Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Marcela Ximena Hernando Perez
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Joaquin Godoy Ibanez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Marcos Espinosa Monardes
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Christian Erwin Urizar Munoz
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Ricardo Rincon Gonzalez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Cristina Girardi Lavin
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Ignacio Urrutia Bonilla
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Marcela Ximena Hernando Perez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Claudia Nogueira Fernandez
- PERMISO
- DEBATE
- RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
- Felipe De Mussy Hiriart
- RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
- DEBATE
- RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
- Patricio Melero Abaroa
- RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Roberto Leon Ramirez
- Clemira Pacheco Rivas
- Jose Garcia Ruminot
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Ignacio Urrutia Bonilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Pablo Letelier Morel
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- INTEGRACIÓN
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Jorge Tarud Daccarett
- INTEGRACIÓN
- Andrea Molina Oliva
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Celso Morales Munoz
- Jorge Rathgeb Schifferli
- PERMISO
- Joaquin Godoy Ibanez
- INTEGRACIÓN
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE SUBOFICIALES DE EJÉRCITO Y DE SUBOFICIAL DE CARABINEROS CON MOTIVO DE CUMPLIRSE TREINTA AÑOS DE SU FALLECIMIENTO
- HOMENAJE : Osvaldo Raul Andrade Lara
- FUSIÓN DE PROYECTOS
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE SUBOFICIALES DE EJÉRCITO Y DE SUBOFICIAL DE CARABINEROS CON MOTIVO DE CUMPLIRSE TREINTA AÑOS DE SU FALLECIMIENTO
- V. ORDEN DEL DÍA
- FERIADO EN REGIÓN DE COQUIMBO POR CELEBRACIÓN DE FIESTA DE LA PAMPILLA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10493-06)
- ANTECEDENTE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS ACTOS DE GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Claudia Nogueira Fernandez
- INTERVENCIÓN : Fuad Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON EL EVENTUAL FRAUDE DE EMPRESAS DE INVERSIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- FERIADO EN REGIÓN DE COQUIMBO POR CELEBRACIÓN DE FIESTA DE LA PAMPILLA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10493-06)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fuad Chahin Valenzuela
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Jose Garcia Ruminot
- Fernando Meza Moncada
- Jorge Sabag Villalobos
- Mario Venegas Cardenas
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Ramon Farias Ponce
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Sergio Ojeda Uribe
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Karla Rubilar Barahona
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Matias Walker Prieto
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Luis Lemus Aracena
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- Raul Fernando Saldivar Auger
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Felipe Kast Sommerhoff
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 67ª, en jueves 8 de septiembre de 2016
(Ordinaria, de 10.37 a 12.35 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo Silber Romo, don Gabriel
Presidencia accidental del señor Vallespín López, don Patricio.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN III. ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 10
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 13
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 13
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 13
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE SUBOFICIALES DE EJÉRCITO Y DE SUBOFICIAL DE CARABINEROS CON MOTIVO DE CUMPLIRSE TREINTA AÑOS DE
SU FALLECIMIENTO .............................................................................................................. 13
FUSIÓN DE PROYECTOS ....................................................................................................... 15
ACUERDOS DE LOS COMITÉS .............................................................................................. 15
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 17
FERIADO EN REGIÓN DE COQUIMBO POR CELEBRACIÓN DE FIESTA DE LA PAMPILLA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10493-06) .................................. 17
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS ACTOS DE GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN
LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA .......................................................................................... 18
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON EL EVENTUAL
FRAUDE DE EMPRESAS DE INVERSIÓN ............................................................................. 37
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 45
1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10526-06) ............................. 45
2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10396-18) ............................. 45
3.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CHAHIN, ARRIAGADA, CHÁVEZ, GARCÍA, MEZA, SABAG Y VENEGAS, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA CARVAJAL, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.378, QUE CREA UN SUBSIDIO NACIONAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS, PARA EVITAR QUE LOS INGRESOS DE LOS CONDUCTORES SEAN AFECTADOS POR LA REBAJA EN LAS TARIFAS PRODUCIDA A CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO”. (BOLETÍN N° 10886-15) ................................ 45
4.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES TORRES, ARRIAGADA, CHÁVEZ, FARÍAS, GONZÁLEZ Y OJEDA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, HOFFMANN, RUBILAR Y SEPÚLVEDA, QUE “DECLARA FERIADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO EN LA COMUNA DE EL QUISCO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE EL TOTORAL”. (BOLETÍN N° 10887-06).................................................................... 45
5.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES WALKER, ALVARADO, GAHONA, LEMUS; NÚÑEZ, DON DANIEL, Y SALDÍVAR, QUE “DECLARA FERIADO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO CON OCASIÓN DE LA FIESTA DE LA PAMPILLA”. (BOLETÍN N° 10888-06) .......................................................................................... 45
Pág.
6.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR KAST, DON FELIPE, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL CON EL OBJETO DE SANCIONAR A LOS PADRES QUE, HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DE QUE SUS HIJOS FUERON VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES, OMITEN HACER LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE”. (BOLETÍN N° 10889-07)............................................................. 45
7.- OFICIO DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA. (BOLETÍN N° 10755-11) ............................... 45
8.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3185-16-INA. ................................................. 45
9.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3187-16-INA. ................................................. 46
10.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2989-16-INA. ............................................... 46
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Copia:
Del oficio de la Comisión de Bomberos por el cual solicita que la Corte Suprema se pronuncie sobre el proyecto que “Establece procedimiento para que los Cuerpos de Bomberos regularicen la propiedad de los inmuebles destinados a cuarteles, como legítimos ocupantes de los mismos”, boletín N° 8741-22, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.
2.- Notas:
De la diputada señora Hernando
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 16 de septiembre de 2016, para dirigirse a Rumania.
Del diputado señor Godoy
por el cual remite certificado médico con el que justifica su inasistencia a las sesiones que se celebren entre el 6 y el 8 de septiembre de 2016.
Del diputado señor Espinosa, don Marcos quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 8 de septiembre de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
Del diputado señor Urízar
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 8 de septiembre de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada con esta fecha.
Del diputado señor Rincón
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 8 de septiembre de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada con tal fecha.
De la diputada señora Girardi
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 8 de septiembre de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada con esta fecha.
3.- Comunicaciones:
Del diputado señor Urrutia, don Ignacio
por la cual acompaña licencia médica y certificado médico para acreditar que debió permanecer en reposo dos días, a contar del 6 de septiembre de 2016.
De la diputada señora Hernando
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones a celebrarse entre el 16 y el 24 de septiembre de 2016.
De la diputada señora Nogueira
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2016, por impedimento grave.
Del diputado señor De Mussy
por la cual informa que retira su patrocinio al proyecto que “Modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en lo relativo a las ofertas o cobranzas realizadas por centros de llamadas”. BOLETÍN N° 10880-03.
Del diputado señor Melero
por la cual informa que retira su patrocinio al proyecto que “Declara el 10 de enero de cada año como el Día Nacional del Rodeo Chileno”. boletín N° 10869-24.
4.- Oficios:
De la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica el Código Civil en materia de tramitación de muerte presunta de personas desaparecidas en el mar durante faenas de pesca”, boletín N°10624-07, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, dado que el tema que aborda compete únicamente a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
De la Comisión de Salud por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para refundir los siguientes proyectos: 1. Moción sobre Protección de la Salud Mental. Boletín N°s 10563-11, y 2. Moción que Establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental. Boletín N° 10755-11.
Del Grupo Interparlamentario Chileno-Letón por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor León y como Vicepresidentes a la diputada señora Pacheco y a los diputados señores García , Jarpa y Urrutia, don Ignacio .
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Farcas
integrará la delegación que concurrirá a la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre de 2016 en Ciudad de Panamá, Panamá (335).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Letelier
integrará la delegación que concurrirá a la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que tendrá lugar entre los días 17 al 20 de octubre de 2016,en Quito, Ecuador (336).
Respuestas a Oficios
Ministerio de Interior
Diputada Hernando doña Marcela , Solicita informar la factibilidad de que los recursos derivados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sean utilizados priorizando los proyectos de construcción de obras para la región por sobre la adquisición de equipamiento. (2061 al 21885).
Diputado Farcas , Para que, en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre los controles preventivos de identidad realizados desde la puesta en marcha de la ley, en los términos que requiere. (567 al 21892).
Diputado Núñez , Para que tenga a bien informar a esta Cámara sobre la posibilidad de gestionar una audiencia para la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de La Serena, víctimas del paso de la Caravana de la Muerte, a fin de proporcionarles nuevos antecedentes del caso. (5949 al 2296).
Ministerio de Justicia
Diputada Rubilar doña Karla , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el número de reclusos beneficiados con libertad condicional desde el mes de enero de 2015 a la fecha, detallando las causas de condena y especificando cuántos de ellos poseen condenas relativas a delitos sexuales y abuso sexual infantil. (5861 al 19360).
Proyecto de Resolución 638, Solicita a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos la realización de un estudio acerca de la factibilidad de crear una Segunda Sala en la Corte de Apelaciones de Chillán. (5954).
Diputado Rathgeb , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el mal estado del puente Huencolle , ubicado en un camino lateral a 12 kilómetros de la comuna de Purén en dirección de Boyeco a Pinguidahue, indicando qué medidas se adoptaron a fin de restablecer el normal tránsito por dicho viaducto. (2009 al 20915).
Diputado Rathgeb , Para que, en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la construcción de un by pass en la Ruta 5 que conecte de forma directa la comuna de Angol, señalando el estado de avance de dicho proyecto. (2010 al 21678).
Diputado Espejo, Posibilidad de otorgar urgencia a las obras de ampliación del sistema de agua potable rural de la comuna de Navidad, Licancheu-Pupuya , precisando su estado de desarrollo y plazos de ejecución. (2012 al 22048).
Diputado Espejo, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de otorgar urgencia a las obras de ampliación del sistema de agua potable rural de la comuna de Navidad, Licancheu-Pupuya , precisando su estado de desarrollo y plazos de ejecución, dictando el decreto de emergencia que permita disponer su respectivo financiamiento. (2012 al 22049).
Diputado Gahona , Se sirva informar sobre el estado de avance del proyecto de pavimentación del camino de acceso al sector de La Rinconada El Sauce de la comuna de Coquimbo. (2014 al 22215).
Diputado Gahona , Proceso de expropiación de terrenos para la construcción del aeropuerto de Tongoy, individualizando a sus propietarios e indicando su fecha de adquisición. (2015 al 22214).
Diputado García don René Manuel , Se sirva disponer la instalación de señalética haciendo alusión al hielo y a su peligrosidad en ambos lados del camino Huichahue a Cunco, en el lugar denominado Trompulo , entre la faja 10.000 y 12.000 aproximadamente. (2016 al 21472).
Diputado De Mussy , Para que, al tenor de la intervención que se acompaña, disponga la aprobación para la instalación de reductores de velocidad en la calle Alberto Edwards , que forma parte de la Ruta V-46 y en el camino que une las localidades de Tagualda y Parga, en la provincia de Llanquihue (2017 al 21742).
Diputado De Mussy , Para que, al tenor de la intervención que se acompaña, disponga la aprobación para la instalación de reductores de velocidad en la calle Alberto Edwards , que forma parte de la Ruta V-46 y en el camino que une las localidades de Tagualda y Parga, en la provincia de Llanquihue (2017 al 21756).
Diputada Pascal doña Denise , Solicita informe a esta Cámara sobre los motivos que impiden a los vecinos individuales de la zona de Rumay, en la comuna de Melipilla, acceder a la conexión al sistema de agua potable rural, el que se ha destinado a un condominio privado (2019 al 22272).
Diputada Álvarez doña Jenny , Para que, en virtud de la solicitud adjunta y por su intermedio, el señor Director de Vialidad remita los antecedentes acerca del estado actual de la investigación llevada adelante producto del posible daño arqueológico producido en el sector “ Batería Remolinos ”. (2020 al 21817).
Diputada Pascal doña Denise , Solicita disponer una fiscalización a la administración del proyecto de agua potable rural de San José de Melipilla, a fin de determinar la legalidad del elevado pago que se exige a los nuevos usuarios que postulan a conectarse he dicho sistema, informando a esta Cámara el resultado de sus gestiones. (2021 al 22271).
Diputado Rincón, Felicita el nivel de avance del proceso de licitación del proyecto de construcción del embalse Bollenar en la comuna de Rengo, solicita la relocalización de 18 pozos profundos, ubicados en la comuna de Rengo porque es físicamente imposible acceder a ellos y requiere conformar una mesa de trabajo para el estudio de sistemas especiales de riego que puedan ser utilizados por la pequeña y mediana agricultura de la zona. (2022 al 20608).
Proyecto de Resolución 591, Solicita a los Ministerios del Interior y de Salud, la instalación de desfibriladores en espacios públicos. (2018).
Diputado Hasbún , Diputado Coloma , Informar a esta Cámara sobre la capacitación entregada a los pescadores de la caleta Queule , en la comuna de Toltén, indicando en qué consistía dicha capacitación, que consideraba el kit de trabajo entregado y valor real de dicho kit, dando respuesta a los demás requerimientos que se señalan. (1390 al 22103).
Diputado Coloma , Requiere información relacionada con el porcentaje de ejecución presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para 2016. (437 al 22700).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Diputado Espinosa don Marcos , Informar a esta Cámara sobre los montos de subsidios de reconstrucción asignados en la ciudad de Tocopilla, particularmente del beneficio otorgado a la señora Yubika Rojas Vega domiciliada en calle Guillermo Matta N° 2679, y sus plazos de ejecución (1181 al 20701).
Ministerio de Desarrollo Social
Diputado Poblete , Requiere informe a esta Cámara el número e identidad de las personas con discapacidad que han solicitado subsidio habitacional durante los últimos tres años y la cantidad asignada efectivamente. (2206 al 22613).
Diputado Hasbún , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los criterios y fundamentos aplicables para adquirir la calidad de indígena en virtud del artículo 2°, letra c) de la ley N° 19.253, señalando vuestra interpretación en relación a dicha norma y a los conceptos de rasgos culturales, formas de vida, costumbres y religión, indicando en qué instrumentos normativos se encuentran dichos criterios, pronunciándose respecto de las demás interrogantes que plantea. (2454 al 19177).
Diputado Pérez don José , Informe a esta Cámara sobre las irregularidades que denuncia, ocurridas en la reciente elección de los miembros del Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, disponiendo una investigación y adoptando las medidas que procedan para asegurar que el proceso se encuentre libre de todo vicio. (2455 al 17619).
Diputado Bellolio , Informar a esta Cámara sobre los lugares y dineros asignados para albergues destinados a personas en situación de calle en la provincia del Maipo de la Región Metropolitana. (2457 al 21812).
Diputado Poblete , Solicita informe a esta Corporación y a cada uno de los dirigentes del Consejo de Dirigentes Sociales del Adulto Mayor, los resultados del trabajo realizado por la mesa técnica conformada para el estudio de una tarifa en el transporte público diferenciada para los adultos mayores (3535 al 20094).
Diputado Chahin , Factibilidad de instar por el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad de la estación ferroviaria de Púa, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes que puedan afectar a personas adultas mayores y con discapacidad. (3538 al 15696).
Ministerio Público
Diputado Jaramillo , Solicita remitir información relacionada con la construcción del edificio institucional de la Fiscalía del Ministerio Público en la comuna de Ranco. (539 al 22717).
Ministerio Medio Ambiente
Diputado Hasbún , Diputado WARD, Remitir a esta Cámara la nómina de todos los profesionales que han sido destinados en comisión de servicio, desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, en todas y cada una de las reparticiones de las cuales dependen, con las especificaciones que requieren. (163527 al 22177).
Consejo de Defensa del Estado
Diputada Gurardi doña Cristina , Informar a esta Cámara si el Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas contra los alcaldes de las municipalidades de Cerro Navia y Quinta Normal por supuesta malversación de fondos o mal uso de recursos públicos, y de ser efectivo, remita información de su estado de avance. (5616 al 21940).
Diputada Gurardi doña Cristina , Solicita remitir información relacionada con las acciones emprendidas por ese organismo para determinar la responsabilidad del ex gerente de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Cerro Navia ante el 5° Juzgado de Garantía de Santiago, expresando su preocupación por un eventual desistimiento de ellas. Asimismo, reitera las peticiones contenidas en el oficio N° 21.940 de fecha 14 de Julio del 2016. (5616 al 22342).
Servicios
Diputado Rincón, Felicita el nivel de avance del proceso de licitación del proyecto de construcción del embalse Bollenar en la comuna de Rengo, solicita la relocalización de 18 pozos profundos, ubicados en la comuna de Rengo porque es físicamente imposible acceder a ellos y requiere conformar una mesa de trabajo para el estudio de sistemas especiales de riego que puedan ser utilizados por la pequeña y mediana agricultura de la zona. (2022 al 20639).
Varios
Diputada Núñez doña Paulina , Requiere información relacionada con las eventuales acciones realizadas por su repartición que habrían derivado en la aplicación de multas a la empresa Econssa S.A. con ocasión de las emanaciones de gases que afectaron, entre otros, al Liceo Industrial de Antofagasta. (3197 al 22677). Municipalidades
Diputado Mirosevic , Solicita adoptar las medidas necesarias para desarrollar un proyecto de construcción de pasarelas de seguridad en la línea férrea que cruza la ciudad de Arica, informando las líneas de acción que se seguirán en ese sentido. (3054 al 22530).
Diputado Mirosevic , Solicita informar el estado de avance del proyecto Gran Parque de Las Américas en la comuna de Arica, cuyas obras se habrían comprometido por las autoridades regionales y comunales el año 2015. (3062 al 22248).
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (98)
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: La diputada señora Loreto Carvajal Ambiado, y el diputado señor Jorge Tarud Dacarett.
-En Gestión encomendada por la Corporación: La diputada señora Andrea Molina Oliva, y los diputados señores Marcelo Chavez Velásquez, Celso Morales Muñoz y Jorge Rathgeb Schifferli.
-Con impedimento grave: El diputado señor Joaquín Godoy Ibáñez.-
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).- El acta de la sesión 58ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 59ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE SUBOFICIALES DE EJÉRCITO Y DE SUBOFICIAL DE CARABINEROS CON MOTIVO DE CUMPLIRSE TREINTA AÑOS DE SU FALLECIMIENTO
El señor ANDRADE (Presidente).-
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, corresponde guardar un minuto de silencio en memoria de los suboficiales de Ejército señores Miguel Guerrero Guzmán , Cardenio Hernández Cubillos , Gerardo Rebolledo Cisternas y Roberto Rosales Martínez , y del suboficial de Carabineros señor Pablo Silva Pizarro , con motivo de cumplirse treinta años de su fallecimiento.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
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El señor ANDRADE (Presidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para guardar un minuto de silencio en memoria de las siguientes personas, fallecidas en las mismas fechas: Felipe Rivera Gajardo , Gastón Vidaurrázaga Manríquez , José Humberto Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit Eidelstein .
¿Habría acuerdo?
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente, tal como lo establece el Reglamento, debe formular la petición con 24 horas de anticipación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, no le estoy ofreciendo la palabra; solo pido el asentimiento de la Sala sobre el particular. Es una petición de este Presidente.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, la petición de un minuto de silencio no puede ser una cosa personal. El procedimiento debe llevarse a cabo con respeto.
Todos hemos tenido consideración con quienes han perdido alguna vez un ser querido. Digo esto con conocimiento de causa, porque me he puesto de pie y guardado un minuto de silencio hasta por el Presidente Allende . Lo haría por cualquier persona por quien se pida.
Es muy malo hacer discriminaciones ridículas, pues ni la muerte ni el dolor tienen color político.
En consecuencia, pido más respeto en el momento en que se guarda un minuto de silencio y que la gente permanezca en el hemiciclo como corresponde. Hay personas que se hacen las interesantes y abandonan la Sala, lo que significa que les importa un pepino lo que ha pasado en el país.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, se guardó el minuto de silencio que se solicitó.
El Presidente de la Corporación fue el que pidió la unanimidad de la Sala para guardar un minuto de silencio en memoria de personas que murieron al día siguiente de quienes ahora han sido conmemorados, pero la Sala no dio su asentimiento. Ahora bien, si usted me lo solicita, la puedo pedir nuevamente.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado? No hay acuerdo.
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El señor ANDRADE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, por la cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Código Civil en materia de tramitación de muerte presunta de personas desaparecidas en el mar durante faenas de pesca (boletín N° 10624-07), actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, dado que el tema que aborda compete únicamente a esa comisión.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
FUSIÓN DE PROYECTOS
El señor ANDRADE (Presidente).
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Salud, por la cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir el proyecto de ley sobre protección de la Salud Mental (boletín N° 10563-11) con el que establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental (boletín N° 10755-11), ambos en primer trámite constitucional y reglamentario.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
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La señorita CARIOLA (doña Karol) .-
Señor Presidente, pido la palabra. El señor ANDRADE (Presidente).- Tiene la palabra, diputada.
La señorita CARIOLA (doña Karol) .-
Señor Presidente, solicito reunión de Comités sin suspender la sesión.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Así se procederá.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor SILBER (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a los acuerdos de Comités Parlamentarios.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Osvaldo Andrade , con la asistencia de las diputadas señoras Cariola , Pascal y Provoste , y de los diputados señores Browne , Coloma , Farías ; Pérez, don José , y Urrutia, don Osvaldo , adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Guardar en la sesión del día lunes 12 de septiembre un minuto de silencio en memoria de las siguientes personas, con motivo de cumplirse treinta años de su fallecimiento: José Humberto Carrasco Tapia , Abraham Muskatblit Eidelstein , Felipe Rivera Gajardo y Gastón Vidaurrázaga Manríquez .
2. Guardar en la sesión del día lunes 12 de septiembre un minuto de silencio en memoria de don Gabriel Valdés Subercaseaux , con motivo de cumplirse cinco años de su fallecimiento.
3. Rendir un homenaje a la huasa y al huaso chileno en la sesión del día martes 13 de septiembre, al término del tiempo de votaciones, con la intervención de un diputado por bancada.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Cariola .
La señorita CARIOLA (doña Karol) .-
Señor Presidente, quiero aclarar que el minuto de silencio que la Sala rendirá a las cuatro personas que mencionó el Prosecretario, no es solamente por cumplirse un año más de su fallecimiento, sino porque fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Ellos fueron asesinados. Es importante decirlo, porque así fue planteado en la reunión de Comités.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Diputada Cariola , lo vamos a corroborar con el Secretario, quien ofició de ministro de fe en esa oportunidad.
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El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco . La señora PACHECO (doña Clemira) .Señor Presidente, quiero referirme a un problema del que me acabo de enterar -por el cual me preguntaron los medios de comunicación que dice relación con que cuando ingresamos a la Sala, a las 10.30 horas, se suponía que la señal telefónica se cortaba en su interior.
Por lo tanto, quiero expresar a los colegas que pensaron que el inconveniente que se produjo había sido intencional, que no es así. En realidad, me retiré de la Sala para el minuto de silencio, pero se me quedaron todas mis cosas, incluyendo la cartera y el teléfono móvil. En ese momento alguien me llamó, el teléfono sonó e interrumpió el minuto de silencio.
Quiero precisar que no hubo ninguna intención de interrumpir ese acto.
Reitero que se supone que la señal telefónica se interrumpe en la Sala a partir de las 10.30 horas.
Gracias por permitirme hacer esta aclaración.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa .
El señor ULLOA..-
Señor Presidente, agradezco la explicación entregada por la señora diputada. Creo que es muy importante que lo haya aclarado.
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La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, faltó informar a la Sala sobre el acuerdo, adoptado por unanimidad, para que la Comisión de Ética invite a la senadora Lily Pérez , con el fin de que entregue todos los antecedentes de que dispone sobre la denuncia que ella hizo pública respecto de la conducta de algunos parlamentarios.
V.ORDEN DEL DÍA
FERIADO EN REGIÓN DE COQUIMBO POR CELEBRACIÓN DE FIESTA DE LA PAMPILLA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10493-06)
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde tratar la modificación introducida por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que declara feriado el 20 de septiembre de cada año en la Región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la fiesta de La Pampilla.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 66ª de la presente legislatura, en 7 de septiembre 2016. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor ANDRADE (Presidente).-
De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, corresponde votar la iniciativa sin discusión.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías.
-Votó en contra el diputado señor Squella Ovalle , Arturo .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Edwards Silva, José Manuel ; Pilowsky Greene, Jaime ; Urrutia Soto , Osvaldo .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS ACTOS DE GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno en relación con la situación de inseguridad que se vive en la Región de La Araucanía.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el pasado martes, se destinarán diez minutos para rendir el informe y luego un tiempo de debate de una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.
Diputado informante de la Comisión Investigadora es el señor Germán Becker .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno relativos a situación de inseguridad en la Región de La Araucanía, sesión 60ª de la presente legislatura, en 30 de agosto de 2016. Documentos de la Cuenta N° 11.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BECKER (de pie).-
Señor Presidente, la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno en relación con la situación de inseguridad que se vive en la Región de La Araucanía, la que tuve el honor de presidir, me ha encomendado informar respecto del estudio realizado por ella en cumplimento del mandato otorgado por esta honorable Sala.
La comisión se constituyó el miércoles 13 de enero de 2016 y acordó trasladarse a la Región de La Araucanía para celebrar una sesión en dicha zona.
Los miembros de la comisión escucharon a diversos personeros, tanto del ámbito público como privado, quienes la ilustraron sobre el contexto histórico dentro del cual se enmarca el conflicto; aspectos de hecho, legales, técnicos y administrativos de su objeto y, además, se recogieron propuestas de las distintas intervenciones de quienes participaron en la comisión.
La comisión celebró 25 sesiones ordinarias y extraordinarias.
Tomando en consideración la totalidad de los antecedentes y testimonios entregados, los integrantes de la comisión acordaron, por unanimidad, votar por separado cada una de las conclusiones y propuestas, cuyo resultado se consigna en el documento que obra en poder de los señores diputados y las señoras diputadas.
Asimismo, la comisión acordó que se remita copia del presente informe a la Contraloría General de la República.
I.- Análisis de la situación de seguridad pública y de participación de los organismos gubernamentales
Los niveles de violencia verificados en los últimos años en la Región de La Araucanía resultan inéditos y dejan en evidencia la incapacidad estatal de proveer seguridad a la población en algunos sectores rurales.
Si bien los conflictos en la región se arrastran por años y en lo absoluto son endosables a una administración en particular, resultan alarmantes los grados de impunidad, lo que, en efecto, permite hacer un diagnóstico negativo de la institucionalidad encargada de prevenir y sancionar los hechos delictivos.
Particularmente en la Región de La Araucanía, los niveles de inseguridad están directamente relacionados con los índices de eficacia estatal en la labor preventiva y represiva de los hechos delictivos. Es imperativo dotar de eficacia a la labor persecutoria, y ello solo se puede lograr con la voluntad de todos los involucrados, ya sea mediante el perfeccionamiento de las investigaciones y las indagatorias, tratándose de policías y fiscales; de la voluntad y la convicción de atacar el delito con rigor por parte de la autoridad de gobierno, y de la implementación de los cambios legislativos que se requieran, tratándose de la sede legislativa.
Si bien el marco de violencia política que se vive en la Región de La Araucanía requiere necesariamente para su solución de un diálogo fraterno y de la participación de todos los actores políticos, el hecho de no perseguir con firmeza los actos delictivos importa establecer dudas acerca del correcto funcionamiento de las instituciones, lo que instala en la población la sensación de que no habrá sanciones para quienes atenten contra bienes o personas. En definitiva, lo que se debilita es el Estado de derecho.
Ahora bien, aun cuando las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche puedan ser justificadas y atendibles, ello no habilita en un Estado de derecho el uso de mecanismos violentos. Sin perjuicio de las instancias de diálogo político que deben constituirse para buscar una solución de fondo al conflicto, el Estado tiene el deber de perseguir el delito y de hacer uso de las herramientas legales vigentes.
Sin perjuicio de que no todos los ilícitos que tienen lugar con ocasión de reivindicaciones territoriales pueden ser calificados de terrorismo, bien se puede hacer uso de los tipos penales contemplados en la ley N° 18.314, en la medida en que los delitos puedan ser catalogados como terroristas, atendido lo prescrito por la norma.
Es necesario señalar que la utilización de esta herramienta legal no solo se ve condicionada por las dudas políticas respecto de su conveniencia, sino también por la complejidad que han experimentado los fiscales para acreditar el dolo terrorista. Lo anterior no ha obstado a que, de acuerdo con una evaluación de mérito y conveniencia, la autoridad haya deducido acciones por Ley Antiterrorista o Ley de Seguridad del Estado, lo que es independiente de lo que, en definitiva, determinen los tribunales de justicia.
En la labor preventiva, sin embargo, parecen advertirse inconsistencias y falencias que solo han favorecido la impunidad.
La autoridad del gobierno central debe ser estricta en exigir de sus diversos agentes un compromiso con el mandato constitucional de resguardo de la seguridad y el orden público. Particularmente en ello son los intendentes regionales los llamados a tomar una acción positiva en la búsqueda de soluciones y del diálogo político, pero también, paralelamente, en el resguardo de la integridad de la población regional.
Nos hacemos eco del anhelo de los habitantes de la Región de La Araucanía de vivir en un ambiente de paz, fraternidad y seguridad. Ello, por cierto, depende de todos, pero particularmente de los órganos del Estado que deben destinar todos sus esfuerzos en marginar a un pequeño grupo que propicia la violencia, dando espacio al diálogo entre los diversos actores regionales.
Mención especial al funcionamiento de la Corporación Nacional Indígena y a la política de tierras como causante de la violencia
Según muchos de los invitados a la comisión y de acuerdo con las opiniones recogidas en la región, existe consenso en identificar la política de tierras como uno de los puntos centrales del conflicto, por lo que introducir modificaciones a la institucionalidad vigente es, sin lugar a dudas, un aspecto prioritario. Parte sustancial de la revisión de dicha institucionalidad pasa, por cierto, por la revisión de la forma en que la Conadi administra el fondo de tierras y, en general, los recursos destinados a los pueblos originarios. La forma desprolija y, en muchos aspectos, irregular con que se ha beneficiado a determinadas comunidades o sujetos ha generado grandes desigualdades en el acceso al fondo de tierras, lo que provoca resentimiento y pérdida de confianzas en una institución que, por el contrario, debería ser un puente de fortalecimiento de las mismas.
Concretamente, la política de tierras se ha transformado en una mecánica de compra y de entrega de inmuebles en sectores rurales, sin apoyo para el desarrollo productivo ni consideraciones de habitabilidad.
En definitiva, este órgano encargado de ejecutar la política de tierras no ha respondido a las expectativas, y debe ser revisada su continuidad en los términos actuales. Las denuncias de irregularidades y la politización del servicio son compartidas por los actores regionales.
Puesto en votación el texto introductorio de conclusiones, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, diputados Joaquín Tuma , Gustavo Hasbún , Jorge Rathgeb , Ignacio Urrutia , Mario Venegas y Bernardo Berger (en reemplazo del diputado Germán Becker) .
II.- Propuestas
Se generaron aproximadamente treinta propuestas para avanzar hacia una mejor convivencia en la región. No daré a conocer el resultado de las votaciones de cada una de ellas; solo hago presente que, en general, fueron aprobadas por unanimidad. La diputada Clemira Pacheco se abstuvo respecto de algunas de ellas, y en un par de ocasiones votó en contra, al igual que el diputado Lautaro Carmona . El diputado Fuad Chahin se abstuvo en dos ocasiones. Los demás diputados votaron favorablemente todas las propuestas.
a) Propuestas referidas a cuestiones de orden político-administrativo que han causado la violencia
i.- Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios
En este punto definitivamente estamos en deuda como Estado, y debemos avanzar en cambios legislativos que importen reconocer constitucionalmente a nuestros pueblos originarios, al igual que lo han hecho muchos países latinoamericanos.
ii.- Representación política de los pueblos indígenas
Si bien se observan avances con el ingreso del proyecto que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, y del que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, debemos avanzar aún más. La comisión estima conveniente adoptar mecanismos que permitan garantizar la participación política indígena en todo el ámbito público.
iii.- Determinación precisa del proceso de consulta que dispone el Convenio 169 de la OIT.
iv.- Modificaciones a la ley indígena y, en particular, a la política de tierras
Es necesario perfeccionar, en lo inmediato, los procedimientos de compra de tierras, en particular lo referente al artículo 22, letra b), de la ley N° 19.253. Respecto de la necesidad de modificar la política de tierras y la forma como está trabajando la Conadi no hubo dos opiniones en esta comisión. En efecto, tanto desde la propia Conadi como desde el mundo académico y gubernamental se plantearon diversas propuestas para mejorar este punto:
-Establecer elementos que permitan evitar la proliferación de comunidades y la reutilización de títulos. La Conadi no está facultada para prohibir la constitución de comunidades que cumplan con los requisitos. Por tanto, reuniéndolos, la corporación debe registrar y conceder personalidad jurídica a la comunidad. En tal virtud, se debe impedir que se creen nuevas comunidades y la utilización por parte de esta con un mismo título de merced para la compra de tierras.
-Establecer con carácter permanente la glosa de la Ley de Presupuestos 2016. La Conadi debe establecer la antigüedad de la demanda, priorizar a las comunidades que no tienen compra y particularmente respetar, por sobre todo, la prohibición de adquirir predios que hubiesen sido objeto de perturbaciones en su posesión.
-Suprimir por la vía legal o mediante un dictamen de la Contraloría General de la República las cuotas de facto.
-Fortalecer el presupuesto para las postulaciones efectuadas según el artículo 20, letra a). A diferencia del artículo 20, letra b), que trata de un fondo de financiamiento, el 20 a) es un subsidio vinculado a la insuficiencia territorial sobreviniente en la actualidad.
-Crear mecanismos transparentes y competitivos para la compra de tierras. Esto me parece interesante. Es necesario crear fórmulas de adquisición de los predios a base de licitación pública, de manera de transparentar el proceso y generar una oferta que permita reducir los precios considerablemente y terminar con la especulación y el uso político de la compra de tierras.
-Diversificar los mecanismos de compensación.
Solo estoy leyendo los títulos de las propuestas, porque estamos pasados en el tiempo.
-Mayor participación de los pueblos indígenas en los procesos de planificación territorial y en la aprobación de proyectos de alto impacto ambiental.
-Fortalecimiento de la educación intercultural.
-Envío a trámite legislativo de un mensaje presidencial para la región. Aquí, la verdad es que el ministro del Interior, don Mario Fernández , se comprometió en la comisión -lo repitió varias vecesa ingresar a trámite legislativo un proyecto de ley para otorgar beneficios especiales a la región, entendiendo sus niveles de pobreza y particulares necesidades.
Hay otras propuestas referidas a la persecución y sanción de los hechos de violencia.
-Modificaciones a la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas.
-Imposibilidad de acreditar en juicio el dolo terrorista y la subjetividad del tipo penal.
-Perfeccionar y morigerar el estándar probatorio del testigo protegido.
-Incorporación de técnicas investigativas utilizadas en la ley N° 20.000. Resulta inaceptable que las fiscalías cuenten con más herramientas para perseguir las infracciones a la ley de drogas que las que tiene para perseguir los ilícitos incluidos en la ley antiterrorista.
-Impulsar los mensajes presidenciales y las mociones que recogen los puntos anteriores. Una de las grandes falencias detectadas por la comisión fue la falla en los sistemas de inteligencia que permitan prevenir estos actos de violencia. Se deben coordinar los sistemas de inteligencia, porque no han actuado coordinadamente.
-Incorporar la información obtenida por la ANI a los procesos judiciales y revisar el tema de las competencias judiciales.
Los jueces han sido objeto de muchas presiones y de hostigamiento, por lo cual pensamos que sería posible realizar los juicios en regiones distintas de aquellas en que se cometen los delitos.
-Protección de víctimas y testigos.
-Evitar las dilaciones injustificadas de audiencias. La verdad es que se han suspendido muchas audiencias alegando cambio de abogado, lo que se hace de manera prácticamente indefinida. A veces se postergan por uno o dos años las audiencias.
Otro aspecto importante es el referido a la reparación de las víctimas. Es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de generar mecanismos compensatorios para las víctimas.
-Crear estímulos para la productividad y el emprendimiento.
También creemos que es importante. El gobierno se comprometió a esto hace más de un año y medio, cuando fuimos a hablar con el subsecretario, a estudiar la implementación de un sistema de seguros para generar más trabajo y proyectos nuevos.
-Implementación de planes de productividad para incentivar y optimizar la explotación de predios con aptitud agrícola, especialmente en el mundo mapuche, porque cuando les entregan los predios, prácticamente no tienen cómo explotarlos.
-Priorizar la calidad predial en las compras, de modo que realmente sean productivas y los comuneros que se instalen ahí tengan la posibilidad de generar recursos para sus familias.
-Finalmente, desarrollar nuevas oportunidades de emprendimiento.
Señor Presidente, en verdad es muy difícil resumir en tan poco tiempo la labor desarrollada por una comisión que trabajó más de setenta horas. En todo caso, creemos que las propuestas son bastante claras y están todas en el informe, que esperamos entregar a las autoridades pertinentes, para ver si algunas de las propuestas pueden ser implementadas.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Presidente accidental).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos y quince segundos, el diputado Mario Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, parto señalando que, no obstante las diferentes visiones que tenemos sobre el tema, hicimos un esfuerzo por consensuar una mirada común y un informe común, porque entendimos que, desde el punto de vista político, era una pésima señal, para alcanzar el objetivo que a todos nos une, esencialmente a los diputados de la Región de La Araucanía, el que hubiéramos aparecido discrepando, divididos o con visiones contrapuestas respecto de un tema tan sensible.
De ahí que no les debe extrañar que la inmensa mayoría de las conclusiones, de los considerandos y de las propuestas fueran aprobados casi por unanimidad.
Asimismo, debo decir, especialmente para nuestros colegas que no son de la región, que la situación que vivimos en La Araucanía es excepcionalísima. No creo posible que alguien que no viva permanentemente en esa región sea capaz de dimensionar el grado de alteración de la vida que sufrimos en la zona a causa de los hechos de violencia, que se dan con una habitualidad que no podemos entender como normal.
Hay una violencia rural instalada que afecta a una enorme cantidad de personas. Eventualmente, uno podría decir que se trata de las grandes forestales y, a lo mejor, por su presencia y todo eso, hay algún grado de justificación. Pero no es así, porque estamos hablando de pequeños propietarios, de parceleros, algunos los cuales vienen de la reforma agraria. Es gente modesta que ha perdido todos sus bienes a consecuencia de la violencia; son pequeños empresarios que han visto perder el esfuerzo de toda su vida.
Conozco casos de profesores que, una vez terminada una larga jornada de trabajo docente, han querido irse a esa zona para descansar, pero han encontrado completamente destruida la casita que construyeron.
Conocemos el dolor de la gente que ha sufrido. Entendemos, también, que hay un problema bastante serio, pues nuestros hermanos mapuches también sufren.
El objetivo de esta comisión investigadora era ver qué tan eficientes estaban siendo las distintas instituciones del Estado en hacer algo que es un imperativo que imponen la Constitución y las leyes: garantizar la seguridad de cada ciudadano y ciudadana de la región; asegurar el orden público.
¿Saben cuál es la conclusión? Que, en general, están haciéndolo muy mal. Lo están haciendo pésimo porque, en realidad, no han logrado hacer algo tan simple como es establecer quiénes son los responsables de los actos de violencia, y sancionarlos.
No estoy haciendo cargos a nadie, pues sería una irresponsabilidad. Lo que más nos indigna a quienes vivimos allá, en la región, de manera permanente -no los que van de paseo el fin de semana, por un par de horas, exclusivamente para ser candidatos-, es que hay un montón de gente que opina sin ninguna base, con una superficialidad enorme.
Queríamos hacer un gesto.
La Conadi no está funcionando bien; Carabineros de Chile no está funcionando bien, los organismos, los tribunales no están funcionando bien. La ley que tenemos no funciona. Hay una sensación de que se impone una suerte de impunidad para algunos, una ineficacia absoluta en la persecución de los delitos que allí se cometen.
Ni qué decir del Estado, respecto de saldar la deuda que tiene con nuestros pueblos originarios, parte central de la discusión. Tampoco existe reparación a las víctimas.
Pido que cada uno de los presentes nos pongamos en la situación de que un día equis, sin que tengamos ninguna culpa, desaparezca nuestro esfuerzo de toda una vida. ¿No sería razonable pedir al Estado que nos ayude en algo?
Planteamos una serie de medidas en ese sentido. Una de ellas es la promulgación de una ley especial para la Región de La Araucanía. Tenemos una gran esperanza en ella, por lo que quiero consignarla.
La Región de la Araucanía se incorporó al Estado de Chile con alrededor de sesenta años de retraso, y eso se nota. Históricamente, hemos sido la región más postergada del país, la que tiene la mayor cantidad de comunas en situación de extrema pobreza y la que tiene la mayor presencia de población originaria, que es el pueblo mapuche. Por eso necesitamos un tratamiento especial.
Ojalá que esto sirva para que el compromiso del ministro del Interior se concrete a la brevedad. Lo planteo porque ya en gobiernos anteriores, específicamente en el del señor Piñera , se hizo una oferta de esa naturaleza, que, por desgracia, no se concretó. Esperamos que durante esta administración sea realidad, porque la gente de la Región de La Araucanía, especialmente la más modesta, lo demanda y lo exige como el pago de una deuda pendiente que mantiene el Estado central con nosotros.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún .
El señor HASBÚN.
Señor Presidente, lo primero que se hizo en esta comisión fue un diagnóstico, para posteriormente elaborar las conclusiones y las propuestas.
Cuando se realizó el diagnóstico, se diferenció la violencia como tal, la existencia de grupos subversivos, la violencia política que se genera en la región y la deuda histórica por la falta de políticas públicas en relación con el pueblo mapuche.
Luego del análisis, las conclusiones se focalizaron en dos grandes áreas: cómo se combate la violencia, cómo se combate a los grupos subversivos que operan en la región, cómo detectar y prevenir la violencia, y, finalmente, cómo condenar a las personas que utilizan la violencia como mecanismo de protesta.
Nos dimos cuenta de que hay una serie de dificultades desde el punto de vista judicial para lograr lo anterior, pues el Ministerio Público no tiene las facultades necesarias. Además, existe una serie de problemas respecto de la actuación de Carabineros, que tampoco tiene las atribuciones para obtener los medios de prueba necesarios para que el Ministerio Publico investigue los delitos y los tribunales juzguen y condenen a los responsables de la violencia.
También nos dimos cuenta de que la solución no es tener más carabineros en la zona, si no les damos las herramientas adecuadas para investigar y obtener los medios probatorios necesarios para que el Ministerio Público haga su trabajo y los tribunales apliquen las condenas que corresponden. Asimismo, debemos entregar a esa institución policial los medios tecnológicos, humanos y las herramientas jurídicas que permitan prevenir esos delitos.
Como dije, se hizo ese diagnóstico para analizar lo anterior, a lo que se suma la deuda histórica que existe con el mundo mapuche, que tiene que ver principalmente con la falta de políticas públicas orientadas a resolver problemas de discriminación y de pobreza en que viven las distintas comunidades de la Región de La Araucanía.
Esos problemas resultan muy evidentes cuando uno compara zonas urbanas que se encuentran a cinco minutos de comunidades mapuches, ya que se puede observar que estas últimas no tienen agua potable ni electricidad, como sucede con agrupaciones mapuches aledañas a Padre Las Casas, donde estuve el fin de semana pasado. A cinco minutos de esa ciudad y de dicha agrupación se construyen viviendas sociales que cuentan con esos servicios. Entonces, esos pobladores mapuches se preguntan por qué aún no cuentan con esos servicios tan básicos para la subsistencia si están al lado de esos desarrollos inmobiliarios.
Estos ejemplos, que parecen mínimos, demuestran claramente la falta de políticas públicas orientadas a superar la pobreza en que vive el mundo mapuche.
Debemos ser claros al respecto: esto tiene que ver no solo con una falta de políticas públicas orientadas a combatir la pobreza, sino con sus reivindicaciones y con el reconocimiento multicultural, lo que también es parte de las decisiones políticas que debemos adoptar para garantizarles la integración, dado el carácter multicultural de nuestro país, donde existen personas que piensan diferente, que viven de manera distinta y que tienen derechos diversos.
Otra cuestión que surgió del diagnóstico es la política de entrega de tierras de la Conadi, que ha sido un desastre, no solo en este gobierno; hay que ser honestos.
En la actualidad, la “ley indígena” es prácticamente promotora de la violencia o, por lo menos, incentiva las tomas, ya que tiene que haber un territorio en conflicto para que la Conadi compre esas tierras.
Además, no hay una política clara sobre cómo se deben comprar las tierras. De hecho, existe una denuncia interpuesta por el diputado Fernando Meza y por quien habla, pues el actual director de la Conadi entregó tierras a las comunidades más violentas de la zona, a sabiendas de que una glosa presupuestaria para 2016 no permite la compra de tierras para las comunidades que promueven la violencia como mecanismo de protesta.
Ahí se generó un problema, porque nos dimos cuenta de que la Conadi, como institución, no protege ni representa los intereses del Estado y de las comunidades mapuches. Por el contrario, ha servido y sirve como trampolín político, utilizado políticamente para sacar provecho en determinadas oportunidades, para pagar favores políticos a algunas personas y para favorecer a ciertas comunidades.
Lo dicho demuestra claramente que hoy tenemos un problema de fondo con esa institución, que, como dije, ha servido como operadora política, no como un organismo que debe solucionar los problemas que afectan día a día a distintas comunidades y a pequeños parceleros.
Se habla de las víctimas y de su total abandono. Quiero referirme a Marco Baratta , quien tenía una barraca en Victoria, que fue incendiada en un atentado, por lo que él quedó prácticamente en la calle, sin recibir ningún tipo de ayuda.
La comunidad en general ha tratado de ayudarlo de la mejor manera para que pueda reiniciar su negocio; sin embargo, las autoridades políticas del gobierno, a las que ha tratado de recurrir, le han cerrado las puertas. Solo aparecieron cuando su barraca fue incendiada, para decirle que iba a recibir apoyo. Hasta el momento no ha recibido ninguna ayuda, por lo que se encuentra absolutamente abandonado por las autoridades.
También tenemos el caso de Marilyn Vallejos , una pequeña parcelera, que preside la Asociación de Víctimas de Violencia Rural de la provincia de Malleco. A su madre, lisiada, le quemaron su casa hace cinco años.
La madre de Marilyn Vallejos falleció en Collipulli en condición de allegada, porque nunca pudo volver a entrar a su parcela. En cinco años, la Conadi no ha sido capaz de resolver esta situación, ni tampoco la situación de otras personas que también son víctimas de la violencia. Sin embargo, resuelve los problemas de los grandes latifundios y de las comunidades más violentas.
El caso de la señora Marilyn Vallejos y de su madre es emblemático, porque demuestra claramente la situación que sufren los habitantes de la región. En estos cinco años, Marilyn Vallejos y sus familiares no han podido ingresar a su propia parcela y se han visto despojadas de todos sus ahorros. Pero no solo han sufrido esa situación, sino que han visto cómo se han asentado otras personas en la parcela, de la que todavía son dueñas, porque organismos públicos han permitido que una comunidad trabaje la tierra, lo que constituye una usurpación de terreno.
Otro caso es el de la señora María Luz Balboa , quien lucha a diario contra las comunidades violentas. Ella no ha querido dar su brazo a torcer.
También puedo mencionar a la familia Bascur , que vive en diez hectáreas, a quienes les disparan permanentemente, por lo que deben tener presencia policial. Ellos no han recibido ningún tipo de ayuda de parte del Estado. Están totalmente abandonados.
Así como ellos, podríamos mencionar a un sinnúmero de personas que han pasado por situaciones de extrema gravedad y que se sienten abandonadas por parte del Estado chileno. Ellas son víctimas no solo de la violencia política, sino de la falta de políticas públicas para enfrentar el conflicto mapuche.
Insisto, se trata de un conflicto con dos causales que se deben separar: una se relaciona con la deuda histórica, la falta de políticas públicas, la pobreza, el reconocimiento multicultural, y otra muy distinta es la que tiene que ver con la existencia de grupos terroristas o subversivos que están operando en la zona, porque hoy no hay leyes claras que garanticen el respeto del Estado de derecho y entreguen atribuciones a las policías para que puedan actuar.
Ese diagnóstico nos llevó a plantear una serie de propuestas, entre las cuales puedo mencionar la entrega de mayores atribuciones a las policías y al Ministerio Público; realizar modificaciones legales, por ejemplo, a la ley antiterrorista. Debe existir un compromiso real con las víctimas de la violencia, que se traduzca en una reparación efectiva para las personas que lo han perdido todo, debido a los permanentes atentados que les ha tocado vivir.
Entre las propuestas podemos mencionar también la necesidad de perfeccionar una institución como la Conadi, realizar un cambio radical en la política pública de compra de tierras. Queremos que la Conadi deje de ser utilizada como una verdadera bolsa de trabajo de la Nueva Mayoría. La Conadi se ha transformado en una institución que, por sobre todas las cosas, beneficia a algunos políticos que se han aprovechado del conflicto.
En relación con el tema del reconocimiento multicultural, obviamente debemos hacer cambios, los cuales deben apuntar a que los pueblos originarios tengan representatividad. El reconocimiento constitucional a la existencia de los pueblos originarios es el puntapié inicial para lograr ese objetivo. Al existir un reconocimiento constitucional se abrirá la puerta para respetar el compromiso que adquirió nuestro país al firmar el Convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de los pueblos originarios.
Eso es parte de lo que debemos hacer, a lo que debemos comprometernos. Es el camino correcto para solucionar el problema.
En síntesis, por un lado, tenemos la deuda histórica con los pueblos originarios, y por otro, la necesidad de combatir, con el máximo rigor de la ley, a los grupos subversivos y terroristas que operan en la región.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker .
El señor BECKER.-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a los diputados que me permitieron ser Presidente de esta comisión especial investigadora, tan importante para nuestra región, especialmente a los diputados de la Nueva Mayoría, que además durante todo el desarrollo de la comisión apoyaron las propuestas, con quienes trabajamos en conjunto y logramos, en mi opinión, un consenso inédito.
Todos los diputados de la Región de La Araucanía aprobaron el informe y votaron favorablemente cada una de sus propuestas, lo cual me parece absolutamente destacable. Fue un trabajo que desarrollamos entre todos.
No es normal que diputados de Chile Vamos y de la Nueva Mayoría votemos de igual forma en las comisiones, sobre todo en una tan polémica. Nadie tuvo la tentación de sacar réditos políticos con esto y todos dijimos que este es un problema de Estado, y no de un gobierno en particular. La deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios, en particular de La Araucanía, con nuestro pueblo mapuche, se arrastra desde hace mucho tiempo.
En la comisión quedó claro que hay dos temas. Uno es el apoyo que debemos dar a todas las comunidades del pueblo mapuche, por la deuda histórica que tenemos con ellos. Me refiero no solo a un apoyo en el ámbito productivo, sino también en el político. Es necesario realizar reformas políticas a la brevedad, entre las cuales se encuentran la reforma constitucional que permita el reconocimiento de los pueblos originarios, avanzar en el ministerio de pueblos indígenas, crear los consejos de pueblos originarios, que nos permitan tener una interlocución más rápida y mejor con nuestros pueblos originarios y, además, evaluar la posibilidad de que existan escaños parlamentarios exclusivos para los pueblos originarios.
Esos temas están pendientes, en los que debemos avanzar y, obviamente, del diálogo que se está desarrollando en La Araucanía, probablemente, van a salir a la luz algunos temas que deberemos tratar durante los próximos meses o años en el Congreso Nacional.
Este diálogo y trabajo que tenemos que llevar a cabo con los pueblos originarios no debe impedirnos que también desarrollemos una buena labor con las policías, con el Ministerio Público y con los jueces, porque la situación en La Araucanía es muy grave y por eso todos los diputados de la región votaron favorablemente este informe.
Hay diputados de otras regiones que hacen comentarios sobre si son actos terroristas o no, los derechos internacionales, etcétera. La verdad es que poco me importa eso; lo que me interesa es que hay gente en La Araucanía, compatriotas, pequeños agricultores muy pobres, que han tenido que abandonar sus parcelas porque no pueden vivir tranquilos, porque les quemaron sus casas, porque han sufrido atentados gravísimos.
Hay personas que tienen pequeños emprendimientos. A ellas les han quemado su maquinaria y lo han perdido todo. Esa gente es la que me importa.
Si los responsables son terroristas o no lo son, no me importa; si hay mapuches o no hay mapuches, menos me importa. Lo que me importa es que las personas que generan esos atentados sean apresadas y condenadas de una vez por todas. Eso es lo único que nos interesa para trabajar tranquilos en La Araucanía.
El 99 por ciento del pueblo mapuche es gente de paz que intenta trabajar y mejorar sus condiciones de vida.
Es necesario que exista tranquilidad en nuestra región. En tal sentido, creemos que los servicios de inteligencia no han funcionado bien, que las policías no han hecho bien su trabajo.
El hecho de que se diga que es terrorismo o no me tiene sin cuidado. Por lo demás, en el informe fuimos muy cautos en decir que podía haber acciones que revestían carácter terrorista. No hablamos nunca de terrorismo en La Araucanía.
Por otra parte, en una de las sesiones el ministro del Interior se comprometió a presentar un proyecto de ley especialmente dirigido a solucionar los problemas de La Araucanía.
Hay muchos gobiernos que se han comprometido a hacer algo similar, pero no ha pasado nada. Aun así, tengo la esperanza de que el ministro Fernández cumpla su promesa. Todos los diputados de la región vamos a estar atentos a la promulgación de una ley especial que nos permita tener más recursos para mejorar las condiciones particulares en que vivimos.
En nuestra región hay una mesa de diálogo, presidida por el obispo Héctor Vargas , que está trabajando en torno de buscar soluciones a los conflictos que nos afectan. Es importante que el informe de la comisión sea entregado a la mesa de diálogo porque incluye muchas propuestas. Si bien a la diputada Pacheco no le gustaron algunas, hay muchas que son muy positivas para la región, que tienen que ver con cambios al fondo de tierras, con apoyo al pueblo mapuche y con reformas políticas para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos originarios.
Todas esas propuestas pueden ser recogidas por la mesa de diálogo e implementadas a la brevedad por ella o por un futuro gobierno.
Señor Presidente, estoy muy satisfecho por el resultado de la comisión. Es inédito que todos los parlamentarios hayamos estado de acuerdo con las propuestas, salvo la diputada Pacheco , que en algunos casos se abstuvo y en otros votó en contra. Lo mismo sucedió con el diputado Carmona , que también votó en contra un par de propuestas.
Este va a ser un aporte para nuestra región, para avanzar en la paz en la Región de La Araucanía y mejorar la convivencia, que es lo que todos queremos.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma .
El señor TUMA Señor.-
Presidente, la comisión que se constituyó para investigar la violencia en La Araucanía es una instancia más de todas las que hemos constituido durante los últimos años.
Quienes me antecedieron en el uso de la palabra hablaron mucho sobre la investigación de la comisión respecto del tema judicial, policial, del terrorismo o no terrorismo, etcétera.
Muchas comisiones han hecho diagnósticos, pero yo quiero resaltar el hecho de que existe un camino de encuentro, de participación, de diálogo y de soluciones.
Después de que los integrantes de la comisión visitaran Temuco, comprometí mi voto en la generalidad de las propuestas efectuadas por dicha instancia. En esa oportunidad recibimos a distintos actores políticos, sociales, de Carabineros y de todos los sectores involucrados en el tema.
Quiero partir haciendo un poco de historia.
El Estado de Chile, a partir de 1881, lleva adelante la mal llamada “Pacificación de La Araucanía”. Esa acción redujo los territorios del pueblo mapuche en la Región de La Araucanía de 5.000.000 a 500.000 hectáreas. Eso se llevó adelante a través de títulos de merced entregados a los loncos o jefes de familia.
Hay que señalar que hubo muchos abusos en la entrega de títulos por parte del Estado, antes y después del período señalado.
Tenemos un hito posterior, que es la ley N° 19.253, promulgada en 1993, durante el gobierno del Presidente Aylwin. A partir de ese cuerpo legal se fijó un trato distinto. Con todo, esa legislación ha funcionado de manera defectuosa o con muchas dificultades. Esa ley fue mal diseñada, pues no consideró una serie de aspectos que fueron dificultando el desarrollo de la relación del Estado con los pueblos originarios, especialmente con el pueblo mapuche. Por ejemplo, todavía existen más de doscientas escuelas unidocentes. Esa situación no se da en ninguna otra región.
En materia de servicios básicos, todavía hay 100.000 personas que carecen de agua potable. Esa situación ha provocado disconformidad entre los integrantes de los pueblos originarios.
Por más de 130 años la sociedad mayor y el Estado de Chile han impuesto todas las reglas del juego, sin participación de los pueblos originarios. Esa es la piedra angular que da origen al conflicto.
Repito: la ley N° 19.253 no responde a las demandas de los ciudadanos; no responde al pueblo mapuche en lo que respecta a su reconocimiento constitucional, lo que, sin duda, constituye una deuda.
La ley N° 19.253 se refiere, entre otras materias, a la compra y entrega de tierras como compensación en caso de que los títulos de merced hubieran sido dañados. Eso se generó hace 23 años, pero no se contempló que las demandas sobre el particular irían in crescendo.
Hoy existen más de 150 comunidades con certificado de aplicabilidad, es decir, beneficiarias de alrededor de 100.000 hectáreas, las que el Estado debiera entregarles ya. Sin embargo, dicha deuda no se ha podido saldar durante los últimos veinte años. Siempre vamos atrasados.
Como señalé, el derecho a la obtención de tierras consta en los certificados de aplicabilidad, pero el Estado no pone la plata, y cuando la pone, lo hace mal, ya que sencillamente entrega a las comunidades la responsabilidad de buscar terrenos para que el Estado los pague, aunque en muchas oportunidades esos terrenos no sirven para nada o no tienen pertinencia. Conocemos de pagos de compensaciones de títulos de merced con terrenos que se encuentran a más de 200 kilómetros de la comunidad, la que no está dispuesta a irse a un lugar donde no está ni su gente, ni su iglesia, ni su escuela, etcétera.
Tenemos otro problema.
Hay muchas materias que debemos modificar en la ley, pero no podemos hacerlo porque después de que se firmó el Convenio 169, vigente a partir de 2009, es necesario consultar cada materia que se quiere cambiar. El problema radica en que los procedimientos de consulta no están institucionalmente definidos y no se encuentran disponibles por falta de recursos. Ello provoca que queden entrampados.
En 2012, el diputado que habla presentó una modificación constitucional para que los pueblos originarios tengan cupos supernumerarios en todas las instituciones del Estado, especialmente en los municipios, en los concejos, en la Cámara de Diputados y en el Senado.
¡No ha sido posible!
Aunque existen enormes dificultades, tengo la esperanza de que con la nueva institucionalidad que estamos discutiendo lograremos provocar cambios significativos. ¿Cuál es la nueva institucionalidad? El Consejo de Pueblos Indígenas. De esa forma vamos a crear “al otro”. No tenemos “al otro”. El “otro” es esa contraparte que queremos. La idea es que el pueblo mapuche tenga una representación legítima y legitimada. Eso no ha sucedido.
Además de la institucionalidad anterior, se creará el Ministerio de Pueblos Indígenas, que será el instrumento del Estado para responder de manera eficaz y pertinente a las demandas de los pueblos originarios, especialmente del pueblo mapuche.
Por lo tanto, debemos lograr que los proyectos de ley que crean esas dos institucionalidades sean rápidamente discutidos y despachados por la Cámara de Diputados, a fin de que sigan su curso legislativo y se conviertan en ley. Ello será una vía de esperanza para resolver los problemas de La Araucanía.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona .
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, a mi juicio, en esta comisión investigadora hubo una profecía autocumplida; es decir, quienes tuvieron la motivación de constituir esta instancia para tratar la situación de La Araucanía, confirmaron dicha situación a través de las sucesivas e intensas sesiones que llevó a cabo la comisión.
Algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría de la región consideraron que era importante que la comisión fuera presidida por el diputado Becker . Pudo ser una muestra de transversalidad y de que el tema preocupa exactamente de la misma forma a todas y todos. Pero algunos de quienes participamos en esa instancia, también de la Nueva Mayoría, no tuvimos esa información y no fuimos considerados. Así comenzó su trabajo la comisión. En fin, ese no es el punto que me importa destacar.
Espero que todos los parlamentarios, empezando por los de la región, con esa misma transversalidad, nos planteemos la formación de una comisión investigadora encargada de analizar los derechos de los pueblos originarios, el derecho del pueblo mapuche y el papel del Estado para garantizar que esos derechos se cumplan sin ninguna limitación. Ese es el debate que debemos instalar. Como señaló muy bien el entonces intendente de la Región de La Araucanía, señor Francisco Huenchumilla , existe una deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche.
¿Por qué hago alusión a los pueblos originarios, si el mandato de la comisión supera los temas que dicen relación con dichos pueblos? Porque existen prejuicios e ideas preconcebidas; a fin de cuentas, se señaló que la violencia se originaba en la conducta de grupos mapuches por sus reivindicaciones.
Movilizaciones como la que los taxistas llevaron a cabo ayer, cerrando la entrada al aeropuerto; la de los camioneros, la de “No más AFP”, la de los trabajadores de Codelco División Salvador, etcétera, no pasan de generar una preocupación de seguridad pública o una preocupación vinculada a políticas de Estado. En cambio, a la situación en la Región de La Araucanía se le asigna la calificación de violencia con connotaciones casi terroristas.
Por eso, indistintamente de las contribuciones que cada uno pueda rescatar, anuncio que la Bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana votará en contra el informe de la comisión investigadora.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Claudia Nogueira .
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-
Señor Presidente, la violencia en La Araucanía no es un problema de quienes viven en la región, como han sostenido algunos.
Los habitantes de la Región de La Araucanía tienen grandes expectativas en el trabajo de la comisión investigadora, pues viven una situación de inseguridad y de violencia que los tiene sumidos en la más absoluta pobreza, dada la baja inversión, la baja tasa de empleabilidad y la depresión en el turismo. Los habitantes de la región tienen rota el alma y cifran sus esperanzas en que este problema es del Estado, que no se ha hecho cargo del conflicto, que no ha detectado cuáles son los organismos que tienen legitimidad para ponerse de acuerdo y llegar a una solución que no pase solo por reconocer a los pueblos originarios. Estamos ante un problema que no abarca solo al pueblo mapuche, sino a Chile entero.
La región ha estado absolutamente invisibilizada; solo aparece en los diarios producto de algún hecho de violencia que tiene connotación pública. Se ha atentado en contra de pequeños parceleros, de iglesias, de agricultores, de emprendedores, en fin, en contra de toda la región.
Por lo tanto, hago un llamado al gobierno para que se haga cargo de que La Región de La Araucanía existe y necesita un pronto apoyo real y sustantivo.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin .
El señor CHAHIN.Señor.-
Presidente, algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra señalaron que hubo un acuerdo de algunos diputados de la Nueva Mayoría respecto de la presidencia de la comisión. Al respecto, aclaro que en su oportunidad propuse y voté por el diputado Mario Venegas , que no es de la derecha, sino de la Nueva Mayoría.
Ahora bien, estamos ante un tema tremendamente complejo. Afortunadamente, logramos que la comisión comenzara su trabajo haciendo un análisis del contexto histórico.
Para ello, debimos partir por analizar los acuerdos que alcanzó el pueblo mapuche con la corona española a través de diversos tratados y parlamentos. Fue muy famoso el Parlamento de Quillén, llevado a cabo en 1641.
Posteriormente, en 1825 se celebró el tratado de Tapihue; sin embargo, lejos de cumplir, lo que hizo el Estado chileno fue generar una guerra de ocupación, a partir de 1881, en virtud de la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, lo que trajo consigo el despojo territorial y el arrinconamiento del pueblo mapuche a sangre y fuego. La idea era distribuir de manera absolutamente injusta esas tierras no solo a colonos -se les prometió la entrega de algo que no le pertenecía al Estado, es decir, de algo ajeno; en consecuencia, sus descendientes son víctimas del error del Estado-, sino también a chilenos que llegaron a enriquecerse injustamente. No es necesario leer a historiadores mapuche; basta con leer el libro “Un veterano de tres guerras”, en el que José Miguel Varela relata claramente cómo se generaron esas situaciones de tensión y de abuso que hoy siguen latentes en nuestra región.
Es fundamental tener presente ese contexto y esa historia de despojos y de abusos. Se trata de una injusticia que hoy genera tensión y que, algunas veces, desemboca en violencia. Si bien no podemos justificar ni amparar esa violencia, debemos ser capaces de resolver los problemas de fondo que están pendientes y no solo preocuparnos de los aspectos superficiales. La paz solo será posible en la medida en que seamos capaces de hacer justicia. La paz sin justicia no es sostenible.
Por ello es importante el informe de la comisión investigadora, que aprobamos por mayoría -al menos, por la unanimidad de los parlamentarios de la región-, pues significó llegar a concesiones recíprocas.
Creo que llegó el momento en que nos pongamos de acuerdo por el bien de la región. Para eso es primordial resolver adecuadamente los temas pendientes. Necesitamos una política indígena. Mientras Chile no cuente con una política indígena y una política de tierras, que proponemos que se desarrollen, porque hay que perfeccionar las que tenemos, seguiremos cediendo a la arbitrariedad, al amiguismo o a las presiones de tal o cual parlamentario para resolver temas que, en el fondo, agravan los problemas de nuestra región.
Muchas veces, la manera en que actúa el Estado es más bien parte del problema que de la solución, porque no tenemos ni una política ni una institucionalidad adecuada.
Nos parece fundamental ordenar en forma adecuada tanto la política indígena como la política de tierras.
Segundo, el diálogo democrático. Para que el diálogo surta efecto, debe realizarse a través de las instancias de diálogo adecuadas, y para ello es fundamental la participación política.
Por ello, hemos pedido en forma unánime más participación y representación política, ya que entendemos que es el poder político el que le da eficacia al diálogo democrático como forma de resolver los conflictos.
Asimismo, debemos hacernos cargo de las víctimas, que no son solo las grandes empresas de los grandes latifundistas; también hay pequeños parceleros y agricultores que han sufrido las consecuencias de esa violencia. Me refiero a pequeños emprendedores, a quienes debemos darles una respuesta contundente, no solo con seguros, sino con una asistencia adecuada.
Además, es necesario mejorar significativamente los procedimientos policiales, de investigación y de inteligencia, porque han fracasado. En los mismos lugares y habitualmente a las mismas horas, se producen los mismos hechos. Y se repiten una y otra vez. No se entiende, entonces, que cueste tanto encontrar a los responsables.
El Estado debe hacerse cargo de estas situaciones para que, en definitiva, alcancemos una paz sustentable en nuestra región, pero basada en la justicia.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia y en el del Comité del Partido Radical Socialdemócrata, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, por su intermedio agradezco a los diputados del Partido Radical, del que recibí una herencia política extraordinaria, que me hayan cedido el tiempo de su bancada.
Todos hemos coincidido en que en este tema que estamos tratando hay un conflicto político. No sé por qué hay algunos que no quieren entender que el problema que se vive en las tierras mapuches y pehuenches no es de los fiscales, y menos de Carabineros de Chile; es un conflicto político que las autoridades políticas, de los distintos gobiernos, no hemos sido capaces de abordar. Lo que hemos hecho es sacar las castañas del fuego con las manos de los Carabineros y de los fiscales.
Aquí se dice, con razón, que hay quienes lo han perdido todo… Mire, los primeros en perderlo casi todo fueron los mapuches, y después de ellos, los huincas.
¡Cómo no entender una situación de ese tipo! ¡Por qué alargarla tanto tiempo!
Hablo de esto, señor Presidente, porque en las hermosas tierras de la Sexta Región, del Libertador General Bernardo O´Higgins, viven más de cincuenta y cinco mil mapuches que emigraron en los tiempos de la bonanza de la agricultura, de la fruticultura y también del cobre, por Sewell y El Teniente.
Llegó la hora de abordar en serio este problema. Sé que hay una mesa de trabajo instalada que está convocando a distintos actores para consultarles su opinión. Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos vamos a visitar Temuco y otros lugares de la Novena Región, para escuchar a su gente y tratar de ayudarla, aunque sea con un grano de arena, a resolver este histórico conflicto político.
Insisto: este es un conflicto político. Lo único que han hecho el Estado chileno y sus distintos gobiernos ha sido permitir que ese conflicto siga creciendo, pero en ningún caso aminorarlo.
¡Qué tienen que hacer los carabineros cuidando fundos forestales y maquinarias de privados porque no se resuelve el problema político histórico! Es cierto, los mapuches y los huincas que han invertido en la zona lo han perdido todo, quienes además viven en la incertidumbre respecto de lo que va a pasar. Pero también hay quienes se han aprovechado de estas circunstancias para quemar sus camiones y hacer responsables de esos hechos a la gente mapuche. ¡Hay de todo entremedio!
Si el gobierno, la derecha, la Nueva Mayoría y todos los que tenemos vela en este entierro asumimos la responsabilidad de buscar una solución, sin cálculos políticos, politiqueros, electoralistas, podemos lograr avances reales.
Enfrentemos este problema e impidamos que siga creciendo. Las futuras generaciones no nos van a perdonar que no hayamos sido capaces de resolver un problema histórico, tan sentido no solo en Chile, sino también fuera del país.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco .
La señora PACHECO (doña Clemira) .-
Señor Presidente, para contextualizar el conflicto mapuche es necesario plantearse algunas preguntas: ¿Cuál es la causa de su origen? ¿Cuándo podemos situar su inicio? ¿Cuál ha sido el rol del Estado?
Durante el siglo XX, Europa fue el ejemplo de la civilización, y su influencia sobre Chile se dio a nivel cultural, social y económico.
En ese contexto, en nuestro país no se valoró la cultura indígena y el territorio mapuche fue considerado como tierras vacías, dispuestas para la colonización. En consecuencia, partimos con una intervención violenta de parte del Estado de Chile en sus territorios.
El profesor Jorge Pinto , quien expuso en la comisión investigadora el 3 de marzo, comentó que estos hechos están cometiéndose durante más de un siglo. Son hechos prolongados en el tiempo, que afectan la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, y entre este último y los no mapuches.
Antes de buscar soluciones e iniciar el diálogo, debemos pedir perdón por la ocupación violenta ejercida en forma sistemática por parte del Estado chileno sobre al pueblo mapuche.
Hecha esta precisión, me enfocaré en cuatro puntos que planteé en la comisión, pero que no fueron considerados en las conclusiones.
En primer lugar, la inexistencia de los actos terroristas. Es un error calificar los hechos ocurridos como terroristas, ya que no es una situación generalizada. Solo afecta a grupos pequeños, en algunas zonas, según antecedentes entregados por el general director de Carabineros, quien señaló que estos hechos no ocurren, por ejemplo, en Villarica o Pucón .
No son hechos cometidos por terroristas. El conflicto se focaliza en grupos pequeños que arrastran viejas disputas de territorios por más de un siglo.
La pobreza crónica es un hecho que provoca desesperanza y genera rabia entre las comunidades, por cuanto hasta ahora no ha sido solucionada.
Las acciones utilizadas por los grupos no son sofisticadas, es decir, no son cometidas por grupos organizados.
El propio Ministerio Público, mediante la participación del fiscal nacional, confirmó que no hay conexiones ni pruebas de los hechos de violencia rural con grupos paramilitares a nivel terrorista, como sucede en el ámbito internacional.
El análisis de la jurisprudencia y de las normas internacionales lleva aparejado que se deban reunir ciertos requisitos para determinar que se está en presencia de una acción de naturaleza terrorista, como la participación de un grupo o de una asociación destinada a delinquir con el ánimo de provocar terror en la población.
El otro punto es la inaplicabilidad de la ley antiterrorista. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha expresado que, en estricto rigor, la normativa que tiene el Estado de Chile respecto de la ley antiterrorista se encuentra reñida en algunos aspectos con estándares de derechos humanos, especialmente en relación con dos elementos: la vulneración del principio de legalidad y tipicidad en la descripción del fenómeno, y la vulneración a ciertas garantías procesales.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch ha dicho que la ley antiterrorista “es la más dura de la legislación chilena, y sus disposiciones han sido endurecidas en cierto modo desde la llegada de la democracia. Duplica las condenas normales para algunos delitos, extiende la prisión preventiva, permite que el Ministerio Público retenga pruebas a la defensa durante un plazo de hasta seis meses y que los acusados sean condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos”.
La propia Defensoría Penal Pública y la ONG Defensoría Penal Mapuche describieron, en su presentación ante la comisión, cómo se infringen de manera sistemática los derechos humanos de los imputados mapuches y que no se respeta el debido proceso. Ellos llevan una defensa especializada de imputados mapuches respecto de procedimientos penales actualmente vigentes y denunciaron que han sido víctimas de intervenciones telefónicas sin autorización judicial, lo que claramente atenta contra el debido proceso y los derechos del imputado.
En el 2003, el relator especial de Naciones Unidas señor Rodolfo Stavenhagen recomendó al Estado de Chile que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones o comunidades indígenas”.
La propia Defensoría Penal Pública señaló que los juicios a las personas formalizadas por la ley antiterrorista terminan en absoluciones, no porque los jueces tengan mano blanda, sino porque la fiscalía no entrega antecedentes suficientes para juzgar, puesto que no existen pruebas o bien son insuficientes o son basadas en testimonios encubiertos.
En cuanto a los antecedentes estadísticos sobre la real violencia rural, el fiscal regional de La Araucanía, señor Cristián Paredes , en su cuenta pública anual realizada en enero de 2016 señaló que solo el 0,4 por ciento de los hechos delictuales de la región tienen relación con este ítem y que del total de los imputados no más del 20 por ciento pertenece a la etnia mapuche, y de ellos solo el 3 por ciento se vincula con incidentes reivindicatorios de los que estamos hablando y que se estudiaron en la comisión.
Además, Carabineros, al efectuar una comparación entre los hechos ocurridos entre el 2014 y el 2015, planteó que los eventos descendieron en 10 puntos porcentuales. Entonces, si estos actos disminuyeron, ¿por qué el gasto policial es mucho más alto y ha aumentado en 22 veces en los últimos cinco años? La pregunta que cabe formular es: ¿a quienes protegen realmente: a las forestales o a las personas? Son preguntas que no tuvieron respuesta.
Respecto de las políticas de tierra y el rol del Convenio 169 de la OIT, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT publicó su Informe de Observaciones 2014. En el capítulo con las observaciones sobre aplicación del Convenio 169 en Chile, señala que “toma nota de la irregular dictación del nuevo reglamento de Consulta impuesto por el Gobierno de Chile en 2013 (Decreto 66), que limita arbitrariamente los alcances de esta obligación estatal”.
Además, en cuanto a las políticas de tierra, la Comisión reitera al gobierno de Chile que “los mecanismos de restitución de tierras y procedimientos de resolución de conflictos no se ajustan a las obligaciones internacionales de Chile”.
Dentro de las consideraciones finales que no fueron adoptadas por la comisión, quiero expresar que algunos estudios señalan que tratar de disfrazar con ropajes de terrorismo algo que a todas luces es un conflicto de sectores sociales pauperizados y omitidos desde el Estado conlleva a que este mismo Estado que acusa deba asumir también sus culpas, muchas de ellas derivadas del incumplimiento de convenios, tratados y observaciones que han señalado organismos internacionales y expertos.
Si el Estado de Chile pretende aplicar la ley antiterrorista, debe asumir los parámetros bajo los cuales se debe aplicar, y no bajo un amplio margen de acción.
Además, quiero citar un estudio realizado por el sociólogo Juan Pacheco , de la Universidad Católica de Temuco, que plantea el tema de la relocalización forzada y expresa que “la comprensión de los factores que determinan el desarrollo de los pueblos indígenas de Chile debe ser abierta a una reflexión permanente sobre el rol del Estado y los efectos que producen sus políticas y programas sociales, como también las consecuencias sociopolíticas de la tesis del Estado (…) bajo paradigmas de modernización, de seguridad interior del Estado y desarrollo económico sin pertinencia cultural.”. Y continúa: “En la actual relación del Estado de Chile con los pueblos indígenas, sus políticas y programas sociales, como es el Fondos de Tierras y Aguas Indígenas (FTAI), se detectan elementos que perturban a las comunidades y que generan una situación de profundización del conflicto histórico…”, lo cual lleva, por lo tanto, a la crisis de gobernabilidad.
Por lo tanto, recomiendo votar en contra del informe presentado por la comisión especial investigadora, en que este tipo de consideraciones y afirmaciones no fueron consideradas, por lo que junto con el diputado Lautaro Carmona fuimos los votos disidentes.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno en relación con la situación de inseguridad que se vive en la Región de La Araucanía.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Edwards Silva, José Manuel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silber Romo, Gabriel ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Cicardini Milla, Daniella ; Fernández Allende, Maya ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Monsalve Benavides, Manuel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Poblete Zapata, Roberto ; Rocafull López, Luis ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Soto Ferrada, Leonardo ; Vallejo Dowling , Camila .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade Lara, Osvaldo ; Campos Jara, Cristián ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Teillier Del Valle, Guillermo .
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON EL EVENTUAL FRAUDE DE EMPRESAS DE INVERSIÓN
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el informe de la comisión especial investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el eventual fraude de empresas de inversión.
De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, se destinarán hasta diez minutos para la rendición del informe.
Diputado informante de la comisión especial investigadora es el señor Aldo Cornejo .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de organismos públicos en eventual fraude de empresas de inversión, sesión 60ª de la presente legislatura, en 30 de agosto de 2016. Documentos de la Cuenta N° 12.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CORNEJO (de pie).-
Señor Presidente, en sesión celebrada el 9 de marzo del año en curso, la Cámara de Diputados acordó crear una comisión especial investigadora para que analizara la responsabilidad administrativa y política que le cabía a los organismos públicos competentes en relación con el eventual fraude de empresas de inversión.
Esta comisión investigadora fue creada a raíz de los hechos conocidos por toda la opinión pública, que, según definiciones de los organismos internacionales competentes que se han referido a este tipo de actividades, se denomina “modelo de fraude piramidal clásico”, en el que el dinero de los nuevos inversionistas es utilizado para pagar falsos dividendos a los primeros inversionistas.
Se habla de falsos dividendos porque, en principio, no existe ningún otro tipo de negocio o actividad que genere ganancias que no sean las inversiones de los nuevos clientes que van captando.
Es por eso que este esquema piramidal fracasa o colapsa, tal como ocurrió con aquellas empresas que toda la opinión pública conoce, como AC Inversions. El número de clientes nuevos que aportan los fondos para pagar las supuestas rentabilidades no supera a los ya existentes. En consecuencia, se produce un agravamiento de esas circunstancias y los inversionistas comienzan a retirar sus fondos y sobreviene el colapso.
En el cumplimiento de su cometido, esta comisión invitó y escuchó al ministro de Hacienda, al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), al superintendente de Valores y Seguros, al comandante en jefe del Ejército, al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), al fiscal del Ministerio Público que lleva el caso ante tribunales, señor Carlos Gajardo , y a algunas personas afectadas, como dirigentes de las organizaciones de acreedores que están tratando de recuperar su dinero.
Con el voto favorable de los diputados José Manuel Edwards , Daniel Farcas , Maya Fernández , Carlos Abel Jarpa , Paulina Núñez , Gabriel Silber y el de quien informa, se aprobaron las consideraciones, conclusiones y propuestas, con la salvedad efectuada por el diputado Daniel Farcas , quien manifestó reserva expresa y solicitó que se dejara constancia de tal hecho en este informe, en relación con lo señalado en tres párrafos referidos a las sanciones al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, al superintendente de Valores y Seguros y a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.
En relación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF], esta se rige por la ley N° 19.913, que señala que su misión legal es “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.”.
No me referiré al marco normativo, porque la ley se presume conocida por todos. En consecuencia, dado el escaso tiempo del que dispongo, me saltaré la regulación normativa de la Unidad de Análisis Financiero, que, reitero, está en la ley N° 19.913.
En opinión de la comisión, la actuación de la Unidad de Análisis Financiero se puede resumir de la siguiente manera:
Cierto es que la función de dicha unidad es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero únicamente para la comisión de los delitos de lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, taxativamente señalado en la ley N° 19.913.
También lo es, por principios generales de la administración que pesan sobre dicha institución, el deber de asesorar a los denunciantes que acudan a ella sobre cuáles son las instituciones fiscalizadoras competentes en dicha materia.
Se entiende que la obligación del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) radica exclusivamente en la denuncia de ilícitos relativos al ámbito de su competencia, lavado de activos y financiamiento del terrorismo; no pueden avalarse denuncias temerarias que pudieran eventualmente comprometer la responsabilidad funcionaria, civil o penal de quien la formula.
No obstante, no resulta justificable, en opinión de la comisión, la omisión de denuncia si concurren antecedentes que pudieran hacer pensar que se está frente a la comisión de un hecho ilícito.
Por lo mismo, la comisión estima que cabe un reproche a la Unidad de Análisis Financiero y a su jefatura, pues en tanto funcionarios públicos, era esperable que la conducta funcionaria recta y proactiva que les exige la ley, les hubiese llevado a buscar dentro de la institucionalidad las formas jurídicas y políticas para que se activaran los dispositivos de persecución penal en el caso.
La comisión estima, en relación con la Unidad de Análisis Financiero, que debe perfeccionarse ese aspecto de nuestra institucionalidad mediante el ingreso de un proyecto de ley que busque un equilibrio entre el deber de secreto de los funcionarios de la UAF y el deber de todo funcionario público de denunciar hechos que puedan configurar un delito, y que incorpore expresamente como una de las facultades de la UAF la remisión al Ministerio Público de reportes de operaciones sospechosas relativas a posibles delitos de fraude masivo, para lo que se debe modificar el artículo 13 de la ley a la que hemos hecho referencia.
En relación con la actuación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, sus antecedentes normativos nos llevan a señalar que el artículo 2° de su ley orgánica constitucional indica que le corresponde a esa entidad la fiscalización de, entre otras, “las empresas cuyo giro consista en la emisión u operación de tarjetas de crédito o de cualquier otro sistema similar, siempre que dichos sistemas importen que el emisor u operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público o ciertos sectores o grupos específicos de él”, agregando al final “y las demás entidades financieras”.
El texto del artículo 39 prescribe que ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizada para ello por otra ley, podrá dedicarse al giro que, en conformidad a la presente, corresponda a las empresas bancarias y, en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero del público, ya sea en depósito, mutuo o en cualquiera otra forma.
A continuación, dicho artículo establece las actuaciones que debiera tener la Superintendencia de Bancos en relación con dicha materia.
Por su parte, el inciso segundo del artículo 12 señala: “La facultad de fiscalizar comprende también las de aplicar o interpretar las leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las empresas vigiladas.”.
En relación con la actuación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la comisión estima que la interpretación que debe darse a las normas de los artículos 2º y 39 de su ley orgánica, permite generar un perímetro regulatorio amplio. No solamente las instituciones expresamente indicadas por la ley son las fiscalizadas, sino también todas las que, aun cuando no coincidan expresamente con la descripción típica, permitan que la superintendencia presuma que están realizando actividades propias del giro bancario, lo que significa entender que el perímetro regulatorio de la SBIF es, antes que taxativo, abierto y funcional, atendido que el criterio que determina la ley para poder extender la actividad fiscalizadora de la superintendencia es la función, la actividad concreta que realiza el presunto invasor del giro bancario.
A ello debe sumarse la disposición expresa del artículo 2º, en el sentido de que también le compete la fiscalización de las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por la ley a otra institución.
Por lo tanto, cuesta comprender que el mismo superintendente de Bancos limite per se su actuación y sus facultades regulatorias o de fiscalización.
A mayor abundamiento, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 12 de la ley orgánica, es competencia del propio superintendente la extensión del perímetro regulatorio, pues a él corresponde la interpretación de las leyes que regulan la fiscalización de las entidades bancarias.
De la exposición del superintendente de Bancos se desprende que la interpretación que realizó de los artículos 2° y 39 de la Ley General de Bancos es restrictiva. Sostiene que un análisis de la historia fidedigna de la ley le permite colegir indubitadamente que aquel articulado se refiere a las extintas financieras, usando al efecto una técnica de interpretación originalista, que no se condice con el actual escenario postpositivista y constitucionalista vigente en nuestro país.
Si bien para una minoría de integrantes de la comisión no haber realizado dicha actividad importa una evidente falta de servicio que haría recomendable la remoción del superintendente, la mayoría de sus miembros estima que no existen antecedentes suficientes que ameriten la aplicación de dicha sanción.
Sí se considera, y todos concuerdan en ello, representar como insuficiente la actividad fiscalizadora realizada por la superintendencia en este caso, pues pudo haber determinado que empresas como AC Inversions invadían el giro bancario y empleado las herramientas de fiscalización en la determinación de los ilícitos y su oportuna denuncia al Ministerio Público.
No hacerlo importó contribuir, mediante interpretaciones restrictivas, a la supervivencia de “la banca en las sombras” o áreas opacas, que son ajenas al control normativo directo que realizan las superintendencias del ámbito financiero, y que resultan complejas de fiscalizar, pues la tipología de sus instituciones, sus formas jurídicas o sus actividades ordinarias pueden no encuadrarse con las descripciones tipificadas en la ley.
La comisión estima en esta materia que debe perfeccionarse este aspecto de nuestra institucionalidad mediante las siguientes modificaciones a la ley orgánica correspondiente:
a) Incorporar dentro de las entidades fiscalizadas por la SBIF, a las empresas captadoras de créditos y a las que hacen de su negocio la celebración de mutuos; es decir, ingresar un criterio cualitativo o cuantitativo para diferenciar de manera más sencilla cuándo estamos o no en presencia de una entidad financiera susceptible de ser fiscalizada, y
b) Agregar la obligación explícita para la SBIF de realizar todas las diligencias y acciones necesarias para prevenir, identificar, fiscalizar y denunciar el funcionamiento de organizaciones denominadas “banca en las sombras”.
En relación con los antecedentes normativos de la Superintendencia de Valores y Seguros, es misión del organismo contribuir al desarrollo de los mercados de valores y seguros mediante una regulación y fiscalización eficientes que faciliten la participación de los agentes de mercado y que promuevan el cuidado de la fe pública y el resguardo de los derechos de inversionistas y asegurados.
Análisis de la actuación de la Superintendencia de Valores y Seguros
En el caso de AC Inversions, el superintendente reconoció en la comisión que, desde fines del 2014 y hasta fines del 2015, se recibieron en esa institución 15 consultas en total.
Al preguntarle por qué no se investigó a tiempo y no se hicieron las denuncias pertinentes a fin de poder disminuir el número de afectados, que fue aumentando conforme avanzaba el tiempo, el superintendente explicó que no realizan una acción de fiscalización o una denuncia por cada consulta que se hace, teniendo en consideración que el organismo recibe alrededor de 15.000 solicitudes por año.
Sin embargo, según ha quedado de manifiesto en el transcurso de esta comisión investigadora, las empresas AC Inversions y Arcano hacían oferta pública de valores mediante la utilización de medios masivos de comunicación y difusión en sus sitios web, de modo que era esperable mayor y más oportuna acción fiscalizadora por parte de la Superintendencia.
Tal como se realizó en el caso Arcano, al tener en consideración que la actividad realizada no correspondía a la oferta privada de valores, desplegándose una investigación en terreno, concurriendo a las oficinas de la empresa y realizando una posterior coordinación con el Ministerio Público, la superintendencia debió realizar más oportunamente una denuncia respecto de AC Inversions.
Si bien para una minoría de integrantes de la comisión el retraso en el actuar de la Superintendencia de Valores y Seguros, sin perjuicio de que finalmente hicieron tareas mandatadas por la ley, importa una falta de servicio que haría recomendable la remoción del superintendente de Valores y Seguros, la mayoría de los integrantes de la comisión estimó que no existen antecedentes suficientes que ameriten la aplicación de dicha sanción.
Lo que sí se considera, en lo que todos concuerdan, es en representar como insuficiente y tardía la acción fiscalizadora realizada por la Superintendencia en este caso, pues, dada la oferta pública realizada y las denuncias recibidas por el solo ministerio de la ley, y en su calidad de funcionarios públicos, tenían la obligación de denunciar este tipo de conductas, según lo dispone el artículo 175 del Código Procesal Penal.
Actuación del Servicio de Impuestos Internos
El director nacional del Servicio de Impuestos Internos explicó en la comisión la participación y el ámbito de acción del servicio frente al fraude de empresas de inversiones, particularmente en lo que se refiere al rol del Servicio, luego de la comunicación recibida por un funcionario del Ejército, señalando que dicha consulta se hizo llegar, con fecha 28 de mayo de 2014, a la Dirección Regional Santiago Oriente, a nombre de un abogado, quien, según señala el señor Barraza , hizo ingreso del documento a título personal y no a nombre del Ejército de Chile.
Este hecho es importante, dado que constituye una de las justificaciones expresadas por el Servicio para explicar la demora en su respuesta.
La consulta fue realizada en mayo del año 2014, pero no fue sino hasta marzo de 2016 que el Servicio de Impuestos Internos toma conocimiento de la solicitud, tras corroborarlo con el jefe de Comunicación del Ejército, emitiendo una respuesta el día 15 de marzo de 2016.
Cabe señalar que la consulta al Servicio de Impuestos Internos fue realizada por un abogado -lo que ha quedado acreditado en la comisión, según lo informó el comandante en jefe del Ejércitoque pertenecía a la Dirección de Inteligencia de dicha institución, pero esa calidad no fue explicitada al momento de hacer la consulta al Servicio de Impuestos Internos.
La denuncia cumple con dos características que, a juicio de esta comisión, corresponden al ámbito de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Primero, en lo que respecta al compromiso de la empresa de inversiones de pagar un 10 por ciento mensual de rentabilidad, que evidentemente es improcedente, y, en segundo lugar, la copia de un contrato de mutuo, afecto a la ley de impuesto de timbres y estampillas.
Para la comisión no resulta suficientemente justificable el retraso de prácticamente un año con el que emite la respuesta el Servicio de Impuestos Internos, aduciendo la alta carga de consultas. Tampoco que, estando en conocimiento de los hechos un año antes, no tomara las medidas necesarias para recaudar los impuestos correspondientes.
Si bien para una minoría de los integrantes de esta comisión el rol pasivo del Servicio de Impuestos Internos importa una falta de servicio, así como una falta al deber del artículo 175 del Código Procesal Penal, y consideran recomendable remover a aquellos funcionarios que, conociendo la relevancia de la información recibida, no actuaron en consecuencia, la mayoría de sus integrantes no se formaron igual convicción.
En lo que sí hay coincidencia o unanimidad es en representar como tardía e insuficiente la actividad propia que era esperable del Servicio de Impuestos Internos.
Actuación del Ejército de Chile
Si bien no es una institución ligada directamente a responsabilidades fiscalizadoras y preventivas de presuntos delitos que hubieran realizado estas empresas de captación, la comisión no puede dejar de referirse a su actuación, habida cuenta de no haberse cumplido oportunamente con el deber de denunciar la comisión de delitos que asiste a todo funcionario público; no haber actuado con la debida diligencia en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras ni tomar los resguardos necesarios para hacer frente a la crítica situación que hoy enfrentan muchos de sus miembros en servicio activo.
El comandante en jefe del Ejército señaló que, desde diciembre de 2014, el personal de Inteligencia de dicha institución concluyó que un número importante de efectivos del Ejército estaba realizando operaciones de inversión con alta rentabilidad, para lo cual se procedió solo a emitir una circular de advertencia, pero ninguna medida disciplinaria que tuviera por objeto detener la actuación de funcionarios del Ejército que realizaban labores de captación de dinero, incluso dentro de instalaciones militares.
Con posterioridad, el comandante en jefe del Ejército señala que realizaron una solicitud de aclaración al Servicio de Impuestos Internos, la que, sin embargo, no fue efectuada como institución a través de los canales formales, sino como una consulta de un funcionario del Ejército a título personal, quien no se individualizó en la consulta como funcionario del Ejército de Chile.
La comisión concuerda en estimar y hacer presente la crítica y peligrosa situación que atravesó la institución y que está actualmente viviendo un número muy importante de funcionarios del Ejército, pues al interior de la institución se habría constituido una verdadera sucursal de captación de inversionistas, que debió ser llevada a cabo de forma organizada durante mucho tiempo, y respecto de la cual no resulta creíble que haya sido totalmente desconocida por el alto mando, dado que captaban dinero de sus miembros por parte de sus propios funcionarios, dentro de dependencias del Ejército y utilizando recursos y equipos del mismo.
Esta actividad, además de ser ilegal, es también reprochable, pues da cuenta de intolerables falencias en la fiscalización de los altos mandos sobre las actividades de captación que habrían realizado algunos de sus funcionarios.
Por eso, la comisión estima que el Ejército debió haber hecho una denuncia como correspondía, utilizando su institucionalidad, lo que le aseguraría una respuesta más eficiente, así como también debió haber cumplido con la obligación legal del artículo 175 del Código Procesal Penal, de denunciar los hechos que presuntivamente revestían carácter de delito.
Propuestas de la comisión
1. Ampliación del perímetro regulatorio de las entidades que tienen facultades de fiscalización. En este contexto, la comisión propone avanzar en modificaciones legales que, en primer lugar, permitan incorporar la figura del asesor de inversiones de instrumentos financieros, dentro del perímetro regulatorio del supervisor.
Segundo, establecer requisitos para la inscripción en el registro público, que aborde materias relacionadas con idoneidad, historial en el mercado de valores, etcétera.
Tercero, establecer requerimientos de información continua, respecto de las recomendaciones a ser ofrecidas a sus clientes, rentabilidades y riesgos asociados, etcétera.
Finalmente, teniendo presente las actuales facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Valores y Seguros, esta comisión estima que deben conferirse a dicho ente regulador facultades operativas e intrusivas, como ocurre en entes de similares características en el derecho comparado.
2. Reforzamiento de las herramientas penales que hoy día establece nuestro ordenamiento jurídico, para conductas ilícitas de esta naturaleza.
Establecer sanciones penales en caso de entregarse información falsa o tendenciosa sobre las características y riesgos asociados a las inversiones ofrecidas.
Inclusión del delito de captación ilegal de fondos de terceros -a los que se refiere el artículo 39 de la Ley de Bancoscomo precedente de lavado de activos.
3. Mayor coordinación y transparencia en el manejo de la información entre las distintas entidades fiscalizadoras del sector público.
Facultades para una mejor coordinación de la Unidad de Análisis Financiero con otros reguladores financieros y servicios de Hacienda. Actualmente, la Unidad de Análisis Financiero no puede coordinarse o reunirse con otros reguladores o servicios de Hacienda, a objeto de intercambiar información o experiencias en el ámbito de su competencia.
Permitir a la Unidad de Análisis Financiero participar en análisis financieros en conjunto con otros servicios dependientes del Ministerio de Hacienda.
4. Reforzamiento de las responsabilidades penales de los agentes de los mercados.
Se estima relevante avanzar en fortalecer la confianza en los mercados con el objeto de lograr el buen funcionamiento de estos y evitar los abusos de sus participantes.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Ha concluido el tiempo del Orden del Día.
Tiene la palabra el diputado José Manuel Edwards .
El señor EDWARDS.-
Señor Presidente, solo quiero aclarar que no se ha cerrado el debate y que vamos a discutir este informe en una siguiente sesión.
El señor ANDRADE (Presidente).
Así es, señor diputado.
La discusión y votación de este informe queda pendiente para una próxima sesión. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.35 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CHAHIN, ARRIAGADA, CHÁVEZ, GARCÍA, MEZA, SABAG Y VENEGAS, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA CARVAJAL, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.378, QUE CREA UN SUBSIDIO NACIONAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS, PARA EVITAR QUE LOS INGRESOS DE LOS CONDUCTORES SEAN AFECTADOS POR LA REBAJA EN LAS TARIFAS PRODUCIDA A CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO”. (BOLETÍN N° 10886-15)
I. FUNDAMENTOS O CONSIDERANDOS.
La Ley N° 20.378 que creó un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros, promulgada el 5 de septiembre de 2009. Este Subsidio se ha utilizado, entre otros, para rebajar tarifas en el transporte público para adultos y estudiantes en regiones. En este contexto, los Conductores del transporte público de regiones, cuyas remuneraciones son “variables” o “por boleto cortado”, se han visto perjudicados, pues al rebajarse las tarifas, en la práctica, sus ingresos variables disminuyen. Por el contrario, los Prestadores u Operadores del Servicio de Transporte Urbano y Rural de Pasajeros de Regiones, no ven ninguna merma en sus ingresos al rebajarse las tarifas, toda vez que el Estado, a través del Subsidio establecido en la Ley N° 20.378, equilibran dichos ingresos.
Por lo anterior, se hace necesario establecer legalmente que parte del Subsidio que se entrega a los Prestadores u Operadores del Servicio de Transporte Urbano y Rural de Pasajeros de Regiones, llegue directamente a los Conductores, con la finalidad que sus ingresos no se vean vulnerados.
II. IDEA MATRIZ DEL PROYECTO.
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto establecer, por una parte, la ratificación de que el vínculo que une a los Prestadores u Operadores del Servicio de Transporte Urbano y Rural de Pasajeros de Regiones con sus Conductores debe ser un contrato de trabajo y, por otra parte, que en los contratos de trabajo que se suscriban entre las partes, debe incorporarse expresamente una cláusula que señale la forma en que la entrega del subsidio que implique una rebaja tarifaria y que perciben los Prestadores u Operadores del Servicio de Transporte Urbano y Rural de Pasajeros de Regiones, se vea reflejada en las liquidaciones de sueldo de los Conductores y que su cuantía no podrá ser inferior al 20% de dicho subsidio.
Es sobre la base de estos fundamentos y antecedentes que venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de ley que modifica artículo octavo transitorio de la Ley N°20.378, y demás modificaciones legales, que incorpora exigencias para la entrega del subsidio a Prestadores u Operadores de Servicio de Transporte Urbano y Rural de Pasajeros de las regiones del país, excluidas la Región Metropolitana.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros:
1) Modifícase el artículo 8° transitorio en el siguiente sentido:
a) Remplázase a continuación del último punto seguido (.), entre la frase “las partes” y la expresión “convenir”, la palabra “podrán” por “deberán”.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo:
En los contratos de trabajo que deberán suscribirse con los conductores, las partes deberán convenir la forma en que la entrega del subsidio que implique una rebaja tarifaria se vea reflejada en la remuneración que perciba el trabajador que se desempeñe como conductor, la que no podrá ser inferior al 20% del subsidio.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el marco de sus atribuciones, deberá velar por el efectivo cumplimiento de la obligación establecida en el inciso precedente.”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES TORRES, ARRIAGADA, CHÁVEZ, FARÍAS, GONZÁLEZ Y OJEDA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, HOFFMANN, RUBILAR Y SEPÚLVEDA, QUE “DECLARA FERIADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO EN LA COMUNA DE EL QUISCO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE EL TOTORAL”. (BOLETÍN N° 10887-06)
“Cada 24 de Septiembre, se celebra el Día de la Merced, ocasión en que la gran familia de la comuna de El Quisco y la provincia festeja a la madre protectora con actividades que se inician la noche anterior con una Vigilia de la comunidad con cantos religiosos. Muchas son las personas que se desplazan de diferentes puntos de la Región y la Provincia para llegar a dar gracias por favores concedidos, y festejar junto a la tradicional Misa a la Chilena de esta hermosa fiesta.
Los comerciantes locales destinan este día 24 de Septiembre a cerrar sus puertas para volcarse durante toda la jornada a participar de celebraciones campestres disfrutando de encuentros familiares a través de distintas actividades gastronómicas junto a la comunidad, además de sumarse a la tradicional fiesta religiosa y participando de la gran procesión que acompaña esta hermosa fiesta tradicional.
De acuerdo a diversos estudios históricos realizados entre la Ilustre Municipalidad de El Quisco y Jaime Rojas Rojas de El Totoral, en un principio, esta Iglesia Rural pertenecía a la Parroquia de Lo Abarca y su primer registro de Acta de Bautismo data del 1815, momento en el cual se bautizó a Victoria de 11 meses de edad hija de Benito Pinto y Cándida Orbes y cuyos Padrinos eran Juan Voenio Calderón y Mercedes Orbes.
Además, durante la batalla por la Independencia, el entonces Gobernador don Casimiro Marcó del Pont, arrancando de las tropas nacionalistas, quiso embarcar en el puerto de San Antonio pero no pudo lograr su cometido y siguió camino a Valparaíso para encontrar un barco donde poder huir. En el transcurso de esta ruta, se desplazó por el antiguo camino que atravesaba la localidad de El Totoral donde sorpresivamente se encontró con una antigua capilla construida de barro y totora la cual en su interior, no poseía ninguna imagen. El Gobernador, junto a su comitiva, después de descansar, y agradecido por la hospitalidad recibida en este pequeño condado, decidió donar la imagen de la Virgen de la Merced que ellos llevaban en su caravana, luego de esto, prosiguió camino a Valparaíso, pero fue arrestado en la Hacienda de Las Palmas y luego transferido a Mendoza. Es desde ese momento, que esta imagen ha precedido el Altar de esta pequeña Iglesia siendo venerada por una enorme cantidad de fieles.
Ya a principios del año 1982, esta imagen de valor incalculable, pues es pieza única del barroco italiano con una policromía propia del siglo 17, fue robada desde el altar, y luego de una ardua investigación de la policía, fue encontrada en un local de anticuarios. Una vez rescatada, es entregada al noveno juzgado de Santiago y luego retirada por el Párroco de Casablanca. De ahí, la imagen recorrió en peregrinaje distintas iglesias de la Provincia, para hacer coincidir su retorno el día 24 de Septiembre de ese año a la localidad de El Totoral. Su retorno fue masivo e impresionante la cantidad de fieles que se congregaron a recibirla. Desde ahí se fue acrecentando aún más su popularidad, y hoy es motivo de reunir a más de 4000 personas e cada festejo dedicado en su día.
Finalmente, hay que señalar que nuestra legislación permite y da la posibilidad de que se establezcan feriados locales en Chile; ejemplo de esto es la Ley N° 20.633, que declara feriado el día 7 de junio para la región de Arica y Parinacota por conmemorarse aquel día el Asalto y la Toma del Morro de Arica.
Por todo lo anterior, los firmantes de la presente moción, venimos a presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: “Establézcase como feriado para la comuna de El Quisco, el día 24 de septiembre de cada año, por celebrarse en dicha fecha la Fiesta de Nuestra Señora de la Merced de El Totoral”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES WALKER, ALVARADO, GAHONA, LEMUS; NÚÑEZ, DON DANIEL, Y SALDÍVAR, QUE “DECLARA FERIADO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO CON OCASIÓN DE LA FIESTA DE LA PAMPILLA”. (BOLETÍN N° 10888-06)
Considerando que:
1. La Fiesta de la Pampilla de Coquimbo, constituye una de las festividades más representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile.
2. El origen de esta fiesta se relaciona con la instalación de la Primera Junta de Gobierno, el 18 de septiembre del año 1810. Este acontecimiento, que señala el primer indicador de la independencia de Chile, fue conocido en Coquimbo solo dos días después, debido a que en esa época no existían grandes adelantos de comunicación. Para celebrar esta noticia, los habitantes de Coquimbo se congregaron en el sector de La Pampilla, y festejaron con cuecas, tonadas y chicha.
3. Como antecedentes legales más próximos, se encuentra la ley 20.663, que declara como feriado regional en la región de Arica y Parinacota el día 7 de junio de cada año y la que declara feriado regional cada 8 de septiembre de cada año en la Región de Antofagasta. (Ley N° 20.771).
4. Esta fiesta, con más de 200 años de antigüedad año a año ha ido creciendo en magnitud, constituyéndose en una gran fiesta social y cultural, llena de tradiciones como es la instalación de ramadas, la realización de carreras a caballo, elaboración de comidas típicas y participación en juegos criollos, que a pesar del paso del tiempo se mantiene intactas.
5. La realización de esta fiesta que consigna la llegada de visitantes de todo Chile y el mundo a la Región de Coquimbo, siendo señalada de acuerdo a todos sus antecedentes históricos y por quienes la visitan, como la fiesta sociocultural popular más grande de Chile.
6. La fiesta de la Pampilla con los años se ha extendido a diversas localidades de la región de Coquimbo y del norte del país, constituyendo una de las fiestas culturales y sociales más grande de nuestro país.
7. Con fecha 13 de abril de 2011, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo N° 260 en la Cámara de Diputados, en que solicitaba al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, incluir a la Fiesta de la Pampilla de Coquimbo dentro del inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país.
8. la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, ha postulado ante la UNESCO a la fiesta de la Pampilla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, postulación que se encuentra en trámite ante dicho organismo internacional.
9. Esta práctica de implementar feriados regionales para celebrar actividades propias de cada localidad es una práctica que debería extenderse a más regiones, genera identidad regional y es propio del proceso de descentralización que nos hemos propuesto como país.
10. Es por todos sabido que la Fiesta de la Pampilla en la Región de Coquimbo, constituye desde décadas una gran fiesta regional, en donde tanto el comercio establecido, empresas como los diferentes órganos de la administración pública cierran sus puestas adhiriéndose de esta forma a esta celebración.
11. En este contexto, nos parece fundamental reconocer de manera formal lo que significa la Fiesta de la Pampilla para la Región de Coquimbo, facilitando su realización mediante la declaración de un feriado regional permanente el 20 de Septiembre de cada año sólo para esta región.
12. Con fecha 13 de junio del año 2013, se ingresó una moción parlamentaria patrocinada por diputados y diputadas de todos los partidos políticos de la Región de Coquimbo, la cual fue aprobada por la unanimidad de la Cámara de Diputados. Sin embargo, inexplicablemente el Honorable Senado introdujo una modificación en donde esta moción dejó de ser un feriado permanente para solo ser feriado regional este año 2014. Dicho proyecto culminó con la promulgación de la ley N° 20.778 que concedió feriado regional el día 20 de septiembre del año 2014.
13. Se ingresó con posterioridad una nueva moción parlamentaria con la finalidad de otorgar como feriado permanente el 20 de septiembre de cada año, sin embargo nuevamente el Senado de la República solo le dio el carácter de feriado por el año 2016.
14. La fiesta de la Pampilla es una celebración regional histórica y permanente, por ende este feriado debe tener dicha connotación, ya que esta fiesta popular con carácter regional no se trata de una conmemoración puntual de solo un año, sino que es una fiesta que este año se apronta a conmemorar ya más de 200 años de existencia, por ende debe ser un feriado permanente.
Por tanto;
En atención a todo lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único; “Fijase como feriado, con ámbito de aplicación restringido para la Región de Coquimbo, el día 20 de Septiembre de cada año”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR KAST, DON FELIPE, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL CON EL OBJETO DE SANCIONAR A LOS PADRES QUE, HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DE QUE SUS HIJOS FUERON VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES, OMITEN HACER LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE”. (BOLETÍN N° 10889-07)
Fundamentos:
El abuso sexual infantil es un flagelo de larga data, y que afecta a menores de edad cualquiera sea su condición económica o social. Este fenómeno deja profundos rastros sociales, físicos y psicológicos, los que pueden manifestarse de manera inmediata o tienden a agudizarse con el pasar de los años.
Lamentablemente, muchas veces estos ilícitos tienen lugar al interior del grupo familiar; instancia que para la mayoría de seres humanos constituye una fuente de cobijo y protección. Esto es lo que se denomina abuso sexual intrafamiliar, es decir, aquel que se perpetra por personas cercanas a la familia o de la misma familia tales como padrastros, padres biológicos o hermanos u otros parientes cercanos. Estos abusadores como pertenecen a la familia y permanecen en contacto con los menores, tienden a hacer permanente esta relación abusiva e incluso a profundizarla con el tiempo.
No obstante lo anterior, respecto de esta clase de ilícitos no existe consentimiento de la víctima, quien por su madurez biológica y psicológica no se encuentran habilitados para ello. Más aun, generalmente las víctimas, aun cuando terminen generando lazos afectivos con sus abusadores; se encuentran inmersas en una relación de fuerza y violencia que hacen ilegitimo cualquier consentimiento.
Esta realidad que se vive a diario en nuestro país, en muchas ocasiones cuenta con la complicidad consciente o inconsciente de los padres, que ante la incredulidad o los temores, hacen caso omiso de las advertencias, e incluso del testimonio de los propios menores que los alertan de lo que está ocurriendo. Este caso puede ocurrir tanto respecto del padre como de la madre, pero es mucho más frecuente que sea la madre quien es advertida de los abusos.
La primera reacción que tienen los progenitores es la negación de los hechos, independientemente que se entere de los abusos por parte de su propio hijo/a o por testimonio de terceros. Particularmente en el caso de las madres, y teniendo a la vista la aún muy presente lógica de dependencia económica de la mujer, existe el temor por parte de estas que de denunciar los hechos, el hombre las dejará o reaccionará violentamente en su contra o en contra de sus hijos.
Estos temores si bien son comprensibles, en nada restan el deber que reza sobre los padres en orden a defender y proteger a sus hijos menores de edad respecto de cualquier agresión o ilícito; particularmente de aquellos de índole sexual por la profundas marcas que dejan en el desarrollo del menor. En efecto, los padres se encuentran en una posición de garante respecto del menor, lo que supone un estándar especial de protección.
La posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico de concurrir en defensa de un sujeto para evitar que sea víctima de un ilícito o un perjuicio. Es decir, es una condición que impone el deber a un sujeto de prevenir un daño o un perjuicio en un tercero.
En efecto, se incumple con los deberes que impone la posición de garante cuando quien estando obligado legalmente a actuar, se abstiene de hacerlo y de ello deriva un resultado lesivo que pudo ser impedido.
Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agréguese al artículo 369 del Código Penal el siguiente inciso final:
“Se sancionará con la pena asignada al delito disminuida en un grado, al padre o madre que habiendo sido advertido por sus hijos que fueron víctimas de los delitos previstos en los artículos 361 a 366 quater; o que no pudiendo desconocer dicho hecho, ya sea por testimonio de terceros o antecedentes concretos; no lo denunciare en los términos del artículo 173 del Código Procesal Penal.”.