Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Vlado Mirosevic Verdugo
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Joaquin Godoy Ibanez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gabriel Boric Font
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Karla Rubilar Barahona
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe De Mussy Hiriart
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe De Mussy Hiriart
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- PETICIÓN DE OFICIO : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Kast Sommerhoff
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Boric Font
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Boric Font
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Daniel Alexander Melo Contreras
- PETICIÓN DE OFICIO : Daniel Alexander Melo Contreras
- PETICIÓN DE OFICIO : Ernesto Silva Mendez
- PETICIÓN DE OFICIO : Ernesto Silva Mendez
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Luis Alberto Rocafull Lopez
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DE 19 DE MARZO COMO DÍA DEL ARTESANO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10648-24)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
- ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SEÑORA MÓNICA JAVIERA BLANCO SUÁREZ, RESPECTO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL SENAME
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Karol Aida Cariola Oliva
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- INTERVENCIÓN : Ivan Alberto Flores Garcia
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- INTERVENCIÓN : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- ESTABLECIMIENTO DE 19 DE MARZO COMO DÍA DEL ARTESANO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10648-24)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Felipe De Mussy Hiriart
- Gustavo Hasbun Selume
- Javier Hernandez Hernandez
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Felipe Ward Edwards
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- INFORME DE LA DIPUTADA SEÑORA PACHECO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA XXIV REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO ENTRE EL 17 Y EL 18 DE JUNIO DE 2016, EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Clemira Pacheco Rivas
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 65ª, en martes 6 de septiembre de 2016
(Ordinaria, de 10.41 a 13.12 horas)
Presidencia del señor Andrade Lara, don Osvaldo.
Secretario, el señor Landeros Perki?, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 20
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 23
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 23
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 23
ACUERDOS DE LOS COMITÉS .............................................................................................. 23
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 24
ESTABLECIMIENTO DE 19 DE MARZO COMO DÍA DEL ARTESANO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10648-24) .................................................................................. 24
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SEÑORA MÓNICA JAVIERA BLANCO SUÁREZ, RESPECTO
DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL SENAME................................................................... 31
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 63
1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10126-15) ............................ 63
2.- SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, SOBRE “RECONOCIMIENTO DE LA PRIVACIÓN INJUSTIFICADA DE BIENES INMUEBLES DURANTE LA DICTADURA.”. (BOLETÍN N° 9927-17) ........... 63
3.- INFORME DE LA COMISIÓN DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO,
INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.773 PARA POSIBILITAR LA AMPLIACIÓN
DEL PLAZO DE POSTULACIÓN A LOS BENEFICIOS QUE OTORGA.”. (BOLETÍN N° 10500-13).............. 63
4.- INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SUMA”, QUE “OTORGA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y UNA BONIFICACIÓN ADICIONAL A LOS PROFESIONALES FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CARÁCTER EXPERIMENTAL QUE INDICA”. (BOLETÍN
N° 10790-11) ............................................................................................................................ 63
5.- INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DOÑA MÓNICA JAVIERA BLANCO SÚAREZ, POR HABER INFRINGIDO LA CARTA FUNDAMENTAL, Y POR DEJAR SIN APLICACIÓN LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO Y LAS NORMAS QUE INDICA DEL DECRETO LEY N° 3346, DE 1980, QUE FIJA EL TEXTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, EN RELACIÓN CON EL DECRETO LEY N° 2465, DE 1979, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES Y FIJA EL TEXTO DE SU LEY ORGÁNICA. ...................................................................................................... 63
6.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, DE MUSSY, HASBÚN, HERNÁNDEZ, TRISOTTI; URRUTIA, DON IGNACIO; Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN, MOLINA Y NOGUEIRA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN LO RELATIVO A LAS OFERTAS O COBRANZAS REALIZADAS POR CENTROS DE LLAMADAS”.
(BOLETÍN N° 10880-03) ............................................................................................................. 63
Pág.
7.- INFORME DE LA DIPUTADA SEÑORA PACHECO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA XXIV REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO ENTRE
EL 17 Y EL 18 DE JUNIO DE 2016, EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA. ...................................... 64
8.- INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA PASCAL Y DEL DIPUTADO SEÑOR LEÓN EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL “LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO LIBRE DE ARMAS NUCLEARES”, REALIZADA EN KAZAJSTÁN, ENTRE LOS DÍAS 28 Y 31 DE AGOSTO DE 2016. .................................. 64
9.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3181-16-INA. ................................................. 64
10.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3150-16-INA. ............................................... 64
11.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3174-16-INA. ............................................... 64
12.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3149-16-INA. ............................................... 64
13.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3171-16-INA. ............................................... 64
14.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2949-16-INA. ............................................... 64
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Comunicaciones:
De los jefes de bancada del Comité Mixto e Independientes y del Partido Radical por la cual dan a conocer el acuerdo de intercambiar los cupos en las Comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, y de Ciencias y Tecnología, de modo que los de la primera corresponderían a la bancada del Partido Radical y los de la segunda al Comité Mixto e Independientes.
De la jefa de bancada del Comité Mixto e Independientes por la cual informa que el diputado señor Jackson
integra las Comisiones de Educación, de Ciencias y Tecnología, y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
De la jefa de bancada del Comité Mixto e Independientes por la cual informa que el diputado señor Mirosevic
integra las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , y de Zonas Extremas y Antártica Chilena.
De la jefa de bancada del Comité Mixto e Independientes por la cual informa que la diputada señora Sepúlveda
integra las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural; de Bomberos, de la Vivienda y Desarrollo Urbano, y de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.
De la jefa de bancada del Comité Mixto e Independientes por la cual informa que el diputado señor Rivas
integra las Comisiones de Minería y Energía, y de Recursos Hídricos y Desertificación .
De la jefa de bancada del Comité Mixto e Independientes por la cual informa que el diputado señor Godoy
integra las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Cultura, Artes y Comunicaciones, y de Seguridad Ciudadana.
De la jefa de bancada del Comité Mixto e Independientes por la cual informa que el diputado señor Saffirio
integra las Comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y Defensa Nacional.
De la jefa de bancada del Comité Mixto e Independientes por la cual informa que el diputado señor Boric integra las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Zonas Extremas y Antártica Chilena.
De la jefa de bancada del Comité Mixto e Independientes por la cual informa que la diputada señora Rubilar
integra las Comisiones de Ciencia y Tecnología, de Salud, y de la Familia y Adulto Mayor.
De la jefa de bancada del Comité Mixto e Independientes por la cual informa que el diputado señor Browne
integra las Comisiones de Economía, Fomento; Micro , Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, y de Deportes y Recreación.
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la República
Diputado Rathgeb, Reitera el oficio Nº 18.885 de fecha 14 de abril de 2016. (63425 al 22455).
Ministerio de Interior
Diputado Farcas, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre los controles preventivos de identidad realizados desde la puesta en marcha de la ley, en los términos que requiere. (1046 al 21893).
Diputado Silva, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el número funcionarios policiales destinados a labores diplomáticas durante los años 2014 y 2015. (16955 al 16955).
Diputado Farcas, Informe a esta Cámara sobre la naturaleza y características de las 66 mil órdenes de detención de personas cuya ejecución se encuentra pendiente en el país (18651 al 18769).
Diputado Silva, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el número de delincuentes reincidentes detenidos durante los años 2014 y 2015, en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea . (18653 al 16944)
Diputado Monsalve, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el estado de tramitación de la solicitud de reconocimiento de la calidad de Exonerado Político del señor Carlos Delberto Burgos Salazar, de la comuna de Lebu. (18658 al 19044).
Diputado Robles, Posibilidad de mejorar las medidas de seguridad para el sector de Bahía Loreto en la comuna de Caldera. (18672 al 19585).
Diputado Farías, Situación que afecta a la comuna de La Granja en materia de seguridad, especialmente en la Población San Gregorio, indicando las medidas adoptadas y el plan de trabajo dispuesto para enfrentar el flagelo de la delincuencia, especialmente en las cercanías de los colegios de la zona, disponiendo una mayor presencia policial. (18673 al 15592).
Diputado Hernández, Remita a esta Cámara el cronograma oficial de las obras de reconstrucción del paso internacional Cardenal Samoré. (18674 al 16978).
Diputado Monsalve, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el estado de la solicitud efectuada por doña Inés del Carmen Fernández Fernández a fin de reconocer la calidad de exonerado político de su esposo fallecido el 27 de febrero de 1999, cuyos antecedentes fueron remitidos a vuestro Ministerio con fecha 1 de junio de 2010. (18676 al 19516).
Diputada Girardi doña Cristina, Implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar los hechos delictuales que se producen en las obras de construcción del Parque Intercomunal Río Viejo-La Hondada, en la comuna de Cerro Navia, particularmente la destinación de un retén móvil de Carabineros de Chile, informando las medidas que adopte en tal sentido. (18727 al 20276).
Diputado Espinosa don Marcos, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la detención que afectó a profesionales del Instituto de Derechos Humanos, el pasado 13 de mayo en la ciudad de Antofagasta. (18728 al 20135).
Diputado Ward, Para reiterar el oficio N° 18.079 de esta Corporación, de fecha 28 de marzo de 2016. (18781 al 19292).
Diputado Flores, Solicita disponer la entrega de recursos extraordinarios a la Municipalidad de Mariquina, con el fin de implementar un proyecto para efectuar reparaciones en la red de caminos secundarios de la comuna, informando las líneas de acción que en este sentido se adopten. (3087 al 22437).
Diputado Chahin, Tenga a bien considerar la implementación el programa “Previene” en la comuna de Pitrufquén, a partir del segundo semestre del presente año, informando a esta Cámara de las medidas que adopte. (665 al 22011).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Diputado Urrutia don Ignacio, Informar a esta Cámara los antecedentes que se indican en el documento adjunto, particularmente sobre el procedimiento para recuperar las mercaderías y vehículos requisados por su servicio a pescadores artesanales de la provincia de Cauquenes, Región del Maule. (97416 al 21955).
Ministerio de Hacienda
Diputado Jackson, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre el estado de implementación del protocolo suscrito por el Gobierno y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, con fecha 2 de julio de 2015 en la ciudad de Santiago, y el protocolo de acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2014, acordado entre la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para elaborar la Ley de Presupuesto para el sector público de 2015, en los términos que requiere. (1281 al 20952).
Ministerio de Educación
Diputado Van Rysselberghe, Solicita adoptar adopte las medidas atingentes, en relación a una carta enviada con fecha 28 de junio del año en curso, al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica por estudiantes de post grado que se encuentran en el extranjero, cuyo objetivo era aclarar dudas respecto al sistema Becas Chile, sin que a la fecha dicha autoridad haya emitido respuesta alguna. (1113 al 22602).
Diputado Meza, Solicita modificar el criterio que se ha establecido para la entrega de computadores, dentro del programa “Yo elijo mi PC”, de manera que no sólo se beneficie a las familias con ingresos mínimos, informando las líneas de acción que se seguirán. (1603 al 20986).
Diputado Espinoza don Fidel, Informar a esta Cámara acerca de los motivos que impidieron la entrega de un computador en 2015 a la estudiante Renate Asenjo Lara de la comuna de Purranque, señalando si fue incluida para la entrega de este año, por la consideraciones que expone (1604 al 22184).
Diputado Jackson, Informar sobre los antecedentes que dieron lugar a los Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de Educación Parvularia y Educación Básica, contenidos en el decreto supremo N° 83 del año 2015, respondiendo los demás requerimientos que se señalan. (409 al 21594).
Ministerio de Justicia
Diputada Nogueira doña Claudia, Solicita remitir información relacionada con determinado número de documentos relacionados con el personal de ese Servicio y los protocolos de funcionamiento. (2644 al 22559).
Diputado Hasbún, Diputado Ward , Remitir a esta Cámara la nómina de todos los profesionales que han sido destinados en comisión de servicio, desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, en todas y cada una de las reparticiones de las cuales dependen, con las especificaciones que requieren. (5836 al 22172).
Diputado Sabag, Se sirva evaluar la instalación de dependencias del Servicio Médico Legal en la comuna de Bulnes a fin de prestar servicios de tanatología. (772 al 22582).
Ministerio de Defensa Nacional
Diputado Soto, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre el detalle de todos los funcionarios adscritos a vuestra Caja de Previsión, que hayan obtenido pensión de jubilación desde 1998 a la fecha, con montos superiores a 60 UF, indicando para el caso de cada uno de ellos los antecedentes que se requieren. (11143 al 21701).
Diputado Ulloa, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la situación actual de Carabineros de Chile en las comunas de Talcahuano y Hualpén, señalando el número de Comisarías y funcionarios policiales que trabajan en cada una de ellas, número de vehículos policiales, diferenciando entre utilizables y aquellos que no, informando el presupuesto con el que cuentan para accionar en estas comunas y su comparación respecto del año pasado. (18685 al 18801).
Diputado De Mussy, Disponer el inicio de sumarios destinados a determinarlas personas que fueron beneficiadas erróneamente por el bono entregado a los pescadores y mariscadores de la provincia de Chiloé, indicando los criterios empleados para su asignación. (63044 al 19699).
Ministerio de Obras Públicas
Diputado Silber, Solicita antecedentes respecto de la implementación de un plan de descongestión vial en la comuna de Quilicura: identificación de los contratos suscritos con la concesionaria Autopista Central cuya vigencia se extendió para la concreción del referido plan, los plazos de extensión de las concesiones, los funcionarios que tuvieron a su cargo la elaboración del contenido de dichos contratos que fueron realizados por la vía del trato directo y las compensaciones económicas que recibirá la concesionaria como consecuencia de las nuevas obras a desarrollar. (1972 al 19456).
Diputado Espinoza don Fidel, Solicita que disponga la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto de agua potable rural en la localidad de San Pablo en la comuna de Osorno, indicando las líneas de acción que se seguirán en este sentido. (1973 al 21877).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Diputado Ward, Solicita reiterar oficio Nº 20.620 de fecha 8 de junio del 2016, que a su vez insiste en las peticiones contenidas en el oficio Nº 19.059 de fecha 26 de abril del 2016. (0432 al 22728).
Diputado Fuenzalida, informe a esta Cámara respecto de la tasa de desempleo de la Región de Los Ríos, en especial de la comuna de La Unión, Futrono , Lago Ranco, Los Lagos , Panguipulli , Paillaco y Rio Bueno y, además, sobre las medias paliativas que se están desarrollando para disminuir esas cifras en los lugares referidos anteriormente. (1133 al 6044).
Diputado Monsalve, Requiere información relacionada con la situación de la señora Rosa Herminda Melita Leal , residente de la comuna de Los Álamos de la Provincia de Arauco. (429 al 22544).
Diputado Monsalve, Requiere información relacionada con las posibles medidas a adoptar ante la situación de la señora Jaqueline del Pilar Silva Gallardo, quien solicita ser considerada en uno de los cupos de empleo entregados a la comuna de Curanilahue para poder dar sustento a su familia y enfrentar los gastos que el delicado estado de salud de su esposo requeriría. (430 al 22663).
Diputado Chahin, Informe a esta Cámara sobre el estado de tramitación de la solicitud de pensión no contributiva presentada por el señor Luis Iván Villagrán Olivera de la comuna de Victoria, en su calidad de exonerado político. (43078 al 19571).
Diputado Monsalve, Solicite informe a esta Cámara sobre la posibilidad de reevaluar la situación de la señora Aylin Llano y dentro de lo posible realizar gestiones que le permitan acceder a un cupo de empleo. (431 al 22645).
Proyecto de Resolución 549, Solicita a las autoridades que indica, la adopción de diversas medidas relacionadas con la crisis generad por el bloom de algas en la Región de Los Lagos. (4488).
Diputado Rocafull, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, remita a esta Cámara la nómina de médicos contratados al amparo del artículo 7° de la ley N° 20.816, que perfecciona la normativa sobre profesionales y trabajadores del sector público de salud, bajo la condición de rendir y aprobar el examen Eunacom a más tardar e diciembre de 2016, disgregada por comuna, servicio u hospital donde ejercen su profesión y especialidad que aportan. Asimismo, solicita un pronunciamiento sobre los efectos de la desvinculación de los médicos por incumplimiento de la condición señalada y si se han adoptado las medidas correspondientes. (1617 al 22148).
Diputado Edwards, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la cantidad de sumarios iniciados por eventuales negligencias médicas en todos los centros hospitalarios de la Región de La Araucanía, desagregados por comunas, desde 2014 a la fecha, precisando sus causas, duración y resultados. (1836 al 19703).
Diputado Edwards, Reiteración oficio Nº 19.703 de fecha 16 de mayo de 2016. (1836 al 22416).
Diputado Rocafull, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, remita a esta Cámara la nómina de médicos contratados al amparo del artículo 7° de la ley N° 20.816, que perfecciona la normativa sobre profesionales y trabajadores del sector público de salud, bajo la condición de rendir y aprobar el examen Eunacom a más tardar e diciembre de 2016, disgregada por comuna, servicio u hospital donde ejercen su profesión y especialidad que aportan. Asimismo, solicita un pronunciamiento sobre los efectos de la desvinculación de los médicos por incumplimiento de la condición señalada y si se han adoptado las medidas correspondientes. (1865 al
22123).
Diputado Rathgeb, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de suspender las clases y/o adelantar las vacaciones de invierno de 2016, en atención a la mala condición climática y al aumento de las emergencias ambientales y de salud por contaminación atmosférica en las ciudades que indica. (21584 al 21584).
Diputado Monsalve, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la situación del menor Marcos Antonio San Martín Escobar de la comuna de Cañete, quien fue diagnosticado con Fimosis por el Hospital Intercultural Kallvullanka, institución que solicito una interconsulta al Hospital Doctor Rafael Avaria, analizando la posibilidad de agilizar dicha interconsulta a fin de determinar una eventual cirugía. (2774 al 19183).
Diputado Urízar, Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan, informe a esta Cámara sobre la situación que afecta al señor Raúl Aldo Veliz Flores de la comuna de Petorca, quien padece de ceguera total en su ojo derecho y parcial en el izquierdo, analizando gestionar una cirugía de carácter de urgente, en atención a las circunstancias del caso, informando las medidas adoptadas a esta Corporación. (2775 al 22003).
Diputado Monsalve, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la situación de la señora Clorinda Lilian Nahuelpan Bello de la comuna de Curanilahue, realizando las gestiones necesarias para su incorporación en algún programa odontológico, que le permita mejorar su calidad de vida. (2776 al 20781).
Diputado Monsalve, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la situación que afecta a la señora Odeth Oñate Salgado de la comuna de Curanilahue, evaluando la situación que afecta a su hijo quien necesita de un alimento especial para la dieta que requiere, en razón de la enfermedad que padece, disponiendo la ayuda que precisa. (2777 al 20968).
Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Tenga a bien otorgar ayuda a la señora Gladys de las Mercedes Cabezas Silva de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, quien fue diagnosticada de espondiloartritis psoriática y cuyo tratamiento tiene un valor que su familia no puede costear, informando a esta Corporación de las medidas que se adopten. (2778 al 21630).
Diputado Rathgeb, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de suspender las clases y/o adelantar las vacaciones de invierno de 2016, en atención a la mala condición climática y el aumento de las emergencias ambientales y de salud por contaminación atmosférica en las ciudades que indica. (2799 al 21549).
Diputado Rathgeb, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de suspender las clases y/o adelantar las vacaciones de invierno de 2016, en atención a la mala condición climática y al aumento de las emergencias ambientales y de salud por contaminación atmosférica en las ciudades que indica. (2799 al 21578).
Diputado Rathgeb, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de suspender las clases y/o adelantar las vacaciones de invierno de 2016, en atención a la mala condición climática y al aumento de las emergencias ambientales y de salud por contaminación atmosférica en las ciudades que indica. (2799 al 21579).
Diputado Rathgeb, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de suspender las clases y/o adelantar las vacaciones de invierno de 2016, en atención a la mala condición climática y al aumento de las emergencias ambientales y de salud por contaminación atmosférica en las ciudades que indica. (2799 al 21580).
Diputado Rathgeb, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de suspender las clases y/o adelantar las vacaciones de invierno de 2016, en atención a la mala condición climática y al aumento de las emergencias ambientales y de salud por contaminación atmosférica en las ciudades que indica. (2799 al 21581).
Diputado Rathgeb, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de suspender las clases y/o adelantar las vacaciones de invierno de 2016, en atención a la mala condición climática y al aumento de las emergencias ambientales y de salud por contaminación atmosférica en las ciudades que indica. (2799 al 21582).
Diputado Rathgeb, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de suspender las clases y/o adelantar las vacaciones de invierno de 2016, en atención a la mala condición climática y al aumento de las emergencias ambientales y de salud por contaminación atmosférica en las ciudades que indica. (2799 al 21583).
Diputado Rathgeb, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de suspender las clases y/o adelantar las vacaciones de invierno de 2016, en atención a la mala condición climática y al aumento de las emergencias ambientales y de salud por contaminación atmosférica en las ciudades que indica. (2799 al 21585).
Diputado Jarpa, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre el compromiso acordado en noviembre de 2015, en relación con la implementación de un centro oncológico de mediana complejidad para la ciudad de Chillan durante el segundo semestre de 2016, en los términos que requiere. (2802 al 21659).
Diputado Urízar, Se sirva informar sobre los resultados o avances en la solución a las demandas laborales planteadas por los presidentes de los gremios de la salud del Hospital Provincial san Agustín de La Ligua, en declaración pública de fecha 21 de abril del año en curso, cuya copia se adjunta. (2804 al 20896).
Diputado Rocafull, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre las medidas que el Ministerio de Salud adoptó para erradicar y prevenir el contagio del Zika y la eliminación de los focos de cultivo del mosquito que los transmite en los sectores del lecho del río San José , en Las Llosyas y, en general, en la Región de Arica y Parinacota. (2805 al 19363).
Diputado Robles, Avance que registra la construcción del hospital de Copiapó, su fecha de entrega y el cumplimiento de las obligaciones de la empresa constructora conforme a las bases de la respectiva licitación, con todas sus especificaciones técnicas. (2809 al 21384).
Diputado Verdugo, Para que en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre el monto y la fecha de los aportes efectuados por vuestro ministerio a la Corporación Nacional del Trasplante en los últimos 10 años, señalando los motivos del traspaso de fondos. (28103008 al 21547).
Diputado Monsalve, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la situación que afecta al señor Elías Eliseo Fernández Zabala de la comuna de Coronel, quien requiere de una cirugía de transferencia de Tibial posterior reconstrucción de pie cavo, analizando la posibilidad de gestionar su incorporación al sistema público, con la finalidad de tener acceso a la cirugía que necesita. (2813 al 21992).
Diputado Jarpa, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de disponer la contratación o destinación de un médico especialista en salud mental pata el hospital de Chillán e informe sobre los protocolos de atención y tratamiento de personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, en el sistema de salud pública. (2814 al 22053).
Proyecto de Resolución 545, Solicita a S.E. la Presidenta de la República, incluir a la obesidad dentro de las patologías GES o de garantías explícitas. (2748). 2388. Ministerio de Transportes y TelecomunicacionesDiputado Trisotti , Informe a esta Cámara, en los términos de la solicitud adjunta, sobre la modificación de la administración de la frecuencia radial de Radio Lagar de la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá, explicitando los motivos del cese de la titularidad del Municipio de Pica y además se entreguen todos los antecedentes referidos a la concesión para la actual Radio San Andrés de administración privada. (7835 al 22257).
Ministerio de Desarrollo Social
Diputado Ward, Informar a esta Cámara sobre cualquier contacto con su institución, reunión solicitada, oferta de negocios o participación en licitación, de parte de la señora Natalia Compagnon Soto , directamente o a través de sus empresas. (3470 al 19070).
Diputado Ward, Para reiterar el oficio N°19.070 de esta Corporación, de fecha 26 de abril de 2016. (3470 al 20669).
Diputado Walker, Solicita iniciar una investigación con el fin de determinar los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a los que les cabría responsabilidad en la duplicidad de entrega del “Bono enseres”, después del terremoto y posterior tsunami ocurrido en la Región de Coquimbo el 16 de septiembre del año 2015 y, si se requiere la devolución de dicho bono, requiere establecer plazos y condiciones flexibles para su pago. (3471 al 21682).
Diputado Walker, Para que en virtud de la solicitud adjunta, remita a esta Cámara todos los antecedentes que posea, en relación con la existencia de dobles pagos realizados a las familias afectadas por el terremoto y tsunami en la Región de Coquimbo, iniciando los sumarios correspondientes para determinar las responsabilidades y aplicar las medidas necesarias, a fin de evitar nuevas situaciones análogas. (3471 al 21703).
Ministerio Medio Ambiente
Diputada Molina doña Andrea, Requiere información relacionada con la posibilidad de fiscalizar las faenas de las Mineras Morro Alto y Pachacamita ubicadas en la comuna de La Calera (2038 al 22454).
Diputado Rathgeb, Requiere información en el sentido de realizar una fiscalización que determine la calidad del potable utilizada por la Escuela Municipal Miguel Huentelén de Maica, de la comuna de Collipulli, debido a las denuncias de posible contaminación. (283 al 22681).
Intendencias
Diputado Urízar, Se sirva disponer una investigación acerca de la denuncia por cobro indebido de prestaciones médicas formulada por el señor Pedro Rocha Verdugo , cuya copia se acompaña, informando u resultado a esta Cámara. (1698 al 22097).
Diputado Farcas, Estado de avance y la fecha de término de las obras de construcción del colector de aguas lluvias de Barón de Juras Reales en la comuna de Conchalí y sobre la fecha en que será finalizada la construcción del Parque Pedro Fontova. (18726 al 18492).
Diputado Chahin, Solicita remitir información relacionada con la implementación del Programa de Electrificación Rural y las razones que justifican el rechazo a la solicitud presentada por la comunidad Anselmo Enef Pailahueque para acceder a él. (2507 al 22457).
Diputado Campos, Medidas que se evalúan para solucionar los problemas de construcción que presenta el conjunto habitacional Mirador del Pacífico de la comuna de Talcahuano, especialmente respecto de una eventual falsificación del estudio de suelo que habilitó para ejecutar dicho proyecto. (2728 al 19422).
Diputada Provoste doña Yasna, Solicita que se remita a esta Corporación copia de la resolución exenta, mediante la cual se extenderían los beneficios de bono de acogida y subsidio de arriendo, destinados a las personas afectadas por los aluviones ocurridos en la Región de Atacama el día 25 de marzo de 2015, indicando el plazo efectivo de extensión de los beneficios. (921 al 21961).
Varios
Diputado Kast, Requiere información relacionada con el actual estado procesal de la Causa RIT 2168-2014, en contra del ex funcionario de Carabineros de Chile don Francisco José Pizarro Dasso y el representante legal de la Constructora GGM Limitada don Cristian Andrés Gómez Martínez por el delito de Fraude al Fisco. (126 al 2368).
Diputado Rathgeb, Solicita remitir la información relacionada con los motivos que impidieron efectuar el pago de licencias a la Sra. Brunilda Riffo Araneda , en los términos que se solicita. (1711 al 22430).
Diputado Castro, Solicita informar la asignación de los recursos de los fondos concursables correspondientes al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para deportes, cultura y seguridad, en la Provincia de Cachapoal, durante los años 2014 y 2015, indicando los criterios de selección, las instituciones beneficiadas y en qué comunas se ubican (18675 al 20900).
Diputado Coloma, Informar a esta Cámara, sobre el número de comisarías, funcionarios y vehículos policiales, diferenciando los utilizables y los que presentan fallas, destinados a cada una de las comunas de Alhué, Curacaví , El Monte, Isla de Maipo, María Pinto , Melipilla , Padre Hurtado , Peñaflor , San Pedro y Talagante, indicando el presupuesto actual asignado a ellas comparado con el correspondiente a 2015. (18684 al 19009).
Diputado Squella, Informar a esta Cámara sobre el número de Comisarías, funcionarios y vehículos policiales, diferenciando los utilizables y los que presentan fallas, destinados a cada una de las comunas de Limache, Olmué , Quilpué y Villa Alemana , indicando el presupuesto actual asignado a ellas comparado con el correspondiente a 2015. (18686 al 18951).
Diputado Pilowsky, Requiere informar la cantidad de funcionarios destinados a cada una de las comunas de la Región Metropolitana de Santiago, distinguiendo entre aquellos que cumplen funciones administrativas y quienes patrullan así como la cantidad de horas de trabajo, diarias y mensuales. Además se solicita remitir nómina del número de automóviles con funciones policiales por comuna y tipo de vehículo, indicando cuántos de ellos no se encuentran en funcionamiento y las causas de dicha situación. (18687 al 18777).
Diputado Farías, Solicita disponer una fiscalización respecto a la contaminación generada por la empresa Sorena en la comuna de San Joaquín y que ha afectado en particular a los vecinos del sector de Villa Músicos del Mundo, en los términos que se solicita. (2039 al 22535).
Ministerio Medio Ambiente
Diputado Edwards, Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (281 al 22388).
Municipalidades
Diputado Hernández, Solicita remitir información relacionada con la factibilidad de la construcción de una nueva sede social para la Junta de Vecinos Teniente Hernán Merino del sector de Francke. (1416 al 22296).
Presidencia de la República
Acuerdo Sala, La Cámara de Diputados, en sesión celebrada en el día de hoy, en el marco del ejercicio de la facultad que le reconoce el artículo 52, número 1, letra b), de la Constitución Política de la República, y en uso de la facultad que le confiere el artículo 52, número 1, letra a), inciso segundo, del mismo cuerpo constitucional, acordó oficiar a V. E. a fin que se sirva informar al tenor de las interrogantes que se indican. (5877 al 22239).
Proyecto de Resolución 621, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley para establecer un programa de intervención para las comunas de Quintero y Puchuncaví, en atención a la presencia de polimetales en la zona y los altos índices de contaminación que la afectan. (163418). 2387.
VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
Diputado De Mussy Solicite informe sobre la posibilidad de elevar el rango de la Subcomisaría de Purranque a la categoría de Comisaría, a pesar de la respuesta ya dada al oficio Nº 21.734 de esta Corporación, de fecha 06 de julio del 2016 por parte del Director General de Carabineros. (22817 de 31/08/2016). A Ministerio de Interior.
Diputado De Mussy Solicite informe a esta Corporación sobre la posibilidad de elevar el rango de la Subcomisaria de Purranque a la categoría de Comisaría a pesar de la respuesta ya dada al oficio Nº 21.734 de fecha 06 de Julio del 2016 emitido por esta Corporación. (22818 de 31/08/2016). A varios.
Diputado Farías Solicita remitir información respecto a la realización de fiscalizaciones de tránsito necesarias en el sector de Plaza Zañartu de la comuna de Ñuñoa. (22819 de 31/08/2016). A comisario de Carabineros de Chile de la 33ª Comisaria de Ñuñoa.
Diputado Farías Solicita remitir información respecto a la realización de fiscalizaciones de tránsito necesarias en el sector de Plaza Zañartu de la comuna de Ñuñoa. (22820 de 31/08/2016). A director de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile.
Diputado Farías Solicita remitir información relacionada con la situación que aqueja a vecinos de la comuna de Ñuñoa referente a puntos de carga de la tarjeta BIP para el Sistema de Transporte Público de Santiago, en los términos que se solicita. (22821 de 31/08/2016). A varios.
Diputado Farías Solicita remitir información relacionada con la situación de un inmueble abandonado ubicado entre el pasaje Francisca Rimini Nº 3380 y la calle Arquitecto Brunelleschi Nº 338, de la comuna de San Joaquín y al uso que pudiera destinarse, en los términos que se solicita. (22822 de 31/08/2016). A servicios.
Diputado Farías Solicita incorporar en la glosa que corresponda de la Ley de Presupuestos para el año 2017 a la Fundación Integral de la Familia. (22823 de 31/08/2016). A Ministerio de Justicia.
Diputado Farías Solicita incorporar en la glosa que corresponda de la Ley de Presupuestos para el año 2017 a la Fundación Integral de la Familia. (22824 de 31/08/2016). A Ministerio de Hacienda.
Diputado Farías Solicita remitir informe respecto a la situación que aqueja a vecinos de la comuna de Ñuñoa referente a los puntos de carga de tarjeta BIP para el Sistema de Transporte Público de Santiago, en los términos que se solicita. (22825 de 31/08/2016). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputado Farías Solicita remitir información relacionada con la situación que aqueja a vecinos de la comuna de Ñuñoa referente a los puntos de carga de tarjeta BIP para el Sistema de Transporte Público de Santiago, en los términos que se solicita. (22826 de 31/08/2016). A secretario regional ministerial metropolitano de Transportes.
Diputado Jackson Solicita informe a esta Corporación sobre las medidas a disponer respecto a las demandas emitidas por aquellas personas calificadas como Exonerados Políticos, en los términos que se solicita. (22827 de 31/08/2016). A Ministerio de Interior.
Diputado Kast Solicita remitir información referida a la cantidad de textos escolares que se reciclan y/o destruyen en el año o semestre, desde el año 2014 a la fecha. (22828 de 31/08/2016). A Ministerio de Educación.
Diputado Boric Requiere información relacionada con la posibilidad de efectuar una investigación que determine la eventual responsabilidad de la empresa Besalco S.A. por la contaminación de la fuente de agua potable del sector de Seno Obstrucción de la provincia de Última Esperanza. (22834 de 01/09/2016). A Ministerio de Interior.
Diputado Boric Requiere información relacionada con la posibilidad de efectuar una investigación que determine la eventual responsabilidad de la empresa Besalco S.A. por la contaminación de la fuente de agua potable del sector de Seno Obstrucción de la provincia de Última Esperanza. (22835 de 01/09/2016). A Ministerio Medio Ambiente.
Diputado Espinoza don Fidel Requiere información relacionada con el estado de tramitación de la apelación Nº 104597, presentada por el señor Francisco Deride Vargas , ex director de la Dirección de Educación Municipal de Fresia, en la Región de Los Lagos. (22836 de 01/09/2016). A Ministerio de Defensa Nacional.
Diputada Girardi doña Cristina Requiere información relacionada con la posibilidad de reconsiderar e incluir la repavimentación de la calle Mares de Chile de la comuna de Cerro Navia en los trabajos a ejecutar durante el año 2016, en los términos que señala. (22837 de 01/09/2016). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputada Girardi doña Cristina Reitera el oficio Nº 22.228 de fecha 1 de Agosto del 2016. (22838 de 01/09/2016). A Contraloría General de la República.
Diputado Jarpa Requiere información relacionada con la posibilidad de iniciar una fiscalización a los 21 municipios de la provincia de Ñuble, con ocasión de un eventual incumplimiento de la ley Nº 20.922, en los términos que señala. (22839 de 01/09/2016). A Ministerio de Defensa Nacional.
Diputado Jarpa Requiere información relacionada con la implementación efectiva de las mejoras en la administración municipal que establece la ley Nº 20.922, en la provincia de Ñuble. (22840 de 01/09/2016). A ministro del Interior y Seguridad pública..
Diputada Molina doña Andrea Requiere información relacionada con los índices de material particulado fino que se habrían registrado en los últimos 12 meses en el sector aledaño a la empresa de cemento Melón S.A. en la comuna de La Calera. (22841 de 01/09/2016). A Ministerio Medio Ambiente.
Diputado Monsalve Requiere información relacionada con la situación del señor Leonardo Eulieano Vega Baeza , quien requeriría acelerar el tiempo de espera para la interconsulta de otorrinolaringología solicitada al Hospital San Vicente de la comuna de Arauco. (22842 de 01/09/2016). A Ministerio de Salud.
Diputado Monsalve Requiere información relacionada con la factibilidad de aumentar el monto del Subsidio Habitacional Para Familias de Sectores Medios Nº1 adjudicado a la señora María San Martín Matus , con ocasión de los nuevos anuncios realizados por el Plan Habitacional y Urbano para la zona de Rezago entre los años 2016 y 2018, en los términos que señala. (22843 de 01/09/2016). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Monsalve Requiere información relacionada con las posibles medidas a adoptar ante la situación de la señora María Inés Navarrete Sanhueza , quien no ha podido acceder al pago de dos licencias médicas, toda vez que estas se habrían extraviado en las dependencias de la caja de compensación, en los términos que señala. (22844 de 01/09/2016). A varios.
Diputada Sepúlveda doña Alejandra Reitera el oficio Nº 22.204 de fecha 26 de julio del 2016. (22846 de 01/09/2016). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Diputado Alvarado Solicita remitir información relacionada con todas las medidas que se adoptarán para combatir la plaga de roedores que afecta a las Villas El Sol y Los Aromos de la comuna de La Serena, en los términos que requiere. (22871 de 01/09/2016). A secretario regional ministerial de Salud de Coquimbo.
Diputado Arriagada Solicita remitir información relacionada con los planes de educación implementados dentro de las cárceles del país, en los términos que requiere. (22872 de 01/09/2016). A director de Gendarmería de Chile.
Diputado Arriagada Solicita informe a esta Corporación respecto a los planes de educación implementados dentro de las cárceles del país, en los términos que requiere. (22873 de 01/09/2016). A Ministerio de Educación.
Diputado Carmona Solicita informar sobre las razones de su abstención al no hacerse parte en el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó respecto de la situación de dicho caudal, y a su vez indique las medidas adoptadas para evitar la dispersión de sus aguas, en los términos que se solicita. (22874 de 01/09/2016). A Servicios.
Diputado Carmona Solicita que informe sobre las razones de su abstención al no hacerse parte en el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó respecto de la situación de dicho caudal, y a su vez indique las medidas adoptadas para evitar la dispersión de sus aguas, en los términos que se solicita. (22875 de 01/09/2016). A director regional de Aguas de Atacama.
Diputado Carmona Solicita considere la posibilidad de que la Dirección de Aguas de la Región de Atacama se haga parte en el recurso que presentará la Junta Vigilancia del rio Copiapó ante la Excma. Corte suprema, en los términos que se solicita. (22876 de 01/09/2016). A servicios.
Diputado Carmona Solicita informe sobre las razones de su abstención al no hacerse parte en el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó respecto de la situación de dicho caudal, y a su vez indique las medidas adoptadas para evitar la dispersión de sus aguas, en los términos que se solicita. (22877 de 01/09/2016). A intendencias.
Diputado Carmona Solicita que informe sobre las razones de su abstención al no hacerse parte en el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó respecto de la situación de dicho caudal, y a su vez indique las medidas adoptadas para evitar la dispersión de sus aguas, en los términos que se solicita. (22878 de 01/09/2016). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Carmona Solicita que informe sobre las razones de su abstención al no hacerse parte en el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó respecto de la situación de dicho caudal, y a su vez indique las medidas adoptadas para evitar la dispersión de sus aguas, en los términos que se solicita. (22879 de 01/09/2016). A Ministerio Medio Ambiente.
Diputado Carmona Solicita que informe sobre las razones de su abstención al no hacerse parte en el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó respecto de la situación de dicho caudal, y a su vez indique las medidas adoptadas para evitar la dispersión de sus aguas, en los términos que se solicita. (22880 de 01/09/2016). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Melo Solicita remitir a esta Cámara todos los antecedentes relativos a la aprobación ambiental del proyecto “Reutilización de lodos de piscicultura” emplazado en Torres del Paine y Puerto Natales, en los términos que se solicita. (22881 de 01/09/2016). A servicios.
Diputado Melo Solicita remitir a esta Cámara todos los antecedentes relativos a la aprobación ambiental del proyecto “Reutilización de lodos de piscicultura” emplazado en Torres del Paine y Puerto Natales, en los términos que se solicita. (22882 de 01/09/2016). A directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes y la Antártica Chilena.
Diputado Silva Solicita remitir informe sobre las razones que justifican el atraso de la publicación de los resultados de la Encuesta CASEN 2015. (22883 de 01/09/2016). A Ministerio de Desarrollo Social.
Diputado Silva Solicita remitir información relacionada con el atraso en la publicación de los resultados de la Encuesta CASEN 2015. (22884 de 01/09/2016). A subsecretaria de Evaluación Social.
Diputado Trisotti Solicita remitir la información respecto a que gestiones útiles se están realizando en el núcleo urbano de Altos de Playa Blanca, en los términos que se solicita. (22885 de 01/09/2016). A Ministerio de Salud.
Diputado Trisotti Solicita remitir información respecto a que gestiones útiles se están realizando en el núcleo urbano de Altos de Playa Blanca, en los términos que se solicita. (22886 de 01/09/2016). A señora vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Diputado Trisotti Solicita remitir información relacionada con el diseño de algún plan o proyecto educacional a ejecutar en el sector de Altos de Playa Blanca, en los términos que se solicita. (22887 de 01/09/2016). A secretario regional ministerial de Educación de Tarapacá.
Diputado Trisotti Solicita remitir información respecto a los proyectos y planes a realizar en el núcleo urbano de Altos de Playa Blanca, en los términos que se solicita. (22888 de 01/09/2016). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Trisotti Solicita remitir información respecto a todas las gestiones útiles realizadas para el núcleo urbano de Altos de Playa Blanca, en los términos que se solicita. (22889 de 01/09/2016). A secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá.
Diputada Molina doña Andrea Requiere información relacionada con la efectividad de la construcción de embalses mediante concesiones en la Región de Valparaíso, así como el estado de financiero de los embalses Las Palmas, Catemu , Los Ángeles , Pocuro y Los Aromos . (22890 de 02/09/2016). A Ministerio de Obras Pública.
Diputada Sepúlveda doña Alejandra Requiere información relacionada con la posibilidad de financiar la pavimentación e implementación de medidas de seguridad vial en los tramos del camino Las Peñas, correspondiente a la Ruta L-45 de la comuna de San Fernando, en la Región de O'Higgins. (22891 de 02/09/2016). A Ministerio de Obras PúblicasDiputada Sepúlveda doña Alejandra , Requiere información relacionada con la posibilidad de agilizar la investigación pericial que realizaría la Sección de Investigación de Accidentes, respecto a la tragedia fatal ocurrida el día 19 de agosto de 2016, en el camino Las Peñas de la comuna de San Fernando. (22892 de 02/09/2016). A Ministerio de Interior.
Diputada Sepúlveda doña Alejandra Requiere información relacionada con la posibilidad de financiar la pavimentación e implementación de medidas de seguridad vial en el camino Las Peñas, correspondiente a la Ruta L-45 de la comuna de San Fernando, en la Región de O'Higgins. (22893 de 02/09/2016). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Godoy Solicita remitir información relacionada con el edificio Palacio Subercaseaux del Barrio Puerto de Valparaíso, en los términos que se solicita. (22894 de 02/09/2016). A municipalidades.
Diputado Espinoza don Fidel Requiere información relacionada con la eventual demora en el pago de los servicios prestados por pequeños empresarios de transporte para la entrega de agua potable en las comunas de San Pablo, Río Negro y Purranque de la provincia de Osorno, así como la situación de las otras 13 comunas de la Región de Los Lagos donde se distribuiría agua potable bajo la misma modalidad. (22895 de 05/09/2016). A Ministerio de Interior.
Diputado Espinoza don Fidel Requiere información relacionada con la eventual demora en el pago de los servicios prestados por pequeños empresarios de transporte para la entrega de agua potable en las comunas de San Pablo, Río Negro y Purranque de la provincia de Osorno, así como la situación de las otras 13 comunas de la Región de Los Lagos donde se distribuiría agua potable bajo la misma modalidad. (22896 de 05/09/2016). A intendencias.
Diputado Rocafull Requiere información relacionada con las posibles medidas a adoptar ante la situación que afecta al señor John Torres Cotapi , quien perdió su vivienda a causa de un incendio en la comuna de Arica, así como el estado y evaluación de su caso, en los términos que señala. (22897 de 05/09/2016). A jefe del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (116)
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
--Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrieron, además, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco Suárez; el ministro secretario general de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz, y el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
-Se contó con la asistencia, también, del subsecretario de Justicia, señor Ignacio Suárez Eytel, y del abogado defensor de la ministra de Justicia, señor Jorge Correa Sutil.-
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.41 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).-
El acta de la sesión 56ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 57ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Andrade y con la asistencia de la diputada señorita Cariola y de los diputados señores Becker, Chahin, Coloma, Espinosa, don Marcos; Farías, García, Lorenzini, Pérez, don José , y Silva, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Tomar conocimiento de las tablas de la semana (en anexo).
2.- Suspender los tiempos destinados a Proyectos de Acuerdo y de Resolución y de Incidentes durante la sesión de hoy, martes 6 de septiembre, y de mañana, miércoles 7 de septiembre.
3.- Autorizar a la señora ministra de Salud a efectuar una exposición en PowerPoint durante su intervención en la sesión especial que se realizará el martes 13 de septiembre, de 16:30 a 18:30 horas, con el objeto de “analizar el diagnóstico actual y las razones de la tendencia al alza del suicidio en adolescentes y niños y precisar los planes, ideas y métodos de intervención del Ministerio de Salud para esa problemática que afecta directamente a los niños y adolescentes más vulnerables.”.
4.- Autorizar el ingreso del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y del asesor que él determine a la sesión especial que se desarrollará el día martes 4 de octubre, de 16:30 a 18:30 horas, con el objeto de discutir “las graves denuncias de utilización electoral de los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal y del Programa de Mejoramiento de Barrios, ambos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.”.
5.- Permitir el ingreso del contralor general de la República, de la subsecretaria de Educación, de la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación y del director nacional del Servicio de Impuestos Internos a la sesión especial que se realizará el miércoles 28 de septiembre, de 16:30 a 18:30 horas, con el objeto de analizar “la situación de la Universidad Andrés Bello y su vinculación con las operaciones financieras realizadas en el país y en el extranjero por el Grupo Laureate, así como de otras universidades respecto de la prohibición legal de lucrar a la cual se encuentran sujetas, según los últimos hechos de público conocimiento que involucran a estos planteles educacionales.”.
6.- Facultar el ingreso del presidente ejecutivo de Codelco y del presidente de su directorio a la sesión especial que tendrá lugar el martes 27 de septiembre, de 16:30 a 18:30 horas, con el objeto de analizar “el estado actual de los planes de inversión de Codelco y la reducción de costos de la estatal, así como la política de Estado que debiera respaldar las acciones de la cuprífera en el corto y mediano plazo.”.
V.ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE 19 DE MARZO COMO DÍA DEL ARTESANO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10648-24)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el 19 de marzo de cada año como el Día del Artesano.
De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados hoy, la discusión de este proyecto se limitará a dos discursos, de hasta cinco minutos cada uno.
Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Ramón Farías.
Antecedentes:
-Moción, sesión 18ª de la presente legislatura, en 5 de mayo 2016. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 34ª de la presente legislatura, en 16 de junio de 2016. Documentos de la Cuenta N° 10.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor FARÍAS (de pie).-
Señor Presidente, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones pasa a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los diputados Ricardo Rincón, Claudio Arriagada, Ramos Farías, Maya Fernández, María José Hoffmann, Issa Kort, Andrea Molina, Yasna Provoste, Víctor Torres y Camila Vallejo, que establece el 19 de marzo de cada año como el Día del Artesano.
La idea matriz del proyecto es contribuir a conservar las tradiciones que forman parte de la identidad cultural del país mediante la instauración del Día del Artesano, con el objeto de, por una parte, relevar el trabajo que realizan hombres y mujeres en una gran variedad de expresiones en todo el territorio nacional, y, por otra, fomentar su conocimiento y aprecio por las actuales y futuras generaciones a tantos oficios tradicionales con raíces ancestrales.
Su fundamento principal radica en que, a lo largo y ancho del territorio nacional, existe una gran variedad de oficios y expresiones artesanales dignas de reconocimiento, que encuentran sus raíces en tradiciones históricas, ancestrales, transmitidas de generación en generación, que constituyen una importante manifestación de nuestra identidad cultural y parte del patrimonio nacional.
Sus técnicas y las materias primas utilizadas en la elaboración de las piezas artesanales se relacionan directamente con las características del medio geográfico en que se desenvuelven; es decir, están asociadas a determinados espacios o lugares. En síntesis, su resultado es en función del entorno, la naturaleza, la historia y las influencias culturales diversas a las que las comunidades que las producen están expuestas.
En general, su desarrollo histórico supone variaciones en las técnicas, colores y formas de las distintas expresiones artesanales, sean estas el trabajo textil, la alfarería, cestería, orfebrería, talla de maderas y piedras, el trabajo en cuero, entre otros, que dan cuenta de nuestra cultura viva presente en el norte, zona central, sur, zona austral y territorio insular.
En particular, una de las prácticas más comunes es la cerámica o alfarería, que para los grupos indígenas tuvo en un primer momento un uso esencialmente utilitario y también ritual, que fue evolucionando hacia piezas de carácter más decorativo, elaboradas en mayor cantidad y con técnicas que acortan el proceso de modelar la arcilla a mano. De todas formas, muchas técnicas ancestrales se han conservado y, así, muchas piezas de cerámica guardan rasgos indígenas, como las de la alfarería diaguita y mapuche.
Actualmente hay varios centros cerámicos tradicionales definidos por la singularidad de sus piezas, entre ellos Pomaire, Talagante, Quinchamalí y Pilén, este último en la comuna de Cauquenes. En el caso de Talagante, su artesanía tiene su origen en la época de la Colonia, producto de la influencia de las Monjas Claras, que enseñaron su oficio de ceramistas a las mujeres jóvenes del lugar.
La cestería, anterior a la cerámica, era elaborada por los atacameños, mapuches, patagones y fueguinos, quienes fabricaban diversos objetos con fibras vegetales entrelazadas, en que sobresale la técnica de aduja, y hoy destacan centros artesanales en cestería como los de Rari, Chimbarongo, Hualqui y Liucura, aunque actualmente predominan en ellos técnicas diferentes, como el entramado y el ajedrez.
En relación con la textilería, el uso del hilado con mano y del telar de los pueblos indígenas del norte y el mapuche se mantienen hasta el día de hoy; sin embargo, se han visto influenciados por elementos foráneos, producto del sincretismo ocurrido con la colonización española. Destacan en la zona central de Chile, aunque con el tiempo se han incorporado nuevas materias primas, nuevas técnicas y otros tipos de telares, tal como se aprecia, por ejemplo, en los tejidos de chamantos y las mantas de Doñihue del atuendo del huaso chileno.
En cuanto a la talla en madera, destaca el caso de la cultura rapa nui y también la mapuche, con el uso de maderas como el raulí, coihue, roble y otros que han utilizado para manufacturar sus viviendas, objetos domésticos y ceremoniales. Aunque las técnicas en tallado se han mantenido, se han producido variaciones en los antiguos diseños.
La unanimidad de los integrantes se manifestó muy de acuerdo con la iniciativa y sus fundamentos, por cuanto viene a reforzar, mediante su aprobación, el compromiso de la comisión con todas las manifestaciones artísticas que forman parte de la cultura del país, como asimismo con las personas que han hecho posible transmitirlas de generación en generación con dedicación y esfuerzo, tal como ocurre con el trabajo de los artesanos.
Asimismo, concordaron en que la iniciativa representa un merecido reconocimiento al oficio de artesano, porque no es lo mismo un objeto hecho a mano -donde se debe comenzar por preparar los materiales de la naturaleza extraídos del entorno propio que uno hecho en serie que luego se vende como artesanía.
Al respecto, coincidieron en que es necesario que el Estado asuma la protección de las obras de artesanía nacional y de la persona del artesano frente a, muchas veces, la falta de espacios y bienes de uso público para la exposición y venta de los productos y a la falta de una planificación pública entre el sector turístico y el artesano, de forma de instalar y promocionar la artesanía a un nivel de imagen país.
Actualmente, el día del artesano es celebrado el 7 de noviembre de cada año, gracias al decreto Nº 238, de 2003, el que reconoció el valor que entrega este tradicional oficio, reflejo del quehacer de nuestros pueblos originarios.
La comisión celebró el cambio de fecha al 19 de marzo, porque coincide con la celebración del día de San José, celebrado internacionalmente, lo que permite estar en sintonía con el contexto latinoamericano, que celebra el Día del Artesano precisamente el 19 de marzo, propuesto por la iniciativa parlamentaria, lo cual permite sumarse a este encuentro con un matiz internacional, para que Chile y sus artesanos se abran al mundo y participen en esta celebración común, conforme a la multiculturalidad de conceptos que comprende la artesanía nacional.
Por lo expuesto, la comisión, que compartió los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la moción, procedió a darle su aprobación, tanto en general como en particular, por la unanimidad de los siete integrantes presentes, señores Claudio Arriagada, Marcos Espinosa, Ramón Farías (Presidente), Issa Kort, Roberto Poblete, Guillermo Teillier y Víctor Torres.
Finalmente, agradezco a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones que haya aprobado este importante proyecto de ley.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, importa mucho el reconocimiento al esfuerzo de tantas y tantos artesanos de nuestro país. ¡A quién no le consta aquello!
Nuestros compatriotas artesanos no copian su trabajo, aunque a veces sí existe influencia de otros países. Por ejemplo, Neltume y Liquiñe son localidades cordilleranas que recién en las últimas décadas se han abierto al mundo, pero en las cuales ya existía la forma de expresión a través del tratamiento de la madera en la forma de artesanía.
Me alegra que se establezca un día de celebración, porque es algo que, sin lugar a dudas, todos queremos: el día del artesano.
Primero, reconozco a los colegas que presentaron esta moción, y, segundo, considero conveniente tomar en cuenta la petición que nos hacen los artesanos del país en las distintas regiones en cuanto a reconocer aquellos lugares específicos de expresión de la artesanía, denominados “pueblitos de artesanos”.
Por lo tanto, además de anunciar que aprobaré este proyecto de ley, con el deseo de que a los artesanos les vaya bien con este reconocimiento, hago esta sugerencia para que, en un futuro cercano, volvamos a tratar este punto -pudo incorporarse a través de una indicación, pero ya es tarde para reconocer el “pueblito del artesano”, tal como ellos lo solicitan.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto, que establece el 19 de marzo como el Día del Artesano.
En Villarrica, una de las zonas que represento, trabajan más de setecientos artesanos. El hecho de que se establezca ese día es algo muy bueno.
En Pucón acaba de entregarse el sello de excelencia a la artesanía 2016 a un artesano que hace trabajos en madera camino al volcán. O sea, existen artesanos de primer nivel.
En Loncoche vive don Filemón González, artesano a quien todo Chile conoce, y don Ovidio, artesano que trabaja con los cueros y ubres de las vacas. A don Ovidio lo buscan desde todas partes del mundo para que muestre su arte. Él fabrica platos con cuero de animal para las comidas mapuches. Es una cosa maravillosa.
¿Sabe por qué es importante establecer el 19 de marzo como el Día del Artesano? Porque es un reconocimiento a quienes ejercen esa actividad y a la calidad del arte que desarrollan.
Hace pocos días conversé con artesanos de Villarrica y les pregunté por qué todos sus productos llevan la inscripción “Puerto Montt-Chile”. Me respondieron: “Don René, si no lo hacemos, no vendemos nuestros productos. En Puerto Montt no hay artesanos de la misma calidad que aquí. Para que allá nos compren nuestros productos nos exigen colocar esa inscripción.”. Muchas veces he conversado con mi colega y amigo Fernando Meza en relación con ese problema que existe en la comuna de Villarrica.
Veo con mucho interés las ferias costumbristas que se instalan en todo Chile. De hecho, cerca de Lican Ray hay una localidad a la que llegan 12.000 o más personas para visitar una feria costumbrista que realmente llama la atención de todo el mundo.
Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, pues en ese tipo de ferias está ocurriendo algo preocupante: la mayoría de los productos que se venden son de procedencia china. También conversé sobre ese tema con los locatarios, y me dijeron: “Diputado, si no proveemos productos chinos no obtenemos la rentabilidad que queremos.”.
No podemos establecer el Día del Artesano -lo más lindo que tenemos en Chile es nuestra artesanía, que es conocida a nivel mundial y, al mismo tiempo, permitir que en las ferias de artesanía se vendan productos chinos para que los locatarios puedan tener ganancias. Por eso, pido a la gente que concurre a las ferias costumbristas que privilegie la compra de productos chilenos.
En Curarrehue hay tejedoras maravillosas que se instalan a un costado de la municipalidad. Vale la pena ir a ver los chalecos, los calcetines, las muñecas mapuches -se fabrican con lana apelmazada y una aguja y las mantas de huaso. Realmente, es maravilloso lo que uno puede ver en ese lugar. Por eso, los artesanos realmente se merecen, con creces, tener su día.
Asimismo, es importante valorar y valorizar el trabajo que ellos hacen. Siempre he dicho lo he conversado con muchos alcaldes; ojalá, Dios mediante, ello se plasme en un proyecto que patrocine el gobierno que las comunidades deben tener locales para vender sus productos. Hoy tenemos muy buenos caminos, pero la gente pasa y no sabe dónde comprar artesanía. Por ello, es necesario incentivar esa idea.
Al llegar a Curarrehue hay una señora de apellido Epulef, que tiene un restaurante conocido a nivel mundial. Ella vende exclusivamente comida mapuche, lo que también es artesanía. Son cosas necesarias de destacar.
En Villarrica vive Gabriela Nahuelpán, quien tiene una famosa ruca que todo el verano se llena de turistas. Allí prepara comida artesanal chilena.
Con mucho gusto votaré a favor el proyecto, que reconoce el trabajo de los artesanos al establecer un día para su celebración.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Cerrado el debate.
La diputada señora Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Issa Kort, Raúl Saldívar y Roberto Poblete, que no pudieron hacer uso de la palabra, pueden insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, gracias a su morfología y ubicación, Chile es escenario de una gran variedad de climas y accidentes geográficos, y, al mismo tiempo, de distintas formas de vida, es decir, de pescadores, agricultores, vinateros, arrieros y otros que buscaron -al igual que en todo el mundo el significado de su existencia ligados a su entorno físico, creando a partir de materias primas que se encontraban a su alcance, de artefactos que sirvieran para su vida cotidiana.
Es decir, las condiciones materiales en que se desenvuelve el ser humano determinan en gran medida la visión que tiene de sí mismo y de los otros. Al principio, la artesanía fue “la forma” común en que los distintos pueblos modelaron sus primeros frascos o “cacharros”, como en el caso de los diaguitas, los tejidos a mano de grandes obras a telar, costumbre que no es privativa de algún pueblo en particular, porque la encontramos tanto en las culturas aimara, en el norte, como en la cultura mapuche, en el sur de nuestro país.
Sin embargo, a pesar del desarrollo industrial vemos cómo hoy prevalecen estas formas de producción precapitalistas. La razón de esto ha sido la riqueza en la relación directa entre las manos del artesano y el objeto confeccionado.
A esto, Walter Benjamin le llamó el aura. Benjamin señaló que las piezas confeccionadas con las manos eran la viva expresión del trabajo, y esta aura se perdía al momento de su reproducción en serie propia del momento histórico en que nos encontramos, en que lo desechable es un rasgo propio del capitalismo neoliberal, que, como lo he dicho en otras oportunidades, necesita de un consumo reiterado para producir nuevamente los excedentes que sostienen el funcionamiento del sistema económico.
En este sentido, Raymond Williams , en su obra Marxismo y literatura, catalogó esto como aspectos residuales de una sociedad anterior, lo cual si bien es cierto que en la actualidad responde a la búsqueda por parte de quienes gustan de estos artefactos de una relación directa entre materia prima, el trabajo único y al mismo tiempo se reivindica el trabajo manual por sobre el trabajo industrial, ya que en la producción industrial se ha perdido en gran parte la relación entre el creador y el usuario.
Esta relación se manifiesta en el fruto de este trabajo manual, en el que beber un té, un café o un mate de hierbas en jarros confeccionados directamente por las manos de un artesano, adquiere un valor adicional, y parafraseando a Benjamín, el “aura del artesano”.
Sin perjuicio de lo anterior, es preciso decir que la artesanía está directamente relacionada con el pueblo de nuestro país, y la razón de esto es que los productos son en su mayor parte artefactos de uso cotidiano. Esto se refleja en el hecho de que en nuestro país existe gran diversidad en cuanto a artesanos: desde los más tradicionales, que trabajan el cuero, la greda, lana de alpaca u oveja, los que confeccionan mates en calabazas, y quienes -siguiendo el desarrollo histórico han incorporado nuevas materias primas, tales como quienes confeccionan artefactos a base de discos de vinilo viejos, la artesanía en fierro, artesanía en vidrio, y así en múltiples otras áreas.
Este materialismo histórico, por decirle de alguna forma, se refleja en la redacción de este proyecto de ley. Es así como en su considerando quinto se refiere de la siguiente manera a la artesanía: “su desarrollo histórico, supone variaciones en las técnicas, colores y formas de las distintas expresiones artesanales, ya sea ésta el trabajo textil, la alfarería, cestería, orfebrería, talla de maderas y piedras, el trabajo en cuero, entre otros que dan cuenta de nuestra cultura viva presente en el norte, zona central, insular, sur y austral”, lo cual no hace más que confirmar lo dicho por muchos autores, es decir, que existe una relación dialéctica entre el ser humano y el mundo que lo rodea: el hombre modela su entorno al mismo tiempo que el entorno va determinando la cosmovisión que este tiene del mundo.
Señor Presidente, como se indica en los fundamentos del proyecto que discutimos, en Chile actualmente el Día del Artesano se celebra el 7 de noviembre, gracias al decreto N° 238, del año 2003, y la intención de cambiar al 19 de marzo es respetar lo contemplado a nivel latinoamericano, fecha en que coincide con la celebración de San José como muestra de la prevalencia del cristianismo como agente unificador de nuestro continente.
Como he señalado, en pleno siglo XXI nos alegramos del hecho de que prevalezcan estas formas -rudimentarias en muchos casos de subsistencia, porque dan realce a la verdadera cultura de nuestro país en momentos en que la globalización ha alcanzado su máximo esplendor. Esto es un factor que precisamente, aunque suene paradójico, reivindica el trabajo de quienes elaboran sus artefactos con sus propias manos.
Por todas las razones indicadas, saludo cordialmente a quienes desarrollan estas expresiones de arte y del ingenio humano. Por solo nombrar algunos, tenemos a los ceramistas de Pomaire, a quienes practican la cestería en Chimbarongo, a quienes se dedican a los tejidos en alpaca y a otros tejedores, a los artesanos rapa nui, a quienes trabajan el cuero, a los alfareros, a los vitralistas y, en fin, a todos quienes realizan un bello trabajo, muchas veces subvalorado.
Por todo lo señalado, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa legal y felicito a su autores.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el 19 de marzo de cada año como Día del Artesano.
Hago presente a la Sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SEÑORA MÓNICA JAVIERA BLANCO SUÁREZ, RESPECTO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL SENAME
El señor ANDRADE (Presidente).-
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 334 y siguientes del Reglamento de la Corporación, corresponde considerar la acusación constitucional deducida por 12 señoras y señores diputados en contra de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Mónica Javiera Blanco Suárez , respecto de los hechos ocurridos en el Sename.
Antecedentes:
-Acusación constitucional deducida contra la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Mónica Javiera Blanco Suárez, sesión 56ª de la presente legislatura, en 16 de agosto de 2016. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Mónica Javiera Blanco Suárez. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora BLANCO, doña Javiera (ministra de Justicia y Derechos Humanos).-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a todos los honorables diputados y diputadas que hoy nos acompañan en la Sala.
Me presento en este hemiciclo con la convicción que le asiste a quien tiene la certeza de haber sido injustamente acusada y que, por lo mismo, debe defenderse con rigurosidad y respeto de imputaciones infundadas.
Además, cumpliendo con mis obligaciones constitucionales y legales, comparezco a esta sesión con la certeza de que el libelo que se ha presentado en mi contra no alcanza a satisfacer los estándares mínimos que debe tener una acusación constitucional para que pueda ser siquiera declarada admisible, ni tampoco para fundar un procedimiento racional y justo, respetuoso de las garantías constitucionales.
Por ello, no solo por mí, sino por el precedente que debe honrar a esta Cámara, me veo en la necesidad de sugerir a esta honorable Cámara que realice un control de admisibilidad que asegure que esta importante herramienta -la acusación constitucionalno sea distorsionada y desnaturalizada debido a su utilización fuera de los márgenes constitucionales, lo que se da en la especie.
Dicho lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los artículos 19, N° 3, y 52 de la Constitución Política de la República; 43 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 335 del Reglamento de esta honorable Cámara, vengo en plantear la cuestión previa.
En ejercicio de mi derecho a defensa y, específicamente, a defensa técnica, pido que se tenga a bien ceder la palabra a mi abogado defensor, el constitucionalista señor Jorge Correa Sutil, para que exponga y fundamente la cuestión previa.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el abogado señor Jorge Correa Sutil.
El señor CORREA (abogado defensor).-
Señor Presidente, esta defensa deduce la cuestión previa, pues la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala, por lo que debe tenerse por no presentada.
Esta defensa planteó por escrito la cuestión previa ante la comisión informante, dado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, dicha comisión debe informar al respecto.
Voy a resumir las treinta páginas en que se plantea la cuestión previa. Igualmente, pido autorización para utilizar alrededor de cuarenta y cinco minutos para exponer sus fundamentos.
Quiero dar cuenta de cuatro razones por las cuales la acusación debe tenerse por no presentada.
La primera es que el texto no permite determinar de qué se acusa a la ministra, lo que impide a esta honorable Cámara un juicio racional y justo, como lo exige la Carta Fundamental, y a esta parte ejercer su derecho a defensa.
No se sabe por cuántos ilícitos se acusa a la ministra. No es posible saber por cuáles causales se le acusa. Al invocarse causales constitucionales en el libelo, se las altera de un modo que las hacen perder su sentido.
No se describen los hechos que serían constitutivos de cada causal. Al describirse los hechos, estos son elusivos; van cambiando a lo largo de la acusación y se contradicen unos con otros, lo que hace lógicamente imposible sostenerlos todos.
Algunos hechos no pueden coexistir como acusaciones, al menos simultáneas.
Sostendré que, no siendo claros los hechos, ni las causales, admitir a trámite esta acusación conllevaría una vulneración de la Constitución que nos rige.
En segundo lugar, voy a sostener que se acusa a la ministra en virtud de hechos de terceros, muchos de ellos ocurridos con antelación a que ella asumiera su cargo, y de omisiones respecto de deberes en los cuales la ministra no tiene competencia.
En tercer lugar, voy a solicitar que la acusación se tenga por no presentada y se rechace de plano, por cuanto, bajo la apariencia de ilícitos constitucionales, lo que ella contiene es una crítica política, que busca cambios políticos -ciertamente, muy legítimos-. Pero ni los más nobles afanes por cambiar una política pública justifican acusar a una ministra de ilícitos constitucionales. Si así ocurriere, se habría verificado en nuestra patria una mutación del régimen político, y por vías que, por cierto, no son las destinadas al efecto.
Por último, voy a solicitar que se acoja la cuestión previa, porque en el libelo se desprecia su carácter de ultima ratio. Por lo demás, se trata de una acusación con características especiales, pues en forma simultánea a ella se lleva a cabo una investigación. Este sería el único caso en la historia del mundo en que se juzga y se pretende sancionar a una persona mientras se investiga. Esa es la realidad de este libelo.
Como puede apreciarse, invoco principios comunes, esenciales a nuestra convivencia civilizada, y esenciales al cumplimiento del deber de tratarnos unos a otros como personas dignas. Invoco el derecho a defensa y al debido proceso; invoco el principio de que las personas responden por sus propios actos y por los ajenos; invoco la necesidad de no alterar la Carta que nos constituye políticamente, sin un debate abierto y deliberado al efecto; invoco el principio de que se condene a una persona después de haber investigado y no mientras se investiga. Estos principios están en la base de nuestra convivencia colectiva. No son principios que pueden estar o no estar en un texto constitucional. Demostraré que cada uno de esos principios sería infringido si se acepta a trámite esta acusación.
No se trata de formalismos. Sin formas jurídicas no hay democracia, y sin democracia no hay libertad ni progreso. Eso es lo que vengo a argumentar.
Cualquiera de las cuatro cuestiones sobre las que voy a argumentar es suficiente para que se tenga por no presentada esta acusación y se acoja la cuestión previa.
Comienzo con la primera.
Solicito que se acoja la cuestión previa porque no es posible determinar de qué ilícitos se acusa a la ministra; no es posible. Lo voy a demostrar con tres ejemplos.
Primero, ¿por cuántos ilícitos se acusa a la ministra?
El cuerpo del escrito contiene tres capítulos: faltar a la probidad y, por lo tanto, infringir la Constitución; dejar sin ejecución las leyes y, tercero, haber comprometido gravemente el honor de la nación.
Pero la parte petitoria del escrito -o sea, allí donde dice por qué debe destituirse a la ministra señala literalmente lo siguiente: “Declare ha lugar la presente acusación constitucional, para que luego el Senado la acoja y, habiendo declarado la culpabilidad de la señora Mónica Javiera Blanco Suárez, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, la destituya de su cargo en conformidad al artículo 53, N° 1 de la Carta Fundamental, por haber infringido los artículos 8º y 52, número 1), letras b) y c), de la Constitución Política de la República, y por dejar sin aplicación la Convención de Derechos del Niño y el artículo 2º, letra i) del decreto ley N° 3.346, en relación con el artículo 1º del decreto ley N° 2.465.”.
Honorable Cámara, ¿dónde está la petición de que se acuse a esta ministra por haber comprometido gravemente el honor de la nación? No está.
El libelo no pide a la honorable Cámara acusar a la ministra, ni al Senado destituirla por la causal de haber comprometido gravemente el honor de la nación. Esto no es un mote, honorables diputados y diputadas; esto no es un acento mal puesto. La parte petitoria contiene lo que se pide a la Cámara de Diputados hacer. Sobre esa base la Cámara adquiere su competencia, o sea, aquello que puede hacer solo a partir de aquello que se le pide. No puede el juez conceder ni más ni menos que aquello que se le pide, y sobre eso debe pronunciarse.
¿Tiene o no competencia esta honorable Cámara, a la luz del libelo que hoy debe analizar, para juzgar a la ministra por haber comprometido gravemente el honor de la nación? ¿Debe esta parte defenderse de esa acusación o no?
Este es un libelo tan poco riguroso, que no puede conducir a una acusación sobre la base de tres capítulos -tres capítulos desarrollan el cuerpo del escrito-. ¿No es hora, honorable Cámara, de que los acusadores aclaren esta cuestión?
Sería posible si en este caso hubiese una posibilidad, como la hay en el procedimiento civil, de establecer la ineptitud del libelo y de que este sea corregido. Pero no existe esa posibilidad. El libelo se basta a sí mismo. Por lo tanto, ya no puede enmendarse o corregirse. Ya no podemos saber. No pueden ustedes saber si deben juzgar y acusar a la ministra por dos o tres causales. Es físicamente imposible aquello.
¿Puede conducirse un proceso racional y justo? ¿Puede esta honorable Cámara emitir un juicio que se diga justo, después de este problema?
Por bastante menos se desestimó la acusación en contra del ministro Rodríguez Grossi, a quien se había acusado citando preceptos mal numerados de la ley. Y esta honorable Cámara dijo en esa oportunidad: “Este descuido, que pudiere parecer baladí en sede procesal constitucional, no es menor toda vez que el señalamiento errado de la numeración de los artículos citados ha dificultado el derecho a defensa.”. ¡La numeración de los artículos citados! No es lo que estamos presentando en esta ocasión, honorable Cámara. Estamos presentando un libelo en virtud del cual no pueden ustedes, ni esta defensa, saber por cuántos ilícitos se está acusando a la ministra.
¿”Formalidades”, me dirá alguno? No, son formas democráticas que dividen un debido proceso de uno que no lo es.
¿Qué diríamos de un juicio si se imputa a una persona el delito de lesiones y se la condena por hurto?
El debate entre los que enfatizan la dimensión política y la dimensión jurídica de la acusación constitucional no debe nublarnos la vista. Estamos frente a una acusación por un ilícito. Es decir, la ministra es arraigada y, en el evento de prosperar la acusación, es destituida de su cargo, con lo cual, además, pierde sus derechos políticos por cinco años. En otras palabras, no puede ejercer alguna función pública y pierde el derecho humano fundamental, reconocido por todos los tratados internacionales y por nuestra Constitución, de poder acceder y de poder postular a cargos de elección popular. Esa es una pena de crimen (artículo 21 del Código Penal).
Por lo tanto, más allá de la connotación política que tiene este juicio, este es un juicio, y los juicios deben conducirse conforme a un debido proceso, lo que está ausente en esta oportunidad.
Quiero dar un segundo ejemplo que acredita que este libelo no tiene las características propias para ser admitido a trámite.
No podemos saber de qué se acusa a la ministra, porque el cuerpo del escrito le atribuye un ilícito y la parte petitoria otro ilícito. Si leemos la parte petitoria del escrito, veremos que en ella se acusa a la ministra de haber infringido la Constitución -y se citan artículos de la Constitución-. En cambio, el cuerpo del escrito la acusa de haber infringido la Constitución y las leyes. ¿Por cuál de las dos opciones va a optar esta honorable Cámara? ¿Por acusarla según el cuerpo del escrito, por haber infringido la Constitución y las leyes, o solo por la infracción de los preceptos constitucionales que se citan en la parte petitoria?
Con este nivel de contradicción es imposible que sus señorías conduzcan un juicio justo. Es imposible que lleguen a una decisión que pueda llamarse de justicia. Es completamente imposible para esta parte defenderse. Estos no son vicios de una parte o de otra de la acusación; son vicios de la acusación. La acusación es una sola, la defensa es una sola y la votación es una sola.
Estoy leyendo la página 17 de libelo. En ella se dice que la ministra infringió la Constitución y las leyes.
Tercer ejemplo que acredita que no podemos saber de qué se acusa a la ministra.
¿Se va a acusar a la ministra de aquello que se le acusa en el libelo acusatorio o de una causal contemplada en la Constitución?
En el Capítulo tercero, en el cuerpo del escrito -no en su parte petitoria, porque ya vimos que la parte petitoria no pide destituirla por haber comprometido gravemente el honor de la nación-, se acusa a la ministra de comprometer gravemente el honor de la nación. La causal constitucional es “haber comprometido gravemente el honor de la Nación”. ¿Una diferencia baladí? No, vuestras señorías: “Haber comprometido” gravemente el honor de la nación es un tiempo verbal pasado que exige que ese compromiso ya se haya verificado; “comprometer” el honor de la nación es distinto.
Si esta Cámara de Diputados llegara a acusar a la ministra por “comprometer” gravemente el honor de la nación, la habrá acusado por una causal que no está en la Constitución. Si, en cambio, la acusara de “haber comprometido” gravemente el honor de la nación, la acusará por una acusación que no se ha deducido.
¿Por cuál de las dos optarán vuestras señorías? Una y otra implican infringir la Constitución; una y otra implican despreciar formas básicas de un debido proceso. No puede optarse por ninguna de las dos. Queda una sola alternativa: tener esta acusación por no presentada.
Honorables diputados y diputadas: cambio de los ilícitos a los hechos, y me pregunto si estos permiten sostener la acusación. Los hechos son elusivos, van cambiando o son abiertamente contradictorios. Voy a poner algunos ejemplos.
Los hechos son muy importantes; es respecto de ellos que vuestras señorías tienen que pronunciarse, en cuanto a si están suficientemente acreditados y, si están acreditados, configuran la causal que establece la Constitución.
Nada menos que esa es la importancia de los hechos.
Pues bien, voy a ilustrar tres ejemplos, nada más, de cómo es imposible que ello pueda ocurrir.
Primero, hay un carácter cambiante y, lógicamente, contradictorio de los hechos descritos en el Capítulo primero. Leo la acusación: “La Ministra infringió abiertamente el principio de probidad, al actuar de forma deshonesta, faltando a la verdad, al entregar a sabiendas falsas cifras de niños fallecidos”.
Esa -entiendo yoes la acusación de faltar a la probidad: dar cifras falsas respecto del número de niños fallecidos. Eso es en la página 20.
Se reitera en la página 21: “…la entrega de información abiertamente falsa sobre el número de niños, niñas y adolescentes fallecidos…”.
En la página 15 la acusación cambia: ya no es la ministra de Justicia la que entregó cifras falsas; es el Ministerio de Justicia el que entregó cifras falsas. Algo más cuidadoso.
¿A quién se va a acusar? ¿A la ministra o al ministerio?
Pero lo que ahora quiero destacar es que en la página 21 del libelo la acusación es distinta: se acusa a la ministra por no dar respuestas a las preguntas que motivaron su citación el 2 de agosto; “se limitó -dice el libelo en la página 21a responder con evasivas”.
O sea, la acusación consiste, por una parte, en haber faltado a la verdad, porque se entregaron cifras falsas, y en otra parte consiste en haber omitido información, o sea, haberse negado a dar información, y en otra parte -página 22consiste en acusaciones contradictorias.
Sobre la cifra de niños fallecidos puede omitirse información o entregarse información falsa, pero las dos cosas no son lógicamente posibles. Por lo tanto, vuestras señorías tendrían que escoger cuál de las dos acusaciones pueden hacer.
Voy a intentar salvar esta contradicción; voy a suponer que de lo que se le acusa es de entregar cifras falsas sobre los niños fallecidos y, en cambio, de omitir información sobre los actos que ella habría realizado en defensa de los niños en el Sename.
Supongamos que esa es la lectura que debemos hacer.
Honorable Cámara de Diputados, entonces es imposible sostener la acusación II, porque el Capítulo segundo de la acusación acusa a la ministra de no haber hecho nada. Entonces, si alguien no hace nada en defensa de los niños, no puede acusársele de haber omitido información sobre lo que hizo, porque, si no hizo nada, entonces no cabe la posibilidad de que la ministra… ¿Cuál es la deshonestidad? ¿Haberse sentado en la interpelación y haber falseado información, haber inventado actos que no realizó?
Son físicamente imposibles esas dos acusaciones. No se puede acusar a alguien de no hacer nada, y luego acusarlo de omitir información sobre lo que hizo. Eso es lógicamente imposible, y eso contiene la acusación que hoy se somete a vuestra decisión.
En el Capítulo primero hay una contradicción entre los hechos que se relatan y los preceptos constitucionales que se dicen infringidos. El Capítulo primero señala que la ministra habría infringido el principio de probidad contenido en el artículo 8° de la Constitución y las letras b) y c) del número 1) del artículo 52 de la Carta Fundamental.
Esos son los preceptos que se dicen infringidos.
Pero ocurre que la información sobre la cifra de niños fallecidos que entrega el Sename, no la ministra -no importa, iré a eso en la segunda razón-, proviene de un oficio pedido por el honorable diputado Saffirio en Sala . O sea, no en el marco de una interpelación ni tampoco en el marco de una comisión investigadora, sino en la Sala. Así consta en el anexo N° 2 de la acusación.
Por lo tanto, a través de la respuesta que un organismo da, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, es imposible infringir normas que se refieren, una, a las interpelaciones, y otra, a las comisiones investigadoras.
Hay una contradicción, de nuevo, completamente insalvable. ¿De cuál de las dos cuestiones se le acusará? ¿De infringir la verdad en virtud de un oficio que no está en las letras b) y c) del número 1) del artículo 52, o, en cambio, por los preceptos que se dice que infringió?
Honorable Cámara de Diputados, no es posible emitir un juicio justo. No es posible emitir un juicio justo. Este libelo podrá volver a presentarse. Ciertamente, puede volver a presentarse, pero sobre la base de este no puede emitirse un juicio justo ni puede esta defensa ejercer sus legítimos derechos.
¿Cuáles son los hechos atribuidos?
Voy a ilustrar esto a propósito del Capítulo segundo.
A la Honorable Cámara de Diputados se le ha pedido, en el Capítulo segundo, acusar a la ministra “por dejar sin aplicación la Convención de Derechos del Niño y la letra i) del artículo 2° del decreto ley N° 3346, en relación con el artículo 1° del decreto ley N° 2465.”.
El decreto ley N° 3346, que es el esencial entre los que se citan -fija el texto de la ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, dispone textualmente: “Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos corresponden las siguientes funciones:…”.
O sea, se cita una disposición que establece los deberes del órgano para acusar a una ministra de haber dejado sin ejecución sus obligaciones.
Cito ahora el cuerpo del escrito: “El referido informe fue remitido a la señora Ministra (…) y han sido prácticamente nulas -me refiero a la Contraloría General de la República las acciones que ha llevado a cabo la Secretaria de Estado.”. Luego, como prueba de la nulidad de esas acciones, se dice: “… prueba de ello son las innumerables muertes y las denuncias de abusos y maltratos de las que han sido objeto niños, niñas y adolescentes en centros del Sename, durante los últimos meses.”
La causal constitucional, honorable Cámara de Diputados, no consiste en haber dejado de cumplir deberes o de abandonarlos; la causal constitucional es muy clara: consiste en haber dejado leyes sin ejecución. Pero eso no se cita; se citan deberes genéricos del Ministerio de Justicia.
Una ministra deja sin ejecución las leyes cuando no dicta un reglamento que es condición necesaria para que aquella rija o porque no constituye un organismo que es indispensable para que la ley tenga ejecución. Esas son causales, ciertamente. Pero de lo que el libelo acusa a la ministra es de una inacción genérica y de un resultado: un deber genérico que recae sobre el Ministerio de Justicia y un resultado de muerte del cual -supongono se está haciendo culpable a la ministra.
No es posible conducir un debido proceso si las acusaciones son así de elusivas.
Dejo atrás -agradezco el tiempo que se me ha concedidoel debido proceso, dejo atrás los vicios formales de esta acusación, para referirme a una segunda causal por la cual esta cuestión previa debe ser acogida.
Debe acogerse la cuestión previa por cuanto la acusación no persigue la responsabilidad personal y directa de la ministra, sino que le atribuye responsabilidad por hechos de terceros. La loable tradición de esta honorable Cámara de Diputados ha sido desestimar todas las acusaciones en virtud de las cuales se acusa a un ministro por hechos de terceros.
Tomo como ejemplo las acusaciones constitucionales en contra de los exministros de Hacienda Alejandro Foxley y de Minería Alejandro Hales, respecto de las cuales la comisión respectiva dijo que la acusación constitucional debe fundarse en un acto personal.
El mismo criterio se sostuvo en el informe de la comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional contra el exministro de Justicia Luis Bates, que señaló: “en caso alguno puede prosperar una acusación constitucional que se funda en infracciones o incumplimientos de otras personas, sean éstas autoridades o particulares, por cuanto la responsabilidad que persigue hacer efectiva la acusación es siempre de carácter personal.”.
Otro de sus párrafos sostiene: “se requiere necesariamente que las actuaciones imputadas al acusado correspondan a acciones positivas atribuibles directamente a su actividad,”.
Ese es el estándar que esta honorable Cámara ha seguido, que es civilizatorio, ya que hace responsables a las personas por sus propios actos y no por hechos de terceros. Es un principio civilizatorio, debido a que solo los pueblos bárbaros escogían una víctima propicia al azar para calmar a los dioses o el clamor popular.
Cuatro situaciones demuestran que aquí se está acusando a la ministra por hechos de terceros:
Primero, si asumimos que la acusación por faltas a la probidad consiste en falsedades, ellas no le son imputables.
En la página 20 del libelo acusatorio se dice: “La Ministra infringió abiertamente el principio de probidad, al actuar en forma deshonesta faltando a la verdad, al entregar a sabiendas falsas cifras…”. Sin embargo, el Capítulo primero de la acusación no dice cuáles serían las palabras que la ministra habría proferido, dónde habría entregado esas cifras o cuáles son sus actos personales. ¡No lo dice! Hay algunas imputaciones personales en la Segunda Parte, denominada “Los hechos sobre los que se basa la presente acusación constitucional”, que es una relación que el libelo no vincula con ningún capítulo en particular. O sea, los acusadores tienen que adivinar a cuáles capítulos se refieren los hechos que se describen en un capítulo inicial. Eso sería suficiente para que esta acusación fuera desestimada.
En la página 15 del libelo acusatorio, se dice: “La respuesta oficial del Ministerio de Justicia,…”, no de la ministra. El Ministerio de Justicia no es lo mismo que la ministra. La ministra no tiene intención alguna de eludir sus responsabilidades. Si entramos al fondo, ella va a responder por cada cosa que hizo.
Sin embargo, el único oficio acompañado al libelo acusatorio que proviene del Ministerio de Justicia y que contiene cifras es el N° 1699, del 7 de julio de 2016, acompañado como anexo 3 en la acusación, lo suscribió el director nacional del Sename. O sea, no se acusa a la ministra por un documento que ella haya suscrito, sino por uno que suscribió el director de uno de sus servicios dependientes, lo que vulnera el artículo 36 de la Constitución Política de la República, que dice que los ministros son responsables por los actos que suscriban.
Segundo ejemplo que ilustra que se acusa a la ministra por hechos de terceros.
Al acusar a la ministra por dejar sin ejecución las leyes al no dictar normas e impartir instrucciones a sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento, se yerra en el conocimiento de a quién corresponden esas competencias. El artículo 5 del decreto ley N° 2.465, de 1979, que crea el Sename, dice: “Al Director Nacional le corresponderán las siguientes atribuciones:
1.- Dirigir, organizar, planificar y supervigilar el funcionamiento del Servicio.”.
Por su parte, su número 3 dispone: “Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Servicio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su eficiente funcionamiento.”.
¿A quién corresponde la supervigilancia del Sename? ¿Al director del Sename o a la ministra? ¿Estamos o no estamos en un Estado de derecho, donde el artículo 7° de la Constitución establece que si alguna autoridad excede su competencia, el acto es nulo y acarrea las responsabilidades que la ley establece?
La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 23, establece que los ministros tendrán la responsabilidad de la conducción de sus respectivos ministerios, mientras que su artículo 24 dispone que a los subsecretarios les corresponderá coordinar la acción de los órganos o servicios públicos del sector.
Sin embargo, existe una imputación precisa en el Capítulo segundo, ya que allí se acusa a la ministra por el incumplimiento de un deber específico, cual es haber incumplido la obligación de iniciar sumarios luego de que la Contraloría General de la República hubiera denunciado irregularidades.
El libelo dice: “hubo casos en que la institución no abrió sumarios para establecer las circunstancias del fallecimiento de niños, niñas y adolescentes,”, etcétera. De nuevo habla de “institución”.
El artículo 129 del Estatuto Administrativo establece: “El sumario administrativo se ordenará por el jefe superior de la institución,”; o sea, él único que tiene atribuciones para abrir un sumario personal del Sename es el director de la institución, facultad que no posee la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Si esa ministra iniciara un sumario, vulneraría el artículo 7° de la Constitución Política de la República, por lo que esta acusación constitucional tendría que prosperar por atribuirse funciones que no le corresponden.
Señor Presidente, tengo instrucciones precisas de la ministra para insistir en que no se desea eludir ninguna de las responsabilidades. Vamos a dar cuenta de cómo la ministra supervisó al Sename; vamos a enumerar los oficios en virtud de los cuales se solicitó abrir los sumarios y que se pidió cuenta de ellos y del estado de los mismos, si entramos en la cuestión de fondo; pero estamos en la cuestión previa.
Ya cité los precedentes que hay al respecto en esta honorable Cámara. Sé que los precedentes no son obligatorios en esta instancia, pero el principio básico y de civilización es que las personas responden por sus hechos, los cuales deben ser claros y precisamente enunciados como actuaciones personales.
Tercer ejemplo de que se atribuyen responsabilidades por hechos ajenos.
El libelo funda la acusación en las deficiencias detectadas por el informe de auditoría de la Contraloría General de la República de diciembre de 2015. Hay un capítulo en la acusación que dice que dejó de cumplir las leyes, especialmente a partir de este informe de la Contraloría General de la República.
Pues bien, el informe de la Contraloría -está en el anexo 7dice: “Corresponde precisar que la auditoría efectuada consideró la totalidad de los fondos recibidos por los centros durante el año 2013”.
Más adelante señala: “En definitiva, el programa de auditoría consideró la emisión de 14 informes finales, emitidos entre el 3 de septiembre y el 26 de diciembre, ambas fechas de
2014”. Cabe señalar que la ministra asumió en mayo de 2015. O sea, las infracciones que allí se señalan no le pueden ser imputables jurídicamente.
Es cierto que la acusación agrega que luego de eso no hizo nada; pero, insisto, en primer lugar, no hacer nada no es una causal de vulneración y de ilícito constitucional en nuestro sistema jurídico, y en segundo lugar, si entendemos que no hacer nada es un ilícito, pues entraríamos al fondo, con base en 17 documentos que acreditan que la ministra sí hizo algo, y bastante.
El cuarto y último ejemplo por el que se acusa a la ministra de hechos que no le son propios. La acusación de haber comprometido gravemente el honor de la nación se funda esencialmente en dos artículos de prensa que aparecieron en diarios electrónicos y en un informe del Comité de Derechos del Niño, entregado al país el 30 de octubre de 2015, que hace algunas críticas y entrega recomendaciones respecto de la situación de los menores del Sename.
El informe, que está anexado a los documentos que vuestras señorías tienen a la vista, examina las condiciones de los niños en situación irregular entre los años 2007 y 2012. La ministra empezó a ejercer su cargo en mayo de 2015.
¿Va a decir esta honorable Cámara que ha emitido un juicio justo al acusar a una persona por las irregularidades que aparecen en un informe que examinó esa situación tres años antes de que la ministra asumiera su cargo? La verdad, no podría creerlo.
Señor Presidente, a través de usted, agradezco a los parlamentarios su paciencia y el haberme escuchado.
Me referiré a la tercera razón por la cual este libelo debe ser desestimado unánimemente por esta Cámara.
Al consistir en una crítica política, la acusación exorbita los casos para los que la Constitución la autoriza. Admitirla a trámite y juzgarla en el fondo, implicaría alterar nuestro régimen político de un modo irregular y, con ello, infringir la Carta Fundamental.
Señor Presidente, me permitiré leer algunas partes de la acusación.
El capítulo de las Conclusiones debiera decir: “Por tanto, se ha demostrado que la ministra ha infringido tal ley o tal otra, y que ha dejado sin ejecución cualquiera de estas normas, como ha quedado demostrado.”. Eso debieran contener las conclusiones de un libelo acusatorio. Pero las conclusiones son otras.
Se han formulado innumerables diagnósticos y propuestas sobre el tema de la infancia en Chile, y se ha generado consenso en cuanto a que se deben realizar cambios institucionales profundos a nivel del Estado. ¡Eso es lo que motiva esta acusación: que se realicen cambios profundos a nivel del Estado! La conclusión señala que debemos tomar esta temática con una perspectiva de país.
El párrafo final del libelo comienza diciendo: “Es la hora de que reparemos esta situación y paguemos esta enorme deuda con nuestros niños y avancemos esta vez decididamente en mejorar la situación de la infancia en Chile,”.
Por lo tanto, el propósito que mueve a la acusación -acabo de citar el libelo acusatorioes una propuesta política, ciertamente muy legítima. Las conclusiones develan con claridad que lo que mueve a la presentación del libelo no es perseguir una responsabilidad ministerial ni sancionar un ilícito, sino cambiar una política. La propuesta ciertamente es noble. ¿Quién no la suscribiría? Pero la acusación constitucional no es el modo de lograrla.
En la página 11 del texto de la acusación, al momento de describir los hechos, se señala: “Desde el inicio de la administración de la Señora Ministra (…) se han suscitado una serie de problemáticas de gestión, manejo de la información…”.
Reitero: “… problemáticas de gestión, manejo de la información…”.
En la página 13 del libelo se acusa a la ministra de carecer de voluntad para dar continuidad a la gestión realizada.
Luego se agrega que firmó el decreto de nombramiento de don Hugo Herrera como director del Sename, que es considerado continuador de la anterior directora.
Ciertamente, la ministra firmó el decreto en virtud del cual se nombró al nuevo director del Sename; pero el día en que el Congreso Nacional destituya a un ministro de Estado porque no le parece conveniente el nombramiento de un jefe de servicio, ese día se habrá modificado nuestro régimen presidencial y pasará a llamarse régimen parlamentario.
Hay muchas críticas a nuestro régimen hiperpresidencial, las cuales comparto. ¡Qué duda cabe de que es necesario cambiar las atribuciones del Presidente de la República y otorgar más atribuciones al Congreso Nacional! Pero la forma de hacerlo es en una deliberación abierta y en una decisión consciente. Ya lo hicimos una vez en 1891, cuando cambiamos el régimen político solo por la vía de las interpelaciones parlamentarias, y sabemos cuál fue el resultado.
En la página 28 del libelo se acusa a la ministra de la siguiente forma: “Creemos que resulta aún más insostenible e injustificable que la señora Ministra de Justicia, no asuma sus responsabilidades políticas, como lo debería hacer cualquier servidor público, que tenga un mínimo sentido de la dignidad de su cargo,”.
Aquí hay una imputación personal cierta: la ministra carece de dignidad. ¡Es una acusación fuerte, casi injuriosa! Esa es la acusación personal que veo en este libelo. Carecer de dignidad es una crítica política muy fuerte. No la había oído en un libelo de esta naturaleza.
¡Aquí está formulada! No es una causal de destitución carecer de dignidad, sino que es una crítica política; muy fuerte, pero es una crítica política.
En la acusación constitucional deducida en contra de Luis Bates, se señaló: “Esta Comisión desea dejar en claro que aceptar la señalada construcción de los parlamentarios acusadores no es otra cosa que aceptar la errada tesis de que la acusación constitucional constituye un mecanismo de enjuiciamiento o reproche de la actuación de ciertos funcionarios, sin que importen las causales constitucionales de procedencia, tal y como ocurre, con el juicio político o moción de censura en los regímenes políticos de corte parlamentario. Aceptar su aplicación no es sino aceptar un mecanismo parlamentario que la Constitución de 1980 quiso erradicar de plano.”.
Honorables parlamentarios, yo sé que es harto discutible citar las actas de la comisión redactora de la Constitución de 1980. Algunos estiman que la Constitución no debe interpretarse por aquello que se hizo antes de su dictación, mientras nos encontrábamos en dictadura; pero, honorable Cámara, no puedo dejar de mencionar que el presidente de esa comisión, el señor Ortúzar propuso “dejar constancia unánime en Actas de que el Ministro cumple su obligación -en el caso de la fiscalizacióncon el solo hecho de responder y que a la Cámara de Diputados no le cabe la facultad de entrar a calificar la respuesta”.
Jaime Guzmán dijo: “La acusación constitucional no tiene que derivar de una contestación insuficiente” -ante actos de fiscalización-, y agregó que ello implicaría abrir la brecha del parlamentarismo en Chile,” para luego concluir reiterando “la necesidad de ser tajantes a este respecto: cualquier respuesta material -de un ministro ante un acto de fiscalizaciónimplica cumplimiento cabal de la obligación.”.
Agradezco vuestra paciencia, señor Presidente, y concluyo con la cuarta y última razón por la cual debe acogerse la cuestión previa.
La acusación constitucional deducida en contra de la ministra no respeta la denominada ultima ratio, esto es, que la acusación constitucional solo procede en aquellos casos en que se han empleado los demás mecanismos legales para corregir una política que se critica. Esta honorable Cámara lo ha establecido en innumerables oportunidades, y en la contestación por escrito hago saber aquello.
Ante la comisión, el señor Patricio Zapata lo dice con mucha claridad: “solo cuando estas -los otros instrumentosse han demostrado insuficientes uno tiene derecho y es legítimo echar mano a una especie de bomba atómica o ultima ratio.”.
En el caso de la acusación en contra del entonces ministro de Economía, señor Jorge Rodríguez Grossi , la comisión informante -quiero citarlo, porque me parece particularmente interesantedice: “Tampoco puede dejar de mencionarse el hecho que a juicio de la mayoría de la doctrina constitucional chilena, y tal como ha quedado consignado en la historia de la última década de acusaciones constitucionales -mayoría de la doctrina-, este instituto jurídico debe ser considerado como la ultima ratio del derecho público chileno,”.
Se dice también lo mismo en el caso de la acusación deducida en contra del entonces ministro Luis Bates , pero no lo voy a reiterar.
Hay una aceptación generalizada de que esta es una institución de ultima ratio.
Estoy consciente de que no cabe abusar de este argumento y que, si uno lo lleva al extremo, la ultima ratio podría no cumplirse nunca y, por lo tanto, jamás podría esta honorable Cámara ejercer una atribución que le es propia, y luego el Senado destituir a los ministros de Estado cuando se den esas causales.
En esta oportunidad me parece que estamos muy lejos de esa línea, porque la Cámara de Diputados se encuentra investigando exactamente los hechos por los cuales esta ministra es acusada. Hay una comisión investigadora, cuya labor termina en enero de 2017, que examina cómo ha progresado el Estado de Chile desde que esta misma Cámara, en 2004, hiciera una enorme contribución a la condición de los menores en situación irregular, particularmente del Sename. En esa ocasión, visibilizó el problema, obligó al Ejecutivo a cambiar sus políticas y, hasta la fecha, continúa fiscalizando esas tareas.
El mandato de la comisión investigadora es analizar si el país ha progresado, avanzado o retrocedido en ese ámbito, o si quedan pendientes algunas cuestiones, lo que por cierto sucede.
Honorable Cámara, sería perfectamente posible que en esta oportunidad se acusara constitucionalmente a la ministra y que, posteriormente, la comisión investigadora, en su informe, concluyera que ha habido progresos; quizás insuficientes, pero progresos a fin de cuentas.
¿Cómo queda esta honorable Cámara si concluye dos cosas contradictorias? ¿Cómo queda el Estado de Chile cuando el organismo llamado a fiscalizar señala que hay mérito para acusar constitucionalmente a una ministra y luego señala que en el período en que ejerció la ministra destituida se avanzó algo o más que en otros períodos? Por el contrario, si hoy se rechaza la acusación constitucional y luego la comisión investigadora concluye que la ministra ha infringido la Constitución y las leyes, o las ha dejado sin ejecución, ¿se va a entablar una segunda acusación por los mismos hechos que en esta oportunidad?
La única salida razonable es entender que esta acusación no se ha interpuesto, porque la Cámara de Diputados -si se me permite decirlose falta el respeto a sí misma cuando, en medio de una investigación, acusa. Este es un hecho inédito que quedaría grabado en la historia del mundo, en que una persona es destituida y luego continúa la investigación sobre su actuación.
Lo mismo ocurre con el Comité de Derechos del Niño, que regresará a Chile a hacer un reporte sobre lo que ha ocurrido en este tiempo. ¿Qué pasa si se destituye a la ministra por no haber atendido a aquello que establecía el Comité de Derechos del Niño, pero en su próxima venida este comité dice que nota progresos en estas materias?
Concluyo invocando la Carta Fundamental y los valores cardinales que ciertamente toda Constitución, la actual y cualquiera que podamos elaborar, va a contener siempre. También invoco la noción de un justo y racional procedimiento, que en otras latitudes llaman debido proceso.
Al juzgar a una persona y condenarla es indispensable que lo que se le impute sea claro, sea preciso y no sea contradictorio, tanto en los ilícitos como en los hechos. En este libelo ello no ocurre; por lo tanto, es imposible a esta honorable Cámara conducir un juicio justo y racional procedimiento; es imposible emitir un juicio justo sobre la base de este libelo; es imposible ejercer el derecho a la defensa en estas condiciones. Este libelo debe considerarse inepto y por no presentado.
Apelo a otro principio que nos reúne como país civilizado: la responsabilidad siempre es personal. Las personas en este país solo pueden ser juzgadas por sus actos propios, salvo excepciones legales que no se aplican en esta materia. Por noble que sea una causa y por duros que sean los relatos de la muerte de un niño, no es un acto civilizado juzgar a una persona en un libelo acusatorio por hechos anteriores al período en que ejerce su mandato y, en varios casos, ajenos a su competencia constitucional.
En tercer lugar, apelo a no cambiar el régimen político por otro de esta manera. Muchos compartimos el parecer de que uno de los males de la Constitución Política que nos rige es su hiperpresidencialismo; pero no nos cabe corregirlo infringiéndola. La crítica política no puede conducir a que los ministros de Estado sean cambiados. Lo dijo con mucha claridad ante la comisión la profesora Miriam Henríquez : “La presente acusación constitucional no cumple con los requisitos establecidos para su procedencia, pues las razones en que pretende fundarse no se vinculan con las causales de la acusación constitucional”. Repito: “…no se vinculan con las causales…”.
Aceptar la cuestión previa, honorables diputados y diputadas, no significa que aquellos que la voten a favor queden obligados a dejar de criticar a la ministra de Estado. Acoger la cuestión previa simplemente significa distinguir entre la legítima crítica política y el juicio jurídico-constitucional. Personeros de la propia coalición a la cual pertenece la ministra de Justicia están pidiendo cambios de ministros. Ello es parte de la crítica política que nos permite progresar. Pobre sería la actuación de esta Cámara si no fiscalizara o si sus integrantes, particularmente los de oposición, no criticaran. Distinto es juzgar a una autoridad como autora de ilícitos.
Desestimar de plano esta acusación constitucional no inhibirá a nadie de decir que la ministra de Justicia ha sido poco diligente o que no ha sido eficaz en el cumplimiento de sus deberes, pues esa es otra discusión. Pero no cambiemos el régimen político sin coherencia, sin un mínimo de consistencia. No cambiemos un régimen político por la vía de infringir la Carta Fundamental.
Se ha intentado una acusación que no respeta -como queda hoy demostradola ultima ratio propia de la naturaleza de esta acción parlamentaria, y por razones particularmente especiales: porque está en curso una investigación y porque aceptar esta acusación implicaría adelantar la decisión de destitución antes de la investigación. Ese es un error jurídico manifiesto; es una arbitrariedad.
El ejercicio de una de las más delicadas tareas que corresponden a esta honorable Cámara, como es la de acusar, la de juzgar y de abogar por la destitución y pérdida de derechos de un ministro de Estado, sumado a la sanción penal de inhabilidad, exigen de un rigor que está ausente en el libelo que nos ocupa, por lo cual no prestigiará a esta honorable Cámara ni a la política chilena aceptar esta falta de rigor cuando de lo que se trata es de acusar a una persona.
Permítaseme terminar con un juicio político.
Nuestra Constitución Política tiene formas, y son las formas las que evitan la arbitrariedad y nos permiten tratarnos dignamente. Al sustituir el régimen binominal por uno proporcional sin alterar nuestro hiperpresidencialismo, avanzamos hacia gobiernos que difícilmente tendrán mayorías estables en el Congreso Nacional, pues nadie sabe de qué signo político serán. Estoy seguro de que todos concordarán en que, bajo esas condiciones, saltarse los resguardos formales de una acusación y destituir ministros porque no cuentan con la confianza del Congreso Nacional arriesga rotativas ministeriales, y en estado de rotativas ministeriales no podrán implementarse buenas políticas públicas en ninguna materia, incluyendo la protección de la infancia.
Termino mis palabras agradeciendo a vuestras señorías su atención. Pido disculpas por el tiempo que he tomado y solicito a esta honorable Cámara que acoja la cuestión previa y tenga por no presentada esta acusación.
Muchas gracias, señor Presidente.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
A continuación, corresponde oír a los diputados miembros de la comisión informante.
Se ha establecido el siguiente orden para el uso de la palabra: primero, la diputada Karol Cariola, y después los diputados Issa Kort, Iván Flores, Gonzalo Fuenzalida y Leonardo Soto.
Tiene la palabra la diputada Karol Cariola.
La señorita CARIOLA (doña Karol).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco ; al ministro secretario general de Gobierno, señor Marcelo Díaz; al abogado defensor, señor Jorge Correa Sutil, y al subsecretario de Justicia, quienes se encuentran presentes en la Sala.
Lo primero que debo expresar es el agradecimiento a mis colegas por la confianza depositada al elegirme, por unanimidad, Presidenta de la comisión. En verdad, lo que más rescato de este proceso es que en mi ejercicio parlamentario me ha permitido nutrir mis conocimientos y convencerme aún más de las profundas falencias que tiene nuestra Constitución Política.
En este breve plazo como Presidenta de la comisión, permanentemente busqué resguardar el mandato que nos dio esta Cámara, especialmente en relación con lo que establece la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. También cumplimos con los plazos establecidos y con el mandato de estudiar la acusación y su procedencia respecto de la responsabilidad jurídica en relación con lo que establece el artículo 52, N° 2), letra b), de la Constitución Política de la República.
Los precedentes para nuestro análisis fueron los siguientes:
1.- Las acusaciones constitucionales a los ministros de Estado son por su responsabilidad personal.
2.- Considerar las razones de haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, infringir la Constitución Política o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.
Esos precedentes fueron muy importantes para el análisis que llevamos adelante como comisión, en siete sesiones que celebramos, en las que concluimos determinadas definiciones que ya fueron puestas a disposición de la prensa y de la opinión pública.
Al analizar el libelo acusatorio bajo las premisas anteriormente mencionadas, reitero que la reglamentación vigente nos ha restringido. Quiero que eso quede claro, pues cada uno de los miembros de la comisión expresamos nuestro profundo sentir respecto de esos elementos, que, sin duda, inspiraron legítimamente esta acusación constitucional.
Como parlamentaria de la Cámara de Diputados también mencionaré mis reparos sobre muchas situaciones que ocurren en el Servicio Nacional de Menores, que básicamente tienen relación con negligencias del Estado chileno. Lamentablemente, son nuestros niños los que han vivido las consecuencias.
Fuimos convocados para algo específico y lo tratamos de cumplir restringidos por la reglamentación vigente, la cual, por lo demás -lo sigo sosteniendo-, tiene falencias profundas, ya que la delgada línea y la tentación de hacer de esta herramienta -la acusación constitucionalun juicio político trae como consecuencia no solo la destitución inmediata de una ministra, sino también la inhabilidad para desempeñar cargos públicos por cinco años.
Frente a esto, decidimos solicitar a varios abogados constitucionalistas que nos asesoraran, algunos de ellos invitados por la parte acusadora, como fue el caso del profesor Jaime Bassa , quien hizo un gran aporte a la discusión en la comisión. El desarrolló una larga tesis sobre lo complejo que es aplicar una acusación constitucional en un régimen presidencialista como el nuestro, porque es una herramienta propia de los regímenes parlamentaristas. La diferencia es que en la acusación constitucional se evalúa su procedencia en relación con lo jurídico y no como un juicio político, alternativa que sí es pertinente en otras instancias, como en las comisiones investigadoras, que tienen mayor amplitud en sus acciones.
Todos los constitucionalistas que nos asesoraron recomendaron rechazar la acusación por no ser procedente, incluyendo el invitado de la parte acusadora, el profesor Bassa.
Cito, por ejemplo, a la profesora Miriam Henríquez , que señaló que “las razones en que pretende fundarse no se vinculan con las causales de la acusación constitucional”, y que la acusación “no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, puesto que las razones en que se funda no se aproximan a alguna de las causales que la hacen procedente. Por lo tanto, se trata de una acusación sin causales.”.
Por otra parte, el profesor Víctor Manuel Avilés planteó que “confusamente, el libelo acusatorio describe las causales y después intenta introducir en ellos los hechos, pero las causales no son propiamente capítulos de una acusación constitucional.”.
Si bien la comisión rechazó la acusación por tres votos contra dos, es importante plantear en esta Sala -imagino que así lo reconocerán los parlamentarios de oposición que fueron parte de la comisiónque muchas veces se intentó acusar a la comisión de tomar su decisión con un sesgo político.
Quiero expresar de forma clara que ese sesgo político puede ser evaluado para ambos lados, es decir, tanto para aprobar como para rechazar la cuestión previa alegada, o la procedencia de la acusación constitucional.
Lo digo porque reconozco seriedad en mis pares de la oposición en cuanto a la posición que tomaron, a pesar de que, claramente, quedó la sensación de que algo estaba inconcluso en la decisión que expresaron en la comisión, pues de los tres capítulos de que consta la acusación, al menos dos fueron objeto de argumentación en contrario por la misma oposición. En efecto, los diputados de ese sector plantearon que los capítulos primero y tercero no eran concordantes con las bases de la Constitución. Sin embargo, el Capítulo segundo les generó convicción suficiente en relación con que la acusación era procedente, por lo que la votaron favorablemente.
Quienes votamos en contra de la procedencia de la acusación constitucional constatamos y concluimos que en ella existen serios vicios. El libelo contiene contradicciones respecto de los hechos imputados, primero, por no aclarar si la ministra se negó a entregar la información requerida en la comisión especial investigadora o en la interpelación de 2 de agosto; si entregó información inútil mediante respuestas evasivas, o si entregó información simplemente falsa.
Al respecto, es necesario señalar que el libelo, en su página 21, acápite titulado “Forma como se configura respecto de la acusada la causal de destitución prevista en este capítulo”, señala: “se hace patente la infracción en que incurrió la señora ministra respecto de las solicitudes de información que se realizaron en el contexto de la Comisión Investigadora.”. Sin embargo, no es efectivo que la solicitud de información se haya realizado en ese contexto, sino, como consta en las propias pruebas aportadas por el diputado señor René Saffirio , fue realizada ante la Sala de la Cámara de Diputados.
De lo anterior se deriva que, pese a que se imputó a la ministra Blanco la falta a los deberes constitucionales establecidos en las letras b) y c) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, la prueba que se presentó por la parte acusadora dice relación con la infracción al inciso segundo de la letra a) del número 1) del artículo 52 de la Carta Fundamental, esto es, la potestad que puede ejercer cualquier diputado para solicitar determinados antecedentes al gobierno. A juicio de la parte acusadora, la respuesta entregada habría sido falsa o contradictoria; pero ese artículo establece que esas solicitudes de antecedentes no afectan la responsabilidad política de los ministros de Estado.
El abogado Jaime Bassa , invitado de la parte acusadora, lo señaló de la siguiente manera: “eventualmente, uno puede ampliar el contenido de la conducta y abrir la posibilidad de discutir si esta información incompleta daña o no daña la probidad. No obstante, en rigor, la facultad de fiscalización que ejerce el diputado está dentro de lo que contempla el artículo 52, número 1), letra a) de la Constitución.”.
Importa establecer que, siendo una ministra de Estado la destinataria del deber constitucional contenido en el artículo 52 frente a la potestad del legislativo, se genera una obligación compuesta e ineludible de concurrir a la citación o ante la comisión investigadora y entregar respuesta o información. Según la profesora Miriam Henríquez , “entendidas así las normas y a diferencia de lo que expresa la acusación constitucional, la ministra sí cumplió con las obligaciones impuestas, pues concurrió a dichas instancias y entregó las respuestas y los antecedentes solicitados. Mal podría, entonces, imputársele un incumplimiento. Cuestión distinta es que las respuestas brindadas y los antecedentes allegados no satisfagan las expectativas de quienes las reciben.”.
Ahora bien, en el caso de que la información sea efectivamente incorrecta, la responsabilidad de la ministra será efectiva no por el hecho de que dicha información sea equívoca o contradictoria, sino por haber actuado con mala fe, es decir, que intencionadamente y con un fin reprochable entregó información falsa, cuestión que debe ser demostrada y que en la especie no concurre.
El libelo carece de esas afirmaciones y no aporta pruebas específicas o contundentes al respecto.
Por otra parte, dado que se encuentra en pleno funcionamiento la comisión especial investigadora de la forma en que las autoridades han atendido las propuestas de la Cámara de Diputados contenidas en la aprobación del informe de la Comisión Investigadora del Sename y la situación de menores de edad carentes de cuidado parental, de 2014, no corresponde que esta comisión, encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional, califique con antelación las actuaciones desarrolladas por una investigación en curso realizada por esta Cámara y de la cual forma parte el mismo diputado coordinador de la acusación.
Por otra parte, quiero decir que cuando se señaló que el nombramiento de Hugo Herrera como director nacional del Sename demostró de manera inequívoca la voluntad, por parte de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, de dar continuidad a la gestión realizada por la entonces directora, se imputó a la acusada una motivación que no está acreditada y que se vincula con una facultad de la Presidenta de la República y no de la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Por lo tanto, esa acción no le sería personalmente imputable.
Otra grave imputación que se hizo es la de actuar de forma deshonesta, faltando a la verdad al entregar, a sabiendas, falsas cifras de niños fallecidos. Sin embargo, no se acredita por la parte acusadora la manera en la cual la ministra de Justicia y Derechos Humanos estaba al tanto de dicha falsedad, cómo habría alterado los datos y de qué manera los hizo presentes a la Sala en las instancias señaladas por los acusadores, donde, según consta en las actas de la Cámara, no se habrían entregado cifras, como señaló el abogado Patricio Zapata . Lo cito: “parece complejo que una diferencia respecto del oficio que envió el director del Sename con lo que es la apreciación, más o menos fundada, que tienen otras personas sobre el número de niños que han fallecido, sea ese tipo de grave y reiterado desprecio al ejercicio de las facultades fiscalizadoras.”.
En relación con los hechos imputados como fundamento para la causal de dejar sin aplicación las leyes, estos se desestimaron por no guardar relación con la causal imputada por el propio experto invitado por la parte acusadora, el profesor Jaime Bassa , cuando señaló: “a mi juicio, la conexión no es evidente; no es evidente que el mal desempeño que puede presentar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, particularmente el que representan algunas reparticiones como el Sename, sea directamente vinculable a dejar las leyes sin ejecución, de modo tal que eso suponga responsabilidad política.”.
Por lo anterior, en tanto se ha planteado la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos necesarios para ser considerada parte de un procedimiento constitucionalmente apropiado, que impute hechos directos y personales a la acusada, y que sea la última opción para hacer valer su responsabilidad, es que se han recogido las argumentaciones mencionadas, las que fueron expuestas en la comisión a favor de dicho fundamento.
Como ya se ha señalado, es imposible vincular a la ministra Blanco con los hechos de los cuales se acusa su responsabilidad personal y directa. Si queremos tratar los problemas de la infancia vulnerable con seriedad y desprovistos de posiciones políticas sin fundamento, entonces hay que reconocer que ninguna de las acusaciones incorporadas en los capítulos puede desprenderse de las actuaciones u omisiones en que la ministra hubiese incurrido. No se puede acusar a una ministra de infringir el deber establecido para las comisiones investigadoras o para las interpelaciones, aduciendo una supuesta falta cometida mediante un oficio de fiscalización.
No se puede acusar a la ministra de entregar datos intencionadamente falsos, de ser una mujer deshonesta, porque las cifras entregadas por el director del Sename no concuerdan con otras, que no se señalan, sin probar que las cifras a que se reducen los niños y niñas fueron deliberadamente falseadas y entregadas con el propósito de engañar a la Cámara de Diputados, pues eso es lo que se dice cuando se acusa la falta de probidad.
No se puede acusar a una ministra de comprometer el honor de la nación ante la comunidad internacional porque se han hecho reportajes que dan cuenta de la situación de niños, niñas y adolescentes de nuestro país por medios comunicacionales internacionales como la BBC y El País, y que son usados como argumento en el libelo.
La ley de responsabilidad penal adolescente, tan celebrada por quienes solo ven respuestas en la cárcel, provoca vulneraciones igualmente graves, denunciadas en el extranjero y objeto de reportajes en medios internacionales; sin embargo, nadie aquí la cuestiona, porque no es popular, porque es más fácil pedir cárcel para todos.
Para que la ministra pueda ser destituida de su cargo, el escrito de acusación propone que las muertes de menores, incluso aquellas anteriores a su mandato, le son personalmente imputables; es decir, habría incurrido en una conducta tan profundamente omisiva o dolosa, que provocó dichas muertes.
No podemos seguir culpando de todo al ministro de turno y desligarnos de la responsabilidad que como sociedad y Estado nos compete.
Cada vez que en la Cámara debemos tratar temas relacionados con la infancia, con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, lo hacemos con un profundo dejo de amargura nadie podría decir algo distinto; nadie podría apropiarse únicamente de ese sentimiento-, con un nudo en la garganta que nos pesa, como representantes de la ciudadanía, al ver que en Chile no ha existido solución para aquellos que son doble o triplemente dejados de lado por el sistema, por este neoliberalismo inhumano y cruel, que todo lo privatiza y que reduce al Estado al rol de mero espectador. Ese es el problema que algunos quieren ocultar con otro tipo de argumentaciones y con asignar responsabilidades políticas personales, sin ver la cuestión de fondo, cual es que el Estado se ha retraído y es incapaz de actuar frente a esos hechos graves. Tenemos un Estado inhibido de hacerse cargo de una verdadera política integral para la infancia en nuestro país.
Desde hace años el Servicio Nacional de Menores viene siendo foco de alarma social en Chile. Pareciera que ser niño y pobre fuera un pecado brutal, pues no son los hijos del 1 por ciento que concentra al menos el 35 por ciento de la riqueza del país quienes llegan a los centros de menores de esa institución o de las llamadas organizaciones colaboradoras. No, son los hijos de la población, de la pobreza, de los padres desempleados o simplemente ausentes quienes llegan a dichas instituciones.
Los estándares de las políticas públicas a favor de nuestros menores son paupérrimos: personal lamentablemente no del todo capacitado; residencias sin protocolos para el ingreso y para situaciones de emergencia; educadores de trato directo sin requisitos académicos ni experiencia laboral necesaria.
Lo dijimos durante la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público: las transferencias al sector privado son más de 164 mil millones frente a los escasos 81 mil millones para los establecimientos administrados directamente por el servicio.
Del total de menores atendidos en la Red Sename, más del 95 por ciento son atendidos mediante la red privada -que se escuche bien: “la red privada”-, aunque sea el propio servicio el que tenga que proveer los recursos, incluso para construir las casas de acogida de los privados.
Entonces, pregunto: ¿Esto es responsabilidad de la ministra Javiera Blanco , o es responsabilidad de los gobiernos de los últimos veintiséis años, que han decidido entregar la conducción de los centros y el cuidado de los niños a los privados, marginando la responsabilidad del Estado de esta situación? Es decir, por decisiones legislativas y de políticas públicas, no es el Estado el responsable de los menores vulnerables, sino los privados.
Hemos tenido dos comisiones investigadoras del Sename; sin embargo, los diputados asignan total responsabilidad al Estado por las vulneraciones sufridas por los menores, sin tocar en lo más mínimo a las instituciones privadas.
Cada vez más exigimos responsabilidades. Hay colegas que han llorado de rabia e impotencia ante las vulneraciones y vejaciones sufridas por niñas y niños, pero nunca hemos tomado el toro por las astas para decir: “si el Estado es el responsable y tiene el deber de cuidar de nuestros menores, démosle las herramientas para ello. Construyamos una red pública de protección para los menores, que cuente con toda la capacidad necesaria.”.
Los privados han demostrado que en cuarenta años no han podido otorgar los cuidados que requiere aquello tan preciado y tan delicado como la infancia, como nuestros niños.
La red de atención necesita los mejores trabajadores, los mejores profesionales, los mejores colaboradores.
Hoy, el pago de subvenciones de 500.000 pesos por niño o niña atendidos es un incentivo perverso para mantenerlos en el sistema, y no permitir que egresen, pues cada menor que sale del Sename en mejores condiciones que como ingresó significa menos dinero para la organización o fundación que lo recibió.
No podemos seguir rentabilizando privados con la vida de nuestros menores.
Si todos en la Cámara exigimos un cambio radical en las políticas relacionadas con la infancia, que de verdad sea así y no meros maquillajes ni juicios políticos que finalmente esconden la incapacidad que hemos tenido por años, como país, como Estado, para hacernos cargo de este problema, que es fundamental y de fondo.
Por eso, con todos los elementos esgrimidos, voté en contra de la procedencia de esta acusación constitucional. Por las mismas razones, anuncio que votaré favorablemente la cuestión previa, por cuanto creo que los argumentos que la sustentan están a la vista. No hay elementos, condiciones ni fundamentos para acoger la acusación.
Con todo, eso no nos inhabilita de declarar de manera profunda y clara que existe un problema real en las instituciones, cuestión que la propia ministra, en esta Sala, ha reconocido, y de la que todos debemos hacernos cargo.
La solución al problema no puede terminar con una acción como la que aquí se busca, cual es destituir e inhabilitar a la ministra.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Issa Kort.
El señor KORT.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, y a su equipo jurídico defensor, encabezado por el abogado Jorge Correa Sutil .
La acusación constitucional es una herramienta severa, una de las más estrictas con las que cuenta el Congreso Nacional para analizar y pronunciarse jurídica y políticamente respecto del actuar de altos personeros del Estado. Por ello, cuando nos corresponde por sorteo formar parte de una comisión que analiza y evalúa una acusación de esta naturaleza, debemos hacerlo con cuidado, responsabilidad y seriedad.
Esa es la razón por la cual, como miembros de la oposición, desde el comienzo entregamos todas las garantías necesarias para que el proceso se desarrolle como corresponde, resguardando el correcto funcionamiento de la comisión y el ejercicio de las garantías y los derechos de los acusadores, de los expertos, de la acusada y de quienes están a cargo de su defensa.
Creemos que es indispensable garantizar la debida defensa y el espacio de reflexión que constituye una acusación constitucional, razón por la cual estimo oportuno plantear, en primer lugar, un comentario que surge del análisis del sistema procesal que se aplica en el funcionamiento de las acusaciones constitucionales, que en este caso supone tres capítulos distintos, aunque, en el fondo, constituyen tres acusaciones distintas en contra de la ministra
Blanco, no obstante lo cual debemos pronunciarnos sobre todas ellas como un todo, no por separado.
¿Por qué hago especial mención respeto de este punto? Porque puede suceder que una persona haya sido acusada de cometer tres infracciones graves y que haya convicción de que respecto de dos de ellas no tiene responsabilidad alguna, pero sí respecto de la tercera. Si ese fuera el caso, sería bastante injusto tener que decidir sobre las tres como un todo, mediante una sola votación.
Nunca está de más reflexionar y analizar acerca de cómo mejorar los procedimientos que se aplican en una acusación constitucional, en especial porque debe tenerse presente que las acusaciones deben ser analizadas tanto en sus aspectos de forma como en sus contenidos de fondo, y en lo jurídico y en lo político.
Primero analizaremos lo formal, para luego terminar con una reflexión de fondo.
En lo formal, la acusación constitucional, como muy bien lo sostuvo el abogado Jorge Correa, consta de tres capítulos. En el primero se acusa a la ministra Javiera Blanco de no respetar el principio de probidad.
En mi opinión, ese capítulo no debe ser acogido, pues la acusación no sustenta de manera convincente, ni aun en términos jurídicos, los argumentos esgrimidos. Según mi parecer, la ministra Javiera Blanco actuó de buena fe en el ejercicio de su cargo, aunque también creo que en lo político ha cometido errores garrafales. En todo caso, esos errores deben ser analizados en el plano político.
Por el contrario, en lo jurídico, puedo afirmar que no ha faltado al principio de probidad, como se señala en ese capítulo del libelo.
En lo que dice relación con el segundo ilícito constitucional del que se acusa a la ministra, el del Capítulo segundo, es decir, dejar de ejecutar las leyes, se afirma que la infracción se cometió por omisión del deber de control jerárquico señalado en el artículo 11 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
A diferencia del anterior, este capítulo no llama a analizar el actuar de la ministra Javiera Blanco, sino que obliga a reflexionar sobre el tema de fondo: el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes por parte del Estado de Chile.
Señor Presidente, no es necesario contar con información privilegiada o reservada para saber que el Sename está funcionando mal. Somos una cámara política, así que los invito a analizar políticamente lo que está sucediendo, para encontrar soluciones políticas.
Debemos dejar de usar a los niños y niñas de Chile como un elemento de discurso; reconozcamos que el futuro de Chile son nuestros niños, no el cobre o el resto de los productos de exportación.
Este capítulo nos insta a reflexionar sobre la realidad que enfrentan los niños de nuestro país.
En consecuencia, invito a la ministra, por su intermedio, señor Presidente, a considerar esta acusación constitucional como una oportunidad para comprometernos políticamente en modernizar el sistema de protección estatal para nuestros niños y niñas y para que el Estado no solo les asegure el buen trato que merecen, sino que, de una vez por todas, les entregue condiciones de vida dignas en los hogares de menores.
Los niños no eligen llegar a un hogar del Sename; los niños pueden errar en su actuar, conforme a lo que dispone el sistema penal, pero deben recibir oportunidades del Estado para enmendar su camino. Hoy esas oportunidades no existen.
Es indudable que una ministra de Estado, más allá de las obligaciones propias de su cargo, tiene la responsabilidad de conducir, liderar y hasta colegislar cuando hay problemas graves, como los que se advierten en el sistema de protección a nuestros menores y adolescentes.
Tenemos un sistema político fuertemente presidencialista, que otorga mucho poder a los ministros de Estado. Por eso, la ciudadanía y la Cámara esperan de la ministra un actuar acorde con el nivel de sus oportunidades.
Por intermedio del señor Presidente, solicito a la ministra Blanco, desde mi condición de miembro de la oposición, que proponga al Congreso Nacional los proyectos de ley que sean necesarios para terminar con esa institución y dar lugar a un sistema de protección real y cabal para los niños de Chile. La ministra puede hacerlo; nosotros, no.
Ministra, aproveche esta oportunidad política para iniciar un nuevo sistema.
Respecto del Capítulo tercero, en el que se acusa a la ministra de “Comprometer gravemente el honor de la Nación”, estoy convencido de que no tiene asidero, que no hay argumento alguno para sostener que el actuar de la ministra Javiera Blanco ha comprometido el honor de la nación.
En todo caso, no dudo de que a Javiera Blanco, como persona y como ministra, la mueva la búsqueda del bien común; pero a los políticos nos analizan por el resultado de nuestras acciones, y hoy el Sename está en crisis.
Reitero: tenemos la oportunidad de mejorar esa realidad, por lo que vuelvo a llamar a la ministra de Justicia a asumir un compromiso jurídico y político ante esta Cámara, para que mejoremos la situación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Hemos actuado con responsabilidad tanto en lo jurídico como en lo político. Espero que de acá no salgan ganadores ni perdedores; espero que sean los niños de Chile los que ganen, mediante el compromiso real de toda la clase política para mejorar la situación que enfrentan.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Iván Flores.
El señor FLORES.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra y al subsecretario de Justicia, y a los demás ministros que han estado presentes en la Sala en el transcurso de este debate.
Siento que el hecho de haber sido elegido por sorteo para integrar esta comisión -quiero decirlo con claridadme ha dado una nueva oportunidad para comprobar que cuando se hace un trabajo serio parar buscar la verdad y analizar en profundidad hechos como los que dieron lugar a esta acusación, es posible arribar a resultados que nos dejen plenamente satisfechos. Así me siento respecto del trabajo realizado por los cinco parlamentarios que llevamos a cabo esta tarea, porque, independientemente de nuestras diferencias y orígenes políticos, abordamos nuestro cometido con altura de miras.
Digo esto porque en la primera sesión, luego de constituirnos como comisión, el asesor jurídico del diputado coordinador de los acusadores se refirió en términos que claramente no corresponden, por lo que pedí que sus dichos constaran en acta.
En mi opinión, no procedía que un asesor, a priori, emitiera un juicio de conducta respecto de los parlamentarios que conformábamos esa comisión.
Yo no iba a aceptar que se prejuzgara la actuación, el compromiso y la honorabilidad de los miembros de esa comisión. Por eso he dicho lo que acaban de escuchar.
Tal como señalé en la segunda sesión, comparto la preocupación que todos tenemos en la Cámara respecto de la protección de los derechos del niño, particularmente de los más vulnerables de los vulnerables; de los que son rescatados muchas veces de una violencia brutal, ni siquiera de una violencia animal; de los que son rescatados de una violencia imposible de calificar, la que, lamentablemente, proviene de personas muy cercanas a esos niños. Estamos hablando de niños que necesitan una especialísima y mucho más delicada atención y preocupación.
Pero no solo comparto esa preocupación, sino que además lo digo como parlamentario que votó favorablemente el informe de la primera comisión investigadora de las actuaciones del Sename; lo digo también como un parlamentario que firmó, con los pantalones bien puestos, una solicitud de acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema, cuestión que ese Poder del Estado retrucó con una violencia verbal, yo diría, inusitada para referirse a miembros activos de otro Poder del Estado, lo que -debo decirloprovocó también algunos temblequeos por parte del Ejecutivo. La firmé y la sostuve.
Nuestro colega Saffirio faltó a la verdad al decir que renunciaba a la Democracia Cristiana y a la bancada de dicho partido, porque ningún diputado democratacristiano había querido firmar la constitución de una segunda comisión investigadora del Sename. ¡Falso! Varios diputados democratacristianos firmamos para que se creara una segunda comisión investigadora de los problemas que todos sabemos que tiene el Sename.
Por lo tanto, desde esta tribuna, tengo testimonio para referirme a lo que está pasando con los niños más vulnerables de los vulnerables; puedo hacerlo. Cosa distinta sería si yo fuese un yes man del gobierno respecto de todo lo que se está haciendo y dijera que todo está bien. No es así; tenemos serios problemas con el Sename.
Desde esta tribuna y desde esta posición, señalo que comparto el interés general en participar activamente para introducir mejoras ya sea al Sename en particular o a nuestro sistema de protección de la infancia en general.
Las evidentes falencias del Sename que han permitido generar estas investigaciones, y, en general, las falencias de todo el sistema de protección de la infancia, son desafíos de Estado, de todos los gobiernos que hemos tenido y del Congreso, por lo que la gestión política general es digna de reproche, ya que, como sociedad, estamos al debe con nuestros niños más vulnerables.
Señor Presidente, hago un paréntesis para señalar que todos los invitados -los de la parte acusadora y los de nosotros, los parlamentarios de distintas bancadas-, es decir, los profesores de derecho constitucional, los investigadores y gente con currículo y con historia, fueron coincidentes en concluir que aquí no hay mérito para una acusación constitucional, y voy a decir por qué.
Uno de ellos, el profesor Bassa , nos ilustró al señalar que el problema que hoy tenemos respecto de los derechos humanos, en este caso referidos principalmente a los derechos de los niños, es un asunto de Estado. Agregó que en todo el transcurso de la dictadura, cuando tuvimos una pérdida de la institucionalidad, los países más desarrollados seguían avanzando y creciendo en el estándar de protección de los derechos de las personas; Chile se quedó atrás.
Por lo tanto, después de esos diecisiete años, y veintiséis años adicionales, como Estado seguimos estando detrás, muy detrás, en los derechos alineados y en los derechos en general de las personas con respecto a los que tienen países con los cuales compartimos escenarios, como los la OCDE o los de la Comunidad Europea, que están mucho más avanzados y que tuvieron una historia distinta.
Quiero dejar un punto en claro, cual es que el hecho de que la comisión recomiende la inadmisibilidad de la acusación constitucional no significa que desconozcamos que hay un grave déficit en relación con nuestros niños desamparados. Es más, el sistema de protección, los mecanismos para adopciones, el cumplimiento de los acuerdos con Naciones Unidas y con otros organismos internacionales deben ser revisados en serio, corregidos e implementados en lo que corresponda; pero eso no tiene que ver con nuestra posición respecto de la admisibilidad o la inadmisibilidad de esta acusación constitucional.
A pesar de ser imperioso un necesario ajuste de la institucionalidad, los parlamentarios no podemos actuar solo por motivaciones personales, por más altruistas que sean, o de menos altura, como también ocurre al tratarse de ajustes políticos o reclamaciones políticas. Debemos guardar el debido respeto a las normas que regulan nuestra actividad como servidores públicos.
Además, debemos recordar que nuestro sistema político es esencialmente presidencialista, según se desprende de la estructura normativa establecida en la propia Constitución. Una acusación constitucional es el último recurso para corregir deficiencias en el comportamiento y funcionamiento del Estado. La acusación constitucional es la mayor herramienta de sanción que tiene la honorable Cámara.
Durante nuestro trabajo en la comisión distinguidos invitados catalogaron la acusación constitucional como una bomba atómica, como señaló y reiteró un profesor de derecho constitucional, pues una acusación permite la destitución de las más altas autoridades del país; pero, además, el condenado queda inhabilitado en el ejercicio de sus derechos políticos esenciales por un plazo de cinco años, lo que lo coloca en degradada posición frente a la comunidad nacional.
Por eso debemos ser conscientes de que no podemos darnos el lujo de banalizar la principal herramienta político-jurídica con la que contamos, por lo que invito a ustedes, estimados colegas, por intermedio del señor Presidente, a evaluarla bajo esa mirada.
La acusación, entonces, debe ser entendida como la última herramienta a utilizar en la actividad sancionadora parlamentaria. Al respecto, cabe recordar que existen otros mecanismos para atender cuestiones de mejoras o ajustes institucionales. Además, debemos tener presente que los ministros de Estado son funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República, por lo que su remoción por el Congreso Nacional es excepcional.
En consecuencia, creo que la acusación constitucional no debe ser usada como instrumento o pretexto para intentar evaluar gestiones o para hacer juicios políticos, menos en este caso, en el que, a mi modo de ver, la ministra Blanco -como, por lo demás, se encargó de demostrar su defensa a través de cinco o seis archivadores que contienen los documentos que fueron recibidos por la comisiónestá preocupada de los temas de la infancia, a pesar de su corta gestión y de su breve estadía en el cargo.
Creo que un mínimo respeto a la institucionalidad exige la seriedad de utilizar los instrumentos y herramientas de que disponemos.
Bajo este enfoque hemos actuado como comisión acusadora, y, a diferencia de lo que ocurrió en la primera sesión -ya lo mencioné al inicio de mi intervención-, y si bien entendemos las motivaciones de los acusadores, debemos ser muy estrictos en el cumplimiento de nuestro rol, más aún si se trata de nuestro más potente medio de control: la acusación constitucional.
Por eso, el estándar exigido a las acusaciones constitucionales debe ser mucho mayor que el de otros mecanismos de control o de reclamaciones. Aunque a mi juicio sean justas las reclamaciones en el caso del Sename, considero que este instrumento de control de la Cámara de Diputados es distinto, es mucho más exigente.
Insisto: no podemos banalizar la herramienta de control más poderosa con la que cuentan el Parlamento y el Estado de Chile. En caso de ser declaradas admisibles las acusaciones, estas deben contar siempre con un mínimo de seriedad, precisión, coherencia y condición de oportunidad, lo que dista diametralmente de la acusación que ahora informamos.
Siendo coherente con lo anterior, y dada la lesividad de los derechos de la acusada, la doctrina mayoritaria establece que los hechos imputados deben ser reconocidos y acreditables como acciones personales y directas de la ministra Blanco. Repito: los hechos imputados deben ser reconocidos y acreditables como acciones personales y directas de la ministra Blanco. Por lo tanto, no procede acusar por hechos generados por terceros ni por sus dependientes.
A base de esas premisas, la cuestión previa deducida por la ministra debe ser acogida.
En este obligatorio escenario, invito a los colegas a reflexionar sobre las siguientes interrogantes. En el caso de la responsabilidad de la ministra, ¿la acusación constitucional es acaso el último recurso para hacer efectiva la responsabilidad en la crisis del Sename? ¿Existen hechos personales y directos imputables en dicha crisis -reconozcámosla-, o solo se está tratando de perseguir responsabilidades políticas? ¿Es solo porque una ministra es más visible y un blanco más fácil para atacar?
A veces es más fácil apuntar a un blanco más visible que ponerse a trabajar todos juntos para llegar al fondo de las cosas, buscando corregir las evidentes deficiencias que tiene el Sename.
Antes de responder esas preguntas es menester señalar que el escrito de la acusación contiene un increíble número de contradicciones, lo que queda en evidencia cada vez que uno lo revisa. Al principio se ve como una cuestión contundente, golpeadora; pero al revisarla -y lo hemos hecho con nuestros asesores y con los invitados-, nos damos cuenta de que contiene un increíble conjunto de contradicciones, vaguedades y declaraciones sin fundamento.
Por lo tanto, creo que incluso desde el punto de vista formal la acusación no cumple con el estándar mínimo de calidad exigida. ¡Qué decir de la coherencia y claridad para acusar con certeza a un ministro de Estado! ¿Cómo va a ejercer plenamente sus derechos la ministra Blanco si la acusación es vaga, ambigua y poco clara? ¿Cómo es posible defenderse contra algo respecto de lo cual no se tiene claridad de qué se trata? ¿Cómo puede la Cámara de Diputados y, eventualmente, el Senado determinar de qué hechos concretos y específicos se está acusando a la ministra?
Este solo hecho deja en evidencia que la acusación incumple todos los criterios sustentados por esta Cámara y que solo está promoviendo la banalización de un instrumento tremendamente delicado y potente.
La ministra ya fue interpelada por la Cámara de Diputados y, a mi modo de ver, cumplió con su obligación: asistir y contestar las preguntas. Tal vez, a algunos les gusten más y a otros les gusten menos sus respuestas, pero ella estuvo aquí y contestó las preguntas. No hay abandono de deberes. Dio la cara y estuvo en la Sala.
Se han creado dos comisiones especiales investigadoras en torno a lo que entendemos como el problema del Sename, respecto del cual todos debemos hacernos cargo, no solo el gobierno. A propósito, la última comisión investigadora del Sename -contó con mi firma para su creacióntendrá resultados recién en los próximos meses o tal vez el próximo año. ¡Estamos acusando a la ministra por cuestiones que todavía se están investigando en una comisión que está en pleno ejercicio! Me parece extemporáneo, me parece que no es oportuno.
Entonces, ¿es lógico plantear una acusación constitucional cuando el ejercicio de otra facultad de control de esta misma Cámara aún no finaliza? Es un contrasentido tratar de encontrar responsabilidades cuando la instancia abocada a determinarlas aún no termina su labor.
¿Cuáles son los hechos personales y directos en que incurrió la ministra en la crisis del Sename? ¿Esta crisis se debe a su mala gestión o es un problema institucional?
La acusación no logra imputar ninguna infracción personal, directa y manifiesta de la ministra en ninguno de los capítulos acusatorios. En cambio, hace juicios políticos que apuntan a su gestión política, lo que excede los propósitos más serios que debiesen buscarse en una acusación constitucional. De hecho, las tristes cifras de niños fallecidos bajo la custodia de hogares externalizados del Sename corresponden a períodos anteriores a que la ministra se hiciera cargo del Ministerio de Justicia.
Aún no sabemos si hay responsables directos de esas tristes muertes, porque las investigaciones que tienen dicho objetivo aún no terminan su trabajo. Por lo tanto, esta es una acusación precipitada, si correspondiese hacerla.
Ante la crisis del Sename, lo que estamos viendo es que esta acusación es claramente política, y que no cabe entre las justificaciones de esta herramienta, utilizada como último recurso ante actos personales y directos, altamente perniciosos y graves.
Señor Presidente, por su intermedio invito a los colegas a preguntarse si reemplazar a la ministra, si se diese el caso, terminará con las falencias de ese servicio. Claramente, ello no va a ocurrir. ¿Corresponde destituirla cuando ha demostrado a la comisión, con claridad y respaldada por documentos, las cifras de inversión, las investigaciones y los sumarios que se han instruido? Ha aumentado la cobertura de niños vulnerables y la desinternación de algunos de ellos. En efecto, solo en 2015 logró novecientas desinternaciones, esto es, sacar a niños de los hogares, pero con más supervisión.
Todo esto es insuficiente, pero está demostrado que hay avances.
Si se diese curso a la acusación constitucional en este escenario, la ministra respondería por hechos de terceros, lo cual constituiría una abierta contradicción a la jurisprudencia histórica, sentada seriamente por esta honorable Cámara, que solo considera acusar -insistopor graves hechos generados por acción personal y directa.
¿Qué es lo que realmente busca esta acusación? Del escrito acusatorio no se puede sino colegir solo reproches políticos o reclamos funcionarios.
Al no existir ninguna conducta que se pueda encuadrar dentro de las causales constitucionales para lograr una acusación constitucional, estimo que admitirla a tramitación desnaturalizaría su esencia y justificación, convirtiéndose en un arma peligrosa y sentando un pésimo precedente que podría poner en jaque a los ministros de Estado y, en definitiva, al gobierno de turno, cualquiera que este sea, desestabilizando nuestro sistema político y nuestra democracia.
Sin duda, las instituciones pueden ser mejorables, pero siempre deben respetarse en su orden y en sus alcances.
Por ello, esta acusación, al no cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos y las directrices generales sentadas por esta honorable Cámara, debiese ser rechazada y tenerse por no presentada, acogiendo, en consecuencia, la cuestión previa, tal como lo recomendó nuestro informe, al que, lamentablemente, se decidió no dar lectura.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida.
El señor FUENZALIDA.-
Señor Presidente, primero, saludo a la ministra Javiera Blanco, al subsecretario de Justicia y al abogado defensor, señor Jorge Correa .
En esta instancia, los parlamentarios que participamos en la comisión debemos pronunciarnos sobre la cuestión previa. Por lo tanto, voy a analizar los argumentos de la defensa para deducir la cuestión previa y sostener que esta acusación no cumple los requisitos constitucionales.
De la lectura de la defensa escrita presentada por la acusada, específicamente de la parte en que se deduce la cuestión previa, desde la página 2 a la 29, no existe en forma clara y nítida un argumento que permita concluir que no se ha cumplido con los requisitos que señala la Constitución Política.
Varias de las razones esgrimidas son oblicuas y, la mayor parte de las veces, más cercanas a la ciencia política que al derecho estricto. Igualmente, se abunda en argumentos que se deben considerar en el debate de fondo respecto de la acusación y no en una discusión sobre los requisitos precisos que la Constitución Política exige a los diputados para interponerla.
Resumidamente, la defensa, para impedir analizar el fondo de la acusación, ha planteado algunos puntos, que quiero contrarrestar.
En primer lugar, según la defensa de la ministra, la acusación debe ser desestimada de plano y tenerse como no presentada pues carece de la precisión mínima suficiente acerca de los hechos que se imputan a la acusada y que configurarían su responsabilidad.
En ninguna norma la Constitución establece un estándar de precisión respecto de los hechos que se pueden imputar a una acusada, por lo que la defensa pretende crear un requisito nuevo, que la Constitución no contempla.
Aceptar la precisión de las imputaciones como un asunto de cuestión previa es trastocar el sentido que tiene su consagración legislativa y transformarla en una herramienta más del amplio arsenal del gobierno para minimizar el rol que debe cumplir el Congreso Nacional y, específicamente, la Cámara de Diputados. Por tanto, hablar de precisión no constituye un asunto propio de una discusión de fondo y no es un argumento para desechar formalmente la acusación constitucional a través de la cuestión previa.
En segundo lugar, la defensa sostiene que debe desestimarse la acusación porque hace imputaciones a una autoridad sobre la base de actos de otros, de informes que observan hechos acaecidos con anterioridad a que ocupara el cargo y de omitir actos para los cuales el derecho no le otorga competencias.
En este punto, nuevamente, en todo el texto constitucional no se establece que estas razones se encuentren entre los requisitos para interponer una acusación; o sea, otra vez se crea un nuevo requisito que no está contemplado en la Constitución.
Por su parte, los acusadores han presentado antecedentes conocidos que refutan lo que señala la defensa y sostienen lo contrario: la responsabilidad de la ministra, a pesar de que los hechos hayan acecido con anterioridad, porque la titular de la cartera tiene un control jerárquico y debe impartir instrucciones y fiscalizarlas. Por lo mismo, lo racional -al menos en este puntoes que esta diferencia entre acusadores y la defensa se discuta en un análisis más profundo de las pruebas y antecedentes que los acusadores y la acusada expongan, pero no en el marco de la discusión de la cuestión previa, que es lo que estamos haciendo.
En tercer lugar, la defensa sostiene que debe acogerse la cuestión previa porque la acusación presentada exorbita los fines que le son propios, al perseguir un cambio de políticas públicas e imputar a la acusada problemas de gestión y falencias políticas que son propias de la crítica política.
A mi juicio, en este punto la defensa confunde lo principal con lo accesorio. Respecto de este argumento, apelo al sentido común de cualquier diputado. Pregunto: ¿la Constitución impide la presentación de una acusación constitucional cuando ha sido precedida o contiene críticas a las políticas públicas o a los problemas de gestión de un ministro? Creo que no. En este punto, la defensa se equivoca, porque la Cámara de Diputados no es el jurado, función que desempeña el Senado, que debe abstenerse de emitir opiniones políticas.
Es realmente propio de una visión totalitaria argumentar que la Cámara de Diputados debe inhibirse de cuestionar políticamente a las autoridades de gobierno, porque la consecuencia sería bloquear la posibilidad de establecer la responsabilidad constitucional de las autoridades. El derecho y el deber de esta Cámara para ejercer la crítica política, en el marco constitucional y legal de sus funciones, no puede sufrir ningún cuestionamiento.
En cuarto lugar, la defensa sostiene que la cuestión previa procede porque la acusación no respeta el carácter de ultima ratio y aún se encuentran investigando conductas y omisiones de la ministra en otras instancias, por lo que sería una falta de respeto a esa comisión investigadora.
Nuevamente, aclaro que la Constitución Política no establece ninguna incompatibilidad para que el Congreso Nacional utilice y despliegue sus prerrogativas, particularmente las de fiscalización, en forma simultánea.
El carácter de ultima ratio que se le pretende dar a la institución de la acusación constitucional no está en la Constitución; no pasa de ser una respetable creación académica y teórica. Incluso, si asumimos la ultima ratio como elemento aceptado mayoritariamente por la doctrina -aunque no esté en la Constitución-, estaríamos frente a un absurdo, porque cualquier gobierno podría bloquear las acusaciones constitucionales al mandatar a sus diputados para que constituyan comisiones investigadoras, con lo que bloquearían las acusaciones constitucionales. No estoy por dejar sembrado este precedente y comprometer a futuro las facultades de la Cámara de Diputados.
Finalmente, la defensa sostiene que se debe acoger la cuestión previa porque las consecuencias finales de una acusación, de aprobarse esta, son muy graves.
Las mismas razones que ya he expuesto respecto de las anteriores argumentaciones se aplican a este punto.
Adicionalmente, se debe decir que las consecuencias a que alude la defensa las establece la propia Constitución. Entonces, ¿cómo la Constitución podría establecer como requisito para que proceda una acusación que esta no condujera a las sanciones que ella misma establece?
Por todo lo señalado en este análisis, recomiendo a la Sala rechazar la cuestión previa.
Para terminar, recuerdo a los diputados que si la argumentación para acoger la cuestión previa es que no se realiza un proceso debido, racional y justo en que la acusada tenga derecho a defenderse, su voto debiera ser por rechazarla y permitir, de esa forma, que la ministra se defienda y discuta el fondo y que los acusadores también puedan exponer sus motivos en esta Sala.
De acogerse la cuestión previa, solo se demostraría que la mayoría de los diputados presentes en esta Sala prefieren no escuchar a los acusadores y responder obedientemente a un mandato político del gobierno.
Acoger la cuestión previa, en este caso, es restringir la facultad de los diputados para ejercer una de las pocas herramientas que nos entrega la Constitución para limitar el poder y el eventual abuso en que pueda incurrir un ministro.
El precedente que se instalará si renunciamos a conocer los aspectos de fondo de la presente acusación es mucho más que una discusión simplemente jurídica; es dar la espalda a un problema grave y doloroso que afecta a nuestro país.
No recurriré a los argumentos sensibles que involucra este tema, porque creo que ha habido muchos. Sin embargo, espero que los diputados tengan la responsabilidad y la conciencia de que lo que estamos discutiendo afecta a un servicio que trabaja con menores, denominado Sename.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto.
El señor SOTO.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, al señor subsecretario y al abogado de la parte acusada.
Durante dos días, hoy y mañana, esta Sala se abocará al conocimiento de dos acusaciones constitucionales contra la señora ministra de Justicia presentadas por la oposición.
A ello debe sumarse una sesión de interpelación y varias sesiones especiales llevadas a cabo hace algunas semanas.
Además, en forma paralela está funcionando una comisión investigadora por hechos vinculados al Sename y otras dos comisiones investigadoras sobre el rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el otorgamiento de pensiones de Gendarmería.
Este contexto es inédito en la historia chilena reciente. Nunca antes la oposición ha emprendido tantas y tan variadas iniciativas políticas de bloqueo a un gobierno, en este caso, al Ministerio de Justicia, sin tener, prácticamente, fundamentos, como se ha demostrado en todas las intervenciones sobre esta acusación.
Hay que ser claros en que en esta acusación existe una manifiesta falta de fundamentos:
está mal redactada, no describe conductas ni hechos precisos, trata de eventos ocurridos mucho antes de que asumiera la actual ministra, no invoca adecuadamente las causales que consagra la Constitución y tiene, incluso, propuestas contradictorias. Es más, en el fondo, en dos de los tres capítulos de la acusación existió unanimidad entre el oficialismo, la oposición y los expertos propuestos por la acusada y los acusadores en cuanto a que no tenían ningún fundamento.
Después de todas las horas de entrevistas, de funcionamiento de comisiones y de funcionamiento de la Sala de Sesiones, la oposición no ha presentado, prácticamente, ninguna acusación con siquiera algo de fundamento. Simplemente, como consecuencia de la imprudencia temeraria de unos pocos, se han perdido tiempos políticos y legislativos preciosos que podrían haberse aprovechado para resolver, con verdadero espíritu constructivo, la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Simple y claramente aquí ha ocurrido un intento de desnaturalizar y de afectar nuestras instituciones constitucionales con la finalidad de abrir un debate eminentemente político, que puede ser legítimo, pero que busca hacer una evaluación negativa de la gestión de la ministra y de las políticas de ese ministerio y del Estado en materia de infancia -ese es el error, porque todo es legítimo-, usando de manera impropia un proceso sancionatorio como es la acusación constitucional, que no está diseñado ni permite esos objetivos.
Algunos todavía parecen desconocer que la acusación constitucional es un procedimiento sancionatorio de ultima ratio, excepcionalísimo, que debe aplicarse por causas de derecho estricto de la Constitución y que busca aplicar una sanción gravísima a un ministro, propia del derecho penal, cual es la inhabilitación temporal para ejercer todo cargo público por cinco años.
Como dijo un experto en derecho constitucional, la sanción que se persigue en este procedimiento de acusación es una especie de bomba atómica en materia de sanciones constitucionales y, por lo tanto, no puede ser usada para la crítica política habitual. Así, por ejemplo, lo señaló el destacado profesor Jaime Bassa , quien explicó que el control que debe realizar el Congreso corresponde a una especie intermedia entre control jurídico y político, en que no corresponde efectuar uno eminentemente jurídico como el de la Contraloría General de la República, pero tampoco uno político propiamente tal, porque el mecanismo, las causales y el sistema de control están configurados por una norma jurídica precisa, que todos debemos satisfacer.
Los acusadores también olvidan que este proceso constitucional se trata del ejercicio total y pleno del poder sancionatorio del Estado. En consecuencia, se deben respetar estrictamente las normas del debido proceso que aseguran la defensa de la acusada.
Así, analizada la acusación a la luz de estos claros mandatos, resulta evidente que, considerando el libelo conocido por esta comisión, la exposición de fundamentos de quienes la suscriben y los antecedentes y consideraciones de quienes concurrieron como expertos, la acusación constitucional resulta estar plagada de vicios y errores que impiden, absolutamente, que pueda prosperar. Por ejemplo, se acusa a la persona de la ministra de falsear, mentir y engañar con la entrega de estadísticas de fallecidos en el Sename, pero se acreditó que es el director nacional del Sename, y no la ministra, la autoridad que entregó algunas cifras.
A continuación, se la acusa de dar respuestas evasivas en relación con estas estadísticas y, al mismo tiempo, de dar cifras contradictorias con la página web del Sename.
Claramente, el texto de la acusación no permite saber de qué se le acusa en concreto. Todavía más: la única vez que la ministra se refirió a esto, señaló que un principio de responsabilidad impide dar cifras definitivas, dada la naturaleza y precariedad institucional con que funciona el Sename.
Para estos casos de impropia y viciada formulación de una acusación constitucional existe una salida, la llamada cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala, regulada en el artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que exige hacer un profundo examen constitucional sobre la admisibilidad de la acusación.
Deberán, entonces, estar claramente identificadas y atribuidas a la acusada las conductas constitutivas de la prohibición constitucional de no obrar de manera deshonesta, de incumplir las leyes o de realizar una verdadera traición a la patria.
Examinada la cuestión previa, la mayoría de la comisión concluyó que la acusación no cumple con los requisitos necesarios para ser considerada parte de un procedimiento constitucionalmente apropiado. Tampoco imputa hechos directos y personales a la acusada, que hayan ocurrido mientras ha ejercido el cargo, ni es la última opción para hacer valer su responsabilidad.
Evaluado en su mérito, el libelo no reúne las condiciones mínimas de fundamentación que lo hagan apto para trabar un proceso racional y justo. Como ya se dijo, infringe el carácter de ultima ratio, pues es pública y notoria la existencia de procesos legislativos, de fiscalización y reglamentarios en curso sobre los hechos que sirven de sustento, en tramitación paralela a la pretensión de los acusadores.
Incluso más, en el libelo se hace referencia al Ministerio de Justicia, de forma genérica, ente que no puede confundirse con la persona que detenta el cargo de ministra, o se hacen atribuciones y acusaciones al entonces director del Servicio Nacional de Menores, quien no es parte, ni puede serlo, de esta acusación constitucional.
El libelo adolece de vicios, inexactitudes e incumplimientos de claros y severos mandatos en cuanto a su forma y contenido, lo que nos obliga a declararlo completamente inadmisible.
Para el improbable evento de que se permitiera continuar su tramitación, hay que hacer presente que en dos de los tres capítulos acusatorios existió unanimidad entre los diputados en cuanto a su manifiesta falta de fundamento. En cuanto al Capítulo primero, no se demostró que haya existido falta de probidad o deshonestidad.
En cuanto al Capítulo tercero, quizá el más débil de todos, jamás se acreditó que se haya comprometido gravemente el honor de la nación, tal y como lo destacaron ante la comisión informante todos los profesores que concurrieron a ella. Al respecto, el estándar exigido por la Constitución es preciso, puesto que exige que los hechos hayan derivado de una condena o de sanciones aplicadas a Chile en el concierto internacional.
En cuanto al Capítulo segundo, que expone argumentos para acusar a la ministra de dejar sin aplicación las leyes, fue el único apoyado por diputados de oposición. Sin embargo, la mayoría de los integrantes lo rechazamos, toda vez que la comisión tomó conocimiento de una completa y sistemática exposición de acciones concretas realizadas por el ministerio, que se expresan en oficios, protocolos, inversiones, actividades de supervisión y fiscalización, e iniciativas de ley realizadas durante el período en que la ministra ha servido el cargo, como respuesta a las falencias observadas en el Sename por el informe y auditoría de la Contraloría.
Concluyo, por todas las razones de hecho y fundamentos de derecho expuestos, que lo único que cabe hacer es acoger la cuestión previa formulada por la parte acusada, por manifiesta falta de fundamento del libelo, y, de no acogerse, no dar lugar a la acusación constituional presentada en ninguno de sus capítulos, tal como lo acordó la mayoría de los integrantes de la comisión que la estudió.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la cuestión previa deducida por la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Mónica Javiera Blanco Suárez , en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar la cuestión previa deducida por la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Mónica Javiera Blanco Suárez.
Quienes voten a favor acogerán la cuestión previa. De acogerse la cuestión previa, la acusación se tendrá por no interpuesta. Aquellos que voten en contra no acogerán la cuestión previa.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 43 votos. No hubo abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto , Osvaldo ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ANDRADE (Presidente).-
En consecuencia, se acoge la cuestión previa y, por lo tanto, la acusación constitucional se tiene por no interpuesta.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.12 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, DE MUSSY, HASBÚN, HERNÁNDEZ, TRISOTTI; URRUTIA, DON IGNACIO; Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN, MOLINA Y NOGUEIRA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN LO RELATIVO A LAS OFERTAS O COBRANZAS REALIZADAS POR CENTROS DE LLAMADAS”. (BOLETÍN N° 10880-03)
I. IDEAS GENERALES.
Con la consolidación de nuestra institucionalidad democrática surgieron en nuestro país nuevos desafíos tendientes a hacer carne el manifiesto que implica esta forma de gobierno vinculada fundamentalmente en la promoción y protección de las garantías fundamentales de las personas. Una de estas garantías es aquella consagrada en el artículo 19 número 4° de nuestra Constitución Política, según la cual dispone el derecho al “respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.
En el plano estrictamente legal varias son las disposiciones tendientes a la protección de los datos personales de las personas y con ello hacer efectiva la garantía constitucional del número 4 del artículo 19 de la Constitución, la que se encuentra plasmada en un cuerpo normativo general constituido por la ley 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, de acuerdo a esta normativa toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales, siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce.
En este sentido el tratamiento de los datos personales se encuentra permitido en la medida que se ajuste a los parámetros legalmente establecidos y, por cierto, sin trasgredir las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Asimismo, de acuerdo a esta ley, forman parte de datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual y datos de carácter personal los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
Que desde el punto de vista de su intensidad parece a primera vista más estricto, desde el punto de vista del respeto a la vida privada, los datos sensibles sin embargo aún así creemos que desde el punto de vista del ciudadano la presencia de personas que poseen datos tales como nuestro teléfono, antecedentes financieros o familiares, particularmente si se tratan de empresas transnacionales, constituye una situación que hace a las personas más vulnerables tanto en su seguridad como también en sus derechos constitucionales, máxime si ellas no han sido informadas de esta transferencia de datos.
II. CONSIDERANDO.
1. Que, las informaciones de carácter comercial o financiero originadas con ocasión de diversos contratos regulados en la ley del consumidor constituyen datos que dicen relación con la vida privada de las personas y que por lo mismo deben ser administradas con el máximo de cuidado con la finalidad que estos no sean mal utilizados, dañando con ello, la honra de las personas.
2. Que, en múltiples ocasiones para el cobro de prestaciones vinculadas a deudas bancarias, salud, etcétera, son ejecutadas por servicios externos a las entidades oferentes, particularmente a través de los llamados call center. Esto es, servicios de llamadas establecidos especialmente por empresas y cuyos objetivos son múltiples y que van desde el ofrecimiento de servicios hasta el cobro de deudas contraídas por las personas.
3. Que, resulta inconveniente, a lo menos desde la perspectiva de la seguridad de las personas que datos personales y en algunos casos sensibles, se encuentren en manos de una entidad que si bien es cierto, opera en nuestro país, sus oficinas se encuentran establecidas en el extranjero, con trabajadores y bajo las normas de aquella nación.
4. Que, en la actualidad estas disposiciones vinculadas a estos aspectos no se encuentran lo suficientemente normadas en nuestro país. En efecto la utilización de servicios como los llamados “call center” constituye una práctica recurrente en nuestro país y que al mismo tiempo, requieren de una regulación adicional cuando se trata del manejo de datos personales e incluso sensibles para las personas, particularmente en entidades extranjeras cuyas normas al respecto pueden eventualmente ser menos intensas que las actualmente existentes en nuestro país.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
De acuerdo a lo indicado precedentemente, el presente proyecto de ley viene en introducir en la ley 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor una disposición tendiente a que toda llamada vinculada a ofrecimientos, cobranza u otros fines en los que implique la administración de datos personales o sensibles para los consumidores deberá ser practicada por una entidad constituida y operativa en Chile, debiendo el operador indicar claramente que la llamada es efectuada desde las oficinas establecidas en nuestro país.
IV. PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: Incorpórese un nuevo artículo 3 quáter en la ley 19.496 sobre Protección de Los Derechos de los Consumidores de acuerdo al siguiente texto:
“Las llamadas realizadas por empresas vinculadas al rubro financiero o de salud para el ofrecimiento de contratos o para efectuar cobranzas no podrán ser efectuadas por empresas de call center establecidas fuera del territorio de la república”.
INFORME DE LA DIPUTADA SEÑORA PACHECO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA XXIV REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO ENTRE EL 17 Y EL 18 DE JUNIO DE 2016, EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA.
INTRODUCCIÓN
Las relaciones entre las Naciones en su esfera regional crea, fomenta y genera espacios de conocimiento, retroalimentación y solidaridad entre ellos.
Un país que mantiene su desarrollo aislado del resto de la región, no puede aspirar a un desarrollo pleno, puesto que limita su propio crecimiento, y no tan soto económico, sino que social, cultural y educacional.
No pueden las Naciones mantener estándares de desarrollo y crecimiento sin relacionarse con otras culturas, de las cuales se aprende y enseña a la vez.
La educación en Chile, ha sido puesta en discusión, detectando una seria de falencias generadas a partir de la falta de claridad en conceptos tales como calidad, gratuidad y universalidad, de ahí los debates profundos en torno a su mejora.
Actualmente atraviesa por cambios sustantivos y categóricos la educación en Chile, de ahí la importancia de representar en un encuentro regional la experiencia, avances y mejoras de la educación en Chite, desde una mirada legislativa.
En particular, et rol fundamental y decisivo que tienen las ciencias y la tecnología en el proceso y bienestar de las naciones, como generadoras de conocimiento y responsables de la aplicación del mismo para el desarrollo y la integración.
No podemos, sino como países vecinos crecer en la misma línea del desarrollo y conocimiento, pero con una mirada sustentable.
I. HISTORIA Y OBJETIVOS PARLAMENTO LATINOAMERICA Y CARIBEÑO. [1]
El 10 de diciembre de 1964, en la ciudad de Lima, y luego de una larga lucha que databa de mediados de siglo, quedó constituido el Parlamento Latinoamericano, el cual, según uno de los parágrafos de la Declaración de Lima, suscrita en esa oportunidad es una institución democrática de carácter permanente, representativa de todas las tendencias políticas existentes en nuestros cuerpos legislativos: y está encargada de promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración.
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) es un organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los Parlamentos nacionales de América Latina, elegidos democráticamente mediante sufragio popular, cuyos países suscribieron el correspondiente Tratado de institucionalización el 16 de noviembre de 1.987, en Lima -Perú, y aquellos cuyos Estados se adhirieron al mismo o lo hagan en cualquier tiempo, de conformidad con los procedimientos señalados en este Estatuto.
La admisión de otros miembros es facultad exclusiva de la Asamblea.
El Parlamento tiene los siguientes principios permanentes e inalterables:
1. La defensa de la democracia;
2. La integración la Unoamerícana;
3. La no intervención;
4. la autodeterminación de los pueblos;
5. La pluralidad política e ideológica como base de una comunidad latinoamericana democráticamente organizada;
6. La Igualdad jurídica de los Estados;
7. La condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia política y la integridad territorial de cualquier Estado;
8. La solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales;
9. La prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.
El Par1amento tiene, entre otros, los siguientes propósitos:
a. Fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana y pugnar porque alcance la plena integración económica, política, social y cultural de sus pueblos;
b. Defender la plena vigencia de la libertad, la justicia social, la independencia económica y el ejercicio de la democracia representativa y participativa, con estricto apego a los principios de la no intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos:
c. Velar por el estricto respeto a los derechos humanos;
d. Luchar por la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, racismo y cualquier otra ciase de discriminación en América Latina;
e. Oponerse a la acción imperialista en América Latina, recomendando la adecuada legislación normativa y programática que permita a los pueblos latinoamericanos el pleno ejercicio de la soberanía sobre su sistema económico y sus recursos naturales;
f. Estudiar, debatir y formular políticas de solución a los problemas sociales, económicos, culturales y de política exterior de la comunidad latinoamericana:
g. Contribuir a la afirmación de la paz, la seguridad y el orden jurídico internacionales, denunciando y combatiendo el armamentismo y la agresión de quienes sustenten la política de la fuerza, que son incompatibles con el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico de los pueblos de América Latina;
h. Canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos de América Latina, en el ámbito internacional, respecto al justo reconocimiento de sus derechos;
i. Propugnar el fortalecimiento de los Parlamentos de América Latina, garantizando así la vida constitucional y democrática de los Estados, como también propiciar, sin perjuicio del principio de la no intervención, el restablecimiento de aquellos que hayan sido disueltos;
j. Mantener estrechas relaciones con los Parlamentos sub-regionales de América Latina:
k. Mantener relaciones con Parlamentos de todas las regiones geográficas, así como organismos internacionales;
l. Difundir la actividad legislativa de sus miembros;
m. Luchar en favor de la cooperación intencional, como medio para instrumentar y fomentar el desarrollo armónico de la comunidad latinoamericana, en términos de bienestar general;
n. Promover el estudio y desarrollo del proceso de integración de América Latina hacia la constitución de la Comunidad Latinoamericana de Naciones:
o. Promover, en consecuencia, el sistema de sufragio universal directo y secreto, como manera de elegir a los representantes que integren, por cada país, el Parlamento Latinoamericano.
Integran el Parlamento Latinoamericano los Congresos y Asambleas Legislativas de los Estados Partes, democráticamente constituidos en América Latina, que participarán en el mismo haciéndose representar por delegaciones de carácter permanente y pluralista. Son idiomas oficiales del Parlamento Latinoamericano el español y el portugués.
II. COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECONOLOGÍA Y COMUNICACIÓN [2].
II.1.-ANTECEDENTES:
Por resolución de la XIX Asamblea Ordinaria del Par1atino celebrada en Sao Paulo el 7 y 8 de noviembre de 2002, la Junta directiva, previo cuidadoso análisis y consultas, realizó una reforma del reglamento del Parlatino, en relación con los nombres, funciones y número de las comisiones permanentes del Organismo, quedando reducidas solo a 13 de las 21.
Competencia
Dentro del marco general del desarrollo y la integración de América Latina, tendrá competencia en relación con:
1. la creación y desarrollo de valores culturales y la producción y el acceso a los bienes culturales así como la defensa del patrimonio cultural de los pueblos y la protección de las diversidades culturales autóctonas;
2. la formulación de recomendaciones en cuanto al desarrollo de las identidades nacionales y el surgimiento de una identidad cultural latinoamericana;
3. el desarrollo de los sistemas educativos latinoamericanos, escolarizados y no escolarizados, formales y no formales, en todas las áreas y en todos los niveles, incluyendo lo relacionado con la erradicación del analfabetismo;
4. el fomento de la vinculación de los sectores académico, investigativo, científico y tecnológico, con los medios de comunicación social y con los sectores productivos;
5. el desarrollo de la ciencia y la tecnología;
6. el estímulo a la generación, adaptación, emulación y transferencia de tecnología;
7. la promoción del intercambio cultural, educativo, científico, tecnológico y deportivo entre los países de América Latina y de éstos con el resto del mundo; y
8. en todo lo relativo al estudio de los medios de comunicación colectiva en América Latina, la protección del derecho a la intimidad, el derecho a réplica, el ejercicio ético de la actividad mediática y la difusión de programas que en los países latinoamericanos refuercen la democracia, el respeto al pluralismo, la tolerancia y el derecho a la diferencia.
Directiva de Comisiones;
Presidencia: Dip. Lelo Coímbra – Brasil ira. Vicepresidencia; Dip. Miguel Enrique Charbonet Martell – Cuba 2da. Vicepresidencia: Dip Luis E. Quiro - Panamá
Secretario: Winifred A. Ravenau - Curaeao
La comisión permanente de educación, cultura, ciencia tecnología y medioambiente estableció un Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina. Lo anterior, fue suscrito en la ciudad de sao Paulo. Brasil, Octubre de 2001.
Los antecedentes del plan de educación, establece a modo de presentación general; “Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, el Parlamento Latinoamericano y Unesco” se proponen contribuir al esfuerzo de dar una respuesta válida a los graves problemas que aquejan a fas naciones latinoamericanas y a la sociedad planetaria en general.
Se basa por una parte en el reconocimiento prácticamente unánime de que fenómenos como la pobreza, el desempleo, la corrupción, la violencia, el atropello a los derechos humanos y el deterioro progresivo del medio ambiente, más allá de causas relacionadas con factores socio-económicos, tienen orígenes profundamente enraizados en una crisis generalizada de valores éticos; y por otra, en la convicción de que corresponde esencialmente a la educación la generación y transmisión de estos valores.
En lo que se refiere al desarrollo y la integración de América Latina, es evidente que “la viabilidad de estos procesos descansa en el hecho de que en la mente y en el corazón de los ciudadanos exista no sólo el deseo sino también la predisposición para tal ipresa”. La progresiva construcción de estas actitudes y aptitudes es una labor que compete también, y fundamentalmente, a la educación.
El estudio del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, preparado por el equipo interinstitucional Parlatino-Unesco, consiste en la propuesta de modificación y ajuste de los contenidos y procedimientos vigentes en los sistemas educativos de los países de América Latina, con el fin de que dichos sistemas se conviertan en agentes transmisores de valores y pautas de comportamiento que hagan de los latinoamericanos. Individuos conscientes, positivos, dinámicos y constructivos en los procesos de desarrollo e integración. Tanto del continente en general como de cada país en particular.
NOTA: En el marco del “Sinario Internacional - Movilizado Social e Política no Ámbito da Educación para Todos”, en fa ciudad de Brasilia, el día 25 de septiembre de 1998 se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento oficial del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, con participación de autoridades del Parlamento Latinoamericano y Unesco.
II.2.- XXIV REUNIÓN COMISIÓN. RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA. LATINA Y EL CARIBE. UNA MIRADA TECNOLÓGICA E INNOVADORA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
La comisión de educación, cultura y ciencia tecnología y comunicación, sesionó el pasado 17 y 18 de junío en las dependencias del Hotel Nacional en la ciudad de la Habana, República de Chile.
Con la presencia de 35 Parlamentarios, pertenecientes a diversos países de Latinoamérica, representado nuestro país únicamente en esta comisión por la Diputada Clemira Pacheco Rivas.
La reunión fue presidida por el primer Vicepresidente, Diputado Miguel Enrique Charbonet y por el segundo Vicepresidente Diputado Luis E. Quirós. Una vez constatado el quórum se puso a consideración y se aprobó, y a la vez se discutió los siguientes temas en el orden que más abajo se indica.
i. Revisión de las áreas de trabajo de la comisión (Plan de Educación, Factibilidad, cultural, par1aRed, leyes modelo y acuerdos interinstitucionales).
El licenciado Alfredo Jiménez Barros, quien se refirió al Plan de educación para el desarrollo y la integración de América Latina, el proyecto y la factibilidad Cultural en la Planificación del desarrollo, la red parlamentaria por la educación para todos (Par1aRed), las declaraciones finales de las reuniones internacionales organizadas por la comisión y los acuerdos interinstitucionales suscritos por el Par1atino.
ii. Discusión Final y aprobación de la ley Modelo de Acceso a la Información Pública.
Los diputados señor Quirós y Charnonet, y luego de las intervenciones de la Sra. Marta vareta, diputado Mario Garcia Gonzalez. Diputado Angel Medina Devís, el Asamblefsta Gastón Gagliardo, Diputado Lázaro Barredo Medina, del Sr. Alfredo Héctor Luenzo, y Diputada Clemira Pacheco, aprobaron por unanimidad un acuerdo que acoge la Ley lnteramericana sobre Acceso a la Información Pública como un instrumento de referencia para la acción parlamentaria de los miembros institucionales del Par1atino, y a esos efectos se procederá a la distribución de la misma.
iii. Educación para la Paz como vía de la educación para la Transformación social en la América Latina y el Caribe.
Expone en térmínos generales el diputado Miguel Enrique Charbonet, quien presentó un proyecto de resolución sobre el tema. Después de las intervenciones el Díputado Luis Eduardo Quirós, del Asambleísta Gastón Gagliordo, de la Sra. Marta Varela y del Diputado Enzo Malan Castro, la resolución fue aprobada por unanimidad.
iv. Retos y perspectivas a la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Una Universidad Tecnológica e Innovadora para el desarrollo sostenible.
Presentación efectuada por el Diputado Andrés Castro Alegría, con comentarios del Diputado Miguel Enrique Charbonet.
A modo de conclusión, el diputado Castro que (...) la educación superior en América Latina y el Caribe enfrenta retos tales como el acceso universal a la educación; el logro de recursos presupuestarios acordes a los estándares internacionales; el financiamiento y su diversificación; la construcción de la sociedad del conocimiento; la intemalización; la implantación de mecanismo de evaluación y acreditación; y la transparencia y rendición de cuentas. Esta situación se particulariza en la región por ser esta la más desigual del planeta, la universidad innovadora requiere de instituciones capaces de transformarse permanentemente, que atiendan los desafíos actuales y las expectativas de sus estudiantes y el claustro. Enriquece su modelo de gestión, para cumplir mejor su función social mediante la sinergia de las actividades de docencia, investigación y la extensión universitarias, vinculados a la sociedad.
v. Resultados de la educación en América Latína y el Caribe expresados en los Estudios Regionales de Calidad de la Educación: Retos a una educación inclusiva y equitativa de calidad y de promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Expone la Sra. Blanca Margarita Ovelar. Hubo comentarios por parte de los parlamentarios presentes, en más de una ocasión por alguno de ellos. Los presentes intervinientes fueron: Sra. Marta Varela, Dip. Mario García González, Dip. Ángel Medina Devis, Senador Alfredo Héctor Luenzo. Dip. Willian Alvarado Bogantes, Asamblea Gastón Gagtiardo y el Dip. Miguel Enrique Charbonet.
vi. Decisiones sobre el temario y otros asuntos relacionados con la próxima reunión de la comisión. Lugar y fecha.
La próxima reunión se realizará en el lugar y fecha que la secretaria de la comisiones del Parlatino determine, muy probablemente en la sede permanente en Panamá, coincidiendo con la Asamblea del organismo. En Principio se trataran los siguientes temas:
-Revisión de las áreas de trabajo de la comisión.
-Informe de la comisión nombrada para elaborar una propuesta sobre el dialogo continental en educación.
-Avances en la iniciativa de educación para la cultura de la paz, considerando la posibilidad de realizar un foro relacionado con el tema, en especial en cuanto a su impacto en la niñez y la adolescencia.
-Tratamiento de las propuestas de AUSLCPI con la participación de representantes de dicho organismo.
-Intervención de invitados especiales.
-Asuntos varios,
-Decisiones sobre el temario y otros asuntos relacionados con la próxima reunión de la comisión.
En caso que la reunión se programe para dos días de duración, se gestionará la visita a un proyecto local relacionado con una de las áreas de trabajo de la comisión.
III. CONCLUSIONES FINALES
El rol fundamental y decisivo que tiene la ciencia y la tecnología en el progreso, desarrollo y bienestar de las naciones, y en especial su capital humano, en su calidad de generadoras de conocimiento y responsables de la aplicación del mismo, para el desarrollo sostenible y la integración es un tema que debemos considerar y elevar al más alto estándar.
En el nuevo contexto mundial, el objetivo de la ciencia y la tecnología es el apoyo en la construcción de la paz y el bienestar de la humanidad, de ello depende la construcción de una sociedad mejor, no absorbida por avances en tecnología, pero con mejoras en la ciencia.
Que un nuevo contrato social entre la ciencia y la sociedad es necesario para enfrentar los más urgentes problemas contemporáneos, tales como la pobreza, el deterioro del medio ambiente, la educación, la salud pública y la seguridad alimentaria, en un marco de derechos humanos y de valores éticos universitarios.
Los propósitos comunes que tos animan y la complementariedad de las actividades que realizan en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.
La necesidad de coordinar sus acciones a fin de evitar vacíos, duplicaciones o superposiciones en el campo de las realizaciones institucionales; optimizar el uso de los recursos de toda naturaleza que su accionar demanda: y generar el mayor impacto positivo que sea posible en las poblaciones objetivo, y la importancia que tiene la existencia de una adecuada y sólida base jurídica e institucionalidad para el desarrollo de sus actividades y la búsqueda de sus objetivos, tanto en los planos nacional como internacional.
IV. ANEXOS
-Programa XXIV REUNIÓN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECONOLOGIA Y COMUNICACIÓN, DEL PARLAMENTO LATINO AMRICANO Y CARIBEÑO.
-Informe presentación realizada por Diputado Andrés Castro Alegría, con comentarios del Diputado Miguel Enrique Charbonet.
Dirección para ubicar anexos:
http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=27840formato=pdf
(Fdo.): CLEMIRA PACHECO RIVAS, Diputado de la República”.