Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
NORMAS SOBRE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y REDES SECUNDARIAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Bruno Guillermo Siebert Held
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Luis Ricardo Hormazabal Sanchez
- INTERVENCIÓN : Luis Ricardo Hormazabal Sanchez
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Bruno Guillermo Siebert Held
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Maria Elena Carrera Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Luis Ricardo Hormazabal Sanchez
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
- INTERVENCIÓN : Nicolas Diaz Sanchez
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Julio Lagos Cosgrove
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Bruno Guillermo Siebert Held
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Luis Ricardo Hormazabal Sanchez
- INTERVENCIÓN : Luis Ricardo Hormazabal Sanchez
- INTERVENCIÓN : Luis Ricardo Hormazabal Sanchez
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
-
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO SANITARIO SOBRE RECETAS MÉDICAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Manuel Antonio Matta Aragay
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Maria Elena Carrera Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
-
ACUERDO SOBRE UTILIZACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS DE BARCO DE INMARSAT EN EL MAR TERRITORIAL Y EN LOS PUERTOS
- ANTECEDENTE
-
MODIFICACIÓN DE CONVENIO CONSTITUTIVO DE ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ronald Mc Intyre Mendoza
-
ENMIENDAS A CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MARÍTIMAS POR SATÉLITE Y AL ACUERDO DE EXPLOTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES MARÍTIMAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ronald Mc Intyre Mendoza
-
ENMIENDA A CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
-
ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y ARGENTINA PARA LA SUPRESIÓN DE LA LEGALIZACIÓN CONSULAR EN LAS VENIAS Y AUTORIZACIONES DE VIAJES DE MENORES DE EDAD
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
-
TRATADO ENTRE CHILE Y ALEMANIA SOBRE FOMENTO Y RECÍPROCA PROTECCIÓN DE INVERSIONES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
-
NORMAS SOBRE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y REDES SECUNDARIAS
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- CRISIS DE TIERRA DEL FUEGO Y CONSTRUCCIÓN DE "MIRADOR DE LOS SOÑADORES" (OFICIOS)
- INTERROGANTE SOBRE ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO CHILENA
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LA H. SENADORA SEÑORA FELIÚ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A LOS DOCUMENTOS QUE PERMITEN ACREDITAR IDENTIDAD A LOS CHILENOS.
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Olga Feliu Segovia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LA H. SENADORA SEÑORA FELIÚ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A LOS DOCUMENTOS QUE PERMITEN ACREDITAR IDENTIDAD A LOS CHILENOS.
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 335ª, ORDINARIA
Sesión 21ª, en martes 5 de agosto de 1997
Ordinaria
(De 15:50 a 19:15)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SERGIO ROMERO, PRESIDENTE,MIGUEL OTERO E IGNACIO PÉREZ, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR, Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA..........................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS....................................................................
IV. CUENTA.......................................................................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el D.S. 294, de l984, de Obras Públicas, y el D.L. 1.305, de 1975, en materia de colectores de aguas lluvias y redes secundarias (vuelve a Comisión de Obras Públicas)...............................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el artículo 127 del Código Sanitario, con el objeto de garantizar la reserva de las recetas médicas (se aprueba en general).............................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo sobre Utilización de Estaciones Terrenas de Barco de INMARSAT en Mar Territorial y Puertos (se aprueba en general y particular).........................
Proyecto de acuerdo, en primer trámite, que aprueba la resolución A.735 (18) que modifica el Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (se aprueba en general y particular).....................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba las Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT) y al Acuerdo de Explotación de Telecomunicaciones Marítimas (se aprueba en general y particular)..........................................................
Proyecto de acuerdo, en primer trámite, que aprueba la Enmienda al Párrafo 1 del Artículo 20 de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (se aprueba en general y particular)...........................................................................
Proyecto de acuerdo, en primer trámite, que aprueba el Acuerdo con Argentina para la supresión de legalización consular en las venias y autorizaciones de viajes de menores de edad (se aprueba en general y particular)........................................................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el tratado con Alemania sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones (pasa a la Comisión de Constitución)..................................................
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).............................................
Crisis de Tierra del Fuego y construcción de "Mirador de los Soñadores". Oficios (observaciones del señor Calderón)...................
Interrogante sobre economía social de mercado chilena (observaciones del señor Ríos).....................................................................................
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alessandri Besa, Arturo
--Bitar Chacra, Sergio
--Calderón Aránguiz, Rolando
--Cantuarias Larrondo, Eugenio
--Carrera Villavicencio, María Elena
--Díaz Sánchez, Nicolás,
--Díez Urzúa, Sergio
--Feliú Segovia, Olga
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Hormazábal Sánchez, Ricardo
--Horvath Kiss, Antonio
--Huerta Celis, Vicente
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Larre Asenjo, Enrique
--Lavandero Illanes, Jorge
--Letelier Bobadilla, Carlos
--Martin Díaz, Ricardo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Mc-Intyre Mendoza, Ronald
--Muñoz Barra, Roberto
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Otero Lathrop, Miguel
--Páez Verdugo, Sergio
--Pérez Walker, Ignacio
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara Mariano
--Siebert Held, Bruno
--Sinclair Oyaneder, Santiago
--Sule Candia, Anselmo
--Thayer Arteaga, William
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia ; de Justicia; del Trabajo y Previsión Social; de Obras Públicas subrogante, y los señores Subsecretario de la Vivienda y Urbanismo, y Asesor del Ministerio de Obras Públicas.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:50, en presencia de 41 señores Senadores.
El señor ROMERO (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 12ª y 13ª, ordinarias, en 3 y 8 de julio del presente año, respectivamente, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 14ª, 15ª y 16ª, ordinarias, en 9, 10 y 15 de julio del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ROMERO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Suma", al proyecto de ley que moderniza el sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas, de sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica.
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que comunica que se ausentará del territorio nacional, durante la mañana del jueves 7 de agosto en curso, con motivo de la inauguración del Gasoducto GasAndes, en la ciudad de Mendoza, República Argentina.
Agrega que durante su ausencia lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República , el señor Ministro del Interior , don Carlos Figueroa Serrano.
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro de Salud , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la situación financiera del Servicio de Salud Aisén.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, relacionado con la donación, venta o entrega en comodato del inmueble que individualiza, ubicado en la Comuna de Curacautín, a la Asociación de Ferroviarios Jubilados y Montepiadas de Cautín A.G.
Del señor Intendente de la Región del Biobío , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, sobre la situación del sector residencial de Concepción denominado "Villa Huáscar", el que desde su instalación ha sido afectado por inundaciones.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Matta, acerca de la realización de concursos especiales de riego para el sector de secano de la provincia de Cauquenes, Séptima Región.
Dos de la señora Vicepresidenta Ejecutiva de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas , con los que responde igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath: uno referido al cierre temporal de una subagencia en el sector de Lago O'Higgins, y el otro, relativo a la ampliación del surtido de productos en los almacenes de la empresa, para su comercialización en zonas australes.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros , con el que da respuesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, respecto de la situación del inmueble destinado a esa institución ubicado en calle Prat esquina Saavedra, en la ciudad de Cañete, Octava Región.
Del señor Director del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar, don Andrés, relativo a las gestiones realizadas por ese Servicio en la Población "El Carmen", comuna de Conchalí.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica las normas sobre contratos de mutuos hipotecarios endosables respecto de beneficiarios del subsidio habitacional.
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a los armadores de lanchas arrastreras orientadas a la merluza común, para solicitar autorización de pesca.
--Quedan para tabla.
Moción
De la Senadora señora Feliú, con la que inicia un proyecto de ley acerca de los documentos que permiten acreditar identidad a los chilenos.
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor ROMERO (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
__________________
El señor HORVATH.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ROMERO (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , solicito ampliar hasta las 18 de mañana el plazo para la recepción de indicaciones al proyecto de ley que crea un sistema de certificación oficial de conformidad de exportaciones. El término fijado fue muy breve y venció a las 18 de ayer.
--Se amplía hasta las 18 del miércoles 6 de agosto, el plazo para presentar indicaciones al proyecto mencionado.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, los proyectos informados por la Comisión de Relaciones Exteriores son muy sencillos. Sugiero tratarlos en primer lugar de la tabla.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Señor Senador , las materias incluidas en los primeros lugares de la tabla son de rápido despacho, de manera que no habrá problema en despachar las iniciativas a que se refiere Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Muy bien.
V. ORDEN DEL DÍA
NORMAS SOBRE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y REDES SECUNDARIAS
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el decreto supremo Nº 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, y el decreto ley Nº 1.305, de 1975, en materia de colectores de aguas lluvias y redes secundarias, con segundo informe de la Comisión de Obras Públicas.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 12ª, en 5 de julio de 1995.
Informes de Comisión:
Obras Públicas, sesión 10ª, en 1º de julio de 1997.
Vivienda, sesión 10ª, en 1º de julio de 1997.
Obras Públicas (segundo), sesión 20ª, en 30 de julio de 1997.
Discusión:
Sesiones 12ª, en 3 de julio de 1997 (queda pendiente su discusión); 13ª, en 8 de julio de 1997 (se aprueba en general).
El señor ROMERO ( Presidente ).-
El señor Ministro de Obras Públicas subrogante solicita la venia del Senado para que lo acompañe en la Sala el asesor jurídico de la Cartera, don Jorge Morales.
Asimismo, se ha pedido autorizar el ingreso al Hemiciclo del señor Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor José Manuel Cortínez.
--Se accede a lo solicitado.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En su informe, la Comisión de Obras Públicas deja constancia, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, de que el artículo 3º no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo cual correspondería aprobarlo en forma automática.
--Se aprueba reglamentariamente.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En seguida, se señala que fueron modificados, como consecuencia de indicaciones aprobadas, los artículos 1º, 2º y 5º; que fueron objeto de indicaciones rechazadas los artículos 1º, 2º, 4º y 5º; que se aprobó la indicación Nº 13; que fueron aprobadas con modificaciones las indicaciones Nºs. 4, 10, 15, 16 y 17; que fueron rechazadas las indicaciones Nºs. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 y 14 (ellas pueden ser renovadas en la forma establecida por el Reglamento); que no hubo indicaciones retiradas ni fusionadas, y que fueron declaradas inadmisibles las indicaciones Nºs. 7 y 12.
A continuación, se da cuenta de la discusión de las indicaciones formuladas a cada artículo y de los acuerdos adoptados al respecto. Más adelante se incluyen las proposiciones de la Comisión, que además figuran en las páginas 1 y 3 del boletín comparado.
En el inciso primero del artículo 1º, la Comisión propone sustituir la expresión "colectores de aguas lluvias que permitan su fácil escurrimiento" por "sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias que permitan su fácil escurrimiento y disposición".
En su inciso segundo, sustituir en su primera oración la expresión "colectores" por "sistemas de evacuación", y reemplazar la segunda oración por las siguientes:
"La red secundaria estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a quien le corresponderá, directamente, su planificación y estudio y, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, la proyección, construcción, reparación y mantención de la misma. La Dirección de Obras Hidráulicas y los Servicios de Vivienda y Urbanización podrán contratar la realización de las obras a que dé lugar las disposiciones de esta ley, de acuerdo a los procedimientos establecidos en sus respectivas normas orgánicas, pudiendo optar a tales contratos las empresas de servicios sanitarios.".
Esta proposición fue aprobada por unanimidad (cuatro por cero).
Ha llegado a la Mesa una indicación renovada para agregar al inciso primero del artículo 1º la siguiente frase final: "y al medio ambiente".
El señor ROMERO (Presidente).-
En discusión la indicación.
El señor HORVATH.-
Pido la palabra.
El señor ROMERO (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , la preocupación del Estado por el medio ambiente se encuentra establecida en la Constitución Política y creemos conveniente, por las explicaciones que proporcionaremos en seguida, hacerla carne en las distintas leyes que a él se refieran.
El segundo informe de la Comisión de Obras Públicas advierte, en forma muy general, que con ello las responsabilidades del Estado se verían ampliadas en forma casi ilimitada. La verdad es que no es así. El inciso primero del artículo 1º se refiere a la existencia de sistemas de evacuación y drenaje de aguas de lluvias que permitan su fácil escurrimiento y disposición e impidan el daño que ellas puedan causar a las personas, a las viviendas, a la infraestructura urbana y "al medio ambiente". Aquí están claramente comprendidos los procesos de erosión derivados del escurrimiento de las aguas lluvias, que, además, concentran todos los contaminantes de la ciudad en determinado momento, los cuales son evacuados en cauces que, en definitiva, resultan ser naturales y que, posteriormente, son ocupados en otros fines, ya sea recreativos, de riego o como bebida.
Por lo tanto, si el elemento medio ambiental no es considerado en forma previa, el proyecto quedaría trunco, pues no contemplaría todos los aspectos mencionados. Además, es evidente que aquí no hay responsabilidades ilimitadas, porque se refieren estrictamente a la iniciativa en estudio.
Insisto en que es obligación del Estado incluir esta materia desde el punto de vista constitucional, y también que es su responsabilidad velar por que los proyectos, tanto públicos como privados, cumplan necesariamente el requisito de evaluación de impacto ambiental establecido en la ley Nº 19.300. Por lo tanto, no se agrega ningún elemento nuevo a la iniciativa, sólo se hace más explícito.
Por eso, solicito a la Sala y a los miembros de la Comisión, reconsiderar esta indicación.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , como integrante de la Comisión de Obras Públicas, que evacuó el segundo informe del proyecto en debate, me tocó analizar conjuntamente con el resto de sus miembros la procedencia de la indicación renovada en la Sala.
La Comisión, compartiendo en su totalidad el concepto de que el medio ambiente debe ser resguardado, consideró que su inclusión explícita en esta norma sólo generará problemas.
Quiero recordar al Senado que el artículo 1º del proyecto es de carácter declarativo. Dice que el Estado velará por que en las ciudades y en los centros poblados existan colectores de aguas lluvias que permitan su fácil escurrimiento e impidan el daño que ellas puedan causar a las personas, a las viviendas y, en general, a la infraestructura urbana. O sea, se trata de una declaración de responsabilidad.
Cuando se hizo el primer informe, manifesté mis aprensiones ante dicha proposición, porque, en virtud del artículo 38 de la Constitución Política, el Estado es responsable de todo daño que se cause. Por lo tanto, aparte las responsabilidades que le atribuye el artículo 1º, no es necesario agregarle otra que, el día de mañana, podría llevarlo a enfrentar juicios para hacer efectiva su responsabilidad, y en los cuales, atendido el patrimonio del Estado, hay poca conmiseración para los efectos de condenarlo. En esta perspectiva, el Estado velará para que haya colectores que eviten tales perjuicios. Pero, ¿qué relación hay en que los tenga y en que, además, impidan daños al medio ambiente, en circunstancias de que ello obliga a una calificación muy difícil de dimensionar, cuantificar y determinar con precisión? Cualquier escurrimiento de aguas lluvias en un jardín o en donde sea, daña el ambiente. En este sentido, no sería adecuado, como se dijo en la Comisión, agregar otro elemento a una norma tan genérica como la del artículo que nos ocupa. El daño que pueda causarse a personas y bienes es fácilmente determinable, pero el perjuicio al medio ambiente es de muy difícil cuantificación.
No es conveniente aprobar la indicación renovada, debido a que puede generar una responsabilidad estatal de carácter pecuniario -en los términos del artículo 38 de la Carta Fundamental- que no podemos dimensionar con certeza.
Por esas consideraciones, y sin perjuicio de que -cuando corresponda, por supuesto- a todos nos preocupa lo relacionado con el medio ambiente, consideramos inconveniente consignar en esta disposición una norma como la propuesta.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , coincido ampliamente con lo manifestado por la Senadora señora Feliú y siento disentir con el Honorable señor Horvath , con el cual trabajo en la Comisión de Medio Ambiente.
Estamos ante una iniciativa que, fundamentalmente, debe ser factible. Y sucede que con las disposiciones que ya tiene, el Estado se echa encima responsabilidades que, desde el punto de vista financiero, son considerables. Por ello, junto con la Honorable señora Feliú , planteamos hacerlas efectivas en un plazo de 5 años, ya que sería imposible que el Estado se hiciera cargo de ellas en tiempo reducido. Tendría que posponer muchas otras inversiones para atender este problema cuyas consecuencias, como se ha dicho, podrían ser muy graves y que exigirá una costosa infraestructura que la mayor parte del tiempo permanecerá prácticamente inactiva, pues solamente en determinada época del invierno será utilizada.
En consecuencia, agregar a este aspecto el daño al medio ambiente significaría para el Estado compromisos que no podría soportar.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , solamente deseo hacer una precisión.
Se trata de señalar fehacientemente que la responsabilidad del Estado en esta materia ya se encuentra consagrada en la legislación; y esto aclara aun más el hecho de que el artículo 1º es declarativo.
En segundo término, evidentemente, más vale prevenir que curar. En efecto, si el Estado debe tomar en consideración dicho aspecto en el momento en que realiza sus proyectos y define las competencias por parte de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas, ¡en buena hora!
En tercer lugar, ello no significa que vayan a encarecerse las obras. Por el contrario, si se adoptan medidas preventivas en cuanto a los aspectos ambientales -por ejemplo, a la erosión-, puede emprenderse una acción coordinada para reforestar una cuenca, para un manejo adecuado de lo que ocurra con las evacuaciones de las aguas hacia abajo, etcétera. Y todo ello, en definitiva, redundará en mayor protección del bien público.
Es cuanto deseaba precisar.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , deseo hacer presente mi punto de vista sobre la materia en cuestión, porque estimo que a esta altura del debate que hemos sostenido en el Parlamento y en el país sobre los temas medioambientales no corresponde plantear, como argumento para no legislar al respecto, los problemas de difícil definición.
Sin duda, el aspecto medioambiental es algo nuevo dentro de la humanidad. Durante muchos años vivimos depredando el ambiente. Desarrollamos un potencial industrial, logramos un gran progreso en las naciones, en especial en las más avanzadas, a costa de dañar el medio ambiente. Sin embargo, actualmente el mundo tiene conciencia de que uno de los elementos que han de estar presentes en todo proyecto, cualquiera que sea su índole, es la protección del medio ambiente.
Por ello, opino que en un proyecto de esta naturaleza debe contemplarse una norma, a lo menos, declarativa, como bien se señala en el artículo 1º, que deje en claro la responsabilidad en la protección del medio ambiente. Porque, en lo que concierne a costos, a mi juicio, éstos pueden resultar mucho mayores, por ejemplo, al tener que reparar los daños que ocasione en el medio ambiente una obra mal diseñada.
En consecuencia, a mi modo de ver, en la planificación de toda obra que se lleve a cabo en el país, ya sea por el sector público o por el privado, deben contemplarse -como lo establece la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente- las normas que resguarden y regulen debidamente la protección del medio ambiente.
En tal virtud, no me parece excesivo el hecho de que en el artículo 1º del proyecto se establezca en forma declarativa -aun cuando no se consigne con precisión por ser muy difícil estatuirlo; pero, al menos, que esté presente- que los proyectos por desarrollarse deben incluir la protección del medio ambiente.
He dicho.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente, sólo quiero formular un par de consultas respecto del tema en cuestión, y las hago, fundamentalmente, por el debate habido en la Sala.
En el primer informe de la Comisión de Obras Públicas se deja constancia de la exposición de la Asociación de Canalistas Sociedad del Canal de Maipo, que señala que "el tema de las inundaciones no es sólo un problema de lluvias, sino que de un conjunto de factores como el de la tala de bosques en la parte alta de la cordillera, fenómeno que provoca un aumento de la velocidad de escurrimiento del agua,".
Consulto al señor Ministro subrogante si considera que, dado el actual texto del artículo 1º del proyecto en debate y la concurrencia de las normas de la Ley de Bases del Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas estará en condiciones de adoptar una resolución que obligue no sólo al urbanista específico, sino también a aquel que ejecute un plan de manejo sobre esas especies, consideradas relevantes y que juegan un rol importante en las inundaciones.
En segundo término, deseo preguntar cómo se resuelve la situación de las empresas sanitarias, como es el caso de EMOS, en Santiago, que dispone de sus propios servicios y los administra. Al respecto, no me parece suficiente la norma propuesta al final del artículo 1º, que señala: "pudiendo optar a tales contratos las empresas de servicios sanitarios.". Ocurre que la norma básica estatuye que el Gobierno asumirá "La planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento de la red primaria de sistemas", a su costo, o a uno indeterminado. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la obligación de EMOS en Santiago de reparar, mantener y mejorar sus propias redes? Este último problema -según declaraciones de la misma Empresa en la Comisión- debería ser salvado.
Ésas son las dos observaciones que deseaba formular.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente , quizás por mi insuficiencia de información, hay un aspecto abordado por el señor Ministro que -a mi juicio- queda en el aire. Me refiero a los sistemas unitarios, definidos en el artículo 4º transitorio de la Ley General de Servicios Sanitarios y que, en este caso, es aplicable a EMOS.
Si esta empresa cuenta con los sistemas unitarios -y estoy leyendo lo señalado por su representante en la Comisión-, mi preocupación radica en por qué el Estado se haría cargo de la reparación, mantención y mejoramiento de estos colectores unitarios, cuando pertenecen a una empresa, que incluso anuncia su privatización.
En consecuencia, mis consultas son: ¿cuál será en este caso la redacción definitiva? ¿Quedan estos sistemas unitarios a cargo de la administración y responsabilidad de la empresa privada -en este caso, EMOS-, o también los asumiría el Estado?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PICKERING ( Ministro de Obras Públicas subrogante).-
En el caso de la fórmula técnica precisa y de los colectores unitarios tal cual están construidos hoy -por ejemplo, EMOS tiene algunos-, esa responsabilidad sigue recayendo, a entender del Ejecutivo , en las empresas sanitarias.
Con posterioridad, las obras que se realicen para interconectar dichos colectores unitarios con el resto de la ciudad serán de cargo del Estado y quedarán fuera del ámbito de las empresas sanitarias respectivas.
El señor HORMAZÁBAL .-
Gracias, señor Ministro .
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , para coincidir sobre el asunto que nos ocupa, entiendo la intencionalidad del autor de la indicación renovada al proponer agregar al artículo 1º los términos "y al medio ambiente". Sin embargo, la considero innecesaria, pues ya existen normas constitucionales al respecto.
El número 8º del artículo 19 de la Constitución Política resguarda y garantiza a todos los ciudadanos "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación."; y a continuación expresa: "Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.". Es decir, la norma constitucional obliga a todos y al Estado a velar por tal derecho.
Por lo tanto, la indicación renovada es innecesaria y, si ésta va a llevar a interpretaciones que puedan poner en duda lo dispuesto en el artículo 1º del proyecto, basta con hacer referencia al precepto constitucional y a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la cual -tal como reconoce el propio autor de la indicación- también contempla la obligación del Estado de velar por la preservación del medio ambiente. Y debe hacerlo, tanto por las obras que ejecuten los particulares como por las realizadas por cualquier órgano del Estado.
Por ello -reitero-, estimo que la indicación renovada es innecesaria.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, solamente deseo complementar lo que manifesté.
Antes de aprobar el proyecto relativo a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales realizó un estudio que demostró que en Chile había más de mil disposiciones legales referidas a la materia. Y justamente dicho cuerpo legal trató de refundir y enmarcar las normas futuras que se pudieran dictar.
Por eso la indicación renovada en debate es innecesaria, pues está considerado el hecho de que toda obra relacionada con esta materia debe contar con un estudio de impacto ambiental. O sea, existe una ley que ya prevé estos aspectos y, como lo manifestó el señor Ministro , resulta innecesario incorporarlos nuevamente.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, antes de votar deseo tener claro lo siguiente.
De acuerdo con lo expresado en la Sala, nadie discute que la materia en debate debe considerar el tema del medio ambiente. Lo que se ha discutido es la conveniencia de decirlo o no.
Algunas de las intervenciones me llamaron la atención por cuanto se hizo presente que se hablaba del medio ambiente, pero no de su normativa. En mi opinión, ese tema adquiere una importancia ostensible respecto de la materia en análisis.
Si contáramos con el asentimiento unánime de la Sala para colocar una expresión un poco más obvia y menos controvertible, como, por ejemplo, "y al medio ambiente, en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 19.300", con ello indicaríamos que sólo estamos haciendo un recuerdo y que no pretendemos modificar una disposición. Y, ¿por qué hacer un recuerdo? Porque esta ley, siendo muy importante, extensa y completa, es muy nueva. Entonces, nos enfrentamos a la disyuntiva de olvidarla, o de ponerla en todos los casos.
No tendría ningún inconveniente en incluir la expresión como una reafirmación de la importancia que reviste la ley del medio ambiente en una materia vinculada directamente con ella, pues resulta evidente que el medio ambiente tiene que ver con cualquier actividad, pero, en este caso, se relaciona específicamente.
Hemos nombrado a las personas, las viviendas y la infraestructura urbana, y creo que se nos pide a gritos recordar que existe la ley del medio ambiente, a la cual preferiría referirme, en lugar de hacerlo respecto del tema en general.
Por lo anterior, sugiero -en caso contrario habría que votar- colocar: "y al medio ambiente, en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 19.300". No creo que alguien se oponga a ello.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , algunos integrantes de la Comisión han recordado que el propósito específico de la iniciativa no es solucionar todos los problemas ocasionados por las aguas en Chile, sino, fundamentalmente, aquéllos en los cuales existía un vacío y era necesario solucionar con prontitud. De ahí, precisamente, que se haga referencia a velar por que en las ciudades y centros poblados existan colectores de aguas lluvias que permitan su fácil escurrimiento.
El riesgo que puede haber -pues todos coincidimos en la necesidad de cuidar el medio ambiente- es que en la práctica se establezca la obligatoriedad de dar cumplimiento a requisitos imposibles. Así, podría darse que, so pretexto de la imposibilidad de evitar que escurran aguas, a lo mejor contaminadas, afectando el medio ambiente, dejáramos de hacer precisamente lo que es indispensable para evitar un daño inmediato y grave a las ciudades, lo cual representa el objetivo fundamental de la ley en proyecto.
A mi juicio, en esta materia, como en todo orden de cosas, el Estado debe velar por el medio ambiente, y, por lo mismo, coincido con lo señalado por el Senador señor Andrés Zaldívar , pues es una obligación constitucional. Sin embargo, corremos el riesgo de que "los cuidados del sacristán maten al señor cura", y al establecerlo como una especie de obligación concreta y determinada tememos que surja una dificultad práctica para llevar a cabo algo que se requiere con suma urgencia. Ésa es la razón por la cual, en general, hubo consenso en rechazar la indicación, reconociendo absolutamente su buen propósito, el objetivo a que tiende, y en el entendido de que siempre el Estado, en donde quiera que deba emprender otra acción, y, en general, todos los chilenos, debemos preocuparnos del medio ambiente.
Por eso, creemos que la forma como está la disposición es la adecuada y permitirá cumplir con prontitud los objetivos del proyecto de ley en debate.
La señora CARRERA.-
Se ha propuesto un agregado que me parece muy atinente. De manera que pido la opinión de la Mesa, en el sentido de obviar la votación, o que, por lo menos, se pida el parecer del Honorable señor Horvath de si acepta que su indicación se complemente.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , a mi juicio, es muy loable la sugerencia de incluir el medio ambiente como uno de los factores que debe tomarse en cuenta. Sin embargo, debe tener presente que esta materia se regula por la ley actual; pero ésta es perfectible a través de la incorporación de elementos específicos en la disposición de que se trata.
Por lo tanto, voto en contra.
La señora CARRERA.-
Señor Presidente , tengo la información de que el manejo de las cuencas en su conjunto es lo único que podría implicar soluciones reales de largo y mediano plazos. Pero, por lo que dijo el señor Ministro , entiendo que eso se consulta en otro proyecto. No me parece que esté demás -en lo absoluto- que se declare que debe cumplirse una norma de una determinada ley, como ha sucedido en numerosos casos. En efecto, se han dictado normas declarativas en el Senado. De tal manera que, si se trata solamente de reafirmar lo dispuesto en una ley, no veo por qué habría razones para votar en contra de la indicación del Honorable señor Horvath .
Voto a favor.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , quiero aclarar que no es por un capricho que me haya opuesto a lo planteado por el Honorable señor Thayer .
En mi opinión, tenemos que ser cuidadosos respecto de lo que dicen las normas legales. El artículo 1º del proyecto de es gran amplitud y da una responsabilidad directa al Estado: "el Estado velará..." Luego, cuando se cause un daño, él debe responder. ¿Por qué debe velar? Porque en las ciudades existan colectores que permitan el escurrimiento de las aguas e impidan los daños que ellas puedan causar a las personas y a las viviendas. Se especifica en forma concreta qué sujetos no pueden ser dañados. Si se agrega el medio ambiente, es el Estado el responsable de hacer colectores.
Reitero lo planteado por el Honorable señor Siebert respecto del alto costo de tales obras y que hoy día tenemos gran carencia de ductos, para que las aguas lluvias no causen daño ni a los bienes ni a las personas, fundamentalmente a estas últimas. Es una realidad en nuestro país la carencia de esas obras. Si agregamos además el medio ambiente, tal vez sea imposible la responsabilidad del Estado de velar por esto. Y si no cubre todos los casos sobre el medio ambiente, deberá responder pecuniariamente. Por eso, creo que debemos ser cautos y cuidadosos en atribuir obligaciones al Estado. Naturalmente, el Fisco debe respetar el medio ambiente.
En fin, existen muchas normas; pero aquí estamos atribuyendo una responsabilidad directa para hacer colectores e impedir un daño al medio ambiente. Y resulta que hoy día se producen daños concretos a las personas y a los bienes, debido a la carencia de colectores y al costo inmenso de los mismos.
Por esa razón, no estuve de acuerdo en la proposición del Senador señor Thayer y voto en contra de la indicación renovada.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente , entiendo la preocupación de la Honorable señora Feliú en cuanto a no responsabilizar adicionalmente al Estado de algo que va a demorar más de cinco años en ponerse en marcha, según lo propuesto en el artículo transitorio.
La indicación no da esa responsabilidad al Estado, sino que lo hace la Constitución Política de la República, ya que precisamente en el artículo 19, número 8º, se establece "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación". Y se agrega: "Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza."
Como el concepto "velar" ya figura como obligación para el Estado en la Constitución, creo que el mencionarlo en la ley contribuye a fortalecer la presentación del Estado cuando tenga que limitar o regular el derecho de algún particular, porque al establecerlo legalmente es coherente con el derecho constitucional.
Señor Presidente, por creer que al Estado chileno no se le agrega una carga adicional, sino que, por el contrario, se le facilita el cumplimiento de un deber constitucional voto en favor de la indicación.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en primer término, ha quedado en claro que el Estado en esta materia tiene una clara responsabilidad y que, por lo tanto, es buena una acción de prevención en este sentido, pues, a contrario sensu, habrá recursos.
En segundo lugar, éste no constituye solamente un propósito, sino que es absolutamente procedente hacerlo en esta ley.
Conviene señalar también que se impide el daño a las personas, cuando se evita el daño al medio ambiente.
A mi juicio, existe todavía una escasa comprensión del tema del medio ambiente. En la medida en que nosotros sepamos que él está constituido por los vínculos que establecen las personas en su entorno, se comprenderá el propósito de la indicación, que es justamente prevenir ese daño.
Además, debe aclararse que, por la vía de las obras, los sistemas que se desarrollen van a resultar -lejos- más económicos y no más caros. Porque cuando uno prevé, foresta, evita la erosión o impide la contaminación en un momento y en un lugar dado, evita costos que muchas veces resultan irreversibles.
Quiero señalar también -y ojalá esto sea entendido no sólo en los discursos previos del Ejecutivo- que la Ley de Bases del Medio Ambiente, la 19.300, en su artículo 10, señala cuáles son los proyectos y actividades susceptibles de causar impacto ambiental y que, por lo mismo, deben someterse al sistema. Y si aquí uno lee el listado de todas esas obras, no aparecen específicamente mencionados los sistemas de aguas lluvias. La letra a) se refiere a los acueductos, embalses, tranques, sifones, a las presas, drenajes, desecación, etcétera; y la letra o) a los proyectos de saneamiento ambiental, como alcantarillado y agua potable. En el proyecto se está separando lo que son las aguas lluvias de los sistemas de alcantarillados, que son los únicos que han quedado obviados a través de esta ley.
Por eso, insisto en la conveniencia de aprobar la indicación.
Voto a favor.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , me parece que todos estamos contestes en la necesidad de que en nuestras actuaciones, en general, haya una especial reserva y cuidado respecto del medio ambiente. Pero, como lo relativo a éste se encuentra estipulado en la Constitución, no sería conveniente repetirlo en cada una de las iniciativas de ley que aprobemos.
En ese entendido, estimo que, aun cuando concuerdo con su espíritu, la indicación es innecesaria. Por eso, voto en contra.
El señor RUIZ ( Don José) .-
Señor Presidente, efectivamente esta materia se haya incorporada en la Carta Fundamental; pero ello no es suficiente. Tan así es que se tuvo que dictar la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente que regula el tema. ,De lo contrario, no lo habríamos hecho. Por ese motivo, estamos tratando de incluirla ahora.
Asimismo, en la enumeración de personas, viviendas e infraestructura a las cuales el Estado debe evitar dañar, por ejemplo, no se incluyeron los vehículos. ¿Qué pasa si se los daña? Pienso que era más pertinente poner una norma para impedir que se destruya el medio ambiente, y con ello se habrían incluido todos los elementos que en él se encuentren, sea personas, animales, seres inanimados, etcétera. Además, la inclusión del medio ambiente en la iniciativa tiene un sentido pedagógico.
Debemos ir acostumbrándonos a que los temas medioambientales estén siempre presentes. Quizás sea éste un problema cultural que nos cuesta asumir; pero mientras más esfuerzos hagamos en tal sentido, cambiaremos la mentalidad que ha llevado a no preocuparse del medio ambiente.
Voto a favor de la indicación.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , recojo las últimas expresiones del Honorable señor Ruiz . Aun cuando esa disposición se encuentra en la Constitución -ello debería garantizar que no fuese necesario colocarla en el proyecto-, cada día estoy más preocupado, al igual que los demás señores Senadores, de que el tema del medio ambiente se transforme en una controversia absolutamente inadecuada entre dos puntos de vista: el fundamentalismo medioambiental y la búsqueda o preocupación de cualquier mecanismo que sobrepase las ideas que deben resguardar el medio ambiente. Y eso lo estamos viendo en todas partes, inclusive en la región que represento.
Por lo tanto, esta disposición en el proyecto tiene la ventaja de generar la idea central de que el tema es tan importante que mientras mayor claridad haya sobre su resguardo, más improbable será que se produzca la controversia entre esos dos temas o extremos demasiado inadecuados.
En definitiva, como éste me parece el mejor mecanismo, es preferible colocarlo.
Voto que sí.
El señor THAYER .-
Señor Presidente , ésta es una cuestión de criterio. Hay normas innecesarias de repetir; otras, relevantes de expresar, y algunas respecto de las cuales resulta inconveniente dar a conocer ciertos detalles. A mi juicio, en este caso concreto, parece adecuado señalarla por las razones que antes señalé.
Pero no nos engañemos, porque el Estado también somos nosotros. La obligación legal de éste de velar por el medio ambiente se cumple, entre otras formas, mediante la ley o el reglamento, según el caso. De modo que el Estado ha cumplido con una obligación impuesta por la Constitución al dictar la ley sobre impacto del medio ambiente. También aquél acata tal obligación cuando en determinada legislación se indica expresamente que debe velarse por el medio ambiente. A mi juicio, en el caso que nos ocupa, resulta conveniente destacarlo por las razones que señalé. porque el escurrimiento de las aguas lluvias está particularmente vinculado al medio ambiente.
Habría votado a favor, pero estoy pareado con el Senador Calderón.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
El Honorable señor Calderón emitió su voto.
El señor THAYER .-
Entonces, me pronuncio por la afirmativa.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , en contraposición a lo que se piensa, quizás el medio ambiente sea el mecanismo más débil, frágil e indefenso que tenemos. Por eso debe procurarse adoptar todas las medidas necesarias en su defensa, sobre todo, porque al respecto existe una ambigüedad enorme.
En cuanto a los colectores de aguas lluvias y de aguas servidas, la ambigüedad ha impedido hasta el momento que surja una solución adecuada para el drama que se produce con las grandes lluvias en Santiago, en todas las capitales de regiones y en ciudades importantes.
Lo único que se refuerza con esta indicación -que suscribí- es el mecanismo de defensa del medio ambiente. Por lo tanto, voto a favor.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , cuando en la Constitución se estableció la garantía de vivir en un ambiente libre de contaminación -a iniciativa de quien habla-, en la comisión pertinente hubo personas que no deseaban consignarla en el capítulo "DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS". Insistimos en que esta materia correspondía a una garantía de las personas inherente al derecho a la vida. Por eso el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación quedó antes de la obligación del Estado de cuidar la naturaleza, porque lo importante es la preservación de la especie humana.
Si bien el fundamentalismo ecológico algunas veces puede dañar el desarrollo del país, me parece difícil que lo pudiera hacer precisamente en la ciudad y en centros poblados cuando se evita que el tratamiento de las aguas lluvias no sólo impida que se dañe a las personas, sino que contribuya a mejorar, si es posible, el entorno de aquélla.
En razón de que las aguas lluvias no están contempladas en la ley marco del medio ambiente, estimo conveniente aprobar la indicación propuesta.
Voto afirmativamente.
--Se rechaza la indicación renovada (19 votos contra 14 y 3 pareos).
Votaron por la negativa los señores Bitar, Calderón, Feliú, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Huerta, Lagos, Larraín, Larre, Letelier, Martin, Núñez, Otero, Páez, Pérez, Prat, Siebert, Urenda y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Carrera, Díaz, Díez, Fernández, Hormazábal, Horvath, Muñoz Barra, Ominami, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sinclair y Thayer.
No votaron, por estar pareados, los señores Alessandri, Mc-Intyre y Valdés.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor HORVATH.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ROMERO (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PICKERING ( Ministro de Obras Públicas subrogante ).-
Señor Presidente , en cuanto al punto en discusión, ni el Ejecutivo ni los Parlamentarios que debatieron el tema en la Comisión respectiva y en la Sala, están en desacuerdo con el principio general de que las obras que se realicen deben hallarse sometidas a un marco jurídico que proteja el medio ambiente.
Tal como señaló el Senador señor Horvath , se encuentran en aplicación la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento posterior, como, también, una serie de exigencias que deben cumplir las obras que se ejecuten, y que son propias del marco legal que protege el medio ambiente y de los organismos técnicos que las supervisan.
Por la vía de incluir la expresión "medio ambiente" -el que todos estamos contestes en respetar y proteger y el cual se halla regulado, como lo señaló el Senador señor Horvath , en la legislación específica- en el artículo 1º de la iniciativa que nos ocupa (me refiero al medioambiente, no al sistema regulado por la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento), podría en la práctica desnaturalizarse, en muchos casos, el propósito de la ley en proyecto. Porque la iniciativa procura que se hagan cuanto antes los colectores de aguas lluvias; y, al mantener esa expresión genérica, más allá de si el proyecto cumplió con la normativa vigente en materia ambiental -o sea, con la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente-, basado en ella cualquier ciudadano podría interponer un recurso de protección. Y la tramitación de este recurso podría dilatar o hacer excesivamente engorrosa la construcción de las referidas obras, que al Ejecutivo le interesa realizar lo más pronto posible.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en lo sustancial, es decir, con lo planteado por el Senador señor Horvath en cuanto a proteger el ambiente. Pero, al mismo tiempo, tenemos claro que las referidas obras ya están sometidas a una fiscalización distinta por los organismos competentes. Por esta razón, no somos partidarios de incluir dicho término expresamente en el proyecto, a fin de evitar problemas de interpretación de la norma y de aplicación de la misma, y la presentación de recursos que pudieren entorpecer la velocidad de ejecución de las obras.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PICKERING ( Ministro de Obras Públicas subrogante ).-
Señor Presidente , respecto de la primera consulta del Senador señor Hormazábal , no sólo hay que combinar las disposiciones de la Ley de Bases del Medio Ambiente y su Reglamento con los preceptos del proyecto que nos ocupa; también se halla en discusión en el Parlamento una iniciativa que modifica el Código de Aguas. Asimismo, se encuentra en debate un proyecto muy importante, incluso hay experiencias prácticas -con carácter de piloto-, en cuanto a dar una institucionalidad al manejo de las cuencas hidrográficas distinta de la que exhibe actualmente.
Hoy día, dichas cuencas carecen de un manejo integrado, a raíz de una insuficiencia de carácter legal. Precisamente, la experiencia en otros países es la positiva, esto es, tienen en cuenta, por ejemplo, la tala de un bosque, o, más aún, los abonos que se ocupan en la tierra y que pueden contaminar su napa subterránea; o sea, se consideran una serie de factores que inciden sobre la cuenca y que pueden determinar, por decir, mayores niveles de escurrimiento de las aguas antes de llegar a las ciudades. Si bien el proyecto en debate sólo se refiere a los centros urbanos, previamente es preciso contar con un instrumental jurídico -actualmente en discusión en la iniciativa tocante al Código de Aguas- que permita manejar la cuencas hidrográficas de manera integrada, previniendo problemas como los señalados por Su Señoría.
En combinación con ese conjunto de iniciativas, desde el punto de vista del Ejecutivo, el proyecto que nos ocupa resuelve el problema planteado por el Senador señor Hormazábal.
En segundo término, en cuanto a las empresas sanitarias, uno de los criterios centrales de esta iniciativa es la separación de los colectores de aguas lluvias de los de aguas servidas. Por lo tanto, en el futuro, la construcción de colectores de aguas lluvias -que es responsabilidad del Estado, en lo referente tanto a los primarios como a los secundarios, pese a que se ejecutan a través de distintos Ministerios, en concordancia con la disposición pertinente acerca de las nuevas urbanizaciones que deben someterse al régimen general-, una vez definido el marco o plan maestro correspondiente, abordará íntegramente el problema de las aguas lluvias, las que correrán por canales separados y distintos de los de aguas servidas. Se trata de aspectos diferentes, lo que constituye la parte fundamental del espíritu de la iniciativa. En la actualidad no lo están, y tal diferenciación debe quedar contemplada en los planes de desarrollo de las empresas sanitarias y, por lo tanto, en las tarifas que se cobrarán a futuro.
Resultaría bastante contrario al espíritu de la legislación aplicable al sector sanitario cargar a los usuarios de agua potable, además de los montos por distribución, recolección y tratamiento eventual, con tarifas adicionales por recolección de aguas servidas cuando éstas no sean homogéneas en la misma zona geográfica.
Ésa es la respuesta que puedo dar al Senador señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor ROMERO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor URENDA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Entonces, estaríamos en condiciones de votar primero la proposición de la Comisión y, luego, la indicación.
En votación la proposición de la Comisión.
Si le parece a la Sala, se aprobaría.
Acordado.
En votación la indicación.
El señor LAGOS (Secretario).-
Ella es para agregar en el inciso primero del artículo 1º la frase final "y al medio ambiente".
El señor ROMERO (Presidente).-
Previamente había pedido la palabra la Honorable señora Carrera.
El señor ROMERO (Presidente).- Se requeriría la unanimidad de la Sala.
Efectivamente el Senador señor Thayer formuló una proposición; pero, como no hay unanimidad, corresponde votar la indicación.
En votación la indicación.
--(Durante la votación).
El señor ALESSANDRI.-
Por las razones expresadas por la Senadora señora Feliú y otros Senadores, voto en contra.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Su Señoría está pareado.
La señora FELIÚ.-
Pero el Honorable señor Valdés estaba presente.
El señor ALESSANDRI.-
Entonces, no. Denantes se encontraba en la Sala el Senador señor Valdés.
El señor CALDERÓN.-
Adhiero a las palabras del Senador señor Bitar y voto en contra.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente , no había votado porque el Senador señor Ominami, con quien estoy pareado, no se encontraba en la Sala; pero, como ahora está presente, me pronuncio por la negativa.
El señor SINCLAIR.-
Voto a favor de la indicación, porque es importante todo lo que refuerce el concepto de preservar el medio ambiente.
El señor ROMERO (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera el Honorable señor Otero.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Honorable señor Otero.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En seguida, corresponde discutir la indicación renovada Nº 8, al artículo 2º del proyecto, suscrita por los Senadores señores Horvath , Alessandri , Thayer , Larre , Ríos, Otero , Carrera, Gazmuri , Ruiz De Giorgio y Matta , para intercalar, a continuación del inciso primero, los siguientes, nuevos:
"Los planes maestros deberán considerar la situación de la cuenca hidrográfica, y en particular sus procesos de erosión y deforestación en función de su uso de suelo, y las acciones necesarias para mejorar la acción natural de mitigación de escurrimiento de las aguas.
"Los sistemas de escurrimiento, drenaje y evacuación de las aguas lluvias considerarán además las calles, canales y quebradas naturales como parte de las redes primarias y secundarias.
"La evacuación a los cauces naturales contemplará la contaminación producto del lavado de calles, zonas urbanas y de procesos de erosión, con el fin de ajustarse a las normas vigentes.".
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , teniendo a la vista el informe de la Comisión de Obras Públicas, advierto que se dejó constancia de "que la norma no es necesaria, pues los factores a que se refiere son los que obviamente se deben tener presentes para elaborar los planes maestros, pues constituyen la realidad sobre la cual deberá actuarse.".
Quiero que esto, considerado como obvio y respecto de lo cual se ha dejado constancia, quede consignado en la ley. Porque, evidentemente, la elaboración de un plan maestro debe contemplar tales factores. Se trata de consideraciones, no de elementos mediante los cuales se vaya a entrar en un laberinto o en un sistema reglamentario. En el fondo, se trata de asegurar que los planes maestros consignen las múltiples dimensiones del problema. Entonces, no debiera rechazarse algo considerado obvio, sino dejarse explicitado en la ley.
Por eso, sugiero aprobar la indicación.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , vuelvo a recordar que participé en la discusión de esta materia en la Comisión. En verdad, aquí también hay de por medio un problema de constitucionalidad. Resulta que, al establecer qué debe considerar el plan maestro, se está imponiendo una obligación al Estado, porque es el Ministerio de Obras Públicas el que lo elabora. En consecuencia, la norma constituye un mandato a las autoridades de esa Cartera para que cuando lo confeccionen consideren tales elementos. A mi juicio, además de esos, deberían contemplar otros.
Entonces, el temor a hacer consideraciones sobre lo que debe tenerse en cuenta en el plan maestro es con respecto a las cosas que se olvidan.
Además, quiero reiterar lo relativo a la competencia. Aquí se impone una obligación a determinadas autoridades, al estatuirse que el plan maestro debe contener tales o cuales elementos.
La materia también se tuvo presente en la Comisión, pero no se dejó constancia de ello en el informe, dado que se prefirió no declararla inadmisible, para traer la cuestión a la Sala. Y me parece muy importante la opinión del Ministerio a este respecto.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , creo que en esta oportunidad la indicación es inútil. Porque, como bien lo señala la Comisión en el informe, se supone que, además de estos elementos, quienes deben realizar el plan maestro tendrán en consideración muchos otros. Y es inconveniente que la ley señale sólo algunos, porque al hacerlo, dará más jerarquía a unos respecto de otros.
Me parece natural que, cuando se elabore un plan de cualquier naturaleza, se atienda a las reglas de la ciencia y de la prudencia.
En consecuencia, voto en contra de la indicación.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , quiero contestar esto de lo obvio y lo inútil de la indicación.
La verdad es que, en nuestro país, muchas cosas que pueden estimarse obvias o inútiles en determinado momento, de hecho, no se consideran como tales. De ahí los problemas que tenemos y las condiciones que se nos presentan.
Si revisamos la indicación inciso por inciso, se apreciará que no está claro que el Ministerio de Obras Públicas -lo señalo con el debido respeto, porque trabajé muchos años en él- considere las cuencas hidrográficas. De hecho, existe una iniciativa que modifica el Código de Aguas en esta materia, cuya tramitación ha sido muy larga y excesiva, justamente para asegurar un manejo integrado de las cuencas. Insisto: éste no es un tema que se circunscriba a lo que sucederá con las aguas lluvias en un sector urbano o poblado. Ello dependerá de las actividades que se hagan o dejen de hacer aguas arriba, en la cuenca aportante, o aguas abajo.
Considerando que nuestro país sufre un proceso de erosión y de desertificación en más de 50 por ciento de su territorio, ocurren los daños que vemos cuando sobrevienen lluvias y deshielos acelerados. Pero referirse a esto como obvio e inútil me parece, por decir lo menos, poco respetuoso, y estimo que esta materia debe quedar consignada en la ley.
Voto a favor de la indicación.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , efectivamente, los planes maestros a que se refiere el artículo 2º de todas maneras deben realizarse sobre la base de los antecedentes relativos a la cuenca hidrográfica. Por lo tanto, consignar lo mismo en el precepto resulta innecesario, para no repetir palabras que pudiesen causar algún escozor.
Voto en contra.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , parto del supuesto de que el Ministerio de Obras Públicas, para llevar a cabo los planes maestros, estudiará todos los problemas vinculados a los mismos y procurará buscar las mejores soluciones.
A mi juicio, conforme al criterio establecido en la Constitución, de contar con leyes que no sean reglamentarias, debemos contemplar en la normativa el concepto fundamental y, al mismo tiempo, suponer que, en este caso específico, la autoridad técnica pertinente, que tiene un mejor conocimiento de la materia, procederá con la debida acuciosidad.
Me parece que hacer mención de todos esos conceptos -en este sentido, ha quedado demostrada, como siempre, la gran preocupación del Senador señor Horvath -, a lo mejor, resulta redundante, innecesario y hasta negativo, por cuanto podría decirse que es apropiado considerar ciertos elementos y no muchos otros que la técnica y la experiencia del Ministerio estimen conveniente tener en cuenta.
Haciendo fe de que esa Cartera tratará de actuar de la mejor forma posible, me parece adecuado que se le otorgue esta facultad para confeccionar los planes maestros con el mayor tecnicismo y eficiencia que se pueda.
Por eso, voto en contra de la indicación.
--Se rechaza la indicación (18 votos contra 9 y 3 pareos).
Votaron por la negativa los señores Bitar, Díez, Feliú, Frei (doña Carmen), Huerta, Lagos, Larre, Letelier, Martin, Matta, Núñez, Otero, Pérez, Prat, Siebert, Sule, Urenda y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Carrera, Díaz, Gazmuri, Hormazábal, Horvath, Mc-Intyre, Ominami, Ríos y Ruiz-Esquide.
No votaron, por estar pareados, los señores Muñoz Barra, Thayer y Valdés.
La señora FELIÚ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación renovada Nº 8.
--(Durante la votación).
La señora FELIÚ.-
Por las razones que señalé, voto en contra.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Terminada la votación.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En seguida, la Comisión propone agregar el siguiente inciso tercero, nuevo, al artículo 2º: "Las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias que se construyan serán independientes de las redes de alcantarillado de aguas servidas y no podrán tener interconexión entre ellas.". Esta proposición fue aprobada unánimemente por 4 votos contra 0.
--Se aprueba.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
A continuación, respecto del artículo 5º, la Comisión sugiere suprimir, en el inciso primero del artículo 134 propuesto, la expresión "por densificación o por extensión". Aprobado también, por unanimidad,g por 4 votos contra 0.
Sobre el particular, hay una indicación -la Nº 12- que, como se señaló al comienzo, fue declarada inadmisible por la Comisión. Sin embargo, ahora aparece renovada con las firmas de los Senadores señores Sinclair , Otero , Siebert , Larre , Thayer , Horvath , Alessandri , Feliú , Huerta y Díaz.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera el Senador señor Pérez, por cuanto deseo participar en el debate.
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Pérez, en calidad de Presidente accidental.
El señor PÉREZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Otero.
El señor OTERO .-
Señor Presidente, me encontré con la sorpresa de que la Comisión declaró inadmisible la indicación que formulé, por no corresponder a las ideas matrices del proyecto. Su objetivo era agregar un inciso al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ella dice lo siguiente: "A toda solicitud de loteo o de urbanización, sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, deberá acompañarse un estudio del terreno sobre las consecuencias de su ubicación frente a posibles riesgos de la naturaleza tales como inundaciones, avalanchas, aludes y rodados. Además, el estudio deberá indicar con precisión si el loteo comprende o no terrenos que hayan sido cauces o lechos de río, esteros o corrientes de agua en los últimos cincuenta años y, en el caso de terrenos agrícolas, también deberá señalar los canales de regadío que dejarán de existir y las soluciones que debe darse a éstos para disponer de las aguas que antes recibían, incluyendo las aguas lluvias.".
Curiosamente, fue declarada inadmisible, no obstante que en el proyecto se contempla un artículo 5º, que sustituye el inciso primero del artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por el que a continuación se indica: "Para urbanizar un terreno" -vale decir, se establece el requisito de urbanización, que es lo que estoy planteando precisamente en la indicación- "el propietario del mismo deberá ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servicio del terreno.".
Frente a eso, señores Senadores, ¿cómo puede estimarse que mi indicación no se encuentra dentro de las líneas matrices de la iniciativa, en circunstancias de que alude justamente a un proyecto de urbanización respecto del cual se pide nada menos que un estudio acerca del efecto de los riesgos de la naturaleza, para impedir que ocurra lo que el país ha visto cuando se permite la construcción en alvéolos o cauces de ríos, de esteros, de torrentes, etcétera?
A mi juicio, el criterio de la Comisión resulta extraño. Su Presidente me señaló recién -acabo de conversar con él- que la razón para declararla inadmisible obedece a que la segunda parte de la indicación -corresponde a otro artículo- no apunta a las ideas matrices del proyecto. Pero, obviamente, el texto que leí sí está vinculado con ellas, porque se refiere a las aguas lluvias, y la idea es, precisamente, tratar de evitar que se produzcan los desastres vividos por el país.
Si la Comisión considera que dentro de las ideas matrices está el modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿por qué estimó que la indicación formulada, que persigue similar objetivo, se aparta de ellas? La norma del artículo 134 dispone que, para urbanizar un terreno, "el propietario del mismo deberá ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes", etcétera. ¿Por qué, entonces, se considera que mi indicación está fuera de las líneas matrices, cuando estipula, además, que deberá presentarse un proyecto sobre los riesgos de la naturaleza? En tal virtud, no veo cómo puede sostenerse que ella se aleja de las ideas fundamentales de la iniciativa, en circunstancias de que se refiere a lo mismo. En todo caso, contempla una salvedad: es hora de que en este país exista conciencia de que no es posible seguir urbanizando terrenos de ríos, de esteros, alvéolos o sitios por donde han pasado torrentes de agua.
Ello puede resultar muy lucrativo para los urbanizadores (estoy seguro de que el artículo no les agrada, obviamente), pero no cabe ninguna duda de que quien compra debe tener al menos el derecho de saber qué adquiere.
Algunos de los terrenos más caros en La Dehesa, por ejemplo, corresponden a cauces hoy vacíos, pero por los cuales sí corrió agua con motivo de las últimas lluvias. Si pasaron cinco años, ¿qué derecho asiste a los propietarios? ¿Quién lo cauteló? Nadie.
¿Qué ha pasado con las poblaciones? En el caso del aluvión en el norte -uno de los peores desastres-, se construyó en un cauce seco. Se advirtió que ello no procedía, pero la municipalidad lo permitió. Y se registraron muertos y escenas de tragedia que vimos todos los Senadores.
Creo que llega un momento en que el puritanismo legislativo en la determinación de si algo queda comprendido exactamente o no en la idea de legislar tiene que dar paso al buen criterio. No puedo entender cómo se rechaza esta indicación por no concordar con las líneas del proyecto, uno de cuyos artículos, al mismo tiempo, reglamenta lo mismo que se declara que se halla fuera de las normas de la iniciativa.
Me parece, señor Presidente , que se fijaron en la segunda parte de la indicación, que apunta a otro artículo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, disposición cuyo contenido, efectivamente, puede estimarse no comprendido en el texto. Pero es evidente que la primera parte coincide en forma plena con el artículo 5º. Y, si mi proposición es inadmisible, ese último precepto igualmente lo es. No pueden existir criterios distintos para un mismo punto.
Señor Presidente, pido desglosar estas materias, porque la Comisión no ha dicho cuál de las dos es la inconveniente. Reconozco que una de ellas puede ser susceptible de reparos; pero la otra se halla absolutamente dentro de las ideas matrices del proyecto.
He dicho.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, aquí se suscita un problema central y reglamentario: la Comisión declaró la inadmisibilidad. Eso es algo que a la Sala no le cabe rever. Y, en esa perspectiva, la indicación no ha podido ser renovada. Pienso que es obligación de la Mesa declararlo así, por el motivo expuesto.
En todo caso, y para tranquilidad del señor Senador que presentó la indicación, debo señalar que la Comisión estudió acuciosamente su inadmisibilidad, a la luz de la disposición constitucional, de la jurisprudencia y de la proposición formulada. Ésta se aparta de las ideas matrices de la iniciativa. Y pido a Su Señoría ver lo que expresa el mensaje sobre cuáles son ellas.
No quiero referirme al tema de fondo, porque me parece que no se debe discutir. La indicación fue declarada inadmisible por la Comisión, de modo que no cabe su renovación ante la Sala.
Gracias, señor Presidente.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , a mi juicio, la indicación no puede ser renovada, porque el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece que "Corresponderá al presidente de la sala o comisión la facultad de declarar inadmisibles las indicaciones a que se refiere el artículo anterior. No obstante, la sala o comisión, en su caso, podrá reconsiderar dicha inadmisibilidad.". Y, en la situación en análisis, la Comisión no reconsideró la inadmisibilidad y dejó a firme lo resuelto.
También, el artículo 124 del Reglamento del Senado dispone, al final de su inciso segundo, que "Las indicaciones declaradas inadmisibles en Comisión, no podrán ser renovadas.".
En consecuencia, la renovación es improcedente.
No obstante, dados la naturaleza de la materia que comprende la indicación, la explicación del Senador señor Otero y su deseo de circunscribir el texto nada más que a la primera parte, sugiero que el proyecto vuelva a Comisión, a fin de que se revise la declaración de inadmisibilidad.
He dicho.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , la Comisión analizó el tema. Y lo cierto es que resulta altamente inconveniente, en general -sobre todo tratándose de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sumamente extensa y reguladora de numerosas materias-, legislar sobre textos ajenos.
Reitero: el mensaje del proyecto se refiere a las instituciones que deben encontrarse a cargo del sistema de colectores, en cuanto a la red primaria y la red secundaria. Ésa es la idea matriz. La indicación, a su vez -en especial, en la primera parte; pero también en la segunda-, tiende a imponer obligaciones a los urbanizadores. A lo mejor, ello es muy interesante, pero debe ser estudiado a la luz de la Ley General recién aludida, porque el tema central de lo que plantea el Honorable señor Otero dice relación al uso del suelo, lo cual es propio...
El señor OTERO .-
¿Me permite una pregunta, señora Senadora?
La señora FELIÚ.-
¿de los planes reguladores comunales, que es en donde debe ser tratado, en consecuencia. Y eso es lo complejo de este asunto, señor Presidente .
Ahora, la indicación que se acogió como artículo 5º en el primer informe de la Comisión de Vivienda fue formulada por el Presidente de la República . Si se lee el artículo 134 vigente, se observa que impone al urbanizador la obligación de ejecutar el pavimento y, entre otras cosas, "las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües, y las obras de defensa". Entonces, ¿qué hizo esa indicación? Precisó que se trataba de desagües de aguas servidas y de aguas lluvias.
Era algo que incluso sin ella podría haberse entendido. Para urbanizar, el propietario debe ejecutar a su costa, según la norma vigente, "el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües, y las obras de defensa y de servicio de terreno.". Y se especificó que los desagües dicen relación -repito- a las aguas servidas y aguas lluvias. Por lo tanto, este punto quedaba perfectamente comprendido dentro de las ideas matrices del proyecto.
La indicación del Honorable señor Otero , en cambio, determina que se debe acompañar "un estudio del terreno sobre las consecuencias de su ubicación frente a posibles riesgos de la naturaleza tales como inundaciones, avalanchas", etcétera. En el fondo, se cuestiona el uso del suelo, lo que es materia de plan regulador y significa que se debe escuchar a directores de Obras Municipales , a los municipios. Esta norma no podría ser aprobada de plano.
En consecuencia, señor Presidente , pido aplicar el Reglamento. La indicación que nos ocupa fue declarada inadmisible y no cabe renovarla.
Gracias.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente , desde el punto de vista del Reglamento, no puedo menos que expresar mi concordancia con los Senadores señora Feliú y señor Díez . Creo que su planteamiento corresponde a lo que hemos interpretado.
En todo caso, también asumo la segunda parte de la proposición de mi Honorable colega Díez. Y deseo señalar el porqué. Creo que eso nos resuelve el tema reglamentario. No entramos a discutir de nuevo la indicación. Y usted, señor Presidente , se halla autorizado, en mi opinión, para declarar que ella no procede, ya que fue declarada inadmisible. Pero quiero fundamentar el punto que me interesa.
Todos nos encontramos preocupados de esta iniciativa y el Gobierno quiere sacarla a la brevedad. Pero su artículo 1º transitorio fija un término máximo de cinco años para la elaboración de los planes maestros. Es decir, cualquier ciudadano que esté a la espera del proyecto, para que con la próxima lluvia no se produzca una inundación, aguarda algo no realizable en el corto plazo, porque, por mucho que sea nuestro interés, será necesario que transcurra al menos el tiempo mencionado.
Confío en la capacidad del Gobierno y estoy seguro de que el objetivo se cumplirá antes. Pero, desde esa perspectiva, ocurre que el artículo 2º transitorio dispone que "No será exigible a los urbanizadores la construcción de colectores de aguas lluvias, mientras no se haya aprobado el plan maestro". En consecuencia, pudiera darse el caso de que transcurriesen cinco años de la dictación de la ley y no fuera obligatorio para ningún urbanizador cumplir con lo que aquí se establece, por no haberse aprobado el respectivo plan maestro.
Como el Gobierno está preocupado de que se dicte la reglamentación, deseo que se aclare el significado de la siguiente frase del artículo segundo transitorio: "debiendo emplearse otro sistema de evacuación de aguas lluvias". ¿Cuál es ese sistema? Porque me parecería impropio despachar la iniciativa, que siguiera todo el proceso de urbanización y de loteo en zonas de alto riesgo y que no hubiera una obligación adicional que cumplir.
Por lo tanto, si el señor Ministro responde satisfactoriamente en la Sala cuáles son las otras modalidades existentes para garantizar que antes de elaborarse los planes maestros respectivos no se podrá construir en zonas riesgosas, yo daré mi aprobación. De lo contrario, coherente con lo planteado por el Honorable señor Díez , en virtud del artículo 131, Nº 7º, del Reglamento, presentaré indicación para enviar nuevamente la iniciativa a la Comisión especializada, con el objeto de que elabore una propuesta en el sentido de que, en tanto no se pone en marcha el plan maestro, habrá una exigencia que garantice que las construcciones futuras reunirán requisitos de seguridad básicos frente a los riesgos descritos.
El señor HORMAZÁBAL.-
Deseo despejar la duda, señor Presidente.
Si el señor Ministro afirma en este momento que el artículo 2º transitorio garantiza que en el lapso que transcurra antes de que entre en vigencia el plan maestro podrán aplicarse otras normas sobre la materia, estoy dispuesto a dar mi aprobación de inmediato. Pero si ello no es así, independiente de la indicación del Honorable señor Otero , que me parece reglamentariamente improcedente, propongo solicitar a la Comisión que nos sugiera un procedimiento para fijar ciertos resguardos hasta que comience a regir la obligación de tener aprobados los planes maestros, lo cual podría suceder dentro del plazo máximo de cinco años, de acuerdo con el artículo 1º transitorio. Es decir, no estoy apuntando específicamente a la indicación del Senador señor Otero , sino al tema planteado por Su Señoría y a las dudas que me han surgido.
El señor HORMAZÁBAL .-
Señor Presidente, la cuestión reglamentaria está resuelta. Al margen de la sorpresa del Senador señor Otero -razonable desde el punto de vista de la inadmisibilidad, que no podemos discutir ahora-, el propio Ministro de Obras Públicas subrogante y el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo valoran el hecho de que, despejada la incógnita respecto de un tema que podría alejarnos del sentido objetivo de este proyecto, el Senado puede discutir una modalidad.
En consecuencia, propongo que olvidemos la indicación del Honorable señor Otero en lo formal y acudamos a la Comisión para que recoja la inquietud manifestada por diversos señores Senadores y nos sugiera alguna modalidad que sirva al objetivo diseñado por todos en tanto se cumple la obligación atinente a los planes maestros en los términos que señala la iniciativa.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente, hay aquí, en mi concepto, algunas situaciones claras.
La experiencia en la aplicación del Reglamento señala que, cuando una indicación o una disposición se declara inadmisible en una Comisión, la Sala no la puede tratar. En el presente caso, no podemos transigir por el hecho de que las ideas son buenas. La indicación, o es inadmisible o es admisible. Y, según la Comisión, es inadmisible.
El señor HORMAZÁBAL .-
Correcto.
El señor VALDÉS .-
No obstante, durante esta discusión se han expuesto ideas que podrían perfeccionarse. Por ello, sin considerar si la disposición es inconstitucional o no, puede volverse a Comisión en cualquier momento. Pero, yendo al fondo del asunto, la norma tendría que ser objeto de bastantes enmiendas porque, teniendo en cuenta la topografía de nuestro suelo, de norte a sur, pienso que un estudio sobre los riesgos de la naturaleza sólo puede hacerlo el Padre Eterno . En Chile, dados los problemas telúricos, los terremotos, las dificultades que presenta la cordillera, las inundaciones, es imposible efectuar ese tipo de estudio. Me consta que es así, por lo menos en lo atinente a la Región que represento, a cuyo respecto si el estudioso o sabio que lo realizara fuera el señor Philippi , diría que toda la zona es incapaz de soportar una construcción.
En consecuencia, de acuerdo a los actuales conceptos, ese estudio no es factible. ¿Quién se encargaría de hacerlo? ¿Qué significado tendría? En Santiago, hace algunos años se salió el río Mapocho -aquí tenemos al ex Ministro de Obras Públicas de esa época, Senador señor Siebert - y todo el barrio Vitacura, que nadie pensó que forma parte de una quebrada, quedó inundado. No debería haberse construido Vitacura, ¿no es así, Honorable colega?
Por lo tanto, tengamos cuidado de no extender los conceptos de medio ambiente, de estudio de terreno, más allá de lo razonable. El que quiera vivir en Chile, debe someterse a ciertos riesgos. Ojalá construya su casa arriba de la cordillera. Pero en ésta también se producen cataclismos, aunque no pueden ser estudiados con tanto detalle.
Ésa es mi posición.
Estoy a favor de que el proyecto vuelva a Comisión, pero establezcamos algo que no signifique que construir implica necesariamente un estudio como el planteado. Porque no se puede prescindir de factores como el de la placa de Nazca y el movimiento que ya Darwin anunció, en el sentido de que Chile se levanta y Argentina se agacha. En el sur, ese proceso de cambio ha significado que las líneas de las más altas mareas, indicadas por Darwin en 1830, hoy estén tres metros más arriba de las aguas, porque en la rotación Chile se inclinó y Argentina va bajando. Entonces, ¿qué estudio correspondería hacer? ¿Qué signos habrían de considerarse? Ése es el problema de fondo.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación de volver el proyecto a Comisión, con el objeto de perfeccionar el artículo 5º y las disposiciones transitorias.
Acordado.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el martes 12 de agosto, a las 12.
El señor URENDA.-
Señor presidente , aunque resulte tardío, por el trámite que acabamos de acordar, deseo aprovechar la presencia de los señores Subsecretarios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, para precisar algunas cosas que han dificultado abordar el tema en otra forma que la propuesta.
El texto enviado originalmente por el Ejecutivo era muy puntual y estaba destinado a resolver un problema inmediato facultando al Ministerio de Obras Públicas para desarrollar planes maestros, en los cuales se definirá lo que constituye la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Al discutirse en general el proyecto en la Comisión de Vivienda, el representante del Ejecutivo formuló indicación sobre un tema específico relacionado con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, aprobándose la disposición correspondiente. En atención a ella se presentaron algunas indicaciones, que cada vez se han ido apartando más del objeto inicial. Ahora bien, cuando la Comisión de Obras Públicas trató la materia en el segundo informe, lamentablemente, a raíz de los temporales en el sur del país, no contó con la presencia de representantes del Ministerio de Obras Públicas. Sí asistió un personero de la Dirección de Urbanismo, y se llegó a las soluciones propuestas. Hoy nos enteramos de que el Ministerio de Obras Públicas tendría ideas nuevas que agregar.
Lo expuesto ha creado una situación reglamentaria muy difícil. Ignoro cómo la vamos a resolver. En todo caso, es absolutamente indispensable que en las reuniones de la Comisión se expongan los puntos de vista de ambos Ministerios, para conocer el criterio del Gobierno y llegar a la mejor solución legal y reglamentaria. Porque en razón del objetivo circunscrito en el proyecto, nos hemos encontrado con los problemas que se han hecho presentes en la Sala, los cuales, como señaló el Senador señor Valdés , son difíciles de obviar, porque son causados por la naturaleza.
Por lo tanto -repito-, la única forma en que la Comisión puede acordar un procedimiento adecuado y aprobar las normas pertinentes, es conociendo el criterio del Gobierno y de ambos Ministerios, ya que puede ocurrir que la opinión de éstos difiera en algunos puntos.
Respecto de la duda planteada por el Senador señor Hormazábal -quien acaba de ausentarse de la Sala- sobre los plazos contemplados en los artículos transitorios, debo manifestar que fue preciso agregar estas disposiciones porque, en conformidad al texto del proyecto, los planes maestros podrían ser exigibles al día siguiente de la dictación de la ley. Hubo que buscar una salida de orden práctico, y lo hicimos, no solamente con buena voluntad, sino, también, con buen criterio; pero sería importante conocer la opinión del Gobierno y especialmente la del Ministerio de Obras Públicas, cuyos representantes, como dije, no pudieron asistir a la Comisión.
He dicho.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , quiero referirme al inciso final del artículo 2º. Si bien es cierto está aprobado, lo fue prácticamente en diez segundos y no alcancé a hacer la observación pertinente, pero al menos quiero dejarla en la discusión.
Dicho inciso expresa: "Las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias que se construyan serán independientes de las redes de alcantarillado de aguas servidas y no podrán tener interconexión entre ellas.".
Cabe señalar que en el centro de Santiago existe una red única de evacuación-drenaje de aguas lluvias y alcantarillado. Están juntas. Me parece inconveniente normar esto en la ley. Pese a que el inciso fue aprobado unánimemente en la Comisión (4-0), estamos frente a un asunto técnico.
Me gustaría saber si los señores Senadores están dispuestos a rever el punto, a escuchar al Gobierno o a tratarlo de nuevo en Comisión.
El señor URENDA .-
¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor BITAR.-
Cómo no, señor Senador, con la venia de la Mesa.
El señor URENDA .-
Debo aclarar que esa disposición regirá para las obras que se ejecuten en el futuro. Por eso se redactó con esas formas verbales. No significa que las obras mixtas existentes hayan de quedar en desuso o ser destruidas. Es una realidad que funciona de ese modo. Sin embargo, existe consenso en cuanto a que en el futuro estas construcciones se hagan en forma separada. Ése es el sentido de la norma, aunque no sé si el texto lo refleja con exactitud. Pero la forma verbal tiende a establecerlo así: las que se realicen en el futuro, y no las que hoy día existen.
El señor BITAR.-
Gracias, señor Senador, pero lo entiendo perfectamente porque es evidente de su lectura.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Se hallan inscritos los Senadores señores Siebert, Valdés, Horvath, Díez, Hormazábal, Carrera y Bitar. Pero primero es preciso resolver lo planteado por la Honorable señora Feliú.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra sobre el asunto reglamentario.
El señor PÉREZ (Presidente accidental).-
La tiene, señor Senador.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Someto a la consideración de la Sala la proposición que se acaba de escuchar, porque juzgo que, desde el punto de vista reglamentario, los Senadores señora Feliú y señor Díez tienen razón.
El señor BITAR.-
Parece un criterio razonable, señor Presidente . Creo que cabría devolver la iniciativa a Comisión.
El señor OTERO.-
Acojo lo planteado por el Senador señor Díez, señor Presidente .
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú, sobre la cuestión reglamentaria.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Sobre la cuestión reglamentaria, tiene la palabra el Senador señor Hormazábal.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Entonces, someto a la consideración de la Sala la sugerencia de los Honorables señores Díez y Hormazábal para que la iniciativa vuelva a la Comisión de Obras Públicas, de acuerdo con el artículo 131, Nº 7º, del Reglamento.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , ¿me permite?
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
No se requiere unanimidad para aprobar la proposición.
La señora FELIÚ.-
Me opongo, señor Presidente .
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
¿Quién más se opone?
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , ¿qué objeto tendría enviar de nuevo el proyecto a la Comisión, si ella declaró inadmisible la indicación por 4 votos contra 0?
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
La Comisión podría reconsiderar su resolución. Además, se está planteando que se trata de parte de la indicación.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas subrogante.
El señor PICKERING ( Ministro de Obras Públicas subrogante ).-
Señor Presidente , el punto específico que planteó el Honorable señor Hormazábal será respondido por el señor Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Yo sólo deseo hacer un comentario general.
El Senador señor Otero -si entiendo bien su planteamiento- concuerda en que el inciso segundo de su indicación está fuera de las ideas matrices del proyecto, pero estima que el primero debe hallarse contenido en el texto que ocupa a la Sala.
La Comisión declaró inadmisible la indicación de Su Señoría, razón por la cual no corresponde que el Ejecutivo entre a discutirla.
Ahora bien, al tenor de lo debatido en este Hemiciclo, no podemos dejar de hacer presente que, a lo largo y ancho del país, tenemos problemas con loteos y urbanizaciones efectuadas en lugares donde se producen inundaciones. Ello es real y todo Chile lo sabe. Y si existen más instrumentos legales para impedir la repetición de situaciones como ésa y reforzar nuestras facultades y la obligación de cumplir exigencias similares a las contenidas en el primer inciso de la indicación del Honorable señor Otero , el Ejecutivo no puede estar en desacuerdo.
El problema radica en que la indicación de Su Señoría consta de dos incisos. Y el segundo, derechamente, entra a regular aspectos que son materia de otra ley.
Ciertamente, no podemos opinar sobre la cuestión reglamentaria. Pero si el Senado decide volver a discutir en la Comisión la idea contenida en el inciso primero -no el inciso segundo- de la indicación del Honorable señor Otero , debo manifestar que el Gobierno no está en desacuerdo con ese precepto.
Tocante a la pregunta formulada por el Honorable señor Hormazábal , el señor Subsecretario de Vivienda y Urbanismo dará una respuesta.
El señor PÉREZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.
El señor CORTÍNEZ ( Subsecretario de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente , la referencia del artículo 2º transitorio a "otro sistema de evacuación de aguas lluvias" dice relación específicamente a un conjunto de sistemas alternativos distintos de la canalización -materia de la mayoría del articulado-, los cuales fueron objeto de un extenso estudio que se hizo llegar a cada uno de los miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, y, en definitiva, fueron aprobados e incorporados a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como sistemas aplicables a este tipo de circunstancias.
Por otra parte, quiero agregar algo muy breve a propósito de lo manifestado respecto de la indicación del Senador señor Otero , y particularmente en lo que se refiere al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
No obstante compartir la inquietud -es muy atendible- planteada en la indicación de Su Señoría, conviene tener presente que ella podría ser materia de una discusión en el marco general de la Ley de Urbanismo y Construcciones, por cuanto se relaciona justamente con aspectos atinentes al uso de suelos y con cuestiones que más bien deberían regularse por la definición de áreas de riesgo más precisas que las existentes en la ley y, en consecuencia, por la forma en que éstas se incorporan en los planos reguladores, lo cual, eventualmente, daría lugar a una figura distinta de la planteada en la indicación, pero exactamente con su mismo sentido y objetivo.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Solicito a Sus Señorías que, si desean intervenir en el debate, lo hagan sólo respecto de lo planteado por los Honorables señores Díez y Hormazábal en orden a devolver la indicación del Senador señor Otero y el resto del proyecto a la Comisión. Porque las indicaciones siguientes podrían tener relación con ésta.
El artículo 131 del Reglamento señala: "En las discusiones de los asuntos sometidos a la consideración del Senado, no podrán promoverse cuestiones ajenas a la materia de que se trate. Sin embargo, tendrán cabida las siguientes indicaciones:"... Y el Nº 7º dice: "Para enviar o volver el asunto a Comisión, debiendo indicarse, en el mismo acto, el objeto preciso del trámite requerido".
Para tal efecto se requiere simple acuerdo de la Sala y no unanimidad.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra Su Señoría. Pero lo pido referirse sólo al tema reglamentario.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Así lo entiende la Mesa. Por lo tanto, ése es el tema sobre el cual debe recaer el acuerdo de la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor URENDA.-
Pido la palabra.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-
Solicito la anuencia del Senado para que continúe presidiendo la sesión, en calidad de Presidente accidental , el Honorable señor Otero.
Acordado.
--Pasa a presidir, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Otero.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
El Honorable señor Urenda había solicitado primero la palabra.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Sólo quiero plantear una moción de orden, relativa al proyecto que se ha resuelto volver a Comisión.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
En tal caso, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , como el proyecto volverá a Comisión, si pretendemos modificarlo es preciso fijar plazo para presentar indicaciones.
El señor DÍEZ.-
De acuerdo.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Tiene razón el señor Senador. En otras oportunidades en que la Sala ha vuelto un proyecto a Comisión, sólo se han señalado los temas por analizar. Ahora, sin perjuicio de que, en conformidad al Reglamento, se han especificado las normas que la Comisión habrá de tratar, se podría establecer un plazo para formular indicaciones. Sugiero que éste sea de una semana.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor BITAR.-
Pido la palabra.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Señor Senador, desde el punto de vista reglamentario, como el artículo 2° ya fue aprobado, lo que está pidiendo es la reapertura del debate. la que requiere la unanimidad de la Sala. Mi obligación es ponerla en votación y no continuar discutiendo una iniciativa que volverá a Comisión. Debo advertir, sí. que la Mesa considera más aconsejable discutir nuevamente el tema en la Comisión.
El señor SIEBERT.-
Exacto. Que vaya a Comisión.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo en analizar de nuevo el punto en la Comisión.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
¿Habría acuerdo en ese sentido?
Aprobado.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO SANITARIO SOBRE RECETAS MÉDICAS
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 127 del Código Sanitario, con el objeto de garantizar la reserva de las recetas médicas, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Ruiz-Esquide).
En primer trámite, sesión 29ª, en 4 de marzo de 1997.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 4ª, en 11 de junio de 1997.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Los objetivos de la iniciativa, iniciada en moción del Honorable señor Ruiz-Esquide, son estipular que los datos contenidos en las recetas médicas sólo podrán ser entregados al paciente o, en su caso, a su representante legal, y a la autoridad sanitaria que corresponda, agregándose que, con todo, el paciente destinatario de ellas o el médico que expidió la receta, con la autorización previa de aquél, podrán facultar a las farmacias para entregar esta información a los terceros que lo requieran. Todas estas autorizaciones deberán constar por escrito.
El proyecto, en mérito de las razones que se exponen en el informe, fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes, Honorable señora Carrera y Senadores señores Larre y Ruiz-Esquide.
El proyecto que propone la Comisión consta de un artículo único, y ha sido objeto de una indicación.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , en la sesión anterior se alcanzó a discutir por algunos minutos la iniciativa la que, como lo señaló el señor Secretario , es muy simple. Se trata de rescatar el valor confidencial de la receta médica, la que es parte de un acto médico propio de la relación entre facultativo y paciente.
Cuando una receta es despachada por una farmacia, ésta es responsable de su resguardo y constituye una de las obligaciones del químico farmacéutico encargado, ello con el objeto de garantizar la confidencialidad, dado que de la receta puede inferir claramente cuál es la enfermedad de una persona.
Hace aproximadamente ocho meses, esta materia hizo noticia a raíz de que determinados laboratorios, en el afán de averiguar cuál era el despacho más habitual de remedios y de especies farmacéuticas, encargaron a ciertas empresas de marketing recoger esta información, a fin de proceder a la racionalización de sus productos, al aumento de la publicidad de ciertos medicamentos o, como se advirtió claramente en su momento, a la mayor publicidad de las farmacias o de los propios médicos.
Como consecuencia, muchas recetas terminaron en manos de empresas de marketing, luego fueron traspasadas a los laboratorios y, en definitiva, puestas en conocimiento de muchísima gente.
Hoy día existen enfermedades -siempre las ha habido- de tratamiento muy específico. De manera que, en determinado momento, basta conocer la receta para saber exactamente cual es la enfermedad de una persona. Incluso se han suscitado problemas -no es la razón de la legislación que proponemos; deberemos pensar la forma de resolverlos-, ante el hecho de que la actual información interconectada de los diagnósticos de ciertas clínicas u hospitales permite a algunas instituciones bancarias o comerciales conocer el estado de determinados enfermos. Y se nos ha denunciado el rechazo de préstamos o de operaciones tras conocer la enfermedad de algún cliente, por presumir que ello afectaría su confiabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
En ese sentido, tratamos de rescatar la que ha constituido el motivo permanente de nuestra preocupación legislativa. La salud es una materia que afecta única y exclusivamente a las personas, y sus tratamientos -es lo que deseamos- deben ser confidenciales.
Por eso, hemos propuesto el artículo único -modificado en la Comisión- que enmienda el artículo 127 del Código Sanitario, agregándole un inciso segundo, nuevo, que contiene tres elementos. Primero: "Los datos contenidos en estas recetas sólo podrán ser entregados al paciente o, en su caso, a su representante legal, y a la autoridad sanitaria que corresponda.". Obviamente será a la autoridad pertinente por razones de control de cierto tipo de enfermedad, donde la salud está por encima del bien particular. Segundo: "Con todo, el paciente destinatario de ellas" -vale decir, el dueño de esa receta- "o el médico que expidió la receta," -que es quien la entrega- "con la autorización previa de aquél, podrán facultar a las farmacias para entregar esta información a los terceros que lo requieran.".
Y un tercer elemento señala que todas estas autorizaciones, a objeto de hacer constar plena y claramente la seguridad de que se están haciendo de buena fe y no entregadas bajo otro mecanismo de presión, deberán ser por escrito.
Por eso, señor Presidente , los tres miembros que estuvimos en la Comisión votamos favorablemente el proyecto. En ella recogimos opiniones de representantes del Gobierno, del Colegio Médico, y comprobamos que respaldan claramente la iniciativa el Departamento de Ética del Colegio Médico y muchas otras instituciones que estimaron que la medida favorece a todas las personas y no pone en riesgo ningún control sobre la salud, y libera a la receta médica de una utilización que, a mi juicio, no es éticamente aceptable.
En consecuencia, como autor de la iniciativa y, además, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud, solicito a la Sala su aprobación.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
El señor LARRE.-
Señor Presidente , creo que el Presidente de la Comisión de Salud fue muy claro en su exposición. Nosotros estimamos atendible la moción, motivo por el cual le dimos nuestra aprobación y la trajimos a la Sala. Por ello, sólo sugiero fijar un plazo para formular indicaciones, en caso de ser aprobado el proyecto.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Así se procederá, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , me permitiré formular algunas consideraciones sobre la iniciativa, ya que el tema - como señaló el Senador señor Ruiz-Esquide - concitó en una oportunidad el interés de todo el país por el uso que se hizo de cierta información, con intenciones, por supuesto, muy comerciales o de marketing.
Por eso, sin pertenecer a la Comisión de Salud, a la que doy todo el crédito como organismo técnico, me interesé en la materia y, dada mi responsabilidad como Senador, he buscado información con el objeto de estudiarla y adoptar una posición sobre el tema.
Es evidente que el objetivo central del proyecto debería conciliar la confidencialidad del nombre del paciente al que se expide la receta, con una serie de beneficios que derivan del uso de la información contenida en aquélla.
El proyecto en debate, que modifica el artículo 127 del Código Sanitario, lamentablemente, por los antecedentes que recogí y he tratado de asimilar, no resuelve el problema central de garantizar al paciente, en todos los casos, la confidencialidad de la información contenida en la receta médica, lo cual, a su vez, lo complicaría en obtener beneficios directos al no poder compartir tal información.
Señalo lo anterior porque, en primer lugar, existe una cantidad de recetas que deben ser proporcionadas por los pacientes, con copia, a los servicios de bienestar. Me gustaría que el Honorable colega señor Ruiz-Esquide me siguiera en esta idea, a fin de que si incurriera en un error me lo haga ver, dado que Su Señoría domina esta materia no sólo en su calidad de médico, sino también como autor de la iniciativa. Como dije, muchas recetas son entregadas por los pacientes a los servicios de bienestar, con el objeto de obtener beneficios relativos a reembolsos parciales o totales de los gastos en medicamentos en que ellos incurran. Ello dice relación -reitero- a que la confidencialidad está amarrada a una serie de beneficios que derivan del uso de la información contenida en la receta.
En segundo término, la actual legislación contempla para diversos medicamentos sistemas de recetas archivadas y recetas retenidas en las farmacias. La información contenida en estas últimas es, evidentemente, pública en la práctica, por cuanto queda a disposición y a la vista del personal de farmacia: dependientes, cajeros, empacadores, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista y conforme al análisis de la idea, sería casi ilegal exigir la retención de recetas en farmacias, dado que, en la práctica, la información contenida en ella resulta pública.
En tercer lugar, según los antecedentes que obtuve sobre esta materia, he logrado constatar que en diversos países existen -probablemente se implementarán pronto en Chile- sistemas de reembolsos de gastos en medicamentos, los que, con el proyecto en discusión, no podrían llevarse a cabo o encontrarían una serie de dificultades para este efecto.
Por otra parte, existen muchas recetas de instituciones que no llevan los nombres de los pacientes.
Parece importante, entonces, legislar en el sentido de proteger en forma clara y determinante la confidencialidad que requieren los pacientes. Esto se puede lograr exigiendo la autorización previa para publicar o fotocopiar los antecedentes contenidos en la receta médica en todos los casos en que se incluya el nombre del paciente.
Tal vez, sería útil al respecto adoptar la legislación vigente en Estados Unidos de Norteamérica, así como también la de diversos países integrantes del MERCOSUR, lo que permitiría obtener, sin restricción, la información de las recetas médicas, siempre que se excluya el nombre del paciente.
En cuanto a la utilidad que prestan los estudios estadísticos sobre prescripciones médicas, sin duda, se pueden destacar los siguientes beneficios: a las autoridades de salud, les permite evaluar el uso correcto y contar con la información estadística valiosa sobre prescripción de medicamentos; a los pacientes, les es posible obtener medicamentos más económicos, dados los menores costos de promoción que realizan los laboratorios al cuerpo médico, y a las industrias farmacéuticas, les otorga la posibilidad de mejorar su eficiencia, lo que aumenta el nivel de competencia, beneficiándose el usuario final, esto es, los pacientes.
Ésas son algunas de las consideraciones que me merece la iniciativa en comento. Estoy, por supuesto, abierto y dispuesto a escuchar las aclaraciones del Honorable colega señor Ruiz-Esquide, quien, muy acertadamente, se halla planteando una inquietud con alcances sociales que no podemos desestimar y debemos tener en cuenta.
He dicho.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , en mi opinión, el proyecto en debate es del mayor interés. En verdad, abrigo algún temor en cuanto a que es necesario examinarlo, tal vez, desde otra perspectiva.
Aquí hay dos temas diferentes. Uno es la reserva o confidencialidad de la información contenida en la receta médica. Al respecto, deseo citar lo señalado en la Comisión por la abogada representante del Ministerio de Salud, quien expresó que, de acuerdo con el artículo 113 del Código Sanitario, "el acto médico comprende el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades y sus síntomas en pacientes o consultantes, siendo sólo en la última fase del tratamiento donde aparece la receta médica.".
En esa perspectiva, hizo presente que "todo el acto médico se encuentra amparado por el secreto profesional, cuya violación se sanciona en el Código Penal.".
En seguida dijo que, a juicio del Ministerio, "el paciente es el propietario de la receta, lo que le permite dar a conocer su contenido. Y agregó: "En cambio, el médico al evacuar la receta termina su relación profesional con el paciente y no tendría por qué participar en la autorización para dar a conocer la citada información.".
En efecto, consideró que, en los términos en que viene propuesto el proyecto, no sería correcto que el médico pueda autorizar la entrega de información, por cuanto ésta no le pertenece y ya carece de vinculación con el caso.
Asimismo, en relación con la confidencialidad, deseo recordar que la representante del Ministerio de Salud manifestó en la Comisión que "hasta el momento la normativa vigente" -la actualmente en vigor en el Código Sanitario- "ha sido suficiente para afrontar los problemas que han surgido a partir de la publicidad que se ha dado a datos contenidos en las recetas médicas.".
Por otra parte, también respecto de la confidencialidad, comparto la aprensión señalada por el Senador señor Muñoz Barra . Porque, en verdad, actualmente numerosas entidades tienen acceso a recetas médicas sobre la base de pagos o copagos. Así ocurre, por ejemplo, con los servicios de bienestar, con múltiples planes de las ISAPRES, e incluso con algunos convenios colectivos mediante los cuales se presta apoyo en el pago de los medicamentos a empleados de determinados establecimientos, particularmente en grandes empresas.
Por lo tanto, hay mucha ayuda en tal sentido, lo que resulta altamente conveniente. Opino que deberíamos procurar incentivar y aumentar dicho apoyo en el pago de los medicamentos a las personas afiliadas a los respectivos sistemas, para lo cual, naturalmente, se requiere la existencia de la receta médica y que ella se entregue.
Sin embargo, hay otro aspecto comprometido en esta materia, el cual me parece que no ha sido examinado en el proyecto y que dice relación al mercado de los medicamentos. A diferencia de lo que piensan algunos señores Senadores, a mi juicio, el mercado constituye el mejor sistema para bajar los precios. Si éste funciona en forma eficiente, los precios disminuyen por efecto de la competencia.
En esa perspectiva, y luego de examinar el tema desde el punto de vista del mercado, debemos considerar que los medicamentos no pueden ser objeto de publicidad. Hay normas que lo prohíben. Por esa razón, los laboratorios que los producen no pueden promocionarlos mediante el sistema de publicidad común, sino a través de uno especial denominado de "visitadores médicos", consistente en personas que efectúan visitas a distintos médicos para instarlos a recetar los medicamentos que producen los laboratorios que representan, demostrándoles su calidad terapéutica.
El IMS es un organismo internacional, con sede en Suiza, destinado a la investigación de mercados farmacéuticos, y cuenta con oficinas en todo el mundo. Dicho ente funciona en Chile desde hace diez años, y tiene un programa denominado "doctor Mark", que trata de inquirir qué medicamentos recetan los médicos. Para este efecto, instala fotocopiadoras en las farmacias, o en algunas de ellas, y elabora programas, que contienen el RUT del médico, el medicamento que receta y la farmacia que lo ha expendido. Lo anterior tiene por objeto analizar el mercado y hacer la única publicidad dable de llevar a cabo, que es a través de los visitadores.
El programa es vendido a los laboratorios, los que, con esa información, conocen a los médicos y a los de la competencia. Este programa es conveniente que exista para los efectos del mercado -debe existir y venderse en todos los países- y permite una mejor transparencia del mismo.
Lo que interesa a los laboratorios como información para la promoción de sus productos no es el nombre del paciente, sino sólo los datos que les entrega el referido organismo (IMS), con sede en Suiza.
A mi juicio, el proyecto no ha sido examinado desde esa perspectiva. Conversé al respecto con el Presidente de la Comisión de Salud y le insinué la conveniencia de que la iniciativa fuera revisada por la Comisión de Economía, pues respecto de este tema no se escuchó la opinión de personas que conocen el mercado y que efectivamente han sido oídas en la Comisión con motivo de otros proyectos, como ocurrió, en su momento, con representantes de ASILFA, asociación que agrupa a los laboratorios nacionales y otros sudamericanos, etcétera. Asimismo, existen una serie de asociaciones gremiales de la Cámara de la Industria Farmacéutica, que reúnen a los laboratorios europeos y norteamericanos.
Éste es un mercado altamente sofisticado, en donde los medicamentos son el resultado de grandes inversiones y, por ende, se trata de productos que por lo mismo justifican su costo, pues tras largos años de investigación se logra producir uno de ellos, o, por el contrario, se comprueba que no podrá comercializarse ya que provoca efectos nocivos en la salud de las personas.
Por esa razón insto al Senado para que, antes de aprobar en general el proyecto, se envíe a la Comisión de Economía para analizarlo desde el punto de vista que he planteado, escuchando a la Cámara de la Industria Farmacéutica, a ASILFA y a todos aquellos que tienen participación en este mercado.
La verdad es que este tipo de iniciativas que resultan tan sensibles para la opinión pública son, en definitiva, las que vienen a alterar el mercado y provocan efectos perniciosos en el mismo.
Ésas son las observaciones que, a mi juicio, merece el proyecto.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Matta y, a continuación, el Senador señor Lavandero, la Honorable señora Carrera y el Senador señor Ruiz-Esquide, luego de lo cual se daría por cerrado el debate.
El señor MATTA.-
Señor Presidente , nuestra Carta Fundamental reconoce a todas las personas el respeto y protección de su vida privada, garantía que en nuestro rol de legisladores debemos velar por que se cumpla de acuerdo a la preceptiva vigente.
Como es de público conocimiento, nuestra legislación establece que el expendio de los productos farmacéuticos sólo puede hacerse contra presentación de receta médica, salvo ciertas excepciones. Además, en forma reciente y como medida de prevención ante el abuso de la automedicación, en lo concerniente a fármacos que pudieran crear adicción, como es el caso de los psicotrópicos, nuestro Congreso Nacional aprobó una normativa por la que se exige receta médica, expedida por un facultativo legalmente habilitado, para la compra de tales medicinas en farmacias y establecimientos del rubro.
Sin embargo, como en otras ocasiones, algunas personas han hecho mal uso de una reforma que sólo tenía buenas intenciones.
Es así como se ha constatado en la práctica que empresas dedicadas a la recopilación de datos estadísticos han tenido acceso a la información contenida en las recetas médicas, la que ha sido entregada a laboratorios dedicados a la producción de fármacos, los cuales, contando con tales estudios de mercado, orientan su trabajo a la producción de determinados medicamentos de mayor demanda.
Esto, a primera vista, no parece reprochable si consideramos que otras empresas utilizan estudios de mercado para orientar el rumbo de sus producciones. El problema que se presenta en este caso es que para realizar tales estudios se recurre a documentos de carácter privado, como son las recetas médicas, faltando así gravemente a la garantía constitucional contenida en el artículo 19, número 4, de la Constitución Política de la República.
En efecto, tales documentos generalmente individualizan al paciente, a su médico y el tratamiento farmacológico prescrito, por lo que la divulgación de tales informaciones implica una seria violación a la vida privada de las personas, que dejan en los establecimientos farmacéuticos sus recetas sin saber quién puede tener acceso a ellas con posterioridad y que esta información, de relevancia para ellas y que creen reservada, está siendo manipulada por personas ajenas y con fines eminentemente comerciales.
Como muy bien se nos explica en el fundamento del proyecto, generado en moción del Senador señor Ruiz-Esquide , todo esto podría derivar en un manejo irregular del mercado. En efecto, al saber los laboratorios farmacéuticos qué médicos no están prescribiendo sus productos, podrían en forma eventual ofrecerles beneficios a cambio de que receten a sus pacientes los medicamentos que ellos producen, lo que en ningún caso implicaría tomar en cuenta lo que resulta más beneficioso para el paciente, que es lo que debe primar en la labor médica, atendido el hecho de que la persona deposita toda su confianza en su médico tratante, con la esperanza de obtener solución a su dolencia.
El proyecto de ley que se nos presenta dispone la reserva del documento que contiene la receta médica, estableciendo que sólo podrán tener acceso a ella la persona interesada y la autoridad sanitaria correspondiente.
Es importante hacer resaltar que, pese a lo anteriormente señalado, la iniciativa en estudio deja en libertad a la persona y a su médico para autorizar la divulgación del contenido de su receta médica, lo que no viene a significar sino una reiteración más de la garantía constitucional que ampara el derecho a la privacidad, pues sólo la persona afectada por la información podría darla a conocer o autorizar su divulgación, sin que ello implique una violación de la garantía señalada en el número 4º del artículo 19 de la Constitución.
Por todo lo anterior, resulta altamente conveniente que tomemos las medidas pertinentes a fin de proteger la reserva de las recetas médicas, dejando a salvo la posibilidad de que su contenido sea difundido si se cuenta con la debida autorización del paciente y de su médico.
Indudablemente, votaré a favor de este importante proyecto, iniciado en moción del Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , me asiste una inquietud, quizás, producto de mi insuficiente experiencia en la materia que estamos tratando. Sin embargo, deseo hacer la siguiente observación.
En primer término, el proyecto en debate se refiere a los datos contenidos en las recetas médicas. Comparto las aprensiones del Honorable señor Muñoz Barra en el sentido de que estas prescripciones deben ser llevadas tanto a FONASA como a las ISAPRES, y en ninguna parte se establece algún tipo de prohibición a fin de que éstas mantengan la debida reserva de tales documentos.
En segundo lugar, me preocupa el texto de la iniciativa que dice "Los datos contenidos en estas recetas". En un momento dado, muchos pacientes acuden a una farmacia con una receta para adquirir un medicamento cuya ejecución debe cumplirse en forma esporádica -por ejemplo, se les receta uno para tal semana, y en la segunda deben repetir ese mismo u otro-, y la iniciativa establece: "Los datos contenidos en estas recetas sólo podrán ser entregados al paciente".
Pienso que debiera modificarse la redacción del artículo propuesto y decir: "Las recetas y los datos contenidos en ellas sólo podrán ser entregados al paciente". De otra manera, lo anterior significaría que la farmacia -cuando corresponda, por supuesto- debería quedarse con la receta, y la persona que necesite cumplir una ejecución esporádica de los medicamentos tendría que acudir a la misma farmacia y no podría adquirirlos en otra, pues carecería de la receta si es que sólo se le devolvieran los datos contenidas en ella.
Puedo estar equivocado, pero vale la pena aclarar estas dudas, porque no solamente los datos pertenecen al paciente, sino también la receta, a menos que se trate de un medicamento específico que contenga una droga de la cual debe quedar constancia en la misma farmacia. Pero, si no fuera así, de acuerdo con la forma como está redactado el artículo, perfectamente una farmacia podría quedarse con la receta.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Senadora señora Carrera.
La señora CARRERA.-
Señor Presidente, como ya se ha dicho, el otorgamiento de una receta forma parte de un acto médico, que es un componente de la relación médico-paciente, y algo bastante más individual y personificado que otro tipo de relaciones en la sociedad contemporánea.
También se ha aludido a una garantía constitucional que resguarda el derecho a la vida privada. Sin embargo, en nuestra sociedad, donde se valoriza cada vez más al individuo -incluso, se ha llegado a la exageración de hablar del "individualismo que guía a la sociedad"-, aún estamos masificados en muchos sentidos. En diversos ámbitos, especialmente en el económico, los datos específicos de cada persona se encuentran computarizados. Y en algunos casos ellos son objeto de "robo" para ser entregados a la competencia y hacer negocios bastante lucrativos. Yo no soy aficionada a endeudarme, pero entiendo que, junto a los nombres de los clientes de las tiendas, por ejemplo, figuran datos personales como su dirección, sus sueldos o salarios, su capacidad de endeudamiento, sus obligaciones, etcétera.
En ese contexto, creo que el uso de las recetas médicas como indicador de cualquier naturaleza -económico, principalmente- puede reportar incluso, en ciertas circunstancias, algún beneficio. Es algo que no tengo muy claro, ya que, para saber si un medicamento es eficiente o no lo es frente a una determinada enfermedad o un determinado enfermo, y para tener seguridad de que sus efectos son beneficiosos, deben emplearse otros indicadores.
Además, una información que indicara las enfermedades que padece cada persona podría tener incidencia en los seguros de vida y en la posibilidad de otorgar o denegar empleo.
Ya existe inquietud sobre este tipo de encuestas en varios países y también en las Naciones Unidas. El hecho de que se conozcan las características biológicas de los individuos hasta en sus más íntimos detalles, puede ser un dato útil -para una compañía de seguros, para una empresa, o en determinadas circunstancias-, pero que perjudique terriblemente y discrimine a amplios grupos de personas. Indudablemente si un empresario o una compañía de seguros sabe que un individuo sufre de diabetes, por ejemplo, el uno cuidará de no darle empleo y la otra de aumentar la prima. Y existe un sinnúmero de enfermedades que pueden provocar gran discriminación, pese a que la tendencia mundial es a no discriminar entre los seres humanos por resultar ello inútil para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Se ha estado luchando contra la discriminación en muchos sentidos, y ésta sería una forma moderna de ella en perjuicio de ciertas personas por el solo hecho de llevar en sí un gen imperfecto que motiva una enfermedad especial o de haber sufrido durante su vida un accidente biológico que les signifique un determinado mal.
Señor Presidente, como a mi juicio la normativa propuesta por el Senador señor Ruiz-Esquide se puede perfeccionar, estoy de acuerdo con la idea de legislar sobre la materia.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco la disposición de apoyo a la iniciativa que aprecio en los señores Senadores.
Quiero recoger algunas de las observaciones aquí planteadas, señor Presidente, pero lo haré en forma breve, a fin de facilitar el despacho de la tabla, que es bastante extensa.
El Senador señor Muñoz Barra se refirió a las copias de las recetas médicas para ser presentadas a los departamentos de bienestar. Ese problema está resuelto, ya que el dueño de la receta o beneficiario podrá hacerla llegar a los lugares que estime convenientes, bajo los mecanismos de privacidad que él exija. Además, el asunto está siendo estudiado simultáneamente, tanto por el Ministerio de Salud como por el Colegio Médico y el Colegio de Farmacéuticos, a propósito de otro proyecto, considerando que también tiene atingencia con las licencias médicas. Hoy, resulta inadmisible que éstas puedan ser vistas por quienquiera que lo desee, imponiéndose de las enfermedades que sufren los trabajadores. Pero, como digo, el problema está resuelto en la iniciativa, porque el titular de la receta puede, a través de los mecanismos propios del sistema de salud, solicitar el reembolso del costo o el beneficio pertinente a la entidad que corresponda, incluidos los departamentos de bienestar, con la privacidad que se convenga.
Respecto a la retención de recetas en conformidad al Código Sanitario, en verdad se trata de un tema que no se aborda ni se altera en el proyecto. Las recetas retenidas no se pueden revalidar y, por tanto, no están autorizadas para la compra de medicamentos. Pero ello es ajeno a lo que plantea la iniciativa.
Por otra parte, Su Señoría se refirió a las recetas que no indican el nombre del paciente. Sobre el particular, informo que el Honorable señor Ríos ha presentado indicación con el fin de hacer una excepción con ese tipo de recetas. Yo estoy dispuesto a analizar el punto, porque me parece razonable.
En cuanto a lo planteado por la Honorable señora Feliú en orden a que el proyecto sea enviado a la Comisión de Economía, no estoy de acuerdo, por cuanto el tema que él aborda es propio de la relación médico-paciente, que involucra privacidad, confidencialidad y seguridad.
La señora FELIÚ .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Con mucho agrado.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
La señora FELIÚ .-
Señor Presidente , quiero hacer presente que en este problema también existe un elemento relativo al mercado. El mercado de los medicamentos es algo muy importante desde el punto de vista de lo que significa el costo para las personas.
Gracias.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
A eso mismo me iba a referir, señor Presidente .
Haré tres reflexiones sobre el punto.
Primero: reconozco que en este proyecto se podría producir una colisión entre el bien del enfermo y las eventuales repercusiones sobre el mercado; pero, con mucha franqueza, debo decir que yo me inclino, tal vez por deformación profesional, por la salud de las personas.
Segundo -y en esto la Senadora señora Feliú incurre en un error-: el proyecto no tiene nada que ver con el tema del mercado de los medicamentos, cuestión que se produce por la vía de la presentación a los médicos, que es lo legítimo y razonable. No puede ser que el despacho de los medicamentos y la suma de esos antecedentes sea lo que motive el mercado de los mismos, el cual debe estar a disposición de los médicos, por la vía de la relación -que la misma señora Senadora indicaba- entre los facultativos y las personas que atienden, los que asisten a las reuniones clínicas, etcétera.
Y tercero: si el proyecto efectivamente tuviera relación con ese tema, éste más bien debería venir resuelto en la iniciativa que propuso el Senador señor Piñera sobre monodrogas, mercado de medicamentos y la necesidad de que haya alternativas. Ésa sería la forma sana de solucionar el problema, y no en el proyecto que nos ocupa, donde tendría una salida inadecuada, si asumimos lo que sostiene la Senadora señora Feliú .
Como autor de la iniciativa, estoy dispuesto a dar cabida a planteamientos como los que indicaron el Honorable señor Lavandero y otros Senadores, para lo cual habría que dar un plazo para formular indicaciones, que yo sugiero que sea breve, a fin de que la Comisión de Salud se pronuncie cuanto antes sobre ellos.
En atención a lo anterior, señor Presidente , propongo aprobar la iniciativa en general y fijar plazo para presentar indicaciones, de manera que la referida Comisión pueda analizar las inquietudes manifestadas por algunos señores Senadores.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobaría la idea de legislar.
La señora FELIÚ.-
Con mi abstención, señor Presidente , por las razones que señalé. Creo que primero debe escucharse a representantes de todo el sistema de mercado y publicidad médica.
--Se aprueba en general el proyecto, con la abstención de la Senadora señora Feliú, fijándose el martes l2 de agosto, a las 12, como plazo para formular indicaciones.
ACUERDO SOBRE UTILIZACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS DE BARCO DE INMARSAT EN EL MAR TERRITORIAL Y EN LOS PUERTOS
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
En el tercer lugar de la tabla, figura el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Acuerdo Internacional sobre la Utilización de Estaciones Terrenas de Barco de INMARSAT en el Mar Territorial y en los Puertos, adoptado en Londres el 16 de octubre de 1985 y suscrito por Chile el 18 de octubre de 1990, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 42ª, en 8 de marzo de 1995.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 20ª, en 30 de julio de 1997.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En el informe se hace un análisis del instrumento internacional sobre el que recae el proyecto de acuerdo en informe, que consta de un Preámbulo y de once artículos.
Los objetivos principales figuran en la página 10 del informe.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Valdés ( Presidente ), Mc-Intyre, Pérez y Alessandri, recomiendan aprobarlo.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
En la discusión general y particular del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente , el tratado en análisis tiene fecha 18 de octubre de 1990; y el 12 de septiembre lo habían suscrito 25 Estados, razón por la cual ya tiene carácter oficial.
Se trata de la autorización para que las estaciones transmisoras de los buques, tanto en el mar como en los puertos, puedan ocupar los sistemas de comunicaciones por medio del satélite; pero el sistema está orientado fundamentalmente a dar más precisión a las comunicaciones marítimas por razones de seguridad. Y el tratado, por lo tanto, ha sido aprobado prácticamente en todos los países.
Sin embargo, en la instalación de los aparatos correspondientes, debe cuidarse de no interferir otros sistemas de comunicación y dar preferencia a todo cuanto signifique labores de socorro y auxilio, acordándose mayores y más amplias facilidades, sin que éstas puedan aplicarse a los buques de guerra.
El proyecto fue totalmente aprobado por la Dirección del Territorio Marítimo, y como es muy conveniente para el país, no hay problemas en que igual predicamento adopte la Sala.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Si le parece al Senado, se daría por aprobado.
Acordado.
MODIFICACIÓN DE CONVENIO CONSTITUTIVO DE ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
En seguida, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, sobre aprobación de la resolución A.735 (18), adoptada por la Asamblea Ordinaria de la Organización Marítima Internacional (OMI) el 4 de noviembre de 1993, por la cual se enmiendan los artículos 16, 17 y 19 b) del Convenio Constitutivo de dicho organismo internacional, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 12ª, en 3 de julio de 1996.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 20ª, en 30 de julio de 1997.
El señor LAGOS (Secretario).-
Los objetivos del proyecto consisten en aumentar de 32 a 40 el número de miembros del Consejo de OMI y, consecuencialmente, el quórum para sesionar.
En el informe se hace un análisis de la resolución; y, en razón de los considerandos expuestos en el informe, se dio por aprobado unánimemente por los Honorables señores Valdés ( Presidente ), Alessandri, Mc-Intyre y Pérez.
El proyecto propuesto por la Comisión figura al final del informe.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo se refiere a la resolución de las Naciones Unidas que enmienda el Convenio Constitutivo de dicho organismo.
En la época de fundación de la ONU eran muy pocos los países que la integraban. Hoy día son 152. Por eso, con toda razón, se solicita aumentar el número de miembros del consejo del organismo en cuestión de 32 a 40. Por eso mismo, se eleva el quórum a 26.
El artículo 17 del convenio distribuye esos 40 puestos entre diez Estados con los mayores intereses en la provisión de servicios marítimos internacionales; diez con los mayores intereses en el comercio marítimo internacional, y veinte entre aquéllos interesados y que no hayan sido considerados en los otros dos grupos.
Es una materia sin mayores problemas.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, se daría por aprobado el proyecto de acuerdo.
Acordado.
ENMIENDAS A CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MARÍTIMAS POR SATÉLITE Y AL ACUERDO DE EXPLOTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES MARÍTIMAS
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación de las Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT) y al Acuerdo de Explotación de Telecomunicaciones Marítimas, adoptadas en la Décima Asamblea Extraordinaria, celebrada en Londres el 9 de diciembre de 1994, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 2 de julio de 1996.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 20ª, en 30 de julio de 1997.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Los objetivos, que se señalan en el informe, son, en síntesis, incorporar en el nombre de la Organización, en su Convenio Constitutivo y en su Acuerdo de Explotación, la referencia a los servicios móviles de comunicación; y modificar el artículo 13 del Convenio Constitutivo, con el propósito de asegurar la continuidad de un Signatario o grupo de Signatarios en el Consejo, como consecuencia de cualquier modificación que pueda experimentar la composición del citado consejo en virtud de la entrada en vigor del Acuerdo de Explotación para un nuevo signatario o la formación de un nuevo grupo, hasta la siguiente asamblea de todos los participantes de la inversión.
En el informe también se hace una reseña de las enmiendas que se introducen a los referidos instrumentos internacionales.
En mérito de los fundamentos expuestos, la Comisión lo aprobó unánimemente con los votos de los Honorables señores Valdés ( Presidente ), Alessandri, Mc-Intyre y Pérez.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Presidente de la Comisión , el Senador señor Valdés.
El señor VALDÉS.-
Por tratarse de asuntos vinculados con el mar, el Honorable señor Mc-Intyre informará el proyecto.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo es muy sencillo: en INMARSAT, es muy valioso el sistema de satélite, el cual se ocupa ampliamente hoy en día en todo el mundo, pues tiene excelente funcionamiento técnico. En los últimos años era totalmente marítimo, pero INMARSAT se está ampliando a los medios de comunicación en transporte terrestre. Aun cuando se cambió el origen de INMARSAT, se sigue llamando de la misma manera, pero ahora incorpora todo tipo de vehículos. Por eso, uno de los artículos cambia INMARSAT por Inmarsat. También se cambia el sistema marítimo a móvil en general.
El señor Secretario expresó muy bien lo relativo a la continuidad de los signatarios frente a una enmienda en la composición del Consejo, cuando algunos de sus miembros deban continuar en él, sin necesidad de que se ratifique su posición.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto de acuerdo.
Acordado.
ENMIENDA A CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, sobre aprobación de la Enmienda al Párrafo 1 del Artículo 20 de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, adoptada en la Octava Reunión de los Estados Partes, celebrada en Nueva York el 22 de mayor de 1995, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 52ª, en 17 de abril de 1996.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 20ª, en 30 de julio de 1997.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Los objetivos del acuerdo constan en la página 6 del informe, en el cual se deja constancia de que, después de analizada la mencionada enmienda al instrumento internacional referido, se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
En la discusión general y particular del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , esta cuestión es muy sencilla: existe la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, suscrita por Chile el 17 de julio de 1980. Tal tratado establece la designación de un Comité de personalidades de prestigio, quienes se reúnen periódicamente. Pero esta situación no se había analizado. Además, se había establecido que las comisiones se reunirían por un período que no excediera de dos semanas, para examinar cómo evolucionaba la situación de las mujeres en el mundo.
La modificación tiene por objeto exclusivo eliminar el plazo en que debe reunirse el Comité, el cual puede disponer de dos semanas o más para examinar los informes. Y ese plazo será determinado en una reunión de los Estados Partes y estará sujeto a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea, es una eliminación del plazo obligatorio de dos semanas, el que puede ser mayor, si las partes así lo acuerdan y de tal manera lo resuelve también el Secretario General de las Naciones Unidas .
No hay otra modificación, señor Presidente .
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto de acuerdo.
Acordado.
ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y ARGENTINA PARA LA SUPRESIÓN DE LA LEGALIZACIÓN CONSULAR EN LAS VENIAS Y AUTORIZACIONES DE VIAJES DE MENORES DE EDAD
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, sobre aprobación del Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República Argentina para la Supresión de la Legalización Consular en las Venias y Autorizaciones de Viajes de Menores de Edad, suscrito en Buenos Aires, el 26 de abril de 1996, iniciado en mensaje e informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 34ª, en 3 de septiembre de 1996.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 20ª, en 30 de julio de 1997.
El señor LAGOS (Secretario).-
En el informe se explican los objetivos del proyecto de acuerdo, se analizan los instrumentos internacionales ya referidos y se hacen constar las razones por las cuales el órgano especializado lo aprobó, por unanimidad.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Senador señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , la actual legislación de extranjería, contenida en diversas disposiciones, pero básicamente en la Ley de Extranjería, establece que para permitir a menores de edad ausentarse del territorio nacional deben obtener la autorización familiar pertinente, la que debe ser legalizada por el cónsul de Argentina en Chile, y por el chileno en el país transandino, en el caso de menores residentes en ese país que viajen al nuestro.
Este convenio mantiene la exigencia de una autorización, la que debe ser adecuadamente legalizada en la nación desde donde salen los menores, pero suprime la obligatoriedad de que sea refrendada por el cónsul correspondiente, pues se trata de un trámite inútil, inocuo y que limita el viaje de las familias de un territorio al otro.
Ése es el único alcance del proyecto de acuerdo: eliminar la visación consular, dejando todas las demás exigencias vigentes. Por eso la Comisión lo aprobó por unanimidad.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
TRATADO ENTRE CHILE Y ALEMANIA SOBRE FOMENTO Y RECÍPROCA PROTECCIÓN DE INVERSIONES
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
A continuación, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, originado en mensaje, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Tratado entre la República de Chile y la República Federal de Alemania sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones, y su Protocolo Anexo, suscrito en Santiago, el 21 de octubre de octubre de 1991, y el Protocolo de Enmienda y Suplemento referente a los mismos, firmado en Bonn, el 14 de abril de 1997, y con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 7 de julio de 1992.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 20ª, en 30 de julio de 1997.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
La iniciativa tiene por objeto fomentar y proteger recíprocamente las inversiones chilenas y alemanas en ambos países, para mantener y acrecentar los flujos de capital extranjero, como un necesario aporte y complemento a sus políticas de desarrollo económico y social.
En el informe, se hace un análisis de los instrumentos ya mencionados, y se deja constancia de que, por los antecedentes y razones consignados en él, la Comisión, por tres votos a favor (de los Honorables señores Alessandri, Bitar y Mc-Intyre) y dos abstenciones (de los Senadores señores Pérez y Valdés), aprobó el proyecto de acuerdo, sustituyendo su artículo único por el que se transcribe en la parte pertinente del documento.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
En la discusión general y particular, tiene la palabra el señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , los tratados sobre protección de inversiones suscritos por el Gobierno con distintos países presentan, en ciertos casos, algunas variantes.
La discusión para llegar a este Tratado con la República Federal de Alemania duró seis años, porque entre dicha nación y las que conforman la Unión Europea opera un sistema ligeramente diferente del que se somete a nuestra consideración. Según la forma como Alemania aplica estas disposiciones, el reclamante -es decir, el inversor alemán en otro país, o el extranjero en Alemania- tiene dos opciones: recurrir a un tribunal arbitral o establecer el reclamo en el tribunal del país donde se hizo la inversión. Este sistema también es aceptado por Chile en unos 18 ó 20 tratados. Queda, entonces, la opción de reclamar ante los tribunales internacionales existentes al efecto, de los cuales nuestro país es suscriptor, o invocar la jurisdicción chilena o la del país de donde proviene la inversión.
En el caso de que se trata, la Cancillería sostuvo un importante debate, lo que ha significado que el proyecto permanezca durante mucho tiempo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Sobre la materia, se adoptó el acuerdo que Sus Señorías tienen a la vista. El tratado que nos ocupa es copia de uno suscrito con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, en julio de 1992, que establece que, en caso de disputas referentes a inversiones, el inversionista no podrá acudir al arbitraje internacional, salvo que luego de 18 meses no haya una sentencia definitiva por parte del tribunal competente.
Lo anterior no fue aceptado exactamente por Alemania, sino que se buscó una fórmula de transacción entre la posición chilena y la de ese país. Cabe señalar que en todo lo demás hubo acuerdo con las normas tradicionales relativas al tipo de inversión, garantías, protección, etcétera, así que no hago referencia a esas disposiciones, porque son las que hemos suscrito con más de 20 países.
En cuanto a lo dispuesto en el artículo 10 del Tratado, relativo a la fórmula de solución de conflictos, si la divergencia se ha remitido al tribunal competente de la Parte contratante en cuyo territorio se efectuó la inversión -o sea, inversiones chilenas en Alemania, o alemanas en Chile-, sólo se podrá recurrir a un tribunal arbitral internacional dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha que se notifique la contestación de la demanda; o bien, si el tribunal competente no ha tomado una decisión sobre el fondo del asunto en disputa, en el lapso de 18 meses, contado desde la fecha de notificación de la demanda. No obstante, cualquiera de las Partes contratantes podrá ofrecer un trato más favorable.
En síntesis, si un inversionista alemán en Chile presenta su demanda ante un tribunal chileno y recibe la contestación correspondiente, dentro de los 30 días siguientes puede optar por el arbitraje internacional. Igual derecho le cabe si dicho tribunal, que está conociendo de la demanda, no toma una decisión sobre el fondo en un plazo de 18 meses contado de la fecha de la notificación de aquélla.
Tales fueron las disposiciones acordadas en el nuevo tratado, tanto para chilenos en Alemania, como para alemanes en Chile, que permiten al inversor recurrir desde el principio al tribunal internacional o al local. Si presenta su demanda ante este último y recibe la contestación, a partir de ese momento dispone de 30 días para decidir si recurre o no ante el tribunal internacional. Si continúa en aquél, no usa del derecho, el juicio queda paralizado y no hay sentencia transcurridos 18 meses, entonces, el inversionista puede demandar ante el tribunal arbitral.
Lo dispuesto en el Tratado resulta mucho más satisfactorio, desde el punto de vista chileno, que la norma pactada por Alemania con países de la Unión Europea, en el sentido de que, en cualquier momento, las partes puede abandonar el juicio e irse al otro país, lo que aquí no se acepta, sino que se recurre al tribunal internacional.
En los demás casos de inversiones alemanas en otros países, el inversor descontento con el tratamiento recibido en Francia -supongamos-, puede recurrir al tribunal alemán o mantenerse en el francés.
Aquí no hubo acuerdo en eso; se va al arbitraje internacional. No se recurre al propio país, pues no se aceptó la doble jurisdicción. Se puede retirar de la chilena, pero para acudir al tribunal arbitral.
Ésa es la novedad contenida en la iniciativa en comento, que es relevante, pues Alemania ha sostenido un criterio extremadamente severo, difícil de modificar, y sus inversiones son importantes. Son disposiciones un tanto anómalas en nuestra tradición, pero constituyen costumbre en aquel país.
Tal es la transacción a que se llegó, aprobada por la mayoría de la Comisión.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , quiero formular algunas preguntas en relación de este tema, porque lo estimo de la mayor importancia.
Primero: ¿qué pasó con el Tratado con Suiza? Porque -entiendo- este instrumento se hallaba pendiente justamente por la posibilidad de recurrir al tribunal arbitral o al tribunal internacional con sentencia contraria en Chile.
Segundo: ¿este proyecto de acuerdo fue enviado o no en consulta a la Corte Suprema? Recuerdo que años atrás se planteó en esta Sala -creo que fue analizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia- si era aplicable a los tratados internacionales el artículo 74 de la Constitución Política, que exige escuchar a la Corte Suprema en los casos en que se compromete la función de la administración de justicia, que la norma constitucional entrega en forma exclusiva y excluyente a los tribunales de la República.
En tercer lugar, deseo formular una observación, en el sentido de que me llama mucho la atención, porque es una forma irregular de poner término al juicio, estando ya trabada la litis. Y, no obstante ello, se agota la competencia del tribunal chileno por tomarla el tribunal arbitral extranjero.
Creo que se trata de una cuestión muy importante e interesante, especialmente a la luz de la opinión de la Corte Suprema.
El señor VALDÉS.-
¿Me permite contestar a Su Señoría, señor Presidente?
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Si no tiene objeción el Senador señor Urenda, a quien correspondía el uso de la palabra.
El señor URENDA.-
No tengo inconveniente, señor Presidente.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Entonces, tiene la palabra el Senador señor Valdés.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente , el tratado con Suiza, que contempla normas similares a las de éste instrumento, como la que permite al litigante retirarse de la litis, no ha sido ratificado; está en negociación y no se ha firmado otro.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , tal como recordó el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ésta es una materia que estuvo en suspenso durante mucho tiempo, porque establecía un sistema o un precedente estimado inconveniente desde el punto de vista de nuestra legislación.
Se ha hecho un relato de todas las conversaciones sostenidas respecto de esta materia. En su tiempo, me tocó participar en ellas. Indudablemente, la posición alemana, en general, era muy rígida. Creo entender -me gustaría que el señor Presidente de la Comisión lo confirmara- que la solución propuesta contiene un agregado bastante sui géneris, al entregar a los inversionistas alemanes el derecho, sujeto a las condiciones aquí establecidas, de recurrir a un tribunal arbitral internacional, dentro del plazo de 30 días, o si el tribunal competente no ha tomado decisión, en el de dieciocho meses.
Curiosamente, da un derecho adicional a los chilenos, según se desprende del informe. Los alemanes aceptaron -tal vez con tal de no romper sus principios- dar a Chile la opción de recurrir también al arbitraje internacional, aunque haya una sentencia definitiva de un tribunal de esa nacionalidad, siempre que los chilenos estimen que contraríe el marco del tratado. Así lo señala Addendum al artículo 10 del Tratado:
"ad. Artículo 10.
"Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 10 destinadas a dirimir litigios entre una Parte Contratante y un nacional o una sociedad de la otra Parte Contratante, nacionales o sociedades chilenos que efectúen o hayan efectuado inversiones en el territorio de la República Federal de Alemania tendrán el derecho de someter cualquier divergencia a un Tribunal Arbitral en el marco del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados... Este derecho podrá ejercerse también si los nacionales o sociedades han sometido previamente las divergencias a los tribunales competentes de la República Federal de Alemania, y aún cuando exista una decisión sobre el fondo, en tanto el nacional o la sociedad consideren que dicha decisión vulnera las disposiciones de este Tratado.".
Lo anterior quiere decir que se ha reconocido una situación más favorable a los intereses chilenos que a los alemanes, que la han preferido con tal de mantener un principio; pero, ellos no lo pueden hacer, si hay sentencia definitiva en Chile. En esa eventualidad, de ninguna manera podrán recurrir al tribunal arbitral. Así entiendo la disposición.
El señor VALDÉS.-
Efectivamente, señor Senador.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , tiene razón el Senador señor Urenda .
Inicialmente, Alemania planteó su tradicional tesis de que, aun cuando haya sentencia de término en los tribunales chilenos, tiene derecho a recurrir al tribunal arbitral, el mismo que reconoce a los inversores chilenos en ese país, en caso de que no queden satisfechos con la decisión final. O sea, un inversor chileno en Alemania que quede disconforme con un fallo sobre reclamos, puede recurrir de nuevo sobre el mismo tema a un tribunal arbitral. Tal posibilidad no la tienen los alemanes en Chile, esto es, no pueden seguir un juicio, perderlo y recurrir a un tribunal arbitral. Cuentan, sí, con un derecho más limitado: dentro de treinta días, contados desde la fecha en que se haya notificado la contestación de la demanda, pueden recurrir a un tribunal arbitral internacional. Y si el juicio queda paralizado -circunstancia que explicaron latamente, atendida la lentitud de nuestros procedimientos judiciales, sobre lo cual se ha conversado tanto en el último tiempo-, ellos sostienen que una inversión no puede quedar detenida indefinidamente (dentro de los promedios de tiempo que ocupan los juicios en Chile, 180 días es un lapso bastante razonable) y acudirían a un tribunal arbitral, no al tribunal alemán.
Tal es la transacción a que se llegó, la cual, como señaló el Senador señor Urenda , es favorable a Chile, desde el punto de vista de la reciprocidad.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
La señora FELIÚ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , sólo quiero plantear que sería conveniente oír la voz de la Corte Suprema, atendido el hecho de que, según un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, emitido hace unos tres o cuatro años en relación con este mismo tema, se concluyó que a los tratados se les aplicaba la misma norma contenida en la disposición constitucional.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , no tengo claro si el asunto deba ir en consulta al Alto Tribunal, porque no hemos enviado ninguno de los tratados suscritos sobre inversiones y procedimientos judiciales.
Si hay dudas respecto de esta situación, que, como dije, ha estado en suspenso mucho tiempo, es delicada -el señor Embajador ha estado permanentemente preocupado de esta materia y el Gobierno ha negociado muy intensamente para llegar a esta especie de transacción-, y para un estudio más jurídico del problema o un segundo análisis, a lo mejor, sería factible enviarla a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que conozca el punto, sin que por ello deje de estar radicada en la de Relaciones Exteriores, por ser un Tratado. Porque el fondo del asunto se refiere a una materia relativa al sistema judicial.
No sé si el Senado concuerda con lo que señalo.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Señor Senador , me informa el señor Secretario de la Comisión que distintos tratados que contienen disposiciones similares...
La señora FELIÚ.-
No hay disposiciones similares.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
...se han aprobado sin pedir informe a la Corte Suprema.
Empero, la Sala es soberana para aprobar el proyecto o acordar enviarlo a la Comisión de Constitución.
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , como medida de prudencia, considero que los asuntos de esta naturaleza, que en algunos casos pueden sentar precedentes muy peligrosos para la economía chilena y la soberanía y dignidad del país, deben ser revisados por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Se haya o no consultado a la Corte Suprema respecto de tratados similares a éste, soy partidario de generar el sano precedente de que, cuando nos referimos a situaciones procesales contenidas en convenios internacionales, la iniciativa pertinente sea remitida a ese Alto Tribunal. Él verá si opina o no, si tiene o no competencia para hacerlo.
En todo caso, debo hacer dos puntualizaciones: primero, los proyectos de este tipo deben ser consultados a la Corte Suprema; y segundo, ellos tienen que ser analizados por la Comisión de Constitución del Senado, para que en estas materias, de suyo delicadas, podamos resolver con toda la información necesaria.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer, y después, el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor THAYER .-
Señor Presidente, concuerdo en que la iniciativa sea enviada a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Ahora, sugiero que se pida pronunciamiento sobre si es conveniente que temas como éste sean objeto de consulta a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque no me gustaría que, en relación con determinado caso que afectara a cierto país, siguiéramos un trámite que no hemos utilizado en oportunidades anteriores ante situaciones similares. Da la sensación de algo discriminatorio.
En cambio, consultar sobre ambos puntos a la Comisión de Constitución me parece un avance importante en la tramitación jurídica que corresponde al Senado.
He dicho.
El señor VALDÉS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , a pesar del respeto que me merecen quienes, con tanta dificultad, negociaron este Tratado y obtuvieron un mejoramiento en comparación con la primera proposición; luego de conversar mucho con el Embajador de Alemania , a quien tanto estimo y que ha puesto gran empeño, y tras analizar muy exhaustivamente la materia, me abstuve en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, considero que el Honorable señor Thayer ha apuntado bien en cuanto a remitir el proyecto a la Comisión de Constitución para que se pronuncie sobre el particular. Porque en los veintitantos otros tratados que hemos suscrito también sentamos precedente al no mandarlos a la Corte Suprema, pues no debemos consultarla en materias en que no corresponde hacerlo: tribunales arbitrales, etcétera. Por lo tanto, soy partidario de que la iniciativa sea remitida a la Comisión de Constitución, para que informe a la Sala.
El señor DÍEZ .-
Dicho organismo verá si procede o no la consulta a la Corte Suprema.
El señor VALDÉS .-
Así es.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente, deseo formular una observación en el mismo sentido que el Senador señor Thayer , pero sobre la base de mi convencimiento, primero, de que no es necesario enviar la iniciativa a la Comisión de Constitución. Pero si el propio Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores estima del caso tener una precisión de aquel organismo, me parece perfectamente aceptable.
En mi concepto, cada Comisión debe tener capacidad para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un proyecto; en este caso, de un Tratado. No es propio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estar decidiendo ante cada situación lo relativo a la constitucionalidad.
No obstante, si se desea establecer un procedimiento por considerarse que el Tratado es sui géneris en cuanto a su mecanismo de aprobación, no me opongo, más aún si lo pide el propio Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tocante al trámite a la Corte Suprema, no me cabe duda de que no procede. Efectivamente, en varias oportunidades hemos analizado proyectos similares sin consultar a ese Alto Tribunal.
A mi modo de ver, el artículo 74 de la Carta Fundamental es claro: "La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema.". Sin embargo, aquí no estamos enmendando el Código Orgánico de Tribunales. En consecuencia, creo que no procede la consulta.
Empero, si la Comisión de Constitución tiene a bien elaborar un informe sobre la materia para aclarar el punto de una vez por todas, me parece positivo.
En todo caso, creo que los veintitantos proyectos que hemos discutido se han ajustado a la norma constitucional.
Si se quiere hacer la consulta, no me opondré. En todo caso, no me cabe duda alguna de que es improcedente.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, deseo plantear un asunto de procedimiento.
En los antecedentes que se acompañan al proyecto, echo de menos el Protocolo de abril de 1997. Aquí tenemos sólo el Tratado inicial y un Protocolo firmado hace cinco años.
El señor DÍEZ .-
Efectivamente, no está dicho Protocolo.
El señor URENDA.-
Por eso me atuve a lo que dice el informe -supongo que corresponde a una realidad- y al propio proyecto de acuerdo, que aprueba el Tratado, su Protocolo Anexo y el Protocolo de Enmienda y Suplemento referente a los mismos, suscrito en Bonn, el 14 de abril de 1997.
Para los fines de procedimiento, sería conveniente consignar ese antecedente.
Insisto: me referí al informe, pero no al Protocolo de 1977, que no aparece junto a los antecedentes que se acompañan al proyecto.
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
Parece haber ambiente para que el proyecto sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, primero, a fin de que se pronuncie en forma genérica sobre si este tipo de tratados deben ser consultados a la Corte Suprema, en conformidad al artículo 74 de la Carta Fundamental, y segundo, para que informe acerca del texto del Tratado en cuestión.
--Así se acuerda.
El señor HORVATH.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Solicito a la Mesa que recabe el asentimiento de Sus Señorías para que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se constituya a las 19 y funcione paralelamente con la Sala.
--Se accede.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HAMILTON:
Al señor Ministro de Hacienda , sobre AUMENTO EXPLOSIVO EN CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE VERANO
Al señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones , tocante a DEUDAS PREVISIONALES DE MUNICIPIOS DE 6ª. CIRCUNSCRIPCIÓN (QUINTA REGIÓN).
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro del Interior , Director Ejecutivo de la CONAMA y Superintendente de Servicios Eléctricos, Gas y Combustibles, en cuanto a CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JUDICIAL POR CONTAMINACIÓN DE PLANTA GASCO EN TALCAHUANO (OCTAVA REGIÓN)
A los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, concerniente a MAYOR GASTO FISCAL Y FINANCIAMIENTO DE MONTEPÍOS EQUIVALENTES A 100% DE JUBILACIÓN DEL CAUSANTE
Al señor Ministro de Educación , referente a REBAJA DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO A ESCUELA JOSÉ A. SILVA ORMEÑO (BALMACEDA, UNDÉCIMA REGIÓN)
A los señores Ministros de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, en cuanto a SITUACIÓN DE TÚNEL LAS RAÍCES (LONQUIMAY, NOVENA REGIÓN)
Al señor Subsecretario de Transportes , acerca de TREN DE SUPERFICIE Y SUBTERRÁNEO ALTERNATIVO PARA TRAMOS DE COSTANERA NORTE (REGIÓN METROPOLITANA).
El señor OTERO ( Presidente accidental ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité al Comité Mixto, que no intervendrá.
Como tampoco lo harán los Comités Demócrata Cristiano y Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Calderón, en el tiempo del Comité Socialista.
CRISIS DE TIERRA DEL FUEGO Y CONSTRUCCIÓN DE "MIRADOR DE LOS SOÑADORES" (OFICIOS)
El señor CALDERÓN .-
Señor Presidente , el lunes recién pasado, en Punta Arenas, el Concejo Municipal de Porvenir celebró una sesión especial con los Parlamentarios de la Región para analizar los problemas que enfrentan la provincia de Tierra del Fuego y, en particular, la comuna de Porvenir.
A lo largo de estos años, han sido innumerables las veces que me he referido a la dramática situación por que atraviesa esa provincia, de tanta importancia estratégica para los intereses nacionales. No quiero volver a cansar a Sus Señorías con los datos que muestran cómo su población disminuyó en los últimos censos (mientras la de Tierra del Fuego argentina ha crecido), ni con los que evidencian la crisis económica que ella vive. Tampoco quiero hablarles nuevamente de las frustraciones por las postergaciones y cambios en el proyecto Trillium , ni de la belleza de sus parajes, ni del patriotismo y fortaleza de las mujeres y hombres de la zona, ni de tantas cosas más que podrían y, tal vez, deberían contarse.
Sólo quiero proporcionar una información adicional publicada hoy por la prensa regional.
Un reciente estudio del SERNAC muestra que en Porvenir los artículos esenciales resultan 18 por ciento más caros que en la capital regional (y tengan en cuenta Sus Señorías que en Punta Arenas los precios son considerablemente más altos que en la zona central). Por cierto, ello no es culpa del comercio local, sino del hecho de que deben pagarse mayores costos de transporte. Además, por los volúmenes de venta locales resulta imposible conseguir los descuentos que se logran en ciudades más grandes. Constituye una situación verdaderamente difícil: pocas fuentes de trabajo, cesantía, condiciones climáticas inhóspitas y, más encima, los precios más altos.
El puro patriotismo no basta para seguir en esas condiciones. Algo deben hacer Chile entero y su Gobierno nacional, porque el poblamiento de Tierra del Fuego no incumbe sólo a sus habitantes: es una materia de interés del país.
Por ello, me sumo a las demandas del Concejo Municipal de Porvenir y pido que se envíen, en mi nombre, los siguientes oficios:
1) A los señores Ministros del Interior y de Economía, con el objeto de que consideren dentro del proyecto de ley austral medidas especiales para Tierra del Fuego;
2) Al señor Ministro de Hacienda , para que estudie la inclusión en dicha iniciativa de la eliminación del impuesto al valor agregado para los habitantes de esa zona y disponga financiamiento adicional para la Sociedad Agrícola SACOR, a fin de que el frigorífico de Porvenir se modernice y quede en condiciones de exportar a la Comunidad Económica Europea, y
3) Al señor Subsecretario de Pesca , para que impulse la reconsideración de la superficie de la concesión marina a los pescadores artesanales de Bahía Chilota y se acceda a las 80 hectáreas solicitadas por ellos, que es lo que permite efectivamente la viabilidad económica y la sustentabilidad de su proyecto de manejo.
Por otra parte, señor Presidente , deseo sumarme al homenaje que la Radio Polar y la Municipalidad de Punta Arenas rindieron el domingo recién pasado a cuatro hombres de radio de la Región prematuramente fallecidos. En recuerdo de Alfonso "Cocho" Cárcamo, Fernando Ferrer , Francisco Oyarzo y Joaquín Argüelles , se dio a conocer el anteproyecto y se comprometió la construcción de lo que será el Mirador de los Soñadores. Hermoso nombre, en justo tributo a "cuatro hombres buenos, necesarios, imprescindibles, hermanados en el sueño", que "pasaron por este mundo con los bolsillos llenos de estrellas" y dieron mucho más de lo que recibieron, como alguien dijo con toda razón.
El Mirador de los Soñadores se orienta hacia el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, por una parte, y Punta Arenas, la capital de la Región, por otra. El sueño que hermanaba a esos cuatro hombres era ver cómo sus conciudadanos prosperaban y crecían en todos los ámbitos de la vida. Porque querían, por cierto, el crecimiento económico para la Región y su gente. Pero no se quedaban en eso, pues se preocupaban del deporte, la música, la cultura, el folclor, la poesía. Ese sueño de crecimiento en todo sentido, de humanidad, que los unió, conquistó a los magallánicos. Y de ahí nuestro homenaje.
Años atrás -porque esto no es reciente-, cuando entregaba todas las cifras que mostraban que la Región se encontraba estancada y nadie me creía, existían razones para el pesimismo. Hoy en día, la situación empieza a cambiar. La conciencia de ese estancamiento se extiende, llega a las esferas del Gobierno nacional, y se observan actitudes proclives a acoger las demandas regionales. En la última semana tuve oportunidad de conversar con el Presidente Frei , en quien encontré un oído receptivo. Y estoy optimista, profundamente optimista.
Cuando en la Región se vea esa actitud del Ejecutivo traducida en cosas concretas, se superará el desánimo que hoy campea. Entonces se retomará, con la misma fuerza de los cuatro grandes hombres de radio mencionados, el camino que permitirá transformar nuestros sueños en realidad. Entonces el paisaje de una Región pujante, que se apreciará desde el Mirador de los Soñadores, será el mejor y más merecido homenaje a Joaquín Argüelles , "Pirulo" Oyarzo, Fernando Ferrer y "Cocho" Cárcamo.
Gracias, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Calderón, conforme al Reglamento.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Corresponde el turno del Comité Institucionales.
El señor SINCLAIR.-
Cedemos nuestro tiempo al Honorable señor Ríos, señor Presidente .
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
INTERROGANTE SOBRE ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO CHILENA
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, en los últimos meses se ha suscitado en el país un debate que, desde mi punto de vista, resulta muy interesante analizar, a fin de ir observando y conociendo más profundamente ciertas doctrinas que nos permitirán, como chilenos, desarrollarnos con toda la plenitud derivada de la libertad, la igualdad de oportunidades y el crecimiento armónico de la nación y de todos los hombres y mujeres habitantes de esta tierra.
En una encuesta reciente, de nuevo se respondió -sobre 50 por ciento de los consultados- que el principal problema del país es la pobreza, en circunstancias de que desde 1990 hasta 1997 el Ejecutivo ha contado con recursos públicos destinados al desarrollo social ascendentes a cerca de cien mil millones de dólares, esto es, alrededor de 40 billones de pesos. Es de interés considerar, entonces, por qué motivo comienza a existir la sensación -así se aprecia en la encuesta, en nuestras propias conversaciones, en las noticias de los diarios- de que Chile no está creciendo desde el punto de vista social.
Ciertos antecedentes señalan que han dejado de ser pobres un millón 200 mil compatriotas, cifra difícil de comprobar, pero que, en definitiva, representa al menos una información no desmentida y que no ha sido objeto de estudios muy profundos para los efectos de conocer la realidad de ese hecho.
El planteamiento que se da a conocer respecto de los temas económicos es que Chile vive una política de mercado. Y creo que es así. En lo personal, no comparto esa política, pero sí la economía "social" de mercado, que en el mundo representa, sin duda alguna, el modelo doctrinario más relevante y exitoso en los planos económico y social.
La pregunta que me formulo dice relación a lo siguiente.
Siendo Chile un país que no sólo en su texto constitucional, sino también en sus normas legales, en la actitud, en la expresión académica, en la expresión política, en la expresión pública, estableció la economía social de mercado como elemento fundamental para desarrollarse en plenitud como nación, ¿por qué motivo hoy se hace referencia únicamente a la "economía de mercado"?
Y aquí vale la pena una explicación, para realizar posteriormente un análisis y sacar algunas conclusiones.
La economía social de mercado, señor Presidente , precisa dos elementos básicos para su desarrollo. Si no concurren, sin duda alguna que puede caer en sólo uno de ellos, incluidos en esa denominación: lo social o lo propio del mercado.
Para que dicho sistema funcione, necesariamente se requieren, primero -hablaré de lo primero y lo segundo, pero los dos factores son prioritarios-, un conjunto de normas legales y una institucionalidad tales que permitan el desenvolvimiento pleno de las libertades, de la imaginación creadora de los habitantes del país, y todas las acciones institucionales propias del crecimiento de la persona en cualquiera de los mundos en que desee desarrollarse.
Y el segundo elemento es la acción de un Estado inteligente, eficiente, transparente, oportuno, en toda la gestión que le corresponde.
En 1994, al Estado chileno le sobraron del orden de 485 mil millones de pesos; en 1995, 720 mil millones; en 1996, el año pasado, 525 mil millones. Resulta paradójico, con excedentes tan grandes, que todavía existan sectores tan impresionantemente amplios en que se mantenga la pobreza.
Junto con ello, en algunas áreas del Estado, y en el caso de personas y grupos muy definidos, han tenido lugar ciertas gestiones de administración pública que han culminado con actos corruptos, deficiencias, recursos mal empleados y una serie de aspectos negativos.
Es decir, la economía social de mercado no está funcionando porque uno de los ámbitos, el estatal, no opera con la eficiencia, la oportunidad y la transparencia que le corresponden en una misión tan importante.
Todo Chile asume como responsabilidad -y así lo entiendo en nuestro actuar público- el alcanzar un objetivo que es propio de esa economía: la igualdad de oportunidades.
Este objetivo se logra fundamentalmente cuando el Estado actúa en favor de aquellos grupos o personas que se encuentran marginados del desarrollo cultural, científico, económico-social o de cualquier orden. Actualmente, el Estado dispone, en materia social, del orden de los 6 billones de pesos, cifra que representa alrededor de 15 mil millones de dólares. Si distribuimos el recurso social entre todos los habitantes del país que requieren apoyo -cerca de 10 millones de chilenos-, los entes sociales del país -para hacer una división general- deberían tener acceso a una cantidad cercana a los 600 mil pesos per cápita anual. El hogar social chileno cuenta más o menos con 5 habitantes por casa, lo cual significa que por cada uno de ellos el Estado dispone de 3 millones de pesos anuales para el desarrollo social. Para entenderlo mejor: si hiciéramos una división de 12 parcialidades y en la Ley de Presupuestos -estoy imaginando una norma para dar mayor claridad a este ejemplo- el Estado destinara mensualmente a los hogares chilenos el recurso correspondiente, a cada uno le llegaría un cheque por 250 mil pesos.
De esa cantidad dispone el Estado chileno para actuar. Si ese cheque se uniera a los recursos que generan las personas como fruto de su propio trabajo, sin duda alguna que técnicamente se terminaría con la pobreza en nuestro país.
Eso significa, entonces, que hablamos de una situación que adquiere, desde mi punto de vista, mayor trascendencia. Es cierto que caminamos hacia una economía de mercado, pero ello no ocurre porque el chileno quiera avanzar a una economía fría y marginada de todos los aspectos propios de la sociedad, sino porque el área del Estado que maneja todos los recursos sociales no está actuando con la debida eficiencia. Por lo tanto, en nuestro país no se está cumpliendo con la norma básica de esta acción económica y social, cual es, la igualdad de oportunidades.
Hoy no existe en Chile igualdad de oportunidades. Y observo que cada día se profundiza más esta diferencia que en materia doctrinaria es tan indispensable mantener. Ello ocurre, porque tengo la sensación de que, en general, las entidades públicas, salvo excepciones, no confían en las personas y surge, entonces, la idea de que quienes dirigen esas instituciones manejen los recursos centralizadamente y exijan a los habitantes del país caminos determinados para actuar en algunas materias que requieren igualdad de oportunidades.
Un buen ejemplo de eso es la educación. En dicho ámbito existe un Consejo de Rectores que agrupa un conjunto de universidades, y todo el apoyo que entrega el Estado se dirige a ellas. Es decir, si un joven ingresa a INACAP -por poner un ejemplo- o a cualquier otro instituto de educación superior que no esté incorporado a dicho Consejo no recibirá subsidio estatal alguno, porque para ello tiene que pertenecer a alguna de esas entidades. Esto significa marginar al individuo de la libertad e independencia que debe tener ante el otorgamiento de los recursos sociales, en este caso, los dedicados a la educación.
De lo anterior se desprenden dos inquietudes muy delicadas desde mi punto de vista. Primero, si ello realmente persigue como objetivo final el conflicto de sistemas económicos, para impedir la economía social de mercado, la cual recoge los aspectos sociales propiamente tales y los económicos del mercado que producen la libertad individual y colectiva en los pueblos. O, simplemente, se avanza hacia un sistema que pretende alcanzar la economía social de mercado, pero en que una parte incapaz de hacerlo no encuentra más alternativa que el enfrentamiento de dos posturas económicas, lo que naturalmente el país no desea.
Planteo esa observación, porque no soy partidario de la economía de mercado en forma pura: lo soy de la economía social de mercado. Insisto en que ella logrará la plenitud de su fuerza y la grandeza de los éxitos obtenidos en distintas naciones del mundo en la medida en que uno de sus sectores, la administración del recurso público, alcance la eficiencia, fortaleza, conveniencia y los aspectos más indispensables y necesarios para su pleno desarrollo: la capacidad de entregar y focalizar los recursos más adecuadamente, confiando en las personas.
He dicho.
El señor OTERO (Presidente accidental).-
Habiendo terminado la hora de Incidentes, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:15.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LA H. SENADORA SEÑORA FELIÚ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A LOS DOCUMENTOS QUE PERMITEN ACREDITAR IDENTIDAD A LOS CHILENOS.
En nuestro país existe desde largos años un sistema de identificación personal obligatorio, que opera sobre la base de las huellas dactiloscópicas.
Corresponde al Servicio de Registro Civil e Identificación establecer y registrar la identidad civil de las personas y otorgar los documentos oficiales que acreditan esta identidad.
En toda gestión en que sea necesario demostrar la identidad de la persona que la realiza, los chilenos mayores de edad deben presentar la "cédula nacional de identidad" emitida por el señalado servicio público, documento en que, además del nombre del individuo y su rol único nacional, constan los siguientes antecedentes relevantes: su impresión digital, su firma y su fotografía.
La cédula nacional de identidad es el único documento que permite a los chilenos acreditar su identidad dentro del país.
Ocurre que para obtener o renovar dicha cédula de identidad, es necesario concurrir personalmente a las Oficinas que el Servicio de Registro Civil e Identificación tiene a lo largo del país.
Excepcionalmente, los chineros residentes en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pueden solicitar a través de los consulados de Chile el otorgamiento o la renovación de este documento.
Es de frecuente ocurrencia que a chilenos que residen en el extranjero se les venza la cédula de identidad y, al venir a Chile de vacaciones o incluso con la exclusiva finalidad de realizar gestiones de negocios u otras relacionadas con su patrimonio, encuentran el obstáculo de no poder realizar ninguna actuación en que se requiera acreditar la identidad, pues no se les permite hacerlo con ningún otro documento que no sea la cédula nacional de identidad.
De igual manera, sucede que chilenos que se encuentran en el país en esas mismas condiciones, al momento de realizarse actos eleccionarios, se ven impedidos de votar por no tener sus cédulas de identidad vigentes. Incluso les ocurre a muchos chilenos residentes en el país que por extraviar sus cédulas antes de una elección, no sólo se deben resignar a no votar sino que además deben concurrir a Carabineros para dejar la respectiva constancia.
A nivel internacional, la identidad de las personas se acredita con el Pasaporte otorgado por cada país a sus nacionales.
Este documento de validez internacional, en Chile, es también otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y figuran en él los mismos datos relevantes que se consignan en la cédula de identidad.
Incluso para obtener pasaporte es requisito previo el haber solicitado la cédula nacional de identidad y, en la actualidad, ambos documentos tienen el mismo número que no es otro que el Rol Unico Nacional de la persona a que pertenecen.
Debido a ello, no se advierte impedimento alguno para que, a falta de la cédula nacional de identidad, puedan los chilenos en todas aquellas gestiones en que les sea exigible demostrar su identidad, incluso para votar, acreditarla con su pasaporte vigente.
A fin de posibilitar el uso del pasaporte, cuando por cualquier causa no se cuenta con la cédula de identidad, propongo el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.En toda actuación en que sea exigible presentar la cédula nacional de identidad, se aceptará, a falta de ésta, que la identidad de la persona se acredite exhibiendo un pasaporte chileno vigente.
Artículo 2º.Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios:
1. Sustitúyese su artículo 62º por el siguiente:
”Artículo 62º.– El elector entregará al Presidente su cédula nacional de identidad o su cédula de identidad para extranjeros, las que deberán estar vigentes. A falta de cédula nacional de identidad, el elector podrá entregar al Presidente su pasaporte chileno, el que asimismo deberá estar vigente. Ningún otro documento o certificado podrá reemplazar a las referidas cédulas de identidad.
Una vez comprobada la identidad del sufragante, la vigencia de su cédula o pasaporte, en su caso, y el hecho de estar habilitado para sufragar en la Mesa, el Secretario o un vocal de la Mesa que designe el Presidente anotará el número de la cédula o del pasaporte frente al que corresponda en el respectivo cuaderno de. firmas, dejando constancia de tratarse de un pasaporte, cuando proceda. Luego, el elector firmará en la línea frente al número o, sí no pudiere hacerlo, estampará su huella dactiloscópica del dedo pulgar derecho. Si careciera de ese dedo lo hará con el pulgar izquierdo, o en su defecto con cualquier otro dedo, de lo que el Presidente dejará constancia al lado de la huella. A falta de este requisito se dejará constancia en el acta del hecho, aceptándose que el elector sufrague."
2. – Agrégase en el inciso primero del artículo 63, luego del punto final que se transforma en coma (,) la siguiente frase:
"o pasaporte, en su caso."
3. – Intercálase en el inciso segundo del artículo 66, después de la coma (,) que sigue a la palabra "extranjería”, la expresión "o su pasaporte,".
4. – Intercálase en el artículo 132 Nº 3) luego de la palabra ”extranjeros" la expresión ”o pasaporte".
(Fdo.): OLGA FELIU SEGOVIA ,SENADORA