Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE COMITÉS
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- DEBATE
-
REFORMA TRIBUTARIA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Sebastian Pinera Echenique
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Erwin Arturo Frei Bolivar
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
-
CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES URBANOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Vladimir Anselmo Sule Candia
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Arturo Alessandri Besa
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Ronald Mc Intyre Mendoza
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Nicolas Diaz Sanchez
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Olga Feliu Segovia
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Bruno Guillermo Siebert Held
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE CONTRATOS DE MUTUOS HIPOTECARIOS ENDOSABLES RESPECTO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO SOBRE DERECHOS DE PADRES TRABAJADORES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- DEBATE
-
CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD DE PERSONAL DE NACIONES UNIDAS Y PERSONAL ASOCIADO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Arturo Alessandri Besa
- DEBATE
-
ACUERDO ENTRE CHILE Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
-
HOMENAJE A LA MARINA MERCANTE NACIONAL
- HOMENAJE : Jose Ruiz De Giorgio
- HOMENAJE : Ronald Mc Intyre Mendoza
- HOMENAJE : Beltran Urenda Zegers
- HOMENAJE : Gabriel Valdes Subercaseaux
- HOMENAJE : Antonio Horvath Kiss
-
ENMIENDA A CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL NIÑO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
- ANTECEDENTE
- PRÓRROGA DE TARIFAS DE TELECOMUNICACIONES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- SESIÓN SECRETA
-
CREACIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carmen Frei Ruiz Tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
-
LA POBREZA, SU REDEFINICIÓN Y MEDICIÓN. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rolando Calderon Aranguiz
-
CONSTRUCCIÓN DE MEGAPUERTO EN MEJILLONES.
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
-
MAYORES RECURSOS PARA CUERPO DE BOMBEROS. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Eugenio Cantuarias Larrondo
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESION
- Moción del H. Senador señor Piñera, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de facilitar la votación de personas de edad avanzada, minusválidas o impedidas; y permitir la realización de actividades recreacionales durante el día en que se celebren actos eleccionarios Boletín Nº 2041-07.
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sebastian Pinera Echenique
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Moción del H. Senador señor Piñera, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de facilitar la votación de personas de edad avanzada, minusválidas o impedidas; y permitir la realización de actividades recreacionales durante el día en que se celebren actos eleccionarios Boletín Nº 2041-07.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 335ª, ORDINARIA
Sesión 10ª, en martes 1° de julio de 1997
Ordinaria
(De 16:16 a 20:32)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SERGIO ROMERO, PRESIDENTE,
Y EUGENIO CANTUARIAS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..............................................................................
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités...................................................................
Permiso constitucional..........................................................
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de reforma constitucional, en tercer trámite, que crea el Ministerio Público (se aprueba)...........................................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre reforma tributaria (se posterga su discusión)........................................
Permiso constitucional................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que regulariza construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva (se aprueba en general)........................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica normas sobre contratos de mutuos hipotecarios endosables respecto de beneficiarios de subsidio habitacional (se aprueba en general).........
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de conceder derechos que indica a padres trabajadores que señala(se aprueba en particular)...........................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba la Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado (se aprueba en general y particular).................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo con la Comunidad del Caribe sobre Cooperación Científica y Técnica (se aprueba en general y particular)...............................................
Homenaje a la Marina Mercante Nacional (se rinde).......................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba enmienda a Convención sobre Derechos del Niño (se aprueba en general y particular).....................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el artículo 46 del Código de Justicia Militar (queda para segunda discusión)..............
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que prorroga vigencia de tarifas de empresas de telecomunicaciones (se acuerda archivarlo).
Sesión secreta.
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)..
La pobreza. Su redefinición y medición. Oficios (observaciones del señor Calderón)
Construcción de megapuerto en Mejillones (observaciones del señor Muñoz Barra)..
Mayores recursos para Cuerpo de Bomberos. Oficios (observaciones del señor Cantuarias)...
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alessandri Besa, Arturo
--Bitar Chacra, Sergio
--Calderón Aránguiz, Rolando
--Cantuarias Larrondo, Eugenio
--Villavicencio, María Elena
--Cooper Valencia, Alberto
--Díaz Sánchez, Nicolás
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Feliú Segovia, Olga
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier , Juan
--Hormazábal Sánchez, Ricardo
--Horvath Kiss, Antonio
--Huerta Celis, Vicente Enrique
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Letelier Bobadilla, Carlos
--Martin Díaz, Ricardo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Mc-Intyre Mendoza, Ronald
--Muñoz Barra, Roberto
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Otero Lathrop, Miguel
--Páez Verdugo, Sergio
--Pérez Walker, Ignacio
--Piñera Echenique, Sebastián
--Prat Alemparte, Francisco
--Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara Mariano
--Siebert Held, Bruno
--Sinclair Oyaneder, Santiago
--Sule Candia, Anselmo
--Thayer Arteaga, William
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de Gobierno y de Justicia .
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 44 señores Senadores.
El señor ROMERO (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 50ª, ordinaria, en 14 de mayo del presente año, y 51ª, especial, y 52ª, ordinaria, en 15 de mayo del año en curso, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 53ª, especial, y 54ª, ordinaria, ambas en 20 de agosto del presente año, y sesión 1ª, en 3 de junio del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véanse en los Anexos las actas aprobadas).
IV. CUENTA
El señor ROMERO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diez de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los seis primeros retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, con el carácter de "Suma", a los proyectos de ley que se señalan:
1.- El que faculta al Presidente de la República para dictar el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, modificar las leyes de plantas de estas Instituciones y efectuar encasillamientos del personal. (Boletín N° 1955 -02).
2.- El que modifica las leyes sobre Impuesto a la Renta y sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, el Código Tributario, y otras normas legales. (Boletín N° 1687-059).
3.- El que modifica la Ley General de Bancos; el decreto ley N° 1997, de 1975; la ley N° 18.010 y el Código de Comercio. (Boletín N° 1404-05).
4.- E1 que crea el Ministerio Publico. (Boletín N° 1943-07).
5.- El que modifica los cuerpos legales que indica, en materias de colectores de aguas lluvias y redes secundarias. (Boletín N° 1325-09)
6.- El que modifica el régimen jurídico aplicable al sector de los servicios sanitarios. (Boletín N° 1592-09).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el séptimo al décimo, hace presente la urgencia, con el carácter de "Suma", a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de acuerdo sobre aprobación del Convenio N° 151 de la Organización Internacional del Trabajo. (Boletín N° 1958 10).
2.- Proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal. (Boletín N° 1594-01).
3.- Proyecto de ley que moderniza el sector portuario estatal. (Boletín N° 1688-09).
4.- Proyecto de ley que otorga recursos a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) para que entere su aporte al Proyecto Astronómico Gémini. (Boletín Nº 1987-19).
--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Cámara de Diputados, con los que comunica que ha dado su aprobación a los siguientes asuntos
1.- El proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Reciprocidad entre la República de Chile y la República de Colombia, celebrado por intercambio de Notas de 18 de enero y 9 de mayo de 1995, perfeccionado en Bogotá, por el cual se autoriza a los familiares dependientes del personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico acreditado ante las Misiones Diplomáticas y Consulares de ambos países para desarrollar actividades remuneradas en el Estado receptor. (Boletín Nº 1883-10). (Véase en los Anexos, documento 1).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El que modifica la ley N° 18.340, sobre arancel consular. (Boletín Nº 842-10). (Véase en los Anexos, documento 2).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda. en su caso.
Dos del señor Ministro del Interior:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, relacionado con la construcción de uno o más colegios en Villa Centinela, sector Los Lobos, Talcahuano, Octava Región.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Siebert, relativo a la necesidad de que no sea declarado Santuario de la Naturaleza el denominado Parque Pumalin.
Dos del señor Ministro de Hacienda , con los que responde igual numero de oficios enviados en nombre del Senador señor Larraín: uno, relativo a la posibilidad de establecer por ley un sistema marco general para la fijación del ingreso mínimo, de modo que su fijación para cada año se efectúe administrativamente por la autoridad; y otro, relacionado con la condonación o postergación del pago de las contribuciones de bienes raíces de las provincias de Linares y Cauquenes.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la construcción de un aeródromo en la Isla Chulín, Décima Región.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, referido a la posibilidad de realizar un estudio para la construcción del camino costero entre Concón y Quintero, Quinta Región.
Del señor Ministro de Agricultura , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, en cuanto a la adopción de medidas por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario, en beneficio de los agricultores de las provincias de Linares y Cauquenes, con el objeto de paliar las pérdidas por la sequía que las afectó.
Del señor Ministro de Minería , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las normas ambientales para el arsénico y el cadmio, como asimismo acerca del resultado del monitoreo de contaminantes en algas, mariscos, agua y fondo, en el área marina de influencia del río Loa.
Del señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, concerniente a diversos temas relacionados con la pobreza en el país.
Del señor Director de la Oficina Nacional de Emergencia , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al cumplimiento de los acuerdos de protección para el gasoducto que atraviesa la localidad de San Alfonso, en la Región Metropolitana.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Hamilton, relativo a la compra efectuada por ENAMI de los minerales entregados en la Fundición y Refinería Ventanas por la pequeña y mediana minerías, entre los años 1990 y 1996.
Del señor Intendente de la Región de Valparaíso , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Hamilton, relacionado con el Programa de Apoyo a los Centros de Padres de Familia
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Del Senador señor Horvath, con el que pide que se resuelva la aclaración solicitada por el señor Contralor General de la República , mediante oficio N° 026368, de los acuerdos de 9 de noviembre de 1994 y de 6 de junio de 1995, mediante los cuales el Senado resolvió las contiendas de competencia promovidas por la Contraloría General de la República, en el sentido de que estos acuerdos constituyen un pronunciamiento que tiene efectos generales y permanentes. (Boletín Nº S 298--12).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo tramite constitucional, que faculta a las municipalidades para condonar intereses y multas a los adquirentes de edificaciones municipales que indica. (Boletín N° 525-05). (Véanse en los Anexos, documentos 3 y 4).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Economía y de Agricultura, unidas, y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Tratado de Libre Comercio, y de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y de Cooperación Laboral, suscritos entre los Gobiernos de Chile y de Canadá, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín N° 2009-10). (Véanse en los Anexos, documentos 5 y 6).
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Convenio Básico de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica, entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Croacia, suscrito en Santiago, el 28 de noviembre de 1994. (Boletín Nº 1524-10). (Véanse en los Anexos, documentos 7 y 8).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna, y dicta normas para su aplicación, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 1906-04). (Véanse en los Anexos, documentos 9 y 10).
De la Comisión de Defensa Nacional y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a Su Excelencia el Presidente de la República para dictar un Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; modificar las leyes de plantas de estas Instituciones, y efectuar encasillamientos de su personal, con urgencia calificada de "Suma". (Boletín N° 1955-02). (Véanse en los Anexos, documentos 11 y 12).
De la Comisión de Obras Publicas y de la de Vivienda y Urbanismo, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto supremo N° 294, de 1984, del Ministerio de Obras Publicas, y el decreto ley N° 1.305, de 1975, en materia de colectores de aguas lluvias y redes secundarias, con urgencia calificada de "Suma". (Boletín N° 1325-09). (Véanse en los Anexos, documentos 13 y 14).
De la Comisión de Agricultura y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.353, que condona deudas derivadas del proceso de reforma agraria. (Boletín N° 1784-01). (Véanse en los Anexos, documentos 15 y 16).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Piñera, con la que inicia un proyecto de ley que modifica los artículos 64 y 116 de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de facilitar la votación de personas de edad avanzada, minusválidas o impedidas; y permitir la realización de actividades recreacionales durante el día en que se celebren actos eleccionarios. (Boletín N° 2041-07). (Véase en los Anexos, documento 17).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor ROMERO (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LAGOS (Secretario).-
En sesión de hoy los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Tratar en primer lugar de la presente sesión el proyecto que figura en el número 3 de la tabla, en tercer trámite constitucional, que crea el Ministerio Público.
2.- Tratar en segundo lugar el informe de la Comisión Mixta -signado con el número 4-, recaído en el proyecto de ley que modifica diversas disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta y otros textos legales.
3.- Prorrogar el Orden del Día de las sesiones ordinarias de hoy y de mañana hasta las 20 horas.
4.- Autorizar a las Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala.
5.- Tratar además en la sesión de hoy los siguientes proyectos:
El que figura en el número 1 del Orden del Día de hoy, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva,
El número 2, que modifica las normas sobre contratos de mutuos hipotecarios endosables respecto de beneficiarios del subsidio habitacional, y
c) Los informes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía, a que se refieren los números 26, 27, 28 y 29 de la tabla.
6.- Tratar en primer lugar de la tabla de la sesión del miércoles 9 de julio el proyecto que faculta a Su Excelencia el Presidente de la República para dictar un Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; modificar las leyes de plantas, y efectuar encasillamientos; y, en seguida, los siguientes proyectos: a) El que moderniza el sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas, de sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica, y b) El proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para establecer la obligación de instalar un sistema de posicionamiento geográfico automático con apoyo satelital.
7.- Enviar a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales el proyecto de acuerdo sobre Tratado de Libre Comercio con Canadá. Dicha Comisión rendirá un informe verbal en la sesión de mañana y el asunto será despachado en el primer lugar de la tabla.
8.- Tratar en la sesión del jueves 3 de julio los siguientes proyectos:
a) El signado con el número 10, en tercer trámite constitucional, que modifica el artículo 42 de la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional sobre Partidos Políticos, y
b) El que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, en relación con la oportunidad en que deben realizarse las elecciones de Diputados y Senadores.
9- Ampliar por 24 horas el plazo para presentar indicaciones al proyecto relativo a la Empresa Portuaria de Chile, es decir, hasta mañana a las 18.
10.- Ampliar hasta el martes 8, a las 12, el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre devolución de bienes a los partidos políticos, y
11.- Tratar en la sesión de mañana los informes de las Comisiones de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, recaídos en el proyecto sobre colectores de aguas lluvias y redes secundarias.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente , también acordamos incluir en la tabla del día jueves las normas que modifican los Códigos de Procedimiento Penal y Penal, en lo relativo a la detención y normas de protección a los derechos ciudadanos.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Efectivamente, Su Señoría, es parte del acuerdo de Comités.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Pido la palabra, señor Presidente .
El señor ROMERO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , entiendo que en el día de ayer el Senador señor Frei pidió permiso constitucional, pues debía ausentarse del país.
Desconozco si la Mesa se encuentra al tanto de esa información.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
No ha llegado a nuestro conocimiento la solicitud correspondiente; pero, en cuanto así suceda, se dará a conocer, pues la ausencia de un señor Senador tiene incidencia en los quórum.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO
El señor ROMERO (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de reforma constitucional, en tercer trámite, que crea el Ministerio Público.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 9ª, en 19 de noviembre de 1996.
En tercer trámite, sesión 8ª, en 18 de junio de 1997.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 39ª, en 9 de abril de 1997.
Constitución (segundo), sesión 53ª, en 20 de mayo de 1997.
Discusión:
Sesión 40ª, en 15 de abril de 1997 (se aprueba en general).
Sesión 1ª, en 3 de junio de 1997 (se despacha en particular).
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Con relación al mencionado proyecto, la Cámara de Diputados comunicó que ha tenido a bien aprobarlo con una sola enmienda al número 7 del artículo 80 A, inciso final, en donde ha sustituido la última frase: "corresponderá a los órganos establecidos en el Código de Justicia Militar, en conformidad a las normas de este Código y las leyes respectivas." por la siguiente: "corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen.".
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora ALVEAR (Ministra de Justicia).-
Señor Presidente, señores Senadores:
La Sala considera el proyecto de reforma constitucional que fue aprobado unánimemente en la otra rama legislativa con la enmienda que, como ha explicitado el señor Secretario, tiene por objeto introducir en el inciso final del artículo 80 A la palabra "personas".
Anteriormente, dicha reforma había sido aprobada por el Senado.
La disposición del inciso final del artículo 80 A tuvo por objetivo la posibilidad de excluir -lo que fue dado a conocer como una decisión legislativa clara y manifiesta- las normas del Código de Justicia Militar y las de las leyes especiales correspondientes a esas normas. En tal sentido, dicho inciso señaló que se excluían por las razones que acabo de señalar. Sin embargo, al momento de discutirse la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, se advirtió la omisión del concepto de "personas", agregándolo al de "órganos". Ello era absolutamente imprescindible realizarlo por dos razones: la primera tiene que ver con la posibilidad a futuro, como lo han manifestado los propios órganos castrenses, de que pueda modificarse el procedimiento penal en función de esta reforma constitucional y del espíritu que anima al conjunto de modificaciones a dicho procedimiento. Adicionalmente, se hace absolutamente necesario contemplar a las "personas" en esta reforma, vinculada con disposiciones del Código de Justicia Militar y de leyes especiales.
Una de esas leyes, la Ley de Seguridad Interior, al referirse a la jurisdicción y al procedimiento, establece expresamente en su artículo 26 que "Los procesos a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley, en los Títulos I, II y VI, párrafo 1° del Libro II del Código Penal, en el Título IV del Libro III del Código de Justicia Militar, se iniciarán por requerimiento o denuncia del Ministro del Interior o de los Intendentes respectivos, o por la autoridad o persona afectada si se trata de los delitos descritos", y menciona dos normas.
En consecuencia, una reforma constitucional como la que estamos debatiendo en este momento requiere, en relación con la justicia militar y leyes especiales, contemplar tanto a los órganos como a las personas. Y la modificación que hoy se somete a la consideración del Senado, ya aprobada unánimemente por la Cámara de Diputados, sólo tiene ese propósito.
Ésa es la explicación, señor Presidente , de la enmienda que debe ser analizada por la Honorable Sala del Senado. Hago saber que cuando se advirtió esta situación fue necesario, por la premura del tiempo, consultar a algunos señores Senadores, quienes estuvieron de acuerdo con la modificación.
Gracias, señor Presidente.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución , Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, antes que nada, quiero dejar constancia en la Sala de que me alegro enormemente de la forma como fue aprobado este proyecto en la Cámara de Diputados.
El único cambio que se hizo no es en verdad una modificación, ya que se mantiene el espíritu del Senado en orden a resguardar el derecho de las personas a ejercer la acción penal en ciertos casos. Sin embargo, en el texto evacuado por esta Corporación se podía entender que se estaba eliminando al posible actor privado en el ámbito de la justicia militar.
La Cámara, en el fondo, no modificó nada de lo propuesto por el Senado, sino que, al contrario, ratificó lo obrado por éste en el segundo trámite. Y debo reconocer que, antes de ponerse en votación la enmienda que se plantea, se nos consultó -por lo menos a mí, como Presidente de la Comisión de Constitución...
El señor SULE.-
A todos los miembros de la Comisión, señor Senador.
El señor OTERO.-
Estoy hablando de lo que me consta a mí, Honorable colega.
El señor SULE .-
Y yo, de lo que me consta a mí, Su Señoría.
El señor OTERO .-
Me alegro mucho. Ojalá que hayan sido consultados todos los señores Senadores.
El asunto es que nosotros dimos nuestro acuerdo para la redacción del texto, y por ello me permito proponer a la Sala que apruebe por unanimidad y sin más trámite la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Se sugiere aprobar sin más trámite la modificación planteada por la otra rama del Congreso, la cual fue explicada tanto por la señora Ministra como por el señor Presidente de la Comisión de Constitución del Senado .
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , quiero manifestar que también fui consultado, al igual que los Senadores señores Otero y Sule. Y estoy de acuerdo en que se trata de una precisión que mejora el texto aprobado por el Senado. Hubo una inadvertencia que se salvaría con la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados, de manera que estamos de acuerdo con la sugerencia hecha por el señor Presidente de la Comisión en orden a aprobarla por unanimidad y sin mayor discusión.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , fui asimismo consultado y, por tanto, quiero agradecer ese acto de deferencia que se tuvo en la Cámara de Diputados al momento de tramitarse esta iniciativa. Como se ha expresado, la finalidad es precisar, más que cambiar, un concepto ya aprobado por esta Honorable Sala.
El señor SULE .-
¡Ése es un pleonasmo, Honorable colega!
El señor ROMERO (Presidente).-
El Senado, señora Ministra, está muy agradecido de su gentileza.
En consecuencia, si le parece a la Sala...
El señor ALESSANDRI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , yo no fui consultado, pero sí informado personalmente por la señora Ministra . Y anuncio que aprobaré la modificación.
--Se aprueba la modificación, dejándose constancia, para los efectos constitucionales relativos al quórum, de que emitieron pronunciamiento favorable 32 señores Senadores.
REFORMA TRIBUTARIA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ROMERO ( Presidente ).-
En seguida, corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta, formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, recaído en el proyecto que modifica diversas disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta; de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios; del Código Tributario, y de otros textos legales, con urgencia calificada de "Suma". (Véase en los Anexos, documento 18).
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 15 de octubre de 1996.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 43ª, en 29 de abril de 1997.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 20ª, en 7 de enero de 1997.
Hacienda (segundo), sesión 34ª, en 19 de marzo de 1997.
Mixta, sesión 10ª, en 1º de julio de 1997.
Discusión:
Sesión 25ª, en 15 de enero de 1997 (se aprueba en general); 35ª, en 1º de abril de 1997 (queda para segunda discusión); 36ª y 37ª, en 2 de abril de 1997 (queda pendiente la discusión particular); 38ª, en 8 de abril de 1997 (se despacha en particular).
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En el informe, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, se hace una relación de las dificultades suscitadas entre ambas Cámaras, de su discusión y de los acuerdos adoptados por la Comisión. Ésta, en mérito de las consideraciones contenidas en dicho documento, recomienda aprobar las proposiciones que ella plantea como forma y modo de resolver las discrepancias habidas entre ambas ramas del Congreso Nacional.
El señor ROMERO (Presidente).-
En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , el Senado ya conoció en su segundo trámite constitucional este proyecto, el cual, por haber rechazado la Cámara de Diputados algunas modificaciones introducidas por el Senado, fue sometido al mecanismo de la Comisión Mixta.
Para ser muy sintético -ya que el informe propone a la Sala aprobar el texto en la forma en que fue despachado por la Comisión-, aclaro que el punto central en discusión era el plazo de prescripción del IVA, que el Gobierno sugería asimilar al plazo ordinario de prescripción en materia tributaria, equivalente a tres años. El Senado rechazó esta norma y la Cámara de Diputados insistió en ella.
En la Comisión Mixta, se recogió una insinuación que se hizo durante la discusión de la iniciativa en el Senado en el sentido de ir acercando el plazo de prescripción del IVA al plazo normal de prescripción. Si bien algunos Senadores fueron partidarios de que el primero fuera igual al segundo (tres años), finalmente se llegó al acuerdo de fijarlo en 24 meses, tal como se había propuesto en esta Corporación por algunos Senadores, entre ellos, el Honorable señor Alessandri .
Por ello, creo que la Sala debiera despachar el proyecto en la misma forma en que lo viene planteando la Comisión Mixta.
El señor DÍEZ .-
¿Hay otras materias?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Sí, señor Senador, pero no tienen la misma trascendencia y por eso no las he mencionado. De cualquier manera, en todas ellas llegamos a un entendimiento en lo que dice relación tanto a la redacción como al contenido. Sin duda, el tema más importante era el plazo de prescripción del IVA.
Visto lo anterior, señor Presidente, considero que procedería aprobar el informe de la Comisión Mixta, el cual debe ser votado en su globalidad y no por materias.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , sin el ánimo de entorpecer el despacho del proyecto, creo que en una materia tan importante como una reforma tributaria y su aplicación legal, sería conveniente que nosotros, antes de resolver, pudiésemos contar con un texto comparado que diese cuenta del criterio del Senado, del criterio de la Cámara y del propuesto por la Comisión Mixta. Resulta muy difícil entender lo que se somete a nuestra consideración con el solo texto de esta última, no obstante hacer fe en lo que ha expresado el Honorable señor Andrés Zaldívar.
En consecuencia, pido a la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala a fin de postergar el estudio de este asunto para el día de mañana, a fin de que la Secretaría del Senado confeccione un texto comparado que nos permita despachar este asunto.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Éste es un trabajo que corresponde a la Comisión de Hacienda. Si le parece al Presidente de dicho órgano técnico,...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , la Comisión de Hacienda trabajó sobre la base de un texto comparado y fue tratando el proyecto artículo por artículo.
Si bien el informe que se ha presentado a la Sala no contiene dicho texto comparado, me parece que de su sola lectura se llega a la conclusión de que las modificaciones que se introdujeron respecto de las disposiciones que estaban en controversia se lograron casi siempre por acuerdo unánime. Y salvo el punto al cual ya hice mención, que fue el más discutido, que ofrecía más trabas al despacho de la iniciativa y que llevaba el plazo de prescripción del IVA al plazo normal, se llegó a una fórmula transaccional de 24 meses.
En todo caso, de acuerdo con su procedimiento, el Senado es soberano para decidir si posterga la tramitación de este asunto sobre la base de la petición que ha formulado el Honorable señor Díez.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
No obstante compartir el planteamiento del Honorable señor Díez, debo hacer presente que el proyecto tiene "Suma" urgencia. Y ocurre que, por acuerdo de Comités, deberemos enfrentar mañana una tabla muy extensa. De modo que corremos el riesgo de no poder tratar esta iniciativa.
El señor DÍEZ.-
¿Cuándo vence la "Suma" urgencia, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
El 11 de julio.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , no deseo obstaculizar el tratamiento de esta materia, pero debo contar con los elementos de juicio para votar. Si no tengo a mano la documentación racional que permita ver lo que aprobaron el Senado, la Cámara de Diputados y la Comisión Mixta, no podré resolver.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
El señor Secretario dará una explicación sobre el texto comparado.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Señor Senador , de acuerdo con una instrucción general, la Comisión que participa en la Comisión Mixta debe preparar esta clase de documentos.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Entonces, el señor Presidente de la Comisión de Hacienda deberá ordenar la confección de un texto comparado, si la Sala acuerda postergar la discusión de este tema.
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , la petición formulada por el Honorable señor Díez es perfectamente lógica y racional, pero genérica. Porque cuando vemos los informes de las Comisiones Mixtas no contamos con los mismos antecedentes con que se trabaja en la Comisión Mixta propiamente tal.
Sin embargo, en este caso particular, quiero dejar constancia de que, tal como lo expresó el Honorable señor Andrés Zaldívar , los acuerdos que se tomaron en la Comisión Mixta fueron casi unánimes y coincidentes con lo que había aprobado el Senado.
Los temas fundamentales que se trataron allí fueron, en primer lugar, los mecanismos para evitar la doble tributación, aspecto sobre el cual predominó el criterio del Senado, que perfeccionó lo aprobado por la Cámara de Diputados y que no fue modificado en el tercer trámite; en segundo término, la ley "tapón" o el plazo de prescripción del IVA, que se transó en uno intermedio de 24 meses, y en tercer lugar, la concesión de mayores facultades fiscalizadoras para el Servicio de Impuestos Internos, en los términos sugeridos durante la discusión en el Senado.
El único punto que quedó pendiente -y no deseo perder la oportunidad de recordarlo- dice relación con el doble rol, de juez y parte, que cumple Impuestos Internos hasta el día de hoy, aspecto sobre el cual existe el compromiso -en el cual participaron el Honorable señor Andrés Zaldívar y el Gobierno, a través del Director de Impuestos Internos- de estudiar y proponer un proyecto de ley.
Por lo tanto, y sin perjuicio de compartir la opinión del Senador señor Díez , sugiero aprobar el informe de la Comisión Mixta en esta oportunidad, dado lo extenso de la tabla.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
¿Insiste en su predicamento, Honorable señor Díez?
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, no me encuentro en condiciones de dar mi casi voto a casi disposiciones que son casi iguales. No lo considero serio.
El señor SULE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sule.
El señor SULE.-
Señor Presidente , no podemos perder media hora discutiendo si tratamos o no el tema. Como estamos dentro del tiempo, sugiero que aceptemos la petición del Senador señor Díez, con el fin de tratar este asunto en la tabla del próximo jueves.
El señor ROMERO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, procederíamos de la manera indicada por el Honorable señor Sule.
El señor SIEBERT.-
O bien sometemos el asunto a votación.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Estoy recabando el parecer de la Sala. Si hay asentimiento unánime, postergaremos el tratamiento del informe de la Comisión Mixta hasta el próximo jueves y encargaremos a la Comisión de Hacienda preparar un texto comparado, el que se adjuntará al informe de la Comisión Mixta -por lo demás, siempre ha habido instrucción sobre esto-, a fin de que los señores Senadores puedan seguir el debate como corresponde.
Acordado.
El señor LARRAÍN.-
Y contaríamos con la presencia del señor Ministro .
El señor ROMERO ( Presidente ).-
También invitaremos al Secretario de la Cartera para que esté presente con nosotros. Estaríamos muy agradecidos de ese gesto.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
Para evitar que se presenten estos problemas en el futuro, la Secretaría debe dar las instrucciones del caso.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Existe una instrucción permanente sobre la materia.
El señor OTERO.-
Entonces, alguien debe responder por el no cumplimiento.
El señor ROMERO (Presidente).-
Se va a reiterar a la Comisión respectiva esa solicitud.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , para los efectos del quórum y de la contabilización de las votaciones, porque hay leyes orgánicas pendientes, solicitaría que se diera cuenta de la comunicación que ha hecho llegar a la Mesa el Honorable señor Arturo Frei.
El señor ROMERO (Presidente).-
Acaba de llegar, señor Senador.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Ha llegado a la Mesa una solicitud del Senador señor Arturo Frei con la que solicita el acuerdo constitucional necesario para ausentarse del país por más de treinta días, a partir del 30 de junio.
--Se accede.
CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES URBANOS
El señor ROMERO ( Presidente ).-
En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 5 de marzo de 1997.
Informe de Comisión:
Vivienda, sesión 35ª, en 1º de abril de 1997.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En el informe se deja constancia de que asistieron a la Comisión el señor Ministro de Vivienda , el señor Subsecretario de dicha Cartera, el Jefe de la División de Desarrollo Urbano de ese Ministerio y la asesora jurídica de la citada Secretaría de Estado.
Asimismo, el informe hace presente que la aprobación general del proyecto requiere quórum de ley orgánica constitucional, es decir, quórum de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, de conformidad a lo establecido en el artículo 107 de la Carta, relativo a administración comunal, en relación con el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución.
El objetivo principal de la iniciativa, según el informe, es posibilitar que los propietarios de bienes raíces urbanos que hayan construido con permiso de edificación o sin él y que no cuenten con recepción definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino de las edificaciones existentes en forma no concordante con los usos del suelo permitidos por los planes reguladores, puedan regularizar dichas construcciones de acuerdo al procedimiento que el proyecto establece.
La idea de legislar sobre la normativa en estudio fue aprobada con el voto unánime de los Honorable señores Cooper, Frei (don Arturo), Letelier y Ríos.
En el informe, también se hace una relación del articulado del proyecto, así como de su discusión y de los acuerdos adoptados respecto de él.
En su parte resolutiva, la Comisión propone aprobar la iniciativa de la Cámara de Diputados con las enmiendas que se indican en el informe.
El texto aprobado por la Comisión consta de siete artículos, que figuran al final del informe.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , la iniciativa en estudio es sencilla. Tiene como objetivo regularizar un conjunto de construcciones que se han levantado a través del país.
Es importante que los señores Senadores sepan que, usualmente, cuando el Servicio de Vivienda y Urbanismo entrega un conjunto habitacional de las denominadas viviendas sociales, ya a los 90 días l2 ó l4 por ciento de ellas son objeto de las primeras ampliaciones -generalmente de l2 a l4 metros cuadrados-, ejecutadas espontáneamente por los vecinos. Durante el año siguiente, 38 ó 40 por ciento de los vecinos realizan ampliaciones para ir adaptando sus viviendas, algunas de las cuales tienen 36 metros cuadrados. Pero, sin duda alguna, ello crea un problema que debe ser resuelto por parte del municipio mediante cierta planificación que refleje una fórmula destinada finalmente a adaptar o recoger estas construcciones como patrimonio urbano de la ciudad.
Lo normal es que esas operaciones se hagan con arquitectos y constructores, aplicando todas las normas pertinentes, pero como se trata de áreas o de viviendas o ampliaciones pequeñas y livianas, el Ministerio correspondiente ha considerado necesario aceptar definitivamente ese tipo de viviendas, sin la obligación de aplicar todas las normas técnicas. Y, en este sentido, el proyecto menciona los siguientes casos: primero, viviendas no superiores a 70 metros cuadrados; segundo, viviendas que no excedan de 140 metros cuadrados, siempre que cumplan determinadas normas que la misma ley señala y que las obliga a una necesaria armonía con el entorno urbano; luego, diversas construcciones de organizaciones comunitarias o religiosas, pues, como sabemos, existen muchísimos templos cristianos que se han levantado en distintos barrios a lo largo de Chile, y, por último, el de algunas pequeñas microempresas inofensivas cuyas edificaciones corresponden a talleres de costuras, etcétera, que también se relacionan con las viviendas o con las personas que habitan las distintas poblaciones.
En ese ámbito se desarrolla esta iniciativa. Se estima que en el país aproximadamente un millón de construcciones deben regularizarse en la forma que establece el proyecto.
Por otro lado, cabe destacar que al alcalde y al concejo se entrega la responsabilidad de aplicar o no esta ley en su comuna, lo cual permite llevar a la práctica disposiciones conforme a los criterios que establezca la propia municipalidad. Y, al mismo tiempo, se señala que los requisitos para regularizar las viviendas y eventuales ampliaciones no superiores a 70 metros cuadrados consisten simplemente en la elaboración de un croquis en el que conste un plano general de la vivienda y algunas especificaciones técnicas resumidas.
La Comisión, en virtud de lo anterior, estima muy interesante e importante aprobar en general y en particular el proyecto, el que no requiere de mayores indicaciones, pues se ha considerado la totalidad de las situaciones sociales existentes en estas materias y pensamos que es oportuno, para lograr un buen desarrollo urbano, acoger como patrimonio de las comunas las distintas construcciones que se han mencionado.
He dicho.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sule.
El señor SULE.-
Señor Presidente , nos encontramos ante un proyecto de ley que dice relación directa con una forma de marginación que viven vastos sectores de nuestra población. Esta marginación excluye su participación en las decisiones de los que gobiernan el sistema en los distintos niveles. Los excluye del disfrute de los recursos, de las garantías, de los privilegios que el sistema asegura a la mayor parte de sus miembros. También podemos afirmar enfáticamente que se trata de un aspecto de la pobreza y, como ha expresado un especialista, la pobreza es la forma macroscópica de la desigualdad.
El Gobierno de la Concertación está enfrentando el tema de la pobreza con gran decisión y despliegue de recursos. Recientemente, en el informe presentado sobre Desarrollo Humano ante las Naciones Unidas, nuestro país subió del lugar 33 al 30 en el índice que mide este aspecto.
La materia que nos preocupa es una iniciativa orientada a aquellos propietarios de viviendas sociales que han realizado ampliaciones y demás construcciones con o sin permiso municipal de edificación. Se trata de que regularicen su situación legal y administrativa ante los organismos técnicos correspondientes. También el proyecto busca encausar dentro de la legalidad las edificaciones que albergan actividades de carácter microempresarial inofensivas. En estos casos, se trata de un nivel de subsistencia personal y familiar, que se encuentran y emanan de la ilegalidad y la marginalidad.
La dictación de esta ley beneficiará aproximadamente a 600 mil microempresas informales y permitirá regularizar situaciones de otras 400 mil. En conjunto, ambas actividades generan más de un millón seiscientos mil empleos en el país. En el lenguaje de algunos economistas nos encontramos ante un caso típico de "economía sumergida".
Nos preguntamos por qué se ha producido esta situación. La respuesta tiene dos vertientes. Por una parte, el costo económico que demanda el pago de derechos, permisos e impuestos, y por otra, las enormes trabas burocráticas, la complejidad de los trámites, los papeleos y el tiempo que todo esto ocupa. Esta iniciativa legal permitirá, por una sola vez, resolver tales cuestiones con un mínimo de requisitos.
Resulta evidente la ventaja que esto puede significar para una microempresa, ya que la coloca en situación de estar apta para acceder a apoyo crediticio, asistencia técnica o a capacitación.
Es interesante destacar que en el marco del informe de las Naciones Unidas, éste aclara que, fundamentalmente, para superar la pobreza "lo que falta no son recursos ni soluciones económicas, sino el impulso político para enfrentar directamente el problema". Hoy nos encontramos ante una gran oportunidad de ayudar a un grupo importante de nuestros conciudadanos, al resolver un problema que los integrará plenamente a la sociedad.
Sería deseable que los alcaldes y los concejos municipales se replantearan el tema de los costos de esta operación. El proyecto de ley señala que por regularizar viviendas inferiores a 70 metros se pagaría el 25 por ciento de los derechos correspondientes, y, en el resto de los casos, el 50 por ciento.
En el marco actual de la situación de emergencia que vive el país tras las inundaciones, es fácil suponer que gran parte de los afectados pertenece al segmento que la ley pretende beneficiar. Ofrecer facilidades de pago o intentar rebajar aún más las tasas propuestas, sería un importante incentivo para la regularización que se pretende realizar.
Por lo dicho, votaré, con mucho agrado, favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , estamos enfrentando una iniciativa legal que es una segunda versión de algo que en el pasado se conoció como "la ley del monito". En verdad, bastaba presentar un dibujo bien hecho, un croquis -como el que se plantea aquí- con una escala determinada, y con esos antecedentes, dentro de determinadas condiciones, se podían regularizar viviendas, centros comunitarios como los que se han señalado, o microempresas.
Lo anterior demuestra que la realidad es bastante más dinámica que la trama burocrática y que las normas legales en su intento de evitar ciertos hechos. Los costos que deberían pagar las personas beneficiarias del proyecto para acceder a la atención profesional y llevar a cabo todos los trámites pertinentes, son muy altos, según las exigencias legales vigentes. Además, su actual situación les impide tener movilidad social en un sentido ascendente, por cuanto, como se ha señalado, no pueden optar a una serie de beneficios. Pero ello también significa una merma importantísima para el ingreso municipal, porque, evidentemente, las personas dejan de pagar patentes y otras obligaciones que incrementan los recursos municipales. Y estamos hablando de 600 mil microempresarios, por lo tanto, no deja de ser algo relevante para los municipios del país.
Por lo anterior, resulta sumamente conveniente aprobar el proyecto y, junto con ello, efectuar una revisión más profunda de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En el informe de la Comisión, el señor Ministro señaló que con la llamada "Ley de calidad de la construcción" se ha flexibilizado, en alguna medida, el sistema de permisos y recepciones municipales. Sin embargo, con el debido respeto, debo decir que, paradójicamente, precisamente las viviendas que cumplen con todas las normas y estipulaciones se han visto afectadas dramáticamente en las últimas emergencias, lo que, probablemente, no ha ocurrido en las de construcción espontánea, donde el ingenio popular y los medios a que recurre para resolver las dificultades dan como resultado, a veces, viviendas, lejos, más armónicas con las condiciones que nos impone el medio ambiente.
Por lo anterior, estimo conveniente votar favorablemente en general y particular esta iniciativa, porque es de muy rápido procedimiento el plazo de 18 meses, pero, sí, debemos...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Senador , ¿me permite una interrupción?
El señor HORVATH.-
Con la venia de la Mesa, por supuesto.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar .
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , la iniciativa es bastante importante en lo que respecta a la regularización de viviendas. No quiero pronunciarme en forma crítica acerca de la microempresa, pero existe un problema que habría que precisar: cómo compatibilizar esta iniciativa con los planes reguladores de las municipalidades, en los cuales se determinan las áreas de instalación o de funcionamiento de las microempresas, porque, automáticamente, de acuerdo al artículo 1º, se entendería que pasarían por sobre la determinación del uso del suelo permitido en los planes reguladores. O sea, en virtud de esta disposición, bastaría con regularizar la situación de las microempresas o pequeñas empresas, para poner en jaque la totalidad de los planes reguladores que hoy día estamos tratando de aprobar. Y esto lo entiendo, sobre todo en el caso de mi circunscripción, en la Región Metropolitana, donde tenemos dificultades que hay solucionar, actividades que no son ofensivas, o deteriorantes del medio ambiente, pero que debemos erradicar, como talleres, garajes, que se hallan en sectores residenciales, cuestión que los propios vecinos han hecho presente. Entonces, quiero saber cómo se compatibilizarán los planes reguladores con la regularización del uso del suelo.
El señor HORVATH.-
Tal duda la aclaran los artículos siguientes, cuando se habla de que las microempresas inofensivas deberán atenerse a las normas sanitarias y, además, a una serie de otros requisitos.
Evidentemente, alguien podría formular reclamaciones en tal sentido, como en el caso señalado por el Senador Zaldívar de un taller que produce ruidos, despide malos olores o presenta problemas respecto del uso adecuado del plan regulador, y que caería dentro de esta categoría. Así lo entendemos. Sin embargo, si subsisten puntos en blanco -el señor Presidente de la Comisión podría intervenir para aclararlos-, podrían ser materia de indicaciones.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , respecto de las observaciones del Honorable señor Zaldívar , acerca de la relación que debe existir entre los planes reguladores y las otras normas legales que se establezcan, el artículo 2º del proyecto señala que las disposiciones de la ley se aplicarán en aquellas zonas que el concejo comunal respectivo hubiere determinado para la regularización de todos o de algunos de dichos usos o construcciones. Es decir, es el concejo el que en definitiva resuelve las áreas donde se pondrá en práctica esta norma. De esa forma es posible regularizar los procedimientos que armonicen con las otras responsabilidades municipales que deben enfrentar el concejo y el alcalde.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , quería recalcar sólo algunos aspectos que aquí se han señalado.
La iniciativa pretende regularizar alrededor de un millón de propiedades -según se ha dicho aquí-, lo que demuestra que la Ley General de Urbanismo y Construcciones es tan engorrosa y complicada que la gente sencillamente no puede cumplir con ella. Por eso, de vez en cuando, hay que establecer estos blanqueos para que todas las propiedades que no han podido cumplir con la ley, por sus caros y engorrosos trámites, lo hagan. Ya sucedió una vez aquí con motivo del despacho de una iniciativa sobre concesiones marítimas: era tanta la demora para obtener los permisos que hubo que dictar una nueva ley que estableció que quienes habían ocupado playas podrían seguir haciéndolo hasta el momento en que se los otorgaran. O sea, se hizo una ley que no podía aplicarse y, entonces, se dictó otra para dejarla sin efecto. Aquí prácticamente estamos haciendo lo mismo, pues la Ley General de Urbanismo y Construcciones no puede aplicarse por ser demasiado complicada. La gente no tiene tiempo ni dinero para realizar todos los trámites exigidos.
A mi juicio, la autoridad tendrá que estudiar la manera de simplificar los trámites y de permitir que las personas que efectúen estas construcciones cumplan con la ley, sin necesidad de que haya que dictar nuevas leyes para que a su vez se blanqueen todas aquellas infracciones derivadas de su compleja aplicación.
Es cuanto deseaba hacer presente y. desde luego, anuncio mi voto favorable.
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , en general, la iniciativa responde a una necesidad y no tengo ningún inconveniente en aprobarla. Pero, aunque sea breve, debe darse plazo para formular indicaciones porque la redacción adolece de algunas imprecisiones que pueden dar origen a interpretaciones controvertidas y a crear, sin ser nuestra intención, una nueva burocracia, ya que una vez más estamos exigiendo una serie de requisitos y otorgando diversas facultades, y puede que la ley no sea eficiente. Y como la situación no es análoga entre las viviendas y la microempresa, hay que entrar a calificarlas en distintas circunstancias y, quizás, con procedimientos diferentes.
Por eso, lo único que pido es que, después de aprobar la iniciativa en general, se dé por lo menos una semana de plazo para presentar indicaciones. Por consiguiente, siento no acceder a la petición del Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Honorable señor Ríos, de que el proyecto sea despachado en general y particular a la vez.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Se tendrá presente lo señalado por Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente , las inquietudes que ahora analizamos ya fueron señaladas por los Senadores señores Cooper y Ríos. En el informe quedó constancia de su planteamiento al referirse al comportamiento que deben tener las personas interesadas en el aspecto habitacional, el cual -según expresan-, desde el inicio, debe ajustarse a las normas legales, a fin de evitar posteriormente la dictación de normas especiales para dar solución a casos determinados.
En el informe se habla de 600 mil microempresas. Es una cifra enorme, y no la creo correcta, pues considero imposible que haya tal número sin haber legalizado su situación. Y el que exista un millón de viviendas en situación irregular, también es algo bastante anormal. De todas maneras, creo que el sólo hecho de tener que aprobar una iniciativa en estas condiciones -porque estamos obligados a hacerlo- para solucionar problemas pendientes de 600 mil microempresas, no es lo más conveniente. Y ello no ha ocurrido sólo ahora, sino que en otras oportunidades nos hemos visto en la necesidad de tramitar iniciativas en condiciones más o menos similares, como la postergación de las elecciones municipales; condonación de deudas impagas a instituciones del Estado; amnistía a delitos electorales, y regularización de diversas situaciones. Es decir, varias veces nos hemos abocado a la aprobación de iniciativas como ésta. Si esto se repite, se producirá una situación que don Pablo Rodríguez ha llamado la "desnormativización del derecho". Creo que tiene toda la razón, pues el sólo hecho de estar aprobando iniciativas como ésta, significa desvirtuar la ley fundamental, la que se encontraría mal planteada.
En cuanto a la presentación de indicaciones, el Senador señor Díez tiene razón. Deben formularse algunas observaciones. Una de las primeras que se me viene a la mente se relaciona con los plazos. La iniciativa despachada por la Cámara de Diputados hablaba de 18 meses o un año contado desde la publicación de la ley. En el informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado se omite el momento a partir del cual se cuenta dicho plazo. O sea, en la práctica, si no corregimos eso, no habría plazo.
Otra pregunta que me formulo es la de a quién beneficia este proyecto, ¿sólo a los que construyeron, o también a los que adquirieron inmuebles construidos por otros? Creo que estas dos interrogantes tal vez merecerían indicaciones, modo que concuerdo con fijar plazo para presentarlas.
He dicho.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Está inscrito, a continuación, el Senador señor Andrés Zaldívar, a quien ofrezco la palabra.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , ya intervine por la vía de la interrupción, por lo cual renuncio a mi derecho.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Muy bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , no hay duda de que los antecedentes proporcionados por el señor Presidente de la Comisión demuestran que estamos ante un problema serio al cual debemos buscar solución. Lamentablemente, Su Señoría puso en evidencia que la economía "sumergida" en Chile sería mucho mayor de lo que suponíamos, pues se habla de cientos de miles de microempresas. Y también nos encontraríamos con un enorme porcentaje de casas no regularizadas. Creo que ello, unido a algunas observaciones formuladas, justifican aprobar en general el proyecto y fijar un plazo para formular indicaciones y mejorarlo.
A este respecto, deseo destacar un hecho que está de actualidad: la resistencia de las viviendas a las lluvias y temporales. Hemos podido presenciar la verdadera catástrofe que las ha afectado y no vemos en el proyecto, o no se desprende claramente de su texto, ninguna medida que impida, de alguna manera, la aprobación de construcciones que, si bien pueden ser seguras contra incendios y temblores, no lo son contra la lluvia u otros elementos que han demostrado ser tanto o más destructivos que aquéllos.
De ahí que, al margen de hacer mías las observaciones formuladas por otros señores Senadores, en cuanto a la necesidad de simplificar las tramitaciones y de eliminar todo aquello que constituya burocracia excesiva, debemos perfeccionar esta iniciativa, destinada a solucionar problemas, de manera de hacer alguna mención o referencia, dentro de los antecedentes que deben indicarse y que debe considerar la Dirección de Obras Municipales, a la capacidad de arreglar viviendas o corregirlas para resistir la lluvia. Es cuanto quería hacer presente.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Está inscrito a continuación el Senador señor Thayer.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, no tengo dificultad alguna en aprobar el proyecto en estudio, pero antes deseo formular algunas consultas a los miembros de la Comisión.
Primero -ya lo anotaba el Senador señor Mc-Intyre -, está la situación de los que hubieran enajenado bienes que adolezcan de determinados vicios. Seguramente, habrá dificultades para hacerlo si no se han cumplido los respectivos trámites. Pero, si así hubiera acontecido, el que adquirió con algún vicio tiene determinados derechos, que pueden los relativos a vicio redhibitorio, de división, o lo que sea. ¿Qué ocurre con las normas en debate, en el supuesto de que lleguen a aprobarse? ¿Quedan purgados esos vicios o sólo se aplicaría a los que directamente hubieren construido algo y disponen de un plazo de 18 meses para corregirlo?
Un segundo aspecto alude a desde cuándo se cuenta dicho lapso. No parece que sea desde la fecha de publicación de la ley, por el contexto de los distintos artículos que he estado revisando. Para otros efectos -por ejemplo, para la resolución del alcalde que implemente el acuerdo del concejo-, rigen 180 días siguientes a la fecha de publicación de esta ley. Pero, de no existir recepción de la construcción -porque en eso reside la irregularidad-, ¿desde qué momento rige dicho plazo?
Es lo que deseaba consultar. En todo caso, no tengo problema en aprobar en general el proyecto.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
¿Algún miembro de la Comisión desea hacer uso de la palabra?
El señor RÍOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , respecto de las consultas de los Honorables señores Thayer y Mc-Intyre, puedo señalar que la iniciativa en análisis está referida a la construcción y no al propietario. Por tal motivo, si el dueño del bien vende sin que exista el saneamiento, lo hará el futuro propietario. Eso en primer lugar.
Segundo, en lo tocante al plazo, el artículo 5º dispone que "Las Direcciones de Obras Municipales, con el solo mérito de los antecedentes presentados, y acreditado el pago de los derechos municipales, procederán, dentro del plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta ley, a otorgar, si procediere, el correspondiente certificado de regularización.".
De modo tal que el alcalde y el concejo disponen de 180 días para acogerse o no a la referida norma. Con posterioridad, concurre el plazo que se ha señalado.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Urenda y, en seguida, la Honorable señora Feliú.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , lo expresado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra podría conducirnos, también, a introducir una declaración en la ley en proyecto. Porque si bien es cierto que el artículo 2º señala como sujeto las construcciones, el artículo 1º se refiere concretamente a "Los propietarios de bienes raíces urbanos que hayan construido con o sin permiso de edificación", etcétera. Así que, coincidiendo con el concepto señalado, creo que ello hace necesario, por la vía de las indicaciones y del segundo informe, evitar toda duda sobre el particular.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , en verdad, el proyecto en análisis se inscribe dentro del numeroso grupo de leyes de condonación, de excepción, de amnistía, en favor de quienes que han actuado contra la legalidad. Ésta exige que se cuente con un permiso de construcción, que haya recepción definitiva del inmueble de que se trata y, por supuesto, encuadrarse dentro de las normas de detalle que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y -esto es importantísimo-, las del plan regulador comunal.
En efecto, me correspondió estar presente -iba a participar en el estudio de otro proyecto de ley- cuando la Comisión de Vivienda y Urbanismo analizó esta iniciativa, y por eso la conocí en su gestación. A mi juicio, dicho organismo técnico realizó una labor sumamente conveniente, porque el proyecto era de una amplitud tal que realmente resultaba imposible acogerlo. Incluso, en su texto original se planteaba la aprobación de pleno derecho, por así decirlo, de las solicitudes presentadas, y consignaba, también, la irresponsabilidad civil, penal y administrativa de los directores de obras que participaran en la regularización correspondiente. Reitero: el proyecto, a mi juicio, resultaba imposible de aprobar.
En la forma como está redactado, de todas maneras, parte del supuesto de que las personas que han levantado construcciones sin cumplir con la normativa vigente -y que todos debemos respetar- podrán regularizarlas, siempre que se encuadren dentro de las normas que ahora se proponen.
Reitero: la Comisión llevó a cabo una labor excelente, en el sentido de morigerar los perniciosos efectos de una ley de condonación amplísima. Pero, en todo caso, ésta sigue teniendo ese carácter respecto de construcciones que no cumplen la normativa vigente. Se ha hecho presente que, a lo mejor, ella no se respeta porque es mala; es posible. Pero lo único que resguarda siempre el principio de igualdad ante la ley es que ésta se modifique para todos y no sólo para algunos. Entonces, creo que debemos abocarnos a analizar la preceptiva en vigor para ver si, en realidad, es excesiva o no.
En todo caso, deseo pronunciarme respecto de dos temas planteados en la Sala, que quizás no han tenido respuesta, o no me parece haberla oído. Primero, en cuanto al alcance de la regularización de la vivienda, y a si ella, por así decirlo, es transitoria para su actual dueño. Entiendo que es definitiva, en los términos que lo establece el artículo 1º; esto es, se regulariza para siempre. Es como si, efectivamente, hubiera contado oportunamente con un permiso de edificación o con recepción definitiva. Y, además, importa reconocer una excepción al plan regulador comunal. Entonces, en ese sentido, es una regularización definitiva.
El Honorable señor Andrés Zaldívar planteó otro tema, que me parece sumamente importante. Todos los días podemos observar los problemas que presentan los planes reguladores comunales y las situaciones que generan las construcciones que no se adecuan a ellos. También en esto hay una morigeración del texto primitivo, en orden a que -y esta redacción corresponde al proyecto aprobado por la Comisión de Vivienda y Urbanismo- se entenderá como inofensiva aquella actividad industrial, comercial o de servicios, excluidas las de salud y educación, que emplee hasta diez trabajadores y cuyo funcionamiento sea inicuo. Según el artículo 4º es inofensiva la "microempresa que no produce daños ni molestias a la comunidad, personas o entorno, controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio, siempre dentro del propio predio e instalaciones, resultando su funcionamiento inocuo.".
Como en definitiva la Comisión, de acuerdo con el artículo 2º, resolvió entregar la decisión al concejo respectivo -en cuanto a que la construcción se encuentre ubicada en la zona que él hubiese determinado y cumpla tales condiciones-, esta condonación -y lo reitero: significa hacer una excepción al principio de igualdad ante la ley-, resulta muy morigerada.
En esa perspectiva, me parece que la iniciativa en estudio se halla en mejores condiciones de ser aprobada que el texto primitivo ingresado a la Comisión de Vivienda y Urbanismo. En todo caso, no le prestaré mi aprobación, porque, a mi juicio, éstas son señales legislativas altamente inconvenientes. Las reglas generales deben ser cumplidas por toda la comunidad y no sólo por algunos -un poco más tontos- que se acogen oportunamente a las normas y cumplen todos los requisitos, pero no así los otros que, a la espera de una ley de condonación como ésta, no cumplen las exigencias establecidas.
Como lo señalé, este proyecto es mejor que el texto original.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , deseo formular una consulta al titular de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, porque en esta normativa, en realidad, se condonan permisos, patentes, derechos, exenciones, etcétera, no sólo respecto de viviendas cuya superficie sea inferior a 70 metros cuadrados, sino también las de entre 70 y 140 metros cuadrados. Lo señalo porque aquí se está hablando, aparte de los microempresarios, de extender estas franquicias.
Como el proyecto no pasó por la Comisión de Hacienda y en él se condonan permisos, patentes, derechos y exenciones, me gustaría saber si se estimó el monto de lo que ello representa.
El artículo 5º dispone que "Las Direcciones de Obras Municipales, con el sólo mérito de los antecedentes presentados, y acreditando el pago de los derechos municipales, procederá, dentro del plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta ley, a otorgar, si procediere, el correspondiente certificado de regularización.". Deseo saber -me imaginó que ese cálculo se habrá hecho- en cuánto se estima el total de las exenciones.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , hace algunos años, con motivo del aluvión, me tocó acompañar a la Senadora señora Carmen Frei a Antofagasta. Obviamente, lo sucedido allí provocó un desastre de magnitud porque, en conocimiento de todos, se construyó en una parte que era absolutamente inadecuada. En estos momentos, en esa ciudad se ha generado una discusión muy seria. Por un lado, está el criterio de algunos arquitectos municipales, según los cuales se puede construir en determinados lugares, y por otro, el de ciertos geólogos, que sostienen que no se puede construir en ellos. Y entre el interés económico de ese municipio y la seriedad que me dan los geólogos, que estudian en profundidad los terrenos donde deben instalarse edificios, me quedo con opinión de estos últimos. No tengo nada en contra del señor alcalde y de la Municipalidad de Antofagasta, pero, a mi juicio, resulta indiscutible hacer mucho caso a los geólogos, que conocen el tema.
En estos días, todos hemos sido testigos de los desastres que se han producido en diferentes partes del territorio y de la reincidencia de mucha gente que ha sido afectada. A modo de ejemplo, menciono el caso de la quebrada de Macul, donde se produjo el aluvión que todos conocimos, y a los pocos meses o años se volvió a construir en ese mismo lugar, lo que constituye un riesgo inminente.
Tal situación la hemos apreciado en todas las regiones. Por eso, me parece que, con ocasión de esta normativa -cuya intención es buena-, podríamos elaborar una buena ley que refuerce la opinión de los técnicos, de los geólogos y de quienes entienden el tema en orden a determinar dónde, cuándo y cómo se puede construir. Quienes fuimos alcaldes conocemos la enorme y justificada presión por edificar en cualquier parte. Y eso es natural desde el punto de vista de quienes necesitan viviendas. Pero en nuestra opinión y de las autoridades, cuya misión es mirar hacia el futuro de Chile -que, al decir de Pablo Neruda, es un país de catástrofes, inundaciones, sequías, terremotos, incendios, etcétera-, se debe tener mucho cuidado al legislar en esta materia.
Por eso, no solamente debe otorgarse un plazo prudente para formular indicaciones al proyecto, sino que es necesario privilegiar el criterio de carácter técnico sobre cualquier otro. Los que fuimos alcaldes y concejales sabemos que, a veces, las municipalidades se ven presionadas -digámoslo claramente- por situaciones políticas y económicas. Por lo tanto, resulta conveniente considerar el parecer de quienes son ajenos a ese tipo de presiones.
No obstante abrigar serios temores respecto de la iniciativa -y lo digo seriamente-, la aprobaré, porque su intención es clara y buena. Pero debe ser modificada en profundidad y, para ello, hay que fijar un plazo más que suficiente para formular las indicaciones pertinentes.
He dicho.
La señora FREI (doña Carmen).-
Votemos, señor Presidente.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , el artículo 6º del proyecto dispone una rebaja de los derechos municipales que deberán cancelarse producto de esta regularización. Como se trata de una moción, pareciera que la norma no es procedente, por cuanto la posibilidad de disminuir impuestos, tributos o derechos de cualquier naturaleza, según el artículo 62 de la Constitución, corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
En consecuencia, a mi modo de ver, al menos dicha disposición no sería de carácter constitucional, salvo que respecto de ella hubiese alguna iniciativa del Ejecutivo, lo que no se desprende de los antecedentes que conocemos. De manera que hago presente esa inquietud antes de formular alguna reserva de constitucionalidad sobre la materia.
El señor LAVANDERO .-
Es, precisamente, lo que traté de señalar cuando aludí a la Comisión de Hacienda.
El señor LARRAÍN.-
Indirectamente, es lo mismo. Porque si el proyecto contempla rebajas tributarias, debió ser remitido a esa Comisión.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
La Mesa ha escuchado con atención las intervenciones de los Senadores señores Lavandero y Larraín. Y me gustaría precisar el alcance de sus comentarios.
¿Sus Señorías formulan indicación para enviar el proyecto a la Comisión de Hacienda para que lo informe en lo pertinente? Si fuera así, tal planteamiento se someterá a la decisión de la Sala. Si no lo es, sólo quedará constancia de sus opiniones.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , yo, además, hice una consulta para saber cuál es el carácter de la norma contenida en el artículo 6º. Si ella es inconstitucional, no se requiere que el proyecto sea remitido a dicha Comisión.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , no existe una razón para que me inmiscuya en todos los proyectos a fin de que pasen a la Comisión de Hacienda. Me encuentro muy lejos de ello. Como se ve en la tabla, en ese organismo técnico hemos entregado al conocimiento de la Sala diversos proyectos de importancia, así que no andamos buscando asuntos en qué ocuparnos.
La Mesa debe actuar de acuerdo con sus facultades. Porque, si una disposición es inconstitucional, la iniciativa no se puede seguir tratando. Y, si no lo es, la materia a que se hace referencia, por consistir en una exención de impuestos, debe ir a la Comisión de Hacienda, de todas maneras.
El señor LARRAÍN .-
Correcto.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Se la daré en un momento, señor Senador.
Hago presente que el proyecto viene de la Cámara de Diputados. Nada puede ser más incómodo para la Mesa, como también lo es para las de Comisiones, que tener que pronunciarse respecto de la constitucionalidad o la admisibilidad de lo obrado por la otra rama del Congreso. Y, en consecuencia, preferiría entender que las normas en estudio, que emanan de una moción, fueron, en su momento, recogidas y patrocinadas por el Ejecutivo , al punto de que me encuentro al tanto del interés del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , por ejemplo, en el despacho del texto. No podría imaginar que el titular de la Cartera del ramo se interesara en un precepto respecto del cual el Ejecutivo careciese de opinión o sustentase una contraria.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Sí, señora Senadora.
La señora FREI (doña Carmen) .-
El informe consigna de modo expreso, en lo atinente a la discusión general, que "el señor Ministro de la Vivienda señaló que este proyecto de ley se originó en una moción parlamentaria a la que el Ejecutivo adhirió luego en forma entusiasta,". O sea, resulta clarísimo que se cuenta con el patrocinio y el acuerdo del...
El señor LAVANDERO .-
¡La "forma entusiasta" dice relación a otra cosa...!
El señor LARRAÍN .-
¡El entusiasmo no constituye patrocinio del Ejecutivo ...!
La señora FREI (doña Carmen) .-
Son términos que se habrán empleado acá, pero media, obviamente, ese patrocinio. Si no, el señor Ministro habría puntualizado lo contrario.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Sin duda, es mucho mejor el patrocinio entusiasta que aquel que no lo es...
Tiene la palabra el Senador señor Ríos, Presidente de la Comisión de Vivienda.
El señor RÍOS.-
Recuerdo que, cuando presidí la Comisión de Gobierno, se suscitó un debate similar con motivo de una indicación que había sido aprobada en la Cámara de Diputados y se incluía en el proyecto pertinente, originada teóricamente en Parlamentarios pero faltando la suscripción del Ejecutivo. Finalmente, el Senado estimó que se entendían constitucionales todas las normas que había revisado la otra rama del Congreso.
Lo ocurrido en el caso en debate es análogo. Por nuestra parte, no nos abocamos a determinar quién formuló la indicación. La normativa llegó en la forma en que se conoce en este momento. No existe indicación de ninguno de nosotros. Se han presentado algunas para dividir el articulado, pero la cuestión de que se trata no obedece a la iniciativa de Senadores, sino a un acuerdo de la Cámara de Diputados.
Ahora, si el Senado estima que se puede revisar la constitucionalidad de los actos de esa Corporación, no hay ningún problema, entonces: cabe proceder al análisis pertinente y conocer de dónde proviene la indicación que finalmente originó el artículo 6º.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Entregaré antecedentes sobre aquello de lo cual la Mesa ya ha sido informada de manera fehaciente. En la Cámara de Diputados, las normas aludidas se incorporaron por la vía de una indicación presentada con toda la formalidad que se requiere y con intervención del Ejecutivo, de modo que la reserva de constitucionalidad respecto del patrocinio se encuentra salvada -para la Mesa, por lo menos-, en lo referente a la interpelación que se formuló.
Resta el tema de la indicación para que el proyecto sea conocido por la Comisión de Hacienda, lo que, por la naturaleza de sus disposiciones, incluso parece inevitable, de acuerdo con el Reglamento. Se condonan tributos...
El señor VALDÉS .-
Constituye una obligación.
El señor DÍEZ.-
En efecto.
El señor VALDÉS .-
No es algo facultativo.
El señor HORMAZÁBAL .-
Rige lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra respecto de la indicación para que esta iniciativa sea analizada e informada por la Comisión de Hacienda.
El señor RÍOS.-
Está bien.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Carmen Frei.
La señora FREI (doña Carmen).-
Me parece que no es el momento de plantear ese punto, señor Presidente , porque Su Señoría ya anunció que nos hallamos en votación -están sonando los timbres-, y ahora se ha reparado en un trámite que no se pidió en su oportunidad.
Además, si cinco Honorables colegas efectuaron el estudio pertinente y concluyeron que no era necesaria la intervención de la Comisión de Hacienda, se debe confiar en su labor.
El texto también fue considerado en la Cámara de Diputados, donde se cumplió con el mismo requisito.
Estimo que se debe proceder a la votación, para lo cual están tocando los timbres.
El señor LARRAÍN.-
Pido la palabra.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
De inmediato, Su Señoría. Hay tres inscritos para usar de la palabra, por lo tanto.
Haré una precisión. Los timbres se encuentran activados, según lo dispuso la Mesa, por la necesidad de llamar a los señores Senadores para los efectos del quórum. Formalmente, no se ha puesto en votación el proyecto. Y antes, dado que han tenido lugar algunas intervenciones, se están tratando observaciones o indicaciones que se han formulado.
Sugiero, por último, como solución, que para el segundo informe concurran el conocimiento de la Comisión de Vivienda y el de la de Hacienda, a fin de zanjar las dificultades y no demorar el despacho de un proyecto que parece ser bastante sencillo.
Tienen la palabra, en el mismo orden, los Senadores señores Andrés Zaldívar, Larraín y Otero.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente , me parece que el procedimiento que usted plantea es el correcto, porque la indicación fue introducida, precisamente, en el trámite de Comisión. Mal podía ser dispuesta la providencia a que se ha aludido si en el momento de la cuenta a la Sala no se incluía el artículo.
Pero ello es posible subsanarlo, como muy bien lo señala Su Señoría, en el segundo informe. No existen inconvenientes al respecto. La Comisión de Hacienda puede pronunciarse sobre el artículo 6º, que es el único sobre el cual tendría competencia.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Comparto su proposición, señor Presidente . Sólo quisiera hacer constar que no media una falta de confianza en los señores Senadores cuya labor dio lugar al informe, sino que, simplemente, la inquietud expuesta ha sido motivada por el interés en el cumplimiento de una disposición reglamentaria.
Deseo agregar que la norma no fue introducida en la Comisión, sino que viene en el texto de la Cámara de Diputados, al tenor de su artículo 5º. Si se lee este último, se observará que básicamente se encuentra recogido en el artículo 6º del proyecto contenido en el informe.
Pero, en fin, creo que la fórmula propuesta por el señor Presidente permite solucionar la preocupación manifestada. En lo personal, me deja enteramente satisfecho.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
La Mesa experimenta la gratificante sensación de recibir el respaldo de toda la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO .-
Señor Presidente , no me referiré al aspecto que se ha tocado, sino a la ley, en sí, porque nos encontramos en la discusión general.
Hago presente que de nuevo una iniciativa que se trae al Senado demuestra que en este país se dictan leyes para no cumplirlas. Y ello reviste tal magnitud que uno se pregunta dónde se hallan las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Porque, si se habla de miles de personas que han violado la norma legal, ¿dónde se encontraban los inspectores municipales que lo permitieron? ¿Dónde se registran las sanciones aplicadas a los infractores? Pareciera ser que en ninguna parte.
Y lo anterior resulta mucho más grave, señor Presidente , porque el texto en estudio también hace referencia a viviendas cuya superficie total edificada no exceda de 140 metros cuadrados. Ellas dicen relación a la llamada "Ley Pereira". Y propiedades de esas características valen varios millones de pesos y se hallan ubicadas en barrios extraordinariamente importantes. Por mi parte, puedo traer una lista de edificios de departamentos que se vendían bajo la Ley Pereira, con la superficie citada, y en los que se han realizado modificaciones relevantes.
Y mi pregunta es por qué se llega hasta 140 metros cuadrados y por qué con 160 metros cuadrados se quedaría excluido del proyecto. ¿O sea, en Chile hay infractores dependiendo del número de metros cuadrados construidos? ¿Corresponde eso a la garantía constitucional de igualdad ante la ley y al trato que se debe dar a las personas? Realmente, la filosofía de esta iniciativa es contraria al Estado de Derecho. No es la primera vez que digo esto. He expresado reiteradamente en la Sala que no sé para qué aprobamos leyes si al poco tiempo despachamos proyectos que en el fondo amnistían a quienes no las cumplen. Y los millones de chilenos que sí las cumplen nuevamente quedan con una enorme frustración.
Sería distinto si se estuviera hablando de viviendas de emergencia, a las que se agrega una caseta sanitaria. Pero se trata de mucho más que eso, porque la iniciativa se refiere a viviendas de hasta ciento cuarenta metros cuadrados. ¿Qué explicación pueden dar estos propietarios para haber transgredido la ley? ¿Falta de cultura, o ignorancia? No, señor Presidente . Estamos acostumbrándonos a dictar leyes para que no se cumplan, a que sea normal que la autoridad no vigile su observancia y, lo que es más grave, a que quién no cumpla la ley y la viole siempre reciba el reconocimiento del Gobierno y del Parlamento para legitimar tal conducta, en un proceder absolutamente ilícito.
Hoy día se habla del problema de la droga. ¿De dónde nace? De la pérdida de la ética, de la moral. Nos referimos a la corrupción, y ésta nace de lo mismo. Ello viene a ser simplemente el acostumbramiento del chileno a que las leyes se han dictado para no cumplirlas y a que, teniéndose algo de razón, el fin justifica los medios.
Por eso, señor Presidente , no puedo estar de acuerdo con un proyecto de esta naturaleza. Si queremos realizar una excepción, hagámosla respecto de todos quienes poseen bienes raíces, o, si no, no la hagamos. No existe motivo alguno para discriminar de este modo.
Pero en esta iniciativa hay otro elemento muchísimo más grave. La determinación de las zonas de aplicación de la ley se entrega al concejo municipal respectivo. Es decir, según la decisión del concejo, habrá chilenos de primera y chilenos de segunda, porque las construcciones ubicadas fuera de la zona fijada por él no podrán acogerse a la ley. Esto es una diferencia arbitraria, y constituye precisamente un caso de inconstitucionalidad.
Por lo anterior, señor Presidente , hago expresa reserva de constitucionalidad de este proyecto debido a dos capítulos: primero, porque no respeta el principio de igualdad ante la ley frente a las personas que se encuentran en la situación que trata de remediar. Y, segundo, porque aun cuando se estimare que tal discriminación es constitucional, no puede serlo delegar en un concejo municipal la determinación de quién tiene derecho al beneficio consagrado en la ley y quién no. La Constitución Política de la República establece que ni siquiera el Presidente de la República -incluso en el caso de delegación de facultades a través de DFL- puede referirse a los derechos de las personas. Y aquí se está entregando la decisión sobre una prerrogativa de las personas al concejo municipal, y ello no es constitucional.
Por tales consideraciones, formulo expresa reserva de constitucionalidad, y anuncio que votaré en contra.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, aparentemente, habría acuerdo para que, en el segundo informe, el proyecto llegue a la Sala analizado por la Comisión de Vivienda y Urbanismo, y la de Hacienda, en las materias que a ésta le competen.
Acordado.
El señor OTERO.-
Hay que fijar plazo para presentar indicaciones, señor Presidente.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Antes de asumir la presidencia de la sesión se había establecido como plazo el próximo miércoles 9, a las 18.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor COOPER.-
Señor Presidente , considerando que se trata de un procedimiento administrativo simplificado con el objeto de dar solución a estos casos, voto que sí.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente , este proyecto, a mi juicio, no constituye un sistema simplificado para obtener la regularización de la construcción de los bienes raíces urbanos de que se trata. Es una normativa de condonación, la cual amnistía a personas que no cumplieron, ni cumplen en la actualidad, con los requisitos de contar con permiso para construir -o sea, las disposiciones urbanísticas y de edificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones- o de uso del suelo, y se las autoriza para regularizar tal situación. Por esa razón no es una simple norma de procedimiento simplificado.
En Chile existen graves problemas de construcción, como ha quedado en claro con motivo de los recientes temporales. En esa perspectiva, no parece bueno empezar a regularizar construcciones que no cumplen con todas y cada una de las exigencias de la ordenanza respectiva.
Por otro lado, hay permanentes reclamos porque no se respeta el uso del suelo, y ello se permitirá con esta iniciativa.
Además, al implicar esto una rebaja de impuestos -no sé si en definitiva se recomendará su aprobación-, también significa disminuir los ingresos municipales.
Por último, se trata de una condonación que no aplica el principio de igualdad ante la ley para todas las personas.
Voto en contra.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , este proyecto atiende un problema que nace de una realidad, cual es que, a medida que se ha afianzado el concepto de la propiedad y que mucho más personas han tenido acceso a una vivienda propia, éstas se han sentido movidas a ampliarla, a instalar en ella un comercio pequeño; en definitiva, a desarrollar la iniciativa individual.
Eso es positivo. Es signo de que el país avanza por el camino correcto. La legislación existente sobre la materia es excesivamente rígida. Mientras procedemos a modificarla con miras a alivianarla, estoy de acuerdo en regularizar las situaciones producidas hasta ahora.
Por eso, voto que sí.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente , sin lugar a dudas, se trata de una norma de excepción -así lo establece la iniciativa-, como muchas otras que hemos aprobado en el Senado, y beneficia tanto a gente de bajos recursos como a personas de clase un poquito superior, propietarias de viviendas de hasta 140 metros cuadrados, pero exige que se encuentren ubicadas dentro de la zona que el respectivo Concejo Municipal haya declarado afecta a la regularización pertinente. En tales casos, las de hasta l40 metros cuadrados deben cumplir con las condiciones urbanísticas y de edificación. También beneficia a organizaciones comunitarias, culturales, deportivas y religiosas, como asimismo, a microempresas que, instaladas dentro de su propio predio, como señala el texto, "empleen hasta 10 trabajadores.".
Considero de toda justicia aprobar el proyecto, a fin de favorecer, fundamentalmente, a la gente de escasos recursos.
Voto que sí.
El señor THAYER.-
Señor Presidente , junto con anunciar mi voto favorable, quiero expresar que me asisten muchas de las preocupaciones que se han hecho presentes acá, y que, en definitiva, se trata de una opción ante una situación que desgraciadamente se halla muy generalizada, pero que, en su esencia, implica -como manifestó el Honorable señor Prat - pequeñas modificaciones o alteraciones de aspectos que están excesivamente reglamentados.
Es lamentable que estas disposiciones no formen parte de algún artículo transitorio de un proyecto de ley más amplio tendiente a simplificar la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el propósito de corregir este tipo de problemas.
Me pronunciaré favorablemente -diría-, en un acto entre fe, esperanza y algo de caridad, en el sentido de que habrá una ley que modifique la excesiva reglamentación que en la actualidad impide el adecuado cumplimiento de estas exigencias.
Voto que sí.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (40 votos por la afirmativa y 3 por la negativa).
Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Bitar, Calderón, Cantuarias, Carrera, Cooper, Díaz, Díez, Errázuriz, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Larraín, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Pérez, Piñera, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Siebert, Sinclair, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Feliú, Huerta y Otero.
El señor DÍEZ.-
¿Hasta cuándo hay plazo para formular indicaciones?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Hasta el miércoles 9 de julio, a las 18.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente ? Deseo plantear una moción de orden.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , hemos citado para las 6 de la tarde a la Comisión Mixta encargada de estudiar las discrepancias producidas entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto modificatorio de la Ley de Bancos y otros cuerpos legales. De manera que solicitamos a la Mesa avisarnos frente a cualquier votación de quórum especial, a fin de acudir a la Sala a emitir nuestro pronunciamiento.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Me parece curiosa su petición, señor Senador. Pensé que iba a solicitar la autorización de la Sala para el funcionamiento simultáneo de dicha Comisión.
El señor LAVANDERO.-
El asunto no es así, señor Presidente , pues, en tal caso, también habría que contar con la autorización de la Cámara de Diputados. Porque no se trata de una Comisión del Senado, sino de una Comisión Mixta, integrada por Diputados y Senadores. Consideraría una falta de respeto hacia la Cámara Baja requerir sólo aquí la autorización a que aludió Su Señoría.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Hago presente que la Sala de la otra rama legislativa no está funcionando en este momento. En consecuencia, no podría solicitarse la autorización.
En todo caso, conforme a los acuerdos de Comités sobre el proyecto, se cuenta con las autorizaciones necesarias en todas sus instancias.
MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE CONTRATOS DE MUTUOS HIPOTECARIOS ENDOSABLES RESPECTO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica las normas sobre contratos de mutuos hipotecarios endosables respecto de beneficiarios del subsidio habitacional, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 39ª, en 9 de abril de 1997.
Informe de Comisión:
Vivienda, sesión 43ª, en 29 de abril de 1997.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En el informe de la Comisión consta que el principal objetivo del proyecto es equiparar en todos sus elementos (salvo en las diferencias estrictamente económico-financieras) los mutuos hipotecarios endosables y los créditos con emisión de letras hipotecarias, que constituyen los dos mecanismos utilizados en el sistema de préstamos complementarios destinados a los beneficiarios del subsidio habitacional.
En consideración a los antecedentes y razones de que se da cuenta, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Cooper, Letelier y Ríos, aprobó en general la iniciativa.
En seguida se hace un análisis de la discusión particular del articulado y se indica que éste fue aprobado, también unánimemente, en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
En discusión general el proyecto.
El señor OTERO.-
Pido la palabra.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor OTERO .-
Señor Presidente , quiero señalar, en primer término, que solicitaré fijar plazo para formular indicaciones; y, en segundo lugar, que si bien el propósito del proyecto es muy atendible, jurídicamente él es inaceptable en los dos últimos incisos del artículo 1º. Por ello, pido plazo para formular indicaciones.
El inciso segundo dice: "Cuando los preceptos legales mencionados en el inciso anterior aludan a la escritura pública en que conste el contrato de mutuo hipotecario endosable, se entenderá que se refieren a copia del instrumento privado firmado ante notario, oportunamente protocolizado por éste.".
Aquí hay una confusión de términos legales increíble.
Primero que nada, ¿quién debe protocolizar el instrumento? ¿El notario? ¿Y cuándo sería oportuno hacerlo? Porque pareciera que alguien tiene que solicitárselo. La obligación queda entregada al notario para que oportunamente protocolice.
Sin embargo, lo más grave es la parte que señala que "se entenderá que se refieren a copia del instrumento privado firmado ante notario, oportunamente protocolizado". O sea, ¿se protocoliza la copia? Si así fuera, ¿qué pasa con el original? Tendríamos dos títulos.
El inciso siguiente dice: "Para todos los efectos legales, el documento referido en el inciso precedente se considerará como escritura pública desde la fecha de su protocolización y tendrá el mérito ejecutivo que señala el artículo 434, número 2º, del Código de Procedimiento Civil.".
Señor Presidente , la protocolización de un instrumento se hace por escritura pública. En efecto, ésta da fe del acto y, si ella contiene el texto del documento que se protocoliza, tiene mérito ejecutivo. Por lo tanto, a tal tipo de instrumento no se le puede dar carácter de escritura pública, pues no reúne ninguno de los requisitos de tal. Lo que podría plantearse es que el instrumento debidamente protocolizado constituya título ejecutivo, pues la ley puede crear tales títulos.
Señor Presidente, los dos incisos mencionados en realidad se prestan a confusión y contienen serios errores de Derecho.
A mi juicio, el propósito de la iniciativa es bueno; pero su texto debe ser mejorado, porque en la forma en que está redactado presentará gravísimos problemas en su aplicación práctica. Recordemos que estamos hablando de títulos de crédito endosables, por lo que la ley debe ser muy clara para que no haya ninguna duda sobre el instrumento al que se le otorga el mérito ejecutivo y si tendrá el mérito de ser, en definitiva, título de la obligación.
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable, pues estimo que la idea es buena; pero pido plazo para presentar indicaciones, con el objeto de perfeccionar los dos incisos contrarios a Derecho que he mencionado o que, por lo menos, no expresan lo que se pretende.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Para precisar y lograr acuerdos que permitan el despacho de la iniciativa, solicito a Su Señoría que proponga una fecha para el plazo de presentación de indicaciones.
El señor OTERO .-
Con una semana basta, señor Presidente , ya que sólo se trata de redactar de nuevo el artículo.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sergio Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente, una vez aprobado en general el proyecto y presentadas las indicaciones, propongo que en vez de tramitarlo a la Comisión de Vivienda, se envíe a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pues, si bien su objetivo es favorecer el trámite de la transacción de las letras hipotecarias, no hay duda de que la materia incide fundamentalmente en el ámbito jurídico, terreno en el cual -como lo ha expresado el Senador señor Otero - debe tenerse mucho cuidado, para que los instrumentos de que se trata tengan la validez comercial necesaria y los haga útiles a la finalidad que se pretende.
Por ello, planteo a la Mesa que recabe el acuerdo del Senado, a fin de que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución para su segundo informe.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
En cuanto a la indicación formulada por el Senador señor Díez , propongo que la iniciativa pase a ambas Comisiones: a una primero y a otra después. No parece razonable que una materia de esta índole no pueda ser conocida de nuevo por una Comisión que ya tuvo a su cargo el primer informe.
En consecuencia, en relación con la proposición planteada, sugiero a la Sala aprobar el proyecto en general, fijar plazo para indicaciones, enviar el proyecto, para segundo informe, primero a la Comisión de Vivienda y Urbanismo y, luego, a la de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor OTERO .-
Señor Presidente, el Honorable señor Díez tiene razón. Porque, como sobre la iniciativa no hay diferencias de fondo ni tampoco en lo que se pretende, el problema es de técnica jurídica y de precisión del alcance de las expresiones utilizadas, que son materias propias de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Es más práctico, a mi juicio, que el proyecto pase a la Comisión de Constitución, donde lo despacharíamos rápidamente y sea aprobado por la Sala sin nuevas indicaciones. De lo contrario, con la presentación de las que corresponde, la iniciativa tendrá que ir a la Comisión respectiva y, después, volver a la Sala.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Lo que resulta inevitable, señor Senador, es cumplir con el Reglamento en materia de plazos para formular indicaciones.
Una manera expedita de resolver el problema es que, si estamos de acuerdo con la idea de fondo, se apruebe en general el proyecto, se fije plazo para indicaciones y el segundo informe sea elaborado por la Comisión de Constitución.
El señor OTERO.-
De acuerdo, señor Presidente.
--Se aprueba en general el proyecto, se fija el jueves 10 de julio a las 18 como plazo para presentar indicaciones, y se acuerda enviarlo para su segundo informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
________________
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto que figura con el número 5 en la tabla, relativo al sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas..
El señor NÚÑEZ.-
Pido la palabra.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , entiendo que el Ministro de Obras Públicas solicitó tanto al señor Presidente como a Su Señoría, y también al Presidente de la Comisión respectiva, aplazar el análisis de esta iniciativa. En consecuencia, pido formalmente acoger dicha solicitud.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , tengo registrado en mis notas que, por acuerdo de los Comités, este asunto quedó para el 9 de julio. Me gustaría que la Mesa lo confirmara.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Así es, señor Senador.
Entonces, queda para ser tratado en esa fecha.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor OTERO.-
Señor Presidente , en la tabla hay dos proyectos de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que podríamos despachar rápidamente: el que aprueba la "Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", y el que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Comunidad del Caribe sobre Cooperación Científica y Técnica", los cuales están signados con los números 21 y 23, respectivamente, en la tabla.
Ambos proyectos podríamos despacharlos, tal vez, en cinco minutos, antes de que llegue la hora de rendir el homenaje.
El señor THAYER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor THAYER.-
Señor Presidente , es extraordinariamente sencillo el proyecto que modifica el Código del Trabajo para conceder determinados derechos a padres trabajadores -figura con el número 6 en la tabla-, y su tratamiento se ha venido atrasando desde hace tiempo. Por ello, si la Sala no tiene inconveniente, pido que se respete el orden de la tabla y lo tratemos ahora, augurando que dicha materia no requerirá más de diez minutos de discusión.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, analizaremos a continuación la iniciativa número 6 del Orden del Día, que aparentemente es de trámite muy sencillo, y después trataremos los dos proyectos de acuerdo sugeridos por el Senador señor Otero.
Acordado.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO SOBRE DERECHOS DE PADRES TRABAJADORES
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo concediendo los derechos que indica a padres trabajadores, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 30 de julio de 1996.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 38ª, en 8 de abril de 1997.
Trabajo (segundo), 6ª, en 17 de junio de 1997.
Discusión:
Sesión 42ª, en 16 de abril de 1997 (se aprueba en general).
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, la Comisión deja constancia en su informe de los artículos que fueron objeto de indicaciones, de los artículos que no fueron objeto de ellas y de las indicaciones aprobadas.
En verdad, la Comisión rechazó todas las indicaciones presentadas al texto aprobado en general y propone aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, si no fueren renovadas reglamentariamente algunas de las indicaciones rechazadas, correspondería, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, aprobar el texto del primer informe -esto es, el proyecto aprobado en general-, salvo que algún señor Senador pida su votación.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, la Comisión adoptó el criterio de mantener la esencia del proyecto, que es sumamente justo y carece de complicación.
La iniciativa implica la posibilidad de otorgar permiso para ausentarse de su trabajo al padre o madre que tengan la desgracia de enfrentar una enfermedad grave o accidente grave, con peligro de muerte, de un hijo menor de 18 años, quedando claro que el período no trabajado es de costo del propio trabajador.
La normativa permite que el trabajador restituya el tiempo no trabajado en la forma que señala el texto, esto es, a través de sus días administrativos, del feriado anual de que disfrute, o, en último término, de las horas extraordinarias que pudiere laborar.
Por lo tanto, si se autoriza reponer en dicha forma el tiempo no trabajado y su costo es exclusivamente del trabajador, no se ve razón alguna para que haya oposición a un proyecto que sólo atiende un estado de necesidad y de exigencia humanas, en el sentido de que el padre o la madre que se encuentran al cuidado de su hijo le presten su atención cuando está en peligro de muerte.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Carmen Frei.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , aun cuando votaré a favor el proyecto, lamento, sí, el no haber sido más generosos, en el sentido de no descontar remuneraciones por el tiempo equivalente al permiso concedido. Porque si otorgamos permiso para ausentarse del trabajo a un padre o madre cuyo hijo se encuentra en situación grave, obviamente ese padre o madre necesitará más recursos para pagar la enfermedad o emergencia por la cual atraviesa.
Por lo tanto, en mi opinión, habría sido más conveniente otorgar dicho permiso con un certificado médico que hubiere recomendado tal medida y sin descontar de las remuneraciones el tiempo no trabajado.
Si bien no es posible hacer lo anterior, de todos modos dejo constancia de ello, y anuncio mi voto a favor.
El señor URENDA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , quiero dejar constancia de dos asuntos: primero, que estamos en la discusión del segundo informe, y segundo, que el proyecto fue de iniciativa del Presidente de la República .
Con motivo de la discusión en particular, en el segundo informe se rechazaron algunas indicaciones -por las razones que en él se señalan-, unas, por ser inadmisibles, y otras, porque, en realidad, no mejoraban el proyecto.
Por ello, coincido en aprobarlo en la forma propuesta y en despacharlo rápidamente, a fin de dar un avance en materia social, lo cual implica considerar situaciones de la vida diaria, en que es imprescindible o se desea estar junto a un hijo enfermo con motivo de un accidente grave o una enfermedad terminal.
--Se aprueba el proyecto, conforme lo propone la Comisión en su segundo informe, en los mismos términos en que fue aprobado en general.
CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD DE PERSONAL DE NACIONES UNIDAS Y PERSONAL ASOCIADO
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la "Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 5 de septiembre de 1996.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 4ª, en 11 de junio de 1997.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
La Comisión deja consignado en su informe que los objetivos de la Convención son facilitar las operaciones de la Organización, intentando que ellas se ejecuten con el consentimiento y la cooperación del Estado receptor, asegurándose que se adopten las medidas necesarias para prevenir los atentados contra su personal y para castigar a los autores de éstos.
Asimismo, hace una reseña de dicho instrumento internacional, que consta de un preámbulo y de veintinueve artículos.
La Comisión, por unanimidad, aprobó en general y particular el proyecto de acuerdo, con los votos de los Senadores señores Valdés ( Presidente ), Alessandri, Díez y Mc-Intyre, y propone aprobarlo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente , en pocas palabras, quiero expresar que el proyecto de acuerdo fue aprobado unánimemente por la Comisión de Relaciones Exteriores y tiene por objeto proteger al personal de Naciones Unidas y al personal asociado, en las operaciones de la Organización, que son decretadas por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General, en su caso, y en las cuales participa Chile, razón por la cual nos interesa el convenio, que prescribe que dicho personal se encuentra protegido por la Convención, así como sus vehículos, embarcaciones y aeronaves, que contarán con su respectiva identificación distintiva.
Además, se obliga al Estado receptor y a las Naciones Unidas a suscribir un acuerdo sobre el estatuto de la operación de las Naciones Unidas y de todo el personal que participa en ella. Dicho estatuto contendrá, entre otras, ciertas disposiciones sobre prerrogativas e inmunidades de los componentes militares y de policía de la operación.
Sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de que gocen o de las exigencias de sus funciones, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado deberá respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y del Estado de tránsito, y se abstendrá de toda acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones.
También se contemplan obligaciones para los Estados -entre ellos se cuenta Chile-, como, por ejemplo, velar por la seguridad del personal; poner en libertad o devolver al personal protegido, capturado o detenido; contemplar en su legislación como delito la comisión intencional de un homicidio, secuestro u otro ataque contra la integridad física o la libertad de cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas o el personal asociado, etcétera; cooperar en la prevención de los citados delitos y entregar la información que se tenga al Secretario General de las Naciones Unidas ; asegurar el enjuiciamiento o la extradición de los presuntos culpables, aun cuando no exista un tratado de extradición para ese efecto entre los Estados Partes, pues se considerará esta Convención como la base jurídica necesaria para que esta medida proceda. Finalmente, se dispone que los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con los procedimientos penales relativos a los delitos antes enunciados, garantizando un trato justo, un juicio imparcial y plena protección de los derechos de las personas involucradas en los procedimientos derivados de los delitos contemplados en la Convención.
En materia de controversias, se señala que éstas podrán ser sometidas a arbitraje unilateralmente y que, si en el plazo de seis meses no se llega a acuerdo, cualquiera de los Estados Partes en conflicto podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia.
La Convención tiene por objeto dar protección a las personas que, bajo bandera o insignia de las Naciones Unidas, cumplan misiones de paz, las que cada vez son más extensas y, ciertamente, riesgosas, tanto para ellas como también para sus equipos.
En consecuencia, la Comisión de Relaciones Exteriores solicita a la Sala que apruebe por unanimidad el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ALESSANDRI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , sólo deseo recalcar un aspecto señalado por el Honorable señor Valdés , en el sentido de que esta Convención se aplica a las operaciones de paz, como es el caso de ciertas misiones internacionales; por ejemplo, la que en estos momentos Chile realiza en Irán, la cual es de paz y no de guerra.
El número 2 del Artículo 2 expresa: "La presente Convención no se aplicará a las operaciones de las Naciones Unidas autorizadas por el Consejo de Seguridad como medida coercitiva"... Es decir, su ámbito se restringe sólo a las operaciones de paz. Quería aclarar el punto para mayor conocimiento del Senado. Por eso, daremos nuestra aprobación a la iniciativa.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
ACUERDO ENTRE CHILE Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Comunidad del Caribe sobre Cooperación Científica y Técnica".
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 19 de noviembre de 1996.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 4ª, en 11 de junio de 1997.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Este instrumento internacional consta de un preámbulo y de once artículos que se reseñan en el informe.
Por unanimidad de los Senadores señores Valdés ( Presidente ), Alessandri, Díez y Mc-Intyre, la Comisión propone aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente , la explicación de este proyecto de acuerdo es sencilla porque es uno más de los suscritos a nivel internacional para desarrollar y elaborar de común acuerdo programas, proyectos y actividades científicas y técnicas, contando con la participación del sector privado cuando sea necesario, así como también de las universidades y los organismos de investigación científica. Se suscribe este Acuerdo entre Chile y los países que forman la Comunidad del Caribe, para los cuales nuestra nación representa un factor de equilibrio y generosidad en esta materia.
Por lo tanto, no hay mayores obligaciones, sino una disposición de realizar una cooperación en el sentido señalado.
Por eso, la Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por unanimidad y sugiere al Senado proceder en los mismos términos.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
________________
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
La señora FREI (doña Carmen).-
Podríamos pasar al número 22.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
De conformidad a los acuerdos de Comités -estamos exactamente en la hora-, a las 18:30 corresponde realizar el homenaje anunciado por el Honorable señor Ruiz, con motivo de haberse conmemorado el 26 de junio pasado el aniversario de la Marina Mercante.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente , ¿sería una impertinencia solicitar a la Sala que apruebe el proyecto de acuerdo que aprueba una enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la "Convención sobre los Derechos del Niño"? Es tan sencillo como el anterior.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Señor Senador, sugiero el siguiente procedimiento.
Estoy seguro de que el homenaje del Honorable señor Ruiz no tomará el tiempo que resta del Orden del Día, el cual va hasta las 20. Realicemos el homenaje y, a continuación, prosigamos con los proyectos de la tabla que son de simple despacho.
En consecuencia, damos paso al homenaje y, en seguida, continuamos con los proyectos que restan.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz.
HOMENAJE A LA MARINA MERCANTE NACIONAL
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, estimados colegas:
Con motivo de la celebración del Día de la Marina Mercante Nacional, deseo saludar a los hombres de mar aquí presentes y a quienes se encuentran surcando los mares del mundo y rendirles un homenaje por el esfuerzo y tesón con que intentan mantener nuestras más caras tradiciones náuticas.
CHILE: UN PAÍS DE ESPALDA AL MAR
Como reiteradamente lo he manifestado en el Senado desde 1990, Chile necesita asumir su condición de país oceánico. La sociedad chilena y especialmente el Estado a través de su administración superior, deben aceptar el reto de dar la cara al Pacífico e iniciar la ruta del auténtico desarrollo, que será una ficción mientras ignoremos el potencial que nos ofrecen los caminos del mar.
Sin embargo, son escasos los debates que ocupan la atención de nuestra Alta Corporación para referirse a los temas del mar y, muchas veces, ellos tienen más que ver con la insistencia dogmática de seguir privatizando las pocas actividades que el Estado ejerce en este campo, que en abordar con profundidad y conocimiento el desarrollo de nuestros intereses marítimos.
Los últimos temporales cortaron carreteras y destruyeron puentes. Por los medios de comunicación nos informamos de que numerosas poblaciones quedaron aisladas, y, lo que es paradójico, también ocurrió lo mismo con poblaciones costeras. Éstas últimas no podían ser socorridas por mar, porque no tenemos desarrollado un sistema integral de cabotaje; no existe una infraestructura que permita operar a naves menores, las cuales tampoco existen en nuestra marina mercante.
Todos están preocupados de construir nuevas carreteras, inundarlas con más camiones que la destruirán en un par de años en un derroche de recursos económicos y de energía que debemos importar, mientras los caminos del mar están expeditos, esperando una visión de Estado que impulse un desarrollo armónico del país para aprovechar sus recursos y ventajas naturales.
La principal causa de esta situación es la implantación de un sistema neoliberal que limita la acción de la sociedad organizada y especialmente de sus instituciones políticas, dejando el funcionamiento de la economía a las solas leyes del mercado.
En este cuadro, numerosas actividades productivas o de servicios, que en países desarrollados funcionan con extraordinaria fluidez, en el nuestro son ignoradas o marginadas. A ello se suman los antecedentes que llegan a nuestras manos respecto de la extraordinaria influencia de los grandes grupos económicos que controlan la economía del mundo y que muchas veces tienen más fuerza que las propias naciones. A ello se suma también el debilitamiento de las organizaciones internacionales llamadas a promover la solidaridad y la justicia internacional.
La influencia de estos grupos es tan poderosa, que ya se inicia una fuerte presión sobre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objeto de derogar antiguos convenios que daban alguna protección a los trabajadores y abrir las puertas a la llamada desregularización de las relaciones laborales al interior de los países miembros, destruyendo las legislaciones laborales, conquistadas después de muchas décadas de lucha sindical.
Una misión pendiente
La inmensidad de nuestro mar patrimonial, surcado por naves de distintas banderas y más bien abandonado por nuestra cultura "tierra adentro", nos obliga a buscar los instrumentos que nos permitan revertir esa situación. Es imperioso ocupar nuestro mar, explotar racionalmente sus recursos y proyectar nuestro futuro apoyado firmemente en su extraordinario potencial.
Sin embargo, será imposible la ocupación de nuestro mar, si previamente no ocupamos ordenadamente nuestras costas, hoy prácticamente despobladas y generalmente empobrecidas, en circunstancias de que una de las mayores riquezas nacionales está en la explotación de la rica biomasa que contiene nuestro mar patrimonial.
Aun cuando son escasos los espacios costeros con buenas condiciones para ser habilitados como grandes puertos, aptos para el servicio de naves de gran tonelaje, existen numerosas bahías menores aptas para naves de tamaño pequeño y mediano, que pueden ser plenamente utilizadas como puertos para el cabotaje nacional.
De allí, que es importante definir la ubicación de los grandes puertos que deben atender el tráfico internacional, cuyas características impone exigencias especiales e instalaciones apropiadas, considerando el porte y calado de las naves, la tecnología requerida para su operación y las vías de acceso de los países limítrofes, a quienes esperamos entregar los servicios portuarios.
Esta es una decisión que no puede quedar sólo en manos de los privados, sino que debe incorporar activamente a los organismos del Estado, tanto del poder central como de las regiones y comunas afectadas y de la comunidad organizada.
Transporte Marítimo
El mar nos entrega su ancho y seguro camino para transportar nuestros productos y abastecernos de los que nos faltan. Más de 90 por ciento de nuestro comercio exterior se realiza por mar, participando las naves de la Marina Mercante Nacional en menos de 10 por ciento de ese transporte marítimo.
Ello nos debe llamar a la reflexión, ya que el transporte marítimo es uno de los rubros más importantes en la economía de países como el Reino Unido, Japón , Grecia y los países escandinavos. La geografía de una nación determina en buena medida su personalidad y la obliga a superar sus dificultades, como también la habilita para aprovechar sus ventajas. Así Gran Bretaña superó su aislamiento convirtiéndose en un país de navegantes; lo mismo hizo Noruega y la mayoría de los países del Asia. Estas naciones lograron el desarrollo económico apoyados en una gran Marina Mercante.
Más categórico es el ejemplo del Japón, que carece de hierro, de petróleo y tiene escaso carbón y, sin embargo, es uno de los principales productores de acero, lo que le ha permitido desarrollar una impresionante industria de astilleros y poseer la mayor flota mercante del mundo.
No cabe duda, entonces, de que el desarrollo económico está estrechamente relacionado con la capacidad de los países de transportar sus productos y satisfacer sus requerimientos internos. Esas naciones contemplan en sus legislaciones normas de protección especiales para sus marinas mercantes, lo que les ha dado su personalidad y les ha permitido imprimir un sello a su desarrollo del que hoy gozan. No es ésta ciertamente la situación de nuestro país, que sigue ignorando la importancia de las rutas marítimas.
El diseño de un servicio de cabotaje nacional debe ser compatible con una política nacional de transporte, que contemple el uso del ferrocarril en forma eficiente, de carreteras y, desde luego, la vía marítima, que es en definitiva el más barato de todos los medios de transporte.
Por ello, debemos tomar en cuenta las políticas que siguen las naciones desarrolladas, que entregan a sus armadores subsidios, ventajas tributarias y operativas, lo que les permite competir en el difícil mercado internacional. Mantener la actual apertura al comercio exterior, dando a las naves extranjeras el mismo trato que a las nacionales, sin exigir reciprocidad de los países que nos compiten es simplemente condenar a nuestra Marina Mercante Nacional . El desarrollo de una Marina Mercante, que atienda una parte importante de nuestro comercio exterior y que cubra las necesidades del cabotaje nacional, traerá como consecuencia una mayor actividad portuaria y demandará numerosos servicios a naves y tripulantes y, sobre todo, aumentará significativamente la demanda por naves, que debieran ser construidas y posteriormente mantenidas por astilleros nacionales.
Política portuaria
Estamos, pues, ante una dramática realidad que afecta a los intereses marítimos del país, en buena medida reflejados en la disminución de la marina mercante, sin una legislación acorde con la práctica internacional y sin una política nacional tendiente a modificar esta situación.
Una "Política de Transporte Marítimo" debe ser complementada con una "Política Portuaria" que oriente el desarrolle de esta importante actividad y no sea sólo una respuesta ocasional a problemas puntuales, como ha sido históricamente en nuestro país. En efecto, nuestros puertos nacen sin mayor planificación y su desarrollo y consolidación ha tenido más que ver con la fundación de la ciudad en su entorno, que a una visión de futuro.
Una política portuaria nacional debiera considerar entre otros los siguientes elementos:
a) La escasez de espacios geográficos costeros con buenas aptitudes para ser usados como puertos;
b) La necesidad de poblamiento de nuestro borde costero;
c) El fortalecimiento de nuestra presencia en los extremos Norte y Sur del territorio nacional, así como en nuestras islas oceánicas;
d) La proyección de nuestro desarrollo económico y su dependencia del transporte marítimo;
e) La demanda creciente de los países sudamericanos ribereños del Atlántico para comunicarse con los mercados del Pacífico;
f) Las necesidades de servicios portuarios para naves pesqueras que operan en los mares australes, tanto del Atlántico como del Pacífico; para las científicas y de turismo, que durante la temporada de verano cubren la ruta hacia la Antártica; así como para las naves que cruzan el Estrecho de Magallanes, y
g) El desarrollo de las actividades náuticas, recreativas y ligadas al turismo.
En efecto, son escasos los espacios de borde costero aptos para construir puertos abrigados que resguarden las operaciones de naves. En consecuencia, este bien público no puede entregarse a particulares sin los debidos resguardos para los intereses superiores de la comunidad nacional y menos pueden ser objeto de un lucro indebido, por lo que su uso debe ser público y regulado por el Estado.
Los intereses superiores de la Nación obligan a desarrollar un esfuerzo especial por parte del Estado en aquellos puntos de nuestro territorio en los que, además de los intereses económicos, ejercen una fuerte influencia las necesidades de consolidación de la presencia nacional y, por ende, de su poblamiento, construyendo la infraestructura que facilite y mejore las condiciones de vida de la gente.
Desde el punto de vista de los intereses marítimos nacionales, considerando la importancia de nuestra ubicación geográfica y teniendo presente el desarrollo de las economías de los países ribereños del Pacífico, debemos impulsar una política de Estado respecto del desarrollo portuario.
Investigación científica
Carecemos también de una política de investigación, que nos permita conocer la magnitud, característica y ubicación de nuestros recursos hidrobiológicos, muchas veces sobreexplotados por la voracidad de los manipuladores de un mercado con escasa regulación. Incluso en numerosas oportunidades hemos escuchado a voceros del sector pesquero quejarse por las vedas que se aplican en nuestro país, mientras que en los países vecinos los recursos marinos carecen de estas normas. Pero ello es lo que le dará sustentabilidad en el tiempo a dichos recursos.
Surgen a diario amenazas a la preservación de los recursos hidrobiológicos, por la introducción de naves con capacidades cada vez mayores de captura y de procesamiento, sumada a la demanda creciente de alimento de una población insatisfecha y, en amplios sectores de la humanidad, con hambre crónica.
Se dice que en Chile tenemos pocos científicos que puedan dedicarse a la investigación. Cabría hacerse la pregunta elemental: ¿a qué se podrían dedicar los científicos en un país cuyo Estado no invierte en investigación y en que los privados, movidos sólo por el lucro y con una visión cortoplacista, no arriesgan recursos en construir el futuro?
Si el Estado no asume una cuota importante en el fomento de la investigación e incentiva al sector privado para que haga el necesario aporte que le corresponde a quienes se benefician con los frutos de dicha investigación, no podremos cerrar el círculo vicioso de la ignorancia y estaremos condenados a mal explotar nuestros recursos y subsistir en el subdesarrollo.
Por la importancia creciente de los países ribereños de la cuenca del Pacífico, por el impacto que sus economías y su comercio tienen en las relaciones mundiales y por su proyección futura, algunos sostienen que el siglo XXI será conocido como la "Era del Pacífico". Si a ello agregamos que, por la dinámica del desarrollo científico y su aplicación en las distintas actividades de la humanidad, el conocimiento se convierte en el principal capital de las personas y de las naciones y condiciona sus expectativas de desarrollo, por lo que otros se anticipan a denominar también al siglo emergente como la "Era de la Inteligencia".
Hace algunos años conversaba con profesionales que laboran en el Instituto de la Patagonia, quienes habían avanzado bastante en una investigación tendiente a lograr la reproducción en cautiverio de la centolla. Esta investigación reviste gran importancia por tratarse de un recurso que se agota por sobreexplotación y que, sin duda, tiene una gran demanda, por lo que sus recuperación sería de gran beneficio para Magallanes y para el país. Sin embargo, el Instituto de la Patagonia, dependiente de la Universidad de Magallanes -una de las más pobres del país-, difícilmente puede invertir los recursos necesarios para lograr un resultado positivo en un plazo razonable.
La investigación nos permitirá, además, superar la etapa de la exportación de materias primas sin elaborar, para avanzar en procesos crecientes de industrialización que nos posibiliten incorporarle valor agregado, generando ocupación de mano de obra de mayor calidad y, por lo tanto, bien remunerada, reduciendo al mismo tiempo el volumen de las capturas, sin disminuir por ello los ingresos del país.
Lo anterior reviste especial importancia, considerando la gran influencia que adquiere diariamente el factor ecológico y la presión por sobreexplotar nuestros recursos hidrobiológicos, que generará la explosión demográfica, con su grave problema alimentario, especialmente en los países de mayor poblamiento y de menores espacios físicos.
Por otra parte, la debilidad de nuestras estructuras institucionales, incapaces de regular y controlar eficazmente tan importante actividad, como consecuencia de los grupos económicos que dominan, impiden en algunos casos una mejor explotación por la vía de aumentar los recursos, sin que ello afecte a lo que mayormente importa en esta actividad, que son la eficiencia y los resultados finales. Como una muestra de lo anterior, podemos exponer las dificultades que ha tenido en el Congreso Nacional una moción que presentamos para exigir el uso del posicionador satelital que permitirá un mayor control de las naves pesqueras y facilitará la planificación de la administración pesquera.
Nuestro fondo marino esconde cuantiosas riquezas que deberán explotarse inevitablemente, y ello exigirá contar con instrumentos legales adecuados para proteger el medio ambiente acuático y evitar daños a otras actividades marinas hoy en plena explotación. Desde luego, debiéramos contar con la necesaria capacidad de investigar para anticiparnos a los hechos y evitar repetir la experiencia del "boom" pesquero, que llevó a colapsar a numerosas pesquerías por falta de conocimiento de las especies, ausencia de controles y, en definitiva, una falta de política de Estado frente a tan importante actividad.
Desarrollo humano
El Papa Juan Pablo II, en su Encíclica Centesimus Annus, reconoce la existencia de una nueva forma de propiedad, que "es la propiedad del conocimiento, de la ciencia y del saber". Es el hombre mismo el que, en su capacidad de adquirir nuevos y mayores conocimientos, se constituye en la pieza fundamental de la sociedad. Nada pueden las máquinas ni los más sofisticados equipos sin la inteligencia de la persona humana.
También nos dice Su Santidad que "Así se hace cada vez más evidente y determinante el papel del trabajo humano, disciplinado y creativo, y el de las capacidades de iniciativa y de espíritu emprendedor, como parte esencial del mismo trabajo.".
Inspirados en estas sabias palabras podemos concluir que será imposible la construcción de una sociedad más libre, más fraterna, más justa y solidaria, sin la participación activa y pujante de la persona humana, del hombre de trabajo, sujeto principal del proceso productivo y destinatario final de los bienes que se crean con el esfuerzo de toda la comunidad.
Debemos, pues, incorporar en nuestras relaciones sociales y políticas el concepto indispensable de la participación, que reducirá los conflictos en la sociedad y permitirá que los programas y proyectos sean asumidos y apoyados por todos, por ser obra del conjunto de la comunidad organizada.
He dicho.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, Honorables Senadores:
Habiéndose cumplido hace pocos días el 179º aniversario de la Marina Mercante Nacional, adhiero al homenaje que hoy ha rendido el Senador señor Ruiz a esta valiosa institución del país. Nadie mejor que Su Señoría para hacerlo, ya que por largos años navegó en la zona austral.
Dos importantes medidas hicieron posible el surgimiento de nuestra Marina Mercante, a la vez que marcaron el inicio del desarrollo económico de Chile. Ellas fueron la libertad de comercio y la reserva de cabotaje para los buques mercantes nacionales, medidas éstas dignas de recordarse, porque las actuales circunstancias del comercio mundial han renovado su validez.
A través de estos 179 años, la Marina Mercante Nacional, sufriendo toda suerte de vicisitudes y crisis, ha ido gestando su propia historia, admirable y singular en muchos aspectos. Historia que se ha ido desarrollando gracias a la audacia, imaginación e iniciativa de nuestros empresarios navieros que, como verdaderos pioneros, han perseverado en su fe en el destino marítimo de Chile y han trabajado arduamente para hacerlo realidad, respaldados, eso sí, por esa extraordinaria calidad del hombre de mar y profesional náutico competente que distinguió siempre al marino mercante chileno.
Es así como nuestra industria del transporte marítimo no es una improvisación de hoy. La mejor prueba de su solidez como industria natural y tradicional de Chile la tenemos en la más grande empresa naviera del país: la Compañía Sudamericana de Vapores, que está por cumplir 125 años de existencia. No hay un caso igual en los otros países del continente americano, y son muy pocos los ejemplos de tan larga duración en el mundo entero, lo que demuestra que la Marina Mercante chilena no es una ficción económica, ya que ha sido capaz de crear y establecer sus propias ventajas comparativas para seguir manteniéndose en el escenario marítimo mundial, y lo ha conseguido operando contra todas las incertidumbres, inseguridades y poderosa competencia extranjera. Es decir, textualmente, lo ha conseguido contra viento y marea.
Por eso nuestro reconocimiento y nuestro homenaje, en este momento, están dirigidos a los armadores y a los marinos mercantes de nuestro país, oficiales y tripulantes, de ayer y de hoy, a quienes debemos la exitosa posición en que se encuentra Chile en el ámbito marítimo internacional.
Asimismo, un homenaje a nuestra Marina Mercante no estaría completo si omitiéramos la contribución de la Armada Nacional, traducida en el apoyo que ha proporcionado en todo momento al desarrollo de sus actividades marítimas. Por lo demás, la Marina de Guerra y la Marina Mercante nacieron casi juntas en los albores de la patria -en 1817 y 1818, respectivamente-, y unidas han enfrentado las grandes crisis que ha vivido el país. Vaya también nuestro reconocimiento a la Armada de Chile, en general, y a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, en particular.
Pero, señor Presidente , para hacer coherentes los hechos con las palabras, el mejor homenaje que podemos rendir a la Marina Mercante en el Senado consiste en conocer y entender en toda su magnitud los problemas que rodean a la industria naviera y a sus hombres, a los del capital y a los del trabajo, y tratar de mejorar la legislación nacional al respecto para que las regulaciones estatales establezcan condiciones efectivamente favorables para nuestra Marina Mercante -que ya ha demostrado la eficiencia y dinamismo que la animan- para que pueda actuar sin desventajas comerciales en el campo extremadamente competitivo del comercio marítimo mundial, del cual, como bien sabemos y llevamos años experimentándolo, depende el desarrollo económico de Chile en esta etapa de apertura económica e ingreso a la competencia internacional en que se está desenvolviendo el país desde la década de los ochenta.
Es así como el transporte marítimo realiza el 94 por ciento del comercio exterior de Chile -¡94 por ciento!-. Más aún, en este elevado porcentaje, los armadores chilenos, en dura competencia con las grandes empresas navieras mundiales, transportan en sus buques alrededor del 50 por ciento de las cargas marítimas al exterior del país.
Ésta es una estadística bastante favorable.
Hay que reconocer, pues, que los armadores chilenos, a pesar de que deben operar con grandes desventajas, han mostrado capacidad empresarial suficiente como para estar comercialmente presentes con sus buques en los principales mares y puertos del mundo. Ésta es una razón más para que sean imperiosas la modernización y la adecuación de las regulaciones que permitan que la industria naviera se desenvuelva en el campo internacional.
En el Senado estamos tramitando proyectos de ley patrocinados por el Ejecutivo referentes a la modernización de algunos servicios estatales como parte de una idea modernizadora del Estado, tendiente a mejorar la competitividad del país en el comercio internacional. Sin embargo, en esa preocupación modernizadora no se ha insinuado a la industria naviera, quizás por ser fundamentalmente privada y por estar los armadores realizando su propia acción de modernización dentro de sus respectivas compañías. Pero la actividad privada interna no reemplaza la acción paralela y consecuente del Estado, ya que éste tiene mucho que realizar en relación con la Marina Mercante.
El Estado tiene la responsabilidad de adecuar la legislación y reglamentación que controla y vela por la seguridad de la actividad de los buques mercantes y procurar que sus disposiciones no entraben la condición de competitividad internacional.
Y digo esto con gran énfasis y preocupación, porque en estos momentos todos los esfuerzos del Estado y de la empresa privada están orientados a proyectar económicamente a Chile hacia el Asia Pacífico; hay consenso en hacer de Chile el país puerto del MERCOSUR, y se busca afanosamente ampliar nuestra participación soberana en el mar económico y presencial de nuestra nación.
Pero nos falta una definida política naviera nacional, una política acorde a la realidad marítima actual. Es así que la ausencia de esta política ha permitido que se haya abierto el cabotaje a todas las naves extranjeras que arriban al puerto de Arica sin exigir ninguna reciprocidad para los buques mercantes chilenos de parte de los países de esas naves, ni, por lo menos, equidad en los impuestos que no pagan los extranjeros. Esta medida, si bien no nos ha afectado muy negativamente hasta ahora, representa, sin embargo, una disposición muy negativa para las empresas navieras nacionales (sobre todo en el espíritu del artículo respectivo de la Ley Arica). La reserva del tráfico de cabotaje para los buques de bandera nacional constituye un derecho natural que en nada vulnera nuestra proyección económica al exterior. Es más, todos los países marítimos, con marina mercante propia, aplican esta reserva con bastante rigor.
Y esto ocurre en momentos en que nuestra Marina Mercante experimenta una grave problemática comercial que no es propia ni exclusiva de ella, sino que la sufren todas las marinas mercantes, hasta las más grandes del mundo. Es sabido que entre las características del transporte marítimo mundial está la de experimentar oscilantes períodos de crisis y de auge, conforme al curso que siga la economía mundial.
Pero en la crisis actual, los gobiernos de los países extranjeros, con grandes y medianas empresas navieras, han tenido la sabiduría de aplicar oportunamente cambios de estructura y regulaciones para que sus marinas mercantes puedan enfrentar en mejores condiciones el período de crisis y dura competencia del comercio marítimo.
En suma, la determinación de una positiva política naviera nacional; la acción de intentar adecuar las disposiciones marítimas vigentes, que afectan la operatividad comercial de nuestras empresas navieras con sus buques de registro nacional; y el establecimiento de la reserva de cabotaje para los buques de bandera nacional, además de satisfacer verdaderas necesidades nacionales, constituirían, de parte del Ejecutivo y de nosotros, los gestos prácticos más significativos de homenaje a la Marina Mercante Nacional, a sus armadores y a sus hombres de mar.
He dicho.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, Honorables colegas, señor Presidente del Colegio de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante Nacional:
Con satisfacción adhiero, en nombre de la UDI y en el mío propio, al homenaje que los Senadores señores Ruiz De Giorgio y Mc- Intyre han rendido a la Marina Mercante Nacional, y lo hago con la emoción de sumarme a un muy digno y merecido reconocimiento.
Ella, a través de 179 años, es la actividad donde mejor se ha reflejado el espíritu de empresa y de conquista que ha impulsado a muchos de nuestros hombres de mar; éstos, generación tras generación -ya sea como empresarios, enfrentando el riesgo comercial, o como oficiales y tripulantes, asumiendo el riesgo físico-, con inteligencia, preparación y valentía -traducido incluso en la pérdida de tantas vidas valiosas- han respondido con éxito a los desafíos del océano, sin importar las circunstancias ni el lugar del mundo en que se encontraren.
Esta expresión de la vocación marítima de muchos chilenos, que nunca entendieron el mar como "límite oeste" del país, sino como gran vía de comunicación con el mundo, a los que el tiempo y los hechos dieron la razón, fue patentizada el 26 de junio de 1818, cuando el Gobierno otorgó la primera licencia de comercio marítimo al armador don Francisco Ramírez y la nave "Jertrudis de la Fortuna" zarpó con nuestra bandera. Desde ese día, instaurado luego como el Día de la Marina Mercante Nacional, la actividad mercante ha estado estrechamente unida al desarrollo del país, y sus naves y su gente recorren el mundo llevando la presencia de esta lejana nación.
Así fue ayer, en que, tras la estela de una nave mercante, Chile abría consulados. Así es ahora, en que más del 90 por ciento del comercio exterior chileno se traslada por mar y en que el cabotaje aguarda volver al papel preponderante que antes tuvo y que el país necesita.
Hoy, en que la globalización de la economía mundial se impone y nosotros legítimamente esperamos aumentar nuestra influencia en las economías del cono sur de América, se acentúa la necesidad de contar con una Marina Mercante cada vez más grande y eficiente. Nuestro país, afortunadamente, tiene la base para ello; el sello empresarial y privado de la actividad, que para muchas naciones resulta novedoso, en Chile existe desde 1818. Por años hemos acumulado la experiencia y el conocimiento de empresarios, oficiales, tripulantes y personal de tierra, y enfrentado así, exitosamente, los desafíos de una realidad cambiante.
El comercio exterior chileno ha crecido aceleradamente en los últimos quince años, en un escenario mundial de economía abierta y libre, lo que ha planteado el reto de la competencia no sólo a los usuarios y exportadores, sino también a quienes prestan los servicios de transporte marítimo, en un todo integrado. Y a pesar de las circunstancias -muchas extremadamente difíciles- que la actividad enfrentó en los últimos años, y en que tantas empresas -especialmente sudamericanas- quebraron o debieron enajenarse a otras extranjeras, las chilenas, sin protección ni subsidio alguno, no sólo han logrado sobrevivir, sino que mediante creatividad, esfuerzo e inversiones, ostentan un nivel que les permite competir incluso con las grandes megaempresas.
Nuestra Marina Mercante se ha adaptado a los cambios y hasta los ha anticipado; para ella, la modernidad no ha sido una actitud de un instante, sino un esfuerzo permanente. Ha tenido la capacidad para adecuarse eficaz y eficientemente a nuevos escenarios y la aptitud para desenvolverse exitosamente en los mismos.
Sin embargo, la actividad no sólo depende del armador o de quienes unen a él su trabajo o especialidad; también la autoridad tiene un rol que cumplir. Así, para la empresa naviera, que por su naturaleza internacional es altamente sensible a los cambios en los mercados, es vital no sólo que el Estado la dote del marco jurídico económico para desarrollarse, sino que también éste sea capaz de adaptarse a nuevos y continuos requerimientos.
Hoy ese marco existe en términos razonables, pero la competitividad y eficiencia que deben mantener las empresas exige de él la flexibilidad para ajustar las normas nacionales a las que efectivamente se aplican en el mundo.
El análisis que de la actividad hace el sector armatorial nos muestra un escenario internacional dominado durante los últimos años por une exceso de oferta de bodegas y por mercados deprimidos, derivados de que el incremento de la eficiencia, capacidad y número de barcos ha sido mayor que el del comercio mundial. Este hecho, que se enfrentó con la alianza comercial de los grandes operadores que así redujeron el costo de sus servicios globales, acarreó el desaparecimiento de muchas empresas.
En ese marco es difícil para los países mantener sus naves en registros nacionales, por los mayores gastos que ello implica, lo que aumenta el número de buques bajo las llamadas "banderas de conveniencia", que junto a los segundos registros superan el 60 por ciento del tonelaje mundial. En Chile, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional del Armadores, durante 1996, de los 48 millones de toneladas transportadas por vía marítima -de un total de 54, de nuestro comercio exterior-, y no obstante una participación creciente de las empresas navieras chilenas, la mayor parte se lleva por buques de bandera extranjera, afortunadamente muchos de ellos con tripulación nacional. Aunque cabría agregar que las empresas chilenas transportan también, cada vez más, una mayor cantidad de carga extranjera tanto en la costa pacífica como en la atlántica de nuestra América.
Mejorar esta realidad sólo se logrará en la medida en que se modifiquen o modernicen algunas normas y se eliminen las restricciones o trámites que hoy afectan la competitividad de las naves con bandera chilena.
Pero no sólo con normas adecuadas y flexibles el Estado facilita la actividad mercante; también es imprescindible y urgente que la autoridad resuelva las cuestiones pendientes en áreas de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, y en especial la de la habilitación de los corredores de comercio internacional. Porque la expedición y celeridad con que se movilice la carga, en la fase terrestre del proceso y hasta el embarque, es vital para la competitividad de las exportaciones nacionales y para la posibilidad de que nuestros puertos cumplan un rol importante en el comercio exterior del cono sur y, lógica y obviamente, para el mayor desarrollo de nuestra Marina Mercante. Ésta, aunque mejore sus propios índices de eficiencia y costos, poco logrará si las etapas previas encarecen nuestros productos y servicios.
En este sentido, no guarda relación con el esfuerzo de las navieras nacionales y sus audaces planes de construcción y adquisición de naves cada vez más eficientes y adecuadas a nuestras necesidades, la lentitud y confusión que existe respecto de las modificaciones al sistema portuario, no obstante la absoluta coincidencia en lo imprescindible de cambios profundos y elevadas nuevas inversiones.
Cuanto antes se supere esta situación, que otros países competidores ya han resuelto trasladando al sector privado las funciones portuarias y obteniendo mayor rapidez y menores costos, antes también fortaleceremos toda nuestra economía y el accionar de la Marina Mercante Nacional.
Hoy, señor Presidente y Honorables colegas, menos que nunca podemos desestimar el decisivo papel que a la Marina Mercante le corresponde en la economía del país, y para acrecentarlo sería un error no valorar la vasta experiencia adquirida o restar importancia al diagnóstico y señales que sus actores están en condiciones de proporcionarnos, con su experiencia diaria en todos los lugares en los que deben cumplir su labor, y que se extienden a casi todos nuestros mercados actuales y potenciales.
Esta estrecha relación de la actividad mercante con la posibilidad de alcanzar las metas que nos tracemos como país obliga a una actuación decidida, coordinada, permanente y conjunta de los sectores público y privado, y -¿por qué no?- crear de una vez las instancias jurídico-administrativas que, como nación, nos faltan para que de manera racional asumamos el desafío de convertirnos en una gran potencia oceánica. No dudo del aporte que a este respecto haría una Comisión Nacional del Mar, que congregara a todos los actores del quehacer marítimo del país, sin afectar gravemente a sus actuales estructuras, pero sí facilitando su coordinación, y cuyas características ya he propuesto al Ejecutivo y reseñado en el Senado.
Señor Presidente , es indudable que nuestra Marina Mercante ha desempeñado un rol preponderante durante toda nuestra vida independiente y, por ello, estoy cierto de que cuanto hagamos por fortalecerla contribuirá al mayor desarrollo del país y a mejorar el nivel de vida de todos sus habitantes.
De ahí que, recordando los esfuerzos y sacrificios de tantos hombres, rindo este sentido homenaje y hago votos por que el país aprecie y apoye, cada vez más, lo que quienes la integran han hecho y siguen haciendo por Chile.
He dicho.
El señor VALDÉS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor VALDÉS.-
Deseo agregar mi voz al homenaje que se rinde a la Marina Mercante chilena, que ha ido de la mano de la Armada Nacional y cuyos logros en el pasado y en el presente han sido tan bien descritos por los oradores que me han precedido. Pero quiero acotar solamente una anécdota que ilustra lo que ha sido nuestra Marina Mercante, y que se vincula con el acontecimiento celebrado ayer con motivo del regreso de Hong Kong a su legítima dueña, la República Popular China, que todos hemos celebrado, por ser el fin de un enclave imperial, colonial, y que constituye un paso hacia la paz.
Recuerdo haber leído un libro llamado "Por la Razón o la Fuerza", del escritor norteamericano Conrad Burr , que escribió la historia de Chile entre 1830 y 1900. En él se indica que, en 1862, en la bahía de Hong Kong, había 59 barcos con bandera chilena. Reitero: ¡en 1862, había allí 59 barcos con bandera chilena! Eso demuestra lo que fue Chile en el siglo pasado en esa zona y lo que debería volver a ser.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , sin pretender que mis palabras sean consideradas como un aprovechamiento ilícito, quiero destacar que, cuando oigo hablar de puertos, navieras, etcétera, concuerdo en que la futura cara de Chile debe orientarse hacia el Pacífico.
Asimismo, deseo recordar, una vez más, que hay 500 kilómetros de costa entre San Antonio y Talcahuano que carecen de un puerto.
Nada más.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , el Comité Independiente de tres Senadores se suma a este justo homenaje a la Marina Mercante chilena. Sus características, historia y desenvolvimiento a lo largo y ancho del país -y recalco lo ancho de este territorio que cada vez se va haciendo más angosto- se van proyectando justamente hacia el mar presencial, respecto del cual la Armada y la Marina Mercante Nacional han sabido ir despertando conciencia de su ocupación completa y necesaria por Chile en este cuadrante completo del océano del futuro, el Pacífico.
También somos testigos de los aportes que continuamente hacen los marinos mercantes en actividad y en retiro a las distintas iniciativas que se desarrollan en esta materia en el país, en cuanto a posicionamiento satelital, a abrir nuevas rutas, particularmente en la zona austral; sortear, a través de iniciativas muy ingeniosas, dificultades como las que presenta el paso del Kirke; desarrollar Puerto Williams, y acceder efectivamente a todo el potencial de desarrollo de Chile en su proyección antártica, legítima e histórica.
En verdad, no hay ámbito marítimo en el cual la Marina Mercante no esté constantemente haciendo presencia y, también, aportando antecedentes y soluciones importantes para revitalizarse. Hoy en día, en que priman las banderas de conveniencia y los intereses económicos, es del mayor interés nacional fortalecer, a través de nuestra legislación y como política de Estado, una Marina Mercante propia y vigorosa. Y creemos que, en este sentido, aparte lo que ya ha hecho, ella tiene todavía mucho que decir.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.
El señor CALDERÓN .-
Señor Presidente , nuestra bancada también adhiere al centésimo septuagésimo noveno aniversario de la Marina Mercante, y lo hace con mucho gusto, teniendo presente el rol que juega para los intereses presentes y futuros de Chile.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Está concluido el homenaje. Saludamos la presencia en las tribunas de las distinguidas personas que en representación de la actividad de la Marina Mercante han tenido la gentileza de acompañarnos
Continuando con el Orden del Día, me permito hacer la siguiente proposición a la Sala: acoger la solicitud del señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en el sentido de tratar, a continuación, el proyecto que figura en la tabla con el Nº 22, que aprueba la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño; en seguida, el signado con el Nº 14, que modifica el artículo 46 del Código de Justicia Militar; después, el que aparece en el 7º lugar, que es el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que prorroga la vigencia de las tarifas fijadas a las empresas de telecomunicaciones, todos de muy sencillo despacho. Y de haber disponibilidad de tiempo, seguir con los demás asuntos en el orden en que figuran en la tabla.
--Así se acuerda.
ENMIENDA A CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL NIÑO
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Conforme a lo acordado, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 12 de diciembre de 1995, en la Conferencia de los Estados Partes, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 4 de diciembre de 1996.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 4ª, en 11 de junio de 1997.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Valdés ( Presidente ), Alessandri, Díez y Mc-Intyre, propone aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor VALDÉS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo es muy sencillo y se refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile el 13 de agosto de 1990. Dicho instrumento se encuentra regulado por un Comité, compuesto por diez expertos. Y, en virtud del aumento de participantes en Naciones Unidas, se acordó elevar a dieciocho el número de sus miembros. Éste es el objetivo del acuerdo.
Por tal razón, la Comisión tuvo a bien aprobar el proyecto, y solicita que la Sala proceda en igual forma.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Carmen Frei.
La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , sólo deseo manifestar que cada día me alegro más de que Chile se esté poniendo al día en la Convención sobre Derechos del Niño, porque se trata de un tema central en el quehacer nacional, sobre todo cuando nuestro país está viendo permanentemente maltrato infantil en forma tan grave y dramática. De modo que aumentar de diez a dieciocho el número de integrantes del referido Comité me parece extraordinariamente importante, por cuanto la realidad de los países es muy diferente, y mientras mayor cantidad de expertos participe en el trabajo se enriquecerá mucho más todo lo relativo a la promoción y protección de los derechos del niño en el mundo.
Por lo tanto, me alegro bastante de eso, sobre todo, por la rapidez con que está siendo despachada la presente iniciativa.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y particular el proyecto de acuerdo.
Aprobado.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el artículo 46 del Código de Justicia Militar, para cuyo estudio se cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 9 de marzo de 1993.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 33ª, en 29 de agosto de 1996.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y tuvo su origen en moción de diversos señores Diputados. Su objetivo es conferir a los secretarios de los tribunales militares las atribuciones y responsabilidades que tienen los archiveros judiciales, en lo que respecta a los expedientes afinados de la justicia militar.
Por las razones contenidas en el informe, y con los votos favorables de los Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y el voto en contra del Honorable señor Fernández, la Comisión aprobó la iniciativa, que consta de un artículo único, con las modificaciones que en él aparecen.
El señor MC-INTYRE.-
¿Me permite, señor Presidente ? Pido segunda discusión para el proyecto.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Su Señoría, de acuerdo con el Reglamento, esa petición debe formularla un Comité. Y en el caso de los Institucionales pueden solicitarlo los Honorables señores Sinclair o Fernández.
La señora FELIÚ.-
Como no se hallan en la Sala los dos señores Senadores, el Comité entero, que se encuentra presente, lo solicita.
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Muy bien, Su Señoría.
--El proyecto queda para segunda discusión.
PRÓRROGA DE TARIFAS DE TELECOMUNICACIONES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que prorroga la vigencia de las tarifas fijadas a las empresas de telecomunicaciones, en conformidad a la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones. (Véanse en los Anexos, documento 19).
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 14 de octubre de 1993.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 19ª, en 16 de julio de 1996.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 18ª, en 14 de diciembre de 1993.
Mixta, sesión 10ª, en 1º de julio de 1997.
Discusión:
Sesión 19ª, en 16 de julio de 1996 (se rechaza y pasa a Comisión Mixta).
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En el informe se deja constancia de que durante el estudio de la iniciativa la Comisión recibió por escrito una minuta del señor Subsecretario de Telecomunicaciones , don Gregorio San Martín, en la que propone el archivo del proyecto por ser extemporáneo, en atención a las circunstancias que se indican en dicha nota y a los antecedentes que se adjuntan.
Por esta razón, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros -Senadores señores Cooper, Hamilton y Mc-Intyre, y Diputados señores Jara, Masferrer y Sabag-, recomienda el archivo de la iniciativa.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo propuesto por la Comisión Mixta.
Acordado.
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El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-
Como ya se despachó el proyecto de acuerdo que conocimos, sugiero que adelantemos el estudio de algunas materias que figuran en el Orden del Día. Hay cuatro rehabilitaciones de ciudadanía, y los Comités resolvieron votarlas hoy día.
Acordado.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
Creo que en diez minutos alcanzamos de más a despachar la iniciativa signada con el número 10, que se agregó a la tabla de la sesión del próximo jueves, por ser de fácil despacho. Se trata del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el artículo 42 de la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.
El señor DÍEZ.-
No hay quórum, señor Presidente .
El señor OTERO.-
Tiene razón Su Señoría. El proyecto modifica una ley orgánica constitucional, y no hay quórum para aprobarlo.
El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-
Efectivamente, señor Senador.
Entonces, se pondrán en discusión las rehabilitaciones de ciudadanía que figuran en la tabla con los números 26, 27, 28 y 29, para cuyo efecto a partir de ahora la Sala se constituye en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituye la Sala en sesión secreta a las 19.21, y adopta resolución acerca de las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Gustavo Raúl Lastra Saavedra, Jorge Luciano Fouillioux Pinto, Andrés Domingo Castillo Muñoz y Juan Abel Paillamán Tenorio.
--Se reanudó la sesión pública a las 19:50.
________________
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Continúa la sesión pública.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo suscrito por dos señores Senadores, el cual queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria de mañana.
El señor PÉREZ.-
¿En qué consiste el proyecto de acuerdo, señor Presidente?
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Se refiere a la ley Nº 19.504, que, para los efectos de la reforma educacional, estableció un incremento de remuneraciones para el profesorado del orden del 6 por ciento, y una Remuneración Total Mínima Nacional de 184 mil pesos.
El señor PÉREZ.-
¿Quiénes lo firman?
El señor ROMERO ( Presidente ).-
Está suscrito por los Senadores señores Cantuarias y Muñoz Barra.
El señor LARRAÍN.-
Solicito agregar mi nombre.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
El Honorable señor Larraín acaba de adherir.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, hay otro proyecto de acuerdo presentado a la Mesa.
El señor ROMERO ( Presidente ).-
En efecto. Se trata de un proyecto de acuerdo relacionado, en primer término, con la acusación de "dumping" por parte de empresarios salmoneros norteamericanos en contra de productores chilenos, y, en segundo lugar, con resoluciones judiciales dictadas en Estados Unidos para impedir el ingreso de productos de madera provenientes de nuestro país.
Este documento tiene la firma de más de 15 señores Senadores. Y ya que hemos informado acerca de él, lo consideraremos agregado a la Cuenta de la presente sesión, también queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria de mañana.
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Han Llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ROMERO (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora FREI (doña Carmen):
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, acerca de ASIGNACIÓN DE TERRENOS A POBLADORES DE REGIÓN DE ANTOFAGASTA.
Del señor HAMILTON (todos relativos a Quinta Región):
A la señora Ministra de Justicia , tocante a CREACIÓN DE TERCER JUZGADO EN LO CIVIL Y LABORAL EN COMUNA DE SAN ANTONIO.
Al señor Presidente del Banco del Estado de Chile, respecto a CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SUCURSAL EN LLOLLEO.
Al señor Ministro de Salud , sobre ASIGNACIÓN A PERSONAL DE CONSULTORIO FORESTAL, DE VIÑA DEL MAR, POR DESEMPEÑO DIFÍCIL.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , referente a CONSTRUCCIÓN PASO BAJO NIVEL EN COMUNA DE SAN ANTONIO.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior , de Obras Públicas y de Agricultura, sobre REACTIVACIÓN DE PROGRAMA DE SENDAS Y CAMINOS DE PENETRACIÓN EN DÉCIMA, UNDÉCIMA Y DUODÉCIMA REGIONES.
A los señores Ministros del Interior y de Vivienda y Urbanismo, y a la señora Ministra de Bienes Nacionales , relativo a RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN PUYUHUAPI (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor ZALDÍVAR (don Andrés):
Al señor Alcalde de Conchalí , con relación a FUNCIONAMIENTO DE TALLERES Y FÁBRICAS CONTAMINANTES EN POBLACIÓN EL CARMEN (REGIÓN METROPOLITANA).
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El señor ROMERO ( Presidente ).-
El primer turno de Incidentes corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
No ocupará su tiempo.
El Comité Renovación Nacional tampoco hará uso de él.
En el turno del Comité Socialista, ofrezco la palabra.
El señor CALDERÓN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ROMERO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
LA POBREZA, SU REDEFINICIÓN Y MEDICIÓN. OFICIOS
El señor CALDERÓN .-
Señor Presidente , el país quedó perplejo por las imágenes mostradas por la televisión a raíz de los temporales. Después de varios años de lucha contra la pobreza y de logros reconocidos internacionalmente, de nuevo nos encontramos con la tremenda realidad de lo mucho que todavía nos falta. ¿Quién no se conmovió frente a la declaración de esa señora que decía que en el albergue estaba mejor que en su casa, porque en él tenía comida todos los días, lo cual no ocurría en su hogar?
Lamentablemente, ésa es la triste realidad imperante en las casas de muchos de nuestros compatriotas. Sin ir más lejos, la semana pasada en mi región me expusieron el caso dramático de la señora Silvia Lucares Mansilla , pensionada de la AFP Provida, quien percibe mensualmente -tengo aquí su boleta de pago de abril- 3 mil 22 pesos. ¡Sólo 3 mil 22 pesos al mes! Mi secretario conversó con la Directora Regional del INP , señora Gladys Cooper (prima del señor Senador dirigente regional de Renovación Nacional ), funcionaria excelente y de larga trayectoria, a la que siempre hemos encontrado con ánimo de ayudar a la gente. El diálogo fué más o menos el siguiente: "¿Se puede otorgar a esa persona la pensión mínima garantizada por el Estado? -No, no se puede, a menos que tenga 20 años de cotizaciones previsionales" (A los imponentes del INP sólo se les exigen 10 años para acceder a la pensión mínima). "¿Podríamos solicitar para ella una pensión de gracia, para complementar en algo sus recursos? -No, señor, las pensiones de gracia son incompatibles con cualquier otra pensión. ¿Podríamos pedirle una pensión asistencial? Sí, pero siempre que esta señora no tenga una casita, por miserable que ella sea, porque quedaría fuera de la ficha CAS" (y siempre que haya recursos).
Es evidente que a la gente de cierta edad afiliada a una AFP y que tiene grandes lagunas previsionales le conviene volver al viejo sistema. Pero la señora Cooper nos informó que, aunque ello es posible, las AFP ocultan esto y hasta lo obstaculizan. Y claro, en su lógica, a las AFP les conviene mantener el mayor número de afiliados y de recursos de cotizaciones posible, sin importarles que pase después con esas personas. Y planteo esto, más que como crítica a las AFP, a pesar de que me parece éticamente cuestionable (y espero que lo consideren ahora que se habla tanto de la ética en la empresa), ¡para requerir sobre todo una acción de los organismos del Estado!
Quiero solicitar que se oficie al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social para que, en lo inmediato, promueva una campaña de información a fin de divulgar la posibilidad de regresar al antiguo sistema previsional y las situaciones en que ello es conveniente. Y también para que se estudien las modificaciones legales relativas a la garantía de la pensión mínima del Estado y a los requisitos de las pensiones asistenciales, a fin de impedir que se sigan repitiendo situaciones como las que he descrito.
Pero, volviendo al tema de la pobreza, quiero decir que estoy muy de acuerdo con un planteamiento que hizo el Comité de Ministros Social. Ellos han señalado que, como la pobreza de hoy ya no es la del 87 y ni siquiera es la misma que enfrentábamos al iniciar los 90, las tareas del próximo trienio en la lucha contra la pobreza deben ser redefinidas, y que se requiere, entre otras cosas, precisar los instrumentos que la miden.
Desde que discutimos el informe del Consejo Nacional, creo que para nosotros está claro que reducir el problema de la pobreza a los ingresos necesarios para adquirir un mínimo de requerimientos nutricionales es insuficiente, y que apenas abarca una de sus tantas dimensiones. Más aún cuando coincidimos en que si bien el problema de los ingresos es decisivo en el corto plazo, en el mediano plazo lo fundamental es la creación de factores habilitantes para superarla. Si casi no tienen para nutrirse, difícilmente podrán preocuparse de la educación, factor habilitante clave, especialmente cuando iniciaremos un siglo donde -se dice- el principal factor productivo será el conocimiento. Por eso, creo que habrá consenso en que seguir midiendo la pobreza por ese mínimo biológico es a todas luces inadecuado.
En los países desarrollados se suele usar otra medida de la pobreza, que aunque también tiene la debilidad de centrarse en los ingresos, tiene la ventaja de establecer una correspondencia con la situación que vive cada economía. Cuando hablan de sus pobres, los definen como las familias que viven con un ingreso menor a la mitad del ingreso medio. De ese modo, si tomamos como definición de pobreza a "los que viven con un ingreso menor a la mitad del ingreso medio de un país", resulta que si los ingresos medios del país crecen, se supone que también deberían incrementarse los de los pobres, aunque sólo en la mitad. Si bien no es tan equitativa esta definición, pues supone una ampliación de la brecha entre ricos y pobres, cabe reconocer que es mejor que la línea de pobreza biológica empleada en la actualidad.
Al aplicar esta definición a los ingresos familiares utilizando los datos del INE por deciles que teníamos a mano, de octubre del 95, resulta que los pobres en Chile serían 6.598.000, esto es, un 47,5 por ciento de la población. Y si la aplicamos a los ingresos por persona, los pobres sumarían 7.200.000, vale decir, casi un 52 por ciento de los chilenos. O sea, de acuerdo a esta definición, podemos afirmar que uno de cada dos chilenos es pobre. Y yo creo que esta visión, por tremenda que parezca, es mucho más cercana a la realidad que vemos cuando visitamos nuestras circunscripciones, sus ciudades o sus poblaciones; y mucho mas consistente con la visión que dan otras estadísticas, como, por ejemplo, que el 68 por ciento de los ocupados en este país percibe ingresos inferiores a 3 salarios mínimos, y el 40 por ciento, menos de 2 salarios mínimos. Estas son realidades duras que tenemos que enfrentar, que no podemos seguir ignorando amparados en la casi exclusiva referencia a las excelentes cifras de la macroeconomía.
Recuerdo la falsa y demagógica contradicción que algunos planteaban diciendo: "No se trata de contar pobres, sino de impulsar políticas para superar la pobreza". Es claro que se trata de impulsar tales políticas, y hay muchas proposiciones muy interesantes en la propuesta del Comité de Ministros Social, pero hay por lo menos dos razones para no hacernos los lesos ante el problema de la medición de la pobreza.
Primero, si no hay una adecuada dimensión de la magnitud y la profundidad del problema, las políticas que se propongan pueden resultar insuficientes. Y, segundo, como tanto se ha dicho, la superación de la pobreza no es una tarea del Gobierno, es una tarea del país. Requiere del esfuerzo de todos: de la participación de la sociedad civil, de las personas, de las organizaciones, de las fundaciones, de las corporaciones, de las ONG y de las empresas. Y, para movilizar ese esfuerzo solidario, se requiere de instrumentos de medición que den cuenta cabal de la dimensión de la pobreza y que evite visiones exitistas que la minimizan y que casi nos llevan a pensarla como una pequeña rémora del pasado en vías de superarse.
Desgraciadamente, nuestra sociedad está tan segregada que hay mucha gente -por ejemplo, en el barrio alto de Santiago- que puede hacer toda su vida sin percibir directamente la realidad dramática de la pobreza. No se trata de personas insensibles que no la perciban sólo por egoísmo. Sencillamente no conocen, de verdad, nuestra realidad, a consecuencia de la segregación social que vive nuestro país. Tal como en el pasado hubo gente que creía que los atropellos a los derechos humanos eran sólo palabrería opositora, no por mala fe, sino porque los ignoraba, hoy hay quienes no conocen lo terrible y lo extendido de la pobreza en nuestra patria.
Por eso, si algo bueno dejó el temporal, es que -como alguien dijo- reemplazó la imagen de jaguares por la de gatos mojados; nos hizo darnos cuenta de nuestra realidad, la que sensibilizó corazones. Estimo que, a pesar de la tremenda segregación social, algún sentido de país, de nación, de patria, nos queda, y que es posible, superando la politiquería barata en que caen algunos, sumar muchas fuerzas en la lucha por acabar con la pobreza.
Termino pidiendo que se oficie al Ministro de MIDEPLAN solicitando que en la información sobre la pobreza se incluyan series con la medición de uso internacional a la que he hecho referencia.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.
El señor ROMERO (Presidente).-
En el tiempo del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
CONSTRUCCIÓN DE MEGAPUERTO EN MEJILLONES.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , estimados miembros del Senado, en relación al proyecto que moderniza el sector portuario estatal, el señor alcalde de Iquique, don Jorge Soria Quiroga , me ha planteado, en visita que realicé a esa ciudad, sus inquietudes, las que reflejan también las de todos los alcaldes de ciudades-puerto.
Evidentemente, he escuchado con atención el planteamiento de la autoridad comunal de Iquique y he podido comprender la magnitud del paso que estamos dando y el efecto que tiene sobre los destinos de nuestros puertos.
El señor alcalde , en esa vasta conversación, nos plantea que la iniciativa se presenta en los momentos en que el Gobierno de Chile ha tomado una decisión clave para el destino de nuestros puertos: la construcción de un MEGAPUERTO en Mejillones.
Durante los dos últimos años, el Gobierno, encabezado por Su Excelencia don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , ha promovido y buscado inversión en todo el mundo para construir el megapuerto en Mejillones, concebido como el único megapuerto de Chile y, en cierta medida, del Pacífico Sudamericano.
Cuando el alcalde señor Soria conoció la noticia, concurrió, junto al Diputado don Jorge Soria Macchiavello , donde el señor Juan Villarzú , a la sazón gerente de CODELCO, que había financiado los estudios preliminares para la construcción del megapuerto. La autoridad comunal y el Parlamentario le señalaron que a Iquique le dolía que, con recursos del cobre -es decir, de todos los chilenos-, se contratara un estudio para localizar, en la bahía de Mejillones, un puerto que serviría de base para promover ante el mundo la búsqueda de los recursos privados que el proyecto necesita, ascendentes a 800 millones de dólares aproximadamente.
¿Por qué la molestia del alcalde y del Diputado del Partido por la Democracia, ambos representantes de Iquique? Porque, del estudio realizado y encargado por la bahía de Mejillones, se concluía que no existían en Chile, excepto en Mejillones, puertos con calados de 16 metros, el mínimo que se requiere para operar la última generación de buques, denominados "Post Panamax", super contenedores de capacidad para transportar 7 mil contenedores, los que predominarán en los mares del año 2000.
Pero dicho estudio no incluyó otras alternativas, porque, de lo contrario, se habrían considerado los estudios sobre los puertos de Patache y Patillos , al sur de Iquique, con calados naturales que sobrepasan los 20 metros de profundidad, y, quizás, cuántos otros puertos con las mismas posibilidades de Mejillones en el litoral chileno y nortino.
Desde ese punto de vista, por supuesto que es comprensible la molestia de los representantes iquiqueños.
Por otra parte, desde Iquique , durante 35 años, se ha venido planteando el proyecto denominado "Corredores Bioceánicos en el Cono Central de Sudamérica", y dudo mucho de que algún señor Senador que haya conversado alguna vez con el alcalde Soria no conozca dicha idea.
Ese plan, al cual el alcalde ha entregado gran parte de su vida, es hoy un proyecto en plena ejecución: dos corredores bioceánicos Atlántico-Pacífico, que enlazan a los siete países del cono sur sudamericano en sus zonas de interfronteras. Constituyen parte de los convenios firmados por Chile.
Ese proyecto, a través de los corredores de carreteras, ferrovías y conexiones aéreas, convertía a los puertos del norte y centro de Chile en un verdadero "Frente Portuario", al servicio de la integración.
Así, los puertos de Arica, Iquique , Tocopilla , Mejillones , Antofagasta, Taltal , Caldera , Coquimbo, San Antonio y Valparaíso , se convertían en "puertos bisagras" y asumían el rol de vincular el Asia-Pacífico con todo el cono central y sur de Sudamérica.
Se señaló al señor Villarzú , ex gerente de CODELCO y hoy destacado Ministro de la Secretaría General de Gobierno , que dicho proyecto favorece el desarrollo de todos los puertos chilenos al crear el gran "Frente Portuario", a diferencia de "El Megapuerto de Mejillones", que nace como proyecto excluyente.
Esa situación traería grandes complicaciones en la Ley EMPORCHI, hecha precisamente para atraer el capital privado tan necesario para adecuar la infraestructura a fin de que nuestros puertos afronten con éxito la competencia y la demanda del siglo XXI, entre las cuales figura el aumento de calado desde los 9 metros promedio en Chile hasta los 15 a 18 metros que se requieren para operar supercontenedores (el transporte marítimo del año 2000).
Chile postula, dando su bendición oficial y todas sus señales, que Mejillones será el megapuerto de Sudamérica en el Pacífico.
Entonces, es de suponer que los puertos chilenos, una vez promulgada la ley que nos permite inyectar capital privado para mejorar la infraestructura, la tecnología y la gestión, estarán -señalan en Iquique- en desiguales condiciones para competir por atraer la inversión privada tan necesaria para la supervivencia de esos puertos.
Es decir, ese proyecto de ley que trataremos en el Senado, en parte sustancial tiene nombre y apellido: Megapuerto de Mejillones, y da el segundo puntapié para iniciar la concreción de los 800 millones de dólares que necesita para su ejecución. El primer puntapié lo dio CODELCO al contratar el estudio para justificar ante el mundo a Mejillones.
Sin embargo, Iquique y -a nuestro juicio- las demás "ciudades-puerto" de Chile, no se oponen al proyecto gubernamental y del Estado de Chile para promover Mejillones. Incluso le desean el mayor de los éxitos. Pero es preciso aclarar que, en estas condiciones, para los puertos restantes les será muy difícil competir y -por qué no decirlo- muchos sucumbirán.
Porque, cómo competir si nuestro Gobierno proclama al mundo -cita textual-: "Asimismo, Chile ha tomado conciencia de las limitaciones naturales, en materia de calado, de sus puertos del norte (Arica, Iquique y Antofagasta) y ha comenzado a promocionar el proyecto de puerto de Mejillones como el megapuerto granelero del futuro sobre el Pacífico Sur".
A mayor abundamiento, se añade: "las particulares condiciones de la Bahía de Mejillones, donde sobresale su adecuada profundidad para acoger naves última generación (Post Panamax de 300 m de eslora y 18 m de calado a plena carga), se prestan para albergar un puerto de gran tamaño que no requiere molo de abrigo"..."según los proyectistas no tendría competencia en la longitud del Trópico de Capricornio"... "Así este puerto, que actualmente cuenta con dos muelles, se convertiría en el puerto Pivote de la Zona Norte de Chile, asociada al desarrollo de la Región Central de América del Sur y la demanda de alimentos provenientes del Asia-Pacífico".
El diario "El Mercurio" de 11 de junio de 1977 señala: "Mitsubishi ve socios para Mejillones: Presidente de la filial japonesa afirmó que es necesario potenciar el proyecto para atraer inversionistas y aumentar el potencial de tráfico de carga. El presidente de la multinacional japonesa advirtió que es importante que este proyecto se materialice dentro de los plazos previstos por CODELCO, la que lidera el proyecto. Chile no puede perder tiempo ya que países como Argentina y Brasil ya han iniciado agresivos planes de inversión privada en materia portuaria, y este país se está quedando un poco atrás".
Esto ratifica que la ley en proyecto, en materia de inversión privada, tiene nombre y apellido.
Por otro lado, frente a este proyecto de ley, cuya ratificación se encuentra en nuestras manos, los señores alcaldes de las ciudades-puerto, reunidos en Iquique en mayo pasado -mes del mar-, entendieron que la iniciativa no entrega a las comunas (a las restantes ciudades-puerto) herramienta alguna para defenderse de la megacompetencia que les genera el proyecto Mejillones. Por el contrario, los ata de pies y manos y los amordaza; los resigna a mirar la muerte de sus puertos.
La inversión privada, tan necesaria para su supervivencia y competitividad en el siglo XXI, próximo a llegar (restan sólo menos de tres años), se canalizará natural y forzadamente (por las señales de nuestro propio Gobierno) hacia la construcción del Megapuerto de Mejillones. ¿Quién querría invertir en los otros puertos condenados oficialmente a la obsolescencia? Además, ¿cómo en 90 días los puertos podrán superar los dos años de millonaria promoción de Mejillones?
Para colmo, el mismo proyecto de ley señala que el Estado no realizará inversión de infraestructura y tecnología en los puertos. Es decir, estamos en desigualdad de condiciones para competir por la inversión privada; mejor dicho, virtualmente impedidos de aspirar a una inversión privada significativa para aumentar nuestros calados y tecnología. Y sin posibilidades de que el Estado pueda hacerlo a falta de interés de los privados.
Entonces, se están condenando algunos puertos, sin posibilidad alguna de luchar por su destino. Pareciera que el Estado de Chile hubiera urdido una trampa mortal contra sí mismo.
Sin embargo -insisto-, los alcaldes de las ciudades-puerto sólo exigen posibilidades de participar en la competencia que significará el destino de su ciudad, sus habitantes, sus vecinos, sus empresarios, en fin.
Los alcaldes chilenos quieren colaborar con la gestión del Gobierno en materia de desarrollo, independientemente de su condición política, y plantean introducir dos indicaciones al proyecto que trataremos en algunos días más:
1.- Permitir que los municipios puedan invertir con recursos propios o de terceros conseguidos con la cooperación nacional o internacional a fin de mejorar sus puertos, y para tales efectos, facultarlos para crear corporaciones o fundaciones de derecho privado para la promoción y el desarrollo portuario.
2.- Que los alcaldes, sin remuneración, formen parte del directorio de las nuevas empresas portuarias.
Por otra parte, lo que piden los señores alcaldes de las ciudades-puerto es más que legítimo: tienen el derecho y deber de luchar por los destinos de su ciudad donde el puerto es el eje central de la economía local.
Lo anterior, Honorables colegas, nos acerca a la visión del mundo desarrollado. Digo que nos acerca un poco, porque los municipios piden ser una parte minoritaria del directorio, y, más aún, destinar recursos para mejorar la competitividad del puerto. Una oferta notablemente generosa.
Hoy, los principales puertos del mundo son municipales, motores indiscutibles del progreso de su nación: Hamburgo, Miami , Yokohama, Rotterdam, etcétera.
Al introducir estas pequeñas indicaciones que he señalado en forma adelantada, estaremos caminando, muy despacio, en la dirección adecuada, en lo que la tendencia mundial exitosa nos muestra: confiar en el gobierno local como motor principal de su propio desarrollo.
Por último, estimados señores Senadores, el alcalde de Iquique , señor Jorge Soria , y su cuerpo de concejales, me han planteado que las circunstancias aquí descritas: el proyecto de ley de Modernización de la Empresa Portuaria y el proyecto de Megapuerto de Mejillones, tienen, además, otras implicancias colaterales para el norte grande de Chile.
En cuanto al puerto de Arica y la ley especial que hemos votado para promover el desarrollo de dicha ciudad-puerto, Mejillones deja absolutamente fuera de competencia a esta última y la condena a mayores pesares económicos.
Para Iquique y su zona franca (ZOFRI), principal polo de desarrollo del norte grande y hoy la mayor zona franca de Sudamérica, representa también un grave y mortal peligro.
Al respecto, entendemos que los astilleros del mundo construyen aceleradamente la generación de supercontenedores "Post Panamax", que requieren calados de 15 a 18 metros; pero el puerto de Iquique, al igual que casi la mayoría de los puertos chilenos, tiene calado de 9,30 metros, y alrededor de 90 por ciento de la carga para ZOFRI proviene vía contenedores.
En los próximos años, los negocios entre Asia-Pacífico (en especial China , Japón y el sudeste asiático) y Sudamérica se incrementarán notablemente; la travesía se hará en supercontenedores Post Panamax, los cuales no podrán recalar en el puerto de Iquique, porque hoy no tiene el calado necesario. Todos los barcos Post Panamax descargarían en el "Megapuerto de Mejillones".
Si todos los barcos portacontenedores descargan en Mejillones, con tratados de libre comercio, que Chile ya ha suscrito, plenamente vigentes en esa fecha -es decir, con un continente con aranceles bajos o con cero arancel-, la zona franca, en los hechos y en la práctica, va a estar en Mejillones o sus alrededores. Recordemos que hemos adherido a MERCOSUR y firmado tratados de libre comercio con Bolivia y Perú.
Es decir, para Iquique, si no logra conseguir la inversión necesaria a fin de aumentar el calado de su puerto, es un golpe mortal para un polo de desarrollo de vital relevancia para Chile. O sea, la Primera Región decaería totalmente si los municipios no son autorizados a cambiar estos hechos, y habremos contribuido a destruir uno de los proyectos de mayor éxito de Chile en su región norte, que hoy lo proyecta en todo el continente: la zona franca de Iquique.
He escuchado con atención -repito- al señor alcalde de Iquique , don Jorge Soria , y al Diputado del Partido por la Democracia , don Jorge Soria Macchiavello , y por la gran preocupación que me causaron sus puntos de vista en el reciente análisis y, por la razón y fuerza de sus fundamentos, me comprometí a apoyar la indicación relativa a las ciudades puertos -la del municipio de Iquique en particular-, aspecto que deseo adelantar en esta sesión.
Pero aún más. Me comprometí a ceder mis 30 minutos a la ciudad de Iquique, porque pienso sinceramente que se los estoy entregando a los destinos de sus ciudades puertos y a los del desarrollo de Chile.
He dicho.
El señor ROMERO (Presidente).-
Muy interesante su intervención, señor Senador.
En el siguiente turno de Incidentes, tiene la palabra el Senador señor Cantuarias.
MAYORES RECURSOS PARA CUERPO DE BOMBEROS. OFICIOS
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente , todas nuestras comunidades y ciudades de Arica a Magallanes experimentan un legítimo y muy merecido orgullo por sus respectivos Cuerpos y Compañías de Bomberos.
La institución bomberil reúne en sí parte de los mejores atributos del denominado ser nacional: vocación de servicio, espíritu solidario, tradiciones, carácter voluntario, entre tantas otras. Constituyen, en suma, una institución prestigiosa y respetada que, no obstante la buena voluntad que la rodea y el permanente apoyo que en todos los tiempos se le ha dispensado, estamos todavía muy lejos de reconocer adecuadamente y respaldar, conforme al aporte que realiza al desarrollo y tranquilidad social, en especial con ocasión de emergencias, catástrofes o siniestros.
Socialmente, además de las muy importantes tareas que abnegadamente cumple, Bomberos constituye un espacio y oportunidad de formación cívica para nuestros niños y jóvenes, cuyo significado y valor social resultan ciertamente incalculables.
El carácter voluntario de sus integrantes, junto con constituir justificado motivo de orgullo nacional, representa un atributo que no se encuentra en otras sociedades, y pienso que es atesorado por los voluntarios, oficiales, directivos y por todos los bomberos, de manera que, siendo esencial, no constituye obstáculo para que la profesionalización y la especialización sean el signo de estos tiempos para todos y cada uno de ellos.
En suma, tanto en el servicio que prestan (los siniestros que enfrentan son más complejos) cuanto en la especialización que han ido adquiriendo a través del funcionamiento regular y permanente de su Academia Nacional de reciente formación, en nuestro país NO SE HA RESUELTO SATISFACTORIAMENTE ni el trato que le damos a nuestros bomberos cuando se enferman o accidentan en actos de servicios, ni el financiamiento que de manera creciente requieren para cumplir su importante rol social.
Financiamiento Actual de Bomberos
En el presente, el aporte de recursos públicos a Bomberos proviene de la asignación que realiza la Ley de Presupuestos de la Nación anualmente y de las subvenciones que, de manera variable, los municipios resuelven en favor de los respectivos cuerpos.
La Ley de Presupuestos vigente -la de 1997- destina en cuatro denominaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros del Ministerio de Hacienda, aproximadamente 6 mil 500 millones de pesos a Bomberos, poco más de 16 millones de dólares, lo que representa -digámoslo de paso- menos del 0,09 por ciento del presupuesto nacional.
He subrayado la curiosidad que produce a muchos chilenos el hecho de que el aporte a la institución bomberil se haga a través de las partidas correspondientes al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Para tener un elemento de comparación respecto de lo que el presupuesto de la Nación entrega a Bomberos y a otras instituciones de la República, deseo señalar que dicho aporte, recientemente comentado, levemente superior a los 6 mil 500 millones de pesos para el presente año, representa para los poco más de 14 millones de chilenos que compartimos el territorio de nuestro país, una cifra per capita del orden de los 450 pesos por habitante al año. Así entonces, el presupuesto de la Nación aporta este año 450 pesos por habitante a la institución bomberil, lo que es muy poco.
El Congreso Nacional, integrado por sus dos Cámaras, recibe de ese mismo presupuesto la suma de 29 mil 500 millones de pesos, lo que representa un gasto por habitante del orden de los 2 mil 50 pesos durante el presente año, o sea, casi cinco veces la cifra que se otorga a Bomberos.
La Presidencia de la República -no el Ejecutivo- recibe 5 mil 600 millones de pesos, lo que representa un gasto anual por habitante del orden de los 390 a los 400 pesos, cercano a lo que recibe Bomberos.
Los valores anteriores demuestran que la inversión pública realizada en Bomberos es realmente poco significativa, lo que se agrava si se considera que este año están contemplados en esos 6 mil 500 millones de pesos, 420 millones que constituyen una "Ayuda Extraordinaria a Cuerpos de Bomberos", la cual, por su denominación, nos hace pensar que puede tener carácter transitorio, por este año, para después no entregarse nuevamente.
Se hace necesario, entonces, apoyar de manera más resuelta y decidida a nuestros Cuerpos de Bomberos y otorgarles un financiamiento mejor y mayor.
UNA PROPUESTA PARA APOYAR MEJOR A NUESTROS BOMBEROS
Solicito que se oficie en mi nombre al Presidente de la República con las ideas concretas que, para mejorar la situación de Bomberos, tanto en el plano de sus voluntarios, en especial aquellos casos de enfermedades o accidentes en actos de servicios, como también en el de su financiamiento operativo, paso a señalar a continuación.
Beneficios para Voluntarios
Se ha detectado deficiencias o vacíos en la legislación de protección a los miembros de los Cuerpos de Bomberos, básicamente en relación a las prestaciones de salud e indemnizaciones por los accidentes que sufran y las enfermedades que contraigan en o con ocasión de actos de servicios.
Resulta frecuente que a estos verdaderos héroes voluntarios, se los atienda en los últimos lugares de los servicios públicos de salud; que deban sufrir postergaciones en esos centros y que, incluso, los tratamientos a los que se les somete sean tardíos, insuficientes y de mala calidad.
Se propone concretamente incorporarlos como beneficiarios del sistema de mutualidades creado por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, tanto en los aspectos de atención de salud cuanto en las prestaciones económicas derivadas de su respectiva licencia médica.
Creo oportuno solicitar y recabar sobre la materia un estudio de la Superintendencia de Seguridad Social, quizá en conjunto con el organismo gremial que representa a las mutualidades en actual funcionamiento y también, por cierto, con la participación de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.
Por último, el régimen de indemnizaciones y pensiones a que hagamos definitivamente merecedores a los voluntarios accidentados, debe ser mejorado significativamente y eventualmente incorporado también a las disposiciones de la ley antes mencionada.
Legislación Pendiente
Obran en poder del Congreso Nacional distintas iniciativas que Honorables Diputados y Senadores hemos presentado para entregar beneficios, responsabilidades o recursos a Bomberos. Incluso, hace más de tres años el propio Ejecutivo envió un mensaje a la Cámara de Diputados
(el Boletín N°1124-06) con el mismo propósito, sin que hasta la fecha ninguno de esos proyectos haya sido tramitado. Insto, en consecuencia, a que, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales exclusivas, el Presidente de la República fije urgencia a todas esas iniciativas para que sean despachadas, en cualquier sentido, a la mayor brevedad.
Mayores Recursos para Bomberos
Una rápida revisión de algunas alternativas posibles para incrementar los recursos a Bomberos nos permite proponer:
a) Permisos de Circulación
Anualmente, esta fuente de recursos significa un ingreso del orden de los 80 mil millones de pesos para el sistema municipal de nuestro país. Una de las actividades en que se han especializado algunas compañías y voluntarios de los Cuerpos de Bomberos a lo largo del país es, precisamente, el rescate de personas en accidentes del tránsito. Por el número de éstos -desgraciadamente, ocurren a diario-, los servicios de la Institución en este ámbito son invaluables.
Lo que proponemos, en consecuencia, es destinarle entre el 2 y el 5 por ciento de la recaudación por concepto de permisos de circulación, como una manera de apoyar la implementación y funcionamiento de los equipos de rescate, cuya intervención se hace cada vez más reiterada en los accidentes de tránsito. Un porcentaje de esa magnitud representaría para los Cuerpos de Bomberos ingresos adicionales que oscilarían entre los 1.600 y los 4 mil millones de pesos, sumas que hacen considerar a esta alternativa muy interesante.
b) Convenios de Servicios
Creo que sería conveniente permitir a la Institución prestar servicios pagados de revisión de grifos, de aprobación de redes de incendio en construcciones, de revisión periódica y certificación de las mismas, de asesoría en planes de emergencia, de supervisión en el transporte de explosivos tóxicos o inflamables, en fin, un sinnúmero de actividades en las cuales sería posible aprovechar la creciente especialización que las compañías han ido adquiriendo y que podría ponerse al servicio de una necesidad de la sociedad, con lo cual, de paso, la Institución lograría recaudar fondos y así brindar mayores y mejores beneficios a la ciudadanía.
Modestamente, quiero recordar que hace algunos años, en Talcahuano, el Cuerpo de Bomberos y sus especialistas fueron "contratados" -entre comillas- para mantener operativa, revisada y certificada la red de grifos de que disponía la ciudad. Son muchos los casos de incendio en que los grifos no se encuentran habilitados, razón por la cual su buen funcionamiento resulta esencial para la seguridad de la población.
Por tal motivo, la supervisión y certificación de capacidad de uso de esos artefactos podría constituir una fuente de ingresos para Bomberos.
c) Facilitar Donaciones
En la línea de la denominada "democracia tributaria", sería razonable autorizar que parte de los impuestos que pagan empresas y particulares fueran destinados voluntariamente, en porcentajes que naturalmente deberían estudiarse, a los Cuerpos de Bomberos y a otras instituciones de reconocido bien público.
La proposición debiera formar parte del denominado "proyecto de reforma tributaria" anunciado hace algún tiempo y representaría un importante paso en la modernización de nuestra estructura impositiva.
d) Incremento Presupuestario
Creemos que se debe enfrentar con decisión un plan, de cinco años o más, de aporte creciente del Presupuesto de la Nación, que incorpore el crecimiento de nuestra economía y otros beneficios que pudieran incorporarse a los ya comentados, como parte de los recursos públicos destinados a Bomberos. Desde luego, este traspaso debiera hacerse a través de las reparticiones públicas más adecuadas. No nos parece que lo sean ni el Ministerio de Hacienda ni la Superintendencia de Valores y Seguros, no porque el sistema no funcione con estos organismos, sino porque la naturaleza del servicio que presta Bomberos hace que esta institución se encuentre vinculada más bien a la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior.
e) Fondo de Infraestructura Bomberil
Este Fondo se debería constituir con aportes nacionales, ministeriales y regionales, para ser destinados, mediante concursos, a la construcción, reparación y equipamiento de los distintos Cuerpos de Bomberos.
Acogidas todas o algunas de las proposiciones que hemos formulado para conseguir mayores recursos a la Institución, importa de manera especial que la distribución de los recursos públicos que le sean asignados se haga considerando criterios regionalizadores, de manera de facilitar que los Cuerpos de Bomberos de Regiones y localidades apartadas tengan efectivo acceso a aquéllos. Esta intervención no constituye una crítica a la forma como ha venido funcionando y operando la Junta Nacional de la entidad, ni mucho menos, pero a veces estas organizaciones tienden a centralizar la distribución de los recursos.
Señor Presidente , promover la actividad bomberil es un imperativo de nuestro tiempo. Respaldar su estructura y funcionamiento no es sólo una deuda de gratitud para con sus miembros y voluntarios, sino también una muy urgente necesidad en la línea de la prevención de los riesgos ciudadanos.
He dicho.
El señor MUÑOZ BARRA .-
Señor Presidente , primero que nada, quiero felicitar a los Comités que cedieron su tiempo al Honorable señor Cantuarias, quien ha hecho una brillante y documentada exposición. En nombre del Comité Partido por la Democracia, me sumo sus palabras y adhiero a los oficios.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados por el Honorable señor Cantuarias, en conformidad al Reglamento, petición a la que adhieren el Senador señor Romero y el Comité Partido por la Democracia.
El señor ROMERO (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:32.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESION
Moción del H. Senador señor Piñera, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de facilitar la votación de personas de edad avanzada, minusválidas o impedidas; y permitir la realización de actividades recreacionales durante el día en que se celebren actos eleccionarios Boletín Nº 2041-07.
En los últimos años los chilenos hemos sido testigos de diversos procesos eleccionarios para elegir a nuestros parlamentarios, concejales y Presidentes, ejerciendo un derecho que es consustancial a la democracia. Han sido elecciones pacíficas, ordenadas y transparentes, dignas de la tradición republicana de Chile.
En diciembre de 1997, con las elecciones parlamentarias, nuestro país nuevamente vivirá un proceso eleccionario. De la experiencia adquirida durante estos años se han detectado determinadas falencias de nuestro actual sistema de votaciones que es necesario corregir.
I) Facilitar la votación de quienes reúnen condiciones objetivas que justifican un trato deferente por parte de todos nosotros.
Es necesario facilitar la votación de quienes objetivamente reúnen ciertas condiciones que justifican una necesaria deferencia, tales como ancianos, minusválidos, personas no videntes o sordomudas, enfermos y mujeres embarazadas. Para ellos, ejercer su derecho a suf0agio significa una pesada carga y sacrificio e implica, en algunos casos, prácticamente la imposibilidad de concurrir a los locales de votación para no poner en riesgo su propia salud.
Con el objeto de dar una efectiva solución a lo anterior, el presente Proyecto de Ley propone modificar el articulo 64 de la Ley Nº 18.700 agregando un nuevo inciso final en el cual, previa autorización del Presidente de cada mesa, se autoriza la votación inmediata de las personas mayores de 70 años, no videntes o sordomudos, enfermos, minusválidos y mujeres embarazadas. En caso de una negativa injustificada se otorga al afectado el derecho de concurrir al delegado de la Junta Electoral quien deberá adoptar las medidas conducentes a fin de facilitar su votación.
II) Mayor libertad para las personas.
El actual artículo 116 de la Ley ya citada prohibe durante el día de una elección o plebiscito y hasta cuatro horas después del cierre de la votación en la respectiva localidad el funcionamiento de teatros, cines y recintos de espectáculos o de eventos deportivos, artísticos o culturales.
La norma precedentemente citada no se justifica en la actualidad. El día de la elección, sin duda, es una fecha en la cual todos los ciudadanos debemos ejercer nuestra obligación cívica y concurrir a votar. Sin embargo, no hay necesidad alguna que, por mandato de la ley, se impida efectuar actividades de esparcimiento deportivas o culturales junto a la familia, o bien de simple entretención en determinados locales o puntos de encuentro. Lo único que se justifica es mantener durante el día de una elección o plebiscito la prohibición de vender y expender bebidas alcohólicas, lo que no puede significar el cierre de cualquier local por el sólo hecho de contar con su patente de venta de alcoholes.
El presente Proyecto de Ley elimina las prohibiciones señaladas, manteniendo subsistentes sólo aquellas que dicen relación con la venta y comercialización de bebidas alcohólicas durante el día de elección. Con lo anterior, se confiere un derecho a las personas que actualmente no poseen y se compatibilizan las actividades comerciales de un importante sector de la población.
Con el objeto de dar una pronta solución a las falencias precedentemente señaladas, tengo el honor de someter a la consideración de este Senado un Proyecto de Ley que tiene por objeto modificar los artículo 64 y l 16 de la Ley Nº 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios en los términos que a continuación se señalan:
PROYECTO DE LEY.
ARTICULO UNICO: Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:
UNO) Agréguese al final del artículo 64 un nuevo inciso final del siguiente tenor:
"El Presidente de la mesa podrá autorizar, en casos calificados, la votación inmediata de personas mayores de 65 años, enfermos, minusválidos, personas no videntes o sordomudas y mujeres en estado de embarazo. En caso de negativa injustificada, los afectados podrán concurrir al delegado de la Junta Electoral quien adoptará las medidas conducentes a fin de facilitar la votación de los afectados”.
DOS) Sustitúyase el artículo 116 por el siguiente:
“El día de una elección o plebiscito, hasta cuatro horas después del cierre de la votación en la respectiva localidad, los establecimientos comerciales que expendan bebidas alcohólicas no podrán expenderlas para su consumo al interior o fuera de dichos establecimientos.
Los propietarios o administradores de teatros, cines y recintos de espectáculos o deportivos deberán otorgar todas las facilidades necesarias para que quienes desempeñen alguna función en ellos puedan el día de la elección o plebiscito concurrir a sufragar a los recintos de votación respectivos.
La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de recintos en que se infringiere esta disposición.
(Fdo.) Sebastián Piñera Echenique Senador