Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Victor Reyes Alvarado
- Anibal Perez Lobos
- Patricio Alejandro Hales Dib
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Aldo Cornejo Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Maria Isabel Allende Bussi
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Maria Isabel Allende Bussi
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
-
ELECCIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DE LA MESA.
- INTEGRACIÓN
- Victor Barrueto
- Roberto Leon Ramirez
- Waldo Mora Longa
- INTEGRACIÓN
- INTERVENCIÓN : Victor Barrueto
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO.
- V. FÁCIL DESPACHO
- PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES ENTRE CHILE Y LOS PAÍSES BAJOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- DEBATE
- CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Reyes Alvarado
- INTERVENCIÓN : Carlos Caminondo Saez
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- DEBATE
- EXTENSIÓN DEL FUERO MATERNAL A LA MUJER ADOPTANTE. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- DEBATE
- PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES ENTRE CHILE Y LOS PAÍSES BAJOS. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Haroldo Fossa Rojas
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Haroldo Fossa Rojas
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL “CASO MATUTE”. (Continuación).
- DEBATE
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL “CASO MATUTE”. (Continuación).
- VIII. INCIDENTES
- INCUMPLIMIENTO DE LEY INDÍGENA EN ALTO BIOBÍO. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- PRÓRROGA DE LICENCIAS DE CONDUCTORES PROFESIONALES.
- ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SATELITAL PARA CONTROL DE EMBARCACIONES PESQUERAS. Oficios.
- DEPÓSITO ILEGAL DE ARSÉNICO EN ZONA DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Sergio Velasco De La Cerda
- Enrique Jaramillo Becker
- Roberto Delmastro Naso
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- AGREGACIÓN DE QUINTA REGIÓN EN DECRETO SOBRE FACILIDADES A CONDUCTORES PROFESIONALES. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Manuel Rojas Molina
- Roberto Delmastro Naso
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- GASTO EN IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE MINISTERIOS Y OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO. Oficio.
- DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN CIUDAD DE VALDIVIA. Oficios.
- ADHESION
- Manuel Rojas Molina
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PAVIMENTACIÓN DE RUTA 5 NORTE. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE VENTA DE ÁCIDO SULFÚRICO A BOLIVIA. Oficios.
- TÉRMINO DE PROTESTA DE PEQUEÑOS MINEROS EN TOCOPILLA. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- ALCANCES SOBRE GESTIÓN PRESIDENCIAL.
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DAGOBERTO SOTO NEIRA, VECINO DE LA UNIÓN. Notas de condolencias.
- INCUMPLIMIENTO DE LEY INDÍGENA EN ALTO BIOBÍO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Montes Cisternas
- Jaime Orpis Bouchon
- Cristian Antonio Leay Moran
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 35ª, en jueves 23 de marzo de 2000
(Ordinaria, de 10.36 a 15.05 horas)
Presidencia de los señores Barrueto, don Victor; León Ramirez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo.
Presidencia accidental de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Acuña Cisternas, don Mario, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 8
III.Actas 8
IV.Cuenta 8
- Permiso constitucional 8
- Elección de nuevos integrantes de la Mesa 8
- Preferencia para tratar proyecto 14
V.Fácil Despacho.
- Promoción y protección recíproca de las inversiones entre Chile y los Países Bajos. Primer trámite constitucional 15
- Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Primer trámite constitucional 18
- Extensión del fuero maternal a la mujer adoptante. Tercer trámite constitucional 21
VI.Orden del Día.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Primer trámite constitucional. (Continuación) 23
VII.Proyectos de acuerdo.
Constitución de Comisión Especial sobre el “caso Matute”. (Continuación) 42
VIII.Incidentes.
- Incumplimiento de ley Indígena en Alto Biobío. Oficios 44
- Prórroga de licencias de conductores profesionales 45
- Establecimiento de sistema de posicionamiento satelital para control de embarcaciones pesqueras. Oficios 46
- Depósito ilegal de arsénico en zona de la Sexta Región. Oficios 47
- Agregación de Quinta Región en decreto sobre facilidades a conductores profesionales. Oficio 48
- Gastos en impresos y publicaciones de ministerios y otros organismos del Estado. Oficio 49
- Deducción del impuesto al valor agregado por construcción de centro comunitario en ciudad de Valdivia. Oficios 50
Pág.
- Investigación sobre cumplimiento de especificaciones técnicas en pavimentación de ruta 5 Norte. Oficios 51
- Información sobre venta de ácido sulfúrico a Bolivia. Oficios 52
- Término de protesta de pequeños mineros en Tocopilla. Oficio 52
- Alcances sobre gestión presidencial 53
- Homenaje en memoria de Dagoberto Soto Neira, vecino de La Unión. Notas de condolencias 54
IX.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que extiende, en determinados casos, el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad a la ley de adopción (boletín Nº 2268-13) 56
2. Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica la ley Nº 18.962, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentran embarazadas o que sean madres lactantes, de acceder a los establecimientos educacionales (boletín Nº 1251-18) 57
3. Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto de fomento a la música chilena (boletín Nº 2287-04) 58
4. Moción de los diputados señores Montes, Orpis y Leay, que modifica el artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados en relación al número de integrantes de la Mesa (boletín Nº 2479-16) 64
X.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-De las Comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social; de Trabajo y Seguridad Social, y de Vivienda y Desarrollo Urbano, por las cuales informan que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedieron a elegir como Presidentes a los diputados señores Reyes, don Víctor; Pérez, don Aníbal, y Hales, don Patricio, respectivamente.
-Del jefe de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, por la cual informa que el diputado señor Elgueta reemplazará al diputado señor Cornejo, don Aldo, en la Comisión Mixta constituida para estudiar el proyecto sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo (boletín Nº 1035-07).
-De la diputada señora Allende, doña Isabel, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 30 de marzo en curso, para dirigirse a España.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (97)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
-Asistieron, además, el ministro Secretario General de la Presidencia , señor Álvaro García, y la ministra de Planificación y Cooperación, doña Alejandra Krauss.'
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente accidental).-
El acta de la sesión 30ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 31ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por la diputada señora Isabel Allende para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del treinta de marzo en curso, con el fin de dirigirse a España.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ELECCIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DE LA MESA.
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
Antes de proceder a la elección de los nuevos integrantes de la Mesa, en nombre de los Vicepresidentes señores Patricio Hales y Mario Acuña, agradezco a todos los diputados su colaboración durante este año de gestión, a los diputados de la Concertación por habernos elegido, a nuestras bancadas por habernos propuesto y especialmente a don Carlos Loyola, Secretario de la Corporación , y a todos los funcionarios por su trabajo, su aporte y cooperación.
Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
A continuación, corresponde realizar la elección de Presidente y Primero y Segundo Vicepresidentes de la Cámara de Diputados.
La votación se realizará por el sistema de cédulas.
El señor Secretario procederá a llamar a los señores diputados.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Me permito informar a la honorable Cámara que, para los efectos de la presente elección, se ha registrado el pareo de los honorables diputados señores Delmastro y Silva.
El señor MONTES (Presidente accidental).-
En votación.
-Verificado el escrutinio:
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Han votado 61 señores diputados y se han escrutado 61 cédulas.
El resultado es el siguiente: para Presidente, por don Víctor Barrueto, cincuenta y nueve votos.
(Aplausos en la Sala y en las tribunas).
Para Primer Vicepresidente , por don Roberto León, cincuenta y cuatro votos; por don Jorge Soria, un voto; por don Guillermo Ceroni, un voto.
(Aplausos en la Sala y en las tribunas).
Para Segundo Vicepresidente , por don Waldo Mora, cuarenta y seis votos; por don Jorge Soria, un voto; por doña Eliana Caraball, tres votos; por don Leopoldo Sánchez, tres votos.
(Aplausos en la Sala y en las tribunas).
El señor MONTES ( Presidente accidental ).-
En consecuencia, han sido elegidos: Presidente de la Corporación, el señor Víctor Barrueto; Primer Vicepresidente , el señor Roberto León, y Segundo Vicepresidente , el señor Waldo Mora.
(Aplausos en la Sala y en las tribunas).
El señor MONTES (Presidente accidental).-
Ruego a los recién elegidos pasar a ocupar sus respectivos lugares en la testera.
-Los señores Barrueto, León y Mora ocupan sus lugares en la Mesa.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Presidente de esta honorable Corporación, el diputado señor Víctor Barrueto.
El señor BARRUETO, Presidente (de pie).-
Honorable Cámara, estimadas amigas y amigos, señor ministro Secretario General de la Presidencia , don Álvaro García, quien nos acompaña en este momento.
Quiero agradecer a mis colegas de la Concertación de Partidos por la Democracia, y especialmente a los del PPD, la confianza que han depositado en mí para presidir esta Corporación. Esto ocurre en un momento histórico particular: estamos al comienzo de un nuevo siglo y para la mayoría de las chilenas y chilenos es un momento muy significativo. Asimismo, la presidencia de Ricardo Lagos ha traído un nuevo hálito al país. Un espíritu diferente comienza a anidarse en el corazón de los chilenos. Las esperanzas y los sueños -tan vilipendiados en los últimos años- vuelven con toda su potencia para impulsar a los chilenos a construir una sociedad más justa, más libre y más sana. Por ello, en lo personal, siento un profundo anhelo de sintonizar con el cambio de siglo. Nosotros, como parlamentarios, debiéramos ser muy sensibles a las voces del tiempo y del pueblo.
Frente a la última elección presidencial, la mayoría está de acuerdo en que la sociedad expresó claramente su deseo de transformaciones profundas. La gente quiere que innovemos; pero -¡cuidado!- desea ver una manera distinta de relacionarnos con ella: cómo nos preocupamos de sus problemas y de las soluciones; cómo nos entendemos los partidos políticos para que puedan ver que nuestra vocación de servicio público es más fuerte que las rencillas por el poder. No nos perdamos. No vaya a ser que las rutinas nos desvíen y confundan y, en el tráfago de los acontecimientos, perdamos esa prioridad. Sin embargo, debemos preguntarnos qué hay detrás de este mensaje que hemos recibido. ¿Por qué sucede ahora? ¿Cuáles son las señales que nos está enviando la gente? ¿Qué énfasis supone? Durante los últimos años, el mundo social, la gente, la sociedad civil han estado muy olvidados en las grandes decisiones. Otros factores han condicionado la agenda: económicos, militares, financieros, institucionales. Bien, ¡ahora le toca a la gente! Necesitamos una democracia más ciudadana y menos elitista, una democracia donde el protagonismo ciudadano sea un actor decisivo. Es cierto que las personas participan en el sistema político como ciudadanos a través del voto; también lo hacen en el mercado como consumidores. Pero su vida no se reduce a eso: hay una amplia, diversa y rica vida social, más allá del sistema político y del mercado. Está la llamada sociedad civil, que expresa en movimientos, actividades, asociaciones e instituciones, de una manera directa, esa vida social y cultural: movimientos tradicionales como el sindicalismo o el estudiantil; movimientos nuevos, como el de defensa de los derechos de la mujer, de los derechos del consumidor, el movimiento ecologista-ambientalista. Existen, además, miles de asociaciones, como los clubes deportivos, bomberos, scout, talleres femeninos, el Hogar de Cristo, los voluntariados y muchas más.
Lo anterior es confirmado por el último estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que registra cerca de 84 mil organizaciones, lo que equivale a 56 asociaciones por cada 10 mil habitantes. Sí, en efecto, ahora les toca a ellos. De actores ignorados deben pasar a ser los prioritarios. Debemos establecer un verdadero pacto con la sociedad civil. Ello implicará que los contenidos de nuestras reformas prioritarias sean los que afecten la vida cotidiana de las personas; que terminemos con los abusos, la indefensión, la sensación de desamparo y se creen mecanismos que protejan a los habitantes; que reconozcamos sus derechos y los ciudadanos estén conscientes de cuáles son; que terminemos con tantas discriminaciones; que escuchemos más; tenemos que acoger a los ciudadanos, integrarlos; que la participación sea una norma, no la excepción; que al descentralizar el país, la gente pueda participar más directamente en las decisiones. El remezón político que todos acabamos de vivir, reflejado en las nuevas máximas de “defender a la gente” y “estar con la gente”, está bien, es bueno, mejora el sistema político. Reconocer y mejorar los derechos del consumidor está bien, mejora el mercado, pero todo eso no basta. Debemos fortalecer la gran red y tejido social que conforma la sociedad civil, pues ello es la mejor garantía de que tendremos no sólo un sistema político democrático, sino también una sociedad democrática, una democracia más viva. Necesitamos un Estado fuerte, un mercado fuerte... también una sociedad fuerte, y en Chile hace falta más sociedad.
(Aplausos).
Estimados colegas y amigos, Chile requiere reformas. Es una necesidad objetiva de nuestra realidad. La mayoría abrumadora del país así lo ha expresado, y por si esto fuera poco, ha quedado de manifiesto en el respaldo electoral obtenido por los últimos candidatos presidenciales.
Este es el momento de las reformas. ¿A cuáles me refiero? Se hace urgente la reforma del sistema de salud. Del mismo modo, es indispensable la reforma laboral; debemos terminar la reforma educacional y profundizar la regional. Tendremos que continuar la reforma de la justicia, abordar el problema de nuestras etnias y crear la institución del defensor ciudadano. Por último, desde hace diez años, la Concertación viene insistiendo en la necesidad de reformas institucionales.
(Aplausos).
He sostenido que las reformas institucionales no pueden frenar otras reformas urgentes para solucionar los problemas cotidianos de las chilenas y chilenos, pero, por cierto, son indispensables para el inicio de la nueva era y para que podamos mirar definitivamente hacia el futuro. Para realizar estas reformas tenemos, por sobre todo, la obligación moral de ponernos de acuerdo para solucionar aquellos problemas más graves que afectan la dignidad de los chilenos. No es posible aceptar la miseria en que viven los más pobres entre los pobres, la indigencia que aún afecta a miles de chilenos. Es indispensable poner atajo a la inseguridad en nuestras ciudades, generar empleo, detener el progresivo deterioro del medio ambiente. Estos son desafíos ineludibles y de urgente solución. Inauguramos, así, una nueva etapa. Ahora es el momento de concretar un acuerdo para las reformas. Una nueva generación de reformas en todo los planos. Necesitamos un Parlamento para las reformas y la colaboración que las haga posible. Es claro que para avanzar en esta dirección necesitamos otro clima en nuestra convivencia interna que ayude a esta colaboración, y este Presidente trabajará incansablemente para ello. Pero también tenemos que asumir nuestras falencias de fondo como institución. La Cámara tiene que recuperar su rol propio. Tenemos que ser realmente el lugar de los grandes debates, propuestas y acuerdos y no ser meros legitimadores de decisiones que toman otros y en otras partes. La Cámara es también el lugar natural de acogida y expresión de la sociedad civil y donde ella siente que es escuchada y respetada.
A mí me parece que esto es muy importante, especialmente cuando el mismo estudio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo antes referido y en relación a los niveles de confianza de la ciudadanía, coloca al Parlamento y a los partidos políticos en los últimos lugares. Para aquilatar esta pérdida de confianza, pensemos un momento qué significaría para cada uno de nosotros que un ser querido, alguien de nuestra propia familia, nos dijera: “He perdido la confianza en ti”. Por lo tanto, debiéramos enfrentar esta pérdida de prestigio y credibilidad.
La sociedad requiere que volvamos a ser un Parlamento que sintoniza con la gente, que se vuelca a la calle al encuentro con los ciudadanos, que lleva a las regiones parte de su actividad legislativa. Yo creo que debemos abrir las puertas de este edificio para que entre el viento libre y soberano de una democracia con más vida, con más sentimientos. (Aplausos).
Estimadas y estimados colegas, en los programas de las campañas presidenciales había muchos puntos coincidentes que representan aspiraciones de todos nosotros y que hemos recogido en nuestras zonas. Este Presidente pondrá su mejor voluntad y esfuerzo para que estos acuerdos puedan ser llevados a la práctica dentro de los más breves plazos posibles. Vamos a alcanzar un nuevo trato con el Gobierno, para que esta Cámara tenga una participación más activa en la génesis de las leyes y deje de ser sólo un buzón del Ejecutivo.
Como expresión de este anhelo, de recoger las aspiraciones de las personas, hoy nos acompaña, entre otras, una delegación del pueblo mapuche.
(Aplausos).
El país está consciente de la necesidad de enfrentar el problemas de las etnias, no sólo porque es una situación que las afecta a ellas y a la sociedad chilena, sino porque, además, es una forma de enriquecer nuestra identidad y fortalecer nuestra diversidad. Aquí, el problema no es únicamente cuestión de propiedad de la tierra. Como lo ha afirmado el diputado Huenchumilla, el problema es mucho más complejo, pues abarca el aspecto cultural, religioso, ancestral y, finalmente, jurídico. Y, como él mismo ha dicho, “tenemos que enfrentar y analizar las relaciones históricas para conocer la verdad”.
El desafío consiste, fundamentalmente, en reconocer que los pueblos originarios tienen derecho a ser parte de la nación chilena, aportando su propia historia, religión, creencias, lenguaje y costumbres. ¿Por qué negamos a los mapuches que tengan su propia organización dentro de la nación chilena, tal como lo han hecho otros países más evolucionados que el nuestro, que han superado la inhumana e irracional arrogancia de los conquistadores sobre los conquistados? Digámoslo claramente: aquí hubo una verdadera confiscación sobre las tierras de nuestros pueblos indígenas. El Papa, hace pocos días, pidió perdón por los errores cometidos en el pasado por la Iglesia Católica. Entre ellos, la matanza de indígenas en los procesos de conquista. Siguiendo a Juan Pablo II, podríamos imitar su ejemplo reciente. Debiéramos pedirles perdón a nuestros pueblos originarios por quinientos años de exclusión, de aniquilamiento de sus culturas, por la forma como los hemos despreciado y humillado,...
(Aplausos).
...pedirles perdón por nuestra ignorancia, por no reconocer que con ellos nos enriquecíamos y que podríamos ser mejores personas y mejor sociedad. Este Presidente pondrá especial énfasis en aquellas materias legislativas que dicen relación con el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Me refiero, específicamente, a la reforma constitucional pendiente en el Parlamento y a la ratificación del convenio Nº 169, sobre pueblos indígenas, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, que luego, en esta sesión, deberemos aprobar.
(Aplausos).
Quiero informarles que copia de esta intervención será traducida al mapudungún, como expresión de la validez que tiene para este Presidente reconocer la diversidad que posee nuestro país. No haberlo hecho en otras lenguas indígenas es sólo limitación nuestra.
También quiero saludar a una delegación de pescadores artesanales de mi zona.
(Aplausos). A los pescadores artesanales los encontramos en las aguas del norte, centro y sur. Son los mismos que vemos arriba de sus botes cuando salen en la noche a la mar, para llevar a nuestras mesas la rica fauna de las costas chilenas y que tan bien cantaron Neruda y Pablo de Rokha. Son los mismos que defienden la sustentabilidad de nuestros recursos marinos, porque de ellos dependen para el sustento familiar. Son los mismos que nos estremecen cuando sabemos que algunos de ellos han perdido la vida en el mar que los vio nacer.
Este grupo también es discriminado. Los pescadores artesanales sufren de la ignorancia de un país que aún no comprende la gran riqueza de su territorio marítimo. A pesar de la exclusión a que hemos sometido a los pescadores artesanales, éstos han sido más fuertes. Han logrado revertir el destino al cual los teníamos condenados. Tienen mejores embarcaciones, las caletas comienzan a ser atractivos lugares turísticos y constituyen un buen ejemplo, yo diría un muy buen ejemplo, de cómo podemos transformar el rostro del Chile total. Ya es hora que pensemos a Chile entero, sin exclusiones, sin marginar a nadie, pues, al hacerlo, hacemos perder al país una tremenda riqueza humana, social y económica.
(Aplausos).
En las tribunas se encuentra un grupo de hombres vestidos de negro. Ellos son mis amigos: “Los Federales”, ...
(Aplausos).
...una de las últimas iniciativas ciudadanas en las que he participado y que me llena de satisfacción, pues constituye una primera línea de fuego contra las barreras del centralismo, que tiene verdaderamente taponeado el desarrollo del país. Aquí se ha producido una discriminación histórica del centro del país en contra de las regiones.
(Aplausos).
Por eso, nos da mucha esperanza la visita a Concepción del Presidente Lagos a pocas horas de haber asumido el mando de la nación, cuando expresó, con especial énfasis: “la sede del Gobierno está en Santiago, pero Santiago no es Chile”.
(Aplausos).
?Todo Chile es Chile?, dijimos en la cumbre de las regiones.
He querido referirme a estos amigos, pues son parte del Chile que podríamos construir; un Chile que asume toda su riqueza y diversidad como nación.
Quiero entregar un saludo muy cálido a una delegación de mujeres, hombres y jóvenes de Talcahuano, mi distrito.
(Aplausos).
Quiero entrañablemente a esa ciudad, donde tantos afectos he construido y donde tanto y de tantos he aprendido. Y sinceramente, si algo he crecido como persona en los últimos años, se lo debo, principalmente, a la riqueza y generosidad de su gente, con la que hemos luchado por un Talcahuano limpio, por una ciudad en la que, siendo el principal puerto industrial, pesquero y naval, su gente pueda vivir dignamente.
A los habitantes de Talcahuano los llaman “choreros”. Obviamente, es por su relación con el choro, molusco que se encontraba en las costas del puerto. Sin embargo, en Chile, dicha palabra tiene otras acepciones. Se dice de quien es “buena onda”, franco, abierto, que no escabulle los problemas, simpático, alegre, sencillo, digno, de hablar directo. ¡Así es la gente de mi distrito!
Por cierto, cada uno de ellos no lo tiene todo al mismo tiempo. Sería mucho pedir; pero si alguno de ustedes visita la ciudad encontrará alguna de estas cualidades en algún “chorero”. Es el que camina por sus calles con la prestancia de quien sabe que tiene un lugar en esta tierra. Finalmente, permítanme un momento de reflexión más personal. Aquellos que hemos dedicado nuestra vida al servicio público, a través de la actividad política, sabemos que detrás de lo hermoso y duro de esta tarea se esconde una realidad que afecta muy profundamente a personas que amamos mucho, y sin cuyo apoyo sería imposible que pudiésemos continuar en esta actividad. Me refiero a mis amigos y a tantos que he conocido durante más de 30 años y con quienes he compartido momentos de mucha alegría y también de mucho dolor; de muchas esperanzas, pero también de muchas frustraciones. Quiero expresar mi especial sentimiento por aquellos que nos acompañaron desde un principio. Muchos de ellos hoy no están porque dieron su vida para defender la democracia y permitir con su sacrificio que hoy estemos reunidos en este lugar. Especiales palabras merecen Sofía, mi mujer; Soledad, Antonio y Simón, mis hijos; y toda mi familia. Sin el afecto y comprensión de ellos, nada de lo que he hecho lo habría podido hacer o, tal vez, lo hubiese realizado pero sin el carisma que ellos han imprimido a mi vida y a mis acciones. En cada uno de mis éxitos, ellos han estado siempre presentes. Mis fracasos son sólo míos.
Todos son parte del futuro que empezamos a construir, de ese futuro que muchas veces no percibimos por esa eterna tensión con el presente. Y muchas veces no nos damos cuenta de que el futuro que tanto esperábamos se encuentra ya aquí, ahora, y que dependerá de cada uno de nosotros cuán justo, solidario y próspero pueda ser.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en las tribunas).BARRUETO
, Presidente (de pie).-
Honorable Cámara, estimadas amigas y amigos, señor ministro Secretario General de la Presidencia , don Álvaro García, quien nos acompaña en este momento.
Quiero agradecer a mis colegas de la Concertación de Partidos por la Democracia, y especialmente a los del PPD, la confianza que han depositado en mí para presidir esta Corporación.
Esto ocurre en un momento histórico particular: estamos al comienzo de un nuevo siglo y para la mayoría de las chilenas y chilenos es un momento muy significativo. Asimismo, la presidencia de Ricardo Lagos ha traído un nuevo hálito al país. Un espíritu diferente comienza a anidarse en el corazón de los chilenos. Las esperanzas y los sueños -tan vilipendiados en los últimos años- vuelven con toda su potencia para impulsar a los chilenos a construir una sociedad más justa, más libre y más sana. Por ello, en lo personal, siento un profundo anhelo de sintonizar con el cambio de siglo. Nosotros, como parlamentarios, debiéramos ser muy sensibles a las voces del tiempo y del pueblo.
Frente a la última elección presidencial, la mayoría está de acuerdo en que la sociedad expresó claramente su deseo de transformaciones profundas. La gente quiere que innovemos; pero -¡cuidado!- desea ver una manera distinta de relacionarnos con ella: cómo nos preocupamos de sus problemas y de las soluciones; cómo nos entendemos los partidos políticos para que puedan ver que nuestra vocación de servicio público es más fuerte que las rencillas por el poder. No nos perdamos. No vaya a ser que las rutinas nos desvíen y confundan y, en el tráfago de los acontecimientos, perdamos esa prioridad.
Sin embargo, debemos preguntarnos qué hay detrás de este mensaje que hemos recibido. ¿Por qué sucede ahora? ¿Cuáles son las señales que nos está enviando la gente? ¿Qué énfasis supone?
Durante los últimos años, el mundo social, la gente, la sociedad civil han estado muy olvidados en las grandes decisiones. Otros factores han condicionado la agenda: económicos, militares, financieros, institucionales. Bien, ¡ahora le toca a la gente! Necesitamos una democracia más ciudadana y menos elitista, una democracia donde el protagonismo ciudadano sea un actor decisivo. Es cierto que las personas participan en el sistema político como ciudadanos a través del voto; también lo hacen en el mercado como consumidores. Pero su vida no se reduce a eso: hay una amplia, diversa y rica vida social, más allá del sistema político y del mercado. Está la llamada sociedad civil, que expresa en movimientos, actividades, asociaciones e instituciones, de una manera directa, esa vida social y cultural: movimientos tradicionales como el sindicalismo o el estudiantil; movimientos nuevos, como el de defensa de los derechos de la mujer, de los derechos del consumidor, el movimiento ecologista-ambientalista. Existen, además, miles de asociaciones, como los clubes deportivos, bomberos, scout, talleres femeninos, el Hogar de Cristo, los voluntariados y muchas más.
Lo anterior es confirmado por el último estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que registra cerca de 84 mil organizaciones, lo que equivale a 56 asociaciones por cada 10 mil habitantes.
Sí, en efecto, ahora les toca a ellos. De actores ignorados deben pasar a ser los prioritarios. Debemos establecer un verdadero pacto con la sociedad civil. Ello implicará que los contenidos de nuestras reformas prioritarias sean los que afecten la vida cotidiana de las personas; que terminemos con los abusos, la indefensión, la sensación de desamparo y se creen mecanismos que protejan a los habitantes; que reconozcamos sus derechos y los ciudadanos estén conscientes de cuáles son; que terminemos con tantas discriminaciones; que escuchemos más; tenemos que acoger a los ciudadanos, integrarlos; que la participación sea una norma, no la excepción; que al descentralizar el país, la gente pueda participar más directamente en las decisiones.
El remezón político que todos acabamos de vivir, reflejado en las nuevas máximas de “defender a la gente” y “estar con la gente”, está bien, es bueno, mejora el sistema político. Reconocer y mejorar los derechos del consumidor está bien, mejora el mercado, pero todo eso no basta. Debemos fortalecer la gran red y tejido social que conforma la sociedad civil, pues ello es la mejor garantía de que tendremos no sólo un sistema político democrático, sino también una sociedad democrática, una democracia más viva. Necesitamos un Estado fuerte, un mercado fuerte... también una sociedad fuerte, y en Chile hace falta más sociedad.
(Aplausos).
Estimados colegas y amigos, Chile requiere reformas. Es una necesidad objetiva de nuestra realidad. La mayoría abrumadora del país así lo ha expresado, y por si esto fuera poco, ha quedado de manifiesto en el respaldo electoral obtenido por los últimos candidatos presidenciales.
Este es el momento de las reformas. ¿A cuáles me refiero? Se hace urgente la reforma del sistema de salud. Del mismo modo, es indispensable la reforma laboral; debemos terminar la reforma educacional y profundizar la regional. Tendremos que continuar la reforma de la justicia, abordar el problema de nuestras etnias y crear la institución del defensor ciudadano. Por último, desde hace diez años, la Concertación viene insistiendo en la necesidad de reformas institucionales.
(Aplausos).
He sostenido que las reformas institucionales no pueden frenar otras reformas urgentes para solucionar los problemas cotidianos de las chilenas y chilenos, pero, por cierto, son indispensables para el inicio de la nueva era y para que podamos mirar definitivamente hacia el futuro.
Para realizar estas reformas tenemos, por sobre todo, la obligación moral de ponernos de acuerdo para solucionar aquellos problemas más graves que afectan la dignidad de los chilenos. No es posible aceptar la miseria en que viven los más pobres entre los pobres, la indigencia que aún afecta a miles de chilenos. Es indispensable poner atajo a la inseguridad en nuestras ciudades, generar empleo, detener el progresivo deterioro del medio ambiente. Estos son desafíos ineludibles y de urgente solución.
Inauguramos, así, una nueva etapa. Ahora es el momento de concretar un acuerdo para las reformas.
Una nueva generación de reformas en todo los planos. Necesitamos un Parlamento para las reformas y la colaboración que las haga posible.
Es claro que para avanzar en esta dirección necesitamos otro clima en nuestra convivencia interna que ayude a esta colaboración, y este Presidente trabajará incansablemente para ello.
Pero también tenemos que asumir nuestras falencias de fondo como institución. La Cámara tiene que recuperar su rol propio. Tenemos que ser realmente el lugar de los grandes debates, propuestas y acuerdos y no ser meros legitimadores de decisiones que toman otros y en otras partes. La Cámara es también el lugar natural de acogida y expresión de la sociedad civil y donde ella siente que es escuchada y respetada.
A mí me parece que esto es muy importante, especialmente cuando el mismo estudio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo antes referido y en relación a los niveles de confianza de la ciudadanía, coloca al Parlamento y a los partidos políticos en los últimos lugares. Para aquilatar esta pérdida de confianza, pensemos un momento qué significaría para cada uno de nosotros que un ser querido, alguien de nuestra propia familia, nos dijera: “He perdido la confianza en ti”. Por lo tanto, debiéramos enfrentar esta pérdida de prestigio y credibilidad.
La sociedad requiere que volvamos a ser un Parlamento que sintoniza con la gente, que se vuelca a la calle al encuentro con los ciudadanos, que lleva a las regiones parte de su actividad legislativa. Yo creo que debemos abrir las puertas de este edificio para que entre el viento libre y soberano de una democracia con más vida, con más sentimientos.
(Aplausos).
Estimadas y estimados colegas, en los programas de las campañas presidenciales había muchos puntos coincidentes que representan aspiraciones de todos nosotros y que hemos recogido en nuestras zonas. Este Presidente pondrá su mejor voluntad y esfuerzo para que estos acuerdos puedan ser llevados a la práctica dentro de los más breves plazos posibles. Vamos a alcanzar un nuevo trato con el Gobierno, para que esta Cámara tenga una participación más activa en la génesis de las leyes y deje de ser sólo un buzón del Ejecutivo.
Como expresión de este anhelo, de recoger las aspiraciones de las personas, hoy nos acompaña, entre otras, una delegación del pueblo mapuche.
(Aplausos).
El país está consciente de la necesidad de enfrentar el problemas de las etnias, no sólo porque es una situación que las afecta a ellas y a la sociedad chilena, sino porque, además, es una forma de enriquecer nuestra identidad y fortalecer nuestra diversidad. Aquí, el problema no es únicamente cuestión de propiedad de la tierra. Como lo ha afirmado el diputado Huenchumilla, el problema es mucho más complejo, pues abarca el aspecto cultural, religioso, ancestral y, finalmente, jurídico. Y, como él mismo ha dicho, “tenemos que enfrentar y analizar las relaciones históricas para conocer la verdad”.
El desafío consiste, fundamentalmente, en reconocer que los pueblos originarios tienen derecho a ser parte de la nación chilena, aportando su propia historia, religión, creencias, lenguaje y costumbres.
¿Por qué negamos a los mapuches que tengan su propia organización dentro de la nación chilena, tal como lo han hecho otros países más evolucionados que el nuestro, que han superado la inhumana e irracional arrogancia de los conquistadores sobre los conquistados? Digámoslo claramente: aquí hubo una verdadera confiscación sobre las tierras de nuestros pueblos indígenas.
El Papa, hace pocos días, pidió perdón por los errores cometidos en el pasado por la Iglesia Católica. Entre ellos, la matanza de indígenas en los procesos de conquista. Siguiendo a Juan Pablo II, podríamos imitar su ejemplo reciente. Debiéramos pedirles perdón a nuestros pueblos originarios por quinientos años de exclusión, de aniquilamiento de sus culturas, por la forma como los hemos despreciado y humillado,...
(Aplausos).
...pedirles perdón por nuestra ignorancia, por no reconocer que con ellos nos enriquecíamos y que podríamos ser mejores personas y mejor sociedad.
Este Presidente pondrá especial énfasis en aquellas materias legislativas que dicen relación con el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Me refiero, específicamente, a la reforma constitucional pendiente en el Parlamento y a la ratificación del convenio Nº 169, sobre pueblos indígenas, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, que luego, en esta sesión, deberemos aprobar.
(Aplausos).
Quiero informarles que copia de esta intervención será traducida al mapudungún, como expresión de la validez que tiene para este Presidente reconocer la diversidad que posee nuestro país. No haberlo hecho en otras lenguas indígenas es sólo limitación nuestra.
También quiero saludar a una delegación de pescadores artesanales de mi zona.
(Aplausos).
A los pescadores artesanales los encontramos en las aguas del norte, centro y sur. Son los mismos que vemos arriba de sus botes cuando salen en la noche a la mar, para llevar a nuestras mesas la rica fauna de las costas chilenas y que tan bien cantaron Neruda y Pablo de Rokha. Son los mismos que defienden la sustentabilidad de nuestros recursos marinos, porque de ellos dependen para el sustento familiar. Son los mismos que nos estremecen cuando sabemos que algunos de ellos han perdido la vida en el mar que los vio nacer.
Este grupo también es discriminado. Los pescadores artesanales sufren de la ignorancia de un país que aún no comprende la gran riqueza de su territorio marítimo. A pesar de la exclusión a que hemos sometido a los pescadores artesanales, éstos han sido más fuertes. Han logrado revertir el destino al cual los teníamos condenados. Tienen mejores embarcaciones, las caletas comienzan a ser atractivos lugares turísticos y constituyen un buen ejemplo, yo diría un muy buen ejemplo, de cómo podemos transformar el rostro del Chile total. Ya es hora que pensemos a Chile entero, sin exclusiones, sin marginar a nadie, pues, al hacerlo, hacemos perder al país una tremenda riqueza humana, social y económica.
(Aplausos).
En las tribunas se encuentra un grupo de hombres vestidos de negro. Ellos son mis amigos: “Los Federales”, ...
(Aplausos).
...una de las últimas iniciativas ciudadanas en las que he participado y que me llena de satisfacción, pues constituye una primera línea de fuego contra las barreras del centralismo, que tiene verdaderamente taponeado el desarrollo del país. Aquí se ha producido una discriminación histórica del centro del país en contra de las regiones.
(Aplausos).
Por eso, nos da mucha esperanza la visita a Concepción del Presidente Lagos a pocas horas de haber asumido el mando de la nación, cuando expresó, con especial énfasis: “la sede del Gobierno está en Santiago, pero Santiago no es Chile”.
(Aplausos).
?Todo Chile es Chile?, dijimos en la cumbre de las regiones.
He querido referirme a estos amigos, pues son parte del Chile que podríamos construir; un Chile que asume toda su riqueza y diversidad como nación.
Quiero entregar un saludo muy cálido a una delegación de mujeres, hombres y jóvenes de Talcahuano, mi distrito.
(Aplausos).
Quiero entrañablemente a esa ciudad, donde tantos afectos he construido y donde tanto y de tantos he aprendido. Y sinceramente, si algo he crecido como persona en los últimos años, se lo debo, principalmente, a la riqueza y generosidad de su gente, con la que hemos luchado por un Talcahuano limpio, por una ciudad en la que, siendo el principal puerto industrial, pesquero y naval, su gente pueda vivir dignamente.
A los habitantes de Talcahuano los llaman “choreros”. Obviamente, es por su relación con el choro, molusco que se encontraba en las costas del puerto. Sin embargo, en Chile, dicha palabra tiene otras acepciones. Se dice de quien es “buena onda”, franco, abierto, que no escabulle los problemas, simpático, alegre, sencillo, digno, de hablar directo. ¡Así es la gente de mi distrito!
Por cierto, cada uno de ellos no lo tiene todo al mismo tiempo. Sería mucho pedir; pero si alguno de ustedes visita la ciudad encontrará alguna de estas cualidades en algún “chorero”. Es el que camina por sus calles con la prestancia de quien sabe que tiene un lugar en esta tierra.
Finalmente, permítanme un momento de reflexión más personal. Aquellos que hemos dedicado nuestra vida al servicio público, a través de la actividad política, sabemos que detrás de lo hermoso y duro de esta tarea se esconde una realidad que afecta muy profundamente a personas que amamos mucho, y sin cuyo apoyo sería imposible que pudiésemos continuar en esta actividad.
Me refiero a mis amigos y a tantos que he conocido durante más de 30 años y con quienes he compartido momentos de mucha alegría y también de mucho dolor; de muchas esperanzas, pero también de muchas frustraciones.
Quiero expresar mi especial sentimiento por aquellos que nos acompañaron desde un principio. Muchos de ellos hoy no están porque dieron su vida para defender la democracia y permitir con su sacrificio que hoy estemos reunidos en este lugar.
Especiales palabras merecen Sofía, mi mujer; Soledad, Antonio y Simón, mis hijos; y toda mi familia. Sin el afecto y comprensión de ellos, nada de lo que he hecho lo habría podido hacer o, tal vez, lo hubiese realizado pero sin el carisma que ellos han imprimido a mi vida y a mis acciones. En cada uno de mis éxitos, ellos han estado siempre presentes. Mis fracasos son sólo míos.
Todos son parte del futuro que empezamos a construir, de ese futuro que muchas veces no percibimos por esa eterna tensión con el presente. Y muchas veces no nos damos cuenta de que el futuro que tanto esperábamos se encuentra ya aquí, ahora, y que dependerá de cada uno de nosotros cuán justo, solidario y próspero pueda ser.
Muchas gracias.
(Aplausos en la Sala y en las tribunas).
El señor BARRUETO (Presidente).-
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ORTIZ.-
Pido la palabra para referirme a dos asuntos, uno de carácter reglamentario.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORTIZ .-
Me referiré primero al asunto reglamentario.
Señor Presidente , por una parte, su Señoría, la diputada señora Eliana Caraball y varios diputados que se encuentran presentes, entre ellos quien habla, hemos vivido lo hermoso que resulta asumir cargos de responsabilidad en la Mesa.
Por otra parte, sugiero que se solicite la unanimidad de la Sala para que las votaciones se lleven a cabo al término del Orden del Día. Ello, por razones lógicas. Como en las tribunas hay delegaciones de Talcahuano, de Curicó y del norte -apoyan al diputado señor Waldo Mora-, debemos tomar las providencias del caso.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Pido el asentimiento de la Sala para proceder a las votaciones a las l3.30 horas, al término del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor ORTIZ .-
En segundo lugar, pasaré a llevar el Reglamento, amparado en la autoridad que me dan mis años como diputado y mi vejez, para expresar públicamente a los diputados señores Carlos Montes , Mario Acuña y Patricio Hales , el reconocimiento de un parlamentario que ama mucho la Cámara de Diputados, por la ecuanimidad que imprimieron a sus actuaciones como Presidente y Vicepresidentes, respectivamente. Creo que conformaron una excelente Mesa.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
En el nombre de don Carlos Montes, de don Patricio Hales y en el mío propio, agradezco su gentileza, señor diputado.
El señor ORPIS.-
Pido la palabra.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , hago mías las palabras del diputado Ortiz , en el sentido de felicitar al diputado señor Montes por su exitosa gestión como Presidente de la Cámara.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, me sumo a los saludos a los miembros de la Mesa de la Cámara de Diputados que han dejado sus cargos y a quienes los han asumido.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Gracias por sus felicitaciones, señores diputados.
PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Orpis, por un asunto de Reglamento.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , en el punto número 1 de la Cuenta aparece un oficio por el cual el Senado remite, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que otorga el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad con la ley de adopción.
En atención a que la iniciativa de la Cámara de Diputados fue aceptada totalmente y a que el Senado le agregó un elemento mínimo bastante lógico -indicación hecha por el Ejecutivo-, solicito agregar a la Tabla de Fácil Despacho dicho proyecto, a fin de que esta Sala lo pueda votar y despachar hoy.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado por el diputado señor Orpis.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES ENTRE CHILE Y LOS PAÍSES BAJOS. Primer trámite constitucional.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones entre la República de Chile y el Reino de los Países Bajos.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Kuschel.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2425-10, sesión 15ª, en 16 de noviembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 22ª, en 4 de enero de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 16.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana me ha encomendado la tarea de informar a esta Cámara sobre el Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones entre la República de Chile y el Reino de los Países Bajos, y su Protocolo, suscritos en Santiago de Chile el 30 de noviembre de 1998.
Los compromisos que impone este tratado a los Estados Contratantes y los propósitos fundamentales que se persiguen con su celebración, son comunes a los diversos tratados de este tipo que Chile ha suscrito con países latinoamericanos, europeos y asiáticos a partir de su incorporación al Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, elaborado en el seno del Banco Mundial, con el fin de reducir los riesgos que deben enfrentar los inversionistas extranjeros en los países receptores de la inversión, uno de los cuales está constituido por los conflictos con el país huésped.
En lo sustancial, estos tratados -así como el que nos preocupa en este instante- importan el compromiso de estimular la efectiva transferencia de capitales y su adecuada protección, de conformidad con lo establecido en las respectivas legislaciones nacionales. En consecuencia, el propósito fundamental que persiguen es establecer -como lo señala el mensaje- un marco jurídico adecuado para regular los derechos y obligaciones del Estado receptor de los capitales como los de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los legítimos intereses de éstos con los del Estado receptor de las inversiones, favoreciendo de este modo la transferencia y movilidad de capitales.
Cabe señalar -como en su oportunidad lo hizo el mensaje relativo al Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Esta-dos- que los tratados de protección de inversiones tienen dos ventajas para el inversionista:
Primero, representan una condición para que operen en su favor los mecanismos de seguros públicos de inversión de los respectivos países, lo que les permite acceder a pólizas de seguros para su inversión a un costo menor al que deberían afrontar normalmente. De este modo, la celebración por Chile de este tipo de tratados, cuyo contenido normativo se reseñará, coloca al país en una situación ventajosa para atraer inversión extranjera.
Segundo, ofrecen al inversionista el recurso del arbitraje internacional para la solución de las controversias que con ocasión de la inversión puedan suscitarse con el Estado receptor.
Según informaciones proporcionadas por el Comité de Inversiones Extranjeras, las inversiones de nacionales de los Países Bajos en Chile, en el período 1974 a 1998, ascienden a casi US$ 32 mil millones, materializadas principalmente en los sectores de la industria, minería, servicios, transporte y comunicaciones.
Los principales compromisos que el Tratado impone a los Estados Contratantes son:
1. Incentivar la cooperación económica bilateral mediante la protección, en sus respectivos territorios nacionales, de las inversiones de nacionales del otro país, con sujeción a su derecho a ejercer las facultades conferidas por su legislación o reglamentación y dentro del marco de su política general en el campo de las inversiones extranjeras.
2. Garantizar a los inversionistas de la otra Parte Contratante un tratamiento justo, equitativo, no discriminatorio y que no obstaculice injustificadamente la operación, administración, mantenimiento, uso, usufructo o enajenación de la inversión por parte de los nacionales de la otra Parte y el de concederles un trato no menos favorable que aquel otorgado a sus propios nacionales o a los inversionistas de un tercer Estado, si este último fuere más favorable, especialmente con respecto a los impuestos, derechos, cargas, deducciones y exenciones tributarias, excluidas las ventajas tributarias concedidas en un convenio para evitar la doble tributación, en virtud de una unión aduanera, unión económica u organización similar o sobre la base de reciprocidad con un tercer Estado.
3. Garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de los fondos relacionados con la inversión, en moneda de libre convertibilidad; en particular, aunque no exclusivamente, las utilidades, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes; los fondos necesarios para la adquisición de materias primas o secundarias, productos semielaborados o terminados; los fondos necesarios para el desarrollo de la inversión; los fondos por concepto de amortización de préstamos debidamente contratados y autorizados de conformidad con la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiere efectuado la inversión; royalties o derechos; remuneraciones y honorarios de personas naturales con respecto al trabajo remunerado y los servicios prestados en relación con una inversión; el producto de la venta o liquidación de la inversión; los pagos por compensación de pérdidas causadas debido a conflictos armados, revolución u otros acaecidos en el territorio de la Parte receptora de la inversión y las compensaciones por causa de nacionalización o expropiación.
4. No adoptar medidas discriminatorias que, directa o indirectamente, priven de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o interés nacional, y vayan acompañadas de una compensación inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor real de la inversión afectada y con una tasa comercial corriente desde la fecha de la expropiación hasta la fecha de pago.
5. Otorgar a los inversionistas de la otra Parte un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus nacionales o a nacionales de terceros Estados, en la reparación de las pérdidas que sufrieren en su inversión a causa de una guerra o cualquier otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, disturbios, insurrección o motín producidos en el territorio de la Parte Contratante receptora de la inversión.
6. Reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la Parte Contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra Parte Contratante.
7. Resolver las controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante mediante consultas amistosas o recurriendo a los tribunales locales de la Parte Contratante receptora de la inversión o al arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, creado por el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, vigente en Chile como ley de la República.
Las Partes Contratantes se comprometen a no tratar, por medio de canales diplomáticos, asuntos relacionados con controversias sometidas a proceso judicial o a arbitraje internacional hasta que ellos estén concluidos, salvo el caso de incumplimiento de sentencia judicial o arbitral.
8. Resolver las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y aplicación de estos acuerdos por la vía diplomática o el arbitraje internacional de un Tribunal Arbitral ad hoc integrado por miembros designados por las partes o con el concurso de la Corte Internacional de Justicia, en caso de no haber acuerdo para su designación.
Por los antecedentes expuestos, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana compartió los propósitos que llevaron a los gobiernos de Chile y del Reino de los Países Bajos a suscribir este tratado. De manera que decidió, por unanimidad, aprobarlo y proponer a la honorable Cámara que adopte el artículo único del proyecto de acuerdo, en los mismos términos del mensaje.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio para la promoción y protección recíproca de las inversiones entre la República de Chile y el Reino de los Países Bajos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. Primer trámite constitucional.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, aprobatorio de la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, es el señor Reyes.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2290-10, sesión 30ª, en 5 de enero de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 23ª, en 23 de enero de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 18.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado informante, señor Reyes.
El señor REYES.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, paso a informar el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, acordada el 17 de diciembre de 1997 en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), suscrita por el Gobierno de Chile junto con otros 32 Estados, en la misma fecha, con el propósito fundamental de promover la lealtad en los tratos que generan el comercio y las inversiones internacionales.
Chile participó como miembro pleno en las negociaciones internacionales del Grupo de Trabajo sobre Corrupción, del Comité de Inversiones Extranjeras y Empresas Multinacionales de la Ocde, que dieron origen a este instrumento, el que viene a sumarse a otras iniciativas y acciones adoptadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de los Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Unión Europea para combatir el cohecho a funcionarios públicos.
De dichas iniciativas y acciones, nuestro Congreso Nacional aprobó, en septiembre de 1998, la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en Caracas, el 29 de marzo de 1996.
En la Convención que nos ocupa los Estados Partes se comprometen a prohibir y sancionar el soborno en las operaciones comerciales internacionales, entendiéndose como tal el hecho de que cualquier persona, intencionalmente, ofrezca, prometa u otorgue cualquier ventaja pecuniaria o de otra índole, sea en forma directa o a través de intermediarios, a un funcionario público extranjero en beneficio de éste o de un tercero, a fin de que en el ejercicio de sus deberes dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar, obteniendo o manteniendo con ello cualquier negocio u otra ventaja indebida en la realización de transacciones comerciales internacionales.
Se trata, por cierto, de una figura novedosa e importante promovida durante los trabajos preparatorios de su texto, principalmente por la delegación de Estados Unidos, según se deja constancia en el mensaje con que la Convención fue sometida a la consideración del Congreso Nacional.
De acuerdo con antecedentes proporcionados por el Programa de Asesoría Legislativa (Pal), la iniciativa para aprobar normas internacionales que combatan esta forma específica de corrupción, representada por el cohecho a funcionarios públicos extranjeros, también surge en Estados Unidos, ya que, de conformidad con el documento del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el período 1994-1996, las empresas comerciales de ese país perdieron, al menos, 36 contratos equivalentes a 11 billones de dólares, a causa del cohecho en las actividades comerciales internacionales. Las cifras que manejan las empresas afectadas señalan que el cohecho internacional durante el mismo período habría provocado la pérdida de cerca de 139 contratos, equivalentes a 64 billones de dólares.
Por su parte, el Instituto Libertad y Desarrollo también analiza esta nueva Convención y concluye que ella es positiva, por cuanto obliga a los países signatarios a reprimir conductas que atentan contra la probidad. Agrega que la creciente internacionalización de la economía tiende a generar relaciones con diversos países del mundo, lo que puede originar casos de conductas ilícitas, tales como el cohecho a un funcionario público extranjero. Pero debe tenerse presente -sostiene- que junto con reprimir penalmente las conductas contrarias a la probidad funcionaria, es recomendable reducir el tamaño económico del Estado como otra forma de evitar prácticas de corrupción administrativa y de soborno.
Cabe señalar también, entre los antecedentes generales que fundamentan este proyecto de acuerdo, que recientemente nuestro Congreso Nacional despachó un proyecto de ley, originado en mensaje, relativo a la probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado, y otro, de origen en moción, que modifica el Código Penal para sancionar casos de corrupción. Por su parte, la ley Nº 19.366, sobre tráfico de estupefacientes, sanciona el delito de lavado de dinero, una de las figuras delictivas que los Estados Partes de esta nueva Convención se comprometen a extender a los casos de cohecho a un funcionario público extranjero.
El preámbulo de la Convención contempla diversas declaraciones de los Estados Partes sobre los motivos que los llevan a celebrar este acuerdo, en las que dejan constancia de que el cohecho es un fenómeno ampliamente difundido en las transacciones comerciales internacionales, incluido el comercio y las inversiones, que da origen a serias complicaciones de carácter moral y político, mina el buen gobierno y el desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales, en especial mediante la pronta, eficaz y coordinada tipificación del cohecho como delito, de conformidad con los elementos normativos adoptados por la Ocde y con otros principios jurisdiccionales y legales propios de cada país.
En este último aspecto, reconocen que lograr la equivalencia de las medidas que los Estados Partes deben adoptar, constituye el objetivo y propósito esencial de la Convención, por lo cual ésta debe ser ratificada sin derogaciones que afecten esta equivalencia.
Los aspectos sustantivos de la Convención se refieren, principalmente, al compromiso de tipificar el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, a la responsabilidad de las personas jurídicas, a las sanciones aplicables, a la jurisdicción competente para juzgar a los responsables -regulados por los artículos 1º a 8º-; a los mecanismos de cooperación entre los Estados Partes -artículos 9º a 12-, y a las cláusulas finales propias de todo tratado multilateral, relativas a la firma, adhesión, ratificación, depósito, entrada en vigor, modificaciones a la Convención y retiro, contempladas en los artículos 13 a 17.
Los principales compromisos que impone la Convención a los Estados Partes son: tipificar el delito de cohecho; establecer la responsabilidad de las personas jurídicas y sancionar a las personas naturales; establecer la jurisdicción competente para juzgar a los responsables; establecer mecanismos de cooperación entre los Estados Partes para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros, estipulándose al efecto que el Grupo de Trabajo de la Ocde sobre cohecho en transacciones comerciales internacionales efectúe un seguimiento sistemático de la aplicación de la Convención.
Por último, cabe señalar que esta Convención no admite reservas por ser contrarias a su objetivo y propósito esencial de equivalencia entre las medidas que los Estados Partes deben adoptar para darle cumplimiento, según lo declaran en su preámbulo.
Por todos los antecedentes expuestos y después de haber escuchado al director jurídico del Ministerio de Justicia, don Claudio Troncoso , quien en lo sustancial sostuvo que no hay inconvenientes de derecho que se opongan a la aprobación parlamentaria de esta Convención, la Comisión acordó, por unanimidad, proponer a la Sala su aprobación.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
En discusión el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Caminondo.
El señor CAMINONDO .-
Señor Presidente , hoy nos corresponde votar el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, suscrito por Chile junto con otros 32 Estados.
Mediante esta Convención, el Estado de Chile se compromete a establecer como conducta criminalmente relevante los actos de cohecho cometidos por nacionales respecto de empleados públicos extranjeros, sancionando a cualquier sujeto activo, persona natural o jurídica, sea que los realice por sí mismo o a través de intermediarios.
La corrupción es un fenómeno global que afecta a un gran número de países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, razón por la cual el acuerdo en análisis constituye una iniciativa constructiva para unir fuerzas en contra de la corrupción. Sin duda, convertir en delitos ciertos actos de soborno internacional, establecerá nuevas reglas del juego. De esta forma, el argumento de que en el extranjero se actúa distinto debería ir perdiendo validez.
En consideración a que esta iniciativa constituye un gran paso para detener la corrupción, y siendo éste uno de los temas primordiales que preocupa a nuestro partido, anuncio el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , la globalización, cada vez más intensa y acelerada, y la fuerte inserción de nuestro país en los mercados internacionales lo obligan a tomar las medidas que permitan que el comercio, la competencia, la transparencia, la igualdad de las partes que participan en las transacciones comerciales, sean protegidos adecuadamente.
Es indudable que una legislación que combate la corrupción y el cohecho es muy beneficiosa para Chile, porque nuestro país tiene bien ganada fama de proceder limpiamente en toda su relación internacional, tanto privada como pública, que no trata de sobornar ni corromper a agentes económicos de otros países para obtener ventajas. De manera que Chile se beneficia bastante con medidas que eviten la corrupción y el soborno.
Todos tenemos perfecto conocimiento de las múltiples investigaciones y escándalos habidos en países desarrollados, como Japón, Holanda, incluso en Estados Unidos, por la acción de compañías que, a través del soborno y del cohecho a funcionarios públicos, pretenden obtener determinados beneficios.
Naturalmente, en esta materia Chile debe ser uno de los líderes en la defensa de la limpieza del procedimiento y en el combate a los funcionarios corruptos, ya que la sociedad chilena ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en mejorar aún más nuestros índices de honorabilidad en todo el quehacer público y privado.
Las leyes de probidad aprobadas hace poco para el servicio público apuntan en ese sentido, por lo que es absolutamente coherente y bueno para el país que, a nivel internacional, mantengamos esa línea y apoyemos toda acción que dé limpieza, transparencia y honorabilidad a la relación económica entre agentes privados y públicos y entre países.
Por lo tanto, estoy seguro de que, tal como lo hará mi bancada, toda la Cámara aprobará en forma unánime esta convención, para la cual anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Posteriormente, este asunto fue aprobado en los siguientes términos:
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
EXTENSIÓN DEL FUERO MATERNAL A LA MUJER ADOPTANTE. Tercer trámite constitucional.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Por acuerdo unánime de la Sala, corresponde tratar las modificaciones propuestas por el honorable Senado al proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que extiende, en determinados casos, el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo, en conformidad con la ley de adopción.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2268-13. Documentos de la Cuenta Nº 1 de esta sesión.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , respecto del tema del fuero a la madre adoptiva, el Senado aceptó, en los mismos términos, lo propuesto por la Cámara de Diputados.
La única modificación que introdujo, y que es de toda justicia, se refiere a un tema relativamente distinto pero que también está vinculado con el fuero. Básicamente, consiste en que cuando una mujer muere al momento del parto, ese fuero se extienda al marido, ya que él tiene el cuidado personal del hijo.
Esta indicación fue presentada por el Ejecutivo, y los autores de la moción, el diputado señor Delmastro y quien habla, aceptamos, porque es de toda justicia otorgarla.
Por lo tanto, el fuero, tal como lo concibió la Cámara de Diputados y que fue aprobado por unanimidad, no tiene ninguna modificación, sino que incluye este tema adicional, de otorgarle al marido, cuando la mujer muere en el momento del parto, el fuero maternal, o paternal, como sería en este caso.
Termino mi intervención agradeciendo, en primer lugar, al gobierno anterior por haber patrocinado este proyecto, y al actual por haber insistido en la iniciativa, y a la buena voluntad de la Cámara de Diputados y del Senado en despacharlo.
Por lo expuesto, votaré favorablemente la modificación del Senado.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , tal como lo expresaba el diputado señor Orpis , deberíamos aprobar las modificaciones introducidas por el Senado, puesto que a los legisladores lo que nos interesa fundamentalmente es la protección del niño, y la modificación del Senado extiende el fuero maternal al marido en caso de muerte de la mujer, con el objeto de proteger al niño adoptado de acuerdo con la nueva ley de adopción.
Cualquier iniciativa que proteja al niño merece toda nuestra aprobación y respaldo.
Por lo tanto, felicito a sus autores.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente , sólo quiero sumarme a los agradecimientos manifestados por el diputado señor Orpis , al gobierno anterior y al actual, por haberle dado celeridad a la tramitación de este proyecto, con el cual se hace justicia a los padres adoptivos respecto de los padres biológicos.
Se extienden a las madres adoptivas todas aquellas disposiciones del Código del Trabajo que benefician a las madres biológicas. Tal como se ha mencionado, el Senado introdujo una modificación que transfiere el fuero maternal al padre en caso de fallecimiento de la madre, de modo que el niño queda protegido.
Esta iniciativa es de alto interés para muchas familias que, con generosidad y gran amor, han adoptado un niño.
Agradezco el apoyo que ha tenido este proyecto, tanto en la Comisión del Trabajo como en las comisiones respectivas de Senado.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones propuestas por el honorable Senado al proyecto que extiende, en determinados casos, el beneficio del fuero maternal a mujeres que adopten un hijo en conformidad a la ley sobre adopción.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VI. ORDEN DEL DÍA
CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
En el Orden del Día, corresponde continuar, en primer trámite constitucional, la discusión en general del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Tiene la palabra el diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA .-
Señor Presidente , celebro que después de 10 años, la Cámara esté terminando el estudio del tratado internacional cuya aprobación se solicita, y que ha sido largamente esperado por las distintas organizaciones indígenas del país. Su despacho ha constituido uno de los objetivos fundamentales de los últimos tres gobiernos. Por ejemplo, en el pacto, por así llamarlo, de Nueva Imperial con el Presidente Patricio Aylwin , se contemplaba la aprobación del convenio por las instituciones de la república.
Es fundamental que entre los distintos integrantes de nuestra sociedad se dé el factor confianza en sus instituciones y en las reglas del juego que nos rigen. Si estamos presenciando un creciente conflicto entre distintas comunidades indígenas y empresarios del área forestal es porque desde hace muchas décadas se ha deteriorado la confianza en la ley, en los procedimientos para resolver los conflictos, en los espacios de participación y en las propias instituciones del Estado.
Nosotros, al demorarnos 10 años en analizar un proyecto de esta naturaleza, le estamos dando la razón a aquellos que dicen que no hay confianza en las instituciones del Estado. Por eso, me alegro de que, por suerte, ahora sí la Cámara adopte una decisión sobre esta materia.
La segunda reflexión que quiero hacer es que este convenio internacional se enmarca dentro de un proceso creciente en el mundo de reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y a un nuevo trato de los distintos estados, que se ha traducido en numerosos instrumentos y declaraciones de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo e, incluso, de la Organización de Estados Americanos. De tal manera que no nos debe llamar la atención que en el ámbito de los pueblos indígenas, así como el mundo se integra -se globaliza, se intercambian bienes y servicios y lo que sucede en una parte de él no es ajena a la otra-, adoptemos esta legislación supranacional, que tiende precisamente a proteger a las minorías, en este caso a los pueblos originarios que perdieron la primera batalla cuando fueron conquistados por otros países y otras culturas.
Escuché con mucha atención los distintos argumentos que aquí se han dado y, especialmente, los del honorable diputado señor Alessandri. Me voy a referir a algunas de las objeciones que plantea, pero antes quiero hacer una reflexión, con todo cariño, respecto de nuestro estimado colega. Tiene un apellido ilustre, de gran importancia en el Congreso chileno y en la conformación de la república. Su familia ha dado mucho al país en el servicio público y en las instituciones del Estado. Por lo tanto, no logro comprender su postura, a mi juicio, muy restringida y sin la amplitud y criterio que esperaría de un tribuno cuyos antecesores han tenido una actuación pública relevante.
A lo mejor, falta una conversación más detenida con el señor diputado , sobre estos serios y profundos temas que, a mi juicio, son de Estado, que tienen que ver con la paz social, la integración del país, la diversidad, el pluralismo, el respeto a todos; y eso, también es construir la república.
Espero que nuestro estimado colega tenga la amplitud para enfrentar los nuevos tiempos y, de esa manera, continuar con legítimo orgullo la senda de ver asuntos de esta naturaleza con un criterio de Estado. Si tenemos esa altura de miras no vamos a tener fantasmas con respecto a las posibilidades que otorga este instrumento legal a las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas en este país.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , el señor Alessandri le solicita una interrupción.
El señor HUENCHUMILLA.-
Con mucho gusto se la concedo.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Ciertamente, he tenido un gran respeto y una suerte de admiración por mi distinguido colega Huenchumilla.
Como el tiempo que puedo usar en una interrupción es muy breve, quiero referirme sólo a un hecho. Fundamentalmente ayer impugné la constitucionalidad de este proyecto y dije que, de ser aprobado, tendría que serlo con quórum calificado.
Y esto no constituye el estrecho pensamiento de un diputado que tiene un determinado apellido. Pienso que los apellidos hay que honrarlos y que no por generación hereditaria pueden determinar algunas condiciones.
Me alegro del recuerdo que hace el colega Huenchumilla , pero quiero leerle a la Cámara, en la fracción de segundos de que dispongo, qué dijo el señor ministro de Minería de la Concertación. Abocado a dar una respuesta sobre este tema, manifestó una posición contraria, sosteniendo que difícilmente el Nº 2 del artículo 15 del Convenio Nº 169, en la forma en que está redactado, puede conciliarse con el ordenamiento constitucional y legal minero nacional, toda vez que condicionaría el ejercicio por el Estado de su derecho de dominio absoluto sobre las minas. Asimismo, expresó que la aprobación de este convenio requeriría de las reservas o declaraciones suficientes que dejen a salvo y resguarden el ordenamiento jurídico minero nacional.
Entonces, no es estrechez del diputado que habla, quien está defendiendo una tesis jurídica.
¿Cómo no vamos a querer lo mejor para las etnias en Chile? ¿Cómo no vamos a querer lo mejor para todos los chilenos sin producir luchas de clases, sin producir diferencias de tipo étnico? Aspiramos, fundamentalmente, a la integración del país y no a la segregación, y este proyecto, además de ser inconstitucional, es segregacionista, porque nos divide en vez de unirnos.
Gracias, colega, por la interrupción.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente , me refería precisamente a la expresión usada por el diputado señor Alessandri , en orden a que éste es un instrumento legal segregacionista, y no a los argumentos constitucionales, a los cuales me voy a referir en seguida.
Este país ratificó una Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, que es ley de la República en virtud del artículo 5º de la Constitución. Ahí se dice que las distinciones basadas en las razas o el sexo no constituyen discriminación cuando tienen el objetivo de asegurar a los grupos marginados o discriminados un disfrute igual de derechos o libertades fundamentales. De tal manera que en nuestro ordenamiento interno tenemos una ley vigente que nos dice que podemos hacer distinciones basadas en el criterio étnico, con el objeto de proporcionarle una igualdad de derechos y libertades fundamentales. Eso ya rige el país, y a eso me refería cuando dije que nuestra mente debía estar abierta para aceptar los nuevos criterios que hoy significan tener un estado diverso, pluriétnico, donde hay muchas manifestaciones de los distintos grupos de la sociedad.
Por lo demás, quiero decir que en el mundo hay más o menos 200 estados de los cuales 180 son plurinacionales y pluriétnicos sin que se quiebre el estado. Así lo vemos en América Latina y Europa. Los grandes conflictos, los más tremendos del mundo -como en Yugoslavia y la Unión Soviética- estallan precisamente cuando grupos nacionales mayoritarios tratan de aplastar a las minorías y cuando éstas carecen de espacio.
¿Qué quiero decir? Que debemos considerar un punto de alerta, que debemos ver la luz amarilla, porque si tratamos al pueblo mapuche y a los grupos indígenas con la misma vara y no les damos los espacios necesarios para desarrollar su identidad, sus manifestaciones, su lengua, los estamos comprimiendo y permitiendo que los grupos más radicales empleen otro tipo de métodos y surjan conflictos. Entonces, la solución es el espacio en un solo estado, en este país que es de todos nosotros y también de los mapuches, por supuesto; pero reconozcamos la diversidad, pues ahí está la riqueza, la fuerza, el pluralismo y la posibilidad de que nos realicemos. Es lo que hoy existe en el mundo.
Solamente hay 20 estados que podrían ser uninacionales, el resto tiene una variada y rica gama de todas las manifestaciones de distintos pueblos.
Voy al tema constitucional.
¿De qué cuestión inconstitucional estamos hablando? Digamos, en primer lugar, que estamos en presencia de un tratado. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 82 de la Constitución, por razones sustantivas no está sujeto al control de constitucionalidad. Además, no se trata de una ley orgánica; si lo fuera, lógicamente procedería el control de constitucionalidad. Si fuera ley de quórum calificado, tampoco habría control de constitucionalidad por cuestiones de fondo en razón del mismo artículo 82.
¿Por qué podríamos recurrir al Tribunal Constitucional respecto de un tratado? Solamente por defectos formales de su tramitación, como dice el artículo 82, número 2. O sea, por razones de procedimiento, de gestación de la ley, en el caso de que se haya infringido el proceso de su formación. Si así hubiere ocurrido, el Tribunal Constitucional, dirá: “Este tratado tuvo un procedimiento inconstitucional y, por lo tanto, puede haber ejercicio de control de constitucionalidad”. En consecuencia, quiero manifestar al honorable diputado Alessandri , respecto del artículo 15, que el Tribunal Constitucional, por cuestiones sustantivas, no tiene competencia para conocer de este tratado porque expresamente la Constitución no se la da.
¿Qué establece el artículo 15? Una limitación a la propiedad del Estado, al señalar las obligaciones que debe tener respecto de la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo. Está acotando, está estableciendo condiciones, no está eliminando el derecho de propiedad del Estado sobre las minas o el subsuelo; le está fijando limitaciones. ¿Y por qué? Porque el número 24 de su artículo 19, que regula el derecho de propiedad, señala que sólo la ley puede disponer de ella, sus limitaciones y las obligaciones que deriven de su función social.
Por lo demás, el mejor ejemplo de la limitación del derecho de propiedad en Chile fue la dictación de la ley indígena. El Tribunal Constitucional la aprobó sin ningún tipo de objeciones.
Entonces, de la única manera que podría entrar a conocer el Tribunal Constitucional el presente tratado sería si se alegara una cuestión de procedimiento en su tramitación en el Congreso, pero no en materia sustantiva respecto del contenido del artículo 15, que limita la propiedad del Estado, porque eso está expresamente autorizado, como dije, por el artículo 19, número 24, inciso segundo, de la Constitución Política del Estado.
En consecuencia, no hay posibilidad alguna de que este tratado llegue al Tribunal Constitucional por la vía sustantiva, ni tampoco por la de los quórum, porque, lógicamente, no se trata de materias de ley orgánica constitucional, pues la propia Comisión de Relaciones Exteriores la calificó como una ley de quórum simple, y en el evento de que tuviera disposiciones de quórum calificado, tal tipo de leyes tampoco son objeto de control constitucional.
Entonces, creo que estamos aprobando este convenio que tiene los conceptos de pueblos, pero no en cuanto a la autodeterminación que señalan los instrumentos internacionales, que lo dicen expresamente en el sentido independentista -por si alguien pensara así conforme al derecho internacional-, ¡no!, porque está acotado, y así lo dice el tratado.
Se establecen normas respecto de tierras y territorios, y si este convenio hubiera estado vigente, probablemente hoy no estaríamos metidos en el zapato chino que significa el problema de Ralco, porque este instrumento legal habría señalado el camino para hacer las cosas bien y no mal como lo hemos hecho con el conflicto existente.
Además, incluye algunas normas sobre el derecho consuetudinario, que naturalmente tendrá que complementarse con disposiciones legales para adecuarlo a las disposiciones que el Código Civil y el de Comercio establecen sobre esta materia.
Termino mi intervención, pidiendo a los señores diputados que votemos favorablemente el proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio, porque se adecua a la legislación internacional y permite dar una muestra de confianza de las instituciones del Estado a los pueblos indígenas de este país. De esa manera podemos construir una sociedad con pleno respeto hacia las identidades de los distintos grupos, porque, en definitiva, todos queremos la paz del Estado y la tranquilidad de la sociedad para usar nuestras energías no en resolver conflictos, sino en construir un país con plena participación de todos.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , no deseo aburrir a la Cámara con el tema ni insistir nuevamente en toda la argumentación que di ayer.
Ahora, esta suerte de controversia con el diputado Huenchumilla , tampoco es el lugar para seguir debatiéndola. Él tiene sus puntos de vista y yo los míos, y como lo anuncié ayer, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. En definitiva, será éste el que exprese cuál de las dos posiciones tiene la razón.
Creo que no me corresponde agregar nada en especial, salvo llamar la atención, por ejemplo, sobre el artículo 10 del tratado en discusión que dice a la letra:
“1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
“2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Sana norma, señor Presidente , muy sana norma, pero que debe acompañar a todos los chilenos. No veo por qué establecer clases privilegiadas, cuyos miembros no puedan ser encarcelados, sino que debe aplicárseles otra penalidad. A mi juicio, los mapuches, los aimaras, los rapa nui, todos son chilenos, de manera que habría que generalizar dicha norma.
En cuanto a los convenios mineros -el señor Huenchumilla es estudioso y conoce la materia-, el Nº 2 del artículo 15 establece las limitaciones del Estado, pero también sabemos muy bien que, respecto de los derechos mineros, el Nº 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas; es decir, no acepta limitación alguna en esta materia. En todo caso, no quiero entrar en ese debate, pues será el Tribunal Constitucional el que falle en definitiva.
Al igual como lo hice respecto del artículo 10, que lo deseaba extensivo para todos los chilenos, quiero hacer notar que también debe aplicarse a todos el artículo 15, en virtud del cual se les reconoce una cantidad de beneficios a los pueblos interesados, los cuales deberán participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten las actividades mineras y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades; o sea, coparticipar en la minería. Puede ser justo, pero también sería justo hacerlo extensivo al resto de los chilenos. ¿Por qué un descendiente de alemán, de español, de italiano, de árabe, de judío, no va a poder participar en iguales términos que los mapuches? ¡Ah! porque los aimaras están diciendo: “Todas estas tierras eran nuestras”, de manera que vamos a participar de la grande, mediana y pequeña minería. Los atacameños señalan que es válido lo que sostienen los aimaras, pero agregan: “Nosotros, los atacameños, también debemos participar de toda la minería de la región”. Entonces, participemos todos los chilenos en su totalidad, no sólo grupos tan restringidos.
Esa es la razón por la cual hablé de segregación y no de integración. Integremos a toda la comunidad chilena, cualquiera sea su etnia o ascendencia, sin importarnos de dónde vienen, sino sólo hacia dónde van.
Señor Presidente, con su venia, le concedo, con el mayor agrado, una interrupción al diputado señor Huenchumilla.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA .-
Señor Presidente , la diferencia entre los indígenas y los italianos, alemanes o suizos que han llegado hasta acá radica en que los primeros entraron al Estado chileno por la fuerza, no por su voluntad, y estaban aquí antes del Estado. En cambio, los inmigrantes llegaron voluntariamente, en busca de mejores horizontes y se han incorporado al país con todo nuestro afecto y respeto. Los pueblos nativos tienen una legitimidad de origen, porque son anteriores al Estado. Ellos no crearon esta situación, sino que el Estado chileno, por la fuerza, como sucedió en el sur, les quitó todo, sus tierras y su patrimonio, sin pagarles un centavo. La primera reforma agraria fue la que llevó a cabo el Estado chileno en contra de los mapuches, cuando les quitó cuatro millones y medio de hectáreas sin pagarles un peso. Esa es la diferencia.
Muchas gracias.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Puede continuar el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , atendible el argumento de mi distinguido colega. Claro que ésa fue la primera reforma agraria, pero hubo una segunda, cuyo lema era “la tierra para el que la trabaja”. ¿Cuál fue el resultado de esta reforma agraria? Bien lo saben los señores diputados. Se me dice, y lo repito con beneficio de inventario, que en la actualidad sólo el 17 por ciento de las tierras asignadas en su época permanecen en poder de las familias asignatarias. Eso demuestra cuál es el resultado de este tipo de reformas.
Ayer, un distinguido colega se condolía de que el proyecto hubiese estado por más de nueve años estudiándose en las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados. Es verdad, pero ello demuestra que hubo una suerte de desidia de quienes han tenido mayoría en esta Corporación. Puede ser una razón, pero la causa principal radica en que se trata de un proyecto contencioso, en el cual no todos hemos estado de acuerdo. Desde mi punto de vista, este no es un problema político, como alguien lo enjuiciaba en tan mala forma ayer. Aquí no hay posiciones de Izquierda ni de Derecha, porque todos, los de uno y otro lado, de muy buena fe, estamos activando las situaciones para llevar a mejores vías a la República. Ayer escuché a un diputado de mi bancada que opinó en forma totalmente diferente a lo que yo señalé. Lo mismo puede suceder en otras bancadas. Me felicito de que en este tipo de materias así suceda, porque demuestra, una vez más, la honestidad de credo de todos los señores parlamentarios, que desde nuestros personales puntos de vista siempre estamos buscando lo mejor para el país.
En cuanto a la demora en la tramitación del proyecto, puedo agregar que si no se hubiese excluido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, como lamentablemente se hizo, se habría demorado más tiempo y es probable que se hubiese obviado el debate habido en esta Sala. Pero, en fin, así se determinó en el día de ayer y ahora estamos en esta situación.
No deseo que por una legislación inconveniente se mantenga en la desesperanza y frustración al pueblo mapuche y a las otras etnias. Creo que es una obligación de todos los chilenos concurrir en su ayuda, con nuestros personales puntos de vista, pero siempre buscando el bien común.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , estamos frente a un proyecto que durante mucho tiempo ha estado esperando para ser tratado, no sólo por los parlamentarios, sino también por las minorías originarias de nuestro país. Cada uno de nosotros puede tener una visión respecto del tema, pero en lo que no podemos tener diferencias es en la necesidad de una concepción moderna de sociedad y de reconocer la injusticia que como Estado se cometió en contra de los pueblos originarios. No es lo mismo el trato que se puede dar a las minorías étnicas, que tienen legítimo derecho a la diversidad y a su representación, que a quienes fueron sometidos por la fuerza a entrar a una sociedad mayor o Estado. Creo que hoy están dadas las condiciones de madurez para que la inmensa mayoría de los diputados apruebe un instrumento tan importante para hacer justicia a dichas minorías.
Señor Presidente , la aprobación del Convenio Nº 169, sobre pueblos indígenas y tribales, es una de las aspiraciones más sentidas que tienen estos pueblos, y con toda razón han invitado, una y otra vez, a los partidos políticos para que aprueben este instrumento, a fin de que, de este modo, Chile cumpla con el compromiso adquirido con la comunidad internacional en 1989.
Antes que todo, digámoslo con toda claridad: este convenio es uno de los instrumentos más importantes del derecho internacional que protege a los pueblos indígenas. Se reconoce como un estatuto mínimo en la protección de las etnias, suscrito y aprobado por la gran mayoría de los Estados signatarios y cuya vigencia y aplicación se encuentra fuera de toda discusión.
Su aprobación permite a Chile, aunque con atraso, armonizar nuestra legislación con los compromisos adquiridos ante el concierto de las naciones en materia de protección de los derechos de los pueblos originarios.
El convenio expresa el consenso que tiene la comunidad internacional en cuanto a readecuar el régimen de protección e integración de las poblaciones indígenas. Entre otros objetivos, busca revertir las políticas y orientaciones de asimilación o de integración que los Estados han implementado permanentemente con los pueblos indígenas. El convenio deja atrás las tendencias integracionistas que buscan asimilar a las etnias a la sociedad mayor o dominante y pasa de una política de integración a una de reconocimiento de las particularidades de los pueblos originarios, constituyéndose en un poderoso instrumento de respeto y fortalecimiento de la diversidad de los pueblos.
El convenio no hace otra cosa que extender a los pueblos indígenas los derechos consagrados en los principales instrumentos de protección de los derechos básicos que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es decir, este convenio no hace otra cosa que garantizar a los pueblos indígenas el imperio de las normas internacionales de derechos humanos aplicadas desde hace años por muchos Estados del mundo.
Reconocer estos derechos mínimos significa permitir la existencia de los pueblos originarios como tales y garantizar su desarrollo y el fortalecimiento de su identidad, lengua y religión. Seamos claros: lo que consagra el convenio es el reconocimiento a los pueblos indígenas de los derechos humanos elementales garantizados universalmente en el ámbito individual. Es decir, se extienden en forma coherente los derechos de las personas a las comunidades o grupos étnicos a que pertenecen.
El convenio se hace necesario frente al desequilibrio que existe en varios países respecto de las garantías y goce de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en relación a la población no indígena. Más de 300 millones de habitantes pertenecen a poblaciones originarias presentes en más de 70 países. En América Latina, la población indígena es de 40 millones, y en países como Bolivia representa el 70 por ciento de la sociedad.
En Chile, los indígenas representan el 10 por ciento de la población, pero, sin lugar a dudas, la mixtura de la raza hace que la mayor parte de los chilenos y chilenas tengan algún vínculo con la población ancestral. Con mayor razón, entonces, dicha presencia en la formación de la cultura y la nacionalidad no se ha traducido en el respeto y resguardo de sus derechos. Es más, algunas comunidades han sido exterminadas, producto de la transculturización o, lisa y llanamente, del etnocidio, como aconteció con los indígenas de la Patagonia.
El convenio no sólo fortalece los derechos de los pueblos indígenas, sino también la identidad del país al consagrar los derechos de los pueblos originarios que forman parte del alma nacional, que enriquecen y aportan a la diversidad cultural de Chile.
No existe razón alguna para oponerse al convenio. Su aprobación, lejos de debilitar la unidad nacional, como algunos sectores lo han sostenido, la fortalece, puesto que incorpora y resguarda la permanencia de los pueblos originarios de nuestra tierra, que forman parte de nuestra identidad social.
El Estado chileno, a través de la ley indígena, ha reconocido el valor de la existencia de los pueblos indígenas. El convenio fortalece dicho reconocimiento y constituye un avance en la legislación indígena nacional al elevar su jerarquía legal.
Expresamente, el convenio y su discusión han despejado los temores, a mi juicio infundados, sobre el peligro de debilitamiento del Estado. Los pueblos indígenas integrados a los Estados no pueden arrogarse una representación distinta a la nación a la que pertenecen en el ámbito internacional. Por lo tanto, el concepto de “pueblo” es restringido y no implica alterar la representación del Estado en el derecho internacional.
La vigencia del convenio comprometerá al Estado de Chile en acciones concretas de respeto de los derechos de los pueblos indígenas. A través de este instrumento, Chile se obliga a respetar la integridad de los pueblos indígenas a través de acciones participativas de los mismos, a reconocer y proteger las prácticas sociales, culturales religiosas y espirituales de los pueblos originarios y a considerar la participación de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas.
El convenio constituye un avance en el derecho indígena chileno al incorporar dimensiones como la administración de justicia, comprometiéndose a respetar, en la medida de lo posible, las prácticas que en este ámbito los pueblos originarios, tienen para la represión de delitos, y considerar en los procesos penales las características sociales, económicas y culturales de los pueblos originarios.
En el ámbito territorial, se establece la protección al derecho que los pueblos originarios tienen sobre los territorios que ancestralmente han ocupado. Se promueve el respeto a la relación y el valor que la tierra tiene para los pueblos indígenas y se promueve la consulta de los intereses que los pueblos tienen respecto de programas de prospección o explotación de recursos minerales. Uno de los puntos de mayor significación para los pueblos indígenas de Chile es la consagración de los derechos a participar de los beneficios que reporten las actividades que afectan sus intereses territoriales.
Una de las causas del conflicto indígena es que el modelo de desarrollo del país, particularmente la explotación forestal, no ha respetado los derechos de los pueblos indígenas a desarrollarse con dignidad. Por el contrario, ha perjudicado sus tierras y sus aguas y los ha postergado a condiciones de miseria y aislamiento.
El concepto de desarrollo que tiene la sociedad mayor no es el mismo que deseamos imponer a los pueblos indígenas. Por tanto, este instrumento les permitirá potenciar el modo de concebir ese concepto de progreso y desarrollo.
El progreso en las zonas indígenas del sur de Chile se ha efectuado sin considerar los derechos de los pueblos indígenas, afectando a su patrimonio, cultura y oportunidad de desarrollo. El convenio nos ofrece un instrumento que permitirá contribuir a la paz social y al respeto de los derechos económicos y sociales de los pueblos originarios de Chile.
El convenio también establece normas básicas para resguardar los derechos laborales y previsionales de los trabajadores que pertenecen a las etnias originarias. Las normativas en esta materia fortalecen la legislación laboral chilena, que establece como contrarias a las leyes laborales las discriminaciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, sindicalización, religión, opinión política u origen social.
En el ámbito cultural y educacional, se fortalece la identidad de los pueblos indígenas al establecer el compromiso de enseñar a leer y escribir a los niños que pertenecen a las poblaciones indígenas en la lengua materna.
Señor Presidente , estimados colegas, la aprobación del convenio es un imperativo ético y político para Chile. Nuestra convivencia social se ha visto afectada por los conflictos en las zonas indígenas y ello se debe a la postergación en que el Estado y la sociedad han mantenido a estos pueblos, sobre todo por la negación institucional de los pueblos originarios y sus derechos.
El convenio reconoce la diversidad de Chile y fortalece nuestra identidad al promover los derechos de los pueblos originarios. Seamos claros: con la vigencia de este proyecto quizás hubiésemos evitado los conflictos que día a día conocemos en el sur de Chile, el modo en que se ha enfrentado el proyecto hidroeléctrico de Ralco y el modo en que se afecta su entorno con el desarrollo de grandes proyectos forestales.
En consecuencia, este convenio tiene para esta bancada y para el Partido por la Democracia una muy directa relación con los temas que hoy afectan a nuestras minorías originarias.
Por ello, señor Presidente , la bancada de nuestro partido, votará favorablemente este tratado, que constituye un gran avance en la relación del Estado con los pueblos indígenas.
He dicho.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , no había querido intervenir respecto de este tema, pero me decidí a hacerlo luego de comprobar en el informe de la Comisión de Derechos Humanos que aparezco votando favorablemente este proyecto hace nueve años, en mi calidad de integrante de dicha Comisión. Ahora se retoma esta materia con un gran retraso, como se ha dicho acá.
Debo recordar que la preocupación por los pueblos indígenas empezó con el padre Bartolomé de las Casas, quien dio comienzo a la promoción y protección de los indígenas. Esto ha crecido a través de los siglos; es así como en el recién pasado y en el que estamos comenzando, diferentes organismos internacionales de carácter universal o regional se han preocupado expresamente de este tema. ¡Y cómo no preocuparse, señor Presidente , cuando algunos sacerdotes, como fray Antonio de Montesinos, en su célebre sermón de 1511, dijo en Santo Domingo: “Soy voz de Cristo en el desierto de esta isla. Esta voz es que todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis en estas inocentes gentes. Decid: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que están en sus tierras, mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer, ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis para sacar y adquirir oro cada día?”.
Así hablaba este sacerdote en 1511, refiriéndose a la conquista de estos países, que habría descubierto Colón o, mejor dicho, que encontró Colón en su paso equivocado.
También quiero recordar con qué honestidad, franqueza y sinceridad le manifestaron algunos grupos de indígenas, hace poco tiempo, en el Perú, a Juan Pablo II , el actual Papa, en una carta que decía: “Nosotros, indios de los Andes y de América, decidimos aprovechar la visita de Juan Pablo II para devolverle su Biblia, porque en cinco siglos ella no nos dio ni amor, ni paz, ni justicia. Por favor, tome de nuevo su Biblia y devuélvala a nuestros opresores, porque ellos necesitan sus preceptos morales más que nosotros. Porque, desde la llegada de Cristóbal Colón , se impuso a América, por la fuerza, una cultura, una lengua, una religión y valores propios de Europa”.
También otro autor, Miguel León Portilla , en un libro denominado “La conquista de América Latina vista por los indios”, dice: “Únicamente por el tiempo loco, por los insensatos sacerdotes, se introdujo entre nosotros la tristeza, entre nosotros se introdujo el cristianismo. Porque muchos cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ésa fue la causa de nuestra miseria, el comienzo del tributo, de la limosna; la causa de que apareciera definitivamente la enemistad, la raíz de las luchas con armas de fuego, de los atropellos, el principio de los despojos de todo, de la esclavitud por las deudas, cargadas sobre las espaldas, el origen de las continuas peleas y del padecimiento.
“Fue el principio de la obra de los españoles y de los sacerdotes, el principio de utilizar a los caciques, a los maestros de escuela y a los fiscales.
“Ellos nos enseñaron el miedo, vinieron a marchitar las flores. Para que su flor viviese, dañaron y arrancaron nuestra flor...”.
Esos son los problemas que no se han querido reconocer después de más de 500 años de conquista y sometimiento de los pueblos originarios en América Latina. ¡Con razón un sacerdote de nuestro tiempo, Leonardo Boff , dice que América Latina está marcada hoy por muchas deudas: una económica, una política, una cultural, una antropológica, una ético-religiosa y una con la evangelización!
Este sacerdote, contemporáneo nuestro, dice:
“-La deuda económica: asciende a miles de millones de dólares que deben ser resarcidos anualmente a los grandes conglomerados financieros con un precio extremadamente oneroso para el pueblo en términos de pobreza social; esta deuda tiene que ser revisada, no debe pagarse en su totalidad o debe ser refinanciada.
“-La deuda política: tenemos formas sociales y políticas que significan una violencia institucionalizada por marginar a los campesinos, privilegiar el capital y hacer oneroso el trabajo y significar, para muchos, violencia a los derechos humanos,...
“-La deuda cultural: la cultura de los invasores ibéricos destruyó las culturas-testimonio de los indígenas o las sometió a formas desestructuradoras de sincretismo de resistencia, traumatizando a las personas hasta nuestros días;...
“-La deuda antropológica: la colonización significó la dominación de los cuerpos y la conquista de las almas por el no reconocimiento del otro como otro; éste fue violentamente europeizado...
“-La deuda ético-religiosa. Aquí se introdujo una religión extraña, que no supo armonizarse o combinarse con la que tenían estos pueblos originarios”.
También hay una deuda de evangelización, reconocida por el propio Papa, quien, en 1993, dijo en Haití: “La conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su significado pleno, en caso de que sea un compromiso, no de re-evangelización, sino de una nueva evangelización, nueva en su ardor, sus métodos y su expresión”.
Entonces, éste no es el problema político, con letras minúsculas, de que hablara el diputado Alessandri o al que pretendía que otros parlamentarios se estaban refiriendo. Aquí se está hablando de la gran política. El propio derecho constitucional también es llamado “derecho político”, no porque se refiera a los partidos políticos, sino porque en un Estado democrático, en una sociedad democrática, se debe consensuar un gran pacto, un acuerdo, entre todos los que conviven en esa sociedad, para respetarse y tolerarse mutuamente. Incluso va más allá de una mera tolerancia, ya que también hay que encontrar al otro; en un balance, ser solidario, ser participante con los anhelos y problemas de todos los grupos que viven en Chile. Ésa es la política. Cuando se piensa que en Chile podemos construir una unidad nacional sobre la base de la violencia, de las imposiciones, de los aplastamientos de los diferentes grupos, sea por su raza, sus ideas, sus conductas o por otras razones, no hay duda de que estamos en una concepción política distinta.
Según recuerdo, se dice que Richelieu, para construir cierta unidad en Europa y atenuar la guerra entre católicos y protestantes, formuló la tesis del nacionalismo y de la patria. Entonces, creó esta especie de nueva religión: el nacionalismo, el patriotismo, en aras del cual se debía aplastar todo aquello que faltaba al nuevo dios que se estaba creando.
Nosotros no queremos eso. El tiempo ha avanzado y, como aquí se ha reseñado, ha habido muchos esfuerzos a partir del siglo pasado, con el Convenio Nº 107, y con el Convenio Nº 169 -que ahora hemos de aprobar- para reconocer las aspiraciones de estos pueblos a fortalecer sus identidades, no obstante que, en un sistema político, económico, social y cultural de un Estado, el hecho indígena siempre ha planteado problemas graves y complejos.
Algunos han querido solucionarlos mediante la llamada “doctrina de la asimilación”. Así sucedió en Estados Unidos, en que, prácticamente casi hicieron desaparecer a la raza indígena, y a los que quedaron los metieron en una reducción. ¿Es lo que queremos? Eso ha fracasado, y desde el punto de vista de los valores cristianos, lo rechazamos terminantemente.
El otro sistema ha sido el de la integración, de la protección, que considera a los pueblos indígenas una especie de personas menores que deben ser tuteladas. Alguien habló en su oportunidad de la democracia tutelada o protegida en este país. Ese sistema, que se implantó en México, fue una verdadera “capitis diminutio” y ahí tenemos el problema de Chiapas.
También está el sistema de la autodeterminación de los pueblos, camino que algunos han explorado en un intento por construir una especie de Estado dentro de otro. Creo que no se ha llegado a una situación intelectual, cultural, política, social y económica para que en Chile exista esa autodeterminación; pero si les seguimos negando los derechos que se expresan en el Convenio que vamos a aprobar, indudablemente, la tesis predominante de los grupos ultristas será la de construir un Estado dentro de otro; que exista una verdadera o real autodeterminación de los pueblos indígenas.
En consecuencia, aquellos que ven un peligro en la aprobación de este Convenio están colocando la mina, que, más adelante, a lo mejor, otra generación va a pisar, haciéndola explotar sobre todos los chilenos. Es preferible desactivar estos explosivos.
Este Convenio de la Organización Internacional del Trabajo data de 1989. Han pasado diez años y más de nueve en este Congreso y todavía no somos capaces de aprobarlo. No es por lo que dice el señor Alessandri : que tenemos mayoría. En la Cámara la tenemos, pero no en el Senado.
El señor ALESSANDRI.-
Los colegas del lado...
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
¡Diputado señor Alessandri , por favor!
El señor ELGUETA.-
Colega Alessandri , si desea una interrupción se la concedo gustoso. Así ha sido entre caballeros, y los Alessandri siempre lo han sido.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ELGUETA.-
Cuando llegó la familia Alessandri a Chile en el siglo XIX, venían de Italia y también fueron minoría étnica. A lo mejor, en ese tiempo invocaron iguales derechos; incluso, que pudieran sepultarse en cementerios exclusivos, porque hay que recordar que los extranjeros se sepultaban en cementerios distintos y reclamaban sus derechos como minoría étnica. Me gustaría que, hoy, un descendiente de esos italianos estuviera también reivindicando los derechos que sus antepasados reclamaron en el país.
(Aplausos).
Cuando dictamos la ley Indígena en 1993, dimos un paso bastante sustancial en Chile; pero en Nicaragua, en 1987; en Brasil, en 1988; en Colombia, en 1991, y en Paraguay, se han dado pasos considerables, con medidas constitucionales, institucionales y legales referidas a la representación política, adoptando reglas de democracia consensual y no puramente mayoritaria, en beneficio de los pueblos indígenas: la autonomía territorial y personal, el sistema consuetudinario judicial, el reconocimiento de derechos históricos y del patrimonio cultural, la tenencia de la tierra, las gestiones y disfrute de sus recursos, la conservación del medio natural, los impuestos locales, la educación y la salud, las relaciones transfronterizas y la protección frente a la amenaza de terratenientes, “garimpeiros” -como se les llama en Brasil-, de multinacionales, guerrilla o narcotráfico. En la misma administración y en las fuerzas armadas prendía la corrupción del desarrollismo y de la ocupación del territorio, en una metástasis -como la tenemos muchas veces en América Latina- de seguridad.
Ese ejemplo tiene que llegar a Chile y hace necesario que aprobemos este convenio internacional.
Cuando aquí se compara la legislación actual con lo que dice este tratado, empezamos a considerarlo ilegal e inconstitucional, en circunstancias que todos sabemos que un tratado internacional es un acuerdo entre Estados; que, como éste, es multilateral, en que el Estado firmante o adherente, de acuerdo con la Convención de Viena, tiene que adecuar sus instituciones y su legislación a ese tratado, porque, de lo contrario, ¿para qué tendríamos que firmarlo si todo esto ya existe en el país y no hay nada en contra de la Constitución y las leyes?
En esto hay una cuestión esencial. Aquí existen dos alternativas: o perfeccionamos y adecuamos nuestra legislación a los tratados internacionales, o cuando aquello nos parezca que, esencialmente, en forma permanente, va a afectar nuestros derechos fundamentales al interior del país, escogemos el camino de expresar las reservas convenientes. En los informes aparece que el Estado o el Gobierno chileno hará una declaración, cuya calidad jurídica desconozco. El propio Estado que la hace, de acuerdo con la doctrina que existe en materia de derecho internacional público sobre las reservas, si la denomina “reserva” significa que la contraparte -otro Estado- tiene que demostrar que no se trata de una institución de esta naturaleza, y si el Estado chileno hace una mera declaración, cargamos con el peso de la prueba para mostrar que, efectivamente, se trata de una reserva sobre aquellos puntos que nos parecen contrarios, pero, esencial y permanentemente, a las instituciones fundamentales del país.
Comparto completamente las ideas que expresó el diputado señor Huenchumilla , no sólo en su contexto histórico y político, sino también en su aspecto jurídico y constitucional.
El artículo 10 del Convenio dice: “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”.
Se impugna esta disposición porque se apartaría del principio de la igualdad.
Este tratado nos está diciendo que debemos adecuar nuestra legislación. Por ejemplo, antes no existía el trabajo como pena para que una persona lo cumpliera de acuerdo con el expreso consentimiento del sancionado. Sin embargo, eso figuraba en los tratados internacionales y hoy está consagrado en nuestras leyes. Nosotros nos acomodamos a esa situación, y nadie reclamó en su oportunidad que se estaba infringiendo la Carta Fundamental u otras leyes.
Se ha hecho también mucha cuestión sobre el artículo 15, en cuanto violaría la Constitución en relación con los recursos naturales existentes, sobre la propiedad del Estado, porque él es dueño de los minerales y riquezas que están en el subsuelo.
Pero, como bien dijo el diputado Huenchumilla -no lo voy a repetir in extenso-, la propiedad nunca es absoluta. Creo que, por mucho que se empleen los adjetivos “inalienable e imprescriptible”, en el mundo no hay nada absoluto. Lo único absoluto es que todo es relativo y, en ese sentido, toda propiedad está limitada.
El diputado Huenchumilla recordaba acá un ejemplo, y yo recuerdo otro: el decreto ley Nº 2.665, que dictó un gobierno en el cual el diputado Alessandri estuvo muy a gusto, y fue autoridad también, desde el punto de vista de la propiedad privada, es el que la vulnera más fuertemente. Sin embargo, el otro día examinamos ese decreto ley, lo modificamos y se han entregado miles de títulos de dominio.
Termino señalando otra consideración.
El diputado Huenchumilla dijo que los pueblos interesados, en el caso de que haya trabajos de prospección o explotación de los recursos existentes en el subsuelo, deberán participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades.
Sobre eso también se reclama considerándola como una cosa extraña. Los que se expresan así piensan que el único capital que se puede aportar a una empresa o sociedad es el dinero, y que quien no lo aporta no puede ser socio ni puede participar, en circunstancias que en nuestro viejo Código de Comercio existen hasta las sociedades en comanditas, en las cuales la gente aporta su trabajo, servicios, intelecto, lo cual tiene una evaluación en dinero. ¿Por qué, entonces, acá, los indígenas no pueden participar de los beneficios que reporten tales actividades?
Peor aún: se arguye que no es posible que puedan percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor ELGUETA.-
Ella es la reproducción del precepto del Código Civil en cuanto a que una persona debe ser reparada de todo daño, sea éste moral o material.
En consecuencia, voy a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , en relación con el tema, he escuchado diversas observaciones -a algunas de las cuales también me sumo-; pero, muy particularmente, me ha llamado la atención lo tardío con que tratamos este instrumento internacional. Se ha señalado, con mucha fuerza, que, hace más de diez años, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio Nº 169. Sin embargo, me parece que no deja de ser importante el hecho de que la Sala lo esté analizando ahora; más aún si tenemos presente lo que significa para el contexto internacional el fenómeno de globalización de la economía en que está inserta nuestra patria, y en el cual los temas de las comunicaciones y de los mercados desdibujan muchas veces la existencia de las fronteras. Así, la preservación de la identidad nacional y de la diversidad cultural de los pueblos se ven amenazadas en este contexto. De ahí que tanto la preocupación mundial por este tema como por las crecientes desigualdades sociales existentes, sobre todo aquellas que afectan a los pueblos originarios, dan cuenta de la urgencia de resolverlas y, en especial, de que nuestro país suscriba este Convenio como una manera de proteger y preservar nuestros orígenes, dado que las etnias chilenas, año a año, ven cómo sus fuerzas desaparecen, llegando hoy a representar tan sólo una décima parte de la población mundial.
Por eso, es acertado ratificar las aspiraciones de estos pueblos; asimismo, que sus propias instituciones puedan asumir formas de vida y desarrollo económico, así como también mantener y fortalecer sus identidades dentro del marco que les da la institucionalidad que los rige, sin que ello signifique potenciar la existencia -como aquí se ha señalado muy bien- de un estado dentro de otro estado.
El Convenio representa un avance significativo al reconocer esos hechos y al hacer que los gobiernos asuman el compromiso de reflejar esta diversidad en sus legislaciones. Especialmente relevantes son las declaraciones que dicho instrumento formula en relación con la obligación de garantizar a esas comunidades el acceso, en pie de igualdad, a los derechos y oportunidades que la legislación otorga a todo miembro de la población, así como la promoción que debe existir de su cultura, como una forma de garantizar la efectividad del proceso integrador y la eliminación de toda forma de marginación y de segregación social de que puedan ser objeto, en especial cuando éstas tienen su raíz en el desconocimiento de la realidad del otro.
El Convenio, al igual que la ley indígena recientemente aprobada por nuestro Parlamento, si bien contribuye a estos objetivos, no implica colocar un punto final a las carencias y desigualdades sociales que afectan a este sector de nuestra población, ni tampoco el fin de las políticas etnodiscriminadoras de que es objeto en los más diversos ámbitos sociales y culturales. Sin embargo, estoy convencido de que dichos instrumentos coadyuvan a dar señales claras de la voluntad que, como país, tenemos para derrotar toda forma de intolerancia y discriminación que lo afecten, en especial cuando en Chile se está viviendo una fuerte polarización frente a este tema, como consecuencia de los graves disturbios sociales que se originan en el sur a raíz de las reivindicaciones territoriales llevadas a cabo, particularmente, por el pueblo mapuche.
No cabe duda de que la aprobación del Convenio, así como la ley indígena que le precede, son una clara manifestación de la voluntad -en particular del Parlamento- de los gobiernos que hemos tenido, de contribuir a superar los conflictos indígenas en nuestra patria; en especial cuando dichos conflictos, lejos de lograr su integración, hacen aún más patentes sus diferencias, cercenando el diálogo y toda posibilidad de acercamiento entre los pueblos.
Espero que la suscripción de este acuerdo no sea interpretada como un afán separatista, como una forma de destruir o poner en grave riesgo la unidad territorial del Estado a la luz de los muchos hechos de violencia en que se han visto involucradas algunas de nuestras etnias, ya que, como el propio Convenio lo señala, el reconocimiento de la diversidad y de sus particularidades, lejos de ser un elemento disgregador, debe facilitar la libre expresión de los pueblos, transformando en inconducente todo afán separatista y dejando sin contexto y fuera de toda posibilidad el uso de la violencia y la fuerza.
Por eso, los diputados del Partido Socialista, con mucho entusiasmo, daremos nuestra aprobación al Convenio Nº 169, que hace justicia y ayuda a la integración de las etnias de nuestro país.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , ahora se está sosteniendo lo que siempre debió haberse dicho en este hemiciclo democrático: que nuestro país no es un todo, pues continúa dividido.
Como diputado representante del distrito Nº 54, integrante de la provincia de Valdivia, mi obligación es entrar también en la discusión del proyecto. Más aún, cuando permanecen en mí tristes recuerdos de la fuerza de la ley, cuando en un fatal minuto de la existencia del país, algunos hacían mal uso de ella y arrastraban, tirando de sus cabellos, a mujeres de largos años, ancianas ya, que defendían sus hogares y se oponían a la detención de sus hijos y del compañero de su vida.
Esa parte de la historia la siguen viviendo las comunidades mapuches y huilliches, cuya gran mayoría está asentada en mi zona. Ellos han denominado a su entorno, a su tierra, butawillimapu, que significa “territorio de las grandes tierras del sur”, del cual hoy no son dueños. En los lagos Ranco y Panguipulli han formado asociaciones para defender su identidad. Reúnen a cientos de pequeñas comunidades, que suman miles de familias y descendientes de los primeros habitantes de esa parte de Chile.
Por esos cientos y miles de compatriotas indígenas que con tanto esfuerzo, valentía y dignidad han mantenido por siglos sus costumbres, me siento comprometido a aprobar esta norma internacional, que hace justicia en parte a sus demandas históricas.
El Convenio Nº 169, de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras muchas virtudes, hace justicia a los pueblos indígenas, al permitirles constituirse en sujetos de derecho por sí mismos, esto es, como conjunto de personas y de manera colectiva, por su sola existencia como tales. Con ello, quedan en situación de disfrutar de las prerrogativas, ventajas y salvaguardias que establece el derecho nacional y el internacional. Fruto de aquello es que, aparte de gozar a medias de los derechos humanos en términos individuales, como son los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y síquica, a la igualdad y a la no discriminación arbitraria, pueden acceder a derechos sociales colectivos, tales como la mantención de su cultura, idioma, ritos y actos religiosos, de su organización social e, incluso, política.
Además, el Convenio permite que sus organizaciones sean oídas. Así lo prevé al decir que cuando la autoridad administrativa o legislativa desee tomar decisiones o iniciativas que les atañan, previamente deberán ser consultados a través de sus organizaciones representativas; o cuando se les reconoce el derecho a definir las prioridades de los planes de desarrollo que se diseñan desde el sector público.
Que algunos agoreros no nos llamen a engaño. Este Convenio no fomenta ni crea las condiciones para la autonomía preestatal, ni mucho menos. En ese punto, los suscriptores de la Convención han sido muy rigurosos y prudentes respecto de los pueblos indígenas. Sólo están restableciendo una multiplicidad de derechos de los cuales han sido privados, por la fuerza, por los Estados nacionales a lo largo de años y siglos.
Con sinceridad, creo que esta iniciativa, que confío contará con el apoyo de todas las bancadas parlamentarias, deberá servir como eje, a pesar de no ser la solución, para una nueva política del Estado hacia los pueblos originarios, incluyendo el conflictivo tema del acceso o recuperación del territorio perdido en anormales y extrañas circunstancias, como aquí se ha expresado.
Por mi experiencia personal, y como representante popular de esa región, puedo dar testimonio de que las comunidades indígenas son capaces de buscar soluciones justas y razonables mediante el diálogo, como ya lo hicimos en Panguipulli, perteneciente a la zona de los siete lagos, y lo seguiremos haciendo, pues es nuestra obligación, como parlamentarios que respetamos nuestras raíces, nos enorgullecemos de ellas y creemos en la necesidad de hacer justicia a los humildes y maltratados de siempre.
Debemos reflexionar en que todos llevamos sangre indígena, pues somos fruto del mestizaje. Por lo mismo, al momento de tomar decisiones tan relevantes como ésta, no podemos olvidarnos de una parte de nosotros mismos y de las más mínimas razones de justicia y equidad que justifican esta Convención.
Con mucha fe en la construcción de un futuro mejor para los pueblos indígenas, anuncio el voto favorable del PPD a la iniciativa.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente , en primer lugar, en mi nombre y en el de Renovación Nacional, aprovecho de felicitarlo por su elección como vicepresidente de la Cámara.
Ahora, en cuanto al Convenio Nº 169 de la OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales, quiero manifestar mi adhesión a algunas expresiones del colega señor Elgueta. Por ejemplo, estoy de acuerdo con él en la teoría de la relatividad, pero sólo desde los puntos de vista matemático y físico; no en las otras implicancias que mencionó.
Respecto de la declaración de Estado, aunque ello es discrecional, no necesariamente debe ser parte del Poder Legislativo.
La no aprobación de este Convenio durante diez años aproximadamente, a mi juicio, no se debió a que alguien no deseara ponerlo en tabla por temor a que se rechazara. Creo que fue sabio no hacerlo. Es una tremenda incógnita que me asiste y me provoca un conflicto interior. Por otra parte, no concuerdo con el colega Urrutia cuando ayer decía que si se hubiese aprobado antes, hoy no tendríamos el problema mapuche. De la lectura del Convenio surgen tantas dudas que, a mi modo de ver, el conflicto se habría desencadenado antes.
Nuestras etnias no resuelven sus problemas a través de este tratado. Por el contrario, se complican. Mi interpretación, como la de muchos que he consultado, es que categóricamente contiene una idea de independencia, de pueblo, de un estado dentro de otro, y esto, a mi juicio, es inadmisible. No lo permite la Constitución ni podríamos darles tal carácter.
Si alguien dijera que si aprobamos el convenio termina de inmediato el conflicto mapuche, quizás lo votaría a favor.
Es más, creo que debemos pensar, antes de emitir el voto, sobre los puntos expuestos por el colega Alessandri, que fueron rebatidos inteligentemente por el colega Huenchumilla. En mi opinión, plantean sólo dos posiciones, que debemos analizar con profundidad.
La realidad de nuestras etnias se manifiesta en la ley indígena, que está vigente, es perfectible, y es un producto nuestro, de la nación chilena. Ella se manifiesta a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que también es perfectible.
Los actuales conflictos mapuches no obedecen al hecho de que el Congreso no haya aprobado el Convenio Nº 169. Simplemente, obedecen a otra cosa: se quiere reivindicar los derechos y la historia de esta etnia, para lo cual la ley ha sido insuficiente y la Conadi, ineficiente e insuficiente.
En este sentido, reitero la firme voluntad de dar a nuestros conciudadanos mapuches el debido respeto y reconocimiento que se merecen, pero a través de los mecanismos vigentes: las disposiciones legales y la corporación, y particularmente, mediante la asignación de recursos adecuados para revertir, de una vez por todas, su problema.
Soy partidario de una mayor discusión y revisión de este tratado. Debe evaluarse si cabe, en esta oportunidad, su aprobación o rechazo.
Señor Presidente , concedo una interrupción al colega René Manuel García.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , mi intención es aprobar este tratado. Lo he leído y releído, pero quiero hacer una consulta a la ministra de Planificación , cuya respuesta debe tomarse en cuenta para ver si el proyecto vuelve a comisión.
Si para imponer una sanción penal prevista por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales y darse preferencia a tipos de sanciones distintas al encarcelamiento, ¿qué pasará con los “burreros” en el norte? Si se pilla a alguien de una etnia transportando droga, ¿qué tratamiento tendrá? ¿Será suelto y absuelto aun cuando se sepa lo que hace?
Pensando con suspicacia, ¿qué pasará con las mafias cuando se den cuenta del salvoconducto que significa esa disposición?
A mí no me gustaría que los traficantes de drogas pudieran acogerse a este convenio.
Muchas gracias por la interrupción, diputado señor Fossa.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Fossa.
El señor FOSSA.-
En realidad, la de mi colega fue más que una interrupción. No importa.
Señor Presidente , si se me permite, quiero repetir mi petición de que el tratado vuelva a comisión, sin perjuicio de nuestra firme voluntad de buscar las soluciones que se merecen nuestras etnias.
El camino de votar un texto que tiene tantas interpretaciones, según lo hemos visto durante el debate, no conduce a buen término.
El señor ALESSANDRI .-
Que vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor FOSSA.-
Como me acota el colega Alessandri , solicito que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. De lo contrario, me veré en la obligación de rechazarlo, porque las interpretaciones que he escuchado no se ajustan a lo que requieren nuestras etnias para superar sus conflictos.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Quedan dos minutos para cerrar el debate.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , el hecho de haber sido diputado informante abrevia mi intervención. Sin embargo, debo manifestar que resultaría inexplicable, por no decir absurdo, que el proyecto de nuevo pasara a comisión, en circunstancias que ha estado estudiándose por diez años.
En realidad, queda bien en claro quienes lo atrasan, porque los gobiernos de la Concertación han estado dispuestos a legislar sobre materias indígenas.
Así, entre 1990 y 1991 se presentó un proyecto de reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas, que aún está en comisión.
Afortunadamente, se logró la aprobación de la iniciativa que dio origen a la ley Nº 19.253, que promueve el desarrollo de los pueblos indígenas.
A mi juicio, debe aprobarse el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo ahora, porque establece derechos en favor de los indígenas chilenos y sus disposiciones se ajustan a sus grandes aspiraciones y anhelos.
Además, ha sido aprobado por 328 países. En su oportunidad, hubo un voto en contra y dos abstenciones, entre las cuales se encontraba la de Chile.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra de Planificación.
La señora KRAUSS, doña Alejandra ( Ministra de Planificación ).-
Señor Presidente , en forma breve, sin entrar a la intervención de fondo, quiero contestar al diputado señor René Manuel García.
Suponer que el delito de narcotráfico en el norte constituye una tradición o una costumbre de los pueblos indígenas, no me parece.
El respeto a las etnias del país supone, necesariamente, tener cuidado con las referencias en las intervenciones sobre un tratado.
Muchas gracias.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
¡No dije eso!
Pido la palabra.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Llamo al orden al señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , insisto en que me dé la palabra para aclarar el punto.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Le ruego tomar asiento, señor diputado.
Hemos llegado al término del Orden del Día. Por lo tanto, en conformidad con un acuerdo de la Sala, corresponde votar...
El señor PROKURICA.-
Suspenda la sesión, señor Presidente.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , el Reglamento establece claramente que cuando un diputado ha sido aludido tiene derecho a replicar y yo quiero hacerlo.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
¡Llamo al orden al diputado señor René Manuel García!
El señor PROKURICA.-
Suspenda la sesión por cinco minutos, señor Presidente.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
No voy a suspender la sesión.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Ruego atención a la Sala. Este proyecto seguirá debatiéndose en otra sesión. Por lo tanto, las personas que no están de acuerdo con las opiniones vertidas en este hemiciclo tendrán oportunidad, como corresponde, de darlo a conocer en ese momento.
Ha terminado el Orden del Día y quedan varios diputados inscritos que también tienen derecho a hacer uso de la palabra. Por ende, les ruego que nos dejen continuar con la sesión.
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra por un asunto reglamentario.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , pido que suspenda la sesión por cinco minutos y convoque a reunión de Comités.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , existe un acuerdo para votar los proyectos al término del Orden del Día y debemos darle cumplimiento. No puedo suspender sin votar. Por lo tanto, llamo a votar a los señores diputados.
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , nunca un presidente de la Cámara ha negado la posibilidad a un jefe de bancada de tener una reunión de cinco minutos. Generalmente, ustedes la piden, pero ahora, con la unanimidad de sus parlamentarios, le pido que suspenda la sesión, con el objeto de efectuar una reunión de Comités.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , pretendo terminar la sesión como corresponde. Su Señoría está haciendo uso de su derecho al solicitar la suspensión. Si insiste, lo haré sólo después de terminar con las votaciones de los proyectos anteriores.
No le estoy negando su derecho a pedir que se suspenda la sesión, pero tenemos un acuerdo unánime de la Sala de votar tres proyectos. Terminada la votación, llamaré a los jefes de Comités para una reunión.
-Una vez efectuadas las votaciones:
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
A petición del Comité de Renovación Nacional, se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MORA (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado don René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer una aclaración respecto del malentendido que se ha producido.
En ningún caso mi intención fue poner en aprietos a la señora ministra. Entiendo que ella está recién llegada a su puesto y tiene que entrar en rodaje. En consecuencia, mi intención nunca fue agredirla a través de mi intervención.
En segundo lugar, vuelvo a formular la consulta a la señora ministra:
El Convenio Nº 169, en su artículo 10º, dice:
“1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
“2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.”.
Quería consultar a la señora ministra lo siguiente: ¿qué pasa si se sorprende a una persona de esta etnia traficando droga o ingresando droga al país? ¿Qué pasaría -para ser más explícito- si se pilla a gente de esta etnia matando un animal o cometiendo delitos respecto de los cuales todos los chilenos son sancionados?
Me gustaría saber si el convenio es tan amplio como para que quede protegido ese tipo de acciones, o en dichos casos deben aplicarse las sanciones establecidas en la ley común.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora KRAUSS, doña Alejandra ( Ministra de Planificación ).-
Señor Presidente , sin necesidad de rodaje, le contesto derechamente. El convenio sólo es aplicable a los pueblos indígenas y en esos términos deben aplicarse sus normas que, como recomendación, se plantean a nuestro país respecto de esos delitos o de cualquier otro tipo de sanción.
Para esos efectos tendría que aplicarse el derecho consuetudinario, como se ha hecho en otras ocasiones, lo que no constituye una extrañeza para quienes somos abogados. Incluso, en casos muy puntuales se ha logrado eximirlos de responsabilidad penal, atendidas las circunstancias del hecho y de los involucrados. Debo precisar que estas sanciones no se refieren sólo al narcotráfico, sino a todo tipo de delitos.
He dicho.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL “CASO MATUTE”. (Continuación).
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Hernández por un asunto de Reglamento.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , ayer quedó pendiente el proyecto de acuerdo número 385, cuya discusión se pidió se efectuara en primer lugar. Se acordó modificar su texto, y la nueva redacción ya ha sido entregada a la Mesa.
Por lo tanto, le pido que recabe el acuerdo unánime de la Sala a fin de votar este proyecto de acuerdo que fue modificado.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para votar el proyecto de acuerdo Nº 385.
Acordado.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , hay que votar el nuevo texto.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Está claro, señor diputado.
El señor Prosecretario dará lectura al nuevo texto del proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 385, de diversos señores diputados, que en su parte resolutiva dice lo siguiente:
“Constituir una comisión especial cuyo objetivo sea informar a la Corporación, en el término de 90 días, acerca de la independencia, eficiencia y oportunidad con que las instituciones policiales han dado cumplimiento a las órdenes y resoluciones de los tribunales de justicia, en relación con el desaparecimiento del joven Jorge Matute Johns, así como establecer si estas instituciones han contado, para el cumplimiento de esa misión, con los recursos humanos suficientes y con la infraestructura técnica adecuada para el éxito de la investigación encomendada, así como para el esclarecimiento de las posibles figuras delictivas adicionales que de ella hayan podido surgir”.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MORA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Por no haberse alcanzado el quórum requerido, este proyecto de acuerdo será votado por última vez la próxima sesión.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente , punto de Reglamento.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente , tengo la impresión de que no transcurrieron los 20 minutos destinados al tratamiento de los proyectos de acuerdo. Yo quería solicitar, por su intermedio, la unanimidad de la Sala para tratar el proyecto de acuerdo Nº 382 relativo a las licencias de conducir.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Señor diputado, reglamentariamente ha terminado el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo.
Por lo tanto, corresponde pasar a Incidentes.
VIII. INCIDENTES
INCUMPLIMIENTO DE LEY INDÍGENA EN ALTO BIOBÍO. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En Incidentes, en el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , me ha causado sorpresa la prontitud y oportunidad de la publicación, con fecha 16 de marzo, de los decretos Nºs 31 y 32, del Ministerio de Economía, que establecen la servidumbre sobre las tierras indígenas en el Alto Biobío, en cuanto benefician al proyecto Ralco , servidumbre que no puede entenderse como de la franja de un camino.
En el caso del Alto Biobío, de los predios de las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán y siete familias pehuenches que no han firmado las permutas, la servidumbre permite inundar los terrenos hasta una altura de sesenta metros, y como los pehuenches no son seres subacuáticos y no pueden vivir bajo el agua, este decreto obliga a la erradicación forzada, sin el consentimiento de las familias pehuenches, violando flagrantemente la ley indígena.
La ley Nº 19.253, en sus artículos 13 y 14, es la única que establece la protección a las tierras indígenas por exigirlo el interés nacional. Entonces, la contradicción con la publicación de esos decretos queda en evidencia.
El artículo 13 de la ley indígena señala que las tierras indígenas, por exigirlo el interés nacional, gozarán de protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas previa autorización de la Corporación, y dicho gravamen no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia.
Igualmente, las tierras cuyos titulares sean comunidades indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Las personas naturales o indígenas podrán serlo por el plazo no superior a cinco años, si es que arriendan. En todo caso, éstas no podrán permutarse por tierras no indígenas ni asignarles valor comercial. Sólo se podrán permutar, con autorización de la Conadi, por tierras indígenas de igual valor, acreditando debidamente las que se considerarán indígenas y desafectando las primeras.
Es decir, la ley contempla, primero, la permuta, pero hacia otra comunidad o indígenas, miembros de la misma etnia. Endesa no es pehuenche. La ley dispone que se podrá establecer un cambio de esta tierra en el arrendamiento, no el cambio por dinero, sino de tierra por tierra.
Lo que hoy Endesa ha ofrecido a los pehuenches es cambio de tierra por dinero, lo que prohíbe expresamente el artículo 13 de la ley indígena. Se transgrede esta ley y, en mi opinión, estamos frente a un debate de fondo, que en los próximos días expondrá en los tribunales del país el cuestionamiento entre la ley indígena y la eléctrica.
Lamentablemente, esta situación ocurrirá en el momento en que el gobierno del Presidente Lagos buscaba un acercamiento hacia los pueblos indígenas, al crear una mesa de diálogo. Esta autorización de los decretos Nºs 31 y 32 viene a caer como un balde de agua fría y abre un espacio de discusión que, sin duda, entorpecerá todo tipo de acercamiento.
El entender por ratificados los decretos Nºs 31 y 32 y la concesión eléctrica definitiva, es asistir al funeral de la ley indígena. ¿Qué sentido tiene que el Estado adquiera más tierras e invertir cada año miles de millones de pesos para el fondo de tierras, cuando sin consentimiento de los indígenas, como en el caso Pehuenche, sus tierras pueden ser gravadas, permutadas y, en este caso, inundadas? No tiene sentido alguno.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , le restan treinta segundos.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , sólo pido que se oficie, en mi nombre, al ministro de Obras Públicas para que la Dirección General de Aguas, DGA, entregue todos los antecedentes que tuvo a la vista para otorgar la autorización, con la cual el Ministerio de Economía publicó los decretos.
Claramente, Endesa no tiene los derechos de agua. Los oficios que la DGA entregó señalan claramente que Endesa carece de los derechos de agua suficientes.
Asimismo, que se oficie a la Contraloría General de la República , a fin de que también entregue los antecedentes que obran en su poder para la toma de razón, porque así lo exige la ley de administración y probidad de los órganos del Estado.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Enrique Jaramillo
PRÓRROGA DE LICENCIAS DE CONDUCTORES PROFESIONALES.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , lo felicito por ejercer la Segunda Vicepresidencia de nuestra Corporación.
(Aplausos).
Señor Presidente , el 14 de marzo, el diputado señor Sergio Velasco de la Cerda, con el copatrocinio de la diputada señora Adriana Muñoz y los diputados señores Pareto , Krauss , Urrutia , Villouta , Jiménez , Vilches , Rodolfo Seguel y el que habla, presentamos un proyecto de acuerdo relativo a una gran preocupación de miles de conductores profesionales en el país.
Se trata de la existencia insuficiente de escuelas de conductores profesionales en todas las comunas y provincias, tema que ellos me plantearon en mi provincia de Concepción, cuyos cursos encarecen los costos porque su valor alcanza a 300 mil ó 400 mil pesos.
Muchos hogares, con una mala situación económica, es imposible que puedan hacer este gasto. Debido a ello, quedarían sin sustento miles de hogares chilenos, cuyos jefes son conductores profesiones de camiones o vehículos de transporte público.
Asimismo, para conseguir la licencia clase A1 o A2 se exige la concurrencia a 150 horas de clases especializadas, lo que les quita un tiempo vital para cumplir su jornada de trabajo.
Tenemos una feliz noticia. En una reunión que, cuando se presentó este proyecto de acuerdo, tuvimos con las autoridades pertinentes, se planteó el tema y hoy, en el “Diario Oficial”, del 23 de marzo de 2000, en la página Nº 4 aparece el decreto en cuyo artículo 1º se faculta a los directores de departamentos de tránsito y transporte público de las municipalidades autorizadas al efecto, para otorgar, por una vez, una prórroga especial de la licencia de conducir obtenida al amparo del decreto supremo Nº 15, de 1999, de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Para acceder a este beneficio, el postulante deberá presentar su solicitud, indicando su calidad de conductor profesional y la escuela donde se encuentre matriculado.
Esta prórroga es importante para el país al dar solución al problema que se presenta a miles de personas. Esta gestión demuestra la labor que hicimos un grupo de parlamentarios de la Concertación, encabezado por el diputado señor Sergio Velasco , situación que también, en determinado instante, la planteó el diputado señor Enrique Jaramillo porque lo mismo acontecía en su distrito.
He dicho.
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SATELITAL PARA CONTROL DE EMBARCACIONES PESQUERAS. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rafael Arratia.
El señor ARRATIA .-
Señor Presidente , hace unos días, con mucha preocupación he recibido del Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales “Unión Matanzas”, una nota de los señores José Catalán , Manuel Berríos y José Machuca , dirigida a don Genaro Guerrero Torres, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Sexta Región.
Me permitiré leer este documento por la gravedad que significa, no sólo para los pescadores artesanales de la Sexta Región, sino de nuestro país en general.
La carta dice así:
“Después de haber dejado constancia en Carabineros de Chile por lo sucedido el día sábado 11 del mes en curso, con barcos industriales que estaban pescando dentro de las millas náuticas de los pescadores artesanales, le contamos con detalle lo sucedido.
“El día sábado 11 de marzo, barcos industriales que estaban pescando dentro de nuestras millas náuticas, nos agredieron con balazos y hondazos, provocando daño en nuestras embarcaciones “Jaymelly”, de propiedad de José Catalán A.; “El Águila”, Nº de matrícula 1267, de propiedad de Manuel Berríos C., y “San José”, Nº de matrícula 1678, de propiedad de Juan Machuca M.
“Los daños provocados a estas embarcaciones son irreparables, como pérdida de materiales de pesca (redes, flotadores, etc.) y también gran pérdida de productos del mar específicamente pescado”.
“Los barcos industriales fueron identificados, por lo cual se sabe para qué pesqueras trabajan: Camanchaca y Nacional, de San Antonio.
“Por otro lado, hay que agradecer que no hubo daños personales dentro de los pescadores artesanales afectados. Sin más que contarles, saludan atentamente a usted,
“ José Machuca , José Catalán y Manuel Berríos ”.
Señor Presidente , éste no es un hecho menor y se viene repitiendo en forma frecuente en todas las costas de nuestro país. Nosotros vemos con gran preocupación que la solución a este problema, que ha sido planteado por este parlamentario hace dos años, aún no llega a feliz término.
Con fecha 23 de octubre de 1997 se dictó la ley Nº 19.521, que establece precisamente el sistema de posicionamiento satelital automático para naves pesqueras y de investigación.
El decreto supremo Nº 139, de Economía, necesario para dar cumplimiento a las normas de la ley, publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 1998, permitió llamar a licitación pública del sistema de posicionamiento satelital el 12 febrero de 1999, la cual fue declarada desierta.
No obstante que se llama nuevamente a licitación, proceso que concluye el 30 de junio de 1999, hasta el día de hoy Sernapesca no decide aún el sistema de posicionamiento satelital que debe tener. Es decir, la ley y el reglamento llevan vigentes más de un año, pero todavía esas normas legales no pueden ser aplicadas.
Esto determina que barcos industriales transgredan no las 5 millas, que es lo normal y habitual para todo el país, sino las 2 millas que se han fijado en la Sexta Región como zona exclusiva para los pescadores artesanales, reducida en forma discriminatoria en más de un 50 por ciento; es decir, se transgrede esta norma de las 2 millas y, además de eso, se ataca a los pescadores con armas de fuego.
Si la autoridad, Sernapesca, no toma medidas, nosotros tendremos que estar lamentando, a lo mejor, ya no las pérdidas de artículos de pesca, sino la vida de pescadores artesanales.
Y a esto se agrega otro hecho grave. La ley discrimina hoy algunas regiones. Las faltas, los delitos que se cometan en las aguas territoriales de la Sexta Región no pueden ser sancionadas por sus tribunales, sino por los de San Antonio, donde pertenecen precisamente los barcos de Camanchaca y de pesquera Nacional, que son los que aparecen transgrediendo la norma permanentemente.
Solicité informe respecto de los años 1996 y 1997, donde Sernapesca cursó 42 partes a empresas pesqueras con asiento en San Antonio por delitos cometidos en aguas territoriales de la Sexta Región. En los años 1998 y 1999 ninguna de estas 42 faltas habían sido objeto de una multa o sanción para ninguna empresa pesquera. Por lo tanto, debo asumir que el hecho de que las sanciones sean vistas por los tribunales de San Antonio, donde tienen su centro de operaciones las empresas pesqueras, se transforma en un hecho negativo, discriminatorio, que va en perjuicio de los pescadores artesanales.
Por consiguiente, este problema debe solucionarse por medio de una modificación legal, en la que tiene iniciativa exclusiva el Poder Ejecutivo, para que de aquí en adelante se establezca que los tribunales de todas las regiones tengan la facultad de tratar los delitos que se hayan cometido en las aguas de sus jurisdicciones y no en otras regiones donde, de alguna forma, no se sanciona a las empresas pesqueras que transgreden las normas.
Por este motivo, solicito lo siguiente:
1º Se oficie al director nacional de Pesca para que se investiguen las causas y los hechos descritos;
2º Se oficie a la subsecretaría de Pesca para que informe por qué no se ha desarrollado el sistema de posicionamiento satelital, cuyo proceso de licitación terminó el 30 de junio de 1999;
3º Se oficie al subdirector de Pesca para que se abstenga de hacer uso de la facultad de reducir la zona de exclusión de pesca industrial a 5 millas, como lo hace en algunas regiones, en este caso en la VI Región, para que así la norma sea igual para todo el país, mientras el diputado que habla, junto con otros que le han manifestado su apoyo en este tema, presenten una modificación a la ley, que permita que la norma sobre 5 millas no pueda ser modificada por autoridad alguna en ninguna parte del país, y
4º Por último, se oficie al Presidente de la República para que proceda a enviar un proyecto de ley que determine que sean los tribunales de la región en cuyo mar territorial se cometa la falta o delito los que vean las causas de transgresión referidas a la zona de exclusión de pesca industrial u otros y no tribunales de otras regiones.
He dicho.
DEPÓSITO ILEGAL DE ARSÉNICO EN ZONA DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
El señor ARRATIA .-
Señor Presidente , la Comisión de Medio Ambiente, que presidí hasta el día martes de esta semana, se constituyó en el mineral de El Teniente, Sexta Región, el día lunes recién pasado para investigar el depósito ilegal de arsénico activo en una cantidad de 7.500 toneladas en un botadero llamado El Minero, ubicado a 2 mil metros de altura.
En primer lugar, hemos constatado que existen 7.500 toneladas de arsénico activo que pueden ser derramadas a los cursos de aguas como consecuencias de la caída de lluvia y nieve en la zona.
En segundo lugar, debo manifestar que la gerencia de El Teniente y Codelco han reconocido la falta.
En tercer lugar, la entidad fiscalizadora, en este caso el Departamento de Salud del Ambiente, y Corama de la Sexta Región, después de hacer una inspección en el mes de octubre del año pasado, informaron a la Corema Regional, en forma verbal, en el mes de noviembre, y luego en el mes de diciembre, por escrito, respecto de la irregularidad que se estaba cometiendo.
Sin embargo, cumplida la labor de fiscalización de estas dos instituciones, la sanción por parte del Departamento de Salud del Ambiente no se hizo efectiva, teniendo atribuciones para hacerlo ante un hecho tan grave como éste. Sólo el viernes recién pasado ha iniciado un sumario administrativo. Incluso, el director de la Corema regional ha cambiado su posición como consecuencia de que hay un nuevo intendente.
La Corema regional, a pesar de haber sido advertida verbalmente del hecho en noviembre, y en diciembre por escrito, no había tomado medidas al respecto. Sólo cuando el intendente, señor Raúl Herrera , tomó conocimiento de estos hechos tan graves, el nuevo director regional de la Corama se comprometió a adoptar las medidas respectivas.
No queremos lamentar que en los próximos seis meses que demorará en solucionarse el problema, según nos ha declarado la autoridad de El Teniente, se produzca el derrame de 7.500 toneladas de arsénico en las quebradas y cursos de agua que van precisamente a drenar al río Cachapoal, el cual riega el 50 por ciento de las tierras fértiles de la provincia de Colchagua, aparte de que el 50 por ciento agroindustrial de Chile se genera precisamente en la Sexta Región.
Es muy grave y muy preocupante el hecho de que estando esta situación, en primer lugar, en conocimiento de las autoridades de El Teniente -de Codelco Chile-, no hayan tomado oportunamente las medidas; y en segundo lugar, de los organismos fiscalizadores, en este caso la DPA, desde octubre del año pasado hasta el viernes recién pasado no se haya iniciado un sumario sanitario como corresponde. A su vez, tanto la Corema regional, avisada verbalmente en noviembre y por escrito en diciembre, como el nuevo Intendente, sólo ahora van a tomar la iniciativa para enfrentar este problema.
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministerio de Minería y al de Salud enviando estos antecedentes, y al Presidente de la República para que se tomen las medidas pertinentes, a fin de no poner en peligro la vida y la salud de los habitantes de la Sexta Región.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Sánchez , Velasco , Jaramillo , Delmastro y Ortiz
AGREGACIÓN DE QUINTA REGIÓN EN DECRETO SOBRE FACILIDADES A CONDUCTORES PROFESIONALES. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado don Sergio Velasco, hasta por dos minutos.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , agradezco la información sobre la publicación del decreto relacionado con las escuelas de conductores, materia que tanto preocupa a choferes de buses y camiones.
Pero quiero señalar que dicho decreto, emanado del Ministerio de Transportes, adolece de ciertas dificultades en su aplicación, sobre todo en aquellas regiones en las que no existen las escuelas de conductores profesionales. Por ejemplo, para acceder a este beneficio, el postulante deberá presentar su solicitud individualizando la escuela de conductores profesionales en la cual se matriculó.
Por otra parte, el artículo 3º del referido decreto establece que los directores de tránsito y transporte público de las municipalidades autorizadas para otorgar licencia de conductor -en las regiones Primera, Tarapacá; Cuarta, Coquimbo ; Sexta, Libertador Bernardo O’Higgins ; Séptima, del Maule, y Undécima de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo-, podrán otorgar licencia de conductor de clase A 1 y A 2.
Me alegro de ello y de que se haya reconocido este grave problema que afecta a miles de conductores y, por supuesto, a sus familias; pero, lamentablemente, en esta enumeración no aparece la Quinta Región, lo que crea dificultades en ella, así como en muchas comunas del país que carecen de escuelas de conductores profesionales reconocidas por el Ministerio de Transportes. En efecto, los interesados no están en condiciones de trasladarse a más de 300 kilómetros para optar al certificado de matrícula, que les costará 300 mil ó 400 mil pesos, y que les permitirá tramitar la renovación de su licencia de conducir.
Por lo tanto, agradecido de la actitud del ministro y del subsecretario de Transportes, solicito que se oficie, a fin de que se modifique este decreto y se agregue, en general, a las regiones donde aún no se han autorizado escuelas de choferes, y en particular a la Quinta Región, algunas de cuyas comunas represento en la honorable Cámara, en especial las de San Antonio, Casablanca, El Tabo, el Quisco, Algarrobo.
He dicho.
El ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Sánchez , Rojas , Delmastro y de quien habla.
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
GASTO EN IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE MINISTERIOS Y OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , en el transcurso de cada año, los parlamentarios recibimos un considerable número de impresos y publicaciones de todos los ministerios, empresas y organismos del Estado, cuyo volumen aproximado es el de esta alta ruma que aparece a mi lado.
En respuesta a un oficio remitido el año pasado por el que habla y el diputado Iván Moreira , la Contraloría General de la República envió un pormenorizado listado de los gastos que las entidades públicas hicieron en publicidad y difusión de sus actividades entre octubre de l997 y septiembre de 1998. El total de gastos ascendió a 6.730 millones de pesos, o sea, aproximadamente 13,5 millones de dólares, excluida gran parte del Ministerio de Defensa Nacional.
Si examinamos el tipo, calidad y contenido de estas publicaciones, concluiremos, sin temor a equivocarnos, que se está frente a una exageración, por decir lo menos, debido a que como la mayor parte de esa documentación no la lee casi nadie, termina por abarrotar los anaqueles de oficinas, sin prestar ninguna o muy poca utilidad. Estos 13,5 millones de dólares, o al menos gran parte, ¿no se podrían ahorrar y destinarlos a la satisfacción de tantas necesidades que el país tiene, especialmente en una situación de déficit fiscal como el que nos afecta hoy día?
Por esa razón, solicito que se oficie al Presidente de la República para que, si lo tiene a bien, instruya a los ministerios y reparticiones públicas abstenerse de realizar estos gastos en publicidad, salvo aquellos que sean estrictamente necesarios, a fin de que esos fondos se destinen a la atención de urgentes necesidades que, posiblemente, tengan en sus respectivas áreas.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN CIUDAD DE VALDIVIA. Oficios.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , en segundo lugar, quiero referirme a un problema que afecta al Obispado de Valdivia , con motivo de la construcción de su centro comunitario, denominado San Juan Bosco , ubicado en la población San Pedro de esa ciudad.
Dicho centro atenderá en forma gratuita la satisfacción de diferentes necesidades de la comunidad, tales como sala cuna, jardín infantil, biblioteca, sala de reuniones y de capacitación, capilla y otras, todo con el fin de favorecer a una numerosa población de muy escasos recursos, la cual tiene carencias y déficit en cuanto a la acción social.
En virtud del artículo 21 del decreto ley Nº 910, de 1975, es posible deducir del monto de los pagos previsionales obligatorios del impuesto a la renta, el 0,65 por ciento del impuesto al valor agregado, IVA, en casos de contratos generales de construcción que no sean ejecutados por administración por empresas constructoras que los celebren con instituciones de beneficencia que gocen de personalidad jurídica y no persigan fines de lucro. El Obispado de Valdivia solicitó al Ministerio de Hacienda las franquicias tributarias mencionadas, en virtud de que dicho centro comunitario cumple con los requisitos de atender en forma gratuita a personas de escasos recursos y no persigue fines de lucro. La respuesta del Ministerio de Hacienda, por oficio ordinario Nº 177, de 29 de febrero de 2000, basado en un informe del director del Servicio de Impuestos Internos , fue negativa, por no estar su acción dirigida a personas de escasos recursos económicos.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Hacienda y, por su intermedio, al director del Servicio de Impuestos Internos , para que reconsideren esta decisión, toda vez que posiblemente se trate de un error debido a que no basta con los antecedentes escritos aportados por el obispado, sino que es necesaria una inspección ocular del lugar de construcción y del entorno social que tendrá el centro comunitario, factores que son elocuentes y hablarán por sí mismos, de modo que el beneficio que la inversión significará para la comunidad pueda optimizarse y potenciarse lo máximo posible.
Señor Presidente, el diputado señor Moreira hará uso del resto del tiempo de mi bancada.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Manuel Rojas y Enrique Jaramillo
INVESTIGACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PAVIMENTACIÓN DE RUTA 5 NORTE. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el resto del tiempo correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , en el ejercicio de nuestra facultad fiscalizadora, he recibido denuncias de nuevas irregularidades en el cumplimiento de los contratos de concesión celebrados por el Ministerio de Obras Públicas durante la anterior administración.
A las ya conocidas denuncias respecto de las concesiones adjudicadas a Tribasa, que, de alguna manera, han sido sancionadas públicamente a través de la prensa, en virtud de informes de la Contraloría General, se suman hoy irregularidades detectadas en la ejecución de los contratos de concesión de la ruta 5 Norte, La Serena-Los Vilos , adjudicada a la empresa Valle El Elqui S. A., cuyo socio principal es la empresa española Sacyr.
En septiembre del año pasado, el entonces Presidente Frei , junto con las más altas autoridades del país, inauguró aproximadamente 140 kilómetros del primer tramo concesionado de la ruta 5 Norte, La Serena-Los Vilos.
A la fecha de esa inauguración, la ruta no cumplía con los requisitos mínimos ni con las especificaciones técnicas exigidas para operar, según lo certifican los informes del propio Laboratorio Nacional de Vialidad que obran en mi poder, en los cuales se objeta el tipo de mezcla del pavimento.
Lamentablemente, el Ministerio de Obras Públicas, a pesar de conocer tales informes, no sólo hizo caso omiso de ellos, sino que también autorizó la inauguración y puesta en servicio de la carretera. Este hecho reviste especial gravedad, no sólo porque hasta la fecha estas deficiencias aún no son solucionadas -desde septiembre del año pasado-, sino también porque dicen relación con imperfecciones relativas a la durabilidad del pavimento, las que, como es fácil de advertir, comprometen la seguridad de los usuarios. Parece, al menos, sospechosa la actitud permisiva y complaciente del Ministerio de Obras Públicas en la fiscalización de obras adjudicadas, curiosamente, a importantes consorcios internacionales. En verdad, todas las empresas están obligadas a cumplir cabalmente la ley. Al parecer, el Ministerio de Obras Públicas tiene un doble estándar en esta materia, pues su actitud es poco clara, poco transparente y no nos satisfacen las explicaciones públicas dadas por el director de Vialidad , al sostener que se trata de informes incompletos o información fraccionada y que las deficiencias alcanzarían a 0,1 por ciento de la pavimentación. ¡Falso, de falsedad absoluta! Tengo en mis manos los certificados que acreditan que los 140 kilómetros -4 millones y tantos de metros cuadrados- de pavimentación, adolecen de imperfecciones y, obviamente, quien tiene que pagar los costos es el país.
Exigimos que el actual ministro de Obras Públicas , señor Carlos Cruz , en ese momento jefe de Concesiones del Ministerio , explique las razones que tuvo esa repartición para otorgar tratos especiales a determinadas empresas concesionarias en materia de cumplimiento de los contratos y si se trata de una política que esa Secretaría de Estado mantendrá en la actual administración.
Los antecedentes que justifican esta denuncia serán puestos a disposición de la Comisión Investigadora de Concesiones Viales tan pronto se constituya, pues la opinión pública debe saber que en enero se acordó crearla y que hasta ayer sólo faltaban los nombres de los parlamentarios de la Concertación que la integrarán. Uno, legítimamente, puede preguntarse por qué tanta dilación para llevar a cabo esta investigación.
Por lo anterior, solicito oficiar a la Contraloría General de la República, adjuntando los antecedentes de mi denuncia, con el fin de que realice una acuciosa investigación sobre la construcción del tramo de la ruta 5 Norte, La Serena-Los Vilos , y determine por qué no se cumplieron las especificaciones técnicas que establece el contrato, por qué el Presidente Frei inauguró una obra que aún no contaba con la legitimación y autorización de las entidades respectivas.
Es importante realizar tal investigación, pues, curiosamente, el consorcio español Sacyr ya está empezando una obra que toca muy de cerca a la Quinta Región, como es la ruta 68 Santiago-Valparaíso, concesionada a la misma firma. Esperamos que no se repitan estos hechos que, finalmente, perjudican a la ciudadanía y que requieren una explicación.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE VENTA DE ÁCIDO SULFÚRICO A BOLIVIA. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , solicito que se oficie a los ministros del Interior y de Minería , con el objeto de que informen a esta Cámara sobre cuáles son las empresas que en la Segunda Región y en el resto del país venden precursores químicos, específicamente ácido sulfúrico, al país hermano de Bolivia.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
TÉRMINO DE PROTESTA DE PEQUEÑOS MINEROS EN TOCOPILLA. Oficio.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , en este instante me embarga la emoción al saber que cuatro mineros de mi región están siendo sacados del pique donde, voluntariamente, se habían sepultado bajo toneladas de tierra.
Emociona saber que Luis Albanés , Manuel Morales , Félix Godoy y Artemio Astorga han hecho un gesto que quizás muchos podríamos reprobar en su forma; pero estamos conscientes de que el fondo de su lucha, su reivindicación de la pequeña minería, los enaltece.
A estos mineros que han pasado cuatro días bajo toneladas de tierra, quiero rendirles, como diputado de la región, un sincero homenaje. La emoción es por haber compartido con ellos estas horas y la incertidumbre causada por haber visto cómo el Gobierno, con conocimiento de estas presiones, que, repito, no compartimos en su forma, actuaba tardíamente.
La pequeña minería es sustento social de ciertas localidades de las regiones Primera a Cuarta, específicamente en el caso de Taltal y Tocopilla. Sin lugar a dudas, lo que han hecho Luis , Manuel , Félix y Artemio es un reflejo de la desesperación que aflige a los pequeños mineros en las referidas regiones.
Por tal motivo, solicito que se oficie, en mi nombre y en el de todos aquellos pirquineros que laboran en la pequeña minería, para solicitar al ministro del ramo que instale, de una vez por todas, una mesa para analizar el tema futuro como política de Estado y qué se pretende en definitiva con la pequeña minería.
En Luis Albanés, Manuel Morales , Félix Godoy y Artemio Astorga , reconozco el esfuerzo y el sacrificio del hombre pujante nortino, del pirquinero, del minero.
Desde esta alta tribuna, los felicito y agradezco a Dios que hoy, en este minuto, los estén sacando del pique en que estaban sepultados.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión del honorable diputado señor Enrique Jaramillo
ALCANCES SOBRE GESTIÓN PRESIDENCIAL.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo que resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , en mi segunda intervención haré un comentario importante sobre la contingencia nacional. ¿Qué hay detrás de los cien días del Presidente Lagos?
Cien días marcan la diferencia con diez años de gobierno de la Concertación. El país sabe que la Concertación ha gobernado durante diez años y que hoy un Presidente socialista le dice que en cien días se solucionarán algunos problemas puntuales del área social, específicamente el de la salud.
¿Qué nos están diciendo el Presidente Lagos y el Partido Socialista? Que durante diez años no fueron capaces de solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía. Es decir, la lealtad dentro de la Concertación se debilita; porque el Gobierno socialista nos está diciendo que hubo ineficiencia durante los últimos años de gobierno de la Concertación.
¿Cómo explican al país que lo que no solucionaron en diez años hoy pretendan hacerlo en sólo cien días de gobierno? Los ministros deben saber que cada día pasa, que se acaba el tiempo, pues no es posible detenerlo.
Pero lo más importante de esto es que Chile está dividido en dos mitades, las que exigen respuestas claras y rápidas a sus anhelos y necesidades.
Pero hoy queremos decirles a la Concertación y al Presidente Lagos que no se debe jugar con la confianza y con la credibilidad de todos los chilenos. El país todavía no se recupera, no se reactiva; pero, eso sí, se ha demostrado democráticamente -tanto por los empresarios como por los inversionistas y la Oposición, integrada por la Alianza por Chile-, que existe voluntad y disposición para colaborar en servir a Chile en la búsqueda de consensos y en materializar similitudes de programas de gobierno que el país conoció en la reciente campaña presidencial, en la cual Joaquín Lavín obtuvo más del 48 por ciento.
Pero, antes que todo, existe lo más importante para concretar esta voluntad y disposición de colaborar: que el Gobierno es claramente el principal protagonista de la Concertación.
Hablamos de restaurar la convivencia nacional. Tenemos que recomponer las relaciones con las Fuerzas Armadas y con la civilidad, porque en el último tiempo hemos visto que se siguen abriendo heridas que cavan un abismo entre los chilenos.
Por eso, si el Presidente Lagos desea de parte de nosotros una actitud de colaboración, de buena disposición, de compromiso, la tendrá; pero debe asumir la responsabilidad de conducir al país a una sana convivencia entre todos los chilenos; porque la máxima aspiración de la UDI y de la Alianza por Chile, en nombre del país, es trabajar por la paz de los chilenos. En la medida en que exista tranquilidad, paz y una buena convivencia, los problemas del país, indudablemente, se irán solucionando; porque los inversionistas y los empresarios están dispuestos a colaborar, y nosotros estamos dispuestos a buscar fórmulas legislativas que permitan que el desarrollo y el progreso de Chile sean una realidad, porque durante los últimos años nos hemos estancado.
Chile es un país que tiene futuro y mayores oportunidades. Vivimos en un nuevo siglo, que demanda nuevos desafíos, y en éstos todos estamos llamados a colaborar.
Por eso, después de prácticamente 15 días de la asunción del nuevo Gobierno, una reflexión más: la necesidad y el compromiso de todos nosotros, como Oposición, en cuanto a trabajar por lo que el país espera de nosotros, es decir, la solución de sus problemas.
Basta de politiquería. Ha llegado el momento de elaborar, técnicamente, fórmulas que posibiliten que esas aspiraciones sean satisfechas por el mundo político y por el Gobierno.
He dicho.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DAGOBERTO SOTO NEIRA, VECINO DE LA UNIÓN. Notas de condolencias.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , quiero rendir un sencillo y cariñoso homenaje en reconocimiento a un ciudadano ilustre: don Dagoberto Soto Neira , quien fuera un querido vecino de La Unión, ciudad a cuyo servicio social dedicó su vida.
Es una de las más bellas tradiciones republicanas rendir homenaje, en esta Sala, a los hombres que, con su trabajo y entrega desinteresada, han hecho del valor de la solidaridad y la generosidad el motivo principal de sus vidas, dejando legados permanentes en favor de sus comunidades.
Don Dagoberto , además de activo dirigente de los trabajadores ferroviarios, fue un líder fundamental de la más importante institución dedicada a la difícil y casi tortuosa tarea de la rehabilitación del alcoholismo. En su casa, en las calles de su ciudad, en los colegios de la provincia de Valdivia y en su querido centro El Renacer, él supo convertirse en el apóstol laico de la lucha contra el alcoholismo.
El abuso del alcohol, y el alcoholismo propiamente tal, además de una patología siquiátrica, constituyen un flagelo social. La desestructuración de las familias, fruto de la violencia y del desapego, son su principal efecto. El alcohólico entra en un proceso de descomposición física, mental y moral, que no reconoce otro límite que la muerte, la demencia, la soledad o el abandono.
Dagoberto Soto fue un hombre sencillo, que entendió que su vida se llenaba de significados, trascendencia y sentido, no a través de obras grandilocuentes ni de la búsqueda de la riqueza, el poder o el status, sino que ayudando a otros a superar un estado de salud mental que los hacía profundamente infelices. Deben ser miles los hombres y mujeres de la Décima Región que a lo largo de muchos años fueron un poco más felices y vivieron un poco mejor gracias al esfuerzo de este gran ciudadano. Cuántos padres, madres, niños y adolescentes de las más distintas edades y condiciones sociales y culturales durmieron más tranquilos gracias a la labor anónima de este hombre que supo desvelarse por los demás a cambio de nada material, sólo de la íntima satisfacción de haber aportado un grano de arena para la construcción de un mundo un poco mejor, aunque sea sólo para el rehabilitado alcohólico y su familia.
Hoy, cuando se da a conocer un nuevo plan nacional de salud mental, se hace propicia la ocasión para demandar desde este hemiciclo una acción más decidida de parte del Estado para afrontar este mal, que hoy en día aparece opacado en términos comunicacionales por la voracidad de la droga y la violencia de los delincuentes. Sin embargo, no podemos olvidarnos de los cientos de miles, si es que no millones, de chilenos que padecen esta enfermedad. Son niños, mujeres, ancianos y hombres en edad laboral, que cada día, con cada sorbo de licor, se van hundiendo en un pozo negro y profundo, del cual pueden ser rescatados sólo por los brazos amables y solidarios de personas como Dagoberto Soto. Hombres como él le hacen falta a la humanidad. No son muchos.
Que éste sea el saludo de reconocimiento, el homenaje sentido para don Dagoberto , con el recuerdo respetuoso y profundo, y con el aprecio de quienes lo acompañaron en su difícil empresa: Juan Albarracín , Teodoro Zumelzu y Guillermo Montecinos , entre otros. Ellos son testigos de esta posta por la vida que con tanta dignidad y entrega corrió Dagoberto Soto. Me entristece tu partida. Te agradezco haber compartido tu lucha.
Señor Presidente , solicito que se envíe copia de mi intervención a su viuda, la señora María Armstrong , a quien acompañamos en su dolor, y a sus amigos y colaboradores del centro de rehabilitación de alcohólicos El Renacer, de la ciudad de La Unión, y de la Asociación de Rehabilitados de la provincia de Valdivia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señor diputado, como Presidente accidental, adhiero a los sentimientos de pesar que ha expresado respecto de un noble ciudadano de La Unión.
Se ha tomado debida nota de su petición, por lo que se adjuntará el texto de su intervención a la viuda, a los amigos y colaboradores de don Dagoberto Soto en las instituciones que señaló su Señoría.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.05 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 22 de marzo de 2000.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que extiende, en determinados casos, el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad a la ley de adopción, con las siguientes modificaciones:
Artículo único
Ha sustituido su encabezamiento por el siguiente:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo”.
-o-
A continuación, ha incorporado como letra a), nueva, la que sigue:
“a) Modifícase el artículo 195, en la forma siguiente:
1. En el inciso segundo, sustitúyense las frases “quien no gozará del fuero establecido en el artículo 201 de este Código, pero tendrá derecho al subsidio a que se refiere el artículo 198”, por las siguientes: “quien gozará del fuero establecido en el artículo 201 de este Código y tendrá derecho al subsidio a que se refiere el artículo 198”.
2. Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:
“El padre que sea privado por sentencia judicial del cuidado personal del menor, perderá el derecho a fuero establecido en el inciso anterior.”.”.
-o-
A continuación, ha agregado una letra b), nueva, con el encabezamiento que sigue:
“b) Modifícase el artículo 201, del modo siguiente:”.
-o-
Número 1
Ha pasado a ser número 1 de la letra b), nueva, con la sola enmienda de sustituir en su encabezamiento la expresión “pasando el actual inciso segundo a ser cuarto” por “pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente”.
Número 2
Ha pasado a ser número 2 de la letra b), nueve, reemplazado por el que sigue:
“2. En el actual inciso segundo, que pasa a ser inciso cuarto, intercálase entre las expresiones: “Si por ignorancia del estado de embarazo” y “se hubiere dispuesto el término del contrato”, la frase “o del cuidado personal o tuición de un menor en el plazo y condiciones indicados en el inciso segundo precedente,”; e incorpórase entre las expresiones “certificado médico o de matrona,” y “sin perjuicio”, lo siguiente: “o bien de una copia autorizada de la resolución del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, en los términos del inciso segundo, según sea el caso,”.”.
Lo que comunico a V.E., en respuesta a su oficio Nº 2551, de 9 de septiembre de 1999.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 23 de marzo de 2000.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas o que sean madres lactantes de acceder y permanecer en los establecimientos de educación, con la siguiente modificación:
Artículo único
Lo ha sustituido por el siguiente:
“Artículo único.- Intercálase en el artículo 2º de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza , a continuación del inciso segundo, el siguiente, nuevo, pasando el inciso tercero a ser cuarto:
“El embarazo o la lactancia materna no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel.”.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el artículo único fue aprobado en el carácter de norma orgánica constitucional, con el voto afirmativo, en la votación general y en la particular, de 36 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 259, de 6 de septiembre de 1994.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
3. Segundo Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto de ley de fomento a la música chilena. (boletín Nº 2287-04-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República .
De conformidad a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en su sesión 30ª, de 14 de marzo en curso, con todas las indicaciones presentadas y admitidas a tramitación en la Sala, las que constan en la respectiva hoja de tramitación, elaborada por la Secretaría de la Corporación.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento, en este informe debe dejarse constancia de lo siguiente:
1º De las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la elaboración del segundo en la Comisión.
En esta situación se encuentra la totalidad del articulado del proyecto, salvo su artículo 4º.
En consecuencia, con la salvedad señalada y la constituida por el artículo 3º que requiere un quórum especial de aprobación y debe ser votado en particular, todas sus disposiciones deben entenderse aprobadas por el solo ministerio de la ley.
2º De las disposiciones que tienen rango de ley orgánica constitucional o que deben aprobarse con quórum calificado.
En esta situación se encuentra únicamente el artículo 3º, el cual tiene rango de ley orgánica constitucional por cuanto se aparta de la organización interna regular que el artículo 24 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de bases de la administración del Estado, contempla para los Ministerios.
3º De las disposiciones suprimidas.
No hubo disposiciones suprimidas.
4º De las disposiciones modificadas.
En esta situación se encuentra únicamente el número 3) del artículo 4º.
El artículo 4º se refiere a la integración del Consejo de Fomento de la Música Chilena y su número 3) incorpora dos académicos de reconocido prestigio en el ámbito de la música, designados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, debiendo uno de ellos pertenecer a una universidad que no sea de la Región Metropolitana.
El diputado señor Ibáñez presentó una indicación para substituir este número por el siguiente:
“3) Dos académicos de reconocido prestigio en el ámbito de la música, designados por los rectores de universidades chilenas que gocen de plena autonomía y que serán convocados para estos efectos por el ministro de Educación . Uno de esos académicos deberá pertenecer a una universidad de una región distinta a la Región Metropolitana.”.
Fundó el diputado su indicación, señalando que con ello se evitaba un acto discriminatorio injustificado e, incluso, contrario a la normativa constitucional por cuanto no solamente las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores gozan de autonomía. Lo anterior, en todo caso, no significaría considerar a todas las universidades ya que aquellas que no han alcanzado la plena autonomía, deberán esperar obtenerla para poder ser elegibles.
Los representantes del Ejecutivo argumentaron que lo que se había querido era constituir el Consejo de manera similar al contemplado en la Ley de Fomento al Libro y la Lectura y en la de Premios Nacionales, en las que se otorga representatividad a los académicos designados por el Consejo de Rectores; no obstante, no había objeciones de fondo frente a esta indicación por cuanto, efectivamente, las universidades autónomas se encuentran en un pie de igualdad con las universidades tradicionales.
Cerrado finalmente el debate, se aprobó la indicación por mayoría de votos (6 votos a favor y 1 en contra).
5º De los artículos nuevos introducidos.
No hubo.
6º De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Ninguna de las disposiciones se encuentra en esta situación.
7º De las indicaciones rechazadas por la Comisión.
La Comisión rechazó las siguientes indicaciones:
a) La de los diputados señora Cristi y señor Palma Flores para agregar en el inciso primero del artículo 4º, a continuación del número 13), el siguiente, nuevo:
“14) Un representante del ámbito del Rodeo Chileno, designado por la Federación del Rodeo Chileno.”.
Se rechazó por mayoría de votos (4 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención).
b) La de los diputados señores Bertolino , Palma Flores y Vargas para agregar en el inciso primero del artículo 4º, el siguiente número, nuevo:
“Un representante del ámbito de los Criadores de Caballos Chilenos, designado por la Federación de Criadores de Caballos Chilenos.”.
Se rechazó por mayoría de votos (4 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención).
c) La de los diputados señores Bertolino y Prokurica para agregar en el inciso primero del artículo 4º, el siguiente número, nuevo:
“Un representante del ámbito de la Actividad Agrícola, designado por la Sociedad Nacional de Agricultura.”.
Se rechazó por mayoría de votos (4 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención).
8º Disposiciones legales que el proyecto modifica o deroga.
El proyecto no modifica ni deroga disposición alguna.
-o-
Por las razones expuestas y por las que dará a conocer oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
Del Consejo de Fomento de la Música Chilena
Artículo 1º.- El Estado de Chile reconoce como requisito esencial para la preservación de la identidad cultural, el apoyo, el estímulo, la promoción y la difusión de la labor de los autores, compositores, artistas intérpretes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de fonogramas chilenos, forjadores del patrimonio de la música nacional.
Artículo 2º.- Salvo que la naturaleza del texto legal implique otro significado, se entenderá por:
1) Música chilena: toda creación del género musical, clásica o selecta, popular o de raíz folklórica y de tradición oral, con o sin texto, ya sea creada, interpretada o ejecutada por chilenos.
2) Música clásica o selecta: aquella música cuyo aprendizaje se realiza en base a normas académicas de consenso universal, que se registra y transmite preferentemente por vía escrita (partitura), que explora estructuras y formas complejas y cuyos autores son identificados.
3) Música popular: aquella música cuyo aprendizaje puede ser empírico y/o académico, que se transmite por vía oral, escrita o fonográfica, que cultiva formas y estructuras simples, con autores y compositores identificados, siendo de difusión y proyección masivas.
4) Música de raíz folklórica y de tradición oral: aquella música cuyo aprendizaje se realiza de manera directa o empírica, se registra y se transmite por vía oral, escrita o fonográfica, cultiva preferentemente estructuras y formas simples de antigua procedencia, con autores y compositores identificados o anónimos.
5) Autor: la persona natural creadora del texto literario de una obra musical.
6) Compositor: la persona natural creadora de la música de una obra.
7) Artista intérprete o ejecutante: la persona natural que interpreta y transmite mediante la voz o un instrumento la obra musical de un compositor.
8) Recopilador: la persona natural dedicada a la investigación, registro, rescate y difusión de la música de tradición oral.
9) Autores, compositores, artistas intérpretes y ejecutantes y recopiladores chilenos: los autores, compositores, artistas intérpretes y ejecutantes, y recopiladores de nacionalidad chilena o extranjeros domiciliados en Chile.
10) Productor fonográfico: la persona natural o jurídica responsable de la primera fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución u otros sonidos, sin importar la técnica utilizada.
11) Editor musical o editor de música: la persona natural o jurídica que se ha constituido en titular derivado de derechos patrimoniales de autor de obra musical o literario musical, encargada de su explotación y responsable de gestionar su promoción y publicación por cualquier medio.
12) Realizador musical: la persona natural responsable de la realización artística de la grabación sonora de una obra musical.
Para los efectos de la presente ley, se aplicarán, en lo que no sean contrarias a ella, las definiciones establecidas en la ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual.
Artículo 3º.- Créase, en el Ministerio de Educación, el Consejo de Fomento de la Música Chilena, en adelante “el Consejo”, cuyas funciones y atribuciones serán:
1) Asesorar al ministro de Educación en la definición de las políticas culturales orientadas al fomento de la música chilena;
2) Convocar anualmente a los concursos públicos, en conformidad al artículo 5º, para asignar los recursos del Fondo para el Fomento de la Música Chilena en la forma que determine el reglamento;
3) Estimular la creación de obras nacionales mediante concursos de composición en los diferentes géneros de expresión musical;
4) Fomentar la interpretación y ejecución del repertorio de música chilena, colaborando con festivales y certámenes en los cuales se convoque a autores, compositores, intérpretes, investigadores y recopiladores nacionales;
5) Fomentar, reconocer, apoyar y estimular las actividades de instituciones, medios de comunicación y personas naturales y jurídicas que se destaquen en la difusión de la música chilena. Para estos efectos, el Consejo podrá destinar anualmente con cargo al Fondo que se crea en esta ley, recursos para financiar proyectos concursables;
6) Difundir el conocimiento del repertorio de música nacional a través de actividades en establecimientos educacionales del nivel prebásico, básico, medio y superior;
7) Realizar investigaciones destinadas a formular proposiciones para la mejor difusión del repertorio nacional;
8) Otorgar becas para la capacitación profesional de los autores, compositores, intérpretes, investigadores y recopiladores chilenos, de acuerdo a las normas que fije el reglamento;
9) Organizar encuentros, seminarios, talleres y otras actividades conducentes a difundir y estimular la creación y producción musical chilenas;
10) Desarrollar campañas de promoción del repertorio chileno, a través de los medios de comunicación pública;
11) Promover el desarrollo de la actividad coral y la formación de orquestas, especialmente a nivel infantil y juvenil, en el ámbito escolar y extra-escolar;
12) Fomentar la producción de fonogramas de música chilena y apoyar la publicación, promoción y difusión de dichos fonogramas;
13) Adoptar medidas conducentes para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción y utilización no autorizada de sus fonogramas, y
14) Realizar las demás funciones que esta ley u otras disposiciones especiales le encomienden.
Artículo 4º.- El Consejo estará integrado por las siguientes personas:
1) El ministro de Educación, o su representante, quien lo presidirá;
2) Un representante del Presidente de la República;
3) Dos académicos de reconocido prestigio en el ámbito de la música, designados por los rectores de universidades chilenas que gocen de plena autonomía y que serán convocados para estos efectos por el ministro de Educación . Uno de esos académicos deberá pertenecer a una universidad de una región distinta a la Región Metropolitana;
4) Un músico de reconocida trayectoria en el género de la música popular, designado por el ministro de Educación a propuesta en terna de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
5) Un músico de reconocida trayectoria en el género de la música de raíz folklórica y/o de tradición oral, designado por el ministro de Educación a propuesta en terna de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
6) Un músico de reconocida trayectoria en el género de la música clásica o selecta, designado por el ministro de Educación a propuesta en terna de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
7) Un profesional de la musicología o investigador de reconocida experiencia y prestigio, designado por el ministro de Educación a propuesta en terna de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
8) Un representante de los productores de fonogramas, designado por el ministro de Educación a propuesta en terna de la entidad de carácter nacional más representiva que los agrupe;
9) Un representante de los editores de música, designado por el ministro de Educación a propuesta en terna de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
10) Un representante del ámbito de la radiodifusión, designado por el ministro de Educación a propuesta en terna de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
11) Un representante del ámbito de la televisión, designado por el ministro de Educación a propuesta en terna de la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe;
12) Un representante de una corporación cultural privada que realice programas o desarrolle proyectos musicales de carácter permanente, designado por el ministro de Educación ;
13) Un representante de una corporación cultural municipal, designado por la Asociación Chilena de Municipalidades.
Las personas designadas a proposición de las organizaciones más representativas señaladas, no necesitarán ser socios o miembros activos de la respectiva entidad.
Para los efectos de este artículo, se considerarán como entidades representativas las corporaciones, asociaciones gremiales y organizaciones sindicales que agrupen mayoritariamente al sector profesional respectivo.
Los integrantes designados a proposición de entidades representativas durarán dos años en el cargo, no pudiendo ser removidos salvo acuerdo de la mayoría de los miembros del Consejo a solicitud de la entidad que hizo la proposición. Dichos integrantes podrán ser redesignados para el período siguiente.
Si vacare alguno de los cargos señalados en este artículo, excepto los correspondientes a los números 1) y 2), el reemplazante será designado por quien corresponda, sobre la base de una nueva terna según el caso, por el tiempo que faltare para completar el período por el cual fue designado su antecesor.
El Consejo sesionará con la mayoría de sus miembros en ejercicio y adoptará sus acuerdos por la mayoría de los miembros presentes.
TÍTULO II
Del Fondo para el Fomento de la Música Chilena
Artículo 5º.- Créase el Fondo para el Fomento de la Música Chilena, que será administrado por el Ministerio de Educación a través de la División de Extensión Cultural, cuya finalidad será el financiamiento de las actividades y objetivos del Consejo de Fomento de la Música Chilena, señalados en el artículo 3º. Su patrimonio estará integrado por los recursos que para este objeto deberán consultarse anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación y por los aportes, donaciones, herencias y legados que reciba. Estas donaciones estarán exentas del trámite de la insinuación, a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil.
Los objetivos señalados en los números 4), 5), 6), 8) y 12) del artículo 3º, se cumplirán mediante llamados a concursos públicos, por medio de una amplia difusión nacional, sobre bases objetivas señaladas previamente, para asignar los recursos del Fondo y resolverlos. Los objetivos señalados en los números 7) y 10) del mismo artículo, se cumplirán mediante licitación, de acuerdo a normas objetivas y públicas que contemplen la materia, contenidos y demás características definidos por el Consejo.
La distribución de los recursos concursables del Fondo se hará en forma descentralizada, conforme lo establezca anualmente la Ley de Presupuestos.
El reglamento fijará los requisitos, formas y procedimientos a que deberán ajustarse los concursos públicos que sean convocados y los proyectos que postulen a la asignación de los recursos del Fondo, como asimismo las normas y procedimientos a que deberán ajustarse las licitaciones públicas.
TÍTULO III
Del Premio a la Música Chilena “Consejo de Fomento de la Música Chilena”
Artículo 6º.- Créanse tres premios a la Música Chilena denominados “Consejo de Fomento de la Música Chilena”, los que estarán destinados a reconocer a los músicos nacionales que, por su excelencia, creatividad, aporte trascendente al repertorio de la música chilena, y por su destacada labor se hagan acreedores a este galardón en los géneros “popular”, “clásico o selecto”, o de “raíz folklórica y de tradición oral”, los que podrán otorgarse en cualesquiera de las menciones siguientes:
1) autor o compositor; 2) intérprete o ejecutante; 3) recopilador, y 4) realizador o productor musical”.
Artículo 7º.- El Consejo discernirá anualmente estos premios por la mayoría de sus miembros. Éstos se otorgarán en cada uno de los géneros que se señalan en el artículo anterior, a las personas naturales que cultiven dichos géneros en la calidad correspondiente a cualesquiera de las menciones que ese mismo artículo señala.
El Consejo, por la mayoría de sus miembros y en casos calificados, podrá asignar uno de los premios conjuntamente a dos o más personas que hayan desarrollado su trabajo en forma colectiva. En este caso, se repartirá el premio por partes iguales.
Artículo 8º.- Para discernir el premio, el Consejo será convocado por su Presidente en el mes de noviembre de cada año, y emitirá su fallo fundado en el plazo máximo de treinta días.
Artículo 9º.- Cada premio a la música chilena “Consejo de Fomento de la Música Chilena”, comprende los siguientes galardones:
1) Un diploma firmado por el Presidente de la República , suscrito, además, por el Presidente del Consejo de Fomento de la Música Chilena , en el que se dejará constancia del género y de la categoría a que se refiere el artículo 6º, a los cuales corresponde el galardonado.
2) Una suma única ascendente a $7.000.000.- (siete millones de pesos), cantidad que se reajustará anualmente a contar del año 2000, en el porcentaje correspondiente a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) experimentada durante el año calendario anterior.
Artículo 10.- El galardón a que se refiere el Nº 2 del artículo anterior, no constituirá renta, de conformidad al artículo 17 Nº 23 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establecida en el decreto ley Nº 824, de 1974.
Artículo 11.- El Consejo, asimismo, otorgará un premio consistente en un diploma, a las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades en las áreas de la producción fonográfica y de la edición musical, que se hayan destacado por su aporte al fomento de la música chilena, el que será firmado por el Presidente de la República y suscrito, además, por el Presidente del Consejo de Fomento de la Música Chilena . Se otorgará anualmente a dos personas, una de cada área señalada.
Para su discernimiento se aplicarán las disposiciones del artículo 8º de este texto legal.
Artículo 12.- El Consejo podrá declarar desierto alguno de los premios que establece este Título.
Artículo 13.- Los órganos y servicios del Estado y las municipalidades, cuando utilicen música en sus dependencias o durante el desarrollo de los actos oficiales, deberán disponer preferentemente que ésta sea chilena.
Artículo 14.- Las representaciones diplomáticas chilenas acreditadas en el exterior, deberán considerar la difusión de música chilena en sus distintos géneros, en todos los actos que realicen en el curso de sus actividades.”.
-o-
Sala de la Comisión, a 21 de marzo de 2000.
Se mantiene como diputado informante el señor Sergio Velasco de la Cerda.
Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los diputados señorita María Antonieta Saa Díaz ( Presidenta ) y señores Nelson Ávila Contreras , Sergio Correa de la Cerda, Maximiano Errázuriz Eguiguren , Homero Gutiérrez Román , Gonzalo Ibáñez Santa María , Rosauro Martínez Labbé , María Victoria Ovalle Ovalle , Jorge Ulloa Aguillón , Felipe Valenzuela Herrera , Sergio Velasco de la Cerda, Edmundo Villouta Concha y Patricio Walker Prieto .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Secretario ?.
Moción de los diputados señores Montes, Orpis y Leay.
Modifica el artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados en relación al número de integrantes de la mesa. (boletín Nº 2479-16)
“Considerando:
1. La necesidad que existe respecto de la ampliación del número de integrantes de la Mesa de la Corporación.
2. Que el mayor número de señores diputados integrantes de la Mesa permitirá una más adecuada distribución de las diversas tareas, tanto legislativas como administrativas, que deben asumir quienes son electos como directivos de la Corporación.
3. Que es necesario establecer fórmulas que flexibilicen el actual estado de cosas, mediante la creación de instancias resolutivas con amplia representación que permitan agilizar los procesos de toma de decisiones, particularmente las de orden administrativo.
4. Asimismo, la integración más integral de las diferentes sensibilidades políticas representadas en la Cámara de Diputados permitirá la mayor eficacia del proceso legislativo y del ejercicio de las facultades fiscalizadoras que le son propias.
5. Por último, en las Cámaras de Diputados están representadas tanto las mayorías como las minorías políticas del país, por lo que es necesario que esa expresión de pluralidad y diversidad esté reflejada en la Mesa de la Corporación.
Venimos en presentar el siguiente proyecto de reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados:
Artículo único.- Reemplázase el inciso primero del artículo 44 por el siguiente: “La Cámara elegirá, por mayoría absoluta y en votación secreta, un presidente, un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente y un tercer vicepresidente. Este último cargo será ejercido por un representante de la minoría, la que, de común acuerdo, propondrá un candidato que deberá ser ratificado por la Sala de la Corporación. El Presidente y los tres vicepresidentes constituirán la Mesa de la Cámara de Diputados”.