Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Felipe Valenzuela Herrera
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- V. ORDEN DEL DÍA
- ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- INTERVENCIÓN : Luis Monge Sanchez
- INCREMENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL PETRÓLEO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- PROVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES A PROVINCIA DE PARINACOTA. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Osvaldo Palma Flores
- Juan Nunez Valenzuela
- Baldo Prokurica Prokurica
- Enrique Krauss Rusque
- Felipe Valenzuela Herrera
- Edgardo Riveros Marin
- Jaime Orpis Bouchon
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RECHAZO A REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY SOBRE TRASLADO DEL CONGRESO NACIONAL.
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- DEBATE
- PROVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES A PROVINCIA DE PARINACOTA. (Continuación).
- VII. INCIDENTES
- ALCANCES SOBRE INICIATIVA DE TRASLADO DEL CONGRESO NACIONAL.
- INICIATIVA DE LEY EN DEFENSA DE LOS PRODUCTORES LECHEROS.
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- MEDIDAS FITOSANITARIAS EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Felipe Letelier Norambuena
- Carlos Olivares Zepeda
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- ABUSOS DE LOS PODERES COMPRADORES DE UVA. Oficios.
- ADHESION
- Andres Palma Irarrazaval
- Sergio Ojeda Uribe
- Antonella Sciaraffia Estrada
- ADHESION
- FIJACIÓN ARBITRARIA DEL PRECIO DEL ARROZ PADDY. Oficio.
- ADHESION
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Eliana Caraball Martinez
- Antonella Sciaraffia Estrada
- ADHESION
- ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PERÚ.
- DECISIONES DE PAÍSES LIMÍTROFES EN PERJUICIO DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE. Oficios.
- ACCIONES JUDICIALES A RAÍZ DE IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE CALAMA. Oficio.
- ADHESION
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- INFORME DE LA CONTRALORÍA SOBRE CREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Carlos Olivares Zepeda
- ADHESION
- MEDIDAS PARA FACILITAR ACCESO DE ESTUDIANTES A CRÉDITO CORFO. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- DAÑO EN JARDÍN BOTÁNICO DE VIÑA DEL MAR POR EXPROPIACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DEL TRONCAL SUR. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Olivares Zepeda
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar la situación relacionada con el racionamiento eléctrico que afecta al país.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jorge Gonzalez Von Marees
- Alberto Espina Otero
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Antonio Damaso Del Rio
- Juan Pablo Letelier Morel
- Zarko Luksic Sandoval
- Dario Molina Sanhueza
- Jaime Mulet Martinez
- Victor Perez Varela
- Felipe Valenzuela Herrera
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Rafael Arratia Valdebenito
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar la situación relacionada con el racionamiento eléctrico que afecta al país.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 39ª, en martes 11 de abril de 2000
(Ordinaria, de 11.15 a 15.48 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor; León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo
Presidencia accidental de los señores Olivares Zepeda, don Carlos, y Ortiz Novoa, don José Miguel
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia6
II. Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Prórroga de plazo a Comisión de Derechos Humanos9
Permiso constitucional9
Acuerdos de los Comités9
V.Orden del Día
Acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Primer trámite constitucional. (Continuación)10
Incremento del fondo de estabilización del petróleo. Primer trámite constitucional32
VI.Proyectos de acuerdo.
Provisión de unidades médicas móviles a provincia de Parinacota. (Continuación)52
Rechazo a remisión de proyecto de ley sobre traslado del Congreso Nacional53
VII.Incidentes.
Alcances sobre iniciativa de traslado del Congreso Nacional60
Iniciativa de ley en defensa de los productores lecheros61
Medidas fitosanitarias en defensa de la industria del salmón de la Octava Región. Oficios62
Abusos de los poderes compradores de uva. Oficios63
Fijación arbitraria del precio del arroz paddy. Oficio64
Elecciones presidenciales en Perú64
Decisiones de países limítrofes en perjuicio de zona franca de Iquique. Oficios65
Acciones judiciales a raíz de irregularidades en municipalidad de Calama. Oficio66
Informe de la Contraloría sobre creación de juzgados de policía local. Oficios67
Medidas para facilitar acceso de estudiantes a crédito Corfo. Oficio68
Daño en Jardín Botánico de Viña del Mar por expropiaciones para la construcción de tramo del Troncal Sur. Oficios69
Pág.
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de su Excelencia el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que prohíbe el uso de fuegos artificiales, mediante reforma de la ley Nº 17.798, sobre control de armas y explosivos y regula la realización de espectáculos pirotécnicos masivos. (boletines Nºs 150202 y 151602)71
2.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.472, de 1980, que crea el Fondo de Garantía para pequeños empresarios, deroga la ley Nº 18.645, y dicta demás normas que indica. (boletín Nº 242603)71
3.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la honorable Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, y su Protocolo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996. (boletín Nº 211310)72
4.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, originado en moción, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a las personas que tienen fuero constitucional. (boletín Nº 248107) (S)72
5.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto con urgencia calificada de “suma”, que incrementa el fondo a que se refiere la ley Nº 19.030. (boletín Nº 247505)76
6.Informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología recaído en el proyecto que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un parque científico y tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar garantía del Estado. (boletín Nº 245419)90
7.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un parque científico y tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar garantía del Estado. (boletín Nº 245419)97
8.Informe de la Comisión especial investigadora encargada de analizar la situación relacionada con el racionamiento eléctrico que afecta al país99
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para ampliar el plazo reglamentario de que dispone para despachar el informe complementario del proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas.
2.Comunicaciones:
De la Comisión de Familia mediante la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidenta a la diputada señorita Sciaraffia.
Del diputado señor Valenzuela, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 9 de abril en curso, para dirigirse a Bolivia.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Correa de la Cerda, don Sergio
--Cristi Marfil, doña María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--JocelynHolt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D’Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvieron ausentes la diputada señora Allende, doña Isabel, y los diputados señores Cornejo, don Patricio, y Valenzuela, don Felipe.
Asistieron, además, los ministros de Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari, y de Planificación y Cooperación, señora Alejandra Krauss.
También concurrió el senador señor Andrés Chadwick.'
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.15 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 34ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 35ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga de plazo solicitada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para el despacho del informe complementario del proyecto de reforma constitucional que reconoce y ampara a los indígenas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Felipe Valenzuela para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 9 de abril en curso.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Jeame Barrueto , adoptaron los siguientes acuerdos:
1ºConceder cinco minutos, al término de la Cuenta de la presente sesión, a la honorable diputada señora Marina Prochelle para que se refiera a la participación de la Cámara en el Parlamento Latinoamericano.
2ºIntegrar la Tabla de mañana con los siguientes asuntos:
El que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo relativo a las personas que tienen fuero constitucional;
El que autoriza a la Universidad de Chile a fin de contratar empréstitos para financiar la construcción de un parque científico-tecnológico, y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado, y
El informe de la Comisión especial para analizar las actuales características de la televisión chilena.
3ºLos proyectos e informes señalados precedentemente se votarán al final del Orden del Día de dicha sesión, prorrogándose su hora de término, si fuere necesario.
V.ORDEN DEL DÍA
ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO Nº 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión en general del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, a través de su historia, Chile siempre ha suscrito los convenios internacionales que han tendido a mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad nacional. Así, fue histórico el acuerdo de Costa Rica, sobre derechos humanos, redactado en Chile y después suscrito por la gran mayoría de los países del mundo.
No obstante, quiero exponer que en la Parte II. “Tierras”, de este Convenio, hay un reconocimiento, en relación a la propiedad de la tierra, que preocupa particularmente a quien les habla, que representa a zonas de actividad minera tradicional y de concesiones mineras que, a través de muchos años, ha significado progreso para el norte y para el país.
Este tema puede tener grandes inconvenientes ante las solicitudes de concesión y propiedad mineras, porque la inversión generada en este tipo de proyectos es muy importante en el desarrollo de la región, en la generación de empleos, de tributos y de riquezas para el país. Sin embargo, las normas que aquí estaríamos aprobando pueden significar un obstáculo para el incremento de la propiedad minera.
Este es el punto más sensible que deseo abordar. Al respecto, el artículo 14 dice: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes”. Esta situación se da en la Región de Atacama.
¿Por qué hago la observación? Porque efectivamente el pueblo colla, en la Región de Atacama, está reclamando hoy zonas de la alta cordillera, con agua, donde en gran parte de ellas ha desarrollado una floreciente agricultura. Tanto es así que los productos agrícolas, como la uva de mesa de exportación, es la primera del año y la carta de presentación de Chile en los mercados de Estados Unidos, Europa y del Medio Oriente. Los grupos descendientes de indígenas reclaman derechos sobre estas zonas, y con este reconocimiento que estaríamos aprobando, se obstaculizarían grandes proyectos mineros en el futuro.
Ante la imposibilidad de modificar estos artículos, no vamos a aprobar estas normas y, particularmente, me voy a abstener en los puntos que dicen relación con el derecho a la propiedad de la tierra. En la concesión minera, se otorga la propiedad del subsuelo, lo cual podría contravenir los derechos que se otorgan en este tratado internacional. En consecuencia, esas normas pueden traer grandes problemas de freno al desarrollo y de atraso para estos mismos pueblos que queremos beneficiar.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, el tratamiento de este convenio sitúa un tema que rebasa la consideración exclusiva del contenido del mismo, porque de alguna manera lo que hace es traducir un avance que en la dinámica de la consideración de la realidad de los pueblos originarios, de las comunidades autóctonas y de las comunidades tribales se ha ido planteando.
La Organización Internacional del Trabajo tiene el mérito, entre otros, de haber sido el primer organismo internacional que mostró preocupación efectiva por esta realidad que hoy es asimilada o compartida por, prácticamente, toda la humanidad.
Fue en un convenio de 1957, no ratificado por Chile, en el cual por primera vez se reconoció en un instrumento internacional la existencia de esta problemática, que estaba subsumida de alguna manera en la consideración histórica, pero que no se reconocía con todo el potencial que tiene, desde el punto de vista de su vigencia presente y constante.
Sin embargo, el convenio de 1957, por la fuerza de los tiempos, por la dinámica propia de los problemas sociales del mundo, ha sido considerado obsoleto, porque lo que hizo fue asimilar los conceptos integracionistas que mayoritariamente tenía la política y doctrina europea de la época. Y de allí surge, en 1989, en la Conferencia 76, este Convenio 169 que nos propone la Organización Internacional del Trabajo y que no plantea la integración, sino el reconocimiento de la verdad cultural, social y política que representan los pueblos originarios que conviven desde la noche de la historia con la mayoría de las realidades, desde luego las latinoamericanas y, concretamente, la chilena.
Es una visión distinta que ciertamente provoca problemas de entendimiento conceptual e incluso de eventual colisión desde el punto de vista de las normativas del derecho.
Si quisiéramos darle algún contexto de carácter sociológico al tema, tendríamos que profundizar en aquello que un cientista político alemán, Ferdinand Tonnies , marcó respecto a lo que es la realidad social contemporánea, que frente a la marea avasallante de lo que la prensa ha dado en denominar la globalización, opone los nacionalismos, que no son los de carácter ideológico, no son los que vienen a alterar la concepción democrática de países como el nuestro en estos días. Es el nacionalismo que recoge y reconoce las realidades culturales. Y Tonnies sostiene, con un concepto que es difícil de traducir dentro de esta forma que tienen los alemanes de configurar conceptos a través de palabras, que el “gemeinschaft” es la comunidad tradicional que se sustenta en los valores permanentes. ¿Cuáles son? La familia, el lenguaje, las concepciones religiosas básicas, el terruño, el afecto a la tierra en que se nace y, ojalá, se muere.
Y esos elementos configuran, en nuestro caso, nuestras realidades étnicas en todas las distintas expresiones que tienen a lo largo del territorio, pero particularmente en la comunidad más importante: la mapuche, marcada, además, por la historia de su desvinculación con las ideas que trataron de plantear, primero, el conquistador, y luego, la República. Tres siglos y medio de lucha constante y, de alguna manera, no concluida formalmente.
Esta realidad, de enorme fortaleza y potencia, reconoce su elemento fundacional en las tradiciones y en la historia, las que es menester considerar, no para integrarlas a nuestra realidad como hemos estado haciendo debemos reconocer que ha sido una política equivocada, sino para respetarlas y considerarlas como tales.
Esa es la esencia del convenio que hoy discutimos, en virtud del cual se dictan normas de diversas especies lo dice el preámbulo del convenio que consideran la evolución que desde 1957 han tenido los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo. Pero no lo hace para tratar de que esta realidad aplaste, supere, se enquiste y distorsione la tradición jurídica y formal de los pueblos en que se efectúe este reconocimiento.
También en el mismo preámbulo se reconoce que “estos pueblos aspiran a asumir el control de sus propias instituciones, de sus formas de vida y su desarrollo económico, así como a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
No se trata de establecer un estatuto que pretenda sobreponerse o entrar en colisión con los vigentes en los países que suscriban el convenio, en nuestro caso, Chile, sino de armonizar. Por eso, la mayoría de las disposiciones contenidas en este convenio, más allá de aquellas reconocidas en nuestra propia legislación, específicamente en la ley indígena, Nº 19.253, de 5 de octubre de 1993, contienen lo que nuestro viejo profesor de derecho constitucional, don Gabriel Amunátegui , denominaba las “disposiciones programáticas”: la invitación al legislador para que se preocupe de materias que no tienen fuerza legal ni imperio para significar demolición, superación, conflicto con la norma vigente.
Lo establece, a mayor abundamiento, el artículo 34 del convenio, cuando sostiene que la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente tratado deberán determinarse con flexibilidad, tomando en cuenta las condiciones propias de cada país. Por eso, entendiendo y justificando la preocupación que a algunos colegas mueve el alcance de determinadas normas de este convenio, cabe llamar a la tranquilidad, porque el sentido es el señalado. Aquí se trata de adecuar, en la medida de lo posible así lo dice en varias oportunidades el articulado del tratado por pronunciamiento del órgano legislativo pertinente, que es el Congreso Nacional, o a proposición, si correspondiere, del Poder Ejecutivo en cuanto colegislador, la adecuación de las disposiciones que interese rectificar, complementar o adecuar al contenido de esta norma.
El sentido de la propuesta de aprobación del convenio es señalar desde el mensaje, en la exposición de motivos, que esta propuesta de adecuación, esta invitación a legislar a futuro, si fuere necesario, tendrá que hacerse en virtud o de acuerdo con las declaraciones que, atendido el estatuto de la Organización Internacional del Trabajo, formulará nuestro Gobierno en el momento de la ratificación del respectivo convenio.
En consecuencia, las observaciones a inquietudes formuladas por muchos de los señores parlamentarios, que tienen fundamento, quedarán plenamente despejadas en virtud de este testimonio contenido en la declaración pertinente. Lo señala el Ejecutivo en su propio mensaje: “Por la vía de las declaraciones dice la exposición de motivos se podrán precisar las condiciones en que una determinada norma convencional deberá ser interpretada o aplicada. En este sentido, el Poder Ejecutivo considerará, al momento de la ratificación, la necesidad y conveniencia de formular estas declaraciones respecto de las normas relativas a las tierras, contenidas en la parte segunda; de las referidas al régimen de salud y de las que disponen de regulaciones en materia penal, cuestiones todas que han estado presentes en el debate suscitado con ocasión de la discusión del proyecto de acuerdo que nos preocupa. De modo concluye de obtener a través de ellas de las declaraciones una compatibilización entre las normas establecidas en nuestro derecho interno y las disposiciones convencionales que se acuerdan en virtud de la aprobación de este documento internacional”.
Incluso, se ha avanzado en esta materia, porque deja constancia el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, que don José Miguel Insulza , en esa época ministro de Relaciones Exteriores subrogante, hizo entrega de un texto tentativo de esas declaraciones, que resume y acoge todas las inquietudes planteadas en el debate parlamentario. De tal manera que estas observaciones deben ser disipadas y superadas, y considerar la importancia que la aprobación de este texto tiene respecto de la consideración real, del avance positivo en la búsqueda de entendimientos entre los pueblos originarios y quienes configuramos este país, igual que ellos, pero con realidades distintas, con sensibilidades diversas, con culturas de distinto origen, pero que estamos unidos en el compromiso nacional, porque tampoco se trata de establecer que los pueblos originarios son sujetos de derecho internacional que vienen a discutir o a convenir situaciones con el gobierno de la República, sino de reconocer que en el concepto “pueblo”, que es el concepto sociológico de la expresión “pueblo constituido por unidades”, es necesario considerar la realidad, la importancia, el sentido humano de cada uno de los integrantes de esa comunidad.
Por lo tanto, convencidos de que ése es el alcance, de que no existen las dudas o inquietudes que se han planteado, los diputados democratacristianos concurriremos a la aprobación de este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, la frecuencia con que esta Cámara se ve abocada a pronunciarse acerca de convenios internacionales, ha provocado una verdadera rutina en su aprobación. Sólo muy de tarde en tarde se suscita una discusión más o menos breve y, en general, carente de mayor profundidad. Hoy, sin embargo, nos vemos abocados a pronunciarnos sobre un convenio que ha dado origen a un amplio y muy necesario debate. Hace unos años, tratar en nuestra patria la situación de los pueblos indígenas y tribales hubiera sido un ejercicio de política casi de laboratorio. Este Convenio lo habríamos visto como aplicable a otros pueblos, pero sin mayor utilidad práctica en el nuestro. Sin embargo, han bastado diez años de régimen democratacristiano-socialista para que, prácticamente de la nada, haya brotado y crecido un muy grave conflicto, en especial en la zona de La Araucanía, que trata de mostrar, mucho más al mundo exterior que a los mismos chilenos, cómo en nuestra patria habría pueblos indígenas que sufren una abyecta situación de explotación, expoliación y otras innumerables injusticias, todo lo cual obligaría a nuestro país a aceptar un virtual desmembramiento de su territorio con el objeto de satisfacer las demandas de los grupos que se presentan como conductores de esos pueblos indígenas.
Mucho se ha criticado el proceso de conquista llevado a cabo por los primeros españoles que pisaron el territorio de nuestro continente y el que ahora constituye nuestro país, como también el período posterior al de la Colonia. Sin duda, se cometieron muchos abusos e injusticias contra las poblaciones aborígenes. No es del caso entrar ahora en un análisis pormenorizado de la acción de colonizadores y conquistadores, y menos soy yo el llamado a hacerlo.
Con todo, no está de más señalar cómo, desde el principio, la corona española tuvo conciencia del problema que se suscitaba acerca de los justos títulos que correspondía respaldar en su acción en América. Es así como ello originó la célebre polémica que, sobre ese punto, sacudió en la metrópoli a universidades, conventos, órdenes religiosas y hasta a la misma corte durante el siglo XVI, la que no se acalló hasta bien entrado el siguiente. Lo cierto es que para la corona y sus representantes, el cuidado y respeto de las poblaciones indígenas constituyó, como todos sabemos, un postulado esencial de la acción colonizadora. Si muchas veces no fue debidamente respetado y otras tantas burlado por la acción concreta de quienes vinieron a instalarse en estas latitudes, no dejó de producir variados efectos benéficos que perduran hasta hoy. En especial, cabe destacar aquel punto que marcó una absoluta diferencia con los procesos colonizadores llevados adelante por otras potencias europeas: el hecho de considerar al indígena como una persona humana, esencialmente igual al europeo, dotado, por ende, de similares derechos y a cuyo servicio la corona se debía tanto como al de sus súbditos peninsulares. Este principio constituyó el eje de la acción colonizadora a que nos referimos, y él, más allá de las injusticias y tensiones que se dan al interior de todo grupo social, está en la base sobre la cual se cimentó el timbre de gloria de la colonización española: el mestizaje. Es decir, la consideración del indígena como un ser humano igual al colonizador o conquistador, indujo a ambas razas a fundirse en una sola, la que en abrumadora mayoría habita nuestro continente. Todo esto sucedió mientras las potencias que hoy dirigen un dedo acusador contra nuestro país, entraban a sangre y fuego en otros mundos indígenas, reduciendo su población a la esclavitud, cuando no masacrándola cruelmente y exterminándola sin piedad. ¿Dónde están las poblaciones mestizas en Canadá o en Nueva Inglaterra? Lo que es más grave, si no hubo mestizaje, ¿dónde están ahora las poblaciones indígenas nativas? El desprecio que el colonizador anglosajón mostraba frente a los indígenas y el exterminio a que los sometió, tuvo como base la negación de su condición humana y, por ende, de su esencial igualdad con el europeo.
En lo que ahora es el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, habitaban casi tantos indígenas como en los territorios conquistados por nuestra Madre Patria. Mientras allá hoy no queda ni siquiera un indígena para muestra, basta recorrer la región andina de nuestro continente para apreciar cómo las poblaciones indígenas no sólo subsistieron, sino que crecieron, se multiplicaron y se mezclaron con los europeos hasta prácticamente absorberlos. En países como el nuestro, donde la población indígena era mucho menor, el mestizaje ha sido casi completo. Por cierto, quedan minorías del todo europeas; asimismo, todavía subsisten minorías aborígenes, pero nada obsta ni ha obstado nunca para que el proceso de mestizaje continúe su camino.
En nuestra patria no hay grupos étnicos distintos e incomunicados entre sí. Sólo quedan, en ambos extremos, grupos remanentes de un proceso que aún no alcanza su término y que, probablemente, no lo alcanzará nunca, pero que en ningún caso alteran para nada la conclusión: una sola población con todos los matices étnicos que ella pueda contener; una cultura, mestiza también en su esencia; un idioma común que, sin perjuicio de otros que aún subsisten, permite que todos podamos comunicarnos; un solo territorio para esta población, y una sola legislación aplicada a todos en los mismos términos de igualdad que ella prescribe.
Agreguemos que este notable proceso de fusión étnica incluye también a los grupos muy numerosos algunos que llegaron como inmigrantes a nuestra patria durante el siglo XIX y buena parte del XX. Hemos recibido aportes sustantivos de grupos humanos venidos de los Balcanes, en especial de Croacia; de China, Italia , España , del mundo árabe, en especial de Palestina; del mundo hebreo y, en su momento, también de Alemania y Gran Bretaña, entre otros. En los años que corren ha aumentado el flujo inmigratorio de países asiáticos, como Corea. En su conjunto, nunca nuestra patria, ni como legislación ni como cultura, ha manifestado asomos de xenofobia, apartheid o segregación racial.
El componente hispánico de nuestra cultura e idioma constituye la base para que naciones tan distantes como la mexicana o la nuestra, incluidas las que se sitúan entre ambos países, puedan decirse con propiedad naciones hermanas, pues fue ese componente el que dio la unidad a lo que era, antes de la llegada de Cristóbal Colón y sus marinos, una enorme variedad y heterogeneidad de usos, costumbres, religiones y lenguas.
De todo lo anterior, cabe concluir que la situación que vive el país en la región de La Araucanía es, también en su conjunto, artificial. En todo grupo social siempre habrá conflictos. Para resolverlos, los países se dotan de un sistema legal y judicial al cual corresponde recurrir cuando ellos se presentan; pero en los conflictos que hoy tienen lugar, es evidente la huella de la vieja táctica marxista que trata de hacer antagónicos, hasta la lucha armada, los intereses de un grupo y los de otro. Nuestra legislación dispone hasta el exceso de recursos para hacer valer los derechos de cada parte en conflicto. Es inaceptable, pues, que por la vía de la presión armada o invocando difusos e inexistentes derechos ancestrales, se trate de resolver esos conflictos de manera distinta de la que prescriben nuestras leyes. A quienes agitan estos conflictos no les interesa para nada la suerte de las minorías indígenas, tal como antaño a quienes predicaban la lucha de clases hasta el exterminio de las que eran presentadas como enemigas, no les interesaba para nada la situación de la clase proletaria, pues sólo les importaba usarla como palanca de subversión para desestabilizar el país y conquistar el poder total.
Nadie más interesado que yo en apoyar a los sectores más vulnerables de nuestro país, sean éstos indígenas o no, a fin de que superen situaciones de extrema miseria y pauperismo cultural e integrarlos al progreso y desarrollo social. Sin embargo, para eso debemos rechazar sin vacilaciones la táctica que trata de construir para ellos un verdadero apartheid: grupos étnicos que deberán encerrarse en guetos, que no dejan de serlo por grande que sea su superficie; que están obligados a congelarse en hábitos y costumbres que, de verdad, han sido resucitados para las cámaras de televisión extranjeras; que están obligados a mantenerse en situación de miseria para, así, concitar la lástima de esos extranjeros y generar sustanciosos ingresos por donativos que, por cierto, ellos nunca verán, porque su destino será sostener las burocracias internacionales que viven de estos conflictos.
En este contexto, considero inapropiado vernos abocados a discutir un convenio como el que ahora se nos presenta. No necesitamos para nada que vengan de fuera a darnos lecciones de cómo tratar en justicia y derecho a quienes componen nuestra patria, y menos a los grupos indígenas que habitan entre nosotros como parte de este único cuerpo social, cultural y político que es Chile. Lo único que puede resultar de la aplicación de este Convenio entre nosotros, es dar pie para que nuestro país sea objeto de una nueva intervención proveniente de esta legión de personas y organismos que, por dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, sólo busca desestabilizar y crear condiciones de caos y anarquía, porque es en esas condiciones en que ellos se solazan.
En conclusión y por las razones que he mencionado, voto en contra del proyecto.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, tal como lo señalé al informar el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, este Convenio tiene por objeto establecer un estatuto jurídico internacional que reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico; a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los Estados en que viven.
Según el informe, en nuestro país hay 150 mil personas pertenecientes a etnias no mapuches y 928 mil mapuches, de los cuales el 80% vive en la Región Metropolitana y el 20% en el sector rural, que corresponde a la Araucanía. Si bien en nuestro país existe el mestizaje, el pueblo araucano no se mezcló con los españoles. El mestizaje se plasmó en la fusión con los otros pueblos originarios de nuestro país. Los araucanos que ocupaban el territorio del Biobío al sur, primero se opusieron al dominio de los incas y, luego, cuando llegaron los españoles a conquistar Chile, ofrecieron una tenaz resistencia, hasta que nuestro país logró ser república.
Al repasar la historia de nuestro país concluimos que el conflicto en que se ha involucrado al pueblo mapuche se inicia con el intento de dominación del imperio Inca antes de la llegada de los españoles y perdura hasta hoy. Si bien han existido períodos de paz a través de los siglos que siguieron y de convivencia armónica entre mapuches y los demás habitantes de Chile, podemos señalar que las más de las veces esta relación ha sido de graves enfrentamientos y tensiones.
La llegada de los españoles en los primeros años del siglo XVI tenía como objetivos fundamentales la conquista de tierras y riquezas para la corona española y la evangelización de los pueblos aborígenes, además del enriquecimiento personal de los expedicionarios. Tras estos propósitos, y no obstante los reclamos de algunas personalidades con gran sentido humanitario, entre ellos el padre Bartolomé de Las Casas y, posteriormente, el padre Luis de Valdivia, la conquista española recurrió a procedimientos extremadamente crueles de dominación sobre los naturales de nuestra América, particularmente cuando encontraron obstáculos para la expansión territorial, como ocurrió con los territorios de los araucanos.
En esta continua lucha también hubo períodos de paz, acordados en los parlamentos. En 1700, por ejemplo, los jesuitas crearon un colegio para hijos de caciques en Chillán. En el siglo XVIII, el último de dominación española, hubo largos períodos de paz que permitieron intercambios económicos y culturales que enriquecieron a ambos pueblos.
La Guerra de Arauco, que motivó a don Alonso de Ercilla a escribir su célebre epopeya en la que cantó al heroísmo y valentía de mapuches y españoles, fue una guerra regida por los cánones de la época. Los mapuches defendían sus tierras y sus bienes y los españoles pretendían ocuparlas y dominarlos imponiéndoles, además, su propia cultura. Distintas estrategias utilizaron los conquistadores españoles para resolver la confrontación; todas ellas fracasaron, hasta que en el siglo XVIII resolvieron aceptar la situación de autonomía y libertad de la zona de Arauco y, no obstante dos levantamientos indígenas, ese siglo fue de convivencia pacífica, de intercambios comerciales y de mutuas influencias culturales que resultaron beneficiosas para los hispanocriollos y para los mapuches. Bajo la administración del gobernador español Agustín de Jáuregui hubo, incluso, una representación de cuatro jefes mapuches, uno por cada distrito indígena, que tenía como función representar ante las autoridades hispanocriollas los problemas que afectaban a sus pueblos.
Concluimos en que los españoles, en el último siglo de la dominación colonial, lograron una situación de entendimiento con los mapuches y de respeto a su libertad y a sus posesiones. Tal vez si este hecho determinó el apoyo que la mayoría de los caciques otorgó al militar realista Vicente Benavides en la reagrupación de un ejército que se levantó contra el gobierno de Bernardo O’Higgins, además del ofrecimiento de ampliar sus bienes al norte del río Biobío practicando el bandolerismo. Esta experiencia concluyó con la derrota de las fuerzas realistas en octubre de 1821 y la consolidación de la naciente República de Chile.
He entregado estos antecedentes históricos porque permiten apreciar los orígenes y la complejidad del conflicto con los mapuches, que hoy debemos enfrentar. Bajo los gobiernos de la nueva República hubo acciones acertadas y otras, las más, muy desacertadas respecto a la relación con los pueblos aborígenes de nuestro territorio. Así, por ejemplo, Bernardo O’Higgins acertadamente dictó tres decretos que beneficiaron a los grupos étnicos autóctonos. Una vez proclamada la independencia de Chile, a través de una consulta popular que la legitimó, se dictó, con fecha 3 de junio de 1818, un decreto que sustituyó la denominación de español por la de chileno “entendiéndose, respecto de los indios, no debe hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos...”. El segundo decreto, del 4 de marzo de 1819, reconoce la ciudadanía de los naturales de Chile, declarando “su derecho a ser llamados ciudadanos chilenos y libres como los demás habitantes del Estado, con los que tendrían igual voz y representación” así como derechos. Los exonera, además, de la contribución de tributos y “por consecuencia de su igualdad con todo ciudadano...”. El tercer decreto dictado por O’Higgins se orientó a “restablecer vínculos de amistad y unión con los araucanos, ceruchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes que durante la guerra de la independencia combatieron encarnizadamente contra los patriotas unidos al ejército real”, llamándolos a vivir en la más inalterable buena armonía y fraternidad. Por medio de este decreto se aseguraba la propiedad perpetua de las tierras de todos los indígenas.
Un grave error constituyó la denominada “pacificación de la Araucanía” en 1882, encomendada al coronel Cornelio Saavedra y al coronel Urrutia. El pretexto para esta acción de guerra fue un levantamiento indígena cuyas causas fueron adoptar represalias por abusos cometidos en su contra por los “huincas”. Si bien existía la necesidad de consolidar el territorio chileno ante tentaciones colonialistas de otros países, preocupación que surgió por la experiencia del francés Orélie Antoine de Tounens, quien había logrado proclamarse rey de la Araucanía y de la Patagonia, la eufemística “pacificación de la Araucanía” se convirtió en una matanza indiscriminada de indígenas, utilizando modernas tecnologías de combate, y en una apropiación de sus tierras por parte del Estado.
La Comisión Radicadora de Indígenas que a continuación se nombró otorgó un poco más de 500 mil hectáreas a los mapuches en forma de reducciones indígenas de carácter inalienable. El resto, es decir más de cinco millones de hectáreas, fueron rematadas por el Estado a particulares entre los que había colonos extranjeros, principalmente europeos y colonos nacionales. Los valles de mayor vocación agrícola fueron entregados a los colonos y las tierras de menor calidad a los mapuches. Este hecho constituyó un despojo de la propiedad de los mapuches.
Otro error fue la dictación de un decreto supremo, en 1931, que permitió la división de las tierras convertidas en reducciones y su enajenación. Sabido es que propietarios de la zona utilizaron recursos éticamente vedados, como el otorgamiento de créditos hipotecarios impagables, para adquirir las hijuelas de los mapuches. Se calcula que hasta 1947 el pueblo mapuche había perdido 100 mil hectáreas por la venta o pérdida de sus tierras.
Bajo el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , la Ley de Reforma Agraria, bajo el lema de “la tierra para el que la trabaja”, hizo posible el acceso de los indígenas a tierras que les habían pertenecido; es así que la ley Nº 16.640 permitió la expropiación de tierras para ser entregadas a comunidades indígenas. En 1972, bajo el gobierno del Presidente Salvador Allende, mediante la ley Nº 17.729 se puso fin a la división de las tierras pertenecientes a las comunidades autóctonas. Bajo estos dos gobiernos, se pusieron en marcha convenios entre la Corporación de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Indígena, tanto para ampliar la propiedad de tierras indígenas hasta sus territorios ancestrales como para obtener créditos baratos y asesoría técnica para la producción. Las comunidades indígenas, por convenios con Cora y Conaf, sembraron centenares de hectáreas de bosques en los terrenos recuperados. Cuando aún estaba pendiente el traspaso de títulos de dominio sobre estos territorios en favor de los mapuches, los que permanecían en manos de la Cora, ocurrió el quiebre del sistema democrático en septiembre de 1973. El gobierno militar procedió al desalojo violento de los indígenas, devolvió los terrenos a sus antiguos dueños revocándose los decretos expropiatorios, quienes se beneficiaron, además, al recibir tierras sembradas con bosques.
Estos bosques, que desde hace algunos años están en edad de explotación, señala el investigador Martín Correa , fueron plantados por los indígenas a través de acuerdos con organismos jurídicamente competentes del Estado chileno en terrenos que les habían sido conferidos por ley. Estos bosques fueron objeto de un nuevo despojo, esta vez por una autoridad política que había llegado de facto y por la violencia al ejercicio del poder.
Pero los desaciertos continuaron: el gobierno militar embargó y remató tierras mapuches por deudas por concepto de contribuciones y otros; además permitió la división y enajenación de la propiedad indígena. Sólo en 1988 el gobierno remató 600 predios pertenecientes a los huilliches.
Una medida positiva fue la ley Nº 19.253, que reconoce a las etnias y busca salvaguardar las expropiaciones de tierra resolviendo que por exigirlo el interés nacional éstas no podrán ser enajenadas, gravadas, embargadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas. Esta ley creó el Fondo de Tierra y Aguas, administrado por Conadi, que permite adquirir terrenos para los mapuches. Hasta el año pasado este Fondo había materializado la entrega de 85 mil hectáreas de tierra y ha financiado programas de desarrollo en favor de las comunidades indígenas y de las personas.
Sin embargo, la citada ley y otras medidas adoptadas bajo los gobiernos de la Concertación, no obstante ser positivas, han sido insuficientes.
Como lo decía al comienzo de mi intervención, el 20% de los mapuches, es decir, 180 mil personas, vive en el sector rural, en la región de La Araucanía. Si revisamos el informe del Mideplan, podemos ver que, en el primer quintil del sector rural, 108 mil personas viven, en dicha región, con un ingreso promedio mensual per cápita de 15 mil pesos y que, en el segundo quintil, 80 mil personas viven con un ingreso levemente superior a los 25 mil pesos. Esa es la situación en que actualmente se encuentran nuestros hermanos de la Araucanía.
La mirada panorámica que hemos dado al problema indígena, el que se arrastra desde hace quinientos años, requiere de una visión distinta respecto a cómo resolverlo y de acciones complementarias a las ya adoptadas. Es necesario, por ejemplo, reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas de Chile, otorgarles autonomía y crear mecanismos de participación ante decisiones políticas, económicas, educacionales, culturales y de organización ante materias que los involucran. Es necesario, además, continuar con el proceso de otorgamiento de tierras que en el pasado les pertenecieron, conforme los procedimientos legales; otorgarles asesoría en gestión para la producción, líneas de crédito blandas por parte del Banco del Estado, respetar su cultura y aportar a su preservación y enriquecimiento para así fortalecer su identidad como etnias.
Chile tiene un retraso en materia constitucional, no sólo por las limitaciones a la democracia que la Carta del 80 establece, de por sí graves, sino, además, porque en materia de minorías étnicas no contiene ninguna mención. Hoy existen nueve países de América Latina en cuyas constituciones se contempla el reconocimiento a las minorías étnicas, dando lugar al carácter multicultural de la sociedad nacional. Una de tales constituciones, la de Colombia, establece incluso la discriminación positiva en favor de las comunidades indígenas. Esta pluralidad cultural que reconocen otros países hermanos no sólo significa la valoración de las minorías étnicas en la dignidad que merecen, sino además estimula el enriquecimiento de la cultura nacional.
Cuando nos referimos a los hechos de violencia ocurridos principalmente en la Araucanía, debemos afirmar que no hay nada que lleve tanto a la violencia como lo hace la injusticia. Ésta es el germen de todo clima de violencia. Ello nos obliga hoy a reflexionar y a buscar los mecanismos para encontrar una solución a este problema, de manera integral y a nivel nacional.
Considero, señores diputados, que hemos hecho poco en favor de las minorías étnicas. No comparto el criterio, expresado por algunos dirigentes indígenas, de crear un nuevo Estado en nuestro territorio, que los cobije. Considero, no obstante, que existe una deuda histórica del Estado y de la nación chilena con quienes, desde los albores de nuestra República, fueron reconocidos como ciudadanos iguales en derechos y deberes y a quienes les fueron reconocidas sus tierras entendidas como propiedad perpetua. Es esta la deuda que debemos saldar. Al respecto, me parece de gran importancia la decisión del Presidente Ricardo Lagos , en el sentido de crear una mesa de diálogo para enfrentar el problema indígena, asumiendo el compromiso de tratar de resolver de manera integral los problemas de las etnias originarias del país desde una perspectiva nacional e intersectorial. De esta mesa saldrá un cuerpo de políticas públicas, planes y proyectos que beneficiarán a quienes constituyeron los pueblos aborígenes de nuestro país, cuya cultura y cuyas acciones heroicas han llamado la atención del mundo. Nuestro compromiso debe estar orientado a fortalecer y hacer viable esta iniciativa.
Estimo que al aprobar este proyecto vamos encaminados hacia lograrlo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la ministra señora Alejandra Krauss.
La señora KRAUSS (Ministra de Planificación y Cooperación).-
Al señor Presidente, a los honorables diputados y a quienes estiman que la aprobación de este Convenio es una aspiración largamente esperada, con cariño y respeto, les digo: mari mari pu lauien.
Por formación profesional y personal, tengo un gran respeto por el Congreso. Me enorgullece profundamente dirigirme a ustedes en la certeza de que la relación que entablaremos será de colaboración, más allá de las diferencias propias de la dialéctica democrática.
Antes de la votación sobre el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la adhesión de Chile al Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, quisiera compartir con ustedes unas breves consideraciones al respecto.
La dignidad de nuestras raíces y el respeto a ellas inducen al Gobierno del Presidente Lagos a solicitarles la aprobación del Convenio Nº 169, ingresado a la honorable Cámara de Diputados a principios de 1991, esto es, hace ya nueve años, tiempo suficiente para dar una respuesta a nuestro país, a nuestros compromisos internacionales y, por sobre todo, a los pueblos indígenas.
La comunidad internacional de la cual formamos parte considera que la promoción y protección de los derechos fundamentales de los pueblos originarios debe constituirse en un principio inspirador de las legislaciones internas. El instrumento concebido para tal efecto es el Convenio Nº 169, cuya aprobación hoy está en vuestras manos.
Este Convenio otorga un marco que orienta el tratamiento legal de nuestras etnias originarias en materia laboral, educacional, régimen de salud, tierras y en el ámbito penal, materias que ya han sido recogidas en gran parte por nuestra legislación positiva, sea en el Código del Trabajo y su legislación complementaria, o en la ley indígena, Nº 19.253, normativa trascendental, si bien perfectible, en el avance de la normativa aplicable a las etnias.
Es importante destacar que con la aprobación del Convenio no se crearán situaciones que pudieran poner en peligro la unidad e integridad del Estado. Muy por el contrario, tal y como se señaló en el mensaje, su normativa se constituirá en freno a cualquier tendencia separatista, pues, como se dice en su exposición de motivos, propicia mayor participación de estos pueblos en el quehacer nacional cuando éste los afecte.
Al existir en él propuestas que no están establecidas en nuestra legislación, el Ejecutivo hará aclaraciones, a fin de permitir su compatibilidad con el derecho interno. Por ello, tal y como ya se señaló en la Comisión respectiva y según se da cuenta en el correspondiente informe, se reafirmará lo expuesto en el Convenio en cuanto a que el concepto de “pueblo” no les otorga la calidad de sujeto de derecho internacional y que, esencialmente, lo que se pretende es la debida integración de los pueblos originarios en términos de igualdad, respetando sus peculiaridades culturales.
El artículo 1º del Convenio señala que asumimos la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática, con miras a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto a su integridad.
Se dejó expresamente establecido en el Convenio, particularmente en el número 3 del artículo 1º, que “la utilización del término pueblos (...) no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicancia alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”. Lo anterior significa claramente que, conforme al derecho internacional, en relación con Chile, y no obstante el reconocimiento de que en su interior se encuentran poblaciones indígenas, existe un solo pueblo, tanto en orden a su estructura política interna como desde el punto de vista de la proyección de éste en el campo internacional. Es perfectamente posible que en la sociedad nacional coexistan diversos sectores entre sus habitantes que reúnan características atribuidas a los pueblos según el convenio y que provienen de la conjunción de variadas circunstancias históricas, sociales, sociológicas, lingüísticas, religiosas y culturales, y, sin embargo, seguiremos siendo una única nación.
Así, los habilitados para ejercer los derechos son los individuos de los pueblos, pero en ningún caso éstos. Queremos ser muy explícitos en esta materia, para los efectos de la historia de la aprobación del Convenio.
Asimismo, las normas y principios contenidos en el Convenio ya se encuentran incorporados en diversos documentos, leyes y en la propia Constitución Política de nuestro país. Aprobar el Convenio es sólo hacer realidad una legítima aspiración de nuestros pueblos originarios.
Además, tal como se señaló en el mensaje, la declaración del Ejecutivo establecerá que el ejercicio de los derechos de estos pueblos no puede constituir privilegios ni afectar los derechos de los demás miembros de la comunidad nacional, ni se lesionará la integridad territorial de la república.
Con las aclaraciones y prevenciones necesarias, el Convenio Nº 169 nos permitirá crear un marco de referencia legislativo básico para toda actividad encaminada a permitir el desarrollo integral de nuestros pueblos originarios, con la consideración y respeto a su historia y cultura.
Asimismo, la adecuación normativa anunciada por el Ejecutivo para extender el régimen de concesiones mineras a las tierras indígenas, permitirá conciliar la normativa interna con el Convenio Nº 169.
El principio de la discriminación positiva es una anhelada aspiración de nuestros pueblos indígenas, del Gobierno del cual formo parte y, estoy cierta, de todos los honorables parlamentarios aquí presentes.
Se debe tener presente lo que el Convenio Nº 169 implica para nuestro ordenamiento: subrayar, de un modo constante y firme, el principio básico de la igualdad consagrado en la Constitución Política.
La ratificación del Convenio Nº 169 es una de las principales aspiraciones de los pueblos indígenas en materia de institucionalidad y de legislación. Así se concluye en el informe de la comisión asesora de Mideplan en temas de desarrollo indígena, la cual, luego de un arduo trabajo, sintetizó las más importantes demandas de las comunidades y organizaciones de las etnias de nuestro país.
En relación con el supuesto problema de constitucionalidad que han planteado algunos honorables diputados, que básicamente se refiere a las normativas relativas a tierras y, específicamente, al acceso a los recursos naturales, en opinión del Ejecutivo tal problema no se da.
En efecto, el Convenio dispone en su artículo 15, número 2, que en el caso de que los recursos del subsuelo pertenezcan al Estado, situación que ocurre en nuestro ordenamiento, los gobiernos deberán establecer los procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, y siempre que sea posible, ellos deberán participar en los beneficios que reporten tales actividades. Es decir, se respeta el derecho de propiedad que tiene el Estado sobre los recursos minerales. El Convenio sólo exige que existan procedimientos de consulta a los pueblos interesados, mas no que ellos sean propietarios de un derecho preferente sobre tales recursos.
Este alcance ha suscitado diversas intervenciones de honorables diputados, quienes han invocado la constitucionalidad de algunos preceptos, particularmente del número 2 del artículo 15; pero bastaría adecuar la normativa interna, procediendo a modificar en forma aditiva el artículo 17 del Código de Minería, agregando un número 7º, que estableciera la necesidad de contar con la autorización del Presidente de la República, previo informe favorable de la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi , para ejecutar labores mineras en terrenos del dominio de los pueblos tribales. En el caso de casas y sus dependencias o de terrenos plantados de vides o árboles frutales, respecto de los cuales el artículo 15 del Código de Minería dispone que el permiso sólo puede otorgarlo el dueño, se puede modificar, con el objeto de que sólo las comunidades o personas podrán autorizar las labores mineras necesarias.
A fin de concordar la legislación interna con los preceptos que a este respecto establece el Convenio, se ha planteado como alternativa una modificación al artículo 17 del Código de Minería, norma que establece que para ejecutar labores mineras en cementerios, parques nacionales, etcétera, se requiere de un permiso previo de la autoridad que se señala en cada caso. Por lo tanto, el titular de la concesión minera no puede actualmente ejercer sus derechos de exploración o explotación en estos casos sin la autorización correspondiente.
De esta manera se podría modificar el Código de Minería y en especial dicho artículo, y agregar que en el caso de tierras indígenas se requerirá de la autorización del Presidente de la República, previo informe favorable de la Conadi, como señalé, con lo cual se mantendrá coherencia con la legislación vigente.
Asimismo, si se examina detenidamente cada uno de los preceptos del Convenio, puede observarse que están formulados como nuevas aspiraciones programáticas, entregadas a su realización en la medida de lo posible, mientras que los que tienen carácter imperativo, tal como lo han sostenido los constitucionalistas, no son incompatibles con los principios constitucionales, y todos ellos pueden llegar a ser interpretados y desarrollados dentro de la letra y del espíritu de la Ley Fundamental. O sea, se trata de normas puramente programáticas, que podrán ser concretadas dentro de las posibilidades de realización, y de reglas imperativas que darán origen a la obligación de adoptar normas legales encaminadas a concretarlas dentro de las bases generales de la Constitución.
La ley indígena establece como deber de la sociedad y del Estado respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines, y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.
Quiero leerles una breve cita: “Para mí, este viaje significa comprender más y entender mejor a una parte de Chile. La riqueza de un país está en la diversidad, en sus costumbres y tradiciones. Esta diversidad es parte de nuestra riqueza y nuestra fuerza, por eso tenemos que integrar nuestras tradiciones y costumbres”.
Para quienes votaron, en forma secreta e informada, por el candidato presidencial de la Alianza por Chile, don Joaquín Lavín , debo señalar que estas palabras recién leídas fueron dichas por él el martes 31 de agosto de 1999, comprometiéndose de esa forma con los pueblos indígenas de nuestro país.
Invocando la norma ya citada y haciendo valer el compromiso que muchos de ustedes contrajeron al votar por el candidato Joaquín Lavín , solicito a los honorables diputados, quienes convirtieron en ley de la República el proyecto de ley indígena, que den su aprobación a este proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169. Ya han pasado diez años, y nuestras raíces no pueden seguir esperando.
Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, quiero referirme brevemente a este Convenio y señalar que, a mi juicio, el tema principal que aquí se discute es cultural y también histórico, respecto de los cuales tenemos algunas distancias.
Algunos partimos de la lectura histórica de que este territorio que hoy se llama Chile fue ocupado por otros antes de que llegáramos, antes de que lo conquistáramos, antes de que restringiéramos a los aborígenes a sus actuales territorios, antes de que les usurparan sus tierras. Es decir, tenemos una lectura histórica de lo que pasó en indoamérica, de cómo el proceso de colonización usurpó derechos de otros.
No obstante, desde el fin de la segunda guerra mundial se han ido creando bases de una nueva comunidad internacional, con el objeto de otorgar derechos a quienes les fueron pisoteados, y a quienes han sido discriminados y marginados a lo largo de estos años. Entre las personas a las que se les han reconocido derechos y que son sujetos del derecho internacional, están, por cierto, las mujeres, que en nuestras sociedades fueron discriminadas históricamente; en nuestro país, recién se les consideró ciudadanas con derecho a voto en la segunda mitad del siglo.
En ese mismo contexto, los niños figuran como sujetos del derecho internacional gracias al Convenio de los derechos de la infancia, y también los pueblos indígenas, a los cuales hoy, a través de diferentes instrumentos internacionales, se les reconoce como sujetos de derecho internacional, por cuanto han sido discriminados, han sido arrinconados y se han violentado sus derechos.
Por ello partí señalando que aquí está en discusión un tema de cultura, es decir, de cómo estos nuevos pueblos, entre los que estamos los chilenos, hacemos ajustes con nuestra historia. Para ese efecto, uno de los elementos dice relación con el reconocer al otro, con tolerar al otro, con respetar al otro.
Nuestro país tiene una gran deuda respecto de reconocer los derechos de los otros, entre los cuales se debe considerar a los pueblos indígenas en su totalidad y no sólo a los mapuches que, sin duda, es el más numeroso, ya que en nuestro territorio habitan, viven y se desarrollan culturalmente más de diez pueblos indígenas de diferentes características.
Este Convenio, al igual que otros similares, reconoce derechos a esos pueblos; reconoce su existencia, que es tremendamente importante, y establece las bases para políticas de discriminación positiva en beneficio de estos ciudadanos que habitan en este territorio que se llama Chile, pero que tienen particularidades.
En este contexto es útil reflexionar sobre el concepto de integración.
El gran problema de algunos es no querer aceptar que la diversidad es sana, que es buena, que no todos somos iguales ni estamos obligados a derretirnos en un crisol y a perder nuestras identidades.
Como concepto, hasta ahora, la integración ha sido domesticación, asimilación, uniformidad, lo que hace muy mal, a mi juicio, a los pueblos y a las culturas. Necesitamos asumir la pluralidad de nuestra sociedad en materias etarias, de género, étnicas, culturales, políticas y sociales y no decir, como lo hacen tantas veces los medios de comunicación, que todos somos iguales. No somos todos iguales, y en buena hora. A partir de nuestras diversidades, todos debemos tener derechos, y la ley y los tratados internacionales tienen que garantizarlos. Por ende, entiendo que este convenio reconoce a los pueblos indígenas como sujetos del derecho internacional.
Al respecto ya lo hemos debatido en otras ocasiones; recuerdo que el colega José García lo planteó una cosa es reconocer la diversidad y otra, abrir la puerta a movimientos separatistas en el país. Sobre la materia, ninguno de los parlamentarios presentes creemos que al reconocer al otro, con sus especificidades, derechos culturales y ancestrales y también sobre la tierra después me quiero referir a eso, se está abriendo la puerta para legitimar algo que está fuera de discusión: que Chile es un Estado, una nación, un territorio en el cual convivimos personas diversas. Aquí no está en discusión la posibilidad de crear estados dentro del Estado de Chile y, por tanto, el sujeto del derecho internacional el Estado es uno en el país, aunque en su interior coexistan y de hecho coexisten diferentes pueblos y personas. Señalo esto porque en la actualidad la persona es sujeto del derecho internacional y no sólo las comunidades.
A veces, nos enredamos en estos conceptos. El ser humano, la persona, no sólo tiene derechos dentro de nuestro territorio, sino que cada uno de nosotros somos sujetos del derecho internacional y, en este contexto, por cierto, también los pueblos indígenas. Nos interesa ver cómo se ejercen estos derechos, cómo en ciertos momentos se discrimina en favor de quienes han sido discriminados en forma histórica.
En eso quiero destacar sólo dos o tres tópicos. Uno es el tema del derecho a la tierra.
Nuestra cultura dominante ha elevado la propiedad privada al nivel de principio sacrosanto, sobre el cual, a lo menos, habrá que asumir que es un concepto histórico, que está delimitado temporalmente.
El concepto de la propiedad privada no es ante Dios ni menos ante los derechos más consustanciales de las personas. Es un derecho situado históricamente y los pueblos que habitaron este territorio, que hoy se llama Chile, tienen otro concepto de la propiedad, de la tierra, diferente del que tiene nuestra cultura dominante. En esto, como país, debemos tratar de compatibilizar dos visiones distintas, a partir del reconocimiento de un hecho: antes que nosotros, hubo otros que habitaron estas tierras. Eso está consagrado en leyes que ha aprobado el Congreso Nacional.
Los criterios sobre la tierra son, ni más ni menos, aspectos que hemos reconocido anteriormente: que los pueblos tienen derecho a tener y a traspasar la tierra de acuerdo con sus tradiciones y no necesariamente de acuerdo con las nuestras. Significa respetar la diversidad cultural, los distintos conceptos que hay sobre la tierra.
A los mapuches, uno de los pueblos indígenas de nuestro territorio, les parece un poco absurdo que uno sea dueño de la tierra por un motivo obvio: por su cosmovisión, si uno es de la tierra ¿cómo puede ser dueño de ella? Eso tiene que ver con la tolerancia.
Por último, espero que, en la medida en que aprobemos el convenio, que refuerza el derecho internacional, que obliga al Estado chileno ante la comunidad internacional con una serie de normas y en torno a una en particular, logremos dar pasos más sustantivos de los que hemos dado. Me refiero en particular al tema de la educación.
La señora ministra nos ha dado una indicación muy clara sobre tenencia de la tierra en relación con el subsuelo, sobre el cual, a mi juicio, agregaría como referencia la ley de bases del medio ambiente, que establece restricciones a la propiedad, y en buena hora, porque está en discusión un derecho constitucional superior.
Sin embargo, tal como he compartido la visión de la señora ministra en torno al tema, quiero pedir que el Gobierno informe a la Corporación sobre cómo vamos a avanzar en la educación para asegurar que haya políticas de discriminación positiva en este ámbito.
No hemos logrado hacer realidad la educación bilingüe en todas las escuelas a las que asisten alumnos mapuches. En verdad, la mayoría de la población mapuche vive en Santiago, según los censos del país por mencionar una sola de las muchas etnias y todavía no tenemos educación bilingüe, como requerimos. Entiendo que es difícil formar profesores y profesoras con esa especialidad, pero siento que, en la medida en que aprobemos el convenio, adquirimos nuevas obligaciones internacionales que a todos nos interesa fortalecer.
Respetar la diversidad, fortalecer su reconocimiento y, sobre todo, ser un país más tolerante, creo que es lo que está detrás del Convenio, por lo que la bancada socialista va a votar favorablemente el proyecto de acuerdo aprobatorio, con la convicción de que aquellos que argumentan tópicos como el de la inconstitucionalidad, o aquellas personas que, como representantes del gobierno militar en 1989, no votaron a favor de este convenio, con el tiempo podrán hacer una reflexión en cuanto a que, al abrirse el nuevo siglo, nos debe caracterizar cada vez más como nación la tolerancia, el respeto al otro, y entender que en el respeto al otro también hay que respetar visiones o cosmovisiones de cada uno que no tienen por qué ser iguales. Es buena la existencia de pluralidad y también aprender a convivir y a tolerar las diferencias que tenemos.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, en esta Sala se ha hablado de una discriminación positiva.
En la Cámara de Diputados y en el Senado estamos llenos de buenas intenciones que en la práctica no han funcionado, y voy a poner un par de ejemplos.
Todos sabemos que la ley indígena establece que las tierras indígenas no se pueden enajenar y que están libres de contribuciones. Eso no es novedad para nadie; en cambio, las tierras que derivan de la reforma agraria no son tierras indígenas, pagan contribuciones y las pueden vender, aunque sus propietarios sean mapuches. Vale decir, un mapuche que adquirió una parcela a través de la reforma agraria, tiene que pagar contribuciones, sus cuotas y la puede vender, a diferencia de un mapuche, cuyas tierras no estuvieron afectas a la reforma agraria, que no paga contribuciones, pero no las puede vender y queda atado.
En consecuencia, dentro de los mapuches, las mismas leyes chilenas hacen discriminaciones: unos adquirieron la tierra como consecuencia de la reforma agraria y otros, por herencia de sus ancestros.
También los mapuches hablan de que les han expropiado la tierra. Hay muchos casos. Por ejemplo, en la zona costera de la Novena Región ha habido muchas ampliaciones de caminos, el Fisco les ha expropiado y llevan meses esperando que se les pague. Ahí tenemos otra discriminación hacia ese pueblo. Todo el mundo habla de su pobreza, de que se les va a ayudar y el propio Gobierno no les paga las expropiaciones.
En la honorable Cámara de Diputados se habla de sus tierras ancestrales. ¡Qué lindas palabras! ¿Y quién les expropió las tierras ancestrales a los mapuches cuando llevaban sus animales a las veranadas en la precordillera de la Séptima, Octava y Novena regiones? El Gobierno, que hace parques nacionales, reservas forestales y prohíbe que lleven a sus animales a las veranadas porque son tierras del Estado.
Estos mismos son los que hablan de que hay que hacer una discriminación positiva, cuando los mapuches no pueden pastorear; no los dejan sacar leña. ¡Nada! Y quienes disponen esas prohibiciones son los que están haciendo las leyes para favorecerlos. Los mapuches usaron esas veranadas durante cientos y miles de años y nunca hubo daño ecológico, y hoy no pueden hacerlo porque, según los genios del Gobierno, se causa daño ecológico a esos parques nacionales y reservas forestales.
Entonces, ¿de qué respeto al territorio ancestral me están hablando cuando es el propio Gobierno quien no respeta al pueblo mapuche?
Respecto de una ley discriminatoria positiva, yo le pregunto a la honorable Sala ¿cuántos mapuches se han beneficiado con la ley indígena que establece, por ejemplo, que se les deben entregar fondos para electrificación? Hoy, en las comunas de Curarrehue y Melipeuco hay gente que no puede acogerse a los planes de electrificación porque no tiene ciento treinta mil pesos para pagar la cuota inicial. ¿Y dónde está lo dispuesto por la ley mapuche que otorga fondos para ello?
El diputado Jarpa ha dicho que hay gente que vive con diez y quince mil pesos en la Novena Región. Ello significa que a muchos mapuches que hicieron el esfuerzo de reunir esos ciento treinta mil pesos se les ha cortado la luz porque no pueden seguir pagando ese servicio. ¡Y así me hablan de ayuda al pueblo mapuche!
Estos son los convenios internacionales. Yo me pregunto si realmente el pueblo mapuche quiere convenios. ¿No querrá, a lo mejor, más créditos, tecnología, educación, salud y mayor ayuda en la tierra?
¿Y quién no respeta a los mapuches? Estamos acostumbrados a convivir con ellos, desde nuestros abuelos. Hemos vivido toda la vida con ellos. En consecuencia, aprobemos el Convenio. Da lo mismo. Está demostrado, claramente, que los convenios y las leyes que se han aprobado en el Congreso no se han materializado en una discriminación positiva. Los han postergado más y, hoy, las autoridades se están preocupando de veinte o treinta comunidades más revoltosas y no de las mil doscientas que están dedicadas a trabajar y que no han tenido incentivos para poder desarrollarse como ellas quisieran.
Esas son verdades. ¿Cómo no voy a saber yo si me he criado y vivo en la Novena Región? Esta gente de Santiago dice que también hay mapuches urbanos. Claro que sí y hay que ayudarlos. ¿Por qué? Porque no han tenido ayuda. Hoy se habla de un millón de mapuches en la Novena Región, pero no de los seiscientos mil que viven en Santiago. Y si tanto nos preocupáramos de nuestros ancestros o antepasados, ellos debieran estar trabajando su tierra, algunos educándose, y no preocupados de salir a buscar nuevas posibilidades que los gobiernos no han sido capaces de proporcionarles.
Por eso, me da lo mismo. Voy a apoyar el convenio porque contiene buenas intenciones que, en el fondo, nunca se cumplen. Los mapuches quieren dignidad, trabajo, ayudas concretas y no más palabrería ni gente que se aproveche de ellos en períodos eleccionarios, cuando les ofrecen cosas que después no cumplen. El pueblo mapuche está cansado, reitero; quiere ayudas efectivas y no más palabrería.
El otro día, cuando le leí a la señora ministra el artículo 10, me dijo que yo actuaba por presunción y, hoy, el diputado Krauss , su padre, expresa que no; que se van a respetar los derechos y las leyes. Es decir, él también está actuando por presunción, porque presume que este Convenio va a estar por sobre la Constitución, y mi pregunta apuntaba justamente en el sentido de si se van a respetar las concesiones mineras; si en relación con el artículo 10, cuando un mapuche, un aimara o alguien de cualquier etnia comete un delito no puede ir preso. Esa es una discriminación. ¿También dirán que es positiva? Perdónenme, la verdad es que la igualdad que tanto han expresado es ante la ley, porque nadie puede ser diferente ante la justicia. O sea, discriminamos cuando tenemos que enjuiciar a un ex presidente; pero, ante la ley, todos los chilenos somos iguales.
En consecuencia, estos convenios no pueden atropellar la Constitución Política de la República. El mapuche es respetuoso de la ley y no permitamos que la infrinja. Eso no es discriminación, sino, a lo mejor, amparar a un grupo de personas que van a aprovecharse de las etnias para cometer fechorías. Los mapuches no se prestan para eso y no queremos que constituya una discriminación positiva. Eso no es ser positivo, sino crear malos precedentes respecto de la igualdad ante la ley, que tanto predicamos en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Me gustaría que la señora ministra me aclarara si, en nuestro país, un convenio puede estar por sobre la Constitución Política, porque creo que ella no puede ser avasallada por un convenio que, al ser aprobado, se transforma en ley.
Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al diputado José Antonio Galilea.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, en vista de la intervención del diputado René Manuel García , le ruego que me borre de la lista de inscritos, porque, también como representante de la Región de La Araucanía, manifiesto mi acuerdo con el ciento por ciento de las cosas que él ha manifestado.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Puede continuar diputado señor García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, repito que me gustaría que quedara establecido para la historia de la ley como a todos les gusta, que la señora ministra nos aclarara si un convenio o ley común puede estar por sobre la Constitución.
En honor al tiempo, voy a terminar aquí mi discurso y anuncio mi voto positivo a este proyecto. Ojalá se cumpla lo que los convenios y las leyes disponen con respecto a los pueblos mapuche y ancestrales de nuestro país.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, después del brillante discurso del diputado René Manuel García , al cual también adhiero en todas sus partes haciendo presente que los indígenas de mi distrito son los aimaras y que, sin duda, han tenido exactamente el mismo trato que los mapuches, quiero que, por su intermedio, la señora ministra me conteste qué vamos a hacer en Arica, donde hay 350 mujeres detenidas en la cárcel por tráfico de drogas y el 95 por ciento de ellas pertenece como decimos en la región a la sierra, o sea, a etnias. El artículo 10 establece claramente que habría que hacer una diferenciación en la parte penal; pero me gustaría mucho saber cómo nos vamos a arreglar.
Asimismo, de una población penal de 1.400 hombres, 800 están detenidos por tráfico de drogas y son también de la sierra. Como todas esas personas están procesadas con penas bastante largas, quisiera saber si la aprobación de esta iniciativa implicaría que se les deberá dar un trato preferencial a las personas procesadas por tráfico de drogas; si serán encarceladas, se las dejará en libertad o será necesaria la construcción de otros centros de detención o medios similares.
A mi juicio, el problema no es menor, toda vez que Chile se está transformando en un verdadero pasadizo de la droga hacia Europa y Estados Unidos. Por ello, cualquier señal equivocada puede llevar a los productores a incentivar el tráfico por nuestro país, y a los carteles internacionales a aumentar esta exportación no tradicional.
Me asiste la certeza de que las autoridades chilenas han hecho innumerables esfuerzos en el combate contra la droga, mediante la dictación de leyes para estos efectos. Los jóvenes están padeciendo las consecuencias de su consumo. Por ello, a pesar de mi voto afirmativo, creo que debemos ser muy cuidadosos en la aprobación del tratado y realizar los cambios necesarios a la legislación interna para dar claros indicios al mundo que su aprobación no incentiva ni beneficia a los traficantes de drogas. Debemos ser muy cuidadosos, pues en mi región el tema es muy sensible y, por lo demás, afecta al país entero.
Aparte de las otras consultas formuladas a la señora ministra, me gustaría que me aclarara el artículo 17 del Código de Minería. En nuestra zona, esa actividad está paralizada sólo por estarse tratando esta iniciativa de ley.
Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al diputado señor Díaz.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, junto con apoyar lo mencionado por el diputado señor René Manuel García , plantearé dos o tres inquietudes relacionadas con la discriminación positiva.
Después de esta lata discusión, pregunto a quién se discrimina positivamente. El pueblo mapuche, a quien tengo el honor de representar en la zona costera de la Araucanía, es mestizo está profundamente mezclado, hijo del sincretismo, mayoritariamente cristiano, cree en el derecho de propiedad y demuestra un gran patriotismo hacia su cultura y hacia Chile.
A mi modo de ver, se debe evitar la discriminación por raza y no por pobreza, a fin de que no ocurra una situación similar a la de Marcelo Salas Melinao, quien, sin necesidad, ha comprado a través de la Conadi una porción importante de tierras en la zona de mi distrito, en circunstancias que no pueden hacer lo mismo campesinos de origen no mapuche, en situación de pobreza extrema.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Recupera la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, sólo para reiterar la importancia de mis consultas a la ministra señora Krauss.
Gracias.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra la señora ministra de Planificación.
La señora KRAUSS, doña Alejandra (Ministra de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, con el mayor respeto contestaré las preguntas de los diputados señor René Manuel García y señora Rosa González.
Insistir en el tema del narcotráfico, en las implicancias o interpretaciones extensivas que se pretenda dar a las normas contenidas en el convenio, constituye una visión un poquito errada y catastrofista, que el Gobierno no comparte, porque cree profundamente en los pueblos originarios.
Las normas contenidas en un texto legal deben interpretarse en su contexto general, no en forma aislada, porque así lo establece el Código Civil. El convenio pretende la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por consiguiente, la interpretación de una norma en forma aislada con seguridad será errada y no atingente.
Las normas respecto a delitos no se aplican en el convenio en los términos de la inquietud formulada por los señores diputados, toda vez que cualquier atenuación o eximente de responsabilidad debe ir contextuada dentro de las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios. Así lo establece en forma expresa el convenio.
Asimismo, tal como le constesté en una oportunidad anterior al diputado señor René García , la costumbre, como fuente de derecho, ya se está aplicando en el país. Por ende, insistir en ese punto no nos conduce a nada satisfactorio respecto de lo que se pretende con el convenio.
En cuanto a la supremacía o no de la Constitución sobre el convenio, eso está establecido en una norma expresa en la Constitución Política de la República. Supongo que aquí todos somos sujetos de derecho y perseguimos el respeto absoluto al Estado de Derecho, por lo menos así lo ha manifestado el Gobierno del Presidente Lagos y me comprometo a eso ante la Cámara. La Carta Fundamental consigna en forma expresa que todos los convenios deben adecuarse a la norma fundamental. Somos un Estado de Derecho. Así lo ha señalado el Gobierno y me comprometo a ello.
Muchas gracias.
En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala:
El señor MONGE.-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención la mayoría de las intervenciones que los honorables colegas han hecho en este hemiciclo a raíz de la discusión del Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Me agrada escuchar la fuerte dosis de pasión existente en algunas de ellas, como también la facilidad con que algunos se desentienden del pasado histórico del país, de nuestra tradición y de nuestra realidad actual, olvidando que los legisladores de hoy somos los accidentales continuadores de los primeros legisladores chilenos que iniciaron nuestra tradición y representamos al Chile de siempre.
Se presentan hoy algunos señores diputados como agentes justicieros, generados espontáneamente en otra galaxia o en una instancia internacional, que irrumpen en Chile del año 2000 para hacer justicia y hacer tabla rasa de todo, para poner orden en un país donde pareciera que se practican desde siempre las más abyectas prácticas de discriminación, segregación, exterminio y atropello sistemático a las minorías étnicas. A fuerza de repetir el sermón nosotros mismos, al igual que la opinión pública, nos vamos convenciendo de que así fue y sin darnos cuenta vamos renegando y menospreciando nuestro rico pasado histórico y jurídico.
Chile es uno solo: el de ayer, el de hoy y el que vendrá, y es, ha sido y será, el que los chilenos quisimos o queramos que sea. Nuestros aciertos y nuestros errores históricos como país independiente son nuestros, son patrimonio de todos nosotros y debemos también asumirlos entre todos, con autocrítica, tanto para celebrarlos como para condenarlos. Son creaciones colectivas de todos nosotros a través de quienes asumieron las funciones de gobierno de la nación en cada período histórico.
Si dejamos de lado algunas consignas y lugares comunes, tan propios de nuestra vida política, cada vez que profundizamos en el conocimiento de nuestra historia, en el desarrollo de nuestras instituciones y en especial en el de nuestra legislación, debemos sentirnos orgullosos de la evolución que como país hemos experimentado. Más orgullo aún debemos sentir cuando la comparamos con la de otras naciones, que hoy incluso pretenden erigirse en nuestros tutores y jueces en las materias más diversas, no obstante tener un pasado negro y siniestro de opresión, exterminio y esclavitud. Sin duda que no hemos sido perfectos ni mucho menos, pero a todos ellos les damos cancha, tiro y lado en estos temas. Mayor aún es nuestro mérito si consideramos las particulares condicionantes históricas, nuestro consabido aislamiento geográfico y los limitados recursos económicos con que nos hemos desarrollado como nación.
El tratado que hoy nos ocupa presupone la existencia de países con legislaciones muy atrasadas, no sólo en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, sino también en el ámbito social, cultural y en el respeto de los derechos inherentes a la persona humana y la existencia de pueblos o tribus absolutamente segregados del resto de las respectivas comunidades nacionales en que se encuentran insertos, lo cual afortunadamente no es la tónica de lo que ocurre en Chile. Por el contrario, el alto grado de mestizaje de nuestra población, estimado en más de un 88 por ciento, los esfuerzos que desde hace muchos años se vienen realizando por diferentes gobiernos y actores políticos, sociales y religiosos para elevar los niveles de vida de la población indígena, y su integración, en parte forzada, por los crecientes procesos de “urbanización” de la población rural al decaer la actividad agrícola, que constituía hasta hace unos pocos años su principal fuente de sustento, ha significado de una u otra forma y nos guste o no, altos y efectivos grados de integración racial y cultural de nuestras etnias, con la que podríamos denominar la “cultura chilena dominante”, fenómeno sin duda inicialmente doloroso para quienes han protagonizado la experiencia, pero mucho menos traumático y difícil de lo que algunos interesadamente pretenden hacernos creer.
Quienes nos consideramos chilenos y nos sentimos orgullosos de nuestros genes indianos, en diferente medida hemos sufrido a nivel de nuestras historias familiares incluso desde antes de la llegada del conquistador europeo episodios de violencia, de discriminación, de enfrentamientos y de injusticias y hemos debido asumirlos y son hoy parte de nuestro bagaje histórico y cultural.
Han tenido lugar sucesivas invasiones y pugnas étnicas precolombinas, la expansión del imperio inca, la conquista española y el proceso de la llamada pacificación de la araucanía, desde el punto de vista indígena, y la lucha por la independencia, las guerras de Arauco, salteos y malones, la guerra a muerte, las guerras civiles y externas en las cuales se vio involucrado el país, desde el punto de vista “chileno”. Parte de nuestro “ser histórico” ha sido a través de los tiempos, indistintamente, dominante y dominado, invasor o invadido, agresor o agredido, conquistador o conquistado.
Estos antecedentes nos demuestran que nuestra problemática indígena es diametralmente diferente a la que presentan otros países con realidades muy diferentes a la nuestra.
Nuestras raíces han interactuado por casi 500 años, quizás con una secuela de encuentros y desencuentros, pero en que sin duda los primeros son muchos más numerosos que los segundos; donde hemos creado una cultura con particularidades propias, con elementos culturales europeos e indígenas y que rescata componentes de unas y otras, pero distinta a la europea y sin duda distinta y en muchos aspectos quizás superior a la indígena pura.
No estamos en la disyuntiva de esclarecer si una de las dos culturas es superior a la otra, porque tal vez nunca llegaremos a un acuerdo, ni si unos individuos dentro de la sociedad tienen más derechos que otros a sentirse dueños de un territorio o de una parte de él; la verdadera disyuntiva es determinar qué elementos nos faltan para que todos nos sintamos cómodos en ese gran proyecto de país llamado Chile, respetando nuestras diversidades y asegurando la igualdad efectiva de oportunidades y derechos. No es tiempo de recriminaciones por las deudas del pasado, ni alegar compensaciones por los errores cometidos por individuos pertenecientes a los diferentes grupos de nuestro componente racial a través de la historia, porque éstas son incobrables por parte de las víctimas anónimas, y los responsables tampoco están hoy entre nosotros.
Nuestros pueblos autóctonos tienen todo el derecho a reclamar su derecho a la diversidad y a conservar su identidad cultural, en tanto cada individuo pueda elegir libremente el grado de integración que desea tener con la sociedad mayor o cultura dominante, pero bajo ningún concepto ni pretexto imponer prácticas contrarias a ciertos principios y derechos universalmente aceptados por el resto de la humanidad; me refiero al respeto a los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos civiles, los derechos de la mujer, el derecho a la educación y a la salud, los derechos reproductivos, la monogamia, las prácticas democráticas y tantos otros que, muchas veces, son contradictorios con las prácticas y costumbres de nuestras minorías étnicas, porque hacerlo significaría un claro retroceso en todo lo que se ha avanzado en estas materias, en los últimos siglos.
Me considero un admirador y defensor de nuestras culturas aborígenes, pero así como debemos preservarlas, también creo que no podemos caer en el exceso de idealizarlas, a tal punto de no reconocer en ellas ningún defecto, porque como toda creación humana tampoco son perfectas y sin duda algunos aspectos de ellas son contradictorios con muchos logros que hoy son patrimonio de la humanidad y que sin duda aseguran al individuo mejores condiciones de vida y de desarrollo espiritual y material.
Me preocupa también que por la vía de convenios internacionales se tienda a “africanizar” a todo el continente americano, lo que significará entrabar nuestras legítimas expectativas de desarrollo e integración nacional.
Anuncio mi voto a favor del convenio, pero estimo que el Gobierno debe ratificar el convenio formulando las declaraciones que anunció el canciller del gobierno anterior y hacer expresa reserva del artículo 10 del convenio por ser contrapuesto con el orden jurídico interno del país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 11 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Solamente quiero dejar constancia de que se reunió el quórum requerido.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Es sólo para dejar constancia de que mi voto no apareció marcado y es favorable.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
¿Cuál es la votación definitiva, entonces?
El señor LOYOLA (Secretario).-
Con los votos de los señores Andrés Palma y Navarro son 72 votos a favor.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Alvarado , Arratia , Ávila , Rozas (doña María) , Bustos , Ceroni , Cornejo (don Aldo) , Díaz , Elgueta , Encina , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , JocelynHolt , Krauss , Kuschel , Leal , Leay, León , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez ( don Gutenberg) , Melero , Molina , Monge , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma ( don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pollarolo ( doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Recondo , Reyes, Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Vargas , Venegas , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bertolino , García-Huidobro e Ibáñez.
Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez-Salamanca , Correa, Delmastro , Dittborn , Errázuriz , Fossa , Guzmán , Martínez ( don Rosauro) , Orpis , Prokurica y Vilches.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Alejandra Krauss.
La señora KRAUSS, doña Alejandra (Ministra de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, agradezco a los honorables diputados la aprobación del acuerdo aprobatorio del Convenio Nº 169.
Además, debo señalar, en nombre del Gobierno que represento, que dicho convenio será aplicado con prudencia y con pleno respeto al Estado de Derecho de nuestro país.
(Aplausos).
INCREMENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL PETRÓLEO. Primer trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que incrementa el Fondo a que se refiere la ley Nº 19.030.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Julio Dittborn.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 2475-25, sesión 27ª, en 7 de marzo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 5, de esta sesión.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, quiero que el diputado informante, quien entregó un informe extenso y muy completo sobre el proyecto en discusión, aclare un punto para la historia de la ley.
Me parece que el señor Dittborn incurrió en un error al referirse al comportamiento de la banda de precios, porque, de conformidad con la ley actual, cuando el precio de paridad de importación está bajo el piso de la banda de precios, el 60 por ciento se destina a tributo y el 40 por ciento a incrementar el Fondo. Tengo la impresión de que escuché al señor Dittborn decir lo contrario.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn para aclarar el punto.
El señor DITTBORN.-
Con mucho gusto.
Señor Presidente, cuando el precio de paridad de importación es inferior al precio piso de la banda, la actual ley cobra un 60 por ciento de impuesto por esa diferencia, la cual pasa a engrosar las arcas del Fondo, por así llamarlo, que, eventualmente, tiene que devolver créditos al Fisco recordemos que el Fondo debe pagar deudas al Estado; el otro 40 por ciento se refleja en una rebaja de precios al consumidor.
Hay una asimetría en la ley actual, porque repito cuando el precio de paridad de importación es superior al techo de la banda, el subsidio o crédito es del ciento por ciento de la diferencia; en cambio, cuando el precio de paridad de importación está bajo el piso, sólo se cobra un impuesto del 60 por ciento. Con el cambio propuesto en el proyecto, el impuesto que se cobrará será también el ciento por ciento, al igual como ocurre con el subsidio cuando el precio de paridad es superior al techo de la banda.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, voy a separar mi exposición en dos puntos.
En primer lugar, mucho se ha dicho en la prensa, por parte de la Oposición, que hubo un uso político del Fondo durante la campaña presidencial reciente, y eso claramente no es así.
Si uno toma las cifras mediante las cuales se movió el precio del crudo durante el año pasado, en especial en enero del presente, entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, se aprecia claramente que en los primeros días de enero, fecha en que yo presidía la Comisión de Hacienda, aprobamos el adicional de 200 millones de dólares, cuando el precio estaba en poco más de 25 dólares por barril. Sólo en cinco días dicho precio bajó a 23 dólares por barril el 9 y 10 de enero y, en la semana siguiente, subió a casi 29 dólares por barril. En esas condiciones, era evidente que no había posibilidad de planificar el uso del Fondo en forma política.
Más aún. Si en ese entonces no hubiéramos aprobado aquel aumento del Fondo, sólo teníamos posibilidades de traspasar a público esta gradualidad de precios hasta el 30 de enero. Allí se acababa el Fondo. Si hubiéramos aprobado los 200 millones de dólares como lo hicimos sin que se alterara el precio de referencia y, por lo tanto, el precio a público en febrero, habríamos llegado al 4 de abril, caso en el cual no tendríamos a qué echar mano. Con el aumento de precios que se realizó, esa posibilidad se trasladó al 30 de junio.
Entonces, claramente no hubo planificación política y es evidente que existió neutralidad en el manejo del Fondo, porque a esa fecha se habían recaudado, por concepto de impuestos, 311 millones de dólares y se habían pagado por subsidios 308 millones de dólares. Por lo tanto, debemos dejar zanjado ese tema. Obviamente, como alguien insinuó esa posibilidad, estamos dispuestos a aclarar en una comisión investigadora estos temas, todos los cuales son teóricos, cifras y fórmulas.
Agradezco la transparencia y, sobre todo, la didáctica información que nos ha entregado el diputado informante del proyecto, señor Dittborn.
Hablemos de lo que interesa a la gente. La semana anterior aprobé este proyecto en la Comisión de Hacienda; hoy me retracto, porque la primera transparencia debe ser con los parlamentarios. Nada nos dijeron las autoridades de Gobierno que cuatro días después se iba a bajar un impuesto específico para el sector de los transportistas, y a subir los valores de la gasolina al público.
Nosotros trabajamos con otra información. En la Comisión lo dijo el diputado Dittborn , bajo la presidencia de quien habla y posteriormente del diputado Ortiz , hicimos un trabajo serio y responsable para buscar neutralidad, la cual, como se dice en el informe y lo acaba de señalar el diputado Dittborn , significó rediseñar el mecanismo de operación del Fondo, que antes no era neutral, puesto que el propio ministro Marfán había hablado de los subsidios. La idea era tener una especie de subsidio que en el largo plazo, como demostró con cifras, fuera cero, pero que se usara en el corto plazo.
Dice el informe en su parte pertinente: “Se rediseña el mecanismo de operación del Fondo en procura de la neutralidad fiscal es lo que buscábamos a plazo razonable...”. El plazo razonable pudo ser tres días, al minuto siguiente de haberse aprobado la iniciativa en la Comisión de Hacienda. ¡Qué raro que no supiéramos que subiría el precio de la gasolina al público!
Sin embargo, ¿qué sucede? Aquí hay tres sectores involucrados. Los transportistas, a quienes se les rebaja un impuesto específico. Me dirán que es a cinco años, y un porcentaje menor, pero es rebaja per se, de por vida, del impuesto, lo cual afecta a un sector que dijo sobre la mesa: “Me atienden y me rebajan el precio o hago un paro”. Es decir, aquí se imponen los gremios que tienen fortaleza.
En cinco años esto va a costar $ 26 mil millones, es decir, $ 5.200 millones por año. ¿A cambio de qué? ¡A cambio de dejar sin efecto una rebaja que se pensaba hacer en los peajes! ¿Y quién usa los peajes? ¡Todos los chilenos! Con esto se beneficia a los transportistas. ¡Gremio fuerte! Pero ¿qué pasa con el gremio de los microbuseros? Hace dos semanas obtuvieron un alza de tarifas. ¡Gremio fuerte! De lo contrario, se iban a un paro. Pero ¿qué pasa con Juan Verdejo y con aquellos chilenos que no están organizados?, ¿qué pasa con la comunidad que no está organizada, que no puede “hacer gallitos” con el Gobierno? Sencillamente, a ellos les subieron los precios del pasaje hace pocos días. ¡Ésa es la distribución que existe del Fondo creado! Sin embargo, en ese momento no se tuvo esta información de los US$ 348 millones, de los cuales US$ 60 millones son para la parafina y el gas licuado productos derivados del petróleo que la gente más humilde empezará a utilizar en los próximos días, o sea, sólo el 17 por ciento del Fondo de Subsidio; petróleo diesel: para los transportistas y los microbuseros, US$ 196 millones, es decir, el 55 por ciento del Fondo de Subsidio para ellos. Hay que hablar de Fondo y no de subsidio, porque hay algunas personas a quienes que no les gusta que se utilice la expresión “subsidio”. Parece que este país se está socializando al revés: para la gasolina, el 27 por ciento. Es decir, aquellos que van a comprar gas licuado y parafina o sea, la gente más pobre son los que menos reciben de este subsidio, porque no están organizados.
En la Comisión de Hacienda nunca se dijo que iba a haber un alza. Y ¡cosa curiosa!: si uno, en teoría, hace la operación con cifras personales, concluye que, con este sinceramiento de los precios, deberían venir nuevas alzas. Es evidente, porque aun cuando todo porcentaje tiene impacto en la inflación, éste es menor. Lo dijo el ministro De Gregorio. Sin embargo, ayer el ministro de Hacienda manifestó que van a bajar los precios.
En estas circunstancias, cuando hace sólo cuatro días fue nacional e internacionalmente conocido que el precio del barril de petróleo y sus derivados había bajado de US$ 29 a US$ 25, a US$ 24, a US$ 23, en algunos casos, ayer sube el precio de referencia, y hoy está al mismo nivel del precio internacional. Eso se supo hace cuatro días. Entonces, ¿por qué subió el precio de la gasolina? Más aún, cuando todo apunta a que los precios internacionales van a seguir bajando.
Se critica al Gobierno cuando los precios están altos. Pero se supone que este Fondo es un sistema para atemperar, para amortiguar las alzas y así evitar que sean asumidas por la gente; sin embargo, cuando ésta debe recibir una baja de los precios, suben los precios de referencia internos para acomodarlos a los internacionales y, además, sube el precio de la gasolina. ¡O sea, no entiendo nada! ¡Y ésta es información posterior a la semana pasada! En la Comisión de Hacienda no se habló nada de esto cuando estuvieron las autoridades.
En consecuencia, cancelaré mi voto positivo y voy a abstenerme hasta no tener más claridad al respecto. Se dice que la neutralidad da plazos razonables, pero cinco días no pueden ser neutralidad.
No estoy contra la mecánica de la Comisión de Hacienda, ya que lo que allí se hizo fue un trabajo serio y responsable, dándole al sistema neutralidad y transparencia, creando estos subfondos con gradualidad. Sin embargo, en la práctica no se ha hecho lo que aprobó la Comisión, y se nos ha sorprendido favoreciendo a un sector económico y castigando al resto de la gente.
Me gustaría saber claramente si se va a seguir utilizando este Fondo o si se está ante su réquiem, porque cuando va hacia arriba, se le critica; y cuando la gente tiene que aprovechar la rebaja de los precios internacionales del petróleo, suben los precios.
El propio ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán cuando estuvo en la Comisión a fines de eneroseñaló que las autoridades proyectaban abrir un precio del petróleo a 22 dólares el barril. ¡Fue ministro hasta hace pocos días! O sea, las autoridades sabían que esto iba a bajar a US$ 22; se subió el precio de referencia hasta cerca de US$ 23, precio internacional. O sea, ¡no entiendo nada!
Los parlamentarios estamos para representar a la gente. Puede que algún autobusero, algún transportista, nos pida que lo escuchemos. Lo haremos, porque tenemos que ser justos; pero nosotros estamos para representar al que compra parafina, al que compra gas licuado y al que tiene su automóvil como arma de trabajo. Pero en esas condiciones no tenemos claridad sobre lo que pasará a futuro. Ahora se podría hablar a lo mejor de un uso no político, pero en aras de tener estas macrocifras del déficit fiscal y de la inflación, y en una reactivación que no se aprecia todavía en su forma, pues suben las tasas de interés, se sigue postergando a Juan Verdejo no digo Moya, porque se puede visualizar como el otro Moya, dirigente, que hace muy bien su trabajo, al igual que Marinakis. ¿Y dónde desarrollamos nuestro trabajo los parlamentarios? La Comisión de Hacienda trabaja bien, pero con otra información.
En esas condiciones, me veo en la necesidad de recoger lo que la gente me ha conversado los fines de semana; porque, aparte de no entender nada lo que es obvio, porque es un tema muy técnico, la realidad es que hoy se cruza hacia abajo y ella no va a recibir beneficios. En las próximas semanas, cuando el ministro de Hacienda informe que bajará el precio de la gasolina, me gustaría ver a las gasolineras y a los distribuidores de gas licuado y de parafina cuánto lo van a bajar. ¡A ver si son tan ágiles para bajar los precios! ¡Ahí sí que no! ¡Ahí el precio es justificado!
En las actuales condiciones no veo para qué se debe mantener el Fondo. A mi juicio, los US$ 63 millones están de más, ya que con el aumento de la paridad interna es evidente que el Fondo durará hasta diciembre. Entonces, ¿para qué seguir soportándolo? ¿A quién se quiere engañar?
Siento tener que abstenerme, en protesta por no haber sido informado como parlamentario de esta solución. De haber sido éstas las ideas y de haberlas conocido, se hubiera revisto el tema, sin cambiar el trabajo hecho, pero sí, al menos, fijando la gradualidad, que no fue analizada por esta Cámara.
En virtud del proyecto se aprueba un aumento del Fondo, mejorando su mecánica como instrumento para que sea neutro y transparente. Pero la gradualidad la fija el Ejecutivo y ésta fue: a los tres días, paga Juan Verdejo ; a los cinco días, los transportistas golpean la mesa. ¡Tienen una ventaja comparativa!
Espero que algún día Juan Verdejo se organice y sus parlamentarios lo puedan representar, para que también golpee la mesa y que este Fondo sea lo que pretendió ser: un amortiguador hacia arriba, pero, también, un amortiguador hacia abajo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Cito a los Comités parlamentarios a una reunión.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Reunidos los Comités, acordaron por unanimidad prorrogar el Orden del Día hasta que intervengan los trece parlamentarios inscritos hasta el momento. Con posterioridad, se votarán los dos proyectos que figuran en la tabla del Orden del Día. Las intervenciones son de hasta cinco minutos cada una.
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para que pueda ingresar a ella la subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, ¿sería posible suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo e Incidentes?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
No, señor diputado. El acuerdo fue sólo para prorrogar el Orden del Día.
Tiene la palabra el diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, ¿podría aclarar lo relativo a las intervenciones en el proyecto sobre el Fondo de estabilización del petróleo? Entiendo que el acuerdo no fue que cada diputado podía disponer de cinco minutos, sino que de todo el tiempo que reglamentariamente le corresponde.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, quise decir que, reglamentariamente, podía hacer dos discursos de cinco minutos cada uno.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, quiero hacer un alcance complementario a lo expresado por el diputado informante, relativo al origen de la modificación que se introduce a la ley Nº 19.030, que creó el Fondo de estabilización de precios del petróleo.
Como lo recordarán los señores diputados y señoras diputadas, el Fondo de estabilización de precios del petróleo se creó en 1991, con motivo de la Guerra del Golfo; pero en esa oportunidad en el Parlamento no existió unanimidad para aprobarlo. Así, desde su creación, ha habido una amplia discusión respecto de si es bueno o malo que exista; de que podría haber decisiones arbitrarias en su manejo, y si efectivamente funcionará para los efectos de estabilizar los precios de un insumo tan importante para nuestro país.
Cuando en enero aprobamos un aporte de 200 millones de dólares adicionales, diversos diputados cuestionaron la conveniencia de mantener dicho fondo. Con motivo del proyecto que envió el entonces Presidente Eduardo Frei, a fin de aportar otros 70 millones de dólares al Fondo, en la Comisión de Hacienda algunos parlamentarios de Gobierno planteamos que ésa era la oportunidad para discutir la necesidad de que existiera una política de Estado sobre el precio del petróleo. Pues bien, en mi modesta opinión, la discusión habida en la Comisión de Hacienda permitió alcanzar un consenso que yo definiría como una política de Estado. Las indicaciones presentadas, producto del trabajo de algunos parlamentarios y de técnicos vinculados tanto al Gobierno como a la Oposición, encabezados por la subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner, culminaron en el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo y en una política de Estado en materia de precios del petróleo.
En pocas palabras, ¿en qué consiste esta política, sin meternos en el esquema técnico ya descrito por el señor Dittborn , en su calidad de diputado informante? Consiste en lograr que el Fondo de estabilización se incremente cuando baja el precio del petróleo a la misma velocidad con que aquél decrece cuando éste sube. Es decir, consiste en lograr que los márgenes dentro de los cuales sube o disminuye dicho Fondo dependan del volumen de recursos acumulados en él, de manera que el país opte por una política gradual de traspaso de las fluctuaciones del precio internacional, como es la lógica del Fondo, en la cual va disminuyendo el subsidio en la medida en que la fluctuación se hace permanente. Si el alza es permanente, el subsidio disminuye en el tiempo. De manera que llegará un momento en que, con los volúmenes de recursos que maneja el Fondo, ante un alza permanente del precio del petróleo, como la que hemos vivido en estos meses, probablemente en el transcurso de un año, más o menos, el precio internacional se tendrá que validar. Si la baja de precios es permanente, entonces el impuesto es decreciente en forma gradual, y al cabo de un año, aproximadamente, si fuera la fluctuación inversa al alza que hemos tenido en este período, el impuesto desaparece, y la baja de precios se transfiere completamente a los consumidores.
Esto es muy sano para el país. No hay nada que genere más inequidades en una sociedad que las fluctuaciones en su economía. En un país dependiente energéticamente del petróleo, como Chile, las fluctuaciones del precio del petróleo siempre generarán inequidades.
El proyecto que aprobaremos atenuará las fluctuaciones y, por lo tanto, disminuirán las oportunidades de generar desigualdades. En ese sentido, me alegro de que en la Comisión de Hacienda el proyecto haya sido aprobado por unanimidad, porque ahora sí contamos con el acuerdo de todos los sectores del país para establecer una política de Estado, que, además de los elementos que he señalado, contiene una disminución de los arbitrios de la autoridad, lo cual es muy importante.
En enero discutimos qué pasaba si se incrementa el Fondo. El debate, cuando se anunció el proyecto que origina esta modificación tan sustantiva de la política, apuntaba a que cada vez que sube el precio del petróleo, habrá un grupo social que presionará para incorporar más recursos, porque si el Fondo cuenta con más recursos habrá, obviamente, un mayor subsidio.
Con la norma que aprobaremos, la autoridad no tiene un grado excesivo de libertad para transferir recursos a determinados sectores. Los camioneros, los transportistas, las empresas generadoras de energía o las de diversa índole, inclusive los consumidores de combustible y nosotros, sabremos exactamente, de ahora en adelante, cuál será el impacto único posible de una fluctuación en el precio internacional del petróleo.
Al respecto, no hay incertidumbre en cuanto a si la autoridad subirá o disminuirá el subsidio o si modificará la banda; porque hemos definido las normas regulatorias de ese proceso, de manera de dejar, en definitiva, disminuidas las fluctuaciones, y para aquellas inevitables se han aumentado los grados de información y de certeza para todos los afectados o beneficiados por esta política, lo que constituye una avance muy importante.
Por esa razón, aprobaremos esta política. Ella contribuye a la estabilidad del país y al bienestar de todos los chilenos, en especial de los más pobres, que son los que más sufren con las inestabilidades.
Quiero comentar muy brevemente la intervención del diputado señor Lorenzini relacionada con el anuncio de la autoridad de rebajar el impuesto al petróleo diesel. Se trata de un proyecto que el Ejecutivo enviará a nuestra consideración. No se puede rebajar el impuesto al petróleo diesel sin la aprobación del Congreso Nacional. Si la autoridad ha optado por sustituir una rebaja en los peajes que podría hacer por la vía administrativa, por una rebaja al impuesto al petróleo diesel, lo que se está haciendo en esta oportunidad, a diferencia de lo señalado por el diputado señor Lorenzini , es considerar al Parlamento en la discusión de la política.
La rebaja a los peajes se podía hacer por la vía administrativa, sin someterla a debate en el Congreso. En cambio, la del impuesto al diesel no se puede materializar sin tratarla en el Parlamento. En horabuena que sea así, porque es muy positivo y prudente que políticas tan importantes, como la tributaria y la del uso de la energía porque el impuesto vinculado al petróleo diesel y a los peajes son políticas vinculadas al uso de la energía en nuestro país las discutamos en el Congreso.
Ojalá que cuando llegue ese proyecto, podamos avanzar aún más, no sólo en una política de Estado sobre el precio del petróleo o sobre cómo transferir al país las fluctuaciones de precios internacionales del petróleo, sino también en que, a raíz de ese otro proyecto, consensuemos una política de Estado sobre el mejor uso de la energía.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, los comentarios huelgan al tratar hoy un tema tan importante.
Lamentablemente, el precio del carburante es determinado por la Organización de países exportadores de petróleo, Opep , la cual, por sí y ante sí, vulnerando, a mi juicio, todas las normas internacionales sobre libre comercio, fija cuotas de producción por países, con lo que termina manejando el precio del combustible en el mundo entero, que no es ni más ni menos que el motor de la economía de aquellos países que no lo producen. ¡Bien por unos pocos, mala señal para la humanidad!
Me alegra también escuchar comentarios tan profundos como los del diputado señor Lorenzini , cuyas discrepancias lógicas debemos aceptar. Por lo menos, voy a tener que revisarlas, por la dependencia misma que este carburante importado tiene, y, a lo mejor, nos entendemos.
Las mismas anomalías del mercado internacional del crudo y las externalidades medioambientales negativas del uso de combustibles fósiles, debiera motivar a nuestras autoridades a pensar, mirando el futuro, en la utilización de nuevas energías y tecnologías alternativas, tanto para el transporte como para la industria y la calefacción.
El Ejecutivo ha enfrentado el incremento del fondo, por algo más de 62 millones de dólares, con cargo a la cuenta especial 3653, o sea, la cuenta de referencia del precio del cobre, a la cual es menester restituir los recursos utilizados.
Si bien como legislador de Gobierno entiendo la preocupación del Ejecutivo por la aprobación de este proyecto, no puedo dejar de llamar la atención sobre un hecho muy injusto y que se vincula, y a lo mejor es la oportunidad, a una vieja demanda de quienes habitamos en el sur de Chile.
Estos subsidios públicos al combustible llegan indirectamente a todos los empresarios del transporte público del país. Mientras ellos lucran en un pingüe negocio, en donde las partes débiles conductores y pasajeros llevan la peor parte, los grandes empresarios, sobre todo los que tienen recorridos de largas distancias, cuentan con una capacidad económica y un peso político que aún sorprende. Pues bien, me molesta pensar que al aprobar nuevamente esta iniciativa se les otorgará un beneficio no querido. Digo esto, porque también llega a las bases que no entienden mucho de economía, punto que comentábamos hace algunos días, a un grupo de habitantes del sur de Chile, quienes me decían por qué el ferrocarril medio de transporte seguro, no contaminante y más económico, no consigue reanudar su marcha sobre las líneas de hierro al sur de Temuco, ni en la Región del Biobío, ni en las lluviosas tierras en mi Región de Los Lagos. Resulta curioso que en esta ley del carburante tengamos que tocar también ese tema.
Pero es el clamor de la gente, que ve con cierta distancia el tener que molestar otra vez y dirigir a quienes, a lo mejor, no debiera. Y allí concuerdo con lo expresado por el honorable diputado señor Lorenzini.
Estas situaciones injustas, inconvenientes para el país, no pueden permanecer en el tiempo. Sólo aprobaremos esta iniciativa, porque entendemos que muchas consecuencias directas del alza del precio del petróleo las pagarán las personas más modestas: las que usan el gas licuado en la cocina y en la estufa; las que andan en micro y en taxi colectivo.
Por ellos, y sólo por ellos, anuncio mi voto favorable a la iniciativa del Ejecutivo.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, en enero de este año voté en contra de la iniciativa enviada por el Presidente Frei para aumentar el Fondo del petróleo en 200 millones de dólares, porque en esa oportunidad no se acogieron las indicaciones y los cambios que hoy se le están haciendo a la ley.
Sin embargo, en esa ocasión el Ejecutivo no tuvo ninguna, repito, ninguna predisposición a corregir el funcionamiento del Fondo. Entonces, cabe preguntarse ¿por qué la Concertación en enero no tuvo ninguna predisposición a corregir el funcionamiento del Fondo y, en cambio, sí la tiene ahora en marzo? ¿Qué ocurrió entre enero y marzo que modificó la actitud respecto de esta ley?
Por una parte, cambió el gobierno; eso es muy claro. La administración de Frei ya había usado el Fondo para fines político electorales; ya se había logrado el objetivo de elegir al tercer gobierno de la Concertación. Una vez gastados 200 millones de dólares de todos los chilenos en la más descarada y cara intervención electoral que ha visto la república, entonces se habla de cosas técnicas, de mejorar las leyes y disponer que los gobiernos no podrán interferir más en la determinación del precio de referencia y de todos esos tecnicismos de los que ahora nos vanagloriamos, diciendo que la Comisión de Hacienda funcionó bien, que es una Comisión técnica.
No nos engañemos. El primer objetivo de la Comisión de Hacienda era elegir al tercer gobierno de la Concertación y para eso estuvo dispuesta a que se dilapidaran 200 millones de dólares.
Cuando se dice que la campaña de Joaquín Lavín fue cara, debo sostener lo contrario, porque estos 200 millones hay que sumárselos a la de Ricardo Lagos. ¿Cuántos votos le habría costado al candidato Lagos si entre agosto de 1999 y enero de 2000 se hubiera reflejado en el público el precio del petróleo? En ese lapso el precio del petróleo pasó de 15 a 30 dólares el barril. Sin embargo, en nuestro país prácticamente no aumentó, porque bajaron el precio de referencia. La billetera más rápida de Chile se encargó de bajarlo en agosto. Se dilapidaron 200 millones de dólares mucho más que el presupuesto de la Junji para todo un año, con el fin político-electoral de elegir, por tercera vez, a un candidato de la Concertación.
No nos engañemos y no vengamos a decir que somos técnicos, que hacemos buenos trabajos. Aquí se usó el Fondo del petróleo descaradamente con un fin político-electoral.
¿Y cuándo se estuvo dispuesto a ser técnico? Cuando ese objetivo se había logrado y el candidato se había convertido en presidente. En ese momento sí que hubo apertura y disposición para hacer los cambios que garantizaran, y hasta cierto punto porque se sabe que nunca nada está garantizado en política, impidieran que otro gobierno, de cualquier color político, usara este instrumento y los recursos de todos los chilenos con fines político-electorales.
Me alegro de eso y por ello también voy a votar favorablemente el proyecto. Sólo quería dejar constancia de esto, porque creo que los chilenos deben saber el uso que se le dio a este Fondo durante seis meses.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, lo vital en la discusión del proyecto que incrementa el Fondo de estabilización del precio del petróleo es recordar por qué se dictó la ley Nº 19.030. Fue motivada por las posibles consecuencias de la Guerra del Golfo. La unanimidad de la Sala asumió algo que es cierto: el 95 por ciento del petróleo que se ocupa en nuestro país es importado y es bueno que se diga, porque se está televisando esta sesión, lo que significa que Chile es un país vulnerable a los cambios bruscos que experimenten los precios internacionales del petróleo. A título de ejemplo: si el precio del barril del petróleo el año pasado hubiera subido de 11 dólares por barril, precio fijado en 1991, a 29 dólares, como promedio anual, el país debería haber pagado un costo de 1.222 millones de dólares en los últimos 9 años, lo cual equivale a un 1,8 por ciento del PIB simplemente como producto del mayor precio.
El Fondo cumple con dos grandes objetivos. En primer lugar, atenúa o elimina altibajos transitorios en los precios internacionales de los derivados del petróleo y, en segundo lugar, gradúa los cambios bruscos en los precios internacionales de los derivados del petróleo cuando estos se sostienen en el tiempo. Se trata de absorber de mejor forma el efecto “shock”, aplicando impuestos cuando los precios internacionales del petróleo son bajos, y otorgando subsidios o créditos cuando éstos son altos.
Para evaluar el rol de la ley Nº 19.030 es necesario considerar los elementos reales y efectivos del proceso económico de nuestro país.
Por ejemplo, la variabilidad del precio interno comparado con el internacional. Este Fondo la ha disminuido. El coeficiente de variación del precio interno es del 6 por ciento comparado con el 17,2 del precio internacional.
¿Quién puede negar que este Fondo ha tenido una neutralidad de largo plazo? En estos años de existencia ha intentado ser neutro respecto de las eventuales distorsiones del precio. La mejor prueba de ello se logra con un análisis contrario al realizado por el colega Dittborn. Esos 200 millones de dólares no son el costo de la campaña del entonces candidato presidencial y actual Presidente de Chile. El efecto de la iniciativa despachada en enero fue evitar que subieran en forma excesiva los precios de todos los productos derivados del petróleo, lo cual significó mantener los parámetros macroeconómicos en nuestro país.
Recuerdo muy bien que el miércoles de la semana pasada en la Comisión de Hacienda escuchamos la exposición del ministro señor Nicolás Eyzaguirre , y hubo unanimidad en cuanto a que las situaciones que se han presentado y las variables económicos han significado que nadie discuta que en este año 2000 el aumento de nuestra economía será, por lo menos, de un 6 por ciento, lo cual generará, también, a lo menos, 200 mil nuevos empleos en el sector privado. Tampoco se discutió ese día miércoles que en el 2001 el aumento de la economía será de un 7 por ciento hacia arriba, y 300 mil chilenas y chilenos tendrán posibilidad de un empleo en el país.
¿Por qué planteo esto? Porque aquí se ha discutido el que fue, el que no fue.
Había un proceso eleccionario que produjo situaciones muy especiales y que suceden cuando la pasión es más que la razón; pero aquí hay un hecho real y efectivo: este proyecto que plantea el aumento del Fondo en 62,83 millones de dólares, y tal como lo planteó el colega Andrés Palma ex presidente de la Comisión de Hacienda, y quiero ser justo con él, tuvimos la posibilidad de abrir un gran debate en nuestra Comisión para cumplir el objetivo más allá del populismo y del hecho de tratar de captar más votos de legislar para todo el país y no en función de focalizar algunos cuerpos sociales que el día de mañana nos signifiquen más votos.
Dos parlamentarios de Gobierno y dos de Oposición, encabezados por la subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner , lo han demostrado. Y aquí hay algo que no se ha dicho: a solicitud de quien habla, desde hace veinte días presidente de la Comisión de Hacienda de esta Corporación, le planteé a los diputados de Oposición que también participaran sus economistas para que juntos con el profesional a cargo de la política macroeconómica del Ministerio de Hacienda, se lograra una indicación consensuada sobre cosas muy concretas. Por ejemplo, nadie lo ha destacado, actualmente hay un mecanismo que es insuficiente; con la indicación se pretende hacerlo diferente en el sentido de que haya gradualidad, sin alzas excesivas. Eso demuestra la verdadera preocupación que debemos tener como legisladores. En especial me interesa que los sectores más modestos de nuestro país, no enfrenten, de la noche a la mañana, un alza de un 20 o un 30 por ciento. En mi rol de representante popular, quiero actuar con seriedad, con transparencia. Así lo hicimos en no menos de 16 horas de trabajo y nunca con prensa, sino escuchando a los técnicos del Gobierno y de la Oposición, y con la convicción de que planteábamos una adecuada normativa en un país dependiente de la Opep y de los productores de petróleo. En efecto, en este proyecto de ley se establecen reglas simétricas que aseguran que los recursos del Fondo no se terminen, ni se requiera de nuevas suplementaciones. Se establece una periodicidad determinada de vigencia de los precios de referencia de carácter semanal, a fin de incorporar en las proyecciones toda la información relevante que corresponda, delimitándose en términos precisos los márgenes de diferencia entre el precio de referencia intermedio y los precios de referencia superior e inferior. Se separa el Fondo en fondos específicos para cada combustible con el propósito de dar mayor racionalidad al sistema, con lo cual estamos cuidando algo que es parte de mi Octava Región: el gas natural.
Hemos actuado con mucha seriedad, invitamos a la Comisión a todos los economistas que tienen que ver con el gas natural: de dos grandes empresas, una de la Región Metropolitana y otra de la Octava Región. Los escuchamos, tomamos nota y concluimos en una indicación que dará la posibilidad y tienen competencia para hacerlo, para dar un mejor servicio, lo cual es óptimo para el país.
Se asigna a la Comisión Nacional de Energía la obligación de estimar con la anticipación requerida, los recursos disponibles del fondo y del consumo esperado para la semana siguiente, y se redefinen las variables y parámetros para la aplicación de los impuestos y créditos fiscales describiendo su forma de aplicación.
Por otra parte, entregué a la Mesa una indicación firmada por los cuatro diputados que trabajamos en ella, tendiente a mejorar el proyecto de ley para que vaya en beneficio de todos los chilenos y no sólo para algunos; entre sus firmantes están Julio Dittborn, Enrique Jaramillo, José García Ruminot y José Miguel Ortiz, pero, lamentablemente, se planteó que ella era inconstitucional, y tienen toda la razón del mundo. Sin embargo, solicito, en nombre de la bancada democratacristiana, que se pida el patrocinio del Ejecutivo para que la ingrese al Senado de la República en el segundo trámite legislativo, con lo cual demostramos que efectivamente estamos haciendo una excelente ley para el bien del país.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, esta Sala ha presenciado varias intervenciones que trataré de contestar porque creo que la demagogia ha prevalecido por sobre las ideas y los fundamentos.
El diputado Lorenzini, que lamentablemente no está presente, ha señalado que en la administración del Fondo no hubo uso electoral, afirmación absolutamente falsa, porque sólo hizo referencia a la primera semana de enero y olvidó absolutamente el año 99, cuando en el segundo semestre los diputados de Oposición tuvimos que formular denuncias públicas para que el ministro de Minería despertara y se preocupara de hacer una modificación en la banda de precios, pero dijo que se debía mandar un proyecto de ley al Congreso para hacerlo. Craso error. En esa oportunidad salieron al frente otros técnicos y señalaron que era perfectamente posible, porque la ley faculta a las autoridades, en este caso a los ministros de Hacienda y de Minería, con la información de la Comisión Nacional de Energía, para establecer los precios de referencia sobre la base de la información de los mercados internacionales. De manera que la opinión pública debe saberlo durante 1999 se manejaron los precios a fin de que no subieran la gasolina, el petróleo, el kerosene y el gas licuado, ello a pesar de que los precios internacionales estaban bajando. De modo que no pueden venir a decirnos que el tema fue bien manejado; por el contrario, fue absolutamente mal administrado y el país se farreó 250 millones de dólares en subsidios. Eso debe saberlo la gente y, por lo demás, lo refrendan connotados economistas en diarios nacionales.
En 1999, aún quedaban 150 millones de dólares, pero a fin de año las reservas se agotaron. Durante la primera semana de enero aprobamos 200 millones de dólares más, pero de esa cifra sólo restan 100 millones de dólares. Ahora, nos abocamos a un proyecto patrocinado por el Ejecutivo que persigue incrementar el fondo en 62,83 millones de dólares. Lamentablemente, tendremos que aprobarlo porque no queremos ser responsables de la pésima administración de estos recursos. De lo contrario, mañana se responsabilizará a la Derecha del alza del precio de los pasajes de la locomoción colectiva. Ése es el discurso que normalmente utiliza la Concertación. La opinión pública debe saber que esta mala administración se tradujo precisamente en que la ley diseñada para aminorar las fluctuaciones de precios internacionales no fuera utilizada para ese fin, sino para entregar subsidios, evitando que la gradualidad del alza del precio, que no provoca presión inflacionaria, se llevara a cabo durante 1999.
No es desconocido para nadie que entre 1998 y los primeros días de febrero de este año, el precio del barril de crudo subió de 9,6 a 32 dólares. Frente a estas alzas, el país, que depende prácticamente en un 95 por ciento del ingreso e importación de combustibles, escondió la cabeza y no acogió los precios internacionales, medida del todo adecuada en el marco de una administración correcta. De manera que nadie puede venir a decir que esto estaba absolutamente calculado.
Suscribiré y apoyaré las indicaciones presentadas por Hacienda, pero las facultades allí consideradas ya estaban contempladas en la ley. Si los ministros hubieran actuado en forma correcta, habrían modificado las bandas de precios. Si no es así lo que señalo, emplazo a cualquiera en esta Sala a que me desmienta. La ley dice claramente que ellos, como representantes del Ejecutivo, tienen facultades para modificar las bandas. De esa manera, se habría evitado la entrega de subsidios.
Ahora bien, considero correcta la indicación que busca asignar subfondos, porque eso evita los subsidios cruzados, con lo cual se beneficiará a las clases más modestas. Sin embargo, con ello no quiero dejar establecido que se ha actuado bien en esta materia. Si concurro con mi voto favorable a la aprobación del proyecto es para ayudar a hacer realidad esta apuesta, esto es a normalizar el precio del crudo en los próximos meses, de tal modo de no echar mano a los recursos del Fondo. La idea es que se administren adecuadamente estos fondos; de lo contrario, nos veremos en la necesidad, dentro de dos o tres meses, de legislar una vez más para incrementar el Fondo de estabilización de precios del petróleo.
Por último, quiero señalar que existe una Comisión investigadora en la Cámara que deberá abocarse a este tema. En mi opinión, allí quedará claramente establecido el mal uso que se hizo del Fondo al entregar subsidios que significaron una farra de más de 250 millones de dólares. ¿Quién la paga? ¿Quién se hace responsable de esos dineros? En su momento, quienes debieron actuar fueron personeros de la Concertación, pero callaron. Ahora, vienen a tratar de demostrar que esto no fue utilizado para fines electorales.
Nosotros debemos defender los recursos del Estado y pedir que se administren en forma adecuada, de modo de contar con una ley que efectivamente sirva al país. Como señaló el honorable diputado señor Andrés Palma , en 1991, cuando legislamos sobre esta materia a propósito de la crisis desatada en el Golfo Pérsico, pudimos aminorar el alza de precios y evitar que repercutiera en los usuarios. En esa ocasión, las cifras superaron con mucho los 32 dólares el barril de crudo. Durante seis años el Fondo fue administrado en forma correcta. Insisto, el lapso comprendido entre 1998 y 1999 años en que gobernaba el Presidente Freifue el período en que peor se manejó el Fondo. Durante esos años se produjeron pérdidas que hoy tratamos de resarcir con 62,83 millones de dólares. Con ese dinero procuramos incrementar el Fondo y subsidiar el precio del petróleo, de modo de evitar que las alzas lleguen al público.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, la discusión de este proyecto cobra vital importancia porque su efecto en la sociedad es inmediato: el precio del combustible tiene repercusiones en distintos rubros de la economía y, concretamente, en el bolsillo de las personas. Por esa razón, debemos ser objetivos y serios en el debate y análisis de esta iniciativa.
Aunque aquí algunos no lo quieran reconocer, para nadie es un misterio que desde agosto en adelante el Fondo quebró su tendencia de utilización, comenzó a ser usado para otorgar subsidios y perdió la neutralidad que demostró en años anteriores. Curiosamente y en momentos en que la tendencia de los precios internacionales sistemáticamente apuntaba al alza, en agosto el precio de referencia se fija a la baja, aumenta la diferencial, lo que trae como consecuencia que el subsidio comience a operar a mayor escala. Ello significó que en enero, el Ejecutivo presentara un proyecto que buscaba suplementar el fondo en 200 millones de dólares. Debemos recordar que ese mismo mes coincide con la puesta en vigencia de una ley que aplicaba un impuesto a los combustibles como compensación a la rebaja arancelaria.
Ahora bien, en aquella oportunidad se cuestionó el manejo político del Fondo y se nos trató de demostrar que su operación era neutra y que el alza sería absorbida cosa curiosa por la Enap, a fin de no ser traspasada al público por una decisión comercial. Es bueno ligar estos aspectos, por cuanto ellos fueron parte del debate habido en enero a propósito del proyecto que perseguía incrementar el Fondo en 200 millones de dólares. Sin embargo y hasta hoy, Enap no ha dado una explicación clara respecto de cuánto debió desembolsar para evitar el traspaso al público del alza del precio de los combustibles.
Es verdad que en el proyecto en discusión queda establecida la objetividad y racionalidad con que debe operar el Fondo y se saca a la autoridad política del plano de las decisiones, a fin de que, no sujeta a presiones de importantes grupos económicos o vinculados a sectores productivos, administre variables técnicas en la operación del Fondo, el que se hace simétrico en el subsidio y en el impuesto.
El Fondo y el subsidio van operando de acuerdo con la disponibilidad de los recursos existentes. Eso me parece bien; sin embargo, debemos reconocer que es una discusión que podría haberse iniciado mucho antes y, de esa manera, evitar todas las suspicacias y comentarios manifestados en esta sesión.
Para finalizar, quiero señalar que considero positivo que la forma en que ha quedado estructurado el proyecto y el cálculo de la operatoria del Fondo tienda, en el mediano y largo plazo, a adecuar los niveles de precios internos a las variaciones internacionales. Eso es sano, evita distorsiones, y disminuirá significativamente su manejo político.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor José García Ruminot.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que la intervención del diputado señor Lorenzini es manifiestamente contradictoria. Señaló que no hubo manejo político del Fondo de estabilización de precios del petróleo durante los meses de la campaña electoral. Sin embargo, a renglón seguido manifestó que no entiende por qué si el precio internacional del petróleo viene descendiendo, en Chile el precio al público se incrementa. Por eso digo que hay una contradicción.
Precisamente, porque se hizo un manejo político de dicho Fondo durante la campaña electoral, con el evidente propósito de mejorar las expectativas del candidato oficialista, señor Ricardo Lagos , ahora los chilenos debemos sufrir las alzas violentas en el precio a público de los combustibles. Dichos aumentos debieron efectuarse en el segundo semestre de l999, sobre todo en diciembre pasado y en enero del presente año. Como no se llevaron a cabo, ahora debemos soportar estas alzas tan bruscas. Mientras los precios internacionales del petróleo subían y subían, las autoridades bajaron los valores de referencia, a fin de determinar un mayor subsidio en la venta a público. Así se manejó el asunto. Como en algún momento los fondos comenzaron a acabarse, en enero el gobierno se vio en la necesidad de suplementar en 200 millones de dólares el Fondo para continuar con el subsidio elevado. Debido a que estos recursos también ya se terminaron, se nos está proponiendo un último suplemento de 62 millones de dólares.
¿Qué podríamos haber hecho, como Oposición, con el proyecto en estudio? Lisa y llanamente, haber aprobado los 62 millones de dólares y dejado que el Fondo siguiera operando en forma discrecional, como la autoridad quisiera manejarlo, y que cuando la plata se acabara decir que el responsable del alza de los precios a público de los combustibles es el gobierno y, de ahí, sacar la ventaja electoral que una situación de esa naturaleza podría acarrearnos. Sin embargo, no lo hicimos.
Es evidente que mientras los precios internacionales del petróleo continúen subiendo o se mantengan por sobre los 11 dólares el barril, como ocurre en la actualidad, los chilenos tendremos que asumir ese mayor costo en el precio de los combustibles. Esa es la verdad y en algún momento debíamos asumirla, pues no nos parece sano para el país ni para nuestra economía que mientras la ministra Bachelet debe andar rasguñando fondos en los distintos ministerios a fin de juntar l0 ó 20 millones de dólares para terminar con las colas en los consultorios, nosotros gastemos mensualmente entre 50 y 60 millones de dólares en subsidio a los combustibles; que mientras se hagan enormes esfuerzos, también sacando de todos los ministerios un poquito, para mantener los programas de empleo en las municipalidades, nosotros entreguemos, vía subsidio a los combustibles, una enorme cantidad de recursos fiscales.
¡Si el país es de todos y entre todos debemos cuidarlo! Por eso, me duele profundamente la intervención del diputado señor Lorenzini presente en la Sala, porque lo único que va a faltar es que el día de mañana se diga que a raíz de este proyecto, consensuado entre Gobierno y Oposición, se tendrán que subir nuevamente los precios de los combustibles a público, en circunstancias que la verdadera razón está en el hecho de que el país debe adecuar sus precios internos a los costos internacionales. Esa es la realidad. La culpa de subir los precios a público no la tendrá ni el Gobierno ni la Oposición, sino, como lo señalaron los diputados señores Ortiz , Jaramillo , Vilches y Dittborn , a que estamos frente a un mercado internacional profundamente imperfecto, en el cual los grandes países productores de petróleo se ponen de acuerdo para determinar los niveles de producción y, según eso, fijan el precio internacional. Como son pocos los países que tienen dicha riqueza natural, se dan el lujo de poner los precios que a ellos les interesa. Frente a eso, debemos reconocerlo, poco o nada podemos hacer.
Termino diciendo a los chilenos que siguen las sesiones de la Cámara de Diputados, que para nosotros sería mucho más fácil actuar con demagogia y cada vez que se produzca un alza en el precio de los combustibles acusar al Gobierno. Pero eso no me parece justo para el Gobierno y, sobre todo, sería una falta de respeto mentir a los miles de chilenos que con su esfuerzo diario por el progreso del país tienen que pagar un costo mayor por la bencina, el boleto del colectivo o del microbús. Aquí hay una sola verdad: resulta insostenible que mientras el precio internacional del petróleo sigue subiendo o se mantiene en niveles altos, el país mantenga precios bajos. Eso no es posible, porque los ahorros que había para ello se están terminando. Por eso, lo prudente, lo razonable, lo honesto es que, junto con aprobar mayores recursos, se introduzcan modificaciones que aseguren que no habrá mayor arbitrio de la autoridad.
Por las razones expuestas, los diputados de Renovación Nacional concurriremos con nuestros votos a la aprobación de la iniciativa en debate.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente, hay muchas cosas que podemos compartir del análisis del diputado señor García Ruminot cuando señala que uno debe ser honesto con el país y mostrar la realidad de lo que está ocurriendo con los precios internacionales. Si Chile tiene necesidad de importar el 95 por ciento del petróleo que consume, es evidente que existe una dependencia de los precios internacionales que fijan los productores del crudo, quienes en forma arbitraria pueden subirlos o bajarlos de acuerdo a su conveniencia.
Sin embargo, el sentido y la orientación del Fondo de estabilización de precios del petróleo es justamente morigerar, atenuar, graduar el impacto de las decisiones que se toman en el extranjero, que ni la Oposición ni el Gobierno pueden evitar.
El precio del petróleo no es un tema menor. No se puede decir que es menos importante atenuar sus variaciones que obtener recursos para terminar con las colas en los consultorios o continuar los planes de empleo, porque el precio del crudo incide en la vida cotidiana de las personas, no sólo en el valor de los combustibles, de los pasajes, del transporte, sino también en los de todos los productos que normalmente consumimos los chilenos. Muchas veces, para quienes somos de regiones, los productos tienen alza cuando deben ser transportados hacia ellas, porque el precio del combustible sube.
Por eso, hay que dejar de lado la discusión sobre la utilización política, porque lo serio y responsable es valorar lo que el Gobierno ha establecido en el proyecto: autolimitar sus propias facultades, pues si quisiera hacer las cosas en forma arbitraria no tendría ningún problema, porque esta materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, el Gobierno, en forma personal y responsable, ha tomado la decisión de limitar sus facultades con el fin de que esta materia se rija por normas matemáticas y económicas, y no en forma arbitraria.
El hecho de que en la actualidad el Fondo de estabilización del petróleo se haya subdividido en cinco subproductos impide que el subsidio de los consumidores de un producto afecte o se traspase a los otros, además de establecer que, de acuerdo con fórmulas matemáticas, se puedan fijar los precios de paridad y las bandas de precios. La existencia de una transparencia mucho mayor en el manejo del Fondo de estabilización del petróleo es verdaderamente garantía para el país, un avance. También hay que reconocer que la Oposición ha tenido grandeza para hacer aportes al proyecto que estamos discutiendo.
Hay que valorar la actitud del Gobierno en términos de hacer de este fondo un instrumento objetivo y serio, que no signifique estar adicionándole recursos sin saber adónde van. La preocupación de muchos integrantes de la Comisión de Hacienda era que cada vez que se acababan los recursos, teníamos que sacar recursos del cobre para aportarlos al Fondo del petróleo.
En ese sentido, ha habido buena disposición del Ejecutivo, y lo que hay que hacer es aprobar el proyecto y seguir construyendo instrumentos que nos permitan atenuar los efectos de estas decisiones provenientes del extranjero, de países productores de combustibles y del petróleo, que afectan al chileno común, al estudiante que a veces ve aumentado el valor de su pasaje.
Aquí hay un impacto del tecnicismo mucho mayor del que uno ve en estas disposiciones, y otro social, por lo cual considero que ha sido una excelente iniciativa del Gobierno hacer mucho más objetivas y transparentes las decisiones en esta materia.
Por las razones expuestas, nuestra bancada va a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, quisiera salir al encuentro de algunas expresiones poco felices, vertidas hace un rato por el diputado señor Julio Dittborn respecto del incremento del Fondo de estabilización del petróleo.
Cuando habla de descaro, ¿cómo puede hacerlo cuando se está defendiendo a los más pobres? Es un tema demasiado importante, delicado y sensible como para utilizar esos términos. Me recuerda el viejo refrán de quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Digo esto por la mala memoria del referido diputado. Recordemos que dijo que hubo una atroz y descarada intervención electoral cuando Ricardo Lagos fue elegido Presidente. Recordemos la intervención electoral del sector que representan los defensores de Pinochet en el plebiscito de 1988, en el que, a pesar de la tremenda intervención y de que corría solo el General, entonces detentor del poder, perdió. El otro, el señor Büchi , ése de la contradicción vital, a pesar de todo el poder que en ese momento tenía el gobierno militar, también perdió. ¿Quién dice algo de eso en el sector que representa el diputado Dittborn ?
Quiero ser lo más honesto posible: si en algo pecó el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle fue en la poca difusión de sus logros, que fueron muchos, cosa que advirtió tardíamente. Ésa es la verdad.
Por favor, seamos serios al hacer los análisis. Y eso que no he mencionado aludo nuevamente a las expresiones del diputado Dittborn , que formó parte de la campaña y de la intervención que también hubo en esos años, el crimen organizado como fase de la propaganda del gobierno militar, cosa que recién en la actualidad, por presión externa, el sector que representa el referido diputado comienza a reconocer tímidamente, aunque todavía no a condenar.
Pero quiero referirme muy sucintamente al proyecto, que pretende superar una situación producida por el aumento del precio del crudo en los mercados internacionales, a consecuencia de acuerdos de los miembros de la Opep, que ordenada y sistemáticamente buscan sacarle mejor partido a sus recursos naturales, aunque sea a costa del encarecimiento del principal combustible utilizado en Occidente.
Mi preocupación, como parlamentario comprometido con la defensa del medio ambiente, es si como Estado estamos tomando la decisión más racional al subsidiar el precio de un combustible que es conocidamente sucio, dañino para el entorno y que provoca la mala calidad del aire que respiramos.
Cuando se discute sobre entregar decenas de millones de dólares para financiar el mayor costo de los combustibles, pienso en el costo que supone esta iniciativa para mantener el actual nivel de consumo de combustible para microbuses, vehículos particulares, industrias, etcétera, y lo que significa, de paso, impedir que el mercado desincentive el uso de estos medios de tecnología contaminante, subsidiado en más de los millones que se consignan en este informe, pues debemos sumar los correspondientes a la atención médica en los consultorios donde se atiende a los niños de Santiago con obstrucción bronquial; además, subsidiamos a los accidentados del tránsito, a los transportistas que, antes y hoy, muestran un poder casi omnímodo y se dan el lujo de extorsionar con amenaza de paros cada vez que se tocan sus particulares intereses.
La semana pasada se abrió una polémica acerca de la oportunidad y conveniencia de establecer restricciones a la circulación de los vehículos catalíticos. Pues bien, a mi juicio y al de muchos, el Gobierno acertó al incorporar esta medida restrictiva en casos extremos, pues hoy, a diferencia de lo que ocurría hace diez años, se tiene claro que la contaminación del aire de la capital, con una información mucho más amplia, se debe no sólo a la presencia de gases y químicos, sino también a las partículas y al polvo en suspensión.
Al subsidiar el precio del combustible, nuevamente hacemos lo contrario de lo que hemos dicho con anterioridad. Cabe preguntarnos, entonces: ¿Permitiremos que se pueda seguir usando el vehículo particular sin mayores encarecimientos, a costa del erario público y del medio ambiente?
Ojalá tuviéramos los 60 millones de dólares para reforzar el plan de descontaminación de Santiago o la investigación en el área de las energías y tecnologías limpias y, sobre todo, ojalá que una parte de los recursos públicos considerados en el proyecto aunque sea mínimase destine a la investigación, producción y comercialización por parte del holding de Enap, para suministrar combustibles mucho más refinados y, por ende, más limpios, menos contaminantes y más eficientes.
Sin embargo, entiendo la urgencia del Ejecutivo, que pretende evitar un alza desmesurada del precio de los carburantes, lo que importaría un daño también mayor a la economía nacional, toda vez que se produce una cadena de alzas de precios que aumenta la inflación y, al mismo tiempo, acrecienta los costos de producción, con lo que perdemos competitividad en los mercados, tanto internos como externos. Sobre todo, entiendo que nuestros conciudadanos, que viven de un sueldo, toman dos o tres buses al día para ir a sus trabajos y cocinan y calefaccionan sus casas con gas licuado o parafina, no pueden soportar mayor carestía en su vida.
Sólo por estas últimas razones daré mi voto afirmativo a la iniciativa patrocinada por el Ejecutivo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultar a la señora subsecretaria cuáles son las estimaciones de los beneficios sociales del Fondo de estabilización de precios del petróleo desde su creación, en 1991, hasta ahora, y la proyección que se tiene de ahora en adelante. Además, ¿cuál es su impacto, en términos económicos y sociales, sobre la contaminación, aspecto tocado por el diputado señor Sánchez ? ¿Por qué se usó el término “sinceramiento”, en circunstancias que se hablaba de que era un Fondo totalmente transparente, como decía en un principio el diputado señor Lorenzini ? Ahora, a pesar de esa transparencia, estamos hablando de cierto sinceramiento. ¿Cuál ha sido el impacto del Fondo sobre el consumo interno: si tiene alguno, si aumenta, disminuye o es neutro? ¿Qué hubiera sucedido si no existiera el Fondo? ¿Por qué la evolución de los precios internacionales fue tan poco simétrica respecto de los precios internos hasta ahora, porque en la actualidad los internacionales están bajando, mientras que en Chile están subiendo? ¿Cuánto ha costado y costará la administración directa de este Fondo, porque entiendo que también debe tener un valor, respecto del cual no tenemos ninguna noticia hasta el momento?
También quiero formular una pregunta relacionada con la Comisión investigadora de la Cámara: ¿Qué sucedió en el transcurso del año pasado?
Estos son antecedentes muy importantes para tomar una decisión en torno de este tema.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la señora subsecretaria de Hacienda.
La señora WAGNER, doña María Eugenia (Subsecretaria de Hacienda).-
Señor Presidente, el diputado señor Kuschel ha hecho una serie de preguntas respecto del funcionamiento del Fondo del petróleo y otras que van más allá de eso. No obstante, todas tienen una respuesta bastante clara.
No tenemos cálculo ni cifras respecto del costo social que tiene la brusca fluctuación de los precios de la gasolina o del petróleo; pero no debemos olvidar que este Fondo fue creado en 1991, porque el precio del petróleo tenía una fluctuación muy fuerte a raíz de la guerra del Golfo. La idea que siempre existió, debido a que el precio del petróleo experimentaba grandes fluctuaciones, fue que el Fondo morigerara los precios a público de este producto, con el objeto de que no cambiaran en forma brusca y no se produjeran efectos tan fuertes y negativos en la población de un día para otro. Eso es básicamente lo que se ha estado hablando durante toda la mañana en la Comisión de Hacienda y la razón por la cual logramos acuerdos en ella.
Luego de casi diez años de funcionamiento del Fondo, hemos adquirido experiencia en la materia, lo que nos permitió darnos cuenta de que era el momento de adecuarlo y modernizarlo.
Ésa es la razón por la que nos sentamos a debatir en la Comisión de Hacienda, donde pudimos hacer un trabajo, por así decirlo, de alto nivel técnico. Quiero destacar la participación de los parlamentarios de Oposición y de Gobierno, que permitió el perfeccionamiento de este Fondo, dada nuestra experiencia y porque sabíamos que no era perfecto. Lo hemos mejorado y modernizado, en aras de conseguir un Fondo que permita un cambio aún mucho más gradual en los precios de la gasolina para que los chilenos no nos veamos afectados por cambios bruscos en el mercado externo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor BARRUETO (Presidente).-
En votación general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que incrementa el Fondo a que se refiere la ley Nº 19.030.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobado en general.
Por no haber sido objeto de indicaciones, también se da por aprobado en particular.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Alvarado, Rozas (doña María), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leal, Leay, León, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Montes, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Vargas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca, Bertolino y Kuschel.
Se abstuvo el diputado señor Lorenzini.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
PROVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES A PROVINCIA DE PARINACOTA. (Continuación).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Se encuentra pendiente la votación, por última vez, del proyecto de acuerdo Nº 388, de la diputada señora González, doña Rosa ; de los diputados señores Palma, don Osvaldo ; Núñez , Prokurica , Krauss , Valenzuela , Riveros , Orpis y Jarpa “La Cámara de Diputados acuerda solicitar al ministro de Salud adopte las medidas necesarias a fin de poder dotar de una o más unidades médicas móviles, a las comunas que integran la Provincia de Parinacota y así de esta forma poder garantizar a los habitantes de estas comunas la asistencia oportuna en caso de urgencias médicas”.
El señor r(Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa el diputado señor
Se abstuvieron los diputados señores:
RECHAZO A REMISIÓN DE PROYECTO DE LEY SOBRE TRASLADO DEL CONGRESO NACIONAL.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 389, de la señora González, doña Rosa ; Palma, don Osvaldo ; Núñez , Valenzuela , Krauss , Riveros , Jarpa y Orpis...
El señor PROKURICA.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, junto a otros parlamentarios, el 7 de marzo último presentamos el proyecto de acuerdo Nº 375. Sin embargo, hasta la semana pasada no se había tratado.
Al preguntarle al Prosecretario, señor Zúñiga , el motivo por el cual no se había sometido a consideración de la Sala, me respondió que estaba suspendido.
Para poder suspenderlo, reglamentariamente se necesita la firma de todos los que lo hemos patrocinado, y yo nunca he dado mi firma para tales efectos, ni tampoco el diputado señor Longton.
En ese entendido, conversé con él, y en la reunión de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento planteé que se tratara hoy. Sin embargo, ahora me encuentro con la sorpresa de que nuevamente no está en tabla.
Por ello, solicito una explicación.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, me informan que el proyecto de acuerdo fue suspendido, en alguna medida de buena fe, porque se planteó por algunos señores diputados firmantes que así se procediera.
Después nos hemos enterado de que ello no tuvo la venia de todos, y, efectivamente, el diputado señor Prokurica , fuera de tabla, en reunión de comités de la mañana, planteó el problema, por lo cual se consideró la necesidad de reactivar el proyecto de acuerdo.
Creo que, más bien, aquí ha existido un problema entre los señores diputados firmantes del proyecto de acuerdo lo que es claro, y propongo que, con la venia de todos los parlamentarios firmantes, sea visto en la sesión de mañana o de pasado mañana.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, si la Mesa dio lugar a la suspensión del proyecto de acuerdo sin la autorización nuestra, lo que debe hacer, para reparar el problema que se generó por una confusión, es tratarlo de inmediato y no mañana, porque reglamentariamente el proyecto de acuerdo nunca estuvo suspendido.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, en la medida en que se cometió un error, ¿por qué volver a incurrir en él?
Propongo y creo que no cambiaría nada sustancialque con el acuerdo de todos los señores diputados firmantes lo reactivemos y sea visto mañana o el próximo jueves, en primer lugar.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, ocurre que usted requiere la unanimidad de la Sala para hacer justamente lo que está pidiendo: postergarlo, y yo no he dado mi firma para suspenderlo.
¡El proyecto de acuerdo tiene que verse ahora!
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, quiero agregar dos cosas.
En primer lugar, se causa “un daño” a quienes han patrocinado un proyecto de acuerdo y no han dado su firma para retirarlo. Por lo tanto, la Mesa tiene la obligación de reparar ese daño en forma inmediata.
En segundo lugar, en conversaciones directas con su Señoría, usted me señaló que la diputada señora Laura Soto y el diputado señor Gonzalo Ibáñez habían promocionado el retiro. Conversando con este último, expresó que se trataba de otro proyecto y no de éste.
Entonces, con mayor razón, no sólo hay una confusión, sino un error muy grande que la Mesa debe reparar.
El señor MOREIRA.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, no se trata de exigir absolutamente nada, sino de hacer lo que corresponde.
Aquí ha habido una falta al Reglamento y, precisamente, hubo una modificación reglamentaria en el tema de los proyectos de acuerdo para que sólo los firmantes pudieran retirarlos.
Entonces, me parece que no cabe una discusión mayor al respecto y corresponde que su Señoría, sobre la base de sus atribuciones para salvaguardar el derecho de los señores diputados, coloque en tabla el proyecto de acuerdo.
Creo que ningún señor diputado se va a oponer a esta determinación; además, ello no se puede hacer por una cuestión reglamentaria.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, me preocupa mucho que usted dé como argumento fundamental que el diputado señor Ibáñez , de la UDI, haya pedido retirar su firma, toda vez que él no es firmante del proyecto de acuerdo.
Yo soy firmante y no he dado mi firma para hacerlo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señora diputada, no he planteado eso; ni siquiera he nombrado parlamentarios.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Entonces, le solicito decir qué diputados firmantes retiraron su firma, ya que, por lo menos de los que he consultado, ninguno lo ha hecho.
Me gustaría saberlo, ya que su Señoría lo ha usado como argumento.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señora diputada, no lo he usado como argumento. He dicho que parlamentarios que firmaron el proyecto de acuerdo, pidieron su suspensión.
En todo caso, ya que su Señoría ha planteado el tema, como información debo decir que el diputado señor Mora retiró su firma, pero no fue él quien solicitó la suspensión. Sin embargo, debo reconocer que aquí se cometió un error por parte de los parlamentarios firmantes del proyecto de acuerdo, porque se habría necesitado la anuencia de todos ellos para suspenderlo, y eso no fue así.
En la medida en que se ha cometido este error, pondré en discusión y en votación el proyecto de acuerdo.
El señor Prosecretario le dará lectura.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 375, de los diputados señores Prokurica , Bertolino , Vargas , Longton , Vilches , Soto, doña Laura ; Jaramillo , Urrutia y Pérez , doña Lily :
“Considerando:
1ºQue el artículo 60, Nº 17, de la Carta Fundamental enumera entre las materias de ley “Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional”.
2ºQue en base a esta disposición, la ley Nº 18.678, de 1987, estableció que “El Congreso Nacional tendrá su sede y celebrará sus sesiones en la ciudad de Valparaíso”.
3ºQue, de esta forma, el cambio de sede del Congreso exige una ley, la cual, en cuanto origina gastos, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Formalmente, el proyecto de ley debe ir acompañado de los antecedentes que expliquen esos gastos, la fuente de los recursos y la estimación de su posible costo, so pena de ser declarado inadmisible.
4ºQue han sido reiteradas las proposiciones para trasladar el Congreso a Santiago. El primer intento fue el 2 de septiembre de 1991, mediante una moción de los diputados Dupré , Seguel y Sabag , y actualmente, somos testigos del último esfuerzo que consiste en que, si un grupo importante de parlamentarios solicita al Presidente de la República el envío del proyecto respectivo, el Primer Mandatario accedería.
5ºQue las razones para mantener el Congreso en Valparaíso o para trasladarlo a Santiago son variadas, en uno y en otro sentido. Pero hay una que, sin pronunciarse sobre el traslado o de la eficacia de la medida, o del mayor o menor grado de descentralización que ha generado, resulta ser hoy la más importante, y es la que se refiere al monto de recursos requeridos para concretar el traslado.
6ºQue en este orden de ideas se ha estimado que el traslado originaría un gasto cercano a doscientos cincuenta millones de dólares, a lo que debe agregarse la inversión ya efectuada en el actual edificio, el que, por ahora, ni tiene un uso alternativo.
7ºQue en este contexto, solventar el costo económico del traslado, aparece indudablemente como una frivolidad insostenible frente a los cuatro millones de pobres y a los cuatrocientos mil cesantes que existen actualmente en el país.
8ºQue ante esta realidad la pregunta que necesariamente surge es cómo el Gobierno financiará el costo del traslado, si se considera que, como producto de la crisis económica, ha reducido el presupuesto de ministerios que cumplen funciones sociales. A vía de ejemplo, cabe señalar que, a fines de 1998, se recortaron doscientos millones de dólares del presupuesto del Fisco para 1999, que se tradujeron en rebajas en las inversiones y bajas en los costos de operación de todos los sectores.
En base a las consideraciones precedentes, sometemos a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Solicitar al Presidente de la República que se abstenga de enviar a tramitación legislativa el proyecto de ley que traslada el Congreso Nacional a la ciudad de Santiago y que los recursos necesarios para financiar dicho traslado, estimados en doscientos millones de dólares, sean destinados a financiar actividades estatales, en beneficio de los sectores más desposeídos, los que, producto de las medidas para afrontar la crisis económica, han sido objeto de drásticas reducciones presupuestarias”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, queremos destacar su hidalguía, porque es bueno que se reconozcan los errores y se reparen. Eso es inédito en las Mesas de la Cámara.
Hemos presentado el proyecto de acuerdo por muchas razones.
En primer lugar, el costo de implementación de este edificio fue, aproximadamente, de 200 millones de dólares, suma que simplemente se perdería, ya que no se divisa un uso alternativo para este inmueble, y también constituye un despilfarro. Tanto es así porque somos testigos, a través de la prensa que 57 mil personas no pueden ser recontratadas en los planes municipales de absorción de cesantía porque no hay recursos. Entonces, mal nos podríamos dar el lujo de gastarnos más de 200 millones de dólares en dejar este inmueble y construir otro en Santiago.
El costo actual de traslado, según estudios realizados al efecto, sería del orden de doscientos cincuenta millones de dólares como mínimo, y esto constituye una frivolidad inaceptable frente a los millones de pobres y de cesantes que aún existen en el país.
Tampoco se sabe cómo se financiará el costo del traslado; ello es más decisivo aún, si se considera que el presupuesto anual de la nación ha ido recortándose en forma continua y sostenida durante los últimos años. ¡Qué lastima que no esté presente la señora subsecretaria de Hacienda para haber ratificado lo que decimos en este momento!
Por todas estas razones consideramos que el Ejecutivo no debe enviar a trámite un proyecto de ley que disponga el traslado del Congreso de la ciudad de Valparaíso a Santiago, y que los fondos disponibles para ello deben destinarse a los sectores más desposeídos, víctimas de los recortes presupuestarios.
Por último, cabe sostener que el país no resistiría un gasto de esta naturaleza, y menos aún un Congreso quienes somos parte de élestaría dispuesto a aceptar las críticas de la ciudadanía.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, es poco lo que se puede agregar a esto.
Yo diría que, en vez de solicitar al Presidente que se abstenga de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley porque, gracias a Dios, todavía no existe, él no debe prestar oídos a los cantos de sirena sobre un traslado del Congreso desde Valparaíso a Santiago. Es importante hacer hincapié en el costo enorme de semejante iniciativa y en el despilfarro que significaría utilizar fondos en dicho traslado. Pero también es importante recalcar los beneficios que ha traído para la actividad legislativa el operar en Valparaíso, distante, aunque relativamente cerca, del centro del Poder Ejecutivo, y cuán beneficioso ha sido para el mismo ejercicio de ese Poder Ejecutivo el hecho de que el Poder Legislativo no esté adosado a él; de lo contrario, tendríamos a todos los parlamentarios en las oficinas públicas.
Por muchas razones expuestas, por las que hemos planteado hoy en el hemiciclo, a las que agregamos el hecho de que gran cantidad de funcionarios del Congreso residen en Valparaíso, dado que contrajeron el compromiso de vivir acá, creo que su traslado sería extraordinariamente negativo y costoso.
Por eso, la prudencia, el buen uso de los fondos nacionales y el buen destino de la actividad legislativa, recomiendan aprobar este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, cuesta un poco entender la motivación de los colegas parlamentarios para presentar este proyecto de acuerdo; porque, aparte de dejar en evidencia la errónea decisión primaria de instalar el Congreso aquí, con una cantidad estratosférica de recursos, cabe concluir que todo ello, obviamente, no guarda ninguna relación con lo que hoy costaría implementar un Parlamento, una oficina o la sede del Poder Legislativo donde realmente corresponde: exactamente al lado del Ejecutivo o muy cerca de él, para, efectivamente, hacer un adecuado trabajo mancomunado al servicio del desarrollo del país.
Si quisiéramos entrar al fondo del asunto, podríamos dar muchos argumentos, desde los que ya hemos señalado en términos económicos. Estimaciones serias nos informan que el hacer funcionar el Congreso aquí, en las condiciones en que estamos, con lo que significa el traslado de parlamentarios, de funcionarios, de ministros, del Ejecutivo, todas las semanas, desde Santiago hacia acá y viceversa, representa un costo superior a los 300 millones de dólares.
Si quisiéramos considerar, incluso yendo más allá, otro argumento, tal vez bastante poco técnico, sería el tema humano: los funcionarios que prestan su servicio por ejemplo, quienes nos atienden en los comedores viajan todos los días desde Santiago.
A lo mejor, podríamos preguntar de qué le ha servido a la Quinta Región el Parlamento en Valparaíso. Absolutamente de nada. Y otras iniciativas podrían desarrollarse en este edificio que efectivamente le significaran a Valparaíso, a la Quinta Región en su conjunto, no sólo demostrar, sino abrir una ventana al país y al mundo por qué no decirlo; por ejemplo, un centro de conferencias, de eventos, etcétera. Podrían pensarse, inteligentemente, distintas opciones para este edificio. No quisiéramos quedarnos y basarnos solamente en esas reflexiones, sino ir un poco más allá. Si a la hora de legislar, de desarrollar nuestra actividad, hacemos que se respeten las facultades del Congreso, también debemos estar dispuestos a respetar las prerrogativas o facultades del Presidente de la República. No es facultad del Congreso pedir al Presidente que se inhiba de cumplir las funciones que le son propias.
Por eso, aparte de los argumentos técnicos, económicos, y de los raciocinios que hemos escuchado, quiero agregar que, hoy, la presentación en debate no sólo es irracional, sino que no cuenta con ningún apoyo constitucional para ser vista aquí, y por eso vamos a concurrir a rechazarla.
He dicho.
(Aplausos).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, ha sido difícil desarrollar esta discusión en un clima desapasionado, porque los parlamentarios de la Quinta Región han asumido la bandera del Congreso como una razón esencial de la supervivencia de su región. Creo que están exagerando y que el país también lo ve así. Hoy, respecto de este proyecto de acuerdo, en que, realmente, se esgrime un argumento demagógico lo digo con toda lealtad y camaradería, y chantajista frente al país, me da mucha pena el hecho de que no podamos tener una discusión clara.
En todos los países, el poder legislativo está cerca del ejecutivo. Los costos que significa el funcionamiento del Congreso en Valparaíso son considerables. Se han hecho estudios. Tampoco es cierto que le haya traído tantos beneficios a Valparaíso. Entonces, aquí se está haciendo uso de un chovinismo, de una demagogia, de hacernos aparecer ante el país, al resto de los diputados, como si fuéramos absolutamente insensibles y estuviéramos en contra del desarrollo nacional, lo cual no es justo. Yo les digo a los colegas de Valparaíso que están cometiendo una tremenda injusticia con los que legítimamente queremos que el Congreso Nacional esté en Santiago.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señora diputada, terminaron sus 5 minutos.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Termino diciendo que sería estupendo, y de mucho más provecho para la región, que este edificio lo ocupara la Universidad de Valparaíso, que tiene casi mil sedes.
He dicho.
(Aplausos).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, francamente, a pesar de todo el respeto que tengo de la Oposición, me parece inaceptable que se le haya dado la palabra a dos de sus miembros haciendo aparecer como que éste es un problema político. ¡No es político; es un problema del país!
Su Señoría no me dio la palabra, sino a dos diputados de allá y a dos de acá. No se puede hacer eso.
(Aplausos).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señores diputados, el Comité de la bancada democratacristiana ha solicitado que la votación de este proyecto de acuerdo sea secreta.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación dicha petición.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se va a repetir la votación por problemas en el tablero electrónico. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 4 abstenciones
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, pido que la próxima sea votación nominal.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
No ha lugar, señor diputado, pues debe ser solicitada por dos Comités.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma por un asunto reglamentario.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, solicito que una copia de la votación del proyecto de acuerdo sea enviada al Presidente de la República.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Eso no es cuestión de Reglamento.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
VII. INCIDENTES
ALCANCES SOBRE INICIATIVA DE TRASLADO DEL CONGRESO NACIONAL.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, en forma muy rápida hemos votado un proyecto de acuerdo respecto de la permanencia del Congreso Nacional en Valparaíso o de su eventual traslado a Santiago, sin tener la posibilidad de debatirlo a fondo y con tranquilidad.
Sus considerandos son bastante lógicos; no es el momento de entrar en ese tipo de situaciones: el país sigue soportando una crisis económica muy fuerte, muchos sectores esperan aportes fiscales a la situación que los afecta, entre ellos los jubilados, las montepiadas, la gente que participa en los programas municipales de empleos de emergencia, etcétera. Ahora, debemos enfrentar la nueva alza del petróleo y sus derivados. ¡Hay tanto que hacer con los fondos fiscales, como para derrochar el dinero en iniciativas innecesarias!
El proyecto de acuerdo, bastante lógico y sólido, pedía al Presidente de la República que se abstuviera de enviar a tramitación legislativa una iniciativa para trasladar el Congreso Nacional a Santiago, porque el país no comprendería una decisión distinta.
A mi juicio, el Primer Mandatario no enviará un proyecto de esta índole; entre otras razones, por la estrechez del resultado de la votación. Además, ha asumido que la situación económica del país y los recursos fiscales deben ser destinados a los problemas sociales y necesidades de la gente y no a nuestras comodidades, como parlamentarios.
Por ello, tengo plena confianza en que tomará en consideración esta lógica.
Por lo demás, recordemos que tanto él como, en su momento, el Presidente Frei , pidieron una resolución sustancial sobre la materia; no una diferencia de cinco votos. Dijeron que si el Congreso Nacional, por una clara mayoría, tomaba una decisión en ese sentido, podrían considerar el tema; y hoy se produjo una votación sobre la marcha con una diferencia de apenas cinco votos. Es obvio que eso demuestra la ausencia de una decisión sustancial de la Cámara de Diputados ante un asunto tan controvertible y no se cumple el requisito pedido por el Ejecutivo: una resolución clara, definida, determinante y amplia del Congreso sobre la materia para entrar a considerarla.
De modo que a pesar de lo sucedido hoy algo subrepticio, sobre la marcha, donde no hemos tenido la oportunidad de ver el fondo del tema, el Presidente de la República tendrá la prudencia de no proceder en este aspecto y no enviará un proyecto de ley de traslado del Congreso por los dos motivos señalados: en primer lugar, porque económicamente no es sostenible ni presentable frente al país un despilfarro de esta naturaleza, con la destinación de fondos fiscales a nuestras necesidades como sector político, y no a la satisfacción de las de la ciudadanía, sobre todo de la gente más pobre, que espera tanto de nosotros y del empleo de los recursos fiscales. En segundo lugar, porque la resolución ha sido tomada con una diferencia de cinco votos. Con esa diferencia no es posible sostener que ha habido una decisión fundamental del Congreso Nacional.
He dicho.
INICIATIVA DE LEY EN DEFENSA DE LOS PRODUCTORES LECHEROS.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, en esta ocasión deseo reiterar la actual situación del sector productor lechero del país, el que ha vivido una crisis muy profunda en los últimos dos años.
El nivel de precios al productor a que ha llegado la leche, en verdad, no permite mantener este rubro y, por lo tanto, peligra una importante actividad en el sur de Chile, que genera varios miles de empleos.
La crisis del sector lechero se ha visto agudizada porque se pretende que compita con los países más eficientes en la materia, entre los cuales el principal es Nueva Zelanda, donde el costo de producción es igual al precio que reciben los productores chilenos en el mercado nacional. En estas condiciones, es imposible pensar que podrá subsistir.
En los últimos días ha habido, incluso, manifestaciones callejeras de los productores frente a las industrias para solicitar un mejoramiento del precio de la leche. Pero, al mismo tiempo, ha habido una proposición muy concreta, que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, que dice relación con un anteproyecto de ley, preparado por los propios interesados, que entregaron al ministro de Agricultura.
Ellos pretenden que se establezca un sistema de sobretasa arancelaria para la leche, en el entendido que quedaría enmarcado en las normas de la economía de mercado, en las que estamos insertos y de las cuales no podemos salirnos, por cierto, y en los acuerdos internacionales suscritos por Chile, o sea, compatible con la OMC, por decirlo de alguna manera.
Siempre que esto se ha discutido públicamente, ha saltado una suerte de contradicción entre economía social de mercado, economía de fronteras abiertas, como modelo exitoso de Chile, versus la sobretasa arancelaria para la leche, como si fueran dos cosas contrapuestas que no pueden convivir en una economía de mercado.
El anteproyecto de ley que plantean los productores se sustenta en un hecho indesmentible: el mercado mundial de la leche es el más distorsionado del mundo. Son tres los que tienen las mayores distorsiones económicas: el del trigo, el del aceite y el de la leche.
Según estudio realizado por economistas norteamericanos ni siquiera por chilenos, los productos lácteos tienen una distorsión de hasta un 51 por ciento. ¿Qué significa esto en términos simples? Que si no existieran las distorsiones como consecuencia de los subsidios que los propios gobiernos entregan a los productores de países de Europa y de Estados Unidos, el precio de la leche sería un 51 por ciento más caro que en la actualidad. Dicho en otros términos, si hoy la tonelada de leche importada vale 1.500 dólares, sin esos subsidios podría ser de 2.300 dólares. Y como hay una correlación directa entre el precio de importación y el que se paga a los productores, éste podría ser un 50 por ciento más caro.
Debe enfrentarse ese mercado comprobadamente distorsionado. Una economía de mercado no puede estar desprotegida de las distorsiones del mercado.
En “El Mercurio” de hoy aparece un editorial que critica duramente la posibilidad de aplicar una sobretasa a la importación de leche. Con argumentos que se consideran importantes dentro de la economía social de mercado, se plantea, como un aspecto fundamental en el análisis, que el principio básico que sustenta la aplicación de un tratamiento arancelario especial, es decir, la sobretasa a la leche, es la existencia de prácticas orientadas a debilitar y, eventualmente, a eliminar la competencia y que sea de carácter transitorio. Y como establece que los subsidios son permanentes y no transitorios, no sería conveniente aplicar la sobretasa.
Con este criterio, se está aceptando que las potencias Estados Unidos y países de la Unión Económica Europea dispongan cómo deben asignarse los recursos de inversión en Chile, lo que es inaceptable.
Si somos partidarios de una economía abierta, de igualdad en la competencia, al menos, no podemos competir en mercados reconocidamente distorsionados por los propios países que entregan los subsidios, ya que son declarados cada año ante la OMC y, por lo tanto, se conoce su monto. En esas condiciones, es imposible competir.
Los productores chilenos, a través de su anteproyecto, proponen competir en igualdad de condiciones, incluso con la presencia de subsidios. Es más, hasta un 7,5 por ciento de subsidio, no quieren sobretasa; pero sí en el caso de que en los países europeos los subsidios excedan de ese porcentaje.
Eso es de plena justicia y lógica, concordante con el modelo económico y plenamente compatible con los acuerdos internacionales suscritos por Chile. De manera que vamos a seguir trabajando con todos los sectores hasta lograr que el criterio que exponen los productores sea acogido por el Gobierno y enviado como proyecto de ley al Congreso.
He dicho.
MEDIDAS FITOSANITARIAS EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Restan cuatro minutos al Comité de la UDI.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, la salmonicultura de la Décima Región, bastante desarrollada, ha sido afectada por infecciones y enfermedades que pueden dañar la incipiente industria del salmón de la Octava Región.
Por eso, pido que se oficie a los ministros de Economía y de Agricultura, para que dispongan el estudio del establecimiento de una barrera fitosanitaria en la Octava Región, de manera de evitar esas infecciones y enfermedades.
Hasta ahora, la subsecretaría de Pesca ha estimado que el problema es del SAG, el que, a su vez, considera que es de la subsecretaría de Pesca. En consecuencia, alguien debe colocar el cascabel al gato.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda , Leopoldo Sánchez , Guillermo Ceroni , Felipe Letelier , Carlos Olivares y Waldo Mora.
ABUSOS DE LOS PODERES COMPRADORES DE UVA. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, sin perjuicio de pedir que se envíe a su Excelencia el Presidente de la República el resultado de la votación del proyecto de acuerdo sobre el traslado del Congreso de Valparaíso a Santiago, quiero llamar la atención acerca de la actitud desleal en época de cosechas y solicitar el envío de oficios a algunos ministros.
En el caso del trigo, los molineros se ponen de acuerdo para bajar los precios en épocas de cosecha; sin embargo, pagamos mucho más caro el grano que proviene de Argentina. En el sector arrocero sucede algo parecido.
Pero me interesa llamar la atención sobre el tema de la uva.
En los últimos años, nuestro país ha incrementado fuertemente su exportación, lo que ha significado mejorar o reconvertir las plantaciones, cosechas y procesamiento del vino. Sin embargo, hoy nos encontramos lo digo en nombre de las comunas de Quillón, en especial Cerro Negro, Coelemu , Ranqui , Portezuelo , Ninhue , San Nicolás , Quirihue , Trehuaco , grandes productoras de vinocon que los molineros están pagando 30 ó 40 pesos por el kilo de uvas. Está claro que, en esas condiciones, a un agricultor ni siquiera le conviene cosechar la uva ni tampoco vendimiar, porque le sale más caro que el precio que le están pagando por el kilo.
Por las razones señaladas, pido que se oficie a los ministros de Economía y del Interior, a fin de que informen a esta Corporación cuáles son los mecanismos que se utilizan para fijar el precio de la uva, con el objeto de determinar si hay concomitancia entre los compradores de este producto, lo cual termina perjudicando a los pequeños y medianos productores, porque aquí no resultan perjudicados los grandes productores de uva. Debe haber un mecanismo estatal de protección a los productores, de manera de terminar con esta actitud desleal de los molineros en general.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Andrés Palma , Sergio Ojeda y de la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
FIJACIÓN ARBITRARIA DEL PRECIO DEL ARROZ PADDY. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, he querido intervenir en esta ocasión para denunciar en forma vehemente las prácticas abusivas de los poderes compradores del arroz paddy en contra de los productores.
En la actual cosecha se está ofreciendo al productor arrocero un precio que, no me cabe la menor duda, no es el reflejo de un mercado transparente, sino el producto de un acuerdo ilegal de los industriales del arroz. Todo indica que los industriales arroceros se han puesto de acuerdo para fijar un precio arbitrario, con lo cual perjudican los intereses legítimos de los agricultores arroceros.
Hasta hace cinco días, los industriales ofrecían 9.500 pesos por el quintal de arroz paddy, pero, curiosamente, después todos coincidieron en bajar el precio a 9 mil pesos el quintal, en un acto expropiatorio de las pocas utilidades que obtienen los productores agrícolas.
Es muy fácil que se produzca acuerdo entre los molineros en materia de precios, fundamentalmente, porque, en nuestro país, los industriales o poderes compradores del arroz son muy pocos, no más de diez.
La principal industria compradora de arroz, Tucapel , concentra en sus manos más del 50 por ciento del poder de compra en el mercado del arroz. Esto hace mucho más fácil lograr acuerdo entre pocos molineros para fijar un precio arbitrario y no el que corresponde.
Ante esta situación, tremendamente grave incluso ayer provocó una protesta de los agricultores, especialmente de los pequeños, pido, en forma encarecida, que se oficie con urgencia al fiscal económico, a fin de que se realicen los estudios que permitan determinar si se está infringiendo la ley antimonopolios, y se proceda a investigar, a la brevedad, el mercado de compra del arroz paddy, a fin de detectar posibles irregularidades y, en caso de que existan, se apliquen las más drásticas sanciones, adjuntando copia de mi intervención.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Leopoldo Sánchez , Sergio Ojeda , Carlos Olivares y las diputadas señoras Eliana Caraball y Antonella Sciaraffia.
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PERÚ.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, el domingo recién pasado se verificaron elecciones generales en la hermana República de Perú. Desde hace meses sabemos de la agudización de los conflictos en su proceso político.
Al afán del Presidente, señor Fujimori , de lograr una segunda reelección se suman las denuncias de intervencionismo electoral, de control de las autoridades judiciales y del organismo electoral nacional y, más encima, el manejo hegemónico de la prensa escrita y televisiva. En definitiva, elecciones en un marco completamente inadecuado para permitir la expresión libre de los ciudadanos peruanos.
Todos los hechos antes señalados han sido denunciados, primero, por instituciones internacionales de prestigio, como Transparency International, American Watch , International Amnesty ; después, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y más recientemente y en forma muy tímida, por la Organización de Estados Americanos.
Recordemos que Perú, al igual que Chile, suscribió el Acuerdo de Santiago, que importa una cláusula democrática de las naciones americanas e impide la participación en encuentros multilaterales de los países cuyas autoridades no acceden al poder de manera legítima. La única legitimidad la da el pueblo soberano que participa en un clima de libertad en elecciones periódicas.
Sabemos que las relaciones con Perú son fundamentales para nuestro país, en términos políticos y económicos, dada nuestra condición de vecinos y por nuestra historia. Sin embargo, creemos lo decimos con todo respeto que el Gobierno de Chile debe expresar públicamente sus deseos de que los peruanos puedan, soberanamente, definir su destino institucional y político.
Como bancada del PPD nos preocupa el atropello de los derechos de los hermanos de Perú. Criticaremos cualquier intento de burlar este derecho humano básico de decidir en conciencia qué tipo de gobierno desean para su país, y haremos lo imposible para impedir que surja nuevamente en América Latina un Estado al margen de los principios democráticos.
He dicho.
o
El señor MORA (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el diputado señor Carlos Olivares presida mientras hago uso del tiempo que me corresponde en Incidentes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité del Partido Socialista.
Ofrezco la palabra.
DECISIONES DE PAÍSES LIMÍTROFES EN PERJUICIO DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señorita Antonella Sciarrafia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente, quiero plantear una situación que preocupa en forma muy particular a la comunidad iquiqueña. Dice relación con los efectos que está sufriendo particularmente el sistema de zona franca, uno de los sustentos básicos de la región, en términos de ocupación de mano de obra, debido a diversas decisiones de los países vecinos.
Hace algún tiempo, Bolivia restringió el acceso a su país de mercancías provenientes de la Zofri y lo mismo ocurrió con Paraguay. A lo anterior se suma hoy una disposición de la aduana argentina que prohíbe, por un año, la importación y tránsito de una enorme cantidad de mercaderías provenientes de la Zofri.
La Zona Franca de Iquique es una de las palancas de desarrollo más importantes de nuestra Región y una de las empresas que ocupa mayor cantidad de mano de obra. Por esa razón, por el efecto negativo y muy grave que pueden tener en Iquique, resultan preocupantes estas decisiones de los países vecinos, dado que las mercaderías, cuya importación y transporte se prohíben, equivalen, más o menos, al 70 por ciento de las que se expiden desde la Zona Franca.
Quiero hacer un llamado de atención a las autoridades respecto de esta situación y pedir, por intermedio de la Mesa, que se oficie al ministro Secretario General de la Presidencia para que haga saber al SAE de los efectos que esto puede acarrear al sistema de zona franca. Además, solicito, particularmente en esta materia, la intervención de la Cancillería es evidente que se debe mantener la relación cercana que se tiene con los países vecinos para que no se afecten nuestras empresas, ya que dan trabajo a muchos ciudadanos de Iquiquea fin de que realice las gestiones para que se pueda superar esta situación. Hay que considerar que en este momento, producto de esta disposición de la aduana argentina hay muchos camiones retenidos, de propiedad de transportistas de la ciudad de Iquique, quienes han hecho un esfuerzo por trabajar, a pesar de que las condiciones son cada vez más adversas. Es necesario tener presente que la Zona Franca de Iquique es un orgullo para el país en términos de comercio exterior y del manejo de lo que eso significa.
He dicho.
El señor OLIVARES (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ACCIONES JUDICIALES A RAÍZ DE IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE CALAMA. Oficio.
El señor OLIVARES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora , por cinco minutos.
El señor MORA.-
Señor Presidente, quiero llamar la atención de esta Cámara sobre un tema que ha causado alarma pública en la Segunda Región, en particular en la ciudad de Calama.
A raíz de una serie de denuncias que me hicieron llegar los ciudadanos de Calama, solicité de acuerdo con las facultades que la Constitución nos otorga que se oficiara a la Contraloría para que iniciara una investigación en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de Calama, la cual duró aproximadamente diez meses. Dicha investigación concluyó en que existían una serie de irregularidades administrativas y hechos constitutivos de delito.
El señor alcalde de Calama, haciendo caso omiso del informe de la Contraloría y vencidos los plazos para formular descargos, no encontró nada mejor que presentar un recurso de protección contra la Contraloría por no haberle garantizado un debido proceso, acusándola de no informarle de la investigación llevada a cabo, remitida a la Cámara de Diputados y entregada para conocimiento del diputado señor Waldo Mora , enviando el oficio, además, al senador don Carlos Cantero. Finalmente, presentó una querella contra los que resultaren responsables por haber hecho uso malicioso de esta información, es decir, actuó con un desconocimiento absoluto de lo que son las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.
A tal punto ha llegado la situación, que he conversado con varios colegas diputados y con la propia Contraloría, haciéndoles ver que lo que se vive en Calama va a sentar precedentes en la historia de la corrupción municipal en Chile. Por ello hemos presentado un proyecto de ley que tiende a otorgar facultades a la Contraloría General de la República para que pueda suspender y destituir a los alcaldes que aparezcan comprometidos en hechos dolosos, producto de su gestión municipal; y para modificar la ley a fin de que un concejal o un parlamentario en ejercicio pueda recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones, es decir, entregar a los concejales la misma facultad que tienen los parlamentarios, porque los alcaldes se encuentran en tierra de nadie, y a veces mayorías políticas circunstanciales, confundidas en una lealtad equivocada, rayana en la complicidad, amparan y protegen a estas autoridades que desprestigian la democracia.
Por ello, solicito que se oficie al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que se haga parte en la querella criminal, radicada en el segundo juzgado del crimen de Calama, en contra del alcalde de Calama, don Erwin Rowe Molina , y de los que resulten responsables, para que la ciudadanía y el país sepan que nadie tiene derecho a la impunidad y que la justicia es igual para todos: para los chicos, para los grandes y, especialmente, para los hombres públicos.
He dicho.
El señor OLIVARES (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las diputadas señorita Antonella Sciaraffia y señora Eliana Caraball.
INFORME DE LA CONTRALORÍA SOBRE CREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Oficios.
El señor OLIVARES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Ojeda , por cuatro minutos.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, a mediados de 1998, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley por medio del cual se crean juzgados de policía local en diversas comunas del país, y fue producto de la preocupación e inquietud del Gobierno por resolver el problema que se estaba produciendo en diversos juzgados de policía local.
Desde luego, estos tribunales presentan graves problemas, entre los cuales destaca la sobrecarga de trabajo en la tramitación de sus causas, aunque son la institución adecuada para resolver los problemas cotidianos de la gente, donde está en juego el acceso directo a la justicia para una cantidad significativa de personas.
Este proyecto se tramitó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde fue aprobado; posteriormente pasó a la Comisión de Hacienda, donde quedó estancado desde mediados de 1998. Ello, porque habría ciertas dudas, ya que, fruto de la reforma constitucional que tuvo por objeto dotar a las municipalidades de nuevas atribuciones y conferir mayor participación a la comunidad local, se entendió que las municipalidades podrían tener atribuciones para crear estos tribunales y dotarlos a su vez del personal.
Esta reforma, contemplada en la ley Nº 19.526, publicada en el Diario Oficial del 17 de noviembre de 1997, modificó el artículo 110 de la Constitución Política.
Existía la duda en el Ejecutivo respecto de si las municipalidades tenían facultades para crear los juzgados de policía local. Frente a ello existían dos criterios: uno señalaba que sólo se podía hacer en virtud de una ley; el otro, que podría procederse a través de un acto administrativo.
Sin embargo, en una intervención que tuve hace un tiempo, solicité que se aclarara la situación a fin de dar libre curso a la tramitación del proyecto sobre creación de estos juzgados, ya que son muy necesarios.
La Contraloría evacuó su informe, con fecha noviembre de 1999, el cual señala textualmente: “En consecuencia, después de hacer el estudio, esta entidad fiscalizadora opina que actualmente la creación de los juzgados de policía local es de iniciativa legislativa, radicada en el Presidente de la República, atendido el especial carácter de servicio público que revisten dichos órganos, sin que el actual artículo 110 de la Carta Fundamental habilite a que pueda autorizarse a las municipalidades para crear tales órganos jurisdiccionales”.
Y agrega la Contraloría: “Por otra parte, no puede dejar de considerarse lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política, según el cual la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”.
O sea, los tribunales de justicia son siempre creados por ley. En consecuencia, la creación de juzgados de policía local es facultad exclusiva del Presidente de la República, a través de un proyecto de ley. En consecuencia, la situación estaría absolutamente aclarada, por lo que considero pertinente que se dé libre tramitación al proyecto que se encuentra radicado en la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, solicito oficiar al Presidente de la República para que, en virtud de la resolución de la Contraloría General de la República, se sirva incluir el proyecto en esta legislatura extraordinaria. Además, oficiar al ministro de Hacienda con copia del oficio a la Contraloría, a fin de que tome nota de ello; de igual manera al ministro de Justicia y a la Subdere, a través del ministro del Interior. Al mismo tiempo, solicito enviar copia de la resolución de la Contraloría a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señora Eliana Caraball y señor Carlos Olivares.
MEDIDAS PARA FACILITAR ACCESO DE ESTUDIANTES A CRÉDITO CORFO. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo que le resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Olivares.
El señor OLIVARES.-
Señor Presidente, como es de conocimiento público, entre los meses de marzo y abril se iniciaron las actividades en las universidades de nuestro país.
Lamentablemente, algunos estudiantes aún no han podido matricularse. Esta situación, que conlleva inseguridad para el futuro de los jóvenes, se origina en problemas derivados de la estructura del crédito Corfo , que es la fuente de financiamiento de sus estudios. Dicho crédito, que el Estado entrega a los estudiantes a través de la banca privada, ha mostrado importantes deficiencias que dicen relación con la forma en que se entrega, su oportunidad, y los requisitos exigidos para poder optar a ellos.
En primer lugar, los bancos que administran el crédito exigen a los estudiantes avales que cumplan ciertos requisitos que, muchas veces, no son fáciles de reunir. Por ejemplo, deben tener determinada renta, no pueden ser trabajadores independientes y, en algunos casos, deben hacerse clientes del banco que administra el crédito, es decir, abrir una cuenta corriente en él.
Otro de los problemas radica en que los alumnos del primer año deben enfrentar mayores obstáculos que los de otros cursos o, lisa y llanamente, se les niega la posibilidad de acceder al crédito. Se comprende fácilmente que si alguien no puede ingresar al primer año, difícilmente podrá estudiar una carrera.
Asimismo, nos encontramos con la dificultad que representa el hecho de que dicho crédito debe renovarse año a año; pero si algún aval ha tenido problemas, entonces ya no sirve y el estudiante debe conseguirse otro o quedarse sin el crédito, debido a lo cual no podrá seguir estudiando.
Estas situaciones han derivado en que muchos estudiantes, a pesar de lo avanzado del año académico, todavía no puedan matricularse. El problema es muy complicado. Por ejemplo, también hay alumnos de los últimos años de las diversas carreras que no han podido matricularse, por lo que no podrán continuar con sus estudios.
Considero que para resolver de buena manera este problema deben adoptarse algunas medidas que paso a enumerar.
En primer lugar, que el Estado, a través de la Corfo, suba las garantías de los créditos hasta el 90 por ciento del total del capital prestado. De esta manera, los bancos disminuirán los requisitos exigidos para otorgar el crédito a los estudiantes.
En segundo lugar, se debe terminar con los subsidios a las universidades privadas, tales como el Afi y el Mece sub, y entregar esos dineros directamente a los estudiantes.
En tercer lugar, implementar una libreta de ahorro para la educación superior, estableciendo un premio al final. Es decir, que se otorgue un subsidio estatal a todos aquellos que ahorren y que sirva para que los jóvenes puedan terminar sus carreras.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Educación, adjuntando el texto de mi intervención.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de la honorable diputada señora Eliana Caraball y de los honorables diputados señores Sergio Ojeda y el que habla.
DAÑO EN JARDÍN BOTÁNICO DE VIÑA DEL MAR POR EXPROPIACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DEL TRONCAL SUR. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, están prontas a comenzar las obras de un camino esperado durante muchos años por esta región, en especial, por las personas que viven al interior: Quilpué , Villa Alemana, Olmué , Limache , etcétera. Me refiero al Troncal Sur.
Hace algunos días, el jueves 6 de abril, el secretario regional ministerial de Obras Públicas reconoció que la franja que se expropiará al interior del Jardín Botánico de Viña del Mar será de alrededor de 45 metros. En principio, se dijo que la franja alcanzaría alrededor de 12 metros, pero se explicó que aunque el trazado está definido desde hace mucho tiempo, a la hora de aplicar lo proyectado en el terreno siempre se producen “pequeñas variaciones”, lo que ha generado preocupación entre las personas que administran el Jardín Botánico, quienes temen un impacto ambiental mayor que el esperado.
El Jardín Botánico ocupa alrededor de 404 hectáreas, considerando todo el terreno, 40 de las cuales forman el parque propiamente tal y corresponden a la zona de la planicie. La expropiación anunciada afecta la zona del parque, entre el puente Las cucharas y el viaducto Las Palmas.
Lo más grave es que las obras pondrán en riesgo el trabajo de conservación que la fundación Jardín Botánico realiza desde 1988, con flora de Juan Fernández e isla de Pascua, que ya se ha visto afectada por el efecto de la vía Las Palmas entre otras especies, han muerto coihues y por la reparación del camino El Olivar. Es decir, las obras del Troncal Sur vienen a representar un tercer perjuicio para el entorno, lo que refleja, una vez más, la falta de respeto por el tema medioambiental específicamente porque el Jardín Botánico es único en el país, además de la imposición de una política ya estamos acostumbrados a ella de hechos consumados.
En síntesis, los 45 metros de la franja que se va a expropiar afectarán a 4 palmas chilenas especie en peligro de extinción, 20 palmas de Canarias y diversas especies nativas que son vulnerables, como bosquetes de peumos, quillayes, boldos, litres, cactos, bromelias, etcétera. Como una forma de graficar la vulnerabilidad de estas especies, hay un decreto supremo que exige la plantación de diez puyas chilensis por cada una extraída, porque son muy delicadas y están en peligro de extinción.
Por todas las razones señaladas y pensando en que podría haber una solución que evite el deterioro del Jardín Botánico y del medio ambiente, por su intermedio, solicito que se oficie a la directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama , y al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que informen a la brevedad posible de los daños que están a punto de causarse a la zona mencionada.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntándose el texto de su intervención, con la adhesión de la honorable diputada señora Eliana Caraball y de los honorables diputados señores Sergio Ojeda , Carlos Olivares y el que habla.
Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 15.48 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar la situación relacionada con el racionamiento eléctrico que afecta al país.
“Honorable Cámara: Vuestra Comisión especial investigadora pasa a informaros sobre los hechos que han motivado el racionamiento eléctrico en el país, según lo acordado por la honorable Cámara, en su sesión 62ª, de fecha 11 de mayo de 1999.
Complementan este informe, los anexos siguientes:
Anexo Nº 1: Proyecto de Acuerdo Nº 227-B, aprobado por la honorable Cámara, mediante el cual se acordó crear la Comisión.
Anexo Nº 2: Documentos recibidos por la Comisión.
Anexo Nº 3: Reseña de las exposiciones escuchadas por la Comisión. Anexo Nº 4: Oficios enviados por la Comisión.
Anexo Nº 5: Participantes.
I.-ANTECEDENTES GENERALES SOBRE EL ORIGEN, INTEGRACIÓN, PRESIDENCIA, COMPETENCIA Y TRABAJO DE LA COMISIÓN.
Con fecha 10 de marzo de 1999, se presentó un proyecto de acuerdo con el propósito de constituir una Comisión especial investigadora para abocarse a:
a) Determinar las causas y efectos del nuevo racionamiento eléctrico que sufre el país.
b) Determinar las razones del fracaso en las medidas de ahorro de energía propuestas por el sector público y privado.
c) Investigar la venta y/o flexibilización de los convenios celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas o sus organismos dependientes y Endesa S.A. y
d) Determinar las causas de los retrasos en la entrada en funcionamiento de la Central Nehuenco, de su deficiente funcionamiento, y si tales hechos se deben a decisiones erróneas adoptadas al momento de su construcción. Con fecha 11 de mayo de 1999, la Sala aprobó el proyecto de acuerdo Nº 227-B, cuyo texto se adjunta en este informe como Anexo Nº 1. Mediante oficio Nº 2355, de fecha 19 de mayo de 1999, se comunicó la integración de dicha Comisión especial investigadora, con los siguientes señores diputados: 1. Ceroni Fuentes, don Guillerm 2. Cornejo González, don Aldo3. Espina Otero, Alberto 4. Galilea Vidaurre, don José Antonio 5. Jiménez Villavicencio, don Jaime 6. Leal Labrín, don Antonio 7. Letelier Morel, don Juan Pablo 8. Luksic Sandoval, don Zarko 9. Molina Sanhueza, don Darío 10. Mulet Martínez, don Jaime 11. Pérez Varela, don Víctor 12. Valenzuela Herrera, don Felipe13. Vilches Guzmán, don CarlosCon fecha 15 de junio de 1999, el diputado señor José Antonio Galilea Vidaurre, fue reemplazado en forma permanente, por el diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca. Posteriormente, con fecha 2 de noviembre el diputado señor Jaime Jiménez Villavicencio fue reemplazado en forma permanente por el diputado señor Rafael Arratia Valdebenito
La sesión constitutiva de la Comisión se efectuó el miércoles 2 de junio de 1999, oportunidad en la que resultó elegido Presidente el diputado señor Jaime Mulet Martínez. Al tenor del proyecto de acuerdo adoptado por la honorable Cámara y atendiendo lo expuesto por el inciso primero del artículo 297 del Reglamento de la Corporación, la Comisión acordó centrar la investigación en dos puntos. El primero relativo a las causas y efectos del nuevo racionamiento y el segundo sobre la situación que afecta a la Central Nehuenco.
Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión especial investigadora celebró 16 sesiones, entre el 2 de junio y el 2 de noviembre de 1999.
ANEXO Nº 1 PROYECTO DE ACUERDO Nº 227-B
“Considerando: La alarma pública que ha generado en el país la denominada “crisis energética”. La constatación que la Comisión de Minería y Energía de esta Corporación ha hecho en torno a la investigación que ha motivado el racionamiento eléctrico en el país, en cuanto a la flexibilización por parte del Ministerio de Obras Públicas del convenio para la extracción de aguas del lago Laja y la cuenca del Maule por parte de Endesa. La gravedad de lo afirmado en el informe de la Comisión de Minería y Energía acerca de la “investigación de los hechos que han motivado el racionamiento de energía eléctrica en el país”, que en el último punto del párrafo final de la página 126 señala: “Más cuando el agua entregada por la DOH habría sido dada a un precio conveniente para Endesa,...”. La gravedad de lo afirmado en cuanto a la venta de aguas por parte de Obras Públicas. En efecto, en el mismo informe, en la página 127, en el tercer párrafo, segunda parte, se dice: “La Dirección de Obras Hidráulicas, se apoya en un estudio de la Consultora Mega Red, llamado “Estimaciones de límites máximos de las compensaciones de Endesa a la Dirección de Riego por acuerdo sobre la operación del lago Laja”. En él se señala que el producto de la negociación es la oportunidad de uso del agua embalsada, estimando el beneficio para Endesa en US$ 11,6 millones...”. Lo afirmado en el mencionado informe, en la página 127, en el quinto párrafo, que dice: “Esta Comisión estimó que el sistema eléctrico se estaba comportando correctamente. Si el agua se hubiese entregado al precio de mercado o a costo de oportunidad, no habría habido racionamiento en noviembre y habría quedado agua para eventuales o siguientes racionamientos”.
La existencia en el cuerpo del informe de antecedentes de que el Fisco podría haber sufrido un daño patrimonial con motivo de la venta de agua a Endesa. Que en el mes de abril recién pasado se mantuvo la política de transferencia de aguas del Laja y Maule, por parte del Ministerio de Obras Públicas a la Empresa Generadora Endesa S.A., alcanzando en esa oportunidad una cantidad aproximada de 60 millones de metros cúbicos. Que durante el mismo mes se ha constatado que la agudización de la crisis eléctrica ha tenido como causa, entre otras razones, el funcionamiento deficiente de la Central Nehuenco, de propiedad de la generadora Colbún S.A. Que existiendo norma vigente y resolución administrativa que obliga a las generadoras a adquirir energía a costo de falla, éstas han señalado públicamente que lo seguirán haciendo a costo marginal, desvirtuando el comportamiento del mercado eléctrico. Que, a la luz de los acontecimientos relacionados con el nuevo racionamiento de energía eléctrica que afecta a más del 80% de los chilenos, estimamos necesario establecer claramente las causas y efectos de dichas medidas en la población y en el desarrollo del país.
La Cámara de Diputados acuerda: Constituir una Comisión especial investigadora, que deberá abocarse a:
a) determinar las causas y efectos del nuevo racionamiento eléctrico que sufre el país;
b) determinar las razones del fracaso en las medidas de ahorro de energía propuestas por el sector público y privado;
c) investigar la venta y/o flexibilización de los convenios celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas o sus organismos dependientes y Endesa S.A.
d) determinar las causas de los retrasos en la entrada en funcionamiento de la Central Nehuenco, de su deficiente funcionamiento, y si tales hechos se deben a decisiones erróneas adoptadas al momento de su construcción”.
ANEXO Nº 2 DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN.
-Ministro de Obras Públicas, señor Jaime Tohá:
-Convenio sobre regulación de río Maule, entre el Departamento de Riego de la Dirección General de Obras Públicas y la Endesa, año 1947.
-Acta sobre regulación de río Maule, entre el Departamento de Riego de la Dirección General de Obras Públicas y la Endesa, año 1947. Decreto Nº 2534, de 1958, aprueba convenio ad referéndum sobre regularización del río Laja con Endesa. Dirección de Riego.
-Convenio ad referéndum sobre la regularización del río Laja, de 1958.
1. “Compensación por acuerdo de Flexibilización de la operación del Lago Laja”, estudio realizado por los profesores de la Universidad Católica de Chile, señores Patricio del Sol y Sebastián Ríos, con fecha 30 de diciembre de 1996.
2. Intervención del Sr. ministro en la Comisión, con fecha 5 de julio de 1999.
3. Esquema Perfil de la Laguna del Laja.
4. “Proyecto Laja-Diguillín”, Economías de Riego y de Endesa, estimación preliminar. MegaRed, noviembre, 1996.
5. Minuta sobre “Estimación de límites máximos de las compensaciones de Endesa a la Dirección de Riego sobre la operación del Lago Laja”. Mega-Red, diciembre, 1996.
6. Valorización del agua en embalse para la generación de electricidad, caso Lago Maule. Situación a marzo de 1999. (señor Pedro Cornejo, Ing. Civil Eléctrico).
7. Relación de correspondencia para los convenios con Endesa y la Comisión Nacional de Energía 1999, 1992, 1996, 1997 y 1998.
8. Memo del señor J. Irarrázaval a Colbún Machicura.
9. Denuncia del Ministerio de Obras Públicas al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación.
10. Proyectos generación de emergencia, Endesa 1999, 2º semestre. 11. Acuerdos entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa sobre el Laja. -Decretos: 1647, 1645, 944, 16 y 2534.
12. Acuerdos entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa sobre el Maule. -Decreto 1526. -Acuerdo entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa.
-Decretos: 826 y 1646.
-Convenio entre la Junta de Vigilancia del Río Maule, Endesa, Colbún S.A. y Pehuenche S.A. (05-08-98
-Oficio de la Comisión Nacional de Energía
I. a la Dirección de Obras Hidráulicas, sobre Convenio Operación Laguna del Maule (31-07-98). -Oficio de la Comisión Nacional de Energía a la Dirección de Obras Hidráulicas, sobre Laguna del Maule (05-08-98).
-Convenio de préstamo de agua del Embalse Colbún S.A. y la Dirección de Riego (24-04-91).
-Convenio de la Dirección de Riego y Endesa (19-02-91)
-Decreto 3341.
13. Convenio entre la Dirección de Riego y Endesa (14-03-97).
14. Repuesta a Oficio Nº 26, por el cual remite información que posee de la DOH, relativa a la forma de utilización de las aguas de la hoya del río Maule entre los años 1947 y 1958. Además, señala que la DOH, no posee información sobre posibles flexibilizaciones pactadas con los regantes y empresas eléctricas, entre dichos años. 15. Respuesta a Oficio Nº 28, mediante el cual envía copias de los informes de la Comisión Nacional de Energía.
16. Respuesta a Oficio Nº 29, por el cual remite copia de los acuerdos entre la DOH y Endesa, de fechas 1º de abril y 1º de junio de 1999.
II. Director General de Aguas, señor Humberto Peña: -Respuesta a Oficio Nº 22-99, mediante la cual remite informe pluviométrico de la zona del Laja y cuenca del Maule.
III. Sistema Administrador de Empresas (SAE), Presidente señor Eduardo Arriagada: -Contrato Central Nehuenco, Siemens, llave en mano, junio, 1996.
IV. Contralor General de la República, señor Arturo Aylwin: -Oficio sobre legalidad de los actos administrativos sobre flexibilización años 1997 y 1998.
V. Ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, señora María Isabel González: -Flexibilización del uso de las aguas del Lago Laja y Laguna Maule.
VI. Ex Gerente General de Colbún, señor José Luis Mardones: -Presentación realizada en la Comisión, con fecha 12 de julio de 1999. -Plan de Desarrollo. -Declaración.
VII. Empresa Siemens: -Minuta Central Nehuenco.
VIII. Empresa Mega-Red, Gerente General, señor Andy García:
-Minuta, Estimación de beneficios de Endesa.
IX. Junta de Vigilancia del Río Maule, Presidente, señor Hernán Calderón:
-Convenio sobre uso de aguas del Maule, entre la Junta de Vigilancia del Río Maule, Endesa, Colbún S.A., Pehuenche S. A., de fecha 16 de julio de 1998.
-Convenio sobre uso de aguas del Maule, entre la Junta de Vigilancia del Río Maule, Endesa, Colbún S.A., Pehuenche S. A., de fecha 5 de agosto de 1998.
-Modificación de Convenio entre la Junta de Vigilancia del Río Maule, Endesa, Colbún S.A., Pehuenche S. A., con fecha 10 de noviembre de 1998.
-Modificación de Convenio entre la Junta de Vigilancia del Río Maule, Endesa, Colbún S.A., Pehuenche S. A., con fecha 16 de noviembre de 1998.
-Acuerdo entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa, de fecha 1 de abril de 1999.
-Acuerdo entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa, de fecha 1 de junio de 1999.
X. Asociación de Canalistas del Laja, Presidente, señor Nemo Barrueto:
-El Lago y el Río Laja, un sistema en desequilibrio.
-Minuta “Proposición de modificación del convenio ad referéndum entre la Dirección de Riego y Endesa del año 1958, sobre la regulación del Río Laja.
-Carta al Presidente de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre:
-Convenio ad referéndum de 1958, entre la Dirección de Riego y Endesa.
-Acuerdos de enero de 1997, julio de 1998 y agosto de 1998, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa.
-Proposición de Regantes para la operación futura del Lago Laja.
XI. Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Óscar Landerretche.
-Respuesta a Oficio Nº 7, mediante la cual envía información respecto de la Campaña de ahorro durante los años 1998-1999, consta de 2 archivadores, 1 video y 1 mini-cassette.
XII. Recortes de publicaciones sobre extracción de aguas del Lago Laja y la Cuenca del Maule, enero de 1997 a julio de 1998. (Biblioteca del Congreso Nacional).
XIII. Memorias anuales de la empresa “Colbún S. A.” desde su creación a la fecha. Desde 1986 a 1998.
ANEXO Nº 3 Reseña de las exposiciones vertidas Durante el transcurso de la investigación, la Comisión citó a diversas personas, cuyas intervenciones se adjuntan de manera resumida a continuación y dicen relación con dos aspectos fundamentales, causas y efectos del nuevo racionamiento y situación de la Central Nehuenco.
1. Ministro de Obras Públicas, señor Jaime Tohá.
-Causas y efectos del racionamiento.
Convenios de flexibilización El señor ministro señaló que el Lago Laja y la Laguna del Maule eran dos lagos naturales que, posteriormente, se beneficiaron de obras artificiales -hechas por el hombre- orientadas a aumentar sus capacidades de almacenamiento de aguas. Ambos son bienes nacionales de uso público, según lo disponen los Códigos Civil y de Aguas. Su finalidad es dual, proveer agua para el riego y la generación hidroeléctrica.
En su momento, el Estado le entregó la administración de manera conjunta a dos entidades públicas: Endesa y Dirección de Riego, hoy Dirección de Obras Hidráulicas, para la administración de los respectivos Convenios de 1947, en el caso del Maule, y de 1958, en el del Laja, para administrar las aguas depositadas, teniendo siempre presente el bien común. El convenio del lago Laja de 1958 asegura la mantención del riego de 90.000 hectáreas, con un gasto máximo de 90 metros cúbicos por segundo. Establece gastos máximos para generación eléctrica en función del volumen almacenado en el lago en un momento determinado. La Dirección de Riego se reserva el derecho de ampliar o mejorar el riego cuando exista un aumento del recurso disponible. Se establecen restricciones cuando la capacidad del embalse esté por debajo de 1.000 millones de metros cúbicos de agua. Se dispone la existencia de un colchón de reserva inferior que tiene como objetivo asegurar la completación de 47 metros cúbicos por segundo para riego. ¿De dónde proviene este recurso? Antes de la realización de las obras artificiales en el lago Laja, los regantes tenían derechos constituidos por 47 metros cúbicos por segundo, que obedecían a las filtraciones naturales que el lago tenía en ese momento.
La cláusula Nº 10 del convenio da lugar a que la partes puedan hacer modificaciones o flexibilizaciones a fin de obtener un mejor aprovechamiento combinado para riego y generación eléctrica. Por su parte, el convenio del Maule regula la forma de acopiar aguas excedentes y establecer su uso para dar mayor seguridad de riego preexistente, permitir nuevos riegos y dar pie a la generación eléctrica. Al igual que en el convenio anterior, sólo para efectos de administración y sin que signifique constitución de derechos de aprovechamiento, también se pueden distinguir tres segmentos.
La cláusula Nº 6 establece que las aguas del colchón inferior no podrán usarse si no es por mutuo acuerdo de las partes. A su vez, la cláusula Nº 13, permite su revisión o modificación, al igual que en el caso del Laja, por acuerdo de ambas partes, a fin de obtener un mejor aprovechamiento combinado para riego y generación eléctrica. Es importante señalar que los convenios datan de 1947 y 1958. Hasta 1986, año en que se privatiza Endesa, prácticamente no se habían registrado conflictos, por cuanto era un mismo mandatario el que tenía la tuición general sobre las dos entidades públicas que estaban interesadas en el uso de las aguas. Sin embargo, con la privatización de Endesa, se crea un panorama enteramente distinto, ya que intereses que podrían haber sido en muchas ocasiones convergentes, pasan a ser permanentemente contradictorios. Al momento de producirse la privatización, estos convenios debieron haber sido modificados, ya que era muy previsible que una empresa privada que legítimamente defiende su posibilidad de maximizar el lucro, trajera conflictos a quienes a futuro debían administrar dichos convenios.
En 1998, Chile es azotado por una grave sequía y se producen ciertos atrasos en la puesta en marcha de las centrales de ciclo combinado, especialmente de Nehuenco, lo que hizo necesario flexibilizar transitoriamente los convenios, de común acuerdo entre las partes. El Ministerio de Obras Públicas no tiene ninguna posibilidad de alterar las operaciones que emanan de estos convenios si no obra sobre la base de un acuerdo entre las partes. Gracias a las flexibilizaciones Endesa pudo extraer recursos hídricos adicionales a título de anticipación de entrega por sus derechos de aprovechamiento no consuntivos. A partir de la década de 1990, Endesa y la Dirección de Obras Hidráulicas, comienzan a presentar conflictos en la interpretación de los aspectos fundamentales de los convenios. Los convenios que se van suscribiendo en el tiempo son progresivamente más complejos y completos, incluyendo mejores garantías para el Estado y el sector de riego. No hay normas ni códigos preestablecidos que determinen la manera en que se debe flexibilizar, sino que son los contratantes quienes se sientan a discutir la posibilidad de adecuar los convenios. El interés público se protege de formas diferentes, caso a caso, porque las urgencias son distintas y las dificultades de riego son diferentes. Una flexibilización, nunca es idéntica a otra, sino que cada una tiene sus propias características. Estas negociaciones son informadas al Ministerio de Obras Públicas, y de no obtenerse una flexibilización, el país se ve sometido en las horas siguientes a una restricción del suministro eléctrico. Por lo tanto, son negociaciones realizadas bajo presión, como puede ser una posible escasez de suministro eléctrico.
Desde 1997 en adelante, estas negociaciones se van registrando en un escenario de progresiva escasez de recursos. Así, la situación de 1997 no es la misma de 1998, ni la de 1999. La situación se ha ido agravando en un escenario que se previó.
Lago Laja. El convenio de 8 de enero de 1997 autoriza extracciones sobre los 47 metros cúbicos por segundo hasta el 30 de abril de 1998. Se suspenden las restricciones a los gastos medios diarios. Por tanto, se flexibiliza el máximo de gastos medios diarios, mensual y anual, establecidos en el convenio de 1958. Se establece la necesidad de reservar un volumen de 100 millones de metros cúbicos para satisfacer las necesidades de riego. En este momento, se introduce, por primera vez, el concepto de pago para acceder a la utilización por adelantado de un derecho de agua constituido. Por ese concepto, se cobran 10 mil dólares por millón de metros cúbicos, y al mismo tiempo, se aprovecha esa situación para resolver un tema importante. Cuando se hicieron los trabajos del lago Laja, los costos fueron compartidos entre Endesa y la Dirección de Obras Hidráulicas. Sin embargo, esa Dirección, hasta esa fecha, no había completado el pago de sus obligaciones, razón por la cual Endesa exigía el pago de 6 millones de dólares por ese concepto. En esa oportunidad, la negociación quedó zanjada y se dio por superada la situación mencionada. Al mismo tiempo, se incorporó el concepto de que, a partir de esa fecha, la administración pasaba a ser conjunta. El 10 de julio de 1998, sobre la base de los antecedentes existentes, se autoriza la extracción en forma acelerada de hasta 200 millones de metros cúbicos del lago Laja, los cuales pueden ser extraídos entre el 10 de julio y el 31 de agosto, con un tope de 100 millones de metros cúbicos cada mes.
Por esta flexibilización del convenio, Endesa se obliga a pagar 11 mil dólares por millón de metros cúbicos. Entre un convenio y otro, se establece un elemento adicional como es regular lo que puede extraerse en un mes y en el siguiente, y no queda liberado a que todo pueda ser extraído en cualquier momento. El 12 de agosto de 1998 se modifica el pacto anterior, eliminando la referencia de cuota mínima. Se establecen porcentajes máximos semanales de extracción del remanente a petición de la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, se establece una exigencia adicional. Se habla de porcentajes máximos semanales para la extracción de estas aguas.
Posteriormente, el 31 de agosto de 1998, se autoriza la extracción en forma acelerada de 16 millones de metros cúbicos complementarios desde el lago Laja, los cuales se pueden extraer entre el 12 y el 31 de agosto. Aquí se hace una exigencia adicional muy importante. No sólo se autoriza la extracción de esta cantidad de agua, sino que, por petición de la Comisión Nacional de Energía, se establece que esa agua se puede entregar en la medida en que toda la capacidad térmica esté funcionando a plena capacidad. Todos estos eventos fueron debidamente informados por escrito por la Comisión Nacional de Energía, la cual corroboró el inminente racionamiento y la necesidad de tener recursos hídricos adicionales. Estos decretos supremos fueron tramitados y sujetos a toma de razón por la Contraloría General de la República. Laguna del Maule.
En 1983 y 1984 se autorizaron gastos extraordinarios para llenar el embalse Colbún, que fue construido en esa época, conjuntamente con el complejo hidroeléctrico Colbún. No existe documentación que testimonie la forma en se llevó a cabo. No hubo ningún tipo de compensaciones. El 19 de febrero de 1991, por escritura pública, se autorizó a Endesa para extraer 55 millones de metros cúbicos hasta completar 105 millones de metros cúbicos, para enterar el volumen de aguas muertas del embalse Melao. La exigencia de decreto supremo, se incorpora en el momento en que comienza a haber un pago por este concepto. A lo largo del tiempo y en distintas décadas, hay un proceso permanente, desde la absoluta permisividad hasta las últimas entregas, en que se han colocado cláusulas mucho más estrictas y rigurosas.
El 24 de abril de 1991, la Dirección de Obras Hidráulicas recibe un aporte de 20 millones de metros cúbicos, que se extraen durante 20 días para completar las necesidades de riego. El proceso aquí, fue a la inversa. Se entregan 8 millones de metros cúbicos a Colbún durante abril y mayo de 1991. En este caso, no hay retribución económica ni decreto supremo que respalde estas operaciones. El 25 de marzo de 1996, se levantan las restricciones para la generación eléctrica, establecidas en el artículo 4º del convenio. No existe retribución económica, sino sólo el compromiso de menor utilización de los derechos de Endesa en las siguientes temporadas de riego, a fin de recuperar estos volúmenes. El 1º de abril de 1997, se autorizan extracciones aceleradas por parte de la reserva extraordinaria hasta el 1º de septiembre de 1997. Endesa, por su parte, se abstendría de hacer extracciones sólo para generación eléctrica, durante la próxima temporada de riego.
El 5 de agosto de 1998, se trasladan 150 millones de metros cúbicos hacia Colbún, desde esa fecha hasta el 31 de diciembre. En este compromiso se indicaba que, a diferencia del Laja, estos 150 millones de metros cúbicos no escurrirían hacia el mar, sino que debían quedar depositados en el embalse Colbún. Sobre la base de esa modalidad existe la obligatoriedad de devolución por parte de Endesa y por esta flexibilización de adelanto por la utilización de los derechos de agua de Endesa se cobran 3 mil dólares por millón de metros cúbicos. Posteriormente, existen dos acuerdos de 1999. El primero, del 1º de abril de 1999, que autoriza la extracción de 60 millones de metros cúbicos de la laguna del Maule, estableciendo la obligación de devolución de este volumen, más el saldo. Este convenio reitera la necesidad de devolver lo entregado anteriormente, lo cual deberá ser embalsado en la laguna La Invernada o en el lago Melado. Por esta flexibilización se cobran 3 mil dólares por millón de metros cúbicos, como la vez anterior, y se introducen mayores exigencias. Se establece una 108 CÁMARA DE DIPUTADOS multa por el retraso de la devolución de esta agua por parte de Endesa, de 2 centavos de dólar por metro cúbico. El segundo, del 1º de junio de 1999, autoriza la última extracción de 5 millones de metros cúbicos de la laguna del Maule y establece que la obligación de devolución de este volumen por parte de Colbún debe ser por La Invernada o El Melado. Se cobran los mismos 3 mil dólares para acceder a esta flexibilización, pero se sube la multa por retraso a 5 centavos de dólar por metro cúbico. Cabe considerar que en primer lugar, respecto de la presunción de legalidad, todos los convenios de flexibilización, no así aquellos que no importaron un pago por diferentes conceptos, fueron aprobados por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas y, por lo tanto, llevan las firmas propias de un decreto supremo. Los decretos aprobatorios y sus acuerdos fueron remitidos a la Contraloría General de la República, lo que implica un control de legalidad a través de la toma de razón. A su vez, los convenios o acuerdos antes referidos constituyen una negociación entre dos partes, en la cual no hay elementos previamente establecidos que regulen lo que uno u otro puede estar dispuesto a aceptar o conceder, sino que es de absoluta libertad la forma como pueda transcurrir esa negociación y cuáles puedan ser los apremios que una u otra de las partes puedan tener en ese momento. Estos convenios se han denominado “pactos autocompositivos”, toda vez que significaron una composición de las posiciones de uno y otro, que llevan a un resultado final que permite acceder a una fórmula para el uso del agua frente a una situación donde haya intereses divergentes entre las partes. Endesa permanentemente ha pretendido y sigue pretendiendo afirmar que tenía derecho a usar libremente esas aguas, mientras que la Dirección de Obras Hidráulicas sostenía, sostiene y sostendrá en el futuro que para su utilización se requería su autorización previa y que ésta sólo se daría en una situación de racionamiento, lo que debería ser testimoniado por la Comisión Nacional de Energía.
Endesa, a su vez, siempre ha señalado -así lo ha manifestado en cada una de las ocasiones en que ha pagado- que no tiene obligación alguna de efectuar estos pagos. Por lo tanto, ha reiterado invariablemente su posición de que ese pago no correspondía, mientras que la Dirección de Obras Hidráulicas, a partir de 1998, demandó a Endesa compartir con el Estado el beneficio que esta empresa obtenía al disponer de este recurso. En definitiva, producto de las negociaciones que se celebraron a partir de 1997, quedaron consagrados tres principios extraordinariamente importantes para el futuro de esta relación entre dos partes que han convenido un mismo contrato, que son:
En primer lugar, que Endesa ha consagrado la costumbre de que el uso anticipado de los recursos está condicionado a la autorización previa de la Dirección de Obras Hidráulicas.
En segundo lugar, que dicho uso anticipado da derecho al Estado a compartir los beneficios que se producen, cuestión que Endesa no ha reconocido, pero que al aceptar estos convenios sienta un precedente de gran importancia.
En tercer lugar, que hay un monto por ese beneficio que debe ser acotado en cada oportunidad. Estos pactos constan de todos los elementos propios de un contrato. Por lo tanto, hay dos partes: un contenido obligacional, causas que motivan estos contratos y efectos de los mismos. Los convenios versan sobre la necesidad de optimizar en el corto plazo el uso conjunto de las aguas en los respectivos embalses, pero manteniéndose vigentes en lo sustancial los convenios de 1947 y 1958. Este óptimo uso pasa por la extracción adicional de recursos hídricos, según la regulación que se hace en el cuerpo de cada contrato.
En materia de contratos, en derecho administrativo se distinguen dos figuras distintas: el contrato administrativo, típico de una obra pública, de una concesión, en que una de las partes tiene una potestad claramente diferenciada, y el contrato de administración, que se rige por el derecho común, y que normalmente no contempla aquellas facultades extraordinarias, propias de la administración. Los pactos autocompositivos permitieron esta flexibilización del lago Laja y la laguna del Maule. Son contratos innominados de la administración, toda vez que no tienen un status especial de derecho público y una de sus partes es una sociedad anónima. Sin embargo, en la medida en que versan sobre la administración de bienes nacionales de uso público, el Estado conserva prerrogativas o potestades propias y funcionales al bien común, consustanciales a la administración de bienes nacionales de uso público. Este concepto de derecho público ha justificado y justifica la sujeción de estos contratos a la modalidad de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. En cuanto a la retribución económica, son el fruto de actos jurídicos del Estado, motivados en hechos concretos y objetivos, que son y han sido informados debidamente por las entidades responsables de prever el debido abastecimiento eléctrico del país.
Han sido, imperiosos, ya que las consecuencias, de no haberlos celebrado, eran de un costo social inmenso para el país, y han sido, ineludibles para el Ministerio de Obras Públicas, ya que las consecuencias por no haberlos celebrado habrían sido devastadoras, tanto política como socialmente, desde el punto de vista de la seguridad nacional. Posteriormente, el Ministerio de Obras Públicas, no conforme con sus propios criterios, encargó, en 1996, por primera vez, a la empresa Mega Red, la realización de un estudio que evaluara las consecuencias económicas y sociales de celebrar o no celebrar estos contratos de flexibilización, estudio que fue actualizado en 1997. Igualmente, se contrató, en 1996, un estudio con Dictuc S.A., entidad dependiente de la Universidad Católica. Existió la precaución de que hubiera un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Energía previo a la celebración de cualquiera de estos contratos. Estos informes demuestran cuán imperiosa e ineludible era la celebración de los pactos ya referidos. El no acceder a las peticiones o dificultar su concreción se habría traducido en un grave déficit del Sistema Interconectado Central. Los informes incorporaron estimaciones que marcaban límites de negociación, según se dieran determinadas circunstancias en el devenir de la situación hidrológica del país. Nunca señalaron qué es lo que se debía o podría cobrar. Eran estimaciones que si se daban determinadas situaciones, el beneficio para Endesa podría ser de esta naturaleza, o si se daban otras situaciones, podía ser de otra naturaleza.
Se colocaron frente a escenarios de distintas características. La naturaleza contractual civil del contexto en que se suscriben los pactos modificatorios, y el hecho de que por esta decisión contractual, basada en el bien común, se beneficiaría a un sujeto particular, fueron razones suficientes para permitir al Estado sentar el precedente de su legítimo derecho a compartir con el privado parte del beneficio. En cuanto a la retribución económica, es necesario señalar algunas consideraciones sobre los estudios de ambas consultoras. El estudio de Mega Red señala que en el caso del riego es factible que exista disposición a aceptar el acuerdo, incluso, con valores muy bajos de compensación, por tratarse de una materia que en el corto plazo es de beneficio general, como es evitar una situación de racionamiento inminente o la posibilidad de postergarlo para alcanzar a tomar otras medidas paliativas. Por tanto, Mega Red, independientemente de las consideraciones que hace respecto de los eventuales beneficios para Endesa, señala que el costo social, que también aparece calculado y que es inmensamente superior a los eventuales beneficios de Endesa, justificaría tener que suscribir estos acuerdos, aun cuando los valores de compensación fueran muy bajos. El informe del Dictuc, en la página 20, señala lo siguiente: “Sin embargo, es posible imaginar una situación en que la Dirección de Riego elija firmar el acuerdo, aunque no obtenga compensación alguna, con el único propósito de reducir el costo para el país del racionamiento de energía eléctrica”. Ambos informes sugieren marcos de negociación -no valores fijos-, basados en estimaciones hechas sobre escenarios probabilísticos. Pero sucede que ni estas dos consultoras, ni la Comisión Nacional de Energía, ni Endesa, ni el mercado, ni el Ministerio de Obras Públicas previeron, dentro de todas esas probabilidades, el escenario que en realidad se dio en los hechos.
La situación más catastrófica que se llegó a analizar, porque se consideraba extrema, fue un escenario un 20% más seco que el de 1968, que fue el año más seco del que había memoria en las estadísticas del país. El escenario final fue mucho más catastrófico que un 20 % del año más seco. El supuesto que hizo Mega Red de que Endesa iba a tener una determinada ganancia no se dio en lo absoluto. Por el contrario, lo que era compartir una ganancia significó que Endesa tuvo que pagar a la Dirección de Obras Hidráulicas lo que estaba establecido en el respectivo contrato sin que esa ganancia se hubiera verificado. Las cosas sucedieron de una manera que nadie -ni Endesa- imaginó. La preservación de la seguridad del sistema, hizo imprescindible que el Estado concurriera con su voluntad a la flexibilización transitoria de los convenios de administración del lago Laja y de la laguna del Maule. Estas flexibilizaciones permitieron a Endesa usar sus derechos no consuntivos para generar electricidad de manera adelantada. Nunca hubo cesión de derechos de aprovechamiento a ningún título. No hubo perjuicio a los titulares de derechos consuntivos de riego.
En el caso del Laja hubo perjuicio marginal durante tres meses, pero que, comparados con el tremendo costo social que el país y las empresas generadoras de hidroelectricidad han tenido que pagar, son absolutamente marginales dentro de ese cuadro general. La retribución que el Estado obtuvo dice relación con el perjuicio evitado a Endesa. Otra consideración importante es que ni la Comisión Nacional de Energía ni la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ni muchos menos el Ministerio de Obras Públicas tenían en ese momento las herramientas para controlar, prever u orientar el uso del agua una vez desembalsada, ya que esa responsabilidad se sitúa en una entidad privada como es el Centro de Despacho Económico de Carga. La decisión de entregar los recursos se basó en antecedentes que lo hacían imperioso para evitar el inminente racionamiento eléctrico con su consecuente costo para el país. Posteriormente, el señor ministro concurrió por segunda vez, para dar respuesta a una serie de interrogantes, que se le habían formulado y que para efectos de una mejor comprensión se han ordenado en 4 temas, que dicen relación con los convenios, en términos generales, retribución económica, protección al riego, administración, responsabilidad y convenios anteriores a 1997. Entrando en el tema de los convenios, se debe precisar que éstos son obligatorios para las partes, como todo contrato, cualquiera que sea su característica. Los convenios son originarios de los años 1947 y 1958, y fueron firmados con efecto de plazo indefinido, es decir, sólo podrán ser terminados mediante mutuo acuerdo o por resolución judicial, esta última como consecuencia de una demanda por incumplimiento grave del contrato de una de las partes. Estos pactos autocompositivos, llamados vulgarmente flexibilizaciones, se extinguen a través de dos mecanismos: porque se cumple el plazo del período en que había una flexibilización, o porque se consume el volumen de agua que dentro de ese plazo se podía extraer. Si bien los convenios de 1947 y de 1958 establecen límites de extracción y la forma en que ésta debe realizarse, no existe acuerdo entre las partes respecto de la interpretación que sobre esta materia debe hacerse. Dos partes que han concordado en un contrato, permanentemente tienen interpretaciones distintas respecto de sus derechos, de sus obligaciones, de los niveles en que uno tiene derecho a sacar sin el consentimiento del otro, y del problema de las cotas, ya que éstas no figuran en los convenios, por cuanto en ellos se habla de volúmenes. Las cotas se han asimilado a determinados volúmenes, pero no hay expresión real de ellas en los respectivos convenios. Esto ha constituido uno de los puntos permanentes de polémica en innumerables oportunidades a lo largo de estos años. Por las características del contrato, el MOP no puede fijar unilateralmente el monto de la retribución económica. Los convenios no establecen ninguna retribución en ninguna de sus partes. A la luz de las sequías que ha habido en los últimos años, se ha venido desarrollando una práctica de cómo enfrentar esto y se ha establecido como uno de los principios importantes -pues ya ha sido aceptado por una de las partes- el pago de una retribución económica. Esto resulta del acuerdo obtenido tras cada negociación. En cada una de ellas hay un punto de vista de las partes, en las cuales se puede o no llegar a un acuerdo y a un determinado monto.
A raíz de las circunstancias de la potencialidad de un costo social muy grande para el país y ante la decisión de la autoridad reguladora de buscar las condiciones para flexibilizar los convenios, se ha considerado que se ha constituido en un imperativo la adopción de estas medidas, aun cuando no hubiere importado compensación pecuniaria alguna. La Dirección de Obras Hidráulicas, conforme con sus facultades legales y en función de estimaciones de límite de negociación, convino una retribución económica para el Estado. Con esta negociación, además de la compensación económica, se pudo paliar la situación de producción de energía y se consiguió el establecimiento de tres reconocimientos por parte de Endesa. En primer lugar, no había una aceptación previa por parte de Endesa de que fuera necesaria una autorización expresa del Ministerio de Obras Públicas para flexibilizar el convenio. A partir de estos acuerdos, quedó establecido que el uso anticipado de los recursos -aunque sean recursos que le pertenecen a Endesa- estaban condicionados a la autorización previa de la Dirección de Obras Hidráulicas, cosa que se ha hecho en los últimos años. En segundo lugar, dicho uso anticipado da derecho al Estado a compartir los beneficios, independientemente de cuanto sea el monto. Esto partió en 1997, cuando se incorpora el concepto de compartir los beneficios, ya que en las flexibilizaciones hechas en años y décadas anteriores no existía la figura de la compensación por parte de Endesa. El hecho de haberse establecido esta compensación y determinado que es obligatoria la opinión favorable de la Dirección de Obras Hidráulicas para flexibilizar el convenio no implica una modificación del convenio original, el cual no se ha modificado, pero sí está contenido en estos convenios que son transitorios y que son flexibilizaciones del convenio original y, a criterio del Ministerio, significan el establecimiento de un precedente, en términos de que para tener flexibilizaciones a futuro debe haber, en primer lugar, una autorización de la Dirección de Obras Hidráulicas. En segundo lugar, está consagrado el principio de com- 112 CÁMARA DE DIPUTADOS partir el beneficio, lo que tiene que ser materia de una negociación separada en cada caso, a la luz de las condiciones del momento, ya que no existen procedimientos o tablas de cálculos preestablecidas. En tercer lugar, hay un pago de una cantidad determinada en cada caso.
En la década del 80, a propósito de la construcción del embalse Colbún se extrajo agua del río Maule para llenar el embalse, a fin de que la central comenzara con las operaciones. Sobre esa operación no hay antecedentes escritos. Es muy posible que eso haya sido materia de un acuerdo tácito y que no haya sido necesario un instrumento que jurídicamente lo respaldara. La primera fijación para compartir el beneficio se produce en 1997, de manera que las flexibilizaciones de los años anteriores se hicieron sin compensación. Posteriormente, en 1999, se incorpora el concepto de una garantía frente a la eventual no devolución de las aguas adelantadas en el caso del Maule y también se van incorporando por solicitud de la Comisión Nacional de Energía condiciones como retiros programados por semana y no como se hacía en los primeros convenios en que se estipulaba simplemente un volumen total sin establecer un calendario de retiros. En lo que dice relación con la retribución económica que procede por concepto de flexibilización, el Ministerio ha fijado los siguientes criterios.
Primero, debe haber una solicitud formal de la empresa que va a gozar del adelanto del uso de estas aguas; una petición de uno de los contratantes diciendo que está interesado o que necesita llegar a una flexibilización.
Segundo, que la Comisión Nacional de Energía se pronuncie formalmente, en el sentido de señalar que es necesario desde el punto de vista del funcionamiento del sector eléctrico y del bien común. Ambos elementos son copulativos. En cuanto a la retribución económica, a partir de 1996, se encargaron una serie de informes a empresas consultoras que con distintas metodologías sugieren bordes de negociación en diferentes escenarios. Los informes de los consultores no sugieren valores, como tampoco señalan lo que se debe cobrar por el agua, sino que frente a determinadas situaciones establecen los elementos de beneficio para la empresa o el costo social en caso de existir un racionamiento eléctrico y no valores fijos. Las estimaciones presentadas en estos informes fueron hechas sobre la base de determinados escenarios probabilísticos en los cuales, respecto al 98 que ha sido el más polémico por la intensidad, ninguno de ellos coincidió en cuál sería el escenario en el año 1998. Eso llevó a que independientemente de que el informe de aquel año indicaba un determinado beneficio para Endesa, del orden de 12 millones de dólares, el desarrollo de un escenario no consideraba en ese estudio que el beneficio para Endesa fuese de cero o levemente negativo, ya que la sequía fue drásticamente la peor en la historia del país. Situación absolutamente inédita y que no era considerada como probable. En el caso de contraposición entre los sectores de riego y electricidad, el MOP debe tener en vista los intereses de ambos.
A partir de la privatización de Endesa, parece necesario que el Ministerio de Obras Públicas considere los intereses de ambos sectores, energía y riego, de manera de tener procedimientos equilibrados, velando por el interés público y el bien común en ambas áreas. Si bien los regantes no forman parte de los convenios ni gozan del derecho de aprovechamiento de aguas sobre los embalses, sus intereses fueron tutelados de la mejor forma posible, atendidas las circunstancias en cada ocasión. Los acuerdos fueron informados a los equipos de operación de los embalses para su cumplimiento. A través de la coordinación de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales, se arbitraron las medidas para asegurar que su operación no perjudicara los intereses de riego. El período 1998-1999 fue el más crítico para los regantes, porque en los años anteriores la situación les fue mucho más benévola. Respecto del río Laja, la temporada 1996-1997 no presentó déficit. En ese período dicha cuenca contó con el mejor abastecimiento del país. En 1997-1998 tampoco hubo déficit ni problema alguno. En el período diciembre-febrero de este año hubo un 85% de disponibilidad histórica de caudal efectivo. Como punto de comparación, en otros sectores de la Séptima y Octava Regiones, en el caso de caudales que no tienen que ver con estos embalses, el porcentaje promedio fue de 30 y 60%. De ese modo, la satisfacción de riego en el peor momento del lago Laja fue significativamente superior a la de otros sectores, hecho que fue reconocido por las propias organizaciones de regantes, con las cuales se convino fórmulas de extracción sobre la base de la situación imperante en ese momento. A pesar de que las precipitaciones alcanzaron al 2%, los regantes del Laja sólo tuvieron un déficit de 15% por ciento de caudal durante los meses de riego. Esta situación fue anticipada e informada al inicio de la temporada de riego, lo que permitió que los regantes planificaran sus cultivos sobre la base de este escenario real, gracias a lo cual las pérdidas y los perjuicios no fueron más significativos. En el río Maule hubo una satisfacción equivalente al 60% de un año normal, porcentaje en el que está considerado el río y las entregas de las lagunas. El pronóstico fue enviado a la Junta de Vigilancia al inicio de la temporada, por lo que la distribución del recurso se hizo según las necesidades de la Junta. Es decir, cuando se le se- ñaló que de acuerdo con los pronósticos se podía prever una satisfacción del 60% de los requerimientos normales, la Junta de Vigilancia entregó un plan de distribución del recurso, el que se aceptó de mutuo acuerdo y se cumplió 100%. Por lo tanto, puede concluirse que los cálculos de riesgo realizados para limitar las extracciones con la flexibilización fueron realistas. De hecho, recientemente la Corte de Apelaciones de Concepción desechó dos recursos de protección interpuestos contra el MOP por las municipalidades de Antuco y de Los Ángeles, los que decían relación a lo obrado por este organismo bajo esas circunstancias. Todos los convenios fueron aprobados a través de decreto supremo. Por lo tanto, desde un ángulo jurídico-formal, derivan de la potestad constitucional que consagra el artículo 24 de la Constitución al Presidente de la República de ejercer la administración del Estado, en virtud de lo cual la Contraloría efectuó la toma de razón.
Lo anterior, sin perjuicio de establecer que aquellos decretos supremos constituyen el acto terminal de un proceso administrativo que se inició con reuniones para conocer el problema y con estudios llevados a cabo por la Dirección de Obras Hidráulicas conjuntamente con Endesa, en las que se analizaron y decantaron sus posibles líneas de solución, materias que luego fueron transferidas a las autoridades superiores del Ministerio. En consecuencia, los pactos autocompositivos, celebrados entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa, tienen la calidad de convenios ad referéndum. Es decir, sólo obligan al Estado una vez aprobados y ratificados a través del respectivo decreto supremo y de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Como lo establece el artículo 35 de la Constitución, la firma del ministro en el decreto supremo no sólo cumple la finalidad de permitir su implementación práctica, sino que además representa la participación de dicha Secretaría de Estado en la confección del acto preparatorio. Es decir, la firma del ministro conlleva el hecho que la Secretaría de Estado a su cargo es la que ha preparado todos los antecedentes que se han utilizado en la dictación del respectivo decreto. Hay que tener presente que no existe una malla normativa específica que determine cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo para una flexibilización de estos convenios ni sobre la forma y condiciones en que deben realizarse las negociaciones o celebrarse los pactos flexibilizados. Por lo tanto, la actuación de la autoridad pública ha debido ceñirse a la observancia de los principios generales del derecho, la protección del interés general, el resguardo del patrimonio fiscal y la buena fe.
El MOP se ha visto obligado a hacer consideraciones relativas al mercado eléctrico, a fin de establecer si resultaban indispensables para satisfacer el interés general de cada una de las flexibilizaciones en comento, lo que se verifica mediante informes de la Comisión Nacional de Energía. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas asume si es necesario o no llevar a cabo una flexibilización a partir del informe de la Comisión Nacional de Energía. Sin perjuicio de que se deben determinar las características que deberían revestir dichos convenios, como los volúmenes a entregar, las modalidades, etcétera. El MOP no tiene herramientas legales para interceder por un determinado uso del agua -ya sea en el lago Laja o en el Maule, cuya extracción se adelantó- una vez que el recurso ya ha sido entregado a Endesa. A través del desembalse, el Estado pierde tutela sobre el agua, ya que su carácter de bien nacional de uso público cede en beneficio del derecho real de aprovechamiento, y es el Centro de Despacho Económico de Carga el que determina el despacho de una central térmica o hidráulica, según sea el caso. Según la Comisión Nacional de Energía, los pactos de 1998 fueron exitosos al evitar el racionamiento en un 85%. El 15% restante se debe al destino inoportuno que Endesa habría dado a los recursos una vez obtenidos, es decir, aproximadamente 30 gigawatts hora, además de la profundización de la sequía en los retrasos de Nehuenco, errores del modelo de circulación de despacho y despacho irregular de El Toro.
Si eventualmente existió algún perjuicio a una generadora excedentaria, esta situación se justifica frente a la imposibilidad para la autoridad de tolerar una situación de déficit. Es difícil que la situación experimente cambios sustantivos mientras no se modifiquen estos convenios que, por su esencia, desembocan en decisiones que con toda seguridad no son las que el bien común o la defensa de los intereses de la mayoría de la población necesitan, por lo extraordinariamente limitado de los recursos de que dispone la autoridad en estas circunstancias. En la medida en que no se modifiquen estos convenios -petición hecha a Endesa reiteradamente- la situación amenaza con repetirse indefinidamente en el tiempo. Para saber si se podía haber pagado más, se debe considerar la situación en que se dan estas negociaciones. Normalmente, con 48 ó 72 horas de anticipación, el Ministerio de Obras Públicas recibe una petición y la Comisión Nacional de Energía informa según el caso.
La primera obligación del Ministerio de Obras Públicas es velar por el bien común, privilegiar la defensa del interés común, lo que significa evitar que la población, los hospitales y los servicios públicos queden sin energía eléctrica. Cuando ello ha sucedido, ha sido cuantificado y se ha determinado que el costo social es inmensamente superior al beneficio de la empresa en cuestión En la última negociación se intentó introducir un elemento nuevo. Para garantizar la defensa de los intereses de los agricultores se propuso establecer en el convenio el monto que Endesa debía pagar a los agricultores en caso de no existir agua para riego. Endesa se negó, aduciendo que los convenios originales establecen que en caso de perjuicio a los agricultores debe haber una indemnización de Endesa. Señalaron que el asunto ya estaba zanjado.
Existen innumerables testimonios escritos y verbales de los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en el transcurso de los años para modificar estos convenios. Hasta ahora ha primado el criterio de que para modificarlos debe concurrir la voluntad de ambas partes o por la vía judicial. En el tema del costo de falla, expresó que es un elemento que puede colocarse sobre la mesa en la discusión, pero que no obliga a nada. La posición de Endesa fue señalar que no reconocían la figura legal del costo de falla. Endesa señala que puede usar esa agua sin necesidad de una autorización del Ministerio de Obras Públicas.
En segundo lugar, se pidió que no hubiera ningún pago.
En tercer lugar, se pidió que no se estableciera ninguna garantía, porque el convenio establece que si hay problemas con los agricultores, ello se zanja directamente entre los agricultores y la Endesa. En consecuencia, no es una negociación entre alguien que compra y alguien que vende, por cuanto en este caso el que está comprando dice: “usted me está vendiendo algo que es mío”. El término flexibilización se aplicó porque se trata de una modificación del contrato, pero transitoria, que se extingue en el momento en que se entrega el agua o que vence el plazo, tras lo cual se vuelve a la situación anterior, por lo que se han pasado a denominar acuerdos autocompositivos. Este año ha habido tres peticiones de agua de Endesa en la laguna del Maule: una en marzo y otra en junio, a las cuales se accedió, y la última en junio, la cual se rechazó. Central Nehuenco: El señor ministro recordó que en abril de 1994 había sido invitado por la Corfo a presidir el directorio de esta empresa a partir de un mandato que obedecía a una decisión del gobierno, en el sentido de vender una parte importante de la participación pública en dicha empresa. Colbún adolecía de dos o tres limitaciones muy severas en su funcionamiento.
A partir de su construcción y puesta en servicio en 1986, nunca más tuvo algún desarrollo, lo que significó que fue perdiendo presencia en el mercado eléctrico de una manera muy significativa. Además, tenía otras desventajas. Toda su capacidad de generación era hidráulica y, por lo tanto, estaba sometida a los avatares de las sequías. En segundo lugar, su capacidad de producción estaba centrada en una hoya hidrográfica, de manera que si tenía pocos recursos hídricos, la situación comercial se volvía muy difícil. En tercer lugar, la empresa adolecía de la dificultad comercial de depender para sus colocaciones del sistema de transmisión perteneciente a Endesa, lo que hacía bastante dificultoso la apertura a nuevos clientes comerciales libres por el hecho de no estar en condiciones de garantizar un precio y una calidad de servicio de transmisión o de transporte de la energía apropiado, lo que era una limitación comercial bastante importante. Además, prácticamente, la empresa no tenía contratos libres y toda su energía la vendía en el mercado a costos marginales. El plan de inversiones tenía por objeto la construcción de una nueva central en el mismo río Maule, la central San Ignacio, que se construyó y se terminó; la construcción de una cuarta unidad hidráulica en el río Laja, la central Rucúe, que también fue desarrollada, construida y que hoy está operando; la construcción de una línea de transmisión propia, a fin de independizarse de la línea de transmisión de Endesa, la cual fue diseñada y construida, que está hoy operando y la construcción de una central a gas a partir del objetivo de ser una empresa equilibrada en términos de generación hidráulica y generación térmica.
Este plan significó un gasto del orden de 450 millones de dólares, lo que duplicó la capacidad instalada de Colbún, además de incorporar la línea de transmisión. El directorio estudió distintas alternativas de financiamiento.
La primera opción era operar mediante endeudamiento y venta de pequeños paquetes accionarios, conservando la estructura de propiedad para reexaminar más adelante la decisión de traspasar parte de la propiedad a manos privadas.
La segunda opción fue incorporar un socio estratégico, con permanencia en el tiempo, que continuara e incrementara el desarrollo de la empresa, de modo de asegurar su gravitación en el SIC.
La tercera, era incorporar socios distintos para cada uno de estos proyectos. Otra alternativa fue incorporar a muchos pequeños accionistas conservando la Corfo su carácter de accionista mayoritario. De todas estas alternativas analizadas el directorio de Colbún y la Corfo recomendaron la opción de incorporar un socio estratégico con una participación a determinarse en un análisis sobre optimización del valor del saldo de las acciones. Esta decisión tuvo como base los siguientes elementos: la presencia de un socio estratégico hacía más factible el financiamiento de un desarrollo sostenido de la empresa a futuro, lo cual iba a exigir a partir de ese año una inversión permanente en el tiempo de cien millones de dólares al año para mantener una participación en el mercado que no fuera disminuyendo en el tiempo. Este socio debería ser una empresa con vasta experiencia en la tecnología de la generación con ciclo combinado. Ése fue uno de los elementos obligatorios para participar en esta licitación. Durante 1996, en conjunto con Corfo, se llevó a cabo un proceso largo y dilatado de incorporación de un socio privado estratégico a la propiedad de Colbún, que culminó en octubre del 96 al asignar la venta del consorcio formado por Inversora Andina y Minera de Valparaíso, que como socios particulares son “Tractebel” de Bélgica e “Ibedrola” de España, Enagas de Chile, además de Minera de Valparaíso. El precio pagado por el 37,5% de Colbún fue de 341 millones de dólares, fijándose además una opción de compra por parte de este mismo socio por el 12,5% restante a 50 pesos la acción. La decisión del directorio de realizar esta licitación sobre la base de un concurso internacional abierto, para la central de ciclo combinado en donde participaron una cantidad significativa de consorcios, ocho que al final significaron trece ofertas técnicas diferentes. Analizadas todas las ofertas la comisión técnica, designada especialmente por el directorio, seleccionó como las ofertas mejor evaluadas las efectuadas por General Electric, el Consorcio Siemens Ansaldo y Mitsubishi.
La propuesta contemplaba aspectos de administración, electricidad de potencia, mecánica y procesos civil y arquitectura, control e instrumentación, finanzas y comercial. En septiembre de 1995, Colbún recibió ofertas de ocho consorcios por la construcción “llave en mano”. Se optó por el sistema que obliga al proveedor a entregar una planta que sólo es recepcionada por el comprador una vez que ha funcionado el tiempo suficiente y ha cumplido todos los tests necesarios para ser aceptada. En total se evaluaron 16 ofertas. En sesión del 18 de enero de 1996, después de la homologación de las propuestas, fueron presentados al directorio los antecedentes y resultados de la evaluación. En términos técnicos, los especialistas propusieron en primer lugar, indistintamente, a los equipos ofrecidos por Siemens Ansaldo y General Electric. Tanto la comisión de evaluación interna, como la empresa consultora externa Merz AMP; McLellan de Inglaterra, señalaron que los equipos ofrecidos por estas compañías, eran los apropiados. A su vez, los indicadores económicos señalaban que la oferta más conveniente correspondía en primer lugar, a General Electric, segundo Siemens y tercero Mitsubishi. Normalmente, se inicia la discusión del contrato con el primero de la lista, reservando al segundo en caso de no tener éxito con el primero. Sobre la base de los informes de la comisión evaluadora de la administración, de la comisión de directores, nominada para ese efecto y el de los consultores Merz AMP; McLellan, se decidió que de no llegar a la firma del contrato en un plazo prudente, se deberían iniciar negociaciones con el Consorcio Siemens/Ansaldo. En abril de 1996, después de hacer un completo estudio de las fallas presentadas en los años previos por las centrales instaladas, tanto por General Electric como Siemens, Merz AMP; McLellan informó, que era importante solicitar una investigación, que contemplara una relación y evaluación de las fallas que en los últimos dos años habían tenido unidades similares a las que se estaban adquiriendo en el caso de General Electric y Siemens/Ansaldo. Al respecto, el informe respectivo señala: “En conclusión, por lo tanto, nos sentimos más cómodos con el equipo V94.A de Siemens y todavía existen preocupaciones con el equipo 9FA (General Electric) debido a su historia. Siemens ha probado ser un buen consultor “llave en mano” tanto en el Reino Unido como en el mundo y estamos confiados de un resultado exitoso y término en plazo. En consecuencia, recomendamos a Siemens como el constructor de preferencia para este proyecto”. En una auditoría posterior, de octubre de 1996, Merz AMP; McLellan indica: “Concluimos, por lo tanto, que la evaluación fue justa para todos los proponentes y que la recomendación final de seleccionar a Siemens sobre la base de su oferta técnica fue correcta”.
El directorio tomó la decisión de iniciar conversaciones con General Electric, a partir de lo cual se estableció una agenda de trabajo en que se abordaban, antes de la discusión de los aspectos técnicos del suministro, temas relativos a garantías, multas, seguros, texto del contrato y ajustes de precio. En definitiva, la empresa General Electric no aceptó firmar el contrato anexo a las bases, en especial de las cláusulas esenciales que protegían a Colbún S.A. Es necesario tener presente que la licitación incluía un anexo que establecía las bases del contrato que debe firmar la empresa seleccionada, a fin de evitar que una empresa que comienza a participar manifieste con posterioridad que no está de acuerdo con él. El informe jurídico, al respecto señala: “la proposición de General Electric se aparta en diversos aspectos sustantivos del contrato incluido como anexo a las Bases, que se indican a continuación...”. Luego de eso se enumeran 29 aspectos que se detallan en ese memorándum, en materias tales como responsabilidad del proveedor, garantías, seguros y multas. No obstante lo anterior, Colbún urgió a General Electric a entregar su última propuesta contractual, y se hizo un nuevo intento, como consta en el fax enviado el 30 de abril de 1996, que señalaba: “Nuestro Comité de Directores nos ha instruido para que les enviemos nuevamente nuestra versión de contrato definitiva con el propósito de que General Electric nos haga saber cuáles cláusulas decididamente serían insalvables”. En su respuesta, General Electric insistió en las modificaciones de contrato que antes había planteado, razón por la que se decidió seguir conversaciones con el consorcio Siemens/Ansaldo.
El directorio de Colbún, en sesión celebrada el 7 de mayo de 1996, luego de las largas e infructuosas negociaciones con General Electric, decidió, por unanimidad, seguir negociaciones con Siemens. En dicha sesión, tal como consta en el acta, el asesor jurídico del estudio mencionado se refirió a los ocho puntos principales de divergencias con General Electric, concluyendo que, en su opinión, la inclusión de los puntos señalados en la forma que solicita General Electric se apartaban de lo contemplado en los documentos de licitación. Situación que llevaba a la desprotección respecto del contrato, con lo cual cabía la posibilidad de que los otros postulantes objetaran el procedimiento por incorporarse condiciones distintas a las incluidas en las bases de la licitación. Cabe tener presente que ambos equipos, tanto el de General Electric como el de Siemens, constituyen prototipos, debido a que se trata de centrales que funcionarán por 30 años a lo menos, 25 de los cuales seguramente van a ser normales, en términos de precipitación, y 2, 3 o 5 anormales. El consorcio Siemens/Ansaldo estuvo dispuesto a mantener estas cláusulas esenciales del contrato, que son las que protegen a Colbún S.A. frente al tipo de problemas que ha enfrentado esta central. Finalmente, Siemens firmó el contrato en las condiciones previstas en las bases de licitación. Otras consideraciones que vale la pena tener presente, son que:
-Las centrales no están en funciones todo el tiempo, a diferencia de las centrales hidráulicas que funcionan siempre que hay agua. Se despachan cuando es necesario complementar los requerimientos de energía. En el momento en que el gas natural llegó a Chile, se produjo una competencia por construir las primeras centrales de ciclo combinado con gas. Había un problema de posicionamiento estratégico comercial, en términos de quiénes construían las primeras centrales, fundamentalmente entre Endesa y Colbún. El resultado de la competencia fue que se construyeron ambas. Lo lógico era haber construido una primero y después la otra, pero cada empresa tomó su propio posicionamiento y se construyeron casi en paralelo una y otra. Lo del prototipo interesa porque cada año se producen centrales de distinta generación y año tras año se consiguen mayores niveles de eficiencia. Cuando el Centro Económico de Despacho de Carga decide que una central térmica debe entrar, siempre despacha a la de menor costo. Desde el punto de vista de la estrategia comercial, la ganancia de algunas décimas o puntos de eficiencia es absolutamente indispensable, por eso ambas empresas -Endesa y Colbún buscan tener la última generación en centrales. A la entrada en funcionamiento de un prototipo, normalmente hay un proceso de ajuste; fallas de una u otra naturaleza que se van ajustando hasta que la central queda en pleno funcionamiento y es recibida “llave en mano”. La entrada en funciones de estas centrales debió haber sido intermitente o, incluso, en un proceso en el cual hubieran podido estar un año sin funcionar sin que el sistema hubiese notado esa ausencia.
Su entrada en funcionamiento coincidió con la profunda sequía del país, lo que las obligó a funcionar las 24 horas del día durante 365 días del año. El contrato establece garantías por el funcionamiento de la empresa, que pueden llegar hasta el desahucio. Un contrato “llave en mano”, supone que si lo que se compra no funciona -después de cumplir con las distintas pruebas a que debe ser sometido-, no puede ser aceptado como un bien adquirido. Se establecen indemnizaciones por el lucro cesante e indemnizaciones por causa de los costos en que Colbún ha debido incurrir como resultado de no poder cumplir sus contratos comerciales y tener que adquirir la energía en el mercado a precios sustantivamente mayores que los que hubiera costado la producción propia si la planta hubiera estado protegida.
2. Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Óscar Landerretche. Causas y efectos del racionamiento Para determinar las causas y efectos del nuevo racionamiento eléctrico que ha afectado al país, desde hace aproximadamente siete meses, se deben considerar algunos factores que ya se expusieron en el informe que emitió la Primera Comisión Investigadora, en el cual se se- ñalaba que el uso que se había hecho de las aguas disponibles en los meses de julio, agosto y septiembre del año pasado, no había sido óptimo desde el punto de vista del despacho económico. Al respecto cabe tener presente, que en la Región Metropolitana hubo racionamiento entre el 11 y el 25 de julio, el cual duró hasta el día 27. En resumen, el racionamiento tuvo una duración de 14 o 15 días, lo que significó en la práctica que el faltante en esos días fuera el equivalente al sobredespacho hidroeléctrico que se había producido con anterioridad a la emergencia, que empezó el 11 de noviembre. El racionamiento ha presentado una curva curiosa.
En abril hubo racionamiento con cortes, en mayo no los hubo, con excepción de algunas regiones, como Atacama, donde hubo una limitada capacidad de absorción del racionamiento con cargo a autogeneración y clientes libres. Otro aspecto que se debe tener presente es el que dice relación con la diferencia que existe entre racionamiento y cortes. El racionamiento puede ser emparejado, mientras que los cortes se originan en las decisiones de las empresas distribuidoras para absorber el racionamiento. Los decretos de racionamiento son autorizaciones dadas a las empresas para que racionen, lo que se materializa ya sea llegando a acuerdos con los clientes para reducir el consumo, moviendo el voltaje 5% más abajo de la banda normal o realizando operaciones de contratación de autogeneración o autoproducción y cortando el suministro, que es lo que en definitiva los usuarios perciben como racionamiento. Sostuvo no compartir el criterio de que la causa del racionamiento se originó en la falla de la Central Nehuenco. Al respecto, indicó que el racionamiento de abril y mayo se debía a razones que forman parte del proceso de regulación que ha provocado la emergencia eléctrica, como la utilización de los instrumentos disponibles y la solución de los problemas que se originan en las fugas regulatorias que existían. De esta manera, se fijaron los acuerdos básicos, que contemplan 18 puntos, como racionar en forma pareja, bajar a sus clientes libres en x megawatts, avisos a las respectivas distribuidoras con antelación y aspectos de seguridad.
Otras materias, que también cabe considerar, son los compromisos adoptados por las empresas, como por ejemplo en el caso de Endesa que en noviembre pasado se había comprometido a incorporar 600 megawatts adicionales al sistema, operación que parecía indispensable para enfrentar una temporada en que la generación hidroeléctrica estaba sujeta a cierto riesgo en materia de hidroelectricidad. La operación, además, requería ampliar la línea de transmisión para posibilitar capacidades de generación en el Norte Grande y Chico, que normalmente obedecen a respaldo para su propia área, pero que no se trasmiten, porque suponen que hay hidroelectricidad suficiente al sur de la Región Metropolitana. Endesa instaló 588 megawatts y amplió la línea de transmisión, lo que en la práctica, de haber estado todas las centrales funcionando, incluso con Nehuenco, hubiera significado un adicional aproximado de 70 megawatts. Colbún, a esa época, era una generadora con déficit importante, con retrasos reiterados y fallas recurrentes en su unidad termoeléctrica. Originalmente, su compromiso era instalar 100 a 200 megawatts, posición que se tornó cada vez más difícil una vez que se superaron los cortes. Colbún, en opinión del ministro Landerretche no tuvo la disposición de respaldarse con una capacidad de generación termoeléctrica, ni siquiera parcial, a diferencia de Endesa, que llegó incluso a instalar turbinas de respaldo a la Central de ciclo combinado San Isidro. Un segundo elemento, a destacar es el que dice relación con los 125 días en que no hubo racionamiento ni cortes, es decir, entre la última semana de noviembre y fines de marzo, en que no se utilizó la capacidad de generación de los autoproductores. Al respecto, los informes diarios emitidos por el Cdec contemplan datos sobre los autoproductores, en el cual se consigna una cifra de 357 megawatts hora de energía diaria, esto es el medio por ciento de la generación del sistema, lo que equivale a tener durante aproximadamente 18 horas, desde las 7.00 A.M. a las 24 horas, alrededor de 20 megawatts comprados. Como producto de la discusión que se suscitó con motivo de la intervención del Presidente de la República, Endesa sostuvo que tenía funcionando 200 y tanto megawatts y Gener que tenía más de 200 megawatts de autoproducción y autogeneración, megawatts que han sido utilizados al decretarse racionamiento. Es decir, en dicha oportunidad, se contrató esa capacidad de autoproducción y autogeneración, precisamente para absorber parte del racionamiento. La conclusión final, es que durante los 125 días en que no hubo racionamiento, ni cortes, no se hizo uso de esta capacidad de autoproducción, que tiene un alto costo. De aquí que al momento del acuerdo, esto es, el 18 de noviembre, se señaló que se iba a establecer la divergencia en torno al tema del costo falla y que la autoridad iba a aplicarlo, situación que no todas las empresas compartieron. Fue así como se originó la ley Nº 19.613, que otorga mayores facultades a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, generando a la vez, una incremento en las multa y fortaleciendo el tema de las compensaciones. Tema en que no existe total acuerdo, por cuanto existen diversas interpretaciones en cuanto al momento en que se deberán aplicar las compensaciones.
El Ministerio de Economía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles han sostenido que deben aplicarse desde el momento en que entró en vigencia la ley, aunque el decreto no haya corregido las fórmulas de cálculo de las mismas. Otra interpretación, señala que los tres días que median entre un acto y otro, serían objeto de discusión. La postura más extrema señala que la compensación no se aplicaría mientras dure la emergencia. Si durante los 125 días se hubiese empleado la capacidad de autoproducción y las empresas hubieran adoptado las decisiones inherentes al momento de emergencia, se podrían haber acumulado alrededor de 200 megawatts, mediante la vía de la no utilización de recursos en aquellos embalses en los cuales era posible utilizar, situación que no se produjo en el Laja y el Maule, porque había que regar. Los ahorros se deberían haber producido básicamente en Chapo y Rapel, por cuanto se trata de embalses que no tienen obligación de ser empleados para riego, lo que hubiera permitido ahorrar entre 1 y 1,5 gigawatt, que proyectado a un período largo, como podría haber sido un semestre, hubieran significado 200 gigas adicionales. Los 200 megawatts equivalen a 50 días sin corte de suministro. Existe una contradicción entre la forma como operan los procedimientos de regulación en una época normal versus una de crisis. En época de crisis se evita que las señales regulatorias tengan efectos inmediatos y se produzcan coordinaciones, momento en el cual la competencia entra a ocupar un lugar importante. Al producirse una situación de crisis la competencia se transforma en costo, porque ésta permite que se produzca todo tipo de incertidumbre respecto de lo que hará el competidor, por lo que las decisiones se llegan a transformar en apuestas. Otros factores que también han tenido incidencia en la crisis son los fenómenos de temperatura de las aguas que se han producido con las corrientes del Niño y la Niña, y la lluvia que se produjo el 9 de septiembre del año pasado. La generación hidroeléctrica actual es la más baja de la historia, no comparable con la de 1968, en que no existían las mismas centrales de hoy. Endesa ha entregado un programa que contempla completar 891 megawatts instalados al 30 de noviembre, más la ampliación de la línea San Isidro-Polpaico, que agrega otros 70 megawatts más, lo cual hace un total de 960 megawatts, esperándose otras ampliaciones por 240 más de manera de llegar a 1.200 megawatts adicionales. Otro tema que fue puesto en debate, fue el relativo a si hubo desplazamiento de energía térmica por energía hidroeléctrica, situación que no se dio, por cuanto hubo horas en el día, de preferencia en la madrugada, en que no todas las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas estaban funcionando, porque la curva de demanda a esa ahora es baja.
Las centrales que se encontraban funcionando tenían sus frecuencias reguladas. Finalmente, en lo que se refiere a las medidas de ahorro de energía propuestas para el sector público y privado, sostuvo que eran de dos tipos: medidas directas, acordadas con el comercio y las municipalidades y otras que comprenden el concepto de consumos prescindibles. El segundo tipo, está constituido por las medidas de ahorro, las cuales tienen un efecto reducido y dependen en gran medida de la acogida que tengan por parte de la población. Aclaró que durante el año 1989 hubo racionamiento, el cual alcanzó al 7% en julio y 4% en agosto. En 1990 hubo racionamiento en julio, agosto y septiembre. En agosto alcanzó el 11% y no hubo cortes. En suma, señaló que las campañas de ahorro no eran efectivas.
3. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía señor Cristián Nicolai. Causas y efectos del racionamiento En primer término, enfatizó que había asumido el cargo el 6 de abril del presente año. En julio del año pasado, se produjo una primera situación que hizo observar en forma crítica el abastecimiento eléctrico desde el punto de vista de los recursos hidráulicos disponibles hasta ese momento, evaluación que finalmente se desestimó al considerar que habría un invierno lluvioso, situación que no se produjo e, incluso, se agravó por el adelanto del deshielo de la nieve que hasta ese instante había precipitado. Todo ello produjo que el 11 de noviembre y en hora de punta no se alcanzara a cumplir la demanda, lo que llevó a adoptar un primer racionamiento y la dictación del decreto respectivo, el que se prorrogó hasta abril de este año. Con fecha posterior a la prorrogación del decreto, se dictó una resolución a fin de establecer un decreto de racionamiento parejo, luego de lo cual se abrió debate respecto de las enmiendas legales respecto de esta materia. En este aspecto, se modificó el artículo 99 bis, además de otras materias relacionadas con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Todo ello llevó a la dictación del decreto de racionamiento que rige en la actualidad y que recoge lo establecido en el decreto Nº 640, y lo señalado en la resolución de la SEC, que establecía un racionamiento parejo, como asimismo las modificaciones a la ley relativas a las compensaciones. Entre el período de crisis de noviembre y mayo, transcurrieron 125 días sin decretarse racionamiento. Posteriormente, los días de racionamiento en cifras ponderadas han significado una falta de provisión de suministro eléctrico de alrededor de un 1%, cifra que en los casos más graves se eleva al 3%.
Las causas que provocaron esta situación, son en primer lugar, el problema de la sequía, que no sólo ha sido una de las más agudas del siglo, sino que se ha prolongado por segundo año consecutivo. El atraso en la incorporación de algunas centrales de ciclo combinado y la posibilidad de falla de las mismas, han generado un desabastecimiento que ha conducido a situaciones de racionamiento y de cortes. En algunos casos, se ha estimado un déficit de energía por el manejo de las empresas en relación con los clientes libres, por el control de energía de autoproductores, como, también, por el manejo de voltaje. También, por algún grado de ahorro, en algunos sectores de la población, lo que ha permitido pasar días sin cortes. Respecto de la previsión del comportamiento hidrológico del año pluviométrico, que es una decisión probabilística, existe la probabilidad de acertar o no. En ese momento, se apostó a un año lluvioso, situación que no se dio. A la Comisión Nacional de Energía no le corresponde hacer el cálculo de costo de oportunidad que tendría, por ejemplo, el agua usada en generación, al ser usada alternativamente para el riego comprometido. Además, porque lo que se refiere al despacho de carga es un modelo acordado, donde concurren todas las empresas, no sólo las empresas de generación hidráulica, sino también las de generación térmica. Cada una al entrar a un Cdec tiene que declarar su prueba de costo marginal. De esa manera, va a ser despachado o no. La Comisión Nacional de Energía no tiene las herramientas adecuadas para determinar el costo de oportunidad del agua, lo que hace es un análisis económico, pero no fija los precios. Por lo tanto, las consideraciones económicas, que efectúa la Comisión se hacen en el sentido de mirar en un horizonte de más largo plazo, de considerar que es importante tener un recurso hidráulico que puede ser escaso en un momento determinado y que tal recurso se valore económicamente no al precio que está siendo despachado de acuerdo con el ajuste del costo marginal, sino en un período más largo y como recurso escaso. Hoy, se están despachando centrales térmicas cuyo costo puede ser alrededor de 60 mil, comparado con los 20 y tantos mil que debería ser el costo de la central hidráulica.
Otra cosa que es necesario tener presente es el costo al que es despachada la energía, el precio al que se vende y el costo de producción, donde también puede haber diferencias importantes, porque si tengo un recurso abundante que se me entrega a costo cero, el despacho no puede ser a costo cero y el valor al que vendo, por ejemplo, en el caso de los servicios regulados o las distribuidoras, es el precio de nudo. Entonces, hay una serie de valores que entran en juego, como las ecuaciones que hacen las empresas para adoptar sus decisiones. Respecto de la situación pluviométrica, la Comisión cuenta con el apoyo e información del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Se ha señalado que el fenómeno de La Niña podría estar retirándose en octubre, cuando haya terminado el período normal de lluvia entre la Séptima y Décima Regiones, por lo tanto, dicho fenómeno se puede producir en fecha posterior y posiblemente se produzcan lluvias desde la Décima Región hacia el sur, que no aportan a los embalses. En consecuencia, la situación de las cotas de los embalses es similar y no se sabe qué va a ocurrir con la situación pluviométrica hacia adelante. En una economía de mercado el precio es la señal y, desde ese punto de vista, es un mecanismo útil. Un precio tan caro como puede tener el costo falla, que es 5 veces el valor del precio nudo, dependiendo en cuál de los tres tramos se encuentre, es una señal muy fuerte para que aquel que en un momento dado esté en una situación deficitaria, tome las prevenciones del caso y contrate energía a valores menores. Ese es un incentivo para la contratación de autoproductores, que pueden estar en el orden de 60, si es una máquina térmica buena, o 90 y tantos mil. En cuanto a la estimación de las multas, expresó, que como ellas se observan en un período de tres meses, se calcula -a partir de la fecha de renovación de la ley- alrededor de 75 días para que las multas empiecen a tener efecto. Por lo tanto, tampoco existe una estimación exacta de cuál será el monto de las compensaciones. Lo que sí se ha hecho es un cálculo de la energía no provista en este período, la cual, en promedio, alcanza al 1%. Dicha energía se ha manifestado en los cortes y es la que realmente puede ser percibida, ya que todo lo demás no pasa de ser una estimación. La medida está dada por los cortes. En ese sentido, la estimación, del 1% de la energía no fue provista, incluso, con desviaciones que llegan en algunos casos al 3 o 4%, en las situaciones más críticas. En todo caso, es una cantidad no muy significativa, porque la valoración del kilowatt hora no provisto es de alrededor de 62 pesos, por lo tanto, no se pueden crear falsas expectativas en el sentido de que habrá devoluciones de varios miles de dólares o situaciones similares a las ocurridas en Argentina. Respecto de cuál ha sido la recepción por parte de las empresas, se pueden destacar hechos como la instalación, antes de la ley, por parte de la Endesa, de aproximadamente 600 megawatts de capacidad adicional, lo cual demuestra que dicha empresa previó ciertas situaciones, hizo sus evaluaciones económicas y tomó la decisión de invertir. Asimismo, está la decisión, posterior al discurso del Presidente, de anunciar la instalación de 303 megawatts, de los cuales los primeros 21 se instalarían el 15 de julio; 42, el 15 de agosto; 120 en septiembre y 120 en noviembre. Asimismo, cabe señalar la decisión de Colbún de considerar la instalación de 240 megawatts adicionales, con dos plantas de 120 megawatts para comienzos del próximo año. Otro aspecto importante es que las distribuidoras, que tienen la relación con los clientes finales, están dispuestas a pagar las compensaciones y, en caso necesario, a repercutir esta situación, incluso legalmente, contra las generadoras, en el caso que éstas no cumplan la parte que les corresponde. En el fondo, la distribuidora es la que paga la compensación, pero, a su vez, debe recibir de las generadoras la misma cantidad de compensación.
La Comisión Nacional de Energía no conoce los planes estratégicos de las empresas. Lo que se conoce es un plan de obras indicativo, que se utiliza para la fijación del precio de nudo, que es la señal que tienen las empresas posteriormente, al tomar sus decisiones de inversión. Pero existe un ordenamiento jurídico y económico, en virtud del cual las decisiones de inversión están radicadas en las empresas y no en el Estado. Desde ese punto de vista, la Comisión Nacional de Energía lo que hace es fijar las políticas que tiendan a asegurar el abastecimiento de energía eléctrica. Asimismo, le corresponde la fijación de los precios de nudo cada seis meses; la fijación del valor agregado de distribución para determinar los precios de los servicios regulados a consumidores finales, cada cuatro años; la observación diaria y dar ciertas indicaciones respecto de la operación del sistema y la ejecución de esa política. El objetivo de la Comisión Nacional de Energía, es incentivar para que se asegure el suministro eléctrico de alguna manera, pues, hasta hoy, existe esa cláusula de eximición y lo que se ha visto desde el año pasado hasta la fecha es una situación de crisis de abastecimiento con una discusión absolutamente estéril de quién es la responsabilidad y de cuáles son las soluciones. El plan indicativo de obras señala en un horizonte qué centrales entrarán, y ellas, efectivamente, corresponden a una tecnología u otra, de acuerdo con lo que las empresas han proyectado o de acuerdo con una estimación general, como fue el caso cuando la Comisión insistió en incorporar la central de gas y de ciclo combinado, a pesar de que todavía no había decisiones tomadas a ese respecto. Eso, en definitiva, se traduce en el cálculo del precio de la potencia y ésa es la señal que se da en términos de inversión. Hay un precio de nudo de potencia. Lo mismo pasa con la energía a producir, donde también hay un precio de nudo de la energía. Ésas son las únicas señales económicas, que deben ser el incentivo para que las empresas inviertan y produzcan la energía adecuada. El precio de nudo debe ser tal que sea el incentivo adecuado para los inversionistas. En el precio de nudo se privilegia evitar variaciones bruscas del precio. Por eso, se observa en una ventana de tiempo bastante larga la variación del costo marginal: si llueve mucho, es muy bajo y si no llueve o hay fallas es el costo de falla. Entonces, se da una curva de este costo marginal que varía y lo que dice la legislación es: promédiela, y ése es el precio. Por lo tanto, todas las variaciones bruscas se ven suavizadas. En consecuencia, lo que suceda hoy no se verá reflejado inmediatamente, sino que hay un retardo de tiempo para que eso se incorpore.
4. Ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, señora María Isabel González. Causas y efectos del racionamiento Sostuvo que la CNE durante el año 1998 había sido consultada sobre la conveniencia de adelantar el uso de las aguas del Laja y del Maule, a raíz de una solicitud de Endesa a la Dirección de Obras Hidráulicas. En efecto, a fines de junio del año pasado, Endesa solicitó flexibilizar el uso de las aguas, lo que significa adelantar aguas de la temporada estival para usarlas en los meses de julio y agosto, fundamentalmente porque el sistema estaba en una situación de estrechez máxima y se preveían déficit de abastecimiento para julio y agosto. El estudio de seguridad de la Comisión Nacional de Energía del 2 de julio de 1998, indicó un déficit de 5% para julio y agosto, el que se suplió con un acuerdo entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa para autorizar el uso adicional de 200 millones de metros cúbicos de agua del Laja. Este primer convenio estableció volumen y cota en el supuesto de que los afluentes eran equivalentes a 1968. SESIÓN 39ª, EN MARTES 11 DE ABRIL DE 2000 125 Con esa entrega de agua, el sistema debería haber quedado sin déficit, pero a raíz de que el 30 de julio, la central Nehuenco no entró en funciones en la fecha estipulada, se requirió un nuevo estudio de seguridad que acusó un déficit de 4% para agosto y septiembre, pese a la entrega adicional de 200 millones de metros cúbicos. Para paliar esa situación, se flexibilizó el uso del agua de la laguna Maule. Los 200 millones de metros cúbicos autorizados para Endesa se fijaron entre la cota 1.312,7 y la 1.311 y fracción. Endesa llegó a la cota impuesta por la Dirección de Obras Hidráulicas sin haber extraído los 200 millones de metros cúbicos autorizados porque los afluentes fueron menores de lo esperado, es decir, la proyección que elaboró la Dirección de Obras Hidráulicas se basó en afluentes equivalentes a los de 1968 y 1969; pero en esta ocasión hubo menos afluentes, por lo que se llegó a la cota fijada sin que se extrajeran los 200 millones de metros cúbicos. El 30 de julio la Dirección de Obras Hidráulicas firmó un nuevo acuerdo con Endesa respecto del Laja, con el propósito de extraer 64 millones de metros cúbicos adicionales de agua, cifra que completa los 200 millones acordados, para lo cual debió bajarse la cota. La legislación vigente establece que el Cedec es el encargado de despachar las centrales al mínimo costo, es decir, en estricto orden de costos variables. Para esto las centrales deben despachar a medida que aumenta la demanda durante el día. En cuanto al uso efectivo que se le dio al recurso, cabe tener presentes algunas consideraciones. El día que la Dirección de Obras Hidráulicas firmó el acuerdo de flexibilización de las aguas del Laja con Endesa, ésta informó al Cedec que la central El Toro debía ser despachada como central de pasada, costo variable cero. Las empresas propietarias de las centrales tienen la obligación de informar las características de sus centrales. Por ejemplo, si se es propietario de una central térmica y se sostiene que la central tiene un rendimiento de 0,34 kilos de petróleo diesel por kilowatt hora generado, la información es válida, al menos hasta que alguien la objete. Todo sistema de libre mercado, funciona basado en la buena fe y la confianza entre los actores. De este modo, Endesa hace una declaración en esos términos, las empresas térmicas rechazan esa apreciación, pero de acuerdo con los procedimientos internos del Cedec, esa situación sólo puede ser vista por su directorio 48 horas después de ocurridos los hechos, por lo tanto, la central El Toro funcionó durante varias horas -más de 48- a plena capacidad, como si el valor del agua fuese cero. Se puede sostener que hubo una apuesta de una empresa de que, por una parte, iba a llover, lo que generaría más agua, por lo que no importaba gastar la que había en ese momento. La limitación impuesta a Endesa fue la de extraer 100 millones de metros cúbicos en julio y otros 100 millones en agosto. Endesa dijo: tengo agua el 7 de julio, no importa que el 20 la hayamos gastado, puesto que a esa fecha la cota habrá subido y podré seguir sacando agua. Pero al parecer la apuesta resultó mal. El déficit durante noviembre pasado alcanzó a 65 gigawatts hora. De haberse empleado correctamente el agua se podría haber evitado un 40% de ese déficit. En el período 1996-1997, el Sistema Interconectado Central también vivió una situación de bastante estrechez. El 7 de abril de 1997 llovió y se acabó el problema de la escasez de agua, situación que no se repitió durante los meses de octubre y noviembre de 1996 y marzo de 1997. En esa época, hubo una divergencia en el Cdec en términos del valor de las transacciones de energía que ellos hacían, la cual tenía que ver con que si el costo marginal del sistema en ese período era el costo falla. En el fondo, no era el costo falla exactamente, sino que cuando el sistema prevé que en el futuro va a haber déficit, empieza a estar influenciado por el costo falla. Ya no es el costo de la última central térmica, sino que como el sistema prevé un déficit, le asigna un mayor valor al agua de la última central térmica que estaba disponible en el sistema. En 1997, el Cdec, a raíz de una divergencia, consultó el tema al ministro de Economía, quien solicitó para esos efectos un informe a la CNE. Dicho informe recomendó solicitar al Cdec el cambio de los modelos de despacho de las centrales hidroeléctricas por considerarlos muy optimistas y poco cuidadosos con el agua, basado en la experiencia de los tres últimos meses de 1996 y de marzo de 1997. La respuesta de Endesa a esa resolución del ministro derivó en un recurso de protección que fue resuelto en agosto de 1998 por la Corte Suprema en favor del ministro. El modelo asigna un precio de oportunidad al agua. Entonces, se despacha para las tres semanas siguientes y se copia la hidrología que hubo la semana anterior para la primera semana. Cuando la Comisión Nacional de Energía recomienda al ministro de Obras Públicas entregar los 200 millones de metros cúbicos de agua, se llega a un acuerdo personal con el gerente general de Endesa, mediante el cual se compromete a hacer un cambio en el modelo del Cdec, a más tardar el 31 de julio. La solicitud de Endesa era para flexibilizar el uso de 500 millones de metros cúbicos de agua que quedaban en el Laja. La zona de los 500 millones de metros cúbicos es de uso compartido para riego y generación eléctrica. 100 millones de metros cúbicos son de uso exclusivo de los regantes. El uso no está definido, pero la Dirección de Obras Hidráulicas sostiene que con esa cantidad de agua se riegan las 97 mil hectáreas que hay en esa zona. Endesa quería sacar los 500 millones de metros cúbicos a la velocidad que el sistema lo requiriera para evitar que el parque térmico tuviera que generar. El planteamiento de Endesa para solicitar 500 millones de metros cúbicos, sin ningún tipo de exigencia, obedeció a que en concepto de la empresa esas aguas les pertenecían y por lo tanto podía sacarlas en un mes. Las cifras que se manejaban indicaban que el déficit era de 4 ó 5% mensuales, considerando que la Central Nehuenco entraba en la fecha señalada, con la hidrología más mala de la cual se tenga conocimiento, correspondiente al período de 1961-1969. Esa cantidad de energía era posible generarla con 100 millones de metros cúbicos en julio y con la misma cantidad en agosto. En esa oportunidad se llegó a la cota antes de fines de agosto, por lo que se debió flexibilizar. La CNE nunca emitió ningún informe relativo al precio que se debía cobrar por las aguas. Solamente contaban con una estimación que consideraba que Endesa al evitarse pagar el costo falla por dos meses obtenía un beneficio importante, mayor a 100.000 dólares. La estimación dada en esa oportunidad por la señora González fue de 16 millones de dólares. Posteriormente, la Dirección de Obras Hidráulicas contrató a la empresa Mega-Red para que hiciera una estimación de lo que esto significaba, a raíz de lo cual se llegó a un valor menor, que fue de 11,5 millones de dólares. La preocupación del ministro era no causar alteraciones en el mercado eléctrico y para ello, sostuvo que sólo ante una situación de inminente racionamiento, se entregarían las aguas solicitadas, porque lo contrario sería equivalente a cambiar las reglas del juego para los demás actores, que esperaban otros precios de transacción. SESIÓN 39ª, EN MARTES 11 DE ABRIL DE 2000 127 El despacho del Cdec parte de la base que la semana comienza el viernes y termina el jueves. Por lo tanto, el jueves anterior, debe ponerse de acuerdo en un programa de operaciones para la semana siguiente. Entonces, el jueves hace una proyección y dice: “tendré cierta cantidad de generación de las centrales de pasada”, que son las primeras que ocupa, porque si no se genera en ellas, esa agua se pierde. Después, si hay escasez de agua, se recurre al parque térmico eficiente, esto es, a las centrales a carbón o a gas natural. Posteriormente, si está muy escasa el agua, se recurre al parque térmico ineficiente, que es muy caro, conformado por las turbinas a petróleo. Finalmente, se recurre a los embalses, con los cuales se hacen regulaciones a distintas horas. En ese escenario, el 2 de julio, el Cdec señaló que habría déficit para la semana siguiente, razón por la cual el viernes se debía empezar a racionar a razón del 5% de la demanda diaria. Esa misma situación se iba a presentar durante julio y agosto. Por lo tanto, la alternativa más rápida que tiene el sistema, si hay agua disponible, es generar. En ese momento, Endesa podía sacar 47 metros cúbicos por segundo del Laja. En esa situación, se la autoriza a sacar a una velocidad mayor para que pueda generar mayor cantidad de gigawatts hora. Por ejemplo, en la central El Toro, en esa época se estaban generando 5 gigawatts hora al día y con esa autorización podían subir 8 gigawatts hora al día, con lo cual se cubría el déficit. La alternativa planteada era la correcta, pero lamentablemente las empresas no fueron capaces de ponerla en práctica, ni siquiera para evitar los cortes cuando ya no había agua, y que consistía en comprar generación a las industrias que tienen capacidad de autogeneración, esto es, que tienen equipos de respaldo. En definitiva se planteó que no usaran esa generación durante las dos horas en que se cortaba el abastecimiento, sino todas las horas que fuera necesario, y que pagaran por eso. Esa alternativa es más cara. Hoy, la unidad más cara del sistema es la central Renca, porque funciona con diesel dorado, que tiene a 6,5 centavos de dólar el kilowatt/hora generado. Ese es el costo variable. A título ejemplar, se puede considerar que la capacidad de generación de las pesqueras de la Tercera Región, tenía un costo de 11 centavos de dólar. El costo de falla es 14 centavos de dólar Consultada sobre cuánto había costado a Endesa obtener la energía y cuáles eran las alternativas de que disponía, respondió a partir de un ejemplo, “suponiendo que represento a Endesa y tengo déficit. El costo falla debe comenzar a operar aun cuando haya un kilowatt/hora de déficit. Esto significa que no compro sólo ese kilowatt/hora al precio de falla, sino que todo lo que adquiero lo compro a costo de falla. Como represento a Endesa en este momento, tengo energía firme, pues tengo contrato con las distribuidoras y con los clientes libres. Entonces, estoy produciendo la mitad de mi energía firme, lo que se traduce en que la mitad de lo que estoy vendiendo tengo que comprarlo a 14 centavos de dólar para venderlo a 3,2. Ese es el precio del mercado. El escenario consiste en comprar la mitad de lo que vendo a 14 para venderlo a 3,2. Por lo tanto, Endesa tiene que evitar por todos los medios que llegue a operar el costo de falla.”. Endesa partía de la base que si entraba Nehuenco en julio o si llovía, lograría producir, por ejemplo, 10 y tenía contratos por 7. Eso significaba que dejaba de comprar esos 7 a este precio, ésa es la retribución que obtienen, ésa es la ganancia. A vía ejemplar señaló que en Argentina el costo de falla no cuesta 14 centavos de dólar. Cuesta un dólar. En Chile se calculó con un estudio. Suponiendo que soy dueña de la indus- 128 CÁMARA DE DIPUTADOS tria Ipal, que consume 300 kilowatt/hora y la demanda máxima es de 300 kilos. Entonces, la pregunta es ¿cuánto cuesta tener equipos para generar esos 300 kilos en costo de inversión y en costo de operación?, con el supuesto de que el sistema fallará, por ejemplo, cuatro o seis horas al año. Por lo tanto, ése es el costo de falla del sistema. Es decir, lo que cuesta autoproducir o autoabastecer. No sólo se puede embalsar agua en El Laja, sino que también en Colbún, Nehuenco o en Rapel. Si el modelo hubiera sido más conservador, no habría sacado las centrales térmicas y habría habido más agua en cualquiera de los embalses y no necesariamente en El Laja, lo cual significa que esa agua se podría haber generado en noviembre y en lugar de tener 67 gigawatts de déficit -como hubo-, habrían sido 30. Si algo se hizo mal en este período, en el que ya se sabía que había crisis, fue el retiro del parque térmico, pues, en la práctica, se dejó de gastar petróleo para gastar en agua. Eso alcanzó a 30 gigawatts y el déficit fue de 67 gigawatts. En definitiva de no haberse flexibilizado el convenio, habría habido cortes en julio y agosto y eso se conocía el 2 de julio. Si se hace una evaluación ex post de los hechos y si Endesa hubiera tenido que pagar el costo falla, se puede concluir que esa empresa habría hecho un mal negocio al adelantar el uso de las aguas, porque en definitiva pagó por adelantar un recurso que igual iba a poder usar a lo largo de los meses. Es decir, Endesa pagó precisamente para evitar pagar el costo falla, pero igual debería haberlo pagado en noviembre. En esa época la prensa informó que las empresas se habían puesto de acuerdo sobre el precio con el Cdec, lo cual fue muy negativo para el mercado, porque de esta manera se perjudicó a las empresas pequeñas, como Petropower, central que funciona con petcoke, en Talcahuano, que entrega al sistema el equivalente a la generación de 48 megawatts, y que tenía un contrato con Endesa con el costo marginal. Sin embargo, como el Cdec nunca reconoció que el costo marginal es el costo falla, esa es una de las empresas que resultó perjudicada con el acuerdo. Al no conocerse el acuerdo, resulta difícil hacer una estimación del valor. Endesa debió haber pagado el costo falla, sin embargo, no lo pagaron en julio ni en agosto, gracias a que hubo agua. Lo deberían haber pagado en noviembre. A criterio de la señora González, Endesa habría hecho un pésimo negocio, porque pagó por adelantar el agua, pero igual no logró evitar el racionamiento, debido a que se jugó por un escenario que no se dio. Todos los actores del sistema, incluyendo a la autoridad, creyeron que Nehuenco entraría y nadie pensó que ese año sería tan seco como 1968-1969. Central Nehuenco Entrando derechamente en el tema de Nehuenco, expresó que la CNE para hacer los estudios de seguridad, siempre había considerado la entrada de esta central. Nadie, salvo su propietario, puede tener información respecto de la fecha de puesta en servicio de una central. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Energía contrató a un experto para que hiciera una evaluación a fin de que informara al respecto. La información de la empresa fue limitada, pero, sin embargo, se pudo determinar que la situación era grave y la conclusión no fue positiva. Una interrogante que surgió al tenor de la exposición, fue si la decisión unilateral de Endesa para usar las aguas estuvo condicionada a no caer en racionamiento y déficit con sus clientes, porque esto habría tenido un costo muy elevado. SESIÓN 39ª, EN MARTES 11 DE ABRIL DE 2000 129 De haberse rechazado la flexibilización del contrato, Endesa hubiera debido echar mano a los 200 megawatts de autogeneración, y tal vez esta decisión forzada habría sido más adecuada. Al respecto, precisó que una salida comprada al mercado de los autoproductores hubiera significado que los déficit habrían resultado más caros que la flexibilización del uso de las aguas del Laja. Finalmente, la señora González expresó que lo correcto había sido optar por el equilibrio, y en este sentido valoró la decisión de no flexibilizar los 500 millones de metros cúbicos, sino sólo 200 millones. 5. Superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Juan Pablo Lorenzini. Causas y efectos del racionamiento Aclaró que no se trataba de un nuevo racionamiento, sino que el mismo que comenzó en noviembre del año pasado. Normalmente, se confunde racionamiento con cortes de suministro. El sistema ha presentado déficit energéticos, porque la demanda no fue la esperada. De no haber habido autorestricciones de parte de los consumidores, se hubieran presentado cortes de suministro. Durante un largo tiempo hubo medidas paliativas, adoptadas tanto por empresas del sector como por los propios clientes.
Según antecedentes de la Comisión Nacional de Energía, el uso de la capacidad de autoproducción sólo se hizo efectivo a propósito de que la crisis se manifestó en forma pública cuando se produjeron cortes, los cuales se agudizaron a partir de abril de este año. Las causas continúan siendo las mismas que la originaron, el desabastecimiento de noviembre de 1998, la extrema sequía y la incapacidad de generación térmica del sistema para afrontar el déficit, considerando que las decisiones adicionales de inversión de las empresas se efectuaron en diciembre pasado. Su materialización fue a partir de marzo y se concretó en 588 megawatts aportados por Endesa, debido a la instalación de nuevas unidades de generación, como por una ampliación de la línea de transmisión, lo que permitió utilizar en mejor medida los recursos existentes al norte de Santiago. Respecto de las medidas de ahorro de energía adoptadas por los sectores público y privado, su opinión fue que habían fracasado. La experiencia pasada demostró que eran poco eficientes. A pesar de que su alcance es limitado, es imprescindible que la situación de desabastecimiento sea internalizada por la ciudadanía y genere conductas personales, aunque en la práctica y en la sumatoria de ellas no sean muy significativas de ahorro. A partir de la publicación de la ley Nº 19.613, la situación cambió y fue posible establecer medidas de ahorro, no voluntarias, sino inducidas. En uso de las facultades legales y mediante la dictación de resoluciones, se estableció una mezcla de medidas que atacan consumos prescindibles y otras tendientes a disminuir o facilitar el ahorro energético. Las medidas inductivas al ahorro se expresan a través de campañas publicitarias llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Ahorro de Energía y a partir del 9 de junio, mediante la imposición de medidas de ahorro coercitivo dispuestas por la Superintendencia. El conjunto de medidas ha tenido una repercusión de a lo menos el 1% de ahorro respecto del consumo normal del sistema. Esto se transforma en una cifra, que dependiendo del día de la semana de que se trate, debe ser del orden de entre 10 a 15% del déficit energético existente. En todo caso, en opinión de las empresas, esta campaña ha rendido frutos disímiles, dependiendo en gran medida del tipo de consumidores. Se estima que el ahorro mayor se ha dado en las personas cuyo consumo es menor a 100 kilowatts/hora al mes. Son los estratos medios y bajos los que han contribuido de mayor manera, debido a que su consumo es pequeño, pero en ningún caso alcanza para compensar a los estratos altos. La reacción del comercio ha sido negativa, por cuanto sostienen que la restricción en las vitrinas ha sido perjudicial y que preferirían una medida que permitiera dar cierta flexibilización. La función básica de la Superintendencia es la de mantener el sistema. El ahorro producido por el conjunto de las medidas adoptadas representa a lo menos una hora o eventualmente dos, de cortes generales, de acuerdo con el programa de Chilectra para la Región Metropolitana. La evaluación de la salida de las dos centrales de ciclo combinado está entregada a la Comisión Nacional de Energía y las medidas de ahorro forzado también fueron adoptadas considerando los informes de dicha Comisión. En lo que se refiere a la venta y flexibilización de los convenios celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas y Endesa, la Superintendencia no tiene relación alguna con dicha materia, lo mismo en lo que respecta a los retrasos de la Central Nehuenco. Central Nehuenco Sin perjuicio de lo anterior, formuló algunos comentarios en relación con la Central Nehuenco. Recalcó la importancia de conocer las causas que los propios actores se adjudican en la falla de la Central, como también establecer el grado de conocimiento que existía en ambos respecto de los inconvenientes de Colbún, a fin de compararlos con la información que la empresa entregaba al Cdec y a la autoridad.
Resulta de vital importancia determinar el momento en que la información fluye porque esto condiciona los precios de nudo. Al entregar una información de prefijación de precio nudo, vale decir, marzo o septiembre de un año calendario, se establece una capacidad de generación conforme con la cual se fijan los precios para los próximos 6 meses, lo que es diametralmente distinto si lo mismo se sostiene a partir de mayo o junio. Entonces, resulta claro que el precio nudo puede verse afectado por una información errada. Si se sabe que una central no va a entrar en funcionamiento y esta información se omite por 15 días, tiempo durante el cual se estará transando a un costo marginal menor del que corresponde realmente, no se estaría proyectando la ausencia de ofertas que tienen una potencialidad. Cuando se anuncia que una central entrará en funcionamiento y esto no sucede, lo que se obtiene es presionar a la baja del precio y por lo tanto se está beneficiando artificialmente a los consumidores, pues el precio no se alza, sino se deprime. Al no entrar el funcionamiento la central el 1º de marzo de 1998, se estaba causando un perjuicio porque se estaba transando a un precio que no correspondía. Actualmente, existe la obligación de informar de los hechos esenciales a la Superintedencia, es decir, aquellos que puedan afectar al 5% de los clientes del sistema. El Superintendente se mostró partidario de introducir algunas modificaciones a la ley eléctrica, especialmente en materias de precios, de manera de llenar el vacío que se produce cuando el actor no ajusta su comportamiento a lo declarado, afectando de este modo los precios, situación en que la empresa debería hacerse cargo de las distorsiones de precios que genera.
En cuanto a medidas adoptadas por las distintas empresas, señaló que Endesa pretende incorporar 303 megawatts adicionales al sistema. Gener comprometió la incorporación de 200 megawatts de autoproducción al sistema, asunto que posteriormente fue desmentido por la empresa, sosteniendo que los 200 megawatts de autoproducción existían en el mercado, disponibles para quienes tuvieran que contratarlo. Como consideraciones generales, hizo presente que no tenía dudas de que si en el período enero-abril se hubiese utilizado capacidad de autogeneración se habrían minimizado los cortes. El mejor manejo de la crisis se debería a que hoy el racionamiento tiene un costo asociado que son las compensaciones a los usuarios, prueba de ello es que las empresas han presentado comportamientos muy disímiles entre las que tienen iguales niveles de déficit. En el tema de las compensaciones, señaló que éstas se manifestarán en las boletas de los consumidores a partir del mes de septiembre. 6. Presidente del Centro de Despacho Económico, señor Marco Arróspide. Causas y efectos del racionamiento Con posterioridad a los cortes de noviembre y a las escasas reservas hidráulicas que había en el sistema, hubo una serie de decisiones que se tomaron para enfrentar la situación que se veía venir de enero en adelante. Se incorporaron algunas centrales termoeléctricas y hubo ampliación de la capacidad de línea de transmisión para evacuar energía desde la zona norte hacia el sur, pero ocurrió la falla de Nehuenco y se empezó a utilizar menor energía, lo cual implicó cortes en algunas zonas del país, lo que motivó a la Superintendencia a aplicar cortes parejos.
En relación con las campañas de ahorro de energía, señaló que entendía que no habían sido exitosas, por falta de manejo. Sobre la flexibilidad de los convenios, sostuvo que existía una cierta cantidad de energía disponible que se entregaba a costo cero, desde el punto de vista del despacho económico, en el sentido de que se podía entender que era una energía de pasada que no tenía un valor alternativo de generación en ese minuto. Frente a una consulta relativa a la fluctuación de la franja de megawatts que tiene el despacho diario, indicó que al hablar de capacidad se entiende la potencia que se entrega en un período diario, dentro del cual existe un comportamiento distinto en la madrugada, mediodía y hora punta. En días hábiles, de lunes a viernes, sin considerar cortes, la estimación de demanda aproximada fluctúa entre 3.500 y 3.700 megawatts en la hora de mayor demanda. El sistema eléctrico determina en su programación diaria una central que regula la frecuencia, la cual debe ser de muy rápida subida o bajada de carga -requisito que normalmente cumplen las centrales hidrahúlicas y las turbinas a gas- y que, además, esté operando en un rango que le permita suplir salidas bruscas tanto de generación como de consumo. Lo anterior, se mide a través de una máquina que actúa como reguladora y que trata de llegar al equilibrio instantáneo entre lo que se está generando y lo que está demandando. Esta maquina mide la frecuencia, que es el elemento que determina el equilibrio entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, si se produce una pequeña subida en la frecuencia, la máquina reduce la generación a fin de establecer el equilibrio. Si la frecuencia es baja, lo que hace es subir la generación para restablecerlo. Frente a situaciones de falla y de salida de centrales importantes, por ejemplo de 370 megawatts- equivalente a aproximadamente el 10% de la demanda de un día en la hora de punta- y como lo técnico económico no permite tener una capacidad de reservas suficientes para soportar dicha caída, lo que se hace es actuar con los relés de baja frecuencia, elementos instalados en los consumos que permiten que ante una caída, actúe la central reguladora. Si ésta no es capaz de tomar toda la carga, los relés descuelgan los consumos para tratar de aliviar el sistema y llevarlo al equilibrio por el lado del consumo. Frente a una caída brusca, actúan dos elementos: una central reguladora y los relés, los cuales funcionan como fusibles al bajar la frecuencia.
7. Gerente General y socio de Mega-Red, señores Andy García y Benario Troncoso, respectivamente. Mega-Red es una empresa asesora en el área energética que funciona como tal desde 1992. El objetivo de la empresa es asesorar a empresas públicas y privadas en el ámbito nacional y latinoamericano. En ese predicamento, han asesorado a varias empresas interesadas en llevar adelante proyectos energéticos, como también a organismos gubernamentales, como la Comisión Nacional de Energía y los Ministerios de Obras Públicas y de Planificación. Los trabajos mencionados, datan de diciembre de 1996 y julio de 1998.
El primero se tradujo en una asesoría al Ministerio de Obras Públicas, organismo que estaba interesado en evaluar la disponibilidad de agua en el canal Laja-Diguillín. Consecuencia de esa asesoría y producto de las negociaciones entre la Dirección de Riego y Endesa, se analizó la flexibilización del convenio de riego, de 1958. En 1998, la Dirección de Obras Hidráulicas solicitó evaluar los beneficios que percibiría Endesa en caso de una posible flexibilización del convenio ya señalado. La metodología empleada incorpora una modelación orientada a cómo usar en forma apropiada el agua acopiada en los distintos embalses sometidos a las restricciones impuestas por los derechos adquiridos por los regantes. Por sobre los derechos adquiridos por los regantes, existen disponibilidades de agua en los distintos embalses, de modo de realizar las operaciones más convenientes para el conjunto del sistema. Tomando como base esa modelación, se pueden estimar los costos marginales en que son valorizadas las transferencias de energía entre las empresas generadoras que integran el Cdec. Esos costos van a depender del uso que se dé a las aguas embalsadas. En relación con el estudio de 1998, cabe recordar que en julio de ese año, Endesa tuvo intenciones de anticipar el uso de aguas del lago Laja. Ante un escenario aleatorio, es decir, donde se desconoce lo que iba a ocurrir, y sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Dirección de Obras Hidráulicas, se intentó estimar los beneficios de Endesa por usar en forma anticipada el agua. En ese momento había una serie de antecedentes que hacían prever que en el futuro se iba a disponer de más oferta de energía por la puesta en servicio de dos nuevas centrales termoeléctricas de ciclo combinado: Nehuenco y San Isidro, lo que traería como consecuencia una baja en los costos marginales. Los beneficios de Endesa se canalizaron por la vía de que la empresa podría disponer de energía a corto plazo en un momento en que los costos marginales eran bastantes altos, debido a las restricciones de oferta que se verificaban en aquel entonces. Por otra parte, Endesa devolvería esa agua meses más tarde, momento en que los costos marginales iban a ser bajos, debido al aumento de oferta de energía. En otras palabras, Endesa iba a utilizar el agua cuando los costos marginales fueran altos, lo que redundaría en un menor desembolso por concepto de compras, y la devolvería cuando estos bajaran. Para graficarlo en cifras, Endesa podía sacar 100 gigawatts/hora a un precio de 70 milésimos de dólar por kilowatt/hora, pero cuando la devolviera lo haría a un costo de 20 milésimos de dólar por kilowatt/hora. De manera que se producía un diferencial de 50 milésimos por kilowatt/hora por la energía desembalsada con anterioridad. En el momento en que se encargaron los estudios, la supuesta flexibilización del convenio partía de la base que Endesa iba a usar agua por un máximo de 100 millones de metros cúbicos e iba a llegar a la cuota 1.313, el 31 de agosto de 1998. El otro antecedente importante, es que la Dirección de Obras Hidráulicas informó que si Endesa usaba esos 200 millones de metros cúbicos, no se verían perjudicados los derechos constituidos, los derechos de los regantes en la cuenca del río Laja. Mega-Red, sólo analizó los aspectos relativos a la energía eléctrica, y no analizó los perjuicios. La estimación de los beneficios de Endesa, en ese momento, es preliminar. No es el máximo beneficio de Endesa, porque el abanico de opciones que se podían dar, desde el 1 de julio hacia delante, era bastante amplio. Podían darse condiciones en que los beneficios eran superiores en caso de que la sequía se prolongara por ejemplo hasta fines de agosto o septiembre de 1998. Posteriormente se materializó la oferta de energía y la puesta en servicio de la Central Nehuenco, por vía de precipitaciones, que mejoraron la condición hidrológica. Por lo tanto, los costos marginales podrían haber llegado a ser bastante más bajos que los 20 mil que se consideraron en ese momento. Los beneficios de Endesa, en otras bases, podrí- an haber sido estimados por un valor más alto. Y también haberse dado otras condiciones hidrológicas -que se dieron en definitiva- y la condición hidrológica se mantuviera seca por el resto del año hidrológico, hasta fines de marzo de 1999, y que las centrales de gas no se pusieran en servicio, cosa que, en ese momento, no era posible prever, de acuerdo con la información disponible.
Otro aspecto importante, que consignó el informe, es que no se valorizaron los efectos económicos intramarginales de la empresa Endesa. Los efectos económicos intramarginales se refieren básicamente a que Endesa disponga de más agua. Junto con generar más energía, podría traer una baja de los costos marginales. Por lo tanto, podría comprar menos energía y a menor precio. El primer estudio tiene una serie de antecedentes que se incorporarían en otros estudios y que dicen relación con los modelos que se utilizan y con metodologías propias del sector. La flexibilización del año 1996, significó autorizar a Endesa para el uso anticipado del colchón de 500 millones de metros cúbicos. El estudio versó sobre la flexibilización dentro del colchón de los quinientos millones de metros cúbicos que, de acuerdo con lo que establece el convenio, Endesa queda limitada a 47 metros cúbicos por segundo y, en este caso, podría generar más. Entonces, se estudiaron escenarios de usos dentro del convenio, considerando distintos escenarios hidrológicos. Repitiendo la condición hidrológica le daba mayor o menor uso dentro de este colchón. La dirección en base al estudio saca una estimación por metro cúbico usado de agua- en función de los metros cúbicos que habría utilizado Endesa, y finalmente establecen cuánto es lo que cobran. A partir de un acuerdo de una valorización por metro cúbico o por millón de metro cúbico extraído de agua sobre ese colchón por sobre las restricciones que establece el convenio. Se hizo una valorización de esa flexibilización que trae asociada una cierta cantidad de uso del agua, no exactamente los 500 millones de metros cúbicos, porque ello depende de condiciones hidrológicas. Lo importante de esta valorización es que en función de las condiciones hidrológicas que se presenten, se determina el valor económico y el beneficio marginal del agua utilizada. Dicho valor se establece en función del beneficio que esto tiene en el sector eléctrico. Ese aspecto definió posteriormente el marco para la negociación y las cifras a que llegó la Dirección de Riego con la Endesa. El primer escenario, en el cual se llegaba a un beneficio de 11,6 millones de dólares, correspondía a suponer que se iba a presentar una hidrología seca en el período desde abril de 1997 a marzo de 1998. En cambio, en un escenario donde la hidrología del período 1997- 1998 era húmeda, lo cual traía como consecuencia una mayor oferta de energía, los beneficios para la Endesa, por anticipación del uso del agua del lago Laja, llegan a 26,9 millones de dólares, teniendo flexibilidad para entrar en el colchón de 500 millones de metros cúbicos. Es importante precisar que el estudio tenía por objeto analizar los diferentes escenarios en que el lago Laja podía llegar a determinada cota. No se valorizó si eran 200 millones de metros cúbicos o si eran 216, sino que el lago Laja llegara al 31 de agosto de 1998, a la cota 1.313. Las conclusiones de informe consignaron que por tratarse de una materia de corto plazo, como es evitar posibles racionamientos, en especial en el sistema interconectado central, era factible pensar que debiera existir una disposición a llegar a un acuerdo con la Endesa a valores menores a los señalados en esta minuta. La modelación que se conoce en el sector eléctrico utiliza, como muestra, 40 años hidrológicos. Una de las bases que se presupuestaron era que los regantes no serían afectados en sus derechos. 8. Profesores de la Universidad Católica de Chile, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, señor Sebastián Ríos, y del Departamento de Ingeniería Industrial, señor Patricio del Sol. Efectuaron una síntesis del informe entregado a la Dirección de Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, sobre la compensación que tenía que entregar Endesa por la flexibilización del convenio sobre el manejo de las aguas en la cuenca del Laja. El cometido encargado fue analizar si la compensación era correcta y pronunciarse sobre un estudio efectuado por Mega-Red. Esto fue en diciembre de 1996, cuando había una sequía muy grande y la idea era extraer del lago Laja más agua de lo que normalmente se permitía, para evitar un racionamiento que se preveía para febrero. Había un beneficio para Endesa, en el sentido de que podía generar más electricidad y venderla. Por último, el proyecto tenía una externalidad positiva sobre el resto de la sociedad, porque se suponía que si se flexibilizaba no iba a haber racionamiento en 1997. Además, en diciembre del 96, ya
Existía una alta probabilidad de que las centrales de turbina de gas estuvieran funcionando durante el mes de febrero, por lo cual la crisis no sería tan efectiva y se paraba el racionamiento. Ocasión, en que se estimó que el beneficio total de Endesa por esta flexibilización sería de 29 millones de dólares, por cuanto produciría más electricidad y la externalidad que se evitaría con el racionamiento era de 52 millones de dólares. Es decir, habría un beneficio para Endesa de 30 millones. Ése fue un valor bastante actualizado que se obtuvo al solicitar a la Comisión Nacional de Energía que corrigiera el modelo de gestión óptima de El Laja con las últimas cifras para que determinara cuáles serían las necesidades de energía y el costo de falla a diciembre del 96. De ese análisis actualizado se obtuvo el valor de los 52 millones. Existía la probabilidad de que el beneficio sólo se obtendría en 1997 y no por tres años. De los cálculos efectuados, se determinó que la flexibilidad no tenía ningún impacto en otros años, fuera del 97. La probabilidad que ocurra es de uno a mil. Esto podría ser válido para todos los años, pero si se hace en diciembre del 96, tiene que tratar de predecir el futuro, lo más razonable era predecir los años 97, 98 y 99, serían años normales y en ese escenario, no tiene ningún impacto en la flexibilización. De no suponer la externalidad, no hay manera técnica de saber el cobro que podría haber hecho el Ministerio de Obras Públicas a Endesa desde cero a 29 millones. Lo único que podía decir es: que Endesa pague la mitad y el beneficio se comparta con el Ministerio de Obras Públicas, para llegar a los 14 millones, sin considerar la externalidad, porque al considerarla, el Ministerio de Obras Públicas debería haber estado dispuesto a flexibilizar aunque no le pagaran nada, porque el impacto sobre la sociedad era de 50 y tantos millones. En ese sentido, se estimó que el pago era justo. De la misma manera Endesa no podía decir cero, porque decir que no va a abastecer tiene un costo muy alto en el plano nacional e internacional. Cuando nos preguntó si la estimación de 14 millones era correcta, se sostuvo que claramente era favorable, porque sin considerar la externalidad, el valor calculado era justo, además se suma el hecho de que se estaba evitando un racionamiento eléctrico valorizado en 52 millones de dólares, en febrero. Interrogados sobre por qué no se representaron varios escenarios, sino que se quedaron con el del año seco, y no proyectaron la probabilidad de que el 97 fuera aún más seco, respondieron que se debía recordar que el estudio de Mega-Red manejaba rangos y consideraba todas las posibilidades, menos el valor esperado. Se trabajó con ese valor, pero en este caso se tomó en cuenta debido a que era muy improbable. No obstante, se hicieron algunas simulaciones, no se podía prever que en 1998 se iba a producir una sequía como la que hubo, porque las probabilidades de que eso ocurriera eran aproximadamente de 1 a 1.000, y se trabaja con el valor esperado. De hecho, el primer año se acertó bastante, porque 1997 fue un año extremadamente lluvioso.
Tiene dudas que la flexibilización evaluada en 1996, había que hacerla. Para la elaboración del supuesto se consideran escenarios normales. Al respecto, si se analiza y grafica la serie hidrológica de los últimos 30 ó 40 años, se observa que las sequías duran un período aproximado de dos o tres años, seguidos por otros dos o tres años lluviosos. Esa ha sido la constante. A partir de 1995 se estaba entrando en la serie hidráulica en la que se producen dos o tres años secos. En diciembre, todavía no se podía saber qué pasaría al año siguiente, pero al haberse experimentado dos años secos se podía esperar que en 1997 el sistema se recuperara. Bastaba observar la serie hidrológica de los últimos treinta o cuarenta años para darse cuenta de que se daban las constantes señaladas. En 1997 se produjo el cambio esperado, pero nadie tenía contemplado que, además, 1998 fuera un año extremadamente seco. La probabilidad de ocurrencia de que el próximo año fuera igual, era menor de 1 a 1.000. Es decir, como 1996 fue más seco que 1968 -año en que la probabilidad era de 1 a 1.000-, para 1997 se optó por flexibilizar y usar el agua, porque se esperaba que dicho año no presentara problemas. No se puede trabajar en predicciones con eventos así, porque no existe la capacidad técnica requerida para sensibilizar eventos que tienen esa probabilidad. Al analizar cómo estaba el sistema eléctrico en diciembre de 1996, se puede concluir que había un parque hidráulico del orden del 80% y un parque térmico habilitado aproximado del 20%. Es decir, ante la pregunta de si en 1996 se podía haber usado más parque térmico, la respuesta es que eso no era posible, por cuanto el parque térmico estaba funcionando al máximo y no había forma de utilizar otra central térmica, habida consideración de que no existían las centrales de ciclo combinado. El escenario de septiembre de ese año dio señales a Endesa de que tenían que traer turbinas a gas, por un total de 230 megawatts, porque ellos estaban proyectando que con el uso de las aguas habría déficit y racionamiento. Por lo tanto, tendrían que estar en febrero con los 230 megawatts térmicos instalados y funcionando.
Sin embargo, la situación de 1998 era distinta, por cuanto había proyectos, como Nueva Renca, Pangue, San Isidro y Nehuenco, que estaban funcionando a plenitud. Es decir, allí la composición del parque pasó a ser de 60 a 40. Para efectuar el cálculo de las externalidades, se emplearon estudios de la Comisión Nacional de Energía que calculan siempre el costo de falla. Se supone que el beneficio de la sociedad por consumir electricidad más el costo de falla estaba calculado. Se multiplicó esa cifra por la estimación hecha sobre el racionamiento. El costo de falla considera todas las centrales posibles. Entre los parámetros empleados, el del nivel del Laja era el más importante. Se actualizó el nivel del lago Laja. El estudio de Mega-Red se hizo con un nivel del lago Laja. Las matrices contienen una secuencia de toda el agua que cae, la que se evapora, las filtraciones, la que se saca; todo para llegar hasta finales de 1997. Cuando se hace mención al caudal afluente, los datos de deshielo de noviembre de 1996 se obtuvieron del Centro de Despacho Económico de Carga; para el resto del año se usaron los promedios. No se realizó un estudio de riesgo, porque pareció mucho más riesgoso no flexibilizar. Una manera de enfrentar la incertidumbre es la flexibilidad. Podría ser que en este caso particular se vieran incentivos perversos, pero el estudio no estaba orientado al riesgo, sino a determinar si 14 millones de dólares era un valor esperado. No se profundizó en el asunto del riego. Numerosas personas estaban de acuerdo en que no había un impacto importante, por lo tanto, no se profundizó. Es decir, se partió del supuesto de que no había impacto para los regantes. En el acuerdo entre Endesa y los regantes, que incluía un total de diez puntos, los cinco primeros puntos protegían a los regantes. La Dirección de Riego y Endesa establecieron un marco de acuerdo de tres artículos. Los primeros cinco artículos tienen una connotación económica entre la Dirección de Riego, por un lado, y Endesa por el otro. Entonces, de alguna manera está considerado el efecto que produce el convenio sobre los regantes. En relación con el valor del agua, hay dos fechas que son cruciales en el sistema. Las empresas hidroeléctricas, especialmente las hidráulicas, deben estar muy preocupadas de la cantidad de nieve que se ha acumulado y midiendo las profundidades en forma periódica, porque en octubre, noviembre y diciembre se producen los deshielos, y como esas son centrales de pasada, hacen un aporte muy significativo en la generación del sistema. Si se trata de un año seco, en el cual no ha llovido ni hay nieve, dichas empresas están preocupadas en octubre, noviembre y diciembre, porque son los principales recursos en centrales de pasada. Después, en marzo y abril se debe analizar cómo están los embalses, porque si en esa fecha sus niveles están bajos, esto condiciona fuertemente la cantidad de agua que haya en los embalses, especialmente en los de gran regulación, como en el Laja, que es vital para el caso chileno. Entonces, es importante el momento en que se adopta la decisión, en todo momento va cambiando y depende del nivel del lago Laja. Frente a una interrogante relativa al valor del agua en el período de sequía de 1998, en el cual no había nevado, y por lo tanto no iban a haber deshielos, respondieron que necesariamente debía ser más caro que el de enero de 1997.
El valor del agua no se evaluó, sino el beneficio por tener más flexibilidad de usarla en distintos momentos. Lo que si se valoró fue el impacto de la flexibilización. El valor del agua está incluido indirectamente a través de todas las series hidráulicas y proyecciones de los caudales. Respecto de la situación de 1998, se detectó cómo iba progresando la situación de la entrada de Nehuenco en marzo y cada veinte días la Comisión informaba que iba a entrar en los próximos veinte días. Por otra parte, la no presencia de esos 370 megawatts obligó al sistema a usar los recursos que tenía, lo cual significó que Endesa hiciera uso del agua durante marzo, abril y mayo, porque era muy simple, pues bastaba sumar las cantidades disponibles de energía y utilizarlas en el tiempo para darse cuenta de que si no se usaba esa agua, la crisis se anticiparía. Ahí se hacía una apuesta de que en abril llovería, lo que no sucedió. Las esperanzas duraban hasta agosto. Estaba listo un decreto de racionamiento el 9 de septiembre y porque llovió levemente en el sur se suspendió. La situación ya era crítica y había que mirarla con una visión más amplia. Entonces, se desplazaron aguas. No se puede desconocer que desde abril comenzó el uso de una buena cantidad de gigawatt/hora de energía hidráulica, pues, de lo contrario, en esa fecha se hubiera producido la crisis. Eso estaba sujeto desde el punto de vista técnico, a si fallaba alguna unidad térmica, por ejemplo, Ventanas, o la misma central Renca, que es nueva. En toda central nueva, sea de ciclo combinado o no, hay tasas de fallas muy altas durante los primeros años hasta que entran en sintonía con el sistema. Ésa era la situación real, ya que en el sistema no había reservas y se estaba utilizando esa agua.
En 1996, la situación del parque generador no permitía otra alternativa de solución que usar las aguas y penetrar en febrero el colchón de los regantes, pues las centrales de turbinas a gas tienen un período de instalación y esa decisión, si bien se toma un poco tardía, el hecho concreto es que en febrero de 1997 iban a estar las turbinas a gas, los 230 megawatts, con lo cual se aseguraba mejorar la situación por unos meses a la espera de levantar los niveles de 138 embalses. La pregunta que cabe es, con los 230 megawatts instalados en febrero, ¿hubiera sido posible pasar marzo? Según los cálculos, pasaba rasante, pero para abril se trasladaba nuevamente el problema. Esa era la situación en febrero. Cuando se consulta sobre el nuevo parque para 1998, donde se incorpora Nueva Renca, quedaba solamente esta, porque se adelantó San Isidro y en base a esa disponibilidad que llegaba a ser del orden de un 35 ó 40% el juego que había era bien estrecho, pues las disponibilidades hidráulicas también eran críticas. Con un 35% y con toda esa potencia se hace funcionar para las necesidades de energía, pero la mejor respuesta la dio la realidad. Conclusión: se tuvo que cortar el sistema. No alcanzó. Entre julio y agosto Endesa pidió y la Comisión autorizó tal cantidad. En julio de 1998, cuando no había lluvias, había mucha gente del sector que todavía esperaba lluvias a fines de julio y las esperaron hasta la segunda quincena de agosto. Como conclusión, al utilizar el parque térmico el costo marginal de energía es mucho más alto y las carteras de las generadoras hidráulicas, que en ese momento eran deficitarias, salieron a comprar a las térmicas. Por lo tanto, esa iniciativa, se frena, porque se apuesta a que a fines de julio o en la primera semana de agosto llovería. No se puede usar el precio de julio, porque era para diciembre del 96, y puede ser mayor o menor, habría que hacer el estudio. Además, técnicamente el sistema del 96 es muy distinto al de julio del 98. Guiarse y extrapolar cosas del 96 al 98 no tiene sentido técnico. Aún más, tan crítica fue la situación, que las dos centrales que están en Quillota: Nehuenco y San Isidro, estaban con cero problemas para transferir la energía a Santiago. La energía estaba, pero bastaba que pasara una mariposa por ahí cerca y se caía el principal sustento a Santiago, es decir 740 megawatts. 9. Administrador de la Asociación de Canalistas de El Laja, Héctor Sanhueza. La Asociación de Canalistas de El Laja es una organización de riego que se formó en 1916. Representa a aproximadamente 1.750 regantes, obtiene sus aguas del río Laja y su extensión de riego alcanza aproximadamente a las 60 mil hectáreas. El derecho de merced data de 1916. No es la única organización ni son los únicos regantes que se han visto afectados por el manejo del río Laja, sino que además coexisten otros 20 canales de riego de menor cuantía que en suma llegan a regar otras 40 mil hectáreas. Hoy el río provee recursos hídricos para el riego de aproximadamente cien mil hectáreas. Es importante considerar el convenio de referéndum de 1958, porque establece las bases y el escenario definitivo de aprovechamiento de las aguas del lago Laja. Se firmó en 1958 y desde entonces ya existía casi la totalidad de los canales. La Asociación partió en 1916, por lo tanto, en aquella fecha estaban en plena operación. El lago Laja es un embalse natural como consecuencia de una erupción volcánica que interrumpió el curso normal del río Laja y produjo un embalse que acumula alrededor de 7.500 millones de metros cúbicos en su capacidad máxima, interrumpiendo el curso del río Laja, se produce una unión indisoluble entre los dos. La pared o el vertedero natural provocado por la erupción volcánica es de lava, por lo tanto, no es impermeable y produce filtraciones, las que originan el nacimiento del río Laja, en el centro denominado “ojos de agua”. El régimen natural del lago -es decir antes de que la mano del hombre participara en este sistema- es que siempre estuvo lleno, lo que era normal, porque como efecto de filtración se produce una cantidad inferior al agua que entra. Por lo tanto, el lago siempre estaba lleno en un régimen normal y a partir de esta condición natural, se estableció que el río disponía de 47 metros cúbicos por segundo como caudal naciente, resultado de esta filtración. Esto se estableció en el convenio de 1958, oportunidad en que no se reconoció el hecho de que recibiendo más agua de la que salía por las filtraciones, necesariamente en algún período de tiempo, dentro de los años, debía verter por sobre este vertedero natural. Por lo tanto, el río Laja se alimentaba tanto de las filtraciones, que eran de 47 metros cúbicos por segundo, como del vertimiento superior.
El convenio de 1958 no consideró el vertimiento superior y estableció que el lago Laja debería aportar al río Laja 47 metros cúbicos por segundo. Cabe tener presente que en 1958 el río Laja era usado por los regantes y la central hidroeléctrica Abanico, de Endesa, que generaba las aguas filtradas por el río. En el convenio de 1958 se cometieron cuatro grandes omisiones. En primer lugar, fue suscrito por la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa, y no participaron en él los demás usuarios del río Laja, que en ese entonces eran exclusivamente los regantes, omitiéndose a las actividades relacionadas con el turismo, particularmente representado por el Salto del Laja, así como el aporte que efectúa el río Laja al río Biobío en su cuenca inferior. En estas circunstancias, el convenio se firmó considerando sólo a dos partes: Endesa y la Dirección General de Riego. Al no considerar la participación de los regantes, éstos quedaron impedidos de participar en el proceso de negociación y de redacción del convenio, como consecuencia de lo cual tampoco han podido formar parte ni participar de las alteraciones o modificaciones que se han hecho con posterioridad. Una segunda diferencia respecto de lo que sucede actualmente, es que en 1958 la Dirección General de Riego y Endesa eran instancias públicas. En la actualidad Endesa es una entidad privada, lo que dificulta lograr acuerdos en el aprovechamiento de las aguas, debido a la distinta naturaleza. El tercer error que se cometió en 1958, fue haber sobreestimado la recuperación de los afluentes del lago Laja. Con ello, se comprometieron derechos de aprovechamiento sobre el lago Laja excesivamente altos, lo que ha desequilibrado el sistema. Finalmente, no se estableció una fórmula de modificar o finiquitar este convenio sin la anuencia de las dos partes. En la actualidad, dicha situación ha entrabado gravemente la proposición de los regantes como la del propio Ministerio de Obras Públicas. El virtual agotamiento del lago Laja no se debe, como muchos creen, a la sequía que afectó al país en los años 1996-1997 y 1998-1999, sino que al aceleramiento de un proceso que venía en marcha, razón por la cual, tarde o temprano, ésta se iba a producir igual, porque el lago Laja es un sistema en desequilibrio. A modo de ejemplo, en el convenio de 1958 se establecieron derechos para Endesa y para la Dirección General de Riego -para nuevos riegos o para mejorar los ya existentes-, los que no se han hecho exigibles por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas. Durante estos años sólo han operado los derechos de Endesa, que ascendieron a 57 metros cúbicos por segundo. Y que es lo que tiene derecho a sacar del lago Laja, tanto por el túnel de la central El Toro como por las filtraciones naturales. Estos derechos también pueden ser expresados en términos mensuales, con una cantidad de 67 metros cúbicos por segundo como promedio. ¿Cuánta agua le entra al lago Laja? Se pensó que eran sobre 60 metros cúbicos por segundo. Incluso, en 1958 se llegó a estimar que eran 64 metros cúbicos por segundo. Lamentablemente, la realidad y los datos históricos que Endesa ha generado demuestran que entre 1941 y 1990 el promedio histórico real de afluentes al lago Laja sólo alcanzan a 55,7 metros cúbicos por segundo. Es decir, una cifra inferior a los derechos de Endesa. Dicho de otra manera, Endesa, al ejercer plenamente sus derechos, a la larga igual iba a provocar un agotamiento del lago Laja, que es lo que se ha producido en la práctica. Una de las variables que se tiene en cuenta para la fijación del costo de la energía en nuestro país es la que considera el nivel del lago Laja. Es decir, un nivel alto presiona a que el precio de la energía sea menor. Por el contrario, cuando el lago Laja tiende a bajar, presiona a que el precio sea mayor. Ello obedece a un elemento racional si se considera que cuando se fijó dicho procedimiento el lago Laja era la fuente más estratégica de energía del país. Por lo tanto, su condición mostraba cuál iba a ser en el futuro la situación de disponibilidad de recursos hídricos para generar energía. No obstante, se da el contrasentido que la empresa que maneja el nivel del lago Laja es la misma que está interesada en que el precio de la energía sea el más alto posible. Esto se agrava al considerar que los derechos de Endesa superan los afluentes al lago. Es decir, sólo al ejercer su derecho -sin sobrepasarlo-, Endesa estaba en condiciones de mantener el lago al nivel que a ella le interesaba, o sea lo más bajo posible. De hecho, desde que empezó a operar la central El Toro, que es la que usa agua directamente del lago Laja, éste nunca más volvió a su condición de régimen natural de lleno. Más aún, mediante una autorización especial se permitió a Endesa aumentar la capacidad del embalse construyendo un vertedero artificial sobre el vertedero natural, obra que se encuentra terminada.
El convenio debería reconocer la relación natural entre el lago y el río Laja, en el sentido de que este último nace a partir de las filtraciones del Laja, y el caudal de dichas filtraciones está en directa relación con los volúmenes embalsados. En la medida que el lago baja filtra menos, se afectan los caudales del río, razón por la cual se deberían haber tomado medidas. Al respecto, se sostuvo que cada vez que el lago dejara de aportar al río Laja los 47 metros cúbicos por segundo, Endesa estaba obligada a completar dicha cantidad de agua, siempre y cuando los regantes la necesitaran. El lago Laja tiene 7.500 millones de metros cúbicos de capacidad natural, pero de capacidad artificial sólo alrededor de 5.500 millones de metros cúbicos, y el túnel por el cual aduce la central El Toro no está en el fondo del lago, sino en una de sus laderas, debido a lo cual hay alrededor de 2 mil millones de metros cúbicos que son lo que se denominan aguas muertas, es decir, que son imposibles de extraer. Se dijo que para seguridad del río los últimos 500 millones de metros cúbicos estarían destinados a completar las filtraciones naturales. Sin embargo, cuando el lago llega a los últimos 500 millones de metros cúbicos, en vez de filtrar 47 metros cúbicos por segundo, filtra 15. Por lo tanto, hay un déficit de 32 metros cúbicos por segundo. El único sentido del colchón es completar la diferencia entre lo que filtra y los 47 metros, de ahí que surgieran las negociaciones de 1997 y 1998. Cuando se alcanza el colchón, el derecho de Endesa como promedio de 57 metros cúbicos por segundo- se extingue como tal y sólo se debe limitar a la capacidad que falta para completar los 47 metros cúbicos por segundo. En consecuencia, Endesa no puede -como ha pretendido argumentar- acceder al colchón sino sólo para completar los 47 metros cúbicos por segundo. Endesa ha señalado muchas veces que es propietaria de las aguas, incluso sostiene que no debería haber pagado por utilizarlas, pero no puede acceder al colchón sino por una situación de excepción autorizada por el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas. Los derechos que la Dirección de Obras Hidráulicas se reservó en el convenio de 1958 para nuevos riegos alcanzan a 65 metros cúbicos por segundos, pero con una estacionalidad, es decir, no se ocupan durante todo el año, sino un porcentaje en septiembre, hasta llegar a diciembre y enero, épocas de máximo requerimiento y en las cuales se puede hacer uso del total del agua. El colchón de 500 millones de metros cúbicos útiles es exclusivamente para completar las filtraciones naturales de aguas del río, por lo tanto, los derechos de la Dirección de Obras Hidráulicas también se extinguen cuando el lago llega al colchón de 500 millones de metros cúbicos. La pregunta es, ¿cómo puede la Dirección de Obras Hidráulicas dar derecho a utilizarlos si no tiene ese derecho? Se argumenta que en el convenio de 1958 se dejó establecido que cualquier modificación se debe hacer de común acuerdo y de este modo se firmaron los acuerdos de 1997 y 1998. Pero el razonamiento es otro. Al acordar esta operación distinta, la Dirección de Obras Hidráulicas y Endesa afectan el régimen natural de la cuenca del Laja, y al hacerlo, afectan a los usuarios anteriores al convenio de 1958, entre otros, a los regantes. En enero de 1997, se accede al famoso colchón de 500 millones de metros cúbicos. En 1991 se accedió, pero muy poco y no alcanzó a haber un reconocimiento tácito, por lo tanto, no hubo ninguna acción concreta. En 1997 se accede y se visualiza que se debe utilizar casi plenamente, en consecuencia, la Dirección de Riego -hoy Dirección de Obras Hidráulicas- y Endesa consideran oportuno firmar un acuerdo para utilizar sin restricciones los 500 millones de metros cúbicos, situación que se produce a contar de enero y en abril en que se consume plenamente el colchón. Por este concepto Endesa paga a la Dirección de Obras Hidráulicas 12 millones de dólares. Los regantes plantearon que el acuerdo se había hecho con su total desconocimiento. Se enteraron de la venta del agua sólo dos meses después, es decir, en marzo de 1997. Cuando se firmó el convenio de 1958 no estaban hechas las obras de aducción y no podía establecerse la cota piso, por lo tanto, se dijo que en el más breve plazo Endesa debería proponer y la Dirección de Riego aceptar la cota mínima. A contar de esa cifra, se medirían los colchones. Eso se hizo muy posteriormente y se dijo que el Laja se agotaba en la cota 1.308 metros sobre el nivel del mar con 48 metros. Eso se acordó definitiva y oficialmente. Por lo tanto, al medir los 500 millones de metros cúbicos, dada la capacidad de embalsamiento del lago, éste empezaba en la cota 1.308,48 y llegaban a las 1.316,96 metros sobre el nivel del mar. En enero de 1997 se entró bajo la cota 1.316,96, por lo tanto, se accedió al colchón. No hubo modificación de cota en ese momento, lo único que se dijo fue que Endesa podía entrar. En esa oportunidad, se planteó total desconocimiento, porque no se sabía que se había firmado ese acuerdo sino hasta dos meses después. Endesa tiene dos tipos de derechos. Los primeros derechos fueron reconocidos en la dé- cada de 1940, con los cuales se construyó la central Abanico. Esos son derechos no consuntivos, es decir, pueden sacar agua del río Laja, generarla y volverla al mismo curso, con una altura distinta. Los derechos de los regantes son muy anteriores. Son consuntivos. Los derechos de Endesa para la central Abanico y los de los regantes provienen de la misma fuente, el río Laja. Los otros derechos de Endesa, los que nacen a partir del convenio de 1958, son sobre el embalse; también son no consuntivos, se han sacado del embalse y se han devuelto al río Laja. Técnicamente, el lago es un tributario del río, es un afluente del río; lo hace nacer. A él se agregan otros tributarios, como el río Polcura y otros esterillos que llegan al río Laja e incrementan el caudal que nace de las filtraciones del lago. Pero técnicamente el lago es un tributario, un afluente del río Laja.
Antes del convenio de 1958, Endesa era dueña exclusivamente de 47 metros cúbicos para la central Abanico. Como resultado del convenio, sus derechos se incrementaron y subió a 57 metros cúbicos por segundo, optativos; o los saca, o los aprovecha de las filtraciones o los saca por un túnel construido por Endesa a través de la central El Toro. Son dos tipos distintos de derechos: unos antes del convenio, exclusivamente sobre el río Laja, y los otros, posteriores al convenio, que tiene derecho a sacar a través de la central El Toro. El convenio creó el escenario para que Endesa pudiese tener los derechos y hacer las obras. Antes del convenio, Endesa sólo podía aprovechar las filtraciones, es decir, el lago seguía siendo un embalse natural, no había intervención del hombre sobre el lago, sino sólo sobre el río. Los convenios siguientes sólo acordaron una alteración al convenio de 1958 en cuanto a la forma de explotar los últimos 500 millones de metros cúbicos. En el convenio de 1958 se dijo que eran exclusivos. Los últimos 500 millones de metros cúbicos pueden salir a una determinada velocidad y bajo ciertas condiciones, o sea, cuando sea necesario para riego. El agua del lago bajaba a una velocidad mayor que la aplicación del convenio de 1958, es decir, completar los 47 metros cúbicos por segundo, y -lo que es más absurdo- en un año muy seco había agua de más. De hecho, la Dirección de Riego no se explica por qué los regantes reclamaron, si en 1997 regaron con más agua de la que tenían derecho. Nadie quería más agua. El agua sobró y se fue al mar, porque la energía se sacó a una velocidad mayor que la necesidad de los regantes y con un caudal de 47 metros cúbicos por segundo correspondiente a la filtración. Aun satisfaciendo el 100% de los derechos, así y todo, la otra parte del agua se fue al mar. De manera que reclamaron total desconocimiento de ese acuerdo. Las sospechas comenzaron porque, primero, veían que el agua del lago bajaba a una velocidad mayor que la que se puede calcular sobre la base de cómo debería operar y, segundo, había más agua en el río que en un año normal, lo cual es absurdo, en circunstancias que hay sequía. Finalmente, a través de la Gobernación y por presión de los regantes, se logró establecer que existía este nuevo convenio que permitía sacar más agua del lago que la que se necesitaba. No faltaba agua, incluso sobraba pero eso está comprometiendo la recuperación del lago y se exponía a que el invierno de 1997 fuera suficientemente abundante en pluviometría para que el lago se recuperara o, de lo contrario, quedaría comprometida la próxima temporada de riego. El invierno de 1996 fue muy abundante en lluvias, por lo cual se produjeron muchas inundaciones y hubo una recuperación del lago bastante considerable. Todo hacía suponer que la temporada de riego de 1998 sería absolutamente normal, pero, lamentablemente, hubo un nuevo período de sequía. En julio de 1998 se celebró un nuevo acuerdo, mediante el cual se pagaron 12 millones de dólares por usar esas aguas. De esa suma, 6 millones fueron empleados por la Dirección de Riego para pagar una deuda en la que Endesa quedó comprometida en 1958. Como el dueño del túnel para sacar las aguas del lago era Endesa y, además, la Dirección de Riego dejó una reserva arriba, en el convenio de 1958 se estableció que se necesitaría sacar agua del lago cuando el Estado quisiera hacer un nuevo proyecto de riego, pero como el túnel era de Endesa, debería pagar la mitad del valor de la obra. Entonces, cuando se firmó el acuerdo de 1997 y se fijó un monto de 12 millones de dólares que Endesa debía pagar a la Dirección de Obras Hidráulicas por acceder a esto, esta Dirección señaló que se imputaría a esa deuda, porque existía un proyecto en construcción denominado Canal Laja-Diguillín, y que necesitaba sacar agua del lago. La Asociación de Canalistas del Laja y en general los antiguos regantes han tenido una serie de disputas con el Ministerio de Obras Públicas en los últimos ocho años por la construcción del Canal Laja Diguillín, porque los asiste la convicción de que cuando éste entre en operaciones, se van a afectar los derechos históricos de todos los regantes del Bíobío. Ese canal sale del río Laja y riega la parte sur de la provincia de Ñuble. Además de usar los 500 millones de metros cúbicos de agua que eran de resguardo para los antiguos usuarios del río Laja, los dineros que ellas originan son destinados a la obra que hoy compite con los regantes. Los 500 millones de metros cúbicos que se negociaron, tienen como exclusivo fin responder a las filtraciones naturales del sistema y, por lo tanto, en su administración se extinguen los derechos de Endesa y los de la Dirección de Obras Hidráulicas, no obstante que los dineros que se recaudaron fueron destinados a una obra que se va a construir a través de la Dirección de Obras Hidráulicas.
En julio de 1998, de nuevo se entra al colchón y se firma un acuerdo, que no se cumplió de acuerdo con el esquema original firmado el 8 de julio y que obligó a remodificarlo el 12 de agosto, porque, primero, establecía la venta de 200 millones de metros cúbicos de agua de un total de 500. De esos 200 se debían extraer 100 durante julio y los restantes durante agosto. Si se calcula la generación que tuvo Endesa a través de la Central El Toro, se puede constatar que se sobrepasó en un momento determinado. Esto se corrobora porque Endesa, en virtud de una investigación hecha por la Comisión Nacional de Energía, fue sancionada porque generó más de lo que el Cdec le asignó a la Central El Toro para el 10 de julio. Prácticamente la duplicó, es decir, usó agua más allá de lo necesario con el solo argumento que hacerlo de esa manera era más barato que vía generación térmica, la cual en ese momento estaba disponible. Los nuevos acuerdos, a diferencia de 1997, permiten emplear las aguas antes de que se inicie la temporada de riego. En el 97 se hizo en enero y ahora comenzó antes, es decir, al empezar la temporada de riego -que en la zona comienza a fines de septiembre-, de estos 500 millones ya se habían consumido 216, quedando seriamente comprometida la disponibilidad de agua para la temporada. También se reclamó que nuevamente aparecieron recursos pagados por esta construcción excepcional que en nada benefició a los regantes. El precio establecido fue de 11 mil dólares por cada millón de metros cúbicos utilizados. Al empezar 216 millones fueron exactamente 2.276.000 dólares. El agua, hidráulicamente, se mide en su valor económico en base a tres grandes aspectos: la cantidad, cuánta agua hay y cuánto valor tiene. En este caso, si se compara el 97 con el 98 habría que llevarlo a una expresión común, porque en el 97 se vendieron 500 millones, y en el 98, 216. Por lo tanto, no son comparables, pero si se dividen los 12 millones de dólares que se cobraron el 98 por los 500 millones de metros cúbicos, cada millón se vendió en 24 mil dólares. Otro concepto para medir el valor del agua es la altura, porque mientras más alta esté el agua más valor tiene, porque tiene mayor cota de riego y se pueden regar más campos y, desde el punto de vista energético, porque tienen mayor energía. En este caso no hay comparación, porque las aguas están a la misma altura, las dos están en el lago Laja. Un tercer aspecto es la disponibilidad en el tiempo. En invierno, desde el punto de vista del riego, el agua no tiene el mismo valor que en verano y bajo ese esquema, en 1998 el agua era mucho más valiosa que el 97, porque era verano. El 10 de enero había disponible 500 millones de metros cúbicos, por lo tanto, su uso en nada iba a comprometer el riego y se proyectaría hasta las próximas temporadas de lluvia, en donde ya habría agua natural, como efectivamente sucedió. En abril del 97 llovió y se solucionó el problema, pero esta vez se estaba ocupando en julio cuando la perspectiva de lluvia era casi nula. A esa misma fecha -cuando se estaban consumiendo esas aguas- la Dirección de Aguas, también dependiente del Ministerio de Obras Públicas, estaba sacando sus informes pluviométricos anuales y señalando que la meseta El Toro, que es el punto donde se mide la nieve acumulada para la cuenca del lago Laja, tenía 17 % de nieve acumulada, y cero perspectiva de que cayera más nieve.
Entonces, un organismo también público y dependiente del Ministerio de Obras Públicas estaba señalando que no se podía pensar en disponibilidades de agua adicional, como resultado del deshielo que a penas alcanzaba un 17 % del promedio normal. La valorización del agua como recurso económico para un proyecto específico la evalúa cada uno desde el punto de vista de sus propios intereses. En todo caso, los tres aspectos para valorizar una fuente de agua dicen relación con lo que se usa hidráulicamente para efectos de riego. El valor nudo lo establece el Cdec en base a su metodología. Una de las variables que se utiliza para fijar el precio está en relación con el nivel en que se encuentran los demás. El señor Sanhueza, acusó falta de información sobre los convenios de flexibilización suscritos en 1998, en razón de que sus cláusulas afectan a los regantes. En 1958, tanto la Asociación de Canalistas del Laja como otros regantes contaban con una fuente para obtener el recurso, que es el río Laja. Dicha fuente nacía de las filtraciones del lago Laja, que eran equivalentes a 47 metros cúbicos por segundo que entregaba el lago al río en un régimen natural, a lo cual se agregaban otros afluentes ubicados más abajo. En consecuencia, es fácil concluir que cualquier alteración que se haga en el lago Laja afecta al río, ya sea en términos positivos o negativos. Por lo tanto, cuando Endesa saca más agua que un régimen natural, como ocurrió en 1997, es decir, cuando aporta al río más de 47 metros cúbicos por segundo, sobra agua. Sin embargo, cuando saca menos agua, eso trae como consecuencia que al río le falte agua. Entre el 10 de julio y el 7 de septiembre de 1998, Endesa sacó agua más allá de lo que contempla el régimen natural del lago. O sea, le aportó al río Laja más de 47 metros cúbicos por segundo. Al disminuir el agua disponible en el lago, afectó a los regantes en circunstancias que requerían hacer uso del recurso. De no haber existido Endesa ni el convenio, habrían tenido un lago en régimen natural, condición bajo la cual proveía 47 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, debido a una alteración del régimen natural como resultado del convenio de 1958 y particularmente por la modificación de julio de 1998, se aceleró la extracción, la cual posteriormente se debió disminuir. En síntesis, expuso que debían haber sido informados porque eran dueños de un recurso en el río Laja, el cual fue alterado. Además, porque al haberse sacado parte del agua del lago entre julio y septiembre, período en que todavía no había empezado la temporada de riego, trajo como consecuencia que no hubiera agua suficiente cuando la necesitaron, pues en vez de que el lago aportara 47 metros cúbicos por segundo sólo aportó, en promedio, 37 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, los regantes han disminuido sus derechos en 10 metros cúbicos por segundo de lo que debió aportar el lago. Dicha situación es más grave aún si se toma en cuenta que se produjo en un año seco, porque los demás tributarios del río Laja, es decir, lo que no viene del lago, también estaban muy disminuidos. En consecuencia, como no pudieron compensar la falta de agua proveniente del lago, se agravó una situación que ya era complicada debido a la sequía. Lo óptimo para riego es que los caudales sean permanentes en el tiempo, las 24 horas del día, sin subidas ni bajadas del río, porque no hay capacidad de acumulación. La generación diaria y horario son variables.
En la mañana, el río puede estar seco, y a las 3 de la mañana lleno, porque los requerimientos energéticos implican un distinto aprovechamiento horario. La preocupación de los regantes dice relación con la mantención sin modificaciones del convenio de 1958. El solo hecho de que Endesa tenga más derechos de lo que puede dar el lago constituye un desequilibrio absoluto del sistema, insostenible en el tiempo, porque impide el aprovechamiento sustentable del recurso, porque contiene absurdos como que casi podría entenderse que todas las recuperaciones que el lago tenga de aquí en adelante puedan contabilizarse como economías de Endesa y desaparezcan todas las otras cláusulas sostenibles del convenio. El convenio de 1958 establece que cuando Endesa y la Dirección de Obras Hidráulicas no utilicen el total de sus derechos tienen derecho a hacer economías. No menciona las razones que le impiden hacer uso del total de sus derechos. Puede ser porque no les convino, porque no quisieron o porque no pudieron, como este año, porque la disponibilidad de este año no alcanzaba a satisfacer todos sus derechos. En esta situación, Endesa podría sostener que dado que en 1998 no alcanzó a sacar los 57 metros cúbicos por segundo; entonces, economizó. Y cuando el lago se recupere puede decir: “estas aguas son mías, porque son parte de mis economías”. Una proposición de solución de seguridad para los regantes antiguos, que también dé seguridad a las justas aspiraciones de los futuros regantes del Laja-Diguillín, es modificar el convenio de 1958 en un punto esencial, que es hacer coincidentes las extracciones cuando los regantes y la energía usen el agua, no como ahora, que cada uno las usa de acuerdo con sus propios intereses, en particular Endesa, que tiene la capacidad de sacar agua desde el lago. 10. Presidente de la Junta de Vigilancia de la cuenca del río Maule y Presidente de la Asociación Canal Maule, señor Hernán Calderón. Expresó que para los regantes agricultores de la Séptima Región es extremadamente importante dejar constancia del manejo poco transparente de la optimización del uso del recurso hídrico. Para analizar esta situación, es necesario separar en dos períodos la conducta que tuvo la Dirección de Obras Hidráulicas. Una, hasta agosto de 1998 y otra nueva, muy desafortunada, a partir de noviembre de 1998 en adelante. La crisis energética era extremadamente clara en julio. Prueba de ello, es el convenio firmado el 16 de julio de 1998 entre Pehuenche, Colbún, Endesa, la Junta de Vigilancia del río Maule y la Dirección de Obras Hidráulicas, que permitía, a fin de optimizar el uso del recurso hídrico, traspasar desde el embalse de la laguna del Maule al de Colbún 300 millones de metros cúbicos, lo que significaba generar en cuatro centrales de alto rendimiento. Esto significa, por ejemplo, que Pehuenche generara el 100% más. En definitiva, el doble de lo que genera Colbún. Por lo tanto, al bajar estas aguas por cuatro centrales hidroeléctricas se evitaba la crisis energética, situación que no la discutía nadie en Chile. La única entidad que estuvo en contra fue la Dirección de Obras Hidráulicas, fundamentalmente, sobre la base de que al iniciar la temporada de riego -septiembre de 1998- iba a ser de alto riesgo para aquellos regantes que estuvieran ubicados aguas arriba de Colbún. En la única entidad que hay agua de riego es en la Asociación Canal Maule Norte. En vista de la posición de la Dirección de Obras Hidráulicas, que no aceptaba trasvasijar 300 millones de metros cúbicos, lo que hubiera permitido un abastecimiento normal de energía hasta enero de 1999, se tuvo que dejar sin efecto el convenio referido y firmar uno nuevo, que se suscribió el 5 de agosto. Vale decir, un mes después. Concurrieron a su firma la Dirección de Obras Hidráulicas, Pehuenche, Colbún, Endesa y la Junta de Vigilancia de la cuenca del río Maule. La diferencia es que sólo permitía bajar el 50%: 150 millones de metros cúbicos. Para esa fecha, la laguna del Maule tenía una cantidad de recursos embalsados equivalentes a 640 millones de metros cúbicos. La sequía más fuerte desde que se tenían mediciones en el siglo había significado extraer 400 millones para suplir el riego. Aún, así iban a quedar 240 millones de metros cúbicos. Aparte de eso, en Colbún había una cuenta de más o menos 100 millones de metros cúbicos de un convenio que los regantes habían aceptado en marzo de 1997, cuando también había sequía. Al situarse en ese año se puede pensar que fue un período con muchas precipitaciones, pero ellas comenzaron de julio en adelante. Por lo tanto, había una cuenta pendiente en Colbún de 88 millones de metros cúbicos, según información de la DOH, garante de dicho convenio. En esas condiciones se suscribió el convenio por 150 millones de metros cúbicos, que se empezaron a bajar el 5 de agosto y que duraron exactamente hasta el 10 de noviembre, es decir, 90 días. Si se hubiese bajado 300 millones -con una proyección de 90 días más, o sea, hasta el 5 de febrero-, no habría habido apagones en noviembre. Desde el punto de vista económico, los regantes habrían obtenido un aporte del orden de un millón y medio de dólares por suscribir este convenio con las hidroeléctricas, directamente relacionado con la cantidad de recursos a trasvasijar. Por lo tanto, los 300 millones de metros cúbicos se traducían en 669 millones de pesos; pero como fueron 150 millones de metros cúbicos, quedaban 334 millones y medio de pesos. O sea, 50% de recursos y 50% de aporte. Todo lo anterior era de gran trascendencia para los regantes de la cuenca, porque con esos fondos pretendían implementar sistemas de medición en todos los puntos de restitución de las centrales hidroeléctricas, las cuales tienen su derecho no consuntivo en su punto de captación: toman una cantidad determinada del recurso hídrico y en el punto de evolución sostienen que devuelven lo mismo, que es la naturaleza del derecho no consuntivo, es decir, derecho a usar, pero no a consumir. También, se deben considerar mermas por transporte, evaporación y filtración, las cuales son soportadas por los regantes. Con esos recursos se quería colocar plataformas colectoras de datos, lo que significaba decirles a las hidroeléctricas que tomaran 100 millones de metros cúbicos y que devolvieran 90 millones, por lo tanto, adeudaban 10 millones de metros cúbicos al sistema de riego de la cuenca.
Lo anterior, no se pudo materializar por la postura de la Dirección de Obras Hidráulicas, que sostuvo que se debía hacer en resguardo de los regantes que estaban aguas arriba de Colbún, porque si se bajaba esta cantidad por cota se arriesgaba el abastecimiento de ellos. Pero el tiempo demostró que eso no era así, porque los regantes aguas arriba de Colbún eran sólo una entidad que representaba un 27% de la cuenca. Por lo tanto, al bajar 300 de 640 millones de metros cúbicos, quedaban 340 millones, con los cuales se podía abastecer el sistema de riego del canal Maule norte aguas arriba de Colbún. Esto habría significado un beneficio económico para los regantes, puesto que no tendrían pérdidas en sus siembras, y las hidroeléctricas, porque podían optimizar el uso del recurso, y el país no hubiera tenido crisis energética. Consecuente con esa situación, el 10 de noviembre de 1998 -a seis días de la intervención de la cuenca del río Maule y a uno de los primeros apagones- se intenta modificar el convenio firmado el 5 de agosto, que permitía bajar 150 millones de metros cúbicos, de manera de modificar la cantidad de agua a trasvasijar de 150 a 300 millones de metros cúbicos, o sea, volvía a la situación del convenio original, que se había firmado en junio. En estas condiciones se exigió a Endesa, a Colbún y a Pehuenche que, para dar curso a este nuevo convenio, Colbún debía reconocer la cifra que había dado la DOH en el convenio de 1997, en el cual los regantes habían aceptado traspasar aguas al sector hidroeléctrico con cargo a una restitución futura. El convenio es distinto, porque esas aguas generaban e iban al mar. La garante del convenio de 1997 era la DOH, la cual dio la cifra de 88 millones de metros cúbicos que adeudaba el sector hidroeléctrico al sector regante. Colbún sostuvo que eran 54 millones de metros cúbicos y se mantuvo firme en esa posición. Endesa y Pehuenche aceptaban la cifra que daba la DOH, pero los regantes sostenían que eran 105 millones de metros cúbicos. Estaban llanos a aceptar y validar la cifra que daba la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Sin embargo, Colbún fue enérgica en esta situación y se mantuvo hasta las últimas consecuencias, a raíz de lo cual los regantes solicitaron a la DOH que el régimen del río se regulara a régimen natural, y todo aquello que necesitara subsidiarse para llegar a la dotación necesaria para el riego de la agricultura se sacara de las aguas que estaban embalsadas en Colbún con cargo al convenio de 1997. El hecho cierto es que había agua de los regantes embalsada en Colbún, la cual debía ser restituida al riego. En esas condiciones, el Gobierno, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, exigió a los regantes que la única manera de cerrar las extracciones de la laguna del Maule y subsidiar con las aguas en Colbún era mediante una instrucción específica y expresa de la Junta de Vigilancia de la cuenca. El Ministerio de Obras Públicas y la Comisión Nacional de Energía solicitaron a Endesa que se declarara deficitaria y luego vino el decreto de intervención de la cuenca y los apagones. El Gobierno dictó el decreto de intervención de la cuenca que, a entender de los regantes, era absolutamente arbitrario e ilegal, situación muy conflictiva porque el Gobierno señaló que no lo era, porque emanaba de la ley. Los regantes sostienen que la ley es clara y establece que sólo se podrá dictar un decreto de intervención de una cuenca cuando haya problema en la distribución entre los usuarios. Pero entre los usuarios no había ningún problema. Todos los usuarios de los derechos consuntivos estaban de acuerdo y jamás han discutido sobre cuál era la dotación o porcentaje que les correspondía, sin perjuicio de lo cual se dictó el decreto y se intervino la cuenca. El interventor fijó una dotación de 60%, es decir, 120 metros cúbicos por segundo. En ese entonces se argumentó que Colbún estaba guardando las aguas o un porcentaje que correspondía a los regantes por un problema de restitución de riego por cota. Colbún sostenía que si bajaba de una cota determinada -397- no era posible restituir a riego. Los regantes manifestaron su molestia a las autoridades respectivas. En febrero Colbún empezó a restituir a riego bajo la cota 397 durante febrero y marzo sin ningún problema. Toda esa situación, que afectó a los regantes, trajo aparejada grandes pérdidas en las siembras y cosechas en una región donde el último informe señala que hay un índice de 10,4% de cesantía y, además, en comunas especialmente dañadas por ella, porque son de siembras tradicionales como el arroz, con una situación de mercado ampliamente complicado. Incluso, en muchos casos, con retorno negativo. Respecto del racionamiento eléctrico existen documentos que demuestran que perfectamente se pudo haber superado la situación sin tener crisis. El ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía sostuvo que había una situación extremadamente complicada, en el sentido de que el marco regulador no le permitía aplicar multas más allá de 13 ó 14 millones de pesos a las empresas energéticas hidroeléctricas. Sin embargo, por otro lado, estaba consciente de que al intervenir la cuenca había liberado al sector hidroeléctrico de este aporte de 330 y tantos millones de pesos, que era de 151 millones de metros cúbicos, a 300. Lo que es más grave, es que empezaron a bajar las aguas de la laguna El Maule, posteriormente vino la falla de Nehuenco, las caídas de San Isidro, San Ignacio y cada vez que se producía una caída en el sistema era de El Laja o El Maule y los regantes quienes se veían afectados. Se presentó un recurso de protección, el 1 de abril de 1999, después de una temporada de riego ajustada, complicada y muy crítica, en donde los regantes tuvieron que hacer importantes esfuerzos para dejar reservas dirigidas frente a una eventual sequía para salvar aquellas plantaciones como pueden ser los parronales o frutales. El Ministerio de Obras Públicas, suscribió un nuevo convenio para bajar 60 millones de metros cúbicos, en el que se expresa que Endesa almacenará estas aguas en el embalse Melado, pero éste tiene una capacidad máxima de embalsamiento de 135 millones de metros cúbicos.
Al celebrarse el convenio, está con 128. Así es que si se bajan 60 es imposible almacenar más si su capacidad máxima es de 135, o sea, sólo cabrían 7 millones más de metros cúbicos. Al respecto la DOH argumentó que las aguas se embalsaron, aunque saben que físicamente no van a ser las mismas, sino que estas aguas se van a generar e ir al mar, y el día de mañana, con las recuperaciones que tenga o con las aguas que tiene ya embalsada Endesa en El Melado se recibirán de 60 millones. Los 60 millones que fueron liberados no se emplearon en la agricultura porque ya no era época de riego agrícola. Lo grave de esto es que no se pide opinión a los regantes, sino por el contrario, se celebra este convenio directamente entre la DHO y Endesa. Se comienzan a entregar las aguas el 1 de abril con cargo a un convenio que no se ha suscrito, no se ha firmado, no se ha tomado razón por la Contraloría, ni tampoco lo ha firmado el Presidente. Sencillamente por conversaciones telefónicas se empiezan a entregar aguas de la laguna El Maule, que han sido de reserva de los regantes con gran sacrificio. Tanto es así que el 4 de abril, se denuncia a los medios de comunicación regional, que estas aguas no están siendo embalsadas, porque Colbún no está dispuesto a hacerlo. De esta manera empieza la extracción de agua y el 4 de abril, se hace la denuncia y la Dirección Regional de Obras Hidráulicas dice que el Presidente de los Regantes está equivocado. Al día subsiguiente, el Seremi señala: en realidad, tiene razón, pero se firmó por 60 millones de metros cúbicos. Pero en este convenio descubren que Colbún no está dispuesto a embalsar, porque ellos señalan: “si firmo el convenio tengo que pagar, por un lado, y además embalsar. Como Melado está lleno, las aguas van a seguir escurriendo por la cuenca y al escurrir por ésta pasan por mi central y ahí no tengo obligación de restituir. En definitiva, estos 60 millones pasan por Colbún, no se almacena, se firma el 6 y se fecha el 1º”. El convenio de aporte que habían firmado los regantes con la Dirección de Obras Hidráulicas y las hidroeléctricas establecía un pago fraccionado, partía con 2.200.000 pesos por millón de metro cúbico que se trasvasijaba y que no iba al mar. A medida que aumentaba la cantidad de millones de metros cúbicos también aumentaba el precio, porque se extinguía el producto y esto es lo que lleva hasta 4.400.000 pesos por millón de metro cúbico, convenio, aporte suscrito y firmado por las partes. Sin embargo, la Dirección de Obras Hidráulicas aparece firmando este documento y en su parte pertinente establece un pago por los derechos que, en virtud del presente acuerdo, la Dirección de Obras Hidráulicas reconoce a Endesa, que ésta pagará a aquélla 3 mil dólares por cada millón de metros cúbicos extraídos, según lo señalado el número uno de la cláusula segunda, y que Endesa devolverá, según lo establecido en este acuerdo. Cuando el recurso está más escaso el precio baja casi un tercio, de 4.400.000 mil a 1.500.000.
Los convenios de aporte señalaron claramente que, además de la obligación de restituir el recurso hídrico a riego que queda almacenado en Colbún, por esta baja, para optimizar el uso, las hidroeléctricas se comprometen a pagar un 15% de interés en recursos hídricos durante tres años, 5, 5 y 5 acumulables. Es decir, por cada 100 millones de metros cúbicos van a devolver 115. Desde el punto de vista de los regantes, es un negocio estupendo, porque se recupera el 100% del capital en la misma temporada de riego, se obtiene un 15% de intereses en recursos hídricos, con cargos a futuras temporadas, lo que tiene una enorme importancia, porque hay un problema de la curva de riego que establece 105, hay meses en que se los obliga a regar con una dotación extremadamente baja y al tener esas utilidades en intereses por estos mutuos permitía pedir esa restitución. La curva de riego se sitúa de septiembre a abril, parte muy baja y va subiendo a diciembre y enero 100%, en febrero comienza a bajar y en abril termina baja. Estos extremos que son bajos para los regantes son dañinos, porque no han podido modificar o dejar sin efecto la curva 105. La solución más práctica y conveniente para los regantes era prestarle agua a las hidroeléctricas, cobrarle intereses en agua y que éstos permiten fluir la dotación de riego en los extremos deficitarios de la curva de los 105. Esta situación que se venía manejando tan bien, en el entendimiento directo entre las partes y el Gobierno, a través de la DOH, ya en abril de 99, sencillamente, se omite. Los regantes se han esforzado para dejar una reserva del recurso. Sin embargo, ese ahorro obtenido con tanto esfuerzo y sacrificio ha sido entregado al sector generación. A su juicio, si los convenios se hubieran suscrito desde el inicio con todas las partes no habría habido crisis ni apagones en noviembre. Las mediciones realizadas por la Dirección de Obras Hidráulicas demuestran que hubo extracciones en la laguna del Maule a partir del 1 de abril. Es decir, el 6 de abril se suscribe el convenio, antedatándolo con fecha 1, y la información de la Dirección de Obras Hidráulicas señala que ese día efectivamente hubo extracciones. Por lo tanto, todo parece absolutamente razonable, porque está firmado el 1 de abril y ese día hubo extracciones. No obstante, el hecho cierto -lo demuestran las publicaciones aparecidas en los medios de comunicación-, es que el 4 de abril Colbún no estaba embalsando las aguas, en circunstancias de que el convenio que anunció el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas en la Séptima Región establecía que las aguas deberían haberse estado embalsando en El Melado. Situación que fue desmentida. Tampoco se estaban embalsando en Colbún, sino que se estaban yendo al mar. Con posterioridad a eso, se dieron cuenta que Colbún se negaba entrar a este convenio -desde el punto de vista económico le era mucho más rentable no entrar, pues recibía el beneficio igual-, no les quedó otra cosa que celebrar este convenio sólo con Endesa y fecharlo 1 de abril, a fin de justificar las extracciones que se habían hecho en la laguna, y no se tomó en cuenta para nada a los regantes.
A partir de allí, se produjeron una serie de otras anormalidades. De hecho, no había costo financiero por este mutuo de aguas, las cuales no se embalsaron, sino que fueron a dar al mar, por lo cual, en definitiva, se pagó a 1,5 millones de pesos contra 4 millones 400 mil pesos. Con posterioridad, cuando se intervino la cuenca, los regantes hicieron declaraciones públicas e hicieron ver al gobierno que se trataba de una intervención ilegal y arbitraria. Al poco tiempo, el señor Guillermo Pickering sostuvo una reunión con la Junta de Vigilancia de la Cuenca, en la que asumió varios compromisos verbales, ocasión en la que estuvieron presentes, entre otros, los señores Ariztía y Quiroga, Presidente y Secretario General del SNA, respectivamente, y el Presidente de los regantes de la Cuenca del Maule y otros personeros. En dicha reunión, el señor Pickering consultó qué pasaba con el perjuicio económico que se estaba causando a los regantes debido a esta situación, a lo cual el ministro Landerretche señaló, en forma clara y categórica, que él se encargaría de que las centrales hidroeléctricas respondieran, porque como iban a recibir el recurso tendrían que pagarle a los regantes el aporte que significaba la instalación de las mesas colectoras de datos, es decir, que se encargaría de que se eliminara la merma, la pérdida y el abuso en el derecho no consuntivo que, en la práctica, pasaba a ser más consuntivo que el de los regantes. Con posterioridad, vienen los apagones, no hay modificación porque Colbún se niega a reconocer la deuda de los regantes -88 millones de metros cúbicos en 1997-, viene la intervención de la cuenca. El día 17 de noviembre, la cuenca ya estaba intervenida. El compromiso adquirido por Endesa y Colbún consistía en pagar el aporte. El convenio con Colbún es del 1º de abril. Empiezan la extracción a la laguna del Maule, se encuentra con que Colbún el día 4 dice que no almacena y no firma nada debiendo firmar sólo Endesa el día 5 sin Colbún. Posteriormente, frente a la presentación de un recurso de protección y distintas reuniones con el ministro subrogante, don Juan Carlos Latorre -quien había asumido un compromiso fuerte con los regantes en cuanto a que esta situación no iba a volver a ocurrir, además se sumaba el hecho de que no era posible obtener una audiencia con el ministro señor Tohá- viaja a la zona, visita la laguna del Maule y en conjunto con el Intendente asumen el compromiso de no aceptar nuevas extracciones en la laguna del Maule porque ve en terreno que de una capacidad de almacenamiento de 1.420 millones de metros cúbicos, a esa fecha, le quedaban 80 millones de metros cúbicos. A ello hay que agregarle que hay 40 que no son susceptible de extracción porque están destinados a la flora y fauna de la laguna. Sin perjuicio de lo anterior, el día 1º de junio, don Eduardo Bartholin, en su calidad de Director Nacional de Obras Hidráulicas, vuelve a suscribir un nuevo convenio con Francisco García Sánchez, en su calidad de Gerente de Generación Endesa, esta vez por 5 millones de metros cúbicos.
En definitiva, sostiene que ésta fue una crisis que pudo haberse manejado en forma mucho más eficiente, que los apagones fueron absolutamente innecesarios y que perjudicó a los regantes en dos sentidos. Uno, porque no se les permitió obtener un beneficio que les habría significado en el mediano plazo la mejor defensa de sus recursos, en cuanto a elementos de medición se refiere y, segundo, porque tuvieron que regar con un muy mal porcentaje, beneficiando clara y categóricamente, en determinados momentos, al sector hidroeléctrico. En el caso de la laguna el Maule, no han tenido conocimiento de ningún convenio pagado anterior a los del 1 de junio y del 1 de abril, por 60 millones y 5 millones. Ex Gerente General de Colbún S.A., señor José Luis Mardones. La central de ciclo combinado Nehuenco fue uno de los proyectos que el directorio de Colbún incluyó en su plan de desarrollo -que contemplaba varios otros-, con el propósito de potenciar su participación en el Sistema Interconectado Central, porque había ido disminuyendo desde su construcción, en el año 1985-1986 hasta ese entonces, y para convertirla en un tercer polo de competencia en la industria eléctrica, que en esos momentos estaba bastante concentrada. Esos proyectos incluyeron, además de la planta de ciclo combinado, la central Rucúe, en el río con el mismo nombre, con contribuciones del río Laja, la línea eléctrica de Colbún a Santiago y, en asociación con Endesa y Enap, el gasoducto desde San Bernardo hasta Quillota. La totalidad de dichos proyectos se ha terminado en forma exitosa, con excepción de la planta de ciclo combinado Nehuenco. El proceso de licitación de construcción de esa planta fue abordado con un conjunto de asesores técnicos externos e internos del mayor nivel. Se llamó a licitación en junio de 1995. Las propuestas se abrieron, en forma pública, el 22 de septiembre de 1995, y se levantó el acta respectiva. Se presentaron ocho empresas o consorcios, con un total de 16 ofertas. Se leyó en el acto la oferta económica por el suministro principal base de cada consorcio y, con posterioridad, se anunció que las propuestas se estudiarían en detalle, por cuanto ofrecían distintas potencias y características que deberían ser homologadas. Después de un trabajo de homologación intenso, se seleccionó a General Electric, el consorcio Siemens/Ansaldo y Mitsubishi. En diciembre del mismo año se solicitó a estas tres empresas contestar un conjunto de preguntas técnicas sobre sus ofertas, las que fueron preparadas por el equipo interno y los consultores internacionales Merz AMP; McLellan.
En esa ocasión, la firma Mitsubishi pidió un tiempo adicional, razón por la que el plazo se extendió hasta el 10 de enero de 1996. Con posterioridad, Mitsubishi indicó que no estaba en condiciones de cumplir. Al respecto, se cree que eso ocurrió porque en esa fecha la empresa ganó la licitación de San Isidro. Analizadas las respuestas técnicas de los proponentes, la gerencia del proyecto confirmó su proposición de lista corta al directorio de la empresa. En sesión de 1 de febrero de 1996, el directorio instruyó iniciar conversaciones finales con General Electric, en primer lugar, en un plazo que duraba hasta el 22 de marzo y si éstas no eran fructíferas llevar a cabo conversaciones con el consorcio Siemens/Ansaldo. Por otra parte, es importante destacar que las bases de la licitación llevaban anexo un contrato que era parte integral de las mismas, el cual, en sus aspectos esenciales, no admitía cambios. Las negociaciones con General Electric se extendieron mucho más allá del plazo fijado -22 de marzo- por lo cual fue necesario extender la validez de las boletas de garantía de los proponentes, por cuanto General Electric, en vez de respetar el contrato establecido en las bases, hizo llegar una propuesta propia de contrato, dando como razón el que a nivel mundial tenían sus propias reglas al respecto. Con el tiempo, se llegaron a identificar 29 puntos de importancia que General Electric no aceptaba. Finalmente, se logró que General Electric se desistiera de 21 puntos de los 29. Sin embargo, quedaron ocho puntos, que no fueron salvados por parte de General Electric. De entre ellos, destaca el relativo a la responsabilidad del proveedor y a las indemnizaciones. Debido a lo anterior, con fecha 7 de mayo de 1996, el directorio resolvió suspender negociaciones con General Electric y continuar negociaciones con Siemens/Ansaldo. Se negoció con ellos, y dicho consorcio se allanó a firmar el contrato establecido en las bases, que es el único contrato existente. Hasta el último borrador de contrato que General Electric propuso, el 24 de abril de 1996, esta empresa intentó alterar la responsabilidad del proveedor por atrasos y por incumplimiento de valores o estándares técnicos garantizados. Además, dicha empresa intentó en su último borrador de contrato insertar una declaración que expresamente excluía toda responsabilidad por lucro cesante. En este punto, es conveniente hacer presente que Siemens, al contrario de General Electric, aceptó firmar un contrato que no introducía ninguna ambigüedad conceptual en la materia. En conclusión, General Electric no se allanó a firmar el contrato establecido en las bases de licitación después de un esfuerzo prolongado en el tiempo, por este motivo el directorio, por unanimidad, decidió suspender las negociaciones con General Electric y continuarlas con Siemens Ansaldo. El contrato que firmó Colbún con Siemens, establece que la empresa puede devolver el equipo, la planta, solicitar la restitución de los dineros, cobrar atrasos, el lucro cesante, llevando esto a sumas interesantes, bastante superiores al costo de la planta misma. Un elemento muy importante para la decisión del directorio fue también el hecho de que Siemens tiene, cuando funciona, una eficiencia bastante mayor, por lo que logra ser despachada antes que las otras plantas y su índice de caída de eficiencia es mucho más lento que las otras. De estudios efectuados, se concluyó que las dos firmas han tenido dificultades en todas las plantas que han instalado y las han superado o están en vías de superar todos los problemas que allí se habían presentado, de manera que en ese estudio ambas empresas estaban en la misma situación. El directorio siguió todas las recomendaciones de los asesores técnicos y legales en cuanto a los procedimientos a seguir y a la calidad de los equipos. De acuerdo con los estudios efectuados, el resultado posterior de la falla de la planta Siemens -cuyo origen aparentemente aún no se detecta- no era previsible en ese minuto. El señor Mardones, señaló que las decisiones tienen riesgos y, que en el caso en particular, aparentemente, no se ha detectado su falla, porque la planta falló una vez y lo ha vuelto a hacer y por lo que señala la prensa, probablemente sea la misma causa. Obviamente, si se tuviera la posibilidad de saber lo que va a pasar y si se pudiera introducir ese elemento, se podría tomar otra decisión, pero desafortunadamente no se tiene. Sin duda, si hoy día se hace otra licitación ese sería un elemento que habría que tomar en cuenta y cuando se llame a los expertos técnicos ellos tendrán que incluir en su análisis las fallas, cuyas causas no se han detectado. Esto reafirma la importancia de tener contratos muy protectores, cuando se trata de incertidumbres técnicas importantes; es decir, a mayor incertidumbre técnica más protección, desde el punto de vista de obligaciones contractuales y de seguros si es que existen. En ese momento, se tuvieron una serie de garantías y obligaciones contractuales, por cuanto la tecnología no era asegurable. Con posterioridad, tanto Colbún como Siemens, han logrado asegurar algunos temas en el mercado. En el momento en que se hizo, no era posible, así que se reemplazó por obligaciones contractuales y garantías por parte del constructor de esta planta. Ni General Electric ni Siemens, tenían seguros de mercado. Por lo tanto, la cláusula que se puso fue de obligaciones contractuales de los proveedores, las cuales podían ser reemplazadas por seguros, en la medida que pudieran contratarse. Cabe tener presente, además, que existen seguros y contratos firmados. Contratos que estaban como anexos de las bases, cubren diversos riesgos como responsabilidad civil de construcción y montaje, seguro de transporte para los equipos y materiales incorporados, ya sean de procedencia extranjera o chilena, y también responsabilidad civil de vehículos. Además, un seguro o una obligación contractual de indemnización por lucro cesante, el que está incorporado dentro de la cláusula 7-1. (Esta última obligación no fue aceptada por General Electric como parte del contrato, pero sí por Siemens). En realidad, cuando se planteó la posibilidad de incorporar el lucro cesante al seguro, la respuesta fue que dicho beneficio no estaba en el mercado. Por tanto, se optó por incorporar una cláusula que obligaba a la propia empresa proveedora a indemnizar por lucro cesante, hasta que se pudiera conseguir en el mercado. De manera que en forma directa, y no a través de una compañía de seguros, se cubre dicho riesgo. Se entiende por lucro cesante todas las pérdidas económicas que se produzcan durante las operaciones de la Central debido a daño físico o paralizaciones forzadas, ya sea a turbina o a gas generador como consecuencia de error de diseño, manufactura o material defectuoso. Esta responsabilidad adicional cubre hasta 80 millones de dólares, además de todos los daños directos. Entonces, el daño emergente que cubre el precio del contrato, que son 150 millones de dólares, como daño directo está cubierto en un 100% con la responsabilidad del proveedor. Además, hay una responsabilidad adicional por lucro cesante de hasta 80 millones de dólares. Si se suman las cantidades tenemos que la cobertura por responsabilidad alcanza a los 200 y tantos millones de dólares. Respecto del lucro cesante no existía esta cobertura por parte de las compañías de seguros por cuanto se ignora esta tecnología, por lo que se debió incorporar como una responsabilidad directa del proveedor. Para los efectos del cálculo, se toma en cuenta el valor presente de la potencia o eficiencia no entregada. De esta manera se incluye una cláusula en el contrato que si no se cumple ese valor entre la eficiencia con potencia, se produce un descuento vía multa del valor equivalente a la fecha que dejaron de recibir. Existe, además, una cláusula que da derecho al término anticipado del contrato. Es decir, cuando todavía no se ha completado el suministro, lo cual implica la aceptación plena de los equipos que están en funcionamiento y han pasado todos los tests técnicos. La cláusula de término anticipado se funda en dos razones: la sola voluntad de la empresa Colbún y por incumplimiento del proveedor. La indemnización tiene lugar por incumplimiento de las obligaciones del proveedor, especialmente de plazo y calidad en lo que respecta a los valores técnicos establecidos para las turbinas. Cuando el término anticipado se debe a la responsabilidad del deudor, no se le exime de esta responsabilidad.
Al respecto se dio una larga discusión con General Electric porque ellos querían condicionar el término anticipado a una serie de circunstancias que lo hubiesen hecho muy difícil de aplicar. Por ejemplo, había que demostrar que los daños incurridos por el atraso superaban las penas máximas contempladas en el contrato. También restringía la posibilidad de devolver los equipos sin estimar que podían ser útiles para el proyecto. Los puntos centrales eran dos. El monto de la responsabilidad del proveedor, que en el caso de General Electric lucharon para que estuviera limitada a un 30% del precio del contrato, pero al final -en las últimas semanas- aceptaron que fuera un 100% del precio del contrato. Luego agregaron una terminología técnica que hablaba de los daños líquidos. Al respecto se usó un anglicismo como “liquid damages”, que es un sistema anglosajón que se usa como única evaluación por los daños. Ellos interpretaban como daños líquidos aquellas cláusulas que hablaban de las penas por atraso e incumplimiento de labores técnicas. Esas penas sumadas con las otras llegan a un 25% del valor del contrato. En la práctica, la responsabilidad no era de 100% sino un 25% del precio del contrato por daño emergente y sin lucro cesante. El otro gran problema legal estaba relacionado con el término anticipado. El concepto de las bases establecía un derecho irrestricto para poner término anticipado en caso de incumplimiento de la obligación del deudor, sin perjuicio de cobrar las indemnizaciones.
Hay una serie de limitaciones en el último borrador de contrato que General Electric propuso, que se salen de las bases en esta materia y hacían débil el derecho del término anticipado. Esta es la otra gran diferencia que existe entre el contrato de las bases con el que firmó Siemens. Las otras no son tan relevantes dadas las circunstancias actuales. Algunas se referían a hacer variable el precio y el plazo del contrato, según condiciones de suelo, cambios de leyes que afectaran la internación de equipos, todo ese tipo de cosas. Como estos contratos son a suma alzada, lo normal es que el precio y el plazo estén más o menos fijos, salvo que haya un acuerdo entre las dos partes para modificarlo, pero los americanos querían introducir una mayor flexibilidad en estas cosas que no fueron aceptadas, porque justamente los contratos están hechos para las peores circunstancias, como las actuales. Una solución bien pudiera ser, realizar las instalaciones que han hecho otras empresas generadoras, con turbinas a gas o diesel, pero no de ciclo combinado; son parecidas a turbinas de avión. Su instalación es rápida si se las encuentra disponibles en el mercado, porque usualmente hay que mandarlas a construir. Si se las encuentra en alguna parte se pueden traer e instalar en plazos breves de dos o tres meses, que es lo que están haciendo algunas empresas.
Ahora instalar un ciclo combinado, aunque sea por contratación directa, tiene un plazo aproximado de dos años. El valor de la inversión, alcanzó la suma de aproximadamente 140 a 150 millones de dó- lares. Recapitulando, el señor Mardones, se refirió al artículo publicado por el diario “El Mercurio”, donde la periodista Pilar Molina señaló que el contrato se habría llevado a cabo por una maquinación destinada a generar contribuciones políticas. Razón por la cual, se ha recurrido a la Comisión de Ética. En lo que dice relación con la administración, se contrató a los mejores asesores y la decisión se adoptó sobre la base de una licitación pública. General Electric no estaba dispuesta a firmar el contrato de las bases. De haber cedido en cualquiera de esos ocho puntos, cualquier otro participante en esta licitación podría haber reclamado. Es importante destacar las rebajas de costo que significó el traslado de Limache a Quillota, pero el punto esencial de la causa es que no se podía adjudicar a una empresa que no estaba dispuesta a firmar el contrato. El contrato defiende los intereses de Colbún ante situaciones de esta naturaleza. Su nivel de exigencia se justifica por el hecho de que se estaba contratando llave en mano una tecnología de punta. Todos los otros proyectos que Colbún revisó durante este período, y por supuesto la misma construcción de las centrales Colbún y Machicura en su momento por parte de Endesa, fueron hechos con un gran componente de ingeniería propia, subcontratando ciertas cosas, pero no son proyectos llave en mano, ni la línea eléctrica ni la central Rucúe ni la central San Ignacio. Todas ellas funcionan bien cuando hay agua, fueron hechas en forma adecuada, y esos contratos con contratistas parciales obviamente son bastante más estandarizados. Para transformarse en un tercer polo de competencia, la empresa aumentó su capacidad instalada de alrededor de 500 megawatts a aproximadamente 1.100 megawatts y de acuerdo a eso, desarrolló una política comercial para colocar su potencia firme en el mercado. Para eso hubo que desarrollar una política comercial agresiva, porque estaba creciendo rápidamente y porque había otras empresas que también estaban agregando producción al sistema en el mismo año, en particular las Plantas San Isidro y Nueva Renca. Como resultado de esa campaña comercial Colbún tiene contratada una capacidad que aún con la sequía extrema que ha habido, si Nehuenco hubiera funcionado, habría cumplido perfectamente. O si Nehuenco no hubiera funcionado, pero no hubiera habido sequía. El problema es que aquí se juntaron dos catástrofes grandes: no funcionó Nehuenco y, además, hubo sequía. 12. Presidente del Directorio de Colbún Machicura S.A., señor Emilio Pellegrini. Central Nehuenco El proyecto Nehuenco fue contratado por Colbún a mediados de 1996, época en que la compañía era administrada por Corfo. En octubre del mismo año, se licitó un paquete de acciones que fueron adquiridas por un consorcio conformado por cuatro empresas. En marzo de 1997, fecha en que la compañía tomó el control, el contrato ya estaba suscrito, firmado y en operación, y la construcción de la planta tenía aproximadamente seis meses de atraso, especialmente en la parte de las fundiciones y otras instalaciones, lo que prácticamente estaba en cero. Se optó por contratar una firma europea para que supervisara la construcción, el montaje y para que realizara el expediting, es decir, que efectuara la revisión en fábrica de los productos y que éstos se despacharan en forma oportuna.
A modo de información, Tractebel vende alrededor de 10 mil millones de dólares al año; el año pasado invirtió unos 3 mil millones de dólares; tiene inversiones en 10 o 12 países del mundo, fuera de Europa; en Bélgica controla el 95% de la generación y el 90% de la distribución; y tiene más de 20 mil megas -equivalentes a 50 ó 60 Nehuencos- instalados en Europa y fuera de ella. Es decir, se trata de una empresa muy grande y con mucha experiencia. En consecuencia, Nehuenco contó con la experiencia suficiente para que el proyecto fuera exitoso y adecuado. El atraso de 6 meses ocurrió porque la firma constructora y productora, el consorcio Siemens/Ansaldo, no contó en su origen con la gente adecuada. Eso trajo como consecuencia que después no fueran capaces de recuperar el plazo ni cumplir con los programas diseñados con tal objetivo. En ese sentido, se elaboraron programas hasta diciembre de 1997, algunos de los cuales terminaron en mayo de 1998. Cada vez que Siemens informaba un cambio de fecha, se daba a conocer ese hecho a la Comisión Nacional de Energía y al Centro de Despacho Económico de Carga para que elaboraran los planes. La planta giró por primera vez en abril de 1998, lo que hacía suponer que entre julio y agosto debería estar funcionando en forma normal. Sin embargo, como fue teniendo sucesivas fallas, se recibió en forma limitada y bajo protesta en enero de 1999. La central fue recibida en esas condiciones porque era indispensable para el abastecimiento eléctrico del país. Las fallas que presenta la central son básicamente de diseño. A Siemens le ha faltado experiencia en este tipo de turbinas, pero no en el sentido de que no hayan fabricado turbinas similares antes, sino que en cuanto a tener máquinas iguales funcionando en el mundo sin fallas y que se hayan corregido todos esos defectos previamente a su venta. Generalmente, industrias grandes como Siemens prueban mucho sus productos, previo a efectuar una venta, de modo que no tengan defectos; sin embargo, en este caso no ocurrió así. El contrato que se firmó con Corfo impedía al grupo controlador hacer ningún cambio con respecto a este proyecto, como atrasarlo o cambiar el proveedor, porque todo estaba absolutamente decidido. Tanto es así que para poder rechazarlo de acuerdo con las normas del contrato hubo que pedir autorización a Corfo. El contrato contempla multas por atraso, por falta de eficiencia y de potencia, y por indisponibilidad, lo último referido al número de días al año en que la máquina ha estado detenida sin poder generar energía. Además, tiene una cláusula de término anticipado por incumplimiento del proveedor, que es la que ocupó Colbún para terminar el contrato en forma anticipada y pedir la devolución de los fondos pagados. Dicha cláusula obliga al proveedor, si pasado 30 días no ha remediado las causas que originan el término anticipado, a devolver los dineros pagados y recibir los equipos de vuelta. Existe un plazo de 30 días a partir del 2 de julio, en que deben hacerse las correcciones u ofrecerse las condiciones adecuadas a Colbún para que no se le devuelvan los equipos. La voluntad de la empresa es hacer lo que más convenga a sus accionistas. Básicamente, esperar que las condiciones que ofrezca Siemens sean muy precisas y con garantías suficientes para que Colbún decida continuar con ellos. El monto de las pérdidas es importante. No se ha determinado con exactitud, pero se trata de varias decenas de millones de dólares. Frente a algunas interrogantes, precisó que la fecha original de entrega de la turbina era en mayo del 98 y no en marzo. En enero se informó a la Comisión Nacional de Energía que la turbina estaría en operaciones el 31 de julio. Después, en mayo, se dijo que estaría para septiembre. El consorcio informó de los cambios de fecha a la Comisión Nacional de Energía, cuando ya no había ninguna posibilidad de recuperar los atrasos con que nació el proyecto. Aunque se hubiese sabido anticipadamente que esta turbina no iba a estar en condiciones de funcionar en todo el año 98, y se hubiere avisado con anticipación a la C. N. E., en el año 97 no se habría tomado ninguna medida para mejorar las condiciones de oferta de energía, porque se suponía que iba haber un sobreabastecimiento. De hecho, las tarifas que se fijaron en abril del 98, consideraron un sobreabastecimiento muy grande de energía. O sea, no sólo podía fallar Nehuenco, sino que, además, Renca y San Isidro, y aún así no habría habido desabastecimiento con el cálculo y modelo fijado por la Comisión Nacional de Energía, en abril de 1998. Teóricamente, 30 días antes de la fecha original de puesta en marcha de Nehuenco. En la hidrología conocida y confiable, el año 68 es un hito, porque es mucho más seco que el segundo año más seco de toda la hidrología. Si el segundo año más seco es 100 el año 68, es 60; 30 ó 35% más seco que éste. Sin embargo, el año 98 un 40% más seco que ése. Entonces, cualquier estimación que se hubiese hecho de abastecimiento del sector hasta junio del 98, daba que no había ningún problema de abastecimiento; porque hasta mayo del año 98 venía bastante normal. Sucedió que en invierno siempre llueve mucho en la Séptima y Octava Regiones, donde está la energía eléctrica, pero no llovió nada. Entonces, el problema se desencadenó muy rápido; porque, pasó julio y agosto y no llovió. El año fue seco y no había ninguna opción para recuperarlo. El atraso de la central se vio reflejado en mayores costos de compra de energía eléctrica. Los precios de venta de las distribuidoras son del orden de 20 a 21 dólares el MWH y hubo que comprarlo a 60 ó 70. Al respecto, la ley eléctrica dispone que: “El intercambio de energía, entre generadoras se hace al costo de la térmica más cara”. Aclaró, que Endesa no ingresó el agua a costo cero. El costo de oportunidad que se le asigna al agua depende del nivel del embalse. Si Endesa hubiera entregado esa energía a costo cero, el intercambio en los meses de julio y agosto habría sido costo cero y no lo fue.
En otro orden de ideas, señaló que se había celebrado un convenio con los regantes para el uso de las aguas de riego. Recalcó, además, que no habían celebrado convenios con el Ministerio de Obras Públicas porque ocuparon el agua que viene por el río. Obviamente, si le dieran agua a la laguna del Maule, esa agua le llega a Colbún. El compromiso que contrajo Endesa en 1998 fue que el agua de la laguna del Maule se guardaba en Colbún para uso de riego. Se pensó que daba lo mismo guardarla arriba o un poco más abajo, porque igual era agua para los agricultores. La resolución 105 indica los caudales que se deben entregar del embalse y en la medida en que se cumpla con la cantidad solicitada, se está cumpliendo con las obligaciones de riego. El agua de la laguna del Maule está destinada al riego, y lo que se hizo en su oportunidad fue bajarla al embalse Colbún y entregarla a los agricultores cuando la pidieran. Respecto del convenio de Endesa con el Ministerio de Obras Públicas, piensa que no es discriminatorio, porque es una distribución racional del agua, determinando tanta cantidad para riego como para energía eléctrica. Además, la generación de energía es tan importante como el riego. Un país en desarrollo, como Chile, no puede despreciar su generación hidroeléctrica. Aquí se está aplicando un criterio extraño, porque se está castigando la generación hidroeléctrica en beneficio de las centrales térmicas. Lo que va a ocurrir a futuro es que no se van a desarrollar proyectos hidroeléctricos medianos ni chicos, perdiéndose una riqueza que da la naturaleza. De acuerdo con el programa que hizo la Comisión Nacional de Energía en 1996, una central debía entrar en funcionamiento el año 98, la otra en el año 2000 y la otra el año 2001, y aun así, en opinión de la Comisión Nacional de Energía -dos años antes-, no había ningún problema para abastecer la demanda de energía eléctrica, sin dos centrales. El sistema tenía las herramientas necesarias para no producir desabastecimiento. En el año 68, el más seco conocido, se habría abastecido la demanda sin ningún problema y sin Nehuenco. La construcción de Nehuenco demoró más de dos años, en consecuencia, un atraso de Siemens no significaba más que un castigo en multa o en pago de los daños emergentes de ese atraso, pero no constituye razón suficiente para decirles que se llevaran la turbina porque se iba a traer otra. Recién después de un año se ha llegado a la conclusión de que Siemens ya no está en condiciones de cumplir el contrato El hecho de que el sector está regulado significa que la autoridad dice al menos cuánto es el volumen de energía disponible que debe haber, y en base a ese volumen la autoridad dice: “Voy a fijar tales precios para que este volumen que se ha determinado, que es el adecuado, rente también un 10%, según lo indica la ley”. El volumen para 1998 era muy superior. Lo que hicieron los generadores fue anticipar inversiones, no postergarlas. Entonces, no había ninguna razón para decirle a Siemens en mayo o junio: “Mire, llévese su turbina porque ya no funcionó, yo la necesito hoy”. Además, que se requería de uno o dos años -por lo menos dieciocho meses- para traer un equipo similar. Como dice Endesa, se podían traer equipos de operación muy caros, pero que se demoran cuatro o cinco meses en llegar, que es la fórmula con que se han reemplazado los déficit de energía. Recalcó que la decisión de contratar con Siemens, obedeció a criterios técnicos y econó- micos. En relación con el costo falla, sostuvo que era una doble remuneración para las centrales térmicas y no hidráulicas, por lo cual se pierde una riqueza natural necesaria. Si la ley actual hubiese regido con anterioridad, los generadores hidráulicos al menos habrían bajado su nivel de compromiso; en consecuencia, probablemente, habría habido inversiones antes de noviembre de 1998, es decir, si esa ley hubiese tenido cinco o seis años el sistema tarifario habría reflejado una sobreinstalación mayor. Cuando la ley dice que los generadores deben responder, incluso en un año en que la hidrología sea cero, como es el caso; entonces, se produce una sobreinversión que debe reflejarse en las tarifas, porque de lo contrario, cuando liciten sus contratos, las distribuidoras van a encontrarse con que no van a tener oferente.
El contrato contempla multas prefijadas por día de atraso y por falta de rendimiento. Le da el derecho a Colbún a cobrar más si acaso los daños son superiores a las multas establecidas en el contrato. Se contemplan, además, daños a terceros. Finalmente, sostuvo que el hecho de que Nehuenco no funcione produce un lucro cesante equiparable al daño. En otras palabras, lo que está perdiendo Colbún es más del doble de lo que podrá cobrar a Siemens. El balance de junio va a ser desastroso por dos razones: porque Nehuenco entró atrasado y por la sequía por todos conocida. 13. Director de Colbún S. A., señor Raúl Donckaster. Precisó que había asumido en el cargo de director en abril o mayo de 1994. En virtud del cargo, no participó en el Comité que seleccionó a las empresas que participaron en el proceso. En ese momento Colbún participaba en la generación total del SIC -no del país- en alrededor de un 15 %, o sea, había bajado más o menos siete puntos porcentuales, después de haber tenido una presencia de aproximadamente 20 ó 22 % de la generación eléctrica del país, y de acuerdo a como se proyectara la situación hacia delante, la empresa bajaría del 15 % al 10 u 11 % de la generación del SIC, por lo cual la incidencia y el valor patrimonial de esta empresa se afectaría considerablemente, habiendo por parte del Gobierno la voluntad de avanzar prontamente en el ingreso de capitales privados más significativamente que los que había hasta ese momento, por lo cual se adoptaron ciertos criterios a fin de valorizar su participación en el mercado. Entre las diversas inversiones que se estimó conveniente hacer se evaluaron principalmente tres: uno, hacer San Ignacio, que es la tercera central en línea que Colbún tiene en hoya del Maule; dos, hacer la línea de transmisión, lo cual fue acto muy revolucionario porque significaba independizarse de Transelec y de Endesa para traer la energía que generaba Colbún, y tres, construir una planta térmica de energía eléctrica aprovechando el gas, con lo cual se obtenían dos beneficios: por una parte, se le daba mayor viabilidad al gas natural en el país, porque habían empresas que lo iban a consumir en gran cantidad y, por otra, se valorizaba e independizaba fuertemente Colbún, ya que se preveía lo que podían ser las consecuencias de una sequía. Colbún era sólo una planta de generación hidroeléctrica, por lo tanto,se preveía que en el caso de una sequía no iba a tener ninguna posibilidad de generar. Entonces, se veía la conveniencia de generar por la vía térmica y aparecía como una muy buena alternativa la posibilidad de generar por la vía del gas natural.
Básicamente, Colbún contrató asesorías en materias técnicas y jurídicas y se formó un comité de directores, los cuales llevaron adelante todo este proceso. Primero se crearon las bases. El procedimiento era bastante simple, y se establecía que la licitación era el sistema de “llave en mano”, en el cual se fijan una serie de parámetros en términos del aporte que se quiere generar con la central que se construya. Se dan rangos en cuanto a que deben ser centrales que generen entre 200 y 400 megawatts y también las características básicas del tipo de ciclo que deben tener esas centrales. Se llama a licitación, quedando finalmente 8 empresas o consorcios. No había limitación de la cantidad de propuestas que podía hacer cada una de esas empresas o consorcios. Por eso, llegaron 16 propuestas de las ocho empresas, lo que no significa que cada una haya presentado dos propuestas, sino que algunas presentaron tres y otras sólo una, con distintas opciones de ciclo combinado, ya sea con una turbina a gas y otra a vapor, con dos turbinas a gas más pequeñas y otra a vapor de respaldo. Como cada una de las ofertas presentadas tenía características y especificaciones técnicas especialmente complejas, tal como se establecía en las bases, se hizo una homologación de todas las propuestas que llegaron. Finalmente, la Comisión seleccionó 3 consorcios: Siemens-Ansaldo, General Electric y Mitsubishi. Se dio el caso de que General Electric no estaba dispuesta a firmar el contrato, pese a que todos los participantes en esta licitación conocieron el contrato desde el momento mismo en que compraron las bases, y nadie lo cuestionó. General Electric entregó 29 observaciones al contrato.
En estas circunstancias se les hizo ver que era imposible aceptar lo que estaban planteando, ante lo cual retiraron aproximadamente 22 puntos, quedando cinco o seis, que eran los más significativos. Posteriormente, comunicaron que no estaban dispuestos a aceptar el contrato. El directorio tomó la decisión de darle una última posibilidad a General Electric para que retirara esas observaciones, pero el consorcio respondió que no era posible acceder. Finalmente, se negoció con Siemens, empresa que aceptó íntegramente el contrato, y se hicieron las especificaciones que correspondían. Con los informes de todo el cuerpo de asesores, se llegó a la conclusión de que había que adjudicar el contrato a quien había quedado en segundo lugar, esto es a Siemens-Ansaldo. Posteriormente, se evaluaron las fallas o problemas que tuvieron cada una de estas empresas. Se le pidió a cada una de ellas que entregaran sus reportes sobre fallas que hubieran tenido con diseños similares, en el último tiempo. Dichas fallas eran muy similares. Luego de la adjudicación del contrato se realizaron las obras civiles. Posteriormente, se producen las postergaciones e incumplimientos por parte de Siemens, en cuanto a la fecha en que debía haber entregado la planta. El tipo de cláusulas establece un tipo de penalidad absolutamente novedosa en este tipo de contrataciones, que permite devolver la planta y, por lo tanto, recuperar la totalidad de los pagos que se hubieren hecho, además de la indemnización de perjuicio El contrato que se suscribió con Siemens-Ansaldo corresponde al que se redactó y entregó a todos los licitantes cuando empezó este proceso. Eso ha sido determinante para lograr la solución actual. El contrato que se firmó con Siemens-Ansaldo es exactamente el mismo que se entregó a todos quienes habían firmado en cualquier otra empresa, que fue el que General Electric no estuvo dispuesto a aceptar. La planta que adquirió Colbún y la cual se adjudicó, si bien, es una planta de diseño nuevo y por eso puede ser calificada de prototipo no es una planta experimental, sino que es exactamente una misma turbina que Siemens había fabricado centenares de veces y en distintas partes del mundo. Dada la actitud que tuvo General Electric, el contrato era indudablemente más severo y exigente con el proveedor que los normales a nivel internacional, incluyendo como cláusula la posibilidad que después de haber recibido la planta, en virtud de las fallas que tuvieron y de no haber cumplido con los estándares que se le exigían, devolverla y, por lo tanto, recuperar los dineros que se hubieren pagado por ella, además de las indemnizaciones por perjuicio. El contrato original ha sido objeto de adecuaciones y modificaciones tendientes a introducir todos los problemas que se han generado, como por ejemplo el tema de las nuevas responsabilidades, la prórroga de plazos, la forma de pago de las indemnizaciones, existencia de ellas y la fórmula de cómo se van a pagar. Este tipo de plantas ha presentado dificultades en otros países. Pareciera ser que las centrales térmicas tienen un problema de ajuste o de asentamiento en su aparataje que las hacen tener algunos grados de inconveniencia al comienzo, pero después se ajustan bien. 14. Representantes de Siemens, Jefe de la Oficina de enlace del proyecto de Nehuenco, representante legal de Siemens y Director de Marketing y proyecto para plantas de energía térmica de España y Portugal, señores Daniel Fuster, Sebastián Obach y Sielgfried Shintler, respectivamente. Siemens es una compañía con presencia en unos 190 países del mundo, a través de agencias, representaciones de ventas, producción e ingeniería. Tiene 152 años de existencia. Fue fundada en 1847. En América Latina, la compañía tiene una relación muy especial con los países en que está presente, pues tiene una historia de más de cien años de participación en el mercado y en el desarrollo tecnológico de países como Argentina, Chile, México y otros. A nivel mundial Siemens abarca áreas muy diversas: comunicaciones, energía, electromedicina, transporte, etcétera. Las cifras de Siemens en el año financiero pasado alcanzaron la suma de 1.000 millones de marcos alemanes, y los nuevos pedidos recibidos el año pasado ascienden a casi 120 mil millones de marcos alemanes, con un marco alemán equivalente a 260 pesos chilenos. El monto en investigación y desarrollo técnico-tecnológico corresponde prácticamente al 8% del valor total de los nuevos pedidos. Es decir, cada año se invierten cerca de un 8% por dicho concepto.
En 1998, esta cifra alcanzó a 9 mil millones de marcos alemanes. Trabajan con prácticamente mil corporaciones en todo el mundo, además de universidades e instituciones de investigación y desarrollo. Siemens cuenta con más de 100 mil patentes en todo el mundo y ha realizado más de 24 mil invenciones y cuenta con 400 mil empleados a escala mundial; el 43 % trabaja y vive en Alemania. En 1998 ocupó el tercer lugar en el campo de las compañías, en el campo de la electrónica y de la ingeniería eléctrica, a nivel mundial por concepto de nuevos pedidos. Esta es en general la introducción de la compañía Siemens en la escala mundial. Siemens está presente en Chile desde hace 90 años. Ha abarcado áreas como la energía, la industria, las telecomunicaciones; es decir, prácticamente las mismas actividades que desarrolla la compañía a escala mundial. Las cifras de Siemens S.A. de Chile en el último año financiero por concepto de entradas de pedidos alcanza a unos 72 millones de dólares y cuenta con alrededor de 220 colaboradores. En los últimos 30 años, ha participado en aproximadamente 30 grandes proyectos de energía hidroeléctrica.
La compañía ganó 30 proyectos, nueve como suministrador de generadores de energía y equipos eléctricos para los grandes proyectos hidroeléctricos en el país. Hace poco más de diez años entró al mercado a escala mundial, por la necesidad de atraer capital privado para las inversiones en generación y distribución de energía eléctrica, porque muchos estados no tienen la posibilidad de soportar la deuda a largo plazo. También en muchos países había una liberalización del mercado eléctrico y ahora existe una participación cada vez más creciente de las compañías privadas, las llamadas IPP, Independent Power Producers, compañías independientes privadas que traen el capital privado al mercado eléctrico. El enfoque de los inversionistas se refiere claramente a las posibles ganancias en el mercado eléctrico. Los precios cayeron en los períodos de instalación de las fábricas o de las plantas; las necesidades de eficiencia absoluta son bastante más importantes que antes, porque la inversión de proyectos financiados a largo plazo se hace con capital privado, con créditos bancarios. También la cuestión de las garantías era un tema muy importante, porque nuestras obligaciones crecieron en forma muy dramática. El grupo de generación de energía Siemens se presenta con resultado del ejercicio del año pasado, con cifras de nuevos pedidos, cifras de negocios, es decir, la facturación, el volumen de nuevas inversiones en la organización, la investigación y el desarrollo, indican que lo importante del negocio son casi exclusivamente las exportaciones. El mercado doméstico en Alemania se ha reducido cada vez más y ahora permanece en la compañía un grupo que trabaja casi exclusivamente para el mercado mundial. El escenario de referencia, de plantas construidas, de componentes fabricados, empieza en 1950. Desde entonces, han generado en el mundo 322 mil megavatios en plantas termoeléctricas que trabajan en base a carbón, fuel oil o gas; 60 mil de los cuales corresponden a turbinas a gas y de ciclo combinado. La cifra total incluye las compañías compradas a Parsons de Inglaterra en 1994 y Westinghouse de Estados Unidos en 1998. También tienen experiencia en plantas hidroeléctricas equipadas con generadores eléctricos. Sólo para establecer una comparación, la cifra correspondiente a turbinas a gas significa prácticamente 12 veces la capacidad instalada en Chile.
Cabe mencionar que en varios países del mundo han fabricado equipos eléctricos para plantas termoeléctricas, es decir, en la actualidad actúan a escala mundial. Básicamente, una turbina a gas es una máquina muy simple, para cuyo funcionamiento se necesita aire y combustible. El aire entra en el compresor, éste lo lleva a la presión necesaria para la conducción. En la cámara de conducción se añade el combustible, ya sea gas natural, sintético o líquido. Como resultado de la combustión, los gases calientes accionan la turbina a gas; se produce una expansión de los gases calientes bajo alta presión y los gases salen prácticamente como aire caliente. La rotación de la turbina a vapor se transmite a un generador eléctrico, el que genera la electricidad. Éste es un ciclo abierto y un ciclo combinado. En la turbina a gas los gases de combustión salen con una temperatura entre 500 y 600 grados. Normalmente en el ciclo abierto entran en 0 grados. El proceso de ciclo abierto tiene una eficiencia entre 35 a 38%, es decir, es una relación entre la energía primaria que lleva el combustible y la energía secundaria que se utiliza como electricidad. La relación entre estas dos cantidades constituye la eficiencia. Al hablar de una eficiencia de 30%, significa que del 100% del combustible sólo el 30% se utiliza en forma práctica, el 70% restante es pérdida térmica, mecánica, eléctrica. Un ciclo combinado se caracteriza por un muy alto rendimiento, porque los gases que salen de la turbina a temperaturas entre 500 a 600 grados se utilizan sin combustión adicional, sólo como energía. La energía que llevan estos gases en la caldera se recupera en vapor. En el ciclo a vapor, se acciona la turbina que se conoce en todas las plantas eléctricas que tienen una caldera que utiliza carbón, el que produce vapor en otra forma, es decir, toda la energía se genera sin combustión adicional; prácticamente la energía del ciclo abierto se convierte en el ciclo combinado en energía eléctrica adicional. Los ciclos combinados tienen una eficiencia entre 55, 57 ó 58% pero la meta es 60% más a futuro. Estas plantas son muy efectivas desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, porque utilizan mucha más energía primaria que otras; en consecuencia, reducen la carga al ambiente. Una turbina a gas tiene un compresor y una cámara de combustión. La turbina a gas trabaja con aire caliente. Así es el tipo de máquina instalada en Nehuenco. Tiene 17 etapas en el compresor y cuatro etapas en la turbina a gas. Está equipada con 24 combustores. Posee un rotor con álabes móviles, alrededor de los cuales está la carcasa, que tiene los álabes directrices o fijas, es decir, no se mueven; lo que se mueve es el rotor en las cuatro etapas en la turbina a gas. Hay un compresor con una cámara de conducción, turbina, cojinetes y salida de los gases de escape. Esta familia de turbinas, a la cual pertenece también Nehuenco, tiene 3 miembros, 3 mil velocidades por minuto y 50 por segundo; por eso dicen 50 ciclos ó 50 Hz. Estas son máquinas para mercados como Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú donde los sistemas interconectados trabajan con 60 ciclos. Esta es una pequeña versión de estas máquinas que tienen la posibilidad de acoplar un generador sobre una caja de cambio de revoluciones.
La experiencia en turbinas a gas data del año 1950. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un tiempo en que no se contó con permiso por razones estratégicas, pero después de 1955 nuevamente se obtuvo permiso para trabajar en este campo y hasta la fecha se han fabricado 390 turbinas a gas de diferentes tipos y desarrollo. Se empezó con máquinas bastante pequeñas, desde 8 a 10 megavatios, hasta llegar a la más grande. Nehuenco representa de 230 a 250 megavatios, dependiendo de las condiciones del ambiente. Porque una turbina de gas, aparte de las condiciones del ambiente, también depende de la capacidad de la presión de temperatura y la entrada del aire. Es decir, aquí se ve un desarrollo lógico sobre capacidad, tecnología y eficiencia. Al inicio se emplearon máquinas bastante pequeñas y en 1975 se incorporó una nueva máquina en el mercado, el V-94, la cual se ha desarrollado en países más adelantados comenzando con una capacidad de 90 megavatios, hasta hoy que son 160 megavatios. De esto proviene el lógico desarrollo de una máquina para los mercados de 60 ciclos, tales como Estados Unidos, Brasil y otros. Continúa la fabricación de estas máquinas hasta que en 1990 se decidió empezar con una nueva familia dentro de este desarrollo tecnológico. De lo anterior, se puede concluir que no se trata de un prototipo, sino de un desarrollo cada día más avanzado para servir y dar la oportunidad a los clientes para que sean competitivos en su mercado. Al comparar la eficiencia de una turbina a gas del año 1970 con un 28% respecto de la actual, que es de casi un 38%, se ve la evolución y el desarrollo obtenido en 30 años. Análisis de los problemas presentados por la Central Nehuenco El proyecto Nehuenco fue desarrollado en los años 96-97, llegándose al final de la puesta en marcha a fines de noviembre de 1998. Esta puesta en marcha tiene un significado muy especial, porque al hablar de este tipo de plantas es el período que media entre el final de la construcción y montaje de una máquina, y su entrega final para explotación comercial al cliente. Este período consiste, fundamentalmente, en probar las utilidades de los equipos y hacer los ajustes que siempre son necesarios en este tipo de plantas. A continuación de la puesta en marcha tiene lugar lo que se denomina la marcha blanca de una planta, proceso que tiene por objeto asegurar y comprobar que la máquina es capaz de funcionar en continuo con los valores contractuales para que el cliente pueda disponer de estas máquinas en su totalidad. Esta marcha blanca de las turbinas de Nehuenco tuvo lugar durante los meses de diciembre de 1998 y enero 1999.
Contractualmente se había establecido que la marcha blanca tenía que durar 30 días con un funcionamiento continuo. Este proceso finalizó con éxito, entregándose al cliente después de una inspección que realizó Siemens a fin de comenzar su explotación comercial a partir del 25 de enero de 1999, fecha en la cual Colbún Machicura- asume la responsabilidad sobre la operación de la planta. La planta funcionó normalmente hasta el 1 de abril, fecha en que se produjo una primera falla o siniestro en la turbina de gas. Desde la operación de la turbina se van midiendo una serie de variables que van apuntando, según los certificados de los equipos, para evitar una desviación del comportamiento previsto. En la inspección efectuada el 1 de abril se detectaron unos incrementos en las vibraciones, motivo por el cual se detuvo la planta y se procedió a la apertura de la turbina de gas para su correspondiente inspección. Abrir un equipo de este tamaño, que opera con temperaturas de más de mil grados, no es una operación fácil ni se puede realizar en pocas horas para ver qué pasa adentro. Para ello es necesario destornillar una serie de tornillos en la carcasa, quitar previamente todas las mantas de aislamiento, todos los cables de instrumentación, tuberías de combustibles, etcétera. Pero previo a estas operaciones hay que esperar que se enfríe la máquina. Por tratarse de partes calientes que están a una temperatura de más de mil grados, no hay posibilidad de acceso. Entonces, siempre que ocurre cualquier falla en la operación de una máquina que reviste estas características, deben pasar unos días hasta que se enfríe. Una vez que se abrió la máquina, con motivo de la falla que se produjo el 1 de abril, se detectaron problemas en la cámara de combustión, que es un anillo que está montado sobre el eje del rotor. El rotor empieza en la brida del lado del generador que termina al final de la turbina de gas. En la cámara de combustión los gases están a 1.200 ó 1400 grados y los álabes de la turbina de gas donde pasa la anterior fase está a 3 mil grados, que es lo que llamamos las partes frías de la máquina. El compresor, simplemente por el mero hecho de comprimir el aire en muchas etapas, alcanza temperaturas de más de 400 grados. Es decir, cuando hablamos de partes frías y calientes es todo muy relativo. En la cámara de combustión se detectó que se habían desprendido dos placas cerámicas. Las temperaturas con que funciona la máquina y que son necesarias para conseguir altos rendimientos, hacen que ningún material metálico aguante y, por lo tanto, es necesario prever un aislamiento o revestimiento entre lo que son los gases calientes y las partes metálicas de la turbina. Ese revestimiento son unas placas cerámicas que canalizan todos los gases de la combustión, desde los conductores que se encuentran en la cámara hasta la entrada de la turbina de gas. Los gases circulan con las placas cerámicas y penetran en esta primera etapa de álabes fijos. Entre las dos filas de álabes móviles se encuentra una fila de álabes fijos, que son los que se encargan de dirigir los gases para lograr que la máquina sea más eficiente. También, se disponen unas perforaciones que se utilizan para ir expulsando aire frío continuamente, que es alimentado desde la raíz del álabe con la finalidad de evitar que el flujo de gas caliente llegue a dañar térmicamente los álabes, formando una pantalla protectora que impide que se sobrecaliente. Penetrando en la cámara de combustión, se desprendió una de las placas cerámicas muy próxima a la primera fila de los álabes fijos con el efecto desafortunado de que no se rompió la placa, sino que quedó bloqueando el flujo de gas caliente a través de varios vanos entre álabes estacionarios. Los gases penetran desde la cámara de combustión, son reflectados por esta primera etapa de álabes estacionarios y prácticamente forman un flujo continuo y uniforme en toda la circunferencia de la turbina que hace que los álabes móviles, que son los encargados de absorber la energía mecánica, sufran un continuo empuje de adelante hacia atrás. Lo que hace un bloqueo de este tipo es que cuando el álabe móvil se encuentra y pasa a esta zona, no siente el empuje de los gases caliente desde la cámara de combustión y tiene un movimiento como de retranqueo que automáticamente es impulsado en dirección contraria cuando atraviesa los tres huecos de este rotor bloqueado. Este movimiento de retranqueo es suficiente para dañar el álabe en muy pocos segundo o minutos. En mercados donde el sistema funciona con 50 ciclos el rotor da 50 vueltas en un segundo, es decir, en un segundo cada uno de los álabes del rotor está sufriendo 50 veces ese movimiento, lo que induce una fatiga aceleradísima del material y, por lo tanto, se produce su rotura. La primera rotura se produce en estos álabes móviles porque son obligados a flexionar hacia delante y recuperar su posición normal a continuación de la parte bloqueada. En el momento en que uno de estos álabes se rompe, se produce un fenómeno en cascada. Uno de estos álabes, según son arrastradas las partes rotas por los gases, es capaz de afectar a la siguiente fila de álabes estacionarios y sucesivas filas de álabes móviles. En este caso la falla detectada tuvo lugar en el desprendimiento de una pieza cerámica -fueron dos las piezas cerámicas desprendidas, pero la otra pasó directamente y se rompió al impactar en SESIÓN 39ª, EN MARTES 11 DE ABRIL DE 2000 165 la primera etapa de álabes estacionarios siendo arrastrada por los flujos de gases y pasando pulverizada por los álabes lo que produjo una rotura de los álabes y prácticamente se generó un daño en cadena muy elevado. Este diseño tiene la característica de que se puede sustituir cada álabe sin tener que desmontar el rotor. El desmontaje de los álabes es posible uno a uno y demora un determinado tiempo. Se discutió mucho sobre el tiempo de reparación de la turbina y en la prensa aparecieron distintos datos. En definitiva, al haberse producido este daño en cascada, implicó un enorme tiempo en sustituir todos y cada uno de estos álabes, que es un daño que no se produce frecuentemente. Fue por ello que se decidió traer un rotor nuevo, de tal forma que el trabajo consistía en abrir la máquina, cosa que en cualquier caso había que hacer, pero sustituyendo el trabajo de desmontaje de todos los álabes simplemente poniendo un rotor nuevo, por lo que la reparación quedaba reducida a 7 semanas en vez de 16, lo que hubiera supuesto su reparación en condiciones normales. Posteriormente a esta reparación, consistente en el cambio del rotor completo por uno nuevo, se debe efectuar un nuevo proceso de balanceado del rotor y de puesta en marcha, como se hace siempre que se produce un cambio en cualquier equipo. La explicación del siniestro obedece a un defecto de fabricación. En el montaje de estas piezas cerámicas se debe mantener una posición estacionaria segura tanto en frío como en caliente, ya que entre la temperatura frío y caliente hay una diferencia de 1.300 a 1.400 grados. Un material a esa temperatura se dilata. Entonces, es importante que la distancia entre las placas cerámicas y las adyacentes mantenga una tolerancia bien predeterminada, cosa que en este caso no habría ocurrido; algunas de las placas cerámicas se habían montado con una tolerancia insuficiente por lo que al calentarse toparon unas con otras como un anillo, haciendo que se desprendieran hacia al interior de la cámara de combustión, defecto que es explicable de la siguiente manera: Las placas cerámicas están construidas de modo que ninguna pieza metálica sufra el contacto con la cámara de combustión, los gases calientes, porque se destruiría automáticamente. La placa topa con otra y por la dilatación y el tope tiende a desplazarse. Las cuñas acaban cediendo ya que tienen un límite de elasticidad determinado, y terminan rompiéndose, les entra aire, gases calientes, lo que termina desprendiendo la placa. Así, el comienzo de reparación han sido el control y el chequeo muy en detalle de toda la cámara de combustión para asegurar que, efectivamente, todas las placas cerámicas estuvieran con las tolerancias necesarias para el funcionamiento en caliente. El 8 de junio, se produce una segunda falla. En la primera ya se habían detectado algunos álabes del compresor con daños; como se cambió el rotor, éstos quedaron automáticamente reparados. Se produce otra vez un aumento de las vibraciones en la turbina, que no eran excesivamente perniciosas, es decir, el sistema de protección de la turbina podía aguantar pero, dado que había habido una falla inicial grande en la cámara de combustión y, por lo tanto, en las turbinas, se decidió que preventivamente se parara la turbina y se observara para saber qué pasaba y así evitar males o daños mayores. Al abrir la turbina, se detectó que había dos álabes de la Etapa Nº 14, del compresor, es decir, de la parte fría de la máquina, que habían sufrido una rotura y que también se habían dañado también algunos otros álabes del compresor arrastrados por el volumen de aire que circula en ese sentido, desde la entrada de aire hasta los conductores.
En este panorama se observó que en las etapas frías de la máquina, el compresor de aire, los álabes ya no necesarios porque las temperaturas son perfectamente soportables por este material. Aquí se observó que el álabe había sido arrancado, lo que provocó daños en los álabes de la misma etapa, porque al rotar el álabe suelto, va impactando en distintos álabes y generando daños también en otros. Sin embargo, el número de álabes que en total puede tener el compresor de una turbina de gas puede ser de unos 80 en cada etapa, a la vez que multiplicado por el número de etapas, que son 17, dan un número más de mil álabes móviles en el compresor, más de mil álabes estacionarios. Lo mismo ocurre en la turbina de gas, también tiene unos álabes estacionarios para que el aire que pasa por esa etapa sea conducido óptimamente a la otra y la energía se aproveche al máximo. Entonces, entre álabes móviles y estacionarios en el compresor existen más de 2.500 y, en la turbina, 600. El número de piezas que son inmediatamente afectadas en caso de un fallo de materiales, es muy elevado El fenómeno en el compresor se produce por una desafortunada confluencia de tres factores. Cada una de estas piezas metálicas tiene un comportamiento vibratorio. Buscando un término comparativo, es como las piezas de un xilófono, las que simplemente al ser metálicas tienen un comportamiento de vibración si se les da un golpe, pues tienen una secuencia con la que suenan. En esta etapa había álabes con una secuencia que, por tolerancias de fabricación en el peso y en las dimensiones eran admisibles en condiciones normales; pero, por la debilidad que se tuvo en el sistema interconectado central, provocada por la escasez de energía, de agua, se superpusieron ambos efectos. La máquina debe rotar a 50 vueltas por segundo, pero roto un tiempo determinado con una frecuencia de 47 ó 48 vueltas, lo que hacía que el impulso de los flujos de aire que iban generándose sobre esta etapa se superpusieran con la propia, por lo tanto, los álabes entraban en resonancia en forma muy rápida. Eso provoca una vibración parecida al efecto xilófono y una vibración extraordinaria, que va incrementándose con cada vuelta y que en poco tiempo es capaz de romper con facilidad el álabe.
Esto ha quedado perfectamente claro con las experimentaciones, investigaciones y ensayos que se han enviado a los laboratorios en Alemania, tanto de Siemens como de empresas dependientes. Este cálculo matemático no sólo podría demostrar la factibilidad de esas condiciones especiales con la frecuencia propia de estos materiales, sino reproducir, en la medida de lo posible, ese mismo efecto. La prensa hizo hincapié en la demora en dar determinadas explicaciones sobre el origen del daño. El proceso de aislar distintas condiciones y causas supone un tiempo largo que implica reproducir en laboratorios, en condiciones lo más parecidas posible, lo que hubiera sucedido en la turbina real. Para ello es necesario contrastar valores, realizar una serie de cálculos numéricos en computadores y efectuar un conjunto de pruebas en simuladores. No tiene ningún sentido sospechar una causa si ésta no se confronta a través de las pruebas a que he hecho referencia. La política de la empresa se resume en lo siguiente: hasta que no se sepan las verdaderas razones que explican un desperfecto, no se entrega ninguna información. En este caso, el daño estaba concentrado en el compresor de la turbina. Para solucionar el problema, se cambiaron los álabes dañados por unos nuevos, evitando, con un desplazamiento adecuado de las tolerancias de fabricación a zonas menos comprometidas, que ese efecto no se adicione con una situación adversa de las condiciones de vibración de los álabes en caso de que se vuelva a producir una operación en baja frecuencia. Adicionalmente, se incluyeron una serie de instrumentos en el compresor y en la turbina, a fin de que se pueda advertir con antelación si se produce un problema. Con ese apoyo adicional, se podrá detener el funcionamiento de la turbina antes de que se genere un daño a gran escala. La máquina es enteramente reparable, de modo que la máquina operará a futuro como el resto de los equipos Siemens. En Nehuenco existen dos turbinas: una a gas y otra a vapor. Esta última es capaz de generar la diferencia. En Inglaterra, Argentina, Portugal, existen turbinas de gas que funcionan con una capacidad de 200 megawatts.
También hay otras de la misma familia, pero de 60 ciclos, que funcionan en Perú y Estados Unidos. Formulada una consulta sobre otras fallas similares en otros países, se respondió que sí se habían dado algunas modificaciones en las turbinas de gas, en su fase de puesta en marcha, pero no como en el caso de Nehuenco. Dos fallas en una temporada, es algo que nunca pasa. La marcha blanca se hace para convencer al cliente de que una máquina puede operar en las condiciones del contrato durante un mes entero, plazo que puede variar según el contrato de que se trate. La puesta en marcha, en un proceso, comprueba la funcionalidad de cada uno de los elementos incorporados en la planta. En el caso de una reparación, la puesta en marcha comprueba el elemento de esa reparación. Es decir, si se cambia, se equilibra de nuevo la turbina de gas. Pero no se comprueba el resto de la planta, porque a ésta no le ha pasado nada. En el momento de una falla, el cliente traspasa la máquina para repararla. La política de la compañía es no entregar nunca una planta sin probarla.
II. CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES.
Al tenor de todos los antecedentes y opiniones recopilados, como asimismo del informe emitido por la Comisión de Minería y Energía sobre la investigación de los hechos que motivaron el racionamiento de energía eléctrica en el país de marzo de este año y de las facultades encomendadas por la Cámara, en virtud del proyecto de acuerdo Nº 227-B, que en su parte resolutiva centra la investigación en cuatro aspectos fundamentales, esta Comisión investigadora recomienda a la honorable Cámara prestar aprobación a las consideraciones, conclusiones y proposiciones que se consignan a continuación. Consideración previa Como consideración previa, cabe precisar que para que exista racionamiento, éste debe ser decretado por la autoridad correspondiente, mientras que los cortes o interrupciones de energía en los servicios se pueden originar sin necesidad de racionamiento o viceversa. Puede ocurrir también el caso de que se decrete racionamiento sin necesidad de que se hayan producido cortes o interrupciones en el suministro. A) En cuanto al primer mandato, es decir, a la determinación de las causas y efectos del nuevo racionamiento, cabe consignar lo siguiente: 1. La prolongación de la sequía y su agudización en el período que va desde que se decreta el primer racionamiento, durante el mes de noviembre de 1998, fue la principal causa de los nuevos cortes e interrupciones de los servicios eléctricos que motivaron esta investigación. 2. Los atrasos en la entrada en funcionamiento, el funcionamiento deficiente y desperfectos que motivaron la paralización prolongada de la central de ciclo combinado, Nehuenco, de propiedad de la empresa Colbún S.A., fueron situaciones que también contribuyeron a que se produjeran nuevos cortes.
3. El comportamiento de las principales empresas generadoras de energía eléctrica del Sistema Interconectado Central (SIC) de nuestro país, durante los más de 100 días en que no hubo cortes de energía eléctrica, (pero sí decreto de racionamiento), período durante el cual, no obstante haber sido perfectamente posible prever un escenario de prolongación y agudización de la sequía, como asimismo, los nuevos retrasos en la entrada en funcionamiento de Nehuenco y las falencias en otras centrales térmicas de ciclo combinado, son elementos que no fueron debidamente ponderados por las generadoras, puesto que no adquirieron la energía disponible de las empresas con capacidad de autogeneración, para reservar agua en las centrales hidroeléctricas de embalse. Más aún, si se considera que durante este período se utilizó agua acumulada en vez de combustibles para la generación. Al respecto, cabe tener presente que cada litro de agua que genera electricidad en un momento dado, desplazando combustible (que es un bien no escaso en el sistema de generación eléctrica) se pudo haber empleado para evitar los cortes que motivaron esta investigación. Por otra parte, tampoco las generadoras aumentaron en cantidad suficiente su parque generador térmico para enfrentar la nueva crisis, ya que, hasta antes de la entrada en vigencia de la ley Nº 19.613, no existía una señal económica potente que las conminara a evitar los cortes durante los racionamientos. (No existían las compensaciones y se dilataba o se negociaba el tener que pagar costo de falla).
4. Sólo con la entrada en vigencia de las modificaciones de la legislación eléctrica, las empresas generadoras cambiaron su conducta tradicional. Al tener que pagar compensaciones económicas (en estricto rigor, indemnizaciones) a los usuarios durante los racionamientos, se vieron obligadas a introducir mayores niveles de seguridad en el abastecimiento del sistema, por la vía del aumento del parque de generación térmica, o de compra a autogeneradores y promoción de campañas de ahorro, etc. En lo que dice relación con la determinación de las razones del fracaso en las medidas de ahorro de energía propuestas por los sectores público y privado, se deben tener presentes las siguientes consideraciones y conclusiones. 1. En primer lugar, se puede concluir que resulta difícil técnicamente determinar la magnitud del fracaso en las medidas de ahorro. No obstante, se puede señalar que la eficacia de este instrumento fue mínima, por un problema sociocultural y por la inexistencia de instrumentos legales adecuados, durante una buena etapa de la vigencia del decreto de racionamiento, lo que dificultó la puesta en marcha de campañas tanto públicas como privadas eficientes, o de medidas de incentivo al ahorro eficaces. A lo anterior se debe sumar la dificultad para medir el alcance de algunas medidas aplicadas. La situación de falta de energía eléctrica, de desabastecimiento de este servicio público, no ha sido internalizada por la población, al no existir conciencia de la crisis y menos de actuar en consecuencia. 2. No obstante lo anterior, es posible constatar que hubo mayor esfuerzo en el ahorro de energía por parte de los consumidores domiciliarios más que del sector industrial y comercial. Los sectores con niveles socioeconómicos más bajos hicieron un esfuerzo mayor que el efectuado por los sectores de ingresos más altos. Empero, la contribución de los primeros sucumbió ante la conducta de los segundos. 3. La publicación de la ley Nº 19.613, y las nuevas medidas decretadas por la autoridad, dirigidas a evitar consumos prescindibles o superfluos e inducir al ahorro, produjeron un ahorro de aproximadamente el 1% del consumo normal del sistema, porcentaje que si bien es bajo, no es menos importante, dada la señal entregada por los agentes económicos y consumidores. 4. Si bien es cierto, que actualmente la autoridad cuenta con un instrumento adecuado para prohibir consumos prescindibles y decretar medidas de ahorro, será necesario perfeccionar la forma y oportunidad de dichas medidas, en caso de que se deban aplicar nuevamente, privilegiando, junto a los consumidores, disminuciones de consumos inducidos y/o consensuados por sobre las medidas coercitivas, con el objetivo de que, frente a la falta o escasez de energía eléctrica, los agentes económicos tomen conciencia y se transformen en verdaderos colaboradores del ahorro. 5. Los bajos grados de colaboración y conciencia tanto del sector público como de los agentes privados durante los períodos de crisis, cortes o racionamientos, hacen necesario implementar políticas de ahorro de energía, de uso eficiente de la misma y auditorías energéticas, en forma regular y constante.
Al tenor de lo anterior, el marco regulatorio deberá propender y propiciar la utilización de procesos y artefactos que otorguen mayor eficiencia energética, incorporando y compatibilizando principios económicos, de sustentabilidad y ambientales. En relación con la investigación de la venta y/o flexibilización de los convenios celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas y sus organismos dependientes y Endesa S.A., se consideraron los siguientes elementos.
1. Las convenciones denominadas “flexibilizaciones”, o pactos autocompositivos, carecen de un adecuado marco regulatorio, lo que imposibilita a la autoridad de turno para actuar con el tiempo y los elementos de juicio necesarios. En efecto, hoy se realizan en virtud de disposiciones que contienen los convenios marco de 1947, respecto de la laguna del Maule, y de 1958, respecto del lago Laja, celebrados entre la Dirección de Riego (hoy Dirección de Obras Hidráulicas) y Endesa S.A., cuando esta última era una empresa del Estado y la autoridad debía conciliar el interés de todos los chilenos respecto del abastecimiento eléctrico, los intereses de la generadora y los de los regantes. Hoy dichos convenios están sujetos a la interpretación que les den las partes. Endesa S.A. legítimamente privilegia su interés por sobre el bien común y el de los regantes, lo que no obsta a que también existan interpretaciones judiciales. En razón de lo anterior, esta Comisión concluye que el marco jurídico para resolver los intereses en juego durante una negociación de las flexibilizaciones es hoy absolutamente inadecuado y obsoleto. 2. Las “flexibilizaciones” se vienen llevando a cabo, al menos desde la década de los ochenta, cuando se autorizó la ocupación adicional de aguas del Maule para llenar el embalse Colbún, hasta las realizadas durante 1999, lo que se ha constituido en una práctica. Desde que se privatizó Endesa S.A., no se vivía una crisis en el parque hidroeléctrico nacional tan aguda, y aún más, nunca antes de la celebración de los convenios marco, había existido una sequía tan grave. Por ello, tan sólo en los años 1997, 1998 y 1999 se pudo apreciar la verdadera importancia de los convenios marco y su relevancia económica. Por lo mismo, se puede concluir que, cuando el Estado tomó la decisión de privatizar Endesa S.A., debió haber considerado la modificación de los convenios sobre el Laja y el Maule, para conciliar los intereses en juego, en el nuevo régimen de la propiedad. 3. La protección de los intereses públicos y de los regantes ha experimentado una evolución, puesto que cada vez que se han celebrado nuevas “flexibilizaciones” se han consagrado, al menos, cuatro principios relevantes, a saber: -Que Endesa S.A. ha aceptado la “costumbre” de que el uso anticipado de los recursos está condicionado a la autorización previa de la Dirección de Obras Hidráulicas. -Que dicho uso anticipado da derecho al Estado a compartir los beneficios que se producen. -Que el beneficio económico por ese concepto debe ser aceptado, en cada oportunidad, por las partes. -La incorporación de una garantía frente al eventual incumplimiento en la devolución de aguas, cuando así se pacte, tal como se hizo en las flexibilizaciones sobre el Maule durante 1999. 4. Históricamente, en las negociaciones que han dado lugar a las “flexibilizaciones” entre la autoridad y Endesa S.A., no han participado como sujetos activos los regantes, lo que si bien se puede justificar por el hecho de no ser ellos parte de los convenios marco, parece oportuno considerar que su participación resulta enteramente conveniente, por lo que la Dirección de Obras Hidráulicas, al velar por el riego en las cuencas respectivas, debería incorporar a las asociaciones de regantes e informarles oportunamente acerca de las decisiones que de alguna manera pueden afectar directamente a sus intereses. Es más, es posible incluso que los regantes estén dispuestos a otorgar concesiones (debidamente compensadas, por cierto) en el uso de aguas mayores que las que la autoridad estime. En virtud de lo anterior, esta Comisión recomienda a la Dirección de Obras Hidráulicas que, en futuras negociaciones para “flexibilizaciones”, incorpore como agentes activos de las mismas y mantenga plena y oportunamente informados a los regantes. 5. La necesidad de modificar los convenios marco se hace más evidente al constatar que las autoridades del sector deben tomar decisiones de relevancia, muchas veces en pocas horas, ante emergencias eléctricas (48 ó 72 horas), sin contar con toda la información necesaria. Por ello, los informes de las consultoras Mega Red y Dictuc S.A., de los años 1996 y 1997, para evaluar las consecuencias económicas y sociales de celebrar o no celebrar las “flexibilizaciones”, constituyeron un importante apoyo en las negociaciones efectuadas desde 1997 en adelante. De la misma manera, se debe concluir que el Ministerio de Obras Públicas constantemente debe evaluar y estudiar las consecuencias económicas y sociales ante eventuales “flexibilizaciones”, en todos los escenarios posibles. 6. Determinar si lo que ha cobrado la Dirección de Obras Hidráulicas a Endesa S.A. por las “flexibilizaciones” y si, por lo tanto, los intereses del Fisco fueron debidamente resguardados, es una afirmación que resulta extremadamente difícil de sustentar, puesto que evaluar si el Fisco hizo un buen o un mal negocio está condicionado a diversas variables, en que los escenarios cambian constantemente. Así es como una buena utilidad para Endesa S.A. en un momento dado, puede transformarse en pérdida más adelante. En efecto, por ejemplo en las “flexibilizaciones” del Laja de julio y agosto de 1998, los US$ 11.000 por cada millón de metros cúbicos que recibió la Dirección, por el adelanto en el uso de aguas durante dichos meses, por parte de Endesa S.A., que le permitieron a esta empresa obtener importantes utilidades, al no tener que declararse deficitaria y al desplazar incluso parque generador térmico. Sin embargo, durante el mes de noviembre de 1998, al prolongarse la sequía y al no entrar en funcionamiento la central térmica de ciclo combinado Nehuenco como estaba previsto, se transforma en pérdidas, ya que, si no se hubiese adelantado el uso de las aguas en julio y agosto, con esas mismas aguas en noviembre se habría evitado el racionamiento y la obligación de pagar el costo de falla (en el marco de la legislación vigente a la época), que es muy superior al costo de la energía térmica que desplazó en julio y agosto. Por ello, se puede concluir que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas actuaron con la debida diligencia y cuidado, en la defensa de los intereses del Fisco en las negociaciones aludidas, considerando los elementos de juicio que tuvieron y pudieron tener en la época, sin perjuicio de las prevenciones indicadas en los puntos precedentes. D) Finalmente, en lo que atañe a las causas de los retrasos en la entrada en funcionamiento de la central Nehuenco, de su deficiente funcionamiento, y a tales hechos se deben a decisiones erróneas adoptadas al momento de su construcción, es necesario tener presentes los siguientes aspectos. 1. Los retrasos en su entrada en funcionamiento obedecieron a una concurrencia poco habitual de una serie de fallas de orden técnico. De los antecedentes recopilados no se pudo determinar si ello obedeció a decisiones erróneas en su construcción. Es más, se ha podido constatar que Colbún S.A. tomó oportunamente los debidos resguardos jurídicos que le permitieron cubrirse de eventuales perjuicios económicos ante fallas de construcción, por tratarse de una central de ciclo combinado, de tecnología de punta y con características especiales.
En efecto, se optó por la modalidad de construcción “llave en mano”, y se estipularon cláusulas indemnizatorias en el contrato, lo que en definitiva desplazó a otros competidores.
2. En el proceso de licitación de la construcción de la misma, no se pudo determinar la existencia de irregularidades. Consta como hecho público y notorio, que la empresa Colbún S.A., dueña de la central de ciclo combinado Nehuenco, llegó a un acuerdo económico con la empresa Siemens, responsable de la construcción de la misma, por los retrasos en el funcionamiento y fallas de la central, que le satisfizo. 3. Finalmente, cabe consignar que, no obstante haber sido invitados a la Comisión representantes de la empresa General Electric International Inc., que también estuvo negociando con Colbún S.A. la construcción de Nehuenco, después de haber confirmado su asistencia, se excusaron de concurrir a la honorable Comisión. Su falta de comparecencia constituye un hecho significativo, ya que la declaración de esta empresa, con experiencias similares en la construcción de centrales de ciclo combinado, que participó en la licitación de Nehuenco, hubiera permitido obtener mayores o menores grados de certeza respecto de las conclusiones
III. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301, número 6º, del Reglamento de la Corporación, la Comisión acordó no enviar copia del informe a ninguno de los organismos que allí se consignan. -Puesto en votación, fue aprobado por seis votos a favor (diputados señores Mulet, don Jaime (Presidente); Ceroni, don Guillermo; Leal, don Antonio; Luksic, don Zarko; Mora, don Waldo (en reemplazo del diputado Cornejo, don Aldo) y Encina, don Francisco (en reemplazo del diputado Letelier, don Juan Pablo), dos en contra (diputados señores Molina, don Darío, y Recondo, don Carlos (en reemplazo del diputado Pérez, don Víctor) y una abstención (diputado señor Vilches, don Carlos).
IV. DESIGNACIÓN DE DIPUTADO INFORMANTE.
La Comisión acordó, por unanimidad, designar informante al honorable diputado señor Jaime Mulet Martínez. Acordado y tratado en 16 sesiones celebradas por la Comisión, entre el 2 de junio de 1999 y el 2 de noviembre de 1999, con la asistencia de los diputados: don Jaime Mulet Martínez (Presidente), don Guillermo Ceroni Fuentes, don Aldo Cornejo González, don Alberto Espina Otero, don Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Büchi, don Jaime Jiménez Villavicencio, don Antonio Leal Labrín, don Juan Pablo Letelier Morel, don Zarko Luksic Sandoval, don Darío Molina Sanhueza, don Víctor Pérez Varela, don Felipe Valenzuela Herrera, don Carlos Vilches Guzmán, don José Antonio Galilea Vidaurre, don Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, don Pablo Lorenzini Basso, doña Rosa González Román, don Waldo Mora Longa, don Sergio Velasco de la Cerda, don Ricardo Rincón González, don Cristián Leay Morán, don Francisco Encina Moriamez, don Sergio Aguiló Melo, don Felipe Letelier Norambuena, y don Carlos Recondo Lavanderos. Sala de la Comisión, a 2 de noviembre de 1999. (Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA, Secretaria de la Comisión.
ANEXO Nº 4 OFICIOS ENVIADOS POR LA COMISIÓN
Durante el desarrollo de la investigación, la Comisión acordó el envío de diferentes oficios, solicitando antecedentes, nómina que se acompaña a continuación.
1. Oficio Nº 1-99. Destinatario: A su Excelencia el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Carlos Montes Cisternas y al ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Óscar Landerretche. Contenido: Informa que la Comisión eligió como Presidente al diputado señor Jaime Mulet Martínez.
2. Oficio Nº 2-99. Destinatario:
Al Presidente de la Comisión de Minería y Energía, señor Ricardo Rincón. Contenido: Solicita las actas y demás antecedentes sobre la investigación, llevada a cabo por esa Comisión el año 1998, sobre los hechos que han motivado el racionamiento de energía eléctrica en el país.
3. Oficio Nº 3-99. Destinatario: A la Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Ximena Feliú. Contenido: Solicita las memorias anuales de la empresa “Colbún, S.A.” desde su creación.
4. Oficio Nº 6-99. Destinatario: Al Superintendente de Valores y Seguros, señor Daniel Yarur. Contenido: Solicita copia de antecedentes y hechos relevantes comunicados a esa Superintendencia por parte de la empresa Colbún S. A., desde su constitución como sociedad anónima, como también memorias, estados financieros y en general de todas las comunicaciones dirigidas a esa empresa, mediante las cuales la Superintendencia ha solicitado información sobre el racionamiento eléctrico que ha afectado al país y las respectivas respuestas.
5. Oficio Nº 7-99. Destinatario: Al ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Óscar Landerretche. Contenido: Solicita todos los antecedentes relativos a políticas, planes, instrucciones, campañas publicitarias, etc. que digan relación con el ahorro de energía eléctrica, motivadas con ocasión de la crisis que afecta al país, especialmente durante los años 1998-1999, como también de la evaluación que se hubiere efectuado de las mismas.
6. Oficio Nº 8-99. Destinatario:
Al Presidente del Sistema Administrador de Empresas, señor Eduardo Arriagada. Contenido: Solicita antecedentes sobre la empresa Colbún S.A.:
a) copia de las actas;
b) nombre de los directores y c) copia de los contratos de asesorías externas. Todos relativos al período en que la empresa fue administrada por el Estado, desde el año 1989 en adelante.
7. Oficio Nº 9-99. Sin respuesta. (Se reiteró of. 32 del 2/9/99). Destinatario:
Al ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Óscar Landerretche. Contenido: Solicita información sobre determinación de un plazo para resolver la crisis energética que afecta al país, especialmente en lo relativo a las fechas en que se pondrá término al racionamiento y a los cortes y se restablecerá el abastecimiento y la seguridad del suministro de energía a la totalidad de los usuarios del país.
8. Oficio Nº 10-99. Destinatario:
Al Juez del Primer Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, señor Eduardo Villarroel. Contenido:
Remite copia del informe de la Comisión que investigó los racionamientos eléctricos sufridos por nuestro país durante el presente año.
9. Oficio Nº 12-99. Destinatario:
Al Superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Juan Pablo Lorenzini. Contenido: Cita al Superintendente a la sesión a celebrarse el lunes 21 de junio, en el Palacio Ariztía.
10. Oficio Nº 13-99. Destinatario:
Al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor Cristián Nicolai. Contenido:
Cita al Secretario Ejecutivo a la sesión a celebrarse el lunes 21 de junio, en el Palacio Ariztía.
11. Oficio Nº 14-99. Destinatario:
Al ministro de Obras Públicas, señor Jaime Tohá. Contenido: Cita al ministro a la sesión a celebrarse el miércoles 23 de junio.
12. Oficio Nº 15-99. Destinatario:
Al Jefe de Archivo de la Corporación, señor Gustavo Méndez. Contenido: Solicita el desarchivo de todos los documentos que se recibieron durante la investigación que llevó a cabo el año pasado la Comisión de Minería y Energía, sobre los hechos que han motivado el racionamiento de energía eléctrica en el país.
13. Oficio Nº 16-99. Destinatario:
Al Presidente del Sistema Administrador de Empresas, señor Eduardo Arriagada. Contenido: Solicita antecedentes sobre el proceso de licitación de la Central Nehuenco y del contrato suscrito con la empresa que se adjudicó la construcción de la central, sus modificaciones o addendum, así como los antecedentes que digan relación con la negociación efectuada con la empresa adjudicataria u otras para decidir la construcción de la referida central.
14. Oficio Nº 17-A-99. Destinatario:
Al Gerente General de Chilectra S. A., señor Marcelo Silva. Contenido: Solicita antecedentes relativos a evaluaciones efectuadas sobre las campañas de ahorro de energía llevadas a cabo con ocasión de la crisis eléctrica que afecta al país, señalando la eficacia de la campaña en el período anterior y posterior a la vigencia de la Resolución Nº 908, de fecha 9 de junio de 1999, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
15. Oficio Nº 17-B-99. Destinatario:
Al Gerente General de la Empresa Eléctrica Atacama S.A., (Emelat) señor Óscar Pinto. Contenido:
Solicita antecedentes relativos a evaluaciones efectuadas sobre las campañas de ahorro de energía llevadas a cabo con ocasión de la crisis eléctrica que afecta al país, señalando la eficacia de la campaña en el período anterior y posterior a la vigencia de la Resolución Nº 908, de fecha 9 de junio de 1999, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
16. Oficio Nº 17-C-99. Destinatario:
Al Gerente General de Chilquinta Energía S. A., señor Marcos Büchi. Contenido:
Solicita antecedentes relativos a evaluaciones efectuadas sobre las campañas de ahorro de energía llevadas a cabo con ocasión de la crisis eléctrica que afecta al país, señalando la eficacia de la campaña en el período anterior y posterior a la vigencia de la Resolución Nº 908, de fecha 9 de junio de 1999, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
17. Oficio Nº 18-99. SIN RESPUESTA. (Se reiteró por of. 33, del 2/9/99). Destinatario:
Al Presidente del Directorio de Colbún Machicura S. A., señor Emilio Pellegrini. Contenido: Solicita el envío de los siguientes antecedentes sobre la empresa Colbún S.A.:
a) copia de las actas;
b) nombre de los directores y
c) copia de los contratos de asesorías externas. Todos relativos al período en que la empresa fue administrada por el Estado, desde el año 1989 en adelante. Así como todos los antecedentes que obren en poder de Colbún Machicura S. A., respecto del proceso de licitación de la Central Nehuenco, y también el contrato suscrito con la empresa que se adjudicó la construcción de la central y todas sus modificaciones o addendum, como asimismo, los antecedentes que digan relación con la negociación efectuada con la empresa adjudicataria u otras para decidir la construcción de la referida central.
18. Oficio Nº 20-99. Destinatario:
Al señor Secretario de la Cámara de Diputados, don Carlos Loyola Opazo. Contenido:
Comunica el horario de sesión ordinaria los días martes, de 19.00 a 21.00 horas, en la sala de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Asimismo, se ratificó el acuerdo en orden a celebrar sesiones especiales los días lunes de 15.30 a 19.00 horas, en el Palacio Ariztía en Santiago.
19. Oficio Nº 21-99. Destinatario:
Al señor Presidente de la Cámara de Diputados. Contenido:
Solicita recursos para contratar servicios profesionales de un abogado especialista, que emita informe sobre convenio suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Endesa, sobre extracción de agua del Lago Laja y la Cuenca del Maule y acuerdos de flexibilización del mismo.
20. Oficio Nº 22-99. Destinatario:
Al Director General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, señor Humberto Peña. Contenido:
Solicita copia de informes pluviométricos, correspondiente a los años 1997 y 1998, de la zona del Laja y de la Cuenca del Maule.
21. Oficio Nº 23-99. Destinatario:
Al Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, señor Alfonso Rivas. Contenido:
Solicita copia de contrato suscrito entre Siemens y Cobún S.A., sobre construcción de la Central Nehuenco y todos los antecedentes referidos a su licitación.
22. Oficio Nº 24-99. Destinatario:
A la Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional. Contenido: Solicita copia de los recortes de publicaciones de “Estrategia” y “El Diario Financiero”, sobre extracción de aguas del Lago Laja y la Cuenca del Maule.
23. Oficio Nº 26-99-A. Destinatario:
Al ministro de Obras Públicas, señor Jaime Tohá. Contenido:
Solicita información que posea la Dirección de Obras Hidráulicas sobre la forma como se utilizaron las aguas de la hoya del Maule, durante los años 1947 y 1958 y de la información sobre las flexibilizaciones pactadas o acordadas con los regantes y las empresas eléctricas.
24. Oficio Nº 27-99-A. Destinatario:
Al Gerente General de Siemens, señor Juan Pedro Stolz. Contenido: Invitación para concurrir a sesión a celebrarse en el Palacio Ariztía, el lunes 16 de agosto, de 15.30 a 19.00 horas.
25. Oficio Nº 27-99-B. Destinatario:
Al Representante en Chile de General Electric International. Contenido: Invita a sesión a celebrarse en la Sala de la Comisión de Medio Ambiente, en Valparaíso, el martes 17 de agosto, de 19.00 a 21.00 horas.
26. Oficio Nº 28-99. Destinatario:
Al ministro de Obras Públicas, señor Jaime Tohá. Contenido:
Solicita saber si este Ministerio ha solicitado la opinión de la C.N.E., sobre “flexibilizaciones” de convenios de aguas, relativos a cuencas del Laja y del Maule, para 1999. Si es efectivo, disponer el envío de antecedentes sobre el precio sugerido por la C.N.E. para 1999, y del precio fijado para 1998 y cualquier otro antecedente que diga relación con esta materia.
27. Oficio Nº 29-99. Destinatario:
A la asesora del Ministerio de Obras Públicas, señora Emiliana O’brien. Contenido:
Solicita el envío de los contratos de flexibilización de los convenios de aguas, relativos a las cuencas del Laja y del Maule, celebrados durante 1999.
28. Oficio Nº 32-99 Sin respuesta. Destinatario:
Al ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Óscar Landerretche. Contenido:
Reitera lo solicitado en oficios 7 y 9 de fechas 2 y 16 de junio, cuyas respuestas están pendientes.
29. Oficio Nº 33-99 Sin respuesta. Destinatario:
Al Presidente del Directorio de Colbún S. A., señor Emilio Pellegrini. Contenido:
Reitera lo solicitado en oficio 18 de fecha 7 de julio, cuya respuesta está pendiente.
30. Oficio Nº 34-99. Destinatario:
Señor Ricardo Lagos. Contenido:
Invita a sesión a celebrarse el día 14 de septiembre de 1999, en su calidad de ex ministro de Obras Públicas, a fin de que informe sobre los convenios de flexibilización de aguas suscrito con Endesa y demás materias contempladas en el proyecto de acuerdo Nº 227-B.
ANEXO Nº 5 Participantes e Invitados –
Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Óscar Landerretche. - Presidente del Centro de Despacho Económico, señor Marco Arróspide. - Superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Juan Pablo Lorenzini. - Ministro de Obras Públicas, señor Jaime Tohá. - Asesores del ministro de Obras Públicas, señor José Gutiérrez y señoras Pía Gutiérrez y Aurora Puig. - Fiscal de la Dirección de Aguas, señor Pablo Jagger. - Presidente del Directorio de Colbún Machicura S. A., señor Emilio Pellegrini. - Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor Cristián Nicolai. - Ex Gerente General de Colbún, señor José Luis Mardones - Administrador Asociación de Canalistas del Laja, señor Héctor Sanhueza. - Ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, señora María Isabel González. - Director de Colbún S.A., señor Raúl Donckaster. - Presidente de los Regantes del Maule, señor Hernán Calderón. - Gerente General y Socio de Mega-Red, señores Andy García y Benario Troncoso, respectivamente. - Profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, señores Patricio del Sol y Sebastián Ríos. - Jefe de la Oficina de Enlace del Proyecto Nehuenco, señor Daniel Fuster; Director de Marketing y Proyectos para plantas de energía térmica, responsable en España, Portugal y América Latina, Siegfried Schindler y Representante Legal, Sebastián Obach, todos de la Empresa Siemens”.