Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIONES
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DE MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
- INTEGRACIÓN
- Issa Farid Kort Garriga
- Karol Aida Cariola Oliva
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTEGRACIÓN
- ANÁLISIS DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EXPUESTAS POR LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL ENCARGADA DE REVISAR EL SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Fuad Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Marcelo Omar Chavez Velasquez
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Jorge Tarud Daccarett
- INTERVENCIÓN : Maria Jose Hoffmann Opazo
- INTERVENCIÓN : Jorge Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Gabriel Boric Font
- INTERVENCIÓN : Javier Ignacio Macaya Danus
- INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- INTERVENCIÓN : Felipe De Mussy Hiriart
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Marcos Espinosa Monardes
- Jose Perez Arriagada
- Fernando Meza Moncada
- Yasna Provoste Campillay
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Lautaro Carmona Soto
- Alberto Robles Pantoja
- Ramon Farias Ponce
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Patricio Melero Abaroa
- Javier Ignacio Macaya Danus
- David Sandoval Plaza
- Ernesto Silva Mendez
- Felipe De Mussy Hiriart
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Ramon Barros Montero
- Marisol Turres Figueroa
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Denise Pascal Allende
- Fernando Meza Moncada
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Ramon Farias Ponce
- Cristina Girardi Lavin
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Fuad Chahin Valenzuela
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Patricio Vallespin Lopez
- Jorge Sabag Villalobos
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jaime Pilowsky Greene
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Yasna Provoste Campillay
- Pablo Lorenzini Basso
- Matias Walker Prieto
- Cristina Girardi Lavin
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Felipe De Mussy Hiriart
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- German Becker Alvear
- Jaime Andres Bellolio Avaria
- Bernardo Jose Berger Fett
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Jose Garcia Ruminot
- Jose Antonio Kast Rist
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Ivan Norambuena Farias
- Jorge Rathgeb Schifferli
- Andrea Molina Oliva
- AUTOR ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gabriel Silber Romo
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 56ª, en martes 16 de agosto de 2016
(Especial, de 16.05 a 18.37 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo; Espinosa Monardes, don Marcos, y Silber Romo, don Gabriel.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA............................................................................................................................................ 5
II.- APERTURA DE LA SESIÓN................................................................................................................ 9
III.- ACTAS ................................................................................................................................................... 9
IV.- CUENTA ................................................................................................................................................ 9
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIONES .................................................................................. 9
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DE MINISTRA DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS .......................................................................................................... 10
V.- OBJETO DE LA SESIÓN .................................................................................................................... 11
ANÁLISIS DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EXPUESTAS POR LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL ENCARGADA DE REVISAR EL SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN) ...................................... 11
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 53
1.- ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA POR LOS DIPUTADOS SEÑORES SAFFIRIO, BECKER, BELLOLIO, BERGER, COLOMA, GAHONA, GARCÍA, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MIROSEVIC, NORAMBUENA, Y RATHGEB, Y LA DIPUTADA SEÑORA MOLINA, EN CONTRA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DOÑA MÓNICA JAVIERA BLANCO SUÁREZ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 52 N° 2 LETRA B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, Y 37 Y SIGUIENTES DE LA LEY N° 19.918 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ............................................................................ 53
2.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 8493-14) ............................. 53
3.- INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE "MODIFICA LA LEY N°19.992, PARA ESTABLECER EL CARÁCTER PÚBLICO DE LOS ANTECEDENTES RECOGIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA.". (BOLETÍN N° 9598-17) .......................................................................... 53
4.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA "SUMA", QUE "PERMITE A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE INDICA, ENTRE LOS AÑOS 2016 Y 2024, ACCEDER A LA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDA EN LA LEY N° 20.822.". (BOLETÍN N° 10744-04).................................................... 53
5.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SILBER, ALVARADO, FARCAS, Y FUENZALIDA, QUE "MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE CIRCUNSTANCIA EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL QUE OBRA EN DEFENSA DE LA PERSONA O DERECHOS DE UN
EXTRAÑO". (BOLETÍN N° 10857-07)............................................................................................ 53
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Nota:
Del diputado señor Trisotti
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 16 de agosto de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Pascal Allende, Denise
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rivas Sánchez, Gaspar
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandr
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrieron, además, la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González; el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes; el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y el ministro de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza Gómez.
-Se contó con la asistencia, también, de la del subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez; y la subsecretaria de Previsión Social, señora Julia Urquieta Olivares.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: La diputada señora Marcela Sabat Fernández, y los diputados señores Germán Becker Alvear y Diego Paulsen Kehr.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.05 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).- El acta de la sesión 47ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 48ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIONES
El señor FARCAS.-
Señor Presidente, pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor FARCAS.-
Señor Presidente, en el número 5 de la Cuenta se señala que el proyecto, iniciado en moción de los diputados señores Silber, Alvarado, Farcas y Fuenzalida, que “Modifica el Código Penal en materia de circunstancia eximente de responsabilidad penal del que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño” será analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Al respecto, pido que recabe la unanimidad de la Sala para que dicho proyecto sea remitido en primer lugar a la Comisión de Seguridad Ciudadana, pues trata materias propias de su competencia, y luego pase a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor ANDRADE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado Farcas?
No hay acuerdo.
En consecuencia, corresponde votar la proposición de que el proyecto vaya en primer término a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Quienes estén a favor de que el proyecto vaya primero a dicha comisión, y luego sea remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana votarán a favor. En cambio, quienes deseen que el proyecto vaya primero a la Comisión de Seguridad Ciudadana y que posteriormente sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, votarán en contra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 46 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara, Osvaldo; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Girardi Lavín, Cristina; González Torres, Rodrigo; Jackson Drago, Giorgio; Jiménez Fuentes, Tucapel; Lemus Aracena, Luis; Melo Contreras, Daniel; Núñez Arancibia, Daniel; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Soto Ferrada, Leonardo; Urízar Muñoz, Christian; Vallejo Dowling , Camila .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Browne Urrejola, Pedro; Campos Jara, Cristián; Carvajal Ambiado, Loreto; Chávez Velásquez, Marcelo; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Espinosa Monardes, Marcos; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Pino, Romilio; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Kort Garriga, Issa; León Ramírez, Roberto; Macaya Danús, Javier; Melero Abaroa, Patricio; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Morano Cornejo, Juan Enrique; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel; Pérez Arriagada, José; Provoste Campillay, Yasna; Robles Pantoja, Alberto; Rubilar Barahona, Karla; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Squella Ovalle, Arturo; Torres Jeldes, Víctor; Urrutia Bonilla, Ignacio; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Carmona Soto, Lautaro; Jaramillo Becker, Enrique; Teillier Del Valle, Guillermo.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En consecuencia, el proyecto será remitido primero a la Comisión de Seguridad Ciudadana y posteriormente pasará a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DE MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
El señor ANDRADE (Presidente).-
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el artículo 330 del Reglamento de la Corporación, corresponde elegir, a la suerte y con exclusión de los diputados acusadores y de los miembros de la Mesa, una comisión de cinco diputados para que informe si procede o no la acusación constitucional formulada por doce señores diputados en contra de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco Suárez.
El señor Secretario procederá a efectuar el sorteo correspondiente.
El señor LANDEROS (Secretario).-
De conformidad con las normas mencionadas por el señor Presidente, excluiré del sorteo a los señores diputados que indicaré, por las razones que en cada caso señalaré:
En primer lugar, por ser patrocinantes del libelo acusatorio, a los diputados señor Germán Becker, N° 8; señor Jaime Bellolio, N° 9; señor Bernardo Berger, N° 10; señor Juan Antonio Coloma, N° 22; señor Sergio Gahona, N° 35; señor René Manuel García, N° 36; señor José Antonio Kast, N° 51; señor Vlado Mirosevic, N° 64; señora Andrea Molina, N° 65; señor Iván Norambuena, N° 72; señor Jorge Rathgeb, N° 86, y señor René Saffirio, N° 94.
En segundo lugar, por ser miembros de la Mesa de la Cámara de Diputados, a los diputados señores Osvaldo Andrade, Presidente, N° 4; Marcos Espinosa, Primer Vicepresidente, N° 27, y Gabriel Silber, Segundo Vicepresidente, N° 100.
En tercer lugar, por encontrarse en la situación contemplada en el inciso final del artículo 61 de la Constitución Política de la República, al diputado señor Rosauro Martínez , N° 60.
- Efectuado el sorteo en la forma prescrita por el Reglamento, resultaron designados para integrar la comisión encargada de estudiar la acusación los diputados señor Issa Kort, N° 53; señorita Karol Cariola, N° 14; señor Iván Flores, N° 32; señor Gonzalo Fuenzalida, N° 34, y señor Leonardo Soto, N° 102.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En consecuencia, la comisión encargada de conocer la acusación constitucional quedará integrada por los diputados señor Issa Kort, señorita Karol Cariola y señores Iván Flores, Gonzalo Fuenzalida y Leonardo Soto .
ANÁLISIS DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EXPUESTAS POR LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL ENCARGADA DE REVISAR EL SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN)
El señor ANDRADE (Presidente).-
Esta sesión tiene por objeto analizar el estado de implementación de las propuestas expuestas por la Comisión Asesora Presidencial encargada de revisar el sistema de pensiones en Chile.
Han sido citados el señor ministro de Hacienda y la señora ministradel Trabajo y Previsión Social, y ha sido invitado el superintendente de Pensiones.
En el tiempo previo intervendrá el diputado señor Marcos Espinosa, hasta por siete minutos; luego, el diputado Fuad Chahin , por cinco minutos, y finalmente el diputado Matías Walker, por tres minutos.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, esta mañana, en su calidad de Presidente titular de esta Corporación, su señoría tuvo una audiencia sobre este tema, junto al Presidente del Senado, con la señora Presidenta de la República.
Por la importancia de esta sesión sería conveniente que antes nos ilustrara sobre lo conversado con su excelencia. La prensa señala que se incluirán cuatro proyectos de ley sobre la materia y, dado el cargo que ejerce, sería muy positivo que nos informara al respecto, porque eso puede ayudar mucho en la discusión del tema que vamos a tratar.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Diputado Melero, usted me asigna una condición que no tengo. Jamás me atrevería a ilustrar a esta honorable Cámara.
De todas maneras, voy a pedir el uso de la palabra y en su momento intervendré al respecto, para aclarar lo que falsamente señala la prensa.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, más allá de lo que diga la prensa, ¿podría usted, como Presidente de la Corporación -porque en esa condición fue a entrevistarse con la Presidenta-, señalarnos cuáles fueron los aspectos que se trataron y de importancia para esta sesión?
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, voy a pedir la palabra en su momento y desde mi pupitre, como diputado, le informaré, pero no pretendo ilustrarlo, porque tal vez sería un exceso. Pero reitero que sí voy a informar al respecto.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, que ilustre o haga más opaco el debate no es mérito.
Solo le estoy pidiendo que nos informe.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Diputado Melero, le informaré en su momento.
El señor MELERO.-
Gracias, señor Presidente.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Diputado Melero, ahora la prerrogativa la tienen los tres parlamentarios que deben intervenir, de manera que no me atrevería a pasar por sobre ellos.
Tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros, ministras y subsecretarios que nos acompañan en esta sesión tan largamente esperada.
La Cámara de Diputados ha sido convocada para debatir en el hemiciclo, de cara al país, la reforma al sistema previsional y -por qué no decirlo la evaluación de los resultados de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, conocida como “comisión Bravo”.
Es de público conocimiento la crisis que viven cientos de pensionados en nuestro país, quienes al momento de jubilarse inmediatamente sufren los embates de un sistema que los violenta y menoscaba en algo tan básico como su dignidad.
Si bien los gobiernos democráticos, desde 1990 en adelante, particularmente el gobierno de la Presidenta Bachelet, con la reforma previsional de 2009 y los anuncios de la semana pasada, han buscado modificar el funcionamiento de las AFP y fortalecer el pilar solidario, no se ha logrado superar las incongruencias que mantiene el sistema previsional actual. Una de ellas es que no se ha considerado el aumento de la población adulta mayor en nuestro país.
Las AFP administran los fondos de los cotizantes. Estos pueden incrementarse, pero también sufrir pérdidas debido a los vaivenes del mercado bursátil. Sin embargo, cuando esto último ocurre, lo que se ve afectado es la rentabilidad de los fondos, no las utilidades de las administradoras. En ese sentido, una devolución de las comisiones cobradas por las administradoras no cambiaría mucho el panorama.
El ejemplo más concreto de aquello ocurrió en 2008, cuando los cotizantes perdieron en promedio 40 por ciento del ahorro y las AFP no tuvieron ganancias ni pérdidas. En otras palabras, mantuvieron su régimen de financiamiento sin experimentar ninguna pérdida ni descuento.
Hasta 1999, una AFP no podía tener pérdidas; si las tenía, debía compensarlas en ciento por ciento. Hoy eso no existe y es algo que debemos corregir.
Además, no es menor la fórmula que se aplica para calcular la expectativa de vida una vez que comienza a pagarse la pensión, más aún si ha elegido el retiro programado de fondos -es el camino más común-, puesto que debido a las modificaciones de las tasas de mortalidad para hombres y mujeres las pensiones se actualizan y los montos de las jubilaciones bajan.
Asimismo, se ha criticado que el sistema, al ser liderado por privados, maneja fondos de privados, pero además puede optar a los subsidios del Estado. De acuerdo con un estudio de noviembre de 2013 del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), liderado por el economista Manuel Riesco, el Estado habría entregado 1,4 billones de pesos en subsidios a las AFP, equivalente a dos tercios de las jubilaciones.
Señor Presidente, la creación de una AFP estatal, que ha sido profusamente difundida y largamente esperada, a nuestro modesto juicio no soluciona el problema, pues el proyecto de ley en actual tramitación ratifica el principio de igualdad de condiciones entre empresas públicas y privadas, introduciendo solo mayor competencia a través de esta nueva entidad e involucrando con mayor facilidad a los sectores que tienen bajos niveles de participación en el sistema, como los trabajadores independientes.
Podemos seguir dando cifras y replicar lo que hoy es público y se puede encontrar en las plataformas tecnológicas. Sin embargo, es necesario dar respuesta a los cientos de pensionados a los que no les alcanza el dinero; a aquellos a los que, a sus más de setenta años de edad, deben seguir trabajando, o a las familias de los que han muerto esperando una jubilación digna, como el caso de Mario Cortés, barrendero, quien murió a los ochenta años de edad trabajando a cuadras de La Moneda, o de Eduardo Lara , nochero de la Municipalidad de Valparaíso, quien falleció a los 78 años en el incendio provocado durante los disturbios del pasado 21 de mayo en el puerto.
Es necesario iniciar un debate serio, concreto y claro respecto de la construcción de un nuevo sistema previsional para nuestro país, como también evaluar si las políticas de seguridad social responden realmente a lo que la ciudadanía necesita.
Queremos saber cuál será el camino que seguirá nuestro gobierno de acuerdo con lo dicho por la Presidenta de la República la semana pasada. Necesitamos saber si nos encaminaremos hacia un cambio de fondo y a largo plazo; necesitamos saber de qué forma mitigaremos esta crisis que tiene a profesores que entregaron su vida a formar ciudadanos, pidiendo limosna, como es el caso de Alicia Morales, profesora normalista de Copiapó, quien debe pedir dinero para pagar sus medicamentos.
Sabemos que el informe final de la “comisión Bravo” fue entregado en septiembre del año pasado y que consta de tres propuestas globales y de cincuenta y ocho propuestas específicas para implementar una reforma en el actual esquema de pensiones. No obstante, a la fecha, aún no conocemos con certeza cuáles de esas propuestas adoptará el Estado de Chile para modificar el sistema y en qué plazo se implementarán tales medidas.
El punto mencionado es el tema central de esta sesión especial, de modo que de cara al país conozcamos las propuestas reales del gobierno, como las mencionadas en cadena nacional por la Presidenta de la República, que nos dejó ciertas dudas. Por ejemplo, ¿cómo se fortalecerá el pilar solidario? ¿Cómo operará el aumento del porcentaje de cotización con cargo exclusivo al empleador? Lo menciono porque la Primera Mandataria no señaló cómo se hará para que efectivamente ese 5 por ciento, que se pretende aumentar en un plazo de diez años, sea de cargo del empleador y no se traspase al salario.
Son muchas las dudas, señor Presidente. Por ello, agradezco a los ministros que se encuentran presentes para dar respuesta a las inquietudes de miles de cotizantes de nuestro país.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, quiero señalar a los ministros presentes que este ha sido un tema prioritario para la bancada de la Democracia Cristiana. Lo hemos definido como la primera, la segunda y la tercera prioridad. Así se lo planteamos el 6 de mayo a la Presidenta de la República cuando le entregamos 32 propuestas para hacer cambios sustantivos al sistema de pensiones.
Señor Presidente, el sistema de AFP es un sistema financiero, no un sistema de seguridad social. Ese mecanismo de administración se ha transformado en un verdadero crimen social, pues el 92,6 por ciento de quienes se jubilan por una AFP obtendrán pensiones inferiores a 157.000 pesos. Eso es un crimen social que nuestro país no puede aceptar y tenemos que responder a él con fuerza.
Por eso, no solo hemos sostenido reuniones, sino que marchamos junto a quienes, indignados, reclaman por colocar este tema en la agenda pública. Hoy debemos buscar la mejor manera de ponernos de acuerdo para crear un verdadero sistema de seguridad social que garantice que, fruto del trabajo y del esfuerzo, no se obtendrá pobreza, sino una jubilación digna.
Lo peor que le podemos ofrecer a millones de chilenos que gracias a su trabajo han logrado salir de la pobreza es que cuando les llegue la edad de jubilar caigan nuevamente bajo la línea de la pobreza. Eso nos parece una injusticia que tenemos que corregir con urgencia.
Por eso estamos absolutamente disponibles para transitar hacia una cambio profundo, que permita a los chilenos y chilenas elegir entre el actual sistema y un sistema público y mixto de pensiones.
En lo inmediato debemos ser capaces de hacer lo que nos ha dicho la Presidenta de la República, esto es, fortalecer el pilar solidario. No puede ser que hoy quienes reciben los beneficios del pilar solidario representen un gasto del Estado de solo 0,7 puntos del PIB, mientras que el financiamiento para las pensiones de las Fuerzas Armadas represente entre el 0,9 y un punto del PIB. Es decir, el Estado de Chile gasta más en quienes reciben pensiones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, que en todas las chilenas y chilenos que se benefician del pilar solidario.
Tenemos que corregir esa situación con sentido de urgencia, pero también, con mucha fuerza, debemos incorporar elementos solidarios.
Estamos de acuerdo con el aporte tripartito. De la derecha hemos escuchado muchas críticas en términos de que un eventual aporte del empleador lo terminará pagando el trabajador; pero sucede que la derecha también se niega a mejorar la capacidad negociadora de los trabajadores. Ellos proponen que el aporte se pague con cargo a impuestos generales. Nosotros estamos abiertos a esa propuesta, pero aumentando la tasa del impuesto a las empresas. De lo contrario, el incremento de las pensiones lo terminarán pagando los más pobres, pues tendremos que dejar de invertir en educación, en salud y en vivienda. No queremos que el aumento de las pensiones lo paguen los más pobres. Estamos disponibles a que el aporte no sea con cargo al empleador, sino con cargo a impuestos generales, pero pongámonos de acuerdo para aumentar el impuesto de primera categoría, de modo que realmente lo paguen las empresas. Ello podría ser una alternativa para generar un fondo solidario.
La Democracia Cristiana tiene una propuesta que quiere formular al gobierno -ya la hemos planteado en privado al ministro de Hacienda-: terminar con las tablas de mortalidad, que, a nuestro juicio, constituyen una injusticia enorme; que los fondos de pensiones sirvan para financiar la jubilación solo hasta las expectativas de vida que establece el INE, y que se recalculen todas las pensiones. Ello permitiría en lo inmediato un aumento en las pensiones de todos los chilenos que se están jubilando por AFP. ¡Los más pobres, pero también la clase media! Reitero: se generaría un impacto inmediato en las pensiones, sin comprometer mayores recursos fiscales. Y proponemos que la cuarta edad, es decir, la sobrevida más allá de las expectativas de vida establecidas por el INE, se financie con el aporte con cargo al empleador, o con cargo a impuestos generales, si es que les gusta a nuestros parlamentarios de la oposición. Es decir, proponemos que la sobrevida se financie directamente a través de una inyección de recursos al fondo de reserva de pensiones o a través de la creación de una compañía de seguros estatal. La idea es que la gente, con su esfuerzo, financie su pensión hasta las expectativas de vida razonables, que son las establecidas por el INE, y que la sobrevida de los trabajadores pasivos se garantice y financie con el aporte de los trabajadores activos.
Mediante esa propuesta incorporaríamos un elemento de reparto moderno, inteligente y solidario que nos permitirá incrementar las pensiones de los chilenos sin mayor esfuerzo fiscal, como ocurre en Suecia, país europeo que nadie podría decir que es irresponsable, pues tiene políticas públicas de auténtica seguridad social.
Por lo anterior, sin perjuicio de que respaldamos en lo sustantivo lo propuesto por la Presidenta de la República, creemos que las ideas que he señalado podrían ayudar a perfeccionar las medidas que se establezcan para corregir un sistema injusto, mientras construimos uno público y solidario que funcione en paralelo al actual para que los chilenos y chilenas tengan la plena libertad de elegir.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, si en esta sesión estamos analizando la implementación de las propuestas del informe de la “comisión Bravo” es porque la Presidenta Bachelet tuvo el coraje de crear una comisión asesora presidencial para un nuevo sistema de pensiones en nuestro país. Es lo primero que quiero valorar como miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Como dijo nuestro jefe de bancada, los veintiún diputados de la Democracia Cristiana, con fecha 6 de mayo, cuando este tema no estaba en los titulares de prensa, hicimos una propuesta concreta, seria y responsable a la Presidenta de la República, entendiendo que no podíamos volver al viejo sistema de reparto, que ya no se puede financiar.
Dicha propuesta planteaba el establecimiento de un aporte tripartito, con la incorporación de una cotización por parte de las empresas, de los empleadores, de 5 por ciento.
Se puede discutir si tal aporte irá a la cuenta de capitalización individual. Nosotros creemos que debe formar parte de un aporte solidario. Tiene que haber solidaridad inter generacional e intra generacional.
Por eso instalamos el principio de que el debate debía hacerse ahora. Muchos sostenían, incluso dentro de nuestro propio gobierno, que el debate debía ser postergado para el próximo período presidencial. Nosotros vimos en los clubes de adultos mayores que este debate era urgente e inminente, y que no podíamos seguir esperando.
Hay que incorporar, como dijo nuestro jefe de bancada, un sistema de financiamiento para lo que se denomina “la cuarta edad”, para la longevidad. Existen varias propuestas que han hecho camaradas nuestros como Guillermo Larraín y Ricardo Hormazábal, que formarán parte de las propuestas de la comisión asesora presidencial que ha formado la Democracia Cristiana.
Tiene que haber una AFP estatal, no porque vaya a solucionar todos los problemas, sino porque los trabajadores tienen derecho a elegir una AFP en la que los excedentes se reinviertan y no vayan al lucro, en la que se bajen las comisiones de mercado y en la que estén representados los trabajadores y los pensionados, porque a veces al querer cambiar todo, finalmente se termina por no cambiar nada.
Queremos partir por hacer esas propuestas concretas y discutirlas aquí y ahora, delante de la ciudadanía, para tener un nuevo sistema previsional en nuestro país.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los señores ministros que nos acompañan y a la señora subsecretaria de Previsión Social.
Cuando hablamos de pensiones y jubilaciones surgen las pasiones y los discursos de buenas intenciones. Cuando algunos dicen que podríamos haber resuelto antes lo relativo al sistema de pensiones, uno se pregunta -como también se preguntan los jubilados o pensionados por qué no lo hicimos si era tan fácil como aquí se ha dicho.
Muchos adultos mayores nos deben estar mirando a lo largo del país y dirán que es urgente realizar mejoras sustantivas al sistema de pensiones, a fin de que se logre lo que es su anhelo: jubilar, es decir, entrar en un estado de júbilo, de alegría en la etapa pasiva de su vida, a fin de disfrutar los años de la vejez de una manera distinta.
Cuando hablamos de pensiones y de jubilaciones tan bajas se pone en el tapete la numerosa cantidad de exigencias y reclamos que hemos hecho al respecto. Quiero recordar el proyecto de resolución N° 401, presentado el 9 de julio de 2015 por los diputados Bernardo Berger, René Manuel García, Jorge Rathgeb, Alejandro Santana, Gonzalo Fuenzalida , Germán Becker, Germán Verdugo, Diego Paulsen y quien habla. En aquel entonces buscábamos la manera de abordar la realidad de las bajísimas pensiones y jubilaciones.
Han surgido diversas iniciativas e ideas al respecto. En lo sustantivo, coincidimos con varias de las últimas propuestas que se elaboraron en el marco del trabajo de la “comisión Bravo ” y, especialmente, con algunas de las propuestas de la Presidenta de la República. Por ejemplo, coincidimos en que exista un aporte de 5 por ciento de cargo del empleador. Estamos absolutamente de acuerdo en que una acción de esa naturaleza es necesaria; de hecho, se ha planteado en varias oportunidades. El asunto en discusión es saber a beneficio de quién irá ese aporte, ya que entendemos que el problema apunta a dos direcciones distintas: por un lado, los activos y, por otro, los pasivos. Estamos de acuerdo; pero creemos que ese aporte de 5 por ciento debe ir sustantivamente a la cuenta del trabajador. Y respecto del sector pasivo, lamentablemente tendremos que ver la forma y los mecanismos para mejorar su pensión a través de un aporte del Estado. Debemos analizar cómo podemos mejorar las pensiones básicas solidarias y el pilar solidario, con el objeto de asegurar jubilaciones y pensiones más dignas.
Hay que avanzar. Nuestro partido está disponible para analizar y enfrentar este problema.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, celebro que estemos realizando esta sesión especial. El hecho de que hayan concurrido los ministros más importantes del gabinete para debatir respecto de un tema que Chile necesita abordar es mérito de todos y especialmente de quienes, desde comienzos de este año, hemos dicho que hay que actuar para cambiar el actual sistema de pensiones.
Cualquier gobierno que quiera enfrentar a fondo las brechas de desigualdad en Chile, no puede dejar intocado el actual sistema de pensiones. Como Democracia Cristiana hemos sido claros al respecto.
Eso no lo ha manifestado solo la bancada de la Democracia Cristiana -con mucha fuerza lo hemos hecho durante todo el año-, sino también la “comisión Bravo”, que señaló con gran precisión que si no existiera el complemento público que se implementó en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, las jubilaciones constituidas con los ahorros en las AFP serían muy bajas, especialmente para las mujeres. La cuantía de las pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, financiadas solo con los recursos de las cuentas individuales, se encuentra muy por debajo de los parámetros fijados por la OCDE.
Nuestro país debe apuntar en esa dirección.
Las medidas aplicadas a partir de 1990, con la recuperación de la democracia, no han sido suficientes para fijar una pensión más cercana a las necesidades de vida digna de los adultos mayores. Debemos reconocer eso con fuerza, porque desde ahí debemos construir.
El informe de la “comisión Bravo” establece que el 70 por ciento de la ciudadanía cree que las pensiones que entrega el actual sistema previsional no alcanzan a financiar un nivel de vida adecuado. Para los chilenos el régimen actual no goza de legitimidad; existe desconfianza e inseguridad respecto al futuro de los pensionados. El 72 por ciento de los encuestados piensa que solo un cambio total al sistema ayudaría a mejorar las pensiones, y el 66 por ciento atribuye la mayor responsabilidad de las bajas pensiones a las AFP.
Por tanto, en esta materia tenemos un problema de suficiencia, de seguridad y de legitimidad, y la bancada de la Democracia Cristiana tiene super claro que eso se debe cambiar.
Por eso, me quiero referir a los objetivos claves que debiera tener el sistema de pensiones. Algunas de las propuestas anunciadas por la Presidenta Bachelet van en la línea correcta, pero, a mi modo de ver, quizás aún son insuficientes y debemos seguir perfeccionándolas a futuro en un gobierno que profundice estas temáticas.
Tales objetivos claves son: primero, garantizar pensiones dignas para todos los chilenos; segundo, la jubilación no puede significar el aumento de la brecha de desigualdad para las personas que trabajan aportando al desarrollo del país. Eso se debe corregir.
Para ello hay que considerar cuatro principios fundamentales.
En primer lugar, más solidaridad y cooperación en el sistema. La importancia de volver a hablar del “nosotros”, no solo del “yo”; el “yo” es solo capitalización individual, el mercado llevado a un individualismo patológico que se pretende insertar en todos los ámbitos. Pero esto no será así.
Por tanto, necesitamos más solidaridad y cooperación.
En segundo término, sostenibilidad financiera. No podemos ser un país irresponsable en materia de pensiones, en el sentido de entregar todo sin contar con sostenibilidad financiera. Se debe pensar muy bien la fórmula, en la cual la solidaridad y la sostenibilidad financiera son esenciales, pero de la mano, no una por sobre la otra.
A lo mejor en la actualidad tenemos estabilidad financiera, pero no solidaridad y cooperación. Chile necesita más solidaridad, volver a creer en una comunidad de hombres y mujeres libres y solidarios que piensan en los demás y no solo en su beneficio personal.
En tercer lugar, diferenciación territorial, equidad territorial. ¡Por Dios que les falta equidad territorial a las políticas públicas en Chile! ¿Por qué no pensar que en las regiones donde existe asignación de zona esta sea imponible y por sobre el tope? ¿Por qué no atrevernos a hacer la diferencia respecto de lo que significa vivir en regiones apartadas, donde la vejez también influye en el bienestar de una familia? ¿Por qué no atrevernos a pensar como lo hacen otros países donde existe ese principio de diferenciación territorial?
En cuarto lugar, terminar con las distorsiones de sistemas de pensiones diferentes que hoy coexisten en Chile. Como dijo el diputado Fuad Chahin , desde el punto de vista ético no es tolerable que exista para unos pocos afiliados al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas un aporte estatal tan alto, en circunstancias de que el fondo solidario, el pilar solidario de nuestro régimen previsional es menos de la mitad de aquello. No hay coherencia. Terminar con esas distorsiones es lo que busca la bancada de la Democracia Cristiana.
Si somos capaces de establecer estos cuatro principios: más solidaridad y cooperación, sostenibilidad financiera, equidad territorial y término de las distorsiones de los actuales sistemas de pensiones, el Chile que vamos a entregar a los futuros pensionados mejorará. Pero para eso necesitamos hacer las cosas desde ya.
Como dije, el anuncio de la Presidenta de la República va en la línea correcta, pero me atrevería a decir que es insuficiente para lo que Chile se merece.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, saludo a los ministros y a las subsecretarias que se encuentran acá en este día, que es memorable para Chile, porque por fin los parlamentarios hablamos de la situación que viven los jubilados.
Debemos pasar a un sistema de seguridad social real, pues actualmente no tenemos un régimen de jubilación, sino un mecanismo de ahorro individual en el que cada uno se las arregla como puede, para, al final de la vida laboral, recibir una pensión que constituye una vergüenza.
El 50 por ciento de quienes jubilaron en el sistema de ahorro individual entre 2007 y 2014 recibieron pensiones iguales o inferiores a 82.650 pesos. En igual período, las mujeres obtuvieron 42.561 pesos.
Por lo tanto, el año 2008 debió aparecer el pilar solidario.
Creímos que de esa manera íbamos a resolver el problema de las pensiones. Sin embargo, al observar la situación más a fondo nos hemos dado cuenta de las diferencias existentes, por ejemplo, como aquí se dijo, con relación a los pensionados de las Fuerzas Armadas. El Estado destina 0,9 por ciento del PIB para financiar el sistema de las Fuerzas Armadas y solo 0,7 por ciento del PIB para el resto de los chilenos.
Hay, pues, un sistema totalmente denigrante para las personas, ya que, después de trabajar veinte, treinta o cuarenta años, terminan con una jubilación de hambre.
Si no cambiamos ese estado de cosas, vamos a tener entre los adultos mayores una situación de pobreza cada día más grande.
Es necesario cambiar definitivamente el sistema. Tenemos este momento histórico para hacerlo. Debemos conversar entre todos, más allá de quiénes pusieron más o menos ideas.
El Partido Socialista ha hecho muchos planteamientos sobre la materia en el transcurso de los años. Hemos buscado diferentes fórmulas, pero nos hemos encontrado con el muro de la economía nacional: o no hay dinero, o no podemos llevar a cabo los cambios necesarios.
¡Basta! No queremos seguir yendo a los clubes de adultos mayores, donde la gente de la tercera edad, cuando conversamos con ella, nos insiste en que sus ingresos no les alcanzan ni para los remedios, y, a veces, ni siquiera para el pan; que constantemente deben hacer bingos para poder tratar sus enfermedades, en fin.
Hay que buscar una protección integral para las personas mayores. Debemos ver cómo rompemos la brecha de género. También, de qué manera calculamos las tablas de mortalidad para establecer diferencias por sexo y evitar la situación que afecta hoy a las mujeres. Actualmente nos consideran 110 años de vida -yo quisiera saber qué mujer va a llegar a esa edad-, para terminar con cero pesos y, por lo tanto, con pilar solidario.
El Estado tiene recursos.
Es necesario estudiar bien los fondos de las AFP y cómo redistribuirlos.
Para terminar, deseo reiterar que Chile requiere un cambio profundo y que tenemos las capacidades para hacerlo. Pongámonos la mano en el bolsillo y miremos a nuestros adultos mayores de forma distinta. Devolvámosles lo que ellos le han entregado a nuestro país durante años y démosles dignidad en esa etapa de su vida.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez. No está en la Sala.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, qué duda cabe de que Chile está reclamando un cambio fundamental en el sistema de pensiones.
Más que hablar únicamente del sistema de pensiones, hoy falta, como lo planteó el diputado Chahin, establecer un sistema de seguridad social nuevo y que esté garantizado como derecho en nuestra Carta.
Lamentablemente, la Constitución Política no garantiza la seguridad social como derecho, sino solo de palabra.
Hoy se requiere pasar a una norma constitucional que lo garantice efectivamente y que eso se refleje en las leyes que establecen nuestro sistema de seguridad social.
De ahí que un grupo de diez diputados hayamos presentado una propuesta de reforma constitucional para modificar el actual ordinal 18° del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Los pilares de esa propuesta son, en primer lugar, que la Constitución garantice los principios en los cuales se debe fundar un sistema de seguridad social, tal como lo plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque nuestro país está fuera de las normas de la OIT y de los tratados que ha aceptado observar. Esa es la razón por la cual en varias ocasiones la OIT ha señalado que nuestro sistema no se condice con los principios que sustentamos internacionalmente.
Esos principios son la universalidad, esto es, que se debe proteger a todas las personas; la integralidad, principio según el cual la seguridad social debe otorgar todo tipo de prestaciones destinadas a satisfacer todos y cada uno de los estados de necesidad; la solidaridad, como bien plantearon algunos colegas; la uniformidad, según el cual no es posible tener varios sistemas de pensiones, unos que concedan privilegios para algunos y pensiones miserables para otros, como las pensiones que están 80 por ciento por debajo del salario mínimo; la internacionalidad, para que el derecho a las pensiones y las cotizaciones de los trabajadores pueda ser utilizados en varios sistemas.
Junto con ello, hemos dicho que el sistema debe ser tripartito y que ninguna pensión debiera ser inferior al salario mínimo, lo que debería garantizarse constitucionalmente, como ocurre en otros países.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.-
Señor Presidente, como ya se planteó la situación general y en los tres minutos que me asignaron me resulta difícil manifestar todo lo que estimo necesario decir, me limitaré a plantear algunas preguntas respecto de ciertos temas que necesariamente impactarán en la determinación del monto de las pensiones, que espero me respondan.
La primera pregunta es cómo se explican las diferencias entre la rentabilidad de los fondos de pensiones, que es del orden del 8 por ciento en un período de treinta años, y la rentabilidad de las administradoras de los fondos de pensiones, que superan el 24 o el 25 por ciento. Todavía más, quiero saber cómo se explica esa rentabilidad, comparada con la que obtienen aquellas empresas que trabajan los fondos de pensiones, pues según informes elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional, algunas llegan a 60 por ciento, aunque es cierto que hay otras, como aquellas que invirtieron en La Polar, que perdieron una cantidad importante de recursos.
Creo que es necesario tener claridad sobre esto para efectos de abordar integralmente el problema.
Por otro lado, se precisa saber qué impacto produce en la determinación del monto de las pensiones el que las compañías de seguro sean las dueñas de las AFP, con excepción de uno o dos casos.
Me parece que ahí hay un problema que habría que considerar para mejorar el sistema, ya que, como manifestó la Presidenta Bachelet, no es posible volver al sistema de reparto, pero sí mejorar el régimen actual.
Asimismo, quiero saber cómo impacta la determinación de la proyección de vida en las pensiones que se pagan. Ya se ha planteado considerar una expectativa de vida de 110 o 95 años para determinar el monto de la pensión, lo que genera un impacto negativo. De revisarse esa proyección -creo que es posible hacerlo-, se podrían mejorar las pensiones sin impactar mayormente el sistema.
Un diputado que me antecedió en el uso de la palabra ya lo manifestó así, y creo que es posible hacerlo para obtener pensiones más altas, que son necesarias, urgentes y deben ser prioridad para nosotros.
Debemos asumir responsablemente la solución de ese problema, sin populismo, sin irresponsabilidad, considerando todos los aspectos. Aunque algunos pueden parecer detalles, como los que manifesté, sin duda producen un impacto fundamental en el desarrollo de este proceso.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas.
El señor RIVAS.-
Señor Presidente, los poderosos solo quieren a los políticos dispuestos a servirlos. Yo, ni por convicción ni por personalidad estoy dispuesto a servirlos. Si hubiese elegido ser obediente con los poderosos, no estaría enfrentando el problema por el que atravieso.
En definitiva, este pobre diputado autodesaforado tiene la mala costumbre de decir en voz bien alta lo que en nuestro país está prohibido: la verdad, y los poderosos jamás me perdonarán haberles dicho la verdad.
Como por causa de un poderoso pronto quedaré desaforado, es probable que este sea mi último discurso, así es que no puedo dejar de decir muchas verdades.
Derecha e izquierda son las dos caras de un mismo fracaso. De la derecha no digo nada, porque nada se puede esperar de ella, salvo que es el perro guardián del sistema. Pero surge una verdad indecente por el otro lado, y es que la izquierda ha perfeccionado el sistema. La izquierda proponía solucionar los problemas del régimen previsional, pero tiene un conflicto de intereses gigantesco: dos miembros del gabinete son exmiembros de directorios de AFP.
¡Qué más se puede pedir!
La izquierda de nuestro país siempre habla del capital, de los empresarios y de las AFP como si fueran el diablo, pero se dieron cuenta de que más fácil que exorcizarse del diablo es pactar con él, y lo hicieron. Durante veinticinco años lo hicieron. Si el pueblo no se hubiese alzado, nadie estaría hablando de esto aquí, estarían hablando las mismas estupideces que siempre hablan. Es el pueblo el que trajo este tema al seno del Congreso Nacional.
Me hablan de propuestas serias y responsables, ¡Pero, señor Presidente, si en veinticinco años los que han construido este sistema han sido los políticos serios y responsables! ¡Justamente, señores, lo poco serio y lo irresponsable es seguir siendo responsables!
Quiero decirles una cosa que probablemente sea lo último que diga: ¡No va a ser en este mausoleo, que algunos llaman Congreso Nacional, donde surjan las soluciones a los problemas de los chilenos! ¡Será en la calle, con la lucha pacífica del pueblo chileno, con convicción, con decisión! ¡Allí es donde se solucionarán los problemas, no en este mausoleo!
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, saludo y valoro este intercambio de ideas y la presencia de los ministros y de la subsecretaria que nos acompañan.
Para una fuerza política que desde siempre, incluso en las condiciones más adversas, cuando no había posibilidad de plantear algo distinto, denunció, se organizó y luchó contra este verdadero asalto a un sector de la población en edad pasiva desde el punto de vista económico; para quienes desde siempre valoramos los planteamientos de los trabajadores organizados acerca de abrir debate y resolver el tema de las pensiones, obviamente es un intercambio que abordamos con satisfacción, porque queremos contribuir positivamente a alcanzar la síntesis que hace falta con urgencia.
Siempre dijimos que lo óptimo era que este debate se estableciera en el gobierno de la Presidenta Bachelet . No teníamos una expectativa absoluta respecto de su conclusión, pero ese debate debía iniciarse ahora.
Asistimos a este intercambio con la referencia directa del mensaje de la Presidenta, que valoramos sin pretensiones falsas y respecto del cual coincidimos en su importancia política.
Cuando escuchamos cuestionamientos transversales al sistema de AFP, nos preguntamos qué estará diciendo el señor caradura José Piñera, quien sostiene que el sistema es inmaculado y la perfección misma, porque nadie decía lo contrario. Este sistema es la representación más abusiva, ya que solo fue posible que un sector de clase se apoderara de los fondos de los trabajadores por la vía de la fuerza; pero hoy se instala el debate.
Señor Presidente, los datos muestran que el modelo en cuestión está fracasado, si es que está pensado para atender las necesidades de los trabajadores cuando pasan al sector pasivo. No puede ser exitoso un modelo que entrega jubilaciones que corresponden al 20 o al 30 por ciento del salario que obtiene un trabajador en actividad.
A las denuncias, que compartimos todos, se agrega que es un abuso que las administradoras de fondos de pensiones cobren comisiones de intermediación cuando cumplen con su tarea de realizar transacciones fuera del país. También es un abuso cuando no realizan bien sus obligaciones, es decir, cuando las inversiones van a la baja, pero las administradoras siguen teniendo utilidades.
La Presidenta de la República ha puesto esas denuncias en el debate nacional, en respuesta a una movilización y a un clamor que se viene manifestando desde hace mucho tiempo y que se ha expresado en las últimas semanas a través de corrientes de opinión conocidas por todos.
El incremento de las cotizaciones en 5 por ciento debe tener efectos inmediatos. Si hay tanta coincidencia, debemos actuar ahora, sin perjuicio de lo que vaya a ocurrir con las futuras pensiones.
Sin embargo, esto debe ser administrado por el Estado. Alguien podría decir que es una mirada estatista, pero es que ya conocemos la mirada de las AFP y la estamos denunciando; además, nadie es capaz de defenderla, por lo que lo correcto es que el Estado asuma esa responsabilidad.
Los trabajadores reclaman un pilar de ahorro colectivo, desde la perspectiva de la justicia social y de que el país y la sociedad nos pertenecen a todas y a todos, incluso a los pensionados.
El mérito de esa administración del Estado es terminar con el lucro, porque el sistema debe transformarse en un derecho para todos los que han entregado su vida entera al desarrollo del país.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, en varias oportunidades he hecho uso de la palabra en este hemiciclo para referirme a las AFP y al grave daño que le han causado a los trabajadores de este país las mal llamadas administradoras de fondos de pensiones.
¿Por qué ese nombre no se ajusta a la realidad? Porque si un ahorrante tiene 40 millones de pesos en una AFP, pero deja de cotizar por dos, tres o cuatro años, porque perdió su trabajo, cuando vuelve a consultar por la cantidad ahorrada, le responden que tiene solamente 37 millones de pesos o 38 millones de pesos.
La pregunta obvia es por qué tiene menos dinero del que tenía inicialmente. La respuesta es que la administración de la AFP también tiene precio. Entonces, en lugar de que las administradoras paguen un interés anual, aunque sea bajo, a la persona que ha hecho el esfuerzo para cotizar, los capitales salen con rumbo desconocido para realizar negocios fuera de Chile. Las AFP no debieran abusar de esa manera de nuestros trabajadores.
Las AFP fueron creadas en los años 80 y se obligó a todos los trabajadores a integrarse a ellas, porque no era un acto voluntario. El trabajador que cotizaba en el Servicio de Seguro Social, en la Caja de Empleados Particulares o en la Caja de Empleados Públicos tenía que afiliarse a alguna AFP. Nunca se dijo lo que pasó con los grandes recursos que tenía la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, como los miles de hectáreas de predios forestados en la Región del Biobío, como los de Cruz de Piedra, Cruz del Ciprés, Ranquillón, Santa Elena, en Colico; El Cisne, al interior de Mulchén, y tantos otros que se vendieron al sector privado. Nunca se supo el destino de esos capitales que debieron integrarse a los fondos de pensiones de los trabajadores del país.
En la actualidad, esos grupos económicos tienen alrededor de 180.000.000.000 de dólares, que corresponden a capitales de los trabajadores. La mitad de esos dineros están invertidos fuera del país, por lo que no significan ningún aporte a la nación. Debieron invertirse en nuestras carreteras, en lugar de concesionarlas a capitales extranjeros; en puertos, en infraestructura, para dar más trabajo y productividad para Chile. Lamentablemente, no se hizo.
Debe terminarse con el nombre AFP; tampoco puede denominarse AFP estatal. Se deberá buscar un nombre más adecuado, tal vez administradoras de recursos de los trabajadores. El nombre es lo de menos; pero hay que terminar definitivamente con las AFP, porque no han hecho otra cosa que usar y abusar de los capitales de nuestros connacionales.
Hace algunas semanas conversé con el ministro de Hacienda, a quien le dije que debe establecerse un aporte mayor de los trabajadores y del Estado. Pero si se dispone un aporte de los empresarios, lamentablemente estaremos gravando a las pymes. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con esa medida, porque las pymes generan la mayor cantidad de empleos.
Considero que debemos establecer un aporte tripartito, porque el Estado es el peor empleador de Chile, ya que mantiene una cantidad impresionante de trabajadores contratados a honorarios, sin ningún derecho ni posibilidad de pensionarse.
Me alegra que se haya realizado esta sesión. Ojalá que lleguemos a un entendimiento en el más corto plazo para terminar con estas pensiones vergonzosas. Por ejemplo, un profesor que estudió en la universidad recibe una pensión de 80.000 pesos, lo que, sin duda, es una vergüenza nacional. Podríamos entregar muchos ejemplos como ese.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los ministros que nos acompañan.
Señor Presidente, la Presidenta de la República ha convocado a los chilenos, al Congreso Nacional y a los partidos políticos a un gran acuerdo nacional para enfrentar el problema de las pensiones.
Queremos acoger ese llamado y decirle que estamos disponibles para sentarnos a una mesa para buscar un acuerdo que permita satisfacer lo que quieren los chilenos, cual es mejorar las pensiones. Lo hacemos bajo la premisa de que esperamos ser escuchados y atendidos en esta oportunidad. Queremos estar en la letra de la ley y no en la foto del inicio de las conversaciones.
Dicho lo anterior, queremos buscar una fórmula que comparta la necesidad de un perfeccionamiento del actual sistema mixto de pensiones, con la coexistencia de una cuenta individual, un pilar solidario y un sistema voluntario.
Nos parece que hay que priorizar. A nuestro juicio, los jubilados de hoy tienen la prioridad, los que no pueden mejorar su sistema previsional si no les damos una mano desde el Estado. Me refiero a las 580.000 personas que reciben la pensión básica solidaria de 93.000 pesos y a las 767.000 personas que tienen un techo de 303.000 pesos en el aporte previsional solidario.
En nuestras propuestas señalamos que es posible subir de 0,7 a 1,1 por ciento el gasto del producto interno bruto del país y así subir las pensiones básicas solidarias, a partir del 1 de enero del próximo año, a 120.000 pesos, y aumentar en 15 por ciento el aporte previsional solidario y las pensiones de invalidez, que quedarían en 120.000 pesos.
El segundo lugar en la escala de prioridades lo tienen, a nuestro juicio, quienes no cotizan; los independientes, los que trabajan por cuenta propia, que no tienen ningún tipo de previsión. Ellos deben incorporarse lo antes posible al sistema previsional chileno.
Respecto de los pensionados del futuro, ellos sufren la colisión de dos factores: por un lado, el significativo aumento de la esperanza de vida, que significa financiar por más tiempo a los chilenos, y por otro lado, la significativa caída, en los últimos años, de la tasa de interés de largo plazo. Respecto de esos dos factores no podemos hacernos los lesos, porque son el eje fundamental por el cual deben ir las soluciones.
Todo esto se debe hacer desde una convicción inicial de lo que significa forjarse una pensión, que, sin perjuicio de los apoyos y los subsidios fiscales señalados, es responsabilidad principal de cada chileno y chilena. Si no se tiene como base esa premisa fundamental, el sistema será vulnerable a propuestas inviables o populistas.
Si tenemos presente ese factor, podremos avanzar hacia un sistema que permita mejorar las pensiones. El problema es que surge la tentación de hacer caudal político y de inflar una situación que genera preocupación y malestar a muchos chilenos. Al respecto, cabe recordar que es responsabilidad del Congreso Nacional desarrollar las políticas adecuadas.
En los próximos días, nuestro partido entregará al gobierno y a la mesa de trabajo un conjunto de propuestas, serias y responsables, que serán un aporte a la solidaridad, a la educación previsional y al fortalecimiento del pilar solidario, incluidas las modificaciones que hay que introducir al actual sistema de AFP.
Estamos frente a un camino abierto para lograr un mejor sistema previsional, perfeccionando lo que tenemos y no destruyendo lo que tanto ha costado hacer y durante tantos años.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez.
El señor CHÁVEZ.-
Señor Presidente, estoy contento porque este debate, por fin, se ha instalado con fuerza en el país. No vamos a descubrir ahora la preocupación por las pensiones, pues es parte de la realidad, es parte de lo que nos toca vivir semana a semana a todos quienes estamos sentados en este hemiciclo.
Al respecto, vale la pena recordar cómo surge la seguridad social. Recuerdo mis primeras clases de derecho, en que a uno le hablaban de las normas de seguridad social y de los principios en que se funda.
La seguridad social es una rama del derecho del trabajo que se opone a las normas liberales, las cuales se entienden como una forma de valerse el individuo por sí mismo. Las normas que regulan la seguridad social son diferentes, son solidarias, donde existe un Estado que es capaz de otorgar protección a aquellas personas que por diversas circunstancias no pueden autovalerse en determinadas épocas de su vida.
La presente sesión nos invita a discutir acerca de las conclusiones del informe de la “comisión Bravo ”. Al respecto, creo necesario traer a colación algunos datos de la realidad.
Los datos señalan que, entre 2007 y 2014, el 50 por ciento de los pensionados obtuvieron pensiones iguales o inferiores a 82.650 pesos; que la brecha entre hombres y mujeres significará que la mitad de las mujeres reciban pensiones de 42.561 pesos, y que en el caso de los hombres -se acrecienta esta brecha sus pensiones serán de 112.333 pesos. A nivel de pensiones se acentúa la brecha entre hombres y mujeres.
El 50 por ciento de los trabajadores reciben pensiones que ascienden al 34 por ciento del salario promedio de los últimos diez años, de lo cual el sistema no se hace cargo, pese a que la promesa inicial era recibir una tasa de reemplazo de 70 por ciento.
En razón del poco tiempo de que dispongo para intervenir, quiero decir que valoro la iniciativa de la Presidenta de la República, pero creo que es absolutamente insuficiente. Me habría gustado un pronunciamiento más explícito respecto del actual sistema de pensiones y del actual sistema de AFP. Cuando se dice, por ejemplo, que se modificarán diversas formas de comisiones ocultas, me hubiese gustado escuchar que más que modificar, se hubiese planteado eliminar tales comisiones ocultas.
Por último, señor Presidente, por su intermedio deseo consultar a los ministros presentes sobre la postura del gobierno en torno a las propuestas de la “comisión Bravo”. Hay tres propuestas, por lo que me gustaría que el gobierno nos entregara su opinión.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, el gran error de la dictadura y del señor José Piñera es el haber establecido un sistema de pensiones que es contradictorio con el sistema laboral.
Así, el sistema de pensiones supone buenas remuneraciones y estabilidad en el empleo, es decir, continuidad laboral. Por su parte, el sistema de relaciones laborales supone flexibilidad, nula negociación en materia de condiciones laborales y remuneracionales, brecha salarial y largos períodos impagos de cotizaciones, esto es, lagunas previsionales.
Son dos sistemas que no conversan; son dos sistemas que incluso son contradictorios, pero que tienen el mismo autor. ¡Mire qué paradoja!
Nunca tendremos un adecuado sistema de pensiones si no tenemos un sistema de relaciones laborales coherente con esa perspectiva. Esto supone negociación colectiva y mejores condiciones laborales; garantía en el pago de las imposiciones; penalizar el no pago, y un procedimiento judicial de cobranza efectivo, hoy inexistente. En la actualidad hay un millón de causas por cobranza previsional detenidas en los tribunales. ¡Un millón de causas!
Segundo: debemos avanzar hacia un sistema único de pensiones. No puede ni debe haber sectores privilegiados con tasas de reemplazo de casi el ciento por ciento de su última remuneración.
El sistema de las Fuerzas Armadas representa más del doble del costo del pilar solidario. El primero es para 350.000 beneficiarios, y el segundo, para 1.300.000 beneficiarios.
Tercero: debemos mejorar el pilar solidario, tanto en el monto de la pensión básica solidaria como en el aporte previsional solidario, en términos de monto y cobertura, ojalá al 80 por ciento.
Es en esa dirección que hay que financiar este aporte. Sugiero ver el fondo de reserva de pensiones o darle mayor gradualidad a algunas políticas públicas que están comprometidas, por ejemplo, el copago. Podríamos extender más los períodos de copago, y con esa liberación de recursos hacernos cargo de mejorar el pilar solidario. ¿Por qué razón no? ¿Qué lo impide si la gradualidad puede ser más extensiva?
Cuarto: hay que mejorar la industria. Se debe terminar con las comisiones cuando la rentabilidad es negativa. Si uno entrega dinero para que alguien lo haga rentar, y no logra esa rentabilidad, ¿por qué le tengo que pagar comisiones? ¡Eso es absolutamente imposible de entender!
Por lo tanto, es importante, por un lado, terminar con las comisiones, que presentan mucha opacidad, y, por otro, mejorar la competencia con nuevos actores.
La anterior reforma de la Presidenta Michelle Bachelet abría espacio para los bancos, incluido el Banco Estado. Se votó en contra en el Congreso Nacional porque no se quería más competencia.
Hoy existe la posibilidad de una AFP estatal. Tendrá mayor cobertura, especialmente para el mundo independiente. ¿Cuál es la dificultad? Que hay un actor público en un sistema que algunos quieren que siga siendo ciento por ciento privado. ¿Cuál es el riesgo real? Que una AFP pública, si tiene una gran cantidad de cotizantes, va a poder designar directores en las empresas donde va a invertir, y eso es una transgresión al principio de que los privados se tienen que encargar por sí solos de las cosas. Ese es el problema de fondo, no otro.
Hay otras reformas que la Presidenta ha anunciado, que me parecen muy interesantes. Quinto: se debe agregar al pilar solidario, al pilar contributivo y al ahorro voluntario, individual o colectivo, un cuarto pilar que contradice la esencia de un sistema de ahorro individual. Me refiero al pilar solidario con aporte patronal, inter generacional, que permita a los activos colaborar con los pasivos. El 5 por ciento de aporte patronal debe ser destinado a un fondo solidario, y la gradualidad debe ser más corta, porque diez años es un exceso.
Quiero dar un ejemplo. Cuando en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet discutimos la reforma previsional y el pago del seguro de sobrevivencia e invalidez, que era de un punto y algo más, hicimos una distinción entre pequeñas y medianas empresas, y todo el mundo dijo que iba a significar un tremendo impacto en materia de empleo. ¡Nada de eso sucedió! ¡Nada! Ahora se está hablando de aumentar 0,5 por ciento por año. Es mucho tiempo para lo que se intenta construir.
Sexto: la edad de las mujeres. Se habla mucho de igualar la edad para jubilar de hombre y mujeres. La Presidenta ha señalado que hay que establecer compensaciones antes de hablar de edades similares.
Las mujeres que jubilan a los 60 años han trabajado más horas que los hombres que jubilan a los 65 años. Eso está demostrado con estudios. Y la mayoría del período trabajado por las mujeres hasta los 60 años es sin remuneración: las mujeres cuidan la casa, a los hijos, a los abuelos, a la suegra, etcétera, pero nada de eso se les remunera. Además, tienen largos períodos de lagunas previsionales, porque nadie cotiza durante ese tiempo. Si a lo anterior se agrega que viven más, entonces es claro que este es un sistema que está hecho en contra de las mujeres.
Entonces, si no se toman medidas con anticipación, decir con tanta ligereza que vamos a nivelar la edad de jubilación es un tremendo error y, además, es injusto. Ahora, ni hablar de la brecha salarial de 30 por ciento que hoy existe entre hombres y mujeres en el mercado del trabajo en Chile.
Voy a dar una idea para que la evalúen. ¿Por qué no se opera con el mismo concepto de trabajo pesado? Los trabajadores que realizan ese tipo de tareas tienen una sobrecotización. Jubilan antes, pero en mejores condiciones, porque han tenido una sobrecotización con aporte patronal. Entonces, ¿por qué razón el trabajo de las mujeres no puede ser considerado conceptualmente también como pesado? ¿Acaso las trabajadoras de casa particular que, al mismo tiempo, tienen que mantener su propia casa no realizan un trabajo pesado? Entonces, decir con tanta libertad que vamos a nivelar las edades de jubilación es una tremenda falacia y también una tremenda injusticia.
Reitero que las mujeres tienen largos períodos de lagunas previsionales y una brecha salarial de 30 por ciento con respecto a los hombres.
Pido al ministro que analice la fórmula por la vía del concepto de trabajo pesado.
Séptimo: para mejorar las pensiones vigentes, hay que distinguir -algo se ha dicho aquí entre la tercera y la cuarta edades. La tercera edad debe ser financiada con las cotizaciones, y la cuarta, con un seguro o un sistema solidario. Ese es el manejo de la longevidad de que se ha hablado aquí.
Reconozco que existe un problema real: que va a beneficiar a aquellos que viven más y que tienen mejores condiciones de vida. Pero enfrentemos ese problema. No es progresivo, pero insisto en que debemos enfrentar el problema.
Octavo: los independientes. No podemos seguir con la idea de la prórroga indefinida. ¡El 70 por ciento de los contratos a honorarios de este país son contratos de trabajo! ¿Hasta cuándo seguimos con esa ficción? ¡Eso no existe, no es real! Si se trata de un contrato de trabajo, que se realicen las cotizaciones como corresponde.
Por último, para contestar al diputado Melero , quiero decir que la Presidenta de la República nos ha invitado a debatir -este desafío no con eslogan, no es volver al viejo sistema de reparto ni al viejo sistema de capitalización individual sobre el nuevo sistema que nos propone.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por cuatro minutos y medio, el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ (don Leopoldo).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los ministros presentes en la Sala.
Para entrar en el tema, quiero señalar que, más allá de discutir cifras y porcentajes para mejorar las pensiones a largo plazo, los adultos mayores necesitan soluciones hoy.
El costo de la vida para ellos es muy alto, si consideramos que existen jubilaciones que no superan los 100.000 pesos, con las cuales deben elegir entre comer, comprar sus medicamentos o movilizarse, porque no les alcanza para lo básico. Esta es una realidad cruel que he podido conocer en mis recorridos por las comunas del distrito que represento: Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Florida y La Pintana, que representan más de un millón y medio de habitantes. Es decir, cerca del 10 por ciento de la población de Chile.
Los adultos mayores, que han trabajado toda su vida por el país y sus familias, merecen una vejez digna. Sabemos que las pensiones no pueden cambiarse de la noche a la mañana. Por eso, pido al gobierno que se considere, de una vez por todas, en el presupuesto para el 2017, el financiamiento del transporte público de los adultos mayores y de los medicamentos que necesitará toda persona mayor de 60 años asociados a la edad que no estén incluidos en el AUGE o en la canasta básica de atención primaria.
No pueden decirnos que no hay recursos; esas son solo excusas. Hay que reorientar o focalizar el subsidio que se entrega anualmente al Transantiago y la mayor recaudación de la reforma tributaria.
Cuando hablo del transporte público, me refiero a todo el país, de Arica a Punta Arenas, sin excepciones. Sabemos que una gran parte de los adultos mayores utiliza buses o microbuses. ¿No les duele saber que, con una pensión de 90.000 pesos, deben pagar más de 600 pesos por cada viaje que realizan para trasladarse? A mí sí y mucho, porque es un tremendo esfuerzo que cumplen responsablemente.
Con esas dos medidas que he señalado vamos a mejorar hoy las pensiones de nuestros adultos mayores.
Es hora de pensar en ellos y de actuar por ellos. Esta causa la voy a seguir defendiendo en el Congreso Nacional, porque con esfuerzo y voluntad política lo podemos lograr.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, el gran desafío que hoy tenemos como país es ponernos de acuerdo en que las pensiones son un derecho social, de seguridad social. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, que es lo más importante, va a ser difícil que en el futuro podamos conversar sobre las pensiones.
Cuando hablamos de derecho social o de seguridad social, estamos diciendo que no puede haber lucro. No solo nosotros hemos discutido ese tema, sino también lo han instalado los jóvenes en la educación. No puede haber lucro en la salud ni en las pensiones. Eso está establecido en los países desarrollados que nos llevan años de ventaja, porque se pusieron de acuerdo en algo esencial, cual es que este derecho tiene que garantizarlo el Estado.
Cuando se lucra en seguridad social, se hace a costa de las pensiones de nuestros adultos mayores; cuando se lucra en la salud, se hace a costa de la salud de nuestros ciudadanos, y cuando se lucra en la educación, bueno, ya sabemos lo que ha pasado con la educación en nuestro país. Ese es el primer desafío que tenemos.
Por otra parte, es inevitable no hacer historia. Hace tiempo dije que José Piñera era el causante de todos los males de este país. Algunos dijeron: “¿No será mucho?”. Pero es el gran causante de todos los males: nos dejó instalado el plan laboral, que impide a los trabajadores ocupar una herramienta esencial que tienen en cualquier país del mundo, que es el derecho a ir a huelga. Él nos dejó instalado el reemplazo.
También pasó por el Ministerio de Minería y nos dejó instaladas las famosas concesiones de nuestros recursos naturales para las empresas mineras privadas.
Por último, en el sistema de pensiones dejó este tremendo daño a nuestros adultos mayores. Por eso, sigo insistiendo en que José Piñera , que además fue candidato presidencial, es uno de los mayores causantes de los males que padece el país.
Hoy tenemos dos sistemas de pensiones, lo que es increíble, porque eso significa que hay chilenos de primera y segunda categoría. Un grupo, que es el porcentaje menor, tiene un sistema de reparto, solidario, con pensiones que, en promedio, bordean los 800.000 pesos. El resto de los chilenos tiene un sistema individualista en que el promedio de las pensiones es de 160.000 pesos. ¿Acaso no es discriminatorio que en un país haya dos sistemas de pensiones y que algunos tengan tremendos beneficios y otros no?
Siempre he dicho que debemos sumar y no restar. Hagamos que todos los chilenos tengan las buenas pensiones que tienen las Fuerzas Armadas y no las asociemos al trabajo pesado, porque, si fuera por eso nuestros mineros deberían tener un sistema especial de pensiones. Y no hay trabajo más esforzado que el que hacen ellos.
Algunos dicen que tenemos un sistema mixto. ¡Es mentira! Realmente, son dos sistemas paralelos. El sistema mixto lo creó la Presidenta Bachelet en su primer gobierno. Si ella no lo hubiese hecho, ¿creen que las AFP hubieran hecho algo? ¡Nada! La Presidenta se preocupó de las personas más desprotegidas y creó el pilar solidario, que ha funcionado.
El desafío futuro es ponernos de acuerdo y tener un sistema de reparto solidario. La solidaridad es lo que más cuesta instalar en un país con una sociedad completamente individualista.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Mixto e Independientes, tiene la palabra, por un minuto, la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, me alegro de que la Presidenta de la República haya dicho que sí y, por tanto, hoy día sus asesores tengan que hacer la pega. Creo que al ministro de Hacienda eso no le gusta mucho, pero va a tener que hablar del tema y buscar una solución.
Desde hace más de un año hemos estado trabajando este tema con varias organizaciones sociales, sindicales y gremiales de la Región de O´Higgins. Debo recordar que esto fue hecho en tiempos de dictadura, cuando no había otra elección. Muchas de las firmas que se estamparon en aquel entonces resultaron absolutamente falsas. Eso fue comprobado, pero nadie hizo nada. Además, hubo publicidad engañosa.
Nuestra preocupación está vigente y tenemos muchas ideas que proponer. No fuimos invitados por la Presidenta de la República, ni por los partidos políticos, pero –repito tenemos varias ideas que proponer.
Solo espero que el señor ministro -por intermedio del señor Presidente estudie la posibilidad de que aquellas personas que estuvieron en el INP puedan regresar al sistema antiguo; que paguen la diferencia, que tengan tiempo para hacerlo.
Repito: lo único que pido es que a quienes estuvieron desprotegidos durante la dictadura no se les cierre la posibilidad -le vamos a pasar todos los datos que tengamos de que vuelvan al sistema antiguo.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los ministros presentes. Les pido que, ante un debate tan importante, tengan la sensibilidad suficiente para no jugar con la ilusión de los chilenos y prometerles un aumento inmediato de pensiones, lo que, sin responsabilidad, no se puede hacer.
Todos queremos avanzar en este tema, y el gobierno debe tener responsabilidad. En segundo término, quiero señalar tres definiciones fundamentales.
Primero, hay acuerdo para las buenas ideas, no para las malas. Por lo que hemos visto hasta ahora, nadie ha defendido las ideas de la Presidenta Bachelet en esta sesión. Las ideas que se conocen hasta ahora no son buenas.
Segundo -por su intermedio, señor Presidente-, espero que el señor ministro no le meta la mano al bolsillo a la clase media para financiar el 5 por ciento adicional del fondo solidario. Lo que hay que hacer es enterarlo en la cuenta individual de cada trabajador.
Tercero, la solidaridad resulta urgente. Esta se financia con gasto público y con impuestos generales, no metiéndole otra vez la mano al bolsillo a la clase media.
Dicho eso -mis compañeros de bancada se han referido a las propuestas para mejorar el sistema de pensiones-, deseo señalar que no puede haber un buen sistema de pensiones si no hay ahorros; y no puede haber ahorros si no hay trabajo ni crecimiento.
Señor Presidente, déjeme decirlo con claridad: durante este gobierno no se han creado trabajos de calidad. Quiero decirle al ministro -por su intermedio, señor Presidente que me preocupa el número de chilenos que durante el último año y medio han dejado de tener un trabajo digno debido a la implementación de malas reformas. Ello ha traído como consecuencia la generación de lagunas previsionales.
Además de las propuestas de pensiones, que la bancada de la UDI va a poner a disposición de los ministros, quiero mencionar las siguientes medidas que podrían implementarse, relacionadas con el mercado del trabajo.
Primero, es necesario avanzar en la incorporación de la mujer. Para eso se necesita más flexibilidad, más adaptabilidad. Retomemos propuestas como el teletrabajo y el trabajo a distancia; mejoremos el subsidio al empleo de la mujer, el subsidio al empleo joven; incorporemos el subsidio al empleo del adulto.
Segundo, sancionemos con más fuerza las cotizaciones mentirosas, esto es, cuando se cotiza por menos del sueldo real.
Tercero, avancemos en la cotización de los trabajadores independientes. Casi todos los que están acá postergaron dicha materia para dos años más. Hace pocos meses nos abstuvimos cuando se trató la materia. ¿Por qué no se avanza en eso, que es de seriedad?
Por último, es necesario acabar con los abusos del Estado como empleador.
En lo que tiene que ver con las pensiones, vamos a defender la mejora del pilar solidario, gastando la plata de los chilenos en mejor forma.
No queremos -con esto termino que el gobierno le vuelva a meter la mano al bolsillo a la clase media y no asignarle los recursos que le corresponden.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, he escuchado todas las ideas sobre este complejo tema. Anoté algunos números. En siete años, la jubilación por retiro programado en las AFP ha disminuido en 22 por ciento, de 154.500 pesos a 119.397 pesos. Me refiero al retiro programado, donde el cotizante maneja su jubilación. Sin embargo, en los últimos siete años esa jubilación ha disminuido en 35.000 pesos. ¡Algo está pasando! ¿Por qué disminuyen los fondos?
Revisé la nómina de quienes han fallecido. Como se sabe, este tipo de jubilación se hereda. Resulta que la herencia, en estos trece años, ha aumentado de 5.218.000 pesos a 10.157.000 pesos. Es decir, mientras vivo, el retiro programado disminuye, pero cuando muero, aumenta al doble. ¡En verdad no entiendo nada! Algo no cuadra; algo no tiene sentido.
En 2009, el 15 por ciento de los cotizantes se iba a renta vitalicia y el 85 por ciento a retiro programado. Pero ha quedado demostrado durante los últimos años que el retiro programado pierde, pierde y pierde.
Por lo tanto, la gente está prefiriendo la renta vitalicia, modalidad que ha crecido en 35 por ciento, es decir, más del doble que el retiro programado. ¿Por qué? Porque están convenciendo al cotizante que abandone el retiro programado -allí la plata es del trabajador y se vaya a la modalidad de renta vitalicia, donde el trabajador pierde su plata.
¿Quiénes están detrás de las rentas vitalicias? Las compañías de seguros. Allí la plata es de ellas. Durante los veinte, veinticinco o treinta años que el cotizante vive luego de haberse jubilado, las ganancias son absorbidas por las compañías de seguros. O sea, aquí hay un manejo claro entre las AFP y las compañías de seguros. ¿Quién controla todo esto?
Hay algo que no hemos conversado aquí: quiero ver quién va a controlar las pensiones de todos los chilenos; quién va a fiscalizar los 171.000.000.000 de pesos del sistema. No será la Superintendencia de Pensiones, que va y viene. Necesitamos un organismo autónomo, con financiamiento propio, una especie de contraloría previsional.
Quienes trabajen allí, deben ser independientes de los gobiernos de turno, de modo de evitar que comience a funcionar la puerta giratoria que catapulte a sus funcionarios al mundo privado. Ese organismo debe dar garantías a todos los chilenos de que sus platas serán bien invertidas; de lo contrario, si se actúa mal, deben imponerse sanciones y meter a la cárcel a quien corresponda.
Los gobiernos no me dan garantías. Aspiramos a contar con un organismo supra gubernamental, financiado y autónomo. Eso necesitan los chilenos, pero no lo hemos visto en la ley.
Aquí no sabemos quién va a fiscalizar, quién va a evaluar, cómo vamos a incorporar a la ciudadanía. Para los reclamos debe haber otras instituciones, no la Superintendencia, que sabemos que depende de los gobiernos de turno. Una vez que termina el gobierno, los integrantes de ese organismo se van a las mismas compañías que están detrás del sistema.
Repito, lo que falta es lo que ya existe en otros ámbitos: una contraloría previsional que dé garantías de que la plata de todos los chilenos esté donde corresponda, para el bien de los chilenos y no de las compañías que la administran.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto.
El señor SOTO.-
Señor Presidente, en este período presidencial se convocó a un panel representativo de expertos para dar nuevos pasos en la recuperación del derecho a la seguridad social, cuyas conclusiones ahora forman parte de la propuesta que ha hecho la Presidenta de la República a la ciudadanía.
La principal idea fuerza de esta propuesta es aumentar en 5 por ciento la cotización con cargo al empleador en un horizonte de diez años -espero que sean menos-, para así construir un pilar de ahorro colectivo y solidario.
Que no quede ninguna duda de que este anuncio de la Presidenta nos entrega una oportunidad histórica de avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, que por primera vez en las últimas décadas supere la lógica exclusiva de la capitalización individual e incorpore un componente de reparto, iniciando así un cambio paradigmático que nos permita contar, de una vez por todas, con un verdadero sistema de seguridad social.
Para que se cumpla ese objetivo, tengo la convicción de que deben cumplirse los siguientes principios básicos:
Primero, el aumento de 5 por ciento de la cotización debe ir por completo al nuevo pilar solidario, a ese pilar de reparto. Los trabajadores activos estamos dispuestos a financiar a nuestros viejos. En base a la solidaridad buscaremos cumplir el fin último de todo sistema de pensiones: pagar pensiones dignas a toda persona que termina su vida laboral.
Segundo, la totalidad del nuevo 5 por ciento de cotización debe ser administrado por un ente público; las AFP no deben tener ninguna potestad sobre esos recursos, ¡ninguna! Queremos que esos recursos sean la base de un verdadero sistema de seguridad social, y que no se utilicen para seguir aumentando los flujos especulativos del sistema financiero.
Invito a mis colegas que adhieren a ideas liberales y de centro-derecha que sigan el camino de sus pares del Partido Conservador inglés, del Partido Popular español, de los Republicanos de Estados Unidos y de todos los políticos liberales y conservadores sensatos del mundo, que han hecho convivir y han fortalecido sistemas mixtos de previsión social, en los que la lógica del reparto y de la solidaridad intra y extra generacional tiene perfecta y justa cabida.
Sigamos ese ejemplo y no cometamos un error histórico que perjudicaría a todas las generaciones que vienen.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS.-
Señor Presidente, qué duda cabe de que las pensiones son muy bajas. La pregunta que debemos hacernos es de qué manera, sin ser populistas y sin engañar a la gente, podemos aumentar las pensiones en el corto plazo para la generación actual y para las que vienen. Es importante que las propuestas se hagan de cara hacia la ciudadanía y diciéndole la verdad.
La Presidenta Bachelet propone que exista un aumento de 5 por ciento en la cotización. En nuestro sector político estamos de acuerdo, pero ella dijo que ese aporte lo pagará el empleador. Por su intermedio, señor Presidente, pregunto a la ministra Ximena Rincón: ¿cómo podemos asegurar que ese aumento lo pague el empleador? La ministra sabe -también lo ha dicho el ministro de Hacienda que parte importante de ese costo el empleador lo va a traspasar al trabajador. En el contexto de una economía que no crece, con un desempleo relativamente alto y con muchos trabajadores por cuenta propia, para el empleador será muy fácil traspasar ese costo al trabajador porque sabe que en el mercado laboral hay mucha gente que necesita trabajo.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero que la ministra responda con claridad quién pagará ese aporte de 5 por ciento. Todos los economistas nos dicen que lo terminará pagando, en gran medida, el trabajador. En consecuencia, la solidaridad del sistema vendrá del trabajador y no del empleador. Es importante que se diga la verdad a la gente.
Cuando se establece un impuesto al trabajo, algo de desempleo se genera. Quiero saber si el gobierno sabe qué nivel de desempleo podría traer esta medida.
También quiero preguntar a la ministra del Trabajo qué ganará en su jubilación una persona que recibe un sueldo de 500.000 pesos, de 800.000 pesos, etcétera, con el aumento de 5 por ciento en la cotización, si sabemos que ese aporte se va a traspasar, vía el empleador, al trabajador. Lo pregunto porque observamos que la clase media, que gana esos sueldos, va a contribuir -es decir, se le va a bajar el sueldo o lo que pueda esperar ganar-, pero finalmente nada del referido aporte le va a llegar. ¿Por qué le cargamos la mata a la gente que gana ese nivel de sueldos? De acuerdo con los cálculos que hemos hecho, la clase media, cuyos sueldos son un poco más altos como para recibir la pensión solidaria, pero que de todos modos son muy bajos, razón por la cual recibe pensiones muy bajas, va a salir perdiendo por todos los lados.
Además, el porcentaje de solidaridad de quienes ganan nueve millones de pesos -es el caso de muchos de los presentes en esta Sala será bastante bajo, porque esas personas ganan cuatro veces más que el tope imponible. Por tanto, es bastante regresivo que a las personas que ganan un millón o un millón trescientos mil pesos se les aumente la cotización, y que quienes ganan nueve millones de pesos paguen porcentualmente mucho menos. Entiendo que el ministro de Hacienda quiere elevar el tope de sueldo. Sin embargo, de acuerdo a como se presenta la propuesta, vemos que las rentas más altas no van a colaborar en nada, y que la clase media, en cuanto a porcentaje de su sueldo, nuevamente va a pagar más.
Quiero saber de qué manera el gobierno va a lograr que en la implementación de la propuesta de la Presidenta Bachelet no ocurra lo que he descrito, pues nos parecería tremendamente regresivo.
Tenemos un gran problema con las pensiones. ¿Cuántos recursos económicos está dispuesto a destinar el gobierno? Ya tenemos claro que para completar el aporte de 5 por ciento, una medida bastante pequeña saldrá de los empleadores, y la gran mayoría saldrá de los trabajadores de clase media. En verdad, no vemos que el gobierno vaya a aportar muchos recursos, fuera de lo que es la cotización de los trabajadores del sector público. De hecho, a muchos de ellos ni siquiera se les cotiza.
Reitero, ¿cuántos recursos va a aportar el gobierno? ¿Por qué no aumentar las pensiones a través del pilar solidario, con impuestos generales, que tienen un nivel de progresividad mucho más grande? Desde nuestro punto de vista, hay que mejorar las pensiones, pero el gobierno tiene que meterse la mano al bolsillo.
Se hizo una reforma tributaria y se dijo al país que se iban a recaudar 8.300 millones de dólares adicionales para financiar la gratuidad de la educación. Hoy no existe gratuidad. Del millón doscientos mil estudiantes, solo 125.000 tienen gratuidad. No se ha invertido en gratuidad. ¿Por qué el gobierno no puede destinar algo de recursos en esta materia? Espero que la respuesta de las autoridades no sea “porque hemos echado a perder la economía, no crecemos y porque las arcas fiscales han disminuido.”.
El ministro sabe que para que las pensiones suban, la gente debe tener empleo, y para que tenga empleo la economía tiene que estar funcionando. Por su intermedio, señor Presidente, pregunto al ministro de Hacienda: ¿cuántas mujeres hoy no están cotizando en las AFP, es decir, ahorrando, pero sí cotizaban hace tres años? ¿Cuántos hombres, que antes cotizaban, hoy no cotizan porque al país no le va bien?
Creo, ministro, que debemos hacer algo para mejorar las pensiones. Como oposición estamos disponibles para apoyar buenas ideas. Pido a los diputados de la Nueva Mayoría, que en general no están defendiendo la propuesta de la Presidenta Bachelet, con excepción del diputado Soto, que se hagan cargo de propuestas que realmente se puedan realizar y que lleguemos a un acuerdo para las pensiones.
No más politiquería. Se necesita decir la verdad y mejorar las pensiones.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Jorge Tarud.
El señor TARUD.-
Señor Presidente, estas sesiones especiales crean muchas expectativas en la ciudadanía. En la Cámara de Diputados se pueden escuchar 120 ideas diferentes.
Estamos tratando un tema muy complejo, un tema de Estado, y debemos hacer las cosas bien y sin populismos. Debemos analizar la realidad de nuestro país y ver qué han hecho otros países de la comunidad internacional, de la OCDE, que han pasado por nuestros mismos problemas. Debemos ver quiénes cometieron errores y a quiénes les fue bien, pero sin populismos.
La propuesta de la Presidenta Bachelet va hacia adelante. Después podremos analizar cómo se va a materializar el aporte de 5 por ciento.
Hay un tema que me preocupa. Los jubilados que ganan pensiones de 80.000 o 120.000 pesos, ¿qué incremento obtendrán de sus pensiones? No se puede vivir con 80.000 o 120.000 pesos. Se pueden implementar prácticas que han hecho otros países; por ejemplo, establecer el IVA a los productos de lujo. En la Unión Europea, ese impuesto se ha aplicado durante décadas. Con lo que se recaude por ese concepto se podría formar un fondo común. Incluso, si el proyecto que lo establezca se califica con urgencia de “discusión inmediata”, la medida podría ponerse en práctica de forma inmediata y no esperar cinco años.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero preguntar al ministro de Hacienda qué vamos a hacer para mejorar las bajas pensiones de nuestros jubilados. Es el punto que más me preocupa. Después podremos analizar con responsabilidad y con seriedad qué debemos hacer hacia delante como país.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada María José Hoffmann.
La señora HOFFMANN (doña María José).-
Señor Presidente, haré algunas consideraciones muy breves antes de entrar en el debate.
En primer lugar, quiero pedir que esta discusión no se capture ideológicamente. Ya hemos tenido mucho ruido y pocos cambios relevantes.
Parece razonable que un gobierno con 73 por ciento de rechazo desee escuchar a los ciudadanos; ojalá que los escuche a todos. Pero espero que sus palabras no tengan como único propósito calmar su ansiedad ante una mala evaluación.
En segundo término, me gustaría que la ministra dijera con firmeza que el sistema de reparto es absolutamente inviable. Ello, porque me preocupa la tentación populista que he visto en algunos parlamentarios, que solo nos hará volver a tropezar con una mala reforma.
En tercer lugar, creo que en esta materia es necesario hablar con la verdad.
Sin aumentar el ahorro, ministra -se lo señalo por intermedio del señor Presidente-, las pensiones no van a mejorar.
Me gustaría saber a qué se refiere la Presidenta de la República con lo de los ajustes permanentes.
Yo pregunto quién se va a atrever a decir que debemos evaluar el aumento en la edad para jubilar.
En cuarto lugar, creo que las definiciones deben ser claras.
¿Qué se piensa hacer con el 5 por ciento -lo planteó el diputado Edwards de aporte de los empleadores?
Ahora, quiero plantear una cuestión de fondo: cuidado con la canción de la solidaridad.
¡Cuántos errores y abusos se han cometido en su nombre!
Respetemos y valoremos el esfuerzo de la gente, la responsabilidad personal, pues se trata de un valor importantísimo. ¡Premiémoslo! Y para aquellos que por distintas razones no pueden acceder a una pensión, que el Estado se apriete el cinturón: ¡Eso es solidaridad! Por ejemplo, que haga disminuciones en los malos programas.
Aumentemos ya, ministra, el pilar solidario. ¡La UDI firma mañana el incremento!
Eso es solidaridad. Pero el gobierno debe dar el ejemplo, y no volver a meter la mano al bolsillo de la clase media, porque esto es una mala propuesta, que además ningún parlamentario ha defendido.
¡La solidaridad, ministra, parte por casa!
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, si no hubiese sido por la reforma previsional del primer gobierno de la Presidenta Bachelet, llevada a cabo en el año 2008, hoy cerca de 600.000 chilenos no estarían recibiendo ningún aporte del Estado.
Las pensiones básica de vejez y de invalidez permiten que mes a mes, cerca de 60.000 chilenos reciban un aporte. Es bajísimo, pero antes no había nada; y, por cierto, debemos hacer un esfuerzo para mejorarlo.
Por otra parte, 700.000 chilenos reciben mensualmente del Estado un aporte previsional que permite mejorar sus pensiones.
Esta tarde estamos reunidos aquí porque todos queremos cambiar el sistema vigente, que no es capaz de entregar pensiones dignas a los afiliados. De ellos, solamente la mitad cotiza de manera frecuente y el resto lo hace en forma muy irregular, lo cual deviene en pensiones bajísimas.
Especialmente cruda es la situación de la mujer, quien una vez más es discriminada por el sistema. En promedio, cotiza quince años, y con los fondos que aporta en ese lapso debe financiar una pensión durante treinta años.
Por lo tanto, el sistema vigente es insostenible con ese tipo de contribución.
En el sector estatal trabajan a honorarios miles de personas que tampoco pueden cotizar. Así, como manifestó el diputado Chahin , con el actual sistema previsional estamos condenando a la pobreza a miles de chilenos.
Valoro, entonces, que haya sido precisamente la calle la que colocó en la agenda del gobierno el problema de las pensiones, que no estaba en el programa presidencial, y que hoy estemos preocupados de buscarle soluciones.
El debate debe ser responsable. Como dijo la ministra Rincón, aquí no nos podemos equivocar. Hay países que se han equivocado -Grecia, por ejemplo-, y hoy están endeudados en diez veces su producto interno bruto.
En el año 2012 Chile gastó el 4,2 por ciento de su producto interno bruto en pensiones, y de acuerdo a las informaciones de la Subsecretaría de Previsión Social, para el 2025 se calcula un gasto de 2,8 por ciento.
Me gustaría que el gobierno respondiera por qué tiene pensado bajar el aporte estatal a las pensiones.
Con el diputado Rodrigo González y otros parlamentarios presentamos un proyecto de reforma constitucional para garantizar un sistema tripartito y solidario de pensiones, y queremos que se discuta en algún momento. Para eso, todos tienen que participar.
Termino con estas palabras de la Presidenta Bachelet , quien para mí, a pesar de su baja en las encuestas, es una gran estadista: “Sin crecimiento sostenido, el progreso social termina siendo una ilusión.”.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ (don Marco Antonio).-
Señor Presidente, en la década de los 80 se realizó una reforma previsional que llegó a su fin: se crearon las AFP. Y en salud, la reforma neoliberal quedó a mitad de camino: no se pudo destruir definitivamente el ex-Sermena, actual Fonasa .
Hoy, en salud queremos terminar con un sistema que tiene dos lógicas. El problema es que en previsión tenemos millones de lógicas.
En los pocos minutos de que dispongo, yo quisiera hacer un llamado especial a que desde el gobierno y desde la discusión parlamentaria le pusiéramos mayor atención a lo se ha definido como “opción B de la “comisión Bravo”.”.
Si en educación se optó por el financiamiento universal de la gratuidad y se asume esa lógica, ¿por qué en previsión la reforma que presenta el gobierno e intenta construir en un gran acuerdo nacional -dejando de lado las retro excavadoras no define dos lógicas -no cinco millones de lógicas-: una, para aquellos que con las reformas que ha planteado el Ejecutivo van a seguir teniendo pensiones bajas menores que el sueldo mínimo, por ejemplo, definir un mínimo socialmente aceptado -es una lógica que se puede mantener en política pública y generar en la gestión del financiamiento un sistema no contributivo, de reparto, con beneficio definido, de administración pública y con subsidios cruzados (eso, para aquellos que equivalen en salud a los que están en Fonasa institucional); y otra, que subsistan las cuentas de capitalización individual y que existan también cuentas nacionales, para que el Estado, que puede gastar más -miremos a Holanda, con un 90 por ciento de tasa de reemplazo y con un 6 o 7 por ciento del producto en previsión; nosotros tenemos un magro 2 por ciento-, genere un fondo solidario macizo, con subsidios cruzados que favorezcan directamente a pensiones que hoy son menores que el sueldo mínimo?
Yo no tengo los datos actuariales de cuánto cuesta eso. Pero vale la pena ponerle número, porque no corresponde en educación una lógica de gratuidad universal hasta el décimo decil y en previsión mantener el sistema tal cual lo heredamos, pese a la presión de la gente, a la existencia de marchas en las calles.
Esa es mi reflexión, señor Presidente: ponerle seriedad al informe Bravo y poder, de manera responsable -responsable significa resolver el problema-, financiar pensiones dignas para los chilenos.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo de la bancada Independiente, tiene la palabra, hasta por un minuto, el diputado señor Giorgio Jackson.
¿Le cede su tiempo?
El señor JACKSON.-
No, primero el orden.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric.
El señor BORIC.-
Señor Presidente, este debate previsional es sobre la pensión que reciben al terminar el mes nuestros adultos mayores. Pero no es solo sobre el monto final: es también sobre una de las vigas maestras del modelo económico neoliberal chileno.
Por eso la elite económica y sus funcionarios en política -varios de ellos presentes en este Congreso reaccionaron orgánicamente ante la demanda ciudadana por terminar con las AFP y salieron a aplaudir la propuesta de continuidad de la Presidenta Bachelet, en la que prima la idea de parchar los excesos para proteger la esencia.
Esa, Presidenta Bachelet, no es nuestra postura. Queremos terminar con el modelo privado de administración de pensiones, que enriquece a unos pocos grandes dueños del capital a costa del empobrecimiento de los trabajadores, para avanzar hacia un sistema de seguridad social sin fines de lucro, que corrija las desigualdades del mercado laboral, entre otras, la inaceptable discriminación contra la mujer, a quien esta sociedad machista le carga todo el peso del trabajo reproductivo no remunerado, lo que se refleja en las pensiones.
Finalmente, creo que la mejor manera de enfrentar este tema, además de discutirlo en el Parlamento, es marchando.
Por eso, desde acá, desde el Parlamento, convocamos para el 21 de agosto a marchar con el objeto de decir: ¡No más AFP!
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Javier Macaya.
El señor MACAYA.-
Señor Presidente, el diagnóstico que señala que en Chile tenemos un problema con las pensiones es compartido, pues es evidente. Cuando visitamos los distritos que representamos y conversamos con los adultos mayores, nos damos cuenta de que muchos de ellos viven un verdadero drama, en el sentido de que sus pensiones no son suficientes para solventar el día a día, sus gastos de vida.
Desde ese punto de vista, el diagnóstico es correcto.
El problema comienza cuando empezamos a esbozar las razones y las causas que originan ese problema, así como cuando intentamos plantear soluciones, dado que en ese momento el diagnóstico pasa a ser menos compartido, nos movemos en espacios más restringidos y vemos con menos claridad las mismas razones, e incluso caemos derechamente en planteamientos que no entiendo.
Hay quienes plantean el “¡no más AFP!”, pero sin entregar alternativas reales, basadas en números reales. Porque pretender sacar los recursos de los árboles no funciona. Esa alternativa no existe. Incluso quienes plantean volver al sistema de reparto, parecen no entender cómo funcionaba dicho sistema, porque había casos en que las pensiones eran igual a cero, por ejemplo, para aquellas personas que no cotizaban más de 15 o 20 años.
Cuando hablamos de las causas, surge una muy nítida, como es el hecho de que las cotizaciones son bajas si las comparamos con las de otros lugares del mundo. Si uno cotiza 10 por ciento, es imposible aspirar a las pensiones como las que se pagan en otros países. Lo mismo sucede cuando durante la vida laboral de una persona no se ha cotizado por más de quince o veinte años, ya que tendrán lagunas importantes. Es imposible que quien no cotizó con habitualidad pueda optar a pensiones altas.
Por ello, me parece importante que, en la medida en que encontremos las razones y compartamos el diagnóstico de lo que está ocurriendo con el sistema previsional chileno, seamos lo más responsables posible a la hora de plantear soluciones.
Si bien, según me parece, no se ha mencionado aún en esta sesión, considero que el corazón de esta discusión será el cinco por ciento adicional que se empezará a cotizar. Si tomamos la decisión de transformar esa cotización adicional en la segunda reforma tributaria de este gobierno, entonces debemos ver si esta vez será financiada por la clase media o si vamos a generar los incentivos correctos para que sean los empleadores quienes hagan el esfuerzo de mejorar las cotizaciones de sus trabajadores. Además, deberemos preocuparnos de establecer cómo ponemos los incentivos correctos para que una nueva mala decisión no termine pegándole al empleo o aumentando la informalidad en ese ámbito.
Por otra parte, no me cabe duda de que debemos fortalecer el pilar solidario y establecer reglas adicionales en materia de transparencia y competencia, a fin de generar un nuevo acuerdo en materia previsional.
Hoy la clave es el llamado que hizo la Presidenta de la República si a partir de ese acuerdo se podrá construir un gran acuerdo nacional, con las mismas perspectivas que se tuvieron en su momento para construir la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma educacional.
Créame, señor Presidente, que tengo dudas al respecto. Por ello, llamo al Ejecutivo para que tenga la capacidad de construir acuerdos de verdad, similares a los que se tuvieron en su momento respecto de las otras reformas que ha impulsado este gobierno.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Mixto e Independientes, tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson.
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, es muy difícil poder expresar una opinión sobre esta materia en un minuto.
El problema con el sistema de capitalización no es que los fondos acumulados no estén rentando; por cierto que lo hacen, dado que es la base de un sistema capitalista. La pregunta es si queremos que las pensiones de nuestros adultos mayores dependan del ahorro que individualmente haga cada uno de ellos, en un mercado del trabajo tan desigual y tan injusto como el nuestro.
Ahí es donde decimos que no; ahí es donde decimos que no a endosar la responsabilidad de un bienestar, de un júbilo al adulto mayor por el hecho de haber vivido en condiciones de precariedad durante toda su vida laboral.
Por ello, con fuerza decimos “no más AFP” y postulamos un sistema de seguridad social. No es que esté malo aumentar en cinco por ciento la cotización para que haya seguridad social; el problema de la propuesta que hemos conocido en estos días es que mantiene el otro 10 por ciento en capitalización individual.
Por eso, creo que hay que salir con mucha fuerza a plantear: “¡No más capitalización individual! ¡No más AFP!”.
He dicho.
-Aplausos.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por un minuto, la diputada Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, el 47 por ciento de las mujeres trabaja en forma remunerada; el 53 por ciento restante, no lo hace, por lo que no tienen imposiciones.
Las mujeres recibimos sueldos que son casi 30 por ciento más bajos que los que reciben los hombres por un mismo trabajo.
En promedio, vivimos más de 90 años, en tanto que lo hombres viven, en promedio, 85 años. Vivimos más que los hombres. Esa es otra razón por la que castigan nuestras pensiones.
Las mujeres seguimos dedicando gran parte de nuestro tiempo al trabajo en el hogar, a la educación de nuestros hijos, al cuidado de nuestras familias, y no nos pagan por eso. Somos las que debemos parir.
Esos son temas que debemos abordar, porque son graves y complejos de resolver. En ese sentido, el Estado debiera asumir una responsabilidad mayor y ayudarnos a generar familia en nuestros hogares.
Una medida que se debería adoptar es fortalecer el subsidio al empleo de las mujeres, y otra es mantener la pensión básica solidaria a las mujeres que quieren seguir trabajando, ya que muchas que hoy la están recibiendo pueden perderla por el solo hecho de trabajar un poco más. Es importante incentivar que las mujeres podamos seguir trabajando después de los 60 años sin perder la pensión básica solidaria.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio.
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, habla mal de nosotros que cada vez que surgen problemas políticos tengamos que llegar a situaciones extremas para darles respuesta.
La Presidenta de la República por fin convocó a cadena nacional y a través de ella nos dijo, por primera vez en su gobierno, que quiere un acuerdo nacional para solucionar este problema de las pensiones. Pero la verdad es que cuando se han anunciado acuerdos nacionales en otras materias, se ha prendido la retroexcavadora, la maquinaria pesada y, en definitiva, los acuerdos se han diluido.
Espero que esta vez se deje de lado el populismo. Por de pronto, el primer diseño de la Presidenta deja de lado el populismo y el extremismo de quienes plantean que es buena idea volver al sistema de cajas.
Invito a quienes nos están viendo a través de la televisión a que ingresen a la página web del IPS para que se informen acerca de cuánto pagan las cajas por concepto de pensiones, pues verán que, en promedio, son alrededor de 208.000 pesos, y que para aquellas personas que no reunieron más de 15 o 20 años de cotizaciones, les pagan una jubilación que es exactamente igual a cero pesos.
Si hay personas que piensan que ese es el modelo a seguir, las invito a revisar su posición. Otra cosa es que necesitemos con urgencia mejorar las pensiones que paga el sistema de administradoras de fondos de pensiones. Para eso sí habrá un acuerdo nacional; para eso el gobierno sí puede contar con nosotros. Se trata de elaborar buenas propuestas para mejorar el monto de las pensiones que reciben nuestros jubilados.
Para lo que no pueden contar con nosotros es para apoyar aquellas ideas que signifiquen un perjuicio para las pequeñas y medianas empresas, o para la gente de clase media.
La Presidenta de la República dijo algunas cosas, pero no tenemos detalles de otras. Dijo, por ejemplo, que habría un ajuste de parámetros. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no lo decimos con nombre y apellido? ¿Significa elevar la edad de jubilación? ¿Qué significa ese cinco por ciento? Porque si ese porcentaje se irá a manos del Estado para que sean los políticos quienes decidan a quienes nombrar en las empresas o dónde invertir, como en el Transantiago, será una muy mala idea. Si, en cambio, esa plata va a las cuentas individuales y se le agrega un aporte del Estado, me parece que puede funcionar.
En suma, que nuestro acuerdo sea para mejorar las pensiones, no una acción populista.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Felipe de Mussy.
El señor DE MUSSY.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros que nos acompañan en la Sala.
Este es un tema país, uno que le duele en el alma a los chilenos y en el que debemos trabajar arduamente.
Seamos sinceros: el sistema vigente es mejor que el anterior. Antes, tal como dijo el diputado Bellolio, quien no juntaba 15, 18 o 20 años de cotizaciones, jubilaba con pensión cero, aunque en los años que trabajó hubiera cotizado el 20 por ciento de su salario. Sin embargo, sabemos que el sistema actualmente vigente paga pensiones indignas y está lejos de ser perfecto, así que debemos trabajar fuerte para mejorarlo; pero debemos hacerlo de cara al país, de cara a nuestros ciudadanos.
Entiendo la indignación; entiendo el “no más AFP”. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿El sistema de reparto? No, gracias.
Nosotros estamos trabajando en una propuesta que se la entregaremos a los ministros respectivos y también a la Presidenta Bachelet.
Actualmente, Chile tiene un sistema mixto, ya que el trabajador cotiza el 10 por ciento. Ahora se está hablando de que el empleador deberá cotizar el 5 por ciento, porcentaje que, debemos decirlo, no sé si el trabajador terminará pagando en su totalidad o deberá hacerse cargo solo del 3 por ciento o del 4 por ciento.
Estamos dispuestos a aprobar eso, siempre y cuando entendamos que ese esfuerzo es del trabajador. También el Estado aporta, pero solo el 0,7 por ciento en las pensiones básicas solidarias y en los aportes solidarios. ¡Solo el 0,7 por ciento!
Nosotros pedimos al gobierno que si realmente le importan las pensiones, les ponga la prioridad que corresponde, lo que significa aumentar los recursos destinados a esta finalidad en a lo menos el 1 por ciento o el 1,2 por ciento del PIB, con lo que obtendríamos mil millones de dólares para empezar a mejorar las pensiones, sin hablar de la mejora del sistema que tenemos que realizar. La plata no crece en los árboles, por lo que tenemos que definir cuáles son nuestras prioridades.
Este es un tema país, que busca la dignidad del ser humano. Tenemos que abordarlo con altura de miras y con responsabilidad, no con las redes sociales.
Me parece bien que la Presidenta Bachelet haya cambiado el tono, pero hay que ver para creer.
Por intermedio del señor Presidente, hago un llamado a la ministra Ximena Rincón, a los ministros Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre, así como a la propia Presidenta Bachelet para que nos sentemos a conversar con altura de miras, con responsabilidad y pensando en el futuro de todos los chilenos, ya que si aparece la retroexcavadora, no tendrán a nuestra gente sentada en esa mesa.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra de Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón .
La señora RINCÓN, doña Ximena (ministra de Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, como es de público conocimiento -varios de los señores diputados lo han señalado en sus intervenciones-, la Presidenta Bachelet introdujo una modificación en su anterior gobierno que permitió instalar el primer pilar solidario de seguridad social en nuestro país, el que no existía, ya que lo que teníamos hasta esa fecha eran pensiones asistenciales, las famosas Pasis, a las que se postulaba en cada municipio, en listas de espera que muchas veces no corrían, por lo que muchos peticionarios se quedaban sin la posibilidad de acceder a esa pensión mínima, que se daba por hogares, no por personas.
El diputado Arriagada era alcalde en ese entonces, así que conoce cómo funcionaba el sistema, al igual que quienes fueron alcaldes en ese tiempo.
Como dije, el sistema otorgaba pensiones por familia, por hogar, no por persona. La máxima pensión que se daba en esa época era, en el mejor de los casos, de 41.000 pesos, cuando la persona tenía más de 75 años de edad.
En el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, sin marchas y sin ningún tipo de manifestación ciudadana, se instaló ese primer pilar, que permitió que las personas que no habían trabajado o que no habían ahorrado tuvieran una pensión mínima, básica. Además, complementó las pensiones de quienes habiendo trabajo y cotizado, no accedían a una pensión adecuada.
Ha pasado el tiempo, y en este segundo mandato, a 48 días de haber asumido, conforma la que todos conocen como “Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones” o también denominada “comisión Bravo”.
Esa comisión entregó el resultado de su análisis en septiembre del año pasado, luego de trabajar más de un año.
El tema es tan complejo y tan difícil que aun siendo una comisión transversal, con gente experta e, incluso, con presencia de asesores internacionales y muchos exponentes del mundo académico internacional, no arribó a una sola propuesta, sino que entregó dos propuestas mayoritarias y una tercera con un voto, que contienen 58 medidas.
Inmediatamente después de recibir ese informe, la Presidenta formó un comité de ministros, en el que se encuentra el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Fomento y Turismo; la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, hoy ministra de la Mujer y Equidad de Género; el ministro secretario general de la Presidencia, el ministro de Desarrollo Social y quien habla, la ministra de Trabajo y Previsión Social, quienes hemos estado revisando ese trabajo y observando lo que ocurre en el mundo sobre la materia.
No solo eso: también hemos estudiado todos los proyectos de acuerdo, oficios y peticiones que ustedes han mandado a la Presidenta o a los ministerios, material que entregaremos a la Mesa. Además, cada uno de ellos está relatado.
Por eso, cuando uno de ustedes dijo que el 9 de julio habían solicitado a la Presidenta que enviara un proyecto de ley para aumentar el monto mínimo de las pensiones, lo teníamos consignado acá.
No solo hemos hecho eso, señor Presidente. También realizamos un levantamiento completo -les dejaremos copia del documento de cada una de las propuestas que los partidos políticos, las organizaciones, los centros de estudios y la Presidenta de la República han hecho en esta materia. Se han recogido las propuestas sobre parámetros, aumentos de cotización, sistema tripartito, cotización respecto del total de las remuneraciones, aumento del tope imponible, tablas de mortalidad ajustadas a las expectativas de vida, componente solidario, ahorro previsional voluntario, administración de los fondos de pensiones, trabajadores independientes, educación previsional, seguros, cambios de modelos y otros. Es una lista enorme de propuestas que ustedes han dado a conocer a la opinión pública en distintas instancias y medios. Hemos analizado todas ellas.
Estamos haciendo un trabajo que no solo requiere de seriedad, sino de un tremendo esfuerzo de dedicación y de medición de los impactos que trae como consecuencia cada una de esas medidas.
El ministro de Hacienda abordará lo que ha señalado ya la Presidenta.
El diputado José Manuel Edwards me preguntó qué significa y cómo impacta este aumento del 5 por ciento de las cotizaciones en quienes ganan 500.000, 600.000 o 700.000 pesos. El promedio de la actual tasa de reemplazo de las pensiones no supera el 40 por ciento. En el caso de los hombres, representa un poco más del 50 por ciento y en el caso de las mujeres bordea el 30 por ciento.
Hay que estudiar el impacto que producirá este aumento del 5 por ciento de las cotizaciones en la clase media de nuestro país y cómo mejoramos el monto de sus pensiones. Por eso todavía no hemos enviado un proyecto de ley, pero se hizo una invitación para elaborarlo.
También hemos hablado del aporte inter generacional e intra generacional. No voy a entrar en el detalle, ya que el ministro de Hacienda lo explicará. Sin embargo, me hago cargo de esa pregunta en particular del diputado José Manuel Edwards , para responder que esto requiere esfuerzo, seriedad y que no nos equivoquemos en la solución, aunque apuremos el tranco, porque es un tema que impacta a nuestros actuales pensionados, pero también a los futuros.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés .
El señor VALDÉS (ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, quiero agregar muy pocas cosas.
En primer lugar, agradezco la apertura del diálogo que vimos en la Sala. A pesar de que hay opiniones muy fuertes y formadas sobre el tema, hemos participado en una sesión más constructiva que destructiva. Ese es un muy buen primer paso para lo que sigue, que es un proceso difícil de conversación.
Reitero que aquí hay opiniones fuertes, bien fundadas y visiones sobre cómo tiene que ser un sistema de seguridad social.
En segundo lugar, hay tres temas a lo menos que son muy importantes de considerar en cualquier solución. Primero, que el sistema sea sostenible; segundo, los incentivos, y tercero, la cautela con la macroeconomía.
En la parte sostenible es muy importante considerar los aspectos fiscales de cualquier cosa que se haga y, en segundo lugar, reconocer que nuestra población va a ir envejeciendo por lo que habrá menos trabajadores por cada jubilado a medida que transcurran los años, lo que también pone restricciones a lo que se puede hacer para que el sistema que se reforme pueda seguir funcionando por décadas. Lo peor que podríamos hacer es implementar un sistema que tengamos que parchar en poco tiempo más.
Otro elemento son los incentivos. Debemos cautelar que existan incentivos para cotizar, porque la aplicación de distintos modelos puede provocar comportamientos diferentes en todos los actores, es decir, en los trabajadores y en los empleadores. También debemos cautelar que existan incentivos para contratar, lo que requiere actuar con cuidado.
En cuanto a la macroeconomía y al crecimiento, deseo diferenciar o distinguir qué soluciones aportan al ahorro del país y qué soluciones no aportan al ahorro del país. Es bueno aclarar que hay soluciones que no aportan al ahorro, pero que son necesarias, por ejemplo, las transferencias, y hay otras soluciones que aumentan el ahorro.
Hay que lograr una combinación entre ambos tipos de solución para mejorar pronto las pensiones, pero cautelando en el mediano plazo el ahorro del país. Queda mucho trabajo por hacer.
Los ministros nos vamos a desplegar por el país en los próximos días, pero en esta discusión es clave actuar con buena voluntad, porque todos vamos a tener que ceder en algo. Nadie va a poder lograr que se establezca el sistema ideal que quiere.
Por último, quiero hacer una pequeña distinción entre solidaridad y los distintos sistemas, porque a veces se piensa que un sistema con ahorro puede no ser solidario. Ello no necesariamente es así, porque al sistema de ahorro que tenemos, el sistema de capitalización, se le agrega el adjetivo “individual”. Desde el momento en que se agregue en la definición la palabra “colectivo”, podrá haber mucha más solidaridad de la que existe hoy.
Con la misma fuerza, quiero decir que un sistema inter generacional no necesariamente significa que habrá más solidaridad. Depende de cómo se diseñe ese sistema. Debemos tener mucha cautela de no terminar en un sistema que funcione de manera similar a como funcionaba el sistema antiguo, en el cual si no se cotizaba un cierto número de años, no se obtenía beneficio alguno, y en el que solo el último sueldo valía como gatillador de beneficios. Si los sueldos están mal distribuidos, usar el último sueldo como base de beneficios, sin duda, es un camino que va a llevar a muy poca solidaridad en el sistema.
Por lo tanto, como se ha dicho varias veces, tenemos que cuidar los detalles, porque eso nos va a permitir construir un sistema más solidario y tripartito.
Pienso que el 5 por ciento de cotización de cargo del empleador ya está siendo aceptado como una importante vía de avance, y con una microeconomía que nos permita cautelar todos los incentivos.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución N° 679, de los diputados Marcos Espinosa , José Pérez , Fernando Meza , Yasna Provoste , Marcela Hernando , Lautaro Carmona , Alberto Robles y Ramón Farías , que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet , patrocinar y colocar urgencia al proyecto de reforma constitucional que “Modifica la Carta Fundamental para permitir la iniciativa legislativa parlamentaria en materia de seguridad social” (boletín N° 10831-07).
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bellolio
-Se abstuvieron los diputados señores:
La señora
Señor Presidente, pido que agregue mi voto a favor.
El señor
Señor Presidente, pido que incorpore en acta mi voto en contra.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Se dejará constancia en el acta de la votación de ambos.
El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución N° 680, patrocinado por los diputados Patricio Melero , Javier Macaya , David Sandoval , Ernesto Silva , Felipe de Mussy, Juan Antonio Coloma , María José Hoffmann , Andrea Molina , Ramón Barros y Marisol Turres , que en su parte dispositiva dice:
La Cámara Diputados resuelve:
1.- Que un eventual aumento de un 5 por ciento de la cotización obligatoria con cargo al empleador, será del trabajador. Esta deberá hacerse gradualmente e incorporarse en su totalidad en la cuenta individual de este.
2.- Que resulta urgente fortalecer y aumentar las pensiones emanadas del pilar solidario, lo cual debe realizarse a través de los fondos de la nación, aumentando el actual nivel de gastos de un 0,7 por ciento a un 1,1 por ciento del producto interno bruto. Para ello, debemos racionalizar los gastos de proyectos con mala evaluación o de baja productividad o de difícil cumplimiento.
3.- Aumentar a partir del 1 de enero de 2017, la pensión básica solidaria y la pensión de invalidez a 120.000 pesos, y el aporte previsional solidario en un 15 por ciento.
4.- Fortalecer subsidios al empleo de jóvenes y mujeres, y permitir que los adultos mayores beneficiados con la pensión básica solidaria no la pierdan por obtener un nuevo trabajo o un beneficio adicional.
5.- Incentivar la educación previsional para los trabajadores y establecer un monto obligatorio con cargo a las AFP por este concepto.
6.- Estas propuestas son sin perjuicio de una serie de medidas legales y administrativas que nuestra bancada se encuentra analizando, y que una vez concluidas pretenden entregar una visión global y más consistente en beneficio de los pensionados de nuestro país.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 680.
-Durante la votación:
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, pregunte si hay diputados o diputadas que tengan conflicto de intereses, para que se inhabiliten de votar.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Esa es obligación de cada parlamentario.
En votación.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor
Señor Presidente, pido que se agregue mi voto en contra.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Se dejará constancia de su voto en el acta, señor diputado.
El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución N° 681, de los diputados Alejandra Sepúlveda , Tucapel Jiménez , Denise Pascal , Fernando Meza , Claudio Arriagada , Ramón Farías y Cristina Girardi , que en su parte dispositiva expresa:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que con el mérito de lo expuesto en los considerandos de este proyecto, proceda a dar trámite a las distintas propuestas existentes, de forma de dar una pronta solución al deplorable estado de las pensiones de los chilenos.
Particularmente, se solicita que se envíe un oficio de urgencia al proyecto que establece el derecho constitucional de la libre afiliación a un sistema previsional, así como el envío de un proyecto de ley que desarrolle el ejercicio de este derecho, de tal forma de permitir a aquellos que cotizaron en el antiguo sistema que puedan retornar libremente a este.
Lo anterior es sin perjuicio de sostener un debate democrático profundo en torno a establecer un sistema de seguridad social que incluya los principios de universalidad, igualdad de trato, solidaridad, integridad y suficiencia de las prestaciones, unidad, participación y sostenibilidad financiera, en conjunto con toda otra medida que permita paliar las dramáticas consecuencias de la capitalización individual en las AFP.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Coloma
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del último proyecto de resolución.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución N° 682, de los diputados Fuad Chahin , Marcelo Chávez , Patricio Vallespín , Jorge Sabag, José Miguel Ortiz , Jaime Pilowsky , Juan Morano , Yasna Provoste , Pablo Lorenzini y Matías Walker , con la adhesión de los diputados Cristina Girardi y Claudio Arriagada , que en su parte dispositiva expresa:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet , el envío de los mensajes necesarios para:
A. En el mediano plazo:
Establecer una reforma a la previsión social en Chile sobre la base de la creación de un Fondo Público y Solidario de Pensiones con las características así referidas y el derecho a opción de los chilenos para elegir entre el sistema de las AFP o este nuevo sistema.
B. Con carácter de urgente:
1. La implementación de un sistema mixto, compuesto por un fondo de capitalización individual hasta la tercera edad y un fondo solidario a partir de la cuarta edad, conformado con aportes del empleador y del Estado enviados directamente al Fondo de Reserva de Pensiones o a una compañía de seguros estatal.
2. La implementación de un mecanismo de ajuste automático de las pensiones inferiores al monto mínimo por aplicación del aporte previsional solidario, sin necesidad de trámites por parte del beneficiario.
3. Obligar a los empleadores a efectuar el pago efectivo e inmediato de las imposiciones de los trabajadores, terminando con la facultad entregada actualmente de sólo cumplir con la declaración de las mismas.
4. Otorgar la atribución exclusiva de determinación de tablas de expectativas de vida y mortalidad de los chilenos al Instituto Nacional de Estadísticas para todos los efectos legales, incluido el relativo al sistema de pensiones.
5. Regular un mejor sistema de responsabilidad de las administradoras ante las pérdidas que sufran los fondos administrados.
6. Prohibir por ley que las administradoras traspasen a los trabajadores el costo de las comisiones que ellas pagan a intermediarios de inversión o “comisiones fantasmas” (que actualmente corresponden a un 0.6 por ciento).
7. Obligar a las administradoras de fondos de pensiones a transparentar el porcentaje de inversiones colocadas en mercados financieros extranjeros y a hacer más transparentes y públicos los informes de niveles de riesgo con los que trabajan.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor DE MUSSY.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor DE MUSSY.-
Señor Presidente, solicito que revise la presencia de diputados en la Sala que no votaron, práctica que se está repitiendo con frecuencia. Es importante respetar el Reglamento.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Se hará a través de la Secretaría, señor diputado.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.37 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA POR LOS DIPUTADOS SEÑORES SAFFIRIO, BECKER, BELLOLIO, BERGER, COLOMA, GAHONA, GARCÍA; KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MIROSEVIC, NORAMBUENA, Y RATHGEB, Y LA DIPUTADA SEÑORA MOLINA, EN CONTRA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DOÑA MÓNICA JAVIERA BLANCO SUÁREZ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 52 N° 2 LETRA B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, Y 37 Y SIGUIENTES DE LA LEY N° 19.918 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
“Honorable Cámara De Diputados
Los diputados que suscriben, domiciliados en la sede del Congreso Nacional de la República de Chile, ubicado en avenida Pedro Montt s/n, comuna de Valparaíso, a la Honorable Cámara de Diputados respetuosamente decimos:
En virtud de lo preceptuado en el artículo 52 N°2, letra b) de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 37 y siguientes de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, venimos a deducir acusación constitucional en contra de la señora Mónica Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, en adelante, “la Ministra”; por infringir la Constitución, haber dejado las leyes sin ejecución, y por haber comprometido gravemente el honor de la Nación.
Una acusación constitucional debe ser presentada a la Cámara de Diputados por no menos de diez ni más de veinte diputados. Entre las autoridades que son susceptibles de ser acusadas constitucionalmente, se encuentran los Ministros de Estado, tal como lo dispone el mencionado artículo 52 N°2 letra b) del texto constitucional, en virtud de la causal “por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;”. La acusación debe presentarse por escrito, mientras el sujeto pasivo de la acusación se encuentre en funciones o, en un período de tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Esto según lo preceptuado en el artículo 52 N°2, inciso 3° del Código Político.
La presente acusación, se deduce en contra de la titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Doña Monica Javiera Blanco Suárez, quien se encuentra en sus actuales funciones desde el día 11 de mayo de 2015, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N°593 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial el día 13 de Junio del año en comento.
PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS JURÍDICO-CONSTITUCIONALES.
1. La acusación constitucional como juicio político.
La acusación constitucional es una herramienta de carácter jurídico-política, de atribución de la Cámara de Diputados, que busca hacer efectiva las responsabilidades de altos funcionarios del Estado. Se debe fundar en la infracción a la Constitución, y se establecen causales específicas, en atención a la investidura o cargo.
Uno de los aspectos referidos a esta institución, que ha tenido mayor discusión en doctrina, es la naturaleza jurídica de la acusación constitucional. Alan Bronfman señalaba que “es posible perfilar nítidamente los conceptos de acusación constitucional y juicio político, expresiones que la doctrina y la práctica utilizan con frecuencia en forma indistinta”. Este autor ha señalado que la acusación o juicio constitucional, es un mecanismo que busca hacer efectiva la responsabilidad de ciertos funcionarios o servidores públicos, por haber incurrido en alguna de las conductas que la Constitución expresamente establece, pudiendo no ser necesariamente también un ilícito civil, penal o administrativo; quedando en condiciones de ser destituido el funcionario que incurrió en dichas conductas. Este instrumento constitucional se encuentra instituido generalmente en regímenes de gobierno, de corte presidencialista. Por otra parte, añade Bronfman, el juicio político constituye una herramienta que exige la responsabilidad de quienes detentan funciones en la estructura del Estado. Al ser el Parlamento el que exige la responsabilidad política de los funcionarios públicos, este sistema se vuelve como un eje, en el sistema institucional dentro de un Estado de Derecho.
La acusación constitucional o juicio político constituye una excepción al principio de separación de poderes, ya que la actuación del órgano legislativo significaría el ejercicio de funciones judiciales, por lo que el poder judicial ve sustraído su ámbito de competencia. Esta situación tiene un origen o sustrato histórico. Desde este punto de vista, las razones para que haya existido esta excepción a la separación de funciones del Estado, las encontramos en el constitucionalismo inglés y estadounidense.
1.1 Acusación Constitucional y sus orígenes en el Derecho Comparado.
Los antecedentes de la acusación constitucional podemos encontrarlos en Inglaterra y los Estados Unidos, en la institución conocida como “Impeachment”. El sistema Inglés posee un modelo más bien de carácter penal, en cambio el modelo norteamericano es de naturaleza más política.
Los orígenes del impeachment en el sistema inglés se remontan al siglo XV, época en la que el Parlamento la utilizaba para poder juzgar a altos oficiales, e incluso particulares, que no eran sometidos a juzgamiento por los tribunales de justicia, dejando siempre al Rey a salvo, o inmune. La Cámara de los Comunes, actuando como un Gran Jurado, decidía cuándo acusar a un oficial. Si lo acusaba, la Cámara de los Lores lo juzgaba y condenaba, pudiendo imponerle sanciones penales, incluso la muerte, como también removerlo del oficio o función. [1]
En el caso del sistema norteamericano, el “impeachment” se desarrolla en el contexto de la independencia de las 13 colonias, del otrora Imperio Británico, en pleno siglo XVIII, época en la cual esta institución venía en declive en el Reino Unido, siendo reemplazada por mecanismos de responsabilidad política como las interpelaciones, los votos de confianza y de censura, propios de un sistema parlamentario.
A mayor abundamiento, la Constitución Norteamericana de 1787 que instauró el impeachment, señalaba que:
“Art. I. Sección 2/cláusula 5. (…) La Cámara de Representantes elegirá su Presidente y demás empleados, y tendrá la facultad exclusiva de acusación en los juicios políticos.”
“Sección 3/cláusula 6. (…) El Senado tendrá el derecho exclusivo de juzgar todas las acusaciones de los funcionarios públicos. Cuando se reúna para este objeto, estarán bajo juramento o afirmación. Cuando se juzgue al Presidente de los Estados Unidos, presidirá el (Chief Justice) Jefe del Poder Judicial; y nadie podrá ser declarado convicto, sino concurriendo las dos terceras partes de votos de los miembros presentes.”
“cláusula 7.- La sentencia en casos de acusación a funcionarios públicos, no excederá de la privación del empleo, e inhabilitación para obtener y gozar ningún otro cargo honorífico de responsabilidad, o productivo, en los Estados Unidos: pero la parte convicta quedará sin embargo, sujeta a ser acusada, juzgada, sentenciada y castigada, según la ley.”
“Sección 9/cláusula 3. Ningún proyecto de ley para condenar sin forma de juicio (bill of attainder), será aprobado, ni promulgada ninguna ley ex post facto.”
“Art. II. Sección. 2/cláusula 1. “El Presidente...tendrá poder para acordar la suspensión del castigo y el perdón por delitos, contra los Estados Unidos, excepto en los casos de juicio político.”
“Sección 4. El Presidente, Vice-Presidente y todos los empleados civiles de los Estados Unidos, serán separados de sus empleos, cuando sean acusados y convencidos de traición; cohecho u otros graves crímenes y delito.”
“Art. III. Sección. 2/cláusula 3. “El juicio de todos los crímenes, excepto en casos de acusación y juicio político contra funcionarios públicos, se hará por jurados; y los juicios tendrán lugar en el Estado donde dicho crimen se hubiere cometido; pero cuando no se hubiere cometido en ningún Estado, el juicio se seguirá en el paraje o parajes que el Congreso haya designado por ley.”
En general, el impeachment es definido como “acusaciones de inconducta en el desempeño del cargo, y pueden compararse con las declaraciones o acusaciones del gran jurado. (...) El cargo de inconducta debe equivaler a una acusación de ‘traición, soborno u otros delitos e inconductas graves’, pero la expresión ‘delitos e inconductas graves’ se utiliza en un sentido amplio, y presumiblemente equivale a la falta de esa ‘buena conducta’ que se exige específicamente a los jueces”. [2]
1.2 La Acusación en el Juicio Político: Antecedentes en la Doctrina.
En la doctrina chilena, el profesor Humberto Nogueira cita a Bronfman, para entregarnos una definición formal de acusación constitucional, y señala que se trata de: “aquel juicio político y jurídico que se concreta contra altas autoridades o altos funcionarios del Estado por actos propios del cargo que desempeñan. La acusación constitucional hace efectiva una responsabilidad mixta que tiene rasgos jurídicos y políticos por los ilícitos constitucionales establecidos taxativamente en la Carta Fundamental, los cuáles pueden estar constituidos por infracciones a la Constitución o las leyes, abusos de poder o delitos, dependiendo de las causales específicas de cada caso.”
Nogueira hace referencia a que la finalidad de la acusación constitucional es, “en cuanto garantía propia del Estado de derecho y mecanismo de control interorgánico de base constitucional, contener el abuso o desviación de poder de las personas o autoridades recusables, resguardar y garantizar el orden institucional de la República democrática y los derechos esenciales de las personas y cuerpos intermedios de la sociedad”.
Joaquín Recart Apfelbeck, plantea que se debe considerar a la acusación constitucional como un mecanismo de control político representativo, rechazando su consideración como mecanismo jurisdiccional, y recurriendo para ello a la teoría del control constitucional, que distingue entre control político y jurídico.[3]
En Chile, uno de los trabajos de investigación más completos que hasta la fecha se han realizado, es la brillante tesis de doctorado titulada “La Acusación Constitucional: Su naturaleza jurídica y los derechos fundamentales en Chile” de Marcello Sasso Fuentes, realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a cargo del Profesor Guía Pablo Ruiz-Tagle Vial, el año 2004. En ella el autor sostiene que “es posible concluir que el instituto de la acusación constitucional tiene una importancia fundamental para asegurar el principio del gobierno responsable, en el marco del principio de separación de poderes, propio del Estado de Derecho democrático y constitucional.” (Sasso Fuentes, 2004). No podemos estar más de acuerdo con ésta aseveración, pues colegimos que esta es una herramienta válida para asegurar y ampliar el Estado Democrático de Derecho, haciendo un uso responsable y pertinente que nos otorga nuestra investidura parlamentaria.
En suma, Marcelo Sasso nos presenta interesantes y bien fundadas conclusiones que detallaremos a continuación:
1.- El instituto de la acusación constitucional es propio del régimen presidencial de Gobierno que rige en Chile, y está conforme al principio de separación de poderes en la mejor lectura del mismo, de acuerdo a los aportes de la doctrina nacional sobre el particular.
2.- El instrumento de la acusación constitucional hace efectiva en Chile, entre 1990 y 2013, una responsabilidad político-constitucional, no necesariamente de índole penal.
3.- La acusación constitucional en su diseño constituye un efectivo resguardo de los derechos fundamentales, ello por el fundamento y el procedimiento de la acusación constitucional. De lo expuesto, resulta claro que la acusación constitucional en juicio político es hoy uno de los temas más debatidos en la doctrina y en la práctica institucional chilena, de modo tal que su entendimiento, en el marco del principio de división de poderes, como un instrumento o procedimiento de carácter jurisdiccional, mediante la actuación como jurado, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, revela el alcance que el instituto puede tener de acuerdo al modelo ideado por los padres fundadores de la República norteamericana, y que recogiera la propia tradición constitucional chilena, a partir de 1874, como una manera de hacer efectiva la responsabilidad gubernamental de las más altas autoridades del Estado.
2. Responsabilidad de los Ministros de Estado.
En cuanto a los ilícitos constitucionales que pueden cometer los Ministros de Estado, cabe señalar que en el caso de la infracción a la Constitución, o las leyes, no se requiere que esa conducta revista de “gravedad”, por lo que las hipótesis que se pueden generar para configurar esta causal, pueden ser muy amplias; y lo mismo ocurre en el caso de no ejecutar las leyes, por lo que cualquier conducta, acción u omisión de un Secretario de Estado, podría hacer incurrir a ese funcionario público en un ilícito constitucional, por lo que debe ser reprochado y sancionado en la forma prescrita por la Carta Fundamental. Además, se agregan delitos específicos: traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno los que pueden ser encuadrados con mayor o menor exactitud en figuras punibles del Código Penal o de leyes penales especiales; como ocurre con los tipos de traición contemplados en los títulos I y II del libro II del Código Penal, tipos de exacción de los artículos 157 y 241 del Código Penal; malversación de caudales públicos de los artículos 233 a 238 del Código Penal y los tipos de cohecho de los artículos 248,249 y 250 del Código Penal(…)[4]
Es menester precisar que la ligazón existente entre estos ilícitos constitucionales de naturaleza penal del Código Penal o leyes penales especiales, es una ligazón laxa o abierta, ya que la Cámara de Diputados al declarar la admisibilidad de la acusación y el Senado, actuando como jurado, declarar la culpabilidad no está sometido a reglas de instrucción, reglas de prueba o convicción estrictas o vinculantes, que lo obliguen a encuadrar las inconductas en tipos penales, sino a encuadrar las inconductas en ilícitos constitucionales, ya que la responsabilidad constitucional y la responsabilidad penal funcionaria son independientes y distintas.[5]
Para los Ministros de Estado también se exige causalidad específica, y por ende es una responsabilidad constitucional personal o subjetiva, directa. Pero a diferencia del Jefe de Estado, los ministros son responsables por inconductas (actos positivos o negativos, formales y no formales) encuadrables en los ilícitos constitucionales antes referidos, todo en estrecha conexión con su posición de órganos del Estado.
Sobre el alcance de la responsabilidad de los Ministros de Estado, Alejandro Silva Bascuñán ha expresado: “en el estudio de la procedencia de las acusaciones que se dirijan a los Ministros de Estado debe tomarse en cuenta que éstos, aunque de exclusiva confianza del Presidente en su nombramiento y remoción, no son secretarios privados suyos, sino funcionarios públicos que actúan como órganos del Estado y asumen plena responsabilidad personal de sus actuaciones, no obstante la que también grava al Jefe de Estado”. [6]
El artículo 33 de la Constitución Política de la República dispone que “Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos de Presidente de la República en el gobierno y la administración del Estado”. De un análisis de la disposición en comento, podemos señalar que los Secretarios de Estado, al encontrarse en una posición de colaborar en la dirección ejecutiva de Estado, y en pleno ejercicio de sus potestades gubernativas; se les exige un estándar mayor de comportamiento o conducta en el desempeño de sus funciones, porque sus decisiones impactan en el devenir de la República, en tanto comunidad política o “polis”.
Para el profesor Francisco Zúñiga la responsabilidad constitucional del Gobierno en Chile y en América Latina es una responsabilidad jurídico-política. Es responsabilidad jurídica por que se funda en inconductas constitutivas de ilícitos constitucionales, de lejano cuño penal o administrativo, como el mal desempeño del cargo público, la infracción (abierta o no) de la Constitución y de las leyes o la comisión de delitos; que se persiguen en un procedimiento dual (acusación en juicio político) sometido a la Constitución y la ley, y revestido de resguardos garantísticos mínimos como las garantías del principio de legalidad y del principio de debido proceso legal. También es responsabilidad política porque los órganos que admiten la acusación y que juzgan son órganos políticos (Cámara de Diputados y Senado) actuando con un amplio margen de libertad o discrecionalidad a la hora de encuadrar las inconductas en los ilícitos constitucionales, aunque deben someterse al imperativo hermenéutico del Derecho sancionador, en orden a que los ilícitos constitucionales son de derecho estricto e interpretación restrictiva. [7]
En efecto, concordamos con el planteamiento del profesor Zúñiga, en orden a esta naturaleza mixta o dual de la acusación constitucional, ya que las causales para acusar a un funcionario público, son de basamento jurídico, y están claramente desarrolladas en la Carta Fundamental. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano encargado de reprochar un ilícito constitucional, no es un tribunal de justicia, es el Poder legislativo, conformado por las cámaras que representan al pueblo soberano.
Por lo tanto, son los órganos políticos los que juzgan, son los legisladores que ponderan, según su juicio o “sana crítica”, los hechos, que se enmarquen en las causales jurídico-constitucionales, es decir, el hecho de que la acusación tenga una dimensión política, no significa que sea ejercida arbitrariamente por los parlamentarios, sino todo lo contrario, significa ejercerla con responsabilidad y con una sólida fundamentación jurídica, no sólo porque debe estar fundada en lo que rigurosamente dispone el Código Poítico; sino que además por el verdadero carácter de “ultima ratio” de este instrumento, ya que el resultado final en caso de prosperar la acusación, es la declaración de culpabilidad que realiza el Senado, y como sanción se le aplica al acusado, la inhabilidad de ejercer cargos públicos por 5 años. Esta consecuencia de carácter constitucional es grave, ya que esta potestad sancionatoria, importa una privación del pleno ejercicio de un derecho fundamental, como es el ejercicio de funciones públicas, por un largo período de tiempo. Es por ello, que este mecanismo de juicio político-constitucional a las autoridades del Estado, es de carácter excepcional dentro de nuestro Estado de Derecho.
SEGUNDA PARTE: LOS HECHOS SOBRE LOS QUE SE BASA LA PRESENTE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.
Desde el inicio de la administración de la Señora Ministra, el 11 de mayo de 2015, hasta la fecha de esta presentación, se han suscitado una serie problemáticas de gestión, manejo de la información y ejecución de medidas; principalmente relacionadas con los continuos casos de muertes de niños, niñas y adolescentes al interior de centros dependientes del Servicio Nacional de Menores (en adelante Sename). Dicha situación se ha traducido en una constante incertidumbre, sobre el real número de casos de fallecimientos de niños. El relato de algunos de los hechos que hacen procedente la presente acusación constitucional es el que a continuación se realiza.
El 6 de Julio de 2014, se tomó conocimiento a través de distintos medios de comunicación del caso de Isamar de 2 años, la niña había pasado el fin de semana con sus padres y abuelos, y ese domingo regresó a dormir a un centro dependiente del Servicio Nacional de Menores, ubicado en la comuna de Limache. Desde hacía tres meses el Tribunal de Familia competente había ordenado llevarla a ella y su hermano de 4 años al centro cerrado del Sename, debido a la precariedad económica de su familia. Isamar fue encontrada muerta por asfixia provocada por vómito, a sólo dos semanas de que pudiera volver junto a sus padres.
Con fecha 16 de febrero de 2016, y nuevamente a través de los medios, es que se conoce el caso de Rachel, quien fue derivada en noviembre del 2015, debido a que padecía lupus y sus padres no le proporcionaban los cuidados necesarios. Cuando entró al Centro Alceste Piergiovanni, ubicado en Quinta de Tilcoco, la niña había sido dada de alta del Hospital de Rancagua, con un diagnóstico de “hemiparesia, enuresis, encopresis, compromiso cualitativo de conciencia, encefalopatía lúpica, nefropatía lúpica y lupus erimatoso sistémico subtratado.” Para ello le recomendaron un tratamiento con omeprazol, nifedipina y prednisona.
Durante el mismo mes, los niños de dicho Centro (Rachel incluida) fueron llevados de vacaciones a Pichidangui. Los padres de la niña habían pedido que mientras duraran éstas “vacaciones” la niña fuera dejada con ellos, debido a que no podía exponerse al sol. A lo que el centro no accedió porque la niña tenía ”todos sus controles al día y estaba en condiciones de salud para realizar una vida normal.”
Fue en Pichidangui donde la niña sufrió una serie de descompensaciones, y falleció ocho días después de llegar del paseo. Los exámenes toxicológicos determinaron que no había rastro de que a la niña se le hubiese suministrado los medicamentos que le recetaron para tratar su lupus. Sólo había rastro de midazolam, un psicotrópico con efecto sedante para calmar los dolores.
En el mes de abril del presente año, Lissette, de 11 años de edad, después de transitar más de diez veces entre su casa y hogares dependientes del Servicio Nacional de Menores, llegó al Centro Galvarino, ubicado en Estación Central, Región Metropolitana, donde estaba siendo medicada por estrés postraumático, tras haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padre. El 11 de abril de 2016 fue encontrada muerta a causa de un paro cardiorespiratorio, en circunstancias absolutamente desconocidas y al interior del centro dependiente del Sename.
Este último fallecimiento, fue de especial gravedad por las circunstancias que lo rodeaban y daban cuenta de una total acefalía por la falta de control que llevó a cabo Sename. La negligencia con la que actuaron los adultos responsables del Centro Galvarino, y la insensibilidad que se hizo visible por parte de la institución al declarar la Directora Marcela Labraña que “la opinión del doctor” es “que ella tuvo una descompensación mayor producto del estado en el que estaba, producto de que no la fueron a ver el día domingo”; atribuyendo la muerte de la niña a hechos absolutamente inverosímiles, que desembocaron en la renuncia de la hasta esa fecha Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores.
En reemplazo de la renunciada Directora, ocupa su cargo asumiendo como Director Nacional, don Hugo Herrera Andreucci, quien previo a asumir la jefatura del servicio, se desempeñaba como Jefe del Departamento de Justicia Juvenil, lo cual da cuenta de manera inequívoca de la voluntad por parte de la Ministra de justicia de dar continuidad a la gestión realizada por la entonces Directora, nombrando a uno de los asesores más cercanos a la señora Labraña como nuevo Director, quien asumió sus funciones el 22 de abril de 2016.
Sin embargo, la trágica historia de fallecimientos no termina allí, y a mediados de junio del presente año, se toma conocimiento del caso de Tania y Francisco, de 16 y 14 años de edad respectivamente, quienes fallecieron en el Pequeño Cottolengo, ubicado en Rancagua, en ambos casos los adolescentes padecían de cuadros médicos que demandaban cuidados especiales, y administración de medicamentos y otros. Las causas que los llevaron a la muerte aún se desconocen, y sólo se sabe que el Servicio Nacional de Menores habría realizado una denuncia ante la fiscalía.
Estos últimos casos de fallecimientos, y la fuga masiva de adolescentes del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), dependiente de Sename, ubicado en la ciudad de Arica; situación ocurrida a mediados del mes de julio del presente año, desencadenó la renuncia del recién asumido Director Nacional del Servicio Nacional de Menores. A consecuencia de lo anterior la titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nombró a la Señora Solange Huerta Reyes como nueva Directora de la institución, el 16 de julio pasado.
Los relatos de fallecimientos que en esta presentación se realizan, representan un número ínfimo dentro de los cientos de casos de negligencias, maltratos y abusos, que se han producido al interior de centros dependientes del Sename. Respecto de las circunstancias en las que dichos decesos ocurrieron, y las medidas ejecutadas para impedir que continuaran falleciendo niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Servicio, son a la fecha casi totalmente desconocidas.
La situación de colapso del Sename, ha llegado a tal punto, que la propia institución ha reconocido, las deplorables condiciones en las que viven niños, niñas y adolescentes a cargo del servicio. Sobre el particular, y a modo ilustrativo, podemos señalar que los medios de comunicación nacional han realizado sendos reportajes al respecto. En junio de 2016, el diario La Tercera publicó un diagnóstico hecho por el Sename, donde se identifica a 1.334 menores viviendo bajo su protección, que están en estado “crítico”, con: “Potencial riesgo vital y patologías mentales complejas”. La cifra vino a reforzar la urgencia de revisar un sistema en crisis por falta de recursos y personal calificado. [8]
En razón de todos estos hechos es que con fecha 15 de junio de 2016, se constituyó la Comisión investigadora de la forma en que las autoridades han atendido las propuestas de la Cámara de Diputados, por la aprobación del informe de la Comisión investigadora del Sename en el año 2014, y la situación de menores de edad carentes de cuidado parental.
El día 4 de mayo de 2016, uno de los suscritos e integrante de ésta nueva comisión investigadora sobre Sename, el Diputado René Saffirio, solicitó vía oficio de fiscalización a la Ministra de Justicia, que informara el número, causa de la muerte, lugar y centro de residencia de niños, niñas y adolescentes fallecidos en recintos del Sename entre 2005 y mayo de 2016.
La respuesta oficial del Ministerio de Justicia, entregada 64 días después, el día 7 de Julio de 2016, informó la muerte de 185 niños, niñas y adolescentes durante dicho período.
La cifra entregada no corresponde a la realidad, por el contrario, ésta resulta ser mucho más dramática, y se estima de acuerdo a información de diversas fuentes oficiales en al menos 477 casos o más, que incluyen 292 casos de infractores de ley, extraída de los anuarios del propio Sename de los años 2010 al 2015. No existe información del período 2005-2009, ni mucho menos de 2005 hacia atrás. ¿Cuántos de estos 477 casos corresponden a niños, niñas y adolescentes que fueron donantes de órganos?. Tampoco está la información, ni en el Sename ni en el Servicio Médico Legal, ni mucho menos en el Ministerio de Justicia.
El problema que surge, y que hace nacer la responsabilidad política de la Ministra, radica en la falta de conocimiento sobre la real cifra de los niños muertos, e incluso el total y absoluto desconocimiento de ella, es decir, la acusada manifestó no saber cuántos niños, niñas y adolescentes han fallecido bajo la tutela del Sename, sin embargo, entregó deliberadamente una cifra de 185 fallecidos sin respaldo, en el marco de lo que informó por oficio y además declaró en la Comisión investigadora y a los medios de comunicación, lo que se visualiza como una maniobra descuidada, negligente y totalmente atentatoria contra la Constitución y el Estado de Derecho, pues faltó a la verdad en el marco de una sesión de la Cámara de Diputados.
La Ministra de Justicia acusada deberá responder ahora por las cifras distorsionadas que entregó a un requerimiento que se hizo en uso de facultades fiscalizadoras consagradas en la Constitución, proporcionando información falsa, y que constituye una transgresión a toda la legislación en materia de acceso a la información y transparencia, respecto a un Servicio que se encuentra bajo su dependencia, y que actualmente es investigado por el Ministerio Público, y fiscalizado por una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados; en ese sentido la Ministra titular de la cartera de justicia y acusada en este acto, señaló sólo después de que se ventilaran las incongruencias en las cifras de niños, niñas y adolescentes fallecidos que “(…) yo no puedo dar una cifra que después tenga que entrar a corregir, quiero decir que nosotros hoy día con responsabilidad estamos trabajando para dar esa información”, declaración que formuló posterior a la entrega de una cifra falsa de fallecidos, en lo que a todas luces constituye un actuar negligente y que desconoce los preceptos constitucionales y legales elementales que la investidura de su cargo le exige.
En relación con lo señalado en el párrafo anterior, cabe señalar que con respecto a las decenas de casos de fallecimientos y las acciones que tomó el Servicio Nacional de Menores, se ha dado a conocer por parte del Fiscal regional de Los Lagos, en el marco de la indagatoria que lleva respecto a las irregularidades y muertes de niños, que hubo casos en que la institución no abrió sumarios para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de niños, niñas y adolescentes, denuncia que debió formularse dentro de las 24 horas siguientes a los hechos, y que se suma a la larga lista de acciones que la Ministra Blanco no ejecutó, siendo la responsable política y administrativamente.
Por último, resulta dramático que a pocos días de la presentación de esta acusación, se siguen teniendo noticias de casos de abusos y negligencia, en particular con fecha 8 de agosto recién pasado, en que una niña interna en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha, habría sido violada por un adulto en un sector eriazo cercano a Plaza Echaurren en Valparaíso y fue trasladada al Hospital Carlos Van Buren donde se confirmó la agresión sexual, tras haber huido del centro donde se encontraba habitando. Con posterioridad al ataque, la niña volvió a dependencias del Sename, desde donde nuevamente se fugó, y regresó a eso de las 2:00 de la madrugada del día siguiente.
TERCERA PARTE: CAPÍTULOS ACUSATORIOS.
Según lo preceptuado por el artículo 51 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para que el Senado conozca de la acusación constitucional debe votar por separado cada capítulo. Dicha norma dispone que “se entenderá por capítulo el conjunto de los hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyan cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución Política, autorizan para imponerla.”
Estos capítulos configuran las causales invocadas, y que se encuentran previstas en el artículo 52 Nº 2 letra b) de la Constitución Política de la República; son los siguientes:
a) Infringir la Constitución.
b) Dejar sin ejecución las leyes.
c) Comprometer gravemente el honor de la Nación.
Capítulo primero: infracción a la Constitución, por el no respeto al principio de probidad consagrado en el artículo 8°, e incumplimiento de los deberes impuestos a los Ministros de Estado, según lo dispuesto por al artículo 52 N°2 letras b) y c).
Los hechos señalados en el apartado anterior dan cuenta de que la Ministra ha infringido la Constitución y las leyes en lo referido al respeto que le debe conferir al principio de probidad.
El año 2005 el constituyente derivado incorporó mediante la reforma constitucional contenida en la ley N°20.050, el principio de probidad, agregando un nuevo artículo 8º a la Carta Fundamental, con una serie de efectos y proyecciones. El artículo preceptúa: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
En efecto, el propio Tribunal Constitucional ha sostenido la importancia del precepto, al señalar en la sentencia de 26 de agosto de 2008 (Rol Nº1170-2008), lo siguiente:
“DECIMOPRIMERO.- Que el artículo 8, inciso primero, de la Constitución, declara que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.
Esta honradez en el obrar, en todo su rigor, aparece recogida por el legislador orgánico, que denomina al Título III de la Ley Nº 18.575 “De la Probidad Administrativa”, estableciendo en el Párrafo I reglas generales – entre otras, un desempeño de la función con preeminencia del interés general sobre el particular – y, en el Párrafo II, las inhabilidades e incompatibilidades administrativas”.
Como explica la doctrina el principio de probidad se refiere a la “rectitud, honradez o abnegación en el desempeño de las funciones públicas”, luego agrega “por consiguiente la norma se extiende más allá de la administración pública, abarcando a todos quienes por algún concepto o motivo jurídicamente regulado, se hallen investidos de la capacidad de imputar al Estado la actuación u omisión en que intervinieron”, en otras palabras la norma constitucional exige el más estricto y severo cumplimiento del principio por parte del funcionario, pues “sirve al intérprete en su misión de declarar el verdadero sentido y alcance de la preceptiva subordinada”.
En este sentido, la consagración constitucional del principio implica la sujeción al mismo de toda persona que ostente un cargo público, en particular de los Ministros de Estado.
La Contraloría General de la República, en una interpretación sistemática había considerado, desde antes de la entrada en vigencia de la actual Constitución, el principio de probidad como un principio general del derecho administrativo y como un bien jurídico de rango esencial dentro de la Administración del Estado (Dictamen 13.537/1978). A su vez, la ley Nº 19.653, también conocida como “Ley de Probidad”, introdujo algunas modificaciones a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en su Título 1°, sobre Normas Generales, en su artículo 3°, inciso final, determinando que “la Administración del Estado deberá observar los principios de probidad, transparencia y publicidad administrativas (…). El artículo 13º agrega que “los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan”.
La norma constitucional del artículo 8° es particularmente relevante si la comparamos con el artículo 1° inciso 4 de la Carta Fundamental, ya que dicha norma determina el marco de la función pública, por cuanto, al establecer el papel instrumental del Estado, contempla, aunque no lo diga, que dicho rol no podría ser cumplido sino sobre la base de la juridicidad, de la responsabilidad, de la eficiencia, del control, de la racionalidad y de la probidad. Si no fuera así, dicho deber se desnaturalizaría.
La precisión jurídica en el concepto de la probidad la desarrollará la ley 19.653, la cual modificó la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, incorporando una serie de exigencias que deben cumplir los funcionarios para entender que se ha dado observancia a este principio de rango constitucional.
Para señalar las normas vulneradas, se seguirá el orden del contenido del principio de probidad, tal como aparece mencionado en la Ley General de Bases de la Administración del Estado, esto es, la ejecución de una conducta intachable y un desempeño leal y honesto del cargo, y por otra parte, el desarrollo de una gestión eficiente y eficaz, con la debida expedición en el cumplimiento de las funciones legales.
La Ministra infringió abiertamente el principio de probidad, al actuar de forma deshonesta, faltando a la verdad, al entregar a sabiendas falsas cifras de niños fallecidos. Además de ésta flagrante infracción al principio de probidad consagrado en nuestra Carta Fundamental, los suscritos concluimos de manera inequívoca que se ha infringido también lo dispuesto en el artículo 52 N°1 en sus letras b) y c), que además de señalar atribuciones exclusivas a la Cámara de Diputados, impone mandatos constitucionales a los Ministros de Estado; en este sentido se señala:
“Artículo 52.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:
b) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.
La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación, y
c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.
Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.
Forma como se configura respecto de la acusada la causal de destitución prevista en este capítulo.
De la lectura de las disposiciones anteriormente transcritas, en relación con los hechos relatados y, particularmente en lo atingente a la entrega de información abiertamente falsa sobre el número de niños, niñas y adolescentes fallecidos que se encontraban bajo la tutela del Sename, resulta evidente que la Ministra Blanco, no ha dado cumplimiento a estos imperativos constitucionales, ya que no dió respuesta a las preguntas que motivaron su citación el pasado 2 de agosto; en la que requerida la información, la Ministra y acusada, se limitó a responder con evasivas, sin dar cuenta de acciones concretas que mitigaran la deplorable e indigna situación en la que fallecieron cientos de niños, niñas y adolescentes, así como tampoco respecto a las medidas específicas que tomó para evitar que se siguieran produciendo dichas muertes.
Se hace patente la infracción en la que incurrió la Señora Ministra respecto a las solicitudes de información que se realizaron en el contexto de la Comisión investigadora, en la que entregó cifras contradictorias. En dicha instancia la acusada “oficializa” la muerte de 185 niños, niñas, adolescentes. Luego a la prensa declara titular de Justicia que esa cifra no incluye a infractores de ley, dado que esa información no estaba disponible. Sin embargo, en la web www.sename.cl están los anuarios institucionales de los años 2011 al 2015, en los que se consigna lo siguiente:
Todo lo expuesto en este capítulo, y en lo referente a los hechos señalados, constituyen una infracción al principio de probidad del 8° de la Carta fundamental, y una vulneración flagrante del mandato constitucional que le impone a los Ministros el artículo 52 N° 2 en sus letras b) y c), pues resulta del todo lógico que la información y las respuestas que los Secretarios de Estado deben dar, tienen que ser veraces y certeros, de otra forma la norma constitucional caería en un sin sentido, y en consecuencia la atribución de fiscalizar que le corresponde a la Cámara de Diputados carecería de objeto. En consecuencia, los hechos relatan de manera clara que la Ministra no ha entregado información veraz, al punto de que un informe elaborado por la oficina regional de la UNICEF en 2012, y que fue publicado en diciembre de 2013 establece que “75 niños, niñas y adolescentes fallecieron en 2010, durante el período de cuidado en instituciones de protección”, es decir contradice directamente la cifra de 185 niños, niñas y adolescentes que entregó la Ministra acusada, en consecuencia la información no sólo es falsa y contradictoria dentro de las mismas estadísticas de Sename, sino que además respecto de las cifras oficiales que un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas como es UNICEF entrega en su informe. En razón de estos hechos, es que los suscritos concluimos que se vulnera abiertamente la Constitución, y la esencia misma del Estado de Derecho.
Capítulo segundo: Dejar de ejecutar las leyes.
La señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, en tanto colaboradora directa e inmediata de la Presidenta de la República, en las labores gubernativas, encuentra su ámbito de competencia o atribuciones específicas en virtud de lo dispuesto en la ley orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las prerrogativas constitucionales de los Ministros de Estado, encuentran su desarrollo en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado. En virtud de esta normativa, el Poder Ejecutivo, dirige su acción en aras a la ejecución coherente de las potestades conferidas por la Constitución y las leyes. Quienes detentan la función gubernativa, no sólo trazan o actúan de modo coherente, en relación a su diseño político-gubernamental, sino que desde el punto de vista de la administración, deben hacer cumplir las normativas a la que están mandatados, (en este caso los Ministros del Gobierno) y darles plena ejecución. Los Secretarios de Estado deben ejercer un estricto control jerárquico, respecto del Ministerio al que sirven, y con respecto a todos los órganos de dependencia de la respectiva cartera ministerial.
A mayor abundamiento, la ley N°18.575, que es la normativa de carácter general que rige a los órganos de la Administración del Estado, dispone en el inciso 2° del artículo 1° que “La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.”
El artículo 2° del referido cuerpo legal, reafirma el principio de Supremacía constitucional consagrado en el artículo 6° de la Carta Fundamental, señalando que “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.”
Los hechos relatados en esta presentación relativos a no detener los innumerables episodios de irregularidades, abusos y fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en los centros dependientes del Sename, constituyen claramente a nuestro juicio, una inobservancia, y una falta inexcusable de supervigilancia sobre el Servicio, por lo que la señora Ministra no ha dado cumplimiento al control jerárquico que debe ejercer la Administración sobre sus organismos dependientes. En este sentido, el artículo 11 de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, se refiere a dicho control, señalando que “Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.”
Este control jerárquico que debe ejercer la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, en relación al Servicio Nacional de Menores, fluye de dos disposiciones legales, a saber: La ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Decreto Ley N°3346 de 1980, incluyendo las recientes modificaciones introducidas por la ley N°20.885) y la ley que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica (Decreto Ley N°2465 de 1979).
A mayor abundamiento, la ley del Ministerio de Justicia, en su artículo 2°, letra i), señala que dentro de las funciones del Ministerio deberá “Dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento;”. En este orden de ideas, y relacionado con lo anterior, el inciso 1° del artículo 1° de la ley que crea el Servicio Nacional de Menores (Sename), dispone “Créase el Servicio Nacional de Menores como un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, encargado de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal, de conformidad al artículo 2º de esta ley. Para dicho efecto, corresponderá especialmente al Sename diseñar y mantener una oferta de programas especializados destinados a la atención de dichos niños, niñas y adolescentes, así como estimular, orientar, y supervisar técnica y financieramente la labor que desarrollen las instituciones públicas o privadas que tengan la calidad de colaboradores acreditados.”
El mandato legal del artículo 1° del la ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encomienda a dicha Secretaría de Estado a promover los derechos humanos, cuestión que debió orientar el accionar de este órgano y a su titular la señora Ministra Blanco, quien durante su gestión en el Ministerio, ha sido absolutamente deficiente en promover, o cautelar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en centros administrados por el Sename u organismos colaboradores de esta institución. En consecuencia, resulta de especial gravedad los hechos que hemos conocido, relativos al fallecimiento de niños, a cargo del Servicio Nacional de Menores; hechos ocurridos durante la gestión de la Ministra Blanco.
Forma como se configura respecto de la acusada la causal de destitución prevista en este capítulo.
Resulta particularmente grave, y al mismo tiempo ilustrativo, como la Ministra ha dejado de ejecutar las leyes del Ministerio de Justicia, y del Sename, en aras de la protección de nuestros, niños, niñas y adolescentes; si nos detenemos a revisar el informe de auditoría de la Contraloría General de la República de diciembre de 2015, que da cuenta de una serie de falencias e irregularidades detectadas en centros dependientes del Sename. Se puede apreciar que las conclusiones del informe en comento son francamente lapidarias, y dan cuenta de un vergonzoso e inaceptable accionar de las instituciones que tienen bajo su resguardo a nuestros niños. En efecto, el mencionado informe señala:
“De la revisión practicada a las carpetas de las personas que trabajan para los proyectos examinados se determinó que, en términos generales, en los centros correspondientes a ocho regiones del país, a saber; Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo O'Higgins, Bío Bío, Los Ríos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Metropolitana, no contienen.
Los certificados de antecedentes ni las declaraciones juradas simples que expresen la circunstancia de no encontrarse los servidores procesados o formalizados por crimen o simple delito, o bien, estos documentos no se encuentran actualizados.” [9]
“Se observó que en algunos hogares de la Región del Bío Bío, los dormitorios son ocupados por personas de diferentes sexos y edades que fluctúan entre los 4 y 21 años, además, en las regiones de La Araucanía y Los Lagos se detectaron habitaciones con más de tres camas, situaciones que incumplen lo exigido en el punto 7.2 de la enunciada resolución N° 765, de 2011, donde se exige que cada residencia tenga un número de habitaciones y baños pertinentes a la cobertura del proyecto y diferenciados por sexo. Agrega ese numeral que, como estándar mínimo, los dormitorios no debieran ser utilizados por un número mayor a tres rangos etarios similares.” [10]
“Se detectó que los baños de la residencia Ainilebu de la Región de Los Ríos no se encontraban provistos de jabón, toallas ni papel higiénico. Además, se advirtió que las niñas no contaban con cepillo de dientes ni pasta dental, situaciones que no se condicen con lo establecido en los resultados esperados NOS 14.9 y 14.10, de los mencionados “Estándares mínimos de calidad para la atención residencial.”[11]
“Cabe consignar que en las direcciones regionales del Sename de Atacama, Coquimbo, Los Ríos y Metropolitana se advirtieron numerosas deficiencias en los organismos colaboradores, que evidencian la carencia de supervisión por parte de los funcionarios del servicio, acorde a lo dispuesto en la ley N° 20.032 y demás normativa aplicable, así como la falta de apego a los principios de eficiencia, eficacia y control e idónea administración de los medios públicos que debe observar la Administración, conforme a lo preceptuado en los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la citada ley N° 18.575, razón por la cual esta Contraloría General ordenó la instrucción de los respectivos procesos disciplinarios, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas.” [12]
El referido informe fue remitido a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y recepcionado con fecha 17 de diciembre de 2015 en la oficina de partes del Ministerio de Justicia, por lo que desde hace más de siete meses la señora Ministra se encuentra en conocimiento de sus conclusiones, y hasta la fecha han sido prácticamente nulas las acciones que ha llevado a cabo la Secretaria de Estado, para corregir las profundas falencias detectadas por la Contraloría, prueba de ello son las innumerables muertes y las denuncias de abusos y matratos de las que han sido objeto niños, niñas y adolescentes en centros del Sename, durante los últimos meses.
A mayor abundamiento, el informe de Contraloría revela que los niños se ven expuestos a condiciones indignas e insalubres de higiene, las que repercuten en su salud. Recién el día 8 de agosto pasado, la Ministra Javiera Blanco, y su par de Salud Carmen Castillo, anunciaron un plan de salud para atender ésta problemática. El propio sitio web de Sename, señala que “La iniciativa contempla el levantamiento de información de niños, niñas y adolescentes que permanecen en centros de protección por orden de un tribunal de familia, y abarcará aquellos administrados por Sename y por organismos privados que reciben subvención estatal. También permitirá contar con un procedimiento reglado y periódico de atención continua entre los centros de protección y los establecimientos de Atención Primaria de Salud.”
Estos programas representan acciones mínimas y tardías para atender la situación relativa a la salud de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de Sename, o en alguno de sus organismos colaboradores, lo que de haberse ejecutado a tiempo, tal vez habrían impedido el fallecimiento de niñas como Rachel, Lissette, Ismar, y otros cientos de víctimas del actuar negligente del Estado, y de la deficiente gestión de la Ministra Blanco.
Si un órgano autónomo constitucionalmente como la Contraloría General de la República, detecta irregularidades de tal magnitud por las falencias atribuidas al Sename, creemos que resulta aún más insostenible e injustificable que la señora Ministra de Justicia, no asuma sus responsabilidades políticas, como lo debería hacer cualquier servidor público, que tenga un mínimo sentido de la dignidad de su cargo, y de la gravedad de los hechos imputables al órgano de su directa dependencia.
Por otro lado, la Convención de Derechos del Niño es un instrumento jurídico internacional, ratificado por Chile, y se encuentra vigente en nuestro país desde el año 1990. Este tratado forma parte de nuestro derecho interno, ello en consonancia con el inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, que mandata al Estado respetar y promover los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
El artículo 3° de la Convención dispone:
“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”
En el artículo 3° punto 1. de la Convención, encontramos el principio del “Interés superior del niño”. Dicho principio es orientador de cómo el Estado debe proteger y respetar los derechos de los niños. Este principio rector de la normativa internacional en materia de infancia, durante la gestión de la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, no se ha respetado, siendo un incumplimiento inaceptable, por tratarse de un principio que debe inspirar el actuar de todos los órganos del Estado, por ser parte de un instrumento jurídico internacional, de suma relevancia en el sistema Universal de Derechos Humanos, y que al margen de la discusión doctrinal acerca de su rango constitucional o legal, la inejecución de la Convención, se adecua plenamente a la causal desarrollada en el presente capítulo.
Capítulo tercero: Comprometer gravemente el honor de la Nación.
Ha quedado claro a nuestro juicio, a lo largo de esta presentación, como se configuran los ilícitos constitucionales en los que ha incurrido la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Agregamos además, de los dos capítulos anteriores, el hecho de que la titular de Justicia ha comprometido gravemente el honor de la Nación, ya que estas flagrantes vulneraciones a los niños, niñas y adolescentes a cargo de Sename, constituyen una brutal violación a los derechos fundamentales, por lo que consideramos se está comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado de Chile, por incumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y en definitiva por la inobservancia de toda la normativa internacional sobre la materia.
Forma como se configura respecto de la acusada la causal de destitución prevista en este capítulo.
A nivel internacional la crisis del Sename ha sido cubierta ampliamente por diversos medios de comunicación. En este sentido y sólo a modo ejemplar podemos señalar un reportaje del diario “El país” de España, titulado “La muerte de menores a cargo del Estado enciende el Congreso chileno”, publicado el pasado 3 de agosto; en la publicación se señala que “La nueva crisis del Sename, un organismo que hace año está en tela de juicio por su papel en la protección de los menores, se desató en abril pasado luego de la muerte de Lissette Villa Poblete, de 11 años. Residente en el centro Galvarino de Estación Central, la niña estaba a cargo de personal sin estudios superiores y sin experiencia en casos de crisis, por lo que no pudieron socorrerla cuando se golpeó en la cabeza y comenzó a sangrar. La madre de Lissette, que estuvo desde los cinco años a cargo del Estado por orden de la Justicia, interpuso una querella por cuasidelito de homicidio. El escándalo supuso la remoción de la directora del Sename, Marcela Labraña, que indicó que la niña había muerto a causa de una crisis emocional. Desde hace cuatro meses, la situación de los menores vulnerables en Chile no ha dejado de marcar del debate nacional.” [13]
El prestigioso medio BBC del Reino Unido, también ha investigado sobre la cruda realidad que han padecido niños a cargo del Sename, realizando un reportaje sobre el tema, de fecha 29 de julio de este año, titulado “La impactante historia detrás de los cientos de niños “Sename”, muertos mientras estaban bajo el cuidado del Estado de Chile”.
El reportaje relata de manera cruda hechos como los que a continuación, se narran: “Esa noche había bebido. Venía a “medio vestir” y con dinero. Eran las 04.19 de la mañana y la traía un policía. Así llegó Guillermina, de 16 años, al Centro de Protección Alborada de Temuco, del Servicio Nacional de Menores, organismo del Estado de Chile del que dependen los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social.
Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur de país, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote.
Menos de media hora después a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla.
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron.” [14]
A nuestro juicio es innegable que la imagen de Chile, queda en un total desprestigio, al constatar sólo algunos ejemplos de destacados medios de prensa, que informan sobre la situación de crisis del Sename y de la infancia en nuestro país. Ante el mundo la percepción es que los niños que deberían estar bajo el cuidado y protección del Estado, son descuidados, y fallecen por falta de tutela del propio Estado. Esta situación como sociedad nos debe llenar de vergüenza.
Siguiendo en el plano internacional, especial preocupación nos genera las observaciones finales de los informes periódicos del Comité de los Derechos del Niño, del 30 de octubre de 2015 (y que se suma al informe de Contraloría citado en el capítulo anterior). El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes. El Comité también supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.[15]
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. Inicialmente, los Estados deben presentar un informe dos años después de su adhesión a la Convención y luego cada cinco años. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.[16]
El Comité de Derechos del Niño, con fecha 30 de octubre de 2015, entregó al Estado de Chile, sus observaciones finales sobre los informes periódicos. En dicho documento se plantean una serie de sugerencias, recomendaciones y “preocupaciones” sobre la situación de la infancia en nuestro país.
A mayor abundamiento, en relación al presupuesto destinado, para atender necesidades de nuestros niños, en el mencionado documento se señala que: “Preocupa al Comité que siga sin existir un mecanismo de control del presupuesto que supervise las asignaciones presupuestarias desde el punto de vista de los derechos del niño y asegure una distribución equilibrada de los recursos para reducir las disparidades. Preocupan también al Comité las dificultades experimentadas para identificar los gastos relacionados con los derechos del niño entre las distintas partidas presupuestarias, lo cual no permite evaluar el efecto de las medidas de ajuste presupuestario en los derechos del niño ni garantizar un presupuesto específico y progresivo para las políticas relativas a esos derechos.”
El Comité de Derechos del Niño en este informe da cuenta de que el Estado de Chile no aplica en todos los ámbitos el principio del “interés superior de niño”, incorporado en la legislación chilena. El Comité expresa su inquietud respecto a las resoluciones de los tribunales de la República, en que no siempre se explican los criterios para determinar el interés superior del niño. El Comité también expresa preocupación por el hecho de que el interés superior del niño no sea una consideración transversal en todas las áreas de la formulación de políticas.[17] Asimismo el “Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para que ese derecho sea incorporado debidamente, e interpretado y aplicado de manera sistemática en todas las actuaciones y decisiones legislativas, administrativas y judiciales, así como en todos los programas, proyectos y políticas que son pertinentes para los niños y repercuten en su situación. En este sentido, se alienta al Estado parte a que elabore procedimientos y criterios con miras a orientar a todas las personas facultadas para determinar el bien superior del niño en todos los aspectos, y a que dé a esos intereses el debido peso como consideración primordial.[18]
Preocupa al Comité que el número de niños en centros de acogida de tipo residencial no familiar siga siendo muy elevado si se compara con el número de niños ubicados en otros tipos de centros de atención. Preocupan también al Comité la calidad de la atención facilitada y los presuntos casos de violencia contra niños en esos lugares.[19]
El Comité recomienda al Estado parte que coopere con la Organización de los Estados Americanos para aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos de derechos humanos, tanto en el Estado parte como en otros Estados miembros de la Organización.[20]
Es virtud de lo expuesto en este capítulo, consideramos que dada la forma en que se ha instalado la realidad de la infancia de Chile en los medios internacionales, y teniendo en especial consideración las preocupaciones señaladas por el Comité de Derecho de los Niños; creemos que constituyen por sí mísmos hechos que afectan profundamente la imagen país, la credibilidad y el prestigio del Estado en el exterior, por lo que en conjunto configuran la imputación a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, por haber comprometido gravemente el honor de la Nación, ya que se trata de una materia especialmente sensible para la humanidad toda, como lo es la situación de los Derechos Humanos de los niños.
CUARTA PARTE: CONCLUSIONES
La responsabilidad constitucional del Gobierno es consecuencia del principio republicano, y por ende, está en la base misma del Estado y la Constitución (Bielsa). En efecto el carácter republicano de la responsabilidad es consecuencia de hacer aplicable al gobernante en general y al servidor público en particular, una concepción vicarial del poder político, en virtud de la cual el encomendamiento de poder orientado a realizar el interés público (bien común) descansa en la confianza que la comunidad política (pueblo o cuerpo electoral) deposita en los detentadores del poder. Esto proyecta la virtud cívica republicana en una ética pública mínima exigible a los servidores públicos, que se expresa en su régimen estatutario especial y en las responsabilidades que se les asignan. Luego el principio republicano engarza directamente con la definición básica del Estado como un Estado de Derecho, en que el imperio de derecho y los controles del poder (sociales, políticos y jurídicos) son la antesala de la responsabilidad, aunque siempre es necesario separar el control de la responsabilidad. [21]
La responsabilidad del Estado de Chile con respecto a la infancia, es de larga data. Es una deuda que se arrastra desde mucho antes de 1979, que es la época en que se creó el Servicio Nacional de Menores. En realidad, los abusos o las vulneraciones de derechos que ha cometido el Estado en contra de nuestros niños, se remontan desde los albores de la República. Sin perjuicio de lo anterior, si planteamos esta acusación, es porque durante la gestión de la Ministra Javiera Blanco, se han cometido una serie de hechos de tal gravedad que configuran los ilícitos constitucionales, imputables a ella, y que hemos desarrollados en el presente escrito.
Si bien es cierto, debemos reconocer que el maltrato y abandono del Estado hacia nuestros niños, ha sido un devenir constante en nuestra historia patria, la situación actual ya rebasa todo límite. No pretendemos con este libelo acusatorio que la señora Ministra asuma una responsabilidad histórica de deudas y postergaciones que existe en Chile en materia de infancia, sino que queremos enfatizar que esta acusación constitucional se enmarca en hechos acaecidos durante la gestión de la Ministra Javiera Blanco, y en los que a nuestro juicio le cabe responsabilidad política. Esta atribución que la Carta Fundamental nos otorga a los legisladores, debe ser utilizada con la mayor responsabilidad, al tratarse de una herramienta de juicio político, aplicada de forma excepcional en nuestro Estado de Derecho; por lo que debe estar sólidamente fundada en argumentos jurídicos, cuestión que hemos realizado con la seriedad que una acusación constitucional amerita.
Pese al avance desde el punto de vista internacional en materia de protección a los niños, el enfoque que ha tenido el Estado en materia de infancia es absolutamente anacrónico y genera en la práctica las condiciones para que se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ello, porque se mantienen resabios de la doctrina de los “menores en situación irregular”, que concibe a los niños como “objetos de derecho”, donde la acción del Estado se orienta a un rol paternalista, represor y castigador respecto de los niños. A mayor abundamiento, en las Observaciones finales sobre los informes periódicos del Comité de Derechos del Niño, que entregó al Estado de Chile, dicho organismo internacional señala sobre el particular que “expresa (su) preocupación porque la ley de Menores de 1967 tiene un enfoque tutelar incompatible con un marco jurídico adecuado que reconozca y garantice los derechos de todos los niños.”
La actual doctrina en materia de Derechos Humanos, y en particular respecto a la protección de la infancia, promueve la “protección integral de los derechos del niño”, que es la concepción hoy vigente dentro de la comunidad internacional, y que constituye una pieza de gran relevancia dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos.
Desde la dogmática de los Derechos Humanos, esta doctrina tiene una doble perspectiva:
1º Reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho.
2º Desarrollar las aptitudes del niño para que estas se concreten.
No podemos sostener que Chile respeta a cabalidad los Derechos Humanos, si en materia de infancia, aún persisten brutales vulneraciones a los derechos fundamentales de nuestros niños, y además existen manifestaciones normativas arcaicas, como la “ley de menores” N°16.618. Desterrar este tipo de legislación en materia de infancia, resulta imperativo para que el Estado y sus políticas sobre la niñez y la adolescencia, estén guiadas realmente por la “doctrina de protección integral de derechos de los niños”, en que su foco está puesto en la dignidad de los niños, en tanto personas que son sujetos de derecho.
El Estado de Chile, no sabe exactamente cuántos niños han fallecido a cargo del Sename o sus organismos colaboradores, y tampoco ha informado, en muchas ocasiones a familiares de los niños las causas de esas muertes. Nos parece que el daño a nuestra infancia ha llegado a niveles francamente intolerables. Lo mínimo que se espera de las autoridades políticas, es que asuman sus responsabilidades, sobre todo tratándose de una situación tan cruda y brutal como la muerte de niños que deberían estar protegidos por el Estado. La falta a la verdad en que ha incurrido la Ministra Javiera Blanco en la entrega de las cifras de los niños fallecidos, es absolutamente inaceptable y merece todo nuestro reproche. Pero es tanto o aún más reprochable, que la señora Ministra se refiera a los niños del Sename como “stock”, es decir, estamos frente a una Ministra que no concibe a los niños realmente como seres humanos dotados de la dignidad intrínseca de la condición humana, sino que los ve como una “mercancía” que se “transa” o se “negocia” en el mercado. Qué vergüenza para nuestro país que una Secretaria de Estado, que tenga tales concepciones sobre nuestros niños, supervigile un órgano tan sensible e importante en materia de infancia.
Un aspecto central de nuestra argumentación, y más allá de otros hechos específicos, que relacionados con la materia, pudieran constituir faltas u omisiones inexcusables de la señora Ministra, ya el sólo hecho de haber dado cuenta de situaciones en que no hubo la preocupación, o el debido celo para remediar graves situaciones de los niños que se encuentran a cargo del Sename o de sus instituciones colaboradoras; configuran los ilícitos constitucionales desarrollados durante el curso de esta presentación, dado que se trata de una materia especialmente sensible y que desde el punto de vista del sistema internacional de Derechos Humanos, merece una especial protección, como son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A mayor abundamiento, desde el punto de vista constitucional, el artículo 5° de la Carta Fundamental mandata al Estado para promover y proteger los derechos fundamentales garantizados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En este sentido podemos señalar que la Convención de Derechos del Niño, es un precepto legal autoejecutable y de directa aplicación, en virtud del precepto constitucional señalado, y que orienta y mandata al Estado a dar protección a los niños. Ese imperativo constitucional, consideramos que no se ha cumplido por parte de la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Resulta aún más clara la orientación en aras de tutelar los derechos fundamentales, el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en virtud de las últimas modificaciones introducidas por la ley N°20.885. En este orden de ideas, la letra b) del artículo 2° del referido cuerpo legal, al señalar las funciones del Ministerio, dispone que le corresponde “Colaborar, en el ámbito de su competencia, con el Presidente de la República, en las materias relativas a la promoción y protección de los derechos humanos.” La nueva letra d) del artículo 2° de esa norma, plasma de forma nítida la vinculación de la acción del Ministerio, con el sistema internacional de Derechos Humanos, al señalar que a esta Secretaría de Estado le corresponde “Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de su competencia, en la elaboración y seguimiento de los informes periódicos ante los órganos y mecanismos de derechos humanos, en la ejecución de medidas cautelares y provisionales, soluciones amistosas y sentencias internacionales en que Chile sea parte, y en la implementación, según corresponda, de las resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos del Estado;”.
Desde el punto de vista del organigrama del ahora Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encontramos la creación de la “Subsecretaria de Derechos Humanos”, en virtud de la citada ley N°20.885. Este órgano tiene como función o atribución asesorar directamente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en la elaboración de planes o políticas para fomentar y promover los derechos fundamentales. La labor de supervigilancia o control jerárquico que debe ejercer la señora Ministra, sobre un órgano gubernamental clave en materia de derechos humanos, debe inspirar el actuar permanente de la Administración, en aras de una incesante labor de tutela de los derechos fundamentales en todos los servicios bajo la dependencia de la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos. No obstante ello, el desempeño de la Ministra Blanco, ha sido absolutamente deficiente en la materia, cuestión que ha quedado en evidencia en esta esta presentación, y ante la evaluación ciudadana.
Se han formulado innumerables diagnósticos y propuestas respecto al tema de infancia en Chile, y se ha generado un consenso en que se deben realizar cambios institucionales profundos a nivel de Estado, para proteger y cautelar debidamente a nuestros niños. No queremos que haya más dilación para enfrentar el tema, tomemos esta temática con una perspectiva de país, y de forma transversal, más allá del gobierno de turno y de las trincheras de oficialismo u oposición.
¿Qué clase de sociedad y Estado estamos construyendo, si no somos capaces de proteger a nuestros niños?; ¿Qué dice de quienes ejercen funciones públicas, el hecho de permanecer indolentes e impávidos frente a brutales y descarnados hechos que afectan a los niños de nuestra patria?. No tomar acciones decididas en pos de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, da cuenta de un país enfermo; enfermo producto de una sociedad individualista, y sí, hablamos de un país enfermo, porque nos hemos convertido en inmunes al dolor y sufrimiento de los seres más inocentes de nuestra sociedad. Los niños son nuestro mayor tesoro, constituyen la gran reserva moral de la Nación, y están siendo abandonados por nuestra sociedad, y lo que es peor, han sido y son maltratados e invisibilizados por el Estado, que se ha comprometido a protegerlos. Es la hora de que reparemos esta situación, y paguemos esa enorme deuda con nuestros niños, y avancemos esta vez decididamente en mejorar la situación de la infancia en Chile, ya que el destino de la Nación se vería vacío, si no protegemos a las nuevas generaciones, en quienes confiamos podrán construir una sociedad más libre, más justa, y más fraterna, en la que la ciudadanía y el Estado respetarán y protegerán siempre a todos los niños de nuestra patria.
Por tanto,
En virtud de los antecedentes de hecho y de derecho invocados, y a lo dispuesto en el artículo 52 Nº 2 letra b) de la Constitución Política de la República,
A la Honorable Cámara de Diputados solicitamos;
Declare ha lugar la presente acusación constitucional, para que luego el Senado la acoja y, habiendo declarado la culpabilidad de la señora Mónica Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, la destituya de su cargo en conformidad al artículo 53 Nº1 de la Carta Fundamental, por haber infringido los artículos 8° y 52 N°1 letras b) y c) de la Constitución Política de la República, y por dejar sin aplicación la Convención de Derechos del Niño, y el artículo 2° letra i) del Decreto Ley N°3346, en relación con el artículo 1° del Decreto Ley N°2465.
PRIMER OTROSÍ: Solicitamos a la Honorable Cámara que tenga por acompañados los siguientes documentos que acreditan los fundamentos reseñados en lo principal del libelo, a saber:
1.- Oficio de fiscalización N°19457 de fecha 4 de mayo de 2016, en virtud del cual el Diputado señor René Saffirio Espinoza, requiere información a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, sobre el número, causa de la muerte, lugar y centro de residencia de niños, niñas y adolescentes fallecidos en recintos del Sename entre 2005 y Mayo de 2016.
2.- Oficio N°21826, en virtud del cual el Diputado señor René Saffirio Espinoza requiere iniciar el procedimiento administrativo, conducente a sancionar a la Señora Ministra de Justicia, por no dar respuesta oportuna al oficio N° 19457, de fecha 4 de mayo de 2016.
3.- Oficio N°1699 de fecha 7 de julio de 2016, en virtud del cual el Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, responde requerimiento de información solicitado por el Diputado señor René Saffirio Espinoza.
4.- Acta de la actual Comisión especial investigadora “Sename”; correspondiente a la sesión 3ª, celebrada el 4 de julio de 2016, en la que consta declaración de la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, en lo referente a la calificación de “stock” respecto de los niños a cargo del Sename.
5.- Acta de la actual Comisión especial investigadora “Sename”; correspondiente a la sesión Sesión 6ª, celebrada el lunes 1 de agosto pasado, donde constan las declaraciones de la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, en que aseguró que no existe una cifra total de niños fallecidos en los últimos años, a cargo del Sename.
6.- Boletín de la sesión especial 49ª, de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 2 de agosto pasado, que tuvo por objeto la interpelación a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
7.- Informe N°981 del año 2015, de la Contraloría General de la República con el resultado de la auditoría practicada en los centros colaboradores del Servicio Nacional de Menores a nivel nacional.
8.- Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Chile, del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (Octubre de 2015).
SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a esta Honorable Cámara se invite a las siguientes personas, con el objeto de escuchar su opinión acerca de los fundamentos jurídicos que sustentan la presente acusación constitucional:
1.- Señor Jaime Bassa Mercado, abogado, Doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso.
2.- Señor Eric Palma González, abogado, Doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile.
TERCER OTROSÍ: Solicitamos a la Honorable Cámara se oficie a la señora Directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta Reyes, para que remita a la Cámara de Diputados copia íntegra y fidedigna de los anuarios de Sename, en el período comprendido desde el año 2005 hasta la fecha.
CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a la Honorable Cámara se tenga presente que designamos como diputado coordinador al H. Diputado señor René Saffirio Espinoza.
QUINTO OTROSÍ: Solicitamos a la Corporación se tenga presente el certificado del Secretario de la Cámara de Diputados, que acredita que somos todos diputados en ejercicio, habilitados para formular una acusación constitucional.
(Fdo.): RENÉ SAFFIRIO ESPINOZA, Diputado de la República”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SILBER, ALVARADO, FARCAS, Y FUENZALIDA, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE CIRCUNSTANCIA EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL QUE OBRA EN DEFENSA DE LA PERSONA O DERECHOS DE UN EXTRAÑO”. (BOLETÍN N° 10857-07)
Fundamentos
-En Chile los actos violentos generan un gran impacto y desgraciadamente aumentan la sensación de inseguridad.
-Los portonazos se han convertido en una acción delictual cotidiana y cada vez más frecuente. Nuestro sistema jurídico debe contemplar esta nueva realidad adaptándose a estas nuevas formas de delinquir que frecuentemente incorporan a menores de edad en este tipo de delitos.
-La legítima defensa constituye un elemento esencial y central de nuestro esquema jurídico. Ella también debe adaptarse a los nuevos tiempos y a las modernas técnicas delictivas.
-Este proyecto de ley va en la dirección correcta al ampliar la legítima hasta un radio superior a las casas, condominios, locales comerciales y propiedades en general por reforzar la seguridad ciudadana y los instrumentos para que esto pueda efectivamente hacerle frente a estos nuevos tipos de delitos constituye un imperativo ético y una urgencia legislativa, es por ello que ampliar la legítima defensa al perímetro de las propiedades en donde se cometan estos delitos es de radical importancia ampliarla para fortalecer la seguridad ciudadana y particularmente la sensación de seguridad que es un elemento importante para que la gente se sientan más segura.
-Este proyecto de ley es importante ya que efectivamente va a ampliar la legitima defensa generando que el perímetro de las propiedades sea mayor a la actual entregando distintas alternativas para que las personas puedan defenderse y con ello tener una mayor sensación de seguridad.
-La situación actual de inseguridad lleva a que las personas adquieran más armas, genera una peor calidad de vida y en general una situación anómala que no permite una real y verdadera calidad en la seguridad de vida en nuestro país.
PROYECTO DE LEY
AMPLIA CONCEPTO SOBRE PRESUNCION DE LEGITIMA DEFENSA
ARTÍCULO UNICO: Agrega el siguiente inciso al artículo 10 N°6 del Código Penal:
“Igualmente se presumirá la legítima defensa respecto de la persona que repela, impida o trate de impedir algunos de los ilícitos señalados en el inciso anterior, cometidos o intentados cometer al momento de salir o ingresar a una vivienda, casa, departamento, edificio, local comercial o industria.”.