comprar las provisiones para los meses que se avecinan. Si no se pone en marcha un plan sistemático de ayuda a los pequeños campesinos de la Araucanía, tampoco contarán con recursos, con “cullín”, para adquirir las necesarias semillas y otros insumos indispensables para iniciar las siembras de este período. En otras palabras, se los está condenando a desaparecer como agricultores y negándoseles el derecho a subsistir.
La mesa de diálogo es importante y las demandas territoriales son la bandera de lucha para un pequeño grupo de dirigentes mapuches y algunas ONGs. Pero lo realmente importante es conocer las verdaderas demandas de esa inmensa mayoría de mapuches, esa mayoría silenciosa que no se identifica con esos pocos dirigentes que ya son muy familiares para todos los chilenos por su constante aparición en las portadas de diarios, revistas y noticiarios de televisión. Las verdaderas demandas de la amplia mayoría de los chileno-mapuches son el acceso a la educación, a la capacitación y a la innovación tecnológica en materia agrícola: en otras palabras, “cullín”, integración y desarrollo. Pero hoy esas grandes demandas han quedado en un segundo plano ante la tragedia que se avecina luego de que perdieran prácticamente todas sus cosechas: la tragedia del hambre.
Si queremos ayudar efectivamente a nuestros hermanos mapuches, entonces pongamos a su disposición los instrumentos que contempla la zona de emergencia agrícola, pues eso es lo que hoy verdaderamente requieren. Los argumentos existen, pero no se han tomado las medidas.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro del Interior , señor José Miguel Insulza , y a la ministra de Mideplan , señora Alejandra Krauss , a fin de que dispongan decretar zona de emergencia agrícola para la Novena Región de La Araucanía. Además, pido que se adjunte copia de esta intervención.
He dicho.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando copia de su intervención.
-o-
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
En nombre de la Mesa de la Cámara de Diputados, quiero saludar a los jefes mapuches que se encuentran en las tribunas de la Cámara de Diputados. A través de mi voz, reciban el saludo y la bienvenida de los 120 diputados miembros de la Corporación. Muchas gracias por habernos acompañado en el transcurso de esta sesión.
Peucallá.
-o-
IRREGULARIDADES EN CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE GASODUCTO. Oficio.
El señor HALES ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Van Rysselberghe .
El señor VAN RYSSELBERGUE .-
Señor Presidente , he tomado conocimiento de la denuncia que el año pasado ingresó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con el Nº 21.138, en la que se relatan diversas irregularidades que se habrían cometido por la empresa Electrogas S.A. en la construcción y explotación del gasoducto del que es concesionaria en virtud del decreto supremo Nº 549, de l995, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el sector denominado tramo Santiago Sur-Limache , sin que hasta la fecha exista una respuesta a la presentación o se hayan adoptado las medidas para atenuar el riesgo que las situaciones descritas por el denunciante implican para la comunidad.
En efecto, la denuncia manifiesta que en la construcción del gasoducto no se cumplieron normas esenciales, como respetar el trazado autorizado por la concesión. Asimismo, se me informa que no se respetaron las servidumbres que creó la ley. La denuncia agrega que no se han cumplido las disposiciones que establece el decreto supremo Nº 254, de l995, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contiene las normas de seguridad que deben observarse en la construcción y explotación de gasoductos, ya que existen tuberías en zonas pobladas o que se poblarán a futuro, donde los espesores de los ductos son inferiores a los determinados por tales normas de seguridad. Se denuncia también que la sociedad concesionaria ha omitido cumplir con los requisitos impartidos por la Conama sobre impacto ambiental y no ha proporcionado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la información necesaria para que ese organismo ejerza una correcta fiscalización.
En consecuencia, por la gravedad de lo expuesto, solicito se oficie al Superintendente de Electricidad y Combustibles para que el servicio a su cargo informe a la Cámara lo siguiente:
1º Si la servidumbre creada por la concesión se ajusta al trazado establecido y aprobado en el decreto supremo Nº 549, de l995, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, tanto en su ancho como dirección y orientación.
2º Si la construcción del gasoducto antes aludido cumple con las normas de seguridad que establece el decreto supremo Nº 254, de l995, del citado Ministerio.
3º Qué medidas ha adoptado la Superintendencia para fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal por parte del concesionario, tanto en la etapa de construcción como en la de explotación del gasoducto.
4º Qué requisitos impuestos por la Superintendencia han sido cumplidos por la concesionaria, tanto para la aprobación de la construcción del gasoducto como para la autorización de su puesta en marcha.
5º Que dicha Superintendencia certifique si es efectivo que existen ductos de espesores inferiores a los exigidos por las normas de seguridad en zonas pobladas o que se proyecta poblar.
6º Que informe sobre el cumplimiento e incumplimiento por parte de la concesionaria de las normas para preservar el medio ambiente, establecidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente.
He dicho.
El señor HALES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.44 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que incrementa el fondo a que se refiere la ley Nº 19.030 y modifica disposiciones que indica de dicho cuerpo legal. (Boletín Nº 2475-05).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de superar las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios. (boletín Nº 2280-03)
“Honorable Cámara de Diputados,
Honorable Senado:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el rubro.
La Cámara de Diputados, en sesión de fecha 26 de enero del año 2000, designó como integrantes de la misma a los honorables diputados señores Patricio Hales Dib , Jaime Mulet Martínez , Jaime Orpis Bouchón , Sergio Velasco de la Cerda y Carlos Vilches Guzmán .
El Senado, por su parte, en sesión de fecha de 7 de marzo de 2000, designó como miembros de la referida Comisión Mixta a los honorables senadores que integran la Comisión de Economía.
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 15 de marzo de 2000, con la asistencia de sus miembros honorables senadores señores Sergio Bitar Chacra , Andrés Chadwick Piñera , Jorge Lavandero Pizarro , Jovino Novoa Vásquez y Enrique Zurita Camps , y honorables diputados señores Patricio Hales Dib , Jaime Mulet Martínez , Jaime Orpis Bouchón , Sergio Velasco de la Cerda y Carlos Vilches Guzmán . En la oportunidad indicada, por unanimidad eligió como Presidente al honorable senador señor Jovino Novoa Vásquez , quien lo era también a la fecha de la Comisión de Economía del Senado y, de inmediato, se abocó al cumplimiento de su cometido.
En relación con esta iniciativa de ley se escucharon los planteamientos del señor Subsecretario de Economía , don Álvaro Díaz , y del Jefe de la División Jurídica de dicha Cartera, don Enrique Sepúlveda .
-o-
A continuación se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.
ARTÍCULO ÚNICO
El proyecto en informe introduce, en su artículo único, modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, procediéndose a describir en seguida sólo aquellas enmiendas respecto de las cuales, como se ha señalado, se ha producido discrepancia entre el Senado y la Cámara de Diputados:
Número 2)
Letra b)
La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó para el número 2) un literal b) que agrega, a continuación del numeral 3 del artículo 90 del DFL Nº 1, el siguiente número 4, nuevo:
“4.- Los servicios no consistentes en suministros de energía, prestados por las empresas sean o no concesionarias de servicio público que, mediante resolución de la Comisión Resolutiva, creada por el decreto ley Nº 211, de 1973, dictada a solicitud de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o de cualquier interesado, sean expresamente calificados como sujetos a fijación de precios, en consideración a que las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria.
Las empresas de servicios eléctricos no podrán, directa o indirectamente, prestar los servicios anexos a la distribución eléctrica, con excepción de corte y reposición de línea.
No obstante lo indicado en el inciso anterior, en las ciudades cuyo número de habitantes sea inferior o igual a treinta mil, las concesionarias de servicio público de distribución eléctrica podrán prestar los servicios no consistentes en suministros de energía.”.
El Senado, en segundo trámite constitucional, reemplazó, en el primer párrafo del número 4, nuevo, que se agrega por este numeral, la frase “sean o no concesionarias de servicio público” por la frase “en virtud de su condición de concesionarias de servicio público”, y suprimió los párrafos segundo y tercero del aludido número 4.
La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó las enmiendas efectuadas por el Senado.
El honorable diputado señor Orpis puso de relieve que en lo referente a esta discrepancia lo esencial dice relación con determinar si las empresas distribuidoras deben o no prestar los servicios asociados al suministro eléctrico.
Recordó que fue el autor de la indicación que durante el primer trámite constitucional significó la introducción de la norma que suscita la diferencia y explicó que a su juicio, en la materia está en juego el tipo de sociedad, en términos económicos, en que se quiere vivir.
Hizo notar que la realidad en Chile, y en el mundo en general, es que progresivamente se está produciendo mayor concentración del capital y fusiones, con lo que se restringe los ámbitos de competencia. Afirmó que más que la regulación lo que aseguraría, en su opinión, el beneficio a los usuarios, sería tratar de generar ámbitos de competencia, aseverando que en la actualidad el sector eléctrico está integrado verticalmente en términos de generación, transmisión, distribución y de servicios anexos, por lo que la reflexión que debería hacerse es en qué ámbito, dentro de la referida cadena, puede producirse competencia, y la conclusión a que se arriba es que en el único lugar en que podría generarse alguna competencia es en el de algunos servicios anexos, mencionando, a vía ejemplar, la venta de medidores.
Cabría preguntarse, prosiguió, por qué no se ha generado esa competencia, observando que estima que ello obedece a que las compañías distribuidoras ejercen un papel monopólico que impide la creación de otras empresas. Verbigracia, expresó, si para la venta de medidores se crea una empresa, la distribuidora que también presta el servicio va a bajar los precios para sacar del mercado a la empresa recién creada, porque allí opera un subsidio cruzado en que está dispuesta a perder en un momento dado, con tal de tener el negocio a futuro.
Por tanto, aseguró, si se considera no sólo al usuario, sino el tipo de sociedad en que se aspira a vivir, sería impensable, en su criterio, que se generen grados de competencia en la situación monopólica que ejercen las empresas distribuidoras, e hizo hincapié en que desde su punto de vista lo que da seguridad al usuario, más que la regulación de los precios, es que exista competencia, que es la que en definitiva hace bajar los precios. Recalcó que si bien lo más fácil puede ser regular los precios, estima preferible establecer un conjunto de disposiciones legislativas tendientes a generar competencia. Sólo si ello no diere resultado, destacó, habría que regular los precios.
Finalizó señalando que pretende evitar la existencia de monopolios y la concentración de capital, y que su postura en el tema consiste en propender a que exista una legislación tendiente a crear condiciones para que en los lugares en que se pueda dar la competencia ésta exista, lo que significa, en el caso en que las empresas distribuidoras de energía eléctrica tienen el monopolio, que respecto de los servicios anexos jamás existirá ningún grado de competencia, razón por la cual propone que se les impida a las empresas eléctricas de que se trata prestar los servicios asociados.
El honorable senador señor Lavandero , por su parte, expresó su coincidencia con el fondo de lo planteado por el honorable diputado señor Orpis en cuanto a que lo más sano sería indudablemente la existencia de competencia en los mercados, pero manifestó que si bien ésa podría ser la situación ideal, recordaba cuán acuciosamente había analizado el Senado la materia y que se había resuelto que no era conveniente, por ahora al menos, introducir una norma como la propuesta, pues no existían las condiciones necesarias para generar una real competencia en este mercado.
El señor Subsecretario de Economía , a su vez, concordó con el honorable diputado señor Orpis en el principio de la propuesta de que donde puedan crearse mercados y generarse competencia debe propenderse a ello. Sobre el particular enfatizó que el proyecto propuesto por el Ejecutivo no excluye tal posibilidad, dado que la decisión no obedece a una disposición del Ministerio de Economía o de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sino que se trata de una propuesta que se hace a la Comisión Resolutiva, la que decide cuáles serán los servicios tarifados, si no existen condiciones para la libre competencia.
A continuación afirmó, en primer término, que aunque en la materia efectivamente hay integración vertical, como lo expresó el honorable diputado señor Orpis , al crearse un mercado podría estarse construyendo una situación de cuasi integración vertical, donde el conjunto de las empresas que ofrecerían los servicios anexos estarían enfrentadas a un monopsonio, el que trasladaría los costos a esas empresas, las que a su vez los traspasarían a los usuarios, lo que produciría una situación de asimetría entre el monopsonio, que es la empresa distribuidora, y las empresas que competirían por ofrecer los servicios asociados al suministro.
Además, observó, podrían presentarse problemas de coordinación que afectarían la calidad del servicio al consumidor.
Por último, señaló, existen las economías de ámbito y podría, al intentarse una desintegración vertical, producirse un perjuicio para el consumidor por la vía de la cuasi integración vertical con un monopsonio que determinaría precios a las empresas que ofrecieran servicios anexos a los usuarios.
Concluyó manifestando que el Ejecutivo estima que se trata de una materia de análisis técnico que debe ser sometida a la Comisión Resolutiva, para que se examine caso a caso cada uno de los servicios asociados, a fin de determinar si se cumplen las condiciones para que haya creación de mercados.
El honorable diputado señor Mulet expresó que participa del planteamiento del honorable diputado señor Orpis . Sin embargo, acotó, estima conveniente la flexibilidad en la materia, porque considera que a través de la norma en debate no se logrará la segmentación de mercados a que el aludido señor diputado aspira. Se mostró partidario de dejar abierta, en el primer párrafo del número 4, nuevo, la posibilidad de que los servicios asociados los presten tanto empresas concesionarias como no concesionarias, sin circunscribir la prestación de ellos a unas u otras, en razón de que podría darse la situación de que una empresa no concesionaria de distribución de energía atendiera distintas áreas de concesión, lo cual, a su juicio, hace conveniente estudiar la apertura de la fórmula utilizada en la disposición en divergencia, consagrando, eso sí, a objeto de flexibilizar la disposición, como señaló anteriormente, que los servicios no consistentes en suministro de energía, sea o no la concesionaria la prestadora de ellos, estén sujetos a fijación de precios, en las condiciones que en la norma se contemplan.
En atención a las consideraciones precedentemente expuestas, la Comisión Mixta, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre ambas Cámaras, adoptó los siguientes acuerdos:
a) Aprobar el texto despachado por la honorable Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, para el primer párrafo del número 4, nuevo, que se agrega en la letra b) del número 2) del artículo único.
El acuerdo se adoptó por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, honorables senadores señores Bitar , Lavandero , Novoa y Zurita , y honorables diputados señores Hales , Mulet , Orpis , Velasco y Vilches .
b) Aprobar la supresión de los párrafos segundo y tercero del referido número 4, efectuada por el Senado en segundo trámite constitucional.
El acuerdo fue adoptado por mayoría de votos, registrándose ocho votos a favor de mantener la supresión de los mencionados párrafos y uno en contra. Se pronunciaron a favor de la enmienda introducida por el Senado los honorables senadores señores Bitar , Lavandero , Novoa y Zurita y los honorables diputados señores Hales , Mulet , Velasco y Vilches . El honorable diputado señor Orpis se inclinó por aprobar los párrafos segundo y tercero del nuevo número 4, votando por el rechazo de la enmienda efectuada por el Senado.
Artículo único transitorio
La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo único transitorio que prescribe en su primera parte que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles realizará la primera solicitud, a que se refiere el número 4º del artículo 90, dentro del plazo de quince días contado desde la publicación de la presente ley. Cabe recordar que la aludida solicitud es la que formula la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a la Comisión Resolutiva creada por el decreto ley Nº 211 a fin de que servicios no consistentes en suministros de energía sean calificados como sujetos a fijación de precios.
El referido artículo único transitorio dispone, a continuación, que en dicha presentación se incorporarán a lo menos los siguientes servicios: corte y reposición de suministro a usuarios morosos, pago de la cuenta fuera de plazo, arriendo de medidor, mantenimiento o conservación de medidor, mantenimiento o conservación de empalmes, retiro de empalmes, retiro de medidor, resellado de cajas, conexión a la red, servicio de apoyo en postes y duplicado de boletas o facturas.
El Senado, en segundo trámite constitucional, eliminó la disposición precedentemente descrita.
La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la supresión del artículo único transitorio.
El honorable diputado señor Hales informó de su preocupación por las materias contenidas en el artículo transitorio, por cuanto allí se consagraría, en la propia ley, los estudios que dieron origen al proyecto. Ello significa, explicó, que si el usuario no tiene la posibilidad de recurrir a otra empresa para pedir, por ejemplo, el duplicado de factura o el corte y reposición, es conveniente que eso también esté tarifado, al igual que el consumo, dado que el consumidor no tiene opciones, porque si estuviera tarifado sólo el consumo y quedaran libres los otros precios, la empresa distribuidora podría buscar una compensación recargando todos aquellos precios que no están en la tarifa, con lo que la baja en la tarifa de consumo quedaría diluida.
Destacó que el sentido que tiene el artículo transitorio consiste, a su juicio, en que si no se aplica esta disposición el procedimiento que quedaría establecido sería el de que para fijar tarifas en estos servicios tendría que haber una denuncia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, o de cualquier particular, a la Comisión Resolutiva, la que debería recibir la denuncia, procesarla, declarar que efectivamente el servicio debe ser tarifado, llamar al estudio y proceder al estudio caso a caso, todo esto, enfatizó, respecto de materias que, según se consigna en los fundamentos contenidos en el Mensaje del Ejecutivo , y se ha demostrado durante el debate de la iniciativa, son servicios monopólicos.
Por ello, el Congreso Nacional debería, en su opinión, entregar a la ciudadanía la posibilidad de que los referidos servicios entren al actual proceso de fijación de tarifas, consagrando en la ley que el estudio del proyecto en informe concluyó que este tipo de servicios se prestan en forma monopólica y su precio debe regularse. A mayor abundamiento, observó que como el proceso de fijación de tarifas finaliza en el mes de abril del año en curso, en su opinión la oportunidad es muy favorable para dar la señal de que los otros servicios asociados al suministro eléctrico también serán regulados en esta oportunidad.
El honorable senador señor Novoa hizo notar que el artículo transitorio, que obliga a la Superintendencia a hacer una presentación, no conlleva que ese servicio quede tarifado de inmediato, sólo obliga a hacer la presentación a la Comisión Resolutiva, la que determinará si existen condiciones de competencia, por lo que sería imposible, a su juicio, que en este proceso de fijación de tarifas se produjera el efecto al que aspira el honorable diputado señor Hales , ya que lo único que hace la norma es gatillar una solicitud de la Superintendencia para que trate de justificar ante la Comisión Resolutiva que existe una condición monopólica, y ello tomará algún tiempo, razón por la cual estima que la coincidencia temporal entre el proceso de fijación de tarifas del suministro eléctrico y los servicios asociados a éste no se dará en la práctica.
Sobre el particular cabe mencionar que el honorable diputado señor Hales hizo presente a los miembros de la Comisión Mixta que consultada al respecto la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, dicha entidad habría contestado que tratándose de un estudio que ya se realizó para fundamentar el proyecto, y que se encuentra en conocimiento de la Comisión Resolutiva, sería posible obtener una rápida resolución.
El honorable senador señor Zurita señaló que el consumo de energía eléctrica tiene que tarifarse y regularse porque está entregado a la generadora, a la transmisora y a la distribuidora, pero que el servicio interno, que da a cada particular la posibilidad de encender un artefacto electrodoméstico, por ejemplo, es un contrato de adhesión que se tiene que celebrar sin poder elegir la empresa, razón por la cual estima de utilidad que a este contrato de adhesión el Gobierno le preste una protección que vaya más allá de la sola tarifa del consumo eléctrico.
En virtud de lo anterior es que ha ocurrido, expresó, lo que previamente expusiera el honorable diputado señor Hales , y las empresas están obteniendo un beneficio que nadie regula ni les discute, por lo en su opinión es adecuado el artículo transitorio, aunque lo que existiría en los hechos no sería un monopolio, sino un contrato de adhesión con un proveedor.
El señor Subsecretario de Economía manifestó a los miembros de la Comisión que el Ejecutivo era partidario de aprobar la disposición transitoria en discrepancia, que considera pertinente y adecuada.
En virtud de las consideraciones previamente expuestas, la Comisión Mixta rechazó la supresión del artículo transitorio introducida por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional. El acuerdo fue adoptado por ocho votos de rechazo a la eliminación y una abstención. Se pronunciaron por mantener la disposición transitoria los honorables senadores señores Bitar , Lavandero y Zurita y los honorables diputados señores Hales , Mulet , Orpis , Velasco y Vilches . Se abstuvo el honorable senador señor Novoa , quien fundó su abstención en la circunstancia de que considera que podría estimarse que el Poder Legislativo estuviera invadiendo las atribuciones del Poder Ejecutivo .
Con igual votación acordó introducir una enmienda formal de referencia, encaminada a perfeccionar la norma, en el mencionado precepto transitorio.
-o-
En mérito de lo expuesto, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de efectuaros la siguiente proposición como forma y modo de resolver las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional:
Artículo Único
Número 2)
Ha consultado, con la siguiente redacción, el número 4, nuevo, que se agrega por la letra b) de este numeral:
“4.- Los servicios no consistentes en suministros de energía, prestados por las empresas sean o no concesionarias de servicio público que, mediante resolución de la Comisión Resolutiva, creada por el decreto ley Nº 211, de 1973, dictada a solicitud de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o de cualquier interesado, sean expresamente calificados como sujetos a fijación de precios, en consideración a que las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria.”.
Artículo único transitorio
Ha considerado el siguiente artículo único transitorio:
“Artículo único transitorio.- La Superintendencia de Electricidad y Combustibles realizará la primera solicitud, a que se refiere el número 4 del artículo 90 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, dentro del plazo de quince días contado desde la publicación de la presente ley. En dicha presentación se incorporarán a lo menos los siguientes servicios: corte y reposición de suministro a usuarios morosos, pago de la cuenta fuera de plazo, arriendo de medidor, mantenimiento o conservación de medidor, mantenimiento o conservación de empalmes, retiro de empalmes, retiro de medidor, resellado de cajas, conexión a la red, servicio de apoyo en postes y duplicado de boletas o facturas.”.
-o-
A título meramente informativo, cabe hacer presente que, con la proposición de la Comisión Mixta incorporada, el texto de la iniciativa legal queda como sigue:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos:
1) Agrégase en el número 5 del artículo 2º, a continuación del punto (.) que se sustituye por la conjunción “y”, la expresión “demás servicios asociados al suministro de electricidad o que se presten en mérito de la calidad de concesionario de servicio público.”.
2) Modifícase el artículo 90, del Capítulo I, Título IV, de la siguiente forma:
a) Sustitúyese su encabezamiento por el siguiente texto:
“Artículo 90.- Están sujetos a fijación de precios los suministros de energía eléctrica y los servicios que a continuación se indican:”.
b) Agrégase a continuación de su numeral 3, el siguiente número 4, nuevo:
“4.- Los servicios no consistentes en suministros de energía, prestados por las empresas sean o no concesionarias de servicio público que, mediante resolución de la Comisión Resolutiva, creada por el decreto ley Nº 211, de 1973, dictada a solicitud de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o de cualquier interesado, sean expresamente calificados como sujetos a fijación de precios, en consideración a que las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria.”.
3) Agrégase a continuación del artículo 107, el siguiente artículo 107 bis, nuevo:
“Artículo 107 bis.- Los precios de los servicios a que se refiere el número 4 del artículo 90 se calcularán sobre la base de los estudios de costos y los criterios de eficiencia a que se refiere el artículo anterior.
Los valores resultantes no formarán parte del valor agregado de distribución, se actualizarán mensualmente de acuerdo a la variación de los índices de precios u otros que se establezcan en el decreto que los fije.
Los precios así determinados serán sometidos a revisión y determinación de nuevos valores con ocasión del proceso de fijación de tarifas de suministros de distribución sin perjuicio de que, en cualquier momento, cuando la Comisión Resolutiva así lo determine, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante decreto, formalice su descalificación como servicio sujeto a fijación de precios.”.
Artículo único transitorio.- La Superintendencia de Electricidad y Combustibles realizará la primera solicitud, a que se refiere el número 4 del artículo 90 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, dentro del plazo de quince días contado desde la publicación de la presente ley. En dicha presentación se incorporarán a lo menos los siguientes servicios: corte y reposición de suministro a usuarios morosos, pago de la cuenta fuera de plazo, arriendo de medidor, mantenimiento o conservación de medidor, mantenimiento o conservación de empalmes, retiro de empalmes, retiro de medidor, resellado de cajas, conexión a la red, servicio de apoyo en postes y duplicado de boletas o facturas.”.
-o-
Acordado en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2000, con asistencia de sus miembros honorables senadores señor Jovino Novoa Vásquez ( Presidente ), y señores Sergio Bitar Chacra , Andrés Chadwick Piñera , Jorge Lavandero Illanes y Enrique Zurita Camps , y honorables diputados señores Patricio Hales Dib , Jaime Mulet Martínez , Jaime Orpis Bouchón , Sergio Velasco de la Cerda y Carlos Vilches Guzmán.
Sala de la Comisión, a 17 de marzo de 2000.
(Fdo.): ROBERTO BUSTOS LATORRE , Secretario?.
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y PORTUGAL. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, los proyectos de acuerdo que aprueban los convenios de seguridad social entre las Repúblicas de Chile y de Francia, y entre las Repúblicas de Chile y de Portugal.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Urrutia.
Antecedentes:
-Mensaje, boletines Nºs 2440-10 y 2441-10, sesión 20ª, en 15 de diciembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 2, respectivamente.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 25ª, en 15 de diciembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 15.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar a la honorable Sala sobre los dos proyectos de acuerdo aprobatorios de los convenios de seguridad social celebrados por Chile con las Repúblicas de Francia y de Portugal, suscritos en Santiago, el 25 de junio de 1999, y en Lisboa, el 25 de marzo del mismo año, respectivamente.
Los dos convenios obedecen al mismo propósito y su contenido normativo es prácticamente igual. En consecuencia, haremos la exposición de ambos en una sola presentación, con el fin de abreviar y agilizar los procedimientos legislativos.
Estos convenios se enmarcan en la política permanente del Gobierno de Chile, destinada a asegurar a los trabajadores migrantes el debido acceso a los sistemas previsionales, en cuya ejecución se han celebrado tratados de este tipo con diversos países europeos y americanos, como Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil , Canadá , Dinamarca , España , Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza.
Según los respectivos mensajes, ambos convenios son cuerpos armónicos y cohesionados, que están de acuerdo con los anteriores tratados que Chile ha celebrado con los países que ya cité, es decir, orientados fundamentalmente a garantizar la protección de los derechos de orden previsional reconocidos por la legislación de las partes contratantes.
A través de estos convenios se permite que los nacionales de los Estados Partes se beneficien de las cotizaciones previsionales que han efectuado con una entidad laboral en el territorio de la otra Parte, manteniendo de esta forma la continuidad de su historia previsional y el goce de los derechos de seguridad social correspondientes.
Informaciones proporcionadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social señalan que la aplicación del convenio con la República de Francia podría beneficiar a 20 mil chilenos que han trabajado o trabajan en ese país. En el caso de la República Portuguesa, serían 160 los favorecidos.
Estos tratados se orientan por principios jurídicos de universal aceptación, que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha codificado en su Convenio Nº 157, denominado “Convenio sobre el Establecimiento de un Sistema Internacional para la Conservación de los Derechos en Materia de Seguridad Social”.
Esos principios, básicamente, son cuatro: primero, igualdad de trato entre los nacionales de las Partes contratantes; segundo, mantenimiento de los derechos previsionales adquiridos en los países Partes; tercero, conservación de los derechos previsionales en curso de adquisición, y cuarto, colaboración administrativa entre las instituciones previsionales de los Estados y, en general, de toda la estructura administrativa de cada Parte.
Estos convenios regulan su ámbito de aplicación, el derecho a la exportación de pensiones, la legislación aplicable para determinar la procedencia de las prestaciones, las normativas relativas a las prestaciones de salud y a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y la cooperación administrativa que ya he descrito.
En el ámbito de aplicación material, se dispone, en lo esencial, que estos convenios se aplicarán en Chile a la legislación sobre el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, basado en la capitalización individual; a los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Normalización Previsional, INP, y a los regímenes de prestaciones de salud y de prestaciones familiares.
Los sistemas de cálculo son, en lo esencial, el que cada país se hace cargo, a prorrata, del lapso de tiempo en que el afectado trabajó en su territorio, y las fórmulas de cálculo están, como dije, normadas por los convenios tipo que se han celebrado para este efecto.
Finalmente, para adoptar las decisiones de aprobación o rechazo que corresponda tomar, la Comisión propone votaciones separadas, a fin de que cada convenio, tanto el celebrado con Francia como el suscrito con Portugal, sea aprobado en su propio mérito.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Debo informar a los señores diputados que estos dos convenios contienen normas de quórum calificado. En consecuencia, solicito el acuerdo de la Sala para votarlos al final de la sesión.
Acordado.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , como ha señalado el señor diputado informante , estos convenios internacionales tienen por objeto asegurar a los trabajadores migrantes el debido acceso a los sistemas previsionales, en forma similar a lo acordado con otros países europeos y americanos, como Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil , Canadá , Dinamarca , España , Finlandia, Noruega y Suecia.
En el caso del convenio celebrado con la república francesa, los beneficiados podrían ser alrededor de veinte mil chilenos, y de ciento sesenta, en relación al suscrito con la república portuguesa.
Destaco que el convenio con la república francesa se aplicará en sus departamentos europeos y de ultramar, y el suscrito con la república portuguesa lo será en su territorio, en el continente europeo y en los archipiélagos de las Azores y Madera, y en Chile, en el territorio de la República.
Además, la aplicación del convenio con la república francesa se extenderá a las aguas territoriales y a la zona ubicada más allá de los mares territoriales en los que Francia o Chile pueden ejercer sus derechos soberanos con fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales biológicos o no biológicos, y al territorio de Chile.
Las autoridades nacionales competentes encargadas de aplicar los convenios serán el ministro del Trabajo y Previsión Social , en Chile; los ministerios encargados de aplicar la legislación interna correspondiente a las prestaciones a que dará lugar el convenio, en la república francesa, y el ministro , los ministros o cualquier otra autoridad competente responsable de la referida legislación, en la república portuguesa.
En el ámbito de aplicación material, se dispone, en lo esencial, que en Chile estos convenios se aplicarán a la legislación sobre el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia basado en la capitalización individual; a los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y a los regímenes de prestaciones de salud y de prestaciones familiares, lo que favorecerá a los trabajadores chilenos que han desarrollado actividades laborales en Francia o Portugal en los últimos años, gracias al reconocimiento en Chile de los períodos de cotización previsional registrados en esos países.
El señor diputado informante ha abundado en los aspectos técnicos de la normativa internacional, de manera que, fundado en los efectos sociales importantes que su aplicación producirá en los trabajadores chilenos, anuncio mi voto favorable y también el de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, a estos convenios.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , anuncio mi voto favorable y el de mi bancada a la aprobación de los convenios con las repúblicas francesa y portuguesa, que tienen por objeto acordar aspectos relativos a la seguridad social en ambos países.
El voto favorable a estos convenios se fundamenta en que en ellos están presentes principios esenciales, como los del acceso a los sistemas previsionales y, a la vez, garantizan la protección de los derechos previsionales reconocidos por las partes contratantes, en este caso, Francia, Portugal y Chile, toda vez que permiten que los nacionales de los estados partes se beneficien de las cotizaciones previsionales que hayan efectuado por el desarrollo de alguna actividad laboral, en el entendido que ello ocurrió en el territorio de las partes vinculadas por estos convenios.
De esta forma, se produce un hecho muy significativo: la continuidad previsional y el goce de los derechos de seguridad social correspondiente. Esto ha quedado de manifiesto en el informe entregado por el diputado informante, señor Urrutia.
Es conveniente destacar que el número de beneficiados por estos convenios, en el caso de Francia, llega estimativamente a más de veinte mil chilenos.
Por otra parte, es significativa la manera en que estos convenios concretan principios jurídicos de universal aceptación, que la Organización Internacional del Trabajo ha codificado en el Convenio Nº 157, conocido como “Convenio sobre el Establecimiento de un Sistema Internacional para la Conservación de los Derechos en Materia de Seguridad Social”.
Por todas estas consideraciones, reitero el voto favorable de la bancada democratacristiana a estos proyectos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , también quiero anunciar el voto favorable de la bancada del Partido Socialista, porque nos parece extraordinariamente relevante que avancemos en convenios de este tipo, como los suscritos con la república francesa y la república portuguesa, que son similares, por lo cual -como se ha mencionado- los estamos tratando conjuntamente.
Son convenios que permiten mantener la continuidad previsional a los trabajadores chilenos radicados y contratados en otros países, en este caso Francia y Portugal. Con ellos se les da un marco de seguridad para su vejez o, eventualmente, en casos de invalidez o sobrevivencia. Por lo tanto, nos parecen muy importantes.
Además, quiero señalar que convenios similares se han suscrito con los siguientes países: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil , Canadá , Dinamarca , España , Suecia, Suiza, Finlandia y Noruega, lo que deseo destacar en la Sala, porque me parece relevante, dado el inmenso número de chilenos que viven en el exterior. De sobra es sabido que, a partir de 1973, este número se acrecentó con la cantidad de compatriotas que salieron al exilio y, por lo tanto, ha sido extraordinariamente importante que, acogiéndonos al marco general de la OIT, podamos celebrar convenios de este tipo que favorecen a chilenos que por largos años han estado radicados en el exterior, que fueron contratados y han ejercido funciones profesionales y no profesionales en otros países señalados.
Entonces, es de extrema justicia que la Sala -así lo espero- apruebe por unanimidad los convenios que, como hemos señalado y por suerte, se han suscrito con diversos países, lo que ayuda a nuestros compatriotas.
También quiero destacar que considero muy interesante que en Francia actualmente esté en proceso una nueva legislación sobre lo que llama “cobertura de enfermedad universal”, como principio, que de alguna manera va a acoger a los enfermos, con el fin de garantizar la salud como derecho universal en el territorio de la república francesa.
Espero que nuestro país también estudie cuidadosamente ejemplos de este tipo para que vea que siempre es posible y necesario que un Estado sea capaz de velar por sus ciudadanos y ojalá en Chile pudiéramos decir que hasta el último de sus habitantes tiene garantizada su salud y no como ocurre hoy, desgraciadamente, en que tenemos un sistema privado y un sistema público, sin satisfacer ese derecho universal, en especial, de los que tienen menos.
Por estas razones, porque el convenio -como se ha señalado- favorece a más de veinte mil chilenos radicados en Francia y a ciento sesenta en Portugal, lo estimamos de extraordinaria importancia y, por lo tanto, la bancada del Partido Socialista votará favorablemente los proyectos de acuerdo aprobatorios.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , debo agregar que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad ambos convenios y sugiere a la honorable Sala proceder de la misma manera.
Por otra parte, en mi calidad de miembro de la bancada del PPD, anuncio su voto favorable a los dos proyectos de acuerdo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En conformidad con lo acordado, los dos proyectos de acuerdo aprobatorios, de quórum calificado, se votarán al final de la sesión.
-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre estos asuntos en los siguientes términos:
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
En votación los proyectos de acuerdo que aprueban los convenios de seguridad social entre Chile y la república francesa y entre Chile y la república portuguesa.
Si le parece a la Sala, se hará para ambos una sola votación.
Acordado.
Los dos proyectos requieren quórum calificado, es decir, que a lo menos 61 diputados voten a favor.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , solicito que quede registrado mi voto, porque no ocurrió.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Así se hará.
Aprobados los dos proyectos de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
ANEXO SESION
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y PORTUGAL. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, los proyectos de acuerdo que aprueban los convenios de seguridad social entre las Repúblicas de Chile y de Francia, y entre las Repúblicas de Chile y de Portugal. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Urrutia. Antecedentes: -Mensaje, boletines Nºs 2440-10 y 2441- 10, sesión 20ª, en 15 de diciembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 2, respectivamente. -Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 25ª, en 15 de diciembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 15.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar a la honorable Sala sobre los dos proyectos de acuerdo aprobatorios de los convenios de seguridad social celebrados por Chile con las Repúblicas de Francia y de Portugal, suscritos en Santiago, el 25 de junio de 1999, y en Lisboa, el 25 de marzo del mismo año, respectivamente. Los dos convenios obedecen al mismo propósito y su contenido normativo es prácticamente igual. En consecuencia, haremos la exposición de ambos en una sola presentación, con el fin de abreviar y agilizar los procedimientos legislativos. Estos convenios se enmarcan en la política permanente del Gobierno de Chile, destinada a asegurar a los trabajadores migrantes el debido acceso a los sistemas previsionales, en cuya ejecución se han celebrado tratados de este tipo con diversos países europeos y americanos, como Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza. Según los respectivos mensajes, ambos convenios son cuerpos armónicos y cohesionados, que están de acuerdo con los anteriores tratados que Chile ha celebrado con los países que ya cité, es decir, orientados fundamentalmente a garantizar la protección de los derechos de orden previsional reconocidos por la legislación de las partes contratantes. A través de estos convenios se permite que los nacionales de los Estados Partes se beneficien de las cotizaciones previsionales que han efectuado con una entidad laboral en el territorio de la otra Parte, manteniendo de esta forma la continuidad de su historia previsional y el goce de los derechos de seguridad social correspondientes. Informaciones proporcionadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social señalan que la aplicación del convenio con la República de Francia podría beneficiar a 20 mil chilenos que han trabajado o trabajan en ese país. En el caso de la República Portuguesa, serían 160 los favorecidos. Estos tratados se orientan por principios jurídicos de universal aceptación, que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha codificado en su Convenio Nº 157, denominado “Convenio sobre el Establecimiento de un Sistema Internacional para la Conservación de los Derechos en Materia de Seguridad Social”. Esos principios, básicamente, son cuatro: primero, igualdad de trato entre los nacionales de las Partes contratantes; segundo, mantenimiento de los derechos previsionales adquiridos en los países Partes; tercero, conservación de los derechos previsionales en curso de adquisición, y cuarto, colaboración administrativa entre las instituciones previsionales de los Estados y, en general, de toda la estructura administrativa de cada Parte. Estos convenios regulan su ámbito de aplicación, el derecho a la exportación de pensiones, la legislación aplicable para determinar la procedencia de las prestaciones, las normativas relativas a las prestaciones de salud y a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y la cooperación administrativa que ya he descrito. En el ámbito de aplicación material, se dispone, en lo esencial, que estos convenios se aplicarán en Chile a la legislación sobre el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, basado en la capitalización individual; a los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Normalización Previsional, INP, y a los regímenes de prestaciones de salud y de prestaciones familiares. Los sistemas de cálculo son, en lo esencial, el que cada país se hace cargo, a prorrata, del lapso de tiempo en que el afectado trabajó en su territorio, y las fórmulas de cálculo están, como dije, normadas por los convenios tipo que se han celebrado para este efecto. Finalmente, para adoptar las decisiones de aprobación o rechazo que corresponda tomar, la Comisión propone votaciones separadas, a fin de que cada convenio, tanto el celebrado con Francia como el suscrito con Portugal, sea aprobado en su propio mérito. He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Debo informar a los señores diputados que estos dos convenios contienen normas de quórum calificado. En consecuencia, solicito el acuerdo de la Sala para votarlos al final de la sesión. Acordado.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, como ha señalado el señor diputado informante, estos convenios internacionales tienen por objeto asegurar a los trabajadores migrantes el debido acceso a los sistemas previsionales, en forma similar a lo acordado con otros países europeos y americanos, como Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Noruega y Suecia. En el caso del convenio celebrado con la república francesa, los beneficiados podrían ser alrededor de veinte mil chilenos, y de ciento sesenta, en relación al suscrito con la república portuguesa. Destaco que el convenio con la república francesa se aplicará en sus departamentos europeos y de ultramar, y el suscrito con la república portuguesa lo será en su territorio, en el continente europeo y en los archipiélagos de las Azores y Madera, y en Chile, en el territorio de la República. Además, la aplicación del convenio con la república francesa se extenderá a las aguas territoriales y a la zona ubicada más allá de los mares territoriales en los que Francia o Chile pueden ejercer sus derechos soberanos con fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales biológicos o no biológicos, y al territorio de Chile. Las autoridades nacionales competentes encargadas de aplicar los convenios serán el ministro del Trabajo y Previsión Social, en Chile; los ministerios encargados de aplicar la legislación interna correspondiente a las prestaciones a que dará lugar el convenio, en la república francesa, y el ministro, los ministros o cualquier otra autoridad competente responsable de la referida legislación, en la república portuguesa. En el ámbito de aplicación material, se dispone, en lo esencial, que en Chile estos convenios se aplicarán a la legislación sobre el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia basado en la capitalización individual; a los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y a los regímenes de prestaciones de salud y de prestaciones familiares, lo que favorecerá a los trabajadores chilenos que han desarrollado actividades laborales en Francia o Portugal en los últimos años, gracias al reconocimiento en Chile de los períodos de cotización previsional registrados en esos países. El señor diputado informante ha abundado en los aspectos técnicos de la normativa internacional, de manera que, fundado en los efectos sociales importantes que su aplicación producirá en los trabajadores chilenos, anuncio mi voto favorable y también el de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, a estos convenios. He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable y el de mi bancada a la aprobación de los convenios con las repúblicas francesa y portuguesa, que tienen por objeto acordar aspectos relativos a la seguridad social en ambos países. El voto favorable a estos convenios se fundamenta en que en ellos están presentes principios esenciales, como los del acceso a los sistemas previsionales y, a la vez, garantizan la protección de los derechos previsionales reconocidos por las partes contratantes, en este caso, Francia, Portugal y Chile, toda vez que permiten que los nacionales de 12 CÁMARA DE DIPUTADOS los estados partes se beneficien de las cotizaciones previsionales que hayan efectuado por el desarrollo de alguna actividad laboral, en el entendido que ello ocurrió en el territorio de las partes vinculadas por estos convenios. De esta forma, se produce un hecho muy significativo: la continuidad previsional y el goce de los derechos de seguridad social correspondiente. Esto ha quedado de manifiesto en el informe entregado por el diputado informante, señor Urrutia. Es conveniente destacar que el número de beneficiados por estos convenios, en el caso de Francia, llega estimativamente a más de veinte mil chilenos. Por otra parte, es significativa la manera en que estos convenios concretan principios jurídicos de universal aceptación, que la Organización Internacional del Trabajo ha codificado en el Convenio Nº 157, conocido como “Convenio sobre el Establecimiento de un Sistema Internacional para la Conservación de los Derechos en Materia de Seguridad Social”. Por todas estas consideraciones, reitero el voto favorable de la bancada democratacristiana a estos proyectos. He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, también quiero anunciar el voto favorable de la bancada del Partido Socialista, porque nos parece extraordinariamente relevante que avancemos en convenios de este tipo, como los suscritos con la república francesa y la república portuguesa, que son similares, por lo cual -como se ha mencionado- los estamos tratando conjuntamente. Son convenios que permiten mantener la continuidad previsional a los trabajadores chilenos radicados y contratados en otros países, en este caso Francia y Portugal. Con ellos se les da un marco de seguridad para su vejez o, eventualmente, en casos de invalidez o sobrevivencia. Por lo tanto, nos parecen muy importantes. Además, quiero señalar que convenios similares se han suscrito con los siguientes países: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Suecia, Suiza, Finlandia y Noruega, lo que deseo destacar en la Sala, porque me parece relevante, dado el inmenso número de chilenos que viven en el exterior. De sobra es sabido que, a partir de 1973, este número se acrecentó con la cantidad de compatriotas que salieron al exilio y, por lo tanto, ha sido extraordinariamente importante que, acogiéndonos al marco general de la OIT, podamos celebrar convenios de este tipo que favorecen a chilenos que por largos años han estado radicados en el exterior, que fueron contratados y han ejercido funciones profesionales y no profesionales en otros países señalados. Entonces, es de extrema justicia que la Sala -así lo espero- apruebe por unanimidad los convenios que, como hemos señalado y por suerte, se han suscrito con diversos países, lo que ayuda a nuestros compatriotas. También quiero destacar que considero muy interesante que en Francia actualmente esté en proceso una nueva legislación sobre lo que llama “cobertura de enfermedad universal”, como principio, que de alguna manera va a acoger a los enfermos, con el fin de garantizar la salud como derecho universal en el territorio de la república francesa. Espero que nuestro país también estudie cuidadosamente ejemplos de este tipo para que vea que siempre es posible y necesario que un Estado sea capaz de velar por sus ciudadanos y ojalá en Chile pudiéramos decir que hasta el último de sus habitantes tiene garantizada su salud y no como ocurre hoy, desgraciadamente, en que tenemos un sistema privado y un sistema público, sin satisfacer ese derecho universal, en especial, de los que tienen menos. Por estas razones, porque el convenio -como se ha señalado- favorece a más de veinte mil chilenos radicados en Francia y a ciento sesenta en Portugal, lo estimamos de extraordinaria importancia y, por lo tanto, la bancada del Partido Socialista votará favorablemente los proyectos de acuerdo aprobatorios. He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, debo agregar que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad ambos convenios y sugiere a la honorable Sala proceder de la misma manera. Por otra parte, en mi calidad de miembro de la bancada del PPD, anuncio su voto favorable a los dos proyectos de acuerdo. He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En conformidad con lo acordado, los dos proyectos de acuerdo aprobatorios, de quórum calificado, se votarán al final de la sesión. -Posteriormente, la Sala se pronunció sobre estos asuntos en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente accidental).-
En votación los proyectos de acuerdo que aprueban los convenios de seguridad social entre Chile y la república francesa y entre Chile y la república portuguesa. Si le parece a la Sala, se hará para ambos una sola votación. Acordado. Los dos proyectos requieren quórum calificado, es decir, que a lo menos 61 diputados voten a favor.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, solicito que quede registrado mi voto, porque no ocurrió.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Así se hará.
Aprobados los dos proyectos de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Aldo), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Longton, Luksic, Masferrer, Molina, Monge, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Salas, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio).